DS(C) nº 120/3 del 5/10/1992

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Esta Enmienda estaba defendida y habíamos convenido que se votara de una forma tácita cuando defendimos la Enmienda 20; pero de todas maneras, cumpliendo el objetivo..., digamos, las exigencias legales, se puede volver a votar. Yo no..., al contrario, vamos. Pero lo que sí me parece es que me pueden ustedes excusar de su defensa, tomando en cuenta que, de alguna manera, ya fue defendida en el contexto de la Enmienda número 20.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Todos los Grupos dan por defendidas sus posiciones. Procedemos, por lo tanto, a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda rechazada la Enmienda, con seis votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

Antes de proseguir con el artículo 5, debe quedar constancia de las siguientes sustituciones en la Comisión de hoy (en el Grupo Popular, todas ellas). José Martín Sancho sustituye a don Antonio Serna; don Félix San Segundo, a don Manuel González Velasco; y don Pedro Pérez Blanco, a don Antonio Fernández.

En el artículo 5 no subsisten enmiendas. Por lo tanto, procedemos a la votación del artículo en su totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Diez votos a favor... Don Antonio Herreros, por favor, ¿cuál fue su voto? Once votos a favor, seis abstenciones..., seis en contra y ninguna abstención... El resultado, pues, es el siguiente: once votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones.

A continuación, don Zenón Jiménez-Ridruejo tiene la palabra para defender la Enmienda número 17, que propone... Tiene la palabra don Mario Amilivia para la defensa de su Enmienda número 17, que propone la creación del artículo 5.bis.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Gracias, Presidente. Nuestra Enmienda propone que, de acuerdo con los fondos que establece esta Ley, puedan acogerse a subvenciones también asociaciones, sociedades y entidades reconocidas por la Junta de Castilla y León y que tengan por objeto la promoción de las comarcas mineras, con especial referencia a las universidades. Esta Enmienda entiende mi Grupo que está en relación con la número 21 de Izquierda Unida, que propone también, en su momento, una especial referencia a la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de la Comunidad, así como también estaría en relación con el párrafo 3º de la Enmienda 25 del Partido Socialista, que señala una especial colaboración de la Universidad.

Cree nuestro Grupo, también siguiendo una recomendación del Consejo Económico y Social, una recomendación final, que, para alcanzar los objetivos de la presente Ley, es conveniente buscar una adecuada coordinación, no sólo entre las distintas Administraciones, sino también entre asociaciones, como pueden ser las sindicales o empresariales, y otro tipo de entidades, normalmente sin ánimo de lucro, que pueden contribuir a fomentar alternativas y a promover la participación minera y de esta manera contribuir a los objetivos que plantea la presente Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Muchas gracias, señor Amilivia. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, los socialistas, el Grupo Socialista se va a oponer, pero no tanto por el contenido en sí mismo, por cuanto compartimos una buena parte de los aspectos recogidos, sino por tanto en cuanto vamos a mantener y mantenemos la Enmienda número 25, que entendemos que sitúa los instrumentos de coordinación y colaboración con las universidades en un contexto más amplio y, a nuestro juicio, más rico que el que se plantea en la Enmienda del Grupo Popular. Ello nos obliga, pese a asumir buena parte del contenido de la Enmienda Popular, nos obliga a votar en contra.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ¿Algún Grupo más? Gracias, señor Zenón. Para réplica, don Mario Amilivia. Renuncia a la réplica. No hay dúplica. ¿Algún Grupo desea intervenir para fijación de posiciones? Sí. Don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

(-p.3031-)

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. La verdad es que ya lo expresé en la Ponencia y me gustaría realmente que pudiera especificarse, porque es muy genérico, muy vago, y ésa es una de las cuestiones que me llevan a realmente tener dificultades de interpretación de qué es lo que se quiere; porque asociaciones, entidades o colectivos es tan genérico que pueden ser los amigos de la dulzaina con nota vinculada a la tradición cantora de las minas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Don Antonio, no se puede entender que su turno ha sido en contra. Entonces, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Nueve votos a favor, siete en contra, una abstención. Queda aprobada la Enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Popular.

A continuación tiene la palabra don Zenón Jiménez-Ridruejo, para la defensa de su Enmienda número 24.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: La Enmienda 24 del Grupo Socialista se plantea como una cuestión estratégica y fundamental de cara a la resolución de los problemas sociales afectos al proceso de reestructuración del sector minero, la imperiosa necesidad de mejorar la productividad, la eficacia y la capacidad de la mano de obra en el propio sector, pero, por otra parte, contribuir y colaborar a la flexibilización en el mejor sentido del término. Y yo creo que es, llegado el momento que deshagamos un equívoco que continuamente se plantea, en términos económicos y políticos, sobre el sentido que le queremos dar y le damos los socialistas a la idea de la flexibilización laboral. Hay un sentido negativo de la flexibilización laboral, que es y que se relaciona con el despido, que es y que se relaciona con la disminución de las plantillas, que es y que se relaciona con el cierre de las empresas. Para nosotros, eso no es flexibilizar el mercado de trabajo; para nosotros, eso es extinguir la relación contractual entre empresa y trabajadores. Para nosotros, flexibilizar el mercado del trabajo, fundamentalmente, es mejorar las condiciones que le permitan a los trabajadores alcanzar lo antes posible y con el menor coste de búsqueda posible un empleo alternativo, por una parte, o, en su caso, mejorar las condiciones de eficiencia y capacidad en la propia actividad económica.

Por tanto, cuando hablamos de flexibilizar el mercado de trabajo, nosotros no estamos aludiendo para nada, en ningún momento, a las condiciones del despido, sino que aludimos a un aspecto positivo o a los aspectos positivos de la flexibilización del mercado de trabajo.

En primer lugar, la mejora de las comunicaciones, sin duda ninguna, incrementa la flexibilidad del mercado de trabajo, por cuanto reduce los costes de búsqueda de trabajo, o los costes de transporte, etcétera.

O la mejora de las condiciones de información, y aquí tiene una responsabilidad especial el INEM; el INEM como instrumento para mejorar la flexibilidad del mercado de trabajo, incrementando o completando la información de los trabajadores en un proceso de disminución de los costes de búsqueda de empleo.

O a la mejora de las condiciones de acceso a nuevas viviendas. Este es otro factor que influye decisivamente en la flexibilización del mercado de trabajo en el sentido más positivo, al que nosotros estamos haciendo alusión.

Pues bien, en esta Enmienda apelamos a un cuarto aspecto, que es el aspecto de la formación profesional, y especialmente en un doble sentido: la formación profesional ocupacional, es decir, la mejora de las condiciones de eficiencia y formación en el propio trabajo en la propia empresa; y, por otra parte, y por lo mismo también, complementada con operaciones de mejora en la orientación profesional de los trabajadores, en la formación profesional de los trabajadores que pierden su empleo y que buscan un nuevo empleo.

Por tanto, nos parecería que quedaría este Proyecto de Ley cojo si no se hiciera una referencia a los problemas de mejora de la flexibilización en el mercado de trabajo en el sentido positivo al que nosotros aludimos. Y, por lo tanto, entendemos que sería positivo y útil para la resolución de los problemas de los trabajadores el incorporar un programa específico para esta zona, en términos de mejora de la capacidad y la calidad en la formación profesional en el proceso de reestructuración a que se están viendo abocadas las empresas del sector. Por ello, entendemos que el texto enriquece, mejora y estimula la posibilidad de resolver los problemas de la clase trabajadora, que están, en último término también, en la intención de todos nosotros el resolver.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Zenón. ¿Algún Grupo desea hacer uso de la palabra para un turno en contra? ¿Algún Grupo desea hacer uso de la palabra para fijación de posiciones? Don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

(-p.3032-)

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. La verdad es que, después de lo que comentamos en Ponencia, yo creo que ha habido un esfuerzo realmente argumental por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para explicar lo que interpretan o entienden por flexibilidad del mercado laboral. Y tal como se entiende, pues, es posible que se pueda reconocer, y, desde luego, yo voy a respetar absolutamente su criterio. No obstante, casi sería una sugerencia, y es que los términos que son equívocos, a lo mejor era más interesante darles la suficiente claridad; porque, hoy, lo que en el mundo del mercado laboral, ya no tanto en el mundo de la economía, se entiende por flexibilidad del mercado laboral, pues, desafortunadamente es otra cosa bastante diferente de la que se ha planteado, y es mi duda. Es mi duda, porque en el conjunto de la Enmienda yo estoy absolutamente de acuerdo; sin embargo, lo que no cabe la menor duda es que, eso sí, me mantiene en una duda importante en cuanto al concepto o criterio de flexibilidad, que se ha aplicado tradicionalmente en un sentido determinado, unilateral, que es la flexibilización en cuanto a la disminución. Ciertamente, no lo interpretan así, no lo explican así, por lo cual yo, desde luego, no voy a apoyarlo. Entendería la conveniencia de evitar u obviar un término equívoco de esa naturaleza.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Herreros. Don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí, señor Presidente. Como quiera que todos los Grupos yo creo que estamos en la voluntad de llegar a un texto común, pido que se suspenda la Comisión, para buscar algún... una fórmula alternativa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. Se suspende la sesión por unos momentos.

(Se suspendió la sesión durante unos minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Tiene la palabra don Zenón Jiménez-Ridruejo, por el Grupo enmendante, para proponer el texto definitivo de la Enmienda número 24 del Grupo Parlamentario Socialista.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. A la vista de los debates de Ponencia, y tomando en cuenta los elementos de matiz semántico incorporados por los distintos Grupos, y a la vista, también, de que parece existir un acuerdo sustancial sobre los efectos que pretendemos con la norma, y no tanto... y no debe obstaculizarse este proceso por la semántica o la terminología utilizada, el Grupo Socialista propone una transaccional que incorpore un texto que pueda ser comúnmente aceptado por todos los Grupos. Y, en tal sentido, pretendemos establecer un texto que contendría los siguientes términos: "La Junta de Castilla y León estimulará la adecuación de los trabajadores al mercado laboral y el incremento de la productividad de la mano de obra..." etcétera.

Si esta fórmula es aceptada por los distintos Grupos, por nuestra parte, gustosos aceptaríamos también ese sentido.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba.

Por lo tanto, queda incorporado un nuevo artículo a la Ley, 5.bis, propuesto en la Enmienda número 24 del Grupo Socialista.

Tiene la palabra don Zenón Jiménez-Ridruejo para la defensa de la Enmienda número 25.

ALMARZA GONZALEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZALEZ: La Enmienda número 25 del Grupo Parlamentario Socialista lo que trata es de establecer un mecanismo de compromiso de todos los entes implicados en las comarcas mineras o en las zonas mineras, como un compromiso activo de la sociedad para con las cuencas y con la Administración Regional.

Creemos que es fundamental que todos los entes (Ayuntamientos, Entidades Locales, y sindicatos, y sociedad) estén girando en un mismo sentido por unas comarcas que tienen unas grandes dificultades y que, con esta Ley, pues, vamos a tratar de que subsanen en parte.

Creemos que es necesario que este artículo se apruebe en los términos que está, porque el coordinar todos los aspectos que confluyen en las cuencas creo que es una labor fundamental, y el compromiso de todos los ciudadanos para con ellas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Almarza. Tiene la palabra don Mario Amilivia para un turno en contra.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Mi Grupo se va a oponer a esta Enmienda porque, como ya tuvimos ocasión de manifestar en la anterior Comisión, en razón de una Enmienda de Izquierda Unida, nosotros creemos que el control -porque aquí se habla de controlar, también, el desarrollo de esta Ley-, el control de esta Ley, pues, ya está perfectamente regulado, tanto en su aspecto externo, que sería el control político que puede realizar esta Cámara, como en su aspecto interno, que estaría establecido en los distintos controles que establece la Administración.

En cuanto a la posibilidad de establecer una comisión delegada entre las Consejerías, etcétera, etcétera -como señala esta Enmienda-, también nos vamos a oponer, porque, efectivamente, creemos que la forma de coordinar la actuación de las distintas Consejerías está perfectamente establecida en la Junta de Consejeros. Es decir, es la Junta de Consejeros la que coordina la actuación sectorial de las distintas Consejerías. Luego no haría falta, tampoco, establecer ningún órgano específico para desarrollar esta Ley.

(-p.3033-)

Y en cuanto al tercer aspecto -como he mencionado anteriormente-, que habla de una colaboración específica con la Universidad, ya he manifestado anteriormente que en nuestra Enmienda número 17 se entiende perfectamente este aspecto, y es lo que, precisamente y fundamentalmente, promueve.

Por lo tanto, debemos rechazar y rechazamos esta Enmienda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias. Señor Almarza. Señor Almarza, tiene la palabra.

ALMARZA GONZALEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZALEZ: Sí. Nosotros lo que tratamos es que, en esta Ley -como se ve a lo largo de todo el debate en Ponencia y en Comisión-, hay unas Administraciones, además de la Junta de Castilla y León, que están implicadas, y lo que trata, no del control -que todos sabemos quién tiene el control-, sino de la coordinación con esas Administraciones que tienen competencias, tanto en el suelo industrial como en el suelo urbano, en los Ayuntamientos. Creemos que es necesario esa coordinación con las Entidades Locales y con las Diputaciones Provinciales que tengan en sus Administraciones competencias en todos estos temas; sobre todo en el suelo industrial y en el suelo urbano, tan necesario en estas comarcas para la diversificación del tejido industrial, que ahora mismo,pues, saben todos ustedes que el tejido industrial es un tejido monolítico, que se reduce exclusivamente a la minería.

Por lo tanto, creemos necesario que la Junta de Castilla y León coordine con los Ayuntamientos, con las Entidades Locales y con toda la sociedad -como decía anteriormente-, para que esta Ley tenga el efecto que pretende dar estas Cortes a ella. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, don Antonio. Tiene, para dúplica, la palabra don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Yo aprecio en su justa medida las argumentaciones que hace el Procurador señor Almarza. Pero, efectivamente, de la lectura literal de la Enmienda que propone el Grupo Socialista, pues, se deducen otra serie de connotaciones políticas muy por encima de las que usted plantea ahora. Por ejemplo, se habla de establecimiento de fórmulas para el control, coordinación y seguimiento.

Es decir, a mí lo que me da la impresión es que esta Enmienda lo que pretende es, fundamentalmente, crear una comisión de seguimiento o control del desarrollo de esta Ley, y, como ya he manifestado anteriormente -y el otro día, en relación, como decía antes, de la Enmienda de Izquierda Unida-, nosotros creemos que el control de esta Ley, el control político ya lo desarrolla esta Cámara, el control interno está perfectamente claro y la capacidad de ejecución de esta norma le corresponde legítimamente a la Junta de Castilla y León.

Por lo que, sin perjuicio de que en todo el debate en Ponencia hayamos aceptado la necesidad de colaborar con distintas Administraciones, tanto locales como Central, creemos que este artículo pretende ir más allá de lo que usted acaba de mencionar. Por lo tanto, tenemos que votar que no.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. ¿Algún Grupo desea fijar posiciones?

Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente: siete votos a favor y nueve en contra. Queda rechazada la Enmienda.

A continuación, votaremos el artículo 6, al cual no subsisten Enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente: dieciséis votos a favor; ninguno en contra; ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 6.

En el artículo 7 subsisten varias Enmiendas. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista para la defensa de la número 17... perdón, 27.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Gracias, señor Presidente. Estamos en lo que, aparentemente, es un contexto eminentemente burocrático o administrativo, y, sin embargo, nosotros pensamos que la Enmienda tiene bastante significación. Y tiene bastante significación por dos cuestiones diferentes:

En primer lugar, porque entendemos que, dado el montante total de los recursos que prevé la Ley para su desarrollo, y que se cifra en los 13.000.000.000 de pesetas en cuatro años, que, sin perjuicio de que sea una cantidad discutible y, en alguna medida, se puedan dar argumentos y razones para que pueda ser incrementada o mantenida en sus propios términos, lo cierto es que va a suponer, aproximadamente, en cuatro años, aproximadamente en torno a los 3.500.000.000 de pesetas/año, para programas tan extensos, tan exhaustivos, tan ambiciosos como son programas de incentivos industriales, programas de mejora del hábitat minero, con compromisos medioambientales importantes, programas de formación profesional y, en general, un conjunto de actuaciones que difícilmente van a poder ser garantizadas o, por lo menos, difícilmente van a poder ser subvenidas suficientemente con el montante de recursos previstos.

(-p.3034-)

Si esto es así, y parece razonable suponerlo -todos sabemos que los recursos son siempre escasos-, parece razonable, por los mismos motivos, establecer algún tipo de criterios de prioridad en las propias convocatorias. No nos estamos refiriendo a prioridad de unos tipos de actuaciones sobre otros; en ningún caso estamos sugiriendo que sea prioritario el incentivo a la inversión de la formación profesional o el hábitat por encima de la creación de suelo industrial, etcétera; no, no se refiere a esto. Se refiere al hecho de que sería útil y positivo que la propia Junta de Castilla y León, en el uso de sus atribuciones, en cada uno de los programas definidos, en cada uno de los artículos a los que hemos hecho referencia hasta ahora, generara algún tipo de prioridad de actuación, para que se obligue en la norma y los Grupos Parlamentarios podamos hacer un correcto control -del que se ha hablado antes-, un correcto control y seguimiento de las convocatorias, y no haya ninguna duda de que, efectivamente, en la propia convocatoria se limiten las posibilidades de discrecionalidad, que quedan enormemente abiertas en esta norma. Esto por una parte.

Y por otra parte, y en segundo lugar, desde un punto de vista de mecánica administrativa, no parece sensato que una orden de convocatoria no establezca ningún tipo de previsiones sobre las prioridades que la propia Junta debe establecer -porque nosotros no pretendemos sustituir a la Junta en este aspecto-.

Por todo ello, entendemos que sería sustancialmente mejorado el texto si se asume, en la misma línea que se asumió en Ponencia otra Enmienda del mismo tipo, la posibilidad del establecimiento de criterios prioritarios en las concesiones de ayudas, es decir, de una mejor definición de los márgenes de actuación de la propia Junta de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Jiménez-Ridruejo. Señor Amilivia, para un turno en contra.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Con carácter general, efectivamente, lo que señala el Portavoz del Grupo Socialista, pues, sería perfectamente aplicable y, evidentemente, podría generar una mayor objetividad a la hora de establecer las distintas ayudas. Pero yo quiero hacer ver que esta Enmienda que se hace al artículo 7 es una Enmienda que se pretende aplicar con carácter general a todo tipo de ayudas que establece esta Ley, es decir, tanto a las ayudas al hábitat minero, como a las ayudas al incentivo... perdón, al incentivo al sector minero, como a las ayudas que también se establecen a la diversificación del tejido económico.

Y los expertos en minería, ¿eh?, que son los que aquí aportan luz, señalan que es muy difícil poder establecer criterios prioritarios en la concesión de ayudas, cuando hablamos de ayudas al sector minero... incentivar al sector minero. Y ello porque las distintas explotaciones mineras, los distintos yacimientos que conforman las explotaciones mineras hacen casi imposible establecer criterios prioritarios. Es decir, no se puede comparar la cuenca de Palencia con la cuenca del Bierzo, o la cuenca del Bierzo con la cuenca de la zona norte de la provincia de León. Existen distintos yacimientos, existen distintas explotaciones, y eso hace que las prioridades, en función de cada zona, sean fundamentalmente diferentes. De ahí la dificultad de, con carácter general, establecer la obligatoriedad de señalar unos criterios prioritarios, que no podrían ser fácilmente aplicables en función de las distintas zonas mineras.

Y por ello nuestro Grupo, si bien le parece razonable, pues, que para otro tipo de ayudas, como podían ser las del hábitat, se podía establecer un criterio prioritario, que de hecho se está aplicando y que de hecho estará establecido en la propia norma que desarrolle mediante un programa concreto esta Ley, con carácter general -reitero-, nos parece difícil establecer criterios prioritarios. Por eso nos tenemos que oponer.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. Tiene la palabra el señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Aprecio enormemente, como siempre, porque debo decir que aprecio sus intervenciones enormemente siempre, por lo que tiene de buen juicio, de racionalidad, por lo que tiene de sentido común y de... en fin, buen talante. Pero quizá, quizá, me he explicado mal. Yo no me estaba refiriendo a si la Junta en un momento determinado puede hacer una valoración más positiva o menos positiva de una actuación en una empresa o en otra, en una zona o en otra. Nosotros no apelamos a ese término cuando hablamos, en el artículo 7.2.a)bis), de la adición de establecimiento de criterios prioritarios en la concesión de ayudas, sino que estamos mucho más interesados en resolver un problema que la propia Ley deja abierto y que nosotros creemos que va a tener especiales dificultades en la hora de su aplicación.

El artículo 2 -y pongo un ejemplo, pero se podría, perfectamente, llevar al ámbito de otras actuaciones concretas-, el artículo 2 establece, en los incentivos al sector minero, un conjunto de actuaciones que son tan amplias como diversas. Y no sería ninguna tontería, o podría ser un elemento positivo que la Junta estableciera, en el uso de sus competencias en política industrial... Yo soy un fiel partidario de la política industrial; lo he dicho aquí, lo he dicho siempre, lo digo dentro de mi partido, y eso no siempre es compartido, ni aquí ni en mi partido. Dentro del ámbito de la política industrial hay que hacer prioridades, y las prioridades las tienen que hacer los Gobiernos, a través de una valoración de planes.

(-p.3035-)

Y estas prioridades, lo que tienen que dar respuesta, en el artículo 2 -que pongo por ejemplo-, es si la Junta prefiere inversiones en infraestructura minera, o aquellas otras destinadas a favorecer o facilitar el acceso a las explotaciones, o preferiría la Junta poner más énfasis o una mayor carga económica en inversiones en seguridad minera, o podría ser más interesante establecer un frente de inversiones más intenso en el cuidado y mejora del medio ambiente; porque todas estas son actuaciones que recoge la Ley y todas ellas son tratadas con el procedimiento de incentivos al sector minero; por lo tanto, con la misma lógica, con la misma importancia relativa, entendemos nosotros que la Junta estaría facultada -y sería razonable que lo estuviera- para definir qué es lo que entiende que es prioritario a su juicio. Si usted me pide qué es lo prioritario para mí, yo lo definiría inmediatamente. Yo tengo un orden de prioridades muy claro, y lo podía establecer aquí ahora mismo. Y yo creo que la Junta también lo tiene, pero conviene que lo haga explícito, y conviene que lo haga explícito en el desarrollo de esta Ley, es decir, en los Decretos.

Y si nosotros establecemos este artículo, automáticamente condicionamos el desarrollo de los Decretos en un sentido positivo: el sentido de que la Junta le diga a los empresarios mineros cuál es su prioridad, cuáles son sus prioridades, y, por lo tanto, cuál sería la mejor utilización y destino del dinero público, sin más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Zenón. Don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Yo, reconociendo la validez de sus argumentos en lo que se refiere al fondo del asunto, yo creo que es que este problema ya lo hemos resuelto, y lo hemos resuelto en Ponencia, cuando aceptamos una Enmienda, que es al apartado a) del artículo 7, donde se dice "definición del objeto de la subvención con descripción de los conceptos subvencionables"; lo aceptamos a título de Enmienda. Yo creo que, efectivamente, si se reflejan en las normas de desarrollo de esta Ley cuáles van a ser los conceptos subvencionables, ya estamos estableciendo un orden de prioridad, a criterio de la Junta de Castilla y León, a fin de establecer las distintas ayudas.

Por lo tanto, y lo digo con toda sinceridad, me parece que es reiterativo, habiendo aceptado en el apartado a) que se han de describir los objetos subvencionables, volver a establecer un orden prioritario, que, por otra parte, ya está en el propio contexto de la Ley. Esa es mi forma de ver este asunto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. ¿Algún Grupo desea intervenir para fijar posiciones? Procedemos a la votación de la Enmienda.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

El resultado es el siguiente. Siete votos a favor. Nueve en contra. Ninguna abstención. Queda rechazada la Enmienda.

Antes de conceder la palabra a don Antonio Herreros, quisiera someter a su consideración la conveniencia de agrupar las Enmiendas 16 y 17.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Yo creo que sí, y además para hacerlo muy brevemente. Porque después del rechazo de la Enmienda número 11, en la que se solicitaba la existencia de una Comisión Mixta de seguimiento, cuya razón y motivo, pues, ya lo expliqué en su momento, y que todavía tenía esperanza para ver si en la que se planteaba por parte del Grupo Parlamentario Socialista, la número 25, se podía llegar a entender esa necesidad y conveniencia de la existencia de esa Comisión Mixta, que acaso era más radical el planteamiento que yo hacía, más que de una colaboración con las Administraciones y los agentes económicos y sociales, como, realmente, componentes integrantes directos, y se han perdido ustedes, pienso yo, con esa decisión en principio, no eso que llama usted "control de ley" (los mecanismos de control de la Ley por supuesto que son del ámbito de las Cortes); pero los elementos a los que usted hacía referencia, concretamente la Enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Popular, cuando dice "podrán acogerse a subvenciones", es completamente diferente; y ahí es donde, una vez que se -primero-, se perciben esas subvenciones, se hace el seguimiento posterior, para su adecuado conocimiento y para que estén sobre aviso, todo el mundo, de la correcta aplicación. Y sé que esto se puede interpretar, como se ha interpretado algunas veces, de exceso de celo, o acaso con la suspicacia de decir "usted sospecha de".

Yo sigo insistiendo en que la experiencia que hasta el momento hemos tenido, y tomo, precisamente, de las intervenciones del Grupo Parlamentario Popular en su día, cuando se discutió la Enmienda a la Totalidad, y del Grupo Parlamentario en su día, en la misma fecha se planteaba, que ya existían, ya habían existido ayudas, subvenciones, colaboración, pero que no habían dado los resultados apetecidos, y todo el mundo tiene la idea de que acaso no hayan sido los destinos más adecuados esos fondos, esas ayudas.

Por tanto, a estas alturas, la Enmienda número 16, que dice que, como requisito, en la convocatoria figure acta de constitución de un órgano mixto de seguimiento de la aplicación de las ayudas y recursos públicos, la verdad, ya no tiene razón de ser, una vez que no se ha entendido ni la Enmienda 11 nuestra, ni la 25 del Grupo Parlamentario Socialista.

Y tampoco, a su vez, la número 17, que dice: "compromiso escrito y ratificado por el órgano mixto de seguimiento".

(-p.3036-)

Si ustedes no van a aceptar o entender la necesidad y conveniencia de ese órgano mixto, ninguna de las dos tendrían sentido. Pero yo creo que sí es importante que se mantengan, se planteen, incluso se voten, porque me parece que es una de las cuestiones que hemos demandado todos, que se han dado compromisos, de alguna manera, sobre ellas, y que ahora, inopinadamente, no se encuentra ningún motivo razonable para que ni en un sentido ni en otro se acceda a un órgano que aliviaría mucho la carga, tanto para la Junta como para estas Cortes, y garantizaría todo el proceso. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Herreros. ¿Algún Grupo desea intervenir en contra? Señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Bueno, realmente, es reiterar un poco lo que señalé el otro día. Es decir, yo creo que a veces se olvida, y quizá se olvida por la experiencia política que ha vivido España, y quizá también por el juego partidista que en ocasiones se produce, que, en principio, la Administración, según dice la Constitución Española, sirve con objetividad a los intereses generales; es decir, al margen del Gobierno, existe la Administración, y la Administración tiene la obligación de servir con objetividad los intereses generales. Y yo soy, pues, un manifiesto defensor de la Administración y del papel de los funcionarios de la Junta de Castilla y León, que creo que, realmente, sirven objetivamente a los intereses de los ciudadanos.

Cuando se trata de desarrollar una Ley de este tipo, existen dos tipos de controles en democracia: uno, el control político, que es el control externo, que es el control que desarrollamos todos nosotros, los que tenemos un mandato popular para controlar a los distintos Gobiernos, o para en su caso sustentarlos, que es el que se produce en estas Cámaras; y un control interno, un control administrativo, que es el que tienen que llevar a cabo los servicios administrativos de distintas Administraciones. Y yo digo que el control interno está perfectamente señalado por las distintas disposiciones legales que regulan el funcionamiento de la Administración en la Junta de Castilla y León, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que, por lo tanto, no es bueno, no es bueno, aunque en un caso concreto pueda serlo. Es decir, puede darse el caso de que en una determinada empresa sea bueno crear una comisión específica de seguimiento, como puede ser el caso de la MSP. Pero, con carácter general, los sindicatos tienen que asumir su papel institucional, representativo de intereses profesionales que les son propios; los partidos políticos, su papel de control político, de a quién le corresponde, o de formar gobierno en su caso, y la Administración, ese control interno que he mencionado antes. Confundirlo todo, pues, yo creo que al final no es bueno para ninguna de las partes implicadas, y mucho menos para el buen desarrollo de una Ley como ésta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. Para réplica, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Yo coincido con usted en que ese es el papel que deben jugar las Administraciones, pero no lo juegan. Y también se puede plantear la cuestión aquí, y es que está usted sometiendo a duda... Desafortunadamente, no es que someta a duda, sino que la propia experiencia nos lleva a extremar en algunos casos, en razón de la crisis además, en razón de la exigüidad de los recursos también, e, incluso, yo diría que, concretamente, la Enmienda número 17, yo creo que hay un compromiso de esta Administración, de todas las Administraciones, en cuanto a la creación, el mantenimiento del empleo, y creo que sería perfectamente viable, sin menoscabo de la Administración y sin menoscabo de las Cortes, que ejercerían el control de lo que es el propio desarrollo de la Ley, pero no la aplicación concreta en cada uno de los supuestos, por esa diversificación de la que hablábamos anteriormente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Herreros. Para dúplica, el señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Yo, simplemente, manifestar que la preocupación de la Junta de Castilla y León se manifiesta claramente, de cara a obtener la opinión de los agentes sociales, al haber creado el Consejo Económico y Social, enviar, de acuerdo con la Ley del Consejo Económico y Social, esta Ley, y conocer su opinión, tanto en esta Ley como en otras muchas que tienen una importancia fundamental de cara a la política industrial.

Pero, efectivamente, yo creo que ese papel no se debe confundir con un papel de control a posteriori, que reitero que creo que no es, con carácter general, ni bueno, ni adecuado, ni eficaz, porque yo dudo mucho de la eficacia de ese tipo de comisiones de seguimiento. Dudo tanto de esa eficacia que, como decía el otro día, estoy convencido que, en función de qué empresa se trate, y en función de qué Comité de Empresa se trate, y en función de qué concretos intereses existan en esa empresa, se pueden producir los mismos efectos confusos que usted teme que se produzcan de lo contrario. Es más, creo que se van a producir muchos más.

Por tanto, yo es que sinceramente creo que este tipo de comisiones, al final, en la práctica son un brindis al sol, que, teóricamente, van a garantizar un buen seguimiento de estas subvenciones, pero creo que no van a tener la eficacia que usted mantiene.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para fijación de posiciones, ¿algún Grupo desea...? Señor Zenón.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

(-p.3037-)

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: La Enmienda de Izquierda Unida va en la misma dirección y pone énfasis en los mismos aspectos que la Enmienda 25 de los Socialistas, y no voy a entrar en reiterar argumentos.

Hay un tema que me preocupa enormemente, y es: sistemáticamente exigimos o estamos exigiendo de la Administración Central del Estado que aplique modelos similares y criterios similares de actuación en Asturias que en Castilla y León. Y ya hemos discutido más de una vez que, efectivamente, son criterios similares sólo en una parte de las cuestiones que se plantean, porque, cuando uno va al detalle, pues, luego se da cuenta de que efectivamente no es así. Exigimos a la Administración Central que participe en la financiación en forma equivalente del sector minero castellano-leonés a como se hace con el sector minero asturiano, cuando, en realidad, todos sabemos que no es susceptible de defensa y mantenimiento un tratamiento similar, por cuanto el sector minero asturiano es sector público, y, por tanto hay una responsabilidad expresa y específica del sector público; pero aceptamos todos ese argumento. Pero héteme aquí que, cuando nos planteamos el modelo asturiano, nos quedamos sólo en la exigencia a la Administración Central, pero nos olvidamos de dos cuestiones que caracterizan al modelo asturiano de actuación, que es, por una parte, la participación de las Administraciones en presencia, o con competencias, o con intereses en la zona, sean ayuntamientos o diputaciones, y, desde luego, la participación de los agentes sociales. En el modelo asturiano esto aparece claramente; en el modelo castellano-leonés, esto desaparece automática y radicalmente.

Es poco sensato pensar que exijamos a la Administración Central adopte actuaciones en Castilla y León, cuando no estamos dispuestos a conceder un mayor o un similar nivel de generosidad respecto a los distintos agentes sociales, o a las Administraciones Públicas.

Por otra parte, yo no sé si el texto de Izquierda Unida no es más flexible, o más... menos riguroso que el texto socialista, y, si no entiendo mal, dice: "seguimiento de la aplicación", que no es para nada control; es simplemente seguimiento de la aplicación.

Por tanto, parece... yo entendería que la palabra "control" le moleste al Grupo Parlamentario Popular, pero lo que no entiendo es que la participación de las Administraciones, o, en este caso, de los agentes sociales, y la capacidad de seguimiento que se pueda establecer a través de algún tipo de órgano o de sistema mixto pueda suponer ningún tipo de límites a la capacidad y al margen de maniobra o actuación de la propia Junta de Castilla y León.

Nosotros, por lo tanto, nos posicionamos a favor de la Enmienda de Izquierda Unida, pese a que entendemos que se circunscribe exclusivamente al control, o, si quiere usted, al seguimiento y aplicación, para ser más correctos, de las ayudas y recursos públicos con, digamos, representantes empresariales y sindicales, y en un sentido ligeramente más reducido o restringido que el que nosotros planteábamos. Pero, desde luego, como va en la misma dirección, votaremos a favor de la propuesta, de la Enmienda de Izquierda Unida.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Jiménez-Ridruejo. Procedemos a la votación de las Enmiendas 16 y 17 agrupadas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente: siete votos a favor, nueve en contra, ninguna abstención. Quedan rechazadas las Enmiendas números 16 y 17 presentadas por el Procurador don Antonio Herreros Herreros.

A continuación votamos el artículo 7 en su totalidad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente: nueve votos a favor, siete en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 7.

Al artículo 8 no subsisten enmiendas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente: quince votos a favor y uno en contra... ninguno en contra y una abstención. Queda aprobado el artículo 8.

Tiene la palabra, a continuación, don Antonio Herreros Herreros para defender su Enmienda número 18 a la Disposición Adicional Primera.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente en este caso, porque en principio es modificar, manteniendo el texto tal cual, la cifra que ahí viene expresada en un total de 13.000.000.000 de pesetas por un total de 20.000.000.000 de pesetas. Y como se han producido interpretaciones ya en la Ponencia que pueden restar la afirmación, que yo creo que está implícita en la propia Enmienda, yo no tendría ningún tipo de inconveniente, si así se entendiera por parte del Grupo Parlamentario socialista, en sumar, o añadir, o complementar la Enmienda número 30, para que no quede ningún tipo de duda respecto de la interpretación que yo doy a la propia Enmienda que yo he escrito.

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Digo esto porque incluso se planteaba que podía ser, o tener un carácter más limitante. No lo entiendo así, puesto que la limitación viene expresada en la propia Disposición Adicional Primera con una cuantificación concreta, y lo único que se hace en la Enmienda que yo pretendo, en virtud del carácter amplio que se pretende dar a esta acción, a este programa de actuación minera, y en virtud de los recursos, que precisarían un mínimo de garantía de desarrollo de este programa de actuación minera, es incrementar en 7.000.000.000, sin restar en absoluto el resto de las acciones de las Consejerías, el resto de los planes que por otros lugares puedan plantearse, tal como en su día planteamos o defendimos cuando entendíamos la diferenciación en cuanto a las incompatibilidades con otras ayudas o subvenciones.

Por consiguiente, en virtud también de los propios estudios realizados por el Consejo Económico y Social, me parece que sería importante tener esto en consideración y aumentar esa cuantía. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ¿Algún Grupo desea intervenir en contra? Señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Me gustaría comenzar aclarando algún asunto que se ha planteado en relación con la anterior Enmienda y en relación con la participación de los agentes sociales en Castilla y León. Yo tendría que decir que, efectivamente, la Comunidad Autónoma de Castilla y León consigue importantes acuerdos sociales y que los pactos sociales en Castilla y León, independientemente del color de este Gobierno, han sido más comunes que los que se llevan a cabo con otras administraciones, que, teóricamente, éstas serían más proclives a alcanzarlos.

Esta Ley ha intentado en todo momento la participación de los agentes sociales. Evidentemente, como usted sabe, en el Consejo Económico y Social están los agentes sociales. Por si fuera poco, se ha enviado a la Comunidad Económica Europea. Por si fuera poco, la conoce la Administración Central. Pero querer confundir o querer establecer equiparaciones entre el tema minero en León y en Palencia, en Castilla y León, y el tema minero en Asturias, es yo creo que un ejercicio peligroso. Es decir, desde todos los puntos de vista se sabe que, en este momento, el tratamiento singular que está recibiendo Asturias se debe en gran medida a la participación de los agentes sociales, y se debe en gran medida a la confusión que existe entre la fuerza política que dirige el Partido... perdón, que dirige el Principado Asturiano y los propios sindicatos. Es decir, ustedes saben que no es extraño el que muchos de los representes sindicales del Partido Socialista.... perdón, de UGT en Asturias sean al mismo tiempo Diputados del PSOE. Por lo tanto, nosotros estaríamos encantados. Y ése nunca sería el problema, nunca sería el problema.

Lo que ocurre es que el diagnóstico que se ha dado a nivel nacional de la situación de Asturias no ha coincidido con el diagnóstico que se ha dado de la situación de León. Pero está claro que eso no ha sido, efectivamente, porque esta Comunidad Autónoma no cuente con la participación de los agentes sociales, sino, precisamente, por otra serie de valoraciones, que no me importaría entrar en ellas.

En cuanto a la Enmienda que hace el Grupo de Izquierda Unida, yo lamento decirle que es la típica estrategia de Oposición. Es muy fácil decir que por qué, en lugar de 13.000, no son 20.000 ¿y por qué no decimos 50.000 ó 100.000? El problema es que los recursos son escasos. El problema es que, si aquí ponemos 20.000.000.000, de algún lugar habrá que restarlos. El problema es, como usted sabe, que esta Comunidad Autónoma tiene una capacidad presupuestaria limitada, y que este esfuerzo que hace la Junta de Castilla y León en este momento es un esfuerzo importante. Posiblemente, no el esfuerzo suficiente; por eso estamos reclamando la participación de la Administración Central. Fíjese usted, si fuera verdad los datos que se está dando para Asturias, que se habla de 600.000.000.000, pues, efectivamente, esto sería algo irrisorio. Pero, de cara a nuestra propia Administración Autonómica y de cara al esfuerzo presupuestario que puede hacer nuestra Comunidad, es un esfuerzo importante y es un esfuerzo relevante para nuestra capacidad presupuestaria.

Por ello, efectivamente, a mí me gustaría coincidir con usted en que no fueran 13, sino que fueran 20 ó 50 ó 100; pero, lamentablemente, esta Enmienda tendría que ir acompañada de una segunda parte, donde usted dijera: 13.000.000.000 más 7.000, y menos 7.000 en estas otras partidas presupuestarias. Y yo eso no lo veo por ninguna parte.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. Para réplica, don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Desde luego, tenga usted absoluta garantía y seguridad que en mi ánimo está eso; lo que pasa es que yo no me voy a meter a ser o a formar parte del Legislativo del Estado, entre otras razones, pues, porque no me ha tocado todavía. Pero nuestra solicitud, nuestro planteamiento es absolutamente claro. Y le digo aún más: ¿por qué no 50? Pues, efectivamente, tiene razón; y se recordará que en la Ponencia nosotros planteábamos que, inmediatamente concluido el programa de actuación minera para el periodo comprendido cronológicamente aquí, sí queremos realmente no vender palabras, sino a apuntar que vayan solucionándose algunos de los problemas, lo lógico es que esto prosiga, y además prosiga con ese incremento cuantitativo, tanto desde la Administración Autonómica como desde el resto de las Administraciones. Y digo del resto de las Administraciones con consciencia de lo que digo: no exclusivamente de la Administración Central, que también; las Administraciones Locales, o provinciales, yo creo que tienen también que decir alguna cuestión al respecto.

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¿Y por qué esa cuantía? Yo me baso también en esa participación a la que usted hacía referencia; concretamente se hace expresión, como primera recomendación final del Consejo Económico y Social, precisamente entendiendo que ha habido una valoración de cuáles son las actuaciones que se pretenden. E, insisto, yo apoyaré -ya lo anticipo-, no es muy común, pero yo apoyaré expresamente la siguiente Enmienda, y, si lo digo, no es con otro ánimo más que el de poder contemplar en su conjunto, por parte de toda la Comisión, las dos Enmiendas al unísono.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para dúplica, tiene la palabra don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Precisamente, el Consejo Económico y Social lo que hace es señalar el importante esfuerzo que hace la Junta de Castilla y León al aumentar las dotaciones presupuestarias en relación con otros ejercicios. Y si no me equivoco, dice textualmente que espera que estas partidas no se detraigan de otros presupuestos de otras Consejerías. Por lo tanto, efectivamente, el esfuerzo, reitero, si no es suficiente, al menos es un esfuerzo importante.

Y tengo que coincidir con usted que hemos sido todos los que hemos aceptado la continuidad de este Programa, es decir, estamos todos de acuerdo en que, agotado el año noventa y cinco y, por lo tanto, agotado el ámbito de actuación de este Programa, se plantee dotarla de vigencia. Pero el problema no es ése; el problema es que existe una limitación presupuestaria reflejada en cada ejercicio presupuestario, en este caso referida a tres presupuestos, que no es tan fácil aumentarla con los actuales medios de la Junta de Castilla y León y con sus actuales competencias.

Y me parece razonable decir también que muchas veces hablamos de la insuficiencia de medios con que la Comunidad Autónoma de Castilla y León intenta resolver los problemas de las cuencas mineras. Compárese, compárese el tratamiento que ha dado Aragón a los problemas de su cuenca minera en Teruel, etcétera, etcétera. O Cataluña, que también tiene una cierta cuenca minera. O compárese el tratamiento que ha hecho Asturias. Al final tendremos que coincidir que la primera Administración que afrontó económicamente las dificultades de las cuencas mineras, las dificultades provenientes de la crisis del carbón, fue la Junta de Castilla y León, la primera que destinó medios y la que está haciendo, comparativamente, de acuerdo con sus presupuestos, un esfuerzo relevante y el esfuerzo más importante.

Efectivamente, si nosotros en este momento tuviéramos el mismo tratamiento que está recibiendo, por los motivos que sea, y algún Grupo podrá justificarlos como razonables, pero el mismo tratamiento que han recibido otras cuencas mineras de España, pues, es posible que este debate no existiera, porque no fuera necesario aportar en estos momentos ningún tipo de aportación económica. Pero, lamentablemente, estamos en una Comunidad que está afrontando fundamentalmente en solitario el tratamiento de sus cuencas mineras y está haciendo un esfuerzo económico importantísimo para lo que son sus presupuestos. Y eso creo que es así, y es un dato que se puede constatar perfectamente con otras Comunidades Autónomas y con otras situaciones comparables.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. ¿Algún Grupo desea intervenir para fijar posiciones? Procedemos a la votación de la Enmienda número 18 de don Antonio Herreros. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Un voto a favor, nueve en contra, seis abstenciones. Queda rechazada la Enmienda número 18.

Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista para la defensa de la Enmienda número 30 de su Grupo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Dos palabras a propósito de un debate que se arrastra. Todos valoramos positivamente la importancia de la participación del Consejo Económico y Social en las deliberaciones previas -y remarco-, previas, para la elaboración de las normas de las leyes que a todos nos conciernen. Es muy importante, son muy importantes los acuerdos con las centrales sindicales, qué duda cabe, y el entendimiento entre Administraciones, que me temo que se le ha olvidado, pero que es igualmente muy importante en las condicionantes "es ante" o previas del desarrollo de la normativa.

Pero no estamos hablando de eso, yo creo que el señor Herreros no estaba planteando anteriormente ese tema. Cuando los Socialistas e Izquierda Unida, y, por lo que he visto, también el Centro Democrático y Social, planteamos el seguimiento, estamos hablando no de consideraciones previas, sino de consideraciones "es post", es decir, de valoraciones sobre el seguimiento de actuaciones realizadas. Se me puede decir -y es correcto que se me diga- que hay un seguimiento parlamentario. Es verdad. Seguimiento difícil, muy difícil, porque, por activo y por pasivo, hemos reclamado el control de eficiencia y eficacia que marca nuestro Estatuto para cualquier programa, para un programa de los cincuenta y dos programas de la Junta, y todavía no hay, al menos en lo que nosotros sabemos, ningún instrumento de seguimiento para ninguno de los programas. Por tanto, un seguimiento parlamentario complicado, complejo.

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Nosotros creemos que las comisiones de seguimiento tienen o tendrían una triple condición. Uno: incrementar la participación de agentes sociales y administraciones involucradas. Dos: fomentar la colaboración a la resolución de problemas comunes. Y tres: contribuir a la información de todos y cada uno de los agentes respecto de las actuaciones de la Junta de Castilla y León. No aceptar que esto pueda ser un trabajo adicional al que ya realiza el Consejo Económico y Social no nos parece razonable.

Pero vayamos a la Enmienda que nos toca, que yo creo que es complementaria y va en la misma dirección, pero no se expresa en cifras, de Izquierda Unida. Porque, efectivamente, uno podría decir siempre por qué 20.000.000.000 de pesetas sí y 13.000.000.000 no, por qué se han establecido 13.000.000.000 y no otra cifra. A nosotros no nos preocupa tanto la cifra. A nosotros lo que nos preocupa es que, gracias a la decidida actitud de negociación del Grupo Popular -todo hay que decirlo- en la Ponencia, que ha ido admitiendo sistemáticamente Enmiendas de todos los demás Grupos hasta transfigurar, yo diría que hasta modificar el sentido último de esta Ley, llevándola desde una Ley sectorial a lo que ya es, a mi juicio, hoy, una Ley de zonas mineras, es decir, una Ley territorial y no tanto una Ley sectorial, gracias a esto nos encontramos que probablemente los 13.000.000.000 de pesetas no vayan a ser suficientes.

Pero lo que nos tememos nosotros es una cuestión aún, si cabe, más grave. Y es que, como quiera que dificultades presupuestarias racionales, de todo tipo, van a plantearse en un próximo futuro para esta Administración y las demás, tal vez hubiera la tentación para el Consejero de Economía de suponer que cualquier programa sectorial de los que contempla esta Ley y no ha sido cuantificado ni desarrollado en ella pueda ser considerado a cuenta de los 13.000.000.000 de pesetas que aquí aprobamos. De manera que cualquier plan de fomento que se realice en zonas mineras pueda decir que ya está cubriendo una parte de los 13.000.000.000. O que si hay un proyecto de formación profesional en curso, afecto al Fondo Social Europeo, pueda decirse que ya forma parte de los 13.000.000.000. O si hay un plan de turismo, que aquí no se desarrolla, pero que se contempla, pudiera perfectamente plantearse que se trata de un plan que ya debe ser computado a cuenta de los 13.000.000.000. Y el resultado sería que los 13.000.000.000 no son sino la adición de todos y cada uno de los programas que la Junta hoy ya tiene presupuestariamente consignados, y en realidad estaríamos vendiendo políticamente un Proyecto de Ley cuyo contenido sería vacío.

Por ello, entendemos nosotros que la mejor garantía de la aplicación específica de estos 13.000.000.000 -o, si la Junta puede más, más; pero la manifestación de la Junta de los 13.000.000.000 es al menos expresa- es que se incorpore una disposición o una adición al final del párrafo que indique que estos 13.000.000.000 son sin perjuicio de los recursos necesarios para dar cumplimiento a otros programas sectoriales que aquí se han señalado, de otras Consejerías con actuaciones en la zona, y, por lo tanto, que no se computen a cuenta de los 13.000.000.000. Siendo así, yo creo que podríamos razonablemente decir que la Junta, si se acepta esta Enmienda, entonces podríamos decir que, efectivamente, la Junta ha hecho un esfuerzo específico. Si no se conjuga o se computa así, entonces lo que estaríamos es en la tentación de decir que esta Ley no es otra cosa que una cortina de humo para tapar actuaciones ya previstas.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Jiménez-Ridruejo. Turno en contra, señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Gracias. Sí, efectivamente, el desarrollo de esta Ley va a ser complementado por actuaciones sectoriales de la Junta de Castilla y León llevadas a cabo por otras Consejerías. Yo creo que eso ha quedado claro tanto en el debate a la totalidad que llevamos en su día, como en la propia Ponencia, como creo que quedará claro hoy mismo. De acuerdo con eso, nuestro Grupo presentó una Enmienda, que fue aceptada en Ponencia, que decía que las acciones previstas en esta Ley serían complementadas por las actuaciones sectoriales de la Junta de Castilla y León y que contemplarían, al menos, las políticas de comunicaciones... Recuerdo que en este sentido nuestro Grupo presentó otra Enmienda estableciendo el compromiso de hacer un plan específico de comunicaciones para las cuencas mineras. Continuaba: dinamización industrial, recuperación medioambiental (también recuerdo, en este sentido, que nuestro Grupo, en este caso a sugerencia del Grupo Socialista, aceptó una Enmienda en la que se recoge el compromiso de hacer un programa específico de actuación medioambiental) y turismo para las zonas mineras, que deberían obtener -se dio en nuestra Enmienda, ya incluida en el texto-, obtener la participación económica de todas las Administraciones implicadas. Es decir, está clarísimo que va a existir una actuación sectorial complementaria al desarrollo de esta Ley. Y eso, efectivamente, lo deja perfectamente claro la Disposición Adicional Primera, y yo creo que aquí lo claro es lo que está reflejado en este artículo y que añadir nuevos textos sólo puede añadir elementos de confusión. Dice la Disposición Adicional Primera que el Programa constará de un total de 13.000.000.000 de pesetas destinados a financiar las acciones que se contemplan en la presente Ley. Es decir, queda claro que esos 13.000.000.000 tienen como objetivo financiar las actuaciones de la presente Ley. Y que, como hemos establecido en la Exposición de Motivos, esas acciones serán complementadas con otras actuaciones sectoriales referidas anteriormente.

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Quiero también recordar, en este sentido, que, efectivamente, si aquí se pretendiera incluir todas las actuaciones sectoriales que lleva a cabo la Junta de Castilla y León, posiblemente tendríamos que incorporar otras muchas, otras muchas. Por ejemplo, cuando la Junta de Castilla y León está haciendo un centro de salud en cualquier municipio minero, está haciendo una actuación en una zona minera. Cuando la Junta de Castilla y León está dando cualquier tipo de ayuda a cualquier ayuntamiento minero, por ejemplo, para fomentar viviendas sociales, etcétera, etcétera, también está llevando a cabo una actuación en zona minera. Lo que quiere decir que, si aquí lo que se pretendiera es un objetivo político como el que usted quiere hacer ver, un objetivo que implicara una cortina de humo, hubiera sido mucho más fácil para nuestro Grupo haber implicado aquí todas las actuaciones sectoriales que hoy ya están llevándose a cabo por la Junta de Castilla y León y que se van a llevar a cabo en todas y en cada una de las actuaciones presupuestarias.

Por tanto, yo creo que así queda contestado. Está claro que los 13.000.000.000, del literal de la Disposición Adicional Primera, quedan vinculados a las actuaciones previstas en la presente Ley, y que existirán otras actuaciones sectoriales específicas, que, como es obvio, llevaran un tratamiento presupuestario diferente. Y yo, sinceramente, creo que las leyes deben ser cortas y las leyes deben ser claras, y que esto es una aclaración más política, la que ustedes quieren en este momento, pues, llevar a cabo, que una aclaración de carácter legal o de carácter jurídico, que esclareciera los fines de este Proyecto de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. Para réplica, señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Pero es que se han incluido Enmiendas, se han incluido Enmiendas que contemplan actuaciones que no estaban previstas en los 13.000.000.000. Y una de dos: o minoramos los 13.000.000.000 y, en el fondo, lo que estamos haciendo es, con los mismos... con las misma restricción presupuestaria, acudir a subvenir un mayor número de proyectos sectoriales, o de programas sectoriales, o, si teníamos la intención de aplicar 13.000.000.000 de pesetas para actuaciones muy precisas, que iban en una triple dirección, si no me recuerdo mal, y creo que está en el texto inicialmente presentado, de incentivos a la inversión, comunicaciones y hábitat minero, si para eso teníamos previsto 13.000.000.000 y hemos aceptado la incorporación de compromisos medioambientales y hemos aceptado la incorporación de compromisos turísticos, y hemos incorporado, hemos contemplado la incorporación de elementos relativos a otras actividades económicas y sectoriales, e incluso hemos dicho, conforme con una enmienda que ustedes mismos han aceptado, que contemplen programas sectoriales adicionales, pues siempre cabe la posibilidad de que todas estas actuaciones que no estaban contempladas en la Ley y que ahora se incorporan, de una forma directa o indirecta, puedan ser financiadas con la misma restricción presupuestaria de 13.000.000.000.

Entonces, en el fondo, esto estaría dando razón a la Enmienda anterior, y sería cierto que habría que establecer un montante cuantitativo mayor, porque, efectivamente, la Ley está contemplando, en las Enmiendas, unos mayores compromisos políticos.

Pero no es sólo por esto. Si el texto no añade ningún compromiso que no desee la Junta, ¿por qué no se acepta?; si el texto que nosotros enmendamos queda completado y cerrado, garantizado, ¿por qué no se acepta la Enmienda? ¿Corremos algún riesgo con ese texto? Ningún riesgo.

Político es todo. Decíamos, cuando éramos más jóvenes, que lo que no es Química es Política. Sigo pensándolo hoy. Político, ¡claro que es política la Enmienda! política económica. Sin duda ninguna.

Por lo tanto, en definitiva, ¿qué obstáculo hay para que, garantizando una aplicación en la línea de lo establecido por las Enmiendas que hemos establecido, sin compromisos presupuestarios adicionales...? Pero con el rigor que supone garantizar que los 13.000.000.000 aquí comprometidos vayan exactamente a cubrir lo que la Ley quiere cubrir, y no los programas sectoriales que hemos adicionado vía Enmienda.

Si no se quiere aceptar, entonces, la sombra de una sospecha -título de película-, la sombra de una sospecha podría venir a colación; entonces, podríamos decirle a los ciudadanos que la Junta de Castilla y León, o, en este caso, el Partido Popular o el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, no ha querido clarificar su posición respecto a la cuantía total, al montante total de los recursos de lo que específicamente por esta Ley se va invertir o a utilizar en estas zonas afectadas.

Por ello, puesto que no supone ningún compromiso adicional a la Junta de tipo presupuestario, sino una clarificación de los compromisos de todos nosotros con las zonas mineras, no veo ningún obstáculo para aceptar esta Enmienda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Zenón Jiménez-Ridruejo. Para su turno, don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Yo quiero recordar que en Ponencia estuve dispuesto a matizar esta Enmienda, y precisamente para no generar las dudas que la propia Enmienda genera, porque yo creo que lo que usted plantea es producto de su propia Enmienda; es decir, las dudas que aquí se plantean en voz alta son producto de la propia Enmienda que ustedes proponen. Sin esa Enmienda, al menos a juicio de mi Grupo, no existen tales dudas.

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Si la Disposición Adicional Primera señala que esos 13.000.000.000 están destinados a los objetivos de la presente Ley, queda clarísimo que esos 13.000.000.000 tienen un fin y solamente un fin, que son los objetivos de la Ley.

Y si nosotros señalamos en una Exposición de Motivos que las acciones previstas en esta Ley -literalmente- serán complementadas por otras actuaciones sectoriales, indudablemente, estamos diciendo que esas actuaciones sectoriales deberán tener un tratamiento presupuestario diferente al de la propia Ley. Luego yo creo que eso está totalmente aclarado.

Es decir, existen unos objetivos para los que se hizo esta Ley, que tienen una dotación de 13.000.000.000 de pesetas; existe un mandato, que nosotros hacemos con esta Ley, a la Junta de Castilla y León, de llevar a cabo otras actuaciones sectoriales, y ese mandato y esas actuaciones sectoriales, distintas a las que se presupuestan en esta misma Ley, deberán tener un tratamiento presupuestario en otro momento y en otro presupuesto, o coetáneamente a este presupuesto.

Yo creo que eso queda totalmente claro. Lo que hemos hecho nosotros al establecer esta Enmienda a la Exposición de Motivos, aceptada por todos, es precisamente eso, decir claramente: miren ustedes, la actuación de la Junta en las zonas mineras, el tratamiento de la Junta a las zonas mineras no se agota con esta Ley, existen otras actuaciones sectoriales. Y nosotros queremos que esas actuaciones sectoriales se regulen al margen de esta Ley, y precisamente en la línea que marcamos: actuación medioambiental, dinamización industrial, turismo, etcétera, etcétera, pero, efectivamente, al margen de los objetivos de esta Ley, que ya tienen un compromiso político y económico de 13.000.000.000 de pesetas.

Por tanto, yo creo que con este texto, con la enmienda que hemos hecho a la Exposición de Motivos, queda perfectamente aclarado cuáles son las actuaciones sectoriales diferentes y qué tratamiento, diferente también, tendrán en su momento.

Con su Enmienda, las dudas que ha planteado antes yo las hago mías, y, efectivamente, generamos la duda a todos los destinatarios de la Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. ¿Algún Grupo desea fijar posiciones? Procedemos a la votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente: siete votos a favor, nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la Enmienda número 30 del Grupo Socialista.

Votamos a continuación la Disposición Adicional Primera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente: nueve votos a favor, siete en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la Disposición Adicional Primera.

En la Disposición Adicional Segunda subsisten las Enmiendas... la Enmienda número 19 del Procurador don Antonio Herreros Herreros. Tiene la palabra para su turno a favor.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Yo creo que se trata simplemente de esa potencialidad ambigua que significa que los remanentes o créditos que no se ejecuten se podrán incorporar al estado de gastos del presupuesto del ejercicio siguiente, que ya expresa una voluntad. Nuestra pretensión es que elimine esos límites anteriormente vistos, en la Disposición Adicional Primera, que cierre esas puertas que quedan absolutamente abiertas a la interpretación del "podrán", potestativo. Porque si queremos realmente proseguir, como se contemplaba en el artículo primero, con acciones de futuro, pues, digámoslo claramente. Es decir, prosigamos la acción, y en vez de decir: "podrán incorporarse", digamos: "se incorporen", o "se incorporarán al ejercicio siguiente", entendido como fórmula cronológica sucesiva, puesto que es del noventa y dos al noventa y cinco, y puesto que es una partida presupuestaria global, como se ha dicho en el artículo anterior.

Por consiguiente, eliminaríamos ese escepticismo y daríamos la continuidad con claridad meridiana. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Herreros. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? ¿Algún Grupo desea fijar posiciones? Don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí, es que no he utilizado un turno en contra porque el otro día, precisamente, ya intervinimos en ese sentido en una enmienda similar.

Manifestar que para nosotros no es una cuestión semántica, es una cuestión distinta; puede restar discrecionalidad a la Junta, y, efectivamente, es necesario priorizar en una Ley que tiene una limitación presupuestaria. De ahí que no podamos aceptar el cambio del término "se podrán incorporar" por "se incorporarán", como ya el otro día manifestamos, por otra parte, con una Enmienda que ustedes... o creo que era del Partido Socialista; pero, al fin y al cabo, era la misma Enmienda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ¿Algún Grupo desea intervenir, aparte del Grupo Popular? Procedemos a la votación.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente: dos votos a favor, nueve en contra, cuatro abstenciones. Queda rechazada la Enmienda número 19 a la Disposición Adicional Segunda.

(-p.3043-)

Votamos a continuación la Disposición Adicional en su integridad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado es el siguiente: nueve votos a favor, dos en contra, cuatro abstenciones. Queda aprobada la Disposición Adicional Segunda.

En la Disposición Adicional Tercera subsiste la Enmienda número 20 del Procurador don Antonio Herreros Herreros, que propone la supresión de la Disposición Adicional.

Tiene la palabra don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Precisamente, si cabía alguna duda en la interpretación respecto de la cuantificación en el programa, si cabía alguna duda en la necesidad de incorporar mayores cuantías, si cabía algo, para mí queda absolutamente ratificada con esta Disposición Adicional Tercera, porque, aunque sea una cuantía menor, que es uno de los argumentos que se utiliza, lo que no cabe la menor duda es que, cuando se dice: "quedan integradas en el programa de actuación minera las acciones correspondientes a la Administración Regional en el programa operativo RECHAR"... Miren ustedes: no.

Creo que incluso esto, en puridad, yo sugeriría una nueva redacción, porque es absolutamente contradictorio con lo que se ha aprobado anteriormente, con esa totalidad a la que se hace referencia precisamente en la Adicional Primera, para después decir que queda incorporado. Puede quedar incorporado a efectos de unidad en la acción, pero no en unidad presupuestaria; de lo contrario, ya estamos reduciendo los 13.000.000.000 con aquellas otras cuestiones que puedan plantearse en el programa operativo Rechar y los compromisos que haya adquirido la Administración Regional en el mismo.

Por tanto, yo creo que lo lógico es que se suprima, para decir: eso va por su camino; tenemos la potestad, o tiene la Administración autonómica la potestad de complementar los programas operativos de todo género para dar una finalidad completa a lo que se pretende, de recuperación de un sector en crisis, y no tenemos necesidad de involucrarlos o interconectarlos, que puede dar lugar a más problemas.

Y, de paso, ya diría que cuando en la última parte, en la última línea dice: "pudieran articularse también en el futuro con cargo a fondos comunitarios", pues todavía no queda muy claro qué es eso de los fondos comunitarios; no sé si son de los fondos de la Comunidad Económica Europea todavía, o qué otros fondos se pueden plantear. Pero está en la misma línea de entrar en colisión o intentar minorar el compromiso que se pretende adquirir mediante este Proyecto de Ley, si se produjera otro tipo de actuaciones desde ese ámbito.

Temo mucho que no, porque la intencionalidad de la Comunidad Económica Europea no es, precisamente, sino la contraria en este sector concreto.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Herreros. ¿Algún Grupo quiere intervenir en contra? Don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Simplemente para manifestar que los fondos RECHAR, el programa operativo de los fondos RECHAR son perfectamente complementarios con los objetivos de la presente Ley. Como sabe usted, los fondos RECHAR están destinados, en este caso, bien a mejora de las infraestructuras básicas de apoyo, o a la creación de suelo industrial, o a ayudas para inversiones productivas. Y si no me confundo, en su conjunto, los fondos RECHAR que recibe España para todas las cuencas mineras son unos 2.100.000.000 de pesetas, recibiendo esta Comunidad simplemente unos 500.000.000 de pesetas, con un programa que es totalmente complementario con las actuaciones de esta Ley. De ahí que, efectivamente, como usted comprenderá que por 500.000.000 la Ley no deja de tener el contenido que tiene, ni por eso se puede decir que se disfrazan, ocultan o inflan las partidas presupuestarias, pues, nosotros, por una simple coherencia del destino de un programa operativo que tiene como objetivo transformar las zonas mineras de carbón, creemos que deben estar contemplados, contemplados en los objetivos de esta Ley. Por eso, vamos a mantener que estos fondos se incluyan entre los medios de los que puede disponer la Junta para afrontar los objetivos de la presente Ley.

Piense usted, en todo caso, que cualquier medio económico que tiene la Junta de Castilla y León tiene un destino concreto, bien venga de la participación que tenemos en los fondos que nos da la Administración del Estado, bien sean estos fondos comunitarios, bien sean cualquier otro origen económico. Y este origen es perfectamente complementario, es perfectamente compatible y yo creo que es el lugar adecuado para contemplarlo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para réplica, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

(-p.3044-)

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Yo sólo quiero ya deshacer una duda que me queda, y además que la última expresión me ha generado más: ¿Qué se interpreta desde el Grupo Popular por "quedan integrados en el Programa de Actuación Minera" los efectos operativos o incluso los económicos y presupuestarios? Porque si se interpreta tal cual -yo en estos momentos lo estoy viendo a lo mejor con una intencionalidad un tanto artera-, no son los 500.000.000 que puedan corresponder al Plan en estos momentos, sino... posiblemente no se produzca nunca, pero a los que pudieran articularse en el futuro. Imaginémonos que hubiera la posibilidad de plantearse tres, cuatro, cinco, ocho mil, trece mil millones de pesetas por parte de los fondos comunitarios; ¿nos habríamos ahorrado o estaríamos en la intencionalidad de ahorrarnos la Disposición Adicional Primera?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Herreros. Para dúplica, señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Yo creo que está claro que los fondos RECHAR son lo que son y van a ser los que pueden ser. Es decir, la regulación de los fondos RECHAR está tan perfectamente aclarada en la normativa que lo regula que, lamentablemente, no van a poder ser ni siete, ni ocho mil, nueve mil millones, que magnífico sería para esta Comunidad Autónoma desde todos los puntos de vista. Lamentablemente, le reitero, tienen una limitación presupuestaria clarísima. Son en estos momentos, si no me equivoco, unos 500.000.000 de pesetas y, por coherencia con los objetivos de la Ley, unos fondos que intentan transformar las zonas mineras deben ser contemplados en el desarrollo de este Proyecto de Ley. Esa es la única justificación de que estos fondos se incluyan aquí. Y no se intenta, como es lógico, disfrazar ningún tipo de situación económica.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para fijación de posiciones, el Portavoz del Grupo Socialista, señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Espero, ruego a Sus Señorías que no vean ningún sentido estratégico de Grupo, ni de futuro, en mis permanentes coincidencias con el Portavoz de Izquierda Unida esta tarde. Pero, efectivamente, tenemos un.... común en las Enmiendas y también en la filosofía del Proyecto, que yo detecto, y eso es lo que me hace intervenir en la misma dirección o en dirección muy parecida a la que efectúa el Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en este caso.

Nosotros pensamos que, efectivamente, tal cual está descrita, tal cual el tenor específico se incorpora esta Disposición Adicional Tercera, cuando dice "y en aquellos otros programas que con referencia específica a la minería pudieran articularse en el futuro con cargo a los fondos comunitarios", estamos insertando todos los programas que de forma directa, presupuestariamente, aparecen en el Programa 52 de la Junta. Y si esto es así, automáticamente ahora ya voy entendiendo por qué se aceptó la Enmienda de los Socialistas número 24, al artículo 5, sobre formación profesional; se puede aceptar porque con cargo a los 13.000.000.000 perfectamente se puede incorporar sin cargo adicional, no hay ningún problema. Es decir, que no hay ningún problema para aceptar la Enmienda sobre formación profesional, por cuanto, de alguna manera, queda integrado en este Programa de Actuación Minera cualquier recurso que se utilice con fondos de la Comunidad al efecto. Lo cual me permite sospechar -y en eso coincido con el Portavoz de Izquierda Unida- que, efectivamente, la Enmienda anterior no se aceptó porque, efectivamente, como aquí aparece con toda claridad, pues, una parte de los programas que vayan a Actuación Minera pueden consignarse con cargo a los 13.000.000.000. De manera que yo creo que la Adicional Tercera clarifica definitivamente, y en la interpretación que se ha dado, con toda evidencia, que si se mantienen -y ya no hablo del Plan RECHAR- todos aquellos otros programas que, incorporados en el Programa 52 de la Junta, pudieran articularse con cargo a fondos comunitarios, lo que se está diciendo es que dentro de esos 13.000.000.000 se incluirán todos los recursos que de una forma directa o indirecta vayan a la minería. Eso es lo que dice el texto. La intención del legislador no se sabe, pero el texto dice exactamente eso.

Por lo tanto, yo voy a votar, nosotros vamos a votar a favor de la Enmienda de don Antonio Herreros, por entender que, efectivamente, la supresión clarifica las auténticas intenciones del Grupo Popular y la Junta de Castilla y León y la no supresión matiza definitivamente la intencionalidad de la Enmienda anterior y de todos los debates de esta tarde.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Ridruejo, Jiménez-Ridruejo. Votamos la Enmienda número 20 de don Antonio Herreros. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Seis votos a favor, nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la Enmienda número 20.

Votamos a continuación la Disposición Adicional Tercera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Nueve votos a favor, seis en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la Disposición Adicional Tercera.

Don Antonio Herreros Herreros ha presentado la Enmienda número 21, que propone la creación de la Disposición Adicional Tercera bis. Tiene la palabra para su turno a favor.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Eximo a Sus Señorías de la defensa, y considérenla como el colofón de una de las defensas, pues, no sé, más fuertes respecto de esta cuestión. Como ya creo que ha quedado claro en el espíritu, ya no ha lugar a que se plantee ni a discusión. En todo caso, si quieren someterla a votación, gustosamente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Herreros. ¿Algún Grupo desea intervenir en contra? ¿Para fijación de posiciones? Señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

(-p.3045-)

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Manifestar que esta Enmienda se encuentra, desde nuestro punto de vista, incorporada ya en otras Enmiendas que se han aprobado con anterioridad y que por ello la rechazamos, no porque, en este caso concreto, discrepemos; porque yo creo que, no el espíritu, sino el contenido de esta Enmienda ya ha sido recogido en otras Enmiendas aprobadas anteriormente.

Y aunque sea un turno más o menos desviado, me va a permitir el Presidente que le conteste al Portavoz del Grupo Socialista brevemente, diciéndole que plantea tantas dudas cuando interpreta, con gran habilidad dialéctica, el texto de la Ley, que estamos haciendo aquí ya una película de Hitchcock. Y yo creo que las cosas están mucho más claras. Cuando está hablando aquí del Programa Operativo RECHAR, que usted citaba anteriormente, y se habla en referencia a otros programas comunitarios, se dice programas que con referencia específica a la minería, con referencia específica a la minería. No cualquier programa que pueda ser de aplicación indirecta a las zonas mineras o en las zonas mineras en relación con la actuación comunitaria pueden ser incorporados a esta Ley; única y exclusivamente los que tengan una específica referencia a la minería. Yo creo que eso hay que dejarlo perfectamente claro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. Procedemos a la votación de la Enmienda número 21 de don Antonio Herreros Herreros. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Seis votos a favor, nueve en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la Enmienda número 21 de don Antonio Herreros Herreros.

A la Disposición Derogatoria no subsisten Enmiendas. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Nueve votos a favor... El resultado es el siguiente. Trece votos a favor y dos en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la Disposición Derogatoria.

Disposición Final Primera. No subsisten Enmiendas. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Catorce votos a favor, ninguno en contra, una abstención.

Votamos a continuación la Disposición Final Segunda, a la que no subsisten Enmiendas. ¿Votos a favor? Votos en contra, ninguno. Abstenciones, ninguna. Quince votos a favor. Queda aprobada la Disposición Final Segunda.

A la Exposición de Motivos subsisten varias Enmiendas. Para defender la Enmienda número 1 del Grupo Popular, tiene la palabra don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: La Enmienda número 1 del Grupo Popular intenta recoger en los antecedentes de la situación que ha atravesado la minería de Castilla y León lo que nosotros consideramos el agravio entre minería privada y minería pública. En ese sentido, proponemos que se refleje un texto que diga lo siguiente: "Por otra parte, la minería privada ha venido padeciendo una situación de agravio respecto a la minería pública, que, con una productividad que duplica la minería acogida a contrato-programa, se ha visto abocada, paradójicamente, a una reconversión inmediata y a un trato distinto en el planteamiento futuro de las cuencas mineras".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. ¿Alguna intervención en contra? Señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Quizá sea importante empezar a subrayar las diferencias que existen entre la minería pública y la minería privada, porque, quizá, cuando se hace un análisis o una valoración estructural de la situación, tanto financiera como productiva, etcétera, pues estamos despejando factores históricos que son muy importantes, y de los que aquí en ningún momento se hace alusión y para nada se citan.

En concreto, está claro que en un momento determinado, como consecuencia de motivaciones, pues, que en un momento determinado pudieron tener una enorme importancia, gobiernos que no fueron el Gobierno Socialista, precisamente, se vieron abocados a intervenir en el sector minero, y, en concreto, en unas zonas mineras que tenían unos problemas estructurales y que plantearon unos problemas sociales enormes, para, a través de un procedimiento, todo lo discutible que se quiera, pues, llegar a resolver un problema que era sectorial, era social, era regional y, por tanto, era un problema humano de primera magnitud.

Determinadas zonas y determinadas provincias se veían afectadas por problemas específicos de una extremada gravedad, en un momento determinado, histórico, en que otras no lo estaban.

Por tanto, cuando se alude a la situación de partida inicial, yo creo que hay que situar expresamente la estructura productiva en la situación de partida. En un momento determinado, la minería HUNOSA, pues, fue nacionalizada por parte de unos gobiernos, que no fueron los gobiernos socialistas, y generaron una estructura de propiedad y una estructura productiva totalmente diferente a las que subsistían en Castilla y León.

(-p.3046-)

El tratar diferente a lo que de partida es diferente parece razonable; lo que sería injusto sería tratar igual a lo que es diferente. Es decir, realmente, ni por la estructura de propiedad, ni por la estructura de los problemas económicos y sociales que se generarían por la intervención o la presencia y la participación de la actividad del Estado en la minería de una u otra zona, podemos tender a equiparar. Por tanto, difícilmente se puede hablar de agravio comparativo. El agravio comparativo, si se produjo, fue en el momento en que otros gobiernos de otros regímenes nacionalizaron Asturias y no nacionalizaron Castilla y León. Y lo que estamos pagando hoy es, realmente, este trato discriminatorio o diferenciado que se produjo entonces.

Porque lo que no se le puede pedir a la Administración Pública es que trate igual a lo público que a lo privado. Eso no se puede pretender. Por razón muy sencilla: porque la cuenta de resultados, si beneficios hay, en un caso entra en las arcas del Gobierno, o del Estado, para ser más exacto, y, en el segundo caso, va a parar a manos particulares.

Por tanto, no parece razonable que se pueda establecer una misma política o una misma estrategia de intervención en una actividad productiva que es dominio público, respecto a otra que es dominio privado.

Por lo tanto, nos parece sin fundamento; nos parece, efectivamente, un agravio comparativo, no lo que se dice, sino incorporar este elemento, y nos parece que está fuera de sentido y que no analiza correctamente, ni el pasado histórico, ni los problemas que generaría una intervención similar de la Administración Pública paralela o equiparable en ambos sectores, en uno con intereses globales o generales del conjunto de los ciudadanos, y en otra con intereses específicos, privados, todo lo respetables que se quiera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Jiménez-Ridruejo. Para réplica, don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Yo empezaría comentando que la justificación que existió en su día para nacionalizar el carbón de HUNOSA era el uso que aquel carbón tenía. Como usted sabrá, era el uso siderúrgico que podía desempeñar la hulla, por su alto valor en volátiles, por su alto valor en carbón de coque para usos siderúrgicos.

Sin embargo -y yo creo que eso es algo que ya conoce todo el mundo-, desde hace más de diez años, ese carbón que se nacionalizaba porque en principio tenía una finalidad pública que era ésa, garantizar el suministro a nuestras centrales siderúrgicas -y, sin ir más lejos, a ENSIDESA-, fue desviado de su uso a las centrales termoeléctricas, y comenzó a actuar en el mismo campo en el que actuaba el carbón proveniente de empresas privadas, es decir, en el campo termoeléctrico, haciendo incluso una competencia que, en su momento, y por expertos importantes, pudo ser considerada una competencia desleal.

En todo caso, yo quiero manifestar que, cuando nuestro Grupo habla de la discriminación entre minería privada y minería pública, no habla de una discriminación entre Asturias y León, que es un juego en el que no queremos entrar y nunca hemos entrado. Hablamos entre minería privada y minería pública.

Porque, al final, el planteamiento que nosotros hacemos y que hay que hacer es que los trabajadores de una y otra cuenca son los mismos; el problema social que se origina es el mismo; y, por la titularidad de la empresa, no se puede dar un trato discriminatorio a unos y a otros trabajadores.

Es decir, en los últimos años han existido dos actuaciones distintas: unos trabajadores que, por estar acogidos a contrato-programa, efectivamente, porque el contrato-programa era de origen público, pues, independientemente de la productividad de su empresa, independientemente de que se cumplieran o no se cumplieran los contratos-programa, tenían garantizados sus puestos de trabajo. Y otros trabajadores, minería privada, bien estuvieran en Asturias, bien estuvieran en León, que, si su empresa iba mal, si su empresa no tenía la productividad adecuada, estaban abocados a un expediente de rescisión de empleo y a irse al paro.

Y, efectivamente, yo creo que eso conculca, en primer lugar, el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles son iguales ante la Ley. Y en ningún caso un compromiso específico de la Administración respecto a sus empresas públicas puede llevar, en la práctica, a producir una discriminación en el trato respecto a los trabajadores.

Ese es, yo creo, el gran argumento que nosotros tenemos que hacer en lo que se refiere a esta diferencia de trato.

Por si fuera poco, yo le diría a usted que, en su día el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados planteó y ha venido planteando reiteradamente que el propio tratado de la CECA, en su artículo 4, señala que no se puede discriminar a los productores de carbón. Es decir, no puede haber una discriminación en el trato que haga la Administración a los productores de carbón por la titularidad de la empresa.

No puede haber una empresa pública que tenga "X" millones se subvenciones y una empresa privada que, por provenir de un productor distinto, tenga otro tratamiento económico distinto.

(-p.3047-)

Nosotros, en su día, denunciamos este hecho reiteradamente, y recuerdo que la Administración siempre manifestaba lo siguiente: y es, que como ella, la Administración Central, sólo planteaba las subvenciones de HUNOSA, y a HUNOSA la Comunidad Autónoma.... perdón, la Comunidad Europea se las aprobaba, entendía que de esta manera se cumplía el tratado de la CECA y no se establecía la discriminación.

Por lo tanto, nosotros mantenemos en sus justos términos esta Enmienda, porque creemos que no es razonable que, existiendo el doble de producitividad en la minería privada que en la misma pública, que en la minería pública, existiendo la misma producción, existiendo un número de trabajadores similares, siendo trabajadores de carne y hueso los que pierden sus empleos, se mantenga en estos momentos una discriminación, ya no en el tratamiento a la empresa pública HUNOSA, sino incluso una discriminación en el tratamiento posterior a las cuencas mineras.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. Para dúplica, señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Bueno, yo entendería que el Grupo Popular... Yo no entiendo esta Enmienda, debo decir que no entiendo. Me parece redundante, ociosa, inútil, demagógica, injusta, contraproducente y absolutamente fuera de lugar. Pero entendería perfectamente que el Grupo Popular exigiera aquí, o la privatización de HUNOSA, o la nacionalización de las explotaciones de Castilla y León, pero no lo que dice. Eso no lo entiendo. Lo que dice no lo entiendo. ¿Por qué no lo entiendo? Porque, sencillamente, si son dos estructuras diferenciadas de propiedad, si una tiene una responsabilidad pública patente y la otra no la tiene, si en la una la gestión es pública y el control de la gestión es pública y la otra tiene una gestión privada, absolutamente privada, no entiendo por qué tratarlas igual. ¿Qué sentido tiene tratarlas igual? El agravio comparativo sería tratar a lo público igual a lo privado, cuando, en principio, lo público tiene control y gestión pública y lo privado, no.

Por lo tanto, no entiendo; realmente es que no entiendo.

Por otra parte, yo estoy absolutamente convencido... Las razones que me ha dado, en relación con el pasado histórico, pueden ser ciertas; pero le emplazo a que me diga, si la cuenta de resultados de HUNOSA hubiera sido positiva, si razones estratégicas de coquería hubieran llevado, conducido a la nacionalización de la minería asturiana. En ningún caso. Aquí había una cuestión de cuenta de resultados. No nos engañemos. ¿Y por qué había una cuestión de cuenta de resultados? Por lo mismo que usted dice, que es la única realidad patente que mantiene en el texto: que la productividad es mayor, era mayor, y es mayor, en el sector de la minería castellano-leonesa que en el sector de la minería asturiana.

Por lo demás, realmente, ¿qué significa, a los efectos de esta Ley, incorporar este párrafo? ¿En qué mejora el texto? ¿En qué medida en la Exposición de Motivos esto propicia algún tratamiento normativo, alguna repercusión normativa o textual? Porque en la exposición de motivos se supone que se tienen que estar recogiendo los aspectos que fundamentan el desarrollo posterior. ¿En qué medida el desarrollo posterior va a verse afectado...? ¿O no es una coletilla, otra más, de esa multitud de coletillas que todos tenemos, no sólo el Partido Popular, pero que en el caso del Partido Popular, y, en concreto, en el caso de la minería, es recalcitrante, sobre el comportamiento desigual, el agravio comparativo, cuando todos sabemos, en último término, que este párrafo y este texto para nada altera, condiciona, modifica o influye sobre el desarrollo normativo? Entonces, es una gratuidad; es eso, la seña de identidad de la política del Partido Popular en esta región: tal vez no hagamos las cosas correctamente; pero, si en los textos metemos un agravio a la Administración Central, hemos conseguido una parte de los objetivos.

Realmente no lo entiendo. No entiendo realmente a qué viene en una Ley castellano-leonesa una alusión... Que, por otra parte, es injusta ¿eh?, porque a los cálculos de este año la Administración Central ya lleva 52.000.000.000 de pesetas incorporados a la minería, al sector minero castellano-leonés.

Bueno, será discutible si... Que me digan en Castilla y León qué otro sector privado ha recibido fondos en la misma intensidad, con la misma magnitud; que me digan si es o no es un privilegio y si no podíamos empezar a hablar ya de agravio comparativo entre el sector de la minería y el sector de la madera de Castilla y León, el sector de la minería y el sector químico, el sector de la minería y el sector textil, etcétera, etcétera.

Puestos a hablar de agravios, a lo mejor sería la cuestión de empezar a hablar de los agravios que puede suponer un tratamiento discriminatorio positivo tan ingente, tanto del Estado como de la Administración Autónoma, respecto a un sector que, todo lo estratégico que se quiera, es uno más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Jiménez-Ridruejo. ¿Algún Grupo desea intervenir para fijar posiciones? Señor Herreros.

HERREROS HERREROS

(-p.3048-)

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Sí, muy brevemente. Yo sí quisiera decir que habría que hilar muy fino, porque, si los beneficios o las pérdidas del sector público redundan, en último extremo, en beneficio o en perjuicio de la sociedad, en virtud de los resultados, lo que aquí sí es cierto es que al menos los beneficios pueden ser participados en beneficio para la sociedad, pero, en un cuantum importante, en función de esa situación de la minería privada, repercutirían en el propio empresario o propietario, lo cual es legítimo; mientras que, con el ejercicio que hoy estamos haciendo, las pérdidas, serán, en definitiva, pérdidas que también paga la sociedad, vinculadas a la actuación de la minería privada. Con un inconveniente, que está un poco en la línea de lo tenaz que yo he intentado plantear con las comisiones de seguimiento de control: que en un caso sí existen esas comisiones de seguimiento y en otro caso no hemos conseguido que existan esas comisiones de seguimiento con recursos públicos en juego. Por consiguiente, yo creo que sí sería mucho más de fondo el análisis filosófico que conduciría a esto, pero en ningún caso creo que facilita las cosas para conseguir el objetivo que, por otra parte, estamos demandando todos, todos los Grupos, de una participación más abierta de la Administración Central, lógicamente, lo mismo que de la Administración Autonómica, pero con ese carácter, acaso, ni público ni privado, sino en este carácter mixto que se está produciendo ahora.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Procedemos a la votación de la Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Nueve votos a favor, seis en contra, una abstención. Queda aprobada la Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Popular.

A continuación tiene la palabra don Antonio Herreros Herreros para la defensa de su Enmienda número 3.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: ...Perdón. Decía que no tengo ningún tipo de inconveniente, si ustedes lo consideran oportuno, que la número 3 y la número 4, puesto que se trata de Exposición de Motivos de muy diverso género, pero que, en definitiva, lo que trata de resaltar tanto una como la otra son, por una parte, la importancia del sector económico, las reservas, la incidencia social, las limitaciones en estos momentos existentes, acaso, para conseguir el objetivo de convertirlas en una mayor rentabilidad, en definitiva, a todos los efectos, tanto económicos como sociales, y puesto que están perfectamente expresadas, sería una inclusión que no llega al carácter de recopilación histórica que en algunos casos se plantea, pero sí de acentuar cuestiones que de una forma genérica, por otra parte, sí están en la Exposición de Motivos del propio Proyecto de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): He entendido que quedan agrupadas para la defensa y los turnos a debate. ¿Algún Grupo desea hacer uso de la palabra para un turno en contra? ¿Para fijación de posiciones? Don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Simplemente manifestar que nosotros no hemos aceptado estas dos Enmiendas a la Exposición de Motivos porque entendemos que ya están incorporadas al texto, al menos en su espíritu, en dos Enmiendas que fueron aceptadas en la Ponencia, al hablar de la importancia del sector minero desde el punto de vista estratégico y por su importancia para el empleo. Nosotros entendíamos que de esta manera ya quedaba recogida la intención del Grupo de Izquierda Unida, que lo desarrolla mucho más, efectivamente, que puede ser más completo; pero nos parecía que de esta manera la Exposición de Motivos era demasiado amplia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. ¿Algún Grupo más desea intervenir? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de las Enmiendas 3 y 4 de don Antonio Herreros Herreros? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente. Un voto a favor, nueve en contra, seis abstenciones. Quedan rechazadas las Enmiendas 3 y 4 de don Antonio Herreros.

Propongo al Grupo Socialista tome en consideración la oportunidad o no de agrupar las Enmiendas 7 y 8. Tiene la palabra don Zenón Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Probablemente, cuando uno repasa, al menos en la memoria, el tiempo... iba a decir perdido; no, ganado en el debate en Ponencia, nos daremos cuenta de que esta Enmienda, o concretamente estas Enmiendas, pero especialmente la Enmienda número 8 de los Socialistas, que habla de la reordenación... del aprovechamiento de los recursos financieros procedentes de la reordenación de las explotaciones mineras para el estímulo, la creación y promoción de empresas y actividades basadas en fórmulas de economía social, se conoce que tocamos aspectos enormemente sensibles en relación con el Grupo Popular y fue difícil avanzar más allá de los planteamientos filosóficos, y, desde luego, no fue posible consensuar ningún tipo de...

(-p.3049-)

Y, sin embargo, todos estábamos de acuerdo -y yo creo que estamos de acuerdo- de que una parte del esfuerzo de recuperación del pulso económico de las zonas mineras pivota fundamentalmente en la iniciativa y la utilización de los recursos por parte de las poblaciones afectadas. Y, en concreto, y específicamente, nos parece -y nos parece con un criterio estricto- que es de justicia señalar la responsabilidad que le cabe a las centrales sindicales y, en conjunto, a los trabajadores en relación con la utilización de todos los fondos que están aplicándose, tanto por parte de la Administración Central, como de la Administración Autonómica u otras Administraciones, para paliar o limitar los efectos sociales que se derivan de la reconversión y la reordenación del sector de la minería; que cabe empezar a exigir de los agentes sociales, no solamente una conciencia de los problemas, no solamente una toma de posición sobre los problemas, sino también una corresponsabilidad en la propuesta de soluciones y en la utilización y empleo de recursos económicos.

En concreto, todos esos recursos que se obtienen por parte de los agentes sociales en las jubilaciones anticipadas, en los despidos incentivados, etcétera, tendrían que ser canalizados, deberían ser orientados a la realización de inversiones, a la generación de proyectos, a la aplicación en promoción y desarrollo de actividades. Porque empresarios son todos aquellos que inician una actividad empresarial, y yo creo que nada mejor que proceder al estímulo a través de fórmulas de economía social, que tan buen resultado han dado en algunas zonas de España y tan mal resultado, tradicional, revelan y reflejan en Castilla y León.

Nosotros entendemos que la sociedad, especialmente leonesa y palentina, los agentes económicos, los trabajadores del sector minero, por su formación y su sensibilidad, podrían aprovechar las experiencias de economía social que se han producido en otras zonas, y seguramente un apoyo por parte de la Junta de Castilla y León en esta dirección podría perfectamente conducir a un mejor aprovechamiento y utilización de los recursos de ahorro que en este momento fluyen a otras regiones y a otras actividades y empobrecen objetivamente a las economías de las zonas mineras.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ¿Algún Grupo desea intervenir en contra? Don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Simplemente manifestar que, de acuerdo con el contenido de la Ley, tal y como está regulado, nada excluye a que los fondos provenientes de la reordenación de las explotaciones mineras se encaucen a través de fórmulas de economía social. Es decir, ese planteamiento ya está contenido en el vector segundo que regula la propia Ley, sin necesidad de hacerlo expresamente. Es claro que los recursos provenientes de la reordenación de las explotaciones mineras se pueden dirigir a fórmulas de economía social o se pueden dirigir a creación de empresas que no tengan que ser de economía social. Es decir, que cabe, de acuerdo con el contenido de la Ley, todo tipo de fórmulas y libertad de elección -no hay ninguna voluntad dirigista- para que el que tenga esos fondos, si lo desea, pueda llevar a cabo una iniciativa de carácter empresarial. Por eso mismo nosotros no aceptamos esta Enmienda, porque creemos que está contenida perfectamente entre los vectores que señala la Ley y que, efectivamente, si bien la voluntad del enmendante de comprometer a los sindicatos en fórmulas de economía social, en definitiva, buscar un compromiso de carácter real, económico, de muchos fondos, que de otra manera se pueden ir, nos parece un compromiso loable, pues, creemos que ese compromiso dependerá del desarrollo y del compromiso político de todos nosotros y, fundamentalmente, de los agentes sociales, y no de que en esta Ley se incluya expresamente algo que ya está contenido de hecho en los vectores que previamente establece.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para réplica, señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Bueno, puede ser que esté contenido, pero no explicitado. Y, en todo caso, no se trata de un compromiso para la Junta, porque, en realidad, poco, en poco o en nada compromete a la Junta este párrafo.

Esto es una llamada de atención, yo diría que es una llamada a la responsabilidad de las centrales sindicales y, en conjunto, de los trabajadores, porque, si bien es cierto que, efectivamente, la situación es crítica y, por lo tanto, nadie puede negar que los principales afectados y los que están sufriendo las consecuencias básicamente son los trabajadores... Por tanto, no podemos hablar de que reivindicar sea fácil, es complejo, es difícil; normalmente se reivindica desde situaciones enormemente duras y enormemente conflictivas y enormemente preocupantes, con angustia por las familias, etcétera. Y otro tanto podemos decir de las marchas. Yo tengo muchas dudas respecto de las marchas, su utilidad, ese canto que se hizo aquí de la marcha. Bueno, pues, a mí me parece que la marcha... Tengo muchas dudas sobre la eficacia y efectividad de las marchas.

Pero, en todo caso, lo que realmente es difícil es asumir el compromiso, asumir el compromiso por el desarrollo, asumir el compromiso por la utilización de los recursos en procesos de inversión, en procesos de creación de actividad, en procesos de iniciativa; y esto es lo que yo echo de menos y esto es lo que los socialistas echamos de menos a lo largo de todos los procesos. Porque compartimos la actitud reivindicativa, compartimos la actitud de demanda de justicia social, pero echamos de menos un plus de responsabilidad, un plus de compromiso con la propia zona minera por los propios agentes. Todos sabemos que esos 52.000.000.000 de pesetas que llevan invertidos, que llevan utilizados las Administraciones en la zona, escasamente han provocado sino un incremento del consumo y, en todo caso, un desvío de recursos hacia zonas con mayor rentabilidad, con mayor incentivo. Yo creo que aquí las centrales sindicales y los trabajadores también tienen una responsabilidad, y cuando se exige, como se exige -y esta Ley es una contrapartida a esa exigencia-, también hay algo que aportar.

Por lo tanto, nosotros entendemos que este párrafo, más que comprometer a la Junta, a quien compromete es a los agentes económicos y sociales, y expresamente a las centrales sindicales, que, más allá de la reivindicación, o además de ella, deberían de aprestarse a dar respuesta a los problemas colectivos de sus afiliados.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para dúplica, tiene la palabra don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

(-p.3050-)

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Reiterar lo dicho anteriormente. La actuación de los distintos agentes sociales, de cara a buscar fórmulas de economía social, está contemplada en el contenido de la Ley. Y el compromiso político, efectivamente, no se puede establecer en los articulados o en la Exposición de Motivos de esta Ley, compromiso político dirigido a... en este caso a los sindicatos.

Por lo tanto, nosotros creemos que este quinto vector, pues, no añade nada que no esté reflejado anteriormente, y, por lo tanto, no lo vamos a aprobar.

En cuanto a la marcha, que usted mencionaba, simplemente decir que la marcha, cuando ha tenido... la marcha minera famosa, cuando ha tenido un tratamiento positivo por nuestro Grupo y por otros Grupos, al margen de que consideremos que la reivindicación pudiera ser legítima -como yo creo que lo era-, ha sido por un componente importante, y es porque ha sido un ejemplo de civismo. Yo creo que aquí nadie se extrañará si yo digo que estamos acostumbrados a ver reivindicaciones de trabajadores, reivindicaciones sindicales, que han consistido -o consisten- en cerrar carreteras, en llevar toneladas de productos y arrojarlos en determinadas estancias, etcétera, etcétera. Y esta marcha fue un ejemplo de civismo, y fue, en ese sentido, algo totalmente plausible por nuestro Grupo y yo creo que por muchos más ciudadanos, como en distintos puntos se demostró, de Castilla y León e incluso de España entera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ¿Algún Grupo desea fijar posiciones? Don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Sí. Yo muy brevemente. Gracias, señor Presidente. La verdad es que yo estaría de acuerdo en el contexto de una incorporación de varias Enmiendas, que hasta la saciedad yo he reiterado, y algunos Grupos Parlamentarios también; pero lo que es difícil es proyectar o exigir nuevas responsabilidades, que, por otra parte, por otra parte, cuando son sus, directamente, intereses, ya los plantean; pero que no haya una contrapartida en cuanto a participación es difícil que se pueda plantear o que se pueda exigir, en ese concepto de economía social, tal como se ha dado la interpretación a la Enmienda aquí.

Por consiguiente, yo creo que sí sería perfectamente asumida por nuestra parte, si se produjeran esas connotaciones globales de participación, con todo lo que conlleva en sí mismo, y no en una parte, excluyendo la otra, no por mor de quien enmienda, sí por quien tiene la posibilidad de haber asumido y no ha asumido.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Procedemos a la votación de las Enmiendas 7 y 8, agrupadas, del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente: seis votos a favor; una abstención; nueve en contra.

Quedan rechazadas las Enmiendas 7 y 8 del Grupo Parlamentario Socialista.

A continuación, se procede al debate de la Enmienda número 5 del Procurador don Antonio Herreros Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Yo creo que en la propia Exposición de Motivos queda absolutamente claro... No me queda a mí patente, como positivo, o como razonablemente, la delimitación ni geográfica ni económica que se ha planteado. Y yo sí creo que sería conveniente, a todos los efectos, el que pudiera entenderse la conveniencia de hacer una relación, que es muy probable que tuviésemos que circunscribirnos o trabajar de nuevo, porque no tengo, tampoco, criterios para decir que la que se ha planteado en más de una ocasión como defendida por parte del Grupo Parlamentario Popular y vinculada a otras esferas administrativas no fuera correcta, siempre y cuando se modificaron algunos aspectos, que todos veíamos que no estaban de acuerdo con la propia realidad, es decir, en la relación que el Ministerio de Industria, en concreto, planteaba.

En todo caso, yo creo que sí sería necesario hacer el esfuerzo, para que hoy haya mayor claridad para los propios administrados. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Herreros. ¿Algún Grupo quiere intervenir en contra? Don Mario Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Simplemente manifestar que, como ya dijimos en la anterior sesión de esta Comisión, nosotros creemos que la relación exhaustiva de los municipios, en su caso, se deberá producir en las órdenes y decretos que desarrollen esta Ley, como de hecho ya ha sucedido en otros supuestos. Y no somos partidarios, por ello, de establecer una relación en el mismo contenido de la Ley.

En este sentido, en la anterior sesión aprobamos una Enmienda estableciendo la definición genérica de lo que nosotros entendíamos por territorio minero, que deberá ser desarrollada por la Junta. Y, de esta manera, creemos que queda resuelto, al menos para nuestro Grupo, este problema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para réplica, señor Herreros. No desea intervenir. ¿Algún Grupo quiere fijar posiciones?

Procedemos a la votación de la Enmienda número 5 del Procurador don Antonio Herreros Herreros. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente: un voto a favor; nueve en contra; seis abstenciones.

(-p.3051-)

Queda rechazada la Enmienda número 5 de don Antonio Herreros Herreros.

A continuación, votamos a la Exposición de Motivos en su integridad. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente: nueve votos a favor; siete en contra; ninguna abstención.

Queda aprobada la Exposición de Motivos.

Al Título del Proyecto de Ley subsiste la Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra don Zenón Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Para terminar. Bueno, en el fondo, ésta es la última Enmienda, pero quizá debería ser la primera, porque, efectivamente, cuando uno mira y rastrea todo el trabajo realizado en los últimos diez-doce días en el Proyecto de Ley, nos damos cuenta de que, efectivamente, esto es un Proyecto de Ley territorial y no es un Proyecto de Ley sectorial. Y no es un Proyecto de Ley sectorial por muchos motivos.

Primero, porque no toca sólo al sector de la minería; aunque toca al sector de la minería, toca a otros muchos sectores. La propia Ley, en su desarrollo, habla de comunicaciones en zonas mineras, sin duda, pero de comunicaciones; la propia Ley, en su desarrollo, habla de hábitat minero. Pero, si añadimos los elementos que se han incorporado de formación profesional, o añadimos los elementos de los distintos sectores que se piensa tocar, o los temas medioambientales, si aceptamos, efectivamente, el alcance de la Ley, en realidad, deberíamos concluir que la Ley no es una Ley sectorial, sino que es una Ley territorial.

Pero, por si fuera poco, yo me he detenido últimamente en contabilizar cuántas veces habla de sector minero y cuántas veces habla de zonas mineras; habla más veces de zonas mineras que de sector minero, muchas más veces; y, desde luego, el término zonas mineras se utiliza en quince ocasiones. Lo que quiere decir que, de alguna manera, parece que, en realidad, lo que estamos haciendo es una Ley que trate de paliar los problemas que un sector ocasiona en un territorio; y, si esto es así en realidad, llamemos a las cosas por su nombre, y hablemos de un programa de actuación en zonas mineras, más que un programa de actuación minera, que alude expresamente a la actividad del sector productivo minería, lo cual -digamos- se queda corto en relación con el contenido final de todo este Proyecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Jiménez-Ridruejo. ¿Algún Grupo desea intervenir en contra? Señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Simplemente para expresar que, efectivamente, la Ley establece también un programa de actuación en zonas mineras, pero es también un programa de actuación minera. Es decir, posiblemente la Ley sea un Proyecto de Ley de carácter sectorial y territorial, y eso nunca lo ha negado nadie: ni la Junta cuando lo presentó, ni el Grupo Popular en ningún momento del debate de esta Ley.

Pero, evidentemente, la Ley es la misma, independientemente de su Título. Y es una Ley que surge en relación con una crisis sectorial, que es la crisis de la minería. Y ésa es la fundamental razón que yo creo que en estos momentos hace que este título deba ser mantenido. Es un programa de actuación minera, porque es la crisis de la minería la que genera la situación de crisis de las zonas mineras; y es, fundamentalmente, un programa de actuación minera compatible con un programa de actuación en zonas mineras.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para réplica, señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Señor Amilivia, usted y yo somos malos políticos, aunque usted tiene mucho más futuro político que yo, y, desde luego, desastrosos parlamentarios, porque se nos nota siempre cuando no creemos lo que decimos.

Y mi problema es que creo detectar el matiz de duda que a usted y a mí nos sale siempre que defendemos cosas que nos vemos obligados a defender, pero en las que no creemos. Bueno, en realidad, ¿por qué no aceptamos las cosas como son? Si esto es una Ley de zonas mineras, pues, digámoslo.

El porqué de nuestra Enmienda tiene mucho más calado que una cuestión puramente semántica; el porqué de nuestra Enmienda se ha visto esta tarde reflejado en múltiples ocasiones, no solamente por nuestra parte, también por las intervenciones del Grupo Mixto: porque entendemos que no toca exclusivamente a las explotaciones mineras, y ni siquiera toca exclusivamente a las poblaciones que directa o indirectamente están relacionadas con el trabajo en las explotaciones mineras; porque toca a Ayuntamientos, porque toca a entidades de población, porque toca a agentes económicos, porque toca a las Diputaciones. Pese a que ustedes no hayan reconocido la presencia y participación de todos estos agentes y entes políticos y administrativos, lo cierto es que están involucrados, directa o indirectamente, por esta Ley.

(-p.3052-)

Y, a fuer de sinceros, deberíamos reconocer que esto es un Proyecto de Ley para unos territorios afectados por unos problemas, y que el problema es zonal y territorial, mucho más que sectorial. Si fuera sólo sectorial, probablemente, usted y yo nos mostraríamos mucho más tranquilos de lo que nos manifestamos. Porque el problema trasciende de lo estrictamente sectorial a un ámbito superior, que es lo colectivo, lo administrativo, lo territorial, lo provincial, e incluso lo regional, es por lo que deberíamos llamar a esta Ley por sus propios términos: "Ley de Zonas Mineras". Pero, claro, si no se aceptan nuestras Enmiendas, también entiendo que no se acepte el título.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Para dúplica, señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: ¡Hombre!, no se puede decir para acabar esta intervención que no se aceptan sus Enmiendas. Yo creo que el trabajo que ha hecho la Ponencia ha sido, precisamente, un trabajo claramente positivo, en ese sentido: se han aceptado, si no me equivoco, catorce Enmiendas suyas, doce Enmiendas de Izquierda Unida, al CDS casi le hemos hecho el Pleno, ¿eh? -le hemos dejado dos Enmiendas-, y del Partido Popular se aceptaron veintinueve, de las treinta y dos Enmiendas. Es decir, que ha habido un gran esfuerzo de todos los Grupos aceptando Enmiendas, precisamente para que el texto fuera lo más consensuado posible, que fue siempre nuestro propósito, desde un inicio.

Y el problema de esta Enmienda que ustedes plantean yo creo que es que es complejo, porque, efectivamente, es un programa de actuación en zonas mineras, pero es que también es un programa de actuación minera. Es decir, ambas cosas son compatibles: es un programa de actuación minera que tiene actuaciones en las zonas mineras; es un programa sectorial y es un programa territorial.

Y como, al fin y al cabo -yo creo que esto no me lo podrá discutir nadie-, la Ley es la misma, independientemente del título, yo creo que este es un problema que, al final, poca importancia tiene para los ciudadanos, que van a recibir la misma Ley, independientemente de cómo la titulemos.

Y yo creo, efectivamente, que es un programa sectorial y un programa territorial, y que el título, pues, posiblemente, pudiéramos buscar un título intermedio, que satisficiera a todos; pero yo creo que con el título actual respetamos los derechos de autor que le corresponden al que hizo el Proyecto de Ley, que fue la Junta de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Amilivia. Para fijación de posiciones, Señor San Martín, tiene la palabra.

SAN MARTIN RAMOS

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS: Gracias, señor Presidente. He pedido la palabra, ya que no he hablado en toda la sesión, si me permite Su Señoría, para mostrar, el Grupo del CDS, se congratula de la labor en Ponencia y en Comisión de todos los Grupos Políticos, y que creo, sinceramente, que ha enriquecido y ha mejorado sustancialmente el Proyecto de Ley enviado por la Junta; que intenta este Proyecto de Ley, pues, paliar la crisis minera que afecta tan gravemente a nuestra Comunidad.

En este sentido, efectivamente, el CDS, que fue el Grupo que más Enmiendas presentó, prácticamente se le admitieron la mayor parte de ellas; reconozco que la mayor parte eran, también, lingüistas. Hemos debatido dos de ellas en Comisión, de las cuales se ha aceptado el 50%.

Respecto a esta Enmienda, el CDS, pues, debemos reconocer que es una actuación sectorial. Las ayudas incluyen a zonas mineras, no sólo a empresas mineras, y, por lo tanto, vamos a votar a favor. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias. ¿Algún Grupo más? Procedemos a la votación de la Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es el siguiente: seis votos a favor; nueve en contra; una abstención. Queda rechazada la Enmienda número 1 del Grupo Socialista.

Votamos el Título del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

La votación el la siguiente, el resultado de la votación es el siguiente: nueve a favor; seis en contra; una abstención. Queda aprobado el Título del Proyecto de Ley.

Ha quedado dictaminado el Proyecto de Ley por la que se regula el programa de actuación minera para el período mil novecientos noventa y dos-mil novecientos noventa y cinco.

El Dictamen de la Comisión será elevado al Excelentísimo señor Presidente de las Cortes de Castilla y León, a los efectos de su posterior tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Recuerdo a Sus Señorías que disponen de setenta y dos horas para comunicar por escrito al Presidente de las Cortes los Votos Particulares y Enmiendas que, defendidas y votadas en esta Comisión y no incorporadas al Dictamen, pretendan defender en el Pleno.

Gracias por su dedicación a la tramitación de este Proyecto y por las mejoras introducidas.

Se levanta la sesión.