DS(C) nº 284/3 del 17/3/1994

PERANDONES FERREIRO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO (SEÑOR PERANDONES FERREIRO): Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Me cabe el honor de comparecer ante Sus Señorías en la Comisión de Bienestar Social para informarles sobre el programa de actuación de la Dirección General de Trabajo; Dirección General creada dentro de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social por Decreto de catorce de octubre, y que dispone de Programa Presupuestario propio, el 012.

La oportunidad de su creación vino determinada por cuanto el desarrollo de las negociaciones para la ejecución material de las transferencias de trabajo previstas en la Ley Orgánica 9/92, de veintitrés de diciembre, hacía necesario la adopción de un conjunto de medidas administrativas que permitiera a la Junta de Castilla y León realizar una ordenada incorporación de los servicios y bienes transferidos. En el marco de este proceso, por Orden de veintisiete de enero del presente año, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y con el fin de poder ir adoptando las medidas precisas, se aprueba la estructura de la Dirección General de Trabajo, que permite disponer de la organización administrativa indispensable para la preparación de la asunción de competencias y la gestión de las mismas, una vez que se hayan materializado las citadas transferencias.

(-p.8463-)

Por ello, la Dirección General de Trabajo se estructura en tres Servicios, que tendrán encomendadas tres grandes áreas de gestión de las competencias actuales y próximas correspondientes a esta Dirección. El Servicio de Relaciones Laborales, al que se encomiendan las funciones en materia de trabajo relacionadas con la ordenación de las relaciones individuales y colectivas, la mediación, arbitraje y conciliación, con las consiguientes actuaciones de mediación en las negociaciones o conflictos colectivos de carácter laboral, de conciliación previa a la tramitación de procedimientos laborales ante los juzgados de lo social, la formalización del depósito de convenios y demás acuerdos colectivos concluidos entre representantes empresariales y de los trabajadores, así como la formalización del depósito de actos relativos a elecciones de órganos de representación de los trabajadores en las empresas.

Por lo que se refiere a relaciones colectivas de trabajo, se ejercerán las competencias que actualmente corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en materia de convenios colectivos cuyo ámbito territorial no exceda el de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (convenios de centros, de empresas, provinciales o de ámbito comunitario).

En materia de huelgas y cierres patronales se conocerán las declaraciones de huelga y cierre patronal, recibiendo las comunicaciones al efecto, con las consiguientes actuaciones de conciliación, mediación y arbitraje en su caso.

En materia de conflicto se conocerán, tramitarán y resolverán los expedientes de conflictos colectivos que se susciten en cualquiera de las materias transferidas.

Y en materia de representación sindical conocerá y resolverá los expedientes que, sobre esta materia y dentro del ámbito territorial de nuestra Comunidad, la vigente legislación confiere a autoridad laboral.

El Servicio de Seguridad e Higiene en el Trabajo realizará las actuaciones relativas a gestión, asesoramiento y control de las acciones preventivas dirigidas a la disminución de los riesgos laborales; realización de estudios, informes y asesoramientos sobre puestos, locales y centros de trabajo; materias primas y productos intermedios y finales tóxicos, penosos o peligrosos, a través de los Gabinetes Técnicos Provinciales; programas a desarrollar sobre controles generales y sectoriales respecto de los niveles de seguridad e higiene en las empresas, prestando el asesoramiento pertinente, y comunicando a las mismas las correcciones necesarias a efectuar. Igualmente, se realizarán cuantos cometidos relativos a seguridad e higiene se le encomienden, así como la de comunicar a la Inspección de Trabajo los casos de contravención grave o reiterada de las normas de prevención de riesgos profesionales.

El Servicio de Fomento del Empleo y de Empresas de Trabajo Asociado, y hasta que se haga efectivo el traspaso de las funciones correspondientes a las competencias transferidas a la Junta de Castilla y León por la citada Ley Orgánica 9/92, de veintitrés de diciembre, seguirá realizando las funciones que tenía encomendadas el anterior Servicio de Trabajo, relativas al estudio y gestión de medidas de fomento del empleo, la gestión de medidas de fomento de economía social, actuaciones de fomento de la formación profesional ocupacional, gestión de proyectos acogidos a programas comunitarios europeos, y promoción sindical.

Una vez que se cumpla la efectividad de las transferencias pendientes, a las anteriores funciones se añadirán: en primer término, al asumirse la competencia sobre cooperativas y fundaciones benéficas y laborales que tengan por campo de actuación el comprendido exclusivamente dentro del ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, parece oportuno recordar que tal competencia, según se dispone en el Artículo 2 de la Ley Orgánica 9/92, tendrá el carácter de exclusiva. Por todo ello, este Servicio, y relativo a esta materia, realizaría actuaciones sobre promoción, estímulo, desarrollo y fomento del movimiento cooperativo; calificación, inscripción y certificación de los actos que deban acceder al registro general de cooperativas; asesoramiento de entidades cooperativas; y fiscalización del cumplimiento de la legislación cooperativa.

En segundo lugar, y dentro del marco de las competencias que se transferirán sobre programas de apoyo a la creación de empleo, se encuadrarían las actuaciones que igualmente se adscriben a este Servicio, relativas a apoyo a la creación de empleo en cooperativas y sociedades anónimas laborales, asistencia técnica y subvenciones a estas entidades, formación y promoción cooperativa, integración laboral del minusválido mediante fomento y subvención de acciones que creen y mantengan puestos de trabajo para este colectivo, promoción del empleo autónomo y ayudas destinadas a facilitar la jubilación a trabajadores de empresas en crisis no acogidas a planes de reconversión.

El tercer grupo de actividades que tendrá este Servicio será el derivado del traspaso de funciones y servicios en materia de gestión de formación profesional ocupacional, que, según las primeras previsiones del Ministerio de Administraciones Públicas, debería efectuarse antes de finalizar el primer semestre de este año, transferencia amparada en el marco de los apartados 7 y 13 del Artículo 149.1 de la Constitución española, y por tanto referida a la ejecución por parte de la Junta de Castilla y León de la legislación básica del Estado.

(-p.8464-)

Para completar el cuadro descriptivo del conjunto general de funciones que serán desarrolladas por la Dirección General de Trabajo, es preciso resaltar otra competencia que dentro del concepto genérico de ejecución de la legislación laboral se transferirá a la Junta de Castilla y León, y es el ejercicio de la potestad sancionadora, de conformidad con lo establecido en el Artículo 57 del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Infracciones y Sanciones en el orden social. Potestad que, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica del Estado, se deberá ejercer a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que conlleva la necesidad de establecer las imprescindibles vías de coordinación con este Servicio de la Administración Central del Estado.

A estos efectos, y entrando ya en la exposición de los planes de esta Dirección General, anuncio a Sus Señorías que es nuestro propósito proponer al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la firma del correspondiente convenio de colaboración con la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León en materia de inspección de trabajo. Y nuestra propuesta estará basada en el firme convencimiento de que la colaboración y coordinación entre la Administración Central y la Autonómica constituye una sólida garantía para la eficacia en la prestación de un servicio público en el que confluyen ambas administraciones. En este convenio se deberán establecer las bases necesarias para que, por las Inspecciones Provinciales de Trabajo de Castilla y León, se realicen las actuaciones correspondientes al cuerpo de inspección de trabajo y cuya competencia resolutoria haya sido transferida a la Junta de Castilla y León. Este convenio de colaboración constituye -a nuestro juicio- un elemento indispensable de coordinación en los presentes momentos, aunque, desde luego, no sea el marco definitivo idóneo para la planificación y consecución de los objetivos que, en el plano de la fiscalización sobre el cumplimiento de la legislación vigente sobre las materias mencionadas, se plantea la Junta de Castilla y León.

Dentro del programa de actuación de la Dirección General de Trabajo ocupa un lugar preferente, con independencia del momento en el que se produzca el traspaso efectivo de las competencias pendientes, las acciones propias de la Junta de Castilla y León en orden a la promoción de empleo y de la formación profesional en el presente año, y que tiene su reflejo presupuestario en el Programa 012 de nuestra Ley de Presupuestos para mil novecientos noventa y cuatro, aprobada por estas Cortes en diciembre del pasado año.

Una consideración previa sobre un hecho, a mi juicio, de la máxima importancia, como es la constitución y el inicio de los trabajos de la Comisión Regional para el Empleo y la Formación, prevista en el Acuerdo para el Desarrollo Industrial, suscrito en mil novecientos noventa y tres entre la Junta de Castilla y León, las organizaciones sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, cuyas funciones principales previstas en dicho acuerdo son: establecer un servicio permanente de información para la programación... para los programas de formación y empleo; constituir un observatorio permanente para el estudio de la evolución del mercado de trabajo y la detección de las necesidades de formación; elaborar una norma consensuada para la homologación de los centros colaboradores; adaptar, modificar o sustituir los términos del presente acuerdo en materia de empleo y formación, en función de la evolución del mercado laboral y de las necesidades de formación; debatir y realizar propuestas sobre las previsiones presupuestarias de la Junta de Castilla y León referidas a las acciones o medidas en materia de empleo y formación previstas en el acuerdo; promover y examinar la coordinación de dichas acciones y medidas con los planes y programas de actuación de las distintas administraciones, y promover la difusión y discusión de dichas acciones y medidas entre el conjunto de la sociedad, así como recibir información de la Administración autonómica sobre todos los planes y programas que puedan afectar a aquéllas y, de manera especial, en materia de fondos comunitarios.

El inicio de actividad de la Comisión Regional citada, cuyos trabajos constituirán valiosísimo elemento de colaboración para la Junta de Castilla y León a la hora de diseñar y ejecutar una activa política de fomento del empleo y de la formación profesional, demuestra la inequívoca y decidida voluntad política del equipo de Gobierno de Castilla y León de contar, en todo caso, con los agentes económicos y sociales. A este respecto, deseo señalar que ya en la primera reunión de la Comisión Regional de Empleo y Formación se estudiaron y debatieron las órdenes de convocatorias de subvenciones al empleo y a la formación profesional para el presente año; convocatorias que, en este ejercicio, se han realizado con antelación de varios meses en relación con las de años anteriores, al objeto de mejorar la eficacia de la gestión de estas actuaciones administrativas, y que, para el año mil novecientos noventa y cinco, se publicarán en los primeros días del mes de enero.

Dentro de esta decidida voluntad de una constante mejora en la respuesta a las necesidades en el campo que nos ocupa, permítanme a Sus Señorías recordarles dos acciones llevadas a cabo por los Servicios de esta Dirección General. Una, la Ley de Suplemento de Crédito, que estas Cortes aprobaron en el mes de noviembre, para incrementar el crédito presupuestario autónomo ante una subvención del Fondo Social Europeo, por un total en ambos conceptos cercano a los 800.000.000 de pesetas, y que determinó, en menos de un mes, la tramitación de más de setecientos expedientes administrativos. Y otra, la ayuda especial, aprobada también por estas Cortes, para apoyar las prejubilaciones de los trabajadores de NICAS mayores de cincuenta y tres años, ayuda concedida igualmente a través del Programa 012 de esta Dirección General.

(-p.8465-)

Dentro del plano de las medidas concretas de la Junta de Castilla y León para el empleo y la formación profesional, figuran tres Ordenes ya publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León. La primera, publicada el quince de febrero, por la que se convocan subvenciones dirigidas a modernizar y reformar las industrias del sector textil y de la confección en las provincias de Burgos y Salamanca, dentro de la iniciativa RETEX, y cuyo programa operativo RETEX España, mil novecientos noventa y tres-mil novecientos noventa y siete, fue aprobado el pasado año por la Comisión de las Comunidades Europeas. En el marco de esta Orden son subvencionables la financiación de equipos de asesoramiento y animación, la contratación del personal técnico necesario para la puesta en marcha de planes de modernización, la asistencia técnica requerida por las empresas para ayudar a la puesta a punto de procesos de producción o mantenimiento menos contaminantes y la formación del personal en nuevas técnicas y en otras áreas prioritarias.

La segunda Orden, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León del tres de marzo, es la relativa a la convocatoria de subvenciones para la formación profesional ocupacional, dirigidas a financiar las siguientes actividades: formaciones básicas adaptadas a las necesidades del mercado de trabajo; acciones formativas que conduzcan a cualificaciones elevadas, que requieran la utilización de nuevas tecnologías exigidas por el mercado laboral; reciclaje y perfeccionamiento profesional del personal ocupado en empresas cuya plantilla sea inferior a quinientos trabajadores, a fin de adaptar sus conocimientos a los cambios ocupacionales originados por la introducción de las nuevas técnicas de producción o de gestión; la formación básica inicial o el reciclaje profesional de personas activas que puedan incorporarse y participar en una actividad esencial para los objetivos del Plan de Desarrollo Regional; la formación básica en el ámbito de zonas mineras desfavorecidas de Castilla y León, con el fin de estimular nuevas actividades económicas y promover el empleo.

Tanto las formaciones básicas que se impartan como las dirigidas hacia cualificaciones especializadas deberán ir acompañadas de experiencias prácticas en empresas o centros apropiados y de acciones de motivación y orientación profesional.

La oferta formativa está destinada a los siguientes colectivos: jóvenes desempleados menores de veinticinco años; personas mayores de veinticinco años que lleven, al menos, doce meses de forma ininterrumpida inscritos como desempleados; trabajadores ocupados en empresas, cooperativas de trabajo asociado y sociedades anónimas laborales cuya plantilla sea inferior a quinientos trabajadores, así como los trabajadores autónomos cuya reconversión profesional sea necesaria para la introducción de nuevas tecnologías o nuevas técnicas de gestión; activos que estén ocupados o en situación de desempleo que puedan incorporarse y participar en una actividad esencial para la realización de los objetivos del Plan de Desarrollo Regional, con independencia de su edad y del tiempo de permanencia en la situación de desempleo; y parados y trabajadores afectados por procesos de reestructuración en empresas mineras de Castilla y León.

La última Orden, publicada en el mismo Boletín Oficial de Castilla y León que la anterior, es aquélla por la que se convocan subvenciones para la promoción del empleo en Castilla y León, y establece un conjunto de acciones, que aparecen encuadradas en cinco programas específicos:

Aprendizaje de oficios, cuya finalidad es facilitar la integración económica, profesional y social de los jóvenes aprendices que hayan finalizado la formación y experiencias laborales del programa Euroform'92, mediante la concesión de subvenciones dirigidas a las empresas o a empleadores que contraten aprendices en nuevos puestos de trabajo de naturaleza estable y a jornada laboral completa, a los aprendices por la creación de actividades autónomas y a las cooperativas de trabajo asociado y sociedades anónimas laborales, por la incorporación de aprendices como socios trabajadores.

Las ayudas que se establecen son: por cada contratación en nuevos puestos de trabajo de naturaleza estable y a jornada laboral completa, hasta 900.000 pesetas. Por la creación de un puesto de trabajo en autoempleo, un mínimo de 330.000 pesetas; dicha cuantía podrá incrementarse hasta 1.100.000 pesetas, en función de las inversiones que se realicen. Por la incorporación de cada aprendiz como socio trabajador a las cooperativas de trabajo asociado o sociedades anónimas laborales, un mínimo de 330.000 pesetas, cuyo importe podrá incrementarse hasta 1.100.000 pesetas, en función, igualmente, de las inversiones que se realicen como resultado de dicha incorporación.

El segundo programa es el de fomento de la contratación en nuevos empleos. El objetivo de este programa es ofrecer posibilidades de contratación a aquellos grupos de personas que tienen mayores dificultades para acceder a un puesto de trabajo por cuenta ajena. Las ayudas podrán solicitarse por las empresas privadas que proporcionen empleo a los siguientes colectivos: jóvenes menores de veinticinco años demandantes de empleo; desempleados de larga duración mayores de veinticinco años; mujeres con responsabilidades familiares menores de veinticinco años y desempleadas; personas mayores de cuarenta y cinco años desempleadas; emigrantes castellano-leoneses retornados en situación de desempleo al menos desde seis meses anteriores al de la contratación; minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales desempleados; y ex-toxicómanos rehabilitados desempleados.

Las contrataciones por tiempo indefinido serán subvencionables por una cuantía de hasta 900.000 pesetas.

(-p.8466-)

En las contrataciones de minusválidos y de mujeres en actividades y oficios en los que se encuentren muy poco representadas, o de mujeres con responsabilidades familiares, de extoxicómanos rehabilitados y de personas mayores de cuarenta y cinco años desempleadas, las ayudas indicadas se incrementarán en un 10%. Cuando el trabajador tenga menos de dieciocho años, las cantidades citadas se reducirán en un 30%.

El tercer programa hace referencia a la transformación de contratos temporales en indefinidos. El objetivo de esta medida es incentivar a las empresas privadas que, teniendo trabajadores en cualquiera de las modalidades de contratación temporal formalizadas con anterioridad a la fecha que se fije en la convocatoria, opten por la transformación de los mismos en contratos de carácter indefinido y a tiempo completo, y ello no suponga reducción de la plantilla en los centros de trabajo ubicados en la misma provincia respecto a la existente el último día del sexto mes anterior al hecho subvencionable; se subvencionará con una cuantía de hasta 500.000 pesetas por cada puesto de trabajo temporal convertido en indefinido y a tiempo completo.

El siguiente programa es el de apoyo a los emprendedores de empresa. Los objetivos de este programa son, de un lado, ofrecer oportunidades a los jóvenes en paro, parados de larga duración y minusválidos desempleados, para que creen su propia empresa, bien de forma autónoma o cooperativa de trabajo asociado, sociedad anónima laboral, sociedad anónima o sociedad limitada. De ello... y de otro -perdón-, promover la incorporación de los colectivos antes señalados en dichas empresas, participando como socios vinculados laboralmente a las mismas; pueden solicitar estas subvenciones los jóvenes en paro, los parados de larga duración y minusválidos, y las cooperativas de trabajo asociado y las sociedades que antes he mencionado en las que participen como socios personas vinculadas laboralmente a las mismas.

Los minusválidos promotores de empresas o con la condición de socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado o sociedades anónimas laborales deberán tener una minusvalía reconocida igual o superior al 33%.

Las ayudas que se establecen son: por la creación del puesto de trabajo en autoempleo, un mínimo de 300.000 pesetas; dicha cuantía podrá incrementarse hasta 1.000.000 de pesetas, en función de las inversiones que se realicen. Por la incorporación de cada joven en paro, parado de larga duración o minusválido desempleado como socio vinculado laboralmente a las cooperativas de trabajo asociado, sociedades anónimas laborales, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada, un mínimo de 300.000 pesetas, cuyo importe podrá incrementarse hasta 1.000.000 de pesetas, en función de las inversiones que se realicen. También serán objeto de subvención, hasta el 60% del coste, los estudios de viabilidad previos al inicio de la actividad económica realizados por técnicos competentes; hasta 150.000 pesetas, las enseñanzas recibidas en el centro docente elegido relativas a la gestión de empresas y nuevas tecnologías relacionadas con la actividad económica a desarrollar; estas ayudas sólo surtirán efecto en los casos de que se pongan en marcha las empresas y se realicen los programas... los correspondientes cursos.

Las inversiones, en todo caso, que se efectúen habrán de materializarse con una antelación no superior a un año a la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador, en relación con los terrenos y edificios, y a seis meses para el resto de las inversiones correspondientes.

El último programa previsto es el de acciones vinculadas a programas e iniciativas comunitarias. En este apartado, es de señalar que, al iniciarse en mil novecientos noventa y cuatro un nuevo período de financiación del Fondo Social Europeo, se hace preciso esperar hasta que la Comisión de la Comunidad Económica fije el nuevo marco de iniciativas comunitarias. Estas iniciativas tienen por objeto dar una dimensión comunitaria a las medidas de formación profesional y, en general, de promoción del empleo, mediante la creación o el desarrollo de redes comunitarias en el contexto de la promoción de los recursos humanos. En el mismo figuran planes de fomento de la formación y del empleo, que contemplan de forma integral la prevención del desempleo y el desarrollo de nuevas oportunidades de empleo, en particular mediante la orientación profesional y el asesoramiento técnico, la formación previa y la cualificación profesional, prácticas laborales en empresas, ayudas al empleo y la creación de estructuras adecuadas de empleo y apoyo que incluyan la prestación de servicios de asistencia técnica.

Dada la participación de la Junta de Castilla y León, mediante cofinanciación con el Fondo Social Europeo, será preciso -como decía antes- conocer previamente la decisión al respecto de la Comisión de la Comunidad Económica Europea.

La realización de dichas acciones se llevaría a cabo de acuerdo con la normativa comunitaria y la de la Junta de Castilla y León, mediante la formalización de acuerdos con entidades públicas o privadas, o a través de órdenes de convocatoria pública. En este punto, es intención de la Junta de Castilla y León desarrollar, si es posible dentro del marco de iniciativas comunitarias, un programa específico destinado a la integración de grupos desfavorecidos en el mercado laboral, cuyo objetivo sería promover la integración laboral de colectivos especialmente desfavorecidos, especialmente de los que no alcanzan los niveles de la enseñanza secundaria obligatoria. Estas acciones comprenderían estudios preparatorios, formación, orientación y motivación empresarial, aprendizajes de oficios y prácticas en empresas, ayudas al empleo y asesoramiento técnico. Y serían beneficiarios los siguientes colectivos: mujeres, minusválidos, extoxicómanos rehabilitados desempleados y jóvenes menores de veinticinco años.

(-p.8467-)

Por lo que hace referencia a las previsiones de esta Dirección General con las competencias que, en virtud del proceso de traspaso de funciones y servicios a las Comunidades Autónomas del Artículo 143 de la Constitución, asumirá próximamente la Junta de Castilla y León en materia de ejecución laboral, deseo anunciar a Sus Señorías tres apartados principales.

El primero, que afecta a la transferencia de cooperativas, cuyo ámbito -como decía al principio de mi intervención-, cuyo ámbito territorial no sobrepase el de la Comunidad Autónoma, materia en la que -como Sus Señorías bien conocen- la competencia que asumirá la Junta de Castilla y León es de carácter exclusivo. Pues bien, una vez que el traspaso de esta parcela sea efectivo, es intención de esta Dirección General presentar la documentación y estudios necesarios que conduzcan a la elaboración de un Proyecto de Ley de Cooperativas de Castilla y León, norma que pretenderemos que respete y esté coordinada, no sólo con la normativa general del Estado, sino con leyes similares de otras Comunidades Autónomas, especialmente con las limítrofes con la nuestra, pero que, asimismo, recoja las especialidades y particularidades que entendamos más convenientes para la promoción y desarrollo del movimiento cooperativo en nuestra Región.

Un segundo aspecto en el que esta Dirección General tiene especial intención de incidir cuando concluya el proceso de transferencias en materia de ejecución de la legislación laboral es el específicamente relacionado con la negociación colectiva y la resolución de los conflictos de trabajo, campo en el que se potenciará el ejercicio y desarrollo de una política de promoción del diálogo permanente entre organizaciones empresariales y sindicales, para, mediante la negociación colectiva, ir a la solución de los conflictos colectivos. En este sentido, por esta Dirección General ya se han iniciado estudios previos, que continuarán en este período transitorio, y que nos permiten analizar sistemas similares en otros países europeos y en otras Comunidades Autónomas, y recoger las experiencias de los mismos para poder proponer en su momento a los agentes económicos y sociales de Castilla y León un sistema de solución negociada de los conflictos colectivos.

El tercer punto sobre el que este Director General quiere hacer una referencia específica en la exposición que viene desarrollando es el que se refiere a seguridad e higiene en el trabajo, materia en la que la competencia de la Junta de Castilla y León será de ejecución de la legislación básica del Estado, pero que en este apartado viene decisivamente influido por la legislación comunitaria, de conformidad con los Artículos 100, 117 y 118 del Tratado de la Comunidad Europea, modificado por los Artículos 100.a) y 118.a) del Acta Unica Europea, en virtud de los cuales la seguridad y salud en el trabajo pasa a ser un tema prioritario dentro de la Unión Europeo. En este apartado, es, asimismo, nuestra intención impulsar y desarrollar, una vez efectuado el traspaso de esta competencia concreta, los estudios necesarios que conduzcan a la elaboración de un Plan de Seguridad e Higiene en Castilla y León que, con la colaboración de los agentes económicos y sociales, nos permita tener una visión completa de los problemas y necesidades que en esta materia se presentan en los diferentes sectores económicos de nuestra Región, y articular las soluciones, en lo que dependa de la Junta de Castilla y León, o las propuestas de soluciones, en lo que sea de otras instancias, que nos conduzca a un sistema de prestación efectiva de trabajo en mejores condiciones de salud y seguridad, así como nos permita reducir los actuales costes sociales y económicos en materia de siniestrabilidad laboral.

Antes de terminar esta intervención, deseo exponer ante Sus Señorías la preocupación de esta Dirección General ante la próxima transferencia a esta Comunidad de la competencia sobre ejecución de los programas de formación profesional ocupacional continua, que -como Sus Señorías conocen bien- es aquélla que va dirigida hacia los trabajadores ocupados. En relación con este proceso formativo, se firmaron, el dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y dos, dos acuerdos: uno bipartito entre la CEOE, CEPYME, UGT y Comisiones Obras, acuerdo al que posteriormente se adhirió la Convergencia Intersindical Galega, por el cual se regulan las acciones de formación profesional continua que los firmantes desean llevar a cabo; y otro tripartito, que establece el dispositivo de financiación que el Gobierno realizaría para financiar las acciones derivadas del mencionado acuerdo nacional.

Nada hay que objetar al acuerdo bipartito, desde el punto de vista de las competencias autonómicas. El problema se centra en que, a través del acuerdo tripartito y de la normativa de desarrollo del mismo, la Administración Central del Estado transfiere a los interlocutores sociales unos fondos públicos, que deberían ser transferidos a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de su competencia ejecutiva. Y no es que estemos en contra de negociar a nivel regional un acuerdo similar, sino que el problema es que debería ser cada Comunidad Autónoma -en nuestro caso la Junta de Castilla y León- la que determine su propia política, gestione los fondos correspondientes y llegue por ella misma a acuerdos en función de sus prioridades.

En todo caso, esta Dirección General confía en que, llegado el momento del traspaso efectivo de esta competencia, se articulen por el Estado soluciones específicas que permitan el traspaso de créditos presupuestarios suficientes para financiar esta competencia en las mismas condiciones en que se están financiando por la Administración Central del Estado estas actividades en el momento de su traspaso.

Nada más, Señorías. Estoy a su disposición para lo que estimen procedente. Muchas gracias.

(-p.8468-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Director General. Con el acuerdo de los Portavoces, vamos a continuar la sesión. Y, para formular preguntas u observaciones, tienen la palabra los diferentes Portavoces de los Grupos. Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Virgilio Buiza tiene la palabra.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Bien. Muy brevemente, porque, sin perjuicio... primero quiero agradecer la comparecencia del señor Director General, su información, bastante completa, sobre todos estos extremos; y, al mimo tiempo, pues, creo que es bueno adelantarse a los acontecimientos -como él mismo nos ha anunciado-, preparar la estructura -digamos- de la Dirección General de Trabajo para asumir en su momento esas competencias y ejercerlas adecuadamente. Creo que es bueno preparar las estructuras -digamos- de esta Dirección General, que es bueno, también, tener proyectos concretos que se anticipen a ese acontecimiento. Aunque yo lo que ya no sé, si no existe un cierto nivel de precipitación, sobre todo teniendo en cuenta la lentitud con que se llevan a cabo este tipo de transferencias, ¿no? Porque, efectivamente, lo contempla la Ley Orgánica aprobada en estas Cortes y en el Parlamento del Estado, pero, evidentemente, a veces, quizá, por la complejidad de esas transferencias o por diversas causas, pues, no llegan tan rápido como sería deseable. Entonces, no sé si quizá no haya habido por parte de la Dirección General un cierto nivel de precipitación a la hora de reorganizar los servicios, en fin, de relaciones laborales, seguridad e higiene, etcétera, etcétera; cooperativas y fundaciones. Pero, en fin, creo que es bueno ser previsores, planificar, prever el futuro, sobre todo cuando es un futuro que va a llegar, aunque no se sepa muy bien cuándo exactamente. Y, en ese sentido, nada que criticar.

En el resto, pues, nos ha expuesto un amplio, yo creo, programa de actuaciones, mucho del cual se encuentra ya en ejecución, sobre todo en materia de fomento del empleo. Aquí yo lo que detecto, quizá, es un excesivo número de subprogramas, una excesiva variedad, que es posible, sobre todo, al ciudadano le genere un cierto nivel de confusión, ¿no? También se detecta, quizá, un excesivo margen de arbitraje o de decisión de la Administración en cuanto a la cuantía de las subvenciones, porque en algunos casos se nos habla desde 300.000 pesetas hasta 1.000.000 de pesetas, etcétera, etcétera. Esto, bueno, puede ser bueno, porque se pueden valorar los proyectos concretos y adecuar esa ayuda a esos proyectos, a su valía, a su proyección futura, a su viabilidad, pero, al mismo tiempo, también puede ser desconcertante para los solicitantes, que, a la postre, no saben, en concreto, cuál es la ayuda cuantificada que van a percibir para, efectivamente, llevar a cabo su planificación, su inversión en todos estos temas, que es un elemento importante, sobre todo cuando la economía no anda muy bien y cuando los recursos, tanto de las Administraciones como de los ciudadanos, son escasos.

Echo en falta, sin embargo, en primer lugar, quizá, la pobreza del Programa 012, al cual casi todos los Grupos de la oposición presentamos Enmiendas, intentando incrementar su cuantía. Ya el mismo señor Director General ha reconocido que en el ejercicio noventa y tres fue insuficiente, porque tuvo que haber incremento de este crédito. Yo mucho me temo que en este ejercicio noventa y cuatro vaya a ocurrir lo mismo, aunque, en fin, eso, en parte, sería positivo, porque demostraría que la demanda social es importante, que también es importante que la Junta sea receptiva y esté dispuesta a detraer fondos de otras partidas para implementar este Programa, porque, si siempre es importante el fomento del empleo, en estos momentos de crisis, donde el problema número uno en España y en Castilla y León es precisamente el paro, pues, qué duda cabe que es importante que tengamos esa sensibilidad y esa predisposición a hacer un especial esfuerzo para fomentar el empleo.

En cuanto a materia de actividad formativa, que ha incidido bastante el señor Director General, yo echo un poco en falta, quizá, el que se intente, también como una medida preparatoria para la asunción de competencias en materia de educación, el plantear la firma de convenios con el Ministerio de Educación y Ciencia en programas más o menos reglados de formación; por ejemplo, en cuanto a esos módulos de garantía social que va a introducir la nueva reforma de la formación profesional, que, quizá, por muchos que se pongan, van a quedar cojos, sobre todo en muchas zonas, en muchas zonas educativas, y donde la Junta podría, desde luego, aportar su experiencia y aportar también su apoyo económico -digamos-, y adquirir también una práctica para el futuro, en el momento en que estas competencias en educación, que están más lejanas en el tiempo, se asuman. Yo creo que sería -no sé, y es una sugerencia que hago humildemente-, sería importante considerar esa posibilidad, ¿no?, de colaborar de una forma reglada, vía convenio con el Ministerio de Educación, en el fortalecimiento de este tipo de programas de garantía social, que, de alguna forma, van a dar salida formativa y ocupacional también, en parte, a aquellos colectivos de jóvenes que no van a poder acceder a otro tipo de enseñanzas, de formación profesional de segundo grado o de tercer grado, por diversas circunstancias, y que, en cambio, se van a quedar sin expectativas laborales claras; y bueno sería, pues, que estos programas tuviesen la suficiente cobertura para que nadie -estos jóvenes- que lo desee pueda quedar un poco -digamos- marginado de ellas.

En general, no tengo mucho más que decir, porque, claro, los programas de futuro, a la vista de esas transferencias, habrá que analizarlas cuando éstas lleguen y cuando se empiece a ejecutar y valorar los resultados.

(-p.8469-)

En cuanto -insisto- al programa de empleo, creo que, efectivamente, es bastante positivo la importancia que se da al mismo, y que yo creo que va a tener más en el futuro. Yo creo que también es bueno que esta sensibilidad, pues, haga que no se pierdan las ayudas que puedan venir del Fondo Social Europeo por inactividad o por falta de interés de las Administraciones, sobre todo, en este caso, de la Administración Regional.

Por eso, yo le animo al señor Director General que estas órdenes que ha publicado para dar -digamos- satisfacción a esta demanda, en cuanto al fomento del empleo, no se queden cortas y se atienda al mayor número posible de demandantes. Y si no es suficiente el crédito existente, pues, le animo a que plantee suplementos de crédito, que por parte del Procurador que les habla no va a haber ningún problema para apoyarlo en la medida de lo posible. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Muy breve, para agradecer al Director General de Trabajo la información que nos ha dado. Y puesto que se está pendiente -como nos ha informado- de recibir la mayoría de las transferencias, en su día podremos valorar si la estructura que se da es la conveniente para llevar adelante todas esas competencias.

Unicamente sí quería que me hiciese algunas aclaraciones, si es posible. En la última convocatoria de fomento de empleo, aproximadamente -tampoco exacto-, ¿qué número de empresas solicitaron subvenciones para la creación de empleo? Aproximadamente, ¿cuántos puestos de trabajo fijo se han creado subvencionados? ¿Cuántos autoempleos? ¿Y por qué, de la misma manera que en algunos casos se pone el mínimo, en la creación de puestos fijos de trabajo se habla hasta 900.000 pesetas, o en la creación del paso de un puesto temporal a fijo hasta 500.000, y no se dice el mínimo? Porque esto está llevando a las empresas a una gran desilusión, ya que solicita pensando hasta 900.000 pesetas, crea el puesto de trabajo y después lo solicita, y se encuentra con una sorpresa, que luego le vienen 150.000. No sé si es que tiene que ser así o sería posible poner: mínimo 300.000, máximo 900.000, supongo, dependiendo de la calidad, puestos de trabajo, o del número de solicitantes. No sé por qué es, y sí querría que me aclarase, si es posible, estas cuantas dudas que planteo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Agradecer, en primer lugar, la primera comparecencia ante nosotros del Director General de Trabajo. Esperamos que tenga una comparecencia fluida y una relación fluida con esta Comisión, y esperamos, por lo tanto, poder hacer un seguimiento de su gestión con la periodicidad que el tema que le ocupa y que nos ocupa a todos esta mañana merece.

Y luego, agradecerle sus explicaciones. La verdad es que tengo que decir que se las agradezco no solamente por cortesía, sino porque han sido bastante útiles. Pero, en buena medida, el Director General se ha limitado a hacernos un detalle, en esta sesión, de lo que son las órdenes publicadas en el Boletín Oficial de Castilla y León, y que ya conocíamos. Y, en este sentido, bueno, pues, su información nos es de algo menos de utilidad.

Yo he echado en falta, en primer lugar, pues, una intervención en la que el Director General empezara por decirnos cuál es su diagnóstico de la situación de los problemas del trabajo en Castilla y León, que es, a fin de cuentas, lo que tiene que orientar, o que guiar, o servir de principio rector a las actuaciones de su departamento; algunas referencias a en qué medida existen en Castilla y León peculiaridades sobre la situación del empleo que permitan definir la política de la Junta de Castilla y León en esta materia, con algún grado de concreción y de apego a la realidad regional.

También he echado en falta, realmente, además de un diagnóstico de la situación del empleo en Castilla y León, una mínima referencia a en qué medida su Dirección General va a coordinarse con los otros departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma que tienen, evidentemente, competencias concurrentes con las que la Dirección General de Trabajo va a desempeñar. Existe una Consejería de Economía con una Dirección General de Política Industrial, que, evidentemente, algo tiene que decir en temas de empleo en la Región; existe una Consejería de Agricultura; existe, incluso, una Comisión Interdepartamental, creada a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, que intenta unificar las competencias dispersas de la Junta en temas educativos y de formación. Me hubiera gustado oírle decir al Director General en qué medida va a coordinar sus actuaciones con los propios departamentos de la Administración Regional a la que pertenece. Nos ha comentado que va a solicitar un convenio con el Ministerio de Trabajo, que nos parece sumamente útil, pero yo le añadiría que también a nosotros nos parecería sumamente útil que existiera en el ámbito de la Comunidad Autónoma algún tipo de coordinación entre los diferentes departamentos que hacen políticas de promoción del empleo. Me gustaría saber qué papel va a jugar en esa coordinación la Dirección General que le ocupa, para intentar que las actuaciones de la Dirección General no se dupliquen o no sean insuficientes en la medida en que otras actuaciones de otros departamentos dejen líneas de... dejen de alguna manera vacíos en lo que es una política global o, por contra, pues marquen estas duplicaciones.

(-p.8470-)

Y luego hemos entrado ya en lo que es la política concreta de su departamento, de su Dirección General, en la que nos ha hecho una referencia a las competencias que va a recibir y sobre las cuales, evidentemente, pues no tenemos más que tomar notas, esperar que se negocie cuanto antes la transferencia, y solamente en ese momento, pues, empezar a hablar de ella con el detalle que la cuestión merezca, y lógicamente a lo que ha dedicado más importancia, a las líneas de actuación que en estos momentos ya viene desempeñando, en función de su creación.

Yo tendría que empezar por decirle que me hubiera gustado también alguna referencia mínimamente crítica a lo que ha sido la política de subvenciones de la propia Comunidad Autónoma en materia de empleo. Las subvenciones de la Junta de Castilla y León en materia de promoción de empleo llegan tarde, mal y nunca. Se están pagando en muchos casos con muchos meses y en muchos casos con más de un año de retraso, si bien es cierto -y tengo que reconocerlo, y no me duelen prendas- que en los últimos meses se ha mejorado esa situación y que realmente se han empezado a pagar las subvenciones con algún... con alguna mayor presteza, o con alguna mayor cercanía a lo que eran las peticiones de los administrados.

En esta política de subvenciones, además -ya lo ha señalado el señor de Fernando-, bueno, se indica cuál es el tope de la subvención, pero, evidentemente, la carencia de fondos presupuestarios es tal que al final las cuantías de las subvenciones efectivamente pagadas no llegan, en muchos casos, sino al 20% de las subvenciones máximas previstas en las correspondientes órdenes. Y en este sentido, pues, la gente que, evidentemente, solicita una subvención de la Junta de Castilla y León, lo hace con unas expectativas que son absolutamente defraudadas. La subvención le llega, pues, con más de un año de retraso, le llega por el 20% de la cantidad solicitada, y en algunos casos ni siquiera se le da una respuesta cuando se le deniega la subvención hasta muchos meses después de presentada la misma. Lo cual ya es más difícil de justificar, porque es posible justificar el que la Administración de la Comunidad Autónoma tiene unos recursos limitados, es fácil justificar el que la tramitación burocrática de las subvenciones haga que se paguen con retraso, no es justificable el que a alguien se le envíe una carta con un año de retraso diciéndole que se le deniega una subvención. Y esto sigue sucediendo, por desgracia, como bien conocen los empresarios de la Comunidad Autónoma.

Pero a mí lo que más me preocupa, lo que más le preocupa al Grupo Socialista de la política de subvenciones de fomento del empleo de la Junta de Castilla y León es la evidente falta de criterios rectores que en esta política se aprecian en lo que es, lo que son las actuaciones de la Junta en relación con las actuaciones de otras Administraciones Públicas. Porque nosotros pensamos -y lo hemos dicho ya en más de una ocasión- que en muchos casos nos estamos limitando a duplicar o a sobreincentivar líneas de ayuda que ya se ponen en marcha por parte de otras Administraciones Públicas que tienen más recursos, mientras que todavía siguen existiendo otros problemas importantes del empleo en la región que no están siendo atendidos por la Comunidad Autónoma.

Pongamos por ejemplo las categorías y los colectivos a los que se dirigen las líneas de fomento de empleo de la Comunidad Autónoma. Bueno, pues en estos momentos seguimos incentivando -y probablemente hace dos años fuera necesario y hace un año fuera más necesario que ahora- la contratación de nuevos trabajadores que en función de las reformas del mercado laboral ya en estos momentos en vigor, en función de los Decretos aprobados por el Congreso de los Diputados en diciembre del año pasado, pues se está permitiendo una gran movilidad del empleo en nuestro país y un incremento de las nuevas contrataciones, y también en Castilla y León existe ese incremento. Pero hay otros colectivos que no pueden beneficiarse de esas ayudas para la contratación de nuevos trabajadores o de las reformas del mercado laboral que no son objeto tampoco de la atención de la Junta.

Por ejemplo, ¿en estos momentos es necesario seguir incentivando la contratación de aprendices? Porque, también, una de las incoherencias que a mí me gustaría señalar aquí es que la política que usted nos ha expuesto, en cierta medida, también es incluso incoherente con la política que el Partido Popular defiende en Madrid. O sea, ustedes en Madrid nos dicen -y lo digo porque yo soy Senador por la Comunidad Autónoma- que los contratos de aprendizaje están sobreincentivados, que incluso llegan a colectivos a los que no deberían llegar, porque ustedes pretenden en Madrid que los contratos de aprendizaje solamente puedan hacerse hasta jóvenes de hasta veintiún años, y toda la política de la Junta de Castilla y León -y en esto estoy de acuerdo con la Junta y evidentemente en desacuerdo con lo que plantea el PP en Madrid-, pues, está basada en la distribución entre mayores y menores de veinticinco años; ustedes la única fecha tope que ponen en todas sus órdenes de convocatoria de subvenciones son los veinticinco años.

(-p.8471-)

Pero en Madrid nos dicen: "hay que limitar los contratos de aprendizaje sólo para los menores de veintiún años, porque, si no, se puede producir un efecto perverso de sustitución". Y ustedes siguen incentivando a través de líneas de ayuda de la propia Comunidad Autónoma y sigue estando entre sus objetivos el seguir fomentando los contratos de aprendizaje. Yo creo sinceramente que los contratos de aprendizaje se fomentan por sí mismos, y que ya probablemente ese sea, en función de la reforma del mercado laboral, un sector no prioritario, a lo mejor, de actuación de la Comunidad Autónoma, que podría dedicarse a otros colectivos: las personas que salen con una titulación universitaria de grado medio o de grado superior en la Universidad y que se encuentran a falta de alguna línea concreta de actuación, o los grupos industriales en recesión o en reconversión en la propia Comunidad Autónoma.

Es decir, nosotros seríamos partidarios, por concretar esta crítica, de una política de subvenciones que complementara y que no duplicara la política de fomento del empleo que se desarrolla a través de la Seguridad Social y a través de las líneas de ayuda del Gobierno de la Nación. Seríamos partidarios, por ejemplo, de una política de subvenciones que intentara evitar la pérdida de puestos de trabajo en la región en los sectores en crisis. Y ustedes, en esta actuación, pues solamente tienen... en esta línea solamente tienen actuaciones esporádicas, mientras que siguen incentivando, en la medida que eso se puede llamar un incentivo, con cantidades muy pequeñas (cien mil, ciento veinticinco mil, ciento cincuenta mil, o hasta a veces, cuarenta mil y sesenta mil pesetas), pues, la promoción de nuevos empleos que están ya, a lo mejor, suficientemente promovidos por las reformas laborales.

Usted ha hecho referencia aquí a una Ley, votada en las Cortes de Castilla y León, a una iniciativa, mejor dicho, de prejubilaciones en una empresa de Valladolid, de NICAS, a la que la Junta de Castilla y León ha ayudado a prejubilar unos trabajadores para intentar conseguir garantizar la viabilidad de la empresa. Pero yo soy testigo, e incluso a veces he acompañado a muchísimos comités de empresa o empresarios que pretendían... de otras provincias de la región -y evidentemente de la mía, fundamentalmente-, que pretendían que la Junta de Castilla y León arbitrara líneas financieras de ayuda a la reconversión en empresas que necesitaban prescindir de parte de su plantilla para garantizarse su viabilidad y sistemáticamente nos hemos encontrado con que, con toda la mejor voluntad del mundo, los responsables de la Consejería de Economía nos dicen: no hay dinero, no hay capacidad económica para actuar en ese sentido. Y, a veces, uno tiene la sensación de si estamos utilizando bien el dinero público cuando estamos dando subvenciones a empleos que aunque no les subvencionemos se van a crear igual, y por falta de ayudas públicas estamos permitiendo la destrucción de empleos en la región. Y yo sé que en la línea... vamos, en su materia, evidentemente, todas las responsabilidades están compartidas. También, en este sentido, no sería justo aquí haciéndole, digamos, culpable o responsable únicamente de la situación económica ni de la situación del empleo en la región. Pero, en la misma medida en que yo conozco ese hecho, y que el Grupo Socialista valora ese hecho, y que el Grupo Socialista valora el que la política de la Junta es una política que se desarrolla con otras Administraciones Públicas, que tienen más recursos, yo creo que eso debería ser tenido en cuenta por la propia Junta, y que la propia Junta debería tener en cuenta qué líneas de ayuda ponen en marcha otras Administraciones Públicas para dedicarse a cubrir los huecos y a entre todos hacer una política realmente global de actuaciones que permitieran promover la creación de nuevos empleos y mantener los empleos actualmente existentes. Para lo cual muy poco o casi nada se está haciendo desde la Administración regional.

Y haciendo esa referencia general a lo que es la política de subvenciones de la Comunidad Autónoma, que yo creo que incluso podría completarse con otra pequeña crítica, hombre, con los recursos tan limitados de los que disponen ustedes, tendrían que afinar un poco más. A veces, leyendo las convocatorias de subvenciones de la Comunidad Autónoma, cuando se definen los sectores prioritarios o los grupos sociales que tienen acceso a esta convocatoria de subvenciones, pues uno empieza a enumerar y al final son todos, porque son los menores de veinticinco años, los mayores de cuarenta y cinco, las mujeres, los no sé qué, los no sé cuál; pues, hombre, al final, quien más quien menos, toda la población laboral de Castilla y León se acoge a una de las rúbricas de la enumeración. Y al final tenemos trescientos o cuatrocientos millones de pesetas en una línea concreta, y con trescientos o cuatrocientos millones de pesetas, nosotros sabemos que vamos a llegar a trescientos o cuatrocientos millones de pesetas nosotros sabemos que vamos a llegar a trescientas o cuatrocientas personas, o a mil doscientas o a dos mil o a tres mil. Bueno, pues, si vamos a llegar a dos mil o a tres mil, afinemos un poco más, no generemos expectativas tan amplias, para luego al final ofrecer frutos tan escasos.

Pero bueno, haciendo este boscón general de lo que es una política de subvenciones, que yo creo que debe reformarse su tramitación para conseguir que lleguen antes, y debe reformarse en sus objetivos, para conseguir que sea complementaria y que incida en la mejor medida de lo posible en el mantenimiento del empleo existente, para lo cual ahora tenemos serios problemas, y no tanto a lo mejor en la promoción de empleo en sectores que ya se están moviendo con un cierto mayor dinamismo, tendríamos que hablar de la política de uso de los fondos comunitarios por parte de la Junta de Castilla y León, que sería otro de los grandes temas objeto de su Dirección General.

(-p.8472-)

Vamos, yo creo... tampoco voy a decir nada nuevo aquí de lo que ya ha anunciado el Grupo Socialista en otras intervenciones parlamentarias, pero creo que aquí sí que la política de la Junta de Castilla y León se merece un suspenso global y un suspenso severo. En la política de gestión de los fondos comunitarios hemos actuado exclusivamente a demanda de lo que han sido solicitudes de algunos interlocutores sociales que en muchos casos no son los más adecuados para la gestión del dinero que se recibe de Bruselas, y al final estamos generando o fomentando una ....... un número excesivamente elevado, absolutamente hiperformulado de cursos, cursillos, que en muchos casos, que en muchos casos nosotros incluso tenemos realmente la sospecha de si no son una forma encubierta de subvención a la entidad que está protagonizando esos cursos. Y además esto no solamente se hace, digamos, sin ningún hilo conductor, sino que se hace acudiendo en muchísimos casos a las subvenciones directas, ni siquiera convocatorias.

Y yo tengo aquí una lista de subvenciones directas dadas en el año mil novecientos noventa y tres, por las diferentes Consejerías de la Junta de Castilla y León, y en temas que afectan al Fondo Social Europeo fundamentalmente por la Consejería de Economía y Hacienda. Y, así, nos encontramos con que el dinero del Fondo Social Europeo en Castilla y León, el dinero que ha recibido la Comunidad Autónoma, pues se ha utilizado para subvencionar, por ejemplo, con veinticinco millones de pesetas, pues, una asociación de mujeres, pues, muy vinculada a su partido, que está dirigida por dirigentes de su partido en la provincia de Avila, por la Asociación de Mujeres Empresariales de Valladolid o por determinadas Escuelas de Ingenieros Técnicos Agrícolas de toda la región. Lo cual no está ni bien ni mal, pero lo que indica es que ha habido alguien que ha enviado un proyecto... en el caso de la cercanía política indican, evidentemente, pues que el que está más cercano a la Administración obtiene mayores recursos de la misma, pero en el caso de algunas escuelas lo que indica es que ha habido alguien que ha enviado un proyecto y la Consejería lo ha subvencionado.

Bueno, esto, a nuestro juicio, es profundamente negativo. Yo creo que ustedes tendrían que hacer un diseño global, en la medida de lo posible, y yo sé que ustedes tienen problemas de gestión con la decisión de las líneas del Fondo Social Europeo, porque la Comunidad Económica Europea también nos marca esos problemas en la gestión de esos fondos, pero tendrían que hacer un diseño global de para qué quieren utilizar el dinero del Fondo Social Europeo en Castilla y León, y en función de ese diseño global aplicar el dinero del Fondo Social Europeo a los sectores realmente prioritarios de la región, a los mismos sectores que ustedes consideran prioritarios en sus propias órdenes de convocatoria de subvenciones, y no simplemente dar una subvención al primero que la pille. Porque, evidentemente, cualquiera que pretenda el... pues, hacer un diagnóstico mínimamente serio de la situación del empleo en Castilla y León sabe, pues que no va a ser el sector agrario un sector muy dinámico en la creación de empleos, por ejemplo; esto es una cuestión evidentemente reconocida por todos los especialistas. Entonces, ¿por qué tiene que...?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Señoría, le ruego que vaya terminando y se centre un poquito en el tema que nos ocupa, porque veo que está tomando temas de otros departamentos y de otras Consejerías.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Por favor, señor Presidente. Es que este tipo de actuaciones ahora corresponden a la Dirección General de Trabajo; antes de la creación de la Dirección General de Trabajo correspondían a otros departamentos. Pero yo lo quiero indicarle al Director General de Trabajo es que no haga lo que a mí me parece mal que hicieron sus antecesores en la materia, pero son líneas que en estos momentos tiene que gestionar el señor Alonso Perandones.

Es decir, son actuaciones que, al final, pues, no van a los sectores prioritarios; da la sensación de que han sido subvencionadas por la Junta ante el evidente problema de que vamos a recibir un dinero de Bruselas y no sabemos en qué gastarlo, y, entonces, necesitamos un papel que justifique que esto se va a gastar aquí. Y son actuaciones que tienen una incidencia en el mercado productivo mínimo, mínimo. A mí me gustaría saber si la Junta de Castilla y León o si su Dirección General tiene proyectado hacer una mínima evaluación de en qué se ha gastado el dinero del Fondo Social Europeo en esta Región en los últimos dos o tres años. Porque yo creo que el resultado de la evaluación sería especialmente negativo para lo que han sido estas actuaciones, que suponen, en algunos casos, centenares de millones de pesetas.

Y si pueden ustedes ofrecernos algún diseño, es decir, bueno, con el dinero del Fondo Social Europeo los próximos años vamos a hacer esto, esto y esto, y vamos a recabar la colaboración de los agentes sociales, pero no para que nos manden un proyecto, que Dios sabe lo que va a decir, sino para que hagan esto que nosotros queremos que se haga. Porque, en caso contrario, realmente, pues, pensamos que, bueno, es dinero que viene de fuera, se gasta aquí, bienvenido sea, ojalá llegara más, pero no es posible que tenga ese buen uso que nosotros pretendemos dar a todo el dinero, a todos los fondos públicos.

Y en cuanto a las labores de formación, pues, a mí me gustaría también oírle hacer alguna referencia a en qué medida va a actuar o va a utilizar los propios recursos que tiene la Comunidad Autónoma en materia de formación profesional. Aquí tenemos... la Consejería de Agricultura tiene escuelas, la Consejería de Cultura está poniendo en marcha actuaciones como escuelas taller, etcétera; hay otras Consejerías... su propia Consejería, en otras áreas, está actuando en labores formativas. Yo creo que, desde su Dirección General, en lo que es los programas de promoción de empleo, debería intentarse coordinarlo todo y hacer, en la medida de lo posible, algún pequeño diseño de prioridades, porque, en la práctica, lo que se viene haciendo es lo que se ha puesto en marcha, a veces, incluso, por otras Administraciones Públicas, como es el caso de las escuelas taller o, a veces, incluso, lo que recibimos transferido de la Administración del Estado, en la medida en que esto nos llegó y seguimos simplemente gestionándolo.

(-p.8473-)

En conclusión, ¿qué es lo que nosotros queremos pedirle al Director General de Trabajo? Pues, en primer lugar, que nos haga un diagnóstico de cuál es la situación del empleo en Castilla y León y nos indique cuáles van a ser sus principios rectores, que nosotros creemos que faltan. En segundo lugar, que exista una política coordinada de la Administración Regional en materia de formación de empleo, que seguimos pensando que falta, y que, si existe, usted no nos ha explicado hoy aquí. En tercer lugar, que se reforme seriamente la política de subvenciones; que se consiga tramitar las subvenciones mejor, dirigir las subvenciones más a colectivos que realmente sean colectivos en los que tengamos alguna capacidad de incidencia, y complementar sin ningún miedo con la política de subvenciones a aquellos colectivos que puedan estar más desprotegidos, por lo que es la evolución del mercado de trabajo, en función de las reformas que operan otras administraciones.

Y en cuanto a la política de fondos comunitarios, pues, lo que le pedimos seriamente es que éste sea un tema objeto de alguna mayor atención. Que no se espere a recibir las convocatorias de Bruselas para empezar a recabar proyectos de diferentes organizaciones que no tienen demasiado en común entre sí, para poder... pues, para, de alguna manera, subvencionar a estas asociaciones, en vez de tener una política -digamos- más dirigida, más adecuada a lo que son las necesidades reales del empleo en Castilla y León.

Y todo ello con una preocupación de fondo -y con ello termino-, y es la preocupación de fondo de por qué sucede con el empleo en crisis en la Región. Si la Junta de Castilla y León no hace una política de ayuda a la reconversión a las empresas en crisis, de ayuda a la viabilidad de las empresas que ya están funcionando, a veces se genera en el tejido productivo de nuestra sociedad, no sólo en Castilla y León, sino en toda España, la sensación de que muchas veces los incentivos a la creación del nuevo empleo tienen como efecto perverso la destrucción de parte del empleo actualmente existente. A mí me decía un empresario burgalés, que, evidentemente, no vota al Partido Socialista, les vota a ustedes -se lo digo no como argumento de autoridad, pero por indicar hasta qué punto está extendida esta preocupación-, que en estos momentos, con los incentivos existentes, un empresario que ponga una empresa al lado de la suya puede producir lo mismo que está produciendo él por la mitad de dinero; y que él, que está manteniendo un empleo fijo considerable, que tiene trabajadores antiguos, que tiene necesidades de reconversión, que ya no puede acogerse a medidas de fomento del empleo, porque los trabajadores que tiene son los que tiene y no les va a despedir para contratar otros nuevos, no tiene ningún tipo de ayudas. Y, al final, lo que decía es: "Para esto, casi yo preferiría que se suprimieran todas las ayudas públicas". Es una reflexión que se ha hecho en muchas ocasiones: si todas las ayudas públicas fueran capaces de globalizarse y reducir en uno, dos o tres puntos la cotización a la Seguridad Social, a lo mejor eso era más útil que no seguir promocionando con ayudas públicas generación de nuevo empleo, y, en la práctica, estar contemplando cómo parte de nuestro tejido productivo se va por otro lado.

Yo sé que esto -ya digo- no es una preocupación que yo le pueda trasladar a usted en exclusiva. Usted me puede decir que si se lo cuento a mis compañeros en Madrid; yo le juro que se lo cuento. Pero me gustaría que, en la medida en que ellos me hacen caso en algunas cosas, usted también me hiciera caso en algunas, y, en todo caso, ésta sería la línea que estaríamos dispuestos a apoyar desde el Grupo Socialista.

Nada más y muchas gracias, señor Alonso Perandones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Francisco Javier León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Voy a intentar, muy brevemente, prácticamente con tres palabras y un ruego, contestar a la comparecencia del Director General.

La primera palabra es agradecimiento. Y es agradecimiento por la respuesta a la llamada de nuestro Grupo para comparecer en la Comisión, y por la claridad, la concisión y la concreción de la exposición que ha realizado el señor Director General. Porque no olvidemos que el motivo de la comparecencia era informar acerca de su programa de actuación y no otra cosa.

Yo puedo compartir con el Portavoz Socialista que, efectivamente, no hubiera estado de más un análisis del diagnóstico de la situación, pero es evidente que cuando se hace un programa es porque se sabe de dónde se parte y a dónde se quiere llegar. Por lo tanto, se da, al menos por nuestro Grupo, por supuesto que tiene usted un diagnóstico de la situación, y también damos por supuesto que sabe dónde quiere ir; si no, haría buena aquella frase de Mager, que dice que "si no sabes a dónde quieres ir, corres el riesgo de encontrarte en otra parte y no darte cuenta". Pues, yo estoy seguro que Su Señoría sabe de dónde sale y a dónde quiere llegar.

La segunda palabra, de felicitación, primero, por su nombramiento y, después, por la gestión que viene realizando al frente de la Dirección General en el poco tiempo que lleva en ello. De hecho -y se ha reconocido por alguno de los Portavoces que me ha precedido en el uso de la palabra-, se ha notado una mayor agilidad en determinadas facetas. Pero le voy a decir que a nosotros nos parece bien, pero no nos parece suficiente; queremos, todavía, más agilidad en las convocatorias, menos papeleo burocrático en muchas de esas cosas, lo cual no quiere decir menos control, sino todo lo contrario; y más agilidad en los pagos y en todas esas cosas.

(-p.8474-)

Estamos convencidos que el Presidente de la Junta ha acertado con su nombramiento, y lo estoy particularmente yo, que lo conozco por su calidad de miembro de la Comisión Mixta de Transferencias, con anterioridad a su nombramiento como Director General.

La tercera palabra, esperanza, porque nuestro Grupo tiene una fundada esperanza en el funcionamiento de esa Dirección General. Algunas pruebas nos ha dado -como le acabo de decir- en el poco tiempo que lleva al frente de ella, pero estamos convencidos que dentro de poco se va a notar de forma todavía más palpable. El día que, por fin, lleguemos a un acuerdo en las ponencias técnicas de la Comisión Mixta de Transferencias, a los efectos de transferencias en materias de trabajo, que seguro que cualquiera que se pare a analizarlo reconocerá que son de las más complejas a la hora de ser transferidas a la Comunidad Autónoma, vamos a notar cómo a partir de ese momento todos estos temas van a funcionar mucho mejor de lo que funcionaban, en la Administración Central y en la propia Administración Autonómica.

Y para terminar, un ruego, que podría desglosar. Un ruego haciendo mía parte de la intervención del Portavoz Socialista; un ruego en cuanto a agilizar -y no me duelen prendas en ser reiterativo-, agilizar las convocatorias, agilizar la resolución de las propias convocatorias, para evitar frustraciones o decepciones en los que quieren concurrir a ellas.

Un segundo ruego, que estoy seguro que comparten el resto de los Grupos de la Cámara, y es hacer un seguimiento exhaustivo de lo que pasa con las subvenciones. Yo tengo que decirle -no es la primera vez que lo digo en esta Cámara, y yo he sido responsable de muchas subvenciones en esta Comunidad Autónoma, durante mucho tiempo- que a mí no me gustan las subvenciones; que si de mí dependiera, no habría subvenciones ni de la Administración Central, ni de la Autonómica, ni de la Local, para muchas de las cosas que actualmente se están subvencionando. Pero que, como hay que jugar con las reglas que a uno le marcan, hay que entrar en la política de subvenciones, para no quedarnos desmarcados respecto, en este caso, a otras Comunidad Autónomas. Pero sí creo que es bueno hacer un seguimiento exhaustivo de las subvenciones, de toda índole -en este caso, de las que pueda conceder la Dirección General de Trabajo-, respecto, primero, a que llegan en el tiempo en el que deben llegar, a que llegan a las personas a las que deben llegar y, sobre todo y muy fundamentalmente, a que se utilizan con la finalidad con la que se conceden las subvenciones.

Yo no voy a entrar a hacer juicios de valor de si se dan a unas asociaciones o a otras; yo ahí no le aconsejo que entre en ese juego, porque entraríamos en la fácil demagogia del "tu más", y decir que si la Dirección de Trabajo o la Consejería de Economía da una subvención a tal o cual asociación, pues, mire usted, sacamos el listado de otras asociaciones que se dan en otras Administraciones y a lo mejor son de escándalo. No voy a bajar a esa dinámica. Simplemente le pido, y se lo pido muy encarecidamente, que den las subvenciones a quien realmente presente programas serios, las merezca adecuadamente, independientemente de que le sean más o menos próximas o más o menos distantes. Y como, además, le conozco, estoy seguro que lo va a hacer así.

Y para terminar, un último ruego o una tercera parte de este ruego genérico, y es que venga usted por aquí con frecuencia; que comparezca a petición propia, sin necesidad de que se lo pidamos desde los Grupos, para que nos venga informando de la aplicación de la política que Su Señoría nos ha señalado aquí. De los éxitos y de los fracasos; porque es preferible -y eso, pues, por la amistad que me une con usted, me permito darle este consejo-, es preferible venir aquí y decir: en esto nos hemos equivocado, esto no nos ha salido bien. Ha sido mi experiencia cuando he tenido responsabilidades de Gobierno: yo no he presumido nunca de hacer todo bien, y en más de una ocasión he venido a esta Cámara a decir: pues, mire usted, en este programa o en esta actuación concreta nos hemos equivocado. Es mucho más sencillo hacerlo así que el que le empiecen a uno a preguntar, a interpelar o a sacarle los papeles.

Yo estoy convencido que dentro de unos meses vamos a tener la oportunidad de que comparezca nuevamente ante esta Comisión el Director General de Trabajo y que alguno de los fantasmas que se han querido ver desde algunos de los Grupos de la oposición van a quedar absolutamente despejados, y que, de la misma forma que, pues, se ha alabado parte de su actuación, en la próxima comparecencia la opinión de todos los Grupos, de todos los Portavoces que intervengan aquí va a ser de un reconocimiento a la labor que desde la Dirección General de Trabajo se hace, sin perjuicio de las limitaciones que hay y de los condicionamientos que -insisto- la política general de fomento de empleo... que no es de esta Comunidad Autónoma, que es de la Administración Central del Estado, y la que, de alguna forma, enmarca todo lo que se pueda hacer en la Comunidad. Pero, en cualquier caso, va a ser beneficiosa para los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma, que, a buen seguro, es lo que todos estamos deseando.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para contestar a las preguntas y observaciones planteadas, tiene la palabra el señor Director General de Trabajo.

PERANDONES FERREIRO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO (SEÑOR PERANDONES FERREIRO): Muchas gracias, señor Presidente. Yo quiero agradecer, muy particularmente, a todos y cada uno de los que han intervenido por las palabras amables que han tenido hacia mi persona.

(-p.8475-)

Yo puedo anticiparles a todos ustedes que es mi intención comparecer tantas cuantas veces no solamente lo soliciten ustedes, sino yo, en el ejercicio de mi cargo, lo entienda necesario. Y, desde este momento, les anticipo que es intención mía solicitar la comparecencia de este Director General de Trabajo hacia el mes de septiembre o el mes de octubre, cuando vayamos a presentar ante la Comisión Regional para el Empleo y la Formación -digamos- la política de lo que va a ser la Dirección General de Trabajo para el año mil novecientos noventa y cinco, y en la que también les daré cuenta, en esas fechas, del grado de ejecución del presupuesto, de las acciones que ha realizado esta Dirección General de Trabajo a lo largo del presente ejercicio.

Entrando en las diversas manifestaciones que cada uno de los intervinientes ha realizado, yo le diría al Portavoz del Grupo Mixto, y le agradezco muy especialmente las palabras que ha tenido en relación con la necesidad de que se hubiera montado la estructura necesaria y en que es necesario prever con antelación suficiente cualquier acción de tipo político, para no verse arrollado por el tren. Y ahí yo sí le quisiera manifestar un tema: la lentitud actual de las transferencias no es responsabilidad de la Junta de Castilla y León. Cuando esto se hizo en el mes de octubre, venía determinado por los compromisos manifestados por el Ministerio de Administraciones Públicas. El catorce de mayo de mil novecientos noventa y tres, el Ministerio de Administraciones Públicas, en reunión de la Ponencia Técnica -a la que yo asistí como integrante de la misma-, expresó la intención del Gobierno Central de que, antes del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres, estaría cerrado y efectuado el proceso de transferencias en materia de cooperativas, fundaciones laborales, sociedades anónimas laborales y programas de apoyo al fomento del empleo; y que antes del primer semestre de mil novecientos noventa y tres estaría concluido todo el proceso relativo a materia de ejecución de la legislación laboral. En estos momentos, puedo decirles que este proceso se ha dilatado, que no se han cumplido los plazos previstos y que yo dudo mucho de que se puedan cumplir. Y lo dudo, porque la última carta del Ministro de Administraciones Públicas al Vicepresidente de la Comisión Mixta nos decía que todo el conjunto de transferencias en materia de ejecución de la legislación laboral se estudiaría ahora en un único programa.

Y, a estos efectos, quiero recordar a Sus Señorías que quien les habla, el catorce de mayo de mil novecientos noventa y tres, propuso en la Ponencia Técnica, donde se discutía este tema con la Administración Central y las diez Comunidades Autónomas afectadas por el proceso de transferencias, que todas las transferencias en materia de ejecución laboral se estudiaran en un solo conjunto, porque era absolutamente necesario realizarlo así, porque, si no, no se llegaría a una solución concreta. La representación de Castilla y León solamente se vio apoyada por el representante de la Comunidad de Aragón, no se hizo caso, y yo lo que lamento es que hayamos perdido prácticamente un año en negociaciones. Yo espero que lo que hemos perdido seamos capaces de recuperarlo en el tiempo que nos queda.

En cualquier caso, quiero hacer constar a Sus Señorías que la lentitud en el traspaso de transferencias no ha sido responsabilidad de la Junta de Castilla y León. Si vale, si les vale un dato, les diré que la última reunión de la Ponencia de trabajo tuvo lugar el veintiséis de enero del presente año; que en ella los representantes de la Administración Central se comprometieron a remitir con urgencia contestaciones a las observaciones y propuestas realizadas por las diversas Comunidades Autónomas; en segundo término a remitir la propuesta concreta de la Administración Central, y en tercer término a iniciar, con carácter inmediato, las negociaciones para el traspaso del resto de las competencias en materia de ejecución laboral. A la fecha de hoy, día diecisiete de marzo, no hemos recibido nada más, que ha sido el lunes pasado, y el Vicepresidente de la Comisión Mixta, Su Señoría, el Portavoz del Grupo Popular que recibió la carta, no hemos recibido contestación a ninguno de esos compromisos a los que se comprometió la Administración Central.

Me han dicho también -siguiendo con el tema de las intervenciones, y en ello creo que han coincidido algunos representantes, que quizás es excesivo el número de programas, de programas que se han planteado en el tema de las subvenciones. Yo quiero recordar a Sus Señorías que la regulación de las subvenciones viene determinada en un Decreto, 72/93, de siete de abril, donde están marcadas el tipo de subvenciones que establece la Junta. Ante la política necesaria a realizar, a finales de este año, a este Director General se le planteaban dos opciones: o bien entrar en la modificación del Decreto, o bien entrar, siguiendo la aplicación de este Decreto, en una mayor agilidad y rapidez en la convocatoria de subvenciones. ¿Por qué nos hemos inclinado... mejor dicho, por qué me he inclinado por esta solución, por esta propuesta de solución? Porque la primera nos conllevaría un retraso sustancial. Es decir, la modificación del Decreto 72/93, de siete de abril, implicaría que habría que pasarlo a la Comisión Regional de Fomento del Empleo y la Formación, tendría que pasar por el Consejo Económico y Social, tendría que pasar por la Comisión de Secretarios y tendría que ir a la Junta de Consejeros.

(-p.8476-)

Toda esta tramitación nos llevaría un período mínimo de tres-cuatro meses, con lo cual las órdenes de subvenciones saldrían o se podrían publicar prácticamente a finales del primer semestre. Con ello, ¿qué es lo que nos ocurriría? Lo mismo que nos ha ocurrido en años anteriores. Hemos preferido, sin embargo, no modificar a lo largo de este año el presente Decreto. Sí les anuncio que es intención de esta Dirección General, a finales de este año, promover la derogación de este Decreto (no creemos que sea necesario, lo permite la Ley de Gobierno de la Junta de Castilla y León), y, entonces, tener una mayor agilidad de respuesta y de propuestas en relación con la política de subvenciones para el año mil novecientos noventa y cinco.

Como les he dicho en mi primera intervención, nos hemos adelantado varios meses. Y hemos tenido un cierto retraso motivado porque ha sido deseo de este Director General que hasta que no estuviera constituida la Comisión Regional para el Empleo y la Formación, no publicar estar Ordenes -las hubiéramos podido publicar antes-. Pero estimábamos que era necesario, en cumplimiento del Acuerdo para el Desarrollo Industrial de Castilla y León, dar conocimiento antes a esta Comisión. Por eso, ya les he anunciado también que las subvenciones para el año mil novecientos noventa y cinco se realizarán en el mes de enero, en los primeros días del mes de enero, con lo cual podremos agilizar y dar mayor rapidez a la gestión de toda esta política de subvenciones.

Me echaba en falta el señor representante... el señor Portavoz del Grupo Mixto la falta o la pobreza del Programa 012. Bien, yo no creo que haya ningún gestor de ningún órgano de gobierno, de ninguna Comunidad Autónoma, de ningún tipo de gobierno, que no entienda que el dinero que tiene es poco. Es decir, eso nos pasa a todos. Pero lo que todos tenemos que tener también consciencia es que los recursos de los que disponemos son limitados y nos tenemos que acomodar e intentar funcionar con lo que tenemos. Yo no sé si son suficientes o son insuficientes. Para mí, claro que me gustaría tener más, claro que me gustaría tener más. Y a cualquiera de ustedes, con independencia de cualquier opción política, que estuviese sentado en el lugar en que yo lo estoy, le pasaría igual. Yo lo único que pretendo es gestionar lo que tengo con la mejor efectividad, con la mayor eficacia.

Me hablaba también de la insuficiencia del crédito en el año noventa y tres y posiblemente en el año noventa y cuatro, cuando decíamos que haber aprobado... que se aprobó en el mes de noviembre -quiero recordarles que fue a instancias de este propio Director General- una Ley de Suplemento de Crédito para complementar unos fondos del Fondo Social Europeo. Bien, eso no dependía de nosotros. Si el Fondo Social Europeo pone a disposición... la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo en España pone a disposición de la Junta de Castilla y León, en un momento dado de un ejercicio económico, una determinada cantidad para realizar acciones de fomento del empleo y de la formación, creo que es lo mínimo que se puede exigir a los responsables de esa gestión que intenten recabar del órgano de gobierno y, en su caso, del órgano legislativo el complemento de recursos autónomos por parte de la Junta... por parte de cada Comunidad Autónoma, y, en este caso, por parte de la Junta de Castilla y León. Y esto fue lo que se hizo. Y si a nosotros nos llegase -se lo digo, lo anuncio a Sus Señorías desde este momento-, si, en el mes de octubre de este año, el Fondo Social Europeo pone a nuestra disposición x millones de pesetas y yo no tengo recursos económicos en el presupuesto del Programa 12, volveré, volveré a promover a Sus Señorías que se apruebe una Ley de suplemento de crédito por el importe necesario para complementar esa acción.

De alguna manera, también, todos o algunos de los intervinientes me han hablado, han realizado una intervención en el sentido de que echan de menos algún convenio con Educación, en relación con las actuaciones de formación profesional. Bien, yo quiero recordar a Sus Señorías que la formación profesional tiene una gran división primaria, que es la reglada y la ocupacional. La reglada es competencia del Ministerio de Educación y Ciencia, la ocupacional es competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través del Instituto Nacional de Empleo, que la realiza a través de los Programas 322-A, 324-A y 324-B -me parece- en relación a escuelas-taller.

De todas maneras, recuerdo a Su Señoría que en relación... ya en mi intervención he hablado que es intención de esta Dirección General promover -si es posible, dentro del marco de iniciativas comunitarias- precisamente un programa de actuación hacia sectores desfavorecidos, en los cuales falta el grado... el programa primario de enseñanza. Y puedo decirles a Sus Señorías que estamos en negociaciones con el Ministerio de Educación para, a través del Programa Horizon del Fondo Social Europeo, realizar, de común acuerdo, acciones dirigidas a complementar esa falta de enseñanza.

Me decía el Portavoz del Grupo de Centro Democrático y Social -a quien también le agradezco especialmente sus amables palabras en relación conmigo-, me hablaba de las posibles expectativas que se creen en relación con... o las falsas expectativas que se puedan crear en relación con las cantidades que se ponen. Si Sus Señorías examinan con detenimiento la orden de convocatoria de subvenciones en relación con el fomento del empleo, encontrarán determinadas modificaciones en relación con la orden de años precedentes, y son fundamentalmente las siguientes:

Primero. Hemos establecido un plazo de cuarenta y cinco días desde el hecho subvencionable a la fecha de la solicitud. ¿Por qué? Porque pretendemos que, si bien los hechos subvencionables van a tener un período abierto, que en este ejercicio va a terminar el treinta de septiembre, la entidad o la empresa que tiene derecho a la subvención no lo presente a final de año, porque plantea unos retrasos considerables de gestión. Creemos que es un plazo suficiente desde que tiene lugar el hecho que da derecho a subvención, con el plazo de cuarenta y cinco días, plazo que en el caso con hechos subvencionables anteriores se empieza a contar a partir de la publicación de la Orden, es decir, los cuarenta y cinco días se cuentan a partir de la Orden, para empezar a resolverlo.

(-p.8477-)

Segunda cuestión que planteamos o segunda modificación que hemos planteado. Las solicitudes de subvenciones están abiertas durante todo el ejercicio económico de mil novecientos noventa y cuatro. ¿Cuál es la razón de esta modificación? Primera, que pretendemos resolver las solicitudes con carácter inmediato a su presentación. Con ello pretendemos eliminar ese retraso al que todas Sus Señorías han hecho referencia. Sin embargo, es evidente que en estos momentos, concretamente, no sabemos ni cuántas subvenciones vamos a dar, cuál va a ser el número de subvenciones; pero una vez que pase el primer plazo, el primer periodo de los cuarenta y cinco días y se presenten las subvenciones... las peticiones de subvenciones, sí podremos determinar, hacer un cálculo más o menos aproximado del número total de subvenciones que vamos a tener a lo largo del año, y entonces podremos resolverlo.

¿Hasta qué cantidad le podremos dar? Si en función del número de subvenciones nosotros hacemos un cálculo, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias, que el total de subvenciones puede ser solamente del 70%, resolveremos a cada uno el 70%. Es decir, si hay una subvención de 500.000 pesetas y, en función de nuestros cálculos, no podremos llegar a más del 70% de la subvención, nosotros resolveremos con carácter inmediato una subvención del 70% de 500.000 pesetas y la dejamos abierta para que si existe o hay lugar a una incorporación presupuestaria posterior podamos complementar hasta el máximo que nos permitan esas disponibilidades presupuestarias, y entonces no será necesario que el solicitante vuelva a reabrir la solicitud, la solicitud está abierta hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.

Me ha pedido el representante del Grupo del Centro Democrático y Social número de empresas, número de autoempleos y número de puestos de trabajo creados a lo largo... no se ha referido, no lo sé. Bien. En estos momentos ese dato no lo tengo aquí, pero con mucho gusto se lo haré llegar a Su Señoría. Es decir... Yo le podría decir en estos momentos el presupuesto, la cantidad que se ha ejecutado a lo largo de mil novecientos noventa y tres, incluso podíamos hacer una división por cantidad aproximada y podría llegar, pero con mucho gusto yo se lo hago llegar a Su Señoría.

El Portavoz del Grupo Socialista, al que también le agradezco especialmente sus palabras, dice que ha echado en menos un diagnóstico del trabajo en Castilla y León y unas peculiaridades sobre el empleo en Castilla y León. Mire, Señoría, yo he sido siempre en el desempeño de mi vida en la Administración Pública, en la que llevo más de veinticinco años, muy respetuoso y he tratado de ser muy respetuoso con las competencias de los demás. Quizás no he planteado acciones o planteamientos que en estos momentos, pudiendo conocer personalmente, al entender que no son competencia todavía de la Junta de Castilla y León, no he querido entrar en ellas, porque nadie me acusara de intrusismo o de intervención dentro del marco de otras competencias. Pero creo que de todos es conocido cuál es la situación real, que nos la dan tanto la encuesta de población activa como los datos de paro registrado que nos emite... que proporciona el Instituto Nacional de Empleo, cuál es la situación real.

Me habla de coordinación de otros departamentos de la Junta de Castilla y León y especialmente con el Ministerio de Educación. Yo creo que a este respecto me parece que ya le he contestado con la intervención anterior. Yo estoy dispuesto -y creo que lo está dispuesto toda la Junta, todos los órganos de la Junta de Castilla y León- a mantener las mejores relaciones de coordinación y de colaboración con todos los órganos de la Administración Central. Y es que, mire, con independencia del grupo político, del partido político que tenga la responsabilidad de gobierno dentro de cada área, creo que todos, todos, debemos de ser conscientes que estamos prestando un servicio público a la Comunidad y que solamente desde la colaboración, desde la coordinación, seremos capaces de ser eficaces en la prestación de ese servicio público, cosa que nunca haremos desde la confrontación. Por mi parte, no habrá nunca, sino todo lo contrario, nada más que actividades, actitudes de colaboración en ese sentido. Ya le digo, en relación con educación y no siendo de nuestra competencia la formación profesional reglada, sino previendo las necesidades que se pueden plantear, puedo decirle -y vuelvo a reiterar- que existe este propósito, y estamos realizando estudios en estos momentos por los técnicos de ambos departamentos para realizar ese tipo de programas que complemente hacia los grupos desfavorecidos, acción en la que nos coordinamos con otra Dirección General, que es la de Servicios Sociales, que también está en la Consejería de Sanidad y Castilla y León.

(-p.8478-)

Me hablaba también de una referencia crítica a las subvenciones de la Junta en materia de la Junta de Castilla y León en determinadas materias, aunque reconocía que había habido una mejora en la gestión en los últimos meses. Bien. Yo soy responsable -y a ello hago frente- de las subvenciones que están enmarcadas dentro de mi Dirección General de Trabajo. La respuesta a otro tipo de subvenciones que están dentro del campo de actuación competencial de otras Consejerías, de otras Direcciones Generales, indudablemente, le corresponde a los responsables oportunos. Yo sí puedo decirle que es intención de esta Dirección General de Trabajo -y me imagino que todos ustedes lo habrán observado- que ya en la estructura prevista de la Dirección General de Trabajo, dentro del servicio que va a llevar las acciones de subvenciones, existe una sección, se ha creado una sección de evaluación, seguimiento y control de todas las subvenciones. Evidentemente que es una preocupación para mí, quizás la más importante o de las más importantes, saber y conocer la efectividad, la eficacia de las subvenciones que se han concedido. Nosotros pretendemos, precisamente, llegar a conocerlo.

Yo les he hecho mención al final de una grave preocupación que tengo en estos momentos, preocupación a la que ninguna de Sus Señorías ha hecho referencia, y es el tema de la formación profesional continua. Dentro de la ocupacional hay a su vez una división de ésta: la continua es la que se dirige hacia los trabajadores activos ocupados y la de inserción profesional es la que se refiere a los trabajadores activos, pero en situación de desempleo. El hecho de que la Administración Central en estos momentos haya destinado un importante volumen de recursos económicos... El año pasado la asignación presupuestaria fijada en la partida 483.03 del Instituto Nacional de Empleo para la financiación del Acuerdo Nacional de Formación Continua fue de 18.400 millones de pesetas, el 0,1 de las cuotas de Seguridad Social. Para este año, en la Disposición Adicional... me parece recordar que es la Vigesimotercera de la Ley de Presupuestos, dicha financiación ha pasado al 0,2 de las cuotas y la asignación fijada en ese crédito... en esa partida presupuestaria asciende a 36.431 millones de pesetas, cantidad que, según declaraciones del Secretario General de Empleo, se verá incrementada con 7.000 millones de pesetas que en el ejercicio mil novecientos noventa y tres la fundación para el Acuerdo Nacional de la Formación Continua no fue capaz de gestionar. Es un volumen de recursos muy importante, Señoría. Nosotros entendemos... y quiero recordarles que hay alguna Comunidad Autónoma que ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra esta desviación de recursos, que entiende que son propios de las Comunidades Autónomas; y son propios de las Comunidades Autónomas en un caso, en algún caso, porque las transferencias ya se han efectuado; en otro, porque, aunque no se haya llevado a cabo la transferencia concreta, sí está en vigor la Ley Orgánica 9/92, de veintitrés de diciembre, y, por lo tanto, en los casos de las Comunidades Autónomas del Artículo 143 de la Constitución, hay que entender que de iure ya tienen esa competencia, aunque no de facto. Y eso es importante, porque esos recursos económicos son sustanciales, y son esenciales para la realización de estas acciones.

Me hacía referencia especial Su Señoría al tema de los aprendices. Yo quiero recordarle a Su Señoría que aquí no estamos subvencionando en este caso los contratos de aprendizaje. Quiero recordarle que la propia Orden, el propio Decreto y la propia Orden en relación con el programa de aprendizajes de oficios se refiere a acciones iniciadas dentro del programa Euroform´92, que tiene una fecha límite, que es el treinta de junio de mil novecientos noventa y cuatro. Es decir, esa acción está dedicada especialmente y por disposición de la propia Comunidad Económica Europea a las subvenciones relacionadas con aprendizaje de oficios. Y recuerde Su Señoría que no se están financiando contratos de aprendizaje, que lo que se está financiando ahí es la transformación de aquellos que hayan realizado aprendizaje de oficios en contratos estables y como trabajadores por tiempo indefinido.

Me habla Su Señoría también de que la Junta debía de arbitrar soluciones para la jubilación anticipada en empresas en crisis. Mire, Señoría, estamos en una situación similar a la anterior. El programa para las jubilaciones anticipadas de trabajadores de empresas en crisis no sometidas a procesos de reconversión industrial es competencia en estos momentos... de hecho competencia, no de iure de la Administración Central, que lo hace a través de los presupuestos consignados dentro del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social, programa que también tiene que ser transferido a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en este caso, pero que, de hecho, no se ha llevado a cabo. Por lo tanto, salvo que se produzcan aprobaciones por el órgano legislativo de la Comunidad de Castilla y León, como ha ocurrido en el caso de NICAS, la Junta de Castilla y León no tiene competencias específicas en esta materia y no podremos actuar. Solamente cuando se plantee un tema especial y las Cortes de Castilla y León aprueben, como aprobaron el caso de NICAS, podremos realizar actividades de ese tipo.

Me dice Su Señoría que la política en relación con el uso que se ha hecho de los fondos comunitarios, que hemos ido siempre a remolque prácticamente de los interesados. Y me mencionaba subvenciones realizadas en un momento dado por la Consejería... por otras Consejerías. Bien. Yo quiero recordar a Su Señoría que, de acuerdo con la normativa que regula los fondos estructurales, los propios interesados particulares, sean empresas privadas, entidades privadas o públicas sin ánimo de lucro, o los propios organismos públicos, pueden ser solicitantes de este tipo de subvenciones. Nosotros nunca nos acomodaremos a una situación de dirigismo desde la Administración Pública, contra la que estamos en contra, lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que no vayamos a una programación de líneas de actuación en aquellos sectores que entendamos que sean más necesarios. Y, en este sentido, vuelvo a reiterarles que es mi propósito, en los meses de septiembre, octubre, del presente año, presentar ante Sus Señorías en esta Comisión el programa actuación para el año mil novecientos noventa y cinco.

(-p.8479-)

Quiero recordarle a Su Señoría, porque me mencionaba específicamente la política en relación con Escuelas-Taller. Bueno, ése es un programa que, precisamente, no está incluido dentro del grupo de transferencias que van a pasar de la Administración Central a la Administración Autonómica y que seguirá siendo responsabilidad del Instituto Nacional de Empleo. Me decía... yo me imagino que era un comentario, más o menos -no digo jocoso ni muchos menos, ¡por Dios!-, pero un comentario sobre que a lo mejor era mejor dedicar las subvenciones a reducir cotizaciones a la Seguridad Social. Bien, como decía el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, no está en mi mano, no está en manos de esta Dirección General de Trabajo decidir la política económica del país, y si debe de haber subvenciones políticas de subvenciones o no. Lo que sí hay y existe es que hay política de subvenciones; pues, si hay política de subvenciones, nosotros vamos a intentar gestionarla de la mejor manera posible. Podríamos hablar mucho, largo y tendido, pero yo creo que no es misión, en estos momentos, desde luego mía, vamos, política, hablar de este tipo de actuaciones.

Entonces, yo lo que sí le digo a Su Señoría es que, en función precisamente de esa evaluación, seguimiento y control que vamos a establecer y que vamos a hacer de todas estas medidas, intentaremos cada ejercicio económico mejorar y realizar un mayor seguimiento, de evaluación y de control de seguimiento de estas acciones de subvenciones, hasta que podamos decir, efectivamente, que, si no el 100%, el 99,99% de las subvenciones que hemos hecho, saber a dónde van, saber qué efectividad real han tenido.

Agradezco, agradezco muy especialmente y muy particularmente al Portavoz del Grupo Popular sus amables palabras, y además sus palabras de esperanza y sus ruegos. Puedo decirle a Su Señoría que la misma esperanza que él tiene en que haya un funcionamiento más ágil, por parte de la Dirección General de Trabajo, es una constante preocupación de quien les habla. Las medidas que hemos tomado hasta la fecha, y las que seguiremos tomando, van dirigidas en esta línea. Pretenderemos realizar las resoluciones con la mayor rapidez posible. Esta agilidad en las resoluciones va a redundar también en una mayor rapidez y respuesta en los pagos. Por mencionar un tema, recordarán Sus Señorías que el veintiocho de diciembre del pasado año publicaba el Boletín Oficial de Castilla y León una orden, de dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que, en conjunto, prorrogaba una serie de solicitudes, de actuaciones, en relación con determinados programas de fomento del empleo y de formación profesional. Esta orden, realizada a instancias de esta Dirección General, fue hecha precisamente para resolver determinadas situaciones transitorias de retraso que se habían producido en la gestión del Programa 012. Yo puedo decirles y anunciarles, y responderé de ellos a finales de este año, que la ejecución de las acciones pendientes de mil novecientos noventa y tres, en lo que sea responsabilidad de la Dirección General de Trabajo, estará terminada totalmente a mediados de este año. Si hay alguna subvención pendiente será porque la entidad, la empresa o la administración que ha sido subvencionada no haya cumplido o no haya aportado los documentos necesarios para la tramitación y resolución completa de sus subvenciones.

Vuelvo a reiterar, desde luego, mi voluntad específica de comparecer en todo y cada uno de los momentos que Sus Señorías entiendan necesario, y vuelvo a reiterarles que es mi intención presentarme ante esta Comisión a finales, antes del tercer trimestre de este año, y antes de plantear ante la Comisión Regional para el Empleo y la Formación las políticas de actuaciones para mil novecientos noventa y cinco, ante Sus Señorías para exponerlo. Nada más, señor Presidente, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, señor Director General. Abrimos un turno de réplica, y tiene la palabra don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias al señor Director General por su extensa aclaración. Bien, ya entrando un poco en el contenido de mi intervención anterior y en la contestación del señor Director General, yo no echaba la culpa a la Junta ni tampoco al Gobierno Central en el tema de retraso en las transferencias; simplemente apuntaba o constataba un hecho que me parecía cierto, y lo apuntaba como un elemento para, quizá, plantear una precipitación en esa reorganización de la Dirección General, que posiblemente puede suponer algún coste añadido innecesariamente. Pero, a la vez, también reconocía y sobre todo si, como dice el señor Director General, las previsiones eran otras, reconocía la validez de esa reorganización, porque es bueno planificar, es bueno prevenir, y si lo que estaba previsto era otra cosa, aunque por circunstancias diversas se haya retrasado, bueno, pues, no es algo imputable al señor Director General.

También me parece elogioso lo que ha apuntado sobre la modificación, no sé si he entendido modificación o derogación del Decreto 7/92, porque, efectivamente, sin perjuicio de que es bueno que haya unas directrices básicas que inspiren un poco a los órdenes de convocatoria de ayudas, yo creo que eso sería bueno. Tampoco, no creo que, por contra, fuese bueno el que estuviesen excesivamente encorsetadas, impidiendo de alguna forma la flexibilidad necesaria en este mundo cambiante de las relaciones laborales, las nuevas necesidades de producción que aparecen constantemente. Y por eso, bueno, pues, creo que es bueno esa filosofía y ese planteamiento del señor Director General, que apunta un poco también el consejo que le daba el Portavoz del Grupo Popular de que, bueno, si hay cosas malas hay que reconocerlo sin más; yo diría que incluso, pues, recordando un refrán, que "rectificar es de sabios", si no rectifica siempre, pues, le animo en el mismo sentido, porque efectivamente y sobre todo en este mundo tan cambiante, ¿no?

(-p.8480-)

Ya, un poco, respecto a ese planteamiento, esa sugerencia que yo le hacía de estudiar la viabilidad de... firmar algún convenio con el Ministerio de Educación. Bueno, yo no me refería a las enseñanzas regladas, porque, efectivamente, eso es competencia del Ministerio de Educación, sino a, precisamente, a esos fondos que se llaman de Garantía Social o Módulos de Garantía Social, que lo que pretenden es dar una salida a aquellos jóvenes que ya no tienen opción para seguir las enseñanzas regladas de formación profesional, o Bachillerato Unificado y Polivalente, y que de alguna forma rozan, no rozan, sino que entran dentro del mundo laboral totalmente. Es decir, tanto es así que el Ministerio de Educación y Ciencia las tiene planificadas no de ejecución directa, como norma, sino sobre todo para ponerlos en práctica en colaboración con ayuntamientos e incluso asociaciones o instituciones privadas que cumplan estos requisitos, es decir, un poco en la línea de lo que hace la misma Dirección General al organizar esos cursos formativos en convenios con otras asociaciones privadas.

Yo, entonces, por eso le planteaba un poco para dar la máxima rentabilidad a los recursos siempre escasos, tanto del Gobierno Central como de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que sería bueno que hubiese algún tipo de contacto, algún tipo de acuerdo, algún tipo de convenio, para dar la máxima rentabilidad a esos recursos escasos de todos, y también para buscar la máxima coordinación, no vaya a ser que el Ministerio establezca estos módulos en convenio con otras instituciones públicas o privadas, y la Junta vaya por su parte, pues, estableciendo otros cursos de formación con otras asociaciones, y a veces en desintonía unos y otros, creando confusión y generando, ya digo, pues, quizá unos costes que de otra forma podrían evitarse. Lo planteo un poco como sugerencia, pero aclarando bien, mucho, que en ningún caso me refería a las enseñanzas regladas, que eso, efectivamente, nada tiene que ver con este tema, ni con esta Dirección General.

Y ya apuntando un poco sobre la insuficiencia del Programa 012, que también reconoce el señor Director General, aunque, bueno, después utiliza un argumento muy manido -con el que todos estamos de acuerdo- de que los recursos son escasos, las necesidades son muchas, de que otros muchos programas también necesitarían mayores recursos, yo lo que hacía una insistencia especial en este tema porque, precisamente hoy, uno de los problemas sangrantes de nuestra sociedad es el paro, ¿no?, y por eso quizá este programa siempre necesario en estos tiempos es...lo es aún más.

Y, quizá, dando prioridad en esa distribución de recursos escasos, yo sigo insistiendo que este programa debe fortalecerse, por muchas razones, y una de ellas, y ahí no he apuntado nada o por lo menos yo no lo he entendido, en esa corrección de... quizá ese excesivo nivel de discrecionalidad que aparece en las órdenes de convocatoria de las ayudas, y que yo creo que lesiona los intereses legítimos de los ciudadanos que optan a ese tipo de ayudas, porque también hay que darle la opción a que ellos planifiquen sus inversiones; normalmente, también con recursos escasos, por eso piden ayudas. Y, claro, lo que no es muy de recibo es que hagan un Plan de Inversiones para montar una pequeña empresa, un negocio de autoempleo, o de cualquier otro tipo, y se quedan un poco perdidos, porque la orden de convocatoria es tan amplia, pone un límite máximo, pero no dice el límite mínimo, o ese límite mínimo es tan mínimo que casi no dice nada, que al final no sabe, en sus previsiones, con qué va a contar. Pero ya es que no solamente es eso, sino, incluso por respeto a los derechos del ciudadano que pide, que aunque se pida también se tiene derecho no sólo a pedir, sino a tener alguna garantía, como asume algún compromiso al pedir y al recibir esa ayuda, tiene derecho a saber lo que va a recibir por su compromiso. Porque. claro, si se oferta una ayuda por crear un puesto de trabajo permanente, diríamos, y asume ese compromiso solicitante, pues, quizá no lo asumiría si supiese que la ayuda que se le va a dar no es de un millón como máximo, de novecientas mil pesetas, sino de cincuenta mil pesetas, porque, en ese supuesto, igual se planteaba no pedir la ayuda y no asumir ese compromiso que pudiera resultar gravoso.

Por eso, no sé si en ese plan de actuaciones para el ejercicio noventa y cinco, que nos anuncia que va a presentar septiembre octubre del presente año, de alguna forma se clarificarán esos extremos. Yo creo que sería bueno que se hiciese, en el sentido que fuera, por respeto al ciudadano, porque, insisto, el que pide también tiene derecho a saber lo que pide, lo que se le puede dar con alguna garantía, y los compromisos que asume por esa ayuda; no vaya a ser que asuma un compromiso pensando que va a recibir quinientas mil pesetas de ayuda, y resulta que después le den cien mil, y, entonces, se le genere un problema, se le descabalguen sus cálculos financieros o de inversión, y en lugar de resolver un problema, se genere uno nuevo. Es en esa línea en lo que yo creo que debería un poco matizarse.

Después, bueno, pues, ya simplemente esperar un poco a que en septiembre, octubre nos exponga su programa de actuaciones, para hacer una valoración sobre el mismo, darles nuestras humildes sugerencias, y confiando que sea receptivo a las mismas, si lo considera conveniente. Porque lo que sí debe de tener usted seguro es que los que venimos aquí, pues, podemos tener opiniones discrepantes, podemos estar de acuerdo, o no estar de acuerdo, pero las opiniones que manifestamos es con la mejor voluntad del mundo de intentar aportar... no sé si un montón de arena o un simple granito de arena, para que el grave problema del empleo de nuestro país y de nuestra región, en concreto, se resuelva en la medida de lo posible, por esta humilde colaboración que nosotros podamos aportar.

Y, nada más. Le reitero otra vez suerte, que si usted tiene suerte la tendremos todos, y que..., en fin, en su próxima intervención, le podamos felicitar por el éxito de su gestión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Daniel de Fernando, tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

(-p.8481-)

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente.

Muy breve, para decirle al Director General de Trabajo que le agradezco su oferta de enviarme los datos. Se refieren, simplemente, a la última convocatoria; no quiero hacerlo más extensivo.

Y en la segunda parte, sigue sin aclararme, porque si es positivo lo de los cuarenta y cinco días, no es suficiente. Insisto que, de la misma forma que en la convocatoria de las Cooperativas por usted, mínimo 300.000 pesetas, que puede llegar a 1.000.000, en las demás podía ponerse un mínimo... Porque yo le puedo contar una anécdota, un hecho ocurrido en esta Comunidad. Una convocatoria para crear puestos de trabajo, primer puesto de trabajo a titulados superiores, hasta 800.000 o hasta 1.000.000 -no recuerdo-. Una empresa lo crea, lo solicita, y a los catorce meses recibió 200.000 pesetas de subvención. ...... que el que lo vaya a crear sepa que cuenta con un mínimo, sea el 50, sea el 40 ó el 60% del máximo.

Insisto: bueno es lo de los cuarenta y cinco días, pero sigue sin ser insuficiente. Yo preferiría, si es posible, el que se garantizase...... un mínimo, no hasta 900.000 pesetas, con un mínimo del 50% o del porcentaje que fuese.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Octavio Granado, tiene la palabra. Le ruego brevedad.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Atenderé su ruego.

Gracias, señor Director General, por sus explicaciones. Hacerle algunos comentarios, para significar alguna coincidencia y alguna discrepancia.

Usted ha dicho -y me parece que es una opción responsable y respetable- que usted tuvo que optar entre modificar la normativa o mantenerla, para intentar incrementar la agilidad de la Administración. Bueno, usted ha optado por mantener la normativa e incrementar la agilidad de la Administración. Yo le he reconocido que la agilidad se ha incrementado, lo cual también me lleva a la reflexión de que, cuando se hace a veces demagogia con el tamaño de la Administración, no se tiene en cuenta que la Administración se rige por un principio de eficacia. Y, a lo mejor, pues, en su día, cuando se suprimieron algunas Direcciones Generales, pues, se cometió, digamos..., o se abundó, se hizo bueno el... de aquellos polvos vienen ahora los lodos de los retrasos en la tramitación de algunas subvenciones, que, probablemente, si hubieran continuado existiendo estructuras administrativas que se suprimieron, pues, hubieran sido menores.

Pero, en todo caso, es verdad que el mantenimiento de la normativa ha permitido incrementar la agilidad, pero también es verdad que, al haberse modificado normativas de otras Administraciones, pues, en esa medida, pues, ahora resulta que tenemos líneas de ayuda que son concurrentes o que coinciden en incentivar lo que otras Administraciones ya incentivan, y además en el ejercicio de sus competencias. Con lo cual, ahora nos podemos encontrar con que tenemos situaciones insuficientemente atendidas por todas las Administraciones Públicas y situaciones incentivadas por todas las Administraciones Públicas. Y yo incluso le haría una sugerencia: me parece bien que se modifique la normativa para el año noventa y cinco, yo incluso diría: me parece que es necesario, con la reforma del mercado laboral, en estos momentos, incentivar, a lo mejor, algunas otras actuaciones que ahora no se incentivan y dejar de incentivar algunas que pensemos que ya están suficientemente incentivadas.

En cuanto al tema de lo que es o no es competencia, bueno, éste es un argumento que, si se utilizara siempre, sería válido, es decir: no podemos hacer tal cosa, porque es competencia del Estado. Pero es que no es así. Es decir, si cogemos la normativa de la Junta, algunas de las líneas de ayuda que tiene en estos momentos la Comunidad Autónoma también son competencia del Estado, y están siendo atendidas por la Seguridad Social. Entonces, no me diga usted "no podemos establecer una línea de prejubilaciones, porque es competencia del Estado, pero sí podemos establecer una línea de incentivos a la conversión del empleo temporal, empleo estable, porque eso sí lo podemos hacer". También el Estado tiene, en el ejercicio de sus propias competencias, líneas que incentivan esta actuación.

Cuando usted ha mencionado las escuelas-taller, en efecto, las escuelas-taller con competencia exclusiva de la Administración del Estado y se van a mantener en esa titularidad competencial. Y eso no impide que la Junta de Castilla y León esté subvencionando escuelas-taller, que la Consejería de Cultura esté financiando alguna. Esto, ¿qué quiere decir? Bueno, pues, que al final vamos a tener que acogernos al principio de la oportunidad, más que al principio de la competencia. Yo creo que estamos en un área en la que todas las competencias, o casi todas, son concurrentes. Y, en este sentido yo creo que es necesario que la Comunidad Autónoma -mi Grupo cree... ha presentado una propuesta en este sentido, en la Cámara, que se verá en los próximos días-, que es necesario que la Comunidad Autónoma incentive sus actuaciones para permitir el mantenimiento del empleo actualmente existente en situaciones o en sectores de crisis. Que esa es una línea que es necesario incentivar por encima de otras líneas que a lo mejor ya están suficientemente atendidas.

(-p.8482-)

En cuanto a la coordinación con la Administración, me parece bien todo lo que ha señalado el Director General, en cuanto a la necesidad de converger en actuaciones con la Administración del Estado. Pero yo le sugeriría que también esta necesidad está planteada entre los mismos departamentos de la Comunidad Autónoma, y, mire, todas las Administraciones Públicas en este país, las gobernadas por un Partido y por otro, las de un nivel y otro, a veces tienen más problemas de coordinarse con los propios departamentos, con el despacho de al lado, con el propio departamento de la propia Administración, que con otra Administración. Y nosotros pensamos que sería conveniente una mayor coordinación de todas las actuaciones de la Junta en el área de la promoción de empleo.

Y, en cuanto a los fondos comunitarios, yo no le pido a usted que sea dirigista; yo lo que le pido es que el uso de los fondos comunitarios que recibe esta Comunidad Autónoma tenga las mismas prioridades que el conjunto de la política de empleo. Es decir, que, acogiéndonos a las solicitudes de nos presente, teniendo en cuenta la colaboración con entidades sin ánimo de lucro o con empresas, etcétera, demos a esos fondos el uso que nosotros pensamos que debe ser prioritario en la asignación de los fondos de promoción de empleo. Y, en estos momentos, la valoración que hace mi Grupo es que los fondos -y valga la redundancia-, el Fondo Social Europeo no sigue en esas prioridades, sino siguen... no tienen hilo conductor, no tienen hilo conductor en cuanto a su utilización.

Y claro, evidentemente y por terminar, yo le pido a usted que haga lo que está en su mano; no le puedo pedir que haga cosas que no estén en su mano. Pero, en función de pedirle que haga lo que esté en su mano, sí tengo que pedirle que intente que su política tenga en cuenta también lo que hacen otras Administraciones. Es decir, que no se dupliquen líneas de ayuda, que se tengan en cuenta las líneas de ayuda que desarrollan otras Administraciones para evitar esos vacíos, esas zonas de sombra que estamos generando entre todos, y que tenga en cuenta la situación de la Región, para garantizar que... bueno, pues, el uso de los fondos públicos es el más adecuado.

Le agradezco, no obstante, sus explicaciones, y le agradezco los compromisos que ha contraído con la Cámara, que, desde luego, nosotros somos los primeros en interesar, para... pues, por permitir, entre otras cosas, el cumplimiento de nuestra misión.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Señor León de la Riva, tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Sí. También con toda brevedad, Presidente, para reiterar nuestro agradecimiento al Director General por la información que nos ha ampliado, y que, desde luego, creo yo que si a alguno le cabía duda del conocimiento que de la materia tenía el compareciente, le ha sacado de duda en este momento.

Es posible que de mi intervención anterior le haya inducido a un error, porque el Director General ha dicho que solicitara su comparecencia en noviembre o diciembre. Yo le aclaro que, Reglamento en mano, los Directores Generales no pueden pedir la comparecencia; se la pediremos nosotros, porque tendría que comparecer el Consejero.

Y una última... ruego, si quiere un poco anecdótico. No tome al pie de la letra algo que yo acabo de escuchar, que, a lo mejor, cuando se suprimen Direcciones Generales u órganos, las cosas van más deprisa o más despacio. Mire, en la Legislatura pasada se refundieron dos Consejerías en una, que este año se han vuelto a separar. Yo hago un seguimiento, por razones que no hacen al caso, de cómo funcionan las dos Consejerías. Mire usted, con dos Consejerías distintas, ninguna, absolutamente ninguna de las líneas de subvenciones de esas dos Consejerías se han resuelto ahora con más agilidad que cuando había una sola Consejería.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. En turno de dúplica, tiene la palabra el señor Director General.

PERANDONES FERREIRO

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO (SEÑOR PERANDONES FERREIRO): Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intentar ser también ser muy breve, y voy a contestar específicamente a aquellas cuestiones que, a lo mejor han quedado un poco sin aclarar.

Cuando el representante del Grupo Mixto me hacía referencia al tema del convenio con Educación para los jóvenes que no tienen EGB, yo también le quiero precisar o recordar que es, precisamente, es el contenido del convenio que en estos momentos estamos discutiendo con Educación y Ciencia. Y ya le anuncio, desde este momento, que si no llegáramos a un acuerdo con el Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del marco de iniciativas comunitarias, que nos lo posibilitará, lo hará la Junta de Castilla y León. Pero yo expreso aquí mi intención, mi deseo, además, de que fuera posible establecer ese convenio, convenio en el cual intentaríamos subvencionar, precisamente, la carencia del nivel mínimo, o del nivel exigible mínimo de enseñanza, de educación.

Cuando me hablaba, en relación con la insuficiencia de recursos..., le pido disculpas, en este momento, porque se me olvidó antes contestarle en relación con el margen de discrecionalidad, que me planteó antes y que a mí se me olvidó contestarle específicamente.

(-p.8483-)

Mire, Señoría. En relación con esas subvenciones, nosotros hemos planteado, primero, una subvención directa de hasta una cantidad determinada, para complementarla con otra en función de las inversiones realizadas. Evidentemente, este complemento estará siempre predeterminado por el nivel de inversión realizada por la entidad que ha realizado la subvención. En este problema ha habido varias intervenciones de... en relación con este tema, y hay una opción: o intentamos dar a todos los que a lo largo del año, de un ejercicio económico, han tenido o tienen derecho a esa subvención, en función del hecho subvencionable, o daríamos sólo a los primeros. Es decir, porque tendremos un límite de actuación, un límite que nos viene marcado por las disponibilidades presupuestarias.

Es cierto que aquí el Portavoz del Grupo de Centro Democrático y Social ha planteado -y yo creo que es una sugerencia positiva y yo la acepto- que podría ser necesario establecer un mínimo. Yo recojo esa sugerencia, la recojo, y creo que se podrá establecer. Pero yo entiendo, desde mi responsabilidad, que tanto derecho tiene a una subvención, por creación de empleo o por transformación de un contrato temporal indefinido, la persona que lo realiza el primer día como el que lo realiza el último. Entonces, dentro del margen... dentro de la convocatoria de este año, se ha establecido el sistema que antes les he explicado a Sus Señorías, para intentar llegar a todos. Sin embargo, vuelvo a repetir que la intervención de Su Señoría, el Portavoz del Grupo de Centro Democrático y Social, creo que es positiva, y yo me comprometo, si es posible, a recogerla para las subvenciones de los próximos años. Es decir, establecer un mínimo, el que sea, y que, de alguna manera, el administrado tenga claro que le va a corresponder una determinada cantidad mínima, que se puede complementar en relación con toda la exposición que he dicho después.

No he entendido a Su Señoría, al representante del Grupo de Centro Democrático y Social, cuando me ha dicho que, aunque es positivo lo de los cuarenta y cinco días, no es suficiente. ¿No es suficiente el plazo...? ¿Ah!, bien, vale. Vale, vale, usted lo compensa con el otro, que es lo que entonces le he contestado. Es decir, el plazo de cuarenta y cinco días nos ha parecido correcto, porque es aquel en el cual el plazo mínimo para poder reunir toda la documentación que se le exige, entre ellas va una determinada documentación de Seguridad Social, que, como Sus Señorías conocen, es muy difícil reunir en el plazo de un mes. En cualquier caso, si se presenta la solicitud dentro de ese plazo, aunque no esté completa toda la documentación, siempre que no sea responsabilidad de la persona que lo solicita, sino de otro tipo de... de otra Administración, nosotros entenderemos siempre que el plazo... que se ha presentado dentro del plazo correspondiente.

Me decía el Portavoz del Grupo Socialista que tenemos líneas de actuación concurrentes y que me sugería incentivar nuevas actuaciones, y me hablaba también de la necesidad de establecer criterios de oportunidad. Yo quiero contestarle a Su Señoría recordándole que, precisamente, la creación de la Comisión Regional para el Empleo y la Formación, dentro del acuerdo para el desarrollo industrial, precisamente se establece como un órgano para fijar esos criterios. Entonces, debe ser, dentro de ese órgano del que se nos planteen por los agentes sociales y económicos lo que ellos entienden como criterios prioritarios, es decir, nos hagan el planteamiento de sus sugerencias. Quiero recordar a todas Sus Señorías el compromiso contraído aquí, contraído, también, dentro de la Comisión Regional para el Empleo y la Formación, precisamente, de atender y de estudiar, porque es nuestra obligación, la obligación de la Dirección General de Trabajo, en función del acuerdo para el desarrollo industrial, el asumir estos criterios dentro de la propia Comisión Regional.

Me hablaba también de la necesidad de coordinar con otros departamentos de la Junta. Quiero recordar a Su Señoría: dentro precisamente de los representantes de la Comisión Regional para el Empleo y la Formación, forman parte cuatro representantes de distintas Consejerías. Pero, es más, yo puedo anunciar a Sus Señorías que yo he establecido contactos con todas las Direcciones Generales que, de alguna manera, tienen relación con esta materia, para coordinar nuestras actuaciones. Puedo decirle -si me permite la vía de ejemplos concretos- que, cuando se me plantee una subvención, por ejemplo, para cursos de hostelería o para cursos relacionados dentro de agricultura o ganadería, nosotros contaremos con la opinión y con las estructuras que tengan las Direcciones Generales competentes, para que nos digan la conveniencia o la procedencia de esos cursos en concreto en un sitio determinado. Es decir, estamos dispuestos a establecer, no solamente dispuestos, es que lo vamos a hacer y es voluntad ...

Yo creo que, además, al decirle antes y contestarle sobre los criterios de oportunidad en relación con esta materia, le he contestado también a su planteamiento en relación con los fondos comunitarios.

Yo agradezco también la intervención del Portavoz del Grupo Popular. Y, desde luego, yo estoy convencido, no hace falta que nadie me convenza, de que el tamaño de la administración no determina la mayor eficacia, la mayor o menor eficacia de este órgano administrativo. Yo no sé si la estructura creada dentro de la Junta de Castilla y León es suficiente o será suficiente en el futuro para realizar con eficacia las responsabilidades que se le han encomendado. Yo, en estos momentos, sí creo, sí creo, razonablemente, que son suficientes.

(-p.8484-)

Y vuelvo a un planteamiento que me estoy acordando en estos momentos que me ha hecho Su Señoría, el Portavoz del Grupo Mixto. Me decía que no era responsabilidad nuestra, pero que no sabía si sería suficiente la estructura creada, o sería innecesaria en estos momentos. Bien, creada la estructura de la Dirección General de Trabajo -y creo que hoy en la Junta de Consejeros se aprueba la Relación de Puestos de Trabajo de la Dirección General de Trabajo-, yo puedo decirle a Su Señoría que no se cubrirán con carácter inmediato aquellos puestos que, en estos momentos, no sean absolutamente necesarios. Es decir, anuncio a Sus Señorías la intención de este Director General de Trabajo de que, en los Servicios de Relaciones Laborales y de Seguridad e Higiene en el Trabajo, solamente se van a cubrir con carácter inmediato el puesto de jefe de Servicio, un puesto de técnico y un puesto de auxiliar. Todos los demás puestos que se creen se cubrirán en el momento en que se plantee y que veamos la inmediatez del traspaso de competencias.

Como Sus Señorías comprenderán, yo tengo la ventaja en ese sentido de que, al participar en las negociaciones de la Ponencia Técnica, conozco prácticamente o aproximadamente, con bastante exactitud, la fecha en que en tales transferencias se podrá llegar a un acuerdo. Quiere ello decir que no se van a cubrir innecesariamente puestos que no respondan a necesidades de carácter inmediato y, por lo tanto, que no se va a incrementar innecesariamente el gasto público. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, señor Director General. ¿Algún Procurador de la Comisión quiere intervenir? Pues bien, damos por finalizada esta comparecencia, no sin antes felicitar al Director General por la claridad de sus planteamientos y de sus respuestas. Y también felicitar a los Portavoces de los Grupos por el tono de sus intervenciones y por la... también por la claridad en sus planteamientos. Muchas gracias, Director General.

Pasamos al segundo punto del Orden del Día, que es la "Proposición No de Ley 196, presentada por el Procurador don Octavio Granado, relativa a criterios preferenciales para el otorgamiento de subvenciones para construcción y equipamiento de residencias de tercera edad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y cuatro".

Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Con la mayor brevedad que pueda utilizar, para anunciar, en primer lugar, que voy a aceptar la Enmienda de sustitución planteada por el Grupo Popular a la propuesta, por entender que no modifica el contenido material de la misma y que mejora la redacción.

Y, simplemente, por hacer una breve justificación de por qué se ha presentado esta Proposición. En la última comparecencia de la Directora General de Servicios Sociales ante esta Comisión, se puso de manifiesto la inquietud, por parte del Grupo Socialista, por una serie de datos objetivos que no se pueden discutir, en el sentido de que en las pasadas convocatorias de subvenciones, en la resolución de las mismas, tanto de los fondos propios de la Dirección General de Servicios Sociales como de los fondos que recibe la Dirección General del Ministerio de Asuntos Sociales, se puso de manifiesto cómo se había subvencionado la construcción de residencias en ayuntamientos que llegaban, en el caso extremo, a tener cuatrocientos ochenta habitantes o en zonas de acción social donde ya existían construidas residencias de ancianos en un número, por lo menos, si no suficiente, sí estimable para atender las necesidades de las zonas respectivas; mientras que otras solicitudes de subvenciones pertenecientes a ayuntamientos, en algún caso, de cinco o seis mil habitantes y en otros casos pertenecientes a ayuntamientos en cuya zona de acción social no existía ninguno de estos equipamientos, no se habían construido, no se habían atendido y había sido rechazada la solicitud.

Los criterios que tanto el informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León como los propios servicios técnicos de la Consejería indicaban debían utilizarse para la concesión de estas subvenciones, de estas ayudas públicas, eran, entre otros, los que se enumeraban en la Proposición y los que se contienen en la Enmienda que ha planteado el Grupo Parlamentario Popular. Y, a nuestro juicio, era especialmente importante el que hubiera un criterio en la concesión de estas subvenciones que despejara cualquier posible interpretación de que las subvenciones tenían un matiz político. Y, evidentemente, cuando yo estoy hablando de un ayuntamiento de cuatrocientos ochenta habitantes que ha tenido subvención, pues, este ayuntamiento es del Partido Popular, y cuando estoy hablando... gobernado por un alcalde del Partido Popular; y cuando estoy hablando de un ayuntamiento de más de seis mil habitantes que ha visto rechazadas reiteradamente sus solicitudes de subvenciones, pues, estoy hablando de un ayuntamiento gobernado por un alcalde del Partido Socialista.

Pero yo no quiero entrar aquí en una discusión sobre fantasmas, yo no quiero entrar aquí en una discusión sobre qué ayuntamiento recibe las subvenciones. Los datos objetivos están ahí y yo no voy a recordarlos, porque, además, nos vamos a poner de acuerdo. Sí que creo que es importante que nos hayamos puesto de acuerdo en la fijación de estos criterios, que van a ser, entre otros, los que van a ayudar a la Dirección General a que sus concesiones de subvenciones, pues, atiendan un poco, en un tema en el que, evidentemente, todos sabemos que hay muchas más solicitudes que fondos para estas ayudas a los ayuntamientos, la van a ayudar a la Dirección General a atender un cierto criterio de equidad y a invertir el dinero de todos los ciudadanos, pues, allá donde más se necesita.

(-p.8485-)

Sí que quiero señalar, no obstante, que, aunque acepto la Enmienda, hay dos temas que la Enmienda del Grupo Popular soslaya y que nosotros, yo mismo como redactor de la Proposición me hubiera gustado que se hubieran incluido. Uno de ellos es la aportación municipal; es decir, a mí me sigue pareciendo -y lo digo para que conste en el Diario de Sesiones- que no es admisible, por principio, el que la Junta de Castilla y León subvencione algunos equipamientos al 80 o al 90% y algunos otros equipamientos al 2, o al 3, o al 4, o al 5% de lo que supone la obra. Yo creo que hubiera sido interesante que la Dirección General hubiera marcado un mínimo de aportación municipal para aquellas inversiones que va a subvencionar, para evitar..., yo sé que en algunos casos puede ser necesario compensar y que puede haber algún ayuntamiento que materialmente no tenga fondos, y que la obra deba correr casi, prácticamente, en su totalidad a cargo de la Consejería, pero puedo señalar cómo ayer mismo, o antes de ayer, perdón, en el Pleno de la Cámara aprobamos la Ley de Drogas, que marca, por ejemplo, como un principio rector de las subvenciones de la Consejería en esa materia, el que a los ayuntamientos no se les va a otorgar nunca una cantidad mayor del dinero que, efectivamente, que ellos hayan gastado en esa materia. Y me parece un criterio oportuno, porque, en algunos casos, también sucede que el ayuntamiento, simplemente, se gasta el dinero en otras cosas; luego, pide subvenciones a la Junta, porque no quiere gastarse el dinero en inversiones sociales. Y yo creo que, al menos, un mínimo hubiera que haber garantizado.

Y otro, el tema de las provincias, que nosotros incluíamos en la Proposición y que en la Enmienda del Grupo Popular, pues, no se contempla tampoco, o, por lo menos, haciendo referencia concreta a la provincia. En nuestra región, en estos momentos, todos los informes de la Consejería o del Consejo Económico y Social inciden en que hay una provincia, que es León, que tiene la ratio, la relación más baja entre número de plazas y número de habitantes mayores de sesenta y cinco años, y que es la que está más necesitada. Y, además, por desgracia, en los últimos años, esta necesidad relativa se ha incrementado, no ha disminuido. Es decir, el número de residencias construidas en León con fondos de la Junta ha sido menor que el de otras provincias que están las primeras -digamos- en el "ranking" de plazas de residencia por número de plazas de mayores de sesenta y cinco años. A mí me gustaría decir aquí, vamos, por eso lo digo, para que conste en el Diario de Sesiones, que, a nuestro juicio, esas provincias, esas zonas que tienen menor número de plazas, deben ser mejor contempladas por la Consejería.

Pero, en todo caso, la Enmienda es una enmienda razonable; los criterios son criterios entre otros, o sea, que tampoco deben ser seguidos taxativamente por la Dirección General. Y creo que es interesante que, desde esta Comisión, se llegue a un acuerdo sobre estos criterios, para permitir que un tema que ha sido objeto de polémica pueda convertirse en un tema que sea objeto de acuerdo entre todos los Grupos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, Señoría. Como han podido ver, se ha presentado una Enmienda de sustitución y tiene la palabra, para defenderla, don Francisco Javier León de la Riva... perdón, tiene la palabra María Jesús Ruiz Ruiz.

RUIZ RUIZ

LA SEÑORA RUIZ RUIZ: Gracias, Presidente. Bien, yo quería, en primer lugar, agradecer las palabras del Portavoz del Grupo Socialista, en el sentido de admitir esta Enmienda de sustitución presentada por mi Grupo.

Y sí quería hacer una serie de matizaciones, porque, en principio, si bien él dice que no modifica el contenido, no es exactamente ése el planteamiento que el Grupo Popular ha tenido a la hora de presentar esta Enmienda de sustitución. En honor a la verdad, le tengo que decir que, cuando leímos la Proposición No de Ley inicial, a mí me cabía un poco la duda de si, realmente, bueno, pues era, en los propios términos en los que iba la Enmienda, necesaria, tal y como estaba redactada. Y, al principio, un poco con extrañeza, al ver que en los antecedentes de esa Proposición No de Ley se afirmaba que no existía criterio alguno a la hora de la concesión de las subvenciones.

Yo le tengo que decir, señor Granado, que en lo que supone el estudio de todo lo que ha sido cada una de las Ordenes de convocatoria, la situación actual de las residencias en construcción, las solicitudes de los ayuntamientos y la ubicación de cada una de estas residencias de nueva construcción, y fundamentalmente, también, analizando cuál es la legislación que en estos momentos tenemos en Castilla y León en esta materia y los distintos Decretos y Ordenes que emanan de la propia Consejería, yo le tengo que decir que existen criterios y están reflejados en esas Ordenes, en esos Decretos y en las propias Ordenes de convocatoria. Si bien, como es normal, están de una forma genérica, ampliamente, denominados y que después se concretan en lo que es el estudio que la propia Consejería realiza a la hora de ver los proyectos susceptibles de subvención.

En ese sentido, tengo que decir que, en un primer momento, en fin, yo tenía la sensación de que realmente podría, a lo mejor, ser innecesaria esta Proposición No de Ley. Sin embargo, a la hora de estudiar y de leer un poco cuál ha sido, pues, toda la manifestación o discusión que sobre estos temas concretos se ha llevado aquí, en esta Cámara, leyendo el Diario de Sesiones, sí que entendí el por qué usted planteaba esta Proposición No de Ley.

(-p.8486-)

A la hora de plantearle esta Enmienda de sustitución, es más en el sentido de ayudar y reiterar los criterios que en este momento se están manteniendo en la Consejería. Podemos, si usted quiere, descender a aspectos puntuales, en los que parece ser que a usted le crea recelos o, de alguna manera, sospechas de cómo van dirigidas o encaminadas esas subvenciones. Pero no deja de ser cierto que existen los criterios y que, en estos momentos -como usted mismo también reconoce hoy y también reconoció en la comparecencia a la que usted ha aludido de la Directora General-, existen y se están, en estos momentos, llevando a la práctica.

Yo le quería decir que -supongo- estará de acuerdo conmigo en que la realidad, en ocasiones, supera lo que son los criterios que en un momento determinado podamos marcar, y que puede, incluso, si son excesivamente rígidos, dejarlos obsoletos, porque en el planteamiento general podemos tener una opinión, en función de la red de Servicios Sociales que esta Comunidad quiere, de la propia estructura de las Zonas Básicas de Salud, y cuando descendemos a la petición concreta que realiza el municipio equis, el que sea, vemos que quizá alguno de sus principios quiebra. Yo le tengo que decir que uno de ellos que usted hoy ha vuelto otra vez a reiterar, en cuanto a la construcción de residencias en municipios algunos de ellos de cuatrocientos ochenta habitantes, yo le tengo a usted que decir que existe, del estudio que yo he hecho en cada uno de los municipios en los que en este momento se cuenta con subvención de la Junta de Castilla y León, tanto para equipamiento como para construcción, existen criterios razonables, exactamente iguales a los que usted planteaba en su proposición y que nosotros, con un poco más de amplitud y concreción -como usted bien ha reflejado- mantenemos también, existen esos criterios en la práctica. Y usted me puede... si quiere descendemos, pero se puede hablar de municipios de cuatrocientos ochenta habitantes que están en una zona donde es el municipio más importante de la zona, donde el resto de los municipios están muy dispersos, con una población todavía mucho menor, y que por ser el centro de la comarca, el centro del mercado, de alguna manera históricamente, confluir ahí, de alguna forma, todo lo que es el comercio y toda la actividad, son cabeceras de comarca. ¿Me quiere decir una cabecera de comarca muy pequeña? Bueno, pues, es la situación que tenemos en muchos lugares de la Comunidad y en muchas provincias de la Comunidad.

En ese sentido, simplemente, a título de ejemplo y sin que sirva para entrar en una polémica que yo tampoco desearía-, puesto que estamos básicamente de acuerdo, le tengo que decir que yo no distingo tampoco entre lo que son los fondos de la Junta de Castilla y León propios y los que le llegan a través del Ministerio de Asuntos Sociales, como tampoco distingo los que... de dónde son los que maneja el INSERSO. Yo entiendo que son fondos exactamente iguales, que los ciudadanos castellano-leoneses de esta Comunidad contribuimos al sostenimiento del Estado en general.

En esos fondos, sólo a título de ejemplo, también hay municipios donde el INSERSO está construyendo residencias, en este caso, con setecientos cinco habitantes. ¿Que es más de cuatrocientos ochenta? Pues bien, pero el ratio y el planteamiento suyo quebraría en ese sentido. Y yo presupongo que existen también motivos más que razonables para hacer esa construcción de residencias.

En cuanto a la redacción en sí, yo quería decirle que, como al principio le he manifestado, hay alguna serie de ratios en los que nosotros hemos creído imprescindible entrar, que si bien no recogen literalmente lo que era su planteamiento inicial, en lo que se refería, pues, por ejemplo, a la población de más de sesenta y cinco años, o al número de plazas asistidas, o a lo que es la aportación municipal, sí que están reflejados de alguna manera. Y explico el porqué de alguno de ellos, o, por qué no están recogidos específicamente como usted los planteaba.

No deja de ser cierto, y yo creo que en eso estaremos de acuerdo también, en que uno de los planteamientos importantes que deberíamos desde aquí mantener, y que de hecho se han mantenido y se están intentado llevar a la práctica, es el hecho de que en todas las zonas básicas de salud que en estos momentos tenemos en la Comunidad, que está estructurado en estos momentos en ciento ochenta y nueve, todas ellas contarán con centros asistenciales de estas características. En estos momentos hay trescientas veinte, y sólo quedan dieciocho de esas zonas básicas, es decir, que no llegan ni al 10%, donde en estos momentos no ha llegado esa cobertura; por múltiples causas, y yo creo que usted conoce también, y es, en algunas de ellas, por una despoblación, o una diseminación muy grande de los municipios, lo que hace que muchos de ellos, o para muchos de ellos sea incluso difícil, por problemas de gestión propia, acometer estas inversiones y estas infraestructuras que se requieren, con lo cual nosotros consideramos que es fundamental, de alguna manera, sentar un criterio que pueda aunar esfuerzos mancomunadamente, desde los municipios, e incluso desde la iniciativa privada, para dotar a esas zonas básicas de salud que usted comprobará en los mapas -y que imagino que estará en su poder- dónde están situadas; y, por poner un ejemplo, podemos hablar en la zona de Burgos, de Sedano, por ejemplo, y toda esa zona de influencia, o de... o en León, la zona de Villablino, etcétera, etcétera.

Por tanto, yo creo que esos objetivos se están cumpliendo y se están siguiendo bien desde la propia Consejería, por lo menos de los datos que yo he tenido oportunidad de contrastar, y de los criterios que se barajan en estos momentos.

(-p.8487-)

Además de eso, existen también zonas donde a través, no incluso ya de los propios municipios, sino de... podemos hablar, por ejemplo, del Consejo del Bierzo, donde se está intentado la construcción de dos residencias, teniendo como interlocutor válido a ese Consejo, por problemas, como acabo de decir ahora mismo, de gestión propia de los municipios, o de falta de capacidad para ello. Ello quiere decir que se buscan fórmulas alternativas que hagan que dentro de la red de servicios, que tanto en la Administración Pública como en la privada pueda tener esta Comunidad, o se puedan potenciar, lleguemos a ese criterio básico que nuestro Grupo comparte, igual que el suyo, de que podamos dotar a la Comunidad en todas sus zonas básicas de salud de la red necesaria para mantener este tipo de edificios, y, al mismo tiempo, afrontar las inversiones que requieren, que, como usted conoce, son muy amplias.

Al mismo tiempo, en lo que se refería a la aportación municipal, yo entiendo que es necesario cambiar realmente, es decir, vamos a... de hecho en las órdenes de convocatoria, por eso en lo que es la Enmienda en sí y en los criterios para darle más amplitud y permitir, pues, tener después, en la realidad, pues unos puntos un poco más acordes con lo que puede ser la necesidad puntual que se quiere atender, pensamos que en las órdenes de convocatoria -y así está reflejado en ellas- es donde viene, realmente, lo que es la aportación municipal, en qué porcentajes, y también se cuida el hecho de que la propia Junta de Castilla y León pueda afrontar inversiones al 100%, en aquellos lugares donde sea necesario, donde haya que atender unas necesidades reales, y que, bueno, pues los Ayuntamientos no tengan la infraestructura necesaria.

También, de alguna manera, hemos querido evitar el hecho de que dé la sensación de que, en función de la aportación municipal, se va a atender lo que es la petición que pueda ser o que pueda suponer este tipo de centros. ¿Por qué en ese sentido? Porque cabría, daríamos un poco la sensación de que, en función de lo que los ayuntamientos aportan, ése sería un criterio muy válido para la Consejería de cara a decidir. Nosotros entendemos que no es ése el planteamiento que debe ser prioritario, sino todo lo contrario, resolver lo que es la situación real, la demanda social que pueda existir en este colectivo, y, después, bueno, pues, que juegue también la aportación municipal, pero no como un criterio reflejado que dé la sensación de que, bueno, pues, sea de los más prioritarios. Porque nosotros entendemos que es más prioritario atender la situación propia del colectivo, ....... situación de la red, en general, y de compensar y aunar esfuerzos de cara a complementar otra serie de servicios, no sólo a través de los centros de tercera edad, sino también los centros de día, incluso a nivel de los consultorios locales y centros de salud.

De alguna forma, también, en esa idea hemos eliminado -aunque usted no me lo ha dicho-, de alguna forma, está reflejado, pero tampoco hemos reflejado literalmente ese hecho de tener cercanía al centro de salud, pues, por el mismo argumento que acabo de dar en este momento, y es porque en algunas zonas especialmente diseminadas quizá no sea necesario apoyarse en la estructura o en la cercanía del centro de salud, sino buscar un poco lo que es el centro de la zona, o lo que es el núcleo, que pueda, de alguna manera servir mejor, en función de la tradición, o incluso de la propia geografía del territorio, que yo creo que también es interesante e importante tener en cuenta, y que pueden apoyarse, quizá, no en centros de salud, porque no existan en esas inmediaciones, pero sí en consultorios locales.

Por tanto, está recogido, de alguna forma, como una ubicación complementaria, no necesariamente exclusiva o excluyente de lo que puede ser la radicación o la implantación de un centro de tercera edad, o de una iniciativa, tanto pública o privada que solicite subvención, en relación con esa... pues con esa ubicación, dentro de lo que son los centros de salud.

En lo que se refiere a la provincia, en el hecho en sí de eliminar espacio físico en la provincia, no es un hecho... no ha sido un criterio tampoco excluyente, es decir, no lo hemos eliminado en lo que se refiere a la... lo propiamente dicho de provincias, sino el hecho de ampliar todavía más.

Podemos, porque las cifras -y yo creo que eso también es un criterio que usted comparte conmigo-, las cifras a veces se quedan especialmente cortas. Es decir, podemos hablar de porcentajes, podemos hablar de niveles de ocupación, e incluso dotación de plazas en función del número de habitantes, y después, yendo a la realidad y a la geografía de la propia provincia, ver que sí quizá a lo mejor estamos en unos niveles aceptables, pero que después hay zonas de las que... vuelvo a decir, he hablado hace un momento, hay zonas donde cubramos en la provincia a nivel global esos criterios deseables, y después las tengamos, pues, dentro de ese mismo espacio geográfico, completamente desatendidas. ¿Por qué? Pues, por la propia estructura de la provincia, incluso por la propia estructura y riqueza de los municipios, etcétera, etcétera.

(-p.8488-)

Así, nos podemos encontrar también, y yo creo que es un tema a tener en cuenta, con que el... también en estas convocatorias de subvenciones, y usted compartirá también este criterio -me imagino que Sus Señorías-, en el hecho de que hay muchos municipios, y la autonomía municipal en ese sentido es amplia, a la hora de demandar, a la hora de demandar este servicio, o la creación de estas infraestructuras, que podríamos también, en algunos supuestos, descender y decir: bueno, ¿le interesa más o es más prioritario tener este tipo de infraestructura o no? Bueno, pues, cabría también y sí ser discutible... y ser discutido en algunos casos concretos. Pero, ciertamente, yo creo que es un principio general, que todos admitimos, que los ayuntamientos en estos momentos, la gran mayoría de la Comunidad y muchos de nosotros estamos en ellos y vivimos ese problema, demandan este tipo de servicio. Y, además, yo creo que ya no sólo en el hecho asistencial, muy importante por la coyuntura y por la población en sí que tenemos en Castilla y León -en algunas provincias con más o menos índice de envejecimiento-, pero, en general, también porque se pretende que sea un núcleo de aglutinación de la propia población; no sólo ya el atenderlo, sino que desde los propios municipios, en principio, el criterio es mantener la población lo más cercana posible a su lugar de nacimiento, y, al mismo tiempo, aunar y crear una zona de servicios amplia que implique, pues, hasta el hecho mismo, si se quiere -aunque nos salgamos un poco de lo que es en sí la tercera edad-, hasta el hecho mismo de lo que puede suponer tener un centro donde se crea también empleo, tanto indirectamente por la Administración en los centros que subvenciona públicos, o también por la iniciativa privada a través de las propias residencias gestionadas por ella, que es importante para los propios municipios y que en algunas zonas, especialmente despobladas o con una infraestructura si se quiere de mano de obra o de empleo menor, juega también un aspecto importante.

En ese sentido, yo le tengo que decir que, en general, nuestra propuesta de... nuestra Enmienda de sustitución lo que intenta es incidir, partiendo de su idea -no compartiéndola en el fondo ni en todos los criterios-, porque -según usted ha explicado- va más o está planteada en función de la desconfianza que pueda suponer, pues, el que... usted dice que se dan más subvenciones a los Ayuntamientos del Partido Popular. Mire, también tendríamos que ver en las provincias cuáles son los niveles y cuáles son, pues, la representatividad que pueda tener cada Grupo político dentro de la estructura de los municipios de la provincia.

Yo le puedo decir, por no ir a otro ejemplo, pero si usted me dice: "en Soria, es que hay tres residencias del Partido Popular y una del Partido Socialista". Bien, pues yo le tengo que decir que es que en Soria de ciento ochenta y tres municipios ciento cincuenta y cinco son gobernados en este momento por el Partido Popular. Que eso en principio, sea proporcional o no sea proporcional, bueno pues, yo le admito su criterio y le admito el que usted lo plantee desde esa manera, pero, por la misma regla de tres y sólo a efectos dialécticos, si quiere, yo también le puedo decir que de todas las residencias que en este momento está construyendo el INSERSO en la región, no hay más que una que esté gobernada en un municipio por el Partido Popular... pues, dos; y si hay diez, hay ocho... Partido Socialista, una del CDS y dos del Partido Popular. No voy a entrar en de quién es el dinero, ni quién hace esas inversiones, ni si son o no reales.

En definitiva, nosotros hemos intentado, de alguna manera, partiendo de la realidad y de cómo se lleva desde la propia Consejería, y yo le aseguro que en los datos que yo he tenido -por cierto, con una puntualidad encomiable, y, además, con una colaboración de todos los servicios técnicos tanto de la Consejería de Bienestar Social como de la Dirección General de Servicios Sociales-, pues, al día, es decir, hasta el punto de saber en qué situación está cada uno de esos centros, si está en fase de tramitación de proyecto o está ya construido, o incluso a punto de inaugurar. Sabemos y podemos decirle, yo le puedo decir a usted que son todas perfectamente defendibles en función de todos estos criterios que en estos momentos, como una incidencia más, que yo creo que puede ser importante, no en el hecho de que la planteamos o que usted la quería plantear, porque no existan criterios, sino, desde nuestro Grupo, en la medida de volver a incidir en esos criterios que pueden servir no sólo a la Consejería para seguir trabajando en el ámbito en el que lo está haciendo y con los... yo creo que con unos niveles de efectividad importantes, al mismo tiempo para dar una opinión, o para dar también... remarcar quizá un poco más que esos criterios se sigan manteniendo, porque en estos momentos es necesario para la estructura geográfica, poblacional y municipal de Castilla y León el tenerlos todos ellos en cuenta. Pero que sean abiertos lo más posible, para que se puedan contemplar todo tipo de situaciones, incluidas las de los municipios de cuatrocientos ochenta habitantes. Es que yo conozco municipios de quinientos habitantes que son importantísimos, porque, claro, todos los que tienen a su alrededor en un ámbito de quince kilómetros, pues, tienen cincuenta, tienen... -o consejos vecinales-, o tienen veinte o tienen ciento cincuenta; entonces, uno de quinientos a lo mejor en una zona es muy importante, es cabecera casi de esa comarca, y yo le podría dar ejemplos de cada uno de ellos. Entonces, ningún criterio por sí mismo debe excluir y al mismo tiempo todos ellos deben, de alguna manera, facilitar todavía más un poco los criterios de inversión. En definitiva, yo me alegro de que, independientemente de que hayamos recogido o no algunos aspectos puntualísimos de su Proposición No de Ley, estemos de acuerdo en lo que son los criterios en sí, aunque, vuelvo a repetir, mi Grupo no está... no mantiene o no comparte un poco el porqué de su idea a la hora de presentar esta Proposición No de Ley, porque no podemos compartir... a la vista está y en la realidad se palpa perfectamente que sí existen criterios y que están en toda la legislación en estos momentos, tanto en la Ley de Acción Social como en los decretos que cada una de las..., en este caso la Consejería y las órdenes que de ella emanan siguen marcando, y que, en definitiva, yo me alegro de que podamos llegar a este punto de coincidencia en el hecho de seguir manteniéndolos y seguir, quizá, pues, potenciando más el hecho de..., bueno, pues, partiendo de que es necesario este tipo de equipamientos y este tipo de residencias, podamos llegar a un acuerdo, sin entrar en disquisiciones y en de quién es más o qué ayuntamientos tenemos más o menos y dónde va el dinero, pues que entremos en lo que puede ser una dinámica de diálogo y de lo que, en definitiva, yo creo que ayuda, tanto al Gobierno de Castilla y León como a lo que es la misión que nos corresponde a nosotros, ayuda a clarificar y ver cuáles son las necesidades reales que en estos momentos demanda la población de Castilla y León.

(-p.8489-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Entiendo que la Enmienda es aceptada, y, como hay un turno de fijación de posiciones, para no establecer dúplica y réplica, el Portavoz Octavio Granado podrá marcar sus observaciones. Entonces, en este turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, don Virgilio Buiza tiene la palabra.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, Presidente. Voy a intentar ser breve, porque, estando todos de acuerdo o casi de acuerdo, no tiene mucho sentido extenderse excesivamente. A mí, ciertamente, me parece muy oportuna esta Propuesta de Resolución, porque, sin perjuicio de que exista normativa que regulase estos criterios o contemplase estos criterios, creo que la participación de estas Cortes y el aportar algún criterio propio y autónomo siempre es positivo, sobre todo en un tema que ha sido muy discutido y discutible.

Quiero apuntar que me parece bien la Enmienda de sustitución y también la Propuesta de Resolución. Es decir, estoy de acuerdo en parte de una y en parte de otra; globalmente las comparto y, por ello, pues, apoyando lo más, pues, me voy a olvidar de lo menos. Pero me hubiera gustado, por ejemplo, que la Enmienda de sustitución, que a la postre es la que va a salir, digamos, aprobada, hubiese recogido el criterio que viene en la Propuesta de Resolución original del número de plazas y la población de más de sesenta y cinco años en la provincia. Y ello por una doble razón.

Primero, porque me parece justo, equitativo; la provincia, nos guste o no nos guste, hoy tiene un peso específico, es un punto de referencia y de identificación de las personas y ello facilitaría el que el desarraigo sea el menor posible, que siempre se produce en estas situaciones. Y como además coincide que la provincia por la que he sido elegido resulta que es la más desfavorecida, como reconoció la señora Directora General de Servicios Sociales en una comparecencia ante esta Comisión, pues, no entiendo el por qué no se ha considerado ese criterio como un criterio importante a tener en cuenta, para que ninguna provincia de nuestro territorio se sienta discriminada, y menos si es la provincia de León, que siempre es reticente en este tipo de cuestiones, como es conocido de todas Sus Señorías.

Sin embargo, me parece quizá más acertado el que no se incluya, no se contemple en la Enmienda de sustitución el tema de la aportación municipal, porque, claro, si las necesidades de los ancianos de la tercera edad va a quedar un poco a expensas del buen o mal criterio de la gestión de un municipio, de la riqueza o la pobreza de ese municipio, pues, creo que eso no es un elemento importante. Es más, me parece hasta muy positivo que en la propuesta de sustitución se incluya el punto de suplir en aquellas zonas donde la iniciativa pública o privada no haya llegado, sea insuficiente o deficitaria en la prestación. Porque aquí lo que hay que atender es a la necesidad que se detecte, si es real, y si hay pasividad por las administraciones locales, comarcales o de zona, creo que eso no lo deben pagar los ciudadanos de la tercera edad, que bastante desgracia tienen con tener esas administraciones pasivas, que prefieren aportar dinero para otras cosas y no para ésta. Es decir, ahí el elemento fundamental es la necesidad identificada, llegando al extremo de suplir esa inactividad de estas administraciones. Yo creo que en un municipio podrá y deberá hacerse una construcción de un centro de la tercera edad, aunque no lo pida el municipio, siempre y cuando que se detecte que es una necesidad clara y sangrante y que es un servicio que necesitan los ancianos de la zona, de la comarca en cuestión. Por eso, este elemento me parece positivo.

Ya termino. Simplemente mostrar mi humilde apoyo y esperar que estos criterios de verdad se tengan en cuenta, se valoren y se coordinen entre sí, y, en fin, nadie tenga después que decir que se ha hecho en un municipio... Porque, claro, aquí si buscamos razones o argumentos los buscamos para todo, hasta para decir que un papel que es blanco está lleno de garabatos. Pero creo que tampoco debemos rizar el rizo en esos extremos. Esperemos que estos criterios se tengan de verdad en cuenta.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Don Daniel de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Para demostrar el apoyo del CDS a esta Proposición No de Ley, que consideramos oportuna, oportunísima en su presentación, y a la vez que reconocemos que la Enmienda de sustitución mejora sustancialmente la presentada por el Grupo Socialista. Y la apoyamos con plena satisfacción, porque ya en la última comparecencia del señor Consejero dudábamos, y seguimos dudando, de que todos los centros de este tipo se han hecho en los sitios oportunos o se hayan dado oportunamente. Hasta tal punto que pedimos y quedó en enviarnos -que aún no hemos recibido- el estudio de necesidades por zonas en toda la Comunidad Autónoma. Y dudamos y, probablemente si hubiese estado este criterio, no se hubiese dado alguno de los casos que conocemos, de cómo se ha negado a un pueblo que ya estaba a medio hacer una residencia, de cuatrocientos habitantes, y se ha dado luego al año siguiente a otro, a cinco kilómetros, de cuatrocientos habitantes. Puede que se necesiten los dos centros; dudamos por el número de habitantes de la comarca, pero, insistimos, no nos atrevemos a prejuzgar de antemano sin conocer el estudio de zona. Y yo ahí difiero cuando se hacen los estudios provinciales, como decía la Portavoz del Grupo Popular, engañarnos al hablar del porcentaje de una provincia y lo damos a León por el porcentaje, y a lo mejor lo damos en la zona de León donde menos lo necesitan. Yo creo que es preferible hablar de zonas o comarcas, porque así es donde se verá la verdadera necesidad.

(-p.8490-)

Por tanto, congratularnos de que el Grupo Socialista haya aceptado la Enmienda del Grupo Popular y así pueda salir adelante esta Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate y fijar su posición, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Simplemente para agradecer el apoyo de los Grupos a esta iniciativa socialista, ahora sustituida por un texto alternativo, que no lo es tanto, del Partido Popular. Y hacer algunas consideraciones genéricamente.

Bueno, no vamos a entrar en la discusión de si existieron o no los criterios anteriores, porque además esto es una discusión, pues, como decir, bueno, ¿están justificadas todas las residencias que se están haciendo? Todas. ¿Y todas las denegadas? También. También. Todas las solicitudes denegadas seguro que también están justificadas, seguro. O sea, tan justificada está, pues, Castrojeriz con novecientos diecinueve, La Fregeneda con seiscientos veintidós, Tardelcuende del PP... -vamos, todas son del ayuntamiento del Partido Popular, naturalmente-, con cuatrocientos sesenta y siete, Tardelcuende con seiscientos cincuenta y dos, Villarín de Campos, quinientos cincuenta y uno, con La Granja, que tiene más de cinco mil habitantes y una zona de más de diez mil habitantes y a la que ustedes todos los años le vienen denegando sistemáticamente sus solicitudes. Tan justificados están los unos como los otros.

¿Que se han utilizado criterios? No tengo ninguna duda de que se han utilizado criterios para aprobar las subvenciones.

¿Que estos criterios sean los que decimos nosotros aquí o los que ustedes dicen en su texto? Pues, hombre, a mí seguro que con sus criterios tenían... tenía la Consejería perfectamente claro las solicitudes subvencionadas. Me cuesta ya más creer que tuviera igualmente claro las solicitudes denegadas. Porque es que hay ayuntamientos que entran en todos y a los que se les ha denegado una sola peseta. O sea, que no es que pidieran 100.000.000 y les dan 5.000.000, es que no se les da absolutamente nada.

Entonces, en este sentido, pues, vamos a pensar que de aquí al futuro algo cambiará, porque yo me imagino que ustedes cuando presentan esta Propuesta de Resolución es para que las cosas algo cambien. Porque para que siguieran exactamente igual como estaban, pues, lo lógico y lo razonable hubiera sido votar en contra de la Proposición.

Hacer simplemente tres o cuatro comentarios. Cuando yo hablaba en la Proposición de centros de salud lo hacía siguiendo el criterio de los técnicos de la Consejería, que dicen en el estudio al que yo he tenido acceso: "Es necesario ubicar los centros residenciales en núcleos de población con centro de salud", y lo hacen para defender los derechos de los ancianos residentes, porque piensan que está mejor garantizada su salud en municipios donde existen centros de salud que en uno que no. Ustedes ahora lo quieren cambiar; pues, bien me parece.

Yo me refería en el texto de la Proposición presentada a la provincia, porque el Plan Regional de Tercera Edad se refiere a las provincias. Y yo estoy de acuerdo en que es mejor hablar de zonas que de provincias. Entonces, lo mejor es cambiar el Plan Regional de Tercera Edad. Eso le corresponde a la Consejería. Y yo me he referido a los fondos del Ministerio de Asuntos Sociales porque yo las residencias subvencionadas con fondos del Ministerio de Asuntos Sociales las conozco, pero las conozco porque están dadas a conocer a los medios de comunicación. Yo no conozco a qué residencias subvenciona la Junta de Castilla y León, porque esos datos ni se han dado nunca a los medios de comunicación, que yo conozca... Los de mi provincia, por ejemplo, pues, no sabemos cuáles son, y en algunas ocasiones los medios de comunicación se han dirigido al Delegado Territorial de la Junta para que los diera a conocer. Y, desde luego, no conozco los de la Comunidad Autónoma, porque ni se han publicado en el Boletín Oficial, que yo conozca, ni tampoco han sido nunca remitidos a estas Cortes.

Y, en este sentido, señalarle a la Procuradora señora Ruiz -¿es su apellido?- que me parece muy bien que los funcionarios de la Consejería hayan colaborado y le hayan facilitado toda esa información para contestar a esta iniciativa. Es exactamente lo mismo que yo pido y a mí, pues, no sé por qué razón, no me dan nunca nada. Es más, cuando salgo en esta tribuna con algún documento de la Consejería, lo que me sirve es para que me llamen la atención por... de qué manera tan torcida y oscura lo habré conseguido, y luego hasta me dan un premio los periodistas de la Cámara. En ese sentido, anunciarle que solicitaremos toda esa documentación a la que usted ha tenido acceso y que, evidentemente, será del interés de todos los miembros de esta Comisión y que nos ayudará a entender esos criterios que antes existían y que nosotros no alcanzábamos a ver y que eran los que nos han motivado esta Proposición que ahora se aprueba, espero yo que para que algo cambie.

En todo caso, muchísimas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, Señoría. Pasamos a votar la Proposición No de Ley con la incorporación de la Enmienda. ¿Entiendo que se puede votar por asentimiento? Entonces, aprobamos... Queda aprobada la Proposición No de Ley con la inclusión de esa Enmienda por asentimiento.

Muchas gracias, Señoría. Y levantamos la sesión.