DS(P) nº 82/2 del 19/4/1991

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Antes de proceder a la lectura y entrar en el Orden del Día del Pleno, esta Presidencia va a proceder a llamar al nuevo Procurador proclamado electo que hoy se sienta en esta Cámara.

¿Está presente don Fernando Tomillo Guirao, Procurador electo por la provincia de Valladolid, que sustituye a don Dionisio Llamazares Fernández?

Ruego a Sus Señorías se pongan en pie.

Don Fernando Tomillo Guirao, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León?

EL SEÑOR TOMILLO GUIRAO:

Sí, prometo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): De acuerdo con el artículo 5 del Reglamento de la Cámara, proclamo que don Fernando Tomillo Guirao ha adquirido la plena condición de Procurador de las Cortes de Castilla y León. Pueden sentarse.

El señor Secretario procederá a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Primer punto del Orden del Día: "Elección de Vicepresidente Segundo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): De acuerdo con el artículo 33.5 del Reglamento de la Cámara, ¿algún Grupo Parlamentario quiere proponer candidato para el puesto a cubrir? Señor Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Por el Grupo de Procuradores Socialistas, se propone a don Laurentino Fernández Merino.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. ¿Algún otro Grupo? Muchas gracias.

Para la elección del señor Vicepresidente, cada Procurador escribirá un nombre en la papeleta, y resultará elegido el que obtenga mayor número de votos. Recuerdo a Sus Señorías que en esta votación serán consideradas nulas las papeletas en blanco, las ilegibles y aquellas que contengan más de un nombre. Sin embargo, dichas papeletas servirán para computar el número de Procuradores que haya tomado parte en el acto.

El señor Secretario procederá a ir llamando a Sus Señorías para que procedan a emitir el correspondiente voto.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Abad Ibáñez, Jesús; Agudo Benito, Angel; Alfonso Canedo, Demetrio; Altable Vicario, Julián; Aznar Fernández, Luis; Bosque Hita, Vicente; Buiza Díez, Virgilio; Burgos Gallego, Tomás; Castro Rabadán, José; Cid Fontán, Luis; Coloma Baruque, Narciso; Cordero Herrero, Santiago; Cortés Hernández, Tomás; Crespo González, Santiago; Domínguez Ferrer, Guillermo; Domínguez Sánchez, Manuel Jesús: Durán Suárez, Juan Bartolomé; Eguiagaray Martínez, José; Fernández Calvo, Antonio; Fernández Estébanez, Matilde; Fernández Merino, Laurentino; Fernando Alonso, Daniel de; García Burguillo, Pedro; García Cantalejo, Angel Fernando; García García-Ochoa, Ricardo; García Machado, Gerardo; Gómez-Rodulfo Delgado, Antonio; González González, Jaime; González Hernández, Cipriano; González Hortal, María Rosario; Granado Martínez, Octavio José; Heras Martínez, Ricardo; Heras Mateo, Rafael; Hernández Escorial, Pedro Antonio; Hernández Redero, Francisco Javier; Jambrina Sastre, Francisco; Jiménez Higueras, Carlos; Junco Petrement, Manuel; Lobo Asenjo; Jaime; López Trigal, Lorenzo; Lorenzo Martín, Juan Antonio; Madrid López, Demetrio; Málaga Guerrero, Jesús; Manso Parra, Eusebio; Marcos Oteruelo, Alfredo; Martín de Marco, José Antonio; Martín González, Godofredo; Martín Puertas, Leandro Javier; Martín Vizcaíno, Angel. Martínez Laseca, José María; Meer Lecha-Marzo, Antonio; Miguel Huerta, Francisco de; Natal Alvarez, Antonio; Nieto Noya, José; Paniagua Iñiguez, Francisco Javier; Pérez Blanco, Pedro; Perteguer Rey, Juan Antonio; Póliz Laguna, Jorge Vladimiro; Queipo Cadenas, Benigno; Quevedo Rojo, Leopoldo; Quijano González, Jesús; Rojo Martínez, Carlos; Sainz García, José Luis; Salgado Santos, Ildefonsa; San Martín Ramos, Pedro; San Miguel Peñalva, Bernardo; San Segundo Nieto, Félix; Sánchez Iñigo, Pascual; Serrano Vilar, Joaquín; Simón de la Torre, Julián; Terrón López, Fernando; Tomillo Guirao, Fernando; Urzay Urquiza, María del Pilar; Valcuende González, Miguel; Villar Villar, Eustaquio Blas; León de la Riva, Francisco Javier; Monforte Carrasco, José María; Sagredo de Miguel, José Luis; Posada Moreno, Jesús; Herrero Sanz, Isaías; Elorza Guinea, Juan Carlos; Estella Hoyos, Manuel; Sánchez-Reyes de Palacio, Carlos.

En blanco. En blanco. En blanco. Laurentino Fernández Merino. En blanco. Laurentino Fernández Merino. En blanco. Laurentino Fernández Merino. Laurentino Fernández Merino. Laurentino Fernández Merino. Laurentino Fernández Merino. En blanco. En blanco. En blanco. Laurentino Fernández Merino. Laurentino Fernández Merino. En blanco. En blanco. Laurentino Fernández Merino. Laurentino Fernández Merino. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. Laurentino Fernández Merino. En blanco. Laurentino Fernández Merino. En blanco. En blanco. Laurentino Fernández Merino. Laurentino Fernández. Laurentino Fernández. Laurentino Fernández Merino. En blanco. Laurentino Fernández. En blanco. Laurentino Fernández. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco. Laurentino Fernández Merino. Laurentino Fernández Merino. Laurentino Fernández. Laurentino Fernández Merino. En blanco. En blanco. En blanco. En blanco.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Efectuado el escrutinio de la votación, el resultado de la misma son: cincuenta votos emitidos. Veintidós a favor de don Laurentino Fernández Merino, y veintiocho votos nulos.

En consecuencia, queda elegido Vicepresidente Segundo de la Mesa de las Cortes de Castilla y León el Procurador don Laurentino Fernández Merino. Ruego a Su Señoría don Laurentino que ocupe su lugar en la Mesa de estas Cortes.

Antes de que el señor Secretario proceda a dar lectura al segundo punto del Orden del Día, y con ocasión de la toma de posesión de nuestro nuevo Vicepresidente Segundo, yo querría también, entiendo que haciéndome eco del sentir unánime de esta Cámara, recordar a quien fue primer Presidente de las Cortes de Castilla y León, y que hasta ahora ha sido nuestro segundo Vicepresidente. Creo que en nombre de toda la Cámara, el recuerdo hacia Dionisio Llamazares, y nuestro sincero deseo de éxito en las nuevas funciones que va a desempeñar en el Gobierno del Reino de España.

El señor Secretario procederá a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Segundo punto del Orden del Día: "Información y preguntas orales de actualidad." Pregunta de actualidad del señor Procurador don Fernando Queipo Cadenas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): El señor Procurador Queipo Cadenas puede formular su pregunta cuando lo desee.

EL SEÑOR QUEIPO CADENAS:

Gracias, Presidente. Como el señor Posada sabrá, en la revista "Interviu" de esta semana ha salido una noticia en la cual decía lo siguiente: "Despedida de lujo. El Presidente de Castilla y León, Jesús Posada, parece estar dispuesto a aprovechar las ventajas del cargo antes de que le sustituya su compañero del PP, Juan José Lucas, si es que el PSOE, CDS e Izquierda Unida no dejan a este último con la miel en los labios, tras el veintiséis de mayo. Lo cierto es que Posada aprovechó un contacto con las autoridades comunitarias, para ir unos días a Bruselas. El asunto no daría más de sí, si no fuese porque se llevó a su Vicepresidente, a su Jefe de Prensa y a sus colaboradores más íntimos, acompañados de sus respectivas esposas. Como eran pocos, se fueron al hotel más caro de la ciudad y alquilaron cinco Mercedes Benz por allí".

Ante esta información publicada, me cabe preguntar al señor Presidente de la Junta de Castilla y León: ¿Considera el Presidente de la Junta que la información referida es en algún punto falsa o inexacta y va a ejercer, en consecuencia, el derecho a rectificación de la misma?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Presidente de la Junta, tiene la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente.

No, no voy a ejercer el derecho de rectificación. Sí, ciertamente, hay algunas afirmaciones aquí que son en parte inexactas, en parte exageradas, y algunas ciertas. Pero yo creo que lo que falla en toda la noticia es el motivo, y el motivo del viaje era unos contactos con los comisarios de Bruselas, de los que la opinión pública de Castilla y León tuvo puntual conocimiento, porque mañana y tarde llegaron crónicas de las gestiones que se estaban haciendo.

Sí quiero decir que, aunque ahí no se dice claramente, pero puede insinuarse, que si, en efecto, a mí me acompañaba mi esposa, como a alguna otra persona de la delegación, esos viajes los pagamos cada uno de nuestro bolsillo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Posada. ¿El señor Queipo desea utilizar el turno de réplica?

EL SEÑOR QUEIPO CADENAS:

Gracias, señor Presidente.

Es una satisfacción saber que el motivo de esta visita, lógicamente, pudiera suponer alguna ventaja para nuestra Comunidad Autónoma. Eso, lógicamente, lo tendremos que ver en los resultados a posteriori.

Lógicamente, todos sabemos muy bien cómo funcionan algún tipo de noticias en algunos tipos de revistas. En eso estoy de acuerdo con el señor Presidente de la Junta de Castilla y León. Pero no puede dejar por ello de que nosotros, en este caso, sí tengamos ciertas susceptibilidades ante este tipo de noticias, porque nosotros, por parte de su Grupo político en la anterior campaña electoral, hemos sido los que más hemos sufrido este tipo de acoso sobre ciertas visitas, sobre ciertos gastos. Nosotros sí creíamos y estábamos convencidos que ustedes, en su campaña electoral, al hacer tanto hincapié en la austeridad, nosotros estábamos convencidos de que, lógicamente, iban a ser capaces de poder cumplir ese tipo de austeridad, y casi casi nos íbamos a llegar a creer que, posiblemente, fueran capaces hasta de pasar necesidades por cumplir ese lema que ustedes tanto dijeron en la campaña.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Posada.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (SEÑOR POSADA MORENO):

Quiero decirle, señor Procurador, que no debemos hacer demagogia con estas cosas.

Los viajes del Presidente y de su entorno, Consejeros de la Junta, se hacen siempre con rigor y con la austeridad precisa, que no es ni excesiva ni corta; creo que hay que hacer un nivel de viaje adecuado. Nosotros nos alojamos en un hotel en el que estaban todas las Delegaciones autonómicas que han ido a Bruselas. Y allí estaba, por ejemplo, con el que tuve ocasión de hablar, pues, el señor Solbes, que en ese momento era Secretario de Estado para la Cooperación y ahora es Ministro de Agricultura; y él ha estado yendo a Bruselas a ese hotel, que era el hotel a donde suelen ir todas las Delegaciones autonómicas.

Yo creo que hay que ser en estas cosas serios y respetuosos.

Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Posada. Pasamos a la siguiente pregunta de actualidad, la formulada por el Procurador don Lorenzo López Trigal.

Tiene la palabra el señor Procurador.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Bien. La pregunta que hago es en relación con la convocatoria de elecciones locales, que se ha incluido el municipio de Pedrosa del Rey, así como las Juntas Vecinales de Pedrosa, Salio, Escaro, Anciles y Huelde, en la provincia de León. Precisamente, localidades que no tienen población, localidades que no existen de hecho, porque han sido anegadas por el embalse de Riaño.

¿Es consciente, por tanto -la pregunta que hago-, la Junta de Castilla y León de que su dejación de funciones obliga a celebrar estas Elecciones locales, de tipo municipal y de tipo entidad local menor, a pesar de esa situación y a pesar de que las Cortes de Castilla y León aprobaron, el treinta de mayo de mil novecientos noventa, que se iniciaran, con la mayor brevedad posible, los expedientes para resolver esa situación anómala?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. En nombre de la Junta, el señor Consejero de la Presidencia, señor Huidobro.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ):

Gracias, señor Presidente.

Señor Procurador, usted sabe muy bien que la Junta de Castilla y León ha cumplido con las funciones que les corresponden en materia de demarcación territorial, en cuantas ocasiones ha tenido obligación de hacerlo, y también en esta ocasión; lo sabe perfectamente. Por lo tanto, no puedo admitir, de ninguna manera, y niego desde este momento, que no hayamos cumplido con nuestras obligaciones en esa materia.

Y, en segundo lugar, de esa falta de distribución del territorio de las entidades locales menores que fueron anegadas por el embalse de Riaño, no tiene por qué producirse ningún problema, puesto que usted sabe muy bien -y quizá lo sepa mejor que yo- que la convocatoria de elecciones, que para la convocatoria de elecciones se ha tenido en cuenta el último censo, que creo que es del año mil novecientos ochenta y seis, con las rectificaciones del año mil novecientos noventa. Como consecuencia de esas rectificaciones, ha habido, incluso, modificación de Diputados en algunas provincias.

De las rectificaciones de mil novecientos noventa estoy completamente seguro que en las entidades locales que aquí se citan no hay ni un sólo habitante, y, por lo tanto, no tendría que haber ningún problema. Pero, aunque así fuera, tenemos más entidades locales dentro de esta Comunidad Autónoma que, existiendo como tales, y por los problemas que puede crear, de momento, su desaparición, tampoco hay habitantes y tampoco va a crear ningún problema en la celebración de las elecciones municipales y autonómicas.

Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Huidobro. Señor López Trigal.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Gracias por su contestación, señor Consejero. Pero usted sabe mejor que yo, como profesional del derecho, que la Ley requiere, para que haya una actividad municipal, que el municipio y las entidades locales menores tengan población y tengan territorio. Y, en este caso, al menos, no se cumple alguno de los requisitos fundamentales para la existencia y funcionamiento de la actividad local... de la Administración Local.

Y quisiera decir aquí, al señor Consejero y a la Junta de Castilla y León, que ese acuerdo de las Cortes de Castilla y León de va para un año, y que se hizo, incluso, con el ruego de que fuera a la mayor brevedad posible, han pasado diez, doce meses, casi, y no se ha cumplido, no se ha podido llevar a cabo, no sé por qué motivos; usted no lo ha dicho.

Pero, de todas maneras, nos presenta usted una situación, en el área de Riaño, Pedrosa de Rey y estas localidades -cinco, nada menos-, donde no hay ninguna actividad local de ningún tipo que se vaya a desarrollar en esa área, que ha pasado, de hecho, al municipio de Riaño y a otros municipios, con lo cual, realmente, se va a dar la contradicción de que se convoquen elecciones locales para núcleos que no existen. Eso es, verdaderamente, algo que no sé si existe en el resto del territorio español; pero en esta Comunidad de Castilla y León, que yo sepa, no existe otro caso. Y es una aberración legal, realmente, una aberración legal, lo que se está ejercitando en esta convocatoria, en este caso puntual de Pedrosa y las cinco comunidades de entidades locales menores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor López Trigal. Señor Huidobro.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ):

Gracias, señor Presidente.

Las elecciones locales y las municipales se convocan para todo el territorio nacional, no sólo para esas entidades locales menores. No obstante, quiero decirle por qué hemos cumplido con nuestra obligación.

Hay una reunión de la Comisión de Asistencia a Municipios, ni siquiera la Comisión de la Diputación Provincial de León, de julio de mil novecientos ochenta y nueve, en la que se decía que se debía de iniciar de oficio, promovido por la Excelentísima Diputación Provincial, para que luego remitiera el expediente a la Junta de Castilla y León, decía exactamente la redefinición de los términos que habían quedado sobrantes como consecuencia de la anegación. Ese era uno de los problemas. Decía cómo se podía hacer esa segregación, haciendo una propuesta a la Diputación Provincial; esa propuesta fue votada: cuatro votos a favor y tres en contra, o tres abstenciones. Había una gran discrepancia. La Diputación Provincial se remitió a remitir, a mandar este informe a la Junta de Castilla y León. La Junta de Castilla y León hizo visitas, hizo informaciones a esas zonas, vio cuáles eran los problemas; los problemas eran cómo se distribuían entre Riaño y Boca de Huérgano los distintos territorios sobrantes de las entidades locales que acababan o que ya no tenían población. La tensión que había provocado la ocupación de esos territorios, de esas entidades locales, en Riaño, nos obligaba a dar tiempo para que una redistribución de estos territorios entre distintos municipios no volviera a crear una tensión, no volviera a hurgar en una herida que todavía estaba reciente.

Esa ha sido la razón fundamental por la que no se ha llevado a cabo la redistribución de esos municipios, puesto que no existe acuerdo entre los municipios, ni siquiera en la Comisión de Asistencia Técnica que nos remitió, no existe acuerdo de cómo redistribuir esos territorios entre los dos distintos municipios.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor Procurador don Octavio Granado puede formular su pregunta.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Gracias, señor Presidente.

El día diecisiete de abril, el Consejero de Fomento contestaba a una pregunta de este Procurador, sobre la titularidad jurídica del inmueble en el que se ubica la guardería infantil Río Vena, en el Polígono Río Vena, en Burgos. Y lo que venía a decir es lo siguiente: Este inmueble, que fue construido por el Instituto Nacional de la Vivienda, fue transferido por el MOPU a la Junta de Castilla y León, en el año mil novecientos ochenta y cuatro. En aquella fecha se consideró que existía una cesión al Ayuntamiento de Burgos, para mantener un servicio de guardería, y desde ese momento se ha venido operando en base a esa consideración, consideración que, sin embargo, no está sustentada en ningún título jurídico válido del que exista certeza documental, porque se había previsto un convenio de cesión que nunca se ha..., al parecer, nunca se ha formalizado ni se han realizado los pagos previstos en tal convenio.

Desde la presentación de la pregunta de este Procurador a la contestación de la Junta, han sucedido las siguientes cosas. El Ayuntamiento de Burgos, que ocupa sin ningún título jurídico válido este inmueble, a no ser que exista una cesión en precario realizada en su día, ha cortado el agua y la luz al titular de la guardería, que es una cooperativa de profesores que tienen... están autorizados administrativamente, por el Ministerio de Educación y Ciencia, a prestar este servicio. Ha visto suspendidas dos resoluciones de desalojo del local, por sucesivos autos de juzgados de instrucción de Burgos. No tienen, en estos momentos, regularizada su titularidad, como titular de una guardería laboral o educativa, ante los órganos pertinentes. Y, a pesar de esa situación, persiste en su intención de seguir perturbando el servicio que se viene prestando en esa guardería.

¿No cree el señor Consejero de Fomento que estos son motivos suficientemente fundados para que la Junta de Castilla y León resuelva rápidamente los problemas de titularidad jurídica de este inmueble, deje sin efecto la cesión del inmueble al Ayuntamiento de Burgos, que no es titular del servicio que se viene prestando en el mismo, y produzca de inmediato una nueva cesión a favor del titular del servicio educativo, que en este caso sería la cooperativa de profesores de la guardería infantil Río Vena, para garantizar, al menos, que hasta el final del curso escolar el servicio se va a continuar prestando de manera adecuada, sin cortes de agua, sin cortes de luz y sin desalojos policiales del centro educativo?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. En nombre de la Junta de Castilla y León, señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MONFORTE CARRASCO):

Gracias, señor Presidente.

Como ya manifestaba a Su Señoría en la contestación a su pregunta escrita, relativa a la determinación de la titularidad jurídica del inmueble utilizado como guardería infantil, en el Polígono Río Vena, de Burgos, la Consejería de Fomento ha realizado distintas averiguaciones y comprobaciones documentales, destinadas a aclarar la situación jurídica de este local.

Como ya también le indicaba en aquella contestación, la Consejería no había podido comprobar de una manera irrefutable la titularidad del local, por lo cual, precisamente, ha solicitado de los órganos competentes de la Junta de Castilla y León, en concreto de la Dirección General de Patrimonio, la realización de una investigación urgente y completa sobre esta cuestión.

Por tanto, una vez resueltos los problemas jurídicos relativos a la titularidad, me parece correcta su propuesta-pregunta, y así se hará. De hecho, ya venimos trabajando en ello desde hace días.

En el caso concreto en que esta urgencia no se produzca, estamos estudiando el procedimiento legal a través del cual se tomaría esa iniciativa de ceder este inmueble, el uso de este inmueble, a los titulares del servicio educativo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Sí. Con suma brevedad, para agradecer al señor Consejero de Fomento su buena disposición a solucionar el problema -nos parece importante esta toma de posición- y para pedirle que, en la medida de sus posibilidades, y como tenemos que obrar en la presunción de que ese inmueble, que ha sido transferido por el MOPU a la Junta de Castilla y León, es de la Junta, intente evitar que presuntas acciones ilegales del Ayuntamiento de Burgos -como cortes de luz y agua- se traduzcan en un deterioro de las condiciones del local. Y, en este sentido, que si tiene constancia la Junta de Castilla y León que el Ayuntamiento de Burgos sigue persistiendo en esa actuación, pues, la Junta de Castilla y León, obrando en la presunción de que ese local es suyo, porque el único título jurídico que se conoce es el Decreto de Transferencias, y así está escriturado, se dé de alta en el agua, en la luz, y asuma sus responsabilidades como propietario del inmueble, en tanto en cuanto no aparezca alguien que haga valer algún título jurídico, que yo creo que no existe, pero que pudiera hacer presumir que es otra Administración la titular del inmueble. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MONFORTE CARRASCO):

Nada más para contestar al señor Procurador y decirle que estamos trabajando ya en ese sentido.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor Secretario procederá a dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Tercer punto del Orden del Día: "Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario, relativa a programas transfronterizos acordados con las regiones Norte y Centro de Portugal".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. El señor Procurador, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor López Trigal, puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Como resultado de la Interpelación que hacíamos, debatida en sesión plenaria el siete de marzo pasado, hemos presentado esta Moción, en relación con el espacio transfronterizo hispano-portugués, no solamente en relación con el espacio regional de Castilla y León, sino también en relación, en lo posible, con toda la raya fronteriza España-Portugal en la Península.

De forma que hacemos una exposición, en primer término, de esta materia de relaciones transfronterizas, que, desde la ratificación por España del Convenio Marco Europeo sobre Cooperación Transfronteriza entre Comunidades o Autoridades Territoriales, el pasado noviembre de mil novecientos noventa, posibilita que las relaciones de las Comunidades Autónomas, especialmente con las autoridades territoriales portuguesas vecinas, se desarrollen a través de nuevas vías, a través de vías distintas -diríamos- a las iniciadas el año pasado por esta Comunidad, con relación a las dos Comisiones de Coordinación Norte y Centro de Portugal.

Por otro lado, los acuerdos firmados con las Comisiones de Coordinación de estas regiones de Portugal con la Junta de Castilla y León se han de coordinar también por una Consejería que asuma globalmente, y no sectorialmente, el programa de estas actuaciones; actuaciones previstas en materias tan diversas como infraestructuras viarias, como turismo, sanidad animal, distribución del gas, medio ambiente y recursos naturales, saneamiento en la Cuenca del Duero, ferias y exposiciones, actividad empresarial; en fin, materias todas ellas muy diversas, y otras que, en lo sucesivo, en el futuro, se añadan a las mismas.

Creemos que, en este caso, deben ser concentradas, o agrupadas, o coordinadas en un departamento que tenga posibilidad de hacerlo. De ahí es por lo que presentamos la siguiente Moción:

"Primero. Que por la Junta de Castilla y León se proceda a entablar conversaciones y actuaciones para la creación de una comunidad de trabajo de la raya hispano-portuguesa, siguiendo el modelo del Convenio Marco Europeo -que he citado antes- de Cooperación Transfronteriza". Modelo que se ha llevado a la práctica en la Comunidad de Trabajo del Pirineo, que agrupa a las Comunidades Autónomas españolas y las tres entidades regionales, regiones francesas, correspondientes al Pirineo. Un modelo de trabajo que ha funcionado bastante bien, hasta la fecha, desde mil novecientos ochenta y tres, en que fue creado.

"Segundo. Que en los acuerdos suscritos el nueve de febrero de mil novecientos noventa y el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa... -acuerdos o declaraciones de voluntad, podemos llamarle también- con las comisiones de coordinación de estas regiones, Norte y Centro de Portugal, en su último punto se incluya que la coordinación de las relaciones de cooperación instrumentada, en el caso de Castilla y León, sea llevada a cabo por la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, que, por su propia configuración -como decía antes-, debe promover, centralizar y coordinar las actuaciones de carácter transfronterizo de esta Comunidad".

Creemos, entonces, que este departamento de Presidencia bien puede llevar a cabo esa coordinación en materias tan prolijas que, realmente, ninguna otra Consejería o departamento podría llevarlo a cabo.

"Tercero. Que la Junta de Castilla y León adopte las medidas oportunas para asegurar la coordinación de las actuaciones de los distintos departamentos relacionadas con los acuerdos fronterizos anteriores y otros, de forma que se garantice una adecuada eficacia en el desarrollo de los programas de actuación y en el cumplimiento de los objetivos definidos en materias como éstas.

Cuatro. Fomentar desde la Junta de Castilla y León la cooperación transfronteriza entre instituciones de la Administración Local en la Región, en cuanto a la prestación de servicios, realización de acciones conjuntas, como de otras instituciones y asociaciones.

Y asimismo, que por la Junta de Castilla y León se asegure la presencia y participación de las autoridades locales en las relaciones de cooperación transfronteriza entre las regiones Norte y Centro de Portugal y la Comunidad Autónoma Castellano-Leonesa.

Y por último, en quinto término. Que en los acuerdos suscritos con las dos Comisiones de Coordinación, Norte y Centro de Portugal, se introduzca el establecimiento de relaciones en cuanto a la investigación científica y técnica, en particular en las mismas materias que se recogen en esos acuerdos citados".

Esto es, por tanto, una Moción que enlaza con la Interpelación, que creíamos que tenía sentido en aquel momento hacer esa interpelación, y creemos también que tiene sentido elevar esta Moción. Esperemos que el apoyo de esta Cámara sea suficiente y esperemos que esto sea redundando en beneficio de nuestra Comunidad y de las relaciones de cooperación transfronteriza con Portugal. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Habiéndose presentado una Enmienda por parte de los Grupos Popular y del CDS, pueden intervenir dichos Grupos en un turno compartido. En nombre del Grupo Popular, don Luis Cid tiene la palabra.

EL SEÑOR CID FONTAN:

Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Para presentar y mantener nuestra Enmienda, que, en definitiva, intenta conservar el espíritu de la Moción en aquello que tiene de positivo y adaptarla un poco a la situación legal y real en lo que creemos no se ajusta.

Hemos de partir de que el Convenio Marco, aunque entró en vigor el veinticinco de noviembre, estaba firmado el veintiuno de marzo, ratificado el veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta, y luego después se declara como fecha de entrada en vigor el veinticinco de noviembre. Que las dos declaraciones de intenciones son anteriores a la entrada en vigor. Y, partiendo de esto, tendremos que considerar que la Consejería de Economía y Hacienda ha actuado con todo el celo que cabría exigirle. No solamente con todo el celo, sino con algo más: antes de entrar en vigor el convenio marco, ya estaban celebrando las dos reuniones que dieron lugar a declaraciones de intenciones y otras varias.

De la Exposición de Motivos de la Moción presentada, la Enmienda pretende retirar la alusión a comunidades, cuando se refiere a Portugal, y dejar autoridades territoriales, por la sola cuestión de que no existen como unidades al estilo de las nuestras, ni con facultades de gobierno o ejecutivas.

Pretende también que no se hable de acuerdos donde, realmente -y como decía ya el señor López Trigal-, son efectivamente declaraciones de intenciones, porque mal se podía hacer acuerdos entre desiguales.

Y, finalmente, no puede aceptar la alusión a Consejería de Presidencia como aquélla que deba centralizarlo. Y no lo puede aceptar de ninguna manera. Primero, porque sería de una inoportunidad política extraordinaria el que en este momento cambiásemos el destino, cuando están próximas las Cortes a desaparecer, cuando va a haber una Junta distinta, cuando no se le debe condicionar. Pero no solamente por eso, sino cuando estamos hablando de que existe en nuestra Ley de Gobierno y Administración el artículo 1, que atribuye a la Junta la facultad o la potestad de hacer su estructura y su distribución de competencias; con lo cual, sería condicionarla. Pero es que hay tres Decretos que lo atribuyen a la Consejería de Economía y Hacienda; tres Decretos en vigor, que son: el 231/87, de diecisiete de septiembre, que en su artículo 4 atribuye a la Secretaría General de la Consejería el asesoramiento y coordinación de todas las actuaciones que deriven de la integración en las Comunidades Europeas; el Decreto 24/87, de veintiséis de febrero, que dice... de coordinación en materia de asuntos comunitarios europeos, que en su artículo 1 establece que la Consejería de Economía y Hacienda es el órgano de asesoramiento, coordinación, relación y seguimiento de todas aquellas actuaciones que deriven de la integración en las Comunidades Europeas; y finalmente, el Decreto 37/89, de dieciséis de marzo, que crea la Comisión para Asuntos Comunitarios, y en su artículo 1 la adscribe a la Consejería de Economía y Hacienda, disponiendo en el tercero que el Presidente de la misma será el Consejero de Economía y Hacienda.

Así pues, con la legalidad en la mano, no podríamos, de ninguna manera, hoy aceptar esos términos. De aquí que habrá visto que en el apartado 1 sustituyamos la expresión Comunidad de Trabajo por Comisión Mixta; pero es que Comisión Mixta es la expresión que emplea el Convenio Marco que toma como fundamento para hacer la Moción; habla de Comisiones Mixtas, con lo cual, es lo que aceptamos. No podemos irnos más allá del territorio de Castilla y León, puesto que, realmente, sin perjuicio de que en relación con otras Comunidades pueda llegarse a otros acuerdos, desde aquí instamos a la Junta a que cree esa Comisión Mixta dentro de su territorio, y para lo que tiene competencias directas.

El apartado 2 prácticamente se suprime, porque contiene dos temas que creo ya están claramente expuestos, que es: hablar de acuerdos en las declaraciones de Oporto y Coimbra, que no lo son; y, por otra parte, hablar de la Consejería de Presidencia, que creemos resultaría inaplicable.

Se mantienen los demás, y creemos que se mantienen con un texto quizá más ajustado o más adecuado, distinguiendo la participación local de aquellas actividades de coordinación y fomento de la Junta en las que deban participar las Administraciones Locales como invitadas, y sin interferir sus competencias.

Y finalmente, en el punto 5 se suprime la alusión de acuerdos, porque creemos que no se deben admitir, que no existen; pero sí se acepta la investigación científica y técnica, aunque, para su tranquilidad, le diré que en la última reunión de dieciséis de este mes, es decir, hace muy pocos días, en Salamanca, con la Comisión de la Región Norte, figuraba ya ese punto; incluso, en las pretensiones portuguesas de los puntos que creían debían llevarse en estas Comisiones, decía: "infraestructura de transportes, medio ambiente y recursos naturales, comercio interregional, sector agroalimentario, sector terciario, ciencia y tecnología -ya se incluía- y desenvolvimiento local en áreas de frontera". Con lo cual creo que, si se aceptase nuestra Enmienda con los términos que ha sido planteada, se podría votar tranquilamente, puesto que en el espíritu estamos a favor; pero no podríamos aceptar esas otras cuestiones que no entran dentro de las posibilidades de nuestro Grupo. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Cid. En nombre del CDS... Muchas gracias. Por consiguiente puede hacer uso de la palabra el señor Procurador que ha presentado la Moción, señor López Trigal.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Bien, al señor Portavoz del Grupo Popular, parece que Portavoz de los dos Grupos, Popular y CDS en este caso, al señor Cid, como siempre, tan amable y tan en relación con la defensa del "statu quo", en este caso de la defensa... conservando la situación en que está en este momento la Junta, sin crearle problemas a la Junta.

Sin crearle problemas a la relación y coordinación que hasta ahora viene llevando a cabo, por estas declaraciones conjuntas, la Consejería de Economía y Hacienda, y más en particular la Secretaría General de esa Economía.

Pero, en realidad, en la Moción que hemos presentado, y que en parte ustedes apoyan y en parte no apoyan, entendemos que ha sido, por la palabras del señor Cid, recogida una interpretación que no creemos ajustada, señor Cid.

Usted dice que en la Enmienda de ustedes recogen todo lo positivo que hay en nuestra Enmienda. Es posible, pero no lo entendemos del todo claro.

Yo, desde luego, agradezco la síntesis que han hecho ustedes en su Enmienda; ha sido, en menos palabras, dicho casi lo mismo que en la Exposición de Motivos y en gran parte de la Moción. Pero, pero, voy a estar de acuerdo en parte de su Enmienda, en los puntos 2, 3, 4 y 5 de la misma, la ausencia y, por tanto, no aceptación, quizá, por sus palabras más que por su Enmienda, pero entiendo que también por su Enmienda, de nuestro punto 2 de la moción, y, desde luego, voy a referirme a este punto y también al punto primero de nuestra moción, en relación con los términos, quizá más en la forma que en el fondo.

Pasemos a esta primera parte de la moción. Nosotros, con el modelo de la Comunidad de Trabajo de Pirineo, entendemos que -por qué no- debe haber también en nuestra Comunidad, y en toda la frontera hispano-portuguesa, el apoyo de creación de una comunidad de trabajo. Acaso venimos a llamar lo mismo: Comisión Mixta o Comunidad de Trabajo. Posiblemente. Pero la experiencia, como le decía a usted antes, o a ustedes, en el sector transfronterizo pirenaico avala que la puesta en marcha de esa Comunidad Transfronteriza Pirenaica es perfectamente traducible, con los matices que sean, perfectamente traducible, hasta incluso en los espacios de montaña, que también los tiene la raya portuguesa-española; también los tiene, espacios de montaña, en la parte de Galicia, al menos, y, en la parte de Castilla y León, en la parte sanabresa. Así que incluso en ese aspecto.

Pero, en relación con todo ello, entendemos que podemos hablar de igual a igual, con los mismos problemas, con las mismas relaciones, en este caso, entre las Comunidades Autónomas, desde Galicia hasta Andalucía, pasando por Castilla y León y Extremadura, con las Comisiones de Coordinación correspondientes portuguesas.

Hasta cierto punto, el modelo (de esto hablamos en días pasados, en la anterior Interpelación), el modelo francés no está tan alejado del modelo portugués de regionalización, no está tan alejado. Hay diferencias, pero hay bastantes aproximaciones. De forma que se podría llevar a cabo como el modelo pirenaico. Y también otros modelos en la Comunidad Europea, con relación... entre Francia y Bélgica, entre Francia y Alemania, entre Francia e Italia, efectivamente, se están llevando a cabo también estas comunidades de trabajo.

Por tanto, insistimos, si bien respetando que a lo mejor la diferencia sea más de término; no sé si concebimos otras Comunidades, otras Comisiones, con contenidos distintos. Pero me parece que en ese primer aspecto podríamos llegar a un acuerdo.

Ahora bien, la falta de apoyo por ustedes en el segundo apartado de la moción, creo que hay que hacer hincapié. Decía antes que el Departamento de Presidencia, en este caso, en esta Comunidad fronteriza, por su propia configuración, debe promover, centralizar y coordinar las actuaciones de carácter transfronterizo. Porque algún error cabe que haya cuando en los acuerdos en su día firmados con las dos Comisiones portuguesas se dejó que la coordinación se llevara a cabo por la Consejería de Economía. Yo no sé si eso es posible, cómo irá la experiencia de estos meses. Pero me temo que en materias de saneamiento, en materias de medio ambiente y recursos naturales, en materias distintas, de sanidad animal, por ejemplo, no me cabe la idea, no me cabe la idea de que pueda haber realmente un engarce y una puesta en marcha de esos acuerdos suficientemente ágil, porque tiene que haber roces y tiene que haber fricciones, y, sobre todo, no se puede coordinar adecuadamente.

Entendemos, por tanto, nuestro Grupo, que ese punto sigue siendo válido. Y sigue siendo válido porque, realmente, los departamentos de Presidencia son los más adecuados, y así se hace en otras Comunidades Autónomas, con el fin de evitar duplicidades y descoordinaciones en los proyectos de los diferentes departamentos. No sé si está pasando, no he seguido al pie de la letra los acuerdos o firmas, declaraciones conjuntas que se firmaron el año pasado entre la Comunidad Autónoma y las dos Comisiones de Coordinación, pero me imagino que, si esta especie de Consejería de Economía- Vicepresidencia de la Junta no se da para la próxima Legislatura, para la próxima Junta de Castilla y León, va a ser todavía más difícil. Pero incluso asi, aunque la Consejería de Economía sea... el Consejero sea Vicepresidente, el Secretario General de esa Consejería, que es quien coordina, no es quien debe estar al tanto, lógicamente, de materias que no son de su incumbencia.

Por tanto, yo no sé si este modelo que ustedes presentan de coordinación en la Comunidad Autónoma, en el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma, sea el más adecuado. Pero, desde mi punto de vista, se les ha pillado realmente en una contradicción clara. No sé si en otras materias estará funcionando como en ésta; pero acaso ninguna que yo vea de modo directo tan claramente una contradicción entre lo que tiene que hacer una Consejería como la de Economía y Hacienda y lo que tiene que hacer un departamento o Consejería como la de Presidencia y Administración Territorial, que es, doblemente, la que puede coordinar mejor que nadie con la Administración Local -que nuestra moción, por ustedes apoyada parcialmente, también avala-, coordinación con las Administraciones Locales, coordinación con Ayuntamientos y con las Diputaciones Provinciales, y, por otro lado, coordinación con los distintos departamentos de la Junta de Castilla y León.

Es así, por tanto, que muy difícilmente se puede pasar por encima este desliz. Me parece que fue un desliz, un error, o quizá, bueno, pues porque la iniciativa la tomó el Consejero de Economía y su equipo, en su caso, con la firma de las Comisiones, con las Comisiones de Coordinación portuguesas, y se llevó a cabo en el escrito, en el acuerdo, o en la declaración conjunta, se llevó a cabo esa adición de que la Consejería de Economía coordine estas actividades en estas materias.

Bien, por tanto, por tanto y para terminar, quiero decir que nuestra Moción es válida, todavía, a pesar de esa Enmienda; que nuestra Moción coincide con la Moción de ustedes, desde el punto 2 de ustedes, el punto 3 nuestro, coincide literalmente casi, o más o menos, es lo mismo. Aceptamos, entonces, esa sintonía y ese acuerdo con ustedes; pero podríamos llegar a un acuerdo si ustedes lo permiten y lo avalan, en el caso de la primera parte de nuestra Moción, el primer apartado, en la Comunidad de Trabajo, llámese Comunidad de Trabajo, llámese Comisión Mixta, nos es indiferente. Entendemos que, bueno, tiene diferencias sustanciales, pero, en relación con hacer eficaz y positiva nuestra Moción y que no se derrote, entendemos que puede acordarse en el sentido que ustedes quieran. Ustedes tienen la palabra después.

Y, en relación con el punto 2 de nuestra Moción, decía antes que insistimos en que ese apartado se recoja. Se recoja porque entendemos que es efectivo y que puede ser vigente. Y que las Cortes no desaparecen, señor Cid; las Cortes continuarán, con otras personas en parte, pero continuarán representando a la Comunidad castellano-leonesa, a sus ciudadanos. Y, en este caso, en este caso, las Cortes de Castilla y León y la Junta de Castilla y León pueden muy bien llevar a cabo la coordinación, en las manos... en esta materia transfronteriza, materia de cooperación regional, de cooperación sub regional y de cooperación local, en manos de la coordinación del departamento de Presidencia. Muchas gracias, señor Presidente, por su amabilidad en el tiempo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. Señor Consejero y Vicepresidente de la Junta.

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR PEREZ VILLAR):

Gracias, señor Presidente. Señor Portavoz del Grupo Socialista, para aclararle dos temas. Primero: si la Moción se aprobara en sus propios términos, durante esta legislatura, complicaría tremendamente los avances conseguidos con la región Norte y Centro de Portugal.

Primero, porque tenemos una Operación Integrada de Desarrollo, tenemos un Plan Transfronterizo, como usted conoce, y, segundo, porque como le ha citado el Portavoz de mi propio Grupo, están conferidas a la Consejería de Economía y Hacienda todas las cuestiones relacionadas, no sólo con cuestiones transfronterizas, sino con todos los fondos estructurales europeos.

Luego, lo primero que le quiero a usted señalar es que, en primer lugar, por parte de la Consejería de Economía y Hacienda se han iniciado ese tipo de conversaciones, se ha creado la Comisión Mixta, y, como la Junta delega en la Consejería que cree conveniente, en estos momentos la Junta ha delegado en la Consejería de Economía y Hacienda, que, a su vez, se da la circunstancia de que su titular es Vicepresidente de la Junta.

Luego creo que está funcionando absolutamente claro. Me imagino que los Portavoces le señalarán a usted, si quiere aceptar la primera parte, que debe de aceptar la segunda, porque le hablan de la Junta, no de una Consejería concreta, y, si se delega en la Junta, la Junta posterior delegará en la Consejería que crea conveniente, y, por tanto, podrá ser la de Economía, la de Presidencia, o cualquier otra. Era una aclaración técnica, no tengo más que añadir, y muchas gracias, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor Consejero. Para un turno de réplica, en primer lugar, don Rafael de las Heras.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente. Señorías. No se trata, señor Portavoz del Grupo Socialista, de mantener solamente el "statu quo" que apoyan ahora los Grupos Parlamentarios al Gobierno actual, aunque también se trata de eso, sino que se trata de afrontar con rigor una Moción consecuencia de una interpelación que en su día presentó su Grupo.

De aquella Interpelación -y por eso digo de afrontar con rigor-, hablaban ustedes de los acuerdos de Oporto y Coimbra. Ha quedado perfectamente aclarado y demostrado que es muy distinto, jurídica y competencial y de contenido, un acuerdo a una declaración de intenciones, que es lo que se ha suscrito hasta el momento en Oporto y Coimbra. La primera de las imprecisiones.

En segundo lugar, hablaba de que esos acuerdos se llevan coordinados e instrumentados a través de la Consejería de Hacienda, y eso es efectivamente real, y se han dado explicaciones que el derecho positivo de la propia Comunidad Económica Europea y el derecho positivo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León avalan exclusivamente que hasta el momento presente tenga que canalizarse necesariamente por la Consejería de Economía y Hacienda esta coordinación. Otra cosa es que en el futuro eso pueda cambiarse y se tenga que modificar toda esa serie de decretos a los que se ha hecho referencia, y que no voy a repetir aquí más por no ser reiterativo.

Y, por otra parte, hablaban ustedes -y nosotros mostrábamos como Grupo nuestra disconformidad- de la importancia de esas declaraciones de intención y que debieran haberse debatido en la Cámara. Pues mire, yo, entre otras cosas muchas que no sé, no sé francés, y con ayuda de mi hijo, que va a la escuela, he podido hojear el convenio marco, y los artículos 4 y 5 facultan a las autoridades regionales a tomar decisiones en los acuerdos y a designar los órganos que estimen conveniente. Por lo tanto, vámonos a la fuente jurídica, al acuerdo marco, artículo 4 y 5. Pero, es más, el acuerdo marco, en el que se basan los acuerdos concretos, no exige que el órgano legislativo deba de debatir los mismos; al contrario, lo que dice el citado acuerdo marco es que cada parte designará un órgano para examen, propuesta de modificaciones, vigilancia, etcétera, de las cuestiones que se traten. No hay ninguna incorrección en que tal órgano pertenezca al Poder Ejecutivo. De cualquier manera, repito, lo aprobado a debate por el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma, desde nuestro punto de vista, si tuviera que venir algo a debate en esta Cámara, sería si los acuerdos afectasen esencialmente a algunas de las facultades estatutarias o esenciales de la Comunidad. No parece que es este el caso, puesto que sólo se ha tratado hasta el momento de puras declaraciones de intenciones.

Y ya refiriéndome concretamente a rebatir en concreto su Moción, como consecuencia de una Interpelación mal... y técnicamente mal planteada y de fondo mal planteada, pues mire, usted, su punto primero, al que se refiere, habla de que se cree una comunidad de trabajo. Nosotros no sabemos en la Comunidad Transfronteriza Pirenaica como resultará eso ni en qué se habrán basado para decir que crean una comunidad de trabajo, ni qué competencias, ni qué instrumento será ése; pero el convenio marco europeo sobre la materia de competencias transfronterizas, en su artículo 1, determina la creación de una comisión mixta. Y si el acuerdo marco determina que se crea una comisión mixta, pues no se crea una comunidad de trabajo, que no sabemos qué es, que no está en los términos comunitarios y que no figura para nada en ese acuerdo marco.

En segundo lugar, se ha hablado de la coordinación. Incluyen en su punto de coordinación, en el segundo punto, que esa coordinación debe ser instrumentada a través de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial. Primero, reclamábamos una vez más, desde esta tribuna, la facultad de autogobernarse que tiene la Junta, de darse los propios términos en que quiere realizar sus funciones. Y ya se ha repetido una y otra vez que el derecho positivo comunitario y el derecho positivo de nuestra legislación actual determinan, mientras no se modifique, que tiene que ser la Consejería de Economía la que lleve esa coordinación.

En los otros puntos están ustedes de acuerdo, pero yo les voy a decir y les voy a señalar que hay una imprecisión más en lo que han planteado ustedes en su Moción. Y es que atribuyen a la Junta la capacidad de que otras instituciones, llámense Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, de carácter territorial, la Junta pueda imponerles de alguna manera su participación, y eso no cabe dentro del respeto de la autonomía de estas instituciones, ni cabe dentro del marco europeo del convenio transfronterizo. Porque lo que le atribuye a la Junta de Castilla y León, efectivamente, es que pueda fomentar y aconsejar esta cooperación; pero, de acuerdo con ese convenio marco, la iniciativa de esa cooperación le corresponde a esas autoridades locales, apartado 1.3 del citado convenio marco al que tantas veces me he referido. Es decir, no se puede hacer que la Junta obligue, sino que la Junta puede fomentar y ayudar a esos entes locales o de otra naturaleza para que esas autoridades tomen la iniciativa de cooperar entre instituciones de ese mismo nivel. Está clarísimo. La Comunidad Autónoma no puede usurpar las facultades que tiene el Estado, en sus acuerdos a nivel de la Comunidad Económica Europea; las Comunidades Autónomas no pueden hacerlo con las Diputaciones Provinciales, ni con los ayuntamientos, ni con cualquiera otra entidad territorial del tipo que sea en cada país.

Por estas razones y por las que ha dado el Portavoz del Grupo Popular y el Consejero de Economía y Hacienda, nuestro Grupo no puede apoyar su Moción, y sí pedir... puesto que realmente lo que se ajusta a los términos estrictos, y además, en el fondo, al contenido de los deseos del Grupo Socialista, es la Moción alternativa o modificada que han presentado conjuntamente el Grupo Popular y el Grupo del Centro Democrático y Social.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias, señor de las Heras. Señor López Trigal.

EL SEÑOR LOPEZ TRIGAL:

Muchas gracias, señor Presidente. Bien. No tan amable la intervención del señor Portavoz del CDS que ha salido a la palestra. Y no tan amable, porque yo podría contestarle con la misma moneda. Y siento que usted acaso no tenga las posibilidades de utilizar un idioma en su término original; pero la interpretación, en todo caso, muchas veces, de nuestro propio idioma, fíjese, diferimos tanto, con que mucho más, si cabe, idiomas que se hacen con interprete de otro tipo.

La Junta de Castilla y León está en su derecho, como ustedes dicen, de coordinar esa actuación en materias correspondientes como las que estamos analizando aquí. Pero, en todo caso, esa coordinación entendemos también nosotros debe ser la más adecuada y la más eficaz. Si ha errado la Junta de Castilla y León en poner en manos de una Consejería la coordinación de materias que son tan dispares entre ellas y que no están en su propio campo, y aunque el Consejero de Economía haya citado que, ya que coordinan ellos los fondos europeos desde la Consejería de Economía y Hacienda, pues, aprovechan y hacen los fondos que se van a aplicar en parte a la cooperación transfronteriza... No creo que sea razón ni sentido afirmarlo como lo ha afirmado, orgullosamente quizá, el propio Consejero de Economía, que le gustará mucho, además, coordinar, entre otras cosas, estas materias. Que ellos hayan tenido la iniciativa desde la Consejería de Economía acaso sea un fallo de la coordinación de la Junta antes de entrar en esta materia, porque quien era el más indicado en llevar a cabo esa coordinación desde el primer momento era la Presidencia, o un departamento de Presidencia, en este caso la Consejería de Presidencia. No ha sido así, pero bien puede removerse esa situación en el futuro.

Entendemos de todas las maneras que la intervención del señor Cid y del Portavoz del CDS son, en todo caso, avales para entender que nuestra Moción puede ir siendo claramente positiva y nuestra Moción ha tenido fondo y ha tenido sentido, a pesar de que a algunas intervenciones dichas aquí no les haya parecido tal. De forma que nuestra Moción ha sido útil y ha sido positiva, y hasta ese sentido ha sido positiva que aceptamos la Enmienda de ustedes en su literalidad.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias. En nombre del Grupo... ¿el Grupo Mixto quiere intervenir? No. Pues, en ese caso, procedemos a la votación, aunque supongo que... Aceptada, por parte del Grupo proponente, la Enmienda presentada por los Grupos Popular y del CDS, podemos someter a aprobación por asentimiento la Moción. ¿Se aprueba la Moción por asentimiento? Queda aprobada la Moción presentada por el Grupo Socialista, incorporando a la misma los términos de la Enmienda presentada por los Grupos Popular y del CDS.

El señor Secretario procederá a dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Cuarto punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley 12-I, de Reforma de la Ley 3/1987, de treinta de marzo, electoral de Castilla y León", presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Para consumir un turno a favor de la misma, don Tomás Burgos tiene la palabra.

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO:

Señor Presidente, Señorías. Subo a esta tribuna para defender la toma en consideración de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular, de reforma de la Ley 3/87, Electoral de Castilla y León. Y lo hago en la seguridad de que es un tema importante, con un trasfondo que sin duda va más allá de la propia literalidad de la Proposición. Y digo esto, porque debatir sobre esta cuestión creo que no es un asunto baladí. El derecho de sufragio universal, libre, directo, secreto y responsable constituye el pilar fundamental, aunque, ciertamente, no el único, para la plena afirmación democrática. Como dice la propia Ley Orgánica de Régimen Electoral, lograr un marco estable para que las decisiones políticas en las que se refleja el derecho de sufragio se realicen en plena libertad es el objetivo esencial que debe perseguir toda ley electoral de una democracia.

El secreto del voto, más que un derecho de todo ciudadano, constituye una exigencia ineludible de la pureza del proceso democrático, y los poderes públicos están llamados a poner todos aquellos medios a su alcance para velar porque así sea. Esta exigencia es recogida por la Constitución en la citada Ley 5/85, de Régimen Electoral General, y, como no podía ser de otra manera, en nuestro propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 10.1.

Creo sinceramente que nuestra Proposición de Ley se trae a esta Cámara para su toma en consideración con un ánimo positivo: el ánimo de llevar a todas Sus Señorías y a la sociedad castellano-leonesa, en su conjunto, el convencimiento de mi Grupo Parlamentario de que la democracia es un edificio inacabado que hay que construir, que hay que mejorar y que hay que perfeccionar día a día, y que en esa línea, si una contribución positiva podemos hacer los que tenemos la responsabilidad de representar al resto de los ciudadanos, esta es la de crear hábitos democráticos, la de imprimir responsabilidad al ejercicio del voto y, en definitiva, la de contribuir a que los ciudadanos, a la hora de emitir su voto, lo hagan en la plena garantía de que su intención, ni va a ser mediatizada, ni va a ser interferida por ningún agente exterior, ni siquiera que vaya a ponerse en entredicho su propia privacidad.

Sin duda -y esto tiene que quedar muy claro-, lo que digo no cuestiona, en absoluto, el sistema democrático del que disfrutamos. Nuestro sistema electoral, nuestras sucesivas convocatorias electorales, nos han otorgado a todos un grado de madurez incuestionable. Pero sería presuntuoso por nuestra parte, o tal vez cínico, pensar o decir que el mero establecimiento formal de una convocatoria electoral garantiza la ausencia de irregularidades de todo tipo, incluso la ausencia de presiones o, por qué no decirlo, también de coacciones. Es nuestra responsabilidad asumir que nuestro sistema es perfectible, sin duda, de muchas maneras y, sobre todo, lo que es perfectible son las propias condiciones de la emisión del sufragio.

Este es el objetivo de nuestra Proposición, contribuir a mejorar, a depurar el proceso electoral de cualquier impureza, de cualquier influencia nociva que pueda desnaturalizar la plena libertad de elección política. Ocurra esto en muchos o en pocos casos, Señorías, es lo de menos; basta con que sucediera en alguna ocasión para que nosotros pensáramos en la necesidad de operar de esta manera. Sería, sin duda, espléndido y motivo de satisfacción para todos nosotros legislar en una Comunidad Autónoma donde todo el mundo dispusiese de la información política necesaria, donde todo el mundo acudiese a votar movido por su sentido de responsabilidad cívica y donde todo el mundo ejerciese su derecho de voto al margen de cualquier presión, ya sea esta de tipo familiar, de tipo profesional, político o de cualquier otra índole. Pero Sus Señorías saben que, por desgracia, la realidad no es esta. Y ustedes, que a buen seguro, como yo, han sido interventores, o apoderados de sus partidos, o meros votantes, conocen ejemplos de esa mediatización del voto ejercida en el propio Colegio Electoral. Y no estoy hablando, Señorías, de inmadurez de los votantes; estoy hablando, y lo saben perfectamente, de que existen en esta Comunidad Autónoma, en nuestros pueblos, en nuestros municipios, condicionantes a la hora de emitir el voto que nada tienen que ver con la íntima decisión de cada uno de optar por lo que le parezca conveniente, y estoy hablando de la estructura social, estoy hablando de la presión familiar, incluso de la tendencia económica. Considero a todos los aquí presentes inteligentes como para no incidir más en este tema.

Cierto que desde ....... se ha avanzado mucho electoralmente en este país, pero eso no significa que ahora se den todas las garantías, o que la persona sea, al fin, plenamente capaz de ejercer su derecho al voto, liberado de cualquier presión, de miradas inquisitivas, o la actuación de esos interventores que normalmente intervienen más de la cuenta. Estas prácticas se dan en esta Comunidad Autónoma y, fíjense, incluso diría que se dan en todos los Partidos.

Por eso esta propuesta no es una propuesta que prime a algún grupo político, o que se ejerza contra alguien, o que tenga algún tinte ideológico que la haga refractaria a la consideración de Sus Señorías. Creo que beneficia al sistema, creo que beneficia al propio proceso electoral y democrático en su conjunto, y creo que contribuye a introducir en los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma hábitos de comportamiento, modos y maneras que fomentan y realzan el propio ejercicio de la personal iniciativa, de la propia capacidad de decisión, algo que, ciertamente, nunca está de más. Algunos le llaman a esto "pedagogía cívica". Yo no quiero ser tan pretencioso, pero sí decirles que creo que la democracia tiene mucho que ver con las formas, y que estoy con los que piensan que el desprecio a las formalidades suele ir unido, también, al desdén por el derecho. Y creo que promover unas formas determinadas puede, incluso, ayudar, y más en una democracia joven como esta, a valorar mejor el contenido.

El uso obligatorio de la cabina de votación, sin duda, no va a ser la panacea que vaya a resolver todas las irregularidades, insuficiencias o agujeros negros de nuestro sistema electoral, en un país donde los representantes políticos no pueden presenciar el recuento informático de votos, o donde no se censa, de oficio, a los residentes españoles en el extranjero, o donde el censo no ha pasado a depender de la Junta Electoral Central, o donde los candidatos en televisión no pueden desarrollar debates obligatorios. Pero, sin embargo, aunque no pretendemos esto, sí pensamos que esta Proposición puede ser una aportación positiva, y que la cabina en absoluto constituye un capricho de nuestro Grupo. Ustedes saben, perfectamente, que su uso está extendido en muchos países europeos, y que es obligatorio su empleo, por ejemplo, en Bélgica, en Francia, en Alemania, en Grecia, en Italia, en Portugal, o en Suecia, por ejemplo, que es un país al que ustedes tanto gustan de imitar.

Nada más lejos de mi intención que cuestionar la exquisitez democrática de aquellos países en que su legislación no contempla el empleo obligatorio de cabinas electorales. Pero en verdad, Señorías, que aquí se trata de elegir entre lo bueno y lo mejor. Y claro que el proceso democrático es limpio, es transparente, es fiable en líneas generales en todos los países de nuestro ámbito, se usen o no se usen las cabinas. Pero contesten, Señorías, a una pregunta:

Entre una persona que llega a un Colegio Electoral, normalmente repleto de público, con mesitas rellenas de papeletas amontonadas de todos los partidos, bajo la atenta y, muchas veces, perforante mirada de los militantes de los Partidos, donde el sujeto escoge una papeleta y, automáticamente, su acto ha sido percibido, ha sido anotado, ha sido, incluso, controlado, o, aunque no fuera de esta forma, podría serlo -y a estos efectos la situación es la misma- entre esta persona -que, además, puede ir acompañada, cuando no conducida, por otra-, entre esta persona y otra que llegue a ese mismo Colegio Electoral, que se introduzca unos pocos segundos en una cabina y que en un acto absolutamente personal, individual e inviolable introduzca su papeleta en un sobre, lo cierre y lo deposite, ¿cuál les parece a Sus Señorías que es el mejor procedimiento?

Creo que a ninguno nos cabe la más mínima duda de cuál de los dos métodos, los dos igualmente democráticos, los dos intachables desde un punto de vista genérico, pero cuál de los dos métodos es un mayor acto de plenitud democrática.

Por tanto, no nos fijemos en aquellas legislaciones que no contemplan el uso obligatorio; acojamos como ejemplo aquellas que sí lo hacen, y no por razones espurias, sino porque en este país, en esta como en todas las cosas, hay que avanzar hacia lo mejor desde donde estamos.

Creo que en la exposición de motivos queda explícito que constituye una obligación de los poderes públicos garantizar el secreto del voto más allá de la mera proclamación del principio, porque constituye un mandato imperativo de la propia Ley esa salvaguarda del secreto, que no se cumple sólo y exclusivamente por el empleo de sobres cerrados, sino que afecta de igual forma a todo el proceso previo.

Es que, además, los poderes públicos están obligados a hacer efectivo ese derecho del voto secreto del ciudadano. Y por ello, aunque algunos no lo necesiten; por ello, aunque a otros les resulte ciertamente indiferente, nuestra obligación es legislar para salvaguardar el derecho de todos, sobre todo de los más débiles, de los más susceptibles de ser presionados, manipulados o instrumentalizados; evitando así que este derecho -como en el caso de la vivienda digna, como en el caso del primer empleo-, evitando así que este derecho constitucional al final pueda quedar para algunos en mero papel mojado.

Sería absurdo obligar a las personas a ejercer por la fuerza su derecho al voto. Pero es perfectamente lógico y asumible que se instrumente el uso obligatorio de las cabinas para defender el secreto de ese voto.

Por tanto, tan ilógico es descalificar los procesos democráticos de aquellos países que no utilizan las cabinas, como pretender decir que su uso obligatorio va en detrimento de la libertad del individuo. Nosotros pensamos que existen razones más que sobradas para que, en ejercicio de las competencias que tiene esta Comunidad y que le faculta su propio Estatuto, y su posibilidad de legislar en esta materia sobre aspectos que no sean de reserva legislativa estatal, esta Comunidad dé un paso en esta materia. Esa será, Señorías, la mejor garantía de que los ciudadanos eligen con total independencia a sus representantes, sin presiones sociales o psicológicas de ningún tipo, ni miradas indiscretas que intenten definir políticamente a ningún ciudadano. No es desconfianza, Señorías, y, mucho menos, ningún tipo de paranoia electoral. Es una demanda social sentida por aquellas personas que creen, y quieren seguir creyendo, en la honestidad de las formas y la eficacia y el valor del voto. Creo que en una Comunidad como la nuestra, con tanta diversidad, con tanta dispersión de población, incluso con tanta diferencia de niveles económicos, educativos y culturales en sus habitantes, y con las diversas sensibilidades que afloran en todo proceso de estas características, el acto personal, libre y no condicionado que ha de informar toda votación ha de verse garantizado mediante la intimidad que sólo posibilita, a nuestro juicio, de forma plena e indudable, la utilización de la cabina electoral; y, en caso de producirse su ausencia, que no pueda darse comienzo a la votación; o si el uso, por cualquier razón, se ve impedido durante el transcurso de la jornada, como en el caso de las urnas o de las propias papeletas, que sí contempla la Ley de forma explícita en su artículo 84.4, se interrumpa ese proceso hasta subsanar el problema.

En definitiva, Señorías, mi Grupo les pide que apoyen la toma en consideración de esta Proposición, porque cualquier aspecto secundario, cualquier aspecto anecdótico, cualquier incomodidad o prevención de cualquier tipo que pueda sugerirles esta Proposición no puede distraernos del objetivo que se pretende: hacer de nuestra democracia una democracia cada día más profunda, crear y fomentar en nuestros ciudadanos la confianza en el sistema y en sus instituciones, y, en definitiva, hacernos a todos cada día un poquito más libres y responsables. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Burgos. Para consumir un turno en contra, compartido con el Grupo Socialista, tiene, en primer lugar, la palabra el señor Durán, Portavoz del Grupo de Centro Democrático y Social.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores.

Despojando un poco de hojarasca, de loable hojarasca, la intervención del Portavoz del Grupo Popular en la defensa de su Proposición de Ley, queda al final una cuestión muy concreta, queda al final algo muy específico, que es la imposición obligatoria de pasar por una cabina electoral antes de emitir, de ejercer el derecho de sufragio. ¿Qué garantías ofrece esto? Según el Portavoz del Grupo Popular, la garantía está en preservar al máximo el derecho al secreto del voto, reconocido en toda nuestra legislación, desde la constitucional hasta la que desarrolla los distintos procesos electorales.

Nuestro Grupo Parlamentario, puedo asegurárselo, ha considerado con detenimiento, con seriedad, la Proposición de Ley que ustedes han presentado, y ha decidido no apoyarla -ya lo anuncio anticipadamente-, y ello en base a las siguientes razones que brevísimamente expondré. No sirviendo a nuestros efectos lo que pudiera ser el derecho comparado en la materia, porque el hecho de que en distintas Legislaciones, muy concretamente la de los países que usted ha citado y algún otro que ha omitido -no recuerdo en este momento-, y algún otro que ha omitido, no quiere ello decir que suponga un perfeccionamiento del sistema y del mecanismo electoral sobre los países que no mantienen la obligatoriedad del pase por cabina para emitir el sufragio.

Desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de nuestro Grupo, la responsabilidad y madurez del elector está suficientemente reconocida; en definitiva, es la responsabilidad y madurez del ciudadano, que no se encuentra, ni por el sistema -que, por otro lado, prevé las acciones correspondientes-, sujeto a coacciones de ninguna naturaleza, y que tiene mecanismos suficientes para garantizar, para que quede garantizado el derecho al secreto del voto, entendiendo que el secreto del voto es un derecho, pero no una obligación del elector. Es decir, el elector puede decir por quién ha votado, por quién va a votar; es decir, el secreto de voto es el derecho que le asiste, pero no la obligación que necesariamente tiene que cumplir.

Ese derecho al secreto del voto, desde la perspectiva de nuestro Grupo Parlamentario, está suficientemente amparado, suficientemente justificado. Y mucho nos tememos que, incluso, la obligatoriedad de la cabina constituyera un entorpecimiento notable en el mecanismo del ejercicio del voto, que pudiera, de alguna manera, producir todavía un mayor absentismo electoral del que ya se produce: colas para emitir el voto, no sólo ante la mesa, sino previamente pasando ante la cabina, después ante la mesa, demorarían notablemente el ejercicio del derecho del voto a unos ciudadanos ya de por sí atosigados por la prisa y por otras urgencias.

Pero, con independencia de lo expuesto, y, además, desde un punto de vista práctico, mire, señor Burgos, si esto hubiera que regularlo de alguna manera, entiende también nuestro Grupo, si hubiera que regularlo, que habría que regularlo con carácter general y común para todos los procesos electorales. No parecería lógico que en unas mismas elecciones, o en un mismo acto en el que concurren dos elecciones simultáneas, como son, en este caso concreto, las autonómicas y las municipales, para votar a las elecciones autonómicas obligatoriamente hubiera que pasar por la cabina, y para votar a las elecciones municipales no fuera obligatorio pasar por la cabina. O en otros procesos electorales, para votar a las europeas o a las generales no fuera pasar por la cabina. Es decir, la regulación uniforme del procedimiento pues sería, cuando menos, desde nuestro punto, una exigencia común, en el caso de que aceptáramos un principio que no aceptamos, de que sea absolutamente necesario imponer al elector la obligación de pasar previamente por la cabina, que no consideramos, desde nuestro punto de vista, que constituya un elemento más de la garantía del secreto del voto, sino, posiblemente, un entorpecimiento en los mecanismos electorales.

En conclusión, señor Portavoz del Grupo Popular, de alguna manera, no rechazamos lo loable del propósito que ustedes quieren exponer en cuanto al perfeccionamiento de los mecanismos electorales. No lo compartimos. Creemos que no es conveniente, que no sería oportuno, que, en cualquier caso, produciría un elemento distorsionador con otros procesos electorales. Y nuestro Grupo Parlamentario no apoyará la Proposición de Ley por su Grupo presentada.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Durán. Por el Grupo Socialista, señor Castro Rabadán tiene la palabra.

EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Señor Presidente. Señorías.

No hace falta pasar por una Facultad de Derecho para saber qué es derecho y qué es una obligación. Por ejemplo, este Procurador tiene el derecho a subir a esta tribuna, de acuerdo con el Reglamento de la Cámara, pero también tiene el derecho a hablar desde el escaño, o, sencillamente, a renunciar al derecho de hablar; y ejemplos hay en esta Cámara, en los distintos Diarios de Sesiones.

Recojo de la Exposición de Motivos de esta curiosa Proposición de Ley la siguiente formulación: es obligación de los poderes públicos garantizar el secreto del voto; totalmente de acuerdo. Pero obsérvese que se dice lo que se quiere decir, y no se dice, por ejemplo, que es garantía de los poderes públicos obligar al secreto del voto. Porque, a renglón seguido, dicen ustedes que "para garantizar el secreto, la fórmula no puede ser otra -cito textualmente- que la de dar un tratamiento obligatorio al uso de la cabina electoral, en todos los supuestos y a lo largo de todo el proceso de la votación". Por si fuera poco, lo justifican como una exigencia inexcusable para la pureza democrática de las elecciones.

Ya sé que esta Proposición de Ley no es una iniciativa particular del Portavoz del Grupo Popular. Me temo que se debe, más bien, a la iniciativa de alguna preclara inteligencia de la Dirección Nacional del PP, porque se repite en distintas Comunidades Autónomas. De cualquier forma, es una iniciativa del mismo Partido, que recomienda, en aras de una defensa malentendida de libertad individual y defensa de la esfera privada, recomienda la desobediencia civil para una obligación tan razonable como reclamar el formulario del censo. ¿Me quieren decir ustedes cómo se explica que recomienden, al mismo tiempo, la abstención de los ciudadanos para prestar una información básica cara a la planificación del Gobierno de la Nación, como es el conocimiento de la población a través del censo, y que por otra puerta, por la de atrás, obliguen a esos mismos electores y ciudadanos a encerrarse en una cabina para decidir quiénes deben gobernar un Estado, ingobernable por la falta de información previa tan básica como el ejemplo puesto? ¿Cuántos ciudadanos van a poder votar en el año dos mil nueve, si no sabemos cuántos nacen en el año noventa y uno? ¿Cómo sabríamos, por otra parte, cuántas cabinas harían falta a electores, si no tenemos datos, si no conocemos el censo?

Yo sé que esta es una cruzada que ustedes tienen contra el censo, pretendiendo un canto al individualismo, que es con carácter insolidario y trasnochado. No deja de llamarme la atención cuando ustedes hacen grandes aspavientos cada vez que alguien le suena a intervencionismo público y están dispuestos a llevar hasta los límites más insospechados la intervención de los poderes públicos en el proceso electoral, transformando el derecho en obligación y la garantía para el ejercicio del derecho del voto en cuestión policial. Díganme cómo pretenden obligar a los electores, en todos los supuestos -así lo dice la Proposición-, a pasar por la cabina. ¿Y si alguien aquí, en un barrio de Valladolid, o en un pueblo, el pueblo más remoto o el más recóndito de la Comunidad, decide exhibir su voto antes de emitirlo, sin hacer propaganda, o decide no entrar en la cabina? A ver si resulta que por ejercer el derecho de voto, decisión que honra al comportamiento democrático de todo ciudadano, la cosa puede acabar en multa o en visita a la Comisaría. ¿Cómo piensan hacer cumplir la Ley? ¿No se dan cuenta de que no hay ni agentes policiales, ni números de la Guardia Civil suficientes como para hacer cumplir una norma tan absurda? ¿Se han parado a pensar en las posibles colas que se producirían en los colegios electorales? Y, anteriormente, el Portavoz del CDS ha hablado de que se produciría una lentitud y un perjuicio al proceso electoral. La garantía, también, que hablan del aislamiento de la cabina, ¿supone que la quieren blindar ustedes?

Por poner otro ejemplo. Una cosa es que los ciudadanos puedan tener derecho, en igualdad de condiciones, a obtener una subvención de la Administración Pública, y otra muy distinta es que todos los ciudadanos de Castilla y León tengan la obligación de solicitar una subvención. Al paso que van ustedes, ni les cuento hasta dónde llegarían a obligarlos.

Justifican su invento como una exigencia inexcusable para la pureza democrática de las elecciones. Pues, les advierto que, de vez en cuando, no está mal echar un vistazo al Diccionario de la Real Academia y saber qué se define como "puro". Se dice: lo que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa.

Pues bien, quien les habla puede que no sea el colmo de la pureza, pero, desde que empecé a pensar por mí mismo, he sido un luchador de la causa democrática. No sé si todos los que me escuchan desde la derecha, y se sonríen, pueden decir lo mismo. En cualquier caso, hagan el favor de no presentarse como paladines de la pureza democrática, porque, en realidad, lo único que hacen es sembrar dudas sobre el sistema democrático. Y no soy yo, sino algunos que pasaron por esta Cámara, y que hoy son los que se dicen del Grupo de Jóvenes Genoveses, ayer conquistadores de luceros, hoy casi alienígenas de la democracia, los que han pasado por aquí diciendo que hay pucherazos, que las dos Españas... y lindezas parecidas. Afortunadamente, el sistema democrático se fortalece día a día, entre los ciudadanos y las instituciones públicas, a base del uso libre de todos de sus derechos. El sistema democrático se fortalece votando, y, en este caso, votando no a su Proposición, votando no a su mensaje negativo, votando a favor del ejercicio democrático del derecho del voto, con todas las garantías posibles para el secreto del sufragio, pero con toda la libertad necesaria para facilitar la participación de los ciudadanos.

Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para turno de réplica, señor Burgos.

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO:

Gracias, Presidente.

Bueno, nos lo imaginábamos y, por lo tanto, tampoco es ninguna sorpresa la posición que aquí se ha expresado. La verdad es que, a tenor de lo expuesto, tengo que decir que nada, absolutamente nada de lo que se ha dicho creo que sea de especial relevancia para oponerse a nuestra Proposición. Y sigo afirmando que la voluntad popular se expresa de forma plenamente libre, simplemente, cuando hay garantías para que eso sea así, es decir, cuando hay plenas garantías para que el voto sea emitido en privado.

Al Portavoz del Centro Democrático y Social, decirle que, ciertamente, haya o no haya hojarasca, al final, la hojarasca se la lleva el viento y lo que queda es lo importante: que ustedes se oponen a que en este país se vote en privado, sin ningún tipo de cuestionabilidad, y que nosotros estamos a favor.

Sobre la comodidad o no, como argumento en contra de la aceptación de nuestra Proposición, pues, ciertamente, creo que ese argumento es un argumento bastante bastante flojo. En definitiva, todo el complejo mecanismo electoral no se ha puesto en marcha y desarrollado por capricho, ni con intención, ciertamente, de crear una liturgia vacía de contenido o de proceder a una ceremonia más o menos insustancial. Creo que el sistema electoral no tiene por qué ser cómodo; no son cómodos los desplazamientos a los colegios electorales, no es cómodo el voto por correo, no son cómodos los nombramientos de mesa. Pero es, constituye el máximo ejercicio democrático y exige, precisamente por eso, la máxima responsabilidad personal, y también el hábito social que tenemos la obligación de implantar y fomentar desde los poderes públicos.

En todo caso, Señoría, incluso aunque hubiera esa incomodidad, creo que la garantía y la preservación del secreto prima sobre cualquier incomodidad puntual que pudiera producirse. A la gente, a los ciudadanos de esta Comunidad o de toda España, no hay que hacerle más cómodo el votar. A los ciudadanos de esta Comunidad hay que fomentarles el espíritu de participación, hay que fomentarles su compromiso social y hay que fomentarles su fe democrática con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance. No hay que ofertarles un sistema electoral a la carta, ni hay que ofertarles un sistema electoral donde prime la comodidad.

Creo que estoy de acuerdo con Su Señoría en que sería ideal conseguir una legislación uniforme sobre esta materia en toda España. Nosotros lo hemos propuesto donde podía hacerse, en el Congreso y en el Senado, y ustedes lo han rechazado.

Estoy absolutamente convencido de que ése sería el mecanismo ideal, pero también estoy absolutamente convencido de que esta Comunidad tiene que ejercer las competencias que le son propias, y ésta es una competencia que puede ser ejercida perfectamente por esta Comunidad, sin menoscabo de lo que pueda organizarse o de lo que pueda producirse en el resto de España. Y no estaría de más que también en este tema esta Comunidad fuera pionera, fuera avanzada en el establecimiento de mejorías, en el establecimiento de innovaciones en esta materia.

Al Portavoz del Partido Socialista decirle que naturalmente que no es una propuesta original. Por supuesto. No lo hemos pretendido, ni lo hemos dicho en ningún momento. Hemos pretendido ser coherentes y decir aquí lo mismo que nuestro Grupo Parlamentario ha dicho en el Congreso, ha dicho en el Senado, ha dicho en los Ayuntamientos, ha dicho en las Comunidades Autónomas. Tal vez, tendrían ustedes que valorar si sus compañeros del Partido Socialista de Tenerife, por ejemplo, han hecho lo mismo, votando a favor de una Proposición similar, o si los compañeros del Grupo Parlamentario del CDS, sus Concejales en el Ayuntamiento de Madrid y en los Ayuntamientos de la Comunidad Madrileña, por ejemplo, han hecho.

La verdad es que el que no importe a algunos el hecho de emitir su sufragio en plena privacidad, creo que no debe hacernos olvidar que tenemos una importante responsabilidad, y bastaría que este procedimiento fuera solicitado por una parte -aunque fuera pequeña- de la sociedad española, que viera lesionados o limitados sus derechos de alguna manera, para que Sus Señorías, haciendo gala de una fina sensibilidad democrática, que, sin duda, tienen -porque yo no salgo a esta Tribuna a hacer cantos de democracia, pero tampoco a cuestionar la democracia de los demás-, se replantearan su opinión y apoyaran esta toma en consideración. Y no es despreciable, precisamente, esa parte de españoles y de residentes en esta Comunidad que piensa de esa manera.

Ustedes saben que, en su día, cinco periódicos de tirada nacional se pusieron de acuerdo para hacer un llamamiento en sus editoriales ante el problema de la utilización de las cabinas en este país; un problema que para ustedes no existe, en esa actitud constante que ustedes mantienen de negar la realidad. Creo que no es algo frecuente que eso ocurra, desde luego, y puede darles una cierta idea de la preocupación que este tema, sin duda, suscita en una parte importante de la opinión pública española, o de la opinión publicada, que parece que también suelen hacer una distinción en estos términos.

Les leo textualmente un párrafo de ese editorial conjunto: "La cabina no es un capricho ni es un fetichismo, es la garantía del voto secreto. A muchos les puede dar igual que se sepa por quién o cómo van a votar; tienen, sin embargo, una obligación de solidaridad con los más débiles, con los más frágiles, con los más fáciles de influir o de presionar, una obligación moral de emitir su voto según ese procedimiento". Creo que este párrafo es suficientemente explícito de algo que no es una opinión personal de este Procurador, ni de este Grupo, sino de una parte más o menos importante de la sociedad española.

Creo que -sinceramente lo digo- el Partido Popular obra correctamente al trasladar esta demanda sentida. No queremos reabrir ningún tipo de debate, ya producido en otras Cámaras, aunque podríamos, Señoría, legítimamente, hacerlo. Se trata de ejercitar, como ya he dicho, una competencia que nos corresponde, como en otras medidas legislativas aprobadas en esta Comunidad; intentar hacer algo más de lo que se está haciendo en la legislación del Estado. Ir más allá, no con ánimo de coartar, no con ánimo de limitar actuaciones, sino, precisamente, de todo lo contrario: de ofrecer a los ciudadanos de esta Comunidad un paisaje de libertad y de responsabilidad personal.

Apelo, por tanto, a su sensibilidad, Señorías. Creo que he explicado a esta Cámara suficientemente las ventajas objetivas de introducir este procedimiento, y creo que, al menos, ninguno de sus previsibles inconvenientes es realmente significativo, sino una mera excusa a la que ustedes se atienen; por lo que, al final, sólo cabe una reflexión sobre cuáles pueden ser sus razones para oponerse a la misma.

De verdad, Señorías, comprendería las razones para oponerse de ustedes, si éste fuera el Parlamento Andaluz -aunque ustedes, señores del CDS, no estarían presentes-, o si éste fuera, por ejemplo, el Parlamento Extremeño. Al fin y al cabo, allí el voto es o no es -según como lo miremos- plenamente secreto y con total garantía. Pero es que aquí, en Castilla y León, no entiendo esa postura.

¿Qué razones reales -porque las que se han expuesto aquí creo que no se tienen de pie- pueden alegar ustedes para rechazar esta propuesta? ¿Su disciplina y coherencia con otras instancias de su Partido? Ya les he dicho que en otras instancias de su Partido se han aprobado Mociones en este sentido.

Por lo tanto, señores del Partido Socialista, sean valientes, sean miméticos, cuando el resultado de sus actuaciones sea positivo, pero, ¡hombre!, no se empecinen en mantener esta postura, que no contribuye en nada a perfeccionar, que no a legitimar -por supuesto-, nuestro sistema democrático.

¿Qué impresión -y eso, al final, es lo fundamental- pueden, en definitiva, extraer los ciudadanos de esta Comunidad de nuestras respectivas posiciones aquí expuestas? Pues, una muy clara: que el Partido Popular ha hecho un esfuerzo por aportar, una importante contribución por ofertar a los ciudadanos una apuesta por la máxima claridad, por la máxima transparencia, por la máxima fiabilidad, por la plena incuestionabilidad de nuestro sistema de sufragio universal. Y, aunque no soy tan radical como lo era, por ejemplo, ese editorial que he citado y no creo que el sufragio universal sin voto secreto sea una caricatura de sufragio universal, sí creo que basta que haya personas en esta Comunidad, o en otras, que piensen así, para que sea nuestra responsabilidad -la suya, Señorías- disiparles toda duda tomando en consideración la Proposición de Ley de nuestro Grupo Parlamentario.

Decía Hume que es raro que una libertad, cualquiera que sea, se pierda de una vez. Yo estoy de acuerdo en que es raro también que una libertad, cualquiera que sea, se gane también de una vez. Por lo tanto, ganemos con esta Propuesta todos nosotros un poquito más de libertad. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Muchas gracias. Para compartir turno de dúplica, en nombre del Centro Democrático y Social, señor Durán, tiene la palabra.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

En este turno de dúplica no sale este Procurador por una mera cuestión de cortesía parlamentaria, sino para matizar alguna expresión e, incluso, para corregir alguna intervención.

Cuando me he expresado, al comienzo de mi intervención anterior, aludiendo a la posible hojarasca de su intervención, no lo he hecho con ningún sentido peyorativo; lo he hecho con el sentido que tiene el término hojarasca, en cuanto a adorno un tanto barroco de la exposición justificativa de sus criterios. No tome, pues, Su Señoría la expresión hojarasca como algo inútil, desechable, en absoluto; todo el contenido de su intervención me ha resultado altamente interesante, aunque no pueda compartir parte de la misma.

Y no puedo compartir parte de la misma porque usted en su intervención no se limita simplemente a reconocer derechos, sino, además, a imponer obligaciones: poco liberal, por cierto, en cuanto a filosofía general de la acción. Porque el reconocimiento de los derechos no lleva necesariamente, necesariamente, la imposición de determinadas obligaciones, cuando esos derechos son de libre ejercicio. Y el derecho al secreto de voto es de libre ejercicio, como he expuesto en mi intervención.

No creemos, absolutamente, que el mecanismo que ustedes pretenden establecer beneficie al proceso electoral. Usted ha hablado de la comodidad o incomodidad del proceso; ha dicho que no había que hacer necesariamente cómodos los procesos electorales. Yo a eso le replico diciendo que no hay que hacerlos más incómodos de lo que ya son para el ciudadano, que hay que facilitar con toda clase de garantías el ejercicio de ese derecho por parte de los ciudadanos; y en la Ley Orgánica Electoral, el ejercicio de ese derecho al secreto del voto y las posibilidades de mantenerlo ya viene contemplado, puesto que se dice textualmente que en todas las mesas electorales habrá necesariamente una cabina. Su uso queda al arbitrio del ciudadano. El ciudadano puede llevar el voto desde su casa metido en el bolsillo; puede, su papeleta del voto, públicamente, sin ningún tipo de reserva... que ahí es donde nosotros creemos que existiría el verdadero proceso de perfeccionamiento de la conciencia electoral: que nadie tuviera temor, ni vergüenza a elegir la papeleta que quisiera, del partido que quisiera, en un acto libre y soberano de su voluntad; y el que quisiera mantener la reserva, que la mantuviera, pero en modo alguno imponer la obligatoriedad de ajustarse al pase necesario por una cabina, porque ello, desde nuestro punto de vista, no sólo no garantiza exhaustivamente el derecho, sino que supone un entorpecimiento más dentro del proceso electoral. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Durán. Señor Castro Rabadán, en nombre del Grupo Socialista.

EL SEÑOR CASTRO RABADAN:

Señor Presidente, Señorías. Brevemente. No puede quedar aquí oscuro el tema de que haya sido una discusión de "cabinas sí", "cabinas no". Indudablemente, "cabinas sí"; así está en la Ley Orgánica Electoral. Y estamos de acuerdo que haya cabinas en todas las mesas electorales -eso no se pone en duda-; lo que estamos en contra es del uso obligatorio de la cabina, porque eso no lo dice la Ley y, por otra parte, nos parece que no redunda en beneficio de la transparencia del voto.

Por otra parte, nos parece que sería una obligación policíaca o cuasi policíaca el obligar a un ciudadano que lleva su voto de casa... Y para eso, ustedes, que tanto han peleado por el "mailing", y que se manden los votos a casa de todos los Partidos, de forma institucional o de forma partidaria -que lo hacen todos los partidos-, manden las papeletas a casa; el señor que coge la papeleta en casa y la mete en su sobre cerrado -y eso sí que es secreto e individual- y lo lleva a esa mesa electoral, ¿es que le van a obligar ustedes a pasar por la cabina de una forma formal? Es decir, ¿entran y salen con el voto en el bolsillo para ir a la mesa, y, si no, no pueden votar? ¿Ese voto es nulo, entonces? ¿O le va a empujar la policía a meterse dentro de la cabina?

¿Pero no ven que es una memez lo que plantean? ¿Que es un absurdo? ¿Que lleva nada más que a paralizar el sistema electoral? Yo me temo que detrás de esto hay otras cosas mucho más graves.

Ni me van a obligar a votar en lo que no creo, ni va a obligar nadie a entrar en una cabina que no deseo. Eso está clarísimo; es puro individualismo.

Y el maniqueísmo que usted ha planteado aquí, don Tomás Burgos, de decir que el voto, cuando ustedes ganan, es democrático y, cuando ustedes pierden, no lo es, es maniqueísmo puro, y da la impresión de que yo no sé si estaría usted dispuesto a romper las urnas cuando esto ocurre; porque, entonces, muy cerca van a andar ustedes en el tiempo de tener que tomar alguna determinación de ésas.

Hacen un discurso político de algo que no es político, que es meramente técnico. Pero, ¿qué buscan con el discurso político? Solamente una cuestión: hablan de sospecha, de manipulación, de presión, es decir, sospechas y dudas sobre el sistema electoral y democrático; eso es lo que les preocupa a ustedes, que haya un sistema electoral y democrático. Y lo ponen en duda continuamente, siempre que hay un proceso electoral, porque esto no es nuevo aquí. Ni aquí ni en el resto de España. Cuando se acercan una elecciones se habla de previo "pucherazo"; luego, si ganan, como en Galicia, no hay pucherazo, claro, porque han ganado. Pero antes hay posible pucherazo, posibles problemas con el censo, posibles impugnaciones, amenazas de que, si no, van a los tribunales... antes de que el ciudadano libremente dé su voto.

Yo creo que ustedes tienen un temor muy grave en esta Comunidad, que quieren ponerse la venda antes de la pedrada; quieren echar sospechas sobre el sistema electoral en la Comunidad de Castilla y León, porque prevén que van a perder las elecciones.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Se ruega silencio, por favor. ¿Algún miembro del Grupo Parlamentario Mixto desea fijar su posición? En consecuencia, esta Presidencia pregunta a las Cortes si toman o no en consideración la Proposición de Ley sobre reforma de la Ley 3/87 de treinta de marzo, Electoral de Castilla y León.

Los que estén a favor que levanten la mano. Gracias. En contra. Muchas gracias. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y uno. Votos a favor: veintisiete. Votos en contra: treinta y cuatro. Abstenciones: ninguna.

En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la Proposición de Ley que acaba de ser debatida.

Por el señor Secretario se procederá a dar lectura al quinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Quinto punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley 13-I, para la creación del Ente Público de Derecho Privado "Suelo y Viviendas de Castilla y León" (S.U.V.I.C.A.L.), presentada por los Grupos Parlamentarios del Centro Democrático y Social y Socialista".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Por favor, se ruega a Sus Señorías que ocupen el escaño o salgan del Hemiciclo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

: "La Junta de Castilla y León, en relación con la Proposición de Ley de creación del Ente Público de Derecho Privado "Suelo y Viviendas de Castilla y León, (S.U.V.I.C.A.L.)", reconociendo el derecho a la iniciativa parlamentaria dentro de los cauces reglamentarios, estima que cualquier Grupo Parlamentario está legitimado para promover la iniciativa a que hace referencia la Proposición de Ley de creación del Ente Público de Derecho Privado "Suelo y Viviendas de Castilla y León" (S.U.V.I.C.A.L).

A esta legitimidad se acogen los Grupos Parlamentarios CDS y PSOE, conjuntamente, para llevar a cabo de común acuerdo la iniciativa parlamentaria de esta Proposición de Ley.

La Junta de Castilla y León no entra, en consecuencia, en el contenido de dicha Proposición de Ley, ni en el procedimiento reglamentario como tal, sino que se atiene a la letra y espíritu de su competencia en este caso, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 121.1, 2 y 3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, y que limita taxativamente el cometido de la Junta a manifestar su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación, si la Proposición de Ley implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios del ejercicio. De modo que, transcurridos quince días sin que se manifieste criterio alguno o se niegue expresamente la conformidad a la tramitación, en el solo supuesto de la implicación presupuestaria, la Proposición de Ley quedaría en condición de incluirse en el Orden del Día de un Pleno para su toma en consideración.

Por lo demás, la Proposición de Ley presentada, en su Disposición Final manifiesta expresamente que el Ente Público que se crea al amparo de la Ley no generará incremento de gasto público, ni aumento de crédito, ni disminución de ingresos durante el ejercicio Presupuestario de mil novecientos noventa y uno.

Así mismo, en la Disposición Transitoria se dispone que, en tanto no se constituyan los órganos de Gobierno y Administración de la Entidad, las funciones atribuidas al Ente seguirán siendo ejercidas por los órganos de la Administración de Castilla y León que las tenga atribuidas, lo que conjuntamente hace suponer que la Ley no entrará en vigor, desde el punto de vista de su funcionamiento real de nuevo ente público, en el año mil novecientos noventa y uno.

A la vista de cuanto antecede, la Junta de Castilla y León asiente expresamente a dichas disposiciones cautelares Transitoria y Final, desde el cometido que le concierne por disposición reglamentaria del artículo 121.1, 2 y 3 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

Convenida esta doble circunstancia de la no afectación presupuestaria y, por tanto, la no vigencia funcional en el año mil novecientos noventa y uno del ente que se crea, la Junta expresa que no se produce en este sentido causa de oposición reglamentaria a la tramitación de dicha Proposición de Ley.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Valladolid, a doce de abril de mil novecientos noventa y uno, El Consejero de Presidencia, César Huidobro Díez".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Visto y oído el acuerdo de la Junta de Castilla y León, favorable, al no encontrar causas de oposición a que se tramite, y para su defensa, turno a favor, en nombre del Grupo de Centro Democrático y Social, señor Durán, tiene la palabra, que compartirá después con el Portavoz del Grupo Socialista.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Gracias, señor Presidente. Señores Procuradores, señoras y señores Procuradores. A este Procurador, Portavoz del CDS, le resulta un tanto insólito, y además difícil, debatir con un papel. Quiero decir que cuando el señor Secretario de la Cámara ha dado lectura a la posición de la Junta con relación a esta Proposición de Ley, se ha extendido y se han leído un conjunto de argumentos, con los cuales necesariamente este Procurador, de alguna manera, tiene que discrepar.

Por eso he comenzado mis palabras diciendo que me resulta harto insólito el tener que debatir con un papel, cual ha sido la comunicación que la Junta ha dirigido a la Cámara manifestando su posición con relación a esta Ley.

Tengo, en primer lugar, que explicar a Sus Señorías, cómo se ha gestado este texto, conjuntamente presentado por el Partido Socialista y por el Centro Democrático y Social.

Inicialmente, en su origen, este texto fue redactado en la Consejería competente en la materia, que es la Consejería de Fomento, para que en forma de Proyecto de Ley fuera remitido a esta Cámara. Saben Sus Señorías que los Proyectos de Ley son aquellos que emanan del Gobierno Regional, adoptan esta forma específica; en otro caso son Proposiciones de Ley. El Gobierno Regional -desconozco la deliberación que pudo producirse en el seno del mismo, entre otras razones, porque las deliberaciones de la Junta tienen naturaleza de secretas-, parece que no consideró oportuno apoyar la iniciativa de una parte de la Junta, que era la Consejería de Fomento, y como tal Proyecto de Ley la Junta de Castilla y León, el Gobierno Regional no lo asumió. Con lo cual, el Grupo Parlamentario del CDS, que llevaba este texto en su programa electoral, y que como tal, y por responsabilidad hacia sus votantes, está obligado a tratar por todos los medios posibles de llevarlo a la práctica, recabó la asistencia y el apoyo de otro Grupo Parlamentario, en este caso el del Partido Socialista, que se sumó a la Proposición de Ley, para que conjuntamente fuera presentada, tanto en su espíritu general como en el tenor literal del mismo, que con las correspondientes correcciones, rectificaciones y aportaciones del Grupo Socialista, se convierte en el texto que hoy se somete a la consideración de la Cámara.

Desde la perspectiva del Centro Democrático y Social, ésta no es una Ley más. Esta es una Ley que revela una exquisita sensibilidad social para los promotores de la misma y una notable toma de contacto y de conciencia con uno de los problemas más importantes que tiene en estos momentos la sociedad de Castilla y León, y, de modo muy especial, aquella parte de la sociedad de Castilla y León que establece su residencia en ámbitos urbanos.

La vivienda, junto a la salud y junto a la alimentación, constituyen, sin lugar a duda, bienes de primera necesidad. Como tales bienes de primera necesidad, los poderes públicos están obligados a garantizar, constitucionalmente... si bien en la Constitución es un principio indeterminado, la indeterminación de los principios constitucionales obliga a las Administraciones a llevarlos a la práctica, a poner todos los medios, a remover cuantos obstáculos sean precisos para que esos principios indeterminados se concreten en acciones específicas, y sea posible que esa genérica aspiración de bien común que se contiene en el texto constitucional, sea posible y sea real.

Salud, alimentación y vivienda constituyen, pues, sin lugar a dudas, bienes de primera necesidad y, como tales bienes de primera necesidad, no pueden estar libremente sujetos a los mecanismos de mercado; y son bienes que, cuando por los mecanismos normales y/o habituales existentes para su satisfacción no puedan ser accesibles a los ciudadanos, obligan a las Administraciones Públicas a intervenir en esas áreas concretas para cumplir, de alguna manera, el principio constitucional que, de alguna forma, a todos nos obligan.

Así pues, a intervenir en esta área concreta todas las Administraciones Públicas tienen derecho y, además, obligación, derecho y obligación. Este texto nace, en consecuencia, de la consideración de que la vivienda constituye un bien de primera necesidad. De que la carencia de vivienda está generando una salvaje especulación sobre la misma en las áreas urbanas, salvaje especulación que hasta pudiera considerarse que contraviene eso tan genérico como puede ser el Derecho Natural. Porque se está operando sobre un bien natural, como es la tierra o naturaleza, que, de alguna manera, está al servicio de los seres humanos, de todos los seres humanos, no de unos seres humanos concretos, cuando, de alguna manera, jugando con la necesidad y jugando con la escasez, necesidad y escasez, se está produciendo una especulación en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los muchos.

El mecanismo que se ha estimado conveniente para contribuir a la solución de este problema es novedoso en nuestra Comunidad Autónoma. No es ni el organismo autónomo usual, ni la empresa pública también usual. Es un organismo que contempla nuestra Ley de Hacienda, que es una entidad de Derecho Público, que sujeta sus actuaciones no al Derecho Administrativo, sino al Derecho Común, Civil, Mercantil y Laboral, lo cual, desde nuestra perspectiva, y hay precedentes suficientes para ello, introduce unas posibilidades de gestión ágil y eficaz en el cumplimiento de los fines para los cuales el organismo nace.

Sin más consideraciones, y por no extenderme ni cansar a Sus Señorías, reitero que esta Proposición de Ley que tenía vocación de ser Proyecto de Ley del Gobierno Regional, al no haberlo podido ser, y dando respuesta a exigencias de programa electoral, a compromisos de nuestro Partido con el electorado que nos votó, y respondiendo a una filosofía de alta sensibilidad social, ha llevado a que se presente bajo la forma de Proposición de Ley, conjuntamente por el Partido Socialista y el Centro Democrático y Social, no restándome más que pedir a Sus Señorías el apoyo para la misma en esta fase de toma en consideración.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Durán. Para consumir también turno a favor, en nombre del Grupo Socialista, el señor de Meer tiene la palabra.

EL SEÑOR DE MEER

HA-MARZO: Señor Presidente. Para defender, en este turno compartido con el Grupo del Centro Democrático y Social, defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la toma en consideración de la Ley de creación del Ente Público de Derecho Privado, "Suelo y Viviendas de Castilla y León" (S.U.V.I.C.A.L.).

Nuestro Grupo no entra a valorar en este momento el acuerdo de la Junta leído por el señor Secretario de la Cámara, acuerdo que, por cierto, no podía ser otro, dada la precisión de la propuesta presentada, que pretendía evitar, precisamente, que la Junta pudiera oponerse a la tramitación de esta Proposición de Ley.

Nuestro Grupo presentó en su día una iniciativa en este sentido, en el sentido de la promoción de viviendas y suelo residencial, en el debate sobre el Estado de la Región, propuesta que en aquel momento fue rechazada, y presentamos también una Proposición No de Ley, que no se ha debatido, con el mismo objetivo de que la Comunidad Autónoma de Castilla y León dispusiera de un instrumento capaz de intervenir con mayor agilidad en la puesta a disposición de los castellanos y leoneses de suelo urbano residencial y viviendas de protección oficial, en un momento en el que este problema de la vivienda ha alcanzado, para ciertos grupos sociales, el carácter, realmente, de angustioso.

Creemos que un ente de este tipo debe y puede mejorar notablemente la acción de la Comunidad Autónoma en la materia, y esta materia de las viviendas de protección oficial de promoción pública es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma. Que las dificultades de gestión del suelo en posesión de la Junta son evidentes, no lo puede negar nadie. Tampoco son achacables a nadie que los polígonos de Eras de Renueva y el Zurguén, en León y en Salamanca, demuestran que siete años después de las transferencias del Estado a la Comunidad Autónoma, siete años a lo largo de los cuales han pasado por la Consejería correspondiente Consejeros de los tres grupos políticos que aquí hoy nos sentamos, en esos polígonos no se ha podido iniciar todavía ni una sola vivienda. No voy a decir que se han hecho catorce, es que ni una. Y que, aunque ése no es el único problema, los problemas de dificultad en la gestión de la Administración Autónoma, pues, son realmente evidentes y se demuestran con facilidad.

El problema de la vivienda se relaciona, sin duda, con el problema del suelo, asignados en este momento en la Junta a dos Consejerías distintas, lo cual introduce, además, otro factor de distorsión. Y que ese problema se incrementa, el problema de la vivienda, con la lentitud administrativa y la problemática derivada de la Ley de Contratos del Estado.

Instrumentos de intervención en la puesta en marcha de suelo industrial parecidos a éste ya existen en nuestra Comunidad. Parece que funcionan. Ahí están las GESTURES, las Sociedades de Gestión Urbanística provinciales, o GESTURCAL, la Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León; por cierto, creada esta última por el Grupo Socialista, en la anterior Legislatura, con la oposición entonces cerrada del Grupo Popular, que luego, pues, tanto juego le ha querido dar a lo largo de esta Legislatura.

Instrumentos de intervención en la puesta en marcha del suelo residencial existen en otras Comunidades Autónomas, en bastantes de ellas, no gobernadas, precisamente, por la izquierda, así como sociedades que intervienen en la promoción y gestión de viviendas de protección oficial, pareciendo oportuno que Castilla y León disponga también de una figura de este tipo.

La figura jurídica que utilizamos parece adecuada, nos parece a nosotros adecuada, de acuerdo con el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, y demuestra un evidente espíritu de colaboración entre distintos Grupos Parlamentarios yo creo que en asuntos concretos de evidente interés general, ya que parece que ese acuerdo no se ha podido hacer con otros Grupos aquí representados.

No quiero acabar mi intervención, la verdad, sin hacer una cierta referencia a las críticas que desde ciertos sectores empresariales se han efectuado contra esta Proposición de Ley, a las posturas que se han enfrentado a ella, y que yo quiero, de alguna manera, tranquilizar el debate.

En primer lugar, señalar la corrección y el espíritu adecuado de esa crítica en los momentos en que se ha manifestado, en los contactos que ha habido con el Grupo Parlamentario Socialista, porque los ha habido.

En segundo lugar, señalar que SUVICAL, este ente, no debe entenderse como una empresa constructora, sino que sus objetivos fundamentales son de gestión y promoción, de la manera que otras organizaciones realizan ya en nuestra Comunidad, sin plantear mayores problemas. Ya me he referido antes a las GESTURES o a GESTURCAL. Y otras fuera de nuestra Comunidad, sin que tampoco parezca que hayan presentado particulares problemas, como podría ser SGV, a nivel del Estado, de gestión de viviendas de protección oficial, o el Instituto Catalán del Suelo.

Otras críticas se han levantado desde estos sectores, y yo quiero hacer referencia a ellas, porque me han parecido particularmente desagradables, intentando personalizar el interés en la aprobación de esta Ley en personas concretas. Yo creo que son unas críticas que, por su propia torpeza en su planteamiento, no merece la pena ni que se contesten, y espero que no se reproduzcan.

Nada más por mi parte. Exclusivamente recalcar la conveniencia de dotar a nuestra Comunidad Autónoma de una mayor capacidad de intervención en el mercado de suelo residencial y en la promoción de viviendas de protección oficial, fundamentalmente de promoción pública, y pedir, por todo ello, el voto favorable a esta Proposición de Ley de creación de SUVICAL, Suelo y Vivienda de Castilla y León.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. Señor Junco Petrement, en nombre del Grupo Popular, para consumir un turno en contra, tiene la palabra.

EL SEÑOR JUNCO PETREMENT:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Desde luego, después de oír las intervenciones de los Portavoces del Grupo Parlamentario CDS y Socialistas, parece ser que con esta Proposición de Ley hemos dado con, bueno, la panacea para resolver el problema de la vivienda. Problema social que, desde luego, nos preocupa, como sé que preocupa al resto de los Grupos; pero problema que, desgraciadamente, ningún gobierno ha podido resolver satisfactoriamente, y al que, evidentemente, todos los poderes públicos tienen que plantar cara e intentar su solución.

Quiero analizar, aunque sea brevemente, la situación de la vivienda en Castilla y León. Situación que es extrapolable, con ligeros matices, al resto de España.

El gran problemas con el que nos enfrentamos, y ya lo han dicho los otros Portavoces, es la falta de suelo urbanizable. El precio del mismo, debido a su escasez, hace que incida en los costos de edificación, de forma tal que impide a un sector importante de la población acceder a una vivienda digna, según consagra nuestra Constitución.

Las dos formas de hacer accesible una vivienda a este sector de población son, por una parte, las viviendas de promoción pública y, por otra, las viviendas de protección oficial de promoción privada.

Las de promoción pública, que tradicionalmente se han realizado aportando el solar el ayuntamiento y financiando la construcción, en este caso, la Junta, tropiezan en este momento con el problema, en Castilla y León y en el resto de las Comunidad Autónomas, con la falta de solares edificables, en manos de los ayuntamientos.

Por otra parte, las viviendas de protección oficial de promoción privada, que ayudaban, no cabe duda, a resolver el problema de la vivienda a un sector muy importante de la población, han dejado de construirse.

Surgen voces diciendo que se debe a la especulación. Y, efectivamente, tienen razón en parte. Es lógico que las empresas del sector prefieran invertir en lo más rentable, que son las viviendas libres. Y es lo que ha estado pasando, pero hasta hace dos o tres años. Porque en este momento -y desde hace dos, tres años- el mercado lleva paralizado, es decir, el mercado de la vivienda libre, si bien parece que ahora dicen que se está reactivando algo, pero, en fin... Pero, bien, a pesar de esta paralización, que podría, por lo tanto, haber empujado a los promotores a la construcción de viviendas de protección oficial de promoción privada, no se han comenzado estas promociones. Ello debido, en nuestra opinión, por un lado, al precio de los solares y, por otro, a los precios oficiales. Precios oficiales que son insuficientes para cubrir gastos. Y, desde luego, no hay empresa privada que pueda trabajar con pérdidas, a diferencia de lo que ocurre con muchas empresas públicas. Ante esta situación, la Administración es evidente que tiene, y es su deber hacer algo. Y nuestro Grupo, por supuesto, es partidario que así sea.

Se nos ocurre que buena parte de la culpa, es decir, de la falta de suelo edificable, es debida a la rigidez y excesiva burocratización de la Ley del Suelo, al contrario con lo que ocurre en otros países europeos, donde prima la flexibilidad en casos concretos.

La nueva Ley de reforma del régimen urbanístico.... del suelo -por cierto, recurrida por esta Comunidad-, y que pretende poner en manos de los ayuntamientos terrenos edificables, nos tememos -y el tiempo es posible que nos dé la razón- que sólo contribuirá a hacer más escaso todavía el suelo edificable. Pero, bien, esto sería objeto, evidentemente, de un debate distinto, ya que nuestra Comunidad poco puede hacer en ese campo en una legislación que básicamente corresponde a la Administración Central. A nosotros una medida que también se nos ocurre sería revisar al alza las áreas geográficas de Castilla y León, cosa que pensamos, pues, se debería hacer.

En resumen de lo que he expuesto, se deduce que los actuales mecanismos para la creación de suelo edificable no funcionan, al igual que no funcionan los de fomento de la construcción de viviendas de protección oficial de promoción privada. Pero el hecho de que los poderes públicos deban intervenir para poner remedio a la situación no quiere decir que tengamos que apoyar la toma en consideración de esta Proposición de Ley, que nos presentan, al alimón, el Centro Democrático y Social y el Grupo Socialista, ya que, desde luego, aquí se podía aplicar ese refrán de que "es peor el remedio que la enfermedad".

Pero vamos a examinar la Proposición de Ley, con la que estamos de acuerdo en la primera parte de los antecedentes, por supuesto.

Se trata de una empresa que estará adscrita a dos Consejerías, una no se sabe cómo, claro; pero es capaz de gestionar lo que en la Junta de Castilla y León está ya no sólo en dos Direcciones Generales, sino en dos Consejerías distintas. En cuanto a los fines, son amplísimos, prácticamente puede hacer todo. No sólo promoción de suelo urbanizado de uso residencial, sino viviendas de protección oficial, de promoción privada, de pública, etcétera; colaborar con entidades locales, y algunos casos tan pintorescos, como el que indica en el punto e), como viviendas diseñadas y destinadas especialmente para sectores de población singularizados por su situación socio-económica. Aquí ya sí que, bueno, cabe todo, claro, pues, marginados, clase baja, media, alta, menos alta, menos media, etcétera. Es decir, esta empresa puede dedicarse a hacer viviendas como y para lo que quiera. Y me remito al texto del Proyecto; yo no sé... y pienso que no es ésa la filosofía o la idea de lo que debe ser esta Proposición de Ley, pero me remito al texto, y es lo que dice.

Por si eso fuera poco, en el punto g), cualquier otra actividad relacionada con las anteriores: construcción, arrendamiento, enajenación de....... para el logro de los fines perseguidos en esta ley. Además de construir, producir suelo, etcétera, también, pues, se dedica al arrendamiento, parece ser.

Lógicamente, las actividades para llevar a cabo estos fines tienen que ser obligatoriamente variadísimas, porque pueden no ya sólo participar en sociedades o empresas -lo cual, bueno, pues, parecería lógico-, sino además participar en negocios, que realmente son expresiones curiosas. O sea, se va a dedicar también a los negocios.

En el artículo 3, en el tema de patrimonio, pues, hace mención a que formará su patrimonio, el patrimonio arquitectónico traspasado por los Reales Decretos 972/84 y 1115/87. Pero se olvida hacer mención de que esto, tal como se expresa, es imposible, ya que gran parte del patrimonio traspasado ya no es propiedad de la Comunidad o ha sufrido sustanciales cambios.

Por otro lado, nos preguntamos, ya que la Proposición de Ley no lo indica, qué pasará con el patrimonio adquirido por la Comunidad, independientemente de estos decretos, esto es posterior a estos Decretos. ¿Seguirá siendo de la Comunidad o va a haber dos bloques de patrimonio arquitectónico, uno en poder de la Comunidad, otro en poder de SUVICAL? Porque el artículo 3.1, pues, no dice nada al respecto; en fin, será un olvido, es de suponer.

Y, además, el hecho de funcionar en régimen de empresa mercantil con sujeción al derecho privado es de suponer que estos bienes patrimoniales pierdan su inembargabilidad, con lo que ello puede significar.

En cuanto al artículo 4, que trata de algo tan importante como Gobierno y Administración, se lo despacha, pues, de un plumazo, en diez líneas, remitiéndose a los Estatutos. ¡Hombre!, yo creo que una Proposición de Ley de esta trascendencia debería ser un poco más seria, especificar y estudiar más este tema.

En la Adicional Quinta modifica las Leyes de creación de GERTURCAL y las GESTURES Provinciales, las cuales son -no lo olvidemos- empresas públicas, y que tienen como objeto la gestión y ejecución del planeamiento urbanístico para promocionar y obtener suelo edificable: la actuación urbanizadora, edificatoria, la posible gestión y explotación de obras, etcétera. Es decir, parte de los fines, de fines que son análogos a los pretendidos por SUVICAL.

Pues bien, se modifica la Ley 5/87, de creación de esta sociedad de gestión urbanística, limitando su actuación a gestión y ejecución de planeamiento urbanístico para promocionar y obtener suelo industrial. Y, menos mal, menos mal que dice que no será de aplicación las actuaciones en suelo residencial iniciadas o en curso de ejecución a la entrada en vigor de esta futura Ley, porque, si no, se paralizarían las actuaciones de GESTURCAL, como ya ha apuntado el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pues, por ejemplo en las Eras de Renueva.

El decir que la constitución de esta sociedad va a resolver problemas, como eran los de las Eras de Renueva, que eran puramente jurídicos, es un optimismo que no le encontramos justificación. Pero, desde luego, lo que sí se impide con ello es posibles iniciativas, posteriores al momento de aplicación de esta Ley, y en tanto se estructure y pone en funcionamiento SUVICAL, de las GESTURES en crear suelo urbanizable, suelo edificable residencial.

En una palabra, Señorías, creo que a esta primera intervención he dejado claros los motivos razonables para no apoyar esta toma de consideración de esta Proposición que es, no cabe duda, de gran trascendencia para la Comunidad.

Un tema como éste no puede ser tratado con la frivolidad que demuestra el texto de la Proposición. Démonos cuenta que nos estamos jugando miles de millones de todos los castellano-leoneses, y que nuestro deber es administrarles con seriedad y eficacia. No quiero cansar a Sus Señorías y no hago alusión a otras razones, como puede ser procedimiento de urgencia, o gasto corriente que esto puede suponer a la Comunidad, etcétera.

En resumen, mi Grupo es consciente del gravísimo problema que las clases más desfavorecidas tienen para acceder a una vivienda libre. Pensamos que la Administración debe intentar por todos los medios crear suelo edificable a precios asequibles, así como promocionar viviendas públicas. Pero no creemos que la pretendida sociedad SUVICAL sea el método correcto para ello. En nuestra opinión, la solución pasaría o bien por potenciar GESTURCAL, las GESTURES -entre cuyos fines ya figura la creación de suelo edificable-, o bien la creación de una empresa pública del suelo.

En cuanto a las viviendas de promoción pública, creemos que la Junta de Castilla y León ya las gestiona correctamente, y el problema estriba, fundamentalmente, en la falta de suelo, aunque tampoco descartaríamos la posible creación de una empresa pública para la promoción de viviendas de promoción pública. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Para un turno de réplica compartida tiene la palabra, por el Centro Democrático y Social, don Juan Durán.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Gracias, señor Presidente. No le he entendido, señor Junco. Perdone usted, no le he entendido. Están de acuerdo, pero no están de acuerdo; les parece bien, pero no les parece bien; esta sociedad no, pero otra parecida sí. Es decir, están de acuerdo en que hay que resolver el problema, pero esto no es una panacea que lo resuelva. Nadie ha pretendido que la creación de este ente sea una panacea que resuelva el problema de la vivienda; es una aportación más a la solución del problema de la vivienda. Ciertamente, mientras todas las Administraciones públicas, todos los sectores públicos y todos los sectores privados, a través de mecanismos adecuados, no se apliquen a la solución de este problema, el problema, ciertamente, no se solucionará. Nuestra pretensión al crear este instrumento es, en la medida de lo posible, contribuir a paliarlo. Por eso no le he entendido, señor Junco. Es decir, está usted de acuerdo, pero no; le parece bien, pero debía ser de otra forma; es un ente de derecho mercantil, pero debía serlo de carácter administrativo, o debía ser otro ente distinto. Mire, señor Junco, yo creo, sinceramente, que es que, de alguna forma, ustedes se oponen a esto, no tanto con argumentos de conveniencia, necesidad, oportunidad, eficacia del instrumento, etcétera, etcétera, sino por una razón de naturaleza política muy primaria y elemental: esto ha nacido de dos Grupos Parlamentarios que no son el suyo, y, de alguna forma, ustedes se ven obligados a oponerse a ello.

Nada más. Este es un poco lo que yo he extraído como consecuencia de su intervención. Ha hecho un rápido recorrido por el texto legal, que podía haber sido más sencillo y más escueto, incluso, de lo que es en la realidad. Porque, como usted bien sabe, lo que dará verdaderamente contenido al régimen de funcionamiento, de composición de sus órganos directivos, etcétera, del ente que se crea, no de la sociedad, del ente público que se crea, serán los estatutos del mismo que están, cuyo..., en fin, confección y aprobación corresponde al Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y aquí sí, si se me permite, entro ligeramente en debate, ligeramente en debate -no puedo debatir, porque un papel no puede contestarme- con los argumentos expuestos por la Junta de Castilla y León a la hora de manifestarse sobre este texto, argumento expuesto por la Junta de Castilla y León, sin entrar en el fondo y en la consideración del asunto, es que esta sociedad no se va a constituir en la presente Legislatura; es decir, que la presente Junta manifiesta la voluntad de que la sociedad no se constituya, la entidad, perdón, no se constituya. Lo ha dicho textualmente el Secretario de la Cámara cuando ha leído el acuerdo de la Junta. Ha dicho: durante la presente Legislatura, como no se puede incrementar el gasto, esta entidad no va a constituirse, voluntad específica de que no se constituya. Y ha argumentado la Junta, a través del documento aquí remitido, que en una de las disposiciones se señala expresamente que no generará incremento del gasto público, omitiendo, sin embargo, el párrafo segundo de esa disposición, en la cual, en el texto legal, se faculta a la Junta para que pueda realizar las modificaciones presupuestarias necesarias para la puesta en marcha de la sociedad. Lo que quiere decir, lisa y llanamente, que la voluntad específica de la presente Junta -no sabemos la de la futura, pero de la presente Junta- es vulnerar el mandato que pueda emanar de este Legislativo aprobando la Ley, lo ha dicho el documento que se ha leído, vulnerar el mandato que emane de este Legislativo y, cualquiera que sea la voluntad de este Legislativo, no poner en marcha la sociedad en el supuesto bastante probable de que la misma se cree hoy mismo por acuerdo mayoritario de esta Cámara. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Gracias, don Juan Durán. En el mismo turno compartido, tiene la palabra don Antonio de Meer.

EL SEÑOR DE MEER

HA-MARZO: Señor Presidente. Brevemente, pero para hacer algunas precisiones, que creo que merecen la pena, sobre la intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Yo creo que nunca había oído decir que el problema de la vivienda se basara en la falta de suelo urbanizable. Yo, la verdad, es que no lo había oído nunca hasta hoy. No es correcto, porque suelo urbanizable en los planes urbanísticos hay muchísimos en todas las ciudades, en todos los municipios; lo que falta es suelo urbanizado, que es algo absolutamente diferente. Y es lo que queremos que se haga a través de esta sociedad: no recalificar suelo urbanizable, sino urbanizar el suelo que está previamente calificado, y mal se hace sin instrumentos de este tipo.

Que son los Ayuntamientos los que facilitan el suelo para la promoción pública, pues sí o no. Y yo le he puesto el ejemplo de Eras de Renueva, de Zurguén, de Allende de Duero, de tantos sitios de la Comunidad Autónoma que son propiedad de la Junta donde se podrían haber hecho viviendas y no se hacen, pues, por otras cosas. A lo mejor, ya no porque el suelo... a estando el suelo urbanizado, sino por falta de gestión, a lo mejor, en la promoción de las viviendas públicas.

Y, la verdad, no tenemos mucho que ver con el tema de los precios oficiales de las VPO, si de lo que estamos hablando fundamentalmente es de la promoción de viviendas de promoción pública, ni de la rigidez de la Ley del Suelo. Porque, señor, ustedes han estado gobernando esta Comunidad Autónoma cuatro años y podían haber modificado la Ley del Suelo, tiene competencias exclusivas la Comunidad Autónoma; si quisieran que fuera menos rígida, que se pudiera edificar en otros sitios y de otra manera, podían haberlo hecho, ha habido Comunidades Autónomas que lo han hecho. Si la Ley del Suelo es rígida es porque ustedes quieren que sea rígida, porque se les ha pasado cuatro años sin desrigidizarla.

Y reconoce que los actuales mecanismos no funcionan, lo ha dicho usted. Pues, bueno, probemos éste, no lo descalifiquemos a priori. Estos no funcionan y, ¿qué hacemos?, ¿no hacer nada? Demos un voto de confianza, lancémonos un poco hacia el futuro.

Esto, la verdad, es que era un debate de actualidad, digamos, no era para entrar en temas puntuales, pero yo creo que a los que se ha referido, pues, se ha equivocado. Yo me refería, por ejemplo, exclusivamente como ejemplo, al tema del patrimonio. Es que yo creo que ha leído mal esa disposición. Si dice que el patrimonio de este ente será el que procediendo de los Decretos de transferencias sea de titularidad; el que ya no lo es, pues, no lo es. ¿Cómo van a ser las viviendas construidas y vendidas? Si está muy matizado esto. Porque esta Ley la han estudiado mucho, se ha trabajo mucho, incluso gente de su propio Grupo político. Esto no es un texto que se ha inventado nadie sobre la marcha, todo lo contrario. Y usted lo sabe. No los descalifique a sus compañeros de esta manera tan tremenda.

Yo creo que esto no es ninguna frivolidad. Creemos que es el momento de hacerlo, puesto que es el momento en el que hay una mayoría de la Cámara que quiere sacarlo adelante, por ejemplo, es el momento oportuno para que triunfe; nosotros fracasamos cuando lo quisimos hacer en el debate sobre el Estado de la Región, no lo sacamos adelante cuando hicimos la Proposición No de Ley, esperemos que salga adelante ahora. Y retomo las palabras del Portavoz del Centro Democrático y Social: usted ha tenido un discurso realmente confuso, dice que no pero que a lo mejor con una empresa pública para suelo residencial sí; otra empresa pública para promoción de viviendas también, pero que esto no. Vamos a ver, nosotros creemos que la solución está en la línea que aquí se apunta y pedimos el voto favorable para que al menos lo podamos comprobar.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Para un turno de dúplica, tiene la palabra, por cinco minutos, el señor Junco Petrement.

EL SEÑOR JUNCO PETREMENT:

Gracias, señor Presidente. Voy a, bueno, intentar explicar, nuevamente, al Portavoz del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, con otras palabras, bueno, lo que no me ha entendido; con las mismas no puedo, porque supongo que la Cámara, pues, no lo toleraría, y el señor Presidente, por supuesto, tampoco.

Dice que mezclo todo. Bueno, no, yo he dicho clarísimamente lo que nuestro Grupo propone, que es algo muy distinto de este ente, SUVICAL. La Junta, por supuesto, no creo que vulnere nada; acepta, como no puede ser de otra manera, lo que se aprueba en esta Cámara. Otra cosa es que haya unos mecanismos o legislación de orden interno que impidan el gasto excesivo o la disminución de ingresos. Pero la Junta, desde luego, es absolutamente respetuosa, como no puede ser de otra manera, con todo lo que se aprueba.

Señor de Meer, pues, lo siento muchísimo haberme equivocado, efectivamente. Habré hablado de suelo urbanizable, para referirme a suelo edificable. No soy un técnico de tanta altura como Su Señoría y le ruego me disculpe este "lapsus linguae".

Efectivamente, dice usted que se han pasado cuatro años y no se ha resuelto el problema. Bueno, a usted se le pasaron otros cuatro.

Pero bien. En resumen, esta Proposición de Ley, pues, yo la tendría que calificar como una monumental chapuza. Una Ley de... una sociedad pública que va a disponer de un importantísimo patrimonio inmobiliario, que va a tener un presupuesto de miles de millones de pesetas, que va a tener, presumiblemente, por todas las cosas que va a cumplir o que quiere cumplir -que eso sí que es una confusión y un potpourri-, cientos de funcionarios empleados, no puede ser de otra manera, se pretende despacharla en siete folios, de los cuales dos son de antecedentes; que tiene cuatro artículos, aunque, si ello es para justificar el procedimiento de trámite de urgencia, etcétera, pues podían haber puesto uno, porque ya los títulos, pues bueno, pues, ponen uno sumando todos los artículos, y se acabó. Es una Proposición de Ley, bueno, yo no sé el tiempo que se habrá tardado en ella, pero realizada a vuela pluma, redactada con una imprecisión, una ambigüedad y una indefinición absolutas, que demuestra frivolidad de su redacción.

Hombre, si no hay más que ver, que se ha presentado a la Mesa de la Cámara una fe de erratas de nada menos que seis folios, casi con la extensión de la Proposición No de Ley, con nada menos que cincuenta erratas. Eso demuestra claramente, pues, bueno, una falta de seriedad. Y, desde luego, a eso no jugamos.

Pero es que esta sociedad, o... bueno, o ente público, va a ser una superconsejería. Una buena parte de los cometidos de dos Direcciones Generales, que además pertenecen a Consejerías distintas, como ya he dicho antes, pasan a esta pretendida sociedad, que, además, va a incorporar otras nuevas competencias, como sea; aunque aquí se ha dicho que lo no va a ser, pero del texto de la Ley se deduce. A la vez va a ser una empresa de obras públicas y, además, una empresa constructora. En fin, un ente colosal, que, a la vista de la multitud de fines, tendrá que tener, como yo he dicho, pues, cientos de funcionarios. Pero esto supone, claro está, el vaciar de contenido, a efectos prácticos, pues una buena parte de las Direcciones Generales de la Vivienda y la de Urbanismo, con lo que se creará, pues, una duplicidad de funcionarios y, por supuesto, un aumento importante del gasto funcionarial, a costa de la Junta y, por tanto, a costa de los catellano-leoneses.

Pero también nos oponemos a la Ley por el método empleado de presentación por el procedimiento de urgencia. Una Proposición de Ley de este calibre no puede ser aceptada por nuestro Grupo con esa tramitación. Supone, la aprobación de esta Proposición de Ley, el gasto de miles de millones de la Comunidad. Pero bueno, ¿qué prisa existe? ¿Es que no se puede esperar, porque se acaba la Legislatura, y hay que presentarlo a toda velocidad para tener méritos? Porque para resolver el tema de la vivienda no será, ya que, previsiblemente, la puesta en funcionamiento, como ha dicho la Junta, no será hasta pasado el año noventa y uno, debido a que no puede generar incremento en el gasto público.

En fin, que pensamos, realmente, que es una maniobra claramente electoralista, por parte de los Grupos proponentes, como lo es la maniobra del Partido Socialista, de financiación de cuatrocientas mil viviendas, que aquí ya sí, parece ser que lo va a resolver el problema de la vivienda, no haría ni falta esta Ley. Sólo en créditos, pues, supondría muchos o varios billones, billones de pesetas, eso sin contar con intereses y demás. Menos mal que el Ministro de Hacienda, que también es Socialista, es mucho más serio y ha dicho que es imposible.

En fin, para qué insistir; es la polémica que está servida. Esto es, pues, como lo de los ochocientos mil puestos de trabajo, pero en viviendas; aunque esta vez me temo que el pueblo español, por fortuna para él, no se va a dejar engañar.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Muchas gracias.

Procedemos, pues, a la votación de la toma o no en consideración de la Proposición de Ley para la creación del ente público de derecho privado Suelo y Viviendas de Castilla y León. ¿Las Cortes toman o no en consideración la Proposición de Ley, para la creación del ente público de derecho privado Suelo y Viviendas de Castilla y León, SUVICAL?

Quienes estén a favor, que levanten la mano. Muchas gracias. Votos en contra. Muchas gracias. Abstenciones, ninguna.

Resultado de la votación. Cincuenta y dos votos emitidos. Treinta y cinco a favor. Diecisiete en contra. Ninguna abstención.

En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley para la creación del ente público de derecho privado Suelo y Viviendas de Castilla y León, SUVICAL.

El señor Secretario procederá a dar lectura al sexto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Sexto Punto del Orden del Día: "Debate y votación de la Comisión..."

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Silencio, por favor.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

: "... de Educación y Cultura, en el Proyecto de Ley de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): Para la presentación del Proyecto de Ley por parte de la Junta, el señor Consejero tiene la palabra.

¿No hay presentación por parte de la Junta? Muchas gracias.

En consecuencia, entonces, procedemos a los artículos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24, sobre los cuales no se mantienen Enmiendas y que se votan de forma agrupada.

¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

Pasamos al artículo 25, sobre el que existe una Enmienda Transaccional, a la que dará lectura el señor Secretario.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, de Centro Democrático y Social y Mixto en las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 118.3 del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Enmienda Transaccional al artículo 25 del Dictamen propuesto por la Comisión de Educación y Cultura al Proyecto de Ley de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León.

Se propone el siguiente texto para el artículo 25: "La Consejería de Cultura y Bienestar Social podrá requerir a los archivos que conserven documentos pertenecientes a otros archivos de titularidad pública, o que hayan de ser conservados en éstos, a que obligatoriamente entreguen dichos documentos al archivo al que legalmente correspondan".

La presente Enmienda supone la retirada de la Enmienda número 45 del Grupo Parlamentario Socialista.

Firman los Portavoces de los cuatro Grupos representados en la Cámara.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): ¿Se aprueba dicha Enmienda Transaccional por asentimiento? Se aprueba. En consecuencia, sustituye el nuevo texto al artículo 25.

Pasamos a la votación de las Enmiendas de los artículos 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, que se votan de forma agrupada. ¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban. Quedan aprobadas.

Pasamos a los artículos que existen... No. Pasamos al voto particular, propugnando la recuperación del artículo 42 del texto propuesto por la Ponencia, suprimido en Comisión, como consecuencia de la aprobación de la enmienda 61 del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social.

Para consumir un turno a favor de dicho voto particular, el representante del CDS... del PSOE.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Señor Presidente, queda retirado el voto particular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO):Queda retirado. Muchas gracias.

Pasamos, pues, a los artículos 39, 40, 41 y 42, que se votan de forma agrupada, puesto que no se mantienen enmiendas.

¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

Artículo 43. Hay una Enmienda Técnica, a la que dará lectura el señor Secretario.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

: "Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, de Centro Democrático Social y Mixto de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 118.3 del Reglamento de la Cámara, presentan, por medio de este escrito, Enmienda Técnica al artículo 43, apartado e), del Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura del Proyecto de Ley de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León, consistente en introducir, tras la palabra "convenio", la expresión "o concierto". Justificación: se trata de dotar de coherencia al precepto, en consonancia con las modificaciones introducidas en Ponencia y Comisión en otros artículos del Proyecto de Ley".

Firman los cuatro Portavoces de los Grupos Parlamentarios.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR

EZ-REYES DE PALACIO): ¿Se aprueba por asentimiento dicha Enmienda? Se aprueba.

¿Se aprueba en consecuencia, digamos, el artículo, también por asentimiento, incorporando la misma? Se aprueba.

Al artículo 44 no se mantiene ninguna Enmienda. Votamos, pues, por... Se somete a votación por asentimiento. Se aprueba por asentimiento el artículo 44.

Pasamos al artículo 45, donde subsiste la Enmienda número 47, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Su Portavoz puede hacer uso de la palabra, para la defensa de dicha Enmienda.

Don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ:

Gracias, señor Presidente.

Voy a intentar consumir un turno de defensa de la Enmienda al artículo 45, al Consejo de Archivos, y de la Enmienda al artículo 47, al Sistema de Archivos, que son las dos únicas Enmiendas que quedan vivas del Grupo Socialista al Proyecto de Ley, y así anticipar, en la medida de lo posible, la finalización de los debates del Pleno.

Bueno, en primer lugar, es necesario resaltar el amplio grado del acuerdo al que se ha llegado en las fases de Ponencia y Comisión sobre este Proyecto de Ley, Proyecto de Ley al que se habían presentado casi doscientas enmiendas y que llega a Pleno únicamente con dos Enmiendas vivas del Grupo Socialista, con lo que ha sido una transigencia de todos los Grupos en unas posiciones iniciales que eran algo más alejadas, pero que también, sin duda, ha permitido el carácter más bien técnico de la discusión. Esto, en primer lugar.

En segundo lugar, resaltar el que el Sistema de Archivos que se pone en marcha en Castilla y León, con este Proyecto de Ley, va a permitir, sin duda alguna, la mejor organización de una parte importante de nuestro patrimonio, como es el patrimonio documental. Y va a permitir que en una Región como la nuestra, tan rica en entidades locales, tan rica, por lo tanto, en archivos municipales, tan rica en documentos de tipo administrativo, pero también de otras características, pues, pueda conocer mejor su Historia, a base de tener mejor organizado y mejor conocido su patrimonio documental.

Nos felicitamos, pues, de este grado de acuerdo, y únicamente mantenemos a todo el Proyecto de Ley dos Enmiendas, que tienen algún contenido, y que yo voy a pasar a defender, porque también reconozco que existen... De la misma manera que a mí se me reconocieron como válidos algunos de los argumentos que yo utilicé en Ponencia y en Comisión, reconozco que también existen argumentos que pueden hacer razonable su no admisión; y, en este sentido, tampoco tiene mucho sentido -y valga reiteración- el prolongar el debate.

En primer lugar, en cuanto al Consejo de Archivos. La Ley crea la existencia de un órgano consultivo importante para organizar y hacer funcionar el sistema de archivos de Castilla y León, que es un consejo en donde tienen que estar representados todos los archivos integrados en el sistema, que pueden ser de varias características: Archivos Municipales, Archivos de las Diputaciones Provinciales, Archivos privados, otros Archivos de dependencias públicas, de uso público, o de titularidad pública de otros organismos de la Administración, y los Archivos de la propia Junta.

Parece razonable que, si el sistema de archivos ha de ponerse en marcha cuanto antes, y si el sistema de archivos tiene que empezar a funcionar a base de unos reglamentos que se dictan en ejecución de esta Ley, para los cuales el Consejo de Archivos tiene que ser oído y tiene que emitir dictámenes, porque, probablemente, sus aportaciones de naturaleza técnica sean importantes, parece razonable que el Consejo de Archivos sea la primera cuestión que se desarrolle de esta Ley. Y si es la primera cuestión que se desarrolla de esta Ley, no entendemos por qué se ha dejado sin legislar una cuestión tan importante como es su composición.

El Consejo de Archivos tiene que ser un órgano reducido. Es verdad que puede, razonablemente, argumentarse que puede ser conveniente que la composición del Consejo de Archivos, al no estar en la Ley, pueda ser modificada. Pero, en cualquier caso, las modificaciones no pueden ser muy grandes. Tiene que haber representantes de todas las redes de archivos integradas en el sistema, tiene que haber representantes de los diferentes tipos de archivos integrados en el sistema. ¿Cómo es posible que, si hemos podido ponernos de acuerdo en todo lo que es el sistema de archivos de Castilla y León, no podamos ponernos de acuerdo en una composición -porque nosotros proponemos una, pero bien podía ser otra-, en una composición del Consejo de Archivos que permita la inmediata constitución del Consejo nada más aprobar la Ley? Si esto no es así, habrá que dictar un reglamento que regule la composición del Consejo de Archivos, habrá que constituirlo, habrá que designar los representantes, elegidos en función del reglamento o designados por el Consejero, entre diferentes cuerpos o grupos de archiveros que formarán parte del Consejo, y al final, lo que va a pasar es que el desarrollo reglamentario de la Ley se va a retrasar cinco, seis, siete, ocho, nueve meses, o doce meses.

Por lo tanto, nosotros vamos a defender que el Consejo de Archivos tenga una composición fijada en la Ley; simplemente por anticipar el desarrollo de la Ley misma. Y vamos a defenderlo también, porque mantenemos el criterio de que los representantes de los Archivos de las Entidades Locales deben tener un carácter de representatividad no solamente de su Archivo, de su entidad, sino del conjunto de los municipios y las provincias de Castilla y León. Y nos parece importante que la Ley recoja el que debe ser la Federación Castellano-Leonesa de Municipios y Provincias la que proponga, para su nombramiento al Consejero, los representantes de los archivos de Entidades Locales que estén en el Consejo, para que no se representen solamente a sí mismos, sino que se representen a todos los Ayuntamientos y a todas las provincias de Castilla y León, y, a través de la Federación, puedan hacer valer esta representación y puedan hacer oír una voz que no sea la voz sólo de su Ayuntamiento, cuando se discutan cuestiones que afecten a todos los Ayuntamientos y Provincias de la Región, sino que lleven la voz de la Federación y, por lo tanto, de todos los Ayuntamientos y Provincias.

La segunda Enmienda es sobre los Archivos Comarcales. Nosotros pretendemos que se haga una mención, a la hora de regular cuáles son los archivos que forman parte del sistema, a los Archivos Comarcales de Castilla y León. Esta Enmienda está vinculada a otra cuya tramitación parlamentaria ha sido accidentada, porque dependía, sustituía a un artículo que fue suprimido en Comisión; y, evidentemente, queda un poco coja en su formulación en el Pleno de las Cortes.

Pero sí que nos parece interesante suscitar la siguiente reflexión a Sus Señorías. Nosotros estamos de acuerdo con el criterio mantenido, fundamentalmente, por las asociaciones de archiveros, por los profesionales de los archivos, de que no deben diseminarse los fondos de nuestro patrimonio documental, y de que, en particular, en los Archivos Históricos Provinciales deben acumularse los fondos del patrimonio documental histórico básicamente. Pero también nos parece que es interesante suscitar la reflexión de que buena parte de esos fondos, si están en los Archivos Históricos Provinciales es debido a la dependencia pública de las instituciones que los habían aportado o donde estaban depositados con anterioridad. Por desgracia, todavía nuestros archivos no reúnen muchos fondos privados, y la inmensa mayor parte del patrimonio documental privado de la Región no está ni siquiera archivado, a no ser que vayamos a la definición que la propia Ley hace de archivos, diciendo que en el momento que exista una organización de un determinado patrimonio documental, existe un archivo, aunque ese archivo sea simplemente un mueble de una vivienda privada.

Bien. A nosotros nos parece que es interesante el que desde los poderes públicos se haga un esfuerzo por recuperar buena parte de esa documentación. Y nos parece que los Archivos Comarcales pueden ser, en circunstancias no generales, sino en circunstancias concretas y excepcionales, una buena forma de que la Administración recupera, organiza, difunde y pone a uso público nuestro patrimonio documental. Porque, además, hay circunstancias concretas en muchas comarcas de la Región que hacen aconsejable que, de la misma manera en que se efectúa la recopilación y la organización del patrimonio histórico en museos, también se recupere el patrimonio documental en archivos concretos y yo casi diría monográficos.

Imaginemos, por ejemplo, las zonas de nuestra Región de habla gallega -que las hay-; ¿no sería razonable, de la misma manera en que Ayuntamientos de la provincia de Zamora, por ejemplo, crean museos en donde se recoge parte del patrimonio histórico, del patrimonio etnológico, se recupere también documentación que forma parte de nuestro patrimonio documental, adscrito monográficamente a esa circunstancia? El señor Elorza conoce algún otro ejemplo, que podríamos poner, de la provincia de Burgos; no voy a hacer uso de ese ejemplo, porque creo que él lo conoce mejor que yo. Pero existen tierras concretas, las Comunidades de Villa y Tierra, por ejemplo, en la provincia de Segovia, algunas comunidades que podrían tener perfectamente su archivo, zonas concretas de la Región, en donde se están poniendo en marcha otras iniciativas culturales, otras estructuras básicas culturales, que intentan recuperar lo que fue una gran tradición artesanal, una gran tradición industrial, una, simplemente, tradición económica de lo que es el producto... -perdón-, la producción de un determinado vino, de un determinado, bueno, de un determinado uso económico. En todas estas circunstancias, ¿no sería razonable que pensáramos que pueden existir archivos monográficos, Archivos Comarcales, por ejemplo, pues, que recuperaran determinados tipos de documentos de las industrias de una determinada zona del territorio, de una determinada peculiaridad cultural que existe en una zona de nuestro territorio? Estoy pensando yo: ¿no sería razonable, a lo mejor, que existieran también Archivos Comarcales Históricos en las comarcas de creación, en las comarcas de creación por Ley de la Comunidad? Se podría discutir o no si tiene que existir un Archivo Histórico del Bierzo, pero, evidentemente, podría ser razonable que existiera.

En este sentido, por qué esa negativa, explicitada -incluso- en que la tímida propuesta de la Junta de que pudieran existir Archivos Comarcales en las Comarcas de Ley de la Comunidad ha quedado excluida del texto del Proyecto de Ley del Gobierno.

Nosotros pensamos que, realmente, no se perdería nada si se recogiera la posibilidad de que, de una manera no general, de una manera excepcional, por circunstancias, probablemente, singulares en cada caso, existieran otros archivos que los Archivos Históricos Provinciales, los Archivos Territoriales y los Archivos de las Entidades Locales. Los Archivos de las Entidades Locales no son los adecuados para recoger los fondos de los que yo estoy hablando; y en muchos casos los Archivos Históricos Provinciales no los recogen; pero no los recogen porque tengan falta de voluntad para ello, simplemente, no lo recogen porque los propietarios de esos documentos no se los ceden; y, probablemente, sí estarían dispuestos a cederlos a infraestructuras más vinculadas al territorio en el que estos propietarios tenían, realizaban su actividad.

En resumen, lo que pretendemos con nuestras dos Enmiendas es, en primer lugar, que la Ley regule la composición del Consejo de Archivos de Castilla y León; en segundo lugar, que exista la posibilidad de que Archivos Comarcales formen parte del sistema de archivos de Castilla y León, que no se excluya rotundamente la posibilidad de que existan Archivos Comarcales.

Volvemos a manifestar nuestra satisfacción por el acuerdo final al que hemos llegado sobre el texto del Proyecto. Ha sido una discusión ardua, y, en algunos casos, prolija, y, en algunos casos, realmente complicada, pero, desde luego, no ha sido una discusión infructuosa; y hacemos todos nuestros votos por que del texto del Proyecto de Ley que en estos momentos estamos aprobando, y que se convertirá en Ley con esta aprobación, se deduzca, se concluya una mejor situación del patrimonio documental de nuestra Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Granado. Señor Elorza, tiene la palabra para consumir un turno en contra de las dos Enmiendas que conjuntamente ha defendido el Portavoz del Grupo Socialista. Son las Enmiendas número 47 y número 48.

EL SEÑOR ELORZA GUINEA:

Muchas gracias, señor Presidente. Mi intervención no va a ser precisamente para mantener una posición frontal ante cuanto ha sido expuesto anteriormente por el Portavoz del Grupo Socialista. Y me sumo, por supuesto, a la felicitación que se hace, y que nos hacemos todos, del grado de acuerdo al que se ha podido llegar en Ponencia y en Comisión para que esta Ley, remitida desde la Consejería de Cultura y Bienestar Social, una Ley cuyo texto era en sí mismo bueno, haya podido recibir las mejoras que los Grupos Parlamentarios representados en la Cámara y en la Comisión han aportado, de tal manera que lo que ya era bueno en sí, se haya convertido en algo, probablemente, muy bueno.

Mi felicitación no sólo a los miembros de la Ponencia y Comisión que han trabajado sobre este texto, sino muy especialmente a la Consejería que lo ha remitido y nos ha dado los elementos de juicio suficientes para poder trabajar sobre ello.

Yo estoy, también, bastante de acuerdo en algunos de los planteamientos realizados por don Octavio Granado, pero, lamentablemente, hay cuestiones de matiz que nos impiden el votar afirmativamente a las Enmiendas presentadas.

En lo que se refiere a la composición del Consejo de Archivos, él mismo ha usado una frase acuñada, que es el desarrollo de la Ley, hablando concretamente de que debiera desarrollarse en este momento. Y yo creo que el desarrollo de la Ley debe ser por vía reglamentaria, y que fijar en este momento la composición, el número y la cualificación de los miembros del Consejo sería encorsetar demasiado el texto y obligarle a que alteraciones posteriores tuvieran necesidad de un trámite legislativo mucho más amplio que si se dejara exclusivamente para hacerlo por vía reglamentaria.

Entiendo lo que quiere decir en que en el Consejo deben estar presentes la Federación de Municipios y Provincias, pero no creo que esté bien plasmado, y no hemos encontrado una fórmula que nos satisficiera a todos. Porque la Ley y el Consejo, sobre todo, ha de ser, fundamentalmente, de integrantes muy técnicos, y, entonces, dejar así, de una manera bastante imprecisa, tres representantes de la Federación de Municipios y Provincias podría dar paso a que un organismo o un órgano de carácter muy técnico pudiera estar integrado por personas que tuvieran otra cualificación, pero no precisamente la competencia suficiente en la materia que nos ocupa.

Por tanto, nos vemos precisados a, comprendiendo la intención, incluso asumiendo que hubiera sido útil, de alguna manera muy genérica, plasmar en el texto de la Ley un tipo de composición, lo que no nos parece adecuado es ni encorsetarlo de esta manera, ni definirlo de un modo concreto.

En lo que se refiere a la Enmienda que afecta a los llamados Archivos Comarcales, yo creo que no son Archivos Comarcales lo que nos quería decir el Portavoz del Grupo Socialista, porque "comarcal" también tiene... es un concepto que responde a un vocablo muy concreto; y después se ha hablado de la creación de comarcas. En el punto 7 del texto de la Ley dice que se integrarán también en el sistema de archivos los Archivos Municipales y de las restantes Entidades Locales de ámbito inferior al provincial; eso es una comarca. Por tanto, no hace falta explicitarlo. Lo que él dice es otra cosa, que yo la entiendo perfectamente; y me ha hecho la gracia, puesto que habíamos, evidentemente, hablado antes, de no citar un ejemplo que yo tenía en mis papeles escrito, que es el archivo de una Corporación tal como los Monteros de Espinosa. Evidentemente, eso no es un archivo comarcal. Y ese tipo de archivos, que, indudablemente, es necesario proteger, preservar, recoger, estudiar, investigar, difundir, todo lo que se quiera, también entran dentro del apartado 10 del texto del Proyecto, donde dice que se podrán también integrar aquellos otros archivos de cualquier titularidad, pública o privada.

Entonces, no hace falta explicitar más, puesto que con el apartado 10 del texto remitido por la Junta de Castilla y León, creo que está... se da cabida suficientemente a todas aquellas variantes o posibilidades, que son muchas, qué duda cabe, porque la historia de nuestra Comunidad es muy intensa, muy amplia, muy... de muchos siglos de existencia, y variantes, posibilidades, existen y existirán.

Por tanto, reiterando la satisfacción porque hayamos llegado a terminar el debate de este Proyecto de Ley con sólo dos Enmiendas, y comprendiendo además el buen sentido y el buen criterio que se ha puesto de manifiesto en la exposición realizada por el Portavoz del Grupo Socialista, no podemos votarlas estas enmiendas en sus términos, porque no nos parecen las más adecuadas. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias. No desea réplica, y tampoco hay dúplica. Sometemos a votación la Enmienda número 47 del Grupo Parlamentario Socialista. Los que estén a favor de la Enmienda, levanten, por favor, la mano. Gracias. En contra. Gracias. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y uno. Votos a favor de la Enmienda: ocho. Votos en contra: veintitrés. Queda rechazada la Enmienda 47.

Se vota, entonces, el artículo 45. Votos a favor del artículo 45. Gracias. Votos en contra. Abstenciones. Ninguna.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y uno. Votos a favor del artículo: veintitrés. En contra: ocho. Abstenciones: ninguna. Queda aprobado el artículo 45.

Al artículo 46 no se mantienen Enmiendas, ¿se aprueba por asentimiento? Queda aprobado el artículo 46.

Al artículo 47 se mantenía la Enmienda número 48 del Grupo Socialista, que ha sido debatida. Se vota la Enmienda número 48 del Grupo Socialista. ¿A favor de esta Enmienda? Gracias. Votos en contra. Muchas gracias.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y uno. Votos a favor de la Enmienda: ocho. En contra: veintitrés. Queda rechazada la Enmienda 48 del Grupo Socialista.

Se vota el artículo 47, tal como viene propuesto por el Dictamen de la Comisión. ¿Votos a favor del artículo 47? Muchas gracias. ¿En contra? Gracias.

Resultado de la votación. Votos emitidos: treinta y uno. Votos a favor del artículo: veintitrés. En contra: ocho. Abstenciones: ninguna. Queda aprobado el artículo 47.

A los artículos 48 y 49 no se mantienen Enmiendas, los votamos agrupados. ¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

Al artículo 50 existían unas Enmiendas, que se van a sustituir por una transaccional a la que va a dar lectura el señor Vicepresidente Segundo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR FERNANDEZ MERINO):

Se propone el siguiente texto para el artículo 50: "Artículo 50.- Reglamentariamente se determinarán -dos puntos-:

1. Las condiciones de integración en el sistema de los archivos incluidos en el mismo por la presente Ley.

2. El contenido mínimo de los convenios o conciertos suscritos entre la Consejería de Cultura y Bienestar Social y el titular por los que otros archivos pasan a integrarse en el sistema. En dichos convenios o conciertos se hará mención expresa de los derechos y obligaciones de las partes firmantes, así como de las singularidades que en cada caso procedan".

La presente Enmienda supone la retirada de las Enmiendas número 50 y 51 del Grupo Socialista, y 74 del Grupo del Centro Democrático y Social.

Firmado, el Grupo Socialista, Grupo Popular, Grupo del CDS y Grupo Mixto.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

: ¿Se aprueba por asentimiento la Enmienda Transaccional que se propone, por todos los Grupos, al artículo 50?

Queda aprobada y, consecuentemente, retiradas las Enmiendas números 50 y 51 del Grupo Socialista, y la número 74 del Grupo de Centro Democrático y Social.

Votamos ahora el artículo 50, tras haber introducido esta Enmienda Transaccional. ¿Se aprueba por asentimiento el artículo 50? Queda aprobado.

Artículos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59. Disposiciones Adicionales Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima. Disposiciones Transitorias Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. Disposición Final. Disposiciones Derogatorias Primera y Segunda. Exposición de Motivos y Título del Proyecto de Ley. Se someten agrupados por votación. Al no existir Enmiendas, ¿se pueden aprobar por asentimiento? Quedan todos ellos aprobados por asentimiento.

En consecuencia, queda aprobada la Ley de Archivos y del Patrimonio Documental de Castilla y León. ¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir su turno para explicación de voto? ¿Ninguno? El señor Consejero de Cultura y Bienestar Social tiene la palabra.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente, para expresar a la Cámara la satisfacción del Gobierno y, especialmente, del Consejero de Cultura por la aprobación del Proyecto de Ley de Archivos y Bibliotecas. Con esta aprobación no sólo mejoramos y ordenamos y protegemos el Patrimonio de Archivos y Documentos de nuestra Comunidad Autónoma, sino que, de alguna forma, se viene a culminar el Proyecto de reordenación sectorial que nos propusimos al inicio de la legislatura.

En leyes sucesivas se ha procedido a la reordenación de los servicios sociales de nuestra Comunidad Autónoma, del deporte y la educación física, de la biblioteca, de las bibliotecas, y, en este momento, de los archivos y del patrimonio documental.

La totalidad de estas leyes, si no recuerdo mal, han sido aprobadas por unanimidad en la Cámara, después de haber sido notablemente mejoradas en su discusión, primero en Ponencia y después en Comisión.

Por lo tanto, mi especial agradecimiento a los Procuradores que en Ponencia y Comisión han intervenido en la mejora de las Leyes que fueron remitidas, o de los Proyectos de Ley que fueron remitidos desde la Consejería.

Tan sólo la Ley de Ordenación Sanitaria, entrada recientemente en estas Cortes, por razones de calendario, no va a poder ser aprobada; pero estoy seguro que, en el mismo talante que ha conseguido la aprobación del resto de las Leyes, lo será al comienzo de la Legislatura inmediata.

Y, simplemente para terminar, manifestar que esta alegría que al Consejero de Cultura le produce la aprobación de esta Ley solamente se ve empañada por el fallecimiento en el día de ayer de dos ilustres poetas españoles: José María Luelmo Soto en Valladolid, y Rafael Gabriel Múgica Celaya, poeta español además de vasco. Suponen una pérdida notable para las letras españolas. Para los poetas fallecidos, nuestro recuerdo, y para los Procuradores de la Cámara, mi especial agradecimiento. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS):

Gracias, señor Consejero, y gracias a todos los Procuradores. Se levanta la sesión.

(Se levantó la sesión a las catorce horas quince minutos).