DS(P) nº 7/2 del 30/10/1987

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente. La pregunta va dirigida al señor Consejero de Fomento, que con motivo de un entrevista realizada en un diario regional, manifestó textualmente que "no se ha hecho un estudio serio y profundo de cuál es el turismo que viene a Castilla y León, de quién es el que viene y de cómo hay que atraerlo. Yo quiero empezar por saber cuál es el turismo predominante en Castilla y León, quiénes son los que vienen y cómo podemos atraerlos".

Sin embargo, el actual Gobierno Regional recibió, si la memoria no me falla, un estudio sobre la Tipología del Turismo en Castilla y León, realizado por la consultora ..., Consultores Turísticos (CONSULTUR) Sociedad Anónima, cuyo índice es el siguiente: oferta hotelera mil novecientos ochenta y cuatro, movimientos de viajeros en establecimientos turísticos, resultados de entrevistas realizadas a los directores de los principales hoteles, resultados de entrevistas a los mayoristas con destinos a Castilla y León, principales resultados de la encuesta de demanda turística, síntesis y conclusiones; y, como anexos, un modelo de cuestionario y la tabulación del listado de ordenador. Y entendiendo, de acuerdo con las declaraciones del señor Consejero, que no le parece serio dicho estudio, me gustaría conocer en qué plazo estima puede presentar ante la Comisión, ante esta Cámara, un nuevo estudio, evidentemente, en su caso, serio. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor Consejero tiene la palabra.

POSADA MORENO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO): Señor Presidente. El estudio al que hace referencia el señor Procurador yo no lo califico como no serio, pero sí lo califico como notoriamente insuficiente. Es decir, es un estudio positivo, no está mal, lo hemos visto, aporta algunas ideas, pero indudablemente no resuelve en modo alguno los problemas que yo planteaba en la entrevista. Entonces, siendo útil para ese campo de investigación, pues, es un estudio irregularmente tramitado e, insisto, notoriamente insuficiente. Entonces, haremos estudios en el futuro que nos permitan conocer mejor, aportar nuevos datos, a esta realidad de la que yo he hablado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Si desea el Procurador, puede hacer uso del derecho de réplica.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Sí. Respetando la intervención del señor Consejero, yo creo que no me ha contestado exactamente a la pregunta, que era en qué plazo estima el señor Consejero que puede presentar un nuevo estudio a esta Cámara.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

POSADA MORENO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO): Es que no era sólo una pregunta. Había una antepregunta en la que el señor Procurador ha hablado durante un rato, por eso contestaba a todos los puntos. Yo creo que en cuestión de unos pocos meses, pocos meses, tendremos encargados nuevos estudios, que tendrán una realización un poco más dilatada de la de este estudio, que curiosamente se firmó la adjudicación a la consultora el dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y cinco y la consultora terminó el estudio el siete de Noviembre del ochenta y cinco, once días antes de que se le adjudicara. Nosotros no seremos tan rápidos, pero quizá seremos, administrativamente, más regulares.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El Procurador don Juan Antonio Lorenzo Martín puede formular la siguiente pregunta.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Señor Presidente. Con motivo de la inauguración de la factoría de "Tableros del Cega", -no del Ceja como dice el Boletín Oficial-, el pasado día dieciocho de Septiembre, el Consejero de Economía se comprometió públicamente a cumplir los compromisos contraídos por la Junta de Castilla y León en relación al convenio suscrito con fecha treinta de Mayo entre la propia Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Segovia, la Diputación Provincial de Valladolid y la Comunidad de Villa y Tierra Antigua de Cuéllar. Sin embargo, parece ser -y, por supuesto, nunca en declaraciones ante los medios de comunicación- el señor Consejero ha realizado alguna manifestación que podría limitar ese compromiso escrito en el propio convenio.

(-p.129-)

Y la pregunta concreta, señor Consejero, es la siguiente: ¿tiene la intención la Junta de Castilla y León de cumplir exactamente la letra y el espíritu de los compromisos firmados el treinta de Mayo, con respecto a la antigua factoría ALENA, hoy "Tableros del Cega", y más concretamente en cuanto a la aportación del total de los dineros que, entre ayudas ordinarias y extraordinarias en dichos convenios, se elevaban a la cifra de 216.200.000 de pesetas? Y más concretamente: ¿esas aportaciones se van a considerar, en su caso, como subvenciones a fondo perdido? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Consejero de Economía.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Procurador, Señorías. Bueno, me imagino que se está refiriendo al convenio firmado no el treinta de Mayo, sino el treinta de Marzo de mil novecientos ochenta y siete. Evidentemente, manifesté, con motivo no de la inauguración, sino de la reapertura de la factoría, que cumpliríamos escrupulosamente los compromisos firmados, compromisos que en ningún caso están evaluados en 216.500.000; eso lo desprenderá usted, porque en el anexo número uno creo que son 225 y, realmente, tampoco está suficientemente claro ni en el concepto que se iban a realizar ni en la cuantía.

En cuanto al concepto, le puedo decir que se aprobó, como sabe Su Señoría perfectamente, en la Junta un crédito de 48.700.000 ..., perdón, un préstamo sin intereses, de 48.700.000 para este año, que era la cantidad evaluada de las necesidades financieras, tras descontar de los sesenta y siete millones y pico 18.000.000 más que habían obtenido por recursos propios, por concepto de las subvenciones del Ministerio de Trabajo, por el programa .........., con lo cual la Comisión consideró que las necesidades financieras, de verdad, eran los 48.700.000, que, por supuesto, le reitero, se aprobaron en la Junta de Consejeros en Agosto.

¿Que si vamos a cumplir lo estrictamente pactado?. Indudablemente. Vamos a financiarles por el mismo procedimiento y no por el de subvención, porque al no convocarse ..., al no convocarse públicamente el concurso, no se podía hacer por subvención; pero, no obstante, por la finalidad también, puesto que la subvención va destinada más a cubrir el circulante que el propio movilizado. Gracias

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor Procurador interpelante puede hacer uso de la palabra.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Gracias, señor Presidente. En las manifestaciones no públicas que parece ser que realizó el señor Consejero vino a decir, aproximadamente, que bajo ningún concepto se podrían considerar las aportaciones a la nueva empresa de ALENA, "Tableros del Cega", como subvenciones a fondo perdido, de forma tal que, si la viabilidad de la misma no quedada absolutamente clara, en su opinión, difícilmente podrían acceder a la subvención a fondo perdido, como era el espíritu, en su caso, del convenio de los 216.200.000 de pesetas. Y no me ha contestado el señor Consejero a la pregunta concreta que le hacía en la segunda parte: ¿podrá considerarse como subvenciones a fondo perdido o bajo ningún concepto va a establecerse esa fórmula de participación, sino exclusivamente, como se pudiera desprender de su intervención, como préstamos sin interés o aportaciones de otra índole, pero nunca como subvenciones a fondo perdido?.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Presidente, señor Procurador. Le he contestado perfectamente, y le he dicho que lo que usted firmó -y le corregí la fecha de lo que firmó- dice textualmente: "aportará a la futura sociedad -la Junta de Castilla y León- los recursos financieros precisos para cubrir la diferencia entre, por un lado, las aportaciones de las instituciones señaladas y las aportaciones de los trabajadores socios y ayudas a la sociedad, que a continuación se indicarán, y, por otro lado, las cantidades previstas en los balances trimestrales ...", etcétera, etcétera. Es decir, le he dicho que el compromiso que firmó era facilitar recursos financieros y le he contestado que la fórmula de facilitar esos recursos es a través de préstamos sin interés y le he aclarado por qué no podía ser lo de subvenciones. No obstante, le reitero que se cumplirá estrictamente y puntualmente el espíritu que parece desprenderse de esta redacción no demasiado afortunada. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El señor Procurador tiene la palabra para formular la siguiente pregunta.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Gracias, señor Presidente. La pregunta tiene un cierto parecido con la primera, y se refiere a determinadas declaraciones del Excelentísimo señor Consejero de Economía y Hacienda, que, con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Muestras de Valladolid, anunció el encargo de un estudio para evitar la simultaneidad y sucesión de certámenes feriales de nuestra Región; objetivo, evidentemente, o intenciones absolutamente loables.

(-p.130-)

Sin embargo, el actual Gobierno regional tiene en sus manos las primeras entregas de un amplio estudio, diseñado y encargado a la consultora "Metra- 6, Economía", en el que se detallan apartados tales como análisis del panorama ferial de Castilla y León, análisis de certámenes feriales existentes en otras Comunidades, análisis específico de la institución ferial de Valladolid, filosofía básica del sistema de ferias de Castilla y León, estrategia del producto del sistema de ferias de Castilla y León, Plan Coordinador de Ferias de Castilla y León -calendario de certámenes y líneas básicas de actuación-,y posicionamiento de la Junta en el Plan Coordinado de Ferias, todo ello con un estudio del marco jurídico del sistema ferial de nuestra Comunidad Autónoma.

Y la pregunta concreta que dirijo al señor Consejero de Economía y Hacienda es que si no le parece que sería más lógico hacer un seguimiento del estudio encargado y llevar a cabo la progresiva ejecución de las directrices y conclusiones a que dicho estudio se refiere en el apartado de conclusiones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero, tiene la palabra.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Presidente. Señorías. Yo creo que lo que dije, sé lo que dije y está bien dicho lo que dije. Es decir, que había encargado un estudio. En ningún caso el espíritu de lo que dije es el que refleja el señor Procurador al preguntarme. Yo, cada vez que encargo un estudio, normalmente procuro hacerlo con mis servicios técnicos y, por tanto, no los encargo afuera. Evidentemente, a pesar de ese magnífico estudio que usted encargó, primero, sólo se había recibido una parte, y como bien sabe el Consejero, puesto que el informe de su servicio técnico se lo dio día antes de abandonar el cargo, no era satisfecho..., no satisfacía a los técnicos ni siquiera esa primera parte.

Pero, evidentemente, lo que le quiero decir es que yo lo que dije es que había encargado a mi servicio técnico que estudiase -y, por supuesto, se puede apoyar en ese estudio- un calendario racional para evitar la simultaneidad de las ferias y la concurrencia, en las mismas fechas, de varias en Castilla y León. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El señor Procurador tiene la palabra.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Quiero entender en las palabras del señor Consejero que, en definitiva, lo que va a hacer es lo normal en la Administración, que es, en base a un estudio encargado a una consultora especializada, los propios servicios técnicos de la Consejería le darán la forma adecuada para aplicarlo a nuestra Comunidad Autónoma. Ningún estudio encargado a una consultora luego se puede aplicar al cien por cien de sus conclusiones, porque, evidentemente, habrá unas directrices personales y políticas del señor Consejero, que tendrá que recoger la ampliación o adecuación de ese estudio a la política concreta de su departamento. En definitiva, no hace otra cosa que lo que habitualmente se hace en la Administración.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero, tiene la palabra.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Evidentemente, señor Procurador, perdón, señor Presidente, este Consejero sólo hace lo normal; lo anormal no lo suele hacer. Y está clarísimo que la pregunta que me está haciendo es lo que usted ha interpretado, no lo que yo he dicho. Lo que yo dije es que encargaba un estudio, no dije que a mis servicios técnicos. Y como voy a hacer lo normal, voy a obligar a esa sociedad que usted le solicitó el estudio a que lo cumplimente, si quiere, en Octubre, como se ha comprometido, tras prorrogarlo tres veces, y a ver si es capaz de realizarlo, porque no ha tenido ni la deferencia de asistir, que el Consejero sepa, a ninguna de las ferias que se han organizado. No sé que programa, realmente, podrá salir, a pesar del elevado coste de ese estudio. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Procurador, puede realizar la siguiente pregunta, 19-I.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Sí, señor Presidente. Con fecha diez de Septiembre, la Junta aprobó el Decreto 227, con el, yo diría, aparente inofensivo título de Adaptación..., Decreto por el que se adapta la composición de la Comisión Regional de Minería de Castilla y León a la nueva estructura administrativa de la Junta de Castilla y León. En la exposición de motivos del referido Decreto se viene a decir que, dada la fusión de Consejerías del nuevo organigrama de la Junta, parece necesario -como no podría ser menos- adaptar la composición de la Comisión Regional de Minería a esa nueva estructura. Sin embargo, lo que se produce en el fondo del Decreto no es sólo eso, no es sólo eso, sino que se aprovecha para hacer determinados cambios. Determinados cambios, algunos de ellos que consideramos extremadamente graves. Pero el contenido exacto de la pregunta va dirigida a cuál es la razón que ha tenido la Junta de Castilla y León para que los cinco representantes que había del sector empresarial, cinco representantes que, en definitiva, iban dirigidos a que los sectores de hulla, antracita, minería no metálica, minería metálica y otras explotaciones tuvieran cabida en el Consejo y, simultáneamente, hubiera cinco representantes de los sindicatos, de las centrales sindicales mayoritarias; cuál es la razón -de tipo organizativo, de tipo de ahorro de algo- que ha tenido la Junta de Castilla y León para reducir -sin más- esos cinco representantes a tres. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero de Economía, tiene la palabra.

PEREZ VILLAR

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EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Bueno, pues, el criterio de reducir cinco representantes a tres, es que se ha hecho de forma proporcional; se ha excluido, por supuesto, a una empresa privada, porque todavía el Consejero no entendía qué hacía una empresa privada ahí y no otras, y, por supuesto, como luego se verá, un representante de la Administración Central. El objeto de su pregunta o la contestación a su pregunta, que por qué se ha reducido de cinco a tres, es muy simple: por hacer la Comisión más operativa. Porque, a mi juicio, los sectores no son tales; es el sector energético o el sector no energético. Y se ha reducido a tres porque entiendo que los subsectores deben de ser el sector energético, el no energético y el de canteras y piedras ornamentales y varios.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Procurador, tiene la palabra.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Sí. Si me permite, al final no me ha quedado claro cuál de los cinco sectores va a quedar sin representación en la Comisión Regional de Minería. Y, evidentemente, señor Consejero, si el argumento era, exclusivamente, dar operatividad, la operatividad está garantizada en el Decreto anterior, a través de la Comisión Permanente, que reducía notablemente el número de miembros, para darle, precisamente, esa operatividad. Y el espíritu del Decreto, en cuanto a la composición de pleno, es que todos los sectores que tuvieran algo que decir al respecto de la minería estuvieran representados, tuvieran más o menos peso específico en el conjunto de la economía o de la minería; pero todos los sectores. De esta forma dos, al menos, de los sectores empresariales quedan sin representar y, paralelamente -y no quisiera pensar que esa es la razón-, los sindicatos, las centrales sindicales más representativas del sector ven reducida su representación de cinco a tres.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Presidente. Señorías. Claro, no le queda a usted claro porque es que sigue sin entender lo que son sectores o subsectores. Con perdón, señor Procurador. Le he dicho que la división que hace de subsectores, a mi juicio, tanto de antracita, hulla, metálicos, no metálicos y otros, que, por la misma razón, puedo subdividirlos en veinticinco y, por la misma razón, agruparlos en tres, que es lo que se ha realizado. He agrupado en tres subsectores: energéticos, no energéticos (que entonces comprende metálicos y no metálicos) y otro, con lo cual están debidamente representados todos los subsectores, que parece ser que es su obsesión. En primer lugar.

En segundo lugar: ¿Por qué se han reducido?. Pues, mire usted, se han reducido por un criterio operativo, igual que se ha reducido el Pleno, porque yo entiendo que para funcionar un Consejo cuanto... una Comisión, cuanto menor sea el número hay veces que es mucho más positivo y más ágil. Pero, no obstante, no me ha preocupado esa reducción, porque en el artículo 10 de su propio Decreto dice textualmente: "Cuando el Orden del Día lo requiera, el Presidente podrá invitar a participar en las reuniones del Pleno, con voz pero sin voto, a aquellas entidades expertas en minería que estime oportuno para mejor asesoramiento en los temas concretos a debatir". Duerma muy tranquilo Su Señoría que, cuando yo requiera o crea que sea interesante que acudan bastantes más al Pleno, invitaré a todas aquellas personas que tengan algo que decir. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra el Procurador don Angel Fernando García Cantalejo.

GARCIA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCIA CANTALEJO: Sí. Señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias.

GARCIA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCIA CANTALEJO: Bien. En los antecedentes de la pregunta ya viene bastante claro cuál es el sentido de ésta. Y es que en una emisión de radio se produjo un ofrecimiento, por parte de un portavoz del Sindicato de Funcionarios de Castilla y León -en aquel momento todavía sin legalizar, incluso-, de los teléfonos de la Delegación de Agricultura para todo tipo de consultas relacionadas con ese Sindicato, con las elecciones sindicales, etcétera, lo que a mi entender no produce nada más que un simple aprovechamiento, por parte de ese Sindicato, de toda la estructura de la Delegación de Agricultura; no sé yo si de las demás, pero, en principio, lo que públicamente se hizo fue de la Agricultura. Es por esto que quiero que el Consejero me dé algún tipo de explicación para, en fin, este hecho, este ofrecimiento y esta aparente permisividad de la Junta que hace un aprovechamiento tan descarado por parte de un Sindicato Repito que cada uno, como todos los Sindicatos, lógicamente, tienen su vida; pero, desde luego, esto a mí me parece un aprovechamiento de las instituciones regionales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero, tiene la palabra.

ZAMACOLA GARRIDO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente, Señorías, señor Procurador. Quiero, en primer lugar, darle las gracias por la denuncia, porque creo que es una de sus misiones, y tan pronto se tuvo se actúo en ella. Y ahora se lo explicaré. Ahora, también tengo que decir que, curiosamente, no se denuncian todas; pero, en fin, en esa tuvimos conciencia inmediatamente, tan pronto entró en las Cortes, e inmediatamente se tomaron las medidas oportunas. Y para no cansarle a usted le puedo decir..., y aquí tengo la fotocopia de las advertencias por escrito que se le han hecho a dos funcionarios, no a uno solo, porque, efectivamente, tiene usted razón: hizo un mal uso de la Administración Regional, de los medios de la Administración Regional, y tan pronto tuvimos conciencia se actúo. Nada más. Gracias.

(-p.132-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Procurador.

GARCIA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCIA CANTALEJO: Sí, señor Presidente, señor Consejero. Yo le agradezco la contestación. Yo he tenido conocimiento de una. Lógicamente, no estamos siguiendo todos los días los medios de comunicación continuamente; es posible que sea habitual. Yo he visto una y, desde luego, he hecho una pregunta y le agradezco la aclaración y, sobre todo, me parece muy bien la respuesta. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

ZAMACOLA GARRIDO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente, Señoría, gracias. Yo, públicamente, me ratifico en lo mismo, pero mucho me alegraría que ocurriera lo mismo con todos los sindicatos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Para formular la siguiente pregunta, tiene la palabra el Procurador don Octavio Granado Martínez.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí. Señor Presidente. ¿Cuáles son las razones que han sostenido el nombramiento del nuevo Jefe de Sección de Agricultura de la Delegación Territorial de Burgos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

ZAMACOLA GARRIDO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente. Señor Procurador. Mire usted, el funcionario que usted indica -le voy a hacer un poco la historia, porque a lo mejor no la conoce usted, y me va a perdonar un momentín que se la lea-, en Julio del setenta y cuatro se le nombra jefe del antiguo Servicio de Plagas en Vizcaya. Este funcionario, en el año ochenta, pasa a ser Jefe del Servicio en Burgos. Como usted bien sabe, en el año ochenta y cinco, en Octubre, se funden las Secciones entonces de Sanidad Vegetal y de Producción Vegetal y se queda la de Agricultura. Entonces, por el entonces Gobierno Socialista se estimó oportuno que debían de ocupar estas Jefaturas de Sección cualquiera de los dos antiguos jefes que había en la provincia, y me imagino que porque conocían los temas bastante bien y tenían una cierta experiencia. Así se hizo, y en el caso de la provincia de Burgos se nombró al funcionario que entonces tenía la Jefatura de la Producción Vegetal. Esto se efectúo, si yo no mal recuerdo, en Enero del ochenta y seis. Este recién nombrado Jefe cae enfermo en Mayo del ochenta y seis y fallece en Diciembre de ese mismo año. Entonces, en esos siete meses, el entonces Delegado Territorial en Burgos le nombra o le encarga a él provisionalmente de esa jefatura y, por lo tanto, seguimos en la misma tónica: en un sitio uno y un sitio otro; aquí se decidió por uno, pero al fallecer le sustituye, cosa, a mi modo de ver, pues bastante coordinada.

Curiosamente, en Enero del ochenta y siete hay una funcionaria que accede a la Administración, que veinte días más tarde toma posesión como funcionaria base, como Ingeniero de Base, y quince días más tarde, o sea, con treinta y cinco días de experiencia, se la nombra Jefe de la Sección de Agricultura.

Yo no discuto la categoría de esa funcionaria, -y desde aquí, desde luego, qué duda cabe que debe tener una gran profesionalidad y prestigio-, pero entiendo que para un cargo de una relativa responsabilidad, como es una Jefatura de Sección, de unir antiguamente dos secciones independientes, pues creo que, lógicamente -y así se ha actuado siempre, diría yo-, se debe de coger a una persona con una cierta responsabilidad. Y en esa coherencia, que ustedes mismos pusieron, simplemente lo que se ha hecho entonces es reponer a este señor. Simplemente por su experiencia.

También sería curioso, Señoría, por qué entonces -podríamos pensar- no se preguntó, entonces, en aquel momento del nombramiento de esa funcionaria, los momentos objetivos que movieron a dicho nombramiento, podría ser. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Procurador.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente, para consumir el resto de los cinco minutos que me corresponden.

(-p.133-)

Mire usted, señor Consejero, el Presidente de la Junta en su discurso de Investidura dijo que entre los objetivos, en cuanto a la Función Pública y la mayor profesionalidad de la misma, estaba, en primer lugar, reducir las libres designaciones a los términos estrictamente establecidos en la Ley de la Función Pública. Si hay un Jefe de Sección, del que usted mismo ha reconocido, y me alegro, su profesionalidad y su eficacia en el desempeño de su función, que tenía en la misma una experiencia no bien es cierto en la Administración Pública, pero sí en su trabajo profesional; si se quiere cumplir con lo que ha dicho el Presidente de la Junta y cumplir con el reconocimiento que se debe a la profesionalidad y a la eficacia de un Jefe de Sección, que está prestando sus servicios correctamente, lo que debe hacerse es sacarse a convocatoria pública el puesto de Jefe de Sección, establecer un concurso de méritos que sean objetivables, y, en base a ese concurso de méritos, otorgar la correspondiente Jefatura de Sección al funcionario que mejor pueda desempeñar esa función. Lo que se ha hecho es otra cosa, señor Consejero. Y permítame que le diga que no se ha cumplido con lo que el Presidente Aznar dijo aquí en su discurso de Investidura; no se ha cumplido incluso en la forma.

Pero es que es más, es que este funcionario está ahora cumpliendo otras responsabilidades políticas. Mire usted, le voy a dar un ejemplo: en la misma Delegación Territorial de Agricultura hay otro funcionario que también es Concejal y Diputado Provincial en Burgos, lo que pasa es que es del Partido Socialista; y este funcionario le ha enviado a su Secretario General, al de su Consejería, un escrito en el que le expone cuál es el tiempo libre que él considera que debe necesitar para cubrir honradamente sus funciones. Y él calcula que es un tiempo, aproximadamente, de media jornada; él espera que se le ponga a media jornada. Es decir, ¿usted cree realmente que con un Jefe de Sección a media jornada está bien cubierta esa Jefatura de Sección? ¿Usted cree, realmente, que va a funcionar mejor la Jefatura de Sección que con esta funcionaria, que es profesional, es eficaz?; y que además, y casi..., no sé qué decirle, es que ni siquiera es socialista, señor Consejero. Y me da un poco de vergüenza decirlo, porque parece que ser socialista sea un pecado en su Consejería, concretamente, porque está usted haciendo una purga extraordinariamente "staliniana" de todos los funcionarios que tengan algún sentido de colaboración con la anterior Administración Regional. Pero es que esta funcionaria ni siquiera es eso; si, a lo mejor, incluso le ha votado a usted o le ha votado al Presidente Aznar.

Y ustedes les han cesado y no están cumpliendo lo que están diciendo, señor Consejero; usted está con su política de personal, convirtiendo lo que ha prometido el Presidente Aznar en su discurso de Investidura en el cuento ése de que "por el mar corre la liebre, por el monte la sardina..." Usted me entiende.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero, si quiere, puede hacer uso de la palabra.

ZAMACOLA GARRIDO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente, señor Procurador. Mire usted, este Consejero lo que ha hecho ha sido volver a reponer a los funcionarios que su partido defenestró en la pasada Legislatura, señor Granado, sin tener en cuenta su opción política. Porque ¡qué duda cabe! que cuando hemos repuesto, como en este caso usted me dice, pues, tal vez salga perjudicada -yo creo que no- esta otra funcionaria, -evidentemente, no es del Partido Socialista, no, no-. Lo que sí he hecho ha sido reponer a una persona que, curiosamente, no era del Partido Socialista, como ha ocurrido con muchas cosas. ¡Qué casualidad! ¿Por qué será esto, señor Procurador? Es curioso. Tal vez me gustaría que explicase Su Señoría a esta Cámara a qué se debe esta coincidencia, la defenestración, en su época.

No dudo, en absoluto, que Su Señoría seguro que encontrará razones abundantes, objetivas y casuales para explicarlo, pero no le quepa a usted duda, y lo siento que no hubiera estado usted más atento a los cuatro años anteriores, porque entonces se podría hablar mucho a este respecto. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el Procurador don Benigno Fernando Queipo Cadenas, que anteriormente le habíamos pasado el orden de las preguntas.

QUEIPO CADENAS

EL SEÑOR QUEIPO CADENAS: Sí, este Procurador quiere saber cuándo considera la Junta de Castilla y León la aprobación del expediente para poderse constituir en Entidad Local Menor la localidad de Castro de Alcañices.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Lucas.

LUCAS JIMENEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, Presidente, Señorías. Bueno, entiendo que quizá no es todo lo ortodoxa la pregunta, porque no es aprobación; la resolución entiendo que es, porque puede ser aprobación o no aprobación. Cuando se complete el expediente de los datos informativos para la constitución de Entidades Locales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Procurador.

QUEIPO CADENAS

EL SEÑOR QUEIPO CADENAS: Sí. Yo sigo igual que al principio, cuando he hecho la pregunta. Todavía no se me ha dado contestación de cuándo considera la Junta de Castilla y León resolver este expediente que tienen desde hace unos meses encima de la mesa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Consejero.

LUCAS JIMENEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, Presidente. Insisto, cuando se complete el expediente. Mire usted, señor Procurador, el informe propuesta de la Dirección General de Presidencia, de la Dirección General de Administración Territorial, es de fecha de ocho de Mayo del ochenta y siete, y no se resolvió, y no era provisional el Gobierno. Y no se resolvió porque hay circunstancias objetivas que aconsejaban su no resolución.

(-p.134-)

En primer lugar, el Municipio de Fonfría, con mil quinientos tres habitantes, y el de Alcañices, -objeto de debate-, con ciento cuarenta y seis habitantes, carece de riqueza, de ingresos y de recursos verdaderamente probados y definidos que constituyen, en buena lógica administrativa, el soporte natural para una futura actuación finalista, eficaz; y existe, por otra parte, una fuerte oposición del Ayuntamiento y de los vecinos de Fonfría, y es de natural prudencia -y la tuvo, y la tuvo el anterior Consejero-, y es de natural prudencia que la Junta de Castilla y León pondere con especialísimo cuidado todos los factores y circunstancias concurrentes antes de resolver, en definitiva, lo que corresponda, recabando, al menos, recabando al menos, el informe de la Diputación Provincial, que sin ser preceptivo es conveniente, y que, indudablemente, sobre este tema se tendrá que manifestar.

La tramitación del expediente de referencia ha sido correcta, pero, insisto, existen circunstancias que aconsejan que esta resolución, que no la tomó el anterior Gobierno, no la tome éste en tanto no se enriquezca el expediente con los datos de las entidades provinciales, conocedoras y legitimadas para emitirlo.

Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): ...... Pregunta, tiene la palabra el Procurador don Octavio Granado Martínez. Se refiere a la Pregunta 23.1.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. ¿Es un ejemplo de la profesionalidad que el actual Presidente de la Junta presumía hacer llegar a la función pública regional, el hecho de que se haya puesto a los funcionarios de la Consejería de Presidencia al servicio de un Procurador en Cortes? Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Lucas.

LUCAS JIMENEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, señor Presidente, Señorías. Entiendo que es una pregunta absolutamente legitimada para hacerla, pero que carece de circunstancias objetivas para poder contestar, puesto que no corresponde a la realidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Procurador.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Mire usted, a este Procurador le han llegado cartas de funcionarios de la Junta de Castilla y León quejándose de que un Procurador del Grupo que sustenta al Gobierno tenía despacho en las dependencias de la Presidencia de la Junta, se ha permitido dar órdenes a funcionarios y se han puesto algunos funcionarios a su servicio, a fin de que transcribieran discursos, etcétera, etcétera; y yo no tengo su explicación a este parecer.

Pero es que es más. Para que el señor León de la Riva no piense que solamente tengo papeles de su Consejería, de la Consejería de Presidencia ha salido un organigrama, que se ha facilitado en diferentes dependencias de la Junta, que incluso se ha enviado a alguna Delegación Territorial, -organigrama que bien es cierto que no tiene ningún membrete oficial, porque todavía no hay un organigrama que tenga membrete oficial-, y en donde dice: "Altos Cargos de la Administración de Castilla y León. Protocolo: Miguel Angel Cortés". Yo no sé si don Miguel Angel Cortés es un alto cargo; evidentemente no, porque no está nombrado como tal en el Boletín Oficial de Castilla y León. Yo no sé si es miembro del organigrama en el mismo concepto que, por ejemplo, don Pablo Montenegro, que en el organigrama figura como adscrito a Cafetería. No sé por qué razón figura ese nombre en ese organigrama, no sé por qué razón se han dado a los funcionarios de la Consejería de Presidencia instrucciones para que colaboren con este Procurador. Sí que sé que cuando nosotros presentamos esta pregunta ante los medios de comunicación, y la presentamos ante las Cortes, algunos medios de comunicación llamaron a la Consejería de Presidencia para saber si el citado Procurador tenía ahí o no tenía despacho. Y, curiosamente, le localizaron ahí. ¡Qué casualidad!. Y, curiosamente, también, y los medios de comunicación lo saben y hay alguno que incluso tiene grabaciones, en la centralita de la Junta se atendían llamadas hacia ese Procurador, cosa que nunca había sucedido antes que yo supiera. Yo he visitado mucho a la Junta de Castilla y León, soy un visitante frecuente, en la medida que lo permiten mis actuales circunstancias, de las dependencias del Gobierno Regional, pero, desde luego, a mí nunca me pasaron llamadas desde centralita.

En este sentido, puesto que hay un organigrama que figura en las Delegaciones Territoriales y que no se ha corregido, en muchas dependencias de la Junta de Castilla y León, puesto que ha habido esa inquietud de esos funcionarios, a mí me gustaría que el señor Consejero fuera un poco más explícito, porque su contestación -se lo prometo yo- la haré llegar a los sindicatos de funcionarios para que lo claven en los tablones de anuncios y sepan que ya ningún funcionario va a recibir órdenes de ningún Procurador en Cortes, y sepan que este organigrama no se corresponde con la realidad, a pesar de que haya salido de una máquina de escribir que está muy cerca del despacho del señor Consejero, y a pesar de que de dependencias de la Consejería de Presidencia se haya facilitado a otras Consejerías.

Y a mí me gustaría que, en suma, se nos aclararan estas cuestiones y se corrigieran estos pequeños problemas que pudieran dar a entender que la profesionalidad de la función pública que nos presume hacer llegar el Presidente Aznar, y de la que ya hemos tenido ocasión de comentar alguna otra cosa antes, pues, en realidad, está convirtiendo esta Comunidad en algo parecido a la república hermana de Méjico.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias. Señor Consejero.

LUCAS JIMENEZ

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EL SEÑOR DE CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Este Consejero lamenta, verdad, que como todo argumento, como todo argumento, de esta intervención sea una fotocopia de un documento que existe, -que, por cierto, no lo conozco-, en el que dice que figura en Altos Cargos don Miguel Angel Cortés. Mire usted, señor Procurador, me parece una falta de seriedad traer esa fotocopia..., que, por cierto, si quiere yo le traigo mañana otras dos fotocopias del señor Martín .........., o del que usted quiera, que está en la Moncloa, sea o no sea verdad. Quiero decir que no corresponde con la seriedad administrativa el traer aquí un documento de una fotocopia que dicen que está circulando por ahí, y que le doy mi más solemne palabra de honor que yo no la conozco, que yo no la conozco, para decir que hay un funcionario allí.

Niego que haya ningún Procurador del Grupo Popular con mando ni con despacho en la Consejería de Presidencia, ni en ninguna otra Consejería. Si el señor Procurador está tan celoso de las presencias de Diputados, Parlamentarios Nacionales o Parlamentarios Autonómicos en la Junta de Castilla y León, yo estoy dispuesto a darle una relación de mis visitas, que también hay algunos Procuradores socialistas en mi despacho. Es decir, si el grado de celo político sobre este tema llega hasta el punto de que el Portavoz de un Grupo Parlamentario, legitimado en esta Cámara, no puede acudir al despacho del Presidente, señor Presidente, yo entiendo que es una falta absoluta de respeto a la Cámara, en la que todos los despachos de todos los Consejeros y de todos los Directores Generales están abiertas a Sus Señorías, de manera especial, siempre, naturalmente, que nuestra presencia en la Cámara lo permita. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El señor Procurador don Octavio Granado tiene la palabra para formular la siguiente pregunta.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. A este Procurador le gustaría poder hacer las preguntas también cuando le pongan una extensión de la centralita de la Junta, y a lo mejor así no presentaba ......... ante el Pleno de las Cortes. ¿Cuáles han sido las razones que han sostenido el nombramiento como Delegado Territorial de Agricultura del actual funcionario que ocupa estas funciones......... en Zamora?.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Procurador.

ZAMACOLA GARRIDO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente. Las razones que usted aduce son las de profesionalidad y la de su experiencia, simplemente. Como ve usted, puramente objetivas. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor Consejero. Señor Procurador.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:............ Perdón, señor Presidente, repito para que se grabe. Este sí que es un caso de profesionalidad absolutamente exagerada y voy a comentar las circunstancias, porque sí que son muy divertidas.

El día treinta y uno de Agosto de mil novecientos ochenta y siete, por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes, se cesa al funcionario don Joaquín Pérez Recio como Delegado Territorial de Agricultura en Zamora. El día uno de septiembre, se nombra al funcionario en cuestión, cuñado del señor Consejero, Jefe de la Sección de Agricultura de la Consejería..., de la Delegación Territorial de la Consejería en Zamora. Y el mismo día, a los cinco minutos, al parecer, como ya es Jefe de Sección, y como dice su Orden de nombramiento, que dice: "De acuerdo con la Disposición Adicional Cuarta de la Orden de treinta y uno de Octubre del ochenta y cinco", que dice: "En ausencia o enfermedad del Delegado Territorial -ausencia provocada el día anterior por el cese-, asumirá sus funciones el Jefe de Sección que por aquél se designe", que por el Consejero se designe, como le acabamos de nombrar Jefe de Sección hace cinco minutos, ya le podemos nombrar Delegado Territorial de Agricultura. Mire usted, señor Consejero, usted ha conseguido hacer absolutamente rápida la carrera administrativa en España, y, desde luego, es un grado de profesionalidad absolutamente exagerado, porque, si a usted le parecía mal que una persona pudiera ser funcionaria, pudiera..., una funcionaria, con solamente treinta y cinco días de experiencia, pudiera ser nombrada Jefe de Sección, ¿qué diría usted de su cuñado, señor Consejero, que, con cinco minutos de experiencia como Jefe de Sección, ha pasado a ser Delegado Territorial el mismo día en Zamora?.

Mire usted, yo estoy absolutamente en contra de que se tengan en cuenta cuestiones familiares a la hora de medir la valía profesional de las personas. Y le voy a decir una cosa: si usted hubiera hecho un Concurso de Méritos y hubiera nombrado Jefe de Sección, en función de sus muchos méritos, que sin duda tendrá, el susodicho funcionario como Jefe de Sección en la Consejería de Agricultura en Zamora, yo no le hubiera a usted dicho nada, porque, evidentemente, su cuñado no tiene la culpa de ser su cuñado, no es culpa alguna. Pero que usted nombre a un familiar Jefe de Sección por el procedimiento de Libre Designación, que ustedes han prometido reducir al mínimo posible, que el señor Aznar ha prometido reducir al mínimo posible, para que, aprovechándose de que incidentalmente le acabamos de nombrar Jefe de Sección, poder nombrarle Delegado Territorial de Agricultura en funciones, mire usted, señor Consejero, eso no es profesionalidad, es que vuelven a correr por el mar las liebres y por el monte las sardinas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor Procurador. El Consejero de Agricultura, señor Zamácola, tiene la palabra.

ZAMACOLA GARRIDO

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EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente, señor Consejero. Mire usted, lo primero, no se ponga nervioso y hable despacio, porque a don Joaquín Pérez Recio no se le nombró Delegado Territorial; está usted equivocado y apréndase usted la letra. En segundo lugar, está usted dando palos de ciego y no creo que por ahí le vaya bien. Por cierto, aprovecho, porque esta réplica puede quedar un poco contestando a dos opiniones dichas por dos Procuradores Socialistas de que nosotros hacemos los nombramientos "a capón", o que estamos haciendo purgas por motivos políticos. Mire usted, ni mi Grupo ni yo llegamos a esos extremos. Es, simplemente, malo, por no poder o querer expresarlo con más detalle. Y esto, curiosamente, se lo está diciendo un Consejero que fue funcionario y que sí fue purgado por ustedes.

El funcionario objeto de la pregunta, para que usted vea que esos cinco días que ha dicho, o cinco minutos, vuelve a usted a tener muy poco conocimiento del tema, se lo voy a explicar. Este funcionario está en Zamora desde mil novecientos cincuenta y cinco, como Ingeniero de la Jefatura Agronómica. Cuando se nombra Sección Agronómica, sigue de Ingeniero. En el año setenta y uno, es nombrado por el Ministro de Agricultura Jefe de dicha Sección; posteriormente cambia de nombre y se llama Producción Vegetal, y sigue siendo Jefe de esa Producción Vegetal. En aquellos tiempos, yo estaba en la Escuela de Agrónomos estudiando y ya era también hermano político de él. Supongo que habría, para esos nombramientos, digamos que unas opiniones objetivas de nombramiento. Para mayor abundamiento, Señoría, tengo que decirle que este funcionario fue nombrado, o encargado Delegado accidental de esa provincia durante bastantes ocasiones; concretamente, el mes de vacaciones y en las ausencias del que era..., del Delegado Provincial; año setenta y tres, setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete... La experiencia, ¿eh?; no se le olvide, señor Granado. Más adelante, fue Delegado accidental: más experiencia, catorce meses ininterrumpidos -de Septiembre del setenta y ocho a Noviembre del setenta y nueve-. Ahí tenemos la profesionalidad y la experiencia. Epoca de la UCD, señor Granado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Consejero, se ha terminado el tiempo. Muchas gracias.

ZAMACOLA GARRIDO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Tiene la pregunta..., tiene la palabra, para formular la siguiente Pregunta, el señor Aznar Fernández, don Luis.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente. Los antecedentes de esta Pregunta creo que son claros y de sobra conocidos, por la especial relevancia y por el tratamiento que los medios de comunicación dieron a los mismos, pero se los voy a resumir brevemente.

Como, sin duda alguna, el señor Consejero de Cultura y Bienestar conoce, en el año ochenta y seis, concretamente en Diciembre, por la Delegación Territorial de Educación y Cultura de León se realizó lo que se denominó un Informe de Urgencia sobre edificios y objetos que, por su especial relevancia o interés, estaban..., y estando en la comarca de Riaño, merecía la pena ser salvados de la inundación. Este Informe se dividía en dos partes: una primera relación en que se decían o se enumeraban una serie de edificios, como he dicho, que necesariamente -decían- tenían que ser salvados, y otras que, a pesar..., y otra segunda relación en la que se enumeraban edificios de menor interés, pero que también se consideraban interesantes. Como sin duda también conoce el señor Consejero, en el mes de Julio se realizó el desalojo y derribo de los pueblos de Riaño y, yo no sé si por desidia o desconocimiento de la Administración, varios de estos edificios fueron derribados y algunos de los objetos desaparecieron. Mi Pregunta concreta, señor Consejero, es: ¿qué medidas, y en qué plazo, piensa adoptar la Junta de Castilla y León para proceder al traslado de los edificios y elementos arquitectónicos que aún, a pesar del derribo, permanecen en la comarca de Riaño?. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Aznar. Señor Consejero de Educación y Cultura, tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

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EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Señor Presidente. Señorías. Algunas pequeñas precisiones a la Pregunta que hace el señor Procurador. El catálogo de edificios a conservar en la comarca de Riaño fue realizado por la Comisión de Patrimonio, que es la competente en el tema -no por la propia Delegación Territorial-, y se habían localizado cuatro obras arquitectónicas a conservar. De las cuatro obras que por aquella Comisión de Patrimonio se estimó conveniente conservar, la Confederación Hidrográfica, cuando comienza las demoliciones, echa abajo exclusivamente una de ellas, concretamente la Iglesia Parroquial de Salio. Es la única, de las cuatro catalogadas a conservar, la única que se echa abajo. Y, cuando la entonces Consejería de Educación interpela a la Confederación Hidrográfica, ésta alude a que hay una Disposición del MOPU que le autoriza a derribar esa iglesia, porque dice que no tiene interés suficiente. Lo que ocurre es que, con anterioridad a las demoliciones a las que Su Señoría hace referencia, se habían producido otros derribos, u otras demoliciones, habiendo desaparecido el Palacio de los Alvarez de Pedrosa y habiendo desaparecido la lápida-dintel de una casa, ambas en Pedrosa del Rey; pero esto -insisto- fue antes de comenzar las demoliciones, y la propia Confederación presentó la denuncia oportuna ante el Juzgado de Guardia.

Con respecto a los objetos, me imagino que Su Señoría se refiere a las dos lápidas vadinienses que existen en Riaño. De esas dos lápidas, puedo decir a Su Señoría que una fue en su tiempo levantada y trasladada al Museo de León, donde está depositada desde hace tiempo, y que la otra lápida ha sido -ayer, justamente- trasladada por el Delegado, perdón, por uno de los Arquitectos de mi Consejería al Museo de León, donde la tiene a su disposición. El único edificio catalogado como bien de interés cultural que queda es la Iglesia de Pedrosa del Rey, que tiene una portada románica, que Su Señoría sabe que procede de otra iglesia y que fue trasladada ahí en su día, y yo puedo asegurarle que se han mantenido múltiples conversaciones, políticas y técnicas, entre los técnicos de la propia Consejería y los del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, y existe el compromiso formal de trasladar los edificios que quedan en pie, costeados íntegramente por..., el traslado, por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Es más, puedo decirle que en este momento se están levantando los planos de las dos primeras que se van a trasladar, habida cuenta de que, del Plan de llenado del pantano, no existe al momento riesgo alguno de que se vayan a inundar las iglesias antes de proceder a su desmonte. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el Procurador del Grupo...

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Gracias, señor Consejero. Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, muchas gracias por su respuesta, y espero, simplemente, que por parte de la presente Administración, o de la Administración que en la actualidad gobierna Castilla y León, haya una mayor sensibilidad hacia los temas de Riaño y la palabra "Riaño" deje de ser maldita, tanto en las Instituciones Autonómicas como en el resto de España. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Señor Presidente. Tenga Su Señoría la absoluta seguridad de que la sensibilidad del Consejero y del equipo completo de la Consejería es absoluta en el tema de Riaño y que vamos a mantener el criterio frente al Ministerio de Obras Públicas, que, además, no sería de justicia decir que en este momento es refractario a los planteamientos que le hemos hecho. Y yo daré cuenta a Su Señoría, puntualmente, de las actuaciones que se tomen por parte de la Consejería y del Ministerio en las Obras de Riaño. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El señor Secretario Segundo va a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR HERRERO SANZ): Segundo punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a motivos de la exclusión de representantes de la Administración del Estado en Organismos Regionales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número seis, de siete de Octubre de mil novecientos ochenta y siete".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo interpelante, el Procurador señor Lorenzo Martín.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. Los orígenes de la Interpelación del Grupo Socialista se remontan a dos Decretos aprobados por la Junta de Castilla y León, el primero de ellos el número 224/87 y el 227/87. El 224/87, su contenido modifica la composición del Consejo Agrario, y el Decreto de modificación se centra, fundamentalmente, en la reducción del número de representantes de las Vocalías y el ajuste de los representantes de la Administración Autónoma, derivado de la nueva composición y organización de la Junta de Castilla y León. Se modifica el número de los representantes de las Vocalías de la siguiente forma: se elimina un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, uno del Banco de Crédito Agrícola, otro de las Cajas de Ahorro, de las Cajas Rurales, de Industrias Agroalimentarias, de las Cámaras Agrarias provinciales, de Asociaciones de Consumidores, de Asociaciones con fines ecologistas, de Universidades, de la Confederación Hidrográfica y de la Comisaría de Aguas. También se eliminan los miembros de libre designación y, sin embargo, se aumentan -¡oh, casualidad corporativa!- los representantes de los Colegios Profesionales, que pasan a cinco, representando al Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Ingenieros de Montes, Colegio de Veterinarios, Colegio de Ingenieros Técnicos en Especialidades Agrícolas, Colegio de Ingenieros Técnicos en Especialidades Forestales.

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El segundo Decreto es el 227/87, que, con la aparente, inofensiva titularidad de adaptar la composición regional de Minería a la nueva estructura orgánica de la Junta, aprovecha para adaptarla, evidentemente, y, además, para eliminar -como se decía en el contenido de mi Pregunta- dos representantes del sector empresarial, dos representantes de los sindicatos mayoritarios, un representante de la Administración Central y un representante de la ITEMIN, que, como conocen Sus Señorías, es una entidad colaboradora en materia de Seguridad Minera. Ambos Decretos, no vamos a entrar en el fondo del tema, pero sí que tienen un nexo en común. Casualmente, tienen un nexo en común, que es que desaparecen los dos representantes de la Administración Central en la composición de ambos Consejos; Consejos que nacieron, sin duda alguna, con una doble finalidad: en primer lugar, dar participación a los sectores sociales y económicos en las decisiones de los respectivos Consejeros, y ambos se configuran como órganos consultivos y asesores del Consejero de Agricultura en un caso, y del Consejero, en este caso de Economía, de otro; y, por otro lado, sirve como elemento coordinador en materias que son concurrentes en cuanto a la competencia con la Administración Central. Elemento coordinador absolutamente necesario en sectores económicos como la minería o la agricultura, de cuyo éxito de la gestión de este Gobierno, pues, va a depender muy mucho el éxito que pueda tener la economía o el avance que pueda tener la economía en nuestra Comunidad Autónoma.

El contenido exacto de las preguntas que queremos que se nos despejen con esta Interpelación son las siguientes: ¿cuáles son los motivos por los que se está procediendo, de forma sistemática, a la exclusión de los representantes de la Administración del Estado en organismos donde su participación es importante en orden a la existencia de unos cauces de coordinación y colaboración? ¿Se ha tenido en cuenta la opinión de la Administración Central del Estado a la hora de eliminarlos de estos órganos consultivos y asesores de coordinación, al igual que se hizo, sin duda alguna, a la hora de publicar el Decreto e incluirlos? Y, ¿cómo se encaja esta actuación de la Junta de Castilla y León con las palabras del señor Aznar en su discurso de Investidura como Presidente de la Junta, cuando se refería a que sus relaciones con la Administración Central del Estado se fundamentarían en los principios de lealtad y colaboración?. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor representante de la Junta puede tomar la palabra. Señor Consejero de Agricultura.

ZAMACOLA GARRIDO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente, Señorías. Voy a intentar contestar a esta interpelación que se nos hace por el Grupo Socialista.

Tal vez lo más reciente que le pueda yo decir, contestándole concretamente, y en cuanto a la Comisión Regional de Minería se refiere, le voy a leer un escrito que tengo, procedente del Ministerio de Industria y Energía, Dirección General de Minas: "Asunto: Constitución de la Comisión Regional de Minería de Castilla y León.

Me refiero a su escrito de treinta y uno de Marzo, al que acompaña borrador Decreto de Constitución de la Comisión Regional de Minería de Castilla y León y en el que nos invitan a participar en ella mediante el nombramiento de sendos vocales, integrados en el pleno y el comité permanente de dicha Comisión. Agradecemos mucho su ofrecimiento; sin embargo, y con carácter general, hemos establecido como norma no participar directamente mediante la designación de vocales permanentes en las Comisiones Regionales que algunos Gobiernos Autonómicos han creado. Pretendemos guardar el máximo respeto, incluso formal, hacia las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas", y la minería no está totalmente transferida. Esto es lo que contesta el Ministerio, la Administración Central a ese...Creo que queda claramente contestado, en cuanto al aspecto de minas se refiere.

En cuanto al asunto..., en cuanto al Consejo Regional de Agricultura, le voy a hacer a usted una breve historia, porque parece que ha hecho hincapié en el tema de los Colegios Profesionales. Bueno, mire usted: en mil novecientos ochenta y tres, tuve el gusto de suministrarle esta documentación al entonces Consejero de Agricultura, haciéndole ver que estos Consejos Agrarios existían en otras Comunidades, y dicho Consejero recogió el guante. Por razones que desconozco, aparece en el Boletín Oficial de Castilla y León la estructura de dicho Consejo, casi un año después, y está compuesto por treinta y siete personas, en el que curiosamente -como usted ha citado- hay tres representantes de entidades crediticias, un solo representante de los Colegios Profesionales, -debían ustedes creer que si ponen más se tildaría de corporativismo; supongo, no sé-, dos representantes del Ministerio de Obras Públicas, -la Confederación y la Comisaría, como organismos autónomos-, un representante ecologista, un representante de Universidades, uno de asociaciones de consumidores, etcétera, etcétera; y, además, a mayores, por si hay problemas, cinco miembros más que estimase el entonces señor Consejero. Mire usted, después de una simple ojeada al analizar esto, lógicamente, se comprendía por dónde iban los tiros. Un abanico tal vez, demasiado variopinto. Ya saben Sus Señorías el dicho que: "si algo quiere que no funcione, nombre una Comisión y cuanto más amplia mejor". Curiosamente, se desarrolla esto y el Consejo no ve la luz; hay un engaño de embarazo previo al parto. Me explico. La única acción que realiza es un señuelo, además curioso, que en aquel entonces nos cita a los Colegios Profesionales el entonces señor ........ -Secretario General-, para que le diéramos ideas, no para trabajar él, curiosamente. Buena..., buena base tenía ese Consejo.

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Resultado: no volvió ni siquiera a citarnos. El embarazo, repito, fue falso, y el padre debió ser el viento, porque el Consejo no nacía. Al acceder yo a la Consejería, podía tener cuatro posibilidades: dejarlo como estaba, lo cual no me gusta porque no quiero ni mantener muertos ni tomar el pelo; luego, por tanto, esa opción la deseché. Suprimirlo, no me parecía coherente, habiendo sido un poco el promotor de la idea y creyendo como creo en ella, y, por lo tanto, también lo he desechado. Podía estimarlo incompleto, pues, y añadirle otros elementos, tan útiles como los que ustedes crearon; estamentos como, por ejemplo, -muy relacionados con la agricultura y el campo-, en el fondo, la Asociación de Amas de Casa, podría haber sido una de ellas, Asociaciones de Curtidores de la Piel, Federaciones de Caza y Pesca, etcétera, etcétera, etcétera, señor Procurador; no lo hice, pero aunque estuve tentado. Y, por último, la otra posibilidad era reducirla, y lo estimé como solución más válida, simplemente en aras de una eficacia, que hasta ahora creo que se ha demostrado porque cinco veces lleva reunido en muy poco tiempo y con temas monográficos y concretos.

La filosofía del Consejo Asesor -por lo menos la que yo tenía y suministré- es que es un órgano autonómico, única y exclusivamente, y por tanto entiendo que debe de componerse por vocales relacionados con la problemática agraria de la Comunidad Autónoma. Porque bien es cierto que ese órgano lo creo o no lo creo; si lo creo será para que me asesore a mí. Pero, oiga, hay una cosa cierta: en dicho Consejo está totalmente abierto y se invita, y se invitará -y digo se invita porque ya se han invitado-, a escuchar y recoger opiniones a representantes, tanto de entidades privadas o públicas, que tengan algo que decir sobre los temas que se traten. Pero, lógicamente, siempre y cuando el Presidente de dicho Consejo lo estime oportuno. De hecho, como he dicho, ya están acudiendo representantes de ciertas instituciones.

Esto no quiere decir que tengamos algún motivo para excluir -y le contesto a otra pregunta suya- de forma taxativa a ningún representante de la Administración Central; cosa que entiendo bien distinta es que se le deba de incluir por derecho propio, máxime cuando en muchos casos se tratan temas exclusivamente de nuestra Comunidad.

Una vez dicho esto, yo les podría argumentar que por qué no piden ustedes en otros muchos convenios que tenemos, Consejos, en fin, digamos reuniones de todo tipo que la Comunidad, la Junta de Castilla y León, con instituciones y empresas que no son de la Administración del Estado, por qué no están también representando la Administración Central. Bueno, lo dejo en el aire. También, no me gustaría devolverle a Su Señoría la pregunta, hacerla por pasiva, porque creo que se encontraría en apuros para contestarme, si se acuerda usted del FEOGA, de las primas de abandono definitivo de leche, la tasa de corresponsabilidad; bueno, ahí creo que teníamos que haber dicho nosotros algo. Pero, en fin, no importa.

Creo que debo dejar muy claro, y esto sí que es perfectamente entendible por esta Cámara, que una cosa es la lealtad y la coordinación de la Comunidad Autónoma, no sólo con la Administración Central, sino con cualquier tipo de Administración, de otras Comunidades u otras categorías, y otra cosa muy distinta que se entienda que para órganos asesores de la propia Comunidad tengan que estar representados los representantes de la Administración Central por derecho propio. Me gustaría un poco poner un ejemplo, Señoría; mire usted, en nuestra casa hacemos lo que estimamos más conveniente, dentro lógicamente de una realidad. Lo cual no quiere decir que yo con el vecino o los vecinos colabore en trabajar en cosas que sean precisas, evidentemente; pero si entiendo que ese órgano asesor es para asesorar a esa Consejería, déjeme usted que lo haga, como yo por lo menos lo he presentado.

El señor Presidente dijo, en su día, y yo he manifestado en diferentes ocasiones, que la actual Junta de Castilla y León tendrá una coordinación al máximo con la Administración Central del Estado. Pero queremos una coordinación seria, que dé frutos constructivos, que de ambas partes se aporten hechos y realidades que vayan en beneficio de nuestra Comunidad. No vamos a tolerar, señor Procurador, sin denunciarlo, tomaduras de pelo, o simplemente escuchas de oídos sordos. Yo estoy dispuesto a colaborar, a escuchar, a proponer y a ofrecer -fíjese lo que le digo-, a ofrecer a la Administración Central todo tipo de ayudas, pero con las premisas que antes le he indicado.

Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El señor Procurador Lorenzo Martín tiene la palabra.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Señor Presidente. Señor Consejero de Agricultura. No ha convencido a mi Grupo, en absoluto, porque se ha salido por las ramas, y ya le anuncio que tomaremos iniciativas parlamentarias para corregir este error tan mayúsculo por parte de ustedes, con alguna intencionalidad política -como luego intentaré demostrar-, que puede perjudicar gravemente a los intereses de los sectores de minería y de agricultura de nuestra Comunidad.

Dice que no tiene ningún inconveniente en dar participación a la Administración Central cada vez que fuera; pero el hecho real es que en una ocasión que tiene, que es mantener dos Decretos donde están ya representados, los retira. No tiene inconveniente, pero en la primera ocasión que tiene los retira como representantes de la Administración Central en los respectivos Consejos.

Yo le repito, yo le critico, señor Consejero de Agricultura, que me saque un escrito que no es absolutamente cierto. Léase un escrito del Director General de Minas, don Juan José Cerzuela Bonet, donde dirá, clarísimamente, que está encantado de colaborar, y de hecho, y de hecho existe. Yo le emplazo para que nos lo traiga, para que nos lo traiga otro día.

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Y me está hablando de que los temas que se van a debatir en los Consejos Agrarios, en el Consejo de Minerías, son tema de exclusividad competencia... de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma. Señor Consejero de Agricultura, son competencias concurrentes; lo que pueda definir la Administración Central va a afectar muy claramente, en ambos sectores, al futuro de nuestra agricultura, de nuestra minería, y muchas de las medidas que usted pueda tomar, bien coordinadas con la Administración Central pueden tener muchísimos más frutos. Yo creo que el sentido, precisamente, de la publicación de ambos Decretos, el sentido que tuvo, no sólo era dar representatividad y participación a los sectores sociales y económicos, sino, precisamente, la posibilidad de coordinarnos con la Administración Central. Y ustedes, sin más ni más, en el Decreto de Modificación del Consejo Agrario, eliminan al representante del Ministerio, al representante del BCA -del Banco del Crédito Agrícola-, al representante de las Cámaras Agrarias Provinciales, al representante de la Confederación Hidrográfica, al representante de la Comisaría de Aguas. Señor Consejero de Agricultura, evidentemente, no hay ninguna voluntad de coordinación. Porque yo me pregunto: ¿en qué medida ustedes quieren coordinarse con la Administración Central? Y hago otra pregunta, señor Consejero de Agricultura: si el inquilino del Palacio de la Moncloa, en lugar de llamarse el señor González Márquez, se llamara el señor Hernández Mancha, ¿ustedes habrían hecho esto?, ¿ustedes habrían hecho esto? Perdonen que haya puesto un efecto tan catastrofista; evidentemente que no se va a producir. ¿Lo hubiesen hecho ustedes?

Realmente, quizá, el sentido de participación y colaboración con la Administración Central lo estén buscando ustedes en lo que hacía el otro día el señor Consejero de Fomento: la colaboración y coordinación con la Administración Central se va a referir a ir al despacho -cosa que hay que hacer-, al despacho de los señores Ministros a plantearles las justas reivindicaciones de nuestra Comunidad Autónoma. Pedir, a veces, la luna de Mayo y salir a la calle diciendo que los señores de Madrid -que, casualmente, no son de nuestro mismo signo político- no nos hacen caso y nos discriminan. ¿Es eso lo que van buscando, señor Consejero de Agricultura?, en lugar de ir buscando el trabajo día a día, de la coordinación diaria a través de los organismos de la propia Administración, a través de los representantes, en los temas día a día que se van a plantear en esos Consejos, como en otros órganos de coordinación; en algunos sí que tengo que reconocer que lo han mantenido.

Yo sí que diría -y lamento que no esté aquí el señor Presidente de la Junta- que al señor Aznar se le está quedando vacía su campaña electoral, se le está quedando sin contenido su discurso de Investitura. Ni reduce los 400.000.000 de pesetas en Capítulo I, de Gastos de Personal, que decía, como se ha demostrado en el debate parlamentario en la Comisión de Economía de la Ley de Presupuestos; ni lo reducen, como han reconocido colaboradores del señor Aznar. Ni ha reducido ni un solo coche; ni un solo coche porque no había que reducir ni un solo coche; para eso estaban: para hacer trabajar a los funcionarios. Ni ha respetado los criterios de publicidad y profesionalización recogidos en la Ley de la Función Pública, tal y como se demuestra en la desacertada actuación de la...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Procurador, vuelva sobre la pregunta.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Sí, sí, sí. Era para intentar demostrar que... que esto no va bien. Y, evidentemente, y volviendo al tema de la pregunta, ni respeta los criterios de lealtad y coordinación con la Administración Central del Estado; y me temo, me temo y mucho, que a lo mejor lo que se va buscando es precisamente la confrontación, para ir limitando e ir tapando los propios errores de la Junta. Están a tiempo ustedes de rectificar; modifiquen estos Decretos. Y, en cualquier caso, les reitero nuestro compromiso de presentar una actuación parlamentaria tendente a modificar ambos Decretos y que se restituya el representante de la..., los representantes de la Administración Central en esos organismos de participación y de coordinación entre Administraciones. Muchísimas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): De acuerdo. Señor Consejero.

ZAMACOLA GARRIDO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente, Señoría. No hablemos de las ramas, que usted casi sale volando por ellas. El tema es muy distinto. Usted me dice que, si hemos tenido dos ocasiones, ¿cómo no las hemos aprovechado? Señor Procurador, ya han asistido y han sido en cinco ocasiones; una cosa está en la letra y otra cosa está en el hecho y en la intención, cosa que no parece que usted quiera ver o va buscando otras cosas.

Competencias concurrentes; evidentemente que las hay. Pero hay muchas también, y temas, totalmente exclusivos de la Consejería y de la Junta, en mi caso Consejería de Agricultura, en donde..., es que no tiene que decir nada, es que son temas nuestros, totalmente nuestros, porque yo puedo reunir dicho Consejo Asesor para determinadas cosas de mi propia Consejería; Por ejemplo, concretamente, le puedo decir a usted, con las organizaciones se ha hecho, se les ha remitido los Presupuestos también para discutirlos, y son propios de la Comunidad; sobre el organigrama; temas concretamente de la Comunidad. A lo mejor resulta que el Comisario de Aguas, por poner un ejemplo, tiene mucho que decir aquí.

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Voy a ponerle otro ejemplo, además, para que vea usted el problema. Tuvimos un Consejo Asesor, concretamente, por los daños del sistema del Carrión y, lógicamente, no invité al Presidente de la Confederación; y no le invité porque se iban a analizar de forma objetiva por los componentes, -y ahí la Administración, en este caso la mía, no había sido, digamos, parte implicada; quería actuar un poco de forma de juez-, en los daños que se habían producido, pues, por esos desembalses habidos, etcétera, etcétera... y que, bueno, yo no me los creía y quería tener una opinión clara. Si llego a invitar al señor Presidente de la Confederación lo que tengo que hacer es dar escudos para que las bofetadas no hubieran volado. Y es otra, tal vez, de las razones, que aunque sea una..., no..., ni siquiera una transferencia hecha, pero temas que afectan, para que vea usted que no puede a lo mejor estar dicho representante. Pero, evidentemente, vuelvo a decir lo mismo: hay muchos organismos de la Administración que ustedes han metido ahí, que creo que están fuera de lugar en muchos temas concretos. Repito, no creo que sea, en absoluto, un motivo el que no figure en la letra, para que sí en los hechos, -y se lo puedo demostrar-, ya están asistiendo y van a asistir más. Eso sí que es lealtad, eso sí que es colaboración. No crear una cosa que no llegan a hacer en cuatro años, señor Procurador. Eso es una tomadura de pelo, por mucho que esté en la letra.

Pregunta usted si el señor Hernández Mancha estuviera. Mire usted, tengo la idea tan clara de lo que es el Consejo Asesor que hubiera actuado exactamente igual. Es de la propia Comunidad. Punto. Y repito que tengo la idea tan clara, porque le digo lo de antes: el que se lo suministró al entonces Consejero fue este Consejero que le está hablando, que no lo conocía el entonces señor González. Nosotros... no es que nosotros no queramos colaborar o ir a la Administración Central. Es justo lo contrario: es que el anterior Gobierno de la Junta tenía que seguir las directrices emanadas de su Gobierno Central. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor Consejero. Al objeto de fijar posiciones, tiene la palabra en primer lugar, el representante del Grupo Parlamentario Mixto, Don Rafael de las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Una vez más nos encontramos en esta Cámara con dos posiciones, como por otra parte no podía ser menos, enfrentadas: la que propugna el Partido Socialista y la que propugna el Partido de Alianza Popular, que sostiene y sustenta al Gobierno de la Junta. Por una parte, el Grupo Socialista, en su Interpelación, critica la eliminación de vocales de representantes del Estado, que dice que dificultan la colaboración y la coordinación en unas materias, como son las materias agrarias y las materias mineras, muy importante para la Administración Central, para el Estado y para nuestro propia Comunidad. No entiende los motivos que han determinado esta exclusión de esos representantes. No sabe si se ha consultado o no a esa Administración como se hizo cuando se crearon estos organismos. Al parecer la consulta no fue muy exacta, porque en el caso del Consejo Minero la propia Administración Central renuncia a participar, al menos por lo que se nos dice con un escrito del Ministerio, en ese propio Consejo, y, lo que es más importante, se achaca a una confrontación sistemática y sin fundamento entre el Gobierno -de un color- de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Gobierno -de otro color político- de la Administración del Estado. Y eso, realmente, es muy malo.

La posición del Partido Demócrata Popular, Señorías, es, como ya hemos dicho otras veces, el que nosotros respetamos la capacidad de autoorganización de los distintos gobiernos que puedan alternarse en la secuencia lógica de un Estado democrático y de derecho, sin que esto suponga, necesariamente, siempre hacer tabla rasa de todo, porque, naturalmente, si no, cada cuatro años hacemos un vuelco de la Administración que la hace ineficaz. Pero sí admitimos ese principio y, por lo tanto, vamos a manifestar el que, en este caso, como en el otro caso fueron ustedes, señores del P.S.O.E., en este caso el Partido de Alianza Popular y el Gobierno que sustenta hayan entendido esta reorganización. Hay que decir que, por los datos que aquí se ha explicado, y generalmente son datos de los que dispone el Partido Socialista, porque ha estado en el Gobierno, y de los que dispone Alianza Popular, porque está en estos momentos en el Gobierno de la Región, y de los que, naturalmente, el resto de los dos Grupos de esta Cámara, generalmente, el C.D.S. y el Partido Demócrata Popular, nunca disponemos de esos datos, -y yo le agradecería que a unos Y a otros nos les fueran pasando, para así estar en igualdad de condiciones-, pues, parece ser que ese Consejo Agrario ha tardado tiempo en ponerse en funcionamiento, ha tenido una relativa poca actividad. La verdad es que tenía una composición amplia y heterogénea que a lo mejor le hacen ineficaces por su propia composición, y tengo que decirle al Portavoz del Partido Socialista que en mi condición de Presidente de la Diputación Provincial de Segovia, cuando se aprobó ese Consejo Rector, -y usted lo recordará perfectamente-, nosotros propusimos, en cambio, que hubiera una representación de las Diputaciones Provinciales en ese Consejo, porque las Diputaciones Provinciales en nuestra Región están haciendo competencias en materia agraria muy importante, y ganadera. Y, sin embargo, no solamente no se nos admitió esa propuesta de participar en ese Consejo, que ni siquiera le puedo decir de verdad, y sin ninguna acritud, que ni siquiera merecimos una respuesta, ni en un sentido ni en otro, y, por lo tanto, ninguna justificación.

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Por otra parte, desde la Comunidad no podemos imponer nada a la Administración Central, como es lógico y evidente, y, por lo tanto, -y aquí es donde fijamos la posición del P.D.P.-, creemos que la fórmula es la fórmula del entendimiento. Creemos que la fórmula es de que todos nuestros organismos, aunque sean propios de la Administración de la Comunidad Autónoma, sean todos ellos abiertos, tengan un carácter lo más amplio posible, de manera que en el caso de competencias concurrentes, que prácticamente son todas, porque en un mundo complejo, moderno y dinámico, como es el que vivimos, es muy difícil separar de una manera taxativa, rotunda y tajante hasta dónde llegan las competencias de una Administración y otra, sino que, generalmente, se confunden en unas competencias concurrentes, que ahora modernamente se llaman federativas, cooperativas o algo por el estilo, pues, lo que hay..., y aquí es la propuesta que, por otra parte, yo hago al Gobierno de la Junta en esta parte, es que tenga la amplitud de miras suficiente como para que esos Consejos, cuando efectivamente traten de competencias concurrentes, bien sea con la Administración Central o bien sea con otras Administraciones, -como puede ser..., y ya puesto el ejemplo del caso de la Administración provincial y local-, se cite en este caso al Delegado del Gobierno, o al representante que él estime oportuno, para que estando presente pueda trasladar de hecho, también, los problemas, las iniciativas, las inquietudes que en ese Consejo Asesor se van a tratar, o en ese Consejo Minero se van a tratar. Esta es, señor Presidente, esta es, Señorías, nuestra posición, que creemos que es una posición equilibrada que pretende, naturalmente, el que entre todos, puesto que es de lo que se trata, consigamos que tanto el Estado en su conjunto como en nuestra Comunidad vayan mejorando cada día poco a poco. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor De las Heras. Para fijar posiciones, puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario de C.D.S., señor Durán.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Señor Presidente, Señorías. El C.D.S. considera que este tema está suficientemente debatido.

Las intervenciones del interpelante, por parte del Grupo Socialista y del Consejero de Agricultura, Ganadería y Montes, así como la del representante del Grupo Mixto, han clarificado ampliamente la cuestión. A nuestro juicio, han dejado perfectamente aclarados todos los extremos de ambas posiciones y no parece quizás oportuno ser reincidente en esta materia.

En resumidas cuentas, nuestra posición al respecto es que estimamos que la representación de la Administración del Estado en aquellos órganos en los que tengan algo que decir, en función de que son competencias concurrentes, compartidas, o de alguna manera corresponda a la Administración del Estado algún grado de intervención, debe de ser mantenida y respetada. Otro problema distinto es que la Administración del Estado quiera o no participar en estos órganos colegiados, en estos consejos asesores. En cualquier caso, que no quede por nuestra parte, por parte de la Comunidad Autónoma, la posibilidad de que su voz se haga oír dentro de nuestros específicos órganos.

Bueno, yo quisiera decir, para terminar este turno de fijación de posiciones, que si como consecuencia de esta Interpelación el Grupo Parlamentario Socialista decide presentar la correspondiente moción, y a reservas del contenido formal y material de esa moción, el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social la votaría favorablemente, salvo que el Gobierno proceda, previamente, a rectificar la composición de los Decretos aludidos. No es ésta..., no va a ser ésta, obviamente, la única vez en que el Centro Democrático y Social esté de acuerdo con posiciones del grupo que comparte con nosotros la oposición legítima al Gobierno Regional. Es la primera, no será la última, pero siempre que, a nuestro juicio, acompañe la sólida argumentación que en defensa de la Interpelación ha presentado hoy el Grupo Parlamentario Socialista. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Durán. Puede hacer uso de la palabra el represente del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, para fijar posiciones.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR JAMBRINA SASTRE: Señor Presidente, Señorías. Yo creo que el tema, como decía también mi antecesor en el uso de la palabra, el Portavoz del C.D.S., está lo suficientemente debatido. Y creo que, no obstante, hay cosas que me gustaría remachar, desde el aspecto de que el propio Gobierno ha tratado de defender, con el Decreto que estamos criticando, o que estamos analizando. Y me voy a referir al propio Decreto del año mil novecientos ochenta y cuatro, en el que dice que se crea el Consejo Agrario como órgano de consulta y asesoramiento de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes en materia de su competencia. Y yo creo que esto es el espíritu y el objetivo que trata de mantener la composición del actual Decreto 224/1987. No obstante, yo creo que hay dos cosas que están perfectamente claras, o que han quedado perfectamente claras en el debate de esta mañana, y es que la colaboración, que la coordinación con la Administración Central es un principio en el que el Gobierno de esta Comunidad está tratando de ahondar, es un principio que quiere mantener; pero saben Sus Señorías que no es... solamente este principio no se mantiene por el mero hecho de que aparezca escrito en un Boletín de las Cortes, o en un Boletín de la Junta, perdón. Este espíritu tiene que ir dentro de la actuación cotidiana y permanente de los órganos que tienen que ponerse de acuerdo.

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Yo creo que una cosa es hablar de coordinación y otra cosa es aceptar, por principio, tutelas. Y yo creo que -también se ha dicho- no es una cuestión de que tengamos que aceptar directrices del Gobierno Central, sea el que sea; no tenemos por qué aceptar directrices. Lo que sí estamos -y en esa línea era en la que yo entiendo existía ese artículo que dejaba abierta la posibilidad-, en esa línea es en la que se está, en estos momentos, de manera real, de manera cotidiana, tratando de trabajar. Por lo tanto, yo no entiendo que ahí pueda derivarse una intencionalidad política; ni tampoco entiendo que pueda derivarse una intencionalidad política en la incorporación de los colegios profesionales, porque, si hay cinco, o seis, o tres colegios profesionales que entienden de algunas ramas importantes del sector agrario, deben estar presentes en el tema. Porque es asesoramiento, y porque en los colegios coinciden -qué duda cabe- una serie de profesionales que están trabajando de manera continuada dentro del sector y que realmente tienen posibilidades de ese asesoramiento.

Insisto en que la coordinación no quiere decir seguir directrices. Insisto en que la coordinación tiene que partir de la voluntad de que exista y no del texto de una normativa legal, porque eso no impone nada; no impone más que la presencia, pero, desde luego, la voluntad no la impondría si no está presentada de antemano.

Yo puedo decir aquí que, afortunadamente, las relaciones de la actual Consejería de Agricultura -por noticias que tengo- con el Ministerio de Agricultura, afortunadamente, empiezan a ser mejor de lo que fueron en la Legislatura pasada; caso curioso. Luego no tienen que ver planteamientos de carácter político. Y, no obstante, como lo que resulta es que, a pesar de mantener esa voluntad de coordinación, lo que se quiere por parte de los distintos Grupos es que eso, de alguna manera, se consolide dentro de los que es el texto legal, en la postura del Grupo de Alianza Popular -al que represento en estos momentos-, no tiene ningún inconveniente en que se matice esa presencia de la Administración Central; y yo me atrevería a sugerir que, puesto que hay muchos organismos de carácter autónomo que en distintos aspectos podrían entrar, que tampoco se convierta aquello en un rosario de organismos representantes de la Central dentro de este órgano asesor. Yo sugeriría, si cabe, el tema en el sentido de que podría una sola persona ser el representante, con capacidad para poder delegar -dependiendo del tema- el análisis o la presencia, con voz y con voto, dentro de esa controversia.

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Jambrina.

A continuación tiene la palabra el señor interpelante, el Procurador Lorenzo Martín.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Gracias, señor Presidente.

Yo creo que había que aclarar un tema que queda en el aire, referente a la voluntad de la Administración Central en cuanto a su representatividad en el Consejo Regional de Minería. El escrito a que ha hecho alusión el Consejero de Agricultura puede ser cierto -yo no lo recuerdo-; pero es evidente que se produjo en una situación en que parecía que se imponía la representatividad de la Administración Central, y la Administración Central pone la siguiente condición: el nombramiento lo producimos nosotros; nos invitáis, pero no ponemos a la persona que vosotros digáis, sino, exclusivamente, a quien, a través del Delegado del Gobierno, se persone en los Consejos, o de Minería o de Agricultura, en función de la materia a tratar.

Y yo creo que el señor Jambrina, pues, ha intentado defender lo indefendible; intentar arreglar la debacle que se presenta, dado que el CDS parece que -yo diría que por primera vez; espero que no sea la última- se aviene a razón y parece que puede apoyar una Proposición No de Ley o una Moción, en el sentido de recuperar el Decreto en su situación primitiva, en lo que se refiere a representantes de la Administración Central. Y el señor Jambrina intenta defender lo imposible. Mire usted, no se puede decir que se pretende que las relaciones de la Administración Autónoma con la Central sean mejores cuando, de momento, y sin que se haya consultado, sin que se hayan pedido disculpas, o perdón, o permiso, o una llamada telefónica, se les elimina de los Consejos representativos de la Comunidad Autónoma. No puede ser eso, entre otras cosas porque usted cae en una contradicción: dice que la relación de la Administración actual con el Ministerio de Agricultura es mejor que antes, cuando antes el señor Consejero decía que, precisamente, lo que era antes era una continuación de lo que era la Administración Central ¿En qué quedamos? Pónganse de acuerdo y cuando se pongan de acuerdo me lo comentan.

Y es evidente que esa capacidad de autoorganización a que hacía referencia el señor De las Heras, pues, es la competencia que tiene la Junta para autoorganizarse; pero lo que es absolutamente sospechoso es que, a la hora de hacer los cambios en la representatividad del Consejo Agrario, del Consejo de Minería, se produzcan cambios tan impresionantes que resulta que el único que sobra, en la práctica, es la Administración Central. ¿Por qué no eliminamos uno de la representación autónoma para que esté representada la Administración Central? Casualmente, se meten cinco colegios profesionales -que me parece que es un criterio correcto, problema del Gobierno- y, sin embargo, no se pueden meter, o mantener, precisamente, el representante de la Administración Central. Es que todo huele a bastante sospechoso, bastante sospechoso. Y yo creo que, movidos un poco por un momento de calentura, pues, redactaron estos Decretos y ahora, precisamente, no van a tener tiempo de arreglarlo; no les va a quedar más remedio que soportar, precisamente, la voluntad popular, que exige -que nos lo han dicho a todos los representantes- que mantengamos y nos coordinemos bien con la Administración Central, al objeto de conseguir las mejores cosas para ello. Y ustedes lo que han pretendido con esto, evidentemente, en una batalla que no tenía excesiva importancia provocar, incitar, es ir buscando lo que yo creo que a lo largo del tiempo irá saliendo, que es aquello de que toda la culpa de lo mal que lo hacemos la tiene Madrid.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Procurador.

El señor Consejero tiene la palabra.

ZAMACOLA GARRIDO

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EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Presidente, Señorías.

La verdad es que, oyéndole hablar a usted, señor Procurador, no sabemos si usted es de la Administración Central o es de la Autonómica; me parece que de esta última, pero no está muy claro.

Hay un tema que yo quería dejar aquí claro. Comprendo que los diferentes Grupos Parlamentarios quieran tener reflejado en el escrito el hecho de que figuren representantes de la Administración Central en un órgano que, vuelvo a repetir, considero propiamente nuestro y que toca, o va a abordar temas muy variopintos: unos con la Administración Central relacionados, y otros no. Pero sí quiero volver a recalcar aquí que, con esa palabra impresa y escrita, el Partido Socialista, durante cuatro años, y con tantos representantes -como ustedes han dicho, treinta y cinco-, no han tenido valor o interés en sacar eso; eso es, perdónenme, una tomadura de pelo. El Consejo que actualmente está, sin llegar a cien días, ya se ha reunido cinco veces, y ha empezado a actuar. Eso es, simplemente, lo que en el espíritu yo quiero decir.

También quiero dejar claro, como antes he puesto un ejemplo, que muchas veces -y, lógicamente, si va a haber un representante de la Administración Central, podrá asistir o no, a juicio de ellos-, será hasta contraproducente la presencia de ese representante de la Administración Central, como en el caso del Carrión que les he dicho yo a ustedes. A la vista de lo que el Grupo de Centro Democrático y Social ha indicado, así como el Partido Demócrata Popular, en ambos Consejos, cuando se trate de competencias concurrentes o compartidas, se pondrá una norma -publicada en el Boletín Oficial, lógicamente-, en la cual se designará, creo yo, que él, a su vez, pueda delegar en el que estime conveniente -y ojalá venga mucho y muy a menudo el Delegado del Gobierno-, para que él a su vez delegue en el que crea más experto en el momento y sobre el tema que se esté tratando.

Nada más, señor Presidente. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor Consejero. El señor Secretario dará lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Tercer punto del orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a negligencia formal y material de la Junta en el proceso de financiación autonómica".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el señor Paniagua, en nombre del Grupo Interpelante.

PANIAGUA IÑIGUEZ

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ: Señor Presidente, Señorías. No porque la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Castilla-León haya tenido lugar el quince de Octubre pasado pierde vigencia la interpelación que formuló el Grupo Socialista, en relación con los problemas que podían haberse derivado de la no celebración de dicha Comisión Mixta en tiempo y forma. Conocen ustedes la Interpelación; de todas formas, voy a destacar algunos elementos que avalen las preguntas que quiero formular a la Junta de Consejeros de Castilla-León. Saben -y éste es el dato clave- que, aunque el método de financiación de las Comunidades Autónomas, el método, se aprobó por parte de la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma el veintisiete de Noviembre del ochenta y seis, sin embargo, el porcentaje definitivo de participación durante el quinquenio ochenta y siete-noventa y uno quedó -y no fue aprobado- su aprobación a reservas del conocimiento definitivo de los resultados recaudatorios del Estado en mil novecientos ochenta y seis y de que se practicara la liquidación definitiva del porcentaje de dicho ejercicio. Una vez que se cumplieron esos dos requisitos, era cuando ya se podía materializar ese método, aprobando un porcentaje definitivo para Castilla-León, para el quinquenio ochenta y siete-noventa y uno, que, en su caso, y si elementos susceptibles de ser contemplados existieran -como han existido-, sería revisado para el año ochenta y ocho.

Pues bien (los hechos posiblemente los conozcan Sus Señorías), el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos ochenta y ocho debería de incluir dicho porcentaje definitivo y el revisado para el ochenta y ocho, previa la aprobación de la Comisión Mixta de dichos porcentajes; Comisiones Mixtas que, en su momento, fueron convocadas, por parte de la Administración Central, para el decenio de días del diez al veinte de septiembre, y, en concreto, la de Castilla y León para el dieciséis de septiembre. Estos datos los podré después ratificar con documentación fidedigna, por ejemplo, del Diario de Sesiones, del Diario y del Acta de la Sesión celebrada el cuatro de septiembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el cuatro de septiembre, donde reiteradas veces -puedo dar las citas y las referencias- el Ministro señor Solchaga, Presidente de dicho Consejo, no solamente ofrece toda la documentación que después se nos comunica, sino que también reitera la urgencia de la necesidad de la convocatoria de las Comisiones Mixtas para que pueda ser aprobado dicho porcentaje. Hay otra documentación y manifestaciones directas del Ministro Almunia a altos cargos de la Comunidad en el mismo sentido, indicando la inmediata necesidad, la necesidad de la constitución inmediata de la Comisión Mixta de Castilla y León.

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Pues bien, dicho dieciséis de septiembre, convocada la Comisión Mixta, no tiene lugar más que un acto informativo... informal, perdón, donde no se acepta por parte de los allí presentes, representantes de la Comunidad, (en principio no estaban convocados o nombrados, a pesar de las comunicaciones directas del gobierno, a pesar de la comunicación del Ministro el día cuatro de septiembre en Consejo de Política Fiscal), no se acepta el porcentaje en razón de que no existían nombramientos de miembros de la Comisión Mixta y en razón de la discrepancia con dicho porcentaje. El día dieciocho de septiembre -esto era un día dieciséis-, el Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ochenta y ocho. Pues bien, en dichos presupuestos no aparece aprobado el porcentaje de participación de Castilla y León, evidentemente; no aparece aprobado y eso lleva a que, automáticamente, se tenga que aplicar a Castilla y León el antiguo método de financiación, es decir, la valoración del coste efectivo de los servicios transferidos, única y exclusivamente. Los cálculos que he efectuado, en función de que el Gobierno estimara un supuesto u otro, son -les puedo, si lo necesitan, dar las cifras exactas dato a dato-, en el primer supuesto una pérdida para Castilla y León de entre 10.600.000.000 y 12.181.000.000 de pesetas, 10.600.000.000 y 12.181.000.000 de pesetas; y en el supuesto segundo, más favorable, entendiendo tácitamente qué simplemente el criterio de financiación provisional del ochenta y siete seguía vigente, en ese caso, entendiendo -digo- el Gobierno tácitamente ese supuesto, en el caso muy favorable, las pérdidas serían para Castilla y León para el año ochenta y ocho, ochenta y ocho, 7.457.000.000 de pesetas. Con datos en la mano y cifras después, si se quiere lo podemos comprobar.

Esto, cuando tanto nos preocupa a todos los Grupos aquí presentes -Oposición, CDS, Partido Socialista, Grupos Socialista y también Grupo AP y a la misma Junta- el que Castilla y León pierda 1.000.000.000 de pesetas a través de, por ejemplo, el tema del FCI y adyacentes, este tema yo pienso que ha puesto en gravísimo riesgo, no solamente la financiación -y este asunto y este comportamiento-, la financiación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el ochenta y ocho, sino que también, incluso, implicaría en el caso de que las enmiendas presentadas, como después diré, por el Grupo Socialista en el Congreso no prosperaran, implicaría que los Presupuestos Generales de esta Comunidad tendrían que retirarse. Porque habría, de forma directa, una disminución de ingresos calculable en torno a 12.000.000.000 de pesetas.

Pues bien, a nuestro juicio, la Junta ha tenido y ha actuado, como dice la Interpelación, con grave negligencia en el plano formal y en el plano material. En el plano formal porque no se han tenido en cuenta los plazos, porque la Comisión Mixta no se impulsó su constitución desde la misma Junta, que era su responsabilidad, teniendo en cuenta que se conocían los datos de forma directa, al menos, el día cuatro de septiembre. Y a la vez he de decir y añadir, en estos momentos, que solamente la voluntad del Gobierno de la Nación renunciando al cumplimiento de imperativos legales ha permitido -y si quieren también después en la cronología lo puedo explicar- que sea el Grupo Parlamentario Socialista en el Gobierno quien elimine este desaguisado, presentando una enmienda y dando lugar a que se volviera a reunir la Comisión Mixta de Transferencias el quince de octubre para ratificar el primer acuerdo, ratificar..., mejor dicho, un acuerdo político que la Junta de Consejeros el diecisiete de septiembre -acuerdo político que no tenía validez jurídica ninguna-, el diecisiete de septiembre elevó al Gobierno de la Nación. Solamente, repito, por la voluntad política de dicho Gobierno, primero, posibilitando una reunión que ratificara lo no acordado y la propuesta del Gobierno no acordada el día dieciséis de septiembre; y segundo, presentando enmiendas, cuatro enmiendas, dos al anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, por parte del Grupo Socialista, y dos a la Ley de ampliación del nuevo tributo que se asume: Actos Jurídicos Documentados, que es el que cambia, al ser asumido el porcentaje de participación del ochenta y ocho, y hace que se tenga que revisar.

Este desaguisado, repito, que aún no está arreglado porque aún no están las enmiendas aprobadas, ponía en gravísimo peligro, yo diría, señores Consejeros, que no solamente la fiabilidad de la Comunidad, no solamente el presupuesto, sino permítanme que diga: e incluso la permanencia en el Gobierno de la Región del Grupo AP en estos momentos.

Y en el plano material simplemente señalar que, a mi juicio, es algo grave que se haya hurtado la participación de los Grupos Políticos representativos de esta Cámara, como mínimo en el análisis, si no había Comisión Mixta, en el análisis de los datos ofrecidos el cuatro de septiembre; el cuatro de septiembre se obtuvieron y no se han trasladado a los Grupos. Tampoco se constituyó la Comisión... perdón, la Sección de dicha Comisión, la Sección Castellano-Leonesa; tampoco se constituyó e, incluso, una vez nombrados los representantes en la Comisión Mixta, ni se la reunió, y solamente este Parlamentario tuvo en último momento ocasión de acceder, es cierto, por deferencia del señor Consejero de Economía, a determinados datos de revisiones de determinadas valoraciones que estaban en la línea de lo ya iniciado en etapas anteriores.

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Simplemente y a la luz de todo esto, a mí me gustaría, -y concluyo con ello- preguntar lo que ya en la Interpelación aparece: por qué la Junta no impulsó la designación de los vocales de la Comisión Mixta de Transferencias, como era su responsabilidad política, sobre todo cuando tenía los datos -puedo citar textualmente palabras del Ministro, en el Acta, perdón, y en el Diario de Sesiones- y a la vez tenía los datos de los dos documentos esenciales desde el cuatro de septiembre, convocada la Comisión Mixta para el dieciséis de septiembre. Por qué, a la vez, se corrió ese gravísimo peligro para la Comunidad y para los fondos de la Comunidad de Castilla y León que hubiera supuesto la aplicación del coste efectivo, cosa que todavía puede ocurrir si no se aprobara la enmienda del Grupo Socialista en el Congreso. Por qué no presentó el día dieciséis de septiembre ninguna modificación de las revisiones de valoraciones, ninguna revisión... propuesta de revisión la Junta de Consejeros o el Consejero allí presente, cuando sabe el señor Consejero de Economía que, efectivamente, las que después se presentaron estaban en la línea de lo ya hecho. Sin embargo, sí que el Gobierno, en su propuesta, hacía una revisión al alza de las valoraciones de Castilla y León de 124.000.000 de pesetas, que me gustaría saber si ya ha detectado la Junta a qué se afecta y a qué se refiere esa revisión al alza. Simplemente, por qué no se remitió también a los Grupos Políticos la información necesaria con el tiempo suficiente antes del dieciséis de septiembre. ¿Qué ocurriría con nuestro presupuesto si no se garantizaran esos 12.000.000.000 de pesetas, si no se aprobara la enmienda del Grupo Socialista en el Congreso? Y conoce la Junta, ahora en estos momentos, supongo yo, no sé si lo sabía antes, que efectivamente -se estén tranquilos- esas cuatro enmiendas han sido presentadas; pero, de toda formas, a mí me gustaría saber si esto ha llevado a alguna reflexión distinta a las actuales, al silencio actual, a la Junta de Consejeros actual. Y en el sentido constructivo con el que suelo intervenir, decir que vale y es correcto reclamar adecuaciones del Fondo de Compensación Interterritorial, pero también es correcto asumir la responsabilidad...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Ruego al señor Paniagua que termine.

PANIAGUA IÑIGUEZ

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

... la responsabilidad en asuntos en que hemos estado, lo saben Sus Señorías, señores Consejeros, callados precisamente para intentar, sin llegar a ningún titular de periódico, para intentar llegar a consenso y solventar los problemas de esta Comunidad. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias. Señor Consejero, puede hacer uso de la palabra.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Presidente, Señorías. Con un tono bastante menos trágico que mi antecesor, voy a intentar explicar los hechos sucintamente.

Se interpela a la Junta de Castilla y León por qué no activó el nombramiento de la Junta..., perdón, el nombramiento de los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias. Su Señoría debería de conocer por qué: porque usted sabe perfectamente que en la Junta de Portavoces de las Cortes de Castilla y León, con fecha catorce de Julio de mil novecientos ochenta y siete, en la que por cierto asistía el representante del PSOE, se adoptó por unanimidad el siguiente acuerdo que textualmente leo: "La designación por el Pleno de los vocales de la Comisión Mixta de Transferencias... etcétera, etcétera..., quedará aplazada para el próximo período de sesiones".

La Cámara decidió, pues, explícitamente, posponer al siguiente período de sesiones el nombramiento de los vocales de la mencionada Comisión. Usted sabía, porque la prensa lo aireó perfectamente, que el Consejo de Política Fiscal se celebró, efectivamente, el cuatro de septiembre, y al que asistí. Usted sabe perfectamente que en ese Consejo de Política Fiscal lo único que se nos hizo fue fijar el porcentaje que se deducía de una fórmula que usted aceptó en una reunión, en la que sólo influían dos modificaciones: la primera, el efecto resultante de la fijación definitiva del ITA, es decir, de los Impuestos Tributarios que afectan en la fórmula; y la segunda, la consecuencia de las transferencias asumidas posteriormente a esa fecha. En esa reunión, el Consejero que le habla, y que estuvo presente, intentó explicar que era insuficiente la cifra, que esa corrección de AISNA estaba insuficientemente valorada y volvió a remitirse a las manifestaciones hechas anteriormente con el tema del FCI.

¿Que por qué no es responsabilidad de la Junta lo que le achaca? Le he contestado. La Junta de Castilla y León es absolutamente respetuosa con las decisiones de estas Cortes; las ha respetado, las seguirá respetando y, por parte del Consejero que le habla, en todo caso, seré absolutamente respetuoso. Usted era conocedor, perfectamente, de la decisión que se adoptaba con el nombramiento de la Comisión posterior; usted mismo tenía la misma obligación, si no más, de haber impulsado, como miembro de esta Cámara, el nombramiento de la Comisión.

Por otra parte, no se ponga tan trágico; si no estaba constituida la Comisión Mixta de Transferencias, la Comisión Paritaria, no podría existir riesgo alguno de su actuación porque no podía actuar. Pero tengo que decirle que parece ser que usted se ha referido a que en el mismo Consejo de Política Fiscal se nos urgía que en diez días teníamos que dar la contestación definitiva; en ese mismo Consejo de Política Fiscal, la propia Comunidad de Aragón tampoco podía hacerla por los motivos que se exponen en el Acta.

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Después de ello me hace otra pregunta: que por qué motivos la Junta de Castilla y León no presentó ante el Gobierno de la nación ninguna propuesta de modificación de la base de cálculo en nuestro sistema de financiación. Yo, cuantas veces he leído esta pregunta, lo único que he sacado en conclusión es que usted quiere manifestar a la actual Junta la insatisfacción que le pudo producir la aceptación entonces de la propia fórmula. En ese Acta que usted también ha manejado, usted preguntó al entonces Presidente de la Comisión de Política Fiscal... perdón, del Consejo de Política Fiscal, acerca de las posibles negociaciones "ad hoc" y se le contestó tajantemente. Se le dijo: "No es posible negociación alguna relativa al incremento de la base de cálculo". También le añadieron: "Sin que ello suponga cerrar la puerta a cualquier clase de transacción que pueda alcanzarse en la Comisión de Transferencias, pero sin modificar, en ningún caso, los criterios de acuerdo general".

Sabe usted perfectamente que quedaron estipuladas las tres causas por las que se podía revisar el porcentaje. La primera, por la transferencia de los nuevos servicios; la segunda, por la cesión de nuevos tributos; y la tercera, por la modificación, en su caso, de la capacidad de recaudación de los tributos cedidos. En nuestro caso la fórmula, en el porcentaje, había incluido la asunción de nuevas transferencias, las transferencias de AISNA y de Archivos y Bibliotecas; estaba contemplado en el cálculo y lo único que restaba era manifestar que estaban mal calculadas esas cifras y que, por tanto, nos correspondían mayores cantidades. Eso, como Su Señoría conoce, porque asistió como miembro en la Comisión Mixta de Transferencias, se produjo, se les dio y se les señaló cuáles eran las deficiencias observadas en esos cálculos y se le pidió a la primera Comisión Mixta de Transferencias, que se produjo el quince de Octubre, que podía representar una diferencia de más de 4.000.000.000 de pesetas.

La siguiente pregunta que me hace en su interpelación es por qué motivos no se remitió a los grupos políticos la información necesaria. Este Gobierno, el Consejero que le habla, se ha sometido y se seguirá sometiendo, con la extensión que acuerden las Cortes, al control parlamentario, aportando cuanta documentación se le solicita. Cada vez que ha comparecido en una Comisión en Cortes, siempre ha agradecido la citación de la Comisión, y está dispuesto a seguir compareciendo a todas las Comisiones. Ustedes saben perfectamente que hasta el uno de Octubre no se nombró en estas Cortes la Comisión Mixta de Transferencias y el Consejero que le habla sabe que tenía usted documentación de ese Consejo de Política Fiscal, la manejábamos exactamente los dos; a usted no le tenía que remitir. En todo caso, si se hubiese citado en Comisión, tenga la absoluta seguridad que le hubiera dado todo tipo de datos. No obstante, tengo que manifestarle que no conocía las costumbres anteriores; a partir de este momento, yo le facilitaré, con la debida antelación, todos los datos que posea, absolutamente a todos los miembros de la Comisión Mixta de Transferencias.

Y, por último, me hace una cuarta pregunta: qué cuáles son los propósitos de la Junta de Castilla y León en orden a solucionar algunos de estos efectos negativos. Los conoce Su Señoría perfectamente, y los miembros de los restantes grupos que asistían a la Comisión. Se le dio un primer estudio, en el que se rectificaban los cálculos, en el que solicitaba que el porcentaje debería corregirse en más en 4.000.000.000 de pesetas; estamos profundizando en esas cifras y seguiremos reivindicando, y que se calculen perfectamente la incidencia de las Transferencias asumidas.

Asimismo, una y otra vez, se están señalando los efectos del FCI, pero, como más tarde me remitiré a ellos, no les quiero cansar.

En definitiva, el contexto de la interpelación era señalar a la Junta de Castilla y León que por una negligencia suya se podía haber producido. Primero, sabe Su Señoría y saben Sus Señorías que no se ha producido. En esa misma Comisión Mixta de Transferencia, que presidió el Consejero que les habla, se comprometieron, desde la Administración, a que se solucionaba el problema.

Segundo planteamiento: no se ha producido absolutamente ningún daño; pero, si se hubiese producido, tengo que recalcarles, Señorías, que ha sido, única y exclusivamente, por haber respetado, escrupulosamente, el criterio que las propias Cortes señalaron para posponer el nombramiento de la Junta, de los miembros que componen la Comisión de la Junta Mixta de Transferencias. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Paniagua, para su turno de réplica.

PANIAGUA IÑIGUEZ

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ: Señor Presidente, Señorías. Gracias, señor Consejero, porque una vez más pone de manifiesto el realismo y el talante participativo que le caracteriza y el esfuerzo, incluso, por explicar lo inexplicable. Lo que ocurre que, posiblemente, Su Señoría, señor Consejero, no tenía que haber que haber contestado a esta interpelación, porque se incorporó formalmente a la Comisión Mixta el quince de Octubre. Yo no le dirigía a usted, Consejero, esta interpelación, sino a la Junta, como tal. Es decir, cuando me refiero a cómo se actúo y con qué negligencia, me refiero a la Junta, no a usted; que quede muy claro. Sé que usted se corresponsabiliza, y tiene que ser así, de los actos de la Junta; pero es que el dieciséis de Septiembre usted no estuvo allí, en la llamada reunión informal. Estuvo el señor Vicepresidente y fue él quien no aceptó la propuesta; fue la Junta, a través de él, quien no aceptó la propuesta. Primera cuestión.

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Segunda cuestión. Resaltar, una vez más, la excepcionalidad, en estos momentos, de Castilla-León: es la única Comunidad que no tiene el Anteproyecto de Presupuestos del Estado, es la única Comunidad que no tiene. Y si hay dos, excepionalidad compartida de lo malo no es bueno, aquello de "mal de muchos, remedio de tontos", allá el Gobierno que sea. Tendré que ver el Anteproyecto de Ley, desde luego; tengo aquí el Anteproyecto de Ley de la asunción de Actos Jurídicos Documentados y sólo está ausente Castilla y León, y ya me afectaría el porcentaje de participación del ochenta y ocho. Excepcionalidad, por lo tanto, en la situación actual y en estos momentos. Que se generara o no conflicto, no lo sé, el día dieciséis; el caso es que usted mismo ha dicho que el Gobierno se comprometió a resolver el problema, porque hubo problema, ha reconocido que hubo problema. Y, efectivamente, palabras textuales del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, hablando de la compleja formalmente y delicada situación: "único caso -dijo, recuérdelo-, de las quince Comunidades Autónomas de régimen común"; está en el Acta, palabras textuales. Dijo que: "Desde el Gobierno se adoptarán las medidas oportunas para que por enmienda se resuelva la situación, a través el Grupo Parlamentario -textualmente dijo- que sostiene al Gobierno". No hubo otra iniciativa en aquel momento.

Mire, sobre el dramatismo o no, a mí me es igual. Para mí, y a efectos formales, es mucho más dramático ver ciertos titulares que un tono u otro, porque sabe que lo del tono es lo de menos, es consustancial a las personas. A mí me preocupa, como a usted le preocupa y como a la Junta le preocupa. Y le preocupó aquella situación; por eso mismo al día siguiente la Junta de Consejeros, el día diecisiete, se reunió y aceptó, políticamente, la oferta, porque vio que el peligro era bien grave y bien real.

Sobre el tema de la constitución de la Comisión Mixta. Yo, evidentemente, ni usted ni yo somos los responsables, pero sí que le digo: una vez que se le comunica al Presidente de la Junta, se la comunica al Presidente de la Junta la urgencia de tratar, rápidamente, en Comisión Mixta estos temas y una vez que el día cuatro... Y, Consejero, no hace falta que le señale en qué momentos y cuantas reiteraciones hay. Mire, en las páginas cinco, trece y seis del Acta y en las páginas cuarenta y nueve, seis y siguientes, veinticinco, veintisiete, doce, trece, catorce, veintitrés, treinta y cinco y cuarenta y cuatro del Diario de Sesiones, se reitera, por parte del señor Ministro, el compromiso que en la reunión se establece, del Consejo de Política Fiscal del cuatro de Diciembre, de reunir las Comisiones Mixtas entre el diez y el veinte de Septiembre; compromiso ya adquirido. Tengo aquí el Diario de Sesiones y usted también lo tiene. Es decir, había un compromiso ya el día cuatro, se les entrega toda la información; por qué, entonces... Políticamente se podía haber impulsado, e incluso aunque hubiera un acuerdo, me dice, de Julio, de la Junta de Portavoces; pero, cuando surgen nuevos datos, ese acuerdo se puede modificar; nuevos datos a través de las comunicaciones al señor Presidente, a través de las comunicaciones el día cuatro de Septiembre y a través de los datos de las nuevas valoraciones que le entregan el día cuatro de Septiembre al señor Consejero. Del cuatro al dieciséis nos podíamos haber puesto de acuerdo. Se lo garantizo. Y podíamos haber realizado un Pleno Extraordinario, por razones de urgencia. Pero es que, además, yo le voy a decir (no voy a entrar en cuestiones que se debatieron aquel día en la Junta de Portavoces): yo sé que se puso el plazo del veinte de Septiembre por parte del Presidente de estas Cortes para que se presentarán los nombres de los candidatos de los distintos Grupos a la Comisión Mixta; luego podíamos haber acelerado también todo el proceso. Sobre todo, el cuatro de Septiembre. Es decir, de verdad, a mí me ha extrañado todo el proceso. No sé, no quiero creer que se pretendía nada. Simplemente se puso en una grave situación a la Comunidad de Castilla y León; todavía está, no está cerrada la situación y, si se cierra, la cerrará el Gobierno de la Nación o el Grupo Socialista en el Congreso.

Y sobre las revisiones. Sí, señor Consejero, usted presentó revisiones como yo las hubiera presentado, porque estaba preocupado, y las estábamos analizando en la etapa anterior. Y le voy a decir una cosa: lo que ocurre es que el día dieciséis de Septiembre era el momento procedimental para presentar las revisiones, no el quince de Octubre.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Ruego al señor Paniagua termine su intervención.

PANIAGUA IÑIGUEZ: Y

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ: Y solamente a través de la constitución... Como sabe el señor Consejero, hubo una invitación por parte... y una propuesta por parte de este Parlamentario, de este Procurador, para que se constituyera de forma inmediata la Comisión de Liquidación, donde veremos todas esas correcciones que después tendrán efecto retroactivo y de futuro. Porque, en estos momentos, el dieciséis de Octubre, perdón, el quince de Octubre era procedimentalmente imposible aceptar por parte del Gobierno revisión alguna; solamente podía haber sido aceptada el dieciséis de Septiembre y, evidentemente, antes de que se presentara el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero de Economía y Hacienda, tiene la palabra.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Presidente, Señorías. Vuelvo a reiterarle, señor Paniagua, que está y existe el compromiso de la Administración Central de solucionar el problema y usted y yo sabemos que el problema está solucionado. ¿Qué ha existido un problema? Claro que ha existido un problema. Yo diría que ha existido algún problema más que en otras Comunidades. ¿Que quién ha sido el responsable de ese problema? Me parece que lo he aclarado con toda la tranquilidad antes. Primero, el Ministro de Hacienda, porque no se puede citar al Consejo de Política Fiscal el día cuatro de Septiembre sin ningún antecedente y por telegrama. Luego, dice que tiene que presentar en Anteproyecto, como dice la Ley, antes del último trimestre y que en diez días tenemos que hacer no sé cuántas cosas. En esa reunión se le recordó al Ministro de Hacienda que, por favor, con tiempo y plazo suficiente, con tiempo y plazo suficiente y con la documentación necesaria se convocara al Consejo de Política Fiscal.

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Segundo planteamiento, señor Paniagua. Usted mismo reconoce que la Junta actuó, porque en cuanto la Junta se enteró, el día dieciséis, que le citaban a la Comisión Mixta -yo no me enteré, se enteró el Vicepresidente, como muy bien dice usted, porque me parece que también le citaron por telegrama-, se personó; como no sabía lo que se estaba tratando, prácticamente, dijo que urgentemente reuniría a la Junta y que se comprometía a contestar al día siguiente. Y la Junta se convocó, la Junta debatió el problema y la Junta lo aceptó. Y la propia intervención del Vicepresidente del Gobierno evitó que el problema hubiese llegado a mayores, porque fue con una decisión política, como usted dice, cuando se le explicó al propio Ministro, señor Almunia, que aceptábamos el porcentaje definitivo de manera informal, porque no existía la Comisión. El dijo que con ese compromiso era suficiente y que ya nos citaría a la siguiente Comisión.

En cuanto a los cálculos, usted dice que en la primera Comisión se presentaron, y yo lo que le diría, señor Paniagua: no dramaticemos situaciones, seamos respetuosos con las decisiones de esta Cámara. El Consejero que le habla sí respeta las decisiones de esta Cámara y nunca se interferirá en las decisiones de la Cámara. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor Consejero. Para la fijación de posiciones puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor De las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Una vez más, a este Procurador del PDP le asalta la sensación, como decía ya en la interpelación anterior, de que estas cosas, estas discrepancias puede parecer que se producen dado el distinto signo político del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Comunidad Autónoma. A mí me gustaría creer, y hago verdaderos esfuerzos por creer que esto no es así, y digamos que quiero atribuir este desentendimiento del Gobierno de la Nación y del de la Comunidad, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a dos circunstancias. Una, el hecho de la complejidad propia del procedimiento, que tiene tres partes diferenciadas, como es la determinación del porcentaje de participación en ingresos definitivos del quinquenio vigente en el ejercicio del ochenta y siete y previsión de financiación de dicho ejercicio; que después eso lleva una serie de acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera; un cálculo de las diferencias entre la liquidación provisional y la liquidación definitiva y la participación en ingresos de mil novecientos ochenta y seis, y su estimación; el cálculo del ITEAE, que me parece que esas siglas quieren decir algo así como: los Ingresos Tributarios del Estado Ajustados Estructuralmente; la determinación del PPI definitivo del quinquenio vigente, que después, a su vez, tiene que volver a reajustarse, de acuerdo con la liquidación del año ochenta y siete y las previsiones de ese porcentaje para mil novecientos ochenta y ocho.

Es decir... Y luego toda una serie de trámites formales. Es decir, que hay, realmente, una complejidad enorme en la determinación de estos porcentajes y en los mecanismos del Consejo de Política Financiera y Tributaria y de las Comisiones Mixtas de Transferencias.

Y, por otra parte, eso ha coincidido, más o menos, en el tiempo con la renovación del Gobierno de nuestra Región, que, naturalmente, le pilla con la inexperiencia lógica de un Gobierno que se sienta por primera vez en su Junta de Gobierno, y que, naturalmente, le van viniendo las cosas con mucha rapidez y sin conocer, todavía, profundamente -cosa que, por otra parte, tiene una cierta lógica- los temas, y sobre todo temas de esta complejidad y sobre todo temas, también, de esta importancia.

Es decir, que quiero entender que no existe, precisamente, esa... echar arena a los engranajes por tratarse de dos Gobiernos de diferente signo, sino la coincidencia de una gran complejidad técnica y la coincidencia de una renovación del Gobierno Regional.

Pero, efectivamente, hay que decir dos cosas; que es cierto que el Estatuto de Autonomía de Castilla-León, en su Disposición Transitoria Tercera, determina que la sección de la Comisión Mixta de Transferencias, pues, es competencia de esta Cámara su elección; y que, efectivamente, esta Cámara demoró en el tiempo esa elección. Y que, efectivamente, como decía el Consejero de Economía y Hacienda, los Portavoces de los distintos Grupos de esta Cámara fuimos citados, a través del Presidente de las Cortes, que a su vez nos dijo que transmitía una invitación del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, para que asistiéramos, de manera informal, a la Comisión de Transferencias del día dieciséis del nueve del ochenta y siete. Y, efectivamente, por tener esa presencia, porque creíamos que era un tema de especial importancia, allá asistimos distintos Portavoces de los Grupos Parlamentarios, creo que a excepción del Portavoz del Partido Socialista, y nos encontramos con que se nos planteaba el que aprobáramos definitivamente un coeficiente de participación en los ingresos del Estado, sin ningún tipo de documentación, sin ningún tipo de antecedente, sin ninguna referencia de ninguna clase. Y, lógicamente, esa sección, la sección, no solamente ya el Consejero de Presidencia y Administración Territorial, sino la sección de esa Comisión Mixta de Castilla y León, nos dijimos que, primero, no estábamos elegidos y por lo tanto no teníamos la legitimidad jurídica de haber sido elegidos por esta Cámara, que es la que -según el Estatuto- nos debería de haber elegido, y en segundo lugar que, dada la trascendencia del tema, difícilmente podíamos comprometer con nuestro voto lo que iba a ser la financiación de la Comunidad Autónoma, nada menos que para el próximo quinquenio.

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Entonces, realmente, ésta es la secuencia que conoce el Portavoz del Partido Demócrata Popular, y, realmente, lo que yo creo que procede es, efectivamente, no dramatizar demasiado el asunto, porque yo creo que obedece a esas dos cuestiones. Por otra parte, yo, que tenía una cierta preocupación, y mi Grupo, del desastre financiero que esto podía suponer, me quedé muy tranquilo en la seguridad de que, si el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados y del Senado ha hecho una enmienda, de acuerdo, además, con el Gobierno, que efectivamente prometió -y yo fui testigo de esa promesa- que iba a ser arreglado y solucionado este asunto simplemente con una comunicación verbal del Gobierno de la Junta -y eso es así de cierto, porque lo dijo el Ministro de Administración Territorial-, pues la verdad es que el problema queda reducido a todo ese embrollo procedimental y, en el fondo, pues tenemos la seguridad que, si el propio Grupo Socialista lo plantea, el Gobierno de la Nación y el propio Grupo de las Cortes Generales lo va a aceptar así y, por lo tanto, no vamos a tener ese inconveniente.

En consecuencia, sí que tengo que manifestar, de alguna manera, nuestra preocupación, en cuanto a la interpelación, al párrafo que se refiere a que "sólo la voluntad política del Gobierno de la Nación, renunciando al cumplimiento de imperativos legales...". Pero, ¿cómo se puede decir que el Gobierno de la Nación va a renunciar a imperativos legales?. El Gobierno de la Nación se tendrá que ajustar a la legislación vigente; no puede renunciar a imperativos legales de ningún tipo. Y yo creo que todo esto se ajustará, precisamente, ajustándonos a la legalidad vigente. Y me parece, por lo tanto, un poco desgajado de contexto el que se diga eso, porque yo creo que eso realmente no es posible en un Estado de Derecho.

Y que, por otra parte, sea sólo el Gobierno, y paradójicamente el Gobierno de la Nación, quien ha tenido la única iniciativa de la revisión de esas valoraciones, porque, efectivamente, tanto en esa Junta informal de la Comisión Mixta, como -yo no estaba allí, no lo sé, pero aquí se han citado actas-, como en la Comisión de Política Fiscal y Financiera del cuatro del nueve del ochenta y siete, y la que posteriormente hubo -no sé qué día se ha citado-, pues, parece ser también que el Gobierno de la Junta hizo los reparos correspondientes a la valoración del porcentaje, a la valoración de los nuevos servicios transferidos (me parece que, concretamente, del AISNA), y a otro de los componentes que suponen el cupo total de financiación de nuestra Comunidad Autónoma, la previsión, mejor dicho, de financiación de nuestra Comunidad Autónoma, para el ejercicio presupuestario de mil novecientos ochenta y ocho.

Por lo tanto, nuestra posición, para fijarla definitivamente, es que las relaciones entre la Administración Central y el Gobierno de la Nación y el Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma deben ser más fluidas. Por otra parte, de alguna manera, mejor documentadas, porque la transmisión de estas cosas tan importantes, vía telefónica, vía de comunicación al Delegado del Gobierno, que a su vez se lo transmite al Presidente de las Cortes, que a su vez se lo transmite a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, vía de un simple telegrama, sin tener las documentaciones previstas con la suficiente anticipación para poderlas estudiar, y mucho más aquellas personas como yo, que reconozco que me resulta muchas veces muy difícil descifrar esas siglas como el ITEAE, etcétera, etcétera; pues, creo que lo que nosotros proponemos para fijar nuestra posición es que, realmente, en un buen entendimiento de colaboración, en un buen entendimiento de cooperación interadministrativa, en un buen entendimiento de facilitarse las cosas unos a otros -Gobierno de la Nación y Gobierno de la Región-, pues, establezcamos unos cauces de diálogo fluidos y claros y que no tengan ningún trasfondo de ningún tipo, y sobre todo ningún trasfondo político detrás, cuando lo que nos estamos jugando es cosas tan importantes como la supervivencia financiera de esta Región, a través de sus consignaciones presupuestarias en los Presupuestos Generales del Estado. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor De las Heras. El señor representante del Grupo Parlamentario del CDS, señor Monforte, puede hacer uso de la palabra.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Señor Presidente, Señorías. Creo que para hacer un análisis de la interpelación presentada por el Grupo Socialista, y que en estos momentos nos ocupa, es necesario, en primer lugar, hacer un repaso en el tiempo de cómo han ocurrido los hechos y en base a estos datos, tomar la oportuna posición en relación con este asunto.

Tras acordarse por mayoría, con el voto en contra del Portavoz del Grupo de AP, la distribución por Grupos Parlamentarios de los ocho Vocales de la Comisión Mixta de Transferencias, la Junta de Portavoces acordó por unanimidad..., repito, acordó por unanimidad que esta designación, al igual que la del Consejo Rector del Instituto de Desarrollo y Planificación Económica de Castilla y León y la de los miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisión en Castilla y León, que corresponde proponer a la Cámara, quedara aplazada para el próximo período de sesiones. Esto sucedió en la reunión de la Junta de Portavoces celebrada el catorce de Julio.

La Mesa, por mayoría y con el voto en contra del Vicepresidente Primero y del Secretario Primero, acordó, en conformidad con el criterio expresado por la Junta de Portavoces, que la designación de los Vocales de la Comisión Mixta de Transferencias, que corresponde a las Cortes, se efectúe a propuesta de los Grupos Parlamentarios, correspondiendo dos al Grupo de Alianza Popular, tres al Grupo del Partido Socialista, dos al CDS y uno al Grupo Mixto, siempre y cuando la Presidencia de la Junta de Castilla y León recayera en un miembro del Grupo de Alianza Popular.

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La Mesa da también su conformidad, por unanimidad, de que el orden del día del Pleno previsto para el veintinueve de Julio se limite a la dación de cuentas de la Diputación Permanente de la Primera Legislatura y la designación de Senadores representantes de la Comunidad. Esta fue una reunión celebrada por la Mesa el catorce de Julio.

El lunes catorce de Septiembre, según la información que obra en nuestro poder, y antes de iniciarse el día diecisiete el actual período de sesiones, fijado por unanimidad por la Mesa en su reunión del veinticuatro de Julio, el Presidente de las Cortes recibe a don Manuel Fuentes Hernández, Director General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales. En el curso de la conversación con el señor Presidente mantenida, éste le informa que el pasado viernes, día once de Septiembre, el Delegado del Gobierno se había dirigido a la Junta para trasladarle una convocatoria urgente de la Comisión Mixta de Transferencias, a celebrar en Madrid el día catorce a las nueve de la mañana; que la Junta había considerado inaceptable dicha convocatoria por su premura y por la imposibilidad de responder a la misma, al no estar constituida dicha Comisión para el actual período legislativo, y que el Vicepresidente y Consejero de Presidencia y Administración Territorial, Juan José Lucas, informaría al Presidente de las Cortes al respecto esa misma mañana.

Poco después se produce la llamada al Presidente de las Cortes del señor Consejero de la Presidencia, e informa que el Delegado del Gobierno ha hecho una nueva gestión ante el Ministro para que reciba a los representantes de Castilla y León al día siguiente, pidiendo se proceda a la constitución de la Comisión con carácter inmediato, dado el interés, para la Comunidad, de esa reunión urgente. El, por su parte, le ha indicado que ocho de los Vocales son designados por las Cortes y que sólo uno es designado por la Junta, y que la designación de este último, mediante nombramiento aprobado por la Junta de Consejeros; pero que estaría dispuesto a acudir como representante del Presidente de la Junta, siempre y cuando las Cortes, a su vez, pidieran designar también sus representantes para poder acudir a dicha reunión.

Después se consulta con los Letrados de la Cámara respecto de las posibilidades de improvisar esa representación, cuya designación compete en exclusiva al Pleno de las Cortes y no al Presidente ni a la Mesa, ni siquiera contando con el respaldo unánime de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios.

Con posterioridad, se produce una llamada del Delegado del Gobierno al Presidente de las Cortes, planteando el problema surgido y la necesidad ineludible de que la Comunidad esté representada en esta reunión y la imposibilidad de que la convocatoria se retrase a una fecha en la que, tras la celebración del Pleno correspondiente, la Comisión Mixta esté constituida con arreglo a lo dispuesto al respecto. El Delegado del Gobierno señala que se trata de oír a los representantes de la Comunidad en el aspecto presupuestario y que los Presupuestos van a ser aprobados por el Consejo de Ministros el viernes, dieciocho de Septiembre, y, caso de no acudir a la reunión, se podrían producir para la Comunidad graves consecuencias.

El Presidente de las Cortes subraya la imposibilidad legal de constituir la Comisión, aunque apunta la posibilidad de enviar una representación -sin capacidad negociadora, claro está-, siempre que lo acepten los distintos Grupos Parlamentarios, de acuerdo con la Junta y la fórmula de ésta de enviar un representante, aunque no un Vocal nombrado por la Junta de Consejeros. Por parte del Presidente de las Cortes, se consulta a los Servicios de la Cámara y se pone en contacto con los Portavoces de AP y del CDS, y, en esa mañana también, el señor Presidente recibe una llamada del Portavoz Socialista, señor Quijano, añadiendo que no deje de asistirse a la reunión de Madrid.

El señor Presidente de las Cortes celebra nuevas conversaciones con el Delegado del Gobierno, el señor Consejero de la Presidencia y los distintos Portavoces, excepto el del Grupo Mixto, porque era imposible su localización, y deciden constituir esa representación de las Cortes, formada por un Vocal designado por cada Grupo para que acuda a Madrid el día dieciséis de Septiembre, junto al representante de la Junta, si bien dejando claro al Delegado del Gobierno, para que informe al respecto al Ministro, el carácter de esta representación, cuya misión sería la de recibir la correspondiente información para poder hacerla llegar a la Comisión Mixta, una vez constituida formalmente, sin que pueda considerarse su presencia como un asentimiento a lo que se pudiera proponer.

Dada la falta de capacidad negociadora de los miembros que componen esa representación, el Delegado del Gobierno aceptó los términos de esa resolución y se comprometió a hacérselos llegar al señor Ministro, como fórmula de buena voluntad para resolver un problema de otra forma irresoluble legalmente.

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El día dieciséis de Septiembre, una vez ocurridos los anteriores hechos que he comentado a Sus Señorías, nos encontramos en una sala de espera -antes de entrar a la reunión de la Comisión Mixta- el señor Vicepresidente y Consejero de Presidencia, el Director General del Secretariado de la Junta, don Manuel Fuentes; representando al Grupo de Alianza Popular, el Procurador Francisco Jambrina; representando al Grupo Mixto, don Rafael de las Heras; y, por el CDS, este Procurador. Estuvimos comentando también, junto con un Director General que nos acompañó, los hechos que estaban ocurriendo, y pedimos a este Director General que informara de la situación, nuevamente, al señor Ministro, ya que no teníamos capacidad legal alguna para negociar, porque nuestros nombramientos no estaban refrendados por el Pleno de la Cámara, en el caso de los Procuradores, y por la Junta en el caso del Vicepresidente y Consejero de Presidencia. Este nos contestó que se lo comentaría de nuevo al señor Ministro.

Ya en la reunión, estuvimos durante unos minutos, incluido también el señor Ministro, esperando por cortesía a los representantes del Grupo Socialista en Castilla y León. Por cierto, que en la documentación que nos habían facilitado figuraba que iban a ir como asistentes a la misma el Procurador señor Laborda, el Procurador Constantino Nalda y el Procurador Francisco Javier Paniagua. Hay que decir que por allí no apareció ninguno de los mencionados Procuradores. Por todos y cada uno de los allí presentes -y vuelvo a recordar que el Grupo Socialista no envió a ningún representante-, se comunicó al señor Ministro la premura con que se había convocado la reunión y que, por tanto, no había dado tiempo a preparar y estudiar el Orden del Día, que, por otra parte, a mí se me facilitó dentro de la propia reunión. Asimismo, se le comentó por los allí presentes que estaban, que estábamos en calidad de representantes oyentes, sin ningún respaldo legal para negociar en un tema tan importante y de tanta trascendencia para nuestra Comunidad. Aunque este hecho lo comprendió el señor Ministro, según las palabras que nos dijo, él, a toda costa, quería que esa reunión se convirtiera de provisional en definitiva y rubricar con nuestra firma lo que esa tarde se discutiera. A esta postura nos negamos los asistentes, representantes de los distintos Grupos, y, por parte del Ministro y según mi criterio, empezó el cerco al señor Vicepresidente y Consejero de Presidencia, diciéndole a él, y de una manera indirecta a nosotros, que el Ejecutivo de Castilla y León debía tomar una decisión concreta, porque si no nos estábamos jugando 12.000.000.000 de pesetas: la diferencia entre las Transferencias a Coste Efectivo y el método acordado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el siete de Noviembre del ochenta y seis. La rapidez con que el señor Ministro quería hacer estas negociaciones era debida a que tenía que presentar los Presupuestos en el Consejo de Ministros el dieciocho de Septiembre.

El señor Consejero de Presidencia le pidió un plazo de veinticuatro horas para dar una contestación definitiva, una vez -según expresó él- se reuniera con el Presidente de la Junta y los distintos Consejeros. El señor Ministro aceptó, y quedó en llamar para dar una respuesta el jueves, diecisiete, por la mañana.

La impresión global que sacó este Procurador de aquella reunión fue de lo más lamentable, porque, a mi juicio, el representante de la Administración del Estado actuó en ese momento con todo el poder que le confería su cargo. También quiero decir que el señor Vicepresidente actuó, según mi criterio, con poca firmeza. Este Procurador salió con la sensación de haber estado jugando al ratón y al gato, y lo que estaba claro es que los representantes de Castilla y León no éramos precisamente el gato.

Una vez fuera de la reunión, se nos dijo que ese mismo día -como anécdota lo digo- había tenido reuniones el señor Ministro con cinco o seis Comisiones Mixtas de Transferencias. Yo no me..., desde luego, no me explico cómo es posible que en un sólo día se puedan negociar unas cosas tan importantes como son los recursos de una Comunidad, y se haga con seis Comunidades.

El Grupo del CDS está de acuerdo con la afirmación del Grupo Socialista de que la Junta ha actuado con negligencia, por no tener propuestas concretas y documentadas para esta negociación, puesto que su obligación hubiera sido tener en Septiembre toda la documentación preparada para asistir a esta reunión, máxime cuando se sabe que se estaban elaborando los Presupuestos Generales del Estado y, como ha dicho el señor Paniagua, cuando se le había comunicado desde el día cuatro de Septiembre que se iban a celebrar este tipo de reuniones.

Ahora bien, por otra parte, el Grupo Socialista, en el discurso de Investidura del Presidente Aznar, se comprometió a colaborar con la Junta en aquello que fuera importante para nuestra Comunidad, y, desde nuestro punto de vista, las transferencias lo son.

Ustedes, señores Socialistas, por su experiencia de Gobierno durante los cuatro años anteriores, deberían y deben de colaborar muy estrechamente con la Junta para resolver este asunto más satisfactoriamente. Me alegra haber oído al Procurador Paniagua que ellos mismos van a presentar una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para resolver este problema. ya que, si esto no se resolviera favorablemente, esta transferencia de los 12.000.000.000 de pesetas, el desgaste de este Gobierno, indudablemente, hubiera sido importante, pero las consecuencias finales las hubieran pagado, claramente, todos los ciudadanos de Castilla y León. Y el CDS entiende y propugna que los intereses de los castellano-leoneses están por encima de toda actuación partidista.

Señores de la Junta de Castilla y León, como indicaba anteriormente, parece ser que hasta ahora esos gritos que decía..., o chillidos, que decía hace unos días el señor Zamácola, o no los han dado lo suficientemente fuertes, o han servido de poco, pues, según la Interpelación del Grupo Socialista, aunque creo que en este caso no ha habido mucha colaboración por parte de ellos, se podría haber conseguido más dinero para nuestra Comunidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Para fijar posiciones, puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Popular, de Alianza Popular. Señor Bosque.

BOSQUE HITA

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EL SEÑOR BOSQUE HITA: Señor Presidente. Señorías. Salgo, en representación del Grupo Parlamentario Popular, a manifestar cuál es nuestra postura ante la Interpelación que, en estos momentos, ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Ni que decir tiene que el Grupo Parlamentario Popular apoya, con todas sus posibilidades, la gestión en este aspecto realizada por la Junta. Y, además, va a traer ante ustedes un recuerdo de la serie de vicisitudes por las cuales los intervinientes nos han hecho constar las circunstancias en que se ha movido el tema de la fijación de este coeficiente de participación de la Comunidad. No vamos a entrar ahora a hacer la historia completa, fecha a fecha, pero creo que objetivamente ha sido explicado prácticamente por todos los intervinientes los contenidos exactos de cada una de las fechas. Quizá, lo único que nos falte en estos momentos sea sacar las interpretaciones precisas, las interpretaciones del caso.

De todas maneras, sí me parece importante decir que, si esta Interpelación se hubiera producido a los cuatro o cinco años de haber abandonado el Gobierno de la Comunidad Autónoma por parte del Grupo Socialista, podría llegar incluso hasta a estar justificada, en razón de la pérdida de memoria de lo ocurrido durante la legislatura anterior, en que ellos gobernaron. Pero no hace más que tres meses de esto, y en estos tres meses han olvidado completamente la serie de situaciones en las que el entreguismo de la Junta Socialista ante el Gobierno Central de Madrid nos ha situado, en temas tan fundamentales como son los relativos a la financiación. Debiera recordar -hace un año aproximadamente- cuando en esta Cámara discutíamos los planteamientos erróneos que la Junta había tenido en relación con la financiación de Comunidades Autónomas. Y era una Junta que no es que llevase quince días responsabilizada del Gobierno de la Comunidad; era una Junta que llevaba ya tres años y pico gobernando la Comunidad y conociendo en profundidad todos y cada uno de sus problemas, y manejando, con plenitud de posibilidades, todos los resortes administrativos y todos los resortes técnicos con que puede contar la Junta.

Recuerden Sus Señorías cómo otras Comunidades Autónomas -algunas, incluso, de Gobierno Socialista- rechazaron aquella financiación con energía y consiguieron beneficios que en este caso no se han producido, por el "sí, señor" constante que la Junta Socialista hacía ante el Gobierno de Madrid. Que es la única Comunidad Autónoma, en estos momentos, que no tienen reconocido su coeficiente de participación; ya era hora de que alguna vez se diera cara al Gobierno Central y se le planteara la inconveniencia de seguir financiando una Comunidad como Castilla y León en las condiciones en que se ha estado haciendo hasta el momento.

El día catorce de Julio, cuando la Junta de Portavoces decidió que no se realizase la elección de los miembros de la Comisión Mixta, quien estaba gobernando Castilla-León era el Gobierno Socialista. Quien conocía perfectamente la trascendencia de dejar hasta la fecha del siguiente Periodo de Sesiones era el Gobierno Socialista. Sabía perfectamente todo lo que conllevaba el no tener dispuesta esa Comisión en el momento oportuno. Y no solamente se puede decir que es que el Grupo Socialista quizá no estaba suficientemente enterado, por falta de coordinación con la Junta; es que estaba delante, en aquella Junta de Portavoces, el representante de la Junta Socialista. Por lo tanto, cuando por unanimidad se acordó aquel día catorce que hasta el próximo Periodo de Sesiones no se nombraran los miembros de la Comisión, se estaba perfectamente sabiendo lo que se estaba votando y la clase de situaciones que iban a crearse posteriormente. Y esto debe de tenerse en consideración. Esto es algo serio, señores. ¿A qué se está jugando aquí?, ¿a que el poder que se comparte en un determinado territorio, o con el Gobierno de la Nación, se va a hacer política estricta de Partido?. ¿Se van a poner dificultades a la Junta que va a tomar las responsabilidades de Gobierno, poniéndole dificultades y ante situaciones inamovibles, por acuerdos tomados anteriormente, con desconocimiento de causa por parte de quienes representaban al Grupo Popular? Porque no era Gobierno todavía, porque no existía Junta, porque la Junta no se nombró hasta bastantes días después, mientras que todavía era Junta, era Gobierno, era responsable de la situación aquella el Gobierno Socialista. Esto, señores, es enormemente grave, a mi modo de ver. Y esto nos tiene que hacer recapacitar a todos, porque hay que recordar las palabras del representante Socialista, cuando tomó posesión el Presidente de la Junta y el Gobierno correspondiente, de que harían una Oposición noble, una Oposición constructiva, una Oposición seria.

Miren ustedes la primera manifestación de lo que se entiende por una Oposición leal, por una oposición limpia y por una oposición constructiva. Repito: esto, señores, es francamente grave.

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Después, se ha hecho aquí un análisis completo de todo lo que ocurrió hasta la reunión del día dieciséis. Se reprocha que entre el día cuatro de Septiembre y el dieciséis de Septiembre la Junta recien constituida no había sido capaz de elaborar toda una teoría de los coeficientes de participación, con todo lo que significa de conocimiento previo y de profundización. ¿Es que acaso el Consejero saliente Socialista había entregado todo el paquete de estudios, de coeficientes y de circunstancias, con toda la propuesta concreta que desvirtuase lo que había hecho aquello? No, señores. No entregaron ustedes esa documentación. Entregaron otra cosa distinta, y lo saben perfectamente. Puede extrañar que, sorprendidos ante un Ministro del Gobierno que aquí ha sido calificado -y no por nuestro Grupo- como de que el comportamiento era absolutamente prepotente, de que aquello era tratar de sacar adelante una situación que no estaba ni resuelta, que era conseguir unas firmas, aunque quienes firmasen no tuvieran autorización para poder firmar; ¿es que esto es comprensible en un Gobierno Central de un país serio, que se llama europeo? Por favor, respetemos las formas, respetemos los procedimientos, demos la información precisa a quien corresponde para que pueda resolverlos, en su punto y hora, con las condiciones debidas y con las garantías debidas. Y después, pasar la cuenta de que, si no fuera por nosotros socialistas, hay que ver lo que podría ocurrir, perdiendo no sé cuántos miles de millones de pesetas; pero, ¿es que acaso cualquier Grupo Político de esta Comunidad no está obligado a hacer cuanto pueda para sacar adelante los intereses de la Comunidad? ¿Es que puede pasar facturas por eso? ¿No les parece a ustedes que el juego es demasiado burdo, cuando se están detrayendo informaciones, cuando se produce el acuerdo de la Junta del día catorce de Julio, sabiendo la transcendencia que tiene, para luego después pasar la cuenta de que se va a conseguir gracias al Grupo Socialista? ¿Y por qué el Grupo Socialista no cuenta realmente con quien tiene que contar, con la Junta que acaba de tomar posesión? Se habla de que, incluso, se han presentado cuatro enmiendas en dos Grupos: una, al Anteproyecto de los Presupuestos del Estado. Pero, ¿es que algún Grupo Parlamentario puede tener acceso a los Anteproyectos de los Presupuestos del Estado? ¿No será mejor, no será lo lógico, no es lo suyo que todos los Grupos los conozcan a través del Proyecto, no de Anteproyecto, reservado exclusivamente a la propia, a los propios interesados? ¿Qué fue lo que se dijo?: Veníd aquí y ved a ver qué podemos hacer para que os apuntéis el tanto. ¿Era eso lo que se trataba desde el Gobierno Central? Y, luego que se van a presentar dos enmiendas del Grupo Socialista en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, para resolver el problema. Pero, ¿es que cabe en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados o en el Senado alguna otra posibilidad que no sea enmendar a través del Grupo Socialista? ¿Es que se conoce en la historia de la Legislatura Socialista algún caso en que se haya conseguido que una enmienda que no proceda del Grupo Socialista sea aprobada? Señores, ¡si me parece que es que no hay otro camino! Este es el problema. Ustedes se reservan los instrumentos, hacen lo posible para que no se conozca la situación que se está creando, intencionadamente por ustedes, con un Gobierno que acaba de tomar posesión; y después, sacan la prepotencia donde les parece y dicen: aquí estamos nosotros para salvar al país. Pero, ¡es que creen ustedes que Castilla y León olvida los cuatro años de Gobierno Socialista? ¿Es que ya han olvidado ustedes todo lo que ha pasado a lo largo de estos cuatro años, en que todas estas negociaciones entre ustedes y el Gobierno Central se traducían en una aceptación unánime, una aceptación constante, sin ninguna clase de rechazo, sin ninguna clase de problemas, cuando otras Comunidades supieron defender sus intereses? ¿Recuerdan ustedes que cuando se incrementó en 50.000.000.000 los dineros para financiar las Comunidades Autónomas, a requerimiento de éstas, mientras a algunas Comunidades Autónomas les tocaban decenas de miles de millones, a nuestra Comunidad -me equivoco en la cifra porque no la recuerdo, pero están muy aproximadas- debió ser 1.200.000 pesetas lo que nos tocó? Pero, señores ¿es que todo eso está olvidado?

Por todo esto es por lo que digo que no se puede volver otra vez a crear artificialmente una situación de este tipo frente al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque es grave los efectos que puede causar sobre los intereses generales del pueblo castellano-leonés.

Por todo esto, porque entendemos que la Junta ha estado en su puesto, ha hecho cuanto ha podido y seguirá haciéndolo, es por lo que respaldamos desde el Grupo Popular la función y la gestión de la Junta en estos temas.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Bosque.

A continuación puede hacer uso de la palabra el interpelante, señor Paniagua.

PANIAGUA IÑIGUEZ

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ: Señor Presidente, Señorías, Señores Consejeros. Ante mi perplejidad, no sé si comenzar por el final, cerrar el debate y decir que hacemos caso al señor Bosque Hita y retirar..., y promover que el Grupo Socialista en el Congreso retire las cuatro enmiendas ya presentadas, dos a los artículos 119 y 120 del Proyecto de Ley de Presupuestos, y una al Proyecto de Ley de Ampliación de Alcance y Condiciones...-dos, perdón-, y Condiciones de la Cesión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, tanto a la Exposición de Motivos, como a la Disposición Adicional Segunda; si está de acuerdo la Junta de Consejeros, nosotros no tenemos inconveniente en atender la solicitud implícita de don Vicente Bosque Hita y solicitar la retirada de esas enmiendas.

No voy a entrar absolutamente en ninguna otra cuestión de las planteadas; ha querido retrotraer la discusión a situaciones anteriores y a momentos anteriores, suficientemente explicados por este Procurador. Lo que sí le voy a decir una cosa: entérese lo que es un modelo de financiación. De una vez lea todo. No tenía la Junta que aprender la teoría del método, del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas porque ya estaba ahí; simplemente estudiar el porcentaje propuesto y el porcentaje definitivo y el revisado con los datos que obraban ya en su poder. Porque este Procurador dejó, señor Bosque Hita, toda -de testigo pongo al señor Consejero- la información de todas sus intervenciones, trabajos, que durante años llevaba realizando, en torno al tema del método de financiación; pero no solamente al señor Consejero, y eso quiero que conste bien claro: el año pasado, personalmente, en la Sección Castellano-leonesa de la Comisión Mixta, a los tres Grupos allí presentes. Desmiéntame y cuando quiera lo comprobamos. A los señores Carbajo y compañía, Grupo Popular; al señor representante entonces Grupo Mixto, PRD; y al Grupo Socialista, como tendré ocasión. De todas formas, se la puedo comunicar en estos momentos y entregar también.

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Pero repito que no quiero entrar en más cuestiones; simplemente decirle que quiero oír, que quiero oír en estos momentos a la Junta de Consejeros, señor Bosque Hita, si usted la ha representado como Portavoz y se ha adherido a ella, si, aceptando el espíritu de su propuesta, desea que se mantengan las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista en el Congreso o si proponemos a dicho Grupo la retirada de dichas enmiendas a los Presupuestos Generales y al Proyecto de Ley citado. Cuestión clave de todo el debate, por coherencia.

En relación con las otras intervenciones, que creo han estado dentro de esa línea constructiva con la que se ha desarrollado el debate, simplemente hacer algunas observaciones, teniendo en cuenta que lo esencial lo acabo de decir ahora, y proponer ahora a la Junta de Consejeros.

Yo ratifico lo esencial de la interpelación. Evidentemente, después de un debate se podían establecer modificaciones dentro del tono, o dentro de algunas observaciones de la misma, cómo no; para eso es el debate, para enriquecer posiciones mutuas.

De todas formas, sí que quiero señalar que, efectivamente, el Ministro de Hacienda será responsable de sus actos, yo no lo sé; pero sí he sido responsable señor Consejero, de que se apruebe el porcentaje en la sesión del quince de octubre y se introduzcan las cantidades que hubieran correspondido a esta Comunidad en el caso de que se hubiera aprobado ese porcentaje el dieciséis de Septiembre en el anexo de Presupuestos, del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y ahí es donde, y con esto le aclaro lo dicho antes por el Portavoz del Grupo Mixto, es donde se debe ubicar la afirmación de que, efectivamente, se han aprobado determinadas actuaciones sin garantías formales o renunciando a imperativos legales. Porque mire, en el Proyecto de Presupuestos del Estado, si usted lo ve, (lo puede contemplar cualquier Grupo Político), en la Ley, en el articulado, no está el porcentaje; y sin embargo, para por si acaso se aprobaba dicho porcentaje y a posteriori se rectificaba, en el Anexo de Transferencias a las Comunidades Autónomas aparece la transferencia que correspondería a Castilla y León, en el caso de que se aprobara ese porcentaje. Esa es la contradicción. Quiero decir: tendría que aparecer ya, en ese Anexo de Transferencias, simplemente las cantidades correspondientes al coste efectivo; pero para por si acaso, y teniendo en cuenta esa voluntad del Gobierno de aceptar una rectificación posterior, es por lo que hay esa no correspondencia entre la cantidad del Anexo de Transferencias y el articulado. A eso me refiero, a eso me refiero y no me refiero a ninguna cosa más. Pero bien claro está: en el caso de que no se hubiera aprobado el porcentaje, o no se apruebe, entonces se aplicará -vía sección 32- el coste efectivo, que es menor que esa cantidad, que se destinaría el residuo a otra cuestión.

Yo, sobre el tema de la información, reitero que, por parte personalmente mía, sabe el señor Consejero que, igual que él me transfirió información, yo se la he transferido; y, en este sentido, no le quepa duda ni a los Portavoces intervinientes, ni a la Junta, van a tener, y la van a tener de verdad mi total colaboración. Y no solamente la mía, la de mi Grupo y la de los miembros de mi Grupo en la Comisión Mixta. Porque, efectivamente, la historia, y no solamente la historia, sino también el mismo Grupo Popular en la anterior Legislatura... Consta en el Acta, señor Bosque Hita, de la Sección Castellano-Leonesa de la Comisión Mixta de Transferencias de fecha de veintisiete de Noviembre del ochenta y seis, donde el señor Carbajo -representante del entonces Grupo Popular-, tras felicitar por el trabajo realizado por la Consejería de Economía en relación con el tema, etcétera, etcétera. Alguna felicitación ha recibido, no este Consejero, evidentemente, antiguo Consejero, ni el Consejero siguiente, sino todos los equipos que están ahí; porque nos preocupan, tanto -supongo yo- a los equipos actuales, como a los anteriores estos temas, y muy profundamente. Aquí no hay trampa ni cartón, en esta cuestión.

Sobre el tema de Castilla y León, mire, le voy a decir: ha sido la única Comunidad que en estos momentos está como está. Véase el Proyecto, véase; y si hay dos, me es igual, véase. Pero fíjese, es que ha habido cinco Comunidades Autónomas que han tenido cambio de Gobierno después de las elecciones del diez de Junio y, sin embargo, no han ocurrido problemas con estas que han tenido cambios de Gobierno.

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Sobre el tema central que puede haber planteado el Centro Democrático y Social, yo les quiero decir lo siguiente, para su tranquilidad y para aclarar. Miren ustedes, puede haber los acuerdos que hayan tenido y existido, -cómo no lo voy a conocer- la Mesa y la Junta de Portavoces, pero, cuando un acuerdo existente se tiene que modificar, se modifica. Fíjese. ¿Cuándo? Cuando surgen circunstancias nuevas. Y, ¿cuándo surgen circunstancias nuevas? Pues en el momento en que, primero: se comunica por parte del señor Almunia al Presidente de la Junta que es urgente constituir la Comisión Mixta y celebrar Comisión Mixta, punto uno: dos de Septiembre; cuatro de Septiembre: cuando se le comunica reiteradamente al señor Consejero y a todos los Consejeros presentes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es ineludible, ineludible, convocar Comisiones Mixtas, y por lo tanto constituirlas, entre el diez y el veinte de Septiembre. Les voy a entregar -o el señor Consejero-, si lo desean, el Diario de Sesiones del Consejo de Política Fiscal, y ahí verán la de veces que se dice, por parte del señor Ministro, que se deben constituir las Comisiones Mixta y convocarse entre el diez y el veinte de Septiembre para aprobar los porcentajes definitivos, las revisiones de porcentajes, en su caso, para el ochenta y ocho -que es el caso de esta Comunidad-, y la asunción de un nuevo tributo, actos jurídicos ............ Y además se da toda la documentación, toda la documentación S-4, aunque..., mire, aunque nosotros no la hubiéramos tenido, la deberíamos de haber tenido el cinco todos los grupos, el cinco, no el dieciséis, el cinco. Lo que sí es cierto, que se podía haber estudiado y adoptado una posición, no en torno al método, en torno al porcentaje ofrecido, porque se tenían los datos dentro de la Consejería, en torno al porcentaje que se llevaba del documento entregado el cuatro de Septiembre.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Paniagua, le doy un minuto para que finalice su intervención.

PANIAGUA IÑIGUEZ

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ: Muchas gracias. Señor Consejero. Yo, simplemente, dicho esto -y aclarado el por qué entiendo que cambiaban las circunstancias y que se tenía que haber constituido la Comisión-, también le digo: se ofreció alguna solución alternativa que no fuera la decisión, por este Pleno..., o el hecho de que se constituyera formalmente a elección de este Pleno la Comisión Mixta; se ofreció por parte del Portavoz de la Junta de Portavoces, señor Quijano. Soluciones se podían haber aceptado por Madrid. Por eso es por lo que he cuestionado la falta de impulso en la constitución de la Comisión Mixta por parte de la Junta, no por otras razones. Por razones excepcionales, de carácter excepcional.

Y termino diciendo que yo ruego, ruego, que, en todo caso, si hubiera otra documentación, señor Consejero, nos la entregue a todos los Grupos porque, de verdad, estamos dispuestos a colaborar en el análisis y revisión de esa documentación de cara a la reunión y constitución de la Comisión de Liquidación del Porcentaje; y, a la vez, les quiero tranquilizar para decirles que no es que se van a presentar, se han presentado las cuatro enmiendas ya por el Grupo Socialista. Solamente que reitero, reitero, y solicito de la Junta de Consejeros -si está en su ánimo- lo expuesto, de forma indirecta, por el Portavoz del Grupo de Alianza Popular.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Señor Presidente, Señorías. Señor Paniagua, Procurador de las Cortes. Evidentemente, ha dejado usted datos en la Consejería. Me ha dejado los datos referentes a este tema. Y yo suelo decir y llamar a las cosas por su nombre: ha dejado datos. Yo dije que los datos se me habían entregado el día cuatro de Septiembre y lo dije tras una convocatoria de telegrama. Les he dicho cuál es la razón fundamental por la que no ha podido reunirse la Comisión Mixta, y es debido, única y exclusivamente, a que esta Comisión..., perdón, a que estas Cortes decidió el nombramiento de sus miembros con fecha posterior. Lo que me ha sorprendido de usted, -y, por primera vez, difiero de usted-, es con ese reto que parece que ha hecho a mi Grupo diciendo que si queremos que retire su Grupo las enmiendas. Pues, mire usted, señor Paniagua, no será este Consejero que habla, ni creo que nadie de mi Grupo, el que le diga al Grupo Socialista de las Cortes lo que tiene y lo que no tiene que hacer; háganlo ustedes. Pero, sobre todo, me ha extrañado mucho más en su tono, -que no era habitual-, mucho más en su tono, que emplee las mismas amenazas que empleó el señor Almunia cuando dijo que nos jugábamos los 12.000.000.000 de pesetas. Porque esas amenazas, cuando yo le llamé el día diecisiete de Septiembre, tras la reunión de la Junta, para comunicárselo, las empleó nuevamente: ¡se están jugando 12.000.000.000 de pesetas¡. Ha dicho mi Presidente, reitera el Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, que no admitimos amenazas de ningún Gobierno, no admitimos amenazas. Por tanto, igual que siempre hemos compartido criterios, le ruego, por favor, que en mi presencia no vuelva a amenazar a mi Grupo.

Muchas gracias.

(Aplausos)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Por alusiones, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO) Bien. Sí.

LUCAS JIMENEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, Presidente, Señorías. Con el fin de enriquecer el debate y de aclarar esas alusiones que se han hecho a mi presencia, después de la acertada intervención del PDP, de la explicativa y acertada, también, explicación del CDS, y de la vibrante y acertadísima del Grupo Popular, yo le voy a decir una cosa. Mire usted, en primer lugar, nosotros acudimos -como se ha señalado aquí-, yo acudí convencido de que participaba en esa acción de colaboración con la Administración Central, y en la Junta de Castilla y León no tenía que surgir ningún celo de esa convocatoria; por consiguiente, acudimos a un acto de generosidad, previos los contactos telefónicos oportunos que nos insistió el Delegado del Gobierno en Castilla y León y el señor Presidente de las Cortes. Acudimos como galantería, acudimos para que no nos dijeran que no queremos acudir, para que no nos acusaran de que no colaboramos; y llegamos, y quién no está es el Partido Socialista. Esto es intolerable. Primer punto.

(-p.157-)

Segundo punto. Ha dicho el CDS una palabra que yo la considero acertada: el señor Almunia emprendió el cerco -creo que ha sido así, corríjame-, emprendió el cerco al Vicepresidente de la Junta. Yo no sé si tengo inmunidad parlamentaria, pero, desde luego, si la tuviera diría aquí lo que, en términos de ficción o de fin policíaco tiene lo que él trató de hacer. Le voy a explicar una cosa, señor Paniagua: cuando vio que no podía él obtener la firma de los cinco representantes que estábamos allí -y hay representantes de dos Grupos-, llegó a decir "es que -sarcásticamente, con siete Directores Generales delante-, a lo mejor desaparecen los 12.000.000.000, y luego el Grupo -que, naturalmente será el Socialista-, hará la propuesta en Cortes". Era para levantarse. Esto lo hace ante la Junta de Castilla y León, que no se ha dado cuenta que no es un Gobierno civil; eso no se lo hace a la Generalitat, ni al PNV; no se lo hace. Se lo hace a la Junta de Castilla y León que encontraba un grado de docilidad que nosotros nos resignamos a aguantar. Nos quedamos, nos quedamos los representantes del CDS, del PDP, de Alianza Popular y los representantes de la Junta, sin estar legalizados para estar, legitimados...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Señor Bosque, que le habíamos dado la palabra para aclarar, digamos, las alusiones que se había hecho a su intervención, a su persona. El debate estaba terminado y por eso le agradecería que....

LUCAS JIMENEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, señor Presidente.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Señor Presidente. Le estoy pidiendo reiteradamente la palabra ...........

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): No hay alusiones.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Se ha dicho algo falso respecto a mí y hay que corregirlo.......

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): No hay unas alusiones personales, señor Bosque. Digamos, la Presidencia estima que no ha habido unas alusiones personales a las que se refiere el Reglamento.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Señor Presidente. Si se ha dicho que el señor Bosque ha pedido que retire el PSOE unas enmiendas que favorecen a Castilla-León, y es mentira. Esto está claro que es mentira.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): No afectan, no afectan a su persona, ni a su honorabilidad, señor Procurador. Muchas gracias

El debate está terminado. Pasamos...

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Las expresiones vertidas por el Consejero de Economía se pueden entender como caso de indignidad, que específicamente el Reglamento contempla como supuesto para conceder la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): La Presidencia no estima que exista, digamos, ese caso de indignidad, es decir, no ha habido en absoluto... El debate está terminado, señores Procuradores, y tiene la palabra el señor Secretario para dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Cuarto punto del Orden del Día: "Propuesta de creación de una Comisión Parlamentaria Permanente, denominada Comisión de Seguimiento de los Proyectos de Embalses y sus aprovechamientos en Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El señor Secretario procederá a dar lectura a la propuesta de creación de esta Comisión Parlamentaria Permanente.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): "La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día treinta de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete, ha acordado, de conformidad con el criterio expresado por la Junta de Portavoces, proponer al Pleno de la Cámara la creación de una Comisión de carácter permanente, denominada Comisión de Seguimiento de los Proyectos de Embalses y sus aprovechamientos en Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): ¿Algún Grupo Parlamentario desea abrir debate en torno a la propuesta? Se somete a votación la propuesta. ¿Se aprueba por asentimiento? Queda aprobada la propuesta de creación de una Comisión de carácter permanente denominada "Comisión de Seguimiento de los Proyectos de Embalses y sus Aprovechamientos en Castilla y León".

El señor Secretario dará lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Quinto punto del Orden del Día: "Comunicación de la Junta de Castilla y León para la celebración de un debate ante el Pleno sobre el Fondo de Compensación Interterritorial".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Tiene la palabra el representante de la Junta de Castilla y León, señor Villar.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Perdón, señor Presidente. Señor Presidente, Señorías.

Para que las Cortes de Castilla y León tengan la suficiente información de los problemas que le preocupan a la Junta, en cuanto a las posibilidades de obtener financiación, comparezco ante estas Cámaras para informar debidamente de los resultados y del reparto hecho del Fondo de Compensación Interterritorial.

(-p.158-)

Como Sus Señorías conocen, el Fondo de Compensación Interterritorial ya estaba previsto en la Constitución Española, en su artículo 158.2, en la que dice: "se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso". La Ley Orgánica 8 de 22 de Septiembre de mil novecientos ochenta, sobre la Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, preveía en su artículo 16, entre los recursos financieros de estas Administraciones Públicas, la creación del Fondo de Compensación para reducir los desequilibrios interterritoriales. Asimismo, la mayor parte de los Estatutos de Autonomía que se han ido aprobando incluyen el FCI entre sus propios recursos. Posteriormente, la Ley 7, de 31 de Mayo de mil novecientos ochenta y cuatro, del Fondo de Compensación Interterritorial, señala en su artículo 1 que "el propósito del Fondo es corregir los desequilibrios interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad". Se aprecia, claramente, la intencionalidad del legislador, que debe de servir, pues, para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales de carácter estructural, basándose en el principio de solidaridad interterritorial, que consagra la Constitución en su artículo 2.

Las características del Fondo de Compensación Interterritorial son las siguientes. El Fondo de Compensación Interterritorial se nutre, actualmente, del 30% del importe destinado en los Presupuestos Generales del Estado a la inversión neta, excluidos los gastos de Defensa. Pues, bien, si el Fondo de Compensación Interterritorial se nutre de un coeficiente que, teóricamente, tiene que basarse en una cifra que se va reduciendo paulatinamente, porque lo que es cierto es que en términos relativos, o en términos constantes, la inversión del Estado tiene que ir disminuyendo, puesto que si se consagra el proceso autonómico las inversiones las harán las Autonomías, fundamentalmente, cada vez en mayor porcentaje, y menos el Estado. Y ése es el hecho que está ocurriendo. Primero, señores, el Fondo de Compensación Interterritorial se ha nutrido con una cantidad escasa, a todas las luces incapaz de poder corregir esos desequilibrios que ya en su iniciación el legislador preveía que era su misión, y posteriormente, como se diga, en un tanto por ciento; conocen Sus Señorías que en principio el coeficiente era el 40%, y tras el acuerdo de Noviembre del ochenta y seis se redujo al 30%; aunque ya sé, señor Paniagua, que me va a decir que ese diez por ciento está computado en el coeficiente de participación en el Estado, tendremos que debatir luego cómo ese 10% se traspasó, a mi juicio, erróneamente, a ese coeficiente.

Pero, les iba diciendo, Señorías, que tras el..., que en su iniciación se nutrió con una cifra absoluta pequeña, se rebajó el coeficiente del 40 al 30% de ese coeficiente de inversión neta, con lo cual va disminuyendo en términos constantes año a año su dotación. Por si fuese poco, la distribución del Fondo de Compensación se basa, como Sus Señorías conocen perfectamente, el 70% de su importe en proporción inversa al nivel de renta, el 20% en proporción directa al saldo migratorio, el 5% al paro y el otro 5% a la extensión territorial, salvo la otra Disposición Adicional para las islas, que a nosotros no nos afectan. Pues, bien, en esta distribución, excepcionalmente este año, nos hemos visto perjudicados, puesto que en el reparto del Fondo se toma como base las últimas estadísticas que tiene el INE, y que, concretamente, han servido para el cálculo de este año las de mil novecientos ochenta y cuatro, que, como consecuencia de la gran cosecha de mil novecientos ochenta y tres, por primera vez la Comunidad en esta década ha superado el coeficiente de su renta per-cápita al porcentaje de la media nacional. Saben Sus Señorías perfectamente, que la renta per-cápita de esta Comunidad es inferior, al menos en un 13%, a la media de la renta nacional, y por la excepcionalidad de las cifras que se manejan nos hemos visto privados, para mil novecientos ochenta y ocho, de una cantidad absolutamente importante de inversión estructural. Se me puede alegar que otros años nos habremos beneficiado, o que nos beneficiaremos posteriormente. No me parecería acertada esa observación, puesto que la Comunidad...

Señoría, si no habla un poco más bajo me está molestando, el señor Procurador, y no me puedo concentrar.-

... el porcentaje de inversión que en un momento se haga tiene que rendir sus frutos de renta en los años sucesivos. Si se retrasa esa inversión, al menos, nos estaremos privando de la renta correspondiente al año en que debería de haberse realizado.

El segundo coeficiente, el 20% del saldo migratorio, también nos ha perjudicado este año, pero, fundamentalmente, está perjudicando este coeficiente a todas las Comunidades que, en principio, tenían un saldo migratorio favorable hacia la periferia o Comunidades desarrolladas y que por la crisis generalizada, durante los últimos años, no se producen estas emigraciones, con lo cual el efecto que se está consiguiendo es efecto inverso al que en principio se pretendía.

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Como resumen: la Comunidad de Castilla y León en el año de mil novecientos ochenta y cuatro participaba del Fondo total con un porcentaje del 9'1861, y en el año mil novecientos ochenta y ocho hemos participado del 7'60%. Curiosamente, las Comunidades más ricas han ido aumentando su coeficiente; por ejemplo, Cataluña, en la que comenzó con un coeficiente inferior y este año casi llega al 10%, curiosamente, también, coeficiente superior al 7'69 de una Comunidad mucho más pobre como es la de Castilla y León; más extensa, más pobre y con menor densidad de población, pero, sobre todo, con una base poblacional distribuida en seis mil ciento setenta y cuatro núcleos poblacionales, es decir, una Comunidad que necesita mucha mayor inversión estructural para obtener el mismo bienestar de vida que el resto de las Comunidades. Toda nuestra población de esta Comunidad está en un barrio, o en un pueblo cerca de Cataluña, en el.........., que supera esta población, con lo que esa población, para obtener las inversiones estructurales, obtiene unas importantes economías de escala. Por tanto, Señorías, entiende la Junta de Castilla y León que el Fondo de Compensación Interterritorial, en estos momentos, no está cubriendo el objetivo que motivó su nacimiento, convirtiéndose en un simple medio más de financiación para las Autonomías.

Esta Junta de Castilla y León entiende que debe de modificarse, primero, cuantitativamente las cantidades que se dotan del Fondo, sobre todo debe de desvincularse de un coeficiente de inversión que sabemos que..., cuyo volumen de inversión se va a ir reduciendo, en términos constantes, en el tiempo.

En segundo lugar, creemos que se tiene que modificar los criterios de distribución. Entendemos que son muchos más correctos, primero, por ejemplo, que sólo participen en este Fondo aquellas Comunidades cuya renta sean inferiores a la media nacional. Segundo, que se tenga en cuenta unos coeficientes, la dispersión y los núcleos donde se asiente la densidad de población, -se puede utilizar, por ejemplo, el índice ........ Tercero, cuando se habla de paro tiene muchas más importancia que el volumen de paro cuál sea, concretamente, la característica de ese paro y si existe un paro encubierto, que no exista estadísticamente, se pueda contemplar. Y, por supuesto, debe de tener mayor importancia, mucha mayor importancia en esa distribución, la extensión; porque la extensión de una Comunidad influye, fundamentalmente, en unas inversiones estructurales como son las carreteras. Por todo ello, Señorías, la Junta de Castilla y León ha querido tomar la iniciativa de informarles a todos ustedes, para que, en consecuencia, propongan las medidas que cada Grupo crea conveniente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, señor Laborda.

LABORDA MARTIN

EL SEÑOR LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, en nombre de mi Grupo para dejar constancia de algunas reflexiones. En primer lugar, consideramos pertinente esta declaración que se ha hecho por parte de la Junta de Consejeros, entramos en el debate decididamente en ello, y quisiera, sí, puntualizar algunas cuestiones que me parecen relativamente..., notable su puntualización. Primero, el criterio de mi Grupo de que el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, dentro del cual, lógicamente, se integra, porque es una parte, el Fondo de Compensación Interterritorial, una parte para asegurar la insuficiencia financiera, otra parte tiene para compensar, efectivamente, los desequilibrios, es un sistema que ha funcionado bien, no ha generado tensiones, no ha generado un déficit y, por lo tanto, en su conjunto el sistema, visto en su conjunto, creemos que debe de ser al menos reconocido lo que al fin y al cabo ha sido contribución de todos; puesto que el sistema, en su fase definitiva, desde hace..., en funcionamiento desde hace dos años, desde hace un año exactamente, ha sido consensuado por todas y cada una de las Comunidades Autónomas con el Gobierno de la Nación, lo que tiene un valor en sí mismo, un valor en sí mismo y, por lo tanto, no seamos tampoco apresurados a la hora de proponer, sólo desde nuestra óptica, una posible modificación del Fondo.

Efectivamente, coincidimos con el Gobierno de la Comunidad Autónoma en percibir, porque está en los datos, que se ha producido un descenso de la participación de esta Comunidad Autónoma en el Fondo de Compensación por efecto de la ponderación, sobre todo, de la renta, -como bien ha señalado el Consejero-, en la que se evalúa un año que coyunturalmente, afortunadamente para nosotros, fue un año positivo en términos de la aportación del Producto Interior Agrícola de la Comunidad, a la renta general de los ciudadanos de esta Comunidad. Pero cuando se hace esta declaración, debemos precisar las cifras. Efectivamente, pasamos de los 12.717.000.000 de mil novecientos ochenta y siete a los 11.498.000 que están presupuestados en el Presupuesto General del Estado para mil novecientos ochenta y ocho. Es cierto que Castilla y León, en términos de proporción, pasa de tener el nueve "y pico" por ciento del total del Fondo a un descenso que se sitúa en torno al 7'06%, datos que no hace falta más que deducirlo. Es decir, estamos hablando de que, efectivamente, se produce un descenso relativo de nuestra participación, que estaba alta, como el señor Consejero lo conoce y, efectivamente, los legisladores, los que aprobamos la Ley del Fondo, -entre los cuales modestamente los Parlamentarios nacionales de Castilla y León tuvimos algo que decir-, hicimos lo posible por contemplar variables que beneficiaran a Comunidades como la nuestra, que tradicionalmente su renta, su migración había jugado negativamente en cuanto a nuestro desarrollo. No podíamos prever que coyunturalmente se fuera a producir alguna desviación. Desde luego, estábamos previendo que nuestra Comunidad Autónoma, paulatinamente, está pasando a tener impulso propio en cuanto a su desarrollo.

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Pero fijémonos en las cifras. Es decir, se produce un descenso de 1.219.000.000 de pesetas respecto de mil novecientos ochenta y siete. Tengamos en cuenta que la deflactación de esas cifras será menor en mil novecientos ochenta y ocho en términos de inflación prevista. Pero también hemos de decir que la parte del fondo que la Comunidad Autónoma va a gestionar autónomamente se incrementa en 239.000.000 de pesetas, la parte que ustedes gestionarán específicamente se incrementa; el margen, por lo tanto, de autonomía aumenta, aunque en términos globales la cuantía del Fondo, efectivamente, disminuye. Pero no perdamos de vista que la financiación autonómica, los instrumentos de compensación interterritorial, no están sólo, afortunadamente, vinculados a la Ley del Fondo, sino que, indudablemente, están vinculados al conjunto de la financiación y también, lógicamente, a las actuaciones del Estado, la parte del Estado que sigue siendo parte inversora del Estado, y también, lógicamente, a la actuación de otras Administraciones que, en tanto pertenecemos a la Comunidad Económica Europea, invierten, tienen sus líneas de inversión en nuestra Comunidad. Y, en ese contexto, reconociendo, efectivamente, que la Ley del Fondo por ese efecto coyuntural, en este caso para mil novecientos ochenta y ocho y por primera vez desde su puesta en ejercicio, nos perjudica, hemos de decir, en honor a la verdad, -porque es un reto para ustedes y para todos-, que el conjunto de las inversiones públicas del Estado, para el quinquenio entre el ochenta y siete y el noventa y uno, para Castilla y León nos sitúan en el tercer lugar de las Comunidades Autónomas, y si excluimos Madrid, -cuyo cómputo es difícil de señalar que sea efectivamente una inversión racional al residir en Madrid los órganos del Estado-, nos encontramos con que la parte de inversión del Estado dirigida a esta Comunidad Autónoma es muy notable, muy notable, hasta el punto..., y hay que decirlo aquí también, porque lo que nosotros decimos aquí lo decimos también en el Parlamento Nacional; lo que hay que decir es que, efectivamente, por ejemplo, Comunidades Autónomas que se quejaron en el momento de la aplicación de la Ley del Fondo, la Comunidad Autónoma de Cataluña, -valga el ejemplo-, que en su día se quejaron de que salían perjudicadas por la aplicación del Fondo hoy salen beneficiadas. Evidentemente, Cataluña ha pasado por encima de nosotros en cuanto al porcentaje, pero en la inversión programada para el quinquenio, Cataluña -inversión del Estado-, Cataluña se sitúa -por poner un ejemplo- muy por detrás de nosotros en cuanto al esfuerzo que la Administración del Estado va a hacer en la inversión en esa Comunidad, muy por debajo; le puedo dar las cifras exactas, le puedo dar las cifras exactas y aproximadamente la inversión del Estado en Cataluña, para este quinquenio se va a situar, aproximadamente, en una tercera parte que lo que el Estado va a realizar en esta Comunidad Autónoma. Y, evidentemente, aquí no queremos decir un mérito, porque yo creo que, lógicamente, una política, cuando no repudia la planificación, cuando piensa la programación y la planificación no está pensando en las hectáreas sino en la felicidad de los hombres y de las mujeres, -y eso es una política socialista-, tiene evidentemente que contemplar el hecho de que en las regiones deprimidas existan sobre todo mayor número de hombres y mujeres que se encuentran en condiciones de renta inferiores a las de las regiones denominadas ricas. Pero he de decir a continuación que en cuanto a la suma de fondos FEDER, FEOGA Orientación y Fondo Social Europeo, que se añaden indudablemente, en esa perspectiva nueva de la compensación, a la actuación del Fondo de Compensación Interterritorial, Castilla y León afortunadamente se sitúa detrás de Andalucía, siendo la segunda región española en recibir ese tipo de apoyo y, evidentemente eso comtemplémoslo en su conjunto.

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Ahora bien, yo a continuación me apresuro a decirles con toda claridad que estamos absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que hay que entrar, porque estamos en plazo mil novecientos ochenta y ocho, dada la vigencia de la ley hasta mil novecientos ochenta y nueve, en estudiar y ponderar los criterios para una posible modificación de la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Este Grupo Parlamentario, lo dice con toda solemnidad, está dispuesto a entrar en una discusión respecto de los parámetros. El señor Consejero ha señalado aquí algunos. Yo quiero decir lo siguiente: vamos a estudiarlos todos, absolutamente todos. Piensen ustedes que nosotros tenemos que trasladarlos, previo conocimiento de esta Cámara, -y así irá, en ese sentido irá alguna moción que vamos a presentar a continuación-, tenemos que presentar esos parámetros en el órgano legalmente establecido, órgano que es el Consejo de Política Social y Financiera. Y, desde luego, no nos apresuremos a comprometernos en esta tribuna respecto de cómo creemos nosotros que deben de ser los parámetros. Porque el señor Consejero señala: por ejemplo, en lugar de ponderar las renta de un año ponderemos la renta de un quinquenio. No tengo nada que decir; pero no tengamos sorpresas, porque es posible que si ponderáramos en quinquenios la renta el resultado sería el mismo, y, por lo tanto, vayamos a buscar exactamente cuáles son los parámetros concretos. Porque yo he de recordar: he sido protagonista, modesto, de las dos leyes del Fondo, o de los dos proyectos -uno de los cuales acabó constituyéndose en ley- y, evidentemente, cuando uno cogía el ordenador y traducía en cifras concretas las frases dichas en la tribuna, o las enmiendas literalmente presentadas por los Grupos Parlamentarios, se encontraba con que aquel que pretendía, con una determinada propuesta, mejorar a los electores que él creía representar los estaba perjudicando. Y el Diario de Sesiones del Senado, tanto en la discusión del año ochenta y dos como en la posterior del año ochenta tres-ochenta y cuatro, está lleno de, efectivamente, ese tipo de tropezones en los que algunos fácilmente dijeron: a mí me beneficia la emigración, y cuando se conjugaban con los demás parámetros, -sin reflexionar a fondo, sin tener rigor técnico- nos encontramos con que los resultantes de sus propuestas perjudicaban a quienes querían beneficiar, porque a veces se dejaban arrastrar por la facilidad demagógica de hacer determinadas frases respecto de la galería. Por lo tanto, aquí existe el compromiso de mi Grupo Parlamentario para estudiar seriamente; la Junta de Consejeros tiene una responsabilidad, pero sobre todo tienen ustedes la responsabilidad de movilizar al conjunto de la Comunidad Autónoma, porque hay instituciones, en esta Comunidad Autónoma, que han dicho mucho respecto de las fórmulas compensatorias -me refiero a la Universidad, etcétera-, y creo que tenemos el tiempo suficiente para en mil novecientos ochenta y ocho trasladar esos criterios a través de los órganos donde ustedes están representados. Y, desde luego, lo que quiero señalarles claramente, que estas tierras tienen derecho a la solidaridad y, por lo tanto, nosotros vamos a subrayar claramente que necesitamos que mejoren esos instrumentos que nos hemos dado legal y constitucionalmente. Pero nadie debe ir gimiendo mendicantemente en nombre de ellas. Yo creo que tenemos capacidad por nosotros mismos de sostener el impulso para el crecimiento económico y, por lo tanto, en función de esa Castilla y León nueva, con capacidad y voluntad, tenemos, evidentemente, que trabajar, porque no debemos de pensar hoy, en mil novecientos ochenta y siete, que un mecanismo compensatorio tiene que estructurarse como en mil novecientos sesenta. En mil novecientos sesenta, cuando el crecimiento económico producía desajustes en las zonas infradotadas, la compensación tradicional se producía a veces a través de cuestiones como las que en algunas ocasiones he querido deducir de su intervención en esta tribuna, es decir: compensemos sin más. Hoy, en mil novecientos ochenta y siete, una fórmula compensatoria no tiene que ir a compensar, a corregir, a subsanar los efectos del crecimiento económico rápido, sino que debe de crear las condiciones en sí misma, tanto para las zonas rurales como para las zonas industriales a las que la crisis también produce efectos de desigualdad, debe de crear las condiciones, evidentemente, para que puedan tener un crecimiento económico sostenido. Y, por lo tanto, además de los parámetros, señor Consejero, Señorías, tenemos que tratar cómo ajustamos en el fondo, por ejemplo, el comportamiento de los fondos regionales europeos, cómo integramos dentro del Fondo las normas respecto de las incentivos regionales para el desarrollo, cómo integramos dentro del Fondo el criterio de compensación con el criterio de financiación, porque, lógicamente, están entrelazados unos y otros y no es fácil separar. He de decirle, señor Consejero, que la parte del diez por ciento que usted ha señalado, a mí me sorprende la queja que usted acaba de plantear, o la que he querido entender así en esta tribuna, porque, indudablemente, lo que todas las Comunidades Autónomas, todos los representantes de las Comunidades Autónomas han sostenido siempre es que querían que se redujera la parte condicionada del fondo y se incrementara la parte no condicionada del mismo. Y eso es lo que ha sucedido con el sistema de financiación definitivo, que, lógicamente, usted tendría que haber conocido, no sé si antes de su toma de posesión pero, desde luego, a partir del momento de su toma de posesión.

Yo, simplemente, quiero señalarle que estamos en condiciones de debatir, que estamos en condiciones de participar, que estamos en condiciones de colaborar y que, desde luego -y con el permiso del Presidente me retrotraigo al debate anterior-, este Grupo Parlamentario nunca ha amenazado ni a su Grupo Parlamentario, ni va a amenazar a la Junta, ni yo voy a tolerar que eso se produzca por parte de ninguna administración. Pero no lo confundan ustedes demagógicamente con un artificio parlamentario hecho en la tribuna, cuando no hay posibilidad de responder, cuando lo que nosotros estamos, y aquí está la demostración, es precisamente intentando que ustedes no cometan errores por ir a la teoría "sensu stricto", a la letra de la confrontación con la Administración Central, para buscar responsabilidades ahí, porque, efectivamente, sucede lo que ha podido suceder y que nosotros, sin que sea ninguna amenaza ni ningún chantaje, hemos corregido presentando la enmienda a los presupuestos al coeficiente participación. Y por dejar las cosas claras he de decirle en su honor, señor Consejero, que usted, y yo estuve en aquella reunión, -la única formalmente convocada- usted estuvo en una actitud que yo me permito, aquí en público, decir que le felicito, porque evidentemente usted estuvo defendiendo los intereses de la Comunidad Autónoma, cuando aceptó la propuesta que el Gobierno de la nación había hecho; usted estuvo defendiendo los intereses de la Comunidad Autónoma, siendo el primer Consejero de una Comunidad Autónoma gobernada por partidos distintos al Partido Socialista que ha invitado, adhiriéndose a la propuesta del CDS, a que próximas reuniones de la Comunidad Autónoma se reúnan en el territorio de la misma. Y, por lo tanto, no tengo nada en absoluto que decir ni reprochar; no tengo nada en absoluto que decir ni reprochar. Es decir, creo que, efectivamente, hay un entendimiento y que lo que sucede, realmente, en esos órganos no es lo que se dice que sucede cuando se sube aquí a la tribuna.

Pero volver al hilo del debate, sólo una última cuestión. Dispuestos a colaborar y a estudiar posibles modificaciones de la Ley del Fondo, yo he de decirle que la estructuración autonómica del Estado no tiene por qué sustituir una visión global de los mecanismos compensatorios. No podemos pensar que sólo desde una región en un mercado nacional podemos corregir con nuestras actuaciones los desajustes que produce el crecimiento de la economía a nivel nacional o a nivel internacional. Y por último, y señalo que esto estará contenido en su momento en una moción que presentaremos, no queremos tampoco perder de vista la necesidad de que, al mismo tiempo que se compense nuestra desigualdad regional respecto de las demás Comunidades Autónomas de España, abordemos lo que está previsto en nuestro Estatuto, en el artículo 32.2, es decir, el Fondo de Compensación Regional. Nuestra Región, si tiene todavía desigualdades, lo tiene en tanto que algunas de sus provincias y comarcas están muy por debajo de la media, de la media regional y de la media nacional, y porque, evidentemente, y ahí está el final de todo este esfuerzo, nos encontramos con hombres y con mujeres con nombres propios que quieren tener solidaridad, dignidad y servirse por sus propios medios para tener el lugar que constitucionalmente les corresponde en España. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Laborda. Puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo Parlamentario Mixto, señor De las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

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EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Voy a empezar por decir, en esta tercera intervención de este Portavoz del PDP, que en este punto en concreto, en el que se trata la comunicación de la Junta para tratar de temas relativos al Fondo de Compensación Interterritorial, ha entrado el debate en unos términos que, así como yo antes calificaba de dudosa eficacia en los anteriores, ahora califico de plenamente positivos, después de la intervención tanto del Consejero como del Portavoz del Grupo Socialista, que me ha parecido muy moderada, que me ha parecido muy puesta en razón, que me ha parecido muy sensata y muy con la finalidad de tirar para adelante de esta Comunidad Autónoma.

No me queda más remedio, puesto que yo en mi intervención no me voy a referir, fundamentalmente, a las diferencias del Fondo de Compensación Interterritorial relativas a esta anualidad en relación con las anualidades pasadas, que hacer referencia como lo ha hecho el señor Consejero de Economía y Hacienda, -aunque, efectivamente, es seguramente conocido por todos los Procuradores y pido disculpas por ello-, a los artículos que tanto la Carta Magna, la Ley Orgánica y la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, hablan de este tema; porque yo me voy a referir, fundamentalmente, al fondo de esa legislación de compensación interterritorial con la que nosotros, con la ley tal y como está redactada, estamos en principio en desacuerdo en cinco temas fundamentales.

Efectivamente, la Constitución, en su artículo 2, garantiza a las nacionalidades y regiones la solidaridad entre todas ellas; lo reitera en el artículo 40, referente a la distribución de la renta regional y personal más equitativamente; pero fundamentalmente es en el artículo 138, y sobre todo en el 158, apartado 2, donde..., de donde realmente nace la..., el Fondo de Compensación Interterritorial a través del instrumento de la ley orgánica y después de la ley ordinaria del fondo, donde dice: "con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas".

Y, efectivamente, la Ley Orgánica 8 del ochenta, de financiación de las Comunidades Autónomas, se crea un consejo de política fiscal y financiera de las Comunidades Autónomas; en el artículo 4 se establece la fórmula de financiación de los recursos de las Comunidades Autónomas en compensación de los servicios que prestan; así -y esto creo que es importante-, en su artículo 2 dice: "en su caso,-en su caso-, las asignaciones que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado, -de acuerdo con la Ley-, las transferencias del Fondo de Compensación Interterritorial, cuyos recursos tienen carácter de carga general del Estado a los efectos previstos en el artículo 2...", etcétera, de la Constitución a la que antes he hecho referencia.

Y es importante señalar lo que dice el artículo 16 de esa Ley Orgánica, puesto que ahí también está una parte importante de lo que después va a ser mi argumentación: "de conformidad con el principio de solidaridad interterritorial, a que se refiere el apartado del artículo 58 de la Constitución, en los Presupuestos Generales del Estado se dotará anualmente un Fondo de Compensación Interterritorial, cuyos recursos...", y repite lo mismo que la Constitución. Efectivamente, como consecuencia de todo ello, se aprueba, posteriormente, la Ley 7/1984, de 31 de Marzo, de aprobación del Fondo de Compensación Interterritorial.

Y la Junta nos ha enviado una Comunicación de esta Ley 7.... Digamos, tiene en cuanto al propósito del Fondo corregir los desequilibrios, lo dice así, y hacer efectivo el principio de solidaridad, y después establece los mecanismos por los que se hace la cuantía, las bases de los cálculos, los criterios de distribución, el destino del Fondo, etcétera, etcétera. Y la Junta, con todos estos antecedentes, nos propone un debate sobre las previsiones del Fondo para el año mil novecientos ochenta y ocho, dado que, aunque se produce un incremento, no se mantiene con este Fondo la capacidad inversora en Castilla y León, porque, según su criterio, se han tomado como bases -que naturalmente están de acuerdo con lo que determina la Ley-, la renta per cápita referida al año mil novecientos ochenta y cuatro, según el Instituto Nacional de Estadística, que ha sido, según el criterio de la Junta, un año atípico y desfasado.

Por otra parte, también actúa de manera importante el saldo migratorio, que también se comporta de una manera atípica. Cuando estas regiones pobres, cuando estas regiones subdesarrolladas, estaban demandando, en la época precisamente de las vacas gordas, en la época del desarrollismo, que se integrara, precisamente, este criterio de saldo migratorio, la verdad es que las voces de estas regiones, la verdad es que las voces de estas tierras y de estas provincias, -como la de otras tierras hermanas en parecidas circunstancias-, no fueron escuchadas, porque, precisamente, se impusieron los criterios de los territorios periféricos, de los territorios más ricos de nuestro país, que no les convenía, precisamente, en ese momento este criterio. Y precisamente ahora, cuando precisamente se tiene en cuenta -de manera reciente, por la aplicación de la Ley-, este criterio, resulta que es un criterio que desgraciadamente se nos vuelve en contra, porque coincide en un período económico desfavorable, donde, precisamente, esas zonas ricas, esas zonas periféricas, lo que están haciendo es remitir mano de obra, precisamente en paro, devolvérnosla, porque en esos momentos esas regiones están en un período de reestructuración industrial.

Y, por otra parte, señala que, además, esto tiene una incidencia en relación con la distribución de los fondos comunitarios, sobre todo relativos al FEDER y a otra serie de fondos, como ha señalado el Portavoz del Partido Socialista y que, indudablemente, al ser un porcentaje, en relación con la... que nos corresponde del Fondo de Compensación Interterritorial, resulta que también la financiación de la Comunidad Autónoma, vía comunitaria, también en este caso se encuentra desfavorecida.

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Y, como consecuencia de todo esto, el PDP lo que hace es plantearse la duda de si las previsiones de la Ley 7/84, del Fondo de Compensación Interterritorial, sirven para dar cumplimiento al artículo 158.2 de la Constitución, precisamente en su apartado 2, es decir, corregir desequilibrios interterritoriales y garantizar la solidaridad entre todas las regiones y nacionalidades de España.

Por la experiencia, por la experiencia hasta el momento presente, creemos que no y de ahí que formulemos las siguientes observaciones.

La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial desvía el fin que atribuye al Fondo el artículo 158, en el apartado 2, de la Constitución, atribuyendo a todas las Comunidades Autónomas la condición de beneficiarias de acuerdo con el artículo 4.1 del Fondo de Compensación Interterritorial. Ahí creemos y ahí está nuestra primera discrepancia.

En segundo lugar, se ocupa de los desequilibrios interterritoriales de la Región, y yo estoy de acuerdo con el Portavoz del Partido Socialista que los desequilibrios interterritoriales de la Región no deberían estar contemplados en esa Ley estatal, sino que se deberían ser un asunto, dado que también está en nuestro Estatuto, que, de alguna manera, decidiéramos y de alguna manera instrumentáramos los mecanismos para resolverlo nosotros mismos, y se sale fuera del ámbito de esa Ley de carácter general.

Por otra parte, mostramos nuestra discrepancia, porque esta Ley vincula el apartado 2 del artículo 158 con el 1, en el que se ocupa de la asignación presupuestaria de las Comunidades Autónomas por los servicios asumidos y garantiza un nivel mínimo de éstos. Creemos que el artículo 158 separa perfectamente esas dos cosas, en relación..., el artículo 1 se refiere a un artículo de financiación de carácter general, por compensación, por porcentaje de los... competencias asumidas y el nivel mínimo de servicios y el apartado 2, precisamente, es el que tiene las características de Fondo de Compensación Interterritorial, de fondo de solidaridad, de fondo de equilibrio territorial.

Manifestamos nuestra discrepancia dado que la Ley desnaturaliza el Fondo de Compensación Interterritorial, que es de naturaleza territorial, efectivamente, como queda propiamente dicho en la Ley, y no personal, y, sin embargo, después veremos que la fórmula de distribución de este Fondo tiene un gran componente personal e incluso tiene una gran cantidad de componentes coyunturales que, indudablemente, deberían estar fuera del apartado, de los apartados de esta Ley.

El segundo gran bloque de nuestra discrepancia es que el Fondo es para remediar carencias estructurales y no coyunturales. El Fondo consiste en ingresos de capital de carácter extraordinario ajenos a la financiación ordinaria de las Comunidades Autónomas. El Fondo, por ejemplo, a diferencia de un fondo dedicado a combatir el desempleo, no es para subvencionar situaciones individuales, sino para salvar situaciones..., ni para salvar situaciones de crisis en regiones industrializadas; es para la industrialización del equipamiento de las regiones que nunca han estado industrializadas, y ésa es la gran diferencia, y es es la gran diferencia. Porque, efectivamente, esas regiones que históricamente han estado industrializadas, esas regiones que históricamente han recibido los recursos del resto del territorio chupándolos, de alguna manera, incluso los recursos personales y humanos, ahora tienen problemas coyunturales para los que hay fondos, precisamente para resolver esos problemas coyunturales, y así están los fondos de desempleo, para resolver .................. de desempleo que puede haber en una región altamente industrializada y altamente desarrollada, como puede ser Cataluña, y ahí van esos fondos, y ahí están los fondos de las ZUR, donde, precisamente, están destinados para donde ha habido una crisis industrial, en una zona determinada, resolver el problema de la reestructuración de los grandes sectores industriales de base de este país; y para eso están esos fondos, no el Fondo de Compensación Interterritorial que tiene una finalidad muy específica.

Nuestra tercera discrepancia es, por lo tanto, y nuestra discrepancia global, es que no se puede repartir este Fondo entre todas las regiones del país. No se ajusta, yo no diría..., no sé, además, el resultado de los recursos de inconstitucionalidad que parece ser que se presentaron en relación con esta Ley, pero, de alguna manera, no tiene el ajuste fino, por decirlo de alguna forma y con expresión del Presidente del Gobierno, en cuanto al mandato constitucional; creemos que ahí no hay un ajuste fino en cuanto al mandato constitucional. Contradice, por otra parte, la Ley del Fondo, la LOFCA, que distingue, en el artículo 4, apartado 1, entre los recursos comunes y, en su caso, -y lo he señalado antes al señalar el apartado-, los del Fondo de Compensación Interterritorial; lo que quiere decir que, en principio, no están concebidos con la generalidad de toda las regiones, sino que están previstos para, en su caso, si se dan determinadas circunstancias de desequilibrio de descompensación interterritorial.

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El cuarto de nuestras discrepancias, la cuarta de nuestras discrepancias, está en relación a los criterios de distribución del Fondo, que se establecen en el artículo 4 y 5 y que no se ajustan -desde nuestra óptica del PDP-, a la LOFCA; el artículo 16 de la LOFCA no menciona el criterio de la población de cada Comunidad. Es decir, ahí se sacan "ex novo" un criterio en la Ley del Fondo que, en principio, en la LOFCA no aparece para nada. La Ley del Fondo de Compensación Interterritorial introduce el elemento fundamental de reparto, el de la población, que hay que multiplicar por la inversa de la renta por habitante, y ahí es donde, precisamente, en la coyuntura del año mil novecientos ochenta y ocho, precisamente por aplicar ese principio, aparte de la reducción del veinticinco por ciento del Fondo y la redistribución con carácter puramente de habitantes, es lo que ha determinado la baja importante, desde nuestro punto de vista.

Porque, si yo creo que aplicamos esos criterios suponiendo que la provincia de Soria fuera una Comunidad Autónoma uniprovincial, -y no señalo la de Soria, no señalo la de Segovia para no traer a esta Cámara recuerdos que no quiero traer-, resulta que aplicando esos criterios seguramente Valladolid tendría mucha más participación del fondo, multiplicado por tres, cuatro, cinco veces, que la de Soria. Entonces, realmente, yo me pregunto: en nuestra Región el desequilibrio dónde está, en la provincia de Valladolid -y no tengo nada, evidentemente, porque soy Procurador regional, contra la provincia de Valladolid, ni contra ninguna provincia-, o en la provincia de Soria, que, en estos momentos, corre, de alguna manera, el riesgo de desaparición. Con lo que..., estoy queriendo decir con esto que el Fondo no está actuando de manera correcta para los fines perseguidos, porque aplicados esos criterios, en el caso concreto de nuestra Comunidad, y .............. lo que todos sabemos como la provincia más deprimida, estructuralmente peor dotada, y que necesita más solidaridad en el conjunto nacional y en el conjunto de la Región, resultaría que otras provincias la multiplicarían por cuatro o por cinco si se aplicara esa fórmula.

Por lo tanto, nosotros creemos que el signo inequívoco de depresión que la Ley de Fondo de Compensación Territorial ignora es la adecuación entre el territorio disponible y la población escasa que además, cuando es así, es una población, realmente y generalmente, envejecida para generar mayor problema.

Y la quinta de nuestra discrepancias, y voy terminando, señor Presidente, es que la Ley era, en su configuración, por lo menos, inicial, excesivamente centralista, que privaba en gran medida a las Comunidades Autónomas de tomar la decisión del porcentaje de inversiones de aquellas materias que tenían transferidas, y lo condicionaba al común acuerdo con la Administración Central del Estado, y que, por lo tanto, estaba condicionando la autonomía de las Comunidades Autónomas. Me alegra que en estos momentos ya estemos en el índice, -me parece haber oído al Portavoz del Partido Socialista-, del orden del ochenta y cinco por ciento ya en nuestras competencias y que, por lo tanto, decidimos, (que supongo yo que en ese tema la Administración Central nos deja a nosotros la decisión autónoma), en relación con esas inversiones y que, por lo tanto, ya en esa materia hemos dado un salto en relación con la autonomía para decidir en relación con esas inversiones. No así, no así, hasta el momento presente, por lo que yo conozco, por lo que este Procurador conoce, en los efectos que tienen en relación con el porcentaje que, a través de la financiación comunitaria, FEDER y otros Fondos, hasta el momento presente -que yo sepa- creo que tenemos, o no hemos podido participar, o no hemos podido decidir, al menos, autónomamente, en los proyectos que queremos que precisamente se incluyan; y ahí sí que es la Administración del Estado, es el Gobierno Central la que envía sus proyectos a Bruselas, que son los que entran. Por lo tanto, ahí todavía tenemos una pérdida real de autonomía, en cuanto a los Fondos complementarios o derivados del Fondo de Compensación Interterritorial, vía financiación europea.

En definitiva, y como conclusión, la Ley del Fondo no es un instrumento de compensación de los desequilibrios territoriales, y yo resumiría en que es, simplemente, un mecanismo de reparto del 40 % de las Inversiones nuevas de los Presupuestos Generales del Estado, sin más finalidad, y ahora de un 30 %, porque se ha rebajado al mínimo que establecía la LOFCA, del 30 %; estuvo en un 40, ahora se ha rebajado en un 30, mediante unos mecanismos que ahora explicaré. Porque, en estos momentos, ya no es el 40 %, es el 30 %; por lo tanto, tenemos un 25 % menos de Fondo, cuyo 25 % -y aquí es lo importantemente grave para nosotros y lo que ha producido en parte ese desequilibrio- de la reducción del Fondo de Compensación Interterritorial se reparte entre las Comunidades, de acuerdo con su población. Y entonces, naturalmente, eso es lo que ha hecho que, de acuerdo con el cuadro del que todos disponemos, porque, si no, no tendría sentido, en esta distribución pierdan precisamente: Andalucía, 2.175.000.000; Castilla y León, 2.348; Castilla-La Mancha, 2.148; y Extremadura, 2.889. Y ganen, naturalmente, las regiones más deprimidas, más necesitadas, que más necesitan la solidaridad, que están en peores condiciones de infraestructura, que son, naturalmente: Madrid, Valencia y Cataluña, porque, indudablemente, no están las..., el País Vasco, que se financia de acuerdo con un régimen especial.

Este es el resultado. Por lo tanto, yo me atengo a los resultados y entiendo que, precisamente, ese Fondo no cumple esa finalidad cuando los resultados, al final, son estos. Y estoy de acuerdo que no solamente..., que hay que mirar el conjunto; estoy totalmente de acuerdo con el representante del Partido Socialista en que en los Presupuestos Generales del Estado hay otros mecanismos, hay otros fondos, que precisamente eso se consiguió por consenso, precisamente, en el Consejo de Política Económica y Fiscal, la fórmula y distribución para el quinquenio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Por favor, señor Procurador, le ruego que finalice.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Estoy terminando, señor Presidente. Y, por lo tanto, para fijar... Y estoy de acuerdo en que hay que buscar nuevas variables, otras compensaciones presupuestarias, que estudiar y ponderar otros criterios y, también, introducir en nuestra Comunidad mecanismos propios de compensación interterritorial interna.

(-p.165-)

En definitiva, nuestra propuesta es: o bien de modificación de la Ley 7/84, del Fondo de Compensación Interterritorial, de manera que sólo se beneficien las regiones que realmente, de acuerdo con el principio constitucional, deben de tener derecho a esos fondos; o, en la línea de lo que apuntaba el Presidente Aznar, llegar a un pacto autonómico, en el que, efectivamente, nos sentemos también con vascos y con catalanes, les dejemos que extiendan en su territorio la Ertzaina o que implanten sus sistemas de Lotería, etcétera, etcétera, los planteamientos que en el desarrollo profundo de los Estatutos -hasta el extremo que la Constitución permita- se puedan desarrollar, pero exijámosles también que ellos tengan en cuenta las condiciones de insolidaridad, las condiciones de diferencia territorial, las condiciones en las que, en concreto, nuestra Comunidad se mueve, en relación con esos territorios del País Vasco o de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Porque tenemos el ejemplo, en cuanto a esos mecanismos, de lo que hacen en Europa, y, precisamente, no todas las regiones ni todos los países tienen derecho a esos Fondos Compensatorios Estructurales, sino que se declaran unas zonas determinadas y no todo el territorio de la Comunidad. Y, precisamente, a esas zonas declaradas, y específicamente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Tiene medio minuto para intervenir..., terminar su intervención, por favor, señor Procurador.

DE LAS HERAS

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:...son a las que van dirigidas, precisamente, esos Fondos Estructurales Comunitarios. Y, por lo tanto, podríamos, si no, llegar a la fórmula, precisamente, experimentada inicialmente en la Comunidad Económica Europea, de dar estos Fondos para Planes de Desarrollos Integrados de las Comunidades que así lo requieran. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias por su cortesía y su benevolencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor de las Heras. Tiene la palabra el señor representante del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, señor don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Señor presidente. Señoras y señores Procuradores. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Junta el que nos haya traído esta Comunicación a la Cámara, porque así, por primera vez, se oirá la opinión del CDS en un tema tan importante como el que estamos tratando.

Estoy de acuerdo con el Portavoz del Grupo Socialista en decir que el sistema de financiación ha funcionado bien y que ha funcionado bien porque ha sido una obra de todos. Ahí ya discrepo con el Portavoz del Grupo Socialista. Si hubiese sido obra de todos y el funcionamiento fuese tan bueno, probablemente hoy no tendríamos la Comunicación de la Junta de Castilla y León, ni tendríamos las quejas de otras Comunidades Autónomas que han cambiado de signo político; en la prensa hemos visto más de una. Porque, cuando se dice que ha sido una obra de todos y que ha sido, o fue, un Pacto de Estado, lo que en realidad fue un Pacto de Gobierno con Gobiernos de Comunidades Autónomas, en las cuales la preponderancia socialista era grande: doce Comunidades Autónomas eran del Gobierno Socialista, junto con el Gobierno Central, una Comunidad Autónoma gobernada por Convergencia en Cataluña; quitando el País Vasco y Navarra, que tienen otros mecanismos, quedaban dos, tres Comunidades de Alianza Popular. Y yo creo que hay que ser sinceros, ¿por qué se llegó a ese acuerdo?.

Trascendió en la prensa, y todos somos conscientes, que de las Comunidades gobernadas por el Grupo Socialista, por el Partido Socialista, sí hubo una o dos que plantaron cara a la propuesta del Gobierno Central. Lógicamente, se las calló por mecanismos que no figuraban en la propia Ley de Financiación. Igual ocurrió con las dos Comunidades Autónomas gobernadas por Alianza Popular. Probablemente hoy, hoy, si Galicia, en vez de estar gobernada por el Gobierno Socialista, hubiese cambiado de Presidente y hubiese cambiado de Gobierno, también estaría protestando, porque se les calló por el mecanismo de darles en los Presupuestos Generales del Estado unas Inversiones adicionales. Y, a Convergencia, por mecanismo que les favorece en todos los sentidos.

Por tanto, nosotros entendemos que de la financiación de las Comunidades Autónomas no puede desglosarse sólo el Fondo de Compensación, sin hablar de la financiación. Todo el proceso de financiación debe volver a negociarse y renegociarse. Y debe hacerse con un Pacto de Estado, en el que, además de los Presidentes de Comunidades Autónomas, o los Gobiernos Autonómicos, estén todos los Partidos con representación parlamentaria. Porque, si el Pacto hecho el año pasado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera hubiese ido avalado por Alianza Popular como Partido y por el Partido Socialista, hoy no tendríamos la Comunicación de la Junta de Castilla y León. Si hubiese ido avalado por la firma de todos los partidos con representación parlamentaria, no tendríamos el problema que, permanentemente, vamos a estar teniendo.

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Voy a pasar a expresar la opinión del CDS en todo este tema de la financiación, porque, como digo, no se puede separar el Fondo, lo que es la financiación condicionada, con lo que es la financiación incondicionada. Viene, de hecho, este tipo de financiación, como decía, por los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es cierto que este modelo de financiación para el quinquenio ochenta y siete-noventa y uno mejora, en parte, y sobre todo para las Comunidades Autónomas más desfavorecidas, el sistema provisional que hubo. Pero bien es cierto que se siguen administrando mal los Fondos..., lo procedente del Fondo de Compensación Interterritorial, obligando a las Comunidades, por el propio sistema, a emplearlo mal empleado. Todos somos conscientes de que se está empleando el Fondo de Compensación, y a continuación lo veremos, en temas no propios del Fondo, sino para cumplir los fines de inversión nueva en aquellas transferencias que sí han hecho a las Comunidades Autónomas. Yo quisiera decirle al señor Portavoz también del Grupo Socialista que, indudablemente, al ver las financiaciones, más que del Estado yo diría del Gobierno Central, porque las de la Comunidad también son Estado, también habría que estudiar que es lógico que en aquellas Comunidades que tienen menos transferencias haya más inversiones del Estado, porque las transferencias que se han hecho en Educación o en Sanidad a Cataluña, lógicamente, las hace el Gobierno Catalán. Luego, hay que desglosar y, cuando se mire, no ver los Presupuestos del Estado en su globalidad, sino en la parte que a cada uno le corresponde.

Como decía, es cierto que el nuevo sistema de financiación mejora en parte. Pero, aún con el nuevo sistema, las Comunidades Autónomas están obligadas a invertir, como decía, en Inversiones Nuevas, que no son aplicables al Fondo, dinero procedente del Fondo. Y eso contraviene la LOFCA. Es decir, si miramos el artículo 158 -creo que es- de la Constitución y los artículos de la LOFCA para los cuales se crea el Fondo, dicen que el Fondo son para corregir los desequilibrios, por una parte, e inversiones en..., no recuerdo la palabra, pero todo son inversiones que van encaminadas a la desaparición de esos desequilibrios. Yo anuncio aquí que mi Grupo, para poder demostrar esto, va a pedir oficialmente a la Junta que se nos entregue documentación, a todos los Grupos políticos, de todos y cada uno de los Proyectos que se han hecho desde la creación del Fondo, tanto administrados por la Comunidad Autónoma, administrados por el Estado, y grado de ejecución de cada uno de los Proyectos, con lo cual, Señorías, se verá claramente el argumento que estoy dando.

Voy a ir acortando, señor Presidente.

Nosotros con el planteamiento que ha hecho el señor Consejero tenemos que estar totalmente en desacuerdo, en su primera parte, cuando ha dicho que lo que hay que pedir es un incremento del Fondo. Si pedimos un incremento del Fondo y se sigue con el mismo reparto, el desequilibrio será mayor. Si repartimos más millones y el porcentaje de Cataluña es más que el de Castilla y León, el desequilibrio, señor Consejero, será mucho mayor. Nosotros lo que queremos corregir es, precisamente, la financiación, de tal manera que no creemos confrontaciones con las regiones más favorecidas, y a las regiones más favorecidas se las sigue -y valga la redundancia- favoreciendo lo que van a perder por el Fondo con la suficiencia en las Inversiones Nuevas. Una nueva valoración de que en las transferencias hechas a una Comunidad Autónoma no se tenga sólo en cuenta el costo real de la transferencia, el coste de reposición de esa transferencia, sino las Inversiones Nuevas en esa transferencia recibida. Si la suficiencia económica de las Comunidades Autónomas en la financiación incondicionada llega a ser suficiente para su Administración, indudablemente, ninguna Comunidad Autónoma podrá quejarse de que pedimos que el Fondo se aplique para aquello que fue creado. No se trata de subir o bajar el Fondo; se trata, en primer lugar, de conseguir que el Fondo sea para las Comunidades Autónomas que no lleguen a la media nacional. Primer punto. Segundo punto: la cuantía del Fondo habrá que fijarla en proporción a la cuantía que se fije en la participación de las Comunidades Autónomas en los Presupuestos del Estado. Porque, si estamos pidiendo que el Fondo se aplique sólo para la mitad de las Comunidades Autónomas, lógicamente tendremos una confrontación con las Comunidades Autónomas ricas, porque se las ha quitado el mecanismo que tienen para hacer las Inversiones en las transferencias que ya tenían. Hagamos, pues, -por eso decía que no se podía separar el Fondo de la financiación-, un nuevo estudio basado en esos dos conjuntos: la financiación, la participación de las Comunidades Autónomas en los Presupuestos del Estado, y el Fondo de Compensación.

Si lográsemos que el Fondo de Compensación Interterritorial fuese a financiar los proyectos de nuevas inversiones, sí seríamos partidarios, también, de que los Fondos Europeos, o una parte de ellos, fuesen proporcionales al Fondo de Compensación. Pero, qué esta ocurriendo actualmente: el Fondo de Compensación se reparte entre todos por el desequilibrio del año ochenta y cuatro, como decía el Portavoz del Grupo Socialista, (yo también me alegro que fuese bueno en la agricultura). Llegamos al año ochenta y ocho; la situación económica de nuestra Región no es equiparable sólo a los productos agrícolas del año ochenta y cuatro. Y no es que el Fondo baje, es que los fondos europeos también van a bajar, la parte, no bajan en su globalidad, señor Portavoz; en la parte proporcional que va al Fondo de Compensación sí va a bajar.

No entendemos, desde nuestro Grupo Político, y en ese sentido presentaremos una resolución, cómo dos tipos de fondos que quieren conseguir el mismo objetivo, pero que están tomados con distintas variables, se aplica la ligazón de uno a otro. Vuelvo a insistir, si el Fondo de Compensación estuviese sólo aplicable a las Comunidades Autónomas que no llegan a la media nacional, es lógico que el 30, 40, 50% de los fondos del FEDER fuesen proporcionales al Fondo de Compensación, porque los fondos europeos vienen también a sustituir o a corregir los desequilibrios regionales. No parece muy lógico que en la situación actual se ligue ni una sola peseta de los fondos europeos al Fondo de Compensación.

(-p.167-)

Voy a terminar, señor Presidente, acortando mi intervención porque la hora se llega. Termino como empecé: agradezco a la Junta de Castilla y León el que nos haya presentado esta comunicación; nos ofrecemos como Grupo Político a participar en buscar las soluciones, sin egoísmos de mirar sólo lo que nos conviene como Comunidad, sino que, respetando la Constitución, respetando los principios genéricos para los que el Fondo se crea en la propia Constitución, hagamos llegar al Gobierno, al Parlamento Nacional la modificación, de tal forma... no digo que quedemos todos al cien por cien satisfechos, que es lo que se fue buscando en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que todos, aparentemente, quedasen conformes. Mal asunto que todos ........., todos quedasen conformes, cuando se estaba repartiendo dinero; era una apariencia que sólo un año después, y con unas solas elecciones, ya hemos visto que no era buena. No se trata de aparentar; se trata de hacer un sistema de financiación y un sistema de Fondo de Compensación Interterritorial que cumpla las misiones para las que fue creado. En ese sentido, puede ser... estar segura la Junta de que va a contar con el apoyo, la iniciativa y los estudios y trabajos necesarios por parte del Centro Democrático y Social. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIOS): Muchas gracias, señor De Fernando. A continuación puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo de Alianza Popular, señor Bosque.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Señor Presidente, Señorías. Es para mi Grupo especial motivo de satisfacción este debate que estamos llevando en esta Cámara entre todos los Grupos Políticos, que no pudo ser realizado en otros momentos, en iguales condiciones, por lo que significa de encuentro de criterios y de encuentro de ideas, orientadas todas ellas a facilitar el desarrollo de nuestra Comunidad a través de un planteamiento adecuado, justo, serio, más realmente interpretativo del espíritu de la Constitución y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que permita a nuestra Comunidad comenzar a dar los pasos que le acerquen hacia otras Comunidades mejor dotadas y desarrolladas económicamente.

Mi Grupo se satisface de que la Junta haya tenido el gesto de traer hasta nosotros esta posibilidad de discusión y, además, la valentía de plantear un tema que en otros momentos no pudo prosperar por divergencias, seguramente, no exclusivamente orientadas a los procedimientos técnicos o a los criterios concretos de desarrollo y de aplicación de las leyes. Afortunadamente hoy, por el pronunciamiento de todos y cada uno de los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, estamos observando una gran moderación y un enorme entendimiento de la gravedad que el problema tiene para nosotros, y estamos tratando de aportar, desde los distintos criterios de cada Grupo, todo aquello que pueda ser beneficioso y pueda significar una iniciación de un procedimiento por el que sea posible modificar los criterios de aplicación del Fondo de Compensación Interterritorial.

Esta coincidencia hace que este momento sea enormemente prometedor, porque la conjunción de los esfuerzos de todos no cabe la menor duda que tiene que producir los efectos necesarios en aquellos lugares en donde se tienen que admitir y tomar las primeras disposiciones, en aras a recoger estos sentimientos, a recoger estas ideas y a hacer realidad lo que en estos momentos estamos planteando entre todos.

No vamos a hacer historia de posiciones ni de cosas que pudieron ocurrir en unas Cámaras o en otras Cámaras sobre el particular. Si esta concurrencia de criterios, si esta unidad en lo fundamental, que estamos manifestando todos, hubiera sido planteada desde los primeros inicios del tema, tanto de la financiación de las Comunidades Autónomas como de la del propio Fondo de Compensación, desde el momento inmediato posterior a la aprobación de la Constitución, otra cosa distinta sería la realidad económica y de desarrollo de esta Comunidad Autónoma y en general de todas aquellas que han quedado atrasadas en el desarrollo. Criterios que no fueron acertados -lo estamos viendo en estos momentos- fueron los que imperaron y lo que nos debe importar hoy es que estos criterios puedan ser movidos, puedan ser adecuados, a la vista de la experiencia de la aplicación de los mismos.

No se puede contemplar, como ya han dicho algunos de los Portavoces que han hablado, no se puede contemplar el tema del Fondo de Compensación sin tener en cuenta también todo lo que hay alrededor del problema de la financiación de las Comunidades Autónomas. Es un tema que está vivo, es un tema que está pendiente, es un tema en el que todavía faltan bastantes posibilidades de desarrollo a la propia Ley Orgánica de Financiación, tanto desde el punto de vista de artículos que no han sido aplicados, como de una interpretación adecuada y más justa, desde el punto de vista de reparto, de solidaridad, de promoción de la disminución de los desarrollos, de lo que hasta el momento se ha hecho; y también, y esto es muy importante, desde el punto de vista del Gobierno de Comunidades Autónomas, desde el punto de vista de la Autonomía de estos Gobiernos para disponer de los propios fondos que les llegan, tanto del Fondo de Compensación como de las otras vías de financiación que vienen del Estado.

(-p.168-)

Precisamente en estos momentos podemos congratularnos; hay una Sentencia del Tribunal Constitucional, reciente, del veintiuno de de Mayo de este año, en la que, ante unos recursos presentados por el Gobierno Vasco, el Tribunal Constitucional se manifiesta por una interpretación adecuada de los contenidos de las leyes que regulan la financiación de las Comunidades Autónomas y dice que, efectivamente, hay que dejar a las Comunidades Autónomas en plenitud de manejo de los fondos que les corresponden. No olvidemos que los recursos propios son recursos que no pueden ser administrados más que en las propias Comunidades y, hasta el momento, por interpretaciones no acertadas, incluso contenidas en algunos preceptos de la propia Ley actual del Fondo de Compensación, se está condicionando la libertad de las Comunidades Autónomas en cuanto a la libre disposición de ciertos fondos de financiación, y en especial parte de los que se refieren al Fondo de Compensación Interterritorial.

Y decíamos que, no solamente este Portavoz sino otros Portavoces, que está muy interrelacionado el Fondo de Compensación con el resto de los procedimientos de financiación regulados en la LOFCA, entre otras razones porque debe de aplicarse con plenitud, independientemente de los contenidos de la propia Ley, en cuanto a que puedan ser mejorados en un futuro, pero deben de aplicarse los preceptos que en estos momentos están en vigor en ella. No podemos olvidar que, por ejemplo, tenemos todavía artículos, como el artículo 15, que no han sido aplicados, y llevamos más de siete años con la Ley en vigor; y que año tras año se requiere la aplicación del artículo 15, aquél que dice que el Estado tiene que velar para que haya una igualdad de prestación de servicios, etcétera, etcétera, y siempre se dan razones de la falta de información todavía para poder hacer frente, pero que para el ejercicio siguiente, los presupuestos siguientes, el Estado ya contará con el desarrollo del artículo 15; y todavía, en los presupuestos del ochenta y ocho, tampoco va a tratarse la aplicación de este artículo 15.

Hay criterios que no han sido aplicados y que están regulados por la propia LOFCA. El artículo 13.1.e) habla de que hay que tener en cuenta, a la hora de establecer los coeficientes de reparto, las deficiencias de servicios de las distintas Comunidades Autónomas; esto no se ha hecho hasta el momento, como no se han hecho tampoco los costes de infraestructura, según las distancias, según los habitantes. Como no se ha hecho, por ejemplo, pues... no se ha tenido en cuenta, por ejemplo, lo que el propio Instituto Nacional de Estadística ya hace mucho tiempo que decía, y es que los datos que estaba proporcionando no eran absolutamente fiables y que para dentro de cinco años podía esperarse que quizá puedan serlo; los cinco años se cumplen en el año ochenta y ocho. Por lo tanto, estamos partiendo de cifras que tampoco están absolutamente contrastadas, requieren una mayor precisión en todo ello.

De ahí que en estos momentos tengamos que hacer hincapié, un poco, en el contenido de lo que es la propia Ley del Fondo y cómo interpreta los criterios que fueron fijados, en general, en la Ley Orgánica de Financiación, pero que, al traducirlos a la Ley del Fondo de Compensación, sufren una tergiversación que hace que aquellos criterios que podían ser objetivos desde la Ley de Financiación, dejan de serlo en el momento que pasan a través del articulado de la Ley del Fondo. Y voy a explicarme por qué; pues porque la Ley de Financiación, cuando habla del Fondo de Compensación, entre otros lugares, pues, habla de que, por ejemplo, el artículo 4.2 de la LOFCA habla de que distintos nuevos procedimientos de financiación, además de los recursos del Estado, etcétera, etcétera, impuestos propios, tal; habla después de otras dos posibilidades, y una de ellas, la número 2 del artículo 4, empieza el artículo 4 diciendo algo así como: "En su caso, las Comunidades Autónomas podrán tener...", y habla después en el punto 2 de los ingresos que puedan provenir del Fondo de Compensación. Ya se empieza a tener en cuenta que no todas las Comunidades pueden recibirlo, porque si no estaría con el mismo tratamiento que el artículo 3, cuando hace una relación completa de todos los canales de financiación. Esto me parece que es obvio, pero que luego se interpretó de una manera distinta.

El artículo 16 mismo es que lo dice, que "el Fondo se destinará a Gastos de Inversión en los territorios comparativamente menos desarrollados"; que luego fue interpretado como que los territorios podían ser pequeñas bolsas de pobreza situadas en el interior de las Comunidades Autónomas. Y entonces, cuando se planteó aquello, se planteó también que se trataran directamente, para ser financiados por el Fondo, el desarrollo de esas pequeñas bolsas de pobreza en el interior de las Comunidades Autónomas; pero no dar a una Comunidad Autónoma rica unas cantidades verdaderamente monstruosas en relación con todo su potencial económico, de población, etcétera, etcétera, para luego concentrarlo todo en una pequeña bolsa de pobreza que hubiera dentro de ella; que en ningún caso en que esto fuera cierto se ha hecho así, porque ha ido a beneficio de la generalidad y de la totalidad de la Comunidad correspondiente.

Entonces, si esto era así, no cabe la menor duda que, al hacer la afirmación de que ha habido una desvirtuación de los criterios desde la LOFCA a la Ley del Fondo, pues, que conviene que aclaremos en qué consiste esta desvirtuación.

(-p.169-)

Primera desvirtuación: cuando se habla del criterio de la inversa de la renta por habitante, no se hable para nada de población. Entonces, lógicamente, cuando se pasa a la Ley del Fondo, la que ha de regular cómo se interpreta ese criterio, habrá que respetar, de verdad, este criterio con todas las consecuencias. Ya sé que no se puede contar exclusivamente con la inversa de la renta por habitante, porque, entonces, una Comunidad Autónoma con muy pocos habitantes y con poca riqueza resulta que podría recibir cantidades infinitas de dinero para financiar cosas que, verdaderamente, estaban resueltas con mucho menos. La población tiene que estar; pero la población tiene que estar considerada desde otros puntos de vista, y no voy a entrar en las fórmulas que se barajaron, que se demostró en su momento que aquellas fórmulas hacían que la población estuviera considerada al cubo, con lo cual las cosas empeoraban todavía más esta traducción, desde inversa de la renta por habitante a la de población. Todos los demás criterios, -independientemente de que fueran tratados con mejor o peor acierto en la traducción a la Ley del Fondo-, tienen además un límite concreto: todos..., serán beneficiarios del porcentaje correspondiente a ese criterio -el 20, el 5, el que sea-, solamente aquellas Comunidades Autónomas que queden por debajo de la media a la aplicación del criterio. Pero, ¡miren ustedes qué cosa más curiosa¡, que es que cuando se aplica el criterio de la inversa de la renta per cápita resulta que ahí no, ahí se aplica la población, con toda la potencialidad que esto tiene a la hora de recoger, nada más y nada menos, que el reparto del 70% de los fondos, pero entran todas, se esté por debajo o por encima de la media. Hay una diferencia de trato concreto y perjudicial entre unos criterios y otros, entre el criterio más importante -el 70%- que es para todos y los otros que es solamente para los que quedan por debajo de la media.

Estas cosas son elementos importantes que tenemos que tener en cuenta, porque en el futuro hay que tratar de conseguir la modificación de los mismos para que se acomoden a lo que verdaderamente es la Ley del Fondo de Compensación.

Yo diría que no ha habido progresión en el desarrollo de las Comunidades a través de la aplicación del Fondo; por ejemplo, yo daría unos datos que son muy curiosos, por ejemplo, en los Presupuestos..., el reparto del Fondo, los porcentajes del Fondo en los años ochenta y seis y lo previsto para el ochenta y ocho, comparando tres Comunidades Autónomas: Castilla-León, País Vasco y Cataluña, nos encontramos con que Castilla y León pierde nada menos que 2'4 puntos, mientras que el País Vasco gana 2'7 puntos, y Cataluña gana 3 puntos. Por este camino comprended que es que es imposible que se pueda conseguir, de ninguna de las maneras, un acercamiento de las diferencias en cuanto al tratamiento. En el año ochenta y cinco, por ejemplo, un estudio que se hizo respecto a lo que correspondía de reparto del Fondo de Compensación Interterritorial entre las distintas Comunidades Autónomas, en razón de pesetas-habitante, de pesetas-kilómetro, pues, en razón de pesetas-habitante resulta que Castilla-León le corresponde estar en el número trece, de tal manera que la que va en cabeza, Navarra, recibe 121.000 pesetas por habitante, mientras que Castilla-León recibe 21.336. Por ejemplo, en razón de la extensión, puede que esto nos llegara a beneficiar, pero no en el reparto, porque, como podéis comprender, resulta que pasamos al número quince de las diecisiete Comunidades, estando en cabeza el País Vasco con 16.605.603 pesetas, y nosotros -el número quince- con 586.411 pesetas. Y si queremos comparar las dos cosas conjuntas, extensión y población, nos encontramos con que nos toca estar, también, en el punto número quince, en el puesto número quince. Son detalles que ya nos van orientando un poco de que los efectos del Fondo no han sido lo que tenían que ser. Yo recuerdo unas palabras del Ministro de Economía, señor Solchaga, en el Senado, en el que decía en aquellos momentos que, efectivamente, reconocía que el Fondo no había servido en absoluto para acortar distancias, que el Fondo era ineficaz para lo que estaba hecho.

Desde este punto de vista -y veo que se me termina el tiempo y lo lamento, porque habría otras muchas cosas que decir-, parece que es necesario..., creo que todos y cada uno de los Grupos Parlamentarios lo hemos estado demostrando a lo largo de nuestras intervenciones, que requiere una revisión en profundidad de estos criterios y de esta aplicación del Fondo, que requiere las gestiones adecuadas con el Gobierno Central -que es de donde tiene que partir cualquier clase de novedad en este aspecto-, y que el pronunciamiento de estas Cortes apoyando a la Junta de Castilla y León, para que pueda tener la mayor fuerza posible y la mayor representación posible de todos nosotros, en orden a la reivindicación de esta modificación de conceptos en cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, me parece que es de elemental importancia. Por todo ello, ruego a todos los Grupos que vayan a presentar proposiciones adecuadas, lo sean de forma que puedan, de verdad, potenciar la acción de la Junta en su deseo de conseguir las revisiones adecuadas que hagan justicia a Castilla-León.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Bosque Hita. El señor Consejero puede hacer uso de la palabra.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Unas palabras simplemente, para darles las gracias a los correspondientes Portavoces de los Grupos, porque entiendo que existe unanimidad en el criterio de que hay que revisar los criterios de reparto del Fondo de Compensación Interterritorial

Como es muy tarde no quiero extenderme. Simplemente, resaltarle a don Daniel de Fernando que cuando yo dije que había que aumentar el importe del Fondo estaba diciendo que había que aumentarlo y distribuirlo mejor; y, evidentemente, con la actual dotación del Fondo yo creo que se puede avanzar mucho si se reparte mejor, pero que, indudablemente, aún repartiéndolo perfecto, no creo que las estadísticas demuestren que sea suficiente el volumen para poder corregir las diferencias interterritoriales. Como ha citado mi antecesor, el señor Bosque Hita, una serie de estadísticas, no manejaré yo las mías que, evidentemente, señalan con mayor crudeza que lo que estoy diciendo es cierto.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. El señor Laborda puede hacer uso de la palabra.

LABORDA MARTIN

EL SEÑOR LABORDA MARTIN: Muy brevemente, señor Presidente, y ya que el Consejero nos permite hacer uso de la palabra la consumiré en el espacio de tiempo más reducido para responderle a él, lógicamente, y para responder, también, a los señores Portavoces que han intervenido.

(-p.170-)

Al señor Procurador, don Rafael De las Heras, simplemente señalarle que creo que este problema hay que verlo en su conjunto, pero que tendremos tiempo de contemplarlo. Simplemente, puntualizarle que conviene actuar siempre con rigor cuando estamos en un tema en el que, efectivamente, el rigor técnico es exigible para preservar, precisamente, el criterio de solidaridad. Y le pongo un sencillo ejemplo: si no se hubiera producido en el sistema definitivo de financiación, la reducción del 25%, que ha hecho pasar del 40 al 30 la inversión condicionada por el Fondo, los parámetros actuales hubieran jugado aún peor contra nosotros al jugar la renta sobre una cantidad mayor, sobre una cantidad mayor de inversión, en desfavor por el efecto coyuntural de la cosecha de mil novecientos ochenta y cuatro. Por lo tanto, no es porque el fondo haya disminuido en algo que hubo acuerdo, y paso ya a responder al señor De Fernando, que hubo acuerdo entre todos los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, incluido el Gobierno del señor Fernández Albor en aquel momento, e incluido el gobierno del entonces Presidente de la Xunta de Galicia, señor Fernández Albor, e incluido también el Presidente del Gobierno y el Gobierno del señor Pujol en Cataluña. Lo que ocurre es que a veces, salvo -lo digo claramente-, el Partido Socialista, se tienen dobles lenguajes, porque se aceptan en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el sistema de Financiación; y recientemente -y parece que quizás esto pudiera empezar a suceder en este Parlamento-, el señor Pujol, en el debate sobre el estado de la Autonomía en Cataluña, señala que no está conforme con la financiación que su Consejero ha aceptado previamente. Por lo tanto, simplemente, razonando sobre dos puntualizaciones: apertura a la discusión del Fondo, pero, lógicamente, teniendo presente que la discusión sobre la Ley del Fondo abre la discusión sobre el sistema de financiación. No es posible, señor de Fernando, creo yo, hacer -lo digo para no perder esa perspectiva-, hacer una propuesta en el sentido de que el Fondo vaya exclusivamente dedicado a unas regiones, y no a otras. Si somos congruentes con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, sabemos que España ha sido declarada en su conjunto -y todas las Comunidades Autónomas- regiones asistidas y, por lo tanto, indefectiblemente, tendremos que vincular en el futuro la Ley del Fondo en tanto ésta condiciona la recepción de los Fondos FEDER en un Proyecto General. Pero, en cualquier caso, abramos eso.

Por último, señalar que me parece hasta cierto punto significativo que en un debate de esta importancia, aparte de la aportación del Consejero de Economía y Hacienda -que agradecemos-, el resto de los miembros de la Junta no hayan, ni siquiera, atendido en este debate. Si de verdad era tan importante, y todos hemos reconocido que este debate era importante, me parece que el señor Presidente de la Junta, el Consejero de Agricultura, y algunos otros Consejeros -a los que les va mucho en este tema-, deberían de haber seguido con atención estas cosas, porque, entre otras razones, luego se dicen cosas en los periódicos que no se dicen en esta Cámara.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Laborda. Señor Consejero.

PEREZ VILLAR

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR): Simplemente, unas palabras, señor Laborda, para contestar a sus últimas palabras.

Que yo sepa, más del 50% del Gobierno ha estado -acaba de salir en estos momentos don Jesús Posada-, más del 50% ha estado. Y quiero decirle una cosa: lo que yo siempre he leído que no se debe decir en los periódicos, siempre ha estado en boca de usted.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El señor representante del Grupo Mixto, señor De las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Sí, brevemente, señor Presidente, para aclarar al Portavoz del Grupo Socialista que, efectivamente, yo esa conclusión la he sacado al final, después de haber hecho un análisis de cómo jugaban las otras variables. Y he dicho que, precisamente, por estar en desacuerdo con las variables iniciales, sobre todo la que respecta a la introducción del factor de población, precisamente, al segregar ese 25% del Fondo y distribuirle solamente por ese factor de población, todavía se agravaban más las circunstancias desventajosas del Fondo.

En cuanto a lo demás, creo que estamos muy de acuerdo, -afortunadamente-, en lo sustancial la mayor parte de los Grupos, y yo espero que, realmente, esta tarde podamos aprobar una propuesta conjunta que, efectivamente, sirva para iniciar un debate nacional que, indudablemente, hay que abrir para poder resolver este tema que, indudablemente, no podemos resolverlo nosotros solos, sino tiene que ser en el conjunto de las Comunidades, de las Regiones y nacionalidades de este país, incluso en el conjunto de la perspectiva de la incorporación de España al Mercado Común, con esas variables de consideración de nuestros territorios como territorios especialmente desfavorecidos de la Comunidad Económica Europea.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor De las Heras. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de CDS, señor Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

(-p.171-)

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente.No pensaba intervenir, pero las alusiones del señor Laborda..., simplemente para puntualizar. Me pone como ejemplo que la conformidad del señor Pujol y señor Albor se dio en su día -ya lo he dicho yo ahí-; el problema es que se dio por una circunstancia favorable al momento. Es decir, si alguien no va a llegar a un acuerdo, le pongo en las inversiones del Estado 10.000.000.000 de pesetas, da la conformidad. Y también he dicho que si en vez de ser el señor González Laxe hubiese sido otro el representante actualmente de Galicia, probablemente estaría protestando. El señor Pujol sacó lo que quería sacar en aquel momento y ahora se queja. La Comunidad de Castilla y León dio su conformidad y ahora el Gobierno de Castilla y León también se queja. Es decir, no es cuestión de doble lenguaje, es que se hizo mal el acuerdo.

Segundo. Me ha dicho que no se trata sólo de modificar el Fondo, sino la Ley de Financiación. Ese ha sido todo mi argumento, señor Laborda. Y he dicho que para que el Fondo pueda aplicarse sólo a las regiones menos desarrolladas, como prevé la Constitución, hay que modificar el sistema de financiación incondicionada, para que las regiones más favorecidas o más desarrolladas económicamente tengan caminos de inversiones nuevas, sin tener que acudir al Fondo.

Y en tercer lugar, mire usted, la dificultad que tenga el Fondo sólo para unos por la ligazón a los Fondos Europeos. Por ese mismo argumento, señor Laborda, ¿el Fondo Intrarregional que se crea aquí tiene que ser para toda la Región? Creo que no tiene nada que ver; si nosotros creamos un Fondo Regional será para las comarcas más subdesarrolladas. Si a nivel nacional creamos un Fondo de Compensación..., otra cuestión es que Europa declare a toda España en comparación con los niveles europeos. El Gobierno lo que hace es comparar distintas regiones de España, y la Junta si crea el Fondo Regional lo que mira es la comparación de distintas comarcas dentro de la Junta. No es obligatorio que sean todas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor De Fernando. El señor Bosque Hita tiene la palabra.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Señor Presidente, Señorías, solamente por un deber de cortesía, puesto que después de haber hablado todos los Portavoces de los distintos Grupos era natural también que el Grupo mayoritario tuviera algunas palabras en este final del debate, en el que para satisfacción de todos hemos coincidido, por lo menos, en lo fundamental, aunque haya discrepancias que a veces pueden llegar a ser importantes. El hecho concreto de que en estos momentos estemos dudando de la necesidad de que el Fondo tenga la aplicación efectiva para la que fue creado, que es la de los territorios menos desarrollados, parece que puede ser una dificultad que en el futuro, estimo que con razonamientos y con estudios adecuados, podrá superarse.

Está perfectamente claro que la legislación, por las razones que hemos dicho anteriormente, parece orientarse hacia que sean nada más que unas Comunidades y no todas las que puedan recibir esto. Decíamos antes como el artículo 4 de la LOFCA así parecía entenderlo cuando hablaba de "en su caso"; no para todas, sino para algunas en particular. Bien es verdad que, además, el hecho concreto de que sea para todas y no para aquellas que sean menos desarrolladas produzca efectos también en la aplicación de los fondos que nos vienen de los fondos europeos, porque ellos sí que aplican estos fondos de verdad a los lugares menos desarrollados. Si observamos en cualquier año a partir de un determinado año, que creo recordar que creo debió ser el setenta y ocho o setenta y nueve, en que el FEDER, inicialmente, fue como nuestro Fondo de Compensación, era un Fondo que se repartía entre todos los países de la Comunidad Económica Europea, pero a partir del setenta y ocho-setenta y nueve, cuando se observó que no tenía ninguna clase de virtualidad para resolver los desequilibrios, se estableció un procedimiento distinto, y a partir de ese instante no todos los países lo reciben, y los que lo reciben lo reciben de acuerdo también con sus propias circunstancias de riqueza económica. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta, pues, que se han dado pasos importantes en este debate, yo creo que es bueno que conste la satisfacción del Grupo Popular por la coincidencia en lo fundamental que entre todos hemos tenido. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Bosque Hita. Concluido el debate de la Comunicación de la Junta de Castilla y León se abre un plazo, que concluirá a las cinco menos cuarto de esta tarde, para la presentación, por parte de los Grupos Parlamentarios que lo deseen, de las correspondientes propuestas de resolución congruentes con la materia objeto del debate.

La Mesa de las Cortes se reunirá a las cinco en punto, con objeto de proceder a la calificación de dichas propuestas de resolución.

La Junta de Portavoces queda convocada para las cinco y diez con el fin de ordenar el debate y votación de dichas propuestas de resolución.

Se suspende la sesión que se reanudará a las cinco y media en punto, -por favor, en punto-, de esta tarde. Muchas gracias a todos.

(Se suspendió la sesión a las quince horas y veinte minutos, y se reanudó a las dieciocho horas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Silencio, por favor. Ruego a los señores Procuradores tomen asiento. Se reanuda la sesión.

(-p.172-)

Dentro del plazo establecido al efecto, han sido presentadas seis Resoluciones del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, así como cuatro Resoluciones del Grupo Socialista, incluidas en un único escrito. Tales Propuestas de Resolución han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara. Vamos a proceder a su debate, siguiendo para ello los criterios establecidos por la Junta de Portavoces. A este respecto, tengo que indicarles que cada una de estas Resoluciones, este grupo de Re-soluciones, se han agrupado por parte de...,en relación con los Grupos que lo han presentado, y, por consiguiente, se procederá al debate separadamente: por un lado, el conjunto de las Resoluciones presentadas por el Grupo Democrático, de Centro Democrático y Social, y a continuación por las presentadas por el Grupo Socialista, si bien a la votación se procederá separadamente para cada una de ellas.

En primer lugar, tiene la palabra, para consumir su turno a favor de las resoluciones presentadas, el representante del Grupo de Centro Democrático y Social, don Daniel de Fernando. Puede tomar el escaño.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, muy breve para defender las Resoluciones presentadas. En primer lugar........ que la Resolución número 6 la retiramos; y, en segundo lugar, por corrección técnica, tanto en la primera como en las sucesivas mociones de resolución, donde pone: "Gobierno Central", poner: "Gobierno de la Nación", en todas por igual.

La primera resolución se refiere a que el Fondo de Compensación Interterritorial sea sólo para las Regiones que no lleguen al nivel medio. Entendemos que con esta resolución estamos defendiendo ni más ni menos que el espíritu de la Constitución, no falseando, como decíamos en la intervención de esta mañana, lo que debe ser el Fondo con las inversiones nuevas en las Comunidades Autónomas.

La segunda resolución se refiere a un tema bastante controvertido en cuanto a los manejos del Fondo por parte del Gobierno de la Nación y del Gobierno de la Comunidad Autónoma, puesto que aquellas Comunidades Autónomas que más transferencias tienen disponen de mayor autonomía a la hora de manejar fondos. Nosotros entendemos que si bien, hasta que se modifique el Fondo, la Ley del Fondo y la financiación, es difícil, de una forma legal, el que la Comunidad Autónoma administre todo el dinero del Fondo, sí queremos que en las negociaciones de la Junta con el Gobierno Central sea que los proyectos que el Gobierno Central tenga que administrar sean encargados y seleccionados por la propia Junta de Castilla y León. La razón es muy sencilla, y es que estamos observando, a lo largo de estos años, cómo el Gobierno Central vía Fondo hace proyectos que normalmente podrían venir vía financiación estatal en los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, quien debe dar prioridad a los proyectos que deben ir o no con cargo al Fondo debe ser la propia Comunidad, independientemente que mientras exista la legalidad vigente los tenga que contratar y ejecutar el propio Gobierno de la Nación. Aunque tampoco sería obstáculo que por delegación, delegase en la propia Comunidad Autónoma, si su voluntad coincide con la nuestra.

La tercera resolución que presentamos es debida a una de las variables que utiliza el Fondo, y es que va por años naturales, y la sorpresa de todos los Grupos, expresada esta mañana, es que vemos que en el año ochenta y ocho la disminución del Fondo es única y exclusivamente debido a que en el año ochenta y cuatro, -difícilmente compaginar la riqueza agrícola del ochenta y cuatro con la situación económica en Castilla-León el año ochenta y ocho- se produzca sólo por un año; que las variables económicas que se tengan en cuenta en la distribución del Fondo abarquen a un quinquenio, con lo cual sería mucho más justo que depender o no de una sola cosecha.

La cuarta resolución, yo creo que sin modificar la legislación actual, así como todas las anteriores en las negociaciones con el Gobierno de la Nación, exigen una negociación -y creo que además dura- por la repercusión en las demás Comunidades Autónomas; ésta no es más que una voluntad política. Esta mañana, cuando defendía el modelo de financiación, yo decía que"las variables con las que se hace el FEDER y otros fondos europeos no son las mismas que el Fondo de Compensación". Es decir, en Europa se considera a España, Portugal y Grecia por bajo del nivel europeo y se le asignan unos recursos. A la hora de distribuir los recursos, el propio Gobierno Central asigna el 30% en la proporción del Fondo de Compensación. Nosotros entendemos que la Junta debe hacer esta negociación, primero con el Gobierno Central, y si no fuese así acudir a los organismos europeos a decir la injusticia del tema que se plantea.

Había..., en una de las resoluciones, se me ha pasado, en la primera, señor Presidente voy a volver a atrás, que puede llevar a confusión. Cuando nombro las provincias estoy diciendo -o quiero decir- no se puede ir a un reparto a las Comunidades Autónomas que estén por debajo de la media si no se modifica la Ley. Si se modifica la Ley del Fondo, nosotros interpretamos que debieran hacerse a aquella entidad de menor rango donde existan estudios suficientemente comparativos. ¡Ojalá! existiesen estudios económicos en España para poder ver las diferencias entre las distintas comarcas. Como en las comarcas no hay, el número más pequeño es el de la provincia. Yo sé que se me dirá -ya se me ha dicho- que con el estudio provincial podría perjudicar a Castilla-León. Es que nosotros partimos de que con la distribución actual, ni se puede hacer por provincias, ni se puede hacer por regiones. Si se varían los criterios de distribución del Fondo deben hacerse los estudios provinciales, sólo los estudios, aunque el reparto económico vaya a la Comunidad Autónoma que es quien lo debe administrar. Todos somos conscientes, y esta mañana se ha dicho aquí, de que hay regiones, y podemos poner un ejemplo muy claro como sería Aragón, donde el estudio regional podría darle por encima de la media, y provincias como Teruel o Huesca podían dar por debajo de la media. Nosotros queremos que en un estudio racional se estudie la situación de cada provincia y el fondo que se aplique -económico- vaya a la Comunidad Autónoma. Indudablemente, nadie me puede decir que saldríamos perjudicados, porque yo querría saber en qué posición está la Comunidad Autónoma de Castilla-León, en qué situación, del cuarenta al cincuenta, se encuentran varias de las provincias de nuestra Comunidad Autónoma.

(-p.173-)

Y en quinto lugar, Señorías, una cuestión en la que no me explico que nadie pueda estar en contra, porque lo único que pedimos es que se aplique la legalidad vigente a los destinos del Fondo de Compensación Interterritorial. Es decir, que los dineros del Fondo se apliquen para aquello que están creados y no para financiar subterfugiamente lo que el Gobierno Central debía financiar por otros caminos.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor De Fernando. ¿Algún Grupo desea utilizar un turno en contra para..., en la totalidad o parte de las resoluciones de..? El señor Paniagua tiene la palabra.

PANIAGUA IÑIGUEZ

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ: Señor Presidente, señores Presidente y Consejeros de la Junta, Señorías. En relación con las propuestas de resolución presentadas por el Portavoz de Centro Democrático y Social, y en representación de mi Grupo, quiero manifestar de entrada, y antes de analizar una por una dichas propuestas, que, en principio, estaríamos de acuerdo en el fondo de las propuestas de resolución aquí planteadas, en concreto con tres de ellas, pero que, por cuestiones esenciales de procedimiento, procedimiento propuesto por el Portavoz del Grupo del CDS, no podemos aceptar los mecanismos que en ellas se sugieren. A nuestro juicio, cuando las propuestas se refieren a que se renegocien las mismas directamente, no se sabe por quién, quién es el sujeto, si esta Cámara o la Junta, o parte de la Junta, -perdón- por parte de la Junta, los criterios de distribución, etcétera, etcétera, con los órganos competentes del Gobierno Central, perdón, con los órganos competentes del Gobierno Central, hemos de señalar que existen mecanismos establecidos de relación entre las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado, cuales son: primero: las Comisiones Mixtas y, sobre todo y fundamentalmente, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Por qué? Porque entendemos que llegar a acuerdos sobre estas resoluciones con el Gobierno Central -se dice- no es posible; son acuerdos, en todo caso, a tres bandas, siempre lo he dicho: entre una Comunidad Autónoma y la Administración del Estado; y entre -y previamente- las Comunidades Autónomas entre si, y sólo hay una instancia donde las Comunidades Autónomas entre si pueden ponerse de acuerdo, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por lo tanto, negociación directa es imposible, y no solamente es imposible sino que, a nuestro juicio, implicaría el olvido de la existencia de los mecanismos actuales, que operativos han sido, y que, por otra parte, podría llevar a un enfrentamiento entre Comunidades Autónomas que no generaría solución a los problemas que hoy tenemos planteados. Es el elemento central de, o que justifica la no aceptación de sus propuestas.

Dicho esto, sí quiero señalar, y antes -permítanme- de entrar en el análisis de cada una, sí quiero señalar, por una parte, mi sorpresa por la no presentación de propuestas de resolución por parte de Alianza Popular, pero, por otra parte, es una sorpresa, en parte, agradable para mi propio Grupo, porque, en el fondo, lo que nosotros hacemos en nuestra propuesta de resolución, y después explicaremos, es ni más ni menos que dar la iniciativa y ofrecer la iniciativa a la Junta de Castilla-León para que elabore los estudios procedentes y pertinentes que deban ser elevados a conocimiento de esta Cámara, y, a continuación, puedan ser discutidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Quiero decir: mantenemos y respetamos la iniciativa política, en este terreno, de la Junta de Consejeros de Castilla-León. De ahí que, por una parte, haya sorpresa; pero, por otra parte, haya, de alguna forma, entendimiento -por nuestra parte- en relación con sus no propuestas. Dicho lo cual, entro muy rápidamente a analizar algunos elementos que van más allá de la razón fundamental que antes he expuesto y que pueden implicar el que -y de forma directa, en algunas de sus propuestas-, tuviéramos que presentar reservas de contenido.

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En relación con la primera, he de señalar a Su Señoría que, aparte de la discordancia en cuanto que la renegociación sea con el Gobierno Central, he de decir que cuando se dice que de forma que estos -los criterios de distribución-, se dirijan exclusivamente a las provincias cuya renta per cápita se sitúa por debajo de la media nacional española, he de decir lo siguiente: en la explicación del señor Consejero, en paralelo en parte con esta propuesta, aunque no la hizo, no se refería a provincias, sino a Comunidades Autónomas. Me parece más correcto, porque, ¡no le quepa duda¡, ya no hablaríamos de un Fondo de Compensación Interterritorial para Castilla-León, sino para solamente determinadas provincias de Castilla-León. Hay provincias de Castilla-León que están en renta per cápita media por encima de la media nacional; punto primero. Punto segundo: me está sugiriendo la modificación, mire, del modelo definitivo de financiación de Comunidades Autónomas, -que está aprobado por cinco años-, y de la Ley del Fondo. La Ley del Fondo será revisable al cumplir el quinquenio; el modelo no es revisable de momento. Porque va ¿a qué?, ¿a sugerirme algo en lo que yo he estado de acuerdo? Y usted sabe, Señoría, que yo lo propuse en la discusión del modelo definitivo: Fondo suma cero. Es decir, que unas Comunidades aporten -aquellas que están por encima renta per cápita de la media nacional- lo que otras Comunidades -Comunidades, no provincias- reciban. Si hablamos de provincia, provincias como Valladolid o Burgos, posiblemente, aporten a otras provincias de Castilla-León, pero también a otras provincias del resto de España. Estamos rompiendo el modelo y, evidentemente, es de tal envergadura la propuesta que se ha de discutir, sin duda, en el Consejo de Política Fiscal, y ha de implicar la ruptura y remodelación del modelo definitivo de financiación. En definitiva, yo pienso que estaríamos abriendo la posible ruptura del modelo de Comunidad Autónoma establecido hoy día y que, de momento, dejemos que se profundice en él, pero no generemos situaciones posiblemente antisolidarias con determinadas provincias de Castilla-León.

En relación con la segunda, yo le hubiera dicho que sí, en principio, pero repito que la negociación debería ser con las Comunidades Autónomas y la Administración del Estado -que no Central-; es decir, una negociación a tres bandas, que solamente se puede dar en el Consejo de Política Fiscal, y por mutuo acuerdo entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas. Yo estaría de acuerdo, pero, repito, es la segunda donde la razón central primera que le di me invalida el posible apoyo.

En relación con la tercera, me ocurre igual. Le voy a decir una cosa: estoy de acuerdo con la del quinquenio; después explicaré, en todo caso, que el resultado definitivo -y algún día hemos tenido lugar de discusión, en relación al tema-, es el mismo. A mí me es igual si usted me calcula las variables, por ejemplo, renta per cápita desestacionalizadas en un quinquenio, porque el resultado, posiblemente, no tenga puntas en el fondo, pero la media del fondo de cinco años, la media del fondo para Castilla-León va a ser exactamente igual calculada así -se lo puedo demostrar matemáticamente-, que calculada con las puntas que antes le decía, que antes..., o usted mismo, Señoría, ha sugerido. Efectivamente, habría puntas; hay colchones para evitar las puntas, como por ejemplo podría ser la deuda pública; con la misma deuda pública se podrían evitar las puntas. Pero estoy de acuerdo, estaría de acuerdo en que las series estadísticas, por ejemplo, de renta per cápita fueran de un quinquenio; pero, también le repito, Señoría: yo esto no lo puedo negociar directamente con el Gobierno Central; esta Comunidad no lo puede negociar; es un tópico.

En relación con la cuarta, me ocurriría prácticamente lo mismo. Usted sabe, Señoría, usted sabe, porque así le consta, que yo intenté, no solamente separar en su momento los Fondo CEE del FCI, sino, incluso, con una propuesta alternativa: que el 30% de los Fondos FEDER fueran para las Comunidades que fueran zonas asistidas y se repartieran según los criterios..., según los criterios del FCI. Bien, el acuerdo está que no es éste, el acuerdo está que no es éste -y en algo hay que ceder siempre, porque alguna otra cosa se ganó- en el modelo de financiación definitiva para Comunidades Autónomas. Cambiamos el modelo; ¡póngame y dígame¡ que hay que cambiar el modelo, pero el modelo solamente se cambia en el Consejo de Política Fiscal de nuevo. Luego, el mecanismo que me está utilizando, o que me está preveyendo, de relación bilateral con el Gobierno Central, es inválido hoy por hoy.

Y, en cuanto a la quinta, a esta le diría que no. Es decir, le diría que no porque, en el fondo, es desconocer o implica desconocer algo que es clave, Señoría -y con esto concluyo-; es consecuente con la primera. Si se da cuenta, lo que está proponiendo indirectamente aquí es la misma primera: un Fondo de Compensación Interterritorial suma cero. ¿Por qué?, y ¿qué Fondo sería este? El que solamente atendería un objetivo: al de eliminación de desequilibrios, al principio de solidaridad. Pero usted sabe, Señoría -y posiblemente es algo que tengamos que reiterar de forma muy clara-, que el FCI, hoy por hoy, o se modifica la Ley..., y hay que decirlo y hay que proponerlo; atiende a dos objetivos no a uno, -como se ha dicho-. Primero: objetivo solidaridad. Segundo... (y, por lo tanto, entra dentro parte del Fondo de lo que sería Bloque de Solidaridad, de Financiación para la Solidaridad). Segundo: objetivo de suficiencia, Bloque de suficiencia. O quita usted el bloque de Suficiencia del FCI, y, por lo tanto, pongamos ya y digamos, realmente, que es que queremos modificar la Ley del FCI, la Ley del FCI, con los cauces oportunos y, por lo tanto, con mecanismos diferentes a los aquí propuestos para que el Fondo solamente atienda a un objetivo, al de solidaridad, y no al Bloque de Suficiencia, y, evidentemente, también modifiquemos -es necesario- el sistema definitivo de financiación, la Ley del Fondo, no sé si la LOFCA en su artículo 13 -posiblemente también, posiblemente también-; pero, por lo menos, vayamos mucho más allá de lo que estas propuestas aparentemente sugieren. Y también le digo, y en otras instancias, es por lo que mi Grupo, aunque en el fondo de tres propuestas, segunda, tercera y cuarta, estaría de acuerdo, no puede aceptar las mismas -y se va a oponer a las mismas-, por el hecho de que se plantean a través de mecanismos que rompen los actualmente existentes y, sobre todo, que se olvidan de la existencia de aquel... y de aquella instancia, perdón, zona de encuentro entre Administración del Estado, Comunidades Autónomas y negociaciones a tres bandas: el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Paniagua. Vamos a proceder a continuación a someter a votación las distintas propuestas de resolución, una a una, presentadas por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social.

Sometemos a votación la primera de estas propuestas de resolución, que literalmente dice que "por parte de la Junta de Castilla y León se renegocien, con los órganos competentes del Gobierno de la Nación, los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, de forma que estos se dirijan, exclusivamente, a las provincias cuya renta per cápita se sitúa por debajo de la media nacional española". Quien esté a favor de esta propuesta que se levante. Pueden sentarse. Quien esté en contra de esta resolución que se levante. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes se abstengan que se levanten. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor de la propuesta: cuarenta y siete. Votos en contra: treinta y uno. Y abstenciones: una. En consecuencia, queda aprobada la propuesta de resolución presentada, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social.

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Procedemos, a continuación, a someter a votación la segunda de las propuestas presentadas por este Grupo, que literalmente dice lo siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que negocie con los organismos competentes del Gobierno de la Nación, que los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial se comprometan, en su totalidad, en Proyectos encargados por la propia Junta de Castilla y León". Quien esté a favor, que se levante. Muchas gracias, pueden sentarse. Quién esté en contra que se levante. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes se abstengan que se levanten. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente. Cuarenta y siete votos a favor de la propuesta. Treinta y uno en contra. Y una abstención. En consecuencia, queda aprobada la segunda de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo de Centro Democrático y Social.

Sometemos a votación la tercera de las propuestas de resolución presentadas por este Grupo Parlamentario que, literalmente, dice lo siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que negocie, con los organismos competentes del Gobierno de la Nación, con objeto que los períodos de tiempo que se fijan para estimar las variables aplicables a la distribución del Fondo de Compensación Interterritorial, abarquen un quinquenio". Quién esté a favor de esta propuesta que se levante. Muchas gracias. Quienes estén en contra de esta propuesta de resolución que se levanten. Muchas gracias. Quienes se abstengan que se levanten. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor de la propuesta: cuarenta y siete. Votos en contra: treinta y uno. Abstenciones: una. En consecuencia, queda aprobada la propuesta, la tercera propuesta de resolución, presentada por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social.

Sometemos, a continuación, la cuarta propuesta de resolución presentada por el CDS, cuyo texto dice literalmente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que negocien con los organismos competentes del Gobierno de la Nación la separación entre los recursos procedentes de Fondos Europeos y los correspondientes al Fondo de Compensación Interterritorial, planteando ante la Comunidad Europea la situación de agravio que se produce al aplicar los criterios de distribución de dos Fondos, para cuya estimación se han tomado distintas variables". Quienes estén a favor que se levanten. Muchas gracias. Quienes estén en contra de la resolución que se levanten. Muchas gracias. Quienes se abstengan que se levanten. Muchas gracias

El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor de la propuesta: cuarenta y siete votos. En contra: treinta y uno. Y abstenciones: uno. En consecuencia, queda aprobada la cuarta de las propuestas de resolución, presentada por el Grupo Parlamentario del CDS.

Sometemos a votación la quinta y última, teniendo en cuenta que ha sido retirada la sexta proposición, la sexta propuesta, la quinta de las presentadas por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, a cuyo debate hemos procedido anteriormente, y que literalmente dice lo siguiente: "las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que negocie con los organismos competentes del Gobierno de la Nación, para que los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial se destinen exclusivamente a la corrección de los desequilibrios existentes y a las necesidades de desarrollo regional". Quienes estén a favor de la propuesta de resolución que se levanten. Muchas gracias. Quienes estén en contra de la resolución que se levanten. Muchas gracias. Quienes se abstengan que se levanten. Muchas gracias.

El resultado de la votación es el de: cuarenta y siete votos a favor de la propuesta, treinta y uno en contra y una abstención. En consecuencia, queda aprobada la quinta de las resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social. Muchas gracias a todos.

Procedemos a continuación a someter a debate el conjunto de resoluciones presentadas, en único escrito, por el Grupo Parlamentario Socialista, y, en consecuencia, tiene la palabra el representante del Grupo Socialista para presentar estas propuestas y defenderlas ante este Pleno. Señor Paniagua tiene la palabra.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, quería solicitar un turno de explicación de voto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): ¡Ah!, perdón. Tiene toda la razón el señor.... Un segundo, no hemos terminado, efectivamente. Los Grupos que no han intervenido en el anterior debate, es decir, que, por consiguiente, tendrían... tienen derecho de voz, de acuerdo con el trámite que hemos aprobado por la Junta de Portavoces y la Mesa, al turno de explicación de voto. En primer lugar, digamos, el Grupo Mixto, el Grupo Parlamentario Mixto, señor De las Heras. Y pido excusas porque hemos seguido, digamos, avanzando demasiado. Muchas gracias. Señor De las Heras, cuando quiera.

DE LAS HERAS MATEO

(-p.176-)

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Muchas gracias. Señor Presidente, señor Presidente de la Junta, Señorías. Diría yo que es una lástima que después de, dado el alto grado de consenso al que, en términos generales, se ha llegado esta mañana en el debate en relación con la comunicación del Gobierno, no hayamos sido capaces todos los Grupos de haber establecido una comunicación conjunta, una propuesta conjunta, que, efectivamente, le diera la fuerza suficiente para que en la negociación, que indudablemente hay que abrir con el Gobierno de la Nación y el resto de los Gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas, Regiones y Nacionalidades, iba a tener, de haber salido esa propuesta apoyada unánimemente por todos los Grupos de la Cámara. Y, la verdad, yo creo que había base suficiente para poder haber llegado a ese consenso, para poder haber llegado a ese acuerdo.

Y el PDP quiere ser congruente con lo que ha manifestado esta mañana a lo largo de su larga intervención, gracias a la benevolencia del Presidente. Nosotros hemos dicho como conclusión, y repito, esta mañana, que la Ley del Fondo no es un instrumento de compensación de desequilibrios territoriales, sino simplemente un mecanismo de reparto de un tanto por ciento de las inversiones nuevas. Y por eso hemos hecho una propuesta en concreto que, dada la composición numérica del Grupo que yo represento, pensaba que iba a tener reflejo en las propuestas o globales -que presentáramos de común acuerdo- o individuales -de cada uno de los Grupos de esta Cámara, y que era la modificación de Ley 7/84, del Fondo de Compensación Interterritorial, que solamente beneficie, por otra parte, a Regiones con desequilibrios comparativos.

Pero, además, entendía y entiendo ahora, y por éste es el motivo que, a pesar de estar de acuerdo con las propuestas presentadas por el CDS, fundamentalmente la número dos, la número cuatro y la número cinco, y también la número seis -y lamento que haya sido retirada, porque incluso esa proposición iba a ser votada afirmativamente-, dado que es un tema que compete exclusivamente a las competencias de esta Comunidad Autónoma, porque es el establecimiento de un Fondo Interregional, que establece nuestro Estatuto; lo lamento porque, señores del CDS, se le iba a haber votado afirmativamente. Yo decía que el mecanismo, el mecanismo, independientemente de los mecanismos jurídicos cuya precisión ha hecho el Portavoz del Partido Socialista, el mecanismo era más bien el que el propio Presidente de la Junta ha expuesto recientemente: el de un pacto global de desarrollo autonómico, porque si no no hay manera de sacar esto adelante. Y yo he dicho y digo que apoyaba esa propuesta, muy razonable, del Presidente de nuestra Junta, porque entiendo que es la forma de, sentados juntos, en una mesa, todos los intereses, podamos llegar a establecer esos criterios en que esas Comunidades más ricas, más desarrolladas, más equilibradas, con mejores condiciones, se les pueda, en esa mesa de negociación, extender el ámbito y las competencias de su Estatuto, y de las reivindicaciones que están haciendo en estos momentos: el despliegue de la Ertzantza o las Loterías de Barcelona -como he dicho esta mañana-, etcétera, etcétera, hasta el límite que permita la Constitución; pero, a su vez, será el momento de, como contrapartida, hacerles ceder precisamente en estos temas en los que las Regiones como la nuestra tienen la posibilidad y el derecho constitucional, por una parte, y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, de sacar realmente lo que les corresponde. Y si no, la verdad es que nos quedaremos en una simple declaración de intenciones, que va a tener enfrente, primero, dificultades técnicas para salir adelante, y, segundo, que no va a tener todos los interlocutores que son necesarios para poder prosperar.

En consecuencia, siento mucho que no hayamos podido llegar a esa propuesta conjunta, como hubiera sido deseable y como así lo avala el grado de consenso en el fondo, expresado aquí esta mañana. Les habría votado las propuestas dos, -la tercera no, porque creo que hay una contradicción, señor De Fernando, con la primera, porque si estamos pidiendo, por una parte, que se modifiquen las variables, ¿cómo vamos a establecer un tiempo de un quinquenio o de un decenio?, si estamos pidiendo que esas variables se modifiquen-; entonces, a lo mejor tiene que ser un año, o tres, o cinco, depende de las variables que, una vez modificadas, se hayan aprobado. Es decir, que ahí hay una contradicción entre la primera y la tercera. Y, en cambio, sí estoy de acuerdo en el fondo de la cuarta y de la quinta, y mucho más en el de la sexta, que le hubiera votado afirmativamente. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor De las Heras. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, señor Bosque Hita, para explicación de voto.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Señor Presidente, Señorías. Es voluntad de mi Grupo que este tiempo lo utilicemos exclusivamente en el concepto en que se nos ha sido concedido, es decir en el de explicación de voto, sin entrar en mayores valoraciones sobre posturas de ningún otro Grupo, ni ninguna otra consideración que pudiera desvirtuar el sentido exclusivo de explicación del voto concreto. Pero sí hay que contestar a algunas de las indicaciones que se han hecho, respecto a la sorpresa porque nuestro Grupo no hubiera presentado propuestas al respecto. Y es muy natural que no hayamos presentado propuestas al respecto, porque entra dentro del clima que esta mañana se manifestó en el seno de esta Sala, cuando en el debate sobre el tema del Fondo de Compensación, sobre la comunicación de la Junta, vimos que concurríamos todos en una serie de criterios y de conceptos que nos parecía, por nuestra parte, que era mucho más positivo, desde el punto de vista político, que fueran el resto de los Grupos quienes presentasen las proposiciones correspondientes. Así ha sido y estamos satisfechos de que se hayan producido, por este procedimiento, los refuerzos que estas Cortes tienen que ofrecer a la Junta, para que a partir de este instante pueda defender los intereses de nuestra Comunidad en relación con el Fondo de Compensación. Y agradecemos a los Grupos, que han querido participar con sus propuestas, el hecho de que las hayan presentado, porque harán mucho más eficaces, seguramente, los mecanismos por los que después se pueda trabajar en la consecución de sus contenidos.

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Hay una cosa que previamente hay que hacer constar también. Se ha hablado del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, desde luego, es un elemento que habrá que considerar, pero habrá que considerar en el momento procesal que corresponda. La Junta de Castilla y León tiene relación directa con el Gobierno de la Nación, no con el Consejo de Política Económica y Fiscal o de Política Fiscal y Financiera. Y es así, aunque esté formando parte de este Consejo, pero la relación política es con el Gobierno de la Nación; lo otro es un trámite subsiguiente que se considerará y se contemplará en el momento que corresponda.

El sentido del voto, en cuanto a las propuestas que ha hecho el Centro Democrático y Social, en relación con la primera, hemos escuchado con mucha atención, porque nos preocupaba el contenido en relación con las provincias. Nosotros entendemos que la unidad política fundamental es la Comunidad Autónoma y nos preocupaba qué concepto o qué sentido tenía esto de la provincia. Hemos escuchado con mucha atención y hemos podido observar que la explicación del Centro Democrático y Social es que solamente tiene un sentido de valoración en el tratamiento de los cálculos, que se puede hacer después del Fondo de Compensación. Que, por supuesto, los resultados de los cálculos correspondientes..., porque, además, las fuentes de datos están orientados precisamente a través de estas unidades territoriales; no hay fuentes de datos colectivas de una Comunidad Autónoma más que cuando son uniprovinciales; cuando son de varias provincias es como consecuencia de la composición de los datos que vienen de cada una de las provincias. Se nos ha garantizado que todo este cálculo no es otro más que para después determinar cuál es la cantidad global que corresponde a la Comunidad Autónoma, para que la administre con sus propios criterios políticos, y también nos ha tranquilizado el ver que todo esto será aplicable en el momento que sean modificados los criterios, tal y como ha dicho el Portavoz del Centro Democrático y Social. De todo eso, entendemos que lo único que ocurre es que el texto seguramente no es muy acertado, y a nosotros nos hubiera gustado otro texto distinto: donde dice provincia, que dijera Comunidades Autónomas, que aclararía todas estas situaciones que tenemos que hacer de palabra, en estos instantes; pero nosotros aceptamos el pronunciamiento en este sentido, por eso hemos votado a favor, en el sentido en que estamos haciendo constar en estos momentos, que corresponde con lo que nos dijo el Portavoz correspondiente: es un elemento para instrumentalizar las fuentes de datos disponibles y no más allá.

En la segunda proposición, nos parece tan correcto el contenido de la misma, que no es otra cosa más que dar sentido de realidad a la sentencia del Tribunal Constitucional y a que hacía referencia esta mañana, del veintiuno de Mayo de este año, en el que determina que, de verdad, los recursos propios de las Comunidades no los maneja nadie más que las Comunidades. Y esto me parece que el Centro Democrático y Social, según hemos oído, parece que quiere confirmar, realmente, esta situación; por lo tanto, estamos completamente de acuerdo con ello.

En cuanto a que la duración abarque cinco años y no uno, nos parece muy natural también y muy positivo. Entra dentro de lo que se habló esta mañana. Resulta que si utilizamos un solo año, como ha ocurrido en este momento, para la aplicación del ochenta y ocho nos toca un mal año y damos unos resultados tan desastrosamente económicos, en cuanto a asignación del Fondo de Compensación, que puede producir una paralización en muchas de las actividades que están relacionadas con el Fondo; y además esto con trascendencia en relación con los Fondos Europeos. Por eso también vamos a votar a favor de la siguiente proposición, la número cuatro. Por esta razón entendemos que, efectivamente, cinco años, cinco años, medidos de tal manera que cada año se avance uno y se pierda otro por el principio, se avance uno en el futuro y se pierda otro por el principio.

Y por último, la última proposición -ya se me está encendiendo la luz roja-, estamos también absolutamente de acuerdo; por eso hemos votado a favor de ella, porque refleja, perfectamente, el espíritu general de toda esta Cámara, tal y como lo hemos explicado esta mañana. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Bosque Hita. Procedemos, en consecuencia, a iniciar la segunda parte de este debate. En este momento empezamos con la defensa de las propuestas presentadas por el Grupo Socialista, que hará el señor Paniagua. El señor Paniagua tiene la palabra.

PANIAGUA IÑIGUEZ

EL SEÑOR PANIAGUA IÑIGUEZ: Señor Presidente, señor Presidente de la Junta, señores Consejeros, Señorías. Antes de entrar en las Propuestas de Resolución que presenta el Grupo Socialista, dos observaciones previas: primera y marginal, permítame que con cariño le rectifique, señor Bosque Hita: no es alusión. Pero, mire, que yo sepa, la Junta claro que tiene relaciones con la Administración Central, que no con el Gobierno Central, -me gusta más-, las puede tener, pero con quien tiene relaciones establecidas por norma y ley es con el Consejo de Política Fiscal, donde miembro nato del mismo es el Excelentísimo señor Consejero de Economía, don Miguel Pérez Villar. Punto primero y único. Aclaración..., aclaración, que no aclaración, sino manifestación de una preocupación de fondo: a mi Grupo le preocupa profundamente, aunque acepta lo aquí aprobado -¡no faltaba más!- las propuestas de resolución aprobadas, por dos razones esenciales: una menor y otra de más calado político. La menor es que teniendo en cuenta que las relaciones reales entre la Junta y la Administración del Estado se llevan a cabo en el Consejo de Política Fiscal, en temas como el Fondo de Compensación, etcétera, yo lo voy a decir una cosa: puede ser -¡ojalá no lo sea!- papel mojado lo aquí aprobado; puede ser que hayamos aprobado algo plenamente inoperante e ineficaz. No sé si no hubiera sido mejor ser más realistas.

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Segunda observación, de sentido, a mi juicio, más profundo: que a mí me preocupa que, posiblemente, lo que aquí se haya aprobado esté en contra de la línea y programa político preconizado por el Presidente Aznar, cuando, primero, acepta, en principio, aunque tenga discrepancias, -y así en su discurso de Investidura lo señaló-, el actual sistema definitivo de financiación de las Comunidades Autónomas. Punto primero. Y segundo, preconiza un pacto de Estado de desarrollo del Título VIII de la Constitución entre..., pacto de Estado entre Estado, Administración del Estado y Comunidades Autónomas. Piénsese si no se pone en entredicho, al menos, ese pronunciamiento del Presidente Aznar.

Entrando ya en las cuatro propuestas de resolución que presenta el Grupo Socialista he de establecer constataciones previas antes de definir las mismas.

En primer lugar, hay una concordancia, como en el texto se anuncia, con la preocupación, manifestada por todos los grupos políticos, en cuanto a que las variaciones anuales de determinados parámetros -y, en concreto y fundamentalmente, el de la renta per cápita-, puedan..., sean susceptibles de originar y producir efectos negativos coyunturales, repito como antes decía, en la participación de la Comunidad de Castilla y León en el FCI.

Segundo, hay también una concordancia en la preocupación, concordancia largamente sostenida, en relación con la conexión entre fondos estructurales europeos -y, en concreto, FEDER-, que tienen única y exclusivamente un objetivo: el de la solidaridad y eliminación de desequilibrios con un fondo -FCI- que tiene, como antes he dicho, dos objetivos: el de la eliminación de desequilibrios y el de la suficiencia de recursos para todas las Comunidades Autónomas en relación con las necesidades de inversión nueva. Esa no concordancia nos preocupa y, efectivamente, nos ha movido sistemáticamente a hacer propuestas en relación a una concordancia nueva y distinta, porque son fondos, a mi juicio, de distintas naturaleza.

Sobre esta base, yo sí le puedo añadir, sin embargo, que hemos de tener en cuenta que cuando hablemos de los problemas que pueden surgir por las variaciones anuales de determinados parámetros no..., también, no dramaticemos, relativicemos el problema, porque, como antes decía, primero: en una media estadística, por ejemplo, de cinco años el resultado del fondo, la media, sería igual, sería igual. Puede originar distorsiones, es verdad; pero, sin embargo, la media, repito, sigue igual.

Segunda cuestión, hemos de tener en cuenta que en el porcentaje..., perdón, que en la participación de los ingresos del Estado el 25% del antiguo Fondo o el 10% de la inversión nueva que se introduce en esa participación no está afectado por las variaciones de la renta per cápita, sino por variables diferentes. Y en este caso y este momento, son cálculos que a mí me obran, ese 10% de la inversión nueva representaría para este año, en Castilla y León, un incremento..., o tendría, perdón, un incremento del 17% y habiendo representado 5.352.000.000 de pesetas -son cálculos que podemos verificar-, implicaría un incremento neto, neto, actualizado -quitando un 5% de índice de inflación previsto-, de 642.000.000 de pesetas. Quiero decir relativicemos, por lo tanto, las incidencias y los problemas que nos puede plantear la disminución del 30% de la inversión nueva vía fondo, porque el 10% restante está creciendo a ritmos muy superiores a lo que lo hace el FCI a niveles de otras Comunidades.

Y, por otra parta, le he de decir otra cosa: tampoco demos mucha importancia a la reducción de los 45.000.000 del FEDER en Castilla-León vía proyectos propios, porque el FEDER se incrementa para Castilla-León, para Castilla-León, para su destino, aun cuando es cierto la parte de proyectos que gestiona, y propios, que gestiona la Comunidad y propios de la Comunidad, disminuya, pero el global del FEDER no disminuye.

Y, finalmente, tengamos en cuenta también otras inversiones, otras inversiones, que si hacemos..., del Estado en la Comunidad, un repaso de las mismas, nos podemos encontrar, ¡fíjese!, con que el año ochenta y seis..., le voy a dar cifras oficiales, pero un mero ejemplo, simplemente para ver la importancia relativa que puede tener el FCI. En la distribución de la financiación de los planes provinciales para el ochenta y seis, Castilla y León participa con 1.578.000.000 sobre 10.074.000.000, es decir, un 15,75%. En la distribución de financiación de los planes comarcales en un 11,2%. Las subvenciones gestionadas por las Comunidades Autónomas, en 8.805.000.000, un 4,96%. En la financiación estatal para inversiones de las Comunidades Autónomas, a través de convenios, en 3.709.000.000, es decir, un 5,3%. En ayudas de fondos estructurales más FCI participa, en total, con 43.000.000.000..., con 44.000.000.000 de pesetas, es decir, en un 12,3%; si solamente fueran fondos estructurales sería un 25%. En total, ¡fíjese!, si sumo las cifras, Castilla y León, en el año ochenta y seis, recibe, sin contar las inversiones directas del Estado en Castilla y León, 99.167.000.000. de pesetas. No es para decir que estamos conformes con la disminución del Fondo, porque he dicho antes "mi preocupación", pero relativicemos las cifras dentro de los porcentajes globales de participación en las inversiones o transferencias del Estado a la Comunidad de Castilla-León. Y podemos comparar con otras Comunidades, como por ejemplo..., esta mañana se ha dado un dato, y, por ejemplo, en las inversiones previstas del Estado en el quinquenio ochenta y siete-noventa y uno en las Comunidades, resulta que Cataluña tiene previstas inversiones por..., quitando las no racionalizadas, 77.000.000.000 de pesetas y Castilla y León 216.000.000.000 de pesetas. Cataluña un 13% de las inversiones previstas para Castilla-León en el quinquenio, repito, ochenta y siete-noventa y uno. No sirva más que para decir que relativicemos las cifras, porque no sea que alguna vez los catalanes digan y pongan sobre la mesa estas cifras y entonces tengamos, posiblemente, no que callarnos, pero sí decir que, efectivamente, que relativizar las cifras.

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Dicho lo cual, simplemente, quiero decir que nosotros entendemos, además, y como elemento central, que junto con el FEDER, perdón, con el FCI hay otros instrumentos de solidaridad. No solamente el 10% de la inversión nueva dentro del porcentaje de participación, sino también los fondos estructurales. Quede dicho eso para relativizar determinados... determinadas afirmaciones.

En tercer lugar, quiero decir que nosotros planteamos que cualquier acuerdo que se quiera alcanzar, y teniendo en cuenta, como antes decía, el pacto de Estado propuesto por el Presidente Aznar, y teniendo en cuenta ese pacto de Estado, debe estar en el marco, y debe de ser planteado en el marco de una relación trilateral, es decir, Comunidad Autónoma de Castilla-León, Comunidades Autónomas restantes y Administración del Estado: Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Y en cuarto lugar, en relación con la cuestión de los períodos, quinquenales o no, para el cálculo de las variables. Estoy de acuerdo en principio, repito, con esa proposición, excepto que no se plantee ante el Gobierno Central, sino dentro del marco del Consejo de Política Fiscal, pero sí siempre que se respete la Constitución, la LOFCA, el FCI, y el modelo definitivo o el sistema definitivo de financiación de las Comunidades Autónomas, que, como digo, no es que le respetemos nosotros sólo, sino que en el discurso de presentación del Presidente Aznar fue, independientemente de sus discrepancias, respetado y así se comprometió. Dicho lo cual, y en función de estas precisiones previas, es por lo que nosotros hemos elevado a esta Cámara para su aprobación las cuatro mociones que, en estos momentos, ponemos a su disposición y que las atraviesa todas ellas la siguiente intención: que sea la Junta de Consejeros, con su autonomía política, quien realice los análisis y estudios previos, que, previo conocimiento de estas Cortes, se eleven a la institución adecuada y lleguen a través de ella al Gobierno, es decir, al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dos condiciones: conocimiento de..., perdón, tres: iniciativa de la Junta de Castilla-León; segundo, conocimiento de estas Cortes; tercero, elevación, a través del Consejo de Política Fiscal, no solamente al Gobierno, sino al resto de Comunidades Autónomas. Dicho lo cual, la única cuestión que nosotros, además de encargar y enmendar, perdón, de encargar las respectivas actuaciones a la Junta de Castilla-León, sí que añadimos, como elemento nuevo, la resolución tercera, en que decimos que no podemos, sin embargo, dejar de lado, junto con el replanteamiento o planteamiento del FCI y sus revisiones correspondientes, la puesta ya en marcha, la puesta ya en marcha a través de los mecanismos correspondientes, de lo previsto en el artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía, es decir, el Desarrollo del Fondo de Compensación Regional, que completaría todo el proceso de distribución adecuada de los fondos públicos en Castilla-León. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Paniagua. ¿Algún Grupo desea utilizar un turno en contra? El señor Bosque Hita tiene la palabra para un turno en contra de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Socialista.

BOSQUE HITA

EL SEÑOR BOSQUE HITA: Muchas gracias, señor Presidente. Puedo asegurar, en nombre de mi Grupo, que nos hubiera gustado que nos hubieran dado razones suficientemente convincentes para poder estar de acuerdo con los cuatro puntos que nos presentaba el Grupo Parlamentario Socialista. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo que tenía dedicado a explicar el contenido y fundamento de estos cuatro puntos ha sido dedicado a tareas absolutamente distintas del objetivo para el que estaba concedido este turno, y por eso es por lo que no ha llegado a convencernos, por supuesto. Lo que ocurre es que el haberse salido del tema nos obliga a nosotros también, de alguna manera, ha salirnos en parte del tema. Se ha corregido alguna de las afirmaciones que había planteado anteriormente, en relación con lo que significa el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y yo les voy a leer a Sus Señorías lo que dice la Ley..., la LOFCA, la Ley de Financiación, respecto al fondo, al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Artículo 3.1. "Para la adecuada coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas y de la Hacienda del Estado, -etcétera, etcétera-, se constituye el Consejo que estará constituido para la coordinación de la actividad financiera".

Punto 2 del artículo 3: "el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como órgano consultivo y de deliberación, entenderá de las siguientes materias:

a) La coordinación de la política presupuestaria de las Comunidades Autónomas con la del Estado.

El estudio y valoración de los criterios de distribución de los recursos del Fondo de Compensación, -no la fijación-.

c) El estudio, la elaboración, en su caso, y la revisión de los métodos utilizados para el cálculo..." etcétera, etcétera. Explíquenme ustedes las funciones políticas que tiene el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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c) "La apreciación de las razones que justifican en cada caso la percepción, por parte de cada una de las Comunidades Autónomas, de las asignaciones presupuestarias..." etcétera, etcétera. Como ustedes comprenderán, decir que la Junta de Castilla y León tiene que subordinarse al Consejo de Política Fiscal y Financiera..., ¡por favor!. Aquí se han dicho cosas tan curiosas como decir: Gobierno, es decir, Consejo de Política Fiscal y Financiera; aquí se ha dicho, por ejemplo, que hay que elevar al Gobierno a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero, ¡por favor!, ahora quizás se pueda entender cuál ha sido la posición de la Junta durante la Legislatura anterior ante el Gobierno Central: una absoluta subordinación y una relación política a través de un Consejo, que es nada más que consultivo y asesor en estas cosas, sin capacidad para decidir, puesto que está perfectamente claro que en criterios, que es lo más importante, de las funciones que tiene, no puede decidir criterios. Bueno, comprenderán Sus Señorías que después de todo eso ya no puede sorprendernos que cuando se nos dice que no estamos haciendo caso de lo que el Presidente Aznar nos había dicho respecto a posibles acuerdos... El Presidente Aznar lo que planteó a esta Cámara, y lo que ha planteado también en otros lugares, ha sido el de un pacto de Estado en relación con todo el planteamiento autonómico, incluido el de financiación también. Un pacto de Estado, pero !por favor! no una sesión especial del Consejo de Política Fiscal y Financiera. !Hasta ahí podíamos llegar!. Me parece que la dignidad de las Instituciones autonómicas de Castilla y León está muy por encima del lugar a donde se le quiere conducir, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista. Por esa razón es por la que la primera moción, pues, !es curioso!, dice cosas tan significativas que como no quiere nombrar a la Junta, por lo visto, habla "de la Administración de la Comunidad de Castilla y León realizará los análisis, estudios..". Miren ustedes, no podemos admitir que la Junta se convierta exclusivamente en Administración y que toda la relación que pueda tener la Junta con el Gobierno Central lo sea a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por esa razón no podemos estar con la primera moción. Y la segunda moción es consecuencia de la primera. Por lo tanto, tampoco podemos estar con ella. Me parece que es absolutamente razonable nuestra postura.

Y como está perfectamente claro que estamos dentro de los criterios de aportación, por parte de todos los Grupos, de cosas constructivas en beneficio de nuestra Comunidad Autónoma, vamos a estar de acuerdo con las dos siguientes mociones: con la tercera y con la cuarta; solamente vamos a hacer una observación en relación con la cuarta, y es que cuando habla de los apartados anteriores, como no vamos a votar ni el primero ni al segundo, tenemos que votar esta moción de forma que diga: el apartado anterior. Y ésta es la posición de nuestro Grupo, que se corresponde, perfectamente, con el ambiente de cooperación, de colaboración, que además está perfectamente demostrado por el hecho concreto de que no hemos querido presentar mociones, porque sabíamos y esperábamos que los otros Grupos Parlamentarios dieran el paso al frente en una unidad realmente seria de todos..., la representación parlamentaria de Castilla y León, para sacar adelante los intereses de Castilla y León en relación con lo que le afecta el Fondo de Compensación Interterritorial. Y nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Bosque Hita. Vamos a proceder a someter a votación. Llamamos a los señores Procuradores. Comenzamos. La votación, igual que en el caso anterior, sometemos una a una cada una de estas proposiciones, puesto que, aunque están presentadas en único escrito, se han considerado como cuatro proposiciones de resolución diferentes.

Se somete a votación la primera de las Proposiciones de Resolución presentadas por el Grupo Socialista, que dice literalmente lo siguiente: "La Administración de la Comunidad de Castilla y León realizará los análisis y estudios pertinentes que le permitan aportar al Gobierno de la Nación, y en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un posible modelo para el Fondo de Compensación Interterritorial que, integrado en el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, corrija las dificultades observadas en el sistema actual, cumpliendo con los fines que constitucionalmente se pretende". Quienes estén a favor de la Propuesta de Resolución que se levanten. Muchas gracias. Quienes estén en contra de esta Resolución que se levanten. Muchas gracias. Quienes se abstengan que se levanten.

Resultado de la votación. El resultado de la votación son de treinta votos a favor de la Propuesta de Resolución. Cuarenta y contra. Y ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la primera de las Propuestas de Resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Procedemos a continuación a someter a votación la segunda de las Propuestas de Resolución presentadas por el Grupo Socialista, que literalmente dice lo siguiente: "Antes de que sean elevadas dichas Propuestas a los órganos nacionales, deberán ser conocidas por las Cortes de Castilla y León a través de la Comisión de Economía y Hacienda". Quienes estén a favor de Resolución que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes estén en contra que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes se abstengan que se levanten.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor de la Propuesta: treinta. Votos en contra, cuarenta. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda rechazada la segunda de las Propuestas de Resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.

Procedemos a someter a votación la tercera de las Propuestas de Resolución del Grupo Parlamentario Socialista, que dice literalmente: "Las Cortes de Castilla y León, conscientes que el proceso de desarrollo regional será incompleto, si no va acompañado de una reducción de las disparidades en los niveles de desarrollo, entre las distintas comarcas y provincias de esta Comunidad Autónoma, insta a la Junta de Castilla y León para que desarrolle el Fondo de Compensación Regional previsto en el artículo 32.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León". Quienes estén a favor de esta Resolución que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Presidente, a la vista de que el punto cuarto de la moción tenía sentido en el conjunto de los tres primeros, y el uno y el dos ha sido rechazado ya por votación, en este momento mi Grupo solicita la retirada del cuarto punto, que entendemos no tiene sentido privado de los dos primeros.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): De acuerdo, muchas gracias. Bueno... votos en contra no hay ninguno y abstenciones, tampoco.

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Resultado de esta Resolución, de esta tercera Resolución. La votación era setenta votos a favor. Ninguno en contra. Con lo cual quedaba aprobada la tercera de las Propuestas de Resolución presentadas por el Grupo Socialista Y según nos informa su Portavoz queda retirado el cuarto punto; por consiguiente, no se somete a votación la cuarta de las Resoluciones presentadas por el Grupo Socialista, con lo que podemos pasar al siguiente punto del Orden del Día.

Señor Secretario, Secretario Segundo..., perdón, explicación de voto. ¿Los que no hayan intervenido en el debate, los Grupos, quieren hacer uso de su derecho a la explicación de voto? Señor De las Heras, puede proceder a a hacer uso de la palabra en relación con esta segunda parte del debate. Señor De las Heras. Silencio, por favor.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente, para explicar nuestros votos en relación con la Propuesta del Grupo Socialista, que se justifica en coherencia con lo que hemos planteado en el debate esta mañana, como parece razonable. En cuanto a las Propuestas primera y segunda no hemos podido aceptarlas porque el Portavoz del Grupo Socialista, señor Paniagua, ha dicho muy claramente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Ruego a los señores Procuradores que si tienen algo que conversar que, por favor, lo hagan fuera. Puede proseguir, por favor, señor De las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: ... ha dicho muy claramente que esto habría que hacerlo en el marco jurídico establecido, sin cambiarle para nada en absoluto, desde la Constitución hasta la LOFCA, hasta el Fondo de Compensación Interterritorial. Y, nosotros, indudablemente, lo hemos dicho esta mañana, lo que proponemos es la modificación de esa parte última, que es la Ley de Financiación, del Fondo de Compensación Interterritorial. Y, con esa cortapisa, indudablemente, no podíamos votar favorablemente.

En cambio, como también hemos dicho esta mañana y congruentemente con ello, y aunque la Ley se inmiscuía estableciendo una norma y diciendo cómo había que hacer el Fondo de Compensación Interterritorial para las propias Comunidades Autónomas, y decíamos que eso era una intromisión de la Ley del Fondo en un apartado que debía corresponder exclusivamente a la autonomía de la propia Junta de Castilla y León, efectivamente, ahí estamos absolutamente de acuerdo, porque desarrolla uno de los principios estatutarios de la Junta de Castilla y León, en el que, indudablemente, estamos insistiendo, incluso, como conoce el Portavoz del Partido Socialista, señor Paniagua, en este caso, ya en distintas comisiones de comparecencia de Consejeros hemos apuntado por este camino, e incluso hemos propuesto que algunas de las partidas importantes que se han dotado nuevas, precisamente tuvieran el sentido de dotación de este Fondo para empezar a cumplir ese principio de solidaridad interterritorial dentro de las comarcas y las provincias que componen la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por eso, naturalmente, hemos votado afirmativamente. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor De las Heras. El representante del Centro Democrático y Social, puede acudir al escaño para explicación de voto.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Señor Presidente, señorías. Hemos votado en contra la primera y segunda Resolución presentada por el Grupo Socialista, con la libertad absoluta que nos da el votar sin tener que estar mirando a ver qué dice Madrid; no así en la votación que se ha producido por el Grupo Socialista en las Resoluciones anteriores.

Señor Paniagua, usted para defenderlas ha utilizado... y creo que en sus expresiones y en mis intervenciones esta mañana se ven las dos diferencias claras. El pacto de Estado le sigue considerando en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por eso hemos votado en contra de la primera, porque para nosotros ahí no está el pacto de Estado, y prueba de que ése no es un pacto de Estado es que ese pacto se hizo hace un año y hoy ya se pone en duda al menos su funcionamiento. El pacto de Estado nosotros lo consideramos fuera de ese marco y por todos los Grupos Políticos.

Le preocupa al señor Paniagua que lo aprobado sea ineficaz e inoperante. Señor Portavoz del Grupo Socialista, puede ser ineficaz e inoperante si no hay una política o una voluntad política decidida de cambiar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Indudablemente, todas las Resoluciones que hagamos aquí sobre Fondo de Compensación y sobre la financiación han de ser inoperantes, porque no tenemos capacidad legislativa sobre ello. Lo que queremos mostrar los Grupos Políticos es la voluntad de lo que debe hacerse, y está clara que la suya está conforme al sistema actual; nosotros estamos disconformes del sistema actual. Usted, por ejemplo, sigue manteniendo que el Fondo de Compensación atienda a la doble financiación de la suficiencia económica, por una parte, y de solidaridad, por otra, o al eso que usted propuso en su día y no se aceptó: el Fondo cero. Pues, mire usted, el Fondo cero no se le aceptó, está como está, y nosotros decimos que se modifique, porque se está incumpliendo la propia Constitución en su mandato. Se está incumpliendo la idea política que todos los Grupos crearon para el Fondo. Ahora, usted está conforme; nosotros no. Por eso la votación.

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Luego me alegra, por otra parte, el que usted saque las cifras de 99.000.000.000 contra ciento y pico mil pesetas, digo ciento y pico mil millones, en Castilla-León. A mí me alegra mucho que usted siga creyendo que, si el Gobierno Socialista sigue gobernando en Madrid, en cuatro años seremos la Comunidad Autónoma más rica, y Cataluña más pobre. Pues, mire usted, señor Paniagua, ni me lo creo yo ni se lo cree ningún castellano-leonés. Saque usted los miles de millones donde quiera; nosotros lo que pedimos es que el Fondo se aplique para lo que debe y los otros números, sigan ustedes haciendo números, que llevamos cinco años y el desequilibrio es mayor. Si hemos comprobado que el desequilibrio es mayor, vamos a corregir, no para llegar a igualarnos, que los desequilibrios sean menores.

Y, finalmente, decirle que el mandato para las votaciones se ha visto bien claro: votar en contra de la Resolución número cinco, que es votar la legislación vigente, y votar en contra sólo la segunda, que depende de la voluntad política del Gobierno que manda, que es del Grupo Socialista, indica bien claro quién tiene libertad de voto y quién no la tiene. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de Fernando. Vamos a proceder, pues, al siguiente punto del Orden del Día. El señor Secretario dará lectura al punto sexto.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Sexto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a calendario de previsibles iniciativas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): El Grupo Parlamentario Socialista..., el señor Quijano tiene la palabra para la presentación de la Proposición No de Ley presentada por su Grupo.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y Señores Procuradores. Prometiendo brevedad, porque yo creo que ni el momento ni la concurrencia es ya la más adecuada para largos discursos, me limitaré a explicar el sentido de la Proposición No de Ley que, en nombre de mi Grupo, defiendo en este momento, relativa a fijación y remisión a estas Cortes, por parte de la Junta, de un calendario de previsibles iniciativas.

Yo creo que no hay ninguna duda en el sentido plenamente positivo que tiene la Proposición. Le puedo asegurar al señor De Fernando, antes de que abandone la Sala, que su sentido es tan positivo...; le puedo garantizar que no ha sido sugerida desde Madrid y que podrá ejercer plena libertad del voto, en cuanto al apoyo a esta Proposición. Y creo que es plenamente positivo, porque entiendo que, en última instancia, viene a procurar una cierta ordenación y priorización de los trabajos de la Cámara, recibiendo, en ese sentido, un cierto impulso por parte de la Junta, que creo, por las razones que luego indicaré, hasta ahora no se ha producido.

En mi intención, se trataría de que los Grupos Parlamentarios puedan disponer, siquiera en forma aproximada -porque soy el primero en reconocer que, en este tipo de cuestiones, cualquier compromiso a día y hora fijos sería un compromiso vano-, pueda disponer de un avance, un calendario aproximado de previsiones, y, en función de eso, poder incluso coordinar sus propias iniciativas o, en todo caso, efectuar una buena, una adecuada ordenación del trabajo parlamentario.

Y lo digo porque entiendo que esa sería también la forma, a la vez, de poder clarificar los criterios que, desde la Junta, se tienen en orden al desarrollo de la propia Comunidad Autónoma: qué dinámica legislativa se va a seguir: globalmente, en qué plazos, etcétera. Serviría, en última instancia, me parece, también para que pudiéramos disponer de un cierto conocimiento del Programa de Investidura proyectado en el tiempo; y creo que eso no estaría de más, al menos como ejercicio de rigor, ya que -y lamento tener que decirlo en este momento- en algunas otras cosas, como en el debate anterior, creo, la falta de rigor, en algunas ocasiones, es patente.

Lo hago también así porque entiendo que la Comunidad Autónoma tiene unas necesidades legislativas aún evidentes. Creo que no hay ninguna duda en aceptar que a lo largo de la legislatura anterior se ha ido produciendo lo que yo llamaría el entramado jurídico básico de la Comunidad, prácticamente en todos los aspectos. Pero es evidente que, por la propia dinámica de recepción de competencias, sobre todo en el ámbito de lo sectorial, las necesidades legislativas de la Comunidad, repito, están plenamente abiertas. Y no entiendo..., quiero que eso quede también bien claro, que no es una cuestión de número; yo no estoy, a través de esa Proposición No de Ley, pidiendo a la Junta que envíe equis número de Leyes; ni siquiera que envíe más que en la Legislatura anterior. Me bastaría con las mismas; con menos, incluso -de eso no voy a hacer cuestión-, porque es mi criterio que las Leyes, al final, se defienden no por su número sino por su contenido y por su eficacia. De eso no me cabe ninguna duda. No es, pues, una cuestión de número; es una cuestión de criterio, de prioridades, como decía antes, ordenadas en el tiempo.

Yo creo que con una lectura -tarea que aconsejaría, con independencia del Grupo al que pertenezcan, a todos los Procuradores de la Cámara-, con una lectura o relectura periódica del discurso de Investidura, uno se podría hacer cargo de que, efectivamente, allí hay algunos compromisos legislativos directamente formalizados. Por ejemplo, con plazo fijo -el primer año de la Legislatura, creo recordar-, hay una referencia a una lista de diez Leyes sobre redistribución de competencias, en particular, en materia de transferencia -en su caso, delegación- a Entidades Locales; repito, para el primer año de Legislatura.

Hay un compromiso legislativo en materia de reconocimiento de comarcas, en particular, o específicamente, en el caso de la Comarca del Bierzo.

Hay un compromiso legislativo en materia de reforma de la vigente Ley de Gobierno y Administración. Concretamente, con la finalidad -allí se dice expresamente- de dotar a la Vicepresidencia de los medios necesarios y, en su caso, adaptar esa Ley a nuevas competencias -son palabras textuales-. No -el compromiso al menos no está establecido- para lo que se ha utilizado esa iniciativa, para otra cosa, en materia de delegaciones y recursos, que luego comentaré.

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Hay, por ejemplo -y aunque no sea a nivel de texto legal, creo que tiene también el mismo sentido-, un compromiso, sin tiempo fijo, de revisión de los Decretos de relación de puestos de trabajo, como compromiso específico.

Hay un compromiso de supresión de Organismos Autónomos; curiosamente, es el primero, creo que casi el único, hasta ahora, que se ha ejercitado.

Y hay, finalmente, una larga enumeración de iniciativas sectoriales sin concreción, con una remisión siempre a otro tipo de iniciativas futuras genéricas, en materia de Agricultura, Ganadería, Obras Públicas, Mapa Sanitario, Fondo de Empleo, Plan Especial de Fomento de Empleo Juvenil, V Centenario, etcétera, por no hacer más exhaustiva la lista.

Yo tenía la confianza de que las comparecencias sucesivas de los Consejeros, con el fin no sólo de relatar cuál es la estructura orgánica que han adoptado en su Consejería respectiva sino también para explicar su programa de actuación, introduciría algún criterio de claridad, algún tipo de priorización en esos compromisos legislativos genéricos. Y, evidentemente, no ha sido así. Y me atengo -a fin de que no se me pueda acusar de hablar de cosas que desconozca- a las comparecencias en las Comisiones a las que pertenezco: Presidencia y Administración Territorial, en concreto. En Presidencia, si mal no recuerdo, se ha vuelto a hacer una referencia a la reforma de la relación de puestos de trabajo, sistema retributivo, adaptación de la Ley de la Función Pública vigente a la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional en la materia, etcétera. Pero, una vez más -y creo que tuvimos ocasión de comentarlo en Comisión-, sin ningún plazo, sin ningún criterio de fondo, ni en cuanto al momento ni en cuanto al contenido de la iniciativa. Sí en todos los casos, creo recordar, el Consejero -estimo que con buen criterio y así se lo reconocí en la Comisión- hizo una referencia a la complejidad de estos temas, lo cual aconsejaba no adoptar iniciativas inmediatas; repito, criterio que le agradecí, en cuanto que, a mi juicio, venía también a clarificar alguna conducta del pasado.

En la comparecencia en Administración Territorial, por citar el otro caso, hubo también alguna referencia concreta, creo recordar, a una Ley de Régimen Local, sin más especificación. Yo le pregunté al Consejero en aquel momento que sobre la base de qué competencias se haría, con qué contenido... Creo que no obtuve una respuesta mínimamente clarificadora. Y, asimismo, creo recordar que algo indicó en cuanto a transferencias a entes locales, sin hacer mención expresa -y eso produjo una considerable extrañeza por mi parte- a la priorización debida en las diez Leyes comprometidas en esa materia en el discurso de Investidura.

Ese es, en definitiva, el estado de la cuestión. Al menos, a mi juicio. Me parece que hasta ahora se ha producido, en cuanto a la presentación de iniciativas en esta Cámara, y creo que también en cuanto a la adopción de otras iniciativas que no exigen rango de Ley -repito, a mi juicio-, una considerable falta de criterio. Me da la impresión de que las iniciativas han ido surgiendo, pues, un poco a remolque; me parece que sin demasiado rigor; creo que sin una priorización debida en la materia; con una cierta improvisación o precipitación en algunos casos, y, en todos los supuestos -ahora trataré de citar algún ejemplo-, con una cierta anarquía y descoordinación en las iniciativas. Me parece que, en muchos casos -y ejemplifico-, se han ido proponiendo reformas a ciertas Leyes, etcétera, me parece -al menos, es mi impresión personal- que con el fin de solucionar algún desaguisado que previamente había ocurrido ya en el nivel jurídico, o para solventar algún tipo de laguna que se detectaba, con ocasión de la producción de otra iniciativa. Ejemplos concretos, algunos de ellos. Por ejemplo: se propone recientemente -creo que ha entrado en la Cámara en estos días- una reforma de la Ley de Gobierno, en materia de adquisición de grados por parte de los funcionarios al servicio de la Comunidad, cuando se advierte que la nueva estructura de las Delegaciones Territoriales -al menos, esa es mi presunción-, que la nueva estructura de las Delegaciones Territoriales exige esas reformas que, en todo caso, debieran haber sido previas.

Por ejemplo: se ha propuesto, también recientemente, una propuesta..., un Proyecto de reforma de la vigente Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad, en materia de permisión de delegaciones en la Administración Territorial de la Comunidad, y en materia de recursos, creo que cuando se ha advertido que la estructura de las Delegaciones Territoriales exigía esa reforma que, a mi juicio, debiera de haber sido también previa a adoptar la otra iniciativa.

O, finalmente, creo que alguna Junta, recientemente, ha aprobado alguna norma -no sé exactamente de qué rango- sobre niveles mínimos de funcionarios, cuando se ha comprobado -repito una vez más, esa es, al menos, mi presunción-, cuando se ha comprobado que el Proyecto de Presupuestos no se ajustaba exactamente a un Acuerdo previamente existente ni a la equiparación de niveles que existía en la Administración del Estado y a la cual la Comunidad estaba comprometida por la vigente Ley de la Función Pública.

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Creo que incluso se podría argüir que hay otros ejemplos pero, por no hacer más indefinida la relación, ahí la detengo. Sí hay una cosa clara: me parece que la única prioridad hasta hora manifestada, y a la cual han respondido sistemáticamente las iniciativas presentadas, es la supresión de ciertos Organismos Autónomos que se fueron creando a lo largo de la Legislatura anterior. Me temo, incluso, que en algún caso la presentación de esas iniciativas sigue obedeciendo a algún criterio de descoordinación, probablemente a algún mensaje forzado en algún momento anterior a la toma de posesión, si nos atenemos a las declaraciones que algún Consejero expresamente hizo en Comisión, en el sentido de que tuvo que defender, sin estar de acuerdo en conciencia -es la expresión textual: "sin estar de acuerdo en conciencia con ello"-, tuvo que defender la tramitación del Proyecto de Ley por el que se suprimía el Instituto de Economía.

Esa es, en definitiva, la situación. A partir de ahí, saquen alguna consecuencia. Esto es. De verdad que no quiero, como decía antes, forzar a un calendario a día y hora fijo, en un momento determinado. Quiero ayudar en alguna medida, pues, a una ordenación de criterios, a una priorización en cuanto a las iniciativas, a una cierta coordinación, para que no aparezcan como iniciativas improvisadas y desordenadas. Para que, al fin y al cabo, también la propia Cámara pueda, en ese sentido, disponer de un cierto calendario. Ustedes tomen la iniciativa en ese sentido para un Periodo de Sesiones, para dos, para el primer año de Legislatura, etcétera... Les reconozco, en eso, la plena capacidad. Pero, repito, ordenen un poco, prioricen, y, en ese sentido, hagan que las iniciativas vayan apareciendo conforme a una programación mínimamente seria y conforme a unos criterios mínimamente defendibles. En todo caso, sí debo de advertir que mi Grupo asume, asumirá, porque creo que es su obligación parlamentaria, la capacidad plena que tiene, a su vez, de adoptar iniciativas. Pero no quisiera, en ningún momento, que esas iniciativas puedan ser, en algún caso, acusadas de abusivas, en el sentido de que se adelantan a algún tipo de calendario, en la medida en que ese calendario exista cuanto antes en la Cámara. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Quijano. Se procede a continuación a dar la palabra a los distintos Grupos Parlamentarios, puesto que no ha habido ningún Grupo en concreto que sea enmendante, de acuerdo con el orden normal establecido; es decir, de menor a mayor, comenzamos ... para la fijación de posiciones. Comenzamos, pues, por el representante del Grupo Mixto, señor De las Heras. Tiene la palabra el señor De las Heras.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Para fijar la posición de mi Grupo y del PDP, en el sentido de que vamos a votar afirmativamente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Y lo vamos a hacer porque entendemos que, de alguna manera, complementa la oferta del Presidente Aznar en su discurso de Investidura, en el que, efectivamente, como ha señalado el Portavoz del Grupo Socialista, ya indicaba un buen número de iniciativas legislativas que iban a ser el instrumento para desarrollar su política de gobierno en los próximos cuatro años. Y nos anunciaba, entre otros, diez proyectos de ley reguladores de la acción pública, referentes a agricultura, industria, comercio..., así hasta diez materias. Y nos anunciaba también el desarrollo de las leyes sectoriales que articularán la redistribución de competencias entre las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. La voluntad, a ser posible de manera consensuada, como afortunadamente parece ser que así va a ser, para sacar adelante los Proyectos de Ley de las Sedes, tanto de la Junta, como de las Cortes, como del Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad; y también -y esas iniciativas ya están en la Cámara, alguna de las cuales se van a debatir hoy- la supresión de distintos organismos autónomos, en relación con el Instituto de Desarrollo y Planificación, Agencia de Servicios a la Juventud y el Instituto de Administraciones Públicas.

Si, efectivamente, además de todo esto que ya se nos indicaba y, quizá, alguna cosa que me he dejado en el tintero, el Gobierno puede anticipar a esta Cámara un calendario, una relación, un inventario de posibles actuaciones, no cabe la menor duda que todos los Grupos Políticos, y especialmente este Grupo Político, que consta de un solo miembro y que por lo tanto tiene que hacer un esfuerzo especial para atender a todas las materias, naturalmente, si dispone con anticipación de los temas que va a tener que tratar, le dará tiempo -por una parte- a prepararlos personalmente, pero también a pedir los asesoramientos necesarios; porque, una vez más, con humildad, porque ése es el tema, que este Procurador, indudablemente, no puede estar al corriente de la multiplicidad, él solo, de la multiplicidad de materias que aquí se tratan, en esta Cámara. Y en consecuencia con eso, para facilitar ese trabajo, y como creo que es positivo y por otra parte el Gobierno no se compromete nada más, en la medida en que es un enunciado, es una relación, es una voluntad, en relación con el marco de su programa político, pues, este Grupo y el PDP fijan su posición afirmativamente, en cuanto a la propuesta que plantea el Partido Socialista Obrero Español, el Grupo Socialista. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente .

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor De las Heras. El representante del Grupo del CDS puede acercarse a la Tribuna.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Señor Presidente, Señorías. Con el rigor que habitualmente le caracteriza y la mesura de la que suele hacer gala, el Portavoz del Grupo Socialista ha pronunciado aquí palabras muy puestas en razón. El Centro Democrático y Social ha seguido con atención la exposición y defensa de la Proposición No de Ley que se ha formulado y no puede por menos que compartir los criterios expuestos. Y los comparte porque parece obvio y evidente que un cierto nivel de respeto a la Cámara hace aconsejable la presentación, no de una exhaustiva relación de previsibles iniciativas legislativas, sino de algo mucho más concreto, como pueda ser un calendario preciso de iniciativas legislativas. Entonces, esto que nos parece que es absolutamente conveniente, oportuno, bueno, efectivo para la operatividad de la Cámara, tiene que ser necesariamente apoyado por el Centro Democrático y Social, porque es razonable y además porque es conveniente, y yo me atrevería a decir, además, porque es urgente; consecuentemente, el CDS anuncia que apoyará positivamente la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Durán. El representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular puede hacer uso de la palabra para fijar su posición.

CORTES MARTIN

EL SEÑOR CORTES MARTIN: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Piensa el Grupo Parlamentario de Alianza Popular que la "ley del menor esfuerzo" debe ser una ley de aplicación universal, incluidas las Cortes de Castilla y León. Y quiero decir esto porque, ciertamente, la Proposición No de Ley que formula el Grupo Socialista es una proposición, al margen de útil, conveniente y necesaria, exquisitamente inútil. El discurso de Investidura del Presidente Aznar era enormemente preciso y detallado en cuanto a las iniciativas parlamentarias que pretendía presentar a la Cámara, si bien es verdad que había alguna excepción; pero, claro, es que lo que no estaba claro estaba obvio, era obvio. Es verdad que el Presidente de la Junta, entonces candidato, no aludió a que iba a presentar el Proyecto de Presupuestos en plazo, cosa que no se había hecho nunca antes en la historia de esta Comunidad Autónoma, porque otra iniciativa legislativa que ha entrado en este período de sesiones, que es lo que plantea la Proposición No de Ley -repito, en este período de sesiones-, estaba claramente ligada con la figura del Delegado Territorial único que había enunciado con claridad y detalle en su discurso de Investidura.

No obstante, si el Partido Socialista lo que desea con esta iniciativa, con la que, junto con otras más, a veces nos resulta dudoso si lo que pretenden, ciertamente, es dotar de eficacia y agilidad, no sólo a esta Cámara, sino a la propia Comunidad Autónoma, dada la dudosa necesidad, utilidad de alguna de ellas, (pero, evidentemente, está en su derecho y es bueno que contribuya con cosas de estas a lo que él cree que puede mejorar el funcionamiento de esta Cámara); pues -repito-, si desea presentar una multitud de iniciativas, nosotros, exclusivamente por solidaridad parlamentaria, vamos a esforzarnos para que algunas de esas iniciativas incluso prosperen, y no sólo... y pueda presentar un balance de oposición algo mejor que el balance de gobierno que presentó en las pasadas elecciones electorales. Y es ésa la razón, señoras y señores Procuradores, por la que, con entusiasmo, el Grupo Parlamentario de Alianza Popular va a apoyar esta Proposición No de Ley de tanto interés, tan trascendente, de tan gran importancia para el desarrollo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Quiero pensar que cuando, en una alarde de precisión, en la Proposición No de Ley se habla de que la Junta informe de los proyectos que... las iniciativas en este período de sesiones -repito-, sean legislativas o de otro tipo, esta mención del otro tipo, dado el tono -como en él es habitual y bien recordaba el Portavoz del CDS-, dado el tono de la intervención del señor Quijano, dejará algo a juicio de la Junta de Castilla-León el que considere cuáles de éstas son "de otro tipo"; porque, claro, comprenderá que son muchas las iniciativas que se pueden plantear. Las legislativas y las de otro tipo, esta interpretación de qué significa esto de otro tipo, se lo dejara, a fin de que también la Junta pueda expresar lo que en este período de sesiones entiende como sus prioridades, señor Quijano; porque aquí sí creo que la priorización es un, cuando menos, neologismo, del que ha usado y quizá abusado Su Señoría en esta Tribuna. Desde luego, repito, vamos a votar favorablemente tan trascendental iniciativa del Grupo Socialista. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Cortés. Para cerrar el debate puede hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario... el representante del Grupo Parlamentario proponente, señor Quijano.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Para agradecer, básicamente, las intervenciones que se han producido por parte del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario de CDS, en lo que tienen de reconocimiento del sentido de fondo de la iniciativa, que, efectivamente, es así. Me gustaría poder agradecer también la tercera de las intervenciones; me temo que sólo puedo hacerlo en parte o matizadamente. Mire usted, señor Cortés, yo, si voy a votar a favor de algo, no pido perdón; justifico mi voto, trato de hacerlo de la forma más objetiva posible, pero no me disculpo por hacerlo. Gracias

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Quijano. Se procede a someter a votación la Proposición No de Ley presentada por el Grupo parlamentario Socialista, relativa a calendario de previsibles iniciativas. Quienes estén a favor de la propuesta... de la Proposición No de Ley, que se levanten; muchas gracias, pueden sentarse. Quienes estén en contra; no hay ningún... presente. Y quienes se abstengan que se levanten.

El resultado de la votación es de sesenta votos a favor, ninguno en contra... Efectuados los correspondientes cotejos entre los Secretarios: setenta y cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. En consecuencia, queda aprobada la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al calendario de previsibles iniciativas.

El señor Secretario dará lectura al siguiente punto del Orden del Día, punto séptimo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Séptimo punto del Orden del Día: "Debate y votación en lectura única del Proyecto de Ley de Supresión del Instituto de Administración Pública de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Tiene la palabra el señor Consejero de la Presidencia, señor Lucas, para presentar el Proyecto de Ley de la Junta de Castilla y León.

LUCAS JIMENEZ

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EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, señor Presidente, Señorías. Empezaré, después de las dudas que parecen haber surgido antes, haciendo una mención expresa a mi identificación personal, de conciencia, política y de todo tipo con lo que voy aquí a defender.

Señorías, el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, en el número seis, correspondiente al día siete de Octubre del ochenta y siete, publica el Proyecto de Ley de Supresión del Instituto de la Administración Pública del veintinueve de Septiembre del mismo año. Fue admitido a trámite por la Mesa y acordada su publicación el uno de Octubre del año en curso. El Pleno de las Cortes, en sesión celebrada el día nueve de Octubre del ochenta y siete, aprueba por asentimiento su propuesta de tramitación por procedimiento en lectura única, (Boletín Oficial de las Cortes de veinte de Octubre del ochenta y siete).

Comparece hoy, Señorías, este Consejero para informar de las razones del Gobierno Autónomo para tal supresión. Quizá sea conveniente, para comenzar a tratar este asunto de Orden del Día, hacer una referencia a nuestra super Ley. Y hay que afirmar, claramente, que la Ley de Leyes no es muy explícita en materia referida a la Función Pública y en cuanto a la misma conlleva. Sin embargo, entiendo que nuestra Constitución tiene elementos y bases suficientes para afirmar con rotundidad que las Administraciones Públicas tienen el deber de preocuparse por la formación y el perfeccionamiento de los trabajadores que en ella sirven. El artículo 103.1 exige que la Administración Pública, -leo literal-, "sirva con objetividad los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de eficacia"; principio que la Ley de Procedimiento Administrativo ya había recogido en su artículo 29. Este principio de eficacia, que exige la Constitución, requiere un personal a su servicio debidamente cualificado y debidamente formado.

El artículo 31 del mismo texto, en el punto 2, dice también que "el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía". Señorías, quiero remarcar aquí tres adjetivos, tres adjetivos, además, Constitucionales: eficacia, eficiencia y economía.

Nosotros estamos absolutamente convencidos de la obligatoriedad que tiene la Administración en general y la nuestra en particular -casi me atrevo a decir que más que otras-, de cuidar la formación de sus trabajadores, incluyendo dentro del concepto de trabajadores tanto los funcionarios propiamente dichos como el personal laboral.

Pero quiero, Señorías, profundizar más en el apasionante tema de la formación de funcionarios. Este Gobierno entiende que la formación es tanto un derecho como una obligación del funcionario, aunque la normativa vigente no lo configura así de manera explícita. De todas formas, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, la del año sesenta y cuatro, regula, en el Capítulo VI los derechos de los funcionarios y en su artículo 67 prevé, como una obligación del Estado para con sus funcionarios, el facilitarles la formación profesional. Se configur, por tanto, la formación profesional como un derecho.

Por otra parte, la Ley de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública, -la famosísima Ley 30, el regular la promoción personal-, establece, en su artículo 21.1.f, que la adquisición de los grados superiores de los funcionarios de los cuerpos y escalas de cada grupo podrá realizarse, también, mediante la superación de cursos de formación u otros requisitos objetivos que se determinen por el Gobierno o en el ámbito de sus competencias, incluyendo, dentro del concepto de Gobierno, también los gobiernos, el Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas y el otro gobierno, el pleno de las Corporaciones Locales, también, lógicamente, incluyendo nuestras Diputaciones. Hay que señalar que este precepto, el artículo 1.3 de la propia Ley, lo considera como base del régimen estatutario y aplicable, por tanto, al personal de todas las Administraciones Públicas.

En consecuencia, uno de los medios de promoción personal lo constituyen los cursos de formación, y, por tanto, hay que concluir que la Administración tiene la obligación de arbitrar sistemas de promoción entre los cuales pueden figurar y deben de figurar los cursos de formación.

Señorías, resumo hasta aquí lo dicho.

Primero, la Constitución exige actuar con eficacia y eficiencia; artículo 103.

Segundo, la Constitución exige que el gasto público responda a criterios de economía; artículo 31.

Tercero, este Gobierno considera absolutamente necesaria la formación de los funcionarios que es tanto un derecho como una obligación de éstos.

Y cuarto, los cursos de formación son medios de promoción de los funcionarios, según la Ley 30/84.

Después de estas palabras, a modo de introducción, paso a exponerles los aspectos de la Ley 2/86, de 2 de Abril, en la que se crea el Instituto de la Administración Pública de Castilla y León y cuya supresión está debatiendo el órgano legitimado por el pueblo castellano-leonés.

La Ley 2/86, de 2 de Abril, crea el Instituto de Administración Pública de Castilla y León, norma que venía gestando..., venía gestándose -y hay que subrayarlo-, desde principios del ochenta y cinco. En su Exposición de Motivos justifica la creación de tal Instituto por los siguientes puntos:

En primer lugar, la formación y perfeccionamiento del personal que presta los servicios en la Administración Autonómica.

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En segundo lugar, la situación de las Entidades Locales en el territorio de la Comunidad, que exige unos medios de colaboración que contribuya a la solución de problemas planteados.

Tercero, el estudio e investigación en materia de Administración Pública. Punto muy importante también.

Y cuarto, la realización de cursos de formación y perfeccionamiento del personal al servicio tanto de la Comunidad Autónoma como de las Entidades Locales.

Este Instituto contaría con tres servicios, cuenta con tres servicios formalmente.En primer lugar, la Escuela de Administración Autonómica, la Escuela de Administración Local y la Academia Regional de Policías Locales; todo ello coordinado a través de esa figura del Presidente con categoría de Director General.

El Instituto así configurado parece que no compagina con los propósitos manifestados en el discurso de debate y votación de la Investidura del entonces Presidente de la Junta, en la sesión celebrada el día veintitrés de Mayo del ochenta y tres, en Tordesillas, que se dice: "para evitar un innecesario crecimiento en la burocracia utilizaremos al máximo los recursos existentes", concepto e idea que comparto plenamente.

Más adelante expondremos cómo se crea un Instituto, con la carga burocrática que conlleva, al que en modo alguno se haría referencia, la más mínima, en su programa de gobierno y no se cubren siquiera las unidades orgánicas que pueden desempeñar perfectamente los cometidos asignados al Instituto.

Del contexto, Señorías, de la Exposición de Motivos parece indicarse que los fines, si bien pueden ser asumidos, si bien pueden ser asumidos -lo subrayo- por cualquier grupo político, con puntualizaciones correspondientes, el medio empleado, la creación del Instituto, dentro de una política de administración de recursos escasos, es, nos parece, prematura, habida cuenta de las transferencias de competencias que han de ser asumidas en un programa a medio plazo. Como se ha traído aquí esta tarde también, muchas veces, el debate de la Investidura, yo traigo también ese excelente documento, que es el debate de la Investidura, para decir que el actual Presidente del Gobierno de esta Comunidad, haciéndose eco de un programa de reforma y ordenación de la Administración, propugnaba en este discurso, el veinte de Julio, que -literal- las funciones que debería desarrollar el Instituto de Administración Pública se realizasen por la Consejería de Presidencia y Administración Territorial en cooperación con el Instituto de Estudios de Administración Local, el Instituto Nacional de la Administración Pública y las Universidades de nuestra Comunidad. Es preciso, pues, señalar que desde la iniciación del proceso de presentación del Proyecto de Ley del Instituto hasta su aprobación transcurren algo más de un año. Y la futura puesta en funcionamiento, en el caso de que la fuerza política que gobernaba en la anterior Legislatura hubiera alcanzado la confianza de los electores castellano-leoneses, hubiese transcurrido no menos de otro largo año. ¿Qué significa esto?, ¿cómo es posible que gestándose desde el ochenta y cinco y creado en el ochenta y seis no se hubiera puesto en funcionamiento en Julio del ochenta y siete?.

Quiero responder o contestar con palabras de Martín Retortillo, en un trabajo titulado "Perspectivas de la Administración Pública", que dice: "hay que evitar las actuaciones santuarias y aisladas, un tanto sin orden y concierto, operaciones que, además, muchas veces no se concluyen. También hay que terminar con la imagen de provisionalidad e improvisación que en su actuar presenta permanentemente la Administración". Naturalmente, es una manifestación puramente técnica y no referida a ninguna acción de gobierno.

Con fecha treinta de Septiembre pasado prestaban sus servicios en la Administración de esta Comunidad trece mil novecientas veinticuatro personas, de las que siete mil novecientas cuarenta y nueve son funcionarios, 57% aproximadamente, y cinco mil novecientas setenta y cinco personal laboral, es decir, el 42%. Es cifra, Señorías, es todavía aceptable sin necesidad de crear un organismo autónomo, especializado para los fines indicados, empleando y, en su caso, reestructurando los medios que actualmente los ciudadanos han puesto a nuestra disposición a través de la Administración Autónoma. Un principio fundamental de cualquier Administración es que la función justifica al órgano, pero no el órgano justifica a la función.

Por otra parte, la inflación de puestos de trabajo que pudiera provocarse es motivo más que suficiente para reconsiderar o diferir en el tiempo el Instituto de Administración Pública de Castilla y León, ya que, si bien la oferta crea la propia demanda, ésta debe ser lo suficientemente importante para que pueda existir un órgano "ad hoc".

La voluntad del Gobierno, del que me honro formar parte, es llenar el contenido del Estatuto de Autonomía con objeto de que el ciudadano pueda resolver sus problemas más cerca de la Administración. La ordenación de la Función Pública, tarea emprendida por esta Junta, debe abordarse tanto por su racionalización, en el sentido de no proliferación de nuevos órganos sin una justificación o sin una función que lo justifique plenamente, como por la profesionalización entendida como lo contrario a la rutinización, la apatía o el deseo de perpetuación en los puestos de trabajo.

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No con todo esto quiere decirse, en modo alguno, -y lo remarco-, que la formación se aparte del programa de este Gobierno. No hay nada más lejos de la realidad. Tal formación, así como el perfeccionamiento del personal al servicio de la sociedad de esta Comunidad, debe ser contemplada a través del prisma de una Función Pública permanentemente reciclada, tratando de que su personal se identifique con los fines de la Administración Autónoma y asumiendo conscientemente las funciones que serán desempeñadas con mayor interés personal en orden a objetivos conocidos y ¡ojalá! compartidos.

La primera tarea formativa que queremos en estos momentos para el personal de esta Comunidad Autónoma es que el mismo sea tratado con dignidad en su trabajo, informándole adecuadamente de sus cometidos, instándole al diálogo, admitiendo iniciativas e incluso críticas razonadas, estimulando el trabajo en equipo y haciendo copartícipe o haciéndole comparticipe de la responsabilidad asumida.

Por todos estos motivos, la Ley 2/86 no justifica, en estos momentos, el Instituto de Administración Pública de Castilla y León, por lo que su supresión responde, sucintamente, a los siguientes parámetros:

Primero. La formación y el perfeccionamiento del personal puede realizarse a través de órganos actualmente creados en la estructura orgánica de las distintas Consejerías.

a) En la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, primero, la Dirección General de Función Pública, a través del Servicio de Selección y Formación, que podrá cubrir ampliamente tales necesidades.

Dos. La Dirección General de Administración Territorial, como órgano que se relaciona con las Entidades Locales y que conoce sus necesidades, que podrá realizar Programas de Formación y Perfeccionamiento de tales funcionarios y, en su caso, a través del Instituto de Administración Local establecer la colaboración necesaria para realizar los correspondiente cursos; y, asimismo, también, la Dirección General deberá continuar con la labor de actualización permanente que venía siendo realizada en cuanto a policías locales.

El resto de las Consejerías, Señoría, a través de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, podrá proponer el reciclaje de sus funcionarios a través de programas y de módulos convenidos.

En cuanto al tema de estudio -vital, también, en cualquier Administración-, es materia de cooperación -como señaló el Presidente en su discurso-, con los distintos Institutos y Universidades de nuestra Comunidad, cuyos primeros pasos esta Junta ha estado dando.

Termino, Presidente, porque veo que se agota el tiempo, para señalar un punto más. En segundo lugar es necesaria la supresión, porque los objetivos marcados de la Exposición de Motivos de la Ley se ven ampliamente cubiertos en el momento actual, dado el personal que sirve a esta Administración y la ubicación de las competencias en órganos ya existentes, sin necesidad de poner en funcionamiento nuevos órganos.

Tres. Porque la Ley 2/86, caso de ser aplicada, adolecería de una gran laguna en cuanto a la selección de funcionarios, competencia no residenciada en Ley y que está ubicada en los distintos Institutos, ya que la selección del personal al servicio de la Administración conviene sea realizada por idéntico órgano especializado.

En cuarto lugar, que tal Ley es imprecisa en cuanto al personal del Instituto, por lo que podría discurrir su puesta en funcionamiento, bien por una excesiva plantilla, o bien por un defecto de personal.

Y quinto, que en la actualidad, de las diecisiete Comunidades Autónomas, existen creados ocho Institutos de Administración Pública, de los cuales, dos de ellos -Asturias y Galicia-, no han comenzado como totales órganos de formación y perfeccionamiento, y las restantes Comunidades Autónomas, -a excepción, insisto, de la Escuela de Administración Pública de Cataluña-, las restantes Comunidades Autónomas -Andalucía, Aragón, Cantabria, Navarra y Valencia-, apenas han tenido actividad digna de mención, debatiéndose con múltiples problemas, entre los que no son menores la falta de profesorado.

Quiero hacer una sucinta, también, referencia, a que el Instituto de Administración Pública tenía un presupuesto de casi 53.000.000 de pesetas que incluye gastos de personal y funcionamiento, para unas actividades que pueden realizar -como he señalado- las unidades orgánicas de la propia Consejería. Frente a esta situación de ineficacia, ineficiencia y carencia de criterios económicos, el Gobierno de la Junta de Castilla y León opone, primero: desarrollo de un Programa de cuarenta y seis acciones formativas para el año ochenta y ocho, que incluye el perfeccionamiento de funcionarios y personal laboral.

Segundo: potenciación de las unidades orgánicas de la Dirección General de la Función Pública.

Y, tercero: un ahorro de, al menos, 27.000.000 de pesetas en gastos de personal.

Por todo lo anterior, tengo el honor de proponer a esta Cámara la supresión de la Ley..., la aprobación..., la supresión de la Ley 2/86, de 2 de Abril, con la consiguiente supresión del Instituto en los términos expresados en el Proyecto de Ley, publicado el siete de Octubre del presente año en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.

Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, Consejero. ¿Algún Grupo desea consumir un turno a favor del Proyecto? El señor Mañueco, representante del Grupo Parlamentario de Alianza Popular, tiene la palabra.

MAÑUECO ALONSO

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO: Gracias. Señor Presidente, señor Presidente de la Junta, señoras y señores Procuradores. Creo que ha sido amplia la exposición que el Consejero ha hecho en relación con el Proyecto de Ley de supresión del Instituto de la Función Pública en Castilla y León. No es una tarea que se haya gestado en estos cortos meses de Gobierno de Alianza Popular, sino que responde al discurso y al planteamiento de Gobierno que nuestro Presidente Regional hizo en su toma de posesión. Se han valorado los pros y los contras que este Instituto tenía, y este estudio nos ha llevado a que sea uno de los primeros Proyectos que se traiga a la Cámara para pedir la supresión.

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Se garantiza la formación del personal al servicio de la Administración y se reducen -como muy bien ha dicho el Consejero- los gastos y, como consecuencia, se libera economía para el resto del funcionamiento de nuestras competencias como Administración Regional. Hay que hacer constar, también, que este Proyecto que, como se ha dicho, no figuraba en el Programa primero del Partido Socialista, y que desde su gestación hasta su aprobación pasaron más de dos largos años, y de su aprobación quince meses posteriores, no se había puesto en funcionamiento, hizo que nuestro Grupo estudiara la conveniencia o no, y nos ofrecía serias dificultades por duplicidad de organismos existentes que podían cumplir perfectamente esta misión.

Por consiguiente, garantizando la formación de nuestros funcionarios, reduciendo el costo, y dando un contenido mayor a la estructura del gobierno regional, yo solicito a los señores Procuradores que voten afirmativamente este Proyecto para que se siga llevando a cabo ese Programa amplio, de difusión y formación, que, como anunciaba el señor Consejero, pasará de cuarenta y siete en su programación, y no cinco como venían en el último año programados por el Gobierno anterior.

Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Mañueco. Para turno en contra, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, señor Castro Rabadán.

CASTRO RABADAN

EL SEÑOR CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El turno que voy a consumir, para solicitar que no se suprima el Instituto de Administración Pública de Castilla y León, va a estar basado..., por una serie de razones que no han sido expuestas anteriormente, pero que son objetivas, como son objetivas, según el señor Consejero ha pretendido dar a su discurso.

El Instituto de Administración Pública de Castilla y León nace en la anterior Legislatura por acuerdo y consenso absoluto de todos los Grupos aquí representados en aquel momento y que, hoy día, parte de ellos siguen estando representados. Nace con la vocación, como organismo autónomo, de ser el puente de cooperación y colaboración con los otros organismos del Estado -Instituto de Administración Pública del Estado-, para conseguir el mayor perfeccionamiento y profesionalidad de los funcionarios de Castilla y León. Pero no es solamente un mero instrumento de formación; es un instrumento de la Comunidad Autónoma, que se está creando y está naciendo, -es nuevo-, durante estos últimos cuatro años pasados. ¿Que tuvo tiempo y tardo tiempo en crearse el Instituto? Cierto, porque una Comunidad no se construye por decreto desde el primer día; fue lento llegar a ese consenso e, incluso, fue un consenso de una Institución, que se llega a aprobar porque Alianza Popular, o el Grupo Popular en su momento, presenta también un Anteproyecto de Ley de la Función Pública, y en ese Proyecto iba ya el Instituto de Administración Pública de Castilla-León. Luego, no es un invento de una Ley Socialista, sino que ya estaba también pensado por el Grupo Popular, en aquel momento, el crear un Instituto. A la vista del Proyecto de Ley se llega al consenso, se hace un Proyecto de Ley común, y se aprueba por unanimidad en esta Cámara. Luego, el Grupo Popular, en aquel momento, sí tenía vocación de crear este Instituto y no adujo, entonces, ninguna de las razones que aquí se aducen para suprimirlo.

Indudablemente, la colaboración y coordinación con otras Administraciones que busca el Instituto está basada, al mismo tiempo, a través de la representación que esas Instituciones y esas Administraciones tienen en el Consejo hoy todavía existente. Se representan los Ayuntamientos -están representados, tanto en la Comisión como en el Consejo Asesor, los Ayuntamientos-, están representadas, también, las Universidades, y, asimismo, los funcionarios de las dos Administraciones Locales, tanto autonómica como local. Quiere decir que es un lugar de encuentro de los intereses de todos los agentes sociales que en esta Comunidad existen, en cuanto a la función pública. Y si la FEM regional es la que mandata miembros de su seno en este Instituto, si las Universidades, -órganos podíamos decir superiores del saber de esta Comunidad-, están representadas con sus representantes en este Instituto, si los funcionarios interesados están representados, y si la Junta está representada en el Instituto, no creo que sea ningún instrumento que tenga intereses soterrados, o que tenga..., que se pueda interpretar mal su función, y que no cumpla con aquellos objetivos que en la Exposición de Motivos de la Ley se plantea..., de la Ley por la que fue aprobada, se plantea.

Los acuerdos que el Instituto llegó a tomar -indudablemente, pocos, tardíos, porque fue tardía su aprobación-, se acordaron siempre por unanimidad, dentro del propio seno del Instituto. No hubo ninguna de las instancias que están representadas en el Instituto que estuviesen en desacuerdo con lo que el Instituto se planteó, los cursos que se plantearon hacer, que se aprobaron, y por los avatares políticos y electorales no se llegaron a celebrar. O sea, funcionó el consenso, la unanimidad y el buen sentido de los representados en esta Institución.

Por otra parte, el Instituto es un instrumento no sólo de colaboración y coordinación -como he dicho- con las Administraciones Locales y Autonómicas de Castilla y León, sino que es el puente de coordinación y colaboración con el Instituto de Administraciones Públicas del Estado; y así lo dice la Ley de Medidas Urgentes de la Función Pública: que el Instituto de Administración Pública Nacional se pondrá en contacto y realizará acuerdos y convenios con los Institutos de Administración Local Autonómicos. Lo mismo dice la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, etcétera.

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Pero también lo dice..., y la intención, por lo menos, durante los debates últimos que ha habido de la Ley de Presupuestos, el Consejero de Presidencia..., no el Consejero, perdón, el Director General de la Función Pública, que llegó a decirnos en las comparecencias que estaba dispuesta la Junta a realizar convenios con el Instituto de Administración Pública del Estado, Instituto Nacional de Administración Pública. Es rizar el rizo, inventar lo que ya está inventado. El Instituto estaba en marcha, o está en marcha, y es el vehículo idóneo para realizar estos convenios. Indudablemente que se pueden hacer cursos con una Institución, o sin Institución -eso no lo pongo en duda-; pero lo grave que aquí está ocurriendo, en esta Comunidad, es que una Comunidad que nace "ex novo", con grandes esfuerzos, con poco espíritu autonómico, -como se ha dicho en esta Cámara y se ha dicho mil veces en la prensa-, (aquí ha costado un gran esfuerzo político, de todas las fuerzas políticas de esta región, conseguir consolidar la autonomía, dotarse de instrumentos políticos, económicos y financieros), se las esté, de buenas a primeras..., sin ninguna justificación política, cuando un Grupo que antes de ayer aproyó por unanimidad esa Ley, que incluso es una Ley consensuada y pactada de dos Proyectos de Ley diferentes de dos Grupos Políticos en la que están, básicamente, de acuerdo, hoy, porque en un discurso de Investidura se hace una serie de declaraciones y se cumple a rajatabla con ellos -yo creo que declaraciones precipitadas hoy día-, se quieren hacer cumplir a rajatabla ese discurso de Investidura diciendo "estamos cumpliendo lo que dijimos", pero estamos prometiendo..., lo que prometimos queremos hacerlo; pero lo que yo creo es que no se sabe muy bien lo que se dijo, y, hoy día, lo que se está llevando es a desmantelar la Comunidad. Y esto es muy claro, señores; llevamos tres meses y en tres meses se están desmantelando diferentes Organos e Instituciones de la Comunidad, se las está desmantelando una a una y sin ninguna justificación real; porque ni la eficacia, ni la economía son justificaciones para cargarse este Organismo Autónomo. La eficacia estaba dada por el propio Instituto, con todas las representaciones sociales que tenía y con los objetivos que iba a cumplir; que yo no digo que el señor Consejero y la Junta actual no quieran cumplir sus objetivos por otro vehículo, sin instrumento autonómico ninguno, directamente desde la Consejería. Creo que desde el Instituto se cumplían mejor esos fines. Se daba a un Organo una autonomía, al margen de la propia Junta, para perfeccionar y formar funcionarios, donde ellos están representados directamente. Se garantiza la profesionalidad de esas enseñanzas y, por otra parte, se conseguía, o se consigue, o se debe conseguir, una formación homogénea de funcionarios, que favorezca además el flujo entre las Administraciones Locales y Autonómicas de esta región.

Yo creo que así se favorece más la descentralización, tan cacareada en el discurso de Investidura, y no el centralismo que, de una forma soterrada, se está llevando a cabo -paso a paso, día a día- en esta Comunidad. Todo aquello que supone descentralización, todo aquello que supone flexibilidad y agilidad se está cercenando, centralizándolo todo en las propias Consejerías, cuando no ya sólo en la Presidencia. A mí me parece que eso es un discurso centralista y no descentralizado.

Yo creo que desapareciendo el Instituto no hay garantía de que la formación de los funcionarios tenga cierta independencia; y, por otra parte, creo que desaparece la transparencia que un Organismo Autónomo tiene a través de todas las instancias que en él se representan.

Yo creo que se perjudica, al mismo tiempo, a toda la representación de las Administraciones Locales que en él estaban; se las cercena, se las arrincona de una de las cuestiones fundamentales, que es la formación de los funcionarios, que van a ser miembros de esas Administraciones Locales que estaban presentes, y yo creo que se hace un flaco favor a los propios funcionarios, al dejarles al albur de los criterios de una Consejería y no de un Organismo Autónomo, mucho más independiente, más transparente y, por tanto, más autónomo.

Se esta dando, como he dicho, un paso atrás en la Comunidad Autónoma, gravísimo desde nuestro punto de vista, porque estamos desmantelando aquello que ha costado mucho esfuerzo hacer y, además, de mutuo acuerdo. Lo que no entiendo..., comprendería que si el Grupo Popular hubiese estado en contra de ese Proyecto, hubiese votado en contra, o hubiese mantenido unas posturas radicalmente dispares de ese Instituto, en su momento de creación, hoy, por la mayoría que le han dado los votos, pudiese dar la vuelta a la tortilla. Pero, cuando no ha sido así, me da la impresión de que es que, entonces, no ha habido política, no ha habido criterios, y ha hecho flaco favor el Grupo Popular, en su momento, a la formación de..., la falta de garantía que puede dar, en esta Comunidad, el que lo que ayer dije "dije", hoy diga "Diego", sin ninguna justificación política al respecto, nada más que querer cumplir un discurso de austeridad y de descentralización que no son así. Porque no hay austeridad posible si no hay eficacia. Y yo creo que, sin el Instituto, la eficacia queda mermada, como he dicho anteriormente. Que la descentralización, tan cacareada en titulares de prensa, tampoco en los hechos y en los actos se está cumpliendo -digo que es un desmantelamiento y un desgarramiento de la Comunidad Autónoma-, y centralizando más las decisiones en menos manos cada vez.

Por otra parte, la supresión que el señor Consejero justifica por la economía: en el año ochenta y siete están presupuestados 25.000.000 para cursos, 15.000.000 para cursos dentro del Instituto y 10.000.000 en la Consejería de Presidencia, que son 25; en el año ochenta y ocho hay presupuestados 36.000.000. No digo que no sean necesarios; no es un debate presupuestario el que estamos aquí, pero quiero decir que empezamos por gastar ya más dinero. Luego el Instituto no generaba más gasto; el Instituto, lo máximo que podía tener era el personal, que es absorbido por la Presidencia, por la Consejería de Presidencia, según se dice en el Proyecto de Ley.

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Por otra parte, la justificación, como he dicho antes, de la eficacia y la eficiencia no la vemos, porque -como he justificado anteriormente- el hacer desaparecer al Organismo Autónomo supone menos agilidad, menos autonomía por parte de los formadores de la función pública, para los formadores de los miembros que van a cumplir con la función pública, y, por otra parte, no va a haber la agilidad, con el Instituto de Administración Pública Nacional, que podría tener el propio Instituto. Por lo tanto, nosotros, nuestro Grupo se va a oponer, lamentando muchísimo que todo el trabajo realizado durante cuatro años se ventile de un plumazo por..., no sé si por la tozudez política de mantener contra viento y marea un discurso político precipitado, que no se meditó y que hoy día se quiere hacer cumplir. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Castro Rabadán. Para turno de réplica, tiene la palabra el Portavoz del Grupo de Alianza Popular, señor Mañueco.

MAÑUECO ALONSO

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Bien. Dando contestación a las manifestaciones hechas por el Portavoz del Grupo Socialista, yo diría que hay algunos conceptos equivocados en su discurso. De desmantelar la Comunidad, nada. Y de eficacia del Instituto, hasta ahora, nada tampoco. Por consiguiente, no se puede decir que con esta medida desmantelamos la Comunidad, ni que vamos a suprimir algo trascendental y que los resultados de su funcionamiento han sido óptimos para el funcionamiento de esta Comunidad regional.

Si nosotros hacemos alguna observación que no estuviera contemplada en el discurso de Investidura de nuestro Presidente, se nos dice que carecíamos de programa cuando aquí hacíamos un planteamiento de Gobierno. Y si nosotros nos atenemos a lo que, pensadamente, con un programa y un estudio, manifestamos en nuestra campaña y en nuestro programa y ahora queremos llevar a cabo, se nos dice que tratamos de mantener a toda costa criterios equivocados. Y siempre se alude a lo mismo, a que son palabras vacías que acaso no tengan sentido y que se trata de modificar por modificar, porque ha habido un cambio en el Gobierno.

Yo le diría, señor Procurador, que no es así; que si nosotros llevábamos esta decisión tomada -y así lo manifestamos- de la supresión, es porque conocíamos que no había sido eficaz el Instituto. Porque es cierto que se puede llevar a cabo, con la garantía de la formación del personal, una reducción del costo de más de 25.000.000 de pesetas, que así figuraban en el Presupuesto. Y porque, además, tendría que decirle que el Consejo de la Función Pública está ya constituido dentro de la Consejería, y que son nueve y múltiples sus representantes, con lo cual queda garantizada esa participación, esa penetración, esa formación y esa proyección del personal funcionario al servicio de esta Administración.

No se trata de mantener únicamente los criterios manifestados, sino de mantener lo que entendimos y entendemos que ha de ser bueno y eficaz para esta región. Y no damos nuevos pasos centralizadores; creemos en el regionalismo y creemos en la bondad de la nueva España, como consecuencia del Título VIII de la Constitución. Lo que no quiere decir es que esa creencia nos lleve a crear tantos organismos dependientes de las Administraciones regionales que, nuevamente, entremos en una "debacle" administrativa. Por consiguiente, la amplia exposición del Consejero y el criterio que este Grupo que sustenta al Gobierno ha mantenido, en relación con este Instituto, lo vamos a mantener y seguimos pidiendo que se vote favorablemente la supresión. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Mañueco. Para turno de dúplica por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su Portavoz, señor Castro Rabadán.

CASTRO RABADAN

EL SEÑOR CASTRO RABADAN: Señor Presidente, señores Procuradores. Muy breve, para contestar al señor Mañueco en el mismo tono que él lo ha hecho. Hombre, venir diciendo que el Instituto no ha sido eficaz, pues, un Instituto que estaba a punto de entrar en funcionamiento -había hecho algún acuerdo- y cuando va a empezar a rodar se le corta la cabeza, pues yo diría que no puede ser eficaz. Yo preguntaría al señor Mañueco la efectividad de esta Comunidad Autónoma en el año ochenta y dos. Según sus criterios, la habríamos borrado del mapa; no existiría, ni estaríamos aquí sentados, porque no era eficaz. Esos son los criterios que usted me está manteniendo: un organismo que está en marcha, antes de dar el segundo paso después de su nacimiento, le cortamos la cabeza y decimos: "no sirve para nada porque, mira, no anda". No le hemos dejado andar, ¿cómo va a echar a andar? Yo creo que, en el fondo de todo esto, es que hay, hay, y pesa -y pesa en el ánimo de su Grupo-, que no hay fe ni confianza en la Comunidad Autónoma. Les ha costado mucho trabajo, y yo me alegro y me congratulo de que estén aquí sentados hoy día; pero han sido un Grupo reticente, históricamente, con la Comunidad Autónoma. Con todas las Comunidades Autónomas y, especialmente, con ésta.

Claro, yo comprendo que a ustedes les cuesta trabajo entrar y seguir en el camino institucional de la Comunidad Autónoma y que todos esos organismos creados, pues, rechinan los ejes y el engranaje de la carreta. Pero yo me congratulo de que vayan superando políticamente aquellas viejas concepciones que nos llevaron a ir hasta los Tribunales del Estado y de la Nación, con algunas propuestas descabelladas, como así el tiempo, luego, nos dio la razón.

Por otra parte, decir que no hay desmantelamiento... Hasta ahora, su discurso, aquí, en esta Comunidad y en estas Cortes, ha sido suprimir, suprimir, suprimir. Y no lo digo yo; se lo he oído aquí a algún Procurador, no sé de qué Grupo, no del nuestro. Se ha hablado nada más que de suprimir. Hasta ahora no han creado ustedes nada. Espero que el buen criterio político de apoyo a la Comunidad les lleve a dar pasos positivos adelante y que abandonen esa idea de suprimir, no vaya a ser que, de tanto suprimir, algún día no estemos aquí ninguno.

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EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Castro. Los Grupos Parlamentarios no intervinientes, ¿desean...? ¿La Junta desea hacer uso de la palabra? El señor Vicepresidente de la Junta y Consejero de Presidencia tiene la palabra.

LUCAS JIMENEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, Presidente. Señorías. Intervengo -no pensaba intervenir, pero intervengo-, cumpliendo creo que un deber de defensa de la Junta, en la que se pone en duda su sentido autonómico. Algunos lo hemos demostrado prácticamente, renunciando a puestos más cómodos en la Administración Central para venir a servir a la Autonomía. Yo no digo, señor Procurador, yo no digo, de ninguna manera he dicho, que el Instituto sea un invento del PSOE. Créame, no lo he dicho ni lo diré nunca. Yo no digo que existan intereses soterrados. No digo nada de eso. Yo, únicamente, digo que la Junta de Castilla y León no puede permitirse el lujo de estar entre el grupo anodino de tener un Instituto porque lo tienen otras, por puro mimetismo. Mire usted, en los, me parece que son ochenta y nueve días, que llevamos al frente del Gobierno se ha conectado con el Instituto de Administración Local y con la Escuela de Administración Pública, y yo le digo cómo funciona esto en otras Comunidades, a excepción de Cataluña. Y, a lo mejor, es bonito tenerlo, fíjese usted, y nos da un puesto fenomenal para un Director General, a lo mejor simpatizante de nuestro Grupo, para nombrarle ahí. Y, a lo mejor... Pero, mire usted. Ni eso, la supresión de eso, hubiera significado una ausencia de sentido autonómico, ni, desde luego, un centralismo. Si quiere, hablamos de la centralización de Institutos o de Organismos Autónomos y descentralización del poder central; del que sea, vamos, del poder autonómico, pero desde el punto de vista no concebido como Organismo Autónomo, sino como Administración. Y estaremos filosofando, y hablando, al final, del sexo de los ángeles. Se puede ser igual de centralista con un Organismo Autónomo que con la propia concepción que yo he señalado.

No pretendemos desmantelar la Comunidad. Lo siento mucho. Y no me parece justo que el señor Procurador se refugie en sentencias obtenidas en los Tribunales, ni siquiera -fíjese usted-, ni siquiera en que el Grupo Popular votó sí hace no sé cuánto tiempo, ni siquiera en eso; porque creemos que las Leyes no están sino al servicio del pueblo. Mientras son útiles, nos valen. Cuando no son útiles, habrá que derogarlas, porque si no estaríamos aún con la Constitución del doce de Mayo.

Mire usted, la formación es base, inevitablemente práctica; el perfeccionamiento permite la adaptación al puesto de trabajo y el aprendizaje completo del oficio. Una Administración Pública profesionalizada constituye -a nuestro entender- un importante elemento de estabilidad social, cualquiera que sea el valor que a este fenómeno se le atribuya. Me gustaría, créame usted, tener el bagaje funcionarial suficiente, las competencias bastantes, para tener realmente un Estatuto aún más desarrollado; que yo no digo, si un día está hipotéticamente desarrollado al máximo y el número de funcionarios lo aconsejaran, volviéramos a modificar... Hoy, es una Ley inútil. El Instituto no es eficaz, no nos sirve, está sin funcionar, no ha funcionado en los dos años ni funcionaría en los dos siguientes, -como he señalado-, si ustedes siguieran en el poder, porque es difícil hacerle funcionar con la estructura humana y profesional que tenemos. De todas formas, también quiero señalarle cosas, en estos noventa y ocho días. Mire usted, creo que no se había conectado ni siquiera con instituciones tan importantes, desde el punto de vista formativo, como es el propio Instituto Nacional de Empleo, y esta Consejería ha conectado con unidades del Instituto Nacional de Empleo para acciones formativas, e incluso para acciones formativas en cursos tan importantes como los de ofimática, porque creemos que la automatización de las oficinas y los sectores de futuro deben entrar también en nuestra Comunidad.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Los Grupos Parlamentarios no intervinientes en el debate disponen de un turno para fijación de posiciones.

Por parte del Grupo Mixto el señor De las Heras tiene la palabra.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente, para fijar la posición del PDP en relación con el Proyecto de Ley de Supresión del Instituto de Administración Pública de Castilla y León, en el que tenemos que decir -en principio- que no estamos radicalmente en contra, sino que, en virtud del principio -ya manifestado en ocasiones anteriores- de la capacidad que damos al Gobierno para organizar su..., autorganizarse su administración, pues, vamos a votar afirmativamente esta propuesta. No simplemente por cumplir el que apoyamos sin más el discurso de Investidura del Presidente, señor Aznar, sino porque -y para no repetir- diré globalmente que compartimos prácticamente al cien por cien los argumentos que se han dado en defensa de la supresión, en este momento, de este Instituto de Administración Pública de Castilla y León, que creemos que fue un Instituto creado prematuramente.

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Sin embargo, las funciones de ese Instituto se nos ha dicho, por parte del Consejero de Presidencia, que, bien a través de la Dirección General de la Función Pública, bien a través de la Dirección General de Administración Local, se van a asumir las funciones de cursos perfeccionamiento de funcionarios, etcétera, etcétera. Pero yo querría mostrar una preocupación para que tomara nota el señor Consejero, de que no se ha hablado nada, en cambio, de en qué medida se van a suplir las funciones del Instituto en relación con la Sección sexta, de la Academia Regional de Policía, que nos parece que es algo realmente importante de lo que están muy necesitados las Corporaciones Locales y las Policías que puedan crearse en el futuro. Porque, efectivamente, en la mayor parte de los casos, y sobre todo en los municipios medianos y pequeños, tienen una dotación de policía que generalmente, por no tener el reciclaje, por no tener posibilidades de ascenso, por no tener posibilidades de traslado, se anquilosa; por el conocimiento contacto y el contacto directo con los ciudadanos diariamente, pierde efectividad, y, realmente, hay un número importante de funcionarios, de policías locales, que realmente están teniendo un costo muy importante para muchas de las Corporaciones Locales y, sin embargo, no están rindiendo plenamente los frutos que se pretende de un Cuerpo tan importante como es el de la Policía Local. Me gustaría, pues, oír al Consejero de Presidencia y Administración Territorial, puesto que es la única laguna que he encontrado en su discurso y en su justificación, de qué forma va a resolverse este tema. Aunque como ya he dicho antes, y fijando posición definitiva por parte del PDP, vamos a apoyar la iniciativa del Gobierno de la supresión del Instituto de Administración Pública de Castilla y León.

Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Tiene la palabra para... El señor Consejero puede hacer uso de la palabra.

LUCAS JIMENEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Gracias, Presidente. Agradezco el voto del representante del Grupo Mixto, y hay que reconocer un "mea culpa": lleva toda la razón. Y lleva toda la razón, fundamentalmente, porque, por la aceleración, cuando he visto que se ha encendido la luz roja, he omitido el tema.

Le voy a leer literalmente lo que tenía sobre el asunto: "La Dirección General de Administración Territorial, como órgano que se relaciona con las entidades locales y que conoce sus necesidades, podrá realizar programas de formación y perfeccionamiento de tales funcionarios -yo diría "deberá"- y, en su caso, a través del Instituto de Administración Local, establecer la colaboración necesaria para realizar los correspondientes cursos. Asimismo, esta Dirección General deberá continuar con la labor de actualización permanente que venía siendo realizada en cuanto a policías locales, labor que estaba ya realizando -justo es reconocerlo- la Administración anterior". Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Gracias, señor Consejero. El señor Durán, en representación del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, puede hacer uso de la palabra para fijar posiciones.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Señor Presidente, Señorías. Con la más sucinta brevedad, propia de la hora, voy a fijar la posición del Centro Democrático y Social, sin entrar en excesivas profundidades, como por otra parte a mí me hubiera gustado en este tema, porque es un tema al que personalmente le tengo un notable afecto.

Señor Consejero, yo lamento mucho decirle que no me ha convencido absolutamente nada en su intervención. Quiero decirle más aún: que no ha tocado usted -ni el resto de los intervinientes en este debate- el tema de fondo de la cuestión. Se han limitado a exponer, y a coincidir, en la necesidad de que a los funcionarios hay que formarlos y hay que perfeccionarlos. Pero no han caído ustedes en el instrumento por medio del cual esta formación y este perfeccionamiento puede alcanzarse. Han soslayado algo tan importante como es el hecho de que lo que están ustedes suprimiendo es un organismo autónomo de carácter administrativo. Es decir, están ustedes centralizando la Administración. Porque la descentralización que pregonan es también una descentralización de servicios. Y yo, al escucharle a usted, perdóneme, pero estaba oyendo conceptos del Real Decreto de mil novecientos once, por el cual se suprimen las Cajas Especiales y se implanta en España la filosofía de la universalidad del presupuesto y de la Caja Unica. Es decir, me estaba pareciendo que pegaba usted un salto atrás tan impresionante, tan impresionante que se remontaba a la arqueología del pensamiento de nuestro derecho financiero. Perdone pero tengo que decírselo. El problema es si un organismo autónomo de carácter administrativo es un instrumento adecuado para desempeñar determinada clase de cometidos. Ese es problema. Y el problema está resuelto ya. Es decir, y está resuelto por la praxis y por la jurisprudencia de toda nuestra Administración Pública. Determinado tipo de servicios sólo pueden ser ejercidos con un mínimo de eficacia a través del instrumento específico creado para ellos, que no la administración centralizada, y que, en este caso concreto, es el organismo autónomo de carácter administrativo.

Miren, yo, sinceramente, no quiero entrar más en esta consideración. Me agradaría, lo repito, me agradaría pronunciar aquí una lección sobre la cuestión para la cual me siento preparado; y me agradaría intervenir en este debate con interlocutores altamente cualificados, que los hay en esta Cámara, -y aludo especialmente al señor Estella-, sobre esta cuestión; pero creo que no es el caso.

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El caso es, y una vez más lo repetimos, que, de alguna manera, Centro Democrático y Social en la votación de Investidura hizo posible que Alianza Popular gobernara; e hizo posible esto por coherencia con nuestra propia filosofía de lo que es la política y por coherencia con una exigencia del electorado. El electorado les confirió a ustedes una minoría mayoritaria. Nadie estaba legitimado, nadie estaba legitimado para vulnerar o transgredir la voluntad del electorado. Por ello, señores Procuradores de Alianza Popular, por ello, señores de la Junta de Castilla y León, por ello, el Centro Democrático y Social permitió que ustedes gobernaran. Y no hubiera sido justo ni legítimo el permitirles gobernar y privarles de los instrumentos para que ejercieran ese gobierno, con toda la responsabilidad que el uso de los instrumentos entraña, para bien y para mal. Desde nuestro punto de vista, están ustedes haciendo un mal uso de los instrumentos que han recibido. No los han perfeccionado, no los han mejorado; hasta el momento sólo los han destruido. Vamos a ver si son ustedes capaces de construir sobre las ruinas de lo que destruyen un edificio administrativo más eficaz que el que recibieron heredado. Pero somos coherentes y, dentro de esa coherencia, señor Consejero de Presidencia, dentro de esa coherencia, nosotros, que no estamos de acuerdo con la supresión de estos organismos, pero que estamos de acuerdo en que debemos de facilitarles su capacidad de autogobierno, vamos a abstenernos en este tema concreto.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Vamos a proseguir. Silencio, por favor. Vamos a proceder a la votación. Vamos a someter a votación el Proyecto de Ley del Instituto de Administración Pública de Castilla y León.

Quienes estén a favor del Proyecto de Ley que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes estén en contra del Proyecto de Ley que se levanten. Muchas gracias, pueden sentarse. Quienes se abstengan se levanten, por favor. Muchas gracias.

El resultado de la votación es de treinta y cuatro votos a favor, treinta en contra y diez abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el Proyecto de Ley de Supresión del Instituto de la Administración Pública de Castilla y León.

El señor Secretario dará lectura al siguiente punto del Orden del Día, último, por fin, de esta marathoniana sesión.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA): Silencio, por favor. Octavo punto del Orden del Día: "Debate y votación en lectura única del Proyecto de Ley de Supresión del Organismo Autónomo: Agencia de Servicios a la Juventud de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Tiene la palabra el representante de la Junta, Consejero de Cultura y Bienestar Social.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Corresponde a este Consejero defender ante la Cámara el Proyecto de Ley que propugna la supresión de la Agencia de Servicios a la Juventud. Estoy seguro que si cuando se propugnó la supresión del primer Instituto se habló de desgarro institucional, y cuando se ha propugnado la desaparición que acabamos de aprobar, por Ley, se habla de desmantelamiento, también se hará una crítica negativa de la supresión de la Agencia de Servicios a la Juventud.

Sin embargo, Señorías, aquí sí que los hechos son tozudos y no está de más que hagamos un poco de... hagamos un poco de historia sobre lo acontecido con la llamada Agencia de Servicios a la Juventud desde que se aprobó su creación, por Ley, el siete de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro. Si Sus Señorías leen el Preámbulo de la Ley, que justifica la creación de la Agencia de Servicios a la Juventud, verán que las razones que se invocan en dicho Preámbulo, a priori, son válidas, y yo no dudo de la buena voluntad del legislador cuando en aquel momento plantea la necesidad de crear una Agencia de Servicios a la Juventud, y dice el Preámbulo: "para conseguir un correcto mantenimiento de las residencias, albergues, casas de la juventud y campamentos de la Junta", para conseguir una eficaz gestión de todos estos centros, y se invoca al mismo tiempo el principio de descentralización.

Es evidente que en una Administración absolutamente centralista, como la que en el año ochenta y cuatro existía en la Comunidad, y con una normativa administrativa absolutamente complicada, podía parecer necesario crear un organismo que buscara la agilización en la gestión y la descentralización de la misma. Sin embargo, los hechos han venido a demostrar que las cosas no han acontecido así. Las funciones que en la Ley de creación se atribuían a la Agencia de Servicios a la Juventud comenzaban por la gestión y explotación de la red de instalaciones de la propia Junta, por la realización de investigación y estudio en materias de prestación de servicios a la juventud, por el establecimiento de convenios y conciertos con instituciones públicas o privadas, en orden a prestar servicios a la juventud, y, finalmente, por realizar una serie de actividades de servicio a los jóvenes, tanto aquellas que eran programadas por la propia Agencia, como aquellas que eran programadas desde la Dirección General de Juventud y Deporte. Nos movemos, Señorías, en el mes de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro; hace casi tres años.

No hay que olvidar que al margen de estas razones, que a priori parecen válidas, el año mil novecientos ochenta y cinco era el "Año Internacional de la Juventud", y que, quizás, razones también de oportunismo político impulsaron a la Cámara a crear una Agencia de Servicios a la Juventud, que debía haber funcionado en el año mil novecientos ochenta y cinco, año -repito- internacional de los jóvenes. De otro lado, con la creación de la Agencia de Servicios a la Juventud se quitaban las siglas o se creaban -mejor- unas siglas nuevas, en un afán, que -no discuto- puede ser loable, de tratar de acercar la Administración a los jóvenes de nuestra Comunidad.

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Sin embargo, esto que hasta aquí puede parecer válido, si lo analizamos después en el devenir de los acontecimientos, no se ha traducido en realidades. Y este Consejero, Señorías, tiene que dudar, realmente, del criterio que movió a la Cámara a crear por Ley, en el mes de Diciembre del ochenta y cuatro, un organismo, cuyo desarrollo sólo se comienza a evidenciar a finales de Junio de mil novecientos ochenta y seis; es decir, desde que se crea la Agencia de Servicios a la Juventud hasta que se tratan de poner en marcha los primeros pasos han transcurrido, prácticamente, año y medio. Sólo en esta época se impulsa el nombramiento del Gerente, figura clave en la Agencia de Servicios a la Juventud, y sólo en la mitad del año ochenta y seis se comienzan a preparar los presupuestos de la Agencia de Servicios a la Juventud para incluirlos en los Presupuestos de mil novecientos ochenta y siete. Es también en esta época cuando aparece la estructura de los organismos centrales y periféricos de la propia Agencia de Servicios a la Juventud. Quiérese decir que, prácticamente, ha pasado año y medio desde que se aprueba la creación de la Agencia hasta que se dan los primeros pasos, y en la Ley se habla de un período de seis meses para iniciar las actividades.

Pero, ¡curiosamente!, el gerente que es nombrado en Junio del ochenta y seis es cesado en Febrero del ochenta y siete y no se procede a renovar el nombramiento de gerente, y desde Febrero del ochenta y siete hasta la fecha la plaza de gerente de la Agencia de Servicios a la Juventud sigue vacante, lo cual reafirma a este Consejero en su opinión de que desde la propia Consejería de Educación y Cultura, entonces, se cuestionaba realmente la utilidad de la Agencia de Servicios a la Juventud que en su día se creó.

A partir del cese del gerente la confusión que empieza o que aumenta en la Agencia de Servicios a la Juventud y en la propia Dirección General de Juventud y Deportes de la Consejería es enorme. Se produce una fusión física y funcional del personal de la Agencia con el personal propio de la Dirección General de Deportes. Hay determinadas áreas y determinadas actividades que dependen en parte del Presidente de la Agencia, que es el Director General, o en parte de los llamados jefes de área de la propia Agencia. Hay algunos aspectos que dependen directamente de personas adscritas al Gabinete del Consejero de Educación y Cultura, ignorando al Director General de Deportes y a los jefes de área de la propia Agencia.

Hasta finales de Mayo del año ochenta y siete, no hay libros económicos de la Agencia de Servicios a la Juventud. A finales de Mayo del ochenta y siete y comienzos de Junio del ochenta y siete aparecen los primeros datos registrados en libro y los primeros programas económicos. Este Consejero ha podido detectar una absoluta descoordinación entre las distintas áreas, las distintas actividades, los distintos servicios, o las distintas funciones, atribuidas a la Agencia de Servicios a la Juventud y a la propia Dirección General. Y esto se evidencia, una vez más, si analizamos la relación de puestos de trabajo, aprobado por Decreto en la pasada Legislatura, que no coincide en modo alguno con la propia estructura aprobada para la Dirección de..., para la Agencia de Servicios a la Juventud.

Podrá decirse, es posible, que, como en casos anteriores, el mantener el Proyecto de Ley que hace desaparecer, o que va a hacer desaparecer, espero, -si merece el voto favorable de Sus Señorías-, que va a hacer desaparecer, digo, la Agencia de Servicios a la Juventud, es una vez más un compromiso de un programa electoral o de un discurso de investidura. Señorías, tengan la absoluta seguridad que si este Consejero, en los noventa días que lleva al frente de la Consejería, hubiera obtenido datos que hubieran avalado la conveniencia de mantener la Agencia de Servicios a la Juventud, no le hubieran dolido prendas en plantear, en la Junta de Castilla y León, una rectificación concreta del programa, para reconocer que los datos que se conocían cuando estábamos fuera del Gobierno no se correspondían a la realidad. Pero, Señorías, tengo que decirles que los datos que hemos podido obtener, que tengo que decir que no han sido todos todavía, no han hecho más que reafirmarnos en los criterios que teníamos con respecto a la Agencia de Servicios a la Juventud. Y tengo que decir a Sus Señorías que esta misma mañana, a las diez de la mañana, todavía no he conseguido que un funcionario de la Consejería, que un sólo funcionario de la Consejería, me diga cuántos centros tiene la Consejería, o cuántos centros dependían de la Agencia de Servicios a la Juventud. Se me han dicho los que están abiertos, los que están cerrados, y se me ha dicho literalmente: "y hay otros pocos que no sabemos en este momento si son de la Agencia, si son de las Diputaciones, si son del Ministerio o de quién son"; y han pasado, Señorías, casi tres años desde que se creó la Agencia de Servicios a la Juventud. Porque hay un Decreto de transferencia que adjudica determinados centros, pero la realidad de los hechos es que en este momento las cosas son como son.

Y no voy a hacer relación detallada de datos que tengo a disposición de Sus Señorías, porque pretendo ser breve en mi intervención, pero no está de más pasar revista a alguna de las actividades que realiza, o que debía realizar, o que en parte ha realizado la Agencia de Servicios a la Juventud. Por ejemplo, las Casas de la Juventud. Pues miren, Señorías, no hay línea de actuación, no hay un programa de actuación en las Casas de la Juventud. Cada una va por donde va. Los programas no están mínimamente hilvanados y en alguna de las Casas de Juventud -y puedo demostrarlo documentalmente-, hay instaladas entidades privadas con ánimo de lucro que realizan actividades por las que cobran tasas a los participantes en dichas actividades, tasas que, por supuesto, no revierten ni en la Agencia ni en la Consejería; Agencia y Consejería que, por supuesto, se hacen cargo del mantenimiento de la luz, del agua, de la calefacción, etcétera.

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En las Residencias Juveniles, adscritas también a la Agencia de Servicios a la Juventud, se plantea un programa, inicialmente, tratando de dedicarlas a jóvenes menores de dieciséis años; eso figura inicialmente en las actividades primeras. Pero la edad de los escolares o de los estudiantes que en estos momentos las ocupan, en la inmensa mayoría de los casos, sobrepasa esa edad. Tengo que decir que tampoco hay una normativa, ni existen reglamentos de régimen interior en ninguna de las Residencias Juveniles. Todo son normas verbales transmitidas, pues, boca a boca, o boca a oído, sin más explicaciones y sin más constancia. Las actividades que debían realizar las residencias juveniles, que en unos casos se realizan en mayor intensidad y en otras prácticamente son inexistentes, tengo que calificarlas, desgraciadamente, de insuficientes, de incompletas y de tener poca trascendencia para la formación de los propios residentes y mucha menos, por supuesto, cara al exterior.

Y si una de las funciones que se atribuía a la Agencia era mejorar la gestión de las distintas dependencias de la misma, he de decir que la capacidad total de las residencias, de las onces residencias que en el momento actual tiene abiertas la Agencia de Servicios a la Juventud, es de mil ciento setenta y siete plazas, que antes de empezar a funcionar la Agencia tenía ocupadas mil sesenta y siete, y que después de funcionar la Agencia tiene ocupadas novecientas noventa y nueve; es decir, existe un decremento en la utilización, o en los rendimientos, o en el índice de ocupación de las residencias. Que de los once directores que había en estas residencias solamente en el momento actual se mantiene a tres, una sigue sin director, y en las otras siete la Dirección ha sido encomendada o a los subdirectores o a personal diverso, bien contratado, bien en comisión de servicio, sin duda ninguna, con criterios de absoluta objetividad que yo no voy a cuestionar aquí. Las actividades de la Agencia, en general, han sido escasas, mal planificadas, descoordinadas, y de un costo económico importante.

La gestión de la Agencia en el tema de los albergues es donde realmente es..., me permito decir, escandalosa. Señorías, hay dos redes de albergues distintos: los albergues permanentes y los albergues temporales. El índice de ocupación de los albergues permanentes llega al cuarenta por ciento de su capacidad, oscilando entre el tres cuarenta y ocho por ciento de ocupación, en alguno de ellos, hasta cerca del ochenta por ciento en el que tiene un mayor índice de ocupación. En los albergues de temporada el índice de ocupación es todavía menor. Y podíamos seguir pasando revista, una por una, a las distintas actividades, y podríamos hablar de los Centros de Información Juvenil, que en términos generales están mal dotados de personal, mal dotados de medios, y difícilmente pueden informar de datos de los que ellos mismos carecen. Se me puede argumentar también que en la Ley que crea la Agencia de Servicios a la Juventud se crea un Consejo Rector, que es un órgano participativo. Pues bien, Señorías, la Ley es de siete de Diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, y al día de la fecha no ha celebrado ninguna reunión el Consejo Rector de la Agencia de Servicios a la Juventud. Esto, evidentemente, es una buena muestra de la participación y la democratización, del control, en definitiva, de la Agencia de Servicios a la Juventud.

Les decía que pretendía ser breve en mi intervención; en este momento el reloj me está marcando los quince minutos justos y voy a tratar de adaptarme al tiempo. Lo que se pretende en el preámbulo de la Ley que crea la Agencia de Servicios a la Juventud es agilizar la gestión y descentralizarla. Pues bien, Señorías, aquello que en su momento pudo tener justificación, aún cuando sería discutible, es justamente lo que la Junta de Castilla y León, en el momento actual está realizando ya: descentralizando las competencias, las actividades, y, al mismo tiempo, agilizando los trámites y, en este sentido, tengo que decirles que, aún cuando sé, -y no soy ningún experto en derecho, y desde luego no estoy dispuesto a dar ninguna lección de derecho financiero, ni de ningún otro tipo de derecho-, aunque sé que un organismo autónomo tiene una mayor agilización administrativa, la Ley de Hacienda Pública de nuestra Comunidad, si se desarrollan los artículos 117, 119.3, 120.2 y 162.2, puede permitir una agilización similar, si al mismo tiempo se suprimen un montón de las trabas administrativas, burocráticas que existen en este momento actual en la normativa vigente. En definitiva, Señorías, aquí no cabe hablar de desgarro institucional, aquí no cabe hablar de desmantelamiento ninguno, porque lo único que se está haciendo es tratar de poner orden en la Consejería, en un departamento que en el momento actual ni los propios funcionarios saben si están adscritos a la Agencia de Servicios a la Juventud o a la Dirección General de Deportes y Juventud, en un momento en el que las cuentas están absolutamente confusas y, en el mejor de los casos, me atrevería aquí a decir de una forma un tanto irregular e incluso anárquica. Y en definitiva, lo único que pretendemos al suprimir la Agencia de Servicios a la Juventud es justamente lo que pretendió su creación: agilizar los trámites, descentralizar la gestión y prestar unos servicios a la Juventud que, desde luego, desde el momento en que entró en funcionamiento la propia Agencia, no sólo no se aumentaron sino que han decrecido de forma sensible. Por eso, Señorías, me atrevo a pedir su voto para el Proyecto de Ley que defendemos, suprimiendo la Agencia de Servicios a la Juventud, que no se debe equivocar -porque pueden manipularse los términos- con la supresión de los servicios a la juventud, que desde luego desde la Consejería vamos a mantener y, sin duda ninguna, a aumentar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. ¿Algún Grupo...? El Grupo de Alianza Popular toma la palabra para consumir un turno a favor del Proyecto de Ley.

BURGOS GALLEGO

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EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente. Señor Presidente de la Junta, señor Consejero, señoras y señores Procuradores. Tomo la palabra para consumir este turno a favor del Proyecto de Ley remitido por la Junta de Castilla y León, relativo a la supresión del organismo autónomo Agencia de Servicios a la Juventud de Castilla y León. Y tengo que empezar diciendo que lo hago con la convicción de que no estamos debatiendo un tema trascendental, ni para las expectativas de los jóvenes de esta Comunidad Autónoma, que desde luego exceden con mucho lo que esta cuestión implica, ni por supuesto para el proyecto global que en materia de juventud va a realizar la Junta de Castilla y León. Y digo que no debatimos aquí un tema trascendental, porque a lo largo de este debate hemos de tener meridianamente claro que la Agencia de Servicios a la Juventud fue concebida -y ése debería haber sido su papel-, como un mero instrumento administrativo, un instrumento para la gestión de unas competencias, para el desempeño de unas funciones y para la prestación de unos servicios. Es, pues, evidente que lo que realmente tiene importancia trascendental son dichas competencias, dichas funciones y dichos servicios; y lo otro, el instrumento, los medios que se utilicen, variarán, cambiarán, se mostrarán adecuados o inadecuados, innecesarios o imprescindibles, en la medida en que respondan al objetivo último para el que fueron creados, objetivo en el que básicamente, Señorías, no me cabe ninguna duda de que todos estamos de acuerdo: una mejor prestación de los servicios que esta Comunidad Autónoma posee y gestiona para satisfacer las demandas de los jóvenes de Castilla y León.

La Agencia de Servicios a la Juventud fue creada, en su momento, no porque la Consejería, entonces de Educación y Cultura, en palabras de su Consejero, no pudiese desempeñar todas y cada una de las funciones que se adscribieron a la Agencia, ni porque se pretendiese dotar a la misma de funciones nuevas o diferentes de las que tenían ya los servicios de la propia Consejería, sino porque la administración de entonces pensaba -y así lo manifestó en contra de la opinión de otros Grupos- que tales funciones podían ser mejor y más eficazmente cumplidas a través de un instrumento como la Agencia. El tiempo, sin embargo, ha venido a dar la razón a quienes defendieron en su momento que aquella decisión de crear un organismo autónomo como la Agencia no garantizaba por sí misma la consecución de estos objetivos. Miren ustedes, difícilmente puede encontrarse en esta Región algún organismo, alguna institución, alguna asociación o colectivo juvenil, de cualquier tipo, que esté dispuesto a afirmar que la gestión de las instalaciones y el patrimonio juvenil de esta Comunidad Autónoma ha mejorado con la creación de la Agencia. Ni ustedes mismos, que la defendieron en el momento de su creación con tanto empeño, estoy seguro que se sienten satisfechos con su labor. Es más, a la vista de los avatares y de la cronología azarosa de su puesta en funcionamiento, de la cual el Consejero ha hecho una prolija reseña, da la impresión de que la propia Junta anterior dejó de creer en ella como instrumento válido, casi desde el mismo momento de su creación.

No voy a repetir aquí, en aras de la brevedad, los argumentos que se esgrimieron en su día para no apoyar la creación de un organismo así. Cuando fue debatida la Enmienda a la Totalidad del entonces Proyecto de Ley de la Junta Socialista que presentó el Grupo Popular; argumentos que, por otra parte, siguen conservando toda su validez. Nuestro Grupo Parlamentario apoya las razones que esgrime la Junta para su supresión. El estado lamentable de las instalaciones juveniles en Castilla y León, muchas de las cuales han tenido que cerrar este año por no cumplir ni siquiera unos mínimos de seguridad y calidad sanitaria o residencial, hacen necesario, además, una actuación urgente. La eficacia, la coordinación, no resultan de hecho imposibles de alcanzar mediante un organismo autónomo como la Agencia, pero este no es, desde luego, el único mecanismo válido para alcanzarlas. La agilidad administrativa, la simplificación de los procedimientos, la desconcentración de las facultades, la prestación de más y mejores servicios pueden alcanzarse por otras vías. Tal vez el equipo de la Consejería que puso en marcha la Agencia no se consideraba con ánimo o con capacidad de realizar este trabajo de otra manera que no fuera la creación de un organismo autónomo. Y permítanme que les diga que no pongo en duda, ni por un momento, su convicción -y digo su convicción- de que este era el mecanismo adecuado, y precisamente por ello tampoco ha de ponerse en entredicho la voluntad de la nueva Junta de abordar este problema desde otro punto de vista.

La actual Consejería de Cultura y Bienestar Social considera que tiene la posibilidad y las facultades pertinentes para adoptar resoluciones administrativas que le permitan la flexibilidad, la simplificación administrativa, la descongestión burocrática y la agilidad económica y de gestión necesarias para prestar adecuadamente los servicios que los jóvenes de esta Región demandan. Se considera capacitada, además, para asegurar la preparación y la adecuación de aquel personal que tiene encomendadas las diferentes responsabilidades y proyectos a coordinar. A mi Grupo Parlamentario no le cabe duda que la agilidad administrativa puede conseguirse con una mejor organización y una mayor profesionalización en el seno de los servicios centrales y periféricos de la propia Administración. No es justificación para el mantenimiento de un organismo autónomo, salvo que se reconozca de este modo, la incapacidad para gestionar competentemente las funciones que se tienen conferidas. La nueva Junta se considera capacitada, haciendo uso de su legítimo derecho de autoorganización, para garantizar el cumplimiento de esas funciones en materia de juventud.

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Podemos preguntarnos, y debemos hacerlo, si de la supresión de la Agencia puede derivarse algún tipo de perjuicio, algún aspecto negativo, que pudiese hacernos reflexionar sobre la conveniencia de adoptar esta supresión, y la respuesta de nuestro Grupo tengo que decir que es absolutamente negativa. Es evidente, pues, que si su funcionamiento no ha deparado una mejora en la gestión; si la Junta asume, además, el compromiso de asegurar la eficacia en la prestación de los servicios, incrementándola, incluso, -cosa por otra parte nada difícil dado el estado actual de los servicios-; si esta medida de la supresión se sitúa, además, en la línea de la simplificación administrativa, en la línea de la reducción del gasto, -en pequeña cuantía, pero no por ello desechable-, y no hay gasto más inútil que el que se deriva de la ineficacia; si, como digo, se inscribe en este marco de descentralización que figuraba como pilar del Programa electoral de Alianza Popular y en el Discurso de Investidura del Presidente; y si convenimos, además, que, con el preceptivo acuerdo de esta Cámara, la supresión de un organismo autónomo puede y de hecho debe entrar dentro de las atribuciones de autoorganización del ejecutivo autónomo, mi Grupo Parlamentario piensa que este Pleno no ha de poner dificultades para la aprobación del Proyecto de Ley que se nos presenta. Mi Grupo Parlamentario lo apoya y, en su nombre, yo pido a todos los demás Grupos de la Cámara que de igual modo lo apoyen. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Procurador. Para consumir un turno en contra tiene la palabra el representante del Grupo Socialista.

SANCHEZ IÑIGO

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO: Señor Presidente, Señorías. En primer lugar, me parece imprescindible exponer brevemente a Sus Señorías la postura del Grupo Popular en el debate de la Ley por la cual se creó la Agencia de Servicios a la Juventud. El Grupo Popular presentó una Enmienda a la Totalidad. En dicha Enmienda se pedía la devolución del Proyecto de Ley a la Junta, ya que, según dicho Grupo, la Agencia de Servicios a la Juventud era innecesaria. La Enmienda fue rechazada y el Proyecto de Ley pasó a la Ponencia y más tarde a la Comisión, y de allí la Ley salió aprobada por unanimidad, pasando por puro trámite al correspondiente Pleno. Tomen nota Sus Señorías: el Grupo Popular pasó de considerar que la Agencia de Servicios a la Juventud era innecesaria a aprobar el Proyecto de Ley de su creación. Este cambio de postura sólo tiene una explicación coherente: que el Grupo Popular se convenció en el debate en Ponencia y en Comisión de que la Agencia de Servicios a la Juventud era necesaria. Y no vale lo del "mal menor", ya que las enmiendas parciales introducidas no cambiaron sustancialmente el texto del proyecto.

Si el Grupo Popular está de acuerdo con su creación; si además en el ejercicio de su labor en este Cámara del control de la acción del Gobierno, y en concreto de la puesta en funcionamiento de la Agencia de Servicios a la Juventud jamás se cuestionó ésta, nos preguntamos: ¿por qué ahora quieren suprimirla?. Porque yo pienso que esta decisión no será una decisión unilateral del Presidente de la Junta y que el Grupo Popular se ha visto forzado a aceptar esta decisión. Entonces, repito, ¿por qué suprimirla?, ¿cuáles son las razones? Yo las he buscado en el Discurso de Investidura, en la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que hoy debatimos, en la exposición del Portavoz, y también en la ideología del Grupo Popular. Dice el señor Presidente en su Discurso de Investidura: "Nuestra política respecto de la Administración viene determinada por los siguientes objetivos. Primero: promover una política de austeridad y de ahorro de gestión del gasto público corriente; ajustar la organización de la Comunidad, tanto en su nivel central como periférico, a las competencias disponibles, hacerla compatible con el proceso descentralizador propuesto y prever la asunción de nuevas competencias por la Comunidad Autónoma. Y en tercer lugar, asegurar la máxima profesionalidad de la función pública, con mayor garantía de independencia, neutralidad y eficacia de la Administración al servicio de los ciudadanos". A continuación afirma: "Para el ejercicio de los objetivos iniciados me propongo impulsar con carácter inmediato las siguientes medidas...", y entre ellas aparece la supresión de la Agencia de Servicios a la Juventud. Juzgue Su Señoría si con esta supresión se ajusta la organización de la Comunidad a las competencias disponibles, se la hace compatible con el proceso descentralizador propuesto, se asegura la máxima profesionalización de la Función Pública, o lo que parece el objetivo mas relacionado con la supresión de la agencia: el ahorro del gato público. No se ahorra nada, si se quieren seguir prestando los mismos servicios, y, si no, al tiempo. Ustedes ya nos están empezando a demostrar lo que se ahorran con sus medidas de fusión y supresión; de ahorro nada, todo lo contrario.

Pasemos a la exposición de motivos. Se dice en dicha exposición: razones de coordinación y eficacia aconsejan...(puntos suspensivos)... suprimir la Agencia de Servicios a la Juventud. Lo de la coordinación no lo entiendo. Y en cuanto a lo de la eficacia parece deducirse que piensan que la Agencia de Servicios a la Juventud ha sido ineficaz; lo acaba de afirmar el señor Consejero. De esto ustedes deben de haberse dado cuenta ahora; hasta ahora, como he dicho anteriormente cuando hablé del control parlamentario, no habían dicho ni "mu". Parece que, de repente, como dice el dicho el popular, se les ha encendido la bombilla y han dicho: a cargárnosla. Esto, Señoría, es un desguace ya; ya es un desguace.

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En cuanto a la exposición del Consejero, se habla de lentitud del desarrollo de la Ley, de lentitud, por tanto, en su funcionamiento; estas no son razones suficientes para cargarse la Ley... perdón, la Agencia de Servicios a la Juventud, cuando antes se ha apoyado por unanimidad su creación. Lo lógico hubiera sido traer un debate, antes de cargarse, a estas Cortes, lo lógico hubiera sido debatirla en Comisión. Nosotros las únicas razones que encontramos para la supresión de la Agencia de los Servicios a la Juventud están en los distintos conceptos que sobre la Administración Autonómica, la descentralización y la democracia tenemos. Relean Sus Señorías la Ley de Creación de la Agencia, los decretos de desarrollo, vuelvan a estudiar con detenimiento su funcionamiento, y observarán, si no lo han observado ya, que la supresión es un ataque a la eficacia, a la descentralización, a la participación de los jóvenes, a la participación de los trabajadores de los centros juveniles, al acercamiento, en definitiva, de la Administración al ciudadano. Los jóvenes quieren que siga existiendo la Agencia de Servicios a la Juventud, ellos la pidieron, entre todos se la dimos: ustedes, el Grupo del CDS, el Grupo Mixto y nosotros -el Grupo Socialista-. Ustedes, Señorías del Grupo Popular, intentan ahora quitársela; esperemos que con el apoyo del Grupo Mixto y del Grupo de CDS, que tanto ha prometido a los jóvenes, lo impidamos. Gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el representante del Grupo de Alianza Popular.

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Si. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, tengo que explicarle a Su Señoría, por si no lo sabe, que si el procedimiento de tramitación de esta Ley ha sido por procedimiento de lectura única, es porque previamente la Junta de Portavoces, por unanimidad, incluida la de su propio Grupo, aceptó que ése fuera el procedimiento a utilizar. Mire usted, la única justificación para el nacimiento de esta Agencia de Servicios a la Juventud fue la de que a través de ella cabría o tendría una mejor capacidad de gestión de todas y cada una de las instalaciones de esta Comunidad Autónoma. Yo creo que la exposición del Consejero ha sido suficientemente aclaratoria al respecto, de que esa gestión no sólo no ha mejorado, sino que, por desgracia, ha decrecido notablemente.

En tercer lugar, usted habla de que los jóvenes de esta Comunidad Autónoma están deseando que esta Agencia continúe adelante, que siga prestando sus servicios. Yo tengo que decirle que los jóvenes de esta Comunidad Autónoma, los representantes de estos jóvenes en el Consejo de la Juventud de Castilla y León, se han cansado de requerir a la Administración, de requerir a la Agencia de Servicios a la Juventud -y aquí tengo una carta del propio Secretariado del Consejo de la Juventud que así lo manifiesta-, para que ese Consejo Rector, el único órgano donde estos jóvenes estaban supuestamente representados, se reuniese aunque sólo fuera por una sola vez. Es decir, este requerimiento, como tanto otros que se han hecho a través de las asociaciones juveniles y otras entidades, no se ha atendido en ningún caso.

Ustedes nos están repitiendo hasta la saciedad lo buena que ha sido la creación de esta Agencia, los buenos servicios que podía desempeñar, y yo les pregunto: si es tan buena, ¿por qué no la han potenciado ustedes desde el principio? ¿Por qué la primera medida que en la Ley se reflejaba en una de sus disposiciones adicionales, que era que en el plazo máximo de seis meses se realizara un Decreto en el cual se transfirieran, se adscribieran a la Agencia los bienes muebles e inmuebles que posibilitaran su funcionamiento; si esta era una de las disposiciones adicionales de esa Ley, por qué el Decreto salió con casi un año de retraso? Es decir, si la propia Ley, en una de sus disposiciones adicionales, empieza por no cumplirse, evidentemente, no se puede esperar ni agilidad, ni mejor funcionamiento de un organismo como este. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Puede hacer uso del derecho de dúplica el señor Procurador del Grupo Socialista.

SANCHEZ IÑIGO

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO: Si, muy brevemente. Decirle al Portavoz del Grupo Popular que yo no he hablado de lectura única. No me he referido al Proyecto de Ley cuando hacía esa exposición que hoy aquí se debate, sino al Proyecto de Ley de creación en su día de la Agencia de Servicios a la Juventud, y dije que allí se aprobó por unanimidad de todos los Grupos, por unanimidad de todos los Grupos. Segundo, yo es que en la exposición del señor Consejero he observado una cierta contradicción, porque por un lado se dice que la Agencia de Servicios a la Juventud no ha empezado a funcionar porque -como es verdad, eso es cierto- los decretos de desarrollo de la Agencia han tardado, han tardado en aparecer, y por otro lado dice que han funcionado mal, con lo cual difícilmente se pueden casar esas dos afirmaciones. Por otra parte yo estoy completamente convencido -y además creo que es así- de que suprimir la Agencia de Servicios a la Juventud es un ataque a la participación de los jóvenes en un aspecto importante que a ellos les confiere, que son los servicios que puede prestar esta Agencia. Por supuesto que el señor Consejero ha dicho que va a funcionar mejor desde la Consejería, y también podrá decir que los jóvenes van a seguir participando y todo esto; pero eso está por ver. Es decir, hay un... se plasma en la Ley la participación de los jóvenes, no sólo a través del Consejo de la Juventud, sino también a través de los residentes en las residencias juveniles; también de los trabajadores de estas residencias juveniles aparece en la ley regulada esa participación. Y aquí sí que hay una diferencia -yo creo- entre el concepto de democracia -por eso lo decía antes y lo quiero explicar ahora en breves palabras- que nosotros tenemos y ustedes tienen. Para nosotros la democracia es participación día a día en aquellos aspectos que le competen al ciudadano, mientras que me da la impresión que para ustedes la democracia se limita única y exclusivamente a elecciones cada cuatro años y después a ejercer y a dar, con un espíritu un poco paternalista, los servicios que los ciudadanos demandan. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Procurador. El señor Consejero tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Muy breve, para aclarar al señor Procurador alguna de las cosas que ha dicho.

Dice que he incurrido en contradicción porque he dicho que no funcionaba y que luego he dicho que funcionaba mal. Digamos que ha funcionado tarde, poco y mal; si le gusta más no tengo inconveniente en rectificar: tarde, poco y mal.

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¿Que nos hemos dado cuenta ahora del tema? No. Fíjese si nos dimos cuenta que lo llevábamos en la campaña electoral en el programa, que lo mantuvo el Presidente en el Debate de Investidura y que lo hemos aplicado después, cuando este Consejero ha tenido oportunidad de conocer, desde dentro -que a lo mejor es lo que a Su Señoría le falta todavía-, conocer desde dentro la realidad de lo que es o de lo que parece que es la Agencia de Servicios a la Juventud. Y ha incurrido, no podía ser por menos, en un lugar común que viene oyéndose en esta Cámara: desgarro institucional, desmantelamiento, y a usted le da por la mecánica y habla de desguace. Mire, Señoría -y en su Grupo hay dignos arquitectos-: cuando se trata de edificar, si uno trata de edificar sobre ruinas, lo más fácil es que todo el edificio se le vaya abajo; y cuando uno encuentra una ruina en lo que debía ser la Agencia de Servicios a la Juventud, es mejor anular lo que hay y partir de cero, porque desde luego es mejor construir con buenos cimientos que sobre ruinas que no merecen, desde luego, ni la protección como patrimonio artístico, que, realmente, tiene muy poco de arte lo que se ha hecho dentro de la Agencia de Servicios a la Juventud.

Pero es que además ni ustedes mismos han creído en ella, Señoría. Porque es que parece que empiezan a creer en la Agencia de Servicios a la Juventud cuando nosotros planteamos su supresión, porque, si no, explíqueme el retraso de la puesta en marcha en la Agencia, el nombramiento tardío del gerente, el cese del gerente y la no renovación, etcétera... el no nombramiento de directores en las residencias, el no existir reglamentos de régimen interior. Es que, Señorías, no creían ustedes en la Agencia de Servicios a la Juventud, ese es el tema, y les ha parecido mal que este Consejero haya propuesto su supresión, pero no es otra la razón. Y luego lo que ya -perdóneme Su Señoría, con todo el respeto-, lo que ya puede rayar en el sarcasmo es que diga que se va a perder la participación de los jóvenes y los trabajadores en la Agencia de Servicios. Señoría, ni una sola vez, ni una, se han reunido a participar en los órganos de decisión, ni una sola vez. Entonces, ¿esa es la participación?, Desde luego, en el nuevo proyecto de la Consejería, menos que ésa no les vamos a dar. La Agencia de Servicios a la Juventud, desde luego, no ha dado participación ninguna. Y no se preocupen ustedes, que la agilización de los trámites va a ser evidente, y las contrataciones van a ser regulares, y vamos a tener que dejar de admitir como personal laboral fijo en la Consejería de Cultura y Bienestar Social al personal que se contrataba irregularmente, temporalmente, eventualmente, pero con unas condiciones que a continuación los contratados iban a la Magistratura, y así estamos engrosando el patrimonio del personal laboral fijo en nuestra propia Consejería. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, señor De las Heras, para fijar posiciones.

DE LAS HERAS MATEO

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO: Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente, para fijar la posición del PDP en relación con este Proyecto de Ley de supresión del Organismo Autónomo Agencia de Servicios a la Juventud, que, repito, este Grupo y este Procurador va a apoyar con su voto afirmativo. Y no podemos en este caso atender la petición del Portavoz del Grupo Socialista porque creemos que, efectivamente, es oportuna la supresión de este organismo autónomo de Agencia de Servicios a la Juventud. Y es oportuno porque, en este caso, los objetivos de este organismo de gestión o explotación de campamentos, estudios y materia de prestación de servicios a la juventud, establecimiento de convenios y otras actividades, indudablemente, no se puede decir que sea la piedra angular de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y que, por lo tanto, con su supresión va a peligrar, incluso, la pervivencia misma de esta Comunidad, ni muchísimo menos.

Es evidente que ha habido un retraso enorme en poner en marcha este mecanismo. Es evidente que, examinada la actuación durante este período, se observa que no se han cumplido las expectativas de mejora de los servicios, aumento de inversiones, potenciación de ocupación de las diversas instalaciones, muchas de las cuales durante todo este tiempo han permanecido incluso cerradas. Y yo diría más: que, examinados los datos y resultados de las alegaciones formuladas en el debate de creación de esta Agencia, que yo me he molestado en releer, el Consejero de aquella época dio dos argumentos fundamentales: uno, que necesitaba ese instrumento operativo al margen de la Administración Central de la Junta porque había una dispersión de instalaciones, porque las actividades se daban en el territorio de toda la Comunidad Autónoma y le era difícil contratar los materiales, establecer los gastos y le era difícil el funcionamiento sin un organismo autónomo. Y, por otra parte, lo hacía haciendo especial énfasis en que eso era parte de un proceso de descentralización. Pues, realmente, yo creo que no se trataba de una descentralización real; en último extremo sería la desconcentración de un servicio de la Administración Central en un órgano autónomo con capacidad jurídica para obrar, que por otra parte estos órganos autónomos hay que tener mucho cuidado con ellos porque, en la mayor parte de los casos, nos encontramos que existe una mayor dificultad para el control de la legalidad dentro de esos organismos autónomos y también para el control del gasto.

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Y, efectivamente, el Consejero de Cultura y Bienestar Social ha hecho un alegato muy pormenorizado, que no ha sido contradicho, en relación con todas y cada una de las actividades y sus resultados. Y, realmente, yo creo que de esa exposición, por otra parte bien estructurada y brillantemente expuesta, -hay que decirlo también-, yo creo que se desprende aún más la necesidad de suprimir este organismo autónomo de servicios a la juventud aunque, indudablemente, este Procurador y este Grupo lo que en ningún caso van a apoyar nunca es que se supriman los servicios y las atenciones a la juventud, que intentaremos que se potencien por todos los medios. Pero me cabe también una pregunta y una preocupación que lanzo al Consejero en este sentido, de manera que, efectivamente, ustedes ahora están en la mejor disposición y en la mejor oportunidad de hacer una descentralización efectiva de estos servicios. ¿De qué manera? Pues, precisamente, transfiriendo gran parte de las competencias y de la gestión ordinaria de estos servicios a las propias Corporaciones Locales y Provinciales, que efectivamente eso sí que es descentralización, que efectivamente eso sí que está cerca del ciudadano, que efectivamente eso sí que permite los servicios, que efectivamente eso sí que va a permitir una gran eficacia. Y a mí me gustaría oír del Consejero que, entre las primeras decisiones de descentralización efectiva que se van a tomar a este respecto, éste puede ser uno de los campos en que la Junta puede empezar a cumplir su propio programa de descentralización. Nada más, señores Procuradores. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de las Heras. El señor Consejero tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, para decir a Su Señoría que puede estar tranquilo, que eso es lo que vamos a hacer, que eso es lo que hemos empezado a hacer con el Deporte y los Servicios Sociales desde nuestra Consejería y que, si no hemos empezado a hablar del tema de la Juventud, es por respeto a la Cámara, hasta que esté aprobado el Proyecto de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor Durán, en representación del Grupo Parlamentario del CDS, tiene la palabra, para fijar posición de este Grupo.

DURAN SUAREZ

EL SEÑOR DURAN SUAREZ: Como no creo, Señorías, que constituya ningún secreto, ni ninguna incógnita, cuál va a ser la posición del Centro Democrático y Social a la hora de la votación de este Proyecto de Ley, sí voy a contarles a ustedes una intimidad de nuestro Grupo Parlamentario. Por supuesto, no la intimidad que el Partido Socialista quisiera conocer, ni la intimidad que el Grupo de Alianza Popular quisiera conocer. Es una intimidad puramente intrascendente.

Mi comparecencia en esta Tribuna, Señorías, sólo se debe a mi alto sentido de la disciplina. He tenido que mantener una dura lucha con mi Grupo Parlamentario, que al final, como es natural, ha ganado sobre mí, y ello me obliga a comparecer o a intervenir en este Proyecto de Ley. Esta es la intimidad que quería contarles. Y, ahora, quiero decirles el porqué. Y el porqué es muy sencillo: porque el Procurador que les habla, en su momento, fue el funcionario padre de la idea de la Agencia de Servicios a la Juventud, elector del nombre del Organismo -Agencia de Servicios a la Juventud, cuando lo tradicional hubiera sido Instituto de la Juventud-, y, además, redactor del borrador del correspondiente Proyecto de Ley.

Por ello, tengo que agradecer muy de veras -lo hago muy sinceramente- al señor Consejero de Cultura y Bienestar Social que en toda su intervención no haya formulado una sola objeción al instrumento legal que dio origen a la Agencia de Servicios a la Juventud; más aún, se haya apoyado en él, tanto en su Preámbulo como en su articulado, para justificar el no funcionamiento o para..., no para justificar, exactamente para contraponer entre los buenos propósitos de la idea y la mala realización de la misma.

Pero bueno, aquí hay una realidad también. Y es que, Señorías, yo, como la mayoría de ustedes, dispongo de un automóvil; y el automóvil que yo tengo, resulta que funciona. Y funciona ¿por qué?, porque es un buen instrumento y porque, además, hay un buen conductor. Entonces, tengo que decir que, quizá, el automóvil no ha funcionado porque el conductor ha sido malo. Y, si el conductor ha sido malo -no invalida al instrumento-, si el conductor ha sido malo, Señorías, si el conductor ha sido malo (Gobierno Regional), creo que están ustedes en la obligación de exigir la totalidad de las responsabilidades que pudieran derivarse del incorrecto funcionamiento de un órgano óptimo. Desde mi punto de vista, de un órgano óptimo.

Bien, allá ustedes; ustedes sabrán lo que al respecto tienen que hacer. Nunca podrán ustedes decir que el Centro Democrático y Social ha puesto trabas a la capacidad de funcionamiento, a la capacidad de gestión, a los instrumentos de gestión de los que ustedes han querido dotarse para aplicar el programa electoral que les ha dado el resultado que hoy les sienta en los bancos azules de esta Cámara. Nuestra posición, obviamente, Señorías, será, una vez más, en este caso concreto, la de la abstención. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Durán. El señor Consejero tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA): Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente, para decirle al señor Durán que yo también tengo automóvil, y que el problema es que cuando se compra un automóvil, los tiempos van avanzando y hay automóviles de tres velocidades, de cuatro, y hay coches de pedales. Y que, evidentemente, cuando no existían los coches de pedales..., o cuando no existían los automóviles de gasolina, se funcionaba con los de gasóleo. Y mejor era tener un coche de gasóleo que no tener ninguno. Pero, evidentemente, en el momento actual, lo que hay que hacer es aparcar el coche de gasóleo, porque, por muy buen conductor que sea este Consejero, con un coche al estilo mil novecientos ochenta y siete funcionaremos mejor que con uno de gasóleo.

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Y, en cuanto a la segunda parte de su intervención, por supuesto que exigiremos todas y cada una de las responsabilidades a que haya lugar y en su momento. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Vamos a proceder a la votación del Proyecto de Ley de Supresión del Instituto..., de la Agencia de Servicios a la Juventud. Quienes estén a favor del Proyecto de Ley, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes estén en contra del Proyecto, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse. Quienes se abstengan, que se levanten. Muchas gracias. Pueden sentarse.

El resultado de la votación es de treinta y cuatro votos a favor, veintisiete en contra y ocho abstenciones. En consecuencia, queda aprobado el Proyecto de Ley de Supresión del Organismo Autónomo Agencia de Servicios a la Juventud de Castilla y León, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes número seis, de siete de Octubre del ochenta y siete.

Se levanta la Sesión. Muchas gracias.