DS(C) nº 43/3 del 20/11/1991

FERNANDEZ RODRIGUEZ

EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. Señores Procuradores. Antes de pasar a la argumentación de la Proposición No de Ley relativa a la subvención al Ayuntamiento de Villarcayo, quisiera hacer una breve introducción explicativa de por qué se ha presentado esta Proposición No de Ley en estos momentos.

Esta Proposición viene motivada por un convenio que se inició en el curso ochenta y nueve-noventa entre el Ayuntamiento de Villarcayo y el Servicio Territorial de Bienestar Social de Burgos, convenio que recogía, en un principio, exclusivamente, el programa de residencia educativa, para aquellos alumnos de la Comarca de "Las Merindades" que, por lejanía con el centro de educación próximo (Medina o Villarcayo) que quisieran elegir, tendrían dificultades de transporte y se verían obligados a acogerse al régimen de residencia.

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En concreto, este convenio beneficiaba a ambas partes -y no debemos olvidarlo-, en el sentido de que, por un lado, el Ayuntamiento, como titular del centro homologado de BUP, lograba el número mínimo de alumnos que le exigía el Ministerio de Educación para la firma de un convenio por el cual se subvencionaba el costo de profesorado, y, por otro lado, beneficiaba, igualmente, a la Junta de Castilla y León, titular del centro de la Residencia "Las Merindades", que, en aquel momento, ya estaba transferido y seguía sin tener un uso determinado dentro de la propia Dirección General a la que pertenece.

Entonces, partiendo de este hecho, de que el convenio era beneficioso para ambas partes, el Ayuntamiento gravó su situación económica municipal, al llegar a un acuerdo con los padres de los alumnos interesados en que se financiaba el cincuenta por ciento del coste de la plaza. Esta deuda generada a lo largo de los dos años que ha durado el convenio asciende a un total de 2.494.350 pesetas, y, en estos momentos, por una situación anómala dentro de la economía municipal, existe una imposibilidad de abonar esta deuda; y, es más, lo grave no es de abonar la deuda, sino que este año no se ha firmado el convenio, por lo cual se da una continuidad al programa, y el programa se está llevando, pero se está llevando directamente con los padres de los alumnos, sin ninguna intervención por parte del Ayuntamiento.

Esto ha supuesto un beneficio social para Villarcayo y su entorno, ha evitado que alumnos de la Comarca hayan tenido que asistir a clases a institutos de Burgos o a centros de Burgos, que siempre hay una mayor lejanía, y ha servido para dar un uso, aunque pequeño, razonable, a un recurso propio, infrautilizado y, a la vez, si nos atenemos a lo que en esta misma Comisión se acordó en la Legislatura anterior, de dar un uso educativo y compatible a la Residencia "Las Merindades", pues, iba, este convenio iba por ese lado.

Entonces, como conclusión, basándonos en estas premisas que acabo de adelantar, el Grupo Socialista, por motivos argumentados en la Proposición No de Ley, solicita que esta Comisión acepte la propuesta de la concesión al Excelentísimo Ayuntamiento de una subvención extraordinaria y directa, por valor de 2.494.350 pesetas, que no es el total de la deuda generada por el programa, dado que solamente es el 50% de la parte que el Ayuntamiento debiera de haber abonado, y también tiene generada otra deuda por una cantidad similar, que es de aquellas cuotas que ha cobrado a los padres de los alumnos.

Y además de esto, de la concesión de una subvención, la otra propuesta es que se firme un nuevo convenio que garantice la consecución del programa, máxime cuando ayer mismo hubo una reunión de la Corporación Municipal y parece ser que estamos en estudio y tenemos la disponibilidad de acceder al adelanto de la reforma de las enseñanzas, y sería muy posible una posible negociación Dirección Provincial de Educación-Junta de Castilla y León, para que el tema de la Residencia Educativa fuera ampliado y lo que hasta ahora ha supuesto un beneficio para catorce alumnos, en los próximos cursos escolares podríamos llegar a los sesenta o setenta, que sería la población que podría beneficiarse de este programa.

Por tanto, se solicita a la Comisión de Bienestar Social tenga a bien estimar esta Proposición No de Ley en cada una de sus partes, por el beneficio de ambas Instituciones, tanto la Municipal como la Autonómica, en lo que respecta al Centro de "Las Merindades". Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el Portavoz, don Javier León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Para ejercitar el turno en contra de la Proposición No de Ley que presenta el Grupo Socialista, la verdad es que con cierta preocupación, pero tratando de explicar por qué vamos a decir que no.

Desde luego, desde el Grupo Popular entendemos que la colaboración entre Instituciones es algo absolutamente beneficioso para los ciudadanos, y en esa voluntad se ha manifestado la Junta en reiteradas ocasiones, suscribiendo convenios con las Administraciones tanto Central como Local.

Sin embargo, el Grupo Popular -y Sus Señorías espero lo compartan con nosotros- está absolutamente convencido de que la impartición de la enseñanza reglada y de la formación académica de los ciudadanos de esta Comunidad, que es una exigencia constitucional, que es un derecho de todos los ciudadanos de Castilla y León, en este momento -y no por voluntad de estas Cortes-, es responsabilidad exclusiva de la Administración Central, y, concretamente, del Ministerio de Educación y Ciencia.

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Yo quiero recordar -porque algunos de los Procuradores que se sientan en esta Comisión son nuevos- que la Residencia Infantil de "Las Merindades" fue transferida a la Junta de Castilla y León, en virtud del Real Decreto 456/89, de veintiocho de abril, dentro de la ampliación de medios adscritos a los servicios transferidos en materia de protección de menores; pero que somos conscientes que la ubicación de este centro no es la idónea para acoger a un centro de menores desprotegidos. Y, por ello, la Comisión de Bienestar Social -esta misma Comisión-, en la pasada Legislatura, en dos ocasiones, concretamente el seis de abril del ochenta y nueve y el catorce de abril del noventa, propuso a la Consejería competente que se diera una nueva utilidad y destino al mencionado centro. A partir de estas fechas, la entonces Consejería de Cultura y Bienestar Social inició conversaciones con el Ministerio de Educación y Ciencia, más explícitamente con la Subdirección General de Educación Compensatoria, intentando la integración de la Residencia de "Las Merindades" en la Red Nacional de Escuelas Viajeras, como un recurso destinado a aulas activas y desarrollo de programas de educación medioambiental, para lo que se ofertaba la firma del correspondiente convenio a la Administración Central.

Mientras se realizaban estas conversaciones, no parecía contraindicado el atender desde la Consejería a la voluntad manifestada por el Ayuntamiento de Villarcayo y la Dirección Provincial del MEC de la provincia de Burgos, y, por eso, se puso a su disposición las posibilidades que tenía la Residencia, así como un servicio de comedor escolar, dirigido a los alumnos de BUP del Instituto de Formación Profesional residentes fuera del Municipio de Villarcayo; con lo cual, se ponía de manifiesto, una vez más, la voluntad de la Junta de colaborar con las otras Administraciones en aquello que redundaba en la mejor formación de los ciudadanos de una comarca de nuestra Comunidad Autónoma.

Pero es bien sabido que la Comunidad de Castilla y León no ha recibido las competencias en materia de enseñanza y formación académica, que únicamente en el sector infanto-juvenil tiene competencias de protección y atención a menores en situación de desamparo, y que el programa que se plantea por el Ayuntamiento de Villarcayo para desarrollar en aquella Residencia no puede, de ninguna manera, incluirse dentro de la protección o atención a menores, puesto que se trata -como ha quedado de manifiesto en la exposición que hace el Portavoz Socialista en esta Comisión- de atender a escolares del entorno de Villarcayo.

De otra parte, lo que se plantea en la primera parte de la Proposición No de Ley es algo absolutamente atípico y, además, que puede sentar un precedente muy grave. Que se conceda una subvención extraordinaria a un Ayuntamiento de nuestra Comunidad para afrontar la parte que no puede afrontar en un convenio que tiene firmado con la Junta sería una forma tremendamente peligrosa de resolver los litigios que pueda tener la Junta con las Corporaciones Locales, en virtud de la cual, cualquier Corporación que no pueda afrontar financieramente los compromisos firmados con la Junta buscaría un Procurador que traiga a esta Cámara la posibilidad de concesión de subvención extraordinaria para la condonación de la deuda por esa vía, absolutamente atípica.

Por lo tanto, no es posible el que se acepte la concesión de una subvención extraordinaria al Ayuntamiento de Villarcayo, para afrontar económicamente el compromiso que tiene firmado con la propia Junta, porque comprenderán ustedes que sería una contradicción importante.

No obstante todo lo anterior -y me imagino que el Procurador proponente lo conoce-, la Junta, la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, en el momento actual, está estudiando fórmulas, y tiene prácticamente resuelto el problema, para que esta cantidad de 2.494.350 pesetas, que se piden vía subvención extraordinaria y que -insisto- supondría un gravísimo precedente en esta Comunidad Autónoma, no supongan un perjuicio económico para el Ayuntamiento de Villarcayo, aceptando, desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que algunos gastos hechos por el Ayuntamiento de Villarcayo en el consultorio local se puedan facturar a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, con lo cual se evita ese perjuicio que supondría al Ayuntamiento -que, evidentemente, no tiene unos Presupuestos sustanciosos como para afrontar grandes gastos-, pero que evitaría, evitaría el realizar esta subvención extraordinaria, de otro lado, porque la Ley de Hacienda de nuestra Comunidad Autónoma, en su artículo 44, establece la imposibilidad de gastar dinero en algo que no es competencia o responsabilidad de la Junta, como, por otra parte, es algo que, habitualmente, los Procuradores Socialistas nos ponen en evidencia; y, sin ir más lejos, en el propio Boletín de las Cortes de Castilla y León donde se publica la Proposición No de Ley que está siendo objeto de debate en este momento, se publica la Proposición No de Ley 3-I, del propio Grupo Socialista, donde nos insta a que no cambiemos el destino de los fondos de la Comunidad Autónoma, no ya de partidas de la Comunidad a gastos de fuera de la Comunidad, sino, incluso, dentro de gastos de la propia Consejería en la que estaban presupuestados, y me refiero a los 1.000.000.000 de los ingresos mínimos de inserción.

Teniendo en cuenta todos los antecedentes, no parece oportuno, en este momento, iniciar un nuevo convenio con el Ayuntamiento de Villarcayo en condiciones parecidas a las que en este momento estamos debatiendo, habida cuenta de la experiencia habida, que es un convenio que, hecho con la mejor voluntad y buena fe por ambas partes, luego no puede ser cumplido por una de ellas.

En resumen, no vamos a aceptar la Proposición No de Ley, proque supone un precedente grave, porque supone distraer fondos de la Comunidad Autónoma para compromisos que no son de responsabilidad de la Junta de Castilla y León. No obstante, las medidas están tomadas ya para evitar que no conceder esa subvención suponga un gasto importante, o un perjuicio notable para el ayuntamiento de Villarcayo, aun admitiendo que la responsabilidad es de quien firmó el convenio con la Junta y no de la propia Consejería. Y, desde luego, en este momento no es voluntad de la Junta hacer un convenio similar al anterior, puesto que sería tropezar dos veces en la misma piedra. La voluntad de la Junta sigue siendo buscar la mejor utilidad a la Residencia de Merindades de Villarcayo y llegar a un convenio con la Administración Central, que supongo que después podrá hacer frente a los gastos a los que se comprometa en la firma de ese convenio y no nos pedirá una subvención extraordinaria para que se condone por esta atípica vía la deuda contraida. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. ¿Desea el señor Procurador proponente consumir su turno de réplica?

FERNANDEZ RODRIGUEZ

EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente. Quisiera empezar con las mismas palabras que ha comenzado el Portavoz del Grupo Popular, diciendo que tenía que votar en contra con una cierta preocupación; yo digo que asisto a su exposición con una cierta preocupación con este aspecto también.

También quiero hacer hincapié en el tema de la colaboración entre las instituciones. Yo creo que ése fue el objetivo, y ése es el objetivo que se persigue con esta Proposición No de Ley. Argumenta que es una enseñanza reglada y, por tanto, responsabilidad del MEC. Quisiera que se lo transmitiera así a sus Concejales, dentro del Ayuntamiento de Villarcayo, que ya hace muchísimos años, aun teniendo un centro de enseñanzas medias a ocho kilómetros, público, decidieron crear el Instituto Municipal Homologado que ha estado gravando de una forma casi casi brutal las arcas municipales, hasta llegar a la situación actual, donde se deben cerca de 340.000.000 de pesetas -aunque no solamente provocado por eso-, en un Ayuntamiento con unos ingresos ordinarios de 186.000.000.

Y decirle que parece ser que argumenta que no se pueden hacer convenios con responsabilidades que son de otros Ministerios, y, curiosamente, yo he observado en los medios de comunicación que se ha hecho un convenio con el INSERSO, perdón, con el Ministerio de Asuntos Sociales, para construir aquí en Valladolid unas viviendas para estudiantes. Es decir que, en concreto, sí hay precedentes por todos los lados qu pueden llevar a esto. Y yo lo veo muy bien, conste que no lo critico, simplemente lo que quiero decir es que también es una responsabilidad.

Con respecto a lo que hablaba de las circunstancias, vamos, de lo atípico y el precedente grave que se puede crear, yo pienso que he dejado claro las circunstancias excepcionales que motivaron la firma de este convenio. No creo que haya muchos ayuntamientos en toda la región de Castilla y León donde firmen un convenio que a su vez, que a su vez, dé un destino a un centro de la Junta de Castilla y León que está infrautilizado, pero vamos, hasta grado sumo, hasta no llegar ni siquiera a un 23% de su ocupación real, en ninguno de los últimos años desde que ha sido transferido.

Y las fórmulas en concreto que me habla, de solución de... en vez de aceptar la fórmula propuesta nuestra, que la tacha de atípica, la fórmula que se me comunica de decir, bueno, está prácticamente resuelto, aceptamos que alguno de los gastos generados por el consultorio médico del centro de guardias, en vez de ser abonados por el municipio, pasen a ser abonados por el Servicio Territorial de Bienestar Social, es decir, por la Junta, considero que también es una situación atípica y también es un precedente grave condonar una deuda con presupuestos que no estaban recogidos en esa partida presupuestaria.

El centro sí es verdad que fue transferido en unas condiciones determinadas, con una plantilla más o menos superior a la que actualmente tiene. No se han amortizado ninguna de las plazas, se ha anulado un servicio con lo cual, tiene que estar usted de acuerdo conmigo en que hay un beneficio económico por parte de la Junta que no está, que no está revertiendo de forma directa en el propio centro. Yo soy consciente, y no voy a decir que no, de que se siguen las negociaciones con el Ministerio de Educación y Ciencia, con el servicio general de educación compensatoria, para buscar una salida al centro; me gustaría que fueran más rápidas todavía de lo que son. Y, en concreto, siento que no se pueda prorrogar el convenio. Y lo mismo que se ha buscado una fórmula atípica para la condonación de esa deuda de 2.400.000 pesetas, yo creo que también se podría buscar otra fórmula atípica para la prórroga del convenio por este año, aunque solamente fuera para que los alumnos que en este momento... Porque claro, ya de por sí, de los catorce alumnos que teníamos el año pasado pagando el 50% del costo de las 1.200 pesetas diarias, cuando este año no se ha podido firmar el convenio y ha habido que aplicar la cuota de los albergues juveniles, que es de 1.431 pesetas diarias, de los catorce, ocho ya no han decidido presentarse en el centro, y solamente tenemos seis. Pues, aunque fuera solamente por esos seis alumnos, se pudiera buscar una fórmula atípica que abaratase el costo que supone a estas familias, o, simplemente, hacer un análisis económico de la situación de los solicitantes y ver a quién de ellos se le puede ayudar y a quién no. Es otra de las fórmulas atípicas que se podría habilitar para la solución de la segunda propuesta en esta Proposición No de Ley. Muchas gracias.

SANTAMARIA GARCIA

EL SEÑOR PRSIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. En turno de dúplica, tiene la palabra el señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

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EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. A mí me alegra que el Portavoz Socialista comparta con nosotros la preocupación por lo que está ocurriendo en aquel centro, en aquella comarca; no en balde él mismo es el director del centro del que estamos hablando a lo largo del debate, y también conviene que los señores Procuradores lo sepan. Es decir, conoce muy bien el grado de ocupación de ese centro, no sólo desde que ha sido transferido a la Junta de Castilla y León, en abril del ochenta y nueve, sino con anterioridad. Parece que puede desprenderse de sus palabras que se ha vaciado el centro en el momento en que fue transferido a la Junta, y, entonces, conviene dejar muy claro que el grado de ocupación de ese centro ha sido ínfimo durante muchos años. Porque, realmente, pues fue producto de un momento en su construcción; es un centro realmente bien instalado, con unas dotaciones extraordinarias; yo he de reconocer que traté de buscarle alguna ocupación distinta, incluso en el área del deporte, cuando yo dirigía la Consejería de Cultura y Bienestar Social, pero no tiene una fácil utilización en el futuro, y no en balde dos veces esta Comisión trajo a colación el tema de la utilización de ese centro.

Y me reafirmo en la voluntad de la Junta de la colaboración interinstitucional y de los convenios interadministrativos, pero, evidentemente, estará usted conmigo, señor Procurador, que hay que convenir con aquel que acredita que va a cumplir lo que conviene. Y la experiencia que venimos teniendo con el Ayuntamiento de Villarcayo... que para que no haya ninguna duda, por si alguno no lo sabe, creo que está regido por el Partido Popular; es decir, que no estoy haciendo aquí algo de partidismo en un sentido o en otro, sino definiendo los intereses que en este momento la Junta de Castilla y León, a la que apoya el Grupo Parlamentario que yo represento aquí; es una voluntad de colaborar con todos los Ayuntamientos, con todas las instituciones, pero teniendo una garantía de que se cumplen los acuerdos que se firman.

Es cierto que las responsabilidades del Ministerio... o del Ayuntamiento de Villarcayo en el tema de educación, bueno, han sido adquiridas, al menos en parte, voluntariamente por los ediles de aquel Ayuntamiento. Pero usted sabe que en el tema de educación a ese nivel, hay una parte de responsabilidad puramente del Ministerio y otra parte de los Ayuntamientos. Usted conoce perfectamente que las escuelas son mantenidas, limpiadas y adecuadas por los Ayuntamientos respectivos. Desde luego, quien no tiene nada que ver, ni en una faceta ni en la otra, es la Junta de Castilla y León.

Me parece oportuno que ese convenio se firme entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Villarcayo para solventar el problema de educación de los alumnos de esa zona, que es su responsabilidad, o, alternativamente, que el Ministerio de Educación se avenga a firmar con la Junta de Castilla y León, directamente, el convenio que quiera para la utilización de ese centro... que quiera y que, evidentemente, sea aceptado por la Junta, para la utilización, no con seis alumnos, que comprenderá usted que, con todos los respetos a la individualidad de cada uno de los seis, no parece que sea un motivo de convenio de muy altas implicaciones, sino que el Ministerio de Educación, de una vez por todas, se siente a negociar con la Junta qué hacemos con ese centro, no sólo para esos seis alumnos que hay ahora, o para los catorce que había antes, sino para la utilización -que estoy seguro de que usted como director es el primer interesado en conseguir-, la utilización adecuada de un centro, muy bien dotado, y que no por falta de voluntad de la Junta, sino del Ministerio de Educación, que haciendo lo del perro del hortelano, ni come las berzas ni las deja comer, ni transfiere la educación a la Comunidad Autónoma, ni afronta seriamente los problemas educativos que se viven en cada una de las comarcas de Castilla y León.

Por lo tanto, nosotros reiteramos nuestra voluntad de firmar un convenio con el Ministerio de Educación, que, insisto, es el responsable de la educación de los ciudadanos de Castilla y León, y no por voluntad de los representantes legítimos de estos ciudadanos en las Cortes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. La verdad es que uno a veces tiene sentimientos piadosos, compasivos, pero, después de tener sólo la información que aquí se ha expuesto, me resulta difícilmente inteligible la Proposición No de Ley, e, incluso, la respuesta de la proposición en contra por parte del Partido Popular.

Es cierto, entiendo, que la firma implica, de alguna manera, un compromiso por parte de ambos, en cuanto a desarrollar una tarea, acaso por cubrir un vacio existente, y, lógicamente, eso trae también una generación de compromiso, que, por otra parte, es difícil el no continuar, el no mantener. Hacer compromisos de esta naturaleza, pues, a mí me lleva a preguntarme por qué se hizo ese compromiso, qué expectativas podía generar, a quién compete, en todo caso, la continuidad de ese compromiso, y el alcance en el tiempo.

Pero cuando uno lee en concreto "para garantizar la continuidad del progrma Residencia Educativa que viene prstándose a través del uso de la Residencia de Las Merindades", a mí la impresión que me da es para paliar el déficit acumulado, presupuestario, de los años o el año precedente, no para abundar o ir más allá en el compromiso que en estos momentos no existe.

Claro, intentar, de fórmulas atípicas, a fórmulas atípicas, buscar soluciones, me parece que lo único que nos lleva es a abrir la caja que permita constantemente, a todo el mundo sin excepción, el llevar a una tesitura absolutamente insostenible, ni desde el punto de vista constitucional, apelando a la necesidad y a la conveniencia de responder a esa exigencia constitucional de la educación, ni como compromiso legal. Y es evidente que incluso habría que revisar cuáles son los mecanismos o los dispositivos que se utilizaron en su momento para dar esa finalidad y ese destino actual que, para mí, resulta absolutamente paradógico.

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Yo creo que no es la fórmula la de... ni el atipismo inicial de una solicitud, aun en régimen de subvención extraordinaria, ni el de la salida por otro camino, intentando paliar esos problemas. En definitiva, a mí me resulta, con ese sentimiento compasivo, difícil poder optar por: demos solución al problema que en estos momentos se ha contraído, por mor de los hechos y un poco en el desarrollo de esa expectativa, y la exigencia de que haya un tratamiento, desde el punto de vista educativo; pero encuéntrese una fórmula legal.

No entiendo que la Proposición No de Ley tenga en estos momentos una referencia vinculada a ningún atisbo que pueda sostenerla desde el punto de vista legal, como no encuentro tampoco la solución por vía de derivación de otros presupuestos. Por consiguiente, y en función de nuevas informaciones que puedan surgir a lo largo del debate, me reservo la opinión, el criterio, para la votación definitiva.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Para fijar posiciones, por el Centro Democrático y Social, tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Muy breve. El CDS va a votar en contra por considerar que el tipo de subvención que se solicita para el Ayuntamiento de Villarcayo, en el fondo, es un sistema de becas generalizado, becas encubiertas que esta Junta estaría dando a los alumnos de aquella zona sin tener en cuenta ni la situación económica, ni el rendimiento académico. Y ese sistema de becas me parece muy loable que lo haga el Ayuntamiento que quiera, pero, indudablemente, no lo debe hacer nunca esta Junta de Castilla y León, que, además, sería injusta con los alumnos de otras zonas de la Comunidad. Por esas razones el CDS va a votar en contra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra el Procurador proponente don Patricio Fernández.

FERNANDEZ RODRIGUEZ

EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en principio, voy a hacer un breve repaso a las intervenciones de los distintos Grupos. La verdad, señor Herreros, no he venido aquí a vender compasión, y siento mucho si esa impresión es la que he dado. Lo que he venido es a intentar convencer, en este caso a quien tiene competencias para hacerlo, que se busque una solución al centro. Y con esto doy la razón al señor León de la Riva cuando decía que quizá no he reconocido de que, antes de transferido, la competencia era el Ministerio de Asuntos Sociales y, claro está, que desde el ochenta y cinco su ocupación fue mínima, algo superior a la actual, pero fue mínima. Con esto no quiero quitar ni poner nada, ni a una Administración ni a la otra. Lo que sí que quiero es reiterar, dado que me ha dado esa oportunidad, de que ocho años, ocho años buscando un destino a un centro son demasiados años, son demasiados años, partiendo de que es un centro que tiene cuarenta y dos trabajadores; bueno, perdón, que tenía cuarenta y dos trabajadores, ahora mismo tiene veintiocho.

Dice el señor Herreros que le resulta difícilmente inteligible. Yo pienso que un centro que lleva ocho años buscando una salida de destino tiene bastante de ininteligible, pero es eso en sí lo que es ininteligible.

Es un centro, ya lo he dicho antes, infrautilizado y, por tanto, lo urgente es buscarle una solución. Y por lo que respecta a lo que decía, del remiendo o la solución a la deuda del Ayuntamiento, le tengo que decir una cosa: yo llevo siendo ocho años portavoz de la oposición y no me siento solidario con la deuda generada del Ayuntamiento de Villarcayo, dado que no he participado en ella. Ahora bien, eso no es óbice ni inconveniente para que sí que me sienta solidario a la hora de buscar una salida a la situación generada en la actualidad, y, si esta salida a la vez beneficia a un recurso de la Junta que está totalmente infrautilizado y que llevamos ocho años buscando una solución, bienvenida sea, aunque tenga que ser atípica o aunque se cree un precedente grave, que no creo que en este caso sea tan grave.

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Por tanto, y para cerrar mi intervención, yo lo que sí quisiera decir es que bienvenido sea el convenio con el Ministerio de Educación que se está buscando desde hace tiempo; pero mientras llega, mientras llega, vamos a darle una utilidad al centro, que por lo menos sirva para que los veintiocho trabajadores que en este momento están allí tengan una ocupación, que ahora mismo, gracias al MEC, por lo que hablábamos antes de la colaboración de las instituciones, estamos dando de comer a noventa y dos alumnos del Instituto de Formación Profesional; tenemos el régimen de residencia educativa con estos seis alumnos, que, por desgracia, no son más; tenemos también convenios con la Fundación..... para dar internado a alumnos de cursos de formación, para ceder aulas a los cursos de formación; tenemos convenios con la Cruz Roja; es decir, estamos dando... Convenios de utilización, pero que son tan sumamente puntuales que nunca llegan a dar en un futuro una solución global al centro. Entonces, lo que pido, que mientras llegue el convenio con Educación, que se busque algún tipo de salida, aunque sea con convenios puntuales como los actuales, pero que, en cierto modo, que se potencien, porque yo vuelvo a repetir: sí, por desgracia, solamente tenemos seis alumnos este año, pero quizá la culpa de que solamente haya seis alumnos es que no se haya hecho, ni desde la Junta, ni desde el centro, ni desde el propio Ayuntamiento, que tiene mucho interés en mantener el Instituto homologado de BUP, o centro homologado de BUP, perdón, no se ha hecho ninguna campaña de captación de alumnos en una zona que geográficamente podría ser aceptable para muchos padres, en vez de mandar a Burgos sus hijos, o en vez de... chicos que están andando en bicicleta, por ejemplo, cuatro o cinco kilómetros para poder coger un autobús en Espinosa de los Monteros e ir a estudiar a Medina de Pomar, pudieran estar internos en la residencia de Las Merindades de lunes a viernes.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Concluido el debate, vamos a proceder a someter a votación esta Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Son, votos emitidos, diecisiete. Votos a favor, seis. Votos en contra, diez. Abstenciones, una. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley presentada por don Patricio Fernández, instando la concesión de subvención al Ayuntamiento de Villarcayo y la firma de un nuevo convenio para utilización de la Residencia Las Merindades.

El señor Secretario va a proceder...., la señora Secretaria, a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA CAVERO PEREZ): Gracias, señor Presidente, por reconocer que soy mujer, por primera vez.

Orden del Día, punto segundo: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promulgación de nuevas normas de clasificación y estructura de la red de protección de menores, publicada en el Boletín de las Cortes de Castilla y León, número 8, de ocho de octubre de mil novecientos noventa y uno".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el Procurador Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. La situación de los centros de menores de la Comunidad Autónoma ha sido objeto de muchas iniciativas parlamentarias por parte del Grupo Socialista. Es una situación suficientemente compleja y suficientemente grave para exigir muchas iniciativas parlamentarias, y su abordaje, pues, nos podría llevar a la consideración de múltiples factores y de la situación de los centros a través de muchos parámetros. No obstante, no es el caso de la Proposición que nos ocupa, que se refiere exclusivamente a una Orden dictada por la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y publicada el seis de agosto en el Boletín Oficial de Castilla y León. Estar Orden, en teoría, clasifica los centros de menores de competencia de la Comunidad Autónoma. Es una exigencia del propio Decreto de diciembre de mil novecientos noventa, que fijaba el estatuto de estos centros; es decir, el Estatuto exigía que se clasificaran los centros y, en teoría, la Orden viene a proceder a la clasificación derivada del Estatuto.

¿Cuáles son los problemas que mantiene la Orden en cuestión? Bueno, nosotros vamos a intentar explicar por qué, por tres, digamos, tipos de argumentaciones, algunas de tipo jurídico, otras de tipo más bien funcional y otras de tipo político, la Orden en cuestión no es una Orden satisfactoria. Y yo diría más: la Orden en cuestión en estos momentos -y en este sentido nuestra Proposición es una Proposición que intenta ser constructiva, desde nuestro punto de vista, evidentemente, pero intenta ser constructiva-, supone una cierta rémora o una cierta traba a las actuaciones de la Consejería en materia de política de menores, de atención a menores.

Un primer bloque de argumentos, de tipo estrictamente jurídico. Una Orden de una Consejería no puede cambiar un Decreto de la Junta de Consejeros, y en la Orden existen modificaciones al Decreto de la Junta de Consejeros que aprueba el Plan Regional de Infancia, Juventud y Familia. Ni se clasifican los centros de acuerdo con las previsiones del Plan, ni los centros incluidos en la Orden son los centros que preveía el Plan, ni los ámbitos que se prevén en la Orden son exactamente los ámbitos que preveía el Plan. Y, por lo tanto, por lo tanto, nos encontramos con la contradicción de que, en estos momentos, por una Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, se está dejando sin cumplimiento lo que era un Decreto de la Junta de Consejeros, que aprobó el Plan Regional de Infancia, Juventud y Familia.

Solamente por esa razón, aquello que la Orden cambiara de lo que establecía el Plan Regional de Infancia, Juventud y Familia debería ser modificado. Y debería ser modificado además, porque los Decretos que la Junta de Castilla y León dicta para aprobar los planes regionales de actuación social, de acción social, son Decretos que están extremadamente reglados en nuestra Comunidad Autónoma. Ya no es que sea una Orden... ya no es que sea una norma legislativa de superior rango al de una Orden de una Consejería; es que tiene un procedimiento tasado y vinculado en la Ley de Acción Social y Servicios Sociales de la Comunidad, que exige que, en el caso de que se quiera cambiar uno de estos planes, se someta a la información de los sectores afectados, se someta a la información del Consejo Regional de Acción Social, y, sólo tras un proceso participativo de los sectores afectados por el contenido material del Decreto, es entonces posible producir la modificación del Decreto.

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Nos encontramos, pues, que se ha vulnerado el principio de jerarquía normativa, como luego voy a dar ejemplos concretos, y que además se ha vulnerado el espíritu participativo y la letra de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León, en cuanto a la participación en la elaboración de los planes regionales.

Una segunda... un segundo bloque de argumentos, de tipo funcional, de tipo funcional, aunque están, evidentemente, ligados con los de índole jurídica también. La clasificación que se produce en la Orden es una clasificación que dificulta la política de atención de menores de la Consejería y que, además, bueno, cambia las previsiones del Plan Regional, previsiones con las cuales globalmente nosotros estamos de acuerdo, y lo decimos sin ningún tipo de ambages.

En primer lugar, por ejemplo, pues, se dota de ámbito regional a un hogar-cuna, cuando en el Plan Regional de Infancia, Juventud y Familia se considera que los hogares-cuna tienen que tener ámbito provincial o local, lo cual va de suyo, va de suyo, porque, evidentemente, los hogares-cuna no tienen por qué estar tan alejados del territorio, ni existe ninguna justificación para que exista un recurso de ámbito regional que sea hogar-cuna. Puede haber una justificación para que en algunas provincias los haya, o en algunas localidades los haya, pero no que haya un hogar-cuna regional. Y, en todo caso, si hay una justificación para que haya un hogar-cuna de ámbito regional, tiene que modificarse el Plan Regional, tiene que modificarse el Decreto, con el sistema de modificación de Decreto que prevé la Ley de Acción Social; no se puede modificar con una Orden.

Se crea -eso sí que está contemplado en el Plan Regional- un centro para menores con problemas de socialización. Es decir, la filosofía sería decir: tenemos unos centros de protección de menores que acogen a todos los menores sometidos a medidas de protección, a menores que tienen la estructura familiar deteriorada, que han sido abandonados, que no tienen capacidad económica, etcétera, algunos que tienen problemas de socialización y conducta; pero para aquellos que planteen algún problema de conducta que haga difícil o haga inviable su convivencia con otros menores, se crea un hogar específico, se crea un centro específico para menores con problemas de socialización. Pero, ¿con qué filosofía lo hace la Orden? La Orden no respeta la filosofía del Plan, porque el Plan preveía una estructura de centros base, y luego un centro para menores con problemas de socialización para aquellos menores con problemática específica. Sin embargo, la Orden lo que dice es que todos los centros de protección de menores progresivamente adaptarán su régimen de funcionamiento para la atención a menores con problemas de conducta o socialización. Y se dice que este centro específico que recoja a los menores con problemas de conducta y socialización va a acogerles, siempre y cuando no presenten ninguno de los siguientes rasgos: trastornos psicóticos, drogodependencia, deficiencia mental notoria o estar incursos en sentencia o acuerdo judicial de internamiento. Si aplicamos estrictamente estas eximentes para la puesta en marcha del centro de menores con problemas de socialización y conducta, nos vamos a encontrar, en primer lugar, con que el centro no va a tener función, porque en estos momentos los menores que plantean problemas de conducta o socialización en los centros de protección de menores de la Junta de Castilla y León, o tienen problemas judiciales, o tienen acuerdos de internamiento o sentencias, o, desde luego, tienen algún tipo de trastorno psicótico, o de conducta; algunos, por desgracia, tienen problemas de drogodependencia, y algunos también, por desgracia, tienen problemas de deficiencia mental.

Pero es que estas eximentes que se plantean para el internamiento en el centro específico, no se plantean para los centros base. Es decir, que podríamos encontrarnos con la enorme contraducción de que, si tenemos un menor que tienen problemas de conducta o socialización y de drogodependencia, tenga que estar en un centro base, porque la Orden no autoriza su internamiento en el centro específico, y tengamos que mantenerlo en el centro base, mientras que al centro de socialización únicamente podrían pasar aquellos menores que tienen problemas de conducta pero que no tienen ninguna de estas cuatro agravantes, digámoslo así, en una terminología inadecuada.

En conclusión, el reparto de responsabilidades que se hace en la Orden es un reparto que no ayuda a la clasificación de los menores, o al tratamiento especializado de los problemas especiales de algunos menores, sino que lo dificulta. Pero es que, además, cuando se habla de que los centros de menores que se clasifican en la Orden adapten su régimen de funcionamiento para la atención a estos menores con problemas de conducta o socialización, se está cayendo en un incumplimiento del Plan Regional. Porque el Plan Regional lo que preveía, precisamente, era que para estos menores, para los menores con problemas de conducta, que, por desgracia, cada vez son más los usuarios de los centros, se crearan hogares para menores con problemas de socialización. El recurso de hogares para menores con problemas de socialización contemplado en el Plan Regional se ha ignorado, y se les ha dado funciones de hogares a todos los centros de protección de menores de la Consejería.

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Y nosotros no estamos en contra -todo lo contrario- de que los menores con problemas de conducta estén en los centros, y los menores que no tengan esos problemas, sino, simplemente, problemas de tipo económico, o de desaparición de la estructura familiar, estén en otro tipo de recursos. Pero para que esto sea posible con la congruencia del Plan Regional y con la congruencia de la misma política de menores que dice defender la Consejería, lo que es necesario es que convirtamos a los centros en estructuras base. Estructuras base que permitan que una misma plantilla de funcionarios preste sus servicios, bien en un centro, bien en un hogar funcional para menores con problemas de socialización, bien en una unidad de acogida, o bien en otros servicios. Pero la Orden del día seis de Agosto no hace nada de esto; lo que hace es clasificar, rígidamente y estancamente, cada uno de los servicios. Impide, por lo tanto, funcionalmente, los trasfase de plantilla, o los dificulta, y, además de dificultarlos, impide la puesta en marcha de nuevos servicios a partir de la simple... del simple cambio de equipamientos de estructuras funcionales definidas de manera más agregada o más importante.

Esto pasa, por ejemplo, con los centros de acogida. El Plan Regional de Infancia preveía la creación de unidades de acogida; sin embargo la Orden habla de centros de acogida. ¿Cuál es la diferencia? Pues, la diferencia está en que el Plan Regional preveía, por ejemplo, la puesta en marcha de seis o siete unidades de acogida en toda la Región entre el año noventa y uno y el año noventa y dos, partiendo de la base elemental de que esas unidades de acogida tienen que estar dentro de los centros, porque son unidades que prestan sus servicios a dos o tres personas; una unidad, un espacio físico separado dentro del propio centro, pero con una adscripción funcional distinta, en donde se presta el servicio de acogida. Al partir de la base de que va a haber centros de acogida, nos cargamos en Plan, por un lado, y, por otro lado, pensamos que esos servicios hay que crearlos como centros aparte de los que ya tenemos, lo cual es un auténtico disparate.

En cuanto a la clasificación de los propios centros, al margen de que se incumple el Plan, porque no hay ninguna referencia a la clasificación de centros como hogares, nos encontramos con que su determinación para ser clasificados como residencias, o como centros de ámbito local o de zona, centros de día, etcétera, se ha hecho únicamente en una función. Y es: aquellos centros que tienen personal suficiente para prestar el servicio de internamiento son clasificados como centros residencial, y aquellos centros que no tienen ese personal son clasificados como centros de día. El Plan Regional dice que en todas las provincias tiene que haber centros residenciales y centros de día. Y lo que sería razonable es que partiéramos de la base de que hubiera una estructura, un centro base, con una plantilla de centro base, y que los funcionarios pudieran prestar sus funciones en diferentes recursos dentro de esa misma estructura de centro base. Pero aquí hemos partido de la base de que, donde no hay funcionarios para que los niños duerman, centro de día; donde hay funcionarios para que los niños duerman, centro de residencia. A pesar de que en estos momentos, pues, las plantillas de la Comunidad Autónoma no dicen, teóricamente, lo que son las plantillas reales, y además, y además las necesidades establecidas en el propio Plan Regional de Infancia y Juventud no son las que vienen en la Orden. ¿Por qué en Palencia sólo tiene que haber un centro de día y ningún centro residencial? ¿Por qué en las demás provincias tiene que haber un centro residencial y no hay un centro de día? Porque el centro de Palencia tiene menos funcionarios. No la plantilla teórica, que la plantilla teórica tiene que tener más, y tiene camas para ser un centro residencial, sino, simplemente, porque tiene menos funcionarios.

En conclusión, funcionalmente hablando, esta Orden le crea más problemas a la Consejería de los que le ayuda a solucionar. Y, desde luego, para hacer una política congruente de menores, si la Junta lo quiere hacer -y esa es una duda que yo quiero suscitar aquí, pero no voy a decir mi opinión, que es suficientemente conocida-, tendrá que saltarse a la torera algunas de las cosas que se dicen en la Orden. Y, de lo contrario, y de lo contrario, si quiere cumplir estrictamente lo que dice la Orden, se va a meter en buen número de callejones sin salida.

Pero, además, estaríamos en una tercera consideración, ya de los argumentos políticos. En estos momentos está en discusión en las Cortes Generales el proyecto de Ley de Reforma Urgente de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores. Este Proyecto de Ley establece que los jueces, a la hora de considerar la situación de un chaval que es acusado de la comisión de algún delito, van a valorar si este delito es grave, y entonces se le va a dictar su internamiento en un centro de cumplimiento, o si este delito es menos grave, o si las circunstancias sociales explican, de alguna manera, la comisión de ese delito, y entonces van a dictar otro tipo de medidas de protección. Esto ¿qué quiere decir?

Pues que la Comunidad Autónoma, que tiene las competencias en materia de protección, se va a ver obligada, por sentencias y acuerdos judiciales, a incorporar menores que han cometido actos delictivos y, en este sentido, plantean problemas de conducta y socialización, en centros de menores.

¿Qué tiene que hacer la Comunidad Autónoma ante esta situación si, realmente, quiere cumplir mínimamente con las necesidades que se le plantean? Bueno, pues, lo que tiene que hacer es crear unos recursos para estos chicos, y crear unos recursos para estos chicos de tal manera que la situación de los actuales centros no se deterioren.

Porque, de lo contrario, lo que va a suceder, lo que va a suceder es que los jueces van a dictar órdenes de internamiento en centros sin atender las necesidades ni de los chicos ni de los chavales, porque no van a poder conocer, exactamente, qué tipo de recursos especializados hay para atenderles mejor.

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Siguiendo esta Orden de la Consejería, ¿qué podrían hacer los jueces de Castilla y León con los chavales que queden internados en centros de protección? Pues, tendrían que hacer lo siguiente. Si tienen problemas de conducta y socialización, pero no tienen trastornos psicóticos, no son drogodependientes, no son deficientes mentales notorios, o no están incursos en sentencia o acuerdo judicial de internamiento, les podrían llevar al centro con problemas de socialización. Es decir, como está incurso en un acuerdo judicial de internamiento, no les podrían llevar al centro para menores con problemas de conducta; y entonces se verían obligados, en cumplimiento de la propia Orden de la Consejería, a internar a menores con problemas de conducta en los centros de protección de menores generales, y la Junta tendría un centro especializado para menores con problemas de conducta al que no podría llevar ningún chaval. Esto es un disparate. Evidentemente la presentación del Proyecto de Ley es posterior a la Orden del seis de Agosto, pero genera una nueva situación, una nueva situación que hay que resolver.

Y ¿cuál es la propuesta que hacemos los Socialistas? Pues, miren ustedes. En el tiempo que ustedes consideren conveniente, es decir, en el tiempo que la Junta de Castilla y León, a través de sus equipos técnicos y a través de sus funcionarios, pueda redactar una nueva Orden, cuando se haya aprobado el anteproyecto de Ley del que estoy hablando, o antes, cuando sea suficientemente conocido porque haya salido del Congreso de los Diputados o porque se conozcan las Enmiendas del Senado, en el momento que ustedes lo consideren conveniente, dicten una nueva norma.

¿Y qué es lo que tiene que hacer la nueva norma, a nuestro juicio?

En primer lugar, atenerse escrupulosamente a lo que dicta el Plan Regional, para lo bueno y para lo malo. El Plan Regional dicta cosas con las que yo no estoy de acuerdo, y cosas con las que estoy absolutamente de acuerdo; pero lo que cambie el Plan Regional, si ustedes quieren cambiarlo, otro procedimiento hay, no puede ser una Orden de la Consejería. Tiene que atenerse, escrupulosamente, a lo que dicte el Plan Regional. Tiene que considerar una nueva situación, y la nueva situación es la generada por los menores con problemas de conducta o socialización. Tiene que dar alguna salida a los centros actualmente existentes, alguna salida que no sea, simplemente, la de partir de lo que hay para consagrarlo al infinito. Si en Palencia faltan funcionarios, habrá que dotar de funcionarios al centro de Palencia, no decir que, como faltan funcionarios, se convierta en centro de día. Si hay que crear unidades de acogida, habrá que decir que esas unidades de acogida se crean a partir de los recursos actualmente existentes, no decir que tienen que ser recursos nuevos, porque entonces no se abre ninguna.

Si tiene que haber hogares funcionales para menores -y lo dice el propio Plan Regional- relacionados con los centros, tendremos que buscar una clasificación de los centros que haga posible el que esos hogares se creen, partiendo de las plantillas que actualmente existen en los centros. Porque, si no, nos vamos a ver en el disparate de que vamos a tener servicios supradotados, y otros servicios de nueva creación, absolutamente infradotados. Tendremos que hacer trasvase de funcionarios; pero, si los vamos a tener que hacer, ¿por qué no dictamos una Orden que nos permita y nos ayude a hacer los trasvases partiendo de la base de que la adscripción del funcionario no es a un centro concreto, sino a un recurso más general, y que luego puede prestar sus servicios en un equipamiento equis o en un equipamiento zeta, en vez de obligar a hacer un traslado formal, que puede ser recurrido, objeto de recursos por el funcionario, etcétera, para pasar de un centro... de un equipamiento a otro, aunque a veces el equipamiento esté en el mismo edificio, porque van a ser centros distintos aunque estén en el mismo edificio?

¿Qué solución nosotros pensamos? Bueno, pues, nosotros pensamos que, de acuerdo al Plan Regional, los actuales centros tienen que convertirse en centros base, en centros base, de los cuales dependan unidades de acogida, hogares funcionales y centros estrictamente residenciales, o centros de día. Y que los funcionarios tienen que estar adscritos a centros base. Y que luego, en función de las necesidades del servicio, prestarán sus servicios en la unidad de acogida, en el hogar funcional, en el centro de día, o en el centro residencial. Y esto no es más que ayudar a la Consejería a hacer las cosas. Si hay alguna otra intención, o si ustedes ven alguna otra intención en la propuesta del Grupo Socialista, no la hay. Es decir, nosotros estamos dispuestos a aceptar cualesquiera que sean sus razonamientos en el sentido de que ayudemos más a la Junta a realizar su política. Pero, desde luego, en estos momentos, para hacer la misma política que establece el Plan Regional y que ustedes, lógicamente, como nosotros, tenemos que defender, esta Orden es un obstáculo, más que un punto de partida.

Y por todas estas razones, no creemos que sea razonable seguir manteniéndola mucho tiempo en el Boletín. Nosotros ni siquiera pedimos en la Proposición No de Ley que presentamos la derogación de la Orden. La Orden seguirá en vigor el tiempo que sea necesario, pero nosotros pensamos que la Junta y los Grupos, el Grupo que la apoya, tiene que ser consciente de que no es un texto precisamente muy afortunado -yo diría más bien que es una herencia incómoda-, y que es necesario, en la medida del tiempo que la Junta lo pueda hacer, modificarla ampliamente. Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias, señor Procurador. Para consumir el turno el contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Javier León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

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EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Yo quiero manifestar, de entrada, y que nadie se sorprenda, que estoy de acuerdo en buena parte de los argumentos expuestos por el Portavoz Socialista en su intervención, pero que eso está muy lejos del tema con el que se preteta... se trata de reunir a la Comisión, y me temo que se va a repetir a lo largo de esta Legislatura. En la primera el señor Granado se encontró una mina, que eran las Aulas de la Tercera Edad; en ésta me temo que va a ser el tema de los menores. Porque con so pretexto de criticar una Orden, que se limita única y exclusivamente a clasificar los centros que tiene la Consejería, o la Junta de Castilla y León, en el momento actual -no hace más que clasificar lo existente, no presupone nada para el futuro, se limita a poner orden, a catalogar lo que hay, y nada más-, se trata de decir desde el Grupo Socialista al Gobierno qué es lo que tiene que hacer en política de menores.

Desde luego, yo le adelanto ya, en nombre del Consejero, su agradecimiento, y lo digo no crea usted en bromas, muy sincero, porque en el Diario de Sesiones seguro que seguirán, o leerán detalladamente la intervención del Portavoz Socialista, en el que se aportan soluciones, de las cuales yo estoy seguro que además se comparte en una buena parte, valga la redundancia, desde la Consejería de Sanidad y Bienestar Social. Pero se aparta sensiblemente el señor Granado del pretexto, que es cuestionar una Orden, en la que -insisto- la Consejería de Sanidad y Bienestar Social lo único que hace, lo único que pretende, sin conculcar nada, sin prejuzgar nada, es clasificar lo que tiene en este momento, y que estaba sin clasificar.

Yo lamento que el señor Granado, que conoce muy bien el tema y que está aportando -y no lo dudo- su buena voluntad, yo diría casi como asesor del Consejero de Sanidad o de la Directora General de Servicios Sociales, no aportara esta experiencia y estos conocimientos en el Gobierno de la primera Legislatura y, con esa experiencia y ese conocimiento de ese tema, hubiera evitado que las transferencias de menores se hicieran en las condiciones en las que se hicieron, cuyas consecuencias se siguen arrastrando todavía; el que en la primera Legislatura -y lo he demostrado en esta Comisión con números- se desmantelaran los recursos personales recibidos con la transferencia, y que ha habido que ir recomponiendo progresivamente en la Legislatura pasada; y, en definitiva, no se empezara a poner en marcha -siquiera sea muy en esquema- lo que ahora pretende que se solvente de forma absolutamente óptima por el Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Insisto, la Orden que se cuestiona no hace más que clasificar, ordenar lo que hay; no trata y no conculca... Y a mí me gustaría y a la Junta le gustaría que se especificara qué aspectos sustanciales y concretos se conculcan o qué incongruencias se cometen; porque si es cierto -por poner un ejemplo- que los hogares cuna deben tener un ámbito, inicialmente, provincial, yo creo que, desde el punto de vista funcional, es que a los que hay actualmente o al que haya se le puede dar ámbito regional, porque, si tuviera ámbito provincial, habría que denegar el ingreso de aquellos menores que procedieran de una provincia en la que no estuviera el hogar. O sea, lo que se hace es abrir, flexibilizar el marco hasta solucionarlo, después, y adecuarlo a los planes regionales, al Plan concreto de la Juventud, Infancia y Familia, que, por otra parte -como bien conoce Su Señoría-, un plan no es más que eso: un trayecto, una indicatoria, hacia dónde hay que ir; pero no es un plan cerrado en el tiempo, y que, además, como todo plan que se elabora y que es un plan dinámico, tendrá necesariamente -como tantos otros planes- que adaptarse progresivamente; y ahí sí comparto con Su Señoría la necesidad de que las modificaciones del plan, de éste y de otros planes que habrá que ir haciendo progresivamente, se harán por Decreto y se harán previas las consultas oportunas con los órganos que la propia Ley de Acción Social y Servicios Sociales prevé.

De la misma forma que en su Proposición No de Ley se hace una referencia al centro Nuestra Señora de la Paz. Mire usted, señor Granado, ese centro nunca ha sido un centro de menores minusválidos, nunca ha sido un centro de menores minusválidos. Es un centro que procedía del Patronato de Protección a la Mujer. Y no se puede privar a un centro de la función que no tuvo.

También hay que aclarar que los centros propios de la Consejería no son, en principio, centros tan sólo para solventar problemas de niños o de menores con recursos económicos, sino con otra serie de problemas sociales, de conducta, que Su Señoría conoce tan bien como yo.

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Pero es que, al final de su intervención, ha hecho usted una referencia a un tema, y como justamente en estos días se están celebrando jornadas a ese respecto en Valladolid, pues, no hay más que coger la prensa diaria; porque ha hecho referencia a la Ley de Reforma de los Tribunales de Menores, y, justamente, es una Ley, hasta donde yo he tenido conocimiento, por los medios -yo no estoy asistiendo a las jornadas-, bastante contestada por los expertos. Y a mí me gustaría saber cuál ha sido la actuación del Grupo Socialista en el Congreso y cuál va a ser en el Senado, con las Enmiendas que a ese Proyecto de Ley se presenten desde Izquierda Unida, desde el CDS, desde el Partido Popular o desde los restantes Grupos de la Cámara. A ver si ese talante de diálogo que se exige allí donde se está en la oposición, se practica allí donde se está en el Gobierno. Porque es posible que, como consecuencia de esa Ley o de la reforma de esa Ley, efectivamente, a las Comunidades Autónomas -entre ellas, a la nuestra- se le adjudiquen una serie nueva de obligaciones, de compromisos, al igual que se hizo con la Ley 11 en su momento, y no se acompañe de una partida, de una transferencia, cuando incrementándose las obligaciones no se hace un apoyo, ni para personal, ni para medios, a las Comunidades Autónomas, para hacer frente a esas obligaciones.

En definitiva, señor Granado, créame que -lo decía al principio de mi intervención y lo reitero- comparto una buena parte de los argumentos expuestos por Su Señoría; lo que ocurre que no es éste el momento; lo que ocurre es que esta sencilla Orden de Clasificación de Centros no pretende ordenar, ni modificar el Decreto del Plan Sectorial de Infancia, Juventud y Familia. Nuevas órdenes saldrán, progresivamente, y en ellas -y usted me consta o quiero suponer que lo sabe- se está trabajando en la Consejería, para ir desarrollando progresivamente el Decreto que regula el Plan Sectorial. Esto no ha sido más que una Orden, en la que se ordena, en la que se clasifica, en la que se regula lo que hay, y nada más; no se pretende modificar, porque, además, por el principio de jerarquía de la norma, sería nula de pleno derecho; no se pretende -digo-, con la Orden de Clasificación de Centros, enfrentarse o modificar el Decreto del Plan Regional, porque no tendría validez ninguna.

No es un tema fácil -Su Señoría lo conoce muy bien- el tema de los menores, y a mí me duele que se utilicen muchas veces estos temas con fines unas veces político-partidistas -no político en el sentido positivo del término, sino político-partidistas-, o con fines puramente sindicalistas, para enfrentar a los trabajadores con la Administración Regional. Eso crea un ambiente, un clima poco agradable y, en último término, los perjudicados por esta situación no son otros que los menores, a los que, por supuesto, estoy seguro, es a los que usted trata de defender cuando trata de hacer esas insinuaciones o esas observaciones al Consejero de Sanidad y Bienestar Social.

En definitiva, señor Granado, vamos a rechazar su Proposición No de Ley no porque estemos en desacuerdo con buena parte de las argumentaciones, más de las expuestas en su intervención aquí que de las que aparecen en el texto con el que se trata de razonar su propuesta, sino porque entendemos que no es el momento y porque, además, sabemos -a mí, personalmente, me consta, porque he hablado de este tema con el Consejero antes de ayer, sin ir más lejos- que están trabajando en ello ya. Y, claro, de aceptar esta Proposición No de Ley, la inmediata sería que los problemas de menores en esta Comunidad Autónoma se resuelven gracias a una iniciativa socialista. Y, desde luego, los problemas de esta Comunidad Autónoma se van a resolver, en la medida en la que se puedan resolver, gracias a la voluntad del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. En turno de réplica, tiene la palabra don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias, por lo que puedo darlas, a la intervención del Portavoz del Grupo Popular. Yo creo que, al final, a nuestro compañero de Cortes don Javier León le ha traicionado el subconsciente. El único argumento para rechazar de verdad esta Proposición No de Ley, que yo estoy seguro que se va a cumplir, aunque se rechace, es que no se puede decir que vamos a hacer algo porque nos lo piden los socialistas; tenemos que mantener el que vamos a hacer algo porque nosotros ya estábamos trabajando en ello, naturalmente, desde mucho antes de presentar esta Proposición No de Ley, a pesar de que la Orden en cuestión es de fecha seis de agosto. Parece que nadie discute que la Orden hay que modificarla; el único argumento es que, bueno, eso también es parte del juego político partidista, ¿no? El Partido Socialista lleva una Proposición a estas Cortes, y la Junta, pues, toma buena nota y dice: "¡hombre!, si estos señores tienen toda la razón; bueno, pero, vamos, votar en contra, que luego ya lo vamos a hacer".

Bien. Bueno, pues, esto es normal, y las votaciones se pierden el día en que uno pierde las elecciones. Y aquí todos dispuestos -o yo, por lo menos, el primero- a perder todas las votaciones en esta Legislatura, y satisfecho de que me hagan caso, aunque me rechacen las Proposiciones No de Ley, ¿eh? O sea, que yo, en ese sentido, extraordinariamente contento.

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En cuanto a los argumentos en cuestión. Vamos a ver. La Orden se limita a clasificar los centros. Mire, señor Portavoz del Grupo Popular, no es exacto; la Orden, por desgracia, no sólo clasifica los centros. Si la Orden tuviera sólo el artículo 1, con todos los errores e incumplimientos del Plan Regional -que luego le voy a tener, a lo mejor, la inconveniencia de detallarle-, pues, a lo mejor nosotros no hubiéramos presentado la Proposición; pero es que la Orden hace algo más: en sus artículos 3 y 4, la Orden establece la tipología de los recursos, y dice cosas tan serias como es que "los centros definidos como Centros de Protección de Menores progresivamente adaptarán su régimen de funcionamiento para la atención a menores con "problemas de conducta y socialización", cuando lo que dice el Plan Regional, su Plan Regional, es que, para estos menores, se crearán hogares. Y leemos la lista de recursos, y leemos las funciones que el Plan Regional mantiene para los Centros de Menores. No hay ni una sola referencia, en estas funciones, a los problemas de conducta o socialización, porque, para estos problemas, el Plan Regional establece otro tipo de recursos: hogares para menores con problemas de socialización. Ustedes cambian el Plan; ya no van a hablar de hogares para menores con problemas de socialización, ahora son los propios centros de protección de menores los que asumen la función de lo que el Plan llamaba hogares. Y esto, ¿qué quiere decir?, ¿qué quiere decir? Pues, que, si tenemos que dar cumplimiento a la Orden del día seis de agosto, vamos a volver a mezclar en los Centros de protección de menores a chavales cuya única desgracia es que su padre no tiene dinero para mantenerles, o que les han abandonado, con chavales que necesitan un tratamiento especializado, porque tienen graves problemas de conducta. Y esto que cambiaba el Plan, porque el Plan, en ese sentido, era muy positivo -y nosotros lo dijimos, cuando se presentaron los Planes Regionales, que nos parecía el más adecuado-, porque establecía unos recursos para los menores con problemas de tipo económico, de ruptura de estructura familiar, etcétera, y otros recursos para los menores con problemas de conducta, ustedes se lo vuelven a cargar; y yo creo que se lo vuelven a cargar porque al funcionario que ha hecho los trabajos para redactar la Orden no le gustaba el Plan Regional. Pero, si hay que cambiar el Plan Regional -que, además de ser un documento que es indicativo y todo eso, es un Decreto de la Junta-, cámbiese el Plan Regional tal y como establece la Ley de Acción Social y como marcan las normas jurídicas, no a través de una Orden, por la puerta falsa, de tapadillo, y metiéndola en verano, a ver si nadie se da cuenta y lo lee. Si no, cámbiese el Plan Regional.

Y, además, sería muy negativo cambiar el Plan Regional. Tiene que haber unos recursos para unos menores y otros recursos para otros, porque, de lo contrario, les estamos haciendo un flaco favor a unos y a otros.

En este sentido, la Orden no sólo clasifica; la Orden establece funciones a los recursos, funciones muy distintas y, a veces, contradictorias a lo que dice el Plan Regional de Infancia. Y, en este sentido, la orden cambia el Plan, y, en este sentido, la Orden es un obstáculo para la política de la Consejería, si esa política tiene que ser la política del Plan Regional.

Bueno, el señor Javier León habla siempre de las transferencias de menores. Yo creo que ahí él sí ha encontrado una mina, porque hemos hablado veinticinco veces de las transferencias de menores; y está bien que sigamos hablando, está bien que sigamos hablando de la herencia recibida, pues, claro, de la época del Gobierno Socialista, de la época de Franco, de la época tal, porque los centros de menores nunca han estado bien en España -esto hay que decirlo-, ni podrán estar nunca bien. Eso es como las Instituciones Penitenciarias; por desgracia, hay Instituciones que están condenadas a convivir con la propia -digamos- desgracia de su función, porque lo óptimo es que no tuvieran que existir. Pero también es verdad, también es verdad que los pasos que se han ido dando, sobre todo las normas jurídicas -usted sabe que yo he hecho alabanzas del Decreto que en materia de Adopción dictó su Consejería cuando usted era Consejero, el propio Plan Regional de Menores-, luego no se corresponden con la realidad de los hechos. Y aquí estamos avanzando mucho en leyes (en la Ley de Acción Social, en el Decreto de Adopción, en el Plan Regional de Infancia), y luego no estamos avanzando, porque, cuando se ejecutan estas leyes, realmente, estamos dando pasos atrás. Estamos, pues, ante lo que decía Romanones: "Hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos". Hagan ustedes los Planes Regionales, que luego yo ya dictaré órdenes que se los cepillen.

Es verdad lo del error en el Centro Nuestra Señora de la Paz, confundido con el Virgen del Yermo, en Zamora; y, desde luego, es un error, y no sé si es perdonable o no, pero es un error.

En cuanto a la Ley, en cuanto a la Ley en materia de reforma urgente, el Proyecto de Ley de Reforma Urgente de la Ley de Tribunales Tutelares de Menores, hombre, señor Procurador del Grupo Popular, yo le pediría que sus correligionarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado le tengan mejor informado. Porque, mire usted, este Proyecto de Ley que usted dice que está muy contestado es un Proyecto de Ley que se presenta, no tanto por voluntad del Gobierno -vamos a decirlo así, vamos a no echarle demasiadas flores al Gobierno de la nación, no sea que se las crea, vamos a decirlo así-, no tanto por voluntad del Gobierno, como por una obligación imperiosa pedida por el Defensor del Pueblo y por todas las Instituciones de Protección de Menores de España, porque el procedimiento de los Tribunales Tutelares de Menores vulnera la Constitución.

En este sentido, es una Ley necesaria, de la que sólo cabe quejarse de que no se hubiera presentado mucho antes. Y es una Ley que no tiene Enmiendas de Totalidad en el Congreso de los Diputados, que es donde se está discutiendo en estos momentos, sólo tiene Enmiendas parciales. En este sentido, nadie discute que hay que reformar el procedimiento con el que trabajan los Tribunales Titulares de Menores, y nadie tiene una alternativa global a lo que dice el Proyecto de Ley, porque, si lo tuvieran, habría Enmienda a la Totalidad. ¿Que hay enmiendas parciales? Cuando las enmiendas parciales se discutan, yo le enviaré una redacción de los informes de la Ponencia y de la Comisión y veremos a ver si las sugerencias de los diferentes Grupos Parlamentarios son atendidas o no, y en función de qué argumentos.

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Pero en cuestión de contestación, lo que sí que está siendo muy contestada en los Centros de Menores de nuestra Comunidad Autónoma es la Orden día seis de agosto. Contestación por contestación, si tuviéramos que hacer un referéndum en cuanto a los trabajadores de los centros, me temo que la respuesta de los mismos iba a ser casi unánime. Esta Orden, yo tengo escritos de asambleas de trabajadores de los centros que dicen que es un "bodrio impresentable", terminología que yo aquí no voy a utilizar, por respeto a su redactor. Pero vamos a ver si somos un poco congruentes, yo nunca he oído decir a esos mismos trabajadores que la Ley de Reforma Urgente sea eso que han dicho de esta Orden de la Consejería.

Y en cuanto a si la Orden en cuestión modifica o no modifica el Plan Regional de Infancia. Pues, vamos a empezar a ver lo que dice el Plan Regional de Infancia, muy someramente, para ver si lo modifica o no lo modifica.

El Plan Regional de Infancia y Juventud dice que en los recursos regionales tiene que haber un centro de detención y unas... un centro cerrado de reforma masculino, un centro de reforma femenino, un centro de menores con problemas de socialización y plazas para menores drogadictos.

La Orden dice que tiene que haber hogares cuna. Si ustedes quieren que haya un hogar cuna de ámbito regional, cambien el Plan. Es que el Plan no hace tanto tiempo que está elaborado. Está elaborado hace seis meses. Y ahora nos dicen que tiene que ser el ámbito regional el del hogar cuna. Pues, cambien el Plan. Tiempo tuvieron de meterlo si lo consideran así, pero no se habla para nada de esto.

Se habla de unidades de acogida. En la Orden habla de centros de acogida, de centros de acogida, no de unidades.

El Plan preveía que las unidades de acogida estuvieran en los centros, y la Orden habla de centros separados, lo cual es un disparate. Es un disparate. Porque si la Comunidad Autónoma tiene que poner en marcha centros de acogida separados de los centros que actualmente tiene, ya no es que le vaya a ser mucho más oneroso, es que yo no sé qué ventajas encuentra en esa clasificación distinta a la del Plan.

El Plan hablaba de centros de protección y hogares funcionales. En la Orden no se clasifica ni uno sólo de los centros de la Comunidad Autónoma como centro y hogar, todos son clasificados como centros, y se prescinde de los hogares.

El Plan hablaba de hogares para menores con problemas de socialización. En la Orden sólo se habla de un centro regional para menores con problemas de socialización, al cual no pueden entrar las personas que estén incursas en acuerdo judicial de internamiento, con lo cual estas personas van a ir a los centros de menores tradicionales, van a ser enviadas por los jueces a los centros de menores tradicionales, en cumplimiento de la Orden de la Junta. Y la Junta va a tener un centro para menores con problemas de conducta vacío, y los jueces van a seguir mandando a los otros chavales a centros de menores de las provincias. O si lo tiene lleno, lo tiene lleno con otro tipo de colectivos, con lo cual vamos a volver a mezclar a los chavales y vamos a destrozar toda la filosofía del Plan.

El Plan hablaba de hogares tutelados. Ni uno solo de los recursos se clasifica como hogar tutelado. El Plan no hablaba de centros de día; los centros de día son centros de menores que realizan sus funciones en el día. Y la Orden habla de centros de día.

Pero si todo esto lo saben ustedes mejor que yo. Si todo esto lo saben ustedes mejor que yo. Si yo creo que están absolutamente convencidos de que esta Orden hay que cambiarla cuanto antes. Si yo entiendo que ustedes me digan: mire, no es cosa suya, no es una idea suya, y, además, lo vamos a hacer ya y ya lo estábamos haciendo mucho antes de que usted lo dijera, como me dicen siempre; qué casualidad, yo debo tener fuentes de información maravillosas de la Consejería que me informan de todo lo que ustedes quieren hacer y me animan a presentar estas Proposiciones-. Miren, lo que sea. Pero no me digan ustedes que esto es una Orden de clasificación, que cumple el Plan y que tal; díganme que ya lo van a hacer y porque lo van a hacer no me votan la Proposición No de Ley, y aquí todos tan amigos.

Porque, claro, están ustedes dando argumentos, pues, a favor de que la Orden se aplique, y, de verdad, lo mejor que pueden hacer con esto -como con tantas otras cosas que salen en el Boletín, pero vamos a dejar de hablar de esas otras cosas-, lo mejor que pueden hacer con esta Orden es prescindir de ella, como si nunca se hubiera dictado, y comunicarles a los directores de los centros que, por favor, no tengan en cuenta nada de lo que dice la Orden. Y comunicarles a los Tribunales Tutelares de Menores en la región que, por favor, no tengan en cuenta lo que dice la Orden, porque, si lo tienen en cuenta, vamos dados.

Y, en este sentido, pues, miren ustedes, esta Orden no va en favor de los menores. Tampoco defiende los derechos de los menores; les perjudica. Y al margen de argumentos jurídicos, de argumentos políticos, de que si la Ley que presenta el Gobierno de la nación es buena o mala, de cómo fueron las transferencias, esta Orden perjudica la situación de los menores en los centros. Y va a ser origen de conflictos, porque, si los Tribunales Titulares de Menores de la región empiezan a internar a menores con problemas de conducta en los centros de protección, vamos a volver a tener alguno de los graves conflictos que se han planteado en la pasada legislatura. Y yo sé que estos conflictos son inevitables, gobierne el que gobierne, lo haga bien o lo haga mal, esos conflictos pasan, suceden y son inherentes a la naturaleza del problema que nos estamos ocupando. Pero hay algunos que se pueden evitar. Y, desde luego, la Orden tantas veces referida no ayuda a evitarlos, sino que los crea.

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En conclusión, como yo soy un optimista histórico, me quedo con lo más positivo de la intervención del Portavoz del Grupo Popular, me imagino que van ustedes a hacer lo que dice la Proposición No de Ley que hay que hacer, a pesar de que voten en contra, y, desde luego, asumo muy gustoso el papel de asesor de la Consejería en materia de menores.

Me comprometo con ustedes a asesorarles, de manera mucho más discreta, para que se redacte una nueva Orden mucho más razonable. Y, además, les voy a decir una cosa: si en alguna otra ocasión tienen ustedes la posibilidad de decir, mire, eso que nos dice en la Proposición No de Ley es verdad, pero casi preferimos que no lo lleve a las Cortes, me lo dicen y yo la retiraré, porque a mí lo que me importa es que las cosas salgan bien. Además, yo estoy convencido de una cosa, y lo digo con toda franqueza: estos temas no dan votos a nadie, estos temas afectan a muy poquita gente y al conjunto de la población, probablemente, les sean muy indiferentes; entonces, esto no es una Proposición electoralista, ni tiene por sentido quedar bien y hacer quedar mal a la Junta. Esto lo único que intenta es arreglarle un problema a la Junta que se ha creado ella misma, de manera muy infortunada.

Y por todas estas razones, pues nuestro Grupo, pues, va a mantener la Proposición.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias, en turno de dúplica tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Mire, señor Granado, a mí no me traiciona el subconsciente, créame. Yo digo lo que pienso, quizás muchas veces sin pensar lo que digo, pero digo lo que pienso, y así me luce el poco pelo que me queda.

Mire usted, la Orden se promulga en agosto, no porque sea verano, sino porque las elecciones son cuando son, los equipos toman posesión cuando toman y la Directora General que entra decide promulgar una Orden. Yo le aseguro, por intuición, no porque tenga una constancia expresa, que el funcionario que colaboró en la redacción de la Orden había colaborado en la redacción de los planes y, concretamente, de ese Plan de Menores. No voy a citar el nombre aquí, porque no tengo una constancia seria, pero estoy absolutamente convencido que el mismo funcionario está detrás de una y otra autoría. Si bien es verdad, los planes sectoriales no son de hace seis meses, como dice Su Señoría -hace seis meses estábamos en elecciones-; los planes sectoriales -y usted lo conoce bien-, el primer borrador lo deja hecho el Director General, Alberto Galerón cuando era Director General, y usted mismo lo ha dicho, y figura en el Diario de Sesiones, cuando se presentaron los planes, y después son revisados por la nueva Directora General y el equipo, y en ese equipo se integra el funcionario que yo presumo está detrás de la autoría de la Orden.

Quiero decir, por lo tanto, que no hay un funcionario que ha redactado una Orden que no le gustaba el Plan, porque estaba en un cometido y en otro.

Y no es que yo trate de buscar el pretexto de la herencia. Le he dicho con absoluta sinceridad que es una pena que el primer Gobierno socialista no utilizara sus conocimientos, que son muy amplios, en este tema; que lo he reconocido públicamente y que no me duelen prendas en decirlo cuantas veces hagan falta, de la misma forma -y que no se ofendan los miembros de su Grupo- que siempre he dicho que el señor Granado es el Procurador que más trabaja en el Grupo Socialista; y como le he sufrido cuatro años, estoy en condiciones de poderlo decir. Entonces, ni cuestiono su conocimiento, ni su capacidad de trabajo, ni su dedicación al tema, de la que he hecho algún canto públicamente, sin ninguna reserva, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre y esa mala costumbre tengo yo. Por lo tanto, no es ninguna mina la herencia socialista, y la he mentado porque estoy seguro que, si hubiera estado usted detrás del Consejero que empezó a sacar personal o a tolerar que le sacaran el personal de menores y a esas cosas, pues, de otra forma nos hubiera después... nos las hubiéramos encontrado nosotros.

Y yo no digo que no sea, o si ha sido contestada esta Orden por los funcionarios, no tengo constancia. Usted, no utilizando las palabras, pero sí leyendo lo que le han dicho a usted, de alguna forma, ha expresado la opinión que le merece a algunos funcionarios. Yo, desde luego, no he tenido ningún conocimiento de esa protesta, aunque no dudo que haya habido protesta, como cualquier disposición que sale de la Consejería de Bienestar Social, por sistema, recibe la respuesta contestataria de determinados sectores sindicales. Es algo a lo que yo me acostumbré en cuatro años, y estoy seguro que al Consejero actual, que fue Secretario General cuatro años conmigo, pues no le va a provocar ninguna especial sorpresa.

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Y no vamos a votar su Proposición No de Ley, no para hacerlo después... Es que le insisto, se está trabajando, se está haciendo ya en ese tema. Y las fuentes de información suyas, a mí me consta, y a usted también, que son fuentes absolutamente privilegiadas. Si usted recuerda -yo tengo buena memoria-, la primera intervención que yo tuve en el Pleno, que fue con ocasión de una comparecencia o de una Interpelación que me hizo Su Señoría, terminaba yo aquella intervención diciendo: "y, créame, señor Granado, que por los servicios sociales tiene Su Señoría una preocupación que comparto, y una documentación de mi propia Consejería que me gustaría compartir". Entonces, me temo que eso sigue ocurriendo exactamente igual en esta Legislatura. Y, entonces, pues, no me sorprende que siga usted teniendo esa información, tan exhaustiva, de lo que ocurre en las áreas de Bienestar Social. Pero, pregúnteles a esos funcionarios, o a esos ciudadanos que le informan a ustedes de allí, y le dirán que, efectivamente, se está trabajando en todas esas Ordenes.

Y le reitero -quizás estoy torpe hoy en la exposición-: la Orden regula lo que hay. Por eso aparece un hogar cuna, porque es que hay un hogar cuna, y entonces, aunque no esté en los Planes sectoriales, ¿qué quiere usted, que diga que no haya hogar cuna? Pues si lo hay, dirán, pues hay un hogar cuna. ¿O hay que cerrarle? Entonces, modifíquese el Decreto. Bueno, pues, a lo mejor en la evolución de los centros termina desapareciendo el hogar cuna, pero, si en este momento existe una voluntad de clasificar los centros que hay y hay un hogar cuna, ¿qué quiere, que lo llamen residencia de la tercera edad, por aquello de que los viejos dos veces niños? Pues no, mire usted, hogar cuna, ¡qué lo vamos a hacer! Y así aparece en la Orden que lo cataloga, independientemente de la voluntad del Gobierno de después modificarlo.

Le reitero que compartimos alguno de sus argumentos. Lo de las unidades de acogida en los centros es algo que personalmente comparto y que, desde luego, trasladaré al Consejero y a la Directora General, como una buena parte de los argumentos, que es que me consta que los comparten ellos, que están ahí; pero es que se ha escapado usted del tema, insisto, de la Orden, para decir todo lo que debe ser la política de menores. Y, entonces, a partir de ahora, cuando se hacen unas declaraciones programáticas, en las que, por otra parte, no hace más que una síntesis del Plan Sectorial que nosotros mismos aprobamos, pues hay que decirle: estamos de acuerdo. Y cuando lo hagamos, dirá: no, no, ya lo hacen porque, aun rechazando mi Proposición No de Ley, lo van a hacer lo que yo les he dicho.

No, mire usted, señor Granado, no vamos a hacer lo que usted ha dicho que hay que hacer, vamos a hacer lo que está en el Plan Sectorial que yo mismo aprobé por Decreto en la Legislatura anterior. Eso es lo que vamos a hacer, que coincide con lo que usted dice aquí que hay que hacer, pero es que en esa línea estamos trabajando.

En cualquier caso, y, para terminar, dos referencias un poco fuera de la Orden, pero en relación con lo que ha dicho Su Señoría. ¿La contestación al Proyecto de Ley? No estoy hablando de los trabajadores. Yo le he dicho -y creo que ha sido en la prensa de esta mañana, y no he leído más que los tres periódicos locales, no he leído prensa nacional- que en las jornadas se estaba cuestionando alguno de los aspectos de ese Proyecto de Ley, y que se estaba cuestionando por los expertos que se están reuniendo en estos días para estudiar ese tema. Yo no he hablado de los trabajadores de un centro o de otro; he dicho: de los expertos que están estudiando en este momento, en Valladolid, esos temas hay contestación. Y yo espero de verdad que me diga cuántas enmiendas llegan a ser aprobadas procedentes del Grupo que no es el Socialista, en éste o en otro Proyecto de Ley, pero en éste concretamente, puesto que ha salido el tema.

Porque, desde luego, aunque uno pierda las elecciones cuando las pierde, no quiere decir que por eso se pierdan todas las votaciones. Sin ir más lejos, señor Granado, ayer mismo, en esta misma sala, y en la Comisión de Cultura y Turismo, se aprobó una Moción del Grupo Mixto, con una modificación, y se aprobó otra Moción del Grupo Socialista con los votos del Grupo Popular, demostrando que el haber perdido las elecciones en mayo del noventa y uno no quiere decir haber perdido la razón y la incapacidad de hacer propuestas razonables en esta Comunidad Autónoma. Ese es el talante que tiene el Grupo Popular en Castilla y León y nos gustaría que ése es el talante que tenga el Grupo Socialista en el Congreso o en el Senado. Porque, efectivamente, no hay enmiendas a la totalidad porque todos estamos de acuerdo en que hay que modificar esa Ley; pero el que no haya enmiendas a la totalidad no quiere decir que los Grupos que son minoría en el Congreso o en el Senado no tengan una luz que aportar a ese Proyecto de Ley, que, en opinión del Grupo Socialista, como viene siendo tradicional en ésa y en otras leyes, pues, el que no tiene los votos no tiene la razón. Desde luego, es una tesis que no compartimos en esta Cámara y que no sólo no... lo decimos predicando, sino dando trigo y aprobando enmiendas en las distintas Comisiones, o proposiciones en las distintas Comisiones. Lo dijo el Presidente en su Discurso de Investidura y lo venimos practicando, admitiendo enmiendas o iniciativas legislativas de los otros Grupos que, sin ir frontalmente contra el programa con el que se ganaron las elecciones, que ése es nuestro compromiso con los ciudadanos, mejoren la calidad de vida de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Muchas gracias. Para fijar posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

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EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Buena teoría y que se mantenga y se incremente. En el punto que nos ocupa, desde luego, no es la teoría que yo personalmente comparto, o lo que asumo, entre otras razones, por las razones, cuestiones profesionales. Sin embargo, al margen de la intencionalidad que pueda subyacer -y que, desde luego, yo no voy a entrar en absoluto-, las argumentaciones jurídicas que se han esgrimido en defensa de la Proposición No de Ley por mí son absolutamente compartibles; las de orden clínico-social o psico-social están en la línea contradictoria que siguen todos estos procesos, o controvertida, pero es la más asumida, junto con la ubicación, en todo caso, dentro del territorio o del medio social en que se producen este tipo de problemas. Lo mismo que los argumentos de operatividad funcional, compartiendo las tareas en distintas unidades o distintos centros, pero con un equipo único que aborde los temas desde el punto de vista multidisciplinar.

En definitiva, y muy brevemente, yo creo que sí se introducen criterios de racionalidad en este magma, y no discuto que no haya esa misma intencionalidad en la Orden planteada; otra cosa es la consecución de los objetivos. Y procedan de quien procedan las iniciativas, cuando éstas son razonables, lógicas y de mejoramiento operativo de los objetivos que se pretenden, desde luego, serán apoyadas por el Grupo Mixto. Y en función de esas coordenadas o de esos criterios, nosotros sí vamos a apoyar la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Por el CDS, tiene la palabra don Daniel de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Por los mismos razonamientos aportados por el representante del Grupo Mixto, es decir, la iniciativa, parta de quien parta, si es buena para la Comunidad vamos a votarla, el CDS va a votar sí a la Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Para cerrar el debate, tiene la palabra el Procurador proponente, don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí. Simplemente para agradecer el apoyo de los Grupos Centrista y Mixto a la Proposición No de Ley. No voy a entrar en discusión con don Javier León sobre lo que pasa en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en las Cortes de Castilla y León. Me gustaría simplemente hacer una observación muy breve. Desde que el Gobierno Socialista gobierna España, desde el año mil novecientos ochenta y tres, ochenta y dos, finales, no se ha aprobado ningún Proyecto de Ley Orgánica que cuente únicamente con los votos del Grupo Socialista. A mí me gustaría... En todo este tiempo, salvo en la última Legislatura, y según cómo se mire, ha habido mayoría absoluta del Partido Socialista en las Cámaras. A mí me gustaría que éste fuera el talante del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León en esta Legislatura. No sé si con los Proyectos de Ley Orgánica, pero sí con los Proyectos de Ley que tiene que vertebrar la Comunidad: en nuestra Comunidad no tenemos leyes orgánicas. Que no se aprobara uno sólo de esos Proyectos de Ley sólo con los votos del Grupo Popular.

Y sobre la Orden en cuestión, yo sólo me queda instar a la Junta a que rapidísimamente modifique la Orden, porque, bueno, aquí vamos a tener una discusión que puede mantenerse en el plano abstracto, pero es que ya hay órdenes de internamiento de menores, dictadas por tribunales tutelares de menores de esta Comunidad Autónoma, en centros de la Junta, en centros de protección, acudiendo al amparo de que el tribunal considera que la vigente legislación es inconstitucional y, por lo tanto, no hay por qué internar a menores que hayan cometido pequeños delitos en centros de cumplimiento. Y hay jueces que están interpretando que con el artículo 4 de la Orden del seis de agosto y con el artículo 3 estos internamientos tienen que producirse en los centros de protección de menores generales y no en los centros especialmente adecuados para menores con problemas de conducta. Y hay incluso algunos autos de los jueces en los que instan a la Junta de Castilla y León a que se dote de los recursos necesarios para hacer cumplir ya la vigente legislación en materia de menores, porque dicen que los centros en los que les pueden internar no están adecuados y porque los centros que podrían ser adecuados, en función de las propias órdenes de la Junta, no les permiten su internamiento.

O sea, que, en conclusión, si ustedes siguen defendiendo la clasificación tal como está, a pesar de que no esté de acuerdo con el Plan, bueno, esto es un problema menor, la verdad es que hay que decirlo así; pero lo que no es un problema menor es el problema de los menores con problemas de conducta, valga la redundancia, y la Orden del día seis o del nueve de agosto -estoy diciendo el día seis y es el día nueve- está generando muchos problemas a la Junta, y, por lo tanto, es urgente que se produzca la modificación que nosotros demandamos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARIA GARCIA): Gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley por nueve votos en contra, relativa a la promulgación de las normas de clasificación y estructura de la red de protección de menores.

No habiendo más asuntos de que tratar, se levanta la sesión.