DS(C) nº 314/3 del 19/5/1994

CIFUENTES GONZALEZ

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EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (SEÑOR CIFUENTES GONZALEZ): Buenas tardes. Normalmente las explotaciones a cielo abierto se plantean como generadoras de fondos con los que compensar pérdidas en las explotaciones subterráneas o una fuente de financiación para inversiones en las mismas, y por eso carecen de perspectiva de futuro. A pesar de los beneficios que producen, son consideradas explotaciones de segunda categoría, pero no por ello se les dedica desde la Junta de Castilla y León la debida atención desde el punto de vista de la investigación y la planificación.

La práctica normal de las empresas consiste en aprovechar afloramientos vírgenes o macizos superficiales de las explotaciones subterráneas. Con gran frecuencia estas son las únicas posibilidades que se tienen, pero en otras ocasiones los afloramientos explotados podrían haber formado parte de cortas mayores que de esta forma han perdido gran parte de sus posibilidades. Las operaciones se hacen a contrata, reservándose la empresa concesionaria en ocasiones la dirección técnica. El nivel de aprovechamiento de las capas explotadas es muy bueno.

Y dicho esto, paso a desarrollar el objeto de esta comparecencia: sistema actual de las explotaciones de minería a cielo abierto en nuestra Comunidad y actuaciones que para su planificación va a adoptar la Junta de Castilla y León.

Dada la antigüedad de muchas de ellas, ya que algunas datan de finales de los años setenta y principios de los años ochenta, algunas de ellas en condiciones anormales de explotación, y como consecuencia de la problemática social y medioambiental que originan, la Junta de Castilla y León, a través de esta Dirección General, decidió acometer un estudio de situación administrativo y condiciones de explotación de dichas actividades. Fruto de ese primer estudio, dado a conocer en octubre de mil novecientos noventa y tres, se llegó a las siguientes conclusiones.

Se hizo un primer muestreo sobre algunas, algunas de las explotaciones, y el estado en que se encontraban era el siguiente. En El Bierzo, en las explotaciones a cielo abierto, había diez explotaciones autorizadas, veinte ilegales; total, treinta. En León había... en la zona de León, seis autorizadas, seis ilegales; total, doce. Y en Palencia, cuatro autorizadas; total, cuatro.

En este primer muestreo, donde se vieron cuarenta y seis explotaciones abiertas, que se han relacionado anteriormente, había distintos casos de ilegalidad. Entre ellos podemos citar varios de ellos.

Explotaciones que no han presentado proyecto. Esta ilegalidad de ellas era de explotaciones que no habían presentado proyecto o este proyecto es incompleto porque le falta la parte de restauración o la de explotación.

Explotaciones que con sus proyectos presentados se ponen a trabajar sin esperar a que la Administración les responda autorizando o solicitando documentación adicional.

Y las que han iniciados sus labores a pesar de que la Administración les ponga reparos a algún tema, solicitándoles información adicional, y, por supuesto, sin contestar a tal requerimiento.

De las tres situaciones de ilegalidad que había, que se han detectado en el primer muestreo que se hizo, la más frecuente, el 57%, es de aquellos explotadores que no presentan los proyectos correspondientes, es decir, el de explotación, el de restauración y el de evaluación del impacto ambiental en el caso que corresponda, o ninguno de ellos. El 30% de los casos, las empresas que han presentado sus proyectos, teóricamente completos, se ponen a trabajar sin esperar a que la Administración les conteste autorizando la ejecución de labores en el mejor de los casos, y cuando contesta exponiendo reparos y pidiendo información complementaria, a veces los explotadores inician la actividad sin dar cumplida respuesta y, por supuesto, sin esperar la autorización. Este es el caso de las trece explotaciones que se detectaron con nivel de irregularidad.

De los datos reflejados por los explotadores en sus proyectos y planes de labores se obtienen unas reservas seguras extraíbles a cielo abierto del orden de 8,9 millones de toneladas, de las cuales el 54% se contabilizan en León, el 37% en El Bierzo y el 9% en las explotaciones de Palencia.

La coincidencia de pocas reservas y bajo ritmo con arranque mecánico puede indicar una labor de rapiña. La tercera parte de las explotaciones no saben lo que van a producir, probablemente por desconocimiento completo en todos los sentidos, función también, y muy especialmente, del mercado térmico.

El único motivo aparente que obliga a que los explotadores proyecten seriamente sus labores es la posibilidad o certeza de disponer de cupos en las centrales térmicas.

Ante la gravedad de la situación planteada, esta Dirección General consideró que era inadmisible dicha situación. Por tanto, procedí a tomar medidas administrativas tendentes a regularizar y legalizar las explotaciones con las responsabilidades correspondientes. Actualmente, hoy, la relación y el estado administrativo de las explotaciones es el siguiente:

Comarca del Bierzo. Autorizadas, veintidós, de las cuales dieciséis están en actividad y seis están inactivas. No autorizadas, treinta y dos, de las cuales veinte están inactivas y doce con resolución de paralización. Total, cincuenta y cuatro. De estas doce con resolución de paralización se han cumplido tres y se han incumplido nueve, cuyo estado de situación es de ejecución forzosa, habiéndose incoado, por tanto, doce expedientes sancionadores.

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De las trece de la zona de León, su estado es el siguiente. Autorizadas y legalizadas, tres. Inactivas y restaurando, una. Y con expediente de paralización y ejecución forzosa, cuatro. No autorizadas e inactivas, cinco. Total, trece.

En la provincia de Palencia, Compañía Minera San Luis, explotación llamada cota cero en Montes Corcos, está autorizada con declaración de impacto ambiental. Existe otra, que es Antracitas de Velilla, en Guardo, explotación llamada Solana de Valdelabárcena, que está autorizada también con declaración de impacto ambiental. Hullas de Barruelo, S. A., explotación llamada Benones, paquete inferior del Barruelo de Santullán, grado de cumplimiento mejorable. Se está trabajando en ello. Aval actualizado con carácter provisional. Pendiente de fijación definitiva, trabajos contratados parcialmente. Buena restauración.

En proyectos en tramitación en Palencia existen dos, y luego existe otra de Hullas de Barruelo, la explotación llamada Peñacorba, en el paquete superior de Barruelo y Brañosera, dentro de la misma concesión que el de Benones antes reseñado. Esta se encuentra en trámite de impacto ambiental.

En cuanto a la actuación que para su planificación la Junta va a adoptar, son las medidas siguientes.

Medidas técnicas. Realización de vuelo y cartografía al objeto de poder situar geográficamente y con exactitud las cortas actuales. Revisar el catastro minero de la zona al objeto de exigir las responsabilidades al titular de la concesión. Continuar con la actuación que actualmente se realiza de vigilancia y control. Y medidas de formación y colaboración con la Fundación Santa Bárbara o la Mina-Escuela.

En cuanto a las medidas administrativas: mayores exigencias técnicas previas a la autorización de un proyecto. Instrumentación de medidas eficaces de colaboración con la Administración Central en materia de explosivos y fuerzas de orden público. Y se encuentra en fase de estudio el incremento de las cuantías para los expedientes sancionadores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Director. Suspendemos la sesión por espacio de quince minutos.

(Se suspendió la sesión a las diecisiete horas treinta minutos, reanudándose a las diecisiete horas cincuenta minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Se reanuda la sesión. Habiendo solicitado la comparecencia conjuntamente el Grupo Mixto y el de Centro Democrático y Social, tiene la palabra, en primer lugar, el Portavoz del Grupo Mixto, don Luis Aznar.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Director General, por los datos que nos ha dado, porque realmente explicaciones no han sido muchas, y yo espero que en su segunda intervención, y ya más metidos en harina, las explicaciones serán de mayor agrado de todos, por su extensión fundamentalmente. Usted conoce el tema, podríamos decir sin temor a equivocarnos, mejor que la mayoría de los que aquí estamos y yo creo que sería ilustrativo, tanto para los Procuradores que nos sentamos en esta Comisión como para la ciudadanía en general, que un tema que no voy a decir que sea prioritario ni de primera línea, pero que tiene su importancia, y tiene su importancia fundamentalmente en dos provincias, como son León y Palencia, este asunto, digo, ha levantado una cierta inquietud en los últimos meses por dos razones, que yo reduciría o explicaría muy brevemente. Una de ellas es porque estamos hablando de minería y la minería en estos momentos es algo que preocupa a nuestros ciudadanos, ya que es parte importante de la actividad económica de la provincia de León, en primer lugar, y de la de Palencia, fundamentalmente, en segundo lugar. Y, en segundo lugar, porque el tema de la minería a cielo abierto afecta a algo como es el medio ambiente, que, todos sabemos, causa una honda preocupación social debido a los constantes incumplimientos, que, no sólo en este campo, sino en otros muchos, afectan a esta cuestión.

Por tanto, señor Director General, yo le pediría que en su segunda intervención nos amplíe una serie de explicaciones. Si usted se fija cuándo fue pedida esta comparecencia, verá que en aquel entonces... y perdóneme que haga un inciso. Yo con esto no quiero decirle que el retraso sea culpa de la Dirección General, sino de la propia actividad de las Cortes; en fin, no quiero yo cargar las tintas, ni muchísimo menos, en este tema. Pero desde que se pidió esta comparecencia hasta hoy supongo que la situación de las explotaciones ha variado y que los datos que usted hoy nos ha dado, que creo que son básicamente coincidentes con los que teníamos, pues, merecen una mayor detención en cada uno de ellos.

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Hemos hablado partiendo de la base del estudio que realizó la Junta y que al menos este Procurador conoció en el mes de diciembre, que es cuando se publicó a través de los medios de comunicación. Básicamente los datos que usted nos ha dado con los que teníamos de entonces cuadran, aunque creo que hay cuatro explotaciones, concretamente en El Bierzo, de más, entre las que yo tenía anotadas, que las que usted ha dado; pero, en definitiva, básicamente cuadran. Y hay otra serie de datos que se obtienen a partir de un informe de la Diputación de León, que sin duda usted conocerá en profundidad. Este informe de la Diputación de León, que yo diría que puede ser complementario con el que la Junta hizo, abunda más en la materia, puesto que, aunque sólo se refiere a la provincia de León y no a la de Palencia, lógicamente, nos habla de las explotaciones abandonadas, que cuantifica en cincuenta y siete; las escombreras abandonas, que cuantifica en una cifra de trescientas, aproximadamente, si mis datos no son equivocados; y así podríamos ir dando otras cifras de las que en este informe de la Diputación se recogen.

Por tanto, podríamos decir que el problema aquí no se reduce sólo a las explotaciones que hoy día están o bien paralizadas, por carecer de algunos de los requisitos que usted nos ha dicho, o bien en funcionamiento, sino que, aparte de estos, hay otra serie de escombreras y de explotaciones abandonadas en las que, sin duda alguna, habrá que ejercitar algún tipo de acción.

Por lo tanto, tenemos un problema complejo, que en un Pleno no muy lejano de las Cortes se calificó como de desbarajuste, como de grave preocupación lo que esto nos producía, etcétera, etcétera; Pleno en el que se presentó una Proposición No de Ley por parte de mi Grupo, que fue rechazada; bien.

Usted nos ha dado unos datos concretos de la provincia de Palencia, poniendo nombres y apellidos a las explotaciones. No se ha hecho en la provincia de León, y tal vez fuera interesante, porque veríamos que no es hablar de explotaciones, es hablar de empresas, de empresas que, además, son importantes en algunos casos, de empresas que repiten la propiedad de distintas explotaciones y que, a lo mejor, es interesante también, en algún momento, que la gente sepa quién está infringiendo y en qué situación están esos empresarios o esas empresas que están infringiendo. Supongo que si no se ha detenido usted en este detalle es porque la provincia de León, y concretamente El Bierzo, tenía un número mucho mayor. Pero, seguramente, es interesante que nos dé las más significativas o las más importantes.

Bien. Me parece que no nos deberíamos limitar a decir que en estos momentos hay doce expedientes de sanción, concretamente, en El Bierzo, cuatro expedientes de paralización en León. A mí me gustaría saber en qué momento se produce el inicio de estos expedientes y cómo se encuentra al día de hoy la tramitación de estos expedientes. Porque fíjese usted que este no es un problema que nace de hoy para mañana, que esta Legislatura está casi a punto de concluir, y que las actuaciones -si no he entendido mal- empiezan prácticamente este año. Por tanto, hay tres años ahí de vacío, y le voy a preguntar también a qué ha sido debido ese vacío.

Por tanto, ¿en qué momento han iniciado las actuaciones y en qué momento nos encontramos en ellas?

Y, luego, hay una cosa que a mí, personalmente, y supongo que a otros Procuradores también nos preocupan. La Administración regional pone en marcha los expedientes, sanciona, o al menos eso parece, pero, luego, no sabemos el grado de cumplimiento de las sanciones y el grado en que se respetan esos expedientes. Y esto lo digo no porque se me haya venido a mí a la cabeza gratuitamente, sino de las palabras que el propio Director General nos dijo en una anterior comparecencia y con motivo de algo que no eran los cielos abiertos: que muchas veces los expedientes se ponen en marcha, pero, luego, no se ha producido, por distintas razones, el seguimiento adecuado o el cumplimiento de las sanciones por parte de las empresas sancionadas. Bien.

Le voy a decir también, señor Director General, que me preocupa otro tema, a mi Grupo le preocupa otro tema, que es la coordinación que se produce y en qué grado se produce entre la Consejería de Economía y la Consejería de Medio Ambiente. Porque no hay que olvidarnos que en el tema del cielo abierto, si bien la actividad es fundamentalmente económica y la preocupación es mantener una serie de puestos de trabajo, usted ha dicho -creo- textualmente que las explotaciones a cielo abierto son compensación con las explotaciones de interior -creo que esto ha dicho textualmente-. Pero, digo, las explotaciones a cielo abierto, normalmente, tienen la incidencia en el medio ambiente que no depende de la Consejería de Economía. Y parece deducirse de diversas informaciones que a nosotros llegan que, en algunas ocasiones, se producen no la necesaria coordinación entre ambas Consejerías y esto da lugar a problemas, como, por ejemplo, el que, recientemente... vamos, recientemente, hace unos meses, sucede en Robles, en la explotación a cielo abierto de Robles que ha tenido que paralizar el Tribunal Superior de Justicia. Bien. Esa coordinación nos preocupa y me gustaría que algo nos dijese al respecto.

Yo, en esta primera intervención, voy a dejar algunos temas pendientes, porque considero que esto sería lo prioritario, pero no quiero olvidarme de algo que yo creo que es fundamental en este tipo de explotaciones, y son las restauraciones. En el Pleno al que me he referido se habló mucho de la posibilidad, incluso, de que la Junta, subsidiariamente, hiciera la restauración de escombreras, etcétera, etcétera. Se dijo, por parte del Grupo que apoya al Gobierno, que esto no era necesario, que lo que había que hacer era obligar a las empresas explotadoras de los yacimientos de las concesiones a cielo abierto que fueran ellas las que restaurasen; y, por tanto, creo que habría que extremar las medidas, las precauciones, los avales, para que estas restauraciones en todo momento se produzcan. Pero no hay que olvidar -como he dicho anteriormente- que hay una serie de explotaciones ya abandonadas, de las que nadie se hace responsable a nivel de empresa, y que, por tanto, la Administración regional tendrá que adoptar algún tipo de medida de cara a resolver algo que está ahí.

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Por último, y con esto termino, nos ha dicho usted, y quiero entender que he cogido bien sus palabras, que a partir de ahora, y lo ha dicho en futuro, la Comunidad iba a extremar las medidas administrativas y técnicas en una serie de materias. Y yo le pregunto: este extremar las medidas que usted plantea como cuestión de futuro, ¿en función de qué normativa se va a hacer? ¿Está previsto alguna nueva normativa al respecto, o la aplicación con mayor rigor de la que hay? Yo creo que es importante que este extremo también quedase aclarado.

De momento, y por esta primera intervención, nada más, señor Director General. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Portavoz. Tiene la palabra don Pedro San Martín, por el Grupo del Centro Democrático y Social.

SAN MARTIN RAMOS

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS: Gracias, señor Presidente. Agradecer, sinceramente, la presencia del señor Director General y su información sobre este tema, que nos causa... el señor Aznar anteriormente ha dicho inquietud, nosotros podemos decir preocupación. Este fue el motivo por el que se pidió conjuntamente esta comparecencia.

Y debo comenzar diciendo que no queremos ser alarmistas, que es como califica el Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente a los ecologistas, pero sí deseamos conocer la realidad sobre la situación de las explotaciones de minería a cielo abierto de esta Comunidad. Ya se ha referido antes el señor Director General, nos ha suministrado una serie de cifras, una serie de datos. Porque no sólo aparecen periódicamente en la prensa noticias sobre irregularidades en este tema, denuncias de daños ecológicos, que, en algunos casos, han llegado a..., como la explotación de Robles de Laciana, al Tribunal Superior de Justicia. Dado que el incontrol de estas explotaciones puede causar daños irreparables, no es de extrañar que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León manifestara su intención de perseguir con ahínco a las que no tengan los permisos legales correspondientes. Este tema se ha llegado a denominar "la batalla de los cielos abiertos" y ha habido hasta enfrentamientos y manifestaciones; ahí están los casos de Tremor de Arriba y Barruelo de Santullán.

Esta preocupación a que me he referido aumenta cuando en el Pleno celebrado el día quince de marzo se dieron unos datos sobre este asunto, que creo que no han sido desmentidos. En el Pleno a que me refiero, el señor Herreros dijo que, según el informe encuesta sobre la minería a cielo abierto realizado por la Junta, existen en nuestra Comunidad cincuenta explotaciones a cielo abierto, distribuidas treinta y cuatro en El Bierzo, doce en el resto de la provincia de León y cuatro en la de Palencia. Que la situación técnica legal de estas explotaciones es que, de las treinta y cuatro del Bierzo, sólo diez están en situación de legalidad; las veinticuatro restantes, o no tienen proyecto de explotación o éste se encuentra incompleto. Esto es lo que se manifestó en ese Pleno, y ya se ha referido el señor Aznar a ese otro estudio que elaboró la Diputación de León en noviembre del noventa y tres, que reconocía treinta y nueve explotaciones a cielo abierto, cincuenta y siete abandonadas, trescientas escombreras, veintinueve planes de reestructuración emprendidos, etcétera, ciento setenta y cuatro escombreras un poco controladas y sesenta y cinco localidades afectadas.

Bien, pues, ante esta situación, en estas Cortes ya se han presentado varias Proposiciones No de Ley; la última solicitando el Grupo Mixto la elaboración de un Proyecto de Ley de Ordenación de la Minería a Cielo Abierto, pero que, lamentablemente, no han prosperado.

La postura de nuestro Grupo es solicitar a la Junta, pues, un control que... de... hoy ya se ha manifestado el señor Director General con algunos datos, y, digamos, una postura más crítica en este sentido. Que no se den autorizaciones a explotaciones a cielo abierto que sean... como ya se ha dicho en esta Cámara, que sean sólo..., sino solamente las que sean solventes técnica y económicamente, a los que estén ligados a mantenimiento de puestos del interior y a los que estén incluidos en un plan de viabilidad aprobado por las administraciones.

Pensamos que no se pueden permitir explotaciones que constituyan una rápida expoliación y deterioro del medio natural sin que apenas genere empleo y riqueza en los municipios que la sufren. Y no es que estemos en contra de las explotaciones de carbón a cielo abierto, pero sí de unas explotaciones que, garantizando el futuro de la cuenca minera, hagan compatibles la explotación del carbón con el medio natural, unos desmontes que garanticen, al mismo tiempo, los puestos de trabajo en minería de interior, que es la que verdaderamente genera empleo, y, en lo posible, se reinviertan parte de los beneficios en creación de otros tipos de empleo.

Bueno, pues una vez dicha la postura en general de nuestro Grupo, le voy a formular al señor Director General unas preguntas. Claro, es que no he estado presente en la totalidad de la intervención -he llegado un poco tarde- del señor Director General. No sé si lo habrá dicho, pero, según ese informe encuesta a que nos hemos referido se hablaba de cincuenta minas a cielo abierto, y, según el Secretario General de la Consejería, sólo reconoce que había autorizadas en El Bierzo cuatro explotaciones, y dos en fase de tramitación. Yo no sé si se ha referido el señor Director General en su intervención al número concreto; si no, me gustaría saber esa diferencia, entre cincuenta a cuatro, que es muy grande.

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Bien, en junio del noventa y tres, el Delegado de la Junta en León, en una visita al Bierzo, reconocía que la Junta no puede controlar de forma eficaz este tipo de explotaciones mineras, respecto de las cuales existe falta de coordinación entre las diferentes administraciones. Entonces, pregunto al señor Director General si él reconoce, si es verdad, si existe esta descoordinación; o si está mejorando, o se ha mejorado ya. Porque lo que trasciende a la gente es que en la propia Junta hay criterios contradictorios; es decir, Medio Ambiente parece ser, da esa impresión, que se inclina por la negativa a permitir este tipo de explotaciones, y, en cambio, Economía parece que prefiere asegurar su rentabilidad.

El señor Director General manifestó que el Gobierno regional se plantea la recuperación de las zonas deterioradas por explotaciones mineras a cielo abierto, y que se puede presentar un proyecto serio de restauración de espacios deteriorados y antiguas explotaciones abandonadas a la Unión Europea, para intentar acceder a subvenciones comunitarias. Entonces, la pregunta es si se ha hecho alguna gestión, si hay algún contacto, si hay alguna petición sobre el tema de solicitar a la Unión Europea estas subvenciones.

También, el señor Director General anunció que los asesores jurídicos de la Junta iban a estar... a estudiar la modificación de la Ley, para poder aplicar multas de mayor cuantía a las explotaciones de cielo abierto que incumplan la legislación. Ya se ha referido el señor Aznar al tipo de legislación, si se va a aplicar más restrictivo o nueva legislación. Pregunto si se ha realizado ya, por los asesores jurídicos, ese estudio.

Y debo terminar refiriéndome a la denuncia que ha hecho, lógicamente -y supongo que el señor Director General se lo estaba esperando-, la asociación ecologista AEDENAT, que asegura que las más altas instancias de la Junta de Castilla y León conocen a la perfección la ilegalidad con que están actuando la mayoría de las explotaciones a cielo abierto en la Comarca del Bierzo: "La falta de trámites legales para el inicio de los trabajos son, sin embargo, pasadas por alto, una y otra vez, en un acto de complicidad con la patronal minera". Esto es lo que dicen estos señores.

Entonces, yo quería que el señor Director General me dijera si coincide, coincide, en parte, o rechaza totalmente esta denuncia de AEDENAT.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Portavoz. Por el Grupo Socialista, don Jaime González tiene la palabra... Perdón. Tiene la palabra don Zenón Jiménez Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente.

Se trata de un sector que, sin demasiadas licencias retóricas, se encuentra en el caos. Me gustaría decirle que sólo concibo, desde un punto de vista económico, dos formas de caos: hay una teoría del caos, que se desarrolla en este momento, y que equipara el caos a una dinámica desordenada. Por lo tanto, no se trata tampoco de una palabra que en economía o en términos económicos tenga tanta trascendencia; sencillamente, dramáticamente, una dinámica desordenada de un sector; un sector caótico.

Y hay dos modelos de caos desarrollados en este momento: o el caos organizativo, que genera una dinámica desordenada, o el caos especulativo, que también genera... a veces la especulación genera estabilidad, a veces, inestabilidad. Y también hay un caos especulativo.

En todo caso, sea de un tipo o de otro, es un caos administrativo. Se trata de un caos que no es gratuito; es un caos provocado, es un caos intencionado, es un caos que aprovecha a unos pocos, a costa de los muchos, con el consentimiento o, por lo menos, la desidia de la Junta de Castilla y León.

El problema es que se trata, normalmente, de bienes públicos. De bienes públicos que se expolian y a los que se... a los que se infringe destrozos irreparables sobre recursos naturales que costó millones de años, millones de años conformar: un bosque de roble no es una cosa de un día para otro; por lo tanto, no es un tema baladí.

Y el problema, cuando hablamos de bienes públicos, es siempre el mismo: es la valoración de los costes y la valoración de los beneficios. Y este es el primer problema que he echado de menos en su intervención: ¿cuáles son los criterios económicos, en relación con los costes y los beneficios de los bienes públicos afectados? Porque la política de concesiones normalmente toca bienes públicos, bien porque son terrenos comunales, o bien porque afectan al medio ambiente, que es un bien público, como otro cualquiera, como el aire o como el agua, como el aire o como el agua.

¿Cuáles son los criterios de compensación? Usted nos ha hablado de que los criterios de compensación son estrictamente privados. Aceptamos -dice usted- las explotaciones a cielo abiertos a aquellas empresas que garantizan el mantenimiento del empleo en explotaciones subterráneas. Es que no se pueden comparar los costes y los beneficios. Es que si ustedes hacen esto, seguramente, están haciéndolo de una forma absolutamente frívola, porque no hay forma de calcular los costes y los beneficios, cuando tocan aspectos de bienes públicos, porque los bienes públicos no tiene mercado. Y, por lo tanto, los criterios de compensación que ustedes establecen son, en todo caso, absolutamente discrecionales. No hay ninguna manera de saber si están ustedes compensándoles a los empresarios con beneficios privados -que esos sí son mensurables- y públicos -que esos ya no los mide nadie-, muy superiores, muy superiores a los beneficios que obtiene la colectividad por el mantenimiento de unos empleos en la minería subterránea.

Faltan en su análisis -y espero que los explicite, si los tiene- criterios económicos para establecer los mecanismos de compensación, desde los bienes públicos que se ven afectados, hasta los intereses privados que se tratan de satisfacer.

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Las explotaciones generan unos costes y unos beneficios privados ciertos, pero no nos ha dicho usted cómo, de qué manera, evalúan ustedes los costes y los beneficios públicos.

Y me atrevo a decirle que una de las características de los mecanismos que los economistas estudian cuando trabajan con los bienes públicos es que cuando hay bienes públicos, como usted señala, es decir, cuando se compensan con aspectos privados la utilización de unos bienes públicos, se suele producir lo que los americanos denominan -con frecuencia se suele producir, no siempre, pero con frecuencia-, lo que los americanos llaman el problema del "free liver", que me van a permitir traducirlo linealmente como el problema de los gorrones, que son los que, finalmente, se aprovechan de la utilidad de lo que es colectivo para su beneficio privado. Y no nos han dicho ustedes cómo están pidiendo los "free liver" en su análisis, de qué manera están ustedes impidiendo que se produzcan esas sobreexplotaciones o sobreaprovechamientos de los beneficios sociales, por parte de unos señores que los convierten en beneficios privados.

Por eso, su intervención ha dejado mucho que desear, porque estamos esperando oírle los criterios económicos. Porque si lo que nos dice, nada más, es que, a cambio de que los empresarios mantengan unos puestos de trabajo en minas subterráneas, les concedemos la explotación no solamente del cielo abierto, sino de los recursos naturales afectos, el resultado es que usted no puede hacer un equilibrio, porque no sabe cuánto valen los recursos públicos que usted está proporcionando a los empresarios. Pero, además, le voy a decir más: es que es un mal negocio, porque, como las explotaciones a cielo abierto son intensivas en el empleo de capital y apenas utilizan trabajo, está usted proporcionando a los empresarios las posibilidades de rentabilizar unas actividades que apenas generan empleo, a costa de cerrar otras actividades que son intensivas en el empleo, o de mantener una parte de esas actividades, que son intensivas en el empleo.

Pero cuando vamos a mirar las cifras, si este fuera el prospecto que usted nos señala, nos encontramos que, en los últimos dos años y medio, en los dos años y medio en que más explotaciones a cielo abierto se han abierto en esta Región, resulta que ha caído el empleo subterráneo en un 25% en el sector minero.

Luego, no parece que estemos compensando, con la apertura de minas a cielo abierto, no parece que estemos compensando la, digamos, actividad subterránea, porque nunca, como hasta ahora, ha caído el empleo en esta Región en la minería subterránea hasta alcanzar uno de cada cuatro puestos destruidos en los últimos dos años.

Por lo tanto, me da la impresión de que sus cálculos económicos, de que sus criterios económicos no están claros, y me gustaría que nos los explicitara. Si no se pueden valorar los costes públicos y los beneficios públicos, cómo evalúan ustedes las compensaciones; qué es lo que les mueve a conceder, a veces sí o a veces no, y en qué condiciones, y por qué unas explotaciones y no otras.

En realidad, tengo miedo de pensar que se están privatizando beneficios sociales en actividades difícilmente reparables. No creo yo... tengo mucho miedo. En realidad, creo que hay una enorme dificultad para reparar las minas a cielo abierto, como hay una enorme dificultad para reparar las canterías. Eso de la regeneración no me lo creo. Nunca nada es igual cuando se mete la pala excavadora.

Es posible que mejora, es posible que mejore el medio ambiente, es posible que la reparación tenga efectos positivos; pero el daño, el daño es irreparable.

Por lo tanto, tendremos que haber hecho unos cálculos tan certeros de los beneficios sociales, además de los privados, de que esos beneficios sociales son constatables y generalizados, como para compensar el destrozo que, algo que es irreparable, impone a la colectividad.

Me gustaría que la declaración de impacto ambiental no pasara, como pasa en este momento, a ser un simple expediente formal que, como una póliza, se añade al expediente administrativo. Me gustaría que se tomaran ustedes en economía también -porque no hay desarrollo económico sin desarrollo medioambiental- esa diferencia o disparidad entre los criterios económicos y ecológicos; hay que desterrarla lo antes posible. Me gustaría que nos dijera cómo se evalúan las declaraciones del impacto medioambiental, que a nosotros nos parece que se hacen de una forma poco adecuada.

Y cuál es la garantía -que éste es un problema enormemente cierto-, cuál es la garantía de que no se van a producir procesos de contaminación durante el proceso de explotación. Porque basta que llueva tres días, como ha llovido, para que, automáticamente, se puedan producir efectos devastadores sobre los ríos afectados. Y éste es un tema que normalmente no se toma en cuenta, y, sin embargo, es un tema enormemente importante.

Por lo tanto, ¿toman ustedes en cuenta las declaraciones medioambientales con la precisión y el detalle que deben? Y, sobre todo, ¿cuidan ustedes de que los procesos de contaminación no se produzcan en el curso de las explotaciones?

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Nos parece, al Grupo Parlamentario Socialista, como creo que les parece a los demás Grupos que han intervenido hasta ahora, que la Junta de Castilla y León tiene una enorme falta de control sobre el subsector. La Junta tiene notables deficiencias, porque se ha aceptado aquí que, más del 60% de las explotaciones son ilegales, más del 60% de las explotaciones son ilegales. La Junta desoye los criterios negativos de la Confederación Hidrográfica del Duero; la Junta desoye los criterios de las entidades y de las asociaciones medioambientales; la Junta tiene una docena de expedientes y diligencias judiciales en distintos Tribunales de la provincia de León, sobre aperturas irregulares o ilegales.

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado, reiteradamente, el estudio de ordenación del sector al Consejero, y me parece -si no me equivoco- que llegó esta mañana, si no ayer. Es difícil preparar las comparecencias cuando se tardan meses en remitir la información pertinente.

Y, finalmente, quiero terminar con una idea que me parece extremadamente importante. Y es que, al final, los explotados son ciudadanos que viven en municipios pequeños, con ayuntamientos pequeños, extremadamente sensibles a la situación socioeconómica, y alguien, especialmente la Junta de Castilla y León, tendría que velar por los intereses de estos ayuntamientos. Ayuntamientos que tienen criterios dispares y sensibilidades diferentes a los hechos medioambientales, y la Junta tiene la obligación moral de dotar a estos ayuntamientos de un criterio homogéneo. Ayuntamientos que tienen capacidad para absorber y aguantar las presiones políticas y económicas de los empresarios -también muy dispares-, y la Junta tiene la obligación moral de proporcionar un apoyo y un soporte ante las presiones económicas y políticas que los empresarios realizan. Ayuntamientos que tienen la necesidad imperiosa de generar empleos en sus Comarcas, y que muchas veces sacrifican lo mejor que tienen, a cambio de empleos que son puramente transitorios y, a veces, exiguos.

Yo creo que la Junta de Castilla y León tiene que coordinar a los ayuntamientos en este tema. Yo creo que es obligación de la Dirección General de Industria tener criterios muy claros sobre coordinación en las actuaciones medioambientales, en las minas de cielo abierto. Las empresas se están aprovechando de los terrenos comunales, de los ayuntamientos en situaciones deficitarias, de Alcaldes que son sensibles a las presiones políticas, y de municipios que tienen dificultades económicas importantes.

Como también se echa de menos una coordinación con la Consejería de Medio Ambiente, que ya se ha anticipado por parte de los Portavoces de otros Grupos, y que nos parece que tendría que haberse explicitado aquí. ¿Es que los criterios de la Dirección General de Industria y, en general, de la Consejería de Economía son diferentes de los de la Consejería de Medio Ambiente? Y si no lo son, ¿por qué no establece en un documento que, con carácter general, ambas Consejerías proporcionen el soporte adecuado para que los Ayuntamientos en las zonas afectadas puedan establecer una política que sea común y, al mismo tiempo, respetuosa para el medio ambiente? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Portavoz. Por el Grupo Popular, don Mario Amilivia tiene la palabra.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, muchas gracias al Director General de Industria y Minas por comparecer hoy ante la Comisión de Industria para hablarnos de este asunto, siempre de gran actualidad; y eso desde muchos puntos de vista -como aquí se ha podido comprobar esta tarde-: tanto desde el punto de vista medioambiental como desde el punto de vista del mantenimiento de unos puestos de trabajo esenciales para la subsistencia de determinadas comarcas de León y Palencia.

Cualquier asunto minero es un asunto complejo, cualquier asunto minero -como ustedes saben- está afectado por distintas Administraciones. Y en este asunto concreto también existe esa confluencia de Administraciones, que hace que en algún momento los temas no sean tan claros como aquí alguien ha dicho anteriormente. Es decir, como ustedes saben, la Administración Central, en materia de minas, tiene la capacidad de fijar los precios y los cupos, tiene también la capacidad de dictar la política energética a la que está sometida esta Comunidad Autónoma. Nuestra Comunidad Autónoma tiene, efectivamente, la posibilidad indudable de autorizar o no determinadas explotaciones y de seguir, por lo tanto, ese procedimiento.

Yo lo que sí quiero decir es que el estudio del que estamos hablando, y que da lugar a esta comparecencia, y que ha dado lugar a una Proposición No de Ley, estudio que tendía -como ustedes saben- a conocer el diagnóstico exacto de los cielos abiertos en la provincia de León y Palencia, ha sido un estudio hecho a iniciativa de la Junta de Castilla y León. Yo no tengo conocimiento de que ninguna otra Administración o ningún otro partido político que gobernara en esta Comunidad con anterioridad, la Junta de Castilla y León, o sea, el Partido Popular en la Junta de Castilla y León, tuviera esa inquietud, tuviera deseos, tuviera la voluntad política de acometer un estudio de estas características. No tengo, tampoco, constancia de que ningún Grupo, con anterioridad a la iniciativa de la Junta, solicitara que hiciéramos ese estudio. Y lo único -que creo que es un hecho indudable- es que ha sido la Junta de Castilla y León, a iniciativa propia, y no a iniciativa de ningún Grupo, la que se preocupó por una situación que -como aquí el propio Director General ha dicho- calificaba y califica de inadmisible.

Es decir, bueno, yo creo que es bueno saber que nunca ha habido tanta voluntad política como la voluntad política que está expresando la Junta de Castilla y León en acometer y en resolver este tipo de situaciones, que a nadie gustan y que nos encontramos aquí. Pero que, a la hora de ponerse medallas, también es bueno que reconozcamos los aciertos de los demás, al menos ante la negligencia o falta de inquietud de los demás Grupos Políticos.

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Hemos oído la evolución de ese estudio y yo creo, también, que es razonable decir que de aquel diagnóstico que conocimos se contemplan, se observan una serie de actuaciones de la Administración Autonómica tendentes a regularizar este tipo de situaciones desde un punto de vista administrativo o técnico, que hay que calificar como muy positivas.

Yo no sé si habré entendido mal, pero me da la sensación que, al día de hoy, aunque estén en distintos grados, desde el punto de vista administrativo, están todas esas explotaciones al menos contempladas, desde el punto de vista de la Administración Autonómica, y en fase de resolver todas esas actuaciones, bien porque ya son inactivas esas explotaciones, bien porque han sido regularizadas, bien porque están en fase de ejecución forzosa, bien porque están en fase de expediente sancionador.

Yo creo que ahí, una vez más, se demuestra una voluntad política que mi Grupo Político, preocupado -como decía antes- tanto por el medio ambiente que es afectado por estas explotaciones como por los puestos de trabajo que pueden generar, tiene que valorar como positiva.

Se ha hablado aquí de falta de coordinación entre Administraciones, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Falta de coordinación entre Administraciones no es falta de coordinación entre la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Economía. Puede existir -como es lógico- en un supuesto concreto y singular entre cualquier Administración -y en cualquier Administración puede ocurrir-, pues, distintos criterios interpretativos, en busca de intereses que creo que todos consideramos como necesarios.

Me comentaba mi compañero Manuel Velasco que cuando venía para el Pleno de las Cortes leía una pintada que decía "Nicas no", y firmaban los ecologistas. Pues, es posible que desde el punto de vista ecologista, pues, haya que decir "Nicas no", pero desde el punto de vista del mantenimiento del empleo, creo que todas Sus Señorías coincidirán conmigo que a lo mejor es necesario, hubiera sido conveniente la continuidad de esa empresa en este caso concreto.

Y desde el punto de vista de la actividad minera, pues, puede ser muy defendible el interés ecológico -que somos los primeros en defenderlo-, pero también -y aquí hay algún Alcalde que podría hablar con mucha más claridad que yo de este asunto- puede plantear que sin en ese cielo abierto, en un momento concreto, esa población incluso podría ser llamada a desaparecer.

¿Y por qué he dicho yo, entonces, lo de la falta de coordinación entre las Administraciones? Porque, miren ustedes, lo que no es de recibo es que explotaciones que son consideradas como irregulares por la Junta de Castilla y León, o -mejor dicho- explotaciones que no son autorizadas por la Junta de Castilla y León, tengan cupo en las centrales térmicas. Ya saben ustedes que sin cupo no hay ninguna explotación que sea viable. Una explotación que no es viable y que no puede obtener beneficios no existe en este mundo, en el mundo económico. Y ahí, pues, existe una descoordinación gravísima, porque -como ustedes saben- la Administración Central -y nosotros lo hemos demandado- no permite a la Comunidad Autónoma participar en la Comisión de Seguimiento de la contratación del carbón térmico y, por lo tanto, nos encontramos con contradicciones tan tremendas como empresas que esta Junta, o cielos abiertos que la Junta no ha autorizado ni quiere autorizar pueden disponer de cupo en térmica, como consecuencia de que la Administración Central admite ese cupo en térmica.

Pero es que hay más casos que manifiestan esta descoordinación. Saben ustedes -y aquí lo ha dicho el Director General con claridad- que en materia de explosivos y en materia de fuerzas de orden público hay una competencia exclusiva de la Administración Central. Solamente podemos disponer o puede disponer cualquier empresa de explosivos si previamente el Gobierno Civil se los autoriza. ¿Cómo puede disponer de explosivos para llevar a cabo una explotación a cielo abierto una empresa que no ha sido autorizada por la Junta de Castilla y León? Eso es un verdadero disparate. Y yo creo que ahí todos podemos, incluso, abrir un camino para aclarar ese tipo de descoordinaciones entre Administraciones. Sin explosivos y sin cupo, estaría este tema absolutamente resuelto.

Por tanto, la falta de coordinación -que quede muy claro- no es entre dos Consejerías que buscan intereses que deben ser compatibles, ¿eh?, deben ser compatibles, como son el mantenimiento de nuestro medio ambiente y el mantenimiento de determinados puestos de trabajo, sino entre Administraciones, o entre la Administración Central y la Comunidad Autónoma, por razones que ustedes conocen con claridad.

Y por mi parte, en esta intervención, nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Portavoz. Tiene la palabra el señor Director.

CIFUENTES GONZALEZ

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (SEÑOR CIFUENTES GONZALEZ): Bueno. Vamos a tratar de responder a todas las preguntas y cuestiones que aquí se han planteado.

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Empezando por la intervención de don Luis Aznar, dice que hay un informe de la Diputación de León que habla de explotaciones abandonadas, pero no dice desde cuándo, no dice desde qué fecha están abandonadas. Tenga usted en cuenta que la historia en la explotación de carbón de León y Palencia data desde hace ciento cincuenta años, es decir, se viene explotando carbón en León y Palencia desde hace siglo y medio. Luego el vacío no es de tres años, el vacío que hay aquí es de cien años.

Datos y explotaciones de las empresas de León y El Bierzo y en qué momento, actualmente, se encuentran los expedientes. Pues, me va a permitir que le diga en qué estado están las explotaciones de El Bierzo, continuando con las de León y continuando con las de Palencia.

Antracitas de Gaiztarro, autorizado, activo. Alto Bierzo, S.A., autorizado el cielo abierto y activo. Combustibles Isidoro Rodrigáñez, no autorizado, inactivo, no autorizado restituido. Grupo Minero El Porvenir, autorizado, inactivo; falta la declaración del impacto ambiental y depositar el aval correspondiente. Malabá, autorizado e inactivo; explotación concluida. Victoriano González, autorizado, activo. Isaac Valín Alonso, no autorizado, inactivo. Antracitas de Valderrío, autorizado, inactivo; concluida. Antracitas Ollé, no autorizado, inactivo. Rocar Martín Escudero, autorizado y activo. Carbones de Linarea, autorizado y activo; trámite de anulación de esto, por no haber presentado el aval en tiempo reglamentario. Antracitas El Capricho, no autorizado e inactivo. Virgilio Riesco, no autorizado, paralizado, expediente sancionador y ejecución forzosa. Victoriano González, autorizado, inactivo. Bueno, y así podríamos darle todo el rosario de las cincuenta y cuatro explotaciones de la zona de El Bierzo.

En la zona de León. Explotaciones de Rocas Industriales, solicitada autorización, no autorizada, ejecución forzosa. Carbones Santa Bárbara no solicitó autorización de explotación, paralización cumplida. Antracitas de la Peña sí solicitó autorización y no fue autorizada; está en proceso de ejecución forzosa. Cántabro-Leonesa Minera, labores abandonadas, pero la está restaurando; o sea, que, de vez en cuando, también alguna, aunque tenga labores abandonadas, la restaura; no es corriente, por supuesto, pero bueno. Minera Ordoño, solicitada autorización, no autorizada, no está en explotación. Hullas de la Mora, no autorizada... no solicitó autorización, no autorizada, no en explotación. Mora Primera Bis, solicitada autorización no, no autorizada, no en explotación; por lo tanto, nada. Carbones El Túnel, solicitada autorización, no está autorizada, no está en explotación; por lo tanto, no está restaurando. MSP, solicitada autorización, autorizada y en explotación, y restaurando. Hulleras de Sabero y anexas, solicitada autorización, autorizada, en explotación y restaurando. La Hullera Vasco-Leonesa, solicitada autorización, autorizada, en explotación y restaurando. Y Carbones El Túnel no solicitó autorización, no está autorizada, está en explotación, tiene un expediente de paralización. Y esto es el estado de las empresas de León.

En cuanto a las de la provincia de Palencia. Minera de San Luis, con domicilio en Guardo, aprobación del proyecto por la Delegación Territorial el nueve del seis del ochenta y nueve; la declaración de impacto ambiental, favorable, con fecha veintiséis del cuatro del ochenta y nueve, por el Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, conforme al Decreto 57 del ochenta y nueve; aval depositado, 14.772.500 pesetas; duración aproximada de la explotación, diez años; toneladas de carbón previstas, doscientas ochenta mil; superficie de ocupación de monte público, quince hectáreas; empleo, treinta hombres; en la fecha actual, se puede informar que el grado de cumplimiento del plan de restauración y evaluación de impacto ambiental es satisfactorio. Antracitas de Velilla, S.A., aprobación del proyecto por el Servicio Territorial de Economía el veinte del dos del noventa y uno; declaración de impacto ambiental por el Consejo de Medio Ambiente, favorable, con fecha dieciséis del uno del noventa y uno; modificada por resolución del mismo el veintiséis del tres del noventa y uno, al amparo del Decreto 269/1989; aval depositado: 6.250.000 pesetas. En la fecha actual se puede informar que el grado de cumplimiento del Plan de Restauración es satisfactorio.

Hullas de Barruelo. Paquete inferior del yacimiento y superior Peñacorba.

Término municipal Barruelo de Santullán-Brañosera. Comienza la explotación con anterioridad a la vigente regulación en materia de medio ambiente, con autorización de la Delegación Territorial en fecha 15/10/81 y con prescripciones sobre restauración.

El veintiuno del ocho de mil novecientos ochenta y cuatro se aprueba el Plan de Explotación y Restauración, conforme al Real Decreto 1.116/84 del Ministerio de Industria sobre restauración.

Con fecha 1/12/1988 el Servicio Territorial de Economía aprueba el proyecto de explotación en zona que es continuación de las anteriores, admitiendo que el Plan de Restauración anterior mencionado era válido para esta continuidad. El plazo previsto era hasta mil novecientos noventa y dos, y el aval solicitado de 7.120.000 pesetas.

Consta que, con motivo de las sucesivas ocupaciones de monte público para tales trabajos, depositaron avales ante ICONA que superan esta cifra, no que se haya hecho ante el Servicio Territorial de Economía.

En enero del noventa y tres se presenta un plan de labores para estas zonas del paquete inferior, donde están próximas a terminarse las reservas. En él se incluye una parte mínima de actuación para mil novecientos noventa y tres, en el paquete superior Peñacorba, separado unos quinientos metros del paquete inferior.

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Se dio aprobación por resolución del Servicio Territorial de Economía el 15/02/93, consolidada por el Delegado Territorial el 22/03/93, con la condición de presentar en dos meses estudio de impacto ambiental que incluyera plan de restauración y aval provisional de 3.000.000 para restaurar zonas pendientes, que fue presentado.

Esta exigencia se justifica en el hecho de no considerar adecuado el anterior Plan de Restauración, por exigir en la nueva zona Peñacorba distintos valores naturales de los considerados en los anteriores planes de restauración.

El nuevo proyecto tiene una duración prevista de diez años, un volumen de carbón de seiscientas mil toneladas brutas. Empleo: treinta y seis hombres; contrata y administración. Superficie necesaria de monte público: treinta y ocho hectáreas. Ubicación: término Barruelo y Brañosera.

En el momento actual se trabaja en el paquete inferior, conforme a la aprobación del plan de labores aprobada, pero está paralizada la actuación en el paquete superior, pendiente de la declaración de impacto ambiental. Y, en contra del criterio del Servicio Territorial, que sostiene que era adecuada la aplicación del Decreto de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 329/91 y el Real Decreto 2.994/82 y 1.116/84 del Ministerio de Industria sobre actividades mineras, por tratarse de una continuación del laboreo iniciado en el ochenta, en los que se prevé el Informe del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio -que se solicitó- y no la necesidad de declaración de impacto ambiental, como fue impuesto por el último servicio, rehusando dar el informe pedido. Esta determinación, como es conocido, fue recurrida por la empresa titular y explotadora.

Los... preguntaban también por los trámites de que había que hacer para las distintas autorizaciones. Y los trámites son los siguientes.

Tramitación de un expediente sancionador. Hay que hacer los siguientes pasos. Visita de confrontación de la presunta infracción. Informe de la Sección Comarcal del Bierzo. Propuesta del Servicio Territorial de Economía. Acuerdo, iniciación con nombramiento de instructor de la Delegación Territorial. Notificación acuerdo al Servicio Territorial de Economía; aquí tiene alegaciones durante quince días a presentar. Propuesta de Resolución del Instructor. Notificación de la Propuesta de Resolución del Servicio Territorial de Economía; quince días de alegaciones. Resolución de imposición, sanción de multas de la Delegación Territorial. Notifican la Resolución. A partir de ahí, viene un recurso ordinario -que tienen un mes de plazo-, un informe de recurso en la Sección Comarcal del Bierzo, y va a la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

O sea, son procesos -como Sus Señorías pueden observar-, procesos largos, procesos engorrosos, con trámites largos, pero que, a pesar de todo, se está llevando con el mayor rigor que hay que llevar en estos casos.

La coordinación de la Consejería de Economía con la Consejería de Medio Ambiente puedo decirles que en este momento es una coordinación total. De hecho, de hecho, los técnicos del Servicio Territorial de las Secciones Comarcales, tanto de León como del Bierzo, están visitando explotaciones a cielo abierto, con técnicos de la Consejería de Medio Ambiente. Eso es constatable y está ahí. Es decir, que la coordinación entre las dos Consejerías, que son Consejerías horizontales, es una coordinación que, tanto los técnicos del Servicio Territorial de Minas como los técnicos de Medio Ambiente, están haciendo las visitas conjuntamente.

En cuanto al cielo abierto de Robles, que aquí también se trató el cielo abierto, ha recurrido la Junta Vecinal, y ante el recurso que ha impuesto la Junta Vecinal el tema del cielo abierto de Robles está en el Tribunal Superior de Justicia, está paralizado, no explotan, a expensas de lo que el Tribunal Superior de Justicia, a la vista de los estudios técnicos, a la vista de los proyectos de restauración y a la vista de la declaración de impacto ambiental que han presentado dicte el Tribunal Superior de Justicia. Ahí no hay nada que hacer.

La responsabilidad de restaurar los cielos abiertos, quiero decirles que es una responsabilidad de la empresa explotadora, y que, por supuesto, como hay muchos, muchas escombreras, hay escombreras, efectivamente, antes, pues no habría una legislación lo suficientemente clara, fluida, para exigir, por ejemplo, los avales necesarios. Y, bueno, han explotado ahí gente, han marchado y ahí han dejado las escombreras.

En cuanto a extremar las medidas para el asunto de sanciones, está en este momento en la Consejería de Economía, tanto en la Asesoría Jurídica como en normativa y procedimiento, estudiando un proceso para aumentar la cuantía de las sanciones a toda esta gente que esté explotando fuera de Bolos. Pero también es un proceso que hay que estudiar y hay que tratar debidamente. No se puede de la noche a la mañana decir: bueno, a partir de mañana las sanciones son de tanto y son de cuanto. Se está estudiando, los servicios correspondientes de la Consejería, y estamos tratando de... bueno, de poner unas sanciones lo suficientemente fuertes para evitar el que se produzca ninguna situación anómala.

Con... en lo que respecta a las preguntas que ha hecho el señor San Martín, varias han quedado ya contestadas en lo que he expuesto anteriormente. Y lo que dice don Pedro de que... lo que dice la empresa ecologista esta ADENAT, entiendo que él no lo dice, entiendo que usted eso no lo dice, que lo dice... en fin, los recortes esos de prensa que usted tiene por ahí, pero usted... yo entiendo que usted eso no lo dice.

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En cuanto al señor... a don Zenón Jiménez-Ridruejo quiero decirle que las explotaciones a cielo abierto pues está la Junta... por supuesto, desde el momento en que yo llegué a esta Dirección General ha sido preocupación constante mía las explotaciones, tanto a cielo abierto como la seguridad en la minería; han sido dos problemas que estamos en ello, son problemas difíciles, como ustedes pueden reconocer y saber, pero que estamos en ello.

Todo concesionario, todo concesionario que solicita una concesión y que por la Administración se le concede, tiene derecho a explotar y a sacar esos beneficios, no solamente tiene derecho, es que tiene que hacerlo, porque, si no, se le retira esa concesión. O sea que si en el permiso de investigación, en el permiso de exploración, a continuación viene un permiso de investigación y luego una concesión de explotación, si una vez concedida esa concesión de explotación conforme a los proyectos que presente, de todos los tipos y que prescribe la ley y el reglamento de minas, no la explota en un determinado número de tiempo hay que quitársela; o sea que tiene que explotar y sacar esos recursos.

Esos recursos, en el caso de la minería, Europa, la Comunidad Europea defiende el que las explotaciones a cielo abierto sirvan para compensar, en cierto modo, los costes de explotación de interior.

La Junta no permite "gorrones" que se aprovechen de los beneficios sociales de estas explotaciones. La Junta cuando un señor solicita, empieza por un permiso de investigación, de exploración, de investigación, y luego pasa a una concesión de explotación, ahí tiene que ir razonado cómo lo va a explotar, qué sistemas tiene que utilizar, cómo va a restaurar, qué aval tiene que dejar, cuántos puestos de trabajo va a crear... Es decir, que no... las concesiones de explotación no se conceden así por las buenas, para que la gente excave allí, gorronee y se vaya. Eso, vamos, no...

En cuanto a la declaración de impacto ambiental, cómo se evalúa esa declaración de impacto, pues yo, aquí se me escapa el tema, cómo la Consejería de Medio Ambiente evalúa el impacto ambiental. Me parece que en esa Consejería tiene que haber técnicos suficientes, técnicos especialistas que evalúen las declaraciones de impacto ambiental que produzca en el ecosistema este tipo de explotaciones a cielo abierto.

Desmiento rotundamente el que sean en este momento ilegales el 60% de las explotaciones. Eran, eran. En este momento no. En este momento no.

Repito, porque la Junta, la Junta está.... ha desarrollado, precisamente para detectar, para detectar la situación de estas explotaciones, ha fomentado el estudio que se ha dicho aquí, se ha puesto de manifiesto, y, a continuación, ha comenzado a actuar fuertemente sobre el sistema, y una cosa es que eran y otra cosa es que sean.

La coordinación con los ayuntamientos, pues, mire usted, salió una Ley -hace poco- de Actividades Clasificadas, donde para autorizar una instalación, del tipo que sea, tiene que venir con el permiso del ayuntamiento. Es decir, que los ayuntamientos conocen perfectamente el tema y para autorizar ahora cualquier instalación de cualquier tipo tiene que venir con el permiso de licencia del ayuntamiento; es decir, que los ayuntamientos conocen perfectamente este tema, donde se encuentran las explotaciones a cielo abierto y demás.

Algunas explotaciones, como, por ejemplo, una explotación que se quiso realizar en la zona de Villafeliz -ya no de carbón, vamos a cambiar el tema ya del carbón-, una explotación que se quiso hacer en el término de Villafeliz, de dolomitas, la evaluación de impacto ambiental no fue... no se aprobó, no se explotó, no se empezó; allí está la dolomita muerta de risa. O sea que no autorizamos nada en contra de la Ley, en contra del Servicio Territorial de Minas, en contra del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Yo estudié el problema a fondo de las dolomitas, por ejemplo, de Villafeliz. Allí hay sistemas para que los polvos no vayan a las aguas, incluso cuando haya grandes estiajes de lluvia, y bueno, la evaluación de impacto ambiental no pasó ese trámite, no se explotó, allí está; o sea que no... tampoco.

Claro... Y bueno, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Portavoz de mi Grupo, o del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de que, claro, naturalmente, si una explotación que, por el motivo que sea, la Sección Territorial de Medio Ambiente, o en la Consejería de Medio Ambiente, no autoriza el proyecto de explotación, o autoriza el proyecto de impacto ambiental, pero si le damos explosivos y le damos cupo, pues, entonces, claro, yo... Entonces, yo creo que debe de existir una mejor coordinación entre la Administración Central y la Administración Autonómica, porque todo esto, toda va y todo redunda en el beneficio de los puestos de trabajo y de las explotaciones de este tipo. Y, nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Muchas gracias, señor Director. Tiene la palabra don Luis Aznar.

AZNAR FERNANDEZ

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EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Bien. Gracias, señor Presidente. Y gracias, señor Director General, pero yo le voy a decir una cosa: si alguna vez a este Portavoz se le ocurre pedirle un dato, no me haga caso, me he equivocado, me he equivocado. Lo que yo le pedía, y le agradezco no obstante esa exhaustiva lectura de nombres y explotaciones que ha hecho, evidentemente con la voluntad de complacer a este Portavoz y al resto de la Comisión, pero, en fin, yo lo que le pedía era una opinión ilustrada con ejemplos. Porque ahora veo que, cuando ésta era mi pretensión, no estaba muy equivocada. Normalmente -y usted me corregirá- las explotaciones a cielo abierto suelen ser explotadas, o utilizadas -perdóneseme la redundancia- por empresas que tienen explotaciones de interior; bien.

Aquí se ha hecho, y yo creo que acertadamente, una acusación de que si no hay un permiso de la Junta, por qué se da dinamita. Bien, yo supongo -supongo y usted me corregirá- que esa dinamita no se pedirá para explotar a cielo abierto, sino para explotar en interior, y luego se utilizará por la empresa en el cielo abierto. Yo supongo, y no soy técnico en esta materia, evidentemente, que los cupos normalmente -y denuncias hay y a todos nos consta- son cupos para explotaciones de interior y que luego se hacen mezclas, y que luego -y el propio Director General ha hecho alguna acusación en ese sentido-, y que luego esos cupos son manipulados, no sólo con la producción de interior, sino con la producción ilegalmente extraída.

De todas formas, estoy plenamente de acuerdo con el Portavoz Popular, y con el propio Director General, que la coordinación debe ser también entre administraciones; hasta ahí pudiéramos llegar, es fundamental; y, si no es así, hagamos, desde nuestras modestas posibilidades en estas Cortes, todo lo que sea necesario para que esa coordinación se produzca.

Pero, bien, señor Director General, yo una conclusión que saco aquí es que hasta hace tres meses nos han estado gorroneando -en expresión suya-, porque si el extraer carbón en una explotación a cielo abierto, sin autorización de la Junta de Castilla y León, en su definición es excavar y gorronear, hasta hace tres meses, cuatro meses escasamente, en esta Comunidad ha habido empresarios, por llamarles de alguna manera, que nos han estado gorroneando, puesto que han estado haciendo explotaciones a cielo abierto sin las autorizaciones correspondientes y, en calificación del propio Director General, ilegalmente. Y esto es un hecho grave. Y me alegra y me congratulo en que la Junta de Castilla y León haya puesto "pie en pared" y usted desmienta rotundamente que en este momento se esté produciendo esta situación. Si esto es así, me alegro, pero hasta este momento no ha sido así, y no le estoy achacando a usted ninguna responsabilidad, porque hay responsabilidades de mucha gente.

Dice usted que hay explotaciones abandonadas, pero que son de hace muchos años. Evidentemente, pero eso no le tiene que quitar a usted la preocupación de intentar reponer esas explotaciones abandonadas, esas escombreras abandonadas. No le intento yo cargar a usted responsabilidades que no son suyas. Pero usted coincidirá conmigo en que nuestra Administración regional habrá, antes o después, de hacer un plan para restaurar todo aquello que, por causa de quien sea y por la responsabilidad de quien haya sido, en estos momentos está causando una grave agresión a nuestro medio ambiente. Y yo sé que esto preocupa y yo sé que esto le preocupa a usted también, por tanto, no creo que sea materia esta para que estemos a la defensiva, sino para colaborar todos activamente en que el tema se solucione.

Mire, yo, cuando le decía... posiblemente no me haya expresado con la suficiente claridad, porque su intención está patente que es respondernos a todos, a todos y a todos. Cuando yo le decía que si las nuevas medidas que usted ha anunciado, que no me invento yo, se iban a poner en marcha, si era en función de alguna normativa nueva que su departamento, la Consejería de Economía, estuviera preparando, o si lo que se iba a hacer era aplicar con mayor rigor la normativa en estos momentos existente. Y esto no se lo pregunto gratuitamente. Se lo pregunto porque, en sucesivas ocasiones, en estas Cortes hemos traído desde el Grupo Mixto, desde el Partido Socialista, incluso desde el Grupo Popular, iniciativas, que han corrido como es lógico distinta suerte, intentando producir una legislación complementaria a la que en estos momentos existe.

Y por parte del Grupo que sustenta a la Junta se mantiene, hasta el día de hoy al menos, que la legislación existente es más que suficiente para que se produzca el control del tema que hoy nos ha traído aquí. Entonces, al usted anunciar, con expresión de futuro, que se iban a hacer nuevas medidas, y además creo que las ha medianamente concretado, por lo menos, ha dicho medidas técnicas, que son ésta, ésta y ésta; medidas administrativas, que son ésta, y ésta, y ésta. Por eso, yo le pregunto si hay prevista una nueva legislación o, simplemente, es que vamos a aplicar -repito, y por última vez- con mayor rigor la ya existente.

Yo creo que el tema que nos ha traído aquí hoy, señor Director General, es un tema que debe seguirnos preocupando. Creo que... y los distintos Portavoces que han intervenido hemos puesto de manifiesto distintos aspectos del problema, tanto el económico, tanto del deterioro del medio ambiente, la situación administrativa y legal y de coordinación de las administraciones, que hacen de éste un tema complejo -como ha dicho el Portavoz Popular-; complejo, y muchas veces de difícil solución por el momento y por la coyuntura en que nos encontramos.

¿Esto quiere decir que haya que bajar la guardia y hacer la vista gorda? Todo lo contrario, desde mi punto de vista. Lo que hay que hacer es extremar las medidas, porque el beneficio de unos pocos, amparado o disfrazado del mantenimiento de puestos de trabajo, que luego vemos que tampoco es real; de la crisis del sector, que luego vemos que no se soluciona a través de este tipo de cuestiones; posiblemente, el beneficio de esos pocos lo único que conseguirá será el expolio de muchos y, desde luego, de nuestra Comunidad, entendiendo globalmente el asunto.

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Por tanto, señor Director General, me gustaría que en su última intervención concretase el tema legislativo, si es que hay algo en proyecto; y, desde luego, yo le insto, le animo, o como usted quiera entenderlo mejor, a que el control se efectúe tal como posiblemente se viene haciendo en los últimos meses, y, si cabe, que se aumente el rigor tanto en la concesión de las licencias como en los estudios de impacto ambiental y como en ejercer con todo el rigor que en estos momentos la normativa permite, el ejercer las sanciones a las que den lugar actuaciones irregulares. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Portavoz. Tiene la palabra don Pedro San Martín.

SAN MARTIN RAMOS

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS: Sí, gracias. Sí, sobre el tema que ha terminado ahora hablando el señor Aznar, ya nos habíamos hecho referencia en la intervención anterior sobre la modificación de la legislación. Y yo le había dicho que... había anunciado usted, señor Director General, que los asesores jurídicos de la Junta iban a estudiar la modificación, para poder aplicar la multa de mayor cuantía. Nos ha contestado que se está estudiando por la asesoría jurídica y que no se puede de la noche a la mañana. Pues no sé, yo creo que habrá que hacer una llamada de atención a la asesoría jurídica, porque se anunció ya hace más de medio año. Si lo siguen estudiando, creo que no podemos estar en este tema tan vivo esperando medio año o un año a que los asesores jurídicos dictaminen.

Hice una pregunta sobre... me había interesado sobre la presentación que se había anunciado de un proyecto serio de restauración de espacios deteriorados y antiguas explotaciones abandonadas a la Unión Europa, para intentar acceder a subvenciones comunitarias. La pregunta que le había hecho era si se ha hecho ese estudio o si se ha presentado.

Sobre la denuncia de AEDENAT, efectivamente, yo no lo digo, lo dice AEDENAT, pero lo que no sé es lo que usted dice. Es decir, me gustaría oírle su opinión. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor San Martín. Tiene la palabra don Zenón Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Director General, la competencia exclusiva, exclusiva, en el tema de apertura y regulación de la minería a cielo abierto es de la Junta, y la competencia exclusiva en el ámbito de las declaraciones medioambientales o de los documentos medioambientales exigibles a la minería a cielo abierto es exclusiva de la Junta de Castilla y León. No cabe aquí compartir con otras administraciones responsabilidades, porque la responsabilidad es exclusivamente suya.

Es, por lo tanto, la Administración Autonómica la única responsable de la minería a cielo abierto. Independientemente de que haya empresas que por tener explotaciones subterráneas dispongan y utilicen explosivos, o dispongan y utilicen cupos, pero lo cierto es que la responsabilidad de que las explotaciones a cielo abierto, estén ilegales o legales, abiertas o cerradas, es exclusivamente suya.

Y me sobrecoge pensar que usted, como administrador, como responsable, conozca empresas que utilizan explosivos, y me sobrecoge que usted, como responsable, conozca empresas que utilizan cupos y no las denuncie. Por tanto, yo le emplazo a denunciar aquí y ahora, esta misma tarde, cuáles son las empresas que utilizan cupo indebidamente y cuáles son las empresas que utilizan explosivos indebidamente, y qué piensa hacer la Junta de Castilla y León para impedir que, si eso se produce, se siga produciendo. Porque, si no, está usted colaborando a un proceso de deterioro administrativo que ya es palpable en otros dominios.

Y la segunda cuestión que quería hacer notar es que, efectivamente, se ha hecho aquí alusión, con una comparación que no creo que sea muy afortunada, a que toda actividad humana genera deterioro ambiental, lo cual es verdad. Toda... respirar genera deterioro ambiental, cualquier actividad humana genera deterioro ambiental. Pero lo importante es el carácter irreparable, o no, del deterioro ambiental, porque cuando el deterioro ambiental es irreparable, su coste es infinito, su coste es infinito. No es lo mismo, por lo tanto, la emisión de CO2 en cantidades más o menos constatables que la destrucción de un bosque, un hayal o un robledal, que no tiene reposición posible.

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Y, en este sentido, su propia intervención ha venido a corroborar y a clarificar algo que yo trataba de hacerle ver, o trataba de hacer ver en mi primera intervención. Usted dice: "la Consejería de Economía es responsable de los permisos administrativos de tipo económico", pero ha dicho también: "sin duda ninguna, la Consejería de Medio Ambiente habrá evaluado o evaluará bien los costes y los beneficios sociales medioambientales". Esto es justamente la clave de mi intervención y lo que yo le quería decir: ¿Cómo se puede hacer, desde una Consejería de Economía, una evaluación correcta de las repercusiones económicas, si no se hace desde la Consejería la evaluación de los costes y beneficios medioambientales? Ese es justamente el problema, que están ustedes haciendo una valoración separada. Por una parte, Economía calcula las consecuencias económicas desde un punto de vista estrictamente privado, y, por lo tanto, parcial; y, por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente dice calcular -supongo que lo hará, cuando usted lo dice-, dice calcular los costes y beneficios que se derivan desde un punto de vista social o medioambiental. Pero, por lo que usted nos ha dicho, en sus análisis, en los criterios de concesión de los derechos de prospección o de los derechos de explotación en minas de cielo abierto, ustedes en Economía no evalúan las consecuencias, los costes económicos, desde un punto de vista social; y, si no lo hacen, están haciendo ustedes mal su trabajo. Y ése es el problema que queremos señalar aquí, que no se pueden dar concesiones si sólo se evalúan los costes y beneficios privados, porque siempre un beneficio... siempre habrá un cálculo positivo que garantice que hay una explotación que tiene que abrirse; desde un punto de vista privado, está clarísimo. Desde un punto de vista privado, las explotaciones a cielo abierto son siempre más rentables que las explotaciones a cielo cerrado -digamos-, es decir, subterráneas. Por tanto, es absurdo, su concesión sobra, huelga, siempre. Desde un punto de vista privado, es razonable.

La cuestión es que separan ustedes la certificación económica desde un punto de vista privado de la certificación económica desde un punto de vista público, que lo hace la Consejería de Medio Ambiente. Y yo lo que trato de decir, lo que he intentado decir al poner énfasis en esta cuestión es que no se puede seguir haciendo una separación en temas de destrozos irreparables, un planteamiento administrativo que separe tajantemente los aspectos privados de los aspectos públicos, sino que tienen que integrarse en el análisis. Y ustedes no tienen derecho a dar concesiones económicas desde un punto de vista privado sin tomar en cuenta los criterios públicos. Y esto hay que incorporarlo crecientemente a la actuación de las Administraciones Públicas, porque, si no, no estamos haciendo bien nuestro trabajo.

Y, finalmente, quiero decirle que ya sabemos que el responsable del tráfico o de la matriculación de los vehículos, etcétera, etcétera, es la Administración Central. Pero qué duda cabe que el deterioro de las carreteras regionales no será debida a que los coches privados circulan por ellas; será debida a que la Junta de Castilla y León, que es responsable de su reparación, no realiza bien su trabajo. El mismo argumento se tiene que utilizar en las minas a cielo abierto. Si alguien está utilizando indebidamente el cupo de carbón o alguien está utilizando indebidamente el explosivo, está usted en la obligación de pararle los pies con una actuación administrativa contundente. No eche usted balones fuera, no tiene derecho a hacerlo.

Y, finalmente, termino diciéndole que, en el tema de sanciones, me ha parecido oírle que hablaba usted de que están estudiando las sanciones a todos estos -vamos a llamar así- desaprensivos, los ilegales, lo que yo llamaba los gorrones -en una traducción un tanto, digamos, clásica-, los ilegales que en diciembre del noventa y tres lo eran y hoy ya no lo son. El 60% de explotaciones a cielo abierto -según el Consejero de Economía- en el mes de diciembre eran ilegales en esta Región, y hoy han debido ustedes de hacer un gran trabajo, porque ya no están estos señores. Nosotros creemos que no puede ser; que si en diciembre había un 60% de explotaciones ilegales, sin duda ninguna, hoy una buena parte de ellas siguen en situación de ilegalidad.

Pero voy a referirme al tema de las sanciones. Se necesita, señor Director General, una ley para imponer sanciones. Y le ruego que nos comunique usted si en su intervención, al aludir a que están estudiando el procedimiento de sanción, nos comunica o nos anuncia usted una Ley de Inspección y Disciplina Minera, que a lo mejor había que establecer, pero que me temo que no tienen ustedes en cartera. ¿Cómo van a establecer ustedes el sistema de sanciones, si no contemplan ustedes a corto plazo el desarrollo normativo del tema de inspección y sanción minera? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Portavoz. Don Mario Amilivia tiene la palabra.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, volver a agradecer al Director General la información exhaustiva que ha dado a esta Comisión, y yo creo que es lo que todo el mundo -al menos del objeto de la comparecencia que nos trae aquí- debía esperar. Se trataba de conocer la situación concreta de las explotaciones a cielo abierto en esta Comunidad Autónoma. Y tengo que demostrar mi satisfacción, como todo el Grupo Popular, porque usted está dispuesto a dar el detalle concreto de cada situación de las distintas explotaciones a cielo abierto.

Y, efectivamente, es probable que no sea adecuado decir que hace seis meses el 60% de explotaciones fueran ilegales y hoy no. Podemos decir, quizá, que se encontraban en una situación de irregularidad administrativa y que hoy la Junta, al menos desde un punto de vista administrativo, está ejerciendo un control riguroso, de acuerdo con la legalidad, sobre el estado de esas explotaciones a cielo abierto. Es decir, que hoy no hay ni una sola explotación a cielo abierto que se escape del control de la Administración Autonómica... ¡hombre!, siempre puede haber alguna. Pero parece ser que, al menos, las que son producto de ese diagnóstico sí están contempladas en este momento en la actuación de la Administración Autonómica.

Y desde este punto de vista, pues, me queda también la posibilidad de congratularme desde este punto de vista. Porque, efectivamente, yo creo que lo que se reclamaba y se reclama de la Junta es que exista un control riguroso sobre cuál es el estado de las explotaciones a cielo abierto en nuestra Comunidad Autónoma. Y usted lo ha dicho: hay algunas que han pasado a la inactividad, hay otras que están en trámite de expropiación, hay otras que están en trámite de ejecución forzosa y hay otras que están siendo sometidas a un expediente sancionador.

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Y, si no me equivoco, usted ha dicho algo que nuestro Grupo también considera positivo, y es que hay que aumentar las sanciones. No ha dicho usted que no exista posibilidad de sancionar en este momento a las explotaciones a cielo abierto irregulares; lo que usted ha dicho -y, efectivamente, para ello será necesario modificar la legislación actual-, usted ha dicho que mantiene la tesis -que nuestro Grupo secunda- de aumentar las sanciones a las explotaciones irregulares, entre otras cosas porque, quizá, la fórmula coercitiva sea siempre la más eficaz, lamentablemente.

También hemos oído sus comentarios sobre la coordinación entre la Consejería de Medio Ambiente y la Consejería de Economía. Nuestro Grupo sabía que ahí los esfuerzos van en una buena dirección y que, hoy, dos intereses -como decía en mi anterior intervención- que deben ser compatibles, como es una actividad industrial y el cuidado de medio ambiente, pues, se están compatibilizando de la mejor manera.

En cuanto a las llamadas explotaciones... perdón, restauraciones históricas, es decir, aquéllas que vienen sobrevenidas desde una situación en la que no había ni tan siquiera la presentación de un aval, nuestro Grupo también se quiere sumar a lo que han reclamado otros aquí, en el sentido de que la Junta haga un especial esfuerzo para afrontar ese tipo de situaciones medioambientales lamentables. Pero yo no sé cómo habrá que cuantificar eso, pero sí creo que es importante que la Junta de Castilla y León, desde este punto de vista, haga un importante esfuerzo, esfuerzo desde el punto de vista económico, esfuerzo, también, desde el punto de vista administrativo. Nos consta que la Fundación Santa Bárbara y que la Mina Escuela está ya abordando actuaciones en este sentido, que está formando técnicos en medio ambiente y que, incluso, se plantea ensayar, restaurando explotaciones, situaciones como las que acabo de mencionar. Pero nuestro Grupo no tiene ningún reparo -como he dicho antes- en señalar que ahí es necesario un esfuerzo especial de la Junta. Y, en todo caso y para todas las demás explotaciones, es evidente que el principio que todos debemos defender es no asumir responsabilidades que son única y exclusivamente responsabilidades de los explotadores.

Bien. En cuanto a las alusiones que ha habido en relación a los cupos y a los explosivos, ¡hombre!, yo quiero decir que no se puede decir que no es la Administración Autonómica la única responsable, en ningún caso; efectivamente, la Administración Autonómica es responsable a la hora de autorizar una explotación y a la hora de aprobar su plan de labores. Pero nosotros no tenemos ninguna participación en la actual Comisión de Seguimiento de contratación del carbón térmico, lo que conlleva un contrasentido, y es que determinadas empresas obtienen cupo de la Administración Central, cupo que sale de la responsabilidad y de la posibilidad de control de la propia Comunidad Autónoma. Eso es lo que deriva, después, actuaciones como las mencionadas. A lo mejor, efectivamente, desde un punto de vista empresarial, y desde un punto de vista de la Administración Central, y desde un punto de vista del mantenimiento de una empresa en un momento concreto, es necesario conceder ese cupo; pero ese cupo deben saber ustedes con claridad que no lo concede la Comunidad Autónoma, que, lamentablemente, no lo puede conceder la Comunidad Autónoma. Porque en el momento en que la Comunidad Autónoma tuviera capacidad para controlar quién tiene cupo y quién no tiene cupo, efectivamente, mejoraría mucho la situación de las explotaciones mineras en León y Palencia, y eso permitiría, desde luego, llevar a cabo, incluso, una política energética minera en nuestra propia Comunidad Autónoma.

Ustedes saben, en este sentido, que la Junta de Castilla y León va a presentar un Plan Energético Regional, lo que a nuestro Grupo la parece claramente positivo. Y, sin ir más lejos, que ha habido medidas que se han solicitado incluso con el acuerdo industrial para Castilla y León, como la creación de un Consejo de la Energía, donde estén los Consejeros de las Comunidades Autónomas y puedan opinar sobre aspectos como los mencionados.

Y en cuanto a quién sabe o quién no sabe qué explotaciones utilizan explosivos, ¡hombre!, hay una presunción, hay una presunción "iuris tantum", lógicamente, de que alguien puede estar utilizando explosivos concedidos por el Gobierno Civil; luego es el Gobierno Civil el que concede esos explosivos, es el Gobierno Civil el que debe comunicárselo, en su caso, al Ministerio Fiscal. La Junta de Castilla y León a lo que se debe limitar, en este caso -y denuncias ha habido, y ante el Fiscal también-, la Junta de Castilla y León a lo que se debe limitar es a lo que hoy nos ha explicado, yo creo que con claridad, el Director General de Minas: es a utilizar aquella información exhaustiva, producto del estudio que encargó a iniciativa propia la Junta de Castilla y León, de una manera absolutamente total; es decir, a intentar que no exista ninguna explotación que esté al margen del control de la Comunidad Autónoma, ninguna explotación que, por lo tanto, podamos considerar irregular desde el punto de vista administrativo. Esa actuación la hemos iniciado nosotros, esa actuación no la iniciaron otros cuando pudieron hacerla, y, en todo caso, estoy convencido de que todos los Grupos coinciden en que en este tema se está avanzando, por iniciativa de la Junta, de una manera importante, desde la situación en que nos encontrábamos hace escasos años. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Portavoz. Tiene la palabra, señor Director.

CIFUENTES GONZALEZ

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EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (SEÑOR CIFUENTES GONZALEZ): Bueno. En cuento a los cupos sólo para interior, que aquí se ha debatido, he de decir que la Administración Central no solamente concede cupos para interior. Hay cupos... Hay lo que se llama el primer segmento y el segundo segmento. El primer segmento es al precio P0, que es el 100% del precio de referencia; el segundo segmento es para carbón de cielo abierto. Luego hay cupos también para explotaciones a cielo abierto; o sea, que el que es el segundo segmento, que normalmente suele estar entre el 85% y el 90% del P0, es decir, del precio de referencia, que está en función del número de cenizas, volátiles, PCS, humedad y poder calorífico.

En cuanto a las explotaciones abandonadas desde hace otros años, precisamente hace dos o tres días tuvimos una reunión en la Fundación Santa Bárbara. En la Fundación Santa Bárbara -como Sus Señorías conocen, porque me consta que la han visitado con nosotros-, aparte de formar alumnos para la explotación de minería de interior y aparte de ensayos de investigación que se están haciendo de túneles en fuegos, etcétera, está un tema muy importante, que es el manejo de maquinaria de obras públicas; y ese manejo de maquinaria de obras públicas -por cierto, que está dando un resultado extraordinario, y los alumnos que de ahí salen se colocan estupendamente-, allí se les enseña a manejar las máquinas de movimiento de tierras. Y movimiento de tierras es lo que tiene el proceso de restauración. Y lo que se acordó en la reunión que hubo el otro día de la Fundación Santa Bárbara es que los alumnos que ya sepan manejar esas palas hagan prácticas restaurando determinadas explotaciones del entorno, explotaciones antiguas, en lugar de estar allí moviendo tierra y haciendo las operaciones que tienen que hacer allí. Es decir, que lo hagan "in situ", que los ayuntamientos de las zonas limítrofes a la Mina Escuela, y que se van a ir ampliando y se va a ir aumentando el radio, hagan esas restauraciones de cielo abierto, con la siembra adecuada, con el proceso adecuado de transferencia, que hagan las restauraciones adecuadas.

Es decir, que la Junta, a pesar de que el que deteriora o el que rompe paga, también, aparte de eso, está preocupada en que esas antiguas explotaciones, que, por desgracia, hay alguna, la Fundación Santa Bárbara, a través de los alumnos de la Mina Escuela, va a iniciar el proceso de restauración de estas escombreras y de estas zonas, para que el impacto visual, pues, sea el menos traumático posible.

En cuanto al endurecimiento de sanciones, pues, estas sanciones no son fáciles de establecer tan rápido, porque vienen determinadas en un reglamento industrial, del Ministerio de Industria. Es decir, que hay que endurecer las sanciones, estamos en ello, y estamos en el proceso de sacar un... no lo sé, un decreto, una ley, o lo que proceda, para el endurecimiento de las sanciones de aquellas explotaciones que no cumplan con las normas adecuadas. Porque se ha solicitado ya alguna vez, a la fuerza de orden público, en alguna explotación, y, efectivamente, ha ido la fuerza de orden público y se ha parado. Pero, ¿qué pasa? Que al marchar, al día siguiente se ha puesto otra vez en marcha. Es decir, que es un proceso en el cual, bueno, pues...

Que hay explotaciones... don Zenón dice que, claro, la explotaciones a cielo abierto son siempre rentables. Mire, don Zenón, son rentables algunas, otras no son rentables, ¿sabe usted de qué depende la rentabilidad de una explotación a cielo abierto? Del ratio de explotación, es decir, del número de toneladas brutas o extraídas por metro cúbico, ¿eh? Claro, del ratio de explotación depende la rentabilidad; hay algunas que no son rentables, otras sí son rentables, pero hay otras que no son rentables.

El cómo se hace la evaluación del impacto ambiental, pues, es la Consejería de Medio Ambiente la que realiza la evaluación de impacto ambiental -digamos- a requerimiento, para luego la Sección de Minas poder dar la autorización de explotación o no. Entonces, la evaluación de impacto ambiental la hace la Consejería de Medio Ambiente; ésta es la que nos dice si se autoriza, si no se autoriza, qué fases tiene que corregir en el proyecto que la empresa presentó, qué cosas no ve bien, qué cosas hay que mejorar, etcétera.

Yo tengo capacidad para insinuar el que sería útil, pero, claro, no tengo competencias para yo hacer una ley o un decreto que aumente considerablemente las sanciones que se pueden imponer a aquellas empresas, pues, que no cumplen la ley o que están irregularmente en funcionamiento.

Y, bueno, quiero agradecer al Portavoz del Grupo Popular que es el Portavoz que mejor me entiende y que mejor hace uso de las cosas que yo digo aquí. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, gracias, señor Director General. Se ha acabado el turno de Portavoces y tienen la palabra aquellos... para hacer preguntas u observaciones, aquellos Procuradores que lo deseen que no sean Portavoces; don Jaime, don Antonio, don Demetrio, don Jesús Abad, no hay ningún otro. Tiene la palabra, en primer lugar, don Jaime González.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: En primer lugar, precisar que, efectivamente, en el día de antes de ayer, nos llegó al Grupo Parlamentario Socialista, por una llamada previa que había sido consecuencia, además, de una denuncia en el Pleno, y de otra llamada previa, etcétera, el célebre estudio del ochenta... del noventa y tres, en el que se hablaba de la situación del sector minero a cielo abierto en Castilla y León. Igualmente, congratularme de que el Portavoz del Grupo Popular no puede intervenir, porque así ya no me puede contestar, tendrá que ser el Director General el que nos conteste, en lugar del que, parece que tiene vocación de Subdirector General, a veces, o de Consejero, porque unas veces corrige y otras veces enmienda; por lo tanto, de alguna de las dos cosas será.

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Dicho lo cual, a mí me gustaría preguntarle lo siguiente. Por dejar precisas algunas cuestiones que además parecen que han quedado en el aire. ¿Es cierto que este estudio dice que, a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, existían treinta explotaciones ilegales en Castilla y León, o sea, el 60%, y lo dice textualmente? Si yo puedo, hacerle ... formular todas las preguntas, y al final puede contestar una a una, o lo que el Presidente desee. Si quiere formulo todas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Todas mejor, don Jaime.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Van a ser muchas, por lo tanto, le ruego que tome nota, porque no me gustaría se le olvidara alguna, porque, entonces, se la tengo que volver a formular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Ya sabe que tiene el tiempo tasado, y, por lo tanto, las preguntas que pueda hacer depende de la rapidez con la que las haga.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Señor Presidente, yo creo que el tiempo tasado, no, la pregunta puedo hacer las que quiera, siempre que sean preguntas.

¿Cuál ha sido... es cierto que el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres existían trece explotaciones que no conocían ni siquiera su nivel de reservas? ¿Es cierto que a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres existían diecisiete explotaciones que no conocían siquiera su ritmo de explotación? ¿Es cierto que a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres la tercera parte de las explotaciones no sabían la cantidad que iban a producir anualmente? ¿Cuántas denuncias ha realizado la Junta de Castilla y León a empresas que hayan utilizado explosivos, suministrados por la Guardia Civil, al amparo de peticiones para explotaciones de interior -que es en el 95% de los casos como obtienen los explosivos-, en explotaciones a cielo abierto ilegales, cuántas denuncias ha formulado en concreto la Junta de Castilla y León? ¿Es cierto que se producen abandonos de esas explotaciones, incluidas las instalaciones, incluido el material que se deposita en la propia instalación como chatarra, quedando allí para siempre? ¿Valdesamario, La Espina? ¿En cuántos casos no se ha remitido el proyecto de restauración de impacto ambiental a la Consejería de Medio Ambiente? ¿En cuántos casos no se ha remitido el estudio de impacto ambiental a la Consejería de Medio Ambiente para su informe y aprobación? ¿En cuántos casos, habiéndose remitido, ha pasado un mes, no se ha producido contestación y, por lo tanto se ha aprobado el Proyecto de restauración por silencio administrativo? ¿Es cierto que a veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres faltaban técnicos a pie de obra para dirigir proyectos, interpretar desviaciones y vigilar la seguridad de las explotaciones? ¿Es cierto que usted, en declaraciones a la prensa, justificó que los empresarios empezaran las explotaciones sin permiso en base a la lentitud en la tramitación administrativa, de la cual es usted responsable?

Háblenos usted por favor, de un permiso de investigación en Muñeca, Ayuntamiento de Guardo. Porque usted nos habla de explotaciones, no nos habla de las explotaciones de... de las autorizaciones para investigar que son explotaciones a cielo abierto de las que se saca carbón y se llevan a término. En Muñeca (Guardo), en concreto, me alegro... le agradezco al señor Presidente su labor de interprete, pero, si es necesario, repito la pregunta. Voy a esperar a que acaben, porque es que si no, no me entiende y, entonces, tengo que repetirlo, y pierdo mucho tiempo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Señor González, nadie le ha impedido continuar...

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: No, pero es que a mi me gusta, señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Si no ha terminado...

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Con su permiso...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Si no ha terminado, puede seguir.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Es que si el Presidente está hablando con el interviniente, pues, no me va a escuchar y se va... Por eso paro, no por otra razón.

¿Cómo está la explotación que él ha definido del paquete superior -que no sé a qué se refiere-, en una explotación que hay en Barruelo de Santullán o Brañosera? ¿Cuándo va a salir su declaración de impacto ambiental? ¿En qué sentido es esa declaración de impacto ambiental?

Se ha referido expresamente como un ejemplo de gestión al tema de las dolomías en Villafeliz de Babia, en concreto. Yo quiero saber cuándo se ha producido la declaración de impacto ambiental en ese tema. Porque él ha dicho que la declaración de impacto ambiental es negativa, y como ha sido negativa no se sigue con esa evaluación. ¿Cuándo se ha producido la declaración de impacto ambiental en las dolomías de Villafeliz de Babia? Porque tengo un sumo interés además; yo he sido autor de dos Proposiciones No de Ley, en concreto, en esa materia; por tanto, tendría sumo interés en saber cuándo se ha producido esa declaración de impacto ambiental que yo no conozco.

¿Quién controla, en estos momentos, la gran corta de Fabero, qué empresa?

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Es evidente que el Gobierno socialista estuvo desde el ochenta y tres al ochenta y siete, la... el Gobierno conservador en esta Comunidad desde el ochenta y siete hasta ahora. Han tardado siete años en hacer un estudio para conocer la situación de las explotaciones a cielo abierto en Castilla y León. ¿Le parece a usted un ritmo adecuado tardar seis años en encargar un estudio del asunto? ¿Cuánto costó ese estudio encargado a EPM, Sociedad Anónima y cuál fue su sistema de adjudicación? ¿Qué empresas en concreto tienen cupo, no están autorizadas y están explotando?

Y, por último, yo tenía sumo interés en que me explicara la actuación de la Junta en tres expedientes judiciales; en concreto: las diligencias previas, 801/93, por prevaricación, contra un funcionario de la Junta por haber emitido certificaciones falsas, entablada por una asociación de vecinos afectada en el lugar. Y, en concreto, las previas números 775/93 y 531/93 en los juzgados números 2 y 5 de Ponferrada.

Ya que hablamos tanto de la coordinación, a mí me gustaría que me precisara que la Administración Medioambiental, como le gusta decir a don Víctor, el Portavoz en Medioambiente, tiene una multitud de guardas repartidos por el territorio de la Comunidad. ¿Qué sistema de conexión existe, de manera que las denuncias formuladas por los agentes forestales no sólo vayan a Medio Ambiente, cuestión que sucede, sino también a Economía, cuestión que no sucede, con lo cual no existe una vía de permeabilidad y de trasvase de esas autorizaciones? Me gustaría saber si se va a tomar algún tipo de medida en esa materia.

La ejecución subsidiaria de las restauraciones, existía en el decreto que estaba en vigor en esta Comunidad Autónoma hasta que se promulgó el 224/91. Era obligatoria. El 224/91 eliminó esa obligatoriedad y sustituyó la palabra "restaurará subsidiariamente" por "podrá restaurar". Y a mí me gustaría saber si el señor Director General es partidario de que, a la vista de lo que sucede, se mantenga esa posibilidad de que la Junta restaure subsidiariamente o volver a lo anterior, que es que la Junta restaurará obligatoriamente y subsidiariamente cuando se produzca un abandono de una empresa de una explotación.

¿Cómo se sigue el sistema actual de afianzamiento de los planes de restauración? ¿Se hace a plazos?, ¿por el total? Y vista como está la cuestión, en el que multitud de empresas explotan y se marchan, si la Junta ha pensado en algún sistema que garantice que, por lo menos, la fianza sobre el total de la restauración, sobre el total de la restauración, se deposite en el primer momento, incluso con la solicitud de explotación, para garantizarse así que no hay un... que la Junta de Castilla y León no tiene que gastar dinero público en ello.

¿Cuál ha sido la razón para la paralización del cielo abierto de Robles de Laciana? Cuestión que, evidentemente, el señor Director General conoce seguramente. ¿La concesión de un cupo de exterior autoriza a explotar o, a pesar de todo ello, la Junta de Castilla y León tiene que autorizar la explotación, aunque la empresa tenga cupo? Repito la pregunta: ¿la concesión de un cupo significa autorización inmediata para explotar o, por el contrario, a pesar de que uno tenga cupo, tiene que solicitar las autorizaciones pertinentes a los ayuntamientos, etcétera? Porque parece deducirse de alguna intervención que la simple tenencia de cupo autoriza la explotación. Y a mí me parece razonable que es evidente que se puede conceder un cupo a una empresa, pero que eso no le impide y le obliga, además, a recabar todas las informaciones. Luego, ninguna empresa que tenga cupo está autorizada a explotar a mi juicio directamente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias. Tiene la palabra, para formular preguntas, don Demetrio Alfonso.

ALFONSO CANEDO

EL SEÑOR ALFONSO CANEDO: Gracias, señor Presidente, yo muchísimo más breve. Aunque, previas a las preguntas, sí quisiera hacer algunos antecedentes. Yo al menos le animaría al señor Director General a que buscase la coordinación con otras instituciones o con otras entidades, y, en este momento, estoy pensando fundamentalmente en los ayuntamientos y en las juntas vecinales.

Creo que eso le evitaría grandes problemas a la Comunidad Autónoma y a la Junta de Castilla y León de forma especial. Primero, porque, independientemente, independientemente de todas las autorizaciones preceptivas que tiene que emitir la propia Administración autonómica, hay una serie de autorizaciones que se suelen obviar, se suelen obviar, como suelen ser las autorizaciones que tienen que emitir los propios ayuntamientos, pero que ya algún compañero de mi Grupo en su exposición adelantaba de que probablemente la mayoría de los municipios, por su mínima entidad, carecen de los medios técnicos y del asesoramiento jurídico necesario para poder exigir el cumplimiento de esa normativa. Y la realidad de los hechos es que la mayor parte de las empresas o empresarios que vayan a ejecutar una explotación a cielo abierto empiezan normalmente, empiezan normalmente hablando con los vecinos o con los presidentes de las juntas vecinales, porque entienden ellos de que, disponiendo del visto bueno de la ocupación del monte por parte de la entidad local, automáticamente los demás permisos, o no son necesarios, o se dan ya por hechos. Por consiguiente, la mayor parte de las empresas el mayor esfuerzo lo dedican a conseguir las autorizaciones o los permisos de las juntas vecinales, porque, disponiéndose de ese visto bueno, a partir de ese momento ya se inicia la explotación. Y yo entiendo que eso es preocupante o profundamente preocupante.

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Profundamente preocupante, ¿por qué? Primero, ¿no considera el señor Director General que un desorden en las explotaciones mineras a cielo abierto puede estar en estos momentos hipotecando el futuro de la propia minería, porque, si no ejecutamos un profundo control de esa minería de cielo abierto -y yo prefiero hablar de minería a cielo abierto y no de explotaciones a cielo abierto, de minería a cielo abierto-, porque si no ejercemos ese control con un previo estudio de los ratios que usted ha hecho mención, de tal forma que las explotaciones vayan a sacar de verdad el máximo aprovechamiento a los yacimientos y a su vez que se cumplan con las toneladas permitidas y no se sobredimensionen esas explotaciones, no cree usted que estamos hipotecando el propio futuro de las explotaciones a cielo abierto y en gran medida o en su totalidad el futuro de la minería? Y yo le adelantaría: ¿no considera imprescindible una coordinación con otras instituciones: ayuntamientos y juntas vecinales? Y yo ya le hago mención que desde mi municipio ya el siete de abril, el siete de abril de mil novecientos noventa y dos ya se adoptaba un acuerdo en esa línea, ofreciendo un convenio de colaboración entre ayuntamiento y Junta de Castilla y León para ejercer ese control y ese seguimiento de esas explotaciones a cielo abierto, porque todos estamos interesados, pero los que vivimos próximos a las explotaciones mineras a cielo abierto más, más que nadie.

Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Demetrio... Señor Alfonso, Demetrio Alfonso. Don Antonio Almarza tiene la palabra.

ALMARZA GONZALEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZALEZ: ...... hay algunas afirmaciones que me han causado bastante sorpresa, y una de ellas es que el Director General nos dice que hay tres explotaciones en Palencia que tienen unos avales constituidos de 14.000.000, 6.000.000 y 3.000.000, respectivamente, en tres explotaciones que llevan una duración de diez años. ¿Cree el señor Director General que tienen suficiente entidad estas cantidades para restaurar las explotaciones a cielo abierto que se están realizando durante diez años?

Y otra pregunta más, que también me sorprende bastante, aunque ha sido la primera afirmación que ha hecho el Director General y yo, que trabajo en el sector, creo que no se corresponde con la realidad existente, por lo menos en la provincia de León y supongo que también en la provincia de Palencia. Dice que los beneficios que generan los cielos abiertos o que deben generar los cielos abiertos, que, si no, no se explotan -tengan en cuenta que no se van a explotar cielos abiertos que no generen beneficios-, van a redundar en beneficio del sector subterráneo y del mantenimiento del empleo, o por lo menos la subsistencia de la minería subterránea. ¿Cree de verdad el señor Director General que esos beneficios se van a reinvertir en el mantenimiento de los puestos de trabajo en la minería subterránea?

Y una pregunta más. Manifiesta el Director General que todos los permisos que da la Junta vienen informados desde los ayuntamientos o tienen el preceptivo permiso municipal. ¿Cuántos cielos abiertos tienen la licencia municipal en estos momentos para su explotación?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Procurador. Don Jesús Abad.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias. Se dice algunas veces que "dura lex sed lex, secundum lex", esto es: la ley es dura, pero al fin es ley y es para cumplirla. Evidentemente, aquí, bueno, pues, se han querido manifestar una serie de opiniones, como, lógicamente, no podía ser de otra manera, y, claro, hay, como se termina de decir por mis antecesores, los Procuradores que han intervenido, distintas actuaciones -valga la redundancia- de las distintas administraciones. Entonces, yo entiendo que, bueno, desde un punto de vista ecléctico, es decir, desde una postura conciliadora, que en este caso le toca hacer a la Junta de Castilla y León, a mí también me gustaría ceñirme y realizar las siguientes preguntas.

Primera. ¿La Junta de Castilla y León y el Gobierno Civil tienen una coordinación suficiente y una información adecuada da el Gobierno Civil a la Junta de Castilla y León respecto del uso de explosivos?

Segunda. Sería conveniente -pregunto- que el gran esfuerzo que está haciendo la fundación "Santa Bárbara" a través de la mina-escuela, en esa extraordinaria restauración que se está haciendo, pregunto: ¿sería conveniente dar a conocer a todos los empresarios, tanto de la provincia de León como de Palencia y otros de la Comunidad Autónoma, el gran esfuerzo que allí se está haciendo, incluso "in situ"?

Tercera pregunta. ¿Colabora realmente la Administración Central -y digo bien, la Administración Central- en valorar suficientemente y desde el punto de vista económico y del medioambiental con la Junta de Castilla y León una serie de actuaciones mineras?

El Estudio de la Diputación de León..., perdón, ¿tiene conocimiento la Junta de Castilla y León del estudio que ha realizado la Diputación de León, le ha facilitado y tiene conocimiento también la Junta de la época que abarca este estudio?

Otra pregunta. ¿Colabora el Ministerio Fiscal como una institución pública que, entre otras muchas cosas, tiene por objeto ejercer la acción civil y penal? Y puesto que actualmente el Código Penal español tipifica el delito ecológico, ¿informa, informa el Ministerio Fiscal de determinadas actuaciones irregulares que se puedan cometer a la Junta de Castilla y León?

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Y última pregunta. ¿Todas las Administraciones -y digo todas: Central, Local, en sus tres ámbitos, Provincial, Municipal propiamente dicho (ayuntamientos) y Juntas Vecinales- colaboran con la Junta de Castilla y León en detectar posibles irregularidades y, a su vez, ayudan a que se corrijan los posibles defectos?

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias. Para contestar a estas preguntas que se han planteado, tiene la palabra el señor Director General, advirtiéndole que si tiene dificultad para hacerlo, por la rapidez con la que se han planteado, pues, queda a su criterio el volver a hacer la pregunta el...

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Es una cuestión de orden. Y Dios me libre intentar suplantar ahora al Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Un momento, por favor. ¿Desea intervenir?

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí, para una cuestión de orden..., para una cuestión reglamentaria.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ¿Por qué motivo? Don Mario, ¿desea intervenir?

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí, sí, sí.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ¿Por qué motivo?

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Sí. Le estoy diciendo que para una cuestión reglamentaria. Para reclamar de la Presidencia el cumplimiento del Reglamento, y para ello puedo hacerlo en cualquier momento. Sí, me explico, por lo siguiente. Yo entiendo que las preguntas que formulan los miembros de la Comisión tras la intervención de los Portavoces deben estar relacionadas con las intervenciones previas de los Portavoces y no abrir de nuevo un debate distinto. Entonces, podríamos intervenir todos.

Y segundo... Sí. Y, segundo, tengo que decir que las preguntas deben ser sobre el objeto de la comparecencia, y aquí ha habido muchas preguntas que exceden claramente el objeto de esta comparecencia y traen a colación asuntos posiblemente colaterales, pero no objeto de esta comparecencia.

Por lo tanto, y sin entrar en el fondo del asunto, me parece que eso debe quedar en acta reflejado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Muchas gracias, don Mario. Tiene la palabra el señor Director General para contestar a lo que pueda y haya entendido en las preguntas.

CIFUENTES GONZALEZ

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (SEÑOR CIFUENTES GONZALEZ): Vamos a ver. En cuanto a lo que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): ....... contestando a la cuestión reglamentaria planteada, doy lectura al punto 4 del Artículo 142 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, que dice lo siguiente: "El desarrollo de la sesión constará de las siguientes fases: exposición oral del compareciente, suspensión por un tiempo mínimo de quince minutos para que los Grupos Parlamentarios y Procuradores puedan preparar la formulación de preguntas u observaciones y posterior contestación de estas por el miembro o alto cargo de la Junta. Podrán utilizar sendos turnos de réplica y dúplica. Intervendrán primero los Grupos Parlamentarios, a continuación los Procuradores de la Comisión que no hayan actuado como Portavoces de los Grupos y finalmente los Procuradores presentes que no sean miembros de la Comisión".

Entiendo que con esta lectura queda absolutamente clara y contestada la cuestión reglamentaria que se ha planteado.

Tiene la palabra el señor Director General para contestar.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Señor Presidente, querría hacer una puntualización reglamentaria, si es tan amable. Es más, yo solicitaría, si es posible, que se cortase un momento la grabación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Se suspende la sesión durante un minuto.

(Se suspende la sesión a las diecinueve horas cincuenta minutos, y se reanuda a las diecinueve horas cincuenta y dos minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Se reanuda la sesión. Tiene la palabra el señor Director General para contestar a las preguntas planteadas.

CIFUENTES GONZALEZ

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (SEÑOR CIFUENTES GONZALEZ): Bueno. En cuanto a lo que dice el informe este realizado en octubre de mil novecientos noventa y tres, evidentemente, es lo que dice el estudio, lo que hay, para eso se mandó hacer. Este estudio fue... lo conoce la opinión pública. Lo que sí tengo que decir es que la situación que hay hoy de los cielos abiertos es la que yo he manifestado en mi segunda intervención.

En cuanto a que si se ha remitido a la Consejería de Medio Ambiente el proyecto de impacto ambiental, se han remitido todos los impactos ambientales que se han presentado para autorizaciones de cielo abierto a la Consejería de Medio Ambiente.

(-p.9275-)

Si faltaban técnicos el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y tres, evidentemente, alguno podría faltar, pero hoy puedo garantizar que el Servicio de Minas del Bierzo está al completo porque se han rellenado las plazas con unas oposiciones que se han celebrado recientemente y en este momento los técnicos que hay allí son suficientemente competentes y entienden de minería para vigilar todas estas explotaciones a cielo abierto.

En cuanto al permiso de Muñeca, ese permiso está..., esa explotación en este momento está parada.

En cuanto a Barruelo-Brañosera, el paquete de capas y tal, claro, yo comprendo que eso de paquete de capas ya, claro, son cosas un poco tal... En este momento no tiene la evaluación de impacto ambiental... no tiene autorización, digamos, por evaluación de impacto ambiental, con lo cual, en este momento, esa explotación está parada.

¿En cuanto a quién controla la corta de Fabero? Pues, la corta de Fabero la controlan ahora los Ayuntamientos, porque cobran buenos dineros por cada cantidad de tonelada que se extrae de allí.

¿Cuánto costó el estudio de explotaciones a cielo abierto? Pues, este estudio se sacó a pública subasta entre varias empresas, adjudicándoselo a "Estudios y Proyectos Mineros", y costó... pues, no lo sé la cifra ahora en este momento, pero creo recordar que fue alrededor de 3.000.000 de pesetas.

Prevaricación de un funcionario de la Junta. Eso es una cuestión que los jueces tienen la palabra, y yo no soy competente para decir si prevaricó o dejó de prevaricar... ¿eh?... Bueno.

Medio Ambiente, si denuncian los guardas forestales a medio ambiente y si se establece algún tipo de medidas de coordinación. Sería... veo bien y sería conveniente que los guardas forestales, pues, también informaran a la Sección de Minas de Ponferrada, cuando detectan alguna anormalidad en cuanto a las explotaciones a cielo abierto.

Restaurar las explotaciones de cielo abierto. Pues, se restauran con un aval que la empresa deja para que, si la empresa, por "hache" o por "b", quiebra, o da suspensión de pagos, o abandona la explotación, lo pueda restaurar la Administración, con el aval que deja. Aval que no hay ningún misterio, hay fijado un tanto por hectárea y, bueno, pues, según la ocupación que pueda tener del monte, así deposita ese aval.

El cielo abierto de Robles de la Junta de Laciana. Ese cielo abierto está parado, porque la Junta Vecinal de Robles de Laciana -y ya lo dije en mi anterior intervención- ha... bueno, se le ha plantado un recurso que se encuentra en el Tribunal Superior de Justicia, y será el Tribunal Superior de Justicia, a la vista del análisis de lo que propone la Minero Siderúrgica de Ponferrada para la explotación de ese cielo abierto, será el Tribunal Superior de Justicia quien diga si se debe explotar en esas condiciones en que se ha presentado ese proyecto, o no se debe explotar. Esto es una cuestión que el juez, pues, dilucidará.

¿La Junta puede no autorizar aunque tenga... aunque no tenga cupo? La Junta... esta pregunta... ¿La Junta puede no autorizar el cielo abierto aunque tenga cupo? Claro que puede no autorizar el cielo abierto aunque tenga cupo, si no cumple con la legalidad vigente. El que tenga cupo no es derecho de pernada para que pueda explotar a go-gó.

Esto... Teniendo la ocupación del monte no es suficiente para que se autorice un cielo abierto, porque, como digo, si bien hay que... hay que, también, bueno, consensuar y buscar los terrenos, y la gente cuando va, también, a realizar una explotación de cielo abierto, pues, consulta con la juntas vecinales y consulta con los Ayuntamientos, pues, bueno, llegan a un acuerdo; sucesivamente a llegar a ese acuerdo, presentan a la Junta el Plan de Explotación; la Junta lo primero que pide es qué tipo de monte es, qué tipo... de si tiene los terrenos comprados, si no los tiene, si está de acuerdo con la Junta vecinal, etcétera, etcétera.

La Junta de Castilla y León no le comunica al Gobierno Civil cuando una empresa solicita explosivos. Es decir, la Junta de Castilla y León no se lo comunica.

La Fundación Santa Bárbara. Bueno, pues, la Fundación Santa Bárbara, pues, yo creo que esta Comisión de Industria fue invitada por mí a visitar esta Fundación; la pena es que no hayan... no la conozcan algunos Procuradores de los que aquí se encuentran. Pero, claro, sería digno de conocer, sería digno de ver la función que está haciendo. Y, bueno, creo que se va a dar ahora el suficiente conocimiento de esta Fundación, porque es la única que hay en España y, por supuesto... me parece que es la segunda que hay en Europa.

La Junta no tiene conocimiento de la época en que se ha hecho el estudio de la Diputación, de los cielos abiertos. Es decir, cuándo se ha empezado ese estudio de los cielos abiertos. ¿Desde cuándo? Eso yo no lo sé, no lo sé; tengo que decirlo.

Y bueno, creo que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Director. Para réplica, tiene la palabra don Jaime González.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Sí, señor Presidente.

(-p.9276-)

La verdad es que no tiene réplica lo que ha dicho, porque, realmente, yo creo que ha contestado a pocas de las preguntas que le he hecho. Le voy a reformular algunas, porque yo entiendo que, como fueron bastantes, pues puede habérsele traspapelado; sin mala intención, alguna, seguro.

Le he preguntado qué empresas tienen cupo, no están autorizadas y están explotando... Si eso me lo dice al principio, yo se lo hubiera dicho más despacio. Incluso, a lo mejor, prefiere contestar una a una: ¿qué empresas tienen cupo, no están autorizadas y están explotando?

Si alguna... admito también una solución. Si alguna pregunta le es de difícil contestación ahora, que lo puedo entender también, admito que me la conteste por escrito, siempre que sea en un plazo de tiempo razonable, no "ad calendas graecas". Lo digo por su compañero de Gobierno, don Francisco Jambrina, que dice lo mismo y después tarda como unos seis meses, o no contesta. Vamos, si es con buena fe, yo lo entiendo... No hay problema. Si...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Perdón, perdón. Don Jaime ¿ha terminado?

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: ¿Sigo?... No, no. Sí, sí, por favor. Sí, seguimos ya.

Muñeca, Guardo. Yo admito que esté parada ahora. Había un permiso de investigación, se llevaron el carbón y, como ya no hay carbón, ahora está parada; con un permiso de investigación. Se lo llevaron a térmica, bastantes camiones al día. ¿Qué expediente sancionador han puesto a esa empresa por haber, al amparo de un proyecto de investigación, haber explotado, haber trasladado a térmica y haber vendido el carbón?... Se lo repito, si quiere.

CIFUENTES GONZALEZ

EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (SEÑOR CIFUENTES GONZALEZ): Sí, sí, sí.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: ¡Ah, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, sí, sí, no! ¡Ya, ya, ya!.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Me va a perdonar, don Jaime, porque el Director General no está habituado a comparecer aquí, en las Cortes; sólo lo ha hecho una docena de veces. Pero, para que se produzcan turnos alternativos de intervención, esta Presidencia tiene que conceder la palabra. En este momento la tiene don Jaime, y, mientras nadie esté autorizado a tomarla, le ruego que continúe.

GONZALEZ GONZALEZ

EL SEÑOR GONZALEZ GONZALEZ: Muchas gracias, Presidente. Le agradezco su ayuda inestimable.

Yo, cuando le preguntaba... El ha afirmado que la explotación del paquete de arriba de Barruelo de Santullán, o superior, está parado por el proceso... porque la valoración de impacto ambiental es negativa. Y yo le insisto en la pregunta: ¿cuándo ha habido acuerdo de la Comisión Territorial de Evaluación de Impacto diciendo que esa declaración es negativa? ¿Cuándo se va a publicar? ¿Hay declaración de impacto ya? ¿Está redactada? Etcétera. Quiero que me conteste a eso. Porque lo de Barruelo de Santullán y Brañosera es una cuestión importante.

Dolomías. No me ha contestado en absoluto a cuándo se ha producido, como él ha dicho, una declaración de impacto negativa que impida para siempre la explotación de dolomías en Villafeliz de Babia. ¿Cuándo se ha producido esa declaración, cuándo?

No me ha contestado a cuál es la actuación de la Junta. No le pregunto si el funcionario prevaricó o no. ¿Qué ha hecho la Junta en las diligencias previas 801/93 contra...? A mí me consta que la Junta ha sido requerida y se ha personado en ese procedimiento. Y hay informes de la Junta. Y yo le pregunto qué es lo que dicen los informes. Si no lo conoce, dígalo, y me los manda por escrito; si yo se lo admito. Porque no se lo va a memorizar todo; si yo lo entiendo.

Igualmente con las diligencias previas 775/93, 775/93 y 531/93, en los Juzgados números 2 y 5 de Ponferrada.

No me ha dicho su opinión sobre recuperar, en el Decreto 224, o modificarlo, para que lo que hasta ese Decreto era ejecución subsidiaria obligatoria de los proyectos de restauración, cuando el explotador no lo hacía, se ha transformado, en ese Decreto, en voluntario. Porque el artículo 7 dice: El promotor está obligado a... tal; en caso de no hacerlo así, se adoptarán las oportunas medidas. Si en el momento... bueno, en algún sitio dice que la Junta no tiene obligación... "podrá", "podrá -ésa es la palabra exacta que emplea- restaurar subsidiariamente". Yo quiero saber si usted es partidario de mantener la no obligatoriedad de restaurar subsidiariamente, o si es partidario de que la Junta vuelva a restaurar obligatoriamente, subsidiariamente, cuando el explotador no lo hace, lo cual implicaría que la Junta tendría que hacer una modificación del Decreto y donde dice "podrá" tendrá que decir "restaurará". Eso no me lo ha explicado.

Y, respecto a las fianzas, usted me contesta lo que hay; y yo no le pregunto eso. Le pregunto su opinión ante la situación actual. Si su opinión es favorable, como responsable de la materia, a que se endurezca la política de fianzas y a que los explotadores depositen el total de la fianza por el total de la restauración desde el primer momento, para evitar huidas, abandonos, que al final son onerosos para la Administración; eso es lo que le pregunto. No le pregunto cómo está ahora; como está ahora, ya lo sé yo cómo está.

(-p.9277-)

Y no me contesta a que si es cierto, o si sigue pensando lo mismo, de que los empresarios pueden empezar las explotaciones sin permiso, porque la Administración es lenta -y esas son declaraciones que consta en "El País", que fueron motivo de una pregunta-, siendo usted el directo responsable de la Administración que es lenta. Porque, claro, decir que usted justifica a los empresarios porque la Administración es lenta, cuando es usted el lento, pues, parece mucho, parece mucho.

Entonces, esas son las preguntas que reitero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, don Jaime. Para réplica, tiene la palabra don Demetrio.

ALFONSO CANEDO

EL SEÑOR ALFONSO CANEDO: Gracias, señor Presidente.

Bien, tendré que formular de nuevo las preguntas, porque el Director General, pues, no ha tenido a bien darles una contestación. Aunque, previamente, sí quería decirle de que si los Ayuntamientos cobran un buen dinero, yo considero que tal vez lo ha dicho, pero sin que al señor Director General le moleste ni le incomode el que los Ayuntamientos traten -que no siempre consiguen-, traten el cobrar, única y exclusivamente, un impuesto de construcciones, instalaciones y obras, a las cuales también están sujetas estas obras que se llaman movimientos de tierras. Y que, concretamente, mi municipio tiene hasta una sentencia del Tribunal Supremo, donde ratifica que las empresas están obligadas a solicitar la correspondiente licencia municipal y a pagar los correspondientes impuestos. Y es, única y exclusivamente, lo que intentamos.

Y mi compañero Jaime le preguntaba, única y exclusivamente, si los trabajos de seguimiento y control de la gran corta de Fabero lo sigue realizando la empresa "Ingeniería y Gestión Técnica, Comunidad de Bienes", o existe otra, o no hay ninguna.

Yo le preguntaba si no sería oportuno la coordinación entre instituciones, porque, en definitiva, el objetivo creo que es común; el objetivo es común entre Ayuntamientos, Juntas Vecinales, Comunidad Autónoma. Una coordinación mayor para hacer ese seguimiento, ese control, porque, en definitiva, va a ser en beneficio de todos, va a ser en beneficio de todos.

Y, por otra parte, preguntaba si no considera el señor Director General que no hacer ese control puede hipotecar el futuro de la propia minería, en tanto en cuanto de que una explotación sobredimensionada de cielo abierto puede hacer que, en determinados momentos, haya empresarios que abandonen la preparación, que abandonen los trabajos de interior, y, en el momento que se finalice esa explotación a cielo abierto, no tengan el más mínimo interés en continuar con esa explotación subterránea.

Eran las preguntas que repito.

Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias. Tiene la palabra don Antonio Almarza.

ALMARZA GONZALEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZALEZ: Sí. Yo solamente reiterar una pregunta, que no me ha contestado, y que puede ser una opinión personal, como es la mía: si cree que los beneficios del cielo abierto repercuten en el mantenimiento de los puestos de trabajo subterráneos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, don Antonio. Para terminar el turno de réplica de Procuradores no Portavoces, tiene la palabra don Jesús Abad.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Sí, señor Presidente.

Quizás el criterio de nuestro planteamiento global de las cosas y nuestros planteamientos humanísticos, probablemente, choquen frontalmente con algunos aspectos netamente puntuales y estrictamente técnicos. Quisiera hacer esta precisión.

De aquí, probablemente, se haya querido ver por alguien que nuestra intervención primera de preguntas no correspondía, pues, a una serie de cuestiones. Y yo, como estoy seguro -segurísimo, además- que en los temas de cielo abierto el Ministerio Fiscal, repito otra vez -y también, si no se puede, que no se me conteste en este momento-, entiendo, estoy seguro que el Ministerio Fiscal tiene competencias en temas de esclarecer la legalidad y de cooperar a que se esclarezca, he querido decir y digo que desde el punto de vista de la Junta, de una postura difícil pero por otra parte ecléctica, es decir, conciliadora de todos los intereses, por eso preguntaba que si se colaboraba en este aspecto; y lo mismo... y me refiero respecto de los cielos abiertos; y lo mismo si el Gobierno Civil informa de los explosivos que cede para las explotaciones de cielo abierto; y lo mismo, y lo mismo si la Diputación de León había facilitado los estudios que respecto del cielo abierto... ha facilitado los estudios, repito, a la Junta de Castilla y León.

Y ya, por último, también pregunto que si otras Administraciones -Central y Municipal- han facilitado respecto del cielo abierto colaboración a la Junta de Castilla y León.

Muchas gracias. Y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Muchas gracias, don Jesús. Tiene la palabra el Director General para cerrar el turno con su dúplica.

CIFUENTES GONZALEZ

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EL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS (SEÑOR CIFUENTES GONZALEZ): Bueno, vamos a ver. En el tema de Dolomitas, yo no sé seguro si se ha presentado el impacto... la evaluación de impacto ambiental o no, pues no... no lo sé, no lo sé; vamos, no lo sé, no lo sé, vale, no lo sé.

En cuanto al tema de Barruelo, en cuanto al tema de Barruelo, es un expediente bastante complejo, bastante complicado. Sé que no tiene... la evaluación del impacto ambiental, creo recordar, no es positiva, por lo cual el tema está, pues, parado, no se está explotando el cielo abierto de Barruelo, correspondiente a Hullas de Barruelo, a HUBASA; o sea, la evaluación del impacto ambiental no es positiva con lo cual, pues, bueno, pues no se está explotando, eso está parado.

Empresas que suministran carbón. Bueno, empresas que suministran carbón, yo, realmente, yo realmente, yo realmente no tengo conocimiento de qué cupos de carbón, de qué cupos de carbón tiene el Ministerio de Industria, la Dirección General de Minas asignados a las empresas. Yo no sé qué cupos tienen. El Ministerio asigna unos cupos en virtud de unos planes estratégicos que las empresas tienen que presentar en el Ministerio de Industria; en virtud de eso, en virtud de una serie de parámetros como son reservas, como son puestos de trabajo, como son inversiones, como son maquinaria, ella asigna unos cupos de carbón a esas empresas. Yo no sé qué cupos... en este momento no sé qué cupos asigna la Administración a esas empresas, porque donde se asignan esos cupos es en la Comisión de Seguimiento. Y la Comisión de Seguimiento, la Comisión de Seguimiento la forman Carbounión, las empresas y las eléctricas; la Junta de Castilla y León no participa para nada.

En cuanto a los temas éstos que me hacen de tipo legal, de 775/93, que yo tomé nota aquí, y del 531/93, yo le rogaría a usted que si es tan amable me lo pasara por escrito y yo le puedo contestar cuando me entere de estos temas del... yo en este momento, claro...

Y aquella... Y la restauración, la restauración, pues, los avales que... yo pienso que se debe, hay que exigir a las empresas que dejen ese aval allí para que si se marchan con ese aval que dejan la Administración pueda restaurar aquel terreno.

En el tema de la gran corta de Fabero, cuando existía el acuerdo de la Cuenca Fabero-Sil, el seguimiento del acuerdo de la Cuenca de Fabero-Sil, la Junta hasta el mes de mayo o junio del año pasado llevaba un control de la explotación a cielo abierto que la hacía la empresa -creo recordar- Estudios Mineros, y como recientemente la cuenca de Fabero-Sil se ha reestructurado, como usted sabe, merced a que la Junta de Castilla y León ha apostado por el nivel de los puestos de trabajo, actualmente no se lleva control de lo que están extrayendo de la Cuenca de Fabero-Sil.

No obstante la desviación entre lo que puedan extraer y lo que extraigan tampoco es porque... grande y notoria, porque cuando se llevaba el control no había allá de quinientas toneladas arriba o abajo. Se venían a sacar, como usted sabe muy bien, entre diecinueve y veinte mil toneladas/mes. Y es... siguen en esta misma línea.

En cuanto a la... en cuanto a la colaboración de las Administraciones para... y la Junta de Castilla y León, he de decirle que salió una Ley hace poco que se aprobó en Cortes, Ley de Actividades Clasificadas. Esa Ley de Actividades Clasificadas no se podrá conceder ninguna autorización sin que previamente, sin que previamente el Ayuntamiento mande la declaración de apertura, haya solicitado la declaración de apertura a la empresa y haya abonado lo correspondiente en el Ayuntamiento a esa declaración de apertura.

Y, bueno, pues, yo no... es lo que tengo aquí anotado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ROJO MARTINEZ): Gracias, señor Director. No hay ningún Procurador que no sea miembro de la Comisión... Por lo tanto, se levanta la sesión.