DS(P) nº 21/3 del 26/6/1992

POSADA MORENO

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EL SEÑOR POSADA MORENO: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. El trece de marzo de mil novecientos noventa y dos, por acuerdo unánime de estas Cortes, se crea una Comisión no permanente, denominada "de Asuntos Europeos", para estudiar la situación derivada en Castilla y León del Mercado Unico Europeo y de los Acuerdos de Maastricht, y hacer las recomendaciones oportunas al efecto, redactando un informe que se debía presentar a este Pleno -como así se hace- antes de terminar el actual período de sesiones.

A esta Comisión se trasladaron las Propuestas de Resolución de los Grupos Mixto, CDS y Socialista, presentadas en aquella Sesión.

Comenzó los trabajos esta Comisión el nueve de abril, y se ha reunido seis veces, y otras tantas la Ponencia.

Por escrito, se solicitaron informes a asociaciones empresariales y sindicatos, Cámaras de Comercio, asociaciones agrarias, universidades, etcétera. Han contestado: la Asamblea Regional de Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León, CECALE y la Unión Regional de Comisiones Obreras. A todos ellos agradecimos, desde la Comisión, el gesto que habían tenido.

Asimismo, y de una forma novedosa, que yo creo que no se había hecho en las Cortes de Castilla y León, se invitaron a destacadas personalidades para que intervinieran ante la Comisión.

A pesar de la premura de tiempo, de la agenda que estaba cargada, hubo una magnífica recepción a esa idea, y tuvimos, en dos Comisiones, la presencia de expertos que yo creo que eran de primera fila. Intervinieron expertos de la Comisión Económica Europea que trabajan en Castilla y León, como Isaías López Andueza, Alfredo Torres o Santiago de Castro; funcionarios de la Comisión Europea en Bruselas, como José Luis González Balbín; políticos vinculados a Europa, como José Luis López Henares -que está en el Consejo de Europa-, o Rafael Calvo Ortega, Eurodiputado; catedráticos y profesores de universidad, como Juan José Toribio, Ramiro García Fernández, o Pedro Shwartz; y altos cargos de la Administración, como Luis Angel Rojo, Subgobernador del Banco de España, y Carlos Westendorp, que clausuró las jornadas, y que es el Secretario de Estado para las Comunidades Europeas.

Cada uno dio su personal versión, lo que pensaban como expertos, sin ningún límite a lo que podían decir. Después de cada intervención, intervinieron los Portavoces de los Grupos; y tengo que decir aquí, como Presidente, que felicito a esos Portavoces por el nivel de sus intervenciones, por su claridad, por la tolerancia con que lo hicieron, que provocaron en la réplica de estos invitados todavía afirmaciones mucho más interesantes que la propia exposición.

Con todo ello, con las aportaciones de los Grupos, los escritos y lo que habían manifestado los invitados, la Ponencia se reunió para elaborar este Dictamen, que ha sido trabajo de todos. Y tengo que decir que ha habido una colaboración enorme de todos los Grupos, e incluyo aquí -y lo señalo personalmente- a don Antonio Herreros, Portavoz de Izquierda Unida, que ha participado en todo el proceso, de la Comisión y de la Ponencia, que luego, si bien presenta un Voto Particular por otros motivos, no empece que su trabajo de colaboración haya sido máximo.

De todo ello, recogiendo esas propuestas que se hicieron en la primera sesión por los Grupos Mixto, Socialista y CDS, se ha elaborado un Dictamen que -fuera de ese Voto Particular de Izquierda Unida- se presenta como el acuerdo de los tres Grupos: CDS, Socialista y Popular.

Ha sido, pues, fruto de un consenso. Ha habido largas discusiones, estudio profundo de los temas, y han conducido a un texto único, que hoy es el que se presenta ante la Cámara.

Nos ha guiado una idea que compartíamos todos: que Europa es un gran destino, que Europa es la gran aventura de nuestros tiempos, que Europa es algo más que datos macroeconómicos, o incluso mejora del bienestar, que Europa es un espacio de libertad, un espacio de democracia y un espacio de respeto a las regiones y a las comunidades autónomas.

Por ello, estas recomendaciones -y yo creo que ésa es la primera conclusión de este Dictamen- son especialmente valiosas, porque recogen el consenso de los Grupos, porque marcan un camino que transciende al mero reparto partidista de poder u oposición, porque la sociedad de Castilla y León puede confiar en que lo que aquí se recoge es la visión de toda la clase política, o de la gran mayoría de la clase política de Castilla y León.

El texto del Dictamen -como Sus Señorías conocen- comienza señalando el marco en el que debemos movernos. Ese marco es el Tratado de Maastricht, que es más que económico, que contiene temas políticos de enorme trascendencia, pero que, en el seno del Dictamen, nos vamos a centrar en las repercusiones económicas y sociales. Allí se recogen los compromisos macroeconómicos que el Tratado de Maastricht supone, y que Sus Señorías -sin duda- conocen.

La inflación en el año mil novecientos noventa y siete no puede ser más..., la inflación española de 1,5 puntos mayor que la de los tres países con menor inflación. El déficit público debe ser inferior al 3% del Producto Interior Bruto. Y la deuda pública inferior al 60% del total del Producto Interior Bruto. Debemos estar en la SME durante dos años, y el tipo de interés nominal no puede ser dos puntos superior al de los tres países con menor tasa de inflación.

Ciertamente, la situación española en este momento no es buena: sólo se cumple la condición de deuda pública por Producto Interior Bruto, que es inferior al 60%; el resto de las condiciones no se cumplen.

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Dentro del Tratado de Maastricht están, como señala el Dictamen, los compromisos de la Política Agraria Común. No son consecuencia del Tratado, pero profundizan en lo que va a suponer de efectos para Castilla y León.

En principio, a la idea de mantener el tejido social en el mundo rural y reducir excedentes se añade la de conservación y mejora del espacio natural, con una doble función: productiva y conservacionista.

Aquí quiero señalar la idea que impregna todo el documento en el tema agrario. Es nuestra convicción de que la reordenación profunda que está sufriendo el sector agrario se está haciendo de una forma que no es reconocida, o no suficientemente reconocida por los demás sectores de la actividad, y ello ha llevado a un endeudamiento enorme del sector; y que, por lo tanto, las ayudas que se conceden por la Comisión Económica Europea, cofinanciadas, en mayor o menor parte, por los Estados miembros -en este caso España- y por las Comunidades Autónomas -en este caso Castilla y León- no son más que el pago de los costes de esa reordenación, que no tienen el carácter para los agricultores y ganaderos de prestaciones sociales. Como se dijo, con una frase, quizá, un poco fuerte -pero creo que conviene reproducirla aquí-: "No son limosnas que se dan a los agricultores y ganaderos, es algo que se les debe porque están sufriendo una reordenación, que la solidaridad de todos los españoles y de todos los europeos debe pagarla".

Asimismo, se señala la cohesión económica y social -es un concepto nuevo del Tratado de Maastricht-, y que, realmente, ahonda en esa lucha por combatir los desequilibrios regionales. Tiene diversas consideraciones, pero, fundamentalmente, el elemento novedoso es el Fondo de Cohesión para promover las redes transeuropeas, para promover el medio ambiente, y que se destina a los países miembros.

Ahí hay un punto clave: se tiene que discutir en el futuro el montante de ese Fondo de Cohesión. Y es muy importante para nosotros, como castellano-leoneses, como españoles, saber cuál va a ser ese montante; porque de la cifra que de él se derive, de cómo deba evolucionar en el futuro, veremos si este Tratado es, de verdad, la solidaridad de los países ricos con los países pobres, de las regiones ricas con las que no lo son tanto. Ahí será un elemento, una clave para conocer cuál es la política comunitaria.

Ahora bien, el lograr los objetivos marcados por el Tratado de Maastricht supone aplicar en España el Plan de Convergencia que ha aprobado el Parlamento. Y aquí sí quiero detenerme, porque hay un punto político clave en por qué este Dictamen recoge un determinado Plan de Convergencia.

Todas Sus Señorías recuerdan cómo hubo, al comienzo, un Plan de Convergencia del Gobierno, que se publicó en la prensa, que se dio a los medios, y que provocó, lógica y legítimamente, las reacciones de los partidos políticos que no eran del Gobierno, entre ellos, naturalmente, el Partido Popular. Hubo programas alternativos. Pero en el Parlamento, en las Cortes y en el Senado se ha aprobado ese Programa de Convergencia, con unas Mociones que se añaden al Programa de Convergencia, y ése es el Programa que se ha presentado en la Comisión Europea, y ése es el Programa de España.

Por lo tanto, en la actuación que las Cortes de Castilla y León proponen a la sociedad castellano-leonesa, ese Programa se adopta como propio, y se adopta como propio por tres motivos:

En primer lugar, por lealtad constitucional. Desde el momento en que ése es el Programa del Parlamento Español, desde el momento que ése es el Programa que se presenta ante Europa, ése es el Programa que nosotros, desde Castilla y León, debemos y tenemos que aceptar.

En segundo lugar, por un aspecto puramente práctico. Si la actuación que debemos tomar en Castilla y León -como luego se verá, a lo largo del Dictamen- está basada en esa actuación de corresponsabilidad, de coordinación, no tendría ningún sentido adoptar una serie de medidas que no fueran claramente en la dirección que señala el Programa de Convergencia para el conjunto del Estado Español.

Y, en tercer lugar, porque ese Programa de Convergencia, tal como está concebido, puede cumplir, puede cumplir las condiciones del Tratado de Adhesión. En ese Programa se señalan dos ejes básicos: uno, la consecución de la convergencia nominal, lo que antes señalábamos como condicionantes del Tratado de Maastricht, que lleve a la convergencia real; y medidas estructurales que flexibilicen los mercados de bienes y factores. Así, la reducción de los déficits presupuestarios del conjunto de las Administraciones Públicas debe ser del 3%; a infraestructuras debe dedicarse un 5% del Producto Interior Bruto; y deben cofinanciarse todos los fondos estructurales.

Asimismo, se propone reformar el mercado de trabajo con incentivos a la búsqueda de empleo, a la cualificación y a la movilidad geográfica y funcional. Liberalizar y desregular mercados. Sanear la gestión de la sanidad. O limitar la asignación de recursos a la financiación de empresas públicas.

Son, pues, todas ellas medidas en las que estamos todos plenamente de acuerdo. Pero quiero señalar aquí: el Plan que proponen las Cortes de Castilla y León se basa en ese Plan de Convergencia. Por lo tanto, las Cortes de Castilla y León exigirán, porque deben hacerlo, que ese Plan de Convergencia se cumpla.

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Ciertamente, sobre el papel, en el lanzamiento inicial, en las primeras medidas, se puede tener una confianza en él, que va a ser llevado a cabo. Pero va a haber obstáculos. Y nosotros pedimos a la Administración Central y a las demás Comunidades Autónomas que se superen esos obstáculos, que se adopte una política decidida, porque, si ese Plan de Convergencia para España fracasara, de nada serviría este plan que proponen las Cortes de Castilla y León, que se apoya en esa base.

Vista esa introducción a nuestro Dictamen, llegamos al punto... al elemento central y básico del Informe: es la respuesta de las Cortes de Castilla y León al desafío europeo.

No cabe duda, y lo estamos viendo todos los días, que en el proceso actual de discusión se suscitan continuamente interrogantes: ¿Cómo afectará a todo este proceso de ratificación del Tratado de Maastricht por todos los países el resultado del referéndum en Dinamarca? ¿Debe proseguirse la profundización de la Comunidad Europea con los países que ahora son miembros, llegando a extremos cada vez mayores de acuerdo marco de libertad de comercio, dejando fuera a una serie de países que se sienten y son europeos? ¿Cómo se compagina la profundización con la ampliación? ¿La apertura, la creación de ese mercado único será beneficioso para todos los países de la Comunidad, o sólo para los países ricos? ¿Es necesario este proceso de convergencia que hay que llevar a cabo? ¿No sería más conveniente una política presupuestaria relajada, que no supusiera sacrificios para lograr los objetivos propuestos? ¿No sería posible lograr la convergencia real, esto es, aumentar la renta per capita, sin tener que disminuir la inflación, el déficit o los tipos de interés? Para Castilla y León, cuyos niveles de producción y renta son inferiores a la media nacional y a la media europea, ¿es este proceso beneficioso? ¿Los fondos europeos van a servir, ellos solos, para compensar las dificultades?

Estas son las preguntas que debe hacerse cualquier ciudadano, y que se están haciendo en la prensa.

Pues bien, yo creo -y éste, insisto, es el punto clave del Dictamen-, las Cortes de Castilla y León, mediante este Informe que se propone, contestan a estos interrogantes, y lo hacen de forma clara, sin vacilaciones, con una visión profundamente optimista y esperanzadora del futuro, convencidos de nuestra capacidad de salir adelante y resueltos a tomar las medidas para llevarlo a cabo. Pero no es un optimismo ciego; es profundamente realista, conscientes, muy conscientes de las dificultades, de los esfuerzos y aun sacrificios que tendremos que sobrellevar, pero estamos dispuestos a ello. Así, leo estos párrafos que me parecen el elemento clave del Dictamen.

Las Cortes de Castilla y León manifiestan su compromiso europeísta, y creen que el proceso iniciado en Maastricht, con todas sus dificultades, será positivo para el futuro de nuestra Comunidad.

Las Cortes de Castilla y León entienden que esta apertura económica y la siguiente fase de unión monetaria, aunque exija esfuerzos importantes, y aun sacrificios -y a ello van dedicadas las conclusiones de este dictamen-, serán beneficiosas en general para la economía española y la castellano-leonesa, como muestran otras experiencias históricas, como el Plan de estabilización de mil novecientos cincuenta y nueve, o la entrada en el Mercado Común en mil novecientos ochenta y seis.

Consideran, igualmente, que las condiciones exigidas por el Tratado de Maastricht son medidas que objetivamente favorecerán a nuestra economía, y que habrían de haberse tomado en todo caso, aunque no se firmara el Tratado de Maastricht. Rechazan, pues, la idea de que nuestra pertenencia a Europa y el igualarnos a los países de cabeza sea algo que nos perjudica, sino que, por el contrario, favorece un camino que deberíamos emprender de todos modos.

Por ello, consideran un objetivo alcanzable y positivo lograr la convergencia nominal señalada en el Tratado, y única forma posible de alcanzar la convergencia real con los más avanzados países europeos, esto es, acercar la renta per cápita a la renta comunitaria.

Sin embargo, constatan las dificultades de esta tarea y el prolongado número de años necesarios para culminarlo, pues, si bien es cierto que en los últimos cuatro años la economía española y la castellano-leonesa han crecido significativamente más que la media comunitaria, lo es también que las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres de la Comunidad siguen siendo relativamente elevadas.

A pesar de que España y Castilla y León han aprovechado muy bien los fondos estructurales, como señala la propia Comisión Europea, la magnitud de estos fondos, apenas el 1% del PIB comunitario, y la del futuro Fondo de Cohesión no permiten augurar una influencia decisiva de las ayudas europeas en el desarrollo económico de Castilla y León. Debe ser, pues, nuestro propio esfuerzo y la capacidad de aflorar el potencial de crecimiento de nuestra economía los que permitan hacer frente con éxito a los desafíos que en todos los ámbitos de nuestra vida diaria va a suponer el reto europeo.

Establecida, pues, esa idea, marco esencial, y que es de donde se deriva todo el resto del Informe, continúa señalando que las Cortes de Castilla y León re reafirman en la constitución de esta Comisión de Asuntos Europeos, y consideran que la magnitud de los problemas y el seguimiento de las resoluciones que se aprueben aconsejan su mantenimiento y actuación en próximos periodos de sesiones,m en la forma que la Mesa de las Cortes determine.

Yo quiero decir, y me siento orgulloso de decirlo como Presidente de esta Comisión, que traslado a la Cámara las felicitaciones que he recibido por la creación de esta Comisión, y que son de la propia Cámara, que fue la que decidió crearla. He recibido cartas de los dos Comisarios europeos españoles, Abel Matutes y Manuel Marín, las máximas autoridades económicas del Estado, de la mayoría de las Comunidades Autónomas, y ha sido una gran satisfacción, yo creo, para mí y para todos los miembros de la Comisión, haber podido llevar adelante esta tarea.

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Continúa el Dictamen con tres propuestas que yo llamaría de carácter general.

La primera tarea crucial de la Comisión, y de las propias Cortes de Castilla y León, es hacer llegar a todos los ciudadanos, a las instituciones sociales y económicas, la importancia de esta situación, cómo afecta a sus propias vidas esta nueva política económica europea y qué medios hay para afrontarlas. En ello, la más importante intervención deben tenerla las organizaciones empresariales y sindicales.

A lo largo de la elaboración del dictamen, hemos estado viendo -y lo digo yo creo que con preocupación-, todos los miembros de la Comisión, a nivel nacional, una situación de desencuentro entre el Gobierno y las organizaciones, sobre todo sindicales. Eso culminó, como todos Sus Señorías saben, el veintiocho de mayo en una huelga general, y, hoy día, debo decir que las perspectivas de que ese diálogo se reanude son mucho mejores, y todos debemos felicitarnos por ello. En Castilla y León, la Junta ha mantenido continuamente ese diálogo. Por eso, en la primera recomendación, se insta a la Junta a que continúe su política de contactos frecuentes con las organizaciones económicas y sociales, a fin de que se propicie un debate lo más amplio posible para lograr acuerdos sociales que permitan la adaptación de nuestra economía a la nueva etapa que iniciamos. Ese debate es esencial, y no se le debe tener miedo. Ahí se van a verter opiniones, unas favorables y otras contrarias; se van a discutir temas concretos y temas generales; pero de esas discrepancias yo creo que debe salir un convencimiento mayor de toda la sociedad de que esto es algo en lo que todos corremos un riesgo, que todos nos lo jugamos, y que no es sólo responsabilidad de los poderes públicos.

La segunda propuesta de carácter general es referente a los que deben intervenir más directamente en esta... en este Plan de Convergencia en Castilla y León. Son de suma importancia las medidas de carácter sectorial que deben ser adoptadas para mejorar nuestra competitividad.

Las Cortes de Castilla y León consideran que, debiendo ser tomadas las medidas por la Administración competente en la materia, cuando sean varias, es necesario, y se propugna para todas ellas, que se haga de forma coordinada, pues van dirigidas al mismo objetivo, y con espíritu de franca y leal colaboración.

Esto es algo en lo que debemos insistir una y otra vez. La inmensa mayoría de los sectores que afectan a nuestra vida económica no tienen una sola Administración de la que depender. La fórmula, como se ha establecido en la Constitución la actuación de las Administraciones Públicas, es, normalmente, una forma pública y concurrente. Pues bien, es absolutamente necesario, para el éxito de nuestro plan, que esa concurrencia se haga desde la lealtad, que no haya pequeños motivos partidistas que distorsionen el objetivo final, que no se utilice nunca una plataforma institucional -la Junta, la Administración Central, la Diputación, el Ayuntamiento- para hacer una política de zancadillas a esta política, que es de todos y para todos.

Y el tercer punto, y elemento clave, es el aspecto que hace referencia al déficit presupuestario de la propia Junta, y que es consecuencia de esa política de reducción de déficits, absolutamente necesaria para poder llegar al Tratado de Adhesión, a la Unión monetaria.

Así, especialmente significativas serán las consecuencias del proceso de convergencia nominal. Por ello, se insta a la Junta de Castilla y León a acomodar sus gastos e ingresos financieros hasta situar su déficit, en porcentajes del PIB, en linea con la tendencia establecida conjuntamente por el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

En consecuencia, parece aconsejable la elaboración de un plan financiero plurianual que señale los objetivos a conseguir en cuanto a déficits presupuestarios. La disminución significativa de los recursos debe hacer comprender a todos los ciudadanos que las posibilidades de actuación de la Junta, sobre todo en programas nuevos, se van a reducir sensiblemente, y obliga a la máxima utilización de los fondos comunitarios. Se insta a la Junta de Castilla y León a garantizar, presupuestariamente, la cofinanciación de los fondos aplicados en la Región, de modo similar a los compromisos adquiridos por la Administración del Estado.

Creo que hay que insistir en este punto, que condiciona... tiene la máxima trascendencia y condiciona, ciertamente, la política económica de la Junta para los próximos años.

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Hay una idea popular que se suele tener entre la gente, que fomentan las oposiciones en cada caso, la nacional, la autonómica, Diputaciones, la de Ayuntamiento, de que hay dinero suficiente para todo, si se gasta bien y no hay despilfarro. Pues bien, esa es una falacia. No es así. Se puede mejorar el gasto, y se debe mejorar el gasto; pero no... mejorando ese gasto, no se solucionan los problemas. Hay una frase que nos dijo Calvo Ortega, Rafael Calvo Ortega, en su comparecencia ante la Comisión, que es aplicable a España y a Castilla y León. Decía que nuestro gran drama es que tenemos gravísimas carencias y hay que reducir el déficit público. Esa es nuestra posición. Claro, aquí hay una posición que es tradicional, que se ha repetido muchas veces en la historia de la economía, que consiste en olvidar los condicionantes monetarios de déficit, de inflación, y lanzarse a gastar más porque se necesitan infraestructuras, porque se necesitan gastos sociales, porque es bueno hacer determinadas cosas. Esa es una política, de olvidarse del déficit, que se ha hecho ya muchas veces. Se hizo en España en los años cincuenta; se ha hecho en Sudamérica: el Peronismo es un ejemplo claro de lo que es esa política; se ha hecho en épocas más recientes en Francia, en los primeros años de los ochenta, después del primer gobierno socialista; y no conduce nunca a nada. Conduce a recalentar la economía, a tener que frenar, a retroceder y a hacer luego un reajuste mucho más fuerte del que hay que hacer en la primera ocasión.

Por lo tanto, nuestra solución no es gastar sin tasa. Nuestra solución es acomodarnos a nuestras posibilidades, y esa es una tarea, naturalmente, de la Junta, de su Presidente y especialmente del Consejero de Economía y Hacienda; pero no sólo del Consejero de Economía y Hacienda; es una responsabilidad de todos los Procuradores, de los que apoyan al Gobierno y de los que están en la oposición. Tenemos que ser conscientes que cada inversión que se hace en un tema nuevo, cada vez que se emplea en algo necesario, se quita de algo también necesario. Ese es el concepto que debemos interiorizar, y que, por lo tanto, nos obliga a una disciplina presupuestaria necesaria para que este Plan salga adelante.

Establecidos estos condicionamientos generales, llegamos a la parte más concreta del Dictamen, que son las medidas destinadas a cada ámbito de actividad, y que abarcan desde la propuesta cinco a la cuarenta y cinco, y que trataré lo más brevemente posible.

Antes, me gustaría hacer unas consideraciones sobre todas ellas. En primer lugar, parece una paradoja con lo que acabo de decir, de que tenemos que reducir el déficit, que tenemos que gastar menos, el hacer cuarenta propuestas de actuación en los distintos sectores de la actividad. No es así. En el Dictamen, éramos conscientes de que algunas de estas medidas tienen un gasto suplementario; pero la mayoría de ellas -como luego se verá, o cómo han visto al leer el Dictamen- no van dirigidas a un gasto monetario, sino que van dirigidas a establecer directrices. Lo que se pide, sobre todo, a las Administraciones Públicas, y dentro de ellas a la Junta, como líder en Castilla y León de todas las actuaciones, de las Administraciones y de la sociedad, es que marque directrices, marque objetivos, señale medios, empuje en una determinada dirección; ciertamente, en algún caso, hay gastos inevitables, pero no en la mayoría de las medidas.

En segundo lugar, las medidas no son ni vagas ni inconcretas; son medidas muy caracterizadas en una dirección. No llegan al detalle; eso nunca puede hacerlo las Cortes de Castilla y León, es labor del Ejecutivo; pero sí son claramente dirigidas a conseguir unos objetivos que se especifican.

Y, en tercer lugar, son profundamente positivas. Son profundamente positivas, porque partimos de una actitud de conseguir actuar ya, no esperar a que ocurran las cosas; sin fatalismo, convencidos de que está en nuestras manos conseguir una Castilla y León mejor.

Muy rápidamente, porque veo que se me acaba el tiempo, hablaré nada más que de las medidas en que la Junta, por ejemplo, debe actuar y desarrollar programas de reforma de estructuras comerciales, de política industrial, dentro de la política industrial nacional y en colaboración con la Administración Central, para tratar sectores en crisis que se detallan en el Dictamen.

En el campo de las comunicaciones y telecomunicaciones, aparte de recomendaciones de carácter general y particular, hay una esencial, que es que la Junta debe establecer las prioridades de las grandes redes transeuropeas, que no pueden obviar a Castilla y León, con su vecindad con Portugal; pactarlas con la Administración Central y elevarlas al Fondo de Cohesión, porque ese Fondo de Cohesión va de la Comunidad Económica a los países miembros, no a las regiones.

Esa misma actitud hay que hacerla con los fondos medioambientales: llegar al mismo pacto, al mismo acuerdo con la Administración Central para elevarlo a Bruselas. Y señalar que el aspecto medioambiental debe mirarse, no como una traba, no como un dificultad, sino como una oportunidad para la propia región.

Se contempla el turismo, en el que se pide un marco claro de objetivos hacia donde debe evolucionar; mejorar las condiciones de competencia de las empresas de nuestra Comunidad, y dando ejemplo el sector público de la Junta, que debe sanear su funcionamiento y, al mismo tiempo, crear un "holding" público que sostenga a todas las que actualmente están creadas.

Especial importancia tiene la flexibilidad y mejor funcionamiento del mercado de trabajo, que permita a nuestros jóvenes incorporarse a un puesto de trabajo aquí, en nuestra tierra. Para ello, se insta a la Junta -y aquí sí que en colaboración con otras Administraciones, porque muchas veces no es competente- a diseñar nuevas especialidades y titulaciones universitarias, un programa general de formación profesional no reglada, programas de formación e incentivar la investigación pura y aplicada. Y, como consecuencia colateral, un más eficaz cumplimiento del Plan de la Vivienda, que permita esa movilidad funcional y geográfica de los trabajadores.

Hay, asimismo... llegamos a los dos puntos de medidas más importantes, a los dos sectores en crisis.

Sector de minería del carbón. Ayer veíamos la importancia que tenía, con ese Proyecto de Ley de Minas que aquí se presentaba. Planteamos dos opciones o dos recomendaciones.

La primera, para aquellas minas que deben continuar en la nueva situación europea. Para ellas se pide que puedan seguir produciendo, que no haya discriminación por el capital de las empresas y que se valoren sus reservas rentables de carbón y su menor coste de obtención. En las zonas donde hay que cerrar minas, se encarece la máxima colaboración entre Administraciones, especialmente para la urgente creación de infraestructuras, que favorezca el desarrollo de otras posibilidades económicas.

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Y en el aspecto agrario, hacemos en el Dictamen especial énfasis, y nunca el suficiente, en el mundo rural. Las recomendaciones son de la treinta y cuatro a la cuarenta y cinco. Y la filosofía que se subyace, y que anuncié al hablar de la PAC al principio de mi discurso, es que la reordenación del sector debe hacerse con participación de todas las Administraciones, en una política de total colaboración, que permita utilizar todas las ayudas cofinanciadas por la Comunidad Europea destinadas al sector rural, y que tienen que ser ampliamente conocidas por todos sus destinatarios y simplificados los trámites para obtenerlas. La Junta debe analizar los diferentes sectores productivos, seleccionando los que presenten ventajas comparativas para potenciar. Realizará, asimismo, acciones específicas en productos alimenticios de calidad, en ciertos cultivos forrajeros como la alfalfa, en denominaciones de origen, en el sector agroindustrial y en la consecución de unos seguros agrarios eficaces y asequibles.

Y especial atención debe darse a los dos puntos clave de esta política: mantener las rentas del sector rural, especialmente en las zonas periféricas y en proceso de despoblamiento, y la conservación y mejora del medio natural.

Continúa el Dictamen con actuaciones que se sugieren desde el punto de vista exterior, como sería nuestro decidido apoyo a la presencia en el Comité de las Regiones, la creación de una oficina permanente en Bruselas, que está ya en marcha, o la utilización de la conferencia sectorial, como instrumento para el reparto de los fondos de cohesión.

Y quiero ahora señalar un informe capital -muy brevemente, porque claramente estoy excediendo mi tiempo; pero creo que este punto lo merece-, que es la necesidad, la importancia del nuevo Plan de Desarrollo Regional, que debe culminarse a lo largo de mil novecientos noventa y dos y que permite incluir en mil... incluirnos en mil novecientos noventa y tres en el marco comunitario de apoyo. En este Plan deben incluirse todas las medidas de las que hemos hablado y otras muchas más. En él tenemos que plasmar nuestra idea de lo que es Castilla y León, de cuál es su futuro, por qué apostamos. Debe ser nuestra respuesta estratégica ante Europa. Y allí hay que recoger cosas tan importantes -y ahí se señalan- como la OID de Zamora y Salamanca, que ha sido la actuación más importante en renta per cápita que ha hecho la Comisión Económica Europea; el intento de que la parte norte de nuestra Comunidad pueda beneficiarse de las ayudas de la cornisa cantábrica. Y debe revisarse nuestra forma de hacer ese Plan de Desarrollo. Los servicios, cómo deben distribuirse dentro de nuestras cabeceras de comarca y dentro de nuestros pueblos. Y -es una recomendación que yo creo interesante-, en lo posible, debe evaluarse cómo han sido destinados los fondos públicos desde hace muchos años, desde el año ochenta y tres, y qué resultado han dado y cuál ha sido el más positivo de ellos.

El documento termina volviendo a la idea matriz que lo impregna todo: que cualquier acción de los poderes públicos está condenada al fracaso si no se enraíza en la sensibilidad social. Por ello, la Junta, en colaboración con los medios de comunicación social, debe potenciar un clima de confianza y seguridad sobre el potencial de nuestro desarrollo, sin ocultar nunca las dificultades, pero transmitiendo fe en la tarea.

Y, finalmente, y como último párrafo, se encarece por el documento a la Mesa de las Cortes de Castilla y León a que busque la fórmula para que este documento, las reflexiones que de él nacen, sea conocido por las Cortes Generales -el Senado especialmente- antes de ratificar el Tratado de Maastricht. Se habló de la posibilidad de que los senadores representantes de esta Cámara en el Senado hiciéramos una propuesta conjunta en el Senado. No sé muy bien -y no lo conocía muy bien la Comisión- cuál sería la fórmula; pero es indudable que una fórmula debe establecerse para que este documento se conozca.

Este es, señoras y señores Procuradores, el Dictamen que la Comisión de Asuntos Europeos, que me honro en presidir, lleva a las Cortes de Castilla y León, con el acuerdo de los Grupos Parlamentarios CDS, Socialista y Popular. En él, señor Presidente de la Junta, se contienen recomendaciones y medidas que pretenden hacer frente con eficacia al desafío europeo. Este Informe se ha hecho, por acuerdo de los Grupos, con profunda fe en la Comunidad Europea, que no es la Europa de los mercaderes, ni siquiera la Europa del bienestar, sino la Europa de la libertad, de la democracia y de las regiones. Con optimismo, con esperanza, pero conscientes también de las dificultades, de los esfuerzos que nos esperan hoy, creo que Sus Señorías, cuando voten este Dictamen, estarán votando el futuro de Castilla y León.

Muchas gracias.

(Aplausos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Habiéndose presentado por el Grupo Parlamentario Mixto un voto particular al Dictamen que acaba de ser presentado, y para su defensa, tiene la palabra el Portavoz, Procurador don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Yo, en primer lugar, quiero hacer patente un saludo manifiesto a la Cámara, a todos los presentes, y hacer un reconocimiento al prólogo efectuado por el Presidente de la Comisión, porque coincido -ya lo expresé en la Comisión- en el planteamiento que se ha hecho desde el punto de vista del desarrollo, el trabajo, acaso con alguna deficiencia menor, y no porque no se hayan puesto todos los medios para conseguir cumplir el mandato de la Cámara, de las Cortes; pero hubiese, acaso, sido muy interesante conseguir mayor incidencia en el conocimiento de la realidad regional y de los expertos, que algunos estaban llamados, pero, por razones de agenda y esta premiosidad en la realización de los temas, no pudieron acudir.

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Yo creo que la tarea de la Comisión ha sido muy interesante e incluso yo, desde la opinión contraria, global, generalizada, al Dictamen de la Comisión, sí me atrevo a plantear que se tenga en consideración la prórroga o la fórmula que se considere más oportuno por parte de la Mesa de las Cortes -como ha dicho el Presidente de la Comisión- para poder continuar con una tarea que tiene una gran entidad, que tiene un gran riesgo, que implica una preocupación y que no se culmina en una aprobación del Tratado de Maastricht, del Programa de Convergencia en su desarrollo, sino que va a haber una implicación constante, permanente, en una Comunidad Autónoma, como yo a continuación al menos voy a plantear, con graves riesgos de poder neutralizar, en cierto modo, ese aspecto de desarrollo que se plantea en el conjunto.

Yo creo que hay razones para prolongar esa actividad, y es esa situación preocupante, la acentuación de la situación preocupante que en estos momentos estamos viendo. Creo que Sus Señorías han leído hoy los medios de comunicación; han visto o han oído lo que se está refiriendo en relación con alguno de los supuestos importantes que en estos momentos existen, con la cifra o el dato o el indicador más llamativo, que es el déficit público. Yo creo que hay compromisos y que la evolución del Programa de Convergencia, tras la entrevista con las centrales sindicales del Presidente del Gobierno, también puede aportar algunas cuestiones. Por supuesto, después de las declaraciones recibidas por parte de las Comunidades Autónomas -entiendo- y propuestas o planteadas por el Ministro Eguiagaray, en relación a congelar, congelar, con una cierta atribución de la responsabilidad fundamental a las Administraciones Autonómicas, a congelar los gastos, creo que también es importante que se continúe esta tarea, porque no todas las Comunidades Autónomas estamos en las mismas condiciones y, por consiguiente, no creemos, o al menos yo no creo, que debamos de pagar con los mismos supuestos.

Unas aclaraciones previas relacionadas con el Dictamen, sobre todo por las declaraciones que se han hecho una vez celebrada la reunión de la Comisión del pasado lunes. No hemos aprobado el Tratado de Maastricht, primero, porque no es nuestra misión; sólo un aspecto parcial, acaso el más importante, pero en algún otro país miembro la cesión de soberanía política está causando problemas, y la decisión de Dinamarca pone de manifiesto uno de ellos. Los objetivos del Tratado de Maastricht son más diversos de lo que hemos realizado en la Comisión; es la moneda única, fundamentalmente, para el noventa y siete, si siete, al menos, de los doce países miembros consiguen o conseguimos cumplir con unos indicadores macroeconómicos comunes, y veremos si esto es más difícil de lo que se cree, a tenor de la situación de cada uno de los estados miembros. Pero ahí se habla también de la política exterior y de seguridad, que no tocamos, de la cooperación judicial y policial, de la política industrial y de medio ambiente, de la ciudadanía europea -y aquí se está también a expensas del Dictamen del Tribunal Constitucional-; de la política social, que, como ya es tradicional, un estado, el Reino Unido, ha quedado al margen, mediante una cláusula específica, y los demás pueden o no actuar primando la propia legislación de cada país.

Se intentó en Maastricht una novedad importante: la creación de un nuevo fondo, el llamado Fondo de Cohesión, dirigido a la financiación de proyectos de desarrollo de infraestructuras, de transporte y de protección del medio ambiente, para los países con una renta inferior al 90% de la media comunitaria que adopten, efectivamente, planes o Programa de Convergencia para la integración en la moneda única. Pues bien, cuando todos volvemos en la mirada hacia este nuevo Fondo, éste no está fijado en la cuantía ni en la forma. Y hay que reconocer que ha sido, precisamente, el Gobierno español quien ha aparecido como máximo valedor -y ha aparecido porque lo ha realizado-, como máximo valedor del Fondo de Cohesión. Primero, porque apenas llegamos al 75% en renta por habitante de la media europea y, segundo, porque o se amortiguan las exigencias del Programa de Convergencia o será difícil aceptarlo y acceder.

Pero, mientras los indicadores para la unión monetaria son de una precisión minuciosa en datos y fechas, en esta materia se mantiene una ambigüedad absoluta. Es más, todos conocemos, porque han sido titulares y primera página en los distintos medios de comunicación, el pesimismo que se mantiene sobre este Acuerdo: pesimismo en la cumbre de Lisboa -se dice-, y se va a celebrar, se está celebrando; la Comunidad Económica aplaza de nuevo entrar en el Fondo de Cohesión hasta Edimburgo en diciembre; crecen las diferencias entre los ocho países aportadores netos y los cuatro que, en principio, todavía son perceptores. No se logran acuerdos sobre el presupuesto comunitario. Pero antes de concluir este año, sin embargo, tienen que estar aprobados los planes de convergencia o los programas de convergencia. Es decir, comprométanse los programas, que ya veremos después los fondos, y nosotros entendemos que esto no es lógico ni aceptable correr ambos riesgos a distintas velocidades o ritmos. Todos sabemos quien rige estos asuntos fundamentalmente; no nos engañamos, es el "Bundesbank", y que sus dirigentes máximos han dicho que deben reducirse los fondos a la mitad de lo que ya se ha apuntado o mencionado inicialmente. Esto ha hecho que se entre en una serie nueva de condicionamientos ante Europa con la ampliación o no de la Comunidad Europea o de la Unión Europea.

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El pasado nueve de junio, en la reunión de Ministros de Economía de la Comunidad Económica celebrada en Luxemburgo, Alemania, el Reino Unido y Francia confirmaron su oposición al denominado "Paquete Delors 2", que tiene mucho que ver en todo esto que estamos tratando. Es cierto que el Parlamento Europeo ha aprobado el diez de junio un aumento del presupuesto de la Comunidad Europea, y ha reconocido que es muy insuficiente lo destinado a fondos de cohesión; y todo ello para pasar simplemente -que es importante, pero simplemente- del 1,2% del Producto Interior Bruto de los doce países miembros de la Comunidad al 1,37 para el año mil novecientos noventa y siete. Pero se siguen oponiendo los países citados y sabemos todos lo que tantas veces se ha reclamado: el Parlamento Europeo no es más que una cámara de sugerencias, por el momento, sin efecto vinculante. Que así, nuevamente queda patente el déficit democrático del Parlamento Europeo y del propio proceso de construcción de Europa. Y puede ser que esto explique algunas negativas al Tratado de Maastricht, porque ceder soberanía en muchos aspectos e instituciones... a instituciones no democráticas, no totalmente democráticas, es, a nuestro juicio, un riesgo excesivo. Someter las conquistas sociales, que han costado mucho, a una carrera de velocidad por atraer capitales es, como se dice vulgarmente también, muy fuerte.

Por eso, y concluyo así la primera parte de mi intervención, desde Izquierda Unida no entendemos ni admitimos que se identifiquen las dudas sobre el Tratado de Maastricht, incluso la oposición a las formas, ritmos y plazos sobre el mismo, con los antieuropeos o eurófobos, que también existen. Maastricht no es Europa siempre y total. Europa es más y puede desarrollarse.

La Unión Económica y Monetaria es importante. De acuerdo. La Moneda Unica, por supuesto; regula los intercambios comerciales en cualquier mercado integrado y de libre circulación y dará mayor capacidad de negociación frente a otros centros de decisión, fundamentalmente en el caso de Japón y los Estados Unidos. Permitirá incrementar el dinamismo de los mercados. La Moneda Unica reduce gastos y desequilibrio en cualquier tipo de transacción y es un beneficio para los mercados existentes, pero, sobre todo, para los más fuertes y activos. Es decir, potenciará los efectos existentes y positivos, pero no nos salen a todos las cuentas de la misma manera. Y las ventajas generales citadas dependerán para unos u otros de las orientaciones políticas que se les dé. No es, en síntesis, y a priori, una ventaja para todo y para todos por igual, por lo que se hace indispensable una auténtica democracia en la toma de decisiones.

Imagínense por un momento que desde una concepción liberal, que prima actualmente, se fuese acentuando lo que Keunet Parbre llama la cultura de la satisfacción y se extrapolase a los territorios. Pues, entonces, ser castellano-leonés y asalariado o incluso parado, acaso más que un orgullo, pudiera ser una verdadera incógnita. Por eso, desde Izquierda Unida tenemos un concepto y un compromiso europeísta, que va más allá del puramente monetario y económico. Es un compromiso hacia la unidad política de Europa, que entraña un compromiso social también.

En una segunda parte, entro a analizar uno de los aspectos del Tratado de Maastricht que hace referencia a los indicadores de convergencia para la consecución de la Unidad Económica y Monetaria. Y aquí se han explicado o se han explicitado diversas teorías: convergencia real, convergencia nominal, qué es o cuál es la preminente. ¿Cabe entender un proceso paralelo de ambas? Nosotros entendemos que la divergencia va marcada, precisamente, por la concepción de la cosa pública. Y esta diferencia todavía queda más patente cuando se someten a una presión temporal difícil de conseguir -el 77 sobre el 79-, si no es seleccionando un tipo de medidas absolutamente antisociales, como las previstas en el Programa de Convergencia propuesto por el Gobierno y aprobado por el Congreso de los Diputados. Y el Dictamen lo asume. Nosotros, desde Izquierda Unida, no estamos de acuerdo con esa parte del Programa de Convergencia y, por supuesto, del Dictamen.

Tales medidas han aportado, por el momento, una primera en forma de decretazo del peor estilo, en la forma y la verdad es que también en el fondo. ¿Para qué? Para paliar el gasto y de ese modo contener el déficit público, pero sólo por una vía. Por ese lado se dejará de gastar previsiblemente un billón trescientos setenta y tres mil millones de pesetas en problemas o atenciones sociales que cuestionarán o cuestionan ya muchas prestaciones de servicio. Yo diría que ya se está, como casi siempre, buscando al supuestamente más débil para ponerle en orden. Pero, primero, si se gasta mucho en cobertura por los desempleados o para los desempleados es porque éstos son legión, y aunque algunos piensen que hay mucho fraude, no tanto. Lo que ha ocurrido es un fenómeno evidente, que se ha vuelto en contra de las medidas de flexibilización del mercado laboral. Los contratos temporales, además de generar una gran inseguridad, no dejan de ser eso: contratos temporales, pero que cuando concluyen tienen que incorporarse nuevamente a la cobertura de desempleo, aunque no figuren en el censo de parados, con lo cual se pueden maquillar las estadísticas y pueden exhibirse, en cierto modo, reducciones no muy fidedignas del desempleo. Pero durante esos meses están cobrando un subsidio. Y estos ciclos van aumentando las cuantías, con lo que la solución se modifica, todo el aparato, y se les rebaja extraordinariamente la cobertura. Así, de paso, se dice incluso: estimulamos la búsqueda del empleo. Está también esto asumido en el Dictamen, en la página seis en concreto, en el Dictamen de la Comisión, y, por supuesto, tampoco estamos de acuerdo, aunque constitucionalmente, democráticamente, nosotros lo entendamos y lo asumamos.

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Pero, por otra parte, el fraude fiscal es ingente, algunos economistas llegan a valorarlo como equivalente al déficit público; pues, ya están pensando en incrementar el IRPF para lo de siempre, es decir, más de lo mismo. El fraude fiscal llega a cotas tal vez inconmensurables y se habla de miles de millones. El impuesto de sociedades es otro de los grandes causantes -no sé si por vía de fraude o de reducción real de beneficios a las empresas-, aunque si el reflejo es la banca, ésta no desciende sustancialmente en sus beneficios.

En síntesis. Siempre se actúa de la misma manera y sobre el más débil: impuestos indirectos, el IVA parece ser que va a pasar del 13 al 15, el IRPF, que actúa sobre los asalariados, coberturas sociales, flexibilización mayor del mercado de trabajo, movilidad funcional y geográfica. Pues bien, ahora se acercan más medidas en el mismo sentido, y, si no, al tiempo, porque el déficit se ha disparado en estos seis meses, y la OCDE anuncia que en lugar de descender al 1% y no al 3% planteado en Maastricht, va a pasar, presumiblemente, del 4,4 -que está en la actualidad- al 4,9 en este año, si no se evita por medidas que ya veremos quién tiene que pagarlas prioritariamente.

Ya ha anunciado el señor Zabalza, Subsecretario de Economía, que hay que revisar todo el esquema presupuestario, y, en contra de las declaraciones propagandísticas habituales, la OCDE apunta una recesión continuada y persistente para otros dieciocho meses. Piénsese en los límites 77 o 79. Y me gustaría... no tuvimos la oportunidad de poder escuchar al profesor Fuentes Quintana, que yo sé que goza de una gran credibilidad en esta Cámara y, por supuesto, de mi mismo, cuando él también apunta que no debería de llevarse con esa apretura, y se podía conseguir perfectamente en unos plazos más amplios, los propios marcados incluso en el Tratado de Maastricht del año noventa y nueve.

Otro de los elementos de la convergencia: la disminución de la inflación. Bien, pues, se apuran hasta el extremo la superación de la diferencia, y cuando se puede cubrir bajando 0,3 o 0,4% y cada año, se nos plantea prácticamente el doble; lo que viene siendo tradicional es la imputación de la inflación a los costes salariales, con lo cual vamos por la fórmula de clara convergencia salarial. Otro ajuste, a nuestro juicio, antisocial.

Solamente aparece en términos de convergencia real la relación Producto Interior Bruto/habitante, que, si se viesen las condiciones que el programa plantea, tardaríamos unos veinte años en alcanzar la media comunitaria y treinta y siete años en alcanzar la de los tres países con el mayor producto o renta con respecto al Producto Interior Bruto. No se tienen en cuenta para nada otros índices de un alto contenido social y real; por ejemplo, el desempleo, y, por supuesto, el gasto social por habitante; ni el peso industrial de nuestro país, de nuestra Comunidad; ni sobre la agricultura, que aquí sí han aparecido algunas notas, porque es un tema preocupante.

Pero, sobre todo, no se considera en absoluto los índices de desequilibrio regionales. Parece que se da por hecho y definitivo lo llevado a cabo hasta el momento en materia de financiación de las Comunidades Autónomas, respaldado por la firma del pacto autonómico, y ahora pueden añadirse algunos problemas más en este orden. Pues bien, yo entraría en ese punto, que a juicio de Izquierda Unida es el más importante, y, sobre todo, de una forma un poco detallada. Partimos de la base del acuerdo de la mayoría de quienes han tratado estas cuestiones. Algunos países, los menos desarrollados, y la misma tesitura algunas regiones, pueden salir perjudicados, van a tener que hacer unos grandes sacrificios, incluso, se dice; de hecho, cuando se insiste en el nuevo fondo e incremento de los ya existentes, es para paliar esa situación.

Me gustaría ver algunos datos. Y, antes, decir que a mí me impresionó uno de los documentos que nos pasaron, en el cual la clasificación de las regiones comunitarias, en función del Producto Interior Bruto per cápita, de las ciento setenta y una regiones de la Comunidad Europea, en cuanto a Producto interior Bruto per cápita, la Comunidad Autónoma de Castilla y León somos la trigesimosegunda, es decir, la treinta y dos por la cola. Y en cuanto al paro, en esa misma clasificación, somos la decimoquinta por la cola. Yo creo que es bastante preocupante.

Bien. Como se hace una referencia explícita a lo que ha supuesto en alguna ocasión el Plan de estabilización, incluso la integración de España en la Comunidad Económica Europea, yo diré que los análisis cuantitativos de esa evolución socioeconómica de Castilla y León, desde la integración de España en la Comunidad, tiene algunas connotaciones que difieren sustancialmente de lo que se plantea en el Dictamen.

Basados en los datos del censo de población de mil novecientos noventa y uno, Castilla y León demográficamente, sigue en un proceso inverso y continuado a la evolución de la media nacional, produciéndose un decrecimiento de la población, respecto al anterior censo, en cuarenta y cinco mil seiscientas personas, un 1,77%, frente a un crecimiento de la media nacional del 1,97. Yo creo que esto tiene unas connotaciones también bastante importantes.

En cuanto a la población activa ocupada y desempleada, en el sexenio ochenta y seis-noventa y uno, que es periodo de integración de España a la Comunidad Europea, las características evolutivas del mercado de trabajo de España y de Castilla y León muestran claras diferencias.

El incremento de población potencialmente activa -aquélla que se encuentra entre dieciséis y sesenta y cinco años-, en Castilla y León, en consonancia con su proceso de despoblamiento iniciado a finales de los cincuenta y continuado hasta nuestros días, ha sido inferior al de la media nacional, creciendo Castilla y León un 4,1% -ochenta y cuatro mil personas- frente a la media nacional, que creció un 6,16%: un millón setecientas ochenta y dos mil personas.

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A pesar de esa ventaja comparativa, la expectativa generada por el mercado de trabajo regional de la posibilidad de encontrar empleo fue inferior a la generada en el mercado nacional, entrando en el mercado de trabajo, como trabajador o como desempleado, en el regional, un 6,71%, frente al 9,11% de incremento de personas a nivel nacional.

Esta expectativa, que está justificada, ya que las personas que encontraron empleo en el mercado nacional se incrementó muy por encima, frente al incremento de la región, y ambas cifras superiores al aumento de activos, absorbiendo, además de a éstos, a una parte del elevado paro existente en mil novecientos ochenta y seis.

Esta absorción, en línea al comportamiento de menor capacidad del mercado regional respecto al nacional, fue bastante más elevada en éste, disminuyendo el paro nacional el 16%, frente a la disminución regional, que sólo fue del 11,87% en el mismo periodo.

El comportamiento de la región, en comparación con el comportamiento nacional, durante este periodo, es continuado, y se profundiza si analizamos un periodo incluso más amplio; pero vamos a pasar.

A pesar de un incremento menor de personas en edad de trabajar, el incremento de personas activas es menor que éste, frente a una situación nacional, es decir, a lo largo de esta década, la expectativa en el mercado de trabajo ha sido un 75% superior en el mercado nacional; y esta expectativa, efectivamente, se concreta al producirse un incremento de ocupación superior en un 208% en el mercado nacional al del mercado del trabajo regional, y al ser este incremento superior al incremento de activos.

Todo este planteamiento rompe con ese discurso, a veces tradicional, que oímos desde la Junta, sobre la situación del mercado laboral, basado en la baja tasa de paro, y que es necesario cuantificar en la realidad.

A mí me gustaría poder extenderme en algunos balances que hace la Central del Banco de España sobre este capítulo, pero voy a dar por supuesto algunas cuestiones importantes, que supondrían, para poder equipararnos al mismo nivel, un incremento muy importante, es decir, de aproximadamente 420.000.000.000 de pesetas, para poder llegarnos a ese equilibrio entre la media nacional y regional.

En relación al Producto Interior Bruto por habitante, la evolución del periodo que estamos analizando, basado en las cifras del Fondo de Investigación de Estudios Sociológicos, yo creo que hablan por sí solas, y eso que se trata de un periodo expansivo de la economía. El crecimiento del PIB nacional, en el sexenio ochenta y seis-noventa y uno, ha sido del 28,6%, que significa una media anual del 4,3%, mientras el crecimiento regional acumulado en ese mismo periodo ha sido del 25%, con una media del 3,8%; es decir, tres puntos por debajo del nacional, y medio punto en el no acumulado.

Hay una diferencia que, para mí, tiene que contemplarse en cualquier tipo de aplicación correctora, en cuanto a la... llevar adelante el programa de convergencia y alcanzar esos indicativos anteriormente planteados.

Finalmente, en cuanto al IPC, coincide en mil novecientos noventa y uno con la cifra nacional, y, al no crecer la región al mismo ritmo, lógicamente, tenemos una capacidad adquisitiva menor.

Pero queda claro que el margen de maniobra para realizar un política regional por parte de los Parlamentos y Gobiernos de las Comunidades Autónomas disminuye en función de la propia política regional, como decíamos anteriormente, y el déficit democrático.

La situación de Castilla y León, como región periférica al proceso de desarrollo comunitario y nacional -no estamos cerca del "Banana Blue", que también nos sorprendían las expresiones al uso en la Comunidad Europea, o al "Arco Mediterráneo"-, permite constatar diversas situaciones, al enfrentar o confrontar nuestra economía al mercado único.

Las empresas de Castilla y León no van a poder liderar el proceso de ajuste que va a seguir al mercado único, y, posiblemente, se vean constreñidas a soportar tan sólo sus costes, a tenor de lo que se plantea en el programa de convergencia.

La capacidad empresarial y organizativa no está suficientemente desarrollada para dar una respuesta adecuada al desafío del mercado único. Castilla y León, como muchas regiones periféricas, muestra una de las debilidades más importantes, y es el relieve que tienen las actividades agrarias de baja productividad. Y los sectores productivos interesados en la materialización, en la realización del mercado único son las economías de escala, y tampoco tenemos una gran implantación de esas economías de escala en nuestra Comunidad Autónoma.

Nuestra situación periférica, la verdad es que tiende a incrementarse con la combinación de los efectos funcionales del mercado único, con el impacto de una política de grandes infraestructuras, que está diseñada para favorecer no precisamente a las regiones periféricas.

Finalmente, partiendo de que la inminente puesta en marcha del mercado único ha aumentado la competencia entre las regiones europeas, Castilla y León tiene un conjunto de debilidades que, en principio, dificultaría sensiblemente su ajuste y su reestructuración.

Como conclusiones del efecto de la implantación, Castilla y León puede ver reducida su capacidad competitiva en los años noventa, sobre todo por dos factores: la relativamente difícil accesibilidad de sus empresas a los mercados europeos en expansión y el bajo nivel de competitividad de nuestros productos en el mercado europeo.

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El Plan de Convergencia para conseguir la unión económica y monetaria, establecido por el Gobierno español, en la medida que es continuación y profundización de la política económica realizada en el periodo de tiempo último, coincidente con nuestra integración en la Comunidad Europea, y cuyas consecuencias hemos analizado un poco por encima, refuerza negativamente el impacto de la instauración del mercado único europeo, en la medida que aumentan las dificultades para poder enfrentarse al proceso de ajuste y reestructuración que la puesta en marcha del mercado único significa.

La Política Agraria Común, en su nuevo modelo, pretende consolidar una división entre dos grandes tipos de espacios rurales: los que mantienen su función de tipo agrícola y aquellos otros que van a cumplir una función de espacio, de ocio o reserva natural, hecho que se constata al ver el estímulo a las políticas de desarrollo rural integrado previsto en los programas LEADER. Diríamos que es necesario el efecto inmediato de la instauración del nuevo modelo de apoyo a las explotaciones, desligados de la eficiencia y encaminado a mantener la población, que, lógicamente, no puede estar vinculado a lo que en el programa agrario comunitario se plantea, y que es una demanda, prácticamente, de todas las organizaciones profesionales agrarias.

En síntesis, la condición de región periférica de Castilla y León, tanto respecto a la realidad nacional, como a la realidad comunitaria, y las líneas generales que el acuerdo de Maastricht, la política comunitaria y el Plan de Convergencia delimitan, exigen una política regional de exquisito diseño, que puede partir en algún caso de los puntos explicitados en el Dictamen, intentando, mediante la perfecta coordinación de las Administraciones Regionales y Locales y la concertación con los partidos políticos y los agentes económicos y sociales, intentando, digo, una sinergia positiva, donde, en principio, haya un criterio de austeridad; una política regional que permita una sólida y profunda negociación con la Administración Central y con la Comunidad Europea, que compense el aumento de la brecha de desarrollo que el mercado único y el Plan de Convergencia van o pueden producir en Castilla y León; una política regional basada en un estrategia de desarrollo, y no en una suma de políticas; basada también en el estímulo del potencial, importante, que tiene nuestra región, y basada en una comarcalización o localización, para que se pueda mantener también un equilibrio de esos procesos de ajuste en el conjunto del territorio regional.

Y una cuestión que es absolutamente imprescindible, aunque aquí parece que a veces no queremos oír hablar de él. Sigue siendo una necesidad, una condición indispensable para el éxito de esta estrategia, que no sigamos planteándonos si sector público o sector privado. Todos los sectores, al unísono. Y si no hay una iniciativa suficiente por parte del sector privado, lo lógico es que no estemos esperando a no se sabe qué, que todavía no está determinado, y que tomemos la iniciativa, o tomen la iniciativa los responsables políticos de esta Comunidad.

Una estrategia de desarrollo basada en la coordinación de todas y cada una de las instituciones y en la participación de los agentes públicos económicos y sociales, que obliga a un planteamiento de política territorial, como el mencionado anteriormente.

Con esto concluyo. No podemos, a nuestro juicio, aceptar la equiparación para contribuir con el resto de las regiones, o con el resto de los países, y la discriminación para las percepciones globales. Y no podemos, por supuesto, permanecer con esa indefinición, que incluso el Presidente de la Comisión hacía patente, en no contar con mecanismos de participación abierta y democrática ante la Administración Central y ante la Comunidad Europea.

Yo decía en la propia Comisión: "De poco va a servirnos el entender todas esas cuestiones -que muchas de ellas son interesantes y perfectamente apoyables, en cuanto a instancias al Gobierno Autónomo-, si no conseguimos que el Plan de Desarrollo Regional tenga un impacto mucho más importante en lo que es el Plan de Desarrollo Regional de España en su conjunto, y que también tenga una incidencia en las decisiones que se tomen en la Comunidad Europea. Y eso se consigue, acaso, con modificación de los mecanismos políticos que puedan permitir la profundización en el Estado de las Autonomías, para que cada una de las regiones tenga ese impacto.

Sé que es difícil, entre otras razones, porque no se produce el Estado de las Autonomías en el conjunto de los Estados países miembros de la Comunidad Económica; pero lo lógico es que, hecha esta distribución aquí, y perfectamente conceptualizado, las regiones que estamos en inferioridad de condiciones podamos gozar no de ver que el arco mediterráneo se desarrolla y el arco atlántico puede quedar en una situación de mayor precariedad de lo que hasta el presente ha venido produciéndose, a tenor de los datos explicitados.

Y, desde luego, que se entienda que en ningún caso y bajo ningún concepto se puede... o nosotros, como Izquierda Unida, nos sentimos al margen de Europa, sino todo lo contrario, en virtud de lo aclarado; y seguiremos colaborando estrechamente en la Comisión -si sigue funcionando-, a los efectos de dar nuestra impronta, corregir, o apoyar, o mediatizar las decisiones que en un momento determinado puedan sensibilizar en un sentido o en otro a la Cámara y, de ahí, al Ejecutivo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se abre ahora un turno de Portavoces, para que los distintos Grupos Parlamentarios que no han intervenido fijen sus posiciones, tanto respecto del Voto Particular del Grupo Mixto, como del propio Dictamen presentado por la Comisión. En nombre del Grupo de Centro Democrático y Social, señor Sagredo, tiene ahora la palabra.

SAGREDO DE MIGUEL

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EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Gracias, Presidente. Señorías. Muy brevemente, porque entiendo que el documento presentado es un documento aceptado por el CDS, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y no voy a entrar, tampoco -porque creo que no me corresponde-, en profundidad en el Voto Particular que ha presentado el Grupo Mixto, aunque, lógicamente, hay comentarios interesantes a hacer; pero creo que, únicamente, con decir que el CDS ha suscrito el Dictamen, creo que supone ya el desacuerdo con el Voto Particular de Izquierda Unida.

El CDS, brevemente, entiende que el documento ha sido y es una primera y buena aproximación al futuro inmediato de Europa. Yo creo que ya es hora de dejar de ser la reserva espiritual de occidente, para convertirnos ni más ni menos que en un trozo de Europea, con todas sus ventajas y todos sus avatares.

El documento creo que es, además, un germen de un moderno programa de gobierno para esta Comunidad. Y yo creo que, quizá, la Junta no debe desperdiciar la posibilidad de beber en él ideas que, a través del necesario nuevo Plan de Desarrollo, puede constituir una nueva andadura en esta Comunidad, que falta le hace.

Si se dice que no hay proyecto de gobierno que enlace más años que los que entraña una sola Legislatura para sacar esta Comunidad de la situación en que está, yo creo que en el documento hay suficientes luces para poder, desde ahí, entablar una discusión para un programa de modernización de esta Comunidad. Junto a este programa de desarrollo, hay la necesidad de un Plan de Carreteras, que ya ha puesto de manifiesto el Gobierno, aprobado el día dieciocho, y la necesidad de un Plan Regional de Medio Ambiente, que, de alguna manera, pueden ser los documentos para llamar a la puerta del Fondo de Cohesión.

También decir que ya tenemos, de alguna manera, llaves para abrir determinadas puertas. La Ley de Espacios Naturales de esta Comunidad abre la filosofía que en estos momentos aparece en la reforma de la PAC, por entender que en los agricultores hay muchas más lecturas que las que ahora se han hecho de su labor.

Si es importante que una Comunidad tenga una conexión con el continente al que pertenece, de infraestructuras, de carreteras, de comunicaciones, de telecomunicaciones, etcétera, yo creo que es más importante que tenga una conexión en su mentalidad. Este Dictamen cree el CDS que lo que pone de manifiesto es que en Castilla y León se respira el aire europeo, que interesan y preocupan las cosas que ocurren en Bruselas, en Copenhague, en París, en Roma, en Atenas, etcétera, etcétera, y que el pulso lo debe acomodar a ese pulso europeo de la nueva situación. Y es un reto, y es verdad, y hay que apostar, y hay que arriesgarse, y, efectivamente, nadar y guardar la ropa, en este momento, es muy difícil.

Es verdad que para todos los países es muy difícil la adecuación a un nuevo modelo, y es lógico pensar, desde nuestra posición en esta Región, que es mucho más difícil para Castilla y León, por ser una región "objetivo uno", con todas las dificultades del mundo. Pero yo creo que eso hay que, de alguna manera, resolverlo con el esfuerzo continuado de todos nosotros y con el esfuerzo que aparece también en el documento de coordinación de la labor entre cualquiera de los castellano-leoneses, con sus Instituciones Locales, Provinciales, Regionales o Nacionales.

El pasado, Señorías, está escrito; hay que escribir el futuro; y el futuro depende de nosotros, y hay que apostar; y el CDS, con quien ha apostado solidariamente, lo hace con toda responsabilidad. Nada más, Presidente. Señorías. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Jiménez-Ridruejo, tiene ahora la palabra.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Señor Presidente. Señorías. Voy a intentar ser también breve, dentro de lo posible, por cuanto, al escuchar el discurso del Presidente de la Comisión, he sentido reflejado no solamente el espíritu de la propia Comisión, sino muchas de las ideas que los socialistas hemos aportado en ella, cosa que le agradezco profundamente, por lo que tiene de positivo y de democrático, puesto que hemos trabajado en Ponencia; y debo decir y añadir, además, que ha sido un trabajo gustoso, y que ha sido un trabajo amable, que ha sido un trabajo positivo, en parte gracias a la excelente disposición del Presidente de la Comisión.

Nosotros creemos que España y, por lo mismo, Castilla y León están empeñadas en un ambicioso proyecto, que trata de integrar a su economía, pero también a su cultura, a su forma de vida, a su estructura, en general, de todo tipo, a la conformación como un país europeo, moderno y avanzado. Y se podrán discutir los ritmos, o incluso la amplitud y extensión del proceso, pero en ningún caso su necesidad. Yo creo que eso también quedó claro en la Comisión, y creo que ése es un argumento comúnmente compartido por todos.

Quisiera hacer alguna reflexión, alguna reflexión en voz alta, que, al mismo tiempo que clarifica un poco el proceso de la descripción que hemos hecho los socialistas, de la aportación que hemos hecho los socialistas en este proceso, clarificara y respondiera, de alguna manera, a algunos de los argumentos que otros Grupos, y especialmente el Grupo de Izquierda Unida...

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Y, por sacar un poco el laconismo del debate, debo decirle que en este discurso, don Antonio Herreros, me ha pasado aquello que le pasaba a Mafalda: que había semanas que tomaba doscientas decisiones, y todas ellas eran equivocadas. Bueno, pues, a mí me ha parecido hoy escucharle a usted doscientos argumentos, y casi todos ellos equivocados. Es terrible hasta qué punto -digamos- tenemos una disparidad de criterio respecto al proceso de integración europeo.

Para nosotros, la Unión Económica y Monetaria presenta cuatro aspectos sustanciales:

Primero, la libre circulación de mercancías, servicios y factores de producción, que -no nos engañemos- no es en el noventa y siete, es en el noventa y tres, y que va a ser fundamental; probablemente mucho más intenso en sus consecuencias de lo que se puede derivar de la propia Unión Económica y Monetaria.

En segundo lugar, un proceso de armonización fiscal mal estudiado, probablemente muy importante, del que, seguramente, debería ser una de las tareas que tendría que emprender -si lo estima oportuno el conjunto de la Cámara- la próxima actividad de la Comisión de Asuntos Europeos; un tema extremadamente importante, del que tenemos pocas evidencias, poca información y pocas luces.

En tercer lugar, la adopción de una moneda común, que tiene una serie de consecuencias de las que luego hablaré.

Y en cuarto y último lugar, la centralización de la política monetaria, con el establecimiento de un llamado Banco Central Europeo, que, en realidad, probablemente no llegue a ser tal, sino, fundamentalmente, un espacio de Bancos Centrales Europeos.

El Dictamen de la Comisión de Asuntos Europeos ha entrado, fundamentalmente, al análisis de cuatro temas: cuáles son las consecuencias del Programa de Convergencia; cuáles son las consecuencias del Acta Unica; cuáles son los compromisos derivados de la modificación de la PAC, que no está comprendida en Maastricht, pero que se está negociando paralelamente con Maastricht; y, finalmente, cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de la eventual difícil -por lo que vemos- creación de un Fondo de Cohesión Económico y Social Europeo.

Sobre el Programa de Convergencia parece haber, al menos en lo que yo creo, un cierto hálito común en el Grupo Popular y en el Grupo Socialista. Y quizá aquí es donde nos separamos más notablemente, señor Herreros.

Nuestros objetivos son, fundamentalmente, el mantenimiento del crecimiento económico y la reducción de los desequilibrios fundamentales de la economía española. Y añado -de paso- que me parece enormemente confuso hablar de Región, de consecuencias regionales, sin entender que todo lo que pase en el resto de España tiene consecuencias regionales sobre Castilla y León de primera magnitud. Tan importantes o más como las consecuencias directas son las consecuencias indirectas.

Se ha planteado una estrategia, que supone un cambio sustancial de política. Se va a ir a una política con todas las inercias que se quieran. Y yo creo que éste es un tema que los economistas conocemos bien: la inercia del gasto público es una inercia enormemente difícil de detener. Pero la voluntad política de reducción del déficit público ésa es la primera y principal de las decisiones que afectan al Programa de Convergencia, y que se mantiene, pese a la inercia del gasto público. Y una política de reducción de déficits, que tiene que ir acompañada, evidentemente, de una política monetaria más flexible.

Con estas dos estrategias -que no voy a entrar en detalle en ellas, porque me parece que es prolijo e inútil- se consiguen tres efectos, tres repercusiones básicas, que coadyuvan y colaboran a la consecución de los dos objetivos de los que hemos hablado:

Primero, se trata de reducir sustancialmente la tasa de inflación. Es difícil reducir la tasa de inflación. Seguramente, puesto que la tasa de inflación aflora, básicamente en el sector servicios y en sectores de bienes no comercializables, por lo tanto no sometidos a la competencia internacional, habrá que hacer un esfuerzo, habrá que hacer un esfuerzo de imaginación para modificar, para alterar, para cambiar pautas de comportamiento, para hacer reformas estructurales en profundidad en estos sectores.

En segundo lugar, una reducción de los tipos de interés nominales, que están vinculados, también, a la tasa de inflación. Reducir la tasa de inflación equivale también a reducir los tipos de interés.

Y, finalmente, será necesario en los próximos dos años, y en algún momento, tal como sugirió el subgobernador del Banco de España, realinear la peseta situándola a un tipo algo más alto, es decir, algo depreciado respecto del nivel actual.

Este es, en dos palabras, el programa de convergencia. Y el que tenga una alternativa tiene que venir a decir cuál es, porque si no se dice cuál es la alternativa, si lo que se dice es que todos queremos los mejores deseos para los trabajadores, hasta ahí, hasta ahí llegamos todos. Si nos quedamos en el debate de objetivos, en ése, a ningún socialista nos van a coger por la izquierda.

La cuestión es cómo se consiguen los objetivos. Le voy a poner un ejemplo, señor Herreros. ¿Más política de creación de infraestructuras, o más política de transferencias sociales? Más política de transferencias sociales implica, probablemente, más inflación. Más política de creación de infraestructuras mejora la competitividad y crea empleo. ¿Cuál es la combinación óptima? Porque no se puede decir que creemos más de las dos cosas.

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Y ése es un tema enormemente importante. Si nos quedamos a nivel de objetivos, en el nivel de objetivos estamos todos de acuerdo: mejora del bienestar de nuestro pueblo, mejora del nivel de renta y riqueza de nuestros ciudadanos. Ahí la cuestión es muy clara. Pero a la hora de establecer estrategias y procedimientos, ahí es donde se ve, efectivamente, quién tiene intereses coherentes en la resolución de los problemas económicos del país, y quién está hablando desde fuerza, sin responsabilidades.

El segundo tema es las consecuencias del Acta Unica Europea. Parece fuera de toda duda que la libre circulación de los factores de producción, es decir, del trabajo y del capital, y de las mercancías, propicia un aumento general del bienestar de los ciudadanos de todos los países involucrados y de todas las regiones involucradas. Como también es cierto que la estadística se puede manejar como se desee, pero todos los estudios disponibles indican que el salario medio regional español ha tendido a concentrarse; es decir, las disparidades en salarios medios regionales han mejorado.

En general, la integración y el Acta Unica va a suponer efectos positivos sobre la economía de Castilla y León a través de dos mecanismos: primero, las consecuencias directas y, segundo, las consecuencias indirectas. Tiene usted razón en que las consecuencias directas van sólo a los territorios eficaces o productivos, a los sectores eficaces y competitivos, y que hay otros territorios donde las consecuencias directas se aprecian menos claramente. Eso es verdad. Y probablemente sea verdad también que una de las cuestiones que tendríamos que explicitar -y ésa es una tarea que nos queda- es establecer cómo podríamos compensar a poblaciones, territorios y sectores que se van a ver afectados. También eso hay que hacer y para eso la Comisión Europea es muy importante.

Pero no nos quedemos sólo en los efectos directos. Los efectos indirectos son muy importantes. Si las empresas de Madrid van bien, nuestras empresas van bien; si las de Cataluña van bien nuestras empresas van bien. Y, por lo tanto, el proceso de integración tiene efectos indirectos que son tan importantes o más. Téngase en cuenta que, según los datos de las tablas input-output, nuestra economía tiene un grado de apertura con el resto de España que puede superar el cincuenta por ciento, es decir, de cada cien pesetas de nuestro PIB cincuenta son exportaciones o importaciones. Y, por lo tanto, y por lo mismo, parece razonable pensar que no podemos dejar de considerar los efectos que se producen indirectamente, a través... por no hablar de las transferencias de capital, y añado un tema: se dice estos días, yo creo que con escaso rigor, que Castilla y León transfiere recursos hacia el exterior a través del sistema financiero; eso es parcial, eso es verdad parcialmente. Pero ¿y los recursos que nos vienen a través de transferencias de capital? ¿Quién los ha medido? ¿Y los recursos que nos vienen a través de transferencias corrientes? ¿Cómo se miden? ¿Y todos los recursos que emplea el Gobierno Central, que capta en Castilla y León la mitad de lo que utiliza, de los recursos que utiliza en Castilla y León? Todo eso no se ha medido; es el cómputo global el que interesa.

Entonces, integración y Acta Unica que supone una mejora de la asignación y utilización de los recursos, un aumento del bienestar de los ciudadanos, una mejora en las condiciones de competitividad por especialización de las empresas, en España y en Castilla y León. Un alargamiento de los mercados con generación de economías de escala, que son evidentes ya en algunas empresas de Castilla y León; pensemos el caso de Fasa Renault.

Es verdad que los efectos y su magnitud son dispares, y que van a depender, fundamentalmente, del tamaño del sector industrial -ahí tiene usted razón-, de la dimensión de nuestras empresas -que es un tema especialmente importante-, de los costes de transporte y comunicación, de los sistema de formación profesional y capacitación de la mano de obra, de las economías de escala de todo tipo, y, en general, de la eficacia del sistema administrativo, educativo, sanitario. Y es justo aquí donde los socialistas hemos puesto la parte más importante de nuestra aportación en las propuestas. Téngase en cuenta que de las cincuenta y cuatro Propuestas de Resolución, no menos de cuarenta y cinco son propuestas socialistas, y van justamente a este punto: allá donde podemos incrementar los efectos positivos de la integración, allá donde pueden aprovecharse más eficazmente las consecuencias y los efectos de un proceso de unión que está ahí, en el noventa y tres, que está llamando a la puerte, y del que vamos a tener consecuencias evidentes.

El reto de la competitividad, probablemente, se va a concentrar en la actividad económica regional, en unos sectores más, en otros sectores menos, va a tener consecuencias dispares. E insisto, en todo caso, creo que la Comisión de Asuntos Europeos tendría la posibilidad de valorar los efectos diferenciados por sectores, por territorios y por actividades, y compensar, de alguna manera -y eso es política de bienestar-, compensar, de alguna manera, a los sectores. Lo que no podemos es seguir poniendo recursos económicos a sectores que no son eficaces; ésa no es una buena política, eso es una política equivocada. Lo que no se puede seguir haciendo es potenciar territorios que no tienen condiciones para el desarrollo, y hay que definir un plan de desarrollo que tenga en cuenta todos estos elementos.

Consecuencias de la unión monetaria que van, pues, fundamentalmente, a la economía del Estado. La unión monetaria... la unión monetaria, evidentemente, la moneda única va a circunscribirse no a un aspecto parcial de Castilla y León, la unión monetaria, como la unión económica, tiene aspectos sustanciales que se dirigen, fundamentalmente, al Estado. Tienen ventajas y tienen inconvenientes, también en eso tiene usted razón. Pero es que digamos ya, de una vez, que en economía, como en medicina, si uno se alivia la cabeza se estropea el estómago, y si uno se alivia el estómago se estropea la cabeza. Esto de que hay panaceas universales -y eso es otra cosa que yo no entiendo del discurso de ustedes-, es que todo se puede conseguir y todo al mismo tiempo. Pues mire, no. Basta ir por un curso de primero de economía general para darse cuenta de que no es posible conseguir con instrumentos similares todos los objetivos, que hay que seleccionar instrumentos y seleccionar objetivos, y que es ahí, justamente, donde está el componente ideológico.

(-p.801-)

Ventajas, insisto, e inconvenientes de la Unión Económica y Monetaria; ventajas que se limitan a un descenso de los costes financieros -usted ha hablado de ellos y me ha parecido una idea feliz-, eliminación de incertidumbres derivadas de los riesgos de cambio -ése es un tema fundamental-, incremento de la inversión en el crecimiento a largo plazo. ¿Por qué? Pues, por, sencillamente, porque los tipos de interés van a caer, y los territorios más subdesarrollados vamos a tener la oportunidad de captar recursos de inversión en el extranjero a tipos más bajos. Y eso va a ser positivo para aquellos que como nosotros tenemos dificultad para encontrar oportunidades rentables de inversión a los tipos actuales, y ésa es una ventaja innegable. Estabilidad de precios: no hay nada más perverso para los salarios de los trabajadores que la inflación; grabémonos eso en el cerebro. De la inflación se libran los ricos y no se libran los pobres, y, lo que es peor, se libran peor los jubilados que los que tienen trabajo. A ver cuando empezamos a darnos cuenta que la inflación es un impuesto, y que, por lo tanto, toda reducción de inflación es una medida de carácter social de primera magnitud. E inconvenientes también, sin duda: pérdida de la política monetaria, que va a tener que destinarse al mantenimiento de tipos de cambio fijos -es cierto-, reducción de los márgenes de maniobra del Gobierno del Estado en la dirección de la política económica, también.

Pero también la política fiscal, y eso lo saben los economistas -y lamento de nuevo la ausencia del Consejero de Economía-, la política fiscal gana en eficiencia -y congratulémonos con ello-, gana en eficiencia con sistema de cambios fijos; la integración en el sistema monetario europeo ha hecho que la política monetaria pierda eficacia y que la política fiscal gane eficacia. Y eso para los progresistas es una buena noticia, y también es un buen argumento.

Inconvenientes, por lo tanto, que no desdeño, que comparto, que acepto; pero que en el arqueo total las ventajas y los inconvenientes me dan, nos dan, creo que nos dan un saldo positivo, notablemente positivo.

En todo caso, la convergencia nominal -no nos olvidemos- no es bastante, y en eso también tiene usted razón. Hace falta una política de reformas estructurales profunda, y esta política de reformas estructurales profunda debe comenzar, inicialmente, por los mercados, por lo mercados de bienes y servicios, el sistema de distribución comercial, los costes de transporte, etcétera. Y también por el mercado de trabajo. Porque discutía el otro día yo, en una mesa abierta con los responsables regionales de Comisiones y UGT, sobre quién favorece mejor los intereses de los trabajadores, y llegábamos a la adopción conjunta de muchas dudas sobre qué es lo mejor para favorecer los niveles de renta de los trabajadores. Le voy a poner un ejemplo sucinto: cuando las... cuando, por ejemplo, las Centrales Sindicales reivindican en una negociación colectiva de índole nacional un incremento de salarios por encima de la productividad que las empresas de Castilla y León, que tienen un crecimiento de la productividad más bajo que las catalanas, cuando reivindican las centrales sindicales en negociación colectiva de índole nacional en un sector, salarios por encima del crecimiento de la productividad de nuestras empresas, lo que estamos haciendo es cerrar nuestras empresas. Eso no es ir, no siempre es ir en la buena dirección en los intereses de los trabajadores. Y hay que empezar a poner dudas sobre si la negociación salarial nacional es la más conveniente, o no lo es. O si la reivindicación, el incremento de la reivindicación en los sectores industriales no nos está perjudicando a los que tenemos una presencia agraria tan importante, como diría Delibes -y me parece una imagen preciosa-: "el agricultor cava con una azada que cada día tiene un precio mayor que los productos que con ella se consiguen".

Y cuando las centrales sindicales, y esto no es liberalismo, esto lo dijo ............ hace muchos años, y Emmanuel lo dijo hace muchos años, que cuando se reivindican salarios en el sector industrial o en los países industrializados, quien paga esos salarios son las zonas atrasadas y los países del tercer mundo; y a lo mejor la política sindical no está bien orientada, y por lo menos pongamos una duda.

Y termino. Y me parece que el factor clave, y no he entrado mucho en el Dictamen, porque el Dictamen, de verdad, sinceramente, se ha hecho compartidamente, se ha hecho elegantemente por parte del Presidente de la Comisión, se ha recogido sustancialmente todo el espíritu que los socialistas queríamos aportar, y los socialistas hemos recogido todo el espíritu que las personas de buena fe y digno razonamiento han querido aportarnos. Y nos queda sólo plantear un dilema, y este dilema es una oferta de los socialistas a la Junta de Castilla y León: si al mismo tiempo pedimos una revisión de todos los mecanismos e instrumentos de la política que permitan mejorar la eficacia en el aparato productivo, y decimos al mismo tiempo que hay que reducir el presupuesto, estamos exigiendo algo realmente difícil de satisfacer. Pues bien, que sepa el Consejero de Economía que, de acuerdo con el buen espíritu de este documento, seremos firmes colaboradores para la puesta en práctica del mismo, asumiendo las restricciones presupuestarias que a todos nos tocan.

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Y decir, finalmente, que creo que es una cuestión nueva y fundamental, y que me atrevo a decir que imprescindible, la idea de que hay que mejorar las relaciones con el Gobierno de la Nación; que es una relación biunívoca; que tenemos que intentar mejorar nosotros las relaciones con ellos y que tenemos que exigir que ellos mejoren sus relaciones con nosotros; que hay que incrementar el espíritu de colaboración; que hay que coordinarse y cooperar; porque las medidas de política económica son medidas compartidas, y que las competencias a veces son confluentes, y que me atrevo a añadir que es imperativo que realicemos toda esta tarea en el marco de un plan de desarrollo urgente que anteponga el estudio de los instrumentos y los objetivos y los medios disponibles a las leyes sectoriales, cualquiera que sea la urgencia que estas leyes tengan: tecnológicas, productivas, sectoriales.

Este documento, si tiene un mandato fundamental, es que nos pongamos de acuerdo en el diagnóstico y que discutamos con toda la acritud que se quiera, pero con toda la lealtad posible, las medidas, los instrumentos y los objetivos de ese Plan y los recursos económicos disponibles. Si hiciéramos todo esto, en realidad, habríamos conseguido mucho más que lo que indicaba el Presidente de la Comisión, habríamos conseguido darle un nuevo tono a las relaciones políticas en esta Región.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Aguilar, tiene la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente. Señores Procuradores. Después de las intervenciones que me han precedido, lógicamente, creo que es de recibo comenzar la intervención, Señorías, felicitando a estas Cortes por la toma de conciencia que ha supuesto el que en un breve espacio de tiempo, desde que se crea la Comisión de Asuntos Europeos hasta que se elabora el Dictamen, se haya sometido a esta Cámara, a debate de esta Cámara, un documento que juzgo de suma importancia.

El documento es indudablemente ambicioso, como no podía ser menos, dada la importancia del hecho histórico de la Unión Europea, cuya culminación ha sido una constante aspiración y un viejo anhelo también en este viejo continente. Pero entiendo, Señorías, que no sólo es ambicioso el Dictamen que hoy debatimos, sino que, a la vez, este Dictamen ha de ser visto con cautela y con realismo, porque es un Dictamen que lo califico como coherente y esperanzador. Y cautela, porque todas las Administraciones, no sólo el Gobierno Regional... la Administración Central fundamentalmente, como después señalaré, tiene mucho que decir y que bregar en este asunto.

Mi Grupo Parlamentario, y, por supuesto, el Procurador que está en el uso de la palabra, señala que la trama conceptual de actuaciones que se contiene en el Dictamen responde, como no podía ser menos, y en el caso de que se lleve efectivamente a cabo, a contemplar aspectos que para esta Comunidad son de gran importancia, no solamente política, sino de una gran importancia económica, de una gran importancia social, de una gran importancia cultural, y que suman, en definitiva, a estos factores, la realización del proceso de unión más importante de la historia moderna.

Señalar aquí y volver a comentar las cuatro vigas maestras, los cuatro criterios que resumen las condiciones de la convergencia para la realización de la Unidad Económica. Afectan, eso sí hay que decirlo, fundamentalmente, esos cuatro factores afectan a decisiones de la Administración del Estado, en las que sólo de forma muy indirecta puede tener un peso específico o influirse por este Gobierno Regional.

En el Dictamen consta, y a él me remito, y en él están explicados perfectamente estos cuatro grandes apartados, y han sido expuestos aquí y tratados también a lo largo de la mañana con profundidad, y, por lo tanto, entiendo innecesarias mayores reiteraciones. Pero, a pesar de ello, el Dictamen contiene indicaciones precisas sobre la necesidad de la participación de nuestra Comunidad Autónoma en la toma de decisiones y en el seguimiento del proceso de ajuste derivado de las nuevas macromagnitudes.

Se hace patente, por otro lado, en el Dictamen que sometemos a la consideración de estas Cortes, la necesidad de la participación decidida de Castilla y León en el Comité de las Regiones, a tenor del artículo 198.a) del Tratado. Y, sobre todo, estar presentes en las decisiones que afecten a asuntos tan importantes y de tanta transcendencia como salud pública, artículo 129; a las redes transeuropeas, artículo 129, letras b), c) y d), transportes, telecomunicaciones y energía; o a la cultura, desarrollo del artículo 126; o a la conservación del patrimonio cultural, la creación artística y literaria, el turismo y la cohesión económica y social, que se contemplan en el artículo 130, letras a), b), c) y d) del Tratado. Decisiones comunitarias todas ellas para las cuales es preceptiva, inexcusablemente, la previa consulta al mencionado Comité.

Todo este conjunto de actuaciones, Señorías, es lo que hace que nuestro Grupo califique el Dictamen de realista y de esperanzador, tal y como les señalaba al comienzo de mi intervención. También se hace constar, de manera especial, el interés de Castilla y León por la política comunitaria en el área de medio ambiente, sobre todo en lo que se refiere al desarrollo económico y social de la Comunidad en su conjunto y al desarrollo equilibrado de sus regiones.

Este Dictamen, Señorías, proclama, a juicio de nuestro Grupo Parlamentario, y por primera vez, un espíritu europeísta, al que se han sumado todos los grupos políticos presentes en esta Cámara, a excepción del Grupo Mixto. Del análisis del voto particular a la totalidad de este Dictamen que se ha presentado por el Grupo Mixto, replicamos señalando que no tiene ningún sentido, a nuestro juicio, el que pueda ni tan siquiera plantearse un conato de marcha atrás o de pasos tibios, vacilantes, o de conceptos dudosos, cuando, bajo el punto de vista de cuantas personalidades han intervenido en las sesiones de la Comisión de Asuntos Europeos de estas Cortes, así como las conclusiones a las que han llegado los grupos políticos presentes en la Comisión, que avalan el Dictamen, se señalan como necesarias cuantas actuaciones sean precisas para que nuestra Comunidad pueda ser oída en el amplio marco del contexto europeo.

(-p.803-)

Por ello, permítame, señor Portavoz del Grupo Mixto, decirle que usted, que nos demostrado en numerosas ocasiones y nos sigue usted demostrando su permanente preocupación por los problemas de esta Comunidad; usted, que nos viene demostrando con su trabajo y su interés por todo lo que afecta al desarrollo económico, social y cultural de esta Región, creo que no puede estar firmemente convencido de que su voto particular sea lo más beneficioso para esta Comunidad, para su desarrollo y su programación económica y social, su progresión.

Que cada Grupo mantenga, ciertamente, sus diferentes criterios es algo que no puede ni tan siquiera cuestionarse, en un principio muy claro, como es el de la legitimidad política de todo Grupo. Pero no es menos cierto que hoy, y ante los acontecimientos que se avecinan, tenemos que recorrer mucho camino, tenemos que salvar muchos obstáculos y hay que verter, en el proceso de Unión Europea, muchas dosis de imaginación y de coraje y conseguir los objetivos que, en líneas generales, se señalan en el Dictamen de la Comisión.

Por supuesto, no voy a señalarle ni voy a desmenuzarle las cincuenta y tantas medidas o recomendaciones que el Dictamen contiene, y que abarcan tanto los aspectos puramente económicos como los sociales, los culturales, los políticos, los de medio ambiente; pero no puedo por menos de decirle, señor Herreros, que nuestra Comunidad, con o sin Maastricht, necesita la totalidad de medidas que en el Dictamen se proponen.

Su voto particular dice que el Dictamen es una declaración interesante y laboriosa. Yo le digo que es algo más este Dictamen. Le digo que es una programación de actuaciones, le digo que es una pauta, le digo que es un modo de tratar y de conseguir para nuestra Comunidad poder obtener los mayores beneficios de la Unión Europea.

Usted señala y mantiene que priman las ideas de globalidad mercantil europea y de la cultura por encima de los intereses específicos de Castilla y León. Y yo le replico que Castilla y León también es Europa y que su afirmación no es cierta.

Usted dice que hay dos ideas en el Dictamen: por un lado, el compromiso europeísta de las Cortes, y, por otro, su carácter positivo para Castilla y León. Y yo le digo que eso es verdad y que, además, es obligado que así sea.

Usted dice que es necesario avanzar hacia una unión europea, pero que las consecuencias de la unificación pueden ser negativas para una economía como la nuestra. Y a ello le replico que, efectivamente, serán negativas si nos cerramos en banda, si hacemos oídos sordos y no nos pronunciamos de una forma enérgica y eficaz ante el reto europeo.

Usted señala que los puntos 3 a 56 del Dictamen suponen, de una u otra forma, incremento del gasto. Y le replico muy simplemente y muy sencillamente, y le matizo: pero más del gasto de los países... del resto de los países de Europa, del gasto europeo.

En resumen, Señoría, usted defiende, como no podía ser menos, lo que su formación política viene defendiendo y manteniendo en otros foros y en otras instancias, lo cual respeto profundamente; pero no podemos en forma alguna, en esta Comunidad, compartirlo.

Por ello, tenemos que rechazar su voto particular. Y termino indicándole su tremenda y grave contradicción cuando indica, en el mismo, que la mayoría de las medidas que se instan a la Junta de Castilla y León a poner en práctica solamente tienen sentido en tanto se integren en un plan de desarrollo. Y le señala, le señalo y le digo que esto es lo que contempla el Dictamen. Y usted se equivoca igualmente cuando señala que una idea del Dictamen es la concentración de población, cuando el Dictamen..., en las cabeceras de comarca, cuando el Dictamen lo que habla es de una concentración de servicios en esas cabeceras de comarca, que es algo totalmente distinto.

Pero no se vea este Dictamen, por estar, precisamente, suscrito o avalado por la mayoría de los Grupos presentes en esta Cámara, como algo que, ciertamente, no tenga sus dificultades, y que es preciso precisar algunos matices antes de terminar mi intervención.

Hemos creído entender el compromiso del Gobierno para cumplir los acuerdos de Maastricht, y nosotros aceptamos la responsabilidad de contribuir a ello; pero si el elemento desestabilizador de estos acuerdos fuese el propio Estado Central, nosotros no vamos ni podemos permanecer impasibles ante este hecho, porque Maastricht va a significar, por supuesto, sacrificios de adaptación, que entre todos hemos de compartir. Igualmente -y tómese buena nota de ello- exigiremos al Gobierno que se cumpla y que cumpla con sus obligaciones.

Aquí no es posible que demos un cheque en blanco absolutamente a nadie, y si nosotros contribuimos a la disminución del déficit público no va a ser a costa de que el del Estado español se dispare.

El presente, hoy por hoy al menos, bajo nuestro punto de vista, no puede ser más desesperanzador. En los cinco primeros meses del año mil novecientos noventa y dos, el déficit del Estado Central ha consumido el previsto para todo el año. Para mayor incertidumbre, hoy mismo, la OCDE establece una previsión del déficit para mil novecientos noventa y dos del 5%, mientras que el programa de convergencia lo contempla en el 4%. Mal empezamos, Señorías, mal empezamos. Y estamos en condiciones de asegurar que si el Estado Central no cumple con sus compromisos de déficit, Castilla y León no está obligada tampoco a cumplir los suyos. Que quede esto muy claro.

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Otro aspecto fundamental que va a afectar profundamente a nuestra región son los futuros fondos de cohesión. No parece que se vaya a conseguir lo previsto por el Gobierno para España, y la cantidad inicial se va reducir en el 50%, porque los países más avanzados no están dispuestos -según dicen- a pagar más fiestas a los países del sur.

Este hecho nos preocupa, porque si no llegan esos fondos de cohesión, ¿qué va a pasar con las inversiones en infraestructuras que están comprometidas con Castilla y León por parte del Estado Central? Ciertamente, vamos soportando ya demasiados retrasos. ¿Cómo vamos a compensar los efectos de la integración sin los fondos de cohesión?

Señores Procuradores, los que creemos que la importancia de este Dictamen es notoria para nuestra Comunidad estamos firmemente convencidos de que las sugerencias, cuantas sugerencias se hacen a la Junta de Castilla y León, no lo son solamente a ella, sino también a otras Administraciones, y que lo que es importante hasta este momento es la toma de conciencia que se ha hecho, a nuestro juicio, por primera vez a nivel regional en España, del hecho europeo, y ello justifica la necesidad de mentalizar a nuestros ciudadanos de sus efectos en un plazo muy próximo en el tiempo.

Tenemos, por fin, que tener en cuenta que como el mismo tratado señala, éste constituye una nueva etapa en el proceso creador de la unión, cada vez más estrecha, entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible -señala el Tratado- a los ciudadanos. Tendrá como misión organizar de modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos. Y en este proceso, Señorías, es nuestro deseo que Castilla y León sea no un mero espectador, sino un auténtico protagonista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Aguilar. Señor Herreros, creo que no era lo acordado en Junta de Portavoces. Pero, bien; dado que alguno de ellos, al fijar sus posiciones, lo que realmente han consumido es un turno en contra, esta Presidencia no tiene inconveniente en abrir un turno de réplica y dúplica. Lo que sí le ruego es brevedad y concreción, por favor. Tiene la palabra si quiere replicar.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. La verdad es que yo no aprovecho esas circunstancias que dicen que por... cómo, cómo es, por alusiones directas y no sé cuántas cuestiones más, pero, vamos, yo creo que habíamos, no convenido en la Junta de Portavoces, efectivamente, sí en la Comisión, que se podía hacer de esta otra forma, y, al final, creo que habíamos llegado a este acuerdo. Pero, bueno, yo no entretengo más, porque sería interesantísimo y cada vez que entramos en mayores profundidades del debate, después de lo que aquí se ha escuchado, todavía me suscita mucho más ánimo el conseguir el que se pudiera tener en cuenta la precisión que hacía el Presidente de la Comisión, para poder llegar a enriquecer extraordinariamente todo este debate. Al margen de algunas apreciaciones que, de verdad, lo digo ya de antemano y para no entrar ya más en ello, en relación con lo que ha hecho el Portavoz del Partido Popular.

Mire usted, no, lo siento. No siga jugando. Si quiere puede seguir haciéndolo, con toda la confianza. Pero creo que yo he demostrado hasta la saciedad, y lo sigo demostrando, en lo de europeísta y no europeísta.

No sería ni siquiera conveniente que yo sacase aquí, incluso de la coherencia que realizo en función de los acuerdos que pueden tener otros Grupos, perdón, mi propio Grupo Político en otros foros, porque, a lo mejor, tenía que repasarse el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, donde el señor Portavoz del Partido Popular pone "chupa domine" al Programa de Convergencia.

Pero, bueno, que yo creo que no es ésa la cuestión. La cuestión creo que es avanzar hacia una unión política, y no quedarnos en el estrecho margen de la unión económica y monetaria. Y, por supuesto, entender que ésa debe de hacerse entre todos y todas los ciudadanos de este país, de esta Comunidad, de Europa, y no exclusivamente a expensas de los mismos, y lo de siempre.

Y entro ya, prácticamente, a abordar algunos aspectos de lo que dice, de lo que planteaba el Portavoz del Grupo del PSOE, Socialista.

Yo estoy en muchas cuestiones de acuerdo con lo que se plantea, pero hay algunas otras que no las acabo de entender muy bien.

Yo no hago "chauvinismo" regionalista, pero cuando leo esto de "la renta per cápita de los españoles tardará veinte años en ser igual a la media de la Comunidad Europea", y después veo el PIB por habitante en España, en porcentajes, y observo que en mil novecientos noventa y uno es del 68,62% en Castilla y León, mientras que en Madrid es del 102,79, o en Baleares el 108, o en Andalucía el 55, digo: miren ustedes, Señores, o entendemos que eso debe de ser de una forma más equilibrada, o, de lo contrario, que a nadie se le escape, primero, que hemos de pensar en mecanismos que susciten algún tipo de reequilibrio, y es a lo que yo me refería anteriormente.

Si no es que no estemos de acuerdo en cuanto a... -y aludo un poco a lo que decía anteriormente-, en cuanto al reto de la unión europea, en cuanto a las ventajas y a la conveniencia. En lo que no estamos en absoluto de acuerdo es que sean ésas las medidas más eficaces y, sobre todo, las más justas para conseguir esos indicadores de la unión económica y monetaria. Ese es el gran problema.

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Y no es de este modesto desconocedor de la economía en sus acepciones profundas; es de una gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras que en un momento determinado, no sé si con una explicación suficiente, son capaces de responder a una convocatoria de un paro general. Y digo más: probablemente, y, por supuesto, no me incumbe a mí -como decía ayer el señor Consejero de Fomento- no tengo esa responsabilidad, pero si no se modifican algunas cuestiones, ya se han avanzado por parte de los máximos responsables de UGT y de Comisiones Obreras que habrá que hacer algún tipo de presión para que se corrijan algunos de estos problemas. Porque es difícil, incluso, comprender las explicaciones argumentales que se han venido utilizando para decir: como esto está en estos momentos en debate en el Congreso, no podemos entrar; y, sin embargo, lo que está aprobado ya por el Congreso, que es el Programa de Convergencia, ahí sí podemos entrar, en la próxima reunión que van a tener, o entrevista, el Presidente del Gobierno con el representante de UGT y de Comisiones Obreras.

Bueno, yo creo que eso está condicionando alguna cuestión y de forma importante.

Y yo le voy a decir más. Le voy a dar la relación bibliográfica de la documentación que me he leído en estas fechas, que se lo comentaba, que había sido mucha. Y uno de los mayores o mejores documentos en la perspectiva de la integración fue el que elaboró usted mismo, es el que se titula "Integración en la Comunidad". No lo digo con ningún tipo de ánimo vindicativo en cuanto a que, bueno, usted no entiende muy bien. Muy bien, yo no entiendo muy bien. Sí entiendo, sí leo, y sí he tenido la paciencia de leerme el Acuerdo o Tratado de Maastricht -que no sé si lo habrá tenido mucho la paciencia de leerlo-, su documento de integración en la Comunidad Europea y repercusión en el desarrollo económico de Castilla y León. El libro de Bustos. Me he leído también el libro de Ramiro Fernández García. Y, saben, un documento que me ha parecido muy interesante: las propuestas de la CECALE. Son realmente para meditar. A lo mejor tienen una cierta interpretación parcial, con el ánimo de arrimar el ascua a su sardina, pero me parece también que tienen una gran importancia en esta cuestión, y que había que hacerlo.

Mire, hay un tema que yo, neófito, reconozco: van a venir recursos de fuera, no acabo de entenderlo muy bien. Si estamos en unas condiciones muy interesantes, desde el punto de vista de los costes sociales, e incluso de la paz social, incluso de algunos otros elementos que pueden configurar un cierto estímulo desde el exterior, o ventaja, por qué ese mismo estímulo no lo apuran y no lo emplean nuestros propios empresarios.

Una cuestión que no he utilizado, porque es, efectivamente, posible que vengan, y han venido, y se han llevado la mayor parte de las titularidades de las empresas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; con lo cual, lo que se denominaba las plusvalías o beneficios, veremos a ver dónde van, porque en cuanto haya el más mínimo problema, es muy probable que echen a correr y que no tengan tanta preocupación como los que tenemos que quedarnos a vivir aquí, que tendremos unas ciertas limitaciones. Por eso yo hablaba del sector privado. Sí, por supuesto, que no es un encasquillamiento mental ni ideológico, que es perfectamente inteligible la posición de cuando hay que hacer medidas eficaces, y con gran urgencia, y con gran inversión, no para seguir manteniendo el status quo que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es conveniente sector público, sector privado, y si hay sector mixto y mediopensionista también. También.

Yo quisiera decir, ya para concluir, son algunos puntos... Concretamente, cuando las empresas de Madrid, cuando las empresas de Cataluña van bien, indirectamente las empresas de Castilla y León también van bien; un razonamiento muy primitivo que se me ocurre a mí: pues, que vayan primero las nuestras mejor, porque si las nuestras van bien, posiblemente también, indirectamente, van bien las de los demás. Pero cuando hacemos un análisis comparativo, lo que sí observamos es que, como haya un tejido industrial, productivo, mucho más asentado, mucho más rico, mucho más activo, más dinámico en esos lugares, apenas se nota que se produzcan dos, tres crisis sectoriales, subsectoriales, de rama o de una empresa. Aquí cada vez que tenemos que aludir a la economía de escala o a una de esa naturaleza, solo tenemos FASA. Pero se acabó. Que nos debemos de sentir incómodos. Pero se acabó. Entonces, yo creo que eso mismo debe de hacernos pensar que tiene que haber otros mecanismos.

Síntesis, y concluyo. Nosotros estamos por Europa, con el criterio de la Europa, de unidad política, criterio de superación del déficit democrático. Nosotros entendemos que los indicadores de la convergencia nominal son absolutamente imprescindibles. Nosotros entendemos que no son exclusivamente las medidas aplicadas en el Programa de Convergencia las que pueden llegar a hacer, incluso, la convergencia nominal. Nosotros entendemos que la convergencia real es absolutamente indispensable, porque en vez de acomodar: esto es lo hay que hacer y entonces todo lo demás tiene que supeditarse para llegar aquí, nosotros entendemos: esta es la realidad, y tendremos que ir evolucionando para llegar a esa convergencia, que, en definitiva, puede dotarnos de grandes resortes. Pero no hay mecanismos, en ningún caso, ni consultas han existido a esta Comunidad Autónoma, al resto de las Comunidades Autónomas; ni siquiera hay nexos, lazos, vínculos posibles, desde el punto de vista político, para ver cómo vamos a poder llegar, en cierto modo, a trasladar lo que aquí se apruebe, no sólo la Junta de Castilla y León, que es muy importante, sino la Junta de Castilla y León en el ámbito general de la Comunidad española y la Comunidad Europea. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Algún Grupo quiere utilizar turno de dúplica? Señor Jiménez-Ridruejo , del Grupo Socialista, tiene la palabra.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

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EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Gracias. Simplemente un par de observaciones. Miren, ni los economistas están de acuerdo sobre lo que decimos en la teoría. Si no me recuerdo mal, porque de estos temas hace algún tiempo que dejé de leer, pero creo que era Vela Balasa el que estaba de acuerdo con que habría efectos positivos generalizados para todas las regiones, y creo que era Myrdall el que decía que no, que habría efectos positivos para las regiones más avanzadas, más efectivas y más productivas. Por tanto, no hay acuerdo en esto. Aquí no hay dogmas, y, probablemente, el resultado de ello es que no deberíamos de acudir a argumentos basados en el valor o el peso específico de autores anteriores, etcétera. Yo creo que hay que aceptar, razonablemente, que el resultado de todo este proceso cambia según estructuras económicas, según circunstancias históricas, según espacios geográficos, pero que, en todo caso, dependerá de la actitud de los agentes económicos. Es decir, que los agentes económicos tengan conciencia del reto y de su capacidad de respuesta, esa es una cuestión fundamental, creo yo.

En cuanto a la equidad y el bienestar de los ciudadanos, yo insisto que la justicia es un concepto. Es dialéctico y, por lo tanto, también difícil de identificar. Pero la mayoría de los ciudadanos entienden y sancionan la política del Gobierno en los últimos años como una política razonable, y buena prueba de ello es que nos votan por mayoría absoluta.

No van a venir recursos económicos. Mire usted, en los últimos seis años los movimientos de capital, las entradas de capital en España han sido próximas a los dos billones de pesetas, de ahorro foráneo que está financiando actividades. ¿O cree usted que hubiéramos podido mantener el 4,3% de crecimiento acumulativo en esos cinco años si no nos lo hubieran financiado, dado nuestro nivel de ahorro, los extranjeros? Han venido porque buscaban rentabilidad, han venido porque buscaban oportunidades rentables de inversión, han venido porque les mueve su interés. Ahora, ¿con un espíritu europeísta?, ¿con un espíritu europeísta? A mí me es igual que se llame García o se llame Dupont, porque García y Dupont se van a llevar de Castilla y León los beneficios, si los hay. Pero hay estudios que revelan que Dupont ha mantenido tres veces mejor que García los empleos en los últimos veinte años en esta tierra. Por lo tanto, si el capital es francés, bienvenido sea.

Porque a mí lo que me interesa es el interés de los ciudadanos de Castilla y León, no me importa que el capital sea catalán, vasco, madrileño, francés o alemán; me es indiferente. De hecho, para mí, a efectos europeos, ese capital es europeo, y yo me siento europeo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Concluido el debate, se va a proceder a someter a votación, en primer lugar, el Voto Particular presentado por el Grupo Mixto, y, a continuación, votaríamos el Dictamen de la Comisión.

Los que estén a favor del Voto Particular presentado por el Grupo Mixto, que levanten la mano. ¿Los que estén en contra? Gracias. ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y seis. A favor del voto particular: uno. Sesenta y cinco en contra. Queda, lógicamente, rechazado.

Se vota ahora el Dictamen elaborado por la Comisión de Asuntos Europeos. ¿Votos a favor del Dictamen? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y seis. Votos a favor del Dictamen: sesenta y cinco. En contra: uno. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda aprobado el Dictamen presentado por la Comisión No Permanente de Asuntos Europeos y las conclusiones, que han sido igualmente aprobadas.

Se levanta la sesión, y muchas gracias.