DS(P) nº 33/3 del 25/2/1993

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. La más reciente historiografía sobre las Cortes de León y Castilla nos hacen recordar, en un momento como el presente, que somos herederos de unas instituciones, de unas pautas de Gobierno y de un Parlamento de origen medieval, reconocido como el más antiguo de Europa, y que estas circunstancias nos proporcionan una perspectiva histórica que, como castellanos y leoneses no debemos olvidar.

Aquellas Cortes, tantas veces convocadas y reunidas en Valladolid, se constituían -como las actuales- en un órgano político fundamental para el buen Gobierno y la Administración de los gobernados, autootorgándose sus propias Leyes, redactando y aprobando sus fueros, y asistiendo en concejo abierto, a toque de campana tañida, para discutir su derecho a aprobar las reglas del juego de sus Cortes y resolver sus litigios mediante sentencias populares de jueces elegidos en libre albedrío.

Y es que, efectivamente, aquellas Cortes, a través de sus Procuradores, fundamentaban su existencia, no ya en el control parlamentario intrínseco a la posterior división de poderes y a la creación del Estado de Derecho en el siglo XIX, sino en algo tan sustancial como era el deber de consejo, fundamento jurídico de aquéllas y verdadero principio jurídico-político de las mismas.

Y es por ello por lo que me permitirán Sus Señorías realizar aquí las traslación histórica de aquellas Cortes, en un momento en que conmemoramos los diez años de nuestra andadura autonómica, rememorando aquí, como el mejor homenaje a esas Cortes históricas, que fueron nuestras más que de otras zonas de la corona castellano-leonesa; porque es bien sabido que, dentro de su carácter itinerante, fue en el entorno del actual marco regional de Castilla y León -la antigua Castilla nuclear de que hablaba Sánchez Albornoz- donde más veces se constituyeron y donde, en definitiva, se tomaban las decisiones.

Estamos, en esta solemne sesión, avanzando en nuestro autogobierno, conforme señala el artículo 26 de nuestro Estatuto, al presentar una Proposición No de Ley -redactada como antaño, por acuerdo común de los Procuradores de Castilla y León-, para crear una nueva institución en nuestra Comunidad Autónoma, el Defensor del Pueblo, con la que pretendemos proporcionar a nuestros ciudadanos un mecanismo más para garantizar sus derechos frente a la Administración, especialmente en un momento en el que el Gobierno Regional está a punto de asumir un importante paquete de nuevas competencias.

Y cuando algunas Comunidades Autónomas se autotitulan de históricas, no está de más volver a la Historia -con mayúscula- para recordar aquí como, según recoge "El Espéculo", el Rey Sabio definía en mil doscientos treinta al Merino Mayor, como el "Omne Maior de la Tierra para facer iusticia e enmendar las cosas mal fechas"; y, más adelante, aparece la figura del "Justicia Mayor de la Casa del Rey", al que suelen llamar "Alguacil del Rey" que es puesto "para guardarle su Corte, vedando e escarmentando las cosas desaguisadas con derecho e con iusticia".

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Y que fueron las Cortes de León y Castilla, reunidas como hoy, precisamente en Valladolid, quienes en mil trescientos doce desarrollaron la figura del "Alguacil del Rey", encomendándole, entre otras, las funciones de "evitar fraudes, corruptelas y abusos de los poderosos", permitiéndoles crear una secretaría propia y autorizándole a contratar grupos auxiliares para desarrollar su tarea.

Más tarde, en el siglo XVI, en los papeles del Consejo de Indias, aparecen figuras como el "Relator del Consejo", "el Veedor" y "el Oidor de la Audiencia", que realizarán algunas de las tareas que hoy encomendaríamos a la Institución del Defensor del Pueblo, quien, en definitiva, debe oír las quejas de los ciudadanos frente a las Administraciones, ha de ver el funcionamiento de las mismas, y, finalmente, ha de relatar ante estas Cortes -como su Comisionado que será- el resultado de sus gestiones, para que, como hiciera el Merino Mayor del Rey Sabio "facer iusticia e enmendar las cosas mal fechas".

Por eso, Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, solicito su voto favorable para la Proposición No de Ley que acabamos de presentar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor León de la Riva. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene ahora la palabra su Portavoz, señor Quijano González.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Señor Presidente, Señorías. Tomo la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, con el objetivo principal de declarar nuestra posición favorable a la Proposición No de Ley que pone en marcha la regulación de la Institución del Defensor del Pueblo de Castilla y León.

No es la primera vez que el Parlamento Regional aborda esta cuestión; fue suscitada ya al final de la Primera Legislatura, pero, entonces, se consideró prematuro su establecimiento.

Hoy lo proponemos conjuntamente todos los Grupos Parlamentarios, en la confianza de que ha de servir para aumentar las garantías de los ciudadanos de Castilla y León frente a una Administración que, al ir ampliando sus competencias, está llamada a incidir, cada vez más, en los asuntos que les atañe.

El Grupo que represento saluda, pues, esta iniciativa, entendiendo que era el momento adecuado para proponerla y espera un desarrollo austero, ponderado, y eficaz de la figura.

Declaro, igualmente, la disponibilidad de mi Grupo Parlamentario para colaborar en la elaboración del Proyecto que la Junta ha de remitir; sería buena muestra de algo que en esta Comunidad, salvo en alguna fase excepcional, ha sido una línea de conducta frecuentemente observada, y que nos ha permitido avanzar en la configuración institucional de la Comunidad con un grado razonable de consenso y de estabilidad.

Porque la dignidad de la política, Señorías, está relacionada también con la capacidad para distinguir los momentos: los hay para disentir y los hay para convenir, y ambos deben ser abordados con igual normalidad.

No se me oculta, por otro lado, que celebramos este Pleno en circunstancias verdaderamente significativas. Se cumple hoy una década de vigencia de nuestro Estatuto de Autonomía, la norma básica de una Comunidad alumbrada con dificultades y felizmente consolidada en este lapso de tiempo.

No es una casualidad que, a la vez que celebramos esta efemérides, y casi de forma simultánea, pongamos en marcha la Institución del Defensor del Pueblo y hayamos iniciado la tramitación de una reforma del Estatuto, para proceder a una ampliación de competencias que discutiremos en breves días.

Quiere todo ello decir que, en un plazo de tiempo relativamente breve en la historia de un pueblo, hemos recorrido, con el esfuerzo de todos, un trecho enorme en el camino de nuestra propia afirmación como Comunidad.

Me queda, también, por declarar la satisfacción de mi Grupo por un circunstancia que no habrá pasado desapercibida. Estas Cortes, que siempre tuvieron una sana inclinación a la itinerancia, recalan hoy en un lugar histórico, como es la Iglesia de San Pablo, subrayando así, una vez más, los vínculos con el pasado de esta Institución. Lo hacen, además, en la capital -legal y real- de la Comunidad, que es la ciudad de Valladolid, acogedor punto de referencia en la construcción de la Región, que cumplió siempre una equilibrada función integradora, y que proyecta además el desarrollo y el futuro al que aspiramos.

Por eso, este Décimo Aniversario mira desde el pasado hacia el futuro, a los retos que tenemos por delante y a la responsabilidad con que hemos de asumirlos, venciendo por igual la tentación de la nostalgia inmóvil, la del pesimismo histórico y la del lamento estéril.

El momento nos reclama pues, decisión, colaboración y riesgo a todos: a las Instituciones de todo tipo, a los agentes sociales y económicos, a los propios ciudadanos, a todos los que entienden -y entendemos- que tener más autonomía significa también tener más responsabilidad, porque implica ser más dueños de nuestro propio destino.

En ese camino, Señorías, declaro, una vez más, el compromiso de mi Grupo Parlamentario con esta Comunidad. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Quijano. Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social. Su Portavoz, don Daniel de Fernando, tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Muy brevemente, para mostrar la satisfacción de mi Grupo, el CDS, por dos motivos: por la tramitación de esta Proposición No de Ley, y, a la vez, por la unanimidad que se ha conseguido en esta Proposición.

El CDS lamenta que no siempre sea así, y desea fervorosamente que, en todos aquellos temas de interés regional y que estén por encima de los intereses de los Partidos Políticos, se llegue siempre al grado máximo de consenso, a la unanimidad, como en este tema.

Desgraciadamente, no ha podido ser así en todos y lo lamentamos. Pero esperamos y deseamos que en todos los trámites sucesivos de esta Proposición No de Ley, Proposición de Ley, Proyecto de Ley que presentará la Junta, no dudamos que habrá la misma unanimidad. Esperamos y deseamos que esa misma unanimidad haya en la designación del equipo que haya de representar al Defensor del Ciudadano, y el apoyo unánime que las Cortes deben presentar al Defensor en los temas difíciles que se le van a presentar.

Indica, así mismo, esta Proposición No de Ley, como decía antes, que cuando hay voluntad política de sentarse a dialogar es fácil llegar a acuerdos.

Por eso, pedimos el apoyo de todos los Grupos Políticos, de todos los Procuradores -no nos cabe duda que así va a ser- a esta Proposición No de Ley, al Proyecto de Ley que en su día presente la Junta, y, como decía antes, a los sucesivos pasos que hayan de darse en la figura del Defensor del Pueblo.

De nada serviría, señores Procuradores, avanzar en el desarrollo autonómico en España, con el sentido que decíamos de acercar la Administración al ciudadano, si a la vez no creásemos los mecanismos -como en este caso se crean- de la defensa del propio ciudadano ante los posibles abusos de los poderes públicos.

Yo creo que es un paso más que damos, en este Décimo Aniversario, en el desarrollo del proceso autonómico; pasos que se seguirán dando, unos acertadamente, otros -a criterio del CDS- no tan acertadamente, para los intereses de esta Comunidad.

Señoras y señores Procuradores, por el bien de esta Comunidad, de los ciudadanos de Castilla y León, les pedimos el apoyo a la Proposición No de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor de Fernando. Por último, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, su Portavoz, don Antonio Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Presidente. Señoras y señores. Señorías, hoy, veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y tres, y en la misma Iglesia Conventual de San Pablo que fuera sede de las Cortes de Castilla y León en mil quinientos veintitrés, siendo rey el Emperador Carlos V de Alemania, conmemoramos la aprobación y promulgación de la Ley Orgánica 4, de mil novecientos ochenta y tres, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

A nuestro juicio, esta fecha, la de su Décimo Aniversario, se anotará en la crónica en la historia de nuestra Comunidad por tres motivos:

Por celebrar la existencia de un Estatuto sometido a un crecimiento lento, dosificado, exageradamente controlado, que pretendió crecer a los cinco años (junio de mil novecientos ochenta y ocho), por un acuerdo de estas Cortes, sin lograrlo. Cinco años después, restringidas sus posibilidades, sigue transmitiendo a los hombres y mujeres de esta Región que se mantienen las diferencias, la renuncia a la equiparación y a la aplicación del principio de igualdad.

También, por coincidir con un proceso de movilizaciones de sectores y colectivos de la sociedad castellano-leonesa, que difícilmente soporta ya situaciones de especial dureza en sus condiciones de vida.

Y, también, por la decisión, compartida por todos los Grupos Parlamentarios, es decir, por las Cortes de Castilla y León en pleno, de promover una nueva Institución de autogobierno: el Defensor del Pueblo. Institución nueva y, a la vez, avalada por profundas raíces históricas en Castilla y León, que tendrá como misión fundamental la de velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos y libertades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad; la de socorrer o asistir en las tareas de hacer efectiva la democracia y su disfrute, erigiéndose, al mismo tiempo, en fiel garante de la legalidad y de la transparencia.

Su cometido será el de recibir y atender las reclamaciones que nuestro pueblo pueda presentar frente a las actuaciones de las Administraciones Públicas.

Amparo de los derechos y libertades, control de las Administraciones, independencia, con respeto a los distintos poderes públicos, constituirán rótulos de bondad para esta Institución. Nueva y vieja Institución, cuenta con antecedentes históricos en Castilla y León. No en vano, el primer Concejo o Ayuntamiento que se conoce en la Península Ibérica está documentado en Brañosera, en el año ochocientos veinticuatro.

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En determinados momentos de la historia de la Corona de Castilla, que van desde el siglo XV al XVIII, han existido magistraturas unipersonales que, en cierta manera, se asemejarían a lo que hoy conocemos como Defensor del Pueblo. La aparición de estas Instituciones, cuyas atribuciones siempre estuvieron limitadas a ámbitos locales o provinciales, se producía, unas veces, por la pretensión de los sectores populares de constituir parcelas de poder paralelas a los órganos de decisión establecidos y a los que tales sectores no podían acceder. Y otras veces, gracias al interés de los órganos superiores del Estado, que... para dar vida a figuras institucionales que corrigieran a favor del pueblo la mala administración de unos Ayuntamientos mediatizados por el egoísmo estamental.

Ya desde el principio del siglo XV están documentados en algunas grandes villas los "Procuradores Pecheros", con el derecho a asistir y manifestar su opinión en las sesiones del Concejo o Ayuntamiento, careciendo las mismas de legitimidad sin su presencia, aunque los "Procuradores Pecheros" no podían votar.

Más importancia tuvo la figura del "Procurador del Común" o "Procurador General del Común", que, a lo largo de los últimos años del siglo XV y primeros del XVI, surgió en diversas ciudades de Castilla y León, frente al monopolio que el patrimonio urbano ejercía del aparato político del Ayuntamiento. Los vecinos, pertenecientes al "Tercer Estado", arrancaron para el "Procurador del Común" importantes competencias relacionadas con sus obligaciones tributarias, con el nombramiento de los funcionarios municipales y, sobre todo, con el abastecimiento urbano.

Durante todo el siglo XVI, la oligarquía urbana se resistió a que sus decisiones fueran fiscalizadas por el "Procurador del Común", aunque sólo en contadas ocasiones lograron que éste dejara de asistir a las sesiones del Concejo.

Y a partir de mil setecientos setenta y seis, y en el contexto de una Monarquía Ilustrada que a veces chocaba con las cerradas oligarquías que controlaban los Ayuntamientos urbanos, se instaura la figura del "Personero del Común", con competencias más limitadas y ambiguas que las de sus predecesores.

Al "Personero del Común" se le autorizaba la asistencia, también sin voto, a las reuniones del Concejo; con voz, para pedir y proponer todo lo que convenga al público, generalmente, y, en especial, en lo referido a los asuntos de abastos, de manera que todo el vecindario sepa cómo se manejan y puedan discurrir el modo más útil de surtimiento común.

A pesar de tratarse de funciones muy concretas, las posibilidades de actuación no eran insignificantes, pues los mercados eran ámbitos privilegiados en el desarrollo de los conflictos entre las clases.

En resumen, mostramos nuestro apoyo a esta Proposición No de Ley, porque forma parte de nuestro compromiso programático con la sociedad castellano-leonesa, porque supone avanzar en la conformación de la estructura institucional de nuestra Comunidad, siendo fieles, además, a nuestra historia y a nuestras tradiciones.

Contribuimos así a la defensa de los intereses generales de sus habitantes, los intereses del común de Castilla y León, facilitando un mediador entre el oficial o Administración, en la que tantas veces concurren circunstancias de excesiva complejidad, de trama contradictoria entre lo que se promete, la multiplicidad de decisiones y la información oscura del lenguaje de boletín oficial, que, a la postre, puede generar indefensión entre todo lo anterior y la ciudadanía. Porque, en fin, nos dotamos todos de un mayor amparo -y eso siempre es saludable- que, indefectiblemente, deberá mover a las Administraciones Públicas a actuar con mayor rigor político y precisión.

Y estos tres argumentos positivos se resumen, en definitiva, en uno: con esta nueva Institución, introducimos fuerza para asegurar garantía efectiva del respeto y cumplimiento del universo de libertades individuales y colectivas y de los deberes y derechos constitucionales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Herreros. Oído el parecer expresado por los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, esta Presidencia entiende que la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida puede someterse a votación por asentimiento. ¿Se aprueba por asentimiento? Gracias. Se aprueba.

Tiene la palabra el señor Procurador y Presidente de la Junta de Castilla y León don Juan José Lucas Jiménez.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON (SEÑOR LUCAS JIMENEZ): Señor Presidente. Señorías. Parece obligado, por parte del Gobierno, dar una respuesta a la Proposición No de Ley que han convenido los cuatro Grupos representados en la Cámara.

En ese orden de cosas, quiero, en nombre del Gobierno, manifestar el compromiso de remitir en este período de Legislatura el borrador a los propios Grupos Parlamentarios, de manera que el texto de la Ley de la creación de la figura que hoy se ha sugerido o se ha propuesto a la Junta sea pactado o sea convenido entre todos los Grupos.

Pero no quiero, tampoco, aprovechar el marco, un marco excepcional -tan bello como éste-, para, también, felicitar a la Cámara, felicitar a los Procuradores que fueron un día y que no son hoy Procuradores, y felicitar, naturalmente, también, a todas las autoridades religiosas, civiles, militares, judiciales que están hoy presentes.

Castilla y León no surge en la Constitución del setenta y ocho, pero es indudable que es, en la Constitución del setenta y ocho, la que le da el marco jurídico-político de legitimidad, y que surge, naturalmente, a partir de esa Ley de leyes.

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En ese orden de cosas, hoy, que creo que es un día importante de satisfacción para todos, porque -como se ha señalado aquí- hay momentos para convenir y hay momentos para disentir, no puedo sino manifestar, en nombre del Gobierno Regional, la satisfacción en esta conveniencia que hoy manifiestan aquí los Grupos Parlamentarios.

Ojalá la figura que se crea, que se hunde -como se ha señalado- en las raíces de la historia de esta Comunidad, desde los viejos "Merinos" hasta los viejos "Procuradores Mayores", ojalá este "Aguacil" del siglo XXI sea la figura dinámica, moderna, que trate también del autocontrol de las propias Administraciones Públicas, porque creo que es eso lo que necesita esta Comunidad y lo que necesita la España en libertad. Nada más, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, Presidente. Por el señor Secretario, se procederá a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Segundo punto del Orden del Día: "Discurso institucional del Excelentísimo señor Presidente de las Cortes de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Excelentísimo señor Presidente de Castilla y León. Señorías. Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades. Señoras y señores.

Se ha escrito, con razón, que ser es, esencialmente, ser memoria. La memoria es la única posibilidad de permanencia y la palabra el medio más poderoso para evocarlos. También la palabra, como semilla, es posibilidad y es esperanza. Remite, además, a una memoria que es consciencia, diálogo y una cierta forma de solidaridad. En consecuencia, parece obligado que las Cortes de Castilla y León pretendan rememorar nuestra primera década estatutaria.

Desde que Jeremy Bentham escribiera sus "Tácticas Parlamentarias", se sabe que para afianzar una institución es preciso dejar solemne y pública constancia de sus principales eventos. A este respecto, creo expresar el sentir común de la Cámara si afirmo que los años transcurridos no se corresponden a un tiempo abstracto y vacío, sino a un tiempo donde los acontecimientos, comportamientos e intereses de nuestra Comunidad han encontrado su propia situación.

Sólo han pasado quince años, pero nos parecen ya muy lejanos aquellos tiempos en que la fortaleza medieval palentina de Monzón de Campos fuera el escenario elegido por la Asamblea Regional de Parlamentarios para poner los cimientos al proyecto de ensamblar una Comunidad Autónoma tan diversa como Castilla y León.

Posteriormente, el Convento de la Merced en Soria, el de Las Claras en Tordesillas, el Alcázar de Segovia, el Palacio de la Isla en Burgos, o el Colegio Mayor "Arzobispo Fonseca" en Salamanca, aportaron otros eslabones en esa larga marcha hacia la recuperación de nuestra identidad regional.

Lo que entonces era una ilusión, es ahora una espléndida realidad. Y, efectivamente, hoy celebramos que la norma que representa al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 4, de veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y tres, haya cumplido diez años como nuestra norma institucional básica en el seno del tiempo histórico de la Constitución Española de mil novecientos setenta y ocho.

Resulta evidente que la percepción psicológica de la dimensión temporal es radicalmente subjetiva, y, en este sentido, la experiencia habida en estos diez años de autogobierno admite todo tipo de interpretaciones, pero, en términos generales, cabe afirmar que representa una determinada respuesta a las exigencias de autonomía y democracia que las circunstancias históricas planteaban.

Desde hace diez años funciona, sobre las provincias de Avila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, un nuevo marco de ordenación territorial, una realidad visible no sólo en el campo administrativo o político, sino también en el orden económico y social: la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Lejana queda ya la etapa preautonómica, en la que hombres y mujeres de estas tierras, con una decidida vocación autonómica, impulsaron la aprobación de nuestro Estatuto de Autonomía, poniendo así las bases de lo que hoy es nuestra Comunidad.

Más próximas aparecen las dos Legislaturas Autonómicas que han transcurrido desde la promulgación del Estatuto, y que precedieron a esta Tercera en la que nos encontramos. Dos Legislaturas que sirvieron para poner los cimientos y construir algunos de los pisos del edificio autonómico del que ahora disfrutamos.

Permítanme, por ello, agradecer, públicamente, los esfuerzos que realizaron todos los que participaron en aquellos apasionantes periodos, recordando los nombres de las personas que ellos mismos pusieron a la cabeza de las instituciones de las que formaban parte. Los Presidentes preautonómicos: Juan Manuel Reol Tejada y José Manuel García Verdugo; Daniel de Fernando, como Presidente de la Mesa provisional de la Asamblea elegida poco después de la promulgación del Estatuto; Dionisio Llamazares y Carlos Sánchez-Reyes, Presidentes de las Cortes de Castilla y León en la Primera y Segunda Legislaturas autonómicas; y a los que han sido Presidentes de la Junta de Castilla y León: Demetrio Madrid, José Constantino Nalda, José María Aznar, Jesús Posada y, por último, Juan José Lucas, quien desempeña este puesto en la actualidad. A todos ellos, como máximos exponentes de aquellos hombres y mujeres que tan decididamente apostaron por nuestra autonomía, mi agradecimiento y el de estas Cortes que me honro en presidir.

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Quizás la década no sea la unidad de medida más adecuada para enjuiciar la vida de las instituciones, pero, en cualquier caso, diez años de nuestro Estatuto no son como para dejarlos en el olvido. Próximos al ecuador de esta Tercera Legislatura, la acción pública se sigue desarrollando anudada inseparablemente a lo que constituye la regla máxima del proceso político descentralizador en curso.

Revitalizar su contenido se ha convertido en tarea que, ya que a todos afecta, por todos debe ser compartida. En este sentido, requiere más entusiasmo y apoyo del que sólo puedan brindar los que por razón de oficio o cargo estamos interesados y obligados a tan digno fin. Ajeno al espíritu de partido y con la exigida neutralidad que la ocasión requiere, este acto parlamentario supone, a mi juicio, una invitación general para hablar con razón y sentimiento de las gentes y tierras de Castilla y León.

En este convulso final de siglo, donde resulta fácil dejarse llevar por un errático rumbo de marcado tono reivindicativo, esta Comunidad no debe disculparse de sentir a España, sin merma de lo propio, como uno de los máximos valores políticos. A fin de cuentas, y sin retórica vana, no está de sobra recordar que nuestro formidable patrimonio intelectual contribuyó decisivamente al nacimiento del orden de Estados, a la definición del Estado como un todo y un orden concluso en el terreno político, y a la unidad del Estado como unidad de poder y de derecho.

Se trata ahora de demostrar nuestra vitalidad para adaptarnos a los nuevos esquemas del llamado "Estado de las Autonomías". Apresada entre viejos y nuevos nacionalismos, nuestra Comunidad Autónoma aspira a integrarse, en pie de igualdad con las otras Comunidades del Estado, en el futuro espacio político de la Europa unida.

Francisco Ayala ha escrito que en el tardío nacionalismo de una España sin pulso, ese nacionalismo no pasaba de ser retórica - a veces buena retórica- y, con más frecuencia, palabrería hueca, faramalla y folclor de bisutería, mero adorno en la que el poeta llamó "España de charanga y pandereta".

Es bien evidente que no somos los sucesores testamentarios de un nacionalismo que desconoció otras formas culturales distintas de la castellana en la Península. Pero tampoco hay razones políticas serias para que no podamos ser tan autónomos como otros ciudadanos del Estado cobijados al amparo de nuevos nacionalismos locales.

Ya lo dijimos el año pasado en León, durante el Pleno Conmemorativo del Noveno Aniversario del Estatuto: "Reconocemos las peculiaridades y hechos diferenciales de cada región, pero no admitimos las desigualdades que impliquen privilegios; y, por eso, exigimos tratamientos distintos, ya que nada hay más injusto que tratar por igual a quienes somos diferentes". Diferencia, sí; desigualdades, no. Y ello no significa que estemos proclamando la identidad de todos los territorios autónomos, pero sí una mayor homogeneización entre ellos, que elimine en lo posible las distintas categorías y haga realidad el principio de solidaridad entre todas las Autonomías, dentro de la indisoluble unidad del Estado español que la Constitución proclama.

En el terreno político, quizá se tienda a confundir el ritmo propio de las instituciones con los apremios a la vez urgentes y pasajeros de las biografías políticas. Se explicarían, así, algunas manifestaciones de impaciencia, reivindicando mayores espacios competenciales. Pero, al margen de los habituales descontentos con el poder central, lo cierto es que la crónica del proceso autonómico revela el estimable esfuerzo común que se ha hecho en tan difícil y compleja materia.

Parece sensato que todo lo que afecta a la distribución territorial del poder político tenga que ser tratado con la necesaria cautela que requieren los delicados asuntos de política constitucional. Pero, hecha esta advertencia, nadie puede negar que la falta de determinaciones a este respecto produce un indeseable grado de inestabilidad al conjunto del sistema político, aunque sólo sea por la elemental razón de que puedan presentarse inesperadas demandas de autonomía, surgidas por doquier, que hagan tambalearse el marco constitucional, tan trabajosamente fijado.

Desde esta perspectiva, se estima conveniente la tarea de completar y terminar la Constitución, para no dejar indefinidamente abierto el proceso constituyente sobre tan delicada materia de alto interés de Estado.

Ciñéndonos a nuestro propio ámbito, la cuestión que nuestra Comunidad debe resolver es la de si aspira a una ampliación de competencias hasta el máximo posible, o si, por su libre iniciativa, se mantiene en la línea de una autonomía restringida o de segundo nivel; ambas posibilidades son constitucionalmente correctas, pero, obviamente, proceden de dos distintos enfoques de la forma territorial del Estado.

Por propia experiencia se sabe ya que la Autonomía no puede ser entendida como una experiencia de ida y vuelta; no cabe, en consecuencia, ni una huida hacia adelante, ni tampoco considerar la ampliación de competencias como mera expresión de voluntarismo político. Puede suceder, incluso, que alguna competencia asumida deba ser considerada más como una carga que como una ventaja para el propio espacio de poder.

Tampoco cabe olvidar, como se ha dicho con razón, que, si las leyes distribuyen las competencias, son después los presupuestos los que distribuyen los poderes, porque son, sin duda, los recursos financieros los que dan la medida real de las tareas a realizar.

Ya hace sesenta años, nuestra mejor doctrina recordaba que la estabilidad del régimen autonómico dependía, por lo demás, como suele suceder en todas las estructuras, de la firmeza del punto más débil, y éste es el de las competencias financieras.

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Cobra así toda su magnitud el problema relativo al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, y remite, como no podía ser de otra forma, al verdadero problema de todo Estado políticamente descentralizado, que es, justamente, el de la necesaria cooperación y coordinación que se expresa en la síntesis de los intereses comunes o generales y de los particulares o parciales.

El propio Tribunal Constitucional, en Sentencia 104, de ocho de junio de mil novecientos ochenta y ocho, estableció que un adecuado equilibrio entre el respeto de las autonomías territoriales y la necesidad de evitar el que éstas conduzcan a separaciones o compartimentaciones que desconozcan la propia unidad del sistema, puede realizarse a través de la adopción de formas y fórmulas de coordinación y colaboración más abiertas y flexibles que la utilización exclusiva de intervenciones normativas reguladoras, que imponen determinadas conductas o decisiones.

Desde esta misma Tribuna, hace ya cinco años en Salamanca, se puso de manifiesto la decidida voluntad de iniciar la reforma estatutaria que condujera a la asunción de todas las competencias que el artículo 149 de la Constitución no reserva en exclusiva al Estado. Reiterar hoy esta demanda parece una obligación política de inexcusable cumplimiento. Se pueden discutir los procedimientos, pero la meta resulta clara. Sin necesidad de invocar agravios comparativos ni dejarse llevar por los impulsos foráneos, el principio constitucional de igualdad de todos los españoles constituye un buen fundamento de esta razonable aspiración.

Pero ¡atención! Parece un hecho probado que la contienda política no favorece precisamente a la serena reflexión. Y esta situación se agrava, como es sabido, si se vive en un clima electoral. Por otra parte, a nadie se le oculta que la propia dinámica del Estatuto depende, en buena medida, de la correlación de fuerzas entre los partidos políticos. Ahora bien, asumida esta realidad, considero un deber institucional recordar que el autogobierno territorial no implica desprenderse del sentido de Estado. La descentralización política significa modernización y renovación de las paredes maestras del Estado, no el desequilibrio y, mucho menos, el desgarramiento de su estructura.

Cualquier mirada atenta al derecho y a la política comparada enseña que esta compleja empresa requiere grandes dosis de negociación y consenso, junto a una infatigable voluntad política integradora, ya que la autonomía implica facultad de declarar normas con arreglo a los principios de la integración del Estado.

Ilustres autores, como Salvador de Madariaga, precisaron que la crisis de la democracia en España se agudizaba por la inexistencia del pilar fundamental de la vida democrática: el autogobierno; es decir, instituciones espontáneas de acción animadas por un espíritu público que las hace colaboradoras naturales del Estado.

Frente a posturas de resignado escepticismo, hora es ya de aprender, cumplida la primera década del Estatuto, que la autonomía política, como fenómeno de integración colectiva, presenta los mismos factores de necesidad y voluntad que observamos en todos los fenómenos sociales de integración.

Hacemos, por ello, un llamamiento a todas las fuerzas sociales de nuestra comunidad, a fin de que se sumen a las tareas estatutarias de las instituciones. La autonomía política resulta ser un tipo de organización de los poderes públicos, que se legitima, no sólo por la titularidad de las competencias que se distribuyen, sino también, y sobre todo, por su ejercicio sostenido.

Pero, para nosotros, afianzar la autonomía significa también el intento por alejarnos de un cierto sucursalismo, que amenaza con dejar sin contenido las ideas que venimos remarcando.

Las Cortes de Castilla y León no deben tampoco ver reducido su papel al control del Ejecutivo regional en su función gestora de unas determinadas transferencias. El desarrollo estatutario demanda un mayor protagonismo y un más decidido impulso político por parte de todos los Grupos que componen la Cámara, toda vez que la autonomía es de naturaleza política -como ha indicado el Tribunal Constitucional-, con potestades legislativas y gubernamentales y, por tanto, cualitativamente superior a la meramente administrativa que corresponde a los Entes Locales. En suma, la autonomía es la expresión de un modo de ser del Estado; como diría el profesor Berti: casi la cara interna de la soberanía del Estado.

Si no se asume decidida e inteligentemente esta esbozada concepción de la autonomía, es seguro que esta delicada planta no podrá crecer ni desarrollarse en estas seculares tierras de León y de Castilla.

Transcurrida la inicial etapa de rodaje, el desarrollo estatutario pasa sin duda por los Acuerdos Autonómicos firmados el pasado año por estas fechas. Pese a la confusión producida en torno a los mismos por diversas causas, no puede negarse que constituyen un factor de continuidad y consolidación del sistema autonómico. Sus pretensiones aportan un nuevo reto para el futuro de nuestra Comunidad, y, en este sentido, procuran parcial satisfacción a nuestras aspiraciones y posibilitan la demostración de una mayor eficiencia en el funcionamiento de nuestra Administración Autonómica.

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Como señalábamos en el pasado aniversario, estos pactos han significado un importante paso hacia adelante en la consolidación del nuevo Estado descentralizado y son, por tanto, positivos, en cuanto que suponen un avance en la configuración del Estado Autonómico. Sin embargo, tal vez resulten insuficientes, ya que, a mi juicio, Castilla y León no debería renunciar a asumir todas las competencias que la Carta Magna le reconoce, al no estar reservadas con carácter exclusivo al Estado. Es un derecho y, a la vez, un deber, cuyo ejercicio y cumplimiento implica, a mi juicio, la mejor defensa de nuestra Constitución y de nuestro propio Estatuto.

Con razón, se recuerda que las competencias de las Comunidades Autónomas figuran en sus Estatutos, y, en consecuencia, el procedimiento normal para ampliarla es la reforma de estos. De aquí, lógicamente se colige que la perpetuación de la provisionalidad es el defecto más evidente de una ampliación competencial hecha a través de leyes de delegación o de transferencia.

Ahora bien, al margen de la corrección de las objeciones manifestadas, parece políticamente posible y deseable que los dos partidos mayoritarios garanticen el notable elemento racionalizador que los acuerdos autonómicos encierran.

Las previstas conferencias sectoriales, las Comisiones bilaterales de cooperación y la propia Conferencia Sectorial sobre asuntos relacionados con las Comunidades Europeas tienen ahora la palabra. Todo ello, claro está, servido por un sentido de recíproca lealtad constitucional y estatutaria.

Quizás los aniversarios deban servir también para recordar los ideales jamás alcanzados que se traza toda sociedad. Y, así, resulta inexcusable en este momento trazarse el programa de un mayor y mejor desarrollo de la estructura orgánica del Estatuto de Autonomía que hoy celebramos.

¿Qué sentido tiene renunciar a experiencias organizativas que han dado estimables resultados en otras Comunidades? Bienvenida sea, pues, la introducción de un "Ombudsman" regional, Defensor del Pueblo para Castilla y León, figura de probadísima eficacia a lo largo y a lo ancho de todo el Derecho comparado.

¿Qué torpe razón nos impide articular un Consejo Consultivo sobre el conjunto de normas surgidas en régimen de autonomía? ¿Acaso este tipo de iniciativas sólo tienen sentido en Comunidades con mayor conciencia de sus propias fuentes del Derecho, como, por ejemplo, Cataluña o Canarias? ¿Qué extraño sentido de lo público nos impide organizar una plataforma que aglutine a nuestros máximos exponentes de la ciencia, el arte y la cultura? ¿Por qué motivo no podemos ser el catalizador de ese tejido de fundaciones y asociaciones de carácter civil más íntimamente ligadas a nuestros propios intereses?

Con toda seguridad, servicios como el de la cultura, el turismo, el medio ambiente, etcétera, y actividades ligadas a los medios de comunicación social van a requerir mayor atención en el futuro. Un futuro que se funde ya con el presente y el pasado en una misma sustancia, que a todos nos importa mucho descubrir.

En ese camino hacia mayores cotas de autogobierno, crece la certidumbre de que la integración política de nuestra Comunidad Autónoma sólo puede madurar desde las raíces de la sociedad civil, incrementando los niveles de conciencia de nuestra identidad colectiva. Después, a través de un eficiente ejercicio de las competencias asumidas, articulado mediante un buen gobierno de los propios intereses, habremos encontrado el rumbo apropiado hacia el futuro. Un futuro que tiene que ser convergente con la Europa de las Regiones.

Creemos firme y sinceramente en el papel que Castilla y León puede y debe desempeñar en el proceso de integración europea; pero, sin el necesario protagonismo en los foros donde se toman las decisiones que nos afectan, difícilmente nos podremos situar entre las regiones más avanzadas de la Europa comunitaria.

Téngase en cuenta que la aplicación del Derecho comunitario exige, a veces, la actuación de la Administración Regional en materias de titularidad estatal, aunque sujeta a instrucciones y supervisiones de la Administración Central. Y ello supone una mayor responsabilidad por nuestra parte y requiere una mayor atención a los trabajos de la Comisión de Asuntos Europeos, pues muchas de las resoluciones comunitarias, más que a los Estados, afectan directamente a las Regiones, que ahora asumen competencias sobre materias secularmente gestionadas por la Administración Central.

Y para ir concluyendo, permítanme que, con una sinceridad poco habitual en estos casos, prescinda de los esquemas, que sólo sirven muchas veces para rellenar nuestros Diarios de Sesiones, e intente conectar, más allá de los posibles titulares de prensa, con el ciudadano castellano y leonés, ajeno, seguramente, a esta efemérides que ahora celebramos, con un recuerdo muy especial en este momento, para los que, por distintos motivos, residen fuera de nuestra Comunidad.

Sobran las solemnes menciones a nuestro patrimonio histórico y cultural, pues no podemos continuar viviendo de nuestro pasado histórico, por glorioso que haya sido. Estamos en el umbral del siglo XXI y hay que mirar hacia el futuro, viviendo el presente y sin olvidar, eso sí, nuestro pasado.

Vacías de contenido parecerían las manifestaciones de los poderes regionales, si no se materializan en una mejor calidad de vida para los que habitan nuestra Comunidad. A nada conducen las declaraciones demagógicas de actuaciones, si luego no se concretan en hechos reales, si no se acierta a movilizar los recursos vitales de nuestra sociedad, venciendo la crónica tendencia al fatalismo, si no se afianzan las estructuras que dispensen buenos servicios públicos y, a la vez permitan el libre juego de los factores sociales.

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Y para terminar, no me resta sino agradecer la presencia de los Presidentes de otros Parlamentos Autónomos, que hoy nos acompañan y, apelar al esfuerzo colectivo de todos, para que se traduzca en una voluntad, cotidianamente refrendada, de firme e inteligente desarrollo de nuestra norma institucional básica.

Señorías, creo que con estos diez años de Estatuto de Autonomía se cierra una etapa, una fructífera etapa, en la que destacan la creación y consolidación de nuestra Comunidad Autónoma como una realidad jurídica, política y administrativa.

Ahora, tras la ampliación de nuestro techo competencial, se abre una nueva perspectiva, un nuevo reto al que nosotros más que nadie tenemos que hacer frente, a base de esfuerzo y de trabajo diario. Este nuevo reto es conseguir, mediante una adecuada prestación de servicios y un funcionamiento eficaz de nuestras instituciones regionales, que Castilla y León sea también una realidad en el corazón de todos y cada uno de los castellanos y leoneses, para que todos podamos sentirnos orgullosos de pertenecer a esta querida tierra.

Muchas gracias.

(Aplausos)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se levanta la sesión.