DS(C) nº 14/3 del 29/7/1991

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señorías. En el mes de febrero de mil novecientos noventa y uno, se produjo la primera resolución definitiva de una parte del concurso... de los concursantes que habían optado a plazas vacantes y a resultas de las relaciones de puestos de trabajo de esta Administración Pública.

Con motivo de aquella primera resolución definitiva, este Consejero hizo, ante la Comisión de Presidencia de las anteriores Cortes, una exposición de cuál era el proceso que se había seguido para llegar a aquella conclusión y de cuáles habían sido los problemas que se habían presentado, y una valoración de lo que hasta entonces había ocurrido en la resolución de aquel concurso.

En aquel momento se pusieron de manifiesto por los Grupos de la Cámara en aquel momento una serie de problemas que bien conocían directamente, o bien les habían sido puestos de manifiesto por los propios concursantes, e incluso por algunos de los representantes sindicales que participaban en el concurso.

Con motivo de aquellos problemas hubo un debate en el que, al final, se llegó a la conclusión de que el concurso era necesario, que había que seguir adelante con él, que era imprescindible para llevar a cabo una modernización y una racionalización de la función pública de Castilla y León y que este Consejero terminaba diciendo que tenía plena confianza en que quienes estaban trabajando en aquella materia, los miembros de la Comisión de Valoración, estaban haciéndolo con publicidad, con trasparencia y con objetividad. Incluso llegaba a decir que podría pecar de ingenuo, pero que estaba plenamente convencido que el resultado del concurso iba a ser un resultado justo. Iba a ser un resultado justo, dentro de los límites que este primer concurso general de la Administración de Castilla y León permitía.

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Y hacíamos referencia a cuáles eran los problemas por los que este primer concurso general tenía graves problemas para su resolución de una manera justa y de una manera equitativa, derivados no de cómo estaba funcionando la Comisión de Valoración, no de cuál era la actuación de los concursantes, no de cómo estaba actuando la administración, sino del distinto, diverso origen de los funcionarios de esta Administración Pública.

Aun cuando este Consejero continúa con ese mismo trabajo, y continúa en el mismo puesto, no cabe duda ninguna que ni estas Cortes son las Cortes ante las que comparecí en el mes de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, ni el Gobierno que en este momento... del que en este momento formo parte es el mismo Gobierno. Es un nuevo Gobierno; surgió de las urnas, de las elecciones de este año. Por lo tanto, me voy a permitir, aunque sea de manera somera, hacer una breve historia de por qué, cómo se ha llevado a cabo este concurso, y cuáles son los problemas que han surgido, fundamentalmente.

Este concurso general he dicho en múltiples ocasiones, es público, que era un concurso completamente necesario. Era completamente necesario porque la Administración Pública de Castilla y León es el órgano encargado de prestar los servicios a los ciudadanos de esta Comunidad.

Uno De los elementos fundamentales de esta Administración Pública son los funcionarios. La situación de los funcionarios en esta Comunidad, desde el año mil novecientos ochenta y tres, y con los mismos problemas, aproximadamente, que tienen el resto de las Comunidades Autónomas (quizá en algunas que dieron el paso hacia esta... hacia la autonomía con anterioridad lo tengan algo más adelantado, no mucho más), se derivaba de cómo se había nutrido la función pública de todas las Comunidades Autónomas. Se había nutrido con funcionarios que se habían elegido en la preautonomía, sin cumplir los requisitos que había que cumplir para la dotación, o para cubrir esos puestos de funcionarios. Se había cubierto con los funcionarios que provenían de la Administración Central, mediante los Reales Decretos de Transferencias: al mismo tiempo que se transferían las competencias y los recursos materiales, se transferían los recursos humanos.

Aquellos funcionarios que habían accedido de aquella manera, en la preautonomía, y los que luego se transfifieron no eran suficientes para cumplir todos los servicios que una Comunidad Autónoma como la de Castilla y León tenían, debía de recibir de una Administración Pública nueva. No eran suficientes, porque aun cuando las transferencias se referían a unas competencias concretas, el acercamiento de la Administración a los Administrados, a los ciudadanos, ponía de manifiesto que los ciudadanos piden más de lo que se les estaba dando en un Estado Centralizado.

El Estado de las Autonomías supone el acercamiento de la Administración a los Administrados, de la Administración al pueblo, y esto permite que los ciudadanos puedan exigir de la Administración, de los Gobiernos, más, que puedan ser oídos antes y que puedan tener una mayor trasparencia de lo que los Gobiernos están haciendo.

Esto hizo necesario que rápidamente se accediera, o se... por el primer Gobierno que eligió esta Comunidad, un Gobierno Socialista, se acudiera a cubrir las necesidades por otros procedimientos, que tampoco fueron exactamente quizá los que debieran de haberse seguido si estuviera consolidadA definitivamente la Administración Pública, la función pública, pero la gente, eran funcionarios necesarios para poder prestar los servicios.

Con posterioridad se inician unas nuevas gestiones y nos encontramos con que en esta Administración se empiezan a hacer concursos, oposiciones, se empieza a resolver, a intentar resolver el problema de los contratados administrativos, de los interinos que llevaban mucho tiempo. Este es un proceso en el que todavía estamos, bien es cierto que casi en la fase final, pero es un proceso en el que prácticamente estamos.

Esta, quizás, fuera una una de las grandes bazas del Gobierno anterior: haber conseguido instaurar, ordenar y poner en marcha, mediante acuerdos con la Administración Central, el registro de la función pública; ponerlo en marcha, no quiero decir terminar. Si este registro de la función pública hubiera estado vigente cuando en marzo de mil novecientos noventa se convocó este concurso, gran parte de los problemas de los que en este momento se está hablando no existirían. Ese registro ha hecho posible, hará posible en su día, una completa normalización de la función pública.

Nos encontramos, por lo tanto, con una Administración, con unos funcionarios llenos de problemas. Y los problemas, no vamos a echar la culpa a nadie; por lo menos yo nunca que he hablado en esta Cámara ni en los medios de comunicación he echado la culpa a nadie. son los que son y tenemos los que tenemos.

Pero un Gobierno tiene que dar respuesta a los problemas que tiene planteados. Y la respuesta se dio en el Gobierno anterior, siendo ésta sólo una de las partes, una de las fases necesarias para llevar a cabo la modernización y la racionalización de la función pública de esta Comunidad Autónoma.

El concurso era necesario como una fase, no como un punto final; era como un punto de... como una meta, y aquí ya había que seguir trabajando y hay que seguir trabajando. hasta ahí, era la labor principal que se había hecho.

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¿Cómo se hacía, o cómo había que hacer, o qué pasos había que dar para llevar a cabo este concurso? El concurso, había que dar los siguientes pasos. Había que hacer primero, había que integrar a los funcionarios de esta Comunidad, como he dicho con anterioridad, de tan variopinta procedencia, había que dar entrada, había que clasificarlos e integrarlos en los cuerpos y escalas que la Ley de la Función Pública de mil novecientos ochenta y cinco había creado para esta Comunidad. No olvidemos que en mil novecientos ochenta y cuatro la Ley de Función Pública, la Ley de Bases de la Función Pública, emanada de la Administración Central del Estado, supuso un cambio, una transformación, una revolución dentro de la función pública, y que esto había llevado consigo a la publicación de la Ley de la Función Pública de Castilla y León de mil novecientos ochenta y cinco, que supuso también un cambio sustancial en esta materia.

Tenemos, por lo tanto, la necesidad de integrar a todos los funcionarios, fuera cual fuera su procedencia, de esta Comunidad Autónoma, en los Cuerpos y escalas de la Ley... creados en la Ley de la Función Pública de mil novecientos ochenta y cinco.

Este trabajo se hizo, o se inició en mil novecientos... no se inició, se culminó, con una Orden, un Decreto de marzo de mil novecientos noventa. Y, en este momento, el proceso está prácticamente terminado, con los únicos problemas derivados de todo concurso. Afectaba a siete mil y pico funcionarios; si hay algunos recursos contencioso-administrativos, algunos de ellos han sido resueltos ya por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y otros están pendientes, y lo cierto es que en algunos han dado la razón a la Administración y algunos otros se han perdido. Es decir, el resultado final no es el resultado que podamos llamar desastroso. Todo lo contrario. Podemos decir que estamos moderadamente satisfechos del proceso de integración, que era completamente necesario.

Sabido dónde estaban cada uno de los funcionarios de esta Administración, era necesario averiguar qué vacantes había. Es decir, cuáles de los puestos de trabajo de esta Administración estaban cubiertos por funcionarios con carácter definitivo y cuáles estaban cubiertos por adscripciones provisionales, es decir, por funcionarios a los que se podía remover de su puesto sin ningún tipo de ilegalidad y, prácticamente, sin ningún tipo de razonamiento: se les podía remover. Lógicamente, de haberse hecho, de haberse removido alguno de estos funcionarios sin ningún tipo de razonamiento, aun cuando fuera legal, habría sido protestado, estoy seguro que por las Cortes que en aquel momento funcionaban, y, además, con razón. No se hizo así. El funcionamiento es que siguieron adscritos a sus puestos provisionales y que, por lo tanto, se daba la situación de que un gran número de funcionarios tenían sus puestos definitivos, y un gran número, un muy elevado número de funcionarios tenían una descripción provisional.

Para determinar las vacantes era necesario perfilar, había necesario que las relaciones de puestos de trabajo se depuraran. Era otro trabajo que había que hacer.

Hechos todos estos trabajos, es decir, integrados los funcionarios en los cuerpos o escalas de esta Administración; determinadas cuáles eran las vacantes que había que cubrir y a las que se podía remitir cada funcionario con carácter definitivo; determinado cuál era la relación de puestos de trabajo, era necesario convocar el concurso. Y, en marzo de mil novecientos noventa mediante una Orden de la Consejería de Presidencia, se convocó el concurso, con unas bases que estaban publicadas, que estaban desde diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, el Decreto 222 de mil novecientos ochenta y ocho, que todo el mundo conoce perfectamente, y con una Comisión de Valoración, es decir, con un órgano encargado... un órgano colegiado, que era el que estaba encargado de aplicar los criterios de estas bases a todos y cada uno de los expedientes presentados por los concursantes. Esta Comisión de Valoración es del mes de mayo, me parece, de mil novecientos ochenta y nueve.

Esta Comisión de Valoración, y tiene su extraordinaria importancia decirlo, estaba compuesta... presidida por la Dirección, por el Director General de la Función Pública, compuesta por un representante de cada una de las Consejerías del Gobierno y por un representante de cada una de las Centrales Sindicales. Lo he dicho muchas veces y lo reitero ahora: en el reglamento de provisión de puestos de trabajo publicado en enero de mil novecientos noventa, de la Administración Central, no se establece como obligatorio el que las Centrales Sindicales formen parte de las Comisiones de Valoración. En esta Administración, el Gobierno, el Partido Popular y de CDS, un Gobierno de Coalición, estableció como obligatorio el que formaran parte de esa Comisión de Valoración, no un representante sindical, sino un representante por cada una de las Centrales Sindicales que tenían representación en el Consejo de la Función Pública: la máxima representación que se podía dar a las Centrales Sindicales.

Con estos datos se inició lo que podemos llamar el trabajo fundamental del concurso. A partir de publicadas, de convocado el concurso, conocidas ya cuáles eran las bases que habían de aplicarse, y sabido cuál era el órgano que había de valorar estas bases y a los concursantes, se procede a recibir las peticiones de los concursantes.

A petición de los propios concursantes y de las centrales sindicales, se amplió el plazo de presentación de instancias, porque no cabe duda de que, si para la Administración esto es complejo, para los funcionarios también es complejo el hecho de acudir a un primer concurso general, en el que, en muchas ocasiones, no habían participado con anterioridad en otro concurso parecido, y tenían datos, a veces, suficientes para poder hacerlo.

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Ampliado el plazo y terminado el plazo de presentación de peticiones por los concursantes, llegamos a la siguiente conclusión: que el total de plazas sacadas a concurso eran de siete mil ochocientas cuarenta y cinco -aproximadamente, estoy diciendo números no exactamente uno a uno, pueden ser diez más, diez menos-; que las vacantes eran tres mil ochocientas ochenta y una, tres mil ochocientas ochenta y una vacantes; y que las plazas que están ocupadas por funcionarios con carácter definitivo, pero que podían participar en este concurso, y que como consecuencia de la participación en ese concurso podían dejar a su vez una vacante, lo que se llama resultas, eran tres mil novecientas sesenta y cinco plazas. Esos son los datos con los que empezamos a funcionar.

Un total de cuatro mil cuatrocientos veintinueve concursantes presentaron su petición para estas plazas. Se pedía a veces una vacante, o varias, o todas, porque eran forzosos y había que pedir todas. O a veces se pedía, siendo un funcionario con un puesto definitivo, alguna de las que quedara vacantes, o algunas de las que éstos quedaran vacantes, es decir, lo que se llaman resultas. Eso es en lo que nos encontramos en el mes de septiembre del año mil novecientos noventa. En aquella comparecencia hice constar cuáles fueron las peripecias a través de las cuales, y en constantes contactos, negociaciones, conversaciones y reuniones con las centrales sindicales, llegamos a perfilar todas estas materias, a valorar las bases, a presentar ... a ver las instancias....

Pero lo cierto es que a partir de aquel momento nos encontramos ya con una serie de datos y un trabajo a realizar. Eran los cuatro mil cuatrocientos y pico concursantes, cada uno de los cuales presentaba su petición acompañada de una serie de documentos. Todo aquello había que darle un trámite. ¿Cuál era el trámite que se le dio inicialmente? Era: todos los datos que obraban en los expedientes de cada uno de los concursantes, facilitados por estos concursantes, es decir, sin depurar, se introdujeron en la base de datos para tener de esta manera no la copia fotográfica en el Megadoc, sino se introdujeron en la base de datos para averiguar qué era lo que los concursantes habían dicho.

En un trabajo posterior y constituida la Comisión de Valoración inició la que pudiéramos llamar depuración de estos datos. Y con la depuración de estos datos se llegó a la conclusión, ya que algunos datos que habían dado los concursantes no coincidían ni siquiera con los documentos que habían presentado para acreditarlos. Entonces, en la base de datos del ordenador se depuró y quedaron únicamente los datos que la Comisión de Valoración, de aquellos que había dado cada concursante, consideraba que eran correctos. Y a partir de ese momento se iniciaba una tarea más difícil y más complicada, que era la tarea de valorar, con arreglo a las bases del Decreto 228, cuáles eran los puntos que correspondían a cada concursante. En un momento determinado, entonces en extenso, dije que los méritos eran unos de carácter general y otros de carácter específico. Y que los méritos de carácter general se referían a los niveles de los puestos de trabajo desempeñados durante los últimos dos años, cursos de carácter general, posesión de una mayor titulación que la exigida para ocupar el puesto que se estaba desempeñando, antigüedad a razón de cero siete puntos por año y con un máximo de veintiún puntos, hasta cuarenta puntos. Pero luego había los méritos específicos, que tenía que tener experiencia en las áreas para las del puesto que se pedía, y después cursos de perfeccionamiento especiales para ese puesto que se pedía, y después otros méritos como tesis doctorales, titulaciones, o la especial idoneidad que tanto ha dado que hablar en los últimos tiempos.

Hecha esta valoración, durante mucho tiempo, durante nada menos que ciento cuarenta y seis sesiones de la Comisión de Valoración, normalmente con una duración superior a las ocho o nueve horas, se llegó a tener en el mes de junio una valoración de todos los concursantes, en el mes de junio de este año. Las actas en las que se recogían esta valoración fueron aprobadas... Bien es cierto que no todos los participantes estuvieron de acuerdo con estas actas, también es cierto que no se opusieron a las puntuaciones -una de las centrales sindicales-, sino que en términos generales dijo que no podía aceptar lo que se estaba haciendo, pero el resto de los participantes dijeron o aceptaron como buenas aquellas valoraciones que ellos mismos habían dado. Teníamos, por lo tanto, habíamos llegado a una fase, la fase final en el mes de junio. Antes hubo otra parecida, pero luego hablaremos de ella.

Y nos encontrábamos con la necesidad de proceder con las puntuaciones que figuraban en esas actas, que eran las mismas que figuraban en el expediente de cada concursante, que en el momento de haberlas valorado se selló, se lacró y se guardó, era el momento de empezar a determinar a quién, con aquella puntuación o con la preferencia que las bases establecían, correspondía cada uno de los puestos que habían pedido.

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La situación que se nos planteó, el problema que se nos planteó era decidir si seguíamos perfilando o seguíamos trabajando en esta materia con el programa informático que teníamos o bien seguíamos adelante. La decisión que este Consejero tomó, en el anterior Gobierno, es la de seguir adelante. La razón por la que decidimos seguir adelante era muy sencilla. Habíamos tenido una experiencia, en el mes de febrero, como digo, habíamos adjudicado trescientas y pico plazas de agentes forestales y del grupo E, no solamente las vacantes, sino también las resultas y con carácter definitivo. Esas trescientas y pico plazas habían dado lugar a ochenta y un escritos de protesta, escritos que se presentaban por las adjudicaciones que se habían hecho con carácter definitivo. De esos ochenta y un escritos, cuarenta y tres pedían que se les dieran puestos distintos de los que había de las resultas, y treinta y ocho eran verdaderas alegaciones. Resueltas ya las resultas y las vacantes, a la publicación definitiva hubo dieciocho, ahora sí, ya recursos, porque sólo contra una resolución definitiva de la Administración se pueden presentar recursos, dieciocho recursos. De esos se estimaron seis y doce se desestimaron. Y según las noticias que tengo en este momento, han sido cinco los recursos contencioso-administrativo presentados hasta ahora a esos doce desestimados. La proporción era aceptable: doce recursos en vía administrativa frente..., digo doce recursos desestimados frente a trescientos treinta y tres adjudicaciones definitivas, y cinco contencioso-administrativos, frente a las trescientas treinta y tres definitivas.

Esto nos permitía albergar la esperanza de que el proceso no iba mal. Pero también sabíamos, por experiencia, que para haber llegado a estos resultados tuvimos que dar muchas vueltas, que tuvimos que hacer muchas comprobaciones, que tuvimos que escuchar muchas veces a los agentes forestales, y que algunas de las adjudicaciones que se habían hecho, aun siendo correctas y siendo las buenas, no gustaban a los adjudicatarios porque sus condiciones, desde el momento de la petición -marzo de mil novecientos noventa- hasta el momento de la adjudicación -febrero de mil novecientos noventa y uno-, habían cambiado de manera considerable, por motivos de residencia, por motivos familiares, porque se habían encontrado a gusto en una plaza donde no llevaban mucho tiempo. Es decir, no todo era recursos, no todo era verdadera reclamaciones contra la puntuación y contra la adjudicación, sino la puesta de manifiesto de circunstancias personales, lógica, por otra parte, en un primer concurso general, que variaban mucho aquellas peticiones que en su momento se habían hecho. Es más, eso nos permitió corregir, en aquellos casos que se pudo por ser simples errores materiales, algunos errores que los propios concursantes habían cometido, o corregir errores materiales que la propia Administración había cometido.

Esto nos permitía albergar dudas... razonables esperanzas de que si apretábamos el botón -en sentido real- del programa que teníamos preparado, un programa que había supuesto la preparación de quince programas previos, nos daría un buen resultado en cuanto a adjudicaciones de las plazas de lo que era más difícil y esperábamos que iba a haber más problemas. Hay que tener en cuenta que los agentes forestales eran un todo homogéneo, donde no se presentaban grandes problemas, mientras que la adjudicación de las plazas posteriores eran del Grupo C y D, del Grupo B, del Grupo A, que se entremezclaban entre sí y que era realmente donde podía haber cambios de residencias considerables o cambios de puestos de trabajo considerables. Por eso, la decisión fue publicar lo que resultó de la adjudicación de apretar el botón con los datos que teníamos, y eso es lo que se llevó a cabo. Esto se hizo previo un acuerdo, lógicamente, con la Comisión de Valoración que es la que hizo la propuesta, pero lógicamente también con las centrales sindicales, con una sola, con dos solas condiciones: que el plazo que íbamos a dar de alegaciones de diez días no se entendiera, porque no se debe entender así, porque en procedimiento... en la vía administrativa las alegaciones no es un plazo cerrado, pudieran presentarse alegaciones hasta el mes de septiembre. Punto primero.

Y segundo, que publicadas la relación de adjudicaciones provisionales vísperas de irse de vacaciones, que tan pronto como se hiciera la adjudicación, hiciéramos un reparto de las adjudicaciones por todas las provincias para que, antes de irse de vacaciones, todos los funcionarios que se iban a ir en el mes de julio tuvieran en su poder las adjudicaciones, con lo cual se cubrían dos posibles problemas, dos posibles indefensiones:

Primero, que todos los funcionarios que habían concursado sin necesidad de volver de sus vacaciones pudieran saber qué es lo que había pasado. Punto primero. Y que los que se quisieran ir de vacaciones pudieran irse de vacaciones tranquilamente, porque sus escritos se recibirían con posterioridad a su vuelta de vacaciones.

Sin embargo, y como esperábamos, no se hizo esperar hasta el mes de septiembre la presentación del mayor número de peticiones; a los diez días de haberse realizado, el día diez de julio, el día once de julio, teníamos ya un considerable número de peticiones o de escritos diciendo cosas sobre el concurso. El problema, tal como lo teníamos proyectado, no teníamos un segundo paso definido hasta no saber exactamente qué es lo que había pasado, qué nos ponía de manifiesto esos escritos. Al mismo tiempo, por la propia Administración, desde la Consejería, en la Dirección General de la Función Pública, se había empezado a detectar algunos errores que habían aparecido y se seguía de oficio estudiando lo que había pasado.

Esto nos coloca prácticamente en estos días o en unos días anteriores. Tan pronto como se supo el número de escritos que se habían presentado -que, por cierto, se supo fuera de la Consejería antes que en la propia Consejería; se habló de los cuatro mil cuatrocientos y pico escritos que se habían presentado, cuando nosotros todavía no sabíamos cuántos eran, pero lo cierto es que no andaban muy lejos de la realidad, eran tres mil ochocientos, tres mil novecientos escritos los que se han presentado a esta adjudicación provisional-, empezamos a trabajar con lo que ya llevábamos trabajando.

Y lo que puso de manifiesto ese trabajo es lo siguiente. Eran aproximadamente mil quinientas personas las que habían presentado algún tipo de escritos para decir algo sobre la adjudicación provisional. Punto primero.

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Punto segundo. Las mil quinientas personas habían producido unos tres mil ochocientos, tres mil novecientos escritos. Luego les explicaré por qué. De esas mil quinientas personas, aproximadamente el 50% eran personas que no hacían verdaderas alegaciones, que decían cosas tan peregrinas... que estaban muy contentos con la plaza que se les había adjudicado, pero que. por si acaso. querían poner de manifiesto que..., y decían su serie de cosas. Y a la vista de todo esto es cuando este Consejero detecta que no solamente los funcionarios están intranquilos con lo que está ocurriendo, sino que también los grupos políticos empiezan a decir que habrá que explicar qué pasa, porque cuatro mil escritos son muchos escritos, este Consejero se adelanta y, sin esperar a que las adjudicaciones sean definitivas, como ocurrió la vez anterior, pide comparecer ante la Comisión de Presidencia de las Cortes para explicar qué es lo que hay.

Y lo que hay, Señorías, es lo que les acabo de explicar: una adjudicación provisional que sabíamos que iba a tener errores, una adjudicación provisional que se hizo a sabiendas de que íbamos a tener alegaciones, es más, en muchas ocasiones esas alegaciones, esos escritos han sido alentados desde la Consejería, porque estábamos dispuestos a recibir todo tipo de sugerencias para conseguir que al final tuviéramos tan pocos recursos contenciosos-administrativos contra las adjudicaciones definitivas, como tenemos recursos contenciosos-administrativos contra la primera... frente a la primera adjudicación. Y eso ha provocado una lluvia de escritos. Pero también les tengo que decir una cosa. Hay cosas tan curiosas, como tres mil ochocientos escritos se producen porque hay concursantes, uno en concreto, que ha presentado trescientos escritos él sólo: por cada una de las plazas que había pedido ha hecho un escrito, diciendo: quiero que me digan cuántos puntos me corresponden a mí para esta plaza. Así puede haber trescientos o puede haber cincuenta mil, porque no olviden ustedes que los concursantes forzosos, no los voluntarios, tenían obligación -y si no hacían obligación se les entendía que habían pedido el resto de las plazas sin ningún orden-, de pedir las tres mil ochocientas ochenta vacantes que hay para ver dónde les había correspondido. Quiere esto decir que lo que se sacó, en primer lugar, como algo que era una monstruosidad, no era ninguna monstruosidad. Era que el proceso, tal como se había proyectado, estaba dando sus resultados.

En este momento, pensamos el número de recursos... alegaciones de verdad, y digo que es pronto, porque todavía estamos en vías de estudio, el número de alegaciones de verdad que estamos... que se han presentado son alrededor de unas setecientas, ochocientas alegaciones. Está dentro de lo previsto. Alguien dijo que este Consejero había dicho que si se presentaban más de un 20% de alegaciones repetiría el concurso. Primero, no es cierto que el Consejero dijera que se repetía el concurso. Dijo que si había más de un 20% de alegaciones se publicaría una nueva adjudicación provisional íntegramente, para que los concursantes no tuvieran que ir revolviendo boletín por boletín haber qué había pasado, para que de una sola vez pudieran saber que ocurría.

¿Qué ha ocurrido una vez publicado el concursos? Pues, que los concursantes han hecho sus alegaciones. Que algunos concursantes han intentado ver sus expedientes y que desde esta Consejería se han dado las instrucciones para que los expedientes en este momento, en este momento, no se enseñe a ninguno de los concursantes. A petición de los sindicatos, y puesto que en principio no se había hecho, se publicó: la adjudicación, el puesto que se había adjudicado y la puntuación con la que se adjudicaba cada uno de ellos. Esto permitía a cada uno de los concursantes averiguar si el señor a quien se le había adjudicado el puesto que él quería tenía más o menos puntos que él; punto primero.

Punto segundo. Como no es una Administración tan amplia como la Central, en definitiva, siete mil y pico funcionarios que concursan -porque la escala sanitaria queda excluida- o que pueden concursar no son tantos, y las peticiones se hacen en cada provincia, todo el mundo sabe poco más o menos los puntos que podían corresponder a quien le ha quitado la plaza; por antigüedad, por antigüedad en el área, por muchos puntos que se le hayan dado en otros campos, todo el mundo sabe poco más o menos dónde se encuentra cada uno de aquellos que pueden ser sus competidores en una plaza. Por lo tanto, con los puntos que allí se ponía, se podía averiguar.

En este momento, y por decisión expresa del Consejero, no se enseñan los expedientes, entre otras cosas porque es provisional y porque contra lo que hay que recurrir es contra una adjudicación definitiva. Sí se dan todo tipo de explicaciones de cómo se ha hecho, qué ha pasado y cómo están.

Y hemos averiguado cosas curiosas, cosas que nos ponen de manifiesto que hay errores de la Administración y que hay errores de los propios concursantes; como concursantes sorprendidos porque no les han dado una plaza, y resulta que, examinada su instancia, es que no la habían pedido. ¿Por qué? Pues, porque en vez de pedir la plaza ciento cinco han pedido la plaza ciento tres. La Administración no es responsable de esto.

Pero sí intentaremos poner remedio a todo aquello que no suponga perjuicio para ningún otro concursante, siempre que los derechos de los terceros no queden perjudicados se intentará dar respuesta a estas peticiones y a estos errores. Si se puede. Si no se puede, todos pagamos en esta vida los errores que cometemos, y los concursantes habrán de pagarles también. Yo creo que son poquísimos esos errores, que son muy pocos.

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Como el señor que ha pedido una plaza y cuando se le ha dado... resulta que pensaba que vivía muy bien en Valladolid, y cuando se le ha dado la plaza en Valladolid piensa que una vez que se ha casado y que su mujer era de Palencia, pues, que está mucho mejor en Palencia. También hay peticiones de ese tipo. ¿Curioso? No, porque esto no es para reirse. La situación individual de cada uno de los funcionarios es lo que más le preocupa a cada funcionario. La situación de cada uno de los trabajadores es lo que preocupa a la Administración. No puede haber un buen servicio a la Administración si la Administración no está ordenada. Pero si los funcionarios no están satisfechos, tampoco pueden prestar bien su servicio.

Pretendemos, por lo tanto, y con la adjudicación provisional que ha permitido a todos y cada uno de los concursantes, e incluso a esta Cámara, ha permitido saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, decirnos las sugerencias que tengan por conveniente para que el concurso se resuelva mejor, estamos plenamente convencidos, estoy plenamente convencido que el final de este concurso será un concurso justo, porque es objetivo, transparente y público; y será un concurso que dé satisfacción; yo estoy completamente convencido que más del ochenta por ciento de los concursantes verán satisfechas sus necesidades.

Tengo desde aquí que poner de manifiesto que en ningún momento, a pesar de lo que se ha dicho, que en ningún momento se ha tenido en cuenta para nada la pertenencia de los concursantes a uno u otro Partido Político; si forman parte o son altos cargos de esta Administración, de la Administración del Estado, o de la Administración de cualquiera otra Comunidad Autónoma; si forman parte sus amigos de la Comisión de Valoración o no forman parte de la Comisión de Valoración. Quiero poner de manifiesto, porque es un hecho real, que ha procurado este Consejero que los datos que había en el ordenador hayan estado para todos, salvo para los que forman parte de la Comisión de Valoración que son los que le están dando, y alguno a lo mejor ha ido apuntando día a día todos los datos que le interesaban, para todos los demás han sido datos ocultos, ni siquiera este Consejero sabía cuáles eran las valoraciones que tenían, nadie sabía cuáles eran.

Y, por otra parte, digo que cuatro mil puntuaciones, cuatro mil concursantes, con puntuaciones muy variadas, porque para cada plaza que pedía tenía una puntuación distinta, no es para retener en la memoria. Y nadie sabía qué puesto ni qué plaza se había adjudicado a cada uno hasta que dos días antes de publicarlo se apretó el botón del ordenador y empezó a escupir a quién correspondía cada una de las plazas que se habían adjudicado. Todo lo que se contó con anterioridad de a quién correspondían las plazas no era cierto, eran puros bulos; lógicos por otra parte, porque como digo, para el funcionario que está pidiendo un puesto, que tiene que cambiarse de puesto de trabajo, que tiene que cambiarse de ciudad, es sumamente importante garantizar que eso le va a ser satisfecho.

Yo pongo a cada uno de los aquí presentes en la situación de que tuvieran... que ahora le dijeran que tiene que cambiar de trabajo, y no solamente de trabajo ni de ciudad, y supongo que empezarían a sudar. Pues, eso mismo les ha pasado a los cuatro mil y pico funcionarios, a los tres mil ochocientos ochenta funcionarios o cuatro mil funcionarios que han concursado y que no sabían exactamente qué es lo que iba a pasar. Que tampoco tenían por qué tener una confianza ciega. Si ustedes, si Sus Señorías piensan que algo raro hay en el concurso, fíjese ustedes lo que pensarán los funcionarios.

Lo que sí que quiero decir es que cada vez que se ha pedido, que se ha tenido alguna duda de cómo se estaban haciendo las cosas, se ha atendido a todos y cada uno de los funcionarios y se le ha explicado lo que había. Cada vez que este Consejero ha tenido la más mínima duda de que por los Grupos políticos de esta Comunidad Autónoma se dudaba de cómo se llevaba el concurso, ha pedido rapidísimamente, como ha hecho en este momento, la petición de comparecer.

Me produce una gran alegría, y con esto termino, que el Grupo Socialista, que es... que parece ser quien con mayor intensidad estaba demandando que se dieran explicaciones, considere que este es un tema tan importante que exija la convocatoria de un Pleno. Yo creo que no. Yo creo que ni siquiera, ni siquiera era para haber convocado esta Comisión de Presidencia en una época inhábil. Pero esto demuestra que el Grupo Socialista cree que éste es un trabajo importante, importantísimo. Sesde mi punto de vista, también lo es; a él a dedicado la Consejería de Presidencia, no solamente la Dirección General de la Función Pública, la Consejería de Presidencia y el resto de las Consejerías que han colaborado con personal de las mismas, mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho trabajo. Porque creemos que sin una buena Administración Pública, que está compuesta de unos recursos, de una organización y de unos recursos humanos, es imposible que prestemos los servicios que los ciudadanos piden. Por eso digo que me alegra enormemente que el Grupo Socialista piense que ésta es una materia importante. Es importantísima.

Y desde ahora les digo, y más adelante lo pondremos de manifiesto, que esto sólo es una meta, una meta del camino. Pero no hemos terminado. El punto de partida es la modernización y racionalización de la Función Pública. Y sin ésta, sin la resolución de este concurso, sin la integración de los funcionarios y sin un buen registro de la Función Pública, no podremos llegar a hacer esa modernización y racionalización nunca.

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Y, por otra parte, felicito al Grupo Socialista porque tenía los datos de los escritos antes que este Consejero, lo que pone de manifiesto que, por lo menos, el concurso es público. Es decir, puede no ser, no gustarles, pero público es, porque si conocían los datos tan pronto o antes que este Consejero hubiera tenido interés de terminar a ver cuántos escrito había, eso sí que significa que es público.

Pasó lo mismo en la comparecencia anterior. Un informe de la Inspección de Servicios lo conocía el Grupo Socialista tan pronto como... -no tan pronto, yo lo conocí primero-, pero lo conoció muy pronto, lo tenía en sus manos. Lo que quiere decir, yo no quiero decir que esté bien ni que está mal, no me molesta; lo único que quiero decir es que con estos datos no se puede decir que este concurso no sea público y no sea transparente. Todos los datos del concurso los conocen todos los concursantes que quieran, menos uno: lo que haga la Comisión de Valoración. Porque la Comisión de Valoración, como cualquier otro Tribunal, sus decisiones, sus deliberaciones y lo que hace es secreto, y de esas deliberaciones tendrán conocimiento los que han participado de ellas, pero lo único que tendrá conocimiento el resultado final. Y el único que puede valorar lo que allí se ha hecho, y ni siquiera puede recurrirlo, porque es subjetivo, serán los propios miembros o en la vía jurisdiccional.

Esto pone de manifiesto que este concurso, que como digo es necesario, que por el Grupo Socialista, incluso, se considera muy importante, va por buen camino. Y yo estoy plenamente convencido que, no dentro de muchos meses, tendremos una resolución definitiva que, como digo, dé prácticamente satisfacción a la mayor parte de los concursantes. Lógicamente, va a haber concursantes que no están tan satisfechos, algunos porque nunca estarán satisfechos, y otros porque, lógicamente, yo he admitido desde el primer momento que, teniendo en cuenta que no tenemos un registro de la Función Pública, es decir, no tenemos el historial de todos y cada uno de los funcionarios de esta Comunidad que nos habría permitido hacer un concurso de otra manera, lógicamente, va a haber errores.

Desde ahora digo que en la resolución de los recursos, lo mismo que se hizo en los eventuales..., en los guardas forestales y en el Grupo E, se mirará al máximo la posibilidad de atender sus peticiones si se puede. Y que yo estoy satisfecho de que el que no esté contento acuda a los Tribunales, para que el Tribunal con su criterio decida lo que crea conveniente. Y me parece lógico.

Y lo que deseo es que cuanto antes termine este trabajo para poder empezar el importante trabajo que tenemos para esta Legislatura, que es conseguir una buena Administración como camino... como punto de partida imprescindible para prestar un buen servicio. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Si los Portavoces de los Grupos Parlamentarios no solicitan otra cosa, se suspende la sesión por el tiempo de quince minutos para que los miembros de la Comisión puedan preparar sus observaciones y preguntas al señor Consejero. Se interrumpe la sesión.

(Se suspende la sesión a las doce horas diez minutos, reanudándose a las doce horas treinta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Se reanuda la sesión. Para la formulación de preguntas u observaciones se abre un turno de los Portavoces de los diferentes Grupos Parlamentarios.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Antonio Herreros Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: He intentado seguir con detenimiento las explicaciones dadas por el Consejero, y después de haber hecho una lectura detenida del Decreto 222, yo creo que el origen de la mayor parte de los problemas que en estos momentos aparecen están dentro de la gran farragosidad de las bases de su concurso y su complejidad.

Y una pregunta que se nos ocurre es si realmente la complicación que ha surgido en una cuestión que, a nuestro juicio, es puramente administrativa, no tiene unas condicionantes, no exclusivamente administrativas y de la carencia de un registro, sino de una complicación de tipo político, entendiendo por tal el haber dado un carácter inusual, a nuestro juicio, de lo que debe ser o es un procedimiento puramente administrativo; es la primera cuestión que planteamos.

En segundo lugar, comprobamos escasez de mecanismos de verificación de la base 6.2.3., y mecanismos de objetividad que hayan podido utilizarse en las certificaciones acreditativas en algunos supuestos, aunque entendemos que esto sólo lo podemos expresar desde el punto de vista de las declaraciones y manifestaciones que hemos podido contemplar a través de los medios de comunicación, y en ningún caso con base a algo que no hemos tenido acceso directo a ello, puesto que entendemos que las deliberaciones de la Comisión de Valoración son, o han sido, o permanecen en el secreto de un sumario de procedimiento.

Queremos expresar que, al margen de las cuestiones personales individualizadas, nos parece importante el número, y significativo, de mil quinientas personas reclamando, aunque habría que conocer cuál es la lógica de esas reclamaciones. Entre otras razones, motivaría cuáles son las razones últimas que se producen dada la interpretación que también a través de algunas declaraciones se han podido oír, expresiones tales como inducción por parte de algunos grupos políticos a que se presentaran escritos, alegaciones o reclamaciones.

Nos gustaría conocer también quiénes han realizado las entrevistas a los altos cargos, o ex-altos cargos, y cuáles son las garantías de imparcialidad o de objetividad que se han introducido, si es que éstas pueden ser conocidas por esta Comisión.

(-p.62-)

Y, por el momento, no tenemos más que expresar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Herreros. Por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, tiene la palabra el Procurador don Daniel de Fernando Alonso.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, bastantes palabras de las que usted ha dicho a lo largo de su intervención estamos totalmente de acuerdo en cuanto a que el concurso era completamente necesario, que en la intervención que usted dijo... hizo en su día, se pretendió -y así se quedó en la Comisión- que se procurase un resultado justo, con objetividad, etcétera, etcétera.

Yo, sin embargo, en esta primera intervención quisiera, si es posible, que usted nos aclarase una serie de temas. Porque nos ha hablado de los tres mil ochocientos escritos, pertenecientes a mil quinientos funcionarios, y en ellos sólo ha hecho referencia a los anecdóticos. Pero un tema.......... concurso, en que -yo lo dije el día del Discurso de Investidura- es verdad que ha habido errores sin culpa de nadie, de programas, de actuación, que se pueden corregir, hoy, a criterio de los funcionarios o, por lo menos, lo que los funcionarios -bastantes- le han transmitido a este Procurador, en algunos no consideran tales errores.

Por eso, quisiéramos saber: de esas mil quinientas personas que han escrito, ¿cuántas son o cuántos escritos hacen referencia a Jefatura de Sección y Jefatura de Servicio?

Es curioso, también, a criterio de algunos funcionarios, cómo se han quedado vacantes algunas Jefaturas de Servicio, según su criterio -y espero que usted nos lo aclare-, con una doble intencionalidad: no se las damos, porque a los que les corresponden no son afines al Partido Popular; las dejamos vacantes, y ahora las adscripciones provisionales sí serán para afines al Partido Popular, y en el próximo concurso ya serán para esos mismos que hoy día no tenían los méritos suficientes para darla.

Por tanto, donde los funcionarios piensan que los errores pueden ser más meditados es en las Jefaturas de Sección y Jefaturas de Servicio.

Yo quisiera que nos explicase también si es cierto lo que dicen algunos funcionarios, que los méritos específicos no se han valorado al máximo en ningún caso, y sí se han valorado al máximo las entrevistas o las adscripciones provisionales. Y el no valorar los méritos específicos al máximo que permitía el Decreto ha dado lugar, por ejemplo -y yo no sé si son ciertos o no datos que a mí me han dado-, cómo un veterinario va de Director a una biblioteca, un ATS a Directora en la Escuela de Capacitación Agraria, o un administrativo a Jefe de Sección del Museo de Arqueología, cuando había funcionarios específicos de sus temas que sí lo había pedido, y se han quedado fuera porque las valoraciones -como digo- se han quedado al mínimo de expresión, y no a los quince puntos que permitía el concurso.

Por tanto, señor Consejero, yo en esta primera intervención querría saber: ¿cuántas Jefaturas de Servicio han quedado vacantes y por qué?; ¿cuántas Jefaturas de Sección han quedado vacantes y por qué?; ¿cuántas reclamaciones, de esas mil quinientas personas, se refieren a Jefatura de Sección y Jefatura de Servicio?; ¿qué valoración se ha dado en las adscripciones provisionales y en las entrevistas?, ¿sobre cuántos puntos había y cuántos se le han dado?; ¿qué valoraciones se han dado en los méritos específicos?

Y, finalmente, si me puede aclarar: los funcionarios que no han quedado adscritos en las plazas que habían pedido, y, por tanto, ha habido que adscribirlos -digamos- obligatoriamente, ¿cómo es que en Avila se haya cubierto el cien por cien de las plazas y en Zamora casi el cero por cien?

Nada más, Presidente, de momento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor de Fernando. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Leandro Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Bueno, me van a permitir los miembros de la Comisión que yo también haga una breve historia, puesto que el concurso es un tema que, durante la anterior Legislatura, prácticamente, nos tuvo yo diría que permanentemente reunidos, puesto que no había pisibilidades de que se sacara adelante.

Claro, la historia, se ve, depende de quién es el que participa en ella y de qué manera participa en ella. Por lo tanto, yo tengo... el Grupo Parlamentario Socialista tiene su historia particular sobre cómo se produce todo el concurso de traslado de funcionarios, con el Decreto 222, las bases, etcétera, etcétera.

Y, para empezar, se empieza acusando a la anterior Administración, en una de sus primeras comparecencias -me estoy refiriendo al primer Consejero de Presidencia y Administración Territorial que hubo en la anterior Legislatura-, se empieza acusando a la anterior Administración de que había sentado las bases durante un año y medio para que, de alguna manera, con la entrada del nuevo Gobierno, en el año mil novecientos ochenta y siete, prácticamente, el concurso no tuviera ninguna dificultad para ser resuelto.

(-p.63-)

Ya en su Discurso de Investidura, el señor Aznar y el señor Posada asumen el compromiso de sacar adelante el concurso; pero ya se van acumulando una serie de irregularidades. Por ejemplo, hay una modificación en las RPTs, en las Relaciones de Puestos de Trabajo; por poner un ejemplo, solamente en un Boletín Oficial de Castilla y León hay doscientos veintiocho errores. Estos doscientos veintiocho errores entre comillas, puesto que se refieren ya no solamente a cambios en los puestos de trabajo, sino, incluso, a modificaciones en los complementos específicos de dichos cambios.

Con ello, se van preparando las adscripciones provisionales -que usted, señor Consejero, sabe cuál es mi versión sobre las adscripciones provisionales o, dicho de otra manera, cómo colocar a un determinado número de funcionarios de manera privilegiada, a la hora de que en la resolución del concurso puedan acceder a las mejores plazas-, se achaca el cambio a los distintos Consejeros; en concreto, tres Consejeros, dos Secretarios Generales, tres Directores Generales y dos Jefes de Servicio, que pasan por esta Consejería antes de resolver provisionalmente el concurso. Recordará aquella frase que le comenté en una comparecencia anterior: que a la Consejería de Presidencia la llamaban el Valle de los Caídos, porque no había ni un Consejero, ni un Secretario General, ni un Director General que durara más de seis meses.

Hay modificaciones de los Consejeros y de los Directores Generales, en una supuesta llamémosle austeridad, compromiso que adquiere el primer Presidente de la Junta del Partido Popular y que, de alguna manera, apoya el segundo Presidente de la Junta del Partido Popular, pero que luego no existe tal austeridad; lo que sí que existe es una serie de cambios en Consejerías, nombramientos de nuevas Consejerías, nombramientos de nuevas Secretarías Generales y Direcciones Generales, que, de alguna manera, impiden que los propios funcionarios se puedan adscribir a un determinado puesto de trabajo sin sufrir modificaciones.

Se sigue culpando a alguna Central Sindical, diciendo que no es obligatorio que estén presentes en la Comisión de Valoración. Incluso -usted mismo lo ha vuelto a recordar en su anterior comparecencia-, sin embargo, se olvida de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló, precisamente, un concurso de estas características por no tener representación las Centrales Sindicales en dicho concurso. Es decir, que hay sentencias que, de alguna manera, obligan a que exista una representación sindical en la Comisión de Valoración que valore el concurso de méritos de los propios funcionarios.

Y, además, yo le preguntaría, en este sentido, ¿qué pasa con la aplicación de la Ley 9 sobre los órganos de representación?

Se habla del Decreto 222. Ninguna Central Sindical -insisto-, ninguna Central Sindical -no solamente aquellas Centrales Sindicales que desde el punto de vista del señor Consejero son críticas con el concurso-, ninguna Central Sindical, ni aquéllas que colaboran habitualmente con dicha Consejería, estaban de acuerdo -y está recogido en alguna de sus comparecencias- con las bases para aplicar los baremos de puntuación de los funcionarios en dicho concurso.

Incluso, ya se presentó algún recurso sobre dichas bases, que -según tengo entendido- está pendiente de resolución.

Se habla de los Altos Cargos, de las entrevistas de los Altos Cargos con los Altos Cargos. Y, miren ustedes, precisamente en la resolución del concurso sobre los Altos Cargos, es decir, sobre las Jefaturas de Servicio, que son las únicas que tienen entrevista, es en las únicas en las que de ninguna de las maneras se sufre ningún tipo de modificación, ni ningún tipo de corrección. Que yo sepa, en su totalidad o -por decirlo mejor- en un 95%, prácticamente todas ellas han ido, o a personas afiliadas al Partido Popular, o a simpatizantes del Partido Popular, sin que en casi ningún caso se hayan sufrido modificaciones sobre esos resultados en el concurso de traslados de funcionarios.

Y, por último -y hay algún tipo de manifestación hecha pública en los medios de comunicación-, se termina culpando al sistema informático. Parece ser que, en última instancia, todos los errores que se han producido en la resolución provisional del concurso de traslados de funcionarios ha sido por culpa del sistema informático; dicho esto sin procurar que el propio Jefe de Servicio del Sistema Informático pueda defenderse de tal acusación, puesto que en esos momentos se encuentra de vacaciones.

Y, por último, se amplía el plazo de presentación. Documento informativo de la Administración sobre reclamaciones y alegaciones. Y quisiera que se dejara claro en esta Comisión si se ha ampliado o no se ha ampliado -y me refiero, lógicamente, al Decreto, no a conversaciones entre pasillos-, si se ha ampliado o no se ha ampliado el plazo de presentación de las reclamaciones y el plazo de presentación de las alegaciones.

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En definitiva, la situación del concurso, en estos momentos, es la siguiente: como bien dice el señor Consejero, mil seiscientos funcionarios, que reclaman un total de cuatro mil... por un total de cuatro mil alegaciones. Y no me sirve que, en algunos casos, algún funcionario haya presentado incluso hasta trescientas alegaciones, porque el número de funcionarios que realmente ha reclamado es de, aproximadamente, unos mil seiscientos. Esto es, de cuatro mil cuatrocientos veintinueve funcionarios que concursaban, hay mil setecientas reclamaciones, es decir, casi el 50% de los funcionarios que en estos momentos han presentado algún tipo de reclamación sobre el concurso; insisto, el 50%; descontando -eso sí- seiscientas cincuenta plazas desaparecidas, es decir, que no aparecen en la resolución provisional del concurso, y unos ciento treinta funcionarios que en estos momentos están "missing", están, también, desaparecidos de dicho concurso, no aparecen por ningún lado; doscientas adjudicaciones de forestales y de funcionarios del Grupo E, que ya se habían producido; y que, con todo ello, nos da un total de cerca de tres mil setecientas plazas, las que realmente se han adjudicado -aunque sea con carácter provisional-, y de ellas -insisto-, mil seiscientas, aproximadamente, han sufrido reclamaciones.

Creo que es justo denunciar la utilización política que ha tenido dicho concurso, fundamentalmente, no por parte de los sindicatos, como dice el Consejero -y en esto no podemos coincidir-, sino por parte de la propia Administración.

El señor Aznar, en su Discurso de Investidura, ya hablaba como uno de los objetivos a cumplir a corto plazo, la resolución del concurso de traslado de funcionarios. Objetivo hecho suyo por parte del siguiente Presidente de la Junta, don Jesús Posada. Incluso en el último debate de Investidura, al que asistimos todos los Procuradores presentes en esta Comisión, ya el señor Presidente de la Junta de Castilla y León, señor Juan José Lucas, hacía algún tipo de alusión a la resolución inmediata del concurso de traslado de funcionarios. Pero esta resolución después de casi cinco años, se hace de manera provisional y ¡qué casualidad!, qué casualidad que sea justo en el momento en el que se están celebrando las elecciones regionales y municipales, en un momento en que todo el mundo sabía que los funcionarios estaban pendientes de que definitivamente se resolviera su concurso de traslado de funcionarios, y que dicha resolución se hace dos días antes de la propia Investidura del señor Presidente de la Junta, don Juan José Lucas. Quiero pensar que ambas casualidades no son nada más que eso, puras casualidades.

Se ha producido la más absoluta desconsideración, por los daños materiales, morales, psíquicos y profesionales de los funcionarios afectados. Los funcionarios en estos momentos no saben ni su propia puntuación -y lo ha reconocido el propio Consejero de Presidencia-, ya no del área por el que se les ha adjudicado de manera provisional la plaza, sino del resto de las áreas a las que concursaban; y, por lo tanto, sin saber la puntuación de este área, del resto de las áreas, y, por supuesto, del resto de los compañeros que concursaban, a estas alturas de la resolución del concurso, creo que han sido pocas, para la escasa información que han tenido los propios funcionarios, las alegaciones que se han presentado. Dicho de otra manera, si los funcionarios realmente hubieran sido informados de su puntuación, no en el área al que al final se ha adjudicado la plaza, del resto de las áreas y de la puntuación del resto de los funcionarios del área adjudicada y del resto de las áreas, probablemente, estoy por asegurar que el número de alegaciones y de reclamaciones que se hubieran presentado en estos momentos se hubiera triplicado, por no decir más.

Insisto que estos errores no se han producido en las jefaturas de servicio, donde el noventa por ciento de ellas han ido a parar a funcionarios próximos, o, en algún caso afiliados -y datos tengo sobre la mesa- a personas del Partido Popular. Pero lo que es más grave: ha habido una enorme indefensión por parte de los funcionarios. Como decía anteriormente, no conocen los componentes parciales de su puntuación, no se sabe muy bien en estos momentos los documentos presentados, las peticiones, las memorias, las certificaciones de servicios prestados, la declaración jurada de experiencia en su área, firmada por el propio funcionario en algunos casos; no conocen las puntuaciones del resto de las áreas, y, cómo no, no saben cuándo finaliza realmente el plazo de presentación de alegaciones. De alguna manera habrá funcionarios que simplemente se limiten a respetar el plazo de los diez días marcados, y hay otros funcionarios que, por el contrario, siendo conocedores de que se ha abierto un poco ese plazo de presentación, pues, podrán, probablemente, presentar alegaciones y reclamaciones hasta el mes de septiembre, como decía anteriormente el Consejero de Presidencia.

Y todo esto ¿por qué preocupa al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista? Evidentemente, por un tema importante: porque se ha producido un auténtico caos administrativo. Los funcionarios en estos momentos están más preocupados de la resolución del concurso que de trabajar y hacer trabajar a los propios funcionarios, de cara a los servicios públicos que cualquier administración debe de dar a los administrados.

Y, además, porque han existido movilizaciones, y esto es un tema dramático en algunos casos para algunos funcionarios, no solamente porque se les haya trasladado de ciudades, de provincias; es el caso, por utilizar algunos ejemplos como utilizaba con anterioridad el Consejero de Presidencia, de una funcionaria del IRYDA, veintitrés años en la Administración, y que en un momento determinado concursa y se la traslada -insisto, después de veintitrés años- de provincia, lógicamente, con todos los problemas de carácter humano, en este caso, que puedan traer consigo este tipo de soluciones, este tipo de decisiones. Pero ya no solamente se les traslada entre provincias, que aun siendo grave, quizá no fuera lo más grave, puesto que no creo que sean muchos los casos que se den, sino que además se les traslada de servicios, con lo que funcionarios que durante un periodo importante del tiempo que llevan en la Administración han estado trabajando en un determinado servicio, se les ha cambiado de servicio, con los inconvenientes que eso crea a la hora de que el funcionario pueda realizar al cien por cien todas sus funciones tal y como sería de desear. Todos estos funcionarios, en la mayoría de los casos, van a tener que aprender, como si de nuevos en la Administración se tratara, todas y cada una de esas funciones que nuevamente se les ha adjudicado.

(-p.65-)

Decía el señor Consejero que el trabajo es importante y que de tal manera se considera dicha importancia que ha supuesto una comparecencia, una petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista.

Insisto. Si el Grupo Parlamentario Socialista ha pedido esta comparecencia con carácter urgente, ya no es por la intranquilidad de los propios políticos, como decía el Consejero, ni siquiera de los propios funcionarios, sino la intranquilidad en la que en estos momentos se encuentran los administrados de esta Administración de Castilla y León, que no saben, no contestan, cuando se acercan a las ventanillas a solicitar algún tipo de información a los funcionarios, estando éstos más pendientes de sus propios problemas personales que de recibir a los administrados.

Y me decía, y se lo voy a contestar, que el Grupo Parlamentario Socialista conocía los datos del concurso, y también me decía que, efectivamente, en una anterior comparecencia conocía un informe de la Inspección General de Servicio. Pues, mire usted, ambos datos les ha tenido el Grupo Parlamentario Socialista, si bien es cierto, después del Consejero -como no podría ser de otra manera-, porque los propios funcionarios, muy preocupados -insisto una vez más-, por esta resolución del concurso, nos han llamado, nos han escrito, y hay testimonio de un sin fin de cartas y de llamadas, preocupados porque si la Administración era incapaz de resolver este concurso, a ver qué tipo de iniciativas se podrían tomar ante las propias Cortes de Castilla y León que, en definitiva, es lo que estamos haciendo en estos momentos.

Y, para terminar, me van a permitir que compare lo que ha sido la resolución provisional, insisto, del concurso de traslado de funcionarios, pues, con esas parejas que se van de viaje a Canarias, que, al final, bueno, pues, resulta que se compran una máquina de fotos, una Canon supermoderna, eléctrica, con motor mecánico, etcétera, etcétera, y cuando vienen a Valladolid, pues, se encuentran siempre con la sensación de que les han engañado, y se han traído una cámara de doscientas cincuenta pesetas por un precio que, lógicamente, en ningún otro caso hubieran podido conseguir. Y eso sólo ha sucedido por, insisto, la indefensión de los propios funcionarios, la escasa información que desde la Consejería de Presidencia y Administración Territorial se ha dado a los propios funcionarios, y por la absoluta, absoluta indefensión en la que en estos momentos se siguen encontrando, por no saber de qué manera poder recurrir, al desconocer tanto sus puntos como el resto de los puntos de las áreas a las que han concursado, como el resto de los puntos, o de la puntuación que se haya podido dar al resto de los funcionarios, que en algunos casos podían ser, digamos, ejemplos no deseados por los propios funcionarios y que, por lo tanto, en todo caso, podrían ser recurribles. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Félix San Segundo Nieto.

SAN SEGUNDO NIETO

EL SEÑOR SAN SEGUNDO NIETO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, Señorías. En primer lugar, quiero agradecer su comparecencia al señor Consejero, y las explicaciones tan detalladas, tan exhaustivas que nos ha proporcionado en esta Comisión. Explicaciones que, bajo nuestro punto de vista, a nuestro Grupo Parlamentario nos han convencido completamente.

Y, lo único que hacemos es felicitar nuevamente, como ya hemos hecho en anteriores comparecencias, al señor Consejero, y animarle a que siga en esta tarea emprendida con tanto tesón y con tanto esfuerzo, porque estamos seguros que el resultado final será un éxito como se merece su Consejería.

Ya hemos escuchado muchas veces la postura del señor Consejero de la Junta de Castilla y León, respecto a cómo se encontraba la Administración o la función pública en el año mil novecientos ochenta y siete, cuando el Grupo Popular, o el Partido Popular se hizo cargo del Gobierno, y hoy el señor Martín Puertas nos cuenta su historia particular, pero no he visto ninguna historia particular.

Yo lo que le puedo decir que estamos perfectamente de acuerdo con lo que reiteradamente ha manifestado el señor Consejero, y que la situación de la Administración, la situación de la función pública, de los funcionarios en el año mil novecientos ochenta y siete era caótica. Y era caótica, y así lo ha dicho ya nuestro Presidente de la Junta de Castilla y León, que cuando él accedió en julio del ochenta y siete a esta Comisión, o a esta Consejería de Presidencia, solamente se encontró con unas llaves de un cajón que no sabía a qué cajón pertenecían y una relación de puestos de trabajo con setecientas impugnaciones que la invalidaban, y que hubo que hacer una nueva relación de puestos de trabajo.

Por lo tanto, coincidimos totalmente con lo que manifiesta el señor Consejero: que ha habido que hacer un gran trabajo, un gran esfuerzo para ordenar la función pública, para integrar a los funcionarios en los cuerpos y escalas, parcelas base del Decreto 222 que posibilitaba el concurso, y todo lo ha hecho esta Junta de Castilla y León, y todo lo ha hecho el Grupo del Partido Popular.

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Por lo tanto, señor Martín Puertas, aunque no es un debate entre Portavoces, yo también quiero dejar constancia de que coincidimos con la postura del señor Consejero, de que reiteramos que la situación de la función pública en el año ochenta y siete no era como usted dice, y que el trabajo y el esfuerzo que ha tenido que hacer esta Junta de Castilla y León, la precedente y actual, es muy importante, y ello permitió que en marzo de mil novecientos noventa se convocase por fin el concurso que ahora de forma provisional se ha resuelto.

Mire, señor Martín Puertas, yo pienso que hay que ser totalmente objetivos. Usted da mucha importancia a este concurso. El señor Consejero ha dado mucha importancia a este concurso. Todos damos mucha importancia a este concurso. Pero, quizá, un procedimiento administrativo, y en época inhábil y en época de verano, no fuese el procedimiento más adecuado el traerle a esta Cámara. Quizá usted, su Grupo Parlamentario lo que busca es el eco y la resonancia a sus críticas ante la opinión pública.

Pero, bien, producida esta comparecencia le ha dado oportunidad, una vez más, al señor Consejero de explicar cómo se produce, cómo se encuentra el concurso, y nosotros aceptamos totalmente sus explicaciones.

Porque le decía que hay que ser totalmente objetivos, de igual forma, para valorar las dificultades que tiene este complejo concurso, que para criticar los errores o fallos que puedan ser imputables a la Administración. Y creo que en sus palabras, en sus manifestaciones no se produce ese equilibrio; magnifica los errores, magnifica los fallos, en cambio, no hay un reconocimiento expreso de las dificultades y de la complejidad de este concurso.

Y nosotros estamos convencidos de que es muy complejo este concurso. Estamos convencidos de que la Comisión de Valoración ha tenido que examinar cuatro mil y pico expedientes, que ha tenido que realizar seiscientas entrevistas para jefe de servicio, que ha tenido que examinar doscientos mil documentos, y que se han aportado a ese sistema, o a ese programa informático, millones y millones de datos.

Entonces, aunque es excusable y es perfectamente entendible que se han producido esos errores; y como la propia Administración, como la propia Consejería ya imaginaba que se iban a producir estos fallos y estos errores, por eso, de forma provisional ha resuelto este concurso, dando posibilidad a que todos y cada uno de los funcionarios, a que todos y cada uno de los concursantes puedan alegar.

Por aquí se produce, señor Martín Puertas, una incoherencia. Usted dice que no saben a quién recurrir. ¿Cómo se explica entonces las cuatro mil y pico alegaciones que usted dice que se han presentado, o tres mil novecientas, o tres mil ochocientas y pico que dice el señor Consejero? Luego sí que saben a quien hay que recurrir.

Pero no se fije en las tres mil ochocientas o tres mil novecientas alegaciones. Ya lo ha explicado el señor Consejero: hay muchos funcionarios que han recurrido trescientas, doscientas y pico veces. Hay muchos funcionarios, y me consta, que han presentado el recurso en distintos registros, y hay muchos funcionarios que han presentado .....

Por lo tanto, puede considerarse, y espero que cuando conozcamos los datos finales así se presenten, que puede haber setecientas, seiscientas, setecientas alegaciones, como dice el señor Consejero. Pero si tenemos en cuenta que esos errores o esos fallos ya eran detectados inicialmente por parte de la Dirección de la Función Pública, por parte de la Consejería, y que de oficio se ha puesto a trabajar rápidamente, es posible que de esas setecientas alegaciones ya se resuelvan de oficio muchísimas y quede reducido el porcentaje a muchas menos de las que usted dice. Porque no me diga que no le valen las tres mil ochocientas alegaciones, que usted dice que han reclamado mil quinientas, mil seiscientos funcionarios; pero usted considere y reflexione que de esos funcionarios, hemos dicho que muchos han presentado muchas alegaciones; luego no son mil quinientos, mil seiscientos funcionarios; habrá que ver cuál es el número real, sabiendo las veces que han repetido el recurso o las veces que han repetido la alegación. Como este concurso se resolverá de forma definitiva y después vendrá el plazo legal de diez días para reclamar, no hay ninguna indefensión posible, pues todos los funcionarios conocerán en cada momento cuál es su situación, cuál es su puntuación y de qué forma, neutral y objetiva, se les ha otorgado.

Nosotros, en las comparecencias que hoy aquí se han producido, no solamente......, sino a las centrales sindicales, hemos visto y estamos perfectamente de acuerdo que en todo momento se ha trabajado con honestidad, con transparencia, con objetividad. Hemos confiando siempre en los funcionarios, confiamos en que las certificaciones expedidas por los funcionarios, por secretarios generales, son certificaciones que coinciden con la realidad, y, por lo tanto, también le decimos que los funcionarios, en el momento que se expidieron esas certificaciones, estaban perfectamente legitimados para haber recurrido ante esa certificación. No así la Comisión de Valoración, aunque siempre que cualquier representante de central sindical exponía sus dudas, la Comisión de Valoración acudía a la Consejería, a la Secretaría respectiva, para indagar, para clarificar y para que hubiese transparencia y poder corregir esos posibles errores.

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Por lo tanto, nosotros seguimos confiando en el señor Consejero. Le decimos que estamos completamente convencidos de que ha habido transparencia, claridad y objetividad. No podemos admitir de ninguna forma que se hable de manipulaciones o que se hable de premios a gente del Partido Popular, a simpatizantes del Partido Popular; eso, señor Martín Puertas, no se lo toleramos, no lo admitimos. Creemos que sí que hay Administraciones, como esta nuestra, regida por el Partido Popular, que actúa con ética, que actúa con transparencia, y no pensemos siempre que la corrupción es algo que tiene que estar constantemente al día en nuestras Administraciones o en la política. No, señor Martín Puertas. Creemos y estamos convencidos de que se está actuando con total objetividad y que, por lo tanto, ni un solo funcionario, cuando se resuelva definitivamente, creemos que vaya a quedar... y si no ni un solo funcionario, al menos, como decía el Consejero, el 80 o el 90% de funcionarios quedarán plenamente satisfechos, porque habrán visto que esta Administración ha trabajado con esfuerzo, con tesón y con objetividad para hacer posible que cada funcionario se coloque y tenga el puesto de trabajo que legalmente y con arreglo a su puntuación le corresponde.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor San Segundo. Para contestar a las cuestiones que han sido planteadas por los diferentes Portavoces parlamentarios, tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señorías, el tono de esta comparecencia, aun cuando no el fondo de las mismas, me obliga a agradecer a todos los participantes la forma como está discurriendo. Está y estaba en mi ánimo informar con objetividad de todos aquellos puntos que como Consejero de Presidencia conozco, y hacer llegar a cada uno de los miembros de esta Comisión algo que alguno de los miembros, porque eran viejos parlamentarios en esta Cámara, conocían y que otros, que son nuevos parlamentarios, no conocen. Por eso digo que gracias por el tono que se ha desarrollado, aunque cuando digo que no puedo estar de acuerdo -como luego diré- con alguna de las manifestaciones que se han hecho, de las que en este momento dejo constancia de mi profundo desagrado.

Dice el señor Herreros que tiene la impresión que en este concurso lo importante, lo que él ve en el fondo del concurso, no es el problema administrativo de la resolución del mismo, sino que, por lo que oye, por lo que se dice en los medios de comunicación, lo que se ha dado a este concurso es un carácter político en vez de un carácter administrativo. Puedo asegurarle que no. Puedo asegurarle que se ha hecho un esfuerzo enorme y además no creo que se ha hecho un esfuerzo, sino que se ha conseguido, para que este concurso sea, como he dicho siempre, un concurso objetivo.

Que las bases que estamos utilizando no sean las bases que todos los funcionarios quisieran, que el proceso sea complejo por el origen de los funcionarios, por la multiplicidad de documentos que han tenido que aportar, por la imposibilidad de acreditar algunas de las condiciones de los funcionarios por los medios normales, como podrían ser simplemente certificaciones y no declaraciones juradas, estoy de acuerdo con usted. Pero por eso, desde el primer momento, hemos dicho que este concurso es complejo, complicado y que habrá errores. Si no fuera el primer concurso general, si no tuviéramos dudas sobre los datos que estamos manejando, si los funcionarios pudieran acudir a él como en otras viejas Administraciones, como la Administración Central, no nos plantearía ningún problema. En la Administración Central se hacen concursos del Ministerio de Educación y Ciencia con mucha frecuencia, todos los años, de miles de personas y no pasa nada. Pasa, pues, las posibles reclamaciones, que son muchas, que cada uno de los afectados hace. Pero no se plantea el problema de que pueda ser de otra manera. Aquí se plantea porque los datos de los funcionarios no les tenemos. Y esta Administración, este Gobierno, el Gobierno anterior es de los que menos ha contribuido a que los funcionarios que aquí hay estén en situación rara, por no decir que les falten datos. Puede tener usted la completa seguridad que es un expediente administrativo lo que estamos resolviendo, y ningún problema de tipo político, salvo lo que supone de política, lógicamente, el ordenar y racionalizar una Administración. Problema difícil y problema que, como luego le diré, alguien no se atrevió a hincarle el diente, y ahora está diciendo que los demás lo estamos haciendo con miras políticas. Tuvieron la oportunidad de hacerlo objetivamente y no lo hicieron.

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Me dice usted que es significativo que haya mil quinientos concursantes. Pues, efectivamente, es significativo. Pero yo reconocí, he reconocido ya públicamente, que yo esperaba alegaciones. También es cierto que no tantas, y también les he explicado que es que los mil quinientas personas concursantes que han presentado escritos no hacen alegaciones. Hay señores que dicen: tengo más puntos que al que le han adjudicado la plaza que yo he pedido. Y no dice más. Quiero que me lo expliquen. ¿Qué pasa? ¿Por qué se lo han dado? Puede tener una preferencia. No dice más. Hay otros señores que dicen: tengo menos puntos, pero yo tengo una preferencia. ¿Qué pasa con eso? O tengo una plaza que me han adjudicado que no es la que yo quería, que es otra, y quiero que me digan qué me corresponde a mí, o sea, por qué, que se me informe cuál es, qué ha pasado con mi expediente. Hay personas que piden, como ese que he dicho de trescientos escritos que ha presentado un solo señor, perfectamente podía haber presentado un sólo escrito, es raro que un concursante presente trescientos escritos para decir: infórmeme cuál es mi puntuación en la plaza de jefe de sección de no sé cuanto, infórmeme cuál es mi jefe de sección de la jefe de negociado de Zamora. Y así trescientos. ¿Usted cree que eso es lógico? No es una petición lógica. Pues hay otro que tiene doscientas cincuenta y ocho peticiones igual que ésa, doscientos cincuenta y ocho escritos. Y hay personas que tienen más. Y hay un concursante que ha presentado su escrito -el mismo- en cinco sitios: la Delegación, el Servicio, la Consejería de Presidencia, en el Gobierno Civil y por correo. Bueno, tampoco tiene lógica. O sea, permítame que yo dude que ese señor lo que está intentando es resolver su problema. Así de sencillo. Y hay muchos más; mil quinientas personas. Si las mil quinientas personas fueran mil quinientos problemas sería para preocuparnos. ¿Por qué no me preocupa? Porque le digo que lo que está pidiendo mucha gente es información.

A mí me preocupa el señor que ha presentado su escrito diciendo: no puede ser que la plaza se la hayan dado a fulanito de tal, porque este señor es más moderno que yo en la Administración, más moderno que yo en el área de trabajo que le han adjudicado, y además no tiene ningún tipo de preferencia. Esas si me preocupa. Y he dicho que muchas de esas plazas, como las que habla de las que no se han adjudicado, hay muchas plazas no adjudicadas, han sido problemas informáticos. Y no estoy echando la culpa a la informática. Todos sabemos qué es un programa informático. Creo que todos hemos estado delante o hemos manejado un ordenador para resolver un problema. Todos sabemos con que cuidado hay que introducir los datos. Pues le voy a decir cuál es uno de los recursos... una de las alegaciones que con más frecuencia se hace.

¿Por qué se nos han quedado plazas sin adjudicar? Pues, mire usted, por culpa de la informática, pero de la informática, no porque la informática no haya trabajado, le he dicho que han hecho quince programas distintos para llegar al programa final, para hacer la aplicación final. ¿Por qué? Porque si hay una plaza de jefe de la Sección de Drogas y se exige que sea especialista en psicología, pues, resulta que entre nuestros funcionarios, el psicólogo... no hay ninguna escala especial de psicólogos, tendrán que poner, además de ser médico o tener otra titulación, que ponga psicólogo; no se ha puesto. Como el puesto de trabajo ponía psicólogo y no había ningún funcionario que tenía ese nombre de psicólogo, el ordenador, que funciona si, no, si, no, ha hecho así, ha barrido, dice: no me sirve. Esa es la causa que hemos averiguado, es un error informático. Esa es la causa que ha hecho que muchas plazas se hayan quedado sin cubrir, porque no ha bajado hasta ahí el programa. Estamos completándolo, y eso nos permitirá que en el futuro podamos, en esta segunda revisión, podamos hacer que eso se cubra. Por lo tanto, no tiene importancia que sean mil quinientas. No tiene excesiva importancia. Sí tiene importancia que sean setecientas, setecientas y pico; contábamos con ellas. ¿Por qué? Por el origen de este primer concurso general.

Puede tener usted la seguridad de que no hay ninguna orientación política en la resolución de este concurso, salvo la de hacer una buena Administración Pública, la de ordenar y la de racionalizar la función pública.

Me pregunta el señor de Fernando, por el Grupo CDS, que cuántas Jefaturas de Sección y de Servicio se han adjudicado o han quedado sin adjudicar. Pues la verdad es que es una pregunta para la que no tengo contestación, y la Directora General que aquí está presente tampoco, porque no nos hemos preocupado de si las plazas que se han quedado sin cubrir, las que sean, han quedado... son Jefaturas de Servicio o son Jefaturas de Sección. Pues no lo sé. Pero si tiene mucho interés esta Cámara, yo le mandaré la relación de las plazas de Sección, de los Jefes de Sección y de los Jefes de Servicio que han quedado vacantes, no tengo ningún inconveniente. Lo buscaremos, aun cuando ya le digo que buscar eso exige hacer un rastreo especial que a lo mejor ni siquiera está preparado para eso el programa. Pero no se preocupe, si usted tiene interés, y luego me lo dice, se lo mandaremos en cuanto lo tengamos.

¿Que como se han valorado los méritos específicos? ¿por qué se han valorado en las entrevistas los méritos específicos al mínimo y los máximo? Pues mire, sabe más que yo, porque es que yo no sé cómo se han valorado los méritos específicos. Yo lo único que sé es exactamente la puntuación que se ha dado a cada uno de los concursantes y con arreglo a eso es con arreglo a lo que se está haciendo.

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¿Cuándo se podrá examinar?, ¿cuáles son los méritos específicos?, ¿quién se los ha valorado y cómo? Cuando el expediente administrativo esté terminado. Estamos en un proceso intermedio. Estamos en el proceso en el camino hacia...; cuando la resolución sea definitiva y se recurra, lógicamente, habrá que ponerle de manifiesto, habrá que dar audiencia al interesado. En periodo de alegaciones, no hay ninguna norma en el procedimiento administrativo, no solamente que obligue, sino que prácticamente no se puede poner de manifiesto. Mientras el Partido Socialista en el poder no nos haga una ley del acceso de los funcionarios a los documentos de la Administración, prometida hace muchos años y que todavía no ha llegado, que existe y que se ha pedido en muchas ocasiones, un expediente hasta que no está resuelto definitivamente y se recurre contra él no se da audiencia, y en la audiencia, por supuesto, se coge el expediente y al que se le ha dado audiencia ve su expediente y puede reclamar como tenga por conveniente. En este momento, la Ley de Procedimiento Administrativo... no es preceptivo hacerlo y prácticamente casi casi está prohibido. Eso sí sería paralizar el concurso. ¿Usted cree que hay un funcionario -y hay algunos que lo han pedido- que han ido a pedir que se les enseñe su expediente y el de los sesenta que han pedido su misma plaza? Que garantías tengo yo de que luego no se va a mover ese expediente. No voy a tener un funcionario para que a cada uno de los cuatro mil concursantes tenga su expediente y el de los cuatro mil. Cuando termine y recurra, cuando no sea una simple nota informativa, tendrá a su disposición el expediente, como lo tiene cualquier otra Administración, no digo en ésta. Eso es así. No le puedo decir otra cosa. ¿Por qué en Avila y en Zamora? Pues, sí señor, ésa es una misma pregunta que yo me he hecho. No lo sé, posiblemente sea el orden alfabético y posiblemente sea un problema de informática, no hemos llegado ahí. Pero luego le daré más datos de saber por qué hay unas plazas cubiertas y otras no. Hemos hecho una serie... lo que nos ha permitido, tengan en cuenta que llevamos, que este proceso de presentación de alegaciones ha terminado hace escasamente veinte días -no llegan-, y les estamos diciendo qué hemos averiguado, por lo que nosotros hicimos de oficio y por lo que nos han dicho. Quiere decir esto que en el mes de septiembre tendremos ya los datos de qué ha pasado con las alegaciones, con los escritos, y podremos decirle: verdaderas alegaciones, setecientas, mil, las que sean. Lo otro, el señor que pide que le digan cuántos puntos tiene, eso no es una alegación. El señor que dice que le gusta la plaza que le han dado, pero no está de acuerdo con su puntuación, porque como es provisional veremos a ver qué pasa, tampoco es una verdadera alegación. La verdadera alegación es el que protesta con razón diciendo: mire usted, me han adjudicado una plaza a un señor, es la que yo quiero, y este señor no la puede tener.

Lo que estamos haciendo con la adjudicación provisional es dar a todos los concursantes la posibilidad de algo que luego se ha negado: de no dejarlos indefensos, de no obligarlos a buscar un abogado, de no obligarlos a presentar un recurso antes de que puedan saber qué pasa con todos sus datos. Si hubiéramos sacado una resolución definitiva -no lo habríamos hecho así, por supuesto-, habríamos obligado en este momento a poner en marcha toda la Administración; ahora sí que estarían los funcionarios preocupados porque tendrían que buscar datos, razonarlos, hacer de todo, porque luego eso iba a ir al contencioso-administrativo si iba. En este momento sólo les hemos pedido una cosa: dígame usted qué cree que ha fallado aquí, por qué cree que lo hay. Nos lo han dicho, y nos lo han dicho en abundancia, mucho menos de los cuatro mil... tres mil ochocientos y pico que se dice.

Por lo tanto, no le veo que lo que me estaba preguntando, que si los jefes de sección, los jefes de servicio se han quedado vacantes, tenga extraordinaria importancia.

Dice el señor Martín Puertas -y siento que haya adoptado esta postura en esta comparecencia, normalmente no lo suele hacer, me sorprende- que lo que hemos hecho con este concurso es adjudicar las buenas plazas a los afiliados y simpatizantes del Partido Popular. Mire usted, si yo he estado duro antes -al contestar- con usted y si sigo estándolo ahora es porque esa acusación me molesta, porque usted sabe que no es así. Y no es así por algo muy sencillo. Para poder manejar un concurso, para poder manejarlo, es necesario que lo que se hace se haga con chapuzas, a escondidas y sin que nadie se entere. Cuando usted tiene los datos porque se los han dado unos funcionarios, pues claro, eso quiere decir que los funcionarios saben perfectamente cuántos escritos han presentado, a qué se refieren, y todo lo demás. Cuando cualquier actuación administrativa se hace con publicidad y transparencia, usted no me puede decir de ninguna manera que estoy adjudicando con carácter político las plazas de jefes de servicio y de jefes de sección. Y, por lo tanto, tengo que sentirme molesto, por no decir algo más. No puedo consentírselo. Y no puedo consentírselo porque, como le he dicho antes, usted conoce todos los datos de este concurso durante todo el proceso, y no me importa, es más, quiero que les conozca.

Y ustedes han dicho que es que nosotros estamos haciendo las entrevistas. En las entrevistan han estado las Centrales Sindicales, las que han querido, algunas no, porque no han querido estar, y otras sí. Y las Centrales Sindicales han tenido la oportunidad de tener en sus manos todos los documentos que ha visto el resto de los representantes de la Administración de cada una de las Consejerías. Y han tomado nota. Y algunos les habrán dado ustedes los datos, lógico. Y usted las utiliza, lógico, no me parece mal, ése es su trabajo: controlar al Gobierno. Pero de controlar al Gobierno a lanzar acusaciones hay una gran distancia, y eso hay que probarlo. Por eso digo que estoy francamente molesto con sus acusaciones.

Y aparte, una vez dicho que estoy francamente molesto, porque usted sabe que no es verdad, voy a decirle, voy a empezar por donde usted ha terminado.

El vallisoletano que va a Ceuta y se compra una Canon por doscientas cincuenta pesetas y cuando viene a Valladolid dice que le han engañado; no señor, ha sido el vallisoletano el que ha intentado engañar el ceutí, por doscientas cincuenta pesetas no le pueden vender a nadie una Canon, y el que se cree que se trae una Canon por doscientas cincuenta pesetas está intentando engañar al vendedor. No me sirve el ejemplo, no me sirve.

Y ahora voy a contestarle una por una las cosas que usted ha dicho.

Dice que el Grupo Socialista tiene una historia particular sobre este concurso. Claro, la que ha contado. Y la historia que ha contado no se ajusta, en absoluto, a la realidad. Como no se ajusta en absoluto a la realidad las manifestaciones que usted ha puesto respecto a los funcionarios y a los Sindicatos en boca de este Consejero.

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Yo he dicho que parte del fallo, de los fallos que tiene esta resolución provisional se deben a informática, y se deben a la informática. Con esto no quiero decir que la informática sea la culpable. Lo que quiero decir que entre los muchos elementos que introducen, que existen en la resolución de este concurso hay uno, que es el programa "la aplicación informática", que es completamente necesaria para resolverlo. Pero también le digo otra cosa: también es completamente necesario para resolver este concurso que hubiera una buena... un buen registro de la Función Pública.

Mire usted, gobernaron ustedes cuatro años esta Comunidad Autónoma, y ese registro no existe, no existía, ni siquiera está ahora completo. Estamos trabajando ahora en él, y estamos trabajando en colaboración con la Administración Central. Luego no me diga usted que yo hecho la culpa a la informática. Usted habla de culpables. Pues yo ahora le digo: ustedes tuvieron la obligación de haber resuelto este problema antes. Si en vez de resolverlo en el año noventa, esto se hubiera resuelto en el año ochenta y seis, había el ciento por ciento del problema, porque del año ochenta y seis para acá se han creado muchas situaciones, algunas irreversibles. Y esto no lo ha creado el Grupo Popular, esto lo hizo el Gobierno Socialista.

Y usted me dice que nos lo dejaron preparado en el año ochenta y seis. En el año ochenta y cinco, en Diciembre, se publicó la Ley de la Función Pública. A partir de este momento ustedes pudieron integrar a todos los funcionarios en los cuerpos y escalas, desde el primero de Enero. No lo hicieron. Y no lo hicieron, porque no quisieron correr con el riesgo de que esa integración les produjera problemas en el momento de unas elecciones que venían en el año ochenta y siete. Y ustedes, como no hicieron la integración, tampoco hicieron el concurso que tenían que haber hecho, y que habría tenido menos problemas. Y no lo hicieron por lo que ahora nos está diciendo usted que nosotros sí que lo hemos hecho: porque en el año ochenta y siete había unas elecciones, y usted sabía que la resolución de este concurso era una baza, era un trabajo que había que hacerlo con mucho cuidado y en el que se arriesgaba mucho. Y ustedes tuvieron más cuidado en no enfadar a los funcionarios -no les sirvió de mucho, pero tuvieron más cuidado en no enfadar a los funcionarios-, que en dejar en regla la Administración Pública, la Función Pública de esta Administración. Eso es lo que hicieron. Porque desde Enero de ochenta y seis hasta Julio del ochenta y siete ustedes podían haber hecho gran parte del trabajo. Sólo hicieron una relación de puestos de trabajo complicada, con muchos recursos, pero sí es lo único que hicieron. Todo el resto del trabajo se ha hecho por el Gobierno del Partido Popular primero, y luego con un Gobierno de Coalición.

Entonces no me lleve usted el problema a la vía política, porque no es ahí donde este Consejero la ha estado debatiendo. Pero si me lo lleva a la vía política, entramos en la vía política. Y en la vía política, ustedes no hicieron nada para resolver este concurso. Y estoy completamente convencido que gran parte de los problemas que tiene los funcionarios que no tienen expedientes habrá que buscarles del año ochenta y tres al año ochenta y siete; muchos.

Y usted me dice: ustedes saben cómo hacer una adscripción provisional y luego colocar a un señor dos años, y luego para eso darle una plaza. Pues le digo una cosa: si nosotros en el año ochenta y siete nos hubiéramos puesto de acuerdo -y se lo dije ya otra vez- los tres Consejeros, o sea, yo ya tenía que saber que era Consejero, nos hubiéramos puesto de acuerdo y hubiéramos empezado a colocar a todo el mundo en adscripción provisional a aquellos que queríamos, le habríamos dado un punto, punto y medio, no más. Pues, con ese punto, punto y medio, no da usted ninguna plaza a ningún funcionario. Por el procedimiento que usted tanto está diciendo aquí, en la prensa, y en los demás sitios, usted no consigue nada. Porque eso lo podíamos haber hecho a partir de Diciembre, Octubre, Noviembre, Diciembre del ochenta y siete. Y del ochenta y siete a Enero del noventa, porque en Enero del noventa se cerró eso -y antes la relación de puestos de trabajo-, han pasado dos años, y los seis primeros meses usted sabe que la adscripción provisional no cuenta, con lo cual año y medio. Dígame usted los puntos que puede dar usted a un señor por estar año y medio en una adscripción provisional. No haga usted, no haga usted lo que no hay, no existe esa intención ni existe esa posibilidad con ese procedimiento. Lo que pasa que yo no sé si usted lo tenía pensado antes hacerlo así y por eso está hablando de ello.

No puede ser. Usted no está preocupándose por el concurso ni por los concursantes; ustedes se están preocupando por aprovechar este verano para empezar a dar leña -así-, a un Gobierno al que no han dejado ni siquiera descansar. No me quejo, es más, me alegro, me alegro poder decirle todas estas cosas.

Y, más datos. Usted sigue diciendo que echo la culpa al sistema informático. Repase usted el Diario de Sesiones y verá haber dónde yo le he echado la culpa. El sistema informático, efectivamente, ha fallado, como hemos fallado nosotros. Todo el mundo falla, se lo dije antes, toda obra humana tiene errores. Pero nosotros hemos puesto los medios necesarios para que esos errores se puedan corregir por los concursantes sin problemas. Esto no crea indefensión a los concursantes, todo lo contrario: una adjudicación provisional hace que los concursantes puedan, tranquilamente, sin grandes problemas, resolver, enterarse de qué ha pasado con su petición, qué ha pasado con el que se le han adjudicado, y poder, de esta manera, ir tomando precauciones.

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La Administración -le he dicho antes, pero no sé si lo ha oído- ha tenido errores, y los concursantes muchos, también los concursantes. Lo que estamos intentando hacer es que la suma de esos errores no lleve a ningún concursante a lo que usted ha dicho. Hay un funcionario que le han trasladado a distinta provincia con veintitantos años, pues, es posible; es que le estoy reconociendo que hay errores; estoy diciendo que la resolución provisional no es una resolución perfecta; le estoy diciendo que estamos intentado estudiar todas las alegaciones y ver cuáles tienen razón y cuáles no; le estoy diciendo que de oficio estamos repasando esos errores. Cuando en Septiembre sepamos exactamente qué ha pasado, y lo publiquemos, tomaremos una decisión: o volver a publicar todas las alegaciones para que todas las adjudicaciones, para que todo el mundo pueda saber qué ha pasado; o comunicar individualemnte a cada uno la respuesta a lo que ha pedido, no sé cuál de las dos cosas. Pero cuando tengamos datos. Eso se hará así.

Usted dice que si se hubiera publicado punto por punto, por cada concursante, o sea, por los cuatro mil y pico concursantes, todas las áreas, toda la puntuación de todas las áreas que ha pedido, habíamos terminado con el problema que ahora existe. ¡Hombre!, y si ustedes hubieran resuelto el concurso en el año ochenta y siete, yo no estaba aquí compareciendo para explicar lo que pasa. ¿Sabe usted lo que supone lo que está pidiendo? Los concursantes forzosos estaban obligados a pedir las tres mil ochocientas ochenta y una plazas vacantes. Usted nos está pidiendo que publiquemos las puntuaciones de cuatro mil señores, cuatro mil cuatros cientos y pico señores, algunos de los cuáles tendríamos que haberles publicado -estoy exagerándole, lógicamente, pedirán menos áreas, porque son veinte o veintitantas áreas-, pero por lo menos para alguno de ellos veinte áreas, veinte puntuaciones. ¿Por qué se cree que hay en el ordenador cuarenta millones de datos introducidos? ¿Por qué se cree que en ese ordenador hemos procurado que no entrara nadie en la base de datos?

No podemos publicar materialmente lo que usted dice, ni podemos hacer lo que esta pidiendo. Previsiblemente, lo que se está pidiendo es el imposible para que el concurso no salga. Y yo le digo que vamos a hacer todo lo imposible para que este concurso se resuelva.

Y lo que no me puede decir de ninguna manera es que lo estamos haciendo para resolver un problema político, es decir, para adjudicar a nuestros funcionarios, a nuestros afiliados y simpatizantes las jefaturas de servicio. Y ¿para qué queremos dárselas? Yo he oído manifestaciones del Grupo Socialista que como él ganara las elecciones las jefaturas de servicio de las provincias se iban a hacer por libre designación; van a durar -lo he oído-, van a durar quince días.

Mire usted, estamos adjudicando las jefaturas de servicio a simpatizantes del Partido Socialista, a simpatizantes del Partido Popular, a simpatizantes del CDS, si les han correspondido. Nos hemos podido equivocar, por eso estamos intentado resolverlo. Porque no me diga usted que no hay afiliados y simpatizantes del Partido Socialista que no tienen jefaturas de servicio, ¡hombre!, no me cuente usted eso. Los hay. ¿Menos? Pues, mire usted, tendrán mala suerte. Los funcionarios que tienen más antigüedad o más méritos se habrán afiliado al Partido Popular. ¡Qué lo vamos a hacer!

Y hablando de funcionarios. Si usted dice que la Administración es un caos, si dice que en este momento no se resuelve nada, a quien está echando la culpa no es a la Administración ni al Gobierno popular, usted está echando la culpa -cosa que pone usted en mi boca con frecuencia sin yo haberlo dicho- a los funcionarios. No es cierto que un funcionario deje de atender una consulta, o de resolver un expediente, porque está preocupado de su situación en la Administración. Los funcionarios, a pesar de lo que diga mucha gente, son bastante más responsables y bastante más competentes de lo que se dice. Y muchos funcionarios trabajan más horas de las que tienen que trabajar y dedican más esfuerzo del que tienen que dedicar. También hay otros que no, pero eso pasa en todos los sitios, y esto no ha cambiado por la resolución provisional del concurso. Los expedientes se siguen resolviendo, la gente se le sigue atendiendo, y los servicios se siguen prestando, y en eso no ha influido la resolución del concurso. Mal piensa usted de los funcionarios, muy mal, en muy poca estima les tiene cuando piensa que por resolver su problema, por ver como está en el concurso -que tampoco es tan complicado-, dedican meses y meses enteros sin atender a los administrados, porque están pendientes de la resolución del concurso. En poco les valora usted. Pues, tenemos funcionarios competentes y trabajadores, y otros que no lo son -como en todos los sitios-. No mida usted a todos por el mismo rasero, ni eche la culpa de que no funciona la Administración a que los funcionarios están pendientes de resolver su concurso. Eso no es cierto, eso no es así; eche la culpa al Gobierno, pero no se la eche a los funcionarios. Métase usted con el Gobierno, que es su obligación, no con los funcionarios.

Los funcionarios preocupados por sus problemas. ¿Usted cree, realmente, que hay una indefensión de los funcionarios en el concurso? Pues, yo creo que no; yo creo que lo que se ha dado es todas las posibilidades para que todos los funcionarios puedan defenderse. Es más -se lo he dicho antes-, usted tiene todos los datos; y me dice: "porque me los dan los funcionarios". Eso quiere decir que los funcionarios los tienen. Si los funcionarios los tienen y les damos plazos para presentar una alegación, y ni hay que poner -¿se acuerda?-... ni hay que poner póliza, ni hay que ir a un abogado, ni hay que tener un formato especial; con un simple papel, que la Administración les ha facilitado -que creo que lo conoce-, les hemos hecho las instancias para que puedan decir lo que tienen que decir. Se ha hecho un modelo; se lo estamos facilitando. ¿Eso se llama indefensión?

El día que salió en el Boletín Oficial la resolución provisional, pusimos a disposición de cada una de las Delegaciones un coche, para que a las once de la mañana tuvieran el Boletín Oficial allí y pudieran ver -para que no hubiera bulos-, pudieran ver la resolución definitiva; y les mandamos una lista de funcionarios para que se pudieran encontrar rápidamente. Y al lado de la adjudicación venían los puntos. ¿A qué llama usted indefensión?

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Toda la preocupación que usted tenga porque el concurso salga bien, me parece bien. Todo lo que diga usted contra este Consejero y contra el Gobierno, por lo que podemos equivocarnos en el concurso, me parece bien. Toda la mala intención que esté poniendo al decir que intentamos dar las plazas a afiliados y simpatizantes del Partido Popular, me parece mal. Yo creo que no es esta Comisión el lugar para hacer eso. Si usted piensa que eso es así, lo tiene muy fácil: acuda a otros medios; si no acude a otros medios, es que eso no es cierto. Gracias, señor Presidente.

Perdón. Al Grupo Popular le doy las gracias por el apoyo que me presta, y le aseguro y puede tener la completa seguridad de que seguiremos actuando -y digo seguiremos actuando- en la resolución de este concurso de la misma manera que hemos venido haciendo hasta ahora: con total objetividad, con total transparencia y con total publicidad. Puede tener la seguridad que así se hará. Tan puede tener la seguridad que así se hará que en la última comparecencia ya puse de manifiesto que sería el primero, si me enteraba que las cosas no eran así, que viniera, que pidiera la comparecencia en esta Comisión, a explicar por qué las cosas no habían sido así y a quién habría que pedir las responsabilidades consiguientes. Pueden tener la seguridad que ésa es la idea que tengo y la seguiré haciendo. Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Para un turno de réplica, que yo rogaría que no excedería del tiempo reglamentario máximo de cinco minutos, van a tener la palabra los diferentes Portavoces Parlamentarios, empezando por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Muy brevemente. Decir que algo me queda confuso, y todavía no he acertado a comprender cómo es posible que, a la altura del tiempo en que estamos y al margen de la no existencia de registros, puedan existir dificultades para exigir formalmente la acreditación objetiva, comprobada y comprobable de cualquier funcionario, desde sus primeros orígenes de presencia en la Administración Pública de cualquier régimen.

A lo mejor es una osadía por mi parte, pero no creo que haya posibilidad, a la altura del tiempo en que estamos, de sí falsear datos, pero en ningún caso de no poder comprobar la veracidad de las expresiones, no a través -o sí- de declaraciones juradas, pero comprobables posteriormente, de esa acreditación que, lógicamente, debería de ser exigida.

Es probable que se pretenda, por parte de la propia Administración, ser ella quien lo haga, pero también es perfectamente posible requerir al funcionario para que haga esa específica acreditación, sin tener que estar a expensas de ella.

En segundo lugar, algo que a mí me da la impresión, en ese Decreto, es falta de precisión en la definición funcional de cada uno de esos apartados que se plantea, que es probable que sea uno de los orígenes que ha motivado o que motive complejidades mayores de las que ya, de por sí, creo que debe tener cualquier tipo de resolución de este género, con un número importante de planteamientos.

Y ésas son las cuestiones que, junto con la farragosidad y complejidad que, posiblemente, lleva el propio concurso, por su forma o por su contenido legislativo, tal como está publicado. Posiblemente, el hecho de que yo no pertenezca al campo de la jurisprudencia tenga algo que ver en esa farragosidad, en esa complejidad, pero es lo que he podido detectar en una lectura muy detenida del Decreto. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Herreros. El señor Daniel de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, la verdad es que me voy con peor ánimo del que he venido, porque, así como usted al dirigirse al Portavoz del Grupo Socialista le ha estado hablando de las acusaciones que le ha hecho, yo no quiero hacer nunca una acusación, mientras no tenga unos datos verídicos. He hecho unas preguntas muy concretas, y lo que me extraña es que usted no sabe las Jefaturas de Servicio que se han quedado vacantes -cuando no son tantas- y por qué razón; no sabe las Jefaturas de Sección y por qué razón. Ha dicho usted que tampoco tiene interés. Y ha dicho lo que algunos funcionarios dicen en los casos de Jefatura de Servicio: es que no lo han pedido funcionarios con suficientes méritos. O es lo que ellos están diciendo: se han quedado vacantes porque no correspondían a determinadas personas, que así les volvemos a dar... las adscribimos provisionalmente.

No sabe la valoración de méritos específicos. Yo le he expuesto tres casos concretos, de los muchos que puede haber. Yo creo que sí podía saber si han aplicado los quince puntos o no a los méritos específicos, generalmente, y no se darían los casos que le he nombrado: de veterinario en medio rural a administrador de biblioteca; de ATS a directora de escuela de capacitación; o un administrativo a jefe de sección de museos y arqueología, cuando técnicos en museos y arqueología lo habían pedido, y en bibliotecas lo habían pedido, etcétera, etcétera.

Y lo único que sabe... Tampoco sabe lo del cien por cien en Avila, en Zamora cero por ciento, cuando son datos públicos, que los sabemos todos, algunos de ellos.

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Y lo único que sabe son las alegaciones anecdóticas. Y yo creo que, si se ha leído las alegaciones o le han informado de las alegaciones anecdóticas, ...........porque de igual manera -creo yo- le habrán informado de las alegaciones que tienen peso. De ésas no nos ha hablado en ningún momento.

Para ustedes, parece ser que el hecho de que el ochenta o el noventa por ciento de los funcionarios al final del concurso se queden satisfechos, sería un éxito.

Mire usted, señor Consejero, si el ochenta o el noventa por ciento se quedan satisfechos y el diez-veinte por ciento que no se queda lo pierde en un contencioso, pueden sentirse ustedes satisfechos; pero con que el cinco por ciento gane el contencioso, y les hayan a ustedes ocasionado el trastorno de traslado de provincia, hasta que se resuelva el contencioso -con lo que lleva parejo para un funcionario: el trasladarse con la familia-, y luego que en el contencioso le den la razón, desde luego, no es para sentirse satisfecho; yo, por lo menos, no me sentiría; me sentiría culpable de no haber corregido los errores a tiempo. Estoy hablando hipotéticamente, puesto que no sabemos lo que va a ocurrir; pero sus frases y las del Portavoz que apoya al Gobierno, se van a dar muy contentos porque el ochenta o el noventa por ciento calculan que quedarán satisfechos.

Insisto: hasta que no tengan los datos, yo no me voy a pronunciar. Sí le pediría al señor Consejero que se los facilitase a los miembros de la Comisión esos datos que le he pedido: ¿qué Jefaturas de Servicio han quedado vacantes y por qué?; ¿qué Jefaturas de Sección han quedado vacantes y por qué?; ¿cuál ha sido la máxima puntuación que se ha dado en los méritos específicos y por qué causa? Según mis noticias, parece que, de quince puntos que había, no se han aplicado más de cinco. Y ojalá, ojalá pueda resolverse en los escritos, los recursos a la resolución provisional la inmensa mayoría de los problemas que ha traído consigo.

Insisto, me extraña, señor Consejero, que datos que lo sabemos todos por qué ha sido, no los conozca usted. Y yo no he tenido acceso a ningún documento de ahí, sino son públicos y notorios los métodos empleados en algún tema. Hasta que no tenga la contestación y nos veamos en otra Comisión, señor Consejero, yo me abstengo de las calificaciones que pueda darle, favorables, en su caso, para usted, o contrarias, si así lo creo conveniente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor de Fernando. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Leandro Martín Puertas tiene la palabra.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Bueno, voy a contestar a los dos Consejeros indistintamente, al señor San Segundo y al Consejero de Presidencia, puesto que ambos se han referido a mi intervención anterior.

Mire usted, para empezar, yo creo que ya va siendo hora de cortar el rollo de que la Junta de Castilla y León, en la época gobernada por el Partido Socialista, hizo, no hizo o dejó de hacer. Yo creo que después de cinco años, en los que ustedes están gobernando en esta Comunidad, si nosotros lo hicimos mal, creo que ya lo hemos pagado; de hecho, estamos en la oposición. Ni me sirve el que ustedes digan lo que hicimos o no hicimos, ni me sirve que ustedes digan lo que hace o no hace bien la Administración Central. Estamos hablando de la Administración Regional, ustedes llevan -corrijo- cuatro años y escasos meses en esta Administración, y yo creo que ya va siendo hora suficiente como para que asuman sus propios errores.

De acuerdo con que hay importancia en el concurso, evidentemente, y la reconozco, como también -y seguro que si revisan alguno de los Diarios de Sesiones- he reconocido las dificultades de dicho concurso.

Pero me dicen que no ha sido un procedimiento adecuado el traerlo a esta Cámara. Pues, díganme ustedes dónde lo tendríamos que llevar, como representantes de los castellano-leoneses, el Grupo Parlamentario Socialista; si no es a esta Cámara, ya me contarán dónde.

Si no fue procedimiento adecuado el traerlo a esta Cámara, desde luego, es menos procedimiento adecuado, después de casi cinco años sin convocar el concurso, el que ustedes lo hayan resuelto por la puerta de atrás, en pleno período vacacional, y utilizando, precisamente, como bandera de una campaña de elecciones.

Yo creo que hay que aclarar definitivamente lo que son las reclamaciones y lo que son las alegaciones, puesto que usted nos ha hablado en algunos casos de reclamaciones y en algunos casos de alegaciones. Por si alguno de los miembros de esta Cámara no lo conoce, efectivamente, se puede presentar un solo funcionario hasta trescientas o incluso más alegaciones, pero reclamaciones, salvo el caso concreto que usted nos ha expuesto -que no creo que haya muchos más, que no creo que haya muchos más-, las reclamaciones pertenecen una por individuo que la presenta. De tal manera que la razón sobre que hay mil seiscientos funcionarios, de un total de cuatro mil y pico funcionarios que concursaban, que hayan reclamado la resolución provisional de este concurso... en estos momentos, la razón -insisto- la tiene este Procurador.

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¿Por qué lo sacamos en estos momentos? Pues, bien sencillo: para los administrados -insisto que son, probablemente, unos de los principales sujetos sobre quienes recae este tipo de conflictos-, pues bien -insisto-, sobre los administrados no existen períodos vacacionales, es decir, no existen períodos inhábiles. El que haya que convocar una Comisión de Presidencia en estos momentos, fuera del período de sesiones, es porque, precisamente, algunos de esos administrados habrán acudido a algunas de las Delegaciones y se habrán encontrado con esas dificultades que yo exponía con anterioridad.

Me alegro de que se reconozcan algunos errores. Errores que el Grupo Parlamentario Socialista, en no más de una... en más de una Comisión ya ha dejado entrever. Errores que en algunos documentos de la propia Junta de Castilla y León se reconocen, por ejemplo en el informe de la Inspección General de Servicios, o que las propias centrales sindicales han venido reiteradamente denunciando.

No estoy contra los funcionarios. Eso es algo que no sé si usted ha querido desviar la intervención por ese sentido, pero, desde luego, conmigo no puede contar para que yo le diga que en algún caso estoy contra los funcionarios. Precisamente por no estar contra los funcionarios, precisamente por pretender defenderles hasta el último extremo, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha convocado esta Comisión con carácter urgente, fuera del periodo de sesiones, y convocará cuantas Comisiones considere oportuno; y usted, señor Consejero de Presidencia, tendrá que asistir a cuantas Comisiones se considere oportuno para aclarar definitivamente esta resolución del concurso.

También voy a contestar al Portavoz del CDS: las Jefaturas de Servicio que no se han resuelto, exactamente son cinco. Y, ¡oh casualidad! una vez más, algunas de ellas estaban regidas por miembros del CDS; lo conoce usted perfectamente. Esas son las únicas que no se han resuelto.

Se han adjudicado plazas de jefaturas de servicio a miembros del Partido Popular, y me dice que hay que demostrarlo. Mire, al Diario de Sesiones me remito. Cuando en una entrevista de altos cargos con altos cargos se entrevista a un funcionario que quiere acceder al Servicio Territorial de Economía... miembro destacado del Partido Popular, y este funcionario quiere acceder al Servicio Territorial de Economía, y quien le entrevista no es otro que el propio Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda, algo, algo, señor Consejero, tendremos que sospechar en ese tipo de entrevistas. O cuando a otra funcionaria del Servicio Territorial de Agricultura es entrevistada por el Secretario General de esa misma Consejería, insisto, algo, señor Consejero, tendremos que dudar de la eficacia de ese tipo de entrevistas.

Y me dice lo de la cámara de fotos. Pues bien, el que engaña, el que engaña es el señor que quiere comprar, le doy la razón, salvo, eso sí, que ambos, empresa, o comercio en este caso, y funcionario, o comprador en el suyo, se quieran poner de acuerdo; y en algunos casos, insisto, con miembros del Partido Popular, eso es lo que ha sucedido. Lógicamente, el engaño no procede de ninguna de las dos fuentes, el engaño es mutuo y consentido, lo que, de cualquier manera, es bastante preocupante.

Mire, en el año ochenta y seis se hizo ya un concurso por parte de la Junta de Castilla y León gobernada por el Partido Socialista. Ustedes no han hecho ninguno. Y ése precisamente es el motivo de su comparecencia. Me dice, desarrollándome de una manera muy particular el Decreto 222, que aquellos funcionarios en adscripción provisional durante un plazo de seis meses lo más que pueden acceder es a un punto y medio. Será un punto y medio por el tiempo en el que llevan en esa adscripción provisional, que no es el caso, porque la mayoría de los funcionarios llevan dos años, y eso, de alguna manera, consolida mucho más ese tipo de puntuaciones. Pero, además, si a ese funcionario se le envía a todos los cursos, no de carácter específico, que surjan para esa plaza, también eso puntúa, y la adscripción provisional sobre un determinado funcionario sigue siendo la misma. Pero si, además, a ese funcionario se le reconoce una experiencia en el área y no se la reconoce ningún otro que el Secretario General de su propia Consejería, también eso puntúa y, de alguna manera, existe una cierta relación entre ese determinado funcionario... no me lleve usted a que son todos los funcionarios iguales, estoy hablando de determinados funcionarios y el propio Secretario General de dicha Consejería. Y si además, y por último, se le lleva a cualquier tipo de cursillo de carácter específico, que también puntúa según el Decreto 222, pues, al final, para poder colocar a este funcionario después de la resolución del concurso, sólo falta que se ponga el nombre y los dos apellidos. Entonces, no me diga que yo pienso mal. Diga que ustedes han hecho mal las bases del Decreto 222. Y que dichas bases no solamente fueron criticadas y denunciadas por el Partido Socialista. Dichas bases, en su día, fueron criticadas y denunciadas por todas, insisto, por todas las Centrales Sindicales en esos momentos, incluidas aquellas centrales sindicales que en algunos casos les son más afines.

Mire, me dice que es totalmente imposible el publicar en cada uno de los funcionarios las puntuaciones. Yo digo ¿por qué es imposible eso y, sin embargo, nos aventuramos a que posiblemente, insisto, haya que hacer una nueva publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de una nueva resolución, también con carácter provisional, del concurso de traslado de funcionarios, debido a los grandes errores que se hayan podido ir cometiendo. Bueno. Es que, precisamente, eso avala de alguna manera lo que nosotros estábamos defendiendo. Y con que los funcionarios no conozcan la puntuación en el área al que al final le ha correspondido su plaza, tampoco conozcan el resto de las puntuaciones del resto de las áreas, ni tampoco conozcan el resto de las puntuaciones sobre el resto de las áreas del resto de los funcionarios, y con todo y con eso se han presentado cuatro mil y pico alegaciones y cerca de mil seiscientas reclamaciones, fíjese usted, fíjese usted si se les hubiera informado, como era su obligación, de todas y cada una de las puntuaciones, como era su obligación. Si con eso se han presentado tantas reclamaciones, fíjese si, en vez de sufrir esa indefensión, se les hubiera informado debidamente de cuáles eran sus puntuaciones para que pudieran reclamar.

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Y me dice también que nosotros hemos dicho que en el caso de que volviéramos otra vez a gobernar... y esto es gracioso, porque, hombre, no me lo diga a mí que he estado cuatro años en estas Cortes en la oposición. Mire, cuando nosotros hablábamos de volver otra vez a tomar las jefaturas de servicio y darlas en libre designación, no estábamos nada más que defendiendo aquello de lo que nos corresponsabilizamos hasta el último momento. Ustedes, y también tengo que hacer memoria, hablaron primero de las jefaturas de servicio en libre designación; luego, no sé por qué razones -supongo que por pactos-, dejaron de tratarlas como libre designación y, nuevamente, se volvió otra vez a las jefaturas de servicio en libre designación. No sé si el proceso fue a la inversa, pero más o menos en ese sentido.

Y, claro, "entre col y col, lechuga", eso sí. Porque se hablaba de jefatura de servicio para funcionarios sin libre designación, se les daba un puesto, pero luego se les congelaba un sueldo -sueldo que, por otra parte, y todos recordaremos, no se congeló en absoluto, se reconoció con carácter retroactivo en la mayoría, en todos los casos, en la totalidad de los casos-, y se volvió otra vez a las jefatura de servicio en libre designación. En estos momentos, ya, la verdad es que me he perdido y no sé ni en qué situación se encuentran, porque con esos pactos o no pactos la verdad es que las jefaturas de servicio, pues, tuvieron todo menos uno de los puntos principales de la Ley de Función Pública, que es la profesionalización de la función pública. Sufrieron todo menos uno de esos aspectos fundamentales.

Y como no todo tienen que ser críticas, para terminar, le he sugerido, primero, que recogiera, por favor, esa posibilidad de volver otra vez a sacar a los funcionarios con el número, con las puntuaciones que haya podido tener cada uno de ellos en cada una de las áreas en las que se hubiera presentado; y ya, aunque fuera toro pasado, le hubiera podido sugerir, en el caso de que se me hubiera consultado, la otra posibilidad para que no se hubiera llegado al error tan garrafal que se ha podido consumar a la hora de resolver un concurso de traslado de funcionarios de la manera que se ha hecho. Miren ustedes, si en la Consejería de Presidencia, en vez de resolver el concurso, de manera provisional -insisto una vez más-, con los puntos y con la plaza que le correspondía al funcionario, se hubieran dado exclusivamente los puntos, sin adjudicar la plaza, en estos momentos, probablemente, hubiera habido el mismo de alegaciones, pero sobre los puntos exclusivamente, no sobre las plazas. Me dirán: en el fondo la situación podría ser la misma. Ni mucho menos, ni mucho menos. Si ustedes resuelven el concurso dando los puntos y dando las plazas, en el momento en el que alguna de esas plazas haya que quitársela a un funcionario para dársela a otro que después de su recurso haya tenido mejor puntuación, se va a producir un efecto dominó, por el que la mayor parte de los funcionarios que en estos momentos tienen una plaza, aunque sea incluso con carácter provisional, no van a poder acudir a ella. Si solamente se hubiera hecho con los puntos y con los funcionarios, una vez recurrido y resuelto el problema de los puntos, las plazas, matemáticamente, de manera absolutamente sistemática, como por ordenador, como ustedes dicen, se hubieran podido adjudicar, arriesgándome a asegurar que en ningún caso se hubieran producido, ni mucho menos, las alegaciones y las reclamaciones que en este caso se han podido producir. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Por el Grupo Popular tiene la palabra don Félix San Segundo Nieto.

SAN SEGUNDO NIETO

EL SEÑOR SAN SEGUNDO NIETO: Gracias, señor Presidente. Yo voy a intentar no entrar en debate con el señor Martín Puertas. Tenga usted en cuenta que usted ha hecho su visión de la situación del proceso, y yo he hecho la mía, y otra cosa muy distinta es que la mía sea totalmente coincidente con la del señor Consejero. El señor Consejero no necesita ni ayuda ni dobles, por supuesto, porque conoce perfectamente el tema, y ha dado exhaustiva explicación de cómo está el proceso del concurso.

Por otra parte decir, señor Presidente, y que quede constancia en esta Comisión que el Grupo Parlamentario Socialista no tiene facultad para convocar tantas veces quiera esta Comisión, sino que es una facultad de la Mesa, y en este caso concreto ha sido de la Diputación Permanente, donde, por supuesto, le recuerdo que el Partido Popular tiene mayoría, lo mismo en la Mesa que en la Diputación Permanente, mayoría absoluta, y ha sido la generosidad del Partido Popular la que ha permitido que se celebre esta comparecencia pedida por su Grupo Parlamentario, entre otras cosas, porque no tiene ningún miedo a las acusaciones que usted ha hecho patentes en esta comparecencia, o en estas sus dos intervenciones.

Por otra parte, decir algo importante, que yo creo que no se ha dicho en esta Comisión, y es que estas adscripciones provisionales que tanto se critica y que ha dado lugar a tantas alegaciones, pues que ha sido aprobada por la Comisión de Valoración casi unánimemente, las Centrales Sindicales que están presentes han votado por unanimidad, exceptuando los representantes de la UGT, porque son funcionarios que han concursado y se han abstenido; los demás, todos han votado favorablemente estas adscripciones. Yo imagino que los representantes de las Centrales Sindicales no habrán detectado ni esas anomalías ni irregularidades a que hace referencia el señor Martín Puertas, sino que habrán encontrado conforme a derecho, conforme a la normativa de la convocatoria, y, en definitiva, ha votado, casi, como digo unánimemente.

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Señor Consejero, muchas gracias por esa seguridad que me trasmite de que seguirá trabajando con trasparencia y con objetividad. No hace falta que lo diga, estamos plenamente convencidos de ello, así creemos que lo ha hecho en este momento y estamos seguros que lo hará hasta el final de este concurso, que, sin duda alguna, terminará felizmente y se conseguirá el éxito que usted, como Consejero, y la Junta de Castilla y León hemos pretendido y pretendemos en todo momento. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor San Segundo. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el señor Consejero.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Sí, gracias, señor Presidente. Y con la mayor brevedad posible, porque yo creo que casi todo está dicho, y agradeciendo de nuevo el tono de las intervenciones, yo creo que en este momento más ajustadas al problema que hoy nos trae aquí, que era el problema del concurso de funcionarios. Voy a hacer las siguientes puntualizaciones.

Comprendo, señor Herreros, que usted, que por primera vez se ha encontrado con este problema, no entienda muy bien por qué faltan datos en los expedientes y por qué hemos tenido que acudir a las declaraciones juradas para justificar algunos de los datos que ellos tenían. De no haber acudido a la situación de las declaraciones juradas nunca podríamos haber hecho el concurso. Sí le puedo asegurar que cuando las declaraciones juradas no han coincidido con las certificaciones, bien de los Secretarios de esta Consejería, o de los Secretarios de los Ministerios, o de los Secretarios de otras Comunidades Autónomas donde prestaban sus servicios los que querían concursar, se ha pedido, se ha requerido, notificado a las dos partes que había discrepancia, para que los dos pudieran hacerlo. Eso ha llevado un tiempo y ha dado lugar a que la resolución del concurso se haya retrasado más de lo debido. Pero puede tener la seguridad de que en algunos casos sólo la declaración jurada del funcionario permite saber dónde ha estado. Por mucho que a usted le extrañe, también a mí me extraña, pero esos son los datos que tenemos.

Respecto a lo complejo de las bases, yo reconozco que son complejos, pero estas bases daban unas puntuaciones perfectamente delimitadas en una primera fase -eran cuarenta puntos, cuarenta puntos y quince puntos posteriores-, y en múltiples reuniones con las representaciones sindicales, no solamente con aquellas que dicen que son afines a nosotros, que no sé si será Comisiones Obreras, con quien nos hemos entendido perfectamente, pero con estas centrales sindicales, con todas las centrales sindicales hemos llegado a un acuerdo para semiobjetivar allí donde no se podía, casi objetivar los puntos que se podía hacer. No hemos llegado, se ha llegado en un largo proceso. Comprendo su preocupación, porque, efectivamente, la función pública de Castilla y León, como la de casi todas las Administraciones públicas autónomas, está muy mal. Y el problema, lo que estamos haciendo es intentar ordenarla, dejando algunos pequeños pelos en este orden, en este trabajo de ordenarla.

Por eso, cuando el Portavoz del CDS dice que él no se conforma con el 80% de satisfechos, yo le digo: no confunda satisfechos con correctos; yo aspiro a que el 80%, el 90% estén satisfechos, lo que no quiere decir que en el otro 20% no estén bien, pueden estar bien las adjudicaciones, pero no podemos haber dado respuesta a la petición o al deseo de estos funcionarios; ni aspiraciones que en un 100% sean correctas las adjudicaciones, pero creo que llegaremos, creo, a que un 80% estén satisfechos de aquellas plazas que han conseguido.

Dice que ¿qué ha pasado con las vacantes? Pues no lo sé. No me preocupa a mí si las vacantes concretas ésta o ésta está cubierta. Sí me preocupa saber -y lo digo aquí- que trescientas noventa y una alegaciones que se habían estudiado esta mañana, que se habían clasificado -no estudiado-, pues, le puedo decir que no aparecen en la resolución noventa y cinco puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues, lo estudiaremos, pero déjenos tiempo, acaba de terminar el plazo de presentación de alegaciones. No haberse adjudicado las plazas solicitadas, hay sesenta y cinco reclamaciones. Hay noventa y nueve señores que no piden nada de los trescientos noventa y uno, que les digan: infórmeme usted de qué es esto, pero no protestan, simplemente me dicen: quiero que me informe sobre qué puntuación tengo y qué ha pasado; noventa y nueve señores de trescientos noventa y uno. Y gente que tiene más puntuación, hay ciento noventa y un señores que piden más información y que informática nos ha reconocido que ha habido un corrido de puntos, por esas cosas raras que existen en informática, que han sumado puntos al concursante siguiente, y ya lo hemos averiguado. Eso hay que hacerlo; ciento noventa y ocho de trescientas noventa y uno que hemos examinado. Esos son los datos que estamos descubriendo, no están estudiados, estamos clasificándolos. Les puedo asegurar que al final terminaremos sabiendo lo que hay y haciéndolo. Le puedo asegurar al señor de Fernando que ni una sola Jefatura de Servicio se quedará sin cubrir, se cubrirán todas, las de Avila, las de Zamora y las que sean del CDS, las que las estaban haciendo ahora, sean cualquieras otras. Puede tener la seguridad.

Y poco más creo que me ha pedido. Dice que le remitamos los datos sobre este número de plazas que han quedado vacantes. No hay ningún inconveniente, yo se lo he ofrecido por anticipado. Le remitiremos el número de plazas que han quedado vacantes de Jefaturas de Sección y de Jefaturas de Servicio, aunque para ello haya que hacer un esfuerzo especial, puede tener la seguridad el señor de Fernando que lo tendrá a su disposición en cuanto sea posible.

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Corten el rollo señores del Grupo Popular respecto a los cuatro años de Gobierno del Partido Socialista. Mire usted, señor Martín Puertas, no insista usted en que el Grupo Socialista, en que el Gobierno Socialista nos dejó resuelto el concurso, en que lo habían hecho todo; no me pique usted y yo no le contestaré. No me diga usted que nos dejaron las cosas hechas y yo no le volveré a hablar de los cuatro años anteriores, para nada, no importa. Usted sabe muy bien que nunca he empezado yo una comparecencia diciendo que el desastre, que el desorden o que el caos que podemos tener en la Función Pública, hasta que se resuelva el concurso, hasta que se ponga en marcha -ya lo hicimos con un Decreto y una Orden- el registro de función pública, se deba al Partido Socialista. He dicho que es un proceso de las Comunidades Autónomas en el que casi todas las Comunidades Autónomas están introducidos, pero no venga usted diciendo que durante los cuatro años de Gobierno del Partido Socialista lo hicieron ustedes perfecto. Pues no lo hicieron. Y cierro. Pero no lo hicieron. Nos dejaron un muerto, que no se atrevieron o no quisieron realizar.

¿Y por qué lo hemos hecho en esta época? ¿Por qué en el mes de junio? Usted me pidió, en la comparecencia de febrero, que resolviéramos esto antes de que terminara la Legislatura; los sindicatos nos han pedido -antes de eso- que resolviéramos el concurso antes de que terminara la Legislatura. No lo hicimos antes de las elecciones, porque podría haber creado alguna malintención; lo hicimos después de celebradas las elecciones. Y lo hicimos de esa manera y con carácter provisional, y diciendo que el plazo de alegaciones, de recibir escritos podría durar hasta septiembre, de acuerdo con los representantes sindicales, porque había un periodo vacacional por medio que podría crear problemas. Es decir, prácticamente, los momentos en los que hemos ido celebrándolo, independientemente de los problemas técnicos que hemos tenido, han coincidido con lo que nos han pedido ustedes, los grupos políticos y las centrales sindicales. Las centrales sindicales nos han dicho: sáquenlo antes del verano y hágaselo saber usted a los funcionarios antes de que se vayan de vacaciones, déles tiempo para que puedan hacer. No es una petición nueva que ahora hagamos.

Y ahora le distingo entre alegaciones, peticiones o escritos y recursos. Mire usted, escrito es todo papelín que se ingresa en una Administración pública a través de un registro, cualquiera, éste, yo lo ingreso. Este escrito puede corresponder a una persona, o una persona puede presentar un escrito o trescientos, como ha presentado este señor, está en su derecho, no me quejo. Digo que de los tres mil ochocientos y pico escritos que hay, trescientos y pico pertenecen a un concursante y doscientos y pico a otro, y que hay cinco escritos iguales que pertenecen a un señor que los mandó por diferentes vías; tenía miedo que no llegarán. Pongo como anécdota eso, claro, no le voy a contar todos. Son mil quinientas las personas que han concursado, que han presentado escritos. Pues le digo una cosa: es esas mil quinientas personas, aproximadamente el 50% -le digo que estamos con ello en este momento- piden que se les informe cuántos puntos tienen, que han cambiado sus circunstancias, que no quiere irse donde ha pedido, que mire usted que me he casado, que ahora mándeme usted donde está mi mujer. Setecientas cincuenta que no son ni siquiera protestas. Y hay unas setecientas cincuenta protestas, es decir: no me han dado la plaza que he pedido. Dígame usted por qué, porque tengo más puntos que esos que tiene... Tengo menos puntos, pero tengo más preferencia, por qué no me la han dado. De eso hay, y le digo un poco a vuela pluma, unos setecientos, es decir, unas setecientas, setecientas cincuenta alegaciones. ¿Por qué no son recursos? Porque contra una decisión, una resolución administrativa provisional no cabe recursos, sólo cabe alegaciones. Y le digo que parte de esas alegaciones, lo hemos pedido a los grupos, lo hemos pedido a los sindicatos y hemos pedido personalmente que nos digan qué problemas ven en el concurso. Y lo hemos hecho con una sola razón: para evitar que estos mil quinientos concursantes hubieran presentado mil quinientos recursos. No les habrían presentado, porque para pedir la información de los puntos no se presenta un recurso, se llama por teléfono. Por lo tanto, le digo, si hubiéramos hecho una adjudicación definitiva en este momento, tendríamos setecientos cincuenta recursos, aproximadamente; el 50% de recursos administrativos. Estudiados los recursos, habríamos resuelto como pasó con los guardas forestales: de dieciocho dimos la razón a seis, y a doce no. Pues aquí habríamos hecho esto.

¿Qué hemos intentado con este proceso? No tener que dar una resolución administrativa cuyo siguiente paso sea irse a un contencioso-administrativo, ir a un tribunal que iba a tardar dos, tres o cuatro años en resolver su concurso. Hemos dicho: díganoslo antes y así el número de recursos que nos presenten lo dejaremos reducido a la mitad o a tercera parte. Cuando publiquemos lo siguiente, a lo mejor no tenemos más que doscientos recursos de verdad, ya me gustaría tener sólo doscientos, fíjese lo que le digo. Estoy de acuerdo con usted de que puede haber recursos. Por lo tanto, los errores los hemos reconocido nosotros.

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En los Diarios de Sesiones -voy a recordárselo-, ahora me dicen ustedes: los altos cargos de esta Administración, por qué no me habla usted ahora del puesto que hemos reservado a Fernando Zamácola, alto cargo, que pedía un puesto y que por lo visto se ha quedado descolgado; por qué no me habla usted de Gonzalo Sainz como hablaba en febrero: le van a dar ustedes a Gonzalo Sainz -Delegado Territorial- no sé qué puesto, que por lo visto tampoco le ha tocado. Por qué no me habla usted de Julio Ruiz, coordinador de agricultura, que tenía un puesto guardado y que por lo visto tampoco lo ha tenido. Por qué no me habla usted de Pedro Llorente que por lo visto tampoco. Porque es que ustedes sólo me hablan de los que les dan. ¿Qué quieren, que ningún alto cargo de esta Administración tenga derecho a concursar, como otros altos cargos del Partido Socialista, a ocupar una Jefatura de Servicio? Dígame usted también aquellos que no les ha tocado, a pesar de haberlo pedido y, según sus manifestaciones, les habíamos guardado el puesto; Fernando Zamácola, Gonzalo Sainz, Julio Ruiz, Pedro Llorente. Pase usted revista al Diario de Sesiones del día veintiocho y verá sus nombres allí puestos. A estos señores les están guardando ustedes un puesto. Pues, no señor, no les hemos guardado un puesto. Y él me dice quizá más de lo que usted me está diciendo a mí en este momento, porque también piensa que tampoco le gusta la plaza. No es..., no le guardábamos ningún puesto, no le guardábamos ninguno.

Ustedes dicen que hay cuatro mil seiscientas alegaciones y mil quinientas reclamaciones. No. Se lo he explicado muy claro. Hay tres mil ochocientos escritos, mil quinientos concursantes que han presentado escrito, algunos muchos, y de esos mil quinientos concursantes, aproximadamente la mitad son alegaciones, y el resto son informaciones, que se han equivocado en la presentación de los documentos, que ahora quieren..., cosas por el estilo.

Y usted decía al final: es que me he perdido respecto a la libre designación. Yo creo que -no sé si voluntariamente o involuntariamente- está perdido en el concurso, y como no quiere entender que este concurso es un concurso que pretende ordenar la Función Pública de Castilla y León para luego seguir con otros trabajos, como son las relaciones de puestos de trabajo, como no lo quiere entender, se pierde, y se pierde porque no quiere entender aquello que no está de acuerdo con su historia particular que nos ha dicho que tiene al principio. Eso es todo. Lo que sí le aseguro es que si el tono de las intervenciones es como el de esta segunda intervención, yo dejaré de estar francamente molesto. Y creo que lo que se ha hecho en esta mañana, pues, es lo que tiene que hacer el Grupo de la oposición: preguntar, pero no acusar, como ha hecho al principio. Y como usted no lo ha hecho en la segunda intervención, yo le digo que tiene, está usted en su pleno derecho de hacer lo que ha hecho, de pedir la comparecencia a la Mesa de las Cortes.... donde tenga por conveniente, y yo, por supuesto, en comparecer aquí. Pero antes de que usted lo pida, en cuanto yo tengo la más mínima, la más mínima sospecha de que ustedes quieren que comparezca, aquí yo estoy antes de que ustedes lo pidan. Porque no tienen que llamarme, estoy dispuesto a dar todo tipo de explicaciones sin necesidad de que el Grupo Socialista me las pida; entre otras cosas, porque lo que estamos haciendo es lo correcto.

Gracias, señor Presidente. Con esto doy por terminada mi intervención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Terminado el turno de Portavoces, ¿algún Procurador miembro de la Comisión quiere formular alguna pregunta? ¿Alguien más? Don Eustaquio Blas Villar tiene la palabra.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Gracias, señor Presidente. No es precisamente una pregunta, sino es dar contestación a...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Perdón, don Eustaquio. Es decir, usted debe formular preguntas u observaciones a la intervención del Consejero. Nada más.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Don Javier León de la Riva, por favor.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, Presidente. Señor Consejero, decía San Ambrosio que al que pregunta con mala intención, no merece la pena responderle. Yo voy a hacerle dos preguntas con buena intención, aunque veo que usted contesta a todas. Y voy a hacerle dos preguntas al hilo de afirmaciones que se han hecho a lo largo del debate y que pueden sembrar la duda.

La primera, se ha hecho una referencia a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con respecto a las centrales sindicales. Yo quisiera que usted, en su doble condición de Consejero y de jurista, me aclare si una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que tiene un ámbito territorial muy marcado y que tiene una legislación de la Función Pública que nada tiene que ver con la de esta Comunidad, puede suponer algún precedente para la resolución de concursos en nuestra Comunidad Autónoma.

Y la segunda, en una afirmación, que yo tacho, sin ninguna duda, de esperpéntica, se ha llegado a decir que la intranquilidad del concurso trasciende a los funcionarios y que son muchos los ciudadanos de Castilla y León que están muy intranquilos por la resolución del concurso. Yo quiero preguntarle al señor Consejero cuántas preguntas o cuántos ciudadanos, por escrito o de palabra, que sean ajenos, que no sean interesados en el concurso, le han hecho llegar esta intranquilidad.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor León de la Riva. El señor Consejero tiene la palabra.

HUIDOBRO DIEZ

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EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Gracias, señor León. Le agradezco que me haga la pregunta del Tribunal Superior de Justicia, porque entre las últimas preguntas que tenía -y como dice el Portavoz del Grupo Popular, acostumbro a contestar a todas-, se me había pasado lo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Para cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha obligado al Gobierno Catalán a que un representante sindical, uno, de cualquier grupo, participe en las comisiones de valoración o en los concursos, nosotros, de forma voluntaria, habíamos ya ofrecido, nos habíamos obligado a que no hubiera un representante sindical, sino un representante por cada una de las centrales sindicales que tienen representación en la Función Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si hubiéramos seguido esa sentencia al pie de la letra, nosotros, en vez de tener cuatro representantes en la Comisión de Valoración: CSIF, CEMSATSE, Comisiones y UGT, tendríamos un solo representante para todas las centrales sindicales. A esto es a lo que nos obligaba la sentencia. Punto primero.

Punto segundo. Efectivamente, esa sentencia obligará a aquel que ha sido condenado, no a nosotros. Y si esta sentencia obliga a todo el mundo, vayan pasando una nota a la Administración Central, para que en el reglamento de provisión de puestos de trabajo de enero de mil novecientos noventa incluya la obligación de dar participación a las centrales sindicales en todos los tribunales y en todas las comisiones de valoración, porque no viene así.

La verdad es que a mí, lo de la intranquilidad no lo he contestado, señor Portavoz, por algo muy sencillo. Lógicamente, a mí me hablan del concurso, pero la gran ventaja que tienen las Comunidades Autónomas, el estado de las Autonomía, es que los Consejeros, los altos cargos, están mucho más cerca de los ciudadanos. Día a día se encuentran por las aceras de sus ciudades y de sus pueblos con aquellos a quienes les afectan sus decisiones, y lo único que me han dicho es compadecerme por lo que, día a día, y desde los medios de... a través de los medios de comunicación se está diciendo del Consejero de Presidencia. Mucha gente me conoce... y no es por presumir y es la primera vez que lo voy a hacer, pero consideran imposible que el Consejero de Presidencia pueda hacer lo que algunos, a través de los medios de comunicación, dicen que se está haciendo con este concurso. Me compadecen, no les veo nada intranquilos. Los que sí están intranquilos, con la intranquilidad normal, como cualquiera... como en este momento aquí, en esta ciudad hay una reconversión, hay una remodelación de plantilla, claro, la gente que no sabe dónde va a ir... se cierra FASA1 para llegar a FASA2, dónde voy a ir, dónde voy a trabajar. Lógicamente, esto supone, para el que le afecta, una cierta intranquilidad, una cierta espera a ver qué pasa. Eso sí existe en los funcionarios. Pero le puedo asegurar que los primeros que están deseando -a mí por lo menos lo que me dicen, si no, a lo mejor ni siquiera me hubiera atrevido-, lo que los funcionarios que yo conozco me dicen es: cuanto antes, termina, como sea. Pues bien, nosotros, cuanto antes, nosotros terminamos, pero no como sea, dando la oportunidad para que todo el mundo pueda decir aquello que tenga que decir, aunque luego, como digo, este diez o veinte por ciento, pues, no queden satisfechos; yo estoy seguro que el ochenta por ciento restante quedarán satisfechos. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. ¿Algún miembro....? No tiene usted turno de palabra, señor Martín Puertas. Usted ha intervenido como Portavoz...

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Perdón, señor Presidente. Creo que algunas de las preguntas que ha hecho el Portavoz del Partido Popular han sido en contestación a algunas de las preguntas que este Grupo Parlamentario ha hecho. Por lo tanto, rogaría que me diera el turno...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Señor Martín Puertas, no ha hecho ninguna alusión. Ha hecho las preguntas que ha estimado pertinentes para aclarar el debate. Pero no tiene usted turno de intervención.

¿Algún Procurador presente, que no sea miembro de la Comisión, desea intervenir? Pues nada, agradeciéndo al señor Consejero su presencia, se levanta la sesión. Muchas gracias.