DS(C) nº 191/3 del 16/4/1993

GARCIA-ROSADO Y GARCIA

LA SEÑORA GARCIA-ROSADO Y GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos, esta Procuradora formuló una pregunta a la Junta acerca de la telefonía rural, en concreto por una línea que iba a atravesar dos municipios de la provincia de Salamanca, La Bastida y Cilleros de La Bastida, al parecer en dirección a Aldeanueva de la Sierra, Cereceda y Nava de Francia y que, sin embargo, no se le prestaba servicio, no se instalaban nuevos teléfonos en esos dos municipios. La respuesta que se me dio en su día, se decían una serie de cuestiones, que sí, que es verdad que es así: pues, que la extensión del servicio telefónico al medio rural se realiza por la compañía Telefónica Nacional de España, que la intención de la Junta es extender el servicio telefónico a favor de cualquier ciudadano residente en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; pero, en definitiva, seguíamos sin saber cuál era la situación de estos dos municipios de cara a poder instalar los teléfonos en ellos. Por ello, se formuló de nuevo la pregunta, y esta vez en forma oral, que es la que hoy nos trae aquí, para tratar de concretar, en la medida de lo posible, que la Junta nos pudiera concretar en qué situación estaban respecto de los teléfonos esos dos municipios de La Bastida y Cilleros de La Bastida.

Yo supongo que desde que se hizo esta pregunta, que fue el diez de febrero, hasta ahora, como han sucedido cosas en este asunto, probablemente la respuesta que recibamos, pues, vaya un poco más allá de lo que era nuestra intención preguntar, y ésa sería nuestra satisfacción, el poder obtener datos más concretos, puesto que sabemos que el Presidente de la Comunidad Autónoma ha firmado con Telefónica, con distintas provincias, convenios, precisamente, para la extensión del servicio telefónico a zonas rurales. En concreto, respecto de la provincia de Salamanca y junto con la de Zamora, se dice que serán objeto de un tratamiento diferenciado, ya que... al estar integradas en la operación integral de desarrollo. Por eso, esperamos que se nos dé respuesta suficiente y completa a las preguntas que en aquel entonces, en febrero, se formulaban de esta manera tan escueta. ¿Qué razón hay para no poner el servicio telefónico a La Bastida y Cilleros de la Bastida, en Salamanca, puesto que la línea ha de pasar por estos municipios? Y, en segundo lugar, ¿cuál sería el coste de dicha instalación?

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señora Rosado. Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el señor Consejero.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Lo que se decía en la contestación a la pregunta en noviembre de mil novecientos noventa y dos era exactamente lo que ocurre con la ejecución de los convenios que se firman con Telefónica. Lo único que la Junta hace mediante la firma de los convenios es aportar una parte a la financiación de esta extensión al medio rural, y lo que hace la Compañía Telefónica es decidir por dónde lleva o dónde hace las instalaciones. Esto iba a un ritmo muy lento. La compañía Telefónica decidía, normalmente, en atención a las condiciones técnicas o a los centros de transformación que tenía para ver a qué pueblos lo extendía o no lo extendía, y la Junta de Castilla y León no hacía ningún otra observación, porque no la podía hacer; sí nos pasaban por anticipado la lista de pueblos en las que se iba a extender, pero nada más. Sin embargo, a partir de este año, efectivamente, ha habido una modificación, y es que el compromiso adquirido este año por la Compañía Telefónica es que en diciembre del noventa y cinco toda... todo el territorio de la Comunidad, cualquier habitante podrá pedir el servicio telefónico en esa fecha, que el precio de instalación será el mismo que en cualquier ciudad, es decir, no habrá extrarradios, y que el coste de la instalación y que el coste de los pasos será exactamente el mismo que en cualquier ciudad. Sin embargo, la técnica que se va a utilizar, la tecnología es la de la telefonía celular; está funcionando ya en León. Y puedo decirle, y lo siento muchísimo, que hemos recibido ayer o antes de ayer una lista de los pueblos que van a afectar a Salamanca y que sigue sin estar incluido La Bastida y Cilleros. Y tanto como lo siente la Procuradora lo siente este Consejero, que le gustaría ver extendido no solamente a ese pueblo, sino a otros muchos más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Para turno de réplica, tiene la palabra la señora García-Rosado.

GARCIA-ROSADO Y GARCIA

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LA SEÑORA GARCIA-ROSADO Y GARCIA: Pues, en primer lugar, señor Consejero, bueno, gracias por su respuesta, pero manifestarle nuestra desazón, porque, al contrario de lo que veníamos pensando, que fruto de esas firmas de convenios con Telefónica nos iba a dar mayor información y mayor satisfacción respecto de estos dos municipios, ya vemos que de momento no hay solución. De todas formas, yo creo, señor Consejero -y usted no me lo negará- que, cuando se firman convenios por varias partes, todas las partes tienen algo que decir, sobre todo si una de las partes, como es en este caso la Junta de Castilla y León, aporta dinero, se suele decir que quien paga manda; a lo mejor no manda del todo, pero en cierta medida yo creo que sí.

Y a mí me parece que entre Telefónica, por un lado, y la Junta, por otro, firmando este convenio, la sensibilidad hacia los municipios y hacia los habitantes de determinadas zonas rurales, yo creo que sería más lógico pedirle mayor sensibilidad en ese terreno a la Junta que a la propia empresa, Telefónica; me parece, en estos momentos. Y creo recordar -y siento no tener los datos muy exactos- que en el año noventa y dos se firmó también otro convenio de este estilo y que la Junta introdujo alguna modificación -que le digo, siento no recordar los municipios que son-, pero introdujo alguna modificación, precisamente, y aceptada por Telefónica, seguramente comprendiendo Telefónica que hay casos en los que la Junta tiene mayor conocimiento de la situación y puede aportar una mayor y detallada información. Yo creo que ahí habría razones suficientes como para que la Junta le dijera a Telefónica algunas cositas, como es, por ejemplo, en La Bastida. Yo ya sé que son dos municipios reducidísimos, son los dos municipios de la provincia de Salamanca con menor población. La Bastida, según mis últimos datos, tiene cincuenta y cinco habitantes, y Cilleros de La Bastida, aproximadamente, sesenta; pero no por ello tenemos que considerar y quedarnos de brazos cruzados de que estos municipios se queden prácticamente aislados. Fíjese, en La Bastida ya tienen... sé que en estos últimos días, después incluso de formularle la pregunta por segunda vez, han estado allí en tratos con el Ayuntamiento, porque tiene que dar su consentimiento el municipio para la instalación... algún tipo de instalación, que yo, pues, ignoro, no conozco bien esto. Pero le puedo decir que en La Bastida se han solicitado doce teléfonos. Doce teléfonos, con cincuenta y cinco habitantes, no vecinos, es muchísima proporción. Y en Cilleros de La Bastida, de aproximadamente sesenta habitantes, tienen solicitado diecisiete teléfonos. Yo creo que si Telefónica también hace sus cálculos, tampoco me parece que sea como para echarlos en saco roto. Y ahí me parece que es donde tendría que venir la posición y la insistencia y la presión -por qué no decirlo así- de la Junta para no dejar a estos dos municipios, que bastantes problemas tienen, bastantes problemas tienen ya, precisamente por ser tan pequeños, sin ese medio de comunicación, que hoy yo creo que se hace imprescindible. Y por eso... de ahí que la segunda pregunta fuera cuánto sería el coste de dicha instalación. No me refería tanto... con este sistema de la telefonía celular, si el precio va a ser como en otras ciudades, si los pasos van a ser igual, sino, verdaderamente, cuánto costaría el poder hacer la extensión de las líneas a estos dos municipios para instalar en total veintinueve, treinta teléfonos. De forma que a lo mejor, cuando uno se ponga a echar números, no es tanto y, verdaderamente, prestamos un enorme servicio a esta población, que, por otras razones también, como le decía, señor Consejero, está bastante aislada.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señora García-Rosado. El señor Consejero tiene su turno de dúplica.

HUIDOBRO DIEZ

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EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Yo comprendo el interés que usted tiene por estos dos pueblos, por estos dos pueblecitos; pero ese interés que usted tiene lo recibo yo día a día o semana a semana de... voy a decir, de cientos de pueblos como éstos. Por eso, la Junta hizo el esfuerzo y presionó a la compañía Telefónica para buscar un procedimiento distinto del que estábamos siguiendo hasta ahora para dar respuesta a la extensión del servicio telefónico. Y antes, lo que hoy he dicho que en diciembre del noventa y cinco estará resuelto para todos los pueblos, para todos los habitantes de esta Comunidad, los planes que teníamos es que podían durar aproximadamente como otros ocho, nueve años más. Y si no hubiéramos firmado convenios con la compañía Telefónica, el plazo que decían es que no antes del año dos mil veinte habríamos terminado de cubrir la Comunidad. Por lo tanto, yo comprendo el interés que tiene por estos dos pueblos. Hay muchos pueblos de los que yo también tengo verdadero interés, que no tienen teléfono, y recibo siempre la misma queja: por mi término municipal pasan las líneas por las que se recibe la llamada telefónica a un pueblo de al lado, y a mí no me dan el servicio. Yo le digo: nosotros no sabemos cómo la compañía Telefónica responde o resuelve este problema, porque no entramos en ello; no nos interesa pueblo a pueblo; nos interesa todo el territorio de la Comunidad. Y yo creo que hemos dado una respuesta adecuada, sin preocuparnos de un pueblo a pueblo, de uno y otro, sino procurar dar una respuesta: que para toda la Comunidad a diciembre del noventa y cinco, esté cubierta íntegramente... todos los territorios por teléfono, al mismo precio y por la misma calidad, sea cualquiera el punto del territorio donde esté. Yo creo que éste ha sido un buen convenio. Incluso, a veces, cuando hemos hablado aquí de ello en los presupuestos, se ha apoyado por todos los Grupos esta posibilidad. Yo creo que hemos avanzado... La Compañía Telefónica dice que el avance que hemos hecho con el apoyo de la Junta ha sido de unos cincuenta años en la extensión de este servicio telefónico. Yo pienso que no tanto, pero, desde luego, sí hemos avanzado muchos años. Y estos pueblos que este año no están, y se lo digo porque ayer mismo recibimos la lista, pues, que su esperanza tiene un límite ya, no es como antes: pues, no sé cuándo. Yo le digo: posiblemente al año que viene, pero lo más tarde en diciembre del noventa y cinco tendrán el teléfono. Y la promesa de la Telefónica, el compromiso es ése, pero la promesa de la Telefónica es que piensan terminar antes. Piense que no es con la tirada de líneas como se va a recibir el teléfono, sino mediante la instalación de antenas, que permite transmitir por radio y que es mucho más fácil la respuesta. Le digo que en León, por ejemplo, ya están, ya han instalado del orden de... de teléfonos, se han instalado como trescientos o cuatrocientos en una zona, y el resultado que recibimos o que nos dicen los vecinos de esas zonas es que no se enteran si es este procedimiento o el otro y están francamente satisfechos. Si tenemos esa respuesta para toda la Comunidad... Yo siento que usted no pueda llevarse esa respuesta para La Bastida hoy, pero a mí me gustaría llevármelo para La Bastida y para otros muchos pueblos de nuestra Comunidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador de la Comisión desea pedir alguna aclaración sobre esta pregunta?

Pasamos al segundo punto del Orden del Día. "Pregunta con respuesta oral ante la Comisión, formulada por la Procuradora doña Carmen García-Rosado y García, relativa a la existencia de convenio de la Consejería de Educación y Cultura con la Diputación de Salamanca".

Este pregunta, aunque está formulada ante esta Comisión, se refiere a una materia propia de la Consejería de Educación y Cultura, y para contestar a esta pregunta está presente la Directora General de Patrimonio y Promoción Cultural, doña Eloísa Wattemberg. Si lo desea, puede pasar aquí a la mesa, a contestar desde aquí.

Tiene la palabra la Directora General de Patrimonio. Ah, perdón, perdón. Tiene la palabra doña Carmen García-Rosado para formular su pregunta.

GARCIA-ROSADO Y GARCIA

LA SEÑORA GARCIA-ROSADO Y GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente. En el mes de julio del año pasado esta Procuradora formuló a la Junta una pregunta acerca de la restauración y recuperación de las pinturas murales de Carrascal de Velanvélez en la provincia de Salamanca, a la vista de los presupuestos para el noventa y dos, en los que aparecía la cantidad de 8.000.000 de pesetas para la recuperación de estas pinturas; en la página ciento treinta y cinco de los presupuestos. Cuando desde la Consejería de Cultura se responde a la pregunta formulada, se dice que esa restauración de las pinturas formaba parte de un convenio suscrito por parte de la Consejería y de la Diputación Provincial de Salamanca en noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y, en virtud de dicho convenio, pues, ahí se explicaba en la respuesta una serie de cosas.

A la vista de esa contestación, lógicamente, yo solicité el convenio en cuestión. Y entonces ya se me responde desde la Consejería de Presidencia diciendo que recabada la información a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, en relación con la documentación solicitada, se informa que no existe en la fecha expresada un convenio de las características mencionadas en dicha petición. Claro, mi sorpresa fue enorme, porque en la respuesta del Consejero de Cultura se daban infinidad de detalles sobre ese convenio. Además, yo tengo aquí documentación del Grupo, entonces llamado Alianza Popular, en la Diputación de Salamanca, en la que se le informa al párroco de Carrascal de Velanvélez, que en la última Comisión de Gobierno, pues, celebrada en la Diputación, que se había aprobado la restauración de esas pinturas, fruto del convenio entre la Consejería de Cultura y la Diputación Provincial.

A la vista de la respuesta que da la Consejería de Presidencia, pues, lo primero que nosotros observamos, nuestro Grupo, es la -yo decía aquí- lamentable descoordinación entre una y otra Consejería, puesto que una Consejería da todo lujo de detalles, hasta fecha exacta del convenio, de la existencia del convenio, y otra Consejería nos dice que no existe ese convenio. Se supone -bueno, y, además, lo dice ahí- que ha recabado información correspondiente a la Consejería de Cultura, y que no aparece.

Se firma... en adelante, se afirma que, junto con ese convenio, también está la Iglesia de Cantalpino; precisamente, en los días en que ya estaba formulada esta pregunta, a los dos días, aparece en la prensa que la Iglesia de Cantalpino está en restauración, fruto del convenio firmado en su día por la Consejería de Cultura y la Diputación; o sea, lo dice la prensa; pura coincidencia, pero salió también allí. Se habla, también, por parte de la Consejería de Cultura, de una Comisión de Seguimiento, que se tiene que reunir, que se tiene que convocar, que parte ha cumplido sus competencias en el convenio, la otra parte lo tiene sin cumplir, o a medias. Es decir, en resumen, se dan infinidad de detalles sobre ese convenio.

Imagínense ustedes la sorpresa de nuestro Grupo, cuando yo recibo la respuesta y se me dice que tal convenio no existe. Bueno, pues, al final, yo ya califiqué a este convenio de convenio fantasma, porque está, pero no está; no se le aprehende, no se le ve, no se le coge, y no se sabe. Pero la realidad es que algo hay, porque datos hay muchísimos.

En definitiva, la pregunta, ya, que se formulaba en esa segunda ocasión era: si se sigue manteniendo que no existe -porque no sabemos-, que no existe, o sea, si tiene razón la Consejería de Presidencia, ¿de dónde salen tantos datos en la respuesta que se dio por parte del Consejero de Cultura? Y en caso de que sea la Consejería de Cultura quien tenga razón, entonces, yo pregunto, de nuevo: si es posible, que se me envíe un ejemplar de este convenio.

En definitiva, se trata de dos cosas: saber si existe o no existe y dónde está; y, a partir de ahí, ¿qué hacemos con las pinturas de Carrascal de Velanvélez?, que era el objetivo principal.

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Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señora Rosado... García-Rosado, perdón. Tiene la palabra, para contestar a su pregunta, la Directora General de Patrimonio.

WATTEMBERG GARCIA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO Y PROMOCION CULTURAL (SEÑORA WATTEMBERG GARCIA): Muchas gracias, señor Presidente. Con mucho gusto, doy contestación a las preguntas de la señora Procuradora por Salamanca. Porque se trata, exclusivamente, de hacer una pequeñísima aclaración.

Voy a ir por partes. Efectivamente, la respuesta que dio la Consejería... la Junta, a través de la Consejería de Presidencia, es correcta en todos sus extremos, porque, realmente, en el año ochenta y nueve no hubo ningún convenio firmado con la Diputación de Salamanca. Pero paso a explicarle, porque todo tiene su explicación.

Los datos facilitados -sigo el orden de sus preguntas-, los datos facilitados por parte de la Consejería de Cultura, efectivamente, surgen de la existencia de un convenio con la Diputación de Salamanca, en noviembre, también, pero en fecha de mil novecientos ochenta y ocho. Por tanto, lo que no hay que lamentar es ninguna falta de coordinación entre Consejerías, que, por el contrario, son constantes y muy fluidas, sino, exclusivamente, a la existencia de un error mecanográfico al pasar los datos en una respuesta. Y no hay más que lamentar, ni más explicaciones que dar.

La siguiente pregunta que usted hace: si es posible que se le envíe una copia del convenio, ¡cómo no! Tengo aquí una copia que, si el señor Presidente lo permite, se la hago llegar de inmediato.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señora Directora General. Para réplica, doña Carmen García-Rosado.

GARCIA-ROSADO Y GARCIA

LA SEÑORA GARCIA-ROSADO Y GARCIA: Muchas gracias, señora Directora General. Pero mi sorpresa es todavía mayor; es que, entonces, es peor todavía. Mire usted, entonces, la cuestión es peor. Porque, claro, puede que exista el convenio o que no exista; pero que, claro, después de cuantísimo tiempo... le voy a decir: del veintisiete de julio de mil novecientos noventa y dos. De unos Presupuestos que se hacen antes, o sea, a finales del año noventa y uno. Después de dos respuestas, ¿eh? O sea, una pregunta escrita, con respuesta escrita, una petición de documentación, una pregunta oral, estamos aquí todos -bueno, el señor Consejero no ha venido... viene por el otro punto del Orden del Día, pero bueno-, Director General, dos Comisiones, que ahora me digan que todo este lío, ¿eh?, todo este fantasma es fruto de que pone mil novecientos ochenta y nueve en mil novecientos ochenta y ocho, pues, mire usted, es peor todavía -y perdóneme-; porque ahora no solamente es una descoordinación, es muchísimo peor. Mire, si en cualquier lugar de trabajo -y ya podemos imaginar un lugar pequeñito, no digo ya la complejidad de una Consejería, o de una Junta, o de unas Cortes-, una fecha tiene una importancia extrema en cualquier cosa, ¿eh?, y siempre se revisa antes de mandarlo, a mí lo que no me cabe en la cabeza... me cabe en la cabeza un error humano, un error mecanográfico, desde luego; pero lo que no me cabe en la cabeza es que, cuando se pone la firma de un Consejero debajo, eso no esté revisado y al Consejero no se le dé revisado. Eso en primera instancia, la primera pregunta, no se le dé revisado.

Segunda cuestión. Cuando pasa a otra Consejería, porque hago una petición de documentación, lo que tampoco me cabe en la cabeza es que, si ahí se dice a una Consejería que otra Consejería dice que hay un convenio suscrito en noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y se ponen entrecomilladas las palabras del señor Consejero de Cultura, lo que no me cabe en la cabeza es que el sistema de trabajo sea, exclusivamente, ir a noviembre del ochenta y nueve, ver que no está, escribir un folio y pasárselo a otro Consejero, para que ponga también su firma en algo que no está revisado.

A mí, eso me parece que es una cosa que no nos podríamos, no nos deberíamos permitir nadie a la hora del trabajo, y sobre todo -ya digo- cuando es una cosa, es una Institución tan compleja, tan extensa como puede ser la Junta o una Consejería. Lo normal es que uno piense: a ver si no es noviembre y es diciembre, y que la Procuradora García-Rosado se ha confundido -como me puedo confundir y me confundo todos los días en muchas cosas-; a ver si, a lo mejor, es que no es el ochenta y nueve, y es el ochenta y ocho. Pero, antes de dar una respuesta y despacharlo así, y que luego traiga cola, lo normal es que el trabajo se revise.

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Ahora, a mí, desde luego, estas cosas ya no me extrañan. O sea, lo que usted me dice no me extraña. Porque, cuando a los Consejeros se les pasan a firmar -digo por no echarles la culpa a ellos, porque, verdaderamente, no la tienen-, se les pasan a firmar cuestiones con faltas de ortografía garrafales, pero garrafales, ¿eh?, de ésas de la hache y la no hache, de la be y de uve, y lo firman tranquilamente, quiere decir que no hay quien esté revisando el trabajo de esos Consejeros. Y aquí no se ha revisado ni lo que tiene que firmar el Consejero de Cultura, ni lo que tiene que revisar el Consejero de Presidencia. Y eso ha dado lugar a este equívoco. O sea, que no es equívoco; es un cúmulo de errores, que a mí me parece que es peor, todavía, que no haber encontrado el convenio, peor todavía. Y la verdad es que quedo tan perpleja, tan perpleja de que todo sea un error de mecanografía, tan sencillo de haber solucionado en su momento, que, la verdad, no tengo palabras, mire. O sea, después de esto, yo, cuando, tranquilamente, piense sobre las pinturas de Carrascal de Velanvélez... que no me quedan más palabras; que es que me gustaría decir más, porque la indignación es enorme, pero ya no tengo más que decir.

Y ya, pues, mire, después de eso, lo de las pinturas de Carrascal de Velanvélez, la restauración, pues, lo dejaremos para otro día. Lo pensaré, veré de qué fórmula se lo pregunto, de que forma se lo pregunto. Porque es que, verdaderamente, ya llega un momento que, cuando uno formula las preguntas -de verdad se lo digo, señora Directora General-, cuando uno formula las preguntas, dice: ¿cómo lo tendré que hacer para que la respuesta sea concreta, no me obligue a reiterar la pregunta, a reiterarla, a lo mejor, en forma oral, hacer venir a un Director General, a una Directora General? ¿Cómo lo haré, cómo lo haré? Porque, claro, se confunden los cuántos por los cuáles, y no sé si, al final -y me parece que no es la primera vez que lo digo en alto-, habrá que dar a alguien unos cursillos de preposiciones, adverbios y conjunciones, porque uno no sabe ya cómo preguntar, de verdad. Y, a veces, escribe como no tendría uno que escribir habitualmente: dando por sentado que se entiende. Y, claro, que ahora ya no es la confusión de un adverbio o de un pronombre, sino que es la confusión de una tecla, del nueve al ocho, pues, ¡mire usted que desgracia!

Bueno, ya sí que me callo. Perdón por la... porque no he sido capaz de ser breve. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señora García-Rosado. Para dúplica, tiene la palabra la Directora General.

WATTEMBERG GARCIA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONIO Y PROMOCION CULTURAL (SEÑORA WATTEMBERG GARCIA): Gracias, señor Presidente. Señora García-Rosado, me parece que saca usted las cosas de quicio del todo, porque, además, ya que ha aludido a la formulación de las preguntas, las suyas no son, precisamente, un ejemplo de formulación; pero en fin... Porque, muchas veces, en la Dirección General hay que descifrarlas, realmente, para saber qué es lo que usted quiere preguntar y que se le conteste desde la Dirección General. Eso es así, y no tengo inconveniente en sacar alguna pregunta que realmente nos ha costado interpretar.

En cualquier caso, para tranquilidad de todos, le entrego el convenio. Ha habido, posteriormente a la contestación de la pregunta, una Comisión de Seguimiento, en la que se demuestra que la ejecución del convenio por parte de la Junta está realizado en un 123%, no así por parte de la Diputación, que está solamente ejecutado en un 47%. Pero, en esa misma reunión hay un compromiso de la Diputación de llevarlo a efecto hasta sus últimos extremos.

En cuanto a las pinturas de Velanvélez, dentro de esos compromisos adquiridos en esa Comisión de Seguimiento, la Diputación se encargará, como en principio acordó, se acordó con ella, hacerse cargo de las pinturas.

Y la inclusión en los Presupuestos del año noventa y dos se hizo, precisamente, en previsión de que la Diputación declinara el llevarlas a cabo, y no se pudieron llevar a cabo, además, porque en el resto de la Comunidad Autónoma -que hay que pensar en el resto de la Comunidad Autónoma, no sólo en multitud de cuestiones que se plantean desde los distintos municipios- surgieron otras necesidades de mucha mayor urgencia, y la propia Comisión de Patrimonio de Salamanca determinó posponer la urgencia de intervención sobre esas pinturas. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señora Directora General. La Directora General hace entrega del convenio a la señora Carmen García-Rosado. ¿Algún Procurador de la Comisión tiene interés en solicitar alguna aclaración? El señor León de la Riva tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Gracias, Presidente. Realmente, no sé si para solicitar o para facilitar alguna aclaración, habida cuenta que el Consejero de Cultura que firmaba el convenio que se está cuestionando era el señor León de la Riva.

Ese convenio se firmó, efectivamente, el siete de noviembre del ochenta y ocho entre el señor León de la Riva, entonces Consejero de Cultura y Bienestar Social de la Junta, y el señor Melero Marcos, entonces Presidente de la Diputación.

Bueno, de entrada, sí estamos viendo que, por parte de la Junta, el convenio se va cumpliendo, no así por parte de la Diputación Provincial de Salamanca.

Quiero aclarar que en el año ochenta y ocho, posiblemente, la Consejería de Cultura firmaría miles de convenios, porque recuerdo era la Consejería de Cultura y Bienestar Social, y, por la índole de su naturaleza, son miles de convenios los que en los años ochenta y ocho, ochenta nueve, noventa, firmó aquella Consejería. Claro, si se piden los del ochenta y nueve, se teclea, efectivamente, los del año ochenta y nueve, y el ordenador escupe cientos, por lo menos, posiblemente miles de convenios suscritos. Ahí no aparece. Y eso aclara por qué se dice que en esa fecha no existe ese convenio.

Pero, insisto, es que no es que... no sé los convenios que habrá suscrito en el ochenta y nueve la Diputación de Salamanca. Sí estoy en condiciones de que son muchos cientos, posiblemente miles, los que se suscribieron desde la Consejería. Eso ocurrió en el ochenta y ocho, en el noventa y en el noventa y uno, y en el ochenta y nueve también.

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Entonces, si se pide sobre el ochenta y nueve, cuando se busca en el ordenador convenios del ochenta y nueve, no aparece reflejado ningún convenio con la Diputación de Salamanca.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor León de la Riva. Supongo que no tiene respuesta la pregunta, porque ha sido, más que petición de aclaración, una aclaración.

Pasamos al punto siguiente del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre relación de puestos de trabajo correspondientes a su Consejería".

Para consumir su turno, tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Antes de iniciar mi exposición, que va a ser muy breve, pediría permiso a la Mesa para que el señor Secretario General, que es... la Secretaría es quien lleva el personal, la relación de puestos de trabajo, la confección, si es posible, pasara para que pudiera informar de forma mejor para los señores Procuradores y más cómodo también para el señor Secretario.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): El señor Secretario General de la Consejería puede pasar a la Mesa.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Señor Presidente. Señorías. Las relaciones de puestos de trabajo de las Administraciones Públicas son el instrumento a través del cual se realiza la ordenación de personal, de acuerdo con las necesidades de los servicios, y, a través de ese instrumento, se precisan también los requisitos para el desempeño de cada puesto, así como sus características de todo tipo. Es, pues, esta relación de puestos de trabajo uno de los elementos fundamentales en la ordenación de la Función Pública de cualquier Administración Pública. Su regulación se lleva a cabo, en primer lugar, por la Ley 30 de mil novecientos ochenta y cuatro, que es donde, yo creo que por primer vez, aparece este sistema en las Administraciones Públicas españolas de organizar los puestos de trabajo; hasta entonces se había... de puestos, de plantillas, pero no de relaciones de puestos de trabajo en estas condiciones.

La Junta de Castilla y León, en un Decreto de siete de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, establece el procedimiento para la aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las Consejerías, y en el Decreto Legislativo de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública de Castilla y León, se hace referencia también a las relaciones de puestos de trabajo, como instrumento adecuado para la ordenación de la función pública y para la consecución de una buena Administración al servicio de la Comunidad.

La finalidad última de las mencionadas relaciones de puestos de trabajo es la consideración de cada puesto de trabajo como una unidad integrante de un todo. Ese todo es la estructura básica de la función pública, como uno de los elementos fundamentales de la Administración Pública de Castilla y León.

La importancia de las relaciones de los puestos de trabajo radica en que la creación, modificación, refundición y supresión de aquéllos deberá realizarse siempre a través de dichas relaciones de puestos de trabajo. No se podrá cubrir, no se podrá convocar ningún puesto de trabajo, no se podrá hacer ninguna modificación si no se modifica previamente esta relación de puestos de trabajo, lo que no quiere decir que todos los puestos de trabajo que en ella figuren, en esa relación figuren, sean efectivamente cubiertos en todos los momentos. Pero es un instrumento que ha de servir de marco para todas esas... para las convocatorias, para las modificaciones... en definitiva, para cubrir esos puestos.

Uno de los objetivos de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial era intentar conseguir una Administración Pública más profesionalizada y racional, para con ello conseguir un mejor servicio público.

Esta confección de los puestos de trabajo, la que se inició en el año mil novecientos... después de la realización del concurso, era imposible al iniciar esta realización prescindir del origen de estas nuevas relaciones de puestos trabajo, aprobadas, las últimas, el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y tres, por un Decreto de la Junta. Hay que partir de los antecedentes, a los que no voy a hacer referencia más que brevemente.

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Las primeras relaciones de puestos de trabajo de nuestra Comunidad, que fue... tuvo que ser un trabajo difícil, por cuanto partían de la existencia de unas plantillas y medios personales determinados, como se ha dicho en muchas ocasiones, procedentes en unas ocasiones de los funcionarios transferidos, otros de las Oposiciones que se habían hecho, otros de las incorporaciones de otras Administraciones Públicas, en otros casos sin saber en algunas ocasiones de dónde venía el funcionario -porque ésa era la situación de la Administración Pública de Castilla y León, como de cualquier otra Comunidad Autónoma en los primeros momentos-, eso dio lugar a la confección de unas relaciones de puestos de trabajo que no eran exactamente, y, posiblemente, las relaciones de puestos de trabajos que quienes las confeccionaron hubieran querido realizar. Se vieron atados porque muchos de esos puestos estaban desempeñados ya por personas que tenían... el puesto tenía un perfil determinado que no correspondería con las... con ese puesto de trabajo.

Después de esa relación de puestos de trabajo, hubo otras (son las que sirvieron para la realización del concurso), ha habido modificaciones posteriores, algunas modificadas... originadas por cambios de estructuras, otras originadas porque había puestos definitivos que había que cubrir. Y esto nos dio lugar... llegábamos, por lo tanto, a una situación determinada.

Eso, lo mismo que ocurrió en la confección de las primeras relaciones de puestos de trabajo, ha vuelto a ocurrir en la confección de las relaciones de puestos de trabajo de este momento.

No se podía prescindir por completo de lo que había y había que partir de ir trabajando sobre ellas, seguir homogeneizando poco a poco e ir arreglando poco a poco lo que en un proceso más largo, pero ya no mucho más largo, porque el proceso está a punto de terminar... se puede llegar a unas relaciones de puestos de trabajo que respondan realmente a lo que las técnicas organizativas y la Ley exige.

El procedimiento que se siguió para la elaboración de estos puestos de trabajo es: partir de unas ya existentes -no ser el caballo de Atila que las destrozara por completo- e ir trabajando sobre ellas modificando aquello que era posible. En dos fases. Una primera fase en la que trabajaron las Consejerías. Hicieron una propuesta, con arreglo a unos criterios que se establecieron en la Comisión de personal; esas relaciones de puestos de trabajo de cada Consejería se examinaron en las relaciones de personal, se discutieron, porque así venía... porque así se acordó entre la Junta de Castilla y León y las organizaciones sindicales, se discutieron cada una de ellas, Consejería por Consejería, con las organizaciones sindicales, en unas comisiones o mesas sectoriales creadas al efecto; se negociaron también, más tarde, ya en conjunto, en la mesa negociadora, y eso constituía una primera fase de la relaciones de puestos de trabajo. Se elabora por las Consejerías, se discute en la Comisión de personal, se negocia con las organizaciones sindicales, se da audiencia a otra serie de Grupos, como son algunos colegios profesionales que lo solicitaron así, e incluso algunos otros grupos que, sin tener colegios, constituían un grupo numeroso, y con todos estos datos se introdujeron las modificaciones que se consideraron necesarias.

Una vez realizadas esas modificaciones se llevó al Consejo de Función Pública y, una vez informadas por el Consejo de Función Pública, se aprobó la correspondiente relación de puestos de trabajo, que es la que en este momento existe, en estos momentos existe para todas las Consejerías, y que cada uno de los Secretarios Generales, o lo de los Consejeros en su caso, cuando vengan a esta comparecencia, explicarán pormenorizadamente.

Antes de dar paso al Secretario General de la Consejería de Presidencia, que es quien ha trabajado de forma más directa, quien ha dirigido la elaboración de éstas, la modificación de estas relaciones de puestos de trabajo, quiero hacer algunas pequeñas precisiones. Porque sería bueno decir que uno de los objetivos importantes que se perseguía era posibilitar el cumplimiento de un mandato normativo, tal como llevar a cabo las ofertas de empleo público año a año, que no veníamos haciendo hasta ahora, que no hizo nadie hasta ahora -porque parece que veo que se mueve la cabeza-, que tampoco nadie lo hizo hasta este momento, y, además, resultaría imposible sin una relación de puestos de trabajo, como se hizo, y sin un concurso previo, y sin una integración previa; efectuar convocatorias anuales, posibilitar que el reclutamiento de personal fuera un reclutamiento que permitiera que los que entraban por primera vez en nuestra Administración fueran a los puestos base, es decir, que no entraran... que entraran en puestos bases con carácter definitivo y que no entraran, como ha sucedido durante este tiempo, las pocas oposiciones que ha habido, que por tener puestos provisionales podían ir a cualquier puesto. Y, fundamentalmente contenían dos novedades importantes estas relaciones de puestos... importantes o novedades: señalamiento de puestos de trabajo que podían ser provistos por funcionarios procedentes de otras Administraciones Públicas -y quiero dejar constancia aquí de que creo que somos la única Administración Pública de las Comunidades Autónomas que cumple el mandato de la norma, abriendo algunos puestos a otras Administraciones Públicas (la mayor parte de las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas han cerrado sus puestos de trabajo, incumpliendo, yo creo, de esta manera, lo que dice la Ley 30, que es básica), y, después la configuración de unos puestos para cuya cobertura se seguiría el procedimiento de un concurso específico, es decir, que sólo podía ser cubierto en determinadas circunstancias. Y, por último, homogeneizar los puestos de trabajo de contenidos esencialmente idénticos.

Y quiero aclarar que esto sólo se ha podido hacer con carácter general para la creación de puestos nuevos, y que sólo se podía hacer con carácter general en aquellas secciones, fundamentalmente de las Secretarías Generales, en materias de personal, contabilidad, porque esos son homogéneos para todas las Consejerías, mientras que las Direcciones Generales, que tienen una especificidad en el cumplimiento de los servicios o prestaciones que tienen que cumplir, exigía otro tipo de trabajo.

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Esto es, en líneas generales, lo que se perseguía con la confección de estos puestos de trabajo, los problemas que nos hemos encontrado, los objetivos que se persiguen, y a ello únicamente quiero añadir que dentro de estas relaciones de puestos de trabajo ha aparecido... algunos funcionarios suponen una modificación... -estoy hablando de relaciones de puestos de trabajo de funcionarios, que supongo que es a la que se refería la pregunta, porque es la últimamente publicada-. Que dentro de esta relación se han integrado, se han incorporado aquellos puestos de trabajo del personal caminero que se laboralizó -y que, por lo tanto, ha desaparecido- y aquellos otros que habiéndose laboralizado en el Grupo E, han desaparecido como puestos de trabajo, puesto que, al ser estos, los que ocupaban estos puestos de trabajo, pasar a ser personal laboral, porque así ellos lo han solicitado y lo han pedido, son puestos que no se mantienen, sino que desaparecen, y suponen una disminución; quizá, digo, para la hora de concretar algunas de estas...

Y, a partir de este momento, y con el permiso del señor Presidente, yo creo que es el señor Secretario, si le da la palabra el señor Presidente, quien haría una exposición concreta de la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Para continuar y completar su información, tiene la palabra el Secretario General de la Consejería don Marcelo de Manuel.

EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERIA DE PRESIDENCIA (SEÑOR DE MANUEL MORTERA): Gracias, señor Presidente. Continuando la explicación del señor Consejero, en el que ha fijado los criterios que la consejería de Presidencia y Administración Territorial, a través de la Dirección General de la Función Pública, había marcado para elaborar las RPTs correspondientes al año noventa y dos, aunque concretamente se aprobaron en enero del ochenta y tres. La Consejería de Presidencia, lógicamente, conlleva aplicación de estos criterios, criterios que emanan de adaptar las necesidades de la Consejería de Presidencia a las nuevas RPTs; mejorar, homogeneizar los puestos de trabajo de contenido esencialmente idéntico dentro de nuestra Consejería; actualizar, para incluir en ellos los procesos de laboralización o funcionarización, en un caso u otro, según fueran RPTs de laborales o funcionarios; mejorar nuestras relaciones de puestos de trabajo en el aspecto técnico, es decir, favorecer su concreción, explicitar mejor cuerpos, escalas, dando una correcta denominación a las plazas. Y, como ha expuesto perfectamente nuestro Consejero, esto ha llevado un camino largo de negociación, que ha durado casi todo el año noventa y dos, sometiendo estas RPTs a un debate interno dentro de todas las Consejerías, y en cada Consejería con cada unidad, cada centro directivo, y un debate externo con los representantes sindicales, sociales, acreditados en las Consejerías, a través de una serie de órganos colegiados que garantizan que, de alguna manera, las RPTs, tanto de esta Consejería como de todas, han transcurrido por un montón de filtros que garantizan que por lo menos los temas técnicos o los posibles errores o defectos se hayan subsanado en los diferentes momentos.

En este sentido, este Decreto 8/93, de veintiocho de enero, aprobó la relación de puestos de trabajo adscritos a los funcionarios públicos. Con anterioridad, el Decreto 162 del 92, de ocho de octubre, había aprobado las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral, correspondiente también a nuestra Consejería, con lo cual había quedado completada esta reforma de las RPTs de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial.

Estas RPTs no han supuesto, en nuestra Consejería en concreto, un cambio sustancial. Lógicamente, las RPTs responden a las necesidades de la Consejería. Nuestra Consejería no ha tenido unas transferencias directas importantes, con lo cual no ha tenido que modificar sustancialmente el contenido de sus puestos de trabajo para hacer frente a las nuevas competencias, aunque sí que ha habido, en algunos casos, unas transferencias, que no han venido como tal y, por lo tanto, no han venido valoradas con los costes efectivos, los medios humanos -por ejemplo en protección civil-, pero sí ha venido la obligación de atenderlas.

En otros temas, como Consejería de carácter horizontal, en la Función Pública, en la Asesoría Jurídica, etcétera, cualquiera transferencia habida a cualquier unidad de la Junta de Castilla y León repercute directamente en la Consejería de Presidencia. De otro lado, existían unas carencias en la Consejería de Presidencia, carencias históricas, que hacían difícil la gestión de algunos temas. Y, por último, el Decreto 60 del noventa y dos, de nueve de abril, modificaba la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, que luego lo desarrollaba la Orden treinta de abril, y que sí que operaba importantes transformaciones dentro de la estructura de la Consejería, que requería, por supuesto, pues, una correcta ordenación de efectivos, para dar una respuesta inmediata a las nuevas necesidades creadas como consecuencia de esta reestructuración.

En cuanto a las RPT laboral, que he dicho que se aprobaron, bueno, pues, fue adecuarlas a la aprobación del convenio e incluir aquellos puestos que era necesario su funcionarización.

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Como consecuencia de esto, anteriormente, aparecieron estas RPTs del año noventa y tres, que, de forma general, se puede decir que la Consejería de Presidencia tiene quinientas veintiséis personas, está formada la RPT por quinientos veintiséis puestos de trabajo -no es que tenga quinientas veintiséis; podría tener quinientas veintiséis personas-, tiene quinientos veintiséis puestos de trabajo, de los cuales trescientos veintiséis están en Servicios Centrales y doscientos están en Servicios Periféricos. De estos quinientos veintiséis puestos, trescientos noventa y siete corresponden a personal funcionario y ciento veintinueve son de personal laboral. Los trescientos noventa y siete que nos ocupan, de personal funcionario, ciento sesenta y siete pertenecen a provincias, es decir, están ubicados en Delegaciones Territoriales, Secretarías Territoriales, y doscientos treinta corresponden a Servicios Centrales.

Como ya digo, estos puestos de trabajo son lo máximo posible a que la Consejería de Presidencia, en el año mil novecientos noventa y tres, podía aspirar a tener en número de personas, que, por supuesto, en la actualidad son bastantes menos que esta posibilidad que tenemos.

En cuanto a la RPT del noventa y tres, de personal funcionario, se crean cincuenta y un nuevos puestos de trabajo en nuestra nueva RPT; es decir, pasamos a tener trescientos noventa y siete, de los cuales cincuenta y uno son de nueva creación. En realidad, son cincuenta y cinco, pero -como veremos- se amortizan cuatro plazas y lo que queda son cincuenta y cinco... cincuenta y un nuevos puestos.

La distribución de los puestos, de estos trescientos noventa y siete puestos, es de la siguiente manera: en el grupo A hay sesenta y seis, de los cuales once son de nueva creación; A-B, es decir, puestos a los que pueden aspirar tanto grupo A como grupo B, sesenta y tres, (siete son de nueva creación); B dos, ninguno de nueva creación; B-C, cuarenta y cinco, cuatro de nueva creación; C, veintiséis, siete de nueva creación; C-D, sesenta y seis, seis de nueva creación; y D, ciento veintisiete, veinte de nueva creación; E2, y no se crea ninguno, lógicamente, puesto que es una escala que tiende a su laboralización.

Por otra parte -como he dicho-, se amortizan cuatro plazas, que son: un Técnico A25 en la Dirección General de la Función Pública, en el Servicio de Registro y Gestión, que luego veremos cómo se estructura de otra manera; una de Auxiliar, en el Servicio de Recursos Humanos; dos plazas de Técnicos en el Servicio de Protección Civil, que se desdobla en dos Servicios, como veremos más tarde, de la Dirección General de Administración. Por lo que, de las cincuenta y cinco plazas creadas, restando las cuatro que se han amortizado, en realidad, se han generado cincuenta y un nuevos puestos de trabajo.

De las trescientas noventa y siete plazas, para su forma de provisión, bien por procedimiento de concurso o bien por procedimiento de libre designación, se distribuye, en cuanto a esta forma de provisión, de la siguiente manera: trescientas dieciocho quedan enmarcadas por el sistema de concurso de traslados, y setenta y nueve de ellas son objeto de provisión mediante el sistema de libre designación.

En cuanto a la justificación de estas modificaciones, que luego también veremos por cada una de las unidades, hasta donde sea necesario, en primer lugar, y con carácter general, pues, hay que tener en cuenta que esta revisión se ha centrado en varios aspectos fundamentales. Los puestos nuevos se han creado, con carácter general, con niveles mínimos, a fin de que sean los que se cubran con el personal de nuevo ingreso, favoreciendo la carrera administrativa del personal funcionario, destacando la creación de puestos para el grupo administrativo, que, como consecuencia del último concurso, había sido un cuerpo que había quedado, pues, bastante desplazado.

Se han modificado puestos, con tendencias, también, a unificar grupos; es decir, plazas abiertas a dos o más grupos se ha intentado cerrarlas. Si es que, verdaderamente, el puesto quedaba claro que era necesario de un grupo, no había por qué abrirla a dos o más posibilidades. Se ha buscado homogeneizar puestos, pues, al tratar aquellos puestos que tuvieran un contenido idéntico, aunque siempre es muy relativo; aunque el nombre sea el mismo y el puesto sea el mismo, identificar que la responsabilidad, la carga de trabajo que pueda tener en diferentes sitios una persona sea igual... Pero se ha intentado siempre homogeneizar, en la medida de lo posible, todos los puestos.

La forma de provisión -como se ha dicho-, de carácter general, ha sido el concurso. No obstante, la Consejería de Presidencia, bueno, por su propia naturaleza, hace necesario que haya puestos que el sistema de provisión sea el de libre designación, al ser una Consejería donde se encuentran una serie de unidades, que parece lógico que sea ésta la forma de cobertura de los puestos.

Se ha pretendido la apertura de plazas a otras Administraciones, si bien siempre se ha intentado que esto haya sido a nivel mínimo, a niveles mínimos. Y los puestos de las RPTs figuran con características genéricas, con el fin de que los mismos se vayan determinando en los diferentes concursos que se vayan convocando.

Se crea una figura de Auxiliar de apoyo -digo-, de forma general, a las Direcciones Generales, y a los Secretarios Territoriales y algún Jefe de Servicio que lo necesitan, se convierte un Auxiliar en un nivel más, con el fin de atender, un poco, su trabajo de secretaría.

Se mantiene el sistema de "pool" en los Servicios, que luego se distribuyen entre las diferentes unidades.

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Y ahora ya, descendiendo a cada una de las unidades, el Gabinete del Presidente, que es la primera unidad orgánica de la Consejería en las RPTs, está formado por dos Unidades, una Sección y cuatro Negociados. El Decreto 61/92, de nueve de abril, regula este Gabinete, actualiza el órgano, como un órgano de asesoramiento y de asistencia y dirección y apoyo al Presidente. Para el cumplimiento de sus funciones, se le dota de los medios necesarios. La nueva RPT crea en el Gabinete dos Unidades, un carácter de Servicio, una Unidad de Administración, con un Jefe de Unidad A-B 26, de libre designación, con funciones de despacho, protocolo, gestión, etcétera, donde se encuadra la Sección que ya existía y los cuatro Negociados; y la Unidad de Análisis y Propuestas, que también está configurada como de libre designación, con un Jefe de Unidad A28 (grupo A, nivel veintiocho), al que se le dota de un Técnico y un Auxiliar. Unidad que está encargada de realizar estudios, trabajos técnicos, informes, asistencias al Presidente. Hablamos, por lo tanto, de un órgano "staff" del Presidente de la Junta, compuesto con funcionarios de confianza, que se debe, lógicamente, en el desempeño del puesto, garantizar la máxima discreción; y de ahí, en muchos casos, la necesidad de la libre designación de estos puestos.

Se incrementa esta RPT del Gabinete en cuatro plazas, pasando a ser quince los puestos de RPT de esta Unidad; es decir, anteriormente eran once y actualmente se convierten en quince puestos.

Yo creo que, aunque se podría descender a la RPT, pero que yo creo que, como está publicada, no es necesario el desmenuzar puesto por puesto de auxiliar, número y grado.

En sentido general, la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales está formada por dos Servicios, cuatro Secciones y siete Negociados. Está dotada con veintitrés puestos de trabajo, estructurados en dos Servicios; anteriormente eran tres. Aquí, la reestructuración de nuestra Consejería pasa el Servicio de Estudios a la Secretaría General, como también es normal en las demás Consejerías, quedando en dos.

Y dos son las novedades más sobresalientes, que es: como consecuencia de la integración en la Comunidad Europea, el incremento de las relaciones institucionales que esta Dirección General está teniendo, pues, ha supuesto dotar a esta Dirección General de un puesto de Técnico A-B, de libre designación también, encargado de asesorar en temas relacionados con las Instituciones Europeas, y, de alguna forma, que, directamente, lleve toda esta relación.

Se crea otra plaza del grupo A, nivel 27, en el Servicio de Relaciones con las Cortes, que es la encargada del seguimiento del proceso de transferencias, con funciones de apoyo y asesoramiento a la Comisión Mixta de Transferencias. Esto, como novedades más importantes de esta Dirección General.

La Secretaría General está formada por ocho Servicios, nueve Secretarías Territoriales con nivel Servicio, doce Secciones, diecisiete Negociados, y setenta y nueve puestos de trabajo.

Dentro de las novedades más importantes, es la aparición de la Asesoría Jurídica de la Consejería, con rango de Servicio, que, dependiendo funcionalmente de la Asesoría Jurídica General, pasa a ser la Asesoría Jurídica de la Consejería, porque era la única Consejería que no tenía Asesoría Jurídica; es decir, que, al estar enmarcada en ella la Asesoría Jurídica General de la Junta, venía realizando esas funciones. Parece oportuno que ya el desarrollo del trabajo de la Consejería necesitaba una Asesoría Jurídica propia, independientemente de las funciones que, con carácter general, tiene la Asesoría Jurídica General. Y se crea con un Asesor Jurídico y un Auxiliar.

El Servicio de Estudios pasa de la Dirección General de Relaciones Institucionales a la Secretaría General, que también es un sistema normal en que están enmarcadas en las demás Consejerías, y asume la Sección de Boletín Oficial de la Comunidad de Castilla y León. Parece ser también lógico que el Servicio de Estudios y Publicaciones, pues, dentro de él se enmarque la Sección de Boletín Oficial, que es, quizá, la publicación diaria y constante de la Comunidad, o del Servicio, vamos, de la Consejería nuestra. Se le dota de una Sección más, de Análisis, Informes y Coordinación de Normativa, que está encargada, sobre todo, de la elaboración de índices informativos y de exposiciones. También se aumenta en un Negociado el Boletín Oficial, puesto que el trabajo de publicación del Boletín Oficial empieza, también, a ser... ha crecido bastante, por la actividad de esta Cámara.

El Servicio de Asuntos Generales se modifica, también, y asume las funciones de personal, que anteriormente tenía el Servicio de Régimen Interno, y continúa con la Sección de Régimen Jurídico.

La Inspección General de Servicios continúa prácticamente igual, y se incrementa en una plaza.

Y donde se ha intentado hacer un esfuerzo es en las Delegaciones Territoriales, en varios sentidos. De un lado, se han incrementado los puestos de trabajo, pasando a ser ciento sesenta y siete, en estos momentos, una media aproximada de dieciocho por provincia; y se han orientado a homogeneizar puestos, y, como novedades más importantes, dotarles a todos los Secretarios Territoriales de un Auxiliar de Apoyo. Este Auxiliar de Apoyo venía existiendo, de forma general, en todos los Jefes de Servicio de todas las Consejerías en las Delegaciones Territoriales. El Secretario Territorial no lo tenía, y parecía también lógico que, dado que tenía el mismo... la misma categoría y las mismas funciones, asumiese también una Auxiliar de Apoyo que colaborase directamente.

Aquellas provincias que carecían de un segundo Negociado en la Sección de Asuntos Generales, se le ha dotado, puesto que ya era necesario que todos los tuviesen; y se han creado puestos bases de auxiliares, todos de nivel mínimo, en aquellas provincias que los necesitaban.

Todas las plazas que se han creado, se han creado para ser cubiertas por el sistema de concurso.

Se han equiparado todos los complementos específicos de las Secciones y se han mantenido sin modificar la Sección B-C, que era una de las propuestas que la Secretaría General llevaba, porque era una de las reivindicaciones de las Centrales Sindicales en cuanto mantener una Sección B-C.

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Como consecuencia de este proceso, también se amortiza una plaza de plaza de subalterno, que va a pasar al proceso de laboralización en Palencia. Y se suprime una plaza de coordinador en la Delegación Territorial de León, que nunca había sido cubierta y que, por lo tanto, queda suprimida.

En la Dirección General de la Función Pública, que se compone de cincuenta y nueve puestos de personal funcionario, de los que dieciocho son de nueva creación, se estructura en cuatro servicios, una sección, y diez negociados. Se trata de una Dirección General que ha visto incrementada mucho sus competencias, por el desarrollo legislativo, más que por nuevas competencias, que crean una serie de órganos, una serie de controles, que hacen la necesaria presencia de la Directora General y de sus órganos directivos en un montón de mesas de trabajo y reunión.

El Decreto 60/92, de treinta de abril lo desarrolla, y se compone de cuatro servicios que crean dos servicios más, se desdoblan, pasa a crear dos nuevos servicios, que es el de Registro y Gestión de Personal, que se dota con dos secciones y con los negociados nuevos correspondientes, y con otras dos secciones que proceden del antiguo Servicio de Régimen Jurídico. Es un servicio totalmente fundamental para el impulso de los procesos informáticos, y de conocimiento de la Función Pública en cuanto a personal de la Junta de Castilla y León, y favorecerá muchísimo la gestión del personal en toda la tramitación de expedientes, resoluciones, propuestas, etcétera.

Se crea también la Unidad de Régimen Sindical y Negociación, con categoría de servicio, que es el segundo, que está encargada de la negociación colectiva, de las condiciones de trabajo del personal laboral y funcionario, y de la comunicación con organismos y formaciones sindicales en general. Esto se ha hecho también necesario en el desarrollo legislativo, han ido apareciendo la presencia de los interlocutores sociales, en este caso las secciones sindicales con representación en la Junta de Castilla y León, en un montón de órganos colegiados en mesas de negociación, mesa general, paritaria, convenios, que necesitan la presencia constante de unos técnicos que lleven las directrices de negociación. El intentar mantener esa presencia con la Directora General y con este Secretario, pues, era prácticamente imposible, puesto que era muy rara la semana que no había más de una reunión de este cariz.

Esta unidad se compone, además del jefe de la unidad, de dos asesores ejecutivos, de asesoramiento y de apoyo al jefe de la unidad, un administrativo y dos auxiliares. Dependerá del desarrollo de la misma para que vaya creando otro...

La Dirección General de Administración Territorial está formada por cuatro servicios, nueve secciones y seis negociados, tiene treinta puestos de trabajos. Se va a ver incrementada en un servicio, pasa a formar cuatro -tenía tres-, al desgajarse el Servicio de Protección Civil y el Servicio de Policías Locales. El nuevo Servicio de Policías Locales o de Protección Civil se compondrá, además, del Jefe de Servicio, de un auxiliar nuevo, y contará con la sección que ya existía con anterioridad para estos temas.

Por otra parte, la unidad de asesoramiento y documentación se desgaja del Servicio de Cooperación; pasa a depender directamente del Director General.

La Dirección General de los Medios de Comunicación Social está formada por tres secciones y cuatro negociados, es decir, que se la dota con dos secciones más, de libre designación ambas, derivadas del propio carácter de la Dirección General, que depende funcionalmente del Consejero Portavoz de la Junta de Castilla y León, o Consejero de Bienestar Social, Portavoz de la Junta de Castilla y León.

Una sección tendrá funciones de documentación y archivo, y otra se encarga de la gestión publicitaria con un negociado. Se crea una plaza de auxiliar base de igual nivel que el resto de las demás.

Luego, por último, y ya intentando ir un poco deprisa, está la Asesoría Jurídica General, que está formada por una sección y un negociado. La única novedad que tiene esta Dirección General es la creación de una sección de asuntos generales, con un negociado y con funciones de apoyo a la asesoría, al trabajo de los Letrados. Los cinco Letrados que componen la Asesoría se les iguala sus complementos específicos al nivel de los Jefes de Servicio, puesto que se trata de funcionarios de A, con niveles veintiocho, pertenecientes todos al Cuerpo de Letrados, a la escala de Letrados, y que parecía lógico equipararles también en las retribuciones.

Y por mi parte, pues, nada más en esta primera exposición de...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor de Manuel. Se suspende la sesión por un tiempo de quince minutos.

(Se suspende la sesión a las doce horas veinte minutos, reanudándose a las trece horas).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Se reanuda la sesión. Para consumir un turno de Portavoces, tiene la palabra, en primer lugar, don Virgilio Buiza Díez por el Grupo Parlamentario Mixto.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Agradecer, lógicamente, la comparecencia del señor Consejero y el señor Director General y sus explicaciones. Y acto seguido hacer algunas... algunos pequeños apuntes a las mismas.

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En concreto, yo diría que me parece, y como lo veo así lo digo, que está un tanto sobredimensionado el personal de libre designación, cosa que no es buena en ninguna Administración, no solamente en la Junta, en ninguna. Porque el dar una amplia discrecionalidad a las Administraciones en temas de personal no es bueno, y porque, en definitiva, esto debería quedar para aquellos puestos de trabajo con contenido eminentemente político y teniendo un carácter fundamentalmente restrictivo. Aquí, sin embargo, yo creo que ha aumentado, y no me parece bueno.

De otra parte, bueno, pedir una aclaración. De la exposición que se ha hecho, yo creo que reiteradas veces se ha apuntado que la Relación de Puestos de Trabajo se ha hecho previo acuerdo, conversaciones, acuerdos de las organizaciones sociales, sobre todo sindicatos fundamentalmente. Y yo preguntaría si, efectivamente, la Relación de Puestos de Trabajo obedece a esos planteamientos, porque la noticia que yo tengo es que ha habido importantes discrepancias por parte de los sindicatos, planteamientos que no han sido asumidos. Por eso lo planteo.

Después, aplaudo una cosa que me parece positiva y es el cambio de régimen jurídico, diría, de los peones camineros, que eran funcionarios y han pasado a personal laboral; creo que, por la propia función de ese puesto de trabajo, quizá sea el encaje adecuado y oportuno. Por eso, esa modificación, si además se ha hecho con el consentimiento de los afectados, me parece que ha sido un avance positivo, pero entra un poco en contradicción con otra cosa que queda como resuelta y no está resuelta, que resulta preocupante, y es la existencia de dos colectivos que, desempeñando una misma función, una función propia y específica de funcionarios, en cambio, son personal laboral, lo cual, pues, yo me pregunto qué razones, qué motivos hay para que esto no se solucione o no se intente solucionar, ya no digo se solucione, porque entiendo que puede ser un caso complejo.

Pero, evidentemente, algo de eso contempla ya la Ley de Ordenación de la Función Pública de mil novecientos noventa. Y a mí me parece que no resulta coherente que, bueno, pues, mantener el puesto de trabajo de igual o similar categoría, con funciones parecidas, personal diferente, unos con la cualificación de funcionarios -con las ventajas y desventajas que ello pueda llevar- y otros con la cualificación de personal laboral, desempeñando las mismas funciones que, incluso, la misma Ley contempla como propias de funcionarios. Creo que esto es discriminatorio, y creo que la Junta, al igual que se ha hecho con la Ley de la Función Pública, dando respuesta a un problema sangrante que venía de tiempo atrás, debería abordar también este tema. Yo no he escuchado nada al respecto, y creo que no es justo ni correcto, objetivamente, que, bueno, haya un colectivo amplio de trabajadores fijos, que incluso han accedido a la Función Pública a través de distintos procedimientos de concurso oposición, etcétera, etcétera, que desempeñando funciones idénticas en muchos casos a la de otros funcionarios, pues, no sean funcionarios. Incluso, pienso yo, estando obligados a veces a dar fe de actos públicos, que es propio de funcionarios.

Entonces, sobre esta cuestión, yo plantearía si la Consejería concretamente, ya no solamente en su ámbito, sino como, de alguna forma, gestora del tema de personal en la Junta de Castilla y León, tiene pensado algo al respecto, al objeto de ir resolviendo paulatinamente esto que a mí me parece una discriminación. Porque no debemos olvidar que el personal laboral no funcionario, pues, está privado de los derechos que se recogen en convenio para los funcionarios, como es el concursar en los concursos de traslados, etcétera, etcétera.

Entonces, la verdad que no encuentro explicación lógica para que haya esta discriminación. Y por eso lo planteo al objeto de conocer la opinión de la Consejería, y al objeto de conocer también, si lo tiene, los planteamientos dirigidos a resolver esta problemática, que, ya digo, algo se ha ido avanzando. Hace poco tuvimos el tema de la Ley de Sanidad que resolvía un problema sangrante, y, bueno, pues, quizá no debería darse el tema por cerrado con la Relación de Puestos de Trabajo, y debería comenzarse a meditar qué posibles soluciones justas, sin privilegios, pueda darse a este colectivo en contacto con ellos, al igual que se ha hecho en distinto sentido, pero con la misma filosofía, con el tema de los peones camineros, que, bueno, por pura lógica, pues, quizá sea lo correcto que sea personal laboral y no personal funcionario por su propia función.

Y, nada más, una vez que escuche la información del señor Consejero, pues, intervendré seguidamente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Buiza. En ausencia de representantes de Centro Democrático y Social, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista don Leandro Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer la comparecencia del Consejero de Presidencia y del Secretario General. Nosotros, realmente habíamos pedido solamente la comparecencia del primero; no sé si esto es una manera de rodarse para pasarle el testigo o, simplemente, bueno, pues, que han acudido ambos. La verdad es que de la intervención del Secretario General, muy larga y muy prolija en datos, nos pudiéramos haber ahorrado la mitad si se hubiera admitido por la Mesa de las Cortes la entrega del soporte informático sobre la Relación de Puestos de Trabajo, tal y como se solicitó en su día. Parece ser que en las dependencias de la Junta no existe tal soporte informático, si existe no existe de una manera, digamos, utilizable por el común de los trabajadores que llevamos estos temas, y, por lo tanto, pues, parece ser que se desestimó la propuesta hecha por el Grupo Parlamentario Socialista.

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En primer lugar, yo quisiera hablar del modelo de Función Pública. Las Relaciones de Puestos de Trabajo, desde el punto de vista del Grupo Socialista, no están hechas desarrollando un modelo de Función Pública, ya que existe una gran disparidad entre todas ellas, es decir, entre las Relaciones de Puestos de Trabajo que han venido saliendo permanentemente... periódicamente. Y no me refiero a los tiempos de publicaciones, sino que se observa una falta de criterio unificador.

No se piensa en la gestión del Servicio Público como un modelo determinado, aunque sea equivocado, sino en situar a funcionarios y cumplir algunos compromisos que se pudieran tener contraídos a la hora de situar a esos funcionarios. Así existen, por ejemplo, modificaciones permanentes de las Relaciones de Puestos de Trabajo; en el año hasta ahora ha habido dos, pero... y hace escasamente poco tiempo que se ha elaborado la Relación de Puestos de Trabajo, pero, por lo general, suele haber del orden de unas cuatro o cinco al año, a través de la vía de las correcciones de errores, etcétera. En este caso, incluso, después de la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo y su publicación... perdón, antes de su publicación hay un nuevo Decreto, el 50/93, del once de marzo, por el que se publican dos fascículos de correcciones de errores de las Relaciones de Puestos de Trabajo de funcionario, y las modifican como consecuencia de situaciones, digamos -entre comillas-, "subjetivas", que, en cualquier caso, lo que hacen en general es una... crear una gran incertidumbre entre los funcionarios; no saben a partir de qué momento pudieran recurrir, en el caso de pretender recurrir, si es de la última publicación o si, por el contrario, es de la anterior. Todas estas modificaciones, por otra parte, dan lugar a multitud de adscripciones provisionales, que, tal y como se ha repetido en otras ocasiones, es una práctica habitualmente utilizada por la Consejería de Presidencia; también genera muchas Comisiones de Servicio; y, por si quedara alguna otra plaza vacante, pues, entonces, ya está para cubrirla los interinos, aspecto que luego me detendré con más detalle para tratarlo. Hay diferencias de niveles con iguales puestos de trabajo en las relaciones de puestos de trabajo, diferenciándose -eso sí- entre Consejerías-; distintos requisitos de titulación para alguno de los puestos de trabajo; extrañas adscripciones provisionales a cuerpos especiales de puestos de trabajo generales; adscripciones -digamos- corporativistas en algunas de las Consejerías en esas relaciones de puestos de trabajo.

En el caso de los interinos, como les decía, es un hecho curioso. Es decir, en la nueva relación de puestos de trabajo aparecen diez mil veintisiete funcionarios; bueno, en el presupuesto aparecen doce mil setecientos treinta y seis. Es decir, se presupuestan más plazas, se presupuestan más plazas de las que definitivamente aparecen en las relaciones de puestos de trabajo. Como tardan generalmente más de dos años en sacar el concurso -el único que ha habido hasta ahora han tardado ustedes más de cuatro años-, no hay movimiento de funcionarios en ese periodo de tiempo y esas plazas permanentemente se están cubriendo con interinos. Cuando se saca el concurso o está cubierta la oferta pública de empleo, ¿qué hacen ustedes para seguir cubriendo esos compromisos que tienen? Sacan una modificación de las relaciones de puestos de trabajo, amplian las plazas y las vuelven a cubrir con interinos. Por si esto fuera poco, el Decreto por el que se regula el sistema de provisión de puestos de trabajo por interinos establece como mérito -Decreto del año mil novecientos noventa y dos- para acceder a una plaza el haber desempeñado puestos de la Administración con carácter también interino en el mismo grupo. De tal manera que un interino, muchas veces saltándose la Ley de la Función Pública, está más de un año en el puesto de trabajo; pero, si al final hubiera que quitarle como interino, pues, lógicamente, tiene un privilegio preferente a la hora de volverle otra vez a colocar en ese mismo puesto o en un puesto diferente para respetar la Ley de la Función Pública, que, de alguna manera, es lo que ustedes hacen.

Pues en estos momentos hay más de trescientas plazas de interinos en lo que va de año, que, si las sumamos a las novecientas que veníamos arrastrando de años anteriores, nos da un total de más de mil doscientas cincuenta asignaciones a dedo, que en muchos casos cubren parte importante de las Consejerías.

Por otra parte, y como ya me refería con anterioridad, existe un incumplimiento sistemático de su propia Ley de la Función Pública. No se hacen anualmente las relaciones de puestos de trabajo. La última era de julio del ochenta y nueve, si no recuerdo mal; se aplican a las mismas permanentemente correcciones de errores; hay dotaciones presupuestarias para plazas de forma totalmente arbitraria, o, por decirlo de otra manera, ni están todas las plazas en las RPTs que luego se presupuestan, ni todas las que se presupuestan luego aparecen en las RPTs. Y me he tomado la molestia de contarlas.

Tal y como reconocía el Consejero, hay un aumento de plazas que se han olvidado de presupuestar, en concreto en la relación de puestos de trabajo y en lo referente a su Consejería hay trescientas noventa y seis, trescientas noventa y siete plazas, y presupuestadas solamente trescientas cuarenta y cuatro.

Hay plazas de la relación de puestos de trabajo permanentemente cubiertas por funcionarios; la Ley de la Función Pública -insisto-, en su artículo 6.1, dice que es un año el plazo máximo de ocupación de una plaza por un interino; ustedes sistemáticamente incumplen ese artículo de la Ley de Función Pública.

Las relaciones de puestos de trabajo, según el artículo 24 apartado 2.f), deben de contener necesariamente la situación presupuestaria de todas y cada una de las plazas. No se cumple ese requisito.

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Incumplimiento de la sentencia, por último, del once de junio de mil novecientos ochenta y siete, del Tribunal Constitucional, sobre funcionarización. Ello, insisto, porque además es un colectivo de unas seiscientas personas, que preocupa permanentemente este proceso de funcionarización; ello en la medida en que se está incumpliendo la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 6/90, del dieciocho de mayo, de modificación de la Ley de Función Pública, que establece -entre otras cosas- que el personal laboral fijo al servicio de la Administración Autonómica que desempeñe puestos de trabajo que por la naturaleza de sus funciones estén clasificados en la relación de puestos de trabajo como propios de funcionarios, podrá acceder al cuerpo o escala de funcionarios correspondientes a su grado de titulación y a la naturaleza de las funciones desempeñadas. Esta adecuación, que se llevó a cabo en materia de función pública, fue completada a través de la aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación de la Función Pública, realizado mediante el Decreto Legislativo 1/90, de veinticinco de octubre. En este cuerpo normativo, y en su Disposición Transitoria Segunda -como decía con anterioridad-, se recoge nuevamente la posibilidad de que el personal laboral fijo que desempeñe puestos de trabajo propios de funcionarios acceda mediante concurso-oposición a la citada situación. Y ello a pesar de los escritos que ustedes han recibido por parte de este colectivo de personal laboral en fechas ocho de marzo del ochenta y nueve, once de abril del ochenta y nueve, seis de noviembre del ochenta y nueve, treinta y uno de octubre del noventa, veinte de enero del noventa y dos. Y creo que en estos momentos se siguen recibiendo escritos de estas características, por parte, insisto, de un colectivo que alcanza a unas seiscientas personas. Sigue sin resolverse el problema. Pero, siendo esto grave, no es lo más grave.

Como es fácil de comprender, esta situación, que viene prolongándose -insisto- desde el año mil novecientos ochenta y siete, ha ocasionado gravísimos perjuicios a los legítimos intereses profesionales de todas las personas, por la supuesta incompatibilidad para ocupar las distintas... los distintos puestos de trabajo de la Administración Autonómica, de la Administración Regional, y que han venido siendo creados como consecuencia de los permanentes cambios operados en la estructura orgánica de las Consejerías. Quería decir esto, porque me parece que es un tema importante, que, además -insisto-, afecta a un colectivo importante de funcionarios. Pero hay más.

Hablamos de las libres designaciones. La nueva relación de puestos de trabajo mantiene a casi la totalidad -digo-, la totalidad de los jefes de servicio de los centros directivos de la Administración Central de la Comunidad Autónoma con plazas de libre designación. Esto, para empezar, va en contra de lo que ustedes llaman la carrera administrativa; pero, además, podría tener objeto antes de que ustedes crearan la figura de los coordinadores, pero no después de crear esa figura. Es decir, si la figura del coordinador es el puesto intermedio entre el jefe de servicio y aquellas personas de un cargo de responsabilidad, que podría ser -tal y como ustedes entienden la carrera administrativa, o por lo menos como ustedes pretenden hacernos creer que entienden la carrera administrativa- a partir del Director General. Bueno, pues, no solamente contentos con crear también los puestos de coordinadores, también les dan las plazas de libre designación a los jefes de servicio.

Se institucionalizan con carácter general los coordinadores de centros directivos, con escalón intermedio entre los jefes de servicio y los cargos públicos. Escalón que, por otra parte, no está previsto en el artículo 29 de la Ley de Gobierno; es decir, es un escalón que ustedes han inventado. También se aplica el campo de la libre designación a otros puestos inferiores a los de jefe de servicio. Peor todavía, peor todavía, porque sistemáticamente se va en contra de lo que debería de ser la carrera administrativa, el respeto que se debe de tener por los funcionarios en la carrera administrativa.

La Ley de Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma confiere el carácter de sistema excepcional a la libre designación y limita su ámbito a los puestos superiores a los jefes de servicio, secretarias de altos cargos, así como a todos ellos... así como a todos otros que -y leo textualmente-, por la importancia especial de su carácter directivo o la índole de su responsabilidad, se determinen en la relación de puestos de trabajo. Pues bien, esto último es una cláusula excepcional dentro de un sistema excepcional, que es el de las libres designaciones, y no es susceptible de generalización, tal y como ustedes lo están acometiendo, a un colectivo entero de jefes de servicio, sobre todo después de la creación -como decía con anterioridad- de los coordinadores.

Y por si todo esto fuera poco -y sigo hablando de la Ley de Función Pública-, ustedes se sacan de la manga una nueva figura jurídica, que es la de los asimilados. Y dicen: creación de la figura de los asimilados para los funcionarios que, estando en esta Comunidad Autónoma provenientes de otras Administraciones o aquellos que como consecuencia de la apertura de plazas -que el Consejero de Presidencia nos reconocía en su intervención- puedan venir con posterioridad a esta Comunidad Autónoma de otras Administraciones... sobre la relación de puestos de trabajo aprobada por Decreto del veintiocho de enero, Decreto 8/1993, el artículo 2 del Decreto crea la figura o categoría jurídica de la asimilación. Dicha figura, de creación reglamentaria por Decreto, permite la equiparación de funcionarios de otras Administraciones a los cuerpos de la Administración de esta Comunidad, obviando la fórmula jurídica válida, por supuesto, de la integración, que es lo legalmente previsto. Véase la Disposición Adicional Novena de la Ley 30/84, que el Tribunal Constitucional así lo vio en la sentencia del once de junio de mil novecientos ochenta y siete, cuando incluye en el régimen estatutario de la Función Pública la creación o integración de cuerpos y escalas, fundamento de derecho tercero y además declarando inconstitucionalmente el artículo 27 de la Ley 30/84.

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Ciñéndonos a su Consejería, cabe destacar los siguientes datos. Refiriéndome al área del Presidente, hay un incremento desmesurado del número de puestos adscritos a dicha área. Cabe citar que la relación de puestos de trabajo de este año, mil novecientos noventa y tres, aumenta respecto de la existente hasta ahora, de forma considerable, dicho número de funcionarios. Y ya no le digo el aumento tan importante con respecto de la que este Grupo, el Grupo Socialista, tenía cuando gobernaba esta Comunidad Autónoma en el año mil novecientos ochenta y siete. Y, sobre todo, cabe destacar lo elevado del coste económico: prácticamente, en términos deflactados al año mil novecientos noventa y tres, prácticamente es el doble; retomando las palabras del propio Consejero de Presidencia, sin recibir ni una sola, ni una sola competencia, la Consejería de Presidencia ha pasado, en el área del Presidente, a duplicar el presupuesto con relación al año mil novecientos ochenta y siete. Hay, encima, un incremento por encima de la media del resto de las Consejerías, que de hecho ya es alto, del número de plazas de libre designación, pasando de sesenta y dos a setenta y nueve, lo cual supone un incremento del 25,91%; insisto: sin nuevas competencias.

Se crea una extraña sección, nivel 26, nivel 27, por lo que ha dicho el Secretario General, en la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, cuya legalidad es más que dudosa, porque -como ustedes conocen- los niveles 26 o 27 corresponden más a una jefatura de servicio que a una jefatura de sección.

Se incrementa el número de plazas reservadas de forma exclusiva al grupo C -y esto es otro tema importante-, pasando -y esto lo decía el Secretario General- la Consejería de dos en el año ochenta y nueve a veintisiete en el año noventa y tres. Sin duda, supongo, será para dar cabida a más de los cien funcionarios, entre todas las Consejerías, de este cuerpo que, gracias a esta brillante organización que ustedes tienen de la Función Pública, quedaron, como resultas del concurso de traslado de funcionarios, sin plaza. Y se me argumenta en su intervención que parece ser que esto es porque, de alguna manera, bueno, pues, se está tratando de conformar esa pirámide administrativa. Miren ustedes, no solamente no es así, sino que en el año ochenta y siete había treinta y tres plazas del Grupo C -en su Consejería me estoy refiriendo permanentemente-; en el año ochenta y nueve, es decir, con su relación de puestos de trabajo, lo dejan en dos; y nuevamente, en el año noventa y tres, lo vuelven otra vez a pasar a veintisiete. Este es el orden, este es el concepto, este es el criterio que ustedes tienen sobre la ordenación de la Función Pública, permanentemente con constantes ensayos con los funcionarios; ahora quito a todos estos del Grupo C, ahora les vuelvo otra vez a poner. Este es el orden que se tiene.

Y por último, y como conclusión, todo ello nos lleva a observar que ustedes han provocado, con esta "organización" -entre comillas- de la Función Pública, un cambio en lo que debiera de ser la pirámide administrativa, de tal modo que en estos momentos más que una pirámide es una especie de diábolo. Para que nos entendamos todos: un número importante de funcionarios en los Grupos A y B, baja de manera importante en los Grupos C y D, para luego, nuevamente, ampliarse en una cantidad importante en los restantes Grupos.

Con esto llevan ustedes ensayando seis años en las respectivas Relaciones de Puestos de Trabajo. No tienen modelo de Función Pública, y no tienen modelo de Función Pública porque ustedes tampoco tienen un modelo de funcionamiento en esta Comunidad Autónoma. Del mismo modo que ustedes cambian sistemáticamente a los funcionarios en función de sus necesidades, y no siempre objetivas, han estado ustedes cambiando las Consejerías -primero cinco, luego seis, luego siete-, Direcciones Generales de una Consejería a otra, suprimen Institutos, les vuelve otra vez a crear. Insisto, no tienen modelo de Función Pública.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Antes de pasar al otro turno, esta Presidencia quiere dejar constancia de que la presencia del Secretario General de la Consejería para compartir la información a esta Comisión con el Consejero es una decisión de la Consejería perfectamente amparada por el artículo 138 del Reglamento de las Cortes, y una práctica parlamentaria que se viene siguiendo aquí desde el comienzo del funcionamiento de esta Cámara.

Simplemente, para que no quede la duda de que si era oportuno o no, y no oportuna la presencia del Secretario General.

Para su turno, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Jesús Abad Ibañez.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. Nosotros, evidentemente, también agradecemos la presencia del Consejero y, por supuesto, la del Secretario General. Creemos, incluso, que es buena, es buena la de los dos, simplemente se complementan más datos y se enriquece el debate en esta Cámara, que es de lo que se trata.

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Nosotros, como Grupo político, y con todos los respectos al Portavoz del Partido Socialista, que, como él sabe, le tengo un afecto personal, escucharle nos ha parecido, cuando menos, bueno, pues, una catástrofe desde el punto de vista de la ordenación y de la Función Pública de Castilla y León. Nosotros creemos que no se trata de esa catástrofe, sino más bien todo lo contrario. Y el Grupo Parlamentario Popular de estas Cortes se congratula porque la Junta de Castilla y León ha dado un importante paso, precisamente, en la ordenación de la Función Pública. Se trata de poner orden para llegar a cumplir los objetivos finales. Claro, no se puede olvidar que nosotros apoyamos incondicionalmente esta ordenación, porque es el planteamiento político, y el que hacemos gala en nuestros programas electorales, que es llegar a profesionalizar la Función Pública. Y, bajo nuestro criterio, se está llegando a estos objetivos, se están cumpliendo poco a poco, como no puede ser de otra manera, y entendemos que vale más ir más lentos, pero organizar bien las cosas, que es de lo que se trata.

Efectivamente, con las Relaciones de Puestos de Trabajo se están consumiendo distintas etapas. Y una de las cosas buenas que, bajo nuestro criterio, bajo el criterio del Grupo Parlamentario Popular, tiene esta Relación de Puestos de Trabajo es que contemplan, precisamente, todos aquellos puestos que son ofrecidos para los funcionarios, y dan paso a que se creen todos los años... perdón, a que se convoquen todos los años los concursos. Hay que ir lentos, pero matizando seguro... con seguro. Creo que este es un tema importante, y nuestro Grupo apoya esto.

Por otra parte, hemos de tener en cuenta que también se ha cumplido otra etapa, que ha sido la de integración de funcionarios de las distintas escalas y cuerpos, que también, como usted sabe, y como sabemos todos, y nosotros estamos de acuerdo, también en este tema.

También con la publicación de las RPTs, que nosotros valoramos como muy positivo, se cumple bajo nuestro criterio, y el Grupo Parlamentario Popular está muy de acuerdo en ese tema, porque toda creación, modificación, refundición y la supresión de puestos de trabajo, como muy bien ha dicho antes el Consejero, se hace, precisamente, a través de las RPTs, y esto nosotros creemos que es importante.

Como también valoramos como positivo el control dentro de la unidad de la Administración. Se crean instrumentos, se han creado instrumentos, y nosotros esto lo valoramos positivamente, y se da una importante participación a las representaciones sindicales. Por otra parte, se está cumpliendo con la normativa vigente, que así lo contempla, que participen distintos colectivos, y, efectivamente, la Junta lo está llevando este tema.

No quería entrar en el tema de las libres designaciones, pero nosotros, señor Consejero, señor Secretario General, señores encargados de la Función Pública, nuestro Partido, nuestro Grupo Parlamentario, considera este tema muy importante, porque se ha reducido, entendemos nosotros... no tengo los datos exactos, creo que los dará el Consejero, pero, bajo nuestro criterio, se han reducido, según los datos globales, sensiblemente los puestos de libre designación que había desde el año mil novecientos ochenta y siete a los que hay actualmente. Creo que el Consejero lo podrá matizar. Sí tengo un dato, y es el de Presidencia.

En el área de Presidencia, efectivamente, como usted ha dicho, se ha pasado de sesenta y tres a setenta y nueve funcionarios. Pero también le recuerdo que nosotros valoramos como acertadísima la medida que en su día tomó la Junta -y que lleva a la práctica- de eliminar todos los Gabinetes de las distintas Consejería. Para nosotros, éste es un tema trascendental, importantísimo. Y si bien, por la nueva estructura que pueda tener la Junta, al recibir más competencias, se haya incrementado en algún puesto la libre designación, el hecho cierto que el Grupo Popular valora como altamente positivo ha sido eliminar todos los Gabinetes de las distintas Consejerías.

No quiero alargarme, no se trata, además, de dar ningún dato, porque entendemos que son más que suficientes los que hayan dado los comparecientes, pero sí queremos resumir en lo siguiente.

Primero, señor Consejero, el Grupo Parlamentario Popular valora altamente positivos los pasos que ustedes han dado y que están dando, como decía al principio, para llegar a la profesionalización de la Administración Pública dentro de Castilla y León.

Segundo tema importante es la ordenación y profesionalización, para cumplir con el objetivo fundamental, que es prestar un buen servicio a los ciudadanos. En esta línea, señor Consejero, señores responsables de la Junta, el Grupo Parlamentario Popular está altamente satisfecho en este tema.

Y, para terminar, un ruego. Siguiendo en esta línea de ordenación y de profesionalización de la Función Pública, que animamos a que continúe en ella, le rogaríamos que culmine esta ordenación dando una importancia, dando importancia al tema de la formación de los funcionarios; si, por una parte, se ordena y se profesionaliza la Función Pública, creemos que culminaría este proceso satisfactoriamente, siempre que se destinen fondos adecuados para la formación. En esta línea contarán con todo nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Abad. Para un turno de réplica, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Consejero de Presidencia.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señorías. Creo que puedo contestar rapidísimamente a las precisiones que se han hecho sobre las Relaciones de Puestos de Trabajo, en términos generales, y también sobre las propias de la Consejería de Presidencia.

El señor Buiza, a quien agradezco la acogida que ha tenido a mi participación y que suele tener normalmente, como el resto de los Portavoces, habla de que el personal de libre designación está muy sobredimensionado; como es una petición muy generalizada al contestar al Portavoz del Partido Socialista haré una concreción sobre la misma.

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Decía que, en los acuerdos, hemos estado hablando de que en la confección de las Relaciones de Puestos de Trabajo se han llegado a acuerdos con las Centrales Sindicales. Lo que hemos dicho es que ha habido una negociación amplia y transparente, y se han llegado a acuerdos en algunos puntos, y hay otros puntos en los que no ha habido acuerdo; más bien ha habido desacuerdos. Lo que decimos es que en vía, bien por lo que disponen las leyes que regulan la materia, o bien por el acuerdo de modernización firmado con las Centrales Sindicales, hemos tenido contactos continuos. Es más, se ha hecho por primera vez, y en cumplimiento de lo acordado en el acuerdo de modernización, un contacto Consejería por Consejería con las Centrales Sindicales, cosa que no se había hecho nunca, lo que no quiere decir que este... que hayamos llegado a aceptar todas las propuestas que se han hecho. Pero sí se han aceptado algunas de las modificaciones que los representantes sindicales han introducido.

Hablaba del problema del personal laboral, que tendrían que ser, por la razón de la actividad que están desempeñando, funcionarios. Bien, ese es un proceso en el que se ha realizado respecto de algunos de los trabajadores de esta Comunidad Autónoma, como ha reconocido, y que está en fase de realizarse para otros funcionarios, como luego voy a explicar también. Concretamente, se está trabajando, ya se están preparando las bases que han hecho posible, mediante un concurso oposición, personas que ocupan estos puestos puedan pasar a ocupar el puesto de funcionarios. Estas bases han sido negociadas en la mesa... en la Comisión Paritaria, están redactadas, pero ha sido, precisamente, a petición de las organizaciones sindicales que forman parte de esa Comisión Paritaria lo que ha hecho posible que se haya... o necesario retrasar. Usted dice: es que están ustedes en manos de las Centrales Sindicales; no. Pero sí nos gusta que cuando tomamos una decisión, si no estar de acuerdo del todo, al menos haber terminado todas las posibles negociaciones con estas Centrales Sindicales.

Por lo tanto, estas bases están en marcha, se publicarán, y esto dará respuesta a algunas de las precisiones que se han hecho, que usted ha hecho, y que también ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista, al que luego responderé de... sobre otros temas más que de esos.

De todas las maneras, sí quiero dejar constancia sobre esta materia de un hecho. Cuando el Gobierno de Castilla y León... llegó al Gobierno el Partido Popular, o bien en solitario o bien en coalición, encontró un "totum revolutum" de los funcionarios que formaban parte... o laborales, que formaban parte de la Junta, de la Administración Pública de Castilla y León; un totum revolution que se refería tanto a la procedencia de los funcionarios, como al acceso de algunos funcionarios. Puedo asegurar que alguno no se sabe de dónde ha venido, y no ha sido durante la época del Gobierno del PP cuando ha ocurrido ese problema; y puedo decirle también que había una gran cantidad de funcionarios laborales, creados, posiblemente, por la aplicación de una Ley, que, como he dicho muchas veces, yo como Diputado Nacional recurrí en su momento, que permitió la laboralización o la entrada como laborales de un gran número de personas al servicio de las Administraciones. Y eso es algo que tenemos que corregir en este momento, y esa corrección no se hace, como he dicho, como el caballo de Atila cuando entra en una cacharrería, se hace paso a paso.

Por lo tanto, lo mismo que se ha hecho respecto a camineros, lo mismo que se ha hecho respecto a otros grupos de trabajadores, se hará respecto a los que quedan pendientes, con todas las garantías que suponga, no solamente para los que van a verse afectados, sino por terceros interesados que pudieran resultar perjudicados como consecuencia de las decisiones que se adopte.

Decía que yo creo que con esto habría terminado de contestar las cuatro... los tres temas que ha planteado.

Respecto al Portavoz del Grupo Socialista, voy a contestar primero a los temas que se refieren a las Relaciones de Puestos de Trabajo. Sigo insistiendo en que han sido unas Relaciones de Puestos de Trabajo que no parten de cero; parten de unas Relaciones de Puestos de Trabajo de mil novecientos ochenta y nueve, que, a su vez, tenían por base otras anteriores, y que tienen por base el personal al servicio de esta Administración, que se ha recibido por multitud de procedimientos, y que eso impide que, partiendo de cero, se hicieran aquellas Relaciones de Puestos de Trabajo que hubiera deseado cualquier Gobierno, sino que ha ido... tiene que ir adaptando poco a poco. Se han adoptado unos criterios, que se han mantenido, puedo asegurarle -puede haber algún error- que se han mantenido, en todos los casos, en la creación de nuevos puestos. Se ha perseguido la homogeneización en todos aquellos casos que existe la prestación de un servicio semejante; eso sólo se da, prácticamente, en las Secretarías Generales, en los Servicios de Personal, en los Servicios de Contabilidad, en los Servicios de Estudios; prácticamente, es el único sitio donde se puede hacer, en este momento, con carácter general, sin hacer algo mucho más intenso.

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Y respecto de los dos temas concretos que ha planteado de las Relaciones de Puestos de Trabajo: libres designaciones y asimilados, quiero decirle lo siguiente. En el año mil novecientos noventa y tres, en esas Relaciones de Puestos de Trabajo, hay trescientos cuatro libres... puestos de libre de designación; de esos trescientos cuatro puestos de libre designación, suponen una disminución sobre los que había en el mes de junio del año mil novecientos ochenta y siete de ciento ochenta y nueve puestos menos de libre designación. El Gobierno Socialista en la Junta de Castilla y León, en el año mil novecientos ochenta y siete, tenía cuatrocientos noventa y tres puestos de libre designación. Es cierto que la Consejería de Presidencia ha aumentado desde sesenta y tres puestos en el ochenta y siete a setenta y nueve en el año mil novecientos noventa y tres. Pero también es cierto que eso responde a una reestructuración, a una estructuración nueva de la ordenación periférica de la Administración de Castilla y León.

Usted sabe muy bien que hay unos Delegados Territoriales, y que las Delegaciones Territoriales tienen... en las Delegaciones Territoriales hay tres puestos de libres designación, que suponen, aproximadamente, en el total del número de personas que hay en toda la Administración Periférica, un tres por mil. Es decir, los puestos de libre designación en la Administración Periférica, entre los que están, supone un tres por mil.

Y, de cualquier manera, sigo insistiéndole: de cuatrocientos noventa y tres en el año ochenta y siete a trescientos cuatro en el año noventa y tres. Esto supone algo yo creo que una diferencia bastante considerable, que responde o que dice quién, qué equipo, o qué Gobierno, o qué partido tenía una idea más clara sobre lo de la libre designación.

Me habla usted de los asimilados: "Han violado ustedes, han infringido. Han infringido ustedes la ley, porque han creado un nuevo puesto, los asimilados". Mire usted, hemos resuelto -y voy a hablar ahora de ello, puesto que usted quiere que hablemos de un modelo de función pública, de un modelo de Administración Pública-, hemos resuelto, por medio de la asimilación, algo que no daría respuesta a una gran parte de funcionarios que, por razones de procedencia, fundamentalmente, no han podido ser integrados antes de realizar el concurso, en el año mil novecientos ochenta y nueve y mil novecientos noventa, no pudieron ser integrados en los cuerpos y escalas de la Administración. No está pensado para el amigo del Consejero de Presidencia, que tiene muchos pero creo que no tengo ninguno colocado en la Junta, en el puesto que él quisiera. Está pensado para dar respuesta a una serie de señores que, no habiendo podido ser integrados en los cuerpos y escalas de esta Administración en el año mil novecientos noventa, haga posible que puedan participar en los concursos que se han hecho a partir de la realización del primer concurso. Esto no es una asimilación, sino que es una... un camino, un instrumento para que aquellas personas que no estaban integradas en los cuerpos y escalas puedan concursar, como pueden hacerlo los que tuvieron la posibilidad de integrarse. Y le aseguro que quedan algunos más funcionarios que todavía queda resuelto por integrarse. Incluso algunas de estas integraciones nos las han resuelto los Tribunales de Justicia; algunos que nosotros pensábamos que no se podían integrar, ha habido sentencias que han dicho: "Intégrenles ustedes por el procedimiento anterior", mientras que nosotros pensábamos que no podía hacerse, aun cuando era lo que nosotros deseábamos.

Y después me decía usted: "Y poco más ha dicho de las Relaciones de Puestos de Trabajo". Y después me decía usted: "No tienen ustedes un modelo de función pública, están ustedes manteniendo los interinos para poder colocar a sus amigos a dedo, no se ha hecho ningún concurso desde que hicieron el concurso anterior, han hecho ustedes un decreto de cobertura de interinidades que les permite a ustedes hacer lo que quieran". Es una cantinela que la conozco desde el primer día que comparecí en esta Cámara: "Ustedes sólo quieren colocar a sus amigos y hacen todo lo posible en la función pública para mantener una estructura que les permita colocarles". Pues, mire usted, si yo, de verdad, hubiera querido tener una estructura que me permitiera colocar a mis amigos y, mediante comisiones de servicio, adscripciones provisionales e interinidades, no hubiera... poder colocarlos, habría hecho todo lo posible, en vez de pegarme con mucha gente -entre ellos, también con esta Cámara, donde, por cierto, me echaron una mano-, no habría integrado a ninguno de los funcionarios en los cuerpos y escalas de esta Administración; no me habría empeñado en resolver un concurso que me costó muchos disgustos y que, al final, ha dado respuesta a una petición constante de los funcionarios. Porque si yo tuviera, en este momento, cinco mil adscripciones provisionales, podía mover al funcionario como me diera la gana, lo podía llevar de un sitio para otro, porque, al no tener puesto definitivo, tendría cuatro mil puestos, cuatro mil ochocientos y pico puestos posibles para poder colocar a mis amigos. Sin embargo, yo, que sólo perseguía eso, resulta que intenté por todos los medios, contra viento y marea, dejar en un puesto definitivo a cinco mil funcionarios.

Si yo hubiera intentado que esto no fuera así, podía haber hecho algo mucho más importante: no haber dictado ninguna norma para decir cómo se tenían que cubrir los puestos de las interinidades, ni haber establecido unos baremos. Estos baremos están establecidos, son públicos y están publicados; y eso permite que cualquier interino que concurra a una de las convocatorias publicadas en el Boletín Oficial sepa qué es lo que hay y cómo tiene que hacerse, y cómo se da participación a las centrales sindicales en esa cobertura de interinidades.

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Por lo tanto, esto no existió hasta el Decreto que se publicó en el año noventa y dos -me parece que es-, no ha existido. Antes se hacía de manera libre. Es decir, la Administración Pública de Castilla y León está poniéndose trabas cada vez mayores para que aquéllos que concurran sepan exactamente cómo se convocan, cómo se anuncian, cuál es el tribunal que tiene que constituirse y qué tiene que suceder con ese tribunal, con arreglo a qué criterios mínimos tiene que respetar. ¿Que a usted no le gusta que los interinos que hayan estado trabajando tengan puntos para poder entrar como interinos? Pues, mire usted, lo hemos copiado exactamente del Ministerio de Justicia, que es lo que hace constantemente: cuando tiene una interinidad, se termina, cuando se cubre el puesto, se queda libre, y ese señor que ha cubierto el puesto tiene posibilidades de volver a otro puesto. Y le digo más: me parece lógico; no por colocar a aquéllos que son interinos, sino porque, si yo voy a buscar un funcionario interino para cubrir un puesto, para desempeñar un trabajo, siempre lo desempeñará mucho mejor aquél que ya lo ha hecho.

Con lo cual, no puedo admitir de ninguna manera, de ninguna manera puedo admitir que usted me diga que todo el trabajo que lleva haciendo el Gobierno de la Comunidad de Castilla y León, el Gobierno Regional, para ordenar la función pública esté dirigida a colocar a los amigos, que es el mensaje que ha lanzado.

Yo comprendo que no hemos llegado donde queríamos. Comprendo que, a lo mejor, no es éste su modelo de Administración; pero le digo que tenemos un modelo de Administración que supone lo siguiente: queremos una Administración Pública en la que los funcionarios tengan posibilidad de acceder a los puestos, por regla general, mediante concurso, menos trescientos cuatro puestos, que son de libre designación, entre doce mil y pico... entre diez mil funcionarios que hay -haga usted la cuenta-, mediante concurso; que todo el mundo sepa cuáles son las bases que han de regir en cada concurso; que se publique el concurso, y que en esas convocatorias tengan participación las organizaciones, los representantes sindicales.

Por lo tanto, ése es el camino... el modelo que tenemos para la cobertura de puestos. Tenemos un modelo para integrar a los funcionarios y un modelo para hacer las oposiciones, que está en proceso de modificación, pero al que nos atenemos. Tenemos un modelo de formación, al que nos atenemos. Y, mire usted, si tenemos un sistema de acceso, un sistema de provisión de puestos y un sistema de formación, tenemos lo más importante de lo que es un modelo de función pública; no sé yo que exista otro modelo. El sistema de acceso es la oposición, el sistema de cobertura de puestos, como regla general -menos trescientos cuatro puestos-, son por concurso; y el sistema de ingreso y el sistema de formación son los cursos que todos los años, discutidos en una mesa creada al efecto, una mesa sectorial a efecto, en la que hay una base de profesores, y en la que se discuten los profesores y los temas; hay una mesa de formación. Son un modelo de función pública que, desde mi punto de vista, es un modelo muy correcto.

¿Que hay irregularidades? Por supuesto. Nos quedan treinta y cuatro contratados administrativos, a los que habrá que dar respuesta, no fácil -nos podemos saltar la ley a la torera-, pero quedan treinta y cuatro que hay que dar respuesta. Queda de funcionarizar todos aquéllos a los que se están refiriendo los Portavoces en este momento. Se acaba de resolver un problema gravísimo, como era el de las interinidades de los sanitarios. Pero la cobertura o la resolución del problema de los que nos quedan en las mismas condiciones nos va a plantear el mismo problema. Posiblemente, aquí abajo, el día que se resuelva, vuelve a haber, también, una manifestación.

"Fíjese usted, tienen ustedes interinos de más de un año". De más de un año, no; algunos los tenemos desde hace más de catorce años. Y tenemos que dar una respuesta, ahora, desde esta Administración de Castilla y León.

Es decir, no todas las Administraciones Públicas resuelven todos los problemas sobre la marcha.

Dice usted que no hemos celebrado ningún concurso. Se conoce que, como este Consejero se va a ir, y ya no se preocupa mucho de lo que hay aquí; como usted se ha ido, también, a otras labores, no sigue ahora como seguía antes los Boletines Oficiales. Pero es que, desde el momento que se celebró el concurso anterior, es que se han resuelto ya, se han resuelto ya me parece que son como cuatro concursos; y están en marcha, y están en marcha otros concursos, convocados; están convocados concursos, pues, como otros cuatro concursos. No le traigo los datos porque yo voy a hablar de puestos de trabajo, de la Relación de Puestos de Trabajo. Pero se han resuelto cuatro concursos desde que resolvimos el anterior, y están convocados en este momento como otros cuatro concursos. Por lo tanto, estamos haciendo todo lo que podemos hacer.

¿Nos faltan cosas? Pues, sí señor. Nos falta poner en orden el Registro, para lo que estamos trabajando de manera intensa y a lo que responde parte de las modificaciones de esta Relación de Puestos de Trabajo. Nos falta haber organizado, como hemos hecho en esta Relación de Puestos de Trabajo, una estructura que permita que no sea la Directora General la que esté dedicada día y noche a tener conversaciones con las representantes sindicales. Hay que tenerlos, pero lo que no podemos hacer es tener un Alto Cargo dirigido a esa materia solamente. Lo dirige, lo coordina, pero no lo tenemos. Y se ha creado una estructura que permite negociar constantemente y hacer un seguimiento de las negociaciones que se hacen. Y ésas son a lo que responde parte de esta estructura.

Mire usted si tenemos o no tenemos un modelo de función pública, y mire usted o no si tenemos un modelo de Administración Pública de Castilla y León. Lo que ocurre que ese modelo de Administración, que es una Administración Central determinada, con una Delegación Territorial Unica, exige un determinado, también, una determinada función pública. Y ya... yo ya sé que a ustedes no les gusta la Delegación Territorial Unica por provincia, pero eso sí que es una opción que el Grupo Popular tomó y que sigue manteniendo, y, respecto a eso, sigue ordenando la función pública.

Y yo creo que, con esto, he contestado a los problemas que planteaba, respecto a la Relación de Puestos de Trabajo, y le he dado respuesta, en parte -porque no era hoy el motivo fundamental del modelo de función pública-, al problema que me planteaba.

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Pero no quería yo dejar en el aire esta duda de decir: "No, ustedes vienen aquí, no tienen ningún modelo de función pública, y no lo tienen conscientemente, porque lo que quieren es tener todo esto desordenado, para, de esa manera, colocar a sus amiguetes a dedo; bien con adscripciones provisionales, comisiones de servicios, o por interinidades". Este es el mensaje que lanzaba y ése es el mensaje que yo le digo no es cierto. Y todo lo que se ha hecho en los últimos años va dirigido, precisamente, a tener trabas a que alguien pueda hacer eso; no digo a que lo hagamos, sino a que alguien lo pueda hacer. Y siempre existe una discrecionalidad.

Efectivamente, existen alrededor de mil funcionarios interinos. Cada vez existirán menos. Nosotros tenemos puesta la meta en alrededor de unos seiscientos, setecientos funcionarios interinos, con los funcionarios que ahora tenemos, no con los que nos vengan. Porque, lógicamente, mientras se convocan las ofertas de empleo público, los concursos y se convocan las oposiciones, lógicamente, esas plazas, durante un tiempo, estarán cubiertas. Y cuando hayamos dado respuesta a los interinos sanitarios, a los contratados administrativos y a los que tenemos por funcionalizar, entonces, los procesos de interinidad durarán un año o dos años, como mucho, pero no durarán mucho más; no durarán quince años, dieciocho años, cuatro años, cinco años, como ocurre ahora.

Esto es, por lo tanto, la respuesta a una comparecencia que hacía referencia a las Relaciones de Puestos de Trabajo, y que hemos terminado hablando del modelo de función pública. Parece que es una de las... de lo que ocurre en las comparecencias. No debía de haber entrado al trapo. Siempre digo: "Entro al trapo". No debía haber entrado al trapo. El otro día vine a hablar de transferencias de Corporaciones Locales y terminamos hablando de la ordenación de las... de la organización municipal de Castilla y León, y hoy venimos a hablar de Relaciones de Puestos de Trabajo y terminamos hablando del modelo de función pública.

Muchas gracias, Presidente. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Para turno de dúplica, tiene la palabra don Virgilio Buiza, por el Grupo Mixto.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Inicialmente, para agradecer al señor Consejero su receptividad en el tema del personal laboral fijo. Aunque luego ha echado un jarro de agua fría en cuanto, bueno, ha planteado que se había iniciado el planteamiento o la solución de esta problemática y se había paralizado, argumentando que siguiendo sugerencias de las organizaciones sindicales.

Bueno, esto es un poco contradictorio con lo que me contestó en otra cuestión anterior, cuando, en fin, me ha dicho que, efectivamente, para la confección de la Relación de Puestos de Trabajo se contactó en reiteradas ocasiones, se tuvieron en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales -concretamente sindicatos-, pero que, en última instancia, la decisión, lógicamente, es de la Junta, y fue la Junta quien la adoptó, asumiendo algunos planteamientos y no asumiendo otros.

Creo que ese criterio, que me parece acertado, debe también mantenerse en este otro aspecto. Y quiero aclarar, a renglón seguido, que yo no tengo ningún interés espurio, ni directo, ni indirecto, para defender este planteamiento. Simplemente lo defiendo porque me parece un tanto extraño y atípico; y me parece extraño y atípico no que exista ahora, sino que tenga proyección de existir para siempre.

Entonces, lo que planteaba -y de ahí mi impresión favorable-... Es decir, la Junta, la Consejería de Presidencia, concretamente, tenía previsto intentar resolver esta problemática, que, incluso, puede dar origen a situaciones extrañas; yo diría que, incluso, en algunos casos, hasta ilegales. Téngase en cuenta que, por ejemplo, el dar fe pública de actos administrativos es una función específica de la cualificación de funcionario. No vaya a ocurrir que personas que desempeñen puestos de funcionarios se vienen, en algunas ocasiones, a tener que dar fe pública de algún acto administrativo, sin tener la cualificación funcionarial correspondiente obligada, y dándose una evidente paradoja.

Por otra parte, es que yo creo que, sin perjuicio de que todo el tema de personal es complejo, porque todo lo que afecta directamente a situaciones personales humanas, pues, crea problemática y crea -digamos- contraposición de intereses, a veces, de unos colectivos con otros, pero, sin embargo, en este caso yo creo que serían menores, toda vez que este personal es fijo; de hecho, ocupa un puesto de trabajo, un puesto de trabajo que nadie se lo va a quitar. Y, por consiguiente, este puesto de trabajo diríamos que, al transformar su situación jurídica de personal laboral fijo a personal funcionario no cambiaría mucho, en cuanto a disminuir la oferta pública de empleo, porque, realmente... No sé, el señor Consejero hacía gestos con la cabeza, dando a entender que sí que podían perder ese puesto de trabajo. Quizá el puesto específico, sí; pero yo dudo mucho que, salvo que se procediese a un despido, procedente o improcedente, en virtud de la normativa laboral, pues, estas personas tienen su puesto de trabajo en uno o en otro sitio, con una o con otra función, consolidado. Por consiguiente, si desempeñan -y ése es el planteamiento correcto que, además, contempla la ley- la misma función que un funcionario, en algunos casos idéntica función, cualquier persona se pregunta por qué su situación jurídica es diferente, por qué se produce esa discriminación; y no solamente un año, un año, y otro año, y otro año.

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Ese es, pues, el planteamiento. Y yo le animo al señor Consejero para que sea receptivo a los planteamientos sindicales, pero también que sea receptivo a los planteamientos de los colectivos afectados, porque, evidentemente, lo sindicatos -no me voy yo a poner aquí a defender lo contrario- son instituciones básicas en un sistema democrático, representativas de los intereses de los trabajadores, pero no debemos olvidar, también, que la sindicación en nuestro país es libre, y que puede haber trabajadores, por unas u otras razones, que no estén en ningún sindicato, por las razones que sean; y, ¡hombre!, no se puede poner como argumento supremo decir: "Es que los sindicatos dicen que no". Bueno, pues, habrá que pedir aclaraciones, explicaciones, escuchar también a los afectados, ver lo que es razonable, lo que no es razonable, y actuar en consecuencia.

Yo creo que esto daría estabilidad a nuestra Administración. Le puedo dar la razón de que el señor Consejero dice que lo encontró mucho peor; habló de un "totum revolutum", una expresión para decir que era fatal lo que encontró hace tiempo. También habría que decir que, sin entrar en el fondo de la cuestión de si, efectivamente, existía ese "totum revolutum" o no -que no es el momento-, sí, también, hacerle una reflexión, y es que estará conmigo que el organizar una Administración "ex novo" es muy complicado, y sobre todo si es una Comunidad Autónoma tan amplia y extensa como la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Creo que esa dificultad añadida debe reconocerse a los que tuvieron la obligación de organizar esa Administración, sin perjuicio de que, bueno, en cualquier caso, es una dificultad con la que se encontró la actual Junta, pero que no le puede servir de consuelo para decir: "Como estaba todo muy mal, pues, por eso sigue estando mal". Bueno, habrá que ir avanzando, incluso siendo comprensivos en que haya cosas todavía sin resolver, pero planteando que la Junta debe tener la voluntad de caminar decididamente a resolver estos flecos, que, a la postre, no va a quedar más remedio que resolver, intentando, efectivamente, no lesionar intereses legítimos de nadie e intentando dar una estabilidad y una eficacia -la máxima posible- a nuestra Administración, en la Comunidad de Castilla y León.

Por eso yo se lo planteaba, y le animo para que, sin perjuicio de escuchar a todas las partes, sea después la Consejería, la Junta, la que tome la decisión que considere más oportuna, en defensa de los intereses legítimos, de una parte, de los trabajadores y, de otra, que también es importante, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Buiza. Para consumir su turno, tiene la palabra don Leandro Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Bueno, pues, efectivamente, como el señor Consejero de Presidencia sabe, últimamente tengo menos tiempo; pero también sabe que yo suelo venir a las comparecencias suyas con el tema preparado e incluso documentado. Mire... Y algunos de estos datos los voy a dar.

Estamos hablando del modelo de función pública y del modelo de profesionalización de la función pública. Y, ¡hombre!, si realmente existiera ese modelo, este Procurador no tendría datos de una determinada Consejería, donde, no el Grupo Parlamentario Socialista, ni siquiera este humilde Procurador -como diría el Consejero Portavoz... perdón, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular-, sino de los cuatro Colegios de Ingenieros Técnicos de la Comunidad, que dicen, en una carta abierta, al Presidente de la Junta lo siguiente... El título ya es muy significativo:

"La Consejería, acusada de clasismo y discriminación".

"Se observa que la Consejería, de forma arbitraria, modifica la anterior Relación de Puestos de Trabajo en los puestos de mayor nivel, dentro de la Administración especial, favoreciendo a ciertos colectivos, al que pertenecen los principales responsables de los temas de personal de la Consejería, y perjudicando al grupo B y, especialmente, a los Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Los alumnos de las cuatro escuelas de titulados universitarios de primer ciclo en la rama agraria que existen en Castilla y León están molestos con el atropello que en la actual Relación de Puestos de Trabajo se hace de su gremio.

Es por ello que nosotros queremos explicarle detalladamente cómo se modifica de forma arbitraria y clasista" -arbitraria y clasista- "la Relación de Puestos de Trabajo que ustedes han elaborado, cuando... el Consejero de Presidencia, y cómo ahora incumplen lo que la Consejería de Presidencia decía hace cinco meses a las Cortes de Castilla y León, en una contestación que daba a una pregunta del Grupo de Centro Democrático y Social.

Decían ustedes en la contestación: 'Ha de procurarse el permitir la movilidad vertical de los funcionarios' -que también lo decía el Secretario General-. 'Se procurará que los funcionarios de cada grupo ocupen todas las escalas de niveles que las normas les permiten. Los puestos orgánicos tienen un contenido más amplio que el de calificación estrictamente técnica...'", etcétera, etcétera, etcétera, etcétera.

"En la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería de Agricultura -por citar una-, de cuarenta y siete puestos de los niveles veinticinco, veinticuatro y veintitrés que se crean o modifican, todas se ofrecen al grupo A, sólo cinco al grupo B, conjuntamente con el A; diecinueve puestos de Jefatura de la Relación de Puestos de Trabajo del ochenta y nueve se ofrecían a ambos colectivos, y en la actualidad se convierten en diecisiete para el grupo A y sólo dos para el grupo B". Es la pirámide a la que yo hacía relación.

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"Ningún colectivo..." -y está sellado con el sello oficial del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Castilla y León-; dice este Colegio: "Ningún colectivo tiene la exclusiva de eficacia y eficiencia, por lo que no se debe irrogar esta cualidad a unos, en detrimento de otros" -¡Modelo de función pública!-.

"Con arreglo al Real Decreto 65/1991, que regula el sistema general de reconocimiento de títulos en la Comunidad Económica Europea, se emplea la terminología de titulado superior universitario de primer ciclo o segundo ciclo, especificando en Relación de Puestos de Trabajo este requisito para los puestos que, por sus características, requieran titulación universitaria.

Finalmente..." Insisto, estoy leyendo literalmente un informe del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos; dice: "Finalmente, deseo hacerles la consideración que en los momentos históricos en que el mundo aplaude la desaparición del "Apartheid" en Sudáfrica, a la vez que se inquieta por el aflorar de movimientos elitistas del social-nacionalismo en Centro-Europa, la postura clasista y discriminatoria del borrador de instrucción de la Relación de Puestos de Trabajo elaborados por la Función Pública de Castilla y León parece inclinarse más hacia estas premisas que a las últimas".

Podría seguir, porque hay varios escritos de estos mismos cuatro Colegios Profesionales -insisto-, pero yo creo que con lo que he leído con anterioridad es más que suficiente.

Me dice que se ha reducido el número de libres designaciones. ¡Hombre!, también, a continuación, me reconoce que en la época en la que gobernaba el Partido Socialista la Comunidad había nueve Delegados Territoriales por provincia, y eso, evidentemente -si las cuentas no me fallan-, son... ochenta y uno... hasta ciento y pico, sí.

Pero mire usted, mire usted, no solamente estoy hablando de la libre designación de los Delegados Territoriales. Le decía en mi primera intervención que también, y sobre todo, quería apoyarme en las libres designaciones de los coordinadores. Creándose la figura del coordinador, parecía menos importante o parecía menos lógico el que se creara también para libre designación la figura de los Jefes de Servicio.

En los coordinadores, en los coordinadores -que yo recuerde, a vote pronto, y porque he estado tomando nota mientras usted intervenía en esta contestación que me ha dado-, por ejemplo, tengo cuatro ex-Directores Generales: el de Agricultura, el de Fomento, el de Economía -no quisiera citar nombres, pero los tengo, también-, uno más en Economía, etcétera, etcétera. Se crea en Inspección General, Interventor, Letrado Mayor, Letrado Jefe, Letrados, Viceinterventores, Asesores de Gestión, Directores de Gestión; todos ellos, hasta un total de trescientos nueve en la totalidad de las Consejerías de la Junta de Castilla y León, y un total de setenta y ocho en la Consejería de Presidencia, que -como decía en mi primera intervención- suponía un incremento del 25,81% con relación a la Relación de Puestos de Trabajo del año mil novecientos ochenta y nueve.

Pero una nota que me pasa mi compañero de escaño -y exclusivamente en su provincia- me dice que el Jefe del Servicio -su provincia es Zamora-, el Jefe de Servicio de Fomento, un ex-Procurador del Partido Popular; el Jefe de Servicio de Agricultura, un ex-Procurador del Partido Popular; el Jefe del Servicio de Medio Ambiente, Concejal del Ayuntamiento de Zamora del Partido Popular; el Jefe de... perdón, y antiguo Delegado de Juventud. Es decir, no, no hay amiguismo, hay... Efectivamente, son nombres... Sinceramente, me lo acaba de pasar mi compañero de escaño, y he creído oportuno darlo a conocer a esta Cámara.

Me habla usted de los funcionarios de difícil justificación procedencial. Y siempre, y siempre me pone como comparación otras Administraciones, e incluso la Administración Central, permanentemente. ¡Hombre!, con una diferencia: ustedes han tenido seis años -no son nuevos en esto-, seis años. Ahora, claro, si los Consejeros de Presidencia que le antecedieron a usted se dedicaron a otras cosas -como tengo entendido-, evidentemente, no pudieron acometer con los resultados que todos hubiéramos deseado el arreglo que nosotros le venimos proponiendo, efectivamente, desde hace seis años.

Me habla usted de los interinos, de los interinos. Mire, una carta de funcionarios de la Comunidad, que también habla de los interinos, y dice:

"Ahora que los conceptos de ética, moralidad, igualdad y transparencia en la Administración Pública se han convertido en lema y estandarte del Partido Popular para las próximas Elecciones Generales, un grupo de funcionarios de la Administración Regional queremos denunciar su doble lenguaje en la Comunidad que gobierna, Castilla y León.

El botón de muestra es el eterno problema de los interinos. Con el loable pretexto

lo dicen ellos, porque no se piense que es este Procurador el que siempre se está sacando las cosas de la manga-, con el loable pretexto de disminuir la elevada cifra del paro se convocan plazas vacantes de funcionarios para ser cubiertas mediante interinos, con unas bases que premian a los que ya han estado prestando servicios en la Administración Regional y quitando la opción a aquéllos, como sería lógico, que buscan su primer empleo.

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El problema, importante, se acentúa porque, si se lleva a cabo la propuesta del Partido Popular de disminuir el número de empleados públicos -parece que lo llevan en su programa electoral- mediante la congelación de la oferta pública de empleo, estas personas podrían quedarse en dichas plazas, engrosando de esta manera y por mucho tiempo el ya número importante de interinos, a los que luego se les da una solución rápida, regalándoles la condición de funcionario sin pasar por la previa Oposición.

Se quebrantan, por tanto -y como pretendía demostrar en mi primer intervención-, los principios que debieran de regir toda función pública, de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad para todo el mundo.

Esta grave situación -siguen diciendo estos funcionarios- crea numerosos agravios comparativos. Le cito dos: un funcionario de Oposición se ve desplazado por un concurso de traslados de su provincia de origen, por una supuesta falta de vacantes que, sin embargo, sí que existen y que son las que se les entrega a los interinos.

O, por ejemplo, se llega a dar el caso de que el personal interino que ahora accede a ocupar plazas económicamente mejores que la de algunos funcionarios que con su esfuerzo han conseguido la oposición y tienen varios años de antigüedad y mérito". Y doy datos también, mire usted... y no lo quería decir, lo tenía anotado pero no lo quería decir. La hija del gerente del Partido Popular en Valladolid es una persona que en no menos de cuatro ocasiones ha entrado como interina en la Junta de Castilla y León. Ahí tienen un dato. Porque lo que nunca le ha gustado a este Procurador es que le dejen por mentiroso, en cualquiera de las comparencias, cuando se está hablando de amiguismo y determinadas oportunidades a la hora de plantear determinados puestos de trabajo en la Junta de Castilla y León.

Yo no sé... Había, usted me hablaba de los interinos... perdóneme porque... y me decía usted en la intervención que estamos, el Grupo Parlamentario Socialista, permanentemente con esta cantinela. Desde que ustedes están en la Cámara nosotros, evidentemente, estamos con esta cantinela, porque, como he podido demostrar con anterioridad, seguiremos con esta cantinela mientras ustedes no corrijan ese principio de "dedocracia" que utilizan habitualmente, a la hora de colocar determinados funcionarios a través de las libres designaciones; que no es tanto el problema de las libres designaciones, sino el modelo que ese sistema representa. No es tanto el número de libres designaciones, sino el modelo que ese sistema representa, me da igual en la administración donde se esté aplicando.

Pero he pasado en la primera intervención por alto el tema de las adscripciones provisionales, el famoso Decreto 222, y usted y yo nos conocemos permanentemente... perfectamente, porque le he sacado en algunas comparecencias suyas. Aquel modo de aplicar el colocar a un funcionario determinado en un puesto de trabajo, darle todos los cursillos habidos y por haber, mantenerles durante un cierto tiempo en ese puesto de trabajo, cuanto más tiempo mucho mejor, porque eso le va a puntuar, y, al final, con todo ese trato preferente, lógicamente, esta adscripción provisional, en algunos casos, va a ser, con nombres y apellidos, para el señor o al funcionario que anteriormente se ha colocado en ese puesto de trabajo.

Y en el caso de los interinos, no quiero continuar, porque yo creo que ya le he dicho suficiente.

Y, mire usted, parece que se jacta de que haya salido un concurso y medio, por creer sus palabras, en los seis años que llevan en estas dos últimas legislaturas. Pero es que la Ley de la Función Pública pide que el concurso salga anual. Me da igual que haya sido uno y medio, o me da igual que hayan sido tres, porque lo lógico, lo legalmente establecido es que sean seis los concursos que se debieran de haber celebrado en los seis años que ustedes llevan mandando en la Comunidad de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Para su turno tiene la palabra el señor Abad.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Sí, señor Presidente, brevísimamente. Después de lo que ha dicho el señor Consejero, a este Procurador del Partido Popular poco le queda decir. Pero, no obstante, sí quería hacer una simple matización.

Nosotros sí que aplaudimos, el Grupo Parlamentario Popular aplaude el modelo de función pública que está llevando la Junta, y lo aplaude... que está llevando a la práctica la Junta. Y lo aplaude por muchos motivos, y, entre otros, señor Consejero, nosotros entendemos que es bueno el modelo, y fíjese si será bueno que, debido a la profesionalización de la Función Pública, se consigue, como no podía ser de otra manera -por la profesionalización-, que algunos altos cargos del Partido Socialista también estén desempeñando en este momento importantes jefaturas de servicio.

Por tanto, aquí la profesionalización prima por encima del amiguismo. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Abad. El señor Consejero, para dúplica, tiene la palabra.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente, y muy brevemente, para contestar a los Portavoces de los tres Grupos Parlamentarios presentes en este momento en la Cámara.

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Señor Buiza, pueda tener la seguridad de que vamos a continuar en el camino de resolver los pocos ya problemas pendientes que tenemos en materia de Función Pública. Y digo problemas pendientes en cuanto a situaciones irregulares de personas a las que, efectivamente, no podemos hacer perder el empleo, pero sí podrían perder su puesto de trabajo; el puesto de trabajo no es lo mismo que el empleo. Pero tenga la seguridad que seguiremos en ese camino. Y que no estamos a disposición de las Centrales Sindicales, lo único que decía es que en ese proceso que estamos llevando a cabo nos han pedido unos días para ver si se podían corregir algunos temas en los que no habíamos llegado a un acuerdo completo, y son unos días lo que hay. Pero ése es un proceso que está en marcha, que no vamos a parar y al que vamos a dar solución de manera inmediata.

Usted sabe que en las negociaciones o en cualquier tipo de actuación buscar un equilibrio es bueno. Y nosotros estamos buscando ese equilibrio.

Quiero precisarle únicamente una cosa. Parece que de mi intervención usted ha creído entender que yo echaba las culpas al Gobierno del Partido Socialista del ochenta y tres al ochenta y siete en esta organización. No. No le echo la culpa; podía haber hecho mucho más, pero no le echo la culpa. Efectivamente, a él le transfirieron una serie de funcionarios en situaciones muy difíciles, él tuvo que dar respuesta a la prestación de una serie de servicios, para las que no tenía ni siquiera modelo, porque pasaba lo mismo en el resto de las Comunidades Autónomas, cada Comunidad Autónoma lo resolvió como pudo y casi todas de la misma manera, porque unas se copiaban a otras, porque no otra cosa se podía hacer. Era partir no de nuevo, si hubieran partido de nuevo las Comunidades Autónomas a lo mejor no estábamos hablando ahora de estos problemas. Lo que hicimos fue acoger todo aquello que se fue transfiriendo, con problemas nuevos y con nuevas necesidades. ¡Ojalá!, dice usted: partir ex novo es difícil, ¡ojalá! se hubiera partido ex novo, porque podría haber habido un modelo, que lo habría hecho un Gobierno Socialista, el primero que hubo, pero habría sido un modelo sin lastres.

El Gobierno Socialista primero tuvo que cortar en esta parte con lastres de funcionamiento, resolvió lo que pudo, y nosotros nos encontramos con más lastres, que también resolvemos como podemos.

Y yo digo, nosotros hemos avanzado mucho más, y teníamos mucho más lastre. Porque la organización inicial era complicada, muy complicada, y porque una Ley, la 30/84, hizo posible que allí donde no había laborales, en número muy considerable, se mezclaran laborales para cumplir con trabajos que eran propios de los funcionarios; eso sí se deriva de la Ley 30/84, y eso es lo que estamos intentando arreglar.

En cuanto al señor Martín Puertas voy a contestar de manera muy breve. Me ha leído dos o tres cartas del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas, en las que protestaban de lo que pasaba. Protestaban porque tenemos un modelo de función pública. Nosotros tenemos un modelo que queríamos llevar a cabo dentro de la Relación de Puestos de Trabajo, creemos que los grupos, que los escalas superiores de los niveles 26, 24... 25, 24, 23 deben de darse, fundamentalmente los más altos, de 26 para arriba, a los Ingenieros Técnicos Superiores, y la posibilidad de que accedan los Ingenieros Técnicos Agrícolas a esos puestos de nivel 16 no debe ser la regla general, es una excepción.

Nosotros nos hemos marcado una pauta. Los niveles superiores a los que no pueden llevar otros, deben de ser cubiertos por aquéllos... el Grupo A, por ejemplo, el nivel 30, no pueden pasar el nivel... los técnicos, los del Grupo B no pueden pasar del nivel 26, el 26 es barrera para todos, pero del nivel 26, 25 y 24 debe haber también, porque éstas del nivel 20 debe ser mayoritariamente para el Grupo A. La posibilidad de que accedan no debe ser que tengan acceso a los 100... al 100% de las plazas, será menos.

De ahí para abajo les pasará lo mismo al Grupo B con el Grupo C. Subniveles inferiores estarán cubiertos también por los del Grupo C que viene detrás. Y eso permitirá, de alguna manera, que puedan subir, pero no que puedan desplazar por completo a los de los Grupos Superiores.

Tenemos un modelo, y ese modelo es el que hacía protestar a la Escuela de Ingenieros Técnicos Superiores, con un escrito que, sólo de su lectura demuestra qué poco estaban pensando en la profesionalidad y qué mucho estaban pensando en la demagogia. Y, si no, relea usted lo que ha leído ahí, que a mí me daba hasta cierta risa oír lo que contaban.

De todas las maneras, usted le han entregado esa carta, pídales los datos que la Dirección, que la Consejería de Presidencia les dio cuando fueron a protestar, que fueron recibidos, atendidos y consultados, pídanle los datos que les dimos respecto al número de ingenieros de las plazas que tenían anteriormente y las que tenían ahora. Y también le voy a decir una cosa, posiblemente también les hayan mandando los ingenieros superiores la misma carta, en término no como eso, pero en términos parecidos, diciendo que por qué se daban tantos puestos a los ingenieros técnicos de grado medio para cubrir plazas que ellos no tenían derecho a cubrir.

Miren ustedes, eso sí que es corporativismo. Porque teníamos un modelo, porque estábamos defendiendo la integración total dentro de los niveles que corresponden a todo el mundo, es por lo que recibimos esas cartas, no por otra cosa.

Habla usted de que las libres designaciones... insiste en las libres designaciones, si tenían más o tenían menos. Yo sólo le digo unas cosa: las libres designaciones se miran por número: cuatrocientas noventa y tres el Partido Socialista cuando gobernaba esta Comunidad, trescientos cuatro en la nueva RPT del Gobierno del PP; eso cuenta, ciento y pico menos. No diga usted es que hemos corregido, es que la estructura, es que hemos modificado, que es lo que me dice. No me diga usted. Yo le digo: ciento y pico menos. Es lo único que vale en cuanto a libres designaciones.

(-p.4871-)

La Consejería de Presidencia, efectivamente, nosotros sí hemos añadido respecto a la Consejería de Presidencia anterior. Pero nosotros tenemos, en conjunto, la Junta tiene ciento y pico menos puestos de libre designación que los que tenía la Consejería... el Gobierno Socialista.

Me dice usted ahora cuando le digo: el número se dice. Bueno, el número no determina el modelo. No determina el modelo, pero hasta ahora sólo me hablaba de números. Pues, ahora yo le digo: yo no le hablo del modelo para hablar de libres designaciones, le hablo de números.

Me decía usted, seguía usted diciendo que hay una hija del gerente del partido en Valladolid que es interina. ¡Pues sólo faltaba que por ser hija de un afiliado del PP no pudiera trabajar ahora en la Administración Pública! Hay interinos hijos de afiliados del PP, de afiliados del PSOE, de gente que no es afiliado de ningún sitio. No me saque usted un tema como nota. Esa señorita, que no sé quién es, tiene el mismo derecho que todos los demás a ocupar un puesto si le corresponde. Y le digo: este criterio que se utiliza para la cobertura de interinos es un criterio que no lo tienen muchas administraciones.

Usted no me compare... Sí le comparo. Si estamos hablando de modelos y estamos hablando de como se lleva a cabo, yo le comparo. Mire usted las Comunidades Autónomas que tienen publicado un decreto en el que se diga cómo se cubre, cuál es el sistema para cubrir los puestos de interinidades, dando participación en los tribunales que se formen o en... para la selección, dando participación a las organizaciones sindicales. Dígamelo. Y cuando de las diecisiete Comunidades Autónomas y una del Estado, dieciocho, y de las muchas Diputaciones y Ayuntamientos que hay usted me consiga decir: aquí hay tantos, entonces me dirá usted: ustedes no están haciendo nada.

Nosotros estamos en cabeza de la ordenación de la Función Pública de las Comunidades Autónomas y de muchos Ayuntamientos y Diputaciones. Me dice usted que los cursos se dan. Es algo... yo no sé si es que ustedes lo hacen y ustedes saben hacerlo muy bien, que los cursos los utilizamos para colocar a la gente. Le dan un curso, le dan unos puntos y le colocan. Pues, mire usted, yo le digo: no trabaja mucho don Leandro últimamente, porque, si hubiera visto las convocatorias de los últimos concursos, se habría dado cuenta que los cursos ha disminuido de tal manera la valoración que se ha dado a los cursos para concursar que, prácticamente, es insignificante. Aunque lo hubiéramos hecho voluntariamente, nos hemos equivocado al final, porque después de llevar a toda nuestra gente a hacer cursos para darles puntos, vamos y en las bases del concurso decimos: no, pero que los cursos no valgan más que 0,05 puntos. Mire usted, si quisiéramos hacer eso, no habríamos bajado en el concurso el valor de los cursos, lo habríamos aumentado o lo hubiéramos mantenido. Si lo mantenemos, nadie hubiera dicho nada.

Es decir, que no estamos de acuerdo porque yo creo que usted ha venido aquí... sí que lo prepara, y lo preparar con mucho; pero prepara puntualmente, concretamente, con esa carta del interino, con esa carta del colegio, pero no con todas las cartas en conjunto.

Yo que no tengo, nosotros que sí que tenemos un modelo de función pública, no me importa esa carta, no me importa que usted la lea, porque a esos señores que han escrito esa carta (han estado en mi despacho, con la Directora de la Función Pública, durante más de una hora) les hemos explicado qué pasaba, les hemos dado los datos, y después les hemos mandado para que vayan a ver los datos a ver cómo estaban y explicárselo. Y, al final, no han presentado el recurso que decían que iban a presentar, que, si hubiera sido tan grave, lo que tenían que haber hecho, como organización, como corporación que defiende los intereses de un grupo, es haber presentado el recurso, si tan mal lo veían.

A mí me parece bien que defiendan los intereses -para eso están-, los intereses profesionales de ese grupo, pero no me lo lleve usted a estos extremos.

Señor Abad, puede usted tener la completa seguridad de que vamos a seguir trabajando en esta línea. Yo les digo en esta línea vamos por el camino de cerrar cada vez más la discrecionalidad en cuanto a la posibilidad de acceder a la Función Pública y de cubrir los puestos, y vamos a avanzar cada vez más en la posibilidad de formar a los funcionarios, tanto los que tienen de nuevo ingreso, como los que van con posterioridad. Y esta formación servirá para tener mejores funcionarios, y de ninguna manera para que les sirva de base para poder ocupar un puesto y luchar en desventaja, o con ventaja excesiva respecto a otros funcionarios.

Con esto, señores, doy por terminada mi intervención respecto a la comparecencia que hoy tenían solicitada. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Terminado el turno de Portavoces, se abre un turno para que los Procuradores miembros de la Comisión de Presidencia, en este caso, formulen preguntas y observaciones. ¿Quiénes quieren intervenir?

Don José Alonso tiene la palabra.

ALONSO RODRIGUEZ

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EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente. Me queda una duda en algo que se ha dicho aquí, y a mí me parece que, aunque puede parecer anecdótico, es importante. Es que se ha afirmado el hecho de que en la relación de puestos de trabajo que se presenta o se debiera presentar anualmente, no aparecen todos los puestos que están luego presupuestados; es decir, que hay presupuestados más puestos de trabajo de los que aparecen en la relación oficial de puestos de trabajo. A mí eso... si son contratados administrativos, me parece grave, en cuanto que entonces están... perdón, si son administrativos... primero, si son interinos, me parece grave porque se están cubriendo unos puestos que no existen normalmente; y si son contratados administrativos, daría la impresión de que se están escamoteando puestos de trabajo, de lo cual se quejan generalmente los sindicatos; no cuentan para que no se aumente la relación, y, por tanto, no se aumente la posibilidad también de estabilizar más el empleo.

Pregunto, y la pregunta es sencilla: ¿es verdad que se presupuestan más puestos de trabajo de los que aparecen en la relación oficial de puestos de trabajo?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el señor Consejero para responder a su pregunta.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Ya me gustaría a mí tener presupuestado más que los puestos de trabajo. De lo que se quejan precisamente los sindicatos es de que no sacamos a la oferta de empleo público todos los puestos que están en la relación de puestos de trabajo.

Lo que sí que ocurre -y no se refiere a puestos de trabajo-, lo que sí que ocurre es que hay más dinero en algunas Consejerías que lo que resultaría de la aplicación normal de pagar a los puestos de trabajo que están trabajando. Y hay una Consejería en la que esto ocurre y que es fácil de explicar -hay en algunas otras, pero con menos intensidad-, que es la Consejería de Sanidad. En la Consejería de Sanidad y Bienestar Social hay unos puestos que es necesario pagar, cubrir de forma inmediata, hasta tal punto que se ha establecido un sistema para ni siquiera tener que acudir a interinos, un sistema. Cuando un médico se pone enfermo, cuando un ATS se pone enfermo y forma parte de un centro de salud, automáticamente hay que cubrirlo, al día siguiente. Eso supone que hay doble pago, es decir... y eso ocurre con frecuencia: vacaciones, enfermedades, licencias, y eso supone una cantidad... puede ser la diferencia que exista entre unos puestos y otros. Eso supone que a estos señores hay que pagarlos, y que hay que prever que esa cobertura, de acuerdo con lo que ocurre año a año, hay que pagarles. Y eso no son puestos de trabajo, pero sí que es dinero que hay que tener en cuenta para que las personas que presten ese servicio.

Sólo me explico lo que está diciendo desde ese punto de vista, no desde otro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. ¿Desea...?

ALONSO RODRIGUEZ

EL SEÑOR ALONSO RODRIGUEZ: Sí, brevísimamente. Yo entiendo la respuesta que me da el señor Consejero. Sin embargo, pienso que sería más justo que en la relación de puestos de trabajo aparezca también un apartado -como se hace frecuentemente- donde se relacionen puestos puntuales o discrecionales, o momentáneos, porque así no hay ningún aspecto de oscuridad. Yo esto lo he visto hacer con abundancia en la Administración Local, y creo que es lo justo: Relacionar una partida para ocasiones extraordinarias o puntuales, porque ya está la previsión ahí, entonces no hay ninguna lectura equivocada. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Alonso. Señor Consejero, tiene la palabra.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Supongo que ése es un sistema de llevarlo a cabo y hay otros sistemas, pero no me parece mal cualquiera que sea la idea; no me parece mal que se especifique o que se aclare que esa parte corresponde a la cobertura de aquellos puestos que no están previstos, que es imposible calcular porque no se sabe cuáles son (se puede hacer una previsión); pero que venga a cubrir, efectivamente, la necesidad de satisfacer una remuneración aquéllos que excepcionalmente tienen que prestar un servicio que normalmente tendría que prestar un trabajador que ya está, un funcionario que tenía que estar ya, o está contabilizado su importe en los presupuestos de la Comunidad.

Nada más, muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias señor Consejero. ¿Algún Procurador presente, que no sea de la Comisión de Presidencia, desea formular alguna pregunta en concreto? Señor Muñiz.... Permítame que le haga una pregunta. Tengo aquí la relación de miembros de las Comisiones de Gobierno Interior y de Presidencia y no figura usted. ¿Ha habido alguna sustitución?

MUÑIZ ALBIAC

EL SEÑOR MUÑIZ ALBIAC: Es que estamos aquí... Es Administración Territorial no Presidencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Y Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial. Perdone que le haga la pregunta, porque en la relación que tengo aquí, en la agenda de las Cortes, no figura.

MUÑIZ ALBIAC

EL SEÑOR MUÑIZ ALBIAC: Señor Presidente. Entiendo que hay dos Comisiones. Una es la de Presidencia, con una serie de Procuradores, y otra es la de Administración Territorial, con otra serie de Procuradores. En la Comisión de Presidencia, a la cual usted ha hecho referencia, yo no estoy.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Señor Muñiz, que yo no tengo ningún deseo de no darle la palabra. Le daría la palabra, en último término, como miembro de las Cortes; tendría usted oportunidad de hablar. Pero en la relación de miembros de la Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial que tengo a la vista... puede haber una error, pero no figura usted. De todas formas, tiene usted la palabra.

MUÑIZ ALBIAC

EL SEÑOR MUÑIZ ALBIAC: Sigo sin entenderle, pero es igual, señor Nieto. Digo que sigo sin entenderle porque usted me ha dado el uso de la palabra como miembro no perteneciente a la Comisión de Presidencia, y tiene usted toda la razón del mundo: yo no pertenezco a la Comisión de Presidencia, pertenezco a la Comisión de Administración Territorial... Bueno, pues está mal ahí.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Si aquí hay un error, yo no tengo razón y la tiene usted, pero es que hay aquí un error. Este es el problema. Tiene usted la palabra, señor Muñiz.

MUÑIZ ALBIAC

EL SEÑOR MUÑIZ ALBIAC: Muchas gracias. Para no tardar mucho más. Señor Consejero, hay una preocupación. Supongo yo que hay una pregunta de no hace mucho tiempo dirigida a usted, con respecto a un tema que me había preocupado, relativo a una Orden, en la cual usted creaba, o su Consejería creaba el fichero para dar cursos, creo entender... no tengo, no lo tengo aquí el BOCyL, para dar cursos a policías territoriales.

Consultados los Letrados de la Cámara, porque hice la consulta directamente a la Directora General y no supo aclararme, consultados los Letrados de la Cámara, tampoco llegaron a una respuesta concreta con respecto a las posibles incompatibilidades en que podríamos caer algunas personas que, siendo Procuradores, o siendo miembros de la Comisión de Administración Territorial, por cómo se fundía el Decreto, cómo se daba la Orden, perdón, podíamos acceder a esos ficheros de esos señores, o de esas personas, para dar cursos a las policías territoriales.

La verdad es que la respuesta que se me dio o la sugerencia que se me hizo era mandar un escrito a la Cámara a ver qué me contestaba. Bueno, ha pasado el tiempo, no lo he hecho, pero la pregunta es la siguiente: ¿se ha... se tiene alguna previsión con respecto al tema de las posibles incompatibilidades en esos ficheros, se ha previsto? Y, en segundo lugar, esos ficheros, esas personas que se les va a llamar para dar cursos a las policías locales, ¿cómo se les va a pagar? ¿En obra? ¿En concepto de contrato, obra, terminación, o cómo se les va a remunerar? Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Muñiz. Después de pedir disculpas porque, en efecto, figura en esta relación, pero figura como Secretario de la Comisión y yo no lo veía, después de pedirle disculpas, yo ahora le doy la palabra al señor Consejero, si quiere contestarle, porque usted ha hecho una pregunta que no tiene nada que ver con el contenido de la comparecencia de esta mañana. El señor Consejero, si desea contestarle, tiene la palabra.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Sí, no tengo inconveniente ninguno. Gracias, señor Presidente. No tengo inconveniente ninguno en contestar.

Uno de los trabajos que está realizando en su labor de coordinación la Consejería de Presidencia y Administración Territorial es la de preparación de cursos a los policías locales. El problema que nos planteamos era... en la Comisión de Coordinación de Policías Locales planteamos dos posibilidades: uno, el debate de los programas para la formación, o el ascenso de estos policías, y otro, las personas que tenían que dar, que tenían que impartir los cursos. Porque, tradicionalmente, eran siempre las mismas personas, y lo que hicimos, igual que hemos hecho en otras ocasiones, es crear, vamos a llamar, una base de datos de personas que por su capacitación estaban en condiciones de poder dar ese curso, para luego, cuando se dieran los cursos, tener esa base de datos y echar mano de ella; pero no nos planteamos el problema de las compatibilidades e incompatibilidades de quienes de esa lista iban a formar parte. Y la forma de pagarlos creo recordar que era la misma forma que se pagaban los cursos, la asistencia a los tribunales, a los... o a los cursos. Hay, está regulado por medio de una Orden. Yo no me acuerdo exactamente ahora cuál es el sistema, pero hay una Orden... viene regulado exactamente cómo se pagan los cursos. En las convocatorias de los cursos viene que los asistentes de los cursos percibirán sus asistencias por lo regulado en la Orden de tal, para los funcionarios públicos. Yo no sé exactamente qué hay, pero está regulado. Y, fuera de esta Cámara, le diremos exactamente cuáles son las condiciones. Las incompatibilidades, cada uno tendrá las suyas y las resolverá a su manera. Yo creo que por ser... He pasado y esto ya no es la Comisión de Presidencia. Yo creo que, por tratarse de enseñanza y, además, de enseñanzas no permanentes, posiblemente no haya ningún problema para que se dé un curso. Eso es una conferencia, o sea que eso no creo que haya problema ninguno respecto a los miembros de la Cámara. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero por su comparecencia, y al señor Secretario General, y, también, por qué no citarla, a la Directora General de Patrimonio, aunque ya no está presente, por la información que ha dado a esta Comisión.

Gracias, Señorías. Se levanta la sesión.