DS(C) nº 207/3 del 20/5/1993

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Sí. Gracias, señor Presidente. Señorías. Hace un mes, aproximadamente, saltaba a los medios de comunicación una noticia por la que se daba a conocer que el Gobierno Vasco iba a adoptar una serie de medidas, importantes medidas de carácter fiscal para incentivar el establecimiento de nuevas empresas en la Comunidad Autónoma Vasca. Estas medidas, que, según los medios de comunicación, no estaban concretadas, tenían una fecha límite de aprobación, que era el seis de mayo. Y parece ser que lo que se pretende con ellas es dar diez años de vacaciones fiscales, es decir, no pagar el impuesto de sociedades para las empresas de nueva creación en los años mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y cuatro, a las empresas que se instalen en el País Vasco. A esta situación se ha llegado después de llegar a un acuerdo del Gobierno Vasco con las diputaciones forales y en virtud del concierto económico que existe con la Administración Central.

Tanto la Administración Central como el Gobierno de La Rioja han reaccionado con rapidez interponiendo un recurso para evitar que, por parte del Gobierno Vasco, se tomen las medidas anteriormente citadas. Asimismo, otros gobiernos de Comunidades Autónomas ya han anunciado que se van a establecer o que se va a establecer una ofensiva para frenar a los vascos y se va a formar un frente común también... y en ese frente común está incluido el Gobierno cántabro.

Son curiosas las manifestaciones del Consejero vasco de Economía, que dice: ¿que voy a armonizar yo con ellos si no tienen competencias en esta materia? Y aquí vendría bien hablar del pacto autonómico que en su día se firmó entre los socialistas y populares, pero, evidentemente, no lo voy a hacer.

Por otra parte, el artículo que regula el concierto económico dedicado a la armonización fiscal dice: "no se establecerán privilegios de carácter fiscal directos o indirectos". Para decir después: "la aplicación del presente concierto no podrá implicar una presión fiscal efectiva global inferior a la que exista en territorio común". Y en este artículo es donde, precisamente, está la duda.

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Desde el CDS vemos una aptitud insolidaria, la del Gobierno Vasco, con el resto de los territorios del Estado español, viendo con claridad, si se permiten esta situación de abusos, que cada vez nuestra Región va a ser más pobre en comparación con las que ya tienen más competencias. Y para evitar esa serie de abusos, nuestro Grupo ha presentado esta Proposición No de Ley con la siguiente Propuesta de Resolución:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que presente, en el menor plazo de tiempo posible, un recurso contra las medidas adoptadas de carácter fiscal por el Gobierno Vasco y que puedan perjudicar la instalación de empresas en nuestra Comunidad Autónoma". Y esto con el objetivo de salvaguardar nuestros intereses económicos.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Popular, tiene la palabra don Francisco.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Ciertamente vamos a consumir el turno en contra que nos corresponde, en virtud de que creemos, y cree nuestro Grupo, que, realmente, la Proposición No de Ley que se nos presenta está sujeta, tal vez en otros foros, a discusión, y me voy a explicar.

Resulta que el Gobierno Vasco produce una serie de actuaciones a los fines de conseguir o tratar de conseguir la instalación de mayor o mejor número de empresas en su territorio, y les da una serie de exenciones fiscales. Pero para eso, evidentemente, hay que conocer el texto oficial y completo de la resolución que se haya dictado al efecto por la Comisión Europea, sobre incentivos fiscales vascos, lo cual creía yo que se iba a comentar, o a decir, o a, por lo menos, argumentar en la exposición que ha hecho el proponente.

Conocemos también que la Administración Central y el Gobierno Vasco han sido conminados para que, en un plazo no superior a los dos meses, o al menos rondando los dos meses, puedan establecer algún tipo de acuerdo en torno a la situación fiscal provocada por esas medidas que ha dado o que ha llevado a cabo el Gobierno Vasco.

Realmente, instar a la Junta de Castilla y León para adoptar medidas de tipo -me imagino- jurídico o judicial en el sentido de recurrir o de interponer algún tipo de actuación, ciertamente, no deja de ser llamativo en estos momentos si existen, si existen, esos presupuestos previos de negociación y si, realmente, puede producirse una situación de acuerdo o puede producirse una situación de consenso.

Por lo tanto, nosotros entendemos -entiende nuestro Grupo- que, realmente, en el momento que se está debatiendo esta propuesta, hay que esperar. Hay que esperar pura y simplemente al conocimiento de esa vía de negociación que se encuentra al parecer establecida.

Por otra parte, tenemos conocimiento de que tan solo ha habido una administración autonómica, que ha sido concretamente el Gobierno de La Rioja, la administración autonómica, que ha interpuesto la correspondiente acción o el correspondiente recurso.

El estado actual de la cuestión, por lo tanto, a nuestro juicio, es de espera, a los fines de no dar ningún paso en falso. Y, por supuesto, yo desearía dejar también muy claro que una cosa es lo que se pide en esta Proposición No de Ley y otra cosa también es lo manifestado por el Consejero de Economía y Hacienda el otro día, en torno a solicitar alguna ventaja, o alguna excepción, o alguna mejora de tipo fiscal en torno a zonas deprimidas o desfavorecidas de esta Comunidad.

Por lo tanto, son temas absolutamente distintos que no conviene mezclar aquí, que ya me anticipo, ciertamente, a cualquier situación de similitud en torno a los dos planteamientos. Nuestro Grupo, por lo tanto, no le queda más remedio en estos momentos, en estos momentos, que esperar esas resoluciones -como vengo diciendo- esperar concretamente ese posible acuerdo, o esperar el desacuerdo, y en ese momento sería cuando tendríamos que producir las actuaciones -cómo no- que fuesen tendentes a salvaguardar los intereses de nuestra Comunidad, de nuestra Región y a intentar, por supuesto, que no exista una competencia desleal, que en el fondo es como se ha vestido este tema, y que, personalmente, puedo decirles a ustedes que yo comparto que tal vez exista esa competencia desleal o esa falta de igualdad de oportunidades entre unas regiones y otras, entre unas empresas que se instalan en territorio del País Vasco o una empresa que se instale en Burgos, o que se instale en cualquier otro territorio de otra Comunidad Autónoma. Pero yo entiendo que la buena voluntad expresada por el Centro Democrático y Social -sin duda- de preocupación, en torno a que esta situación no degenere, por supuesto, en un abuso en torno a esas medidas o esas mejoras de incentivos fiscales, es conveniente esperar.

Por lo tanto, en eso y por eso es por lo que tenemos que consumir nuestro turno en contra. Si ya hubiese una resolución dictada o ese acuerdo se hubiese roto, realmente, tal vez seríamos los primeros en apoyar -cómo no- el que la Junta de Castilla y León -y yo no dudo que lo hiciese, y yo no dudo que lo hiciese-, el que estableciese las acciones pertinentes ante la Comunidad Económica Europea por esa posible situación de falta de lealtad industrial, o lealtad comercial, o lealtad en el orden a la instalación de las empresas y terminar con una situación de discriminación de unos territorios con respecto a otros.

Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): ¿Quiere usted replicar, señor Monforte?

MONFORTE CARRASCO

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EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Gracias, señor Presidente. La verdad es que yo creía que el Grupo Popular se iba a oponer a esta Proposición No de Ley, porque ya estaba cumplimentada. Y creía que estaba cumplimentada, porque en las declaraciones que hacía el señor Becker a distintos medios de comunicación se habla que iba a hablar con el señor Zabalza, Secretario de Estado de Hacienda, para que recurriera este tipo de medidas, aunque el señor Zabalza ya se había adelantado, por otra parte, y parece ser que las ha recurrido. Que además iba a presentar la Junta un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, el tribunal de la competencia de la Comunidad Europea y el Tribunal Constitucional. Eso es lo que... ésas son las declaraciones que hace el Consejero de Economía de esta Región. Dice además, dice: la vía del Tribunal Constitucional es la última de todas y se intentará no recurrir a ella, pero si fallan los demás recursos se acudirá a esa vía, aunque no lo haga la Administración del Estado, según Becker. Eso es lo que dice un periódico regional.

Por otra parte, yo creo que si la voluntad de la Junta de Castilla y León es proteger los intereses de Castilla y León, pues, probablemente, en lugar de haber sido esta Propuesta de Resolución diciendo que se establezca un recurso, se podría haber cambiado por otra Propuesta de Resolución diciendo, bueno... lo que usted estaba diciendo: vamos a esperar las negociaciones y después estableceremos el recurso. Pero, por lo menos, el que la Junta de Castilla y León, a través de una Enmienda a esta Propuesta de Resolución, aceptase, se le viese el espíritu de defender los intereses de Castilla y León. Veo que no es así.

Por otra parte, como usted muy bien ha dicho, la Administración Autonómica de La Rioja parece ser que ya ha presentado ese recurso y que se iba a unir a ella la de Cantabria. Por tanto, yo, en estos momentos, no veo ningún razonamiento fuerte para que yo me reconsiderase la retirada de esta Proposición No de Ley. Y, de momento, evidentemente, y por las razones que he dado, la voy a mantener en sus propios términos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Muchas gracias. Un turno de dúplica ¿quiere señor Aguilar?

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Desde luego, ha dicho usted absolutamente verdad, en el sentido de que el Consejero ha manifestado que lo último es acudir al Tribunal Constitucional, y en eso me viene usted a dar la razón con toda mi exposición. Es decir, eso es lo último. Lo que estamos aquí debatiendo es el tiempo, no el cómo o el por qué, sino el tiempo, el momento, cuándo es cuando debemos de acudir realmente a actuar ante los órganos jurisdiccionales competentes, bien sean los del Estado español o bien sean los comunitarios. Pues, realmente, cuando haya transcurrido -se lo repetí a usted y se lo digo una vez más- ese periodo de acomodación, o de negociación, o ese periodo de dos meses entre el Gobierno Central y el Gobierno Vasco.

Nosotros entendemos que... Por eso no hay demérito en torno a los mejor o peor defensa de los intereses de la Comunidad de Castilla y León. Mire usted, el interponer un pleito, el hacer una reclamación o el interponer cualquier tipo de actuación judicial no presupone una mejor defensa de los intereses, créamelo, y en esto reconozca que creo que alguna experiencia se debe de tener por parte de quien le habla a usted. Tal vez la negociación, tal vez el esperar, tal vez el ver cómo se desarrollan los acontecimientos, luego, después, pueden servir mucho mejor a los intereses de esta Comunidad, y no precipitarse y no producir actuaciones de las cuales a lo mejor luego hay que retractarse, porque, realmente, los acontecimiento han discurrido, o los hechos han discurrido de otra forma totalmente distinta, totalmente distinta.

Por lo tanto, ciertamente, yo tengo que reiterar mi postura y la postura del Grupo al que estoy representando en estos momentos, en el sentido de que conviene un compás de espera. Y en el sentido de que tal vez ahora tomar en consideración la Proposición No de Ley que usted presenta, pues, pueda ser más perjudicial que beneficioso y pueda llevarnos, incluso, a un ligero patinazo en torno a presentar actuaciones de las que luego a lo mejor hay que desistir, con todas las consecuencias que ello pudiese traer consigo.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Muchas gracias. Para consumir un turno de fijación de posiciones, tiene la palabra don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

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EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. La verdad es que he seguido con atención las posiciones que se plantean en esta Propuesta de Resolución. Y yo voy a decir que no secundo, en principio, la Proposición No de Ley, y, al mismo tiempo, quiero manifestar, en cierto modo, la sorpresa que me producen las declaraciones del Portavoz del Grupo Popular, porque habían sido declaraciones incluso del propio Presidente de la Junta. Puede ser que ésa sea una táctica adecuada, pero las razones que a mí me llevaban a no secundar esta Proposición No de Ley es, en primer lugar, que, aunque pueda resultar sorprendente en cuanto a la protección de los intereses de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, no deja de ser, en cierto modo, una intromisión en las actitudes de gobierno de una Comunidad Autónoma, que tiene unas competencias, que, en cierto modo, ya quisiéramos para nosotros, por lo menos, desde mi punto de vista, y, lógicamente, en virtud de esas competencias, pues, aprovecha las atribuciones políticas para defender sus propios intereses económicos. Y puede ser que con esas medidas entre en colisión con los intereses de las Comunidades Autónomas circundantes, próximas o limítrofes. Lo que no cabe la menor duda es que aquí también, y con cierta legitimidad y con toda la legalidad, se están utilizando mecanismos mediante los cuales se intenta proteger. Otra cosa es que después se consiga, desafortunadamente a través de subvenciones u otro tipo de políticas, para que se permanezcan, permanezcan emplazamientos industriales o empresariales en la Comunidad Autónoma, y, hasta el presente, no conozco que haya habido ningún tipo de recurso, y ya se ha debatido cuando ha habido colisión de intereses de esa naturaleza.

A mí sí me parecería interesante, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, que pudiera haber una aclaración, si eso es posible dentro del marco constitucional, dentro del marco estatutario. Si eso fuera posible, lo que tendremos que reclamar, en todo caso, es que esas mismas atribuciones políticas podamos tenerlas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, lógicamente, en virtud de esa competencia, que puede estar o que debe de estar regulada para que no sea una colisión muy importante, lo lógico es que pudiéramos ejercer tales atribuciones políticas, tales competencias y, por consiguiente, mantener un "statu quo" perfectamente legítimo. Que, por otra parte, yo, que no soy un defensor a ultranza de la economía de mercado, lo que no cabe la menor duda es que ésas son cuestiones que vienen derivadas de la propia libertad, en esa expresión tan ampulosa, de la economía de mercado. Otro tanto nos va a ocurrir en breve -y ya se han alzado voces al respecto-, cuando se intenta por parte de algunas Comunidades Autónomas -no sé si ejerciendo sus propios derechos- establecer unos bancos o unas entidades económico-financieras propias de las Comunidades respectivas, y acaso lo que haya que dirimir o hay que conocer es si cumplen con la normativa constitucional, con la normativa legal. Pero, si cumplen, yo creo que son perfectamente legítimos, e insisto, a mí me parece que sería muy interesante que nosotros pudiésemos tener esa misma atribución, esa misma capacidad.

Por consiguiente, me parece que deberíamos de utilizar otros resortes políticos para proteger y para defender legítima y legalmente los intereses de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Zenón Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Estoy un poco sorprendido del debate y un poco descolocado también. Un poco descolocado, porque también había escuchado yo al Presidente y expresamente al señor Becker hablar de este tema, en el sentido del recurso que formula el Grupo del CDS. Yo sinceramente me veo sorprendido también por el hecho de que ese recurso ya no esté en marcha; coincido en esto plenamente con su Portavoz. Pero me sorprende, si cabe, más y me descoloca más, si cabe, la intervención del Grupo de Izquierda Unida. Voy a intentar justificar cómo, desde una perspectiva progresista y de izquierdas, es absolutamente inaceptable el establecimiento de una discriminación fiscal; no importa quién la establezca, si aceptamos el principio de unidad económica, de unidad de mercado, no sólo en el conjunto del territorio nacional, que ya no es eso, sino sustancialmente, incluso, en el conjunto de la Unión Económica y Monetaria.

En primer lugar, y como premisa fundamental, debo decir que me mueve ante todo, y como a todos los que estamos aquí, el interés básico de Castilla y León. Y la cuestión en la que estamos no coincidiendo o en la que estamos confrontando es fundamentalmente en qué forma se defienden mejor los intereses de Castilla y León. Y no voy a hacerlo en relación con la medida de los vascos, porque me parece que la medida de los vascos es exactamente igual, a todos los efectos similar, a todos los efectos en sus consecuencias económicas y en sus consecuencias jurídicas, a cualquier medida de discriminación fiscal que cualquier otra Comunidad Autónoma estableciera sobre cualquier territorio o cualquier sector.

La discriminación fiscal altera sustancialmente el principio de unidad de mercado. No es que modifique sustancialmente el grado de intervención de las administraciones en cuanto a la actividad económica, que también, sino sustancialmente altera las reglas del juego de la estructura básica del comportamiento del sistema de asignación de recursos. Me parece que es mucho más allá que la bandera, mucho más allá que la moneda, mucho más allá que los signos, el principio básico de la cohesión de los territorios, el principio básico de la cohesión de las naciones.

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Provoca efectos distorsionantes sobre el crecimiento económico. El que discrimina positivamente crece más, pero también obliga a crecer menos a los demás. Por lo tanto, no es en el ejercicio de un pretendido derecho asociado a un pretendido establecimiento jurídico que solamente se circunscriba a los temas relativos al interior y el contenido de la actividad económica de un país, aunque sea el país vasco. Lo que ocurra en términos fiscales en el país vasco altera profundamente y afecta profundamente al bienestar de los ciudadanos de las regiones limítrofes y en general de los territorios conexos. Por lo tanto, de alguna manera, si lo que se está planteando es un mecanismo para promocionar la actividad económica del País Vasco, que sepamos que, al mismo tiempo, se está generando un mecanismo para reducir y para desincentivar la actividad económica de los territorios conexos. Y que como política sectorial es hoy más que nunca política territorial, a pesar de que en la mayor parte de los documentos no se recoja, porque los territorios tienden a especializarse a medida que se van integrando en los mercados, automáticamente, todo aquellos que discrimine positivamente a un territorio, discrimina positivamente a los sectores competitivos de ese territorio y los sitúa en condición de ventaja respecto de los sectores alternativos en territorios conexos o vinculados.

Por lo tanto, no solamente estamos alterando el mercado, no solamente estamos aminorando nuestra capacidad de crecimiento o le estamos cediendo capacidad de crecimiento a los vascos a través de esas medidas, sino que, al mismo tiempo, estamos cercenando las oportunidades de actividad económica en nuestros propios sectores competitivos con los sectores vascos.

Asigna recursos económicos, humanos y financieros de todo tipo de forma discriminatoria e inaceptable. Supone que más castellanos y leoneses tendrán que ir a trabajar al País Vasco, más ahorro regional se dirigirá al País Vasco y, finalmente, más actividad económica desplazará su eje fundamental desde nuestras provincias a otros territorios.

Provoca desequilibrios básicos en el nivel de bienestar de los ciudadanos, desequilibrios que son especialmente lamentables cuando, como es este el caso, proceden de medidas absolutamente arbitrarias. Y, lo que es más grave, reducen y desarman el sistema de ingresos fiscales, que es la esencia del planteamiento progresista de la economía. Cualquier discriminación fiscal sobre el aparato productivo es, por sí misma, injusto, inequitativo, insolidario y discriminatorio. Va contra las ideas que tanto se han pregonado de unidad de las actividades de la Unión Económica y Monetaria europea, que en uno de sus apartados fundamentales trata de armonizar fiscalmente a todos los países, por entender que la falta de armonización fiscal es justamente un motivo de desequilibrio, que va siempre en detrimento de los más pobres y a favor de los más ricos. Supone que la competencia fiscal obligará a todos los demás... a todas las demás regiones del Estado a bajar en el mismo sentido y con la misma intensidad en un "dumping" o competencia de discriminación fiscal absolutamente absurda en admitir que todas las demás regiones tengan, o que el Estado en nombre de ellas, tengan que reducir el impuesto de sociedades, conculcando sustancialmente las normas fiscales, el equilibrio fiscal y alterando, lo que el señor Becker dijo no hace muchos días, lo que supone el sustento fundamental del sector público.

Por todas estas razones, pero, sobre todo, por sentido común, por sentido común simple y llano, por defender los intereses básicos de nuestros ciudadanos, cualquier proceso que, a través de cualquier instrumento, sirva para llevar al convencimiento, por la vía de la negociación y el diálogo, a nuestros conciudadanos vascos que esas formas de actuar no son correctas, que son injustas y además conducen finalmente al empobrecimiento de todos, incluidas -si llegase el caso, y creo que ha llegado, y así nos parecía a nosotros que era el caso cuando escuchábamos al señor Becker y al señor Lucas-, incluidas las acciones jurídicas que puedan en mejor derecho defender los intereses de los ciudadanos sin perjuicio de las negociaciones. Yo creo que hay que estar en la negociación y también en la reclamación jurídica, porque la mejor forma de presentarnos en cualquier negociación con el máximo poder de influencia, con el máximo poder de negociación, con el máximo poder de disuasión, es justamente tener al lado una reclamación judicial, que puede, en todo caso, ser retirada, sin provocar ningún efecto negativo.

Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en integridad, por los argumentos que señalada y acertadamente ha expuesto el Portavoz del Grupo del CDS, con la reclamación en cualquier vía, incluida la vía de la competencia del Estado, que no se ha citado y me parece que podía dar buenos resultados, porque el Decreto-Ley de defensa de la competencia del Estado es instrumento absolutamente de obligado cumplimiento para cualquier territorio del Estado.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que debe apoyar y va a apoyar la Propuesta... la Proposición No de Ley del Portavoz o del Grupo del CDS.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Muchas gracias. Concluido el debate, sometemos a votación la Proposición No de Ley. Votos... No, porque no hay enmiendas; si hubiera enmiendas tendría usted la posibilidad de cerrar el debate, pero al no haberlas, el Reglamento es así. Yo le daría un turno de muy buena gana. Si usted me lo pide, se lo doy. Los bancos de la derecha no se lo permiten. ¿Votos a favor de la Proposición? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Siete votos a favor, nueve en contra y una abstención. Queda rechazada la Proposición No de Ley... Rectificamos los datos. Siete votos a favor y diez en contra.

Antes de continuar con el segundo punto del Orden del Día, y para que conste en el acta oportuna, el Grupo Popular presenta las siguientes sustituciones. Don José Martín Sancho sustituye a don Víctor Martín Fernández, don Manuel Fuentes Hernández sustituye a Miguel Pérez Villar, y don Tomás Burgos Gallego sustituye a don Vicente Jiménez Dávila. El señor Secretario leerá el segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR SERNA GONZALEZ): Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a instalación del Consejo Económico y Social de Castilla y León en un local definitivo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Zenón Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

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EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias. Voy a ser extremadamente breve, porque el tema es suficientemente conocido.

El Grupo Parlamentario Socialista concede al Consejo Económico y Social de Castilla y León una importancia decisiva. Es verdad que el papel que hasta ahora ha venido teniendo el Consejo Económico y Social, probablemente, no sea el que todos esperábamos de él, aunque, seguramente, el hecho del carácter reciente de su establecimiento debe tener alguna relación con ello.

En todo caso, nosotros estamos en disposición, somos firmes partidarios de establecer algún mecanismo que alivie el presupuesto del Consejo Económico y Social, que, a juicio del propio Presidente del Consejo Económico y Social, es un presupuesto bajo, pero que en una buena parte se va a gastos corrientes en atención de alquileres de una sede, que no es, precisamente, la sede más adecuada, y en la que se han establecido, se han dispuesto ingentes cantidades económicas para una remodelación que, pese a todo, no garantiza la eficacia del trabajo y que -por lo que yo tengo oído- no es precisamente acomodada, ni adecuada a los trabajos, a la altura y al porte que tiene que tener una institución como el Consejo Económico y Social.

A nuestro juicio, la Junta de Castilla y León tiene, en el conjunto de su patrimonio económico, sobradas instalaciones y sobradas dependencias adecuadamente preparadas para recibir con toda dignidad al Consejo Económico y Social.

De esta forma, conseguiríamos un doble propósito o, si se quiere, un triple propósito: en primer lugar, aliviar el presupuesto del Consejo Económico y Social, y, de paso, el presupuesto de gastos corrientes de la Junta de Castilla y León; en segundo lugar, darle la dignidad y el porte que requiere y merece el Consejo Económico y Social, como órgano máximo consultivo en temas económicos y sociales de nuestra Región; y, en tercer lugar, le daríamos utilidad a algunas dependencias de la Junta de Castilla y León que no siempre encuentran su eficaz utilización.

Finalmente, nos parece que la actual instalación es provisional y que, probablemente, con las nuevas dotaciones patrimoniales de la Junta, el Consejo Económico y Social podría disponer de una sede absolutamente más acorde con las necesidades que hoy, y en el futuro, caben esperar de este órgano.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista -digamos- reclama para el Consejo Económico y Social la disponibilidad de una sede que, con carácter definitivo, le dé prestigio y prestancia a la actividad de un órgano que es imprescindible en el proceso consultivo de la actividad económica y social de nuestra Región. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Muchas gracias. Para consumir -por la cara que le veo- un turno en contra, tiene la palabra don Francisco Javier Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Pero, verá usted, se ha equivocado usted en el análisis que hace del turno en contra y la cara que me ha visto. Entonces, entonces, realmente, sí que ha patinado -con todos mis respetos se lo digo- el señor Presidente de la Comisión. Porque a mí el cuerpo me pide votar a favor. Pero, perdone usted.

Quiero participar a todos los Grupos la posibilidad de establecer una Enmienda "in voce", si se me permite y si fuese aceptada por todos los Grupos, al siguiente tenor. Y, entonces, realmente, la cara podría ser el reflejo del alma, señor Presidente.

Diría esa Enmienda lo siguiente: primero, la supresión de algo, en los antecedentes, que, realmente, entendemos que no viene a cuento... ¿Es posible o no es posible, señor Letrado? No se pueden enmendar.

Pues, en ese caso, la Propuesta de Resolución quedaría así: "La Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León insta a la Consejería de Economía y Hacienda a facilitar, mediante gestiones con otras Administraciones, o a través de adquisiciones de la propia Junta o del Consejo, o del Consejo, un local definitivo para el Consejo Económico y Social de Castilla y León" -punto-. Ahí podría terminar, y suprimiríamos "que solucione la precariedad y el perjuicio que al erario público ocasiona la actual situación". Esa sería la primera parte de la intervención.

Señor Presidente, lo participo a todos los Grupos, por si quieren tomarlo en consideración, y, en cuyo caso, pasaríamos ya directamente a la votación, porque no habría... no consumiría turno en contra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Si les parece, voy a dar cinco minutos de receso.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias.

(Se suspendió la sesión durante tres minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): ...pueda manifestar si está de acuerdo. Y después, lógicamente, también, a los demás Grupos, para que hagan la manifestación consiguiente. Tiene la palabra el señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

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EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Efectivamente, aunque las más de las veces forma es fondo, las modificaciones de forma que nos plantea el Grupo Popular entendemos que no toca sino tangencialmente, pero no fundamentalmente el fondo. Y, por lo mismo, vamos a aceptar la Enmienda transaccional que se nos propone.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): ¿El Grupo Mixto desea manifestar sobre esta transacción?

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Nosotros no tenemos ningún tipo de inconveniente. Lo que sí me parece que toca al fondo, porque son las razones y motivaciones que inducen, precisamente. Yo no sé si es el turno de fijación de posiciones, pero quería, precisamente, expresar que no son los análisis críticos que se han vertido sobre el funcionamiento del Consejo Económico y Social lo que puede motivar -según mi criterio- esta Propuesta de Resolución, aunque se han argumentado, sino, precisamente, la precariedad de la sede, el lugar, tal como se emplazó provisionalmente -y eso se entendió, en cierto modo, en algún debate que ya existió aquí-, y que resulta, pues, realmente oneroso. Y, por consiguiente, ésas son las motivaciones que inducen a decir: oiga, vamos a ver si somos capaces de que siga, incluso, funcionando mejor, a través de esa economía de recursos que se puede plantear o que se puede conseguir de esta Proposición. Con lo cual, pues, todavía será mucho más eficiente, ágil y diligente en la comunicación a los Grupos Parlamentarios las decisiones que tome o los dictámenes que formule el Consejo Económico y Social.

Por consiguiente, no oponemos objeción, pero sí me parece que es una cuestión de fondo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): Muchas gracias. Don José María Monforte.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Yo creo que, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Entonces, nosotros vamos a votar favorablemente la nueva Propuesta de Resolución, y, aunque se quite, seguirá existiendo la precariedad y el perjuicio que al erario público ocasiona la actual situación.

Por tanto, vamos a votar eso, sabiendo que existe precariedad y que está perjudicando al erario público.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MADRID LOPEZ): En este caso, puesto que los Grupos han manifestado unánimemente su conformidad, se podría aprobar, también, por unanimidad. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.