DS(C) nº 244/3 del 11/11/1993

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Gracias. Señor Presidente, Señorías. Yo, que no quiero en absoluto hurtarle a esta Comisión el derecho que tiene a conocer en toda su extensión un expediente como éste, largo en el tiempo, quiero sí anunciar, al principio de esta intervención, que hay algo que modifica o que podría parcialmente modificar las circunstancias de la comparecencia, y es que hay una sentencia muy reciente, una sentencia que ha dictado la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aquí, en Valladolid, con fecha de finales de octubre de mil novecientos noventa y tres, notificada a la Junta de Castilla y León hace escasamente cuatro días, en la que -"grosso modo"- viene a, claramente, a denegar la presunta indemnización que debiera dar la Comunidad Autónoma, y dejando, de alguna forma, o quitando la razón, de alguna forma, a la empresa Comercial Maragato Asturiana, que es la que va a ser objeto hoy de este informe.

Diciendo esto, porque quiero que se conozca, y que modifica sustancialmente todo cuanto pueda proceder en esta comparecencia, yo voy a pasar, no obstante, a relatar cómo ha sido el... relato de los hechos de este expediente ya largo en el tiempo. Y comparezco, entonces, para explicarles:

El día doce de diciembre del ochenta y nueve, la empresa denominada Comercial Maragato Asturiana, S.A. (en adelante la llamaremos COMASA), ubicada en la localidad de San Justo de la Vega, provincia de León, y cuya actividad es el almacenamiento y comercialización de productos congelados, pues, recibe la visita de la inspección girada por los veterinarios oficiales de Salud Pública del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León, y al almacén frigorífico de esta empresa, cuyo titular es don Ricardo Carro Andrés. Se pudieron detectar, entonces, determinadas irregularidades, que dieron lugar al levantamiento de las actas correspondientes y en las que, resumidamente, se hacían constar, además de los datos de identificación de la empresa, la existencia de determinadas mercancías en las que se apreciaban irregularidades de carácter de etiquetado, de falta de leyenda e identificación en otros casos, de falta de fecha de caducidad de la congelación, de este tipo de irregularidades.

Identificada la procedencia de las citadas mercancías, las mismas correspondían a diferentes productos y cantidades de las siguientes empresas y Comunidades Autónomas: De la empresa TUMAR, Sociedad Limitada; de ALBORAYA, en Valencia, con un número de registro 12-4.J, y que se correspondía, por lo tanto, a la Dirección General de Sanidad de allí; Industrias Cárnicas JUVI, Sociedad Anónima, con sede en Madrid; de Mercantil SALAMAR, Sociedad Anónima, productos congelados, sita en Fuenlabrada, en Madrid; y de Alimentos del Atlántico, Sociedad Anónima -ALICO, S.A.-, con domicilio social en La Coruña. A la vista de las circunstancias de los referidos productos, se dispone de las correspondientes actas y la inmovilización cautelar y puesta a disposición de la Delegación Territorial.

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En aplicación de lo dispuesto en el Artículo 9.2 del Real Decreto 1945/83, de veintidós de junio, por el que se regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor, y de la producción agroalimentaria que, actualmente, dice: "de las infracciones en productos envasados será responsable la firma o razón social cuyo nombre figure en la etiqueta, salvo que se demuestre su falsificación o mala conservación del producto por el tenedor, siempre que se especifique en el envase original las condiciones de conservación". Al amparo -digo- o a tenor de este artículo, que deja muy claro que es al origen adonde debe acudir la sanción, o el sancionador, y al tener las entidades citadas el domicilio social en las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia y Galicia, y respetando el criterio de territorialidad que ampara esta norma, con fecha veinticuatro de enero de mil novecientos noventa se remiten escritos de inhibición en favor de la Comunidad de Madrid, poniendo a su disposición los productos intervenidos procedentes de las empresas JUVI, S.A, y SALAMAR, S.A. Y con la misma fecha, y respetando los mismos criterios de territorialidad, se envían idénticos escritos a las Comunidades Autónomas de Galicia y Valencia, referidos a los productos de las empresas Alimentos Atlánticos, Sociedad Anónima y TUMAR, Sociedad Limitada, respectivamente. Por la Comunidad de Madrid se solicita, el dos de julio, al Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León que se tomen las muestras de carne y se analicen, comunicándole los resultados para mejor proveer el expediente; y, al no tener el Servicio Territorial de León suficiente equipamiento técnico para realizar los análisis requeridos, se procede a la toma de las muestras y a su envío al Centro de Investigaciones y Control de Calidad del Ministerio de Calidad y Consumo, siguiendo las instrucciones, siempre, de la Comunidad -a nuestro juicio- responsable, la Comunidad de Madrid, conforme a la legislación vigente.

El día cuatro de junio del noventa y uno, un año después, la Comunidad de Madrid nos notifica que a la empresa mercantil JUVI, S.A. se le impone una multa de 50.000 pesetas (la Comunidad de Madrid) y el decomiso definitivo de la partida de chuletas congeladas, sin hacer referencia al resto de los productos que habían sido decomisados, es decir, a todo lo relativo a los demás productos. Y a la sociedad SALAMAR se le impone una sanción de 80.000 pesetas, sin hacer referencia a los productos intervenidos, qué debiéramos hacer en esta Comunidad con ellos.

Dado el silencio mantenido en las otras dos Comunidades, es decir, las Comunidades de Galicia y Valencia, el siete de octubre del noventa y uno, el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social de León les urge a dar un pronunciamiento sobre los productos inmovilizados y su destino. Y el día veinticuatro del mismo mes se solicita a la Comunidad de Madrid que se pronuncie, asimismo, sobre el resto de las mercancías que no había dado ninguna razón, la cual deja la valoración del estado de los productos a criterios de nuestra autoridades sanitarias, ya que la conservación durante este tiempo (han pasado ya muchos meses) del producto y su situación actual sólo puede ser considerada "in situ" por las autoridades sanitarias de esa Comunidad Autónoma, según nos dice la propia Comunidad competente.

La Comunidad de Valencia notifica haber procedido al archivo de expediente incoado -veintitrés meses después- a TUMAR, Sociedad Limitada, por no apreciar objeto de infracción, sin decir nada sobre qué debemos hacer o cuál debe ser el futuro de los productos que estaban intervenidos o decomisados.

Y la Xunta de Galicia notifica el día diez de diciembre de mil novecientos noventa y uno que puede procederse a la destrucción de los productos inmovilizados. El día veinticuatro de febrero del noventa y dos, el propio titular de la empresa, don Ricardo Carro Andrés, solicita la destrucción de los productos intervenidos y depositados en el almacén de su propiedad, argumentando el grave perjuicio que le ocasionaban para su actividad normal y que habían dejado de ser aptos para la comercialización, dado el tiempo que había transcurrido para un congelado.

Habida cuenta de la solicitud del interesado y lo dispuesto en el Real Decreto 1921/84, de uno de agosto, en el que se fija la aptitud para el consumo humano del pescado congelado en veinticuatro meses, y siguiendo criterio análogo para las carnes intervenidas, la Delegación Territorial de León resuelve el decomiso definitivo y destrucción de todos los productos el día siete de abril de mil novecientos noventa y dos.

En resumen, Señorías, la actuación -a nuestro juicio- de la Administración de Castilla y León, de la Administración Autonómica, ha sido en todo momento correcta, en la inspección, levantamiento de actas, tramitación del expediente y destrucción de las mercancías. La inmovilización se produjo por infracción de normas legales y el riesgo potencial para los ciudadanos por el consumo de unos productos de los que se desconocía la fecha de envasado, y no existe expediente -es importante que se sepa- abierto, por parte de esta Comunidad Autónoma, a la empresa COMASA, de la que es titular el que luego ha presentado sendos recursos, y, por lo tanto, no hay sanción a esa empresa y carece de todo sentido la exculpación solicitada por la misma.

En definitiva, Señorías, los pasos siguientes a este relato de hechos que yo he puesto en su conocimiento son las dos reclamaciones que presenta don Ricardo Carro Andrés, la primera de ocho de noviembre del noventa y la segunda de uno de junio de mil novecientos noventa y dos. En ambas, lo que persigue es una indemnización por el lucro cesante que se podía haber inferido a su empresa, dadas estas actuaciones; y a ésas es a las que me refiero, sólo al recurso que de una de ellas presentó ante el Tribunal Contencioso-Administrativo, que es al que yo me he referido, existe una sentencia en este momento, en la que -"grosso modo"- lo que hace es absolver de cualquier responsabilidad a la Junta de Castilla y León y apreciar, efectivamente -porque así lo dice en alguno de los fundamentos de derecho-, la existencia de unos perjuicios ocasionados por la información publicada en la prensa. Pero la propia sentencia disiente sobre la autoría de la responsabilidad sobre esos perjuicios, dejando fuera de cualquier culpabilidad (la sentencia está a su disposición) a la Junta de Castilla y León. Eso es todo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Consejero. Si les parece, suspendemos la sesión durante diez minutos para que tengan en cuenta estos nuevos datos que se han introducido en el debate, y dentro de diez minutos abrimos la sesión.

(Se suspende la sesión a las diecisiete horas y se reanuda a las diecisiete horas quince minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Para la formulación de preguntas u observaciones, procedemos a la apertura de un turno de Portavoces y tiene la palabra, por el Grupo Mixto, don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

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EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias también al señor Consejero por su información, breve, pero yo creo que suficiente.

Así, por la información que nos ha dado, desde mi punto de vista, creo que la actuación de la Junta ha sido correcta, desde la óptica de que, tratándose de bienes de consumo y, sobre todo, bienes... productos alimenticios, el cuidado en que cumplan los requisitos higiénico-sanitarios, en una palabra, la normativa al respecto hay que vigilarla y ser exigentes, en este caso y en otros muchos, también, con carácter general. Y, bueno, desde este punto de vista, nada que objetar.

Sí que, únicamente, es un tema confuso y un tanto extraño, porque, claro, la Junta de Castilla y León abre un expediente de infracción, pero que resulta que no es competente, porque -diríamos- las infracciones se cometen en origen en espacios territoriales fuera de nuestra Comunidad Autónoma (nos ha hablado: Galicia, Valencia, Madrid) y, por consiguiente, remite las actuaciones a estas Comunidades Autónomas. Ya vemos que el funcionamiento en esta ocasión, al menos, ha sido bastante deficiente, porque, aparte de la tremenda lentitud, la generalidad ha sido la callada por respuesta, salvo la Comunidad de Madrid, que parece que sí, en mayor o menor medida, ha adoptado una serie de decisiones al respecto.

Y, después de todo esto, lo único que queda es una duda, que a la postre puede resultar una paradoja, y es que la empresa que soporta -se quiera o no- el expediente de infracción, que es la empresa COMASA, no es responsable de nada, porque, de hecho -como ha dicho el señor Consejero-, no ha cometido ninguna infracción, ya que las infracciones son de origen (por no tener fecha de caducidad la productora, etcétera, etcétera); pero resulta que las cámaras frigoríficas inmovilizadas son las de COMASA, el perjuicio económico lo sufre COMASA. Y por eso, quizá, esa pretendida petición extraña de COMASA de pedir la exculpación, que el señor Consejero dice que no ha lugar, porque no se le ha imputado nada absolutamente. Quizá tenga alguna explicación, y esa explicación sea justificar documentalmente, ante sus proveedores, que la responsabilidad es de ellos y que, por consiguiente, las relaciones contractuales, que yo desconozco, pero que seguramente existiesen entre proveedor, en su caso, y almacenista, pues, este documento exculpatorio que solicita a la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León podría tener su fundamento, para que ella, en sus relaciones internas comerciales con sus proveedores, pudiese eximirse de pagar esos productos defectuosos en origen.

De ahí que..., bueno, es una duda que a mí se me plantea y que yo diría que, al respecto, la Junta no debería cerrarse en banda, porque, quizá, respetando el espíritu de la norma y el espíritu del expediente en sí, pues, lo que sería paradójico es que quien no tiene culpa la pague y que quien tiene culpa no la pague, por inhibición de las autoridades competentes en esos territorios. Ya sé que cosa diferente es que la Junta de Castilla y León indemnice por los posibles daños o lucro cesante a esta empresa. A mí me parece correcto. Además, una vez que ha salido la sentencia, está fuera de toda duda. Pero, incluso sin sentencia, a mí me parecería correcto que la Junta no indemnizase; y no lo hiciese porque la Junta, según nos ha explicado el señor Consejero, ha actuado correctamente iniciando el expediente. Pero, claro, lo que tampoco sería muy procedente es que quien no tiene culpa pague las consecuencias negativas de infracciones foráneas, etcétera, etcétera.

Por eso -ya termino- yo lo que sí sugeriría, aparte de que el señor Consejero me aclare algunas cuestiones que quedan un poco en el aire en este tema, es que se sea receptivo ante esa petición de COMASA, si en su caso procede, de darles el documento exculpatorio para que lo haga valer frente a terceros, ya que ella no es responsable, como aquí se ha dicho, de estas infracciones y, por consiguiente, no tiene que pagar, digamos, las consecuencias de esa infracción si lo ha hecho otro. Entonces, este documento pudiera ser que le sirviese como elemento exculpatorio contractual frente a esos proveedores.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, tiene la palabra el Procurador don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Muy breve. Sólo para decir que me parece correcta la actuación de la Junta y, desde ese punto de vista, rogar al Presidente, si en algo puede ayudar a COMASA en su relación con los demás proveedores, se le ayude en lo posible, siempre y cuando se interprete por parte de COMASA que se hace desde ese punto de vista y no interpretando que por culpa de la Junta le ha ocasionado ningún perjuicio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Isabel Fernández.

FERNANDEZ MARASSA

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LA SEÑORA FERNANDEZ MARASSA: Gracias, señor Consejero, por su comparecencia; aun después de que nos ha comunicado que hay sentencia sobre el asunto, yo quiero agradecerle la explicación que nos ha dado. Y también quiero decir que nuestra petición de comparecencia no se modifica por el hecho de que sobre el asunto se haya producido una sentencia, que, lógicamente, acatamos, como todo el mundo, pero que en este expediente..., la solicitud de comparecencia la hemos hecho de este expediente porque en él hemos observado que ha habido algunas irregularidades o falta de diligencia por parte de funcionarios de la Junta.

No deja de sorprendernos que tres días después de levantada el acta de inspección por el Jefe de Sección de Higiene de los Alimentos del Servicio Territorial de León, en toda la prensa local de León aparezca la noticia y que, nada más y nada menos, tarden dos años en dictarse una resolución sobre este tema. Los funcionarios creo que en nuestras labores de inspección estamos sometidos al sigilo profesional, o debemos ser sigilosos, para no causar daños a terceros, posibles daños a terceros, ni tan siquiera producir situaciones de alarma en temas tan delicados como éste, en una población que carece -o desconoce en muchos casos- del debido... formación y conocimiento para saber cuál es el alcance de esa noticia.

Nuestra pregunta es si los servicios... la filtración se produjo desde el mismo... desde la misma Administración, es decir, por el Jefe de la Sección de Higiene de los Alimentos del Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León, y cuáles fueron los motivos para que se produjera esa filtración, porque creemos que eso ha originado un daño o un perjuicio, un posible perjuicio a esa empresa de difícil reparación. Me ratifico en lo anterior, porque es difícil que la población sepa valorar cuál es el alcance de esas medidas. Y creemos que ha habido una gran tardanza en la resolución de este expediente y que eso ha originado situaciones de indefensión para un ciudadano, un empresario, y a la vez situación de alarma, dado que esta empresa servía alimentos a grandes colectivos, a comedores con gran número de personas.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Vayan por delante mis disculpas a los miembros de la Comisión y al propio señor Consejero por mi retraso, no en venir a las Cortes, sino en entrar en la sala, porque por un mal entendido había pensado que la comparecencia se iniciaba a las cinco. Y no es que tenga que disculparme, porque si un Procurador llega tarde, pues, no pasa más, pero al actuar yo como Portavoz alguno pudiera pensar, pues, que me traigo ya los papeles -como leía esta mañana en un periódico- escritos de casa y voy a decir algo que ya me traía pensado.

A muchas de Sus Señorías no se les oculta que el Consejero que firmó la apertura de expediente en el año ochenta y nueve era el actual Portavoz que les habla, y, por lo tanto, para mí es nuevo la sentencia a la que ha hecho referencia el señor Consejero, pero el resto del expediente, por suerte o por desgracia, lo conozco en profundidad.

Yo me congratulo de que la sentencia exculpe a la Comunidad Autónoma de cualquier responsabilidad en el tema y comparto con Sus Señorías la preocupación que se desprende de que el Estado de las Autonomías, que tiene ventajas para muchas cosas, sin duda ninguna, tiene algún inconveniente, y no hace muchas horas lo discutíamos en la Comisión Mixta de Transferencias. El hecho de que la capacidad sancionadora esté repartida en diecisiete Comunidades Autónomas y que el criterio y la voluntad de todas las Comunidades a veces no es la misma, y que incluso desde alguna se entienda que es que por sancionar a un producto de su propia Comunidad Autónoma se está haciendo un flaco servicio, pues, trae como consecuencia algunas irregularidades y algunas demoras tremendas en la resolución de estos expedientes.

En cualquier caso, yo me preocupé muy seriamente siendo Consejero cuando se produjo la filtración a la que hacía referencia la Portavoz Socialista, porque además no era la única filtración que se producía desde los servicios de Bienestar Social de León. Yo no sé si el Consejero de Sanidad y Bienestar Social estará en condiciones de decirnos quién filtró; en estos casos, como Sus Señorías pueden imaginar, se supone, siempre hay indicios racionales, pero creo que es muy difícil el poder demostrar quién es el autor de la filtración. Efectivamente, los funcionarios estamos obligados a guardar sigilo; no es el caso mío, porque mi calidad de funcionario docente, pues, me obliga a hablar -todo lo contrario- y a publicar los resultados de mi intervención, pero en las labores de inspección, evidentemente, y en temas que son tan delicados como el que nos ocupa, pues, debería extremarse esa diligencia o ese sigilo que es propio de los profesionales al servicio de la Administración Pública.

Yo comparto con el Portavoz del CDS la voluntad de si alguna forma hay de..., no sé si decir... resarcir de los perjuicios a este ciudadano de León, que no es el responsable, como parece que tenemos todos claro -pero que no es el responsable en primera persona, pero, evidentemente, ahí es donde se ha detectado y la Comunidad Autónoma lo que no tiene es capacidad para inmovilizar en Barcelona, en Madrid, o en Valencia nada, sino dentro del propio territorio de la Comunidad-, desde luego, nuestro Grupo también compartiría, señor Consejero, la posibilidad de que, si hay alguna forma de echar una mano -valga la expresión- a este ciudadano, se eche; porque, desde luego, yo le he recibido en varias ocasiones, incluso en alguna -le comentaba al Consejero en el receso- siendo yo... no siendo yo ya Consejero vino a verme, a ver si yo tenía algo que ver con el tema y, evidentemente, lo único que pude hacer es ponerle en contacto con el Director General de Salud Pública y con el propio Consejero para buscar una solución.

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Reitero, por lo tanto... Casi me atrevo a felicitarle, porque ha tenido la suerte de tener una sentencia unos días antes de la comparecencia, con lo cual se aclaran muchos de los extremos de la misma. Y, si cabe, para terminar, pues, lamentarnos que la sentencia se haya producido, pues, con la demora que habitualmente nos llegan este tipo de resoluciones judiciales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Consejero.

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Gracias, Presidente. En primer lugar, agradecer a todos los Grupos la comprensión que han tenido con que efectivamente... al reconocer que en este expediente farragoso y complejo, como pocos, de la Administración Autonómica, la Consejería y la propia Administración no es responsable directa de lo que aquí ha pasado. Y en justa reciprocidad, este Consejero tiene que reconocerles a todos ustedes que también participa de su inquietud respecto a las repercusiones que ha tenido este expediente, absolutamente... o extraordinariamente reglamentado y que, por tanto, no tiene ningún problema de legalidad, pero las repercusiones que ha tenido para el titular del establecimiento de COMASA.

Yo no descarto en ningún momento, y además sí que lo he planteado, el que se siga manteniendo algún contacto, que ya ha habido, como ha dicho el Portavoz del Grupo Popular, y que sigue habiendo con este hombre, con el titular. Pero el documento de exculpación a que... contestando al representante del Grupo Mixto, señor Buiza, el documento de exculpación que él nos solicitaba era un documento que iba a ser utilizado como prueba en uno de sus pleitos, porque, en el fondo, lo que él planteaba en todo momento, a partir de que no hubo arreglo, era la teoría del lucro cesante, que es una teoría que en derecho -y permítame que yo... este tema me apasione-, en derecho es una teoría compleja, que requiere siempre la causalidad, que aquí no se da, pero él quería el documento para poder utilizarlo como elemento probatorio; y, como tal, no se le pudo expedir, porque, además, es evidente, y yo le puedo, si quiere, explicar que no se puede dar un documento exculpatorio, porque no ha habido ningún tipo de sanción, de tal suerte que la normativa vigente en materia de consumo, el artículo 37 dice: "No tendrá carácter de sanción la clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos". Es decir, la mera clausura y tal no tiene carácter de sanción. Y, por tanto, nosotros no hemos abierto ningún expediente. La Comunidad de Madrid sanciona con una multa, como decía antes; la Comunidad, además, dice que la sanción era multa de 50.000 pesetas en el caso primero, más la destrucción del producto, etcétera, etcétera; pero la Junta de Castilla y León, no. De ahí que no hayamos hasta el momento querido expedir un documento de exculpación, que, como tal, tampoco existe en el mundo del derecho positivo.

Pero eso no empece a que le diga en esta comparecencia que yo sí creo que el ciudadano titular de la empresa COMASA, pues, sí que puede en este momento plantearse si no es víctima de un procedimiento demasiado complejo. Yo no cierro en ningún momento la puerta a este ciudadano, pero él no ha podido en ningún momento ganar la causalidad, que es la principal razón en su planteamiento ante los tribunales, y por tanto, no puede probar, en definitiva, que sus perjuicios se hayan irrogado por causa de la Junta de Castilla y León. Ese es en todo momento el problema.

En ningún momento hemos cerrado, digo, los contactos con él, y bueno, pues, se pueden mantener, incluso después de esta sentencia, incluso después de esta comparecencia. Pero sepa Su Señoría que la indemnización que pedía a la Junta de Castilla y León ascendía a 70.000.000 de pesetas, y que, por tanto, aunque sí que hemos hablado, pero tampoco debe despreciarse el monto de esta cantidad como para que nos mueva la sensibilidad.

Al representante del CDS, pues, yo creo que con esto también está contestado. Yo soy capaz -y lo he dicho antes- de entender muy bien las causas de este hombre para no estar, desde luego, muy satisfecho. Yo soy -y lo sabe el representante del Centro Democrático y Social- hijo y nieto de empresario, de comerciante, y yo sé lo que puede suponer para un hombre que le suceda una circunstancia como ésta. Pero lo cierto es que en todo el procedimiento se ha seguido escrupulosamente la normativa vigente, que alguien puede plantearse -y este es un foro donde estas cosas se pueden plantear- que no esté demasiado adecuada al actual momento del estado de las autonomías, como ha dicho el Portavoz del Grupo Popular, y que de tal suerte se pueden irrogar perjuicios, como el que ha producido esta situación, derivados del estricto y escrupuloso cumplimiento de la normativa vigente en esta materia en Castilla y León. Y si usted quiere le digo que sólo, que yo conozca, hay una Comunidad Autónoma, que es Andalucía, que tiene una propia Ley de Consumo, en la que sí se reconoce que cualquier producto que pueda perjudicar al ciudadano andaluz, podría la Administración actuar dentro de su territorio; es una norma específica allí creada, que aquí no existe, pero que en todas las demás Comunidades tampoco. Y, por tanto, aquí la normativa vigente, aplicada a este caso, ha dado esta solución.

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Y a la representante del Partido Socialista, a la que también agradezco -cómo no- el tono de su intervención, que en esta ocasión, pues, por ser la primera, le agradezco muy especialmente, yo sí quería decirle que este expediente es, desde el punto de vista jurídico -y yo he sido durante mucho tiempo responsable de los servicios jurídicos de algunas de las Consejerías de este departamento-, extraordinariamente curioso. Porque es verdad que nosotros no hemos, en ningún momento, perdido de vista la apertura de diligencias previas al funcionario del que se presumía que podía haber hecho la filtración; pero, mire usted, es absolutamente... o ha sido absolutamente imposible probar que tal filtración la hubiera hecho tal funcionario, sin perjuicio de que hay una inspección abierta por el Jefe del Servicio de Inspección de la Junta de Castilla y León, de la que se irroga que su comportamiento está rozando, en algún momento, la falta de sigilo. Pero ése es el expediente interno, disciplinario que podría haberse abierto, que no llegó a tal, porque, sencillamente, fueron diligencias previas. Como quiera que la sentencia que ha cerrado o puede dar por cerrado este caso lo que dice es que no se puede, en ningún momento, probar la causalidad entre los efectos producidos por una noticia que, al salir a la opinión pública, ha hecho que se pierda el crédito del establecimiento y la Junta de Castilla y León, de alguna forma, lo que está diciendo la sentencia es que resulta absolutamente imposible probar que las filtraciones -que usted las ha definido- hayan salido, ciertamente, de un departamento o sean responsabilidad, ciertamente, de un funcionario concreto.

Yo no puedo probar eso, y de ahí que en un Estado de Derecho tengamos que aplicar -nos guste o no- el principio de... el principio de "in dubio pro reo". Y de ahí que no se pueda seguir adelante en esa investigación o, por lo menos, no se pueda cerrar el expediente disciplinario al funcionario al que usted ha aludido.

A partir de ahí, todo lo demás, sí entiendo -y quiero que lo sepa- que yo estoy deseando, estoy deseando que la posibilidad de que el funcionario en cuestión -que no tiene solamente esta causa, sino que tiene alguna más, por falta de lo que usted llama sigilo-, verdaderamente, pueda, de alguna forma -e insisto mucho-, salir, en alguno de los expedientes que están abiertos, pues, que se pueda probar que ha faltado a ese deber de sigilo; y, en cuyo caso, yo le aseguro que, pues, aplicaré el procedimiento y la sanción correspondiente. Pero... me cuesta mucho trabajo, porque, en este caso, estoy más cerca de su postura que de cualquier otra; pero, en un Estado de Derecho, hay que tener mucho cuidado con el expediente sancionador; es uno de los expedientes más cautelarmente difíciles. Y, en este caso, no se ha podido probar, en ningún momento, ni la causalidad respecto a la salida a prensa, ni la falta de sigilo del funcionario en cuestión, ni en el expediente interno disciplinario, ni en el proceso judicial abierto en el Tribunal Contencioso-Administrativo de Valladolid. De ahí que estemos, en ese sentido, compartiendo con usted su preocupación, pero sin poder dar un paso más.

Y al representante del Partido Popular, que, efectivamente -como ha dicho-, conoce muy bien el inicio de este expediente y cuáles fueron sus actuaciones, pues, garantizarle que el expediente, desde el punto de vista procesal, yo creo que queda cerrado por esta Sentencia, sin perjuicio de que yo no descarto, en absoluto, seguir manteniendo contacto con el titular de esta empresa, porque si (es posible, si de alguna forma pudiéramos) es verdad que él, sin responsabilidad, pues, se ha visto perjudicado.

Pero, antes de que esta Sentencia recayera, es decir, en el inicio de su actuación ante los Tribunales de Justicia, tuvo -y quiero que lo sepan Sus Señorías- una puerta abierta desde la Administración, que él no aceptó. Y, por tanto, no es verdad que, desde el primer momento, él haya visto que no había una sensibilidad necesaria en la Consejería. Lo que sucede es que, en un momento determinado, él pidió una indemnización por lucro cesante, y solamente un Tribunal de Justicia puede calificar las actuaciones para cuantificar cuál es la indemnización por esta motivación. Ninguna autoridad administrativa podría decir: le hemos irrogado un perjuicio, yo creo que ese perjuicio vale 3.000.000 de pesetas; eso sólo le corresponde, esa labor, a los jueces. O sea, que ni aun queriendo podríamos nosotros valorar esa indemnización, lo cual, bueno, pues, es lo que... lo que se le ofreció fue otro tipo de salidas, y él prefirió acudir a los Tribunales; en su momento, pensó que iba a ganar esta actuación -supongo-, y pidió una indemnización de 70.000.000, y ahora sabemos que la ha perdido. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Consejero. En turno de réplica, ¿algún Portavoz quiere intervenir? Sí. Doña Isabel Fernández tiene la palabra.

FERNANDEZ MARASSA

LA SEÑORA FERNANDEZ MARASSA: Gracias, señor Consejero. Con respecto a la apertura de expediente al funcionario, yo poseo un documento, una nota interior, en la cual el Jefe del Servicio Territorial, con fecha cuatro de diciembre de mil novecientos noventa, al Jefe del Servicio de Higiene de los Alimentos y Sanidad Ambiental de Valladolid, textualmente paso a leérselo, dice:

"En relación a su escrito del pasado veintisiete de noviembre, sobre el asunto de pie grafiado, he de informarle lo siguiente:

Primero. La inhibición a otras Comunidades Autónomas abarca el destino de todos los productos inmovilizados.

Segundo. No se ha abierto expediente sancionador a la firma reclamante.

Tercero. La comunicación a la prensa partió del Jefe de la Sección de Higiene de los Alimentos y Medio Ambiente de este Servicio Territorial

León, cuatro de diciembre de mil novecientos noventa".

Si los servicios administrativos desconocen quién es el que ha filtrado a la prensa tal información, pero, a la vez, el Jefe del Servicio Territorial reconoce que es el Jefe de Sección de Higiene de los Alimentos, parece que hay una contradicción evidente, ¿no?

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En fin, yo quisiera que... Como son -vuelvo a reiterarme en lo anterior-, como son cosas muy delicadas, que afectan a la actividad económica de pequeños empresarios de nuestra Región, a la alarma que se puede crear en determinadas situaciones entre la población, nosotros creemos que en este expediente hay una cierta responsabilidad política en cuanto a la tardanza en su resolución, porque creemos que no se puede tardar dos años y cuatro meses en dictar una resolución expresa sobre él.

A la vez, igual que siempre hemos apoyado y seguiremos apoyando el máximo rigor en cuanto a la inspección y sanción en materia de salud pública, también creemos que se debe de ser lo más posible y lo más rápido en la resolución de los mismos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Señor Consejero, tiene la palabra.

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Sí. Gracias, Presidente. Muy brevemente y para responder a la Portavoz del Grupo Socialista con las dos cuestiones que me ha planteado.

La primera es que, efectivamente, ese documento -y yo lo conozco también-, a partir de él se abren, como se dice... es decir, como aparece en la legislación administrativa aplicable a para funcionarios, las que se llaman diligencias previas, y las diligencias previas hacen que eso, que es una prueba documental, se contraste con pruebas testimoniales, se hagan careos de los funcionarios, y eso no sirve como elemento probatorio. No ha servido para el expediente disciplinario que se inició, o para las diligencias previas del expediente disciplinario que se dirigió al funcionario en cuestión, señor Zapico -que es bueno que se nombre aquí, para que quede fuera de toda duda-; pero tampoco ha servido, fíjese usted, ni siquiera para establecer la causalidad que se necesitaba en el expediente, en el Tribunal Contencioso-Administrativo. Porque, de haber habido la certeza absoluta de que la filtración la hacía el funcionario, la Junta hubiera sido responsable, posiblemente, para indemnizar por los perjuicios que hubiera habido en esa noticia de prensa, y hubiéramos sido nosotros responsables como Administración y repercutiríamos, repetiríamos esa indemnización al funcionario en cuestión. Ese es el mecanismo.

Pero ese documento que usted ha leído, que, efectivamente, hace que un funcionario diga que... por escrito, es una prueba documental. Tiene que... o fue objeto, luego, de otra serie de pruebas, en un expediente que se inició con el Inspector General de Servicios, y no parece que quedara probado. Yo no crea que estoy satisfecho de que así fuera, pero no puedo decirle más que la verdad, y así están las cosas.

Y en cuanto a lo que puede suponer... que ha dicho usted taxativamente: hay una tardanza, que supone una responsabilidad política. Necesariamente, yo estoy de acuerdo que hay una tardanza y que puede haber una responsabilidad política, por el estricto cumplimiento de la normativa vigente de esta Comunidad, y, por tanto, es una responsabilidad política que existe, imputable a las Comunidades de Madrid, a la Comunidad de Valencia y a la otra Comunidad afectada en este caso; porque es fruto del estricto cumplimiento de la normativa vigente en esta materia en nuestra Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Parlamentario quiere intervenir en la Comisión? Don Manuel, tiene la palabra.

GONZALEZ VELASCO

EL SEÑOR GONZALEZ VELASCO: Gracias, señor Presidente. Yo quisiera hacer una observación, porque estaba en el turno, de decir que parece que se está juzgando al funcionario, que, desde mi punto de vista, ha trabajado diligentemente, porque hace dos días han muerto dos ancianos en Benidorm porque han ingerido alimentos en malas condiciones. Si en este caso hubiera sido al revés: que esos alimentos que no estaban legalmente... no estaban en condiciones adecuadas, porque por eso se cerraron... Era un proveedor de colegios; este almacén era un proveedor de colegios, y esos colegios fueron los que se enteraron antes que nadie, porque yo soy de allí, y lo supe este tema, porque a San Andrés también suministraba este proveedor, y en el momento que no mandó los productos, al día siguiente, a esos colegios, enseguida, la noticia se difundió por todo León.

O sea, que no fue... Desde mi punto de vista, vamos, creo que se ha probado que no ha habido ninguna negligencia por parte de ese funcionario. Creo que, cuando el funcionario cumple con su obligación, había que felicitarle, no, encima... con este ejemplo, lo único que podemos hacer es que los funcionarios digan que no van a hacer más actuaciones de este tipo, porque, encima, le echan la bronca cuando están cumpliendo con su obligación.

Porque ha habido otros casos más, incluso en mi Municipio, donde también ha habido que intervenir; y ahí estaba yo de Alcalde y sé lo que pasó; y, sin embargo, le echan las culpas al funcionario. Creo que no es correcto ese tema. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor González. Doña Olga Cavero tiene la palabra.

CAVERO PEREZ

LA SEÑORA CAVERO PEREZ: Gracias, señor Presidente. Dar las gracias al Consejero porque esté aquí. Agradecer todo lo que se ha dicho en esta Comisión. Creo que es una Comisión importante, donde hay muchos sanitarios, y creo que ha marcado la pauta de lo que se ha dicho, tanto en el Grupo del Partido Socialista como en el Grupo del CDS, incluso las valoraciones del señor Buiza y las del señor León de la Riva.

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Yo quisiera decir que me ha sorprendido enormemente la última intervención. Es increíble que se quiera aquí hacer elogios a una persona que, por lo menos, ha hecho una dejación de funciones en un momento. Está bien una inspección, necesaria e imprescindible; pasarlo y filtrarlo a la prensa, eso es falta de cautela, algo que está penado a un funcionario. Y dicen que hay que darle un premio.

EL SEÑOR............: No se ha probado.

CAVERO PEREZ

LA SEÑORA CAVERO PEREZ: No se ha probado, pero, mire usted, nosotros tenemos un documento firmado por el Jefe Territorial de Sanidad. Si usted...

EL SEÑOR...........: (Intervención sin micrófono).

CAVERO PEREZ

LA SEÑORA CAVERO PEREZ: Páseselo, por favor, si no los han leído. Pero, vamos...

Yo quiero, quiero hacer hincapié en que todos los profesionales y los funcionarios somos responsables de unas tareas que hay que asumir y esto; pero, con la lentitud, con la falta de cautela, ha supuesto que la prensa, tres días después de la inspección... Que no decimos que no estuviera bien, que se deben de hacer todas las inspecciones. Pero resulta que la empresa tiene bien todo; no sus productos, que sus productos, pues, le faltan fechas de... por no tener la fecha de congelación, o por no tener la fecha de consumo preferente; todo eso es necesario tenerlo. Pero esos productos se comprobó que no estaban malos, y, por haber tenido defectos de presentación, hicieron muy bien ponerle una multa, como si le ponen el doble. Si estamos aquí para que se cumpla ley. Pero no para defender a un funcionario cuando hace mal su función, que es ejercerla con todo su rigor.

Eso ha supuesto que esta empresa, siendo pequeña, y empezando, y teniendo un porvenir por delante... por las notas de entrega -que está en la documentación-, tenía, pues, mucha venta; y ha supuesto cerrar la empresa, pérdidas de personal, pérdidas económicas, pérdidas sociales; y venimos aquí a decir que a ese funcionario hay que darle un premio. Muchas gracias, señor Velasco.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señorías. El Consejero tiene la palabra. Don Miguel Angel Trapero quiere intervenir.

TRAPERO GARCIA

EL SEÑOR TRAPERO GARCIA: Gracias, señor Presidente. Unicamente para hacer yo creo que una reflexión sobre las últimas intervenciones y sobre este caso.

Yo creo que a nadie le cabe duda -y así creo que se comparte, también, por el actual Consejero de Bienestar Social y por el anterior Consejero también- la necesidad de aplicar la legislación y ser rigurosos tanto en la defensa de los consumidores como en la protección de la salud pública de los ciudadanos. Yo creo que ésa es una filosofía presente hoy día, y que compartimos yo creo que todos los Grupos Políticos. Pero, a la vez, yo creo que también compartimos otra filosofía, que viene en nuestra Ley de Ordenación Sanitaria, viene también en la Ley General de Sanidad, y es que las sanciones tienen que ser proporcionales al daño que se causa. Y, miren usted, éste es un expediente en el cual la sanción, por parte de las Administraciones competentes, ha sido una sanción -creo recordar- de 50.000 pesetas, por problemas de etiquetado y problemas de no figurar la caducidad de los alimentos correspondientes; cuando la sanción que se ha impuesto por las Administraciones competentes es de 50.000 pesetas, significa que, en todo caso, se ha catalogado la falta como leve y no ha pasado de esa catalogación, mientras que los daños que se han causado y se han producido, en este caso, son realmente desproporcionados con respecto a la propia sanción, al propio daño causado por la empresa que hemos citado.

Y, miren ustedes, el daño viene fundamentalmente inferido de la filtración a los medios de comunicación de esta acta que se había levantado -por lo tanto, ni siquiera sanción, y a todo el mundo hay que reconocerle el principio de inocencia, mientras no haya una sanción correspondiente-, y, en segundo lugar, por la propia tardanza; propia tardanza que no solamente afecta a las Comunidades Autónomas de las que hemos hablado, sino a esta propia Comunidad Autónoma, no en la sanción de los hechos, que no le correspondía, pero sí en la decisión de los alimentos decomisados, porque no hay que olvidar que esta Comunidad Autónoma sí tiene autoridad sanitaria, y autoridad en salud pública, y, por lo tanto, si los alimentos en algún momento se determinaron que estaban en mal estado, esta Comunidad Autónoma sí era competente para haber determinado su destrucción y las causas correspondientes.

Por lo tanto, manteniendo la defensa de la salud pública y de los propios consumidores, creo que este es un caso desafortunado donde no se guarda proporcionalidad por la propia actuación de esta Administración y de las otras Comunidades Autónomas, entre la falta cometida, que, vuelvo a repetir, se sanciona con 50.000 pesetas, y los perjuicios acarreados al interesado a través de la filtración en los medios de comunicación y la pérdida de un material que en ningún caso se demostró, a través de los análisis correspondientes, que estaba en mal estado y, por lo tanto, era material que no se pudiera consumir por parte de los ciudadanos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Trapero. El Consejero tiene la palabra.

FERNANDEZ DE SANTIAGO

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EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ DE SANTIAGO): Sí. Gracias, Presidente. Yo no quisiera abrir... o reabrir un debate complejo, como hemos dicho ya, y, por tanto, voy a decir solamente que es verdad, que la presunción de inocencia está afectando a un funcionario ítem más -y yo soy jurista y estamos, insisto mucho, en un Estado de Derecho-, yo voy a leer cómo termina la sentencia, que dice, exacta y literalmente, a propósito de la causa-efecto respecto a la notificación a la prensa. Dice. "No aparecen, de los textos transcritos y de las pruebas actuadas, ni indiciariamente que la noticia fuera facilitada a la prensa por los Servicios de la Comunidad de Castilla y León. Antes bien, el periodista Jesús Egido, firmante de uno de los artículos, atribuye la información a Apolo Fuertes, en tanto que el Diario de León, al manifestar que el periodista José Luis Estrada, firmante del artículo publicado, no presta servicio en plantilla en el periódico... pero, no obstante, según ha manifestado él mismo, los datos fueron facilitados por la fuente oficial. Y, en este sentido, la comunicación que obra en el folio sesenta y cinco del expediente, y que atribuye al Jefe de la Sección de Higiene la facilitación de la noticia -es decir, el documento que usted dice- a la prensa había sido previamente desmentido en nota interior del Servicio de veintitrés de abril de mil novecientos noventa, y pese a ello la entidad recurrente no ha hecho prueba alguna sobre la certeza de tal información, tanto más cuanto que los propios propietarios de la empresa hicieron declaraciones ante la prensa para desmentir ciertos hechos, y sin que hicieran uso de las facultades que le concede la Ley Orgánica 2/84, sobre el derecho de rectificación".

Yo creo que con esto, y sin ánimo de levantar la polémica, queda cerrado, zanjado, una discusión que, desde luego, desde el punto de las ideas es rica; pero yo quisiera que con ello quedara, en principio, claro el asunto.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Consejero. Pasamos al segundo punto del Orden del Día. La señora Secretario dará lectura al mismo.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Sanidad y Bienestar Social, a solicitud del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, para informar a la Comisión sobre el convenio y concierto realizados, y en la actualidad vigentes, entre la Junta de Castilla y León y los Hospitales Psiquiátricos de León y Provincia de Burgos, expresando el coste que para la Administración Regional implican los referidos convenios o conciertos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Sanidad y Bienestar Social.

FERNANDEZ DE SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ DE SANTIAGO): Gracias, Presidente. Señorías. Esta comparecencia, a propuesta de... o a petición del Grupo Parlamentario Centro Democrático y Social, viene -y a mí me satisface mucho poderlo expresar así- a que este Consejero pueda expresar en esta Comisión de Sanidad, y por primera vez, cómo en el año mil novecientos noventa y tres no fue uno el hospital que conseguimos asumir, en desarrollo de aquella promesa que yo hiciera en esta misma Comisión, sino han sido dos los que se han podido, con formas de gestión diferentes, adscribir o, en sus diferentes formas, gestionar por la Consejería. Y junto a eso decir también, y con ello quiero empezar, que ambas formas de gestión, flexibles, modernas, que apuntan a una sanidad que se puede gestionar de otra manera, son posibles en nuestra Comunidad Autónoma por mor de una Ley, que es la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario, que todos quisimos aprobar por consenso para esta Comunidad. De ahí que el relato que voy a hacer de las dos formas de gestión, tanto del hospital Sanatorio Psiquiátrico Santa Isabel, por el que voy a empezar, como del Consorcio para la gestión del Hospital Divino Valles, hayan sido fórmulas, y espero que Sus Señorías estén de acuerdo conmigo al acabar mi relato, que, bueno, ponen de manifiesto que se puede y se están gestionando de una forma eficaz ambos hospitales.

Como Sus Señorías conocen, estamos en desarrollo la Disposición Adicional Sexta del texto de nuestra vigente Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, que faculta a la Junta de Castilla y León para proceder a la citada incorporación, incluyéndose la integración del personal del Centro Santa Isabel, sanatorio psiquiátrico, como personal laboral, y manteniéndose sus condiciones contractuales.

Esta medida, no habitual, para la integración de este centro estuvo motivada por las especiales circunstancias que concurrieron en relación a este centro. Hubo acuerdos de la Diputación Provincial declarándose incompetente en materia de asistencia psiquiátrica, y comunicación con la entidad titular del sanatorio sobre su desresponsabilización respecto a los pacientes ingresados. Hubo inicio del expediente por parte de Caja España para la clausura del citado sanatorio psiquiátrico, siendo Caja España titular del mismo. Hubo también una situación de alarma, que todos ustedes recordarán, para los pacientes, para los familiares de los pacientes, y en general para la opinión pública de León, en una situación que yo quiero calificar de realmente penosa para la asistencia en León.

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Y en estas circunstancias, que fueron recogidas por la opinión pública y también por los medios de comunicación, se iniciaron en el último trimestre de mil novecientos noventa y uno toda una serie de negociaciones con el objetivo de asegurar la asistencia de los trescientos cincuenta pacientes entonces ingresados y evitar la situación de deterioro del propio centro, intentando mejorar, al mismo tiempo, las condiciones asistenciales en la provincia de León. Debo señalar a este respecto que seis meses antes de producirse esta situación los servicios técnicos de la Consejería de Sanidad habían elaborado un exhaustivo informe, previa inspección del centro, que se acompañaba de numerosas recomendaciones para un funcionamiento más adecuado de este sanatorio psiquiátrico, titularidad, repito, de la Caja España en León.

En este proceso de negociaciones al que me refería, se articularon una serie de preacuerdos, acuerdos y convenios, que han permitido mantener y mejorar la asistencia a los pacientes psiquiátricos, y que paso a resumir a Sus Señorías en lo que actualmente está vigente.

Convenio de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y uno, suscrito por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, Diputación Provincial de León y Caja España, Caja de Ahorros e Inversiones. Y mediante este convenio que cito la Diputación de León se comprometió a mantener sus niveles de financiación mediante el pago de las estancias de los pacientes ingresados en Caja España en los años sucesivos. Caja España se comprometía a mantener la actividad del sanatorio, y por su parte la Consejería de Sanidad se comprometía a iniciar negociaciones con objeto de asumir la gestión del centro, participar en la misma, o asumir su titularidad, en definitiva.

Asimismo, la Consejería y la Diputación se obligaban a negociar los acuerdos precisos para reorientar el tipo de asistencia mediante la creación de centros de día psiquiátricos en el Sanatorio Santa Isabel, y, finalmente, y es importante porque afecta a muchas otras Diputaciones que pueden estar en este caso, las partes se comprometen a asumir las resoluciones contencioso-administrativas correspondientes y derivadas del acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de León sobre conflicto negativo de competencias en materia de asistencia psiquiátrica. Es decir, en virtud de este convenio también estamos todos de acuerdo en que el pleito que siempre ha habido, pleito de competencias, conflicto de competencias respecto a quién es el último responsable, o el responsable de esta materia, que es una materia asistencial, y que luego podremos probar que aquí hay quienes lo conocen muy bien, porque recurrieron y ganaron ese pleito, pues, estamos dispuestos a reconocer que el resultado de ese contencioso, de ese conflicto negativo de competencias planteado por la Diputación de León y que todavía no ha sido resuelto, nos vincularía a todos sobre este tema que siempre ha sido tan discutido.

El segundo acuerdo alcanzado en el convenio de siete de enero de mil novecientos noventa y tres, y formalizado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León y Caja España de Inversiones, era aquél por el que se... sin precedentes en Castilla y León y yo creo que en España, se acordaba la creación de la obra social de colaboración para la gestión del Centro Psiquiátrico Santa Isabel y la sucesión en la actividad empresarial del Sanatorio Psiquiátrico Santa Isabel, y este convenio, que fue aprobado por Decreto 117/1993, de tres de junio, al mismo tiempo modificaba la relación de puestos de trabajo del personal laboral de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para dar cabida al personal del Psiquiátrico Santa Isabel. De esta forma se procedió a desarrollar lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de nuestra Ley de Ordenación del Sistema Sanitario, y, como recordarán Sus Señorías, fue incluida, tras una enmienda transaccional suscrita y apoyada por los cuatro Grupos de esta Cámara, la incorporación de ese personal. Ese es el relato procedimental de esta incorporación.

Pues bien, constituida la obra social en colaboración, única fórmula posible, a nuestro juicio, según establece la Legislación sobre entidades de ahorro, mediante el citado Decreto 117/1993, el personal del centro fue incorporado como personal laboral al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, manteniéndose en idénticas condiciones la naturaleza de su relación contractual. Es decir, se incorporan, y nos subrogamos en el contrato que tuvieran con la Caja España en su momento.

Todo ello supone que desde el mes de enero de mil novecientos noventa y tres el sanatorio es gestionado por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, a través de la obra social en colaboración, y que desde el tres de junio de mil novecientos noventa y tres el personal del centro se integra como personal laboral al servicio de la Administración Regional.

Desde el punto de vista de la financiación, la situación -que les interesará a Sus Señorías- es la siguiente:

La Diputación Provincial de León aporta financiación que, en aplicación del acuerdo de veintitrés del doce de mil novecientos noventa y uno, supone 3.346 pesetas de estancia/día por los pacientes ingresados. Y dado que uno... son unos trescientos -nunca fijos- pacientes, susceptibles de atención continuada, los ingresos procedentes de la Diputación Provincial estimados para mil novecientos noventa y tres son de 364 millones de pesetas en concepto de pacientes.

Caja España, según convenio del siete de enero de mil novecientos noventa y tres, aportará los próximos cinco años una cantidad de 900 millones, prorrateada durante esos cinco años de forma periódica, a razón de lo que voy a relatar: 1993, 252 millones de pesetas; 1994, 216 millones de pesetas; 1995, 185 millones de pesetas; 1996, 144 millones de pesetas; y 1997, 108 millones de pesetas. De esta forma, los ingresos correspondientes a mil novecientos noventa y tres, Diputación más esta aportación de 252 millones que he dicho de Caja España, ascienden a la cantidad de 616 millones de pesetas.

En cuanto a los gastos presupuestados para este año mil novecientos noventa y tres, son:

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En Capítulo I, el coste de personal que está incorporado, que está integrado, asciende a 328.163 pesetas, 328.163.000 pesetas. A ello hay que añadir una inversión... una ampliación de la plantilla que ha supuesto unos 51 millones más que deben incorporarse a esta cantidad del Capítulo I.

La estimación de gasto -porque no puede ser de otra manera aunque ya está muy avanzado el año- del Capítulo II, ascenderá a 205 millones de pesetas, redondeando las cifras, que le puedo dar exactamente. Y debo señalarles, a este respecto, que se viene funcionando de una forma que está siendo eficaz, integrada con el Hospital Monte de San Isidro, lo que abarata de una forma considerable los gastos de suministro en materiales y demás gastos corrientes. De ahí que empiecen a ser posibles las cuestiones que yo planteara hace muy poco en la Comisión de Presupuestos, y en virtud de las cuales rebajábamos nuestro Capítulo II de la Consejería con formas integradas de "catering" alimenticio conjunto, de limpieza conjunta, a través de la coordinación de varios establecimientos sanitarios, como es el caso de León.

Y, en cuanto a las inversiones, la previsión de gasto para este año mil novecientos noventa y tres, es de 38.000.000, para rematar algunos accesos de la planta segunda.

Por tanto, Señorías -y es bueno que ustedes lo sepan, como responsables de esta Comunidad-, para la Administración Regional, en este año mil novecientos noventa y tres el convenio que hemos suscrito y la creación de la obra social, en colaboración, le va a suponer un coste de 8.000.000 de pesetas, según las previsiones que tenemos realizadas, y que yo, a estas alturas del año noventa y tres, creo que se pueden mantener, sin ninguna duda, porque sobre esas cifras vamos a estar en este primer año.

Bien es cierto que en años sucesivos este coste puede incrementarse, porque se va minorando la cuantía de la aportación que le he leído de la Caja España, pero son cinco años, y, de alguna forma, no obstante, tal circunstancia estará siempre condicionada a la suscripción de otros acuerdos, que yo creo que sí que pueden establecerse con el INSALUD, para la prestación de determinados servicios, tal como se viene haciendo en otros hospitales diferentes.

Y no quiero dejar de señalar las transformaciones realizadas en el Sanatorio Santa Isabel, porque los aspectos administrativos y presupuestarios no explican por sí mismos la compleja situación de un centro de estas características, si no están orientados a mejorar los distintos componentes de la asistencia psiquiátrica.

En los últimos meses se han diferenciado distintas unidades funcionales en el centro, creándose equipos terapéuticos en cada una de ellas. Unidad de hospitalización para pacientes agudos, en coordinación con el INSALUD; esta unidad se mantendrá hasta la apertura del nuevo hospital del Bierzo -que está anunciada ya-. Unidad de rehabilitación psiquiátrica, treinta y dos camas, que trabaja con pacientes ya ingresados, preparando el alta de un forma sucesiva. Y unidad de psiquiatría para pacientes crónicos con menores posibilidades de rehabilitación, como los que tenemos allí.

Por último, el área residencial que viene trabajando en la mejora de las condiciones de los deficientes y los ancianos ingresados, siendo intención de la Consejería incorporarla progresiva, paulatinamente al sistema más propio de la acción social que de la asistencia psiquiátrica.

Se han mejorado también sustancialmente las actividades de labor terapéuticas y recreativas, así como las condiciones hosteleras, dependientes de los servicios generales, la cocina -que yo invito a que conozcan ustedes, porque es una de las mejores instalaciones de esta Comunidad, no sólo de la Administración Regional, sino de todas las Administraciones-, la lavandería de este centro, y se están diseñando diversas actividades externas que preparen las condiciones necesarias para facilitar niveles progresivos de autonomía de algunos pacientes, así como actividades orientadas a la rehabilitación laboral, búsqueda de hogares protegidos, etcétera.

Para todo ello, el Consejero se atreve a pedir el apoyo de Sus Señorías en la tramitación que se está llevando adelante de nuestra Ley de Presupuestos, donde, efectivamente, pues, yo necesitaré que reconozcan las bondades de fórmulas de gestión como ésta, pero a efectos de que no se quite nada de aquello que yo ya he previamente recortado en Capítulos como el II de la Consejería, porque, como entienden, está todo muy aquilatado.

El segundo aspecto sobre el que quiero informar, porque ha sido objeto de la comparecencia o de la petición de información del Grupo de Centro Democrático y Social, es el que hace relación a los acuerdos establecidos con la Diputación Provincial de Burgos -como saben- para la creación del consorcio para la gestión del Hospital Divino Valles, según dicen los burgaleses, como el Presidente de esta Comisión, que debe correctamente pronunciarse.

Como Sus Señorías conocen, el pasado veintinueve de abril fue publicado el Decreto 91/93, de veintidós de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la constitución del consorcio hospitalario de Burgos y los estatutos que determinan su régimen de funcionamiento. El objeto del citado consorcio es el de gestionar los servicios sanitarios que presten o puedan prestar las entidades consorciadas, en coordinación y colaboración con el resto de las Administraciones Públicas Sanitarias. Inicialmente, el consorcio gestionará los servicios asistenciales del Hospital Divino Valles de Burgos.

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La figura del consorcio, como fórmula de gestión o realización conjunta de actividades sanitarias, fue recogida -como ustedes saben- de forma explícita en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León y es, desde su aprobación reciente, la primera vez que hemos puesto en funcionamiento, la primera vez que se ha ejercitado una figura jurídica contemplada en un texto legislativo que nosotros nos hemos dado a nosotros mismos. Es ésta la primera ocasión, como digo, y yo creo que con relativo éxito.

Los órganos de administración y gestión del consorcio ya han iniciado en este momento su funcionamiento, tanto el Consejo de Administración como el Director Gerente, y el coste que para la Junta de Castilla y León implica la constitución del consorcio es, según se presupuestó para mil novecientos noventa y tres, de 55.000.000 de pesetas, tal como se recoge en los Presupuestos de este año, pasando a ser 65 en el Proyecto de Presupuestos para mil novecientos noventa y cuatro.

En función de los acuerdos que se establezcan con el INSALUD y la consiguiente reorganización del hospital, es previsible que algunos trabajadores del actual Hospital Fuente Bermeja, fruto de la transferencia de AISNA, sean adscritos al consorcio por parte de la Junta de Castilla y León.

Debo señalar a Sus Señorías un aspecto relativo a la coordinación hospitalaria que nos hace percibir la situación con relativo optimismo, porque desde la constitución del consorcio han comenzado, ciertamente, a desbloquearse las negociaciones que se han mantenido sin resultado entre la Diputación Provincial y el INSALUD, y espero poder informar próximamente a Sus Señorías de los acuerdos correspondientes en su concreción final.

Pero sí me atrevo a anticipar que estamos en condiciones de cerrar... o está el consorcio en condiciones de cerrar un convenio muy ventajoso para este hospital y para su funcionamiento futuro, a razón de 11.000 pesetas/cama, que es, como saben, un precio, dentro de la media de nuestra Comunidad, muy elevado, y afectando el convenio en torno a ciento diez o ciento veinte camas, que sería el cupo final de este hospital. Por tanto, yo casi les anticipo ya que éstas pueden ser las condiciones del convenio que firme el consorcio con el INSALUD, muy ventajosas para el futuro funcionamiento del hospital, y, de ser así, se ampliarían muchos de los servicios que están ahí, en colaboración con el INSALUD en la provincia de Burgos, pasando a complementar la red o el sistema en Burgos, que es lo que desde el primer momento pretendíamos todos los que estábamos implicados en esta fórmula jurídica.

Y no quiero terminar esta comparecencia sin informar a esta Comisión de los proyectos existentes en relación con la integración de los servicios y establecimientos dependientes de las Corporaciones Locales en el Sistema de Salud de Castilla y León.

Yo sé que tienen ustedes interés, y, como saben, tras la aprobación de nuestra Ley, están todos los esblecimientos de las Corporaciones Locales funcionalmente, funcionalmente integrados en el Sistema de Salud.

Este Consejero ya ha dirigido a los Presidentes de las nueve Diputaciones de Castilla y León, pues, un escrito informando sobre el alcance de tal integración y solicitando su colaboración en este proceso.

Les he requerido información exhaustiva sobre aspectos funcionales de personal, gestión e infraestructura de los citados centros -los que todavía dependen de las Diputaciones-, y les he anunciado, así mismo, la elaboración de instrucciones sobre atención al paciente y establecimiento de garantías para el ejercicio de los derechos contemplados en el Título I de esta nuestra Ley.

Así mismo, informo a Sus Señorías que en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en el próximo mes de diciembre, se constituirán las Comisiones Mixtas a las que se refiere la Disposición Transitoria Tercera de la Ley de Ordenación, y el plazo previsto para el establecimiento de los acuerdos definitivos es, como ustedes saben, de dos años desde la aprobación de la Ley.

Es previsible que, si se produce el acuerdo de transferencia de centros y servicios, éstos sean adscritos ya a la Gerencia Regional de Salud, que iniciará su constitución en los plazos que la Ley prevé, es decir, antes de junio de mil novecientos noventa y cuatro, para lo cual se han realizado las previsiones oportunas en el texto articulado del Anteproyecto de Ley de Presupuestos.

El camino emprendido, por tanto, Señorías, con la transferencia del Sanatorio Psiquiátrico Santa Isabel y la constitución del consorcio hospitalario de Burgos, para la gestión del Divino Valles, expresa la voluntad inequívoca de esta Administración de ejercer sus actuales competencias y asumir progresivos compromisos en esta materia, orientados a mejorar, sin ninguna duda, la atención sanitaria de los ciudadanos de Castilla y León.

Y en esta tarea, como hasta ahora -y debo decirlo aquí-, yo espero seguir contando con la colaboración de todas Sus Señorías, así como la que hasta ahora está siendo en estas actuaciones iniciales, colaboración incipiente todavía, pero colaboración, al fin y al cabo, del INSALUD en Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Consejero. Por acuerdo de los Portavoces vamos a continuar la sesión. Y para formular preguntas u observaciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

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EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Y al señor Consejero, ante lo que nos ha dicho aquí, pues nada que objetar. Quizá, quizá lo que habría que decir es por qué se ha tardado tanto en llegar a esta meta. Porque, evidentemente, yo, el tema del hospital de Burgos lo conozco menos, pero, desde luego, el tema del Hospital Psiquiátrico Santa Isabel de León lo conozco más. Y, efectivamente, la gran movida, el espectáculo que durante bastantes días se montó en León en todos los medios de comunicación, escritos y orales, incluso en los comentarios frecuentes de los mismos ciudadanos fue, realmente, de los que hacen época -como se suele decir-, porque la conclusión que sacamos los ciudadanos de a pie, que -afortunadamente- no teníamos la desgracia de tener ese tipo de enfermos en nuestras familias, es que de los enfermos mentales, por simplificar, nadie quería saber absolutamente nada, y, realmente, se jugó un poco... no un poco, yo creo que un mucho, quizá en exceso, con el drama de esas familias de León y de fuera de León que tenían este grave problema en casa.

Creo que, por parte de la Junta, su actitud fue de excesiva rigidez, por lo menos en una primera fase; debió ser mucho más receptiva a los planteamientos bastante razonables, a mi juicio, de la Diputación Provincial de León. Porque, evidentemente, querer descargar toda la responsabilidad en Caja España, por una parte, y, sobre todo, en la Diputación Provincial de León, que tenía que dar las autorizaciones de ingreso, que tenía que correr con gran parte de los costes, con la tremenda problemática que ello generaba. Porque -como muy bien nos ha dicho el señor Consejero- la solución que en base a esos convenios después se buscó para el tema del Hospital Psiquiátrico Santa Isabel ha sido favorable, se han introducido importantes reformas de funcionamiento interno, de tratamiento terapéutico a los enfermos. Y eso solamente lo puede hacer una Administración especializada, es decir, que tenga servicios suficientemente organizados -como en este caso la Junta de Castilla y León-, para poder abordar un tema tan complejo como es la atención de este tipo de enfermos.

Entonces, todos sabemos que hoy el Hospital Psiquiátrico de Santa Isabel funciona bastante bien, o, por lo menos, funciona mucho mejor que antes, entre otras razones, porque no sale en la prensa, ni sale en los medios de comunicación, y eso, en muchos temas, es una buena noticia, el que no haya noticias. Y, por eso, pues, yo no tengo nada que criticar a lo que hay ahora, sino todo lo contrario, elogiarlo, tanto en este tema como en el tema de Burgos.

Y decir a la Junta que cómo fue tan cicatera y tan reacia para entrar en un planteamiento, por lo menos inicialmente, como éste, cuando -como nos ha dicho el señor Consejero-, a la postre, no le va a costar nada, porque, ¡hombre!, 8.000.000 de pesetas, que nos ha hablado de coste real y efectivo para este ejercicio, yo diría que es no costar nada. Y, bueno, lo que ocurra en el futuro, como, por otra parte, está pendiente ese planteamiento de conflicto de competencias negativo, que es curioso, porque casi siempre se plantea el conflicto de competencias positivo, todos queremos ser competentes en materias diversas, pero, en este caso, de los pobres enfermos mentales nadie quiere sabe nada, todo el mundo quiere decir: no, no, que eso es cosa de ustedes. Y por eso se ha tenido que ir a los tribunales y, como buenos caballeros -cosa que es elogiosa-, han dicho: bueno, lo que salga lo vamos a asumir y vamos a colaborar entre todos, que yo creo que ésa es la cuestión, para resolver un problema sangrante; porque este es un problema sangrante, todos son... todos los problemas suelen ser sangrantes, pero éste yo creo que es hasta dramático, porque el tener un enfermo de estas características, sobre todo en determinados grados, es un problema complicadísimo, como todos sabemos.

Y por eso, simplemente, felicitarle por la resolución, por el acuerdo, por la nueva organización, por esa colaboración interinstitucional a la que han llegado Diputación y Junta de Castilla y León, con la valiosa colaboración -no se olvide tampoco- de Caja España, y criticarle por haber sido tan reacio y haber montado la escandalera, la imagen tan negativa que dieron todas las instituciones, ¿eh?, la falta de solidaridad que todas las Administraciones pusieron claramente de manifiesto frente a los pobres enfermos mentales y sus familias, que vivían ese gran problema, porque, efectivamente, llegó un momento en que estuvo a punto de cerrarse y a poner los enfermos mentales allí, en la carretera; que, además, este centro psiquiátrico está al lado de una carretera, la de Valladolid-León; con lo cual, hubiera sido todo un espectáculo. Creo que no faltó mucho. Afortunadamente, no se llegó a ese extremo y, bueno, pues, la fiesta terminó bien. Por eso reitero mis felicitaciones para lo de ahora y mis críticas para lo de antes.

Y respecto a lo que nos ha añadido -aunque no era motivo de comparecencia- sobre los proyectos futuros, pues, animarle a que esa experiencia positiva que ha tenido en el tema Santa Isabel, en el tema del Hospital de Burgos, pues, se ponga también... en práctica, también, en el resto de la Región, con las demás Diputaciones Provinciales, porque qué duda cabe que en este tipo de temas la colaboración es imprescindible. Incluso, habiendo buena voluntad, colaboración y esfuerzo por parte de todos, habrá siempre problemas, porque son temas muy complicados de resolver. Pero, desde luego, si empezamos a pegarnos para no saber nada de este tema ni unos ni otros, entonces, los problemas se acrecientan, se acumulan, se mezclan, se interfieren, y es mucho peor. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, no sabe lo que me alegra oír el cambio de política, aunque todavía me quedan mis dudas del plazo, llevarlo adelante.

No hace mucho, en esta misma Comisión tenía que oír al Portavoz del Grupo Popular, y anterior Consejero, con el cual hemos discutido infinidad de veces de este tema "no caiga en esa trampa, señor Consejero -le decía-, que lo único que quieren es ahorrar dinero a las Diputaciones Provinciales".

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Por tanto, el nuevo camino emprendido, yo me alegra y le felicito. Y, es más, usted ha dicho algo: que pedía nuestro apoyo como Comisión para llevar adelante el proyecto de Santa Isabel de León. De antemano, ya lo tiene, y le digo más: no le voy a criticar el exceso de dinero que va a gastar el año noventa y tres, porque, indudablemente -¡ojalá sea verdad-, yo no me lo creo, ni creo que usted tampoco, que con 624.000.000 de pesetas se dé (616 que aportan y 8 suyos, 624), se dé una buena asistencia a trescientos cincuenta pacientes. No me lo creo. No le voy a criticar el exceso de dinero, porque lo que antepongo es la política que se ha iniciado.

Pero es triste -y lo decía don Virgilio Buiza- que todo lo que no hemos conseguido en razonamientos en esta Comisión y en conversaciones con la Consejería, lo tuviese que conseguir lo que usted ha empezado diciendo: la declaración de incompetente de la Diputación Provincial para ese tema, la amenaza de clausura por parte de Caja España y, por tanto, la alarma que se creó en la sociedad leonesa. ¿Usted se imagina, si esto hubiesen hecho todas las Diputaciones de la Región, qué tendrían que haber hecho hace tiempo? Por qué tenemos que dar lugar a eso, en vez de, razonablemente, empezar a dialogar? Porque -siempre lo hemos dicho- no se trata tanto de ahorrar dinero a las Diputaciones, sino que pague quien debe pagarlo; y en unos casos es el INSALUD y en otros el INSERSO. Mucho ahorraría esta Comunidad Autónoma si la Junta llevase todos los hospitales generales y todos los psiquiátricos.

Porque -usted acaba de decirlo-, ¿de dónde sale el precio de 11.000-12.000 pesetas cama. No sale... Cuando una Diputación dialoga con el INSALUD dice: "lo que dice el Decreto de Clasificación", y el Decreto de Clasificación le dice a usted 6.400, y no dialoga más. Si usted administra todas las camas de la Región, el INSALUD entrará por donde debe entrar y pagará a los que deba pagar. Pero, además, le servirá a usted para saber el costo de la sanidad hospitalaria, el día que reciba las transferencias del INSALUD.

No es la primera vez que le he dicho que, si seguían por este camino, la mayor trampa iban a tener el día que recibiesen las transferencias del INSALUD, que le iba a pagar lo que el INSALUD gasta actualmente. Y, claro, le iba a transferir a razón de 6.400 pesetas cama y día, que paga a las Diputaciones. Y el día que usted las tuviese, le iban a salir a 14.000.

Por tanto, no se trata solamente de ahorrar dinero a las Diputaciones, que, en parte, va a ser así; se trata, en primer lugar, de tener una buena asistencia sanitaria y una buena asistencia psiquiátrica; de coordinar esa asistencia en todas las provincias y a todos los niveles; de que la Junta de Castilla y León, y usted como Consejero, sepa los costos reales de la camas hospitalarias, y de las camas psiquiátricas y las camas de asistencia social; que el INSALUD y el INSERSO paguen lo que deban pagar, porque el INSERSO, curiosamente... y le cuento una anécdota de las muchas que hace el INSERSO: sé que mi obligación es pagar la mayoría de esas camas, pero pago las de aquéllos que no estén ingresados; los que estén ingresados ya no los pago, aunque tengan derecho. ¿Cuál es la situación que puede darse? Pues, mire usted, Diputación: "Lo echo hoy a su casa y mañana lo admito". Bueno, tenemos que estar jugando, por un absurdo criterio de ahorro económico por parte de los organismos que debían atenderlo.

Por tanto, señor Consejero, mi felicitación por el camino emprendido, mi petición de que sea urgente el acuerdo con las Diputaciones. Aunque en el año noventa y cuatro usted no tiene presupuestado, no ponga dinero. Insisto, no se trata tanto de que la Junta ponga dinero el primer año; y puede buscarse un tipo de sistema como el de Santa Isabel: simbólicamente, un algo. Pero lleve usted desde el mes de enero, mejor que desde febrero, todos los hospitales, y más de cara a las negociaciones, que con el INSERSO lleva usted con mucha urgencia, y con el INSALUD va a tener que tener. Desde ese punto de vista, sabe que no solamente para la administración del Hospital Santa Isabel; para el de Burgos, para toda la Comunidad, tiene nuestro apoyo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Miguel Angel Trapero tiene la palabra.

TRAPERO GARCIA

EL SEÑOR TRAPERO GARCIA: Gracias, señor Presidente. Y gracias al señor Consejero, también, por su exposición sobre este tema. Y tengo que darle las gracias, en primer lugar, porque, probablemente, éste es uno de los temas donde ser pesado, ejercer la oposición, insistir cuarenta veces tiene su gratificación. Es verdad -y lo recordaba el señor Portavoz del CDS- que hasta no hace mucho seguía habiendo desconfianzas, que yo entiendo, desconfianzas que entiendo perfectamente, de carácter económico, a hacer una asunción desordenada de los hospitales de carácter provincial; y también es verdad que, desde el texto de la Ley de Ordenación Sanitaria, parece que se han solventado, en cierta medida, esas desconfianzas y se ha impuesto una cierta, un cierto orden en la asunción, en la propia Ley, que obliga ya a hacer una negociación ordenada en el tiempo y con compromisos concretos.

Por lo tanto, yo creo que, en primer lugar, pues, la satisfacción del Grupo Socialista, y creo que de todos los Grupos, porque éste es un tema en el cual, después de la aprobación de la Ley de Ordenación Sanitaria, todos coincidimos. Y creo que aquí la labor de la oposición, más que nada, es, sobre todo, incentivar y pinchar al Gobierno para que se realice en los plazos más razonables y la incorporación se vaya haciendo de la forma más razonable posible.

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Quiero decirle también que, en estos dos ejemplos que usted nos pone, es verdad que no ha sido la propia iniciativa de la Ley de Ordenación Sanitaria, ni siquiera de la propia Consejería, ni de una programación en el tiempo, sino que han sido debidos y consecuencia a que ustedes han tenido que actuar como bomberos -digámoslo así- en dos conflictos que estaban presentes. Yo sé que no han podido actuar de otra manera, que eso es verdad. Pero sí me gustaría pedir a la Consejería -y creo que así lo ha anunciado el Consejero- que se anticipe a esos posibles incendios con una negociación ordenada en el tiempo; porque, si no, al final, lo que fomentamos es que quien provoca el incendio es el que obliga a la Consejería a irlo a apagar y, por lo tanto, destinar recursos. Y yo creo que ése es un -digamos- mal ejemplo, y es preferible que la incorporación se realice de una forma ordenada, comprendiendo, como comprendemos, perfectamente, que la Consejería no podía hacer otra cosa más que actuar de bombero en estos dos casos, que eran realmente preocupantes.

En tercer lugar, decirle que, como compartimos también la preocupación económica por los fondos de esta Comunidad Autónoma -como le aconsejaba en cierto momento el Portavoz de su Grupo, porque no podría ser de otra manera-, nos parece importante que intenten -y en eso contarán con todo el apoyo del Grupo Parlamentario de estas Cortes, independiente de que haya también personas de todos los colores políticos que traten de defender los intereses económicos de las Instituciones Locales donde están- que no se detraigan fondos de la asistencia sanitaria. Que es importante. Que las negociaciones no se hacen, en absoluto, para liberar recursos de otras Administraciones; se hacen para racionalizar el funcionamiento de las Administraciones, para coadyuvar entre todos en la financiación. Pero este Grupo Parlamentario no apoyará el que se desvinculen fondos sanitarios, de las instituciones que sean, en el servicio sanitario, porque así costará más a esta Comunidad Autónoma y podremos atender menos problemas, si se hace así.

Por lo tanto, el objetivo no es liberar recursos a las Administraciones Locales. Yo creo que ése no es el objetivo. El objetivo de verdad es integrar los hospitales provinciales en una red coordinada y realizar las transformaciones necesarias. En ese sentido, sentimos que el compromiso de Caja España no llegue más que hasta cinco años, porque, efectivamente, en estos momentos la cuentas salen muy bien; cuando ya empezarán a no salir tan bien es a partir del quinto año. Yo sé que, cuando uno negocia, pues, negocia con todas sus consecuencias, y, por lo tanto, tampoco le voy a enseñar nada al señor Consejero. Yo creo que él era el primer interesado en que ni siquiera Caja España se desvinculara; y, al final, ha tenido que firmar lo más que ha conseguido en una negociación, y ésas son las negociaciones, y así se realizan.

Pero sí me gustaría decirle que la incorporación del Psiquiátrico de León se realiza no solamente para resolver un problema económico a algunas instituciones, sino que se realiza para, también, adecuar un hospital que no tenía las condiciones adecuadas o las condiciones dignas de prestación de servicio. Y, en ese sentido, me parece fundamental el que el Consejero nos cuente las reformas que se van a realizar en el Hospital Psiquiátrico, porque yo creo que este hospital tiene que servir, un poco, de piloto para lo que hay que hacer en el resto de los hospitales de las Diputaciones Provinciales. Del sistema viejo que estaba imperante en este psiquiátrico, y que todavía impera en bastantes de nuestros psiquiátricos provinciales, hay que pasar a otro sistema completamente diferente. Me alegro, y vamos a intentar seguirlo, que el señor Consejero nos diga que se ha empezado a diferenciar unidades dentro del Psiquiátrico y se han empezado a clasificar según sus propias patologías o los enfermos, y nos gustaría también saber si, efectivamente, en ese hospital se van a crear estructuras intermedias.

Y cuándo se va a hacer, y con qué programa y en qué tiempos. Porque, efectivamente, yo creo, y me gustaría tratar de convencer a esta Comisión y al señor Consejero que, probablemente, sea más barato el funcionamiento de los psiquiátricos nuevos que los viejos, porque los viejos obligaban a tener encerrados con largas estancias a pacientes que no debían estar clasificados como ello. Por lo tanto, la reforma de la atención psiquiátrica no solamente, y fundamentalmente, se hace en beneficio de los pacientes y de la asistencia psiquiátrica, sino que yo puedo asegurarle al señor Consejero que en los sitios donde se ha hecho -y siempre que también se haya llegado a convenios con otras instituciones- la asistencia es más barata, además de ser bastante mejor y más razonable.

Por lo tanto, estamos a la espera de ver el funcionamiento de las reformas en este Hospital Psiquiátrico, que tienen que servir, un poco, de piloto para lo que se va a hacer en el resto de los hospitales provinciales, cuando se celebren las integraciones o las incorporaciones correspondientes.

Y, con respecto al hospital Divino Vallés, decir que nos alegramos de la incorporación de la Junta, que sé que se ha realizado también para cubrir otras carencias, en su cierto momento, de otras no incorporaciones. Y que también nos alegramos de la última integración de los trabajadores de Fuente Bermeja que ustedes han hecho en el hospital Divino Vallés. Nos parece que eso era lo racional, así desde el principio lo pedimos, y parece que la Consejería, aunque sea pasado un cierto tiempo y más bien por las propias obras que se están celebrando en Fuente Bermeja, incorpore a estos trabajadores al Divino Vallés.

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Lo único que nos surge es una pregunta en este asunto. Si, efectivamente, se incorporan los trabajadores, querríamos saber cuál es el nivel de ocupación y queríamos hacerle alguna reflexión al señor Consejero. Probablemente, hay dudas razonables de si no pudiera incorporarse a este mismo hospital, al Divino Vallés, la unidad de rehabilitación o las unidades intermedias psiquiátricas que ustedes quieren ubicar directamente en Fuente Bermeja. Y en estos presupuestos vamos a tener oportunidad también de debatir de este tema, porque alguna enmienda les prepararemos. Yo creo que sería probablemente una mejor utilización de los recursos y más razonable, si el nivel de ocupación no lo prevén ustedes al 100%, que utilizaran el Divino Vallés como unidad de rehabilitación, como unidad intermedia de asistencia psiquiátrica, y que pensaran en otra utilización para Fuente Bermeja, que no necesariamente llevara una rehabilitación de mil y pico millones de pesetas; me parece que la última evaluación que hacen en el presupuestos es de 1.100 y pico millones de pesetas. Nosotros le hemos pedido y urgido a la Consejería en repetidas ocasiones que definiera cuál era la utilidad y a qué se iba a dedicar Fuente Bermeja. Lo que no tenemos tan claro es que la decisión que han tomado sea una decisión acertada y razonable, sobre todo en función de los propios costes que va a tener la rehabilitación de este hospital de Fuente Bermeja.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Francisco Javier León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a referirme, en primer lugar, y por extenso, al tema de León, porque el otro yo creo que da para menos. Y quizás fuera bueno que nos pusiéramos de acuerdo en una serie de premisas, dado el clima de comprensión y de diálogo, que hoy va a hacer que, al final, terminemos todos besándonos, pues, a lo mejor es bueno que sentemos unas premisas para fijar el debate.

Yo creo que coincidirán todos ustedes conmigo en que las corporaciones locales y, en concreto, las diputaciones, las administraciones autonómicas -y, en concreto, la Junta de Castilla y León- y la Administración Central del Estado se nutren de un mismo fondo de ingresos, que son los impuestos que pagamos todos. Primera premisa en la que creo que vamos a coincidir, y que, por otra parte, es legítimo que los responsables de las diputaciones quieran ahorrar la pela -si se me permite la expresión-, los de las comunidades autónomas sacar el máximo rendimiento a sus presupuestos, y otro tanto la Administración Central. Parece, por los asentimientos que veo en la sala, que todos estamos de acuerdo.

Coincidirán Sus Señorías conmigo que en los establecimientos psiquiátricos hay dos tipos de internos, los que convencionalmente se vienen llamando casos sociales y lo que realmente son enfermos mentales. Parece que también nos vamos poniendo de acuerdo. Seguro que a lo mejor empiezan a surgir las discrepancias cuando empezamos a analizar quién tiene la responsabilidades y las competencias.

De acuerdo con los principios que yo estudié cuando hice la licenciatura de medicina, el enfermo mental es un enfermo. Punto. Y le duele o tiene su mal localizado donde sea, de la misma forma que el enfermo de la úlcera de estómago lo tiene en el estómago, o el enfermo de la diabetes tiene su problema en el páncreas. Y, que yo sepa, la atención, la asistencia sanitaria de los enfermos -la ley no excluye a nadie- en esta Comunidad Autónoma todavía no está transferida. Quiero decir, por tanto, la responsabilidad de la atención a los enfermos psiquiátricos es de la misma entidad que quien tiene la responsabilidad de los enfermos gástricos, renales, traumatológicos, etcétera.

Y, por otro lado, la responsabilidad de los temas sociales, salvo en aquellas materias transferidas a la Comunidad Autónoma también -y esperamos que por pocos meses-, todavía lo está de derecho, pero no de hecho, en manos de la Administración Central.

Hasta hace unos años, y -de hecho- la tradición en esta... en el Estado español, en España, era que la asistencia psiquiátrica era responsabilidad de las diputaciones, y la inmensa mayoría de las diputaciones provinciales tenían sus hospitales psiquiátricos. Alguna, como la de León -a la que yo no voy a atacar, pero tampoco, en modo alguno, a defender, porque es de las pocas que no hizo un psiquiátrico y se benefició de una caja de ahorros provincial, que era Caja León, no sé si a través de la Fundación Monte León-, montó su psiquiátrico concertado, eludiendo una responsabilidad que entonces sí era obligación directa de las diputaciones, pero que, desde luego, la Diputación de León no asumió en ningún caso, buscando un convenio con una caja de ahorros, que por esas circunstancias -que todos conocemos- que tradicionalmente vinculaban las cajas de ahorros provinciales a las diputaciones, de forma y manera que quien controlaba la diputación controlaba la caja provincial, pues, en León se debió de llegar al acuerdo de que la Diputación no hacía su hospital psiquiátrico, sino que lo hacía a través de un convenio con la Caja y Monte de Piedad de León.

Que yo sepa, hasta el momento, la Junta no tiene responsabilidades ni competencias en atención médica; en atención tiene las de promoción, educación, todas esas que todos sabemos repetidas veces, pero, desde luego, no la atención sanitaria "sensu estrictu", que todavía es responsabilidad de la Administración Central.

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A raíz del estado autonómico y de la nueva Ley de Régimen Local, las diputaciones empiezan a tratar -y digo las diputaciones en general, no estoy haciendo una lectura de partido, digo las diputaciones en general, independientemente del equipo de gobierno que en cada momento la regenta-, las diputaciones comienzan a tratar de eludir algunas de las obligaciones que tradicionalmente tenían, porque, evidentemente, les cuestan mucho dinero, y todas tratan de desprenderse de los psiquiátricos, de los hospitales provinciales y de otra serie de cosas, y, sin embargo, retener otras competencias; quizás es llegado el momento de plantearse cuál es el papel de las diputaciones en el estado autonómico, pero, obviamente, eso sería objeto de otro foro, no de éste.

Pero lo que es cierto es que en el momento la Comunidad Autónoma trata de transferir algo a la diputación o al ayuntamiento -y yo también soy miembro de una corporación local- aquel que la va a recibir plantea un problema inmediato, y es la valoración de lo que va a recibir, que además no se conforma habitualmente con lo que hay antes de que lo transfieran, sino que quiere remodelarlo, adecentarlo, aumentar la plantilla, aumentar el Capítulo I, el Capítulo II y después asumirlo. Por el contrario, las diputaciones lo que habitualmente plantean: mire usted, yo no tengo responsabilidad del psiquiátrico, hágase usted cargo de él, pero no me pida una peseta. Y la realidad es que, efectivamente, en el momento actual, las diputaciones no tendrían, no tienen por qué tener la asistencia psiquiátrica, pero también es cierto que en los presupuestos iniciales de las diputaciones tenían los presupuestos que tenían, porque tenían las obligaciones que tenían. Lo que no se puede uno es desprender de las obligaciones y no de los ingresos inicialmente previstos para financiar esa obligación.

En esta Comunidad, y, desde luego, podemos felicitarnos todos -y ahí sí vamos a coincidir, por lo menos los que hemos estudiado el tema-, podemos presumir de que la reforma psiquiátrica es la Comunidad que más avanzada la tiene de las diecisiete Comunidades Autónomas del Estado español. Y eso es fruto, en gran parte, de la Consejería y, particularmente, del señor Consejero, de su Director General de Salud Pública, que además es un experto psiquiatra y que, por otra parte, fue quien negoció muy directamente el tema del hospital del que estamos hablando.

Sería bueno recordar aquí -y eso seguro que cuando menos el Portavoz Socialista lo conoce muy bien- que la Ley General de Sanidad, si no recuerdo mal, en la Transitoria Cuarta, donde habla de estos temas, especifica muy claramente -y esto es un aviso para navegantes- que cuando las Comunidades Autónomas asuman hospitales adscritos a las diputaciones los asumen con los compromisos financieros de esas diputaciones, que además tendrán que mantenerlo por una serie de años. Que nadie piense aquí que lo que se trata es de allá va el hospital con el presupuesto de este año y no quiero saber; eso está en la Ley y la Ley, hoy por hoy, está en vigor.

Por eso, señor de Fernando, yo le decía al Consejero y le reitero: cuidado con la asunción de los hospitales provinciales y de los hospitales psiquiátricos, porque, evidentemente, no sería lícito que la Junta de Castilla y León -como señalaba el Portavoz Socialista, y yo lo suscribo- distraiga los fondos de aquello de lo que tiene obligación de atender para asumir responsabilidades y competencias que le vienen desde otras administraciones, y tanto me da de arriba a abajo -de la Central a la Autonómica- como de abajo a arriba -de la Local a la Autonómica-. Por lo tanto, extrema cautela a la hora de esa asunción de competencias.

Yo creo que la asistencia en el hospital o sanatorio Santa Isabel ha mejorado sensiblemente, entre otras cosas, el propio Consejero ha hecho referencia a una ampliación de plantilla. La situación, ciertamente, era dramática, pero, desde luego, no hay que echar la culpa a la Junta, ni a la presente ni a la pasada, de lo que ocurría en el hospital Santa Isabel, con el que la Junta no tenía absolutamente nada que ver mas que la inspección y la coordinación hospitalaria que, por el Estatuto de Autonomía, es su responsabilidad. Pero el nivel y la calidad de la atención que allí se prestaba, la dotación de las plantillas, la calidad de las comidas y si se ataba o no se ataba a los enfermos, evidentemente, la responsabilidad era, en primer plano, del personal sanitario que allí prestaba servicios y, en segundo nivel, de la Administración que tradicionalmente venía haciéndose responsable de ese hospital, que no era otra que la Diputación Provincial de León; en modo alguno la Comunidad Autónoma ahí tenía nada que ver. Y si se plantea el problema de que la Diputación no quiere saber nada, léase la Ley General de Sanidad la Diputación de León, y transfiera a quien tiene la responsabilidad el tema, que, desde luego, no es la Junta de Castilla y León.

Dicho todo esto, ello no empece para que nosotros aplaudamos la gestión que se está haciendo desde la Consejería, en esa asunción progresiva de los hospitales, para lo cual, además, le hemos facilitado al Consejero, desde su Proyecto de Ley, con la colaboración de todos los Grupos Parlamentarios, un instrumento -como él decía- lo suficientemente ágil, flexible y moderno para permitir una gestión absolutamente variada, adaptada a las circunstancias de cada uno de los hospitales, de cada una de las áreas sanitarias de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, adelante con el tema.

Yo quisiera tranquilizarle, porque estoy seguro que ningún Grupo Parlamentario, no me gusta jugar a las profecías, pero yo podía asegurarle de entrada -fíjese lo que le voy a decir, figurará en el Diario de Sesiones- que el Grupo Socialista no le va a tocar a usted el Capítulo II, porque el Portavoz económico del Grupo Socialista, en Comisión primero y en Pleno después, ha aplaudido su gestión en el Capítulo II. Es más, si alguna iniciativa, vía enmienda, hay en su Capítulo II desde el Grupo Socialista, estoy seguro que será para aumentárselo y no para disminuírselo, porque el profesor Jiménez-Ridruejo dudaba que usted llegara a fin de año con el Capítulo II que tiene. Por ese lado, yo estoy seguro que no va a tener el más mínimo problema.

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Por lo tanto, en el tema de Santa Isabel sigan ustedes adelante. Sigan en la reforma psiquiátrica, que ahí dentro se había entrado menos, porque era una situación un tanto atípica de una entidad privada gestionando algo que tenía que hacer una corporación pública, y, por lo tanto, la capacidad de entrada de la Junta en esa reforma psiquiátrica estaba un tanto limitada. Y estoy convencido... porque cuando se habla del precio de cama y día no se puede generalizar, señor de Fernando, nada tiene que ver el costo de una cama en un psiquiátrico, que en el 90% de los internos es poco más que un hotel, son pacientes crónicos a los que se somete... o que un geriátrico, o poco más, muy poco más tiene que ver, porque la medicación que se da es escasa, el tratamiento médico es escaso y, realmente, poco más tiene que ver eso que un hospital donde los gastos se hacen cama y día, pero se generan de forma exponencial, porque se reparten los gastos de la UCI, de las diálisis, de los quirófanos, de la radioterapia, de la cirugía de alta complicación, que eso, evidentemente, es lo que grava cama y día. Otra cosa es, luego, que el INSALUD nos trate de engañar a todos. Ese es otro tema, porque el INSALUD trata también de sacar su rentabilidad.

Yo sí suscribo una cosa que ha dicho el señor de Fernando aquí. Tan la suscribo que, siendo yo Consejero de Sanidad y el actual Consejero Secretario General, se acordará él que reunimos a los Presidentes de las nueve Diputaciones, precisamente para hacer algo que usted ha dicho aquí: déjennos a nosotros negociar con el INSALUD, porque el INSALUD, sabemos nosotros, necesita camas en unos sitios sí y en otros no. Y si nosotros negociamos directamente todas las camas, podremos apretar. Pues, mire usted, esto se celebraba un día, en una sala de juntas en la Consejería de Bienestar Social a las once de la mañana, y a la mañana siguiente yo leía en un periódico local, a bombo y platillo, como un Presidente de una Diputación se reunía ese mismo día para negociar las camas con el INSALUD, que nos había dicho que íbamos a negociar nosotros. Por lo tanto, yo no dudo de la buena voluntad de todas las diputaciones, pero, a la hora de la verdad, nos reuníamos en la mesa, decían blanco, y salían y hacían negro.

Y termino, porque me estoy alargando más de lo previsto. Con respecto al Hospital Divino Valles, pues, yo creo que en este clima de diálogo, que, incluso -por lo que parece-, no sólo es a nivel nacional, sino que hasta en Burgos ya se fotografían el Gobernador Civil y el Presidente de la Diputación juntos, pues, yo sí pediría a todos los Grupos, y -por qué no decirlo- de forma explícita al Grupo Socialista, que trate de gestionar una mejor colaboración con el INSALUD. También ahí me ha ganado a mí el Consejero: yo no conseguí reunir aquella comisión hospitalaria, que pedí que se constituyera, que se constituyó, pero que no llegó a reunirse nunca. Ahora parece que se empieza a reunir. Porque también van a coincidir -y con eso termino- que es mucho más razonable en lugar de tener unas listas de espera tremendas como hay en Burgos -y alguien aquí hay más cualificado que este Portavoz para decirlo-, o tener terceras camas o camas atravesadas en el Hospital del INSALUD de Burgos, ocupar al cien por cien el Hospital Divino Valles. Eso es algo que es una demanda -creo- tan elemental que nadie medianamente sensato puede decir que no es de recibo que la apoyemos todos, y que cada uno, al nivel que pueda, haga gestiones en ese sentido.

Por lo tanto, y termino, enhorabuena, señor Consejero, y adelante con los faroles.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para contestar las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Consejero.

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Gracias, señor Presidente. Yo quisiera empezar con unas apreciaciones globales que valen para responder a todos los Grupos a la vez y que, de alguna forma, están en el contexto, que es, ciertamente, -yo diría- muy, muy agradable de la comparecencia de este Consejero esta tarde.

Yo soy el que quiero tranquilizar a todos los Grupos políticos. Yo creo que están en su derecho de conocer que las negociaciones que se están llevando a cabo para la sucesiva adscripción o periódica adscripción de estos hospitales no se nos oculta -al equipo que conmigo trabaja y a esta Consejero- que son tremendamente difíciles y que tienen en su mismo seno, bueno, el embrión de lo que puede ser una mala negociación, o el desastre a que podía llevar desde el punto de vista presupuestario. Yo creo que hemos dado pruebas -insisto, no este Consejero, sino el equipo, y, hasta el momento, los que han negociado estos tres, ya, convenios de adscripción-, pruebas de madurez en la gestión. Es verdad que el instrumento jurídico, que es la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario, lo pone mucho más fácil y que el escenario en este momento es mucho más sencillo. Pero es bueno que sepan Sus Señorías que, en esto, hemos llegado a hacer dos convenios, que yo he descrito aquí, y -por qué no- la adscripción en su momento del Hospital Provincial de Soria, que se han llevado -a mi juicio- con extraordinario rigor, con una percepción de lo que puede ser un desequilibrio presupuestario a la hora de negociar este tipo de actuaciones, y que hacen posible que esta tarde, en esta comparecencia, yo le traslade, por una parte, la descripción de lo que es y esté en condiciones de afirmar que Sus Señorías pueden creer que el equipo que ha hecho posible estos dos convenios y uno más, el tercero, de Soria, va a ser capaz de seguir negociando, paulatinamente y en los plazos que la Ley se ha dado -a través de la Adicional Sexta el resto de los hospitales, sin poner en ningún momento en peligro lo que puede ser el equilibrio presupuestario de una Consejería, que podría, con una mala gestión de estos hospitales, arrastrar de una forma peligrosa a las finanzas de la Comunidad Autónoma.

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Por tanto, yo quería empezar por ahí, porque, efectivamente, soy consciente de, por una parte, las advertencias, de, por otra parte, las cautelas, de, por otra parte, los ánimos para que sigamos adelante. Pero yo creo que este equipo que trabaja conmigo y este Consejero hemos dado pruebas evidentes de tener las ideas muy claras en cuanto a la gestión; y que, por tanto, hasta aquí hemos llegado y, a partir de aquí, vamos a seguir -créanlo- desde el mismo rigor y desde la misma forma de actuar, que está dando, a mi juicio, unos buenos resultados.

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Era ésta una primera apreciación. La segunda, que es también muy importante, de carácter general, la ha dicho alguien también aquí, pero yo creo que debe quedar muy clara. Hay una discusión que ha sido la que ha presidido el escenario de la negociación en el Santa Isabel, y con ello también respondo al representante de Izquierda Unida y empiezo por ahí..., del Grupo Mixto, perdón, señor Buiza, el responsable, digo, que me decía sobre la competencia. Es tremendamente importante que se deje claro aquí que -como ha dicho algún responsable, creo que ha sido el responsable o el Portavoz del Grupo Popular- nuestra Ley, nuestra Ley General de Sanidad establece en su Artículo 20 que un paciente psiquiátrico es, sin ninguna duda, igual a cualquier otro paciente de patología somática cualquiera y, por tanto, es responsable el Sistema Nacional de Salud. Es decir, no hay ninguna duda sobre eso. Yo, incluso, diría más: en este tema, lo que sí -y estoy dispuesto a reconocerlo- se han producido, incluso, son evidencias tales como (si no recuerdo mal, y si no que me corrija) lo que supuso un pleito, un contencioso que estableció la Diputación de Avila, siendo responsable de la misma el señor Daniel de Fernando, contra el sujeto pasivo competente, que no era la Junta de Castilla y León, sino que era -y así se reconoció- el INSALUD, es decir, el responsable todavía de esta Comunidad, y en otras muchas del 143, de la asistencia sanitaria. Y que -en eso estoy de acuerdo- da igual que sea psiquiátrica que de cualquier otro tipo de patología. Esa es otra premisa que debe quedar muy clara.

Por tanto, y por eso empiezo a responderle a usted, créame que el escenario conflictivo que existía en León, y del que yo me lamento como ciudadano de Castilla y León, no era en absoluto responsabilidad de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para nada. Lo que sí fue... -y es verdad que eso yo quiero reconocerlo aquí-, fue la sensibilidad del responsable de salud de la Consejería, que, de alguna forma, por su especialidad en psiquiatría, no pudo soportar el ver que la circunstancia se estaba agravando. Y, por otra parte, porque también es verdad que hay un cierto talante de garantizador de todas las prestaciones y se quiso entrar a, con las demás partes, negociar una salida de aquel conflicto. Pero en absoluto puede entenderse que fuéramos responsables de aquel conflicto en León, porque si no sería, pues... claro, haber acudido a apagar un fuego que nosotros, desde luego, ni habíamos propiciado ni es responsabilidad, en absoluto, nuestra, como ha quedado probado posteriormente; porque mucho me temo que, de haber visto algún resquicio el Presidente de la Diputación de León para establecer la responsabilidad de la Junta de Castilla y León, no hubiera aceptado seguir pagando los trescientos y pico millones que va a pagar y que está pagando, aunque, todavía, por cierto, aún no hemos recibido en su totalidad; pero que tiene comprometido el pago.

Por tanto, eso es muy importante para que usted entienda que nunca ha habido competencia plena en materia de ... Y voy a decirle más. Hay un reconocimiento que yo quiero hacer aquí en público: quizá la profesionalidad del Director General como psiquiatra, quizá su especialidad médica, quizá su afán por trabajar en el área de salud mental ha producido -y lo voy a reconocer aquí- una perplejidad en esta Comunidad y ha llevado a que, al estar él... sí, estar auditando muchos de los hospitales psiquiátricos -que ésa sí es competencia nuestra-, y al hacerlo de tal suerte -que lo hacía, pues, con una voluntad inequívoca de mejorar las circunstancias-, alguien haya podido tener la percepción perpleja (porque no era cierta) de que es una competencia nuestra, no lo ha sido y no lo es. Lo que sí es cierto es que nosotros no estamos ahora, porque el escenario ha cambiado, más que en un escenario marcado por nuestra propia Ley, del que se puede salir, con las pautas que estamos teniendo, negociando centro a centro; y yo creo que ésa va a ser la solución en los próximos dos años. Pero, créanme, no somos responsables de ese incendio que usted dice que había en León, cuando acudimos como bomberos. No lo somos y, por tanto, debe quedar eso extraordinariamente claro. Por lo demás, ya ve usted que yo le agradezco mucho sus felicitaciones y, por cierto, también le agradezco que me anime a seguir adelante por este camino. Ya le digo: puede estar usted tranquilo, porque voy a seguir, desde luego, con las mismas cautelas y con los mismos rigores en la negociación, que algunos Presidentes de Diputación, que ya conocen, luego se lamentan, para sacar adelante la negociación.

Al responsable del Centro Democrático y Social, yo creo que con 624.000.000, no sé si los sacaremos, yo creo que sí por lo que le decía antes, de que tenemos un "catering" compartido con el Monte San Isidro, León, y tenemos otras serie de actividades, que si usted... y yo le invito a que conozca como están las instalaciones del Santa Isabel en este momento, verá que hay un -seguro- recorte de gastos corrientes importante, por mor de la tecnología que se ha introducido en ese centro, fruto de la colaboración con Caja España, que fue muy generosa en las inversiones que allí introdujo. Pero, fruto de ello, puede haber un recorte en los gastos, y que yo me aventuro a decir que, a estas alturas del noventa y tres, ya es muy difícil equivocarse, y he mantenido en esta Comisión que sí que van por ahí las cifras de gasto.

Sobre competencias... A usted, yo me remito a su intervención que habrá quedado grabada. Usted sí ha dicho que la competencia, y lo sabe muy bien, es del INSALUD, o del INSERSO en su caso. Por tanto, a usted no le voy a decir lo que le decía al señor Buiza, pero, créame, el Portavoz del Centro Democrático y Social conoce bien esta materia, porque fue titular de un pleito, de un conflicto de competencia, que ganó -si no recuerdo mal-, pero ganó, insisto- al INSALUD en su momento, no a la Junta; y que recibió la indemnización del INSALUD en su momento, no de la Junta. En los pleitos hay una cosa que es la responsabilidad del sujeto y no puede ser el que no es. Por tanto, él definió, y yo siempre me he basado en ese pleito que tuvo, quién es el verdaderamente responsable de esta materia hasta ahora.

Yo he oído también de su boca una felicitación que le agradezco mucho, y también le quiero tranquilizar en cuanto a los acuerdos. Los acuerdos van a seguir con el tenor siguiente, repitiendo un poco lo que decía antes. En primer lugar, los seis meses para la constitución de las comisiones mixtas no se van a agotar; yo quiero crear las comisiones mixtas en diciembre de mil novecientos noventa y tres, donde estarán representadas la Comunidad Autónoma y, bilateralmente, las Diputaciones que vayan a entrar, las que en este momento quedan, que si quiere yo le recuerdo los centros que están ahora en disposición o adscritos a la Diputación, pero ya lo sabrá usted. Y el acuerdo urgente, que yo espero empezar a negociar, tendrá que tener, según dice nuestra Ley, el escenario de los próximos dos años, a partir de la aprobación, pero -y quiero dejarlo muy claro aquí, porque es el texto de la Ley- no para que estén adscritos la totalidad de los centros u hospitales, sino para que estén negociados y convenidos los traspasos de la totalidad de los centros, que es muy diferente; eso es lo que tenemos que hacer en dos años. Yo creo que sí se puede pensar que estén la totalidad de los traspasos negociados en su... en ese período.

En cuanto a los costes reales de camas, aquí hay un debate que es realmente interesante. Nosotros estamos viendo, porque tenemos ya toda la información de la región, la disparidad del coste de camas, que, desde luego, hace pensar que en esto lo mejor es ser hábiles negociadores, porque cada uno ha conseguido unos precios diferentes. No es casualidad que el hospital que en su día asumiera íntegramente el INSALUD en León sea el que paga las camas más caras de toda la región. Ni siquiera el buen... y yo he calificado de buen acuerdo obtenido con el INSALUD para el hospital Divino Vallés de Burgos, 11.000 pesetas las cama, supera lo que ellos, asimismo, se han pagado en las camas del Hospital de León, que asumió, hizo una modalidad, íntegramente -como ustedes saben- el INSALUD. Por tanto, ahí habrá que negociar y, efectivamente, ahí el poder negociar con mayor conocimiento, pero también con mayor fuerza, porque sean varios, pues, supone, desde luego, una mejora.

Ahora bien, en eso también digo que el escenario de las relaciones con el INSALUD ha cambiado mucho. Yo, Señoría, le digo que en eso podemos estar no digo del todo satisfechos, pero no es lo mismo el escenario en el que yo me movía al principio de este mandato como Consejero que el escenario en que me muevo dos años después. Es bueno que se sepa que ahora hay una cierta racionalidad, a la hora de negociar, que antes era más difícil de encontrar; supongo que la habría también, pero era más difícil de encontrar.

Y al responsable del Partido Socialista, pues, a él yo sí quería hablar de algo que él ha planteado, y es que la iniciativa -decía él- no ha sido exactamente de la Consejería. Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto en León -y usted lo sabe-, no de la misma manera que en Burgos, pero también, es la capacidad de respuesta de un Gobierno. Ahí había un conflicto y el responsable de Sanidad de esta Comunidad -garante, de alguna forma- ha sido capaz de dar respuesta, y respuesta puntual, y ahora, por lo que vemos, respuesta favorable y respuesta que ha sido por todos ustedes bien acogida, a un problema grave que había en León. Lo cual en ningún caso, porque es una trampa tremenda, hace que yo asuma la responsabilidad de la auditoría de esa circunstancia, de ese escenario, porque no soy responsable en absoluto. Por tanto, sí es verdad que ahí había un escenario realmente dramático, con la posibilidad de que hubiera enfermos en la calle, y acudimos; como podíamos haber también hecho un ejercicio de inhibición, habernos salido, y decir: no somos competentes. Creo que hicimos lo que debíamos hacer; estamos ahora, de alguna forma, satisfechos por el resultado de lo mismo. Pero yo quiero que quede muy claro en la intervención que ese escenario grave que había en León no era en absoluto responsabilidad de este Consejero, ni de este Gobierno, ni en forma alguna del equipo que tiene la Consejería. Por eso, la fórmula o la metáfora que usted ha hecho de que éramos bomberos, que acudíamos a apagar un fuego, yo creo que era... sencillamente, éramos un equipo que hacía un ejercicio extraordinario de responsabilidad ante lo que podía haber pasado si las entidades realmente vinculadas, Caja España y Diputación, con el INSALUD, en su caso -que también tendría su competencia-, hubiéramos dejado que actuaran, porque yo creo que no habrían podido o sabido resolver el enorme problema que había allí.

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El objetivo, comparto con usted, no es solamente liberalizar o, de alguna forma, aligerar de problemas presupuestarios a las Diputaciones o Corporaciones Locales, que se que están muy... porque eso no basta. Yo también estoy de acuerdo en que la definitiva finalidad de la disposición de la Ley es crear una red coordinada y hacer verdad una competencia que desde siempre ha estado aquí transferida, que es la de coordinación hospitalaria. Hacerla de verdad quiere decir que tenemos que tener la posibilidad pero de forma paulatina, sin ningún tipo de precipitación. En esto no es bueno improvisar. Pero la finalidad es ésa, es tener la coordinación hospitalaria de aquellos centros sanitarios que prestan este servicio a través de... bueno de la gestión compartida, participada, directa, con las diferentes formas que la ley establece en una de las -yo lo he definido antes-... de más modernas y flexibles formas de gestión que se encuentra en un texto legislativo vigente en la actualidad, en toda Europa, no sólo en España -yo creo que, junto a Holanda, lo he dicho muchas veces, es el texto más abierto, más flexible-; pues, ahí es donde nosotros tenemos que basarnos.

Y decirle que las reformas que se me pedían, yo creo que he sido capaz de decírselas antes, pero se las puedo señalar. Efectivamente, hay un futuro halagüeño dentro de lo que ha sido la reforma del hospital propiamente. No se hacía solamente para sacar adelante un problema, sino que la unidad de hospitalización para pacientes -que lo he dicho antes- agudos en coordinación con el Insalud está funcionando bien, aunque sólo va a estar funcionando hasta que se abra el hospital de El Bierzo. Contamos con una unidad de rehabilitación psiquiátrica ya con treinta y dos camas, que trabaja con pacientes ya ingresados y prepara paulatinamente el alta. Hay una Unidad de Psiquiatría para pacientes crónicos con menores posibilidades de rehabilitación y de salida. Le decía antes que hay área residencial, que antes no existía, que viene trabajando en la mejora de las condiciones de los deficientes y los ancianos ingresados, siendo intención que estos enfermos y cronificados vayan pasando al Sistema de Acción Social, dentro de lo que en estos momentos compartimos todos. Y se han mejorado sustancialmente casi todas las condiciones del hospital, tanto desde el punto de vista del personal, como desde el punto de vista de inversiones técnicas; el hospital es realmente otra cosa y su funcionamiento se empieza a ver día a día como mejor. Por tanto, en eso sí que hemos -yo creo- acertado.

Y respecto a las apreciaciones que ha hecho, en cuanto al Divino Vallés y su complementariedad con Fuente Bermeja, yo no dejo de sorprenderme. Porque, efectivamente, Fuente Bermeja es el último hospital -como usted sabe- de una transferencia que no se hizo en las mejores condiciones para esta Comunidad; no se hizo en las mejores condiciones por muchas circunstancias, que yo no voy a recordar. Y, siendo el último, ha sido un hospital que el Grupo, y yo lo dije en otra comparecencia, el Grupo en el que usted está, el Grupo Socialista, a través de otro Portavoz -en su caso, era el Portavoz Octavio Granado-, ha demandado la solución de Fuente Bermeja en esta misma Comisión, en la Comisión de Presupuestos, por pregunta escrita, creo recordar, una y mil veces, para sacar adelante este hospital. Ahora que nos disponemos a ejecutar o a adjudicar la obra para ejecutar esta reforma de este hospital, último que queda dentro de la transferencia, no parece que usted esté de acuerdo en las condiciones que hemos pactado... no que hemos pactado, que hemos anunciado que vamos a darle a este hospital. Yo creo que está decidido, sin perjuicio, créame... que yo no estoy en absoluto dispuesto a dilapidar un solo duro y si, realmente, se pudiera -que yo no creo que se pueda- atajar los problemas que tiene, desde el punto de vista psiquiátrico, Burgos -piense usted en Oña, piense usted en los centros que, llamándose residencias, están llenos de enfermos psiquiátricos, o por lo menos de casos sociales, pero donde todavía no se ha auditado, por tanto, no podemos afirmar-, si eso fuera posible dentro del Divino Vallés, pues a lo mejor lo reconsiderábamos. Pero yo creo, y así me lo han informado a mí el Director General, no va a ser posible.

Y, finalmente, al Portavoz del Partido Popular, que ha hecho una exposición -yo creo- de cuáles son los criterios y los problemas fundamentales que ha tenido y tiene respecto a la competencia en materia psiquiátrica de esta Comunidad. Yo creo que todas. Yo creo que ha tocado las cuestiones básicas, porque las conoce muy bien desde hace mucho tiempo. Estoy plenamente de acuerdo con el planteamiento del análisis global que ha hecho de ese problema. Y solamente decirle que respecto a la última afirmación que usted ha hecho, de que yo le he ganado la posibilidad de acercarme al Insalud, quiero decírselo a usted y decirlo aquí: yo no le he ganado a usted en esto, sino que el escenario es diferente sustancialmente. Estamos -yo lo creo y lo voy a afirmar así- en un momento muy maduro de las relaciones entre la Junta y Castilla y León, Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y el Insalud que actúa en esta Comunidad, y yo creo que el Insalud que actúa en toda España, porque creo que se acerca -y cada vez más- el momento cierto de la transferencia de esa competencia a esta Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Consejero. Abrimos un turno de réplica. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Buiza.

BUIZA DIEZ

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EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Voy a ser breve. Intervengo un poco a raíz de la intervención también del señor Consejero, con respecto a mi propia intervención, porque me parece que... observo una aparente contradicción. Se centra mucho el tema en la cuestión de la competencia, cuando yo creo que es algo en lo que casi todos estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo, en el sentido de que nadie es competente; unos con mayores argumentos legales -la Junta de Castilla y León quizás-, otros con menores argumentos legales. Pero el hecho cierto es que, por unas o por otras razones, nadie quiere ser competente en esta materia. Y, bueno, no creo que sean motivos de discusión, porque estamos hablando no ya de cuestiones jurídicas, que además usted nos ha anunciado que están pendientes de resolución judicial, y que incluso ha habido un compromiso de caballeros para asumir un poco ese planteamiento judicial que en su caso se produzca, sino que yo le aplaudía el acuerdo al que había llegado en el tema de León, en el tema de Burgos, también; los proyectos de futuro que tiene con el resto de las Corporaciones Locales, Diputaciones; las mejoras, que por lo menos en el tema de León se han visto en cuanto al funcionamiento.

Y le reconocía que, utilizando esa metáfora que ha aparecido por aquí con tanto éxito, que al final usted ha hecho de bombero, con competencias o sin ellas. Es decir, que usted ha colaborado también a pagar el fuego. Yo no le criticaba eso; yo lo que le criticaba es que por qué se dejó que el incendio fuese tan grande, aparatoso, llamativo y que creó una extraña e innecesaria preocupación entre unos y otros, para luego juntarse todos para apagar el incendio. Porque, claro, casi entendería mejor una postura de que usted dice: no, es que nosotros no somos competentes, no hemos provocado el incendio, no tenemos por qué apagarlo, y no lo hemos apagado. Bueno, pues, entendería con más nitidez esa posición.

Pero, en fin, lo que no se puede es utilizar un argumento para tomar una decisión que contradice ese argumento. Es decir, si no somos competentes, negamos en absoluto la competencia, no hubiera sido bueno meterse a hacer de bombero sin tener esa función reconocida. Es decir, que entonces vamos a partir del planteamiento de que, de una u otra forma, en mayor o en menor nivel, todas las administraciones -desde mi humilde opinión-, el primero el INSALUD, el INSALUD quizás, pero todas, en mayor o en menor grado, por unos o por otros motivos, son competentes en esta cuestión y creo que, en una dinámica de mejora de los servicios -que, a la postre, es lo que importa-, esa competencia no se debe negar radicalmente y se debe arrimar un poco el hombro en esa vía abierta en el hospital Santa Isabel de León, que parece que da buenos resultados.

Que no hay por qué hacer que las Diputaciones no se gasten un duro, sino que tendrá que seguir, en una buena lógica, arrimando el hombro; no sé si quizás descargando un poco el hombro pesado, pero arrimando el hombro, en todo caso, buscando otros apoyos externos, como pueden ser los sociales, de instituciones financieras o instituciones benéficas, y, lógicamente, la Junta de Castilla y León.

Entonces, ése era un poco el planteamiento que yo le hacía. Es decir, que criticaba un poco la tardanza, el dejar que el fuego fuese tan extenso, tan preocupante, el haber causado grandes disgustos a varios centenares de familias, a la población en general, cuando después, al final, ha habido una solución razonable: la Junta ha arrimado el hombro, la Diputación de León sigue arrimando el hombro, Caja España ha arrimado el hombro, y parece ser que ha sido una solución razonable. Entonces, yo criticaba por qué no se tendió esa mano antes y se ha tendido después; con la misma competencia, porque el tema ya no es discutir la competencia, en mayor o menor grado. Pero que quede claro que, quizás, en mi intervención deben pesar más las felicitaciones que le hago por el resultado final y por los proyectos que tiene, y, eso sí, esperando un poco que vaya cumpliendo esas previsiones que pone en duda mi compañero Daniel de Fernando, o no sé si en duda o que le preocupa que no se lleven a cabo con esa agilidad que se prevé, para que, afectivamente, y las buenas soluciones que parece han aparecido en León y en Burgos se pongan en práctica en las demás provincias, porque malo sería también que al que provoca el incendio se le ayude y al pacífico, que vela sus instalaciones, pues, se olvide uno de él. Eso sería un mal ejemplo también, ¿no? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Daniel de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. La verdad, señor Consejero, es que, después de su segunda intervención y la intervención del Portavoz del Grupo Popular, me voy mucho más intranquilo que con su primera intervención. Veo que las cosas van a seguir como estaban, con la única imagen que trasladar que se van a crear unas Comisiones Mixtas.

Primer error, el que venimos planteando o el que ha venido planteando la Junta todos estos años cuando el señor León de la Riva era Consejero. Lo primero era hablar de la peseta y así no se va a ninguna parte. Yo he sido muy claro y he dicho: el planteamiento que usted ha hecho en Santa Isabel no ha sido lo primero la peseta. Ahora resulta que va a tratar, en palabras de don Javier León, mucho peor a las Diputaciones que a la Caja España. A Caja España la va disminuyendo su aportación y, según el señor León de la Riva, las Diputaciones tendrán que aumentar su aportación para mantener la inversión actual.

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Pero, insisto, mal asunto, cuando se trata de solucionar un problema sanitario de la región, poner la peseta por delante. Porque he dicho en mi intervención que para mí es satisfactoria la solución que usted ha dado en dos sitios, con 8.000.000 en un sitio y con 55.000.000 en otro; me da igual ocho que cincuenta y cinco, y estoy seguro que al Presidente de la Diputación de Avila, de Zamora, de Palencia, que tienen hospitales generales, les da igual si se hace el planteamiento de ese tipo. Porque, probablemente, del INSALUD ingresarán 200 más, que es lo que va a hacer el Divino Vallés de Burgos. Insisto: al Divino Vallés de Burgos le va a pagar el INSALUD 4.000 pesetas más que a los demás, o 5.000, y a los demás si se unieran en virtud de que hay un Decreto de clasificación de hospitales, y ahí no figura... Fíjese usted, si usted entra desde el primer día con poco dinero, cómo sí se ahorra en las Diputaciones Provinciales. Yo nunca he dicho que las Diputaciones no paguen, y tendrán que ir pagando hasta cierto límite. Porque una cuestión está clara: quién no tiene ninguna competencia actualmente son las Diputaciones Provinciales, ni en materia social, ni en materia de sanidad. Léase la Ley General de Sanidad y léase la Ley de Régimen Local. ¿A quién puede perjudicar si las Diputaciones Provinciales pegan un cerrojazo a sus camas hospitalarias? Yo creo que a la Junta de Castilla y León en el futuro, que va a ser la responsable en poco plazo, a corto plazo -parece ser- del INSERSO. ¿Cuántas plazas en materia social están manteniendo abiertas las Diputaciones Provinciales? ¿Cuántas camas, qué índice de camas tenemos en esta Comunidad Autónoma? Y dígame si sobran camas hospitalarias en hospitales generales, con arreglo al índice de la Organización Mundial de la Salud. Creo que no nos sobra ni una cama. Y yo le aseguro que hay... yo lo inicié en Avila y me imagino que lo iniciará mi sucesor: ir cerrando paulatinamente camas. Porque, claro, cada cama abierta le cuesta 10.000 pesetas/día. Pero, mire usted, vamos cerrando camas, se jubila un médico y se cierra el servicio y adiós, y así poco a poco. Y eso no va a favor de la Junta, eso es mirar por la sanidad de la Junta, una sanidad de esta Región que sí es competencia de la Junta. No será la atención sanitaria, pero sí es responsable una Junta; un Gobierno Regional no se puede inhibir de la problemática sanitaria que tenga esta Región, de la buena o mala asistencia.

Finalmente, usted ha dicho dos años, no para la............., sino para iniciar la gestión. Yo creo, señor Consejero, que con el convenio que usted tiene hecho en León, con el convenio o el consorcio de Burgos, si tiene voluntad política, en dos meses podía tener firmado un convenio que, sin la aportación económica que peligre los presupuestos de su Consejería en absoluto, podía iniciar a llevar la gestión de todos los hospitales, -y le he dicho antes, fundamental, para su conocimiento, de cara a la negociación que tiene que mantener con el INSERSO y de cara a la negociación que tiene que mantener con el INSALUD. El retrasar dos años, le meterán goles en el INSERSO y le volverán a meter goles en el INSALUD, como en su día metieron goles -y ustedes lo están viviendo- cuando se hicieron las primeras transferencias, debido a que nadie sabía lo que iba a suponer en el futuro la carreteras de esta Región, por ejemplo. Pues, así le va a pasar: no va a saber usted lo que de verdad sería el gasto del INSERSO en esta Comunidad, porque difícilmente lo va a saber cuando el Ministerio de Servicios Sociales le presente unas cuentas de lo que están gastando.

Por tanto, señor Consejero, le digo como empecé: lamento, y ojalá me equivoque... Así como le decía que aunque me equivoque en el precio/cama -que me decía el Portavoz-, ya sé lo que es y sé... en el hospital, en Avila, teníamos un psiquiátrico y......... otro, pero tenga en cuenta que 614.000.000 no da 5.000 pesetas cama y día. Difícilmente un hotel, con el doble de empleados de los que tiene un hotel -porque en un psiquiátrico no puedes tener un empleado-, le pueden dar por 5.000 pesetas cama y día.

Por tanto, yo insisto: ¡ojalá lo consiga!, pero si no lo consigue no le voy a criticar. Le aplaudo, porque... en aras a la buena gestión.

En la otra parte, ¡ojalá me equivoque!, pero veo que se acabará esta Legislatura y, desgraciadamente, se habrá vuelto a hablar de las transferencias, igual que se viene hablando desde el año ochenta y siete de las transferencias a los municipios y no se ha hecho ninguna -una pequeñita y en un momento determinado-, igual va a acabar esta Legislatura, volviendo a hablar de los hospitales, y en el año noventa y cinco seguiremos como estamos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Miguel Trapero tiene la palabra.

TRAPERO GARCIA

EL SEÑOR TRAPERO GARCIA: Gracias, señor Presidente. Para empezar aclarando al señor Consejero que, claro, cuando yo he hablado de bombero que apaga fuegos, evidentemente, al bombero no se sospecha que ha sido el que ha provocado el incendio; va de suyo. No conozco muchos casos de bomberos incendiarios o pirómanos, como tal. Pero va de suyo el que yo no acuso a la Consejería de la responsabilidad en el incendio. Lo que ha hecho es actuar con responsabilidad para tratar de apagar ese incendio. Va de suyo, en la metáfora que se utilizaba.

En segundo lugar, decir que aquí tenemos una discusión sobre competencias y responsabilidades. Mire, yo creo que éste es un campo -como en todo- donde no es posible hablar de competencias exclusivas. Aquí, las responsabilidades de las Administraciones son compartidas no en el papel, sino quien tiene medio de financiación ha puesto en marcha un hospital provincial y quien tiene medio de financiación ha creado, incluso -como el Ayuntamiento de Madrid-, Centros de Salud frecuentemente.

Por lo tanto, mire... Lo mismo pasa en la tercera edad. En la tercera edad, aquí construimos residencias para la tercera edad, por suerte y por fortuna, desde los Ayuntamientos, a las Diputaciones, la Junta y también el INSERSO. Por lo tanto, sería absurdo que dijéramos: la única Administración competente es el INSERSO, no hagamos más Centros de Salud.

O, por ponerle otro ejemplo, el medio ambiente. Actúan sobre el medio ambiente y creen que tienen competencias la mayoría de las Administraciones. Esto es lo que se llama competencias recurrentes, donde bienvenidos sean los recursos que aporte cada uno.

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Y yo, es más, yo, es más, diría que lo que no es importante es que... y lo fundamental es que nadie recorte y quite financiación de la que estaba dedicando. Con respecto a las Diputaciones, además, creo que es mucho más claro: las Diputaciones han tenido una parte de su financiación condicionada a los psiquiátricos. Léase la Ley General de Sanidad, léase la Ley General de Sanidad en la Disposición Transitoria que se comentaba, dice que "los fondos que se transfieren por parte del Estado para este mecanismo se transferirán a la Comunidad Autónoma cuando se integre orgánicamente y funcionalmente". De hecho, así se ha hecho en Andalucía; y luego hablaremos del caso de Andalucía, donde, bajo mi punto de vista, es un error. Pero es que es más: las Diputaciones Provinciales reciben también financiación -bien es verdad que escasa- de los propios Presupuestos de la Junta para el mantenimiento de los psiquiátricos; y, en otros casos, hospitales provinciales también se tiene financiación del propio INSALUD, a través de los conciertos.

Por lo tanto, mire, la financiación podrá ser escasa -como creo que es entre todas las Administraciones-, pero yo creo que los recursos sanitarios que tenemos deberíamos seguirlos manteniendo y la financiación que tenemos deberíamos seguirla manteniendo.

Yo creo que este tema no se hace o no debería ser la válvula de escape para resolver los problemas financieros de las Corporaciones Locales, que yo reconozco que existen, y que deberían resolverse por otras vías, pero no la vía de hacer dejación de funciones que han ejercido durante mucho tiempo, porque yo creo que eso es malo para los propios servicios.

Hablamos de integración y hablamos de coordinación porque, en manos de la Comunidad Autónoma, esos recursos integrados funcionalmente mejorarán en coordinación, mejorarán en planificación; yo creo que se hará un uso más racional de los recursos y creo que desde la propia Comunidad Autónoma se podrá también mejorar la gestión. Y cuando digo mejorar la gestión, yo creo que es que la Comunidad Autónoma tiene técnicos competentes para realizar la reforma de la asistencia psiquiátrica, mientras que los provinciales -y yo conozco unos cuantos- la verdad que, en muchos casos, carecen de esos medios técnicos que posibiliten una reforma de este tipo.

Sí quiero decirle, también, que, bueno, aquí hay una discusión, siempre latente, que es los enfrentamientos por financiación: si me recorta el de arriba, yo le recorto al de abajo. A mí esa discusión me parece absolutamente legítima, me parece razonable que a cada uno le parezca poco con lo que tiene para gestionar sus propios recursos, y yo creo que así debería ser, y que, como Administración, tenga la ambición de tener más recursos para prestar más servicios a los ciudadanos. Y, por lo tanto, me parece que es legítimo cuando se oyen quejas de arriba, o se oyen quejas de abajo, o se oyen quejas de la propia Junta de Castilla y León. Bien es cierto que las quejas son más frecuentes en estos momentos donde los recursos son escasos y nos faltan a todos, y donde hay un momento donde, además, prácticamente, todas las fuerzas políticas mantienen, mantienen los criterios de que hay que disminuir los déficits públicos, y, por lo tanto, los recursos en estos momentos son más bien escasos para todas las Administraciones. Y yo creo que con esa situación hay que ser comprensiva; cada Administración trata de ahorrar la mayor parte de los recursos cuando le aprietan en el presupuesto y le hacen recortes constantes para disminuir el déficit público.

Y yo sí querría decir algún tema que me parece fundamental en este tema. Y yo le aconsejaría al señor Consejero que no se haga como se ha hecho en Andalucía o en otros sitios, donde, simplemente, se ha integrado, se ha integrado -y hemos traído a los compañeros para que nos contaran aquí su experiencia, y todos ellos reconocen que es un error-, sin más, han integrado los hospitales provinciales y psiquiátricos en la Comunidad Autónoma correspondiente. Y eso ha generado yo no diría todo, pero sí una parte importante de la tremenda situación de déficit sanitario que tienen. Ellos atribuyen una parte a esa situación.

Me parece más razonable -y así lo discutimos en la Ley de Ordenación Sanitaria- el que se constituyan consorcios, donde no desvinculemos a las propias Corporaciones Locales, no solamente porque mantengan su propia financiación, sino porque mantengan su corresponsabilidad en la gestión de esos servicios. En Andalucía han comprobado que, en el momento que ha pasado a la Comunidad Autónoma, a las propias Diputaciones y a las propias Corporaciones Locales les ha dejado de importar un pimiento el sector sanitario y, por lo tanto, han dejado de corresponsabilizarse en temas tan importantes como la gestión, la renovación de los recursos. Y, mire, yo creo que lo que sí es necesario es la coordinación de la Comunidad Autónoma, porque eso permitirá evitar algunas locuras que se han producido en algunas provincias de esta Comunidad Autónoma, donde, cuando todos sabemos que aquí camas de agudos, probablemente, no se necesiten más en esta Comunidad Autónoma, sino que lo que se necesita es camas de crónicos de media y larga estancia, pues, ha habido Diputaciones Provinciales que se han dedicado a competir con el propio INSALUD con instalaciones absolutamente novedosas, la instalación de un escáner, cuando las necesidades reales de esa provincia iban más hacia camas de medio y largo plazo.

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Por lo tanto, nada más concluir con esos temas. Y únicamente hacer la aclaración de Fuente Bermeja. Mire, señor Consejero, nosotros le hemos demandado y le seguimos demandando que busquen una utilidad para Fuente Bermeja; lo que pasa es que la utilización que buscan ustedes, probablemente -y lo ponemos en dudas; no es una certeza; si tuviéramos la certeza, no estaríamos discutiéndolo aquí-, no sea la más razonable. Mi compañero Octavio Granado piensa lo mismo que yo, porque lo hemos repetido y lo hemos hablado en diversas situaciones. Probablemente sea más razonable no utilizar recursos para hacer un hospital de rehabilitación psiquiátrica y utilizar los propios recursos que ya hay en el Hospital Provincial que se ha creado, y, a lo mejor, la solución de Fuente Bermeja pasa más por residencia de válidos o alguna solución de este tipo. Lo que no parece acertado en estos momentos es dedicarle 1.140 millones de pesetas a un hospital de rehabilitación psiquiátrico, cuando El Divino Vallés no está al cien por cien.

Por lo tanto, ésa es una duda que ponemos sobre la mesa. Lo que pedimos al Consejero no es una respuesta, sino que lo estudie, que mire globalmente las necesidades de Burgos y que mire también la propia ocupación del Hospital Provincial, y que en función de esos datos, que requieren, pues, un conocimiento de las ocupaciones y una racionalización de los recursos, actúe en consecuencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Javier León de la Riva tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. La verdad es que yo pensé que, después de la primera parte del debate, habría quedado claro para todos que la competencia de la atención psiquiátrica no es más que de una administración: de la Central, y parece que todavía hay quien lo duda.

Mire, la misma Administración que tiene la responsabilidad de tratar a los diabéticos tiene la responsabilidad de tratar a los depresivos; y, si me apura, aunque sólo sea porque los dos tienen una base bioquímica, ¿verdad? No es éste el caso de entrar a estudiar etiopatogenias, pero, desde luego, la misma... no la misma, pero su estrato bioquímico tiene la diabetes y la depresión endógena. Entonces, que quede bien claro que es la misma Administración, y que los demás estaremos no sé si de bomberos o no -luego hablaremos de los fuegos-, pero, desde luego, no hay más que una Administración responsable de la atención psiquiátrica: la Administración Central, hoy por hoy.

Yo querría decir al señor de Fernando -como decía el clásico-: señor de Fernando, yo nunca me arrepentí de lo que nunca dije. Yo no he dicho en mi intervención -y el día que quiera lo comprobaremos en el Diario de Sesiones- que las Diputaciones tengan que dar cada año más; yo lo que he dicho -y le ha ratificado el Portavoz Socialista- es lo que dice la Ley vigente en este Estado, que se aprobó sin nuestro voto en el Congreso de los Diputados, pero yo soy respetuoso con la Ley, me guste o no me guste. Parece que algunos Presidentes o ex-Presidentes de Diputación, si no les gusta, lo que quieren es que no se cumpla. Insisto, yo no he dicho que tengan que poner más dinero, sino que tienen que cumplir lo que dice la Ley vigente, mientras esté en vigor. No he dicho otra cosa y, por lo tanto, no tengo que arrepentirme. Otra cosa es mi opinión personal de las Diputaciones y de los hospitales vinculados a las Diputaciones. Y, si hace falta, entramos hasta al análisis cuantitativo y cualitativo y al procedimiento de ingreso en las estructuras de los hospitales de médicos, enfermeras, auxiliares y personal de servicios; si quiere, hasta ahí estoy dispuesto a entrar. Pero no me meta los dedos en la boca, porque es en las únicas ocasiones en las que suelo morder.

Por lo tanto -insisto-, dejemos los hospitales provinciales, donde la estructura piramidal, habitualmente, es invertida -y lo digo yo, que soy médico-, donde hay mucho médico, pocas enfermeras y menos auxiliares y celadores, porque han entrado vinculadas a las Diputaciones Provinciales. Y estoy dispuesto a hacer esa auditoría en los hospitales provinciales de toda esta Comunidad Autónoma. O sea, que... Porque vuelvo a decir lo mismo: no es un problema de color político, es un problema vinculado al tipo de institución. Y podemos analizar -ya le digo- las plantillas de médicos, de enfermeras, de auxiliares y de celadores de todos los hospitales provinciales, que me las he estudiado a fondo durante bastantes años.

Por lo tanto, yo no estoy en guerra con las diputaciones, pero, insisto, seamos cautelosos a la hora de hablar de esos temas. ¡Hombre!, no diga usted eso de... "es que después de hablar al Portavoz Popular, ya, me preocupa lo del Consejero, porque dice: lo primero son las pesetas". "primun vívere, deinde filosofare", ¿verdad? Podemos aquí querer hacernos con todos los hospitales del mundo, ¿verdad?, pero, si no hay dinero para mantenerlo, estamos haciendo un castillo de naipes sin una base seria. Entonces, por eso, lo que yo vengo reiterando una y otra vez es que, asumiendo -y lo hago sin la más mínima reserva- la progresiva integración de los hospitales en la red regional, tengo que decir: con todas las cautelas del mundo, analizando las plantillas, las estructuras, el funcionamiento, el costo y la financiación; y después de eso, adelante; pero, insisto, con todas esas cautelas.

Desde luego, comparto con el Portavoz Socialista que no utilice el procedimiento seguido en Andalucía. No lo tome como un agravio, señor Trapero. Ni en eso ni en otras cosas utilice usted lo que ha hecho el SAS, porque el agujero que tiene el SAS en este momento es de los más graves de la sanidad autonómica transferida de toda España. A pesar de lo cual, al Consejero de Sanidad, que lo era conmigo, le hicieron Ministro a los pocos meses; pero, bueno, ya sabe usted que hay cosas difícilmente de explicar en política. Pero, desde luego, desde luego, el agujero del SAS, como el de, efectivamente, el Servicio Catalán de Salud, desde luego no son modelos a seguir a la hora de estructurar el nuestro, porque entonces sí que hay que decir: "¡que Dios nos coja confesados!".

Y termino. Casi me atrevería a dirigirme a los medios de comunicación. Poco queda, pero aparecerá en el Diario de Sesiones. Me temo, señor Consejero, que le van a proponer a usted, en el premio "Hemicisco" de este año, el premio "bombero del año", porque cualquiera que lea el Diario de Sesiones va a pensar que estábamos en una Comisión de Medio Ambiente y en una comparecencia del señor Jambrina, más que en la comparecencia del señor Fernández Santiago. Usted ha actuado de bombero; pero ha tenido que actuar de bombero porque los guardas forestales del hospital de León, que eran la Caja y la Diputación de León, pues, han dejado que se les quemara el bosque, y usted ha ido a apagarlo. Y eso yo creo que lo tenemos todos meridianamente claro. O sea, que veo fácilmente que, además de Consejero y Portavoz, sea usted el bombero del año. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. En turno de dúplica tiene la palabra el señor Consejero.

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Gracias, Presidente. Voy a ser muy breve, porque yo creo que ya está todo suficientemente debatido. Y yo creo que sí, al señor Buiza, al representante del Grupo Mixto, decirle que yo entendí muy bien cuál era el tenor de su intervención respecto al tema de la competencia. Lo que pasa es que hice, aproveché -lo decía en la otra intervención, la réplica-, aproveché un poco ese tenor para explicar una cuestión de principios, que era el tema de la competencia; evidentemente, usted ahí ha dejado muy claro hasta dónde llegaba, y yo se lo agradezco mucho. Pero yo insisto mucho, porque se ha vuelto a decir, pero ya no merece la pena que, siendo ésta o pudiendo ser ésta una de las últimas intervenciones, no quede claro. No es ésta una competencia concurrencial, como usted ha dicho aquí, no lo es. Hay competencias concurrenciales, como puede ser la cultura en esta Comunidad, donde, bueno, comparte... Esta no es una competencia concurrencial, sino que es evidente, conforme al Artículo 20 de la Ley General de Sanidad, que es una competencia asistencial, no transferida a esta Comunidad, que estamos pendientes de que transfiera en su momento a través de la transferencia de la asistencia sanitaria con el INSALUD. Eso debe queda definitivamente claro, y, por eso, la teoría del bombero, que a mí no me desilusiona nada; es decir, la verdad es que es un papel, siempre que sea un bombero eficaz, que haya apagado el fuego bien, como parece que reconocen Sus Señorías, a mí me parece muy bien. Y, sobre todo, reconociendo que no tenía yo nada que ver en la propagación del incendio inicialmente. No me parece mal.

En la tardanza, pues, pudo usted pensar lo que quiera. Lo que pasa es que ahora estamos viendo cuál ha sido el arreglo para sacar adelante el Santa Isabel. Tenía usted que conocer que en los prolegómenos de esa negociación había una negativa feroz por parte de la Diputación a seguir aportando una peseta. Fíjese usted que en el convenio, al final, aporta 364.000.000, pero al principio eso no era una cosa que estuviera asumida; por eso fue muy difícil, créame, llegar a estos términos de negociación.

Al responsable del CDS, ya siento yo que esté más intranquilo cuando mi intervención anterior era para tranquilizar a Su Señoría. Pero yo necesito que, en eso, sea el Consejero el que acabe poniendo un poco el equilibrio a dos intervenciones que ha habido. Yo creo -y lo decía antes-: sí va a haber, ya lo verá, un proceso paulatino, como hasta ahora, de incorporaciones sensatas, que las voy a definir yo. Y no tiene usted por qué temer, porque sí que lo va a haber, y verá usted el fruto de esta afirmación muy pronto a través de la comisión que se va a crear al efecto, y que tendrá usted, ya lo verá, noticias de las próximas incorporaciones, negociadas punto a punto, tal como -también se ha dicho aquí-... con el rigor que hasta ahora nos ha caracterizado. ¿Por qué vamos a dudar que vamos a negociar peor lo que queda que lo que hemos negociado hasta ahora? Dennos ustedes, por lo menos... porque ya he dado muestras claras de que se hace con rigor, con el precio, con todo tipo de garantías; pero eso sí, no de forma precipitada. Yo no creo que sea bueno, y en eso no comparto su criterio que ha expuesto, que cuanto antes y todas a la vez; no. Yo no digo que sea de una en una, o de dos en dos, pero sí va a ser, desde luego, con procesos negociadores bilaterales, en los que se va a tener en cuenta... porque no hay dos casos iguales, ni mucho menos; no hay dos casos iguales, ni mucho menos. Y ahí sí le digo: estoy plenamente -y quiero trasladarle esa tranquilidad-, plenamente tranquilo y en la confianza de que el equipo completo que negocia esto, que está cubierto por profesionales de la sanidad, pero también profesionales del derecho y profesionales de la gestión económica, han hecho hasta ahora unos tratamientos negociadores bastante adecuados. Déjenles, que ya lo verán, los hagan en los próximos hospitales; pero no se va a acabar este mandato, no se va a acabar este mandato sin haber asumido -como he dicho- otros hospitales; quédese usted tranquilo. Al menos ésa es mi voluntad y la pongo de manifiesto para que quede en el Diario de Sesiones. Y ya lo verán.

Por tanto, sí hay voluntad política. Yo quiero que... tiene usted que creerme, y, por tanto, yo no me hubiera comprometido aquí hasta ese punto; y espero que después de esta segunda intervención usted quede más tranquilo, porque ésa era mi intención en la anterior, y quiero que se quede usted más tranquilo.

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Y al Partido Socialista, al señor Trapero, yo lo que he dicho antes: no hay posibilidad de que usted afirme... Ha dicho competencias..., no ha dicho concurrenciales, ha dicho otra palabra..., bueno. La idea que ha quedado en el ambiente es ese concepto, que no es aplicable -créame- a estas competencias; no lo es en absoluto. El Artículo 148 y 149 establecen una división, como usted conoce muy bien, y en ésas no entra la sanidad. La sanidad no está transferida a esta Comunidad, la asistencia sanitaria. Y en ese paquete de lo no transferido está esto. Lo cual no empecé para acabar de explicar y para tranquilizar a todo el mundo, porque es coherente, que la gestión de un centro determinado lo pueda tener la Consejería; bien. Pero no quiere decir con ello que, si no la tuviera y no existiera dicho centro, se le debiera pedir responsabilidad a esa administración; es que eso es la otra parte. Es decir, yo tengo un centro y estoy satisfaciendo una necesidad que tiene esta Comunidad, mejor para esta Comunidad; pero si dejo de tenerlo -ese es el problema-, se produce la perplejidad de que hay que pedir responsabilidad a esa administración que no es competente. Al igual que si dejo de construir un centro de salud en una zona básica, porque he construido muchos, se ha producido la perplejidad de que soy el responsable de que no lo construya. Y al igual -que es lo que decía- que por el trabajo que ha asumido, yo creo que de forma responsable y eficaz, nuestro Director General en materia de salud mental, que ha sido un trabajo yo creo que reconocido por todos, se ha llegado a la perplejidad en esta Comunidad de que sea una competencia nuestra. Pues no lo es, a pesar de los buenos haceres de mi Director General, el señor De Santiago; pero eso no implica que sea una competencia; es decir, que se le pueda pedir responsabilidad a esta Administración si no se hiciera. Ahora, si lo hace, como lo estamos haciendo, pues, es porque somos, en definitiva, garantes de todo lo que en este territorio de Castilla y León vaya pasando en materia sanitaria.

La mejora de los recursos o de la financiación, que se plantea como algo lícito a discutir, es algo que yo comparto con usted: mejor desde la coordinación y, desde luego, en época de crisis, mirando, sí, mirando sí, no en primer lugar, pero de una forma responsable, el dinero. Es imprescindible garantizar a la hora de negociar estas transferencias una financiación global y concreta; si no, la situación después de la asunción de ese hospital puede llevar a lo que se ha dicho aquí: al agujero que ha tenido el sistema andaluz u otros sistemas. Es decir, yo espero que eso no suceda y, por tanto, yo no digo que lo ponga por delante, pero tampoco por detrás. Es decir, sencillamente, un proceso negociador tiene que tener, claramente, garantizada la financiación viable de ese hospital y, una vez que se consigue esa fórmula, como en yo he demostrado que en otros es posible, se tira para adelante. No se da prioridad, pero sí... tampoco se puede olvidar, porque lo otro sería un ejercicio de irresponsabilidad que yo no voy a permitir a mi equipo que haga.

Y, para acabar, respecto al Portavoz del Grupo Socialista, en Fuente Bermeja, yo creo que sí es adecuado lo que hemos decidido para ese hospital. No se descarta que podamos seguir matizando algunas cosas sobre el mismo, pero no es posible que usted diga... Porque el Divino Vallés está ya, y aquí está el Presidente de la Comisión, que lo conoce muy bien, está ya casi al 100%. No va a ser fácil satisfacer con el Divino Vallés, créame, porque el Divino Vallés ha tenido ya y tiene la finalidad para la que se pensó cuando se pergeñó el..., claro, el..., se pergeñó el consorcio, que es que era un hospital médico-quirúrgico que iba a completar la red del sistema nacional en Burgos, porque había que completar camas, etcétera, etcétera. Y eso está dando sus frutos y va a quedar, yo creo, cubierto al 100%.

No obstante, Fuente Bermeja -como digo- sigue adelante, y yo no me niego a seguir hablando de ese hospital, pero, de momento, se va a seguir.

Y al responsable del Partido Popular, que, efectivamente, yo comparto su acertadísima opinión de que ésta no es una competencia nuestra. Y a él sí le digo, porque también es en cierta medida corresponsable, en sentido positivo: quizá fue en muchas actuaciones que, en su momento, siendo él Consejero, realizó en este territorio, en las que usted zonificó y construyó las zonas básicas de salud (yo estaba en su equipo entonces), o las que fueron capaces de hacer auditorías de todos los centros que tenían responsabilidad en materia de asistencia psiquiátrica, donde produjimos la perplejidad de que éramos responsables de lo que realmente no éramos; o mejor, que éramos competentes en lo que realmente no éramos; porque responsables sí que siento yo que somos todos.

De tal suerte que, ahora, cuando no construyo el último centro de salud, porque no tengo ya financiación, en la última zona básica, algunas o muchos de los responsables políticos piensan que es verdaderamente una responsabilidad de este Gobierno Autonómico el construir centros de salud.

Mire usted, con las mismas competencias, en Baleares no han construido, a lo mejor, ninguno, porque entienden que los centros de salud son una competencia de las no transferidas, y no construyen. Con las mismas competencias en Baleares, cuando, por ejemplo..., y hay otras comunidades igual, no quiero citar, pero por ejemplo ésa; cuando un médico que ha sido transferido se jubila, fallece o deja, lo que se hace es que se amortiza la plaza; porque, efectivamente, a partir de que se decide que todavía no se transfiere la asistencia sanitaria, se producen escenarios muy curiosos, en el que estar asumiendo este tipo de actuaciones es bueno para esta Comunidad y que hace la Comunidad Autónoma en la medida de sus posibilidades, pero de la que de ninguna manera, con el texto del Estatuto en la mano y con los Reales Decretos de competencias, se le puede hacer responsable en el supuesto de que no pueda.

Es decir, la asistencia -por acabar- no es algo transferido, señor De Fernando, a esta Comunidad, como usted sabe; y sí es algo que yo deseo, como usted, que se transfiera en el período más breve de tiempo. Y, a esos efectos, le diré que, al margen de lo que tanto se ha hablado del Pacto Autonómico, hay una certeza de que la próxima transferencia del INSALUD se está empezando a negociar para Canarias. Eso es algo que yo he escuchado en el Ministerio, y también le digo, sin que eso sirva de más: en el esquema inicial de transferencias del INSALUD a las Comunidades Autónomas, después de Canarias, siempre, desde el primer momento, aparecía Castilla y León, en un esquema de negociación de transferencias del INSALUD. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador de la Comisión quiere intervenir?

Levantamos la sesión... Perdón. Doña Olga Cavero tiene la palabra.

CAVERO PEREZ

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LA SEÑORA CAVERO PEREZ: Gracias. Siento haberme ausentado y haber perdido parte de las intervenciones, pero, como miembro de esta Comisión, estoy satisfecha de la mejora en temas de salud mental de toda la Comunidad, pero, muy especialmente, como leonesa, como sanitaria, me alegro de las mejoras que se hayan efectuado hasta ahora en el hospital Monte... Santa Isabel. Y doy las gracias a Caja España, damos las gracias a la Diputación Provincial y a la Junta; todos juntos, estamos consiguiendo que eso salga adelante. Eso es positivo, y eso está muy bien. Yo hice prácticas como sanitaria en Santa Isabel. En aquella época las competencias las tenía asumidas la Diputación, pero, claro, hace muchos años, y la Diputación, entonces, no estaba gobernada por el Partido Socialista. La situación era tan lamentable, tan horrorosa... No, no, no es que lo hiciera hace tantos años, porque yo la carrera la hice mayor; o sea, no penséis que es muy allá. De todas formas quiero deciros que... que era tan tremendo ver los enfermos, ver la deficiencia de personal laboral, ver la deficiencia de auxiliares sanitarios, ver la deficiencia de médicos psiquiatras, ver los tratamientos tan horrorosos... os quiero decir, que es..., fue tan horrible ver, incluso, hijos de compañeros, que había hijos de dos compañeros allí, cómo estaban tratados -como los demás, y en eso es lógico-. Fue tan deprimente ver aquello, que todo lo que se haga en ese campo creo que necesita el esfuerzo de todos los partidos políticos, y yo creo que en esto debemos de estar de acuerdo en sacarlo adelante. Por lo tanto, me alegro mucho de esas mejoras, me alegro que siga y, desde luego, desearé comprobarlas y ver que aquello funciona mejor y, entonces, pues, todos contentos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. ¿El Consejero quiere intervenir?

FERNANDEZ DE SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ DE SANTIAGO): Sólo para agradecer la intervención de la Secretaria, como siempre tan correcta, tan adecuada, y decirle que comparto una reflexión con ella y es que, esos tiempos que ella describía, gobernara quien gobernara, esto estaba dentro del ámbito de la beneficencia, que es sinónimo de caridad, y se llamaba entonces beneficencia o caridad a lo que ahora, sin ninguna duda, tenemos que entender que es justicia social. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Consejero, se levanta la sesión. No sin antes agradecer las intervenciones de todos los parlamentarios que han participado, por su clarividencia y por su moderación. Levantamos la sesión.