DS(P) nº 50/2 del 27/6/1989

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Ruego a Sus Señorías tomen asiento. Se abre la sesión. El señor Secretario procederá a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Primer punto del Orden del Día: "Preguntas con respuesta oral. Pregunta con respuesta oral del Procurador don Octavio Granado Martínez".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Don Octavio Granado Martínez, tiene la palabra para formular su pregunta.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Gracias, señor Presidente. Voy a intentar consumir una única intervención y ya indico el sentido de mi pregunta, y es ofrecer a Su Señorías, pues, como muestra de la gestión de la Junta, un botón. Y el botón es el siguiente.

Las Juventudes Socialistas de Burgos denuncian cómo el Delegado Territorial de Burgos de la Junta de Castilla y León llama por teléfono a la Directora de la Biblioteca de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León en Burgos, y le ordena comprar una serie de libros que le son llevados por un funcionario de la Biblioteca Provincial al servicio de aguas, donde el señor Carracedo, pues, realiza funciones de asesoramiento en el Ayuntamiento de Burgos.

Yo realizo una pregunta, muy moderada, diciendo que si se han realizado en otras provincias de la Comunidad gastos de las Delegaciones Territoriales -entendiendo que estos libros eran para la Delegación Territorial de la Junta- imputados a los fondos del Servicio Territorial de Cultura.

Ante esta pregunta, el señor Carracedo me dice que... me contesta en los medios de comunicación de Burgos acusándome de contribuir a corromper a las Juventudes Socialistas, diciendo que los socialistas, si hubieran controlado de esta forma el gasto público, habrían podido evitar que tanto cargo, distribuido entre arribados y arribistas del partido, convirtieran la Junta en un pesebre. Por eso les echaron de ella. Estamos devolviendo la dignidad y otras flores de ese tema.

A los cinco días la Directora de la Biblioteca Provincial de Burgos de la Junta hace pública la lista de libros que han sido comprados, que son cuatro libros de Derecho del Trabajo; y a los dos días de haber hecho pública esta nota la Directora Provincial de la Biblioteca, profesores de colegios de la Facultad de Derecho de Burgos se ponen en contacto conmigo para decirme que ese año en cuestión el Delegado Territorial de la Junta en Burgos estaba matriculado en la asignatura de Derecho del Trabajo, y que los libros que ordenó comprar con cargo a los fondos de la Biblioteca Provincial de Burgos de la Junta, por casualidad -como el burro de Iriarte tocaba la flauta-, son los mismos libros que eran necesarios en una asignatura (Derecho del Trabajo) para realizar -y tengo aquí una certificación expedida por la profesora correspondiente- reflexiones sobre la misma.

Esto, al parecer, es la manera en la que el señor Carracedo del Rey entiende que es devolver dignidad a la gestión de la Junta de Castilla y León: utilizar fondos públicos para hacer trabajos que realiza en su función de alumno de Derecho -el señor Carracedo está muy preocupado por cuestiones de Derecho- en la Facultad de Derecho de Burgos.

Y ahora ustedes me dirán: "ahora nos pide la dimisión del señor Carracedo del Rey". Yo no les voy a pedir la dimisión del señor Carracedo del Rey en esta pregunta. Yo entiendo que el señor Carracedo del Rey les representa a ustedes, a los cincuenta y dos Procuradores que apoyan este Gobierno de manera excelente. Me parece que con actuaciones de éstas, de manera más excelente todavía. Y a mí me satisface plenamente que tengan ustedes un Delegado Territorial que les representa tan bien con actuaciones como ésta.

Y, por lo tanto, al margen de esta pregunta, me gustaría saber si los fondos de las bibliotecas provinciales de la Junta son utilizados para estas cosas. Yo sí que quisiera pedirles que, por entender que el señor Carracedo es un producto muy típico de la gestión de la Junta en Burgos, en vez de cesarle hagan algo más original, y es que creen una denominación de origen para los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León, porque realmente son el producto más típico que en estos momentos está ofreciendo la Junta a los ciudadanos de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. En nombre de la Junta de Castilla y León, el señor Consejero de la Presidencia y Vicepresidente, señor Aparicio.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Gracias, señor Presidente. Señor Procurador, evidentemente, y una vez más, el sistema de preguntar introduciendo un montón de juicios y aseveraciones, que se supone que se comparten cuando se contesta, no es el método que sigue este Consejero.

Usted habla aquí, en su pregunta -y voy a intentar atenerme a ella, ser riguroso con ella-, de que se ha denunciado recientemente. Mire, denunciar no es entablar una polémica pública ante los medios de comunicación, que además se ha visto agotada -como usted sabe- en la localidad o población en la cual hacen referencia los hechos. Y usted nos trae esta pregunta a la Cámara cuando realmente, yo insisto, se ha agotado la polémica que ha podido suscitarse, con participación de todas las personas que usted ha dicho. Yo creo que la verdad ha quedado bastante clara.

Le voy a decir, por otra parte, que, efectivamente, que si hay denuncia, si hay elemento de denuncia, aparte de los medios de comunicación existen otras Instituciones, en concreto las de Justicia, a las cuales Su Señoría tampoco es muy remiso a la hora de utilizarlas. Y eso entiendo que aquí no se ha producido ningún hecho.

Y como la pregunta concreta es que si se han realizado en otras provincias de la Comunidad, pues, le diré que no se ha realizado en ninguna provincia de la Comunidad libros ni otros objetos con destino a las Delegaciones Territoriales e imputados a los Servicios Territoriales de Cultura. Creo que no procede cuando se niega la mayor contestar a la menor, esto es, hablar de la cuantía, aunque usted también en su pregunta ya introduce esa media verdad de decir "no demasiado relevante por su cuantía...", etcétera. Bueno, yo no voy a entrar, ya digo, en lo que son afirmaciones previas. Ni hay motivo de denuncia, porque entiendo que la denuncia, al menos como conceptualmente yo la concibo, sólo puede realizarse ante quien puede realizarse. Y, en segundo lugar, ya digo: absolutamente no.

Y otra cosa también le digo: es imposible distinguir determinados aspectos de algunas personas. A mí me parece espléndido que nuestros funcionarios, todos, absolutamente todos, puedan hacer uso de las instalaciones, todas las instalaciones de la Junta de Castilla y León. Me resulta imposible distinguir la condición de funcionario del Delegado Territorial, de la de ciudadano que utiliza unos servicios públicos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Agotado el tiempo, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta del Procurador don Leandro Javier Martín Puertas. Tiene la palabra para formular su pregunta.

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS:

Gracias, señor Presidente. Yo me voy a ceñir estrictamente al contenido de la pregunta, que dice:

En el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Olmedo se solicitaba la apertura de un expediente informativo, por parte del Grupo de Concejales socialistas, por la supuesta tala ilegal de pinos en el término municipal de Olmedo.

En respuesta a dicha iniciativa, el Alcalde, que está presidiendo el Pleno y que a su vez es el Delegado Territorial de la Junta en Valladolid, contesta en los siguientes términos: "Tienen pedida su autorización con anterioridad a que se corten dichos árboles y que prácticamente lo tienen concedido, en el sentido de que tienen que hacer un expediente distinto por cambio de cultivo".

Posteriormente añade: "Me consta que han presentado una solicitud a la cual tienen que responder los organismos pertinentes, y que estos organismos les han dicho que, en lugar de pedir a secas la autorización para la tala de árboles, pidan el cambio de cultivo, que se les va a conceder".

Ante la insistencia del Grupo de Concejales Socialistas por lo que ellos consideraban una irregularidad manifiesta, y en el transcurso del debate, el señor González Caviedes sigue haciendo las siguientes afirmaciones: "Ya les he explicado cómo es el tema y que no va a haber ningún problema de autorización".

Al hacer todas estas afirmaciones tan categóricamente sobre el resultado de expedientes tramitados ante los servicios de la Junta de Castilla y León, ya sólo nos cabe el preguntar si piensa la Junta de Castilla y León cesar a su Delegado Territorial, o, por el contrario, espera a que haya una ley que se apruebe para que le obligue a ello. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Consejero de Presidencia y Vicepresidente, tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Pues, con toda precisión y con toda concisión, no.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Martín Puertas.

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS:

Entiendo, entiendo que la única posibilidad que tenía el señor González Caviedes para no haber sido juez y parte en esa supuesta aprobación de talas de árboles de manera irregular hubiera sido la de no asistir al Pleno. Claro, entonces, la Presidencia del Pleno de ese Ayuntamiento le hubiera correspondido a alguno de sus Tenientes de Alcalde. Aunque el problema, evidentemente, hubiera sido mayor, porque uno de sus Tenientes de Alcalde era el copropietario de la finca que se taló irregularmente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR APARICIO PEREZ):

Gracias, señor Presidente. Vamos a ver.

Insisto en que es importante leer con cuidado las preguntas. Usted cita varias veces "manifiestamente". Manifiesto es aquello que, desde luego, permite en algún momento ser apreciado. No es manifiesto aquello que es fruto de una especulación o una consideración absolutamente subjetiva.

Segundo. Yo la información de la que disfruto, en relación con este tema, es la única que debería ser válida para usted y para mí, que no es otra que las certificaciones correspondientes al Pleno al que usted hace mención, en el cual existe una persona que da fe de lo que allí se produce. Y tampoco entro a considerar lo que sean en un momento comentarios marginales, ni la forma de expresarse, bien o mal, de los representantes que en él intervienen.

No voy a entrar en lo mismo que ya dije en la primera pregunta, pero creo que es importante que si ustedes siguen insistiendo en que los temas se agoten antes ante los medios de comunicación, que antes que a esta Cámara, pues, ya tenemos todos los elementos de juicio para saber cuál es el posicionamiento, no sólo de los distintos Grupos Políticos del Ayuntamiento de Olmedo, sino que, además, podemos conocer con precisión cuáles son las circunstancias, las cuantías que en esta pregunta tampoco se hace ninguna mención; yo creo que en este caso es un poquito más moderada en su afirmación que el anterior interviniente o interpelante.

Manifiestos aquí, veo que no hay más manifiesto que el manifiesto de voluntad que usted hace, la voluntad suya, de que el señor Delegado Territorial de Valladolid sea sustituido. No tenga ningún problema en que si se produce una ley que conduce a una incompatibilidad será aplicada; eso no tenga usted ninguna duda. Creo que es norma de la Junta respetar la legalidad vigente.

Pero en relación con lo que usted dice sólo habría dos motivos. El primero, que hubiese una situación manifiestamente incompatible. Digo que manifiestamente incompatible no se da. Segundo, que hubiese habido alguna situación de irregularidad. Tampoco se produce. Tampoco ha habido ninguna situación de merma de eficacia. Y, mire, perdone, yo puedo valorar la eficacia como Delegado Territorial de la Junta; no podré valorar, pero ésa tiene un juicio bien sencillo que es el juicio de las urnas, su actuación como Alcalde, y eso, lógicamente, es el mejor -sin duda- de los juicios que pueda recibir una persona: el juicio de las urnas al acabar su legislatura.

Y permítame que acabe con una nota de humor: van ustedes bien, han empezado con el libro, ahora siguen con el árbol. Pues, nada, ánimo y adelante.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Don Leandro Martín Puertas puede formular la siguiente pregunta.

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS:

Está relacionada con la anterior. Y la pregunta simplemente dice que si conocía el Consejero la situación de este expediente y, por tanto, si hubo una actuación contraria a la legalidad. Y, en ese caso, si se había iniciado algún tipo de investigación de responsabilidades.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Vicepresidente de la Junta, señor Consejero de Medio Ambiente.

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL):

Permítame que le conteste con datos facilitados por mi Consejería, y que aprovecho para decir, en esta primera ocasión que tengo el honor de contestarles a alguna pregunta, que mi Consejería está abierta cuando quieran enterarse de cosas que parten de la labor de allí.

En contestación a su pregunta concreta, le tengo que decir que este Consejero sí conoce la situación del expediente, que, efectivamente, a mi juicio, es una acción ilegal, y que de acuerdo con la Ley y el Reglamento de Montes se han tomado todas las actuaciones al respecto. La última actuación, que es el pago de la multa, se ha realizado, según mis datos, el veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Sagredo. Señor Martín Puertas.

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS:

Bueno, entonces, lo que en la primera pregunta eran unas supuestas manifestaciones, ahora me van a permitir ustedes que diga que son unas afirmaciones, puesto que, efectivamente, por ese expediente se demuestra que la tala se produjo de una manera ilegal. Y, además, eso me demuestra... no lo digo solamente yo, lo dice uno de los Tenientes de Alcalde del propio Ayuntamiento de Olmedo, que utiliza los mismos medios de comunicación que ustedes achacan a este Procurador que pueda utilizar, y que, evidentemente, no es de las personas que más los utilizan -no quiero hacer referencia, por ejemplo, al propio Presidente de la Junta-, pero, insisto, ustedes me hacen que aquello que pudieran ser supuestas dudas, se conviertan en afirmaciones. Y, primero, me afirman que lo que yo denuncio no es tal mentira, denuncio el que se ha producido una tala ilegal de árboles. Y luego denuncio -y me refiero al tema de la supuesta incompatibilidad del señor Delegado Territorial- que ese expediente sancionador que él debería de conocer como Delegado Territorial, y que no solamente desconoce, sino que anima en el propio Pleno, con su intervención, a que se produzca esa tala de árboles, insisto, anima a que se produzca diciendo que no va a haber ningún tipo de problema para que se les conceda el permiso, me hace asegurar que una de las dos funciones, en concreto, por lo menos, la de Delegado Territorial de la Junta, es una función que, desde todos los puntos de vista, desconoce por completo; si no, hubiera conocido el señor González Caviedes que esa supuesta tala de árboles iba a ser realizada de una manera ilegal y, entonces, no hubiera animado en el Pleno del Ayuntamiento de Olmedo a que esa tala se produjera.

Y tomando su misma nota de humor, le diré que, además, en otra de las declaraciones a las que me contesta el grupo de concejales del Ayuntamiento de Olmedo dicen que, bueno, tras asegurar que es una supuesta persecución al Delegado Territorial en su condición de Alcalde de Olmedo, termina diciéndome que el Grupo Socialista está absolutamente obcecado y que los árboles no nos dejan ver el bosque; me imagino que será por eso por la razón por la que ustedes lo cortan, aunque sea de una manera absolutamente ilegal. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL):

Gracias, Presidente. Nada más decirle, Señoría, que creo que a mí no me ha contestado; yo remitiría la respuesta al anterior interlocutor. Lo voy a dejar por saldado. Yo únicamente le pongo a su disposición todos los datos de la actuación de la Consejería por si usted los quiere tener, por no aburrir a la Cámara.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias.

El señor Secretario dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Juan Bartolomé Durán Suárez relativa a realización de gestiones para la creación de conservatorios de música de titularidad estatal".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Don Juan Durán tiene la palabra.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Previa a la presentación de esta Proposición No de Ley creo conveniente hacer dos matizaciones o precisiones que tienen relación con la misma.

Un momento antes de entrar en el Pleno algún Procurador me ha hecho la observación de que sobre esta cuestión ya se había planteado en alguna ocasión alguna iniciativa de otro Grupo Parlamentario. Bien, he revisado los Diarios de Sesiones y no he visto tal iniciativa, salvo que se confunda como tal algunas realizadas por el Grupo Parlamentario Socialista -por cierto, acertadas, desde mi punto de vista, y bastante puestas en razón-, que tiene referencia con el Consejo Escolar del Conservatorio de Música de Burgos. Ningún parecido, en consecuencia, con la Proposición No de Ley que mi Grupo Parlamentario, a través de este Procurador, trae hoy a la Cámara y para cuya redacción no ha sido, en absoluto, preciso consultar ningún tipo de documentación reservada ni no reservada perteneciente a la Junta de Castilla y León, sino simple y escuetamente la constatación y observación de unos hechos reales que están al alcance de cualquier ciudadano.

Segunda precisión. Que esta Proposición No de Ley no hubiera sido, en modo alguno, necesaria si en el Congreso de los Diputados se hubiera aprobado la Proposición de Ley Orgánica que presentó el Centro Democrático y Social recabando competencias en materia de educación para nuestra Comunidad Autónoma. Sólo la mayoría aritmética del Grupo que apoya al Gobierno de la Nación en el Congreso de los Diputados, en contra de la voluntad explícita de la totalidad de los restantes Grupos Parlamentarios, hace necesario que, de alguna manera, nuestro Grupo Parlamentario en estas Cortes Regionales inste al Gobierno, a la Junta de Castilla y León, para que a su vez realice las gestiones que resulten posibles ante el Gobierno de la Nación y ante el Ministerio de Educación y Ciencia, en concreto, para que en aquellas provincias de nuestra Comunidad en las que todavía no hay conservatorios de música de titularidad estatal el Ministerio de Educación y Ciencia los cree.

Hechas estas dos precisiones, Señorías, me permito escueta y simplemente, porque no precisa de mayores justificaciones ni de mayores argumentaciones, presentar la Proposición No de Ley en el sentido de que, si las gestiones que instamos a la Junta de Castilla y León para que realice ante el Gobierno de la Nación dieran el fruto apetecido, se conseguiría, por un lado, un ahorro notable en los recursos que las corporaciones locales de Burgos, Valladolid, León y Zamora emplean en el sostenimiento de conservatorios de música de titularidad no estatal con agravio evidente con relación a las restantes capitales de provincia de nuestra Comunidad Autónoma. Se conseguiría, además, una cierta uniformidad, digamos, en el estilo y en la calidad de la docencia musical, una mayor graduación en el mismo, unos mayores niveles de perfeccionamiento profesoral en el ejercicio de las enseñanzas musicales, hoy en día reconocidas como altamente importantes dentro del contexto de la formación humanística general.

En consecuencia, Señorías, casi por la obviedad del texto, me eximirán de mayores precisiones al mismo, y repito el contenido de la propuesta de resolución que nuestro Grupo Parlamentario solicita sea aprobada por la Cámara y que es, textualmente, el siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que realice gestiones ante el Ministerio de Educación y Ciencia con objeto de que en aquellas provincias de nuestra Comunidad Autónoma en las que no existen conservatorios de titularidad estatal sean creados por este organismo".

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Habiéndose presentado una Enmienda, por el Grupo Parlamentario Socialista, a la Proposición No de Ley que acaba de ser presentada por el señor Durán, tiene la palabra el señor Granado en nombre del Grupo Socialista.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Gracias, señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Para empezar, el Grupo Socialista no tiene discrepancias de fondo con la Proposición No de Ley presentada por el señor Durán Suárez, sobre la realización de gestiones por parte de la Junta de Castilla y León con el Ministerio de Educación y Ciencia para la apertura de nuevos conservatorios de música en la Región. Pero si que tenemos algunas discrepancias de matiz que son importantes. Y la primera es que nos sorprende cómo ante estas Cortes se trae una Proposición No de Ley que hace referencia a un tema en el cual la Comunidad Autónoma tiene competencias sin mencionarlas para nada, y atribuyendo a la Junta de Castilla y León el mero papel de correo o de emisario de las Cortes de Castilla y León ante el Ministerio de Educación. Porque nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 26.13, .... hace referencia a que la Junta de Castilla y León tiene competencia exclusiva en conservatorios de música de titularidad no estatal. Y el sistema educativo español, según consagra la Ley Orgánica del derecho a la educación, es un sistema educativo basado en centros públicos y centros privados, y la oferta educativa se realiza por centros públicos y por centros privados concertados. Y de alguna manera, la Proposición No de Ley excluye la actuación de la Junta en sus competencias, que son los conservatorios que no sean de titularidad estatal, y, al parecer, excluye de la posible oferta educativa de enseñanzas musicales que se realiza en la Región los centros que no sean de titularidad estatal, lo cual, a nuestro juicio, no es conveniente y, de alguna manera, está fuera de la ordenación del sistema educativo tal como se sigue en España. Porque, en estos momentos, en la Comunidad Autónoma existen conservatorios de música, existen conservatorios de música de titularidad municipal o de otro tipo de corporaciones locales, y pueden existir conservatorios de música privados. Y, en principio, lo razonable, cuando se define la oferta educativa en materia de enseñanzas musicales en la Región, es que se contemplen todos estos centros y aquellos centros que sean concertados y, por lo tanto, homologados por el Ministerio, pues, sean centros que presten, dentro del sistema público educativo, oferta de enseñanza. Y no tiene por qué hacerse esta oferta de enseñanza exclusivamente con centros de titularidad estatal.

Tenemos, pues, que la Proposición No de Ley obvia dos cuestiones que a nuestro juicio son importantes. Primera, que la Comunidad Autónoma tiene competencias en la materia, según le atribuye el Estatuto de Autonomía, competencias de las que no se habla. Segunda, que nuestro sistema educativo es un sistema educativo basado en los centros públicos y en centros privados, y que la Proposición No de Ley hace únicamente referencia a los públicos. Y esto tiene interés sobre todo si somos conscientes de que en nuestra Región hay conservatorios de música de titularidad no estatal, a cuyas corporaciones locales que ostentan la titularidad el Ministerio de Educación y Ciencia ha hecho ofertas concretas de asumir la gestión, de asunción de gestión, que han sido rechazadas, contestadas negativamente por parte de las corporaciones locales. Es decir, lo que le estamos pidiendo al Ministerio de Educación y Ciencia es que las provincias donde exista un centro municipal cuyo ayuntamiento -pongamos el caso, y no voy a citar ningún ejemplo aquí concreto, pero ustedes se pueden imaginar del que estoy hablando- no quiere que sea gestionado por el Estado, entonces, el Ministerio de Educación y Ciencia tiene la obligación de construir un centro al lado que repita matemáticamente las mismas enseñanzas y que duplique, por lo tanto, bueno, con notable despilfarro de recursos públicos, una prestación y una oferta educativa simplemente porque la Proposición No de Ley no contempla cuál es la ordenación del sistema educativo en España en estos momentos.

Pero, al margen de la ordenación legal del sistema educativo, también hay otra cuestión en la que nos tenemos que detener, y es cómo se contemplan los estudios musicales en la reforma de la enseñanza secundaria en España, que en estos momentos se está realizando experimentalmente, pero que el Gobierno ha anunciado va a enviar como Proyecto de Ley en Septiembre de este año para que sea aprobado en el próximo periodo legislativo. Y la reforma de la enseñanza secundaria hace bastante hincapié en la reforma de las enseñanzas musicales y lo hace desde el siguiente punto de vista.

En primer lugar, va a existir un área concreta de enseñanza musical, centro de toda la educación obligatoria, de la primaria y de la secundaria.

En segundo lugar, en la enseñanza secundaria va a existir, bueno, un área de música específica que va a ser prestada en conservatorios. Y, de la misma manera, van a existir unas enseñanzas profesionales de música que se van a compatibilizar con las asignaturas generales y cuyos alumnos, las personas que realmente estén realizando estos estudios de música, van a asistir a las asignaturas generales en un centro de educación y van a asistir a las asignaturas específicas en un conservatorio. Y en función de este ordenamiento del sistema educativo... luego va a existir un bachillerato artístico-musical, y luego va a existir un ciclo superior equivalente al universitario de estudios de música. En función de esta ordenación del sistema educativo, lo conservatorios se van a dividir en conservatorios profesionales y conservatorios superiores. Los conservatorios profesionales van a dar los estudios profesionales de música y van a, de alguna manera, a responsabilizarse del área musical de la enseñanza secundaria, tanto de la parte obligatoria como la que no es obligatoria. Y los conservatorios superiores de música van a estar enfocados hacia el ámbito universitario.

Y se dice, en el proyecto de reforma que el Gobierno ha presentado y que en estos momentos están discutiendo los sectores afectados, que, en función de esta ordenación de los conservatorios de música, los centros serán objeto de regulación reglamentaria que contemplará su clasificación en homologados, habilitados y libres, en función de las características, y que recogerá el conjunto de requisitos y condiciones que en cada caso y para cada supuesto debe reunir. Y asimismo, se dice que los conservatorios que actualmente existen tendrán que decantarse por una de esas tres clasificaciones, bien sea homologados, habilitados o libres, y por uno de los dos niveles: o profesionales o superiores.

Todo esto ha sido deliberadamente excluido de la consideración de la Proposición No de Ley. Y yo en lo único que estoy de acuerdo con la intervención que ha hecho el señor Durán para defender su Proposición -ya digo que sobre el fondo de la misma no tengo inconveniente en reflejar un cierto asentimiento, pero en cuanto a la intervención no es así- es que no ha consultado demasiada documentación a la hora de hacerla. Porque el señor Durán ha excluido de la Proposición No de Ley las referencias al Estatuto de Autonomía, ha excluido de la Proposición No de Ley las referencias a cómo está organizado el sistema educativo en España en centros públicos y privados, y excluido también cómo van a quedar los conservatorios de música después de la reforma de las enseñanzas secundarias. Y, evidentemente, con este tipo de exclusiones la Proposición, pues, está preñada de buenas intenciones -íbamos a hablar de los hijos que nos hablaba antes el señor Aparicio-, pero estamos empedrando con sus buenas intenciones el camino de algo que no sabemos a dónde nos va a llevar.

A nuestro juicio, entonces, ¿qué es lo que procede? Bueno, a nuestro juicio, lo que procede es, en primer lugar, que la Junta de Castilla y León haga uso de la competencia exclusiva que le atribuye el Estatuto en materia de conservatorios de música de titularidad no estatal y reorganice el sector, y saque una norma que desarrolle la Ley Orgánica del derecho a la educación para esos conservatorios, y regularice el funcionamiento de los mismos, y defina cuáles son sus criterios a la hora de planificar el tipo de centros que pueden crear las corporaciones locales en nuestra Región. Que realice gestiones con el Ministerio de Educación, gestiones que tienen que ir encaminadas a que en todas las provincias de la Región debe existir una oferta de enseñanzas musicales suficiente, y suficiente en todos los niveles.

¿Qué se quiere decir con esto? Que los centros de EGB tienen que tener su área de formación musical, que los institutos de enseñanza secundaria tienen que tener su área de formación musical, que tiene que haber conservatorios para que se puedan prestar los estudios profesionales de música a nivel profesional, y que tiene que existir en la Región algún conservatorio superior de música. Que todo esto tiene que hacerse en el marco de la reforma de la enseñanza secundaria, que tiene que clarificarse la situación de los centros existentes en la Región, tiene que saberse si van a continuar como libres, si van a homologarse o van a habilitarse; y en función de esa clasificación es entonces cuando la iniciativa pública tendrá que abrir nuevos centros allá donde la oferta sea insuficiente. Pero, evidentemente, por una cuestión de principio, nos tenemos que oponer a que se pida que la iniciativa pública preste una oferta que ya puede estar siendo prestada por la iniciativa privada, en este caso de los Ayuntamientos, porque el sistema educativo español no está organizado en base a la competencia de la iniciativa pública por la iniciativa privada, sino en base a la integración de ambas en un único sistema de oferta. Y por estas razones nosotros hemos planteado una Enmienda que, sin rechazar el fondo de la cuestión con el que -vuelvo a manifestar- nos encontramos de acuerdo, pues,dice que las cosas se hagan, de alguna manera, como no hay otro remedio que deban hacerse. Es decir, que la Junta haga uso de sus competencias, que realice las gestiones con el Ministerio de Educación, que se defina cuál es el panorama de las enseñanzas musicales en la Región, y que, en el marco de la reforma del sistema educativo, allá donde existan centros que ya puedan prestar una oferta educativa de calidad suficiente no se construyan otros nuevos, y allá donde no existan se construyan.

Y esto es lo que tenemos que decir. Y por terminar, señalar que, de alguna manera incluso, la Proposición No de Ley sí que tiene un aspecto con el que nosotros estamos básicamente de acuerdo, y es el de que es evidente que antes de que se produzcan las transferencias en materia de educación a la Comunidad Autónoma es necesario realizar en educación cuantiosas inversiones, cuantiosas inversiones que sólo puede realizar el Estado, principio con el que nosotros estamos plenamente de acuerdo. No queremos recibir una transferencia que nos obligue a realizar cuantiosas inversiones, preferimos que la reforma de la enseñanza secundaria se haga con fondos del Ministerio de Educación; y que cuando se realice la transferencia en materia de educación a la Comunidad Autónoma ya se hayan hecho los conservatorios de los que habla el señor Durán, y algunos otros. Principio con el que, evidentemente, los Socialistas estamos de acuerdo, pero en el que no dejamos de advertir cierta incongruencia entre el texto de la Proposición que se nos plantea y luego la demandada asunción de transferencias inmediatamente, sin esperar a que el Estado haga las inversiones que luego le pedimos que haga antes de que nos transfiera los centros. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Granado. Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Nieto Noya.

EL SEÑOR NIETO NOYA:

Gracias, señor Presidente. Señorías. En principio, yo me disponía a subir aquí a expresar nuestra aceptación, sin entrar en muchas profundidades, del planteamiento que hacía el Centro Democrático y Social en su Proposición No de Ley.

Luego me he encontrado con una Enmienda del Grupo Socialista que acepta básicamente el contenido, pero, al mismo tiempo, añade una serie de matices que algunos serían asumibles como objetivos parciales, pero, en su conjunto, no nos parece claramente satisfactorios.

Digo que venía dispuesto a aceptar la Proposición No de Ley, no tanto porque haya una identificación total con el contenido de la Proposición por nuestra parte, cuanto por lo que significa de nuestro apoyo, de reconocimiento de la importancia de las enseñanzas musicales en general. Incluso como expresión, por lo menos indirectamente, de nuestra opinión de que están insuficientemente atendidas, donde existen centros en nuestra Comunidad Autónoma, ya sean estatales o de titularidad municipal, o provincial, o de otras instituciones, o incluso por iniciativa absolutamente privada, y de que hay algunas zonas donde no están atendidos. Y como expresión, también, de nuestra opinión de que los centros que existen no responden suficientemente a la demanda de este tipo de educación, de este tipo de enseñanzas que hay en la Comunidad Autónoma.

Pero dicho esto yo quisiera también matizar que no es tal vez el camino más acertado, desde nuestro punto de vista, el que se sugiere en la Proposición No de Ley, este propósito absoluto de que en todas las provincias de la Comunidad Autónoma existan centros estatales, porque -y en esto coincido con las manifestaciones del Portavoz Socialista- tenemos un sistema plural y donde la demanda educativa está suficientemente atendida por la iniciativa privada no es necesario que se comprometa la iniciativa pública, por lo menos en nombre del Estado.

Probablemente el camino frente al problema de las enseñanzas musicales tenga que ser también plural, tenga que ser múltiple. Tal vez lo mejor sería pedirle al Estado que dote adecuadamente los centros de enseñanzas musicales que tiene en la Comunidad Autónoma, tanto los de nivel elemental como los de grado medio y de nivel superior, que dote... los dote adecuadamente de instalaciones; que mejore la situación de su profesorado, que tiene muchos problemas de esta naturaleza; que se reordene el sistema educativo en lo que a enseñanzas musicales se refiere, tal vez separando lo que es oferta cultural musical de lo que es profesionalización de las enseñanzas musicales. Por ahí habría que intentar dirigir el grueso, lo fundamental de nuestras demandas. A la vez, tal vez, que se subvencione más generosamente a los centros de iniciativa privada, porque las subvenciones que reciben del Presupuesto del Estado son muy escasas, en algunos casos prácticamente simbólicas, y que en aquellos sitios donde no haya habido oferta de otras iniciativas que entonces sí las supla el Estado, como puede ser en un par de provincias de nuestra Comunidad Autónoma donde, si mi información está puesta al día, son dos las provincias en las que no hay ningún conservatorio de música de titularidad estatal dentro de la Comunidad Autónoma.

Pero, dicho esto, al menos, podemos admitir que la Proposición No de Ley puede servir un poco para suscitar el debate sobre el tema de las enseñanzas musicales, puede servir de estímulo al Ministerio de Educación para que se ocupe más de estos problemas, y puede servir también como recordatorio de esa cuestión pendiente que mencionaba el señor Granado, pero como ya en otras ocasiones -no ante el Pleno, pero sí ante una Comisión se ha puesto de manifiesto-, tratando de llevar el... como se dice el agua a su molino, y tratando de descargar sobre la Administración de la Comunidad Autónoma una responsabilidad que está, que compete totalmente a la Administración del Estado y que está, en estos momentos todavía, en manos de la Administración del Estado. Sostiene el señor Granado que tenemos competencias exclusivas en materia de centros no estatales, de conservatorios de música no estatales que sean de interés para la Comunidad Autónoma, que teníamos la obligación de estar ejerciendo estas competencias exclusivas. Pero ahora, con documentación abundante que tengo ahí en mi escaño, podría demostrarle al señor Granado que su tesis no es la tesis del Ministerio de Educación y Ciencia, que, desde el año pasado en el que él presentó su Proposición No de Ley, ha generado multitud de resoluciones, de disposiciones, de ordenes ministeriales y de decretos que estarían invadiendo las competencias de la Comunidad Autónoma si es que tuviera razón la tesis del señor Granado.

Por tanto, al menos esta Proposición puede servir un poco como recordatorio de esta asignatura pendiente que tiene el Ministerio de Educación y Ciencia con la Comunidad Autónoma, porque la Comunidad Autónoma se ha dirigido reiteradas veces al Ministerio de Educación y Ciencia pidiendo que se realizasen los trámites necesarios para posibilitar la asunción efectiva de las competencias que le reconoce el Estatuto, y el Ministerio sigue dando largas al asunto, una vez más como ocurre en el caso de las competencias educativas, que, evidentemente, si estuvieran realizadas tendríamos que hacer un planteamiento totalmente diferente de la cuestión de las enseñanzas musicales.

En definitiva, ligeras matizaciones sobre el contenido de la Proposición No de Ley, pero nuestra disposición está -todavía no sabemos qué es lo que va a hacer el proponente-, nuestra disposición está a favor de aceptar y de votar afirmativamente a su Proposición No de Ley, y recabaríamos algún tipo de intervención posterior si es que, como resultado del debate que todavía queda, se modificaran las posturas y hubiera algún tipo de aceptación de la Enmienda Socialista. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Nieto Noya. El Procurador proponente, señor Durán, tiene la palabra.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí, señor Presidente. Yo, personalmente, creo que tanto el señor Granado como el señor Nieto han dado un conjunto de argumentaciones bastante sólidas, cimentadas, puestas en razón y, en buena medida, no discrepantes de las que mi Grupo Parlamentario pudiera mantener en esta cuestión. Lo que ocurre es que se han extendido y han profundizado en problemas que afectan con carácter general a la docencia, y con carácter muy particular a la docencia de las enseñanzas musicales. Y ambos han aprovechado la oportunidad para hacer exposiciones en materia, digamos, de filosofía competencial educativa, que en el caso concreto de la expuesta por el señor Granado me sorprende notablemente, o me ha sorprendido y he creído apreciar en ella incluso unas ciertas y notables contradicciones con lo que puede haber sido la política educativa del Partido Socialista, reiteradamente expuesta y aplicada, además, en el ámbito del Ministerio de Educación y Ciencia.

Quiero con ello decir que parece indudable que la Comunidad Autónoma tiene, estatutariamente hablando, competencias educativas en materia de conservatorios de música de titularidad no estatal, y que la Proposición No de Ley presentada por nuestro Grupo Parlamentario es una Proposición No de Ley que pretende incidir sobre la creación de conservatorios de música de titularidad estatal, sobre los cuales, obviamente, la Comunidad Autónoma no tiene competencias.

Se han realizado aquí un conjunto de exposiciones sobre si existiendo oferta privada suficiente hacía innecesaria la oferta pública en un ámbito determinado cual es el de las enseñanzas musicales. Desde nuestro punto de vista ninguna de las dos ofertas son incompatibles, sino que son complementarias. Pero, de alguna manera, tenemos que constatar el hecho -indudablemente cierto- de que la inexistencia de oferta pública en materia de conservatorios de música encarece notablemente las enseñanzas musicales; de tal manera que en el caso concreto de Valladolid el sostenimiento del Conservatorio de Música de Valladolid cuesta a las dos Administraciones Locales que lo sostienen 40.000.000 de pesetas anuales. En el caso de Burgos, ignoro la cuantía exacta, probablemente usted lo sabrá mejor que yo; en el caso de Zamora, ignoro también la cuantía exacta; y en el caso de León también ignoro la cuantía exacta.

No deja de ser cierto, señor Nieto, de que solamente en dos provincias de nuestra Comunidad no existen conservatorios de titularidad estatal; son exactamente la de Valladolid y la de Zamora, exactamente. En León existen conservatorios de titularidad estatal en Ponferrada y en Astorga; y en Burgos existe conservatorio de titularidad estatal en Aranda de Duero. Yo estaba haciendo referencia a conservatorios de titularidad estatal en las capitales de provincia.

Como el objeto de esta intervención es aceptar o rechazar la Enmienda propuesta por el Grupo Socialista, tengo que decir al respecto que, aún coincidiendo en líneas generales con los aspectos, digamos, de filosofía educativa que en ella se plantean, al tratarse de una Enmienda de sustitución, me resulta muy difícil poder aceptarla. Si fuera una enmienda de adición, es decir, que sumara las ideas que en ella se exponen a la propuesta concreta que nosotros realizamos, no habría inconveniente mayor en admitirla. Siendo una enmienda de sustitución, entiende el Grupo proponente que no puede ser admitida, porque entonces dejaría sin efecto el contenido sustancial de nuestra Proposición No de Ley, que es el de procurar por todos los medios posibles la creación de conservatorios de titularidad estatal, en aquellas provincias y capitales de provincia donde no existen, con el consiguiente ahorro que ello pudiera comportar para las Corporaciones Locales, que hoy lo sufragan prácticamente en su totalidad, por un lado, y para, posiblemente además, la mejora del sistema educativo. Por ello, el Grupo proponente no admite la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Durán. El señor Consejero de Cultura y Bienestar Social tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Muy brevemente, para aclarar cuál ha sido la postura de la Consejería de Cultura y Bienestar Social, en el tema de las enseñanzas musicales, que, desde luego, no se puede, en el momento actual, englobar como una enseñanza más de las que tiene el Ministerio de Educación. Y me voy a limitar, para que no haya ninguna duda, a leer literalmente el escrito que dirigí al señor Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia, y la respuesta, que a buen seguro conoce el señor Granado: "Estimado amigo -carta que dirigía el Consejero al Subsecretario de Educación-, la competencia sobre conservatorios de música que no sean de titularidad estatal está atribuida a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, según establece el artículo 26.1.13 del Estatuto de Autonomía.

Sin embargo, no es posible que esta Comunidad proceda a ejercer dichas funciones, hasta tanto que, por el Ministerio de Educación y Ciencia, se transfieran los servicios correspondientes, el protocolo de los centros no estatales existentes en Castilla y León y la relación circunstanciada de su clasificación o calificación académica.

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito una entrevista para tratar la asunción de las competencias de los conservatorios de música no estatales en Castilla y León, y la posible firma del protocolo correspondiente, que haga posible el ejercicio de las funciones inherentes a dichos centros.

Le saluda cordialmente, El Consejero."

Veinticuatro días después, la respuesta del señor Subsecretario del Ministerio de Educación y Ciencia dice: "Estimado amigo: Acuso recibo de su atenta carta, en la que me traslada su preocupación por la situación actual de los conservatorios de música no estatales en Castilla y León. Como usted bien sabe, este asunto es complejo, y la Dirección General de Centros Escolares ha realizado el seguimiento y los estudios previos necesarios. Se están realizando también los correspondientes estudios jurídicos, y en la actualidad se ha remitido el expediente a la Dirección General de Coordinación y de la Alta Inspección.

En el momento en que se obtengan las conclusiones y se pueda facilitar una respuesta a esa problemática, desde la citada Dirección General se pondrán en contacto con ustedes, a efectos de concretar la entrevista por la que se interesan.

Les saluda cordialmente, Javier Matía Prim. Subsecretario del Ministerio de Educación."

A lo que se ve, todavía en la Dirección General de Coordinación y Alta Inspección no tienen claro el tema y, desde luego, no ha habido más respuesta ni más contacto con la Junta de Castilla y León. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. No habiendo sido aceptada la enmienda del Grupo Socialista por el Procurador proponente, se somete a votación la Proposición No de Ley, tal como había sido presentada por el señor Durán.

Votos a favor de la Proposición No de Ley, que se levanten, por favor. Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Gracias, pueden sentarse.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta. Votos a favor: cuarenta y siete. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: veintitrés. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por el Procurador señor Durán, en orden a la realización de gestiones para la creación de conservatorios de música de titularidad estatal.

Por el señor Secretario, se procederá a dar lectura del siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Tercer punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio del Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito por importe total de 5.000.000.000 de pesetas, para financiar el Programa Operativo de Carreteras de Castilla y León".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para la presentación del Proyecto de Ley, por la Junta tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Señor Presidente, Señorías. Es un honor para el Consejero de Economía y Hacienda presentar ante este Pleno el Proyecto de Ley sobre concesión del suplemento de crédito por importe de los 5.000.000.000 de pesetas, para financiar el Programa Operativo de Carreteras de Castilla y León. Y decía que es un honor, puesto que este Proyecto que presenta la Junta de Castilla y León afecta, al menos, a tres Consejerías: a la Consejería de Economía y Hacienda, como es obvio, por ser un suplemento de crédito presupuestario, a la Consejería de Fomento, puesto que en este Plan Operativo se incluye no sólo el Plan Regional de Carreteras, sino el Plan Provincial de Carreteras; y por último, a la Consejería de Presidencia, por ser ella y estar ubicada el Fondo de Cooperación, el Fondo de las Carreteras, en esta Consejería. Y es un honor por la importancia del Proyecto que se presenta. Por primera vez, repito, por primera vez en Castilla y León, se va a hacer un esfuerzo ímprobo en inversión de carreteras, sin ningún parangón.

Está proyectado que este Programa Operativo supere en inversiones los 100.000.000.000 de pesetas, en el quinquenio ochenta y nueve-noventa y tres. Y, ¿por qué esta inversión? Creo que está plenamente justificada la inversión, precisamente en el Plan de Desarrollo presentado en la Comunidad Económica Europea. La Comunidad de Castilla y León, como Sus Señorías conocen, es la Comunidad más extensa, la que más kilómetros de carretera tiene de toda Europa. Tenemos, y descontando las carreteras titularidad del Estado, más de veinticinco mil kilómetros de carreteras, de los cuales, más de once mil -exactamente once mil trescientos treinta y siete kilómetros- corresponde la titularidad a la Junta de Castilla y León, y más de catorce mil -catorce mil doscientos treinta y siete- son titularidad de las Diputaciones Provinciales.

Pues bien, esa mayor densidad de carreteras por kilómetro cuadrado, de la que es titular cualquiera de las Administraciones, exige esfuerzos suplementarios de inversión. Y esos esfuerzos suplementarios de inversión están condicionados por las dificultades de financiación de las Administraciones que intervienen, fundamentalmente las dificultades de destinar fondos de inversión de las Diputaciones Provinciales. Por ello, y recogiendo la idea del Grupo del CDS y del Grupo Popular, de que había que actuar seriamente, se propuso un Plan Operativo de Carreteras, del que luego citaré las ventajas, y, evidentemente, se ha retrasado la comparecencia y la ejecución de este Plan. ¿Por qué? En mi intervención del nueve de febrero, en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos, la intransigencia del Grupo Socialista hizo que no prosperara la transacción propuesta por el CDS, por la cual, del remanente genérico, que yo ya cifraba superior a los 5.000.000.000, se pretendía destinar estos 5.000.000.000 a la anualidad de la financiación de este Plan Operativo. Ello ha obligado, como Sus Señorías conocen, a través del artículo 9.2 de la Ley de Presupuestos, a destinar los remanentes genéricos a disminuir la Deuda Pública. Pues bien, con este Proyecto de Ley que presentamos simplemente pretendemos devolver aquella idea inicial y dotar con 5.000.000.000 de pesetas más nuestros Presupuestos y destinarlos a esa necesidad imperiosa de invertir en carreteras.

Evidentemente, este Proyecto de Ley intenta aumentar, con este suplemento de crédito, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para el ejercicio mil novecientos ochenta y nueve, y destinar esta financiación, como he dicho, al Plan Regional de Carreteras Provinciales. Pero además este Proyecto de Ley comporta también la autorización a la Junta de Castilla y León para que, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, pueda emitir Deuda Pública, o concierte operaciones de crédito a largo plazo, hasta el importe de los 5.000.000.000 de pesetas, destinadas a financiar dicho suplemento de crédito.

¿Qué ventajas tiene, fundamentalmente, el Plan Operativo? Por no extenderme, voy a citar, a nuestro juicio, cuáles son las principales ventajas, y las resumiré en cuatro. En primer lugar, el artículo 5.2.a del Reglamento de la Comunidad Económica Europea número 2.052/88, del Consejo de veinticuatro de junio, relativa a las funciones de los fondos con finalidad estructural, establece que la intervención financiera de los fondos adoptará, preferentemente, la forma de Programas Operativos. El conocimiento de la Junta de Castilla y León de la reforma de los fondos hizo prever y dotar este Programa Operativo, y así se adapta perfectamente a lo señalado en el artículo 5.5 del mencionado Reglamento de la Comunidad Económica Europea. De ello se deduce una ventaja fundamental; la ventaja fundamental es que el Plan propuesto afecta exclusivamente a los fondos..., al Fondo FEDER y facilita la obtención de reembolsos comprendidos entre el cincuenta y el setenta y cinco por ciento de las cantidades invertidas, que de otra forma sería mucho más difícil obtener, y, además, si no implicáramos en los proyectos individuales a las Administraciones mencionadas, dificultaría la posibilidad de cofinanciación, por parte de las Diputaciones, de los fondos de la Comunidad Económica Europea.

La segunda ventaja fundamental se puede obtener o enfocar desde el punto de vista material. Esta fórmula hace posible la ejecución de proyectos coordinados y a veces únicos, que permiten adaptar las características técnicas de los diferentes tramos a las necesidades viarias.

La tercera ventaja sería la coordinación en el tiempo y espacio de las inversiones de las diferentes Administraciones Públicas, y ello, evidentemente, producirá indudables inercias. Además, se evitan en el tiempo los perjuicios que toda ejecución de obra de estas características causan al ciudadano.

Y la última y cuarta ventaja es que la ejecución de un único plan permite, finalmente, licitar unas mayores cantidades de unidades de obra en la misma zona, así como poder adjudicarlas, si procede, a un contratista único, con la consiguiente reducción de los costes y la correspondiente liberación de fondos públicos que podrán destinarse a otras actuaciones.

Sin perjuicio de la coordinación con el Plan General de Carreteras, el Plan Operativo en estudio pretende destinar un volumen considerable de recursos a mejorar la red de carreteras, dentro, evidentemente, de las posibilidades financieras de la Junta de Castilla y León y de las propias Diputaciones Provinciales. El coste concreto del Plan son 100.724.000.000 en el quinquenio considerado, de los cuales 40.000.000.000 corresponden al Plan Regional de Carreteras Provinciales, y 60.724.000.000 al Plan Regional de Carreteras.

La financiación del Plan Regional se hará de la siguiente forma. Para el Plan Regional Provincial aportará la Junta de Castilla y León 11.500.000.000; las Diputaciones Provinciales aportarán en el quinquenio 18.750.000.000 y obtendremos los retornos FEDER para la nueva inversión, de 9.750.000.000, que dan los 40.000. Evidentemente, los 60.724.000.000 del Plan Regional estarán financiados, exclusivamente, con cargo a nuestros Presupuestos Generales.

Para el presente ejercicio, que es, concretamente, la necesidad que tenemos de este suplemento de crédito, de los 5.000.000.000, se necesitan por la simple razón de que la partida presupuestaria 01.05.063.762 tiene una consignación tan sólo de 1.300.000.000 de pesetas. El acuerdo alcanzado con las Diputaciones, en el seno del Consejo de Cooperación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León con las Provincias, establece que aquéllas financiarán conforme a los criterios de asignación que ellas mismas establezcan las obras en la red viaria de su titularidad, por valor de 10.050.000.000 de pesetas, de los cuales, 3.750.000.000 se realizarán con cargo a sus propios Presupuestos y el resto, es decir, los 6.300.000.000, mediante aportaciones de la Junta. Pues, si sólo tenemos 1.300.000.000 en la partida, evidentemente, por una simple resta se deducirá el por qué se necesitan esos 5.000.000.000.

Parece, evidentemente, paradójico que habiéndose aplicado recientemente, en la liquidación presupuestaria, por la Junta, 5.900.000.000 del remanente genérico a disminuir la deuda pública, ahora tenga que presentarse el Consejero de Economía y Hacienda a solicitar incrementar la deuda pública en los 5.000.000.000. Paradoja que, vuelvo a reiterar, no es responsabilidad de la Junta, no es responsabilidad del CDS, que propuso la transacción, sino, únicamente y exclusivamente, le corresponde esa responsabilidad al Grupo del PSOE, que no permitió transacción, que, por otro lado, entiendo deberán hoy de apoyar este Proyecto de Ley, porque, evidentemente, con él conseguiremos dos cosas. Primero, al mejorar nuestras carreteras, conseguiremos un mayor desarrollo para la Región y, fundamentalmente, conseguiremos una mayor calidad de vida para nuestros ciudadanos; objetivos creo que debemos de compartir absolutamente todos los Grupos de esta Cámara y que, por tanto, sin duda, espero obtener el voto favorable de todos los Grupos, aunque hagan alguna matización técnica al propio Proyecto presentado.

Por ello y por anticipado, Señorías, muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Consejero. Por el Grupo Parlamentario Socialista se mantienen para el Pleno las Enmiendas números 1, 2, 4, 5 y 6.

Para su defensa, en forma agrupada, tiene la palabras su Portavoz, señor de Meer.

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO:

Señor Presidente, Señorías.

Para defender agrupadas las cinco Enmiendas que se mantienen, de las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, al Proyecto de Ley de Suplemento de Crédito de 5.000.000.000 de pesetas para el Plan Operativo de Carreteras de Castilla y León.

En primer lugar, yo quiero decir que nuestro Grupo no se opone a la Deuda Pública, no se ha opuesto nunca; ese papel lo han asumido, históricamente, otros Grupos Políticos, otras formaciones políticas que ahora son las que apoyan esta línea de actuación. Y que, en el caso de Deuda Pública, nosotros somos mucho más partidarios de actuaciones como esta, Deuda Pública vinculada a inversiones concretas, que no esa Deuda Pública que se pierde en la totalidad de un Presupuesto y que, al final, no se sabe muy bien a dónde va. Actuaciones como estas creemos que son mucho más correctas que otro tipo de actuaciones en Deuda Pública.

Yo creo que tengo que recordar -y el Consejero de Economía ha hecho referencia al debate del Presupuesto, de alguna manera-, la incoherencia que tuvo el Centro Democrático y Social de devolver el primer Proyecto de Presupuestos que presentó la Junta para este año ochenta y nueve, por exceso de Deuda, y así lo dijeron machaconamente, para, acto seguido -y fue muy simultáneo- apoyar este Proyecto de Ley, Proyecto de Ley que, en el fondo, se fraguó en una célebre reunión de Diputaciones Provinciales, de Presidentes de Diputaciones Provinciales, en Avila.

Ha dicho el señor Consejero que, realmente, tiene una cierta incoherencia que los remanentes genéricos del año ochenta y ocho, evaluados por la Junta en unos 6.000.000.000 de pesetas -hay quien hace evaluaciones superiores, hasta llegar a 13.000-, se dediquen ahora a reducir la Deuda Pública, simultáneamente en el momento que este Proyecto llega al Pleno de la Cámara.

Datos, por cierto, sobre los remanentes, sobre la ejecución presupuestaria del año ochenta y ocho, que deberían haberse debatido en las Cortes -yo creo que deberían haberse debatido en este período de sesiones que ahora se acaba- y que es un debate que se ha hurtado al Pleno, como tantos otros debates se han hurtado, empezando por el ya dos años frustrado debate sobre el Estado de la Región.

Mire, señor Consejero de Economía, ya que ha hecho referencia al asunto, que ustedes tengan que traer este Proyecto de Ley aquí ahora no se debe a la intransigencia del Grupo del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno estaría que la minoría minoritaria de esta Cámara fuera culpable de que la inmensa mayoría no sacara adelante una idea, no sacara adelante una propuesta. Yo creo que es achacable, más bien, a la torpeza con la que se ha tramitado este Proyecto y a la falta de diálogo que se tuvo en su día con el Grupo Parlamentario Socialista, y a la intransigencia que se tuvo en no aprobar la transacción que el propio Grupo Parlamentario Socialista ofreció, ni tan siquiera haberla negociado. No fue la intransigencia de nuestro Grupo: fue la intransigencia de los suyos la que hace que ahora, a finales de Junio, agotándose el período de sesiones parlamentario, deprisa y corriendo haya que aprobar una Ley que probablemente debería haberse aprobado hacía bastante tiempo. Y es que, además, la tramitación de este Proyecto de Ley ha tenido una lentitud absolutamente pasmosa, dormitante, y no creo que eso sea tampoco culpa de la minoría de esta Cámara.

Viene aquí hoy a aprobación, muchos meses después de que el señor Consejero lo anunciara -lo recuerdo perfectamente, creo que fue al final de la aprobación del Presupuesto-, viene hoy a aprobarse, por los pelos, en el último Pleno del período de Sesiones; siendo esta lentitud un dato claramente indicativo de la lentitud de la actuación de los Grupos Políticos que gobiernan en este momento la Comunidad Autónoma.

La Enmienda fundamental -y paso ya a las Enmiendas que mi Grupo ha presentado y que defiendo agrupadas-, la Enmienda fundamental, repito, intenta conseguir dos cosas fundamentales. Una: que parte de estos recursos del suplemento de crédito, que se somete a aprobación, puedan destinarse a otro fin, sería al fin de paliar los efectos que en el abastecimiento de poblaciones ha tenido durante este año la excepcional sequía que hemos padecido; efectos que llegan a muchos municipios de nuestra Región, efectos que han sido denunciados por Presidentes de las Diputaciones o por personas involucradas en la política local, que se han dirigido a la Junta pidiendo ayudas excepcionales para paliar estos efectos de la sequía. Y nosotros, en esta Enmienda nuestra, lo que proponemos es que las Diputaciones Provinciales, a las que van a llegar estos recursos, puedan destinar hasta un 30% de ellos a actuaciones de emergencia, a actuaciones que acaben con los problemas de abastecimiento de agua.

Otra parte de esta Enmienda nuestra, esta Enmienda número 6, a la que me estoy..., número 5, perdón, a la que me estoy refiriendo, intenta condicionar las inversiones en carreteras que se van a hacer, de modo que esas inversiones tengan caracteres de racionalidad -de la misma manera, literalmente, que una Resolución que ha aprobado el Pleno de esta Cámara, con el voto favorable, además, yo creo que de todos los Grupos Parlamentarios-, de manera que estas inversiones, digo, tengan caracteres de racionalidad, que respondan a planes realizados con criterios objetivos, aprobados, entendemos nosotros, por la Junta de Castilla y León; planes que tengan, además, características homogéneas sobre las inversiones que se hacen en cada una de las provincias, cada Diputación en su provincia, que respondan a la situación real de las redes de carreteras y que estudien, lógicamente, en esos planes, las anualidades de inversión y la programación temporal de las mismas.

Nosotros no queremos -y esto, en los debates que hemos mantenido en Ponencia y en Comisión, hemos descubierto que se intenta que sea así-, nosotros no queremos que estos importantes recursos que va a aportar la Comunidad Autónoma recurriendo a la Deuda Pública puedan ser distribuidos de forma arbitraria en la reparación de una infraestructura arbitraria..., de una infraestructura viaria que no esté seriamente priorizada, que no esté perfectamente estudiada. Y estos dos temas son las dos partes fundamentales de nuestra Enmienda número 5.

Las otras Enmiendas que defiendo en este momento pretenden dar coherencia a la exposición de motivos de la Ley, sustituyendo el título, ya que no sólo será para el Plan Operativo de Carreteras de Castilla y León, sino también se ampliará a otras posibles infraestructuras. Hacemos referencia, en la Enmienda a la exposición de motivos, y no podía ser de otra manera, a la Enmienda que hemos hecho posteriormente, de tal manera que las inversiones en carreteras tengan ese carácter de carreteras regionales, de carreteras que estén sometidas a un proceso serio de planificación.

Hacemos referencia, para dar también coherencia a la exposición de motivos con la Enmienda número 5, a la que antes me he referido, a la posibilidad que tengan las Diputaciones de dedicar parte de esos recursos, durante este año, a obras de abastecimiento de poblaciones. Y, por último, pretendemos eliminar el último párrafo de la exposición de motivos, que nosotros creemos que está, pues, realmente, mal redactado, es inadecuado, más propio de otro tipo de normas, más propio de una norma tipo Decreto que de una Proposición No de Ley; párrafo que de ninguna manera responde a las referencias que a los suplementos de créditos hace la Ley de Hacienda de la Comunidad, y un párrafo que denota, de alguna manera, la urgencia y rapidez que se tuvo en la redacción de este Proyecto de Ley; rapidez que, evidentemente, tuvo la Junta en redactar y en remitir a las Cortes, pero rapidez que, absolutamente, se ha perdido a lo largo de su tramitación.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Señor Consejero, tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente. Gracias, Señorías.

Muy breve mi intervención, para hacer tres matizaciones técnicas.

Señor de Meer, usted ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber cometido torpeza para el debate de este Proyecto de Ley. Pues, cuando se hace acusaciones, señor de Meer, hay que demostrarlas.

Los Presupuestos de esta Comunidad se aprobaron en el mes de Febrero. El propio veintitrés de Febrero se remitió y se aprobó por la Junta el Plan de Desarrollo Regional, y en la Junta del dieciséis de Marzo se aprobó y se convirtió el Anteproyecto en Proyecto de Ley, remitido a esta Cámara. Si alguien ha tenido alguna torpeza, haga Su Señoría, puesto que es Procurador, examen de conciencia.

Segunda matización técnica. Es al Grupo Socialista, y no a otro, al que le corresponde el haber frenado este Proyecto de Ley a estas alturas, porque si ustedes hubiesen transaccionado, como propuso el CDS, que los 5.000.000.000 de remanente que, aproximadamente, anuncié que existían el día nueve de Febrero, a estas alturas estaría ya en funcionamiento el Plan de Carreteras, el Plan Operativo, que incluye el Plan Regional y el Plan Provincial de Carreteras.

Y, por último, a estas Cortes la Junta de Castilla y León nunca ha hurtado debate alguno, y propone debate, todos los que quieran, porque ¿qué finalidad tiene hurtar el debate de la ejecución de presupuestos, ejecución de la que se puede sentir perfectamente orgullosa la Junta? Porque usted, cuando ha hablado del remanente genérico, se ha olvidado analizar que ese remanente de los 5.900.000.000 devienen, fundamentalmente, de una mayor y mejor gestión en los ingresos. Por ese Capítulo hemos obtenido ingresos superiores a más de 3.800.000.000. Por cierto, es costumbre del Partido Socialista, y sobre todo del Ministro de Economía y del señor Boyer, cuando obtienen mayores ingresos, publicarlos, airearlos y solicitar plenos. La Junta de Castilla y León los obtiene y no dice nada.

Además de los 3.800.000.000 -superior a esa cifra- que hemos obtenido por mayores ingresos, el remanente se compone de un excedente de más de 1.000.000.000 en el Capítulo I, de esos Gastos de Personal que no íbamos a tener para pagar y que ¿qué iba a ser de esta Comunidad?, y del ahorro, por la no emisión de Deuda Pública o de la concesión de crédito hasta el final, de intereses de Deuda Pública. Es decir, el superávit presupuestario... Y la Junta ya le brinda la oportunidad de que usted, como Procurador, nos invite al debate presupuestario, que, por cierto, le recuerdo que no existe obligación de presentar la ejecución hasta la presentación de los presupuestos; ya le anticipo la cifra, ya tenemos la ejecución presupuestaria, y cuando quiera le invito desde esta Tribuna, en nombre de la Junta, a que tengamos el debate, para explicar cuál es la eficacia de la Junta de Castilla y León actual y cuál ha sido la ineficacia de la Junta anterior. Muchas gracias, Señoría.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

En turno de réplica, tendrá la oportunidad de contestar a las precisiones técnicas que ha hecho el señor Consejero. Le corresponde ahora, para hacer uso de turno en contra a las Enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, la palabra al Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Cortés.

EL SEÑOR CORTES HERNANDEZ:

Señor Presidente, Señorías. Creo que, muy brevemente, vamos a rebatir las Enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, en atención a que el Grupo Socialista en su exposición, que ha tenido dos partes, una de carácter general, estando de acuerdo en que se emita la Deuda, y criticando a la Junta de Castilla y León en cuanto al tema de que si ha tardado mucho, ha tardado poco, de que si los Presupuestos y demás zarandajas, que ha quedado ya debidamente desvirtuado y correctamente por el señor Consejero.

Por lo que, entrando en el fondo de la cuestión, esto es, las verdaderas Enmiendas defendidas por el Grupo Socialista, hemos de comentar y también defender todas agrupadas, a excepción de la número 3, la 23, 29... en fin, o sea, lo expongo más concretamente, para que... en fin, evitar dudas; relativa a la Exposición de Motivos sobre la supresión del párrafo cuarto. En fin, que entendemos que lo que abunda no daña, pero, vamos, tampoco tiene por qué hacerse constar este párrafo en la Exposición de Motivos, y por esa razón se acepta.

El resto de las Enmiendas las desechamos por las siguientes razones: se fundan las primeras enmiendas del articulado en ampliar este Fondo, ampliar no en cuanto a la cuantía del Fondo, los 5.000.000.000 de pesetas, sino en cuanto al destino del Fondo, destinarlo no solamente y exclusivamente a carreteras, sino dedicar también una parte, concretamente hasta un 30%, a otros fines, como son, concretamente, paliar la sequía.

Efectivamente, este año existe sequía, y, muy fácil, el año que viene también, y al siguiente, y al siguiente; sin embargo, estos Fondos deben ser finalistas y dedicarlos única y exclusivamente a carreteras, como, además, están en ello de acuerdo precisamente los destinatarios fundamentales de estos Fondos, cuales son las Diputaciones Provinciales, según resulta del propio Consejo de Provincias celebrado hace breve tiempo, y en el que estaban completamente de acuerdo en la existencia de los Fondos, la participación de los mismos y el destino único y exclusivo a carreteras.

¿Que existen sequías en ciertos pueblos? De acuerdo. Y aquí tenemos, en fin, el ejemplo, en Fuensaldaña, no solamente... vamos, o sea, en cuanto a cosechas y demás. ¿Que existe problema de abastecimiento de poblaciones? También estamos de acuerdo. Pero hay una cosa real y es que los problemas, en muchos casos, que existen de agua en las poblaciones de toda la Comunidad de Castilla y León no son unos problemas acuciantes del día como consecuencia de esta sequía, sino unos problemas como consecuencia, precisamente, de la variación de las poblaciones. Tenemos concretamente el norte de esta Región, y en cuanto a Burgos se refiere, poblaciones que en invierno tienen cuatro y cinco mil habitantes y se encuentran ahora con cuarenta y cincuenta mil habitantes. Esto no se arregla con ese 30% que habla, que son 1.500.000.000 de pesetas, distribuidos entre las nueve provincias tocarían a 166.000.000, sino que esto se tiene que arreglar con unas grandes obras de infraestructuras, que es de desear que en próximos presupuestos se consigne una cantidad suficiente para hacer frente a estos temas.

El problema de la pequeña sequía. Esto se está resolviendo en este momento. Si el señor de Meer conociera perfectamente la Diputación, y suficientemente alguna de ellas, vería que en esta época de atrás, y con cargo a los Planes Provinciales, se han destinado y se están destinando cantidades fuertes, dentro de los presupuestos de cada uno de los Ayuntamientos, a paliar estos posibles problemas, fundamentalmente a través de sondeos, que no es la forma de solucionarlo de una manera definitiva, sino que tenía que ir -y aunque esto, como decimos, es muy costoso y objeto de grandes planes-, debían ser objeto de pequeños o grandes pantanos de abastecimiento a las poblaciones, cosa, por otra parte, que prácticamente puede resultar casi imposible, como consecuencia de la extensión de nuestra Región, la diseminación de nuestros pueblos y la escasa población, en muchos casos, que tienen, precisamente, estos Municipios.

Por esa razón consideramos, y es por lo que no podemos admitir el extender este Plan Provincial de Carreteras y este Plan Operativo de Carreteras Provinciales, precisamente, a atender temas de sequía, que, como digo, se están resolviendo con los Planes Provinciales, y se van a resolver también con el Fondo de Cooperación Local de esta Junta de Castilla y León. O sea, el Fondo de Cooperación Local una de las posibilidades que tiene, y todavía no han sido aprobados por las respectivas Diputaciones y, consecuentemente, no han sido aprobados por la Junta, la posibilidad de que se atiendan estos problemas que puedan existir de sequía, que puedan existir de abastecimiento de agua en pequeñas poblaciones.

Por esa razón, como vemos, pues, no podemos admitir estas Enmiendas.

La segunda razón y la segunda Enmienda se refiere, fundamentalmente... vamos, dentro de esa Enmienda del articulado, se refiere a la racionalidad en cuanto a criterios objetivos y la determinación de... determinar de una manera objetiva cuáles son las Redes de Carreteras Provinciales. La realidad del tema es que hay que dar a las Diputaciones y a los Ayuntamientos, en su caso -pero en este caso particular a las Diputaciones-, la autonomía suficiente para que ellos decidan cuáles son aquellas carreteras que efectivamente les interesan. Si estamos hablando -y esto se lo hacía constar- de cuál es la razón de las autonomías, que es el acercar la Administración al administrado, pues, de lo que no cabe la menor duda es de que un acercamiento de esta Administración al administrado es que las Diputaciones Provinciales nos digan a la Junta de Castilla y León, y digan a la Junta de Castilla y León cuáles son aquellas carreteras que tienen interés en que se reparen.

Tenga usted la seguridad, y tenga la seguridad de que se van a dar y se van a establecer las carreteras que más interesen a la Región. Incluso puede ocurrir, y me estoy acordando de un caso particular de una mina de bicarbonato... de carbonato cálcico, existente en Burgos, que se tiene que acudir a ella por una pequeña carretera provincial de unos cinco o seis kilómetros; exclusivamente comunicaba un pueblo de cuatro o seis habitantes -creo que en estos momentos está inhabitado, pero la mina existe-, y esa mina, en fin, tiene un gran tránsito de transporte, como consecuencia de la falta de ferrocarril. Pues, viendo este tipo de carretera, que son seis kilómetros -no tiene por qué ser más-, puede ser una carretera, como vemos, de interés regional y, prácticamente, es un camino municipal.

Es decir, dejemos a las Diputaciones, que son las que perfectamente conocen ellas sus necesidades, su estado de carreteras, las que nos determinen -no tengamos miedo por cuanto que, por otra parte, en las Diputaciones están representados todos los Ayuntamientos, están representadas todas las fuerzas, en definitiva, sociales de la Región-, las que nos determinen, con ese carácter de objetividad que normalmente caracteriza a las Diputaciones, el definir cuáles son esas carreteras.

Por eso no es necesario hablar ni de interés regional, puesto que, por otra parte, el Plan Provincial de Carreteras ya, en algunos casos, las tiene debidamente aprobadas y, consecuentemente, cuando se han aprobado es que tienen ese interés regional y, consecuentemente, tienen interés nacional.

En cuanto a la Exposición de Motivos, las Enmiendas. La primera, referida al Título de la Ley, pues, por lógica, no podemos admitirla, por cuanto que, si el destino de esos 5.000.000.000 es exclusivamente Carreteras, no podemos ampliarla a la palabra y a la denominación de infraestructura, porque luego de ahí se haría un cajón de sastre, como vemos, y una contradicción con el articulado de la Ley.

Y en cuanto al resto de las Exposiciones de Motivos, pues, por la misma razón que hemos apuntado ya en orden al articulado, en cuanto que esa Exposición de Motivos y esa Enmienda se refiere, también, a hablar de ese interés regional, que, como digo, ya existe con carácter general en todas las actuaciones que realizan las Diputaciones. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Cortés. Para turno de réplica, el señor de Meer tiene la palabra.

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO:

Señor Presidente. Voy a contestar en primer lugar al señor Cortés, que, realmente, no sólo ha reconocido que existen problemas de sequía, sino que ha dado más argumentos, cuando hace referencia, en ese caso tan típico, de ciertos núcleos, de ciertos municipios del norte de su provincia, en los que las fluctuaciones de población entre lo que puede ser el invierno y la población del verano, se pueden multiplicar por seis o siete el número de habitantes, pasar de cinco mil a treinta mil.

Dice que existen problemas, que esos problemas hay que resolverlos con grandes obras. Yo no sé si las obras son grandes o son pequeñas. Yo quiero decirle que la Enmienda que nosotros proponemos permitiría, en muchos supuestos, creo yo, ajustar los recursos de que va a disponer la Comunidad Autónoma de forma más racional, ya que en muchos casos concretos puede ser más importante el problema del abastecimiento de agua que el problema de la infraestructura viaria.

Yo, lógicamente, no conozco las Diputaciones Provinciales como las conoce usted o como debería conocerlas -para eso ha sido Presidente de la Diputación en su día-, y yo supongo que el Presidente de la Diputación de Valladolid las conocerá o, al menos, ésa es su obligación. Y yo le he leído párrafos en los que es el propio Presidente de la Diputación de Valladolid el que está pidiendo, y supongo que el siete de Junio sabía que existía un Fondo de Cooperación Local, supongo que el siete de Junio tenía hecha toda su programación de inversiones, el siete de Junio pedía a la Junta y al Gobierno de la Nación una actuación de este tipo. No hace mucho tiempo, no por una persona que no conozca las Diputaciones, no por una persona que no conozca el Fondo de Cooperación Local, no por una persona que no conozca el modo de actuación dentro de la Comunidad Autónoma. Evidentemente, usted le ha descalificado en absoluto, porque ni tan siquiera ha intentado justificarle.

En cuanto a la necesidad de que las inversiones en carreteras cuenten con planificación, yo insisto que eso fue algo que se votó por unanimidad en estas Cortes el día que se habló de la política general de infraestructura. Y votaron a favor todos los Grupos y votó a favor el señor Cortés.

Ahora dice que hay que defender la autonomía provincial, que acercar la Administración a los administrados quiere decir que la Junta no intervenga, como si la Junta fuera una Administración, un organismo lejano de los administrados. Y yo, realmente, no sé qué miedo tiene el señor Cortés, qué miedo tiene en que la Junta intervenga, en que la Junta defina cuál es esa planificación, sobre todo siendo la Junta de su propio partido.

Le quería contestar..., bueno, para terminar con la intervención del señor Cortés, ya que acepta la Enmienda número 4 a la Exposición de Motivos, por la que se pide la sustitución de un párrafo, yo pido que esa Enmienda se vote por separado, mi Grupo admite que esa Enmienda se vote por separado.

Y, por último, al Consejero de Fomento, yo creo que no ha estado muy atento durante mi intervención, porque yo he acabado diciendo literalmente que la urgencia y la rapidez que la Junta había demostrado en la... -y lo tengo escrito-, en la redacción de la Ley se había perdido, la habían perdido los Grupos Políticos, los Grupos Parlamentarios que apoyan a la Junta en la tramitación de la Ley. Ha defendido usted mucho más a los Grupos Políticos que le apoyan que el propio Portavoz de ese Grupo Parlamentario, y creo que no ha estado muy atento a esa parte de mi intervención. La Junta lo hizo rápidamente, pero, evidentemente, yo insisto que actuó de una manera incorrecta, que actuó de una manera torpe, al principio, cuando el asunto este debió resolverse en la aprobación durante el debate del Presupuesto, probablemente transaccionando con nuestro Grupo aquellas Enmiendas; pero no creo que se den muchas veces los casos de que se pueda acusar de que una cosa no sale adelante por un Grupo que poca influencia puede tener frente a la inmensa mayoría de la Cámara.

El responsable de eso fue su Grupo, fue el Grupo del CDS, por las incorreciones técnicas de algunas de sus Enmiendas que llevaron al Presupuesto, en algún caso, a un callejón sin salida cuando se le querían introducir cierto tipo de modificaciones. Pero para introducir eso tenían que hablar con nosotros, tenían que negociar con nosotros, no podían imponernos una solución con la que no estábamos de acuerdo. Y transacciones ofrecimos, y sobre esas transacciones se pudo hablar, pero no se quiso. Además, muy parecidas a las Enmiendas que hoy traemos.

Y, por último, se dice que nunca se ha hurtado debate alguno a esta Cámara. Yo creo que se ha hurtado el debate más importante que se debía haber hecho durante este periodo de sesiones; ya se hurtó el año pasado: se ha hurtado el debate sobre el estado de la región. Se dijo que es que era un debate que iba a ser electoralista. A lo mejor lo que sí que hubiera sido electoralista era ese otro debate sobre la ejecución del Presupuesto y por eso no se ha querido hacer. Nada más, gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Señor Consejero, tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente. Nuevamente, para tres matizaciones técnicas.

Primera. Señor de Meer, hablando de atención, el que habla no es Consejero de Fomento, es Consejero de Economía y Hacienda.

Segunda matización. Estoy atento cuando habla de los Grupos. Le vuelvo a reiterar mi opinión: el responsable de que estemos hablando de eso a estas alturas única y exclusivamente es el Grupo Socialista por no admitir la transacción.

Y, tercero. En cuanto al debate que usted propugna, no diga que se le ha hurtado; diga que fueron ustedes, cuando no les interesó que se produjera, y lo único que se ha hecho hasta ahora, que yo sepa, no ha sido hurtarles, sino decir que en esa fecha no interesaba. Y no se preocupe, que ya se producirá.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para dúplica, señor Cortes, tiene la palabra.

EL SEÑOR CORTES HERNANDEZ:

Gracias. Decir al señor de Meer, en primer lugar, que miedo no tengo, ni a esta Junta ni a cualquiera, sea del color que sea. El valor se sobrentiende.

En segundo lugar, y sobre todo, que no he sobrestimado a ningún Presidente de la Diputación, sino que, al contrario, en fin, los estimo y los animo a que sigan luchando por la obtención de fondos de la Junta o de quien sea para la realización de todo tipo de obras.

Por otra parte, esto que dice usted del Presidente de la Diputación de Valladolid, que pide para agua, los Presidentes de Diputación tienen obligación de pedir para todo. Fíjese usted, estos 5.000.000.000 de pesetas, solamente habrá para quinientos kilómetros de carretera, y son catorce mil, así que fíjese lo que tiene que pedir. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se va proceder a someter a votación las Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, votándose primeramente y de forma separada la Enmienda número 4.

Votos a favor de la Enmienda número 4. Gracias. Votos en contra. Abstenciones. Muchas gracias.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y ocho. Votos a favor de la Enmienda: veintiuno. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: treinta y siete. Y, en consecuencia, queda aprobada la Enmienda número 4 del Grupo Parlamentario Socialista.

Sometemos a votación ahora de forma agrupada y conjunta el resto de las Enmiendas, números 1, 2, 5 y 6 del Grupo Socialista.

Votos a favor de estas Enmiendas. Gracias, pueden sentarse. Votos en contra. Abstenciones, ninguna.

El resultado de la votación es: cincuenta y ocho votos emitidos. Votos a favor: veintiuno. Votos en contra: treinta y siete. Abstenciones: ninguna. Y en consecuencia, quedan rechazadas las Enmiendas números 1, 2, 5 y 6 del Grupo Socialista.

Para explicación de voto, el Grupo que no ha intervenido en el debate, por parte del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, señor de las Heras, tiene la palabra.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente, Señorías. Para consumir un turno, en nombre de mi Grupo, el Centro Democrático y Social, de fijación de posiciones en relación con el Proyecto de Ley de concesión de un suplemento de crédito por importe total de 5.000.000.000 de pesetas para financiar el programa operativo de carreteras de Castilla y León.

Y ello, señor Presidente, Señorías, por razones de oportunidad. Porque, efectivamente, es oportuno que una partida que está insuficientemente dotada en el Presupuesto, nada más con 1.300.000.000 de pesetas, comparado con el volumen de necesidades que tienen que atender, por encima de los catorce mil kilómetros de carreteras, es oportuno, esa disparidad entre la consignación y la disponibilidad de recursos y los problemas que hay que afrontar, el suplementar esa partida presupuestaria.

Y, en segunda razón, por coherencia política del Centro Democrático y Social. Hoy estamos en un debate de suplemento de crédito, no estamos debatiendo nuevamente los Presupuestos de la Comunidad Autónoma; pero se ha traído aquí la incoherencia en el comportamiento político del Centro Democrático y Social en aquel debate, y yo quiero dejar claro que en aquel debate y en el debate de hoy el Centro Democrático y Social ha mantenido su total y absoluta coherencia.

Coherencia en el objetivo de rebajar la deuda presupuestaria, y coherencia en sacar adelante un Plan de Carreteras que, al menos, palíe en parte el grave déficit de infraestructura viaria que tiene la Comunidad Autónoma.

Se ha hablado aquí y es evidente que entonces mantuvimos que había que establecer una disminución de la deuda del orden de los 7.000.000.000 de pesetas, y que había que destinar a carreteras del orden de un programa de 9.000.000.000 de pesetas. Con este crédito que hoy, este suplemento de crédito que hoy se pretende sacar adelante, se va a conseguir mucho más que eso todavía: se va a conseguir un programa operativo de carreteras, que ahora está en fase de proyecto, de 40.000.000.000 de pesetas, lo que es bastante más de lo que inicialmente nos habíamos previsto.

Pero se ha hablado de incoherencia porque esta Ley no significa planificación en orden a la red viaria de la Comunidad Autónoma y porque las incorreciones técnicas de la presentación de las Enmiendas no hicieron posible el que se aprobaran en su momento estas dotaciones presupuestarias.

Entonces, yo quiero dejar claro, en nombre de mi Grupo, que el Partido Socialista Obrero Español, que achaca incoherencia al CDS, resulta, en principio, que no podemos disponer ya de proyectos y no podemos estar ejecutando carreteras simplemente porque había unas deficiencias en los planteamientos técnicos. Y eso hay que decírselo a los ciudadanos: que no disponen ya de obras, que no disponen ya de proyectos, que no están disfrutando, o que no pueden disfrutar incluso, durante todo este año, de mejores carreteras porque simplemente había unos defectos técnicos en los planteamientos, que facilísimamente se podían haber subsanado en el debate de Presupuestos. Y hubo diálogo, y hubo contraofertas, ofertas y contrapropuestas en Comisión y en Pleno, como es evidente en los Diarios de Sesiones.

Y si queremos señalar la incoherencia, pues, me remito a lo que ha dicho usted hoy en su intervención, diciendo que es partidario de deuda para financiar este tipo de inversiones. Pues mire, su compañero en el debate correspondiente dijo: "la filosofía de esta propuesta -y me refiero a la Enmienda 25 del CDS y la Transaccional que ustedes hacían- es: hagamos un Plan de Carreteras, no con deuda, no con deuda..." -usted ha dicho hoy que con deuda- "...sino con consignaciones claras año tras año en los Presupuestos". Es decir, que, incoherencias, todos los Grupos, incluso, podemos manifestarlas de alguna manera. Y era el Portavoz de su Grupo en aquel momento.

Se ha dicho aquí, y es verdad, que el Plan de Carreteras es absolutamente necesario por la configuración de nuestra Región, la más grande de Europa. Tenemos más carreteras. Y ahí hago una matización al Consejero de Economía: eso no quiere decir que tengamos mejores dotaciones, aunque tengamos más carretera que la media nacional, porque dependen de nuestra orografía peculiar, de la dispersión de los municipios y los núcleos, de la disposición radial de las comunicaciones en la Comunidad, de la falta de comunicación transversal que dé coherencia al conjunto de la Comunidad Autónoma y que vertebre de alguna manera los núcleos y sus redes reticulares y que permita la prestación de servicios de carácter comunitario y comarcal. Porque ha existido un informe favorable del Consejo de Cooperación, porque existe una descapitalización evidente de la red viaria de las Diputaciones Provinciales. Y le voy a señalar para ello tres estudios a los que yo voy a hacer referencia y en los que me he basado. Uno del MOPU y de la Asociación Española de Carreteras, que establece un índice que no voy a explicar, pero que nos sitúa a las carreteras de las Diputaciones Provinciales entre 190 y 245, lo que quiere decir que más del 20% de la superficie de estas carreteras están en condiciones pésimas -y se destaca aquí la provincia de Burgos-. Porque en esos estudios también se determinan unas inversiones necesarias para adecuar los pavimentos actuales, no para hacer nuevas obras, entre 12.000 y 16.000.000.000 de pesetas, con objeto de hacer una conservación racional de la red, simplemente para hacer la conservación con inversiones de choque, con inversiones preventivas, con inversiones en el capítulo de señalización, por ejemplo. Y que, de acuerdo con los estudios de la Junta, que cifra en 40.000.000.000 de pesetas esas necesidades; de acuerdo con los estudios del MOPU y la Asociación Española de Carreteras, que cifran esas necesidades en 55.600.000.000 de pesetas, y de acuerdo con los estudios propios que han hecho las Diputaciones Provinciales, con programas para los cinco próximos años y que han aprobado en sus respectivos plenos, lo cifran, para mejorar sustancialmente la red, en 79.000.000.000 de pesetas, y para simplemente mantenerla, en 42.000.000.000 de pesetas. Es decir, que nos estamos ateniendo a las cifras de mejorar la red manteniéndola escuetamente con los 40.000.000.000 de pesetas.

Y después, un tema de especial importancia, y al que no se ha hecho referencia, y que quizá está de moda también; no voy a decir que nos responsabilice, pero hay que señalar que las redes provinciales producen la mayor siniestralidad de todas las carreteras de titularidad nacional o autonómica. Y, miren, tengo el dato del boletín informativo de la Dirección General de Tráfico de los accidentes del año ochenta y siete, que es el último publicado, y ha habido en esas carreteras treinta y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres accidentes, con mil ochocientos cuarenta y seis muertos. Y, naturalmente, ese volumen de accidentes, ese volumen de siniestralidad, que está por encima de las redes de titularidad estatal y autonómica, también determina la necesidad de inversiones.

Y, por último, porque, efectivamente, yo lo dije en Comisión, y no me preocupa decirlo aquí en nombre de mi Grupo, porque precisamente con la reforma de los fondos estructurales de la Comunidad Económica Europea el Gobierno de la Junta ha sabido utilizar esos nuevos mecanismos para atraer nuevos fondos a las inversiones de carreteras y para, de alguna manera, permitir saltarnos el límite del 30%, que, por aplicación del Fondo de Compensación Interterritorial, es una barrera en la llegada de fondos estructurales a la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por lo tanto, se está predicando que los fondos estructurales van a multiplicarse por tres hasta el año mil novecientos noventa y dos; pues, mientras no se modifique ese límite, a nosotros no nos sirve, por el tope y el límite del 30% que nos diga el Fondo de Compensación Interterritorial. Así que de poco sirve presumir de ese aumento de esos fondos, que, si no se modifican esos otros mecanismos, no van a permitir nuevos recursos.

Es cierto que el Plan de Carreteras esta incardinado en el Plan Regional de Carreteras, que a su vez está en el Plan de Desarrollo Regional y que figura como proyecto de programa operativo enviado al Gobierno de la Nación para que a su vez lo haya tramitado a la Comunidad Económica Europea con arreglo a la circular 2052, a la directiva 2052 y a su artículo 5.2.a).

Eso nos permite la actuación conjunta de distintas administraciones, con las ventajas que ya ha señalado el Consejero de aprovechar las sinergias que se producen, de aprovechar las bajas por subastas más amplias, de aprovechar una financiación conjunta de las distintas administraciones, que permitan a las Diputaciones actuar en esta materia, puesto que sólo tienen que participar con el 46,9%, y ya algunas Diputaciones -las que yo siempre he denominado de la clase pobre- se van a ver muy negras para aportar esa participación. Porque permite, además, utilizar uno o varios fondos y porque permite, además, que financien una o varias instituciones e incluso recurrir a los créditos del Banco Europeo de Inversiones. Que eso está determinando el que la Junta va a recibir, vía FEDER, 3.356.000.000 de pesetas más y que las Diputaciones Provinciales, por los retornos a su aportación, van a recibir 9.750.000.000, si se lleva a efecto ese proyecto de programa operativo de carreteras.

Por lo tanto, y como conclusión, se va a ver aumentada la financiación y la participación en los fondos estructurales, que, si no, no lo veríamos por ese procedimiento.

Y dejar claro, en nombre de mi Grupo, el que lo que aprobamos en su momento, es decir, la Resolución 8 del debate de política general de transporte y comunicaciones de Castilla y León, lo seguimos manteniendo. Esta es una Ley de suplemento de crédito, no es una Ley de carreteras, y, por lo tanto, el que se hagan programas operativos de actuaciones previstas en dichos planes, que deberán responder a criterios objetivos, tener características homogéneas, establecer prioridades basadas en las características reales de las redes provinciales, con determinación explícita de las anualidades previstas y su horizonte personal, lo seguimos manteniendo, lo seguimos manteniendo, porque eso, incluso, será objeto del decreto que desarrolle, naturalmente, la ejecución de este plan operativo de carreteras que ahora financiará este suplemento de crédito con las dotaciones presupuestarias.

Por ello, nuestro Grupo va a votar favorablemente y fija su posición favorable a este Proyecto de Ley.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Fijadas las posiciones por todos los Grupos, se somete a votación el Proyecto de Ley, que consta del artículo 1 y 2, disposición final, exposición de motivos y título del mismo.

Votos a favor del Proyecto de Ley. Muchas gracias, pueden sentarse. Votos en contra. Abstenciones. Gracias.

Resultado de la votación. Votos emitidos, sesenta y nueve. Votos a favor, cuarenta y cinco. Votos en contra, ninguno. Abstenciones, veinticuatro. En consecuencia, queda aprobada la Ley sobre concesión de un suplemento de crédito por importe de 5.000.000.000 de pesetas para financiar el programa operativo de carreteras en Castilla y León.

Por el señor Secretario se procederá a dar lectura al cuarto y último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Montes del Proyecto de Ley por la que se declara el Parque de las Hoces de Duratón".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para la presentación del Proyecto de Ley, por parte de la Junta, tiene la palabra el señor Consejero de Medio Ambiente. Señor Sagredo.

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL):

Gracias, Presidente. Señorías, es para mí un alto privilegio poder intervenir por primera vez en esta tribuna, como Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, para presentar, en nombre de la Junta, el Proyecto de Ley de declaración del Parque de las Hoces del río Duratón.

Como aparece en la exposición de motivos, a partir de la villa de Sepúlveda y hasta el embalse de Burgomillodo, el río Duratón ha formado unas hoces de fondo plano, acusados escarpes, a lo largo de un recorrido muy sinuoso entre bloques cretácicos de calizas. La excavación del río ha producido en algunos puntos cortes de cien metros de profundidad respecto a la paramera circundante, dando lugar a un agreste paisaje que se dulcifica por la presencia de la vegetación circundante. La presencia de frecuentes ermitas, cuevas, tumbas, restos arqueológicos, pinturas rupestres de indudable valor artístico e histórico realzan la belleza y el interés de esta área. La concurrencia de singulares características paisajísticas, geológicas, geomorfológicas, florísticas y faunísticas, determina la conveniencia de que se dote a esta zona de un régimen de protección contra los peligros más inmediatos que en la actualidad lo amenazan.

La Ley 4 del ochenta y nueve, de veintisiete de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y de la Fauna Silvestre, en su artículo 12, prevé, entre otras, la figura del parque, que resulta adecuada a las características y a los objetivos de protección de este área, y en su artículo 21 otorga a las Comunidades Autónomas las competencias de la declaración y gestión de los espacios naturales protegidos. Por otra parte, la conveniencia de establecer en el territorio delimitado un régimen de suelo acorde con los objetivos de conservación demanda su declaración por ley.

Tal Proyecto de Ley, Señorías, pretende establecer un estatuto protector de uno de los espacios naturales más valioso de los muchos con que cuenta nuestra Comunidad y que fue incluido en el estudio de la red de espacios naturales protegidos que en su día elaboró la Administración Autonómica, de acuerdo con los principios emanados de estrategia mundial de conservación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y siguiendo la recomendación de este organismo de que los gobiernos protejan las áreas singulares de sus respectivos territorios. Sus Señorías convendrán con este Consejero que está plenamente justificada la declaración de espacio natural protegido dadas las excepcionales características físicas y biológicas que concurren en las hoces del río Duratón, determinadas por ese corte profundo y serpenteante del río, que ha producido a lo largo de milenios sobre el páramo preexistente, por la belleza del paisaje escarpado, por su variedad florística, por servir de refugio a una fauna diversa, pródiga en especies en peligro de extinción y por su riqueza arqueológica e histórica, junto con la aspiración sentida por las poblaciones del entorno, por colectivos ecologistas o ambientalistas y por cuantas personas amantes de la naturaleza tenían como objetivo erradicar del espacio los peligros de degradación que lo amenazan.

Esta declaración por ley permitiría dotar al espacio de un régimen jurídico del suelo, garantizado al máximo nivel normativo, para impedir acciones que no sean concordantes con los objetivos de conservación previstos.

El Proyecto de Ley que nos ocupa, Señorías, se acomoda en todos sus extremos a la reciente Ley 4/89 citada, de veintisiete de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, que en su artículo 21 otorga a las Comunidades Autónomas esas competencias para declarar los espacios naturales protegidos, y, en base a la urgencia de defender el espacio, se acoge a la excepción del artículo 15.2 que permite alterar el orden normal de elaboración posponiendo la redacción de planes de ordenación de los recursos naturales, que, por otra parte, están supeditados a unas directrices previstas en la Ley 4/89 y que aún no han sido dictaminadas.

Este Proyecto de Ley, Señorías, queda estructurado, como conocen, en cuatro bloques, formados de tal manera que agrupadas las distintas áreas por su contenido constituyen una unidad coherente que permite una rápida visión de los aspectos contemplados en la norma. Dichos bloques son: finalidad y ámbito de aplicación, régimen de protección, instrumentos de administración y gestión e infracciones y sanciones. El borrador correspondiente fue sometido a información pública en los Ayuntamientos que tienen parte de su término municipal incluido en el Parque, con respuestas positivas en todas las contestaciones recibidas, y también fue informado favorablemente por parte de la Asesoría Jurídica de la Junta.

Resulta, por obvio, innecesario, Señorías, que por mi parte haga cualquier comentario elogioso sobre la participación real y total de la anterior Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes en el proceso de elaboración de trabajos previos y del borrador de esta norma. Solamente me queda, como Consejero... me importa recalcar la valoración positiva de las actuaciones, mi identificación con los criterios adoptados y mi propósito de impulsar decididamente la tarea de protección de nuestros espacios naturales desde la nueva Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Esta... o este Consejero en su nombre, en nombre de la Junta de Castilla y León, confía en la aceptación de este Proyecto por Sus Señorías, decisión que este Consejero agradece como corresponde, como expresión de reconocimiento del beneficio que puede reportar a toda la Comunidad. Señor Presidente. Señorías, muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias, señor Consejero. No existiendo enmiendas a los artículos 1 y 2 de este Proyecto de Ley, se someten a votación dichos artículos. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? Quedan aprobados por asentimiento los artículos 1 y 2.

Al artículo número 3 se mantiene la Enmienda número 5 del Grupo Socialista, y para su defensa tiene la palabra el señor González.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente, puesto que en sucesivos debates en Ponencia y en Comisión se ha discutido hasta la saciedad, posiblemente, del artículo 3 propuesto y del artículo 3 enmendado por el Grupo Socialista.

En primer lugar, manifestar que nosotros estamos de acuerdo con la globalidad de la Ley. Nosotros creemos interesante que esta Ley que protege las Hoces del río Duratón salga adelante, aunque preferiríamos que saliera adelante, por supuesto, con alguna enmienda más incorporada. Estaríamos igualmente más de acuerdo si este proyecto de Ley estuviera enmarcado dentro de una estrategia global de protección de espacios naturales singulares de esta Comunidad Autónoma y no fuera una actuación puntual -buena por otra parte- para proteger un espacio concreto. Debería haber una iniciativa global que permitiera conocer un diseño general de cuáles son los espacios naturales singulares a proteger.

Buena prueba de nuestro interés en que esta Ley salga adelante ha sido la participación que este Grupo ha tenido en su debate en Ponencia y en Comisión. Se han hecho dieciséis enmiendas de las cuales una buena parte de ellas están incorporadas al texto desde la misma Ponencia. Alguna de ellas, de singular importancia, por ejemplo la incorporación a la composición de la Junta Rectora, determinándolo en la Ley, de los Ayuntamientos afectados por el terreno del parque. Tengo que significar que otros grupos políticos que apoyaron esa enmienda, sin embargo no hicieron las enmiendas; se han limitado posiblemente a apoyar o no enmiendas presentadas en Ponencia y Comisión, pero desde luego no han participado en el debate, y ya viene siendo norma frecuente de esos grupos políticos, y no han participado -repito- en el debate mediante las oportunidades que da el debate parlamentario, que es enmendando, haciendo enmiendas parciales o totales, en función de cual sea.

Por lo tanto, me refiero concretamente al Centro Democrático y Social, que en su momento dijo que le parecía perfecto; incluso podían haber hecho ellos la enmienda y hubiera habido dos Grupos Parlamentarios que hubiéramos hecho la Enmienda a un Proyecto de Ley sin más.

Por lo tanto, dicho eso, voy a pasar concretamente a la Enmienda número 5 al artículo 3. Y yo tengo que decir que a nosotros, a nuestro juicio, la Enmienda nos parece una Enmienda de fondo, puesto que trata nada más ni nada menos que de las funciones que la Junta Rectora ha de tener en la gestión y administración del Parque de las Hoces del río Duratón.

Yo he vuelto a reexaminar el Proyecto de Ley y observo que en el mismo hay tres citas a la Junta Rectora. Una, en este artículo 3, cuando dice textualmente que "para hacer cualquier tipo de obra en el Parque será preceptivo el informe previo de la Junta Rectora". Otra, en un artículo más adelante, concretamente el 6, cuando igualmente dice que "el plan rector de uso y gestión -lo que se llama en términos vulgares el PRUG- deberá ser también informado previamente por la Junta Rectora". Y otra, en el propio artículo 4, cuando determina cuáles son las funciones concretas de la Junta Rectora, que son tres: "Velar por la conservación del Parque y por el respeto a su valores, bellezas y particularidades", "velar por"; "realizar las gestiones que considere convenientes y que redunden en favor del Parque, de su conservación y mejora y del cumplimiento de sus fines; y c) conocer e informar el plan rector y los sucesivos programas de gestión", que ya está a su vez contenido en el artículo 6, puede ser una redundancia; no tiene importancia. No tiene más funciones la Junta, no es citada más veces en todo el proyecto de Ley. Lo cual, a nuestro juicio, nos hace pensar que la actuación de la Junta Rectora en la gestión y conservación del Parque es una gestión extraordinariamente escasa y disminuida.

Y la Enmienda va exclusivamente en el sentido de potenciar las actuaciones que la Junta Rectora tenga en la gestión y administración del Parque. Y ¿de qué manera? Pues muy fácilmente, de dos. En la primera de ellas, cuando se quiere hacer una obra o cualquier otro tipo de actuación en el Parque, y haya contradicción entre el informe emitido por la Junta Rectora -donde están los Ayuntamientos afectados, no lo olvidemos-, y la Consejería correspondiente -en este caso Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-, nosotros lo que pretendemos es que no sea la propia Consejería la que decida, sino que, dentro del ámbito de la Junta de Castilla y León, porque tampoco pretendemos sustraer a la Junta la decisión, sea, por elevación, la Junta de Consejeros la que tenga que decidir. Ese es un sistema que se emplea habitualmente para decidir pues conflictos entre utilidades públicas de montes y otra utilidad pública, etcétera, etcétera. Por tanto, no pretendemos con la Enmienda sustraer al ámbito de la Junta de Castilla y León la decisión final de si la actuación tiene o no que ser realizada, pero pretendemos distanciar la toma de decisión, cuando hay enfrentamiento entre los informes de la Junta y la actitud de la Consejería, a un ámbito de rango superior que pueda resolver con absoluta independencia y con absoluto rigor, sin más; y sin pretender desde luego, por supuesto, en ningún momento, quitar el ámbito de decisión de la Junta; simplemente, elevar ese ámbito de decisión.

Y en el mismo sentido, dice el texto de la Ley que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes -por supuesto, la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio- podrá encargar estudios de impacto ambiental. Bueno, eso evidente que lo puede hacer, incluso posiblemente sobraría en la Ley, es una precisión excesiva. El Real Decreto Legislativo 1302, etcétera, etcétera, precisan ya que se pueden encargar esos proyectos, incluso fija una serie de actuaciones cuando es preceptivo encargar esos proyectos. Nosotros pretendemos que, en esa tarea de dotar de más competencias a la Junta Rectora del Parque, sea también la Junta Rectora capaz de encargar esos estudios cuando ella lo estime necesario, sin que eso incluya vinculación administrativa en la toma de decisión, porque, una vez seguido el procedimiento normal, tendrá que ser igualmente la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, si no hay contradicción, o la Junta si hubiera contradicción, la que tuviera que resolver.

Por lo tanto, repito, nosotros creemos que las labores de la Junta Rectora, dentro del texto del Proyecto de Ley que se presenta, están absolutamente disminuidas a dos casos concretos: informe en este e informe de los PRUG, y a conseguir dinero. Y nosotros creemos que la Junta Rectora, donde están los Ayuntamientos y donde puede haber, además, muchas más gente que realmente tenga interés y conocimientos del asunto, tiene que tener unas competencias más profundas; todo lo demás, a nuestro juicio, nos parece que es minusvalorar las funciones que puede tener la Junta Rectora. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. El turno en contra lo repartirán los Portavoces de los Grupos de Centro Democrático y Social y Partido Popular. En primer lugar, tiene la palabra el señor Agudo, del CDS.

EL SEÑOR AGUDO BENITO:

Señor Presidente, Señorías. Yo quisiera convencer al Grupo Socialista, y sobre todo y por tercera vez a su Portavoz señor González, don Jaime, de la conveniencia de retirar esta Enmienda. Y digo de la conveniencia porque nos parece inadecuada, nos parece ilógica, y porque entendemos que introduce una confusión rayana con la ilegalidad.

Efectivamente, como ha señalado el señor González, la Enmienda introduce -o pretende introducir-, en el artículo 3 de la Ley, dos variaciones. Una primera contenida en su párrafo primero -y valga la redundancia-, consistente en que en caso de conflicto entre el informe de la Junta Rectora y la resolución de la Consejería, hoy de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, o de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sea decidida por la Junta de Castilla y León. Y una segunda contenida en su párrafo segundo, en el sentido de que, efectivamente, la Junta Rectora pueda solicitar un informe sobre impacto ambiental.

Creemos que la primera variación que trata de introducir la Enmienda no se puede mantener, porque ya desde la Ley 15/75 y el Reglamento que la desarrollaba, la Junta Rectora viene configurada como un órgano colaborador del órgano decisorio o ejecutivo que tenga competencias en estas funciones. Pero la Ley que deroga o que regula actualmente en todo el ámbito nacional la conservación de los espacios naturales, que es la Ley 4/89, en su artículo 20 establece y añade un dato más a la configuración de esta Junta Rectora, que además de ser un órgano colaborador es un órgano de participación; carácter que recoge el propio artículo 4 de la Ley que hoy vamos a aprobar. Por ello, si la Junta Rectora es un órgano de colaboración y de participación, y nunca ejecutivo y de decisión, no puede condicionar la propia decisión de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Y no sólo no la puede condicionar, sino es que, además, con esta connotación que quiere establecer la enmienda, lo que se produciría sería la quiebra del sistema de recursos establecido en la Ley de Gobierno de la Comunidad Autónoma y la quiebra del sistema de recursos establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo, porque, al no haber un conflicto entre dos órganos competentes o con facultades de autorización o de ejecución en la materia, no procedería el recurso ante la Junta como tal.

De todas formas, si en vía dialéctica pudiera admitirse, sería inútil, porque efectivamente, si hubiera un conflicto que pudiera dirimirse por un órgano ajeno a la propia Consejería, la Junta de la que forma parte la Consejería, efectivamente, la Resolución que dictara sería la misma que la propia Consejería.

En cuanto al aspecto segundo, y contenido en su párrafo segundo, de la posibilidad o no por parte de la Junta Rectora de pedir un estudio sobre el impacto ambiental, hemos de señalar que en el propio Real Decreto Legislativo 1302/86, al que ha hecho alusión el señor González, se establece cuándo, quién y qué condiciones deben tener los informes sobre impacto ambiental que pueden pedirse. Y lo que creemos que queda fuera de la normalidad y por eso de la lógica es que, prescindiendo, como se introduce o como pretende la propia Enmienda, que dice así literalmente, prescindiendo, o por encima de lo que dice el artículo 1302, si es la norma que regula los informes de impacto ambiental, no puede, de ninguna forma forma, en esta Ley prescindirse de dicha norma. Por otra parte, si se prescindiera de dicha norma y fuera la propia Junta rectora a la que se concediera competencias para pedir el informe sobre el impacto sobre el medio ambiental, cualquier autoridad apta para establecerlo o para dictarlo podría negarse por no ser autoridad competente.

Por todas estas razones, creemos que la Enmienda es, como hemos dicho al principio, inadecuada, ilógica y que introduce una confusión rayana en la ilegalidad, y que por lo mismo debe retirarse por el Grupo enmendante, porque de otra forma, si no, además, probablemente y casi con toda seguridad, va a ser rechazada. Entendemos que ha... desconocemos quien es el... desconocemos, señor González, quién es el redactor de la Enmienda, pero creemos que se ha tratado de copiar y se ha copiado mal, y se ha copiado mal, y se lo digo a usted, el artículo 4 del Real Decreto 1302/86 en el que, efectivamente, en caso de un conflicto se establece el que el mismo sea dirimido por una autoridad ajena a las dos en que entran en conflicto, en este caso, bien por el Consejo de Ministros o bien por la Comunidad Autónoma correspondiente. Pero es que el artículo 4 del Decreto 1302/86 prevé o está jugando con dos órganos que tienen facultades ejecutivas: un órgano sectorial, que muy bien puede ser de la Administración del Estado o de la propia Comunidad Autónoma, y un órgano u otro órgano que llaman medioambiental, pero ambos con facultades ejecutivas y que en este caso y en caso de conflicto lógico es que una autoridad ajena a los mismos dirima el mismo.

Por todo ello, y reiterándome en lo establecido hasta aquí, mostramos incluso ya la postura del Grupo Parlamentario del CDS, contraria al... si no se retira la Enmienda, a la misma. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Le corresponde ahora el turno al Portavoz del Grupo Popular, señor Jambrina.

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE:

Señor Presidente, Señorías. Yo creo que se han dicho, prácticamente, los argumentos básicos de por qué estamos en contra de esta Enmienda que se pretende introducir. No obstante, yo quería decir que es cierto que se ha debatido en Ponencia, que es cierto, como ha dicho el señor Procurador Portavoz del Grupo Socialista en esta Cámara, que presentaban dieciséis Enmiendas; diga también que muchas eran cuestión de técnica pura y simplemente terminológica. De alguna manera, nos echa un pequeño rapapolvo, si cabe interpretarlo así, en el sentido de que trabajamos poco y que no enmendamos los textos del Gobierno, pero lo que sí yo creo que hemos debatido en Comisión, y se han ofrecido fórmulas para mejorar, incluso, y siempre se puede estar tratando de mejorar textos que se presentan.

Yendo, concretamente, a la Enmienda número cinco, por quien me ha precedido en el uso de la palabra se ha hecho, desde mi punto de vista, la historia de cómo se constituyen, qué funciones tienen las Juntas Rectoras que van a gestionar o a velar por la conservación de estos parques. Y se ha hecho referencia a la Ley 15 del setenta y cinco, a su Reglamento, y se ha hecho referencia, también, al artículo 20 de la Ley 4, en la que dice que las Juntas Rectoras que se podrán constituir tienen la función de colaboración. A nuestro juicio, a juicio del Grupo Popular, entendemos que esta Enmienda, que es de fondo, como dice el señor González, no es que trate sólo de aumentar las posibilidades de funciones de la Junta Rectora, porque, si así fuera, se hubiera incluido en el artículo número 4, donde se habla expresamente de cuáles son las funciones de la Junta Rectora. Yo creo que pretende ir a más, y pretende ir a equiparar, desde el punto de vista administrativo, la competencia del Gobierno de la propia Consejería con lo de un órgano que es meramente colaborador, o que así se entiende, que es meramente colaborador.

El carácter decisorio, yo creo que lo dice el artículo 5, le corresponde a la Administración. En el apartado 1 dice: "La Administración y la gestión de este Parque corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio", y yo creo que lo demás es tratar de introducir un elemento que, al final, va a distorsionar posiblemente cuestiones, por entender que se equiparan administrativamente las funciones de uno y de otro.

Entendemos, pues, que la Junta Rectora, como órgano colaborador, no tiene el carácter decisorio, y con el texto de esta Enmienda se le da el mismo nivel a la Consejería que a la Junta, y no podemos admitir su incorporación; incorporación que incluso me atrevería a pensar que jurídicamente fuera poco menos que inviable.

En el aspecto del segundo párrafo, que yo creo que se ha reiterado aquí también de manera muy concisa y muy clara, yo entiendo que hay una confusión entre la normativa que se pretende trasladar aquí, y que no se puede hablar independientemente de lo que dice un texto legal, un Real Decreto Legislativo, sino dentro de lo que dice ese texto legislativo es como se tienen que mover las funciones de unos y de otros. Y se ha dicho, y no voy a reiterar en exceso el tema, que se habla en ese texto Legislativo, el 1.302, de órganos que tienen la misma equiparación administrativa: uno sectorial y otro medioambiental. Y a mí lo que me da la sensación es que se ha pretendido trasladar aquí, pero dándole a uno el carácter de..., a la Junta Rectora, trasladando la parte colaboradora a la parte administrativa. Yo entiendo que eso lo que puede traer como consecuencia son, primero, que se incumpla ese Real Decreto legislativo 1.302, en el sentido de que ahí están marcadas, como muy bien ha dicho el Portavoz del Grupo Socialista, están marcados los proyectos que han de tener tratamiento medioambiental, los órganos que tienen que informarse al respecto y los trámites que han de seguir. En el caso de que ahí exista conflicto, es el órgano superior, pero aquí es que no..., aquí, el órgano superior ya es la Consejería, el otro es meramente colaborador.

Por todo ello, el Grupo Popular, y fundamentando los temas en las mismas argumentaciones que el Grupo del CDS, vota en contra o está en contra de esta Enmienda presentada por el Grupo Socialista. Nada más, señor Presidente, y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. El señor González, si desea replicar, tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías. Pues sí, desearía replicar, si bien que brevemente, a ambos intervinientes, incluso agradeciendo el honor que representa que ambos Grupos hayan tomado la palabra.

Señor Portavoz del Centro Democrático y Social. En esta Cámara se hacen leyes. Si usted tiene vocación de Jefe de Negociado, a mí no me importa. Aquí hacemos leyes, somos legisladores; no rozamos la legalidad, la fabricamos. Es evidente, es evidente que si hasta ahora una cosa podía ser ilegal -cosa que no lo es-, si nosotros hacemos una ley en función de nuestras propias competencias, las de esta Comunidad Autónoma y de esta Cámara, a partir de ese momento, las actuaciones que haya tendrán que ajustarse a esa Ley. Por lo tanto, céntrese usted, que lo que estamos haciendo es una Ley, no una orden ministerial, no cualquier otra cosa. Una Ley, que, a partir de ese momento, va a vincular a la Junta, va a vincular a estos Procuradores, va a vincular a los Ayuntamientos, y va a vincular a los ciudadanos. Por lo tanto, fíjese lo que estamos haciendo: una Ley.

Yo había mantenido un tono absolutamente relajado en mi primera intervención, pero, desde luego, debemos emplear lenguajes distintos. Usted viene a hablarme de que copio, de que copio mal, de que..., bueno, de Decretos, de normas, como si lo que hacemos aquí se tuviera que ajustar a los Decretos que nos dan hechos o nos dicen que hacen. Aquí hacemos nuestras propias Leyes, señor Agudo. Y a mí me gustaría que esta Ley, y lo dije antes, con la que estoy globalmente de acuerdo, potenciar la participación de las Juntas Rectoras en la gestión y administración del Parque; y nada más, y ése es el objetivo de la Enmienda. Yo quiero hablar de política, no de la Orden Ministerial 3/84; de política, y es de lo que estamos hablando aquí: de que los Ayuntamientos afectados, de que las personas que participan en las Juntas Rectoras, etcétera, tengan capacidad de participar en las decisiones que se tomen y que afecten a sus territorios. Y eso es hablar de política. Lo demás es hablar, pues, de otras cuestiones, que no vienen al cuento.

Y yo no quiero, y lo he dicho antes, extraer del ámbito de la competencia de la Junta la toma de la decisión. Sólo digo que, cuando por las razones que sean -y podríamos plantear múltiples casos y además se dan de hecho-, existen discrepancias entre el informe previo de la Junta Rectora y la decisión de la Consejería, sea otro órgano de rango superior, dentro del ámbito administrativo de la Junta, la que tome la decisión. Y, desde luego, como usted siga hablando de Decretos y de no sé qué cosas más, pues yo no sé si rompe el esquema de la Ley de Procedimiento Administrativo, que yo creo que no, porque donde cabía un recurso de alzada cabrá un recurso de reposición, por la calidad del órgano que toma la decisión, etcétera, etcétera, pero no me parece oportuno entrar en esas cuestiones.

En cuanto a lo que dice el señor Jambrina, que no ha hecho más que repetir lo que ha dicho el señor Agudo -me parece bien-, pues, dieciséis enmiendas que mejoran la calidad terminológica, como usted dice, aparte de alguna otra cuestión de fondo, como la participación de los Ayuntamientos en la Junta Rectora que no es una cuestión terminológica, en una Ley que tiene diez artículos, indica la calidad terminológica del texto original de la Ley, y, desde luego, mejorar -y aquí hay Procuradores ilustres del Grupo Popular que posiblemente estarían de acuerdo conmigo en mejorar la calidad terminológica de la Ley- es hacer una Ley mejor. Y en eso es en lo que hemos estado desde el primer momento; advirtiendo además que estamos de acuerdo con la globalidad de la Ley, que no nos duelen prendas en decir que es una Ley que protege un espacio natural interesante, que nos hubiera gustado más que hubiera más Leyes como ésta, pero, evidentemente, podremos estar absolutamente de acuerdo con el fondo de la Ley y discrepar, en cambio, con cuestiones que pueden afectar, aunque levemente, a ese fondo.

Por lo tanto, nosotros, y estando de acuerdo con el señor Agudo en que vamos a perder la votación de la Enmienda, lo cual no nos importa, nos parece bien, entra dentro de los juegos parlamentarios, y no aceptando su recomendación -porque, además, no entiendo esa recomendación de que retiremos la Enmienda-, nosotros vamos a someterla a votación. Perderemos la Enmienda, como posiblemente nos pase con las dos siguientes, pero expresaremos en este foro -y vuelvo a hablar de política- lo que pensamos sobre temas de fondo, que es lo que estamos haciendo; porque, si no, pues, realmente, bastarían otro tipo de actuaciones en otros foros y en otros ámbitos. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para dúplica, señor Agudo, tiene la palabra.

EL SEÑOR AGUDO BENITO:

Señor Presidente, Señorías. Señor González, este Procurador no tiene vocación de Jefe de Negociado, sino, en este momento, vocación de legislador. Y por dos razones: por profesión y por elección del pueblo castellano.

Lo único que he pretendido -y al hablar de legalidad o ilegalidad, o de rayana en la legalidad, que puede, por muy Ley que sea, que así pueda entenderse- es advertirle, advertirle de la posible ilegalidad que supone dotar de competencias ejecutivas, de competencias ejecutivas, que es lo que usted pretende con la Enmienda, a la Junta Rectora, que no es más -y así viene configurada- que un órgano colaborador y de participación, como dice la Ley 4/89: de colaboración y participación. Y un órgano de colaboración y participación que ha de colaborar y participar con la Consejería, que es la que tiene las facultades de gestión, por muchas facultades que se la concedan y por mucho que se la potencie, de ninguna forma sus resoluciones -porque no lo son, a lo sumo son informes- pueden entrar en competencia o en colisión con las resoluciones que adopte la Consejería correspondiente, en este caso la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Pero, como he dicho antes, señor González, es que es más, si en algún momento, y a los solos efectos dialécticos lo admito, que pudiera ser posible la colisión o entrada en conflicto entre la resolución o informe de la Junta Rectora y la propia Consejería, usted comprenderá que es inútil introducirlo en la Ley, absolutamente inútil, porque la Consejería forma parte de la Junta de Castilla y León, y de ninguna forma la Junta de Castilla y León va a desautorizar la resolución de un órgano propio; y por mucho, por mucho que, aparte de que no tiene competencias ni las pueda tener, pero dentro del régimen hipotético sería imposible.

Por todo ello, seguimos manteniendo la posición en contra. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Sometemos a votación la Enmienda número 5 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones?.

Resultado de la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. Votos a favor, veinticuatro. Votos en contra, cuarenta y uno. Abstenciones, ninguna, y, en consecuencia, queda rechazada la Enmienda número 5 del Grupo Socialista.

Votamos ahora el artículo tercero del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor del artículo 3? Muchas gracias. ¿Votos en contra? Siéntense. ¿Abstenciones?.

Resultado de la votación. Votos emitidos, sesenta y cinco. Votos a favor del artículo 3, cuarenta y uno. Votos en contra, veinticuatro, y abstenciones ninguna, y queda aprobado el artículo 3.

El artículo cuarto del Proyecto de Ley no tiene ninguna enmienda y se somete a votación por asentimiento. ¿Se aprueba? Queda aprobado el artículo 4 por asentimiento.

Al artículo 5 del Proyecto de Ley se mantiene la Enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra el señor González y González.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente, igualmente. Después de la afirmación que hace un minuto se ha vertido en esta tribuna, de que jamás la Junta va a desautorizar una decisión de uno de sus Organos, que es una Consejería, yo creo que debería desaparecer del Ordenamiento Jurídico la figura del recurso de alzada; no es necesario, es gratuito. Hay miles de ejemplos de recursos de alzada estimados, dando la razón al recurrente y desautorizando un Organo de la Administración a otro Organo de la Administración de rango inferior.

Decir cuestiones como la que aquí se han dicho, eso sí que es realmente tener las ideas claras de cómo funciona una Administración, de arriba a abajo.

Dicho eso, yo voy a leer el texto que nosotros..., el texto enmendado y el texto que nosotros queremos poner. Dice el texto enmendando: "Para la mejor administración del espacio, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes -se supone que es el de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-, a propuesta de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca -se supone que es la Dirección General del Medio Natural-, nombrará un Director conservador con titulación universitaria, que acredite la posesión de conocimientos idóneos y capacidad de gestión en materia de protección de los parques naturales.

Yo, la verdad es que la consagración por Ley de que es necesario tener titulación universitaria para ser Director Conservador de un Parque, me parece, en términos coloquiales, una pasada; la consagración por Ley. Porque estamos hartos de ver que cuando las leyes determinan estas cuestiones es cuando sus efectos son absolutamente perniciosos. Catedráticos con cuarenta años de ejercicio que no han vuelto a mirar un libro porque la Ley les dice que tienen derecho a estar en la Cátedra hasta que se mueran, etcétera, etcétera; no vamos a poner más ejemplos.

Personas expertas en gestión del medio natural que hayan adquirido, a lo largo de una formación profesional acelerada y continuada, una reconocida capacidad para dirigir un parque natural. Y tengan en cuenta Sus Señorías que no pretendemos evitar lo de que "la posesión de conocimientos técnicos"... lo dejamos, por supuesto, a mí me parece bien, pero ligar indisolublemente por Ley la posesión de los conocimientos técnicos a estar en posesión de un título universitario, yo creo que es excesivo.

Hay otra cosa que se llaman concursos, convocatorias públicas para acceder a puestos de trabajo, donde se puede poner, en ese concurso, la necesidad de un título universitario, incluso especificando qué títulos, porque aquí a lo mejor es más interesante que sean biólogos que no médicos, o más interesantes que sean -no voy a decir ingenieros de montes-..., esto, pues, no sé, veterinarios que licenciados en filosofía, creo yo. Decir eso en una Ley es rebajar la categoría de la Ley. Y aquí, repito, venimos a hablar de política, no de privilegios ni de corporativismos. Por lo tanto, políticamente, es una decisión significativa que se mantenga en la Ley este párrafo; significativa, significativa del talante con que está redactado esto, no el resto de la Ley, con el que hemos manifestado nuestro Grupo que estamos de acuerdo. Pero, desde luego, este artículo, de mantenerse así, indica el talante de aquellos que lo mantienen.

Y no se trata de que el Director Conservador del futuro parque no sea un titulado universitario; se trata de que no esté escrito aquí, de que, en lugar de ser un requisito imprescindible, que lo será a partir de la Ley, sea un mérito preferente, si se quiere, valorado en sus correspondientes puntos en el concurso. Pero, desde luego, en la Ley, en la Ley es "demasié", como diría.

Yo no quiero insistir más, porque la verdad es que parece bastante razonable la Enmienda. Yo puedo entender que el señor Agudo nos venga ahora a hablar de que lo que no venga en la Ley después no se puede poner, o de que lo que no se puede poner no venga en la Ley, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, hablando de ideología, mantener este texto en la Ley es duro de tragar.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para turno en contra, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, señor Jambrina.

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE:

Gracias, señor Presidente.

Yo no quiero elevar el tono, señor Portavoz del Grupo Socialista de esta Cámara.

Lo que le decía antes, con lo de la calidad terminológica, me refería -y usted lo ha venido a reconocer, de alguna manera, al leer el texto primitivo o el texto que trae la Ley, o la Propuesta de Ley-, me refería, exclusivamente, a que donde ponía "Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes" había enmiendas -y me parecen lógicas, me parecen correctas, y asumo esa pequeña regañina- de que había que corregirlas por "Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio". Eso era lo que quería decir en este tema, ni más ni menos. Y no me gustaría tampoco a mí, en absoluto, agriar debates, porque lo que creo es que estamos, para tratar de convencernos, manteniendo, eso sí, cada uno las posiciones que crea que debe de mantener.

En la Enmienda número 12, que es a la que tenemos que hacer referencia en esta ocasión, yo creo que hay dos cosas -aunque el Portavoz del Grupo Socialista ha hablado de una sola- del tema de la titulación.

Hay dos temas. Uno que se refiere a darle más competencia, también, a la Junta Rectora, sobre previo informe a la designación o al nombramiento de ese Director Conservador, y que no lo ha nombrado, quizá, porque a lo mejor ha reconocido que complicaría en exceso la situación; y hablamos de política y hablamos de legislación. A tono, a tono de ejemplo, con carácter general y admitida -admitida que fue la Enmienda, añadiendo que en la Junta Rectora deberán de participar los Ayuntamientos con el término municipal incluido dentro de la zona del Parque-, digo que a tono de carácter general, una Junta Rectora se me ocurre que puede estar constituida por los Ayuntamientos, representantes de las Consejerías, representantes de Asociaciones de Defensa de la Naturaleza, representantes de propietarios y ganaderos y representantes de Universidades; no hago más que seguir la tónica de las que hasta ahora existen. Si estos señores, que cuando se constituyen ya está, normalmente, nombrado el Director Conservador, tienen que ir informando sobre una persona que, posiblemente, ni conozcan, yo diría... es más, los primeros que podrían opinar serían los Ayuntamientos, que ya están por la Ley incluidos; después, sobre qué Asociaciones o quiénes de las Asociaciones, y así estableceríamos una escalera que sería bastante complicada de llegar al suelo.

Vuelvo a leer el apartado 1 del artículo 5, y lo hemos aceptado todos: "La Administración y gestión de este parque corresponde a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio"; más claro no puede ser. ¿Quién -desde nuestro punto de vista- tiene que designar o tiene que nombrar, por el sistema que se crea conveniente -que yo creo que está clarísimo que ha de ser por concurso-, a ese Director Conservador? Pues, está fuera de duda: la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Pero, es que es más: lo normal -y usted lo ha dicho en su exposición anterior- es que sea un funcionario; ha dicho la palabra funcionario y yo se la recojo. Un funcionario, que es normal, y un funcionario que, además, tenga que cumplir o tenga que llevar las directrices que la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial le marque, porque la política que va a poner en práctica -y hablamos de política- es la del propio Gobierno. Eso está así de meridianamente claro, desde nuestro punto de vista y hablando en política.

Por esta cuestión, yo creo que está clarísimo que esa parte de "previo informe de la Junta Rectora" se me hace difícil por la posibilidad de articularle, y, en segundo lugar, porque, si ese señor tiene que estar a las órdenes de la Junta Rectora, qué pinta la política que marque el Gobierno correspondiente de Castilla y León.

Y vamos a hablar del tema de la titulación universitaria.

Bueno, esto se presta a todo tipo de interpretaciones, pero nosotros tenemos la cuestión como muy clara. Yo creo que estarán todas Sus Señorías de acuerdo en que las funciones de un Director Conservador de un parque son unas funciones complejas, muy amplias y que se necesitan unos conocimientos, por la temática tan amplia que tiene, unos conocimientos del máximo nivel.

Yo creo que si somos... estamos en la sociedad que estamos, aquí se fabrican, en esta sociedad se fabrican, se le dan reconocimiento de conocimientos a una serie de titulados que saca nuestra propia sociedad a través de las Universidades; y lo demás es querer inventar lo inventado.

La Proposición de Ley dice dos aspectos, que me gustaría hacer reparo en ellos. Dice dos aspectos. Primero: que acredite la posesión de conocimientos idóneos. ¿Quién garantiza que acredita que tiene conocimientos idóneos? Yo creo que un título, guste o no guste ponerlo en la Ley -pero no nos engañemos, o es que queremos engañarnos-, guste o no guste, quien acredita esos conocimientos es un título, que es lo que fabrica nuestra sociedad, la que tenemos. Y segundo, para corregir ese posible defecto de catedráticos que no se han dedicado a ejercer la cátedra en su vida.

Segundo: capacidad de gestión en materia de protección de espacio naturales, y eso el concurso lo establecerá. Y yo no entiendo por qué haya que suprimir de la Ley, porque es retrógrado reconocer que la titulación, en este país, que se concede es la que te dice que tienes unos conocimientos; que los hayas ejercitado, es la segunda parte. Y lo dos aspectos, los dos aspectos, para que... un filósofo que no se haya dedicado a medio ambiente o a conservación de la naturaleza pueda ejercer éso, es por lo que se pone la segunda parte.

Pero, es que, y para terminar, y para terminar le voy a poner tres ejemplos que son muy dispares entre sí. Canarias, con el Decreto 89/86 crea el Parque Natural de Islotes del Norte de Lanzarote. Bueno, pues, exige, en ese Decreto, titulación universitaria; equivalente a nuestra Ley, porque antes los Parques Naturales se hacían por Decreto. Cataluña, el quince de Julio del ochenta y tres, el Parque Natural de Cadi y Monxeirá, titulación universitaria. Valencia -para tocar todos los palos-, en el Decreto 89/86, el Parque Natural de La Albufera, titulación universitaria.

Y yo creo que, objetivamente, objetivamente es correcto y, sobre todo, creo que se limita -es una opinión personal, pero me la van a permitir-, se limita el campo de actuación del dedo.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Para réplica, el señor González tiene la palabra.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías.

Muchas gracias al señor Jambrina por el reconocimiento de que elevo el tono del debate. Debe ser el tono filosófico, el tono de fondo; no se debe referir, casi seguro, al tono de la voz, que, inevitablemente, lo tengo alto, y, además, en algunos casos quiero tenerlo alto, es voluntariamente alto el tono, ¡qué le vamos a hacer!.

Acaba el señor Jambrina de introducir una nueva equiparación jurídica. Ya antes se cargaban el recurso de alzada por no sé dónde, y ahora igualan las leyes a los decretos, igualan los Parlamentos a los Ejecutivos, nos han jubilado, casi. Bueno ¡qué la vamos a hacer!.

La verdad es que si uno no tiene la sensibilidad política para distinguir lo que es un Decreto de lo que es una Ley, pues, realmente, no se explica uno muy bien qué hace haciendo leyes. Pero bueno, pasemos también sobre eso.

Y a mí, el que en Canarias digan "por Decreto"... sea exigible titulación universitaria, me parece un error; pero es un error del Ejecutivo, del Gobierno, que es el que hace los Decretos. Otra cosa es que lo digamos nosotros, los legisladores, lo cual, realmente, a mi juicio también, por supuesto, eleva el tono del error. Es un error, en términos coloquiales, más gordo, simplemente.

Fíjense, generalmente, las titulaciones exigidas se reflejan en algo que se llama "relación de puestos de trabajo", que es otro Decreto. Y ahí incluso pone dos columnas: requisito imprescindible o méritos preferentes. Bueno, lo puede poner en un sitio o en otro, pero, evidentemente, es un Decreto, no es una ley de este Parlamento.

Yo no dudo que las directrices políticas de la conservación de la naturaleza en esta Región, no sólo en el Parque Natural..., perdón, sin Natural, después de la Ley 4, en el Parque de las Hoces del Río Duratón la lleve la Junta; evidente, evidente. Podríamos también llevarlas desde este Legislativo aquel Grupo Parlamentario que quisiera y tomara iniciativas legislativas en eso. Pero en tanto en cuanto no esté, la Junta, por supuesto, y dentro del Parque también, y el conservador del Parque, evidentemente, hará no lo que le diga la Junta, hará, dentro de las directrices que marque la Junta, lo que en cada momento crea conveniente, y estará sometido al veredicto de sus jefes. En eso estamos todos de acuerdo.

Lo único que insisto es que reflejar en una ley de este Parlamento la "titulitis" es demasiado, es demasiado. Pero se puede hacer, se va a hacer, si nadie lo remedia; con lo cual, posiblemente, seamos, pues... a lo mejor salimos en eso de que "qué bueno lo tuyo", o "el aguijón", o una cosa de esas. Es que es demasiado.

Señor Jambrina, señor Jambrina, yo no digo que no tenga que ser -y no lleve usted el agua a su molino- titulado; yo digo que no tiene que estar en la Ley. Punto. Cada uno después pondrá lo que quiera en su concurso de provisión de puestos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera, y pondrá titulado o no pondrá titulado, porque yo estoy convencido que en esta materia hay extraordinaria cantidad de personas que sin tener un título universitario serían capaces de gestionar un Parque Natural. Y si el conjunto de méritos de ese concurso valora todos esos méritos más que el título, pues, sería esa persona, y si fuera menos que el título, pues, sería la otra persona. En un concurso perfectamente evaluado y ponderado; lo demás, desde luego, repito, es pasarse.

La segunda cuestión, que es el informe previo de la Junta Rectora para la determinación de la persona que sea conservador-restaurador del Parque. La verdad es que ¡qué mal funcionaria un Parque, qué mal, con un restaurador enfrentado con una Junta Rectora"! ¡Qué mal! La Junta Rectora diciendo una cosa, la Consejería diciendo otra, el restaurador en medio. La verdad es que sería complicado. Posiblemente sería interesante que los ganaderos, que van a estar todo el día utilizando el suelo del Parque, porque ésa sería una de las utilidades... unas actividades tradicionales agrícolo-ganaderos o agrarias, que tendrían capacidad en el Parque. Bueno, pues, posiblemente sería interesante que esos ganaderos opinaran sobre quién puede ser la persona ideal para ser conservador del Parque. Yo no digo que opinaran vinculantemente, pero sí opinar.

Posiblemente sería bueno también, pues, que los Ayuntamientos afectados opinaran y dieran su opinión, incluso aportaran nombres si fuera necesario, para la figura del conservador-restaurador. ¿Y por qué no los representantes de la Universidad? Y, desde luego, el que sea un funcionario a mí me trae sin cuidado. Yo creo que puede no ser un funcionario, perfectamente. Puede ser una persona por ahí, que, bueno, esté plenamente capacitada.

De cualquier manera, nosotros no hacemos tanto hincapié en que esto salga adelante como en el tema de la titulación universitaria, porque, realmente, no nos gustaría pasar a la historia como uno de los Parlamentos que ha institucionalizado el título universitario para ser conservador-restaurador de un Parque que, realmente, casi seguro, no es necesario. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. En turno de dúplica, señor Jambrina.

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE:

Gracias, Presidente. Muy breve, y me va a permitir don Jaime que no prestara, por otros motivos, prestara mucha atención a las primeras palabras que dirigió subiendo a esta tribuna.

Cuando yo he hablado de los Decretos, cuando yo he hablado de los Decretos de Canarias, Cataluña y Valencia, usted sabe perfectamente que a partir... que entonces los Parques Naturales no se creaban por Ley, sino por Decreto. Ese es el tema. No confundamos el Jefe de Negociado con el Organo Legislativo.

Pero le voy a hablar de este otro tema: del tema del titulado universitario. Mire usted, no hacemos cuestión de fuero de ese tema, en ese aspecto. Y los concursos podrán establecer los medios y podrán establecer los sistemas para acceder.

Yo le voy a... para ser muy breve, voy a tratar de, si usted me lo admite, hacer una transacción, si cabe. Hay dos partes de su Enmienda, una que es el informe previo, que yo no lo veo factible, no lo veo fácil de articular, y hay otra, que es la titulación superior.

Entiendo que es un aspecto, como usted ha dicho -y creo que con razón-, que se puede establecer, que tiene la capacidad de establecerse en el correspondiente concurso o sistema de selección, y entonces nosotros aceptaríamos la supresión de la titulación y le pediríamos que acepte la supresión de "previo informe de la Junta Rectora" para la designación del director conservador.

Con esta transacción, si se acepta, nosotros, lógicamente, estaríamos de acuerdo con eso que con tanta vehemencia ha defendido don Jaime González. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se ha propuesto una Transaccional, pero la Presidencia exigiría que se presente por escrito y que manifieste la unanimidad toda la Cámara.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, a mí me parece muy bien que se presente por escrito. Nosotros adelantamos que la vamos a aceptar, esa transacción. O sea que no hay ningún problema. Incluso agradeciendo el que, por fin y después de largos trámites, lleguen a darse cuenta de la futilidad de su intento. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por el Grupo del CDS, ¿hay inconveniente en aceptar la Transaccional que ha propuesto el Portavoz del Grupo Popular?

Ruego al Portavoz del Grupo Popular que presente por escrito la Enmienda Transaccional que acaba de proponer y que es aceptada por todos los Grupos. En consecuencia, no hay necesidad de votar la Enmienda número 12 del Grupo Socialista, que quedaría sustituida por la Transaccional.

Votaremos, entonces, el artículo número 5 del Proyecto de Ley, incluida la Transaccional. ¿Votos a favor del artículo 5? Se puede aprobar por asentimiento. Gracias.

No existe ninguna Enmienda, y se someten a votación los artículos 6, 7, 8 y 9, así como las Disposiciones Finales, el Anexo, la Exposición de Motivos y el Título del Proyecto de Ley. ¿Se aprueban por asentimiento? Quedan aprobados por asentimiento.

Por último, se mantiene para debate la Enmienda número 16 del Grupo Socialista, que propone la adición de una nueva Disposición Transitoria. Tiene, para su defensa, la palabra el señor González.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías. Ahora sí salgo a la tribuna para defender que la Ley esté en concordancia con la Ley. Simplemente eso.

En la Ley 4/1989 existen una serie de artículos que la propia Ley define como básicos. Pueden o no pueden serlo, porque si alguna Administración o alguien decidiera que no lo eran, tendría el camino expedito el recurso al Tribunal Constitucional y, posiblemente, a lo mejor, el Tribunal Constitucional decidía que lo que dice la Ley no se ajusta a otra Ley de rango superior y podían no ser básicos. Mientras eso no sea así, yo creo que, en principio, debíamos ajustarnos, en algunos extremos, a lo que dice la Ley.

Y dice la Ley en su artículo 15.2: "Excepcionalmente podrán declararse Parques y Reservas sin la previa aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales cuando existan razones que lo justifiquen y que se harán constar expresamente en la norma que los declare". Nosotros estamos de acuerdo con que hay razones de fondo y de urgencia que hacen interesante que, por Ley, se declare el Parque de las Hoces del Río Duratón, y estamos de acuerdo, igualmente, en que contenga un precepto en que reconozca, como la propia Ley 4 lo pide, que se acoge a esas razones de excepcionalidad. Y no vale que lo digan en la Exposición de Motivos, porque la Exposición de Motivos no es cuerpo legislativo, no vincula, no tiene... obliga a nadie. Tiene que decirlo en la norma, en la parte dispositiva de la norma.

Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es que se añada un artículo, concretamente una Adicional que sea Transitoria, que diga lo siguiente: "Que no habiendo sido aprobado el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, determinado en el artículo 4 de la Ley 4/89, de la Conservación de los Espacios Naturales y la Flora y Fauna, la declaración de Parque a las Hoces del Río Duratón se le acoge la excepcionalidad prevista en el artículo 15.2 de la citada Ley. Dicho Plan de Ordenación de Recursos Naturales deberá ser tramitado en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor". Porque lo dice también la Ley, dice: "En este caso -o sea, en el caso de acogerse a la excepcionalidad- deberá tramitarse en el plazo de un año a partir de la creación del Parque Natural o Reserva el correspondiente Plan de Ordenación".

¿Qué nos dicen los dos Grupos mayoritarios? Pues, nos dicen que el artículo 8 dice en su apartado 1 que "reglamentariamente, se aprobarán por el Gobierno directrices para la ordenación de los recursos naturales, a las que, en todo caso, deberán ajustarse los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales que aprueben las Comunidades Autónomas". Y dice: ¿Y qué pasa si el Gobierno no redacta, no hace esos reglamentos por los cuales se deben regir nuestras normas de conservación? Bueno, pues, si pasa el plazo y el Gobierno de la Nación -que ya es suponer- no lo cumple, pues, yo creo que, subsidiariamente, existen multitud de normas que tienen el carácter de supletorias de esas directrices, y a partir de ese momento la Comunidad Autónoma está en libertad absoluta de redactar su Plan correspondiente.

Eso no exime de que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 4, tenga que reflejarse en el cuerpo legislativo, en la parte dispositiva del mismo, un artículo que diga que esa Ley está acogida a una situación de excepción y que esa situación de excepción a su vez obliga a adquirir el compromiso de que en el plazo de un año se redacte el correspondiente Plan de Ordenación de los Recursos Naturales.

Pretender retrasar esa obligación de la redacción del Plan acogiéndose al fallo de otros a mí me parece poco prudente. Yo creo que la propia Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio debería obligarse -y eso es mucho más importante que lo otro- a que en el plazo de un año estuviera redactado ese Plan. Y si el Gobierno de la Nación no cumple y no publica reglamentariamente esas normas de conservación a las que debería de acogerse el Plan, la Comunidad Autónoma, en uso de sus atribuciones, toma el resto del cuerpo legislativo como materia básica, si es así, y, si no, tampoco, y hace su propio Plan de Ordenación. Y así debería ser, a nuestro juicio. No se puede condicionar en una Ley el cumplimiento de las propias obligaciones al fallo de las obligaciones de otros. La verdad es que es otra "pasada" legislativa.......... Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Para turno en contra, señor Agudo.

EL SEÑOR AGUDO BENITO:

Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente, y antes de entrar en lo que es el objeto de la propia Enmienda mantenida por el Grupo Socialista, salir al paso del juicio de valor vertido con anterioridad por el señor González en el sentido de que, o bien desde el punto de vista político, o bien desde el punto de vista administrativo, las ideas de este Procurador o los conocimientos pudieran no estar a tono con la situación.

Y tengo que decirle que, desde el punto de vista administrativo, señor González, creo que estoy un punto por encima de usted. Desde el punto de vista político, por lo menos a su altura. Y le digo por qué. Mire usted, señor González, cuando yo he hablado antes, o yo me he explicado mal o usted me ha entendido tendenciosamente. Cuando yo he hablado antes de la desautorización que podía tener la Junta respecto a la propia Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, estaba hablando de un único acto administrativo, no de dos. Sé de sobra, señor González, que la Junta tiene poder para resolver cualquier recurso, bien de reposición, bien de alzada, que se puedan establecer contra una Consejería. Nada más......

Respecto a la Enmienda concreta número 16 mantenida por el Grupo Socialista, brevísimamente. En el último párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley que hoy vamos a aprobar se establece que esta Ley, y de acuerdo con la prescripción establecida en el artículo 12 de la Ley 4, se acoge al sistema excepcional de la misma. Por lo mismo, y toda mi contestación es este dilema, señor González, o bien al acogernos a la excepción del artículo 12 está clara dicha Ley y, entonces, el introducir una disposición es inútil -desde el punto de vista legal, porque ya se reconoce ahí el plazo de un año para dictar las disposiciones del plan general-; o bien, o bien existe una contradicción con el propio artículo 8 de la Ley, 4 de mil novecientos ochenta y nueve, y, en este caso, tal contradicción debe ser reflejada. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para réplica, señor González.

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ:

Señor Presidente, Señorías. La verdad es que quien siembra vientos recoge tempestades. Y la verdad es que yo había empezado esta disquisición y este debate en un tono absolutamente reposado, hasta que se me llamó copión, lo cual, ciertamente, en términos parlamentarios, pues, no me gusta.

De todas maneras estoy dispuesto, y no quiero entrar en ese terreno, a admitir todas las superioridades que usted quiera. Yo estoy dispuesto a admitir .... Es usted, no sólo en términos administrativistas, sino en términos políticos, mucho más valioso que yo; de acuerdo, señor Agudo, no vamos a entrar en ese terreno.

Lo único que quiero decir es reafirmarme en que por imperativo legal de la Ley 4 conviene poner esta Disposición Adicional aquí, y punto. Como tampoco vamos a alargarnos más en el debate, pues, posiblemente al final lleguemos a una votación, la perdamos igualmente, y no constará en el cuerpo legislativo, en su parte dispositiva, una cuestión que la Ley 4 dice que conste. No pasará nada, únicamente si algún ciudadano, o algún grupo, o alguna persona decide que eso es así y recurre la Ley, pues, a lo mejor tenemos un problema de impass o de vacío legal durante el tiempo de resolución del recurso.

Pero no creo que suceda ni eso tampoco. Simplemente tendremos una Ley que ya está mal hecha en su artículo 3, acabamos de mejorarla en su artículo 5, sin llegar a la perfección, y, desde luego, quedará coja y le faltará, posiblemente, una adicional transitoria, simplemente. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

: ¿Desean hacer uso del turno de dúplica? Entonces, vamos a someter a votación esta Enmienda número 16 del Grupo Socialista.

Votos a favor de la Enmienda. Muchas gracias. Votos en contra. Siéntense. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y tres. A favor de la Enmienda: veintidós. En contra: treinta y uno. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda rechazada la Enmienda número 16 del Grupo Socialista.

Terminado el debate y votación, queda aprobada la Ley por la que se declara el Parque de las Hoces del Duratón.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Se levantó la sesión a las catorce horas, veinticinco minutos).