DS(P) nº 48/2 del 5/5/1989

SIMON DE LA TORRE

EL SEÑOR SIMON DE LA TORRE: Señor Presidente. Entre las distintas y urgentes necesidades que la ciudad de Burgos tiene en la actualidad, se encuentra la escolarización en los niveles de BUP. Consciente de esta necesidad, el Ministerio de Educación y Ciencia ha programado y ha presupuestado para mil novecientos ochenta y nueve la construcción de un sexto instituto de bachillerato en la ciudad. Instituto que debe ser construido en el solar que para tal fin prevé el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos. Dicho Plan General, aprobado definitivamente por la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León en mil novecientos ochenta y cinco, contiene en su programa de actuación y estudio económico-financiero las previsiones por las que el Ayuntamiento burgalés, de acuerdo con la normativa vigente, se comprometía a la adquisición del solar mediante expropiación, a la vez que se comprometía a financiar el déficit de la operación, calculado en unos 82.200.000 pesetas. El actual equipo municipal de gobierno, el mismo que elaboró y aprobó el Plan General de Urbanismo burgalés, se ha posicionado en contra de lo que legal y moralmente está obligado a realizar. Es decir, se ha negado a aportar los terrenos para la construcción del sexto instituto creando entre los ciudadanos de Burgos la inquietud ante la posible degradación de la educación de sus hijos, motivado por la perspectiva del retraso o la pérdida del mencionado instituto.

Los reiterados incumplimientos sobre las obligaciones urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Burgos son ya tan numerosas que podría caber la posibilidad, y quizá en algún momento haya que traerlo a esta Cámara, de aplicar a la corporación burgalesa la posible incapacidad legal para desarrollar la competencia de gestión urbanística del Plan General de Ordenación Urbana, pudiendo llegar hasta la subrogación a favor de la Junta como órgano superior competente. Pero, en este momento, y aunque es probable que los incumplimientos dotacionales y de equipamientos por parte del Ayuntamiento de Burgos lleguen a alcanzar más de un 60% de lo establecido en el Plan, digo que en este momento no pretendemos llegar a una acción global; lo que pretendemos los firmantes de la Proposición es trasladar a la Cámara la necesidad de resolver un problema puntual de gran trascendencia para los ciudadanos de Burgos. Y lo traemos a esta Cámara por tres motivos:

El primero, porque nuestro Estatuto de Autonomía señala en su artículo 26.1.2 que "corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo".

Segundo, porque el Decreto 28/83 distribuye entre los órganos de la Junta las competencias transferidas, y entre ellas la de inspección y control sobre las actuaciones urbanísticas.

Y en tercer lugar, porque esta Cámara tiene la obligación, no escrita, pero sí perenne en todo momento, de resolver y atender las necesidades de los ciudadanos a quienes estamos representando.

Estas motivaciones nos obligan a todos a dar una respuesta. Respuesta que pasa necesariamente por que la Junta inste al Ayuntamiento de Burgos para que este adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de lo preceptuado en el Plan General de Ordenación Urbana de Burgos, Plan elaborado por el propio Ayuntamiento. Y sobre todo y en cualquier caso, que la Junta resuelva los impedimentos que existan para la construcción del sexto instituto en Burgos, llegando incluso, si es necesario, a la propuesta de modificación del Plan General para la utilización de los solares colindantes propiedad de la Junta, con lo cual, y en cumplimiento de nuestros compromisos ante los ciudadanos, en defensa de sus intereses, habremos contribuido a garantizar el derecho a la formación y a la educación de los burgaleses.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Simón. En nombre del otro Grupo proponente, CDS, don Ricardo García García-Ochoa.

GARCIA GARCIA-OCHOA

(-p.1467-)

EL SEÑOR GARCIA GARCIA-OCHOA: Gracias, señor Presidente. Señorías, la Proposición No de Ley que presentamos hoy en las Cortes pone sobre la mesa la cuestión del ejercicio de las competencias de la Comunidad y más concretamente las que de modo exclusivo se refieren a la ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. En ellas, y salvo norma legal en contrario, corresponde asumir a la Comunidad la potestad legislativa, reglamentando la gestión y la función ejecutiva, incluyendo la inspección, tal y como señala el artículo 26 de nuestro Estatuto.

Dado que en materia urbanística las actuaciones son concurrentes, debe suponerse la primacía del principio de tutela y coordinación que al órgano ejecutivo de nuestra Comunidad le compete. Pero, por otra parte, la competencia legislativa en materia de urbanismo viene a ser una competencia compartida entre las Cortes Generales y las Cortes de Castilla y León. Además, los problemas no se pueden contemplar desde la perspectiva de unas competencias naturales y exclusivas de los municipios, sino de un sistema orgánico de conjunto en el que nuestra Comunidad Autónoma debe llevar la voz cantante en las grandes directrices o en el supremo control de las actuaciones relacionadas en este campo.

Las competencias prevalentes de los municipios en esta materia, ha de entenderse que la acción de la Comunidad debe sobreponerse a la de los municipios cuando se requieran actuaciones urbanísticas urgentes para proporcionar servicios con que atender a las necesidades surgidas de la concentración de población en unos núcleos, como el de Gamonal de la ciudad de Burgos.

El propio Tribunal Constitucional reconoce que, a partir del principio general de que las competencias normales en materia urbanística corresponden a los municipios, se puede plantear la posible subrogación por las Comunidades Autónomas e incluso privar al municipio de su competencia cuando mostrasen notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones urbanísticas.

No es el momento ni el caso de estudiar conductas municipales de competencia o incompetencia en materia urbanística; sin embargo, nos hallamos ante un ejemplo de notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones urbanísticas que el propio Ayuntamiento de Burgos define y asume en su Plan General y que esta Comunidad aprobó por Orden del veintisiete de Septiembre de mil novecientos ochenta y cinco. De este modo, se presenta la reiterada negativa del Ayuntamiento de Burgos para ceder un solar incluido en el sistema general y en el suelo urbanizable programado para el destino de veinticuatro unidades de Bachillerato Unificado y Polivalente.

Dos han sido los argumentos esgrimidos hasta ahora por la Corporación burgalesa.

Primero, que no es obligación del Ayuntamiento, sino del Gobierno y del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación es el que debe de dar el solar.

Señores Procuradores, aunque cause sorpresa, resulta que el Ayuntamiento de Burgos desconoce sus propios acuerdos. El Plan General, en la página cuarenta y dos de tomo quinto, especifica lo siguiente: "En los centros públicos, el Ayuntamiento provee el suelo y la Administración Central carga con el coste de la obra y de las instalaciones". En el detalle de actuaciones se contempla la número setenta y cuatro, distrito quinto y sección catorce, con el sistema de expropiación para una parcela de doce mil metros cuadrados, de los que el 25% es de propiedad municipal. Esa parcela está incluida en el sistema general y en el suelo urbanizable programado para el uso de bachillerato, con un módulo de veinticuatro unidades, con un costo de 82.200.000 de pesetas, a realizar en el tercer año del primer cuatrimestre, es decir, antes de Septiembre del año ochenta y ocho.

La otra postura que también esgrime el Ayuntamiento para no ceder el solar es que no tiene dinero para pagar dicho solar. A este respecto, vamos a repasar el contenido del estudio económico financiero incluido en el Plan General de Burgos. El coste total de las actuaciones previstas en el Plan asciende a 19.842.000... no, mejor dicho, 19.842.000.000, de los cuales el 12%, es decir, 2.351.000.000 deben ir al equipamiento docente; y para el primer cuatrienio establece una inversión, entre mil novecientos ochenta y cinco y mil novecientos ochenta y nueve, de 10.931.000.000, de los cuales 1.571 para la función de equipamiento docente.

En general, y según el contenido del Plan General, es Gamonal la que debía haber absorbido una proporción mayor de la inversión, con 1.086.000.000 para equipamiento docente. En cuanto a este equipamiento, la parte del coste que se localiza en el suelo urbanizable programado se corresponde con los niveles dotacionales del equipamiento comunitario previsto en el reglamento de planeamiento. Pero es que, además, el propio Plan General de Ordenación Urbana de Burgos reconoce que el 44,5% del coste del Plan, es decir, 8.633.000.000, debe atender a absorber déficits heredados del pasado y, concretamente, en la función de equipamiento docente, absorben déficits por valor de 744.000.000 de pesetas.

(-p.1468-)

En cuanto al coste de la obtención del suelo, el Plan General señala que se le asigne al Ayuntamiento la adquisición del suelo en todos aquellos casos en que éste sea preciso para la ejecución de la actuación. Y en el primer cuatrienio el Ayuntamiento debía de haber hecho frente a unas necesidades evaluadas en 4.300.000.000 de pesetas. En esta etapa, una de cada cuatro pesetas se debía de invertir por el ente local en la adquisición de suelo. No se puede argumentar la incapacidad inversora, como esgrime el Ayuntamiento de Burgos, cuando el propio Plan General señala que con sólo mantener el nivel de endeudamiento actual, destinando a la inversión el 5% del presupuesto ordinario y las cesiones urbanísticas, el Ayuntamiento de Burgos podría financiar inversiones a lo largo del primer cuatrienio por un montante de 5.238.000.000 de pesetas. Esto es una cita textual.

La Ley del Suelo es el único intento jurídicamente vigente de programación de la actividad municipal y de planificación de la inversión, a través de un programa de actuación y del estudio económico -ya termino, señor Presidente-, y del estudio económico financiero. El programa de actuación establece, de un lado, las previsiones específicas concernientes a la realización de los sistemas generales y, por otra parte, las dos etapas cuatrienales y las que han de desarrollarse las determinaciones en el suelo urbanizable programado.

El estudio económico y financiero del Plan General contiene la evaluación económica de la ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la implantación de los servicios incluidos en los programas cuatrienales en el suelo urbanizable programado. La distribución espacial de las actuaciones atribuye a Gamonal una mayor proporción, que es precisamente donde está ubicado este instituto de Bachillerato, sobre todo en los sectores de infraestructura básica: equipamiento deportivo, espacio libre y equipamiento docente.

La característica de los sectores en el primer cuatrienio establece los sistemas generales de equipamiento y espacios libres con los siguientes elementos puntuales para el denominado sexto instituto: número de listado..., tal.

La función de equipamiento se establece en el sector de Bachillerato Unificado y Polivalente con las siguientes características:

Forma de obtención del suelo: el suelo de sistemas generales se obtiene por compensación vía aprovechamiento medio en suelo urbanizable programado.

Equipamiento docente: se establece el coste por plaza escolar, en el subsector, de 115.000 pesetas, y este módulo no incluye repercusión de suelo; sí, en cambio, mobiliario para la puesta en funcionamiento.

Por lo tanto, sólo precisamos que la Ley se cumpla en sus propios términos. Insisto en que no es el momento de plantear otras acciones legislativas para ordenar la materia urbanística, pero aquí y ahora sí es el momento de que nuestro Estatuto sea aplicado en sus justos términos por la Junta de Castilla y León y, en consecuencia, se inste al Ayuntamiento de Burgos para conseguir el estricto cumplimiento del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado por Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, de veintisiete de Septiembre del ochenta y cinco, en lo referente a la cesión de un solar al Ministerio de Educación y Ciencia para la construcción de un sexto Instituto de Bachillerato. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor García García-Ochoa. Para la fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, don Tomás Cortés.

CORTES HERNANDEZ

EL SEÑOR CORTES HERNANDEZ: Señor Presidente, señores Procuradores. Por los Grupos Parlamentarios del CDS y del PSOE se presenta en estas Cortes, ya repetidamente, una nueva Proposición No de Ley que no tiene otra finalidad que atentar única y exclusivamente contra un Ayuntamiento elegido democráticamente. Y no tiene otra finalidad que atentar contra su propia autonomía y más en concreto contra su alcalde, que fue elegido democráticamente.

Repito, señores Procuradores del PSOE y del CDS de Burgos. No se han enterado que fue elegido este alcalde y este Ayuntamiento por una abrumadora mayoría, con un total de diecisiete concejales de los veintisiete existentes. Es decir, que dos tercios de los ciudadanos burgaleses nos dieron su confianza frente a tan sólo ocho concejales del PSOE, y la ridícula representación de dos del CDS.

Y como el Gobierno del Ayuntamiento de Burgos se ganó con tan aplastante mayoría, pues, que se estamos... y democráticamente, pues, creo que existió pucherazo, desde aquella fecha se están utilizando todo género de artimañas para derribar a este equipo de gobierno y, en consecuencia, a su alcalde. De aquí que, por activa y por pasiva, se estén llevando actuaciones, tanto ajenas a esta Cámara, y la última fue la manifestación organizada del PSOE con el Delegado Territorial de Educación a la cabeza, y en lugar de ir al Ministerio de Educación a solicitar la creación y adquisición de terrenos para la construcción de un Instituto, se presenta en la puerta del Ayuntamiento a hacerlo. Y no basta con esto, sino que presentan aquí, cada dos o tres meses, una Proposición No de Ley dirigida única y exclusivamente contra ese Ayuntamiento y ese alcalde, que, por cierto, en fin, no se conoce y no hay antecedentes sobre esto en esta Cámara. Y así tenemos hace unos meses el Teatro Principal, hace poco tiempo también el tema de los centros de asistencia social, y ahora que se regale unos terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia.

(-p.1469-)

Señores Procuradores, seamos serios y honestos. Veamos con objetividad esta Proposición de Ley que no tiene otro fin que inmiscuirse en la gestión y autonomía de los Ayuntamientos. Y por esta sola razón -y lo digo con mis mayores respetos a la Mesa de esta Cámara- que flaco favor se está haciendo a esta institución admitiendo a trámite el conocimiento de estas Proposiciones No de Ley, que no tienen otra finalidad que injerirse en la autonomía municipal, que tiene una autonomía, incluso, más fuerte que las propias Comunidades Autónomas, aunque solamente sea por su antigüedad. Y lo que no podemos convertir a estas Cortes de Castilla y León es en una segunda instancia contra los acuerdos municipales, y acuerdo de un Ayuntamiento, o de una Diputación que no nos guste y podamos obtener aquí, de una manera tortuosa, una mayoría, venir aquí a esta Cámara a solicitar de la Junta que revoque tal o cual acuerdo o, en su caso, que obligue tal o tal cosa a un Ayuntamiento o a una Diputación. Porque por la misma razón aquí podíamos solicitar, y teniendo en cuenta que también... que la Junta de Castilla y León tiene unas competencias en materia de sanidad, en materia de higiene, pues, que obligara al Ayuntamiento de Valladolid a limpiar las calles; y podíamos obligar al Ayuntamiento de Aranda, ya que su alcalde es el que nos ha precedido en el orden de la palabra, a que depurara sus aguas que tira al Duero. Y al Ayuntamiento de Miranda, en que su representante también ha tenido aquí, vamos, o sea, nos ha precedido en el uso de la palabra, que cumpla también el plan de urbanismo; ahí está el Plan del Crucero, que están solicitando su urbanización los propietarios ya de las casas, en su caso construidas, porque el Ayuntamiento no obligó a la empresa promotora de dicho plan a ejecutarlo. Incluso en la aprobación de aquel Plan Parcial del Crucero se obligaba a la empresa constructora a la construcción de un nuevo puente sobre el Ebro, y -que conozcamos- ese puente no se ha realizado.

Por activa y por pasiva, señores Procuradores Socialistas, están ustedes hablando y presumiendo de demócratas, y una cosa es presumir y otra cosa es ejercitar la democracia. Y esta Proposición No de Ley presentada por ustedes en unión del CDS es todo lo contrario a la democracia, pues no aceptar la decisión del pueblo e intentar, mediante procedimientos tortuosos e incluso desprestigiando las instituciones como estas Cortes, cambiar los acuerdos de aquellos órganos votados -repito- por abrumadora mayoría por el pueblo de Burgos, no es de demócratas; así que practiquen la democracia y dejen de hablar tanto de ella.

También desde el punto de vista exclusivamente político, esta Proposición No de Ley es atentatoria, incluso, a la dignidad de los burgaleses en particular, y de los castellano-leoneses en general. Por activa y por pasiva, incluso ayer en la sesión de Cortes, nos estamos quejando de que somos una autonomía de segunda, de que no tenemos dinero, de que no tenemos competencias; incluso con el voto en contra de los Socialistas que aquí están en esta Cámara, se aprobó la correspondiente Resolución solicitando la ampliación de competencias mediante la modificación del Estatuto en materia de, precisamente, de educación. Y ante las Cortes Generales, con el apoyo del CDS y el apoyo del Partido Popular, se solicitó igualmente y se defendió esta Ley en las Cortes, y, sin embargo, todo lo que conseguimos fue cerrar nuevas puertas y que se pusiera a hablar el Presidente de la Comunidad con el Ministerio y el Ministro de Administración Territorial sin que hasta la fecha se nos haya concedido absolutamente nada.

Como Sus Señorías conocen, la competencia en materia de educación, como consecuencia de esto, no la tiene ni el Ayuntamiento de Burgos ni en la Junta de Castilla y León, sino que quien la tiene es el Ministerio de Educación y Ciencia, porque el Ministerio de Educación y Ciencia es el que tiene que adquirir la parcela necesaria para construir ese sexto Instituto que tanto se pide aquí.

Señores Procuradores del CDS, sean ustedes consecuentes: primero aprueben una Ley solicitando la ampliación de competencias, y concretamente las de educación las defiende tanto aquí, como es lógico, como luego, en su caso, en las Cortes Generales, y a eso que nos dan un verdadero -y en fin, hablando vulgarmente- un "corte de mangas", y después de esto vienen con esta postura altruista exigiendo que se regale, incluso, unos terrenos al Ministerio de Educación y Ciencia, para construir un instituto que solamente de su incumbencia es.

Fijémonos en la postura de otras autonomías. Ahí tenemos a los catalanes como ejemplo, en que no para construir Institutos, sino para aprender el catalán, se presentan en Madrid a pedir una serie de miles de millones de pesetas. Nosotros para enseñar el castellano, lengua oficial del Estado según el artículo tercero de la Constitución, tenemos que regalar al Estado español un terreno con la finalidad de que nos enseñe a su vez el español. Pero es que además existen una serie de razones jurídicas por cuanto que la Moción está basada en fundamentos que no dicen todo lo que se contiene en la ficha del oportuno Plan General. Veamos.

(-p.1470-)

El estudio económico y financiero y el programa de actuación tiene un valor programático interpretativo y, en cualquier caso, de previsión; no es vinculante. En segundo lugar, el plan general establece que, respecto a los centros públicos de carácter docente, el Ayuntamiento provee de suelo según la normativa actual; la normativa actual vigente en materia de cesiones de suelo por parte de los Ayuntamientos para centros docentes se refiere exclusivamente a cesión de terrenos para Enseñanza General Básica, que, por cierto, no se pierde la propiedad del terreno puesto que los centro de propiedad... vamos, centros de Enseñanza General Básica siguen siendo propiedad de los propios Ayuntamientos, sin que ningún precepto legal establezca la obligación, respecto de las enseñanzas superiores, llamémosle B.U.P., llamémosle Formación Profesional, llamémosle Estudios Universitarios. Lo que ha ocurrido, y esta es la razón por la cual, en su caso, estos Grupos solicitan ahora del Ayuntamiento y, en su caso, pudieran solicitar de la Diputación, es que el Estado en Burgos está muy mal acostumbrado. Y para crear unos colegios y unas facultades ha habido que regalarles los terrenos, ha habido que ejecutarles las obras. Para tener unas escuelas profesionales y unas escuelas universitarias ha habido que realizar lo mismo; y, como consecuencia de ello, como consecuencia de esa costumbre, hasta que se les ha dicho, en definitiva, basta, cumpliendo esta legislación vigente.

En la ficha correspondiente -y aquí la tengo para conocimiento de Sus Señorías-, en absoluto se habla de que el Ayuntamiento tenga que comprar estos terrenos, ni incluso del precio. Porque esos 82.200.000 de pesetas que habla la moción del coste del suelo, han cogido los datos cambiados, han cogido los datos cambiados, porque eso se refiere al coste de la edificación, que es el resultado de multiplicar el número de unidades, veinticuatro, por el coste unitario, tres coma cuarenta y cinco, haga la multiplicación y resulta 82.800.000 pesetas, hay un error, en fin, de seiscientas mil; no se refiere, por consiguiente, al coste del suelo, sino que se refiere al coste de la edificación.

En segundo lugar, el sistema de obtención no se trata de expropiación, el sistema de obtención... sistema generales. Y los sistemas generales, en el terreno como el que nos ocupa, se realiza por los propios propietarios de los terrenos si se ceden, en su caso, al momento que se vayan ejecutando, a favor de los Ayuntamientos, y el Ayuntamiento hace con ellos lo que quiere siempre que se les da ese destino; y, por consiguiente, se lo puede vender al Ministerio o se lo puede vender a una academia privada, a una... cualquier entidad que se dedique a la enseñanza, siempre y cuando se imparta esa enseñanza de Enseñanza General Básica, pero no viene obligado a regalárselo, ni a cedérselo, ni a vendérselo incluso al Ministerio de Educación y Ciencia. A mayor abundamiento, en el anexo de programa de actuaciones estudio económico-financiero del plan general, al definirse el formato de la ficha tipo de actuaciones, y los conceptos que en la misma se comprenden, al referirse a los conceptos forma de obtención, el suelo de propiedad municipal o el que debe ser comprado por el Ayuntamiento, o el que debe ser expropiado, viene representado con las siglas A, CA o E, respectivamente; a la vista de la ficha aquí viene representado con "SG", que significa "Sistemas Generales", cuyo desarrollo ya hemos comentado hace un momento. Es, pues, falso que el Plan General determine la obligación de adquirir dichos terrenos por el Ayuntamiento, bien mediante su adquisición a particulares, bien mediante expropiación forzosa, sin perjuicio de que obtenido el suelo de los sistemas generales que debe verificarse a favor del Ayuntamiento como acabamos de decir, éste deba a dar al mismo el destino previsto en el planteamiento, pero sin obligación de vendérselo, incluso, ni al propio Ministerio.

En la misma ficha se advierte claramente que el órgano y agente ejecutor es el Ministerio de Educación y Ciencia y no el Ministerio -aquí viene recogido en el capítulo VII-, y por la facultad expropiatoria, como consecuencia de ello, pueden tener alguno, la tendrá, el Ministerio de Educación y Ciencia.

Por último, la Ley Orgánica 8/85, de tres de Julio, reguladora del derecho a la educación, emplea el término cooperación, para definir las relaciones entre la Administración Educativa y las Corporaciones Locales en materia de creación de centros docentes públicos; cooperación que a tenor del artículo 57 de la Ley 7/85, de dos de Abril, Básica del Régimen Local, debe desarrollarse con carácter voluntario, y, de base, negociar condiciones que reitera el artículo 71 del Real Decreto 781/86, de dieciocho de Abril, al establecer que las Corporaciones Locales -y fíjense Sus Señorías- no costearán servicios del Estado o de las Comunidades Autónomas, salvo las fórmulas de colaboración voluntaria a la prestación de los mismos. Es decir, que incluso por Ley está prohibido regalarle al Estado estos solares por parte del Ayuntamiento de Burgos o de cualquier otro.

Desde hace muchos años, en que expiró la anterior..., el pacto anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia ni ha promovido, ni ha suscrito, ni ha suscitado, ni siquiera se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Burgos para promover o suscribir convenio alguno. Hasta el extremo de que ni siquiera consideró, ni siquiera ha considerado procedente hacer manifestación alguna, ni en la fase previa, de elaboración del Plan General, pese a que fue requerido al efecto para que manifestase sus necesidades y programas, a fin de localizar y concretar los terrenos donde hubieren de ubicarse los distintos centros públicos docentes, y ni siquiera, tampoco, en el período de información pública posterior a la aprobación inicial, se molestó en hacer la más mínima sugerencia al respecto. Por consiguiente, no es de extrañar que en estos momentos se haya suscitado el problema que queda examinado en los precedentes puntos.

Por tales razones, en fin, mi Grupo, nuestro Grupo, pues va a votar en contra de esta Proposición No de Ley, y por otra parte ruego a Sus Señorías del CDS y del PSOE, puesto que tengo autorización del equipo de gobierno del Ayuntamiento, que la segunda, la primera parte, en fin, para evitar pérdidas de tiempo, se dé ya por contestada, en el sentido de que no se procederá a regalar terreno de ninguna clase al Ministerio de Educación y Ciencia para este Instituto. Y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Cortés. Señor Simón de la Torre.

SIMON DE LA TORRE

(-p.1471-)

EL SEÑOR SIMON DE LA TORRE: Como siempre, señor Cortés, usted está asumiendo en estas Cortes la representación de la mayoría de los burgaleses, no sé en función de qué ni con qué motivo, puesto que su lista autonómica fue la menos votada, y la muestra es que usted está ahí solo. Solución Independiente no tiene más que un representante, y yo no me atrevo, ni me atreveré nunca a calificarle de ridículo o no, al contrario que usted. El Partido Socialista tiene bastantes más representantes y el CDS también. Entonces, yo creo que en estos momentos usted no está hablando en representación de la mayoría de los burgaleses. Podremos estar hablando en representación de la mayoría de los burgaleses los Grupos que hemos presentado esta Proposición No de Ley.

Creo que confunde las churras con las merinas. Ha confundido un montón de cosas y además se le olvida. Se le olvida, en primer lugar, que fue el propio Ayuntamiento de Burgos el que elaboró el Plan. A propuesta del Ayuntamiento, lo pasa a la Comunidad Autónoma, que se lo aprueba definitivamente, y el propio Ayuntamiento, en el Pleno, aprueba ese Plan, que entre otras cosas dice: "En el detalle de actuaciones para la zona Gamonal-Capiscol, se prevé, en la número 74, la Sección quinta, distrito 14, con las siguientes características: solar, doce mil metros cuadrados. Sistema de obtención, expropiación. Forma de obtención, sistemas generales. Suelo urbanizables y programado. Dotación, veinticuatro unidades de B.U.P. Coste del suelo, ochenta y dos coma dos millones de pesetas. Etapa de actuación, primer cuatrienio, tercer año, mil novecientos ochenta y siete-ochenta y ocho -estamos en el ochenta y nueve, le recuerdo-. Carácter de la actuación municipal, absorción del déficit". Esto se lo han puesto ustedes, nadie se lo impuso; es cierto que somos minoría en el Ayuntamiento de Burgos. Fueron ustedes los que acordaron cuál debía ser la actuación del Ayuntamiento. Pero, además, esa actuación está de acuerdo con lo que en los tres últimos institutos construidos en Burgos ha estado haciendo el equipo de gobierno municipal -equipo de gobierno municipal que usted conoce bien-, y ha sido ceder los terrenos. Y la última, el año pasado: se acabó de construir el quinto instituto.

En definitiva, ustedes no quieren, en estos momentos, cumplir con lo que están obligados legalmente a cumplir. Ya no hablo de moralmente, sino de legalmente. ¿Por qué? Porque tienen una batalla, y una batalla personal, en la que nos quieren dar lecciones de democracia aquéllos que no votaron la Constitución. Y yo no se las acepto a usted, porque yo sí que voté la Constitución. Y voté por la democracia en este país. Y no venga usted a esta tribuna a explicarme algunas cosas, cuando usted defendía todo lo contrario a lo que ha estado defendiendo en la provincia.

Yo le digo ¿qué quiere usted?, ¿que los ciudadanos de Burgos, los jóvenes de Burgos no se formen, quizá en el barrio más necesitado, en el barrio más obrero? ¿Esperamos a tener las competencias en educación? ¿Usted quiere perjudicar a los ciudadanos burgaleses con que no exista la formación? ¿Por qué? ¿Porque no quiere que la Junta de Castilla y León...? Porque ustedes incumplen, porque ustedes están incumpliendo la Ley, ¿no quiere que la Junta de Castilla y León trate de solucionar un problema de los ciudadanos de Burgos, de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, a los que está representando la Junta de Castilla y León, a los que estamos representando todos nosotros? Eso es lo que usted quiere. ¿Y en qué se excusa? En la autonomía local. Pero si somos nosotros los primeros en defender la autonomía local, en defenderla y en respetarla. Y respetarla implica que se cumpla aquello que la propia autonomía local, que las propias Corporaciones Locales, por la autonomía local, han dicho que iban a hacer. Caso que no se está cumpliendo en el Ayuntamiento de Burgos en estos momentos. Y en este caso particular -yo ya no le voy a hablar de otros, que podría poner, de...-. Por cierto, yo le invito a que dé una vuelta por las calles de Miranda -no sé si el alcalde le invitará por las de Aranda, pero por las de Miranda sí que le invito, para que conozca la provincia, para que salga de Burgos, para que deje de hacer "política del Espolón" y se entere de lo que está pasando en otras cosas de la provincia.

Yo le digo "respetamos la autonomía local". Y por eso que respetamos, cuando no se cumple, queremos, aunque no sea competencia de esta Cámara -que sí lo es, que sí lo es-, queremos que la Cámara imponga, en beneficio de los ciudadanos, algo para que no sean perjudicados. Y, si esa imposición pasa por ceder unos terrenos al Ministerio...., no al Ministerio, a la ciudad de Burgos, a los ciudadanos burgaleses, para que se construya ahí el sexto Instituto y puedan disfrutar de formación y de educación, lo aplaudimos, y lo pedimos y lo gritamos. Y nunca nos opondremos; ni para eso, ni para otras cosas que beneficien a los ciudadanos.

Y, para terminar, porque es que ha tenido usted una intervención tan defensora del Ayuntamiento de Burgos y tan en contra de los derechos de los ciudadanos de Burgos, que yo no sé si merece la pena el seguir así. ¿Sabe, entre otras cosas, por qué pedimos que la Junta intervenga? Porque yo, el otro día, anteayer, oyendo al señor Consejero de Hacienda, me agradaba que, no teniendo competencias, él aceptase el participar en los problemas que existen en estos momentos en la minería, porque se lo pedían los mineros; los trabajadores mineros, sobre los cuales no tenía competencia en los problemas laborales la Consejería. ¿Sabe lo que estamos haciendo aquí, entre los que hemos presentado esta Proposición No de Ley? Pedir a la Junta que también intervenga, en nombre de los ciudadanos de Burgos, que le pedimos que, ante los problemas actuales, la Junta también haga de intermediaria y trate de solucionar esos problemas. Y en estos momentos, si el Ayuntamiento de Burgos no está dispuesto a solucionarlo, pasa por que la Junta ceda los terrenos que están al lado, que están al lado, y se construya ahí el sexto Instituto. Gracias.

(-p.1472-)

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Simón. Don Ricardo García y García-Ochoa.

GARCIA GARCIA-OCHOA

EL SEÑOR GARCIA GARCIA-OCHOA: Muy brevemente. Muchas gracias, señor Presidente.

Parte de los argumentos que iba a exponer a continuación, pues, han sido expuestos por mi querido compañero de Miranda. Y realmente, desde luego ha sido una intervención, la del representante del Grupo Popular, me atrevo a calificar de bochornosa. Confunde, efectivamente, las churras con las merinas, la democracia con la dictadura, Solución Independiente con Alianza Popular, y muchas otras cosas más. Porque es que, claro, si ridícula es la representación del CDS -yo creo que respetable, cualquier representación, la del Partido Comunista, la del CDS, cualquiera, todas son respetables-, más ridícula sería la de Alianza Popular, que no tuvo ni un solo representante en el Ayuntamiento de Burgos.

Pero es que aquí se habla, claro, de la posesión de la verdad, de la posesión de la verdad... Sí, señores, ni un solo representante en el Ayuntamiento de Burgos. Si están ustedes extrañados, miren los resultado electorales. Pueden ustedes comprobarlo y verán cómo lo que yo digo es cierto. La lista de Alianza Popular no se presentó como candidato al Ayuntamiento de Burgos. No sacó ni uno, por tanto. Pero, de todas maneras, a lo que íbamos. Hombre, ridícula representación, señor Cortés. Nunca le hemos tratado a usted tan mal. Ni siquiera cuando estaba usted en el Grupo de los Independientes, allá en el Aventino. Y que luego se vuelve a bajar y luego se vuelve a subir. Pero, fíjese usted, nunca le hemos tratado a usted así.

La democracia, ya hemos visto lo que es un claro ejemplo de la democracia que se puede practicar en alguna institución. Un concejal del Ayuntamiento de Burgos, a su vez representante del pueblo burgalés, acaba de hablar. Y ustedes se lo han consentido. Eso es democracia. Aquí, desde luego, no hay nadie sospechoso de querer invadir la autonomía municipal, y menos yo. Y menos yo, como alcalde de Aranda. Yo soy un defensor de la autonomía municipal. Pero también entiendo que, una vez obtenidos unos resultados electorales, el Ayuntamiento no puede hacer lo que le dé la gana, sin que nadie pueda hablar y todo el mundo "lo que diga el Ayuntamiento". Señor Cortés, para eso están las Cortes. Las Cortes tienen competencia en esta materia de planeamiento de urbanismo; usted véase el artículo 26, lo verá usted. Verá usted cómo sí. Entonces, nadie se tiene que enfadar porque presentemos una Proposición No de Ley en estos sentidos. Nadie se tiene que enfadar, en absoluto. Pero es que, claro, cuando se toca al Ayuntamiento de Burgos, aquí se arremete contra la Mesa, contra el PSOE, contra el CDS, contra todo cristiano; yo no sé qué pasa aquí, yo no sé qué pasa aquí.

Yo, por eso, creo que, desde luego, debe usted de reflexionar. Si nosotros estamos equivocados -que es posible que estemos equivocados en los planteamientos-, hombre, díganoslo usted, pero no tiene usted por qué enfadarse. Y si no estamos equivocados, pues entonces, la Junta tendrá que hacer esa gestión, de acuerdo con lo que hemos pedido. Y, si la solución es otra, pues tendrá que hablar. Lo que queremos es una solución para un barrio populoso de la ciudad de Burgos, en el que se necesita, se necesita un Instituto. Y usted lo sabe. Ha habido manifestaciones, manifestaciones en Burgos. ¿O es que usted no las ha visto? Ha habido manifestaciones del pueblo de Burgos. ¿O es que esos que se manifestaban no eran pueblo de Burgos? ¿Ustedes no cederían unos terrenos para una Universidad? Están pidiendo una Universidad. Seguro que daban ustedes los terrenos para una Universidad. Pero, claro, para un Instituto es una cosa de menos relumbrón. Es decir, el Ayuntamiento de Burgos ha conseguido, por fin, que se instale más tal, más Facultades; es fenomenal. Un Instituto pasa desapercibido. Yo creo que deben ustedes ser menos cicateros y dar al Ministerio..., y luego, después, discutan ustedes el precio, porque, en definitiva, lo que están haciendo no es dárselo al Ministerio, como muy bien ha dicho el antecesor en la palabra, se lo dan ustedes al pueblo de Burgos, para la educación del pueblo de Burgos. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor García y García-Ochoa.

Procedemos, pues, a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y del Centro Democrático y Social, instando al Ayuntamiento de Burgos el cumplimiento de la actuación número 74 del Programa de Actuaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos.

Quienes estén a favor de dicha Proposición No de Ley que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes estén en contra, que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Abstenciones, ninguna.

Votos emitidos..., resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cinco. Cuarenta y cuatro a favor, treinta y uno en contra, ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y del Centro Democrático y Social, instando al Ayuntamiento de Burgos el cumplimiento de la actuación 74 del Programa de Actuaciones del Plan General de Ordenación Urbana de Burgos.

El señor Secretario procederá a dar lectura al octavo punto del Orden del Día.

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EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Octavo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, relativa a urgente resolución de expedientes de segregaciones municipales".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Para la presentación de la Proposición No de Ley, el Portavoz del Grupo proponente, don Luis Aznar.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías. Traemos aquí esta mañana una cuestión que afecta, aunque el ejemplo que nosotros pongamos sea referido a un sólo municipio de la provincia de Segovia, afecta -y de ello tenemos constancia- a muchos municipios de nuestra Comunidad; municipios que en los años sesenta y setenta, sobre todo, quedaron configurados como agrupaciones de distintos núcleos de población que históricamente habían gozado de una personalidad y características propias y diferenciadas. Repito que esta política que se lleva a cabo en los años sesenta y setenta tiene, en esta década, una contestación, por parte de las distintas poblaciones, que lleva a sus vecinos, a sus representantes municipales a solicitar en muchos casos -y entendemos nosotros que razonadamente- la segregación de los mismos.

Saben ustedes que tanto la Ley de Bases de Régimen Local, en sus artículos 12 y siguientes, como el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las entidades locales atribuyen a los Gobiernos, a las Comunidades Autónomas la tramitación y resolución de estos expedientes. Y en nuestra Comunidad, Señorías -y lamento la ausencia del Consejero correspondiente-, en esta Comunidad, y según noticias del CDS, hay, al menos, treinta o cuarenta casos en los que se ha solicitado, incluso antes ya del año ochenta y cuatro, la iniciación de estos expedientes de segregación. Los expedientes, en algunos casos, en los casos de algunos municipios, están terminados y presentados, llevando totalmente paralizados, en la Junta de Castilla y León, dos, tres, cuatro, incluso más años.

Creemos, Señorías, que, si bien las Cortes no son quienes para decirle al Ejecutivo en qué sentido han de resolverse estos expedientes, sí es nuestra responsabilidad política, como Partido, exigir que, a pesar del costo político que en la mayoría de los casos tiene la resolución de estos expedientes, exigir al Ejecutivo, repito, que se terminen, que se de solución a los mismos, sin prejuzgar el sentido de esa solución.

Efectivamente, de no hacerse así, si se sigue con esta política de dejación de la Junta, se está incurriendo en una grave responsabilidad ante los ciudadanos de todas esas poblaciones.

Nosotros, en nuestra Proposición No de Ley, traemos a colación, o ponemos a título de ejemplo uno, nada más, -aunque repito que podrían ser muchos- el caso del municipio segoviano de Santa María de Nieva. Creo que es suficientemente conocido por todas Sus Señorías el caso de este Ayuntamiento, en el que se inicia el expediente hace ya años, se cumplen todos los requisitos que tanto la Ley como las distintas reglamentaciones exigen, hay un acuerdo político unánime dentro de los Grupos políticos de la Diputación de Segovia, ratificado recientemente, y, a pesar de ello, la Junta sigue sin resolver. Y repito que el caso de Santa María de Nieva, que a nosotros nos parece especialmente importante por las circunstancias que allí se han dado, es uno más de los muchos que en este momento se duerme en el sueño de los justos, en los cajones de la Junta de Castilla y León.

Repito, Señorías, que no queremos prejuzgar el resultado de la resolución final -valga la redundancia- de estos expedientes. Pero nuestro Partido opina que, sea cual sea ese resultado, los expedientes deben agilizarse; y hay ilustres representantes de municipios dentro del Grupo Popular y de la Federación de Municipios que, sin duda, estarán de acuerdo conmigo en este planteamiento, estarán de acuerdo con el CDS. En algunos casos -y también lo sabemos todos- hay poblaciones que están sufriendo incluso problemas de orden público y por algo tan sencillo como la resolución final del expediente.

Nosotros, en otra acción parlamentaria, hemos preguntado a la Junta cuántos, qué números y en qué situación se encuentran estos expedientes. Aquí, en esta Proposición No de Ley, lo que les estamos pidiendo -y esperamos contar con la mayoría de la Cámara- es que, de una vez por todas, finalicen esos expedientes y den la posibilidad, a los distintos Ayuntamientos que lo han solicitado, de no ser... que, de no ser favorable la resolución, puedan seguir otras vías, puedan seguir otros trámites a los que la Ley les da derecho.

No quiero extenderme más, porque creo que es tal la claridad del asunto que cualquier otra explicación sobra.

Lamento decirlo, pero estamos ante un caso de ineficacia de la Junta. Y cuando la Oposición, desde los bancos de la Oposición se habla de ineficacia, no se habla en abstracto; se está hablando de cuestiones concretas y ésta es una de ellas, clara y concisa.

Gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Aznar. Para la fijación de posiciones, por parte de los restantes Grupos Parlamentarios, el Grupo Socialista, en primer lugar.

LOPEZ TRIGAL

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EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL: Gracias, señor Presidente.

Esta Proposición No de Ley que eleva el CDS a la Cámara, tan simple, tan breve -diría yo también-, recoge, generaliza la preocupación, que también nuestro Grupo ha venido dando prueba de ello a lo largo del pasado tiempo, en relación a cómo se están manteniendo, por parte de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, prácticamente paralizados, prácticamente paralizados todos los expedientes, todos los trámites que en el proceso de petición, siempre peticiones con apoyo, respaldo democrático de la mayoría de los vecinos de las entidades locales, que han dirigido a la Dirección General correspondiente, es decir, a la Junta de Castilla y León, la tramitación. Después, a veces, de más de un año y de dos años de iniciado el proceso, vía Ayuntamiento del que se quieren segregar, vía Ayuntamiento al que se quieren agregar, vía Diputación y, al final, la Junta de Castilla y León.

Entendemos -espero que sea así- que la Proposición No de Ley se trata, exclusivamente, porque no queda muy clara, en el sentido preciso que lo voy a decir: que se trata siempre de tramitaciones en segregación, para agregar a otro municipios, segregaciones de parte de un municipio para agregación en otro municipio; entiendo que es así, no generalizado. Porque, realmente, el trámite siempre es el adecuado cuando el proceso no pasa más allá de unos meses, un año, con el procedimiento siempre pendiente de Consejo de Estado para su información.

Voy a concretar un caso al que hemos seguido muy en concreto. En el municipio de Villafranca del Bierzo, en la pasada Legislatura se tramitó un núcleo que quería agregarse al municipio de Villadecanes-Toral de los Vados, un núcleo, una entidad local menor. El trámite se llevó de una manera directa, por parte de la Consejería correspondiente, por parte de la Dirección General correspondiente, llevando a los vecinos a un arreglo rápido y sencillo. Pues bien, en el mismo municipio de Villafranca del Bierzo, dos entidades locales: San Clemente y Villabuena pretenden hacer lo mismo y se les paraliza; exactamente, desde el veinticuatro de Noviembre del ochenta y siete hasta hoy no han tenido resultado de esa tramitación. El veintiocho de Septiembre del ochenta y ocho, fecha muy cercana, el Consejero de Presidencia y Administración Territorial contesta a una pregunta, que hice yo mismo, en el sentido de que tan pronto sea emitido el dictamen del Consejo de Estado, la Junta, a propuesta de la Consejería, adoptará una decisión. Ese informe del Consejo de Estado ha llegado a la Junta de Castilla y León hace más de dos meses, hace más de dos meses; y es el día de hoy que todavía no hay una respuesta a esa tramitación.

Siento que no esté aquí el señor Consejero de Cultura y Bienestar Social, porque hace poco hemos hablado de la necesidad de normalizar el castellano y de defender el castellano. Este texto, que dice "tan pronto sea emitido el dictamen, en su justo y preciso término", quiere decir, llanamente hablando en castellano, pocos días después, poco tiempo después; ha pasado prácticamente un trimestre y el trámite está todavía paralizado.

Lógicamente, la preocupación de quinientos vecinos, que en un Concejo público, en dos Concejos públicos, San Clemente y Villabuena -el caso concreto que he citado-, están pendientes de una final tramitación, es ya necesariamente obligado por parte de la Administración Regional dar respuesta al mismo.

Vuelvo al principio, para terminar, en nuestra posición. Entendemos, por tanto, que es necesaria siempre la agilización en la Administración de todas estas cuestiones, trámites largos, a veces, de dos y de tres años, pero, claro, siempre que sea totalmente responsable esa tramitación. Un detenimiento, en este caso, de una pretensión de dos localidades, de un municipio de mayoría... en este caso regido por AP, por el Partido Popular, Villafranca del Bierzo, para segregarse y agregarse a continuación a un municipio, alcalde de izquierda, alcalde socialista, Cacabelos, creo que pueda ser pie para pensar mal, políticamente hablando. Es decir, hasta qué punto no hay una paralización en la tramitación, cuando se trata muchas veces de trámites que están yendo de salida de un municipio, en este caso, del Partido Popular, a un municipio que no es el del Partido Popular.

Quiero añadir esto, entonces, como razón de más, políticas, a veces, para mirar muy bien estas paralizaciones, estas tramitaciones.

Por tanto, abogamos en la defensa de esa Proposición No de Ley para quedar siempre en agregación a otro municipio; parte de un municipio para agregarse a otro. Porque la política de nuevos municipios en nuestra Comunidad Autónoma, de nuevos municipios, si no están muy bien consolidados y muy bien razonados, no es una política adecuada ni idónea. Siempre será más defendida y más sensata la política de agregar municipios, de fusionar municipios, que no -generalmente-, que no de segregar por segregar. Esta política, junto con una agilidad mayor en la Junta, para que no haya pérdidas en la tramitación, es por lo que abogamos en defensa de la Proposición, también, del CDS.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor López Trigal. Por el Grupo Popular, señor Jambrina..., perdón, señor Manueco.

MAÑUECO ALONSO

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente. El señor Jambrina es un compañero mío.

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Me agrada subir a esta tribuna para debatir una Proposición No de Ley con dos compañeros en la Cámara a los que no tengo que contradecir. Y, por consiguiente, es satisfactorio el no tener que llevar planteamientos inversos, sino matices a las manifestaciones hechas, que creo que es bueno.

En primer lugar, permítanme los señores Procuradores que respondiendo a las palabras del Portavoz del Centro Democrático y Social estaremos de acuerdo en esto, decirle que sí, que estamos de acuerdo en esto, y que ya casi estamos de acuerdo en todo, aunque no compartamos algunas de las manifestaciones que se ha hecho de críticas a la Junta.

Es un tema, desde luego, importante el que se plantea en esta Proposición de Ley. Y en la misma relación de la importancia está la dificultad de resolución. Porque qué duda cabe que a esa apetencia constitucional de la autonomía local hay que enmarcarla dentro de las posibilidades que tengan esos propios Ayuntamientos, para llevar a cabo, con garantía, lo que la Constitución y la Ley de Bases aplica como obligaciones a los Ayuntamientos establecidos.

No entrando en los detalles o en los hechos concretos de algunos de los Ayuntamientos que se plantean, y que está aquí el expediente; no llegan, afortunadamente, a cuarenta; sí que diría que, en muchas ocasiones se vienen produciendo estos hechos de segregación o de creación de nuevos Ayuntamientos por enfrentamientos de tipo personal, de circunstancias pasadas, de diferencia de afiliaciones políticas, y esto, desde luego, no es bueno en el régimen local.

"La segregación -dice el texto refundido-, la segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otros independientes podrá realizarse cuando existan motivos permanentes de interés público, relacionados con......... interior, explotación de minas, instalación de nuevas industrias, creación de regadíos, obras públicas y otras análogas".

Será necesario que los nuevos municipios reúnan la condición prevista en el artículo 3 y que los municipios que deseen segregarse no queden privados de dichas condiciones. El artículo 3 dice que "núcleos de población territorialmente diferenciados y siempre que los municipios resultantes cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de servicios y vida de los ciudadanos".

Por consiguiente, yo aquí defiendo que entendemos que hay que resolver estos expedientes que están planteados, que no creemos que haya sido debido a dejación por parte de la Junta el que aún no estén resueltos muchos de ellos, que datan del año ochenta y cinco y que también podían haberse solucionado antes del año ochenta y siete, y que no se han solucionado antes del ochenta y siete, y que siguen en trámite por las dificultades que tienen cuando llegas al estudio concreto y pormenorizado de las posibilidades que tienen algunos de los núcleos que se quieren segregar, unos para convertirse en nuevos ayuntamientos y otros segregarse para agregarse a otro municipio.

Ha sido dicho por los dos Portavoces, tanto del CDS, como del Partido Socialista, señor López Trigal. Y el señor López Trigal abogaba porque sería mucho más importante la segregación para seguir agregado a otro municipio que por proximidad geográfica, por convicciones tipológicas, económicas, industriales, pudiera ser la agregación en un municipio distinto al que en este momento están agregados, más que por la segregación y la creación de nuevos ayuntamientos.

¿Es ésta la política que impera en Europa en cuanto al Régimen Local: muchos y muy diversos Ayuntamientos sin recursos suficientes para prestar y garantizar sus propios servicios? ¿Es ésta la posibilidad de Régimen Local a la que queremos llegar en España, concretamente en nuestra Región, en Castilla y León, con más de dos mil Ayuntamientos, de los que solamente doce tienen más de veinte mil habitantes, y donde realmente existen grandes dificultades para la prestación de los servicios? ¿Se planteará, acaso, la segregación de estos Ayuntamientos para quererse convertir en nuevos Ayuntamientos, no por el ser en sí Ayuntamientos, sino porque no tienen servicios?

Este Procurador, como Presidente de la Diputación Provincial, hablaba hace aproximadamente veinte días en el Senado sobre estos mismos temas; y se me hizo esta misma pregunta por parte de uno de los Senadores Socialistas, de cómo podría llevarse a cabo el ir reduciendo Ayuntamientos sin que los Ayuntamientos que vieran disminuida su capacidad administrativa al dejar de serlo, siguieran teniendo garantías en cuanto a la prestación de servicios. Y yo creo que ha de partir de una situación inversa: primero hay que llevar, mediante los servicios propios a cada una de las comunidades, la garantía de que esos servicios se van a prestar, bien sean en sanidad, en educación, en urbanismo, en medio ambiente, etcétera; en segundo lugar, una vez que estos servicios están garantizados en el ámbito rural, se creen los servicios mancomunados suficientes y necesarios para que aquéllos que no son rentables en una población sola se hagan con eficacia y con participación en todos los municipios que se puedan atender mancomunadamente; y cuando esto esté garantizado, cuando estos servicios funcionen, cuando los pequeños núcleos tengan la garantía de que todos esos equipamientos y servicios que funcionan en su colectividad no se van a perder, no habrá grandes inconvenientes en que los servicios administrativos estén centralizados en uno sólo de los Ayuntamientos.

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Alguno de los Ayuntamientos que aquí se reflejaban quedarían en unas poblaciones, al segregarse, de ciento cuarenta habitantes, ciento cincuenta y seis habitantes, ochenta y nueve habitantes, ciento cuarenta y nueve habitantes, ciento cincuenta habitantes y quinientos cincuenta y siete habitantes; con presupuestos en un ejercicio económico de 2.650.000, 2.368.000, 2.101.000, 2.366.000 y 2.700.000 pesetas. A todas luces, insuficientes para garantizar la prestación de servicios y calidad de vida a los ciudadanos.

Por consiguiente, respetando y entendiendo que esa decisión que ellos quieren tomar, y que tiene que ser resuelta en la Junta de Castilla y León, tiene que contar con todos estos aspectos y todas estas posibilidades, porque no se trata únicamente de dar una salida a un planteamiento o una necesidad de un municipio, sino de garantizar posteriormente el funcionamiento de los servicios en ese municipio o en esa localidad, lo que obliga a la Junta de Castilla y León a mantener conversaciones y contactos con los afectados para que esto sea posible.

Compartimos, pues, y vamos a votar favorablemente esta Proposición No de Ley presentada por el Centro Democrático y Social.

Solicitamos, como siempre, la colaboración del Centro Democrático y Social para tratar de aclarar y de resolver estos expedientes, que no son solamente la acción, o la negociación, o la gestión de la Junta o de los Ayuntamientos afectados; hay muchos hombres en el Régimen Local, hay muchos Diputados Provinciales, hay muchos Procuradores en Cortes que conocen en profundidad las posibilidades, los recursos y las garantías que existen en determinados núcleos. Y nosotros, los Alcaldes, los Concejales, los Diputados y los Procuradores sí que tenemos la obligación de estar por encima de intereses partidistas, de intereses políticos o de enfrentamientos particulares en momentos determinados entre familias, entre pueblos o entre núcleos. Lo nuestro es llevar a cabo, de una forma estable y definitiva, el asentamiento de nuestra Comunidad, tanto como Gobierno Regional, como a nivel de Corporaciones Locales, para que la eficacia de la gestión de estas Corporaciones sean las que garanticen una vez más a los ciudadanos sus servicios, dentro del respeto a las Corporaciones Locales, del programa de descentralización que se está llevando desde este Gobierno Regional, dando competencias transferidas y delegadas a las provincias y a los municipios, para que lleven a cabo con proximidad la prestación de servicios, creando los Ayuntamientos que sean necesarios, pero solamente aquéllos que sean necesarios para el mejor funcionamiento de todas las Administraciones. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Mañueco. Don Luis Aznar, por el Grupo Parlamentario proponente.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, y sólo de forma breve, para decirle al señor López Trigal que, evidentemente, como él se habrá leído nuestra Proposición No de Ley, que nosotros estamos diciendo que se resuelvan los expedientes. No conocemos, porque todavía no se nos ha contestado, qué tipos de expedientes son, en qué fase están, etcétera. Lo que pedimos es esa decisión: resuélvanse, y luego los distintos municipios podrán obrar en consecuencia.

Por tanto, yo creo que, al ser una Proposición de tipo general, no podemos especificar cada uno de los casos.

Señoría, a mí me encanta oírle, porque usted es un brillante municipalista. Usted nos expone aquí una teoría de Administración Territorial que nunca hemos oído a su Gobierno. Porque entre las inmensas lagunas, en cuanto a la explicación de programas y definición de políticas que tiene este Gobierno, tal vez el lago interior mayor es el de la Consejería de Administración Territorial. Fíjese hasta qué punto; si es que no vemos al Consejero en un tema tan grave como éste.

Creo, por tanto, y me va a permitir que le haga una puntualización para mostrarles a ustedes la preocupación que el CDS siente, que con este -permítame la expresión- barullo de definición en materia de política territorial nos vayamos a embarcar todos juntos en la aventura de la comarcalización. Si para resolver expedientes, que usted nos ha recordado aquí muy bien los requisitos que son necesarios, porque los conoce perfectamente, pero esos requisitos, Señoría, que son objetivos y son los que tienen que cumplimentar los municipios, o se cumplen o no se cumplen, o hay requisitos o no los hay; si los hay, resuelva usted, y si no los hay, devuelva el expediente y pida que se cubran esos requisitos. Bien, pues, si para resolver estos expedientes estamos, en algunos casos, cuatro y cinco años, ¿qué nos va a pasar cuando intentemos agrupar municipios, mancomunidades y les tratemos de transferir o delegar competencias, etcétera, etcétera, etcétera, sin haber definido previamente las líneas maestras de esa política territorial?

Yo le pido, señor Mañueco, que dentro de la coherencia de su Grupo pegue usted un saltito hacia abajo o hagan algo, o hagan algo, porque, si no, estaremos perdidos en esta Comunidad y en este materia.

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Y centrándonos ya en el tema, yo le quiero decir que cuando usted se refiere a los requisitos -se lo he dicho brevemente-, los requisitos están para cumplirse, y si no se cumplen denieguen ustedes esa solicitud, devuélvanles a los interesados esa solicitud, que inicien nuevamente el expediente. Pero casos tan claros como el de Santa María de Nieva, que usted me ha dado aquí datos -que tiene más que yo, sin duda alguna-, y me dice que es que hay que mirar muy bien si esos municipios luego se van a poder desenvolver. Yo en éste, que es el que he puesto por ejemplo, le traigo aquí el déficit que tiene este Ayuntamiento: 40.000.000 de pesetas anuales. Luego, es razonable que esto se produzca.

No creo, Señoría, que sea tanta la dificultad. Yo lo que creo, más bien, es que es una cuestión de asumir decisiones, y las decisiones políticas, normalmente y en estos casos en los que, como antes hemos recordado, se producen incluso circunstancias de alteraciones de orden público, de enfrentamientos, en estos casos las decisiones son difíciles. ¿Por qué son difíciles? Pues, porque es quedar bien con unos y quedar mal con otros; pero ésa es la obligación de cualquier Gobierno, ésa es la obligación de cualquier Gobierno. Y mire, no me vale el intentar quedar bien con todo el mundo. Y tengo aquí otro caso que también ha tenido trascendencia pública, otro caso -coincide que es de Segovia-, Cuevas de Provanco, donde hay una promesa electoral o electoralista -como le queramos llamar- de que se iba a producir la segregación, promesa que se cumple en los periódicos. El Portavoz de la Junta de Castilla y León dice: "En tal Junta de Consejeros se ha aprobado esta segregación". Resulta que luego no hay nada; pero en el pueblo ya han hecho la fiesta, en el pueblo ya han hecho la fiesta. Y esto a mí me parece serio.

Yo no les estoy pidiendo a ustedes que resuelvan en tal sentido o en tal otro. Háganlo ustedes según crean que deben hacerlo; pero esto es una decisión política que ustedes deben tomar, asumiendo los costos que ello conlleva. Alguna ventaja les traerá.

Y por eso, y sabiendo que estamos de acuerdo, porque usted, que es una persona razonable, ya ha dicho que, en principio, estábamos de acuerdo, no le pido más que este acuerdo se lo traslade con toda la fuerza que pueda a su señor Consejero -y el mío-, y que obren en consecuencia, y que den vía libre y den rapidez, urgencia a estos temas que, no olviden, Señorías, que el tiempo que usted reclama para la resolución de estos expedientes no va a ser el bálsamo que lo va a arreglar; muy al contrario, las heridas si no se curan se infectan. Por tanto, en estos casos, el tiempo no es bálsamo, sino, muy al contrario, un elemento perjudicial. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Aznar. Vistas las posiciones mantenidas por los distintos Grupos, ¿se aprueba la Proposición por asentimiento? ¿Se aprueba? Se aprueba.

Queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, relativa a urgente resolución de expedientes de segregaciones municipales.

El señor Secretario procederá a dar lectura al noveno punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Noveno punto del Orden del Día: "Propuesta de modificación del objeto de la Comisión de Investigación sobre la realización de trabajos de carácter privado por funcionarios de la Junta de Castilla y León en la Sección de Ganadería de Valladolid, ampliando su cometido".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se ruega silencio, por favor. Para consumir el turno a favor, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, señor Herrero.

HERRERO SANZ

EL SEÑOR HERRERO SANZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, me trae aquí el proponerles a ustedes que se amplíen las competencias de una Comisión de Investigación que ya existe en estos momentos, para que se ocupe asimismo, de investigar un asunto que yo calificaría de muy importante para los ciudadanos de esta Comunidad y para el prestigio de la Administración Autónoma.

Me estoy refiriendo a un asunto tan importante como el determinar si en este país, si en esta Comunidad la salud pública está debidamente garantizada -en lo que se refiere al consumo de carne- o no.

Recientemente en la prensa leonesa han salido una serie de informaciones que ponen en duda el que la salud pública esté debidamente garantizada. Si la información que publican los medios de comunicación de León es cierta, podemos afirmar que la Junta no garantiza en absoluto la calidad de la carne que consumimos en esta tierra.

Existe un comercio ilegal de productos hormonales y se están expediendo guías de control sanitario sin ningún control. Tengo que citar aquí, porque es de justicia, el trabajo realizado por la Asociación de Consumidores "Lancia", que gracias a su diligencia en defensa de los intereses de los consumidores ha podido ser posible descubrir estas irregularidades. Así mismo, es obligado citar aquí al periodista del "Diario de León", Luis Estrada, por la magnífica actuación que ha tenido en el descubrimiento de este tipo de irregularidades.

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El tema, Señorías, no es un problema pequeño. Del asunto se ha hecho eco desde el Portavoz de Agricultura de la..., el Portavoz de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, del Grupo Demócrata, en el que están englobados los señores del P.P. Este parlamentario europeo ha llegado a afirmar, en una reciente visita realizada a León, que España es el país donde se produce más fraude en cuanto al cumplimiento de la norma comunitaria por la que se prohíben las hormonas en el engorde de animales. Continúa diciendo que los servicios veterinarios españoles no están realizando la función que les tiene encomendada.

También se ha hecho eco, Señorías, la Asociación, la Unión Nacional de Consumidores -que como todos ustedes saben, agrupa a noventa asociaciones-, que ha iniciado una investigación con carácter nacional, en la que -según informaciones del "Diario de León", que son los datos que tiene este Parlamentario- se han puesto a trabajar trescientas personas.

De otra parte, el Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios, Antonio Borregón, declaraba que con respecto a la expedición de una guía sanitaria en León, que constituía un fraude económico y sanitario para la Sociedad y para la Administración.

A muchas de Sus Señorías les sonará el problema de las hormonas porque existe un contencioso -todavía en estos momentos no solucionado- con Estados Unidos, que puede generar una guerra comercial entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos por el uso, o por la prohibición que tiene la Comunidad Económica Europea de la venta de animales engordados con hormonas.

En León, la investigación realizada por la Asociación de Consumidores Lancia y por el periodista antes citado, don Luis Estrada, estos señores descubrieron que existen, en una encuesta que realizaron en León en siete establecimientos, descubrieron que en cinco de ellos se puede comprar libremente este tipo de productos. Uno de ellos se da la paradójica situación que el propietario es un veterinario titular del Ayuntamiento de León.

La Comisión Investigadora del Parlamento Europeo de los problemas de la carne opinaba en un informe que el uso de hormonas idénticas a las naturales puede acarrear el riesgo de la aplicación sin experiencia, de la dosificación incorrecta y la inyección incontrolada, que supone un riesgo para el animal y para el consumidor. El informe concluía que la mejor forma de proteger la salud pública es la prohibición total de las hormonas.

Pero no sólo, no sólo la prensa leonesa hacía referencia a esta posibilidad de adquirir productos prohibidos en León, productos prohibidos por la Comunidad Económica Europea, sino que también ponía de manifiesto el que se había expendido una guía para animales que no existían.

Y esto, Señores, puede parecer un problema menor -he visto cómo el Consejero se reía- pero esto es un documento, Señorías, oficial de la Junta de Castilla y León, en donde dice -se lo leo a ustedes textualmente-: "El veterinario titular declara que reconocido el ganado abajo reseñado..." Y les recuerdo a ustedes que esta guía se dio para un ganado que no existía; esto fue fruto de la investigación, el periodista lo sacó, porque el mismo periodista solicitó a los servicios veterinarios del matadero que le diera una guía para tres vacas que, naturalmente, no poseía. Bueno, pues, un documento de la Junta de Castilla y León decía que: "reconocido el ganado abajo reseñado, no ha podido apreciar -naturalmente- en él ningún síntoma alguno de enfermedad". Asimismo declara -estoy leyendo el documento- que los animales a que se refiere la presente guía fueron embarcados en el vehículo.... previamente desinfectado, en cumplimiento..." Tampoco existía vehículo, naturalmente, Señorías, y la matrícula que se da, según mis noticias, era la del turismo del propio periodista, en donde se pretendían meter las tres vacas.

Claro, esto no es un problema menor, Señorías, no es un problema menor. Es un problema serio. Lo que nos demuestra es que no existe... este documento se hace para garantizar que la circulación de animales está debidamente controlada y que esos animales no tienen ningún problema sanitario para el consumidor. No ponen en peligro la salud del consumidor.

En León recientemente se han detectado, en un matadero, que había dieciséis animales que habían sido engordados con hormonas, creo recordar que eso es así. Estos animales estaban tratados con implantes, y entonces fue fácil detectarlo porque se daban dos circunstancias afortunadas: una, que el implante es perfectamente visible, se puede apreciar a simple vista; y otra, que existía en el matadero un diligente funcionario, nombrado por la Junta de Castilla y León, que a su vez era Presidente de la Asociación de Consumidores que he citado antes, como investigadora, y que, naturalmente, hizo incinerar, a instancias de él se incineraron esos animales y no fueron al consumo humano.

Pero siendo los implantes una marca claramente visible ¿cómo es posible, cabe preguntarse, que esos animales llegaran al matadero? Porque se tuvo que expedir la guía, alguien tuvo que decir esto, alguien tuvo que decir que reconocido el ganado que fue después al matadero se apreciaba que estaban en orden. ¿Cómo llegó al matadero? ¿Cuántos animales han llegado al matadero antes de que ese funcionario -que fue efímero en su estancia en ese matadero-? Y ¿a cuántos mataderos de la región afecta esto? ¿Cómo se expiden las guías? ¿Qué control hay?

(-p.1479-)

Este país, señores, esto, insisto en que no es un tema menor. Porque este país ha vivido experiencias muy desgraciadas en el asunto del fraude alimentario, y que ha causado muchas pérdidas de vidas humanas. No es un problema menor. Y por eso, Señorías, les pido a ustedes que esta Cámara se pronuncie para que exista un mecanismo de la propia Cámara que delimite las responsabilidades y que pueda informar a los ciudadanos de la Comunidad de que su salud está debidamente garantizada. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El señor Consejero de Bienestar Social tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para aclarar un par de cosas al señor Herrero.

Es cierto que entre ocho mil funcionarios que tiene la Consejería de Cultura y Bienestar Social, más o menos, pueda haber alguno que no cumpla sus funciones. Quiero tranquilizarle a Su Señoría porque el funcionario que firmó esa guía tiene abierto expediente disciplinario tan pronto como la Administración tuvo conocimiento. Pero también tengo que decir que yo lamento que el diligente funcionario Presidente de la Asociación de Consumidores Lancia, que en estos momentos como Presidente de tal Asociación, y a título privado, muestra una enorme diligencia en descubrir estos tipos de fraudes, no la demostrara exactamente igual cuando hace año y medio era el Director General de Consumo en la Junta anterior. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir un turno en contra? Entonces, para fijación de posiciones, don Daniel de Fernando del Grupo de Centro Democrático y Social.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Voy a ser muy breve, y no pensábamos ni intervenir, porque al ser una Comisión que ya estaba abierta, parecía lógico apoyar la ampliación de la investigación por lo de las hormonas.

Pero claro, las palabras de don Isaías Herrero sí que nos han hecho intervenir. Porque, de qué se escandaliza el señor Herrero. Hay dos temas: uno el tema del funcionario -ya ha aclarado el Consejero que es un expediente disciplinario-, y otro el problema hormonal. Cuando estamos leyendo en los periódicos el problema mundial que hay con el tratamiento hormonal, cuando el señor Herrero debe saber que la libre circulación de hormonas es competencia -hormonas inyectables-, es competencia de su Gobierno Central, pues, mire usted, empecemos a encajar: cómo se autorizan los medicamentos para aplicación animal, quién los autoriza, quién los controla, quién fija el precio. Pues, mire usted, no el Ministerio de Sanidad, que es quien debía ser; el Ministerio de Agricultura, que no la Consejería de Agricultura. Quién autoriza -independientemente o no que haya responsables farmacéuticos que también, a título individual, puedan ser responsables en algún caso de facilitarlos- quién autoriza esos almacenes y tiendas sin ningún control técnico, señor Herrero.

Yo de verdad, insisto, me ha dejado sorprendido. Vamos a apoyar la ampliación, porque indudablemente ya estaba creada y porque un tema de salud es competencia de que todos averigüemos lo que pueda ocurrir.Ppero no se sorprenda de los resultados de la Comisión. Probablemente, aseguro de antemano que el primer acuerdo de la Comisión va a ser dirigirse al Gobierno Central diciendo que acabe con ese sistema de libre circulación de hormonas. Señor Herrero, circule usted por las granjas de Segovia, no ya por las tiendas, y verá usted los paquetes que hay en todas partes. ¿Quién los controla? ¿Por qué han llevado eso ahí? Luego ya le adelanto: primera conclusión de esa Comisión, va a ser dirigida al Gobierno Central, y el resto, indudablemente, todo lo que haya que averiguar sobre el tema y las responsabilidades personales que haya que depurar, indudablemente vamos a apoyarles.

Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Popular,dDon Miguel Angel Cortés tiene la palabra.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Señor Presidente. Señor Herrero, pensaba contestar desde el escaño, pero sólo por la simpatía que bien sabe Su Señoría me merece, subo a la tribuna. En la esperanza de que algún Procurador socialista, bien por investigación propia o por alguna vía indirecta, como es en este caso, no llegue a la sospecha de que en alguna huerta de nuestra Comunidad se utiliza algún pesticida contra el escarabajo patatero que pudiera no ser beneficioso para el consumo humano, nuestro Grupo no tiene inconveniente en que Su Señoría amplíe una vez más la Comisión de Investigación a la que ya votamos favorablemente. Pero simplemente con esa esperanza.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de réplica, por el Grupo proponente, don Isaías Herrero tiene la palabra.

HERRERO SANZ

EL SEÑOR HERRERO SANZ: Gracias, señor Cortés, por la cortesía con que me trata y que usted manifiesta al venir aquí; pero lo dicho podía haberse dicho ahí o no decirse, sencillamente.

Señor Cortés, empezando por usted, le diré que le agradezco mucho el que respalde usted la iniciativa; le agradecería también que diligentemente nombrara usted los miembros de su Grupo para que se ponga a trabajar esta Comisión, porque desde entonces estamos..., por su Grupo está el asunto paralizado en estos momentos. Eso le consta a usted.

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Señor Consejero, yo celebro mucho, celebro mucho el que solo algún funcionario haga, actúe tan ligeramente como actuó este funcionario; no sabe usted lo que lo celebro. Yo no tengo, no tengo ningún interés en que se den males para luego achacárselos a ustedes; créame, ése no es mi estilo. No es mi estilo, usted me conoce bien y sabe que quiero que vayan bien las cosas. Si sólo a alguno incumple, perfecto. Pero usted tiene razón cuando decía, como tenía razón alguna información que he visto en la prensa, en donde he sorbido, en donde he bebido este asunto, que los servicios veterinarios tienen graves carencias, que necesitan ser reestructurados porque hoy no pueden acometer todas aquellas funciones que le son asignadas. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero si esos problemas se dan, señor Consejero, usted, como Administración, y nosotros, como Parlamentarios, tenemos obligación de erradicarlos. Y se trata de ir en la misma dirección. Es decir, esto no es contra nadie, no es una Comisión investigadora que actúe contra nadie, sino que vaya a favor de que la Administración sea cada día más eficaz. Me alegro mucho que usted haya expedientado a este funcionario.

Y el señor Daniel de Fernando realmente es asombroso, porque de su intervención, aparte de la hojarasca política, se desprende que él es consciente -ha dicho- de que en las granjas de la Comunidad hay montones, montones, de medicamentos, de hormonas, de productos hormonales para el engorde de ganado. El es consciente de que eso existe. Eso ha dicho aquí. Y también conoce que eso está prohibido, también conoce que.... Yo, señor de Fernando, soy mucho más ignorante que usted. Cuando me he enterado, cuando mi Grupo se ha enterado de esto, lo ha traído a la Cámara e intentamos atajar el problema. Pero usted ha dicho que existen en las granjas montones de paquetes con hormonas ilegales. Y usted ha dicho, además, que eso es responsabilidad del Gobierno de la Nación. Yo no le voy a discutir a usted eso, sea responsabilidad de quien sea; lo que quiero es que eso no se produzca, eso es lo que yo quiero. Y me sorprende mucho que, ante un incumplimiento por parte del Gobierno de la Nación, según usted, de sus responsabilidades de control, usted, que tan diligentemente actúa cuando se trata de clavar una alfiler al Gobierno de la Nación, no haya utilizado este asunto, que es un asunto serio que afecta a la salud pública, para hacer su política. Me extraña mucho, señor de Fernando. Pero usted ha dicho eso, que existen montones en las granjas. Señorías, si eso es así, el problema es mucho más grave. Porque yo creía que lo que existía, por la información que he tenido, es que medicamentos, es decir, productos hormonales que deben de ser utilizados puntualmente mediante receta para curar determinadas enfermedades de los animales eran utilizados fraudulentamente como un elemento de producción, de engorde de los animales. Eso es lo que yo pensaba; pero el problema, según usted, es mucho más gordo. Si hay montones de paquetes y se utiliza habitualmente, el asunto es muy serio, señor de Fernando. Nosotros no podemos aceptar el estar oficialmente apoyando y velando porque se cumpla una directiva de la Comunidad y, realmente, actuando con doblez, haciendo que eso se consuma.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor de Fernando, para dúplica, tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Muy breve. Con el cariño y la amistad que me une con Isaías Herrero, le voy a hacer una recomendación: pasee más y lea menos, señor Herrero. Primero, yo no he dicho que las hormonas que hayan en las granjas sean para engorde; que está lleno de hormonas y de otros medicamentos de tanto o más peligro para la salud como las hormonas. Pero, mire usted, no diga que lo denunciemos. Reiteradas veces, infinitas de veces ante el Gobierno... Y es más grave todavía: el Proyecto de Ley de Medicamentos que acaba de presentar su Gobierno sigue sin resolver el problema. Porque valora tanto o más su Gobierno la problemática económica que la sanitaria y, ante la lucha de qué debe valorar como Gobierno Socialista, si el problema sanitario o el económico, se inclina por ecléctico: ni uno ni otro, dejemos las cosas como están. Y le vuelvo a decir: no resuelve el problema. Y está el Proyecto de Ley de las Cortes; ya verá usted si allí tenemos enmiendas para tratar de solucionar ese problema. Pero no solamente en los Parlamentos, a través de los colegios profesionales y en infinidad de sitios se ha denunciado señor Herrero. No se fíe usted sólo de la prensa; visite a los agricultores, visite a los ganaderos, hágase pasar, lo mismo que el periodista, por representante de cualquier casa veterinaria y vaya dejando los paquetes que quiera: se quedarán todos allí.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Partido Popular, señor Cortés, tiene la palabra para turno de dúplica.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Señor Presidente. A mediados de Marzo se aprobó por este Pleno la Comisión Investigadora cuyas competencias hoy ampliamos. A mediados del mes de Abril el Grupo Socialista solicita la ampliación de competencias. Creo que considerará razonable, señor Herrero, y el resto de la Cámara, que mi Grupo Parlamentario, hasta no saber cuál va a ser el contenido de esa Comisión Investigadora, no haya designado a los miembros que le van a representar en la misma; pero tenga la seguridad el señor Herrero que, si el Grupo Parlamentario Socialista no decide investigar también sobre el pesticida del escarabajo patatero en esta misma Comisión, nombraremos pronto a los que nos representen en dicha Comisión.

Muchas gracias, señor Presidente.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Vistas las posiciones mantenidas por los distintos Grupos, ¿se puede aprobar por asentimiento? Se aprueba, pues, por asentimiento la modificación del objeto de la Comisión de Investigación sobre realización de trabajos de carácter privado por funcionarios de la Junta de Castilla y León en la Sección de Ganadería de Valladolid, ampliando su cometido.

El señor Secretario dará lectura al décimo y último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Décimo punto del Orden del Día: "Petición de creación de una Comisión de Investigación sobre la distribución de subvenciones concedidas al amparo del Decreto, 34/88 de veinticinco de Febrero".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Para consumir el turno a favor, tiene la palabra, en representación del grupo de Procuradores autores de la propuesta, el señor de Lorenzo.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Soy consciente de que nos encontramos ante un tema polémico, pero sí que quisiéramos en este debate quitar los tintes de morbosidad que por parte de alguno se ha pretendido dar y que no es objeto, en absoluto, por parte de mi Grupo, y centrarnos en lo que realmente pretendemos, que no es ni más ni menos que intentar demostrar, con todos los argumentos que luego daremos, que los criterios de distribución de los 1.500.000.000,en números redondos, previstos en la Ley de Presupuestos de mil novecientos ochenta y ocho para el sector de la minería no han sido distribuidos con criterios de objetividad. Fíjense que no pongo otros adjetivos, sino criterios de objetividad. Yo no digo que los criterios que se hayan utilizado no hayan sido correctos y beneficiosos para el sector, no hablo de eso; hablo de criterios de objetividad. Y ahora centraré el problema de por qué en este sector se podría haber utilizado esos .... Tampoco es momento, yo creo, de juzgar la política de minería que viene poniendo en marcha la Junta desde que ascendieron el Grupo Popular al poder de esta Comunidad Autónoma, ni tampoco la política industrial, que, evidentemente, ha incidido de una forma especial en apoyar a un subsector como el de la minería, que tiene un peso específico "equis" en nuestra Comunidad Autónoma, pero que recibe un apoyo económico por parte de la Junta del Grupo Popular, pues, muy por encima del peso específico que le corresponde dentro del sector industrial. No creo que sea ésa tampoco cuestión a debatir en estos momentos, sino centrarnos exactamente en intentar ver si los criterios de distribución de los 1.520.000.000 de pesetas se hicieron con criterios de objetividad.

Yo creo que sería necesario recordar en que campo nos movemos y cuáles son los conocimientos que tiene la Administración del subsector minero, del sector de la minería. Y yo creo que precisamente eso es un elemento clave, clave y diferenciador del resto de los sectores. Y todo ello porque en el año ochenta y seis, en Noviembre de mil novecientos ochenta y seis, se aprobó un documento, un sistema -diríamos-, el nuevo sistema de contratación de carbón térmico, que implicaba, como muy conocen Sus Señorías y se ha debatido aquí varias veces, una tutela, tutela absoluta -camuflada, pero absoluta-, por parte de la Administración hacia ese sector; con una contrapartida: salvarlo y pagar las pérdidas que tuviera; todo eso muy camuflado para que pudiera ser compatible con nuestra adhesión a la CEE.

Y en base a ese documento, durante el año mil novecientos ochenta y siete, todas las empresas mineras del carbón de nuestra Comunidad Autónoma que quisieran acogerse a ese nuevo sistema de contratación de carbón térmico tuvieron que presentar un plan estratégico ante la Administración que demostrase la viabilidad técnica y económica de sus explotaciones a largo plazo, así como una auditoría, una auditoría contable del último ejercicio. Y en ese plan estratégico, al menos, al menos se tienen que contemplar los siguientes aspectos: primero, análisis de las reservas explotables; segundo, plan de explotación para los años de duración del contrato, que es a largo plazo; tercero, evolución previsible de plantillas y producciones; cuarto, plan de inversiones y de financiación; y quinto, cuentas financieras anuales. Y todos los planes estratégicos deberán contener una mejora de la eficiencia empresarial, y, si no es así, ir estableciendo progresivamente una disminución de la productividad hasta la desaparición de la empresa.

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Realmente nos encontramos, señoras y señores Procuradores, ante una situación privilegiada; nunca jamás, y probablemente nunca jamás y, desde luego, en ningún sector y en ningún momento, la Administración pueda llegar a conocer en tanta profundidad un sector como en estos momentos conoce la Administración -tanto la Central como la Autonómica- el sector de la minería del carbón, porque tiene todos los datos previsibles, todos los datos que pudiera necesitar un ejecutivo para poder desarrollar su política: cuánto producen, cuánto van a producir a largo plazo, cuál es su situación económica, cuál va a ser su situación económica a largo plazo... una maravilla. Yo me imagino si algún otro Consejero pudiera conocer la situación de sus sectores respectivos de Administración al nivel de profundidad que tiene que conocer el señor Consejero de Economía el sector de la minería, pues, seguro que... pues que acertaban más, acertaban más de lo que ha acertado... Por tanto, nos encontramos con una situación absolutamente privilegiada e irrepetible. Conocemos, dato por dato, de todas las empresas de nuestra Comunidad Autónoma, dato al día de hoy y a dentro de diez años; y eso nos permite, obviamente -y es a lo que quería llevar a la reflexión de Sus Señorías-, poder planificar y objetivar cualquier tipo de actuación de la Administración, inclusive, por supuesto, el reparto del dinero. Yo creo que ahí, hasta ese punto, estaremos de acuerdo que pueda ser así.

Y ¿qué ha ocurrido en Castilla y León? Pues en Castilla y León, que prácticamente todas, excepto unas pequeñas empresas -yo diría que residuales-, se han acogido al nuevo sistema de contratación de calor térmico y, por tanto, tenemos los datos económicos de producción, de plantillas y financieros de todas las empresas, concretamente de ciento dos empresas. Nunca jamás ha habido tanto conocimiento como en estos momentos.

Y ¿qué es lo que a eso nuestra Administración, qué ha hecho la Comunidad Autónoma con el dinero... me refiero el dinero... exclusivamente los 1.520.000.000 de pesetas que figuraba en la Ley de Presupuestos de mil novecientos ochenta y ocho? En principio sería yo creo que conveniente porque es identificativo, resaltar cómo estaba distribuido el dinero en la Ley de Presupuestos y cómo resultó al final de la ejecución presupuestaria. En la Ley de Presupuestos había para intervenciones coyunturales 200.000.000, el 13,15, y pasó, después de las correspondientes modificaciones presupuestarias, incorporaciones y transferencias, a 924.000.000, el 61,84%. Para fondo social minero, que las Cortes habían aprobado 300.000.000, o sea el 19,73% de ese presupuesto, se pasó a ejecutar 15.000.000, o sea, el 1% del presupuesto. Para financiación de créditos puentes, de 200.000.000 no se pudo ejecutar, por no haber demanda, nada, 0%. Para formación minera las Cortes habían puesto a disposición de la Junta 50.000.000, y al final se ejecutó 29.000.000; se pasó del 3.28% del total del presupuesto al 1,94%. Para seguridad minera, que había en un principio 250.000.000, o sea, el 16,44%, se pasó a ejecutar 107.000.000, o sea el 7.16%. Y para prospección y evaluación minera, de 520.000.000 se ejecutó 416.000.000. Prácticamente, la ejecución final de esos 1.520.000.000 no tiene nada que ver con lo que en la Ley de Presupuestos se había aprobado en estas Cortes.

¿Cuál ha sido la distribución provincial de esos 1.520.000.000 de pesetas? Para la provincia de León, 1.216.000.000, que suponen el 81,38%, 81,38%; para la provincia de Palencia 37.000.000, el 2,54%; para Burgos 38.000.000, el 2,55%; Para Salamanca 31.000.000, el 2,08%; Para Avila 35.000.000, el 2,36%. Quiere decir ello que la suma de todas las provincias, exceptuada León, implica el 9,53%, y luego aparte de eso un nueve y pico por cien a otra empresa que actuaba en todas las provincias de nuestra Comunidad Autónoma.

Y ¿cómo esos 1.520.000.00 se han distribuido por empresas? Yo aquí, y yo creo que aceptando el consejo -que me parece absolutamente plausible- del señor Consejero de Economía en la Comisión de hace dos días, no voy a citar nombres, pues el propio señor Consejero decía a los medios de comunicación que había en esa Comisión que no apuntaran nombres, por la discreción que en los datos económicos tienen, y, por tanto, yo creo que en ese sentido voy a ser absolutamente escrupuloso; de esa distribución de... por empresas, voy a hacer cuatro grupos. Un primer grupo de diecinueve empresas, diecinueve empresas, que sumando los planes estratégicos, o sea, documentos actualizados sobre las previsiones de inversión de estas empresas, auditadas por empresas solventes y aprobadas por la Administración, preveían esas empresas una inversión de 1.277.000.000 de pesetas; y la Junta les ha dado dinero, en proporción o computando inversiones, de 2.079.000.000, o sea, le computa el 163% de inversión que lo que tenían previsto los planes estratégicos; invierten mucho más -teóricamente estamos hablando- que lo que dice los planes estratégicos que están firmados y sellados por la Administración. Estas diecinueve empresas reciben el 59,31% del total de las subvenciones, el 59,31% del total de las subvenciones van a estas diecinueve empresas; y estas diecinueve empresas representan en el sector de la Comunidad Autónoma, en puestos de trabajo, mil ochocientos ochenta y siete, exactamente el 14,05% de los puestos de trabajo del sector, que al final del período, de acuerdo con los planes estratégicos, había, a nivel teórico, trece mil cuatrocientos veintiséis. Por tanto, estas diecinueve empresas representan, a nivel de puestos de trabajo, el 14,05%, y a nivel de productividad, de peso específico de esas empresas, el 12,96; por tanto, el 14,05% de los puestos de trabajo y el 12,96 de la producción se llevan el 59,31% de las subvenciones, este grupo de diecinueve empresas.

Luego hay un segundo grupo de cinco empresas que vamos a llamar las cinco grandes, y que yo creo que en la mente de todas Sus Señorías están los nombres. Estas cinco grandes tienen previstas, en sus planes estratégicos, inversiones por valor de 3.489.000.000, y la Junta computa inversiones -antes de aplicar el 30% de la subvención- computa inversiones por valor de 459.000.000, o sea, computa inversiones del 13,16% de lo que pensaban invertir. Veíamos en el primer grupo el 163%, ahora el 13%. Y reciben, reciben de subvenciones estas cinco empresas, el 13,14% del dinero que destina la Junta a subvenciones. Y estas cinco empresas representan, como conocen Sus Señorías, pues el 50,34% de los puestos de trabajo, 50,34%, más de la mitad del sector, y el 50,9% de las producciones; estamos... estas cinco empresas son la mitad del sector y reciben el 13% de las subvenciones.

Luego hay un grupo,un tercer grupo que he dividido para ese análisis, de treinta empresas, que representan el 21,89%, perdón, el 13,85%de los puestos de trabajo y el 14,34% de las producciones, que reciben el 21,89% de las subvenciones.

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Y luego hay un grupo de dos empresas,que están en suspensión de pagos, que reciben el 5,66% de las subvenciones. Esa es la distribución por empresas.

Si desglosamos, si sumamos todas las inversiones previstas en los planes estratégicos, todas las empresas, la suma nos da que,para la fecha que nos estamos refiriendo,las empresas mineras de Castilla y León tenían previstas inversiones por valor de 6.701.000.000 de pesetas, y la Junta ha computado, de esos 6.700.000.000, 4.095.000.000 para aplicarlas a las subvenciones, que dividido por las subvenciones otorgadas nos da, nos da una inversión media en el sector del carbón del 26,98% de las inversiones previstas, en el sector del carbón. Fuera del sector del carbón,que se reciben, que había inversiones previstas por valor de 1.100.000.000 de pesetas, la inversión media que da la Junta es el 8,34%, con lo cual se cumple, evidentemente, una de las premisas que utilizaba el señor Consejero el otro día de un apoyo, diríamos, explícito, intensivo, al sector del carbón, discriminando al resto de los sectores, no sólo en cuanto a valores absolutos,sino en cuanto a la intensidad del porcentaje de aplicación de las subvenciones.

Por tanto, vemos que,utilizando parámetros económicos que son ciertos,porque están previstos en los planes estratégicos y en las auditorías contables de las empresas, no se han utilizado criterios, digamos, de objetividad;no se han utilizado criterios de objetividad en tanto en cuanto ninguno de los parámetros de producción de algunos ratios económico-fianancieros, no se han aplicado a la hora de distribuir las subvenciones. Vamos a ver si se ha aplicado, utilizando otros parámetros a que hacía referencia el señor Consejero en su día, hace dos días, que es parámetros, por ejemplo, de puestos de trabajo.

Si aplicamos la distribución de las subvenciones en función de los puestos de trabajo de las empresas y en función de la subvención efectivamente otorgada por la empresa, pues ahí nos encontramos que hay de todo. Nos encontramos con que hay empresas que reciben subvenciones por puestos de trabajo por valor -la que más- por valor de 2.333.000 pesetas, y otras por valor de 6.000 pesetas; luego en el abanico de 2.333.000 pesetas por puesto de trabajo y 6.000, hay de todo; ahí hay un abanico amplísimo hasta completar las sesenta y ocho empresas que han recibido subvención. Y si hacemos una relación, un estadillo entre el número de orden efectivamente cumplido, en función del dinero realmente recibido, un número de orden en valores absolutos de dinero recibido y el número de orden que correspondería en función de los puestos de trabajo, pues también hay de todo: la empresa que más dinero recibe no tiene ningún puesto de trabajo -teóricamente, vamos- del sector de minería; la segunda empresa que más dinero recibe ocupa el lugar veintiséis en el ranking de empleadores de trabajadores; la tercera empresa en cuanto a dinero efectivamente recibido ocupa el lugar número catorce; la cuarta empresa, el lugar número veinte en el ranking; y la quinta empresa que más dinero ha recibido ocupa el lugar número once. Así, etcétera, etcétera, nos daría una conclusión también: que tampoco se ha utilizado el ranking de los puestos de trabajo como parámetro objetivo, parámetro objetivo para distribuir los mil quinientos veinte millones de pesetas.

Si utilizamos también otros criterios... En una pregunta que realizó mi Grupo, que realicé al señor Consejero, se nos aportaban una serie de datos económico-financieros sonsacados, o sacados, de las auditorías contables, de los balances a treinta y uno de diciembre; nos encontramos con que, si aplicamos las cifras efectivamente otorgadas a las empresas -no a todas, algunas de ellas- y las aplicamos, las conjugamos y las integramos en el balance efectivamente presentado, nos darían resultados absolutamente escalofriantes, toda vez que, si bien es cierto que la Administración aporta el treinta por ciento de la subvención, muchas empresas, para el setenta por ciento restante, tendrían que aplicar, o recursos propios, que en algunos casos -según se desprende de su balance contable- no tienen, o recursos ajenos; y si fuese aplicando ese criterio de los recursos ajenos, nos encontraríamos con una situación en que los ratios de endeudamiento de algunas empresas que han recibido más subvención...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Lorenzo, le agradecería que fuera terminando.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: ... más subvención de la prevista en sus propios Planes Estratégicos, darían una situación, bajo un punto de vista contable, absolutamente inviable. Sería imposible que la empresa pudiera desendeudarse, pudiera generar recursos para devolver el teórico dinero que tendría que haber pedido fuera, para poder recibir el treinta por ciento de la Administración.

Es evidente, y con estos datos, que me imagino que tendremos ocasión de ampliar, hemos pretendido demostrar que, en una situación privilegiada de la Administración, que conoce los datos, los entresijos y las entretelas de las empresas mineras, es evidente que, de acuerdo con esta exposición que he hecho, no se han utilizado criterios objetivables, bajo un punto de vista económico, como serían los datos contables de las empresas en poder la Administración, los puestos de trabajo, la información del balance confidencial de la empresa, sino que se tienen que haber utilizado, sin duda alguna, sin duda alguna, con la mejor de las intenciones, otro tipo de criterios, otro tipo de criterios, que son los que nos gustaría llegar a conocer.

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Y, dado que, siguiendo los..., la lógica, el sentido común, reconocido por el señor Consejero, de que hay datos que, evidentemente, no pueden salir a la luz pública, no se debe informar a nadie, porque hay detrás empresas, nombres y apellidos, situaciones patrimoniales y situaciones económico-financieras que no deben ser conocidos más que en una Comisión secreta, pues nuestro Grupo, por esa razón, solicita la constitución de una Comisión de Investigación. Comisión de Investigación que estamos seguros que será atendida por el resto de los Grupos, pues, porque así ha sido siempre la trayectoria, incluso la manifestación explícita de los distintos Portavoces al comienzo del período de Legislatura, manifestando y diciendo que jamás se opondrían a la constitución de una Comisión de Investigación solicitada por la minoría. Este, y no otro; éste, y no otro, son las razones que mi Grupo demanda, o transmite, para la constitución de esa Comisión de Investigación. Sin ningún tipo de morbosidad y buscando, exclusivamente, conocer las razones profundas, profundas y reales, que han hecho que la Junta haya distribuido este dinero, los 1.520.000.000 de la Ley de Presupuestos del ochenta y ocho, con criterios distintos, distintos indudablemente, a los que la lógica, en un primer momento, nos hacía pensar que serían utilizados. Muchas gracias por su benevolencia, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Lorenzo, y para consumir un turno en contra de la propuesta, el señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías. Pues, teniendo tantos datos como sabe usted que tiene la Administración, haga, por favor, hágame el favor de leerlos. Pero de leerlos bien, porque, si no, cualquier suma, resta, división o coeficiente le resulta erróneo. Y yo entiendo que yo le respeto que usted pida todas las Comisiones que quiera -está en su derecho, cómo no-; lo que entiendo que no le debo de respetar es que maneje cifras que equivoquen al resto de los Procuradores que no estuvieron el último día en la Comisión. Porque, evidentemente, los que estuvieron en la Comisión creo que lo tienen claro.

Mire usted, si mezclamos las intervenciones directas de la Administración con las subvenciones, y a todo lo llamamos ayudas, pues, efectivamente, son 1.520.000.000. Pero si sólo atendemos a las ayudas, sabe usted perfectamente que han sido 1.076. Y le voy a decir por qué hubo esas transferencias. Mejor, no se lo voy a decir, se lo voy a repetir por enésima vez. Hubo esas transferencias porque, como ustedes propugnan que exista coordinación entre la Administración Central y la Administración Regional, la primera vez que existe una coordinación, digamos, al cien por cien, resulta que, evidentemente, si la Administración Central da para anticipos, no voy a dar yo para anticipos; si da para unos programas, no voy a dar yo para los mismos. Pero todos esos datos que usted conoce perfectamente, por favor, utilícelos, pero utilícelos como Dios manda. Y, cuando hable de las empresas pequeñas, diga por qué lo sabe. Cuando hable de que a las empresas grandes no se las subvenciona, diga por qué lo sabe. Y, por favor, pida las Comisiones que quiera, pero utilice los datos que, gracias a mí, empieza a conocer de minería, y que espero que, si vuelve usted a la Consejería de Industria, le sean de alguna utilidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, don Miguel Angel Cortés.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Gracias, señor Presidente. Consumo, como bien dice el Presidente, un turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, de la solicitud formulada por el Grupo Socialista de creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación. Y nos oponemos, señor Presidente, no porque se quiera ocultar nada, sino, muy al contrario, porque se pretende que la claridad y la transparencia sea completa en este asunto.

Las Comisiones de Investigación -según conoce, sin duda, el señor Lorenzo-, según el Reglamento de la Cámara, en su artículo 69.3 dice que serán secretas, en todo caso, las sesiones y los trabajos de las Comisiones de Procuradores y las Comisiones de Investigación. Y es precisamente este secreto en la investigación del reparto de las subvenciones y de las ayudas mineras lo que quiere evitar mi Grupo Parlamentario. Todo lo que, de forma tan breve, amena y clarificadora, ha planteado Su Señoría en su intervención, la verdad es que lo podía haber dicho -quizá hubiésemos ganado si lo hubiese dicho de una forma un poco más ordenada y lógica- en la Comisión donde hubo un debate recientemente. O, si lo que deseaba Su Señoría era traer el asunto a Pleno, para provocar aquí el debate, instrumentos reglamentarios dispone Su Señoría y el Grupo al que pertenece para provocar, en este Pleno, un debate sobre minería.

Pero lo que aquí estamos tratando es si la Cámara considera o no conveniente la constitución de una Comisión de Investigación. Quizá la razón por la que el señor Lorenzo ha tenido que esperar hasta este Pleno para manifestar todos los datos con que nos ha ilustrado la haya dado él mismo, en la Comisión de anteayer. Comisión solicitada, la comparecencia, a petición propia por el Consejero de Economía, y donde, después de la intervención del Consejero, el señor Lorenzo dijo que quería formular cuatro preguntas. Afortunadamente, y hay que felicitarse porque los servicios de la Cámara han tenido..., disponemos ya de la transcripción de esa sesión, celebrada simplemente anteayer.

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Pues bien, señoras y señores Procuradores, la cuarta pregunta que formulaba el señor Lorenzo era ésta: "Y una cuarta, que es de más fácil contestación, que sería: en la documentación que usted ha puesto a disposición de la Cámara, exactamente, qué tipo de documentos -porque no he tenido ocasión de verlo todavía, para verlo con detenimiento, luego algún aspecto en concreto-, qué tipo de documentos nos trae a la Cámara". Esta era la cuarta pregunta que el señor Lorenzo formulaba al Consejero de Economía en la sesión a la que hago referencia.

Tengo conmigo un escrito de la Presidencia de las Cortes, enviado en mi condición de Portavoz del Grupo Parlamentario, y no me cabe ninguna duda que este mismo escrito habrá sido enviado a todos los demás Grupos Parlamentarios de la Cámara. En este escrito decía que se había remitido a la Cámara, por parte de la Consejería de la Presidencia, una documentación que, dado lo voluminoso de su contenido, se encuentra a disposición de los Grupos Parlamentarios, para su examen, en la biblioteca de la Cámara. Recordará el señor Lorenzo, y cuantos Procuradores asistieron conmigo a la Comisión de Industria -de la que yo no soy miembro, pero asistí-, que en el turno de intervenciones de los Procuradores que no son miembros de la Comisión, formulé una pregunta a la Presidencia de la Comisión, diciendo que desde cuándo disponía la Cámara de esos documentos. El señor Presidente, señor San Martín Ramos, contesta: "Bien. El Presidente de la Comisión tiene aquí un escrito fechado el día veintisiete de Abril".

El día veintisiete de abril es el día en que salió, digamos, de Presidencia de las Cortes al Presidente de la Comisión, y supongo también al resto de los Grupos Parlamentarios. El señor Presidente de la Comisión decía la verdad y estaba bien informado, al menos en lo que al Grupo Parlamentario Popular respecta, y espero que haya ocurrido lo mismo con los demás Grupos Parlamentarios. Lo que pasa es que esto es el veintisiete de abril, y el día tres de mayo, que es cuando se celebra la reunión de la Comisión, el señor Lorenzo no había tenido tiempo, no ya de estudiarse la documentación, que ciertamente era voluminosa, sino ni siquiera de saber qué documentación es la que se había remitido.

Pues bien, la documentación que se había remitido, y que estaba a disposición de todos los Grupos, era..., toda ésta es la relación, es el índice, simplemente, de la documentación que se había remitido. Están todos los antecedentes; está, en un segundo apartado, toda la elaboración de la normativa de aplicación -hasta dieciséis puntos-; está, en un tercer apartado, la ejecución presupuestaria del programa 055, aprovechamiento de recursos mineros; figura la relación de expedientes de las empresas que tienen concedidas ayudas, hasta un número de ochenta y tres; figuran informes sobre el Plan Estratégico, en tres tomos voluminosos; figuran todas y cada una de las actas de la Comisión Provincial de Promoción Económica, y figuran las actas del Comité de Inversiones Públicas. Esta documentación la tenían a su disposición todos los Procuradores de la Cámara, y sospecho que también el señor Lorenzo, aunque debió aprovechar intensamente el puente, y, quizá por la proximidad de su provincia con Madrid, lo amplió al dos de mayo.

Pero es lo cierto que, cuando ustedes solicitan la Comisión de Investigación que hoy nos ocupa, la creación de la Comisión de Investigación que hoy nos ocupa, hicieron algo más. Algo más, a lo que estaban en su legítimo derecho, y que además es una práctica parlamentaria habitual y que no sólo practican ustedes, sino que también hacen los demás Grupos de la Cámara, porque desde que se presenta una iniciativa hasta que puede llegar a Pleno, pues, transcurre tiempo y las cuestiones políticas pueden perder actualidad. Lo que hicieron fue formular unas manifestaciones a los medios de comunicación, en las que expresaban algo más que dudas, "algo más que dudas", y estoy citando palabras textuales del señor Lorenzo.

Frente a esa iniciativa suya y a la actuación siguiente, de transmitir esas dudas a los medios de comunicación, y a raíz de ella, la Junta de Castilla y León decide solicitar la comparecencia, a petición propia, del Consejero de Economía y Hacienda, para informar el Consejero de Economía y Hacienda exactamente sobre lo mismo, exactamente sobre lo mismo sobre lo que ustedes solicitan la Comisión de Investigación. Por supuesto, para informar, para facilitar la documentación y someterse a cuantas preguntas quisieran formularle los Procuradores. Y la documentación, repito, se presenta en fecha veintisiete de abril.

¿Y por qué se tomó esta iniciativa? Estoy convencido y tengo, como bien comprenderán, formando parte del Grupo que soporta al Gobierno Regional, por qué se tomó esta iniciativa. Exclusivamente, exclusivamente, porque se quería transparencia, claridad y celeridad.

Ya hemos recordado, al principio de mi intervención, algo que holgaba, sin duda, y es que las Comisiones de Investigación tienen carácter de secreto. Pero es que, además, por la experiencia que de ellas tenemos en la Cámara, las Comisiones de Investigación suelen tardar en llegar a conclusiones; en definitiva, suelen tardar en despejar las dudas, por aquello por lo que se han creado. Recuerdo a la Cámara que es el diecinueve de Noviembre del ochenta y siete cuando se creó una Comisión de Investigación sobre el Instituto de Desarrollo y Planificación Económica de Castilla y León, y todavía no tenemos conclusiones. Y antes me daba pie, muy amablemente, el señor Herrero, de recordar que una Comisión creada en el mes de Marzo, en fecha de hoy, todavía no ha sido constituida, porque hoy hemos decidido ampliar sus competencias.

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Por lo tanto, creemos que el interés general de Castilla y León y el interés específico de la minería requieren que cualquier duda que se haya sembrado se aclare cuanto antes, y que cualquier duda que exista se aclare en público. Y es por ello que queremos, y lo manifestamos así en la Cámara, que cualquier información que se solicite, cualquier dato que se requiera, cualquier debate que cualquier Grupo Parlamentario de la Cámara considere conveniente, cualquier comparecencia, sea en público, con luz, con taquígrafos y, además, con medios de comunicación, para que la opinión pública pueda estar informada y esas dudas, desde ya, queden despejadas.

Señorías, aquí como en las bodas, el que quiera decir algo que lo diga en público o, si no, que calle para siempre.

Y hay algo más. Y no es sólo que queremos la publicidad de cualquier información, y por ello, sólo por ello vamos a votar en contra de esta Comisión. Además, es que el Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre hablo, tiene, no sólo la convicción moral, sino la certeza documental de que el reparto de las subvenciones de minería se ha hecho con plena corrección. Esta es la razón por la que mi Grupo Parlamentario, señor Presidente, anuncia que va a votar en contra de la creación de esta Comisión de Investigación, y solicita el voto contrario al resto de los Grupos de la Cámara, recordándoles que existen mecanismos parlamentarios para que todo lo que se quiera hacer en una Comisión de Investigación se pueda hacer con publicidad; incluso, incluso, señor de Lorenzo, si se considerase que alguna información que se tiene que dar en una Comisión Informativa se debe hacer en secreto, incluso, existe la posibilidad reglamentaria que muy recientemente han utilizado Sus Señorías en una petición de comparecencia del Consejero de Economía, sobre los saldos de las cuentas de la Junta, que esa sesión concreta sea con carácter secreto, pero siempre dentro de las Comisiones Informativas y no en una Comisión de Investigación.

Votaremos que no a la Comisión de Investigación, porque queremos que la información, la transparencia y la publicidad sea completa y desde ya.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias a usted, Señoría. Para turno de réplica, el señor de Lorenzo tiene la palabra.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que el señor Portavoz del Grupo Popular, señor Cortés, ha utilizado hoy la táctica benhakeriana, de Leo Bennhaker, de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Y me da la sensación de que, por las experiencias que tenemos recientemente italianas, no siempre salen bien. Desde luego, para sufrimiento mío y también para el regocijo de algunas otras personas, alguna de mi Grupo, que para ilustración de don Tomás Cortés, en mi Grupo somos tan democrátas que tenemos gente que hasta es del Barça, fíjese.

Pero centrándonos en el problema, señor Cortés, vamos a ser realistas en un tema. La documentación se ha presentado después de la solicitud de mi Grupo de la Comisión de Investigación; mucho después. Punto uno.

Punto dos. Los datos que yo he dado no están basados ninguno en documentación, sino en la contestación a una pregunta escrita realizada hace ya algunos meses. Por tanto, yo no estoy poniendo en duda documentos, sino criterios sacados con datos objetivos, respondidos por la propia Junta y que constan en el Diario de Sesiones. Por tanto, no me hable usted de eso, porque, mire... Además, yo no sé si sería muy adecuado decir que el que ha sido, en este caso, el que "ha sido cocinero antes que fraile"... necesita ver todos esos documentos para intentar sacar algunas conclusiones. Yo, si no había visto el tema, algún otro compañero ya lo había visto, y yo, específicamente, de esa gran montaña de papeles que ustedes han intentado sacar para tapar el bosque, cedí unos cuantos, porque, objetivamente, yo no estoy hablando de nada raro, sino, simplemente, de criterios no objetivos. Y, por tanto -y usted me da pie a ello-, voy a sacar algunas cuestiones puntuales, que seré absolutamente exquisito para no pronunciar nombres, por las que intentaré basar -y puede sacar todas las que usted quiera- conclusiones que impliquen la no objetividad y, mucho menos -fíjese-, mucho menos lo que en esa táctica también, de que no hay mejor defensa que un buen ataque, por parte del señor Consejero ha hecho en estos días: hablar de multitud de cosas y, entre otras, decir que la actitud de mi Grupo, lo que estaba poniendo es en duda la profesionalidad de los funcionarios.

Le voy a poner un par de ejemplos, para que Su Señoría quede absolutamente documentado. Estos son fotocopias de los expedientes sacados de la Biblioteca de las Cortes. Le voy a leer Acta de la Comisión Provincial de Promoción Económica de León; se la voy a leer entera.

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"En la ciudad de León, siendo las diecisiete horas diez minutos del día veintisiete de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, se reúnen, previa citación cursada al efecto, los miembros de la Comisión Provincial de Promoción Económica relacionados al margen, bajo la Presidencia de su titular la Ilustrísima Señora Delegada Territorial Unica, a fin de informar sobre los diversos expedientes de solicitud de ayuda a la minería presentados para su estudio y dictamen". Le adelanto que son cincuenta y cinco expedientes, o sea, una parte importante de los expedientes que ustedes han otorgado. "Abierta la sesión, el señor Secretario da lectura al Acta de la Sesión anterior, de fecha seis de Septiembre, que es aprobada por unanimidad. Se pasa, a continuación, a deliberar sobre los expedientes presentados, adoptándose los acuerdos recogidos en el anexo de este Acta. En otro orden de cosas -subrayo-, en otro orden de cosas, la Comisión manifiesta que no quiere convertirse en un mero trámite y considera que tal y como está diseñada sobra, por lo que demanda una clarificación de sus competencias y criterios a emplear -de sus competencias y criterios a emplear-".

De este Acta sacamos varias conclusiones. En primer lugar, y la primera, que yo creo que tiene un marcado componente político, es que lo de la descentralización del tema minero en León es una auténtica pamplina. Porque si en el tema más importante, que es la aplicación de criterios netamente en León, sobre criterios de distribución, dicen lo que dicen y no lo dice ningún contubernio judeo-masónico, lo está diciendo y firmando la Delegada Territorial, que es de ustedes, nombrada por ustedes y que supongo que será de su Partido; por tanto, si esta misma gente dice eso, luego hay un montón de funcionarios que funcionan ahí, díganme ustedes qué no diremos los demás.

Por tanto, el tema de la descentralización de la minería en León es absolutamente falaz.

Punto dos. Este Acta de la Comisión es muy posterior -le repito, es del veintisiete de Septiembre-, muy posterior al Decreto, que era de veinticinco de Febrero, a la Orden Ministerial, que era de veintiocho de Abril, y posterior a una circular que sacó la Dirección General de Economía sobre tramitación de los expedientes de solicitud de ayuda a la minería, que era de quince de Junio. Por tanto, en Septiembre, la Comisión Provincial, que está analizando buena parte de los expedientes en esa sesión, dice que no tiene ni criterio ni nada. Por tanto, que es un mero buzón de correos; no lo dice así, pero yo intuyo.

Por tanto, permítame que ponga en tela de juicio la expresión del señor Consejero a los medios de comunicación días pasados, de que se han utilizado criterios de funcionarios. Punto uno.

Y ahora vamos a sacar algunos temas, vamos a sacar algunos temas que intenten documentar nuestra posición. Vamos a ver la primera -no voy a citar nombres, lo he prometido-, la empresa que más dinero ha recibido de todas. La vamos a llamar la primera, la primera, que ha recibido 135.788.007 pesetas; es la empresa que más dinero ha recibido. Para que tengan ustedes una referencia relativa, les diré que la segunda, en orden de importancia, recibe 93.000.000 y la tercera menos de la mitad que la primera: 63, es decir, que es una cantidad, en valores relativos, importante. Y para que se hagan una idea también, es lo mismo, aproximadamente lo mismo que lo que recibe esta empresa, lo mismo que lo que reciben el resto de las provincias que no son León; para que se hagan una idea de la importancia de la subvención. O lo mismo que reciben, aproximadamente, con 1.000.000 de pesetas de diferencia, lo mismo que reciben las cinco grandes empresas de carbón de la Comunidad Autónoma. Calibramos ya la importancia de la subvención.

Esta subvención de ciento y pico millones, de 135.000.000 está basada, se otorga para tres estudios que -aquí lo pongo ya entre paréntesis, porque esto sí que evidentemente no es objetivable- creo que son excesivamente caros; creo que uno de ellos, el de indicios similares a arcillas industriales, pagar 56.000.000 por ello, cuando con un convenio con el antiguo ICME se podía hacer más barato, o el estudio básico............. del análisis estructural de los costes de la minería, teniendo los estudios en ese momento la Comunidad Autónoma, pagar 40.000.000, o no sé cuántos millones, 40.000.000 por ello me parece una salvajada; o los de riesgo geológico, que veremos qué nos sale de ese riesgo geológico, 38.000.000... En fin, pero cierro el paréntesis, creo que es opinable esto. Por tanto, si sale usted y me dice que no, que eso sí que lo vale y que eso es muy importante, pues, yo le digo que muy bien dado. No quiero entrar en aspectos subjetivos.

Vamos a la objetividad, vamos a la objetividad. Si leemos el Decreto 34/88, objeto de análisis hoy, vemos en el punto 2.6, Decreto de ustedes: "la Consejería de Economía y Hacienda realizará inversiones en aquellos proyectos que, selecionados entre los propuestos por empresas o asociaciones de empresas, tenga como objetivo la puesta en valor económico de los recursos mineros -la puesta en valor económico de los recursos mineros-, estableciéndose su ejecución posterior mediante convenio".

Y ahora me voy -tenga presente lo que acabo de leer-, me voy al informe del funcionario de turno, que informa sobre estos tres proyectos. Son tres informes, dicen lo mismo los tres; está sacado de la documentación que ustedes .......... "Por todo lo expuesto, dado que el contenido del proyecto mencionado no tiene como objetivo la puesta en valor económico de los recursos mineros, dentro del Programa 6, de Prospección y Evaluación Minera, a nuestro juicio entendemos que el mismo no puede tener acceso a las ayudas previstas en el Decreto 34/88 y Orden de veintiocho de Abril del ochenta y ocho, de desarrollo del mismo"; informe negativo de los funcionarios a la subvención primera, a la primera, informe negativo. Y dice el señor Consejero en su rueda de prensa, dice que nosotros ponemos en duda los informes de los técnicos.

(-p.1488-)

Y vamos ahora al expediente, que está arriba, en la Biblioteca de estas Cortes, en la Orden de Resolución, en la propuesta de resolución del expediente no hay ni una sola firma de funcionarios; la única firma que hay es la del Director General de Economía, que reconocerá conmigo que no es funcionario, y la del Consejero. Y lo único que hay negativo es, precisamente, el informe negativo de los funcionarios. Eso en la primera empresa que recibe dinero.

Leo la Orden de Desarrollo del Decreto 34, para que tome usted nota, señor Cortés.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Ruego a Su Señoría vaya concluyendo, porque ha duplicado por segunda vez el tiempo.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Sí. Le agradezco su amabilidad, señor Presidente. Tardo un minuto ya.

"Los proyectos correspondientes al Programa 6, Prospección y Evaluación Minera, podrán constituir la base de convenios sobre las empresas... entre las empresas peticionarias y la Consejería de Economía y Hacienda, para la puesta en valor económico de recursos mineros..." tal, tal.

"Las empresas interesadas propondrán a la Dirección General de Economía aquellos programas concretos de investigación y evaluación minera que consideren relevantes dentro de sus correspondientes dominios mineros". Dígame usted si esta empresa... qué dominios mineros tiene esta empresa.

En fin, señor Cortés. Nos encontramos con informes de los funcionarios negativo. Nos encontramos con una situación que... bueno, pues, ahí está. No queremos decir nada al respecto. Con que la empresa número uno de las subvencionadas ni tiene puestos de trabajo, ni es de Castilla y León, punto uno, ni genera puestos de trabajo; por tanto, los criterios que decía el señor Consejero el otro día en la Comisión aquí falla, en la primera; ni realiza la actividad minera, ni tiene dominios mineros, ni nada.

Podíamos sacar más temas, pero, dada la premura, no quiero con ello...

En definitiva, señor Cortés, creo que se justifica plenamente la Comisión de Investigación. Simplemente eso. Creo que dan ustedes un mal paso si dicen que no a algo que desde el principio de Legislatura dijeron que estarían dispuestos a apoyar; que no pretendemos ninguna cosa rara, que simplemente queremos que se nos clarifiquen determinadas posturas.

Por tanto, yo rogaría que, en aras yo creo que a la propia... a estas propias Cortes, a la eficacia de estas propias Cortes, los Grupos Políticos -incluso el suyo, señor Cortés- retirara su propuesta negativa, y hago votos para que el resto de los Grupos Políticos voten a favor de la propuesta de este Grupo Parlamentario, que creo que está absolutamente motivada, no tiene ninguna connotación extraña, y, en cualquier caso, está pedida con mucha más anterioridad que las comparecencias del señor Consejero, que, le recuerdo, siempre que comparece, excepto esta vez, es a petición de nuestro Grupo y recordándole la obligación que tiene de comparecer para algunos temas aprobados por estas Cortes. Por tanto, yo creo que ahí no hay ninguna mala voluntad ni mala fe. Simplemente queremos clarificar temas que nos parecen absolutamente importantes para todos, pero sobre todo para estas Cortes. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias a usted, Señoría. Para turno... Perdón. El señor Consejero de Economía tiene la palabra.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías. Mire usted, señor Lorenzo, siempre que ha estado leyendo ha leído del Capítulo VI. ¡Por Dios!, no equivoque a Sus Señorías, no equivoque a los Procuradores, no equivoque a los medios de información. El Capítulos VI son inversiones de la propia Junta; en nada, absolutamente en nada tiene que ver con ayudas o subvenciones. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. En turno de dúplica tiene la palabra el señor Cortés, del Grupo Parlamentario Popular.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente. Evidentemente, señor Lorenzo, la documentación y la comparecencia del señor Consejero ha sido posterior a su solicitud de Comisión de Investigación. He dicho, precisamente, que ha sido a raíz de que ustedes han solicitado la Comisión de Investigación y que, junto con la solicitud de Comisión de Investigación, han dicho cosas, y ha sido usted mismo.

Don Juan Antonio Lorenzo, Procurador socialista y anterior Consejero de Industria, afirma que tiene dudas más allá de lo razonable sobre la política de subvenciones, por lo que la Junta ha solicitado su comparecencia y ha enviado esa documentación, precisamente para disipar esas dudas. Hasta entonces no la había enviado sencillamente porque no se había pedido. Y ha reconocido Su Señoría que cuando ha presentado, ha solicitado, mediante pregunta escrita, determinada documentación, la Junta le ha respondido en tiempo y forma y usted ha podido utilizar esos datos. Evidentemente, la documentación se presentó después de su solicitud de documentación.

(-p.1489-)

Pero yo creo, señor Presidente, señoras y señores Procuradores, que el señor Lorenzo nos ha dado el mejor argumento de por qué se debe votar que no a la Comisión de Investigación, puesto que el señor Lorenzo ha demostrado que sin necesidad de la Comisión de Investigación, que tiene carácter secreto, sin esa limitación, es decir, pudiendo enterarnos todos los Procuradores de la Cámara incluidos los que no seamos miembros de esa Comisión de Investigación, pudiendo enterarse los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación la opinión pública, se puede tener acceso a toda aquella documentación que puede ser necesaria para que el señor Lorenzo llegue a las conclusiones que considere oportuno llegar.

Pero lo que estamos tratando aquí, señor Lorenzo -y creo que tiene especial interés insistir en ello-, es sobre si procede o no crear una Comisión de Investigación; no entrar en el fondo de lo que podría tratar esa Comisión de Investigación. Es evidente que aquí lo que no debemos tratar es si la Comisión Provincial de Promoción Económica de León tiene o no clarificadas sus competencias. Puesto que Su Señoría ha tenido acceso a esa Acta, porque se la ha facilitado la Junta, tome usted la iniciativa parlamentaria que considere oportuna: presente una proposición no de ley, presente una... formule una pregunta; haga lo que quiera, y diga que se clarifiquen las competencias en el caso de que no se hayan clarificado. ¿O acaso le hubiese gustado más a Su Señoría haber leído en el acta de la Comisión que la Comisión, atendiendo a los criterios que le había marcado el Consejero de Industria, pasó a aprobar los siguientes expedientes? ¿Es eso lo que estaba esperando Su Señoría que figurase en el acta? No; simplemente, en el Acta dice que carecen de criterios.

¿A qué ayuda una Comisión de Investigación para que se clarifiquen las competencias de la Comisión Provincial de Promoción Económica de León? ¿Puede explicármelo Su Señoría? A lo mejor ahí encuentro la razón para la Comisión de Investigación. Pero, sinceramente, mientras no sea ésa, no la veo. Porque tendrá que explicarme Su Señoría una sola cosa, una sola, que pueda hacerse en una comisión de investigación y que no pueda hacerse en una comisión informativa con luz, taquígrafos y medios de comunicación. Y tendrá que explicarme Su Señoría -y tengo la impresión que no sólo a mi Grupo, sino al resto de la Cámara- de qué ventaja tiene una comisión de investigación frente a las comisiones informativas, que le han permitido a Sus Señoría conocer todos y cada uno de los expedientes y llegar a hacer aquí las valoraciones que Su Señoría ha hecho, y a las que yo no voy a entrar, porque éste no es un debate para ver si el Decreto 34/88 se ha aplicado correctamente en la primera empresa minera o en la quinta. Para eso dispone Su Señoría de otros instrumentos parlamentarios. Solicite cuantas comparecencias quiera, solicite cuanta información quiera; pero, eso sí, en público, para que no queden esas dudas que Su Señoría decía tener en los medios de comunicación; porque las dudas no son buenas ni para esta Comunidad, ni para esta Cámara, ni para el sector de la minería.

Y ésa es la preocupación que tiene al menos mi Grupo Parlamentario, y espera que lo tenga la mayoría de la Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la fijación de posiciones, por el Grupo que no ha intervenido, tiene la palabra el Portavoz del CDS.

GARCIA BURGUILLO

EL SEÑOR GARCIA BURGUILLO: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Quisiera exponer con brevedad, que en modo alguna implica un menosprecio al asunto que se debate, el posicionamiento de Centro Democrático y Social ante el asunto que nos ocupa.

Estimamos que las características que a nuestro juicio definen el procedimiento parlamentario de las comisiones de investigación son, por lo que conocemos de anteriores intervenciones, ampliamente aceptadas por los demás Grupos Parlamentarios que ostentan representación en esta Cámara.

Pensamos, entonces, que a todos nos parece un mecanismo extraordinario, me atrevería a decir que hasta excepcional, que puede utilizar el Legislativo para ejercer la acción de control del Gobierno, y este mismo carácter de excepcionalidad es el que obliga a emplearlo con un criterio selectivo, reservándolo a casos muy determinados.

Para las ocasiones más usuales suelen bastar los que llamaríamos ordinarios: preguntas, solicitudes de comparecencia de miembros del Gobierno Regional e interpelaciones. Y entendemos que la actuación de las comisiones de investigación se justifican únicamente cuando no se adecúan al fin propuesto los medios que acabamos de enumerar o cuando la cuestión que se plantea en el control implica a personas físicas o instituciones que no tienen presencia directa en la Cámara.

Siempre que se ha dado alguna de estas situaciones, nuestro Grupo ha solicitado la creación de las comisiones, como, sin duda, recordarán Sus Señorías, y las seguirá pidiendo, como es nuestro propósito hacerlo, de forma inmediata, en otro asunto que, a nuestro parecer, lo exige.

Igualmente, hemos dado nuestro voto, sin reservas, para apoyar las que otras formaciones políticas han planteado ante estas Cortes.

Con lo dicho, queda, creo, suficientemente demostrado que es un mecanismo parlamentario que nos parece el más adecuado para aclarar asuntos que puedan mostrar indicios de irregularidad en la acción del Ejecutivo y en las circunstancias que también señalábamos.

(-p.1490-)

Analicemos ahora la situación presente. Cuando ya había sido presentada a esta Cámara la solicitud de una comisión de investigación por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la distribución de las subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en el Decreto 34/ 88, de veinticinco de Febrero, el Consejero del ramo solicitó su comparecencia ante la Comisión Legislativa correspondiente, de manera voluntaria, y la efectuó en la tarde de anteayer. Tuve ocasión de estar presente en la misma y, por lo tanto, de conocer, además de la información oral que el Consejero hizo en ella, se había remitido a estas Cortes, con escrito de veintisiete de los corrientes, abundante documentación que, a juicio del compareciente, aclara y justifica la actuación de la Consejería en el asunto que se pretende investigar por medio de la comisión que hoy solicita sea creada el Grupo proponente.

No intento poner en tela de juicio ni las manifestaciones del señor Consejero, ni la seguridad que tiene en que la documentación aportada sean suficientes para disipar cualquier duda que cupiera en la actuación del Ejecutivo en la asignación de subvenciones, pero, sin embargo, habrá que convenir con nosotros que nos asiste el derecho a comprobarlo y que para ello habrá que analizar detenidamente, como ya tuvimos ocasión de manifestar en la comparecencia a que nos hemos referido, la documentación aportada.

Igualmente, entiendo que todos estaremos de acuerdo en que el volumen de la documentación que se ha enviado a estas Cortes, la densidad de su contenido y su presumible complejidad desde el punto de vista técnico, exige, para un conocimiento profundo de la misma, que permita emitir un juicio razonado y objetivo sobre el fondo de la cuestión que subyace en todo este tema, un estudio que forzosamente ha de llevar, aún dedicándose plenamente a él, varios días.

De este estudio se derivará, posiblemente, la necesidad de solicitar una nueva comparecencia, que en este momento no podemos asegurar que no haya de repetirse, del señor Consejero ante la Comisión, para poder contrastar apreciaciones y solicitar información complementaria.

Si con este medio quedan despejadas absolutamente todas las dudas que nos pudieran caber en este asunto, podríamos dar por cerrado el tema; pero si tras estas actuaciones apareciera el menor indicio de irregularidades, habríamos de recurrir al mismo procedimiento que hoy preconiza el Grupo Socialista.

Por todo lo dicho, siendo consecuentes con nuestro criterio de no oponernos a la creación de comisiones de investigación siempre que sean necesarias, pero considerando que en la situación que hoy se encuentra el tema a la que se dirige nos parece prematuro utilizarlo, nuestro Grupo se va a abstener en el asunto que en este momento debate la Cámara. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Le corresponde turno de réplica a la intervención de este Grupo que ha fijado su posición. Le ruego se atenga a los cinco minutos que le corresponden.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Voy a ser muy breve, señor Presidente. Simplemente voy a hacer dos puntualizaciones. Mi Grupo si pide, precisamente, la Comisión de Investigación es porque, de acuerdo con las previsiones del Reglamento, son secretas y queremos respetar los nombres de las personas de las empresas de... en definitiva, respetar la honorabilidad de todo el mundo, queremos, precisamente, a petición del propio Consejero que, así el otro día, no quiere que se den nombres; me parece lógico. Pero no tenemos ningún inconveniente. Si ustedes no aceptan esta propuesta nuestra de que sea, precisamente, en un entorno cerrado, discreto, secreto, que lo hagamos en un tono mucho más público, con comisión, con presencia de todo el mundo; lo vamos a hacer de todas formas. O sea, éso, delo por hecho.

Nosotros les dábamos esa oportunidad, porque yo creo que era bueno para todo el mundo, bueno para todo el mundo; pero si ustedes no lo aceptan, no dude que nosotros le vamos a hacer con comisión de investigación o sin ella.

Y yo sólo querría decir al señor Presidente de la Junta que le tengo que felicitar; tendré que llamar a la calle Génova para decir que, realmente, el pacto ya empieza a funcionar, empieza a funcionar, porque han logrado algo que, buenO, que, realmente, hace unas semanas no estaba tan claro; es más, era todo lo contrario. Va a permitir que diga que creo, estoy seguro que era todo lo contrario, y que ha logrado que con la abstención del Grupo, de sus compañeros del Grupo Centrista, pues, no se cree esa comisión de investigación. Evidentemente, debe llamar a la calle Génova y decir que esto va funcionando, cosa que yo, la verdad, le felicito, porque sé que ha sido un esfuerzo personal de usted el que ha conseguido todo eso.

Nada más. Lamentar mucho que no salga adelante esta propuesta nuestra. yo creo que va a haber ocasión de seguir hablando de este tema largo y tendido durante bastantes meses. Y por parte de mi Grupo sí que daremos siempre el tono de seriedad que un tema como este tiene; hay que darle para mejor efectividad de la propia Cámara. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se procede a someter a votación la propuesta de creación de una Comisión de Investigación sobre la distribución de las subvenciones concedidas al amparo del Decreto número 34 de fecha veinticinco de febrero.

(-p.1491-)

Los que estén a favor de la propuesta, que se levanten, por favor. Muchas gracias, pueden sentarse. Los que estén en contra, que se levanten. Gracias, pueden sentarse. Los que se abstengan. Muchas gracias, pueden sentarse.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: sesenta y cinco. Votos a favor de la propuesta: veintisiete. Votos en contra: treinta y tres. Abstenciones: quince. En consecuencia, queda rechazada la propuesta de creación de la Comisión Investigadora que se acaba de debatir.

Se levanta la sesión.