DS(P) nº 34/3 del 2/3/1993

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Transcurridos catorce años desde la aprobación de la Constitución Española, cuyo Título VIII establece que España se organiza territorialmente en municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan; habiendo pasado doce años desde el pacto nacional que abordó el tema regional; y acabando de celebrar el décimo aniversario de nuestro propio Estatuto de Autonomía, me cabe el honor de subir a este Tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para solicitar a Sus Señorías el voto favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley que hemos presentado en esta Cámara, con el aval de setenta y siete de sus ochenta y cuatro Procuradores.

Y es que, Señorías, el debate que estamos iniciando en estos momentos es, probablemente, el debate más importante que va a tener lugar en esta Cámara durante la Tercera Legislatura.

Y es la voluntad del Partido Popular que, en este momento, como en todo el proceso de decisiones que sobre el tema regional ha seguido el desarrollo de la vigente Constitución, las decisiones se adopten por acuerdos unánimes o, en su defecto, muy mayoritarios.

Por ello, nuestro Grupo, que sigue abierto al consenso con las fuerzas políticas no firmantes del Pacto Autonómico, ha renunciado a posiciones maximalistas en el desarrollo autonómico, única postura que ha permitido romper el bloqueo autonómico a que se han visto sometidas las anteriores iniciativas que fueron aprobadas por esta Cámara en la Legislatura pasada.

Y ésta es la razón, ésta y no otra, la que motivó que el Partido Popular firmara con el Gobierno de la Nación y el Partido Socialista el Pacto que va a permitir que diez Comunidades Autónomas vean ampliado sensiblemente su techo competencial.

(-p.1363-)

Y porque nunca han faltado demagogos de uno y otro signo, desde quienes defienden el centralismo a ultranza, a quienes se autotitulan apóstoles del cantonalismo más radical, los populares hemos hecho un ejercicio de reflexión democrática, renunciando temporalmente a nuestros postulados máximos en materia de autogobierno, para conseguir llegar al momento en el que nos encontramos.

Pero, quizás, es hora ya de decir que esta reforma estatutaria que vamos a someter a Sus Señorías, con ser positiva -y sólo desde la miopía política o desde la demagogia más burda se puede afirmar lo contrario-, esta reforma no colma las aspiraciones del Partido Popular, ni de su Grupo Parlamentario, y que, por ello, una vez refrendada, por estas Cortes primero y por las Cortes Generales después, el Partido Popular, y, desde luego, su Grupo Parlamentario en estas Cortes Regionales, no renuncia a tomar las iniciativas que estime convenientes para asumir responsabilidades competenciales en materia que en este momento no era factible abordar para todas las Comunidades Autónomas del artículo 143.

Dicho en román paladino: el desarrollo competencial conseguido con el Pacto es positivo, pero insuficiente. Es posible, cómo no, que en el Pacto existan aspectos discutibles; pero, cuando dos o más formaciones políticas se sientan en torno a una mesa, o todas están dispuestas a hacer concesiones sobre sus planteamientos iniciales, o el acuerdo no es posible.

El pasado veintiuno de febrero del noventa y dos, hace poco más de un año, con ocasión de la comparecencia del Presidente de la Junta de Castilla y León para exponer su posición respecto al Pacto Autonómico, el señor Lucas afirmaba textualmente: "Si a mí me dicen si este documento -insisto, no firmado por la Junta de Castilla y León- constituye la aspiración del Gobierno de esta Comunidad, diré que no; diré que es un Pacto Autonómico, y diré, además, que es un importante Pacto, porque supone un avance importante en la asunción de treinta y cuatro nuevas competencias, y que algunas competencias tan importantes como el INSERSO suponen dotación presupuestaria de cerca de 40 a 50.000.000.000 de pesetas.

"Es decir, es un documento importante. Esta Comunidad, el año que viene, va a ser más importante de lo que es hoy. Esta Comunidad va a tener mayores cuotas de autogobierno.

"Quiero decir con ello que a mí" -sigo citando palabras del Presidente Lucas- "como Presidente de esta Comunidad, me parece un avance importante. Es un documento que nos hace, naturalmente, avanzar en la construcción del Estado de las Autonomías; pero, de la misma manera que Europa no se ha hecho en Maastricht, pero se ha avanzado en Maastricht, de la misma manera, esta Comunidad avanza mediante el Pacto que en estos momentos se está negociando.

"Por consiguiente, yo valoro positivamente el Pacto. Yo entiendo que es un avance importante". -Fin de la cita-.

Y esto no supone que pretendamos dar al Pacto y a la reforma estatutaria subsiguiente carácter de provisionalidad. Queremos decir, simplemente, que, en opinión del Grupo Popular, no estamos ante el punto final del desarrollo autonómico en Castilla y León. Estamos, Señorías, todo lo más, ante un punto y seguido.

Queremos decir, por lo tanto, que, asumiendo como positivo el Pacto que ha dado lugar a la Ley que atribuye nuevas competencias a las Comunidades Autónomas del 143, el Grupo Popular, el Partido Popular no abdica de sus principios electorales, ni enmienda en un ápice el Discurso de Investidura del Presidente Lucas. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, después de ensayar en la pasada Legislatura el intento de asumir competencias hasta el techo que nuestro Grupo entendía que era idóneo, y después de comprobar que cinco años después esos documentos siguen durmiendo en un cajón en el Congreso de los Diputados, por la vía de los hechos, nuestro Grupo sostiene el carácter positivo del Pacto para el cual nosotros, en nombre del Grupo Popular, solicitamos el voto afirmativo de los miembros de esta Cámara.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Dentro de este mismo turno a favor, por el Grupo Socialista, su Portavoz, señor Quijano, tiene la palabra.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Intervengo, en representación de mi Grupo Parlamentario, en este turno, en relación con la toma en consideración de la Proposición de Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía, en virtud de la cual se procederá a la ampliación de las competencias de la Comunidad Autónoma.

Lo hago, como es bien evidente, compartiendo el turno a favor con el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular; quizá debiera decir "sin que sirva de precedente", pero, al menos, en esta ocasión así lo es.

Y lo hago para declarar la posición favorable del Grupo Parlamentario Socialista a la toma en consideración de esta Proposición, sin ningún tipo de reserva, y así lo quiero indicar desde el principio de mi intervención.

Se trata, en primer lugar, de un asunto verdaderamente trascendental para esta Comunidad Autónoma y para su futuro. Por eso, nos encontramos ante un momento importante en la trayectoria de esta Comunidad Autónoma y no debiéramos pasar por él como de puntillas, como si se tratara de cumplir una obligación estricta.

Este es un asunto directamente relacionado con el autogobierno de la Comunidad, y, por tanto, debo empezar por manifestar que, en la opinión de mi Grupo Parlamentario, el Pacto Autonómico es positivo, sin ningún tipo de matización.

(-p.1364-)

Expreso, por eso, la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que es sobradamente conocida: nosotros apoyamos la reforma; apoyamos, por tanto, la ampliación de las competencias de la Comunidad, como antes indicaba, sin reserva, sin reticencia, sin doble lenguaje, bajo ningún concepto. Diría más aún: para nosotros, ésta no es una cuestión de disciplina, como alguno pudiera pensar; si así fuera, yo no estaría compartiendo este turno a favor en este momento. Estoy aquí, compartiendo este turno a favor, porque ésta es una cuestión de interés para la Comunidad Autónoma y que, además, expresa suficientemente el sentido de Estado de quienes la proponemos.

Doy la suficiente legitimidad, y la reconozco, a las demás posiciones que se puedan mantener al respecto, incluso la de aquéllos que necesitan de algún tipo de justificación para apoyar esta iniciativa. Reconozco la legitimidad de esas posiciones, pero debo también decir que advierto algún grado de paradoja en algunas de las que se mantienen. Es legítimo que a algunos les pueda parecer poco o insuficiente, incluso habiéndolo firmado; pero es legítimo reconocer que, tal vez, a la vista de las posiciones que se mantenían hace todavía no muchos años, les pudiera parecer, incluso, demasiado.

En cualquier caso, creo firmemente que sería injusto empequeñecer este enorme avance que estamos a punto de producir en el desarrollo de esta Comunidad Autónoma.

Para nosotros, la posición favorable deriva de la más estricta coherencia con las posiciones que hemos mantenido. Nosotros nunca quisimos hacer de la ampliación de competencias un asunto del todo o nada, del todo a la vez o todo en otro momento, de ahora o nunca. Nosotros, lo digo con toda claridad, nunca hemos necesitado entablar una carrera autonomista o comparativa con nadie. Entre otras cosas, porque eso terminaría siendo coyuntural.

Por tanto, para nosotros este es un asunto de construcción de la Comunidad Autónoma, pero también de ordenación del Estado, y así quiero proclamarlo.

Nosotros siempre defendimos que la ampliación de competencias era, en el lenguaje al uso, un tema de Estado y no un tema que cada Comunidad Autónoma debiera resolver unilateralmente o por separado. Por tanto, hay una visión integrada detrás de este planteamiento y hay una perspectiva de descentralización en el tiempo, de una estructura organizativa que, Señorías, tiene varios siglos detrás.

Por tanto, es un tema que debe de tomarse con tanta eficacia, con tanta convicción como prudencia. Y, desde luego, si hiciéramos un análisis comparativo con cómo se ha desarrollado el proceso de descentralización en otros países de estructura histórica similar al nuestro, llegaríamos a la conclusión de que el avance producido en estos diez años es verdaderamente espectacular.

Y quiero declarar, igualmente, que mi Grupo apoya esta iniciativa, y lo hace con plena satisfacción.

El acuerdo que se ha producido existe y vale para lo que está en la reforma del Estatuto, pero vale también para lo que todavía no está. Y es verdad que el acuerdo deja puertas abiertas hacia el futuro; eso nadie lo podría negar, y yo lo ratifico. Entre otras cosas, porque ese es el sentido -no podía ser otro- de que la reforma mantenga la cláusula de ampliación de competencias transcurridos de nuevo cinco años.

Y yo debo declarar que esa satisfacción es doble, porque creo que este asunto debía resolverse por acuerdo, por consenso entre las fuerzas políticas principales, que son, en este caso, también las que tienen más capacidad de representación, no sólo en el conjunto del Estado: también en esta Comunidad Autónoma.

Señorías, en este acuerdo, como en todos los acuerdos, seguramente, hay cesiones mutuas. Se partía de dos posiciones contrapuestas: la transferencia por Ley Orgánica, la transferencia mediante reforma del Estatuto. Creo que hay que congratularse de que el acuerdo haya buscado una fórmula mixta enormemente útil para satisfacer ambas pretensiones. Y sé de sobra, porque algo conozco de la cuestión, que se podría plantear, legítimamente, si la reforma del Estatuto sería necesaria en estrictos términos jurídicos. Bastaba, sin duda alguna, la Ley Orgánica para producir la transferencia de competencias.

La pregunta no es de necesidad de la reforma; la pregunta es de utilidad, de conveniencia de la reforma. Y a esa pregunta sólo se puede contestar con un sí tan claro como rotundo. La reforma del Estatuto añade, para cualquiera que conozca algo sobre esa cuestión, garantías jurídicas y añade, además, estabilidad política sobre el nuevo marco competencial.

Permitirá, seguramente, la reforma del Estatuto -esa es mi opinión al menos-, que, llegado el momento final de su aprobación, pueda derogarse la Ley Orgánica en virtud de la cual se produce la ampliación de competencias.

Termino, por ello, reiterando esa posición, y haciendo, si fuera posible, un llamamiento a todos los Grupos para que den una muestra de generosidad sumándose a este acuerdo en este momento, porque todavía es tiempo útil al respecto. Porque estamos tomando una decisión de interés para nuestra Comunidad Autónoma por encima de todo.

Y expreso, igualmente, mi convicción de que, al aumentar las competencias de la Comunidad Autónoma, asumimos también más responsabilidad y nos obligamos más con nuestros propios conciudadanos.

Y expreso, en la misma línea, mi confianza en que este proceso debe facilitar, precisamente porque asumimos más compromiso, debe facilitar más cooperación entre las Administraciones Públicas, como también lo prevé el pacto autonómico que ahora estamos desarrollando en nuestra Comunidad, e, igualmente, debe facilitar el avance de la descentralización de competencias dentro de la Comunidad, porque nada en absoluto se opone ya a un proceso largamente comprometido.

(-p.1365-)

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿Algún otro grupo político desea consumir turno en contra?

Por el Grupo de Centro Democrático y Social, señor de Fernando tiene la palabra.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores.

Una vez más en el largo trámite de este Proyecto de Ley, o de la Ley aprobada en el Congreso de los Diputados hace tiempo, seguimos oyendo unos términos para confundir al ciudadano. Cada vez que se habla, se insiste en el aumento del techo competencial en las veintiocho competencias que Castilla y León va a asumir a partir de hoy. Y hay que decirlo una vez más: eso es absolutamente falso. Hoy no estamos aquí para aprobar veintiocho competencias nuevas en Castilla y León; esas ya están aprobadas. Hoy estamos aquí para reformar el Estatuto de Castilla y León. Pueden asumirse ya las competencias sin necesidad de reformar el Estatuto. Por tanto, todo lo que se hable de las ventajas que Castilla y León va a tener a partir de ahora, del mayor peso que Castilla y León va a tener a partir de ahora, será como consecuencia de la Ley Orgánica aprobada en Madrid, y no del debate que hoy hagamos aquí.

Por eso, yo quisiera aclarar que las distintas posturas que el Partido Popular y el Partido Socialista están manteniendo en el tema, y que hoy, con la intervención de los dos Portavoces, se ha visto aquí otra vez más... El Portavoz del Grupo Popular diciendo: apoyamos esto, pero nos parece insuficiente. El Grupo Socialista dice: apoyamos esto sin más.

El Portavoz del Grupo Popular dice: no es que no apoyemos el Discurso de Investidura del Presidente del Grupo Popular; lo seguimos apoyando; pero... Y yo le creo al Portavoz del Grupo Popular; yo creo que ustedes apoyen; quien no le ha apoyado ha sido su Partido en Madrid.

Porque insisto en que, cuando hay cosas escritas, no cabe interpretar. Cuando el pacto firmado dice -lo que firman los dos Partidos-: "ultimar, de acuerdo con las previsiones constitucionales...". Yo no sé lo que significa "ultimar"; puede que el señor León de la Riva me diga: ultimar para el señor Aznar sería acabar, pero para mí no. Pues, mire usted, yo creo en su voluntad de que le parece insuficiente; lo que sí es cierto es que, al firmar, ustedes han firmado la voluntad política de cerrar el Título VIII a efectos de transferencias. Y lo dice el documento.

A mí me parece, además, grave, no ya -como lo decía algún político ya desaparecido- de que los programas se hacen para no cumplirlos; me parece mucho más grave que los Discursos de Investidura, donde cada partido político, a través del que va a ser Presidente... se incumplan claramente.

Y vuelvo a decir: ya no interpretemos; leamos lo que se dice. Aquí ha habido algún Portavoz que ha dicho que todo esto se hace dialogando, sentándonos, hablando.

Pues bien, nuestro Presidente de la Junta decía el día del Discurso de su Investidura: "Digo más: que la elevación del techo autonómico de nuestra Comunidad será un objetivo irrenunciable de la Junta de Castilla y León. En este sentido, me propongo al inicio del próximo Periodo de Sesiones reunirme con los representantes de todos los Grupos políticos".

Puedo preguntar al Portavoz del Grupo Mixto si le han llamado para sentarse a hablar, ni al del Grupo Popular. Han obedecido las órdenes que vinieron de Madrid y aquí no ha habido opinión.

Pero es que decía más el señor candidato, entonces, a Presidente: "Creo, sinceramente, señoras y señores Procuradores, que interesa a España, como Nación, que Castilla y León pueda actuar en plenitud como Región". Una de dos, o a España ya no le interesamos, o la plenitud vamos a dejarla para dentro de diez años, quince años, veinte años.

Podía seguir leyendo más compromisos. Lo que consideraba un pacto de Estado, y le decía al señor Almunia: "Pero ¡hombre, por Dios!, eso no es un pacto de Estado. Un pacto de Estado que dice no a la educación, no a la sanidad, y las demás por el artículo 150.2, eso no es un pacto de Estado". Eso decía el candidato a Presidente.

Pues bien, como él hacía un llamamiento a los Grupos políticos para sentarnos, como el Portavoz del Grupo Socialista terminaba diciéndonos... haciendo un llamamiento a los demás Grupos para que reconsideremos, yo haré un llamamiento a los dos Grupos políticos: las veintiocho competencias ya pueden ser de Castilla y León; es sentarse a negociarlas y negociarlas bien. Retiren ustedes este Proyecto de Ley, que no dice nada.

Y, es más, si uno busca en las hemerotecas, lo que se ha hecho con la reforma del Estatuto es una desconfianza mutua de uno al otro. Y, curiosamente, fue el Partido Popular en las conversaciones de Madrid el que exigió al Partido Socialista que por el artículo 150.2, que era delegación de competencias, podía un día el Gobierno retirarle esa delegación y llevársela a Madrid.

¡Hombre!, señores del Partido Popular, si ustedes piensan gobernar los próximos cuatro años, no van a retirar las competencias; déjenlas por delegación. Pero, es más, si van a gobernar en los próximos cuatro años y su voluntad política es aumentar las competencias, no reformemos ahora el Estatuto: hacemos una reforma definitiva del Estatuto.

Yo, por tanto, les querría decir:

(-p.1366-)

Primero: todo el que analice la tramitación del Pacto Autonómico, y luego su tramitación en Madrid, y ahora, tiene que ver, o unas anomalías políticas -no digo administrativas ni legislativas-, unas desconfianzas, o algunas cosas raras. Primero, se tramita por el artículo 150.2, que a criterio de personajes como don Gregorio Peces Barba, uno de los padres de la Constitución y miembro del Partido Socialista, dice que jurídicamente es muy discutible, más bien que no se tiene en pie... que aplicar el artículo 150.2 de la Constitución, que está previsto para casos extraordinarios y para la delegación de competencias exclusivas del Estado, que se aplique de forma genérica no lo ve correctamente.

Pasemos a aquello que ya se ha hecho: un pacto que se firma en febrero del noventa y dos, se nos trae en febrero del noventa y tres por trámite de urgencia. ¡Qué anomalías! Pero, ¿cómo no ha habido tiempo en un año de traerlo con tiempo suficiente para tramitarlo con los periodos normales de cualquier ley, periodo de enmiendas y demás? No, trámite de urgencia. Pero, a la vez, uno le pide por qué querían trámite de urgencia y dicen: porque hay que aprobarlo antes del verano, y a la vez piden disolución de las Cortes. ¿No será que en el fondo están deseando que no se apruebe? ¿No será que, ya aprobadas las veintiocho competencias, ustedes preferirían que no se apruebe la reforma del Estatuto? Pues, díganlo. No la aprobamos, las competencias las apoyamos todos y la reforma del Estatuto la dejamos para cuando sea.

Porque este Proyecto de Ley o esta Proposición No de Ley que hoy tramitamos aquí, separándola de las competencias, es una Ley innecesaria; no hace falta absolutamente para nada para traer las competencias. Es una Ley inoportuna; viene a estropear la festividad del décimo aniversario del Estatuto, cuando a los cinco años había que haberlo reformado para tener el mismo techo competencial que las del 151; viene, en una festividad del décimo aniversario, a reformar el Estatuto para ser y dar nuestra conformidad, con el que la vote a favor, de ser una Comunidad de segunda categoría "per se".

Es una Ley que no soluciona el problema de Castilla y León, sino que lo aplaza. Solucionarlo era, definitivamente, la reforma del Estatuto. Vamos a aplazarlo "sine die".

Y, finalmente, es una Ley que rompe el deseado consenso constitucional. Ha sido un deseo unánime desde el año setenta y ocho, de todos los partidos políticos, de no reformar la Constitución si no hay plena unanimidad y reformarla lo menos posible. Pues bien, el Estatuto viene a ser lo mismo a nivel regional: lo menos posible y el máximo consenso. Y ustedes me plantean una reforma ahora. Y cada vez que oigo a un Portavoz del Grupo Popular en un coloquio, en un debate, cada uno opina de una forma distinta. Uno dice: bueno, yo creo que el año noventa y cinco será una buena fecha de pedir la reforma definitiva. Otros me dicen: yo desde mañana estoy pidiendo el INSALUD. ¿Qué seriedad es ésa? ¿Qué seriedad es? Yo, desde luego, sí subiré a esta tribuna; cada vez que el Gobierno Regional o su Consejero de Bienestar Social se le oiga quejarse del INSALUD, subiré a decirle: no se queje usted más que se merece eso y más. Porque insisto: ¿por qué se tiene que aceptar una reforma sin un derecho que tenemos en el Estatuto, como son las competencias del INSALUD? ¿No han hecho ustedes que la educación se quede para el año noventa y cinco-noventa y seis? Se podía haber quedado el INSALUD para el momento oportuno que considerasen las dos Administraciones, pero metido en el pacto como un derecho, un derecho de esta Comunidad; no hay nada que nos lo impida.

¿Por qué no se ha aclarado lo suficiente que, cuando lee uno aquí las explicaciones del pacto -y yo me tengo que atener a ellas-, veo que en legislaciones específicas se nos da menos que a las catalanas? Se dice, por ejemplo: "Ordenación farmacéutica. Aquello que se derive de la ley del medicamento, no aquello que se derive de la Ley General de Sanidad, que sí la tienen los catalanes. Igualmente en comercio interior. Es decir, quedan bastantes temas pendientes de estudio por clarificar. Y todo lo que venga por delegación de competencias, bienvenido sea, aunque sea insuficiente, señor León de la Riva; yo estoy con usted. Insuficiente, bienvenido sea, porque viene desde Madrid sin tocar nuestros derechos. El único problema que estamos haciendo hoy, insisto, es que los derechos que tiene este pueblo de Castilla y León los estamos disminuyendo en estas Cortes de Castilla y León, porque hacernos partícipes de una reforma del Estatuto para dejar pendiente -como dice el Portavoz del Grupo Socialista- el artículo que dice que a los cinco años tendremos derecho, yo ya le podía haber corregido y haber puesto a los veinticinco años; ¿por qué seguir manteniendo, después de diez años, que a los cinco años tenemos derecho? Si todos hicimos un gran esfuerzo en el consenso constitucional, si todos hicimos un esfuerzo en la reforma, en el consenso para hacer el Estatuto, no cabe hoy decir: no podíamos pensar hace diez años que estaríamos... Pudimos pensar, entonces, en vez de poner cinco años, haber puesto veinticinco. Pero, mire, se puso en cinco años, han pasado diez. Hombre, yo creo que ya es momento de la reforma. Porque, además, reformar el Estatuto no quiere decir que las competencias vengan mañana. El Estatuto puede quedar reformado y, de la misma manera que se ha trasladado en el tiempo la educación, se puede trasladar en el tiempo el INSALUD y otra serie de materias; pero debe quedar ya el Estatuto configurado para no volverle a tocar.

(-p.1367-)

Por tanto, señores del Grupo Popular, señores del Grupo Socialista, si ustedes, de verdad... y yo lo creo, lo creo y no me lo tomen en consideración que lo digo con ninguna reserva, creo de verdad a todos los Portavoces del Grupo Popular que les he oído hablar de que voy a reclamar y queremos reclamar y queremos reclamar después; creo que de verdad lo hacen de buena fe; pero no se dan cuenta que, al actuar así, ustedes lo que están actuando, unos y otros, es más como hombres de partido, están defendiendo los intereses, no sé cuáles, de su partido -probablemente ustedes tampoco-, antes que los intereses de Castilla y León, y ustedes han sido elegidos para defender los intereses de esta Comunidad. Cada uno desde su óptica política; pero en el techo competencial del Estatuto no hay ideología política de derechas ni de izquierdas; es lo que marca el Estatuto: los derechos de esta Comunidad a tener el mismo techo competencial que las Comunidades Autónomas del artículo 151. Y todo lo que hagan ustedes en disminución de ese techo competencial es estar traicionando a esta Comunidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo Mixto compartirán el turno, primero, señor Aznar, don Luis.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Señor Presidente. Señorías. Lo que hoy tenía que ser un día histórico y el comienzo de una etapa histórica para nuestra Comunidad va a serlo; pero, tristemente, creo que va a serlo mucho menos de lo esperado. La reforma que los castellanos y leoneses llevan esperando durante muchos años se va a convertir, o se ha convertido ya, en un mero acto de asumir competencias, que, dicho de una vez por todas, bienvenidas sean; pero ese acto no es más que la asunción de competencias de una forma mimética, por no decir algo más gordo, que es una asunción impuesta desde fuera de Castilla y León. Impuesta por algo que todos ustedes tienen en la mente, que es el pacto que en un momento dado firman PP y PSOE.

Y esto, Señorías, es difícilmente explicable, pero yo creo que explicable desde la perspectiva del Partido Popular: aquel refrán de "vale más pájaro en mano que ciento volando", agarremos esto ante la constante negación del Gobierno Central a lo largo de los últimos años en el momento de ceder competencias. Pero es más difícilmente explicable desde el Partido Socialista de Castilla y León. Aquel Partido Socialista que tuvo la responsabilidad de poner en marcha las instituciones autonómicas en Castilla y León y al que se le ha reconocido el coraje, la intuición y el acierto de hacerlo como lo hicieron. Coraje, intuición y acierto que en este momento, sinceramente, Señorías, yo echo de menos.

La cuestión, sin embargo, no es saber y recibir bien las competencias que nos vienen. La cuestión -en mi opinión- es a costa de qué vamos a recibir esas competencias. Y algo que aquí se ha dicho muy de pasada es la madre de la cuestión, es la clave de la cuestión, y es eso a lo que me voy a referir a continuación. Es la renuncia expresa que se hace en el texto del Estatuto a modificar, como seguramente ustedes querrían, como seguramente ustedes también querrían y como quieren los castellanos y leoneses, a modificar nuestro Estatuto en el plazo de otros cinco años. Hay que hacer historia, porque este plazo no es algo que se invente ahora; este plazo lo marca la Constitución, pero lo marca hace catorce años. Y lo marca ¿de qué manera y por qué circunstancias políticas? Yo creo que si hacemos un breve repaso - y todos tenemos en nuestra mente las circunstancias que en aquellos momentos había-, recordaremos que, si se establecen esos dos tipos de Comunidades, las del 151 y las del 143, se entendía o se establecían porque era necesario hacer un periodo de adaptación, no crear ese posible maremágnum administrativo, por una parte, que podía significar el cambio de un modelo centralista al cambio de un modelo totalmente descentralizado, por una parte, repito, y, por otra parte, cuestiones políticas que a ninguno se nos escapaban: reivindicaciones nacionalistas, fundamentalmente de vascos y catalanes, que podían poner en peligro algo que nadie quería, y que era la unidad del Estado español. Y aquello era en el año setenta y ocho. Y los constituyentes tuvieron que hacer encaje de bolillos -todo el mundo lo reconoce- para sacar y aprobar un Título VIII por consenso, en el que se reconociesen y se respetasen determinados derechos históricos, reclamados en aquel momento con vehemencia desde las Comunidades nacionalistas, y hacer otro tipo de acomodo para aquellas regiones, para aquellas comunidades, como es hoy la nuestra, que, no teniendo esa reivindicaciones, podían ir accediendo a las cotas de autonomía, a las cotas de autogobierno, poco a poco, periódicamente. Pero, repito, Señorías, de aquello han pasado catorce años. Y de la aprobación del Estatuto de Castilla y León han pasado diez años. ¿Qué razones hay hoy, políticas o jurídicas, para mantener y renovar, auto-renovar esa limitación?

Yo creo que, jurídicamente, si recordamos el artículo 139 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, si damos por bueno que las cotas de autogobierno - autonomía política, en definitiva-, con nivel de competencias tal y como hoy está diseñado en el sistema constitucional, ya se han terminado los periodos transitorios de los que necesariamente se imponían a través de la Constitución, estaremos, en alguna medida, burlando este artículo 139, lo estaremos burlando en las Comunidades de vía lenta.

¿Qué dice, Señorías, el artículo 138.2 de la Constitución? Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Y, mire, señor Quijano, yo tampoco quiero hacer comparaciones, y las hago desde el más absoluto respeto; pero ¿algún ciudadano en Castilla y León tiene duda hoy que ser, por ejemplo, ciudadano español en Cataluña es hoy un privilegio, si lo comparamos con nosotros? Y repito que no es hacer fácil demagogia, porque todos somos conscientes de esta realidad.

¿Qué ha ocurrido durante todo este período transitorio, marcado por la Constitución, y que nos hemos visto obligados a respetar? Pues, yo creo que ustedes, además, juristas expertos y probados, saben que un elemental principio de seguridad jurídica aconsejaría, de una vez por todas, acabar con este sistema transitorio de derecho, que está manteniendo o que está provocando constantes problemas, porque genera confusión normativa, porque diluye las responsabilidades de las Administraciones y por algo que somos todos conscientes: porque desquicia, definitivamente, a los administrados.

Por tanto, yo creo que, si existe la convicción de que el modelo constitucional es el adecuado, por muchas razones jurídicas -y podríamos seguir dando algunas más-, habría que intentar apurar esos plazos.

(-p.1368-)

Pero podemos analizar, también, las cuestiones políticas, podemos verlo. ¿Es que el año en el que nos encontramos es similar o, siquiera, parecido al año setenta y ocho, en cuanto a las circunstancias que rodeaban la transición española, en cuanto a las circunstancias que -como veíamos antes- aconsejaron y forzaron a tomar las decisiones que se tomaron? Señorías, yo creo que, claramente, la respuesta es no. ¿Es que vamos a intentar aplacar la -entre comillas- "voracidad" de las Comunidades nacionalistas en sus reivindicaciones, a costa de frenar las reivindicaciones legítimas de Comunidades como la nuestra? ¿Alguien tiene esa duda? Yo creo que tampoco. ¿Sería presentable -y fíjense lo que les digo- condicionar permanentemente el derecho a la autonomía política de Comunidades como ésta, como Castilla y León, a los vaivenes de las relaciones políticas entre Gobierno central y nacionalismos? Es que ya se ha hablado mucho en Castilla y León de razones de Estado. Es que se nos ha argumentado muchas veces con las razones de Estado, que hoy se nos vuelven a argumentar. Y es que la factura siempre la pagamos los mismos.

Yo creo, Señorías, que la cuestión clave aquí es otra y que, sin ningún tipo de tapujos, nos debiéramos plantear. Realmente, en el año en que nos encontramos, ¿creemos que el modelo autonómico que consagra la Constitución es bueno para España? La respuesta puede ser afirmativa -para mí lo sería-. Si existe esta convicción, dejémonos ya de cautelas, dejémonos ya de reticencias, de prudencia, de moratorias, de todas estas cuestiones que hoy, nuevamente, aquí se plantean y completemos el proceso que se inició hace ya diez años, diez años para Castilla y León. Esa es la cuestión, ésa es la cuestión. No se puede admitir, nuevamente, que se establezca un trato desigual, en aras de no sé qué razones de Estado, porque esto va a hacer pensar a los ciudadanos, Señorías, que, tal vez, el principio de igualdad haya que buscarlo o haya que recordarlo más en un Estado centralista que en el Estado que estamos creando, de las Autonomías, como, históricamente, alguna vez se hizo.

Ahora bien, el modelo actual puede no convencer, y, de hecho, hay mucha gente que no está de acuerdo con él. Bien. Yo creo que esta democracia es mayor de edad. Planteémoslo, abramos la caja de los truenos, sin ningún tipo de problema. Analicemos regionalismo, federalismo, independencia; pero de una vez por todas, de una vez por todas, porque, si no, lo que estaremos haciendo será, nuevamente y una vez más, acallar las conciencias de los grupos mayoritarios, limitando o autolimitándonos, por cinco años más, cuando el juego de mayorías, el juego de mayorías que, democráticamente, debe ser el que funcione, se puede establecer, dentro de unos meses, de forma distinta a como está en este momento. ¿Por qué nos vamos a poner la venda antes de tener la herida? ¿Por qué nos vamos a limitar, hoy, durante los próximos cinco años, cuando, de acuerdo con el señor Quijano, estas cuestiones deben plantearse con el mayor consenso posible, y el mayor consenso se establece en ese juego de mayorías al que me estoy refiriendo? Dejemos que sean las mayorías, que yo creo que pueden cambiar las relaciones de fuerzas en los próximos meses, que sean ellas las que, en cada momento, vayan determinando las cotas, los niveles de autogobierno que queremos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría...

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Voy a terminar, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le iba a recordar, Señoría, que está compartiendo un turno de quince minutos, y ha agotado diez.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Sí. Termino ya, señor Presidente, pero creo que quedan cuatro, si mal no recuerdo. Estamos perdiendo, estamos perdiendo una ocasión, si las cosas continúan como se han planteado, de hacer una reforma del Estatuto real, la que estoy convencido de que querríamos hacer todos los que aquí nos sentamos. Una reforma con personalidad propia, reflejando en nuestro Estatuto... o que refleje en nuestro Estatuto las peculiaridades de nuestra Región. Una reforma hecha en Castilla y León, por Castilla y León y para Castilla y León; por supuesto, dentro de la solidaridad que hay que reclamar y que hay que exigir en el comportamiento entre unas y otras Comunidades.

Repito, Señorías: bienvenidas sean las nuevas competencias, pero hoy habremos perdido aquí, o en el proceso que hoy se inicia habremos perdido una ocasión única de hacer una reforma como - estoy convencido- todos querríamos. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Muchas gracias. Señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Presidente. Señorías. Aprobar esta Proposición tal como viene en estos momentos, yo voy a decir, con absoluta franqueza, que, según nuestro criterio, es confirmar gratuitamente la desigualdad territorial. Y, en segundo lugar, me gustaría, incluso, haciéndome... o escuchando la sugerencia que han planteado algunos Portavoces, el que pudiéramos abrir una mesa de trabajo, absolutamente en serio, para analizar cuál es la realidad, cuáles son las necesidades, y, en virtud de esto, entrar en una reforma del Estatuto de Autonomía para Castilla y León en condiciones.

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Y me atrevo a decir esta cuestión por algo que yo creo que es absolutamente objetivo. Esta Cámara ya ha escuchado aquí esto que voy a decir ahora: nuestro ofrecimiento de un gran acuerdo en esta materia; pero con las siguientes consideraciones: primero, que es preciso respetar iniciativas de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas; segundo, que es cierto que estamos ante un asunto de interés de Estado; tercero, que lo que no es legítimo es confundir el interés de Estado con el interés partidista, cuando convenga, y que algunos -dice aquí- hemos dado prueba de no hacerlo; y cuarto, que ese entendimiento y ese acuerdo, con carácter prioritario, tiene que establecerse entre el Gobierno de la nación y los gobiernos de las Comunidades Autónomas (cita textual del Diario de Sesiones, de la intervención del señor Aznar, cuando era Presidente de la Junta de Castilla y León).

Pues bien, lo que sí es evidente es que no se ha tenido en consideración a esta Asamblea Legislativa, a esta Cámara. Y lo que es evidente, también, es que para nada se ha tenido en cuenta al Gobierno Autónomo de Castilla y León, a la Junta de Castilla y León.

El Título VIII de la Constitución plantea algunos elementos esenciales de lo que debe ser el modelo de desarrollo autonómico. Es, cierto, un modelo a medio camino entre el modelo centralista y el modelo federal; pero un modelo de desarrollo autonómico que trata de salvaguardar algunas cuestiones esenciales: primero, dar respuesta a las reivindicaciones históricas de las Comunidades Autónomas, incluso reponer órganos institucionales de Comunidades Autónomas que fueron perdidos allá en la época de la dictadura de Franco; en segundo lugar, distribuir el poder político y atribuir, en consecuencia, competencias a otras instancias nacionales o regionales y, en este caso, no relacionadas con reivindicaciones históricas, pero desde la perspectiva de mejorar, de aumentar la participación de los ciudadanos en las relaciones que más les afectan y de reequilibrar los territorios. Es decir, el modelo que define la Constitución Española es un modelo de desarrollo de la descentralización política, un modelo de participación, un modelo que en ningún caso puede promover desigualdades, fruto de las distintas vías de acceso a la autonomía.

Es cierto, también, que el propio documento constitucional recoge distintas vías para acceder al autogobierno; pero las recoge en el marco temporal: una vía rápida, prácticamente automática, que es la del 151, con las competencias del artículo 149, plenas; y otras, las del 143, con las competencias del artículo 148 y con una voluntad de que esa vía puede, debe de ir, en algún momento, a compartir una equiparación, mediante este mecanismo diferido.

¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues, tanto a nivel del Estado como a nivel de nuestra propia Comunidad Autónoma, ya desde la LOAPA, en mil novecientos ochenta y uno, se produce una interpretación restrictiva, que supone, en primer lugar, configurar dos modelos para el desarrollo autonómico: los ya citados de las Comunidades falsamente históricas y el modelo de las Comunidades del 143. En un caso, un modelo político; y en otro caso, un modelo administrativo, que se asemeja, en mucho, a lo que se denominó, en su día, "Mancomunidad de Diputaciones".

Y la verdad es que, en cierto modo, los Parlamentos reflejan también esa diferencia entre las Comunidades Autónomas del 151, porque legislan, mientras que las del 143, en cierto modo, tenemos que hacer un papel intermedio entre lo que es legislar y lo que es un cierto control administrativo.

Y ésta es la interpretación restrictiva que ha venido configurando el desarrollo autonómico de nuestra Comunidad y del resto -las del 143-. Y lo ha venido configurando con argumentos bastante diferentes. En primer lugar, se planteó aquel argumento, durante la primera Legislatura, que, bueno, que estábamos empezando y que era la consolidación del Estado de las Autonomías o el inicio. Luego vino el argumento de la desestabilización del Estado, el que, de alguna forma, frena la iniciativa de las Cortes, de allá por junio de mil novecientos ochenta y ocho, en el Congreso. Y, recientemente, aparece un argumento, que cambia en función de la coyuntura y en función de las relaciones entre el partido en el Gobierno y las minorías, fundamentalmente la minoría vasca y la catalana, y es el de preservar el hecho diferencial. ¡Y cuidado!, que, a nuestro juicio, esto tiene mucha importancia. No es un hecho diferencial desde el punto de vista lingüístico, de aspectos históricos, culturales, sino el hecho diferencial que en estos momentos se marca y se mantiene son los aspectos políticos, son aspectos financieros, son de capacidad, son de autogobierno; no capacidad como disposición, sino como atribución o posibilidad para desarrollar esto.

Bien. Pues, las posiciones políticas, en las cuales se ha introducido también una preocupación de carácter administrativo: la de configurar un modelo de Estado homogéneo, coordinado, que permita la articulación de las diversas administraciones y la racionalización de éstas.

Sin embargo, todos estos argumentos, en definitiva, vetan la reforma del Estatuto de Autonomía, pero, en la práctica, se han desmontado aquellos criterios que decían que no era posible hacer una reforma de esta naturaleza. Y, de hecho, ya hemos asistido a una reforma, que abordó o estuvo vinculado a todos los Estatutos de Autonomía, en relación a las convocatorias de las elecciones; después, hemos podido observar que algunos de los Estatutos de la vía del 143 han ido sufriendo modificaciones, y modificaciones de interés, como son el caso de Valencia, como es el caso del navarro, como es el caso del canario, que recientemente acaba de firmarse la competencia, o la transferencia, o la delegación del tema sanitario.

Es decir, de algún modo, se está consagrando, con esto que se plantea aquí, las dos versiones absolutamente claras entre lo que es un tipo de autonomía, lo que es otro tipo de autonomía. Y lo que a nuestro juicio es grave es que hay Comunidades Autónomas que ni siquiera han iniciado un proyecto, y este, estas Cortes Regionales, las de Castilla y León, sí han utilizado el mecanismo dispositivo y ha dicho qué es lo que quería, qué competencias entendía y deseaba en el marco del desarrollo autonómico.

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Bien. En virtud de estas cuestiones, y en virtud de algo que yo vengo repitiendo y, además, que me parece una reflexión importante a realizar: no hay ningún dispositivo en la Constitución Española que no entienda la equiparación, que no entienda que hay un principio básico que es el de la igualdad; y, en virtud de estas cuestiones, nosotros tenemos que entender que son razones que nos impiden la aprobación de esta Proposición, que se está consagrando, de hecho, la existencia de dos proyectos diferentes de un solo Estado, con prioridad y con privilegio, en cuanto que se permite a algunas Comunidades, desde la denominación de nacionalidades incluso, disponer de un caudal político para organizar su propia existencia, su propia ordenación en todos los componentes, e, incluso, para poder saldar con mayor efectividad las circunstancias, como en este caso, que son realmente preocupantes desde el punto de vista del desarrollo socioeconómico.

Por esta razón, a mí me parece que sería mucho más interesante, específicamente, y desde el punto de vista autónomo, no conformarnos con el planteamiento que aquí se ha realizado e ir a una mesa que pueda entender de nuestras propias cuestiones, de nuestro propio Estatuto de Autonomía, porque el único titular de derecho para reclamar mayor competencia, desde el punto de vista de las materias a llevar adelante y desde el punto de vista del contenido político, es el Estatuto de Autonomía, son estas Cortes Regionales, en ningún caso dos partidos políticos, por muy mayoritarios que sean, y, por supuesto, los órganos centrales o generales del Estado español. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para réplica, por el Grupo Popular, señor León de la Riva tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Para comenzar contestando al señor de Fernando que, desde luego, no sé a quién se refiere cuando dice que alguien pretende confundir al ciudadano. Desde luego, no es la voluntad de mi Grupo; no sé si lo será de otros. Pero nosotros decimos al ciudadano, lo hemos dicho y lo reiteraremos, que votar no a la reforma estatutaria es, simplemente, votar no a la asunción de nuevas competencias. Que, evidentemente, se puede votar que sí y explicar, en tesis que decía el señor Aznar, aquello de "más vale pájaro en mano que ciento volando". Que bienvenidas sean estas nuevas competencias, sin perjuicio de no renunciar a más altos techos competenciales.

A continuación ha hecho un planteamiento de por qué insistimos en la reforma del Estatuto, cuando sólo con la aprobación de la Ley Orgánica hubiera sido suficiente, y hace su planteamiento partiendo de una supuesta desconfianza de unos con respecto a otros. Pues, mire usted, hay una cosa que está muy clara, señor de Fernando: si la Ley Orgánica de veintitrés de diciembre la vaciamos de contenido en los Estatutos, ya no hay posibilidad desde luego, de avocar esas competencias al Estado. Eso ha sido uno de los logros del Pacto, que, iniciado por el proceso de la Ley Orgánica, a continuación se modifica el Estatuto, se asume como competencia propia, y Su Señoría sabe mejor que yo -puesto que es más antiguo en la Casa- que la reforma para revocar esas nuevas competencias sería mucho más compleja, sin duda ninguna.

Yo no sé si le parece bien o mal que nuestro Grupo venga diciendo siempre el mismo mensaje: que apoyamos esta reforma, que la consideramos insuficiente y que no renunciamos a más; pero voy a disiparle, o voy a intentar disiparle alguna duda, porque ha planteado hasta una duda puramente gramatical, cuando se refiere a que en el texto firmado entre el Gobierno de la nación, el Partido Popular, y el Partido Socialista se cita textualmente "ultimar". Pues, mire, para que no dude de mis palabras, he encargado que deprisa y corriendo, en el transcurso de su intervención, me subieran a la biblioteca y me hicieran una fotocopia de qué entiende el Diccionario de la Real Academia por "ultimar", y, en su segunda acepción -que es la que nosotros damos a la lectura de ese verbo en el Pacto Autonómico-, dice literalmente: "elaborar un acuerdo después de unas negociaciones". Eso es ultimar para la Real Academia, y eso es ultimar para el Grupo Parlamentario Popular.

Quede, por lo tanto, claro que del cierre definitivo del Título VIII de la Constitución, ni en la opinión de la Real Academia de la Lengua, ni en opinión del Grupo Parlamentario, el tema está definitivamente cerrado.

También tengo que decirle que sigue en vigor el Discurso de Investidura del Presidente Lucas. Seguimos aspirando a esos máximos techos competenciales a los que el Presidente Lucas hizo referencia en su Discurso de Investidura. Pero no es menos cierto que esa postura que nuestro Grupo defendió ya desde el otoño del ochenta y siete -quiero recordarle, como hacía el señor Herreros, que ésa fue la oferta que hizo el señor Aznar, entonces Presidente del Gobierno, de un Pacto entre el Gobierno de la Nación, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y las Cámaras legislativas y los partidos nacionales-, esa iniciativa que tomamos en esta Cámara no ha conseguido el más mínimo de los éxitos; se ha paralizado, y no por voluntad del Grupo Popular.

En ese sentido, por lo tanto, nosotros sí entendemos que el desarrollo autonómico, más o menos tímido, que se aprueba con esta Ley no deja de ser un tema de Estado, y que, por lo tanto, no se puede ir con posturas absolutamente maximalistas.

Lo que ya entiendo menos, señor de Fernando, es alguna crítica que ha hecho en su discurso, porque usted, como yo, además de buena memoria, tiene buenos archivos, y yo, leyendo su intervención, o, sin ir más lejos, analizando sin leer, recordando simplemente de memoria el trámite que seguimos para el anterior intento de reforma estatutaria, quiero recordarle que fue exactamente el mismo que ahora: por trámite de urgencia también. Entonces lo criticaban los socialistas y usted lo defendía. Nosotros pensamos que reducir las Enmiendas, el plazo de Enmiendas, de veinte a diez días no tiene más trascendencia en el fondo; pero lo mismo se está tramitando por la vía de urgencia, o se pretende tramitar por la vía de urgencia, esta reforma, más o menos blanda, del Estatuto, que la anterior, que el entonces Portavoz del Grupo del CDS calificaba de reforma "light". Los dos, señor de Fernando, por la vía de urgencia, exactamente igual.

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También quiero aclararle, porque se ha hecho una referencia, primero por usted y después por el señor Aznar, don Luis, sobre la inclusión en el nuevo texto del Estatuto de la cláusula de los cinco años. Yo tengo que decirle que no me preocupa, personalmente, lo más mínimo, porque quiero recordarle que, en el primer Estatuto, aquello venía en función de un mandato constitucional, ahora aparece en función de una Ley que otra Ley del mismo vigor puede cambiar. Y, de la misma forma que dentro de dos años podemos decidir que queremos la Sanidad y hacer una iniciativa para asumir la Sanidad, podemos decir en ese mismo texto legal que queda abolido el apartado que hace referencia a los cinco años, porque a eso, señor de Fernando, no nos obliga la Constitución. Por lo tanto, las leyes se modifican por leyes del mismo rango, o rango superior; no podíamos cambiar lo de la Constitución, pero, desde luego, sí podemos cambiar los plazos que aparecen ahora.

¿Que por qué no se ha asumido, o no se ha incluido en el paquete transferencial la Sanidad, que nosotros veníamos reclamando desde siempre?. Bueno, pues, usted sabe tan bien como yo que el caos de la Sanidad Pública en este momento no ha permitido hacer una evaluación seria para transferir la Sanidad a las diez Comunidades Autónomas que no la tienen asumida. Lo cual no impide que nosotros sigamos reclamando la Sanidad. Si bien es cierto -y no me negará usted la verdad de mi aseveración- que, prácticamente, en todas las Comunidades que han asumido la Sanidad, les ha creado una serie de conflictos financieros y de todo orden, que exige un nuevo planteamiento, mucho más sosegado todavía, para hacer esa nueva asunción de competencias.

Por lo tanto, nosotros seguimos diciendo que sí a la asunción de competencias en Sanidad, pero, desde luego, no a cualquier precio. Porque si es verdad lo de "más vale pájaro en mano que ciento volando", no es menos cierto que "no por mucho madrugar amanece más temprano", señor de Fernando.

Yo quisiera hacer mías algunas de las palabras -y las voy a hacer- que en el debate anterior esgrimía el entonces Portavoz del CDS, y que tengo recogidas del Diario de Sesiones. Decía entonces que la reforma del Estatuto era una iniciativa oportuna, conveniente y necesaria; hablaba de una primera Reforma del Estatuto, en la que no es posible... no es permisible -por citar textualmente-, no es permisible contemplar intereses de partido. El pedía una reforma consensuada y en profundidad, hasta donde se pudiera, desde el máximo consenso posible -que es lo que hemos intentado nosotros, por eso hemos renunciado a planteamientos máximos de hace cinco años-, y terminaba el Portavoz del CDS en aquella ocasión con algo que leo literalmente: "Yo creo que esta Comunidad tiene mala suerte. No bastan nuestras propias limitaciones, que ya nos coartan bastante, sino que, además, tenemos dificultades en ponernos de acuerdo para trabajar todos unidos en bien de esta Comunidad". Desde luego, esas palabras del señor Sagredo hace unos cuantos años, respetándole el derecho de autor, las hago mías en nombre del Grupo Popular en este momento.

Con respecto a las intervenciones de los dos Portavoces del Grupo Mixto, pues, al señor Aznar prácticamente ya le he contestado. Efectivamente, éste es un momento histórico, yo creo que no es cuestionable el tema; lo que pasa que pasará a la historia, pues, con menos brillantez -por qué ocultarlo- que si se hubiera aprobado en una reforma mucho más en profundidad, de la que nosotros hubiéramos deseado.

Al señor Herreros, simplemente, reconocerle que, efectivamente, la primera iniciativa de oferta de Pacto Autonómico la hizo don José María Aznar en el otoño del ochenta y siete. Tuvo el apoyo de tres Grupos de esta Cámara, no lo apoyó el Grupo Socialista, y en el Congreso de los Diputados quedó prácticamente congelada. Y que ésa es la razón, y no otra, por la que nuestro Grupo Parlamentario ha preferido ir a un planteamiento, no de máximos, sino eso que decía el señor Sagredo entonces: planteamientos en los que, con el máximo consenso posible, se pudiera obtener el mayor grado de desarrollo competencial en esta primera etapa, que, insisto, no es el punto final, que es un avance positivo del que todos debemos sentirnos orgullosos; sin embargo, no darnos por satisfechos, porque todavía persisten claras desigualdades competenciales entre unas y otras Comunidades Autónomas a las que, desde luego, no vamos a renunciar -acabar con ellas, quiero decir- desde el Grupo Popular.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Señor Quijano, en nombre del Grupo Socialista, para turno de réplica, igualmente.

QUIJANO GONZALEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZALEZ: Gracias, señor Presidente. Brevemente, porque en muchas de las cuestiones no podría hacer sino reiterar lo que ha sido mi posición inicialmente; pero me parece que alguna cosa merece la pena ser aclarada, aunque sólo sea para la historia.

El acuerdo autonómico -lo leeré literalmente, que será la mejor forma de salir de dudas al respecto- dice, respecto del tema, que veo que ha sido objeto de comentario en varias ocasiones, del INSALUD, o de la transferencia en materia de Sanidad, literalmente lo siguiente: "Los Partidos Políticos firmantes, habiendo abordado las posibilidades de incluir en la ampliación de competencias a que se refieren estos acuerdos la materia "asistencia sanitaria de la Seguridad Social -entre paréntesis, (INSALUD)-, y analizadas las circunstancias de todo tipo que concurren en la misma, han considerado la conveniencia de no incluirla. Lo digo porque yo ahí no leo nada sobre el caos de la asistencia sanitaria pública. Eso me parece que está, más bien, en la mente del señor León, pero no en los acuerdos autonómicos.

(-p.1372-)

Que quede la aclaración para la historia, como que quede, también, la aclaración de que aquella oferta de pacto del otoño del ochenta y siete -la que efectuó el señor Aznar cuando era Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León- no era una oferta de un pacto de Estado para ordenar el proceso de desarrollo del Estado Autonómico, sino, quizá, más bien, una oferta de un pacto de agresión -dicho en el sentido político del término, en ningún otro-. Y ésa fue la razón de que el Grupo Socialista no participara en aquel momento en esa iniciativa.

Si el señor Aznar, entonces, hubiera hecho una oferta como la que hoy nos trae a la Cámara, no tenga ninguna duda de que la firma del Grupo Socialista -y participé en aquellas conversaciones- hubiera estado también presente, como hoy lo está. Aclaraciones para la historia.

Otras aclaraciones. Mire, señor de Fernando, yo creo que en estos temas no conviene manejar argumentos de ida y vuelta. Yo tengo la completa seguridad -porque lo ha dicho en alguna ocasión en esta Cámara- de que, si no se produjera la reforma del Estatuto de Autonomía para que la Comunidad Autónoma garantice mejor esas competencias, usted -seguro- estaría diciendo que son competencias concedidas por una ley orgánica y que, por tanto, son competencias que el Estado, unilateralmente, pudiera retirar.

Yo creo que en estos temas hay que manejar argumentos que sirvan para todas las ocasiones y para todas las coyunturas, porque, si no, me parece que la argumentación falla por alguno de sus puntos. Y por eso, yo me he anticipado a decirle algo -no sé si lo ha escuchado o no suficientemente o tenía ya su intervención hilvanada-: en absoluto, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista jurídico, es indiferente la reforma del Estatuto de Autonomía, que es la manera jurídica en que la Comunidad Autónoma declara su voluntad de asumir esas competencias -entiéndalo-; y eso, jurídicamente, significa eso y no significa lo que usted quiera que signifique.

Mire, como en su intervención, y en algunas otras (es en lo único en que me quiero centrar), ha habido algunas alusiones a la trayectoria de los distintos partidos en relación con estos temas, yo voy a hacer la siguiente precisión -y me gustaría que quedara meridianamente clara-: si usted tiene alguna duda sobre si yo mismo o mis compañeros de Grupo sentimos orgullo u otro sentimiento -el que usted quiera poner- de pertenecer a un partido político que tiene implantación en todo el Estado, que cumple una función vertebradora en el conjunto del Estado y que, por tanto, es capaz de abordar un proceso de desarrollo del Estado de las Autonomías como el que estamos abordando para diez Comunidades Autónomas simultáneamente, pues, usted podrá pensar que eso es una servidumbre -usted o el señor Aznar, que también ha hecho alguna apelación en ese sentido-; podrá pensar que es una servidumbre, y yo se lo respeto. Yo sólo le voy a decir que yo lo considero una ventaja y, además, un orgullo. Y me parece que, en esto, muchos ciudadanos españoles -de Castilla y León y de otras Comunidades Autónomas-, me parece, coinciden más conmigo que con otras opiniones sobre este punto; en todo lo demás, cada uno tiene las posiciones que, legítimamente, quiera tener.

Yo creo que lo que sucede aquí es que algunos preferirían - yo no acabo de entender bien las razones-, algunos preferirían que el proceso de desarrollo del Estado de las Autonomías se hiciera por contraposición de unos frente a otros, sobre la base de la comparación agraviada, etcétera. No es mi posición, no es la posición del Grupo Socialista, ni lo fue nunca.

Y, desde luego, me gustaría decir, respecto de alguna referencia que se ha hecho a la evolución del Partido Socialista en esta Comunidad, que en absoluto y para nada se siente deudor de nada ni de nadie, en el tema del desarrollo de esta Comunidad; ni en el momento de la aprobación del Estatuto de Autonomía, ni cuando ha habido que defender la integridad territorial de esta Comunidad, ni en lo que ha sido la construcción, en aquella primera Legislatura a que el señor Aznar aludía, de esta Comunidad y de sus Instituciones, ni en la forma ejemplar en que se produjo la transferencia del primer bloque de competencias, que creo que en un tiempo verdaderamente récord quedó completada en esa primera Legislatura.

No voy a ser yo, en absoluto, quien utilice la perspectiva histórica o la visión retrospectiva respecto de nadie; pero no puedo asumir fácilmente el que se haga una visión retrospectiva inexacta sobre la postura, en relación con esta Comunidad Autónoma, que hemos tenido los socialistas de Castilla y León desde el principio.

Creo, en fin, que esta cuestión no es una carrera precipitada, en la que haya que ganar la etapa a alguien o en la que haya que cambiarse de carril, en función de cómo van evolucionando los acontecimientos. Me parece que, en esta cuestión, estamos hablando de la evolución tranquila de la estructura de un Estado, que lleva cinco siglos, aproximadamente, de centralismo a la espalda. El avance que se ha producido en diez años, pese a quien pese, es -lo reitero- verdaderamente espectacular.

(-p.1373-)

Y le invitaría, finalmente, al señor Herreros a que reflexione sobre algo que me parece que es un lapsus en su intervención. Se lo he oído en otras ocasiones, y lamento que desde una posición progresista se mantengan esas posiciones. Es, por tanto, sólo una amable invitación a la reflexión. Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que hay una relación directa entre el techo competencial y el desarrollo socioeconómico. Yo le invitaría a que revise esa tesis, porque me parece que tiene tantas excepciones como sitios en que se pueda aplicar. El desarrollo económico, usted y yo, que creo compartimos una misma visión, por lo menos parcialmente, ¿no? -me lo admitirá-, de la historia y, quizá, incluso, del mundo, porque nos enorgullecemos de tener una perspectiva de izquierda, sabemos que el desarrollo socioeconómico está, más bien, relacionado con otras cuestiones y no, desde luego, con los techos competenciales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Quijano. Para turno de dúplica, señor de Fernando tiene la palabra, en nombre del Grupo de Centro Democrático y Social.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Gracias, señor Presidente. Empezaré contestando al Portavoz del Grupo Popular. Bueno, yo le diría que cuando mire el diccionario, no mire una palabra suelta, mire lo que dice la palabra en el contexto de la frase. Le leía lo que decía el pacto: "Ultimar, de acuerdo con las previsiones constitucionales, la definición concreta del desarrollo del Título VIII de la Constitución". Pero, si no queda claro en el pacto, en la intervención del señor Ministro en el Congreso de los Diputados... No, no, allí no hubo nadie del Partido Popular que saliese a decir: "Señor Ministro, eso no es así". El señor Ministro hablaba defendiendo un pacto firmado por ustedes y él, no hablaba en nombre del Gobierno. Y dice: "Firman el Partido Socialista y el Partido Popular un consenso político que nos permitiera ultimar entre todos las previsiones constitucionales en materia autonómica". Vamos, yo creo que está clarísimo, señor León de la Riva.

Y le he dicho, le he dicho antes que yo le creo su voluntad cuando usted define lo que está diciendo; pero usted ha de reconocer conmigo que no nos sirve de nada, porque, al final, hace lo que su Partido en Madrid ha hecho. Y me decía: "Yo me alegro que en la intervención del Portavoz del Grupo Popular y del Grupo Socialista, defendiendo el mismo tema, haya las discrepancias que yo vengo reiteradamente denunciando". Hoy se han visto en el tema del INSALUD; hoy se ha visto -como decía el señor Quijano- que la aprobación de la reforma del Estatuto no es más que la voluntad política de que aceptamos esas competencias. Y usted me lo está diciendo de otra manera: es necesario, para tener la garantía de que las tenemos en Castilla y León.

Mire usted, el procedimiento -lo decía antes el señor Peces Barba-, el Pacto Autonómico no es conforme a derecho, dice por una parte. El señor López Muñiz dice que se haya ido al camino trillado, en vez de ajustar el desarrollo del Estatuto a la realidad. Es decir, ustedes han firmado un Pacto Autonómico criticable en la forma y en el fondo.

Pero, insisto: eso era discutido en Madrid, no aquí. Y, por tanto, allí se darían las razones.

Yo insisto en que aquí estamos a lo que es la reforma del Estatuto. Y usted me hablaba: sigue considerándolo insuficiente. Quisiera oír una voz con autoridad en el Partido Popular que dijese qué plazo considera oportuno para reclamar las competencias plenas. Porque usted ha dicho que se alegra de que siempre había oído lo mismo; no es verdad. Yo he oído a algunos, como usted, diciendo: "Mañana podemos reclamar el INSALUD". A otros: "Dentro de cinco años pedimos la reforma". A otros: "Dentro de diez". Una voz del Partido Popular, que me diga qué fecha considera oportuna para pedir todas las competencias a las que tenemos derecho.

Ha hablado antes del trámite anterior, que también lo hicimos por urgencia. Yo no he criticado que éste sea por urgencia, ahora, sino que, siendo un Pacto firmado hace un año, en febrero del noventa y dos, me lo traigan un año después por urgencia. Porque la otra vez, señor León de la Riva, usted sabe que se iba a tramitar la reforma del Estatuto y, por un acuerdo, hicimos anterior a la reforma el pedir las competencias de educación. Por tanto, no llegábamos a tiempo de la tramitación inicial, y por eso hubo que meterlo por trámite de urgencia.

En cuanto a las palabras que mi compañero Sagredo dijo aquí, consecuente con lo que decimos hoy. Entonces estaba haciendo un llamamiento al Grupo Socialista para que se sumase y poder hacer la reforma de dos tercios. No podíamos nosotros más que ir a la reforma blanda que decíamos, y es la que hicimos.

Hoy, yo me he quejado aquí de que el candidato a Presidente, el día del Discurso de Investidura, dijo: "A partir de mañana, llamaré a los Grupos Políticos". Han pasado dos años y estamos esperando a la reunión. Y estoy seguro, señor Portavoz del Grupo Popular, que en media hora los Portavoces de estas Cortes llegábamos a un acuerdo unánime; y ustedes no han querido jugar a ese acuerdo. No ha venido la iniciativa que le correspondía. Por eso he dicho que, si es grave la responsabilidad de cualquier parlamentario de esta Cámara que vote esta reforma, es mucho más grave la del Presidente, que tiene la obligación de defender a todos los castellanos y leoneses.

Ha terminado usted diciendo que, efectivamente, este día pasará a la historia, más pequeño, pero... No lo crea, señor León de la Riva; yo lo voy a pasar a la historia como uno de los días tristes de esta Comunidad. Uno de los días tristes, en que los propios ciudadanos de Castilla y León, los Parlamentarios de Castilla y León condenan con su voto a Castilla y León a ser una Comunidad de segunda categoría. Y espero recordárselo en el año noventa y cuatro, en el año noventa y cinco; y, si no estoy yo, habrá alguien que se lo recordará el año noventa y nueve, que seguirán con las mismas competencias que hoy aprueban.

(-p.1374-)

Al Portavoz del Grupo Socialista yo le agradezco la sinceridad. He venido diciendo reiteradamente que la diferencia entre unos y otros, entre socialistas y populares en la defensa del pacto es que el Grupo Socialista se hace responsable y asume con responsabilidad lo que ha hecho, para bien o para mal, mientras que el Partido Popular lo lleva con actitud vergonzante. Lo ha dicho y lo mantiene. Me decía luego que tiene el orgullo de pertenecer a un partido nacional. Yo también; yo no pertenezco a ningún partido regionalista. Eso es distinto a que los partidos nacionales, también ustedes, son federales. Y yo creo que, cuando se aprobó que Andalucía vaya por el 151, debió ser por el peso, me imagino, de los socialistas andaluces que trabajaron, el señor Escudero y compañía. Cuando Valencia y Canarias consiguen la LOTRAVA y la LOTRACA, supongo que no sería por la generosidad de ustedes, los de Castilla y León, que dijeron para ésos sí y para nosotros no; sería porque ellos lo pidieron. Señor Quijano, si usted me dice que en la discusión de estos partidos usted ha dicho sí a que Andalucía vaya por el 151, sí a Valencia, sí a Canarias, pero no a Castilla y León, le sigo diciendo lo que decía: defiende más los intereses de partido, que no sé cuáles son, que los intereses de los castellanos-leoneses.

Y yo, señor Quijano, tampoco quiero una carrera, ......, pero tampoco quiero que nadie nos quite los derechos que tenemos. Y la Constitución da a este pueblo unos derechos, y ustedes conculcan esos derechos con esta reforma. No tiene nada que ver si el INSALUD vendrá más tarde por el que interesa a los dos o por economía, no tiene que ver si el comercio interior vendrá después; que figure como derecho en la reforma del Estatuto.

Y, finalmente, Presidente, acabo leyendo un texto, una editorial de un periódico que yo me leía un día con bastante interés, porque, buscando qué intereses tendría el Partido Socialista o el Partido Popular, yo, es verdad, no las he encontrado; tampoco quiero decir que sean éstas, pero éstas son las que un periódico daba como editorial, los intereses del Partido Popular. Dice: "El Presidente del Partido Popular, José María Aznar, está convencido de que sólo ganándose el apoyo de los nacionalistas vascos y catalanes tiene posibilidades de llegar a La Moncloa". Hace un análisis más largo y termina diciendo: "Por eso, quiere llegar hasta las últimas consecuencias a otorgar corresponsabilidades fiscales a estas dos administraciones regionales y a reconocer el hecho diferencial de vascos y catalanes, hasta sus últimas consecuencias". Y dice el periódico: "Ahí es nada". Sigue el editorial y termina diciendo: "El futuro del Estado de las Autonomías no pasa precisamente por que se aumenten las diferencias en el autogobierno de los vascos y catalanes con el resto de las Comunidades españolas, sino en una equiparación entre unos y otros, porque nuestra Constitución no establece...," etcétera, etcétera, etcétera. Debe ser que el señor Aznar, indudablemente, tiene seguro su apoyo, necesita el de vascos y catalanes, y, si a cambio de eso, castellanos y leoneses, extremeños o aragoneses tenemos que seguir siendo de otra categoría inferior, sigamos siendo por tiempo. A catalanes y vascos, todo hasta el final; a nosotros, nada hasta al principio.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo Mixto, señor Aznar, don Luis, tiene la palabra.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías, de forma muy breve. Fíjese usted, señor León de la Riva, que, cuando nos ha argumentado usted el por qué se hace la asunción de competencias a través del Reglamento, ha dado como argumento el que de esta forma es mucho más difícil dar marcha atrás. Y estoy de acuerdo con usted. Pero luego, cuando habla usted de los cinco años de cautela, dice usted: igual que se hace de esta manera, se puede deshacer de esta misma manera, con la misma dificultad que hemos ya... Fíjese, yo comprendo que no hay razones mucho más fuertes que dar; lo entiendo y, en fin, qué vamos a hacer. No obstante, al final le diré mi conclusión.

Respecto a lo que nos ha contestado el señor Quijano, que también se lo agradezco, hombre, yo no querría que se entendiese la visión retrospectiva que yo he hecho como una alusión, ni personal, ni siquiera al Grupo Socialista. Yo lo que hago como visión retrospectiva, señor Quijano -y en eso tendremos que estar de acuerdo-, es ubicarnos en la España del año setenta y ocho, las circunstancias políticas que existen, las razones por las cuales se hace el Título VIII como se hace, que creo que todos conocemos en mayor o menor medida, y las cautelas que se establecen en función de que nadie sabía lo que iba a pasar con la descentralización que se podía plantear a partir de la aprobación de la Constitución. Puede usted decirme, y tiene razón, que la relación que yo le doy de causas es incompleta, porque habría más, evidentemente; pero no me puede decir que es inexacta. Y, de todas formas, sí quede claro que la alusión no es, en absoluto, personal ni a usted ni a su Grupo, sino simplemente para ubicarnos.

Yo, de todas formas, fíjense, termina este Pleno y no me han dado una sola razón que me convenza de por qué razón tenemos que meter la coletilla de los cinco años en el artículo 29. ¿Hay miedo? Dígase. ¿Es que los partidos firmantes del pacto autonómico no confían en lo que sus partidos en la Región van a hacer luego? ¡Si yo creo que nadie va a plantear aquí, salvada esa cautela o dejando fuera esa cautela, una carrera loca por asumir competencias! En absoluto. Yo creo que somos conscientes -y llevamos diez años en esta Comunidad demostrándolo-, somos conscientes de las dificultades que hay de ir asumiendo competencias y luego irlas ejecutando y gestionando debidamente. ¿Pero es que nos tienen que seguir tutelando desde arriba? Esa es mi pregunta, Señorías. Yo creo que no debieran tener ustedes miedo ninguno a hacer desaparecer ahora -y yo les voy a dar la oportunidad vía de enmiendas- esa cautela de los cinco años. Si no hay miedo, quitémosla; no nos autocastremos, no nos autolimitemos. No hay necesidad.

Yo no quiero hacer comparaciones tampoco, señor Quijano, pero es que las comparaciones están ahí. ¿De qué se está hablando en Cataluña? De cesión de tributos. ¿De qué estamos hablando aquí? De tener el aeropuerto de Villanubla. No es que uno quiera hacer constantemente comparaciones, sino que las comparaciones están hechas.

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Y, miren, ya para terminar, me parece y, además, les honra que estén orgullosos de que sus partidos hayan iniciado la reforma de los estatutos de diez Comunidades, juntos, iguales, comas, puntos, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos igualan por abajo? ¿Por qué no hacen el esfuerzo de igualarnos por arriba? Esa es la cuestión. Y ahí estaríamos todos de acuerdo.

Yo creo, Señorías -y con la mayor tranquilidad se lo digo-, que a ustedes, a unos y a otros, alguien les ha atado muy juntitos y ni unos ni otros están a gusto tan juntos como les han puesto.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Mire, si yo citaba anteriormente al señor Aznar, don José María, lo hacía por la decepción, no lo hacía por, de alguna manera... No, no, la decepción que me entristece, no que me satisface, o que me hubiese gustado, precisamente, que aquellas cuestiones que se planteaban: "vamos a tener en consideración los planteamientos de la Asamblea Regional, o de las Cortes Regionales, oídas las Cortes Regionales", se pueda llegar a una solución.

Me entristece también, incluso en este caso hasta me repugna, que se plantee: oídos los Gobiernos Autónomos, oídas las Juntas, entonces, vale, de acuerdo. Pero en este caso concreto ustedes son conscientes, y además ha sido una queja expresada por el propio Presidente don Juan José Lucas decir que, prácticamente, pues, no la habían tomado esa cuestión en consideración.

Pero yo le voy a decir más. Eso de insuficiente, que se estila mucho en el argot moderno de la pedagogía, es lo que nosotros llamábamos antaño suspenso. Y ustedes están de acuerdo y se satisfacen en ese suspenso, importante suspenso. No lo entiendo. Y de verdad que no es para jugar con las palabras; es porque realmente me preocupan. Y me preocupa tal como concluía en su intervención el Portavoz del Partido Popular: termina reconociendo de forma expresa -y aun así y todo se admite- que existen claras diferencias competenciales entre unas Comunidades Autónomas y otras. Y es verdad que hemos hablado varias veces lo del verbo ultimar, pero yo, no para salir en defensa del señor de Fernando, porque yo lo he utilizado en varias ocasiones, ultimar puede significar eso en su segunda acepción, pero culminar es culminar, y culminar significa llegar a la cima que alguien se plantea. Y son expresiones que se están utilizando constantemente en la exposición de motivos del Proyecto de Ley.

Yo estoy absolutamente convencido y de acuerdo que es interesante lo de la evolución tranquila. A mí me da la impresión, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ustedes lo han cogido con eso con un absoluto método de justificación de algo que no da más en estos momentos de sí. Porque eso se podía esgrimir en su momento, y se esgrimió en su momento, como un planteamiento de desestabilización de Estado. Pero yo el otro día le contestaba precisamente en una interlocución, en una mesa redonda, a un compañero del Grupo Parlamentario suyo, que la desestabilización es ésta; seremos más o menos conscientes, pero la desestabilización es mantener las diferencias, con absoluta consciencia de la realidad, entre Comunidades Autónomas diferentes, que nosotros somos capaces -yo al menos lo entiendo así- debe de ser en virtud de aquellas cuestiones que pueden diferenciar, no en virtud de privilegios que se establecen.

Y dice... yo creo que es una recomendación muy sana, muy interesante, pero que puede servirnos en la mutua reflexión. Soy absolutamente consciente que no es, precisamente, la reforma del Estatuto de Autonomía todo, ni mucho menos, pero que sí es el fundamento político para romper muchas cuestiones. Primero, que son esgrimidas constantemente por el Gobierno Autónomo como forma de no actuar ante cuestiones de importancia vital para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en cuestiones que, incluso, afectan directamente a las variaciones que se pueden establecer desde el punto de vista socio-económico. Y estamos cansados de escuchar y decir: eso no es una competencia... materia en la que podamos entrar, eso no es algo que nosotros podamos dirimir solos. Y por supuesto que es el conjunto de las cuestiones que atañen a nuestra sociedad. Pero lo que no cabe tampoco la menor duda es que esas limitaciones podemos establecérnoslas entre nosotros. Y, con todo este bagaje, las últimas referencias, desde el punto de vista económico, siguen diciendo que estamos en una situación de precariedad. Y por supuesto que no es exclusivamente atribuible al nivel competencial, pero no cabe la menor duda de que eso tiene importancia.

Pero yo me diría: si con estas circunstancias, si con esta materia competencial estamos en las circunstancias en que nos encontramos, desde el punto de vista social, económico y político, ¿vamos a partir de ahora a tener la posibilidad de programar, con nuevas competencias, salidas más airosas de esos viejos problemas? Bueno, pues, nos tememos que no. Nos tememos que serían interesantes o más interesantes otros mecanismos, otros instrumentos a utilizar.

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Pero para nosotros también queda, en cuanto a la formulación política de actuación... Ya citaba anteriormente lo de la mancomunidad administrativa: nadie quiere entrar en ello, porque fue un término, en cierto modo, denostado en la etapa preautonómica. Pero, incluso, ni siquiera se respeta lo que fue materia aprobada por estas Cortes, y, lógicamente, que se decía, y se puede apelar al Diario de Sesiones (yo me los acabo de leer, por eso tengo, en cierto modo, fresca la memoria respecto de esta cuestión): "Este es el techo competencial necesario para la Comunidad Autónoma de Castilla y León para conseguir un buen servicio a los ciudadanos", decía el entonces Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, año mil novecientos ochenta y ocho. Ese era el techo. Pues, este que se va a aprobar hoy aquí, en principio, no es el que se planteaba entonces; es todavía una simplificación de lo posible. Pero lo que no cabe la menor duda es que ni siquiera se plantea esa equiparación. Y se pretende legitimar en una extraña ley puente, que acepta unas restricciones para el futuro que pueden condicionar ampliaciones próximas; porque se deposita, de alguna forma, en los órganos centrales de la Administración la capacidad o la potencialidad de darnos más o transferirnos más, o delegarnos competencias que en estos momentos no tenemos.

Y hay un hecho absolutamente evidente, repito e insisto: los titulares de ese derecho son los estatutos de autonomía, es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, son las Cortes Regionales de Castilla y León, no nadie, en ningún caso, diferente a eso, según el propio texto del Estatuto de Autonomía, según el propio texto de la Constitución Española.

Y es evidente que los objetivos de la Exposición de Motivos en la que se basa, precisamente, esta Proposición, que es la Ley - recientemente aprobada- de transferencia de competencias, el objetivo es la equiparación competencial de todas las Comunidades Autónomas. Y ustedes lo han admitido y lo han entendido como que esto no va a ser así, luego quiere decir que hay un objetivo fallido.

Pero hay más objetivos fallidos: que se reiteran en los plazos, y se lo tomaron ustedes un poco a broma. Habrán tenido la oportunidad de reflexionarlo. No se va a llegar, hasta que no pasen cinco años del acuerdo de financiación de las Comunidades Autónomas, a empezar a percibir las materias que están vinculadas a la educación. Y sí hay diferencia, entre aquellas Comunidades Autónomas que tienen la potestad de establecer programas educativos desde que los niños nacen, mientras que las Comunidades Autónomas que no tenemos esa disponibilidad...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Voy terminando, señor Presidente.

...no vamos a tener esas posibilidades.

Pero hay incluso más. La propia formulación, por el artículo 150.2 de la Constitución, llega a articular tantas cautelas, tantas revisiones, incluso revocaciones, según el artículo 21.c) de esa Ley en la que se basa esta Proposición de transferencia de competencias...

Y el más importante de todos los objetivos fallidos es que el artículo 150.2 de la Constitución exige, exige, que se haga un criterio, o un planteamiento, o referencia a los medios financieros para el desarrollo de su contenido, lo que no se contempla en este caso concreto. ¿Y saben por qué les cito todo esto? Porque a lo mejor todavía se llega a la consideración de cierta dudosa legitimidad, desde el punto de vista constitucional, de lo que en estos momentos se va a plantear aquí y en algunas otras Comunidades Autónomas también se ha planteado. Es por lo que no entendemos que se reabra un segundo periodo constituyente y que no se aproveche para estabilizar y consolidar el Estado de las Autonomías con mira a otros criterios y, sobre todo, a la equiparación competencial. En segundo lugar, ese procedimiento, que, a nuestro juicio, es equívoco y contradictorio con la propia configuración del Estatuto y de la Constitución Española...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por segunda vez, le ruego concluya su intervención.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Voy concluyendo.

Y, en definitiva, y, en definitiva, después de tantas declaraciones grandilocuentes, aceptan las limitaciones inasumibles, diferencias con otras Comunidades Autónomas, y no pretenden abordar el contenido a fondo del Estatuto de Autonomía, por lo que nos parece inadmisible esta reforma pretendida, otorgada simplemente.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Concluido el debate, se somete a votación la toma en consideración de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, presentada por Procuradores que, tal y como previene la normativa vigente y aplicable al caso, representan más de una tercera parte de los que componen la misma. ¿Las Cortes de Castilla y León toman o no en consideración dicha propuesta? Los que estén a favor, levanten la mano. Gracias. Los que estén en contra. Gracias. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos, ochenta y uno. Votos a favor, setenta y cuatro. Votos en contra, siete. Abstenciones, ninguna. En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y la Mesa de las Cortes acordará su envío a la Comisión competente para la apertura del correspondiente plazo de presentación de enmiendas.

Se levanta la sesión. Y recuerdo a Sus Señorías que el Pleno de mañana está convocado para las diez treinta horas.