DS(C) nº 251/3 del 18/11/1993

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Gracias, señor Presidente. Señorías. Hace ya un año, el Pleno de estas Cortes aprobó una Proposición No de Ley, en la que todos estábamos de acuerdo, en la que se puso de manifiesto la necesidad, la conveniencia, de que esta Comunidad tuviera una norma que regulara el voluntariado social aquí, en nuestra Comunidad de Castilla y León. Entonces nosotros decidimos -y fue una Proposición No de Ley aceptada por todos los Grupos, si no recuerdo mal- que se presentara a la mayor brevedad un Proyecto de Ley a las Cortes de Castilla y León, a fin de regular esta necesidad del voluntariado social.

Comparezco hoy a petición propia, porque considero que el respeto que estas Cámaras me merecen exigía que yo viniera aquí a explicar los motivos, que quiero trasladar a Sus Señorías, por los que considero, jurídicamente, más conveniente en este momento que, regulando -y por tanto cumpliendo la voluntad que en su momento manifestara la Cámara- este voluntariado social en Castilla y León, no se haga necesariamente con rango de ley, por entender que... en modo alguno deseo sustraer al debate de estas Cortes esa regulación, pero que la Ley de Acción Social, en su día aprobada consensuadamente también por estas Cortes, contempla ya el marco jurídico para que en el desarrollo del mismo se regule el voluntariado social. Es decir, Señorías, nosotros, a partir del Artículo 29.j) de la Ley 18/1988, de Acción Social y Servicios Sociales, entendemos que se puede regular, perfectamente, para nuestra Comunidad Autónoma, el voluntariado social en toda su extensión, y hacerlo además de forma -yo creo- convincente, sin necesidad de hacerlo con rango de ley, ya que esto supondría -a nuestro juicio y a juicio de la asesoría jurídica que nos asesora- la necesidad de derogar, parcialmente al menos, o de modificar Artículos como el 24.i), el 29.j) y k), el 31.2, el 35.1.f) y el 36.1.1 de la mencionada Ley de Acción Social, en lo que -de alguna forma- contempla la existencia de un voluntariado social para este tipo de tareas en esta Comunidad.

Por otra parte, no se me oculta que, dada la importancia que tiene y la necesidad de que agilizáramos la regulación de esta materia, la fórmula de Decreto podría ser -a nuestro juicio también- una forma más rápida, dado el calendario que estas Cortes tienen. Y, bueno, es conocido por todos los miembros de esta Comisión cuál es el calendario de Proyectos legislativos que, en estos momentos, de alguna forma, están a la cola de espera para ser aprobados.

Por todos estos motivos, yo no quería tomar esta determinación sin venir aquí y decirles claramente, en la Comisión de Sanidad y Bienestar Social, que nosotros nos proponemos regularlo mediante Decreto. Que esta regulación puede ser omnicomprensiva de todos los aspectos que pueden o que deben considerarse en materia de voluntariado social en nuestra Comunidad. Que ese Decreto, que todavía no está aprobado, por supuesto, y por eso he querido venir antes aquí, está ya elaborado, al menos en borrador. Que yo espero participar de ese Decreto a todas las Consejerías, porque entiendo que va a afectar no sólo al área de la Consejería de la que soy titular, sino que yo creo que va a afectar a otras muchas Consejerías. Que yo voy a participar de ese Decreto también a las corporaciones locales, porque la voluntad de regular el voluntariado es hacerlo en coordinación con las corporaciones locales más cercanas, y, por tanto, quiero contar también con su parecer. Y que, en definitiva, el Decreto, que puede estar aprobado y, por tanto, regular, antes que un texto legislativo con rango de ley, el voluntariado, es algo que nos proponemos sacar adelante de una forma muy breve y muy próxima en el tiempo. Pero que a mí me parece que, habiéndose aprobado una Proposición No de Ley en su momento, por consenso, por respeto a estas Cortes, yo debía de venir aquí a dar estos razonamientos, que me parecen sensatos, y a compartir con Sus Señorías lo que puedan aportar a este respecto.

No quiero extenderme mucho más. Solamente decirles que existe ya un borrador de Decreto, que yo puedo compartir con todas las entidades que están implicadas en esta regulación, y que yo creo que, bueno, será bueno para esta Comunidad tenerlo aprobado lo antes posible. Hoy por hoy, el Consejero que les habla lo que no desea es que, en modo alguno, se piensen que se quiere sustraer del debate necesario en la Cámara un texto articulado con rango de ley sobre el voluntariado, sino, más bien, que es mucho más conveniente para los intereses generales de esta Comunidad el sacar cuanto antes una norma que regule este tipo de materia, que -como todos ustedes saben- es una expresión de participación, quizá la mejor, de solidaridad y de pluralismo de los ciudadanos, y que merece toda la protección por parte de los poderes públicos, y que alcanza -yo creo- cada día, en esta Comunidad también -yo creo que es bueno que lo sepan ustedes, Sus Señorías- un mayor número de personas que actúan en todos los ámbitos a través de la fórmula del voluntariado.

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El respeto a la normativa europea que en este sentido existe, como puede ser la Resolución de dieciséis de diciembre del ochenta y tres del Parlamento Europeo, las recomendaciones del trece de junio del ochenta y cinco del Consejo de las Comunidades Europeas y también las recomendaciones del veintiuno de junio de mil novecientos ochenta y cinco del Consejo de Europa, han sido recogidas en la elaboración de esta norma básica con rango de Decreto, así como el derecho comparado -a mi juicio- más moderno que hay sobre esta materia en este momento, que es la normativa que regula el voluntariado en Italia, junto con algún otro país europeo. Todo ello está recogido en un borrador en el que está trabajando el equipo de la Consejería, pero la comparecencia que yo pedía hoy era, sin duda alguna, por respeto, por el respeto que tengo y que debo tener a estas Cortes de Castilla y León. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, señor Consejero. Con el permiso de los Portavoces, continuamos la sesión. Pues bien, para formular preguntas u observaciones se procede a la apertura de un turno de Portavoces y tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias al señor Consejero por su información; más que información, por su anuncio de intenciones, porque, realmente, de eso se trata fundamentalmente.

Yo en principio, aun reconociendo la validez de muchos de los argumentos que ha expuesto, no comparto su decisión, porque entiendo que la objeción de conciencia, es decir, la regulación del voluntariado social, tiene una gran importancia (cada vez tiene mayor importancia) y porque la vía de un Proyecto de Ley, lógicamente, aparte del rango, que ya de por sí supone... del simbolismo que refleja el dar la importancia que tiene a este fenómeno social que, progresivamente, se va incrementando, permite también escuchar opiniones dispares, dispersas, desde distintos Grupos políticos; permite que la Junta sea receptiva a algunas sugerencias vía enmiendas, etcétera, etcétera; permite un debate que podría enriquecer el documento final, que es una Ley. Desde ese punto de vista, yo creo que no es bueno. No es bueno, porque la vía de Decreto, sin quitarle ningún mérito, lo que elimina es esta participación, y lo que elimina, incluso, es la posibilidad que la Junta pudiera tener de acoger alguna iniciativa que pudiera ser valiosa de algún Grupo político o de algún Procurador, o no acogerla; pero siempre tendría esa opción. Es posible que, efectivamente, más rápido es el Decreto, pero entonces se podría aplicar a otras muchas cuestiones que, sin embargo, se hacen por vía de Proyectos de Ley.

De otra parte, entiendo que, como parcialmente está ya regulado también en la Ley de Acción Social, si hasta ahora hemos estado sin esta Ley que regule el voluntariado, podríamos seguir durante cierto tiempo, en tanto en cuanto se elabora, se aprueba, se debate y se discute. Por eso, ya digo que, sin perjuicio de reconocer los argumentos que, efectivamente, la agilidad, quizá la eficacia del Decreto sería mayor, yo sería más partidario, aun -como digo- reconociendo los argumentos del señor Consejero, también dignos de tener en cuenta, que se hiciese por vía de Ley, por las razones que he apuntado antes y porque, insisto, creo que el tema del voluntariado cada vez es un fenómeno social en progresivo aumento, y porque es en esta materia en la que podríamos, o podrían los distintos Grupos Parlamentarios, con distintas visiones políticas, distintas visiones sociológicas y personales, aportar quizá elementos valiosos que por la vía del Decreto no nos va a ser posible. Porque podremos estar de acuerdo al 100% con ese Decreto, al 80%, al 50%, pero, en todo caso, la Junta no va a tener esa posibilidad de conocer la opinión de los distintos Grupos políticos, porque, por la vía reglamentaria, por la vía del método que se utiliza de Decreto, no vamos a tener esa opción.

Y es ése un poco el planteamiento que yo hago al respecto, sin perjuicio de reconocer -y lo debo recalcar- la potestad de la Junta en utilizar este procedimiento legal, correcto, que es la vía del Decreto, que tiene sus ventajas, pero que yo, poniendo en la balanza las ventajas y los inconvenientes, creo que quizá, en este tema, son más los inconvenientes que las ventajas; pero qué duda cabe que respeto la opinión, señor Consejero, y agradezco su gentileza de haber comparecido a petición propia, pues, para informarnos, porque, evidentemente, esto no lo podría haber hecho sin necesidad de informarnos, toda vez que sabemos el valor jurídico de las Proposiciones No de Ley, aunque políticamente, bueno, de alguna forma, obliga a la Junta, pero jurídicamente no tienen vinculación ninguna. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Octavio Granado tiene la palabra.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Para empezar por decir que en cuanto a... Bueno, comentarle al señor Consejero que, más bien que un Consejero de Sanidad (esta mañana se lo he dicho al Director General de Patrimonio), parece un Consejero de Telégrafos, porque la información que ha facilitado es telegráfica más que exhaustiva. Nos hubiera gustado poder tener, para poder aportar esas sugerencias de las que hablaba el Portavoz del Grupo Mixto, la norma a la que hacía referencia, para poder participar en lo que puede ser su confección, y esperamos que, sin duda, el señor Consejero nos la envíe para hacerle llegar nuestras sugerencias, lo cual haremos con mucho gusto.

En cuanto a la cuestión mayor, no tenemos objeción. Nuestro Grupo ha planteado varias veces que estimaba que no era necesaria una Ley del voluntariado en Castilla y León, porque, probablemente, con las disposiciones legales que con rango de ley han aprobado las propias Cámaras -y el señor Consejero ha hecho una referencia bastante exhaustiva a la Ley de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad- era suficiente para lo que es el ámbito de trabajo de la Consejería.

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No obstante, la verdad es que la argumentación del señor Consejero nos sirve para, también, refutar lo que fue, en su día, una propuesta, hace no demasiado tiempo, del programa electoral con el que se presentó a las elecciones el Partido Popular; porque el Partido Popular se presentó a las elecciones de junio de este mismo año con un programa electoral donde defendía la necesidad de que existiera una ley estatal del voluntariado. En este sentido, señalar la incongruencia de que en Castilla y León sea suficiente una mera disposición de rango reglamentario para el desarrollo del voluntariado y que, sin embargo, se reclame del Estado que exista una ley nacional del voluntariado. Porque, aunque pudiéramos estar de acuerdo en que existen algunas disposiciones, por ejemplo de carácter fiscal, o en genérico, de desarrollo de la Constitución en lo que hace referencia a la creación del servicio civil, que desde luego exigen que exista una ley nacional, para lo que es la organización del trabajo voluntario prestado, tanto en los servicios sociales como en otra serie de actuaciones de la Comunidad, en Castilla y León o en cualquiera otra Comunidad española, no es necesario, precisamente, una disposición de ese rango legal. Yo diría que quien puede lo más, puede lo menos. Si la Comunidad Autónoma de Castilla y León puede organizar su voluntariado con una mera disposición reglamentaria, no parece muy razonable exigir al Gobierno de la nación que saque una... que promulge o que presente ante las Cámaras una ley nacional del voluntariado. Primera cuestión esta que, por lo tanto, nos gustaría señalar.

Una segunda cuestión que nos gustaría señalar es la relación que puede existir de esta disposición con otras fórmulas de trabajo no remunerado en los servicios sociales. Y, en este sentido, pues, esta comparecencia nos va a servir para reclamar, una vez más, que la Junta de Castilla y León permita que los objetores de conciencia que prestan la prestación social sustitutoria desarrollen su trabajo en los servicios sociales de Castilla y León; esto en estos momentos no es posible por la falta de colaboración de la Junta; no hay ningún otro obstáculo, ni legal, ni del Gobierno de la nación, para que en los servicios sociales de Castilla y León pueda haber objetores de conciencia que presten su prestación social sustitutoria; yo sé que hay debates, debates de otro nivel, de otra altura; que, evidentemente, ustedes tienen sus planteamientos de lo que debe ser una ley de servicio civil y una ley de objeción de conciencia, de prestación social sustitutoria, pero yo diría que estos debates, estos planteamientos legítimos de cualquier grupo político no tienen que redundar, en modo alguno, en perjuicio de los ciudadanos de Castilla y León. Y en estos momentos su posición política de partido, del Partido Popular, de no prestar su colaboración para el desarrollo de la prestación social sustitutoria, está haciendo que los objetores de conciencia de Castilla y León tengan menos plazas que en otras Comunidades Autónomas, y que haya objetores en Castilla y León que tengan que están realizando su PSS (la terminología de la prestación) en lugares fuera de la Comunidad Autónoma, porque únicamente en Castilla y León se les ofertan plazas en Cruz Roja y en el Instituto de Servicios Sociales, en el INSERSO. Mientras que en otras Comunidades Autónomas, o incluso en ayuntamientos, evidentemente no regidos por el Partido Popular, pues, se les permite la colaboración de estos objetores de conciencia en trabajos no remunerados dentro de la prestación social sustitutoria.

Nos interesaría saber si en la regulación del trabajo voluntario se va a contemplar también la regulación de los trabajos no remunerados, aunque no del todo voluntarios, que prestan estos objetores, que pueden prestar, al servicio de la Administración. Porque nosotros seguimos defendiendo que es bueno que los objetores de conciencia presten servicios en los servicios sociales de Castilla y León, que sería bueno que la Junta de Castilla y León llegara a ese convenio, que en alguna ocasión hemos reclamado en el Pleno de las Cortes, en una Proposición que fue rechazada por los votos del Partido Popular, que llegara a ese convenio con la oficina nacional que regula la prestación social sustitutoria del Ministerio de Justicia, para permitir ese trabajo de los objetores, no tanto..., ni siquiera sólo en los servicios sociales de Castilla y León, sino en las bibliotecas, en servicios de animación comunitaria, etcétera. Yo ahí, en este sentido, tengo que señalarles esa pequeña, esa pequeña contradicción que a mi juicio supone el poner problemas al desarrollo de la PSS y al intentar incentivar el trabajo voluntario.

Una tercera cuestión que habría que señalar aquí es que, como usted bien lo ha dicho, la Ley de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma hace una primera regulación legal del trabajo voluntario. Bueno, la Ley ya tiene un periodo, esa disposición de la Ley podía haberse regulado. Y yo creo que, de la misma manera que usted ahora ha comparecido aquí y nos ha explicado en cinco minutos -que nosotros le agradecemos además la franqueza de la explicación y que la compartimos- que no hace falta una Ley del Voluntariado, no obstaculiza que nosotros digamos: podía haberse puesto en marcha ya una regulación, siquiera que provisional, del voluntariado que regula la Ley de Acción Social y Servicios Sociales. Y esto no se ha hecho. ¿Y esto qué quiere decir, que no hay voluntariado en nuestros servicios sociales? No, no. En nuestros servicios sociales hay mucho voluntariado, lo que pasa es que están al margen de la regulación de la Comunidad Autónoma. Y la regulación que hacía nuestra Ley no era tanto una regulación legal como una facilitación. Nuestra Ley lo que venía a decir era en qué aspectos la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León debía facilitar el trabajo voluntario, remunerando por ejemplo los gastos de desplazamiento, remunerando las actividades de las asociaciones, o remunerando otro tipo de actividades que coadyuven a que el trabajo voluntario se desarrolle más eficazmente. Y esto, pues, no se ha hecho. Nosotros sabemos que hay subvenciones que evidentemente van en esa dirección. Las había antes de la Ley, y las ha habido después. Pero, evidentemente, en este sentido, poco se ha avanzado que no sea el texto concreto de la Ley; no ha habido un cambio de la actuación de la Administración en relación con los grupos que desarrollan el trabajo voluntario y nos gustaría que ese cambio se estructurara cuanto antes, y, en este sentido, ya digo, no tenemos ningún inconveniente en que sea por una disposición reglamentaria y no sea por Ley.

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Y en último lugar -y sin conocer el texto que usted nos plantea, evidentemente, pues, sólo podemos hacer consideraciones generales-, haría una cuarta consideración, y es que el principal problema de la regulación del voluntariado en los servicios sociales y en la acción social consiste fundamentalmente en su relación con la profesionalidad de los servicios. Es decir, son dos principios rectores de nuestra Ley, y son dos principios rectores del funcionamiento de la Administración en materia de servicios sociales y de acción social. No se puede... es decir, no tenemos que primar el voluntariado hasta tal punto que disminuyamos la capacidad profesional y la competencia profesional de los servicios a prestar. El voluntariado no sustituye la profesionalidad. El voluntariado es un voluntariado que no intenta disminuir el rango, la calidad de los servicios prestados y la cualificación de los mismos en cuanto a sus trabajadores. El voluntariado lo único que pretende es optimizar los recursos de tal manera que los programas y los servicios de acción social pueden desarrollarse sin suponer una carga tal para la Comunidad que ponga en peligro el principio general del estado de bienestar. Y, en este sentido, nos gustaría que en esa disposición de carácter general se tenga en cuenta esta consideración, es decir, la consideración de que la profesionalidad de los servicios no debe estar nunca en peligro por la incorporación de trabajadores voluntarios, y que debe distinguirse de manera clara en la organización de los servicios, por un lado, el trabajo de los profesionales que en función de su cualificación especial prestan, pues, una actividad remunerada y que constituye, pues, una base fundamental de la organización de los servicios, al lado de ese trabajo voluntario que muchas veces va a ser complementario y que no puede por qué ser menos eficaz ni menos importante.

Y, entonces, por resumir, simplemente, nosotros aceptamos la norma legal. Pedimos que se nos consulte, pedimos la posibilidad de dar sugerencias. Me imagino que, además, de alguna manera, pues, esta norma tiene que ser informada por el Consejo Regional de Acción Social; los Ayuntamientos y Diputaciones gobernados por el Partido Socialista harán llegar también sus sugerencias en ese ámbito. Pedimos que se tenga en cuenta, si es posible, un cambio de actitud de la Comunidad Autónoma en la regulación del trabajo que se puede prestar en nuestros servicios sociales a través de la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia. Pedimos que se tenga en cuenta el principio de profesionalidad, que no debe quebrarse por la incorporación del trabajo voluntario. Y sólo nos queda, pues, conseguir entre todos el acuerdo político, y en otro caso, que tampoco es preocupante, porque gobierna el que los ciudadanos dicen que gobierna, pues, una vez examinadas nuestras sugerencias, conseguir que, cuanto antes, se haga realidad la regulación del trabajo voluntario. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don José Carlos Monsalve.

MONSALVE RODRIGUEZ

EL SEÑOR MONSALVE RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero agradecer al señor Consejero su comparecencia esta tarde ante esta Comisión de Bienestar Social, para ya a continuación decirle, señor Consejero, que he escuchado con atención su discurso. Siempre, cada vez que acude a comparecer en esta Comisión, así lo hago, le estudio con verdadera atención, pero en esta ocasión quería... todavía lo he hecho con mayor intensidad, ya que quería saber y entender, ya que fue el Grupo Popular el que presentó la Proposición No de Ley, en el Pleno del día dieciséis de diciembre del pasado año, quería entender, como digo, las razones por las cuales iba a suceder el cambio de la..., en vez del Proyecto de Ley, porque..., mejor dicho, la presentación del Proyecto de Ley, en vez de que fuera, precisamente por Ley, fuera por Decreto.

Y decirle también que a mí, personalmente, me han convencido las razones que nos ha dado. Yo creo que lo importante, precisamente, es la sensibilidad, tanto que el Grupo Popular tiene hacia el voluntariado social, igual que el resto de los Grupos de esta Comisión, y que, por consiguiente, bien sea por Ley o por Decreto, pero las razones que usted nos ha dado, como han sido que algunos artículos de la Ley de acción social podían ser derogados parcialmente, y otros, otra serie de artículos podían ser modificados, creo que son razones más que suficientes para que ese..., esa regulación del voluntariado social se haga por Decreto en vez de por Ley.

Aparte, también, mi Grupo considera oportuno que siempre, en una situación de estas, el decreto siempre es preferible en estas circunstancias... hacerlas, hacerlo... mejor dicho, la regulación del voluntariado social es mejor hacerlo por Decreto que no por Ley, ya que si en alguna circunstancia hubiera que modificar alguno de los argumentos que el Decreto traiga consigo, sería mucho más fácil y de mayor rapidez que si esa regulación del voluntariado se hiciera por Ley, como en su día quedó aprobado por todos los Grupos de la Cámara en la sesión plenaria.

Para no extenderme más, porque yo creo que la base fundamental y lo más importante de todo es que el voluntariado social, precisamente, esté regulado, nada más decirle que nos parece oportuno ese cambio (en vez de por Ley, que se haga por Decreto), y decirle pues que cuenta con nuestro apoyo. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Consejero.

FERNANDEZ SANTIAGO

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EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Gracias, Presidente. En primer lugar agradecer a todos los Grupos, tras escuchar sus intervenciones, el que hayan entendido como razonables las explicaciones que este Consejero ha querido dar a la Comisión. En definitiva, a todos nos inspira un principio constitucional, que es el principio de economía, celeridad y eficacia en el tratamiento de las normas, y que hace que, de alguna forma, si lo que hacemos es desarrollar una Ley, pues lo hagamos mejor mediante un Decreto.

De ahí que yo, contestando, sobre todo, al representante del Grupo Mixto, le diga que normalmente en este país no se ha regulado más que en algunas Comunidades esta materia, y cuando empezamos regulándola, por ejemplo Andalucía y Aragón es verdad que lo hicieron por Ley, pero ya más recientemente... perdón, Cataluña y Aragón lo hicieron por Ley, y más recientemente Andalucía ya lo hace por Decreto. En nuestro caso, teniendo una Ley Marco, como es la Ley de Acción Social, además blindada por el consenso de las fuerzas políticas, parece mucho más adecuado acudir a una fórmula reglamentaria y cumplir con ello el precepto constitucional de que las normas, si se puede, si se puede, en desarrollo de una ley se debe hacer un decreto para ahorrar... eso: economía, celeridad y eficacia, que son principios constitucionales que se tienen en cuenta en nuestro país.

Aclararle, desde luego, para su tranquilidad, y sirve ello para contestar también ya al Partido Socialista, que sí que vamos a tener en cuenta, o que sí que afecta la futura regulación por decreto del voluntariado al Real Decreto que en su día reguló, que es el Real Decreto 20/1988, de 15 de enero, por el que se aprobaba el reglamento de la prestación social de los objetores de conciencia; yo explicaré de qué manera. Va a ser verdad que después de la aclaración de este Decreto, en el que se reconozca definitivamente cuáles son las entidades que pueden tener la acreditación o el registro de entidades que prestan voluntariado, pues, se pueda perfectamente aceptar la oferta que mediante contrato-tipo establecía en su momento esta normativa y satisfacer, así, la demanda de un Grupo o un Procurador que está aquí presente y que luego le contestaré. Yo creo que con eso contesto al Grupo Mixto. Tranquilidad, Señoría, porque no hubiera venido yo aquí si lo que pretendiera es sustraer esta norma del debate de la Cámara, lo hubiera hecho sin venir. Realmente, yo no creo que deba ser ésta una norma conflictiva; yo creo que es una norma donde fácilmente encontraremos puntos de encuentro en su regulación, y lo que estamos ganando, desde luego, es tiempo y yo creo que la posibilidad de verlo antes publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, esa es la verdad.

Al Portavoz del Partido Socialista, yo voy a aprovechar y, aparte de agradecerle también que haya entendido las razones últimas, porque es la primera vez que a este Consejero se le dice -y yo lo agradezco muchísimo- que ha sido telegráfico; de tal suerte que ya puedo, puedo decir que soy capaz de hacer una comparecencia exhaustiva y también hacer una comparecencia telegráfica. Yo le agradezco mucho porque eso quedará ahí grabado y yo lo utilizaré alguna vez poniéndolo en boca del Portavoz Socialista. Lo que sí quiero es contestarle puntualmente a las cuatro cuestiones que él ha planteado.

La primera, yo no creo que haya ninguna contradicción con la petición que puede hacer el Partido Popular de una Ley estatal. En Europa se está regulando, como saben Sus Señorías, sin duda, mediante Ley estatal, que es marco para que luego las Comunidades Autónomas puedan perfectamente desarrollarlo.

En nuestro caso, además, sí existe una Ley: existe la Ley de Acción Social, que contempla el marco para que el voluntariado luego se pueda desarrollar mediante decreto. Con lo cual, yo no puedo aceptar a Sus Señorías que haya una contradicción entre esto que está diciendo en esta Comunidad Autónoma y la postura global que en el programa electoral de las últimas elecciones del Partido Popular pedía, y yo creo que con acierto, una Ley Estatal que regule muchos de los aspectos que no están regulados en este país, al modo y manera que los regula -y yo creo que muy bien- la Ley estatal en Italia, y en algunos otros países de Europa, y yo creo que hace que sea más sencillo el atajar problemas que se... en que se ven involucrados en el tema del voluntariado, como puede ser el tema de seguros, el tema de responsabilidades civiles, una serie de cuestiones que, bueno... Pero, en cualquier caso, yo no creo, digo, que haya ninguna contradicción con ninguna afirmación del Programa electoral.

Me ha planteado cuatro cuestiones, y de las otras tres sí que voy a intentar, de forma exhaustiva, tranquilizar a Su Señoría.

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Conozco desde hace tiempo su interés, que yo tampoco he desoído nunca y que me parece que puede ser compartido, respecto a la prestación o a la oferta... o la aceptación del contrato tipo, que así se llama, o concierto tipo exactamente, tal y como regula la norma, en el que ofertara esta Comunidad la posibilidad de que en entidades determinadas pudiera hacerse la PSS, a propuesta del Gobierno Central. Es este el momento de decir que la regulación por decreto contempla o va a contemplar la acreditación de esas entidades que yo, desde luego, ofertaré para aceptar ese tipo de prestación social sustitutoria en el territorio de Castilla y León y en las entidades que tendrán previamente, mediante el sistema de registro o de fórmula registrada, la acreditación correspondiente. Se va a dar respuesta al concierto tipo establecido en esta norma, sabiendo Su Señoría y yo que existe un proyecto o iniciativa que va a sacar, creo, el Ministerio de Defensa, que va a afectar de alguna manera a esta materia y que también estaremos pendientes de lo que nos digan en este sentido, porque parece que concretará aún más de qué manera se puede realizar esta prestación y cómo el concierto tipo va a quedar más concreto a partir de la aprobación de esa norma. Estaremos a lo que diga esa norma, estaremos a lo que ya es el Real Decreto 20/88, y, en cualquier caso, si le tranquiliza a Su Señoría, esta regulación por decreto va a facilitar mucho las cosas a efectos de lo que usted pretende y tantas veces ha pedido en diferentes foros, incluido el Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Yo, también, le voy a tranquilizar respecto a algo que ha solicitado, y es diciendo lo mismo que antes. Sí que deseo yo que sea participada, aunque sea con forma de Real Decreto, y, desde luego, cuente Su Señoría, aunque pasará por el Consejo Regional y por cuantos otros órganos colegiados pudiera o debiera pasar para que esté participada por todos. Insisto que, si va a afectar a las Corporaciones Locales, como de hecho les puede afectar, para que ellos también tengan su propio registro, debe ser conocido por este Consejo, y no descarto que tengan conocimiento del texto del Decreto la propia Federación de Municipios. Por tanto, no va a haber ninguna duda de que yo deseo que se conozca el texto antes de ser aprobado en su momento.

Y, finalmente, yo ya me comprometo aquí, porque el texto... -yo ya tengo un borrador que estamos estudiando-, el texto respeta escrupulosamente la diferencia entre la profesionalidad y el voluntariado, como no puede ser de otra manera; pero, digo, escrupulosamente respeta lo que usted ha planteado en esta comparecencia, porque, efectivamente, no se crea el voluntariado para hacer una competencia al profesional en su trabajo; es otra la idea del voluntariado y esa otra idea es la que inspira el texto reglamentario que en su día, pues, aprobaremos. Por tanto, esas son las cuatro cuestiones que había planteado. Y con todo, yo creo que, si está de acuerdo, y a pesar de que yo lo someta a esos órganos colegiados que debe pasar, la posibilidad de que el Decreto esté aprobado es muy cierta y muy próxima, y tendremos la posibilidad de ver los efectos de ese Decreto una vez publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León.

Y al responsable Portavoz del Partido Popular, agradecerle, también, que me escuche con tanta atención, yo también se lo agradezco y mucho. Pero ha dicho algo que es sumamente importante. Ha dicho que de entre las ventajas que él veía a una norma reglamentaria era que para su derogación o modificación no tenía que volver a pasar por el Pleno de esta Cámara. Y, efectivamente, esa también es una razón de peso, porque el voluntariado social en toda Europa es una actividad dinámica, cambiante, absolutamente moderna y su regulación debe adaptarse a ese dinamismo y a esa necesidad de cambio. De ahí que la norma que nosotros vamos a aprobar por Decreto, pues, se vea fácilmente sometida a un cambio por las circunstancias que fuere y no necesitaría pasar por los trámites de un proyecto de ley de modificación del anterior. Por eso, esa es otra razón que yo no había argumentado, pero que, desde luego, es de mucho peso, que es, quizás, la que ha llevado -según he compartido yo con los responsables andaluces- a regularlo en Andalucía mediante Decreto, que es lo último que se ha hecho hace muy poco tiempo.

Y muchas gracias, por tanto, a todos los responsables, y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Consejero. En turno de réplica tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, Presidente. Muy brevemente para, al fin, aclarar que mi preferencia, digamos, por la metodología de proyecto de ley sobre el Decreto se fundamentaba, básicamente, como dije, por el tema de la participación, porque era una vía idónea establecida reglamentariamente para que esa participación de los distintos... iba a decir estamentos sociales; no, pero quizás de los Grupos Parlamentarios, fundamentalmente, con distintas visiones, pues, pudiese llegar a la Junta y enriquecer en alguna medida el contenido de esa regulación. Pero qué duda cabe que el Decreto, pues, tiene sus ventajas, ya se han apuntado aquí algunas de ellas, ¿no? Tampoco debemos subliminarlas excesivamente, porque, llegando un poco a lo absurdo, por esa regla de tres sobrarían todas las leyes, porque es más fácil dictar Decretos u Ordenes de Consejería y es más fácil, también, derogarlos sin mayores complicaciones. Creo que ese argumento, utilizado en profundidad, no sería válido. Y, entonces, simplemente, lo que planteo al respecto, uniéndome un poco al consenso generalizado de la eficacia, fundamentalmente, de la urgencia de regular este tema, es que el señor Consejero nos remita, si lo tiene a bien, ese Decreto que ya está elaborado, aunque no aprobado, al objeto de que, aunque no sea por vía reglamentaria -porque no procedería por vía reglamentaria hacerlo, ni la Junta está obligada a hacerlo-, sino simplemente por cortesía hacia los distintos Grupos Parlamentarios, al margen de que se remita también a otras instituciones, pues, para que le podamos remitir sugerencias y, lógicamente, la Junta con su plena potestad asuma las que considere que enriquecen desde su óptica ese texto vía... iba a decir legal... legal es porque el Decreto no deja ser una regulación también legal; al objeto, digo, de enriquecer en la medida de lo posible el contenido de ese Decreto.

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Aquí, incluso, el Portavoz del Grupo Socialista, con buen criterio, a mi juicio, ha avanzado, incluso, algunas líneas de las que a su juicio deberían formar parte del contenido de ese Decreto. Pues, es un poco lo que yo planteo también, que se nos dé esa opción de escucharnos aunque no se nos haga caso. Hombre, nos gustaría que se nos hiciera caso, y confiamos de la buena receptividad de la Junta en algunos aspectos, sobre todo aspectos que la Junta valores como positivos, sí se nos iba a hacer caso. Todo iba a ir en beneficio, lógicamente, del objeto de regulación, que al fin y al cabo son el voluntariado social, y de buscar entre todos, pues... ver matices, plantear enriquecimientos, etcétera, etcétera. Era, pues, en esa línea en la que yo era discrepante con el tema del Decreto y más favorable al Proyecto de Ley; pero, quizás, si la urgencia es tanta, como parece, quizás la vía de Decreto sea más eficaz, y además constitucional, como nos ha dicho el señor Consejero; bueno, también el Proyecto de Ley sería constitucional, que duda cabe. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Agradecer las explicaciones del señor Consejero. Evidentemente, coincidimos en todo lo que él ya ha manifestado. Yo creo que, cuando se invoca la legislación europea, el señor Consejero, que es jurista y que conoce bien esos temas, sabe que está invocando países en donde las Comunidades Autónomas no tienen las competencias exclusivas que tienen en España.

Yo, en otros foros distintos, en foros dentro de mi Partido, siempre he animado al Gobierno de la Nación a no elaborar leyes marco de servicios sociales, porque entendía que esas leyes podían conculcar lo que eran competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Y yo, en este sentido, creo que no hace falta una ley marco del voluntariado; que puede haber una ley de beneficios, de incentivos o de cómo se quiera llamar que coadyuven al trabajo voluntario y que, a lo mejor, puede estar en otro marco legal; pero yo no creo que haga falta leyes marco, y yo creo, sinceramente, que tampoco hace falta una ley de voluntariado. Ustedes lo propusieron hace un año, nosotros dimos nuestro consentimiento porque nos parecía que podía ser una vía; ahora ustedes rectifican y dicen que no hace falta la ley. Pues, bueno, pues nosotros volvemos a consentir. O sea, lo que es urgente es regular el trabajo voluntario, sea por ley o sea decreto; lo de menos es como se haga. Sinceramente, yo creo que el rango en este caso es una cuestión baladí y, vamos, a nosotros no es que nos haya convencido el señor Consejero, es que hace un año tampoco estábamos faltos de convencimiento de que se podía hacer por Decreto; eran ustedes lo que manifestaron aquella opinión. Como saludar la rectificación de lo que supone la puesta en marcha de los servicios de objeción de conciencia dentro del ámbito de la Administración de Castilla y León; yo creo que eso es una buena noticia, es una buena noticia para los objetores de Castilla y León y es una buena noticia para los servicios sociales o los servicios comunitarios en donde esos objetores van a prestar sus trabajos, porque, sin duda, van a ser un importante sostenimiento del funcionamiento adecuado de esos servicios en un ámbito pleno para la Comunidad.

Y, desde luego, pues, coincidir con el señor Consejero en que la norma debe respetar absolutamente la profesionalidad de los servicios. Yo creo que eso lo dice la ley de Acción Social y, en este sentido, no podía ser menos. También nuestra ley de Acción Social dice que la regulación de la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia debe hacerse en el marco de trabajo voluntario y, en este sentido, si la Junta lo hace, estará dando cumplimiento a una disposición legal que ha sido aprobada por consenso entre todos los Grupos. O sea, que saludarnos de esta rectificación, de esta doble rectificación que hoy se nos anuncia y, bueno, pues, yo no quiero ser menos que ustedes en otros foros y yo quiero decirles que, en esta ocasión, cuando han rectificado, han acertado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don José Carlos Monsalve, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

MONSALVE RODRIGUEZ

EL SEÑOR MONSALVE RODRIGUEZ Gracias, señor Presidente. Cómo no, también agradecer al señor Consejero las explicaciones que me ha dado, y lo que pienso que sí que ha quedado claro, y así en el Grupo Popular lo pensamos, es que lo importante es que a las organizaciones de voluntariado se las apoye, se las proteja, se las ampare, y así yo creo que están proyectadas en la sociedad, y pensamos que esto se hace exactamente igual por un Decreto que es ahora lo que nos anuncia el señor Consejero.

Y, para terminar, solicitar al señor Consejero, también, como se ha dicho en esta Comisión, que nos envíe un borrador del Proyecto, del Decreto de Voluntariado Social de Castilla y León, que yo creo que entre todos de esta Comisión, pues, podemos enriquecer dicho Proyecto. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. El señor Consejero tiene la palabra.

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Sí, muy breve ya, Presidente, para intentar, definitivamente, al Portavoz del Grupo Mixto, decirle que yo entiendo su preferencia aún, después de todas las explicaciones, por un texto legislativo, en tanto en cuanto conlleva al debate reglamentario en la Cámara; pero sí le digo que quizás sea más correcto, habiendo una ley marco que en este caso es la Ley de Acción Social, el desarrollo por Decreto. Es decir, que no sólo es la opción, sino el desarrollo por Decreto es más adecuado, en términos jurídicos, que el traer una ley marco; es lo que quería decir.

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Efectivamente, es... ambas cosas son constitucionales; lo que decía es que el principio de constitucionalidad que se establece para la aprobación de normas -que es el principio de celeridad, eficacia y economía-, pues, en este caso, creo que lo estamos cumpliendo. Pero, si lo que a usted le preocupa, y yo sé que eso puede ser, es la participación que usted pueda tener, yo le garantizo desde este momento que me comprometo a estudiar cuantas sugerencias puedan plantearse desde el Grupo Mixto, Su Señoría, personalmente, y si enriquecen el texto de este Decreto, sin ninguna duda -quédese tranquilo-, lo podemos incorporar, porque esto es una norma que se puede enriquecer y que -insisto en lo que decía antes- no parece que pueda ser muy controvertida, porque en teoría es una norma que lo que tiene que hacer es regular algo que en este momento existe, y existe en Castilla y León en un grado importante, afectando en un grado importante a un número de personas, pero que no tiene ni en el ámbito estatal ni aquí en el ámbito regional una regulación de algunos de sus aspectos. Por tanto, las sugerencias, Señoría, que pueda hacer el Grupo Mixto -usted mismo- a favor de esta regulación serán -se lo aseguro- estudiadas.

Y al Portavoz del Partido Socialista, pues, compartir con él, en este caso, nuevamente, el tema de que la prestación social sustitutoria es verdad que debe empezar, de alguna forma, a poderse realizar en esta Comunidad en desarrollo de lo que... o a tenor del mandato que establecía el propio artículo 29.k) de nuestra ley de Acción Social, que decía: "Adopción de las medidas oportunas para garantizar la prestación social de los objetores de conciencia a realizar asimismo en los Centros y Servicios del sistema de Acción Social". Sucede que nosotros entendíamos, y entendemos, que eso es lo que había que regular y esta es la norma que yo creo que regula. Por tanto, no es que rectifiquemos, sino que es que no habíamos tenido esa norma y ahora, con esta norma, yo creo que será posible, insisto, al amparo de lo ya establecido y también de lo que parece, sin que podamos todavía avanzar mucho más, que se va a regular nuevamente. En cualquier caso esa será la solución. No es, por tanto, una rectificación y yo no quisiera que quedara como que acertamos cuando rectificamos, sino que entendemos que el momento, el "tempo" adecuado es a partir de la aprobación de esta nueva norma que va a acreditar una serie de entidades dentro del voluntariado. Ese es el verdadero contexto en que se debe decir.

Y en cuanto a que sea o no, porque con eso quiero acabar, conveniente una ley marco, nosotros... yo no lo enfocaría así. Efectivamente, a nosotros nos parece que nosotros tenemos la autonomía para hacer nuestra propia ley; en el ámbito de lo social, todo lo que sea más cercano, incluso la regulación, es mejor. Pero eso no empece a que en este país, hasta la fecha, tenga usted en cuenta que no hay un marco legislativo estatal y que tan sólo tres Comunidades (ahora con esta cuatro) vamos a tener una normativa específica que regule el voluntariado. De ahí se han derivado algunas consecuencias, no deseables para el trabajo voluntario, y eso es de lo que yo creo que adolece este país, de algún tipo de regulación. Yo no quiero entrar si debe ser una regulación marco de ámbitos... del servicio social o debe hacerse de otra manera, pero sí que no parece fácil que sin un marco adecuado se esté haciendo nada a favor del trabajo social en nuestra Comunidad Autónoma.

Y al responsable del Partido Popular, pues, solamente agradecerle el tenor de sus palabras, y también decirle que conocerá... y, desde luego, igual que le he dicho al Grupo Mixto y se lo digo, por supuesto, al PSOE, cuantas sugerencias puedan hacerse en esta materia y que incorporen modernidad a la norma que queremos aprobar, que es una de las principales cuestiones que yo deseo obtener, pues, que serán muy bien aceptadas y muy de agradecer, y que, por tanto, ojalá con esas sugerencias incorporadas tengamos el Decreto aprobado eficazmente, en la calle. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Parlamentario de esta Comisión quiere intervenir? Pues, nada; agradecer... Perdón. Don Javier León de la Riva tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Sí, señor Presidente. Con toda la brevedad de la que sea capaz. Yo quería, en primer lugar, agradecer la elegancia política del Gobierno, de venir aquí a explicar por qué... no rectifica, porque aquí se ha hablado de que el Gobierno rectifica; el Gobierno, Señorías, no rectifica nada; quien rectifica es la Cámara, dando por buena la sugerencia del Gobierno de regularlo por decreto. Quien tomó la decisión de hacerlo por ley fue, unánimemente, esta Cámara, y quien ahora, a través de su Comisión, rectifica es esta Cámara, por la opinión de los Grupos Parlamentarios, y no el Gobierno, que, desde luego, podía haber hecho unilateralmente la regulación por decreto, sin más explicaciones.

Para subrayar, al hilo del debate, que nosotros entendemos que no hay contradicción entre que se pida una ley estatal que regule este tema y, por el contrario, se pida aquí la regulación por decreto, sino que más bien todo lo contrario: entendemos, precisamente, que, no habiendo una ley estatal y habiendo una Ley de Acción Social, de la que, a modo de percha, se puede colgar el decreto, vamos a aprovechar esa circunstancia; pero eso no supone contradicción alguna entre que se reclame a nivel estatal una ley al respecto. A lo mejor, sí hay contradicción en aquellos Grupos que, justamente, en los días inmediatamente anteriores a este debate, están sugiriendo que no se presente la Ley de Comercio de la Comunidad Autónoma hasta que no haya una Ley Comercio a nivel estatal. Entonces, parece que ahí sí que existe una cierta contradicción.

Y, para terminar, también, haciendo una aclaración, porque de alguna intervención podría desprenderse que, a nivel de consigna política del Grupo, o del Partido Popular, mejor, se está en contra de la Prestación Social Sustitutoria o de la facilitación de la misma. Por si cabe alguna duda, yo quiero aclarar en esta Comisión que en el Ayuntamiento de Valladolid, que, efectivamente, tiene un Alcalde socialista, pero que está en minoría, hay Prestación Social Sustitutoria gracias a que el Grupo Municipal Popular, que es el mayoritario, apoyó la iniciativa; porque el Grupo de Izquierda Unida, que es quien sostiene al Alcalde, votó en contra.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Daniel de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Señor Presidente. Yo para una aclaración, porque puede que no conozca el Reglamento. Si la intervención de los Procuradores fuera de la línea de Portavoces es para hacer otra intervención de Portavoces o para pedir aclaraciones o preguntas; pregunto. Y, a la vista de eso, contestaré.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): ...consultado, y puede usted intervenir, puede usted intervenir como Procurador, no como Portavoz.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: No. Si la intervención del señor León de la Riva... Es decir, es cuestión de orden, señor Presidente. Una vez intervenidos los Portavoces, los demás Procuradores pueden intervenir para pedir aclaraciones o preguntas. Si es otra intervención de Portavoces, yo rogaría que la intervención del señor León de la Riva no conste en acta, porque no ha lugar.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Por alusiones, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Yo creo... perdón, yo creo que lo que ha hecho han sido una serie de observaciones. Yo creo que, en fin, podemos consultar al Letrado. Pero, en principio, lo que ha hecho ha sido una observación, y creo que sí que es correcta.

El Reglamento parece ser que lo único que habla es de la intervención de los Procuradores que no son Portavoces. Y yo interpreto que ha sido una observación, pero en el Reglamento no viene especificado cuál es la actuación -diríamos- concreta, sino que yo lo interpreto como una observación.

Señorías, ¿alguna otra intervención? Pues, damos por terminada la comparecencia del Consejero y hacemos dos minutos de descanso, para hacer el intercambio de la siguiente comparecencia. Gracias.

(Se suspendió la sesión a las diecisiete horas cuarenta minutos, reanudándose a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Reanudamos la sesión. La señora Secretaria tiene la palabra para leer el segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): "Comparecencia de la Ilustrísima señora Directora General de Servicios Sociales, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre política de la Junta en materia de Residencias de la Tercera Edad".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. La Ilustrísima señora doña Mari Cruz Rodríguez Saldaña, tiene la palabra.

RODRIGUEZ SALDAÑA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): Gracias, señor Presidente. Comparezco ante esta Cámara, a petición del Grupo Socialista, para explicar la política de la Junta en materia de construcción de Residencias de Tercera Edad. Comenzaré haciendo una pequeña introducción sobre la situación del sector.

Si existe un rasgo demográfico sobresaliente en el conjunto de los países más desarrollados es, sin duda, la creciente importancia de este sector que se ha dado en denominar como "la tercera edad". España en general y Castilla y León en particular han visto cómo se ha invertido el perfil de la pirámide de población, aumentando de forma ostensible el número de ancianos, y con mayor fuerza, si cabe, en sus áreas rurales.

La intensa transformación operada en Castilla y León en los años setenta y ochenta, las emigraciones interiores, el creciente papel social de la mujer, la atomización de la familia, hacen necesaria la planificación de equipamientos y servicios adecuados a la evolución de nuestra población.

Castilla y León, según el censo de mil novecientos noventa y uno, tenía dos millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos veinticuatro habitantes. Si tenemos en cuenta que en el año mil novecientos ochenta y uno tenía dos millones quinientos sesenta y tres mil ciento treinta y siete, vemos que ha sufrido una disminución de algo más de treinta y siete mil personas en diez años. La población desciende y la tasa de envejecimiento, que supera con creces la media nacional, aumenta. El hecho no es tan sólo que un creciente número de personas alcancen edades avanzadas o que su número aumente en términos porcentuales respecto de los jóvenes. Sucede que, gracias a la evolución tecnológica y de las formas de trabajo, al desarrollo de la medicina, la mayor calidad de vida, se alcanzan los sesenta y cinco años en unas condiciones físicas adecuadas para poder realizar toda una vida, calificada como nueva.

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De esta manera, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, trabaja en la línea de lograr la plena integración de este importante colectivo, ofreciendo infraestructura y servicios asistenciales adaptados a una geografía y hábitat tan entrañables como nuestra propia Región. Para ello, está desarrollando una política social, que se puede resumir en cuatro apartados: nueva construcción de residencias de tercera edad y rehabilitación de otras ya existentes; ayudas a residencias privadas sin ánimo de lucro, fundaciones, patronatos; protección de derechos y necesidades de los usuarios, mediante la exigencia de unos requisitos mínimos de calidad en las instalaciones y funcionamiento de los centros; prestación de servicios médicos, atención geriátrica, asistencia social, a través de los propios centros o de los CEAS. Para todo esto, se llevan destinados, entre mil novecientos ochenta y ocho y mil novecientos noventa y tres, más de 3.625.000 pesetas... 3.000 millones, perdón.

Toda esta política social de construcción e integración de los diferentes equipamientos residenciales ha tenido en cuenta la ubicación de las residencias ya existentes en Castilla y León, que dotaban a las capitales de provincia de un número importante de plazas, en detrimento de las zonas rurales, las cuales, en muchos casos, disponen de una población mayor de sesenta y cinco años.

Tampoco hay que olvidar el importante número de residencias privadas, que complementan y colaboran, junto con la iniciativa pública, dentro de los cauces normativos existentes. Su colaboración resulta fundamental.

De esta manera, se ha pretendido equilibrar esta situación, concediendo especial atención a los equipamientos de capacidad reducida, en vez de los grandes centros. Se quería no sólo reducir el elevado coste de mantenimiento, sino también buscar una forma de vida más cálida y humana, a la vez que lo más próxima posible al lugar donde se ha residido anteriormente. En estos apartamentos, viviendas comunitarias, se facilita un clima familiar de convivencia, que evita uno de los más graves problemas de esta edad: la soledad. Y así, en los últimos años se ha aliviado el panorama de escasez de plazas y modalidades de residencias, logrando una integración más plena, según el hábitat y las necesidades personales.

La situación actual de las residencias de Castilla y León. Cada una de estas residencias es un mundo, y todas forman un tejido, en muchos casos muy diferenciado, pero con un denominador común: el envejecimiento progresivo de sus residentes y el deterioro constante, tanto físico como psíquico, unido a la mayor expectativa de vida.

Muchas residencias, y sobre todo las públicas, mantienen niveles cercanos a los ochenta y tres años de media. Y también muchas residencias de Castilla y León están ocupadas por residentes que llevan en las mismas más de quince o veinte años. La pregunta que surge es ¿por qué ingresaron en la residencia? ¿No había otras alternativas? El abandono de los suyos, las casas en mal estado, el miedo al futuro y, sobre todo, el miedo a la enfermedad han llenado en la década de los setenta nuestras residencias, produciendo un colapso de duración real.

También, el final de los noventa, dadas las necesidades del momento de plazas asistidas y más cercanas al domicilio, puede poner a disposición de los usuarios un importante número de ellas en el mercado. Si llenamos las residencias -como ha ocurrido- con personas que se les podía haber ayudado con otras alternativas durante mucho tiempo, sólo dispondremos de plazas en un número muy reducido, cerrando posibilidades al que más lo necesita y al que va a hacer un uso menos prolongado.

Tipología de los recursos residenciales en Castilla y León. La política de construcción de recursos en Castilla y León ha ido dirigida especialmente a cuatro tipos de centros.

El primero, lo que denominamos "casa rural de ancianos", que es un pequeño centro con un número de plazas de alrededor de doce como máximo, que permite continuar viviendo en el pueblo y realizar la misma vida que se venía haciendo anteriormente. Este tipo de centros se circunscribe a personas válidas o semiválidas que pueden comer, vestirse, desplazarse, con mayor o menor dificultad, por sí mismas; se adecúa perfectamente a poblaciones menores de mil habitantes. Es conveniente que exista un consultorio médico local en el lugar de implantación.

En la ciudad, se corresponde con la denominada "vivienda de ancianos". No es aconsejable utilizar la palabra "tutelada", por la implicación jurídica que conlleva y porque los ancianos, igualmente, deberán ser válidos, lo que implica su plena disponibilidad psíquica, aunque la física esté algo mermada.

Tanto las cosas rurales como las viviendas deben ser concebidas para que haya una participación del anciano en las actividades de la casa, contando siempre con su colaboración y siendo ésta necesaria para conseguir una mejor integración. La figura del responsable de la casa es el aglutinador de todas las fuerzas, y va a depender de ella misma el buen o mal desarrollo de la gestión y la integración de un grupo.

Las "mini-residencias" es un tipo de centro intermedio entre la residencia, que dispone de todos los medios técnicos y personales, y la casa rural, que tiene que adaptase al hábitat en que se encuentra. Se dirige a personas válidas y está encuadrada dentro de núcleos de población de más de mil habitantes. Pueden o no disponer de centro de salud, pero tienen consultorio médico local y cubren necesidades básicas dentro del campo de la tercera edad. Los barrios, en las ciudades, pueden acogerse a esta figura residencial, que todavía mantiene un sistema de vida muy cercano al familiar, aunque ya dispone de un sistema de trabajo mucho más estructurado, si bien la ayuda del anciano a las tareas comunes es conveniente para que la mini-residencia funcione en condiciones. El número de plazas aconsejable es de veinticinco.

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Las "residencias mixtas". Hasta mil novecientos ochenta, se podía pensar en proyectar grandes residencias para válidos. Hoy es impensable crear una residencia de válidos, cuando la mayoría de las solicitudes son de ancianos que no se valen por sí mismos; y de las solicitudes presentadas por personas válidas, su media de edad está muy por encima de los setenta y cinco años, su situación física difícilmente les permite ya realizar tareas de la vida diaria, salvo las de autoayuda, como vestirse o comer, teniendo necesidad, en muchos casos, de otra persona para ducharse o para acudir a un centro médico, realizar compras, etcétera.

Las "grandes residencias" también han demostrado con claridad su sistema de amontonar a los ancianos dentro de una jaula de oro de cinco estrellas. Abunda la soledad y la falta de vida familiar. Se vive, casi, como en un escaparate y desaparece la vida propia. Estos macrocentros han cumplido y cumplen su función, pero es preciso humanizar su uso, sin merma de la rentabilidad económica necesaria. Es fundamental, por tanto, crear plazas asistidas especializadas y cubrir las necesidades que, en muchos casos, van a tener las residencias mixtas con la mayoría de sus residentes: derivación en demencias seniles, enfermedad de Altzeimer, diabetes crónica, enfermos terminales, etcétera.

Criterios utilizados para la planificación. Para la consecución de los objetivos que la Administración Autonómica se propuso en la política de la tercera edad se plantearon los siguientes criterios:

Primero, priorizar siempre que se fuera posible el mantenimiento de las personas mayores en su medio socio-cultural.

Segundo, habilitar recursos y programas que respondan a principios preventivos y asistenciales, como preparación a la jubilación, y actividades que preparen para llenar el ocio, con tareas creativas y desarrollo integral.

Tercero, prevenir el deterioro de las personas mayores y su aislamiento social derivado del momento de la jubilación, como consecuencia de los cambios que se producen en esta fase de su vida.

Cuarto, llegar a cubrir con la creación de una red de centros asistenciales un 5% de las necesidades de la población de sesenta y cinco años... en todas las mayores de sesenta y cinco años, en todas las comarcas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Quinto, programar y apoyar cuantas iniciativas y actuaciones favorecen el régimen ordinario de vida de las personas mayores en su medio natural, ayudándolas en la satisfacción de sus necesidades materiales: ayuda a domicilio, centros de día, teleasistencia, así como otras de tipo psico-social; todo ello para evitar el sentimiento de aislamiento, soledad, marginación. Sólo después de agotados estos recursos se optaría por el ingreso en un centro residencial de las características señaladas anteriormente. De este modo, se cumple el artículo 11 de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales, que establece el apoyo a la tercera edad mediante servicios tendentes a mantener al individuo en su entorno social, a promover su desarrollo socio-cultural y, en su caso, procurarle un ambiente residencial adecuado.

También en el Decreto 283/1990, de veintisiete de diciembre, por el que se aprobaron los planes regionales de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, se establecía una estrategia de actuación sobre el sector de la tercera edad centrada en dos grandes bloques.

Primero, referido a la permanencia de las personas mayores en su medio natural, cubriendo necesidades materiales, el tiempo de ocio y promoviendo su participación en actividades socio-culturales.

Segundo, la creación de una red de centros de convivencia y residenciales, teniendo en cuenta los recursos ya existentes gestionados por la iniciativa privada dentro del sistema de acción social.

Estos criterios de planificación general se concretan, en lo relativo a plazas residenciales, en el establecimiento de una red o sistema de centros en cada una de las comarcas de nuestra geografía, llevándolo a cabo en colaboración con entidades públicas y privadas, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:

a) El número de habitantes de la zona o comarca, incidiendo en aquellas en que es más alto, más acusado el envejecimiento de su población.

b) Suplencia en los lugares en los que no ha llegado la iniciativa privada u otros organismos.

c) Urgente necesidad en las zonas desfavorecidas fomentando mancomunidades que atiendan los servicios socio-sanitarios, especialmente en aquellas de mayor dispersión poblacional.

Plan de Construcción de Residencias en Castilla y León. Comienzo por la provincia de Avila, con un total de ciento setenta y cuatro mil trescientos setenta y ocho habitantes; personas de tercera edad de más de sesenta y cinco años son treinta y cuatro mil ciento cincuenta y cinco, es decir, un 19,58%. Hay un total de treinta residencias, con un número de plazas de dos mil ciento veintiuna residencias. La Junta de Castilla y León ha colaborado en la construcción de trece residencias, creando seiscientas ochenta y tres plazas. Está finalizada una residencia; en construcción, nueve residencias; y ha participado en la remodelación, ampliación o equipamiento en tres residencias, logrando un índice de cobertura del 6,2%.

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La provincia de Burgos, con trescientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y un habitantes, sesenta y un mil seiscientos quince personas de más de sesenta y cinco años, un porcentaje de 17,46%; hay cuarenta residencias, con un total de tres mil novecientas setenta y dos plazas. La Junta de Castilla y León ha creado dieciocho residencias, o ha colaborado en la construcción de dieciocho residencias, con un total de setecientas treinta plazas; el índice de cobertura es de un 6,4%. Hay finalizadas tres residencias, seis en construcción, y nueve se ha contribuido a su remodelación, ampliación o equipamiento.

En la provincia de León, con quinientos veinticinco mil ochocientos noventa y seis habitantes, noventa y cinco mil trescientas cincuenta y cinco de más de sesenta y cinco años, correspondiendo un 18,13%; hay creadas treinta y siete residencias con dos mil quinientas cincuenta y una plazas. La Junta ha colaborado en trece residencias, seiscientas sesenta y cinco plazas, y el porcentaje es de 2,6% de plazas de residencia por cada cien habitantes de más de sesenta y cinco años. Ha participado en dos que están finalizadas, siete que están en construcción y cuatro en remodelación, ampliación o equipamiento.

La provincia de Palencia, con ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y ocho habitantes, treinta y dos mil trescientos sesenta y tres mayores de sesenta y cinco años, que corresponde a un 17,44%. Hay veintiocho residencias, dos mil veinticinco plazas. La Junta de Castilla y León ha colaborado en catorce residencias, mil setenta y cuatro plazas, siendo un porcentaje de 6,2 el número de plazas creadas respecto a cien ancianos de más de sesenta y cinco años. Una se ha finalizado en la provincia de Palencia, cinco están en construcción y ocho en remodelación, ampliación o equipamiento.

La provincia de Salamanca, con trescientos cincuenta y siete mil ochocientos un habitante, setenta y cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro de más de sesenta y cinco años, siendo el porcentaje 20,75. Tiene cincuenta y tres residencias, tres mil quinientas cincuenta y tres plazas. La Junta colaboró en diecisiete residencias, seiscientas cincuenta y tres plazas, y el porcentaje de cobertura es de 4,8%; tres residencias finalizadas, nueve en construcción, cinco remodelación, ampliación o equipamiento..

La provincia de Segovia, con ciento cuarenta y siete mil ciento ochenta y ocho habitantes, treinta mil treinta y ocho mayores de sesenta y cinco años, 20,40%. Existen veintidós residencias, mil quinientas treinta y tres plazas. La Junta ha colaborado en nueve residencias, cuatrocientas sesenta y una plazas, el índice de cobertura es 5,1. Tres residencias finalizadas, cinco en construcción y una en remodelación.

La provincia de Soria, con noventa y cuatro mil quinientos treinta y siete habitantes, veinte mil setecientos setenta y ocho mayores de sesenta y cinco años, un porcentaje de 21,98%. Cuenta con diecinueve residencias, mil seiscientas noventa y tres plazas. La Junta ha colaborado... ha subvencionado seis residencias, cuatrocientas treinta y dos plazas; el índice de cobertura es de 8,1%. Una residencia está finalizada, cuatro están en construcción y una remodelación.

En Valladolid, con un número de habitantes de cuatrocientos noventa y cuatro mil doscientos siete, sesenta mil quinientos cincuenta y cinco de más de sesenta y cinco años, representa un 12,25%. Existen cincuenta y nueve residencias, tres mil trescientas nueve plazas. La Junta subvencionó doce residencias, setecientas cincuenta y nueve plazas; el índice de cobertura actual es de 5,4%. Hay tres residencias finalizadas, tres en construcción, seis ha contribuido a su remodelación, ampliación o equipamiento.

La provincia de Zamora, con doscientos trece mil seiscientos sesenta y ocho habitantes, tiene cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y ocho mayores de sesenta y cinco años, que representa un 23,05%. Tiene treinta y siete residencias, dos mil trescientas veintisiete plazas. La Junta ha subvencionado diez residencias, setecientas seis plazas, y es un índice de cobertura de 4,7%. Ha colaborado en una residencia que está finalizada, seis que están en construcción y tres en remodelación, ampliación o equipamiento.

Creemos que el esfuerzo que ha hecho la Junta en la creación en estos... sobre todos estos tres últimos años, del año noventa al año noventa y tres, ha sido tremendamente importante. Creemos que hay que seguir haciendo esfuerzo por dotar las dos provincias que no llegan a ese 5% de plazas de residencias, como es concretamente la provincia de León, que el índice está bastante más bajo. Es necesario reconvertir algunas de las residencias que cuentan con plazas de válidos en plazas de asistidos. Y, desde luego, el futuro es también para ayudar a mantener algunas de las residencias que creemos que deben de cumplir unos mínimos de calidad, tanto de personal como de instalaciones, que hacen que deban de recibir ayudas de las instituciones para dotar de una mayor calidad de vida a los residentes de estos centros.

Si quieren alguna aclaración...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señora Directora General. Si les parece a los Portavoces, continuamos la sesión. Y tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto...

LEON DE LA RIVA

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EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Señor Presidente, para una cuestión de orden. Teniendo en cuenta que entiende este Procurador que estamos en la misma sesión que antes de la interrupción, no son dos sesiones, sino que es la misma, y habiéndose cuestionado mi intervención en el debate anterior, yo pediría al señor Presidente que ordene la lectura del artículo 142.4 del Reglamento, que regula las comparecencias de los miembros del Gobierno ante la Comisión, entendiendo además este Procurador que a quien se capacita reglamentariamente para interpretar la norma es al Presidente y a nadie más en la Comisión, y que, por lo tanto, este Procurador cree que se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 142.4 del Reglamento; como va a quedar reflejado en el Diario de Sesiones, quien lea el Diario de Sesiones de la primera parte, me gustaría también que lea lo que dice el Reglamento, que, evidentemente, no está en el Diario de Sesiones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Sí. Don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: En esa ....... cuestión de orden, yo diría que, aparte del Reglamento, yo pedí que constase en acta la opinión del letrado, si jurídicamente corresponde o no en el orden que había. Y es lo que sigo pidiendo, pedí anteriormente y no ha constado la opinión del letrado, independientemente, como dice el señor León de la Riva, que a quien corresponde es al Presidente. Pero yo dije que el letrado asesorase de cuál era la interpretación del Reglamento, porque no es por lo de hoy, es para el futuro. Si cuando intervienen los Portavoces e intervienen otros Procuradores pueden intervenir con un segundo grupo de Portavoces o simplemente, como se nos ha dicho reiteradamente, para preguntar o pedir observaciones.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Señor Presidente, si se me permite. El hecho de que el Procurador señor León de la Riva coincida con que sea el Portavoz habitualmente en esta Comisión no quiere decir que las intervenciones hechas a título personal las haga en nombre de su Grupo, y en ese sentido se ha manifestado. Reitero que lo que dice el Reglamento es para la realización de preguntas u observaciones. Y reitero una vez más que observaciones u opiniones, yo no sé si el señor de Fernando tendrá un diccionario a mano para discutirlo o no, pero reitero además que a quien compete la interpretación del Reglamento es al Presidente y no a los letrados.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): En primer lugar, yo quiero... quiero dejar claro que esta Presidencia lo ha interpretado como una observación, y, por tanto, consultando con el letrado, hemos aceptado que era así y que, por tanto, era correcta la intervención del Procurador, que intervenía como Procurador, no como Portavoz. Y a continuación, pues, vamos a proceder a leer este punto 4 del artículo 142, como aquí se ha solicitado, que dice lo siguiente:

"El desarrollo de la sesión constará de las siguientes fases: exposición oral del compareciente, suspensión por un tiempo mínimo de quince minutos para que los Grupos Parlamentarios y Procuradores puedan preparar la formulación de las preguntas u observaciones, y posterior contestación de éstas por el miembro o alto cargo de la Junta. Podrán utilizar sendos turnos de réplica y de dúplica. Intervendrán primero los Grupos Parlamentarios, a continuación los Procuradores de la Comisión que no hayan actuado como Portavoces de los Grupos y, finalmente, los Procuradores presentes que no sean miembros de la Comisión".

Este es el punto 4 del artículo 142, y yo creo que así ha sido... se ha llevado a efecto esta comparecencia y, por tanto, creo que está dentro de la norma y dentro de lo que dice el Reglamento. Muchas gracias.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Señor Presidente, yo le pediría nada más que conste en acta la opinión del letrado. Y le insisto: no es por lo de hoy, es para futuras comparecencias en esta o en otras Comisiones que pueda servir de base.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Bien. Pues, yo creo que...

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Señor Presidente, el letrado opinará privadamente para asesorar a Su Señoría, pero en modo alguno está capacitado para intervenir en un debate público en Comisión.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, yo era para suscitar una cuestión de orden de verdad, o sea... y al tenor de la discusión que vamos a tener. Y era para saber si estaba en vigor la Resolución de la Mesa de las Cortes que indicaba que las comparecencias solicitadas por un Grupo Parlamentario era el Portavoz de este Grupo el que intervenía en primer lugar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Si me permite, quiero decirle que está en vigor, que está en vigor la normativa, pero que tiene que ser solicitada por el Portavoz correspondiente. Y no he tenido tal solicitud.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Así lo hago, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Bien. Pues, entonces, pasamos... como no vamos a hacer ningún turno de descanso, pasamos al... Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista, don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

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EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Volviendo al tema que nos ocupa -que así decíamos ayer-, la intervención de la señora Directora General, que agradecemos, en las Cortes, en esta Comisión de Bienestar Social, en primer lugar, lo que tengo que agradecerle es la corrección con que nos la leído un documento de su Consejería que se llama "Análisis del Sistema Residencial de la Tercera Edad en Castilla y León", firmada -por cierto- por un Jefe de Servicio que creo que ya no lo es; nos ha leído este texto en algunos de sus párrafos y luego nos ha indicado los datos que a continuación..., vamos, que en el propio texto se contienen, como análisis, como apéndices estadísticos. Yo, por lo tanto, voy a obviar el comentario de lo que nos ha leído, y casi me voy a referir más sobre lo que no ha leído del propio texto, porque la señora Directora General nos ha leído un estudio y ha omitido las conclusiones del propio estudio, lo cual me deja indicar que, de alguna manera, existe en estos momentos algún grado de discordancia en la política de la Junta de Castilla y León en materia de tercera edad.

Mire usted, señora Directora General, usted nos ha leído la situación demográfica de Castilla y León, tema que sobradamente estos Procuradores de estas Cortes conocen: estamos en una región envejecida -ya lo sabíamos-, tenemos una serie de necesidades; y a continuación nos ha hecho un desglose de datos provinciales. Cuando nos ha leído la tipología de los recursos de este estudio (de este estudio interno de la Consejería), ha omitido usted algunos párrafos curiosos. Por ejemplo, el párrafo del propio estudio en donde se recomienda que las residencias de la Junta de Castilla y León en el ámbito rural se ubiquen en los centros residenciales... en núcleos de población con centro de salud, y que sean zonas de reconocido prestigio para los municipios más pequeños que la rodean; en una palabra, que sea un foco de atracción por su comercio, centros sanitarios, mercado, o nudo de comunicaciones.

Porque usted nos ha venido a decir aquí que ustedes hacen una política de residencias basada en una serie de necesidades sociales y que, en función de esas necesidades sociales, parece ser que planifican el dónde se ubican estas residencias en el entorno. Se le ha olvidado a usted comentar, en primer lugar, que la Junta de Castilla y León no construye residencias; incluso los datos que nos ha facilitado al final, de las residencias en las que la Junta de Castilla y León ha coadyuvado a su construcción, pues, ha incluido, con cierta generosidad por su parte, los fondos del Ministerio de Asuntos Sociales, es decir, las residencias que la Junta de Castilla y León subvenciona con fondos que el Ministerio de Asuntos Sociales le remite, y en lo que lo único que hace la Junta de Castilla y León es decidir adónde van. El Ministerio de Asuntos Sociales comunica a la Junta de Castilla y León: trescientos tantos millones de pesetas al año en Castilla y León; la Junta de Castilla y León los distribuye, los remite a los ayuntamientos respectivos, y he aquí que la Junta de Castilla y León ha construido no sé cuántas residencias con ese dinero, que no es suyo y que generosamente reparte -ya digo-, y que, luego, además, sirve para justificar este tipo de intervenciones parlamentarias de los altos cargos de la Consejería.

Además de eso, nos ha venido a decir que los criterios con los que ustedes ayudan a la construcción de residencias son básicamente tres: el número de habitantes, la suplencia de otros recursos y la .....atención a zonas desfavorecidas.

¿Cuáles son las conclusiones de este estudio, de este estudio, el de su Consejería, o del que encargó hace poco tiempo el Consejo Económico y Social de Castilla y León sobre el Proyecto, vamos..., sobre las residencias de tercera edad en Castilla y León? Bueno, pues en primer lugar, las conclusiones son que los datos de cobertura son sensiblemente inferiores a los que la Directora General ha comentado aquí. O sea, por ejemplo, voy a citar simplemente un par de provincias para que se vea hasta qué punto existen discrepancias. En Burgos, según la Directora General, existe un índice de cobertura de mayores de 65%... es decir, la relación entre plazas de residencia y mayores de sesenta y cinco años, perdón, del 6,4%; el Consejo Económico y Social de Castilla y León habla de 3,72%, casi la mitad. Al final uno siempre tiene la tentación de decir que las estadísticas son fácilmente manipulables por unos y por otros, y que las cifras estadísticas -según como le venga al que las produce-, pues, al final van a querer decir lo que nos interese que digan. Lo que sí que es cierto es que el Consejo Económico y Social y el propio estudio de la Consejería coinciden en que hay unas provincias que están muy bien dotadas de plazas de residencias y otras provincias que están peor dotadas. ¿Cuál es la provincia que está peor dotada? León, ¿no? León es la que todo el mundo reconoce que es la que está peor. Y en segundo lugar, Salamanca. ¿Dónde hace las residencias la Junta de Castilla y León? Bueno, pues cuando las hace con sus propios fondos, pues, por ejemplo, en primer lugar está Palencia y en segundo lugar está Burgos. Y cuando las hace con fondos del Ministerio de Asuntos Sociales, pues, más o menos, como el primer año se levantó una cierta polvareda porque los Procuradores socialistas denunciaron que había habido cuatro provincias que se habían quedado sin ninguna residencia y que, sin embargo, la provincia de la que es la Directora General, pues, había tenido cuatro, pues en esta ocasión se ha partido de un principio bastante más equitativo: dos residencias en cada provincia, una en Valladolid y tres en Zamora -eso sí, que es la excepción-; las otras siete provincias de Castilla y León tienen dos residencias en cada caso. ¿Existe, por tanto, un criterio de planificación? ¿Se hacen más residencias donde más falta hace? No señor. O se hacen residencias por igual en todos los sitios, o, curiosamente, incluso se hacen más residencias donde menos falta hacen, según los propios estudios de la Junta de Castilla y León.

Yo me harté de decir en la anterior Legislatura, y lo recuerdo aquí, porque "la hiel amarga en la boca", como decía el poeta, que la única provincia en que la Junta de Castilla y León construyó una residencia con fondos propios en la anterior Legislatura era en la provincia de Soria, y era la provincia que en todos los estudios de la Consejería se decía que tenía más plazas de residencia, que estaba mejor dotada, y fue la única en la que se construyó una residencia; no en la que se apoyaron las residencias municipales, sino fue la única que se construyó con fondos propios de la Junta, como inversión directa de la Junta, una residencia.

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No tenemos, pues, un criterio de planificación provincial. Se introducen los criterios al buen "tuntún", o al buen leal saber y entender. Si nos cogemos la distribución de las residencias construidas con el fondo del Ministerio de Asuntos Sociales, tanto el año noventa y dos como el año noventa y tres, no hay ninguna congruencia con los estudios de la Consejería o con los estudios de órganos independientes.

¿Esta congruencia existe en cuanto a núcleos de población? Bueno, el Consejo Económico y Social hacía una relación de todos los núcleos de población de la región de más de mil habitantes que todavía no tenían residencias; casi llegan al centenar, de los núcleos de población de más de mil habitantes que no tenían residencias. ¿Dónde construye la Junta de Castilla y León las residencias con el dinero del Ministerio de Asuntos Sociales? Pues de las... nueve por dos, dieciocho; de las dieciocho residencias construidas con el dinero del Ministerio de Asuntos Sociales, repartido por la Junta de Castilla y León, nos encontramos con que exactamente seis están construidas en núcleos de población de menos de mil habitantes (hay uno, concretamente, que tiene cuatrocientos sesenta y siete); de esos seis núcleos de población de menos de mil habitantes, ¿adivinan ustedes cuál es el color político del alcalde de los seis núcleos de población? Bueno, pues no son los seis, son cinco; hay uno independiente y cinco alcaldes del Partido Popular. Es decir, mientras se dejan de construir residencias en núcleos de población importantes, se construyen residencias en núcleos de población mínimos porque tienen alcalde del Partido Popular. Y no quiero hacer la relación de estos seis núcleos, porque, evidentemente, ellos son beneficiarios, pero no son los culpables de esta situación.

¿Se construyen la residencias allá donde están los centros de salud, como reclaman los propios informes de la Consejería? Pues, no señor; sigue habiendo localidades de esta región -y yo podría citar algunas de mi provincia- que tienen centro de salud, que solicitan dinero para construir residencias, y a los que no se les subvenciona la construcción de residencias, mientras se están subvencionando la construcción de residencias en núcleos de población que ni tienen centro de salud, ni tienen centro de guardias, ni son núcleo de comarca natural, ni guardan ninguno de los criterios que pedía el autor de ese estudio que se cumplieran por parte de la Junta de Castilla y León.

¿Y se hacen las residencias especialmente en las zonas más desfavorecidas? Pues tampoco; sinceramente, si nos cogemos la relación de los núcleos de población donde faltan por hacer las residencias y no se hacen, y cogemos donde a lo mejor faltan menos y se hacen, pues, nos encontramos con que ese indicador... la verdad es que ese indicador no es que sea perverso; no se hacen donde hay más dinero, pero tampoco se hacen donde hay menos dinero.

Es decir, se hacen las residencias al buen tuntún y sin ninguna planificación. Yo, en algunas ocasiones, he reclamado en estas Cortes que se siguiera un criterio tan elemental como es que al menos todas las zonas básicas de acción social -saben ustedes que el territorio de la Comunidad está dividido en zonas básicas de acción social-, todas tuvieran una residencia; y hasta que no acabáramos de construir una residencia en cada zona, no siguiéramos construyendo más residencias en zonas que ya tienen una, dos, o tres. Bueno, pues sigue habiendo en esta Comunidad Autónoma muchas zonas básicas de acción social que no tienen ninguna residencia; mientras que hay otras zonas básicas de acción social que tienen dos o tres residencias.

Y en cuanto -ya digo- al color político de los alcaldes de los ayuntamientos afectados por la política de subvenciones, pues, una vez más, señora Directora General, nos encontramos con que, desde luego, tiene demasiada incidencia el tener un alcalde del PP o no tenerlo, a la hora de que las solicitudes de subvención de la residencia sean aceptadas o no sean aceptadas.

Esto en cuanto a una cuestión de reparto de fondos. Ustedes se están atribuyendo fondos que no son suyos; ustedes están distribuyendo con absoluta arbitrariedad los recursos; lo hacen al margen de cualquier planificación; discriminan a provincias enteras, como es el caso de la provincia de León; discriminan a los ayuntamientos socialistas. No tienen en cuenta ni las propias conclusiones de los estudios técnicos de la Consejería y no tienen en cuenta ningún criterio de planificación en materia de servicios sociales. Ahí queda eso; ni nada más, ni nada menos.

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Pero además de eso, podía haber, al menos, cierta racionalidad en el uso de los recursos; es decir, bueno, se hace en unos sitios donde hay alcalde del PP, sin ningún tipo de criterios y tal, pero, bueno, lo que se está haciendo es lo que debe hacerse. Pues, no señor, porque el propio estudio confeccionado en la Consejería dice, entre otras cosas, que hay que construir en cada sitio, en cada momento y en cada lugar el recurso más adecuado. ¿Y con qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos con que estamos construyendo residencias cuando no tenemos ningún tipo de política de ayuda a domicilio; con lo cual, estamos obligando a la gente, si quiere recibir algún tipo de protección por la vía de los servicios sociales de la Comunidad de Castilla y León, a ingresar como interno en una residencia. Y eso es una política suicida. Vamos a tener, eso sí, en Castilla y León, en los próximos años, la tasa más alta de personas residenciadas de España; y a lo mejor tendremos, al mismo tiempo y a la vez, y por mor de la misma política, la tasa más baja, en relación a la población de la tercera edad (de los mayores de sesenta y cinco años), de personas acogidas a programas de ayuda a domicilio. Cuando todo el mundo dice, todos los teóricos -en esta materia existe absoluta convención-, que solamente cuando es imprescindible hay que internar a los ancianos; que, en la medida de lo posible, hay que mantenerlos en su entorno. Pero su entorno no es una residencia en su pueblo; su entorno es su domicilio, ése es el primer entorno; y solamente cuando una persona no puede valerse por sí misma, hay que internarle en una residencia. El dinero que la Junta de Castilla y León destina a residencias es muy superior, multiplica por varios dígitos el dinero que destina a programas de ayuda a domicilio. El dinero que destina, además, a las plazas de inválidos es muy inferior, en cuanto a las necesidades reales, que el dinero que destina a plazas de válidos; y aquí sí que nos tenemos que encontrar ante una disyuntiva, pues, que, a veces, es dramática, pero que, desde luego, siempre tiene que resolverse en favor de los más débiles. En esta región tenemos mucha necesidad todavía de plazas de residencia para ancianos inválidos, en función de patologías de base física, de base somática, o de otro tipo de patologías, de enfermedades mentales, etcétera; y tenemos un déficit enorme todavía por cubrir en esa materia. Y, sin embargo, en muchos casos estamos dando dinero muy alegremente para construir residencias que son pensiones cambiadas de nombre, que son sitios en donde los ancianos comen y duermen y nada más, y nada más. Y cuando nosotros hemos intentado en las Cortes que las partidas que se derivan del Programa de Acción Social vayan a estas residencias para inválidos, o a plazas para inválidos en las residencias, se nos dice que no, y se nos dice, además, que no es posible que haya residencias para inválidos sólo; y es una política con la que nosotros coincidimos, pero es que, en estos momentos, es urgente que muchas de esas residencias, que están empezando a construirse con dinero del Ministerio de Asuntos Sociales o con dinero de la Junta de Castilla y León para válidos, empiecen a dotarse de una pequeña estructura para inválidos, que, como es mucho más cara, que como es mucho más cara, y es mucho más cara, sobre todo, de mantener, y tiene menos rentabilidad en costes electores y tiene menos rentabilidad en costes de plazas, pues, no se abarca. Porque es muy fácil hacer una cama barata para válidos, y es muy difícil hacer una cama cara para inválidos, aunque sea más necesario. Y esto -a nuestro juicio- es un grave error político.

Pero si la política de residencias, en cuanto a la asignación de recursos, nos parece inadecuada, tanto en el territorio, como en la asignación de fondos, como en las tipologías de los recursos a utilizar, ¿la Junta de Castilla y León ha avanzado algo en lo que es el control de la red privada de residencias? ¿Ha mejorado algo la situación de las residencias privadas en Castilla y León? Pues tampoco podemos ser muy optimistas. Porque, miren ustedes, ustedes acaban de sacar una normativa que regula los mínimos de las residencias privadas para funcionar correctamente. Incluso, el señor Consejero adujo el otro día, en la Comisión de Presupuestos, que determinadas partidas presupuestarias iban a permitir que las residencias privadas pudieran funcionar para inválidos y pudieran cumplir esa normativa de mínimos que es imprescindible. Pero es que nos estamos olvidando de que en el año mil novecientos noventa, en junio, es decir, hace tres años, hubo un Decreto de veintiuno de junio por el que se regulan las condiciones y requisitos de los centros y establecimientos de la tercera edad para su puesta en marcha y funcionamiento. Bueno, pues, tres años después, tres años después, en verano de este mismo año, el señor Consejero hacía una comparecencia ante los medios de comunicación en Valladolid, y los titulares de los dos periódicos de Valladolid eran los siguientes -y yo, como coincido con ellos, los voy a leer literalmente-: "La Junta no sabrá hasta mil novecientos noventa y cinco cuántas residencias de ancianos hay en Valladolid", tres años después de tener una normativa que regulaba esto. El otro medio de comunicación escrito de Valladolid decía: "La Junta admite que el noventa por ciento de las residencias de ancianos incumplen la legislación", tres años después del Decreto de junio de mil novecientos noventa.

Y entre mil novecientos noventa y mil novecientos noventa y tres, ¿qué ha sucedido, por ejemplo, en la provincia de Valladolid? Que ha habido denuncias ante la Inspección de Trabajo de trabajadores de residencias, que ha habido denuncias por malos tratos de internos de residencias, que ha habido residencias que, incluso, han sido cerradas por no cumplir las condiciones de la normativa, que ha habido Ayuntamientos que, a veces, se han encontrado en la tesitura de dirigirse a la Junta de Castilla y León para saber qué hacían con una residencia que venía funcionando sin saber muy bien ni cómo ni cuándo en su término municipal; con una norma aprobada, con rango de decreto, por la Junta de Castilla y León. Y al cabo de tres años, nos encontramos con que no sabemos ni cuántas hay, reconocemos que las que hay incumplen la legislación y reconocemos cómo esas denuncias no han tenido su traducción en correspondientes expedientes en la Comunidad Autónoma.

En conclusión, en esta materia, señora Directora General, al margen de estudios, con los que podemos coincidir -y yo, evidentemente, coincido mucho con el autor de este estudio, que me parece, además, un estudio solvente-, tenemos que llegar a un gran acuerdo político entre las Instituciones para que las cosas dejen de estar como están. Tenemos que empezar a pensar en qué recursos necesitamos. Y, a lo mejor, necesitamos menos camas para válidos y más camas para inválidos. Necesitamos que las residencias estén ubicadas en determinados sitios; y no todos los pueblos de esta Región pueden tener su residencia, y ustedes llevan camino de que todos los pueblos con Alcalde del PP tengan su residencia; sólo faltarán los demás. Y esto es una mala política de residencias. Tenemos que hacer una asignación de recursos territorialmente solvente: una residencia en cada Zona Básica de Acción Social, una, pero no cinco y en otras ninguna. Una residencia en cada comarca, una residencia allá donde exista un centro de salud. Y las cabeceras de centros de salud las han decidido ustedes, pero nosotros estamos de acuerdo con que están imbuidas de un principio de una cierta racionalidad. Ese sería un criterio.

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Tenemos que decidir, además, qué hacemos con las residencias privadas. Dentro de tres años, no podemos encontrarnos con el bochorno de que esta nueva norma se encuentre como la anterior, diciendo que no sabemos cuántas hay y no sabemos cómo funcionan.

Y tenemos, por fin, que ponernos de acuerdo, señora Directora General, en que éste no es un tema, pues, que tenga que estar sometido a criterios personales de la persona que ocupa en cada caso la Dirección General de Servicios Sociales; que tiene que haber unos criterios objetivos, mínimamente objetivos. Si sus propios estudios dicen que una provincia necesita más camas, pues, en esa provincia habrá que hacer más residencias, y no en la de al lado. Si sus propios estudios dicen que en unas zonas hacen falta más plazas, pues, en esas zonas habrá que hacer más plazas, y no en las de al lado, al margen de quién sea el Director General.

Y eso es lo que es un Plan Regional de Tercera Edad, eso es lo que es una política racional en materia de residencias y eso es, por desgracia, absolutamente lo contrario de lo que está haciendo usted.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Y gracias muy sinceras a la Directora General, por el contenido de su intervención, que me ha parecido amplio, sensato y que comparto en buena medida.

Bien es cierto que ya las conclusiones es diferente, porque una cosa es -como dice el refrán popular- predicar y otra dar trigo. Porque, evidentemente -como he dicho hace un momento-, sin perjuicio de compartir esos criterios generales que nos ha planteado de, sobre todo, intentar que no se produzca el desarraigo, del no a las macro-residencias, etcétera, etcétera, y de dar una cobertura a la creciente población anciana en nuestra Región, que cada vez es mayor, sin embargo, bueno, a la vista de los datos que nos facilita, vemos cómo hay mucho camino por recorrer, todavía. Y, sin perjuicio de que 3.000 millones son muchos millones, -afortunadamente, más de los 3.000.000 que... en fin, anecdóticamente lo digo, ¿no?-, creo que es insuficiente, que habría que hacer un gran esfuerzo y, sobre todo, también, restaurar un poco el equilibrio que se produce en el índice de cobertura que se observa en las distintas provincias; en todas pequeño, pero que, desde luego, en el caso de León es sangrante, porque, en algunos casos, se triplica o cuadruplica, incluso, su cobertura en otras provincias.

Y me preocupa esta situación no porque exista, sino, sobre todo, porque al menos no ha anunciado medidas que intenten corregir a medio plazo este desequilibrio, que discrimina a ciudadanos castellano-leoneses que viven en la provincia de León. Y, claro, se produce el hecho sangrante -que tengo la experiencia, incluso, personal de que ha habido gente que me ha pedido ayuda, me ha consultado- de que ciudadanos de León, pues, se ven forzados a ir a otras provincias; con lo cual, el desarraigo, que, por naturaleza, ya es grande incluso dentro de la misma provincia, se agrava profundamente.

Entonces, yo sugeriría y rogaría a la señora Directora General, a la Consejería de Bienestar Social, que se intente corregir este desequilibrio, porque no es justo el dar a todos lo mismo, si las necesidades de todos son diferentes. Es decir, la objetividad no es decir "vamos a hacer -como se ha dicho- dieciocho residencias, porque no hay para más, y, para que nadie proteste, vamos a hacer dos en cada provincia". ¡Hombre!, quizá en alguna provincia, dado que los recursos son escasos, pues, debería no haberse hecho ninguna, y en otra tres o cuatro, para intentar buscar ese reequilibrio, al que todos los ciudadanos de Castilla y León, vivan donde vivan, tienen derecho. Y me preocupa -digo- porque es que no he visto voluntad -por lo menos, no la ha expuesto la señora Directora General-, proyectos concretos que intenten buscar ese equilibrio necesario, y que en el caso de León, sobre todo, es sangrante.

De otra parte, también estoy de acuerdo -lo que ocurre es que creo que no se traduce en la práctica- en el tema de potenciar en mucha mayor medida el funcionamiento y la asistencia de las casas rurales, porque, efectivamente, ésa es la única forma real de no desarraigar al anciano. Es decir, ahora, en nuestros pueblos de Castilla y León hay pueblos pequeños o medianos, no de mil habitantes, de muchos menos, pues, yo qué sé, de cien habitantes, doscientos habitantes, trescientos, donde el setenta por ciento es población mayor de sesenta y cinco años, donde, en algunos casos, vive solo, una persona sola en una vivienda, que se vale por sí misma, pero que le falta la afectividad necesaria, le falta la compañía, le falta la convivencia, que, sobre todo, en los largos inviernos de nuestra Región complica todavía más las cosas.

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Y, por eso, yo creo que se debería hacer incidencia en este programa de las casas rurales, que, por cierto, nos ha dado datos sobre la existencia de residencias hechas, en funcionamiento, privadas, públicas, hechas con la colaboración de la Junta, etcétera, etcétera, pero no nos ha dicho -y, si lo sabe, yo le rogaría que nos lo facilitase- el número, por ejemplo, de casas rurales que funcionan hoy en Castilla y León, porque yo no conozco absolutamente ninguna; estoy seguro que existirán, pero seguro que son pocas. E, insisto, este programa de las casas rurales seguro que sería el más acogedor para nuestros mayores, el más fácil de llevar a cabo, quizá, el menos costoso, porque, incluso, ellos mismos se ayudarían mutuamente, con un apoyo marginal de la Administración, a través de los servicios de asistencia social profesionales, e, incluso -como se habló antes aquí, en el primer punto del Orden del Día-, con la colaboración, también, que podría... complementaria del voluntariado social, etcétera, etcétera. Porque, ya digo, yo conozco multitud de casos viviendo en una zona rural, en la que vive... pues, por ejemplo, en un pueblecito de cien habitantes, pues, hay ocho personas que viven solas. Y si sobra algo en ese pueblo son casas, casas habitables, en unas relativas buenas condiciones, que podrían organizarse para facilitar esa convivencia y no producir ningún tipo de desarraigo, o casi ningún tipo de desarraigo; desarraigos que se producen en las residencias comarcales, se producen aún más en las macro-residencias y se producen aún más si, encima de se runa macro-residencia, tienen que salir fuera de su provincia, perdiendo contacto con el entorno, no solamente con el entorno geográfico, sino con el entorno social y el entorno humano; porque, hoy día, las provincias identifican mucho, todavía, a las personas; es decir, puede haber ciudadanos que se sientan, por supuesto, españoles, también castellano-leoneses, pero se siente, sobre todo, pues, quizá, abulenses o leoneses. Entonces, ése es un elemento importante a tener en cuenta.

Y otro dato que no nos ha dicho absolutamente nada, pero que también me preocupa, por la experiencia de otras regiones, sobre todo, y porque es bueno aprender de experiencias ajenas, es el nivel de fiscalización que tiene la Junta de Castilla y León sobre el funcionamiento, el trato a los residentes en estas residencias públicas o privadas, con ayudas de la Administración, para que no se produzcan y no salga a la luz pública... -que no quiero decir que ocurra, pero, vamos, bien está ser previsores-, pues, bueno, lo que ha ocurrido en alguna otra región, que a los residentes se les tenía atados a la cama, en fin, barbaridades, ¿no? Porque, realmente, ya no hablamos de desarraigo sólo, sino que esto sería mucho peor. Entonces, yo lo que preguntaría -no estoy acusando, ¿eh?, estoy simplemente preguntando- si la Junta, periódicamente, hace inspecciones -por llamarlo de alguna forma- sobre el funcionamiento, el nivel de limpieza, el trato humano y de todo tipo que se da a los residentes, sin avisar antes, claro; no vaya a ser que ocurra como ocurre con frecuencia en otras Instituciones, en que el Inspector avisa antes de ir, para que pongan el menú bueno o para que limpien bien la cocina, y, en fin, el resto de la semana o el resto del mes, pues, aquello está hecho una pena, ¿no?

Y simplemente eso. Plantear mi inquietud, que avanzadas ya en otras Regiones, yo creo que están, en este aspecto, más avanzadas que nosotros. Y yo plantearía, como posición personal, que se incidiese en el tema de las casas rurales, porque un gran porcentaje de la población anciana vive en las zonas rurales, en pequeños pueblos; y podría ser una solución, por lo menos a nivel experimental, muy positiva. Ya no digo, incluso, de doce personas; de menos personas, ¿no?

En fin. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo de Centro Democrático y Social, tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Gracias a la Directora General por su exposición en un tema que, de forma genérica y como lo ha expuesto, en la mayoría de los temas creo que estamos todos de acuerdo. Pero que más nos gustaría, y no en una Comisión, sino nos enviase documentación suficiente para poder aportar opiniones en un tema que yo creo que todos podemos estar de acuerdo. Porque dichas las cifras que ella ha planteado, no dudamos en absoluto de su corrección; lo que puede llegar a interpretarse es que el estudio de esos porcentajes sean o no necesarios o insuficientes para una provincia. Es decir, cuando habla de una provincia, dice que tiene el 6,4% en camas cubiertas, ¿esas camas las ocupa gente de esa provincia, o contamos las camas del INSERSO, donde vienen de toda España? ¿Contamos las camas privadas, donde viene el que pueda pagarlas? Hablamos, en términos generales -como ha dicho la Directora General-, "no a las macro-residencias", pero, a la vez, sí se financian o se ayuda a macro-residencias. Y conste que en algunos casos estoy de acuerdo; léase el caso de Piedrahíta, que aquí se ha hablado más de una vez, porque iba a ir a Salamanca y va a un pueblo de la provincia de Avila -y conste que no lo hago como crítica-; pero que tampoco se puede hablar "no a las macro-residencias", si a la vez se está financiando una macro-residencia. Distingamos que es norma general.

Por tanto, dichas las cifras de cada... la cobertura que tiene cada provincia, es verdad que, jugando con esos porcentajes, se puede ver la diferencia que hay del 8,1% de Soria al 2,6% de León.

Bajando a la realidad, ¿cuántas camas, de verdad, financiadas por la Junta o por las Diputaciones, por los Servicios Sociales, cubre cada provincia? ¿O cuántas están pagando tres veces más que ese coste? ¿O, en una provincia, cuántos ocupan los de esa provincia y cuántos ocupan los de toda España que vienen a camas del INSERSO? Por tanto, los porcentajes, que, dichos fríamente, pueden dar una aproximación a la realidad, no nos dicen nada.

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Lo que sí nos preocupa enormemente -y lo decía el Portavoz del Grupo Socialista- es la ubicación de las residencias. La Directora General, que ha hablado de las casas rurales -y parece normal-, sean casas rurales, sean mini-residencias, ubicarlas en las zonas deprimidas de las provincias; y, dentro de las zonas deprimidas, en aquellos núcleos de población que, según las estadísticas, tengan una subsistencia de futuro. Porque puede que estemos haciendo residencias en sitios donde en ocho años haya desaparecido el municipio. Por tanto, ya no es tanto el número de camas por provincias, sino la ubicación en cada provincia. Le podíamos poner ejemplos, que no voy a decir, donde en una comarca deprimida se pone una residencia al lado donde hay otra, por el criterio que decía el Portavoz del Grupo Socialista, del Alcalde del Grupo Popular que ha pedido también para su pueblo una residencia y no puede ser menos que el de al lado. Yo le pediría a la Directora General que en un tema que estoy seguro puede haber unanimidad, nos enviase un estudio de perspectivas de futuro, residencias que existen en cada provincia, en cada zona; perspectivas... estudio de población de cada comarca y, por tanto, perspectivas de la Junta de financiar residencias en el futuro -será el año que viene o dentro de cuatro años- en cada comarca, en virtud de los presupuestos posibles por la Junta y del crecimiento o no de la población. Indudablemente, siendo la comarca en vez de un municipio, podrá ser otro, pero lo que no podrá ser es en esta comarca, porque estoy seguro que, si nos ponemos a decir el 6,4% de la población de Avila... Mire usted, a qué vamos a comarcas donde tenemos el 10 y en otras tenemos el 2,1, por decirle una cifra. Porque hasta ahora, hasta ahora, se ha venido haciendo residencias con unos criterios no planificados de futuro, con unos criterios indudablemente sin estudios básicos de cuál es la población, pues, no sé, a diez, quince, veinte años. Y, en tercer lugar, cuál es la población o el número de camas financiadas por el propio pensionista con sus medios o la ayuda social que la Junta o la diputación pueda darle o el número de camas de aquel que pueda pagarse ciento cincuenta o doscientas mil pesetas, como algunos están pagando. Si aquí contamos como camas para esta Comunidad aquellas que económicamente puedan pagar, no estamos hablando, indudablemente, del tema de servicios sociales de esta Comunidad; será un negocio independiente, que bien viene a esta Comunidad unos ingresos por donde vengan, pero no los podemos sumar a las camas de servicios sociales de esta Comunidad. Yo por eso, señora Directora General, con el ánimo de colaborar desde nuestro Grupo, sin ningún ánimo escondido, por otra parte, le pediría que nos mandase a cada grupo político ubicación de las residencias que hay en la Comunidad; tipo de residencias: privadas, públicas; tarifa, incluso, controlada por la Comunidad en parte o no, y digo controlada no porque usted la controle, sino por los convenios que tanto la Junta como las diputaciones hacen con ellos. Y, en tercer lugar, perspectivas de futuro del crecimiento o no de la comarca en cada provincia y, por tanto, el número de residencias que al número de años que se fijen, sean diez, veinte años, deban construirse en esa comarca, sin determinar municipio, que indudablemente por el crecimiento podrá verse cuál es.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Francisco León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Y ahora sí, para consumir el turno de Portavoces de mi Grupo. Los Procuradores de esta Comisión que formaban parte de la Cámara en la Legislatura anterior a buen seguro recuerdan, yo creo que fue mi primera intervención en el Pleno, entonces como Consejero del Gobierno, en el que comparecía a petición de don Octavio Granado para hablar más o menos de estos temas. Y comenzaba, después de una exposición detallada que había hecho el señor Granado en su intervención, comenzaba mi intervención, más o menos literalmente, diciendo: señor Granado, comparto con Su Señoría la preocupación que tiene por los temas sociales de esta Comunidad y me gustaría compartir con usted el conocimiento de los documentos internos de mi propia Consejería que usted tiene. Yo creo que poco ha variado en seis años y pico, y la intervención del señor Granado viene a poner de manifiesto que conoce los documentos internos de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social con un grado de profundidad realmente dignos de elogio. Desde luego, para él; no sé si para quien se los facilite cuando no sean documentos públicos.

Señora Directora General, desde luego, para nuestro Grupo, cuando se habla de inversión en servicios sociales, como en otras materias, no entramos nunca a distinguir y no admitimos la dualidad de: son fondos del Ministerio de Asuntos Sociales, son fondos del FEDER, son fondos del Fondo Social o son fondos de la Comunidad. Hace poco en esta misma sala, no recuerdo en qué Comisión, decía yo que no hay esa dualidad de fondos, que aquí los fondos que se invierten son fondos que proceden de los impuestos que pagamos todos y cada uno de los españoles y que, por lo tanto, ni hay dineros de la Junta, ni hay dineros del Ministerio, ni hay dineros de la Unión Europea; hay dineros que proceden de los tributos que pagamos entre todos, independientemente de quién los gestione. Por lo tanto, para nosotros no vale esa distinción, y yo estoy seguro que para los ciudadanos de Benavente o del Bierzo o del Valle del Mena que quieren una residencia de ancianos les importa, con perdón, tres pitos si esos fondos vienen de Europa, vienen de Madrid o vienen de Valladolid; lo que les importa es que se les haga la residencia. Por lo tanto, también, en ese sentido, nosotros pensamos que no debe entrarse a discutir ese tema.

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Es cierto que hay un estudio, no sé si hecho, yo dudo que hecho, encargado por el Consejo Económico y Social; yo dudo que tenga medios materiales o humanos para realizar ese tipo de estudios; desde luego, a lo mejor, si el Consejo Económico y Social hubiera contado con ustedes no hubiera hecho el estudio, para evitar una duplicidad de esfuerzo y de gasto económico, puesto que lo estaban haciendo ustedes al tiempo; pero hay algunos organismos que hacen estudios yo creo que sin pararse a ver la transcendencia, la utilidad o la necesidad de los mismos. Y, desde luego, existe ese estudio, como existen otros hechos por otras fundaciones o asociaciones, en los que los datos no coinciden. Y yo estoy por asegurar que es materialmente imposible que se hagan dos estudios sobre una materia como esta en la Comunidad, incluso aunque las haga la propia Consejería en dos servicios distintos, que al final coincidan, porque la lectura en un tema como este de lo que son camas geriátricas de hospitales o camas de crónicos o camas de inválidos... me resisto a decir eso de válidos, que se utiliza convencionalmente y que yo, siguiendo las recomendaciones del Presidente de la Real Academia, entiendo que es un galicismo, que no se puede hablar de válidos frente a inválidos. Pero, en cualquier caso, insisto, yo creo que no vale contraponer estudios distintos, porque si hiciéramos otro, con la mejor voluntad, los que estamos aquí, aunque lo hiciéramos mano a mano los cuatro Portavoces de los Grupos, seguro que nos daban unos datos que no coincidían con ninguno de los recopilados al efecto, por la lectura distinta, al no haber una normativa estricta que permita encuadrar en cada una de las tipologías este tipo de residencias.

Respecto al tema de los indicadores, aquí yo he sacado tres indicadores distintos: indicadores en función de los centros de salud, indicadores para organizarlos en las zonas deprimidas, o indicadores políticos. Y parece que se les acusa a ustedes de utilizar los indicadores políticos. Si es así, yo también les voy a acusar, y voy a tratar de razonar el por qué.

En el tema de los indicadores de centros de salud, yo creo que puede ser una referencia buena, pero para nuestro Grupo tiene algún inconveniente. Y tiene algún inconveniente, porque hay veces -y los que hemos estado cerca de responsabilidades de gobierno lo conocemos muy bien- que hay una auténtica pelea entre dos centros vecinales próximos porque se les ubique el centro de salud. Entonces, uno toma la decisión -y tengo en la memoria muchos que Sus Señorías seguro conocen- de hacer el centro de salud en esa localidad; si después de eso al vecino no le da usted la residencia de ancianos, sino que encima además -con perdón- "tras de cornudo, apaleado", le deja sin centro de salud y sin residencia de ancianos, se crea, evidentemente, un agravio comparativo notable o, por lo menos, así lo entiende el pueblo. Y, por lo tanto, yo entiendo perfectamente, señora Directora General, que no necesariamente se ubiquen los centros o las residencias de ancianos en la misma localidad donde está el centro de salud, porque a veces lo razonable es, justamente, no hacerlo allí; evidentemente, no en un sitio donde esté tremendamente lejos tampoco, pero, desde luego, no allí, porque, insisto, entonces hay una localidad perfectamente premiada y otra perfectamente castigada, porque, si luego nos planteamos un tercer servicio, como ya tenemos dos, ponemos el tercero y entonces estamos discriminando a determinadas áreas de población.

El otro indicador que se considera válido es el de las zonas deprimidas. También hay que aceptarlo con bastantes reservas, porque, por la especial distribución geográfica, poblacional y orográfica de esta Comunidad Autónoma, muchas veces las zonas deprimidas se encuentran en unas dificultades de comunicación tal donde no es razonable llevar precisamente esos centros de tercera edad. Por lo tanto, también, con reservas, el indicador de las zonas deprimidas; que es válido, pero, insisto, no como algo dogmático, no vaya a ser que llevemos una residencia a una zona deprimida que luego por razones climatológicas esté aislada durante una buena temporada del año. Tómese con reservas.

¡Hombre!, si hiciéramos una valoración absoluta, yo me atrevería a afirmar que cualquier residencia de la tercera edad que se haga en esta Comunidad, donde se haga está justificada, porque, desde luego, con los datos poblacionales, demográficos que tenemos aquí caben todas las residencias habidas y por haber. No es menos cierto que, evidentemente, deben establecerse unas prioridades, pero yo creo que nadie está en condiciones de discutir que está de más una residencia, y, si es así, que se me diga dónde hay una residencia de ancianos en esta Comunidad que esté vacía o que esté llena de residentes de otra zona, salvo las del INSERSO, que bien se cuida él de traer ciudadanos de otras zonas a las residencias de Castilla y León; pero, insisto, no conozco una sola residencia de la tercera edad, o que esté vacía, o que tenga residentes o internos de lejos de esa comarca porque no haya allí internos que quieran ingresar.

Y si, Directora General, ustedes estuvieran utilizando los indicadores políticos, que yo no creo, y que además no me duelen prendas en decir que si se está utilizando lo voy a censurar, porque creo que están cometiendo ustedes un doble error -si eso fuera, pero niego la mayor-. Y sería un doble error, primero, porque sería una injusticia; nada tiene que ver que el alcalde sea de un color político o de otro para premiarle con una residencia o castigarle sin ella, porque la culpa..., además no es culpa, es la voluntad de los ciudadanos; los ciudadanos han tomado la decisión de votar a determinado alcalde. Pero es que, además, sería un error político. Mire usted, señora Directora General, en el año noventa y dos, yo tengo aquí una estadística, en el año noventa, que fue en el que más se invirtió en residencias de la tercera edad, desde luego, más que en toda la historia de esta Comunidad hasta ese año y tanto casi como los dos años siguientes, yo recuerdo que en la provincia de Valladolid puse en marcha dos..., puse en marcha, inicié las obras en dos localidades de la provincia de Valladolid. Una tenía alcalde socialista: Matapozuelos, y otra tenía alcalde comunista; a partir del noventa y uno, esas dos localidades tienen alcalde del Partido Popular. Creo que es un error hacer esa lectura de que hay que primar allí donde hay un alcalde propio; a lo mejor justamente hay que primar allí donde hay un alcalde ajeno, porque se da la vuelta al electorado. Por lo tanto, yo esas lecturas automáticas de invertir donde gobierna el PP y no invertir en el otro es un error.

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Pero es que además, por si eso fuera poco, mire, hay un dato reciente, que debe a usted hacerle recapacitar. Porque si ustedes lo hicieran así -cosa que no creo-, justificaría actuaciones del INSERSO en esta Comunidad Autónoma, como es un convenio firmado recientemente por el Director General del INSERSO, curiosamente, en cinco ayuntamientos de la provincia de Valladolid: Laguna de Duero, Medina del Campo, Tordehumos, Rioseco y Peñafiel. Miren ustedes qué color político tiene el gobierno de esos ayuntamientos y a lo mejor empiezan a obtener consecuencias. Dicen: no, es que, como nos han contado que la Junta los hace, para compensar, nosotros lo hacemos en los del otro lado. Ni me gusta lo uno, si es que ha existido, ni me gusta lo otro, de lo que tengo constancia, porque se ha publicado en los medios de comunicación en la semana pasada y anunciado a bombo y platillo por el Presidente de la Diputación y el INSERSO. Las cosas -y estarán ustedes de acuerdo- que están mal hechas están mal hágalas quien las haga. Y si, desde luego, la diputación de un determinado color prima a sus pueblos o el Gobierno Autonómico o el Gobierno Central, creo honradamente que ninguno de los tres están actuando sensatamente.

Es cierto que muchas de las residencias privadas que hay en nuestra Comunidad dejan mucho que desear, sin duda ninguna. Y es cierto también que muchas son casi camas..., perdón, pensiones o albergues para comer y cenar los ancianos. Y me consta que se han hecho inspecciones reiteradas desde la Consejería en todos estos temas. Lo que pasa, que el problema que se plantea no puede hacerse o no puede cerrarse con algo tan simple como decir: "pues cierre usted aquello que no tenga condiciones". Habría que cerrar muchas, no sólo privadas, también muchas de las públicas dependientes de distintos Organismos, de todos los colores políticos, porque aquí hay velas para todos los cofrades. Lo que ocurre que cuando uno tiene los medios que tiene, tiene que plantearse si es mejor tener a los ancianos en una supuesta residencia de la tercera edad, donde por lo menos tienen calor, tienen comida y tienen cama, y un cierto grado de convivencia, o cerrarla y ponerles en la calle donde la solidaridad, empezando por la próxima, que es la de la familia, deja muchas veces mucho que desear.

Por lo tanto, en este sentido, nuestra recomendación, señora Directora General, es seguir insistiendo en las inspecciones. Tratar en la medida de lo posible de que esas residencias se vayan adecuando a unos mínimos exigibles para este tipo de actuaciones; incluso aplaudimos el que la partida destinada a centros privados con ánimo de lucro, en buena parte, se utilice, precisamente, para facilitar esa adecuación. Pero no olvidemos, en ningún caso, que lo óptimo es enemigo de lo bueno y que, a lo mejor, frente a tener residencias de alto standing o residencias que reúnan todas las condiciones que todos desearíamos para ellas, podemos encontrarnos que para éstas no tenemos dinero y que las otras comienzan a desaparecer.

Otro dilema técnico que se plantea aquí es el de ir a residencias de tercera edad para impedidos, para inválidos. Es un tema difícil, es un tema difícil, porque habitualmente se ingresa en la residencia no siendo inválido y se termina siendo inválido, si, desgraciadamente, no fallece antes el interno. En este sentido, pues, yo no sé si la solución -y eso ustedes con sus estudios, sus técnicos, nos lo podrán aclarar- es ir a residencias de inválidos o tener prevista la posibilidad de que algunas camas se puedan reconvertir con el tiempo. Porque, desde luego, lo que es más difícil y más desagradable es que el enfermo o el individuo de la tercera edad que entra en una residencia y entrar por su pie, pues, por ley biológica absolutamente normal se va a ir deteriorando progresivamente y, o sale, desgraciadamente, antes de ser inválido, o, a la larga, por una invalidez psíquica o por una invalidez física, termina como inválido. Y tampoco es bueno andarles trasladando después, porque ya se han creado un ambiente de convivencia en la propia residencia.

En definitiva, señora Directora General, nosotros agradecemos el informe exhaustivo que se nos ha dado, comprendemos que no coincidan sus datos con otros estudios, y estamos seguros que surgirán estudios hechos desde distintas entidades con resultados dispares, pero que en todos ellos se va a confirmar que hay una necesidad imperiosa de actuaciones en relación con la tercera edad. Y aquí me permito hacer una referencia al debate de la sesión anterior, o de la primera comparecencia. A lo mejor, cuando regulemos el voluntariado social y la prestación social sustitutoria podemos mejorar, incluida la asistencia domiciliaria a la que se hacía referencia; yo creo que ahí vamos a tener una mejora, pero no sólo para ese tema, sino para otros muchos. Y le animamos a seguir adelante utilizando criterios socioeconómicos o sociodemográficos en la ubicación de las residencias futuras, no dando por válidos los criterios políticos que estamos seguros que no han existido, pero haciendo ver también que, si en algunos casos puede haberse planteado ese dilema, no es algo a lo que estén ajenas todas las Administraciones. Y aquí, utilizando terminología de la biblia, habría que decir aquello que "el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra". Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. La señora Directora General de Servicios Sociales tiene la palabra.

RODRIGUEZ SALDAÑA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): Gracias, Presidente. Es lógico, señor Granado, que yo exponga ordenadamente un estudio en el que yo he participado y que ha hecho mi Consejería, y que han hecho los técnicos que dependen de mí. Sólo faltaba que aquí tuviera la divergencia de exponer otro tipo de documentos. Eso lo puede comprender. Lo que me parece más triste es que usted tenga que nutrirse con los documentos que salen de mi Consejería. Yo creo que, por lo menos, podía hacer el esfuerzo de buscar otro tipo de fuentes, y es lógico que yo me base en mis fuentes y usted se base en las suyas.

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Tengo que decir que las afirmaciones que usted hace siempre son de perogrullo; o sea, no se planifica, todo se hace mal, no puede ser, no cumplimos nuestras propias conclusiones, no hacemos nuestras propias conclusiones, no las seguimos. Donde decimos Casa Rural hacemos mini-residencia, donde decimos Centro de Salud hacemos Residencia. Usted hace unas afirmaciones que es que verdaderamente son absolutamente descorazonadoras. Yo creo que no tiene ningún sentido esas afirmaciones que hace de perogrullo.

Y voy a ir analizando cada una de las cosas que usted ha dicho. Supongo que trabajaremos bien, desde el momento en que usted cita la fuente del estudio de la Consejería. O sea, no lo haremos tan mal cuando usted ha citado aquí esta fuente, y además dice que participa de los estudios, y además dice que acepta las conclusiones. Y esas conclusiones también las acepto yo, porque las he hecho yo o porque las estoy trazando yo. También participo de lo que decía el Portavoz del Grupo Popular y es que hay que compensar algunos de los equipamientos entre los distintos municipios; no todos los municipios por la situación que tengan de cabecera de Comarca o número de habitantes deben de llevarse todos los Servicios, en algún momento hay que suplir, aunque entendemos que ciertos equipamientos, como las Cajas Rurales y las mini-residencias, deben llevar anexo otro tipo de recursos paralelos que contribuyan a dar calidad a los residentes que están en esa residencias.

Desde luego, parece mentira que hable de fondos del Ministerio, de dineros del Ministerio y de dineros de la Junta. La Junta tiene solamente un Plan de Residencias, un Plan en el que ha invertido 3.500 millones de pesetas. Y no distinguimos si son fondos del Ministerio o son fondos de la Junta; son los fondos de todos los ciudadanos que han contribuido, y usted y yo con nuestros impuestos, a crear esos fondos. Y la Junta ha elaborado un plan de construcción de plazas de residencia, y dentro de ese plan no distinguimos el color del dinero; y los ciudadanos tampoco distinguen el color del dinero.

Desde luego, puede estar seguro el Portavoz del Grupo Popular... por supuesto, todos los Portavoces que aquí están, de que el criterio político no ha primado en ningún momento. Yo no sé si era alcalde del PP o alcalde del PSOE, y, por supuesto, que no ha primado el que yo sea de una determinada... o de otra ciudad. Han primado los criterios que yo le he dicho: niveles de población, envejecimiento, número de equipamientos. Ese es el único criterio que ha primado. Usted debe comprender que el criterio de color político de los Ayuntamientos no es un criterio que deba primar en ninguna planificación. Por eso le digo que son afirmaciones lo que usted dice que es que se salen de todo contexto. Es verdad, que el porcentaje de alcaldes en esta Comunidad, afortunadamente, es mayor, inmensamente mayor del PP que del PSOE y, lógicamente, puede coincidir en esa relación que usted, efectivamente, tiene, facilitada por datos nuestros, que... que sea mayoritariamente el PSOE. Pero eso, me puede creer, que no ha sido absolutamente intencionado.

Con respecto a que los datos fluctúan, efectivamente, hay datos de quien sea, de la entidad que sea, que dice que hay una cobertura del 6,2, otros que del 6,3, del 6,4. Yo creo que no son datos excesivamente significativos los que han podido hacer las dos fuentes que usted ha citado. Desde luego, sí que le tengo que decir que los datos que yo le he dado son datos reales, son datos pisados uno a uno en cada uno de los Ayuntamientos, visitadas cada una de las residencias. Puede estar totalmente seguro que estos datos son de este verano y no datos sacados de un estudio contratado, sino datos pisados por técnicos de la Consejería. Además, también, le tengo que decir: los datos fluctúan en un tiempo muy breve, puesto que las residencias, afortunadamente, se van haciendo y se van concluyendo y creando números de plazas.

Con respecto a la provincia de León, no se discrimina a la provincia de León. Efectivamente, tiene un 2,6, cobertura del 2,6 de plazas de residencia. ¿Cuál es la razón? Pues yo diría que hay dos razones. Una es la falta de petición por parte de los municipios de la provincia de León; hay una baja petición. Segundo, hay unas zonas difíciles de acceder, zonas montañosas, zonas dispersas, que hacen que crear esos servicios sean difíciles de gestionar y difíciles de mantener. Por eso hablaba yo entre los criterios la posibilidad de gestionar mancomunadamente estos servicios.

Desde luego, el esfuerzo que voy a hacer yo es facilitar la información a la provincia de León para que este año podamos dar un empujón importante a esa provincia. Yo entiendo que... y me alegro que el señor Granado rectifique hoy y diga que hemos dado dos residencias, o que la Consejería ha decidido en la planificación que haya dos residencias que vayan dentro del Plan Gerontológico, como él dice. Hace dos o tres días tuve que leer en la prensa que en el Plan Gerontológico no estaba ni la provincia de León, ni la provincia de Zamora, cuando eran las que menos cobertura tienen. Me alegro de que haya rectificado. Y sepa que a la provincia de Zamora han ido tres residencias y en la provincia de León dos residencias.

Otra de las causas de por qué la provincia de León está baja es porque están tardando mucho en certificar obra. Son obras que llevan mucho tiempo, residencias que llevan mucho tiempo y por circunstancias distintas no son ágiles a la hora de desarrollar y terminar estos equipamientos.

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Coincido, desde luego, que después del esfuerzo económico importante realizado, que incluso nos ha penalizado a la hora de distribuir los créditos del Plan Gerontológico a nivel nacional, somos la Comunidad que más plazas de residencia ha creado, y nos ha ponderado un 15% inversamente el tener creado mil trescientas y pico plazas cuando se distribuyeron los créditos. Entiendo que, una vez que hemos dotado a las cabeceras de Comarca de esos equipamientos básicos, debemos de reconducir algunos de los equipamientos, mini-residencias, incluso residencias que hoy son de válidos, en plazas de asistidos. Y, por supuesto, será uno de los objetivos: dotar a algunas de las residencias de válidos en plazas de asistidos, porque todos sabemos que un anciano en el momento que ingresa, que cada vez es más tarde, a una residencia se deteriora por el simple hecho de la falta de movilidad, y necesita una asistencia mucho más concreta en cuanto a personal, número de servicios y demás.

Yo sí que lamento que el Plan Gerontológico Nacional, que surgió con tanto esfuerzo, yo creo... también económico por parte de todos, de contrato de estudios, de tiempo de desarrollo, y de confección, que se vea simplemente resuelto con unos dineros que además... que fueron más o menos precipitada, se nos da y llegamos a afirmar, incluso, a finales de diciembre y tardan unos cuantos meses en dársenos ese dinero, cuando debía ser un conjunto y un todo de líneas de actuación con unas financiaciones claras. No podemos hablar, por un lado, crear plazas de residencia, un año públicas, otro año privadas; cambiar la ayuda a domicilio, quitar la ayuda a domicilio. Entendemos que hay toda una improvisación, y parece ser que la nueva ministra quiere que asuma el Consejo de Ministros el Plan Gerontológico en su totalidad y se financie de una forma congruente y pueda llegar de esa forma congruente una actuación congruente en las Comunidades Autónomas.

A mí también me preocupa que el anciano tenga un tratamiento adecuado en la residencias. Por eso existe un Decreto de Inspección del año noventa. Por eso el año noventa y tres hemos sacado un Decreto en el que obligamos a las residencias a acreditarse a una serie de mínimos, ajustarse a una serie de mínimos, y, por supuesto, hemos sacado una Orden, el día uno de julio, por el cual estas residencias deben dar cumplimiento a esas normas. Tenemos... creíamos que, dado el número de residencias que hay en nuestra Región no hechas por la Junta, evidentemente, hechas por la colaboración de la Junta con entidades públicas o privadas, era importante el dar año y medio de tiempo para adecuación a esos mínimos. Por supuesto, que tendrán ayudas tanto dentro del crédito para residencias con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. Pretendemos dejar una parte importante para ayudar a transformar a los titulares de estas residencias a esos mínimos.

Desde luego, sabemos cuántas residencias hay. Yo le he dado pormenorizadamente las residencias que hay, con las plazas de residencias que hay en cada provincia y, además, le puedo facilitar -como antes me ha comentado el Portavoz del CDS- a los Grupos Políticos. Yo creo que tampoco debemos, con todo el aprecio a los chicos de la prensa, tampoco debemos confundir una cosa con otra cosa. Una cosa es un decreto, que ordena, que registra, autoriza, acredita, y una orden de mínimos, y otra cosa es el saber cuántas. No tiene por qué existir un decreto para saber cuántos hay; eso es, simplemente, sumar lo que hay hecho. Entonces, no veo la causa y el efecto de la normativa y el titular. Sabemos cuántas residencias hay, porque yo se lo he dado pormenorizadamente, y le digo que la vigencia de ese Decreto es de año y medio.

Nuestro objetivo es llegar a esa ratio de 5%; creemos que lo estamos cumpliendo, que lo hemos cumplido; excepto dos provincias -como conocen ustedes ya-, León y Zamora, están todas por encima de ese 5%, cosa que no pueden decir otras Comunidades Autónomas.

Y por supuesto que las residencias que hay en nuestra Comunidad no son todas iniciativa de la Junta de Castilla y León. Hay residencias que las hacen particulares, con ánimo o sin ánimo de lucro; que las hace el INSERSO, quizás no cumpliendo esas normas de normalización que ustedes tanto predican. Y no podemos decirle dónde la tienen que hacer. Nosotros creemos que ésta es la cabecera de comarca, éstas son las características de esta comarca; aquí la hacemos. Pero si luego viene la iniciativa privada y hace una residencia al lado, nosotros no tenemos la culpa. Y es lo que está pasando, en algunos casos.

Con respecto a la ayuda a domicilio, verdaderamente, es importante que podamos acometer todo este tipo de prestaciones sociales, que puedan hacer que el ingreso en la residencia sea lo más tarde posible: ayuda a domicilio, teleasistencia, programas de integración en general. Nosotros hemos hecho un esfuerzo; dentro del Plan Concertado -como usted sabe-, estamos dedicando 1.800 millones -por decir- de dinero de la Junta, contra 600.000.000 de dinero del Ministerio, cuando -como saben- en el ochenta y ocho se firmó a terceras partes. Y ahí va financiado con un 90% los programas de integración, en los que está, lógicamente, la ayuda a domicilio. Pretendemos tener esas competencias, para dotar de un perfil de calidad a los usuarios, para dar formación a los que prestan esa ayuda a domicilio y, desde luego, para evitar el surgimiento de cooperativas piratas y el que se preste la ayuda a domicilio a los muertos.

Con respecto al Portavoz del Grupo Mixto, tengo que decirle que comparto con usted que una fórmula importante de equipamiento residencial es las residencias... las casas rurales; que en nuestra Comunidad hay alrededor de diez equipamientos de ese tipo, es decir, de menos de doce plazas, y que queremos, por la prontitud, por la agilidad en la gestión, el que, por lo menos, se hagan casas rurales de este tipo en todos los municipios que creamos que pueden ser capaces de gestionar y de mantener estas casas; además, haciendo partícipes a los propios ancianos de algunas de las tareas de la casa. La fórmula de la gestión es rápida, es sencilla, incluso con una persona que dirija ese equipamiento, es posible que con una calidad, se dote de unos buenos servicios.

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A mí me gustaría -como le he dicho antes- que León tenga... duplique esa ratio que estábamos hablando de ese 2,6%. Ojalá a lo largo del año noventa y cuatro y noventa y cinco... Y tengo que decirle que este año es el mejor presupuesto en Capítulo VII de la Junta de Castilla y León; tenemos alrededor de 1.500 millones para hacer plazas de residencia, y yo espero que a León le podamos dar ese empujón en plazas, como dimos este año noventa y tres a la provincia de Zamora. Y ojalá seamos capaces, también, de buscar esas fórmulas de gestión en esas zonas difíciles, como son las zonas montañosas del oeste... del noroeste de la provincia de León.

Me decía que le preocupaba el que la calidad de los equipamientos sociales y el tratamiento que tengan las personas que allí están ingresados sea la mejor. Por supuesto que eso también me preocupa a mí; por eso hemos publicado este Decreto de veintiséis de mayo del noventa y tres, la Orden del uno de julio y el Decreto de Inspección del año noventa. Tengo que decirle que hay un equipo de inspectores en la Consejería que han realizado un plan de inspección importante y que concretamente ayer -y hoy hay recortes de prensa en la provincia- han visitado prácticamente todos los municipios... todas las residencias de la provincia de Zamora. Se ha visitado también León, se ha visitado Valladolid, algunas de Valladolid, Segovia. En fin, creemos que tenemos año y medio por delante para informar, para corregir lo que haya que corregir y, desde luego, para hacer un seguimiento de que el tratamiento de calidad que allí se da es el mejor.

Al Portavoz del CDS, decirle que comparto también sus argumentos. Que, efectivamente, los estudios son unos estudios básicos y que la planificación tiene que hacerse teniendo en cuenta unos indicadores concretos de las provincias, cada una con su situación, ¿no?

Le preocupa -me decía- la ubicación, el tipo, gestión y perspectiva de futuro de residencia. Como le decía, el estudio que tenemos sobre residencias en Castilla y León se lo haré llegar, para que tenga, bueno, pues, información de lo que se ha hecho en residencias, de lo que se pretende hacer y, desde luego, toda la información que yo le pueda dar, bien personalmente o a través de algún documento de la Consejería; puede contar con ello.

Con respecto al Portavoz del Grupo Popular, decirle que, efectivamente, lamento que algunas publicaciones que se hacen en la Consejería lleguen por artes más o menos distintas a manos de algunos señores que las utilicen en algunos foros determinados.

Coincido, desde luego, con que el planteamiento de los dineros del MAS, de los dineros de la Junta, es un planteamiento absolutamente superado. Yo creo que debemos de creer en la capacidad de gestión de la autonomía dentro de un contexto, que es el contexto de España, y olvidarnos de los dineros de uno y complementar la gestión, para que al ciudadano le lleguen, desde luego, los mejores servicios y con la mayor agilidad posible.

Quiero dejarle bien tranquilo que, desde luego, los criterios que en mí priman para poner en marcha cualquier plan o para dotar a cualquier municipio de un equipamiento no es, precisamente, el color político. Y yo creo que lo podemos comprobar con algunos de los... con muchos de los Alcaldes de los que a mí me visitan todos los días, y no son, precisamente, del color político del PP. Yo creo que, quizás, al Portavoz del Grupo Socialista le convendría preguntar a algunos de sus compañeros de otros... de su partido en los municipios de Castilla y León, y que les diga si el planteamiento que yo hago es de, algún momento, uno u otro; el planteamiento siempre es el de la mejor adecuación de los recursos y el de la mejor gestión. Es verdad que no se puede negar la evidencia: el 80%, el 70% de los Alcaldes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León son Alcaldes del PP. Pero, desde luego, en mí no priman los indicadores políticos.

Seguimos adelante con el Decreto de Ordenación, con el Decreto de Inspección y, desde luego, con la Orden de Mínimos. Y yo también me alegro que, efectivamente, parte de los dineros de ánimo de lucro, de crédito de ánimo de lucro, pueda ser dedicado a facilitar la adaptación a esos mínimos.

Coincido con usted que los estudios, a veces, realizados por una u otra entidad, cuando la dispersión es grande, cuando los equipamientos se van terminando, hagan que fluctúen, sobre todo cuando surgen tantos equipamientos de una iniciativa, de otra iniciativa, de otra iniciativa, que se han......... Pero sí que le puedo decir que los datos que yo les he dado esta mañana... perdón, que les he facilitado hace un rato son fruto del trabajo de varias personas durante todo un verano, y creo que son datos absolutamente fiables.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, señora Directora General. Abrimos un turno de réplica. Tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señora Directora General. Mire, yo no sé quién me pasa a mí los papeles, pero yo sí que sé quién le pasa a usted algunos datos de los que utiliza; debo ser yo, porque, de verdad, no se puede ser más inconcreto ni, de verdad, no se pueden dar datos tan equivocados como los que usted maneja sin que haya algún asesor que, perversamente, le pase a usted los datos para que luego este Procurador se los pueda contradecir, porque, evidentemente, no se compadecen demasiado con la realidad.

Y vamos a empezar a ponernos de acuerdo en algunas cosas. El dinero es de todos; ustedes se olvidan sistemáticamente que el dinero no es de fondos administrados por la Junta de Castilla y León cuando lo entregan; las cartas que usted envía a los Ayuntamientos diciendo que se han concedido determinadas subvenciones, olvidan sistemáticamente, a veces, de qué fondos vienen esas subvenciones. Entonces, el dinero es de todos, de todos los ciudadanos, lo administre el Gobierno de la Nación o lo administre la Junta de Castilla y León.

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Y los documentos de la Administración son documentos que están a disposición de los Procuradores de estas Cortes; y los documentos de la Administración no son suyos, ni de su partido, ni del Grupo Parlamentario que apoya a su Gobierno en las Cortes de Castilla y León. Y yo tengo perfecto derecho a disponer de esos documentos, porque, además, me ampara mi condición de Procurador y el Reglamento de la Cámara. Y, además, es que, a más inri, a más inri, el señor Consejero, en la comparecencia de Presupuestos, ofreció hacernos llegar el estudio, que usted ahora dice que no debía haberme llegado. O sea, que a ver si nos entendemos y a ver si nos vamos enterando de que los estudios que realiza la Administración de Castilla y León son estudios que están a la disposición del público. Y yo no sé a qué viene tanta pasión por el ocultismo; o, mejor dicho, sí lo entiendo, porque, si el Consejero me hubiera enviado este documento, pues, usted me hubiera podido leer la intervención que ha leído, leyendo páginas enteras de ese documento y omitiendo los párrafos que no le interesaba leer.

Pongámonos, pues, de acuerdo en la cuestión de los documentos. Yo no creo que usted lo haga todo mal, porque hasta para eso hay que proponérselo. Yo creo que usted, realmente, su gestión la hace con importantes deficiencias. Como tiene usted un Grupo que le apoya, ese Grupo resaltará sus logros, y a mí me cumple otro papel, que es el papel que, democráticamente, me han puesto los ciudadanos; no lo hago con gusto; me hubiera gustado mucho estar en su posición. Pero entienda usted, entienda usted que, en democracia, no puede usted esperar que yo la alabe; entiéndalo usted, ¿eh? Y, en todo caso, entienda usted que si quiere que yo la alabe tiene que darme algún argumento para ello; y yo es que no los encuentro, o sea, no encuentro argumentos para alabar su gestión.

Porque, mire usted, cuando yo he hecho unas referencias al estudio de la Consejería, que vuelvo a decir que comparto, que comparto el diagnóstico del estudio y las conclusiones, y usted me dice que por qué hago algunas afirmaciones, es que, de verdad, yo ya me quedo "pasmao" como dicen en algunos chistes, ¿no? Porque, claro, usted me dice: "El criterio para dar es núcleo de población". Y yo le digo: pero usted ha dado subvenciones Ayuntamientos de cuatrocientos sesenta y siete habitantes con Alcalde del PP y ha negado subvenciones a Ayuntamientos, con Alcaldes socialistas, de dos mil y tres mil habitantes. Entonces, ése no es el criterio. ¿Usted me va a decir a mí que, de estas dieciocho subvenciones del Ministerio de Asuntos Sociales que usted ha repartido, no ha recibido usted solicitudes de subvención de Ayuntamientos con más de cuatrocientos sesenta y siete habitantes, seiscientos cincuenta y dos, quinientos cincuenta y uno, o seiscientos veintidós, que son los cuatro con menos población, y que son todos cuatro Alcaldes del Partido Popular? No; usted ha repartido el dinero con algún criterio, que a mí se me escapa; más bien pienso que es el criterio del color político, que le ha servido para rechazar algunas solicitudes de subvención y amparar otras de Ayuntamientos de menos población que tienen Alcalde de su partido. Así de claro.

¿Usted ha seguido el criterio de las Zonas Básicas de Acción Social? Pues, tampoco. Ha denegado usted solicitudes de subvención, éstas ya dirigidas a los fondos de la Consejería, en Zonas Básicas de Acción Social donde no hay ninguna residencia, y ha otorgado usted subvenciones en Zonas Básicas de Acción Social donde ya hay funcionando dos residencias. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo creo que todos los indicadores son indicadores relativos -estoy de acuerdo con el Portavoz del Grupo Popular-, pero todos los indicadores que son relativos son indicadores, a su vez. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en que en cada Zona Básica de Acción Social haya al menos una residencia, en que, si no es en el centro de salud, en la población inmediata al centro de salud haya una residencia, y en que las localidades más importantes en número de habitantes que no tienen todavía residencia tienen que ser las primeras en recibir la subvención, y no los pueblos más pequeños, aunque tengan un Alcalde como el que tengan.

Y si nos ponemos de acuerdo en esos indicadores, pues, nos ponemos de acuerdo en una política racional de residencias. Y entonces discutiremos el margen y el matiz, pero no discutiremos el reparto global.

Y yo creo que si todas las Administraciones hacen sus convenios atendiendo al color político, todas hacen mal. Usted me ha hecho una cita de la Biblia, yo le hago una cita de los clásicos: "la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero". O sea, que, en ese sentido, si el INSERSO hace mal en concertar con Ayuntamientos socialistas y la Junta concierta con Ayuntamientos del PP, vamos a ver si somos entre todos capaces de ponernos de acuerdo para que la Junta y el INSERSO concierten con los ayuntamientos en donde haya que construir las residencias.

Esto en cuanto a la asignación de fondos. No se sostiene con estas cifras, con esta asignación de dieciocho ayuntamientos, que haya una política de población; ni se sostiene que haya una política de promoción de zonas desfavorecidas, ni se sostiene un indicador de mayores necesidades o... yo no sé si ya, recordar, que era el indicador, algún otro indicador que usted manejaba, el de la suplencia de actuaciones de otras Administraciones Públicas. Tampoco se sostiene, tampoco se sostiene, aunque sería prolijo entrar en detalles.

Pero es que, además, vamos a distinguir el tipo de recursos que vamos a utilizar. Como dice bien el estudio de la Consejería, el reto en nuestro campo es crear, pero hacerlo en su lugar, en el momento oportuno y sólo lo que se necesita. ¿Y qué es lo que hay que crear? Pues hay que crear en cada lugar lo que es oportuno hacer en un momento determinado y en función de las necesidades sociales.

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Usted ha dicho que se gasta 1.800 millones de pesetas en programas de ayuda a domicilio. Yo no sé de dónde le salen a usted esas cifras. Yo sí que sé lo que se gasta el INSERSO en Castilla y León en ayudas a domicilio: son 2.000 millones de pesetas; más que en residencias. Y yo me he tomado la molestia, en alguna ocasión -no tengo los datos actualizados-, de sumar lo que usted entrega a los ayuntamientos de Castilla y León para hacer ayuda a domicilio, los convenios. Suman aproximadamente 130.000.000 en los datos que yo manejaba; a lo mejor, ahora son 150. Yo creo que usted tiene una política de asignación de recursos inadecuada, no sólo territorialmente, sino en función de los programas a los que dedica más dinero. Y tendrá usted que explicarme, si lo que hay que hacer es más ayuda a domicilio y más ayuda en el propio entorno, por qué seguimos primando fundamentalmente las residencias, en vez de primar fundamentalmente la ayuda a domicilio. Y me lo tendrá que explicar con algún dato que sea congruente, porque ustedes se gastan diez veces más, veinte veces más, en residencias que en ayuda a domicilio, y no deberían hacerlo; si yo estoy equivocado, pues corríjame si me equivoco, porque...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Señor Granado, le ruego vaya terminando.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Ahora mismo termino, porque la verdad es que podría extenderme mucho tiempo y hace bien en llamarme a la cuestión.

Como lo de los alcaldes que la van a visitar. ¿Pero qué quiere usted? ¿Que los alcaldes que la vayan a visitar sean todos del Partido Popular? Pero si usted tiene un cargo institucional. Hombre, yo puedo pedir que los alcaldes que me vengan a visitar a mí sean todos del Partido Socialista, y, si alguno no es, remitirle a don Javier León; pero, claro, a usted la tienen que ir a ver todos los alcaldes de todos los municipios de la región. Y, por favor, señora Directora General, no es verdad que el 80 o el 70% de los ayuntamientos de la región tengan alcalde del PP; es más, si usted mide por ciudadanos, si usted mide por ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León tienen un alcalde socialista; hay más ciudadanos de Castilla y León que tienen alcaldes del PSOE que alcaldes del Partido Popular; y es usted a lo que tiene que atender: una política para los ciudadanos, no una política para los alcaldes.

Como dónde hay que poner las residencias. Las residencias hay que ponerlas donde hay centro de salud, porque lo que hay que defender es el interés de los residenciados, que tienen que tener el médico cerca, no es el interés del ayuntamiento. No decir: a uno le damos el centro de salud, a otro la residencia, a otro la pista de tuta y a otro el frontón: pues, no; hay que hacer el frontón donde jueguen a la pelota, la residencia donde haya ancianos y el centro de salud donde mejor esté en la comarca; porque estamos primando el interés de los ciudadanos -si realmente estamos primando ese interés-.

Y en cuanto a la normativa, que es algo ya que me ha dejado perplejo -y con esto acabo, porque, ya digo, podría seguir hablando mucho más tiempo-, en cuanto a la normativa del año noventa, dice usted: es que no tiene nada que ver con el número de centros que haya. Hombre, si esto es una normativa que se aplica también a los centros privados y que obliga a los centros privados a comunicar todas las obras que hagan a la Consejería. Esto se firma y se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad en mayo del noventa, y en agosto del noventa y tres, en unas declaraciones, que sí que esas, sí que no han sido rectificadas, porque yo no he hecho nunca declaraciones sobre León y Zamora que hayan aparecido en un medio de comunicación esta semana, pues dice el Consejero que la Junta no sabrá hasta mil novecientos noventa y cinco cuántas residencias de ancianos hay en Valladolid; y esto sí que no se ha rectificado. Lo dijo el Consejero, yo no lo dije; se lo juro, señora Directora General, que yo no lo dije. En ese sentido, cuando ustedes dictan una norma que dice: los centros que hay, que se vengan, se acrediten y cumplan los mínimos, y nos comuniquen que están existiendo, y, al cabo de tres años, dicen que no saben ni cuántos centros hay. Pero es que es más, yo le podría hacer a usted una pregunta: ¿Cuántos centros le han comunicado a usted obras? ¿Quiere usted que yo le haga una relación de centros, quiere usted que yo le pregunte cuántos centros tienen ustedes censados en Valladolid? ¿Y a que le descubro alguno que está funcionando y que ustedes no tienen censado? Y yo no soy inspector de la Junta ni me pagan para eso, pero a usted le pagan por dirigir a los inspectores de la Junta, y, entonces, tiene usted que hacerse responsable de su trabajo.

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Por concluir; mire, yo creo que aquí, o somos capaces de llegar a una política de acuerdos, o, al final, vamos de disparate en disparate; porque el año pasado no hubo residencias en León dentro del Plan Gerontológico, ahora hay dos; el año pasado había cuatro en Burgos, y ahora dos más, seis. Esto no puede ser; no puede ser que cada año estemos al albur, ¿no?; y que cada año estemos en función de un criterio que no obedece a ningún estudio ni a ninguna realidad, dando el dinero porque sí, y en función de otros criterios, a un ayuntamiento de cuatrocientos habitantes en vez de a uno de cuatro mil. Y es que esto no puede ser, ¿no? En ese sentido, definan ustedes unas prioridades, que yo le adelanto: cualesquiera que sean esas prioridades y cualesquiera que sea el grado de ese acuerdo que nosotros fijemos con ellas, si las prioridades se cumplen, estaremos de acuerdo, estaremos de acuerdo. Las localidades más grandes, las zonas de salud... las zonas básicas de acción social que no tienen centro, el definir en las residencias un gasto de una peseta en residencia por cada peseta en ayuda a domicilio o en otro tipo de programas; cualquier criterio. Porque de lo que nos estamos quejando aquí es de algo tan simple como que no hay ningún criterio, y cualquier criterio, por malo que sea, es mejor a que no haya ninguno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, Presidente. Sí, simplemente para ratificar, porque la señora Directora General parece que lo ha negado, aunque al final casi lo ha admitido, que, hombre, que la discriminación de León es evidente, porque las cifras están tan claras que discutir sobre este tema yo creo que es casi absurdo; y es bueno reconocerlo, porque es la única forma de que, reconociendo la existencia de un problema, se intente corregirlo; ya después ha apuntado -y ahí no se lo discuto- las razones que hayan podido justificar esta discriminación; ha apuntado algunos, ha dicho: baja petición, zonas dispersas, etcétera, etcétera; pero, claro, estos argumentos tampoco sirven para que esto permanezca en el tiempo; habrá que buscar soluciones a situaciones diferentes, quizá más complejas que en otras partes de la región. Y, en algunos casos, hasta la baja petición yo la entiendo, porque en este momento me viene a la memoria el calvario que han pasado dos municipios de la provincia de León, Valencia de Don Juan y Cistierna, por ejemplo, que tuvieron la feliz idea de embarcase en este tipo de operaciones, y, bueno, la de Cistierna creo que ha sido casi como las torres de Colón, porque lleva, que yo sepa, ocho o nueve años desde que se inició hasta que se ha -prácticamente- terminado. Y en Valencia de Don Juan, pues, bueno, se ha tenido que hacer una especie de fundación, una colecta popular, se han sacado millones de un lado y del otro, y hay que reconocer también -según mis informaciones- que, sobre todo en las últimas fases, la colaboración decidida de la Junta ha sido clave para que este proyecto se pusiera en práctica.

Y quiero decir que, a veces, cuando la iniciativa de los municipios no se plasma, si existe esa necesidad -ese es el punto clave-, creo que la Junta debe de tener la iniciativa para ubicar, para corregir esos desequilibrios, planteando a posteriori, quizá, esa colaboración necesaria de los municipios, pero tomando el protagonismo inicial; porque tampoco podemos estar a expensas de que el alcalde más decidido de turno, sea del partido que sea, pida una residencia, y le vamos a dar la residencia porque la ha pedido ese ayuntamiento, cuando la necesidad que se detecta es sensiblemente menor a la que pueda existir en otras zonas.

De otra parte, el tema de las zonas dispersas, hay una vía, que en el documento nos ha apuntado la Directora General, y que a mí me parece... soy partidario total de ella, porque, insisto, el principal problema del bienestar de nuestros ancianos es intentar que el desarraigo sea el menor posible, y que las casas rurales, que no existen en Castilla y León, porque las diez casas rurales que usted gentilmente me ha dado, pues, realmente, son menos que un símbolo en Castilla y León. Creo que, al menos como experiencia, hay que lanzarse a poner en marcha casas rurales, que sirvan por lo menos como experiencia piloto y que pueden servir también como respuesta a esas dificultades añadidas de las zonas rurales, de las zonas de montaña, que, prácticamente, el buscar la solución en las residencias supone un desarraigo total, ¿no?. Porque, efectivamente, como apuntó el Portavoz del Grupo Popular, quizá las zonas de montaña no sean las más adecuadas para la ubicación, como norma, de residencias, por la incomunicación que con frecuencia se produce y todo esto.

Ya me, en fin, congratula un poco el hecho de que -como dije antes- la señora Directora General ha reconocido al final que, bueno, van a intentar poner los medios para que en el ejercicio noventa y cuatro y noventa y cinco, que va a haber una importante inversión, se corrija un poco este desequilibrio que se produce territorialmente en la provincia de León. Porque, hombre, es de justicia intentar que, por lo menos, se acerque a la media; no por hacer localismos, aunque en este caso a mí se me pueda acusar de ello por ser originario de allí, sino porque, insisto, los ciudadanos de León, como los de Palencia, como los de Burgos, tienen derecho a participar de los escasos recursos que tiene la región, pues, más o menos, en la misma medida; hay que intentar hacer justicia para todos, dentro de lo que se pueda, porque los recursos son limitados, pero dentro de lo que se pueda.

Y, simplemente, a ver si en la próxima comparecencia me puede dar la buena noticia de que el incremento de las casas rurales es espectacular y de que su funcionamiento también es importante; porque -insisto- creo que como metodología es la mejor, por el tema del desarraigo; y es la mejor porque nuestros pueblos no se van a quedar vacíos; habrá gente, aunque sea gente anciana, pero gente totalmente válida, con frecuencia; y, por consiguiente, creo que son zonas que deben asistirse. No creo que sea bueno tampoco vaciar los núcleos, los pequeños núcleos rurales, en beneficio ya no digo de las capitales de provincia, sino de las poblaciones de segundo y tercer nivel, porque eso puede ser una solución supletoria, o complementaria. Pero creo que se debería iniciar el camino por el otro lado: cuando no sea posible llevar a cabo casas rurales, pues, plantear el tema de las pequeñas residencias; cuando las pequeñas residencias no sean suficientes o factibles, plantear la solución de las residencias, o macro-residencias en el peor de los casos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Daniel de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

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EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Puesto que la Directora General ha dicho, que me hará llegar, el estudio de perspectivas de futuro y estudios comarcales, voy a ser muy breve; cuando tenga el estudio, le haremos llegar, con toda sinceridad, nuestras aportaciones, porque creo que es un tema en el que podemos estar de acuerdo.

Unicamente dos aclaraciones. Una, discrepar de la postura del Portavoz del Grupo Popular cuando dice que "estamos seguros que, se haga donde se haga una residencia, está bien hecha"; yo creo que no. Estará bien hecha actualmente, porque habrá una necesidad, pero a lo mejor estamos tirando el dinero, porque dentro de cinco años no hay habitantes; o no hay habitantes, o haylos, los que puedan entrar en la residencia, pero no hay quien la gestione. Por tanto, es verdad que, por pura necesidad, donde se haga hay plazas para ocuparla; es una cosa. Decir que está bien hecha es otra.

En segundo lugar, aclarar a la Directora General cuando ha dicho, bueno, que el estudio está hecho y que van procurando hacer donde hay necesidad, pero que es inevitable que la iniciativa privada venga y se instale donde quiera; es verdad, que se instale donde quiera. Si no está dentro de la normativa o de la necesidad que la Junta prevé, que se instale sin ayuda de la Junta; siempre que se instale sin ayuda de la Junta, donde le dé la gana; si pide ayuda a la Junta, donde haya la necesidad. De la misma manera que antes le decía en las macrorresidencias, en las cuales yo estoy de acuerdo en algún tipo de filosofía, siempre que se financien el número de camas que la Junta crea necesaria para la zona, y que esa iniciativa privada la mantenga al precio que la Junta fije. El resto de la iniciativa privada puede hacer lo que quiera.

Con esos criterios y esperando el estudio que nos hará llegar, no tengo más que aclarar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Francisco Javier León de la Riva tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente, y muy brevemente. Yo quería, en primer lugar, agradecer la respuesta de la Directora General. Evidentemente que yo no dudaba, pero su respuesta me ha confirmado que no se utilizan criterios de sectarismo político a la hora de tomar estas decisiones, y me ha recordado algo que algunas veces a uno se le olvida de andar en esta casa, y es que ganamos las elecciones y tenemos más alcaldes y, por tanto, más ayuntamientos que nadie, y que, lógicamente, eso se traduce después en actuaciones en municipios, sin necesidad de hacer una lectura sesgada del tema.

Yo quisiera, un poco, tranquilizarla en relación con la intervención del Portavoz socialista, porque yo creo que no es válido eso de que en democracia, como está uno en la oposición, no la puede alabar; yo le aseguro que el señor Granados, que la Legislatura pasada fue el látigo permanente de la Consejería de Cultura y Bienestar Social (nada tiene que ver con la hermanita de la caridad que usted padece en sus comparecencias), pues, en más de una ocasión, hasta alabó al Consejero de Cultura y Bienestar Social, incluso en público; por lo tanto, aun estando en oposición, yo estoy seguro que, antes de terminar la Legislatura, alguna vez la va a alabar a usted. Hace unos días teníamos ocasión de ver cómo el Portavoz de la Comisión de Economía de esta Cámara, del Grupo Socialista, alababa la gestión de su propio Consejero. Por lo tanto, yo creo que el decir la verdad, pues, no, no empece en que uno esté en la oposición o esté en... apoyando al Gobierno.

Y termino, simplemente haciéndole una... una sugerencia, en el orden de prioridades que se han manejado aquí y que olvidé citar en mi intervención anterior, y que a mí, desde luego, me dio buen resultado. Y es que se utilice algo que su Consejero... yo creo que le he oído alguna vez incluso decirlo en esta Cámara, utilizar una palabra que a mí no me gusta, mas que una palabra, me parece un palabro, eso del "apalancamiento" de otras financiaciones. Sí quiero decirle que, además de todos los criterios de cabeceras de comarca o de una por zona básica de acción social, o todas estas cosas, vaya usted allí donde haya otra administración, u otra entidad, u otra fundación que ponga recursos, porque es una forma de rentabilizar la inversión. Esa y no otra es la razón que me llevó a mí a hacer la de Matapozuelos, que apareció el alcalde con una fundación y un montón de millones debajo del brazo y me dijo me faltan tantos; hice números y, evidentemente, por la mitad del dinero hacía el doble de plazas que si lo hubiera hecho en el pueblo de al lado, que tenía alcalde del Partido Popular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señorías. La Directora General tiene la palabra.

RODRIGUEZ SALDAÑA

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LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): Gracias, señor Presidente. Si hubiéramos esperado a la publicación del Plan Gerontológico y a la financiación por parte del Ministerio el año noventa y dos y el año noventa y tres, de una serie de créditos para crear plazas de residencia, estaríamos ahora en mantillas; en vez de tener el número de plazas que tenemos, estaríamos -como se puede imaginar- con 500 millones de pesetas. Piense usted que la Junta tiene un Plan desde el año ochenta y ocho y que ha invertido 3.000 y pico millones de pesetas, que esos 500 millones recibidos en el año noventa y dos y noventa y tres son una mínima parte de este... de este... de este Plan. Que algunos de los proyectos que están incluidos dentro del Plan son proyectos ya iniciados, que, lógicamente, le vuelvo a decir que los criterios deben de primar los que yo le he dicho: cabecera, población y de más. Pero los criterios de planificación social son muy parecidos a los de población sanitaria o lo planificado de cualquier otro servicio o recurso. Y también tiene que entender que el principio de compensación, que hablaba el Portavoz y que yo, asimismo, he hecho hincapié en él, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque por esa regla de tres, la tuta, el frontón, el centro de salud y la residencia se la llevaría toda el mismo pueblo.

O sea, tengo que decirle que el Plan Gerontológico no el principio ni el fin de un Plan, es una parte del plan de construcción de residencias. Y no se incluyen con criterios específicos; el Plan Gerontológico tiene dieciocho, pero las subvenciones de la Junta, las ayudas a la Junta en este año noventa y tres han sido de cuarenta proyectos, como en el año noventa y dos fueron de ochenta o cincuenta, o de los que fueran, y el Plan fue una mínima parte.

Como saben, la vigencia del Plan no es el año natural, es un año desde la fecha de firma, que en el año noventa y dos fue en diciembre y que en este año ha sido el dos de agosto, y es muy difícil, cuando nuestra convocatoria sale en enero, el poder adaptar, siquiera una convocatoria independiente con unos criterios independientes. Crea que es dentro de un todo y que lo hacemos con los criterios que lo debemos hacer y no otro criterio, es lo que sí que me gustaría dejar ante todo claro en esta comparecencia. Yo espero y deseo que, bueno, que la gestión que yo pueda hacer al frente de la Dirección General es una gestión, desde luego, en colaboración con un equipo al que yo, desde luego, no menosprecio en ningún momento, una gestión desde la lealtad, entiendo yo, y desde el esfuerzo. Y, modestamente, tengo que decir que cuando yo he llegado a la Dirección General, pues, verdaderamente había una serie de carencias importantes de personal, infraestructura, y hemos logrado hacer yo creo que un equipo, y yo creo que las cosas modestamente están funcionando en lo que..., en lo que yo entiendo.

Con respecto al Plan concertado, hemos hablado de 1.800 millones de pesetas, por un lado, y, por otro lado, habla usted de 1.000 y pico millones que dedicaba el INSERSO. Los 1.800 que dedicamos nosotros no son todos ayuda a domicilio. Es dentro de ese Plan. Y ese Plan contempla tres fórmulas de financiación: la del personal, el 90% de alguna de las actividades que contempla la Ley, el artículo 6 de la Ley, y el 65% de otras, de otras actuaciones tendentes a la integración, que podemos llamar dentro del ámbito de las..., de la animación comunitaria. Y ahí entendemos que nos corresponde financiar las actuaciones de ayuda a domicilio en función de las personas que sufren aislamiento, falta de medios, y quizá falta de colaboración del titular de la familia, de la madre de familia de terceras personas, y creemos que el INSERSO debe incidir en lo que son sus competencias: minusválidos y tercera edad. Estamos compensando, evidentemente que con cantidades inferiores, dentro de lo que supone la ayuda a domicilio, pero porque creemos que la competencia prioritaria en estos dos sectores son los susceptibles, realmente, de prestárseles ayuda. Y lo que nosotros damos en el Plan concertado es en esos dos conceptos que le decía, por ayuda de tercera persona, y en personas que tengan dificultades a la hora de educar a los hijos, a la hora de gestionar, de llevar su casa, no tanto en función de unas carencias físicas y demás. Yo espero que con las..., con la colaboración de las dos administraciones podamos dar una mejor ayuda a domicilio, desde luego más eficaz, y que los..., a las personas necesitadas tengan la ayuda, y de una forma, de verdad, flexible, que no sean las dos horas, donde la persona que presta ayuda a domicilio, a veces, no sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer; o lo que se hace en la ayuda a domicilio en un barrio es totalmente distinto a lo que se hace en el barrio de enfrente. Yo creo que es preciso unificar la oferta que se da y es preciso unificar el perfil de usuario que recibe este servicio.

Le digo que yo no veo -le vuelvo a decir- la relación causa-efecto de esa normativa del año noventa y uno, esa Orden por la que se... por la que se regulaban los mínimos de los centros de tercera edad para saber lo que uno tiene; una cosa es regular los mínimos de calidad, los requisitos mínimos, que es lo que contemplaba esa Orden que ha quedado derogada por la del uno de julio del noventa y tres, y otra cosa es contabilizar con un mero estudio matemático los centros que se tienen.

Con respecto al Portavoz del Grupo Mixto, decirle que por parte de la Junta no ha habido discriminación hacia la provincia de León, que ha sido ese conjunto de factores que le he dicho. Y yo espero solucionarlo, como le decía, a la mayor agilidad. Y yo le prometo que si colaboran las entidades privadas y las Corporaciones Locales podamos hacer muchas plazas de residencia, las que sean necesarias, hasta llegar a esos mínimos del 5%. Y me parece, desde luego, que la fórmula de la Caja Rural, teniendo en cuenta la dispersión de nuestra geografía y el pequeño número de habitantes de muchísimos de nuestros municipios, es una buena fórmula a la hora de equipar con residencias nuestros municipios.

Aclararle al Portavoz del CDS que, efectivamente, las residencias que perciben ayuda de la Junta de Castilla y León, bien sea vía pública -través de Corporación Local- o crédito privado -a través de la iniciativa sin ánimo de lucro-, está decidida, lógicamente, por la Junta, con un proyecto absolutamente visado y ateniéndose a la convocatoria de financiación del sistema de acción social, que a veces, dado que la demanda es grande en el..., en nuestros ancianos, se hacen residencias por iniciativa privada sin ánimo o con ánimo de lucro, sin que la Junta en primera instancia conozca la existencia; inmediatamente, cuando se produce la detección, bien por parte del Ayuntamiento o por parte de cualquier otro..., o NGS, pues, lógicamente, intervenimos para adaptar a esos mínimos esos equipamientos.

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Al Portavoz del PP decirle que, verdaderamente, yo lo que pretendo es trabajar con lealtad y con dedicación. No que se me reconozca, evidentemente, yo creo que es más difícil que se pueda reconocer a veces por..., por terceras personas. Lo que sí que le digo es que tengo un equipo de trabajo que colabora conmigo y que yo creo que estamos haciendo una gestión, bueno, pues, coherente, que llevamos dos años de gestión, que la legislatura tiene por delante año y pico, y yo espero que este año puede ser un año de realizaciones muy importantes en materia de servicios sociales, para... y además para prepararnos a lo que puede ser el gran año, el año noventa y cinco, con la llegada del INSERSO; espero que podamos recibirlo con las mejores condiciones y en las mejores condiciones para todos los ciudadanos, para la propia Junta y también para todos los ciudadanos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señora Directora General. Para formular alguna pregunta u observación, ¿algún Parlamentario de la Comisión quiere intervenir? Sí, doña Olga Cavero tiene la palabra.

CAVERO PEREZ

LA SEÑORA CAVERO PEREZ: Gracias, señor Presidente. La provincia de León tiene pocas residencias de válidos y aún menos de inválidos. Esta intervención va encaminada a hacer hincapié en esa diferencia con otras provincias. Pedir que se tenga presente el derecho a la igualdad. Que tomamos nota de la oferta de la señora Directora de enmendarlas, que no sé si al fin ha reconocido que estamos en peores condiciones o no lo ha reconocido, porque una vez nos dijo que sí y luego que no; tomamos nota de la oferta y veremos si enmienda las desigualdades. Y si ha de seguir favoreciendo al PP acuérdese que mi pueblo es el único de la provincia de León con mayoría absoluta del PP, el único. Esperamos más inversiones para los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, PP, CDS, Izquierda Unida. Son necesarias, y útiles, económicas, las casas rurales y las ayudas a domicilio; desde luego, sería solución mucho más rápida. El tema de residencias privadas con ánimo de lucro hay que aceptarlas como una modalidad, pero hacer un riguroso control en la apertura y un seguimiento posterior con inspecciones serias. Hay que controlar el personal laboral que ejercen en ellas, como el auxiliar sanitario, la alimentación y todos los cuidados que han tener las personas internadas en ellos.

Resumiendo, pedir distribución justa, pero aún más, estricto control de calidad y de precio. Y buen trato, que tienen derecho todos los ancianos de nuestra Comunidad. Más control deben de tener las residencias privadas y esperamos que haga cumplir lo establecido en las normas de funcionamiento. Mi partido judicial es una zona agraria; desearía se invirtiera en ella. Señora Directora, la provincia de León está discriminada por lo que usted ha dicho. Usted dice que los Ayuntamientos de la Comunidad son más del PP. La provincia de León es más del PSOE y usted le da menos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. La Directora General tiene la palabra.

RODRIGUEZ SALDAÑA

LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES (SEÑORA RODRIGUEZ SALDAÑA): Sí. Decirle que, evidentemente, la provincia de León está en una cobertura de plazas del 2,6 plazas por cada 100 ancianos de más de sesenta y cinco años. Que yo le digo desde aquí que vamos a hacer un esfuerzo para poder dotar de una ratio cercana a ese 5%, que es lo que nos hemos propuesto en los planes regionales. Y que, desde luego, créame que para mí no prima ese criterio de... creo que los ciudadanos son iguales y creo que hay que procurar, dentro de la racionalidad, que todos los centros tengan... que todos los pueblos y municipios tengan cuantos más servicios mejor, aplicando el principio también de rentabilidad. Y sí que tomaré nota de su municipio por aquello de que somos vecinas; pues, bueno, espero que su municipio pueda tener.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, señora Directora General. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.