DS(C) nº 38/3 del 5/11/1991

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Sí, señor Presidente. Por el Grupo de Centro Democrático y Social, José María Monforte sustituye a Daniel de Fernando Alonso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Entonces, por el señor Secretario se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): Buenos días. Orden del Día. Punto primero: "Proposición No de Ley, 3-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a compromiso de gasto existente en la partida presupuestaria de ingreso mínimo de inserción social y realización de transferencia de crédito de otros programas sociales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 6, de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Bien. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Procurador don Octavio Granado, por un tiempo máximo de diez minutos.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. En los Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León, fruto del acuerdo con las centrales sindicales, suscrito por la Junta de Castilla y León con las centrales sindicales más representativas (Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras), se introdujo una partida de 1.000.000.000 de pesetas en el programa 10, de servicios sociales específicos, de la Dirección General de Servicios Sociales, entonces Consumo, de la Junta.

Esta partida de 1.000.000.000 de pesetas tenía que atender a la dotación de un ingreso mínimo de inserción social para las personas que en nuestra Comunidad Autónoma, reuniendo una serie de requisitos, no tuvieran ingresos que les permitieran vivir mínimamente.

Nosotros ya, y los señores Procuradores que ya pertenecían a la Cámara en la anterior Legislatura, ya señalamos, cuando se adoptó aquel acuerdo, que aquella decisión, que estaba llena de buenas intenciones, y el intento era loable, porque era el de intentar cubrir, a través de la protección social de la Comunidad Autónoma, un ámbito de protección no cubierto por la Seguridad Social, era una decisión que, no obstante, era de imposible cumplimiento. Era de imposible cumplimiento porque, con los requisitos que se habían introducido para el cobro del ingreso mínimo de inserción, era absolutamente imposible que se gastaran los 1.000.000.000 de pesetas presupuestados; y, por otro lado, porque, realmente, los problemas de la pobreza en nuestra Comunidad Autónoma no se referían tanto a un colectivo de personas que carecieran absolutamente de ingresos, como al hecho de que en nuestra Comunidad Autónoma existe un colectivo de personas que tienen algunos ingresos, pequeños, pero que, realmente, no les permiten salir de esa situación de pobreza. Y que, en el plano de la pobreza, había que distinguir, al lado de los problemas estrictamente económicos, problemas de tipo formativo, de tipo educativo, que muchas veces son los fundamentales. Es decir, no es tan importante, a veces, no tener dinero como no saber cómo ganarlo.

En este sentido, la Junta de Castilla y León ha intentado cubrir lo que eran las lagunas y las deficiencias de aquel acuerdo con sucesivas modificaciones de normativa, que se han producido, incluso, en el mes pasado; modificaciones de normativa en el sentido de permitir que pueda cobrar este ingreso mínimo de inserción más gente.

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No obstante esto, no obstante esto, es evidente, a estas alturas del ejercicio presupuestario, que los 1.000.000.000 de pesetas que se presupuestaron en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para mil novecientos noventa y uno no van a ser gastados ni en su totalidad, ni siquiera, por desgracia, en su mayor parte. En el estado de ejecución del Presupuesto que nos ha remitido la Junta de Castilla y León sobre este ejercicio de mil novecientos noventa y uno, anejo al Proyecto de Ley de Presupuestos para mil novecientos noventa y dos, se indica cómo, a fecha nueve de septiembre -esto es, vencidos ya ocho meses del año en curso de mil novecientos noventa y uno-, el gasto que se ha contraído, comprometido y pagado con cargo a la partida de 1.000.000.000 de pesetas es de 139.000.000 de pesetas. Es decir, cualquier cálculo, aun teniendo en cuenta que haya un cierto retraso en la tramitación de las pensiones, aun teniendo en cuenta que la última modificación de la normativa pueda introducir algunas personas más en el colectivo de beneficiarios que antes no lo fueran, en cualquier caso, es evidente que de los 1.000.000.000 de pesetas que la Junta de Castilla y León tenía presupuestados en mil novecientos noventa y uno, el gasto real para ingreso mínimo de inserción se va a acercar a los 250.000.000 de pesetas; en el mejor de los casos, llegaremos a 300.000.000 de pesetas.

Y nuestra preocupación, que es la que motiva la presente Proposición No de Ley del Grupo Socialista, y que, a raíz de las propias manifestaciones del Consejero, entendemos que es coincidente con la propia voluntad de la mayoría de esta Cámara, es que los 700.000.000 de pesetas que no van a gastarse en el pago del ingreso mínimo de inserción se gasten en el programa de servicios sociales, en los programas de servicios sociales (en el 09, en el 010 o en el 067, de atención a menores, de servicios sociales específicos o de servicios sociales básicos); porque parte de estos 1.000.000.000 de pesetas que se presupuestaron en mil novecientos noventa y uno salieron de otras partidas que en el Presupuesto del noventa y uno sobre el noventa experimentaron recortes. Experimentaron recortes los gastos corrientes de los centros de atención de menores, experimentaron recortes las transferencias a Ayuntamientos para el... y Diputaciones Provinciales para el mantenimiento de los CEAS, experimentaron recortes, incluso, algunas subvenciones a entidades no gubernamentales en el campo de los servicios sociales, que tuvieron que interrumpir programas que venían desarrollándose con apoyo de la Comunidad Autónoma hasta el año noventa y uno, y que el año noventa y uno no contaron con subvenciones de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, estos 700.000.000 de pesetas que no van a poder gastarse en el ingreso mínimo de inserción, y a los que ya es imposible buscar otro destino conectado con el ingreso mínimo, porque estamos ya en noviembre de este año, deben transferirse, mediante las oportunas modificaciones presupuestarias, a otras partidas -y nosotros, en este sentido, dejamos plena autonomía en nuestra Proposición a la Junta, para que lo haga de la manera que lo considere conveniente-, a otras partidas de los servicios sociales de la Comunidad, para permitir que, bien las organizaciones no gubernamentales, bien los Ayuntamientos, o bien los propios Servicios de la Junta, se beneficien de una partida que, en parte, salió ya de las dotaciones presupuestarias que antes tenían consignadas.

Por lo tanto, nosotros planteamos en la Proposición que se hagan las transferencias de crédito, a fin de que, de esos 1.000.000.000 de pesetas, a treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y uno, ningún dinero vaya a remanentes y todo el dinero se gaste, se invierta o, en todo caso, se utilice en los servicios sociales de la Comunidad Autónoma, bien los propios de la Junta, bien los de los Ayuntamientos y Diputaciones, bien los de las organizaciones no gubernamentales. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto... Si hay algún turno en contra... ¿Alguien quiere intervenir? Perdón. El Portavoz del Grupo Popular, Tomás Burgos.

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Sí. Gracias, señor Presidente. Yo anuncio la posición negativa a aceptar esta Proposición No de Ley del Grupo Socialista, y lo hago no por razones de fondo, sino porque la creo, en estos momentos, relativamente innecesaria.

Estamos de acuerdo en que el desarrollo de los ingresos mínimos de inserción a través del año mil novecientos noventa y uno ha puesto de manifiesto algunos desfases que iban a existir entre los costes por ingresos mínimos de inserción y las previsiones presupuestarias que estaban recogidas.

No quiero extenderme mucho, no creo que sea necesario hacer una precisión sobre los problemas con los que nos hemos encontrado, precisamente, en la tramitación de este ingreso mínimo de inserción. Creo que la Junta ha hecho un esfuerzo por ir adaptando la normativa, progresivamente, a las necesidades, pero sí se produce ese desfase económico del que habla Su Señoría.

Consciente de ello, precisamente, la Consejería de Bienestar Social, con fecha de treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, ha remitido un Proyecto de Ley de concesión de un suplemento de crédito, concretamente por importe de 238.600.000 pesetas, para financiar, precisamente, estos gastos en materia de servicios sociales en Castilla y León y evitar que ese dinero sobrante de la partida destinada a ingreso mínimo de inserción vaya, como parece ser la preocupación de Su Señoría, a remanentes genéricos, al final del Presupuesto, y, sin embargo, con este Proyecto de Ley, esa partida pueda ser destinada, precisamente, a aquellos programas de servicios sociales, fundamentalmente el programa 010, servicios sociales específicos, Capítulo VII, transferencias de capital, artículo 78, a familias e instituciones sin fines de lucro, concepto 782, obras y equipamiento en centros de servicios sociales.

Creo, por tanto, que, teniendo en cuenta la presentación, pendiente de su tramitación, de este Proyecto de Ley, que creo que, de alguna manera, resuelve el problema, considero que la Proposición No de Ley es, en estos momentos, innecesaria, porque el objetivo que pretende creo que queda suficientemente cubierto y suficientemente resuelto con la presentación de este Proyecto de Ley. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. ¿Desea el señor Procurador proponente intervenir?

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. Bueno, el... Sí, por contestar a las manifestaciones del Procurador señor Burgos.

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Bien, evidentemente, el Proyecto de Ley que ha presentado la Junta, de manera tan diligente, que ha sido algunos días sólo antes de celebrar esta reunión -que podía haberse celebrado, pues, antes, ¿no?-, en este sentido hay que señalar que, evidentemente, esto son las prerrogativas de la mayoría parlamentaria: de esperar a hacer las reuniones para discutir las propuestas de la oposición después de que le da tiempo al Gobierno, aunque sean unos meses más, pues, a cumplirlas por anticipado.

Este Proyecto de Ley podía ser satisfactorio para las pretensiones del Grupo Socialista, en cuanto a su Proposición, si no fuera por dos razones. En primer lugar, porque la parte fundamental de esta partida que se va a incrementar, con origen en el ingreso mínimo de inserción, es para solucionar un problema presupuestario que se creó la propia Junta de Castilla y León. O sea, vamos a decirlo en términos coloquiales, para que nos entienda todo el mundo: es para solucionar una chapuza; la chapuza era que la Junta de Castilla y León iba a firmar, había firmado en el año mil novecientos noventa, noventa, no en el noventa y uno, un concierto con la CECLAPS y con la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE, para dotar una serie de servicios y una serie de programas de atención a minusválidos psíquicos, fundamentalmente, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y que para ese concierto no existía consignación presupuestaria en los Presupuestos de mil novecientos noventa y uno de la Comunidad Autónoma.

Es decir, que ahora, con el dinero del ingreso mínimo se va a solucionar un defecto de presupuestación, que la Junta ya conocía cuando aprobó estos Presupuestos, y que nosotros conocíamos con la Junta. Y que, bueno, lamento que el señor Portavoz del Grupo Popular, y anterior Consejero de la Consejería, no esté presente, porque podría corroborar la certeza de mis aseveraciones.

En este sentido, por lo tanto, bueno, no creemos que sea excesivamente acertado que para solucionar un error presupuestario que cometió la Junta, porque, como en materia de servicios sociales no podía presupuestarse más de lo debido -y luego hablaremos del tema de los presupuestos de servicios sociales de la Comunidad Autónoma-, no se consignó una obligación que era ineludible... y ahora hay que atenderla, sacando dinero del ingreso mínimo de inserción.

Segunda cuestión. La cuestión de la cuantía. 238.000.000 en una partida de 1.000.000.000 supone que para el cumplimiento de las obligaciones de esta partida van a quedar, aproximadamente, 762.000.000 de pesetas. A fecha nueve de septiembre, se han gastado 139.000.000. Y nadie va a decir en esta Comunidad Autónoma que desde el nueve de septiembre hasta el treinta y uno de diciembre se van a gastar más de 550.000.000 de pesetas en el ingreso mínimo de inserción, porque no es posible; ni siquiera con la última reglamentación es posible gastar ese dinero, porque con el colectivo de beneficiarios a los que iba a atender ese ingreso mínimo de inserción no es posible pagar ese dinero, porque no les hay. Porque no hay en nuestra Comunidad Autónoma familias, unidades familiares que reúnan todos los requisitos que marcan las sucesivas Ordenes, que permitan cobrar ese subsidio. Y no es posible, por lo tanto, que se pague ese dinero. ¿Qué es lo que va a suceder a continuación? Pues lo que va a suceder a continuación es que va a existir un remanente, un remanente en esa partida, que a treinta y uno de diciembre no se va a gastar en eso, y que, si no se hacen oportunas transferencias de crédito antes del treinta y uno de diciembre, lo que va a suceder al final es que en esta Comunidad Autónoma, en vez de 8.000.000.000 ó 7.500.000.000 de pesetas, que es lo que había presupuestado para servicios sociales en el presupuesto del año noventa y uno, pues, se van a gastar 7.000 ó 6.500.000.

Nuestra Proposición ni siquiera hace cuestión de la cuantía. Lo que dice es que estudie la previsión de compromiso de gasto, que la Consejería estudie la previsión de compromiso de gasto existente en la partida destinada a dar cobertura al ingreso mínimo, para que, si la misma resultara inferior a la consignación presupuestaria, se realice una transferencia de crédito a otras partidas. Ni siquiera es una Proposición redactada en términos de solicitud de que se haga la transferencia, sino de que se estudie. Y, es más, si la Consejería tiene un mínimo de diligencia, es lo que acabará haciendo, porque no se va a poder gastar ni siquiera esos 730.000.000 de pesetas. Y lo sabe la Consejería. O sea, que con 238.000.000 no solucionamos el problema. Aquí tenemos que producir, por desgracia o por suerte, una transferencia de 700.000.000 de pesetas. Si 238 van para dotar el convenio con la ONCE, muy bien, ojalá hubiera estado presupuestado ya a su inicio en el presupuesto de la Junta para mil novecientos noventa y uno. Pero es que vamos a tener que dar destino a otros 300 ó 400.000.000 de pesetas. Y, además, es más, estoy seguro de que la Junta lo va a hacer. O sea, estoy seguro de que la Proposición va en el sentido a lo que la Junta va a tener que hacer. Porque, de lo contrario, sería que el Consejero no tiene otras obligaciones en el área de servicios sociales y permite graciosamente que una partida presupuestaria vaya, tal y como marca la Ley de Hacienda de la Comunidad, a remanentes genéricos.

Entonces, voten ustedes a favor o en contra de nuestra Proposición, que no le voy a decir que nos dé igual, pero que nos imaginamos que existen razones de tipo político o parlamentario que justifiquen su posición. Pero háganlo, de verdad. Porque, de lo contrario, cuando veamos la liquidación del Presupuesto de la Comunidad para mil novecientos noventa y uno, pues tendremos que aseverar una vez más que la Junta de Castilla y León ha dejado sin gastar 500 ó 600.000.000 de pesetas del presupuesto de los servicios sociales, y esto no será muy presentable.

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En conclusión, si ustedes no quieren que la Junta estudie que si todavía de esos 730.000.000 sobra dinero puedan hacerse transferencias de crédito, pues voten en contra de que la Junta lo estudie. Yo les digo: estén ustedes seguros de que, voten a favor o voten en contra, la Junta lo va a estudiar, y estén ustedes seguros de que antes de treinta y uno de diciembre se va a producir una transferencia de crédito. Y, entre otras cosas, si no se produce, será una desgracia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Para consumir el turno de dúplica tiene la palabra Tomás Burgos.

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Sí. Solamente para quitarle al Procurador la preocupación que pueda tener sobre el hecho de que en esta Comunidad no se va a dejar de gastar 500 ó 600.000.000 de pesetas en materia de servicios sociales, y que buena prueba de que la Junta está muy pendiente de que eso no ocurra es el anuncio que le he hecho a Su Señoría de la presentación de este Proyecto de Ley, que entiendo que va precisamente en esa línea. Y, evidentemente, igual que hay razones de tipo parlamentario, según su punto de vista, para que nosotros nos opongamos a la aprobación de esta Proposición No de Ley, me imagino que también las hay para que usted se siga obcecando en ese criterio, cuando yo ya le he explicado que la Junta, de alguna manera, responde a las necesidades. Creo que en este caso lo oportuno sería retirar la Proposición No de Ley, porque el mayor o menor impulso que usted haya querido dar con ella, muy bien, se lo aceptamos, puede que haya, que la Junta haya reaccionado, como tantas otras veces -según Su Señoría-, a los impulsos y a las iniciativas parlamentarias que usted presenta, y nos congratulamos de ello; Pero una vez que el impulso se ha convertido en una actuación, en una actuación real y efectiva, yo creo que no hay ninguna otra razón que no sea la de su interés estrictamente personal, desde el punto de vista parlamentario, para que esta Proposición No de Ley se mantenga.

En todo caso, yo creo que la fijación de 1.000.000.000 de pesetas creo que todos éramos conscientes desde el primer momento que era una cantidad suficiente, por excesiva, cuando se firmó ese pacto social.

Pero hay que recordar que las centrales sindicales pedían 4.000.000.000 de pesetas a la Consejería para este tema. Es decir, que se llegó, incluso a sabiendas de que podía ser una cantidad que no se iba a poder hacer efectiva, se llegó a un consenso, pero hay que tener en cuenta lo que pedían, lo que pedían algunas de las partes en este tema.

Estoy de acuerdo con Su Señoría en que no se van a pagar ni siquiera esos 700.000.000 de pesetas, y los datos que yo tengo en estos momentos es que probablemente ni siquiera lleguen a los 300.000.000 de pesetas al final de año los que se puedan pagar por prestaciones del ingreso mínimo de inserción. Pero es que los problemas de tramitación de esos expedientes no han sido problemas achacables a la Junta de Castilla y León, y, por supuesto, no han sido problemas achacables a los interesados o a los solicitantes; han sido problemas, y usted lo sabe, relacionados con la tardanza de muchos organismos públicos, como puede ser el INEM, o como puede ser el Instituto Nacional de Servicios Sociales, o como pueda ser la propia Administración de Hacienda en la emisión de los certificados, por ejemplo, que eran imprescindibles para la tramitación de esos expedientes. O que más del 50% de los expedientes que han llegado a esta Dirección General son expedientes incompletos, que debían de ser devueltos después a los servicios territoriales correspondientes, para completar esa documentación. Y que, además, alrededor de un 25% de los expedientes que recibía la Dirección General sobre este tema del salario mínimo, o del ingreso mínimo de inserción, eran reparados por la Intervención Delegada, precisamente por defectos de forma.

En definitiva, que somos conscientes, que la Junta es consciente de los problemas que se han generado con la prestación de este servicio, con este ingreso mínimo de inserción; que la normativa se está desarrollando para adaptarla progresivamente y hacer más factible la resolución de esos problemas que, sin duda, superan con mucho, con creces, a los peticionarios, y que, al mismo tiempo, no solamente desde el punto de vista normativo, sino también desde el punto de vista presupuestario, la Junta está haciendo y hará todas las previsiones oportunas para que ni una sola peseta en servicios sociales en esta Comunidad se desvíe hacia otros fines que no sean los que inicialmente estaban previstos.

Y si para eso hay que traer más Proyectos de Ley de transferencia de créditos, no se preocupe Su Señoría, que este Grupo Parlamentario, del que soy hoy Portavoz, será el primero en apoyar que esas actuaciones se produzcan. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don José Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Sí, buenos días, muchas gracias. Yo asisto en cierto modo atónito a este planteamiento, entre otras razones porque las conclusiones de la reunión celebrada por la Comisión Paritaria de Seguimiento del acuerdo suscrito por la Junta de Castilla y León y las Centrales Sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, en primer lugar, reconocen las dificultades que existen de cara a poder agotar las partidas convenidas con esa finalidad del salario social, por entendernos. Pero, al mismo tiempo, reconocen que, efectivamente, no se han puesto los mecanismos suficientes y adecuados a disposición de la posibilidad de ejecutar hasta el último céntimo de esa partida prevista. Y en función de ese reconocimiento se habilitan nuevos criterios, tanto desde el punto de vista normativo, como desde el punto de vista de difusión, y, sobre todo, de adecuación de medios técnicos y humanos, para una gestión más ágil de todas las prestaciones de carácter individual.

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Yo en una comparecencia que hubo anteriormente, en la que se debatió, se debatieron temas de estos, aventuré que las centrales sindicales, a la hora de hacer el seguimiento, no iban a estar de acuerdo, no porque tenga yo ningún tipo de influencia especial, sino por el hecho de ser un reconocimiento público, a todos los efectos, que en ningún caso se está cumpliendo objetivamente aquella intencionalidad que fue suscrita por ambas partes para conseguir el objetivo de superar una situación que a mí se me antoja que por falta de estudio, por falta de análisis, estamos minimizando, pero, sin embargo, a nuestro juicio, existen motivos más que fundados para reconocer que hay posibilidades, no sólo de hacer una inversión de toda la partida que se planteaba inicialmente. Incluso -yo lo expresaba-, la reducción que se hace para el año mil novecientos noventa y dos va a dar como posible finalidad el convencimiento o autoconvencimiento de no poder ir más allá; por consiguiente se ha pasado la partida de 1.000.000.000 a 500.000.000, y presiento que eso dice poco en función de esas correcciones técnicas, normativas, de difusión y de personal para ello.

Por tanto, a nosotros, a mí en concreto, no me importaría en absoluto entender y asumir que la Junta hiciera un estudio en función de sus propios criterios y planteamientos; pero también he de decir y expresar con claridad absoluta que, después del recorte sufrido, en la previsión de una aprobación definitiva del Presupuesto de mil novecientos noventa y dos, tendría que ser, a nuestro juicio, transferido, para completar las deficiencias que suponen ese recorte presupuestario para el futuro.

Es claro que intentar enmendar la plana y proyectar las responsabilidades sobre otras entidades, pues, es muy fácil; pero lo que no cabe la menor duda es que este reconocimiento ha sido expreso, y lo que a nosotros nos parece importante no es tanto el que esto venga a apoyar en una transferencia a otro acuerdo o concierto suscrito con otras entidades, con una finalidad completamente diferente, sino, en todo caso, y con la intención de no poder, o no transferir esto a remanentes genéricos, transferirlos ya directamente a completar la partida de 500.000.000, que, si se ponen todos esos medios para eliminar el problema, indudablemente, no va a ser suficiente. Si se pretende que no sea suficiente, si se pretende seguir en la tónica de escasa agilidad y escasa capacidad de gestión a nivel territorial, indudablemente, se conseguiría.

Por consiguiente. nosotros entendemos que debería de transferirse esta partida, no a remanentes genéricos, no a ningún concierto con otras entidades para otras finalidades completamente diferentes, sino para completar el recorte que previsiblemente se sufre o se va a sufrir en el presupuesto del noventa y dos con el mismo carácter, finalidad y función. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, tiene la palabra el Procurador don José María Monforte.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Gracias, señor Presidente, es obvio, y así lo manifestaba el Portavoz de Izquierda Unida, que esta partida, la partida destinada al salario social, es muy nueva, y que, por tanto, está ahora en..., está ahora, digamos, en pleno rodaje. Sería conveniente en un futuro cambiar los criterios que se han venido manejando para ayudar a todas estas personas que lo necesitan, pero no sé si en estos momentos es el momento procesal oportuno para destinar esta partida a completar el salario social del año noventa y dos, porque, para ello, probablemente el Portavoz de Izquierda Unida tendría que haber presentado una enmienda a esta Proposición No de Ley.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta Proposición No de Ley, vamos a apoyar esta Proposición No de Ley, porque entendemos que, apoyándola, de alguna manera se está cumpliendo el espíritu que en su día, que en su día se firmó, la Junta de Castilla y León con las centrales sindicales. Se está apoyando el espíritu, porque, aunque bien no va a ir destinado directamente al salario social y, en estos momentos, no hay manera de recuperar y de cambiar los criterios porque ya falta muy poco para que finalice el año, sí, sin embargo, va a ir destinada a aspectos, a sectores de tipo social. Por tanto, creo que se está, con esta Proposición No de Ley, cumpliendo el espíritu del convenio que en su día se firmó entre las centrales y la Junta de Castilla y León.

Me parece loable que la Junta de Castilla y León ya haya hecho uso de sus facultades y que vaya a presentar una Proposición No de Ley por la cual, o a través de la cual va a destinar 238.000.000 de pesetas; en principio, parece ser que era una partida que no estaba suficientemente dotada, pero, aun así, van a quedar en esta partida más de 500 y pico millones de pesetas que, evidentemente, nosotros entendemos que deben de ir destinados a fondos de tipo social. Por eso, ya digo, el Grupo de Centro Democrático y Social va a apoyar esta Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Procurador proponente, don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

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EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, con suma brevedad. Simplemente por hacer tres reflexiones. La primera, en relación con las últimas manifestaciones del señor Burgos. Mire, el Grupo Socialista estaría dispuesto a retirar la Proposición No de Ley si usted es capaz de explicarnos, si se van a pagar 250.000.000 de pesetas en ingresos mínimos de inserción y 238.000.000 van al convenio de la ONCE, ¿qué va a pasar con los 500.000.000 de pesetas que me siguen faltando de los 1.000.000.000? Porque si usted asume el compromiso de la Junta de Consejeros de que esos 500.000.000 de pesetas se gastan en servicios sociales, pues, como ese compromiso es lo que nosotros pedimos en nuestra Proposición, pues, nosotros retiramos la Proposición, obtenidos los resultados que pretendía la misma. Pero no siga usted insistiendo en que los 238.000.000 son la solución a un problema de 800.000.000 o de 750.000.000. Es la solución a la tercera parte del problema.....

Y luego una segunda reflexión: agradecer al Portavoz del CDS el apoyo a la Proposición del Grupo Socialista, que va en el sentido que él indicaba de cumplir con el espíritu del ingreso mínimo de inserción.

Y una reflexión a la intervención del Portavoz de Izquierda Unida, porque ya es una reflexión que le... vamos, es una intervención que le he oído con otras expresiones en la comparecencia del Consejero ante la Comisión de Presupuestos. Mire, lo que ha sucedido en esta Comunidad Autónoma con el ingreso mínimo de inserción es lo mismo que ha sucedido en todas las Comunidades Autónomas que lo han puesto en marcha, y es que se hizo un diagnóstico de la pobreza que no se correspondía con la situación de la pobreza en España. Porque, mire, lo que dice el último Reglamento aprobado por la Comunidad Autónoma, publicado en el BOCyL el día ocho, es que los beneficiarios del ingreso mínimo de inserción son miembros de una unidad familiar, tienen que estar empadronados y que van a cobrar ese ingreso en la medida en que las 30.000 pesetas del ingreso mínimo de inserción no son superadas por los ingresos de la unidad familiar. Y es que en España los pobres no son pobres, porque no tengan ningún tipo de ingresos, sino porque tienen ingresos bajos. La pobreza no ya severa, sino absoluta, del que no tiene ningún ingreso, es una pobreza del transeúnte, no del que está empadronado. Entonces, limitado el colectivo de beneficiarios diciendo: por un lado, los que son habitantes de derecho y de hecho de manera permanente en una localidad de nuestra Región, y, por otro lado, diciendo: y el que gane más de 30.000 pesetas, o si gana 15.000 le damos un subsidio de 15.000, y el que gana más de 30.000 no lo puede cobrar, nos sale lo que nos ha pasado. Y lo que nos ha pasado es que lo están cobrando doscientas personas. Y además les voy a decir la verdad, es decir, las únicas personas que están cobrando el ingreso mínimo de inserción en la Comunidad Autónoma de Castilla y León -y está bien, porque son quienes más lo necesitan- son los gitanos. Con un buen plan regional de desarrollo gitano se les podría haber dado ese dinero probablemente vinculándolo a cuestiones que les permitirían salir de la situación en la que se encuentran de marginación. Porque esto hay que vincularlo a temas como la educación, como la vivienda, etcétera. Y no es posible pagar este dinero, porque limitando el colectivo de beneficiarios con el límite, por un lado, de que tienen que estar empadronados -que es lógico-, y con el límite, por otro lado, de que tienen que ganar menos de 30.000 pesetas, porque es un subsidio que se paga a los que no las ganan, no hay manera de pagar a nadie nada. Y consulte usted con los servicios territoriales, eso lo sabe la Junta y lo sabe todo el mundo. Por eso, los 500.000.000 del año que vienen siguen siendo una invitación, un viva a Cartagena, se ponen 500.000.000 sabiendo que no se van a gastar, que no se van a gastar. Porque el problema de la pobreza no se puede abordar con subsidios de este tipo, hay que abordarlo con otro tipo de medidas, aunque haya gente a la que, evidentemente, hay que pagarle un subsidio porque no tiene nada; pero, incluso a esa gente, el subsidio tendría que ir vinculado a otras actividades, como hemos tenido ocasión de comentar.

En conclusión, bueno, si el señor Portavoz del Grupo Popular nos da garantías de que aun votando en contra de la Proposición van a hacer lo que dice la misma, nosotros la retiramos. Y si no nos las da, como seguimos manteniendo el relativo escepticismo que nos permite saber que no se van a gastar 650.000.000 y que sólo se van a transferir 238.000.000, pues, la tendríamos que mantener y someterla a votación de Sus Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Concluido el debate, vamos a proceder a la votación de la Proposición No de Ley. Por favor, ¿votos a favor de la misma? Seis. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al compromiso de gasto existente en la partida presupuestaria ingresos mínimos de inserción social y realización de transferencias de crédito a otros programas sociales.

Seguimos con el Orden del Día. Por el señor Secretario se va a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): "Proposición No de Ley, 4-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a consignación en los Presupuestos Generales de la Comunidad para mil novecientos noventa y dos del mínimo porcentual legalmente establecido para servicios sociales", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 6, de treinta de septiembre de mil novecientos noventa y uno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Procurador don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

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EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Voy a intentar explicar cuál era el sentido de esta Proposición No de Ley, que, evidentemente, tiene ya dificultades para su cumplimiento. Las dificultades son que en estos momentos ya está presentado el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para mil novecientos noventa y dos y va a ser imposible, va a ser imposible que este Proyecto de Ley cumpla con lo que la Ley de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León dice que la Junta debe hacer. Es decir, por lo tanto, el Proyecto de Presupuestos ya está presentado y la Junta, una vez más, ha vuelto a incumplir lo que la Ley le obliga a hacer, lo cual sería grave si no fuera tan conocido y tan reiterado que, evidentemente, ya no sea novedad, no sea noticia.

Bueno, nosotros aprobamos por unanimidad en las Cortes de Castilla y León un Proyecto de Ley, del cual yo creo que todos nos sentimos particularmente satisfechos -a veces yo tengo la sensación de que más satisfechos desde los bancos de la oposición que desde los propios bancos de la mayoría gubernamental-, en el que decía que la Junta de Castilla y León consignaría para servicios sociales el 6% del total previsto en el estado gasto del Presupuesto de la Junta excluidas las transferencias finalistas, es decir, los fondos que recibe la Comunidad Autónoma de Castilla y León con carácter finalista de otras Administraciones Públicas: el Estado y la Comunidad Económica Europea, los fondos de la CEE, el FEDER, el Fondo Social Europeo, etcétera. Ese 6% era, aproximadamente, el 4% cuando la Ley se aprobó. Y lo que era lógico era pretender que el primer año no se cumpliera, el primer año, pues, se llegara al 5 y el segundo año se cumpliera con el 6. Podía haber sido lógico que se pasara del 4% al 4,5, al 5, 5,5 y al 6, y podía haber sido lógico cualquier tránsito con las escalas que tuviera. Lo que ya no es de recibo, y yo les animo señores -perdón, Procuradores del Grupo Popular, no quería suscitar una discusión ya tenida en el anterior Pleno-, lo que yo les animo a los miembros del Grupo Popular en estas Cortes es a que presenten una Proposición modificando la Ley de Acción Social, porque es mejor quitar esto de la Ley a que se siga incumpliendo sistemáticamente. Porque lo que ya no es de recibo -vuelvo a coger el hilo- es que este porcentaje cada vez sea más pequeño. Y si vemos lo que ha sucedido en el Proyecto de Presupuestos del año noventa y dos, fíjense, nosotros tendríamos que decir que una Enmienda transaccional adecuada al espíritu de lo que pretendía el Grupo Socialista con esa Proposición No de Ley es aquello de "virgencita, virgencita que me quede como estoy", que se hubiera mantenido el porcentaje de Presupuesto que tenía el año noventa y uno en el Presupuesto del año noventa y dos.

El año mil novecientos noventa y dos la Dirección General de Servicios Sociales y Consumo tenía un programa de consumo de 376.000.000 y un presupuesto total de 16.432.000.000, perdón... sí, más o menos, de los cuales, aproximadamente, 8.300.000.000 de pesetas eran transferencias finalistas del Estado, fundamentalmente las pensiones del FAS y luego los planes nacionales: el Plan Nacional de la Droga, el Plan Nacional de Desarrollo Gitano, etcétera. A esos se sumaban otras pequeñas partidas del Fondo Social Europeo y el Fondo de Desarrollo Regional. Y al final nos quedaba una cifra de aproximadamente 7.500.000.000 de pesetas para Servicios Sociales. Estos 7.500.000.000 de pesetas suponían, sobre lo que era el global del Presupuesto de la Junta, el 4,63%. Es decir, del 4, en tres años, habíamos pasado al 4,63%; como este año fue el año que más subió, porque, en honor a la verdad, hay que decir que la Junta mixta PP-CDS gastó más dinero en Servicios Sociales que la Junta anterior del PP, pues, se había conseguido ganar medio punto desde que se aprobó la Ley, lo cual era muy poco, pero algo se había hecho. Pero este año, este año el Presupuesto de la Dirección General de Servicios Sociales de la Junta, que son 16.786.000.000, si le restamos las transferencias finalistas del Estado y las que reciben de los fondos de la Comunidad Europea, gasta de recursos propios de la Comunidad en servicios sociales 7.800.000.000 de pesetas, 7.800.000.000 de pesetas que supone el 4,2% del Presupuesto de gastos de la Junta, el 4,1 y pico, para ser exactos.

Y esto es muy grave, esto es muy grave, porque, realmente, por primera vez desde que se aprobó la Ley -ustedes ya lo hicieron en el primer Presupuesto que presentaron en el año ochenta y ocho, pero no lo habían hecho desde que se aprobó la Ley-, el porcentaje baja y baja significativamente; es incluso menor al del año mil novecientos noventa, es incluso menor al del año mil novecientos noventa; en el gasto de los servicios sociales concretos. Y no me vengan diciendo que hay otros gastos que tienen carácter social, porque eso es evidente; a veces, aquí hemos llegado a discutir que hasta las carreteras, evidentemente, los teléfonos tienen contenido social. Pero lo que nosotros decíamos en la Ley es que los servicios sociales tenían que tener el 6%, y lo que ustedes están haciendo -pues, como no podía ser menos, por otro lado- es que en vez del 6% tengan el 4,2 y aquí podremos llegar a que tengan el 3,5 o el 3 coma tal.

En conclusión, pues, que no nos ha servido para nada aprobar la Ley. Probablemente, el porcentaje de presupuesto de la Dirección General de Servicios Sociales, si no existiera la Ley, sería el mismo. Pero en la Ley se marcaba un compromiso, un compromiso de todos los grupos políticos de la Cámara con los servicios sociales en nuestra Comunidad Autónoma, y realmente se está incumpliendo.

O sea, que, por lo tanto, el contenido de la Proposición, que era animarles a ustedes a pasar de ese 4,6 al 5 o al 5,5, de llegar a aproximarnos más o menos, al cabo de cuatro años de aprobada la Ley, a lo que la Ley decía, pues, se va a ver lamentablemente incumplido. Y, como ya es imposible su cumplimiento, y esta Proposición No de Ley no pretende hacer imposibles, aunque también había mucho que discutir si es posible que la derecha en este país le dedique dinero a los servicios sociales, eso terminaría en una discusión de contenido casi tautológico, pues, nuestro Grupo va a retirar esta Proposición No de Ley, y, por lo tanto, reconoce que, una vez más, ha fracasado en sus intentos de que la Junta de Castilla y León -en esta ocasión por un problema de plazos, y es que ya está presentado el Proyecto de Presupuestos- cumpla lo que la Ley de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad dice que debe hacer.

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Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, don Octavio Granado. Yo creo que procede dar por terminada esta sesión. Si se ha retirado la Proposición No de Ley, creo que no hay que hacer ninguna intervención, salvo que alguno quiera fijar algún pequeño detalle. ¿Contraréplica? Tomás Burgos.

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: No. Gracias, señor Presidente. No es para fijar ningún pequeño detalle. Simplemente para mostrar, bueno, pues, la preocupación del Partido Popular, del Grupo Parlamentario Popular porque se le haya hurtado la posibilidad de responder a las afirmaciones que el Grupo Socialista hacía sobre esta cuestión. Yo creo que no vamos a entrar en el tema, porque me imagino que en el propio debate de la Ley de Presupuestos serán convenientemente contestadas esas afirmaciones e intentaremos -si es que eso es posible alguna vez- convencer al Grupo Socialista de que en esta Comunidad no solamente nos hemos acercado a ese 6%, sino que lo hemos rebasado en este Presupuesto. Lo que ocurre es que los números, igual que determinadas afirmaciones, hay que sostenerlos, hay que sostenerlos en un consenso sobre lo que estamos hablando, y sobre qué cantidades son las que se consignan para Servicios Sociales, sobre qué Direcciones Generales estamos hablando, y sobre qué transferencias finalistas estamos hablando también. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Pues, si les parece, pasamos al tercer punto del Orden del Día. Y por el señor Secretario se dará lectura de este punto.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): Punto Tercero: "Proposición No de Ley, 6-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aceleración de trámites para el reconocimiento de pensiones no contributivas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 8, de ocho de Octubre mil novecientos noventa y uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Bien. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Procurador don Octavio Granados.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. El......... de la Proposición No de Ley del Grupo Socialista es suficientemente conocido, porque ya ha sido, incluso, origen de alguna de las discusiones de esta Comisión, como fue la que se produjo en el momento de la presentación del programa de la Consejería por el señor Consejero ante la misma.

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La Junta de Castilla y León firma el dieciocho de Marzo de mil novecientos noventa y uno un concierto, de los que se preveían en la Ley de creación de las pensiones no contributivas, un concierto con el Ministerio de Trabajo y la propia Comunidad, para gestionar las pensiones de invalidez y jubilación previstas en la Ley de Pensiones no Contributivas para los residentes de Castilla y León. Desde la fecha de la firma de este concierto, la Junta de Castilla y León ha venido obrando con una notoria falta de diligencia en la tramitación de estas pensiones. Porque, en primer lugar, ha encontrado problemas de interpretación del concierto que, si existen, si existen, deberían haber sido planteados antes de la firma del mismo. Yo me imagino que la intervención del Portavoz del Grupo Popular, me va a contestar diciendo que el concierto tiene errores, o que el concierto tiene problemas que dificulta la gestión de las pensiones. Bueno, es bastante curioso que en una Comunidad Autónoma como la nuestra que ya, digamos, tiene alguna experiencia en la tramitación de las pensiones del FAS, en la gestión de otras pensiones, y que conoce muy bien dónde están los problemas de gestión y de reconocimiento de ese tipo de obligaciones económicas, esos problemas, si existen, no se hubieran advertido antes de la firma del oportuno concierto para ser solventados en aquel momento. Al parecer, estos problemas han sido planteados por una interpretación que hace la intervención de la Comunidad Autónoma de la... de los términos literales del concierto, interpretación que está ocasionando que en nuestra Comunidad Autónoma no se estén de hecho, de hecho, reconociendo pensiones en estos momentos. Y estos problemas, derivados de la falta de diligencia en la interpretación del concierto, se añaden a problemas de gestión. Problemas de gestión que han... bueno, ocasionado el que las plazas de funcionarios de la Comunidad Autónoma encargados de la gestión de estas pensiones en los Servicios Territoriales de Bienestar Social se hayan cubierto tarde, que hayan empezado a trabajar después de verano, en vez de antes del verano, como era lógico, con un concierto firmado en Marzo de que sus previsiones se conocían con detenimiento, pues, me imagino que con anterioridad, incluso, a Marzo, y con una falta de..., bueno, de previsión de que en el momento de la firma del concierto era ineludible, absolutamente ineludible que todas las solicitudes presentadas ante otros órganos de la Administración del Estado pasaran a la Comunidad Autónoma inmediatamente. En el momento de la firma del concierto ya había más de algunos miles de solicitudes que se venían tramitando por el Instituto Nacional de Servicios Socialista de la Seguridad Social, que fueron entregadas a la Comunidad de Castilla y León. La Comunidad de Castilla y León conocía este hecho, tenía que haber previsto, por lo tanto, que los funcionarios de los Servicios Territoriales de Bienestar Social, incluso los propios Asistentes Sociales de las CEAS -porque se regulaba esta posibilidad en el Decreto que venía a concretar su funcionamiento-, empezaran a trabajar con los solicitantes de pensiones para conocer de hecho qué tipo de documentación tenían que aportar para poderlas cobrar. En muchos casos, estos solicitantes de pensiones ya son pensionistas actualmente de las pensiones del FAS, que en estos momentos la Comunidad Autónoma tramita, de los cuáles conoce su nombre, su dirección y su estado; es más, no solamente los conoce, sino que tiene que tener fehaciente... que tiene que conocer fehacientemente y tiene que acreditar el que cumplen las condiciones que les hacen acreedores de las pensiones del FAS, que en buena parte son las mismas que las de la ley actual de pensiones no contributivas. Con lo cual, la Comunidad Autónoma de Castilla y León podía haber iniciado inmediatamente, conociendo la firma del concierto, un programa para empezar a tramitar automáticamente, a todos sus pensionistas actuales del FAS que puedan cobrar pensiones no contributivas, la nueva pensión.

No se ha hecho nada de esto. En estos momentos, el número de personas que están cobrando las pensiones no contributivas en la Comunidad de Castilla y León es un número que bordea lo ridículo. El número de solicitudes tramitadas es un número absolutamente insuficiente. Y en lo que se va a traducir esta falta de diligencia de la Comunidad Autónoma es en el hecho, sin duda lamentable, de que un beneficio importante que podían... al que podían acogerse, pues, un número de personas en nuestra Comunidad Autónoma que carecen de otro tipo de recursos -estamos hablando de un colectivo de personas que en su inmensa mayoría tienen más de sesenta y cinco años, o son grandes inválidos, lo cuál todavía es un estado mayor de desvalimiento-, no van a poder cobrar estas pensiones sino con un retraso considerable.

Por todas estas razones, el Grupo Socialista solicita a la Junta de Castilla y León en esta Proposición, que pide que asuma la Comisión de Bienestar Social de las Cortes, que se aceleren todos los trámites necesarios para garantizar el que, en un periodo de tiempo razonable, todas las solicitudes de pensión que están tramitadas y los que son beneficiarios con legítimo derecho a esta pensión pueden cobrarlas en un plazo de tiempo, ya digo, que se plantea en lo razonable.

Como yo tengo la suerte de ser Senador por esta Comunidad Autónoma, yo he asistido a algunos debates planteados en las Cortes Generales, en el Senado de España, sobre la tramitación de pensiones que hace en estos momentos la Seguridad Social, e iba a leerles a ustedes un trozo de un debate -que al final he preferido no leer por no hacer referencia a una persona que, evidentemente, no podía estar en esta Comisión-, en donde un miembro del Grupo Popular del Senado consideraba manifiestamente inaceptable que la Seguridad Social tramitara las pensiones de jubilación en un plazo de tiempo de cuarenta días; lo consideraba en esos términos: manifiestamente inaceptable. Yo, desde luego, pienso que es absolutamente inaceptable que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al menos con los que son ya pensionistas del FAS y que la Comunidad Autónoma, pues, conoce, por lo tanto... de los cuales conoce su situación, su dirección, en estos momentos, los requisitos que cumplen y los que no, etcétera, es absolutamente inaceptable que no en dos meses, o en cuarenta días, sino en..., vamos a decir tres veces más de tiempo, la Comunidad Autónoma de Castilla y León no pueda tramitarles estas pensiones.

Yo creo que, por lo tanto, no es mucho pedir el que esta Comisión asuma esta Proposición del Grupo Socialista, y le pida a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la tercera parte de diligencia que en estos momentos tiene la Seguridad Social, y que tan inaceptable les parecía a los miembros de la oposición en el Senado. Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Para consumir el turno en contra, tiene la palabra... Bien, entonces pasamos a fijación de posiciones. Y, por el Grupo Mixto, tiene la palabra don José Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Muy brevemente, para decir que la cosa es absolutamente tan obvia, incluso reconocida por la propia Consejería o el propio Consejero en su momento, que yo creo que no hay más que transferir lo de la buena voluntad a la ejecución de los hechos y, por consiguiente, acelerar al máximo todos los trámites que pueda dar como resultado el que, objetivamente, una determinación ya planteada, y de la que la Junta es mera transmisora o ejecutora de un acuerdo, un concierto, pueda tener esa efectividad. Por consiguiente, nosotros apoyaremos el criterio éste.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, José María Monforte, tiene la palabra.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Sí. Muy brevemente, para decir que nuestro Grupo, por las mismas razones a las que aludía antes el Portavoz de Izquierda Unida, va a votar favorablemente esta Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. ¿Alguna intervención por parte...?

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Sí, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, que va a ser de abstención en esta Proposición No de Ley.

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Y va a ser de abstención porque, de verdad, señor Granado, si usted presentara solamente las propuestas de resolución y no las argumentara, esté, tenga la absoluta seguridad de que muchas de ellas serían apoyadas por el Grupo Parlamentario Popular. Pero es que usted estropea las propuestas de resolución con la argumentación, porque -me imagino que es su obligación- intenta trasladar a esta Comunidad Autónoma, a la Junta de Castilla y León, una serie de responsabilidades que, desde nuestro punto de vista, no son de recibo.

Es decir, nosotros estamos dispuestos a asumir todas aquellas responsabilidades que nos competen, como Comunidad Autónoma y como Gobierno Autónomo, pero hay algunas cosas que, tiene usted que entenderlo, no podemos, no podemos aceptar.

Yo creo que convendría hacer un pequeño análisis histórico de lo que ha sido... de lo que ha sido este proceso de reconocimiento de las pensiones no contributivas.

Con fecha veintidós de Diciembre de mil novecientos noventa, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Pensiones no Contributivas de la Seguridad Social. A partir de los veinte días de su publicación entra en vigor, y comienzan a presentarse una serie tremenda de documentos informales, porque no existían en aquel momento solicitudes oficiales en las que basar las peticiones. Se realizan una serie de peticiones en las diferentes Direcciones Provinciales del Instituto de Servicios Sociales, sin que se pueda exigir, por no existir una documentación oficial para las solicitudes, ningún tipo de documentación que homogeneice en aquel momento todo este proceso, evidentemente, porque no estaba publicado ningún Decreto de desarrollo, y el primero aparece el quince de Marzo, creo recordar. El dieciocho de Marzo es cuando se firma el convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Castilla y León. Y el veintisiete de Marzo, y con las condiciones en que se encuentran esos documentos informales, porque no se han producido peticiones oficiales al respecto, se traspasan a las Direcciones Provinciales... se traspasan de las Direcciones Provinciales del INSERSO a la Junta ni más ni menos que seis mil solicitudes carentes de documentación, de ningún tipo de documentación que pueda servir como un marco reglado para empezar a dar una cumplida atención a estas peticiones.

El veinticinco de Abril, el Instituto Nacional de Servicios Sociales cita a la Dirección General de Servicios Sociales de esta Junta para acudir a unos cursos de formación, donde ahora ya se les entrega por fin la normativa administrativa sobre el funcionamiento de estas pensiones no contributivas. Y el veintiuno de Mayo se hace entrega a la Dirección General del programa informático sobre pensiones, que es lo mínimo de lo que esta Comunidad puede disponer para empezar a agilizar los trámites al respecto.

Como ya dice la propia Proposición, en Julio del noventa y uno las Cortes aprueban un crédito extraordinario de 65.000.000, y, en tales circunstancias, y cuando la transferencia finalista para la adjudicación de equipos informáticos y demás enseres, demás tratamiento que necesita este problema, y cuando la contratación de personal se produce a mediados de Septiembre, la situación, en el día de la fecha, para información de Sus Señorías es la siguiente.

Se han presentado alrededor de unas once mil novecientas solicitudes, de las cuáles solicitudes informatizadas están ya diez mil cien... y tengan en cuenta que ha habido que volver a retomar una por una todas esas solicitudes, ha habido que contactar con los interesados, ha habido que pedirles los datos que eran necesarios y ha habido que integrar esos datos desde el punto de vista informático; las solicitudes completas con resolución favorable para incluir en nómina son tres mil; las solicitudes completas con resolución denegada, en general, en general por estar incurriendo en alguna incompatibilidad con la percepción de otro tipo de pensión, son dos mil seiscientas; y las solicitudes pendientes, por no haber recibido la documentación, son dos mil setecientas; y solicitudes que faltan por informatizar, poco más de mil. En resumen, se han informatizado, hasta la fecha, el noventa por ciento, el noventa por ciento; de éstas, más del treinta y tres por ciento están ya en trámite de pago, el cincuenta y cinco por ciento están resueltas y el veinticuatro por ciento se han denegado. Y faltan por informatizar menos del diez por ciento de esas solicitudes.

Por lo tanto, yo creo que el Gobierno Regional sí ha hecho un esfuerzo por atender de forma precisa estas necesidades. Creo que se ha hecho un esfuerzo por hacer una captación de todos esos datos, que, en muchos casos, estaban incompletos y eran insuficientes, contenidos en las once mil solicitudes que se presentaron. Y ha habido que mirarlas -como es lógico, por otra parte- una por una y revisarlas de forma completa. Ha habido que solicitar a los interesados la aportación de documentación adicional, que no es solamente -como dice el Procurador- el nombre, el estado y la profesión o la dirección, que es la fotocopia del DNI, el certificado de empadronamiento, el certificado del Instituto Nacional de Servicios Sociales, etcétera, etcétera, y que afectan -como he dicho- a un porcentaje importante de solicitudes.

Y luego, ha habido que obtener los documentos base, previa codificación manual, porque el programa no es automático, para la documentación justificativa de este proceso. Y ha habido que recopilar, formar los expedientes completos y, al final de todo eso -como es lógico-, hay que elaborar la correspondiente nómina.

Pues bien, evidentemente que nosotros no podemos hacer otra cosa que pedir que se aceleren todos los trámites. ¡Pues, faltaría más! No vamos a pedir que se enlentezcan.

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Por lo tanto, que sepa el señor Procurador que estamos de acuerdo con la Propuesta de Resolución, que por eso nos vamos a abstener, porque creo que es bueno que desde los Grupos Parlamentarios de esta Cámara se inste a la Junta a que haga las cosas más rápidas, pero no por hacerlas más rápidas las haga peor. Pero que nos vamos a abstener, porque no podemos aceptar gran parte de la justificación de la Exposición de Motivos que el Procurador Socialista hace en su Proposición y, sobre todo, de la justificación que ha hecho en su intervención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Agradecer a los Portavoces de Izquierda Unida y del CDS el apoyo a la Proposición Socialista, y agradecer, igualmente, al Grupo Popular que permita, con su abstención, que se apruebe la misma, a pesar de la intervención.

Yo me temo que en esta Legislatura lo tengo mal, porque, claro, al señor Burgos, el Procurador señor Burgos no solamente quiere que le guste el tenor literal de las Proposiciones del Grupo Socialista, sino lo que dice este humilde Procurador. Y yo me temo que no voy a ser capaz de satisfacerle casi nunca, porque me temo que sería mala cosa que le gustara, así, en términos, así, muy generales, lo que yo dijera; sería un caso grave de contradicción política, ¿no? Aunque es evidente que en muchas cosas podemos estar de acuerdo.

Entonces, claro, cuando a uno le exigen que le guste a uno la letra y, además, la música, y tal, pues, al final, nunca acaba acabando de componer una buena interpretación.

En resumen, por, simplemente, hacer alguna referencia a la intervención del señor Burgos, ¡hombre!, comentarle que de la misma se desprenden algunos datos que yo creo que hay que matizar.

En primer lugar, usted ha reconocido -y me parece bien que lo haga- que el personal para gestionar estas pensiones fue contratado a mediados de septiembre. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre; es decir, entre la firma del concierto y la contratación del personal, cinco meses. Si se hubiera contratado a mediados de marzo -porque este convenio, aunque se firmó el dieciocho de marzo, se conocía ya, pues, en su tenor literal, desde febrero-, pues, resulta que estábamos con cinco meses de adelanto. Cinco meses de retraso en la contratación de personal.

Luego, usted me dice que han informatizado todas las solicitudes. ¡Hombre!, esto dicho así, es verdad. Sería conveniente el conocer lo que usted quiere decir. Lo que usted quiere decir es que han transcrito las solicitudes, del impreso en el que estaban, a un diskette informático. Bien. Eso se puede hacer en un mes, y esta........ se ha hecho en un mes la transcripción de diez mil solicitudes. Y, bueno, casi le voy a decir que en una semana, con cinco auxiliares administrativos, también se podía haber hecho. Porque las solicitudes de información adicional -y ése es el problema por el cual tiene sentido esta Proposición-, a las que usted hacía referencia, sería interesante para la propia Comunidad Autónoma hacer una operación muy sencilla, y es comprobar que en los expedientes de tramitación de las antiguas pensiones del Fondo de Acción Social -antes FONAS- esa documentación adicional está: están las fotocopias del carnet de identidad, están los certificados de empadronamiento, están los certificados de nacimiento, para acreditar la fecha de nacimiento, y están los certificados de la Tesorería de la Seguridad Social, para acreditar que el señor que cobra la pensión del FAS no cobra una pensión de ninguno de los regímenes de la Seguridad Social.

Es decir, lo que yo le estoy pidiendo a la Junta, lo que está pidiendo el Grupo Socialista a la Junta es que haga algo tan simple como que se dirija, a través de sus funcionarios y de los funcionarios de los CEAs, a esos veinte mil pensionistas del FAS que tiene en la Región y les diga que pida la pensión no contributiva, porque son, simplemente, cinco mil pesetas más. Y con la propia documentación del expediente del FAS, pues, coge, le cambie la carpeta, le meta otra solicitud y tramite la pensión no contributiva; porque eso es lo que han hecho otras Comunidades Autónomas. Y en la inmensa mayoría de los casos -en algunos no-, la misma documentación casi sirve; y, a veces, lo que falta, pues, simplemente, es algún dato casi anecdótico.

Conclusión. Pues, nos parece muy bien que la Junta de Castilla y León haya resuelto tres mil pensiones. En nuestra opinión, si hubiera contratado al personal, en vez de en septiembre, en marzo, podía haber tenido resueltas las veinte mil del FAS y algunas otras nuevas, y algunas otras nuevas, y en nuestra Comunidad Autónoma, a treinta y uno de diciembre, pues, habría alguna gente cobrando esta pensión. Porque, ésa es otra: que les hemos reconocido el derecho a cobrar la pensión, pero que, muy probablemente, hasta el primero de enero no la vayan a cobrar. Y ése es otro problema, y ése sí que es otro trámite, que también habría que agilizar. Y si hay que poner de acuerdo a dos Interventores, al de la Comunidad Autónoma y al de la Seguridad Social, pues, que se les encierre -como decía aquella ordenanza de Carlos III-, se les encierre en una habitación y no se levanten de la mesa hasta que haya acuerdo. Pero, evidentemente, por un problema de interventores, no van a dejar de cobrar pensiones las personas que tengan derecho en la Comunidad Autónoma.

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En conclusión, reiterar el agradecimiento y sugerir al Grupo que apoya a la Junta de Castilla y León la posibilidad de agilizar esos trámites, utilizando los expedientes que ya obran en poder de la Comunidad Autónoma, para garantizar que los propios pensionistas del FAS de la Comunidad Autónoma pueden cobrar esas cinco mil pesetas más, aunque las pague la Seguridad Social, y no la Junta de Castilla y León. Porque yo ya empiezo a estar un poco preocupado. Y es que, de algunas de las intervenciones del señor Consejero, se deduce que, al parecer, a la Junta le parecería mejor seguir teniendo pensionistas que cobraran las veintitrés mil pesetas, aunque fuera a costa de no tramitarles la solicitud para que cobraran las treinta mil de la Ley de Pensiones no Contributivas. Y eso me deja preocupado.

Yo creo que la Junta, aunque sea perdiendo esos pequeños recursos que le llegan en forma de transferencia finalista del Estado para pagar esas pensiones, debería ser un poquito diligente en conseguir que todos esos pensionistas cobren esas siete mil pesetas de más, que buena falta les hace. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley.

Por favor, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Por consiguiente, queda aprobada la Propuesta No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la aceleración de los trámites para el reconocimiento de las pensiones no contributivas.

Y pasamos al cuarto punto del Orden del Día. Y tiene la palabra el señor Secretario... la señora Secretaria, para dar lectura al cuarto punto.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): Gracias, Presidente. Punto cuarto: "Proposición No de Ley 9-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a respaldo a Administraciones Públicas que promueven centros de atención a toxicómanos, como programas de tratamiento acreditados, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 9, de catorce de octubre de mil novecientos noventa y uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Procurador don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Bueno, la Proposición del Grupo Socialista solamente tiene un sentido, y es un sentido la verdad es que bastante inusual en el juego político de los Grupos Parlamentarios. Porque el sentido que tiene es el de permitir un pronunciamiento unánime de los Grupos Parlamentarios de estas Cortes, dirigido, más que a las propias Cortes o a la Junta de Castilla y León, a la ciudadanía de nuestra Comunidad Autónoma.

En estos momentos, en esta Comunidad Autónoma tenemos un Plan Regional de Drogas, que funciona, en algunos casos, en algunas actuaciones, aceptablemente, en otras, pues, probablemente, con más dificultades, pero dificultades lógicas en el funcionamiento de cualquier Administración; que está acordado con el Plan Nacional de Drogas del Gobierno Central; que se ha traducido en la puesta en marcha de algunos recursos, de algunos centros de atención, que, bien por parte de Entidades Locales o bien por parte de organizaciones no gubernamentales, pues, gestionan programas de tratamiento a toxicómanos. Siempre que se pone en marcha un nuevo recurso de atención a toxicómanos en nuestra Comunidad Autónoma, hay problemas en el entorno de la puesta en marcha de este recurso, sea cual sea éste; a veces es un centro no acreditado, a veces, incluso, son centros que dirigen sectas, otras veces son centros que, a lo mejor, no son del todo razonables; pero muchas otras veces son centros muy razonables, puestos en marcha por organizaciones no gubernamentales, que están suficientemente acreditados, o, incluso, bajo la tutela de Administraciones Públicas. Y, en todos los casos, nos estamos encontrando con problemas de rechazo del conjunto de la población.

En el conjunto de la población existe, por desgracia, la firmeza de un estereotipo, y es que el toxicómano es un individuo peligroso, peligroso porque se le vincula con la comisión de actos delictivos, y peligroso porque se le vincula con la transmisión de enfermedades infectocontagiosas y, fundamentalmente, con la transmisión del SIDA. Y, en función de este miedo que existe en el conjunto de la población, los centros de tratamiento de toxicómanos son rechazados, son entendidos, muchas veces, por convecinos o conciudadanos nuestros como centros negativos, que deterioran el entorno, y centros que crean problemas a las personas que viven cerca de ellos.

En realidad, un centro de atención a toxicómanos, si es un centro debidamente acreditado, es un centro que no crea problemas, que los soluciona. En primer lugar, no crea problemas de seguridad porque las personas que están en tratamiento no cometen hechos delictivos -por desgracia, los cometen con alguna frecuencia cuando no están tratándose-, y, en segundo lugar, porque el riesgo de transmisión de enfermedades es absolutamente irrelevante.

Por todas estas razones, conviene que, desde las Cortes de Castilla y León, se dirija un mensaje inequívoco a la opinión pública, el mensaje de que los problemas para la comunidad existen cuando los centros de atención a los toxicómanos no son suficientes o cuando no existen en el entorno en el que los toxicómanos deben rehabilitarse y deben reinsertarse en la sociedad. Entonces sí que nos encontramos con un grave problema, porque no podemos atender el problema en sus dimensiones. Pero no existen esos problemas cuando esos centros, debidamente autorizados y acreditados por la Administración competente -que en este caso es la comunidad Autónoma-, están funcionando y resuelven, precisamente, buena parte de los problemas de los actuales toxicómanos.

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Este es el mensaje que nosotros queremos dirigir a la sociedad de Castilla y León. Un mensaje, por lo tanto, de respaldo a lo que hacen todas las Administraciones Públicas, desde la Junta de Castilla y León hasta el último Ayuntamiento, a lo que hacen las organizaciones no gubernamentales que promueven de manera, lógicamente, con la autorización y la acreditación de la Comunidad Autónoma, de la Administración, este tipo de centros, y que cuentan, por lo tanto, con el respaldo público; y un mensaje, también, a la solidaridad, a la solidaridad del conjunto de la población con estos centros. Entendiendo que lo que les pedimos a los vecinos, a las personas que tienen estos centros más cerca, no es, precisamente, un sacrificio -porque no les supone ningún sacrificio el tener un centro de éstos cerca de su entorno inmediato-, sino lo que les pedimos, pura y simplemente, es un poco de comprensión. No van a tener ningún problema si les dejan funcionar. Van a tener, sin duda, los efectos... van a sufrir, van a sentir los efectos beneficiosos de la puesta en marcha de esos centros, en la medida en que la atención a los toxicómanos, pues, redunda en que cometen menos delitos y en que, lógicamente, tienen menos problemas y un comportamiento más inserto en la sociedad y menos antisocial. Y, por lo tanto, es lo que les pedimos. No es -ya digo-, por lo tanto, un sacrificio, sino una comprensión, que, sin duda, va a redundar en su beneficio.

Y éste es el tenor de la Proposición del Grupo Socialista. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Don Tomás Burgos tiene la palabra.

Entonces, vamos a pasar a hacer una fijación de posiciones. Por el Grupo Mixto... ¿Algún Grupo quiere consumir algún turno en contra?

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Sí, sí.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Yo quisiera expresar, no efectivamente y de forma radical un turno en contra, como se plantea, pero yo creo que estas cuestiones se están barajando de una forma bastante fácil. En primer lugar, me gustaría conocer cuáles, cuántas de esas formulaciones que aquí se plantean se han producido, y por qué se han producido esos rechazos. No cabe la menor duda que, en la mayor parte de las ocasiones, cualquier cuestión vinculada a la enfermedad no es un problema gratificante y, por consiguiente, no concita ilusión, afecto, vinculación. Pero yo creo que aquí, el caso que se plantea, si yo no entiendo mal y me gustaría que hubiese una explicación, es o ha sido motivado por un rechazo limitado, en un caso o en casos muy concretos, y con miedos que no se evitan, intentando espantar... porque, a la postre, yo creo que lo que aquí se plantea, en cierto modo, es instar moralmente, instar, incluso, ideológicamente a la población a que acepte una cuestión que no puede ser por el mero hecho de la voluntad, sino que tiene que conllevar algunas otras cuestiones, para que eso sea de una manera absolutamente fácil, y, si no fácil, asumible sin grandes quebrantos.

Yo estoy absolutamente de acuerdo con la expresión de voluntad que se hace, tal como he leído, en la Proposición No de Ley, pero, en el fondo último, yo creo que se va a alimentar el binomio, y a veces trinomio, que se produce entre drogadicción y delincuencia, lo que trae como consecuencia el que se produzca ya un rechazo. Y que no quepa la menor duda que ha habido un alarmismo, un sensacionalismo, una información absolutamente irregular, haciendo que sin mecanismos de racionalidad en la atención sociosanitaria -por llamarlo de alguna manera-, ha quedado toda la gente o mucha gente prendada de esos binomios, y, a la postre, lo único que ha sentido es lo que se sentía antaño con los centros antituberculosos, con los lazaretos para los leprosos y demás cuestiones de este tipo.

Efectivamente, pueden existir algún tipo de riesgo. Lo que no cabe la menor duda es que sea magnificado todo este problema, y trae como consecuencia de esa sensacionalización, pues, medidas que complican el efecto deseado.

Yo estoy en la duda, en la duda muy real, de si no se está con la multiplicación de centros, cuando existen dotaciones sanitarias suficientes, o entendemos que suficientes, al alcance de la mano para hacer un tratamiento adecuado, si no se está colaborando también a esa magnificación real.

Y lo que me trae todavía más preocupación es el preguntarme por qué se producen esos conflictos sociales, dónde se producen esos conflictos sociales, y, habitualmente, se están observando en los lugares en que existe una menor información e información correcta, adecuada, haciendo que se sigan multiplicando las ideas de droga-juventud-delincuencia y que nadie se pregunta más, simplemente medidas coactivas o medidas de apelación a la voluntad. Pero éstas, a su vez, traen como consecuencia otros problemas sobreañadidos, y es la tendencia de número no escaso, no pequeño, de drogodependientes, de toxicómanos que producen o se vinculan a una actitud de pasividad o, incluso, de irresponsabilización con el propio problema, derivado de esa magnificación y derivado de esos problemas que se vienen planteando de rechazos en algunos casos concretos.

¿Qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se debe hacer? Yo creo que no es recomendar, yo creo que no es intentar trasladar una amonestación moral a la sociedad, sino, posiblemente, sentarse, desde equipos adecuadamente preparados y técnicamente dispuestos, a discutir, a comentar, a parlamentar, a informar debida y adecuadamente, y con esto sería, a nuestro juicio, suficiente, si se hace vinculación a lo que en mi mente, cuando vi esta Proposición No de Ley, se me ocurrió pensar qué era lo que me motivaba la presentación de esta Proposición No de Ley.

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Se... concluyo. Me parece que es un ejercicio de buena voluntad. Me parece que es un ejercicio interesante. Me parece que es ir más allá de lo que realmente va a conseguirse o tratar de conseguirse, sobreañadiendo o añadiendo nuevo sensacionalismo o nueva magnificación, o nueva politización de algo que deberíamos de ir limando, quitando entre todos, la politización o la ideologización, o la moralización de un problema que es un problema sanitario, lo reconocemos todo el mundo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Bueno, pues, tengo que decirle al señor Herreros que me ha desconcertado. Me ha desconcertado, porque, evidentemente, esta Proposición tenía un origen, y el origen era un problema que ha surgido en Burgos, en Burgos ciudad, por un proyecto que es el... un centro del Proyecto "Hombre", que contaba con la autorización por parte de la Comunidad Autónoma, y que se había instalado en un edificio que estaba anejo a una escuela, y, bueno, en el que las movilizaciones de los padres de alumnos de la escuela, por miedo, pura y simplemente por miedo, sin otro tipo de especificaciones, pues, han hecho que en estos momentos el centro, pues, se tenga que marchar de ahí, y en estos momentos existe el riesgo de que el centro no se vaya a instalar en Burgos.

Problema ante el cual los Grupos Políticos presentes en el Ayuntamiento de Burgos han mantenido una actitud absolutamente concordante y solidaria, porque hemos firmado un manifiesto, el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida, apoyando al centro y apoyando el proyecto, y lo hemos respaldado, incluso, yo diría, a veces, que lo hemos respaldado incluso más que quienes debían respaldarlo en otras instituciones, que al final son los que han decidido que se marche de ahí, pero, ante el cual, por lo menos los Grupos Políticos burgaleses estábamos de acuerdo.

Y como este tipo de problemas se han reproducido en otros lugares de la geografía nacional, pero también de la geografía regional, que ha habido problemas en comunidades terapéuticas o hubo problemas con una comunidad terapéutica en León, el Proyecto "Hombre" en Cubillas del Sil, ha habido otros problemas con otros Ayuntamientos, pues, nos parecía importante, precisamente para despolitizar el problema. Porque uno de los riesgos que tiene este tipo de protestas ciudadanas es que alguien, aunque sea una bandera que tenga, digamos, que no tenga demasiado buena prensa, pues, alguien salga con el santo y la seña y se ponga a encabezar la manifestación, pues, por despolitizar el problema, pretendíamos que las Cortes de Castilla y León llegaran a un acuerdo de todos los Grupos para fijar claramente una posición. Y la posición debe ser, desde nuestro punto de vista, con la autoridad que tenga nuestro mensaje, porque nosotros sabemos ya la autoridad y la credibilidad que tenemos los partidos políticos a la hora de emitir mensajes a la población, pero con la pequeña autoridad que tenga nuestro mensaje, el decir a la gente: "miren ustedes, no tengan miedo, miren ustedes, si estos centros están debidamente autorizados y acreditados por la Administración competente es que estos centros no plantean un riesgo para la comunidad que no sea asumible por la comunidad".

Y yo creo que es importante que los Grupos Políticos, pues... digamos esto a la población, porque llegan muchos mensajes sobre el tema de drogas a la población. Y muchas veces son mensajes equivocados o, en el mejor de los casos, mensajes equívocos. Y conviene que se sepa, pues, que cuando esos centros funcionan, pues, en el entorno no generan problemas, ni se incrementa la delincuencia, ni es posible que haya transmisión de enfermedades, sobre todo para la gente que pasa por la calle, que es lo alucinante, que es la gente que pasa por la gente la que tiene miedo a contraer una enfermedad, y que, parece que surten un efecto positivo. Y nadie discute que estos centros traten adecuadamente a la población, que, realmente, es mucho mejor que la población toxicómana esté atendida que no esté atendida, y que, realmente, es mucho mejor que esté atendida en su medio que no alejada del mismo.

Y esto es lo que nosotros pretendíamos por ahí. Nosotros no establecemos la relación droga-delincuencia. Esa relación existe. ¿Se puede objetivar o no? Es muy discutible la cuestión. En cualquier caso, evidentemente, los que establecen la relación son aquellos que piensan que esos centros de atención a toxicómanos les van a llevar delincuentes a sus barrios. Es una idea que queremos combatir. Por eso traemos la Proposición.

Y porque, además, pues, equivocada o acertadamente, nosotros en esta Comunidad Autónoma, y yo creo que en el Estado, pues, entendemos que en el tema drogas es importante llegar a acuerdos y que los acuerdos entre los Grupos Políticos deben primar mucho, muy por encima de sus desacuerdos. En este sentido, pues, hemos manifestado siempre este acuerdo global con el Plan Regional de Drogas de la Comunidad Autónoma, de la misma manera que todos los Grupos Políticos hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en las Cortes Generales, en un Dictamen de la Comisión Mixta sobre Drogas Congreso y Senado, que se aprobó en junio por unanimidad del Senado y del Congreso. Yo diría que casi, casi por primera vez en esta Cámara... en nuestro país, que fue un Dictamen interesante.

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En conclusión, ¿qué es lo que pretendíamos nosotros? Pues, ese ejercicio de buena voluntad al que hacía referencia el Portavoz de Izquierda Unida. No solamente un ejercicio de buena voluntad: transmitir un mensaje a la sociedad. Nos parece que éste es un tema al que los políticos estamos acostumbrados; a fin de cuentas, todo lo que decimos, lo decimos también para que se entere la gente.

Pues, en el tema de drogas, donde llegan tantas informaciones sensacionalistas, tantas informaciones preocupantes, tantas informaciones dramáticas, vamos a transmitir un mensaje pequeño de optimismo y de serenidad. No tengan ustedes más miedo que el que deban tener, y, realmente, ayúdennos a solucionar parte del problema, porque los centros ayudan a solucionar parte del problema.

Y bueno, pues, es lo que pretendíamos. Yo no sé si es que ha habido algún malentendido con la explicación. En ese sentido, pues, quisiera mantener la propuesta en sus justos términos, es decir, la propuesta... lo que nosotros planteamos aquí, y, desde luego, nos parecería importante que este acuerdo político al que se ha llegado en otros sitios, pues, se mantuviera como un acuerdo político institucional de las Cortes de Castilla y León, de todos los Grupos Parlamentarios presentes en las Cortes, para conseguir que la población de nuestra Comunidad Autónoma tenga una actitud ante los problemas relacionados con el abuso de drogas más positiva, y esa actitud más positiva, pues, se consigue siendo más tolerantes y comprensivos con los centros de atención; que si, evidentemente, aquí, por algún pequeño matiz, que en ese caso yo daría por asumido por parte de mi Grupo, sin ninguna duda, pues, pudiéramos estar una vez en discrepancias sobre el fondo de la cuestión. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, don José Antonio Herreros, brevemente.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Yo sí quiero intervenir, porque puede dar lugar a confusiones, y, desde luego, no me arredra en absoluto plantar cara a la cuestión; entre otras cosas, porque profesionalmente me ha tocado bregar mucho en este campo, y a veces puedo resultar heterodoxo, pero me parece que introducir todos los elementos de racionalidad, sobre todo científica, me es más convincente que otro tipo de actuaciones.

Efectivamente, en Burgos se produjo ese episodio, pero mi escasa información a través de los medios de comunicación, posiblemente, me lleva a concluir que no era un rechazo abierto a que hubiese una población con ese tipo de problemática en un lugar determinado, sino a que no se podía entender la compatibilización de dos, o de un lugar para dos actividades netamente diferenciadas, como podían ser la enseñanza y, al mismo tiempo, otro tipo de actividad. Entonces, entraríamos en si son convenientes -y estimamos que por el momento son convenientes- el que existan centros de atención a drogodependientes de todo género, lo lógico es que se habiliten y que no se les meta, por fuerza, a compatibilizar lugares inadecuados.

Otro problema que ha existido: algunas entidades, asociaciones, grupos, colectivos, que se han instalado sin los adecuados elementos técnicos, científicos, que, lógicamente, han invitado a que más que ser un centro socioterapéutico, se haya convertido en un lugar de encuentro de diversa naturaleza que, lógicamente, al final, la sociedad y cualquier persona puede rechazar. Entonces, yo creo que en este caso, pues, es difícil ya despolitizar un problema que lleva unas dosis tremendamente altas de politización, no en esta Comunidad Autónoma, no en este Estado, sino a nivel internacional, y que incluso ha dado lugar a las cosas más peregrinas, como pretender hacer tomas de países con el fin de evitar el que haya producción, el que haya mercadería en relación a todas estas cuestiones de la droga.

Yo creo que en algunos momentos se ha confundido y no se baraja con conceptos claros el problema de las toxicomanías; cuando nos ponemos a trabajar o a hablar en serio, todo el mundo lo catalogamos como una enfermedad, pero cuando nos ponemos a hablar en general, ya no lo vinculamos a una enfermedad, lo vinculamos a una condición social de una serie de sujetos que son proclives a caer en el vicio... que, por cierto, en una ocasión se me corrigió aquí por esa misma circunstancia, lo cual agradecí, porque no es mi forma común de manifestarme. Y, por supuesto, confundir enfermedad con las circunstancias sociales de morbilidad o de premorbilidad, que inducen a que haya sujetos, personas que puedan caer en esa enfermedad y los resultados consecuentes que conlleva, pues, provoca, a mi juicio, un grado de confusión tan importante que yo sugeriría, yo sugeriría, en primer lugar, que esta Proposición de Ley, que yo reconozco, absolutamente -y además lo manifiesto expresamente-, tiene una carga de buena voluntad tremenda, sin embargo, que puede, a mi juicio, ser un cierto error, pues, se pudiera transformar -y me dirá el señor Monforte, con el mejor de los criterios, que tiempo y lugar he tenido para hacerla, y posiblemente ser neofito en estas tareas me lleva a que no lo haya podido plasmar así-, a que equipos técnicos adecuados se sienten con las partes en conflicto y, por supuesto, en primer lugar, se entienda que no son compatibles algunos espacios para actividades de un género tan diverso como los que en este caso se planteaban.

Y, por supuesto, me parece que sería mucho más interesante, en todo caso, sugerir a la Junta, como Gobierno Autónomo, sugerir a cualquier municipio, a la corporación municipal, sugerir a las autoridades de nuestro país que si es necesario y es absolutamente indispensable salir de la red de atención sanitaria por una situación excepcional, sálgase, pero dótese adecuadamente de centros que no provoquen incompatibilidades de este género, que, pienso, más son de ese lugar que de, posiblemente, concepciones de otra naturaleza.

Gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Don José María Monforte, por el Centro Democrático y Social, tiene la palabra.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Gracias, señor Presidente. Y vaya por delante nuestro apoyo favorable a esta Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista, aunque, como muy bien decía tanto el Portavoz Socialista como el Portavoz del Grupo Mixto, indudablemente, esta Proposición No de Ley tiene una carga de buena voluntad, pero que no va, en ningún momento, a llevarnos a resolver el problema que aquí se plantea, y ni siquiera eso, y ni siquiera va a ayudar, a colaborar, a solucionar el problema de la droga, y que habría que -y creo que ya se está haciendo a nivel nacional- llegar, como muy bien decía el Portavoz del Grupo Socialista, a un acuerdo entre los distintos grupos políticos para resolver este problema que está acuciando de una manera grave a nuestra sociedad, no solamente a Castilla y León, sino a la sociedad en general.

Y este problema que hoy se presenta aquí es un problema que, de alguna manera, es similar a lo que nos está pasando o a lo que está pasando dentro de esta Comunidad y dentro del territorio nacional con el problema de la vivienda, con el problema de las viviendas sociales. La raza gitana encuentra verdaderas dificultades muy importantes para ubicarse, bueno, cuando se construyen unas viviendas sociales. Cualquier... no solamente la raza gitana, cualquier persona marginada encuentra muchas dificultades. Yo, en el puesto que ocupaba como Consejero, hace unos cuantos meses, tuve verdaderos problemas para ubicar a quince, dieciséis familias, en una campaña, en un proyecto de lucha contra la marginación, en León capital; hubo tantos problemas que, al final, esas quince, dieciséis familias se tuvieron que quedar sin vivienda. Pero es necesario, evidentemente, el que haya este tipo de centros, como muy bien dice la Proposición No de Ley, que estén debidamente acreditados, porque yo entiendo, y la pregunta que hacía el Portavoz del Grupo Mixto, yo entiendo que cuando él hablaba de un equipo técnico que revise los centros que se van a dotar en Castilla y León, entiendo que la Junta de Castilla y León ya toma las medidas oportunas con ese párrafo del debidamente acreditados.

Sería mejor que no hubiera droga, sería mejor que no hubiera delincuentes, y no habría cárceles, pero, evidentemente, es un hecho social que hay que acometer. Y, por tanto, nuestro Grupo, como decía antes, va a apoyar favorablemente esta Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Don Tomás Burgos, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente. Para anunciar el voto favorable de mi Grupo Parlamentario. Un Grupo Parlamentario que apoya esta Proposición No de Ley, porque siempre apoyará cualquier iniciativa destinada a instar a las Administraciones a que mejoren sus servicios, o a atender las necesidades de los profesionales y de los afectados por este problema, o a poner todas las medidas que sean necesarias para concienciar a la sociedad sobre este problema, que no es un problema sanitario, que es un problema en el cual se entremezclan todo tipo de connotaciones: sociales, políticas, económicas y de todo tipo, me atrevería a decir. Pretender restringir este problema al aspecto sanitario creo que, consciente o inconscientemente, es hacer dejación de muchas responsabilidades, bien es verdad que para unos más que para otros, hay que empezar a acometer en todo el periodo de gestación, de desarrollo de este problema, que hoy, para los españoles, es uno de los más importantes en este país.

Por lo tanto, vamos a apoyar esta Proposición, porque creo que es conveniente que los grupos políticos se pongan de acuerdo para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, que son relativas, añadir ese grano de arena a ese espíritu de concienciación social que todos presidimos. Ahora bien, si ése es el objetivo de este tipo de proposiciones, yo le pediría al Portavoz del Grupo Socialista, porque estoy seguro de que ése ha sido su único objetivo, que la próxima vez firmemos la Proposición todos los Grupos y así no habrá ningún problema sobre quién protagoniza o deja de protagonizar este tipo de propuestas.

En todo caso, tendremos ocasión, a lo largo de esta Legislatura, sin ninguna duda, de hablar largo y tendido sobre el problema de la droga en esta Comunidad y en todo el país. Porque, bien es verdad que ha habido consensos sobre dictámenes en determinadas instituciones, concretamente en la Comisión Mixta Congreso-Senado; puede parecer que existe una cierta unanimidad en el análisis de la situación. Pero lo que no nos cabe la menor duda es que esa unanimidad no se produce, desde ningún punto de vista, en quién tiene la responsabilidad prioritaria en este problema; en quién tiene que poner eficacia en las medidas, fundamentalmente, que se pongan en marcha para tratar los diferentes enfoques de este problema; en quién tiene la responsabilidad suprema de dotar de mucha mayor coordinación de la existente y de muchos más medios a las diferentes actuaciones de las Administraciones Públicas, de la asignación de recursos que existe sobre esta cuestión.

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Yo creo que es verdad que existe una imagen social del toxicómano que responde a un estereotipo, en el que suelen predominar, además, o casi suelen ser exclusivos imágenes de negatividad, de peligrosidad, de tráfico de drogas, de transmisión de enfermedades infecciosas, como ya se ha dicho. Yo creo, también, que esa imagen estereotipada es resultado de una inadecuada, o insuficiente, o tergiversada información que los ciudadanos han estado recibiendo a lo largo de muchos años. Y yo creo que muchas de esas informaciones -y eso hay que empezar a decirlo con toda claridad- han sido informaciones vertidas desde posiciones ciertamente irresponsables, teñidas de un cierto retroprogresismo, de ese progresismo que en vez de llevarnos hacia adelante nos lleva muchas veces hacia atrás, y que ha conseguido que los ciudadanos perciban una visión sesgada del problema de las drogas. Al fenómeno anteriormente señalado se le tienen que unir -además creo que es de rigor reconocerlo así- una tremenda insolidaridad social sobre este problema, que se manifiesta no sólo en la falta de implicación de muchas organizaciones sociales, políticas, económicas, en la solución de estos problemas, sino también, como aquí se ha expuesto, de un rechazo muchas veces total y un rechazo frontal de núcleos de población de ciudadanos al establecimiento de determinados centros; centros acreditados, centros muchas veces con todo el rigor y la profesionalidad que este tema merece, pero centros que siguen despertando un rechazo importante. Y yo creo que aquí todos, o la mayoría de los ciudadanos se enfrentan a este problema con una posición bastante disociada, porque, por una parte, yo creo que todos estamos de acuerdo en que se reclaman, por parte de los ciudadanos, soluciones eficaces a este problema, pero que esas soluciones, al final, no se den en la puerta de mi casa, sino que se den lo más lejos posible de ella. Es necesario, por tanto, cambiar este estado de cosas.

Yo creo que.... afrontar de forma decidida y prioritaria, y prioritaria, una política de sensibilización social sobre estas cuestiones. Yo creo que eso nos compete a los grupos políticos, compete a todas las instituciones y compete, fundamentalmente, a las organizaciones que, de forma activa y de forma participativa, vienen trabajando en este problema desde hace muchos años. Y yo creo que en esta Comunidad se han hecho cosas a ese respecto, y a mí me satisface que muchas veces la oposición esté más contenta con las leyes y con los programas de lo que lo está el Gobierno o el Grupo de Gobierno, tal vez porque nosotros somos conscientes de que es posible mejorar ese tema. Y yo espero que en el Plan Regional de Drogas, que el Comisionado ya ha anunciado que va a presentar en próximas fechas, este tema, este tema de la información sea un tema estrella y sea un tema que se recoja con todos los medios y todas las posibilidades a nuestro alcance. Me consta que es así, me consta que es una de las preocupaciones fundamentales de esta Administración, y sólo así, sólo así, creo que se conseguirá empezar a trabajar de forma coordinada tanto en las áreas preventivas, asistenciales y, sobre todo, de incorporación y reinserción social de los toxicómanos, algo en lo que en este país todavía hay mucho que hacer, todavía hay mucho que avanzar.

Creo, en definitiva, que es importante el consenso de las fuerzas políticas; lástima que ese consenso no se hubiera producido hace unos años y muchos problemas nos habríamos ahorrado sobre esta cuestión. Y, en todo caso, este Grupo Parlamentario y este Partido estará siempre a favor de dar una respuesta clara y sin fisuras de todos los Grupos, de todos los partidos políticos, en defensa de este tipo de recursos, en defensa de dotar de todos los medios que sean necesarios, y, sobre todo, de mantener una postura comprometida -y yo creo que ahí no hay que arredrarse tampoco- comprometida, de desaprobación de aquellas manifestaciones ciudadanas que sean reflejo de posturas de insolidaridad o de rechazo. Creo que la labor de los partidos políticos no solamente está muchas veces -que también está- en recoger las inquietudes y las iniciativas de los ciudadanos, sino que también está, en determinadas ocasiones, por mantener posturas firmes, por mantener posturas sólidas en un tema que no requiere dureza, que requiere convicciones y que requiere fortaleza de criterios y fortaleza de argumentos.

Por todo lo expuesto anteriormente, mi Grupo considera que, aunque podría haberse buscado otro mecanismo para presentar esta Proposición No de Ley, precisamente porque el Partido Popular nunca ha buscado politizar este problema, porque siempre ha buscado dar todas las soluciones que en cada momento se puedan dar, nosotros vamos a votar favorablemente a esta Proposición No de Ley. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): El señor Procurador proponente ¿quiere intervenir?

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí. Simplemente, señor Presidente, para agradecer las tomas de posición favorables a la Proposición del Portavoz del Grupo Popular y del CDS. Yo creo que enriquecen el debate y plantean, desde puntos de vista diferentes, pues, las necesidad del consenso, y yo creo que esto es extraordinariamente positivo, que cada uno, pensando como pensamos, pues, lógicamente, estamos todos de acuerdo en que podemos llegar a acuerdos concretos, y esto es importante.

Y luego, hacer una reflexión. Porque, claro, esta Proposición tenía vocación de generalidad, es decir, no de partir de un problema concreto, que es el que se suscitó en Burgos, porque luego se ha repetido en otras partes, en un pueblo de la misma provincia de Burgos, ya digo, en León, en otros sitios, sino de marcar una declaración institucional de todos los grupos políticos. En Burgos, en concreto, el problema dio origen a un consenso entre los grupos políticos que, incluso, ahora se ha traducido a un consenso de iniciativas ciudadanas de todos los sectores, de asociaciones de vecinos, de asociaciones de padres de alumnos incluso, de jóvenes, etcétera, que están a favor de la defensa de ese centro en concreto.

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Le quería comentar al Portavoz de Izquierda Unida que sus informaciones no son del todo correctas. Es decir, aquí no se trata de compatibilizar nada. Ese centro concreto, el de Burgos, el del Proyecto "Hombre", está ubicado en un local que está al lado de una escuela; no es exactamente lo mismo que esté al lado de una escuela que esté dentro de la escuela. Está al lado, separado físicamente, con entrada por otras calles, etcétera. Es decir, el problema es que hay gente que percibe que los toxicómanos, aun los que están tratándose, aun los que están tratándose, son un riesgo para la Comunidad, aunque estén a cincuenta metros.

Y yo creo que este tipo de reacciones, como bien decía el Portavoz del Grupo Popular, son reacciones puramente insolidarias, de que todos queremos tener los centros, lo que pasa que nadie quiere tenerlos en la puerta de casa. Y que, además, esa reacción se hubiera producido ante un centro de atención a toxicómanos, ante una ubicación de una unidad de salud mental, ante un centro de cualquier naturaleza, de servicio social o sanitario, que la gente entendiera que pudiera tener alguna connotación de riesgo o alguna connotación de deterioro del ambiente. Y esto es lo que queríamos suscitar aquí. Y el tema no tiene una solución técnica. No es posible que haya equipos de tecnócratas que solucionen... que dirijan mensajes a la sociedad que sean diferentes a los que los grupos políticos podamos producir. Yo creo que todos tenemos que lanzar, en la medida de lo posible, mensajes que racionalicen un poco los problemas, y es lo que nosotros pretendíamos aquí. Es decir, que no sé exactamente, o sea, todavía no acabo de entender el por qué sus reticencias ante la Proposición, cuando la Proposición... que, por cierto, es verdad, podíamos haberla firmado todos y, en este sentido, sí es una equivocación nuestra, teníamos que haberlo sugerido a todos los Grupos y, probablemente, ese sea el canal más adecuado. Pero nuestra intención es, simplemente, que la gente, a la hora de nanifestarse en contra de estos centros, sepa que el sistema de atención a toxicómanos, de manera debidamente autorizada y acreditada, porque todas las instalaciones, como decía el Portavoz del CDS, tienen que acreditarse, cuenta con el respaldo unánime de todos los Grupos de la Cámara.

Y a mí me disgustaría extraordinariamente que parte de este movimiento ciudadano, o parte del consenso político al que se llegó, pues, en Burgos, que es la ciudad donde se ocasionó el problema que da origen a esta Proposición, pues, se vea ahora empañado por el voto reticente del Procurador de Izquierda Unida, que yo estoy seguro de que algunos de sus compañeros en Burgos, pues, lamentarían. Quiero dejarle muy claro: nuestra intención era, únicamente, producir esta declaración. Que es un mensaje de buena voluntad, desde luego, pero también que es necesario, también; que es necesario, también. Porque tampoco existe esa claridad en la opinión pública de que este sea un tema en el cual todos estemos de acuerdo, tampoco existe esa idea en la opinión pública. A veces yo creo que existe la idea de que los matices con los que nos tratamos en el juego parlamentario, pues, indican que existe, bueno, que podríamos hacer las cosas, evidentemente, de otras maneras, pero que no estamos muy de acuerdo en cosas que se hacen que yo creo que son imprescindibles. Aunque el sistema sanitario asuma la atención a los toxicómanos, globalmente considerado seguirá habiendo otras modalidades del tratamiento, de tipo educativo o socio-sanitario, que no tienen por qué ser estrictamente sanitaristas. Y eso yo creo que también lo acepta todo el mundo, el concepto de red diversificada es importante, y está asumido en el Plan Regional de Drogas de la Comunidad, y es importante seguirlo defendiendo.

Y es importante, sobre todo, seguir defendiendo el que la inserción social de los colectivos tradicional o ahora de nuevo marginados, pues, se produzca en el propio medio. Porque al final lo que está sucediendo con estas historias de los centros de toxicómanos es que, como bien decía el Portavoz del Grupo Popular, pues, al final no es posible abrir ningún centro de atención a toxicómanos en el ámbito de una ciudad, porque es que no hay calle por la que no pase un niño, y como simplemente con que esté a veinte metros de un niño ya no se puede abrir, pues, al final resulta que hay que montarles en medio del páramo, y así no conseguimos la inserción social ni de los toxicómanos ni de nadie, ni de nadie.

En conclusión. Que muchas gracias y que, bueno, pues, que la intención nuestra, que no era otra que la de producir un acuerdo institucional de estas Cortes, que respaldaran todos los centros de atención a toxicómanos y que intentaran racionalizar los riesgos y los problemas que se han producido cuando alguno de esos centros es contemplado negativamente por los vecinos del entorno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Yo creo que hemos concluido el debate, de coincidencia en casi todo lo esencial, y vamos a someter a votación esta Proposición No de Ley.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Por tanto, queda aprobada esta Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al respaldo a Administraciones Públicas que promuevan centros de atención a toxicómanos con programas de tratamiento acreditados.

Y como no hay más asuntos, se levanta la sesión.