DS(C) nº 379/3 del 16/2/1995

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Sí, señor Presidente. El Grupo Popular comunica las siguientes suplencias: don Luis Aznar López sustituye a don Vicente Orden. Don Carlos Rojo, a doña Juana Borrego. Y don Antonio Fernández Calvo, a don Víctor Martín.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias. ¿Por el Grupo Socialista? No hay sustituciones.

Entonces, comenzamos el Orden del Día agradeciendo la presencia del señor Consejero y del señor Delegado Territorial de la Junta en León, y rogándole a la señora Secretaria que dé lectura al primer punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO AREVALO): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial y del Ilustrísimo señor Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre hechos atribuidos a altos cargos y miembros de la Administración Regional en la querella presentada por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores contra el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León y contra el Consejero de Presidencia por prevaricación y falsedad documental".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señora Secretaria. Los comparecientes, por acuerdo, han decidido compartir el tiempo de su exposición; por tanto, actuarán sucesivamente.

Tiene la palabra el señor Consejero para comenzar su intervención.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señorías.

Como dice el Orden del Día, y a petición del Grupo Parlamentario Socialista, comparecemos para informar sobre hechos atribuidos a altos cargos y miembros de la Administración Regional en la querella presentada por la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores contra el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León y contra el Consejero de Presidencia, por prevaricación y falsedad documental.

Al Consejero de Presidencia, y supongo que al Delegado Territorial, nos gustaría comparecer ante esta Comisión para poder hablar con precisión de los hechos de los que... por los que se nos ha denunciado y que han sido calificados, al parecer -según resulta de las noticias dadas por los medios de comunicación-, como un presunto delito de prevaricación y de falsedad documental.

Las noticias que tenemos -yo puedo decir, por lo menos, las que tengo sobre este hecho- son las noticias que nos han llegado a través de los medios de comunicación. Pero esto no sería completo si yo no dijera que tengo alguna noticia más: y es que la Federación Regional de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores ha tenido la amabilidad, el día treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cinco, de enviarme un sobre, en cuyo interior aparecía una revista que se llama "Reunión", editada por la Federación de Servicios Públicos de UGT- Castilla y León, en las que... o de la que puedo derivar, o puedo deducir, con más claridad que de otras noticias, a qué se refiere esta querella.

Encabeza esa revista un titular que dice: "Huidobro y el Delegado de la Junta en León, en los tribunales". Hace una breve referencia, en la que no se dicen excesivas cosas. Pero, en el interior de dicha revista, en la página ocho dice: "Denuncia admitida a trámite por los tribunales. La querella por prevaricación afecta también a dos militantes de Comisiones Obreras". Y de la lectura del contenido de esa página hay un párrafo que dice: "Los orígenes de esta querella" -esto lo dice, lógicamente, UGT, que es quien sabe qué hecho se ha denunciado y por qué- "se remontan al mes de abril de mil novecientos noventa y cuatro, cuando los representantes de los trabajadores deciden 'parar los pies a la Administración' -y lo entrecomillan- ante las irregularidades cometidas en los procesos de contratación de auxiliares administrativos, técnicos de jardín de infancia y personal subalterno. Las irregularidades se cometen para formar parte de una bolsa de empleo, recogida en el convenio colectivo para el personal laboral".

Y por ahí ya empezamos a enterarnos de cuáles pueden ser las causas por las que la Federación de Servicios de UGT, de la UGT, ha decidido presentar una querella contra los que aquí estamos en esta mesa. Parece ser que se trata de la dotación por funcionarios, por... no por funcionarios, sino por trabajadores laborales, por personal extraño a la Administración, de una bolsa de trabajo para cubrir unas determinadas plazas, en el momento en que esto sea necesario. Esos son nuestros datos concretos.

Por lo tanto, cuando hemos decidido, cuando se nos pidió la comparecencia, decidimos... por lo menos, yo decidí hacer dos tipos de consideraciones: una, qué es una bolsa de empleo público, cómo se proveen estas bolsas de empleo público y qué significa la provisión de una bolsa de trabajo para la contratación laboral... temporal de trabajadores laborales; es decir, qué es una bolsa, cómo se proveen estas bolsas y qué consecuencias tiene la provisión. Eso sería una causa, unas consideraciones. Y las otras es cómo de estos... de estas exigencias para la Junta de Castilla y León se puede derivar una denuncia para el Consejero de Presidencia o el Delegado Territorial, y nada más ni nada menos que por un delito de prevaricación o por un delito de falsedad documental.

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Para volver hacia atrás y poder entender en dónde nos encontramos, voy a volver a repetir, o voy a volver a decir que se trata, en primer lugar, de saber cómo se proveen o se dotan estas bolsas. En segundo lugar, qué pasa con... cuáles son las consecuencias o cómo debe de funcionar la provisión de estas bolsas. Y, por último, qué consecuencias tiene la provisión de estas bolsas. Voy a empezar por el final.

De lo que se estaba tratando, según resulta de esta revista que, como digo, me ha remitido la propia Unión General de Trabajadores, la Federación Regional de Servicios Públicos, se trata de la provisión de esa bolsa de empleados para auxiliares administrativos, técnicos de jardín de infancia y personal subalterno.

Bien. Cuando se necesita, en la Administración de Castilla y León, cubrir algún puesto de trabajo de la relación de puestos de laborales, se llegó al acuerdo, en el convenio colectivo, en el tercer convenio colectivo -celebrado ya hace años y que hoy ni siquiera está vigente, pero que es el convenio colectivo a que hace referencia la denuncia-, que los contratos de trabajo se presumían concertados, en principio, por contrato indefinido, pero que las contrataciones temporales, por períodos anuales, se elaborarán ofertas de empleo conjuntas por cada categoría, para cada Delegación Territorial y para los Servicios Centrales de cada Consejería, según el procedimiento y criterios de baremación que establezca la Comisión paritaria. Lo que quiere decir que, en vez de acudir a proveer esos puestos de trabajo uno a uno y cuando fuera necesario, se hacía una petición de comparecientes o de trabajadores, de los que se podía echar mano a lo largo del año, cuando las vacantes se produjeran, y que lo que se cubrían no eran puestos de trabajo vacantes, sino una serie de personas que pudieran cubrir esos puestos de trabajo vacantes. De eso estamos hablando, según resulta de la revista a la que he hecho referencia: de un bolsa de empleo temporal.

Lo que decía el convenio colectivo, en el artículo 25, es que el procedimiento y los criterios de valoración se fijarían por la Comisión paritaria. La Comisión paritaria es una comisión creada expresamente por este convenio colectivo, en este convenio; no existe Comisión paritaria por Ley, existe porque así se ha acordado en este convenio colectivo. Y ese convenio tomó, en el mes de abril de mil novecientos noventa y tres, las decisiones oportunas para cubrir o para el funcionamiento de esa Comisión, de esa bolsa de empleo, y los baremos; no voy a hacer referencia a ella, porque supongo que no son necesarios. De lo que se hacía referencia es que debía ser una Comisión que tuviera cinco miembros, tres de la Administración y dos de los representantes del Comité de Empresa; que se establecían una baremaciones, es decir, no se podía establecer exactamente cuál eran los criterios de valoración de lo que se pidiera ......... perfectamente valorado, tantos puntos para esto, tantos puntos para otro, tanta... El baremo debía de considerarse el cincuenta por ciento de tales características, el cincuenta por ciento de lo otro... Es decir, que están establecidos en esa Comisión paritaria y en el pleno de la misma las condiciones que deben de funcionar.

Llegado un momento determinado -y, como digo, al parecer y por lo que se deriva de esta revista-, las condiciones de trabajo o la forma de proveer esa bolsa de trabajo para jardín de infancia, auxiliares, parece ser que no son del agrado del Comité de Empresa de la Junta, de los laborales de la Junta de Castilla y León en la Delegación de León. Y hacen una serie de consideraciones, que terminan, digo, haciendo referencia a lo que hacían -puesto que yo no sé si, efectivamente, la querella se refiere a esto-; hacían referencia a que los representantes de las organizaciones sindicales, del Comité de Empresa, no se les había dejado participar en la forma que creían oportuna. Se eleva una consulta a la Dirección General de Función Pública, se eleva una consulta a la Consejería de Presidencia y se dice la forma como debía de resolverse. La Delegación Territorial, que no participaba en principio de la forma como debía de realizarse, cuando se le comunica cuál es el criterio interpretativo de ese artículo 25, dice que, aun entendiendo que el criterio podría no ser el que... estar de acuerdo con el mismo, que, puesto que es un criterio de interpretación propio de la Comisión paritaria, que es quien tiene que interpretar el convenio colectivo, que sigue con el procedimiento adelante.

Así las cosas, se dan órdenes de que, habiendo sido paralizado este proceso de selección para la bolsa de trabajo, sigan adelante en la reunión. Y en esa bolsa de trabajo ocurren una serie de incidencias, que la Comisión de Valoración termina realizando por su cuenta y que terminan en la selección de una serie de personas para cubrir, en el caso... cuando se produzcan las vacantes, en esa serie, en esa bolsa de trabajo, en la Delegación de León.

Esto es lo que parece ser que motiva que la actuación del Delegado Territorial y del Consejero de Presidencia se considere por los sindicatos, por UGT -ya que la denuncia, y conforme dice la revista, también va dirigida contra los militantes de Comisiones Obreras-, se considere que se ha cometido una prevaricación y una falsedad. Y no contento simplemente con considerarlo, presenta una querella sobre esas materias.

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Yo, antes de hacer las consideraciones que estimo oportunas, me he permitido el lujo -quizá sea una deformación profesional- de traer ante ustedes lo que la Jurisprudencia y el Código Penal entiende por prevaricación. Y la prevaricación significa... o prevaricar significa dictar una resolución injusta a sabiendas. Pero, si por esto fuera poco, la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha definido clarísimamente cuáles son los requisitos que tienen que concurrir para que el delito de prevaricación exista. Y dice que el sujeto activo -es decir, quien lo cometa- tiene que ser un funcionario, o, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal, una autoridad que se equipare a los funcionarios para esos efectos. El requisito objetivo es que se dicte una resolución injusta, dictada en asuntos administrativos. Hasta ahora, están los dos requisitos. La resolución, según dice UGT, va dirigida contra el Consejero y contra el Delegado, que sí que somos autoridades y, por lo tanto, a estos efectos tendríamos la consideración de funcionarios. El requisito objetivo ya no es tan claro, pero luego lo veremos. Dice que haya dictado una resolución injusta, y esa resolución injusta tiene que ser a sabiendas, es decir, no de manera... de cualquier manera.

Respecto al elemento objetivo, la injusticia de la resolución, toda la jurisprudencia coincide en resaltar que no se puede coincidir injusto con ilegal. Es decir, no basta con que estemos en presencia de un acto contrario al Derecho; hace falta que la ilegalidad sea -y dice una sentencia del año noventa y dos- "patente, notoria, incuestionable, evidente, flagrante y clamorosa", y leo exactamente lo que dice el Tribunal Supremo sobre esta materia. Esta teoría se explicita con marcado acento descriptivo en otra sentencia del año noventa y dos, que llega a afirmar que se precisa un plus de ilegalidad para configurar el injusto. Tiene que ser el injusto de tal calibre, la infracción de tal calibre, que el Ordenamiento... puesto que el Ordenamiento tiene otros instrumentos para corregir la ilegalidad y restablecer el equilibrio jurídico, tanto objetivamente -recursos administrativos, contenciosos administrativos- como subjetivamente -la potestad disciplinaria de la Administración-, sin recurrir al arma de mayor alcance, que es la jurisdicción penal.

Y voy a leer algo -y con eso termino- en lo que se refiere a la prevaricación, que dice: "Precisamente porque la crispada vida económica, social y política que nos ha tocado vivir tiene una excesiva tendencia a judicializar todos los asuntos de las administraciones y, lo que es aún peor, criminalizar los más mínimos conflictos, la mejor Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha llamado, o ha descrito el principio de mínima intervención. El Derecho -dice este principio- tiene medios para que los intereses sociales puedan recibir la suficiente tutela, poniendo en funcionamiento mecanismos distintos de la sanción penal, también menos lesivos para el ciudadano, y, con frecuencia, mucho más eficaces para la protección de la sociedad". Y repito esto: "mucho más eficaces para la defensa de los derechos de la sociedad".

Que no es deseable una estructura social que tenga buena parte de su funcionamiento entregada en primera instancia al Derecho Penal. Tiene, pues, el "ius punendi" un carácter fragmentario y en su última "ratio", razón de ser, sancionadora, el principio de intervención mínima: no sanciona todas las conductas lesivas de bienes jurídicos, sino las modalidades de ataque más peligrosas. Esto es lo que significa prevaricar.

¿Y qué significa cometer un delito de falsedad en documento público? Pues significa que un funcionario -y en esa condición el Delegado y el Consejero tienen esa condición de funcionarios- haya llevado a cabo algunas de las siguientes actuaciones: contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica, suponiendo, en un acto, la intervención de personas que no la han tenido, atribuyendo a las personas que han intervenido declaraciones o manifestaciones diferentes de las que han hecho, faltando a la verdad en la narración de los hechos, alterando las fechas verdaderas, haciendo en documento verdadero cualquier alteración e interrelación que varíe su contenido, dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, manifestando en ella cosas contrarias o diferentes de lo que contenga el documento verdadero, intercalando cualquier escritura en un protocolo o registro, libro oficial, o simulando un documento de manera que induzca a error, sobre la autenticidad de lo que en el mismo se hace saber.

Con estas conclusiones, lo más que podemos..., que yo puedo explicar sobre los hechos que han dado lugar a esta denuncia es lo siguiente.

Primero. No sé, realmente, en este momento, cuáles son los hechos ciertos que han dado lugar a la denuncia. Por lo que a través de los medios de comunicación, y de esta amable invitación que la Unión General de Trabajadores me ha hecho, remitiéndome la revista que publica y en la que se hace referencia a la querella, sé que se refiere a la formación de una bolsa de empleo público, y que esa bolsa debe de ser, o es, la que se refiere a la selección para esa bolsa de auxiliares administrativos, de técnicos de jardín de infancia y de personal subalterno. También sé eso. No sé mucho más.

Pero si realmente se refiriera a la creación de una bolsa de trabajo, tengo que hacer las siguientes consideraciones.

Ni el Delegado Territorial, ni el Consejero de Presidencia tienen que dictar ninguna resolución para constituir esa bolsa de trabajo. Punto primero. Es la Comisión de valoración -formada en la forma que se estima conveniente- la que tiene que decidir quiénes son las personas que forman parte de esa bolsa de trabajo. Punto primero.

Por lo tanto, no hay ninguna resolución que el Consejero o el Delegado tengan que dictar sobre esta materia. Como no hay ninguna resolución que tuvieran que dictar, no han dictado ninguna resolución. Punto segundo.

Punto tercero. Si no han dictado ninguna resolución, mal pueden haber prevaricado, puesto que exige la prevaricación "dictar una resolución injusta, a sabiendas, e ilegal", y la ilegalidad no tiene que ser una simple irregularidad administrativa, tiene que ser tan grave que exija que sólo el proceso penal, que sólo la criminalización dé lugar a la posible protección de los derechos de los interesados.

Cuarto. Las consecuencias que tiene el aceptar o incluir a una persona en la bolsa de trabajo es que puede ser llamado a ocupar un puesto de trabajo laboral durante el año natural, sin necesidad de hacerle nuevas pruebas, tirando de la bolsa, en la relación que allí se contienen, para luego sí que hacer un contrato de trabajo que sí que daría lugar a la firma de un contrato para que estuvieran.

Es decir, significa colocar a unos señores en una plataforma de salida para, en su momento, poder contratarlos, y el tiempo de duración de estas... y el tiempo de duración de esta contratación sería de un año.

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Esas son las graves consecuencias que tiene incluir a este señor en una bolsa de trabajo.

Falsedad. Si no se ha utilizado ningún documento público, tampoco es posible que se haya podido cometer ese delito.

Se nos podría decir que en esta actuación, en estas actuaciones, se podría haber actuado no dictando la resolución, sino omitiendo dictar alguna resolución, pero yo quiero aquí recordar, casi para terminar, que en el artículo 359 del Código Penal, también penaliza con la inhabilitación especial al funcionario público que "faltando a la obligación de su cargo, dejare maliciosamente de promover la persecución y castigo de los delincuentes". Es decir, es un delito de actuación, no es un delito de omisión, y en el único caso que se prevé la posibilidad de que el delito fuera un delito por omisión es el delito en el que, lógicamente, un juez no dicta sentencia para poder condenar o perseguir a un delincuente.

Estos son los hechos. Estos son los datos de que disponemos, no disponemos de ningún otro dato, y quizá yo debiera de haber empezado diciendo: "miren ustedes, no tengo ni la más mínima idea de por qué se ha presentado esta denuncia y cuál son los hechos que se han denunciado". Sería lo lógico, pero, como Sus Señorías y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, ustedes saben que yo no me podía contentar sólo con eso, y que tenía que intentar dar el máximo de explicaciones sobre una supuesta... o sobre una hipótesis de los hechos que pueden constituir la base de esa denuncia. Esa es la hipótesis que yo he hecho. Supongo que serán esos los hechos por los que se denuncia, por dotar una bolsa de trabajo. Lo que sí que ha aparecido es, y lo dicen aquí, en su revista -como son los que han hecho la redacción de la querella, supongo que coincidirá con la querella-, que es por prevaricación y falsedad documental, y yo me limito a decir: como Consejero, no tengo ninguna participación en la formación y ni en la dotación de las bolsas de trabajo. No tengo ninguna resolución que adoptar, no tengo ninguna decisión que tomar. No tengo nada que hacer en la dotación de una bolsa de trabajo.

Por lo tanto, si no tengo ninguna dotación, ninguna resolución que adoptar, mal puedo prevaricar, porque necesariamente exige que tome una resolución; y como la única posibilidad que tenía de no haber actuado, podía ser negligente en la actuación, sería que no hubiera perseguido a un delincuente, supongo que el hecho de no haber perseguido lo que pudiera ser algún tipo de actuación, no será la constitución... la inclusión... por no incluir en una bolsa, o por incluir a uno en vez de a otro, no será -que no depende de mí-, no será la de dejar de perseguir a un delincuente o castigar a un delincuente.

Por lo tanto, no veo por qué razón esta querella se ha presentado por el Consejero de Presidencia.

Y puesto que no hay resolución, ni hay documentos que pasen por mis manos, tampoco me explico cómo he podido alterar la fecha, el contenido, los nombres, intercalar líneas, hacer algo... Tampoco me lo explico.

De todo ello deduzco lo siguiente: explique usted, dice, los hechos que han dado lugar a la querella. Y yo les digo: pregunten ustedes a los que han presentado la querella. Cuando los que han presentado la querella hayan dicho exactamente, o yo me haya enterado de cuáles son los hechos por los que me han denunciado, yo podré explicarles a ustedes la participación que yo he tenido en esos hechos.

La hipótesis que les ha explicado es: suponiendo que se tratara, como dice en su revista, de dotar de una bolsa de trabajo para cubrir unos puestos temporales, el procedimiento a seguir no exige para nada la intervención del Consejero de Presidencia ni del Delegado Territorial, y, por lo tanto, no exige que yo dicte una resolución, no puede... es materialmente imposible que yo haya podido prevaricar, aunque hubiera querido. Materialmente imposible.

Y como tampoco hay documento público que haya pasado por mis manos, es material e imposible, materialmente imposible que yo haya podido falsear un documento que no existe.

Estas son, esto es las explicaciones que puedo dar sobre esa querella, que, si ustedes no se lo explican, yo me lo explico mucho menos.

Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. Tiene la palabra el señor Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en León.

DIEZ DIEZ

EL SEÑOR DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN LEON (SEÑOR DIEZ DIEZ): Señor Presidente, Señorías. Bueno, yo voy a ser muy breve, por lo menos en esta primera intervención, simplemente para señalar que, como desconozco absolutamente el contenido de la querella, espero que en esta comparecencia se concreten aquellos hechos que, atribuidos a mi conducta, puedan constituir delito de prevaricación o falsedad documental.

En todo caso, yo, desde luego, quedo muy gustoso a la espera de que se concreten los puntos sobre los cuales yo deba dar una explicación, que, en todo caso, la daré conforme a mi leal saber y entender. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Delegado. Por acuerdo de los Portavoces vamos a continuar la sesión. Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, don Leandro Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

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EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, y por contestar a una de las últimas partes de la intervención del Consejero de Presidencia cuando decía "pregunten ustedes a quien ha presentado la querella", esto sí que me gustaría que quedara claro. El Grupo Parlamentario Socialista, que tiene conocimiento de la presentación de esta querella a través de los medios de comunicación y, por lo tanto, desconoce cuáles son los planteamientos por los que se presenta esta querella, evidentemente, lo primero que hace es solicitar la comparecencia de las partes.

Es decir, por una parte solicitamos la comparecencia del Consejero de Presidencia y del Delegado Territorial de León, y, por otra parte, solicitamos la comparecencia de algún representante del comité intercentros y de algún representante del comité de empresa de León. Difícilmente podríamos juzgar cuál es el delito -en el caso de que lo hubiera- si no escuchamos a las dos partes.

No es un problema de este Grupo Parlamentario, es un problema del Grupo Parlamentario que ostenta la mayoría de esta Cámara, el que haya hecho comparecer a una de las partes, no a ambas, y, por lo tanto, excúsesenos de que en esta comparecencia no hayan estado, tanto la representación de los querellantes, como la representación de los querellados. Hubiera sido muy interesante el poder haber valorado ambas opiniones, porque probablemente de ello hubiéramos sacado una conclusión cercana al 100%. De este otro modo no vamos a poder nada más que sacar una conclusión cercana al 50%, porque solamente ha sido una de las partes la que está compareciendo ante esta Comisión.

Y, dicho esto, efectivamente, nosotros nos enteramos de la presentación de esta querella ante los medios de comunicación -no le oculto al señor Consejero que nosotros tenemos una fotocopia de esa querella, supongo que igual que la tienen ustedes, se la habrán hecho llegar, o sea que tienen algo más que la revista y que lo que ha aparecido en los medios de comunicación; supongo que ustedes como parte implicada tendrán también una fotocopia de la querella- y, evidentemente, como no es motivo de esta comparecencia otro que el de conocer los hechos por los que se ha presentado la misma, y en ningún caso juzgarlos, en ningún caso juzgarlos, es por lo que mi primera intervención se va a limitar, exclusivamente, a hacer una serie de preguntas que he podido ir sacando, en parte de la propia querella, y, en parte, de lo aparecido en aquellas fechas, primeros de enero de este año, en los propios medios de comunicación.

Y las preguntas son las siguientes: ¿Conocen el acuerdo de la comisión paritaria celebrada el seis de abril de mil novecientos noventa y tres sobre bolsas de trabajo o sobre bolsas de empleo, donde se establece el procedimiento a seguir en las contrataciones temporales y en las sustituciones? Este acuerdo regula la convocatoria, las pruebas de selección, el baremo y la composición de la propia comisión de valoración, del tribunal que califica estas pruebas.

¿Conoce la denuncia del comité de empresa en León, ante el Delegado Territorial, en fecha siete de abril de mil novecientos noventa y cuatro, donde los representantes de la Administración, diciendo cumplir órdenes del Delegado Territorial, no permiten una participación proporcional al número de los miembros, tal y como recoge el acuerdo anteriormente citado, representados en el tribunal por dos personas y tres de la Administración, en un total de cinco, con un carácter colegiado y que, por lo tanto, les exige, o les debe de permitir -mejor dicho- una participación equitativa en todo este proceso?

¿Conoce que, como consecuencia de ese incumplimiento primero -luego hay otros posteriores-, en la participación de la representación del comité de empresa en esta sección, estos miembros optan por retirarse, denunciando este proceso de selección?

¿Conocen cómo el veinte de abril hay un escrito del comité de empresa a la Directora General de la Función Pública, poniendo de manifiesto estas irregularidades y abusos de la Delegación Territorial en materia de contratación laboral eventual?

¿Conocen un escrito del tres de mayo al Consejero de Presidencia y Administración Territorial denunciando las irregularidades y solicitando revocación de la bolsa de auxiliares administrativos aprobada el día dieciséis de abril?

¿Conocen un escrito del cuatro de mayo de la comisión paritaria recordando los acuerdos de la sesión celebrada el seis de abril de mil novecientos noventa y tres y poniendo de manifiesto el caso omiso que a estos acuerdos le está haciendo el Delegado Territorial de la Junta en León?

¿Conocen el acta del pleno del comité de empresa de León del seis de mayo donde se toma la decisión de retirarse de todo este proceso de selección, por incumplirse el acuerdo citado en el primer punto?

¿Conocen un escrito del veinticinco de mayo que es un acta de la comisión de selección de contratación sobre la bolsa de técnicos de jardín de infancia, donde se denuncian otros hechos similares a los primeros?

¿Conoce el señor Consejero de Presidencia un escrito de la Directora General de la Función Pública donde, haciendo una historia referente a los hechos anteriormente citados, da la razón a las centrales sindicales, y por lo tanto, y por eliminación, desautoriza al Delegado Territorial de la Junta en León?

¿Conocen diferentes escritos que se producen en fecha veintiocho de mayo del año mil novecientos noventa y cuatro en los que los representantes sindicales anuncian nuevamente su retirada de todos estos procesos por las irregularidades de los mismos?

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¿Conocen un escrito del trece de junio dirigido a la Directora General de la Función Pública y al Consejero de Presidencia solicitando nuevamente la revocación, en este caso de las bolsas de trabajo de técnicos de jardín, del personal de servicio y de subalternos, porque el Delegado Territorial de la Junta en León sigue impidiendo la participación colegiada de los representantes sindicales en todo este proceso?

¿Conocen un escrito del diecisiete de julio donde hay un acta de la comisión de selección de las bolsas de trabajo y donde se da lectura de un escrito del propio Consejero de Presidencia, donde se dice que no hay ningún inconveniente en aceptar lo anteriormente expuesto, lo anteriormente aprobado, pero que, sin embargo, y reconociendo, y reconociendo la irregularidad del proceso que se ha producido con anterioridad, piden que se modifique este proceso y se les dé una participación acorde con el convenio mantenido con las centrales sindicales, y a partir de esos momentos las centrales sindicales pasan a participar de una manera colegiada, como estaba en principio reconocido en ese convenio, en todos esos procesos de selección?

¿Conocen un escrito, acta del comité de empresa del veintidós de junio, donde se acuerda... ? Porque hay una de las dos personas representadas por las centrales sindicales que cuestiona este planteamiento de las dos centrales sindicales, diciendo: estando en desacuerdo con el proceso, no se puede invalidar los hechos anteriormente ejecutados, y, eso sí, modifíquese el proceso de ahora en adelante. Eso motiva una reunión de las dos centrales sindicales mayoritarias, que no solamente no deciden el que ese proceso se mantenga, invalidando los posteriores y manteniendo los principales, los primeros (los que ya se han realizado), y sin embargo desautoriza a esa propia persona de la central sindical. Hay diferentes escritos en fecha veintitrés de junio comunicando la revocación, precisamente, de esa persona, y esa central sindical, que no la central sindical querellante, esa central sindical desautoriza a su representante y le cambia por otra persona diferente.

El doce de septiembre, sin embargo, hay una modificación en los escritos anteriores de la Directora General de la Función Pública, donde, agarrándose a estas declaraciones recogidas en acta por parte de esa representante sindical, desautorizada por su propia central sindical, donde, efectivamente, se pide que el proceso continúe de manera legal, acorde con lo que se había aprobado por parte de la comisión paritaria y de lo que se debería de haber llevado a cabo desde un inicio, y, sin embargo, no revoca todos los anteriores acuerdos, exclusivamente acogiéndose a unas declaraciones de una representante de una central sindical desautorizada en escritos anteriores por la propia central sindical. Insisto, no es la central sindical querellante, sino otra que también estaba participando en esos procesos de selección.

¿Conoce un escrito del veintidós de septiembre de las actas de la reunión de la comisión de selección de las bolsas de empleo del personal no cualificado y personal subalterno, ratificación por parte de un miembro de la invalidez de las pruebas anteriormente aprobadas? Es decir, cuando se incorpora un segundo miembro en representación de esa central sindical, habiéndose desautorizado al primero, ese segundo miembro, en mandato de su central sindical, evidentemente, vuelve otra vez a decir que esas pruebas que se están realizando deberían invalidarse por sus irregularidades.

El veintitrés de septiembre del año mil novecientos noventa y cuatro hay un acta del comité de empresa ratificándose en todas las posturas acordadas con anterioridad sobre los asuntos de contrataciones, y el tres de octubre hay un acta de la selección, una vez efectuada la entrevista personal, donde el Delegado Territorial dice que algunas de las personas elegidas en esa bolsa de trabajo son desconocidas para él, cuando el segundo nombre de la lista es una persona... evidentemente tiene que ser conocida. Y, por lo tanto, yo creo que en esta ocasión una de las dos partes... insisto, no me gustaría entrar en afirmaciones, porque algo que en estos momentos es un proceso que está sub júdice deberían de ser los tribunales quienes lo juzgaran, pero parece que entra en contradicción con la primera aseveración de desconocimiento de algunas de las personas que se han aprobado en esa bolsa de trabajo.

El dieciocho de octubre el comité de empresa comunica que otra de las personas presentes en ese tribunal, ¡atención!, ni nombrada por ninguna de las dos centrales sindicales, ni como representante del propio comité de empresa, una persona de una central sindical plasma su firma donde pone comité de empresa, no perteneciendo esa persona ni siquiera al comité de empresa y mucho menos en representación de las dos centrales sindicales que lo venían siendo con anterioridad.

Y por último, si no existe ninguna irregularidad, ¿cómo es posible -y dígame si es cierto- que en estos momentos sí que se está haciendo el proceso de selección en estas bolsas de trabajo tal y como desde hace año y medio venían denunciando las propias centrales sindicales? Es decir, que se ha corregido ese proceso; es decir, que las propias centrales sindicales en estos momentos tienen la participación proporcional que les permitía aquel acuerdo, con un 40% no solamente en la presentación de las preguntas, en los niveles de selección, en la valoración y, por último, en la aprobación o desaprobación de las pruebas.

En principio, me gustaría que se me pudiera contestar a todas y cada una de estas preguntas. Y yo creo que con esto finalizo mi primera intervención.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Por lo que pudiera afectar a esta Presidencia a raíz de sus primeras palabras en esta su intervención, esta Presidencia desea aclarar que no es el Grupo Parlamentario Popular quien califica los escritos que se reciben en las Cortes, es la Mesa de las Cortes quien los califica con arreglo al Reglamento y los admite o los rechaza. Esta Presidencia no ha recibido más escritos de la Mesa de las Cortes que el que ha dado origen a esta comparecencia, con una calificación producida con fecha tres de los corrientes.

Continuamos la sesión. El señor Buiza, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, señor Delegado Territorial. Si usted, señor Consejero, no sabe nada de este asunto o muy poco, como nos ha dicho, imagínese lo que sabré yo, que no tengo esa revista misteriosa que le llegó a usted por correo ni tengo la fotocopia de esa hipotética, y parece ser que cierta, querella presentada, porque eso parece que nadie lo discute, de que efectivamente existe y se ha presentado.

Podría, haciendo un esfuerzo, por rellenar tiempos, también teorizar un poco sobre la jurisprudencia, en fin, lo que son las infracciones, etcétera, etcétera; pero no viene al caso, porque eso habrá que hacerlo en su caso y en su día, cuando llegue el momento procesal oportuno, y quien acusa tendrá que demostrar, y quien se defiende tendrá que acreditar que de lo que se le acusa no es autor, ni cómplice ni encubridor, etcétera, etcétera. Por eso, vamos a dejarlo a un lado.

Yo lo que sí saco como conclusión clara es que, bueno, el tema no parece ser tan dramático como por el enunciado del Orden del Día parecía a simple vista, sobre todo cuando se oye hablar de prevaricación y falsedad documental (suena a cosa muy grave). Parece ser que de todo esto ha salido algo francamente positivo, y es que el problema se ha resuelto, según he escuchado por boca del Portavoz del Grupo Socialista. Lo cual quiere decir que ha surtido su efecto, por lo menos de cara de presente y, fundamentalmente, de cara de futuro, si es que ha sido así la cuestión.

Y de todo esto yo lo que saco como conclusión clara es el drama que supone la actual situación socio-laboral de nuestro país y de nuestra región, porque estamos hablando de... ya no solamente de repartir trabajo, sino de repartir expectativas de trabajo, porque eso es un poco la interpretación que yo doy a ese concepto, un tanto difuso, de bolsas, no de bolsas de trabajo, sino de bolsas de espera; algo así como ponerse en la lista de espera, por si acaso algún titular no utiliza su derecho, su billete, y le toca a alguien, ¿no? Y por esa expectativa se crea ese problema. Y esto define perfectamente el drama que supone para muchas personas el no tener ese puesto de trabajo, que no es un lujo, sino una apremiante necesidad. Y eso me anima a mí a pedir un mayor escrúpulo y una mayor delicadeza en el actuar administrativo, porque aun siendo justos, totalmente justos, los afectados negativamente creerán que se ha hecho injusticia con ellos; cuánto más si, realmente, no tenemos esa objetividad y esa justicia, que en una situación de cierto drama social, como es éste, es una exigencia todavía más importantes.

De todas maneras, ya digo, no puedo profundizar mucho en el tema concreto, porque lo desconozco. El señor Consejero, no sé si por estrategia, porque realmente lo desconoce, o porque se quiere hacer "el sueco" como se suele decir, no nos ha contado nada del contenido real de la querella, que parece ser que sí se ha presentado; incluso hasta puede tener razón de que sin mucho fundamento, pero algo dirán en esa demanda, en ese documento presentado. Además, yo debo entender que como parte afectada, en su momento -no sé si ya-, pero oficialmente tendrán que darle comunicación del escrito y de las alegaciones, le tendrán que dar vista en el proceso para que, a su vez, nombre abogado y procurador y se defienda de esas acusaciones, que pueden ser injustas, pero que cuando a uno se le acusa, o admite o se defiende. Pero creo que, en cualquier caso, usted tendrá, como mínimo, ese derecho a tener noticia oficial y completa de lo que se le acusa. No sé si la ha tenido ya, me gustaría que me lo dijera; y si, desde luego, la ha tenido y no nos ha querido informar, creo que no ha actuado correctamente. Porque aquí no se trata de condenar a nadie; yo, al menos, vengo con la sana intención de informarme y de hacer una valoración, a la vista de lo que plantean unas versiones y otras versiones, sin que por ello tenga mayor importancia, quizá, mi valoración, pero, en fin, con esa intención. No vengo -digamos- con una intención ya predeterminada para absolver -si se puede utilizar esta expresión- o condenar absolutamente a nadie.

Y simplemente, bueno, sin perjuicio de que en la réplica pueda añadir algo más, si se enriquece el debate, ya voy a terminar simplemente, bueno, pues, reiterando que, cara al futuro, la Administración Regional, por usted representada, pues sea exquisita en este tipo de asuntos, porque sabemos que la necesidad, a veces, nos obliga a ser más exigentes también, sobre todo a los directamente afectados. Y nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Buiza. Por el Centro Democrático y Social tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Yo, en primer lugar, señor Consejero, tengo que lamentar la información que usted y el Delegado Territorial nos han dado. Porque yo le creo cuando me dice que no conoce la querella y sólo conoce la revista. Podrá no conocer la querella y los fundamentos de la querella; los hechos que motivan sí los conoce, por lo menos una serie de escritos... Yo no he recibido la revista, no he visto la querella y yo tengo aquí, sólo de la prensa, recopiladas una serie de preguntas que le iba a hacer, coincidiendo con las del señor Martín Puertas: si conocían el acta del seis de abril; los escritos que le han dirigido a usted, si los ha recibido; al Delegado Territorial, si lo ha recibido. Es decir, sí nos podía haber informado de eso que ha recibido.

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De venir a decirnos aquí y de tratar de demostrarnos que usted no ha prevaricado, yo le creo y deseo que así sea, que no haya prevaricado. Pero no es el sitio donde usted debe decir por qué no ha prevaricado, ni demostrar lo que es prevaricación.

Insisto, yo me alegro y me alegraré que no haya prevaricado, y lo deseo fervientemente. Pero en vez de contarme esa historia, nos ha venido a decir: ¡Hombre!, cuando yo recibí este escrito, he contestado tal cosa; cuando yo he recibido éste, he contestado tal cosa; la Directora General ha opinado así, y al Delegado Territorial se le ha dicho esto o aquello. Y sacaríamos una conclusión. Estar esperando a esta serie de preguntas para poder empezar a enterarnos cuál ha sido su opinión sobre el tema, lo que no cabe duda es... Insisto, sólo conozco por la prensa y tengo una serie de anotaciones, de escritos y de actas que le han notificado a usted pidiéndole la revocación de acuerdos, y al Delegado Territorial, y lo que ha ocurrido cuando ya han firmado, el diecisiete de julio del noventa y cuatro. Y una representante legaliza -dice- todo lo anterior, y a partir de ahora hagámoslo bien.

Si es así, si es así -insisto, yo lo conozco por la prensa-, infórmenos de verdad y podremos entrar a opinar. Yo no vengo aquí a opinar sólo por la prensa y, desde luego, por lo que usted y el Delegado Territorial -no digamos- nos han informado... Lo que no me extraña es que el Comité de Empresa, si informa así siempre al Delegado Territorial................ escritos. Porque si viene aquí a decir que no sabe nada, habiendo habido siete actas, siete escritos que le han dirigido, y dice que no sabe nada... Pues mire, yo me imagino que si su actuación es siempre así, tendrá a los sindicatos con ganas de pelea, de querella y de lo que haga falta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor de Fernando. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Jesús Ibáñez.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente. Telegráficamente, porque el Grupo mayoritario de esta Cámara tiene que reconocer y afirmar solemnemente que no tiene ninguna información documental de todo este asunto. Nos terminamos de enterar en esta Cámara de que se ha puesto una presunta -y digo presunta- querella, porque mientras no tengamos unos datos concretos siguen siendo presuntos.

Por tanto, jugamos en desventaja en esta comparecencia. Parece ser que otras personas y otros Grupos tienen más documentación que nosotros. Nosotros no la tenemos.

Y sí que nos sorprenden realmente las afirmaciones que ha hecho el Grupo Socialista, señor Presidente, sobre una serie de cosas, que sin tener... no sé, ellos a lo mejor tienen constancia cierta, nosotros, desde luego, no, se afirmen, pues, determinadas cuestiones.

Como no tenemos más datos, a resultas de los que vayan apareciendo, pues, no nos podemos manifestar ni a favor ni en contra de nada. Simplemente, cuando los datos vayan apareciendo nos manifestaremos. Y, en este caso concreto, hemos de presumir la buena fe de los que han comparecido, de los que aquí nos han informado. Y bueno, pues, esperemos a las resultas de lo que... de los datos que vayan apareciendo. No podemos decir más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Abad Ibáñez. El señor Consejero tiene la palabra para contestar a las preguntas y observaciones formuladas por los diferentes Portavoces.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Señorías, ya sabía yo que la comparecencia, que las explicaciones no les iban a gustar, como a mí no me gusta venir aquí a hablar de algo que no sé lo que es.

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Yo puedo perfectamente presumir que se trata -como dice- de esas comunicaciones que personalmente me han mandado en esa revista, que se trata de la formación de una bolsa de trabajo que se refiere a auxiliares administrativos, jardín de infancia y todo lo demás. Y ustedes me dicen: "Podía usted traer los datos a los que se refiere". Mire usted, es que no se refieren a ningún dato concreto, es que se refieren, como suelen hacer los sindicatos constantemente, y hoy en la prensa lo decían: "El Consejero de Presidencia se dedica a boicotear los trabajos que hacen otras Consejerías", cuando el Consejero de Presidencia no solamente no se dedica a boicotear, sino que ha sido uno de los partícipes del acuerdo a que ha llegado el INSERSO con la Consejería de Bienestar Social. Pues mire usted, cuando dice... cuando habiendo sido artífice y partícipe de ese acuerdo dicen que me dedico a boicotear el acuerdo, pues, yo no me puedo fiar de lo que digan los sindicatos a los medios de comunicación. Porque empezaba diciendo que lo que hacían con esa querella era, o con esa intervención, parar los pies a la Administración ante las irregularidades cometidas en los procesos de contratación de auxiliares administrativos. Es que parece que estamos dando trabajo aquí a un señor para toda la vida -como decía el señor Buiza- de una manera totalmente irregular. Y resulta que lo que están diciendo es que unos señores que están en una comisión de valoración para elegir los que deben de formar una bolsa de trabajo de la que se tirará en el caso de que haya una vacante, esos señores son los que dicen que plantean una querella por eso. ¿En cuántos casos? Pues mire usted, en nuestras relaciones con las centrales sindicales... en este caso no con las centrales sindicales, cosa que es bien distinta, con un representante nombrado por el Comité de Empresa para formar ese comité de valoración, que tiene una valoración completamente distinta, resulta -en este caso concreto preguntaba el señor Martín Puertas-, pues resulta que de ahí se ha hecho una violación de los derechos de los castellanos y leoneses tan grave -si es eso por lo que están protestando- que merece que al señor Consejero de Presidencia y al señor Delegado de la Junta de Castilla y León en León les imputen un delito que puede suponer una condena enorme. Es decir, ¿y quién me lava a mí eso cuando...? Vamos a suponer que me absuelven, vamos a suponer que ni siquiera me llevan a declarar, vamos a suponer que archivan la querella. ¿Quién me lo hace? ¿Con qué alegría se hace eso?

Y ustedes quieren que yo venga aquí a hablar de los múltiples casos en los que la Consejería de Presidencia tiene conflictos con las centrales sindicales; todos los días y en todos los temas. Unas veces tienen la razón las centrales sindicales y otras veces tiene razón la Consejería de Presidencia. Sólo ha habido un caso, que con León tuvimos problemas, que es del que yo traía notas, que puede ser el que haya dado lugar... aunque por lo que me dicen aquí o lo que dice el señor Portavoz del PSOE son más cosas.

Efectivamente, ha habido un momento en que se ha planteado en la Delegación de León un problema de interpretación de si la Comisión de Valoración debía de participar no solamente en la elaboración de las pruebas, sino también participar simplemente en la calificación de las pruebas que se hacían. La Delegación de León, como en otras muchas ocasiones... no la Delegación, el presidente de la comisión de valoración, ¡ojo!, que no es el Delegado de León, que en este caso concreto era el secretario de la Delegación, y que no tenía por qué ser él, porque podía ser cualquier otro, mantiene que no tienen por qué participar en la elaboración de las pruebas. Se eleva una consulta a la comisión paritaria, en la que hasta ahora el Consejero no tiene nada que ver, y la comisión paritaria dice que participe no solamente en el control de las pruebas, sino en la evaluación de las pruebas. Se le comunica a la Delegación de León, tras un proceso largo, complicado, con notas a la prensa, con toda la lata que suelen dar las centrales sindicales cuando hacen estas cosas, que lo hacen con mucha frecuencia, y resulta que todo el problema que nos plantean es que nos van a plantear un conflicto colectivo.

Y cuando decimos que no se puede suspender, porque en el fondo lo que pedían las centrales sindicales... Sí es éste el caso, porque es el caso que yo me acuerdo y del que yo traía notas, por si a éste se referían, y se ha referido el señor Martín Puertas a él. No conozco más casos. Pero si éste fuera el caso, lo que se pide desde el Comité de Empresa es que desde la Consejería de Presidencia se le diga a una comisión de valoración que lo que ha realizado es nulo. Miren ustedes, si esto fuera posible -y por eso yo he querido dejar bien claro cómo se nombran estas bolsas y cuál es la labor de la comisión de valoración-, si esto fuera posible, cada vez que hubiera un tribunal de exámenes o una comisión de valoración en un concurso y no fuera como a mí me interesa, yo pediría que se revocaran los acuerdos adoptados por la comisión de valoración. Pero el señor Martín Puertas, que es un experto en esta materia, sabe perfectamente que, nombrada una comisión de valoración o un tribunal de exámenes, sabe, lo sabe perfectamente -quizá mejor que ninguno de ustedes-, no se puede volver atrás; ellos son los que deciden cuáles son las propuestas que se hacen. Y la Administración no tiene ninguna posibilidad ni de corregirlos, ni de enmendarlos, ni de decirles que se paren. Lo único que les dijimos es que denunciada una enmienda, denunciada una irregularidad, que la considerasen; y es lo más que se puede hacer desde la Administración, que la considerasen. Nada más. Y la comisión hace lo que estima oportuno. Y en esta ocasión, que parece que les ha perjudicado, no les perjudica en los miles de casos en que las comisiones de valoración funcionan dando la razón a otros, y a lo mejor no estando de acuerdo nosotros cómo ha funcionado la comisión de valoración. El Consejero de Presidencia hace una propuesta, en el caso de que fuera necesario -que aquí no era necesario-, y admite que la comisión de valoración es libre y autónoma para tomar las decisiones que crea oportunas.

Por lo tanto, no se puede pedir a la Administración que revoque los actos de la comisión de administración. Que terminen; si no están de acuerdo, que lo impugnen, y se quedará sin efecto todo lo acordado en la comisión de valoración. Así es como funcionan tribunales y comisiones de valoración, y ésa es la autonomía que la ley da a los tribunales y comisiones de valoración.

Por lo tanto, yo estoy hablando en términos generales. Si realmente fue ése el caso, si realmente fue ése el caso, que yo todavía no lo sé, porque, como digo, ni me lo han comunicado, ni he sido llamado, ni se me ha dado traslado, señor Buiza, porque usted estaba preocupado; decía usted: "¿Y a usted le han llamado?". Pues mire usted, todavía no. "¿Usted espera que le llaman?". Pues no lo sé; el juez tiene la palabra y él sabrá lo que quiere preguntarme a mí o lo que quiere preguntar al Delegado. Yo no sé lo que hará, y hará lo que tenga que hacer, y yo daré las explicaciones que tenga que dar, cuando me diga: en este caso concreto, ¿qué ha pasado? Y en ese caso concreto, si es el que dice el señor Martín Puertas, yo voy a contestar a sus preguntas... Porque eso se trata de un caso concreto, pero no estaban hablando de un caso concreto, estaban hablando de más casos.

Uno. ¿Conoce el acuerdo de seis de abril del noventa y tres? Sí. ¿Por qué lo conozco? Mire usted, porque es el desarrollo del Artículo 25 del Convenio Colectivo, que es como funcionan las bolsas de empleo. Es decir, viene a constituir una norma reglamentaria del funcionamiento, del acceso de cualquier castellano-leonés para formar parte de una bolsa de empleo. O sea, lo conozco, y lo tengo que conocer porque forma parte de mi trabajo en la Consejería de Presidencia.

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¿Conoce la denuncia del siete de abril del noventa y cuatro en León? Pues mire usted, no lo sé. Conozco muchas denuncias, yo no sé si ésa la conoceré, puede que sí, puede que no. No lo sé. A mí el siete de abril no me dice nada.

¿Conoce usted... por enterarse de los problemas que ha tenido? Pues no.

¿Conoce un escrito de la Directora de la Función Pública que se envió a León? Sí. ¿Por qué lo conozco? Mire usted, porque se sale del funcionamiento ordinario normal y la Directora de la Función Pública, cuando se plantea este problema, en un momento determinado me dice: he mandado este escrito, y yo tengo que mandar con posterioridad otro escrito confirmando éste; por lo tanto, sí lo conozco.

¿Le ha enviado a usted la revocación de las actuaciones? Sí. ¿Ha dicho usted que sí? No. ¿Por qué? Por lo que le acabo de explicar: porque yo no puedo revocar las actuaciones de ningún tribunal, y no puedo revocar las actuaciones de ninguna comisión de valoración. Eso sí que sería atentar a la autonomía de los tribunales y de las comisiones de valoración.

¿Conoce usted un acta del Comité de Empresa en el que dice que los miembros que había nombrado les han revocado? No. El Comité de Empresa habrá hecho lo que haya querido. Nosotros pedimos que nos den dos nombres de las centrales sindicales para formar parte del Comité de Valoración, no sé quién eran los miembros que nombraron, no tengo ninguna otra idea, no sé de lo que trata.

Dice, ¿conoce usted un acta en el que le piden los datos relativos a otro Comité de Empresa? No. Los datos de la Comisión... del Comité de Empresa los conocerá el Comité de Empresa, de ninguna manera este señor.

Dice que si le han vuelto a pedir a usted en junio del noventa y cinco la revocación. Yo no sé cuándo me han pedido la revocación de las decisiones tomadas por el Comité... por la Comisión de Valoración, no sé cuando. Lo que sí que le puedo decir es que UGT ha pedido reiteradamente que se revocaran las actuaciones de la Comisión de Valoración. A UGT se le ha dicho que la revocación de esas actuaciones sería un acto que iría infringiendo la autonomía de esa Comisión de Valoración, que no puede la Administración inmiscuirse en las actuaciones de una comisión de valoración ni de un tribunal una vez que se ha nombrado, y que las propuestas que proponga podrán ser positivas o negativas.

¿Conoce usted que le ha dicho que siga adelante con eso? Sí. Porque preguntado... consultado por la Delegación de León qué pasaba con este asunto, como UGT había prometido presentar un conflicto colectivo sobre esta materia, transcurrido el plazo que tenía para presentarlo no lo presentó, damos por supuesto que el asunto está concluido y decimos que la Comisión de Valoración puede seguir con sus actuaciones, las suyas, las que crea conveniente.

¿Conoce usted los acuerdos tomados? De la Comisión de Valoración sí, porque con posterioridad nos dicen que se ha tomado un acuerdo relativo por cuatro señores contra uno que se va. ¿Quién es el que se va y quién es el que se queda? ¡Hombre!, pues ya sé quién es el que se ha ido y el que se ha quedado, se ha marchado el de UGT y se ha quedado el de Comisiones Obreras, contra el que han presentado también la denuncia, la querella; eso está más claro que el agua, no hay otra explicación. En una comisión de valoración, como cualquier otro órgano colegiado, funciona por mayoría. Y usted me dice: impugne usted los acuerdos tomados. Mire usted, si han tomado cuatro contra uno, ¿por qué voy a impugnar yo un acuerdo? ¿Qué motivos tengo yo para impugnar? Ninguno.

Usted sigue haciendo una serie de preguntas, que dice que si ha habido una reunión de las dos centrales desautorizando las personas que formaban parte. Mire usted, nosotros las reuniones de las centrales sindicales... o del Comité de Empresa, porque las centrales en las Comisiones de Valoración de las Delegaciones no tienen nada que hacer, son los Comités de Empresa quien tienen que actuar; si el Comité de Empresa no está de acuerdo con la actuación de los representantes que ha nombrado, mire, no es mi problema, será problema del Comité de Empresa de cada una de las actuaciones, que no representan los Comités de empresa a una central sindical, que representan a todas las centrales sindicales.

¿Conoce usted -y sigue usted-, y conoce usted...? Pues, mire usted, de las preguntas que ha hecho, he apuntado diecisiete. Conozco cuatro, cinco, seis. ¿Por qué lo conozco? Porque fue un asunto -si es éste el que usted... al que se refiere, que creo que sí- que dio lugar a la posibilidad de plantear un conflicto colectivo. Para la Consejería de Presidencia el anuncio de un conflicto colectivo es un problema grave, y eso dio lugar a que yo mirase a ver qué es lo que había por medio; si no, es la Dirección General de Función Pública quien tiene autonomía suficiente para seguir adelante.

Y en ese conflicto colectivo pasaron dos cosas: una, que, anunciado el conflicto, no se presentó, que es la más importante; dos, que no he vuelto a saber nada de lo que pasaba en aquel asunto.

Y se dice: por lo menos ha servido para que funcionaran bien.

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Señor Buiza, no creo que haya ningún convenio colectivo de Función Pública en el que se tenga recogido que para la formación... primero, no hay bolsas; en segundo, que para la formación de una bolsa se diga que se acuda al INEM, porque había que acudir al INEM -entonces era obligatorio, ahora ya no-, que se acuda al INEM y que, a pesar de acudir al INEM a pedir las partes, que se cree una Comisión formada por tres personas de la Administración y dos del Comité de Empresa. No hay ninguna Administración -que yo conozca-... puede haberla, pero yo no conozco, y he procurado enterarme, que siga ese procedimiento tan objetivo, y en el que los representantes de los trabajadores tengan tal poder de decisión; es más, tienen poder de decidir, no solamente para controlar cómo se hace las preguntas, sino también para participar en las pruebas que se pueden hacer. No creo que haya ninguna Administración, ninguna, vamos, y de la región le puedo asegurar que no, ni con eso ni a leguas de eso (pero no solamente para eso, sino ni siquiera para los funcionarios que entran de carrera), que puedan decir que simplemente para dotar una bolsa de trabajo, una bolsa, se tiene representantes del Comité de Empresa y se les permite participar en la elaboración de las preguntas. Mire usted, no hay nada más objetivo, y viene funcionando así normalmente desde el año que se firmó el convenio que lleva ya... mire usted, lleva año y medio ya, llevamos ya dos años sin convenio, pues, exactamente eso.

Por lo tanto, no ha mejorado nada el problema que han planteado. Ha resuelto un conflicto más de los muchos que hay entre la Administración y los trabajadores, les hay todos los días, de este tipo y de otros. Las interpretaciones que se hacen son variables, se dan las interpretaciones, y cada uno de los funcionarios, cada uno de altos cargos o autoridades de esta Administración, cuando existe un conflicto, asume, acata y cumple lo que se dice en materia de Función Pública desde la Consejería de Presidencia que lleva esa política, o desde el Consejo de Función Pública, o la Comisión Paritaria, que son los órganos encargados de decidir estas materias en algunos casos. Y así se ha hecho en este caso concreto del conflicto colectivo. Si éste es el que dio lugar a lo que ocurría, así se hizo en León. No participaba la Delegación de León del criterio que estábamos manteniendo en la Consejería de Presidencia, pero, una vez que se le comunicó que ése era el criterio que se mantenía en la Junta de Castilla y León, asumió el criterio y dijo: bueno, no me han convencido pero yo voy a actuar. Y siguieron actuando, y lo que dijeron... actuaron, por las noticias que nosotros tenemos, como funciona todo órgano colegiado: por mayoría. Y la decisión que tomaron la mayoría yo ya ni la conozco, ni la sé; es más, le digo a usted: teniendo en cuenta la escasa importancia que tiene la dotación de este puesto de trabajo, tampoco hay grandes problemas que plantearse, y usted lo decía. ¿Es posible que la dotación de una bolsa de trabajo para cubrir unos puestos laborales temporalmente, no por más de un año, pueda dar lugar a la presentación de una querella?

Yo lo que me planteo, y me pregunto, y lo he hecho antes, y lo sigo haciendo ahora, si detrás de todo esto no hay algo más. Lo que pasa que ustedes -y tenía razón en eso el señor Martín Puertas-, él dice: ¿y a mí qué me cuenta?, yo he visto un problema y le he preguntado a usted. Ahora, no me pregunte más de lo que le puedo contestar. Si me hubiera llamado el juez, y me hubiera contestado, y me hubiera dicho ¿y usted qué ha hecho?, y me hubiera pedido documentos, yo le habría dicho: esto es lo que pasa. Como yo en León sabía que tenía un problema con un conflicto colectivo, es lo que he mirado, y las preguntas que él me ha hecho iban por ahí. Pues si iban por ahí ya le he contestado lo que sabía y lo que no sabía, y, a pesar de todo, sigo insistiendo. A pesar de que el señor de Fernando diga que no he venido hoy aquí a defender mi postura. No, pero como yo no sabía de qué se me acusaba, pero sí que sé qué es una prevaricación y una falsedad, y como ustedes me preguntan por los hechos y yo no sé exactamente cuál son, me he limitado a decir: mire usted, cuando se dotan las bolsas de trabajo, se hace así.

En el caso de una dotación de una bolsa de trabajo -y tengo que decírselo- es materialmente imposible que el Consejero de Presidencia pueda cometer prevaricación: no tiene ninguna participación en la dotación de esa bolsa, no tiene que firmar ni una resolución, no tiene que firmar ningún papel, ¿cómo voy a falsificar un papel que no tiene ni siquiera que pasar por mis manos? ¿Cómo voy a prevaricar en una resolución que ni siquiera tengo que dictarla?

Ese es el problema que yo le exponía aquí, porque, lógicamente, ustedes estaban pensando: ¿y qué intranquilidad tiene el Consejero respecto a este asunto? Y le digo: pues, ninguna. ¿Qué pienso que es? Pues, mire usted, lo he dicho ahora: una maniobra más de las muchas que en este momento algunas centrales sindicales están realizando poniendo en sus bocas afirmaciones que no son exactas. Les acabo de contar una, y ésta, pues, posiblemente sea otra.

De todas las maneras ustedes me preguntaban por los hechos y yo les digo: no sé cuál son los hechos, punto primero; pueden guardar relación con aquel conflicto colectivo que iban a plantear y no plantearon, que parece que guarda relación con las preguntas que hacía el señor Martín Puertas. Y, si me preguntan por el resto de los casos, pues, entre los cientos de casos que tenemos todos los días en la Consejería de Presidencia en materia de personal, dígame usted cuáles son los que quieren que les conteste, y yo lo haré, bien por escrito o bien por oral, respecto al caso concreto. Pero en este momento no puedo dar más datos que aquellos sobre los que yo intuía que podían ser causa de esta comparecencia.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. ¿Desea contestar a las preguntas de los Portavoces? El señor Delegado tiene la palabra.

DIEZ DIEZ

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EL SEÑOR DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN LEON (SEÑOR DIEZ DIEZ): Bien, gracias. Gracias, señor Presidente. Señorías. Bueno, yo voy a empezar un poquito recogiendo la alusión tan directa de don Daniel de Fernando, que creo que dijo casi literalmente algo así: "y viene hoy el Delegado, en esa primera intervención, dice que no sabe nada". Y, claro, sobre esa premisa, pues, construía la conclusión de que yo tendría muchos problemas con los sindicatos.

Bueno, francamente no tengo muchos problemas con los sindicatos, yo diría que con los sindicatos yo no tengo ningún problema, y probablemente los sindicatos conmigo tengan escasos problemas. He estado bastante tiempo, incluso, en esta Comunidad desempeñando puestos de responsabilidad en la relación con los sindicatos, y, bueno, pues, fueron unas relaciones por lo menos yo creo que cordiales, tanto como Secretario General de Presidencia como como Director General de la Función Pública.

Yo he dicho que no sabía nada. Bueno, yo no he dicho que no sabía nada. Esa es una conclusión que saca usted correctamente, pero yo no he dicho que no supiera nada, es una conclusión de usted. Yo lo único que he dicho, y lo reitero, es que yo he venido requerido a esta Comisión sobre algo que dice que informe sobre hechos atribuidos a mi persona, que pueden constituir delito de prevaricación y falsedad documental.

Y yo he dicho: como desconozco absolutamente el contenido de la querella, yo espero que a lo largo de esta comparecencia se concreten qué hechos son esos. Y yo estoy, en estos momentos, desconociendo... tengo que reiterarme en que no sé qué hechos son esos. Y me temo que usted tampoco sabe qué hechos son esos. Eso es lo que he dicho: que no sé sobre esos hechos nada, porque alguien me los tendría que puntualizar.

Evidentemente, cuando yo vengo a esta comparecencia, pues, ¡hombre!, no tengo que hacer tampoco un gran ejercicio de imaginación, supongo por dónde puede ir la querella, porque hay, diríamos, referencias o testimonios en los periódicos que apuntan por dónde va. Y en ese sentido, pues, algo, algo he preparado para poder informar a la Comisión, como es mi deber. Y voy a hacer esa... no creo que sea muy largo, pero voy a hacer esa exposición de lo que ha ocurrido. Que va a ser, en cierto modo, también una contestación a esa relación exhaustiva de cita de documentos que ha hecho el representante del Grupo Socialista, y que es una relación de documentos que diríamos que está hecha o formulada desde la perspectiva sindical.

Bueno, voy a contestar, voy a informar yo sobre lo que yo he vivido en todo este proceso. Pero antes sí quería hacer una puntualización, y es la referencia que hacía, señor Martín Puertas, a mí desconocimiento de la persona, marido de mi secretaria, que se presentó a una de esas bolsas, ¿no?... Bueno, pues, si no ha sido así, permítame que yo, pecando de mala interpretación, lo recoja, y le digo: si usted tiene esa duda, esa duda de usted, yo tengo mis certezas, y yo estoy cierto de que ni supe que se presentaba a una bolsa, ni sé cómo se llama, y que me he enterado absolutamente a posteriori de que había entrado una bolsa. Por una sencilla razón. Usted puede mantener sus dudas, pero por una sencilla razón: yo, como Delegado, nunca he intervenido en la actividad de una Comisión de Selección, nunca, en ningún sentido. Consiguientemente, eso es lo que hay.

¿Qué tengo yo que informar sobre todo este asunto? Pues, se lo voy a decir, porque tengo unas notas manuscritas, casi un poco urgentes, pero, vamos, yo creo que se pueden entender.

El problema yo creo que arranca del cuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro, cuando se celebraron las pruebas de selección para la selección de quince candidatos a la bolsa de empleo para contratación temporal y sustituciones de personal no cualificado -peones- y personal subalterno -ordenanzas, vigilantes y celadores- para el año mil novecientos noventa y cuatro. Previamente se había creado una situación de discrepancia en torno a la participación de los representantes del comité de empresa en la comisión de selección y valoración en cuanto a la elaboración de las pruebas, no así en cuanto a su participación en el proceso de aplicación y valoración de las mismas, que en ningún momento se cuestionó. ¿Cuál fue la causa de esa discrepancia? Pues, fue que los representantes de la administración en la comisión de selección, que eran el secretario territorial y otros dos funcionarios, asumieron el criterio del Delegado Territorial -de mí- de que el diseño de las pruebas no forma parte en sentido estricto del proceso o procedimiento selectivo, y, además, es facultad exclusiva del empleador. Se basa este criterio en las siguientes consideraciones:

Primera, las pruebas selectivas han de ser adecuadas y fiables para la medición del perfil actitudinal del candidato en relación con el contenido funcional del puesto de trabajo. En este punto es evidente el interés exclusivo del empleador, pues unas pruebas inadecuadas o no fiables condicionan negativamente una correcta selección, cuyos resultados se traducirán en el mal desempeño del puesto; y del bueno desempeño del puesto es responsable exclusivamente el dirigente de la empresa u organización empleadora.

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Segunda, las pruebas se elaboran a partir de análisis de puestos de trabajo, de sus exigencias de conocimientos teóricos y prácticos, de las aptitudes físicas y psíquicas que requiere, de las condiciones en que se ha de desarrollar, etcétera, y no tienen por qué vincularse con un proceso selectivo concreto y único -las mismas pruebas son válidas para los diversos procesos selectivos referidos al mismo puesto-, ni tienen que ser necesariamente elaboradas por la comisión o tribunal que las aplique y evalúe -fases estas de aplicación y valoración que constituyen en sentido propio el proceso selectivo-; es más, no resulta raro que los empleadores encarguen a empresas especializadas la elaboración de las pruebas o que se utilicen pruebas estandarizadas.

Tercera, no se aprecia ninguna razón o interés objetivo que justifique la participación del comité de empresa en la elaboración de las pruebas. En cambio, sí se aprecia ese interés participativo en cuanto al procedimiento de selección -sin duda alguna-, en la fase de aplicación, y si se quiere también en la fase de valoración. Me explicaré, en la aplicación y valoración aparecen ya personas concretas que han de ser tratadas conforme al principio de igualdad y no discriminación. En garantía de la observancia de este principio, en la Administración pública es plausible la intervención sindical en la fase de aplicación de las pruebas. En la fase de valoración caben distintos criterios, que nos llevan a soluciones distintas, desde la defensa de una participación sindical en igualdad de condiciones con el empleador en el tribunal calificador, hasta su no intervención por entenderse que únicamente es el empleador quien soporta el resultado de la selección, pasando por una intermedia en la que la representación sindical cumple funciones de supervisión o vigilancia, pero no asume funciones de valoración o calificación.

Cuarta, de acuerdo con la teoría anteriormente expuesta, consultado por el secretario territorial que presidía la comisión de selección, en aquel momento le expuse mi personal criterio, que mantengo sin perjuicio del respeto y acatamiento de otro distinto que la superioridad expresamente me dicte, consistente en que las pruebas selectivas correspondía elaborarlas o aportarlas a la administración como entidad empleadora, en tanto que el desarrollo del procedimiento selectivo, esto es, la fase de aplicación y de valoración de las pruebas, debiera ser compartido por Administración y comité de empresa, a través de la comisión de selección y valoración constituida al efecto.

Conclusión, los representantes de la administración y de la comisión de selección y valoración asumieron el criterio expuesto por mí al secretario territorial y se aplicaron las pruebas elaboradas unilateralmente por la propia administración.

Esa es la raíz de todo el problema, a partir de ahí, a partir de la celebración de esas pruebas. El siete del seis, el siete de junio, la Directora General de Función Pública, en escrito dirigido a mí como Delegado Territorial, me recuerda a otro anterior suyo de veintisiete de mayo, registro de entrada del día treinta, en el que me indica que es la comisión de selección de valoración de contratación temporal quien se ocupa de "todo" -lo entrecomilla- el proceso de selección, descartando en consecuencia, cualquier posibilidad de actuación en la que no participen los representantes sindicales. Considero que este recordatorio, que no se pronuncia sobre la elaboración de las pruebas, hace referencia al proceso de selección en sus dos fases de aplicación y valoración de las pruebas, y esta personal apreciación es conforme, plenamente, con el criterio por mí sustentado y también asumido por la comisión de selección y valoración.

Posteriormente, el diez de junio, después de celebradas las pruebas polémicas, el Consejero de Presidencia me remite, como Delegado Territorial, un escrito en el que decide se dé traslado a la comisión o tribunal de selección del contenido de un escrito en el que la comisión paritaria del convenio colectivo, en sesión del día siete del seis del noventa y cuatro, se hacía eco de la denuncia del comité de empresa por la que se solicitó la intervención de la comisión paritaria, con carácter previamente... posición del conflicto colectivo, con la finalidad de evitar el mismo e impugnaciones que, en su caso, pudieran producirse, y que para que, adoptándose los acuerdos que a su juicio procedan, se posibilite su actuación... perdón, se posibilite la continuación del proceso selectivo, adecuando su actuación a la normativa vigente en esta materia, específicamente, convenio colectivo y acuerdo de la comisión paritaria y de interpretación y aplicación del mismo; y, al propio tiempo, me pide que le tenga informado.

Cuarto, siguiendo escrupulosamente las instrucciones del Consejero de Presidencia y Administración Territorial, traslado su escrito al secretario territorial como presidente del tribunal o comisión de selección y valoración. La Comisión de selección celebrada, celebra sesión el inmediato día diecisiete. Según consta en el acta de la misma, se dio lectura al escrito del Consejero anteriormente reseñado, y una vez enterado del mismo y advertido de que, aun siendo el criterio de la delegación de que es facultad exclusiva de la administración la elaboración de las pruebas, se acepta la interpretación de la comisión paritaria del artículo 22 del convenio colectivo, tal como figura en el escrito del Consejero, y, en consecuencia, se adquiere el compromiso de garantizar la participación igualitaria de los miembros designados por los comités de empresa también en la elaboración de las pruebas.

En esa misma sesión se pasó seguidamente a examinar la situación creada por las pruebas celebradas el cuatro de junio y en cuya valoración no habían participado los miembros del comité de empresa. El planteamiento fue: si debían repetirse las pruebas, con otras nuevas elaboradas conjuntamente por todos los miembros de la Comisión, o debería continuar el proceso selectivo en las fases no resueltas aún de corrección de las pruebas en las entrevistas personales con los aspirantes y, en general, en todo el proceso seleccionador que faltaba por desarrollar.

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Uno de los representantes del comité de empresa mantuvo el criterio de la invalidez de las pruebas del día cuatro y propuso la reiniciación del proceso. El resto de los miembros de la comisión de selección, incluido el otro representante del comité de empresa, optó por la continuación del proceso selectivo. De este acuerdo mayoritario al tribunal o comisión de selección se dio puntual información al Consejero de Presidencia y ésa es toda la historia de este programa. Sí, he terminado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Delegado. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente. Insistir sobre la primera intervención. El motivo de esta comparecencia ante esta Cámara no era otro que el conocer por qué se había producido esta querella, y no era otro que el de escuchar a las dos partes, a la parte querellante y a la parte querellada, y, por lo tanto, hacer una valoración con mayores elementos objetivos para poder al final llegar a algún tipo de conclusión. Como esto no se ha producido así, y le pido disculpas al Presidente, es posible que haya sido... es la Mesa de las Cortes, pero sí que debo de decir que el Grupo Parlamentario Socialista presentó ambas solicitudes en un mismo día y en un mismo folio. Si se ha entendido por parte de la Mesa de las Cortes, y por la mayoría de la Mesa de las Cortes que representa al Grupo mayoritario en esta Cámara, que solamente debía de comparecer la parte interesada de la administración y no la parte interesada de las centrales sindicales, éste, evidentemente, no es nuestro problema, salvo que se piense que aquí, como conclusión, solamente hemos escuchado una de las partes y, evidentemente, no podemos hacernos nada más que una composición de lo que ha sucedido en un 50%, entendiendo que el otro 50% le deberían de haber aportado las centrales sindicales.

Al señor don Jesús decirle que no es una presunta querella, la querella es real, y ya está presentada; en todo caso, la presunta es la culpabilidad.

Mire, mi función en esta Comisión... insisto una vez más, porque no quisiera que esto se entendiera de otra manera, es exclusivamente la de preguntar y la de informarme sobre cuáles son los motivos por los que esta querella se ha presentado. En ningún caso ni afirmar ni negar nada, porque no es el cometido en esta ocasión del Grupo Parlamentario Socialista. Es conocer en qué términos se había presentado la querella y cuáles eran las razones por las que esta querella se había presentado y punto. Por lo tanto, evidentemente yo no puedo hacer ninguna valoración -aunque la pueda tener- sobre si una comisión de valoración puede ser o no ser desautorizada y de qué manera las decisiones de una comisión de valoración se pueden llevar a cabo con la intervención o no intervención del Consejero de Presidencia.

Simplemente, aclarar algunas dudas. Por ejemplo, la del escrito de la Directora General de la Función Pública, donde hace también una breve historia, como nos ha hecho el Delegado Territorial, sobre todos los anteriores escritos que se habían producido solicitando la revocación de estas pruebas, y otro escrito dirigido a la Delegación Territorial reiterándola el derecho que tiene la representación de los trabajadores en la participación en esos comités de valoración. Y he preguntado si eso existía. Tengo el escrito. El escrito de la Directora General dice, entre otras cosas, lo siguiente: "En el sentido de que los representantes sindicales en la comisión de valoración tenían las mismas atribuciones que cualquier otro vocal", y dice a continuación: "descartando en consecuencia cualquier posible... cualquier posibilidad de actuación en la que no participen dichos representantes sindicales". Es decir, que sí que se moja la administración, la Directora General les dice: señor Delegado Territorial, en esa comisión de valoración, los representantes sindicales, por acuerdo firmado con esta Administración, tienen que tener una representación colegiada. Otra cosa es que, luego, el Delegado Territorial y la propia comisión de valoración haga o no haga caso a este escrito y haga o no haga caso al acuerdo firmado en ese convenio.

Cuando me dice que, efectivamente, solamente hay una central sindical que se queda y que otra se va, eso es cierto, pero añado algo más: de la central sindical que se queda, que no es la que presenta la querella, hay una posterior reunión, donde también se desautoriza a la persona que se ha quedado por esa central sindical en la comisión de valoración. Insisto, son dos centrales sindicales, la una se va, no admite el proceso y, por lo tanto, no quiere colaborar con él; y la otra central sindical se queda, pero a esa central sindical el representante le desautoriza... es desautorizado con posterioridad.

En el... eso sí, hay después por parte de esa central sindical que interviene, y me estoy refiriendo a Comisiones Obreras, en esa central sindical interviene el representante y ese representante dice: efectivamente, reconociendo que el proceso que se está llevando a cabo no se ajusta a lo convenido con las centrales sindicales, modifiquémoslo, pero eso no anula los acuerdos adoptados con anterioridad. Y nuevamente la Directora General de la Función Pública -yo quiero insistir en esto, porque yo creo que la Dirección General de la Función Pública, y por ende, lógicamente, la Consejería de Presidencia, se implica en más de un momento en todo este proceso-, nuevamente la Directora General de Función Pública hace un segundo escrito, y en ese segundo escrito, acogiéndose a esas declaraciones de esa central sindical, de ese representante de la central sindical, que no de la propia central sindical, modifica y dice: bueno, modifíquese el funcionamiento de esa comisión de valoración de ahora en adelante y manténgase tal y como se había acordado en las anteriores convocatorias y en las anteriores comisiones de valoración.

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Al Delegado Territorial, la verdad es que, mire, si todos esos cinco o seis folios que ustedes nos han leído en esta segunda intervención, los hubiera leído en su primera intervención, probablemente yo no me hubiera visto motivado a presentarles esa batería de preguntas, probablemente el señor Daniel de Fernando y probablemente el señor Virgilio Buiza se hubieran aclarado desde un principio de en qué consistía esta comparecencia, de cuál eran los términos en los que se había presentado la querella, y en estos momentos estaríamos hablando del segundo punto del Orden del Día y no, como estamos, en el primero.

Insisto, no he dado ningún nombre, porque vuelvo a repetir: no es mi papel en esta Comisión ni juzgar, ni denunciar, sino simplemente aclarar, pedir aclaraciones sobre unos supuestos hechos por los que se presenta una querella por parte de unas centrales sindicales; y por lo tanto, de ningún modo, de ningún modo voy a dar ni un solo nombre ni voy a hacer ningún tipo de aseveración que no sea algo que, en todo caso, se juzgará cuando la sentencia de la querella se pueda llevar a cabo.

Pero sí que voy a hacer un pequeño relato, tal y como usted lo ha hecho; más breve, evidentemente. Mire, en la primera reunión de la comisión de valoración hay tres miembros, insisto, representando a la Administración y dos miembros representando a las centrales sindicales. En esa primera comisión de valoración se presentan los tres miembros de la Administración con un listado de cincuenta y tres preguntas para realizar en esas pruebas -no recuerdo exactamente cuáles eran las pruebas, si auxiliares de jardinería, de jardín de infancia o de auxiliares administrativos-. No recuerdo exactamente las pruebas, pero se presentan cincuenta y tres preguntas. Viene la primera queja de las centrales sindicales: hombre, nosotros, a través de ese convenio, debemos participar en todos y cada uno de los procesos, como le decía... como le leía con anterioridad. La comisión paritaria del seis de abril regula las convocatorias, las pruebas de selección, el baremo y la composición de la comisión, y es un órgano colegiado; y ahí es donde, evidentemente, tiene que haber una diferencia. Si ustedes están convencidos de que eso no tiene por qué ser así, se dice: las representantes de las centrales sindicales no tienen derecho a presentar ninguna prueba que las que presenta la parte contratante, que es la Administración. Las centrales sindicales pueden estar en acuerdo o en desacuerdo con esto, y por lo tanto recurrir o aceptarlo. Pero no; se llega a un mercadeo y se le dice: cuatro preguntas, os dejamos que propongáis cuatro preguntas. Y entonces ahí es donde está mi duda: si se les permite que hagan cuatro pregunta, ¿por qué no veinte?, ¿por qué no en esa representación colegiada que ellos exigen? Si se les está abriendo la posibilidad de que presenten cuatro preguntas, es por que no se tiene nada claro que las centrales sindicales no tengan que participar en ese proceso de elaboración de preguntas. Si está claro que no deben participar, no se les concede ninguna. Y si está claro que deben participar, se les concede la parte proporcional que les corresponde, que son cuarenta preguntas sobre un total de cien, u ochenta sobre un total de doscientas, porque es una parte proporcional en un órgano colegiado, y así se reconoce, y además así en estos momentos se está efectuando. Es decir, que en estos momentos a las centrales sindicales se les está permitiendo que presenten esa parte de preguntas en esa comisión de valoración del mismo modo que ellos venían demandando. ¿Por qué entonces no y ahora sí? ¿Por qué entonces se entiende que no les corresponde a las centrales sindicales y ahora sí? ¿Por qué se pretende negociar con esas centrales sindicales la parte de preguntas que les corresponde? O no se les deja ninguna porque se dice que es ilegal, o se dice que no se les permite porque no les corresponde y sólo le corresponde a la parte contratante, o se les permite desde un primer momento. Esa es mi duda y como tal la planteo.

Yo creo que con todo esto -insisto una vez más- solamente quería despejar algunas dudas. Decirle al señor don Jesús que esto es una querella, que existía como tal, que el Grupo Parlamentario Socialista, en el momento en que tiene conocimiento de ella a través de los medios de comunicación, quiso informarse por las dos partes de por qué razones había presentado esa querella, y evidentemente hubiera sido lo lógico que las centrales sindicales..., porque además no sentaba ningún precedente; las centrales sindicales han estado en esta Cámara en anteriores legislaturas para informarnos de otro tipo de cuestiones que afectaban tanto a la Administración como a las propias centrales sindicales, y, por lo tanto, no era sentar ningún precedente. Es bueno que representantes sociales vengan aquí a explicar también cuáles son los motivos por los que esa querella se presenta y es bueno que la Administración -como ha hecho y se lo agradezco- informe también de cuáles son los motivos que le han llevado a tomar ese tipo de decisiones, y, por lo tanto, decisiones que contradicen un poco con las decisiones que pretenden llevar a cabo esas centrales sindicales. Y en este punto, les agradezco su comparecencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. El señor Buiza tiene la palabra.

BUIZA DIEZ

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EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Bien, brevemente, porque ahora yo creo que ha aparecido la claridad, por lo menos, una relativa claridad en este asunto, que a mí me parece que, vamos, no es tan grave. Yo creo que era más el ruido que las nueces. Y sobre todo, que no es tan grave, porque, al final, todo se ha reducido a una discrepancia en la interpretación de las cosas o de las normas, y en buena medida legítima, y que una vez resuelta, bueno, se ha encaminado por el camino correcto, aun respetando la opinión de cada parte, que seguirán manteniendo las mismas. Porque yo quiero manifestar que, en relación a la segunda intervención del señor Consejero, pues, prácticamente comparto el 90% de lo que ha dicho, tanto en el fondo como en la forma; no el otro 10%, porque, bueno, se ha referido a cuestiones que... por lo menos, desde mi punto de vista, yo no había hecho ninguna acusación. Me dice que no hay ninguna Administración que actúe con mayor rigor y mayor transparencia en estas cuestiones que la Administración regional. Si es así, le felicito efusivamente y le deseo que continúe por ese camino. Yo no le hacía ninguna acusación ni hacía ninguna comparación con el actuar, más o menos correcto, de otras administraciones; simplemente planteaba que era necesario extremar el rigor, el cuidado, la imparcialidad, porque -como decía, y ésa era mi argumentación-, en una situación realmente dramática de escasez de trabajo, veíamos hasta qué punto llegaban las cosas; cómo, por una cuestión de interpretación, se plantean querellas, se amenaza con un conflicto colectivo, etcétera, etcétera, por ponerse en la lista de espera -como se suele decir- de un hipotético puesto de trabajo, no de un puesto de trabajo real, sino hipotético, que muchos quedarán en la lista de la espera y no cogerán el billete, seguramente. Y era por eso por lo que yo le pedía que se extremase ese cuidado y ese rigor. No es que diese por sentado que no tenía ningún rigor; lo que pasa que usted, en fin, así lo interpretó.

Quiero decir que su segunda intervención me ha parecido acertada. La primera me ha parecido bastante descortés, pero es su derecho también.

Y en cuanto a la del señor Delegado Territorial, pues debo de decirle también que sí que sabía perfectamente de qué iba el asunto, porque ha tenido un poco, yo diría que la cortesía, la deferencia y la honradez de decir que traía preparadas sus respuestas, en unos breves apuntes, luego sabía de qué iba el asunto. Nos lo podía haber contado a la primera, pero, en fin, más vale tarde que nunca.

Yo no quiero decir que comparta, aunque en buena parte también comparto esa tesis que expone sobre el diseño de las pruebas, que yo creo que, efectivamente, quizá debería primar la profesionalidad o el rigor en el contenido de las pruebas más que la representación sindical o empresarial, porque, realmente, el que quede a criterio... a criterios distintos al de la eficacia qué pruebas hay que poner a un trabajador, pues no sé hasta qué punto. Pero bueno, son tesis, la una y la otra, tan respetables y tan defendibles. Me parece, por su parte, bastante honrado que defendiese su tesis, y también bastante disciplinado que, cuando los superiores o la comisión paritaria en este tema definen que esa tesis no es la adecuada, usted la cumpla como es su obligación. Por eso, me queda en la duda en qué momento procesal, por decirlo de alguna forma, se planteó esa hipotética querella; digo hipotética, porque yo no sé si se ha planteado o no; parece ser que sí, pero no tengo constancia fehaciente. Porque si es después de haber resuelto ese problema de interpretación, me parece que no tiene mucho sentido; si es antes, quizá sí lo tenga. Pero en cualquier caso, derecho de todos es interponer querellas; los jueces son los que juzgan, absuelven o condenan. Y en fin, no quiero entrar en esa cuestión. Simplemente, decirles que lo que nos han dicho en segundo turno nos lo hubiera podido decir en el primero y nos hubieran evitado, por lo menos a mí, el hacer vaguedades o generalidades en la primera intervención, porque realmente no sabía, yo sí que no sabía de qué iba el asunto. Ustedes sí que lo sabían; lo que pasa que quizá, no sé, por una estrategia yo creo que equivocada, no quisieron plantearlo así.

Ya digo que me congratulo de que, por lo menos por las versiones que he escuchado aquí, el tema se haya resuelto. Yo sí veo por qué ese conflicto colectivo no ha seguido adelante: porque se ha resuelto el problema, porque la comisión paritaria planteó una interpretación que la Administración ha asumido plenamente. Luego no tendría sentido que se plantease un conflicto colectivo si era en base a esa cuestión, por lo menos en lo que yo me ha parecido entender. En cualquier caso, pienso que el problema, en buena medida, se ha resuelto, por lo menos el problema de relaciones entre Administración, sindicatos, el problema de interpretación, que está caminando ahora, más o menos, con relativa armonía por parte de todos. Y, bueno, esa querella, pues no se preocupen, si ustedes tienen la conciencia tranquila, esperemos que la justicia funcione y haga realmente justicia, que no hay ningún problema. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Buiza. El señor de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, insisto en lo que le dije antes: me alegraría muchísimo que la querella no tenga fundamento y, por tanto, sea archivada. Pero ha insistido usted en la segunda contestación, con lo corta que debía haber sido la primera y la segunda. Lo que a usted le pedían los sindicatos era que revocase unos acuerdos, y nos lo ha dicho, la segunda vez: no tiene atribuciones para hacerlo, punto. Fíjese usted si era fácil, y lo ha estado usted dando vueltas, si la querella, si no la querella; eso ya lo dirán.

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Y en la información del Delegado Territorial ya me queda a mí algo más de intranquilidad. Primero dice que no sabe de qué se trataba, y traía el discurso hecho, le ha leído. O sea, no ha improvisado nada, lo traía hecho, lo ha podido decir la primera vez. Pero, en segundo lugar, sí diría una cosa, lo que me extraña, y yo creo que ahora el señor Consejero sí debería intervenir, por lo menos con un gran tirón de orejas, es que todo este tema viene porque usted interpreta de forma distinta a como lo hace la Directora General y el Consejero. Y resulta que ustedes, que dicen que no pueden hacer nada en una comisión de valoración, que son autónomos, usted reconoce que el secretario de los funcionarios ha aplicado el criterio que usted ha dado. ¿Por qué ha dado usted ese criterio? Si son autónomos, son autónomos y que le den ellos.

Segundo, si usted da un criterio, que sea el de la Consejería y el de la Junta, y no el suyo particular. Y ahí, señor Consejero, sí creo que todo este revuelo -querella con fundamento o sin fundamento, y esta Comisión- se lo debe usted al Delegado Territorial de la Junta en León, no a los sindicatos. Insisto, lo ha reconocido él. Yo lo tenía aquí, recogido de la prensa, que lo habían dicho los sindicatos: escrito al Consejero y a la Directora General, denunciando que los miembros... los funcionarios en la comisión dicen que no aceptan la postura de los sindicatos, porque siguen las órdenes -dijeron ellos, usted dirá sugerencia; sugerencia u opinión, para ellos eran órdenes- del Delegado Territorial. Eso sí que es grave, eso sí que es grave, señor Consejero.

Y finalmente, una pregunta para el Delegado Territorial, porque supongo que el señor Consejero de verdad no la sabe, no es por otro motivo. Todo esto ya se arregló el diecisiete de junio. El tres de octubre ha vuelto a haber otro problema, otra queja de las centrales sindicales, porque ven que han dado por válida la firma de un señor que no es del Comité de Empresa, en la selección de personal subalterno, peones, celadores y personal no cualificado, vigilantes, etcétera. Le pregunto; si no lo sabe, pues, no me lo contesta. Pero es que me extraña que si el diecisiete de junio del noventa y cuatro se ha llegado a un acuerdo definitivo, con la solución dada por la Directora General y el Consejero, el tres de octubre, unos meses después, vuelva, y precisamente en León, otra vez a haber otro problema de ése. Si lo sabe, nos lo contesta, y si no, le agradecería que nos mandase por escrito cuál es el problema del tres de octubre del noventa y cuatro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor de Fernando. Para su turno de réplica, tiene la palabra el señor Abad.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Vamos a ver. Por fin nos hemos enterado de un determinado procedimiento administrativo, pero seguimos en lo mismo que al comienzo de esta comparecencia. Lo hemos dicho antes y lo mantenemos: nosotros, ciñéndonos neta y exclusivamente al punto del Orden del Día, de él no nos queremos salir. Somos respetuosos con el Reglamento y el Reglamento lo vamos a cumplir; y aquí se habla de una... actos de una querella.

Mire usted, don Leandro Martín Puertas, los actos son expresos o presuntos. Y nosotros, como no tenemos conocimiento de un acto expreso, para nosotros es presunto. Y cuando tengamos el conocimiento expreso, una comunicación expresa de quien proceda, nosotros... será eso, expreso. Entre tanto es presunto, como presunto es la inocencia y como presunto, señor Presidente, es la culpabilidad. Porque claro, una querella, ya de entrada, supone pues una serie de cosas. Y, que nosotros sepamos, se presenta a través... firmada por un abogado y presentada por un Procurador, que dará conocimiento a las partes implicadas; nosotros, como Grupo Parlamentario, no sé si tendrían que dárnosla, pero lo cierto es que no la conocemos. Por tanto, seguimos en este asunto.

De la explicación que ha dado el señor Delegado hemos visto que se ha seguido un determinado procedimiento, para nosotros correcto, totalmente correcto. Se puede estar de acuerdo o se puede estar en contra. Y además, el procedimiento que aquí se ha explicado, pues, también nos ha satisfecho que, efectivamente, cumpliendo con las normas de jerarquía y subsidiariedad que reinan en la Administración, si en un momento determinado, bueno, pues, se pudo hacer una interpretación de una determinada manera, cuando el órgano superior analizó con más detenimiento esa interpretación... y no es que estuvo en contra, sino que había otro criterio, disciplinadamente, el órgano inferior llevó a la práctica el criterio que le puso... inferior. Por tanto, y en términos coloquiales, "chapeau", perfecto esta cuestión, bien hecha en el aspecto administrativo.

Y desde luego, en el aspecto judicial y desde el punto de vista de la querella, cuando nos llegue y venga como viene en el punto del Orden del Día, nos manifestaremos sobre este asunto. No tenemos más que decir, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Abad. El señor Consejero tiene la palabra para turno de dúplica.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, Señorías. Muy brevemente, porque, efectivamente, el problema que estamos tratando carece de gravedad, carece de consistencia.

El señor Martín Puertas, en nombre del Grupo socialista, dice: "Nuestra pretensión era averiguar en qué consistían los hechos que han dado lugar a la querella". Y le sigo diciendo: no lo sé. Todo lo que hemos hecho hasta este momento -supongo que el Delegado Territorial también- es una aproximación a los hechos que pueden haber dado lugar a la querella, porque no sé cuáles son los hechos que han dado lugar a la querella.

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De todas las maneras, usted dice: "Tampoco yo tengo por qué saberlo". Me parece muy bien. Usted dice: "Yo pido que vengan los sindicatos, pido que venga el Consejero, y de lo que digan los dos, yo me enteraré a ver de lo que pasa". Usted sabía -porque no es la primera vez- que era muy difícil, por no decir imposible, que la Mesa admitiera la presencia de los sindicatos aquí para decir por qué, a qué se debía esa querella o cuáles eran los hechos de la querella. Yo creo que usted sabía que a los sindicatos no les iban a admitir la comparecencia. Pero aun admitiendo que usted creía que eso lo iban a hacer, si lo que usted quería es oír a las dos partes, y a una se la han suprimido desde la Mesa, lo que podía haber dicho: bueno, pues si no viene la otra parte, renuncio a lo que me diga el Consejero, porque, como el Consejero no es el que ha presentado la querella, ¿qué me va a contar de los hechos que han dado lugar a la misma? Podría haber renunciado y usted no ha querido.

Luego por lo tanto, de lo que usted pretendía... de lo que usted dice que pretendía a lo que realmente pretendía hay un trecho, y ese trecho usted sabrá cuál es.

Se ha dicho algo que... Dice: "Usted debería haber contado en la primera comparecencia lo que ha dicho en la segunda". Yo en la segunda -si ustedes recuerdan- he dicho muy poco; he hecho un ejercicio de aproximación a lo que yo pienso que puede ser la querella. Y ese ejercicio de aproximación lo hago porque, efectivamente, en la Delegación de León hay un problema que puede dar lugar a un conflicto colectivo. El conflicto colectivo es el más grave de los conflictos que puede tener la Junta de Castilla y León con sus trabajadores.

Pero, qué curioso, UGT, que es la que denuncia estos hechos, la que no está contenta cómo se llevan a cabo, la que pide -y téngalo en cuenta, si éste es el hecho- que se revoquen los actos dictados, los actos... resoluciones adoptadas por la comisión de valoración; se le dice que no; da lugar a una consulta, da lugar a que se reúna la comisión paritaria, da lugar a escritos que manda la Directora, da lugar a un escrito que tengo que mandar yo -que sí que lo conozco; le he dicho que conozco cuatro escritos- y da lugar al planteamiento de un conflicto colectivo. Y como previo al planteamiento de conflicto colectivo es ir a la comisión paritaria, en la comisión paritaria echan marcha atrás, ya han organizado bastante lío, echan marcha atrás y dicen: "No estamos de acuerdo, pero no planteamos conflicto colectivo". ¿Por qué? ¿Porque otra vez piensan perder una sentencia, como acaban de perder en el Tribunal Supremo respecto a otro problema que tampoco tenía consistencia de ningún tipo? ¿Por qué? ¿Porque lo único que intentan es dar la lata, como están haciendo en este momento con otro problema, poniendo boca del Consejero lo que no ha puesto? Y yo les digo: no hemos dado marcha atrás, nos negamos a aceptar lo que UGT decía; no hemos revocado las actuaciones de la comisión de valoración, si se refiere a eso. Por lo tanto, no les hemos hecho caso. Y pesar de no haberles hecho caso, se callan, se callan y no hacen nada.

Luego por lo tanto, paso a contestar al señor Buiza. "A mí esto me parece... no me parece tan grave. Tiene tan poca importancia que no sé por qué se ha hecho". Y yo le digo: a mí, sin embargo, me parece muy grave el hecho de que algo que parece poco grave, que no tiene ninguna importancia, dé lugar a criminalizar un hecho -si éste es el hecho-. Criminalizar un hecho en estas condiciones, eso demuestra que es muy grave que la actuación de quien debía de preocuparse por defender los intereses de los trabajadores se esté preocupando mucho más por organizar un conflicto con la Administración.

Por lo tanto, a mí me parece grave, llegando hasta donde han llegado. Porque yo, que no tengo ningún temor de lo que pueda pasar, sí que le advierto que sí que me molesta enormemente que hayan presentado la querella sin ninguna base, sin ninguna base. Y por lo tanto, a mí me parece muy grave, muy grave, el hecho de que se utilicen cosas intranscendentes para organizar un lío como el que han pretendido organizar en la prensa, y el que ha dado lugar a un montón de titulares diciendo: "El Consejero de Presidencia y el Delegado Territorial de la Junta en León están querellados, están bajo sospecha de prevaricación y de falsedad en documento público", dos delitos que hoy están a la orden del día y que todo el mundo sabe lo que son, y que es una de las más graves acusaciones que se puede hacer a cualquier funcionario y, por supuesto, mucho más que a un funcionario, a cualquier autoridad, a cualquier alto cargo.

Por lo tanto, me parece muy grave y me molesta; sin ningún miedo, pero me molesta. Me molesta porque hay algo más. No se defienden así los derechos de los trabajadores. Si realmente hubiera habido alguna irregularidad en la dotación de esta bolsa de trabajo... si es que por eso yo leía lo que es la prevaricación y dónde llega. Dice el señor de Fernando: "A mí no me importa la doctrina". A mí sí. Porque si realmente hubiera habido una desprotección de los derechos de los que habían concurrido a la formación de esa bolsa, tenían a su alcance todas las posibilidades del mundo: un recurso administrativo, un recurso contensioso-administrativo, una denuncia de otro tipo. Y de los... no sé cuántos se presentarían en esta ocasión, pero la proporción en este momento -como usted dice- para ocupar un puesto de trabajo, aun cuando sea por unos meses, es de miles, de cientos de miles. ¡Qué curioso!, cientos que serían en la ocasión -que no sé exactamente los que fueron, ni lo sé, porque no es un problema que yo siga puntualmente-, cientos que se presentarían, se hace, se crea la bolsa; ni un solo recurso. Bueno, ¿pero qué estaba defendiendo la central sindical y el Comité de Empresa, si de los cientos que se presentaron no ha habido ni uno solo que ha protestado de la constitución de esa bolsa? Porque otras sí que están recurridas, pero ésta no estaba.

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No me creo yo que éste sea el motivo, ni que tenga importancia. Y no creo yo... Ustedes tienen derecho... no solamente derecho, tienen el deber de averiguar qué hay detrás de cada una de las denuncias que existen. Y yo por eso... yo no me quejaba de usted. Y cuando me he dirigido a los Grupos Parlamentarios he dicho, bueno, que están en su derecho y están no sólo ante su derecho, sino en el deber de hacerlo. Pero yo sí quiero dejar aquí patente mi malestar con actuaciones muy graves por actos que no tienen consistencia de ningún tipo.

Y el señor de Fernando decía: "¡Hombre!, un tirón de orejas debía darle usted al Delegado por haber actuado como actuó". Mire usted, en el funcionamiento de cualquier organización es imposible que haya una sola línea única de actuación. Por lo menos en el Partido Popular, que no es un partido que dé instrucciones y directivas a rajatabla, no puede usted impedir que las personas que ocupan altos cargos de vez en cuando crean que tienen una interpretación más correcta de lo que dicen las normas que lo que dice la superioridad. Pero lo que sí que es cierto es que, manteniendo esa postura -que he visto que la sigue manteniendo-, no la ha aplicado, ni la va a aplicar, ni se lo vamos a consentir. Luego por lo tanto, lógico, lógico en alguien que tiene una cierta personalidad, que conoce bastante de función pública, y lógico en un Consejero que sabe lo que tiene que hacer, y es dar instrucciones y que se cumplan, aun cuando las instrucciones que se cumplan se cumplan con una cierta... haya que insistir.

Por lo tanto, yo no solamente no le tengo que dar un tirón de orejas, lo que tengo que presumir es de tener el Delegado Territorial que tenga una personalidad y una formación como no tiene todo el mundo.

Y con esto, Señorías, termino. Es... y estoy molesto con la querella, no tengo ningún temor con la querella, ninguno. Estoy molesto porque de un motivo intranscendente, de poca importancia, se ha imputado un delito de los más graves que se pueden imputar a dos altos cargos de la Junta, que ha dado lugar a titulares en los medios de comunicación muy graves. A mí me han preguntado en muchísimas ocasiones qué he hecho; algunos se habrán creído que no he hecho nada y otros habrán creído que lo he hecho y que si me libro será por suerte, y eso me molesta; me molesta y creo que no se defiende con eso ningún interés de los trabajadores, ni de los funcionarios, ni tampoco los propios intereses de la Junta de Castilla y León.

Esa es la postura o lo que queríamos explicar aquí. Yo por lo menos he explicado un hecho que creo que se puede referir a él la querella, pero tampoco tengo la completa seguridad de que lo que hemos estado hablando aquí sea el motivo o los hechos que han dado lugar a la presentación de esa querella. A ver si yo estoy aquí opinando que con este caso, con esto de lo que hemos estado hablando no tengo nada que ver, y cuando me llamen resulta que sí que tengo algo que ver y tengo que empezar a temblar por alguna otra cosa que no conozco. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Consejero. El señor Delegado Territorial tiene la palabra para su turno de réplica.

DIEZ DIEZ

EL SEÑOR DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN LEON (SEÑOR DIEZ DIEZ): Gracias, señor Presidente. Bueno, yo, muy brevemente. Pero sí quería hacer algún tipo de consideración.

En primer lugar, pues, ¡hombre!, tal vez, seguramente debo de agradecer esas referencias a que si mi segunda intervención hubiera sido la inicial se había, a lo mejor, excusado el alargamiento del debate. Bueno, yo a lo mejor... Lo que sí les aseguro a ustedes es que yo... no ha sido un planteamiento estratégico. No tiene sentido, porque, precisamente, si lo que se pretendía era acortar el debate, yo hubiera ido por corto y por derecho para acortar el debate. No, no ha sido ningún motivo de estrategia, ha sido -diríamos- un problema de metodología, de metodología. El planteamiento del requerimiento para que yo estuviera aquí a hablar era sobre hechos que podían constituir delitos; y yo digo: precísenme, porque yo no conozco esos hechos. Ahora, si el planteamiento no hubiera sido ése y hubiera sido: explique usted cuál ha sido la actuación en este asunto, pues, hubiera comenzado explicando la actuación en este asunto. Pero metódicamente o metodológicamente, el emplazamiento era sobre hechos que podrían constituir delito, y que yo, obviamente, desconozco absolutamente. Esa fue la razón de que la segunda intervención fuera un poco más larga.

Quisiera también señalar que... me parece al señor Buiza, que decía: ¿cuándo se presenta la querella? Pues en enero de este año, en enero de este año, es decir, pues, aproximadamente, unos seis meses después de estar solucionado absolutamente el problema.

(-p.11214-)

Y a don Daniel de Fernando, se lo quiero decir: vamos, yo no sé si coincido en la interpretación de sus palabras que ha hecho el Consejero o no; yo lo que sí he deducido es que... vamos, he deducido yo, he apreciado yo, en mis... en mis entendederas, que usted insinuaba -a lo mejor no-, insinuaba que el Delegado, pues, obraba un poco por libre y ordenaba. Mire usted, si fuera así, yo le voy a decir una cosa: no conozco, no conozco que haya ninguna, ningún pronunciamiento, ni de la Comisión paritaria, ni de la Dirección General de la Función Pública, ni del Consejero, que antes de las pruebas del cuatro de junio establezcan -ni del convenio colectivo, obviamente-, establezcan la obligación... vamos, el derecho de los representantes del Comité de Empresa en la Comisión de selección a participar en la elaboración de las pruebas. No existe. No es que yo me fabrique en favor de mis conocimientos mejores o peores, de mi experiencia profesional, una teoría al respecto; es que hay un vacío de interpretación. Ese vacío de interpretación, y no de una manera muy contundente tampoco, se produce después de las pruebas del cuatro de junio. Y entonces yo, sin renunciar a mis criterios, los aplico por obvia disciplina, o por obvia asunción de mis deberes en una organización jerarquizada. Pero hasta el cuatro de junio no hay ningún pronunciamiento que diga: señor Delegado, que los miembros del Comité de Empresa en la Comisión de Selección tienen que participar en la elaboración de las pruebas. Yo, en el ejercicio que me es exigible de una responsabilidad directiva, formo criterio cuando una Comisión de Selección me lo pide, y se lo digo, y la Comisión de Selección lo asume o no lo asume; en este caso lo asumió, porque era un criterio que está absolutamente razonado y que hubiera sido incluso muy difícil de contestar en la Comisión paritaria, para adoptar una resolución en contra.

Por lo tanto, no ha habido... por ese aspecto, no ha habido ningún problema por parte de este Delegado.

Y, finalmente, tenga usted la seguridad de que este Delegado nunca, absolutamente nunca, ha dado órdenes de actuación a los miembros de una Comisión de Selección; nunca.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Muchas gracias, señor Delegado. Terminado el turno de Portavoces si algún Procurador desea intervenir para formular preguntas u observaciones...

El señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Para hacer un par de observaciones y una pregunta.

La primera observación es simplemente una precisión, y es que se ha dicho, a lo largo del debate, que el grupo mayoritario se opuso a que comparecieran las centrales sindicales.

Quiero precisar... se ha dicho literalmente, lo tengo recogido textualmente, y quiero precisar que el grupo mayoritario no interviene para nada en las decisiones de la mesa, que son soberanas y autónomas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Señor León, señor León de la Riva, quiero, para que no siga por ese camino, quiero decir que esta Presidencia ha hecho esa aclaración, estando un momento usted ausente de la Comisión.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Entonces, aclarado eso, y pido disculpas porque, efectivamente, estaba hablando por teléfono, enlazo, y digo por qué... ratifico lo que acabo de decir, porque una prueba evidente no sólo es que se haya rectificado por la Presidencia -lo cual agradezco-, sino que es que, si se hubiera consultado con el Grupo mayoritario, se hubiera rechazado de pleno esta sesión. Y se hubiera rechazado de pleno esta sesión, porque entiende este Procurador que estamos confundiendo los papeles de la Cámara. Se ha llegado a decir literalmente -y lo tengo recogido textualmente-: "aquí debieran haber comparecido el denunciante, el denunciado, y nosotros hubiéramos tenido oportunidad de juzgar el delito". Alguien está equivocando los papeles de lo que es una Comisión informativa de las Cortes de Castilla y León. Quienes juzgan los delitos son los tribunales de justicia y no el Legislativo. Y aquí, yo no sé si por despiste o por un exceso verbal, simplemente, se está tratando de invadir el territorio de los tribunales de justicia. Y, si alguien tiene esa vocación, podría hacer judicaturas o apuntarse, si algún día se aprueba la Ley del Jurado, en las Audiencias judiciales para que le llamen y juzgar delitos.

Aquí se hacen análisis políticos, críticas políticas y seguimientos, pero en modo alguno entiendo que se pueden entrar a juzgar delitos o supuestos delitos.

Creo, señor Presidente, con toda sinceridad, que lo que había que haber hecho era rechazar de pleno esta petición, puesto que estamos invadiendo y haciendo un juicio paralelo, pretendiendo hacer un juicio paralelo, desde el momento que se dice que se presente el denunciante, que se presente el denunciado y juzgaremos y sacaremos consecuencias. Reitero que eso no es el cometido del Legislativo, sino, claramente, de otro de los poderes del Estado.

Hecha esta reflexión, que me he venido haciendo a lo largo del debate y que no me resistía a dejar constancia de ella en el Diario de Sesiones, iba a hacerle una pregunta al Consejero de Presidencia.

Una querella criminal es algo muy serio. Cuando además esto se hace con publicidad notable, como se ha hecho en este caso, y se pone en tela de juicio la honorabilidad de las personas, pueden ocurrir dos cosas: una, que los tribunales lo juzguen oportuno, lo lleven a trámite, sigan adelante y le condenen o le absuelvan; otra, que los tribunales desestimen la querella y la archiven de oficio. Yo no soy experto jurista, pero, como Su Señoría sí lo es, le ruego que me corrija antes o después de contestarme, como usted prefiera.

Una querella criminal, desestimada por los tribunales y con la publicidad que se le ha dado a este asunto, es lo que se puede llamar una denuncia falsa, lo cual sí es un delito, y puede dar lugar -a mis cortas luces jurídicas- a que el denunciado se transforme en denunciante y exija resarcimiento del daño producido por la falsa denuncia.

Si esto es así, ¿tiene previsto el Consejero y el Delegado Territorial exigir el resarcimiento, bien por la vía...? No hay una junta arbitral, porque también parece que esto se había intentado transformar en una junta arbitral o en un acto de conciliación, no lo sé, en cualquier caso, en todo menos en un Parlamento. ¿Tiene previsto el Consejero y el Delegado Territorial, en el caso de que se desestime, como a la vista de la Jurisprudencia del Supremo parece más que evidente, proceder contra los denunciantes?

(-p.11215-)

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor León de la Riva. Tiene la palabra el señor Consejero, para contestar a su pregunta.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Gracias, señor Presidente.

Señor León de la Riva, en estos momentos yo no tengo ni idea de qué va a ocurrir con la querella presentada. Pero lo que sí que quiero hacer y estoy haciendo es el seguimiento, dentro de las posibilidades que tengo, de esa querella. Y en este momento no renuncio a utilizar cualquiera de los derechos que las normas, el Derecho, me concede. No sé qué es lo que voy a hacer, pero, desde luego, lo que sí que digo es que no renuncio en absoluto a utilizar cualquiera de los medios. Llegado el momento oportuno, cuando ocurra lo que tenga que ocurrir, tomaré la decisión oportuna. No tengo tomada ninguna decisión, pero no renuncio a nada.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias. Terminado el debate de este punto del Orden del Día, la señora secretaria dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

HUIDOBRO DIEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACION TERRITORIAL (SEÑOR HUIDOBRO DIEZ): Señor Presidente, ¿nos permiten?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Muchas gracias, señor Consejero y señor Delegado.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA ALONSO AREVALO): ...publicidad y propaganda, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 211, de once de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señora Secretaria. Para hacer la presentación de su Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Presidente.

Bueno, la verdad es que a este Procurador le hubiera gustado que algún miembro de la... de la Administración hubiera estado presente, entre otras cosas, porque la verdad es que, aunque parece que por el organigrama de la Administración Regional, la Dirección General de Relaciones con los Medios de Comunicación depende de la Consejería de Presidencia, y estando presente el Consejero de Presidencia, también es cierto que el Portavoz es el Consejero de Bienestar Social. Y entonces, le hubiera gustado que alguno de estos... algunas de estas personas representantes de la Administración, pues, hubiera escuchado estos planteamientos, porque fundamentalmente de ellos depende al final el que, si esto se aprueba, no se envíe a esta Cámara la propuesta que a continuación les voy a leer... les voy a hacer.

Los crecientes recursos que la Junta de Castilla y León destina a publicidad y a propaganda a través de las Agencias de Publicidad y medios de comunicación, justifican por su incidencia en la sociedad y en los propios medios de comunicación la necesidad de disponer de una información periódica que posibilite el control de estos gastos, por parte de las Cortes de Castilla y León, en aras de la mayor transparencia en un asunto delicado como es este.

Por este motivo y contando con los antecedentes de la información que la Junta envía regularmente al Parlamento Regional y sobre el convenio suscrito con otras Administraciones, donde, evidentemente, entre el gasto o la justificación del gasto del dinero público, y contando con que ya, en una ocasión, la propia Administración Regional al Grupo Parlamentario Socialista le suministró esta misma información sobre las colaboraciones con los medios de comunicación y el dinero que esas colaboraciones -por simplificar- hubieran podido suponer, es por lo que este parlamentario y el Grupo Parlamentario Socialista propone la siguiente Proposición No de Ley.

"Que la Junta de Castilla y León envíe mensualmente al Parlamento Regional la información detallada sobre los gastos que realice en publicidad y propaganda, por todos los conceptos, con especificación de los siguientes datos: cantidades comprometidas y, en su caso, pagadas directamente a medios de comunicación de todo tipo, incluidas publicaciones de instituciones públicas, entidades privadas, asociaciones y colectivos.

Cantidades comprometidas y, en su caso, pagadas a Agencias de Publicidad, para la realización de campañas o inserciones publicitarias, con expresión de las cantidades finalmente destinadas a cada uno de esos medios de comunicación.

Cantidades comprometidas y, en su caso, pagadas a Agencias de Publicidad y a medios de comunicación, en concepto de premios, convenios, patrocinio de programas, suplementos o ediciones especiales, prestación de servicios de gabinete de prensa o de otra índole en congresos, jornadas o ferias, seguimiento de actividades de la Junta o cualquier otro tipo de relación de servicio.

Gastos realizados por las empresas públicas regionales en publicidad y propaganda, en los mismos supuestos anteriormente formulados para la Junta de Castilla y León.

(-p.11216-)

La información a remitir por la Junta, en el caso de que esta Proposición No de Ley fuera aprobada, expresará, en cada uno de los casos, los siguientes extremos: ejercicio presupuestario, perceptor, cuantía, objeto por la que se contrajo el gasto, partida presupuestaria, Sección, Programa, Servicio y Concepto a la que se imputa el gasto y, en su caso, fecha del pago".

He creído oportuno leer el texto original de la Proposición No de Ley, puesto que en la convocatoria, cuando hacía referencia a esta Proposición No de Ley, en el segundo punto del Orden del Día, simplemente se limitaba a solicitar al Parlamento Regional la información detallada de los gastos y publicidad y propaganda. Como ven Sus Señorías, la solicitud, a través de esta Proposición No de Ley, es mucho más amplia y, por lo tanto, no pretende otra cosa que algo que ya se ha venido solicitando en anteriores ocasiones y que debería de haber tenido su continuidad -y así lo hemos solicitado hace más de cuatro meses- con la actualización de aquella información. Y, como culminación a esas otras dos iniciativas anteriores, parece que lo lógico y lo oportuno era esta, el que ya la propia Cámara se comprometiera, ante los Grupos Parlamentarios, a enviarnos con un grado de periodicidad que nosotros marcamos en un mes, porque así lo estimamos en el momento de presentarla, marcada con un grado de periodicidad esta misma información, sin que necesariamente el Grupo Parlamentario Socialista, o cualquier otro Grupo parlamentario que lo solicitara se viera en la obligación sistemática, periódica de solicitar esta documentación.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? El señor Abad tiene la palabra para un turno en contra.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Sí, señor Presidente. Antes de seguir, por una cuestión de orden, o una cuestión previa, vaya por delante y afirmar que tenemos la seguridad plena de que el Gobierno Regional tomará... o sea, hará lo que esta Cámara acuerde; eso ya para que no exista duda, que si se ha quedado o no se ha quedado ningún representante. Afirmamos que hará lo que esta Cámara soberanamente... el acuerdo que tome, lo llevará a efecto.

Dicho lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular..., intervengo en nombre del Grupo para consumir un turno en contra a esta Proposición No de Ley que hoy se nos trae por el Grupo Socialista. Y, en un principio, tenemos que decir que nos oponemos fundamentalmente por cuatro motivos... por cuatro motivos.

El primero de ellos es por defectos en la propia Proposición No de Ley. El Grupo proponente habla de publicidad y propaganda. Señores del Grupo Socialista, la Junta de Castilla y León no hace propaganda, la Junta de Castilla y León hace publicidad, que son cosas sustancialmente distintas. La Junta hace, repito, insisto, publicidad, porque, según la interpretación mayoritaria y según determinados textos tanto jurídicos como desde el punto de vista de las normas de la Real Academia, la propaganda es comunicar persuasiva... con carácter persuasivo una determinada ideología, realizando y/o impulsando directa o indirectamente por un individuo, y cuyo fin real o aparente es el de difundir tal ideología, captando adeptos, seguidores o secuaces -que viene a ser lo mismo- de esta determinada ideología. Sin embargo, la publicidad es una cosa sustancialmente distinta; la publicidad es el conjunto de métodos y técnicas empleadas para dar a conocer y/o promover a través de los medios de comunicación una idea, un bien, un servicio, una organización. Por tanto, aclarado esto, que es muy importante para nosotros, aunque resulte obvio, es importante que quede claro en el Diario de Sesiones.

Nuestro segundo punto de oposición a la Proposición es porque ya existen mecanismos adecuados de control, aprobados por esta Cámara y también con el voto del Grupo mayoritario, que vinculan, por supuesto, al Ejecutivo, según las decisiones soberanas de esta Cámara legislativa. Efectivamente, en esta misma Cámara ya hemos aprobado otras proposiciones no de ley que vinculan a que venga aquí el Ejecutivo.

El tercer motivo de oposición es porque no existe norma -y digo bien-, repito, norma nacional, regional o europea que obligue a realizar estos.... modalidades de los preceptos de estas ayudas. Y para ello tengo aquí, tengo una contestación escrita de la... publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, sobre un determinado asunto que formuló el ilustre eurodiputado don Juan Colino Salamanca, referente a una serie de posibles publicaciones. Y la contestación que dio la Comunidad... publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en el número C-352.45 dice literalmente: "La normativa comunitaria no dispone en ningún caso que se elaboren listas nominales de los derechohabientes de ayudas comunitarias o nacionales". Esto es lo que dice textualmente, y repito, insisto, a una pregunta formulada por el eurodiputado don Juan Colino Salamanca; la tengo aquí, por tanto, está publicada en el Boletín... en el Diario de Sesiones.

(-p.11217-)

Y el cuarto motivo de oponernos a esta Proposición es porque las distintas partidas que se destinan a publicidad están recogidas en los presupuestos que anualmente aprueba esta Cámara. Por cierto, por cierto, es la única Administración regional que enumera las cantidades concretas que se van a determinar a publicidad, exactas, y están en los presupuestos, y en este año se puede ir a las partidas correspondientes y verlas. Por este motivo, nosotros nos oponemos a la Proposición que ustedes nos han puesto.

Y también, si me permite el Grupo proponente, le quisiera hacer una pregunta, no sé si procede reglamentariamente, pero por si acaso la hago. ¿Me puede decir usted qué Comunidad Autónoma gobernada por el Partido Socialista aporta estos datos a la Cámara legislativa para que sean discutidos?

Muchas gracias, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Abad. El señor Martín Puertas tiene cinco minutos para un turno de dúplica.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: La verdad es que no me ha aclarado de mucho, sinceramente se lo digo, don Jesús. Pero voy a procurar, voy a procurar dar... voy a procurar convencerles, aunque ya pensaba que no les iba a convencer. Insisto, si me tardan ocho meses en dar los primeros datos, si tardan cuatro meses y medio en darme los... cuatro meses y medio y todavía no se me han dado los segundos, difícilmente me les va a dar ustedes periódicamente, sea la periodicidad un mes, tres meses o seis meses. En definitiva, mi conclusión es que no me les quieren dar, eso es evidente. Seguiré insistiendo y les seguiré solicitando. Ahora, la verdad es que los cuatro argumentos que usted me da no me convencen, pues yo creo que tampoco han convencido a nadie de la Cámara, vamos, ni siquiera probablemente a sus propios compañeros por las caras que ponían. Porque, vamos, si me dice usted que a partir de ahora los anuncios de televisión les vamos a llamar anuncios de propaganda y no anuncios de publicidad, pues, hombre, es un argumento como cualquier otro, válido, pero difícilmente defendible. Yo, pregunta por pregunta, y al margen del diccionario, dígame qué diferencia hay entre publicidad y propaganda; ambas, ambas, don Jesús, pretenden lo mismo. ¿Que en eso usted encuentra ideología? Lo dice usted, yo no lo digo. ¿Que la publicidad de la Junta de Castilla y León se pueda entender como propaganda? Lo dice usted, yo no lo digo. Insisto, en la presentación de la Proposición No de Ley he querido leerla íntegramente, porque entendía que los términos publicidad y propaganda no recogían convenientemente todo el contenido de nuestra Proposición No de Ley. Entiendo que se ha querido extractar un poco lo que era el contenido de la Proposición No de Ley y eso ha hecho que, probablemente, no se hayan entendido esos dos términos y, probablemente, no se haya entendido la intención final de la presentación de esta Proposición No de Ley.

Me dice que tiene mecanismos de control. Evidentemente, con esos mismos mecanismos de control sí que se han solicitado ante esta Cámara otro número de peticiones y sí que se han concedido. No entiendo por qué no. Incluso en ésta ya hay algún precedente. Qué inconveniente hay que si ya se solicitó en su día cuáles eran las cantidades que la Administración regional gastaba en todos estos cometidos y al Grupo Parlamentario Socialista se le informa de ellas, se le contesta, insisto, aun después de ocho meses, se le vuelve otra vez a solicitar... Y en esto debo de hacer un punto, un alto en el camino. La verdad es que me planteé la posibilidad de retirar esta Proposición No de Ley, porque, efectivamente, tenía mis dudas y ustedes me las han despejado. Evidentemente, si tardan cuatro meses y medio en contestarme a una actualización de unos datos que ya con anterioridad se me habían facilitado y simplemente el hecho de actualizarles -y me consta que para eso hubo que ejercitar un programa nuevo, un programa de ordenador en la Administración regional-, y tardan cuatro meses en actualizármeles, hombre, poco me podía esperar de esta Proposición No de Ley de que, además de actualizados, me les dieran ustedes cada mes o cada tres meses, si al final esa hubiera sido nuestro propuesta.

Me dice que no existe ningún tipo de norma. Bueno, hay otra Proposición No de Ley, que supongo que también se estudiará en esta Cámara, por la que nosotros proponemos ese tipo de normas en los repartos; supongo que no se refería usted a ese tipo de normas en los repartos. Yo no entro a valorar los repartos; ya lo haré en su día con ese estudio de estas tres Proposiciones No de Ley, en concreto con una de ellas. En estos momentos, esta Proposición No de Ley lo único que pretende es, primero, información, concedida después de ocho meses. Segundo, actualización de la información, concedida o previsiblemente concedida no sé en qué plazo. Y, por último, que esa actualización, sin necesidad de que el Grupo Parlamentario tenga que solicitarla nuevamente, se nos conceda por vía automática a través de estas Cortes en los periodos que marca la Proposición No de Ley; o en otros, si ése es el inconveniente, si ustedes al final pudieran presentar, y sabe que se puede hacer ante una Proposición No de Ley... el presentar algún tipo de modificación que pudiera hacer que esta Proposición No de Ley se aprobara en esta Comisión.

Si el inconveniente es que en vez de ser en un mes se solicite cada tres meses, zanjado por mi parte y por el Grupo Parlamentario Socialista ese inconveniente; cada tres meses que se remita a esta Cámara. Si el inconveniente es que sea cada seis meses, probablemente también quedaría zanjada esa propuesta. Ahora bien, parece que el inconveniente no es ni los tres meses, ni los seis meses. El inconveniente es que ustedes se niegan por principio a facilitar esta documentación ante esta Cámara y que, por lo tanto, habrá nuevamente que solicitarla y pedir que se vaya actualizando cada cierto tiempo. Este es el único inconveniente, ésta es la única diferencia que este Procurador ve.

(-p.11218-)

Que la Junta no ha ofrecido ninguna solución, ha dicho usted, he creído tomar rápidamente, o que la Junta... la Junta debería de haber ofrecido alguna solución. Desde luego, nuestro Grupo, insisto, en posteriores Proposiciones No de Ley las ha ofrecido. Creo entender esto de lo que he cogido. Que hay una normativa o una contestación comunitaria, que sinceramente, insisto, no he entendido, incluso pensaba que estaba fuera del contexto de lo que es esta Proposición No de Ley. Pero independiente de... mire, aunque se ajustara al contexto de lo que es esta Proposición No de Ley, porque exista una normativa comunitaria, porque no exista -y ya le contesto a esa pregunta- ninguna comunidad autónoma que dé este tipo de datos, no lo sé si el Gobierno Central -también es cierto- facilita o no facilita este tipo de datos, lo que sí que creo -que estará conmigo- es que es deber de un Grupo Parlamentario el hacer esa solicitud, también posiblemente es su deber como mayoría el denegarla, y, desde luego, en eso estamos en nuestro perfecto derecho. No hay ninguna comunidad autónoma probablemente, ni gobernada por el Partido Socialista, ni gobernada por el Partido Popular. Sí que es cierto que estos mismos datos se han pretendido por parte de algún Grupo Parlamentario Popular en alguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista, sí que es cierto, y que en estos momentos está pendiente de dárseles también una solución; no sé si negativa o positiva, la suya es negativa; no lo sé si en esas otras comunidades autónomas, no me corresponde a mí valorar de qué manera se va a aceptar o no se va a aceptar ese tipo de proposiciones.

Yo creo sinceramente, insisto, retomando un poco el inicio de mi segunda intervención, que no me han dado los suficientes argumentos como para oponerse a esta Proposición No de Ley, que, insisto, por otra parte, esperaba esa oposición; difícilmente pueden aprobar algo cuando con anterioridad se han negado -por lo menos así lo entiende este Procurador- a dar esa información cuando se les ha pedido, cuando simplemente se limitaba a actualizar, de dar a una tecla al ordenador, que se supone que ya tiene un programa preparado con anterioridad para emitir este tipo de datos. Y que no me queda más que decir que tendremos que seguirlo pidiendo del mismo modo que lo hemos venido pidiendo en otro tipo de solicitudes, no a través de una Proposición No de Ley, sino a través de las preguntas escritas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Para un turno de dúplica, tiene la palabra don Jesús Abad.

ABAD IBAÑEZ

EL SEÑOR ABAD IBAÑEZ: Sí, muchas gracias. Bueno, lo que le puedo decir en plan cariñoso y en plan muy amigable es que, bueno, nosotros estaríamos totalmente gustosos a proponer a la Junta que les transmitiese todo lo que usted dice, si exactamente lo mismo, cuando el Gobierno de la Nación le conteste y le mande al Senador Uncieta, de nuestro Grupo, que ha pedido lo mismo ya tres veces y todavía no ha obtenido respuesta. Pero no es éste el caso. Esto es una ironía, si me la permite; pero vamos, es así, ¿no? De acuerdo.

Mire usted, le repito y le insisto que son cosas sustancialmente distintas publicidad y propaganda, sustancialmente distintas, muy distintas; no lo vamos a repetir, porque ya consta; son cosas totalmente distintas.

Mire usted, la publicidad que la Junta hace, nosotros, el criterio que tiene el Partido Popular es divulgar y promocionar cosas, pues, tan importante... hacer Comunidad -como dice nuestro querido Presidente de la Junta, a la cabeza... de la Junta-, divulgar, dar a conocer nuestra tierra, nuestras gentes, nuestros productos, nuestros monumentos, nuestras rutas, todo este entorno, que en realidad es lo que hace Comunidad. Esta es la publicidad que nosotros potenciamos y la publicidad que nosotros apoyamos. Y a esto se presupuestan anualmente unas determinadas cantidades, que este Parlamento soberanamente aprueba, y después establece los métodos de control para que la Junta, efectivamente, lleve a la práctica el programa que previamente ha sometido -repito- a esta Cámara.

Desde otro punto de vista, la Junta lo que hace es, bueno, pues, valorar una serie de cosas, para encargar a determinados medios de comunicación, en función de los oyentes, sus programas publicitarios, en función, evidentemente, de los escuchas, de los radioescuchas, o de los lectores, o de los televidentes; en función de qué grupo de personas son las receptoras de esta publicidad. Por ejemplo, en un programa y en una determinada cadena de radio, por ejemplo, que la escucha la juventud, si se van a hacer unas cuñas publicitarias que van, por ejemplo, a hacer una campaña antidroga o antialcohol, lógicamente, tendrá que ir a un determinado... a una determinada emisora. Por el contrario, si va a ser por ejemplo una campaña de prevención del cáncer de mama, por ejemplo, tendrá que anunciarse, hacer publicidad la Junta en ese medio donde van a ser receptores, pues, otra serie de personas, pero en concordancia con esa cuestión.

Nosotros, nosotros, que, bueno, alabamos la transparencia que está teniendo la Junta, dentro de la publicidad, pues mire, nos encontramos, pues, que van abarcados también una serie de folletos -fíjese los que he traído; he cogido de algunas Consejerías la tira de ellos, cantidad-. En esto es lo que nosotros, con lo que se aprueba en esta Cámara... o sea, la Junta, con lo que se aprueba en esta Cámara, pues, hace su determinada publicidad.

(-p.11219-)

Y para terminar, quiero decirle lo siguiente. Hemos solicitado a nuestros compañeros de distintos parlamentos... y créame, les hemos pedido ayuda, que nos ayuden, para ver qué es lo que se hace en otros parlamentos. Y realmente nos han mandado lo que existe en el Parlamento de Andalucía; lo tengo aquí, lo de los dos años, lo del ochenta y cuatro y... perdón, lo del noventa y cuatro y lo del noventa y cinco. Y le garantizo -y está a su entera disposición- que no hay partidas concretas para publicidad, que son difusas y -permítame la expresión- confusas, y, por cierto, con unas cantidades importantes desde el punto de vista de la cuantificación del gasto, próximos a los 1.000 millones de pesetas, sin contar las empresas públicas, que, por cierto, la Junta de Andalucía tiene muchas.

Y le repito y le insisto: hemos solicitado información de nuestros compañeros del Parlamento de la Comunidad de Castilla-La Mancha, a nuestros compañeros del Parlamento de Extremadura, también a los de Canarias. ¿Y sabe lo que nos han mandado los de Canarias? Para una determinada campaña publicitaria, para encargar unos vídeos, que es totalmente legítimo, sólo para dar a conocer, sólo para dar a conocer una parte de su riqueza lingüística, gastaron 1.692 millones de pesetas. Esto, si lo unimos a las formas de control que están establecidas en esta Cámara, y lo cual siempre ha cumplido la Junta de Castilla y León y ha apoyado el Grupo mayoritario que la sustenta, no tenemos nada más que decir. Señor Presidente, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Abad. Para fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Y brevemente, para, bueno, manifestar que, desde el punto de vista de la finalidad que persigue esta propuesta de resolución, que es la de informar y dar transparencia al actuar administrativo en un tema tan complejo y tan discutido y discutible como es el de la publicidad y propaganda... yo no sé, sin darle carácter peyorativo, porque las dos palabras se utilizan muchas veces, popularmente al menos, con carácter ambivalente, y a veces, en la vida real, cuando decimos "caminamos con fuerza", por ejemplo, no sabemos si eso es publicidad o es propaganda, porque también depende un poco de la receptividad de quien lo oye, de si eso potencia -digamos- el sentimiento regional o simplemente potencia un poco el sentimiento de que quien gobierna lo hace bien o no. Es decir, que yo creo que no es ése el tema de fondo.

A mí me parece que sería bueno haber hecho un esfuerzo de acercamiento de posiciones, tanto por parte del Grupo proponente como por parte del resto de los Grupos, para conseguir que la Administración Regional tuviese un cierto nivel de transparencia informativa en esta cuestión.

Y dicho esto, yo voy a manifestar que, tal como se plantea esta propuesta de resolución, yo me voy a abstener, porque entiendo que es excesiva en el tiempo; el pedir que mensualmente, con tanto detalle, rigor, pues, se dé una cumplida información parece excesivo. Y por otra parte, porque también me parece excesivo la casuística que se utiliza, ¿eh?, que parece que abarca casi todo, dejando flecos abiertos y a veces no sabiendo si otros podrían o no podrían entrar. Bueno, pues, mete premios, convenios, jornadas, ferias, etcétera. Es decir, creo que sería bueno que la Administración Regional fuera menos cicatera e informase más cumplidamente sobre estas materias que preocupan a muchos y que -como decía antes- son discutidas y discutibles; que sería bueno que todos hiciéramos un esfuerzo para buscar una vía de acercamiento que permitiese que eso fuese una realidad. Pero yo creo que entiendo también la posición del Grupo mayoritario, que se oponga a que todos los meses, con tanto detalle y rigor, la Administración Regional tenga que informar de todo esto, porque qué duda cabe que eso distrae también la fuerza de la propia Administración para gestionar otros temas, quizá de mayor trascendencia.

Por otra parte, el Portavoz del Grupo Popular, con buen criterio, nos ha dicho que esto es tan novedoso -y yo lo creo- que no existe en ninguna parte, el que con tanto rigor y tanto detalle todos los meses se informe. Porque esto quizá sea una fiscalización excesiva, a mi juicio; aunque respeto, lógicamente...

Y ya digo que, desde el punto de vista de la intención o la filosofía, me parece interesante esa voluntad de forzar una mayor información, pero a nivel de testimonio únicamente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor... Gracias, -repito-, señor Buiza. El señor de Fernando tiene la palabra para fijación de la posición de su Grupo.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Yo voy a votar a favor de la Proposición No de Ley, a pesar de que me parece exagerada en una parte y muy corta en otra. Y lo voy a aclarar. Porque es un tema que, a pesar de los mecanismos de control que dice el señor Abad, yo me doy por vencido; no hay manera de saberlo.

Y contaré mi experiencia en este tema. Pero aclarar al señor Martín Puertas que lo veo exagerado en cuanto a que sea mensual la información, y la veo corta porque la propaganda no está sólo ahí, en la publicidad. Está mucho más que en eso: en los cursos con el dinero proveniente de la Unión Europea; ahí sí que hay propaganda y no publicidad. Y como son dos temas en los que llevo varios años intentando, señor Abad, voy a explicar públicamente qué mecanismos de control tienen estas Cortes.

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He preguntado en una ocasión que se me contestase por escrito más o menos esto que dice el señor Martín Puertas, en todos los medios escritos y radiofónicos de la Región, el gasto en un año. No puede usted imaginarse, y voy a aclarar: nadie de la Junta y nadie del Partido Popular, pero amigos míos pegándome la matraca todos los días -no sé por qué tenían que saber que yo había hecho esa pregunta-, muy relacionados con medios de comunicación. "¡Hombre!, retira esa pregunta, que es que, si se publica, El Norte se va a enfadar por lo que da al Diario de León, el Diario de Burgos por el Diario de Avila; es mejor que ningún medio sepa lo que está cobrando de la Junta", cobrando en el sentido de publicidad. Un día, otro día, otro día. Ya tanto me aburrió que le dije: "Bueno, puesto que tú pareces estar muy enterado, no la voy a retirar, pero que no me la contesten, a cambio de que, personalmente, me digan lo de tres medios nada más". Se me dijo lo de tres medios. Le puedo decir, señor Abad, que a quien no le escandalice que una revista semanal que tiraba doscientos ejemplares a la semana recibía entre 1.500.000 y 2.000.000 al año... Pero le voy a decir más: esa revista se ha traspasado de dueño, y cuando le he preguntado al nuevo dueño cuánto le dan de publicidad, dice: "Cero. ¿Es que dan algo?". Digo: "¡Hombre!, vete al..........., di lo que le daban a tu antecesor". Esa es la publicidad, mi experiencia, los medios de comunicación.

Pero mi otra experiencia también, la de la propaganda de los cursos. He preguntado a quién y cuánto se da en los cursos de formación a dos Consejerías. He recibido lo de una y lo tengo a disposición de los medios de comunicación y de quien quiera, para que vean si no es de escándalo. Y la otra se limita a decirme: "He dado setecientos veintiocho cursos, y como son muchos, no puedo especificar". No, no, insisto, déme no digo cada curso; usted me dice: a la COAG, tantos cursos, los cursos que le dio, tantos millones, a tal. No hay manera.

Por eso digo, señor Martín Puertas, llevo dos años tras los temas y voy cogiendo a medias. Y lo otro, ya le digo, no le actualizarán a los cuatro meses y medio, pero no es por no decírselo, es para que no se enteren los medios -dicen ellos- de lo que cada uno se ha llevado en gastos.

Por tanto, señor Abad, mecanismos de control, ninguno. Sigan ustedes con la publicidad y la propaganda, que para eso tienen... ¿Mecanismo de control? Pues el mismo que tenemos en las Cortes. Hoy no salía de mi asombro cuando he oído al señor Lucas, hoy o ayer, por televisión: "Yo, a las Cortes, deseando ir. Yo, a explicar los 51.000 millones voy, mira, en cuanto las Cortes quieran. Si no quieren las Cortes...". Efectivamente, las Cortes no quieren que venga el señor Lucas; su voluntad es venir. A la Junta le ocurre igual: tiene una parecida, quiere darla, pero son las Cortes las que niegan que se nos dé información. ¿Qué va a hacer la Junta? Lo que digan las Cortes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor de Fernando. Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor Martín Puertas.

MARTIN PUERTAS

EL SEÑOR MARTIN PUERTAS: Gracias, señor Consejero... digo, señor Presidente. Bueno, la verdad es que me lo pone muy mal el señor Daniel de Fernando; porque, claro, si él lleva dos años esperando, yo llevo ocho meses por una pregunta y otros cuatro meses y medio por otra, y al final tengo que esperar otros ocho meses, realmente me lo pone difícil.

Mire, yo, señor don Jesús, no le discuto las cantidades. Yo no he querido entrar, porque yo creo que esto era un término de otra Proposición No de Ley, que probablemente pudiéramos ver en otra ocasión, o de otro tipo de debates, pero no de entrar a discutir las cantidades que se podían estar utilizando o gastando por parte de la Administración. Mi Proposición No de Ley era mucho más simple: quería saber cuáles eran las cantidades; ya se me contestó con ocho meses de retraso. A continuación he pedido que se me actualizara esto; llevo -insisto- cuatro meses y medio, y espero que antes de que finalice esta Legislatura se me conteste. Y por último, quiero que periódicamente -y en esto les contesto tanto a don Daniel de Fernando como a don Virgilio Buiza-... Si el problema estaba en la periodicidad que se marcaba en la Proposición No de Ley, modifiquemos la periodicidad, si eso es el planteamiento por el que se va a votar en contra o se van a abstener.

Mire, probablemente reconozca que una periodicidad mensual es exagerada, pero insisto: como éste ha sido el argumento fundamental del Partido Popular, como ha sido el argumento que ha utilizado don Virgilio Buiza, por el Grupo Mixto, para abstenerse, o como, aunque va a apoyar esta Proposición No de Ley, ha sido el argumento también utilizado por don Daniel de Fernando, ese argumento -y ustedes saben que hay mecanismos para modificar, a través de propuestas, una Proposición No de Ley, si se hubiera presentado ante esta Cámara, con toda seguridad, el Grupo Parlamentario Socialista lo hubiera aceptado.

Y dicho esto, simplemente una pregunta tan cariñosa como la que usted me hacía en su primera intervención, al Portavoz del Partido Popular: ¿es propaganda o es publicidad el anuncio, repartido esta misma tarde en un librito que ustedes mismos publican: "Castilla y León, guía de alojamientos, de campings o de servicios"...? ¿Qué es, propaganda o publicidad, "El Latino" en la Avenida de Burgos, sesenta, regentado por Gumersinda Rodríguez Llaguno? "El Latino" -porque usted, como no es de Valladolid, se lo diré yo- es una especie de barra americana, es una... Entonces, ¿esto para usted qué es, publicidad o es propaganda? Si me dice usted que es publicidad, mal me lo pone, y si me dice que es propaganda, peor.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR NIETO NOYA): Gracias, señor Martín Puertas. Concluido el debate, procedemos a su votación. ¿Votos a favor de la Proposición No de Ley presentada por el señor Martín Puertas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: siete votos a favor, nueve votos en contra y una abstención. Queda rechazada la Proposición No de Ley presentada por el Procurador proponente.

Se levanta la sesión.