DS(C) nº 381/3 del 28/2/1995

FERNANDEZ DE LA REGUERA LAGUNERO

EL SEÑOR DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN VALLADOLID (SEÑOR FERNANDEZ DE LA REGUERA LAGUNERO): Señor Presidente. Señorías. Constituye siempre una grata satisfacción acudir a las Cortes de la Comunidad de Castilla y León para responder a cuantas cuestiones se planteen desde este Castillo de Fuensaldaña, donde se reúnen los representantes de la ciudadanía castellano-leonesa como órgano máximo del poder Legislativo de nuestra Región.

Siendo, por otra parte, la primera vez que desde el cargo de Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid comparezco ante una Comisión de las Cortes, vayan por delante unas palabras de respeto y saludo para todos los señores Procuradores y todos los grupos legislativos.

La presente comparecencia está relacionada con el acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, por el que se aprobó una modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento del término municipal de Aldeamayor de San Martín, expediente CPU 59/94.

Para mejor conocimiento de Sus Señorías, vamos a hacer historia de los antecedentes de este acuerdo.

El Ayuntamiento pleno de Aldeamayor de San Martín, mediante acuerdo de fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y tres, aprobó inicialmente la modificación puntual de las normas subsidiarias, instada por doña María Olivos Manso San Miguel, conforme al proyecto del arquitecto señor Gay Manso. El acuerdo, que fue tomado por unanimidad de todos los grupos municipales, abría el periodo legal de información al público para la presentación de alegaciones y reclamaciones que pudieran ser pertinentes.

La petición de modificación del límite del suelo urbano se refería a las parcelas 116 y 117 del polígono 34, en la zona denominada "Las Huertas", con acceso por el camino del Enchidero. Y se basaba en que doña María de los Olivos tenía construida una vivienda unifamiliar en la parcela número 116, polígono 34, de dicho municipio, no pudiendo acceder legalmente a las instalaciones municipales de agua potable y saneamiento, que se encontraban a veintitrés metros desde el límite de las parcelas reseñadas hasta la última instalación dada de alta.

La petición se argumentó en la pequeña distancia desde el suelo urbano, veintitrés metros, la urgente necesidad de agua potable por razones higiénicas, y el no perjuicio a ningún otro propietario.

Nada más aprobarse inicialmente la modificación propuesta, doña María de los Olivos solicitó, con fecha seis de septiembre de mil novecientos noventa y tres, del Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, la licencia de enganche a la red municipal de abastecimiento de aguas, comprometiéndose a cumplir y garantizar las obligaciones que por razones urbanísticas le fueran impuestas. La Alcaldía del Ayuntamiento, por Decreto de la misma fecha, resolvió:

Primero. Conceder, con carácter provisional, licencia para enganchar a la red de abastecimiento de agua para el suministro de la vivienda.

Segundo. Fijar una fianza de 250.000 pesetas para garantizar el cumplimiento de las normas urbanísticas.

Tercero. Aprobar una tasa de 5.000 pesetas por derecho de enganche.

Con fecha veinte de septiembre, doña María de los Olivos presentó aval de 250.000 pesetas, otorgado por Caja España, cumpliendo así con lo dispuesto en el Decreto de la Alcaldía anteriormente reseñado.

El veintiuno de septiembre de mil novecientos noventa y tres, la propia Alcaldía de Aldeamayor de San Martín, a la vista del aval y de la petición de la señora Manso San Miguel, resolvió:

Primero. Conceder licencia de enganche a la red municipal de agua y de saneamiento a doña María de los Olivos Manso San Miguel para su vivienda sita al camino de Enchidero.

Segundo. La instalación de ambos servicios se realizará siguiendo las instrucciones técnicas del concejal delegado de obras.

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Tercero. Se aprueba la liquidación de las siguientes tasas: enganche a la red de aguas, 5.000 pesetas; enganche a la red de saneamiento, 5.000 pesetas.

Las obras serán a cargo íntegramente de doña María de los Olivos Manso San Miguel, si bien, una vez realizadas, pasarán a formar parte de las redes municipales de agua y saneamiento.

Cabe decir por último que, expuesta al público la modificación de las normas, no se presentó contra la misma reclamación alguna, por lo que el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín, también por unanimidad, aprobó la modificación provisional, mediante acuerdo de treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y cuatro. El acuerdo plenario recoge que la zona propuesta para urbana se halla consolidada en la edificación y en los servicios urbanísticos básicos.

Con estos antecedentes, el expediente pasa a la Comisión Provincial de Urbanismo. Estudiado el expediente por la ponencia, esta propone denegar la aprobación de la modificación puntual de las normas subsidiarias de planeamiento municipal de Aldeamayor de San Martín, conforme a lo previsto en el artículo 132.3.c) del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, por cuanto no se encuentra justificada en modo alguno la inclusión de unos terrenos que actualmente están clasificados como suelo no urbanizable protegido en el suelo urbano, ya que los citados terrenos no cuentan con los servicios urbanísticos ni se encuentran en una área consolidada por la edificación, según la ordenación establecida por el planeamiento, tal y como preceptivamente exigen el artículo 10 del texto refundido de la Ley del Suelo, dándose además la circunstancia de que la vivienda existente -que es el origen de la presente modificación- no se adecua a las determinaciones de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, ya que se encuentra construida en suelo no urbanizable protegido, habiéndose incumplido claramente la legislación vigente, al no haber obtenido la preceptiva autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 16.3.2ª del texto refundido de la Ley del Suelo.

La Comisión Provincial de Urbanismo, es obvio -por eso se celebra esta comparecencia-, modificó en este acuerdo concreto la propuesta de la ponencia.

Antes de seguir con la relación de los hechos, quiero señalar que en un órgano pluripersonal que funciona democráticamente resulta difícil determinar con exactitud las razones que han llevado a los componentes de ese órgano a modificar una propuesta. Habría que decir, aunque por respeto voy a dar explicaciones más amplias, que la razón de un acuerdo mayoritario es la razón de los votos y que la función fundamental de un presidente y de un secretario consiste en ordenar los debates, elegir acertadamente el momento de la votación y contabilizar con exactitud los votos que se producen. El miembro de un órgano colegiado podrá explicar el voto, hacer constar en acta el voto contrario al acuerdo mayoritario, o formular voto particular en el plazo de cuarenta y ocho horas. Pero cuando nada de esto ocurre, el órgano entero asume el voto mayoritario.

Vamos, sin embargo, para intentar llegar al mejor conocimiento de la cuestión planteada en la Comisión Provincial de Urbanismo, a exponer tres cuestiones: la composición de la Comisión, el día en que se tomó el acuerdo que estamos analizando, la metodología del debate hasta la toma del acuerdo y los argumentos que se defendieron desde la posición que al final resultó mayoritaria.

La composición de la Comisión Provincial de Urbanismo el día veintiocho de julio de mil novecientos noventa y cuatro, fue la siguiente:

Actuó como presidente el Delegado Territorial de Valladolid, que comparece ante esta Comisión, y como vocales el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, un representante de la administración periférica del Estado, un representante de los alcaldes de la provincia, el presidente del Colegio de Arquitectos, un representante del excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid, el Jefe del Servicio Territorial de Fomento, un vocal de libre designación del Consejero -arquitecto, por otra parte-, otro representante de los alcaldes de la provincia, un representante del MOP, y un representante de la Diputación Provincial de Valladolid.

Los debates se realizan de la siguiente forma. El secretario da cuenta del informe de la ponencia que después explica el ponente, arquitecto del Servicio Territorial de Medio Ambiente. Seguidamente, se llama al Alcalde, que puede venir acompañado, para que, a la vista del informe de la ponencia, pueda defender la posición municipal. A continuación, los miembros de la Comisión pueden solicitar al Alcalde cuantas aclaraciones precisen, y, tras abandonar el representante del Ayuntamiento la Comisión, comienza el debate.

Como señalaba antes, siempre resulta difícil interpretar las razones que han llevado a un órgano pluripersonal a la toma de unas decisiones, y más cuando en dicho órgano hay personas tan cualificadas en el campo urbanístico como en la Comisión Provincial de Urbanismo. Pero vamos a exponer las razones que, al menos a juicio, determinaron la posición que resultó dominante.

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Perdonen Sus Señorías, porque durante un breve tiempo no tengo más remedio que hacer un recorrido por el mundo de las normas jurídicas, porque la -a mi juicio- correcta aplicación del derecho conduce a la decisión final de la Comisión. La calificación de suelo urbano no viene determinada por la libre voluntad del planificador. Unicamente pueden calificarse unos terrenos como suelo urbano cuando se dan las circunstancias de los apartados a) o b) del artículo 10 de la Ley del Suelo, es decir, que cuenten con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas, y suministro de energía eléctrica; también en el supuesto en el que los terrenos tengan su ordenación consolidada por ocupar la edificación al menos dos terceras partes de los espacios actos para la misma, según la ordenación que el planeamiento general establezca; y también los que en la ejecución del planeamiento lleguen a disponer de los mismos elementos a que se refiere el párrafo anterior.

El Tribunal Supremo mantiene que los terrenos en que concurran las circunstancias físicas que en dicho precepto se define deben ser calificados imperativamente como suelo urbano, y en su doctrina más reciente señala que la inclusión o no por el plan de unos terrenos como suelo urbano queda fuera de la esfera voluntarista de la Administración, es decir, que ésta se ha de limitar en este punto a contrastar la realidad física para declarar como suelo urbano el que -según la Ley- reúne los caracteres necesarios para ello, sin que sea admisible la postura de que, para merecer esa calificación, han de reunir tales requisitos y, además, que el plan los incluya con este carácter en sus determinaciones.

Con los datos que teníamos en la mano, nos hallábamos ante una situación en la que había acceso rodado, había abastecimiento de agua, había evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, a tenor de los datos facilitados por el Ayuntamiento. A juicio de la mayoría de la Comisión, nos hallábamos, por tanto, ante una situación reglada que determinaba necesariamente la inclusión como urbana de la zona propuesta. El acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo no fue recurrido por nadie y es firme.

Tal es cuanto tengo el honor de informar a esta Comisión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, señor Delegado. Se suspende la sesión por un espacio de tiempo de diez minutos.

(Se suspendió la sesión a las once horas veinticinco minutos, reanudándose a las once horas cuarenta minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Se reanuda la sesión. Por el Grupo Parlamentario Socialista, como solicitante de la comparecencia, tiene la palabra don Antonio de Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Yo quiero empezar, pues, agradeciendo la presencia del Delegado Territorial de la Junta en Valladolid y las explicaciones que ha dado sobre el asunto que hoy nos trae aquí. Este asunto que, desde nuestro punto de vista, se inició cuando leímos en el Boletín Oficial de Castilla y León del día diecisiete de octubre del noventa y cuatro ese curioso e inhabitual... luego hemos visto algún otro bastante parecido, pero hasta entonces curioso e inhabitual acuerdo de una Comisión Provincial de Urbanismo de la Comunidad Autónoma.

Porque en el expediente de modificación puntual de las normas subsidiarias de Aldeamayor de San Martín, para cambiar unas parcelas de suelo no urbanizable a urbano, nos encontrábamos un informe -un informe, además, bastante largo- de la Ponencia Técnica que... a la que se ha referido ya el Delegado, y que yo voy a resumir rápidamente. Un informe de la Ponencia Técnica -por lo tanto, de un órgano cualificado técnicamente de la Comisión- que proponía denegar la aprobación, por considerar que los citados terrenos no cuentan con los servicios urbanísticos, ni se encuentran en una área consolidada por la edificación, siendo una vivienda que no se adecua a las determinaciones de las normas subsidiarias de planteamiento, que está construida en suelo no urbanizable, no de cualquier tipo, sino no urbanizable protegido, y que incumplía, por lo tanto, toda la legislación urbanística.

Y es más, la Ponencia Técnica pretendía que lo que debía hacerse no era modificarse puntualmente el planeamiento, no era legalizar esa situación, sino adoptar medidas pertinentes encaminadas a la protección de la legalidad urbanística, previstas en el artículo correspondiente del texto refundido de la Ley del Suelo.

Por lo tanto, la Ponencia Técnica, formada por funcionarios de la Junta y de otras administraciones... y de otras administraciones públicas, cuando tiene delante este asunto, lo que hace es considerar que las parcelas no reúnen ninguna de las condiciones de suelo urbano y no proponen legalizarlas, sino, más bien, restituir a la legalidad urbanística por otros procedimientos, por procedimientos sancionadores. Y sin que medie ningún argumento, sin que medie ninguna contrapropuesta, sin que medie ningún otro informe, la Comisión Provincial de Urbanismo, arbitrariamente, acuerda aprobar la modificación, aprobar la modificación si más.

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Y claro, ¿qué es una Ponencia Técnica? Nosotros creemos que la Ponencia Técnica es un órgano administrativo formado por funcionarios... por funcionarios cualificados. La propia Administración, cuando se autoorganiza y crea este tipo de ponencias es para que, previamente a los órganos de decisión, haya otras personas que estudien los asuntos, que lo estudien con tiempos. Yo he trabajado en una ponencia técnica durante algunos años y los proyectos llegan, se ven, se estudian por los técnicos de la Administración, ahora de la Comunidad Autónoma; esos proyectos se someten luego a la ponencia, en la que otras personas que entienden, que entienden de documentos, que entienden de cartografía, que comparan, saben si ese asunto es o no correcto, puede aprobarse o no aprobarse, lo relacionan con otros acuerdos de la Comisión y de las ponencias para proponer cosas que no sean contradictorias. Y todo esto lo hacen normalmente, pues, con rigor técnico, con rigor jurídico y con rigor administrativo.

¿Y qué es la Comisión Provincial de Urbanismo? Pues es un órgano administrativo político, ¿no?, puesto que... Es administrativo porque funciona con reglas, evidentemente. La Comisión Provincial de Urbanismo puede tener un cierto nivel de discrecionalidad en alguno de sus acuerdos, pero no puede tener un nivel de arbitrariedad en los mismos; que está formada por personas no tan cualificadas en la materia como los miembros de la Ponencia, puesto que algunos miembros de ellos son funcionarios de la Junta de otras áreas que asisten a la Comisión, porque, parcialmente, la Comisión puede tratar temas que les afecte, pero que no pueden tener una visión de conjunto. Y que, por lo tanto, cuando esos técnicos... en un tema tan claro y tan concreto, cuando esos técnicos de la Ponencia han dicho que el suelo no puede ser urbano porque no cumple las condiciones, que no cumple las condiciones previstas en la Ley del Suelo, es increíble que la Comisión diga que sí que las cumple, sin ningún contrainforme, sin ninguna propuesta. ¿Es que cualquier edificio que esté en el borde de una carretera y que, por lo tanto, tenga acceso rodado, que además tenga energía eléctrica, porque la electrificación en nuestro territorio, en el entorno de Valladolid, pues, prácticamente ocupa el cien por cien -tener energía eléctrica no es ninguna cosa rara-, que tenga un pozo... un pozo de abastecimiento de agua potable y un pozo negro de residuales, es suelo urbano?, ¿todos?, ¿cualquiera? ¿Esa... es posible que ésa sea la definición de suelo urbano? ¿Es que la Comisión Provincial de Urbanismo, a todas las parcelas que cumplan esas condiciones, que pueden ser miles, en cualquier sitio, a lo largo de todas las carreteras, van a ser automáticamente suelo urbano? No, deberá reunir otro tipo de condiciones, deberá reunir otro tipo de características.

Si los técnicos, los asesores -insisto-, dan ese informe, tienen ese criterio, ¿qué razones -porque ésas no las ha explicado el Delegado Territorial de Valladolid- llevaron a la Comisión a adoptar ese acuerdo, a decir lo contrario? Y bien es cierto que hay miembros de la Comisión que se escapan de la disciplina del Delegado Territorial, pero hay otros que no, y la Junta, el conjunto de la Administración Regional tiene una clara mayoría en este tipo de comisiones, y que, por lo tanto, en comisiones que funcionan por mayoría es perfectamente asumible, es perfectamente lógico que el criterio del Delegado Territorial sea el que se imponga en el acuerdo final.

Porque ¿cómo se llegó a esa mayoría en contra de los informes? ¿O es que la Comisión utilizó otro tipo de informes? ¿O es que hubo otro tipo de asuntos? ¿O es que hubo otro tipo de criterios que pesaron sobre el asunto? Porque eso no es... eso, sobre ese asunto no nos ha aclarado nada el Delegado Territorial de la Junta. ¿O es que hubo componentes de tipo político en el asunto? ¿Hubo componentes que están relacionados con el grupo político al que pertenecía en su tiempo el Alcalde de Aldeamayor de San Martín, y si hay alguna relación entre un trato de favor de la Comunidad Autónoma hacia ese Alcalde, desde el momento en que abandonó el grupo político al que antes pertenecía y pasó a pertenecer al Partido Popular?

En fin, ¿existe alguna vinculación entre la recalificación urbanística que aprobó la Comisión Provincial de Urbanismo en Aldeamayor de San Martín y la recalificación política del Ayuntamiento de esa localidad? Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Virgilio Buiza tiene la palabra.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias también al señor Delegado Territorial por su explicación, que yo creo que ha sido suficientemente comprensiva, del problema y además parece ser que veraz, porque nadie lo desmiente, en principio.

Y efectivamente, aquí nadie puede ocultar que se da una circunstancia, un hecho un tanto... por lo menos excepcional, ¿no? El que una Comisión Provincial de Urbanismo decida manifiestamente en contra del criterio o de la propuesta de la Ponencia Técnica, yo he de pensar que no es lo habitual, pero también, acto seguido, habría que decir que no se puede tampoco defender que el informe o la propuesta de la Ponencia tenga que ser vinculante para la decisión de la propia Comisión, porque, de lo contrario, sobraría la Comisión Provincial de Urbanismo. Es decir, si la propuesta de la Ponencia es decisoria, ¿para qué haría falta la Comisión?

Es decir, que, en principio, acepto que en algunas circunstancias pueda producirse, aunque sea un poco extraño, esta discrepancia, como ocurre en este caso. De todas maneras, parece ser que esa discrepancia, por lo que se ha dicho -por lo menos aparentemente-, obedece a -digamos- apreciación diferente en cuanto al cumplimiento de los requisitos objetivos que establece la Ley para poder recalificarse un terreno rústico como urbano. La Ponencia parece que plantea que no se cumplen esos requisitos, la Comisión Provincial de Urbanismo parece ser que sí, que aprecia que sí se da ese cumplimiento, y, en consecuencia con ello, modifica su decisión con respecto a la propuesta de la Ponencia.

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Parece ser, por lo que yo he entendido, que los datos que aporta el mismo Ayuntamiento, pues, van en la línea de que, efectivamente, cumplen esos requisitos, y son esos datos, esos elementos, los que utiliza la Comisión Provincial de urbanismo para fundamentar su decisión.

De todas maneras, no deja de ser esto una discrepancia un tanto extraña, porque parece ser que el procedimiento que se sigue no es polémico mayormente, por lo menos no parece que sea polémico, porque, según se ha informado, el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento se adopta por unanimidad, la aprobación provisional se hace sin que se produzca ninguna reclamación de terceros, la Ponencia informa en el sentido que nos ha dicho y la Comisión Provincial de Urbanismo decide en contra del criterio de la Ponencia. Pero, curiosamente, tampoco nadie recurre el criterio o la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo, al parecer; por lo menos, es lo que yo he querido entender. Con lo cual, pues, el centro del problema está en esa discrepancia entre la Ponencia y entre la Comisión.

Yo, desde luego, si no hay más datos, soy de los que creo que -como la Ley, por otra parte, establece- habrá que dar prioridad a la decisión de la Comisión Provincial, por ser un órgano más amplio, más democrático, más participativo, y por la propia esencia de las instituciones. Porque si no fuera así, ¿para qué están las comisiones provinciales, si deben limitarse a ratificar los que hagan las ponencias técnicas? Porque claro, efectivamente, puede haber intereses extraños en la decisión de una Comisión Provincial; todos sus componentes pueden tener intereses personales, inclinaciones personales, motivaciones políticas o de otro tipo, pero, evidentemente, también puede ocurrir que esa circunstancia se dé en los componentes de la Ponencia Técnica, porque también son personas, con sus debilidades, etcétera, etcétera.

Por consiguiente, a la vista de lo que aquí he escuchado, sin perjuicio de entender que, efectivamente, no debería resultar, por lo menos, habitual esta discordancia entre lo que propone la Ponencia y lo que decide la Comisión, yo no aprecio, aparentemente, anomalías, salvo ésta, porque entiendo que parece que el proceso se ha seguido reglamentariamente, que no ha habido excesiva polémica, salvo en esta discrepancia entre propuesta de Ponencia y decisión de Comisión. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Por el Centro Democrático y Social, don José Luis Sagredo tiene la palabra.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Gracias, Presidente. A este Portavoz, junto a otras muchas razones que no son del caso, hoy se une una razón más para alegrarse de no haber sido Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuando se produce este hecho. Porque, frente a todas las disquisiciones de que, efectivamente, la Comisión Provincial es la que tiene que dar la respuesta definitiva, yo no quisiera formar parte de ninguna Comisión de Urbanismo, de ninguna Comisión Provincial que se encontrase con una propuesta de resolución de una Ponencia Técnica que dice: "Los terrenos no cuentan con los servicios urbanísticos. La vivienda existente no se adecua a las determinaciones de las normas subsidiarias. Se ha incumplido claramente la legislación vigente. Y lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es proteger la legalidad urbanística". No se anda en consideraciones, cogiéndose a... con papel de fumar; dice lo que dice. Y yo insisto: no me gustaría formar parte de una Comisión Provincial que, frente a estas argumentaciones absolutamente serias, absolutamente incontestables, revoca el acuerdo y toma -en su derecho, desde luego, con su poder- una decisión absolutamente -a juicio de este Portavoz- injustificada. No voy a seguir la línea que ha insinuado uno de los Portavoces, que lógicamente conozco, si ésta ha sido la guinda de unas/otras cosas, si efectivamente a alguien se le quiso pagar o compensar por algo, si las "Romas" actuales sí pagan traidores. En esa línea no voy a continuar, sino únicamente decir, a reiterar lo que ha iniciado mi intervención: a otras muchas razones, que no son del caso, hoy se une una razón más para alegrarme de no ser Consejero de Medio Ambiente de esta Comunidad, cuando se produce un acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo de Valladolid sobre este hecho. Nada más, Presidente. Muchas gracias.

Perdón, y únicamente, como es lógico, agradecer la información del Delegado Territorial, al que saludo afectuosamente desde aquí. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Eustaquio Villar tiene la palabra.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, darle la bienvenida al Delegado Territorial de la Junta en Valladolid a esta Comisión, agradeciéndole su presencia entre nosotros y la información que nos ha dado sobre el caso que aquí se está planteando.

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Yo también -y no podía ser de otra manera- creo que la actuación de la Comisión de Urbanismo ha sido correcta. Y el argumentar que la Comisión de Urbanismo tiene que apoyar sus decisiones, o fundamentar, o seguir al pie de la letra lo que diga la Ponencia Técnica, creo que no es ajustarnos a la realidad, puesto que la Ponencia Técnica, como tal Ponencia Técnica, efectivamente, mantendrá su informe, pero ese informe no es vinculante, como ya se ha dicho aquí. En caso de que fuese vinculante, la Comisión de Urbanismo sobraría; como sobrarían cincuenta mil comisiones que antes siguen las informaciones que les emiten ponencias técnicas del tipo que sean. Vamos, a mí se me ocurre pensar que, a lo largo de mis años en la Administración, he observado infinidad de informes técnicos que se le daban a la superioridad sobre recursos, sobre lo que fuera, que no siempre llegaban a buen puerto, y que no siempre las decisiones finales que se tomaban estaban de acuerdo con lo que habían informado los técnicos.

La Comisión, en este caso, puede tener una visión distinta a la que tiene la Ponencia y, por lo tanto, toma su decisión.

Volviendo al tema de los informes técnicos, creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, habremos visto en infinidad de informes cómo se remataban o cómo se terminaban, y cómo se siguen rematando en muchísimas ocasiones: "V.I., con su superior criterio, decidirá". O sea, eso quiere decir que hay alguien por encima del técnico o de la Ponencia Técnica, en este caso, que puede ver otras razones, puede encontrar otros argumentos que le permitan tomar una decisión distinta a la de la Ponencia.

Por otra parte, lo que no es de recibo es lo que se ha planteado aquí por parte del Portavoz del Grupo Socialista, de que parece como que se viese la influencia del Delegado Territorial en los miembros de la Comisión de Urbanismo, en este caso, y que más o menos...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Señoría, le ruego no conteste a las intervenciones de los Portavoces de los demás Grupos.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Bueno, yo lo que sí... no voy a contestar, pero lo que sí quiero es hacerle una pregunta al señor Delegado Territorial. Y yo, de los miembros que aquí se han citado, llego a la conclusión que, incluyéndole a él, serían once los que asistieron a esa Comisión Provincial de Urbanismo; podría tener vinculación, si quieren... vinculación de tipo administrativo, si ustedes quieren, con cuatro o cinco de ellos. Pero, vamos, aun teniendo esa vinculación con esos cuatro o cinco, no creo que esos cuatro o cinco se vayan a dejar influir de tal manera que se vean obligados a tomar una decisión de lo que, supuestamente, se les podría haber ordenado, que yo creo en la libertad de las personas.

Y, desde luego, lo que sí hay una cosa clara en este tema, y es: si tan mala es la actuación de la Comisión Provincial de Urbanismo, ¿por qué nadie la recurre? En fin, yo creo que la Comisión Provincial de Urbanismo de Valladolid en este caso, que es al que ahora nos estamos refiriendo, ha actuado con plena legalidad, y, desde luego, no creo que haya supuesto perjuicio para nadie. Se ha argumentado que existen unas infraestructuras en la proximidad al casco urbano, incluso estar prácticamente lindado con el suelo urbanizado, y, por tanto, no veo, de verdad, el trasfondo que pueda tener o que se pueda buscar con esta comparecencia. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el Ilustrísimo Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.

FERNANDEZ DE LA REGUERA LAGUNERO

EL SEÑOR DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN VALLADOLID (SEÑOR FERNANDEZ DE LA REGUERA LAGUNERO): Muchas gracias, señor Presidente. En principio, quiero agradecer a todos los Portavoces de todos los Grupos sus intervenciones, porque, en definitiva, con esas intervenciones se puede llegar a la verdad de esta cuestión que se ha planteado.

Yo creo que el poder legislativo lo que tiene que hacer es controlar al poder ejecutivo; y, en consecuencia, estamos ante una acción de control, una acción necesaria para el sistema democrático del que formamos parte, tanto los representantes del poder legislativo, como del poder ejecutivo.

Dicho esto, quiero seguir un poco por los distintos Grupos que han intervenido, en el mismo orden de intervención que han ido teniendo. En principio, el representante del Grupo Socialista habla de que estamos ante un acuerdo inhabitual. Efectivamente, estamos ante un acuerdo inhabitual. El número de acuerdos que no cambian la propuesta de la Ponencia de la Comisión Provincial de Urbanismo son ciento cinco y el número de los que han cambiado el contenido de la Ponencia son siete. En consecuencia, efectivamente, estamos ante algo inhabitual, porque en ciento cinco casos no hemos cambiado y en siete casos hemos cambiado.

¿Qué ayuntamientos hemos cambiado? Entonces, ahí se verá después, también, cuando se habla de la posible recalificación política. El Ayuntamiento de Villanueva de Duero, que es socialista, el de Aldeamayor de San Martín, el de Villalón de Campos, el de Olmedo, el de Peñafiel y el de Medina del Campo. Es decir que, prácticamente, de siete, tres modificaciones se corresponden con ayuntamientos del Grupo Socialista, dos se corresponden con el Grupo Popular, y uno se corresponde con el CDS en su momento.

¿Por qué actúa la Comisión Provincial de Urbanismo de esta forma en estos siete casos, y en este caso concreto, en el que estamos examinando? Simplemente porque hay que aplicar el derecho. No hay que recalificar nada, pero sí que hay que aplicar las normas jurídicas existentes. Y la Ponencia, efectivamente, en este caso -igual que en los otros que he señalado- ha dicho lo que ha dicho Su Señoría y lo que señalo yo también. Pero la Ponencia en esta ocasión, como las otras seis que hemos visto, a juicio de la Comisión se equivoca, y a juicio del Presidente de la Comisión se equivoca, y se equivoca, a nuestro juicio, de medio a medio.

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¿En qué documentaciones tenemos que basarnos? En dos documentaciones: una, la documentación aportada por la propia Ponencia y, otra, la documentación aportada por el Ayuntamiento. Y en la documentación aprobada por el Ayuntamiento nos hemos encontrado, y como he señalado yo también, cuando he estado examinando la exposición inicial, y decíamos que no estamos aquí ante un supuesto en el que hay un pozo, un pozo para abastecer de agua; es que se ha concedido con carácter provisional licencia para enganchar a la red de abastecimiento de agua. Y no estamos ante un caso de pozo negro; estamos ante un caso en que se dice cuál es el derecho de enganche, que son 5.000 pesetas, por llevar a la red de saneamiento del Ayuntamiento el saneamiento de esta casa. En consecuencia, cuando llega la Comisión Provincial de Urbanismo tiene acceso rodado -como digo-, hay garaje en la propia casa; no hay un pozo, hay una red de abastecimiento de aguas que sirve a la casa; no hay un pozo negro, hay una red de saneamiento que sirve a esa casa. Y, en consecuencia, se cumplen todas las razones objetivas que señala el Artículo 10 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo para que la Comisión no tuviera más remedio que considerar como suelo urbano esta parcela concreta.

Es decir que ni siquiera estamos ante un supuesto discrecional. Estamos ante un supuesto reglado, en el que la Comisión no tenía otro remedio -aparte de lo que dijera la Ponencia, que se ha equivocado- que conceder lo que el Ayuntamiento decía, como he señalado también en otros casos en que la Comisión ha tenido el mismo criterio.

Se hablaba antes de otra cuestión, que... en una Comisión, el criterio del Delegado Territorial debe marcar, de alguna forma, el criterio de los funcionarios. Yo, en fin, discrepo, con todo el respeto para Su Señoría, porque yo entiendo que el Delegado Territorial tiene un voto, que cada miembro de la Comisión tiene un voto, y que de ninguna manera, porque sería claramente antidemocrático, un Presidente de una Comisión puede ni insinuar siquiera a nadie cuál debe ser el contenido de su voto. Con un añadido, que en la minoría, el Jefe de Servicio de Medio Ambiente, como coincide que es Presidente de la Comisión... perdón, Presidente de la Ponencia, vota siempre a favor de la Ponencia. En consecuencia, uno de los Jefes de Servicio que está con el Delegado Territorial vota en contra sistemáticamente, porque vota a favor de la Ponencia, como es lógico, puesto que es el que la preside. Consecuencia: lo que estamos hablando no es precisamente de los funcionarios de la Junta, aunque alguno seguramente votara con el Presidente. El Presidente, en este caso, reconoce -por eso está diciendo que obró en derecho- que votó contra la propuesta de la Ponencia. Pero, a su vez, votaron también en contra de la Ponencia el Presidente del Colegio de Arquitectos, que no vamos a decir que no es una persona que no es técnica, el Arquitecto Eladio Lorente, que no vamos a decir que es una persona que no es técnica, y que ambos son independientes de los criterios de la Junta; criterios que, por otra parte, como he señalado antes, no existen.

Yo creo que... me parece que, bueno, en este ámbito se puede hablar de recalificación política, porque se está en el derecho de hablar de todo. Lo que pasa es que, independientemente de que se está en derecho de hablar de todo, yo tengo que no solamente negar, sino negar con la máxima energía la tal recalificación, porque, que yo sepa, el Alcalde de Medina del Campo no se ha recalificado y hemos votado a su favor porque tenía razón, y el Alcalde de Peñafiel tampoco se ha recalificado y también hemos votado a su favor porque tenía razón.

Es decir, que, simplemente, lo que ha sucedido es una cosa, que la Comisión ha entendido que, en derecho, tenía que votar como ha votado, que la Ponencia estaba radicalmente equivocada, y que quienes estaban acertados son los dos Grupos que componen el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín: el Grupo Popular, que a nuestro juicio estaba acertado, y el Grupo Socialista de Aldeamayor de San Martín, que a nuestro juicio también estaba acertado. Esto respondiendo a las preguntas o a las formulaciones del Grupo Socialista.

Después, en cuanto al Grupo Mixto, le agradezco también su intervención, y hablaba también de la eventual excepcionalidad de este acuerdo de la Comisión. Yo he marcado ya con los datos que, efectivamente, es un caso excepcional, y que solamente votamos contra la Ponencia cuando estimamos que la Ponencia está equivocada, como es en este supuesto.

Y después, en cuanto... y como usted ha dicho también, nadie ha recurrido este acuerdo, lo que demuestra que, en fin, que el acuerdo está legítimamente tomado y que está, desde el punto del derecho, tomado con todo rigor.

En cuanto a la intervención del Grupo del Centro Democrático y Social, prácticamente, por las razones que ha expuesto, pues tampoco ha querido incidir demasiado. Yo lo que quiero decir es que la decisión no es injustificada, y me parece que es lógico apuntar aquí su temor a que pueda serlo. No es una decisión injustificada, sino es una decisión de pura aplicación del derecho vigente, y que lo que sería injustificado es una aplicación distinta, porque iría contra lo que dispone la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Y en cuanto al Partido Popular, también le quiero decir que agradezco su intervención. Y creo que con las cuestiones a las que he ido respondiendo, pues hemos podido llegar un poco más a la verdad de lo que ha sido este acuerdo de la Comisión Provincial de Urbanismo. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, señor Delegado. En turno de réplica, tiene la palabra don Antonio de Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Yo quería hacer, en primer lugar, algunas aclaraciones a algunas afirmaciones que se han hecho aquí.

¿Cómo no va a poder discreparse entre unos informes de una Ponencia Técnica y la Comisión Provincial de Urbanismo? Eso es perfectamente razonable. Pero si eso ocurre -que, por lo que vemos, ocurre en pocas ocasiones-, se puede actuar de bastantes maneras. Y yo creo que debe actuarse, en primer lugar, con prudencia, porque una Comisión Provincial de Urbanismo, ante ese caso, puede razonablemente dejar el asunto sobre la mesa, puede pedir informes contradictorios, informes a otros técnicos de la Administración, a técnicos de otras Administraciones; esos contrainformes se pueden hacer perfectamente. Y a la vista de ese tipo de asuntos, reunirse, llevar el tema a la siguiente Comisión y volver a reestudiar el asunto.

Yo creo que lo que no se puede es, sin ningún otro tipo de informe, en un tema que está reglado, en un tema que no es "V.I. resolverá", sino que en un tema que está reglado, la Comisión Provincial de Urbanismo pueda adoptar un acuerdo de esta naturaleza. Porque las características de suelo urbano no es un tema que esté... que sea opinable. Es -y lo ha dicho el Delegado en repetidas ocasiones- un tema perfectamente objetivo y un tema perfectamente constatable, y luego me volveré a referir a él.

Y como nosotros estamos en desacuerdo de que este tipo de actuaciones se produzcan así, porque incluso, al final, si tuviera que ser así, podía hacerse de otra manera, de otra manera más justificable, que la gente que lea el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y lea este tipo de acuerdo no diga: pero ¿en manos de quién estamos?, si hacen lo que les da la gana, si no se molestan ni de contradecir los informes negativos. Por eso hemos querido tener aquí esta comparecencia, y hemos pedido que venga el Delegado Territorial de Valladolid. Estableciendo un debate político, porque nosotros no hemos querido judicializar el asunto; a lo mejor nadie lo ha querido hacer, a lo mejor los que pueden estar más interesados, gentes de la localidad, gentes de otro tipo, no han querido, no les ha parecido suficiente llevar eso. Ha habido personas que se han dirigido a nosotros para judicializar el asunto, y no lo hemos querido hacer; no creemos que toda la actuación política y toda la actuación administrativa tenga que judicializarse. No se puede decir: si ustedes están en contra, váyanse a juez. Pues, no queremos. Queremos hablarlo aquí, y para eso..., para eso estamos aquí. Creemos que ése no es un argumento, y no es un buen argumento. Podemos hablarlo tranquilamente aquí entre personas civilizadas, entre los representantes de los Grupos políticos. Insisto que alguien quería judicializar el asunto directamente.

Y es un acuerdo inhabitual, y el Delegado se ha referido a siete casos en los que acuerdos parecidos se han producido. Yo, la verdad es que sólo había visto últimamente el de Villalón, y el acuerdo es muy similar a este en el que, sin ningún tipo de contraargumento, frente a un acuerdo en contra de la Ponencia Técnica, la Comisión resuelve de una manera. Lo que yo no sé es si de esos siete casos -y me gustaría que se completara esa información- son similares, o sea, que es que de todo el informe de la Ponencia no se hace caso de nada y se resuelve en contra; que sería un asunto distinto que de un informe de la Ponencia se dijera: pues, el apartado a), b) y c) estamos de acuerdo y el d) no, por esto. O sea, me gustaría saber si es que son acuerdos frontales, como en este caso, o son acuerdos de otro tipo, porque eso serían cosas bastantes diferentes.

Y, claro, yo creo que no se puede decir que la Ponencia Técnica en este caso se ha equivocado. Yo creo que la conclusión es que quien se ha equivocado es la mayoría de la Comisión Provincial de Urbanismo. Porque lo que se ha producido aquí es una cosa que es, yo creo, realmente, después de lo que ha dicho el Delegado Territorial, pues, mucho peor. Porque es que la Comisión Provincial de Urbanismo, sabiendo que un edificio no tiene agua y al que el Ayuntamiento, porque se va a aprobar la modificación, le engancha provisionalmente, dice: pues, como ya tiene agua, ya cumple las condiciones. Pero ¿qué estamos haciendo?, ¿eso vale? O sea, ¿ése es el cumplimiento...? O sea, el incumplimiento de la legalidad sirve para legalizar la actuación. Dice: como nos lo van a aprobar, le enganchamos el agua provisionalmente. Y la Comisión dice: como tiene agua es legal. Yo creo que el asunto no hay por donde cogerlo, no se puede premiar la ilegalidad de esta manera. Yo creo que la Comisión Provincial de Urbanismo se ha equivocado radicalmente en este asunto.

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Y el Presidente de la Comisión influye, puede influir; yo estoy convencido absolutamente de que en este caso ha influido. No sólo administrativamente en los funcionarios dependientes de la Comunidad Autónoma, no sólo administrativamente. Ha influido políticamente, ha influido políticamente, porque los otros miembros de la Comisión, no sólo los funcionarios de la Comunidad Autónoma, son vocales de libre designación elegidos entre personas que pueden compartir ciertos criterios políticos, y yo creo que en este caso y en la provincia de Valladolid claramente -y me honro, además, de ser amigo de los dos vocales de libre designación-; o representantes de Administraciones Locales gobernadas por el Partido Popular, la Diputación y algún Ayuntamiento. O sea, la mayoría político-administrativa de la Comisión hace que los acuerdos puedan adoptarse previamente, en contra, absolutamente, de cualquier criterio político. Y eso es lo que nosotros queremos denunciar políticamente, no judicialmente, aquí hoy. Y eso, realmente, nos parece tremendamente grave.

Y, evidentemente, yo no puedo demostrar que se han pagado los favores a un alcalde del Centro Democrático y Social que ahora está en el Partido Popular, como otras muchas... bueno, como otras muchas no, como algunas personas que incluso alguna está hoy en esta misma sala. No lo puedo demostrar, pero hay personas que me han dicho que algún miembro de la Comisión lo reconoció expresamente a la salida de la misma.

Nada más. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESPADAS LAZO): Gracias, Señoría. Para turno de réplica, tiene la palabra don José Luis Sagredo.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Gracias, Presidente. Para reiterar el agradecimiento a la comparecencia de don Roberto Fernández de la Reguera, como Delegado Territorial de Valladolid, al que queremos que dé su justo valor, lógicamente, al no estar absolutamente de acuerdo con sus tesis mantenidas, pero creemos que ésta es una de las... de los pilares de la democracia.

Anotar, de todo el cúmulo de cosas... ya he dicho en principio que desde el Grupo Parlamentario Centrista no estamos en absoluto de acuerdo con su... en el fondo de su tesis, anotar dos cuestiones que nos parecen una de ellas muy grave.

Decir que la Ponencia Técnica se equivoca de medio a medio desde la Comisión Provincial de Urbanismo, de medio a medio; ése es el argumento: la Comisión... la Ponencia Técnica se equivoca de medio a medio, para unirlo después con una cosa que es... o es muy ingenua o es saducea, que el que no se haya recurrido demuestra que el acuerdo está tomado con todo rigor.

A mí me gustaría que quedasen como notas del desacuerdo del Grupo Parlamentario Centrista, que ya ha dicho lo que tenía que decir, esas dos cuestiones que me parecen graves en el funcionamiento de una institución democrática.

Y para finalizar, señor Presidente, me va a permitir que reitere otra vez que a otras muchas razones, que hoy no son del caso, hoy se une una razón más para alegrarse este Procurador de no ser Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de esta Comunidad, cuando se produce este hecho que, a la vista de lo oído del Delegado Territorial, es tan difícilmente justificable.

Nada más, Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESPADAS LAZO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Eustaquio Villar.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente. Desde luego, a nosotros, por si nos había quedado alguna duda en su primera intervención de la legalidad del tema, de la legalidad de la decisión de la Comisión Provincial de Urbanismo, yo creo que en su segunda intervención ha dicho dos cosas que para nosotros son ya definitivas.

De ciento doce casos de la Comisión, puesto que se nos está atacando... se está atacando a la Comisión Provincial de Urbanismo de estar politizada, lo que está claro es que de ciento doce casos de la Comisión no es el único, ha habido siete, y esos siete afectan a Ayuntamientos de los tres Grupos políticos, Ayuntamientos del PSOE, Ayuntamientos del PP y Ayuntamientos del CDS.

Por otra parte, ha dicho usted también otra cosa fundamental, y es que se cumplen las condiciones del Artículo 10 de la Ley del Suelo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que, por consiguiente, la decisión está perfectamente justificada. El querer decir que todo está arreglado, como se ha dicho aquí, y que haciendo referencia a lo que yo había dicho antes de que "V.I., con su superior criterio, decidirá" era, como si dijéramos, un informe subjetivo, yo digo que todo está reglado, efectivamente, pero que en derecho sabemos todos que dos y dos no siempre son cuatro.

Por tanto, yo sigo insistiendo, y presumiendo de la independencia de los miembros de la Comisión, que no ha existido politización de ningún tipo, que la Comisión Provincial de Urbanismo ha actuado conforme a la legislación vigente, de acuerdo con su leal saber y entender, y que, por tanto, por nuestro Grupo, pues, apoyamos totalmente la decisión que tomó en su día la Comisión Provincial de Urbanismo en este caso. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ESPADAS LAZO): Gracias, Señoría. Para turno de dúplica tiene la palabra el Ilustrísimo señor Delegado Territorial de la Junta.

FERNANDEZ DE LA REGUERA

EL SEÑOR DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN VALLADOLID (SEÑOR FERNANDEZ DE LA REGUERA): Con la venia. Siguiendo un poco el mismo orden anterior, tengo que decir al representante del Grupo Socialista que coincido con él, básicamente, en muchas cosas, lógicamente.

Que cuando habla él de que la Comisión debe actuar con prudencia, es obvio, yo creo que debe actuar con prudencia, y precisamente por eso solamente se han producido unas revocaciones que son muy pequeñas, que son exactamente siete.

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En caso de dudas, coincido con él también en que hay que pedir unos informes, y en ocasiones la Comisión pide nuevos informes cuando hay dudas. Lo que pasa es que en este supuesto no ha tenido la Comisión duda ninguna, y, en consecuencia, precisamente por no haber tenido duda ninguna, no ha pedido ningún informe.

Yo, cuando he dicho también que en este supuesto concreto no se ha recurrido, quizá a lo mejor no me he expresado bien en una cuestión. Es decir, que a mí me parece que es un dato importante. Lo que pasa es que, por supuesto, no es ningún dato definitivo, y el hecho de que un asunto no se recurra no significa que sea conforme a derecho. Entonces, he dicho como dato, he querido decir como dato "no se ha recurrido", es un dato más que debe llegar a conocimiento de la Comisión. Lo que pasa es que yo no puedo decir, evidentemente, que, por el hecho de que un acuerdo no se recurra, es un acuerdo necesariamente ajustado a derecho. Si se ha podido entender que yo me he manifestado en ese sentido, dejo totalmente claro, como jurista además, que entiendo que un asunto que no se recurre puede, perfectamente, no estar ajustado a derecho.

Hay una cuestión también importante, que ha señalado el Portavoz del Grupo Socialista y que quiero yo indicar. Preguntaba él si las diferencias a las que yo aludía eran diferencias radicales o eran, simplemente, modificaciones de distinto tipo. De las que he hablado, son todas ellas radicales. Incluso, por ejemplo, en la última Comisión, que ha afectado al Ayuntamiento de Medina del Campo y de Peñafiel, han sido dos radicales, también porque hemos estado de acuerdo más con el Ayuntamiento que con la Ponencia. En otros supuestos que no he mencionado ha habido algunas pequeñas modificaciones, lo que pasa es que yo... porque me parece que lo importante eran los grandes datos, y, en consecuencia, cuando he señalado unas modificaciones he señalado, estrictamente, las modificaciones radicales.

Y hay otra cuestión, importante también, que ha señalado el representante del Grupo Socialista, y que yo quiero aclarar, porque en ese aspecto le agradezco mucho que haya manifestado eso.

Dice: claro, qué sucede si un Ayuntamiento engancha el agua o engancha también a la red de saneamiento los desperdicios de una casa, eso estamos haciendo una especie de fraude de derecho. Yo quiero decir en ese aspecto lo siguiente. Aquí estábamos, en cualquier caso, antes de que se produjera ese enganche, en un supuesto en el que la casa estaba a veinticinco metros de la red de abastecimiento, y el Tribunal Supremo con distancias de sesenta y cinco metros ha entendido que se debe considerar cumplido el requisito de que esa parcela o ese terreno tenga agua.

Y después, en el supuesto de evacuación de aguas, se ha entendido que a más de treinta y dos... que con treinta y dos metros cuadrados, y volvemos estar a veinticinco metros cuadrados, debe entenderse que, aunque no esté conectado la red municipal, se cumpla el requisito, porque es enormemente fácil este proceso. Y eso se dice en sentencias ya del setenta y siete y en sentencias de mil novecientos ochenta. En consecuencia, no es ya que, no es ya que cuando llegó a la Comisión Provincial de Urbanismo existiera esa conexión; es que los requisitos se daban antes de llegar a la Comisión Provincial de Urbanismo y antes de llegar a Pleno municipal.

Por eso, lo que ha existido en este caso es que la Comisión se ha mostrado, como decía yo antes, en desacuerdo con la Ponencia, por razones jurídicas, y se ha mostrado también, en cambio, de acuerdo con el Grupo Popular del Ayuntamiento de Aldeamayor y con el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Aldeamayor, que coincidían con la Comisión Provincial de Urbanismo en sus apreciaciones.

Y, por último, quiero también señalar una cuestión, que es que el Presidente yo no digo que no pueda influir en unas determinadas tomas de acuerdo de algunos miembros de la Comisión. Pero este Presidente, este Delegado Territorial jamás ha influido, nunca ha influido en una sola decisión de los miembros de la Comisión Provincial de Urbanismo. Y este Delegado de... este Delegado Territorial, este Presidente, en este caso, de la Comisión entiende que cada uno tiene responsabilidad por sí mismo para definir un voto, un voto colectivo, y, en consecuencia, no debe haber presiones, ni políticas, ni personales, ni administrativas, para que alguien pueda alterar el sentido de su voto. Esto lo dejo también perfectamente claro ante esta Comisión.

Eso por lo que respecta a la intervención del Grupo Socialista.

Por lo que respecta a la intervención del Grupo del CDS, vuelvo a decir una cuestión... coincidimos como............ Efectivamente, el hecho de que un acuerdo no se recurra no es una garantía de legalidad. Entonces, si en algún momento, pues, por una expresión que ha podido ser mal empleada se ha podido entender eso, como le digo, estoy radicalmente también en desacuerdo de esa posición, y entiendo -como entiende también Su Señoría- que el hecho de que... que la existencia de un acuerdo no recurrido no supone su legalidad o no supone... No, sí supone su legalidad formal, pero no su legalidad material.

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Y con respecto al Grupo Popular, pues, le agradezco otra vez que en este caso ha compartido las opiniones que también ha manifestado la Comisión Provincial de Urbanismo.

Y termino, simplemente, señalando que en la Comisión Provincial de Urbanismo de Valladolid el derecho y la legalidad es la única garantía de los acuerdos que se toman. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, señor Delegado. ¿Algún Procurador no Portavoz de algún Grupo político quiere...? Sí. Don Santiago Crespo tiene la palabra.

CRESPO GONZALEZ

EL SEÑOR CRESPO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Yo quería preguntarle al Delegado Territorial si en este municipio existe planeamiento. Porque yo soy de una zona en que, efectivamente, hay muchas ilegalidades, y, por supuesto, lo que no se puede poner como condición es que, teniendo los servicios de agua, saneamiento, alcantarillado y luz, se pueda dar una licencia, porque, lógicamente, se cometerían muchas más ilegalidades. Esto no es causa suficiente para dar una licencia. Esto sería el dar vía libre a que cada uno construyera lo que quisiera y luego lo legalizara porque tenía los servicios. Sería muy fácil hacer urbanizaciones.

Yo creo que, si hay planeamiento, habrá que hacer un plan parcial, y que ese plan parcial cumpla una serie de condiciones, y que ese plan parcial se apruebe, y que ese plan parcial esté efectivamente hecho en la zona que corresponda. Lo que no se puede es decir que porque tiene una serie de cosas resueltas, como es el agua, el saneamiento y la luz, pues, pueda construirse libremente. Me parece una barbaridad. Solamente eso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Para contestar, tiene la palabra el Ilustrísimo señor Delegado.

FERNANDEZ DE LA REGUERA LAGUNERO

EL SEÑOR DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN VALLADOLID (SEÑOR FERNANDEZ DE LA REGUERA LAGUNERO): Para responder, en primer lugar, que sí existe planeamiento en Aldeamayor de San Martín, y ésta era una pura modificación puntual del planeamiento existente.

Y después, en cuanto a las condiciones que debe requerir un terreno para que sea urbano, lo único que me he limitado es a señalar lo que dicen los tratadistas más importantes, como Jesús González Pérez, que yo creo que es el número uno en Derecho Urbanístico, y la doctrina del Tribunal Supremo. En consecuencia, yo, que soy jurista, pues, lo que procuro es acatarme a la doctrina... o, perdón, acogerme a la doctrina de los mejores tratadistas urbanísticos, como Jesús González Pérez, y la doctrina del Tribunal Supremo, que tengo que hacer mía por imperativo legal. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. En turno de réplica...

CRESPO GONZALEZ

EL SEÑOR CRESPO GONZALEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Yo creo que la cosa no es tan sencilla y yo creo que allí las cosas no van de esta manera, y el Delegado Territorial de Avila no concede alegremente una licencia porque tenga los servicios pertinentes, sino que, sí, es una causa que hay que cumplir, efectivamente, que hay que tener los servicios, pero eso no es suficiente para que te den la licencia. O sea, que una cosa no conlleva la otra en absoluto.

Por lo tanto, hay que atenerse a los planes de urbanismo, que son distintos de la legalidad, de lo que él entiende como legalidad, que la coge por la cola, y ya le da la vuelta. O lo que ha dicho el representante del Partido Socialista, el Portavoz, que le ha dado licencia de agua provisionalmente porque iba a ser aprobado el plan, o porque le iban a legalizar la situación, y que, posteriormente, como tenía licencia de agua, le ha dado lo otro.

Sinceramente, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, y que, lógicamente, esto no tiene sentido.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. En turno de dúplica...

FERNANDEZ DE LA REGUERA LAGUNERO

EL SEÑOR DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA EN VALLADOLID (SEÑOR FERNANDEZ DE LA REGUERA LAGUNERO): Muy brevemente, ya en este momento. Los Delegados Territoriales no concedemos ningún tipo de licencia. Lo que se produce es unas modificaciones de los planes de urbanismo, que necesariamente tienen que aprobar primero los ayuntamientos. Ha sido el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín el que ha aprobado inicialmente esta modificación del plan; ha sido después el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín el que ha modificado provisionalmente esta modificación del plan; y después, la Comisión Provincial de Urbanismo -no el Delegado Territorial- es la que ha entendido correcta esa aplicación que ha hecho el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín de sus propias normas urbanísticas.

Y después, en cuanto a lo demás, pues, podían ser las cosas distintas. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo dice lo que dice y la doctrina dice lo que dice. Y quizá yo, como jurista, pues, lo que procuro es aplicar mis criterios o hacer coincidir mis criterios con los criterios de la doctrina y con los criterios del Tribunal Supremo, que es lo que hemos hecho.

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Y por otra parte, y por último, y ya insistí antes en que no estamos solamente ante un supuesto en que cuando llega a la Comisión Provincial de Urbanismo el expediente había ya agua o había ya conexión a la red de saneamiento. Es que aunque no hubiera esas conexiones, había necesariamente que aprobarla, porque los metros lineales que separan las redes de la casa son los que dice el Tribunal Supremo que debe entenderse que es correcta la aplicación de esa norma. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, señor Delegado, por su asistencia a esta Cámara.

Y el señor Secretario tiene la palabra, para dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR CRESPO GONZALEZ): Gracias, señor Presidente. Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 262-I, presentada por los Procuradores don Antonio de Meer Lecha-Marzo, don Leandro Martín Puertas, don Fernando Tomillo Guirao, don Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso y doña Raquel Alonso Arévalo, relativa a presentación de un programa de utilización de las parcelas de uso residencial de la segunda fase de la Huerta del Rey en Valladolid, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 213, de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario que ha presentado la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Antonio de Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Yo creo que a lo largo de esta Legislatura, incluso en la Legislatura anterior, excepto en el interregno del Gobierno de coalición con el Centro Democrático y Social, pues, el Gobierno del Partido Popular en Castilla y León, pues, prácticamente ha abandonado la vivienda... la política de viviendas de promoción directa de la Comunidad Autónoma, lo que normalmente se conoce como viviendas sociales.

En concreto, en la ciudad de Valladolid, que es a la que nos referimos en esta Proposición No de Ley presentada por los Procuradores de Valladolid, desde mil novecientos ochenta y siete, o sea, desde que empezó a gobernar el Partido Popular, durante ya ocho años, sólo se ha entregado un grupo de viviendas, un grupo de ciento y pocas viviendas, el grupo situado en el barrio de La Pilarica. Ahora, en el año noventa y cinco, se ha iniciado el siguiente grupo de viviendas, en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Valladolid, en el Plan Parcial del Parque Alameda.

Y la Junta se ha escudado durante todo este tiempo en múltiples argucias para no promover viviendas en la ciudad de Valladolid, y una de las argucias que tradicionalmente ha utilizado es decir que el Ayuntamiento de Valladolid no cedía suelo para hacer esas viviendas y que, por lo tanto, la Junta no podía hacerlas. Sin embargo, ése era y es un argumento absolutamente falso, porque la Junta de Castilla y León en la ciudad de Valladolid, como en otras ciudades de nuestra Comunidad Autónoma, como en León disponía del Polígono Eras de Renueva, como en Salamanca disponía del Polígono de El Zurguén, como en Segovia disponía del Polígono Nueva Segovia, como en Aranda disponía del Polígono Allende Duero, la Junta de Castilla y León era propietaria en la ciudad de Valladolid de un importante grupo de parcelas de suelo urbanizado que permitían hacer un número también muy importante de viviendas, en torno a setecientas en la Huerta del Rey segunda fase.

Y debe reconocerse que en esa área urbana, en ese polígono, pues, existían ciertos problemas, existían ciertos problemas. Uno era que no parece conveniente concentrar exceso de viviendas sociales en áreas determinadas de la ciudad y que en la Huerta del Rey, tanto en la primera como en la segunda fase, podía haber un exceso de concentración; que esas viviendas pueden y deben integrarse a través de promociones pequeñas de viviendas sociales dispersas por la ciudad, de tal manera que, no creando concentraciones de este tipo de viviendas, se evitaría además el rechazo social que en algunos casos su construcción provoca.

Por eso, ya en el año mil novecientos ochenta y seis, estando nosotros en la Junta de Castilla y León, se hizo una permuta y se permutó con un promotor de la ciudad unas parcelas en la Huerta del Rey segunda fase por unas parcelas en un barrio de Valladolid, en La Pilarica, que permitieron construir el grupo de La Pilarica que ha construido la Junta de Castilla y León.

En este momento, en el Plan Parcial Huerta del Rey segunda fase ya no existe ningún problema. Hubo una modificación de planeamiento, hubo una aprobación del proyecto de urbanización. Ahora ya no hay... desde hace tiempo ya, pero ahora, en concreto, no hay ninguna justificación para que ese plan parcial no se ponga en funcionamiento, para que no pongamos en marcha una política activa de actuación con ese paquete de suelo en propiedad de la Junta.

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Y por eso es por lo que hacemos esta proposición, esta Proposición No de Ley, instando a la Junta para que en el plazo de dos meses, que consideramos que es un plazo razonable, presente un programa relativo a la utilización de las parcelas de uso residencial propiedad suya, situadas en la segunda fase de la Huerta del Rey en Valladolid, un programa en el que se especifique qué permutas pueden hacerse con otros propietarios en otras zonas de la ciudad, para construir allí viviendas de promoción pública, de promoción directa. Y, asimismo, que en aquellas parcelas que no entren en este juego de permutas -puesto que puede haber el doble tipo de actuación- se haga una oferta pública a cooperativas, como se han hecho en León en el Polígono Eras de Renueva, como se ha hecho en Salamanca en El Zurguén, como se ha hecho en Aranda de Duero en el Polígono Allende Duero, como se ha hecho en el Polígono Nueva Segovia, para construir viviendas de protección oficial de promoción privada en el resto de las parcelas. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Eustaquio Villar.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a consumir un turno en contra a la Proposición No de Ley que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.

Y, antes de nada, lo que sí quiero es, un poco, llevarle la contraria a lo que dice en el preámbulo o en los antecedentes de la Proposición No de Ley que nos afecta en estos momentos. Porque, de la lectura de la misma, da la impresión que la Junta no ha hecho nada en materia de vivienda de protección oficial, pues, en las dos Legislaturas que está en el Gobierno de Castilla y León. Y vamos, yo creo que de eso ya hablamos bastante cuando discutimos, por ejemplo, los Presupuestos de este año, o discutimos los Presupuestos del año anterior, y vimos, y vimos la cuantía que supone el dinero que en materia de vivienda dentro del presupuesto de la Consejería de Fomento, por un lado, y el presupuesto que en materia de urbanismo dentro de la Consejería de Medio Ambiente, por otro, estipula la Junta para cada año.

No obstante, y por dar unos datos así breves, creo que estos datos, incluso ya los he dado en alguna otra ocasión, no en esta Comisión, sino en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, decirle que, por ejemplo, las actuaciones, o sea, las viviendas licitadas en Valladolid, por ejemplo, en el año mil novecientos noventa y uno fueron de ciento veintisiete, en mil novecientos noventa y dos fueron doscientas veintidós, y en mil novecientos noventa y tres fueron ciento ochenta y dos. Decirle que, incluso, en el anejo de inversiones de este año, pues van un total de doscientas ochenta viviendas, aproximadamente, en la ciudad de Valladolid. O sea, que no es cierto ese preámbulo, esos antecedentes en los que da la impresión que la Junta no ha hecho nada en materia de vivienda en la ciudad de Valladolid. Yo creo que la Junta... incluso este año se modificaron los presupuestos a instancia del Grupo Popular, pensando en esta segunda fase de la Huerta del Rey, al objeto de dotar a esta Consejería de mayor presupuesto para poder actuar en la misma, para poder poner en marcha los solares que la Junta posee en la Huerta del Rey en la segunda fase, a efectos de que se hagan viviendas sociales, viviendas de protección oficial. Y, por tanto, entiendo que no es de recibo esta Proposición No de Ley, puesto que la Junta en estos momentos ya tiene en marcha el expediente de enajenación de los terrenos de que dispone en la Huerta del Rey para la construcción de viviendas.

Está pensado que en estos terrenos de la segunda fase se vayan a hacer ciento catorce viviendas de protección oficial de promoción pública y trescientas noventa y cuatro viviendas de precio tasado. Y lo que propone la Proposición No de Ley de permutar en otros sitios de la ciudad los terrenos, parte de los terrenos de la Junta para no concentrar las viviendas sociales en un solo sitio, para evitar el rechazo social, pues, chico, la verdad es que es otra de las razones que no entendemos lo de ese rechazo social, no entendemos ese rechazo social.

Y, desde luego, lo que sí, a lo que sí está abierta la Junta es que si el Grupo Socialista o el Partido Socialista quiere que en Valladolid se hagan viviendas en otras zonas lo tiene muy fácil: en estos momentos y desde hace ya bastante tiempo el Ayuntamiento de Valladolid está en manos del Grupo... del Partido Socialista; perfectamente podría haber ofertado solares a la Junta de Castilla y León para haber hecho viviendas de protección oficial de promoción pública en esos solares, y se hubieran resuelto los problemas por dos partes, por dos sitios: se hubiera resuelto el problema de la dispersión, se hubieran podido hacer viviendas sociales más dispersas, y mayor número, puesto que contaríamos con mayor terreno para edificar.

Creo que por estos motivos, en principio, vamos a rechazar o vamos a votar en contra de su Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Don Antonio de Meer tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

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EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Yo creo que es evidente que la Junta sólo ha construido viviendas en Castilla y León, la Junta del Partido Popular, cuando gobernaba en coalición con el Centro Democrático y Social, y si el Portavoz del Grupo Popular tiene los datos lo comprobará simplemente con una hojeada. En Valladolid, en los últimos ocho años, sólo se han entregado las viviendas de La Pilarica; no me podrá poner el Portavoz del Grupo Popular ningún otro ejemplo, entre otras cosas porque conozco esta ciudad bastante mejor que él. No me podrá poner ningún otro ejemplo. No me podrá decir, las de tal grupo, las del otro barrio, las de allí, no, no, no hay ninguna. Las únicas que se están haciendo en este momento, señor Portavoz, las únicas viviendas sociales en este momento, señor Portavoz del Grupo Popular, que se está haciendo, para hacerlas, ésas, no hacen falta sus consejos de que el Ayuntamiento de Valladolid ceda terrenos, porque las únicas que se están haciendo son en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Valladolid en el Parque Alameda. Claro, es que a la Junta hay que llevarla a rastras para que haga las cosas; es que para hacer lo que es su obligación, su competencia exclusiva, hay que llevarla a rastras, darla el suelo. Esos consejos no hacen falta, no hacen falta, los consejos, en todo caso, hay que dárselos a usted... a ustedes, perdón, no a usted personalmente, sino al Gobierno del Partido Popular.

En la Huerta del Rey, para que esas parcelas se pongan en marcha, no hace falta hacer nada, porque la Huerta del Rey es un polígono urbanizado y las obras de la urbanización en nada afectan a la concesión ya directa de las licencias; exactamente igual que en el Zurguén o en Eras de Renueva se están edificando y se han dado las parcelas ya, aunque las condiciones de urbanización son mucho más precarias que en la Huerta del Rey. Por lo tanto, no hace falta hacer nada, eso se debe hacer ya.

Y por primera vez nos enteramos que está en marcha el expediente. Mire, nos alegramos, porque muchas Proposiciones No de Ley de las que hemos hecho a lo largo de la Legislatura han servido para que la Junta salga de su apatía, y que en el momento del debate de las mismas se nos diga: es que ya está en marcha. Pues estupendo, estupendo que esto haya servido para que se ponga en marcha, porque estamos completamente convencidos de que ese proceso de enajenación se ha puesto en marcha desde que nosotros hemos presentado esta Proposición No de Ley. Por tanto, la Proposición No de Ley ya ha servido para algo.

De todas maneras, nos gustaría saber desde cuándo está en marcha, cuándo pretende acabarse Y por eso queríamos nosotros que la Junta tuviera un plazo para presentar eso, para presentar el programa de utilización, ese proceso de enajenación, dentro de dos meses. Si está en marcha, ¿por qué no se puede aprobar esta Proposición? Lo sabríamos todos, lo sabría todo el mundo, lo sabrían las cooperativas, los promotores, las personas que esperan una vivienda. Pues, eso es lo que queríamos saber; si ya está en marcha, ni dos meses, pasado mañana lo podía remitir la Junta a esta Cámara.

Y dice que no quieren hacer permutas, que todas allí. Pues, estupendo. Aceptamos una enmienda transaccional en virtud de la cual no se hacen permutas y sólo se hace la oferta para las viviendas de precio tasado que usted dice; pues, claro, estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué no ha planteado una Enmienda de ese tipo? Y esta Proposición No de Ley, que yo creo que es una cosa importante, poner en marcha ese suelo, ese suelo para viviendas de promoción pública, para viviendas de precio tasado, cuánto antes, no hay ninguna dificultad. Eso es lo que queremos, y yo creo que es lo que queremos todos.

Yo creo que, simplemente, por una actuación de cerrazón, de no dar el brazo a torcer, es por lo que el Grupo Popular va a votar en contra de esta Proposición No de Ley, sin hacer ninguna enmienda a la misma, enmiendas que podíamos haber transaccionado sin ninguna dificultad. Pero, de todas maneras, nosotros nos llevamos el convencimiento de que esta Proposición No de Ley que no se va a aprobar aquí, lo que se ha aprobado es en la realidad, porque la Junta, desde que nosotros la presentamos, va a poner en marcha la puesta en el mercado de las parcelas del polígono Huerta del Rey, segunda fase, para beneficio de los ciudadanos de Valladolid. Nada más, gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. En turno de dúplica, don Eustaquio Villar.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Pues, mire, me congratulo de que ustedes se lleven la satisfacción de que esto se ha puesto en marcha gracias a su actuación. Yo creo que esto se ha puesto en marcha porque la Junta lo ha estimado oportuno, porque, si no, vamos a pensar en que siguiese todos sus consejos. Yo creo que no... no nos hagamos ilusiones. Se han puesto en marcha. Y creo que lo correcto, en vez de decir que nosotros apoyemos la Proposición, sería decir: puesto que ya está en marcha el tema que ustedes la retirasen, y fíjese qué unanimidad podría existir ahora mismo en esta Comisión.

En fin, yo creo que está claro que de lo que se trataba... parece ser que dice que no se habían enterado del tema. Pues, ya se lo he dicho yo, puesto que le he dicho que existe una orden del Consejero de Agricultura... perdón, de Medio Ambiente, de fecha tres de febrero del noventa y cinco, en que resuelve... no se ría, señor... no se ría señor de Meer, que las risas no salen en el Diario de Sesiones, por favor. Lo que sí le digo es que esto está en marcha, que esto está en marcha, que esto se va a resolver, que ahí hay una actuación de la Junta. Y le sigo insistiendo: vamos a conseguir entre todos que el Ayuntamiento de Valladolid también ponga terreno y se puedan hacer viviendas dispersas a lo largo y ancho del casco urbano de la ciudad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Virgilio Buiza tiene la palabra.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Brevemente, porque, estando todos de acuerdo, yo no creo que merezca la pena perder mucho el tiempo, aunque, claro, aquí surge siempre el clásico problema del fuero y el huevo; pues, bueno, cada uno se quedará con la parte que quiere de estas dos cosas, no. Yo lo que sí creo es que es interesante por su contenido esta Propuesta de Resolución e interesante también la actuación de la Junta, que es intrascendente -a mi juicio- que obedezca a razones de esta Propuesta de Resolución o a otras razones. El tema es que parece que se camina en la dirección que todos defendemos de resolver el grave problema -que además siempre se apunta como grave y trascendente- de la escasez de viviendas, en general, de vivienda de promoción pública en nuestra región, y máxime a las grandes ciudades como es el caso de la ciudad de Valladolid.

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A mí me parece también que, al margen de otras consideraciones, el no concentrar, el dispersar este tipo de viviendas es bueno, porque, efectivamente, ese rechazo social todos sabemos que se produce, sobre todo cuando esa masificación y esa uniformidad de tipo... de este tipo de viviendas se concentra excesivamente, y bueno sería buscar la forma de que todo el mundo conviva con todo el mundo, al margen, digamos, de su "status" social, etcétera, etcétera, porque creo que eso es bueno para todos.

Y, bueno, eso se podría conseguir a través de ese mecanismo que apunta la propuesta de resolución de las permutas, línea en la que parece que no va la actuación de la Junta de momento, pero que posiblemente a medio plazo puede también plantearse esa cuestión, porque podría ser interesante. Y, nada más, simplemente manifestar mi apoyo a esta propuesta de resolución, porque si estoy de acuerdo con su contenido, aunque esté también de acuerdo con lo que está haciendo la Junta, que va más o menos en sintonía, no tiene sentido que vote en contra. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Por el Centro Democrático y Social, tiene la palabra don José Luis Sagredo.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Gracias, Presidente. Primero agradecer, como no podía ser menos, la aseveración del Portavoz del Grupo Socialista, sobre la distinta actitud del Gobierno regional cuando formaba parte el CDS en coalición con el Partido Popular. No voy a insistir demasiado, puesto que con el Consejero -y como decía mi buen amigo el Portavoz del Grupo Popular- ya hemos debatido muchas veces, pero sí queremos volver a recordar que si cuando en el gobierno de coalición estábamos con el PP no nos dejaba hacer más que a regañadientes viviendas de protección oficial y boicoteando todo lo que podía..., no puedo dejar de recordar el tema de Eras de Renueva o El Zurguén; El Zurguén, concretamente, cuyas frenadas desde el PP obligaron al Consejero del ramo a pedir el cese inmediato del representante de la Junta o del PP en la provincia. Y la realidad es que si esto ocurría entonces, señor de Meer, ¿qué van a hacer ahora ellos solitos? Realmente, tampoco se pueden pedir aceitunas a los olmos. Pero, en cualquier caso, sí quiero agradecerlo, y fundamentalmente quiero agradecer el no desmentido de mi buen amigo el Portavoz del Grupo Popular.

Pero la realidad es que en este asunto de las viviendas, como lo importante es andar y hacer camino, si ha sido por la propuesta de resolución, o ha sido porque a la Junta le ha venido el remordimiento en este momento, bienvenido sea que ya se ha puesto en marcha. Para mí es una buena noticia que se haya puesto en marcha ya la enajenación de esos terrenos para la construcción de viviendas, tanto las de protección pública como las de precio tasado, en definitiva, para dar respuesta al tema de la vivienda. Y como lo importante es ponerlo en marcha, nos alegramos, pero como testimonio apoyaremos, lógicamente, desde el Grupo Centrista la propuesta de resolución, por la importancia que tiene el tema de la vivienda y por la insuficiente respuesta que durante todo el tiempo de gobierno de la Junta se ha dado para resolverlo. Y, en cualquier caso, esperar a que seamos testigos de la entrega de llaves de esas viviendas de Huerta del Rey.

Nada más, Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate, tiene la palabra don Antonio de Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente.

En primer lugar, pues, agradecer al representante del Grupo Mixto y al representante de Centro Democrático y Social, pues, el voto a favor que han manifestado que van a efectuar, el voto a favor a esta Proposición No de Ley.

Y ya, simplemente, remarcar, incidir, que es, de alguna manera, irónico oír decir al Portavoz del Grupo Popular que la Junta lo ha puesto en marcha porque lo ha estimado oportuno. ¡Qué curioso! ¿Cuándo lo ha estimado oportuno? Cuando los demás se lo hemos solicitado. Porque se rasga las vestiduras diciendo que no conocíamos que se había puesto en marcha, y nos lee, con gran orgullo, una Orden del tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, una Orden de antes de ayer. Una Orden cuando se han dado cuenta de que esto lo íbamos a debatir aquí hoy. Y una Orden que yo no he visto publicada en el Boletín; yo no sé si el Portavoz del Grupo Popular lo ha visto publicado en el Boletín, incluso, a lo mejor, la Orden... bueno, le han puesto esa fecha, para que parezca que viene un poco... un poco de atrás, pero ni en el Boletín del cuatro, ni del cinco, ni del seis, ni del siete, ni del ocho, ni hasta el del veintiocho -bueno, el de hoy no lo hemos visto- se ha visto publicada esa Orden. Si esto no lo sabía nadie; lo sabía usted sólo y el Consejero, que ha firmado la Orden para decir que ustedes ya estaba trabajando en ese asunto.

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Y yo creo que sólo desde un tremendo ejercicio de cinismo político se puede seguir manteniendo como ha hecho el Portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Valladolid y la puesta a disposición de la Junta de suelo para construir viviendas de promoción pública. Si las únicas viviendas de promoción pública que está construyendo la Junta en Valladolid es en suelo que le ha dado el Ayuntamiento. ¿Hasta qué punto puede tenerse ese cinismo? Mientras, las parcelas que eran de la Junta, las de propiedad de la Junta, han estado dormidas durante todos estos años; terrenos baldíos, llenos de yerbajos, perfectamente urbanizados, dejándose dormir hasta que nosotros hemos hecho esta Proposición, y el Consejero, de repente, el tres de octubre... digo, el tres de febrero, dice que ha firmado esa Orden.

Pero, de todas maneras, esta Proposición No de Ley ha servido, aunque el Grupo Popular la vote en contra, está votando en contra de su Consejero, porque el Consejero la ha acatado disciplinadamente, ha atendido el requerimiento que nosotros le hemos hecho, y, enmendando la plana al Grupo Popular, lo que hace es admitir esta Proposición No de Ley, poniendo en marcha el proceso de la puesta en el mercado de las parcelas de la Huerta del Rey, segunda fase.

Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR COLOMA BARUQUE): Gracias, Señoría. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley.

¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Votos emitidos... son dieciséis. Votos emitidos: dieciséis. Votos a favor: siete. Votos en contra: nueve.

En conclusión, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Se levanta la sesión.