DS(P) nº 27/3 del 16/12/1992

MUÑIZ ALBIAC

EL SEÑOR MUÑIZ ALBIAC: Gracias, señor Presidente. Señorías, la formulación de la pregunta que tiene delante de usted el Consejero es la siguiente. Se refiere a los premios "C" de turismo, y dice así: ¿han cambiado las razones objetivas en defensa del interés turístico en la convocatoria de los premios "C" de turismo en este año de mil novecientos noventa y dos, al haber correspondido dicho galardón al municipio zamorano de Coreses, en detrimento del municipio de la misma provincia de Puebla de Sanabria?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En nombre de la Junta, señor Consejero de Cultura, tiene la palabra.

ZAPATERO VILLALONGA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO (SEÑOR ZAPATERO VILLALONGA): Señor Presidente, señoras Procuradoras, señores Procuradores. Puesto que la pregunta se refiere al posible cambio de los criterios que impulsaron la convocatoria de los premios "C", he de tranquilizar a Su Señoría confirmándole que no han cambiado en absoluto.

De todos modos, he de aclarar al señor Muñiz Albiac que con los premios "C" la Consejería no pretende galardonar a la localidad con mayores posibilidades o atractivos turísticos, puesto que, de ser así, seguramente Puebla de Sanabria obtendría tal distinción en la mayoría de las ocasiones, si no en todas, pues no vamos a descubrir ahora la singular belleza de esta población, sino que lo que se pretende es recompensar los esfuerzos realizados en la promoción del turismo, teniendo en cuenta los medios al alcance de cada municipio. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Muñiz Albiac, para réplica tiene la palabra.

MUÑIZ ALBIAC

EL SEÑOR MUÑIZ ALBIAC: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Consejero, me agrada infinitamente oírle lo que ya el Presidente de los premios dijo: que Sanabria es la zona que más interés turístico posee.

Por lo tanto, lo que aquí me gustaría que usted reconociera conmigo es que el criterio de los premios "C", pues, en reconocimiento debería de ser... y comentárselo así a los miembros del jurado, los cuales al grito unánime de "esto se hunde" han ido ya diciendo por ahí lo que han votado y lo que han dejado de votar; me gustaría que reconociera que los premios "C" van, definitivamente, a poblaciones con mejor dotación turística que otras.

Porque, en definitiva, señor Consejero, yo creo que la localidad de Coreses, que sí se merece cualquier otro premio. Yo le sugiero, por ejemplo, el premio "V de oro", al velódromo inacabado; o el premio "B de oro", a la bodega más frecuentada por los miembros del Ejecutivo de esta Comunidad". Sin embargo, sin embargo, como todo el mundo sabe, el turismo de esta provincia desembarca aquí para ver casas de cultura y velódromos. Eso no es serio.

Y usted, señor Consejero, que ha sido lo suficientemente valiente... lo suficientemente valiente en Zamora para reconocer allí hace unos días, delante de un evento cultural, calificarlo de "provinciano", sea usted lo suficientemente valiente hoy para reconocer aquí que los premios "C" de turismo han sido lo suficientemente locales y caciquiles.

Porque, en definitiva, señor Consejero, lo que aquí se juzga es la credibilidad del premio, la credibilidad del jurado y la credibilidad de la institución. Y en la credibilidad de la institución todos tenemos algo que decir. Gracias, señor Consejero.

(-p.1046-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para dúplica, señor Consejero de Cultura, tiene la palabra.

ZAPATERO VILLALONGA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO (SEÑOR ZAPATERO VILLALONGA): Sí, señor Presidente. Señor Procurador, el jurado provincial de Zamora, en atención a sus méritos en la promoción del turismo, ha propuesto al municipio de Coreses para ser galardonado con el premio "C" como recompensa por una serie de actuaciones de indudable valor en favor de la promoción turística, llevadas a cabo, prácticamente, sin ayudas oficiales.

Citaré como ejemplos de estas acciones, contempladas para la adjudicación del premio, las siguientes: la oferta de una serie de centros de ocio, como son piscina, polideportivo, campo de fútbol, campo de calva y plaza de toros; la construcción de un velódromo; la potenciación de las fiestas populares; la inversión de más de 25.000.000 de pesetas en la construcción de una casa de cultura; la ejecución de importantes mejoras urbanísticas, entre ellas la urbanización de la Plaza Mayor; la creación y mantenimiento de jardines dentro del casco urbano; la aprobación de un Plan de Ordenación Urbana; el encauzamiento y cierre del arroyo, convirtiéndole en una avenida con jardines y parque infantil; el mantenimiento en la localidad de una oficina turística; la programación de veranos culturales; e, incluso, mencionaré, aunque sólo indirectamente pueda incidir en la promoción del turismo, la creación dentro del término municipal de un polígono industrial.

Teniendo en cuenta todas esas actuaciones, el jurado provincial, aun valorando muy positivamente la candidatura de Puebla de Sanabria, se decantó finalmente en favor de Coreses, al considerar el esfuerzo que ha supuesto llevar a cabo toda esa actividad para una entidad con una población de alrededor de mil trescientos habitantes, sin recibir ayuda, para ello, de otras instituciones.

Atribuir al jurado intenciones de favoritismo creo que es ir demasiado lejos, sobre todo cuando el jurado está integrado por miembros de la prensa. Al menos sobre ellos, confío en que Su Señoría no dude de imparcialidad, ya que sobre todos los demás parece recaer su sospecha.

Estoy convencido de que Coreses merece esta recompensa tanto como Frómista, Serrada o Sepúlveda, localidades gobernadas por el Partido Socialista, que también han sido favorecidas recientemente, y con todo merecimiento, este año, por los premios "C".

Esperaba esa alusión a la famosa bodega de ese Ayuntamiento, a la que yo no he ido todavía, pero sí que pienso ir, porque yo acepto todas las invitaciones de mis amigos sin mirarles el carnet.

No querría yo pensar, por el contrario, en favoritismos políticos en lo que se refiere al reparto de fondos por el Gobierno Central en el desarrollo del Plan INTEREG o Plan Transfronterizo, en virtud del cual Puebla de Sanabria ha obtenido 110.000.000 de pesetas y el resto de los ayuntamientos de la zona han sido despachados con las migajas sobrantes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Hay una segunda pregunta de actualidad que formula don Antonio Herreros. Tiene la palabra para ello.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. La proximidad de las fechas navideñas creo que es lo que ha salvado a esta pregunta en el concepto de actualidad, y esa misma proximidad es la que nos lleva también a realizar la siguiente pregunta: ¿qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León a fin de hacer respetar las diversas especies arbóreas protegidas, amenazadas por talas en estas fechas navideñas, como son los acebales existentes en la región?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En nombre de la Junta, el Consejero de Medio Ambiente tiene la palabra.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Señor Presidente. Señoría. No es que se trate de medidas que piensa tomar; son medidas que ya están tomadas por el Gobierno Regional, por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Medidas que están persiguiendo dos..., unos objetivos, que son asegurar, por una parte, la pervivencia de los acebales, ordenar su aprovechamiento haciéndolo compatible con el posible beneficio económico que pueda obtenerse de ellos, por parte, fundamentalmente, de los ayuntamientos, y aumentar la población de estos bosques de acebales.

Esos son los objetivos; pero las medidas que están puestas en marcha, unas se refieren a las cortas, que han de tener la autorización de la Junta, que se han de realizar en presencia de funcionarios de la propia Junta, que están, pues, controladas, y que están documentadas las partes del acebo que son transportadas como objeto de decoración navideña.

Y hay otra medida que va encaminada a cumplir el objetivo de incrementar los acebales, que es la repoblación. Y en la repoblación, anualmente se viene haciendo por parte de la Junta de Castilla y León una repoblación de veinte mil plantas todos los años.

Pero como, además, hay que seguir avanzando en el conocimiento de los programas de ordenación de este tipo de especies, pues estamos en contacto con la Escuela de Ingenieros de Minas... de Montes, perdón, y con Valonsadero, para ir mejorando los sistemas de ordenación y protección de estos bosques.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para réplica, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

(-p.1047-)

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Consejero, no pongo en duda sus expresiones, pero usted conoce lo mismo que yo que, periódicamente, y en estas fechas, se produce un fenómeno tremendamente lamentable, y es la interpretación diversa que puede hacerse de las órdenes, de las normas e incluso de la actividad selvícola que puede ser recomendable.

Yo no sé si posteriormente a la Orden de protección del acebo, publicada el cuatro de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro ha tenido alguna formulación nueva, pero desde la declaración de especie protegida, de la prohibición de corta, así como de su comercialización, así como, incluso, el uso que en algunas oportunidades se ha dado, llegó a producirse el año pasado talas que decían que eran aconsejables desde el punto de vista técnico, de hembras de acebo, en una cantidad muy importante y con unas dimensiones que en nada tenían que ver con lo que se denomina una simple poda, que ni siquiera entiendo que está permitida, según esta propia Orden.

Me parece que sería muy interesante que pudieran extremarse medidas, no sé si de reflexión o de aplicación de la norma, o de compensación de las necesidades económicas que se han ido fomentando, y, a lo mejor, sustituir esos aspectos ornamentales por el muérdago, que sí sería necesario irle, no retirando, pero sí aprovechando. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Consejero, si desea duplicar.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Sí, muy brevemente, Señoría. Sí, en efecto, señor Procurador, la Orden a la que usted hace referencia está derogada, y está derogada por un Decreto, el 341 de mil novecientos noventa y uno, en el que se establecen las normas que han de imperar para el aprovechamiento de estas especies, de adorno en muchas ocasiones, y que le quiero dejar muy claro que, a pesar que todos coincidimos en que tiene un gran valor medioambiental el acebo, en el caso concreto que estamos hablando, le quiero dejar claro que no es una especie protegida. No es una especie protegida.

Y que tenemos que tratar de renovar esa especie, como consecuencia de la supresión de prácticas agrícolas o ganaderas que existían tiempo atrás y que, como consecuencia de su supresión, ha venido en un proceso de deterioro continuado. Y ése es el objetivo que buscan estos planes de ordenación y estos sistemas de estudio más en profundidad.

No voy a hablarle de los aspectos técnicos de la poda, como el desmoche de los acebos, porque entraríamos en un debate, desde mi punto de vista, estéril. Lo que sí quiero es mandarle el mensaje de tranquilidad en el sentido que usted lo plantea, de que, primero, hay un Decreto que regula los aprovechamientos; segundo, insisto, se controlan esas podas; en tercer lugar, se tiene que documentar la comercialización de las mismas, y yo soy partidario de que, siempre que sea posible, haya un recurso económico que pueda aprovechar un pueblo, que lo aproveche, consiguiendo el objetivo que siempre estamos hablando de hacer compatible el desarrollo con la conservación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Antes de entrar en el segundo punto del Orden del Día, esta Presidencia, de conformidad con lo prevenido en el artículo 72.1 del Reglamento de la Cámara, y a petición de los Portavoces de los respectivos Grupos Parlamentarios, propone al Pleno la alteración del Orden del Día en los términos siguientes:

El quinto punto que figura en el Orden del Día, Proposición No de Ley que presentan los Procuradores don Octavio Granado y otros, relativa al Teatro Principal de Burgos, que se pase a debatir como tercer punto del Orden del Día, después de las preguntas con respuesta oral.

Y el punto séptimo, Proposición No de Ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular sobre la Ley del Voluntariado, el Proyecto de Ley del Voluntariado, que fuese el cuarto punto del Orden del Día.

¿Se acepta esta alteración? Gracias.

Señor Secretario, le ruego proceda a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Segundo punto del Orden del Día: "Preguntas con respuesta Oral".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Pregunta que formula el Procurador don Octavio Granado Martínez, registrada con el número setenta y cinco. Puede formularla, por favor.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Para anunciar, en primer lugar, que retiro en estos momentos la pregunta siguiente, la pregunta número cincuenta y cuatro. Y para formular, en sus propios términos, la pregunta número cincuenta y tres, a la que me estoy ateniendo.

En unas recientes declaraciones a diferentes medios de comunicación, el Delegado Territorial de la Junta en Burgos reconocía que el coste de la penetración de Cortes que en estos momentos realiza la Junta superaría en 200.000.000 de pesetas lo inicialmente presupuestado. ¿Cuáles son las causas del desfase entre el coste real y el inicialmente presupuestado en este proyecto?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para su contestación, en nombre de la Junta, señor Consejero de Fomento tiene la palabra.

MERINO DELGADO

(-p.1048-)

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, Presidente. Para contestar a la pregunta de don Octavio Granados. El proyecto al que hace referencia se presentó por el Ayuntamiento de Burgos en su día a la Junta de Castilla y León. Como se sabe, la penetración de Cortes es una penetración hacia la ciudad desde la autopista que va desde Madrid a la frontera francesa.

El proyecto se presentó, como he dicho; la Junta lo estudió con el Ministerio de Obras Públicas, como es prioritario en este caso, y además preceptivo, puesto que era una penetración que entraba desde la propia autopista, que como sabemos es competencia del Estado, e inició, una vez visto por el Ministerio, se inició la ejecución. Hay que partir de la premisa de que este es un acceso, una penetración a la ciudad que correspondería haber sido realizado por el propio Ministerio, pero, ante la falta de realización en su día, se optó por parte del Ayuntamiento por solicitarlo a la Junta.

La Junta lo inicia con un presupuesto de 447.383.616 pesetas, y se inician las obras el treinta de mayo de mil novecientos noventa y uno. Se incrementan estas obras en un 19,95%, y existe una baja en la licitación del 20,20%, por lo cual queda compensada, prácticamente, esa diferencia.

No obstante, hay después dos modificaciones sustanciales: una, por una petición de los vecinos de ese barrio, para que se les haga un paso inferior, y eso ya supone una modificación del proyecto inicial que incrementa el coste. Posteriormente, hay una adaptación de la Orden circular del Ministerio de Obras Públicas 306/89, puesto que en sus inicios, cuando el MOPU aprueba el proyecto, lo aprueba sobre la base de lo que el Ayuntamiento y la Junta le presentan, y entre las dos partes, las dos demarcaciones de carreteras, acuerdan iniciar la obra sin perjuicio de que después se vaya a algún tipo de modificación, sobre todo a adaptación a la nueva normativa del Ministerio. Y, efectivamente, se hace en una fase de contratación posterior.

La primera, es decir, el paso inferior que pide el barrio, supone 49.915.000 pesetas; y la segunda parte, es decir, la adaptación a lo que exigía la Circular del Ministerio de Obras Públicas, supone 75.000.000 de pesetas; todo ello a incrementar sobre los precios iniciales.

Por tanto, las causas a que obedece la diferencia entre el coste final y el inicialmente proyectado de las obras objeto de la presente pregunta se encuentran, fundamentalmente, en nuestra opinión, en la necesidad de adaptarnos, primero, a los criterios fijados por el Ministerio, y, segundo, a dar respuesta a lo que algún colectivo vecinal había pedido de necesidad concreta para ese barrio.

Por tanto, entiendo que ha habido una coordinación clara entre lo que el Ministerio en su día estableció para ese acceso a cortes, y lo que la Junta aprobó de acuerdo con el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Burgos.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Dando por retirada la pregunta formulada por el señor Granado número cincuenta y cuatro, puede formular la número cincuenta y cinco.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. El once de septiembre de mil novecientos noventa el Ingeniero Jefe del Servicio... del Servicio y Explotación de la demarcación de carreteras de Castilla y León oriental en Burgos contesta a un escrito remitido en julio del mismo año por el Ayuntamiento sobre el tema que nos ocupa, sobre la penetración de Cortes, haciendo algunas observaciones sobre las características de la obra.

En este sentido, entre esas observaciones, estaban el que el proyecto modificaba, estrechando la plataforma de la vía nacional sobre la que accede la penetración, que varias rasantes pasaban por debajo de dichas carreteras sin estar suficientemente separados del firme de la carretera, y que era necesario modificar, por lo tanto, las pendientes, los muros de sostenimiento, etcétera.

A ese oficio no se da -por lo menos no queda registrado en el Servicio de Carreteras de Burgos- ninguna contestación. Y en los últimos meses ha aparecido en la prensa burgalesa cómo también esta... la necesidad de solucionar estos problemas apreciados en el año mil novecientos noventa por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -ahora de Transportes- en Burgos está en las causas del encarecimiento del proyecto, y también cómo, incluso, la no solución de estos problemas puede dificultar, incluso, la apertura de la penetración.

Por todas estas razones a este Procurador le interesa saber qué posición tiene la Consejería sobre los problemas señalados en el oficio del año noventa que dirigió el Ministerio de Obras Públicas a la Consejería.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Contesta, en nombre de la Junta, el Consejero de Fomento, señor Merino.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Sobre este tema yo creo que no hubiera habido ningún problema si en su día el Gobernador Civil de Burgos, pues, no entra en una polémica con el Delegado de la Junta sobre una cuestión que era puramente política, y no tanto técnica, puesto que los responsables, tanto de la demarcación de carreteras, como del MOPU, como los de la Junta, estaban de acuerdo en cómo se debían de hacer las cosas.

(-p.1049-)

Y sobre todo porque después, y como la experiencia nos dice que pueden encontrarse casos similares en la propia autopista, después se comprueba que lo que nos exigían a nosotros y que nosotros hemos hecho -el propio MOPU, a instancias del Gobernador Civil-, nosotros lo hemos visto en esa misma autopista en al menos cinco o seis puntos.

Yo tengo aquí un reportaje de fotos, que le dejaré, para que vea que lo que a nosotros se nos exigía está en esa misma autopista desde hace varios años, de accesos, de carriles lentos, de carriles de acceso, etcétera, etcétera, al menos en cinco o seis puntos de esa autopista, bastante peligrosos.

Sin embargo el MOPU nos hace a nosotros, o el Jefe de Demarcación de Carreteras del MOPT nos hace a nosotros el requerimiento; nosotros, por supuesto, lo hemos cumplido, y lo hemos cumplido en todos sus términos hasta el punto de que ya está listo para ser inaugurada, y se va a inaugurar en este mismo mes, puesto que era una polémica puramente política, que salía de las cuestiones técnicas.

Yo tengo aquí declaraciones de prensa posteriores del propio Jefe de Demarcación de Carreteras, donde decía... del MOPT, donde decía que éstas eran unas cuestiones mínimas, que eran cuestiones técnicas y que se podían resolver en cualquier momento, puesto que no existía un impedimento que fuese ni contra la Ley, ni contra la seguridad vial, ni nada por el estilo, y que únicamente había sido una cuestión de discusión técnica, más que otra cosa. Que yo entiendo, y así se relacionaba en alguna noticia de prensa en Burgos, que vino originada porque cuando visitamos esas obras hace un mes la Junta indicó a los responsables de carreteras que se pusiera un cartel, donde pusiera que esa obra la estaba haciendo la Junta de Castilla y León, puesto que, si estábamos pagando, lo lógico es que no viniese solamente el nombre de la empresa constructora, sino que viniese también el organismo que estaba pagando la obra.

A raíz de ahí es el Gobernador Civil el que parece que toma cartas en el asunto e introduce esos elementos, que son los que luego dan lugar a ese impedimento por nuestra parte.

Por tanto, no hay ninguna situación en este momento anómala. La penetración de Cortes está perfectamente preparada para ser inaugurada y dar servicio a los burgaleses, que es lo que nosotros veníamos defendiendo. No tanto los problemas técnicos, sino de que eso era un servicio para Burgos y nosotros lo teníamos que dar. Y puesto que el Ministerio en su día no hizo esa penetración, queríamos hacerla nosotros.

Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Granado, para réplica.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. Desde luego, es inusual que la Junta de Castilla y León no ponga carteles en las obras que hace. A veces pone carteles en las que no hace, o sea, que por eso digo que este caso es realmente particular.

Pero, no obstante, el señor Consejero está mal informado. El Gobernador Civil de Burgos actúa porque el Delegado Territorial de la Junta hace unas declaraciones en los medios de comunicación en donde, precisamente, justifica el encarecimiento del que hemos hablado antes en los requerimientos del MOPU. Y esta es la primera declaración que tiene lugar sobre la penetración de Cortes en Burgos, muy anterior a las declaraciones del Gobernador Civil, muy anterior. Y si el señor Consejero tiene delante de sí el dossier de prensa completo, observará que las primeras declaraciones son del Delegado Territorial de la Junta en Burgos.

Y, en segundo lugar, me parece muy bien que la Junta de Castilla y León cumpla con los requerimientos que le hace el Ministerio de Obras Públicas en vías que son de su competencia. Casi mejor hubiera sido que desde septiembre del año noventa hubiera contestado al oficio que se le dirigió. Porque es verdad que la Junta está cumpliendo el requerimiento; también es verdad que con dos años de retraso. Y hubiera sido muy procedente que las observaciones que el señor Consejero hacía sobre la peligrosidad o no de determinados ramales y determinados accesos, pues, las hubieran hecho en su momento, adecuadamente, contestando a un oficio del Ministerio.

En estos momentos todos tenemos que congratularnos de que se haya llegado a una solución, que era la solución indicada por el técnico que la sugirió en septiembre del año noventa. Porque, entre otras cosas, de no haber sido así, esa carretera hubiera tenido un punto de peligrosidad importante, esa penetración hubiera tenido un punto de peligrosidad importante.

Y en cuanto a por qué el Ministerio de Obras Públicas no hizo la penetración de Cortes, también el señor Consejero está mal informado. El primitivo proyecto de penetración de Cortes suponía dar acceso a la ciudad de Burgos por la penetración de Cortes, por la antigua carretera de Cortes, lo cual suponía dar acceso a la ciudad de Burgos atravesando, una vez más, el Paseo de la Quinta.

Si el proyecto que al final se ha realizado hubiera sido sugerido en primer lugar, muy probablemente el Ministerio de Obras Públicas hubiera accedido. Pero el Ministerio de Obras Públicas siempre dijo, y con él estábamos de acuerdo muchos burgaleses, que no era posible seguir destrozando el Paseo de la Quinta. Y solamente al final, cuando era Consejero de Fomento el señor Monforte, por cierto, se buscó esta otra solución, que ahora se está ejecutando a satisfacción de todos los burgaleses.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Consejero, para dúplica.

MERINO DELGADO

(-p.1050-)

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Yo creo, señor Granado, que el que no está en lo cierto es usted. Porque, efectivamente, ese proyecto se aprobó en sus inicios por la Demarcación de Carreteras, tal y como se está ejecutando ahora, y no había esas reparaciones iniciales. Esas reparaciones iniciales surgen muy posteriormente, y, sobre todo, a instancias de esa polémica, y usted lo sabe mejor que yo. Lo que está claro es que en sus inicios el Ministerio de Obras Públicas ni quería hacer el proyecto inicial ni quería hacer el siguiente. Porque si hubiera querido hacerlo, era muy fácil haber dicho al Ayuntamiento: no se preocupe, no se lo pidan a la Junta, que nosotros lo hacemos. Por tanto, si no se hizo y tuvo que gastarse la Junta de Castilla y León en unas carreteras que no eran suyas unas cantidades tan cuantiosas, es porque el Ministerio de Obras Públicas no tenía voluntad de hacer esos accesos y pretendía dejar a la ciudad de Burgos sin ese acceso; ni más ni menos.

Por tanto, no nos quiera usted vender ahora que es que, como rompía el valor arquitectónico de una zona de Burgos, pues, el Ministerio no quiso hacerlo, porque tenía el segundo proyecto que fue aprobado por la propia Demarcación de Carreteras posteriormente. O sea, que eso no es una razón.

Y, desde luego, aquí, en este caso concreto, lo que sí le puedo decir es que las manifestaciones del Gobernador Civil de Burgos contradicen lo que usted ha dicho también y lo que al parecer le han comunicado en la Dirección General de Tráfico, por lo que leo en su pregunta. Desde luego, no es tampoco de extrañar, si tenemos en cuenta que usted ha ido a informarse o ha pedido información de la Dirección General de Tráfico, cuando no es la Dirección General de Tráfico la que tiene que informar sobre este tema, sino que la competente es la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas. Usted sabe que la seguridad vial de las carreteras no es competencia de la Dirección General de Tráfico, sino de la Dirección General de Carreteras. Y nosotros en todo momento hemos actuado coordinados con la Demarcación de Carreteras de Burgos.

Lo que ocurre es que aquí, como le he dicho antes, ha surgido la polémica cuando el Gobernador Civil introduce un elemento nuevo de polémica con el Delegado de la Junta, y es, desde luego, el inicio. No lo inicia el Delegado como usted ha dicho; lo inicia el Gobernador Civil. Porque en las manifestaciones de prensa lo primero que se dice es que el Ministerio prohibirá la apertura del tráfico de la carretera de penetración de Cortes, y lo hace a instancias del propio Gobernador Civil, no lo hace a instancias del Delegado de la Junta.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Pregunta número cincuenta y siete, que también formula el Procurador don Octavio Granado. Tiene la palabra.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. ¿Cuál es el coste que ha tenido, en términos absolutos -coste total-, y en términos relativos -coste por ejemplar-, el folleto "Olímpicos y paraolímpicos de Castilla y León"?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En nombre de la Junta, el señor Consejero de Cultura, don Emilio Zapatero, tiene la palabra.

ZAPATERO VILLALONGA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO (SEÑOR ZAPATERO VILLALONGA): Sí, señor Presidente. Me creo en la obligación, señor Procurador, que yo que conozco su trayectoria y conozco su ejecutoria en estas Cortes, me haya visto sorprendido por el estilo de los párrafos que antecedían a su pregunta, que no están en consonancia ni con su estilo personal y creo que tampoco con el estilo de esta Cámara.

El coste total de la publicación a la que Su Señoría se refiere ha ascendido a 433.043 pesetas, más 64.957 de IVA, lo que hace un total de 498.000 pesetas para una tirada de quinientos ejemplares; coste total por unidad, pues, incluido IVA, 996 pesetas.

En lo que atañe a la calidad artística de la publicación, no podemos sino respetar el criterio de quien, como Su Señoría, aparece como juez implacable, decisor universal, pontífice máximo y "arbiter elegantiarum" con cierto tufo inquisitorial", en lo que se refiere a la estética de las actuaciones de la Junta de Castilla y León. No obstante, en esta ocasión nos hemos permitido discrepar de tal cualificada opinión, pero no dude, señor Granado, que ante cualquier cuestión de índole estética que se pueda suscitar, acudiremos humildemente a pedir consejo de su docto magisterio.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Granado, para réplica.

GRANADO MARTINEZ

(-p.1051-)

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí. Muchas gracias, señor Consejero. Lamento que la pregunta no le guste; a mí no me gusta el folleto. La pregunta yo creo que está en consonancia con el folleto. Sólo se ha olvidado el denominarme como ángel exterminador, premio que me dieron en una ocasión los periodistas que cubrían la información de estas Cortes, por mis reflexiones con el señor León de la Riva, que entonces era Consejero, antecedente suyo. Por cierto que al señor León de la Riva yo le tengo oído muchas veces -y lamento que no esté presente precisamente en esta pregunta- que él tenía a gala no hacerse fotos, no hacerse fotos en los folletos que editaba como Consejero. Ahora vemos que este folleto, que cuesta unas mil pesetas, por lo que usted me ha venido a decir (quinientos mil palos, señor Consejero, le daría yo en la espalda por este folleto en cuestión, en términos así jocosos y por hacerle honor a esos epítetos que me ha dedicado), este folleto tiene dos fotos: la del Presidente de la Junta y la de su Consejero. Yo no sé si ustedes son olímpicos o paraolímpicos de Castilla y León; yo no lo sé. Lo que sí que sé es lo que me dijo mi hijo cuando le enseñé el folleto en cuestión. Además de quedarse encantado con las medallas, que dijo que le iban a servir mucho para jugar a las chapas, me dijo que cuántas medallas habían ganado los señores que salían en las fotos. Yo le dije que ninguna. Me dijo entonces que por qué salían. Y yo le dije que porque a veces, a veces, cuando salen dos caras en un folleto, aunque sean pocas, a veces hay mucha cara. A lo mejor no tenía que haber salido ninguna.

Yo creo, señor Consejero, que es prudente que usted siga el ejemplo de su predecesor; que no se saque tantas fotos; que, cuando homenajee a algunos deportistas, les saque las fotos a ellos; que procure no hacer folletos de mil pesetas y que procure que las mil pesetas, pues, lleguen a esos deportistas olímpicos y paraolímpicos, lleguen a lo mejor a los colegios, a los que les hubiera encantado tener un póster de los deportistas, lleguen a sitios en donde se pueda hacer fomento del deporte, y no fomento de su imagen y la del Presidente de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para dúplica, señor Consejero de Cultura, tiene la palabra.

ZAPATERO VILLALONGA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO (SEÑOR ZAPATERO VILLALONGA): Volvamos, pues, señor Procurador, a la valoración estética que hace Su Señoría del folleto. Hemos de felicitarnos todos en esta Cámara por contar con tan ortodoxo esteta de las artes gráficas. Pero no es menos cierto que esta condición se empaña un poco, porque, como Su Señoría debe saber, en ese terreno se especula sobre la propia opinión y no sobre criterios objetivos. En este caso, su opinión se contradice no solamente con la mía personal, sino con la de cuantos han recibido la publicación y por otras muchas personas que, debido a la austeridad de la primera tirada, han demandado muchos más ejemplares.

La última parte de la exposición de la pregunta, la que se refiere a las fotografías que aparecen en el mismo, revela varios aspectos en los que tal vez Su Señoría, que además de Procurador es Senador, ha confundido el "tempus electoralis", conducido por el lógico nerviosismo a que debe estar sometido por la proximidad de las elecciones generales, que se avecinan, con las lejanas de la Comunidad Autónoma; aquéllas, evidentemente, inquietantes para Su Señoría, habida cuenta de las encuestas que actualmente se presentan. Su Señoría ha transmigrado en este caso. Una campaña publicitaria, señor Procurador, aunque usted por la revelación de su pregunta así lo crea, no se sustenta en una fotografía con una dedicatoria de bienvenida a los deportistas en quinientos ejemplares, mucho más comedida, escueta y sobria que la que, por ejemplo, hizo en su día su correligionario de partido y Alcalde de Barcelona, señor Maragall, como pueden comprobar los señores Procuradores en un folleto titulado -voy a ver si lo pronuncio bien- "Com Hem Guanyat Els Jocs Olimpics", cuyo contenido -dicho sea de paso- no comprendo bien, ya que en esta ocasión se les olvidó traducirlo del catalán al inglés. Pues bien, en las ciento tres páginas que contiene esta publicación, el señor Maragall aparece en treinta y seis fotografías; el señor Serra, don Narciso, en nueve; y hasta doña Mercedes Sala -tampoco sé muy bien por qué- en la suya. A cada cual lo que le corresponde, por supuesto.

Una campaña publicitaria, como el señor Procurador debe saber, tiene necesariamente que sustentarse en el resultado de una gestión y no en carteles ni en fotografías. Aquello es lo que cuenta, como lo sabe muy bien el señor Granado, por los resultados electorales de esta Comunidad Autónoma obtenidos en el ochenta y siete y en el noventa y uno: a pesar de las muchas expresiones gráficas, publicitarias, al partido de Su Señoría no le fue concedida la confianza del pueblo castellano y leonés.

No recuerdo si Su Señoría es de letras o es de ciencias; en cualquier caso, me da la impresión de tener que encuadrarlo entre los cartesianos, que, como Su Señoría sabe, decían que los sentidos engañan muchas veces a la realidad, mezclado con cierto existencialismo a lo Kierkegaard, que define al hombre como un ser que se angustia por todo lo que existe.

El planteamiento que hace sobre el supuesto valor propagandístico de la publicación citada es mezquino, porque ¿qué gran campaña propagandística del Presidente de la Junta y de este modesto Consejero puede hacerse a tres años electorales vista, en fotos de pequeño formato y en quinientos ejemplares, algunos de ellos destinados a los correligionarios del señor Granado Martínez?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Ruego al señor Consejero vaya concluyendo su contestación.

ZAPATERO VILLALONGA

EL SEÑOR CONSEJERO DE CULTURA Y TURISMO (SEÑOR ZAPATERO VILLALONGA): Sí, señor Presidente. Sin duda el pensamiento de Su Señoría está equivocado.

Para terminar, señor Granado, le diré que ha sido tal el éxito de la publicación y tal la demanda que de ella recibimos diariamente, que estamos barajando la posibilidad de hacer una segunda edición con doble número de ejemplares.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor. Ultima pregunta, que, con el número 58, formula don Octavio Granado.

GRANADO MARTINEZ

(-p.1052-)

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Si no quieres caldo, dos tazas, parece ser que ha sido la última contestación que se me ha dirigido. Yo espero que el señor Merino no me conteste por escrito. Las contestaciones por escrito a las preguntas orales tienen una ventaja, y es que no se habla en absoluto de lo que se pregunta, sino que se habla siempre del sino de los tiempos, de Kierkegaard, del existencialismo y de cualquier otra cosa que no tenga ningún interés para la Cámara, pero que sirve para rellenar una contestación redactada previamente a una pregunta, y además incluso sirve para meter citas en latín equivocadas, porque sería "tempus electorale" y no "tempus electoralis" el tiempo de elecciones en latín.

En cualquier caso, señor Merino, ¿con qué criterios la Consejería de Fomento va a aportar fondos para la urbanización de las barriadas de Burgos? Recientemente, en la prensa burgalesa, "La Junta de Castilla y León podría financiar las obras en la barriada Máximo Nebreda"; es una noticia aparecida el mes de octubre en la prensa burgalesa. Luego hemos visto que esa definición un tanto genérica se ha concretado en una aportación concreta. Y nos gustaría saber con qué criterios se van a hacer las aportaciones en la barriada Máximo Nebreda y si la Junta va a hacer esas mismas aportaciones en barriadas similares.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Consejero de Fomento.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Muchas gracias, señor Presidente. Yo le agradezco al señor Procurador que haya cambiado de tema y no me haya hecho tantas preguntas sobre la penetración, que empezaba yo a parecerme a la doctora Ochoa; pero, en fin. Pero, bueno, contestando a su pregunta...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): ... contestando a su pregunta...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Por favor, silencio, Señorías.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): ...le tengo que decir que los criterios, los criterios sobre los que nos hemos basado, en este caso, como en todos los demás, es que en las transferencias de las distintas promociones públicas de vivienda, que se hicieron hace, aproximadamente, ocho años, diez años, venían todas ellas, o en muchos casos por lo menos, sin urbanizar desde el Estado. A raíz de eso, se hacen convenios con los ayuntamientos, se fijan unos porcentajes de participación de cada una de las partes y se llega a acuerdos para urbanizar los distintos viales de las promociones públicas.

Y en este caso concreto, le puedo decir que desde el año ochenta y cuatro se han hecho seis reparaciones o seis urbanizaciones en distintas promociones públicas y, concretamente cuatro en Burgos, o en Aranda de Duero; concretamente, reparación Grupo Río Vena; reparación Grupo Río Vena en el ochenta y seis; urbanización Viales Manzanas M2 Allende Duero, en Burgos también, en el ochenta y cinco; urbanización Glorieta Rosales Allende Duero, en Burgos también, en el ochenta y siete, y ahora se ha concretado algún convenio más con el Ayuntamiento. Concretamente, al que usted hacía referencia, en los Grupos Río Vena y San Juan de Lagos, por 73.500.000 pesetas. Y eso lo hacemos mediante convenios con los ayuntamientos, precisamente, porque esas promociones, que muchas veces tienen veinte años, treinta años, o incluso menos, pero que fueron recibidas así en su día por la Junta, nosotros tenemos que urbanizarlas de acuerdo con los ayuntamientos, que muchas veces no tienen fondos suficientes. Y que se han hecho cargo a veces o no se han hecho cargo de esas promociones, y que no se quieren hacer cargo hasta que no se les urbanicen los viales.

Por tanto, esta es la política que está siguiendo la Junta: llegar a convenios concretos con ayuntamientos en los que, participando de forma lo más equitativa posible las dos partes, hagamos la urbanización de los viales de las distintas promociones que no lo tengan.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para réplica, señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Señor Consejero, antes me decían a mí que si estábamos nerviosos; yo les noto un poco nerviosos a ustedes. El otro día, en una Comisión, el señor Burgos empezó a hablarme de la masturbación, antes el señor Consejero de Cultura se sublima con Kierkegaard, y ahora me viene usted a discutir conmigo de penetraciones. No era mi intención discutir con usted esa cuestión; lo entenderá: no está dentro de mis preferencias, señor Consejero, su género.

En cuanto a la cuestión de fondo -ya dejando los nervios y las sublimaciones y las referencias a las penetraciones y demás historias-, sobre la cuestión que nos preocupa a nosotros, es con qué criterio la Junta de Castilla y León va a decidir qué obras se hacen y para qué sirven esas obras. A usted no se le oculta, señor Consejero, que usted, si va a financiar obras en la barriada Máximo Nebreda de Burgos, es porque ha habido una sublevación popular en algunos barrios de Burgos contra la imposición de contribuciones especiales por parte del Ayuntamiento que dirige su Partido y contribuciones especiales que afectan a gente de economía muy modesta y a barriadas en una situación bastante similar. La barriada Máximo Nebreda fue construida en sus tiempos por Falange Española Tradicionalista y de las Jons, pero hay otras barriadas en Burgos, la barriada Yllera que fue construida por la obra sindical del hogar....., recibió el Ayuntamiento de Burgos en su día en muy malas condiciones. A nosotros nos parecería grave que la Junta de Castilla y León aplicara criterios distintos.

(-p.1053-)

Porque hasta ahora la Junta se había limitado, como usted bien ha recogido en su contestación, en el polígono de Allende Duero en Aranda de Duero, o en el barrio de San Juan de los Lagos, en la urbanización de Fuente Nueva en Burgos, o en el polígono antes Carrero Blanco y ahora Río Vena, a urbanizar las zonas que eran de construcción de la propia Junta. Y ahora ustedes están pasando a un segundo escalón, y están urbanizando zonas que en su día fueron construidas por otras Administraciones Públicas. Nos parece interesante esa filosofía, compartimos la filosofía de los convenios con los ayuntamientos, pero, desde luego, esa filosofía no puede servir para rebajar en algunos barrios las contribuciones especiales, mientras se mantienen en otros barrios en términos similares. Y yo lo que le pediría, sinceramente, es que, si están ustedes dispuestos a llegar a financiar obras de urbanización en todas las barriadas construidas en su día por Administraciones Públicas, que traten con equidad a todos los ciudadanos de todas las regiones de la Región, de todas las ciudades de la Región, perdón. Y que, por lo tanto, den una aportación básicamente similar a todas las obras de urbanización que han de realizarse en esas barriadas. Y no a unas sí y a otras no, en función, a veces -y es triste decirlo, señor Consejero-, de a quién votan esos vecinos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Dúplica, señor Consejero de Fomento

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Muchas gracias, señor Presidente. Está claro que nosotros estamos actuando, por todos los casos que conocemos en la Región, de una forma objetiva, y, desde luego, siempre de acuerdo con el ayuntamiento. Lo que ocurre es que esas viviendas fueron transferidas, y usted lo conoce muy bien, porque las recibieron ustedes, y no las arreglaron. Y entonces ahora resulta que tenemos que arreglar nosotros los viales. Y, claro, resulta que esas promociones fueron transferidas en su día, muchas de ellas a la Junta de Castilla y León, otras a los ayuntamientos, y muchos ayuntamientos no se quieren hacer cargo de esas viviendas, no se quieren hacer cargo de la urbanización ni del cuidado. Y resulta que es la Junta la que tiene que asumir no sólo la urbanización de las promociones que está construyendo, sino también la de aquéllas que se recibieron de Falange Española de las JONS o del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo que se llamaba entonces, da igual. Es decir, nosotros no actuamos con unas sí y otras no; estamos actuando con absoluta objetividad, cosa que debería de tenerse en cuenta también por ustedes en todas las ocasiones. No nos diga a nosotros que es que lo hacemos en función de los votos. Mire usted, yo no sé dónde están los votos en los barrios de Burgos, yo llego a un convenio con un Ayuntamiento en Burgos, o en Salamanca, o en muchos otros sitios, y me importa bastante poco si los votos de ese barrio están o no. La necesidad social es la que te obliga a ello.

¿Por qué llega a esa situación ese barrio en Burgos? ¿Por qué hay -como usted dice- una especie de... que no es tal, pero bueno, una especie de estallido social? Porque no se le han arreglado antes los viales. Si no, no hubiera habido ningún problema.

Luego, entonces, lo que estamos tratando nosotros es de evitar eso, dando un servicio social concreto y supliendo lo que no se había hecho hasta ahora, y no sólo por ese Ayuntamiento, sino por las propias Administraciones. Y, desde luego, en muchas promociones, le puedo asegurar -y concretamente alguna de ellas en Burgos-, que ustedes recibieron, porque eran competencia, en los años que se hicieron las transferencias de la promoción pública de vivienda. No es que me lo invente yo, es que está ahí. Y llevan ocho años sin urbanizar los viales. Y el Ayuntamiento no tiene dinero, en la mayor parte de los casos, para urbanizar los viales. Por tanto, tiene que ser la Junta, y la Consejería de Fomento, como, precisamente, ha sido sensible a ello, firmará los convenios que estime oportunos con los Ayuntamientos, y siempre dentro de la mayor objetividad posible y ayudando siempre a los más necesitados. Punto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al tercer punto del Orden del Día, que figuraba inicialmente como quinto.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por los Procuradores don Octavio Granado Martínez, don Julián Simón de la Torre, don Patricio Fernández Rodríguez, don Leopoldo Quevedo Rojo y doña Leonisa Ull Laita, relativa al cumplimiento de la legislación vigente en materia de patrimonio histórico en el Teatro Principal de Burgos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Proposición No de Ley, en nombre de los señores Procuradores proponentes, don Octavio Granado tiene la palabra.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Una vez más, tenemos que venir aquí, a las Cortes de Castilla y León, a presentar una moción solicitando a la Junta de Castilla y León que defienda, mediante el ejercicio de sus competencias en materia de protección del patrimonio histórico de nuestra Región, un edificio de la Región que está amenazado de destrucción por decisiones administrativas.

Porque, en esta ocasión, no es la incuria, o no es, simplemente, el paso del tiempo lo que amenaza al Teatro Principal de Burgos, sino es, pura y simplemente, la decisión de la mayoría municipal que gobierna el Ayuntamiento de Burgos de destruir el edificio mediante su proceso de reconversión, de demolición parcial y de reconversión hacia la construcción de futuras oficinas municipales.

(-p.1054-)

El Teatro Principal de Burgos es un teatro que tiene una historia realmente desgraciada. Cerrado el año mil novecientos cuarenta y seis, en contra de la voluntad y de los deseos y criterios de buena parte de los burgaleses, incluso del propio Ayuntamiento de Burgos, ha permanecido en ese tiempo con un único uso: el uso comercial de parte de sus bajos por parte de establecimientos privados.

Cuando, en el año mil novecientos setenta y cinco, la Delegación entonces en Burgos del Colegio de Arquitectos de Madrid solicita su incoación, la incoación del expediente para declararlo Bien de Interés Cultural -entonces Monumento Histórico-, se realiza porque existe una pretensión, aprobada anteriormente por el Ayuntamiento de Burgos, de destruir el edificio, a fin de prolongar el Paseo del Espolón. La incoación del expediente que se realiza paraliza ese principio de acuerdo municipal, y el Ayuntamiento de Burgos ve, en ese sentido, frustradas sus aspiraciones, hasta llegar el tiempo en el que, puesto en marcha el Plan Nacional de Recuperación de Teatros por el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Cultura, se solicita del Ayuntamiento de Burgos que acceda a incluirlo en el Plan. Inicialmente, el Ayuntamiento de Burgos se niega a ello, pero, al final, acaba aceptando la cuestión e, incluso, se realiza un Proyecto de Rehabilitación del Teatro Principal de Burgos, momento en el cual, pues, al cabo de un paso de unos determinados meses, por decisión unilateral de la Alcaldía de Burgos, pues, es rechazado ese principio de acuerdo y el Teatro Principal vuelve a estar en su actual situación.

Las Cortes de Castilla y León han tocado el problema del Teatro Principal de Burgos en diferentes ocasiones, y en todas las ocasiones se ha manifestado, por encima de las lógicas discrepancias de los Grupos Políticos e incluso, a veces, por encima de las discrepancias en el sentido de las votaciones, una común denominación, un común denominador de todos los Grupos Parlamentarios presentes. Era el de seguir insistiendo en la recuperación del Teatro Principal.

Por eso, se entiende muy poco por qué ha vuelto a ser planteado, estos últimos meses, en la prensa burgalesa y en resoluciones oficiales del Ayuntamiento de Burgos la posible destrucción del Teatro Principal y su reconversión en un edificio de oficinas municipales.

En este tema se han dado todos los pasos. El Teatro ya es un Bien de Interés Cultural, declarado en su día por la Junta de Castilla y León. Aquella declaración fue recurrida por el Ayuntamiento de Burgos y fue confirmada por sentencia del Tribunal Supremo, que desestimó el recurso del Ayuntamiento.

La Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Burgos ha afirmado, en su informe sobre el Plan del Conjunto Histórico de Burgos, que el edificio del Teatro Principal, declarado monumento, debe ser dibujado en el Plan del Conjunto Histórico, debe ser contemplado en el Plan del Conjunto Histórico de Burgos como teatro. Es decir, ha habido una resolución del organismo competente en materia de protección de patrimonio declarando el mantenimiento del uso cultural del edificio.

La Ley de Patrimonio es clara en cuanto a la prohibición taxativa de demolición total o parcial de los inmuebles y de reconstrucción de los mismos. Y en esto hay que entender que el conjunto de la Ley, leído de manera sistemática, permitiría el cambio de uso en algunos monumentos; a veces, es imprescindible, porque el uso histórico que tienen los mismos no es posible mantenerlo en estos tiempos -caso de los castillos, de muchos monasterios o los hospitales, por ejemplo, de manera clara-; pero lo permitiría respetando el carácter del edificio, la estructura del mismo, sin realizar reconstrucciones ni realizar demoliciones. Todo eso es imposible hacerlo en el teatro Principal de Burgos; entre otras cosas, porque, por ejemplo, los muros que sustentan la estructura fundamental del edificio no son los muros exteriores, las fachadas, sino son los muros que circundan el anillo escénico, y, por lo tanto, cualquier obra de reconversión de uso del edificio supondría destruir la estructura del mismo, demolerlo, parcialmente al menos, y, por lo tanto, sería inaceptable con la Ley en la mano.

Pese a todo ello, la mayoría municipal del Ayuntamiento de Burgos ha seguido manteniendo su criterio. Criterio que amenaza, pura y simplemente, al Teatro Principal, en el sentido de que va a continuar muchos años más en una situación de penuria, porque, evidentemente, el proyecto de la mayoría municipal del Ayuntamiento no es legal, es ilegal; con la Ley de Patrimonio en la mano, no se podrá hacer nunca, y habrá quien lo impida claramente. Pero, en función de esa decisión, pues, postergan la recuperación y la rehabilitación del edificio del Teatro para los usos culturales que siempre tuvo.

En este sentido, ya las Cortes de Castilla y León hicieron, en su día, una resolución, el veinte de febrero... perdón, el dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, sobre esta cuestión.

Y a esta Proposición que presenta el Grupo Socialista se ha presentado -y con esto anticipo un turno que no querría consumir- una Enmienda del Grupo Popular, por la que se pide que, en relación al Teatro Principal, actúen... las Cortes de Castilla y León insten a la Junta a actuar de acuerdo con lo aprobado el día dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho.

(-p.1055-)

Tengo que decir muy sinceramente que agradezco de verdad al Grupo Popular el esfuerzo que ha supuesto la presentación de esta Enmienda, que, desde luego, los Procuradores Socialistas vamos a aceptar. Nos parece una Enmienda triplemente importante y muy valiente. Muy valiente porque hace referencia a un texto -el de la declaración del dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho- que, si bien es cierto que por cuestiones de forma, el Grupo Popular, en su día, no votó en las Cortes. Y, entonces, es importante que el Grupo Popular se solidarice con una decisión de la cual ellos, si bien es cierto que por cuestiones de forma, no fueron partícipes. Importante porque supone mantener la coherencia de lo decidido por las Cortes en este momento y porque supone mantener la coherencia de esta decisión, en contra de los criterios de su propio Grupo Municipal en Burgos, lo cual, desde luego, significa que ustedes están, en este tema, dispuestos a hacer cumplir la Ley, incluso en contra de los criterios de sus correligionarios, lo cual -sin duda- les honra.

En este sentido, nosotros vamos a aceptar la Enmienda del Grupo Popular. La Enmienda del Grupo Popular supone decir de otra manera, de otra manera, lo que decía la Proposición del Grupo Socialista. La Proposición aprobada el dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho prohibía las destrucciones y reconversiones del Teatro Principal, instaba al mantenimiento de su uso cultural e instaba a la Junta a entablar conversaciones con el Ayuntamiento para recuperar al Teatro Principal de Burgos para usos culturales y de teatro. Todo es lo que veníamos aquí a plantear.

Nos congratulamos de que en este tema, si bien es cierto que tenemos posiciones diferentes y no tenemos un acuerdo absoluto entre los Grupos, nos pongamos, una vez más, de acuerdo en lo fundamental: la preservación de nuestro Teatro Principal.

Esperemos que no sea necesario traer este tema ninguna vez más a las Cortes de Castilla y León; que a quienes tiene que llegar este mensaje de las Cortes les vaya a llegar, de una vez, este mensaje, dicho de forma clara y rotunda por los Procuradores de los diferentes Grupos Parlamentarios, y que el Teatro Principal de Burgos se recupere, se rehabilite como teatro, con los usos culturales -sin perjuicio de que existan usos menores de otro tipo- que siempre tuvo, y que no persista un año más la situación de abandono en la que en estos momentos se encuentra. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Granado. Habiéndose presentado una Enmienda por el Grupo Popular, para su defensa, señor Garabito, tiene la palabra.

GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Tengo que empezar agradeciendo al Grupo Socialista la aceptación de la Enmienda -yo así lo esperaba- que el Grupo Parlamentario Popular les ha presentado ante la Proposición No de Ley que hoy debatimos, en este momento.

Digo que comienzo agradeciéndoselo. Pero, realmente, no es lo mismo, señor Granado, lo que ustedes presentaban como Proposición No de Ley en esta Cámara que lo que dice la Enmienda.

Lo que dice nuestra Enmienda es, por un lado, que se cumpla la legalidad vigente, que la Junta cumpla y haga cumplir... como, por otro lado, yo espero que nadie dudara en esta Cámara -y parece ser que se seguía insistiendo en el tema-, que la Junta, y las Cortes, y el Grupo Parlamentario Popular va a estar siempre, lógicamente, del lado de la legalidad, rotundamente, y que lo que sea ley y nosotros conozcamos como tal vamos a cumplirlo y hacerlo cumplir; y, por lo tanto, en eso estamos plenamente de acuerdo.

Pero, en el segundo apartado, la segunda Propuesta de Resolución, hemos preferido, hemos preferido retrotraerlo a los acuerdos adoptados el dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, porque nos parecían mucho más coherentes. Era una decisión libremente tomada en esta Cámara por los Grupos Parlamentarios que en ella le representan. Y nos parecía más coherente ese uso cultural que en ella se decía, que volver otra vez a la historia del Teatro, porque luego le puntualizaré, señor Granado, algunos casos. Y nos parecía estar más en la línea de lo que ya esta Cámara había aprobado, retrotrayendo el debate a ese momento.

¿Y por qué no queremos, o hemos preferido omitir el que se haga referencia a la Comisión, al informe que la Comisión Territorial de Patrimonio de Burgos dictaminó en su día? Pues, mire usted, yo espero, señor Granado, que no ignore que ese informe no era vinculante, y no era vinculante por muchas razones, que yo estoy convencido que usted conoce y, por lo tanto, voy, en principio, a obviar. Era puramente un informe de intenciones de cuál era el pensamiento de la Comisión, y, por lo tanto, en principio, yo pretendo obviarlo.

Por otro lado, yo quisiera que, en esta relación que usted había dado, a pesar de que en los antecedentes habla de que ese informe hacía una referencia al uso básico como teatro, cuando hace la Propuesta de Resolución, se olvida usted de ese uso básico como teatro, y la Propuesta de Resolución que usted emana, aun apoyándose en el informe, dice que sea uso de teatro. Y sabe que de eso hemos hablado mucho. Y aunque nosotros estamos, en el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes, hemos estado siempre de acuerdo en un uso cultural, ya hemos discutido largo y tendido qué tipo de uso cultural sería posible y, en todo caso, qué intenciones podría tener el propietario del edificio, que, evidentemente, también algo tendrá que decir.

Por otro lado, usted dice en la Exposición de Motivos que ya, también, en la declaración de monumento se le otorga el carácter de teatro. Señor Granado, hoy, que estamos en una mañana un poco jocosa, yo, por lo menos, he estado leyéndolo y lo tengo aquí, lo tengo aquí la declaración, la incoación del expediente, me hincho a mirar y, salvo que usted me lo aclare, y yo se lo agradeceré, la única vez que habla de carácter habla de que la academia San Fernando indica que el citado teatro reúne méritos suficientes para ser declarado monumento histórico-artístico de carácter nacional. Es lo único que encuentro. Si usted tiene otra cosa, me lo dice. Luego no es tampoco cierto que en la declaración se diga que se conserve el carácter de teatro; por lo menos..., perdón, no me lo parece, no lo he encontrado dónde lo dice.

(-p.1056-)

Pero, claro, es que en el fondo ¿qué estamos debatiendo en esta Cámara?: qué uso futuro se va a dar al Teatro Principal de Burgos, al edificio del Teatro Principal. Y nosotros estamos convencidos, convencidos, porque lo hemos dicho en la Proposición No de Ley del dieciocho de febrero del ochenta y ocho, a la cual no pudo votar el Grupo Parlamentario favorablemente, porque, diciendo lo mismo, decía que se supeditara -como usted, sin duda, recuerda, porque intervino en el debate-, se supeditara a la sentencia última de un asunto "sub júdice", cual era la declaración de bien de interés cultural, que estaba recurrida ante la Audiencia Provincial. Y nuestros parlamentarios de entonces se limitaron a decir: señores, esperemos a ver cómo acaba ese asunto "sub júdice", pero mientras tanto estamos de acuerdo en ello. Por eso no pudieron apoyar favorablemente la Proposición de entonces, pero realmente esa se aprobó y la manifiesta intención del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes fue el absoluto acuerdo con ello.

Pero es que después, dos comparecencias en las que ustedes, haciendo uso de las atribuciones que les corresponden como Grupo Parlamentario de la oposición, han pedido al anterior Consejero, señor León de la Riva -tengo el Diario de Sesiones; no lo he subido aquí, porque ya son demasiados papeles-, se vuelven a hacer reiteradas alusiones a que queremos mantener ese uso cultural en las comparecencias. Y en la última celebrada por el actual Consejero, señor Zapatero, en la que yo mismo actué de Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, volvió a decir nuevamente que nuestra intención, nuestra idea es defender el uso cultural.

Dicho esto así, dice: pues, bueno, está muy claro, y lo aceptamos, que el artículo 36.2 de la Ley de Patrimonio, usted sabe perfectamente que para cambio de uso o cualquier obra de importancia en un bien de interés cultural se requiere la aprobación del órgano competente de Patrimonio; en este caso, la Comisión de Patrimonio Territorial de Burgos.

En ese caso, sabemos todos que es muy claro que la propiedad, si pide un uso que no quiere la Comisión de Patrimonio o no quiere la Junta, no se lo autorizará. Y eso estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Pero no puede usted ignorar también que no podemos, desde ningún organismo, hasta donde yo conozco, imponer un uso no deseado a la propiedad. Espero que usted me admita, señor Granado, o al menos me demuestre lo contrario, si podemos, desde cualquier órgano, sea el de estas Cortes, sea la propia Junta, imponer a la propiedad de un edificio declarado bien de interés cultural, sea en este caso el Teatro Principal o cualquier otro, un uso que la propiedad no quiera. Por eso, por eso, porque creo que no lo podemos imponer, se hace necesario continuar por el camino del diálogo, de intentar llegar a una negociación y a un acuerdo, porque cualquier otra vía, cualquier otra vía sería más traumática, sería mucho más laboriosa, aunque ésta, verdaderamente, también lo está siendo en gran medida. Y, por lo tanto, nosotros sabemos y somos conscientes que la Ley de Patrimonio Histórico otorga y da unas obligaciones a los propietarios, pero también unos derechos. Compartámosles más o menos, pero los tienen. Esos derechos son los que, en este caso, el Ayuntamiento de Burgos intenta ejercer. Y no nos diga usted que es que ya han dicho que hacen teatro. Lo han dicho... perdón, ayuntamiento; lo han dicho muchas veces. Pero, claro, es que no tenemos una petición formal de ello. Se han hecho estudios, se han hecho tanteos, cada vez sale uno, unos que el teatro más grande, que más pequeño, o ayuntamiento u oficinas; pero realmente son libres. Es su edificio y están haciendo estudios y tanteos de lo que ellos creen que les conviene hacer. Cuando lo presenten seriamente será el momento en que se pronuncien los órganos competentes: la Comisión Territorial de Patrimonio, primero, y, si no se llega a un acuerdo, la propia Dirección General después.

Por todo ello, yo, agradeciendo, como no podía ser de otra manera, que estemos de acuerdo en el fondo del tema, porque siempre lo hemos estado, quiero que queden también muy claros que los propietarios de los edificios de bienes de interés cultural también tienen sus derechos, y, por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de entre todos (Cortes, Junta y Ayuntamiento) dar una salida a este tema, que ya creo que la cultura de Castilla y León nos lo está demandando.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Granado, si desea consumir turno en contra o fijar posiciones en relación con la Enmienda que presenta el Grupo Popular.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. Simplemente por hacer alguna puntualización, muy de matiz, muy de matiz, porque me da la impresión de que el señor Garabito ha pretendido llegar a un punto de equilibrio realmente complicado, y es darnos la razón con el fondo de la Proposición y quitárnosla con la intervención. Y al final, tengo que hacer algún matiz importante sobre alguna cosa que ha dicho, no sobre el fondo de la Enmienda, que ya he señalado que compartimos.

(-p.1057-)

Primera cuestión: la declaración del Teatro Principal como monumento, como bien de interés cultural, no afecta a su carácter de teatro, ¿dónde se dice eso? Lo dice el propio Ayuntamiento de Burgos. Una de las razones que argumenta el Ayuntamiento de Burgos para impugnar ante el Tribunal Supremo la declaración es que con la declaración, si se realiza, ya no se podrán construir oficinas municipales, y entonces se está mediatizando el uso de una propiedad municipal. Y lo dice al Supremo, y dice que se le ha planteado indefensión, que se le ha planteado indefensión, porque ya no va a poder decidir sobre el uso del inmueble. Entonces, el Tribunal Supremo le contesta que no ha estado indefenso, que ha tenido su periodo de alegaciones y le contesta que, además, que el uso del inmueble está mediatizado, pero por la Ley de Patrimonio, por la Ley de Patrimonio.

Segunda cuestión: el informe de la Comisión Territorial de Patrimonio, que no es vinculante. El día trece de junio del año mil novecientos noventa la Comisión Territorial de Patrimonio Histórico de Burgos emite informe sobre el plan especial del conjunto histórico de Burgos que le presenta el Ayuntamiento. Nuestra Ley de Patrimonio dice claramente, en su artículo 20, que la declaración de conjunto histórico, como es la que tiene el centro de Burgos, exige redactar un plan especial de protección del área afectada por la declaración. La aprobación de dicho plan requerirá el informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. El informe de la Comisión Territorial de Patrimonio es, por lo tanto, vinculante para la redacción de los planes especiales del conjunto histórico de cualquier ciudad que esté así declarada. Y si no es así, tiene que ser la propia Consejería la que emita, a través de otros órganos, la Dirección General de Patrimonio, un informe. Pero, en cualquier caso, ese informe es vinculante. El informe favorable es vinculante. Y lo que dice la Comisión Territorial de Patrimonio es que para ser favorable el informe, entre otras cosas, ha de cumplirse lo siguiente, y es que el Teatro Principal siga caracterizado como teatro.

Por lo tanto, sí a la vinculación, lo dice la Ley de Patrimonio; sí a la vinculación, su uso básico (nunca ha habido problemas con los usos menores de pequeñas porciones de edificios). Sí a la vinculación, no hay ninguna duda sobre esta cuestión.

Yo no sé si Su Señoría ha meditado su intervención en el sentido de la Enmienda, sobre el uso de teatro o no uso de teatro. La declaración de veinte de febrero del ochenta y ocho, que ustedes hacen referencia en su Enmienda, dice claramente y de manera bastante taxativa que la Junta ha de establecer conversaciones con el Ayuntamiento de Burgos para recuperarle para usos culturales y de teatro. ¿El cambio de uso de un inmueble que es bien de interés cultural sería posible? Sí es posible, sí es posible. ¿El cambio de uso del Teatro Principal de Burgos en oficinas municipales, con la Ley de Patrimonio en la mano, es posible? Es imposible. Y eso lo sabe usted mejor que yo, porque usted tiene más formación en temas arquitectónicos que yo. Usted sabe que para realizar esa transformación habría que destruir los muros interiores del Teatro, porque de lo contrario nos encontraríamos en una paradoja absurda, como la de aquel arquitecto al que encargó un proyecto del Ayuntamiento de Burgos que, por mantener los muros interiores, pues, al final resulta que convertía en oficinas el resto del edificio y convertía el actual anillo estético del Teatro en salón de plenos. ¡Tiene narices la cosa! ¡Tiene narices la cosa! Y, claro, aquello era tan demencial que el propio Ayuntamiento ha tenido que coger aquel proyecto, que costó 14.000.000 de pesetas, meterlo en una papelera, que es su sitio, y empezar a encargar otros estudios.

Y todos los estudios son coincidentes: toda la reconversión del edificio, que además está prohibida taxativamente por la Ley de Patrimonio, en oficinas municipales exigiría la demolición del interior del edificio, total o, en todo caso, parcial, que exigiría la reconstrucción de todo el interior del edificio, lo cual está prohibido taxativa y literalmente por la ley; y exigiría la alteración del carácter del edificio, lo cual también está prohibido por la ley. Porque la ley autoriza los cambios de uso cuando no hay más remedio; lo que no permite es la alteración del carácter del edificio, porque lo dice literalmente. Y la ley hay que entenderla como un conjunto sistemático. Se puede cambiar el uso, pero no alterar el carácter, lo cual supone no cambiar la estructura, lo cual supone no rehacer cosas, no reconstruirlas o no destruir parte de lo que está construido. Y por eso las rehabilitaciones, cuando exigen cambios de uso, pues, tienen que hacerse de manera exquisita, manteniendo la estructura de todo lo que ha sido el edificio históricamente, como se está haciendo en el Monasterio del Prado, donde se están añadiendo cosas nuevas, pero manteniendo en todo caso la estructura preexistente. Y esa estructura, en el caso del Teatro Principal, no permite su reconversión en oficinas.

Por lo tanto, con su Proposición y con la mía, señor Garabito, usted y yo sabemos -otra cosa es que yo lo pueda decir y a lo mejor usted no deba- que el proyecto municipal de convertir el Teatro Principal de Burgos en oficinas es imposible, es imposible. Porque, además, no es imposible porque lo digamos nosotros; aunque no lo dijéramos, seguiría siendo imposible con la ley. Lo que tenemos que discutir aquí, una vez más, hacer llegar el mensaje a la mayoría municipal del Ayuntamiento de Burgos, muy simple: mire, eso que ustedes quieren hacer tendrán ustedes toda la razón, será lo más conveniente; vamos a dejar a lado esa discusión. No es legal ni es posible y la Junta, en atención al Pleno de las Cortes, no lo puede permitir. Vamos, por lo tanto, a ponernos de acuerdo sobre cuál tiene que ser la rehabilitación del edificio.

Y la rehabilitación del edificio para usos culturales tiene que ser la rehabilitación de su espacio escénico. Que se va a llamar teatro o que se va a llamar de otra manera, porque al lado de representaciones teatrales -algunas no cabrán, se podrán hacer otras- podamos tener la sala con otro tipo de finalidades; habrá... se podrán hacer conciertos de cámara y, en este sentido, ser un miniauditorio al mismo tiempo que teatro; la sala de usos múltiples también podrá servir como palacio de congresos en algunas circunstancias... Buscaremos soluciones, pero va a ser la rehabilitación de su espacio escénico.

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Porque, además, ese edificio tiene un carácter, fue construido en el siglo XIX con mucha oposición popular, porque en su día incluso el teatro, pues, iba a ser el comienzo de la construcción en las lindes del Arlanzón y se paró aquello para preservar el paseo del Espolón y el Salón Marcelo Santamaría, que es el paseo que está anejo al del Espolón. Pero con el tiempo, con el tiempo, aquella oposición popular que se generó cuando se construyó el edificio hizo que hubiera que darle al edificio un uso popular muy acendrado, y eso, al lado de teatro, ha sido salón de recreo, por sus edificios y por sus estancias han pasado decenas de miles de burgaleses. Cada vez que se pregunta a los burgaleses qué es lo que piensan que debe ser el edificio, son los de más edad los más favorables a su recuperación, y las nuevas generaciones también se están incorporando en ese sentido; me refiero a las nuevas generaciones no del Partido Popular, sino en general, en general. Y, en ese sentido, perder ese carácter va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Las últimas encuestas -usted las conoce mejor que yo- hablan del 70% de los burgaleses a favor de la recuperación y del 7% a favor de su reconversión en oficinas municipales.

Yo creo que, con el mensaje que vamos a transmitir hoy al Ayuntamiento de Burgos, que tiene que ser un mensaje que tiene que estar guiado de la buena voluntad, les estamos incluso ayudando a ellos mismos, ayudando a muchos de sus compañeros, que yo creo que están esperando a que les digamos de una vez que lo que quieren hacer no lo pueden hacer para olvidarse de esa idea, para no permitir que el empecinamiento de una persona casi, porque es que se puede hablar aquí -y como no está presente no la voy a mencionar- del empecinamiento de una persona, pues, siga manteniendo un edificio, que es parte de la historia de mi ciudad y de una ciudad tan querida para todos los castellanos y leoneses como es Burgos, tantos años en el más absoluto de los descuidos.

En este sentido, también esta Proposición tiene un efecto inmediato, y es que hacer cumplir la legislación en materia de patrimonio en el Teatro Principal de Burgos supone obligar a su propietario, obligar a su propietario, que tiene su uso mediatizado por la ley, por el mantenimiento de los valores que la ley defiende -el propio artículo 36.2 de la Ley de Patrimonio habla de ello-, obligarle a su adecuada conservación.

En estos momentos, el Teatro Principal de Burgos tiene sus ventanas abiertas; tiene sus edificios que han sido... sus estancias que han sido objeto de muchos deterioros; está entrando gente; incluso hay personas mal pensadas que dice que se está intentando fomentar su ruina absoluta. Yo creo que el primer resultado de esta Proposición, en los términos que va a salir aprobada, es el de exigir a la Junta de Castilla y León que obligue a la conservación. Y, en segundo lugar, el empezar a negociar y a discutir seriamente con el Ayuntamiento de Burgos la recuperación del uso cultural del Teatro Principal, y que, además -también hay que hacer alguna referencia-, no sería una actuación muy cara: hay comprometidas, este año se mantienen todavía en los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de los recortes y a pesar de todo ello, las aportaciones del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Cultura para seguir incorporando el Teatro Principal de Burgos al Plan Nacional de Recuperación de Teatros. Después de ocho años, todavía seguimos manteniendo esas aportaciones en los Presupuestos del Estado, y cubrían el 60% de la obra. Yo creo que con todo esto en la mano y con la decisión de hoy de las Cortes, el año noventa y tres tiene que ser ya el año en que el problema del Teatro Principal se solucione.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Garabito, en turno de réplica.

GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Gracias, señor Presidente. Evidentemente, cuando yo digo que en la declaración... -y me estoy refiriendo, evidentemente, a la declaración que el Decreto establece de... 116/1985, donde se declara bien de interés cultural-, digo y mantengo, mientras no se demuestre lo contrario, que no dice carácter teatro. Que el Ayuntamiento, al hacer sus intervenciones, entienda que le obligan, que no sé qué y haga la interpretación que quiera, yo el único documento oficial es la propia declaración que tengo ante mi vista, y ahí, insisto, no veo que diga carácter teatro. Y creo que el señor Granado lo sabe también.

Pero usted, yo le he dicho antes que el informe que emitió la Comisión Territorial de Patrimonio usted debería saber que no es vinculante; parece ser que no lo sabe, y yo voy a intentar explicárselo.

Evidentemente, ese informe no era vinculante, por muchas razones.

Primera. Sé perfectamente que el artículo 20.1 obliga a hacer un Plan especial de protección del casco, ¡cómo no lo voy a saber! Y sé que todo plan especial urbanístico tiene una aprobación inicial, o una aprobación provisional y una aprobación final o definitiva. Y sé perfectamente que este informe de la Comisión, informe, se hizo en la fase de aprobación inicial, cuando no era preceptivo hacerlo, sino que se adelantaron, con un celo muy de agradecer a la Comisión Territorial de Patrimonio, a hacer ya unas advertencias, unas sugerencias, para que encaminaran dentro del periodo de alegaciones sus pasos, el Ayuntamiento, en la redacción del Plan especial, lo acondicionaran a lo que realmente la Comisión Territorial de Patrimonio estaba pensando. Pero era puramente indicarles lo que pensaban. No era el informe preceptivo, que usted ha leído muy bien, del artículo 21 y que yo conozco, pero que ése se hace en fase ya anterior a la aprobación provisional... perdón, después de la aprobación provisional y antes de la aprobación definitiva.

Por lo tanto, ése fue un informe voluntario, maravilloso, de celo, magnífico, por nuestra Comisión de Patrimonio Provincial, Territorial.

(-p.1059-)

Pero es que es más, señor Granado: yo estoy convencido que usted lo tiene, y usted sabe perfectamente, como lo sé yo, que esos informes de la Comisión de Patrimonio han de tomarse por unanimidad para que tengan carácter. Usted lo sabe, y lo sabe no porque yo lo diga, sino porque está en el Real Decreto de Transferencia de Competencias a la Comisión Territorial de Patrimonio en su artículo 9 apartado 4. Dice que todos los informes se adoptarán por mayoría, por unanimidad -y usted lo sabe, ¿verdad señor Granado?- absoluta, y no puede haber un voto particular. Y, en este caso, en este informe, aunque se hubiera producido en el tiempo adecuado, que no lo fue, resulta que nunca fue por unanimidad. Hubo un voto particular, evidentemente del representante del Ayuntamiento, pero hubo un voto particular que invalidaba cualquier carácter vinculante.

Luego, señor Granado, cuando yo le digo que no es vinculante es que no es vinculante. Creo que está usted ahora ya mejor de acuerdo.

Pero si todo ello fuera poco, ¿para qué se hacía el informe? Pues, para aprobar un Plan especial del casco histórico. ¿Se llegó a aprobar alguna vez? No. Por lo tanto, un informe que se emite para un fin concreto, en el momento que se ha hecho para eso y eso no se aprueba, tampoco vincula. Luego, fíjese usted la de razones que hay para que yo le dijera que no es vinculante ese informe y que no me gustaba que se tomara como base de la Proposición No de Ley en su Resolución, aparte del pequeño error de olvidarse de básico y no básico. ¿Estamos de acuerdo ahora?

Hace usted muy bien decir que, claro, que de construcción tengo obligación de entender un poco; por eso me molesta que hable: no, es que son los muros interiores de carga, de estructura los que soportan. No, mire: muro de carga es las dos patas de un edificio, y el muro exterior e interior soportan a medias. Es tremendamente discutible cómo van a intervenir esos muros de carga y qué es la última remodelación que el ayuntamiento pretenda. Porque es que yo no sé más que lo que dice la prensa, que si hacemos un ayuntamiento, que si lo quitamos, que si lo ponemos, pero no hay una petición formal de qué proyecto pretende hacer y cómo lo quiere hacer, que es cuando se definirá la Comisión Territorial de Patrimonio y la Junta, si tiene que definirse. Que es lo que yo digo: son tanteos.

Y no se olvide, señor Granado, que usted no ha querido mencionar -supongo que lo conoce- que el edificio está declarado legalmente en ruinas. Lo sabe, señor Granado. Declarado legalmente en ruinas. Y eso, nos guste o no nos guste, también exime a su propietario de ciertas responsabilidades, y tiene ciertos derechos al haber sido declarado legalmente en ruinas.

Y, claro, no podemos permanentemente, en mi opinión, exigirle y, a cambio, no reconocerle ningún derecho. Por lo tanto, eso también quiero que quede constancia.

No obstante, señor Granado, señores del Grupo Socialista, como siempre ha sido la trayectoria del Grupo Parlamentario Popular en esta Cámara, seguimos manteniendo lo que siempre hemos dicho, y por eso le remitimos -porque parece que está mejor redactado- la Proposición que se aprobó el dieciocho de febrero del ochenta y ocho. En la cual no desconozco que en su punto tercero -y me conoce usted bien, señor Granado, para saber que desconozco del tema, que voy a tratar pocas cosas-, en su punto tercero se habla de usos culturales y teatro; sin embargo, en el uno y el dos, que es la disposición, se habla de defender el carácter cultural y el uso cultural.

Pues no hagan sólo mención al teatro, porque a lo mejor no es, precisamente, dentro de los usos culturales, lo más aconsejable o lo que sea posible hacer. Pero, sin embargo, a lo mejor, un uso cultural compartido o discutido es posible.

Por todo ello, señor Granado, yo creo que tenemos que seguir por la senda de esa negociación y ese acuerdo, para evitar otros sistemas más traumáticos, como he dicho antes; pero que no le podemos imponer al propietario un uso no deseado, sino, en todo caso, negociar a ver si llegamos a un acuerdo mientras tanto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Concluido el debate, los Grupos Parlamentarios que no han intervenido en el mismo pueden hacer uso de la palabra para fijar posiciones. Señor Herreros, en nombre del Grupo Mixto.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente, y muy breve. La verdad es que intervengo, después de escuchar ambos alegatos, casi para mostrar mi perplejidad, que no lo es tanto, entre otras razones porque de estas historias ya hay muchísimos casos, muchísimos antecedentes; pero yo creo que es conveniente que, si el legislativo en un momento determinado atisba interpretaciones diversas, pero, en definitiva, la Ley Básica hace que prime sobre el resto de todas las normativizaciones posteriores de rango inferior, yo creo que haría muy bien, primero, en definir, desde el punto de vista conceptual, si merece la pena desde el punto de vista patrimonial, histórico, artístico, cumplir con lo que esa Ley manda.

Y yo me permitiría decir que el carácter... no sé si tiene una vinculación exclusivamente a lo que es el cascarón, la estructura externa, y el carácter es lo que habla la propia Ley de patrimonio, o, por el contrario, es de todo lo que integra o da espíritu a esta obra arquitectónica.

Lo que no cabe la menor duda es que no se intente -y da la impresión que ese es el juego- dilatar indefinidamente una circunstancia de esta naturaleza, para que, irremediablemente tengamos que apelar al espíritu de buena intención que el legislativo a través de todos los Grupos Parlamentarios hace como declaración expresa, pero que irremediable fatalidad en el mismo momento en que no pueda llevarse o mantenerse en sus términos.

(-p.1060-)

Por consiguiente, yo, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, vamos a hacer apoyo expreso a la Proposición No de Ley, en el ánimo -no podría ser de otra manera- de instar a que se haga cumplir la legislación con el mejor de los criterios y el más razonable de los espíritus. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo de Centro Democrático y Social, señor San Martín.

SAN MARTIN RAMOS

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS: Gracias, señor Presidente. Bueno, pues, después de este debate amplio -y eso que el Grupo Proponente y el Enmendante estaban de acuerdo-, solamente decir que la presente Proposición basta con leerla para tener que votar afirmativamente, ya que sólo pide que la Junta de Castilla y León haga cumplir la legislación vigente, lo cual encontramos que es totalmente lógico y obvio.

El tema, como ya han dicho aquí los Portavoces anteriores que han hablado, no es nuevo en esta Cámara, y nace como consecuencia del recurso planteado por el Ayuntamiento de Burgos, al ser declarado el Teatro Principal como bien de interés cultural.

Estas Cortes aprobaron una Proposición No de Ley que declaraba su firme propósito de que el edificio del Teatro Principal de Burgos sea destinado a usos culturales, así como instaban a la Junta para mantener este uso como imprescindible en cualquier rehabilitación del edificio.

Esto solamente es cumplir con la legislación vigente. Permítame que recuerde que el artículo 2 del Real Decreto, que declaraba este monumento bien de interés cultural, decía textualmente: "La tutela de este monumento, que queda bajo la Junta de Castilla y León, será ejercida por la Consejería de Educación y Cultura a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Efectivamente, ha habido varias comparecencias, tres, sobre este tema en la Comisión de Educación y Cultura, y me voy a referir solamente a la última, celebrada el dieciocho de marzo, en que el actual Consejero nos anunciaba una próxima visita a Burgos para entrevistarse con el Alcalde y tratar de llegar a una conclusión positiva.

En esa comparecencia manifestábamos nuestra preocupación, ya que el inmueble sigue deteriorándose con el tiempo, manteniendo unos huecos abiertos, con lo cual la acción degradadora del agua y del viento hace mucho efecto en el Teatro.

Estoy de acuerdo con el Portavoz del Grupo Mixto en que, si seguimos con discusiones, comparecencias y debates y Proposiciones, quizás ya no va a haber lugar a otra, porque ya no va a quedar Teatro en pie.

Recuerdo también que el Consejero dijo textualmente en esa comparecencia: "Considero que el uso cultural es primario, que el uso cultural debe ser mantenido, y a ello vamos", y subrayó el respeto a la Ley, manifestando que la Ley de Patrimonio está por encima de cuantas resoluciones se puedan adoptar.

Parece ser, no obstante, que la mayoría municipal del Ayuntamiento de Burgos asegura que no es útil restaurar el Teatro... el edificio como teatro porque no se puede construir un auditorio de más de setecientas plazas, además de anticipar que no sería restaurado respetando su original estilo isabelino, sino como mejor fuera conveniente.

Conocemos que existen otros proyectos, en que se pueden construir dos salas, una de mil trescientos, parece ser, mil trescientas sesenta y cuatro personas, y otra de trescientos cincuenta. Y también conocemos que existe una aportación del Ministerio de Cultura que posee una partida destinada a rehabilitar el Teatro como tal.

A pesar de ello, parece ser que el Alcalde insiste en instalar en el mismo las oficinas de estadística, sanidad, cementerio, tributos, registros generales y la oficina de policía municipal.

Bien, concretando, el CDS mantiene que resulta imprescindible para la ciudad de Burgos el respeto a la finalidad cultural y recreativa para la que fue construido el Teatro Principal de Burgos, la urgente rehabilitación de su salón central que devuelva a la ciudad el teatro público, y la adecuación del resto de instalaciones para dar cabida a exposiciones, congresos u otras actividades similares, cumpliendo siempre la resolución que aprobaron en su día estas Cortes.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Granado, en nombre de los proponentes, para fijar el texto definitivo que hemos de someter a votación. ¿Se entiende se puede someter a votación la Proposición No de Ley, enmendada por el Grupo Popular?

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. El texto definitivo es el de la Enmienda presentada en tiempo y forma por el Grupo Popular, y, simplemente, para consumir un turno de agradecimiento a los Portavoces de todos los Grupos por la votación favorable a esta Proposición y para significar que, de acuerdo con la... como la Proposición hace referencia al texto del dieciocho de febrero de mil novecientos ochenta y ocho, que, con esta Proposición, al mismo tiempo que hacemos... instamos a la Junta para hacer cumplir la vigente legislación en materia de patrimonio, la instamos también a impedir, mediante el ejercicio de sus competencias, cualquier destrucción o reconversión del Teatro Principal de Burgos, con lo cual entendemos los Procuradores proponentes que se da satisfacción plena a nuestra Proposición.

Nada más y muchas gracias.

(-p.1061-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Escuchados los distintos Portavoces de los Grupos Parlamentarios, se somete a votación la Proposición No de Ley con la Enmienda del Grupo Popular. ¿Se puede aprobar por asentimiento? Queda entonces aprobada la Proposición No de Ley relativa al cumplimiento de la legislación vigente sobre patrimonio histórico en el Teatro Principal de Burgos.

Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al cuarto punto del Orden del Día, que era séptimo inicialmente.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a remisión de un Proyecto de Ley sobre el voluntariado".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Proposición No de Ley, don Tomás Burgos tiene la palabra.

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Mi Grupo trae aquí hoy una Proposición No de Ley que he de reconocer que a mí me resulta especialmente grato presentar.

En primer lugar, porque este Procurador está absolutamente convencido del papel inspirador de la acción de gobierno que deben desempeñar los Grupos Parlamentarios, y, desde ese planteamiento, los populares entendemos que tenemos la obligación de suscitar debates, de suscitar reflexiones y de requerir la puesta en marcha de actuaciones en aquellos temas donde resulte escasa o imprecisa la acción de gobierno.

Y aunque somos el Grupo que apoya al Gobierno, no cejaremos en instarle, en pedirle o en exigirle que haga más y mejores cosas, especialmente en esta materia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, les ruego silencio, por favor.

BURGOS GALLEGO: Y

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Y, en segundo lugar, porque creo que es importante que se hable en estas Cortes de los voluntarios sociales, que se hable en este Parlamento de la actividad del voluntariado, un fenómeno que tiene una importante transcendencia por el número de personas que se dedican al mismo y por la proyección social, sin duda positiva, que tiene esa actividad.

Sin duda, desde mi punto de vista, esta Proposición No de Ley quiere hablar hoy aquí, probablemente, del gran desconocido del ámbito social de nuestra Comunidad.

La actividad del voluntariado se define como el conjunto de acciones realizadas por ciudadanos o asociaciones sin contraprestación económica de ningún tipo, y que tienen como objetivos promover la solidaridad, el desarrollo libre y pleno de la persona, la igualdad de los individuos en la sociedad, la prevención y la eliminación de las causas que conducen a la marginación, la facilitación de los medios para la integración y el desarrollo comunitario, así como el bienestar social de los ciudadanos y los grupos en que éstos se integran. Objetivos todos ellos extraordinariamente importantes y en los que estoy seguro que todas Sus Señorías estarán de acuerdo.

Estos objetivos, en estos momentos, ocupan a un número importantísimo de personas en nuestra Comunidad Autónoma. Se calcula que más de treinta mil personas están trabajando en estos momentos activamente en los grupos y organizaciones de voluntariado en Castilla y León. Por poner sólo un ejemplo, hay más de once mil personas trabajando activamente, y sin ningún tipo de contraprestación económica, en una organización como puede ser la Cruz Roja.

Sin embargo, el voluntariado como actividad social sigue siendo una actividad infravalorada, poco respaldada y escasamente reconocida; y eso aún hoy en nuestro país, donde las carencias de tipo social que soportamos hacen absolutamente trascendental la implicación creciente de la iniciativa social, y aún hoy, donde ciertas personas o grupos siguen viendo con recelo la actuación de la iniciativa particular en materias de gestión y de acción social.

Nuestra Proposición No de Ley pretende suscitar hoy una reflexión y romper, fundamentalmente, una dinámica, recuperando la idea de que la solidaridad ha de surgir, fundamentalmente, de la propia sociedad, y no ser una actuación monopolizada por la Administración. Y de que la responsabilidad en la superación de las desigualdades sociales es tarea de todos, a todos compete y no puede ser irresponsable y cómodamente puesta en manos exclusivas de la Administración Pública.

La fortaleza de una sociedad democrática está muy relacionada con el grado de articulación y de organización de su tejido social. El refuerzo de éste y la potenciación de la participación ciudadana deben ser objetivos básicos de toda Administración Pública. Una parte importantísima de ese tejido social está formado por las organizaciones que definimos como voluntarias.

Considero que las Administraciones Públicas, y en este caso la Junta de Castilla y León, debe apoyar y potenciar el trabajo de las asociaciones a fin de conseguir una sociedad más participativa, sin que esto suponga, en ningún caso, dejar de cumplir las obligaciones que por competencia y por Ley les corresponden.

Si defendemos una concepción moderna y avanzada de esta materia, en la línea de colaboración entre instituciones y fomentando la iniciativa y la participación social en la materia, las organizaciones de voluntariado desempeñan una función clave. Resulta muy difícil de admitir que, en un país con gravísimas carencias de tipo social, el Estado, en sus diferentes niveles, esté desaprovechando los importantes recursos humanos que la iniciativa particular pone al servicio de la acción social.

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El hecho de que a nivel nacional siga sin existir una Ley nacional que regule esta materia, o incluso un plan global de apoyo y fomento al voluntariado, más allá de meras declaraciones formales, no puede hacernos olvidar que nuestro marco legal vigente nos faculta para actuar en esta materia.

Nuestra Proposición No de Ley ha pretendido suscitar en Sus Señorías un mayor interés por la actividad de los voluntarios sociales, traer a este Parlamento una cuestión de transcendencia social por el número de personas a las que afecta y por el número de personas que reciben los servicios que estas organizaciones prestan, y pretendemos con nuestra Propuesta de Resolución poner de manifiesto la urgente necesidad de una regulación sobre la materia que incentive la participación de los ciudadanos en estos temas; una legislación específica que ampare y promueva la creación, el desarrollo y la ejecución de programas por parte de este tipo de organizaciones.

Mi Grupo juzga imprescindible la promulgación de una Ley sobre voluntariado social en Castilla y León, que clarifique la actual situación jurídica de este tipo de prestación, que la prestigie socialmente y que la impulse. Necesitamos un instrumento útil para mejorar en nuestra Comunidad el efectivo ejercicio de la solidaridad, dentro de una sociedad que necesita, cada día más, esfuerzos altruistas, propiciando de esta forma actuaciones que contribuyan al bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos.

Sabemos que la solidaridad no se impone, Señorías, por Decreto, y somos conscientes de la responsabilidad primordial que tienen los poderes públicos en desarrollar cada día más eficazmente programas de atención y de acción social. Pero en el Partido Popular creemos que el reconocimiento del valor social y la importante función que cumple el voluntariado en nuestra sociedad exige de las Administraciones Públicas una serie de medidas políticas que promuevan su desarrollo, su ordenación y su participación creciente en aquellas finalidades de carácter social, civil o cultural a las que se orienta. En Castilla y León nuestras necesidades siguen siendo muchas, y por eso es importante implicar cada día más a nuestros ciudadanos.

Por ello presentamos la siguiente Propuesta de Resolución: "Que en el plazo más breve posible la Junta de Castilla y León remita a las Cortes Regionales un Proyecto de Ley sobre el voluntariado, que regule las relaciones entre las instituciones públicas y las organizaciones de voluntariado, que fomente y apoye la solidaridad en todos los niveles de la sociedad y que potencie la participación de las organizaciones de voluntariado en los campos de acción que afectan al bien común de los ciudadanos".

Y pedimos a todos los Grupos de esta Cámara que apoyen esta Propuesta como compromiso con la propia idea del voluntariado, expresión de participación, de solidaridad y de pluralismo que merece de nosotros todo el apoyo y el fomento.

Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿Algún Grupo político desea consumir turno en contra de esta Proposición No de Ley?

En ese caso, para fijación de posiciones, ¿por el Grupo Mixto? ¿CDS? Grupo Socialista, tiene la palabra. Señor Crespo

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Intervengo en representación de mi Grupo para expresar inicialmente nuestro apoyo a la Propuesta de Resolución que se plantea, entendiendo que en la elaboración posterior podremos definir, fijar y concretar lo que entendemos que debe ser un acción del voluntariado, la acción del voluntariado en nuestra Comunidad Autónoma.

Entendemos que esta es una iniciativa importante. En una sociedad escasamente vertebrada como la sociedad castellano-leonesa, que las Cortes regionales, representación máxima de nuestro pueblo, incentiven la participación, incentiven el voluntariado, lo regulen, en cualquier caso, fomenten un debate en el seno de esta institución, nos parece una iniciativa interesante.

En cualquier caso, también, y en relación con esta materia, nos hacemos eco, con debates como este, de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el voluntariado, de la recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el trabajo voluntario, de la Carta Social Europea, de la Declaración Universal sobre el voluntariado en los países miembros de la Asociación Internacional de Voluntarios, de la Resolución de dieciséis de diciembre del ochenta y tres del Parlamento Europeo. Nuestro propio Ordenamiento Jurídico tiene normas al respecto, y, así, el artículo 9.2 de la Constitución prevé la regulación del voluntariado y el derecho... y recoge el derecho de los ciudadanos a participar en la vida social. La Carta Social Europea, en su artículo 14, también se pronuncia al respecto.

Creo que en la futura legislación habrá que atender a aspectos como el reconocimiento no laboral de los trabajos benévolos que se efectúen a través del voluntariado; habrán de excluirse de su ámbito de regulación los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia, buena voluntad, etcétera, como se establece en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley General de la Seguridad Social; y tendremos que definir los conceptos que entendemos nosotros, se entienden tanto como el voluntario como la definición de las entidades de voluntariado.

(-p.1063-)

Nosotros por voluntariado entendemos el conjunto de las personas que efectúan una prestación voluntaria y libre de servicios cívicos o sociales sin contraprestación económica, dentro del marco de una organización estable y democrática que conlleva un compromiso de actuación a favor de la sociedad y de la persona.

Entendemos por entidad de voluntariado la entidad que tiene por objetivos trabajar por los otros en la mejora de la calidad de vida, que está compuesta mayoritariamente por voluntarios y que constituye una organización autónoma sin fines de lucro.

Habrá una serie de principios inspiradores que habrán de regular la futura Ley sobre... la Ley del voluntariado en nuestra Comunidad Autónoma. Habrá que establecer que todos los ciudadanos tienen el derecho de contribuir, de acuerdo a sus preferencias y capacidades, a la labor que realiza el voluntario. La esencia de la acción voluntaria se fundamenta en la libertad de elección, en el compromiso consciente de los voluntarios, y en la autonomía de acción de las organizaciones de voluntariado. Estos principios de libertad y de autonomía del voluntariado respecto a los poderes públicos tienen que ser respetados y potenciados, velando siempre porque se garantice el cumplimiento de la legislación y responsabilidades que estas entidades asumen delante de la sociedad.

Se tiene que promover y favorecer la capacidad innovadora y espontánea del voluntariado para la construcción de una sociedad más participativa, humana y solidaria. Se tiene que promover el conocimiento público de la labor realizada por el voluntariado y de su marco de actuación, a fin de conseguir el amplio reconocimiento social que le corresponde.

La labor de cumplimentación y ampliación, tanto cuantitativa como cualitativamente, que desarrolle el voluntariado en los ámbitos de competencia pública -como ahora los servicios sociales o la sanidad-, dependerá que mediante la participación del voluntario y de sus organizaciones estos servicios asuman una cualidad humana más elevada. Todo fundamentándose en los principios de sectorialización y desburocratización y en el respeto y coordinación de los profesionales que allí trabajen.

El fomento del voluntariado tiene que contar con un marco jurídico favorable, el cual tiene que estar especialmente promovido, como estamos haciendo hoy en estas Cortes. Toda persona que realice una acción voluntaria en el marco de una organización tiene que ver respetados sus derechos, y se tiene que comprometer con sus deberes básicos, que tienen que ser reconocidos públicamente.

Para que sea reconocida y pueda ser asumida por las instituciones públicas, toda organización de voluntariado para el pleno... tiene que adecuarse a la normativa vigente, especialmente para el pleno funcionamiento democrático, el respeto de los derechos de los voluntarios que participen y la información sobre estos derechos.

El pleno desarrollo de todas las formas de coordinación sectorial, territorial o general que establezcamos entre las entidades de voluntarios, y de éstas con la Administración Pública en todos sus ámbitos y niveles, se tiene que considerar prioritaria, y tiene que contar con un carácter decidido.

Hay algunos objetivos que nos parecen básicos, que deberán contemplarse en la futura legislación sobre el voluntariado: la promoción de voluntarios en todos sus ámbitos y competencias, a todos los niveles y por todos los cauces posibles, como pueden ser la información, la documentación, la docencia, la investigación, las publicaciones y cualquier tipo de servicio, en especial por medio de servicios que supongan un asesoramiento; el fomento y promoción... la planificación de la acción voluntaria, el fomento y promoción del voluntariado, respetando, escrupulosamente, la voluntad y la independencia de las organizaciones de voluntarios y de los propios voluntarios.

Habremos de velar por la coordinación de los diversos programas que incidan en nuestra Comunidad Autónoma en la acción voluntaria de los diferentes departamentos de la Junta. El establecimiento de los criterios de distribución de los recursos materiales y de los diferentes servicios que el Gobierno Regional destine, así como el fomento y promoción... para el fomento y promoción del voluntariado, y también para su gestión y administración.

Habrá mucho trabajo por delante en la futura... en el trámite de elaboración de la futura legislación, porque, en definitiva, se trata de fomentar la solidaridad en el seno de la sociedad civil, mediante la colaboración de los voluntarios. Si viviéramos en una sociedad con connotaciones solidarias, vertebrada, con unos tejidos asociativos que suplieran las carencias de los poderes públicos, quizá esta Ley no fuera necesaria; pero una sociedad de nuestras características -discrepo en ello con el representante del Partido Popular-, la tarea de impulso de la solidaridad desde los poderes públicos ha de ser una característica, porque las carencias, las necesidades siguen siendo grandes, la sociedad civil no tiene capacidad para resolverlas, y, por lo tanto, la promoción desde los poderes públicos habrá de ser una garantía básica.

(-p.1064-)

El promover la integración en las organizaciones existentes de las personas que están interesadas en estimular la participación de los jóvenes en las tareas voluntarias. Habrá que dar paso a las iniciativas que tengan, en este campo, otras Administraciones, otras entidades públicas o privadas. Habrá que proponer y canalizar las actuaciones de las entidades en los sectores más necesitados. Habrá que dar paso a la creación de nuevas organizaciones o a las asociaciones ya existentes. Habrá que establecer la divulgación necesaria de las actividades, porque el reconocimiento social de las gentes y de las entidades que se dediquen al voluntariado se encuentra dentro de una de las posibilidades más importantes, y la divulgación de sus tareas será una tarea primordial. Habrá que informar a los particulares y a las entidades que estén interesadas. Corresponderá a los poderes públicos coadyuvar en la definición del voluntariado en sus diferentes versiones. Nos corresponderá dar apoyo administrativo y legal a las entidades de voluntarios de las Administraciones Públicas que lo soliciten. Habrá que conceder, gestionar y controlar subvenciones y ayudas desde la Administración Regional para su canalización a las entidades de voluntariado. Nos corresponderá promover la promoción de voluntarios... la promoción de la formación de voluntarios por medio de los cursos o de las actividades que sean necesarias en cada modalidad. Nos corresponderá, también, promover el contacto y la relación entre las diferentes asociaciones y, en definitiva, ayudar al mundo del voluntario y fomentarlo para su crecimiento. Nos corresponderá crear y gestionar, en la medida que sea posible y conjuntamente con los locales o con las entidades de interés público, centros de documentación al servicio de las entidades voluntarias de los interesados particulares y de las mismas Administraciones Públicas...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Procurador, concluya, por favor.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Termino, sí. Señor Presidente. En definitiva, esperamos que, con la aprobación de esta iniciativa, con la aprobación de esta Proposición No de Ley, no nos quedemos exclusivamente y no nos dilatemos en el tiempo, porque el trabajo posterior habrá de ser mucho, los aspectos a resolver y en los que habremos de ponernos de acuerdo especialmente intensos, y, a través de la negociación para la elaboración de la futura Ley, demostraremos, efectivamente, la voluntad -si ella existe- que tengamos los representantes de los castellanos y leoneses en promover y en fomentar el voluntariado social en nuestra Comunidad Autónoma.

Y, aprovechando esto, quizá fuera ésta la ocasión -aunque no tenga que ver con el debate- para que el Grupo Popular se replanteara su negativa a la firma del convenio con el Ministerio de Justicia, para que jóvenes castellano-leoneses, muchos de ellos que participan en asociaciones de voluntariado, puedan desarrollar su prestación social sustitutoria en el seno de la Comunidad Autónoma, en el seno de instituciones regionales, que, por su negativa a una iniciativa nuestra anterior, siguen sin poderlo realizar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. En nombre del Grupo proponente, señor Burgos, tiene la palabra.

BURGOS GALLEGO

EL SEÑOR BURGOS GALLEGO: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, agradecer a todos los Grupos el apoyo a esta Proposición. Entiendo que la brevedad del debate no implica la superficialidad del mismo y que, en todo caso, el compromiso de los Grupos ha quedado manifiesto, y que ojalá podamos pronto tener una Ley de Voluntariado Social en nuestra Comunidad, como tiene ya alguna otra Comunidad en este país, y como no tiene, desafortunadamente, el Gobierno de la Nación. Porque entiendo que todas y cada una de las propuestas que aquí los socialistas nos ha manifestado han de ser, fundamentalmente, aplicadas en el Gobierno de la Nación, donde las organizaciones de voluntariado vienen años exigiendo una reglamentación, exigiendo una legislación que les apoye, que les ampare, que les proteja, que les fomente y que les proyecte en una sociedad.

Habría que reflexionar aquí, ya que todos estamos de acuerdo en la ausencia de esa vertebración, en la ausencia de esa estructuración de nuestra sociedad, quiénes tienen las mayores responsabilidades en orden a no haber puesto las medidas legislativas adecuadas a lo largo de todos estos años, precisamente para que este tejido social no se haya desarrollado en las condiciones en las que todos nos hubiera gustado que se desarrollara.

Yo creo que es positiva una ley. En nuestra Comunidad, como en el resto de España, las organizaciones la demandan, las organizaciones de voluntariado la necesitan. Y, aunque la actual legislación autonómica contempla y reconoce el concepto de voluntariado, no lo desarrolla en toda su amplitud, y por eso entendemos que es la ley, que es la elaboración y promulgación de una ley el mecanismo más adecuado para ello.

La solidaridad no es un concepto institucional, la solidaridad tienen que ver, sobre todo, con el compromiso personal de todos y cada uno de nosotros. Por eso, tal vez, la promulgación y el debate de esta Ley sea un paso más, en orden a desarrollar cada día más ese concepto de solidaridad.

Entiendo que la prestación de los objetores de conciencia no es el objeto de este debate, pero, ciertamente, mucho habría que hablar sobre el papel que las organizaciones de voluntariado están desarrollando en estos momentos, en aras, simple y llanamente, a sacarle las castañas del fuego a una Administración Central que no ha sabido hacer las cosas bien en su momento, que ha provocado un colapso institucional de magnitudes considerables y que, una vez más, intenta achacar a los demás sus propias responsabilidades. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se somete a votación la Proposición No de Ley del Grupo Popular sobre Proyecto de Ley del Voluntariado. ¿Se puede aprobar por asentimiento? Queda aprobada.

El señor Secretario dará lectura al quinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Quinto punto del Orden del Día: "Interpelación del Grupo Parlamentario del Centro Democrático y Social, relativa a Política General en materia de autovías y especialmente convenios y compromisos con el Gobierno Central en este tema".

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para su exposición, tiene la palabra el señor San Martín.

SAN MARTIN RAMOS

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS: Gracias, señor Presidente. En enero, los Presidentes del Gobierno y del Partido Popular firmaron -como de todos es sabido- el Pacto Autonómico, y en un Anexo del mismo figuraban una serie de autopistas y autovías para nuestra Comunidad. Transcurrido casi un año, podemos decir que no hay prácticamente nada y los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo no contemplan partida alguna para estos tramos.

A raíz de la firma de dicho Pacto, el Presidente, señor Lucas, reconocía que el no poder reformar en profundidad el Estatuto de Autonomía y los recortes en la lista de materias transferibles le dejaba un regusto amargo. Pero cantó las excelencias de la propina que su Consejero de Fomento había arrancado del Gobierno Socialista.

Se habló entonces de cifras mareantes, de inversiones en nuevas autovías y autopistas para Castilla y León. Los proyectos deberían redactarse en el noventa y dos y comenzar las obras en el noventa y tres.

En publicaciones recientes de la Junta de Castilla y León se dice textualmente: "Se pretende contar con una red de carreteras completa, suficiente, homogénea y con las características adecuadas. Consciente la Junta de Castilla y León de la importancia que representa poder contar con una mayor y mejor red de carreteras, se ha planteado como objetivo prioritario la remodelación de su Plan Regional de Carreteras, con independencia de que se recabe constantemente de la Administración Estatal que actúe sobre una serie de itinerarios de interés general que son básicos para el desenlace y desarrollo de la Región".

Todo esto, lógicamente, nos parece bien, como unos objetivos. Pero la realidad, ¿cuál es? Según nuestro punto de vista, promesas incumplidas, declaraciones contradictorias, enfrentamientos, contestaciones parlamentarias incongruentes... iba a decir doble lenguaje; creo que no es doble lenguaje, sino nueve lenguajes, depende en qué provincia se hagan las declaraciones.

Creemos que ya es hora de hacer menos declaraciones, muchas veces con un cierto tufillo electoral, y sí que la Junta informe a este Organo, el Organo representativo de los castellano-leoneses, de sus gestiones reales y de las actuaciones concretas. En este sentido es en el que se ha presentado esta Interpelación.

Por lo tanto, vamos a hacer un breve repaso de los proyectos pendientes en nuestra Comunidad.

Autovía León-Burgos. Se firma el Pacto Autonómico, se levanta el estandarte de la autovía, y creemos que la Junta comete el error del planteamiento que ha permitido una cierta politización en las provincias. El veintidós de septiembre, el Consejero de Economía dice que en los Presupuestos se contemplan las cantidades iniciales para llevar a cabo la autovía León-Burgos, y el Consejero de Fomento afirma que, en breve, se procederá a encargar los proyectos. Dos días más tarde, añade que "La inclusión en los Presupuestos elimina el miedo de incumplimiento del proyecto". El trece de octubre, el Consejero de Economía dice en León que se está poniendo difícil el consorcio de gestión de las obras de la autovía León-Burgos. También el Senador Jaime Lobo, que hizo una pregunta parlamentaria en el Senado, recibe la contestación del Ministro, en el sentido de que no es posible fijar las fechas, ya que aún no se ha constituido el instrumento de gestión encargado de la financiación de las obras. Más tarde, en Burgos, el Consejero de Fomento dice que se hará la autovía, a pesar del Gobierno. Y el diecisiete de noviembre, el Consejero de Economía arremete contra el Gobierno Central por retrasar esa autovía.

Autovía entre Palencia y Santander. Pues, veintisiete Cámaras de Comercio, diecisiete Autonomías diferentes reunidas precisamente en Palencia piden a la Administración del Estado la conversión en autovía del tramo entre Palencia y Santander, y da los datos concretos, la baza de que ese tramo sufre de cuatro mil a ocho mil vehículos por día, sin contar los fines de semana, que, lógicamente, aumenta.

Accesos a Galicia. Tenemos contemplado dos autovías: La Coruña-Benavente y Vigo-Orense-Benavente. Según el Secretario General de Infraestructuras, se iniciarán en el noventa y tres y estarán concluidas en el noventa y cinco; y pide la colaboración de las Autonomías implicadas en temas, por ejemplo, como la expropiación de tierras.

Autovía Tordesillas-Salamanca. El señor Lope Huerta dice que en el noventa y tres sólo se hará el estudio de la autovía Tordesillas-Salamanca. Por lo tanto, no está hecho ni el proyecto, cuando sabemos que este mismo señor lo había asegurado que ya estaba adjudicado, precisamente, para el próximo año.

Autovía Ruta de la Plata. Se dice, se asegura que está contemplado en el segundo Plan de Carreteras, Plan Nacional de Carreteras, pero a veces lo dudamos, porque hay contestaciones parlamentarias a diversos Diputados y Senadores de más de un partido político diferente que son contradictorias.

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Tramo Tordesillas-Zamora. A pesar de que el Presidente, señor Lucas, había declarado que la autovía Tordesillas-Alcañices era prioritaria -así lo había defendido ante las autoridades portuguesas-, este tramo no es contemplado en la negociación del Pacto Autonómico. Diferentes colectivos, instituciones, y hasta miembros del Partido Popular en Zamora, pues, denuncian una posible marginación y aislamiento real en que podía quedar la ciudad de Zamora. El Director General de Carreteras de la Junta manifiesta que la Junta se apunta al objetivo de hacer posible esa autovía Tordesillas-Alcañices. Y en ese sentido, también el Presidente de la Junta reta públicamente al Ministerio a cofinanciar esa autovía. A partir de esta protesta y estas declaraciones, el treinta de enero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dice que aprueba cofinanciar el tramo de la nacional-122 comprendido entre Zamora y Tordesillas. Este acuerdo es resaltado. El Presidente Lucas se reúne también con los directivos de la CEOE y CEPYME de Zamora, y se le comunica no solamente el acuerdo, sino hasta plazos, plazos para su construcción. El doce de febrero, el Consejero de Fomento, en Zamora, dice que se reunirá en el transcurso de los próximos días -repito, dos de febrero, y en el transcurso de los próximos días- con responsables del Ministerio, y propone la conveniencia de que una sociedad creada entre ambas Administraciones fuera la encargada de poner en marcha la autovía hasta la frontera portuguesa. Posteriormente, el veintiuno de abril, este Procurador hace una pregunta solicitando al Consejero de Fomento que le diga qué escritos, escritos con fechas y destinatarios concretos, ha dirigido, para enviar al Ministerio ese acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Con fecha de junio el Consejero contesta que el acuerdo ha sido objeto de consideración en los diferentes contactos mantenido con entidades estatales responsables en materia de carreteras. O sea que se deduce que ni un escrito, y habían pasado ya más de cuatro meses.

A pesar de no dirigir un escrito al Ministerio, la Junta sigue promocionando ese acuerdo, y qué acuerdo. Así, el Consejero de Economía llega a afirmar en Zamora el veinte de julio que la autovía entre Tordesillas y Zamora es clave y puede hacerse de carácter inmediato.

Ante estas manifestaciones, la Secretaría General de Infraestructuras del Ministerio dice que no tiene conocimiento oficial de la propuesta de la Junta. Lógicamente, los comentarios de los zamoranos y sus medios de comunicación, que ahí están, lo reflejan; no sólo es de un incumplimiento de una promesa, sino se habla también de una tomadura de pelo.

El día once de agosto aparece el titular en portada: "la Junta reconoce que no ha pedido oficialmente la autovía para Zamora"; el once de agosto figura así.

Ante estas sucesivas protestas el Presidente de la Junta reafirma que hay escritos dirigidos al Ministerio con el compromiso de la Junta, y hace tres días, solamente, creo que fue el día trece, el día trece de noviembre, o el doce, dice que en noviembre -por lo tanto, si es así, nueve meses después del acuerdo-, se enviaron al Ministerio sendos escritos del Consejero de Presidencia y Fomento, en los que se ponía a disposición para entablar las negociaciones cuanto antes.

Bien. Hecho este repaso, breve repaso sobre las diferentes autovías o comunicaciones que tiene pendiente nuestra Comunidad, con esta Interpelación pretendemos, pues, tener más datos, o sea, datos más concretos, cifras, fechas, realidades, o sea, no promesas. Lógicamente, después de una Interpelación puede presentarse una moción. Y, ¿en qué sentido se presenta la moción? Eso depende de las manifestaciones que nos haga el representante de la Junta en este tema.

Por eso yo... solicitamos, solicitamos de la Junta que nos responda a una serie de cuestiones, que es el objeto de esta Interpelación.

Autovía León-Burgos. El señor Lucas manifestó el uno de octubre la intención de creación de una empresa pública con capacidad de adquirir compromisos económicos; preguntamos que en qué situación se encuentra esa propuesta.

¿Puede informar a esta Cámara de las conversaciones, el Consejero, con los Grupos Parlamentarios en busca de consenso?

¿Es cierto que el primer tramo será entre Onzonilla y Sahagún y se expropiará en el noventa y tres y se comenzarán en el noventa y cuatro?

¿Está clara la titularidad de la autovía León-Burgos? ¿Se ha desarrollado ya el protocolo de intenciones para la actuación que llevará consigo la construcción de la autovía León-Burgos? ¿Se ha firmado el consorcio? ¿Se mantiene el coste previsto?

¿Mantiene el señor Consejero de Fomento que se hará la autovía León-Burgos, aunque el Gobierno Central no la subvencione?

Pasamos ya a otra autovía. Desearíamos saber si en alguna forma la Junta ha apoyado esa reivindicación de, que hemos dicho antes, de Palencia, en concreto, para solicitar de la Administración Central la autovía entre Palencia y Santander.

Sobre la Ruta de la Plata, que preocupa mucho, lógicamente, que atraviesa de norte a sur, prácticamente, a la Comunidad, nos gustaría saber si el señor Consejero tiene confirmación y unas previsiones concretas, reales, de si está contemplada en el segundo Plan de Carreteras.

Bueno, otra pregunta que nos gustaría saber, al señor Consejero, era si la Junta ha estudiado o contemplado una posibilidad, la posibilidad de que el corredor Palencia-Paradores de Castrogonzalo sea convertido también en autovía.

Sobre la autovía Tordesillas-Salamanca, o Tordesillas-frontera portuguesa, se encuentra... creemos que está muy retrasado. La Junta ¿ha hecho alguna gestión para poder acelerar de alguna manera este tema?

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Respecto al desdoblamiento de la nacional 122, Tordesillas-Zamora, la Junta dice que acuerda la cofinanciación el día treinta de enero. ¿Me puede decir en qué consiste en realidad el acuerdo? Concretamente, ¿cuántos meses ha tardado la Junta en transmitirlo a Madrid, por escrito?

Mientras tanto, las declaraciones suceden, el señor Lucas reta a Borrell a firmar el acuerdo de la autovía, y el Delegado Territorial de Zamora afirma que el Gobierno no quiere la autovía, cuando la Junta ni se lo ha escrito, ni se lo ha pedido.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Señor Procurador, le ruego vaya acabando.

SAN MARTIN RAMOS

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS: Estoy terminando, señor Presidente. El señor Lucas ha dicho que en noviembre se enviaron al Ministro y al Secretario de planificación y concertación territorial sendos escritos de los Consejeros de Presidencia y Fomento. Entonces, nos podremos preguntar: ¿para qué se han hecho declaraciones, retos, afirmaciones sin enviar previamente una simple carta?

Y, ahora, ¿en qué sentido se han enviado? Eso es lo importante. ¿Sólo para decir que la Junta está dispuesta a entablar unas negociaciones?

En este sentido se ha presentado la Interpelación. Y, por lo tanto, yo rogaría al representante de la Junta, señor Consejero, que sea, que nos dé unos datos, que sea claro, no declaraciones de buenas intenciones y deseos, sino, a ser posible, fechas, destinatarios, contenidos y si a esas gestiones o a esos escritos ha habido ya algunas respuestas.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Por la Junta, tiene la palabra el señor Merino.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Señorías. Se plantea en el día de hoy, en este Pleno de las Cortes de Castilla y León y a iniciativa del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, un debate sobre la Política General de la Junta en materia de autovías, y, particularmente, en relación con los convenios o compromisos suscritos por la Comunidad Autónoma con el Gobierno de la nación en esta materia.

De este modo, y al objeto de fijar con la mayor precisión posible la posición de la Junta de Castilla y León en este punto, parece necesario formular algunas consideraciones previas que, situando el problema, permitan a Sus Señorías conocer el alcance y contenido de las iniciativas formuladas por el Gobierno Regional, y, muy principalmente, nuestra filosofía política ante el problema de las comunicaciones por autovía de la región.

En este sentido, entiendo conveniente formular una aclaración inicial que, por obvia, no es menos necesaria. La Comunidad Autónoma de Castilla y León ostenta, en los términos de su Estatuto de Autonomía, de los Reales Decretos de Transferencia y de su propia Ley de Carreteras, competencias en relación a los trayectos que discurren íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma, o, lo que es igual, es responsable de aquellas comunicaciones de alcance interno que sirven al objetivo de vertebración u ordenación territorial de Castilla y León, asegurando la comunicabilidad de las distintas partes de su territorio.

Por el contrario, y por exclusión lógica, es competencia y responsabilidad estatal, de acuerdo con la distribución competencial que opera nuestro texto constitucional, la atención o gestión de los trazados que, discurriendo por dos o más Comunidades Autónomas, no sirven ya a objetivos de vertebración interregional, sino interterritorial, pues desplazan sus efectos en la comunicación de las distintas partes del territorio nacional.

Como consecuencia necesaria de tal diferenciación, se produce la conveniencia y la convivencia en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma de dos entramados viarios perfectamente diferenciados, aunque -eso sí- complementarios entre sí.

Consideran uno y otro, en términos globales, que es necesario asegurar una mejor comunicación en Castilla y León; o, lo que es igual, se trata de dotar a nuestra región de un entramado viario, por carretera de titularidad estatal o por carretera de titularidad autonómica, según los casos, dirigido al servicio del desarrollo regional integral en Castilla y León coordinado entre sí. De este modo, conviven, efectivamente, en nuestro territorio la denominada red de interés general del Estado con la red regional de carreteras.

Todo ello nos permite, avanzando en el razonamiento, formular una distinción paralela a la anterior, y, de enorme transcendencia, en el entendimiento de la posición política que la Junta de Castilla y León ha de adoptar en relación a previsiones en materia de carreteras, tanto de titularidad estatal como de titularidad autonómica.

Efectivamente, si damos por supuesto la existencia de esta doble red de carreteras en nuestra región, diferenciadas, pero complementarias, hemos de aceptar, igualmente, que la posición política de la Junta de Castilla y León ante una u otra debe ser distinta.

De este modo, la Junta de Castilla y León considera que todas las comunicaciones regionales son de interés para la Comunidad Autónoma, pues es evidente que a nuestra región interesa la mejora no sólo de su red propia, sino también de la de titularidad estatal.

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Pero, afirmado esto, la Junta de Castilla y León también considera que mientras nuestras actuaciones sobre la red regional de carreteras constituyen responsabilidad propia y directa, a quien compete poner en funcionamiento es, por tanto, al Gobierno Regional, de cuantos recursos técnicos y financieros sean necesarios para conseguir esa mejora sustancial de la red regional; por el contrario, en relación con la red nacional de carreteras en nuestro territorio, la Junta no tiene sino una responsabilidad indirecta, que se concreta en una labor política de estímulo, de impulso o, si se quiere, de exigencia y reclamación ante la Administración Central de la ejecución de nuevas inversiones en Castilla y León que redunden en beneficio de la propia Comunidad Autónoma.

En último paso, en esta argumentación inicial, nos situamos ante la forma en que se concreta ese compromiso de mejora de la red de comunicación por carretera de Castilla y León. En este punto ha de afirmarse que nuestra Comunidad Autónoma dispone de un documento específico de programación de inversiones en la red regional que, cualquiera que sea el juicio que merezca a los distintos Grupos Parlamentarios aquí representados y que ha sido objeto de examen en esta Cámara, supone, en opinión del Gobierno Regional, el soporte de un compromiso con Castilla y León, en el que se expresan las actuaciones a desarrollar, la definición de los ejes prioritarios, el esfuerzo financiero a realizar y cuantas cuestiones aparecen conexas con las carreteras de Castilla y León.

Por el contrario, y por causas o razones que escapan al contenido de este debate, la Administración Estatal no dispone al momento presente de un documento de definición de las inversiones futuras en la red de interés general que discurre por nuestra Comunidad Autónoma, o, si dispone de él, cuando menos, el Gobierno Regional no lo conoce en este momento, lo que supone, evidentemente, un inconveniente a la hora de fijar la posición concreta de la Junta sobre ese problema concreto.

Sobre la base de las reflexiones previas hasta ahora realizadas, estamos en condiciones de formular con mayor precisión la política de la Junta de Castilla y León en relación con las comunicaciones regionales por carretera, y, en especial, lo relativo a la ejecución de las autovías.

Sintéticamente, puede afirmarse que la Junta de Castilla y León, con relación a la ejecución de autovías en la red regional, asume los compromisos y previsiones contenidos en el Plan Regional de Carreteras de mil novecientos noventa y dos, y, en consecuencia, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, acometerá la ejecución de estas obras.

En segundo término, y en relación a la posición de la Junta de Castilla y León con respecto a la política general de la Administración Estatal, en orden a la ejecución de autovías en la región, mantiene una actitud de exigencia de aquellas inversiones u obras que el Gobierno Regional estima necesarias para Castilla y León, actitud o perspectiva que no excluye, en modo alguno, la utilización puntual de mecanismos de colaboración técnica y financiera entre ambas Administraciones para acometer la ejecución de inversiones absolutamente prioritarias para la región, como es el caso de la conversión en autovía del tramo Tordesillas-Zamora, al que se refieren los antecedentes de la Interpelación formulada, y en el que, efectivamente, concurren condiciones de necesidad y urgencia que justifican la voluntad política del Gobierno Regional de colaborar en la financiación del proyecto, sin olvidar en ningún momento que, por obvias razones de titularidad estatal, de nada vale la voluntad de participar en un proyecto si a quien corresponde iniciarlo, es decir, a la Administración Central, no adopta esa decisión.

El Presidente Regional fue claro en este sentido en el pasado debate sobre el Estado de la Región: "La pretensión del Gobierno Regional es la de que todas las capitales de la Comunidad Autónoma estén unidas o conectadas por autovía". En ello volcaremos nuestra colaboración con el Estado, como titularidad de esas carreteras, y el Gobierno Regional plantea, en ese sentido, y en términos de colaboración, la posibilidad de cooperar con la Administración Estatal en supuestos puntuales de ejecución de autovías, lo que no es susceptible de generalización, no sólo ya porque no es susceptible de titularidad y responsabilidad estatal, sino, además, porque los recursos financieros de que dispone la Comunidad Autónoma no permiten adoptar una posición permanente de cofinanciar inversiones.

Desde esta perspectiva, constituye un caso distinto el del convenio o protocolo de financiación de infraestructuras de Castilla y León, firmado el pasado diecisiete de enero entre la Administración estatal y la regional, no sólo por el hecho de integrarse en un acuerdo más amplio -cual es el de financiación autonómica-, sino, además, por cuanto responde a una filosofía de colaboración, plasmada en un compromiso de las partes para actuar o invertir en infraestructuras o trazados propios, con la vista puesta en una mejora de las comunicaciones del corredor norte de la Comunidad Autónoma, y en el que, al tratarse de un compromiso recíproco, la Junta de Castilla y León parte del criterio de exigir de la Administración Central el cumplimiento riguroso de los acuerdos alcanzados.

En suma, la política general de la Junta de Castilla y León en materia de autovías puede quedar, sumariamente resumida, de la siguiente manera: la Junta de Castilla y León, en el mejor servicio a los intereses de nuestra Comunidad Autónoma y de sus ciudadanos, asume políticamente el cumplimiento de los compromisos propios plasmados en el Plan Regional de Carreteras; asimismo, los convenidos con la Administración Estatal, aceptando la posibilidad de colaborar, en la medida de nuestras posibilidades presupuestarias, con la Administración Central en la ejecución de inversiones sobre vías de titularidad estatal. Y ello a fin de dotar de las mejores infraestructuras posibles a nuestras nueve provincias, sin importarnos quién sea competente o quién sea el protagonista.

Nuestro Presidente dijo también en aquel discurso, y ha dicho muchas otras veces, que, por conseguir ese objetivo, está dispuesto a ceder la foto a quien sea; y así se demostró en la propia firma del acuerdo sobre financiación de las autovías.

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Y entrando, concretamente, en las cuestiones puntuales que usted ha preguntado, si no se hace, concretamente, una empresa mixta para llevar a cabo estos proyectos, vamos a hacer una empresa pública de titularidad regional, y ésa será la empresa que lleve a cabo este tipo de obras de infraestructura. Ese proyecto se presentará a las Cortes en los próximos tres meses, posiblemente en el próximo período de sesiones, y, sin duda, será el responsable de llevar a cabo, o la entidad responsable de llevar a cabo esos proyectos.

En cuanto a las reuniones, cartas y comunicaciones con el Ministerio de Obras Públicas y el Secretario General, señor Zaragoza, yo le puedo decir que tres veces, en tres reuniones distintas, he manifestado la cuestión del desdoblamiento y de la colaboración de la Junta en el proyecto Tordesillas-Zamora. Dos veces se le ha remitido el acuerdo de la Junta, tanto al Ministro como al Secretario, señor Zaragoza. Y dos escritos más le he remitido también yo al propio señor Zaragoza, el último de ellos -al que usted ha hecho referencia- en noviembre del presente año.

Respecto a la autovía León-Burgos, puedo indicarle que en este momento... Y usted recordará, si lo ha leído, hace aproximadamente quince días, el Consejo de Gobierno aprobó ya el primer estudio previo del tramo que entendemos va a ser el primero en ser ejecutado, que es el tramo entre León y Sahagún. Por tanto, nuestra voluntad queda patente, queda clara, que queremos, en todo momento, llevar a cabo ese proyecto, porque entendemos que es el proyecto más importante para vertebrar esta Comunidad en el norte de la Región, porque la Región económicamente lo necesita, necesita una salida a la frontera francesa, necesita una salida al Valle del Ebro, y nosotros entendemos que se la podemos dar.

El Estado, hasta este momento, no ha rechazado la aportación del 20%. Otra cosa es que haya apuntado a que se va a llevar a cabo esa aportación del Estado cuando se produzca la concreción definitiva de los proyectos. A mí eso me da, de momento, suficiente garantía de que va a cumplir con su compromiso, como no podía ser menos. Recientemente, el propio Delegado del Gobierno lo ha manifestado también de la misma manera.

En cuanto al desdoblamiento de la Tordesillas-Zamora, efectivamente -como usted ha dicho-, el acuerdo de la Junta decía que pagaríamos, que estaríamos dispuestos a aportar hasta el 50% del importe que supusiera ese desdoblamiento. No ha habido, hasta ahora, una respuesta de la Administración Central. Tampoco está, parece ser, incluido en el Plan Nacional de Carreteras, el segundo Plan de Carreteras, pero consideramos que todavía es posible llegar a un acuerdo al respecto.

Y en esas estamos, en esta situación, en este momento actual -como le he dicho-, respecto a la política de autovías, al proyecto concreto León-Burgos y al proyecto o a la propuesta de esta Junta respecto al desdoblamiento de la autovía Tordesillas-Zamora. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Merino. Para réplica, señor San Martín, por un tiempo de cinco minutos.

SAN MARTIN RAMOS

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS: Gracias, señor Presidente. Bueno, veo que el señor Consejero no ha querido entrar en detalles concretos. No sé si esto procede en una Interpelación, que, lógicamente, nuestro Grupo, este Procurador tiene otras vías parlamentarias para pedir detalles, cifras concretas, fechas, etcétera.

Sí nos ha dado unas reflexiones previas. Al principio parecía que iba a decir que, claro, que la Junta no es responsable -ya lo sabemos- de las autovías nacionales, como quitándose, un poco, el muerto de encima; pero sí que creemos que -y no me negará, señor Consejero-, que la Junta es responsable del progreso de los castellanos, y el progreso depende, en gran manera, de las infraestructuras, de las vías de comunicación.

Nos ha hablado de la política general. Que la Junta asume las autovías del Plan General de Carreteras y los convenios, lógicamente. Tiene la voluntad política de colaborar en el desdoblamiento de la Tordesillas-Zamora, y agradezco el apoyo del Presidente Regional en este sentido; pero es que no sólo de apoyos vive el hombre, y estamos ya de apoyos y nulas realidades...

No me ha querido decir cuándo y qué gestión... vamos, qué escritos, pero del acuerdo. El acuerdo... lo que pasa es que esto no sé si nacerá un poco muerto de raíz, y por eso a este Procurador le ha preocupado. Porque el acuerdo famoso del treinta de enero, en el Consejo de Gobierno, sólo dice: "Autoriza al Consejero de Fomento para el inicio de conversaciones con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con el fin de conseguir en breve plazo la conversión en autovía estatal...", tal, tal tal. Entonces, es autorizar al Consejero para que no vaya por libre. Pero el Consejero podrá actuar o no actuar. Sólo que se le autoriza a hacerlo. ¿Y en qué sentido actúa o en qué otro sentido actúa? ¿En comentarlo en una reunión, en una reunión de pasada o exigir estudiarlo, presentarlo por escrito? No sé. Es que creemos que es más sencillo: esto vale tanto, yo pongo tanto, ¿cuándo empezamos? Y si contestan que no, cada palo aguante su vela, el Ministerio. Pero es que tampoco tenemos datos para plantearlo, y parece ser que no los queremos tener. Porque creemos que si la Junta cree que es verdad que es prioritario este desdoblamiento, ¿cómo va a negociar sin cifras, sin datos?, si no hay ninguna base.

(-p.1070-)

Este Procurador le presentó una pregunta al Consejero sobre si tenía algún estudio previo; no digo el proyecto, sino un estudio previo, unos datos de la financiación, y el Consejero, el día veintiuno de octubre, contesta a esta pregunta parlamentaria diciendo que no hay ningún documento: estudio de evaluación financiera sobre esta iniciativa. Por lo tanto, pensamos que primero hay que estudiarlo, hacer una evaluación por lo menos económica, para llegar a debatirlo, a debatirlo y a... con el Ministerio, con la Administración Central.

Estamos hablando no solamente de la autovía León-Burgos, he planteado en general las autovías en nuestra Comunidad. El Consejero se ha centrado en la León-Burgos y en el tramo Tordesillas-Zamora.

Pero también quería comentar al señor Consejero que parece que también puede haber una contradicción, una contradicción dentro de su propio partido, porque, por ejemplo, el PP de Valladolid, pues, pues, el Senador señor Unceta propone convertir la autovía 601 desde Adanero a León presentando una Enmienda de unos 4.000.000.000. Los del PP de Palencia, los Senadores José Antonio Sacristán y José Luis López de Henares, presentan Enmiendas a los Presupuestos del Estado solicitando la creación de una gran autopista que atraviese Burgos-Palencia-León, camino de Galicia, por la ruta, paralela... Camino de Santiago, y solicitan un crédito de 500.000.000.000 para iniciar los estudios y las obras.

No sólo eso, sino que me parece bien -digamos- que hay otros Senadores del Grupo Popular que, ante el incumplimiento de la Administración Central del acuerdo, del Pacto de Financiación, que no se contempla en los Presupuestos del noventa y tres, pues, presentan unas partidas para iniciar los tramos de Benavente a León y de León a Burgos, que tan importantemente se vendió a raíz de firmar el Pacto Autonómico. Con lo cual, se demuestra una nula recepción de la Administración Central.

¿Ahora la Junta que va a hacer? ¿Sólo presentar... presentar esas Enmiendas en los Presupuestos Generales? Nos ha dicho el señor Consejero la creación, nos ha adelantado la creación de una empresa pública de titularidad regional. Por lo tanto, da a entender que no se cumple el pacto, no lo cumple la Administración Central. Vamos a quedar claro el tema. ¿Esa empresa pública de titularidad regional sería para todas las autovías estas que hemos mencionado? Porque, entonces, ¿cómo se va a desdoblar una vía de titularidad estatal?

Respecto a la financiación de la autovía León-Burgos, nos gustaría saber de qué forma se va a financiar la parte correspondiente a nuestra Comunidad. No sabemos si van a presentar un proyecto de ley.

Y, en resumen, el señor Consejero ha dado una filosofía de la política general de comunicaciones, de autovías de nuestra Comunidad. Se ha referido al Plan Regional de Carreteras en diferentes momentos, al que le podemos decir, aprovechando el tema, que creemos que no está ni anualizado, ni a qué horizonte está contemplado, si son quince, diez veinte años; ni está coordinado con ostras Instituciones, como las Diputaciones.

Por lo tanto, agradecemos la voluntad política de la Junta de reclamar, de solicitar estas autovías, pero repito que de apoyos no vive el hombre.

Y otro tema, también, que le planteo, que le ruego al señor Consejero me conteste, es que, como recordará, tras el último debate del estado de la Región, estas Cortes aprobaron una Propuesta de Resolución, precisamente del CDS, en que se instaba a la Junta a que debería urgir a la Administración Central a que en el más breve plazo de tiempo posible queden todas las capitales de provincia de nuestra Región unidas por autovías a las redes nacionales.

Por lo tanto, como se pedía... esta Propuesta era con carácter urgente, solicito al Consejero que si ha hecho alguna gestión en este tema, y, si no, que la realice, pues -como ya decía la Propuesta de Resolución-, con la máxima urgencia.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor San Martín. Para dúplica, el señor Merino tiene la palabra.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Señorías. Efectivamente, y aunque usted no lo ha dicho enteramente, sí lo ha reconocido indirectamente, estamos cumpliendo nuestros compromisos del Plan de Carreteras. Y, además, y, además, en otras que no son nuestras, que son estatales, estamos tratando de colaborar con la propia Administración Central, precisamente para instarle, para motivarle a que haga determinadas ejecuciones de obras importantes en carreteras que necesita Castilla y León.

Por eso, nosotros, además de nuestro compromiso con el Plan Regional de Carreteras, estamos tratando de que se cumplan otras cuestiones mucho más favorables, también, para nuestra Región.

Las Enmiendas a que ha hecho usted referencia, de algunos Senadores de nuestro Grupo, han sido retiradas. Por tanto, no está usted bien informado. Y, como usted sabe, además, la Junta no presenta Enmiendas.

Respecto a la sociedad pública, entendemos que esa sociedad pública va a hacer lo que diga esta Cámara. Por tanto, llevará a cabo las ejecuciones extrapresupuestarias que estime la Cámara en su momento. Y lo hará de acuerdo con unas fórmulas de financiación que también están hoy día en el mercado y que son de todos conocidas.

Yo creo, Señoría, que usted no se ha leído el Plan de Carreteras, porque, si se lo hubiera leído, hubiera visto que hay una cuantificación en términos presupuestarios, hay una periodificación de las ejecuciones y hay toda una política a seguir para los próximos, por lo menos, diez años, puesto que -como usted sabe- hacíamos de ese Plan de Carreteras un cumplimiento flexible en diez a quince años, y sí se hablaba en ese Plan de esa autovía León-Burgos.

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Por tanto, creo que sí estamos hablando de cosas muy concretas, de compromisos muy concretos. Y no es usted el primero que dijo que esas autovías, que ese desdoblamiento de todas las autovías que se refiriesen a las capitales de Castilla y León se deberían de hacer efectivas, que todas las capitales de Castilla y León debían de estar comunicadas por autovía. Nosotros lo dijimos en su día. Fue -si no recuerdo mal- el propio Presidente el que primero dijo que esas capitales de Castilla y León necesitaban tener una comunicación por autovía, si queríamos mejorar el desarrollo regional y si queríamos estar a la altura de los tiempos en cuanto a infraestructuras. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Consejero. Para fijación de posiciones del Grupo Mixto, señor Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Yo quiero partir de lo que es el reconocimiento de la realidad a veces pura y dura, y la verdad es que en esta materia se siguen haciendo declaraciones, y, posiblemente, ha habido algún tipo de información a mayores de la que teníamos hasta el presente. Pero, lo siento, señor Consejero, a mí la impresión que me da es que seguimos en la línea cero.

Me había parecido importante... oportuna esta Interpelación, porque ni siquiera hemos podido gozar siquiera del conocimiento de esa documentación a la que se alude de forma constante, como el convenio suscrito en su momento en una derivación del pacto autonómico y del acuerdo de financiación de las Comunidades Autónomas. Y la verdad es que he intentado, precisamente para esta Interpelación, hacer un recorrido a ver dónde podía encontrarse con precisión, y a lo mejor con una pretensión: de encontrar un emplazamiento en el tiempo y en el espacio de la materialización de estas obras.

Pues bien, he de decirlo, y es posible que sea una precariedad de medios del que dispone este Procurador que les habla, pero yo no he encontrado todavía datos fiables que puedan garantizar la materialización de las autovías, e incluso de las autopistas, que se ha mencionado.

Y pasa el tiempo, y la verdad es que, a través de los medios de comunicación, se ha podido observar el conflicto de utilización partidaria, que viene siendo ya un denominador común en muchas cuestiones, que denotan, a mi juicio, pues, un hecho bastante sintomático, y es la traducción de la impotencia, de la no materialización de los acuerdos, que es, por otra parte, la interpretación más sencilla para cualquier ciudadano; y digo lo de cualquier ciudadano, porque, en este caso, me consideraría uno más si no estuviera en esta Cámara y tuviese ciertas obligaciones y ciertos derechos en cuanto a la información.

Los acuerdos se establecen en una fecha determinada, que ya prácticamente hace un año. Y la última información remitida por la Consejería, después de bastantes demandas, de bastantes requerimientos -no precisamente míos-, se nos remite un documento amplio que hace referencia al Plan Regional de Carreteras de mil novecientos noventa y dos.

Ciertamente, yo no lo he podido concluir todavía en su lectura, pero aquellos gráficos que pueden denotar y que habitualmente se utilizan como mejor mecanismo propagandístico, hasta el presente, en materia de autovías, en materia de desdoblamientos, en materia de autopistas, pues, resulta que sólo se hacen algunas apariciones, como es el tramo Palencia-Magaz -que, por otra parte, ya está en marcha-, el tramo Valladolid a Cuéllar, y se hace un trazado lineal, lineal, a tiralíneas, en lo que damos en denominar la autovía León-Burgos. También en cierto que hay un tramo, que es el que va de Ponferrada a Villablino, y nada más.

Después, cuando uno hace repaso de los compromisos que, por otra parte, se deberían de plasmar en la presupuestación, pues, la verdad, ni se concretó en su momento la Comisión Mixta, concretamente, para la autovía León-Burgos, ni se ve con claridad, con nitidez la presupuestación correspondiente, o el estudio de financiación que pueda llevar a cabo la materialización de lo que se plantea.

Bien, pues, guiados de esta información, que incomprensiblemente a veces se nos escatima, a nosotros nos gustaría saber qué es lo que aparece, realmente, en el convenio, cuál es el anexo que en algunas ocasiones se cita, pero que en la última publicación del pacto autonómico y de la Ley de Transferencias tampoco aparece, y si de ahí se puede deducir que hay perspectivas de materialización de lo que se plantea.

La impresión, en definitiva, tras escuchar las diversas intervenciones, tanto del interpelante como del interpelado, y tras escuchar otras declaraciones realizadas en estas mismas Cortes y en múltiples declaraciones cruzadas en los medios de comunicación, no nos dan pie a otra cosa más que: o a la decepción, o a esperar a ver que puedan desarrollarse algunas cuestiones. Y que conste que no nos gustaría más que hacer, o ver planteado como cierto ese criterio que ha mencionado el señor Consejero de Fomento de: quien sea el protagonismo, porque, en definitiva... el protagonista, porque, en definitiva, en la sociedad lo que se está esperando son solución a los problemas. Y acaso no es tanto quien, si desde la Administración, si desde la Administración Autonómica culmina, termina esos compromisos. Y lo que sí es claro es que agradeceríamos todos, indudablemente, que eso se pudiera llevar a cabo.

Y digo, y con esto concluyo, que están emplazados los máximos responsables políticos, tanto de la Administración Central como de la Administración Autonómica, pero también quiero añadir que la esperanza no es infinita, sin embargo las necesidades son urgentes.

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Y, por cierto, yo concluyo que no se continúe esgrimiendo, porque a uno le genera desconfianza, que no se continúe esgrimiendo que hay un acuerdo común, unánime de todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara en esas materias, y en concreto en la que hace referencia a la autovía León-Burgos, porque -al menos- el que les habla y, por lo que he podido deducir de la intervención del interpelante, es decir, el Portavoz del Centro Democrático y Social, en ninguno de los dos casos se ha puesto nadie en contacto con dos Grupos Parlamentarios, al menos, y, por consiguiente, no se sigan generando falsas expectativas que nos llevarán a desconfiar del resto de las cuestiones que aquí se plantean.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. El Grupo Socialista, fijará posición el señor de Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, Presidente. Yo quería esta intervención iniciarla aclarando tres confusiones que creo que se han... tres ideas confusas que creo que se han manifestado a lo largo del debate.

Una, al Portavoz del Centro Democrático y Social. Yo creo que el pacto sobre construcción de ciertas autovías no tuvo nada que ver con el Pacto Autonómico, eso se derivó -más bien- con el Pacto de Financiación de las Comunidades Autónomas; no se pueden mezclar las cosas, no se pueden mezclar las cosas en absoluto.

Al Consejero de Fomento, en el sentido de que dice de que el Estado carece en este momento de un Plan de Carreteras. El Estado está ejecutando el primer Plan de Carreteras, está ejecutando el primer Plan de Carreteras, luego no carece de ningún plan, y lo está ejecutando en plazos.

Y, por último, declarar y aclarar que, por supuesto, yo creo que estamos en... podemos dar las garantías suficientes de que el Estado cumplirá los compromisos del Pacto de Financiación en cuanto a las autovías. Yo creo que eso no se puede poner en duda en absoluto.

Se interpela a la Junta sobre la política... su política de autovías y lo que piensa de las autovías que debe hacer el Estado en la Comunidad Autónoma. Y yo creo que eso es algo que todos sabemos antes de hacer esta Interpelación, porque la política de autovías de la Junta, tanto las que tiene que hacer ella como las que pide que haga el Estado de la Nación, como las que pide que haga el Gobierno de la Nación, están definidas y aprobadas por la Junta, por la Junta, en pleno, en el vigente Plan Regional de Carreteras, Plan que, después de bastantes requerimientos, hemos logrado que se nos entregue.

Y la Junta, en abril, porque este documento está fechado en abril del noventa y dos, lo presenta el Consejero de Fomento y aprobado en esa misma primavera, cuando habla de las autovías que debe hacer el Estado en Castilla y León -y lo dice por escrito-, sólo pide tres. La Junta oficialmente al Estado, en este documento aprobado por la Junta, pide sólo tres autovías. Y es -está en la página diecisiete-, es la autovía de Castilla desde Tordesillas al límite con Portugal; es la autovía Ruta de la Plata-León-Benavente-Zamora-Salamanca -supongamos que también querrá decir Béjar, ¿no?, no queremos que simplemente la quiera dejar en Salamanca-; y la autovía Burgos-León. Y ninguna otra autovía. Porque luego habla de otras dos intervenciones, y una es los accesos a Cantabria, y no habla de autovía; y otra es el eje del Duero, en el que tampoco habla de autovía. Luego, la Junta al Estado le pide que haga en Castilla y León tres autovías, y ninguna más, y ninguna más. Por acuerdo del Pleno de la Junta.

Y esa política es, de alguna manera, .......... contradictoria con el convenio de financiación, que es anterior a este documento. Por qué se pactan tres actuaciones que tienen poco que ver, poco que ver con lo que dice este documento. Pero, bueno, podemos considerarlo contradictoriamente complementario, puesto que si en un sitio se pide una autovía en la Ruta de la Plata, ahora una parte se convierte en autovía de peaje; si se pide la autovía de Burgos a León, en el Pacto de Financiación se habla León-Palencia; y aparece una nueva en la que antes no se ha pensado nada... en la que antes no se había pensado, que es la autopista de Astorga a León. Pero, bueno, estas contradicciones vamos a considerarlas como razonables.

Yo creo que con lo que es mucho más contradictorio este documento, o sea, lo que es la política de la Junta en materia de autovías, es con la practicada por múltiples cargos del Partido Popular a lo largo y a lo ancho de la Región. Ha hecho referencia el Portavoz del Centro Democrático y Social a las Enmiendas que a los Presupuestos Generales del Estado han presentado prácticamente todos los Senadores del Grupo Popular, pidiendo tantas autovías como carreteras tiene el Estado en sus provincias respectivas, y eso ha obtenido portadas o páginas en todos los periódicos de la Región. Ahora dice el Consejero: no, no, es que las han retirado. Pues, esa noticia, la verdad es que no nos habíamos enterado, y esperamos que aparezca con el mismo tamaño en los periódicos la retirada de las Enmiendas que su presentación.

Es contradictorio, además, con la política del Partido Popular en Galicia, con la política que propugna el señor Fraga, que, razonablemente, ha pedido y pactado con el Estado las autovías que desde Benavente van a La Coruña y a Vigo. Y esas autovías, yo creo que tan importantes para la Comunidad Autónoma, tan importantes para la provincia de León y tan importantes para la provincia de Zamora, es algo que no pide la Junta en el Plan Regional de Carreteras.

Y esa política que defiende la Junta aquí es contradictoria, además, con múltiples declaraciones de altos cargos de la Junta y de los propios Consejeros, que en cada sitio dicen cosas distintas en función de lo que se les pide, y que propugnan múltiples sistemas de cofinanciación.

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Y a mí me gustaría que el Consejero de Economía, que a veces ironiza sobre el monto de lo que representarían nuestras Proposiciones No de Ley en esta Cámara, alguna vez se tomara la molestia de cuantificar también el monto que representarían todas las promesas que tantos altos cargos de la Junta hacen a lo largo y a lo ancho de la Región.

Y yo creo que la cosa ha llegado a tal extremo que es el propio Presidente de la Junta el que ha tenido, en algún ámbito, que llegar a pedir orden, para esto y para otras cosas, y recordar que esto es una Comunidad, que esto es algo total, y no la suma de los intereses provinciales, de los intereses de las Comarcas y de los intereses de los pueblos. Que no podemos estar diciendo tantas cosas, en tantos sitios, sino que a veces hay que enfrentarse y hay que tomar decisiones, aunque sean difíciles de defender.

Por lo tanto, yo creo que la política de la Junta de Castilla y León en materia de autovías está definida en el Plan Regional de Carreteras, en el que se describen las carreteras que la Junta pide al Gobierno de la Nación. Plan Regional de Carreteras, en el que se definen las autovías que la Junta va a hacer en su red, que yo diría que son tres: la autovía de Magaz a Palencia, la autovía de Ponferrada a Villablino y la autovía de la salida de Valladolid hacia Segovia, hasta quince o veinte kilómetros de Valladolid. Pues bien, de esas tres autovías, de esas tres autovías que son las que tiene que hacer la Junta en su propia red, no presupuesta nada en el año noventa y tres. ¿Y cómo podemos lanzar permanentemente retos de cofinanciación si en las autovías que son responsabilidad de uno mismo no se presupuesta ni un duro? Hemos tenido que hacer enmiendas en todas ellas para que haya un duro para empezar esas obras entre Magaz y Palencia, entre Ponferrada-Villablino y en la salida de Valladolid hacia Segovia.

Y nada más. Pero es que, además, nosotros creemos que lo que pide la Junta al Estado en materia de autovías es insuficiente. Si se va a hacer más. Si tenemos la garantía de que se va a hacer más. Si se van a hacer las autovías de Benavente a Galicia y se va a hacer la Ruta de la Plata. Se van a hacer más, y nosotros creo que estamos en condiciones de garantizarlo.

Pero, sin embargo, se ha creado demasiada confusión sobre este tema por hablar demasiado en demasiados sitios, por prometer demasiado en demasiados sitios, por confundir yo creo que a la opinión pública, en función del auditorio de ámbito territorial en el que se está; y eso tiene, la verdad, nefastos resultados, esos nefastos resultados a los que el Presidente ha tenido que cortar en algún momento llamando la atención sobre que esto es una Comunidad, un todo global, aunque, a la vista de cómo se ha desarrollado el debate, pues, el Consejero de Fomento no le haya hecho mucho caso, sigamos alimentando falsas expectativas que esta...

Y yo quiero acabar diciendo que la Junta ya tiene definida su política, que la tiene definida por escrito, es pública, está publicada, y que ahora lo que tiene que hacer es defenderla, defenderla, aunque en algunos sitios sea difícil.

Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Popular fijará posiciones el señor Amilivia.

AMILIVIA GONZALEZ

EL SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Voy a comenzar mi intervención, brevemente, aludiendo a algunos de los comentarios que ha hecho el Portavoz del Partido Socialista en relación de localismo, en relación de falta de una política coherente o de una política de conjunto de la Junta de Castilla y León.

Miren ustedes, solamente ver "El Norte de Castilla" de hoy, donde el PSOE pide a la Junta un mayor compromiso con Valladolid, vemos claramente quién en esta Comunidad adolece de localismo, sin citar, porque no merece la pena, por ejemplo, el tema de Santovenia.

Pero, en todo caso, miren ustedes, yo vengo observando -y conmigo, mi Grupo, nuestro Grupo, Grupo Popular- que ustedes están teniendo como fundamental estrategia desde hace unos meses en esta Comunidad Autónoma lo que yo vengo en llamar la estrategia de la confusión y que no es ni más ni menos que la estrategia del agravio comparativo. ¿Que la Junta toma la decisión de ejecutar la autovía León-Burgos firmando un convenio ejemplar por diálogo, ejemplar por cooperación, con la Administración Central? Pues a mí me da la sensación, y es una sensación bastante cierta, que ustedes, deliberadamente y artificialmente, intentan crear -por qué no- el debate del trazado, posiblemente para complicar esa obra, posiblemente, fundamentalmente, para crear agravios comparativos entre una y otra localidad, olvidando, por ejemplo, que el objetivo de una autovía no es comunicar -como ustedes saben tan bien como yo- pequeñas poblaciones, sino, en este caso, comunicar Castilla y León con las grandes redes europeas. Luego dejemos claro aquí quién juega a localismos, quién juega a agravios, quién genera por sistema el agravio comparativo y quién genera la estrategia de la confusión.

Esa estrategia de la confusión nos lleva en ocasiones a que ustedes cierran, por ejemplo, y porque tiene cierta relación con este tema, cierran ustedes la línea de la FEVE, la Diputación de León protesta de una manera contundente a ese cierre, interviene la Junta demostrando capacidad de diálogo, capacidad de cooperación, intentando buscar un arreglo, y al final ya todo el problema, tras haberse dicho aquí, por ejemplo, que esa línea no servía para nada, consiste en si la Junta asume o no asume en su integridad la titularidad de esa línea.

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Luego ustedes juegan en más de una ocasión -y yo creo que deliberadamente- a una estrategia de la confusión, a una estrategia de localismo y a una estrategia del agravio comparativo; no, precisamente, la Junta de Castilla y León.

Y en este tema de las comunicaciones, yo querría contestar al interpelante diciéndole que precisamente la política de nuestra Comunidad Autónoma es perfectamente coherente y está perfectamente, nítidamente aclarada en los documentos que ha referido aquí el Consejero de Fomento.

Existe -y eso es evidente- dos tipos de carreteras, dos tipos de redes, con distintas titularidades. Y la base de un Estado de Derecho como este es que la Administración del Estado tiene una serie de materias en las que es competente y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, otra serie de materias en la que es competente, en las que es responsable. Podemos decir, como bien ha dicho el Consejero, que tenemos una responsabilidad propia, que es en aquellas materias que son de nuestra propia competencia, y una responsabilidad indirecta en las demás competencias, en este caso de titularidad estatal. Pero cuando estamos hablando de autovías, cuando tenemos y podíamos recordar cómo se postergó a Castilla y León en el primer Plan General de Carreteras... Yo participé en aquel debate. Yo, por ejemplo, en el Congreso solicité, con mi Grupo, la inclusión de la carretera León-Burgos, la autopista de León-Burgos, autovía León-Burgos, en aquel primer Plan General de Carreteras. Ustedes lo rechazaron. Pedimos la inclusión de la León-Onzonilla-Benavente y otras muchas de mucho interés para esta Comunidad Autónoma, y ustedes las rechazaron. Ustedes tomaron una decisión política, que fue invertir, o tomó el Gobierno... el Grupo que sustenta al Gobierno de la Nación, una decisión política, que fue invertir fundamentalmente en otra parte del territorio nacional.

Y en este momento, como aquí se ha dicho, existe en teoría un segundo Plan General de Carreteras, que ya veremos si hay medios económicos suficientes para ejecutarlo -yo espero que sí-, y una preocupación de nuestra Comunidad Autónoma. Nuestra Comunidad Autónoma no solamente se preocupa o tiene la preocupación de esas tres autovías que están contenidas en el Plan Regional de Carreteras y que consideramos prioritarias; queremos, a poder ser, todas las autovías al mismo tiempo; pero nuestra preocupación, precisamente, viene porque creemos, entendemos que puede haber una postergación, otra vez más, en ese segundo Plan General de Carreteras para nuestra Comunidad Autónoma.

Y si no es así, como usted me dice, y si no es así, que yo también lo espero, yo lo que quiero es una sola voz, la voz de todos, la voz de todos reclamando como Castilla y León, amparando en este caso al Consejero de Fomento, amparando a la Junta de Castilla y León, para que esas autovías se incluyan en el segundo Plan General de Carreteras. Luego si están ustedes de acuerdo, firmemos entre todos una moción y reclamemos todas las autovías que creemos prioritarias los representantes del pueblo de Castilla y León para nuestra Comunidad Autónoma y para su inclusión en el segundo Plan General de Carreteras.

Pero no confundamos responsabilidades. Nosotros tenemos una responsabilidad que está plasmada en nuestro Plan Regional de Carreteras. Nosotros tenemos una responsabilidad en ese convenio que hemos firmado con la Administración Central para ejecutar la autovía León-Burgos. Nosotros tenemos un compromiso político, aun siendo una obra de titularidad estatal, porque así lo plasmó la Junta de Consejeros, de intervenir en la Tordesillas-Zamora. Pero, en todo caso, lo que estas Cortes deben tener claro, lo que tenemos que tener todos muy claro es que lo que es el concepto de cofinanciación no puede ser el concepto general para la actuación de la Junta de Castilla y León. Eso sería tanto como asumir por sistema el endose de los déficits, asumir por sistema la mala gestión de la Administración del Estado, asumir, en definitiva, por estar más cerca de los ciudadanos, responsabilidades que le corresponden a todas las Administraciones, porque, en definitiva, también la Administración del Estado está en Castilla y León, es Castilla y León y debe asumir esas competencias que, como decía yo antes, son de su exclusiva titularidad.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El interpelante del Grupo de Centro Democrático y Social, señor San Martín, tiene la palabra.

SAN MARTIN RAMOS

EL SEÑOR SAN MARTIN RAMOS: Gracias, señor Presidente. Bien, pues, para finalizar esta Interpelación, que si hubiera que resumirlo con alguna palabra yo sería de decepción. Decepción, porque yo esperaba aquí por parte de la Junta otras cosas, otras manifestaciones. Prácticamente no nos hemos enterado de nada nuevo; casi se entera uno más por la prensa. En la prensa, el señor Lucas reta al Ministro, el Consejero de Economía denuncia a la Administración Central. Y en este sentido iba la Interpelación: enterarnos en este órgano, en este órgano, porque había... basado en esas declaraciones contradictorias, en promesas incumplidas o contestaciones a preguntas parlamentarias saliéndose por la tangente, sin concreción, buscábamos esos datos, conocer la situación real de los proyectos de las autovías pendientes de realizar en esta Comunidad, la situación de esas conversaciones o las negociaciones con la Administración Central, para que, con ese conocimiento real del tema, pues, dictaminar, saber si se cumplen los compromisos o si se saltan los acuerdos.

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De lo expuesto aquí se puede desprender que la Junta afirma el pacto de financiación. Se habla de autovías y autopistas, miles de millones, pero la realidad es que, once meses después, no existe proyecto, comisión mixta, presupuesto y mucho menos una firma... una fecha de comienzo de las obras. Y también podía desprenderse que los proyectos y promesas de la Junta y Ministerio, del convenio, brillan por su ausencia.

Mientras esto ocurre, pues, Valladolid sueña con unirse a Madrid por autovía, tienen que darse la vuelta por Tordesillas. Segovia y Avila siguen separados y sin una perspectiva de unirse por autovías. Salamanca, esperando que llegue, por fin, esa autovía a la frontera portuguesa. Zamora no acaba de creerse que se contemple en el segundo Plan de Carreteras la Ruta de la Plata; ¡ojalá!, que algunos lo dan por hecho. La Tordesillas-Zamora yo creo que, en ese caso, no es que no se lo crean, es que no se lo creerán hasta que esté terminada. Soria, ya no digamos, que está un poco apartada ahí y no solamente no tiene ni tendrá autovías, sino que los accesos son muy deplorables. Palencia, solicitando la autovía al Cantábrico. Y Burgos-León, esperando que se lleve a efecto esa famosa autovía.

Así, en esta situación, que parece que es la actual, parece, no es de extrañar que el Consejero de Fomento tenga que a veces contestar a preguntas parlamentarias, pues, por ejemplo, una formulada por los Procuradores del CDS Daniel de Fernando y José María Monforte, sobre... una contestación parlamentaria sobre las previsiones de la Junta para la unión de las capitales, por ejemplo, de Segovia y Avila con la red de autovías, y, claro, dice que no está contemplado eso en la ejecución por la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la voluntad de este Gobierno Regional de reclamar a la Administración Estatal la ejecución de cuantas inversiones sean necesarias para la mejora sustancial de las comunicaciones de nuestra Comunidad Autónoma. Que llegamos a lo de siempre: a una voluntad, a unos apoyos, pero pocas realidades, o nulas, como no sea -como decía el Portavoz del Grupo Mixto- que tengamos que esperar a ver qué pasa.

Por lo tanto, el Grupo del CDS, dada -creemos- la urgente necesidad de la realización de las autopistas proyectas y reclamadas, pues, presentará, después de esta Interpelación, la correspondiente Moción para que la Junta se comprometa a realizar unas gestiones que creemos necesarias en unas fechas determinadas, ante la Administración Central.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Desea el señor Consejero dar por concluido el debate? Ha terminado entonces. Suspendemos la sesión, que reanudaremos esta tarde a las cinco de esta tarde; pero previamente quiero anunciarles a Sus Señorías una nueva alteración del Orden del Día. Comenzaremos a las cinco debatiendo la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, relativa a la ayuda al refugiado, y a continuación debatiremos la Interpelación, también del Grupo Socialista, sobre Fondo de Compensación Regional. Hasta las cinco, se suspende.

(Se suspendió la sesión a las catorce horas quince minutos, reanudándose a las diecisiete horas cuarenta minutos).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor, ocupen sus escaños. Por el señor Secretario se dará lectura el sexto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Sexto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a puesta a disposición de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de plazas desocupadas en Albergues y Residencias Juveniles".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para la presentación de la Proposición No de Ley, don Patricio Fernández tiene la palabra.

FERNANDEZ RODRIGUEZ

EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. El Grupo Parlamentario Socialista trae a estas Cortes, mediante una Proposición No de Ley, un tema de candente actualidad, que lleva ocupando a la sociedad civil, tanto española como castellano-leonesa, a lo largo de los últimos meses, donde cada vez se va agudizando más, y el tema en concreto es el de los refugiados procedentes del antiguo Estado yugoslavo.

La guerra civil que soporta este país está generando miles de refugiados, que huyen de la crueldad y la barbarie que la guerra y la limpieza étnica está imponiendo entre los ciudadanos más débiles. Las sociedad española en general, al igual que los castellano-leoneses, se están movilizando para acoger las víctimas de este conflicto bélico, en principio los más jóvenes, que está provocando situaciones límites en los campos de refugiados.

La sociedad civil, a través de las organizaciones no gubernamentales, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad y la Liga pro-Derechos Humanos, se están encargando y comprometiendo a difundir y valorar las distintas solicitudes de ciudadanos e instituciones interesados en acoger a estos refugiados.

Todas las solicitudes están siendo supervisadas por los organismos oficiales que están dentro de la Comisión Interministerial formada para la coordinación de este tema, como es la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Dirección General de Protección Jurídica del Menor en lo relativo a los menores de edad, y las Comunidades Autónomas, dado que tienen transferido... tienen transferencias en materia de protección de menores, y la Ley 21/87 así lo indica.

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Finalmente, todo está coordinado o supervisado por el Alto Comisionado para las Naciones... de las Naciones Unidas para la Ayuda al Refugiado..........

El Gobierno Español aceptó, en Consejo de Ministros del trece de noviembre, la llegada de mil prisioneros políticos, y existe -ya lo he dicho anteriormente- una Comisión Interministerial, que coordina el tema en coordinación con las Comunidades Autónomas.

La iniciativa privada, hasta el momento, ha gestionado la acogida de mil setecientos cuarenta y dos... mil setecientas cuarenta y dos personas de la "Operación Bosnia", iniciada en fecha dieciséis de noviembre de este año noventa y dos.

Las ofertas firmes de acogida, hasta la fecha, de ciudadanos del Estado español asciende a un total de cuatro mil seiscientas cincuenta y cinco personas que se han interesado por la posibilidad de acogida.

La gestión del Gobierno en las iniciativas privadas se limita a canalizar y tutelar las iniciativas de acogida, mediante el establecimiento de unos criterios internacionales, transmitidos a las organizaciones no gubernamentales y Comunidades Autónomas responsables de las operaciones, y en facilitar la documentación de los refugiados.

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, al tener competencias plenas en materia de protección de menores, se ve obligada a dar respaldo y garantías a este proyecto y a coordinar y a encauzar en el mismo a cada una de las iniciativas que surjan dentro de su ámbito territorial. Tendrá, igualmente, que tramitar acogimientos temporales administrativos a aquellos menores que vengan solos con autorización paterna y tramitar tutelas a aquellos menores que vengan sin autorización paterna, sólo con autorización del responsable del campo de refugiados.

La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores considera preferente la acogida de estos grupos familiares en instituciones, evitando la separación de los grupos. Por tanto, así se está haciendo ya, y este Procurador tiene constancia de ello, en esta Comunidad Autónoma, dentro de la provincia de Soria, que están recogidos en el Hospital Institucional de Soria, a través de la Liga Profesional de los Derechos Humanos; y en Zamora, en el colegio Nuestra Señora del Tránsito, de la Diputación Provincial, solicitado por la Asociación de Amigos del Refugiado de Zamora.

Por tanto, ateniéndonos a lo dicho anteriormente, de que es interesante y conveniente, y así lo recomienda la Oficina de Derechos Humanos, de mantener los grupos unidos en instituciones, esto es lo que nos ha movido a presentar la Propuesta de Resolución que nos trae en estos momentos.

La Junta de Castilla y León, en fechas pasadas, ofreció la posibilidad de acoger a cien niños procedentes de la antigua Yugoslavia, con el fin de distribuirlos entre las familias solicitantes. Como ahora, precisamente, las directrices van encaminadas en la dirección que he dicho anteriormente, de priorizar solicitudes de acogida en instituciones, es por esto por lo que nosotros traemos a estas Cortes la propuesta realizada, de que las Cortes insten a la Junta de Castilla y León a poner urgentemente a disposición de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado el mayor número posible de plazas actualmente desocupadas en Albergues y Residencias Juveniles gestionadas por la Junta de Castilla y León, para el acogimiento temporal de los refugiados.

En cuanto a la Enmienda de Adición presentada por el Grupo del Partido Popular, nuestro Grupo no vemos mayor reparo hacia la misma, si bien entendemos que restringe un poco la propuesta planteada por el Grupo Socialista, al determinar los centros en particular. Y nosotros creíamos, o creemos, seguimos creyendo en este momento que la propuesta nuestra dejaba en manos de la Junta la libertad de los centros que se iban a destinar a la acogida, del número de plazas que se iban a destinar y de los plazos. Entonces, aun restringiendo nuestra propuesta, no tendríamos inconveniente en admitir la Enmienda de Adición presentada por el... la Propuesta de Adición -perdón- presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se ha presentado, efectivamente, una Enmienda del Grupo Popular, y para su defensa tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. El Grupo Parlamentario Popular acepta de buen grado la iniciativa que parte del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la acogida y alojamiento de refugiados de la antigua... del antiguo Estado de Yugoslavia.

Y lo que nosotros presentamos con la Enmienda de Adición no es algo para limitar o restringir, sino para precisar hasta dónde puede llegar la colaboración de la Junta de Castilla y León en el tema que nos ocupa.

Yo creo que es forzar un poco la interpretación de las responsabilidades y de las competencias de la Comunidad Autónoma invocar el que ésta tiene competencia en materia de menores como para decir que tiene que hacerse cargo de los menores y de los mayores que vengan con estatuto de acogida o de refugiado, desde Bosnia o desde cualquiera de los Estados de la antigua... o de las repúblicas de la antigua Yugoslavia.

(-p.1077-)

Su Señoría conoce muy bien que el proyecto inicial del Gobierno Español era acoger exclusivamente niños, y que, en este sentido, ha habido iniciativas desde instituciones públicas y privadas de prácticamente todo el Estado Español y que, incluso, destacados miembros de esta Cámara han ofertado alojar en su propio domicilio a niños procedentes de aquel territorio de la Europa del Este. Pero que la voluntad del Comisionado de las Naciones Unidas es no sólo remitir niños a España, sino remitir familias enteras. Con lo cual, de un lado, la posible responsabilidad -incluso traída por los pelos- de la Comunidad Autónoma en cuanto a su competencia de menores queda absolutamente desvirtuada, puesto que -insisto- la voluntad no es de acoger o de remitir a los menores, sino de remitir familias enteras, y ésa ya no sería, en ningún caso, una responsabilidad nuestra -luego, si quiere, hablamos de la responsabilidad del Ministerio del Interior y de la experiencia que estamos viviendo en Soria, en la actitud de la Administración Central con respecto a los ciudadanos bosnios allí alojados hasta el momento-, sino que plantea un auténtico problema, al tratar de que se acojan -como digo- unidades familiares enteras; no hermanos, que estaría dentro de lo razonable y de lo factible, sino hermanos, padres y, en algunos casos -incluso-, los propios abuelos de la misma familia.

Por eso, dando como buena la iniciativa del Grupo Socialista, hace falta precisarla en los términos en los que la Comunidad Autónoma estaría dispuesta a alojarla. Porque de la Exposición de Motivos de su Proposición No de Ley se desprende que cabría distribuirles por la red de Residencias y Albergues que tiene la Junta de Castilla y León a lo largo y ancho de nuestra Comunidad.

Sin ánimo de ser exhaustivo, hay una serie de residencias en la Comunidad Autónoma, que Su Señoría -además de por su condición de Procurador, por su condición de funcionario de la propia Junta- conoce tan bien como yo. Yo puedo decirle que de las Residencias Juveniles de la Comunidad Autónoma, en las que se han convocado, en este año, novecientas catorce plazas, están ocupadas novecientas setenta y cinco, porque hay algunas residencias, concretamente la Escuela de Castilla en León... en Palencia, o la Residencia Río Esgueva en Valladolid, donde, además de las plazas de estudiantes convencionales, hay alojados deportistas de cierto nivel de nuestra Comunidad, e incluso, como en la Escuela de Castilla, la Selección Nacional de Voleibol.

El desperdigar en alguna residencia que pudiera haber dos o tres plazas libres a alguno de estos acogidos o a alguno de estos refugiados sería absolutamente inoperante, puesto que -usted conoce tan bien como yo- tienen no sólo una lengua, sino una cultura y una religión distinta, y, por lo tanto, flaco servicio les haríamos desperdigándolos a lo ancho y alto de la Comunidad de Castilla y León.

Es por eso por lo que nuestra moción lo que trata es de agruparles en los dos únicos Albergues que en este momento la Junta de Castilla y León estaría en condiciones de poner a su disposición, porque no están ocupados, o porque las previsiones de la Consejería de Cultura y Turismo no tiene previsto ocuparlos de forma inmediata.

Y ésa es la razón por la que nosotros ofertamos noventa plazas en la Residencia Fernán González de Miranda de Ebro y sesenta en la del Arbejal de Palencia.

¿Qué conseguiríamos con esto? Y, además, por un plazo de tres meses, para dejar bien claro al Comisionado de los Refugiados que ése es el compromiso de la Junta de Castilla y León.

El alojarles de forma desperdigada -como decía antes- sería un flaco a los propios intereses de ellos, y el alojarles sin plazo fijo supondría después un auténtico problema social para esta Comunidad, porque, una vez alojados, habría que proceder al desahucio, lo cual ni social ni políticamente, sería fácil de justificar.

Esa es la razón por la que ofertamos ciento cincuenta plazas en este período, en el ánimo de que en ese tiempo recibirán clases de español, tendrán una cierta convivencia entre ellos, se les podrá dar clase a los menores, y en ese tiempo, el Comisionado de Refugiados y la Administración Central, que es la única competente en este tipo de materias, buscará otra solución para estas familias inicialmente alojadas en dependencias de la Junta, pero que entendemos nosotros, transcurridos los tres meses de acoplamiento, de adaptación a lo que es la cultura y la lengua española, deberían, después, irse alojando, progresivamente, en familias o en otro tipo de alojamientos.

Por lo tanto, queda clara nuestra voluntad de colaborar en ese plan, pero nuestra voluntad de hacerlo de forma ordenada y sin perturbar las propias obligaciones que la Comunidad Autónoma tiene para con los ciudadanos de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para consumir un turno en contra, si lo hay, de la Enmienda, señor Patricio Fernández, tiene la palabra.

FERNANDEZ RODRIGUEZ

EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ: Nuestro Grupo no va a consumir un turno en contra, ni mucho menos, de la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Sí de aclaración, ¿eh?, de determinados conceptos que han ido saliendo en la exposición de su Portavoz.

(-p.1078-)

Entonces, cuando yo he hablado de competencias de la Comunidad Autónoma en materia de menores, creo que no me he referido a la versión que ha intentado dar el Procurador que me ha precedido en el turno de la palabra, y, en realidad, la Comunidad Autónoma, y en la circular que ha mandado la Dirección General de Protección Jurídica del Menor lo dice claro, tiene unas competencias determinadas; y no solamente la circular que ha mandado la Dirección General de Protección Jurídica del Menor, sino que la propia Junta de Castilla y León, la Dirección General de Servicios Sociales dice... porque hay grupos, hay grupos que, a pesar de que vengan familias completas puede ser que vengan menores acompañados; la determinación que se da desde el CEAR es de un máximo de nueve menores acompañados por un tutor. Entonces, puede ser que vengan niños que no vengan acompañados por sus familias respectivas. Entonces, en estos casos, la propia Dirección General de Servicios Sociales plantea que los niños que vienen con sus padres o familias, lógicamente, no es necesario formalizar ningún tipo de acogimiento; para los niños que vienen con autorización de sus padres o tutores, lógicamente, pero no vienen sus padres o tutores, se firmaría un contrato de acogimiento familiar o administrativo conforme a la Ley 21/87 que lo recoge. Y, además, el Ministerio de Asuntos Sociales ha elaborado un documento en el cual, más o menos, vienen reseñados los términos del acogimiento. Incluso pueden venir niños sin autorización de los padres, porque estos no se les puede localizar, y sí con autorización del responsable del campo de refugiados, y, en esos casos, habría que asumir la tutela de ese menor. Es decir, esto lo dice la Dirección General de Servicios Sociales, y creo, además, que lo dice razonablemente, porque la competencia así lo marca.

Y, además, es que yo creo que en temas de solidaridad como estos, y en temas tan humanos, tampoco es tan importante quedarnos en la forma, en el tema de quién tiene la competencia.

Por tanto, simplemente aclarado esto, no voy a entrar en el tema.

Me parece bien que el Portavoz diga que la Enmienda es para precisar. Yo ya he dicho en un principio: nosotros la hubiéramos querido dejar mucho más abierta, no restrictiva a estas dos residencias en particular, entre otras cosas porque no tenemos ningún problema en cuanto al tema de Miranda de Ebro, porque la residencia, el albergue está ubicado dentro del núcleo urbano; pero en el caso de Arbejal en Palencia, la realidad es muy distinta. Es una residencia que está en una zona rural, en un pueblo con muy pocos habitantes, y quizá no sea un lugar... o, por lo menos, el lugar más adecuado para ello. Pero, en fin, comprendemos, comprendemos las explicaciones que ha dado el Portavoz, comprendemos que la propia Consejería tiene ya sus planteamientos, y si tienen que ser estas dos, pues tampoco vamos a hacer ningún punto en contra para que sean.

Simplemente nos hubiera gustado que la Enmienda se mantuviese sin ser restrictiva, porque, incluso, las circunstancias de los albergues o las residencias juveniles a lo largo de este semestre podrían haber variado. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para réplica, señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Sí, señor Presidente. Muy brevemente, para insistir. Las plazas ofertadas son las que tiene la Junta en este momento vacantes. No le hemos ofertado otros albergues que están todavía en situación mucho más lejana, de mucho más difícil acceso que la propia de Arbejal. Luego, por lo tanto, no se puede ofrecer lo que no se tiene.

En segundo lugar, nosotros tenemos serias dudas de que vengan menores, incluso tutelados por un tutor -valga la redundancia- o por una persona adulta, y parece que en este sentido se ha manifestado ya el Alto Comisionado para los Refugiados: va a ser muy difícil que vengan los menores.

Pero yo estoy seguro que, si vinieran menores a esta Comunidad Autónoma, además de la oferta que en nombre de la Junta le ha brindado el Grupo Parlamentario, estoy seguro que el Consejero de Sanidad y Bienestar Social haría lo imposible para que estos grupos de menores pudieran tener otra ubicación en sus propias residencias de menores. Pero usted sabe tan bien como yo que no van por ahí en este momento los proyectos y que de lo que se trata es de traer familias enteras, y, por lo tanto, lo que pensamos es que no se les puede desperdigar.

Porque ha terminado su intervención diciendo: en seis meses pueden quedar plazas vacantes en residencias o albergues. Evidentemente que pueden quedar, pero seguimos pensando que no sería bueno colocar una familia en León, otra en Salamanca, otra en Burgos y otra en Palencia, sino que, por las características culturales, lingüísticas y religiosas de estos grupos de personas, de estas familias que vienen aquí, necesitan estar entre ellas. Y que sólo después de una convivencia en España de tres meses todos ellos en grupo, sería el momento de plantearse la acogida en familias o en instituciones de menor envergadura que las que brindamos.

Por lo tanto, quiero insistir: no se trata de un carácter restrictivo por parte de la Junta, sino de ofertar, en el mejor espíritu de colaboración, lo que tiene. Y ya me he anticipado, después de consultar con el Consejero competente en la materia antes de subir a la tribuna, que, incluso, si vinieran grupos de menores, él haría lo imposible, al margen de estas ciento cincuenta plazas, de tratar de alojar estos menores en alguno de los centros dependientes. Eso sí, insisto también, y, además, no podría ser de otra forma porque no lo autorizarían así las Naciones Unidas, en acogimientos temporales, nunca en otro tipo de responsabilidades, que ni lo admitirían las Naciones Unidas ni la Junta de Castilla y León estaría en condiciones de aceptar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Le corresponde turno de dúplica, señor Fernández Rodríguez.

FERNANDEZ RODRIGUEZ

EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ: Nada, simplemente... simplemente mantenemos la Enmienda, aceptamos la Enmienda de Adición que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, y agradecemos la colaboración que en este momento el Grupo Popular ha prestado a la Proposición No de Ley que hemos traído a la Cámara.

(-p.1079-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para que los Grupos Parlamentarios que no han intervenido en el debate puedan fijar sus posiciones, en nombre del Grupo Mixto, don Luis Aznar tiene la palabra.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente, y de forma muy breve, porque estos son de aquellos temas que parece que no hay dudas entre los distintos Grupos.

Es muy difícil hablar de este asunto sin caer en la sensiblería, pero también es difícil, viendo día a día las imágenes que a través de la televisión y de los medios de comunicación se nos ofrecen, no caer en la indiferencia. Yo creo que estamos asistiendo a una respuesta de las naciones del entorno del problema que nos ocupa, Yugoslavia, una reacción, repito, tenue, una reacción poco efectiva.

Ante esto, sin embargo, la sociedad española, y específicamente la castellana y leonesa, ha tenido una respuesta generosa, y este asunto que se está planteando aquí como parte del problema, de los niños que pudieran venir solos, creo que no sería tal problema, puesto que la oferta de las distintas familias de nuestra Comunidad creo que supera con mucho las posibilidades reales de los niños que van a poder venir.

No obstante, yo voy a manifestar en nombre del Grupo Mixto, de los componentes del Grupo Mixto, nuestro apoyo a la propuesta del Partido Socialista y, por supuesto, a las matizaciones que la Junta de Castilla y León, a través del Portavoz del Grupo Popular ha hecho, que creo que son razonables.

No obstante, simplemente añadir que en toda esta cuestión podemos vernos inmersos y podemos vernos prisioneros de un cierto problema burocrático, y, en este sentido, yo le haría la llamada a la Junta de que no se actúe con ningún tipo de cicatería, y que lo que pueden ser esos problemas burocráticos que en alguna medida ha apuntado el Portavoz Popular se resuelvan de la mejor manera posible, para que un grave problema al que estamos asistiendo a muy escasos kilómetros de nuestras fronteras pueda solventarse o paliarse, en parte, con, no sólo la iniciativa generosa de los particulares, sino también de las instituciones de nuestra Comunidad.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. En nombre del Grupo de Centro Democrático y Social, don Daniel de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Anunciar que mi Grupo se va a sumar al voto afirmativo de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista. Lamentar que la Enmienda del Grupo Popular sea tan cicatera y pueda constreñir tanto, porque, aparte de las residencias que enumera, puede haber otras de la Consejería de Cultura.

Y lamentar, por nuestra parte, el que en temas humanitarios y todos los que surjan en estas Cortes, nos da la impresión de que de aquí en adelante siempre se va a hacer comparativo lo que hace la Junta de Castilla y León y lo que hace el Gobierno Central.

Olvidémonos, si es posible, de la actividad del Gobierno Central en las actividades que son competencia suya, y limitémonos a solucionar los problemas de esta Comunidad.

Insisto: voto favorable a la Proposición No de Ley, y lamentar que la Enmienda del Grupo Popular sea tan restrictiva.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El Grupo proponente ¿desea fijar su texto definitivo?

FERNANDEZ RODRIGUEZ

EL SEÑOR FERNANDEZ RODRIGUEZ: Simplemente para agradecer la postura de todos los Grupos al apoyar la Ley... perdón, al aprobar la Proposición No de Ley.

Y lo único que finalmente puedo pedir es que, en este caso, la Junta sea ágil a la hora de plantear esta oferta a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y, cuanto antes, podamos ver un grupo de refugiados en estos centros que se han asignado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se somete a votación la Proposición No de Ley. Y, ¿entiende esta Presidencia que se puede aprobar por asentimiento? Queda aprobada, entonces, por asentimiento la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, relativa a la ayuda al refugiado de plazas desocupadas en albergues y residencias juveniles.

Suspendemos durante diez minutos la sesión.

(Se suspendió la sesión a las dieciocho horas, reanudándose a las dieciocho horas quince minutos)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor, vamos a reanudar la sesión. Silencio, por favor, Señorías, ocupen el escaño.

Señor Secretario, le ruego proceda a dar lectura al séptimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Séptimo punto del Orden del Día: "Interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a criterios utilizados para la aplicación del Fondo de compensación Regional en territorios menos desarrollados".

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la exposición de la Interpelación, y en nombre del Grupo Socialista, señor Jiménez-Ridruejo, don Zenón, tiene la palabra.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a la Mesa por sus múltiples atenciones.

Parece aceptado con carácter general que el desarrollo espacial o la localización de la actividad económica se contiene en la interrelación dinámica de tres factores, factores que actúan conjuntamente.

En primer lugar, la existencia de lo que los economistas denominan rendimientos crecientes de escala, y que nosotros podíamos identificar mejor como las ventajas de la aglomeración.

En segundo lugar, las inducciones y los aprovechamientos de la demanda que este proceso de aglomeración genera, y al que no son ajenas la ubicaciones o las situaciones de la población, los factores demográficos.

Y, en tercer lugar, las ventajas que se derivan de todo este proceso... no que se implican, pero sí que se derivan, en el proceso de generación de redes de transporte.

Parece que todos los economistas aceptan, además, que estos factores no serían suficientes para explicar el proceso de localización de la actividad económica, sino que existen factores no económicos a los que no se le presta debida importancia y que, sin duda, son fundamentales: la dotación inicial de recursos, pero también la existencia de razones históricas; razones históricas que a veces no son explicables desde un punto de vista racional o, por lo menos, desde un punto de vista directamente económico. Procesos acumulativos que se autoalimentan y dinamizan por sí mismos, y que, de alguna manera, se perpetúan y proyectan con una dimensión temporal innegable.

Pues bien, existen territorios en los que no se dan todos estos procesos, en que no es previsible tampoco que se den, y de los que no cabe esperar ningún desarrollo, o escasamente cabe esperar un desarrollo en los términos de la acumulación a la que hacía referencia anteriormente.

Aquí se imponen criterios de solidaridad. En este sentido, se precisa una política de compensación económica capaz de mantener los niveles de renta de los ciudadanos, conscientes de que en cualquier territorio, en todo territorio es posible la actividad social, la actividad económica, y que la política tiene que dar respuestas más allá de la economía, tomando en cuenta también aspectos humanos que no necesariamente se imbrican en los aspectos económicos.

La filosofía del Fondo de Compensación Regional es una filosofía bien conocida, que contiene, en primer lugar, la existencia de una política específica y específicamente diferenciada del resto de las políticas económicas que una región o una Comunidad Autónoma tiene que hacer. Pero no debemos negar que, con ser específica la política económica para estos territorios, es igualmente imperativo que estos territorios sean contemplados en los planes de desarrollo regional, y que, al menos, el conjunto de políticas de inversión tengan en cuenta también las necesidades económicas de estos territorios; una cosa es que no tengan grandes posibilidades de desarrollo dinámico-económico, y otra cosa distinta, o diferente, es abandonarles a su suerte.

La consistencia, por lo tanto, reclama la inclusión del Fondo de Compensación Regional en el marco de un Plan de Desarrollo Regional, que tanta falta hace y que, sin duda, como ustedes saben, está siendo en este momento desarrollado por parte de la Consejería; quiero esperar que por parte de la Consejería, según las noticias que tengo, podría también estar involucrada alguna empresa de Madrid.

Y lo que es imperativo, en todo caso, es que, como criterio de aplicación del Fondo de Compensación Regional, todas y cada una de las Administraciones con responsabilidades en estas zonas se coordinen y efectúen acciones conjuntas y coordinadas; municipios, mancomunidades, diputaciones, tienen la obligación de dar respuesta positiva y de colaborar al conjunto de las actividades planteadas por el Fondo de Compensación Regional.

La normativa, la normativa castellano-leonesa sobre el Fondo de Compensación Regional, que incidentalmente es extremadamente importante y novedosa en el conjunto de la normativa económica de las Comunidades Autónomas, plantea, y planteó de una forma coordinada por parte... o convenida por parte de todos los Grupos Parlamentarios de esta Cámara, plantea -digo- que serán declarados territorios menos desarrollados aquellos -dice- que geográficamente sean áreas homogéneas y continuas que presenten carencias de servicios públicos, de dotaciones de infraestructuras productivas, problemas estructurales, menores niveles de renta o riqueza, en relación con los promedios regionales; y, además, indica que el reparto de los recursos disponibles, que también se establecen en el propio desarrollo legislativo, se repartirán: 50% proporcionalmente a la población de derecho, 30% en relación a la superficie, y 20% de forma inversamente proporcional a la renta por habitante.

(-p.1081-)

Como no teníamos muy claro los procedimientos, los estudios, los criterios y las razones empleadas y utilizadas por la Junta de Castilla y León para la definición de estas zonas subdesarrolladas o menos desarrolladas de la Comunidad, y tampoco teníamos muy claro el procedimiento para el reparto de los recursos disponibles, cualquiera que éstos sean, hicimos o efectuamos una pregunta parlamentaria, que fue respondida con insuficiencia en la medida en que, con carácter general se indicaban los criterios, pero no se entraba al detalle de los mismos. Y ésta es la razón -y no otra- por la cual el Grupo Parlamentario Socialista haya tomado la decisión de formular una Interpelación en la búsqueda de mayor información, y, eventualmente, si esta información no fuera satisfactoria, al establecimiento de una propuesta de resolución futura.

No se nos dice cuál es... cuáles son los criterios utilizados para definir la pretendida homogeneidad de los territorios, y éste es un extremo... extrema, una cuestión extremadamente importante. Tampoco se alude a la valoración efectuada de los servicios públicos, no sabemos cómo se han valorado; ni a la dotación de infraestructuras productivas, tampoco sabemos con qué criterios y fórmulas se han calculado estas infraestructuras productivas. No se nos dan cuentas sobre las dotaciones infraestructurales. Tampoco se han utilizado procedimientos, a nuestro juicio, aceptables -procedimientos ha habido, pero entendemos nosotros que no han sido aceptables-, para la valoración de los niveles de renta y riqueza, de manera que podamos no solamente definir los territorios, sino repartir los recursos.

En conjunto, y derivada de la aplicación del Fondo de Compensación Regional, tal como lo plantea en este momento la Junta de Castilla y León y como se refleja en la Ley General de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León ha estimado como la base de aplicación un tope máximo anual de 3.000.000.000 de pesetas/año para los próximos cuatro años, que, lamentable y desgraciadamente, este año solamente llega a algo menos de la mitad de esa cifra.

Por otra parte, se ha establecido como un criterio de aplicación de la Ley en relación con la definición de las comarcas menos desarrolladas, incluir con carácter general una por provincia. Yo sé que este tema es políticamente un tema peliagudo, yo sé que políticamente éste es un tema sensible, sensible en nuestro Grupo, sensible para esta Cámara.

Pero, señores, si definimos un territorio menos desarrollado para cada provincia, lo que estamos haciendo, en vez de un Fondo de Compensación Regional, es un Fondo de Compensación Interprovincial, y ése no es ni el espíritu ni la letra de la Ley.

Por otra parte, se entiende que la aplicación del Fondo no debe ser considerada como suplementaria en la actividad de la Junta, y esto plantea, especialmente, problemas de inversión en tales comarcas, reduce la eficacia y yo creo que, erróneamente a mi juicio, confunde suficiencia con solidaridad; una cosa es la suficiencia y el reparto de los recursos presupuestarios normales, y otra cosa es el tratamiento específico solidario con regiones que son especialmente infradotadas, de manera que no se le puede tratar como a los demás.

Que, tomando en cuenta el número de comarcas seleccionadas y la cuantía prevista del Fondo, el propio Servicio de Estudios de la Junta -y a sus declaraciones expresas me atengo- prevé una inversión por habitante en las mismas muy similar a la inversión por habitante del resto de las comarcas. Esto parece reducir sensiblemente las expectativas de una formulación legislativa, como la Ley del Fondo, que había abierto alguna expectativa de solidaridad que parece no concretarse, al menos no en los extremos en que debería de concretarse.

De alguna manera, se está desvirtuando el sentido de la Ley, como también se desvirtúa por cuanto el conjunto de proyectos implicados en dicha actuación serán seleccionados de entre el conjunto de proyectos disponibles por la Junta. No son proyectos específicos, no tratan específicamente los problemas estructurales de las zonas, sino, sencillamente, del paquete de proyectos a disposición de la Junta, se seleccionan entre aquéllos los que pueden ser afectos a estas zonas. Y esto también viene a reducir el margen de solidaridad que, presumible y pretendidamente, se planteaba con nuestra Ley de Fondo de Compensación Regional.

Por otra parte, en el proceso de identificación y selección de las comarcas -no importa que se acepte el tema de una comarca por provincia, que a mí me parece un mal criterio y así lo indico-, se ha establecido un procedimiento de aplicación incompleto de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley del Fondo, en el sentido de que sería conveniente la utilización de encuestas de equipamiento, porque no de otra manera se pueden evaluar las necesidades de infraestructura de estas zonas, y estas encuestas de equipamiento no se han utilizado. Y, ciertamente, serían disponibles, porque las Diputaciones Provinciales tienen estas encuestas de equipamiento y no se han utilizado.

En segundo lugar, por otra parte, también es evidente que el procedimiento de cálculo utilizado por la Junta genera severos errores de apreciación y valoración de la renta relativa per cápita por comarcas. El procedimiento de la estimación de la renta per cápita es poco aceptable técnicamente. Yo sé que razones de urgencia exigieron decisiones inmediatas y la aplicación de procedimientos no del todo correctos, pero, resuelto el problema de este año, deberíamos de revisar el carácter del procedimiento seguido. Las regresiones econométricas efectuadas por el Servicio de Estudios presentan condicionantes e inconvenientes de carácter teórico fundamental -y perdonen ustedes por el "palabro"-, están llenas de terocedasticidad que las hacen absolutamente incorregibles. Y, por lo tanto, es un ejercicio bonito pero inútil. Yo acepto el esfuerzo, pero reclamo una mejora del procedimiento.

Se han detectado, además, serios problemas de agregación en los datos. Una cosa es la renta de un municipio y otra cosa es su extensión a toda la comarca. Porque por el municipio puede pasar una carretera, o puede concentrarse actividad económica, y eso no se corresponde con el conjunto de las comarcas. Y, así, la distribución que ustedes han presentado contiene enormes deficiencias de agregación que hacen inconsistente el procedimiento.

(-p.1082-)

Y yo diría que es importante una definición más concreta, porque de una correcta definición de la renta per cápita de estos territorios y de una correcta evaluación de los equipos e infraestructuras se derivaría una correcta selección y un eficaz reparto de los mismos.

Por todo ello, nosotros entendemos que es imperativo que la Junta de Castilla y León se replantee con carácter inmediato los procedimientos seleccionados, los mecanismos utilizados, las decisiones adoptadas y el criterio de interpretación de la propia Ley, que conduce a la identificación, política, pero no solidaria, de una comarca deprimida por provincia, cuando todos sabemos que hay provincias donde existen muchas comarcas mucho más deprimidas que cualquiera de las más deprimidas de otras provincias.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Jiménez-Ridruejo. Por la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el señor Consejero, señor Becker.

BECKER ZUAZUA

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR BECKER ZUAZUA): Señor Presidente, Señorías. Entendemos que esta Interpelación del Grupo Socialista es una Interpelación oportuna, porque creemos que nos enfrentamos a un problema difícil, y, sobre todo, que es necesario efectuar algunas reflexiones.

En ese sentido, yo quisiera decir que la problemática del desarrollo económico es una problemática compleja, porque intervienen multitud de factores. Es decir, que a la hora de promocionar un territorio, un área, una comarca, para que su renta, su nivel de bienestar, de desarrollo, se equipare a la del conjunto del entorno de la Comunidad Autónoma, en este caso, o incluso de una provincia, surgen dificultades importantes para extender ese bienestar y lograr la mejora de la renta de sus habitantes.

Es, precisamente, por este motivo que en... el legislador, en el Estatuto de Castilla y León, en su artículo 32.2, se prevé la constitución de un Fondo de Compensación Regional. Y, como aquí se ha dicho, no se trata tanto de buscar esa compensación interprovincial, sino destinar recursos a aquellas zonas que tienen una mayor necesidad de desarrollo económico y, por supuesto, de igualación de rentas en relación al conjunto de la Comunidad Autónoma.

Esta no es una tarea fácil, o no fue una tarea fácil. Prueba de ello es que desde la aprobación y la entrada en vigor del Estatuto hasta hoy ha transcurrido ya un gran número de años.

Lo cierto es que en estas Legislaturas todavía no se había podido plasmar en un documento y una norma el sistema que iba a permitir conseguir esos objetivos. Existió, en el pasado, un fondo transitorio, que, evidentemente, tenía, simplemente, ese carácter de cubrir su inexistencia durante la etapa precedente. Y de una manera -digamos- ya, pues, definitiva, se ha intentado establecer este fondo para lograr los objetivos que hemos expuesto.

A la hora de establecer los criterios para establecer el reparto de este fondo, hay que decir que existen muchas dificultades. En primer lugar, existen dificultades de tipo estadístico. Aquí se ha dicho, con cierta -digamos- verdad, que cualquier método de cálculo entraña dificultades, porque es el propio método el que lleva aparejadas esas limitaciones y esas dificultades.

Por lo tanto, yo entiendo que no es preceptivo que la estimación de la renta de los municipios sea un sistema cerrado, que ya le demos válido o lo demos por válido para siempre, sino que se puede mejorar y se puede, por supuesto, ir avanzando en su mejora técnica o en su composición.

Como aquí se ha dicho, se ha utilizado, dentro del Servicio de Estudios, una serie de criterios, que son los que nos ponen a nuestra disposición la estadística y la econometría tradicional. Partimos, también, de una dificultad, que es la insuficiencia, muchas veces, de información estadística. La estadística es cara. No solamente a nivel nacional ha habido dificultades para tener un sistema estadístico digamos que, pues... exacto, extenso, riguroso -con esto no quiero decir que no lo sea-, sino que es una labor de mucho tiempo. E, incluso, nuestra incorporación a la Comunidad Europea ha servido para la mejora de nuestro sistema estadístico.

Por lo tanto, yo diría que, como premisa inicial, debemos de mejorar nuestro sistema estadístico. Es decir, nuestra Comunidad Autónoma necesita conocer y tener más información de todas estas variables que aquí se han manejado, como es la dotación del capital fijo social, o de infraestructuras, la renta municipal, etcétera, etcétera.

Y los métodos que se han seguido para estimar estas rentas, pues, son, pues, técnicamente complejos -yo no los voy a relatar aquí-. Probablemente, se pueden plantear problemas de heteroelasticidad. Pero lo cierto es que, en este primer momento, nosotros hemos creído que lo más importante era poner en marcha ese fondo, porque lo cierto es que en nuestra Comunidad Autónoma existen áreas, comarcas que en estos momentos tienen serias dificultades.

(-p.1083-)

También es cierto que nos enfrentamos a un problema de participación, es decir, un problema de descentralización. Nadie mejor que las propias Diputaciones Provinciales y aquellos municipios... y los que están pegados al terreno y que, muchas veces, son los que tienen que proporcionar esas estadísticas, que son ellos los que permiten obtener los datos. Esos datos, muchas veces, son heterogéneos; esos datos, muchas veces, carecen de la suficiente fiabilidad; pero, así y todo, es necesario escucharles. Y ahí, en esa composición y en esas reuniones que se han mantenido con las Diputaciones Provinciales, surgió la necesidad de llegar a un acuerdo para que nadie se sintiese -digamos- perjudicado en esta fase inicial. Y difícilmente se puede mejorar a uno cuando hay una cantidad establecida, si no empeora otro. Porque, evidentemente, la fijación de un objetivo para toda la Comunidad Autónoma puede levantar serios problemas y serias -digamos- protestas de agravios comparativos.

Se han mantenido una serie de reuniones con las Diputaciones Provinciales y se han aplicado los criterios, fundamentalmente, que allí se habían llegado a acordar o se habían acordado.

Lo cierto es que las Diputaciones Provinciales nos plantearon una serie de áreas o de municipios prioritarios en los cuales había que efectuar esas inversiones. Y nosotros establecimos que el criterio que debía de perseguirse es que, dado que hay una cantidad fijada y que se puede aumentar en el futuro, por supuesto, esa cantidad, una vez dividida en las distintas áreas o comarcas, pues, lógicamente, no debía, en ningún momento, ser menor respecto a la inversión media por habitante que existía en la Comunidad Autónoma. Y esto es lo que llevó a tomar la decisión de que cada provincia contase con un área, o una comarca, o un municipio específico en el cual aplicar esos fondos.

Yo estoy de acuerdo que, quizás, esa fórmula no es la más idónea, pero también hay que decir que, desde el punto de vista de la participación y de la -digamos-, de evitar una confrontación política -porque no cabe duda que hay que buscar la concentración de esfuerzos-, éste es uno de los elementos iniciales con los cuales... con el cual hemos trabajado. Y no quiere decir que en el futuro habrá que trabajar en la dirección de concentrar esos fondos en aquellas áreas en las cuales haya una mayor penuria o haya unas mayores dificultades de desarrollo.

También hay que decir que, en el futuro, se puede mejorar el sistema de cálculo, que la estadística tiene muchas limitaciones metodológicas y los métodos econométricos tienen limitaciones importantes, y que nosotros estamos abiertos a analizar e, incluso, a aceptar, si es que consideramos que técnicamente es mejorable, una posible propuesta o moción de resolución que incluya una metodología que mejore la situación actual.

También tengo que recordarles a Sus Señorías que no es bueno precipitarse, porque la precipitación genera unas rigideces que, evidentemente, ya -digamos- marcan una trayectoria que luego difícilmente se puede dejar... o se puede dejar de aplicar, y, por lo tanto, ello acarrearía costes importantes.

Por esto, nosotros creemos que la Junta de Castilla y León ha cumplido con el compromiso de poner en marcha ese fondo y que es susceptible de mejorar esos criterios técnicos -estamos convencidos-, y que las propias limitaciones de la información estadística y de la elaboración de esos procedimientos son importantes.

No obstante, hemos elaborado un mapa, este mapa, que puede ser más o menos válido, con unos colores en los cuales... Y esto no es que tenga una identificación ideológica, pero las zonas en color rojo son las más desarrolladas y las zonas en color azul son las menos desarrolladas. Pero ya es un documento, un trabajo de base, que puede servir para ir avanzando y, sobre todo, dentro de nuestras disponibilidades presupuestarias, poder compensar e iniciar esos focos de desarrollo en estas zonas.

Yo coincido con el Portavoz Socialista en su definición de Política Regional de Desarrollo, es decir, que es un Fondo de Compensación Regional, y no un Fondo de Compensación Interprovincial; eso es muy importante, coincido con él. Pero que en esta fase inicial creo que era -digamos- la opción más práctica o -digamos- lo que los economistas denominamos un "second best", un óptimo de segundo grado. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Consejero. Para ocupar su turno de réplica, el señor Jiménez-Ridruejo tiene la palabra.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Consejero. Su intervención me ha parecido muy digna, muy adecuada; también es verdad que poco convincente. Poco convincente porque, si bien es cierto que ha reconocido algunas de las cuestiones que hemos planteado, no es menos cierto que ha dejado abiertas algunas interrogantes, también.

Yo coincido con usted en que la urgencia en política no es buena. Que es bueno el sosiego y que, tal vez, el sosiego nos debería haber llevado a haber efectuado una valoración de las necesidades y de las disponibilidades de la renta y de la riqueza de los recursos en estas zonas de una forma más sosegada. Si estamos toda nuestra historia sin Fondo de Compensación Regional, bien podíamos haber esperado unos meses y haberlo hecho con más pulcritud, con más corrección.

Dificultades que asumo, que acepto, que admito, pero que se podían haber soslayado de una forma relativamente fácil -y es una propuesta que hago-, si seleccionamos de entre las comarcas de acción especial... que, por cierto, incidentalmente, coinciden vis a vis con las seleccionadas; lo cual quiere decir que ese mapa que usted nos propone, aunque tiene notables deficiencias en su construcción, al final, "grosso modo", refleja también algún tipo de validez en cuanto al reparto de la riqueza y la renta regionales.

Estudios concretos y no estimaciones econométricas; estudios concretos en las zonas o comarcas de acción especial. Y, si nos llevan unos millones más, pocos, sobre todo si los hacemos en las universidades de Castilla y León, y no en Madrid. Estudios concretos, pocos. En las zonas de acción especial, hubieran servido para seleccionar cuatro, tres, cinco zonas deprimidas, sin ningún problema.

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Y un esfuerzo de generosidad de la Junta, que no ha habido, para superar el provincialismo. Y un sentido de región que permita una valoración solidaria de los diferentes territorios de Castilla y León. Valor político, señores de la Junta, que ha faltado. Ejemplo de la Junta de su sentido de región. Porque difícilmente podemos exigir a los ciudadanos castellano-leoneses un sentido regional si, cuando llega el momento, ustedes no tienen sentido regional.

¿Cuál sería, señor Consejero, su reacción, si el Estado o -para ser más correctos- la Administración Central repartiera el Fondo de Compensación Interterritorial entre todas las Comunidades Autónomas de España porque todas tienen alguna dificultad estructural? Usted pondría el grito en el cielo. Nosotros, simplemente, en vez de poner el grito en el cielo, le estamos aconsejando que revise el procedimiento.

Y nuestra propuesta -porque nunca hay una crítica sin contrapropuesta del Grupo Socialista-, a nuestro juicio, las fórmulas de aplicación concreta de la Ley deberían de plantearse, cuando menos, cuatro supuestos:

Primero. Que el Fondo de Compensación Regional sea asignado conforme al espíritu y la letra de la Ley que regula a este Fondo, de modo que aquellas comarcas de la Región que presentan, efectivamente, menores niveles de desarrollo, a tenor de los indicadores, sean seleccionadas, independientemente de la provincia a la que pertenezcan. Podía, perfectamente, pasar que en la provincia de Zamora, o en la provincia de Soria haya dos zonas deprimidas y en la provincia de Valladolid, aquélla de la que yo soy Procurador, no tenga ninguna. Y esto sería cumplir con el mandato legal y sería asumir el compromiso regional.

Y una vez efectuada la selección de las comarcas deprimidas, y a tenor de lo dispuesto en la Ley, podría establecerse una cualificación, que ustedes hacen de cuatro años, con establecimiento expreso -y no como ha ocurrido en los Presupuestos de este año- de programas de inversión cubriendo el mismo plazo; programas definidos para cuatro años ya, y no: vamos a ver qué presupuestamos este año, de entre lo que tenemos, para sacar las castañas del fuego. Si estamos haciendo un planteamiento serio y riguroso del Fondo de Compensación Regional, habrá que definir programas de inversión específicos para estas zonas. Y estos programas tendrán que tener cuatro años, por lo menos cuatro años: lo que marca la Ley que debe ser el proceso de asignación de comarca deprimida.

Y, tomando en cuenta las limitaciones e incorrecciones del procedimiento, deberíamos reclamar a la Junta la adopción de medidas que permitan una correcta evaluación de las rentas comarcales, a los efectos de un reparto ajustado a la Ley. Seleccionemos de entre las zonas de... entre las comarcas de acción especial. Pero si todos sabemos -¿o es que no somos de la Región?-, si todos sabemos... si nombramos cinco comarcas deprimidas, en este momento todos nosotros vamos a coincidir en cuatro, si no en las cinco. Si no es tan difícil. Es bien fácil tomar ocho, diez, doce comarcas, hacer ocho, diez, doce estudios concretos, aunque lleven tiempo y aunque supongan algún coste adicional, y hacer las cosas con corrección, que no establecer procedimientos que no por menos meritorios, porque el trabajo del Servicio de Estudios ha sido meritorio, no por menos meritorio presenta tales incorrecciones, tales incorrecciones econométricas y de agregación que lo tornan prácticamente inútil. Y, finalmente, que las diputaciones y municipios de la Región colaboren estrechamente con la Junta de Castilla y León en la ejecución de estos programas. Que el sentido de región, guiado por la Junta, sea seguido por nuestros conciudadanos a través de las instituciones; ésa hubiera sido una posibilidad de enorme valor político para todos nosotros.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Jiménez-Ridruejo. Para dúplica, el señor Consejero de Economía tiene la palabra.

BECKER ZUAZUA

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR BECKER ZUAZUA): Vamos a ver, señor Presidente. Simplemente, en su respuesta hay una serie de valoraciones que nosotros no compartimos. En primer lugar, creo que hemos hecho un esfuerzo importante. Ustedes, señores socialistas, estuvieron cuatro años aquí y no fueron capaces de ponerlo en marcha, y eso es una realidad; no lo pusieron en marcha. Por lo tanto, lo hemos puesto en marcha nosotros.

En segundo lugar... Ahí están los datos, no hay por qué... tampoco... a lo mejor no era posible, pero, evidentemente, se podía haber hecho antes. Y nosotros sí lo hemos hecho, lo hemos puesto en marcha.

En segundo lugar, nosotros creemos que se están haciendo los programas que usted nos achaca que no se están haciendo; se están haciendo programas con las diputaciones para poner en marcha ese, digamos, horizonte plurianual y que nos va a permitir establecer, bueno, pues, una coherencia y, por supuesto, una seguridad en el tiempo en los próximos años.

En segundo lugar, es muy difícil hacer, yo creo, demagogia, o no es recomendable, cuando se dice, bueno, yo soy Procurador por tal sitio e incluso estaría dispuesto a dejarla fuera; pero yo no creo que usted fuese capaz de decir hoy aquí que estaría dispuesto a dejar Valladolid fuera, porque probablemente le ocasionaría serios quebrantos. Yo, desde luego, no lo digo, porque creo que hay zonas de Valladolid que también tienen que llevarse a cabo o llevar a cabo acciones de este tipo.

No creo tampoco que sea justa la crítica de provincialismo, se lo digo sinceramente. Creo que la Junta ha demostrado durante esta Legislatura que tiene una visión regional, con muchos problemas, e impera, sobre todo, el esfuerzo y la generosidad dentro de los recursos disponibles.

(-p.1085-)

También ha hecho usted referencia a que, en el caso de las diputaciones, nosotros tenemos que cooperar. En efecto, pero no hay que olvidar una cosa, y es la experiencia pasada. Si nosotros damos esos fondos, como se hacía en el pasado, para las diputaciones, las diputaciones los aprovechan para realizar obras que pueden ser muchas veces en beneficio de las propias diputaciones; es decir, obras de saneamiento, de alumbrado, de carreteras, y ésa no es la filosofía del fondo. Por lo tanto, en este caso, con este planeamiento nuevo, lo que se hace es que la Junta, a través de las distintas Consejerías, son las que gastan ese dinero en perseguir o persiguiendo la idea de mejorar el desarrollo.

También me gustaría decirle que el PDR contemplará o contempla este tipo de planteamientos. Y también aprovecho para hacer, hablando del PDR, porque se ha hecho una..., bueno, se ha dejado caer una sombra sobre cómo se está elaborando el PDR en Castilla y León. Y tengo que decir que el PDR se está elaborando exclusivamente en la Consejería de Economía y Hacienda, y el lunes pasado, por indicación mía, el Jefe del Servicio de Estudios le dirigió una carta al Presidente de la Comisión de Economía para que tuviera conocimiento de que no hay ninguna ayuda externa -se lo garantizo- en la elaboración del Plan de Desarrollo Regional de Castilla y León para los próximos años. Esto quiero que quede suficientemente claro.

Y también adelanto que estamos cumpliendo los plazos sobre la elaboración del Plan de Desarrollo Regional y que a finales de este mes estará ya redactado el borrador, que se presentará en el Ministerio en Madrid para su discusión y su perfilamiento, es decir, incorporar aquellas indicaciones y hacerlo compatible con toda la normativa comunitaria para que también se presente en las Comunidades Europeas, y que, evidentemente, el año noventa y tres será el año de negociación y de, digamos, de elaboración definitiva del Plan de Desarrollo Regional, que, a su vez, entrará en vigor a partir del año noventa y cuatro, dentro del nuevo marco de apoyo comunitario.

Por lo tanto, quiero eliminar cualquier tipo de duda. Pero sí quiero dejar claro que la Junta de Castilla y León y la Consejería de Economía y Hacienda está siendo enormemente responsable en la elaboración de estos documentos, que no existe discrecionalidad, que nos enfrentamos a problemas de insuficiencia estadística y que las metodologías -y, por supuesto, yo no voy a criticar las metodologías, porque eso sería un debate que no es para esta Cámara- dan de sí lo que dan, que son susceptibles de mejora y que, evidentemente, estamos abiertos a cualquier propuesta de mejora en esos procedimientos técnicos, para evitar las heteroelasticidades y cualquier deficiencia que reduzcan la eficacia de la elaboración y puesta en marcha de ese Fondo.

Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Consejero. Para fijación de posiciones, el Grupo Mixto, señor Buiza tiene la palabra.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Brevemente, desde el escaño, para manifestar que comparto el espíritu de la Interpelación del Grupo Socialista, porque, efectivamente, el Fondo de Compensación Interterritorial tiene una finalidad clara, que, en la medida en que se pueda, debe intentarse cumplir. Y, en ese sentido, creo que la Administración Autonómica debería hacer un esfuerzo grande, aun siendo consciente de las evidentes dificultades, como ha dicho el Consejero, que existen, de datos estadísticos, etcétera, etcétera, al objeto de que este Fondo cumpla su propia finalidad. Mal ejemplo daríamos fuera de nuestra Comunidad si, defendiendo con tanto entusiasmo como defendemos en Europa la cohesión social, el fondo de solidaridad, etcétera, etcétera, no somos coherentes y lo aplicamos en nuestro propio territorio.

El criterio, quizá rentable desde el punto de vista político, de señalar una comarca o una zona por provincia puede ser políticamente rentable, poco polémico, pero, indudablemente, no responde a la auténtica finalidad de este Fondo. Y, en esa línea, yo creo que la Junta de Castilla y León debería corregir con más entusiasmo que me ha parecido ver en la intervención del señor Consejero, sin perjuicio de reconocerle, como él ha dicho, que existen grandes dificultades para tener datos con suficiente objetividad, que permita la aplicación objetiva totalmente de este Fondo. Pero lo que a mí me preocupa es que no he visto en su planteamiento una voluntad política de, una vez resueltas las cuestiones técnicas, las cuestiones estadísticas, aplicar el Fondo en coherencia con su propia finalidad. Porque, si no, lo coherente sería olvidarnos de ese Fondo, llamarlo de otra forma, incluirlo en otros programas. No vayamos a contradecir a los académicos de la Real Academia Española de la Lengua distorsionando los conceptos, distorsionando el lenguaje, porque a veces el significado normal de una palabra, de una expresión, queremos redondearlo de tal forma que no se parece en nada a como pretendemos aplicarlo.

Y en esa línea, si es factible, yo le animo al señor Consejero, y a la Junta en general, a que haga un esfuerzo sincero, a que, como se dice vulgarmente, coja el toro por los cuernos, y a la provincia que tenga la desgracia -que ya es grande- de tener varias zonas deprimidas se le ayude específicamente con este Fondo, que para eso está. Y a la provincia que tenga la suerte de tener un nivel de vida boyante en relación con las demás, se le ayude un poco menos por esta vía, porque hay otras vías y hay otros programas diferentes del Fondo de Compensación Interterritorial.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Buiza. Para fijación de posiciones, por el Grupo del CDS, el señor de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

(-p.1086-)

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: ... por haber presentado esta Proposición No de Ley. Y ya que el Consejero de Economía hacía una referencia a que durante el Gobierno Socialista no presentaron una Ley del Fondo, yo quisiera recordarle al Grupo Popular que tampoco ellos, gobernando en solitario, fueron capaces de presentarla; sí en un Gobierno de coalición con el CDS.

Y el tema hay que resumirle en si se cree o no se cree en lo que se está diciendo. Yo no puedo juzgar al Grupo Socialista si cree o no cree en el Fondo de Compensación Regional, aunque, si tengo que analizar lo que hace con el Fondo de Compensación Interterritorial, he de manifestar que el Partido Socialista no cree en ese tipo de fondos; si no, no hubiese castigado a las regiones más deprimidas como Castilla y León ha sido.

De la misma manera, creo que el Grupo Popular no cree tampoco en el Fondo de Compensación Regional. Porque, curiosamente, han estado hablando y, en palabras del Consejero de Economía, decía que el Fondo de Compensación está para mejorar la renta de sus habitantes, no está para hacer infraestructuras, como querían hacer algunas diputaciones, en carreteras o alumbrados. Sin embargo, no hay más que mirar la distribución que la Junta ha hecho este año con los Fondos de Compensación Regional.

Y, mire usted, para elevar la renta por habitante de las comarcas de la Moraña de la provincia de Avila, de 100.000.000 o 110.000.000 de pesetas que lleva el Fondo de Compensación Regional, se gastan 30.000.000 en levantar una iglesia que estaba derruida, se gastan 8.000.000 en arreglar el retablo de una iglesia. Quiere decirse, señor Consejero, que ustedes han tomado el Fondo de Compensación Regional para gastar el dinero que sus Consejerías tenían que haber hecho en un proceso normal del presupuesto. Como ven que se les echa encima, que van tres años con una iglesia caída y que nadie la levanta, aprovechemos que está en una comarca deprimida, levantemos la iglesia y hemos levantado la renta por habitante de esta comarca.

Señor Consejero de Economía, usted que es economista, analice, analice las inversiones realizadas en la provincia de Avila en el Fondo de Compensación Regional: más del 50% están destinados a unas inversiones que no producen ninguna mejora en la calidad de vida de sus habitantes. Pero eso lo podemos trasladar a Palencia, Valladolid a León. Quiere decirse que ustedes han entendido el Fondo de Compensación Regional como diciendo: quitemos la cacicada de la Diputación, que para cacicada la hago yo más gorda.

Yo -y el señor Consejero de Presidencia lo conoce muy bien-, en la Legislatura pasada, y ocupando el cargo de Presidente de la Diputación, le he dicho siempre: no hay que inventar nada de lo que ya está inventado para corregir las cacicadas.

Cuando se crea el Fondo de Cooperación Local ha tenido que hacerse varias modificaciones hasta llegar a la estructura actual, que consideramos mucho mejor que la que había, simplemente corrigiendo lo que existía a nivel central en los planes provinciales; lo que existía, corrijamos los defectos y hagámoslo así.

Pues bien, ha llegado el Fondo de Compensación Regional, se ha querido imitar a las antiguas Comarcas de Acción Especial en cada provincia. Yo ahí coincido con el Portavoz del Grupo Socialista, y creo que también con el Consejero, y todos los Grupos coincidimos, en que el primer año ha habido que seleccionar una por provincia, y en el futuro habrá que ver las que haya. Pues bien, hay una experiencia de colaboración del Estado con las Diputaciones Provinciales y los propios municipios en las Comarcas de Acción Especial. No hay más que analizar qué ha funcionado bien de aquello y qué ha funcionado mal. Respetemos lo que ha funcionado bien, corrijamos lo que ha funcionado mal.

Señor Consejero, a mi entender, funcionaba bien:

Primero, el acuerdo de la propia Diputación marcando una zona determinada.

Segundo, el Gobierno Civil -ahora se puede trasladar a la Delegación Territorial de la Junta-, previos estudios, comprobada que la petición de la Diputación Provincial para una Comarca de Acción Especial era correcta, por la depresión que tenía y por el futuro que esperaba. Porque no adelantamos nada en tirar el dinero en una comarca si no hay posibilidad de que se levante.

Y una vez decidido eso, y comprobado, se asigna el dinero, que la propia Diputación propone al Gobierno la distribución, y el Gobierno lo aprueba o lo rechaza.

Aquí ustedes han llevado todo el sistema contrario. Las Diputaciones le han propuesto una zona. Sin estudios previos, han quitado o puesto municipios dependiendo del color político que tenían. Han distribuido desde la Junta sin saber las inversiones que la Diputación Provincial llevaba en ese comarca. Es decir, han caciqueado mil y pico millones de pesetas en las zonas más desfavorecidas de esta Región, al gusto y manera de lo que cada Consejería tenía que haber hecho y no había hecho.

(-p.1087-)

Por tanto, nuestra posición, señor Consejero, de acuerdo en la filosofía mantenida: que elijan las comarcas con fuerte depresión o con mayor depresión en la Comunidad; sean varias en una provincia, sea una que abarque a más de una provincia, o sea lo que sea con unos estudios serios. Hagan los estudios de posibilidad de desarrollo de la comarca y que le propongan las inversiones. A partir de ese momento, se cree o no cree en la descentralización. Y, desde luego, ustedes -y lo llevamos comprobando desde el año ochenta y siete-, no han creído nunca en la descentralización, aunque desde aquí siempre lo han propugnado. Descentralización, sí, pero con el control suficiente del dinero que se gasta.

Señor Consejero, si el Fondo de Compensación Regional va a seguir siendo lo que ha sido este año, anúlenle, súmenlo a las Consejerías que quieran, porque, indudablemente, habrá menos cacicadas que las que se van a hacer este año con el Fondo de Compensación. Si el Fondo de Compensación, el dinero que va a carreteras, a iglesias, a retablos, fuese a cada Consejería, menos cacicadas de las que se han hecho con el Fondo de Compensación. Por tanto, Fondo de Compensación sí, regúlele; ya que el primer año ha habido que aguantar, o soportar, o hacerlo de una forma, puesto que no había medios, corrija lo que ya está hecho, y adelante con un Fondo que en esta Comunidad es más necesario que en otras muchas. Pero ¡ojo! dónde y cómo se invierta, siempre enfocado -y usted lo ha dicho- a mejorar la renta por habitante y la calidad de vida de los habitantes de esa comarca.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor de Fernando. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...Presidente. Señorías. Realmente, después de haber oído las intervenciones tanto del Portavoz Socialista como de la persona que ha intervenido en el Grupo Mixto y Centro Democrático y Social, a este Procurador le toca el turno de fijar posiciones en relación a un tema que juzgo muy importante y muy trascendente, porque el sentido de región es algo muy importante y muy trascendente por sí mismo.

Sin embargo, no puedo por menos de iniciar la exposición con una rectificación que quiero que se me tome en el mejor de los sentidos.

Esa rectificación va dirigida a la última intervención que hemos escuchado del Portavoz del Centro Democrático y Social, en el sentido, primero, que esto no es una Proposición No de Ley, como usted ha dicho, estamos en una Interpelación al Consejero de Economía.

En segundo lugar, yo quisiera también el que de una vez por todas, porque lo vengo oyendo ya en otros ámbitos de estas Cortes de Castilla y León, en Comisiones o en otros Plenos, se nos dijese por qué restaurar una iglesia no es también crear riqueza. Yo, de verdad, es algo que no entiendo, porque yo creo que ahí habrá un proyecto que cobrará un arquitecto, unos trabajadores que son los que realizan la obra, unas personas que son las que transportan los materiales, unas fábricas que son las venden el cemento. Pero, bueno, esto al parecer, como lo de la iglesia viste mucho, en el sentido demagógico del término, entonces, se dice: queda muy bien, y eso no genera ningún tipo de riqueza en los habitantes de esta Comunidad.

Pues, mire usted, yo entiendo todo lo contrario. Y yo desearía ya que, de una vez por todas, nos clarificase usted si, verdaderamente o no, a usted lo que le molesta es que restauremos iglesias, o edificios civiles, o edificios históricos.

Pero, bueno, dicho esto, como pura advertencia inicial, sí tengo que felicitar al Portavoz del Partido Socialista, primero, por la técnica que ha utilizado, como no podía ser menos en un hombre que nos lleva muchísima ventaja, por supuesto -por lo menos a este Procurador-, en temas económicos, y máxime ya cuando hablamos de la econometría, que debe ser el "summa cum laude" de la economía, cuestión que yo no voy aquí en absoluto a tocar, porque me perdería en ello.

Pero sí que hay un reconocimiento expreso, y es donde quiero basar mi intervención, un reconocimiento expreso, don Zenón Jiménez-Ridruejo, de que se han utilizado unos elementos en esos criterios de reparto que, cuando menos, han sido objetivos. Aquí no se ha repartido a capón, aquí se ha repartido sobre unas bases; aquí no se ha caciqueado, aquí se ha repartido con unos criterios. ¿Serán o no serán los más adecuados? ¿Podrán mejorarse? Lo ha dicho el Consejero de Economía. Indiscutiblemente que podrán mejorarse. Pero, no se ha hecho a capón; se ha hecho, realmente, con una metodología. Y no me puedo por menos, no puedo por menos de decir cuáles son los criterios que se han utilizado para el reparto del Fondo.

Señalarles, con respecto a esta parte de la Interpelación, que, para la estimación de la renta a nivel municipal, se ha aplicado un método indirecto, por parte de la Junta de Castilla y León, basado en el análisis de la corrección múltiple y consistente en realizar una regresión lineal entre la renta familiar disponible, que actúa como variable dependiente de un grupo seleccionado de indicadores sociales y económicos, variables explicativas que están referidas a un espacio temporal concreto. Y así se ha hecho, y no de otra manera, y no caciqueando. Se ha hecho, por lo tanto, con todo rigor y objetividad. Que algún Portavoz que me haya precedido en el uso de la palabra no lo entienda me parece absolutamente lógico, pero, lógicamente, tengo que decir cómo se ha hecho.

Bromas aparte, y se ha hecho así, porque es muy serio, bromas aparte...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...se han realizado, se han realizado esos estudios -ténganlo presente- con unos criterios, primero, de objetividad, con unos criterios de objetividad rigurosa en la construcción e identificación de los niveles de renta por habitante, sobre el resto de esas variables requeridas en la selección de las áreas deprimidas.

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Se ha ampliado, además, el abanico, y se han barajado cuantos estudios e informes se han creído pertinentes para un análisis y una perfecta definición de las comarcas en las que la Junta de Castilla y León tiene que hacer unas actuaciones especiales, en virtud, precisamente, de esa depresión que padece.

Se ha tomado en consideración -como no podía ser menos-, la información local y la información provincial. Y, lógicamente, se ha tenido -como no podía ser menos tampoco-, se ha tenido en cuenta el análisis hecho por el Consejo de las Provincias. Y éstos son los criterios y éstos son los factores. Y, por ejemplo, don Zenón Jiménez-Ridruejo sabe perfectamente y obrará en su poder un amplísimo informe de más de diez folios, por el cuál se le da conocimiento a la pregunta que ustedes formulaban en su día, de cómo había actuado la Junta de Castilla y León en este sentido.

Por lo tanto, bajo nuestro punto de vista -y en esto sí que tenemos que coincidir, yo creo, todos los Procuradores presentes en esta Cámara-, tenemos que mejorar el método, indiscutiblemente; tenemos que contar con mayores datos estadísticos, indiscutiblemente; es perfecto lo que se ha hecho, indiscutiblemente no; tenemos que oír mucho más a nuestros Ayuntamientos, como decía el Consejero, y a las Diputaciones Provinciales, indudablemente sí. Por lo tanto, en esa línea de objetividad, de progresión y de concreción, realmente, entendemos que es como debe de producirse la conducta de un Gobierno responsable como es el de la Junta de Castilla y León.

Estas son las conclusiones que, al menos, saca el Grupo Parlamentario al que estoy representando en estos momentos. Y, desde luego, no puedo por menos de señalar el apoyo decidido que en todo momento vamos a prestar, y no dudo que otros Grupos políticos se sumarán a ese apoyo, cuando esos criterios de racionalidad sean los que imperen en un reparto de fondos como el que nos preocupa.

Desde luego, tengo que señalar también que muchos son, muchísimos son, y muchísimas son las quejas de todos los Procuradores aquí presentes, de que en su provincia, realmente, no se atiende tal o cual problema.

Don Zenón Jiménez-Ridruejo, yo creo que usted ha huído un poco hacia adelante diciendo: yo no tendría inconveniente en excluir a Valladolid. Pues yo, como Procurador de Valladolid, le replico a usted que si Valladolid tiene una zona deprimida, Valladolid tiene que tener su participación. Yo creo que usted, permítame que se lo diga con todo el cariño, ha hecho una afirmación demasiado arriesgada, que no podemos hacer, por desgracia, ninguno de los Procuradores que estamos aquí presentes, porque, por desgracia, nuestra Comunidad no es de las más ricas del Estado Español.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El interpelante, don Zenón Jiménez-Ridruejo, tiene la palabra.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a los Grupos por el tono y por el apoyo, en alguna ocasión explícito.

La Ley del Fondo de Compensación Regional, y no como dice alguno de los compañeros de escaño, la Ley del Fondo de Compensación parroquial, se aprueba en el mil novecientos noventa y uno; difícilmente los Socialistas podíamos haber cumplido una Ley cuando dejamos, lamentable y desgraciadamente, las responsabilidades de Gobierno en mil novecientos ochenta y siete.

Pero sí le dejamos -y lo he traído- un excelente estudio, del que yo no tengo parte -lo digo para cualificarlo debidamente-, un excelente estudio sobre las líneas generales para la aplicación de una política de compensación interterritorial, estudio que, sin duda, está en la Consejería de Economía, como tantos otros que allí dejamos.

Y que la Ley del Fondo de Compensación se hace de una forma consensuada, que es mérito de toda la Cámara, que es esfuerzo de todos nosotros, que es un proyecto compartido. Y no puede ser de otra manera, porque es un tema en el que, de alguna manera, todos estamos de acuerdo.

No le llevo ventaja, señor Aguilar, por cuanto que, siendo usted -como yo- de Salamanca, estamos equiparados.

Yo no he hablado en ningún momento de manipulación, jamás. Yo he hablado de falta de generosidad, de falta de sentido regional, de falta de corrección técnica -y los que me escuchan y tienen responsabilidades lo saben- y he hablado también de esfuerzo positivo. He dicho que se ha hecho un esfuerzo, en breve tiempo, y que eso es mérito de los trabajadores del Servicio de Estudios, que, sin duda, se han dejado muchas horas para hacer ese mapa. Un mapa que si, en vez de presentarlo en colores, lo presentáramos en citas, en datos, en los datos que dan origen a ese mapa, unos datos ordenados en un baremo de cero a diez, provocarían más de una protesta por más de un representante de distintos Grupos, por identificar que su pueblo no está correctamente ubicado, que su comarca no está correctamente valorada. Y eso es de lo que yo protesto y de lo que yo me quejo. Es, sencillamente, que creo que no es muy correcto. El mapa es bonito, es atractivo, pero tiene la inutilidad de las cosas que no están bien hechas. Y, probablemente, lo que sea más efectivo es hacerlas mejor y no presentar un mapa de colores.

(-p.1089-)

Señor Consejero, señor Portavoz del Grupo Popular, una cuestión es los fondos de suficiencia y otra cuestión los fondos de solidaridad. Si usted me dice que, como Procurador de Valladolid, yo defiendo a mi provincia, en cuanto a la suficiencia, el primero; no habrá nadie, o, por lo menos, yo estaré a la misma altura o tanto como el que más, defendiendo la provisión en el Presupuesto de la Junta de Castilla y León de fondos de suficiencia para inversiones en la provincia de Valladolid. Pero no estamos hablando de fondos de suficiencia aquí, estamos hablando de solidaridad. Y yo, para la solidaridad, en mi Región, no conozco provincias, conozco problemas; y eso es, quizá, lo que me hace ser socialista.

Y en este tema han jugado ustedes a contentar a todos, y ustedes lo saben. Es más, lo han dicho. Y que anteponen los motivos políticos en un síntoma más de intento de reconducir al nominalismo los instrumentos o, dicho en términos más simples, a anteponer las razones políticas a las razones sociales. Y eso es así, y lamento decirlo. Y, además, debo decirlo: que el tema es preocupante, pero no tan urgente como pensamos; porque, aunque nosotros no nos demos cuenta, el Presupuesto, cualquier Presupuesto de esta Comunidad Autónoma es un instrumento de redistribución notable a nivel interprovincial y comarcal. Por lo tanto, no hay urgencia, no hay urgencia; se pueden hacer las cosas mejor. Y, en este sentido, nosotros elevaremos, en los próximos días o semanas, una Propuesta de Resolución, donde reclamaremos la correcta aplicación de los términos de la Ley del Fondo, reclamaremos una revisión del procedimiento utilizado para la identificación de las variables, al efecto identificativo, tanto de las zonas como de los recursos y su distribución. Reclamaremos una revisión de la selección de las comarcas definidas, efectuando una evaluación independiente de su ubicación provincial. Reclamaremos una revisión de los programas de inversión, con objetivos cuatrienales y específicos. Reclamaremos una revisión de los compromisos presupuestarios para este año, que sean acordes con las auténticas necesidades y compromisos de la Ley. Y reclamaremos un procedimiento de colaboración con el conjunto de las Administraciones Públicas.

Este es, fundamentalmente, nuestro objetivo con esta Interpelación. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Consejero, en nombre de la Junta, tiene la palabra.

BECKER ZUAZUA

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR BECKER ZUAZUA): Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Creo que la política regional se encuentra con numerosos problemas. Usted ha dicho, acaba de decir hace un momento que el Presupuesto regional es, fundamentalmente, el instrumento de política económica regional, o sea, que es lo que influye más para redistribuir la -digamos- política económica de nuestra Comunidad Autónoma. Entonces, a su vez, se establecen otros elementos, otros mecanismos dentro de ése, que es este Fondo, este Fondo de Compensación.

Pero yo no creo que nuestro trabajo haya sido inútil, ni muchísimo menos. Yo creo que es un trabajo -como todo- mejorable. Ha quedado claro que se ha trabajado con rigor, que existen limitaciones metodológicas -y a eso me he referido-, que se necesita mejorar nuestras bases estadísticas; y, probablemente, cuando se aplique o entre en funcionamiento el nuevo Pacto Autonómico y tengamos más competencias en materia estadística, podamos dedicar mayores esfuerzos a esa dotación de estadísticas.

Y a la hora de establecer la diferencia entre suficiencia y solidaridad, hay una parte de sombra. Yo no lo identifico tan claramente. Y le digo esto porque, a lo largo de veinticinco reuniones, en toda la negociación de la financiación autonómica se estaba constantemente manejando estos dos conceptos. Porque, claro, si una determinada Institución o Administración no tiene suficiencia financiera, difícilmente puede llevar a cabo sus objetivos. Y esa suficiencia financiera depende, a su vez, de Administraciones o de Instituciones de rango superior, nacional o transnacional.

Por lo tanto, aun suponiendo que... y, por supuesto, sirve para clarificar la diferenciación entre la suficiencia y la solidaridad, pero existen también extremos que se tocan enormemente.

Por lo tanto, yo, simplemente, para terminar, tengo que decir que nuestro trabajo creo que ha sido responsable, que nosotros hemos desarrollado el Estatuto -no digo el Partido Popular, sino toda esta Cámara-, que se podía haber hecho antes, también; que no hay que improvisar y que todo es susceptible de ser mejorado. Y ese estudio que usted nos ofrece y que está en la Consejería, pues, será, probablemente, utilizado para mejorar los procedimientos -vuelvo a insistir- científicos. No hay ningún tipo de caciqueo, ni de búsqueda de favorecer a una determinada comarca o municipio. Y nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Consejero. Octavo punto del Orden del Día, al que dará lectura el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNANDEZ MERINO): Octavo punto del Orden del Día: "Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Fomento de Montes Arbolados".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto de Ley por la Junta de Castilla y León, el señor Jambrina, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tiene la palabra.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Señor Presidente. Señorías. El Proyecto de Ley denominado Fomento de los Montes Arbolados, que hoy tengo el honor de presentar a estas Cortes, responde, según nuestro criterio, a un cúmulo de aspiraciones que todos los amantes de la naturaleza en general y de las superficies arboladas en particular han venido reclamando desde tiempo inmemorial.

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Los principios fundamentales que informan el Proyecto se pueden resumir en dos: la mejora, cuidado y promoción de la vida en el bosque, y la satisfacción de una injusticia histórica que la sociedad, globalmente considerada, ha cometido con la parte de ella que cuida, precisamente, del mantenimiento de estas superficies boscosas.

Es ocioso, seguramente, enumerar ahora los beneficios de todo tipo que la existencia de los montes arbolados presta a los distintos ecosistemas en los que se desarrollan. Es más, es un factor de capital importancia del complejo e interrelacionado mundo de cada ecosistema.

En efecto, desde las posiciones culturales más humildes, desde las ideológicas más dispares, desde el inicio de la vida sobre el planeta, y hasta las más altas existencias científicas, culturales y políticas, el hombre y la sociedad de la que forma parte ha estado y está permanentemente y fundamentalmente ligada a la existencia del bosque.

En todos los congresos forestales celebrados hasta el momento -el último tuvo lugar en París, el pasado año-, hasta la reciente y trascendente Cumbre de Río, han dedicado especial interés, importancia y trascendencia al cuidado, mejora y promoción de las superficies arboladas.

Con referencia a esta última, y sin olvidar nunca la estrecha relación existente entre todos los aspectos medioambientales, el tema de la deforestación y el incremento de los bosques ha tenido tanta importancia como para hacerle responsable, en uno u otro sentido, del cambio climático que el planeta parece estar sufriendo.

Asunto, también, de capital importancia lo constituyó, en la reciente Cumbre brasileña, el tema de la biodiversidad que sustentan enriquecedoramente las superficies arboladas.

Y, finalmente, pero sin ánimo de agotar el tema o de estar éste concluido, hay en Río una declaración específica dedicada a la protección de los bosques, que, por cierto, quedó abierta a un próximo convenio, en el que se intentará clarificar los derechos de los pueblos donde dichos bosques se ubican.

No son, pues, los bosques, evidentemente, objetos secundarios del debate. Hasta tal punto se considera esta importancia que ya desde instancias muy autorizadas se formulan las siguientes preguntas: ¿son los bosques propiedad básica de los pueblos donde se ubican? ¿Son, por el contrario, propiedad común de la humanidad? Tales interrogantes, por su sola enumeración, ponen de manifiesto la importancia de esta superficie en la biosfera; pero, paralelamente, la necesidad de encontrar satisfacción para quienes los sustentan y seguridad de pervivencia y mejora para toda la vida, incluso la humana, que la comparte.

Desde otro punto de vista, el Proyecto de Ley que hoy presento a las Cortes ha tenido en cuenta, muy concretamente, la Política Agraria Comunitaria, si bien que buscando una concordancia creativa y no tanto una mera implicación deductiva, como aspecto residual, de la muerte por éxito de una política de abastecimiento alimentario, hoy extraordinariamente superada.

Como se sabe, la Política Agrícola Común propició, con el inicio de una existencia de excedentes, una serie de subvenciones por el mero hecho del abandono de tierras o, dicho de otra manera, propiciaba el abandono de estas superficies, subvencionándolas por no producir, es decir, por no trabajarla.

Esta política, que podía ser económicamente explicable, es, sin embargo, poco admisible, si la consideramos desde el punto de vista humano. Lo que hemos mantenido siempre y lo que, final y felizmente -considerado desde este punto de vista-, ha asumido la Comunidad es subvencionar por el cambio de tipos de producción, por producir a largo plazo bienes no solamente económicamente viables. Y de esta asunción nacen, seguramente, las medidas de acompañamiento de la Política Agrícola Común, entre las que tiene importancia capital la producción forestal -globalmente considerada, por supuesto- en las tierras dedicadas a una producción marginal o en agriculturas de escaso interés para la Comunidad.

Por supuesto, ese abandono de tierras y su producción forestal se ha tenido en cuenta en el Proyecto, y las ayudas que se contemplan en el mismo no solamente no están en discordancia con la Política Agrícola Común, sino que estamos seguros que la mejoran, e incluso abrigamos la esperanza -dada la importancia objetiva- de que tales ayudas se extiendan desde las tierras agrícolas abandonadas a la producción de alimentos, como las que lo fueron en épocas recientes, desde el inicio del productivismo agrario, e incluso aquellas que nunca tuvieron dedicación agrícola.

Desde el punto de vista nacional, y para corroborar cuanto acabo de exponer, es gratificante comprobar cómo en el programa que la Secretaría General de Estructuras Agrarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está elaborando para fomentar explotaciones forestales en explotaciones agrarias se reconocen no sólo ideas similares, sino, incluso, frases enteras del preámbulo del Proyecto de Ley que hoy presento. No podía ser de otra manera, dada la universalidad de los problemas que se abordan y de las soluciones que para tales problemas ofrecen las superficies arboladas. Y así, por ejemplo, hay obligadas referencias a la protección que frente a la erosión ofrece la cubierta vegetal, con el consiguiente ahorro de superficie fértil, la protección ante las inundaciones, la protección y fomento de la diversidad de la fauna, de la flora y, en definitiva, de valiosos ecosistemas, el mantenimiento del clima y de la calidad del aire y del agua, la conservación del paisaje e incluso el ofrecimiento a la sociedad de lugares de esparcimiento y ocio.

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También son múltiples las referencias que se pueden citar, incluso en estas Cortes, definiendo a los montes como parte integrante de la infraestructura natural de la Comunidad, o a la necesidad -que luego comentaremos- de hacer atractivas a la iniciativa privada las inversiones en sus montes, con mecanismos de créditos, subvenciones, exenciones, etcétera.

Demostrado, pues, el beneficio que las superficies arboladas producen en un medio ambiente considerado globalmente y que imagino el convencimiento previo de Sus Señorías, pero no por ello de recuerdo innecesario, conviene analizar, siquiera someramente, la segunda parte de las bases en las que se apoya este Proyecto de Ley a que hacía referencia al principio de mi intervención, y que no es otra que la satisfacción de una injusticia que con la población rural se ha venido históricamente cometiendo. Ciertamente, todos los beneficios a que antes me he referido los han recibido las generaciones precedentes y nosotros mismos, de una manera gratuita, y no se ha valorado suficientemente la labor, los trabajos, el esmero y los cuidados que una parte de esa sociedad -y no precisamente la más afortunada económica y socialmente hablando-, la rural, ha abastecido desinteresadamente.

En efecto, sólo quienes viven al lado de los montes, los trabajan y los cuidan son los responsables directos de ellos y los que de una manera concreta y constante los han cuidado a través de los tiempos y los siguen cuidando. Esta injusta situación ha acarreado una serie de perjuicios derivados y que pueden concretarse en los siguientes: irrentabilidad de las superficies arboladas para sus propietarios desde el punto de vista económico, progresivo abandono en el cuidado y mejora de los montes y, en algunos casos, destrucción de los mismos por tala, roturación, fuego o fisiopatías diversas. Desde este punto de vista, Señorías, igual consideración merecen los montes privados que los de titularidad pública, aunque, desde otro, el carácter de esta utilidad pública y de la protección que genera nos obliga a ser más celosos, por un lado, y más generosos por otro.

Parece, pues, llegada la hora de compensar con cuantas medidas y esfuerzos sean necesarios a los titulares de los montes, en nombre de la sociedad beneficiaria y como representantes políticos de ella. Es desde este punto de vista donde reside la mayor novedad del Proyecto que hoy se presenta y donde considero que existe la mayor rentabilidad social y la mayor innovación de la presente norma.

Hay que dejar bien sentado que este Proyecto no pretende ser una ley forestal que aborde todos los problemas de este sector, ni contemple aspectos localizados, aunque en ambos aspectos tendrá una indudable influencia y que estoy seguro establecerá una sinergia que potencie, actualice y dé vida al cuerpo legal que con carácter nacional hoy está establecido.

Hubiera sido quizá más brillante presentar una ley extrayendo elementos del citado cuerpo legal sistematizándolos en una sola norma; pero, con independencia de que eso hubiera sido vestir un santo con ropas de otro, sin ninguna transcendencia, hemos preferido, por el contrario, presentar un Proyecto de Ley con perspectiva global a nivel de biosfera, que pretende seguir las recomendaciones de la cumbre de Río, incluso -y curiosamente-, al menos en el primer borrador, antes de que esa cumbre se celebrara y ser, por otro lado, pionera en esta dirección.

Mientras la sociedad mundial se pone de acuerdo en la fórmula de reducir las emisiones de dióxido de carbono, causa principal -aunque no única- del efecto invernadero, nosotros pretendemos, de acuerdo con nuestras fuerzas, crear -a través de los bosques- sumideros de este gas, que tiene además la ventaja de su larga retención.

Pues bien, el Proyecto de Ley establece unas compensaciones a los propietarios de los montes -ni siquiera me atrevo a llamarlas subvenciones-, que los mantengan en buen estado. Quizá este aspecto cualitativo es fundamental en el espíritu que informa la ley, y que, repito, es la permanencia del monte en buen estado.

Es de suponer, pues, que una parte importante de las compensaciones que se deriven para los propietarios de los montes se empleen, precisamente, en las inversiones necesarias para que éstos continúen estando en buen estado, y, por tanto, como efecto derivado de la aplicación práctica de la ley, se creará en el medio rural un número de empleos más que significativos.

Considerando los aspectos prácticos de la norma que hoy se somete a su consideración, se prevén cuatro tipos de ayudas. La de instalación, para el propio establecimiento de los bosques -de repoblación, que podíamos llamar en el argot tradicional-; la de desarrollo, para la superficie arbolada... para que la superficie arbolada llegue hasta su grado de madurez; la de conservación, que compensará de los gastos y esfuerzos para mantener el bosque en buen estado; y la de mejora, que compensará las inversiones hechas en las superficies arboladas para llevarlas a la situación de bien tratadas, que se concederá por una sola vez y que las hará merecedoras de seguir en el tiempo estando en buen estado y de esta manera recibir las compensaciones, que por desarrollo, conservación, sean merecedoras.

Otro de los aspectos novedosos de la Ley es el tratamiento que se da a los titulares de montes privados, que sólo podrán acceder a las compensaciones que antes he indicado someramente si se constituyen en asociaciones de silvicultores, tan al uso en el espacio geográfico de la Comunidad Europea, y que tengan la dimensión suficiente, que reglamentariamente se determinará, para que sea posible realizar una buena gestión forestal.

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Hay que suponer que una buena parte de los propietarios forestales en nuestra Comunidad -más de treinta y ocho mil- se agruparán alrededor de los ayuntamientos limítrofes, y esperamos, incluso, que éstos alcancen dimensiones rentables, desde el punto de vista de la gestión, constituyendo agrupaciones o mancomunidades, precisamente, para la administración de superficies arboladas. Y, desde otro punto de vista, poco importará que éstas estén en tierras agrarias o no, y que de esta manera, y conservando siempre la Administración las cautelas de la utilidad pública, no cabe duda que se transferirá a las entidades locales protagonismo, gestión forestal y posibilidades de empleo.

Quisiera también llamar la atención de Sus Señorías sobre la repercusión que de una manera directa, aunque no expresamente relacionada, tendrá en su día esta Ley, con el grave problema de los incendios forestales. Es indudable que una de las causas de los incendios forestales es la irrentabilidad que para los propietarios, bien públicos o privados, tienen las superficies boscosas, consideradas éstas tanto desde el punto de vista económico como social. Esta irrentabilidad ha acarreado el abandono en unos casos y la desidia en otros, en los cuidados del monte, y es, precisamente, promover esa... remover esa pasividad lo que el Proyecto de Ley pretende, y lo hace creando los incentivos indicados que impulsen a los propietarios de montes arbolados a defenderlos, salvando así la renta que una subvención continuada les va a suponer si el bosque permanece.

Puede llamar la atención el hecho que se ha dado en algunas normas del máximo nivel en esta Comunidad Autónoma de no fijar la financiación necesaria para el desarrollo de las medidas que la futura Ley contemple. Con independencia de que tanto en normas de ámbito estatal como regional lo corriente y normal es que éstas no desciendan hasta el punto de la financiación y que se deje ésta a los planes de desarrollo regional y, consiguientemente, a las leyes de presupuestos y su desarrollo, conviene, no obstante, hacer unas observaciones.

Siendo forzosamente la aplicación práctica de la Ley gradual y previendo que las superficies boscosas aumentarán en los primeros años, aunque sólo sea por el hecho de pasar al estado de bien tratadas y del aumento cuantitativo derivado de la aplicación de la Política Agrícola Común, si la Ley estableciera una financiación, cualquiera que ésta sea, fijará un techo a las compensaciones, que, si resultase inferior al que podríamos llamar nivel de eficacia, convertiría a la Ley en inoperante. Por el contrario, una Ley holgada, presupuestariamente hablando, podría provocar la tendencia a conseguir los mismos resultados poniendo a contribución recursos excesivos, que distorsionarán, por un lado, el objetivo de la norma, y que podrían tener en su contrario, en su contenido marginal, otro destino. El principio de economía, que debe presidir todas o casi todas las actividades de la Administración, podría quedar así, de alguna manera, relegado.

Por tanto, el Proyecto de Ley que se concibe de modo que... Por tanto, el Proyecto de Ley se concibe de modo que al menos en la primera etapa sea competencia gubernamental asignar el importe presupuestario adecuado y, a tenor de la eficacia que se va obteniendo, de la experiencia, de los resultados, perfilar en su momento con más precisión la financiación de la Ley con el rango legal que se considere adecuado.

No quisiera terminar, Señorías, sin agradecer, por un lado, a cuantos técnicos y funcionarios han colaborado con entrega, vocación y pasión a la elaboración de este Proyecto, así como reconocer el esfuerzo y la colaboración que han prestado al mismo las organizaciones profesionales agrarias, las asociaciones de propietarios forestales, los grupos conservacionistas, la Federación Regional de Municipios y Provincias, algunos parlamentarios de nivel regional y nacional y técnicos ligados o no a la Administración, que han puesto a contribución de esta norma lo mejor de su saber.

Estamos convencidos, por otro lado, de la mejora que estas Cortes introducirán en el articulado del Proyecto y que comprenderán, como el Gobierno Regional, el carácter global que, desde el punto de vista medioambiental, tiene el Proyecto que les presento, que está, sin duda, dentro de las mejores tradiciones universalistas que siempre han presidido las actividades de los castellanos y leoneses; por lo que, previa y sinceramente y de manera anticipada, agradezco ese trabajo que a partir de este momento, entiendo, se va a iniciar en esta Cámara.

Nada más, Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Presentado el Proyecto por el señor Consejero, entramos en el debate y votación de la Enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista, solicitando la devolución del Proyecto a la Junta. Para su defensa, y en nombre del Grupo Socialista, señor Crespo González tiene la palabra.

CRESPO GONZALEZ

EL SEÑOR CRESPO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Nosotros hemos presentado una Enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Fomento de Montes Arbolados, porque nos encontramos ante una Ley que consideramos interesante y necesaria, pero no como la plantea el Grupo proponente. En esencia, se pretende subvencionar a los propietarios de montes y poco más.

Dejar el monte solo, con las graves consecuencias que esto conlleva, es peligroso. Es necesario tener en cuenta el entorno, la gente que vive alrededor, en definitiva, un desarrollo integral del monte y no un desarrollo sectorial, como pretende esta Ley.

Según se dice, el objetivo prioritario de esta Ley es incrementar las acciones reforestadoras. Estos objetivos, entendemos, son cortos y mínimos, y se queda en una Ley sectorial y no integral del monte y su entorno socioeconómico, como acababa de decir.

No aborda la problemática general de las áreas territoriales de nuestra Comunidad en las que el monte constituye su medio de vida. Y, no hay que olvidar que la mitad, aproximadamente, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León está en el mundo rural.

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Diseña únicamente una red de subvenciones de complicada gestión, por lo que nosotros proponemos la supresión en el Título II, "ayudas a la promoción del bosque", los artículos del 9 al 17, inclusive, y también el artículo 19, que tratan de las subvenciones.

No descentraliza a las Entidades Locales sus montes, por lo que nosotros proponemos la planificación, que debe concretarse en cada ámbito territorial-comarcal, y la redacción de su plan forestal, en el que participarán los titulares de terrenos forestales.

No fomenta adecuadamente la lucha contra los incendios forestales. Así, tenemos que el Ministerio de Agricultura aprobó, por Orden de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y dos, el segundo Plan de Acciones Prioritarias contra incendios forestales, el PAPIF-2, en el que se establecen un régimen de ayudas estatales para financiar las actuaciones de la Comunidad Autónoma en esta materia.

Se tienen que hacer planes comarcales, elaborarlos por la Comunidad Autónoma para cuatro años, y tenían que haberse remitido antes del treinta de abril al Ministerio de Agricultura, al ICONA. Dudo que se haya hecho. Esto ya lo hemos discutido en Comisiones, y me parece que se ha hecho una pregunta sobre cuántos planes se han elaborado. Pero, en definitiva creo que han sido, si ha habido alguno, muy pocos. Aquí se ha perdido una considerable subvención, aproximadamente 400.000.000 de pesetas; en algunos casos, estas ayudas, desde luego, pueden ser hasta del 100%.

Creemos, además, que se deben fomentar las actividades ligadas al monte y los terrenos forestales. Y, así, proponemos las ayudas, tanto al tratamiento y la mejora de los terrenos forestales, como las ayudas a las entidades locales titulares de montes de utilidad pública destinadas a inversiones de interés general de las poblaciones rurales. Que no se trata solamente de aplicar las ayudas directamente al monte; se pueden aplicar en arreglar una calle... en otra serie de trabajos que las poblaciones, la gente que vive alrededor del monte se dé cuenta que ese monte es de alguna utilidad para ellos. Así como que la Junta incentive la adquisición de tierras por parte de ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones forestales de utilidad pública para su dedicación forestal.

Igualmente, proponemos que se potencien las asociaciones de propietarios forestales, fijando sus funciones y dimensiones mínimas. Nosotros, aquí, proponemos que haya un número determinado de propietarios mínimo, que son cien; una superficie mínima, quinientas hectáreas; y cuando son ayuntamientos, que al menos sean más de tres ayuntamientos.

Yo creo que esto es enfocar el tema e intentar solucionarlo.

En esta Ley defienden ustedes la subvención directa a los propietarios de los montes y creen que esto es suficiente para su conservación y mejora; pero olvidan, como he dicho ya anteriormente, el entorno humano, con sus difíciles condiciones de vida. Y en este planteamiento existe un evidente desequilibrio que va en perjuicio del monte.

Todos sabemos lo que pasa con los incendios forestales: la gente ya el monte no lo siente próximo, no lo siente cerca, y esto tiene unas consecuencias muy graves en incendios forestales.

Hay, yo diría, una gloriosa desconexión con otras políticas forestales; por ejemplo, la Política Agraria Comunitaria, la PAC, que, entre otras cosas, da en la zona del objetivo 1, en el cual estamos incluidos, hasta el 75% de las ayudas. Se dan estas ayudas para el abandono de tierras y para pasar del cultivo agrícola a su forestación, y ambas ayudas tendrían que estar ordenadas y articuladas conjuntamente.

También sorprende la absoluta falta de referencia a su financiación: de qué forma, qué cuantía. En el Proyecto de Ley se citan las limitaciones, pero no se habla de las disponibilidades. Y esto, aunque el señor Consejero ha dicho lo contrario, yo creo que es lo habitual, el fijar las disponibilidades.

Y, desde luego, esta Ley da la impresión de precariedad.

Falta, por tanto, un Título dedicado a explicar los recursos, para su financiación y su distribución. Así, por ejemplo, la Ley 18/88, de veintiocho de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales, dice en su artículo 48.4: "La consignación presupuestaria actual de la Junta de Castilla y León para servicios sociales no será inferior al 6% del total previsto, en el estado de gastos del presupuesto de la Junta, excluidas las transferencias finalistas". En el Proyecto de Ley del Programa de Actuación Minera, que se ha discutido en las Cortes, se precisa en el texto que el volumen financiero a comprometer en cuatro años será de 13.000.000.000 de pesetas. En la Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, se concreta que para su desarrollo se destine, al menos, el 1% del presupuesto de inversiones de la Junta de Castilla y León, con un mínimo de 1.000.000.000 de pesetas, en tanto en cuanto se declaren los veintinueve espacios naturales que van en la Ley, y en cuyo caso la financiación subiría a los 3.000.000.000 de pesetas.

Nosotros, en la Exposición de Motivos del texto alternativo, dejamos de manifiesto la importancia del monte, de su conservación e incremento. Para ello ponemos como ejemplo el décimo Congreso Forestal Mundial, que ha citado el señor Consejero y que nosotros hemos citado igualmente, teniendo en cuenta la importancia que este tema tenía.

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Fue celebrado en París en septiembre del noventa y uno, con la participación de ciento quince países, y cuyo lema fue "El bosque, patrimonio de futuro". Y más en Castilla y León, con el mayor índice de población, como he dicho anteriormente, población rural de las Comunidades españolas, en la que casi la mitad de sus habitantes residen en pequeños municipios.

Proponemos una decidida política de forestación y mejora de los montes, y este es un elemento decisivo en la política de conservación, un importante factor de desarrollo socioeconómico, y no sólo para el mundo rural, sino también para el conjunto de la Comunidad.

Ponemos de manifiesto la importancia de los montes en conservación de suelo, la protección contra la agresión, contra las inundaciones, contra la contaminación, etcétera, y que los montes inciden o influyen decididamente sobre las especies: mejoran la caza, la pesca, y proporcionan mejores espacios de esparcimiento, y, además, supone la creación de trabajo en el mundo rural, algo de lo que está muy necesitado.

Mediante una importante inversión económica, se busca ayudar a estos objetivos. La mejora de la calidad en nuestros montes es el objetivo global, y se refleja en el Título II, Ordenación y Fomento del Monte. No sólo se busca su conservación, como en la presente Ley que presenta la Junta, sino su crecimiento y mejora, creando instrumentos que lo aseguren.

Se introduce como instrumento básico el de la planificación, que deberá concretarse en cada ámbito territorial, comarcal, en la redacción de su Plan Forestal, en los que se definirán cómo se van a gestionar y cómo participarán los titulares de terrenos forestales.

Definimos las áreas de urgente actuación y aquéllas en que su forestación se considera de interés general, y se introducen los mecanismos para que su declaración sea de oficio, a petición de las entidades locales, de las asociaciones cuyo fin es la conservación de la naturaleza, o a iniciativa individual y colectiva, y recalcando que en estas áreas las ayudas se concederán en su grado máximo.

También, que la Junta adquiera la obligación de incentivar la forestación, el tratamiento y la mejora de los terrenos forestales, y se concretan las ayudas a las entidades locales, titulares de montes de utilidad pública y destinadas en inversiones de interés general de las poblaciones rurales, profundizando así el carácter integral de la norma.

Que la Junta incentivará la adquisición de tierras por parte de ayuntamientos, mancomunidades y asociaciones forestales, de utilidad pública, para su dedicación forestal, para incrementar los terrenos forestales.

Que la Junta deberá fomentar las asociaciones de propietarios forestales, fijando unas dimensiones mínimas. Para su conocimiento y ayuda, se crea el registro público de asociaciones de propietarios forestales, y que para recibir las ayudas los solicitantes deberán tener su residencia, su razón social y su domicilio fiscal en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León. Y esto considero que es bastante importante, teniendo en cuenta que esta Ley va decididamente a primar al propietario del monte sin más, y hay que tener muy en cuenta que esto puede ser, como he dicho anteriormente, muy peligroso.

Hemos tenido... desde luego, en épocas anteriores el monte ha vivido una etapa muy difícil. El monte, por unas circunstancias socioeconómicas, se ha quedado solo. La gente que más o menos vivía del monte, que bien eran cortadores, arrastradores de pinos, o transformaban la madera, no tienen ya su ámbito cerca de los montes e incluso la industria maderera está en crisis.

Por lo tanto, hay que buscarle unas alternativas. Hay que intentar, nuevamente, retomar el tema y volver a hacerse con él, para que el monte siga siendo productivo, para que el monte siga siendo visto de una manera distinta por la gente que está alrededor de él, aparte de cumplir los objetivos de medio ambiente que se le fijan.

De todas formas, las subvenciones que se fijan son de complicada gestión.

Se establece un coeficiente o índice de protección al monte, que, además de otras ayudas, se acumula a ellas.

Tenemos las ayudas de repoblación lograda, una repoblación que se pone y al verano siguiente, si ocupan más del 80% las copas, tiene derecho a una ayuda.

Tenemos el bosque joven, que es el bosque menor de treinta años, y que tiene una ayuda anual.

Y luego tenemos el bosque maduro, mayor de treinta años también, con otra ayuda anual.

Pero, aquí, la superficie o la cabida cubierta de las copas tiene que ser el 75%: difícil, yo creo, diferenciar entre el 80 ó el 75%. Y, luego, además, está la variante que, si el bosque es de brotes de cepa, es el 80% el que tiene que tener de cabida cubierta.

Las clases de subvenciones son a la instalación, al desarrollo, a la conservación y a la mejora. y, luego, además de esto, hay varias.... PAB, o índice de protección al monte, la PAB-1, PAB-2, hasta cuatro, en función de unos parámetros. Y esto, lógicamente, también complica el establecimiento de una ayuda.

El PAB-1, considerando el nivel biológico; el PAB-2, la función protectora del suelo; el PAB-3, la protección transcendente, contra aterramiento de embalses, contra avenidas, la fijación de dunas, y la consolidación de cauces fluviales; y el PAB-4, la transcendencia sociológica, en las zonas declaradas desfavorecidas o con riesgo de despoblamiento.

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Y, como he dicho anteriormente, efectivamente, éstas se suman a las anteriores ayudas. Es una cosa totalmente subjetiva y totalmente discrecional.

Y, lógicamente, se pueden prestar a una serie de cosas que pueden caer, pues, además de todos los males que tiene el monte, como otro mal añadido y que puede complicar mucho más su gestión.

Decía antes al señor Consejero, que en el Plan contra incendios forestales, el PAPIF-2, había que hacer unos proyectos comarcales, y que, efectivamente, parece ser que se había aconsejado desde la Consejería de Medio Ambiente en ciertas reuniones de alcaldes, y concretamente en reuniones en el Valle del Tiétar o en la Sierra de la Culebra, en Salamanca, se les había aconsejado que no hiciera estos planes comarcales. Aquí, como he dicho antes, se han perdido subvenciones, pues, por un montante importante, un montante, aproximadamente, de 400.000.000 de pesetas. Lógicamente, parece ser que esta Ley quiere ser exclusiva, quiere hacerse solamente por medio de la Consejería, no se tiene... no se quiere tener en cuenta otras políticas forestales. Se habla mal de la PAC, se habla mal del Ministerio, se habla mal del ICONA. Y al final, ¿qué queda?. Al final queda una Ley que, en definitiva, tiene una serie de defectos que, lamentablemente, van a poner en entredicho la Ley y van a poner en peligro la protección al monte.

Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra de la Enmienda, por el Grupo Popular, señor Coloma tiene la palabra.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Voy a iniciar mi intervención de forma similar a la utilizada por un Procurador del Grupo enmendante, que finaliza su escrito en los medios de comunicación -y que tengo en mi poder- diciendo que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Nosotros creemos, Señorías, que no hay mayor torpe que el que no quiere entender. Y a ese convencimiento nos lleva, a los Procuradores del Grupo Popular, la creencia en que sí han leído con detenimiento el Proyecto de Ley y la Exposición de Motivos que la Junta hace de la Ley, del Proyecto de Ley de Fomento de los Montes Arbolados. Conocemos a los señores Procuradores y al que escribió ese artículo y sabemos que sí lo ha leído con detenimiento, porque en un principio creíamos que es que no habían leído realmente la Exposición de Motivos. Repito lo de Proyecto de Ley de Fomento de los Montes Arbolados, porque es que, curiosamente, el artículo le empieza llamando Ley de Montes e Interés Público; ni siquiera quieren ustedes entender el título. Yo diría que deben dejar al Gobierno del Partido que ganó las elecciones hacer las leyes y proponer unas leyes; cuando ustedes ganen las elecciones, propongan otras.

Yo voy a defender este Proyecto de Ley, voy a defender este Proyecto de Ley, no el que les gustaría a ustedes, porque es que lo que he oído aquí al Portavoz del Grupo Socialista, más que una Enmienda a la totalidad, me ha parecido a mí una relación de enmiendas parciales a un Proyecto de Ley que no es éste.

No ha sido ni es objeto de la Junta hacer una ley de montes, que es la que les gustaría, parece ser; ni una ley de patrimonio forestal, ni una ley de incendio. Entre otras razones, porque ya existen. Y, además, porque el Real Decreto 1504/84, de fecha ocho del dos del ochenta y cuatro, en el anexo diez, apartado C, dice que entre las funciones que se reserva y que tiene legalmente atribuidas, figura en el punto 1 la legislación básica de montes. No tenemos competencias, y hemos querido y hemos hecho contemplar aspectos parciales o complementarios. Y esta Ley pretende contemplar un aspecto que considera prioritario. ¿Cómo se puede decir que es un objetivo raquítico incrementar las acciones reforestadoras? El propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el proyecto que está preparando de ayudas para fomentar las inversiones forestales -más vale tarde que nunca-, dice que el relanzamiento de la política forestal en España constituye un instrumento fundamental para la conservación del medio natural, el mantenimiento de la calidad de las aguas, promover la diversidad de la flora y de la fauna, la conservación del clima y la calidad del aire, impulsar la reutilización forestal del suelo agrícola excedentario y favorecer la generación de empleo en el mundo rural.

Por cierto que, leyendo esto, uno no tiene más remedio que pensar que sus correligionarios en el Gobierno de la Nación sí que se han leído el Proyecto de Ley de Fomento de Montes Arbolados y que están de acuerdo, además, con la filosofía del Proyecto.

Pero, es más: mientras la sociedad mundial se pone de acuerdo en la forma de reducir las emisiones de dióxido de carbono, causa principal -aunque no única- del efecto invernadero, hay algo que sí podemos hacer, y es crear masivamente bosques, que son una especie de sumidero de CO2, por la larga y duradera retención que hacen de este gas. Aunque sólo tuviese ese objetivo -que no es el caso-, no se la podría tachar a esta Ley de raquítica.

En segundo lugar, en su Exposición de Motivos para la Enmienda a la totalidad de este Proyecto de Ley, se quejan ustedes de que no está contemplada la financiación en el Proyecto de Ley. Y eso es cierto. No es que sea obligatorio en todas las leyes, pero es que en este caso ni siquiera es necesario o conveniente. Se trata de una ley novedosa a nivel mundial y, por tanto, sin antecedentes aplicables que permitan establecer una escala de ayudas que, respetando el principio de economía, que debe presidir todas las actividades de la Administración, garantice un nivel de eficacia de la Ley. Es decir, si se estableciese un importe para su financiación, se fijaría un techo para las ayudas, que podría convertir a la Ley en inoperante.

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Por eso, la Ley se concibe de modo que en una primera etapa sea competencia gubernativa, sin dar el importe presupuestario adecuado. Hay que tener en cuenta que la Junta ya ha demostrado su voluntad de financiación al aprobar el Proyecto de Ley. Esto no impide a que en un futuro, y a la vista de los resultados obtenidos, se pueda precisar la financiación y darle el rango legal adecuado.

En tercer lugar, hablan ustedes de que no se tiene en consideración a la Política Agraria Comunitaria y de que está en discordancia con ella. Y nosotros creemos que eso no es cierto. En el apartado b) del artículo 2, artículo que trata de los terrenos que a efectos de esta Ley son forestales, dice que los terrenos precedentes, procedentes de usos agrícolas que por evolución natural, a causa de abandono de sus cultivos o por reforestación lleguen a disponer de la vegetación descrita en el párrafo anterior -y en el párrafo anterior se refiere a todo tipo de vegetación, prácticamente todas las que no sean características de un cultivo agrícola- se considerarán forestales. Luego sí que se tiene en cuenta la Política Agraria Comunitaria, y no está en discordancia con ella, sino busca una concordancia creativa y aspira, desde la perspectiva comunitaria, no de ninguna contraria a ella, a contemplar su política. Podemos decir que se anticipa a esa política en algo que consideramos prioritario y urgente, y no sólo nosotros, vuelvo a insistir; el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en su borrador de decreto, reconoce que en España el descenso de la media anual repoblada es en los últimos años de cuarenta y siete mil hectáreas. No podemos esperar a estar desertizados, que ese camino lleva este país.

En cuarto lugar, se refieren a una supuesta desvinculación y falta de participación de los colectivos afectados y a que no aborda aspectos como la descentralización de la gestión de los montes propiedad de las entidades locales en ellas mismas. Cuesta trabajo creer que se hayan leído ustedes el Proyecto, créanme. En la confección de este Anteproyecto, que ha durado más de un año, han participado todos los sectores implicados: organizaciones profesionales agrarias, asociaciones de silvicultores, asociaciones de ecologistas, parlamentarios nacionales y regionales, técnicos forestales de las nueve provincias y la Federación Regional de Municipios y Provincias. A pesar de ello, se han recibido cartas de alcaldes de los pueblos -todos ellos socialistas, por supuesto- pidiendo venir a estas Cortes a discutir no sé el qué. Yo, perdónenme, soy mal pensado, lo reconozco, pero es que no encuentro explicación a esto. O quieren paralizar la Ley, o no tienen confianza en sus representantes legítimos en esta Cámara. Más bien da la impresión de que ha sido un mandato del Partido, no sabemos con qué motivos -ya digo que yo soy mal pensado-.

El Proyecto de Ley contempla dos preceptos de enorme importancia: la necesidad de que el monte arbolado esté en buen estado y la obligatoriedad de constituir asociaciones de selvicultores para hacerse acreedores a las compensaciones. Es decir, se promueve la necesaria gestión colectiva de las superficies arboladas y se descentraliza la ejecución, y se responsabiliza a las asociaciones de la administración de los montes.

En el caso de las entidades locales, ya hay muchas hoy día que tienen suscritos contratos con la Administración para la gestión de esos montes. Ahora tienen dos opciones: o suscriben el contrato o entran en la asociación forestal. Posiblemente sean las entidades locales más activas las que constituyan los núcleos alrededor de los cuales giren las asociaciones y en las que recaigan las responsabilidades. El ayuntamiento responsable del municipio es el representante legal de todos sus habitantes y, en el caso del propietario privado, tienen que hacerlo a través de las asociaciones, en las que también está descentralizada la gestión. Y, en ambos casos, el cuidado del monte, que se ve recompensado económicamente, repercutirá en salarios para los habitantes de la zona. El beneficio genera inversión y la inversión crea trabajo.

Por último, insisten en el tema de los incendios. Sus Señorías son pertinaces. Decir que no se tiene en cuenta el problema es increíble: el problema está considerado en la raíz misma del Proyecto y fue su más importante motivación cuando se inició su gestación.

La política contra incendios necesita una innovación; los principios no han cambiado en treinta años y han llegado a su techo. El número de incendios se incrementa y las superficies siniestradas aumentan año a año. A mayor inversión ya no corresponde menor riesgo. Se pretende que la lucha contra el incendio empiece estimuladamente en el mismo origen creando un incentivo que impulse a los propietarios de los montes a defenderlos para salvar su renta. Y esta medida no estará ajena a la ayuda de los servicios de prevención y extinción de los incendios. Es una ayuda complementaria y distinta que debe invertir el orden creciente que llevan los incendios. Esperen ustedes a aprobarla para criticarla; los resultados de este año no han sido malos. Lo que está demostrado es que lo de que "si un monte se quema algo tuyo se quema" es más verdad en Soria y en Segovia que en Zamora y Salamanca.

En fin, Señorías, y para terminar, este Proyecto de Ley responde a una necesidad de la sociedad actual, que el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación reconoce cuando dice que la baja productividad de nuestros montes y el que se trate de un sector productivo con ciclo muy largo, recuperándose la inversión a largo plazo, teniendo en cuenta además el predominio de la propiedad privada en el sector, han ocasionado que la actividad de reforestación se haya ido debilitando hasta llegar a las cifras actuales.

Les estoy repitiendo a ustedes lo que dicen los suyos. Nos gusta que nos imiten. Es bueno reconocer los aciertos. No se trata, como se quiere hacer ver en la Enmienda, de una subvención, sino del pago de un valor medioambiental de gran calidad y del que es beneficiaria toda la sociedad. En el Proyecto priman los beneficios sociales, que son mayores cuanto más y mejores montes arbolados existan. Esa es la verdad, Señorías, se quiera entender o no. Y esa verdad es la que va a defender el Grupo Popular.

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Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para réplica, señor Crespo González.

CRESPO GONZALEZ

EL SEÑOR CRESPO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Bien, me parece que hacer una defensa de la Ley, o hasta cierto punto, pues, es lo lógico que tiene que hacer el Grupo proponente. Pero se ha pasado, yo creo, un poco y, como comentaba con mi compañero, le ha dado demasiado jabón.

Empecemos por el título: Ley de Fomento de Montes Arbolados. Nosotros proponemos otro título y no por capricho, porque decimos: Ley de Fomento y Ordenación del Monte. No solamente nos dedicamos al fomento del monte arbolado, sino del fomento y la ordenación del monte desde su inicio, incluso en aquellos terrenos que puedan ser susceptibles de repoblación y que a lo mejor, pues, están en la actividad agraria. Creo que queda mucho mejor de esa manera.

Desde luego, no solamente eran enmiendas a lo que me refería, sino a un texto alternativo, pudiéramos decir, de la Ley que hemos confeccionado a través de las Enmiendas y desde la Exposición de Motivos. Y en ese texto alternativo, en el que ponemos yo creo... no voy a decir más interés que ustedes en el sentido medioambiental, en el sentido de que la Ley cumpla sus objetivos, pero quizá yo creo que está más conseguido de esta manera que como ustedes lo han hecho.

Nosotros creemos que los planes forestales comarcales, a los cuales ha criticado el interviniente, pues, tienen mucho más sentido, porque cogen un territorio homogéneo y un territorio que física, ecológica y económicamente influye sobre la gente que está alrededor. Hacemos una delimitación de su ámbito, hacemos la descripción del medio físico, hacemos un inventario de la zona, el análisis de la situación socioeconómica y la definición de las directrices.

Y, dentro de los espacios naturales, otra cuestión que también tenemos que tener muy en cuenta: los planes comarcales, pues, tienen que ir, lógicamente, ajustados a los planes de ordenación de recursos; eso es lo lógico.

También decimos que el expediente, pues, se puede hacer, efectivamente, de oficio, a petición de las Entidades Locales. Y aquí entro en el tema de los Alcaldes. Yo creo que los Alcaldes, los propietarios de montes, fundamentalmente, son las Entidades Locales, son las que tienen más montes, y, por eso, sí que tienen algo que decir, y se les puede convocar, efectivamente, a que se expresen sobre este tema.

Y las asociaciones, pues, tienen su razón de ser, porque, lógicamente, no es dar una ayuda a un propietario particular, que se presta a una serie de cuestiones de difícil justificación en muchos casos, sino que hacer una asociación y ponerle el límite que le hemos puesto, de cien asociados como mínimo y un área de quinientas hectáreas, ya se puede hacer un plan, un plan mucho más serio, un plan que incida mejor en la mejora de ese monte y en la mejora socioeconómica de todo lo que hay alrededor de él.

Y también hemos incluido la subvención anual de 2.000 pesetas por hectárea, para simplificar, para simplificar lo que puede ser la ayuda en los montes de utilidad pública no ocupados por actividades agrícolas, con destino a inversiones de interés general para las comunidades rurales.

Y, lógicamente, esto -como he dicho antes, en la otra intervención- se puede utilizar no solamente directamente en el monte, sino que incida, verdaderamente, con la gente que está allí, y de lo cual estamos hablando constantemente, pero que tenga una realidad. Porque se da el caso de que muchos propietarios de montes -y, precisamente, son aquéllos que tienen más hectáreas-, pues, no viven junto al monte; posiblemente vivan en las grandes ciudades. Y, entonces, si él se lleva anualmente una ayuda, sin más, como se pretende en la Ley proponente, pues, quizá, la gente que está allí no tenga interés en defender ese monte cuando salga el fuego. Y eso es un grave peligro.

También creemos que la Junta debe incentivar, pues, la adquisición de tierras por parte de los Ayuntamientos y de las Mancomunidades, y también por las asociaciones forestales de utilidad pública, con destino a su inclusión en el catálogo de montes de utilidad pública.

También ponemos un plazo para que la Junta de Castilla y León, en el plazo de seis meses, procederá a la aprobación del Reglamento de desarrollo y aplicación de la presente Ley. Porque no queremos que pase, quizá, con los espacios naturales o el Parque Natural de Gredos, que hace cuatro años se está intentando hacer algo en Gredos, todavía no se ha hecho nada, y falta como mínimo otro año para que salga el Parque Natural de Gredos adelante; como mínimo he dicho; no sabemos cuánto puede ser como máximo.

También, que, en el plazo de un año, serán elaborados y aprobados los planes forestales comarcales por el procedimiento que se ha establecido reglamentariamente. Y esto, quizá, también sea hablar con seriedad: dar un plazo a las cosas, no dejarlas en el aire y no proponer cosas y más cosas, utilizar las palabras para amontonarlas, pero que no sirven, en realidad, para hacer nada.

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Bien. Y luego tenemos, también, la modificación en la Disposición Adicional. Y queremos añadir una Disposición Adicional con el siguiente texto: "Todos aquellos terrenos forestales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de esta Ley, se entenderán declarados de utilidad pública o interés social a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados y la facultad de la Administración competente para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto y las transmisiones onerosas intervivos".

Bien. Yo creo, sinceramente, que nosotros lo que hemos querido y hemos pretendido es añadir a esta Ley más sustancia, añadir a esta Ley más realidad, añadir a esta Ley elementos que puedan hacerla viable y que, en definitiva, den ese valor al monte y a la gente que vive alrededor de él, ese valor que todos pretendemos darle. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Coloma, para dúplica.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, señor Presidente. Bueno, usted ha empezado reconociendo, al final de su intervención -que es de lo poco que le he logrado entender-, que ustedes han querido añadir cosas. Pero es que yo pensaba que salía aquí a defender una Enmienda a la Totalidad, y no lo acababa de entender, porque lo que ha hecho usted, más bien, es defender una supuesta Ley desconocida de un texto alternativo, que ninguno conocemos, y que yo, realmente, pues, me ha costado mucho trabajo captar muchas cosas, que no venían ni en la Exposición de Motivos de su Enmienda a la Totalidad, ni en lo que yo creía que subíamos aquí a defender a esta Tribuna.

El jabón no se lo he dado yo a la Ley de Fomento de los Montes Arbolados; se lo ha dado el propio Ministerio de Agricultura, que ha admitido su filosofía en el borrador de Decreto que hace y que ha copiado cosas literalmente, vamos.

Lo único que sí queda claro, que es -yo digo- una Enmienda filosófica -si usted quiere-, es el punto en el que se refieren a la gente que vive lejos y vive cerca. Y yo, en ese sentido, pues, ¿qué quiere que le diga? Mire, en una intervención radiofónica del Procurador que escribió el artículo al que he hecho referencia antes, pues, él reconocía que estaba de acuerdo con las ayudas a la instalación, al desarrollo, a la mejora, absolutamente a todo; incluso a la conservación, en las ayudas a la conservación; pero siempre y cuando esas ayudas a la conservación fuesen a las Entidades Locales; para los propietarios privados, ya no estaba de acuerdo.

¡Hombre!, yo no sé; realmente, la media de los propietarios privados aquí es de cinco hectáreas -no llega-, ¿eh? Además, yo tendría que decir a esto que, realmente, deben ustedes reciclarse. Ya no existen señores condes, ¡hombre! Olvídense ya de él. Yo no conocí a uno, yo conocí a uno, que, por cierto, era un señor de los pies a la cabeza, y que tenía un palacio aquí y ahora es un casino. Pero, vamos, lo que les quiero decir es que ahora son municipios y minipropietarios los que van a recibir estas circunstancias... vamos, estas ayudas. Y esos minipropietarios, en estos momentos, casi podríamos llamarles destripaterrones.

Y luego, si hay algún propietario mayor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejamos esas manchas sin tratar y sin cuidar? ¿No sería un grave riesgo para la transmisión de plagas y para la propagación de incendios? ¡Hombre!, ningún propietario se va a hacer rico por esta Ley. Los beneficios generan inversión -ya se lo he dicho antes- y la inversión genera trabajo. Es la sociedad la que va a salir beneficiada.

Miren, el Ministerio de Agricultura, en el régimen de ayudas para fomentar las inversiones forestales en explotaciones agrarias, dice cosas como éstas. Y es que yo lo que creo es que se pongan ustedes de acuerdo con ellos. Tipos de ayudas, y dicen: "Ayudas para el mantenimiento de las superficies forestales". Eso es conservación. Y luego habla de los beneficiarios, y cuando habla de los beneficiarios dice: "Podrán beneficiarse de las ayudas los titulares de explotaciones forestales, bien sean personas físicas o jurídicas de índole privado". Eso lo dice el borrador de su propio Ministerio de Agricultura... perdón, el Ministerio de Agricultura de todos los españoles.

Yo lo único que les digo a ustedes es que si, porque exista la posibilidad de favorecer a un rico, hemos de perjudicar a toda la sociedad. Yo creo que debemos ser serios, señores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se abre un turno para que los Grupos Parlamentarios que no han intervenido en el debate puedan fijar posiciones en relación con la Enmienda. ¿Grupo Mixto? Renuncia. ¿CDS? Señor Sagredo, tiene la palabra.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Gracias, Presidente. Señorías. En relación a la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Socialista al Proyecto de Ley de Fomento de Montes Arbolados, el CDS, antes de entrar en el análisis de la Enmienda, quiere decir que el Proyecto remitido por el Gobierno, y defendido por el Consejero de Medio Ambiente, merece para este partido una valoración global claramente insuficiente. Y conste que lo hemos leído, lo hemos estudiado con suficiente aplicación -espero-, en bien de esta Comunidad, a pesar de que el Consejero, en un afán simplificador y prepotente, diga gratuitamente lo contrario.

Quien no parece haberlo entendido, al menos, es algún Alto Cargo de la Consejería, según se desprende de la lectura de los medios de comunicación al respecto.

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En la referida Enmienda a la Totalidad se exponen razones y criterios con los que el CDS se identifica, y alguno que, lógicamente, no comparte. El hecho de que se diga en uno de los textos que incrementar las acciones reforestadoras es el objetivo prioritario, y no permite concluir que sus objetivos sean raquíticos... Porque en el artículo 1.2 figuran objetivos de alcance, aunque el CDS tenga dudas de que se consigan por los mecanismos y procedimientos que establece la Ley, y también porque el objetivo de impulsar la reforestación no parece nunca al CDS raquítico -más bien todo lo contrario-, a la vista de la inmensa superficie forestal desarbolada que tiene nuestra Comunidad y a la más que previsible incorporación de terrenos agrícolas abandonados y destinados a su reforestación.

Bien es cierto que este Proyecto pocas novedades aporta. De esa novedad mundial yo creo que es que se ha leído poco. Digo que es cierto que este Proyecto pocas novedades aporta, en cuanto a la tarea repobladora, a las leyes vigentes (a la de Montes, Patrimonio Forestal y Producción Forestal, fundamentalmente), que cubren, desde distintos enfoques, repoblaciones gratuitas de los montes públicos, subvenciones y créditos para los privados, y que atienden las figuras de consorcios y convenios al respecto.

Se tilda al texto de responder a planteamientos sectoriales, y estamos completamente de acuerdo. No trata de resolver problemas de tipo general en las áreas de montes, como pueden ser: aprovechamientos forestales, industrias, turismo, etcétera, que podía haberlo contemplado, pero no lo ha hecho así.

La Ley se concreta a un aspecto muy parcial de la ordenación forestal, y es el del fomento de montes arbolados, sin que tenga otros horizontes. Echamos, pues, de menos, un enfoque globalizador de la problemática general de las áreas eminentemente forestales. Pero este Gobierno -lo hemos dicho muchas veces- nos tiene ayunos de planes y ahítos de parches. Y hay experiencias globalizadoras en Cataluña y Andalucía, pero parece que no han sido tenidas en cuenta en esta Comunidad.

Participamos, Señorías, de la formulación crítica que se hace a la red de subvenciones sin la garantía suficiente para que sean orientadas a la consecución de los objetivos propuestos y de que premien pasividades de muy difícil o imposible justificación, especialmente si se tiene en cuenta la dificultad práctica de concretar las exigencias selvícolas a lo largo de la evolución de las masas arbóreas y de establecer criterios precisos de separación entre las distintas situaciones de los montes arbolados. Incluso, mi Grupo dice que, más que subvenciones -fórmula que lleva implícita la participación económica de quien las recibe-, aquí se trata de primas, de regalos o algo similar, ya que no explicita ninguna obligación para el titular.

Es un paso más en la práctica usual de este Gobierno de reparto del Presupuesto, en vez de proceder a su optimización inversora, y una nueva muestra de la ceremonia de confusión, a las que nos tiene acostumbrados: explicar o decir que aplica una economía libre, competitiva, sometida exclusivamente al mercado, que yo oí hace unas semanas al Consejero de Economía, y, por otra, aplicar todo lo contrario, lo que nos hace temer una nueva muestra de clientelismo.

Otro aspecto es la cuestión de la falta de descentralización en la gestión de los montes, tema que requiere algún comentario por parte de mi Grupo. No mostramos desde el CDS oposición alguna a que las entidades propietarias asuman acciones en la gestión de sus montes, a que tomen decisiones sobre su manejo, a que participen en estrategias de defensa de las áreas forestales a que pertenecen, siempre y cuando todas esas acciones vayan encaminadas a la conservación y mejora de los montes. El problema se plantea como consecuencia de que la gestión, manejo y defensa de los montes precisa del concurso de equipos técnicos y facultativos para su planificación y ejecución, de manera que sin tal concurso la solución es imposible, porque estamos ante una problemática compleja, no siempre suficientemente contemplada.

No sería prudente olvidar el posicionamiento de todos, absolutamente todos los Ayuntamientos y Entidades Locales de la Comunidad frente a la gestión de los fondos de mejora de sus montes, que por imperativo legal han de invertir en mejoras forestales, y que sólo ha sido por vía de ejecución subsidiaria de la Administración de la Comunidad. Y aquí no querría recordar Almazán, o su mancomunidad, que gestionaba directamente sus fondos de mejora, fracasó y volvió al redil de la Administración Comunitaria.

Respecto a la desconexión de otras políticas, y concretamente de la PAC, no vemos fácil desde el CDS, por ahora, la posibilidad de establecer formulaciones integradoras permanentes, dadas las características de inconcreción, temporalidad y subordinación a la resolución de los problemas de los excedentes agrícolas de las medidas forestales previstas en la reforma de la PAC. La PAC, Sus Señorías saben que está en proceso de reforma y es muy difícil encajar cualquier normativa con un dato futurible, y habrá que esperar.

Yo me quedaría con esa intención voluntarista del Portavoz del Partido Popular, que dice que esta Ley es tan magnífica que se ha adelantado a la PAC.

Compartimos desde el CDS plenamente la posición crítica respecto a la falta de financiación, tanto en la forma como en su cuantía. Y si compartíamos plenamente la posición de la falta de financiación antes de iniciarse este debate, realmente, ahora estamos absolutamente convencidos, porque nos ha parecido absolutamente penosa la explicación del Consejero sobre este importantísimo asunto de la financiación. Nada de nada. Y si no hay compromiso económico, todo suena a hueco. Y si no aparece en el proyecto la financiación, todo quedará en lo que siempre hemos llamado un brindis al sol.

Y me extraña que el Consejero actual haya olvidado el interés de los ciudadanos para que en la Ley de Espacios Naturales apareciese la financiación en la Ley. No creo que a la Ley le hubiera pasado nada por descender a un asunto tan absolutamente innecesario como fijar la financiación.

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Me gustaría saber si por el Ministerio... perdón, por la Consejería de Economía se han recibido determinados cálculos de la Consejería de Medio Ambiente, cuántas hectáreas de los millones, de los cuatro millones de hectáreas de terreno forestal están incluidos o pueden verse afectadas por las medidas de esta Ley. Dos millones; se ha calculado a 2.000, a 3.000 pesetas, 4.000, 6.000.000.000. ¿Se encaja eso en los presupuestos de la Comunidad? ¿Se van a dejar de hacer otras cosas en la Consejería? ¿Se van a atender con remanentes genéricos? ¿Qué se va a hacer con un tema absolutamente necesario como es la financiación?

Señorías, ante los errores y omisiones advertidos en el proyecto, que denotan una notable precipitación, como ocurre en casi todas las iniciativas legislativas que vamos viendo de este Gobierno, es difícil, difícil de entender que se remita un Proyecto de Ley tan deficientemente elaborado y se prive a la Oposición de disponer de unos días más para la presentación de Enmiendas, ampliando en una petición que se hizo en la Junta de Portavoces el plazo de Enmiendas; es difícil de entender.

El CDS, aún reconociendo que no ve una clara relación causa-efecto entre las medidas y los objetivos previstos, ha optado, por praxis pura, por presentar Enmiendas parciales en profundidad, desde el convencimiento de que permitirán rellenar lagunas sobre esa financiación y evitar, en la medida de lo posible, que el destino de las ayudas se vaya a cohetes; perdón, Señorías: el destino de las ayudas sea diferente al que pretende esta Ley; y que, por otra parte, no sea a costa de abandonar actividades que se vienen desarrollando en la actualidad por la Consejería.

De esta manera, deberá regularse la inversión de las ayudas, y bueno sería de paso exonerar a los Ayuntamientos propietarios de montes consorciados de las deudas anteriores del ochenta y dos con la Administración.

Si antes de la sesión mi Grupo no tenía muy clara su posición frente a esta Enmienda a la Totalidad, a la vista del desarrollo del debate, de la explicación del Consejero fundamentalmente, valorando como se merece el peso de los argumentos expuestos por el Grupo enmendante, vamos a votar a favor de la misma; y, augurando que no vaya a ser apoyada por el Grupo Popular, esperaremos confiados que el trámite de Enmiendas, en Ponencia o en Comisión, mejoren sustancialmente la Ley, en bien de esta Comunidad Autónoma, sin pretender, desde luego -no llegamos a tanto-, que llegue a ser una muestra de la inveterada tradición universalista de los castellanos-leoneses.

Gracias, Presidente. Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se procede a someter a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo Socialista que acaba de ser debatida.

¿Votos a favor de la Enmienda? Muchas gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones, si las hay?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. A favor de la Enmienda: veintisiete. En contra: cuarenta y uno. Abstenciones: ninguna. Y, en consecuencia, queda rechazada la Enmienda de Totalidad que solicitaba la devolución del Proyecto de Ley de Fomento de Montes Arbolados, presentada por el Grupo Socialista.

Existía otra Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Aún cuando su Portavoz, el señor Herreros, ha comunicado y justificado a esta Presidencia su ausencia, es lo cierto que, no hallándose presente en la sala y correspondiéndole el turno, debe entenderse, conforme al artículo 74 del Reglamento, que renuncia a ello, y, en consecuencia, se tiene por decaída su Enmienda y no se debate.

Así, pues, y por todo ello, el Proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que prosiga su tramitación parlamentaria.

Suspendemos la sesión hasta mañana a las once horas de la mañana, que se reanudará. Gracias.