DS(C) nº 326/3 del 28/6/1994

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Sí, señor Presidente. Por el Grupo Popular la señora San Segundo sustituye a don Javier León, don Carlos Rojo a don Vicente Orden, el señor Garabito a doña María Jesús Ruiz.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Muchas gracias. Por el Grupo Socialista me pasan una nota, según la que don Fernando Muñiz Albiac sustituye a doña Montserrat Martín. En los demás Grupos no hay sustituciones.

Ausente la secretaria, doy lectura al primer punto del Orden del Día, primero y único punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre: Irregularidades producidas en la utilización de locales cedidos por la Junta de Castilla y León a centrales sindicales. Investigaciones realizadas por la Junta de Castilla y León sobre las denuncias realizadas en torno al alquiler por parte de una central, de los locales cedidos a una empresa privada." Para hacer su exposición tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. En el Estatuto de los Trabajadores, en el Artículo 81 señala que: "En las empresas y centros de trabajo, siempre que sus características lo permitan, se pondrá a disposición de los delegados de personal o del comité de empresas un local adecuado en el que puedan desarrollar sus actividades y comunicarse con los trabajadores, así como uno o varios tablones de anuncios. Las posibles discrepancias se resolverán por la autoridad laboral previo informe de la inspección de trabajo". Estas normas de los estatutos... del Estatuto de los Trabajadores aplicadas a todos los funcionarios fueron complementadas por la normativa que rige la Ley de... la Ley de Libertad Sindical y la normativa que ha aplicado o que ha adecuado esta normativa a los funcionarios públicos. Con el fin de dar cumplimiento a esta normativa de carácter general, el día veintinueve de abril de mil novecientos noventa y uno se suscribe un pacto por los representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación de Castilla y León sobre desarrollo de la acción sindical de las juntas de personal y de asociaciones sindicales en esta Comunidad Autónoma... en esta Administración, no en esta Comunidad Autónoma.

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Conforme a lo hasta ahora expuesto se cede a la sección sindical del CSIF el local número quince, pasaje de La Marquesina, del inmueble sito en la calle Ferrocarril número cuatro de Valladolid, del que la Junta de Castilla y León es arrendataria por contrato de fecha trece de abril de mil novecientos noventa y dos, suscrito con los legítimos propietarios, y precisamente suscritos con esta finalidad. En un periódico de esta ciudad, en "El Mundo", en sus ediciones de Castilla y León y Valladolid el día quince de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, expone la posible utilización incorrecta del local, por parte de la organización sindical CSIF, al cobrar mediante factura a la empresa Patrin S.A. la cantidad de 246.000 pesetas, incluido IVA, por la utilización del local.

Ante esta información, la Consejería de Presidencia el día dieciséis de mayo, es decir, al día siguiente, el Secretario General recaba a la central sindical para que remita informe sobre estas informaciones aparecidas en el citado medio de comunicación. En esta misma fecha, por parte de los servicios de la Consejería se efectúa visita a los locales del sindicato y se observa que la distribución interior del mismo no corresponde con la que tenía cuando se efectuó la entrega, se observa la existencia de carteles anunciadores de un programa de promoción de viviendas que están ubicados en la localidad de La Cistérniga, de Valladolid, y con fecha veinte de mayo la central sindical envía un escrito al Secretario General de la Consejería en el que se dice, en términos generales, lo siguiente:

"CSIF utiliza los locales concedidos por la Junta de Castilla y León en los estrictos términos que marca el pacto suscrito entre la Administración y sindicatos, en fecha veintinueve de abril del noventa y uno. CSIF es una organización que en sus prestaciones sindicales incluye la acción social, y, dentro de ella, como un servicio al afiliado, la de informar, orientación, gestionar y ultimar extremos, establecer contratos de colaboración para la promoción de viviendas para los mismos.

Para cubrir los objetivos expresados CSI-CSIF promueve a nivel del Estado la creación de cooperativa de viviendas EUROPRIN (Europea de Profesionales Independientes, Sociedad Cooperativa de Viviendas) con la que tiene suscrito un contrato de colaboración.

En la línea con lo anterior y quedando claro que de los servicios de sindicato se informa a todos los afiliados y simpatizantes desde todos los ámbitos y estructuras de nuestra organización, es lógico entender que en los locales cedidos por la Junta de Castilla y León, en la sede de CSI-CSIF, están a disposición de quien requiera información y atención nuestros servicios, incluidos los de vivienda.

Respecto a las graves e interesadas acusaciones que se vierten en el periódico "El Mundo" sobre nuestro sindicato, hay que indicar que Patrin S.A. es la gestora de algunas promociones de nuestra cooperativa; en ningún caso promotora. Como es conocido la Ley regula los porcentajes que corresponden por la cesión a este tipo de empresas y es de ese Porcentaje de donde Patrin S. A. entrega a CSIF, como compensación a los gastos ocasionados en el periodo de preparación y desarrollo de la promoción de viviendas, por la información, colaboración del personal, teléfono, propaganda, fotocopiadora, todo ello propiedad del sindicato y facturado por el mismo. La cantidad correspondiente, según contrato suscrito entre la cooperativa y esta organización.

Por error en la confección de recibos, que, por otra parte, son modelo estándar, se libra la cantidad citada durante los meses durante la promoción, y en ningún caso en otras oportunidades, dejando claro que nunca como sub-arriendo sino en concepto de compensación de los gastos mencionados.

Por todo ello es deseo de CSI-CSIF manifestar ante esta Junta que, en todo momento, la utilización de los locales es estrictamente la sindical, al mismo tiempo que debemos manifestar que no sólo no se financia irregularmente, ni por ninguna otra circunstancia ni por esta, sino que la claridad en su gestión está garantizada, para lo que ponemos a su disposición cuanta documentación estime conveniente."

La Asesoría Jurídica General, a petición de la Consejería, emitió un informe en el que fundamentalmente planteaba el problema desde dos puntos de vista. Lo decía en alguno de los párrafos del informe: "Sobre la posible utilización incorrecta debida... indebida o desviada del local sindical antes mencionado, la precisión de las actuaciones a realizar por esta Administración exige previamente definir cuáles son los derechos o intereses en juego que han podido ser vulnerados como consecuencia de esa posible actuación irregular, y que son dos: de una parte, el ejercicio de la libertad sindical, en la medida en que los actos realizados por la organización sindical implicada han podido exceder de legal, legítimo y justo desarrollo de esa libertad sindical, y el patrimonio de la Administración Autónoma, en la medida en que la misma es titular de un arrendamiento, en concepto de arrendataria, que puede verse afectado por los actos realizados por la organización sindical.

Desde el primer punto de vista, la posible realización de acciones u omisiones tipificadas en la Ley de Libertad Sindical, en la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social 8/88, de acuerdo con los Artículos 1, 2 y 51, conllevará la tramitación de un procedimiento sancionador, iniciado por Acta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante denuncia o a instancia de persona interesada, y resuelto por la autoridad laboral prevista en el Artículo 47. La autoridad laboral en este caso sería el Director Provincial de Trabajo, Director General de Trabajo, Ministro de Trabajo, según la cuantía de la sanción. En todo caso, si los actos no constituyen infracciones en el orden social, la aplicación del artículo 81 del Estatuto de los Trabajadores -con la que di comienzo a esta información- conlleva que las posibles discrepancias sobre los locales, sobre su utilización, sobre su adecuación a los fines para los que se entregó, se deben de resolver por la autoridad laboral, previo informe de la inspección de trabajo.

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Respecto a la afectación del patrimonio de la Comunidad autónoma, por resultar esta arrendataria del local en cuestión, la posibilidad de que los actos realizados por la organización sindical constituyan una cesión de uso a terceros, y sea a cambio de precio o de forma gratuita, puede justificar a voluntad del propietario, del propietario del local arrendado, la posible resolución del contrato de arrendamiento de fecha trece de abril de mil novecientos noventa y dos. La acreditación y valoración de los actos realizados por el sindicato, en ese caso, deberán realizarse mediante la tramitación de un expediente administrativo con los órganos gestores correspondientes a esta Administración".

Se plantean aquí los dos problemas fundamentales que pudieran resultar de esa posible actuación incorrecta, dependiendo de lo que pueda ocurrir con el informe que sobre... no sobre los hechos, porque los hechos están ahí, sino sobre la posible valoración jurídica en cuanto a los dos aspectos que hemos señalado a la hora de actuar... de las actuaciones que la Administración lleva a cabo.

Yo añadiría a eso un tercer supuesto, y era el supuesto que se refiere a las posibles... a la posibilidad de la resolución del contrato... no contrato, de la posibilidad de resolver la cesión como consecuencia del cumplimiento o incumplimiento del pacto. Hay que tener en cuenta que en el pacto citado con las centrales sindicales se obliga a la Administración a poner a disposición de las centrales sindicales, de las juntas de personal y de los comités de empresa unos locales y no hay ninguna compensación que se recoja de manera directa. Lo que sí que existe es que esa cesión se hace en virtud o para el cumplimiento de unas finalidades determinadas. El hecho de considerar estas finalidades como una de las contraprestaciones -vamos a llamar, en términos de derecho civil puro- de lo que puede corresponder o puede ser la obligación que tiene que cumplir, daría lugar a las actuaciones que con posterioridad se han llevado por la Consejería de Presidencia.

Teniendo en cuenta lo que hasta ahora se venía realizando, desde la Consejería de Presidencia se remite a la central sindical un escrito en el que, a la vista de los problemas planteados, se le pide que, con independencia de todos los problemas que puedan resultar, se insta a la organización sindical CSIF para que de forma inmediata deje de realizar cualquier actuación que sea del contenido del propio pacto, de veintinueve de abril de mil novecientos noventa y uno, suscrito por las representaciones de la Administración y de la organización sindical afectada en la mesa general de negociación sobre el desarrollo de la acción sindical, así como a que abandone cualquier signo interno o externo en el local sindical puesto a su disposición que exceda del ámbito del pacto ya mencionado, teniendo presente que la junta de personal y la sección sindical constituyen la legítima representación de los funcionarios públicos de la Administración de Castilla y León y sólo a estos, y con los derechos y deberes que frente a la Administración Autonómica, y únicamente respecto a esta surgen.

"Si en cualquier momento" -se seguía diciendo- "posterior a la recepción de la presente comunicación esta Administración tuviere conocimiento de que el local sindical fuera utilizado para actividades o fines distintos de los exclusivos, específicos y propios fijados en el mencionado pacto, se procederá a la inmediata resolución de la cesión de uso que está gozando y de todos los elementos y servicios a ellos inherentes". Criterio por el que se le da este previo aviso con carácter general y con justificante de recibo es porque, siguiendo la técnica de la resolución de los contratos, no se puede o no se produce la resolución de manera "ipso iure"; es necesario un previo requerimiento y el incumplimiento de las condiciones del requerimiento, o, en caso de incumplimiento de las condiciones del requerimiento, se podría producir o proceder a la resolución de la cesión que en primer momento se había llevado.

El día treinta y uno de mayo se presenta en la Dirección Provincial de Trabajo denuncia de esta Consejería contra la organización sindical, al amparo de los Artículos 1, 2 y 51 de la Ley 8 de mil novecientos ochenta y ocho, de siete de abril, sobre infracciones y sanciones a las que antes he hecho referencia. Y con fecha seis de junio de mil novecientos noventa y cuatro se recibe contestación a la Dirección Provincial de Trabajo acusando recibo del escrito y comunicando que da traslado del mismo a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social para que lleve a cabo las actuaciones correspondientes. En espera de lo que pueda resultar de esta inspección, podrían ocurrir dos cosas: una, que por la propia Inspección de Trabajo se entendiera que puede existir una infracción de las... de la actividad sindical, de la Ley de la Libertad Sindical, por una parte, lo cual daría lugar a una sanción por la propia Inspección de Trabajo, puesto que se trata de una actuación de carácter general, no propia sólo de la Administración, y una segunda parte que hiciera referencia única y exclusivamente a una interpretación sobre la discrepancia de la central sindical respecto a si la utilización de local era o no adecuada, que es la discrepancia que existe en este momento, a los fines a los que se había determinado.

En el primer caso (la infracción sindical), se seguiría por los trámites normales, que, no habiéndose producido todavía la transferencia en materia de trabajo, siguen siendo competencia de las Direcciones Provinciales de Trabajo y del Ministerio de Trabajo, como se dice en el informe, y que, en caso de que efectivamente hubiera una discrepancia y se resolviera, la Administración de Castilla y León tendría que iniciar un expediente para ver las posibles consecuencias de todo orden que se habían derivado de esta actuación.

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Pero la calificación previa, y porque así viene exigido por la Ley... el Estatuto de los Trabajadores y por las normas que regulan la Ley de Libertad Sindical y las normas sobre infracciones y sanciones, hemos de esperar a que sean estos quienes valoren y quienes decidan cuál es la naturaleza jurídica de los actos a resolver para poder decidir qué es la actuación que la Administración, en su caso, puede realizar. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Por acuerdo de los diferentes Portavoces proseguimos la sesión, sin acudir a la interrupción reglamentaria.

Para formular preguntas u observaciones sobre la intervención del Consejero, tiene la palabra, por el Grupo socialista, don Leandro Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente; gracias, señor Consejero, por esta información. Quizá, quizá las dos únicas dudas que faltaban por despejar, una era si la Junta de Castilla y León tenía conocimiento antes de que se produjera esta denuncia en un medio de comunicación de que esos locales de la central sindical CSIF estaban siendo utilizados para un uso que no era para el que se le habían concedido. Y la segunda pregunta que yo creo que faltaba por contestar era si la devolución... si se ha planteado en algún momento la Junta que, al ser un uso indebido de dinero público el que se estaba produciendo al alquilar los locales la Administración Regional para uso de una Central Sindical, y si esa Central Sindical, a su vez, los tenía cedidos a una empresa, a Patrin, Sociedad Anónima, en este concreto, rearrendados, para la promoción de ese tipo de viviendas, si es posible que esa parte, que además recibía como con una cantidad importante de dinero esta Central Sindical, se ha podido plantear la Administración Regional la posibilidad de exigirles la devolución de ese dinero, puesto que se trata de un dinero público no utilizado para el uso para el que en un principio estaba previsto.

Yo creo que de ese medio de comunicación sí que salen algunos datos. Por ejemplo, efectivamente, el que se reconoce que es un uso indebido de fondos públicos; que la Junta, efectivamente, tal y como ha dicho el señor Consejero, abre una investigación sobre la utilización de estos locales por parte de la Central Sindical Independiente de Funcionarios. Pero que en ningún caso, de todas las declaraciones que se hacen en días posteriores, en primer lugar, la Central Sindical citada reconoce que eso sea un uso indebido; incluso viene a decir que es una Central Sindical en la que predomina la claridad, la transparencia y la buena gestión en sus actuaciones. Y, en segundo lugar, incluso termina, en los últimos días, por... digamos, una amenaza velada a la propia Consejería de Presidencia y a la Junta de Castilla y León, en su conjunto, diciendo que eso sería coartar la libertad sindical, y diciendo, a continuación, que es lógico que una central sindical, que reconoce, que debe de reconocerse que esta es una parte de su patrimonio, y como tal se considera, no parte de patrimonio de la propia Administración, puesto que es quien paga los locales, sino parte del patrimonio -y así lo reconoce la Central Sindical CSIF-... es parte de su patrimonio la cesión de ese local sindical, al no estar utilizado ese local sindical para el uso que en principio debía de habérsele dado. Incluso se enfrenta a la Administración -entiéndame ese enfrentamiento entre comillas- diciendo que no tienen absolutamente nada más que alegar, que de ningún modo está de acuerdo con las declaraciones que han aparecido en los medios de comunicación; que todo lo más que llega a justificar esa central sindical es que ha habido una filtración interna de la propia central sindical, de una excompañera de esa central sindical, y que las únicas medidas que piensan adoptar son las de la persecución hacia la posible persona que haya filtrado esa información; y en ningún caso reconoce sus errores, en ningún caso le da la razón a la Administración, en ningún caso le da -y es mucho más grave- al medio de comunicación que lo denuncia, y en ningún caso recoge, entre las múltiples posibilidades que podría haber recogido como soluciones esa central sindical, la posibilidad de devolver a la Administración un dinero malgastado, irregularmente gastado, y que no dejaba de tratarse de un dinero público.

Efectivamente, en febrero... en el mes de abril de mil novecientos noventa y uno, se llega a un acuerdo con las centrales sindicales, por el que se las cede una serie de locales para su... el desarrollo sindical de cada una de ellas, en el ámbito de lo que es la Comunidad Autónoma; exclusivamente sindical y relacionado, exclusivamente y tal y como dice el acuerdo, con el personal funcionario y con el personal laboral de la Junta.

¿Es cierto que el Sindicato CSIF se financiaba, o, es más, se sigue financiando irregularmente mediante el realquiler de locales de la Junta a una promotora de viviendas Patrin, Sociedad Anónima, que tiene su sede central en el Paseo de Castellana, número 166, en Madrid?

¿Cuánto paga la Junta de Castilla y León por los locales correspondientes a la central sindical CSIF, situados en el Pasaje de la Marquesina, número 15?

¿Tiene la Central Sindical CSIF algún local pagado y cedido por la Junta de Castilla y León en el Pasaje de la Marquesina? Estoy seguro que me van a decir que sí, porque, en ese mismo medio de comunicación, aparecía la foto donde en la placa... la foto de la entrada a esos locales, y en la placa aparecía, entre otros, la central sindical mencionada.

Si esto es así, ¿por qué no se le informó a este Procurador cuando preguntó el número de lugares concedidos por la Junta de Castilla y León a las centrales sindicales, entre ellas la central sindical a la que estamos aludiendo, y se me contesta que les tiene en la calle Ferrocarril, número 4, en la calle Gamazo, número 7, tercero, para la Delegación Territorial, y otra serie de locales para los comités?

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Por cierto, por el de la calle Ferrocarril pagaba la Junta, aproximadamente, 110.000 pesetas/mes, por doscientos metros cuadrados; es decir, menos de la mitad de lo que esta central sindical estaba cobrando en el otro edificio a una promotora a la que le tenía cedida una parte importante de su local.

¿Es cierto que, aparte de esos locales ya señalados -Pasaje de la Marquesina, 19, con doscientos treinta y seis metros cuadrados; calle Gamazo, número 7, con noventa y cuatro metros cuadrados, para la Delegación Territorial y para la Junta de personal- tiene la Junta alquilados tres locales más en la calle Ferrocarril, cada uno de ellos de doscientos metros cuadrados, uno más de ciento trece metros cuadrados y otro más de ochenta metros cuadrados, para el Comité Intercentros? Con esta distribución de locales, ¿por qué se permite que el sindicato CSIF tuviera allí otras federaciones o áreas de su sindicato? En concreto, parece ser que los recibos de facturas que Patrin paga a esta central sindical están firmados, el recibí o el conforme, por una persona de ese sindicato dependiente de la federación de enseñanza, que no de la de servicios públicos.

¿Es cierto, por último, que el Jefe de Servicio de Régimen Interno, el señor Martín Luna -últimamente bastante mencionado por otras irregularidades- estuvo a finales del pasado año mil novecientos noventa y tres cambiando las líneas telefónicas -y así me consta, porque otras centrales sindicales me lo han reconocido, en concreto las de los Sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIF, CEMSATSE, USCAL y Comité Intercentros de Personal Laboral-, en esas mismas dependencias, y parece ser que no se dio cuenta de que esas dependencias en parte estaban utilizadas por una promotora de viviendas, Patrin, Sociedad Anónima, para un uso que nada tenía que ver con el desarrollo sindical de esta central sindical en esos momentos?

De todo ello este Procurador tiene los suficientes datos como para poder demostrar que esto era así, en contra de lo que en principio son las declaraciones de esa central sindical, incluso respaldadas por el Secretario General de la Consejería de Presidencia. Esa central sindical tenía, en la guía telefónica de Valladolid, su domiciliación y su número de teléfono ubicados en la misma... en la misma sede donde esa central sindical tenía un edificio, o un solar, cedido por la Administración Regional.

En los propios folios de uso interno de esta central sindical, se reconoce que el sector de la Administración Autonómica de Castilla y León de la Central Sindical Independiente de Funcionarios tiene su sede en el Pasaje de la Marquesina, número 7 -lo dicen ellos mismos-. Que la propia Unión Provincial, a su vez, tiene su sede, también, en el Pasaje de la Marquesina, con el mismo número de teléfono, con la misma línea de teléfono que estaba utilizando Patrin, Sociedad Anónima, y que, por todo ello, la empresa Patrin, Sociedad Anónima paga, mensualmente, 214.342 pesetas, más 32.151 por el 15% de IVA, a esta central sindical, y, a su vez, esta central sindical le factura a Patrin, Sociedad Anónima la cantidad de 48.777 pesetas por cuotas de servicios de teléfono del abonado 39 50 03 -por cierto, este número coincide con el que viene en la guía telefónica-, correspondiente a la factura girada por esta fecha por el uso del teléfono que esta promotora de viviendas hacía en los locales que tenía subarrendados por parte de esa Central Sindical, en el mismo edificio, en el mismo local que esa central sindical estaba utilizando, con dinero público, insisto, para el uso legítimo de sus relaciones sindicales.

Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Virgilio Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente.

Bien. Agradecer al señor Consejero su comparecencia y su información. Nos ha dado una valoración de cuál es la situación. También, parece ser que, aplicando la literalidad del convenio, es decir, aplicando el convenio de cesión con un carácter rígido, el uso que ha hecho CSIF de esos dos locales cedidos, pudiera trascender, digamos, la propia finalidad del convenio.

Aunque bien es cierto que, a mi juicio, no ha quedado clara la posición de la Consejería en algunas cuestiones. Por ejemplo, hay un escrito de CSIF que manifiesta... hace una serie de manifestaciones, que el señor Consejero... del cual nos ha dado cuenta. Pero ahí parece ser que manifiesta que el uso es sindical; bien es cierto que compartido con algún servicio propio de la organización sindical. Porque, evidentemente, todos sabemos que no es lo mismo subarrendar un local que compartir un local, que facturar una serie de gastos por uso compartido de distintos servicios de un sindicato, etcétera, etcétera.

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Yo no sé si la Consejería ha investigado si esas manifestaciones que hace CSIF en su escrito responden a la realidad o no; es decir, si esa promotora de viviendas tiene una vinculación clara, a nivel de cooperativa o de cualquier otro tipo, con esta central sindical. Porque yo entiendo que, con una interpretación generosa del convenio... que, a mi juicio, tratándose de sindicatos, siempre es bueno, porque, insisto, su capacidad financiera pues siempre es pequeña. Yo recuerdo que, en la Enmienda a los presupuestos, yo planteé discriminar positivamente a las organizaciones sindicales en cuanto a las ayudas con respecto a las organizaciones patronales, por entender que la capacidad financiera de los sindicatos de trabajadores siempre es menor. Y en principio yo, si ese uso fuese un uso compartido, de un servicio más del sindicato, no me parecería tan escandaloso como, en fin, parece ser que ha trascendido, con ese carácter de escándalo, de lucrarse indebidamente con la cesión de locales para un fin con otros fines, etcétera, etcétera.

Es decir, que yo creo que, aplicada la literalidad del convenio, efectivamente, parece que es improcedente ese uso. Pero, si se aplica con un carácter flexible y es cierto -que es lo que no me ha quedado claro- las manifestaciones del CSIF, pues, no parece que sea tan grave el asunto.

Por otra parte, creo que también sería conveniente saber si la Consejería, a raíz de esta denuncia objetiva, pues ha hecho una investigación del uso que se está haciendo por parte de otras organizaciones sindicales; que nadie interprete que se trata de una persecución individualizada contra un sindicato concreto. Y, vamos, lo digo sin ningún interés personal, porque yo no pertenezco a este sindicato.

Pero, digo, no sé si aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que ha resultado bastante escandaloso esta cuestión -no sé si con razón o sin ella-, bueno hubiera sido que la Consejería hubiese dicho: bueno, vamos a ver qué hacen las demás organizaciones sindicales en la forma de uso y gestión de los locales cedidos, si se ajustan a la literalidad del convenio o no se ajustan, y vamos a poner orden aplicando con rigor el convenio, o aplicando con flexibilidad el convenio para todos.

Hay un tema, sin embargo, que ha apuntado el Portavoz del Grupo Socialista, que el señor Consejero no ha dicho nada y sería interesante conocer: si, efectivamente, estas cesiones encubren una vía de financiación indirecta, al hacer cesiones, digamos, sobredimensionadas a las propias funciones de los sindicatos. Porque, claro, aquí estábamos hablando de un local que ha tenido este uso; pero existen otros muchos, al parecer, cedidos a otro sindicato, y no sé si a otros también, y, bueno, lo que sí sería procedente, en todo caso, es que la Junta de Castilla y León ceda, en virtud de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y en virtud del famoso convenio firmado con sindicatos, aquellos locales necesarios para que cumplan su función, incluso con esa flexibilidad que yo apuntaba. Pero sin pasarse, porque... es decir, sin ceder más de lo necesario, no vaya a ser... Porque estamos hablando de que, efectivamente, son locales, incluso, arrendados por la propia Junta de Castilla y León, lo cual implica, también, un coste añadido a la propia Administración.

Entonces, bueno es que se cedan -como decía- los locales necesarios para cumplir la función propia de los sindicatos, pero que esas cesiones no sean sobredimensionadas, propugnando, de alguna forma, que se comentan estas yo diría que pequeñas corruptelas o grandes corruptelas, no lo sé, porque no me ha quedado claro en el fondo. El señor Consejero ha dicho que ha remitido el tema a la Dirección Provincial de Trabajo, que es la competente en la materia, para que resuelva lo que proceda; que está a la espera de esa resolución. Pero -insisto- no nos ha manifestado si han contrastado, si las informaciones remitidas por el CSIF responden a la realidad o no responden a la realidad; es decir, si esa promotora de viviendas, de alguna forma, tiene una vinculación clara con CSIF, como un servicio más a sus afiliados o asociados, o es simplemente una promotora privada sin más, con ánimo de lucro, y, en la práctica, lo que se ha llevado a cabo ha sido un subarriendo o ha sido un compartir un local para los distintos servicios de un sindicato. Eso es lo que no ha quedado claro, porque el señor Consejero no ha dicho nada de eso.

A mí me gustaría que nos lo aclarase. Porque yo entiendo que si fuese un servicio más del sindicato y fuese un uso compartido, que colaborase -digamos- esta promotora de viviendas en los gastos de mantenimiento del local -como dice el escrito, al parecer, que yo he escuchado un poco, según lo leía el señor Consejero-, bueno, pues, para gasto de fotocopiadora, energía eléctrica, calefacción, no sé qué, incluso algún otro gasto propio de la gestión, etcétera, creo que si así fuese no lo vería tan grave, porque, además, es una práctica habitual de casi todos los sindicatos, que entre sus funciones tienen la de hacer promociones de viviendas como un servicio más a sus afiliados. Estamos en una época en la que los sindicatos no solamente son reivindicativos, sino son sindicatos que prestan servicios de múltiples tipos, de asesoramiento, de otro tipo de servicios a sus afiliados; y si esa vinculación fuese clara entre CSIF y esa promotora, pues, no vería que el tema fuese tan grave. Ahora, si en realidad se trata de una promotora privada, que paga una renta por hacer promociones libres, que no tienen una vinculación directa con el sindicato, el tema es diferente.

Pero a mí no me ha quedado claro de la exposición del señor Consejero, y si él tiene alguna noticia al respecto me gustaría que me lo aclarase. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Buiza. Por el Centro Democrático y Social, por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero, por su información. Y muy breve. Parece ser que lo que se facturaba mensualmente son dos cantidades: 210.000 más IVA -según el...- y cuarenta y tantas mil de uso telefónico. Yo creo que, independientemente de lo que resuelva la Dirección de Trabajo, la Consejería o la Junta lo que debe hacer es que ingrese en las arcas de la Junta las doscientas y pico mil pesetas más IVA -el hecho de facturar con IVA indica una contraprestación de arrendamiento- y deje como uso del teléfono las cuarenta y tantas mil pesetas que parece ser facturaban.

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Por tanto, yo creo que el camino es ejemplarizar que con los dineros públicos no se puede jugar. Y, en tanto, decirle al CSIF que todo lo que ha cobrado como renta y facturado con IVA lo ingrese en las arcas de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor de Fernando. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Jesús Abad.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, también dar las gracias al Consejero por su exposición -bajo nuestro criterio- clara.

En todo este asunto, queremos destacar que a nuestro Grupo nos congratula el observar cómo, a través de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, se ha actuado en este tema con rapidez y con contundencia. Es de destacar cómo aparece la noticia el día quince de mayo y el día uno de junio ya ha contestado la Inspección de Trabajo, una vez de haber seguido un trámite riguroso por parte de los órganos administrativos, en este caso por parte de la Consejería de Presidencia.

También el Consejero nos ha leído un informe que la propia central sindical que aquí estamos analizando remite, en la cual ella misma, implícitamente, bueno, reconoce que los actos que está realizando, pues, han podido exceder de la legalidad de un uso legítimo y un desarrollo justo de la actuación sindical.

Por otra parte, el informe jurídico que -según nos ha dicho el Consejero- han emitido los propios servicios ya dice que, bueno, se pueden haber incumplido algunos intereses en juego, se pueden haber vulnerado. Lo dice la propia central sindical.

Destacar, por nuestra parte, destacar -repetimos-, por nuestra parte, ese exquisito trato en el procedimiento, a la vez de la rapidez en las actuaciones, y también, y también el respeto máximo a la actividad sindical. Una cosa es que se analice, se estudie y se trate de depurar responsabilidades -suponiendo que las haya- y otra cosa bien distinta es seguir todo el trámite, rápido -como ha sido en este caso-, pero respetando todas las partes, como no podía ser de otra manera.

Nosotros también -y para terminar, porque no queremos alargar este tema, ya que el señor Consejero lo ha expresado francamente bien-, también, efectivamente, nos gustaría, nos gustaría que, si es posible, bueno, se diese un trato de rigor a toda la actividad sindical. Quiero decir que, bueno, como han dicho otros Portavoces, en el cual nosotros compartimos también la idea de que se tenga presente, por si todas las centrales sindicales cumplen con la normativa que en su momento pactaron con la Consejería.

Y, por otra parte, también solicitamos otro ruego al señor Consejero, que, una vez que la Inspección de Trabajo de Valladolid se manifieste al escrito de denuncia que la propia Consejería ha interpuesto ante el órgano competente, bueno, pues, si procede, se dé el paso siguiente procedimental y se llegue hasta el final del asunto.

Señor Consejero, nada más. Señor Presidente, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Abad. Para responder a las consideraciones de los diferentes Portavoces, tiene la palabra el señor Consejero.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Señor Presidente. Señorías. Yo creo que de las preguntas que han hecho todos los Grupos hay dos temas que quedan claros. Uno, que los hechos no los discute nadie y que, respecto a la actuación de la Junta, hay dos valoraciones: la de los Grupos que piensan que la Junta debió de hacer más cosas y las del Grupo Popular, que dice que la Junta lo que tiene que hacer es más cosas cuando termine la inspección. Bajo esos dos puntos de vista, yo quiero contestar uno por uno a cada uno de los Portavoces de los Grupos.

El Portavoz del PSOE, fundamentalmente, ha preparado o ha empezado diciendo que si tenía conocimiento antes de que apareciera en los medios de comunicación la utilización de estos locales por una promotora de viviendas. Le digo que no, porque, si hubiéramos tenido conocimiento, hubiéramos iniciado el mismo tipo de actuaciones que se inició inmediatamente de tenerlo.

Y, después, una segunda parte -aunque luego hay algunas complementarias-, que como ha habido un uso indebido de un dinero público, que lo que hay que hacer por la Administración es exigirles que reintegren el dinero que ha cobrado por esta cantidad en las arcas de la Administración Pública de Castilla y León. Al primero le he dicho que no, y al segundo le digo: yo no veo cómo podemos exigir que una cantidad que una promotora ha entregado a un sindicato, en virtud de un contrato, cómo podemos exigirle... en virtud de qué nosotros le podemos exigir que nos lo reintegre, sin previamente haber decidido qué tipo de actuación... o si la actuación que ha llevado a cabo es regular o irregular, para empezar; porque si fuera regular no tendríamos nada que hacer, pero no solamente respecto a las cantidades que ha cobrado, sino respecto a otras de las actuaciones que ha llevado a cabo. Y, en segundo lugar, que no se trata de un dinero público; el dinero que paga la promotora al sindicato es un dinero o debe de ser un dinero muy privado, porque si se hace entre una promotora y un sindicato, una organización sindical, que yo sepa, no es dinero público. Difícilmente podremos hacer nosotros uso de ese dinero, difícilmente podremos inmiscuirnos en las relaciones internas, regulares o irregulares -cosa en la que yo no voy a entrar- de ese sindicato.

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Otra cosa -y lo he dicho al final de mi informe- es que, una vez hecha la valoración por la autoridad laboral, después de haber emitido el informe la Inspección de Trabajo, una vez hecha esa valoración, y si la valoración diera lugar a una actuación irregular, nos planteemos qué posibles repercusiones puede tener el uso o la cesión de uso de la vivienda... del local. Nosotros tenemos obligación de ceder el local. No podemos pedirle el local porque sí, tenemos que limitarnos a seguir un trámite y ver si realmente... qué ha pasado. Y en el caso de haber incumplido, no con ninguna cláusula contractual -que no existe-, sino con una finalidad fundamental, que es a la que se dirige el uso de este local, tendremos que estudiar y plantearnos qué es lo que tenemos que pedir.

Yo creo que nunca el dinero que le ha dado -creo, tendremos que estudiarlo-, nunca el dinero que le ha entregado la promotora a CSIF. Lo único que tendríamos que hacer, en todo caso, sería, si le hemos hecho la cesión y la cesión no ha sido utilizada adecuadamente, el coste del arrendamiento de ese local durante el tiempo en que no se haya o desde el momento en que no se haya hecho; y posiblemente una indemnización de daños y perjuicios. Y digo que posiblemente los dos, pero yo creo que eso exige un estudio mucho más detenido que el simple hecho de decir: pídaselo usted. Primero, nosotros no tenemos la calificación de los hechos todavía; y, en segundo lugar, una vez que los hechos se califiquen, entraremos a estudiar cuáles son las actuaciones que la Administración tiene que llevar a cabo. No es dinero público las doscientas y pico mil pesetas; difícilmente pertenece a la Administración.

Y, a partir de ahí, ha empezado a hacer una serie de consideraciones de todo tipo en relación a las manifestaciones que hacía el medio de comunicación. Las manifestaciones y los datos que sacó el medio de comunicación son los que han servido para poner en marcha la Administración en este caso, no en otros -como usted ha insinuado- en los que la Administración ha iniciado sus actuaciones por su propia iniciativa y por conocimiento propio. Lo que pasa que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el señor Martín Puertas siempre -como buen Parlamentario de la oposición- aprovecha para dejar caer todo tipo de indicaciones demagógicas. En este caso, ha sido un medio quien lo ha sacado a la luz, en otros casos es la propia Junta quien averigua lo que pasa y lo pone en marcha.

Ha dicho usted que existen amenazas en el escrito. Yo no he visto ninguna amenaza. Lo que sí que existe es una discrepancia entre lo que pone el escrito del CSIF y lo que la Junta piensa que podía existir. ¿Por qué la Junta, teniendo posibles discrepancias con este escrito, no entra a decidir si la discrepancia es real o no y decidirse quién tiene razón de los dos? Pues, por algo tan sencillo... porque el Estatuto de los Trabajadores, en el Artículo 81, y todo el desarrollo normativo sobre esta materia, sobre la Ley de Libertad Sindical y sobre infracciones y sanciones lo prohibe terminantemente. Dice exactamente el Artículo 81 que "las posibles discrepancias se resolverán por la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo". Hasta que la Inspección de Trabajo no informe, la Dirección Provincial de Trabajo no puede manifestarse. Y mientras la Dirección Provincial de Trabajo no se manifieste, la Junta de Castilla y León no puede tomar la iniciativa por su cuenta, porque entonces sí estaríamos nosotros coaccionando la libertad sindical; sin haber tomado una postura fija, podríamos ser acusados, podríamos ser acusados de coaccionar la libertad sindical de un determinado sindicato. No nos queremos adelantar no porque no queramos, sino porque la Ley nos lo prohibe.

Al final... Luego continúa diciendo que si el CSIF se financia con cargo a estas aportaciones. Yo creo que se ha equivocado usted de interlocutor. Pregúntele al CSIF a ver, porque no es la Junta de Castilla y León quien tiene que mirar a ver si se financia o no se financia CSIF con estas aportaciones o con otras aportaciones. Yo creo que la Junta de Castilla y León no tiene por qué inmiscuirse en el funcionamiento del sindicato CSIF, salvo en aquellas relaciones que tenga con la Junta, en las que ya estamos en camino de ver qué es lo que pasa.

¿Cuál es la renta del local? Pues, mire usted, eso sí se lo puedo decir. Hay un contrato firmado el trece de abril de mil novecientos noventa y dos, en el que, por quinientos noventa y ocho metros cuadrados, se paga una renta mensual de 360.000 pesetas. Y esos seiscientos metros cuadrados se han distribuido o se distribuyen para Comisiones Obreras, para CSIF, para CEMSATSE y para el Comité Intercentros. Ahí están ubicados los locales que, con virtud... o en virtud del pacto del año noventa y uno, se han dan dado a todos estos... a todas estas centrales sindicales. 360.000 pesetas, seiscientos metros, de los cuales una parte corresponde, lógicamente, al CSIF, que le voy a decir cómo está distribuida o cómo tiene los locales, aunque no ha sido usted quien ha hecho la pregunta expresamente, pero le puede servir para sus datos.

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En los Servicios Centrales, UGT tiene doscientos treinta y seis metros en el Pasaje del Rincón de la Marquesina número diecinueve; Comisiones Obreras tiene doscientos metros en la calle Ferrocarril número cuatro; CSI-CSIF tiene doscientos metros en la calle Ferrocarril número cuatro; USO tiene ciento trece metros cuadrados en la calle Ferrocarril número cuatro; USCAL tiene setenta y cuatro metros en la calle Santiago número veinticinco; CEMSATSE tiene doscientos metros en la calle Ferrocarril número cuatro; el Comité de Empresa tiene ochenta metros en la calle Ferrocarril número cuatro. En los Servicios Centrales esa es la distribución de los locales que la Junta de Castilla y León ha puesto a disposición de las centrales sindicales en virtud de la aplicación del pacto. Luego contestaré al señor Buiza en virtud de qué criterios se hace la adjudicación de esos metros.

Sigue diciendo que si tiene un pasaje en el local de la Marquesina. Con la relación que he hecho de todos los locales que tienen todas las centrales sindicales, usted puede saber perfectamente -y, si no, se lo puedo decir posteriormente, si le interesa mucho- cuáles son los locales, repetírselo, cuál son los locales que tiene cada una de las centrales sindicales.

Que por qué no se informó, no se le informó al señor Procurador de estos datos. Yo le aconsejo que el señor Procurador lea la contestación que se hizo a su pregunta y la pregunta que él hizo. Y le aconsejo que, cuando hace manifestaciones sobre este tema, cuide muy bien su terminología, porque los datos que se le han dado son datos correctos. Pueden no ser los que usted quería preguntar, pero son exactamente la contestación a la pregunta que usted hizo; posiblemente no es lo que usted quería preguntar, pero eso es lo que preguntó. Y cuando se le pregunté... la contestación es correcta y no es mentirosa; es correcta.

Ha hecho una serie de consideraciones con posterioridad sobre si se financia, no se financia, qué pasa con las centrales sindicales, qué uso se hace... Mire usted, yo no voy a entrar en ninguno de esos temas. Las relaciones entre centrales sindicales entre sí, las relaciones internas en las centrales sindicales entre sus afiliados es un problema interno en el que la Junta de Castilla y León no piensa entrar de ninguna manera. La Junta de Castilla y León, como Administración Pública, tiene una obligación que cumplir derivada de una legislación determinada. Para concretar, puesto que tiene un carácter muy general, estas obligaciones, se firma un pacto; en ese pacto se fijan unos criterios -y contesto con eso al señor Buiza- en el que se dice: con arreglo a los resultados electorales obtenidos, al resultado... a la extensión que tiene dentro de la Comunidad Autónoma, se fijan unos criterios, y por eso habrá visto usted que en la relación que he leído hay unos pactos... algunos que tienen doscientos metros, otros que tienen setenta, otros ochenta y cuatro, otros doscientos y pico, y, salvo algunas excepciones en las provincias... y esto se ha hecho en algunas ocasiones porque era más barato dar cien metros que alquilar un local de veinte metros, porque, por curioso que sea, a veces es más barato arrendar un local de cien metros que uno de veinte; pues, a lo mejor alguna central sindical tiene alguna cantidad de metros más que la que le correspondería, pero nunca en perjuicio de la Administración, sino todo lo contrario.

Por lo tanto, no tiene nada la Administración que ver con las relaciones internas de las centrales sindicales entre sí, ni sus afiliados con las centrales sindicales. No piensa entrar en ese juego, a no ser que afecte a las relaciones que tienen con la Administración. Las relaciones que tiene la Administración están vinculadas normalmente al uso que hagan de estos locales -no solamente de los locales, sino de los medios que tienen-, y como por Ley la Administración, cuando tenga discrepancias, tiene que someter esta discrepancia a la resolución de la Dirección Provincial de Trabajo, en ese camino estaban. Y de lo que resulte de esa opinión de la Dirección Provincial de Trabajo es cuando la Junta actuará y decidirá qué es lo que debe de hacer.

Y empiezo a contestar al señor Buiza. Dice que el escrito del CSIF debía de haber tenido para nosotros una serie de actuaciones concretas. Y le digo, reiterando lo que he dicho: ninguna actuación, ninguna posibilidad de responder, como en otros campos en que la Junta tiene competencia atribuida propia. No tiene la Junta capacidad para resolver por sí mismo, porque no es un local que tiene cedido en virtud de una competencia distinta para el cumplimiento de un fin de carácter administrativo, sino el cumplimiento de una obligación legal sin ejercicio de competencia. Y como la Ley atribuye la resolución de esos problemas a un órgano que no es la Junta, resolverá. Por eso nosotros, por muchas discrepancias que tuviéramos, nos hemos abstenido hasta ahora, y mientras nos digan qué es lo que ocurre, de entrar en esa valoración.

Dice que usted piensa que debe haber una discriminación positiva a favor de los sindicatos. Bien, ese es un problema que se puede plantear en estas Cortes, y que de hecho se ha planteado, y al que se le ha dado una respuesta. Nosotros pensamos que las centrales sindicales en esta Administración tienen un trato del que no se pueden quejar. Creo que el cumplimiento de estos pactos, esta obligación de dotarles de medios para que puedan ejercer su función, es la Administración Pública de Castilla y León de las que más facilidades ha dado a las centrales sindicales, mucho más que muchas Corporaciones Locales, mucho más que la Administración Central. Que... ¿a usted no le parece escandaloso lo que ha pasado con la central CSIF? A nosotros, a la Junta de Castilla y León no le parece escandaloso ni no escandaloso; se limita a aplicar la legalidad vigente y ver qué es lo que puede resultar de eso. Porque escandaloso o no, con una situación determinada de posible ayuda a los sindicatos, a las centrales sindicales o no, la Administración Pública está sujeta, como todas las personas, al derecho, y nosotros tenemos que fijarnos por la sujeción al derecho, no por lo que nosotros pensemos que puede hacer, mientras la decisión no sea una decisión política sino que sea una decisión legal.

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Que hay que investigar otras centrales sindicales. Mire usted, no lo vamos a hacer, no vamos a entrar en ese juego, porque pensamos que están actuando dentro de una cierta normalidad, y digo una cierta normalidad. Es cierto que dentro... con las relaciones que tiene la Administración con las centrales sindicales sí le preocupa el uso que se hace, más que de los locales, de otros medios: fotocopiadoras, teléfonos, lápices, folios y todo eso; sí nos preocupa, y en eso sí que procuramos llevar un cierto control, en una negociación constante con las sindicales cuando nos dicen: necesito tanto, necesito más, necesito esto; ahí sí que hay una negociación constante. No solamente hay una negociación, sino que hay una preocupación, y le adelanto que no es la primera vez que la Junta de Castilla y León se ha planteado el problema de dar respuesta a estas necesidades no poniendo a su disposición un teléfono, o unos lapiceros, o unos bolígrafos, unos folios, una fotocopiadora, de la que pueden hacer un uso cuyo control sería absurdo porque no vamos a tener allí dos personas mirando a ver cuántas fotocopias hace una central sindical, sino... pero posiblemente pudiéramos buscar otra solución. Yo le puedo asegurar que no es la primera vez que nos planteamos la posibilidad de poder concretar de manera fija cuál es la aportación económica que la Junta de Castilla y León hace a las centrales sindicales para su correcto funcionamiento y para la defensa de los intereses de los funcionarios. Pero eso no nos va a llevar a hacer una investigación porque en este momento haya surgido un problema con una de las centrales sindicales. Nosotros pensamos que están actuando dentro de una cierta normalidad, están actuando bien. No creemos que haya grandes problemas, y esos problemas que tenemos, como digo, de posible utilización excesiva de algunos de los medios que se les da procuramos resolverlos a través de la negociación y conversaciones constantes, que es constante, que le podemos asegurar que día a día tenemos más relaciones con las centrales sindicales que las que tenemos con muchos del resto de los administrados.

Que apliquemos con flexibilidad este pacto, este convenio. Nosotros aplicamos con arreglo a los criterios que hemos fijado. No queremos aplicar una flexibilidad, queremos aplicar lo que hay. La flexibilidad existe, no con CSIF, con todos, pero también tenemos que controlar el dinero que es de las Administraciones Públicas. Si esa flexibilidad nos lleva a que la utilización de un teléfono nos parece excesiva, tenga la seguridad de que sí que les decimos algo. Si creemos que los folios que están utilizando son excesivos, sí que tenemos... intentamos hacer un control. Pero esto no puede llevar a que paralicemos las actuaciones de las centrales sindicales bajo el supuesto de hacer una investigación que, como le digo, creo que se puede resolver sin investigar, con una relación constante como la que tenemos con los sindicatos.

Dice que sería bueno que no se utilice, o que se controle, que a través de estas cesiones de locales no se financie o autofinancien las centrales sindicales. Nosotros nunca hemos utilizado este procedimiento para que... ni siquiera hemos pensado que se puedan financiar. Los criterios que se utilizaron, como le digo, para adjudicar los locales fueron unos criterios objetivos. Eran criterios de resultados electorales, es decir, de presencia o de audiencia dentro de la Comunidad Autónoma, de los funcionarios de la Comunidad Autónoma; con arreglo a esos criterios, según sea el Comité Intercentros, la Junta de Personal, se han fijado unos criterios, y les corresponden unos metros que van desde veinticinco a doscientos y pico, pero perfectamente definidos; si alguien los utiliza con una mayor habilidad, o puede sacar con ellos una mayor promoción de su propio sindicato, pues, es que sabe utilizarlo muy bien, pero no hay posibilidad ninguna, con arreglo a lo que hemos dicho, de que sirva para financiar porque los metros que se le den sean superiores a aquellos que se hayan fijado con criterios objetivos.

Y con esto quedarían contestadas casi todas sus preguntas, y una de carácter general. Ni podemos utilizar un criterio flexible de tal manera que demos a las centrales sindicales aquello que no pueden, que no pueden obtener por cuotas de afiliación, o por otros procedimientos; hay unas aportaciones de la Junta de Castilla y León, del Gobierno Regional a las centrales sindicales de carácter indiscriminado, de carácter indistinto, que se dan a través de la Consejería de Economía y que todas reciben no como centrales sindicales sino como centrales sindicales de instalación -vamos a llamar- dentro de la Comunidad Autónoma, y hay la facilitación de unos medios, recursos materiales que facilita a los representantes de los funcionarios, de los trabajadores de la Junta para que puedan ejercer su actividad de central. Con eso estamos cumpliendo, y con esto intentamos cumplir lo mejor posible. Pero no podemos nosotros pensar, a no ser que saliera de esta Cámara, que es quien tiene poder para ello, no podemos pensar en facilitar la financiación de las centrales sindicales más de los compromisos que se derivan hasta este momento de las leyes que están en vigor.

Y dicho que no podemos hacer más, tampoco podemos limitar su actuación para que puedan ejercer esa libertad sindical que las leyes y que la Constitución, el Estatuto y las leyes les reconocen. En esa flexibilidad estamos, lo que pasa que esa flexibilidad en algunos momentos nos plantea el problema por el que hoy estoy compareciendo aquí.

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El señor de Fernando, en nombre del Grupo de Centro Democrático y Social, dice que ingrese en la Junta lo que percibió. Creo que le he contestado: no sería correcto, y además no creo que nos lo ingresaran, y, si no nos lo ingresaran, tendríamos que ir a un pleito civil y probablemente lo perdiéramos, porque yo creo que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de entrar en la relación de la organización sindical con sus posibles afiliados, relaciones que tenga; lo único que a nosotros nos puede preocupar es si el uso del local es, está destinado al uso para que se destinaba. Y si la Dirección general de Trabajo dice que se han extralimitado, nos... tendremos que tener el trabajo de iniciar un trámite administrativo, de ver qué posibles consecuencias tiene. Podremos pedir la reivindicación, o la vuelta desde que usaron indebidamente, ¿o eso puede suponer un atentado a la libertad sindical desde el sindicato? Si quiere que le diga la verdad, es una pregunta que nos hemos planteado, pero a la que no queremos dar respuesta hasta que no nos digan exactamente qué es lo que... cómo, qué naturaleza jurídica tiene el uso que hasta ahora ha venido haciendo de esta cesión. Porque dice: con los dineros públicos no se puede jugar. Porque no se puede jugar con los dineros públicos, tampoco se puede jugar con los dineros privados sin tener un expediente claro. Ni queremos que se lleven más dinero de la Administración, pero tampoco queremos que los dineros que son privados -y son privados aquellos que han aparecido como consecuencia de ese contrato-, nosotros, la Administración pueda meter mano en ellos sin las garantías suficientes de todos los ciudadanos.

Y, por último, yo quiero dar las gracias al Grupo Popular por la comprensión en esta materia. Dice que quiere... sería bueno que se hiciera una ordenación clara de la cooperación económica, de la financiación que la Junta hace de las centrales sindicales. Es un problema que preocupa, supongo que no a esta Administración, sino a todas las Administraciones. Como digo, creo que esta Administración tiene unas relaciones constantes, unas veces fluidas y otras veces no tan fluidas, encrespadas, con los sindicatos; pero lo que sí que es cierto es que, como he dicho antes, a veces nos hemos planteado -y no será ésta la última vez-, con motivo de la elaboración de los presupuestos, la posibilidad de poder concretar más estas aportaciones, las... cubrir esas necesidades que la Ley nos impone de alguna otra forma que no fuera la que ahora estamos utilizando. Quizá, después de la experiencia que se tiene durante once años de funcionamiento de la Comunidad Autónoma podamos saber ya cómo pueden nuestros sindicatos, las centrales sindicales, colaborar, cuál es la cantidad que necesitan para el funcionamiento. A lo mejor podríamos hacerlo a través de los presupuestos de esta manera. De todas las maneras, digo, no es la primera vez que se plantea, no es fácil el problema, pero sí nos gustaría que estuviera mucho más objetivado para que problemas como el que hoy se plantea no se dieran.

Y, por último, puede tener la seguridad de que cuando la Inspección de Trabajo, la Dirección Provincial de Trabajo nos remita el expediente resolviendo las discrepancias que existen sobre la utilización, la futura y la que ha existido durante este tiempo y que ha dado lugar a esta comparecencia, puede tener la seguridad de que daremos cuenta a las Cortes de cuáles ese resultado. O bien pidiendo una comparecencia para explicar lo que ha ocurrido, o bien remitiendo a las... a los Grupos representados en la Cámara el resultado de la resolución que dicten y la inspección, y el resultado de la inspección si se nos remitiera.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Para un turno de réplica, tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Mire, señor Consejero, yo creo que aquí hay dos temas que sería conveniente diferenciar. Por una parte, está el informe, que me parece apropiado, el que ustedes han solicitado a la Inspección General de Servicios, y, una vez que la Inspección General de Servicios conteste, lógicamente, aplíquense las medidas que la Inspección General de Servicios y la propia Junta de Castilla y León entiendan oportunas. Pero, por otra parte, yo creo que hay dos temas que conciernen fundamentalmente a la Junta. Uno -y que usted me ha contestado que no lo conocía-, uno es el conocimiento por parte de la Administración Regional, por parte del Jefe de Servicio de Régimen Interno de la Consejería de Presidencia de cuál era el uso que esos locales estaban teniendo; ustedes ya contestan, en uno de los comentarios que hace: "No lo sabíamos, y en todos los sitios te puedes encontrar con gente extraña que no sabes lo que está haciendo allí". Mire usted, si un señor que va a inspeccionar todas y cada una de las líneas telefónicas de cada una de las dependencias cedidas a las centrales sindicales no puede ver que una persona no perteneciente a un sindicato está utilizando una parte de esas dependencias de una determinada central sindical -en este caso la CSIF- para un uso que no es el que le corresponde como central sindical, es que esa persona dudo mucho de que haya podido incluso ver de qué manera estaban conectadas las líneas telefónicas -por exagerarlo-.

Mire, con relación a la devolución del dinero público, usted parece que en una primera intervención, contestando a mi primera intervención, me reconocía que sería posible, incluso positivo, el exigirles la devolución del dinero; y ahí debo de añadir: no la devolución del dinero que esta central sindical ha recibido de esta empresa inmobiliaria, sino del dinero que ustedes han tenido que pagar al propietario del local para un uso que, al final, no ha terminado siendo aquél que inicialmente estaba previsto que fuera. Ese es el dinero que debe de devolver la central sindical a la Administración Regional, porque ése es el dinero indebidamente usado, no el dinero que luego la promotora de viviendas puede pagar o no pagar a la central sindical, que de hecho paga, después de los documentos que este Procurador tiene encima de la mesa. Y decía más: "Incluso, previsiblemente, deberíamos de añadirle a ello la indemnización por daños y perjuicios". Luego, en posteriores contestaciones, parece que no ha valorado lo que ha sido su contestación inicial y parece que al final no lo encuentra conveniente.

También le preguntaba, tocados estos dos temas importantes: el conocimiento que la Administración Regional tenía con anterioridad a la denuncia de los hechos del uso indebido de ese local; y, segundo, la devolución del dinero público que la Administración ha pagado al propietario del local por un uso que luego, al final, no se corresponde con el que debiera de haber sido a la hora de utilizar esos locales.

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Pero también le preguntaba -entre otras muchas preguntas que le hacía en mi primera intervención- qué opinión le merecen las declaraciones de la central sindical CSIF sobre que ese local es uso para el sindicato como patrimonio del mismo. Parece ser que el convenio que ustedes firmaron con esas centrales sindicales no lo dice por ningún lado; es una cesión de unos locales que les va a servir a esas centrales sindicales para el desarrollo de su actividad sindical por el tiempo que dure el mandato legislativo que tienen o el mandato que tienen entre período y período de elecciones sindicales.

Y, sobre todo, lo que más clama es que eso, ese mismo local fuera infrautilizado y, por esa infrautilización, se pagaran esas cantidades de dinero. Tengo unas declaraciones de uno de los cooperativistas que dice que ha adquirido una de las viviendas de esa promotora en La Cistérniga, y manifestó su extrañeza porque se esté pagando un alquiler tan alto por ocho metros cuadrados de oficina, que era, en parte, las dependencias que estaba utilizando esta promotora de viviendas.

Mire usted, sí que me leo las respuestas. Y prueba evidente de que me las leo es que las tengo aquí subrayadas. "Respuesta a la Pregunta Escrita formulada por el Procurador don Leandro Martín Puertas relativa a locales concedidos a las centrales sindicales en la provincia de Valladolid". Y me dicen ustedes: "Con respecto a los locales que la Junta de Castilla y León tiene cedidos a las centrales sindicales en la provincia de Valladolid, están desglosados éstos en servicios centrales y delegación territorial". Con lo cual, quiero creerme que ustedes me están contestando a todos y cada uno de los locales cedidos a las centrales sindicales en la provincia de Valladolid. Incluso lo desglosan en los locales de los servicios centrales y los locales de las delegaciones territoriales. Y me dicen: "Servicios centrales, Pasaje Rincón de la Marquesina número diecinueve -que no quince-; central sindical UGT -que no CSIF-, calle Ferrocarril número cuatro, bajo; entre otros, Comisiones Obreras, CSIF, CEMSATSE y Comité Intercentros; calle Ferrocarril número cuatro -como usted decía anteriormente-, primero F, para la Central Sindical USO; calle Santiago número veinticinco para...........; y calle Gamazo número siete, tercero, para UGT, Comisiones, CSIF, Junta de Personal, y los comités de empresa no, porque tienen... se reúnen en la Sala de Juntas".

No aparece por ningún sitio, señor Consejero, el Pasaje de la Marquesina número cinco para la Central Sindical Independiente de Funcionarios; no aparece por ningún sitio. El único local que ustedes tienen cedido a la Central Sindical Independiente de Funcionarios ni siquiera está en el propio Pasaje Rincón de la Marquesina, está en la calle Ferrocarril número cuatro, bajo; y que -como decía en mi primera intervención- es un local de doscientos metros cuadrados, con 1.350.000 pesetas al año por esa parte solamente del edificio; el total que ustedes pagan es de 4.396.464 pesetas, y que corresponde, aproximadamente, a unas 110.000 pesetas/mes por esos doscientos metros cuadrados cedidos a la central sindical CSIF -insisto- en la calle Ferrocarril número cuatro, bajo.

Yo creo que, por todos estos motivos, usted, primero, no me ha contestado debidamente a lo que le preguntaba con anterioridad sobre la central sindical. Se me oculta -no quiero decir que se me miente-, se me oculta que la Central Sindical Independiente de Funcionarios tenga un local en la calle de... en la Marquesina número quince, cosa que luego se ha podido comprobar a raíz de esta denuncia y de considerar que, efectivamente, esta central sindical tenía cedido un local y luego subarrendado a una empresa promotora de viviendas, y se me oculta todo ello en una información que este Procurador debe de considerar lo suficientemente amplia, puesto que se habla de los Servicios Centrales y de la Delegación Territorial de la propia Administración Regional.

Y, por último, no puedo por menos de contestarle a lo que usted me decía con anterioridad de que siempre utilizo que, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hablo de otros asuntos, que son los que conciernen a esta comparecencia por la que usted está aquí. Espero, espero que la denuncia que ha aparecido en otro medio de comunicación sobre unas facturas sobre el arreglo de un vehículo no queden exclusivamente en la apertura de un informe delegado a la Inspección General de Servicios, que es un puesto de libre designación, encabezado por una persona que pertenece a su partido político y que, por lo tanto, de ninguno de los modos podría ser una persona que hiciese un informe sin que se le pudiera achacar de que ese informe ha podido tener una cierta tendencia hacia lo que se le haya podido sugerir que pueda ser ese informe desde la propia Administración Regional. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Para su turno de réplica, tiene la palabra el señor Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias también al señor Consejero en alguna de sus afirmaciones que me ha aclarado. Por ejemplo, en los criterios para la cesión de locales a las distintas centrales sindicales. También he entendido -aunque no comparto- el que, bueno, como dice que la Junta no tiene competencias para entrar en el fondo de la cuestión, sino que......... al CSIF responde a la realidad, se desvía en mayor o menor medida, pues, lo respeto, aunque no lo comparta, porque, como situación de hecho, yo creo que, cuando un sindicato plantea una serie de alegaciones, pues, hay que contrastar hasta qué punto son objetivas y hasta qué punto no lo son, y después actuar en consecuencia. En la práctica parece ser que así lo ha hecho, porque al remitir las actuaciones a la Dirección Provincial de trabajo, pues, va en esa línea.

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No puedo estar de acuerdo en otras manifestaciones, porque, no sé si con buena o mala fe, el señor Consejero me ha convertido a mí en el defensor de las corruptelas -en este caso sindicales-, cosa que en absoluto es cierto. Yo lo que me planteaba era la interpretación del convenio que la Junta debe tener, como parte firmante del mismo, y no debe ser ajena al mismo. Y le preguntaba por la rigidez o flexibilidad en la interpretación de los mismos con carácter general para todas las centrales sindicales. Porque la justicia está en tratar a todos igual en supuestos iguales, en no hacer discriminaciones; ahora, respeto, y, si el criterio de la Junta es aplicar con rigor ese convenio, me parece correcto y me parece muy bien que lo haga. No sé si esa interpretación dará la suficiente rentabilidad social a esos bienes cedidos que cuestan dinero público también, o no. Por eso yo decía que para potenciar la libertad sindical, para potenciar los sindicatos de servicios, si se podía tener esa flexibilidad con todos, para que esos locales tuviesen la máxima rentabilidad social, que es de lo que se trata. Ahora, si el criterio de la Junta es el ser restrictivo y rígido en la interpretación del convenio, me parece correcto y no tengo nada que objetar.

Bien es cierto... También hace una afirmación, poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho -y así estará en el Diario de Sesiones-: que yo le he pedido que investigue a las centrales sindicales. No. Yo lo que pido es que investigue el uso de los locales cedidos por la Administración, porque la Administración es parte, es parte firmante, que asume obligaciones y derechos y, por consiguiente, tiene obligación también de verificar que ese convenio firmado por ambas partes se cumpla adecuadamente, con el criterio rígido o flexible que la Administración, como parte firmante, estime oportuno. Y creo que no es bueno esperar a que un medio de comunicación, en su sano ejercicio de crítica -que, afortunadamente, colabora para que las Administraciones saneen la vida pública-, digo que no es bueno esperar a que nos pongan los muertos encima de la mesa; porque si nos ponen el primer muerto, no vaya a ser que dentro de unos días o unas semanas aparezca un segundo muerto y la Administración diga que no sabía nada.

Por eso yo le planteaba, no investigar a las centrales sindicales, no convertir a la Junta en una especie de Gestapo de las centrales sindicales -como parece ser que ha quedado en la contestación del señor Consejero-, sino investigar, aprovechando esta denuncia, el uso por parte de todas las centrales sindicales que tengan locales cedidos, el uso de esos locales, si lo hacen siguiendo el convenio firmado o se están extralimitando, en mayor o menor medida, en su uso; pero el de todos. Porque cuando se pone rigor ante un comportamiento y se tiene relajación o se hace la vista gorda ante otros comportamientos, pues, puede ser... lo que es justo inicialmente puede convertirse en radicalmente injusto. Y es en esa línea en la que yo lo planteaba: no en investigar a nadie, sino en verificar que el convenio firmado se cumple por parte de todos los que lo han firmado, y aprovechando que ha habido una denuncia que, al parecer, demuestra que una de las partes firmantes no lo cumple. Pues bien, que la Junta verifique a ver si las demás partes firmantes lo cumplen o están, en mayor o menor medida, en la misma situación; porque eso es la justicia: tratar a todos igual.

Respecto de que las decisiones de la Junta estarán supeditadas a la respuesta de la Inspección de Trabajo, de la Dirección Provincial de Trabajo, a mí me parece lo más prudente y lo más correcto, porque, efectivamente, a la vista de que el órgano competente se pronuncie, habrá que estar y habrá que aplicar con rigor -cada uno dentro de sus responsabilidades y de sus competencias- lo que proceda, tanto en orden a la devolución -no sé en qué cuantía-, la penalización, la retirada de la cesión de los locales o lo que proceda. Pero me parece una medida prudente esperar a que el órgano competente se pronuncie para tomar la decisión justa y con rigor.

Pero -insisto- no le pido que investigue a las centrales sindicales, no le pido que permita corruptelas -no me interprete mal-; lo que le pido es, primero, objetividad para todos. Lo que le pido es que, como parte firmante de un convenio, verifique -que ésa es una de sus obligaciones- que ese convenio se cumple con el rigor o la flexibilidad que ambas partes estimen oportuno. Y lo que le pido es que haya un trato de generalidad igual para todos, porque ésa es la justicia; porque, si no, entraríamos en un camino muy negativo y envenenado. Y con esto no estoy -insisto- defendiendo el comportamiento del CSIF, que puede ser penalizable absolutamente y que, a la vista de la decisión de la Inspección de Trabajo, pues, la Administración deberá estar a lo que de allí se deduzca y actúas en consecuencia con el rigor que proceda. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Buiza. Ausente el Portavoz de CDS para su turno de réplica, tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Abad.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Sí, señor Presidente. Bien pensábamos haber dado casi por concluida nuestra argumentación, pero, a la vista de una serie de manifestaciones que se han hecho con anterioridad por algunos Portavoces, sí queremos dejar contundentemente clara nuestras manifestaciones. Parece ser que se está obviando señor Consejero, y nosotros agradecemos sinceramente el trato exquisito -repetimos otra vez- que se ha dado a este tema y la rapidez en el procedimiento, respetando, como no podía ser de otra manera, los intereses de las partes en conflictos... en conflicto, perdón. Esto queremos que quede muy claro.

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Lógicamente, puede ser compartida o no puede ser compartida la argumentación que se ha hecho por parte de la Consejería. Para nosotros, desde luego, sí. Compartimos todos los planteamientos, todos, absolutamente en todo. Porque, claro, al compartir, ¿por qué compartimos los planteamientos? Porque nosotros entendemos que se ha respetado con máxima pulcritud el principio de legalidad, que, por otra parte, lleva la jerarquía normativa y la seguridad jurídica, principio imprescindible en cualquier administración pública. Y, claro, todos estos principios llegarían a otro mucho más superior, que sería el que dice el señor Buiza: el principio de la justicia, que, como diría San Agustín, es "dar a cada uno lo suyo, lo justo", ni más ni menos, lo suyo, lo que le corresponde, y cito textualmente. Entonces... pero, claro, primero asentemos la legalidad, la seguridad jurídica, la jerarquía normativa. De ahí que se hace una tramitación correcta y se da audiencia a quien corresponde, a los órganos de trabajo que, en última instancia, son los que a través de la legalidad laboral es la que tiene la competencia resolutiva en este procedimiento. Después de agotar esta vía, cabrán otras que -si procede- llevará a efecto como ha dicho aquí el señor Consejero. Y nosotros, señor Consejero, queremos agradecer sinceramente el ofrecimiento que usted ha hecho aquí de que se compromete ante esta Cámara de traernos los datos que resulten de la información que en su momento les dé... pueda facilitar el órgano laboral competentes. Estamos... nos parece que si aquí se ha actuado con contundencia y con rapidez, también nos gustaría que, si es posible, tan pronto usted pueda ponerlo a disposición de esta Cámara, recibimos con agrado este ofrecimiento que usted ha hecho. Señorías, nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Abad. Para la réplica a los diferentes Portavoces, tiene la palabra el señor Consejero.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señorías, insiste el Portavoz del PSOE en dos preguntas: ¿conocía la Junta el hecho que se estaba produciendo? Y le digo: no conocía la Junta los hechos que se estaban produciendo. ¿Cómo es posible que habiendo un funcionario... habiendo ido un funcionario a las oficinas, no del CSIF, sino de todos los sindicatos, no se haya enterado de lo que allí pasaba con el teléfono? Mire, usted, porque no iba a ver... a hacer una inspección, porque no tenía motivos para hacer ninguna inspección. A lo que fue el funcionario de la Consejería de Presidencia es a cambiar los teléfonos; la utilización de uno u otro sistema de contratación con telefónica de los teléfonos suponía un incremento considerable de los gastos en teléfono, si se utiliza el sistema Ibercom u otro sistema, y lo que fue a ver es que conexiones había del sistema Ibercom para sustituirlas por el sistema que en este momento tiene. Que suponía un ahorro, señor Buiza, para la Administración en el control del gasto de los sindicatos, pero no por lo que gastaban, sino simplemente por la cuota de abono de uno u otro sistema. Luego, por lo tanto, no iba a hacer ninguna gestión.

También le digo que sí se ha planteado la Consejería de Presidencia el tener una persona allí constantemente para que vigile quien entra, quien sale, si se dejan por la noche las luces encendidas, si el teléfono se... que es lo que se puede utilizar, porque yo no le voy a controlar el uso del teléfono; si se dejan luces encendidas, si el aire acondicionado funciona sin necesidad de que estén. También le digo una cosa: uno o dos funcionarios que vigilen permanentemente aquello, posiblemente sea un coste mucho mayor que el hecho de que utilicen a lo mejor, en alguna ocasión, o se dejen alguna luz encendida. Todos esos problemas se han planteado, pero eso es un problema de administración de los recursos de... de una Administración Pública, que de una u otra manera pueden saber... pueden ser más o menos eficientes. De ninguna manera la visita iba dirigida a lo que usted plantea. Por lo tanto, a pesar de que haya habido un funcionario mirando los teléfonos, no sabía la Junta que aquello se estaba utilizando para fines distintos de los que desde el punto de vista de la Junta debieran de utilizarse.

Sigue insistiendo usted: es que tendría usted que hacer la devolución de lo pagado... Es que eso se lo he dicho yo. Mire usted, cuando tengamos la solución de lo que ocurre, tomaremos dos... estudiaremos, porque no es fácil, si fuera un contrato, como cualquier otro contrato en el que hay una obligación y un derecho por parte de cada una de las partes, estaría clarísimo qué ocurre cuando se incumple la obligación del derecho. Es que aquí no hay un contrato como cualquier otro contrato de tipo privado. Aquí lo que existe es una cesión en cumplimiento de lo que dispone una Ley y no pasa... no viene regulado en ningún sitio con carácter concreto. Habrá que ir a los principios generales del derecho, los principios del Derecho Administrativo, y decir: mire usted, en caso de incumplimiento de la finalidad que usted tenía, dirigida al ejercicio de la libertad sindical, yo tengo que recuperarme de esto. Le digo: en este momento no lo sé, en este momento no lo sé. Vamos a estudiarlo, se está con ello. Pero, ¿de qué depende todo eso? De lo que diga la autoridad laboral, no de lo que digamos nosotros, que se nos hurtado esa decisión por una Ley: por el Estatuto de los Trabajadores, que tiene mucha importancia.

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Por lo tanto, no me diga usted: usted lo que tiene que hacer es esto. Es lo que yo le he dicho: cuando tengamos la decisión de la autoridad laboral, diremos, nos plantearemos el caso y decir: ¿nos tiene que devolver el dinero que hemos estado pagando por la renta del local? ¿Desde cuándo? ¿Además del dinero nos tiene que indemnizar por daños y perjuicios causados? Realmente, ¿ha habido un daño y un perjuicio mayor que el pago de local? Y aquí entro en otra parte que usted decía. "Ustedes están pagando 100.000 pesetas de renta". Mire usted, el único contrato que existe en la calle Ferrocarril es un contrato de tres de abril del noventa y dos por quinientos noventa y ocho metros y por el que se pagan -espere, se lo he dicho antes- trescientas sesenta mil pesetas. No hay más contratos. Este contrato lleva consigo la autorización -como no podía ser menos- de dividir los locales para dar a cada una de las centrales los metros que nos habíamos comprometido. Pero no se ha dividido la renta entre cada uno de ellos; es un contrato conjunto que se refiere a seiscientos metros de la calle ferrocarril número cuatro. Y que usted me dice... es que usted me dice el número, la calle y de la calle... y no se qué de la marquesina que es otro contrato, el número diecinueve. No creo yo que le haya dicho nada del número quince, porque lo que tengo yo aquí escrito es doscientos treinta y seis metros cuadrados Pasaje Rincón de la Marquesina número diecinueve, UGT.

Usted me dice: ¿y el número quince qué pasa? Pues, mire usted, como yo no he visitado los locales, me pasan una nota en la que se dice, "a la calle Ferrocarril se entra por dos sitios, uno por el local número quince de los bajos, y otro por la calle, por la calle la... y otro por el Pasaje de la Marquesina. Puede ser esto lo que a usted le ha inducido a confusión en la respuesta que le hemos dado. Pero la respuesta que le hemos dado se ajusta a la realidad, con independencia de cuál sea el lugar por donde entren esos locales, o el sitio por donde tenga su entrada. Tenemos un contrato, tenemos otro contrato para otro local, y no hay más contratos. Luego, por lo tanto, no podemos haber cedido lo que no tenemos derecho a utilizar.

En su contestación, la contestación que se dio fue la correcta, lo que había, lo que tenemos escrito. Y las declaraciones que hacemos a la prensa y que usted me saca ahora, y que no solamente he hecho yo, sino que han hecho otros, pues, mire usted, se hacen muchas manifestaciones a la prensa, y a veces las manifestaciones que se hacen a la prensa se recogen entrecomilladas, y otras veces se ..... simplemente lo que se piensa.

Yo me responsabilizo de lo que le he dado a usted por escrito en la pregunta y no de otra cosa. Y luego me pregunta usted: y usted, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de la central sindical? Ninguna, porque mi obligación -como he dicho muchas veces en esta Cámara- no es opinar, es tomar decisiones, resolver, hacer. Es decir, no me ofrece ninguna declaración. ¿Qué opinión ha merecido? Hombre, pues, usted puede pensar que si yo he mandado a la Inspección de Trabajo el escrito con la contestación, las publicaciones de "El Mundo", el escrito de la contestación del CSIF y el informe jurídico, para que tome una decisión, por lo menos, yo no estoy muy seguro de que el uso sea el correcto. Tampoco afirmo que sea el incorrecto. Quiero decir que me plantea dudas; si yo tuviera la obligación de resolver, entonces, yo no opinaría, yo decidiría. Pero como no tengo la obligación de resolver, no solamente no tengo la obligación, sino que ni siquiera tengo el derecho a resolver, pues, me limito única y exclusivamente a hacer aquello que tengo que hacer: mandar a quien tiene que resolver el expediente para que me lo resuelva.

Dice usted que ha habido un señor que dice que estos locales están infrautilizados y que este señor compró un local... una vivienda. Bueno, pues, mire usted, este señor podrá decir lo que quiera, pero tenía un medio clarísimo para habernos hecho lo mismo que ha hecho un medio de comunicación, denunciando algo que creía que era un uso incorrecto que había defender de la Administración; si este señor creía que era infrautilizado, con un simple escrito que nos mande valía. Nosotros habríamos puesto en marcha la investigación correspondiente. Y le digo, vuelvo a repetir: no sé de dónde se saca la renta de las 100.000 pesetas, porque son 360.000 por seiscientos metros.

Y, ahora, le repito respecto a lo que le he dicho antes, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid: ni ha sido un medio de comunicación el que ha descubierto o el que ha puesto encima de la mesa la existencia de una factura que no correspondía con una reparación de un coche, ha sido la propia administración quien lo tenía descubierto y quien lo tenía en marcha por un procedimiento normal, hasta tal punto que ni siquiera se había pagado. Y la segunda parte, me parece que usted se ha pasado al decir que esa información no va a dar resultado, porque lo está haciendo un funcionario que está afiliado al Partido Popular. En mi Consejería hay funcionarios afiliados al Partido Popular, al Partido Socialista y a Izquierda Unida, en muchos casos con cargos de responsabilidad, y yo me fío de los funcionarios por su profesionalidad, no por el partido al que están afiliados. Y si usted me dice que el Inspector de Servicios por estar afiliado al Partido... o al Inspector al que le corresponda hacerlo, por estar afiliado al Partido Popular no está capacitado para hacer esa inspección, pues, mire usted, me parece muy fuerte y, a lo mejor, si sigue usted insistiendo en esta materia yo tenga que tomar algún tipo de decisión respecto a esa materia. Pero le advierto una cosa: por esos funcionarios hay personas que están incluidas o contra las que se ha abierto expedientes que han dado lugar a iniciativas de los tribunales. Por lo tanto, yo sí me fío de la inspección de servicios y sí me fío que sus actuaciones son correctas.

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Lo que también le pido es una cosa: respete la actuación de la persona, en la que se dice que puede estar implicado en este asunto, hasta que el asunto esté resuelto. Porque una vez que lo saquemos a la calle y se haya dicho por todo el mundo que está resolviendo sus problemas con cargo... con los dineros públicos, cuando no sea cierto, o si no es cierto, a ver cuando se dice, cómo se dice y cómo recupera este señor el mal nombre que sobre él, la mala fama que sobre él se ha echado. Respétele, respete el trabajo de los funcionarios, que -como le digo- son de todos los tipos. Y no me amenace diciendo: "Espero que cuando ese funcionario de su partido haya hecho la inspección usted tome las medidas adecuadas". Es lo que hacemos normalmente, no necesito que usted me lo diga para que yo actúe con arreglo a lo que tengo que hacer, que creo que llevo mucho tiempo haciéndolo, y no me ha temblado la mano al hacer lo que tengo que hacer cuando ha sido necesario. Muchas gracias, señor Presidente, respecto a esta actuación.

Al señor Buiza, yo le había entendido mal, efectivamente, yo creí que usted me pedía que iniciara una investigación para ver qué ocurría con la utilización de los locales. Me parece bien lo que dice; en las intervenciones en una Comisión, a veces, la forma de expresarnos no es la más... o la forma de entender no es la más adecuada. Tiene usted razón. ¿Cuál es el problema de un pacto? Que hay que aplicarlo. ¿Cuál es el problema de la aplicación correcta? Pues que, como dicen jugando a las "siete y media", ni hay que pasarse y hay que procurar llegar muy cerca. En ese no pasarse y llegar muy cerca es en las conversaciones diarias. Lógicamente, quien tiene utilizando unos locales para la gestión de sus funciones, como son la función sindical, ¡hombre!, si no se le pone ningún tipo de limitación, pues, creerá que todo es jauja y utilizará todos los sistemas para utilizar teléfonos, bolígrafos, todo lo demás; el local es difícil; salvo que ocurra algo como lo que ha ocurrido ahora, que da lugar a algún tipo de duda, es difícil que pase lo mismo. Sin embargo, más problemas tenemos con lo demás. ¿Cómo se resuelve? Pues, intentado guardar ese equilibrio entre no coartar la libertad del ejercicio de la libertad sindical y el hecho de que los dineros públicos se utilicen de forma adecuada. Tiene usted razón en lo que estaba diciendo. Usted dice... usted lo llama flexibilidad, yo le llamo ese justo equilibrio entre el ejercicio de la libertad sindical y la buena utilización de dineros públicos. Lamento haberle entendido mal, pero estoy de acuerdo con usted en lo mejor que decía.

Y terminaba diciendo: no es bueno que les pongan a ustedes los muertos encima de la mesa, y si no, no actúen. Bien, hay muertos que nos les ponen encima de la mesa, y procuramos enterrarles, o procuramos averiguar si les podemos operar, o todavía no están muertos, por si se pueden revivir. Y hay otros muertos que les encontramos nosotros y les sacamos nosotros. Lo que pasa que parece ser que los muertos que no salen a la luz pública no existen. Pues, en la Administración, como en cualquier organización de una empresa, hay muertos diarios, todos los días; todos los días hay problemas, y todos los días de esos muertos se le mete mano a muchísimos de esos problemas. Algunos se nos escapan, otro nos les dicen. Nunca hemos dicho que los muertos que sacan los medios de comunicación o las denuncias que a veces vienen de los particulares, nunca nos hemos quejado de ellas. Todo lo contrario, nos parecen una buena aportación al funcionamiento correcto de la Administración. Por lo tanto, no esperamos a que los muertos vengan, a veces nos colocan los muertos, porque nosotros no hemos visto, porque a lo mejor se nos pasado, y otras muchas veces la Administración saca a sus propios muertos y procura revivirlos o procura enterrarlos, si ya están muy muertos.

Puede tener la seguridad, señor Abad, que vamos a hacer aquello que hemos dicho. El compromiso que hemos adquirido lo vamos a cumplir. Pueden tener la seguridad Sus Señorías, todos, que cualquier actuación que exista en la Junta de Castilla y León, por los funcionarios o desde sus funcionarios, si la Administración tiene conocimiento de ello, va a iniciar las actuaciones oportunas para que lleguen hasta donde tienen que llegar. En unas ocasiones serán simples infracciones administrativas que darán lugar a un expediente o a una sanción. En otras ocasiones habrá que dar cuenta al fiscal, como se ha hecho no en una ocasión, sino en varias ocasiones. Y el resultado de todo eso será el resultado de la gestión, porque saben ustedes que un expediente de sanción administrativa no lo hace la Administración simplemente; se nombra a un juez instructor, hay alegaciones, contra-alegaciones y una resolución. Esas alegaciones, esas sanciones, a veces las ponemos y tienen efectividad y otras veces se recurren y las perdemos. En este caso pasará lo mismo. Lo que sí que es cierto es que la central sindical lo que manifiesta es que cree estar actuando correctamente, y nosotros lo que pensamos es que algo raro hay y que resuelva quien tiene que resolver.

Yo creo que éste es un caso en el que los medios... los medios han sacado a la luz algo que a lo mejor habría salido más tarde, pero que, de momento, se han adelantado a todos los demás y han prestado a la Administración pública un buen servicio. Pero yo quiero que quede constancia también de que la Administración, cuando ha tenido conocimiento de lo que ocurre a través de un medio de comunicación, ha utilizado diligentemente los medios que tiene a su alcance para que eso no ocurra, y veremos a ver qué ocurre cuando se decida cual es la naturaleza jurídica de los actos que esta central ha realizado en eso. Porque, ¿si resultara que no supone ningún tipo de violación y nos hubiéramos decidido a ponerle una sanción, una infracción, a reclamarlo algo, a prohibirle el uso del local? Estoy seguro que luego nos reclamarían por coartar, por coaccionar la libertad... el ejercicio de la libertad sindical. Porque nosotros día a día recibimos esas denuncias de las juntas de personal: ustedes están coaccionando... Esta mañana, antes de venir aquí, me llegaba uno: "ustedes están coaccionando el ejercicio de la libertad sindical, porque no nos dan... porque no nos dejan... porque no abren el local a no sé que hora, porque no nos dan los datos que pedimos...". Todos los días coartamos el ejercicio a la libertad sindical.

Dejen que las cosas vayan por su sitio, que si, realmente, ha habido una infracción, la infracción se sancionará por la Administración. Y si no la ha habido, pues, no pasará nada. Habrá sido un ejercicio más de democracia, que buena falta nos hace a todos. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Concluido el turno de Portavoces, ¿algún Procurador no Portavoz desea formular preguntar u observaciones? No habiendo preguntas, gracias Señorías, gracias señor Consejero. Y se levanta la sesión.