DS(P) nº 9/2 del 6/11/1987

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Se abre la Sesión. El señor Secretario procederá a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Primer punto del Orden del Día:" Preguntas con respuesta oral ante el Pleno". Pregunta con respuesta oral del Procurador don Juan Bartolomé Durán Suárez."

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Tiene la palabra el Procurador don Juan Bartolomé Durán.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Escuetamente formularé la pregunta, conforme señala el Reglamento. Señor Consejero de Presidencia: ¿para qué fecha considera la Junta de Castilla y León que podrá publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León la totalidad de las disposiciones que completen su estructura orgánica, central y periférica, hasta el nivel de Negociado inclusive?.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ):

Gracias, Presidente. Señorías.

Como Su Señoría ha podido advertir, ayer salió la estructura orgánica a nivel de Sección y de Negociado de los Servicios Centrales de la Consejería de Economía, y tal vez en estos dos días, entre hoy y el lunes, salgan el resto de las Consejerías. A nivel periférico, entiendo que puede posponerse no más de quince días la fecha en que puede salir la totalidad de la estructura, si bien, lógicamente, tenemos que sacar el preceptivo concurso para cubrir todos los niveles a los que hace referencia Su Señoría.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Señor Durán.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí, señor Consejero. Yo me doy satisfecho, me quedo satisfecho con la respuesta; pero quisiera decirle que entre el funcionariado, globalmente, de la Junta existe preocupación por este tema, urgencia en conocer cuáles van a ser las estructuras orgánicas y, derivadas de la misma, las posibilidades de previsión que cada uno de ellos pueda hacer respecto a su encaje definitivo en la nueva estructura de la Junta. Quedo satisfecho y le agradezco la respuesta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra, para formular su pregunta, el Procurador don Angel Fernando García Cantalejo.

EL SEÑOR GARCIA CANTALEJO:

Sí. Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, como creo que conocerá ya perfectamente el texto de la pregunta y los antecedentes de la misma, espero a su respuesta para una posible segunda intervención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Señor Presidente, muchas gracias. Simplemente decir a Su Señoría que no hay ninguna decisión con respecto a permutar el local a que Su Señoría hace referencia. Simplemente eso: no se ha tomado ninguna decisión para permutar absolutamente nada.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Cantalejo.

EL SEÑOR GARCIA CANTALEJO:

Sí, la verdad es que me deja absolutamente extrañado. Que no se haya tomado una decisión, vale; lo que pasa es que parece que se intuye que ni si quiera es cierta la afirmación que yo hago. Yo tengo aquí una nota aparecida en el Diario local, que es la misma que salió en los medios de comunicación radiados, en la que dice que "la Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para la permuta de la Casa de la Juventud de Segovia por el Palacio de Quintanar, según nos informa la oficina del Portavoz". Si las fuentes de los diarios o de los medios de comunicación son malos, quizá le aclare más una carta del Vicepresidente de la Junta, compañero suyo de Junta -y me imagino que alguna cosa hablarán entre ustedes-, donde le dirige al Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia una carta en la que dice: "En breve recibirás una visita de un arquitecto de la Junta de Castilla y León, a fin de iniciar los trámites para la posible permuta del Palacio de Quintanar por la Casa de la Juventud. Firmado: Juan José Lucas Jiménez". Si es cierto que no han tomado ninguna decisión, eso puede ser una pregunta, pero, simplemente, dilataría el tema. Yo lo que quería entrar era en el fondo del asunto, y es, si ustedes tienen pensado algo -tal y como dice la pregunta-, dónde tiene pensado la Consejería de Bienestar... de Cultura y Bienestar Social que se desarrollen las actividades que anteriormente contaban con el apoyo de la Junta. Desde luego, la respuesta suya no me vale, porque decir... parece ser, es decir, que no hay nada cuando aquí hay algunos documentos que parece que lo prueban, en fin, desde luego no me deja nada de satisfecho la pregunta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Gracias, señor Presidente, Señoría. La pregunta que se hace es si hay permuta y si se va a hacer una cosa, y yo lo que contesto, sencillamente y literalmente dicho: "no hay ninguna decisión tomada para realizar la permuta". Entonces, si eso es lo que se me pregunta, eso es lo que debo contestar. Ahora, si Su Señoría quiere más información, se la doy.

Es criterio de la Junta, que comparten desde luego todos los Consejeros con su Presidente a la cabeza, que, en la medida de lo posible, hay que estudiar la ubicación de los Servicios Periféricos de la Junta. Y, en ese sentido, se están revisando, no las ubicaciones en Segovia, sino en las nueve provincias e incluso en las Sedes Centrales de la Junta en Valladolid capital. En esa línea, tanto se ha observado o se ha visitado -y tengo planos a disposición de Su Señoría del Palacio de Quintanar-, como otras muchas instalaciones. Cuando se tengan los criterios adoptados, se tomará la decisión oportuna; pero tenga Su Señoría la absoluta seguridad que las actividades culturales no van a ser... no van a sentirse perjudicadas, porque cuando se haga el acoplamiento definitivo, en cualquier caso, se asegurará el mantenimiento de este tipo de actividades. Es decir, el Consejero que le habla no está dispuesto a ceder un solo local a sus propios colegas de Junta mientras no se me garantice dónde se van a seguir manteniendo las actividades.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. El señor García Cantalejo puede formular la siguiente pregunta.

EL SEÑOR GARCIA CANTALEJO:

Bueno. La siguiente pregunta también tiene relación con este tema, y va interrelacionado porque, en fin, yo algo intuía ya de este tema. Desde luego, lo que le puedo garantizar, señor Consejero, es que hay asociaciones culturales ubicadas en la Casa de la Juventud que tienen cartas conminándoles a que abandonen, a que abandonen esos locales, curiosamente porque -según palabras de la persona que parece ser que era responsable- eran amigos del Delegado, alguno incluso militante socialista. ¡Qué causalidad!, son los únicos que han empezando a recibir las cartas para que se vayan de allí. En fin, si ustedes creen que esa es la manera de mantener las actividades, vamos a la segunda pregunta que son unos cursos de artesanía que se iniciaban siempre como en el inicio del curso, normalmente, entre el ochenta y cinco-ochenta y seis, ochenta y seis-ochenta y siete, y que tenían una participación muy amplia. En la última no tengo los datos exactos exactos, pero rozaba los cuatro centenares en el último curso. Estas gentes, no las personas que impartían los cursos, sino los que asistían a ellos, se han estado preguntando, dentro de este "no sabe, no contesta" (que por lo menos en la provincia de Segovia se recibe en las Delegaciones Territoriales -eso ha sido denunciado en múltiples ocasiones a través de los medios de comunicación también-), pues nadie les dice nada, nadie sabe cuando van a empezar. Y, desde luego, lo que yo queria saber era si se iban a impartir los cursos; no digo por las mismas personas; si se iban a impartir los cursos y cuándo se puede, si puede usted dar una fecha.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Muchas gracias, señor Presidente.

Señoría, creo que en este momento tenemos los papeles cambiados. Mire usted, en la Casa de la Cultura de Segovia pasaban muchas cosas. Entre ellas, que determinadas asociaciones privadas y con ánimo de lucro realizaban actividades por las cuales cobraban tasas a los participantes, y la Consejería se limitaba a pagar los gastos y no tenía participación activa, ni en los ingresos de las tasas, ni siquiera en fiscalizar las cuentas. Por paradojas de la vida, esta pregunta que a lo mejor debía haberle hecho un Procurador de mi Grupo en la Legislatura anterior al Consejero de Cultura, explicándole por qué en un centro público se realizaban actividades por entidades privadas con fines de lucro, es la que usted me plantea a la recíproca. Las instrucciones que se han dado, en ésta como en cualquier otra casa de cultura o de juventud dependientes de la Consejería, es que las actividades que allí se desarrollan en ningún caso deben ir acompañadas con fines de lucro. Y en modo alguno estamos dispuestos a hipotecar los locales que son propiedad de la Junta en beneficio de determinadas personas que obtienen pingües beneficios en función de las actividades que allí desarrollan.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor García Cantalejo.

EL SEÑOR GARCIA CANTALEJO:

Sí. Esto parece ser que durante un tiempo puede ser la eterna discusión. Ustedes, que debían de ser los que defendían estos planteamientos con eso de la economía de mercado... Pero es que tampoco es cierto como usted lo plantea, señor Consejero. No están haciendo con ánimo de lucro, ¡hombre!, no lo están haciendo con ánimo de lucro. Están cobrándose un tema de artesanía, que creo que usted comprenderá que estas cosas cuestan, no solamente el estudiar, sino los materiales; cuestan lo que ponen... los diversos materiales que se ponen en funcionamiento para que estos trabajos de artesanía diversos y variados puedan llevarse a cabo. Por lo tanto, hombre, yo conozco personalmente a la gente... Y repito que no he preguntado por quién las impartía, sino por la preocupación de la gente que los hacía. Pero también conozco a quien los impartía y, desde luego, no les he visto forrarse de dinero como aquí parece que se intuye. Estaban haciendo unos costos, cobraban una cantidad: un año eran mil quinientas -y no me importa, porque los datos sí que los conozco al mes-, el segundo año dos mil; pero desde luego cubrían muy... muy que llanamente los gastos que podían tener de esa derivación de los cursos. Y, lógicamente, si sacaban algún beneficio, es posible, pero, desde luego, hombre, eso de ánimo de lucro y pingües beneficios, señor Consejero, yo no estoy dispuesto a consentirlo, porque no creo que sea así, y desde luego los que impartían las clases se lo pueden decir a usted perfectamente.

Yo con esto no... no termino de saber si va a haber o no va a haber cursos, no termino de saber si va a haber o no va a haber cursos, que en el fondo es lo que yo quería saber. Y repito que no quiero entrar en la discusión de quien los imparte, sino de quienes los recibían, que son los que lo están demandando.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):........

Perdón, señor Presidente. Perdón, Señorías.

De lo que acaba de decir Su Señoría, yo no he tenido acceso a las cuentas -parece que usted sí- y entonces yo no sé si tendrá usted mejor conocimiento de causa que yo para saber si hay buenos o malos beneficios en los cursos. Pero, si le he oído bien a Su Señoría, habla de unos derechos de matrículas de dos mil pesetas al mes y ha hablado de cuatrocientos alumnos; dos mil por cuatrocientos son ochocientas mil pesetas al mes, que no es una cifra despreciable y creo yo que puede, a primera vista, proporcionar sensibles beneficios a quien imparte los cursos. Pero mire usted, se ha dictado una norma en virtud de la cual se van a regular todas las actividades en las casas de juventud. Entonces, esas actividades, unas serán organizadas directamente por los servicios periféricos de la Junta, otras serán organizadas por organismos públicos, otras por asociaciones juveniles; pero, insisto, en ningún caso estamos dispuestos a hipotecar los locales de la Junta con entidades privadas que de forma permanente utilicen esos locales. Otra cosa es que se les ceda para una conferencia, para una reunión o para un programa cultural determinado. Pero, insisto, asociaciones privadas con ánimo de lucro, utilizando permanentemente un local de la Junta, en la que la Junta pone todo y no recibe a cambio absolutamente nada, es el criterio de esta Consejería que eso se ha acabado ya, sean socialistas, o de derechas, o de centro, o de arriba o de abajo, quienes se lleven los beneficios.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Puede formular su pregunta el Procurador don Virgilio Buiza Díez.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Gracias, señor Presidente. Bien, mi pregunta hace referencia a la problemática que, lógicamente, positiva -aunque parezca contradictorio-, puede plantearse con la puesta en regadío de los planes derivados de Riaño. Es evidente que la zona afectada necesitará hacer esfuerzos considerables para afrontar con garantías de éxito esa nueva realidad. Parece también razonable que en este reto no deben estar solas estas poblaciones, y, en ese sentido, creo que sería necesaria la colaboración de otras instituciones y, concretamente, del Gobierno Regional. Todo ello con objeto de reforzar las comunicaciones y las carencias de equipamiento que tienen, incluso el reforzamiento, en líneas generales, de la infraestructura. En ese sentido, no voy a extenderme más, porque ya la motivación de la pregunta transcrita lo expresa ampliamente. Pregunto a la Junta: ¿Asume la Junta de Castilla y León, en líneas generales, la motivación de la pregunta según se expresa y, subsiguientemente, tiene previsto la elaboración de algún plan especial de actuación en la zona afectada?. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero, señor Posada.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente. La Junta, por supuesto, comparte los planteamientos generales de la pregunta y existe una preocupación lógica por que se aproveche, de la mejor forma posible, este agua para riego y todo el entorno, no sólo ya económico, sino social y cultural de toda la zona regada. ¿Cómo se hará eso? Creo que sería en estos momentos prematuro decir que se va a hacer un plan especial determinado. A lo mejor es más conveniente, y lo iremos viendo, programas específicos de cada Administración, debidamente coordinados. A lo mejor es necesario ese plan especial. Pero no podríamos... yo creo que sería un poco prematuro decir, ahora mismo, cómo se va a actuar. Pero lo que sí es cierto es que esa preocupación existe en la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Buiza.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Muchas gracias, señor Presidente. Gracias por la respuesta. Realmente, la finalidad de mi pregunta iba, fundamentalmente, dirigida a conocer la sensibilidad de la Junta en este problema. Yo también creo que, efectivamente, es prematuro hablar de un plan concreto, y me es suficiente con que en líneas generales exista esa preocupación y esta voluntad, digamos, de, llegado el caso, colaborar con otras Instituciones en la solución de estos problemas que pueden plantearse. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Puede formular la siguiente pregunta D. Julián Simón de la Torre.

EL SEÑOR SIMON DE LA TORRE:

Sí, señor Presidente. Simplemente, ante la falta de control sanitario, así como de control sobre la trashumancia en el sector apícola, yo le quería preguntar a la Junta qué iniciativas tiene previstas para regular y potenciar esta actividad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Zamácola.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO):

Señor Presidente, Señoría. Como usted conoce, Señoría, publicamos... o se ha publicado recientemente un Decreto para regular el registro de explotaciones apícolas y su ordenación. En estos momentos... mejor dicho, con fecha veinte de Octubre, tenemos el borrador de la Orden que desarrolla este Decreto, y que está ahora mismo en manos de las organizaciones agrarias y de las explotaciones legalmente constituidas apícolas, para que hagan sus posibles enmiendas para poder desarrollar este aspecto de la explotación. Sí tengo que decirle que, hasta ahora, bajo el punto de vista sanitario, aunque no se ha podido desarrollar porque no había norma legal, sí que se han detectado -y de hecho se han publicado- veinticuatro casos de varroa, y, lógicamente, en la Orden que yo le estoy comentando que está en estudio se tiene preparado, lógicamente, toda la posible normativa en cuanto a sanidad de estas explotaciones y en cuanto a su trashumancia, régimen, etcétera. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Zamácola. Señor Simón.

EL SEÑOR SIMON DE LA TORRE:

Sí. Me alegro... Sí tenía conocimiento de la publicación reciente de esas órdenes. Nada más insistirle en la importancia que tiene, sobre todo, la trashumancia en el aspecto sanitario, sobre todo en los casos que se dan en el verano, con los miles de colmenas que vienen desde la Comunidad Valenciana.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero... Muchas gracias. El señor Procurador Simón de la Torre puede formular la siguiente pregunta.

EL SEÑOR SIMON DE LA TORRE:

Sí, señor Presidente. El río Ebro, a su paso por la ciudad de Miranda de Ebro, tiene un alto grado de contaminación. Tal es la contaminación que, en determinados momentos, en determinado barrio de la ciudad los servicios de depuración no pueden depurar dichas aguas. Si se tiene en cuenta que, aguas arriba de Miranda, no existe en treinta o cuarenta kilómetros ni una sola población importante que pueda ser la causante de los vertidos y que quizá lo único que hay es un gran complejo de industrias químicas, situado en la provincia de Alava, que posiblemente sea el causante de este grado de contaminación, yo le pregunto a la Junta que cuáles son las gestiones realizadas ante la Comisaría de Aguas del Ebro, para evitar, o al menos paliar en parte importante, estos altos grados de contaminación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Señor Presidente, señor Procurador. No parece que sea ese complejo químico, según estudios realizados por el Ministerio de Obras Públicas, que sea ese complejo químico el que produce esta contaminación en Miranda, que es puntual, pero en algunos momentos, pues, alcanza, verdaderamente, grados elevados. Es, como usted sabe bien, función de la Confederación del Ebro, pues, detectar esas infracciones y sancionarlas adecuadamente. La Junta, la anterior Junta, ya se dirigió a la Confederación del Ebro, pues, en una serie de fechas, por ejemplo el treinta de Abril del año ochenta y cinco, en ese mes de Septiembre del año ochenta y cinco, y, actualmente, está elaborándose un plan... Estudio-Plan Director de Saneamiento Integral de las Aguas en Miranda de Ebro, cuya finalización se prevé para la primavera de mil novecientos ochenta y ocho y que se integra dentro del Plan de Saneamiento Integral de Castilla y León.

Y, finalmente, yo mismo me intereé por este tema cuando me puse en comunicación con el Presidente de la Confederación, D. Eugenio Nadal, precisamente, para concretar nuestra participación como Junta de Castilla y León en esa Confederación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Señor Simón de la Torre.

EL SEÑOR SIMON DE LA TORRE:

Sí. Vamos a ver. Yo no entiendo, en principio, si me dice que posiblemente no sea del complejo químico. Yo el agua lo veo algunos días rojo, otros días más marrón; nunca tiene el color que debe tener el agua. Y, si no es del complejo químico, yo no entiendo de dónde es, porque hay un pantano y dos presas para arriba y hasta treinta kilómetros más arriba ni una sola población importante. Entonces, no sé de dónde se puede producir la contaminación. Me alegro que se hay puesto en contacto con la Confederación, pero yo creo que la Junta debería ir un poco más allá, y un poco más allá es que, hasta que se haga el Plan que usted ha comentado, es que los ciudadanos de Miranda, sobre todo... y más concretamente los del poblado de Los Angeles, seguirán tomando agua contaminada, o comprando agua en un establecimiento para poder beber líquido. Yo lo que le digo es: ¿como Junta, no piensa en ningún momento ponerse en contacto con el Gobierno Vasco para que, de alguna manera, presione sobre las empresas para que no depure...? Porque yo sí estoy convencido que las empresas de la General Química son las que contaminan el río. Digo que si no tiene intención, o no han pensado en ponerse en contacto con el Gobierno Vasco para evitar el grado de contaminación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Posada.

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR POSADA MORENO):

Vamos a ver. La observación que yo le hago sobre esa empresa se basa en un estudio que encargó la Dirección General de Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo con la empresa GESA, y que señala que no se produce incidencia ambiental sobre las aguas del río Ebro como consecuencia de los vertidos de las industrias del complejo químico conocido como "General Química". Por lo tanto, estoy dando un dato que da un estudio que encarga el Ministerio de Obras Públicas.

En cuanto a qué gestiones pueden hacerse. Bien, Puede que ponerse en contacto con el Gobierno Vasco pueda ser una gestión. El hecho básico es que con la nueva Ley de Aguas y con el sistema de Confederaciones y Comunidades Autónomas hay dificultades graves para resolver estos problemas.

La Confederación del Ebro, en estos momentos, está pasando por una situación muy difícil, porque la Diputación General de Aragón ha abandonado los órganos directivos, por ejemplo. Luego, indudablemente, hay problemas muy graves, no sólo de contaminación, que hay que resolver pues, quizá, variando las mismas Confederaciones y dando una representación mucho más importante a las Comunidades Autónomas para que puedan resolver estos problemas.

Yo le puedo asegurar que por nuestra parte se hará todo lo legalmente posible, y más si es preciso, para conseguir que se resuelva éste y otros problemas, en la Confederación del Ebro y también en la del Duero y las demás Confederaciones que afectan a Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Puede hacer uso de la palabra para formular su pregunta el Procurador D. Pascual Sánchez Iñigo.

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO:

Señor Presidente, señor Consejero. En la reunión de la Junta del jueves diecisiete de Septiembre se aprobó una cierta cantidad para dedicarla a la repoblación forestal, y a la mejora de los montes. La pregunta dice si se dedica alguna partida, de la cantidad anteriormente citada, a la repoblación y a la mejora de los montes de alcornoques. Quizá usted se pregunte por qué le pregunto por el alcornoque y no por la encina, el chopo o cualquier otro árbol de esta Comunidad. La razón está en que en la Legislatura anterior, a finales de la Legislatura, se aprobó una Proposición No de Ley relacionada con este tema, y por eso es por lo que hago esta Pregunta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y MONTES (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO):

Señor Presidente, Señoría. Contestando concretamente a esa Pregunta, en esa cifra no va ninguna ayuda a la mejora del monte del alcornoque. Simplemente eran unas propuestas que, como sabe Su Señoría, tienen carácter bianual y entonces tenían que ser aprobadas en Junta de Consejeros; concretamente la cifra de esos 81.000.000 y pico a que usted hace referencia. No obstante, como usted bien sabe, hay un par de Ordenes de la Junta en las cuales se ayuda a los montes en régimen privado, concretamente de diecinueve de Enero y once de Febrero, y entonces se cita expresamente al alcornocal como objeto de ayuda. Nosotros sí que, lógicamente, tenemos prevista ayuda a este tipo de monte. Pero Su Señoría debe de saber que la mayor parte de estos montes están en régimen privado de Ayuntamientos. Montes de utilidad pública, la Consejería solamente tiene cuatro. A estos efectos, les corresponde, lógicamente, a la iniciativa privada el solicitar las ayudas al alcornocal. Ya le digo a usted que estas Ordenes, que están publicadas, lógicamente se van a renovar en el año que viene, y, evidentemente, tenemos ayuda en los Presupuestos para este tipo de monte. Nada más, gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Señor Sánchez Iñigo.

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO:

NAda más. Solamente, muchas gracias por la respuesta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Sanchez Iñigo puede formular la siguiente pregunta.

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO:

Bien, la siguiente Pregunta trata sobre la entrevista mantenida por el señor Presidente de la Junta el veintisiete de Septiembre, con el Grupo Popular de... perdón, con los Concejales del Grupo Popular del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Según noticias de prensa, posteriormente confirmadas, se retrasó la visita con el señor Alcalde y, en el espacio de tiempo correspondiente, se recibió a los Concejales de A.P. En dicha reunión -según también noticias de prensa-, se trataron temas municipales. A este Procurador le parece que dicha entrevista se tendría que haber celebrado con el Alcalde, ya que se trataba de temas puramente institucionales. La pregunta, por lo tanto, es que se me den las razones por las cuales se retrasa la visita con el Alcalde y en el tiempo correspondiente se recibe a los Concejales del Grupo Popular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Lucas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ):

Gracias, Presidente. Señoría. La verdad es que el Presidente... yo creo que ningún Consejero, pero el Presidente en especial no es muy formalista, porque el formalismo conduce al formulismo y es realmente malo para la Administración. Lo que indudablemente hizo el Presidente fue recibir a un colectivo, a un Grupo Político que le había pedido audiencia y le había pedido audiencia antes de pedirla el Alcalde, lo cual, lógicamente, le hizo recibir al mismo. Pero, en cualquier caso, yo diría más: este mismo Consejero, y el Presidente desde luego, ha recibido a Grupos Políticos, sin haber recibido al Alcalde, pertenecientes a Ayuntamientos de opciones independientes, de opciones distintas a las de Alianza Popular; y, desde luego, lo que sí hay es un respeto absoluto a la representación que el Alcalde tiene como representante del Ayuntamiento. Pero que grupos políticos legitimados en las urnas presenten a los Consejeros o al propio Presidente sus inquietudes principales, sin poner en duda, sin por en duda en absoluto, vamos, la legalidad y desde luego la representación que tiene el Alcalde, no veo nada malo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Señor Sánchez Iñigo.

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO:

Bien, yo solamente decirle que no estoy de acuerdo con su respuesta, y nada más decir que la democracia no sólo es cuestión de fondo, sino también de forma. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Sánchez Iñigo puede formular la siguiente pregunta.

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO:

La siguiente pregunta trata sobre una convocatoria para cubrir plazas en Residencias Juveniles, y en dicha convocatoria uno de los requisitos que se piden es haber estado trabajando dos años; se pide un documento con el que se justifique haber estado trabajando los dos últimos años para poder acceder a dichas plazas. Mi pregunta consiste en que cuál es la razón por la cual se exige esta condición.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Señor Presidente, Señoría. Mire, las razones por las que esa razón figura en la convocatoria son las mismas por las que figuraban en las convocatorias de los años anteriores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ IÑIGO):

Muchas gracias. Señor Sánchez Iñigo.

EL SEÑOR SANCHEZ IÑIGO:

Yo solamente decirle que están hasta asumiendo nuestros posibles errores, nuestros posibles errores. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Esa convocatoria, como Su Señoría ha visto, tiene fecha de Agosto, y fue una convocatoria que me fue preparada por el Consejero anterior, y tal cual me la presentó la firmé para enviarla al Boletín. Luego quiero decirles que es la misma convocatoria, y a mí me sorprende que Su Señoría, que era Procurador en la Legislatura anterior, empiece a apreciar los errores cuando cambia el color del Gobierno. Entonces, a mí lo que me sorprende es que esta misma pregunta no la haya presentado Su Señoría en todas las convocatorias anteriores. Es exactamente la misma convocatoria. Tenga Su Señoría la seguridad de que es la última, porque lo que eran asuntos de trámite los he ido asumiendo, para no bloquear las cosas, pero se están revisando. Pero, en cualquier caso, lea bien Su Señoría la condición, porque creo que la ha leído mal. No se dice que haya tenido que estar trabajando necesariamente los dos años anteriores, sino "en" los años anteriores. Lo que se pretendía -entiendo yo- por el Consejero es, de alguna forma, primar a aquellos estudiantes o trabajadores jóvenes que lo que pretendían es tener un acceso, no en plan benéfico sino de una cierta protección, a este tipo de residencias. No se exigía haber trabajado ininterrumpidamente dos años, como de la intervención de Su Señoría se desprende, sino haber trabajado de alguna forma en los dos años anteriores. Era el criterio que mantenía la Junta anterior, no este Consejero. Y, desde luego, tenga la absoluta seguridad que ésta, como muchas cosas, es la última convocatoria que aparece en esos términos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el Procurador don Daniel de Fernando Alonso, para formular su pregunta.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Gracias, Presidente. Señor Consejero. En la Comisión de Presidencia y, ante la intervención del Portavoz de un Grupo Político, usted expresó que era indiferente el gasto..., pagar el gasto con Visa Oro o por otro mecanismo. Otro tema es que algún Consejero no la hubiese usado ortodoxamente. A mí me gustaría saber qué entiende por el uso no ortodoxo de la Tarjeta Visa Oro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Consejero, señor Lucas.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ):

Sí. Gracias, Presidente. El uso no ortodoxo de la Visa Oro lo ciño a que la Visa Oro es un medio de pago no arbitrario, sino que estaba disciplinado, estaba regulado. Yo me permito leerle el Acuerdo del diecisiete de Junio del ochenta y tres, que con fecha..., que finalizó el día veinte, en el que se adopta, entre otros, el Acuerdo de uso, por parte de los Consejeros, de la Visa Oro y en el que dice que el Presidente y Consejeros de la Junta de Castilla y León podrán disponer de una Tarjeta de Crédito Visa, expedida a su nombre por el Banco Atlántico, cuya utilización quedará estrictamente limitada al pago, mediante la misma, de estancias y manutención en establecimientos hoteleros o similares, fuera del término municipal -insisto, fuera del término municipal- en el que se halle la sede de esta Junta de Castilla y León (aún estaba pendiente el tema de Burgos), con carácter de "anticipo", entre comillas, por el concepto de dietas y gastos de locomoción, y el de atenciones de carácter social y representativo en todo el territorio nacional y en el extranjero. Las Tarjetas de Crédito quedarán... Después, hay otra Disposición, otra norma en la que fija el uso de las Tarjetas Visa Oro y le disciplina, también, a unas normas..., exactamente dice: "gastos de protocolarios y de atenciones sociales exigidas por las relaciones públicas, dentro de un justo sentido de la austeridad".

En la interpretación de estos dos textos, tanto del justo sentido de la austeridad como del uso dentro y fuera de la sede de la Junta, es de donde se hacía patente la visión personal de este Consejero de que el uso no era absolutamente ortodoxo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Lucas. Muchas gracias, don Daniel. Pasamos a la siguiente pregunta. Tiene la palabra el Procurador don Virgilio Buiza Díez para formular su pregunta.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Gracias, señor Presidente. Bien, mi pregunta hace referencia al tema sanitario, porque, efectivamente, como se dice en la Motivación, la anterior Junta puso en marcha un Programa de Centros de Salud. Hay varias zonas o comarcas que cuentan con estos Servicios y otras que no, por falta de tiempo y de programación.

Por otra parte, aunque me consta que el señor Consejero de Cultura y Bienestar Social ha manifestado su intención de exponer su criterio y sus planteamientos respecto al avance del mapa sanitario para nuestra región, me preocupa el hecho de que haya zonas que realmente están en inferioridad de condiciones con respecto a otras, porque cuentan, de hecho, con Centros de Salud, con funciones aparentemente de Centro de Salud, pero que están en unas condiciones, pues, lamentables, con carencias de medios de todo tipo, como es el caso, que conozco por ser ciudadano de la zona, de Sahagún, de la comarca de Sahagún. Entonces, mi pregunta va en relación a qué previsiones tiene la Junta en relación a la construcción del Centro Básico de Salud de Sahagún. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Consejero, señor León.

EL CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Señor Presidente. Señoría. Como Su Señoría sabe, cuando el Consejero compareció en la Comisión de Bienestar Social, informó ampliamente del tema. Comparto con Su Señoría que en la Junta anterior se hizo un esfuerzo importante en la mejora de la asistencia primaria. En lo que ya discrepo es en que se hiciera con unos criterios absolutamente lógicos, técnicos, y no políticos. Si Su Señoría observa el mapa, el proyecto de mapa sanitario y la situación actual de los Centros de Salud, podrá observar que en la provincia de Valladolid, curiosamente -y lo digo tranquilamente, porque soy vallisoletano-, absolutamente todas las comarcas tienen Centro de Salud, o construido o en construcción. Y, sin embargo, hay algunas comarcas de otras provincias -y Su Señoría tiene razón en lo que plantea en Sahagún- absolutamente desprovistas y además sin previsión en la etapa anterior. En el equipo actual se han iniciado ya los estudios de la zona de la comarca de Sahagún para proceder a la construcción de un Centro, porque está entre las prioridades, porque Su Señoría tiene razón en la denuncia..., en lo que denuncia. Es una de las zonas peor tratadas de toda la Comunidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Señor Buiza.

EL SEÑOR BUIZA DIEZ:

Bien. Le agradezco la respuesta, que es satisfactoria, aunque también quiero salir un poco al paso de la crítica que se hace, en este tema concreto, a la gestión de la Junta anterior. Porque a mí me consta, fehacientemente, que sí hubo intención y gestiones por parte de la Junta de llevar a cabo este Centro, lo que ocurre es que hubo problemas de oferta de suelos por parte del Municipio. No quiero entrar en esa dinámica del pasado; a mí lo que me preocupa es, sobre todo, el futuro y las soluciones que esperan los ciudadanos, y, en ese sentido, pues, agradezco la disposición positiva de la Junta a abordar este problema. Y se lo agradezco. Ya digo que la apreciación, en este tema concreto -no hablo de otras zonas que desconozco-, sobre la actitud de la Junta anterior, creo que lo que ha manifestado el Consejero no obedece a la realidad, porque -insisto- me consta que sí que hubo intenciones, por parte de la anterior Junta, de llevar a cabo este Centro; lo que pasa es que hubo problemas derivados por falta de espacios, de ofertas concretas del Municipio para su construcción. En cualquier caso, insisto, gracias por su respuesta, porque me resulta gratificante poder saber que va a haber una respuesta positiva para esta zona.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Gracias, señor Procurador. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR LEON DE LA RIVA):

Gracias, Presidente. Muy brevemente. Señoría, en las previsiones de la Junta anterior, que tengo a su disposición, no figura Sahagún con Centro de Salud.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. El señor Secretario dará lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Segundo punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Juan Bartolomé Durán Suárez, relativa a modificación de la Ley 7/1985, de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Tiene la palabra el señor Procurador proponente, don Juan Durán.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Señor Presidente. Señorías. Ve usted, señor Consejero de Presidencia, que hoy he venido provisto de papeles, siguiendo la amable observación que usted me formuló el otro día. Lo que ocurre es que, frecuentemente, los papeles, como es en este caso, constituyen una cierta complicación de la que no sé si voy a salir airoso. Bien. Nuestro Grupo Parlamentario ha considerado conveniente formular esta Interpelación a la Junta, habida cuenta que la Junta tiene pendiente dictar un conjunto de disposiciones en materia de función pública y que, de alguna manera, se ha producido la Sentencia del Tribunal Constitucional, a la que hago referencia en mi Interpelación, en virtud de la cual quedan declarados inconstitucionales y, consecuentemente, nulos una serie de artículos de la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Y que, en parte, esos artículos declarados inconstitucionales tienen su correlato con algunos artículos de la Ley de la Función Pública de nuestra Comunidad Autónoma.

Tengo especial interés en leer los artículos que han sido declarados inconstitucionales y compararlos con el texto de nuestra Ley de la Función Pública. Y digo que tengo especial interés porque deseo que quede constancia del tenor literal de dichos artículos en el Diario de Sesiones de la Cámara.

Es declarado inconstitucional el artículo 15.1, "in fine", que dice textualmente -de la Ley 30-: "Estos requisitos... (hace referencia a los que deben de figurar en las relaciones de puestos de trabajo), estos requisitos serán determinados por el Ministerio de la Presidencia, a propuesta de los Ministerios correspondientes, debiendo especificarse aquellos puestos que, en atención a la naturaleza de su contenido, se reservan a funcionarios públicos".

La relación con el artículo 24.2.c) del texto de nuestra Ley de la Función Pública, que dice textualmente: "Las Consejerías elaborarán y remitirán a la de Presidencia y Administración Territorial las relaciones de puestos de trabajo, cuyas relaciones contendrán (punto C) requisitos exigidos para su desempeño, especificando si corresponde a funcionario o a personal laboral". Precepto declarado inconstitucional.

Otro precepto declarado inconstitucional es el 21.2.d) de la Ley 30, al que doy lectura, y que dice textualmente: "El Gobierno o los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, previo informe del Consejo Superior de la Función Pública, establecerán los criterios para el cómputo, a efectos de consolidación del grado personal, del tiempo en que los funcionarios permanezcan en cada uno de los supuestos de la situación de Servicios Especiales"; relacionado con el 48.6, de nuestra Ley de la Función Pública, que dice: "Reglamentariamente, se establecerán los criterios para el cómputo, a efectos de consolidación del grado personal, del tiempo en que los funcionarios permanezcan en cada uno de los supuestos de la situación de Servicios Especiales".

Y, por último, el 29.2.l. de la Ley 30, que dice textualmente: "Situaciones de los funcionarios. Situación de Servicios Especiales -l)-, cuando ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas"; en relación con el 11.2.p) de la Ley de nuestra Comunidad Autónoma reguladora de esta materia, que dice: "el reconocimiento o la confesión de las situaciones previstas en el artículo 29 de la Ley 30/84, de 2 de Agosto.

Bueno, evidentemente, la Sentencia contempla otra serie de artículos que son a su vez inconstitucionales en la Ley 30, pero que tienen escasa relevancia sobre nuestra Ley de la Función Pública.

Resulta extremadamente interesante, como siempre, leer los fundamentos de derecho en que se apoya la declaración de inconstitucionalidad de estos artículos. Resulta extremadamente interesante, porque la filosofía que subyace en toda la Sentencia está en que no puede quedar, como no podía ser menos, a regulación reglamentaria del Gobierno, de los gobiernos, aquello que, de alguna manera, o sobre aquello que de alguna manera existe una reserva de Ley, en este caso concreto una reesrva de Ley en la Constitución, y que esta regulación reglamentaria del Gobierno pudiera vulnerar principios constitucionales importantes, cuales son el de la facultad del Legislativo de determinar..., de los legislativos, de determinar el Estatuto de la Función Pública, imperativo constitucional, y las bases por las que ha de regirse el funcionamiento, la ordenación de esa Función Pública. En líneas generales, estos son los fundamentos de derecho de la Sentencia, sobre los que no quisiera extenderme excesivamente para no cansar a Sus Señorías.

Consecuentemente con ello, mi interpelación concreta es la de qué medidas piensa adoptar la Junta de Castilla y León para, en cumplimiento de lo establecido en nuestra Ley de la Función Pública, al dictar las disposiciones de desarrollo de la misma y, concretamente, al publicar la relación de puestos de trabajo -que será necesario publicar en función de la reforma de las estructuras orgánicas-, qué medidas piensa adoptar la Junta, en que línea va a dictar estas disposiciones, con objeto de que, respetando nuestra Ley, la Ley 30 y la Sentencia del Tribunal Constitucional, no se produzcan actos lesivos de derecho o vulneradores de la Sentencia correspondiente del Tribunal Constitucional. A ello circunscribo, señor Consejero de Presidencia, mi interpelación y, a resultas de la respuesta que sobre ella sea usted capaz de formular, en la fase correspondiente de dúplica ya continuaré explicitando la posición de nuestro Grupo Parlamentario al respecto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Durán. Señor Consejero.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR LUCAS JIMENEZ):

Gracias, señor Presidente. Señorías, después del informe, pienso que con rigor, hecho por el señor Durán, yo voy a hacer alguna matización relativa, sobre todo, a las consecuencias que percibo como inmediatas, no sólo en los artículos a que él, con un sentido quizá de hacerlo más breve, se ha ceñido, que son los que tienen una repercusión inmediata en nuestra Ley 7/85, sino, incluso, en repercusiones indirectas en algún otro artículo al que me voy a referir.

Conviene -y coincido con él- tener en cuenta, hacer constancia que, no obstante la extensión de la sentencia, todo el razonamiento de de la sentencia puede sintetizarse en la siguiente consideración: el Tribunal Constitucional, interpretando el artículo 103 de la Constitución, establece, y lo hace con toda claridad, la doctrina de que todo aquello que deba entenderse por régimen estatutario de los funcionarios debe ser regulado por Ley y por ello no es posible un apoderamiento al Ejecutivo para desarrollar, por vía reglamentaria, los citados aspectos estatutarios. La Sentencia, en el fundamento jurídico tercero, apartado C, establece lo que debe entenderse por régimen estatutario, afirmando que, aunque nos encontramos en el ámbito cuyos contornos no pueden definirse en abstracto, en el mismo ha de entenderse comprometida, en principio, la normación relativa a la adquisición y pérdida de la condición de funcionario, a las condiciones de promoción en la carrera administrativa y a las situaciones que en esta puede darse, a los derechos y deberes y responsabilidades de los funcionarios, a su régimen disciplinario; en fin, a todos los aspectos que debe comprender ese mandato legal de un futuro estatuto.

Pero, sentadas las precedentes consideraciones generales, voy a permitirme, Señorías, examinar, no sólo los preceptos de esta Ley 30 que el Tribunal ha declarado inconstitucionales y por consiguiente nulos, con la advertencia de que no procede entrar a hacer... a examinar la declaración de inconstitucionalidad de la disposición adicional 9.1.4, ya que se refiere, como todos ustedes saben, a los letrados del Consejo de Estado, cuyo Estatuto, evidentemente, en nada afecta a la Comunidad Autónoma.

La Sentencia, en primer lugar, declara la inconstitucionalidad del artículo 15.1, último inciso de la Ley 30, que el señor Procurador ha leído. Concretamente el párrafo: "debiendo especificarse aquellos puestos que, en atención a la naturaleza de su contenido, se reservan a funcionarios públicos".

Conforme a lo antes expuesto, el Tribunal Constitucional estima que determinar los puestos que se reservan a funcionarios públicos, que debe de ser la regla general, y los que se reservan a otras categorías debe hacerse con norma con rango de ley.

De todas formas, es preciso subdividir este artículo en dos puntos:

El artículo 24.2 de la Ley 7/85 determina los datos de cada puesto de trabajo que necesariamente contendrán las relaciones de puestos de trabajo, y en el apartado c) se refiere a requisitos exigidos para su desempeño, especificando si corresponde a funcionario o personal laboral. En principio, y rectamente entendido el precepto, no podría hablarse de nulidad y, por consiguiente, de la necesidad de reforma; es decir, es correcto que en la relación de puestos de trabajo se diga, para cada uno de ellos, si corresponde a funcionario o a personal laboral; pero lo que no debe hacer la relación de puestos de trabajo es realizar por sí misma esta clasificación. Como hemos visto, esta clasificación -o al menos los criterios materiales, claros y precisos, para realizarla- debe estar contenida, como se ha señalado, en norma con rango de ley. Por tanto, el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma podrá incluir en las relaciones de puestos de trabajo la especificación de su cobertura mediante funcionario o personal laboral, en tanto en cuanto una norma con rango de ley así lo ha determinado. Por todo ello, se estima que, o bien en una interpretación forzada se mantiene el artículo 24.2.c), o se añade un párrafo en el que se indique que la especificación a que se refiere se realizará de acuerdo con la ley que fije los criterios para la determinación de puestos de trabajo que correspondan, bien a funcionarios, bien a personal laboral.

Segunda consideración respecto a artículo. B) Lo mismo se puede hacer de los artículos 10.2.h) y 11.2.e). El primero de ellos determina las competencias de la Junta de Castilla y León en materia de personal, y en el apartado citado le confiere competencias para aprobar las relaciones de puestos de trabajo y su clasificación. No habría, en principio, que modificar el precepto, que, sin embargo, debería de ser interpretado en el sentido expuesto. Exactamente lo mismo ocurre en el artículo 11.2.e), que regula las competencias de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, y el precepto puede ser mantenido, pero bien entendido que lo que la Consejería somete a la aprobación de la Junta de Castilla y León, en cuanto a la clasificación de los puestos de trabajo, es, solamente, aquello que una previa ley le permite, en el punto concreto que nos ocupa, esto es, la distinción entre los puestos reservados a funcionarios y a personal laboral.

El artículo 21.2.d) de la Ley 30/84 es un precepto, como todos ustedes saben, básico y, además, es un precepto que hace una mención expresa a las Comunidades Autónomas; tiene su correspondencia en el artículo 48.6.t) de nuestra Ley, que dice: "Reglamentariamente se establecerán los criterios para el cómputo, a efectos de consolidación de grado personal, del tiempo en que los funcionarios permanezcan en cada uno de los supuestos, situaciones y servicios especiales". El precepto, lógicamente, debe entenderse como derogado. Este precepto es un precepto claramente derogado por la sentencia, y lo mismo que su desarrollo reglamentario, bien proceda del Estado o bien de la Comunidad Autónoma. También en este punto opera el principio de reserva de ley.

Se anula, igualmente, el artículo 22.3 de la Ley 30/84. Es un precepto no básico, no creo que exija una mención especial para nuestra Comunidad. Y sí ha hecho referencia, o sí voy a hacer referencia a la anulación del artículo 29.2.e) de la Ley del Estado.

Se trata también de un precepto básico que regula las situaciones de los funcionarios; concretamente, el número 2 se refiere a la situación conocida como situación de servicios especiales. En nada afecta a la Comunidad Autónoma esta anulación, puesto que la Ley 7/85 no regula los diversos supuestos de situaciones de funcionarios. Unicamente, el artículo 5.5 se limita a señalar que los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma que presten servicios de naturaleza eventual pasarán a la situación de servicios especiales cuando no opten por permanecer en la situación de servicio activo. A este precepto en nada le afecta la sentencia del Tribunal Constitucional.

Y, por último y como se indicó en su momento, la sentencia se refiere a los artículos 3.2.h) y 21.1.f) de la Ley 30/84 y respecto de los cuales dice que no son inconstitucionales, pero interpretados en el sentido del fundamento jurídico tercero apartado d) de la propia sentencia.

El artículo 3.2.h), que no tiene carácter básico, atribuye al Gobierno la facultad de aprobar las estructuras en grados de personal de la Administración del Estado, los intervalos de niveles de puestos de trabajos asignados a cada Cuerpo o Escala y los criterios generales de promoción profesional de los funcionarios, precepto que tiene su correspondencia con el artículo 10.2.i) de la Ley 7/85.

El Tribunal Constitucional afirma, Señorías, que, aunque la asignación de intervalos a cada Cuerpo o Escala no es materia que quepa esperar sujeta a rápidas mudanzas, está muy directamente conectada con la facultad de autoorganización de las Administraciones. Más dudas suscita la atribución mencionada en primer lugar, esto es, la de aprobar la estructura en grados del personal de la Administración del Estado, pues la expresión resulta ambigua. Entendida, sin embargo, como hasta ahora no ha sido..., como hasta ahora lo ha sido en la práctica, es decir, como la facultad de aprobar la estructura en niveles de la Administración del Estado, que mediante condiciona... que medianamente condiciona la estructura en grados del personal que la sirven, esas dudas pueden desecharse por la misma razón que antes se dijo.

El artículo 21.1.f), que es básico y tiene su correspondencia con el artículo 48.5 de la Ley 7/85, establece la posibilidad de adquisición de los grados superiores de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas de cada grupo, mediante la superación de cursos de formación u otros requisitos u objetivos que se determinen por el Gobierno o, en el ámbito de sus competencias, en el Consejo de las Comunidades Autónomas, cuestión ésta que esta Presidencia piensa emprender próximamente.

Termino, Presidente. Unicamente quiero decir que el problema planteado por Su Señoría admite, en principio, dos planteamientos finales o globales: un planteamiento primero, que podríamos decir que por parte de la Administración Autónoma se emprenda una iniciativa legislativa para reformar la Ley 7/85 en los puntos que son declarados inconstitucionales, que afecta no sólo a los preceptos que hemos comentado, sino a todos aquellos que la práctica administrativa -podríamos aprovechar- ha demostrado no ser todo lo eficaces que debieran; tal vez porque la Comunidad de Castilla y León, al dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la 30/84, reproduce con bastante fidelidad los preceptos de ésta. Es verdad que la Ley 30/84 concede poco margen de autonomía en la ordenación de la Función Pública de las Comunidades Autónomas. Creemos que éstas deberían pronunciarse respecto a lo que entendemos como práctica abusiva por parte de la Administración del Estado del artículo 149.1.18 de la Constitución, respecto de la declaración de normas de carácter básico. Primera posibilidad: emprender reforma de esta Ley. Segunda posibilidad: esperar, esperar a que, a iniciativa del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales aprueben -y yo me he permitido, y dispongo para el uso de los señores Procuradores de un pequeño borrador, o unas normas de borrador-, aprueben un nuevo texto legal, suprimiendo o modificando los preceptos de la Ley 30/85 declarados inconstitucionales, que estoy seguro el Gobierno aprovechará para modificar otros que tampoco han demostrado cierta agilidad social. Tal vez, insisto -y finalizo, Señoría-, tal vez fuera conveniente la elección de esta alternativa, que es con la que realmente se identifica esta Consejería, si tenemos en cuenta que la Ley 30/84 considera bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, y en consecuencia aplicables al personal de todas las administraciones públicas, la mayor parte de sus artículos.

Por otra parte, es posible que el Gobierno de la Nación haya comprendido la necesidad de una reforma más profunda de su Ley y se decida a iniciarla.

Nada más, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Consejero. El señor Durán puede hacer uso de su derecho de réplica.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Gracias, señor Presidente. Señorías. Mire usted, señor Consejero de Presidencia, yo quiero manifestarle el agradecimiento por haberme ahorrado el trabajo de leer la Sentencia del Tribunal Constitucional en sus fundamentos, cosa que usted ha realizado, y que yo no hice para no cansar a las restantes Señorías de la Cámara; pero, en cualquier caso, la lectura que usted ha realizado creo que ha contribuido a aclarar el problema que comúnmente tenemos planteado. Este no es un problema suyo, señor Consejero de Presidencia; creo que es un problema absolutamente de todos nosotros, de todos los Grupos Políticos, de todos los Procuradores en estas Cortes Regionales, de todas las Administraciones Públicas. Es un problema que se inserta en el problema del contexto global del Estado de regulación de la Función Pública y de las Administraciones Públicas.

Quiero decir, señor Consejero, que tiene usted, en este aspecto, mi comprensión y mi simpatía, porque no lo tiene usted fácil. No lo tiene usted fácil, porque partimos del principio de una Ley, la Ley 30, que es una mala Ley y que además es una Ley que no se ha cumplido, quizás porque es mala. Derivada de esa Ley tenemos nuestra Ley 7, de la Función Pública de Castilla y León, 7/85, en la que quizá alguna de las Señorías aquí presentes recuerdan que alguna pequeña intervención en la redacción y confección de la misma pude tener yo.

Desde el punto de vista del Centro Democrático y Social, creemos que no se ha cumplido lo que, en la Exposición de Motivos de la Ley 30, el propio Gobierno de la Nación se comprometía a cumplir y que me van ustedes a permitir que lea textualmente (es muy breve), porque es suficientemente clarificador: "El Gobierno cree que el horizonte de todo cambio en la legislación funcionarial ha de venir establecido por las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. El Gobierno se propone, sin tardanza, abordar su elaboración y envío a las Cámaras -sin tardanza-. Tienen estos preceptos -los de la Ley 30-, necesariamente, carácter provisional". Esto se dice el dos de Agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, es decir, hace cuatro años. Hace cuatro años que se mantiene la situación de provisionalidad, hace cuatro años que el Gobierno no ha remitido las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos.

Bien, evidentemente, la presente Junta de Castilla y León no es culpable de esta situación; la anterior Junta de Castilla y León tampoco es culpable de esta situación; pero nos encontramos actualmente en una difícil coyuntura respecto a la ordenación de la Función Pública, a niveles inferiores a las disposiciones con rango de ley, dentro de nuestra propia Comunidad Autónoma.

Usted ha señalado dos posibles caminos: proceder a la reforma de la Ley 7/1985, o esperar a que, en virtud de las consecuencias derivadas de la aplicación de la Sentencia del Tribunal Constitucional, el Estado reforme la Ley del Estado. Señorías, yo me permito ofrecer un tercer camino. Y me permito ofrecerlo a la consideración de la totalidad de la Cámara, e incluso al consenso de la Totalidad de la Cámara, si se considerara oportuno y conveniente; entrar en una vía de consenso por este camino. La tercera solución que yo me permito ofrecer es que el artículo 13.6 de nuestro Estatuto de Autonomía, en relación con el 87.2 de nuestra vigente Constitución, permite a las Comunidades Autónomas adoptar la iniciativa legislativa del Estado, presentando ante la Mesa del Congreso de los Diputados una Proposición de Ley -Proyecto o Proposición de Ley , es dudoso, y seguirían trámites procesales distintos, como Sus Señorías no ignoran-, en el sentido de presentar, como iniciativa específica de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no solamente la reforma de la Ley 30, sino las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, que sería mucho más importante.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Procurador. El señor Consejero.... Muchas gracias.

Procedemos a continuación a dar la palabra a los distintos Grupos para fijación de posiciones. El señor De las Heras puede utilizar su turno.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Señor Presidente, Señorías. Vamos a consumir nuestro turno, que determina el artículo 143 apartado 2 del Reglamento, para fijar la posición en relación con la Interpelación 4.I, presentada por don Juan Durán, de modificación de la Ley 7/1985, de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Efectivamente, una Sentencia del Tribunal Constitucional, dictada con fecha once de Junio de mil novecientos ochenta y siete, declara inconstitucionales determinados preceptos de la Ley 30/1984, de Medidas de Reforma de la Función Pública; y que, en concreto, son los artículos 15.1, 21.2 d), 22.2, 22.3, 27.3 y 4, 29.2.1, y una disposición adicional 9ª.1.4.

Pues bien, relacionando esos artículos con la Ley 7, de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tenemos que los artículos 7 y 24.2 c) de la Ley 7 también confieren a la Administración, en este caso Autónoma, la potestad de determinar qué puestos se reserva a los funcionarios públicos. Y, por lo tanto, en correlación con la Sentencia del Tribunal Constitucional, es inconstitucional también, y, desde el momento que es inconstitucional, deja de existir. Es inconstitucional también el artículo 48.6 de la Ley 7, en tanto que es copia literal del precepto 21.2 d) de la Ley 30. El artículo 51.2.3 de nuestra Ley, la Ley 7, establece los criterios y requisitos para el acceso a otro cuerpo o escala, por lo que no produce deslegalización alguna de la misma, de acuerdo con nuestro criterio. No existe, en cambio, en nuestra Ley referencia a lo que se refiere al artículo 22.3 de la Ley 30, de la Reforma de la Función Pública, de acceso de los funcionarios a los cuerpos de la Administración del Estado, y, por lo tanto, no hay nada que decir al respecto.

En la Ley 7/85 no se produce tampoco ninguna habilitación al Gobierno para unificar y declarar y extinguir cuerpos y escalas, como sí lo hace la Ley 30 en su artículo 27.3 y 4, y, por lo tanto, no se produce tampoco ninguna deslegalización; que, por el contrario, la Ley 7 de nuestra Comunidad, en el artículo 21, establece que la creación, modificación y supresión de cuerpos y escalas se hará, precisamente, por Ley.

En relación con el artículo 21.2.1 de la Ley 30, no existe precepto alguno en nuestra Ley, que no regula la situación de servicios especiales, y que, por lo tanto, tampoco nos afecta para nada. Igualmente, no nos afecta a nuestra Ley 7 la Disposición Adicional 9ª.1.4, al referirse a la integración en los cuerpos superiores de Letrados del Estado de los funcionarios del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, que efectivamente aquí no se dan.

En conclusión, y fijando nuestra posición al respecto, creemos que procede revisar la Ley 7 en dos sentidos. Uno, por los preceptos declarados inconstitucionales, que, aunque no existen, conviene por razones de sistematización que desaparezcan de la Ley. Y otro, porque nuestra propia Ley 7, de Ordenación de la Función Pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, contiene algunos defectos distorsionantes en ella misma y, además, existen también en nuestra propia Ley unas ciertas contradicciones. Por eso creemos que procede la revisión de nuestra propia Ley. Pero parece que, por razones de prudencia, convendría esperar a la iniciativa del Gobierno de que, a su vez, revise la propia Ley 30, porque es una Ley que es base de régimen del estatuto del funcionario público y, por lo tanto, de aplicación a todas las Administraciones. Naturalmente, si introdujeran nueva alguna novedad que afectara, por ese carácter básico, posteriormente a nuestra futura Ley 7 revisada, volveríamos a tener que volver a hacer una segunda revisión. Por esas razones de prudencia, parece que convendría esperar.

Por lo tanto, y para fijar definitivamente, procede revisar la Ley, por esas dos razones: por los preceptos declarados inconstitucionales y porque tiene defectos internos y contradicciones; pero, por razones de prudencia, vamos a esperar a que la propia Administración revise la Ley 30 que, en algunos preceptos, ha sido declarada inconstitucional.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor De las Heras. El Grupo Socialista puede hacer uso de la palabra. Señor Quijano, para fijar la posición de su Grupo.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Gracias, señor Presidente. Señorías. En este turno de fijación de posiciones, por parte de mi Grupo, yo no voy a reiterar ni terciar más -me parece que esa labor está suficientemente hecha- en lo que es, digamos, el sustrato jurídico de la Interpelación. Yo creo que, de las intervenciones anteriores. Debo de decir que me parece que el informe de que ha dispuesto el señor Consejero a efectos de su contestación es suficientemente completo, a mi juicio, en lo que yo he podido, personalmente, estudiar la cuestión. Y me parece que de las intervenciones anteriores, tanto de su intervención -supongo, apoyada en ese informe-, como de la intervención del señor Durán o del señor De las Heras, se deduce, efectivamente, que la Ley de la Función Pública propia de la Comunidad Autónoma está muy secundariamente afectada, muy parcialmente afectada. Es más, creo que -y, repito, ese es un puro y simple criterio personal- en alguno de los preceptos que se ha dado por sentado que hay consecuencias directas o indirectas de la Sentencia, habría incluso alguna duda que manifestar. Me refiero al caso del artículo 24.2 /c), donde, en base a la Sentencia del Tribunal Constitucional, cabría distinguir que una cosa es la distinción típica o genérica de la clasificación de puestos de trabajo laborales y funcionariales y otra cosa es la fijación de requisitos, porque la competencia de la Comunidad, tal y como está recogido en nuestra específica Ley, va más a la fijación de requisitos, y eso creo que está menos afectado por la sentencia del Tribunal. Pero, repito, no voy a entrar ahí. Reconozco que hay Asesorías Jurídicas más profesionalizadas en este sentido y que son las que deben de hacer el trabajo de decir hasta dónde llegan los efectos de la sentencia, y creo que no es, pues, ése un debate en el que yo deba de entrar otra vez en este momento.

Sí creo que hay una reflexión, al hilo de esta interpelación, que a mí me parece, al menos, interesante de transmitir en este momento. Yo creo que, si uno hace la comparación entre el alcance de la Sentencia, en relación con la Ley de 30/84, la Ley de Medidas Urgentes, y los efectos que se derivan para la Ley de la Comunidad Autónoma, yo creo que llegamos a la conclusión de que estamos ante una buena Ley, en la Comunidad Autónoma. Es decir, cosas que directamente quedan afectadas en la Ley del Estado, en la Ley de la Comunidad Autónoma no; yo creo que porque tuvimos el buen criterio, -y debo de recordar ahora que fue una Ley consensuada en términos prácticamente generales- de adoptar lo que incluso aparecía como la solución más rigurosa. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que nuestra Ley exija Ley específica de la Comunidad Autónoma para la creación, modificación o extinción de cuerpos y escalas dentro de la Comunidad, que es uno de los aspectos afectados en la Ley del Estado por la Sentencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que hemos de felicitarnos de ello, y supongo que esta es una reflexión que el Consejero, que probablemente tuvo la desgracia de no poder participar en el debate y aprobación de esta Ley en la Legislatura anterior, habrá hecho también, como reflexión propia, y supongo que eso es lo que le ha llevado a manifestar ya varias veces que no está en su intención modificarla, sino, de momento -me parece que son palabras textuales suyas-, desarrollarla.

Por tanto, pues, fijada ahí la primera consideración, a mí me importa más -creo que éste es más el sentido del debate, que el de delimitar hasta dónde llega el efecto de la Sentencia del Tribunal Constitucional en nuestra Ley-, yo creo que importa más el buscar la solución al problema jurídico que está planteado. Y, efectivamente, en esa línea, aquí se han ido produciendo algunas alternativas o sugerencias que yo creo que es lo que debe de centrar, a mi juicio al menos, este turno de fijación de posiciones.

Decía el Consejero, y creo, efectivamente, que esa era la opción inicial que se nos plantea, que cabría, o bien adoptar una iniciativa -por así decir- en la propia Comunidad para modificar la Ley de la Comunidad ya, o cabría esperar a que el Estado realice la modificación, consecuencia de la Sentencia, de la Ley 30/84. El ya anunció que optaba por esa segunda iniciativa, por esa segunda alternativa, sobre la base de que, efectivamente, le parecía más prudente y más aconsejable, teniendo en cuenta -y en eso debo de coincidir, porque, efectivamente, es así, con él-, teniendo en cuenta que buena parte de la Ley 30 está declarada Ley Básica y, en la medida en que ahora quede reformada, probablemente induzca a una nueva reforma en la Ley de la Comunidad. Me parece que ése es un criterio de mucha prudencia que, efectivamente, yo debo de compartir.

Diríamos, por tanto, que, desde este punto de vista, esperar a que se produzca la reforma de la legislación del Estado y obtener, en su caso, las consecuencias precisas para la Ley de la Comunidad, digamos, es la posición que estimamos más asumible. No me parece, y es contestación que creo que también debo de hacer en buena cortesía parlamentaria, no me parece asumible la otra de las alternativas o iniciativas planteadas. Y repito que lo planteo en términos de clarificar por qué optamos, coincidiendo con el Consejero, que me parece que ha expresado un criterio de prudencia, reconociendo, en cierto modo, la prioridad en la iniciativa del Gobierno de la Nación para proceder a modificar la Ley del Estado; y ése es el mismo argumento que me lleva, repito, a no poder asumir la otra alternativa que se plantea.

Efectivamente, señor Durán, el mecanismo que usted ha pretendido aplicar a este tema yo creo que, jurídicamente, es de dudosa aplicación. Efectivamente, una Comunidad Autónoma, con los apoyos jurídicos que usted ha citado, tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Constitución, puede presentar ante los Organos Parlamentarios del Estado cualquier tipo de iniciativa. Pero ¡cuidado!, es que usted ha olvidado que el asunto de la reforma de la Ley 30 no es una cuestión de iniciativa legislativa; es una cuestión de ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, que, jurídicamente, no tiene absolutamente nada que ver, aunque produzca, en definitiva, como modificación de una Ley que es, efectos similares. Por tanto, estimo lo que tiene de brillante su idea, que este Parlamento se dirija con una Proposición No de Ley... con una Proposición de Ley a los Organos Parlamentarios del Estado en ese sentido; pero me temo que nos dirían que ese mecanismo no está para eso. Y yo, como quiero, o al menos pretendo, en ese sentido, no sufrir, digamos, consecuencias incluso en términos de ridículo personal a posteriori, prefiero no poner en marcha la iniciativa por esa vía y estimar más apoyable y más compartible la iniciativa o la alternativa que el Consejero ha planteado.

Porque mire, si no. Yo creo que no es bueno -y me parece que es lo que está detrás, y en algún sentido lo ha dicho también en su intervención-, yo creo que no es bueno utilizar dos varas de medir, cuando desde una misma posición política uno mira hacia una instancia: el Gobierno de la Nación, y hacia otra instancia distinta: el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Creo que no es bueno porque lleva consecuencias desproporcionadas; me parece que lleva un cierto desequilibrio que a mí me ha resultado bastante evidente en su intervención. No se puede decir que el señor Consejero tiene razón en la complejidad del tema, que, en función de eso, yo estimo que su postura es correcta (la de esperar a que se produzca la iniciativa en el nivel del Estado de la reforma); que, por tanto, tiene a su favor la complejidad en la situación, desde el punto de vista jurídico, etcétera, y decir que lo que corresponde en el tema al Gobierno de la Nación es más sencillo y por eso que lo debe de hacer ya, de inmediato, y si no tomamos nosotros la iniciativa. No es un mismo rasero. Y me refiero al tema del Régimen Estatutario, o a las bases del Régimen Estatutario de los funcionarios. Yo creo que el Gobierno ha hecho muy bien, primero, en esperar la Sentencia que hoy estamos comentando, porque es la primera que define en el Régimen Jurídico Español qué es Régimen Estatutario de los funcionarios; y, seguramente, si se hubiera adelantado, haciendo un Régimen Estatutario de los funcionarios cuando sabía que estaba pendiente este recurso sobre la Ley 30/84, probablemente, desde el punto de vista jurídico, hubiera sido con consecuencias negativas, con un nuevo recurso, en definitiva, que hubiera aplazado todavía más la cuestión; eso por una parte. Y yo creo que, luego, el Gobierno de la Nación ha sido, en este tema, prudente esperando a que culminen procesos de transferencias en las Comunidades Autónomas y a que se legisle en las Comunidades Autónomas sobre la cuestión; porque mucho me temo que en el tema de las bases estatutarias del Régimen Jurídico de los funcionarios, al final no quede más remedio que la armonización a posteriori, en materia jurídica, y no tanto una iniciativa precipitada a priori. Por tanto, el tema es al menos tan complejo como el que el Consejero tiene y le afecta en materia de reforma de la Ley de la Función Pública Regional.

Digamos, pues, que utilice la misma vara de medir, no alegue siempre la complejidad en un lado, la sencillez en el otro, y en función de eso derive a una distinta posición, de comprensión en un sentido y de exigencia en el otro. Yo creo que con eso está suficientemente respondida la iniciativa o alternativa que usted planteaba.

Y termino diciendo, por tanto, que compartimos plenamente el criterio que el Consejero ha sentado, de esperar -nos parece lo más prudente y lo más adecuado con el propio Ordenamiento Jurídico, con la propia técnica con que se debe de producir la cuestión-, esperar a que se produzca la reforma de la Ley 30/1984. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Quijano. Puede hacer uso de la palabra el señor Mañueco, en representación del Grupo de Alianza Popular, para fijar posiciones.

EL SEÑOR MAÑUECO ALONSO:

Muchas gracias. Señor Presidente, señor Presidente del Gobierno, señoras y señores Procuradores. Yo tengo que decir que, en primer lugar, me agrada el que desde las distintas posiciones políticas que configuran esta Cámara haya, de una forma o de otra, un acercamiento y un reconocimiento a las manifestaciones que el señor Consejero ha hecho.

Nos encontramos ante una Sentencia del Tribunal Constitucional que vincula directamente a la Ley de la Función Pública del Estado y que, indirectamente, paraliza el desarrollo, o puede paralizar el desarrollo de nuestra Ley.

La Sentencia contiene tres pronunciamientos distintos: por un lado, declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad de determinados artículos de la citada Ley, como se ha dicho; y por otro, y respecto a los artículos 3.2.h) y 21.1.f), declara que no son inconstitucionales, pero siempre que sean interpretados en el sentido del fundamento jurídico tercero del apartado d) de la propia Sentencia; y, finalmente, se desestima el recurso de todo los demás, como muy bien ha dicho el señor Consejero.

Respecto al alcance que tienen las Sentencias recaídas en Procedimientos de Inconstitucionalidad, el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 2/1979 , de tres de Octubre, del Tribunal Constitucional, dice que tendrán el valor de cosa juzgada y vincularán a todos los poderes públicos, y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante la rotundidad de esta afirmación, podría suscitar, como muy bien se ha dicho en la Cámara, la cuestión teórica del alcance de la citada Sentencia respecto a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el sentido de que, aunque sin duda la Sentencia vincula a todos los poderes públicos, esta vinculación debe entenderse necesariamente referida a las administraciones a las que les son de aplicación la norma declarada inconstitucional.

Para expresarlo más sencillamente, podría entenderse que, en tanto en cuanto la citada Ley 30 de mil novecientos ocheta y cuatro sea de aplicación directa a la Comunidad, a ésta le alcanza la nulidad decretada por el Tribunal Constitucional. Pero, al mismo tiempo, podría pensarse que, en lo que la Ley no es directamente aplicable, sería aventurado, nos parece, hablar de una directa derogación de preceptos de la Ley de la Función Pública de nuestra Comunidad de Castilla y León.

Sintetizando lo que se acaba de exponer, estimamos que la Sentencia afecta directamente, con el alcance de nulidad de precepto, a aquellos artículos de la Ley 30/84 que, según el artículo 1.3 se consideran base del Régimen Estatutario de los Funcionarios Públicos, dictada al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución y, en consecuencia, aplicables al personal de todas las Administraciones Públicas. Por el contrario, los preceptos anulados que no tengan el carácter de básicos afectan sólo al Estado autor de la norma. Pero desde el punto de vista práctico, estimamos que lo anteriormente expuesto puede resultar un tanto irrelevante. En efecto, poco importa a los fines que nos ocupan determinar el alcance directo de la Sentencia sobre la Legislación de la Función Pública en nuestra Comunidad. Lo cierto y concluyente es que, conocido el criterio del Tribunal Constitucional, resulta necesario adaptar la legislación propia a los pronunciamientos de la Sentencia, y ello por la consideración práctica elemental de que, de mantenerse la Legislación Autonómica en aquellas materias que han sido declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, cualquier acto administrativo de aplicación individual o cualquier disposición reglamentaria de esta Junta de Castilla y León podrían ser eficazmente recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que, razonablemente, o declararía directamente la inconstitucionalidad de la norma de cobertura -la Ley de la Función Pública de Castilla y León-, o plantearía la previa inconstitucionalidad del acuerdo.

En definitiva, pues, se hace preciso adaptar los preceptos de la Ley de la Función Pública de Castilla-León a los pronunciamientos de la Sentencia del Tribunal Constitucional de once de Junio del ochenta y siete, con la consiguiente revisión de las normas reglamentarias.

Y en este sentido se ha manifestado el Consejero de Presidencia, y a ello ha habido distintas propuestas y alternativas por parte de los distintos Grupos de esta Cámara. Yo agradezco al señor Durán el que, además de dedicar al Consejero de Presidencia su reconocimiento y simpatía, haga ante esta Cámara una propuesta que nos ha sorprendido por lo avanzado que en ella se pretende y por lo que tiene de innovador. Nosotros no desechamos de antemano el que se lleve a cabo por parte de esta Cámara, ante la Mesa de las Cortes, una Proposición para que se acelere que, si así fuera preciso, se estimara el desarrollo de la Ley 30/1984. Nos queda la duda de la eficacia de esa gestión, lo que no evita que, por la trascendencia y la responsabilidad que tenemos en este momento, lo hagamos, si fuera necesario. Nuestro Grupo estudiará la propuesta que el Centro Democrático y Social haga a este respecto.

Ha habido una manifestación, por parte del Consejero, de prudencia; manifestación conservadora y expectante al desarrollo que el Estado... que el Gobierno de la Nación vaya a dar a la Ley 30/84 como consecuencia de la sentencia. Y estamos dispuestos a esas dos cosas que ha dicho el Consejero, sumando esa nueva iniciativa; es decir, esperar a ver cuáles son las respuestas del Estado a la sentencia... del Gobierno a la sentencia, y, a la vez, también, ir preparando un Proyecto de Reforma de la Ley de la Función Pública en nuestra Comunidad, que -según manifestación del señor Consejero- será enviado, discutido y compartido, o tratado de compartir, por los distintos Grupos, porque coincidimos en que afecta a toda la Comunidad, y no la afecta políticamente, sino administrativamente, y tenemos que sacar el mayor partido del consenso que podamos llevar a cabo, por el bien de nuestra Comunidad.

No creo, señor Quijano, que sea bueno el justificar la demora en el desarrollo como consecuencia de la espera de una sentencia del Tribunal Constitucional. Cuando una Ley se redacta, se aprueba y se publica, lógicamente, no ha de haber ninguna expectativa de las sentencias que puedan producirse en relación con esa Ley.

Concluyendo, diré que mi Grupo acepta y acata la sentencia. Estudiará la actualización, modificación de los puntos que nos afectan -tendrá conocimiento la Cámara-, y, por consiguiente, la Ley de la Función Pública de nuestra Comunidad será revisada.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Mañueco. Puede hacer uso de la palabra el señor interpelante, si lo desea, para el último turno.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Señor Presidente, Señorías. Muy brevemente. Creo que el tema está suficientemente debatido, pero sí juzgo conveniente realizar alguna precisión a la intervención del señor Quijano. Mire usted, señor Quijano. Yo no tengo dos varas distintas de medir. Reconozco la complejidad del tema, reconozco las dificultades en que el señor Consejero de Presidencia se encuentra, y no dejo de reconocer por ello las dificultades que tiene el Gobierno de la Nación en afrontar este tema, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Creo que las tiene, y muy graves. Otra cuestión distinta es que buena parte de esas dificultades lo sean porque el Gobierno de la Nación... aprobó el Gobierno de la Nación... ¡cuidado¡, digo, el Gobierno de la Nación; sé que las Leyes las aprueban los Parlamentos correspondientes, pero la mayoría absoluta que el Gobierno de la Nación tiene en las Cortes del Estado hizo aprobar esta Ley, que es una de las leyes más contestadas de todas las producidas en las dos últimas Legislaturas, porque técnicamente no es buena y porque, además, como se ha revelado en la sentencia del Tribunal Constitucional, es de dudosa constitucionalidad, y sobre todo... ¡Cuidado¡, señor Quijano. No me diga usted que muy poquitito, porque yo creo que usted no ha leído en profundidad los fundamentos de la sentencia que llegan a la conclusión de la declaración de inconstitucionalidad de determinados artículos. Y, sinceramente, como usted ha dicho antes -y coincido con usted-, no es quizás este el momento en el que debiéramos de entrar en un debate técnico sobre esta cuestión. En fin. Yo estoy dispuesto a admitirle a usted que el problema no es un problema de cantidad de artículos declarados inconstitucionales; estoy dispuesto a admitírselo. Son seis en su totalidad y varios de ellos, desde luego, no nos afectan absolutamente para nada. Pero sí hay un fundamento importante en la filosofía que subyace en todo el razonamiento jurídico de la sentencia, que termina concluyendo en que lo que hace falta, de alguna manera, es que se promulgue de una vez algo a lo cual, en el propio Preámbulo de la Ley, el Gobierno de la Nación se comprometió y no ha cumplido, que es las bases estatutarias de los funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas.

Bien, aquí se han ofrecido dos soluciones; yo he ofrecido una tercera, con la cual usted, legítimamente, discrepa, pero que es impecable desde el punto de vista estatutario y desde el punto de vista constitucional, y, además, desde una concepción más amplia del Estado de las Autonomías que, quizás, la que usted pueda tener como concepción de Comunidades Autónomas meramente órganos de Administración, órganos gestores de una Administración, y no partes sustantivas del Estado mismo.

Bien. El Centro Democrático y Social, como consecuencia de todo ello, se reserva la realización de las acciones parlamentarias que puedan derivarse de esta interpelación, bien en forma de moción -si procediera-, o bien cualquiera de las otras que reglamentariamente son posibles.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Durán. Sí, señor Quijano, a tenor del 77.1, puede usted hacer uso de la palabra para...

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí. Muchas gracias, Presidente, gracias por su generosidad, porque entiendo que, efectivamente, este último turno que es entre interpelante e interpelado se ha convertido en un turno en el que yo he sido el interpelado, sin haberlo sido previamente. Gracias, por ello, por concederme la palabra. Y sólo por reiterar el argumento que veo que, de algún modo, ha sido objeto de mayor comentario por su parte: la utilización de la vía de la presentación de la Proposición de Ley ante el Parlamento nacional.

Mire, ese no es un tema de concepción autonómica. La concepción autonómica puede ser raquítica o amplia -usted ha hecho la valoración, yo no voy a discutir eso-, pero el mecanismo está especificado en la Constitución, y lo está con unos motivos. Y yo creo que es claro que, cuando hay por medio una cuestión que no es de iniciativa legislativa, sino de ejecución de una sentencia, que es algo perfectamente distinto, y cuando hay por medio una cuestión en la que hay competencias exclusivas y, además, declaradas básicas las normas que emanan de esas competencias exclusivas, creo que no procede; jurídicamente no proceden. No es un tema de concepción autonómica, en la cual habría mucho que hablar, y podríamos llegar, incluso, a un acuerdo sobre los límites y cuál es más amplia que cuál; pero es que no es esa la cuestión. Es un tema de utilización de un mecanismo jurídico que tiene una finalidad y que no está previsto para lo que usted cree que puede ser utilizado.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Quijano. Por parte del señor Consejero, ¿desea hacer alguna...? Damos por terminado el debate.

El señor Secretario puede dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Tercer punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, relativa a liquidación del Instituto de Economía de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

El señor representante del Grupo de Centro Democrático y Social puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR DURAN SUAREZ:

Sí. Señor Presidente, Señorías. En la interpelación que presentó el Centro Democrático y Social, en la argumentación de esa interpelación, decíamos textualmente, a fecha trece de Octubre: "Hoy día no poseemos aún información al respecto". Referida toda ella al Instituto de Economía, al extinguido organismo Instituto de Economía. Hoy, por diversas circunstancias, hemos tenido acceso a información, que es obvio no hemos podido examinar y, mucho más importante que examinar, verificar detenidamente, y ello nos lleva a solicitar "in voce" la retirada de esta interpelación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Durán.

Retirada la interpelación, el señor Secretario puede dar lectura al siguiente punto del orden del día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, relativa a declaración de la ciudad de Salamanca como Capital Europea de la Cultura en el año mil novecientos noventa y dos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

El Portavoz de Centro Democrático y Social, señor Sagredo, puede hacer uso de la palabra para presentar la Proposición No de Ley de su Grupo.

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL:

Gracias, señor Presidente, Señorías.

Es de agradecer, pasado el primer miedo, estrenar esta tribuna con este punto del orden del día tan grato para muchos de los Procuradores que estamos aquí y en el que, seguramente, todos estamos de acuerdo -eso espero-, por cuanto ya se han producido en el tiempo declaraciones de estas Cortes en su etapa anterior, declaraciones de la Junta anterior, declaraciones de la Junta actual, y se siguen produciendo ininterrumpidamente declaraciones de los miembros más representativos y también representantes relevantes de partidos políticos, o de instituciones y corporaciones.

Yo oía esta madrugada -últimamente, no sé si muy caliente o con frío- al Presidente hablar de su intención de apoyar esta candidatura de Salamanca para Capital Cultural Europea. La candidatura de Salamanca para designación como capital cultural constituye hoy, ciertamente, una reivindicación local que ha desencadenado grandes expectativas en los ambientes ciudadanos y que ha calado en la población como una aspiración legítima que, de lograrse, comportaría importantes consecuencias para el desarrollo, no sólo cultural, sino también económico y social en su más amplio sentido.

Pero no son motivaciones de tipo local las que yo quiero traer aquí, ante vuestras Señorías, para justificar la petición de adhesión de esta Cámara a la Proposición No de Ley que se formula por el CDS. Mil novecientos noventa y dos se ha configurado como una fecha símbolo para el relanzamiento -esperemos que definitivo- de nuestro país hacia las metas de modernidad, progreso y plena integración en las Comunidades Europeas;en un marco de referencia inexcusable para la superación del tiempo perdido; en una cita con el futuro que ya ha comenzado; en un hito para el relanzamiento de unas renovadas relaciones de cooperación con la Comunidad Iberoamericana de Naciones, a la que no sólo nos unen vínculos históricos, sino, sobre todo, intereses comunes, presentes y futuros, que hoy es necesario anular profundamente.

El horizonte de mil novecientos noventa y dos, cuya proximidad se percibe ya -casi se huele-, ha generado también, además del lógico entusiasmo nacional, un marcado protagonismo en diversas Comunidades Autónomas españolas, cuya objetivación más relevante se plasma en Cataluña, en Andalucía y yo quisiera también pensar que en Castilla y León; con los compromisos ya firmes de Barcelona Olímpica, la Exposición Universal de Sevilla, así como con el proyecto cultural de Salamanca. Este triángulo del deporte, la tecnología y la cultura puede demostrar a Europa y al mundo, al mismo tiempo que el vigor de una comunidad nacional en marcha, la presencia de las regiones en esa Europa de los pueblos que ya ha comenzado a configurarse.

Muchas ciudades -muchas- de nuestra Comunidad Autónoma podrían acreditar méritos sobrados para aspirar a la nominación que se solicita. Y la propuesta de Salamanca no es una reivindicación hecha desde la vanidad, ni desde la competitividad tampoco. Por el contrario, la Proposición de adhesión que formulamos a esta Cámara, que supone una instancia inexcusable, se plantea desde la necesidad de pedir la afirmación de solidaridad intrarregional y también -por qué no- desde el interés común de contribuir con esta iniciativa al desarrollo de la Comunidad castellano-leonesa, toda vez que el logro de este objetivo se vería acompañado de importantes decisiones que afectarían, desde el patrimonio artístico, histórico, al desarrollo de comunicaciones, infraestructuras, servicios, de una parte muy importante de nuestra región. A las primeras iniciativas salmantinas, como saben Sus Señorías, se han adherido, en los últimos meses, numerosas corporaciones e instituciones nacionales e internacionales, entre las que hay que destacar más de cien universidades extranjeras, europeas y americanas; asociaciones de muy diversa índole y corporaciones gobernadas por todo color político.

Parece, pues, de obligado cumplimiento que las Cortes de Castilla y León no queden formalmente al margen, -insisto, formalmente al margen-, no sólo por razones de cortesía u oportunidad, sino en base al firme convencimiento, colectivo y unánime, de que la aspiración es propia, es justa y es legítima y que su materialización será un hecho sumamente positivo para toda nuestra Región.

Para Salamanca, la nominación para la capitalidad europea de la cultura significará el reconocimiento de sus mejores tradiciones ecuménicas, como sede que fue, desde los mismos orígenes de su Universidad, del encuentro entre pueblos y culturas; como ciudad partícipe en el proyecto del Descubrimiento; como patria del primer derecho internacional, del Derecho de Gentes, ya antes de.......; como "alma mater" de gran número de Universidades americanas; como punto de enlace de nuestro vecino Portugal, y también por su europeísmo temprano, compartido con otras ciudades como París, como Oxford, como Bolonia. Finalmente, y no como menor argumento, por el esfuerzo sostenido y continuado por mantener hasta la actualidad, en medio de un contexto socio-económico lleno de precariedades y en difícil competencia con otras ciudades del país más favorecidas por los gobiernos y las circunstancias de cada momento, por mantener -digo- un alto nivel de prestigio internacional que nos enorgullece a todos los castellano-leoneses. Don Miguel, que fue tachado por muchos de antieuropeista, sabía muy bien que europeizarse no era caer en el papanatismo, sino afirmarse en el concierto de una cultura que a todos nos es común, desde la aportación de nuestras propias peculiaridades nacionales; y, seguramente, este es el reto que hoy tienen a la vista Salamanca, Castilla-León y toda España.

Desde estas convicciones, que estoy seguro son las de todos nosotros, reitero a Vuestras Señorías las proposición que en su día el CDS elevó a la Mesa de las Cortes de Castilla y León para su aprobación por el Pleno de esta Cámara y para la que este Procurador por Salamanca, y hechizado por ella, como muchas de Vuestra Señorías, solicita el voto afirmativo de la siguiente Proposición No de Ley:

Uno: Que la Junta de Castilla y León inste formalmente al Gobierno de la Nación para que éste realice cuantas gestiones sean precisas, ante los organismos internacionales competentes, a efectos de obtener la declaración de la ciudad de Salamanca como Capital Europea de la Cultura de mil novecientos noventa y dos.

Dos: Que por la propia Junta de Castilla y León se realicen cuantas gestiones y acciones sean precisas ante los organismos públicos y privados de la Comunidad, nacionales e internacionales, que puedan apoyar la consecución del objetivo expuesto en el primer punto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Sagredo. Dado que no existe ningún Grupo Parlamentario enmendante, se procederá a la fijación de posiciones por parte de los distintos Grupos, comenzando por el señor De las Heras... No está en estos momentos. ¿El Grupo Socialista? Málaga, sí, sí. Gómez Málaga. Gracias.

EL SEÑOR MALAGA GUERRERO:

Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y Señores Procuradores.

Vaya por delante nuestro apoyo a esta Proposición No de Ley, porque nosotros consideramos, como Grupo Socialista, que lo que abunda no daña. Pero, señor Sagredo, no salgo de mi estupor al observar cómo ustedes nos traen hoy una Proposición no de Ley que fue aprobada en Sesión del seis de marzo, con variantes simplemente de redacción, firmada por todos los Procuradores de Salamanca, muchos de ellos aquí presentes. Le leo los nombres por si acaso no lo conocía usted: Lorenzo Alonso Sánchez, Juan Belén Cela Martín, José Castro Rabadan, Manuel Estella Hoyos, Fernando Gil Nieto, José Luis González Marcos, Vicente Jiménez Dávila, Jesús Málaga Guerrero, José Nieto Noya, Andrés Sainz Muñoz y Pascual Sánchez Iñigo.

Cuando yo leo la Proposición No de Ley que presentan ustedes, me hago la siguiente reflexión: o bien usted, señor Sagredo, o su Grupo, no se han leído el Boletín de las Cortes de Castilla y León de la anterior Legislatura, o bien su Portavoz en aquellos momentos y Portavoz ahora, el señor Daniel De Fernando, no le ha informado a usted, porque con su voto y con sus aplausos... -porque ha dado la casualidad de que esta ha sido una Proposición No de Ley que se ha aprobado por unanimidad y por aplausos de toda la Cámara-, pues, no le ha informado detalladamente del tema, cosa que no creo, porque me consta que el señor Daniel De Fernando es un Parlamentario que asiste asiduamente y conoce perfectamente en cada momento lo que tiene que hacer.

La segunda de las reflexiones que se me ocurren, al hilo de lo que ustedes presentan, es que puede ser que el Grupo de Procuradores del CDS por Salamanca quieren sumarse, -nosotros lo consideramos muy bueno y sano y saludable- a esta iniciativa que los Grupos Parlamentarios en su día tuvieron aquí. Si es esto, encantado. Pero yo quisiera decirle que, leyendo su Proposición y leyendo lo que nosotros proponíamos a las Cortes, me parece que es una coincidencia prácticamente total. Decíamos nosotros, los Procuradores de Salamanca, lo siguiente:

Primero. Que las Cortes de Castilla y León acuerden solicitar que la ciudad de Salamanca sea designada Capital Cultural Europea en el año mil novecientos noventa y dos.

Que el Gobierno de la Comunidad recabe los apoyos institucionales y de todo tipo necesarios para lograr el fin propuesto.

Tercero. Que, a tal efecto, se inste al Gobierno de la Nación para que eleve y apoye, ante instituciones europeas, la mencionada solicitud. Y, por último, en cuarto lugar, que las Cortes de Casilla y León comuniquen a los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestra Región el acuerdo de esta Cámara para su conocimiento y posterior adhesión a la nominación de Salamanca como Capital Cultural Europea en el año mil novecientos noventa y dos, si así lo consideran oportuno, dada la importancia que tendrá para el desarrollo cultural, social y económico de nuestra Comunidad Autónoma.

Pues bien, hay una tercera posible reflexión de por qué ustedes presentan esta Proposición No de Ley: una posibilidad de intentar -hablando en un lenguaje coloquial- "tirar de las orejas" al Ejecutivo, en el sentido de que se espabilen para que en mil novecientos noventa y dos tengamos preparada Salamanca para el evento de ser Capital Cultural.

Mire usted, señor Sagredo. Ultimamente, en Salamanca se está dando un posicionamiento muy curioso: se ponen velas al diablo y se ponen velas a Dios. O se ponen las cosas de tal manera que si sale con barbas, San Antón, y si no la Purísima. Me explico. Hay un intentar sumarse a un carro, al carro de la capitalidad cultural europea, porque es bueno estar en ese carro en el caso de que sea nominada Capital Cultural Salamanca; pero también es importante poner una cierta distancia, por si acaso las cosas vienen mal dadas. Pues mire, señor Sagredo, hay que estar a las duras y a las maduras. Nosotros, que propusimos en su día el que Salamanca fuera Capital Cultural Europea, hemos luchado por ello -y también otros Parlamentarios aquí presentes de otros Grupos completamente distintos al nuestro, y con opiniones distintas-, pensando siempre en que se va a lograr que Salamanca sea Capital Cultural.

Pero hay algo más que quiero decirle y que quiero decir a esta Cámara. Así como Barcelona y así como Sevilla -que usted ha mencionado ahora mismo- son ciudades que han sabido, con un tiempo suficiente, su nominación, el problema de Salamanca es realmente grave, porque todavía la CEE no ha optado por saber... o sea, no ha dado el nombre de la ciudad que va a ser Capital Cultural Europea en el noventa y uno; es decir, que la del noventa y dos todavía va a estar mucho más tarde. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que a Salamanca hay que prepararla para el futuro, para ese posible evento, antes de que sepamos si va a ser nominada o no va a ser nominada. Y ¿quién es nuestro enemigo, poniendo en un sentido prácticamente de enemigo -que yo no lo veo como tal-, en España a la propuesta de Salamanca? Pues no hay nada más que uno: Madrid. Lo sabemos todos. Y ¿por qué es Madrid? Pues no lo es porque Madrid sea una ciudad que tenga méritos mayores que Salamanca, que no los tiene, y en esto claramente yo creo que vamos a estar de acuerdo todos los que estamos aquí en esta Cámara: no tiene los méritos que tiene Salamanca; sin embargo, Madrid tiene una infraestructura cultural que no tiene Salamanca. Y eso es lo que el señor Barranco está diciendo constantemente: ustedes... -y lo están diciendo muchas más autoridades, pero especialmente el alcalde-, ustedes tienen los merecimientos, pero no tienen la infraestructura cultural que se necesita para tener el título de Capital Cultural y desarrollar ahí una serie de actividades culturales que necesitan una infraestructura costosa y cara.

Por eso nosotros consideramos que es buena esta Proposición y la convertimos en positiva, por una cosa: porque hay que decirle al Ejecutivo, al señor Consejero de Cultura, aquí presente, que hay que ir acelerando para preparar Salamanca para ser Capital Cultural, aunque no se realice este evento. Y ¿cómo se hace, señor Consejero? Pues de muchas formas. Una de ellas, a través de una inversión por lo menos tan cuantiosa como la que se ha llevado en estos años pasados en la ciudad de Salamanca, una inversión en patrimonio histórico-artístico, porque se sabe perfectamente que en estos momentos en Salamanca, aún habiéndose hecho inversiones muy fuertes, sabe usted que tenemos problemas muy serios. Inversiones muy fuertes en las dos catedrales; pero, por ejemplo, sabe usted, señor Consejero, que las dos catedrales de Salamanca están en una situación verdaderamente ruinosa, y aunque se está invirtiendo y se invirtió en su momento, necesitan inversiones muy fuertes. No digamos en toda la zona que la "francesada" dejó arruinada en la ciudad, toda la zona de la vaguada de la palma; toda esa zona que por parte de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo anterior se hizo un esfuerzo enorme y una inversión enorme y que esperamos que continúe haciéndose ese esfuerzo enorme. Me congratula observar cómo en los Presupuestos de la Comunidad ya va dinero para poner en marcha la vídeoteca, la filmoteca; pero también le digo, señor Consejero, que no he visto dinero para ubicar el edificio concreto o para comprar el edificio concreto que va a albergar todas estas actividades. No digamos el tema del Museo Etnográfico, o el Palacio de Congresos, cuyo Presidente de la Comunidad..., el Presidente de la Comunidad ha dicho que antes de final de año tendremos en los Boletines para que salga a su contratación. Hay que tener en cuenta que el Palacio de Congresos y Exposiciones conlleva unas grandes y serias dificultades a la hora de su ejecución y que esa ejecución, por lo tanto, nos puede traer demoras que lleven a que no tengamos la infraestructura suficiente para albergar, no solamente el Palacio de Congresos y Convenciones, sino también el Palacio de la Música.

Temas tan importantes para Salamanca como puede ser la restauración del Palacio de Abrantes, que la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo ha empezado ya a restaurar, pero que implica una dificultad, señor Consejero de Obras Públicas, y es la siguiente: ahí iba a ser ubicado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo el Museo de las Ciudades de España. Al ser..., al haber habido un cambio en los criterios y ubicarse ahí la Universidad Iberoamericana de Post-Grado, habrá que buscar el albergue entre los Palacios o la zona noble antigua de la ciudad, el albergue específico para la ciudad..., para el Museo de las Ciudades de España.

Y cosas más importantes, señor Sagredo, como es la ayuda a la Universidad de Salamanca. Para mil novecientos noventa y dos, la ayuda a la Universidad de Salamanca es clave, es fundamental. Pero la ayuda a la Universidad de Salamanca con realidades, no negándose en unos foros a una serie de cosas que son fundamentales para la Universidad. A mí me llama muchísimo la atención que usted hable tanto de la Universidad de Salamanca y se le llene la boca aquí, y, sin embargo, en la Diputación Provincial se le niegue a la Universidad de Salamanca unos espacios para expansionarse y ubicar allí Biblioteconomía y Documentación. Señor Sagredo, seamos serios. Si defendemos una cosa en un sitio, hay que defender lo mismo en otro. Y trabajar todos juntos, a través de aquello que hemos nosotros fundado, organizado, como es la Fundación Salamanca, donde se han ubicado todas las instituciones salmantinas y, últimamente -porque es público y notorio-, a la que se ha añadido la Universidad Pontificia de Salamanca o la Cámara de Comercio e Industria de Salamanca y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

En resumen. A mí me parece que, tal como están las cosas, Salamanca va a tener el nombramiento de Capital Cultural a escasos meses de tener que empezar a funcionar como tal. Eso implica, señores Consejeros, que o Salamanca la preparamos para tal evento, o, si no, solamente estamos haciendo fuegos de artificio y manifestaciones muy bonitas y florituras muy bonitas, pero que, de verdad, no llevan a ningún buen puerto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Málaga. El representante del Grupo de Alianza Popular, señor Nieto Noya, tiene la palabra.

EL SEÑOR NIETO NOYA:

Gracias, señor Presidente. Señores Procuradores. Por mi parte, no me parece necesario abundar aquí y ahora en los argumentos que avalan la legítima pretensión de Salamanca de obtener su designación como Capital Cultural Europea para mil novecientos noventa y dos, coincidiendo, como se ha dicho, con la conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, de ese encuentro fecundo de dos mundos que han quedado, desde entonces, definitiva e indisolublemente unidos.

En esta gesta del Descubrimiento, Castilla y León y, de un modo singular, Salamanca han tenido mucho que ver, como mucho ha tenido que ver Salamanca con la configuración cultural de Europa.

Esta es la doble perspectiva desde la que... -América, Europa-, desde la que aparece como feliz iniciativa, -y yo diría más, incluso, que como feliz iniciativa, como una aspiración obligada e inexcusable-, la de que Salamanca vuelva a ser, al cabo de los siglos, punto de encuentro de ambas culturas y centro de las manifestaciones culturales y de la comunicación cultural europea. Y aquí tengo que repetir argumentos ya expuestos, en el sentido de que así lo han entendido estas Cortes en la pasada Legislatura, el día seis de Marzo, cuando, por unanimidad, aprobaron una Proposición No de Ley, sometida al Pleno por la previa unanimidad también de todos los Procuradores de Salamanca.

La Proposición que hoy se nos somete a nuestra consideración, poco -tal vez, nada- añade al Acuerdo unánime de entonces. Insiste en que la Junta trate de implicar al Gobierno de la Nación ante los organismos internacionales y en que ella misma asuma un protagonismo ante organismos nacionales e internacionales, públicos y privados. Como hemos conocido ya los textos de las dos Proposiciones de Ley, ellos se comentan por sí mismos y no voy a insistir más en esta idea. Todo estaba dicho, prácticamente, en la Proposición No de Ley anterior. Pero la Proposición anterior, además, comprometía a las propias Cortes; las propias Cortes se autocomprometían, asimismo, en una serie de acciones que no están contempladas en esta propia Proposición de Ley.

Por su parte, la Junta de Consejeros, el señor Consejero de Cultura declaró en Comisión todo su apoyo -el de su Consejería y el de la Junta- a la consecución de esta capitalidad cultural para Salamanca. Pero es que el señor Consejero no hacía más que repetir lo que el Presidente Aznar decía en su discurso de Investidura: que la Junta haría suya la justa reivindicación de Salamanca como Capital Cultural Europea de mil novecientos noventa y dos, en lo que espero -añadía- tener el apoyo de los Grupos Parlamentarios y la necesaria receptividad del Gobierno de la Nación. Está, por tanto, el panorama completamente esbozado en las palabras del señor Aznar, con las que se estaba identificando con el Acuerdo de estas Cortes del seis de Marzo y con su mandato a la Junta.

Pero el propio proponente de esta Proposición No de Ley, en respuesta al discurso de Investidura del señor Aznar, decía: ¿Salamanca, Capital Cultural? Yo creo que ya estaba acordado, pero en fin... Es decir, que parece que ha habido un cierto lapsus y se han olvidado de que el contenido de esta Proposición de Ley..., No de Ley, pues, estaba recogido y, ante ese contenido, se habían manifestado ya con claridad estas Cortes.

Sin embargo, ya mi antecesor en el uso de la palabra utilizó el aforismo de que "lo que abunda no daña" y, desde esta perspectiva, nosotros acogemos con satisfacción esta nueva iniciativa -llamémosle así- y hasta agradecemos al CDS este recordatorio, en lo que tiene de impulso de un propósito de la Junta y de un compromiso adquirido. Agradecimiento que quiere cobrar mayor énfasis al expresarse por boca de uno de los Procuradores de Salamanca que trajeron aquí aquella primera iniciativa.

En cuanto al texto que hoy se nos propone, algunas matizaciones podríamos haber hecho. Por ejemplo, la expresión de "que la Junta inste formalmente al Gobierno de la Nación" nos parece que insiste demasiado en la formalidad y menos en los objetivos a conseguir. O esa referencia, casi universal, a todos los organismos -son organismos públicos, organismos privados, de la Comunidad, de España e internacionales-, prácticamente, pondría..., hay un cierto exceso en la forma; da la impresión de que la Junta tendría que ponerse a desarrollar toda su actividad en relación con este propósito de la Proposición No de Ley y que ahí agotaría toda su capacidad de actuación.

Pero lo cierto es que hemos optado por no presentar ninguna enmienda, para no entrar en disquisiciones de pura forma y por entender que, en último término, en último término, en los objetivos había coincidencia. Por ello, renunciando -digo- a algunas leves, posibles matizaciones de este tipo, nuestro Grupo de Alianza Popular votará -¿cómo no?- afirmativamente la Proposición No de Ley.

Pero, puesto que estamos en una actitud de recordar y de impulsar y, en este sentido, hemos entendido positiva la Proposición No de Ley, yo me quiero sumar a algunas de las voces que se han manifestado ya en esta Cámara. Y también yo quisiera sugerir algo, sin expresarlo en una formulación cerrada que pudiera desembocar en el mero cumplimiento formal. Yo me refiero, concretamente, a lo que yo considero necesidad de una coordinación de las diferentes acciones, de las ya desarrolladas y de las que sigan en el futuro. Hay acciones que estas Cortes han iniciado, se han autoimpuesto y, en alguna determinada medida, ya se han cumplido. Otras las desarrollan las instituciones de Salamanca: el Ayuntamiento, la Diputación, las Universidades, ya sea directamente, ya sea a través de, o en conexión con la Fundación Salamanca, que ha destacado éste entre sus objetivos fundacionales. Ahora insistimos en comprometer a la Junta. Son ya muchas las Corporaciones Locales que prestaron apoyo a nuestra pretensión, mediante acuerdos de adhesión de sus Plenos; Cámaras de Comercio, Universidades de dentro y de fuera de las fronteras, Academias, personalidades ilustres y un etcétera que yo desearía fuera muy largo han manifestado de alguna forma su adhesión. Todas estas acciones y las que hayan de realizarse todavía, todas estas adhesiones están demandando, en mi opinión, un esfuerzo de coordinación mayor que el que hasta la fecha haya podido existir. Y, para poner un ejemplo y no extenderme demasiado en esta consideración, hace unos días, hace un par de días, leíamos en la prensa de Salamanca un titular que decía: "Las instituciones salmantinas no han notificado a los eurodiputados su candidatura a la capitalidad europea"; titular que reproducía palabras de un eurodiputado nuestro, en unas declaraciones ante los medios de comunicación en Salamanca. Y, sin embargo, personalidades de instituciones europeas, o han sido visitadas personalmente, o están informadas de esta candidatura de Salamanca, y parlamentarios nuestros en Europa conocen y se interesan y están apoyando esta idea. Aquí algo falla; hace falta mayor coordinación. Se trata de intercambiar la información que poseen cada una de las instituciones que están trabajando por esta causa. Se trata, tal vez, de repartirse papeles. Tal vez, de hacer un más cuidado seguimiento de las actuaciones. De realizar, en suma, un esfuerzo de coordinación, al que yo invito tanto al Presidente de la Junta como al Presidente de las Cortes, junto con las instituciones salmantinas más comprometidas y más embarcadas en esta tarea.

No quiero dejar de hacer -porque ha estado en los medios de comunicación- una alusión a la reciente pretensión de otra capital, de otra ciudad española de fuera esta Comunidad, de compartir la capitalidad cultural con Salamanca. Pretensión que, sin entrar en más detalles, me parece que no tiene demasiado o ningún sentido.

Para terminar, diré brevemente que desde Salamanca nos hacemos la ilusión de que nuestra candidatura es ya una aspiración de toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Decir que, si sumamos esfuerzos y ponemos empeño, a pesar de las dificultades, esta candidatura tiene posibilidad de convertirse en una aspiración de España entera, como está ocurriendo con la Expo de Sevilla o con la Olimpiada de Barcelona, y que puede servir para concitar en torno a ella gestos y actitudes de solidaridad nacional. Y decir, ¿cómo no?, que mil novecientos noventa y dos está, como quien dice, a la vuelta de la esquina y que empiezan a urgir proyectos concretos que preparen adecuadamente nuestra infraestructura para acoger dignamente las diferentes manifestaciones culturales que la capitalidad pueda traer a nuestra Comunidad. La capitalidad cultural puede hacer de Castilla y León, y singularmente de Salamanca, un punto de encuentro y de redescubrimiento mutuo entre España e Hispanoamérica, por una parte, y entre lo hispano y lo europeo, por otra.

Prepararse, como decía el antecesor en el uso de la palabra, es hacer posible el encuentro. Prepararse. Y es indispensable para coronar con éxito la empresa. Tal vez no puedo yo compartir algunas manifestaciones de quien me ha precedido en el uso de la palabra, en el sentido de decir que dejará de haber competencia entre una capital que aspire a la capitalidad..., entre una ciudad y otra, entre Madrid y Salamanca, si Salamanca prepara adecuadamente sus infraestructuras para recibir estas manifestaciones culturales europeas; porque por este camino no conseguiríamos la capitalidad cultural, porque Madrid iría siempre por delante de nosotros. Y no es un problema de infraestructura, señor Málaga; es un problema de pugilato político entre dos grandes capitales, como usted muy bien sabe, y ése es nuestro mayor enemigo.

Lo mismo tendría que decirle que parece que pone un excesivo énfasis, un demasiado acento en cuanto a la falta de atención a las opciones concretas que nos vayan preparando, como si esta situación se hubiera generado a partir de ahora, y, señor Málaga, yo tengo que decirle que, si usted repasa los Presupuestos de la Comunidad, encontrará más inversiones en Salamanca en los Presupuestos del año ochenta y ocho que en los Presupuestos de los años anteriores.

Hechas estas consideraciones, a mí no me queda más que agradecer al CDS que nos haya permitido mantener este breve coloquio sobre este tema y anunciar, desde luego, que nosotros vamos a darle nuestro voto positivo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Nieto. Por parte del Grupo proponente, el señor Sagredo puede hacer uso de la palabra.

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL:

Gracias, señor Presidente. Presidente, Señorías. Yo no quiero trasladar aquí problemas locales, para los que tenemos tiempo y foros para poder discutirlos, pero entiendo que al Portavoz del Partido Socialista, lógicamente, le entren estas ganas de hablar de temas, que ya le hemos recordado por medios de comunicación y que yo, de una manera sucinta, voy a aclarar en lo que pobremente pueda.

Ya he dicho no tengo yo la patente de originalidad; en mi Grupo ya este puesto está ocupado por mi compañero Juan Durán, y, realmente, me limito únicamente a recoger aquellas acciones que creo que son positivas en beneficio de la Región, y, en este caso, a través del beneficio para Salamanca. Llevamos diciendo muchas veces, mucho tiempo, que la cultura no es patrimonio de ningún partido político, y a mí me encanta que esta Proposición No de Ley, que abunda en una Proposición No de Ley que ha llevado a las declaraciones que manifestaba el antecesor de la palabra en esta tribuna, a que un eurodiputado no haya recibido todavía ni la noticia de que Salamanca quiere solicitar la capitalidad cultural europea, realmente me parece que no solamente no abunda, sino que es necesario actualizar el compromiso de estas Cortes y de esta Junta nueva, para que hagan todo lo posible para que llevemos a feliz término ese proyecto.

Sobre la cita de "las velas a Dios y velas al diablo", querido Portavoz del PSOE, me parece muy apropiada la cita, en su caso. Yo, realmente, lo que no sé es a quién llama usted Dios y a quién llama usted diablo. El CDS se ha leído... el Boletín no tanto, los Evangelios, seguro, y desde luego no pone velas a Dios y velas al diablo y toda su actuación es coherente absolutamente, tanto en este foro como en la Diputación, que ustedes han citado, o en los Ayuntamientos en que nosotros tenemos responsabilidad de Gobierno, o corresponsabilidad, más bien, que entendemos que es una política mejor.

No quiero dejar de contestarle a una manifestación suya sobre la actitud del CDS en la Diputación Provincial negando, dice usted, a la Universidad unos locales para atenciones de la Universidad que, entendemos, deben ser cubiertas absolutamente por quien tiene que cubrir esas necesidades, y en este caso es el Ministerio, es el Gobierno Central. Decir que la Diputación tiene que resolver los problemas, todos o casi todos los problemas de la Universidad, es exigir a la Diputación una función para la que no está creada; y es más, le voy a decir más: la Diputación, y usted lo sabe, ha sido generosa -yo no voy a decir muy generosa-, generosa en el aporte que ha hecho de fondos a la Universidad -usted lo sabe, digo-, y sigue siendo generosa, porque frente a 500.000 pesetas que daban anualmente para investigar al Instituto de Economía de Castilla y León, solamente a la Universidad este año se le han facilitado 60.000.000 de pesetas.

A la Fundación Salamanca... ¿Quiere que hablemos de la Fundación Salamanca? Hablemos. El otro día hubo una pregunta que a mí me extrañó que el Consejero de turno no contestara de una forma muy sucinta. Yo tengo, quizá, menos autoridad y menos conocimientos, en este caso, que muchos de ustedes, que muchos de Vuestras Señorías, pero realmente hay algo en lo que sí me tengo que manifestar desde mi pobre autoridad, y es que yo no discuto el instrumento de la Fundación Salamanca; pero hay un dato objetivo, y ése lo voy a decir porque es verdad y lo hemos dicho ya en la Sesión de Constitución de la Diputación Provincial de Salamanca: "el CDS, dijo, pide una Auditoría de los fondos, de los 100.000.000, aproximadamente, que se le han facilitado a la Fundación Salamanca, para que diga en qué se han invertido". Nada más, no digo de nada más. Y el CDS todavía no se ha manifestado ni ha entrado en el fondo de la cuestión, entendiendo que la Fundación Salamanca puede ser muy útil. Pero lo que no hay duda es que se han dado 100.000.000 de pesetas, de dinero que corresponde a una provincia que tiene, realmente, además de todos los títulos que estamos diciendo aquí, algo que me parece que es necesario recordar muy a menudo, y en especial los Procuradores de Salamanca, y yo sé que usted, particularmente, también tiene esta inquietud: somos zona asistida, somos zona asistida. En nuestra provincia de trescientos cincuenta y siete municipios, hay necesidades de todo tipo y usted lo sabe. Y concretamente, y ahora, a mí, realmente, me produce escalofrío pensar que se puede llegar a una exigencia de la Universidad sobre la Diputación, en unas declaraciones absolutamente inadmisibles de los Rectores de la Universidad exigiendo a la Diputación prestaciones que no son de su competencia. Y le diré más: llevo unas cuantas noches muy preocupado, porque mientras se están haciendo Disposiciones muy discutibles en la Diputación Provincial de Salamanca, tenemos un pueblo, como Ledrada -que usted conoce muy bien-, con una cierta implantación industrial, con uno de los pocos pueblos que vive en Salamanca, que vive en nuestra Región, que cada tres días, en plena campaña de industrialización de las matanzas, se le está dando agua una sola hora. Ese dinero es el de la Diputación Provincial; ese dinero es el de la Diputación Provincial. Tiene que atender la Diputación Provincial muchas atenciones, y desde luego...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Ruego al señor Sagredo que se centre en el tema objeto de debate.

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL:

Muchas gracias, señor Presidente. Me congratula que el estreno de esta tribuna sirva de solaz al Grupo Socialista; pero, en cualquier caso, únicamente decirle que me parece que la Universidad tiene los canales de financiación que debe tener y no debe exigir a la Diputación Provincial de una provincia como Salamanca, con tantas necesidades, el que resuelva sus problemas.

Por lo demás, yo querría pedir, de alguna manera, excusa a todos los Procuradores, menos a los de Salamanca, porque todo esto nos ha permitido, de alguna manera, tratar de Salamanca y, si es posible, concienciar a toda la Cámara de los problemas que tenemos en una de nuestras provincias, como me supongo que los tenemos en todas.

Señor Presidente, gracias por su ...........

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Sagredo.

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

(Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Había pasado su turno, pero, si no hay inconveniente por parte de... puede usted...

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Efectivamente, había pasado mi turno, pero, realmente, ha sido debido a que se ha alterado el Orden del Día al suprimirse uno, y además había sido requerido por los Servicios de esta... de la propia Cámara.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Sí, no hay inconveniente. Procure únicamente...

EL SEÑOR DE LAS HERAS MATEO:

Muy brevemente. Sólo voy a leer un pequeño párrafo de las notas que tenía preparadas para esta intervención, dado que este Grupo no tuvo oportunidad de sumarse al acuerdo unánime del seis de Marzo en relación con la petición de designación de Salamanca como Capitalidad de Cultura Europea y quiere hacerlo en este momento. Y quiere hacerlo en este momento para que, efectivamente, quede claro que nuestro Grupo está apoyando también esa designación. Pero, además, quiere decir que la designación de Salamanca como Capital Europea puede ser un buen momento de arranque para una ordenación de nuestro entorno cultural, que necesita decisiones políticas inmediatas si no queremos caer en el vicio de las designaciones pomposas, los gestos vacíos de contenido real, que tantas veces han esterilizado ocasiones efectivas de elevar el nivel cultural de nuestro pueblo.

Yo manifiesto aquí mi esperanza de que, en lo que está diciendo ahora, la solidaridad castellana y leonesa con nuestra ciudad hermana, la activa y moderna Salamanca, que prepara su protagonismo, vaya acompañada de una serie de decisiones políticas relativas a la cultura, que tiendan a ordenar racionalmente el sector, potenciar las realidades que ya existen, llamar a la acción a fuerzas potenciales importantes y, quizá, dispuestas a ellos, y todo ello con el plazo perentorio que la rigidez del calendario impone.

En mil novecientos noventa y dos, todo el mundo va a contemplar otra vez en acción el genio de España y Castilla y León, en la ocasión en que se va a contemplar lo que ella hizo. No pueden permanecer ausentes, ni dentro de Castilla y León, aquellos lugares como Segovia, cuyo eco permanece vivo en la memoria de los hombres de todas las tierras de este mundo. Y con ello decir que nuestro Grupo va a apoyar la iniciativa que se ha planteado. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor De las Heras. Escuchadas las posiciones de los distintos Grupos, la Presidencia propone: ¿se somete a votación por asentimiento?... ¿Se aprueba por asentimiento la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social? Se aprueba por asentimiento.

El señor Secretario dará lectura al último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ELORZA GUINEA):

Cuarto punto del Orden del Día... Quinto punto del Orden del Día: "Toma en consideración por el Pleno de la Propuesta de Modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Quijano para su turno a favor, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Gracias, señor Presidente, Señorías. Me corresponde, y en verdad considero que ello es un honor y una satisfacción personal, defender en este turno a favor la toma en consideración de la Propuesta de Reforma del vigente Reglamento de la Cámara que mi Grupo ha tenido a bien incorporar a esta Proposición de Ley, tal como exige el propio Reglamento en el procedimiento de reforma.

Creo que me corresponde inicialmente, y efectivamente así lo voy a hacer, explicar a la Cámara cuáles han sido las razones para que mi Grupo haya adoptado esta iniciativa, así como explicar, siquiera brevemente, porque me parece que no sería tampoco objeto de este trámite parlamentario hacer una exposición en detalle, pero sí, repito, alguna breve referencia al propio contenido de la reforma que mi Grupo propone.

Entiendo que, a la hora de defender la iniciativa que mi Grupo ha adoptado, nada mejor que remontarnos, siquiera también con una brevedad que prometo a Sus Señorías, a cuál ha sido el proceso de aplicación, el tiempo de aplicación del Reglamento aún hoy vigente. Porque, efectivamente, las reflexiones o convicciones que hayamos podido adoptar a lo largo del proceso de aplicación del vigente Reglamento son las que ahora vienen a legitimar la propuesta de reforma, efectivamente.

Yo quiero recordar que la elaboración del Reglamento, que aún hoy es Reglamento vigente en esta Cámara, se debió a un esfuerzo loable -así debo de reconocerlo- por parte de todos los Grupos Parlamentarios de entonces. La prueba fue que, en un plazo relativamente corto -creo que en el primer trimestre de aquella primera Legislatura-, el Reglamento estuvo aprobado, y con un grado de consenso prácticamente total; creo recordar ahora que en tres, cuatro quizá, cuestiones puntuales el consenso no se extendió y creo recordar por parte de quienes entonces componían el Grupo Mixto de la Cámara. Lógicamente, aquella primera elaboración del Reglamento partía de unas ciertas inexperiencias que no hay por qué reconocer ahora, porque son un dato absolutamente de hecho. En aquel momento no se sabía..., era la primera vez que un Parlamento Autónomo en esta Comunidad echaba a andar, si dejamos a un lado otros precedentes históricos; era la primera vez que elaborábamos un Reglamento y, evidentemente, no sabíamos en qué medida el Reglamento iba a tener una utilidad del cien por cien, del noventa o del ochenta. Eso es algo que, efectivamente, ahora sí podemos decir. No teníamos, evidentemente, el contraste de una experiencia previa que pudiéramos analizar, sino sólo precedentes, otros textos y, efectivamente, el Reglamento se apoyó en otros textos existentes en aquel momento y respecto de los cuales sí había un cierto contraste de para qué servían. Concretamente, el Reglamento del Congreso de los Diputados -no se debe de negar- fue, en ese sentido, un precedente bastante utilizado para la elaboración de nuestro Reglamento.

¿Qué es entonces lo que ha venido pasando a lo largo de la primera Legislatura? Porque, repito, ahora sí tenemos una experiencia concreta que podemos ya valorar en términos también concretos. Ahora ya podemos saber si el Reglamento nos ha sido útil y en qué medida nos ha sido útil y en qué medida necesita algún tipo de reforma. Yo creo que hay una reflexión, que me permito generalizar en nombre de todos los Grupos y que baso y avalo en una experiencia que es también personal; la reflexión de que el Reglamento necesita una reforma me parece que la hemos hecho todos y muchas veces, y, repito, todos y muchas veces.

Creo, por tanto, que hay un estado de opinión francamente favorable a la reforma. Puede haber dudas en cuanto a la cuantía, el alcance, el procedimiento, etcétera; sobre la necesidad de la reforma me parece que no hay ninguna duda. Por razones de todo tipo. Por razones de adecuación técnica, que todos hemos ido comprobando y que han ido dando lugar a resoluciones del Presidente, en muchos casos, que nosotros pretenderíamos incorporar a la reforma actual, en la medida en que tienen una validez general, como es lo normal en ese tipo de resoluciones. Hay, por otro lado, lagunas que necesitarían, pues, alguna cobertura. Nuestro Reglamento -y, repito, la vez anterior que lo hicimos no podíamos prever ese tipo de situaciones-, pues, hay ciertos temas de todo tipo que no trata o trata insuficientemente. Y, finalmente, yo creo, -y ésta, me atrevo a decir, es la razón que mayor cantidad de veces ha sido expresada por el conjunto de los Portavoces y probablemente también por el conjunto de los Procuradores que tienen alguna experiencia-, nuestro Reglamento necesita algún tipo de agilización en ciertos trámites, acortando algunos plazos, quizá suprimiendo algún trámite innecesario, etcétera, etcétera. Ello por una razón evidente: ya dije antes que, en cierto modo, el modelo fue el Reglamento de una Cámara que funciona con una dinámica mucho más habitual y mucho más constante, y entonces el sentido que allí tiene el plazo o el trámite es un sentido totalmente distinto a una Cámara que -yo creo que correctamente- funciona, pues, con una cierta cadencia mayor en cuanto al tiempo. Me parece que ese es un argumento absolutamente objetivo y que todos hemos comprobado.

Debo de añadir también, en este breve repaso de los antecedentes de la cuestión, que probablemente la reforma se pudo y se debió hacer al final de la Legislatura anterior. Probablemente, ese era el momento mejor, el momento en el cual una Cámara, digamos, "a punto de" o "en trance de" disolverse, en base a la experiencia acumulada, dejaba hecha una tarea que, de esa manera, no necesitaba un nuevo periodo de experiencia previa en la nueva Cámara. No fue mi Grupo -creo que eso es generalmente conocido, pero debo de reiterarlo ahora- no fue mi Grupo quien se opuso a esa iniciativa; lo cierto es que, en la loable búsqueda de un consenso para aquello, constatada la inexistencia de tal consenso, no se prosiguió con la iniciativa. Creo, entonces, que es éste el momento de reiterar tal iniciativa.

Mi Grupo, por eso, ha querido hacerse eco de ese estado de opinión a que antes me refería, ha adoptado la iniciativa y quiere ofrecer a los demás Grupos una base concreta de diálogo, que vaya algo más allá del mero comentario, la impresión generalizada de que el Reglamento necesita algún tipo de reforma, y haya un texto articulado que pueda servir como base para una discusión que de esa manera pueda ser mucho más eficaz. Quiero, por ello, aclarar que mi Grupo no busca, en la adopción de la iniciativa, o no plantea ninguna cuestión de protagonismo, prioridad, etcétera. Lo que plantea es la conveniencia y, a nuestro juicio, la urgencia de abordar la reforma, y por eso ofrece el fruto de un trabajo en el que varias personas del Grupo -debo también indicarlo- hemos invertido ya bastantes horas, y lo que quiere es ponerlo a disposición del resto de los Grupos para que sirva como base de una discusión eficaz sobre un texto concreto.

¿Cuál es, por referirme brevemente a ello, el contenido básico de la Proposición que hoy sometemos a su toma en consideración?. Desde luego, es una proposición de reforma parcial del Reglamento; lejos de nuestra intención el hacer una reforma generalizada, ni siquiera mayoritaria, cuantitativamente hablando, del Reglamento. Es una reforma parcial que persigue, por tanto, algunos objetivos concretos que me limito a enumerar, sin entrar -porque creo que no es este el momento procesal oportuno- en una referencia de detalle. Pretende, desde luego, ajustar algunas competencias de los distintos órganos de la Cámara, que la experiencia nos dice necesitan algún tipo de ajuste. Pretende, desde luego, en términos generales, acortar algunos plazos en orden a conseguir una mayor agilidad en el tratamiento de los temas de la Cámara, a contemplar el supuesto específico de la urgencia con las debidas garantías, etcétera. Pretende, también, suprimir algún trámite que hemos entendido siempre no era necesario; por ejemplo, el pronunciamiento de la Junta de Portavoces a efectos de remitir un proyecto de ley a una Comisión; entendemos que ese trámite lo puede perfectamente cumplir la Mesa de la Cámara, sin necesidad de una consulta previa a la Junta de Portavoces, porque es una cuestión eminentemente técnica, al menos en la gran mayoría de los casos.

Pretendemos, asimismo, adecuar técnicamente algunos preceptos que la experiencia nos ha demostrado inadecuados. Por ejemplo, ciertos aspectos en materia de debate de Investidura que el Reglamento no contemplaba o no intuía que se podían producir y que a riesgo hemos estado de que se produjeran, en una ocasión todavía reciente. En materia de tramitación del presupuesto, por ejemplo, donde entendemos hay, en comparación con cómo está la cuestión en los reglamentos de otras Comunidades Autónomas, ciertas disfunciones que convendría corregir, para aumentar, en la medida de lo posible, la propia capacidad de discusión de la Cámara al respecto.

Pretendemos, finalmente, recoger algunas de las resoluciones que ya se han ido dictando a lo largo de la Legislatura anterior, por parte del entonces Presidente de la Cámara, y que a nuestro juicio tienen un carácter ciertamente general que permite, por ello, incorporarlas al Reglamento. Es el caso, por ejemplo, de la composición y elección de las Ponencias que informan los proyectos de ley en el seno de las Comisiones. Como asimismo, también, coordinar el Reglamento, tarea que asimismo resultaba necesaria, con alguna legislación posterior que la propia Comunidad ha ido aprobando; el caso de la Ley que regula la elección de los Senadores de la Comunidad es bien patente que mantiene una cierta inadecuación con lo que el Reglamento todavía dispone.

Ese es, básicamente, el contenido. Y termino, entonces, reiterando lo que a nuestro juicio son los aspectos principales de nuestra exposición en torno al tema, para que ésta -al menos ésa es mi intención- quede suficientemente clarificada. Nosotros estamos plenamente de acuerdo y plenamente convencidos de que el Reglamento debe de ser, como tal regla básica del juego parlamentario, debe de ser objeto del mayor consenso posible entre los Grupos Parlamentarios y, si fuera oportuno y si fuera posible, de un consenso total entre los Grupos Parlamentarios. Quiero, pues, decir con ello que no hacemos cuestión de honor, en cuanto a la iniciativa que hemos presentado, el que se mantenga, se apruebe tal cual, etcétera. Que tenemos una voluntad de diálogo expresa sobre este tema; repito, una voluntad de diálogo expresa. De tal manera que si, tomada en consideración esta iniciativa, en los trámites subsiguientes de Ponencia, Comisión de Reglamento, etcétera, por vía de enmienda del resto de los Grupos, de acuerdo, etcétera, etcétera, se llega a la convicción conjunta de que la reforma que proponemos necesita ampliación para que se extienda a más preceptos del Reglamento de los que contiene; necesita restricción, para que no llegue tan lejos como pretende llegar; necesita que ciertos artículos que no están tocados en ella sean tocados por la reforma, etcétera, etcétera, estamos plenamente dispuestos a ese diálogo. Repito, pues, que el texto, a nuestro juicio, es -y esa es la intención expresa con que lo presento y defiendo en este momento- digamos, una base mínima para empezar a hablar entre los Grupos a partir de la toma en consideración que, por tanto, expresamente pido como voto favorable; una oferta concreta para una reflexión conjunta; repito, en el loable intento de pasar del comentario generalizado al texto que sirva de verdad de soporte de un consenso suficiente en torno a la reforma del Reglamento. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Quijano. El señor Cortés puede hacer uso de la palabra para un turno en contra.

EL SEÑOR CORTES MARTIN:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Desde el inicio de esta segunda Legislatura, ha sido opinión del Grupo Parlamentario de Alianza Popular -y a fe cierta que no ha sido exclusiva del Grupo Parlamentario de Alianza Popular- la conveniencia de proceder a la reforma del Reglamento. Y me sumo, como no podía ser de otra forma, al reconocimiento a aquellos Procuradores que dieron luz al Reglamento en estos momentos vigente, que creo que ha cumplido una función muy satisfactoria, y la sigue cumpliendo; y es verdad y estoy de acuerdo con el señor Quijano, que siendo la primera Legislatura y, al mismo tiempo, teniendo en la Legislatura un período de cuatro años para comprobar la funcionalidad del mismo, es tiempo más que suficiente para ver las lagunas, las deficiencias que tenga e intentar corregirlas. Y es verdad que si, en esta Legislatura hemos mantenido un buen funcionamiento de la Cámara, se ha debido en muchas ocasiones a la interpretación que del Reglamento había que hacer en la Junta y la Mesa a..., incluso a un esfuerzo para colmar lagunas que en él existían, y siempre al buen uso que el Presidente de las Cortes ha hecho de las amplias competencias que el Reglamento le concede a la hora de la ordenación de los debates y del funcionamiento de la Cámara. Pero esta voluntad de reforma del Reglamento, que fue expresada de forma inequívoca y desde la primera sesión parlamentaria -y ahí está el Diario de Sesiones- partía siempre de un requisito previo que, en alguna medida, ha reconocido el señor Quijano, pero con poca coherencia en su previa actuación. El Reglamento, como norma de funcionamiento de la Cámara, como la regla del juego que debe mover, que debe encuadrar la actividad parlamentaria, debe ser una norma de todos, y es nuestra opinión y así se expresó y, desde luego, no es sólo la opinión del Grupo de Alianza Popular, y de forma inequívoca se ha expresado en este Pleno y en otras reuniones de otros órganos de esta Cámara, que ese consenso debía existir desde el principio. Y no es otra que esta razón la que nos ha llevado a pedir que fuese el Presidente de la Cámara -como figura arbitral e institucional y no partidista-, o, en su defecto, la Mesa de las Cortes, -donde están representados la casi totalidad de los Grupos Parlamentarios de esta Cámara-, quienes presentasen o impulsasen el proyecto de reforma.

La propuesta de modificación que formula el Grupo Socialista, a nuestro entender, es insatisfactoria. Algunas cuestiones más convendría reformar y algunas de sus propuestas no nos parecen las más convenientes. Quizá, en alguna medida, se deba esto a que se tiene una distinta concepción de lo que debe ser el Reglamento cuando se está en el Gobierno o cuando se está en la Oposición. Pero esto tiene razón el señor Quijano que podría ser arreglado en la ulterior tramitación de esa Proposición de Ley, de ser tomada en consideración... de esta proposición de modificación del Reglamento, de ser tomada en modificación, mediante enmiendas.

No es ésta, por tanto, la razón de nuestra negativa a la toma en consideración de esta proposición y la razón de nuestra petición al Grupo Socialista que reconsidere su posición y tenga él mismo la iniciativa de retirarla. Ni siquiera es la razón de esta negativa algo que no quiero valorar en este momento, pero tampoco puedo callar en esta ocasión. No tengo ninguna duda, Señorías, que en el Grupo Socialista muchos de sus distinguidos miembros han debido trabajar muy duro a la hora de elaborar la Proposición que se debate en el Pleno de esta Cámara, cuya toma de consideración se debate en el Pleno de esta Cámara. Pero, curiosamente, -repito, curiosamente-, una gran mayoría de los artículos que componen dicha proposición son una reproducción literal, escrupulosamente literal de los artículos de un trabajo que había sido elaborado por los servicios de la Cámara a petición de la anterior Presidencia. Y es nuestra opinión más firme que ese trabajo se hizo con una finalidad institucional y no para un uso partidista por un determinado Grupo Parlamentario.

Pero, repito, tampoco es ésta la razón determinante de nuestra opinión contraria a la toma de consideración y nuestra petición, puesto que la voluntad de diálogo existe, según lo ha manifestado el Portavoz del Grupo Socialista, para retirar, pedir la retirada de esta Proposición. La razón determinante es la que anunciaba al principio de mi intervención: el Reglamento debe ser de toda la Cámara y lo debe ser desde el principio. Por lo tanto, esta opinión nuestra en contrario a la toma en consideración va acompañada de una petición expresa al Presidente de las Cortes o a la Mesa, en su defecto, para que impulsen una iniciativa que no pueda ser tachada de partidista.

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores, en mil novecientos setenta y siete se inició en España un periodo en que se buscaba -y se lograba las más de las veces- el consenso para las normas básicas, para aquellas llamadas a permanecer, para aquellas en las que se tenían que desenvolver las razonables discrepancias, las diferentes opciones de gobierno que se pudiesen plantear. Esta práctica, tan beneficiosa para el país, se rompió bruscamente en Octubre de mil novecientos ochenta y dos. Es nuestra opinión que, en este caso, el tiempo pasado sí fue mejor. El señor Presidente de las Cortes cuenta con nuestro respaldo para, si esta proposición no es tomada en consideración o es retirada por el Grupo proponente, desde una posición institucional impulse la reforma del Reglamento, a la que sería nuestro deseo también se sumase el Grupo Socialista y realmente fuese el Reglamento reformado, al igual que el Reglamento hoy vigente, fruto del consenso de todos los Grupos de la Cámara desde su inicio. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Cortés. Puede hacer uso del derecho de réplica el señor Quijano.

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Gracias, señor Presidente. La verdad es que salgo a la tribuna en un tono de perplejidad general, me atrevería decir de irritación particular por una reflexión que Su Señoría ha hecho en la Cámara. Mire, la referencia directa que usted hace a que en Octubre del ochenta y dos se rompe el consenso nacional, en la medida en que hay un primer Gobierno con una mayoría absoluta, califíquela usted; yo, de verdad, no me atrevo a calificarla. Sólo le diría una cosa: la Junta actual, en situación de minoría como está, todavía no ha establecido con mi Grupo ningún nivel de conversación a efectos de nada, y saque usted, por tanto, la reflexión al respecto.

Pero entremos en el tema, porque, repito, de cosas serias preferiría hablar con una persona que maneje unos criterios, me parece, más cualificados al respecto. Entremos, en definitiva, en la cuestión que nos trae a este debate en concreto.

La verdad es que al final de su intervención, repito, -y hago un esfuerzo enorme, desde el punto de vista personal, por separar el grano de la paja en su intervención y la verdad es que veo que al final me queda poco grano que comentar-, creo que su posición es tan sencilla como lo siguiente: la iniciativa no es asumible porque la adopta el Grupo Socialista. No he visto ninguna razón de fondo, ninguna razón de fondo, ni en relación con el contenido de la propuesta, ni en relación con la vía que se ha adoptado para expresarla ante la Cámara. Me dice que hubiera sido preferible, en base a eso que usted mismo llama un requisito previo, pues haber procedido a una iniciativa conjunta o consenso. Y es cierto, y es cierto, que desde la primera Junta de Portavoces esa sensibilidad existió. Tan cierto como eso es que nadie hizo una propuesta formal a mi Grupo en ese sentido, y se me permitirá no ahondar en ese criterio, porque no quiero yo asumir la responsabilidad de tocar, más allá de lo debido, a las propias instituciones. Nadie ha hecho, ni en la Junta de Portavoces, ni fuera de la Junta de Portavoces, una propuesta formal. Sólo conozco la propuesta formal que se hizo a final de la anterior Legislatura y que fue expresamente rechazada por su Grupo. Si usted no asume la tarea de su Grupo en la Legislatura anterior, ese es un problema suyo, no mío. Repito, en lo que va de Legislatura, no ha habido ninguna propuesta formal. ¿Sabe cuándo ha empezado a sugerirse ese propuesta formal?. Cuando la iniciativa de mi Grupo estaba adoptada y publicada. Mire, esas no son, efectivamente, las reglas del juego. ¿Y sabe cómo deja de ser partidista una iniciativa? Cuando se toma en consideración, la Cámara la asume como documento de trabajo, contando con la voluntad de mi Grupo, -ya expresada antes-, a efectos del diálogo ulterior que se pueda establecer sobre el tema. Esa es la forma institucional en que una iniciativa deja de ser partidista.

Y otra cuestión más que le debo de aclarar: sobre si se ha aprovechado un trabajo ajeno. Mire, el trabajo que se hizo y que, efectivamente, y por qué no, en cierta medida ha sido aprovechado, porque era coherente y era el fruto de una reflexión que habíamos tenido durante mucho tiempo y en muchas conversaciones en la Junta de Portavoces y fuera de ella, era un trabajo útil y adecuado, y mi Grupo lo ha reconocido y, en la medida que lo ha creído oportuno, lo ha asumido. Su Grupo ha dispuesto también de ese trabajo. Su Grupo ha dispuesto también de ese trabajo, como todos los demás. Yo no soy responsable de las pasividades ajenas, o, al menos, no quiero ser responsable en ese sentido. Por tanto, aclaremos suficientemente la historia: oportunidad hubo de adoptar conjuntamente el principio de reforma, oportunidad que se desaprovechó; pasividad posterior que mi Grupo no quería prolongar más, porque entendía que la reforma del Reglamento era urgente y, además, en sus bases, compartida por todos los Grupos. Si ahora las posiciones, en función de que la iniciativa viene de un cierto lado de la Cámara, exclusivamente por eso, son distintas, allá cada cual con sus criterios. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Quijano. Señor Cortés.

EL SEÑOR CORTES MARTIN:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El consenso que desde aquí se ha defendido debe ser para las normas básicas y para las normas, como bien se ha dicho, llamadas a permanecer. Y, desde luego, desde el Grupo Parlamentario de Alianza Popular y desde la Junta que respalda este Grupo se ha intentado, y creo que se ha logrado, ese consenso en aquellas normas que deben tener este carácter; cuestión distinta son aquellas que constituyen lo que es una legítima opción de gobierno, que tiene que ser diferenciada. Consenso no debe significar uniformidad en todo lo demás. Y, desde luego, estará conmigo Su Señoría que no ha sido lo mismo la tramitación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por poner un ejemplo de estas leyes, que, quiero decir, constituyen el marco en que las distintas opciones deben desenvolverse. Y eso empezó a ocurrir en el año ochenta y dos, y no antes. Pero la razón por la que nuestro Grupo va a votar en contra de la toma de consideración de esta proposición, puesto que veo que el Grupo Socialista no retira la misma, no es porque venga del Grupo Socialista, señor Quijano, es porque venga de un Grupo Parlamentario. Señor Quijano, le aseguro que en el Grupo Parlamentario de Alianza Popular hay también Procuradores que, con tanto, con más o con menos trabajo que Procuradores del Grupo Socialista, saben copiar lo que ya habían elaborado los servicios jurídicos de la Cámara. Lo que pasa es que desde el Grupo Parlamentario de Alianza Popular queríamos que el consenso en el Reglamento existiese desde el principio, y como nos consta en el Grupo Parlamentario de Alianza Popular, como le consta a Su Señoría, porque ha asistido a las reuniones, tanto del Pleno como de la Junta de Portavoces, en que ha habido manifestaciones inequívocas e iniciativas inequívocas del Presidente de la Cámara para que surja una iniciativa institucional, estábamos esperando a la misma.

Señor Quijano, el presente período de sesiones se inició avanzado el mes de Septiembre; estamos avanzado el mes de Noviembre. Creo, hemos tramitado mientras tanto... la Cámara creo que no ha estado ociosa durante este tiempo y ha habido trabajo de inicio de una nueva Legislatura. Por lo tanto, las prisas que tiene Su Señoría por algo que todos consideramos necesario, que es la reforma del Reglamento, creo que no justifican el que haya intentado algo tan sencillo como apuntarse un tanto, usando un trabajo que había sido elaborado con otra finalidad.

Esta y no otra, créame, es la razón de nuestra oposición;

como la razón de la oposición del Grupo Popular en la pasada Legislatura a que entonces se tramitase el proyecto creo que es de orden muy distinto. Simplemente se decía entonces: al final de una Legislatura no procede que se haga un nuevo Reglamento; dejémosle a la nueva que lo haga, y que esta nueva Legislatura lo haga por un procedimiento similar al que se hizo en la anterior: por consenso desde el principio. Mantenemos nuestra voluntad de que se llegue a un acuerdo de consenso en el Reglamento y para eso consideramos que la mejor garantía es que la iniciativa sea institucional. Nuestro voto sigue siendo contrario a la toma en consideración de esta Proposición y el Presidente de la Cámara sigue contando con nuestro respaldo y nuestro aliento para que impulse esa iniciativa de reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Cortés. Para la fijación de posiciones, el Grupo CDS, Don Daniel De Fernando.

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO:

Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Es lamentable que un tema en el que estamos todos de acuerdo, por el procedimiento empleado, tengamos que votar en contra. Y, señor Quijano, yo le diría que de su propia exposición nos da usted los razonamientos para votar en contra. Expone cómo al finalizar la Legislatura anterior se hizo ese trabajo; el Presidente de la Cámara nos lo presentó a la Junta de Portavoces y, al negarse el representante del Grupo Popular, se le dijo: señor Presidente de la Cámara, si usted quiere, siga adelante con el problema. Y el Presidente de la Cámara no quiso, porque no había unanimidad. Pero, ¿por qué usted no tomó la iniciativa que toma hoy? ¿Por qué no lo trajo al Pleno de la Cámara, para tomar la iniciativa y empezar el proceso legislativo? Porque usted consideró que era un tema, como dijimos todos, del Presidente de la Cámara; porque, si no, haberlo hecho entonces. Estábamos totalmente de acuerdo en las reformas que habían hecho; estábamos de acuerdo en que faltaban algunos temas que incluir; y fue al criterio del Presidente, a quien usted y yo, como Portavoces, lo dejamos.

Pues, este mismo procedimiento es el que usted ha debido emplear ahora. Usted sabe -aunque lo haya sabido tarde, como usted dice- que el Presidente de la Cámara había encargado a los Servicios... -sabe, aunque tarde, ha dicho usted-, que el Presidente de la Cámara había encargado a los Letrados un complemento del trabajo -que, como ha dicho el señor Cortés, es propiedad de la Cámara y no de su Grupo, aunque trabajase gente de su Grupo-; que completasen ese trabajo para citar a la Comisión de Reglamento. Porque no sé por qué hay que sacarle, si hay una Comisión específica, que es la Comisión de Reglamento, por qué hay que andar buscando otros caminos; es en esa Comisión, y a iniciativa del Presidente de la Cámara.

Por tanto, se le ha dicho, aunque haya sido hoy, como usted dice. Si usted no busca protagonismo; si usted lo que busca es la eficacia de que esto se haga, yo le puedo asegurar que, antes de quince días, el Presidente de la Cámara va a citar a la Comisión de Reglamento. Si, a pesar de todo eso, usted dice: "sigo adelante", quisiera explicarme, si no es protagonismo, qué quiere ser. Si usted lo que quiere es que salga el Reglamento y le prometemos que antes de quince días -que ya tiene el Presidente en su poder el trabajo encargado previamente a los Letrados de la Cámara- va a reunirse la Comisión, dígame usted qué efectividad busca por otro conducto.

Vuelvo a insistir: hay que ser coherentes. Y esta misma medida que usted hizo la pudo hacer en la Legislatura pasada. Y no la quiso utilizar; no la quiso utilizar porque consideró que era el Presidente de la Cámara. El Presidente, con buen criterio, a mi entender -aunque yo era partidario de la modificación-, al no haber consenso en los Grupos, no tomó la iniciativa y todos lo respetamos. Si respetamos la iniciativa del Presidente anterior, respetemos la del Presidente actual, y yo le aseguro al señor Quijano que va a ir por caminos tan rápidos o más como los que usted quería que se tramitase. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias. Tiene un minuto, señor Quijano, si es para...

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ:

Sí, para responder a la alusión específica que me ha hecho. Mire, señor De Fernando, ya que usted ha manejado el argumento y no yo. Yo he conocido esa presunta -mientras no tenga otros datos, así la debo de llamar-, presunta iniciativa, hoy, por su palabra. Hoy, por su palabra. Entonces, ¿qué quiero decir? Que, si en el Pleno se maneja como argumento la existencia de esa iniciativa, tanto por su parte como por parte del Portavoz del Grupo Popular, a ver si va a resultar que hay una iniciativa conjunta de la que se ha querido excluir a mi Grupo. Y estaríamos entonces en las mismas que ustedes plantean. Repito: yo he conocido esa iniciativa hoy, al comienzo del Pleno. Y solamente hoy. En ningún momento anterior. Ni en Junta de Portavoces ni fuera de ella se me ha informado de que existía en marcha esa iniciativa. Y me parece que es un dato que ha sido suficiente y previamente conocido por los demás Grupos, en la medida en que lo han manejado y lo han incluido en su intervención, cosa que yo no he podido hacer porque, repito, hoy he conocido esa iniciativa. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANCHEZ-REYES DE PALACIO):

Muchas gracias, señor Quijano. Vamos a proceder a votación si las Cortes toman o no en consideración la Propuesta de Modificación del Reglamento de estas Cortes de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Quienes estén a favor de la toma en consideración, que se levanten. Muchas gracias; pueden sentarse. Quienes estén en contra de esta toma en consideración, que se levanten. Muchas gracias; pueden sentarse.Abstenciones, ninguna.

El resultado de la votación es: setenta y nueve votos emitidos; treinta y un votos a favor, cuarenta y ocho en contra, ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la Propuesta de Modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla y León que ha sido debatida.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.

(Se levantó la sesión a las trece horas cuarenta y cinco minutos).