DS(P) nº 37/3 del 1/4/1993

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente. Señorías. Intervengo para presentar y para defender el Proyecto de Ley por el cual se pueda autorizar a la empresa pública Parque Tecnológico de Boecillo a participar mayoritariamente en el capital social de la empresa CRYSTALOID Europe, Sociedad Anónima.

Al respecto, señalo a Sus Señorías lo siguiente, como mero recordatorio, en torno a lo que se ha debatido con respecto a CRYSTALOID.

Los días dos y nueve de febrero de mil novecientos noventa y tres han tenido lugar en estas Cortes las correspondientes comparecencias ante las Comisiones de Economía y Hacienda y ante las Comisiones de Industria y Energía del señor Consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Centro Democrático y Social, y en cuyas comparecencias, Señorías, se abordaron muy ampliamente tanto la situación económica y laboral de CRYSTALOID como lo relacionado con las actividades de promoción industrial, desarrollo tecnológico y gestión de servicios llevados a cabo por la empresa pública Parque Tecnológico de Boecillo, Sociedad Anónima; participación, también, de dicha empresa pública en otras sociedades, y, en general, cuanto han entendido los diferentes Grupos Parlamentarios era preciso aclarar en relación a dicha empresa pública y la participación de ella en otras sociedades.

Dentro de este último capítulo -y, sin duda, como conocen Sus Señorías-, la sociedad Parque Tecnológico de Boecillo, Sociedad Anónima está, por sus propios estatutos sociales, autorizada para participar en el capital de sociedades a constituir o ya constituidas.

Pues bien, considera la Junta de Castilla y León -y así lo apoya nuestro Grupo Parlamentario- que CRYSTALOID, S.A, como empresa de tecnología avanzada que es y primera empresa ubicada y con capacidad de producción inmediata en el Parque Tecnológico, es preciso que cuente con una financiación adecuada, a fin de conseguir de forma definitiva que su producción y sus trabajadores no se vean afectados ante la actual situación económica de la sociedad, y máxime teniendo en cuenta la viabilidad de la empresa, su avanzada tecnología -como he participado- y el hecho de que el cese en la actividad de la misma sería una enorme carga -y así lo consideramos- para el Parque Tecnológico de Boecillo.

Consideramos, Señorías, que la Junta de Castilla y León ha hecho una decidida y una clara apuesta por consolidar el Parque Tecnológico de Boecillo, y consecuencia de ello, Señorías, es la Proposición de Ley que estamos debatiendo, el Proyecto de Ley que estamos debatiendo.

(-p.1505-)

Entendemos desde nuestro Grupo que es de vital interés para el Parque que CRYSTALOID mantenga su actividad. No es conveniente, a nuestro juicio, que todo el esfuerzo que se ha hecho por la Junta de Castilla y León, por los Grupos que están, también, presentes en esta Cámara, para que el Parque Tecnológico de Boecillo sea conocido, no sólo nacional, sino internacionalmente, que haya podido contar -como ha contado- con el apoyo de la Comunidad Económica Europea y hoy cuente con unas más que aceptables perspectivas de ubicación de empresas tecnológicamente avanzadas, y cuente, además, con unas buenas relaciones y apoyo de las universidades de nuestra Comunidad, con el funcionamiento ya en marcha del Centro de Investigación Científica y de Desarrollo Tecnológico en Automoción, participando en él empresas tan importantes como FASA, Michelín, Lingotes Especiales, Laura o Iberdrola, no creemos adecuado -decimos- ni oportuno que, en momentos como los actuales, de una desaceleración en las inversiones y de una crisis económica importante y evidente, sentásemos el mal precedente de que la primera impresa del Parque Tecnológico de Boecillo pudiese estar amenazada de cierre o, incluso, pudiese llegar a cerrar.

Si, tal y como mantenemos, en CRYSTALOID hay una tecnología avanzada, si su socio americano, CRYSTALOID Electronics Company, acude también a la ampliación de capital que se ha propuesto y aporta lo que ya no es una tecnología avanzada, sino una tecnología punta, que tienen muy pocas empresas -como hemos manifestado en diferentes Comisiones de estas Cortes-, tales como AEG, o Philips, o Lucid, creo que no podrá dudarse de la necesidad de suscribir el aumento de capital propuesto, en la mayoría de ese aumento de capital con cargo a las previsiones presupuestarias, y, de esta forma, participar eventualmente -y subrayo el término eventualmente- en la empresa CRYSTALOID. Y digo que subrayo el término "eventualmente" porque la Proposición de Ley, el Proyecto de Ley que apoyamos y vamos a someter a la aprobación y consideración de estas Cortes prevé realizar la venta de las acciones, perdiéndose, en consecuencia, la condición de empresa pública que adquiriría CRYSTALOID, S.A. por la participación mayoritaria de la Junta de Castilla y León en su capital social. Y esa condición se perdería, Señorías -repetimos-, en el momento en que se produjese la venta de estas acciones, lo cual se contempla en el Proyecto de Ley que estamos sometiendo a la consideración de esta Cámara.

Y, ciertamente y con toda claridad, se señala en este Proyecto de Ley que se procedería a la venta de esa participación que va a adquirir la Junta de Castilla y León cuando aparezcan otros inversores que, con las garantías precisas de continuidad y de solvencia, puedan continuar con la viabilidad de la empresa, y, por supuesto, también si variasen las circunstancias actuales y no se realizasen las actuales... y se realizasen -perdón- las actuales previsiones de viabilidad.

La Ley, por lo tanto, abre y contempla la posibilidad de vender y transmitir, lo que denota -como no podía ser menos- una clara intención de retirarse la Junta de Castilla y León de CRYSTALOID cuando las circunstancias así lo aconsejen, cuando la viabilidad de la empresa esté garantizada, cuando los puestos de trabajo no sufran el más mínimo riesgo, cuando una empresa de tecnología avanzada, como es CRYSTALOID, no pueda desaparecer; y, en consecuencia, dándose esos presupuestos, ningún interés tiene la Junta de Castilla y León en mantener su participación societaria en dicha sociedad.

Creer o no creer en el Parque Tecnológico de Boecillo es la gran cuestión, es el gran problema. Nosotros creemos que el Parque Tecnológico de Boecillo, que cuenta -como he dicho- con un reconocimiento internacional y con un apoyo comunitario, evidentemente, es un factor de dinamización de la economía regional, y es la gran cuestión que subyace en este asunto.

Y nuestro Grupo cree que el Parque Tecnológico de Boecillo y la Junta de Castilla y León procura y quiere que CRYSTALOID, S.A no sea un cierre empresarial más en nuestra Comunidad; y de ello, Señorías, de ello depende el que nosotros aprobemos este Proyecto de Ley.

No hay en este asunto, Señorías -y lo digo contundentemente-, ni discrecionalidad alguna, ni tampoco hay arbitrariedad en el planteamiento. Hay el conocimiento real de una situación y hay el remedio eventual a esa situación que se ha producido.

Entiende nuestro Grupo, Señorías, que CRYSTALOID ha sido y es una empresa locomotora en el Parque Tecnológico de Boecillo, y que está aportando y llevando al Parque Tecnológico a una realidad dinámica muy importante para esta Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Aguilar. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Por el Grupo Socialista, señor Jiménez-Ridruejo tiene la palabra.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Yo creo que es la primera vez, en esta Cámara, que un Proyecto de Ley no es defendido por el Consejero de la Consejería que lo presenta, y esto es todo un síntoma de que, efectivamente, no está la situación como para hacer grandes alardes parlamentarios.

El Grupo Parlamentario Socialista, en esta oportunidad, señor Consejero, lamenta no poder colaborar con usted para el buen fin de esta Proposición. Y créame que no es por el lujo de oponernos, sino porque creemos que este Proyecto de Ley no da respuesta a los auténticos problemas de la empresa. Y ello, por tres motivos básicos:

(-p.1506-)

En primer lugar, porque falta racionalidad y argumentación en la Exposición de Motivos de esta Ley. Es una Exposición tan pobre y tan discutible que, por sí sola, ya nos llevaría a rechazar el Proyecto. Son tan escasos los argumentos -en los que luego voy a entrar- que se nos dan para mantener... yo diría para socializar las pérdidas de la empresa CRYSTALOID que, realmente, nos parece poco oportuno, yo diría que casi inaceptable, la Exposición de Motivos; y, por lo tanto, se desvirtúa plenamente el sentido del Proyecto.

En segundo lugar, porque la fórmula que ustedes utilizan, a nuestro juicio, tanto por la situación productiva de la empresa, como por el propio desarrollo del proceso técnico, por la incompetencia manifiesta de sus gerentes, por la escasa, yo diría que nula política de investigación y desarrollo, por la ausencia de cualquier tipo de inducción tecnológica en el entorno -difícilmente puede tener inducciones tecnológicas esta empresa, cuando ninguna otra empresa se sitúa en su entorno-, y, sobre todo, y sobre todo por su cuenta de resultados, la verdad es que, sinceramente, no encontramos ningún motivo en la fórmula utilizada para apoyar tampoco este Proyecto. Tal vez, deberíamos de reconsiderar si este Proyecto, frente a los argumentos -a mi juicio, poco atinados- del señor Aguilar, no está poniendo en riesgo el propio Parque Tecnológico de Boecillo, en lugar de estimular su desarrollo, potenciar su actividad o lograr la máxima inducción de actividades en el mismo.

Lo ponemos en riesgo por la contumacia de nuestra actuación en una empresa de la que, privadamente -decimos-, no tiene salida, y, públicamente, hacemos Proyectos de Ley absolutamente inaceptables.

Y, finalmente, en tercer lugar, porque, desde un punto de vista jurídico, nos parece enormemente discutible una ley que no fija ni plazos de actuación, ni, lo que es más importante, cuantías algunas. Esto no puede ser. Esto es un cheque en blanco. Esto no es una ley. Esto no es la fórmula jurídica adecuada. Hay que comprometerse en plazos y cuantías. Los cheques en blanco -y menos a empresas que están prácticamente en quiebra- no son buenas medidas instrumentales.

Pero yo creo que mucho más y mucho antes de las cuestiones concretas, que son importantes, a mí me gustaría que supieran ustedes que nosotros aceptaríamos un proyecto de ley de salvación de esta empresa si, efectivamente, se nos hubiera dado algún tipo de argumentos que permitieran pensar que esta empresa merece estar entre las empresas públicas de Castilla y León. Nunca he oído en esta Cámara ni he visto en documento alguno cuáles son los criterios que le aconsejan a la Junta de Castilla y León a convertir a una empresa en empresa pública o a prescindir de una empresa del sector productivo participado o del sector público en Castilla y León.

Y yo creo que es momento de hacer algún juicio sobre los criterios que, por lo menos nuestro Grupo... y seguramente, si nos ponemos a trabajar conjuntamente, llegaríamos a algún tipo de consideraciones conjuntas en cuanto a los criterios que abonan el mantenimiento de un sector productivo o de un sector público en Castilla y León. Creo que hay que formular, cuando menos, algún tipo de criterios generales que le sitúen, que le blinden al Consejero de las influencias y de las instancias que le ponen al pie de los caballos continuamente, porque siempre hay argumentos para socializar las pérdidas y convertir a empresas inútiles en empresas públicas. Esta es una trayectoria que el Consejero y yo conocemos bien, porque es la trayectoria de la empresa pública en nuestro país. Y no es bueno mantener y continuar esta estrategia, y yo creo que el favor que le podemos hacer el Grupo Socialista al Consejero de Economía es decirle bajo qué criterios, a nuestro juicio, tendría sentido hacer pública una empresa o socializar una empresa privada preexistente.

Nuestros criterios son fundamentalmente cuatro: cuando existen fallos en el mercado o no existe competencia perfecta; cuando por la naturaleza monopólica, oligopólica o por competencia monopolística se hace imposible fijar un precio que refleje exactamente la estructura de costes en la producción; cuando existan externalidades negativas, caso del medio ambiente, o positivas, y éste podría ser el caso -que no lo es-, positivas por inducción o difusión de tecnología, que en este caso no vemos por ningún sitio; cuando se producen destrucción de barreras de entrada por la preexistencia de patentes, por derechos o privilegios, etcétera, porque haya economías de alcance, porque haya economías de escala allá donde hay servicios públicos que reclaman y requieren una condición de carácter público en su prestación; y, finalmente, cuando el interés estratégico por defensa o por seguridad, que no por ningún otro motivo, lo avale.

Estos son los cuatro grandes apartados en los que yo estoy seguro que nos vamos a poner o nos podríamos poner de acuerdo, y lo que tendríamos que demostrar aquí, y no se ha demostrado, señor Aguilar.

Yo sé que siempre le toca a usted bailar con la más fea. Cuando hay un proyecto que nadie quiere, llamemos a Aguilar, que es un todoterreno. Sinceramente, le agradezco, en nombre de los Parlamentarios de esta Cámara, su sacrificio; pero eso no quiere decir que tengamos que aceptar sus argumentos. Sus argumentos no son buenos, señor Aguilar. Yo lamento tener que decirle, porque le aprecio, y le aprecio sinceramente, pero sus argumentos económicos hoy son malos. Y no son malos por culpa suya; son malos porque de la Consejería no le han dado a usted argumentos positivos.

Y yo me propongo demostrar que tanto en la Exposición de Motivos de esta Ley como en su argumentación, señor Aguilar, usted no ha sido capaz de insertar a la empresa CRYSTALOID en ninguno de los supuestos o criterios en los que podríamos estar de acuerdo que abonan la participación y la presencia del sector público en la actividad productiva.

(-p.1507-)

Porque, incluso si aceptamos que se trata de una empresa con externalidades positivas, es decir, con capacidad de difusión tecnológica, la inducción tecnológica y los efectos de la investigación y el desarrollo deben plantearse en términos de un volumen de inversión suficientemente grande, que esta empresa no tiene. Señores de la Junta, esta empresa no tiene condiciones, ni por su tamaño, ni por su nivel de producción, ni por su actividad, ni por el carácter estrictamente artesanal de sus procesos productivos, ni por la naturaleza de su propio proceso de producción, no tiene un nivel umbral suficientemente grande como para inducir ningún tipo de mejora tecnológica en otras empresas de ningún sector en Castilla y León.

Señores de la Junta, CRYSTALOID es una empresa mediocre, tecnológicamente hablando, en la medida en que sus procedimientos son artesanales, por muy sofisticadas que sean sus instalaciones. Pero, lo que es más importante, es una empresa que no induce tecnología ninguna al entorno industrial en el que se desarrolla. Existe una relación inequívoca entre la capacidad de producción -o, si quiere usted, el poder de mercado- y la capacidad de una empresa para establecer inducciones tecnológicas. No hace falta irse a los grandes tratadistas; esto lo puede usted encontrar en cualquier libro básico: o hay capacidad productiva suficiente, o no hay inducción tecnológica.

Y, por lo tanto y por lo mismo, tenemos que concluir que, puesto que la producción de CRYSTALOID es una producción absolutamente limitada y menor, señores de la Junta, CRYSTALOID no induce tecnología ninguna en su entorno. No hay, pues, difusión tecnológica procedente de CRYSTALOID, y bien que lo lamento, porque ya me gustaría a mí que la hubiera.

Y debo decir más: incluso si el tamaño de la empresa -reducido como es- y su capacidad de absorción o de poder de mercado -reducido como es- fuera suficiente, mucho me temo, señores de la Junta, que el mínimo análisis de coste/beneficio social... Ya no privado, porque las leyes del mercado ya han decidido. Esta empresa ha dado pérdidas todos y cada uno de los años en su actividad. El mercado ya dictó sentencia, si ustedes no intervienen, la empresa se hunde; ya dictó sentencia: si ustedes no participan, la empresa no tiene viabilidad ninguna. Y ustedes tienen que plantear la viabilidad de la empresa al menos en un mínimo estudio de coste/beneficio, que falta. Ustedes no han presentado a esta Cámara -porque no tienen- ni un solo estudio de análisis costo/beneficio sobre los 1.100.000.000 de pesetas que van... que están ustedes enterrando y van ustedes a enterrar a corto plazo en esta empresa; 1.100.000.000 de pesetas para cincuenta y tres empleos, señores de la Junta.

Por lo tanto, en este primer apartado, la falta de justificación en la Exposición de Motivos, la falta de criterios para socializar una empresa, porque no hay ni un solo motivo que justifique esa privatización, esa socialización, perdón, redunda en que el proyecto sea un proyecto injustificado e injustificable.

Y debo decirle más. Debo decirle que están ustedes, con este empecinamiento, poniendo en riesgo al propio Parque Tecnológico. Porque aquí no se trata de si el Parque Tecnológico lo apoyamos o no, sino de cómo lo apoyamos. Los socialistas apoyamos el Parque Tecnológico de Boecillo, sin ninguna duda. Siempre lo hemos hecho. Pero no a cualquier precio, no con cualquier socio, no en cualquier instancia, no de cualquier manera. Ustedes están poniendo en tela de juicio y en riesgo el propio Parque Tecnológico de Boecillo. Estas palabras no son mías. La única otra empresa, también pública, que hoy está instalada en el Parque ha manifestado públicamente su inquietud por la apuesta que ustedes hacen frente a CRYSTALOID. Tienen serias dudas de que la apuesta de CRYSTALOID no vaya a suponer el sacrificio del Parque. Están ustedes vinculando el Parque a una mala empresa. Y desde hace ya un año, aproximadamente, nosotros les hemos dado una alternativa que apoyaríamos, porque no hay ni una sola crítica del Grupo Socialista que no lleve aparejada una alternativa, al menos en esta Región. Y la alternativa es muy clara: la única empresa con tamaño e inducción tecnológica de Castilla y León es FASA Renault. Y todo lo que no sea involucrar a FASA Renault, a pesar del monocultivo industrial, en el Parque Tecnológico de Boecillo será un fracaso. Insistimos. Ya sé que usted me puede decir que hay un laboratorio que hacen entre quince empresas participando más o menos... Ese no es un compromiso en relación con el Parque.

Por lo tanto, no hagan ustedes lo que aquella persona que puso una guardería infantil para llevar sólo a sus hijos. Ese es un mal negocio. No se puede dedicar el Parque Tecnológico de Boecillo solamente para enclavar actividades del sector público. Eso no es la idea primitiva del señor Pérez Villar. Creo que el señor Pérez Villar tenía más claro el Parque Tecnológico de lo que lo tienen ustedes. No sé si su modelo era bueno; probablemente, también tenía fallos, todos podemos tener fallos; pero, desde luego, el criterio de utilización del Parque para empresa privada lo tenía más claro el señor Pérez Villar. Yo creo que, o conseguimos atraer a la empresa privada, o seguir por la socialización de todas las empresas o el enclavamiento o la instalación de actividades estrictamente públicas en el Parque esteriliza definitivamente la idea del Parque.

(-p.1508-)

Por lo tanto, volviendo a CRYSTALOID, creo que no es una buena idea que sigamos enterrando miles de millones de pesetas en una empresa que no tiene las pretendidas ventajas que dicen que tienen. Más aún: yo le diría, señor Consejero, señor Portavoz, que, seguramente, después de seis años o cinco años de Parque Tecnológico, seguramente deberíamos reconsiderar el modelo de parque. En esto nos podríamos poner de acuerdo. Nadie más que nosotros estamos por defender la idea del desarrollo industrial de Castilla y León. Pero si el desarrollo industrial de Castilla y León que ustedes proponen es cubrir con ampliaciones de capital público la cuenta de resultados, las pérdidas de las empresas en las cuales ustedes pueden tener compromisos de cualquier tipo, nos parece una mala idea. No importa que el compromiso sea un aparente compromiso de mantenimiento de la actividad en el Parque Tecnológico; eso ustedes saben que no es verdad.

Por lo tanto y por lo mismo, el Grupo Parlamentario Socialista cree que hace el mejor servicio a nuestra sociedad y, desde luego, el mejor servicio al Parque Tecnológico de Boecillo rechazando la socialización de las pérdidas, que no conduce a parte alguna. Desconfío en el modelo que ustedes nos plantean; y desconfío fundamentalmente yo, pero no sólo yo, le puedo citar a más de una persona que en el despacho del Consejero le ha oído decir: no había que inyectar ni una sola peseta en esa empresa. Pero yo sé que el Consejero tiene condicionantes políticos que el Grupo Socialista no tiene.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de réplica, señor Aguilar tiene la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Gracias, señor Presidente. Señor Portavoz del Partido Socialista, yo le agradezco a usted sinceramente el que haya manifestado su aprecio personal, pero le tengo que decir que tal vez, si usted me califica como un todoterreno, yo sí que le diría a usted que casi es usted la única voz que tiene el Grupo Socialista en este Parlamento. Y eso sí que es ser un todoterreno. Señor Portavoz del Partido Socialista...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías. Silencio.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ... me ha producido...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ... me ha producido verdadera sorpresa, Señoría, el que usted haya comenzado su discurso cogiendo el rábano por las hojas e imputándole al Consejero de Economía y Hacienda el que no haya subido a esta tribuna para defender el Proyecto de Ley. Usted sabe perfectamente que puede hacerlo en cualquier momento, y que el rito no hace al monje, sino los rezos diarios.

Pero le replico, sinceramente, que su argumentación es la misma, exactamente igual a la que usted manifestó en la comparecencia del Consejero de las Cortes de Castilla y León el día dos de febrero de mil novecientos noventa y tres. Ni un solo argumento nuevo ha esgrimido usted con respecto al Proyecto de Ley que presentamos; pero, sin embargo, sí que usted nos ha echado un discurso, en el cual nosotros no vamos a entrar, como es el de las externalidades negativas o positivas, las economías de alcance o las economías de escala. Y, mire usted, no entro, porque lo que a la Junta de Castilla y León le interesa es que la empresa CRYSTALOID, con tecnología avanzada, que le explicamos suficientemente a usted en esa Comisión, permanezca en el Parque Tecnológico de Boecillo, fuera, aparte de esas consideraciones económico-jurídicas que usted ha hecho y que, realmente, tienen muy poco respaldo. Porque basarse en que la Exposición de Motivos es escasa, alegando que no se cuantifica el total que la Junta de Castilla y León puede adquirir de las acciones del Parque, es no saber el contenido del artículo 152 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas; y usted, como jurista, no tiene por qué conocerlo, pero yo sí. Y es que, para un aumento de capital, no hay que tomar más que el acuerdo. Después, evidentemente, se dirá: "Tantas acciones, para que usted sea mayoritario. Cómprelas usted o no las compre usted", y punto. De eso sabe más el señor Quijano, que, por cierto, está ausente de la sala... Es para hablar de las ausencias, pura y simplemente.

Tampoco le admito a usted...

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: (Intervención sin micrófono).

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Perdóneme, perdóneme, perdóneme, perdóneme, perdóneme. Tampoco comparto con usted el que nos diga, el que nos diga que enterramos miles de millones. No. No enterramos nada. Nosotros no somos enterradores de nada. Pero usted, en su discurso, se convierte en enterrador de una empresa importante de esta Comunidad, y nos dice usted que solamente FASA Renault tiene la tecnología suficiente. Usted, fuera de FASA Renault, o de FASA, evidentemente, parece ser que no le interesa que CRYSTALOID cuente con esa tecnología, no ya avanzada, sino punta, para poder ser una empresa de cabecera de esta Comunidad.

El entierro, hágalo usted solo; pero lo va a hacer usted -sin duda- sin el acompañamiento de ninguno de los Procuradores del Partido Popular.

Tampoco hay socialización de pérdidas. Hay inyección de tesorería a los fines, a los fines de que la empresa pueda adquirir lo que necesita para su funcionamiento normal. Y esa carcajada que usted expresa, prácticamente, desde su escaño, de manera ostensible, ostensible -yo pronuncio correctamente-, no "ostentórea", ostensible, resulta, resulta, señor Portavoz del Partido Socialista, que es porque usted no ha comprendido qué es CRYSTALOID; y se lo voy a explicar.

(-p.1509-)

Mire usted, CRYSTALOID nace con un proyecto de inversión de 1.200.000.000 de pesetas. CRYSTALOID invierte 400.000.000 de pesetas -tome nota, señor Procurador, que le repito lo mismo que le dije a usted en la comparecencia a la que he hecho antes mención-... ¿A qué fines invierte 400.000.000 de pesetas? Para abrir un mercado e introducir su producto en una red comercial muy difícil, como es la de tecnología avanzada, creando esa red comercial en Europa -como usted sabe y conoce- y también en Estados Unidos, como usted sabe y como usted conoce.

Posteriormente, lleva a cabo la construcción de su pabellón industrial, que son otros 400.000.000 de pesetas. E inicia, con un préstamo, con lo que le queda de un resto de préstamo, su actividad productiva, que usted no quiere, no quiere admitir que son cinco millones de unidades, cinco millones de unidades, como le decía a usted en la comparecencia y que, evidentemente, no se quedó usted -sin duda- con el dato.

Por lo tanto, en eso es en lo que verdaderamente hay que centrarse en el discurso de este Proyecto de Ley. ¿La empresa realmente es viable? Usted sabe que sí. ¿La empresa cuenta con tecnología? Usted sabe que sí. ¿La empresa es representativa o puede ser representativa de un sector industrial en Castilla y León? Usted sabe que sí. Lo que sucede es que es una empresa creada, programada y proyectada por y con el apoyo de una Junta en la que usted hoy, gracias a Dios, no participa.

Y también quiero significarle otra cuestión, señor Portavoz, también quiero significarle otra cuestión. Mire usted, el Parque Tecnológico de Boecillo tiene -aunque usted, posiblemente, lo desconozca- una buena perspectiva y un buen posible asentamiento de otras empresas. Y me va usted a permitir que le diga que están en funcionamiento -como no podía ser menos-, y no cerrada -porque no vamos a consentir que se cierre-, CRYSTALOID Europe; y que está en funcionamiento CEICALSA, cuya actividad -como usted sabe- es ser una incubadora de empresas; y está EDIVON; y está San Cayetano, División... -ya sé que no le suena-, que está en CEICALSA, concretamente; y está San Cayetano, División Internacional; y se encuentran instalaciones o para instalarse, y con obras en construcción -como usted sabe- el edificio de servicios comunes, Grupelec Electrónica, Sociedad Anónima; y, de próximo inicio, Centro de Investigación y Desarrollo en Automoción, IMPROGRESA; y, de próximas instalaciones, Investigación y Consulting, Julián San León, Medios Integrados, SERCAM, S.L., CL Actividad y José Manuel Rodríguez en el tema de informática.

Señor Procurador, estos datos son los que hacen que nosotros, nuestro Grupo apoye el Proyecto de Ley, a fin de que una empresa ya en funcionamiento, evidentemente, no se cierre y no sea un factor de arrastre de que el Parque Tecnológico de Boecillo se considere como algo que no funciona y, entonces, nuestro esfuerzo y nuestro reconocimiento -como le decía a usted-, tanto nacional como internacional, pueda dar al traste como consecuencia de esta falta de tesorería.

Yo no dudo, Señoría, que usted no se quiere cargar la empresa; estoy convencido de que usted no se quiere cargar la empresa. Lo que sucede es que usted aprovecha la ocasión -como no podía ser menos-, en su función -como usted dijo en la Comisión del día dos de febrero- de leal oposición, de, ciertamente, poner las trabas que usted consideraba oportunas; acudiendo a los argumentos que haya que acudir, pero, por supuesto, con poca solidez -como le digo-, interpretándolos a su manera. Y, por supuesto, también, no son nuestros argumentos. Y, en definitiva, usted tendrá sus ideas, pero nosotros esta empresa, ni la queremos enterrar, ni queremos socializar su pérdidas. Sabe usted -y el Proyecto de Ley lo dice- que es una situación transitoria la que pretende la Junta. Y, en definitiva, lo que también nos preocupa mucho es que setenta y tantos puestos de trabajo no terminen en la calle, como ha sucedido en otras empresas de nuestra Comunidad y del Estado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de dúplica, señor Jiménez-Ridruejo, tiene la palabra. Perdón, un segundo, perdón. Ha pedido la palabra el señor Consejero. Señor Consejero de Economía, tiene la palabra.

BECKER ZUAZUA

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR BECKER ZUAZUA): Señorías. Gracias, señor Presidente. Señorías. Yo he reflexionado mucho en las palabras del Portavoz Socialista, y, la verdad, créame que... me imagino que los ciudadanos de Castilla y León se preguntarán, cuando usted critica la socialización de pérdidas, dicho por un socialista y criticado, pues, es un contrasentido; o mucho han cambiado las cosas...

Lo repetiré, que parece que no se ha oído.

Les repito que los ciudadanos de Castilla y León se preguntarán, cuando su Señoría se refería a la socialización de pérdidas, criticado por un socialista, no encaja mucho.

Yo, en este momento, creo que la Junta de Castilla y León está haciendo un esfuerzo. Y no le oculto nuestro... bueno, pues, nuestra preocupación por la situación industrial que se vive, en dar soluciones a los problemas que se van planteando. Aquí hemos traído Proyectos de Ley como el de Hispano Textil, hemos traído proyectos o soluciones, pues, como los avales para Nicolás Correa, en Burgos; de VALCA -que está todavía sin solucionar-, y tratamos el tema de NICAS, que también requiere una solución diferenciada.

Por lo tanto, yo creo que estamos ante un caso excepcional, y que tampoco hay que magnificar la decisión que estamos tomando hoy aquí, porque, de hecho, ya tenemos el 49% de esa empresa. Por lo tanto, simplemente estamos dando un paso más, que exige, legalmente, el traer a estas Cortes un Proyecto de Ley que faculta a la Junta de Castilla y León para hacer pública esa empresa.

(-p.1510-)

Nosotros queremos mantener esos puestos de trabajo. Ayer hablábamos de la delicada situación del empleo en nuestra Comunidad Autónoma. Son muchos puestos de trabajo y se ha invertido mucho dinero. Y nosotros creemos que el dejar caer esa empresa sin más es una pérdida grande para la Comunidad Autónoma. Y, además, entendemos que esta situación es una situación coyuntural, que, una vez, pues, dotada de la financiación suficiente, esa empresa puede ser, puede ser privatizada y, por supuesto, garantizar su futuro.

Yo no puedo compartir la lectura que ha hecho Su Señoría tan pesimista de esa empresa. No la comparto, porque, claro, es un proyecto empresarial, y todo proyecto empresarial no está exento de riesgos; ni esta Comunidad empieza ni acaba con FASA Renault, que, por cierto, necesita 60.000.000.000 de subvención para poder mantener su futuro, y nos lo ha pedido a la Administración Central del Estado y a la Autonómica.

Bueno, entonces, ¿qué vara de medir? Las subvenciones que ustedes pedían para VALCA, o que aquí usted hizo una defensa para dar la solución de VALCA, bueno, pues, al final, pues, es aportar recursos para sacar adelante una empresa. ¿Qué diferencia hay en que nosotros inyectemos financiación, transitoriamente, a esta empresa y devolverla al mercado, porque tiene futuro? ¿Por qué hay que tratar de forma distinta a los trabajadores de CRYSTALOID que a los de VALCA? ¿Por qué hay que dejarla caer? ¿Por qué hay que dejar en el Parque Tecnológico una empresa que vale 1.000.000.000 de pesetas cerrada? ¿Es que nuestra Comunidad Autónoma se puede permitir ese lujo, en las actuales circunstancias?

Entonces, si quiere, hablamos de externalidades, hablamos de fallos de mercado. Pero, mire, crear todos esos puestos de trabajo, hoy en día, cuesta muchísimo dinero. Cerrar esa empresa sin dar la más mínima posibilidad de sacarla adelante tiene unos costes muy elevados para nuestra Comunidad Autónoma.

Y termino con una última reflexión. Ha hecho usted una velada, o ha dejado una velada sospecha de condicionantes políticos. Evidentemente, ésta es una decisión política de la Junta de Castilla y León, por todos estos conceptos que yo le he reseñado, pero no hay ningún condicionante político más. Es decir, nosotros asumimos esa responsabilidad. ¡Ojalá esa empresa tenga futuro!, porque garantizará esos puestos de trabajo. Y esa empresa, pues, consolida el Parque, porque, evidentemente, lo consolida. El futuro del Parque no depende sólo de esa empresa -en eso coincido con usted-, pero creo que no hay ningún otro tipo de condicionante político y hemos sido soberanos, y, en pleno uso de nuestra libertad y capacidad de Ejecutivo, traemos, precisamente por la importancia de este tema, a las Cortes el Proyecto de Ley y la posibilidad de convertirla en una empresa pública. Y no hay nada más.

Y también le voy a decir otra cosa: no hagan oposición por oposición, no hagan oposición, porque parece que, basta que nosotros traigamos algo aquí para apoyar algo, para que usted diga: "Mire, no, no lo vamos a apoyar". Bueno, pues, digan: "Mire usted, la apoyamos, pero mejoren ustedes la gestión". Dígame usted con sinceridad: ¿hay algo en este país, que no sea REPSOL, ni Argentaria, que tenga un análisis coste/beneficio? Por lo tanto, yo creo que tenemos que buscar la rentabilidad social.

Por cierto, que echo en falta hoy el apoyo del Procurador de Izquierda Unida, que siempre es tan partidario de socializar todo. Y creo que esto es importante resaltarlo. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Consejero. Ahora sí, señor Jiménez-Ridruejo, puede replicar.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Señor Presidente. Señorías. Agradezco la deferencia del señor Consejero de salir a dar explicaciones sobre un tema que yo creo que tiene mucha importancia y cierto interés; también, el toque de sensatez. No quiero decir con esto que el señor Aguilar sea un insensato, ¡líbreme Dios! Pero me ha parecido un discurso más matizado, más realista y, hasta cierto punto, más creíble.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: (Intervención sin micrófono).

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: ¿Sabe más? Pues, que salga él a defender el Proyecto, señor Aguilar.

Mire usted, ya sé que es costumbre, es hábito decir: "Es usted la única voz", porque así, al final, está usted echándome encima a mi propio Grupo. Le voy a decir que tenemos más voces, pero tenemos más; no solamente tenemos más voces, sino que hasta tenemos un experto en foniatría, que nos hace hablar bien a todos, ¿eh? Luego, de alguna manera, es un Grupo muy completo.

Pero tengo la impresión de que, tanto usted como el señor Consejero, no han entrado en CRYSTALOID; y no me refiero que no hayan ido físicamente, me refiero que están escurriendo el bulto a través de alusiones al Parque Tecnológico -que aquí no se cuestiona-, al CI -que aquí no se cuestiona-. ¡Hombre!, incidentalmente, le debo decir que en este momento, salvo el CI, no hay ni una sola otra empresa establecida. Ya sé que han puesto ustedes la primera piedra de Grupelec, porque, de alguna manera, eso siempre queda bien en una época de recesión económica, es verdad. Yo entiendo eso, ¿eh? Pero no hay ni una sola otra empresa en este momento.

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Y yo no voy a entrar en el debate de FASA Renault. Simplemente digo que nosotros sí que hemos planteado, desde hace tiempo ya, un modelo alternativo para el Parque. Ya sé que es muy difícil encontrar una empresa del tipo SONY, como los catalanes han encontrado, o Rolls Roice, como los vascos han encontrado, o ITT, como los madrileños han encontrado; es verdad que es muy difícil. Y yo creo que ahí todos tendríamos que aportar nuestros máximos esfuerzos.

Pero yo creo que, de alguna manera, no se ha hecho -o, si se ha hecho, no se ha traducido en una consecuencia positiva -un esfuerzo para involucrar a la empresa que tiene más investigación y desarrollo y más inducciones tecnológicas de Castilla y León; no es otra que FASA Renault. Yo lo siento, ¡ojalá tuviéramos más! Además, está a cinco kilómetros del Parque y tiene intereses específicos en una serie de sectores que tocan, fundamentalmente, la alta tecnología.

Mire usted, señor Aguilar -y voy con usted primero-, yo no creo que el discurso del "todo vale" sea el discurso matizado y serio que merece este Parlamento. No vale cualquier cosa, y no puede ser cierto que cualquier empresa... que cualquier empresa privada pueda ser convertida en pública sencillamente porque el Grupo Parlamentario Popular así lo desee. Si ése es el ejercicio del poder que ustedes nos proponen, ése no es un buen ejercicio del poder.

Yo creo que en la Exposición de Motivos, que es clave en este tipo de leyes, porque son leyes con dos artículos, dos artículos "cuasi" vacíos, dos artículos donde se dice: "Se faculta a la Junta" y punto. No hay nada detrás de la Ley, como no sea la Exposición de Motivos, que es donde se justifica la actuación política; y aquí hablamos de política, no de la Ley de Sociedades Anónimas.

Digo que lo más importante es establecer el criterio, señor Aguilar, establecer el criterio. Y me gustaría, porque me gustaría que conocieran Sus Señorías cuáles son los dos criterios que se aducen en la Exposición de Motivos. Y vamos a analizarlos con detenimiento, todo el detenimiento que me da el minuto y cinco segundos que me quedan.

Dice la Exposición de Motivos: "La paralización de esta empresa afectaría negativamente al desarrollo tecnológico de la industria en Castilla y León". Falso. Que esta empresa esté o no esté no afecta para nada al desarrollo tecnológico de Castilla y León, por tanto en cuanto creo haber demostrado que esta empresa no tiene inducciones tecnológicas significativas, ni poder de mercado, ni nivel de producción, ni investigación y desarrollo, ni investigación. Esta empresa hace cristales artesanalmente, con una tecnología que dista mucho de ser sofisticada. Esta empresa produce cristales a petición y no cubre un mercado, porque no tiene capacidad de cubrir un mercado. Esta empresa, toda su posibilidad futura estriba en encargos precisos de pequeña cuantía. Esto es así. Pregúntenselo ustedes a los técnicos de la empresa, porque a nosotros nos lo explicaron así cuando estuvimos dos veces a verla.

Y la segunda... el segundo argumento, que es un no argumento, es que, de alguna manera, la empresa necesita obtener una financiación adecuada para sus necesidades de funcionamiento, y que la actual coyuntura económica no es favorable para conseguir esta financiación. Pero, señores, CRYSTALOID y todas las empresas de Castilla y León. ¿Qué es lo que le hace a CRYSTALOID diferente? Y si no hay inducciones tecnológicas y el motivo es que necesita dinero para cubrir pérdidas, ¿por qué a CRYSTALOID sí y al resto de las empresa en pérdidas en Castilla y León no? No hay argumentos en la Exposición de Motivos. La Exposición de Motivos -insisto- es pobre.

Y yo también digo -y le agradezco que usted mismo lo haya dicho, señor Aguilar- que estamos en la misma posición de hace un año. Y no vamos a variarla. Porque hicimos un diagnóstico correcto, no vamos a cambiar de argumentos. Otros sí cambian de argumentos; nosotros, no. Dijimos entonces y decimos ahora, y, probablemente, no tengamos muchos meses para decir en el futuro, que esa empresa, tal cual está establecida, con la gerencia actual, no tiene futuro; sólo tiene futuro en la medida en que el sector público cubra sus pérdidas.

Y decirle al señor Consejero que, efectivamente, estamos por el apoyo a las empresas con problemas estructurales. Pero es que este apoyo ya se ha dado a CRYSTALOID; llevamos 710.000.000 de pesetas en dos años y medio. Ya se dio. Es que lo que usted dice es que eso no ha sido suficiente, y lo que usted dice ahora es que, después de 710.000.000 de pesetas, hay que ir más y más allá. Y yo le digo que eso es contumacia en el error, porque, en definitiva, si vemos que, efectivamente, la intervención no ha sido favorable o positiva, lo que hay que reconsiderar es si, efectivamente, no estaremos haciendo una mala utilización de los instrumentos de política industrial.

Y, señor Aguilar, ni usted, ni yo, ni el Consejero de Economía, ni estas Cortes, ni el Ministro, nadie nos cargamos las empresas; es el mercado el que dicta, es el que determina. ¡Qué más quisiera yo que tener la capacidad omnívora de mantener todas las empresas y todos los puestos de trabajos! Es que este tipo de argumentos son absurdos. Me culpa usted de cargarme a las empresas, como me podría usted de hundir el "Bismark". Igual de insensato es decir que, con nuestra posición, nos cargamos la empresa, que decir que, con nuestra posición, somos culpables de la sequía. Esos son argumentos absolutamente inútiles.

Aquí la cuestión es si hemos comprendido realmente CRYSTALOID, si Comelta -la empresa a la que pertenecía la empresa- suspende pagos por razones que no son las mismas que afectan a CRYSTALOID, si PRODICAL no tiene que ser extinta por las mismas razones que afectan a CRYSTALOID. Y, al final, ya se han enterrado dos o tres empresas, no nos gustaría que se enterraran aquí, en el futuro, unos cientos de millones de pesetas más del erario público.

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Y termino diciendo que la socialización -y usted lo sabe bien, porque me regaló un libro sobre el tema, señor Consejero-, la socialización de las pérdidas nunca ha sido ni será política de los socialistas; la socialización de las pérdidas es política del franquismo, y usted lo sabe bien. Aquí los únicos que han socializado pérdidas a través de la empresa pública han sido los cuarenta años de franquismo. En la década, en la década socialista se ha intentado reflotar las empresas, se ha saneado el sector público y, en definitiva, se está intentando, se está intentando -y usted bien lo sabe- reflotar y privatizar muchas de las empresas afectas al sector productivo.

Por lo tanto, la socialización de pérdidas no se nos achaque a nosotros. Ustedes, señores de la Junta, en esta actuación concreta, hacen política tardofranquista, y el resultado será el mismo que entonces.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Los Grupos que no han intervenido en el debate y que deseen fijar posiciones. Por el Grupo Mixto, don Luis Aznar tiene la palabra.

AZNAR FERNANDEZ

EL SEÑOR AZNAR FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías. El tema del Parque Tecnológico y de CRYSTALOID es un tema recurrente en estas Cortes y del que periódicamente tenemos que hablar.

Pero yo, señor Aguilar, hoy me alegro de haber participado en las Comisiones y en las comparecencias que ha habido sobre este asunto, porque, realmente... Y perdóneme, porque sabe usted que soy un admirador de sus apasionadas intervenciones, pero, con los argumentos que ha dado usted hoy aquí, yo tendría que pensarme muy mucho si realmente apoyase esta cuestión.

No obstante, venimos asistiendo a Comisiones de Industria en las que ha comparecido el Consejero, en las que todos los Grupos hemos tenido la oportunidad de dar nuestra opinión, y en función de eso, y en función de eso, yo hoy, junto con los compañeros del Grupo Mixto, voy a apoyar este Proyecto, esta... este Proyecto de Ley.

La cuestión, señor Aguilar, no es creer en el Parque o no. No hagamos de esto un dogma de fe, porque no es ésa la cuestión. Los parques tecnológicos parece ser que van ligados al desarrollo industrial, parece ser que son un buen escaparate, que son una buena atracción para conseguir que industrias de alta tecnología se acerquen a determinados lugares. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que toda la Cámara y en todas las ocasiones ha apoyado el Parque Tecnológico de Boecillo. No obstante, hemos manifestado, también, constantemente nuestras dudas sobre la gestión que se estaba haciendo del Parque. Y, seguramente, en función de esas dudas, se han ido corrigiendo asuntos que en un futuro próximo puede que den un mayor... una mayor eficacia a los resultados que el Parque Tecnológico de Boecillo puede traer a Castilla y León.

Hemos dicho también que no queríamos estarles presionando a ustedes constantemente, pidiéndoles los resultados inmediatos del Parque Tecnológico, porque el Parque Tecnológico habrá que juzgarlo con una visión de un plazo de años mucho mayor de la que lleva funcionando, o del que lleva funcionando.

No obstante, hay un hecho que me tengo que referir necesariamente a él, y que no sé de quién es culpa. Ustedes ha paseado el Parque Tecnológico por Europa, y me parece muy bien, porque hay que vender el Parque Tecnológico y hay que conseguir que se conozca en Europa el Parque Tecnológico. Pero tal vez han cometido un error, y ha sido llevar, junto al Parque Tecnológico, como bandera del mismo, como, casi, casi, muestra del mismo, a una empresa que es CRYSTALOID. Y hoy, cualquier ciudadano -entre los que me incluyo- en Castilla y León que le suene este asunto, yo creo que se identifica Parque Tecnológico de Boecillo con CRYSTALOID.

Seguramente el momento no es bueno, seguramente no es bueno. La crisis afecta no sólo al Parque Tecnológico, sino a la empresa CRYSTALOID. Yo no creo que hayan acertado, quien lo hiciera en su momento, con buscar esa empresa modelo para el Parque Tecnológico. Creo que ni con el sistema, ni con la empresa se ha acertado. No obstante, sí es cierto que del hundimiento de esta empresa podría derivarse un gran perjuicio para el Parque, algo que todos consideramos como necesario en esencia.

Por tanto, señor Aguilar, manifestando claramente nuestra duda acerca de la viabilidad de la empresa, de que esta empresa sea todo lo que se dice bueno de ella -y me sumo a todas las dudas que ha manifestado anteriormente el Portavoz Socialista-, yo voy a decirle que vamos a apoyar, en esta ocasión, el Proyecto de Ley. Nos hubiera gustado más que, en vez de dar todos esos argumentos, se nos hubiera dicho o se nos hubiera hecho aquí una cuantificación económica aproximada de lo que iba a costar a la Junta, porque es mucho más fácil decir -creo que lo ha dicho el Consejero-, que en este momento ya se está en posesión de un 49% de las acciones. ¿Hasta dónde se va a llegar? ¿Hasta el 52? ¿Hasta el 51? Haberlo cuantificado.

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Nos hubiera gustado que nos hubiera despejado alguna otra duda, como si existe un plazo previsto, prudencial, en cuanto al tiempo en que ustedes querrían hacer revertir o privatizar nuevamente CRYSTALOID; porque, claro, decir que en el momento que empiece a producir beneficios o que en el momento que aparezca un grupo que quiera garantizar el futuro, pues, ciertamente, a lo mejor no se puede decir otra cosa, pero yo tengo la preocupación -y lo he manifestado, y otros Portavoces lo han hecho, en Comisión- de que la Junta de Castilla y León acabe convirtiéndose en una especie de subsidio permanente de empresas con problemas. Y nosotros, los Procuradores, muchas veces caemos también en ese problema. Y acabaremos haciendo algo que, desde mi punto de vista, y dudo que desde el punto de vista de cualquiera que quiera un avance industrial importante para nuestra sociedad pueda apoyar, y es estar permanentemente subsidiando empresas en crisis, que hay -como creo que ha dicho el Portavoz Socialista- miles, hay miles.

Por tanto, y resumiendo, van a tener nuestro apoyo, y como este apoyo se hace a pesar de las dudas que tenemos sobre el asunto, nuestro seguimiento del tema va a ser mucho más intenso de lo que ha sido hasta ahora. Y vamos a pedir que en comparecencias del Consejero, en comparecencias de quien corresponda, se nos vaya informando de las cuantías que esta operación va a tener para la Junta de Castilla y León y del seguimiento de los resultados de esta empresa; algo que creo, conociendo el talante del Consejero, que estará dispuesto a hacer en cualquier momento y a clarificar en cualquier momento.

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo de Centro Democrático y Social, señor Monforte tiene la palabra.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Gracias, señor Presidente. Señorías. El día dos de febrero comparecía ante la Comisión de Economía el Consejero correspondiente para explicarnos, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, la situación económica de CRYSTALOID. En esa comparecencia los tres Grupos Parlamentarios en la oposición llevaban... llegamos, como ya viene siendo habitual, a una triste conclusión: la falta de información real, en este caso, sobre la situación de esta empresa, de CRYSTALOID. Y el Consejero no aclaró ni muchísimo menos esta situación durante su intervención. Sí que se apuntaron algunos importantes datos y algunas preguntas que quedaron sin contestar. Se habló, por ejemplo, de una subvención de 541.000.000 de pesetas de distinto tipo, aparte del dinero de la compra de acciones por parte de la sociedad Parque Tecnológico de Boecillo. Se hablaba de pérdidas por esta empresa durante los años noventa, noventa y uno y noventa, evaluadas en 602.000.000 de pesetas. Hubo algún Portavoz que calificaba la situación económica de la empresa de caótica. Se hablaba de una plantilla de cincuenta y siete trabajadores, en lugar de los ciento sesenta puestos de trabajo inicialmente previstos. Se hablaba de la aplicación de dos varas de medir distintas: una para NICAS, VALCA, el sector textil Aller, y otra para CRYSTALOID. Se le preguntaba al señor Consejero las relaciones entre altos cargos del Partido Popular y esta empresa, y el señor Consejero no contestaba.

Preguntábamos en esa Comisión: ¿qué es lo que se está intentando defender a través de esta empresa, intereses privados o intereses público? No había una respuesta. Preguntábamos: ¿quiénes son los que realmente están soportando las pérdidas de esa empresa, que debía de ser privada y, por cuestiones todavía no explicadas, es una empresa participada y dentro de unos minutos se convertirá en pública? Obviamente, respondíamos: los que soportan la carga son todos los castellanos y leoneses.

Pero hay un problema, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del CDS, todavía más grave. Se está inyectando dinero público a una empresa para mantenerla viva sin ningún plan para reflotarla, sino -como decía antes- insuflando dinero para ir tirando; sin objetivos, en definitiva. Nadie se puede explicar que una empresa bien instalada, con buenos medios, con una tecnología punta y avanzada, con un mercado amplio, todo esto -según decía el Consejero- esté en una situación económica tan caótica. Y esto es porque el señor Consejero, o no está bien informado, o nos dice la verdad a medias.

¿Qué se pretende con este Proyecto de Ley para hacer pública CRYSTALOID? ¿Salvar la empresa, salvar el Parque Tecnológico de Boecillo o salvar otro tipo de intereses? Si no se nos dan más datos, Señorías, sobre este asunto, creemos que el Parque Tecnológico de Boecillo puede sucumbir con empresas de este tipo, y al CDS no le gustaría nada que esto sucediese.

Por otra parte, pensamos que el Partido Popular en estos momentos -mejor dicho, el Grupo Popular-, está utilizando, una vez más, el doble lenguaje: la incoherencia. Antes de ayer un alto representante de su Partido a nivel nacional hablaba de la privatización de todas las empresas públicas, y ustedes aquí en Castilla y León, donde gobiernan, hacen todo lo contrario.

Por otra parte, si leemos la Exposición de Motivos, que, de alguna manera, pretende justificar el Proyecto de Ley, es de una total y absoluta incoherencia, ya que, si hiciésemos caso a la misma, habría que hacer público en estos momentos todo el sector privado que está en crisis en Castilla y León y que es mucho.

Por otra parte -y se ha dicho aquí por parte del Portavoz Socialista-, se da un cheque en blanco para la compra y venta de acciones sin indicar cantidades y cuando a ustedes les convenga o les dé la gana.

Tampoco se responde, a través de esta compra de acciones, al concepto que algunos tratadistas tienen sobre los sectores sobre los que ha de actuar el sector público, ya que esta empresa no presta ningún servicio de tipo social, no atiende ningún sector estratégico y no acomete inversiones que no pueda realizar un empresario privado.

En definitiva, Señorías, en el CDS no vemos nada por lo que debamos votar a favor y vemos muchas cosas por las que deberíamos de votar en contra. No obstante, y como hemos reiterado en distintas ocasiones, en estos momentos de crisis, donde existe cada día más paro, pudiéramos poner en la calle a un número aproximado de sesenta personas, y, efectivamente, a eso el CDS no quiere contribuir. Por tanto, la posición del CDS en estos momentos va a ser la de abstenerse en la votación en este Proyecto de Ley.

Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

BECKER ZUAZUA

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR BECKER ZUAZUA): Con permiso. Simplemente por alusiones, señor Procurador Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Consejero, perdón. ¿A qué alusión se refiere?

BECKER ZUAZUA

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR BECKER ZUAZUA): Me refiero a la que ha hecho el Portavoz Socialista a la política que practica la Junta de tardofranquista. Es una alusión a la política concreta. Y para aclararle, para aclararle.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor. Indudablemente, constituye un juicio de valor que puede afectar a la dignidad del Gobierno. Tiene tres minutos para contestar a la alusión.

BECKER ZUAZUA

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR BECKER ZUAZUA): Muchas gracias, señor Presidente. Mire, nosotros entendemos que lo que hacemos es la política que hoy se necesita hacer. Yo creo que esa invocación al pasado se la han debido asesorar alguno de sus compañeros de escaño, porque realmente contrasta mucho con toda su evolución hasta ahora en esta Legislatura. Si usted hace una encuesta, ya que es docente, entre sus alumnos, probablemente les costará distinguir el periodo franquista del primorriverista, es decir, la política de Primo de Rivera. Deje todo eso, el pasado; déjelo, que está muy bien aquí.

Y además le voy a decir otra cosa. Cuando se ven ustedes acorralados, sacan estos temas a relucir y eso dice... O sea, déjelos tranquilos. No hay política ni tardo ni post, ni nada. Es una política nuestra, que es la que practicamos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Perdón. El turno de alusiones no da lugar a debate. Se somete a votación... Se somete a votación el Proyecto de Ley que acaba de ser debatido. Los que estén a favor, levanten la mano. Gracias. Los que estén en contra. Abstenciones.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. Votos a favor: cuarenta y cinco. En contra: veintinueve. Abstenciones: cuatro. Queda, por lo tanto, aprobada la Ley por la que se autoriza a la empresa pública Parque Tecnológico de Boecillo a participar mayoritariamente en el capital social de la empresa CRYSTALOID Europe, S.A.

Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al undécimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Undécimo punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Bienestar Social en el Proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Sanitario".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto de Ley, en nombre de la Junta, tiene la palabra el señor Consejero de Bienestar Social.

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Cuando aún está en las paredes de este hemiciclo el eco del debate celebrado ayer y tras el cual se aprobaba el texto de reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, la que hoy presentamos ante las Cortes de Castilla y León es una prueba más del rigor con el que este Gobierno del que formo parte quiere seguir ordenando su estructura para profundizar en el autogobierno en esta Comunidad y prepararse definitivamente para la plena nivelación competencial a la que claramente no hemos renunciado jamás. Por eso, el Proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León, que presento hoy para su aprobación en estas Cortes, responde a la necesidad de regular todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud en la población de Castilla y León, así como cumplir el mandato contenido en la Ley General de Sanidad, dictada al amparo del artículo 149.1.16 de nuestra actual Constitución española.

Este mandato fija un sistema plural que prevé, en su artículo 50, el establecimiento de un servicio de salud en el ámbito de cada Comunidad Autónoma integrado por todos los centros, servicios y establecimientos de la propia Comunidad Autónoma, las diputaciones, los ayuntamientos y cualesquiera otras administraciones territoriales intracomunitarias.

En Castilla y León este mandato se concreta en la creación de un sistema de salud de Castilla y León que, desde la responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, integrará progresivamente las actividades, servicios y recursos sanitarios de las diferentes administraciones.

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Señorías, mediante este Proyecto de Ley pretendemos tener un instrumento efectivo para ordenar y administrar los recursos y competencias actuales y aquellos de los que disponga en el futuro nuestra Comunidad, mostrando así -a mi juicio- claramente la madurez de la Junta de Castilla y León como Administración sanitaria y su voluntad firme de asumir todas las competencias y responsabilidades en materia de sanidad, y evitando así la premonición que aparecía en el bloque segundo de la Exposición de Motivos de la Ley General de Sanidad, cuando señalaba entonces que, si las Comunidades Autónomas sólo recibieran algunos servicios sanitarios concretos y no bloques orgánicos completos -como es deseable-, las transferencias de servicios acabarían en la incorporación de una nueva Administración Pública al ya complejo entramado de entes públicos con responsabilidades sobre el sector.

Definitivamente, el Preámbulo de la Ley, allá en el año ochenta y seis, describía lo que no debía ser. Y, al final, describía lo que está pasando en algunas Comunidades Autónomas de este país.

Señoras y señores, me van a permitir que destine unos minutos breves al difícil momento que están viviendo los diferentes sistemas nacionales de salud, que nacieron como instrumento para atender necesidades y que se han convertido -no sé por culpa de quién, pero, en definitiva, se han convertido- en mecanismos institucionales para racionar recursos, de por sí, siempre escasos.

En las últimas décadas, un conjunto de factores diversos y bien conocidos, que se han incrementado por la coincidencia de varias circunstancias políticas, sociales y sanitarias, han acentuado la inestabilidad original y permanente de los sistemas de salud vigentes y han producido en diferentes países de nuestro entorno social y cultural una sucesión de revisiones de la asistencia sanitaria. Estos aires reformistas, que son únicos, o no son únicos de este país -están generalizados-, y que ya se han denominado en toda Europa y fuera de ella como la revolución tranquila en la sanidad, se iniciaron hace diez años en el Reino Unido, con la revisión Greefis, ha sido desarrollada más tarde con el programa "Trabajando para los Pacientes", y que se siguió inmediatamente en Holanda con la Comisión De Quer, en Finlandia con el programa "Personal Doctor", en Suecia y en Estados Unidos con el programa "Pipper Report", acaba en España con el Informe Bri y con el reciente informe revisionista italiano "De Lorenzo".

Los factores de esta crisis de todos los sistemas de salud nacionales son parcialmente comunes. Todos muestran defectos intrínsecos similares, como son la rigidez administrativa, la irresponsabilidad burocrática, la ineficiencia, la centralización excesiva, la desinformación y el desánimo y desencanto de los profesionales sanitarios, y, lo que es peor -la más grave de todas las causas-, la insatisfacción de los usuarios de la sanidad.

Además de estos factores -como no puede ser de otra manera-, afectan también a nuestro sistema nacional de salud español otros muy particularmente nuestros. A mi juicio, son: la indeterminación presupuestaria y las exigencias derivadas del Plan de Convergencia con Europa, que en nuestro país se han impuesto después de los acuerdos de Maastricht en el Tratado de la Unión.

Por eso, señoras y señores Procuradores, mediante el Proyecto de Ley que hoy les presento, hemos pretendido, sinceramente, anticiparnos a los cambios que necesariamente han de producirse en el Sistema Nacional de Salud en esta década de fin de siglo.

Este nuevo enfoque que pretendemos dar al sistema sanitario se muestra en los principios inspiradores de este Proyecto de Ley que hoy presentamos, y que incorpora, entre otros, los de descentralización, autonomía y responsabilidad en la gestión, el principio de promoción del interés individual y social por la salud y el sistema sanitario, el de mejora continuada de la calidad de los servicios en todos sus aspectos, el de sustitución tendencial de las prestaciones asistenciales por una atención más integral y personalizada; en definitiva, mucho más próxima, Señorías, al medio familiar.

Y así, los objetivos básicos de este Proyecto de Ley son: la ordenación general de las actividades sanitarias, tanto públicas como privadas; la creación del Sistema de Salud de Castilla y León, que, bajo la responsabilidad de la Administración de la Comunidad Autónoma, integrará progresivamente las actividades y recursos sanitarios de las diferentes Administraciones, así como las entidades privadas que se vinculen; la constitución de la Gerencia Regional de Salud, como instrumento para la gestión de competencias y recursos que le encomiende el Gobierno Autónomo; y, por último, la constitución de la Red Asistencial de utilización pública como forma alternativa a los conciertos tradicionales, con el objeto de garantizar la optimización del uso de los recursos existentes, tanto humanos como materiales, públicos o privados.

El papel que el Proyecto de Ley asigna a la Administración Sanitaria es, así, mucho más el de ordenadora y garante de los servicios y derechos que se derivan de la protección de la salud, antes que el tradicional papel de gestora y administradora directa de los recursos e instituciones sanitarias.

Pensamos, en definitiva, Señorías, que no es bueno ni conveniente amortiguar la viveza de la sociedad civil organizada, y que el papel de la Administración Sanitaria debe concentrarse, por una parte, en ser financiadora de la existencia del sistema, en ser responsable de la equidad y la solidaridad sanitarias, y en ser garante de la calidad de esta asistencia.

Por todo esto, los cometidos principales de la Junta de Castilla y León serán los de financiación -desde luego-; pero, junto a ello, la planificación, la organización general y evaluación, así como los de autoridad sanitaria pública sobre la salud individual y la salud colectiva.

La articulación concreta de estas facultades se realiza a través de instrumentos bien probados en la literatura. Estos instrumentos, a mi juicio, son:

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La financiación, instrumento fundamental, mediante presupuestos realistas sujetos a dos condiciones esenciales: que el gasto total no exceda de la cantidad establecida -algo que, aun siendo obvio, no se cumple, generalmente, en nuestro país-; y que los bienes y servicios comprados se destinen a cumplir un fin determinado, de forma que un presupuesto que tengamos en sanidad sea, pues, como documento de previsiones precisas, que desvanezca la incertidumbre y que, en definitiva, el instrumento de la financiación facilite a todos, en gran medida, la gestión.

Otros instrumentos son: el Plan de Salud, como instrumento estratégico para la planificación y la ordenación; el Mapa Sanitario, instrumento fundamental para la organización general de los medios y recursos adscritos al Sistema de Salud; la acreditación de centros y servicios para garantizar la calidad asistencial en todos ellos; y la información sanitaria y económica.

Señoras y señores Procuradores, el Proyecto de Ley -y ésa es una de sus principales reconocidas novedades- encomienda la gestión y administración de los servicios a una pluralidad de fórmulas de gestión directas, indirectas y compartidas que el Sistema de Salud de Castilla y León puede emplear para la gestión -más moderna cada vez- de los servicios y las prestaciones del Sistema Sanitario Público.

Estas fórmulas, en las que yo creo que se concreta la flexibilidad en cuanto a gestión de este Proyecto de Ley, son: por una parte, la Gerencia Regional de Salud, como ente público de carácter institucional, que gestionará servicios, prestaciones y programas; pero junto a ésta, junto a la Gerencia Regional de Salud, están los Consorcios, como fórmula abierta que ha servido para dar solución a un problema en el Hospital de Burgos; están las empresas públicas que podrán crearse; y, sobre todo, está cualquiera otra forma admitida en Derecho, que es la única posibilidad flexible de atajar todas las fórmulas de gestión necesarias en los tiempos modernos que corren para la sanidad.

Y, asimismo, el Proyecto que proponemos que sea aprobado contiene o prevé que los recursos de titularidad privada también estén ahí. Pueden integrarse en el sistema de utilización pública a través de la Red Asistencial de Utilización Pública, coordinarse a través de conciertos, o, quizá, mantenerse estrictamente en su condición de privados.

Sin duda, uno de los objetivos más importantes del despliegue del Proyecto de Ley es conseguir una mejora sustancial y continuada en la eficiencia y en la eficacia del Sistema Sanitario Público. Y para alcanzar este objetivo, hemos optado por organizar este sistema diferenciando muy claramente las responsabilidades de contratación de servicios de la responsabilidades propias de provisión de servicios.

Así, las funciones de contratación pasarán a ser exclusivamente competencia del Sistema de Salud de Castilla y León, que actuará -sin duda- en nombre de todos los usuarios de la sanidad pública. Pero junto a esto -y ahí radica, también, una importante novedad de este Proyecto de Ley- la provisión de servicios quedará abierta, en cambio, a las diferentes instituciones públicas o privadas que aporten una oferta adecuada de calidad y coste a los objetivos del Sistema Sanitario, en un marco indudable de competencia regulada.

Sin duda, la eficiencia y la eficacia de cada uno de estos centros, y servicios, e instituciones que configuran el Sistema Sanitario va a determinar la eficiencia y la eficacia de todo el Sistema.

El Sistema de Salud de Castilla y León se deberá situar -y en esto creo que estamos todos de acuerdo- muy cerca de sus usuarios y de sus proveedores, para poder desarrollar unas capacidades de respuesta rápida, eficiente, ante los cambios inevitables -a mi juicio- que se producirán en su entorno.

Creo, sinceramente, Señorías, que una innovación principal del texto que les presento es la incorporación de toda una batería de medidas de reconocimiento, protección y garantía de los derechos de los ciudadanos con relación al Sistema Sanitario, dando así rango legal a una auténtica, a una auténtica e innovadora carta de derechos, e incorporando entre éstos: la libre elección de médico, servicio y centros; derechos y programas preferentes para grupos específicos de población; y el derecho a la información sanitaria. Y, asimismo, este Proyecto de Ley establece por primera vez un sistema claro de garantías para la protección de todos estos derechos que figuran en la carta.

La ordenación territorial del Sistema de Salud de Castilla y León se fundamenta -y eso es lo que ya conocíamos, y por bueno lo dejamos- en las Areas de Salud, como dispositivo integrador del conjunto de los servicios y establecimientos sanitarios, incluidos los de prevención, asistencia y rehabilitación, y coordinados con los servicios sociales. El Area, asimismo, será el responsable de la coordinación de este conjunto de recursos. Y para hacer efectivas estas previsiones, el Proyecto de Ley establece planes de salud y presupuestos diferenciados, singularizados y desconcentrados en el Area, en la estructura del Area.

La creación de unos órganos de dirección y participación y los instrumentos de información y gestión sanitaria, que aseguren la coordinación e integración de los servicios, también se contemplan en este Proyecto de Ley, dentro de la estructura del Area.

Sin embargo, la gestión y administración de los recursos y la ejecución de los programas del Area podrá efectuarse mediante una diversidad de formas de gestión -de ahí, nuevamente, la fórmula flexible-, bajo la vigilancia y control de los órganos superiores del Area.

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En el espíritu del Proyecto de Ley, la autonomía de gestión no se debe producir en el nivel de autoridad central, como veníamos viendo, hasta la fecha, en otros sistemas de salud regionales y nacionales, sino que tiene que acabarse con la segregación tradicional entre facultades planificadores y gestoras, y la duplicación entre los órganos de la Consejería y los de la Gerencia Regional de Salud, y hay que ir a un sistema en el que se apoye la decisión en el Area de... en el contexto del Area de Salud. Y ello lo digo, Señorías, sabiendo lo que de innovador tiene y con todas las consecuencias organizativas, económicas y jurídicas que ello va a contemplar.

Las demarcaciones inferiores al Area son: las Zonas Básicas de Salud, donde se produce la atención primaria, que es la auténtica puerta de entrada al Sistema Sanitaria; y una novedad, una novedad técnica importante que contempla esta Ley es la creación de la figura del Director de Equipo, como un órgano unipersonal de gestión del Equipo de Atención Primaria y, nuevamente, bajo la idea de extender la autonomía en la decisión, al tiempo que la responsabilidad en la gestión de los servicios.

En la ordenación funcional, merece destacarse el reconocimiento a la participación -reconocimiento sincero- de los profesionales sanitarios en la gestión de los hospitales y la regulación de la atención continuada, incluso con la creación de instrumentos de comunicación y de coordinación específicos.

Asimismo, el Proyecto de Ley establece en la organización general del Sistema Sanitario un énfasis importante en la promoción de la investigación y la docencia en un sentido muy amplio, en el que destacan -y destacaré yo así- los programas aplicados a la prevención y la evaluación de la eficiencia de las intervenciones sanitarias y la previsión -ambiciosa y coincidente con muchos colectivos- de crear un Instituto Regional de Estudios de Ciencias de la Salud.

El Proyecto dedica un Capítulo aparte al Plan de Salud, como un instrumento estratégico para la planificación sanitaria en Castilla y León, incluidos por primera vez los aspectos intersectoriales y extrasanitarios, como pueden ser la alimentación, la cultura, el medio ambiente o la industria, que influyen -como es bien sabido- cada vez en mayor medida en el estado de salud de la población.

En el régimen adicional y transitorio de esta Ley se articulan un conjunto de medidas que permiten, en el período transitorio previsto, y de forma yo creo periódica o paulatina, hasta la plena constitución del sistema de salud, que se realice esa incorporación de forma ordenada, estableciéndose al mismo tiempo las previsiones necesarias de coordinación con la Administración Central y las corporaciones locales.

Al mismo tiempo, Señorías -sé que eso recaba el interés de muchos sectores de población que están representados aquí, pero que nos escuchan también fuera de aquí-, al mismo tiempo, digo, el Proyecto de Ley recoge una serie de medidas que, sin duda, solucionarán los diversos y diferentes problemas que en materia de política de personal sanitario viene arrastrando nuestra Comunidad Autónoma desde hace ya más de una década. Aprovecho este punto -y abusando de la benevolencia del Presidente- parar decir, o anunciar, o comprometer aquí a la Consejería de la que soy titular en la inmediata convocatoria de un concurso de titulares entre estas medidas, que deberá estar -si ello es posible- en la calle, deberá estar presentado en el periodo de "vacatio legis", que va entre la aprobación -si es que se obtiene en el día de hoy- de este Proyecto de Ley y la entrada en vigor, a los veinte días, de la misma. En ese periodo yo comprometo aquí la salida del primer concurso de titulares, en el que tendrán derecho preeminente, evidentemente, aquellos que sean titulares a la entrada en vigor de esta Ley.

En definitiva, Señorías -y con ello quiero acabar-, este Proyecto de Ley hará posible configurar indiscutiblemente, un marco jurídico y organizativo flexible para una sanidad gestionada con criterios de descentralización, desconcentración, simplificación, integración, racionalización y, sobre todo, humanización de la existencia. Se trata de ser mucho más eficientes y, al mismo tiempo, recuperar la confianza y satisfacción de los usuarios y la motivación de los profesionales de la sanidad. Y, en este sentido, yo quiero transmitirles a todos un mensaje de optimismo sobre el futuro inmediato y no tan inmediato de nuestro sistema sanitario.

Señoras y señores Procuradores, creo, definitivamente, que debemos ver este Proyecto de Ley como un texto transcendente, importante para nuestra Comunidad, caracterizado por un alto grado de realismo y por la búsqueda tenaz de mejores soluciones a los problemas ya difíciles que tiene la sanidad. Creo, Señorías, que estamos ante un Proyecto de Ley fundamentalmente lógico, moderno y adecuado a las exigencias de nuestro tiempo.

Y me gustaría finalizar destacando un aspecto que me parece fundamental en todo este Proyecto. Pienso que es conveniente que un Proyecto de Ley como éste, con vocación de ordenar todo el sector sanitario, y transcendente por ello para esta Comunidad en años venideros, alcance un mínimo o un consenso bastante. Desde el inicio en su negociación hemos estado abiertos a la vía del diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara y también con los sindicatos fuera de ella. Lo estamos ahora en el trámite en que estamos ya de debate parlamentario, y yo garantizo que voy a estar igualmente abierto al diálogo en el desarrollo futuro de la Ley, convencido como estoy, y todo el equipo que ha hecho posible esta Ley, de que el resultado de ese planteamiento de búsqueda del consenso, de diálogo permanente e inagotable por todas las partes, será altamente beneficioso para todos los ciudadanos de Castilla y León.

Por eso, Señorías, yo quiero agradecer, definitivamente, el apoyo que he encontrado en todas las fuerzas políticas, sin excepción, para mejorar este texto, y, sobre todo, concretarlo en el esfuerzo tremendo que la Ponencia ha hecho para sacar adelante un texto difícil, complejo y completo.

(-p.1518-)

Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores Procuradores, por su atención. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Consejero. El artículo 1, Señorías, se puede votar por asentimiento. ¿Se vota por asentimiento? De acuerdo. Queda aprobado.

En el artículo 2 se mantiene viva la Enmienda número 4 del señor Herreros. Para defenderla, tiene la palabra el señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores. Ya había tratado con la Mesa y había comunicado a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios la intención, por nuestra parte, si no hay ningún tipo de inconveniente por parte de la Mesa, de hacer una presentación y defensa de las Enmiendas parciales agrupadas, con el voto particular que también manteníamos aparte, lo cual indudablemente agilizará esta cuestión, y creo que después de haber pasado por la Ponencia, por Comisión, por múltiples contactos, hay suficientes datos, argumentos, como para que pueda realizarse así, si no hay ningún tipo de inconveniente.

Yo iniciaría con un breve preámbulo, diciendo que una de las aspiraciones que tiene lógicas cualquier persona es el reconocimiento, la estima y el apoyo de los demás; pero también es lógico que esto no se produzca siempre y en todo, porque sería una pretensión excepcional por excesiva. Y estando en lógico acuerdo con los criterios planteados por el señor Consejero, que desgranan todo lo que ha sido este Proyecto de Ley según su propia lógica y su propio convencimiento, sí he de decir dos matizaciones muy breves. Quiero que se sepa que, no sé si desde el primer momento, en un momento determinado sí se había planteado, y así he llegado a conocer, que había un consenso por parte, no sé si todas las fuerzas políticas representadas en estas Cortes; desde luego, con este Procurador, no, hasta muy avanzada toda la tramitación de debate. Y he de decir también que, en virtud de esa misma cuestión, el Director General de Sanidad, y me consta que el Consejero y me consta que los demás Portavoces de los Grupos Parlamentarios, sí hicieron después ese contacto y hemos tenido algún tipo de conexión o de debate para ver, llegar a algunas soluciones que pudieran ser interesantes. En algunos casos se ha podido llegar y en otros no.

Y quiero, también, dejar absolutamente claro también que las Enmiendas que mantenemos las hacemos en lógica también con nuestro propio criterio, con nuestro propio proyecto o con nuestras propias aspiraciones.

A nadie se le escapa que un modelo sanitario es un elemento de primera importancia en el reparto o distribución de la riqueza y en la corrección de las desigualdades sociales. Especialmente debe entenderse así en nuestra Región, que reúne algunas condiciones específicas. Ya hemos conocido y hemos debatido aquí en alguna ocasión la evolución demográfica de nuestra sociedad castellano-leonesa, el bajo nivel de rentas, la existencia de algunas zonas con un índice mayor de pobreza. Y también, por supuesto, entendemos que es un mecanismo de perseguir o a perseguir un sistema de atención sanitario más eficaz. Por ello, nosotros partimos de la defensa de un Servicio Regional de Salud, entendido como un sistema público, universal, único, integrado, gratuito en el momento del uso, que tienda a igualar la oferta de servicios sanitarios de acuerdo con las necesidades de la población. Efectivamente, mediante una territorialización y sectorización, centrado en el fomento de la salud, organizado alrededor del pilar básico de la atención primaria de la salud, como la define la Organización Mundial de la Salud para los países industrialmente avanzados; financiado por la fiscalidad general, profundamente participativo, activo y democrático.

Este modelo, que, a nuestro juicio, tuvo un primer planteamiento, entendemos que nació viciado en la Ley General de Sanidad, alejándose de las primeras propuestas iniciales que se habían hecho en el año mil novecientos ochenta y dos por el Partido Socialista. Y entendemos que es el único que puede garantizar el derecho de todos a la salud en condiciones de igualdad, desde la equidad y accesibilidad a las prestaciones sanitarias de todos los ciudadanos y ciudadanas y desde la utilización de los recursos, basado en el esquema persona/sistema de salud y no en la exclusiva relación médico/paciente.

Es la persona inserta en un sistema de salud la que objetiviza sus necesidades y en base a ellas crea, utiliza y transforma los recursos sanitarios. La experiencia mundial en cuanto a niveles de salud se refiere demuestra la eficacia del modelo que propugnamos, frente a otros de corte más liberal o mercantilistas, en los que el principio de necesidad -a nuestro juicio- queda subordinado a los criterios de competitividad y mercado.

Y, así, en algunos datos de referencia estadística, en mil novecientos ochenta y siete, países con una renta per cápita de 2.500, 3.000 dólares, tienen una esperanza de vida de setenta y cinco años, setenta y cuatro años, respectivamente, mientras que otros, con una renta per cápita de 17.615 dólares, tenían una esperanza de vida de setenta y cinco años. Mostrando con ello -a nuestro juicio- la ineficacia de los sistemas fuertemente privatizados.

En mil novecientos ochenta y siete, el gasto total de salud efectuado en países como los Estados Unidos ascendió al 11,2% del Producto Interior Bruto y para España fue del 6%, con una renta por habitante mitad a la anterior y, curiosamente, una esperanza de vida superior.

En los tres últimos años hay que destacar tres líneas de actuación, fundamentalmente, en relación con el sistema nacional de salud.

(-p.1519-)

Primero, contención del gasto público, a expensas, lógicamente, del gasto social, con el objetivo de reducir el déficit público, uno y otro por debajo de la media comunitaria en nuestro país.

Segundo, freno al desarrollo de las medidas más progresistas de la Ley General de Sanidad. Porcentaje del gasto sanitario del INSALUD destinado a atención primaria, en mil novecientos ochenta y cuatro fue del 21,2% y en mil novecientos noventa es del 15,7%, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda entre el 30 y el 35%.

Tercero, se suceden propuestas para desmontar el sistema nacional de salud e introducir medidas privatizadoras que en algunas cosas se elevan, a nuestro juicio, al absurdo.

Y detengámonos en algunas de las recomendaciones de la Comisión Abril Martorell. Estima, la recomendación número diez, que los instrumentos más adecuados para la ejecución y cumplimiento de los distintos programas de prevención y promoción pueden ser también los conciertos con unidades y profesionales individuales o en grupo. Considera, asimismo, que muchas necesidades de salud pública en temas como estadística, epidemiología, etcétera, constituyen obligaciones normales del ejercicio profesional y su cumplimiento forma parte de la acreditación.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Perdón, Señoría. Le ruego que... No está defendiendo una Enmienda a la totalidad, sino haga una defensa de las Enmiendas parciales que tiene presentadas.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Pero cuando yo había solicitado desde el primer momento que iba a haber una agrupación de Enmiendas, precisamente lo que pretendía era dar la argumentación básica, que después sea prácticamente desgranar el enunciado de las Enmiendas, sin que haya necesidad de entrar, por mi parte, una a una. Y yo prometo que la sumación de los minutos correspondientes a las Enmiendas una a una va a ser, incluso, inferior a la intervención que voy a hacer.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor...

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias. Bien, la práctica médica está centrada, a nuestro juicio, en el diagnóstico, actualmente, y tratamiento de la enfermedad del individuo. Y la salud pública se preocupa de todos los aspectos de la salud de la población, incluyendo la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades, la atención médica y la rehabilitación. Por ello, es una tarea infinitamente más compleja que la de la mera práctica médica.

No existe -a nuestro juicio- un país en el que muchas de esas necesidades de salud pública, en temas como estadística y epidemiología, constituyan, precisamente, obligaciones normales del funcionamiento o de las obligaciones del ejercicio profesional.

Tanto las recomendaciones de la Comisión Abril Martorell, como la política que, en cierto modo, se ha venido siguiendo, a nuestro juicio, pues, están enmarcando administraciones sanitarias como financieras o como financiadoras; áreas de salud como compradoras de servicios; hospitales, centros de salud, médicos y oficinas de farmacia como proveedores; y los usuarios como clientes.

Las consecuencias -a nuestro juicio- de esta opción son: primero, que se separa la financiación de la provisión de los servicios; segundo, que hay una mayor capacidad del usuario para elegir entre los diferentes proveedores, pero de una forma meramente teórica; tercero, el abandono del derecho público y el sometimiento al derecho privado en la gestión de los servicios; cuarto, el sector privado se sitúa en un plano de igualdad con el público, con riesgos objetivos de parasitación del sector público por el privado; quinto, se introducen cambios en el régimen jurídico de los servicios públicos, que, en cierto modo, escapan al control parlamentario; y, por último, se corre el riesgo -y entendemos- de lo que es la flexibilización del régimen de personal.

Desde esa aparente indefinición y ambigüedad del texto del Proyecto de la Ley... del Proyecto de Ley de Ordenación Sanitaria, subyace la opción de este modelo, cuajado -a nuestro criterio- de propuestas privatizadoras del sistema.

Y las próximas contaminaciones, posiblemente, no se hagan esperar, en un recorte del gasto público, porque es lo que en estos momentos está predominando como proceso general, y una desigualdad en el acceso a los servicios sanitarios.

Bien. Se podía decir -y yo creo que, en cierto modo, lo estaba expresando el Presidente de la Cámara en estos momentos- que, con estas consideraciones, ¿por qué no se ha presentado una Enmienda a la Totalidad del Proyecto? Bien, pues, primero, por unas limitaciones lógicas; segundo, porque hay aspectos en los que nosotros entendemos que podemos coincidir, aun dentro de esa propia dinámica. Pero lo que no cabe la menor duda es que nosotros entendemos el concepto de salud como una parte fundamental del desarrollo de la persona y forma parte esencial del concepto de calidad de vida; y, por supuesto, corresponde -a nuestro juicio- a la Administración, fundamentalmente, amparar y estimular tal faceta del desarrollo.

Y, en segundo lugar, el derecho a la igualdad, ante el fenómeno de la salud, principalmente por las instituciones públicas, gratuitas, accesibles, suficientes y eficaces, que pueden garantizar tal derecho.

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Y, en base a esto, mantenemos las Enmiendas, por ejemplo, números 8 y 9, porque la gestión y administración de las actividades, servicios y recursos adscritos al Sistema de Salud de Castilla y León debe de corresponder exclusivamente al órgano especializado para tales funciones, que es o sería la Gerencia Regional de Salud, y quedar nítidamente determinado en el texto de la Ley.

La iniciativa privada no puede, en principio, ni se lo propondría como objetivo, en ninguna manera, garantizar el derecho a la salud en condiciones de igualdad. Resulta sintomático cómo en el artículo que se habla de la naturaleza y contenido del Sistema de Salud, es decir, en lo que hace referencia a su definición, se empieza -a nuestro juicio- a hacer dejación por parte de la Administración Autonómica de la gestión y administración de los servicios y recursos adscritos al sistema, con una variedad y ambigüedad de fórmulas que ya perfilan el régimen jurídico que se quiere dar a la Gerencia Regional de Salud: entidad pública sometida el derecho privado; es decir, un instrumento del Gobierno de la Junta que, en cierto modo, se escapa o puede escaparse al control parlamentario, que va a estar regido en sus relaciones, con otras entidades privadas, por el ordenamiento privado, soslayando las garantías que ofrece la Ley de Contratos del Estado. Las Enmiendas 43 y 44 tienen que ver, en cierto modo, con ello.

Si ha de haber un organismo especializado para la gestión y administración de los recursos, éste habrá de ser o estar claramente -a nuestro juicio- sometido al derecho público -como hoy lo es el INSALUD-, pero profundizando en su carácter participativo.

La concepción de salud que nosotros tenemos, al menos, para ser eficaz, requiere contar con la participación más expresa de lo que se ha planteado en el Proyecto de Ley. Y en esa línea, precisamente, habíamos mantenido una serie de Enmiendas, que pudieran facilitar la participación desde las bases de la sociedad, al margen de otros estamentos que, posiblemente, tengan un carácter de mayor representación burocrática, si cabe. Las Enmiendas 4, 29, 47 y 54 inciden en estos aspectos.

Las restantes -12, 16, 17 y 42- inciden en una ampliación de los servicios y actividades del Sistema de Salud. Las primeras, por ser prestaciones claramente demandadas por la población y responder a una concepción integral de salud. Y la Enmienda 12 plantea la adición, entre las actividades y servicios, de programas de orientación en el campo de la planificación familiar y la prestación derivada de la misma. Hace referencia la 16 y la 17 a la certificación acreditativa del estado de salud de las personas que lo demanden, con carácter gratuito y sin las condiciones de exigencia legal que se plantean en el Proyecto de Ley. Y, por último, en la Enmienda 42, nos parece que es interesante añadir la creación de una red y estructura sanitaria para la realización de actividades de salud pública en materia de epidemiología y prevención de enfermedades y de accidentes y de protección frente a los riesgos laborales y medioambientales.

Esto es lo que nos ha llevado, precisamente, a motivar o coadyuvar, a cooperar, en definitiva, a enriquecer, desde una óptica que es la propia nuestra, indudablemente, y que, lógicamente, nos parece que sería interesante que pudieran recogerse, no sé si al completo; lo que no cabe la menor duda es que algunos aspectos inciden con criterios sociales en una mayor participación y en una mayor sensibilización, con lo que en estos momentos podría suponer un revulsivo importante en la solución del problema de la salud a escala de la Comunidad Autónoma y -una sugerencia a lo mejor pretenciosa- a otras escalas superiores. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR SAINZ GARCIA): Gracias, señor Herreros. Para consumir su turno en contra, tienen la palabra... lo van a compartir entre el señor León de la Riva y el señor Trapero. Tiene la palabra el señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Señor Consejero, convendrá Su Señoría conmigo que no hemos tenido suerte con la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario. Y le digo que no hemos tenido suerte porque un Proyecto de Ley, una Ley -que va a ser dentro de muy poco- que, en mi modesta opinión, es una de las leyes más importantes que se van a aprobar en esta Legislatura se está debatiendo, justamente, a las pocas horas de haber realizado el debate sobre la Reforma del Estatuto, que, evidentemente, tiene un calado político mucho mayor. Yo estoy seguro que, si no hubiera habido esta coincidencia en la programación de ambos debates, la trascendencia que tiene -sin duda ninguna- la Ley que vamos a aprobar entre todos hubiera sido mayor.

Porque -y como uno ha aportado su modesto granito de arena, yo creo también me cabe el sentirme orgulloso, como estoy seguro que lo estaremos todos quienes hemos participado en la elaboración del texto que se va a aprobar- vamos a aprobar una Ley de Sanidad que yo creo que se puede calificar, sin pretensiones, de ser la más completa de las que en este momento existen en ninguna de las Comunidades Autónomas del Estado Español, porque -como bien ha señalado el Consejero en su presentación- es una Ley moderna, ágil, flexible, descentralizadora, integradora; es decir, todo aquello que hoy se exige a una Ley de Sanidad.

Pero es que, además, es una Ley que nace con voluntad de perdurar. Y por eso es bueno que se haya llegado a un consenso muy mayoritario, casi, casi unánime, con cesiones hechas por unos y otros Grupos, en aras de buscar una Ley que sea válida para todos. Y creo que hemos conseguido el objetivo fijado: hemos obtenido una Ley que -insisto- nace con voluntad de perdurar, independientemente del color político del Gobierno de turno, e incluso independientemente del nivel competencial que en materia sanitaria tenga el Gobierno de turno.

(-p.1521-)

Es una Ley que puede ser un instrumento válido en manos de un Gobierno del Partido Popular, en manos de un Gobierno del Partido Socialista, del CDS o -¿por qué no?- también de Izquierda Unida, a pesar de las reticencias mostradas en su intervención por el señor Herreros, que también ha colaborado -y justo es reconocerlo aquí- en el texto que sometemos a la consideración de Sus Señorías.

Bien es verdad que yo, según escuchaba la intervención del señor Herreros, me veía un tanto sorprendido, porque, efectivamente, estaba haciendo un planteamiento que -yo creo- no se ajustaba a lo reglamentariamente previsto de esta sesión, que era la defensa de las Enmiendas, entrando en una concepción política de su modelo sanitario, que es objeto de otro debate, y que la benevolencia de la Presidencia ha permitido y nosotros aceptamos de buen grado aquí.

Pero he de decirle, señor Herreros, que según iba desgranando usted sus argumentos, yo iba repasando mentalmente el "Informe Abril". Y, desde luego, no sé si Su Señoría, o quien le haya preparado la intervención, está claro que lo ha hecho al hilo del propio "Informe Abril", pero con una diferencia de matiz: uno de los puntales del "Informe Abril" es la integración del sector privado en la red de asistencia pública, y eso es lo que a Su Señoría se le ha olvidado decir al hacer ese seguimiento.

Yo creo

y voy a aclararle- que la voluntad de consenso existió desde el principio entre la Consejería y entre todos los Grupos; pero, lógicamente, por la cantidad de Enmiendas y -¿por qué no decirlo también?- por la envergadura política de los dos Grupos, para facilitar -y no por otra razón-, para facilitar el acuerdo, hicimos una primera acercamiento... un primer acercamiento entre el Grupo Popular, el Grupo Socialista y la propia Consejería; en ningún momento cerrado a los restantes Grupos. Y prueba de ello es que, en cuanto ese acercamiento se logró, se facilitó absolutamente toda la documentación a los restantes Grupos. Y yo creo que la negociación y el discurso que hemos tenido tanto en Ponencia como en Comisión sería un buen modelo para seguir en esta Cámara en el trámite de otros proyectos legislativos.

Desde luego, después de este Proyecto de Ley y de su tramitación en esta Cámara, espero que nadie nos acuse de manejar el rodillo de la mayoría absoluta. ¡Ya quisiera este Portavoz encontrar el mismo talante en otras mayorías!

Hay un tema al que no ha hecho referencia ni el Consejero, en su presentación, ni el Portavoz de Izquierda Unida, en sus Enmiendas, y que yo no quiero dejar en el olvido absolutamente. Porque, efectivamente, era algo innovador en la Ley y que, por acuerdo unánime de los cuatro Grupos y de la propia Consejería, se ha quitado de la Ley, aunque la voluntad del Ejecutivo es que eso... y del propio Legislativo -espero, también, en su día- es recuperar esa figura. Me refiero al "Defensor del Usuario", que era algo novedoso en la Ley, y que se pensó en la fase de Ponencia que era mejor no crear una figura sectorial, aislada de una figura más amplia de Defensor del Ciudadano; y -como ustedes recordarán- en el debate del estado... o del Estatuto de Autonomía, en el X Aniversario, acordábamos unánimemente los cuatro Grupos crear esa figura de Defensor del Ciudadano, una de cuyas secciones, departamentos, áreas o como administrativamente convenga decir será el que se ocupe de defender los intereses del usuario.

Y, después de esta introducción, que venía, un poco, obligada por la introducción que ha hecho el Portavoz de Izquierda Unida, y tratando de resumir, habida cuenta... Y también es bueno que se comparta el turno en contra de las Enmiendas, que es tanto como decir el turno a favor de la Ley, que se comparta entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular. Pues, voy a tratar, rápidamente, de contestar a las Enmiendas. No sé si me llevará, más o menos, el tiempo que al señor Herreros le ha llevado el defenderlas.

La Enmienda número 4, en la que trata de introducir una mayor participación. Globalmente -para no entrar mucho al detalle-, las Enmiendas del señor Herreros pretenden dos o tres cosas en síntesis. La primera, cambiar la participación en determinados órganos, dando participación en órganos que entendemos que son muy técnicos a los ciudadanos, tratando de transformar, pues, lo que debe ser el funcionamiento de un hospital en algo que, casi, casi, debe regirse por parámetros asamblearios, cosa que, evidentemente, quienes hemos trabajado o trabajamos en hospitales no compartimos; otra cosa son los órganos de participación ciudadana en otras áreas concretas, pero no en los hospitales.

Luego, desde un criterio respetable, ideológico puro, pero que tampoco podemos compartir, un rechazo absoluto de todo lo que tenga que ver con el sector privado. Entendemos que es, justamente, un error; que es bueno que la Administración controle al sector privado y que es la voluntad de la Ley General de Sanidad, y, desde luego, es la voluntad en todos los países que se están ocupando del tema de aprovechar todos los recursos, porque la Constitución obliga a las Administraciones Públicas a dar un buen servicio, pero no a darlo a través de sus propias instituciones; y, por lo tanto, a través de instituciones propias, concertadas, convenidas, se puede perfectamente dar cumplimiento al mandato constitucional.

Y luego modifica también... pretende modificar algunos órganos, como es el propio Consejo de Administración, como es la participación de los consumidores y usuarios, cuando, paradójicamente, en la fase previa al Anteproyecto de Ley, el Consejo de Consumidores de Castilla y León dijo que quería dos representantes, y dos representantes son los que aparecen en el texto, que, por otra parte, es el que aparece en todas las leyes similares de otras Comunidades Autónomas; y la Enmienda de Izquierda Unida trata de aumentarlo. Es decir, en este caso, quiere ser -si se me permite la expresión- más papista que el Papa.

(-p.1522-)

En algunos temas, las Enmiendas inciden en la voluntad de Izquierda Unida de cambiar la redacción. Curiosamente, en aquellos casos en los que la Ley de Sanidad de la Comunidad Autónoma transcribe literalmente en su redacción los párrafos de la Ley General de Sanidad, que es una Ley básica y una Ley marco. ¿Para qué darle una redacción distinta? Lo más oportuno -pensó la Consejería en su momento, y hemos pensado nosotros también- es la transcripción literal de aquellos párrafos que tienen una traducción inmediata en la Comunidad Autónoma.

Hay alguna Enmienda técnica, como cuando habla de la orientación y la planificación familiar. Pues -perdónenme la falta de modestia-, algo de ese tema sé, por razones profesionales, y creo que queda bastante más claro y bastante más completo en el texto de la Ley que en la Enmienda que se nos sugiere.

Y luego pretende, en ese posicionamiento ideológico contrario al sector privado, que todo lo que tenga relación con el sector privado sea excepcional, sea coyuntural. Pues, entendemos que no debe ser así, señor Herreros; que hay que aprovechar los recursos; que, en este momento, hay muchos hospitales, hay muchos servicios que ya están concertados, y que lo que se pretende con esta Ley es dar una garantía de continuidad a esos convenios, con lo que se mejora la estabilidad del personal y las previsiones de futuro y de inversión de esos centros, que, si están integrados en un sistema, saben que les va a ser rentable seguir haciendo inversión, pero que, si están sometidos a revisiones anuales de si se les hace concierto o no se les hace, evidentemente, condiciona la puesta al día y la inversión en esos centros.

Y eso, que vale para determinados servicios hospitalarios o para determinados departamentos, vale también para la concertación o el convenio con determinados profesionales. Su Señoría ha explicado que la especial distribución geográfica y poblacional de nuestra Comunidad Autónoma tiene unas peculiaridades que, a lo mejor, justifican, justamente, hacer un convenio, un contrato con un profesional especialista en determinada área que es ajeno al servicio, pero que es mucho más barato concertar con aquel especialista determinados servicios, que no coger a los pacientes y desplazarles a un centro urbano más o menos lejano, o, inversamente, llevar un profesional allí. Hay que tratar de hacer los servicios al mejor coste, al menor coste y con la mejor calidad; y eso se puede lograr perfectamente con la Ley.

El resto de las Enmiendas que plantea -después hablaremos de la Transitoria Cuarta-, realmente, han quedado contestadas de una forma sucinta, sin perjuicio -como digo- de que el Portavoz del Grupo Socialista, de acuerdo con lo que teníamos hablado previamente a este debate, se pronuncie al respecto.

La Enmienda 42 que plantea Su Señoría, si me apura, es una marcha atrás -y no quiero hablar de marchas atrás en el tiempo-, cuando habla de crear una red paralela de salud pública. Eso es ir frontalmente contra el propio espíritu de la propia Ley de Sanidad. Y usted vuelve a separar... yo no sé si trata de resucitar el glorioso cuerpo de la sanidad nacional -que es muy importante-, y diciendo que los médicos asistenciales no tienen nada que ver con los aspectos puramente de salud pública. Yo creo que eso, técnicamente, también sería una marcha atrás.

Y en cuanto a la consideración de la Gerencia como organismo autónomo, nosotros pensamos -y coincidimos, ¡cómo no!, con el Consejero- que es mejor la cualificación de esa Gerencia como un ente público institucional. Y tan coincidimos con él que, si usted se pone en contacto con otras Comunidades Autónomas donde la Gerencia aparece como organismo autónomo, en este momento se están replanteando esa reconsideración, porque esa figura, un tanto extraña -¿por qué no decirlo?-, del Ente Público Institucional permite una mayor agilidad y una mejor gestión en todos estos temas.

Finalmente, en el Consejo de Administración, que usted trata de suprimir -la verdad es que no sé por qué- un representante de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, yo le hago una reflexión: observe que hay tantos representantes de la Administración Autónoma como tantos representantes de algo (municipios, sindicatos, empresarios) que no es la Administración Autónoma; y no en un órgano consultivo, sino en el Consejo de Administración, que yo creo que tiene trascendencia el saber hasta dónde se puede llegar con él.

Por lo tanto, señor Herreros, dentro de la voluntad que por la Consejería y por nuestro Grupo -y a continuación le dirán, me imagino, algo parecido desde el Grupo Socialista-, nuestra voluntad de acercamiento a sus posturas ha llegado hasta el máximo de lo que nos parecía razonable y permisible, aunque, lógicamente -¡cómo no!-, respetamos absolutamente su derecho a seguir manteniendo Enmiendas que, en nuestro modo de ver, no tienen cabida en una concepción moderna para la sanidad, que es la que todos queremos para los ciudadanos de Castilla y de León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Trapero, para compartir este turno en contra, tiene la palabra.

TRAPERO GARCIA

EL SEÑOR TRAPERO GARCIA: Señor Presidente. Señorías. Salgo para compartir con el Grupo Popular un turno en contra en las Enmiendas del señor Antonio Herreros, fundamentalmente, porque esta Ley está acordada con la mayoría de los Grupos Parlamentarios; y, por lo tanto, después del acuerdo que ha habido sobre el propio contenido de la Ley, nos sentimos corresponsables de su propio contenido y, como corresponsables de su propio contenido, queremos dar las explicaciones oportunas a las Enmiendas presentadas por el señor Antonio Herreros.

(-p.1523-)

Esta es una Ley básica que, bajo nuestro punto de vista -y así se contempla en la Ley-, debe servir tanto para gestionar las competencias actuales, para lo cual es válida, como también, en el futuro, para gestionar las competencias que se pudieran recibir en el futuro del INSALUD. Y, por lo tanto, bajo esa premisa de una Ley válida y vigente para la actualidad y también para el futuro, era conveniente que fuera una Ley lo más consensuada posible, lo cual asegura, también, la vigencia en el tiempo, y que fuera, también, una Ley lo más flexible posible en la gestión, porque los instrumentos de gestión cambian constantemente, se modernizan, y no sería bueno en una Ley de este estilo el que la gestión se viera condicionada demasiado por el articulado.

Por lo tanto, mi Grupo considera que ésta es una Ley que representa el modelo sanitario que nosotros mantenemos, que permite gestionar con eficacia las competencias actuales y que permite, también, y permitirá -por lo flexible que es- abrir un horizonte de gestión en el futuro, si es que se recibieran las... o cuando se reciban las competencias del INSALUD.

Y bajo ese punto de vista, yo querría contestar al señor Herreros, no a la defensa de las Enmiendas que ha hecho, porque yo creo que no ha hecho tal defensa de las Enmiendas, por lo cual yo me tendría que limitar a mirar sus Enmiendas y tratar de contestarle al propio contenido de las Enmiendas.

Ha presentado usted al artículo 7, referido al Sistema de Salud, que es nuevo en el articulado, y al Título y al Capítulo del Sistema de Salud, que también es nuevo, las Enmiendas 8 y 9. Y éste es un artículo importante, un artículo donde se da efecto y se cumple la Ley General de Sanidad, que obliga a que en cada Comunidad Autónoma se constituya el Servicio Regional de Salud; en este caso, no se llama el Servicio, se llama el Sistema, pero cumple la propia finalidad de la Ley, que es la integración de todas las redes y todos los recursos de carácter público, bajo la responsabilidad de la Comunidad Autónoma. Y, en ese sentido, avanza -y yo creo que ha mejorado bastante del texto primitivo- en la integración funcional, desde ahora, de todos los recursos de las Corporaciones Locales -nos estamos refiriendo a hospitales provinciales y psiquiátricos-, y avanza también fijando un plazo de dos años para la firma de los convenios correspondientes para la integración definitiva de esos recursos de las Corporaciones Locales. Con lo cual, se cumple un doble objetivo: por una parte, se satisface una vieja reivindicación de la Administración Local y, por otra parte, se cumple, también, un objetivo de eficacia, al integrar redes sanitarias.

En el punto segundo, fija la coordinación, la dirección y el control a la Junta de Castilla y León.

Y en el tercer tema, en el tercer punto, habla de la gestión, que es el que ustedes tratan de enmendar. Y tratan de enmendar y tratan de sustraer que la gestión la pueda realizar directamente por parte de la propia Consejería, y tratan de sustraer también que la gestión se pueda realizar por otro tipo de entidades; y cuando hablamos de entidades, estamos refiriéndonos a la posibilidad de consorcios con las Administraciones Locales o estamos refiriéndonos en la propia Ley a la posibilidad de constitución de empresas públicas.

Mire, yo creo que, sobre todo, el servicio público, el servicio sanitario público está necesitado, si quiere atender las demandas de los ciudadanos, de una modernización constante, como lo prueba, evidentemente, la revisión de todos los sistemas sanitarios que se están estableciendo -y como explicaba el Consejero anteriormente- en todos los países europeos. Pero es más: en nuestro país, también, las Comunidades Autónomas que tienen competencia exclusiva lo han empezado a hacer así; léase el caso de Cataluña, léase -hace muy poco- el caso, también, de Euskadi. Y todas las reformas de los sistemas sanitarios van en contra de las Enmiendas que ustedes proponen; no van en contra de concentrar toda la gestión en un órgano que se llame Gerencia o se llame Servicio, sino que, prácticamente, todas las reformas que se están haciendo en este país y en Europa van a favor de un proceso de descentralización, de autonomía, de corresponsabilidad y responsabilidad de los propios trabajadores y de los propios profesionales de la sanidad. De tal manera que yo creo que si hay algo claro es que esta Ley debería, y debe, de hecho, permitir mecanismos de flexión flexible y debe dejar bien claro que la gestión se debe hacer lo más descentralizada posible, y, bajo ese punto, así se conserva en la Ley la posibilidad de constitución de consorcios u otro tipo de entidades. Nos parecería, en definitiva, que volver a un sistema centralizado de gestión alrededor de la gerencia no sería un paso en la línea de las reformas que se están haciendo actualmente, sino una vuelta atrás en los temas que parecen definitivos, que es la corresponsabilidad de los profesionales, la autonomía de los centros y la posibilidad de aplicación de la propia financiación y de la corresponsabilidad de las personas que trabajan en el mundo sanitario.

(-p.1524-)

En segundo lugar, hay un grupo de Enmiendas u otra Enmienda, Enmienda 25, que se refieren al artículo 15, que también ha sufrido en su tramitación yo creo que una modificación importante, y es referido al área de salud. El área de salud ya no se configura como se configuraba previamente, como instrumento de gestión, sino que se configura fundamentalmente como ámbito de financiación de las actuaciones sanitarias, de desarrollos de programas de salud, de promoción y de prevención, de planificación a través de la elaboración del plan de salud del área, de inspección y de control y de coordinación de los recursos públicos y privados. Y, miren, quieren ustedes suprimir que la propia Comunidad tenga competencias sobre la coordinación de los recursos privados. Yo creo que es un paso atrás. Me parece que la Ley acierta -y hace bien- contemplando la posibilidad de que el área de salud y, por lo tanto, la Administración Autonómica coordine los recursos de carácter público y los recursos de carácter privado. Porque, en definitiva, suprimir la coordinación de los recursos privados es dejar reducidos los recursos de la propia Comunidad y sustraer competencias a la propia Comunidad. Y, además, es que la coordinación de los recursos privados es un complemento a lo que ya contempla la Ley, que es la posibilidad de ordenación y de planificación de esos recursos privados a través del Plan de Salud y del Mapa Sanitario.

Por lo tanto, con esta Enmienda no tratan ustedes de mejorar las competencias de la Comunidad sobre el sector privado, sino que sustraen ustedes al sector privado de un posible control en la coordinación por parte de la propia Comunidad Autónoma.

Y, miren, lo mismo pasa con las Enmiendas 30, 31 y 32, que en un supuesto discurso, usted nos hace creer que lo que intentan es evitar la privatización de los recursos de la Comunidad. Y, mire, el objetivo que ustedes marcan en las Enmiendas 30, 31 y 32 es transformar la red de utilización pública -que le recuerdo que incluye a los centros y servicios privados concertados- y transformarla en una red pública asistencial. Y, por lo tanto, lo que consiguen es que los centros privados concertados no estén sujetos al control que se contempla en el artículo 25, que, en definitiva, es el objetivo de la Ley al crear esta red. Los controles del artículo 25 son los que a continuación le diré.

Mire, hasta ahora -y como se contemplaba en la Ley General de Sanidad-, los recursos privados concertados, sobre todo, estaban controlados a base de la cantidad/calidad y el precio de los servicios a prestar. Con esta Ley, que va más allá de la Ley General de Sanidad, cuando concierten y, por lo tanto, se incorporen los recursos privados a la red de utilización pública, estarán sometidos a una serie de normas que se contemplan en el artículo 25, que son absolutamente progresistas. Tendrán que atenerse al cumplimiento de directrices y criterios fijados por la administración y por la gerencia. En segundo lugar, someterse a inspecciones y controles por parte de la Comunidad Autónoma. En tercer lugar, satisfacer normas de información sanitaria y estadística que reglamentariamente se determinen. En cuarto lugar, el cumplimiento de normas referidas a la gestión económica y contable. Y, en quinto lugar, el cumplimiento de las normas de homologación y acreditación.

Por lo tanto, esta Ley va más allá, aumenta el control sobre los recursos privados concertados y, por lo tanto, sus Enmiendas lo único que hacen es empeorar esta situación y evitar un cierto control de los recursos privados concertados con la propia Comunidad Autónoma.

Para concluir, quiero hacerle mención también a otra Enmienda, la Enmienda 42, donde lo que nos proponen es constituir una red paralela en las zonas básicas, en las áreas y en las regiones dedicadas a la salud pública, a la epidemiología, a la prevención y a la protección. Y, miren, con eso contradicen ustedes la filosofía ya aceptada por todo el mundo, aceptada en la Ley General de Sanidad, aceptada..., no solamente aceptada, sino promulgada por la OMS, de que la salud es una cuestión integral que afecta a la prevención, a la promoción, a la curación y a la rehabilitación. Ustedes lo que hacen es separar ese proceso de salud pública constituyendo una red paralela únicamente para los temas de salud pública, para los temas de prevención y promoción. Queremos repetirle, como dice la OMS, como dice la Ley General de Sanidad y como mantiene todo tipo de persona progresista que se mueve en el sector sanitario, que la prevención y la promoción es una parte integral de la salud, junto a la curación y a la rehabilitación, y que, por lo tanto, ésas son las premisas que se han contemplado en la reforma de la atención primaria y en la constitución de los centros de salud. Quiero recordarle que cuando se separa la prevención y la promoción, como ocurría en el pasado -y ya se lo han recordado con el tema de la sanidad nacional-, cuando se separa la curación y el ver enfermos de la promoción y de la prevención, lo único que se consigue es la marginación de la salud pública, el que la salud pública no esté presente en los sitios que tiene que estar y se considere como una asignatura menor.

Por lo tanto, nada más concluir diciéndole que, además, la Ley... y no va otro tema que no se puede olvidar y que no se puede separar de él, y es que los temas de salud pública no solamente son competencia de esta Comunidad Autónoma; la Ley reconoce y ha incorporado por fin las competencias que tienen las corporaciones locales en el ámbito de la salud pública, que son muy importantes; por lo tanto, ha satisfecho una de nuestras peticiones fundamentales. Y lo que hace la Ley es coordinar esas competencias, que se reconocen, de las corporaciones locales con las de la Comunidad Autónoma, a través de la creación de los Consejos de Salud y los Consejos de Cooperación. Y reconoce al alcalde -como no podía ser de otra forma- la capacidad de autoridad sanitaria y la capacidad de sanción en los delitos contra la salud pública en cantidades hasta 2.000.000 de pesetas.

Por lo tanto, nos parece que el tema de la salud pública está compartido entre las corporaciones locales y entre la propia Comunidad Autónoma y que debe estar integrada junto con la curación, con la rehabilitación y con la prevención y la promoción, como contemplan las propias disposiciones de la Organización Mundial de la Salud.

Para concluir, yo no quiero decir más que repetir el criterio de nuestro Grupo. Me parece que ha sido un acierto el tratar de llegar a un acuerdo en una ley básica como ésta, y me parece que es un ejemplo a marcar y que se debería seguir en otras leyes; por lo menos en leyes que requieren, para dar su fruto, de un largo periodo de germinación y que además requieren un consenso, el mayor posible, no solamente entre las fuerzas políticas, sino también entre las fuerzas sociales.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de réplica, señor Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

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EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, decir con absoluta franqueza: ojalá sea como se lo prometen. Y no voy a hacer un ejercicio de esos que somos muy dados en los parlamentos, de volver la oración por pasiva con la finalidad de no expresar realmente ese deseo, porque yo creo que sí es, efectivamente, el deseo de toda la sociedad, de todos los Grupos Parlamentarios y de todos los colectivos. Pero es cierto que es difícil, posiblemente, llegar a encontrar más puntos de acuerdo en dos modelos o en dos concepciones diferentes, que son perfectamente legítimas y que sólo me llevan a una reflexión preocupante: hay modelos contrastados. Y ahora se explica, en cierto modo, por qué he dilatado en la primera intervención un tanto más, para que hubiese una concepción un poco más general o más global. Pero la mayor parte de las cuestiones en este Proyecto de Ordenación Sanitaria para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, efectivamente, están vinculadas, lógicamente, a la Ley Básica, la Ley General Básica de Sanidad. Pero convendrán conmigo que hasta ahora tampoco estamos resolviendo la papeleta de una manera eficiente, por mucho que después tengamos que utilizar los mismos argumentos para plantearnos: ¿qué hacemos ante una cuestión de esta naturaleza?

Y yo he de aceptar, y entiendo también que ha habido algunas proposiciones dentro de esta Ley de Ordenación Sanitaria que intentan mover algunos hilos -lógicamente, dentro del marco de la Ley General de Sanidad- para ver si pueden superarse algunos de estos problemas que están en la mente de la mayor parte de los ciudadanos. No se han encontrado todavía, por la marcha o por la vía que se ha intentado realizar la sanidad en nuestro país, las soluciones a un criterio integrado y universal y con planteamientos de calidad de la sanidad en el conjunto de España.

Y es verdad que hay criterios de todo tipo. Miren, hay encuestas en cuanto a la sanidad pública y a la sanidad privada, en cuanto, incluso, a la sanidad mixta, y es verdad que en estos momentos están primando los criterios de la sanidad mixta, de buscar esas fórmulas de conexión que puedan intentar superar ese planteamiento. Pero en una última encuesta -y lo siento no tenerla aquí-, cuando, precisamente, se les plantea a los consumidores o a los usuarios, abogan mayoritariamente por la sanidad pública con ese criterio de universalización y, por supuesto, de calidad.

Y cuando se esgrimen algunos argumentos, que me parecen lógicos, nosotros apelamos, en primer lugar, a ese derecho constitucional, que es esa cobertura universal, al margen de las rentas sociales. Yo sé que eso lo pretenden en todo caso Sus Señorías también. Pero no les quepa la menor duda que hay algunos ejemplos que denotan que se empezaron a plantear algunos criterios de privatización -y me referiré luego a ello en concreto- y han terminado, por ejemplo, como en el caso de Inglaterra y Suecia, que se utiliza casi como el paraíso de todos los criterios de una política de bienestar social, han terminado pasando a la privada a los pacientes o a los usuarios cuando rebasan los veinticuatro meses de espera en patología grave. Bien, pues, yo creo que eso también tiene una explicación de cuáles son criterios que en un momento determinado pueden esgrimirse en cuanto a la rentabilidad.

Y es verdad que nosotros, en este capítulo concreto, que ya lo hemos discutido en Ponencia y en Comisión, decía el Portavoz del Grupo Popular -y lo asevera y ratifica también el del Grupo Socialista- que tenemos unas ciertas reticencias a ese concepto de la privatización; y las expresamos, y son elementos fundamentales que nosotros sustentamos. Pero también quiero decir que se mantienen las Enmiendas, porque una cuestión es que se planteen normas generales para todas las instituciones sanitarias públicas y privadas, y otra diferente es que se coordinen. Y ustedes mismos están entrando -a mi juicio, por supuesto- en el campo privado, invadiendo, en cierto modo, no para lo que pueden ser los marcos de referencia generales (todo el mundo tiene que atenerse a unas mínimas normas), pero lo que ya será muy difícil es deslindar lo que es la actuación pública en lo privado sin que no les digan: este es mi campo, yo ahí actúo dentro de las coordenadas que me permite la propia economía de mercado, la propia actuación individualizada y los criterios de rentabilidad que se pueda plantear cada cual. Y creo que ahí estaríamos ejerciendo una fuerte presión a ese concepto liberal que en algunas cuestiones se plantea.

Y, por supuesto, no negamos los conciertos. Yo -no sé si a título personal o como referencia de la fuerza política a la que represento- no negamos los conciertos; hablamos de excepcionalidades. Y, además, es que tienen un mecanismo regulador, por la Ley de Contratos del Estado; incluso -aunque no existiese ese mecanismo- por la ley de un contrato natural, que significa: "Oiga, vámonos a sentar y vamos a intentar estudiar cuáles son los mecanismos que proponemos y que ustedes proponen, y encontramos una solución". Y ésa, esa relación contractual puede utilizar los mecanismos que entienda pertinentes para que en ningún caso se superen o se rebasen criterios que puedan ser perfectamente lógicos; lógicos según las partes que entran en esa especie de contratación.

Y hablamos de la participación, efectivamente. Y no es que planteemos nosotros una participación cuasi asamblearia, que tampoco -por otra parte- sería nada negativo el que hubiese una mayor participación de los usuarios, que hubiese una mayor participación de los profesionales, de los trabajadores, porque, a lo mejor, encontrábamos una corresponsabilización de toda la sociedad en el conjunto y podíamos apuntar algunos elementos que empezaran a entrar a dar solución a problemas para los que en estos momentos todavía no se encuentra una solución razonable en la práctica, no como principio filosófico.

(-p.1526-)

Yo sí diría, en esta referencia, también, cuando se decía... No sé a qué alude el señor Portavoz del Grupo Popular cuando dice que, en este caso, soy más papista que el Papa. He de decir que no reconozco, en esta materia, Papa por encima; y, entonces, pues, no sé a quién he tenido que enmendar, en cierto modo, la plana. Pero creo que todos estamos absolutamente de acuerdo, y nuestra participación o nuestra demanda de participación era, fundamentalmente, de lo que podía plantear como participación real de la sociedad. Que el resto de las cuestiones o el resto de los estamentos tienen posibilidad, a través de lo que es el planteamiento que ustedes hacen también, que yo no tendría inconveniente en mantener. Pero, además, es que existen otros mecanismos que la sociedad, en términos generales, no dispone de ellos y que a nosotros nos parece que sí sería interesante que pudiera hacerse.

Se hablaba de servicio versus sistema. Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo creo que lo hemos discutido; no sé si entrar, porque me queda muy escaso tiempo. Se hablaba de modernización del servicio público; y yo digo sí, que, efectivamente, que hay que modernizar. Y uno de los mayores problemas que puede estar suscitando la aparición de estos criterios, que se empieza con esos mecanismos de semiprivatización y después no sé si se puede contener, posiblemente, deriven de esa circunstancia, deriven de la necesidad de una modernización del sector público, deriven de no seguir con una cuota bastante exigua en cuanto a la participación en los Presupuestos Generales del Estado, en cuanto a los Presupuestos -en el futuro, también- de la Comunidad Autónoma; y, posiblemente, eso haga superar. Lo que es muy difícil -y en eso estamos absolutamente de acuerdo- es, con escasos recursos, poder mantener una sanidad que dé satisfacción cumplida, sin grandes pretensiones, a la mayoría de la sociedad.

Y yo creo que, en este campo, precisamente, somos los tres intervinientes en estos momentos profesionales, y me cuesta mucho pensar, con la mente en lo que es la práctica real de la sociedad, que pueda haber profesionales en el concepto liberal, no vinculados por una estructura orgánica, que, de "motu proprio", en su consulta privada o en su clínica privada, se planteen estos criterios. ¡Ojo!, que no estoy cuestionando a nadie, desde el punto de vista técnico; pero sí somos conscientes de cuáles son los criterios que priman, fundamentalmente, en consultorio privado o en la clínica, de satisfacer las necesidades del cliente, buscando, lógicamente, una rentabilidad. Eso es legítimo, pero difícilmente puede entrar a acreditarse como elemento importante para los propios sujetos en una sociedad, en una sanidad de otro tipo.

Y también hablamos en Ponencia y en Comisión sobre la Red Pública Asistencial y la Red Asistencial Pública, y no control de los recursos privados. Me remito -y con esto, en cierto modo, entiendan que mantengo el criterio-, me remito a lo que entonces decía -y hace un momento también-: que todo será poner los mecanismos de control que realmente pretenda este Parlamento, que realmente pretenda el Gobierno Autónomo, o que realmente pretenda quien haga ese tipo de concertaciones en cada uno de los casos, para, lógicamente, satisfacer lo que son, como servicio a la sociedad, dentro del marco lógico de lo que es esta Ley, lo que es la Ley General Básica de Sanidad y lo que son los derechos constitucionales de la ciudadanía.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de dúplica, señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Y con brevedad, porque el debate ya va cansando a Sus Señorías. Señor Herrero... Herreros -perdón-, insiste usted -y lo respeto, pero, desde luego, no puedo entender que lo haga con tanta reincidencia- en anular... considerar que todo lo que tenga que ver con lo privado tiene que ser excepcional, transitorio, por una ocasión. Mire usted, vamos a dar situación real a lo que, de hecho, o situación jurídica a lo que, de hecho, es real en este momento. Hay cantidad de convenios y de conciertos, hechos desde la Administración Socialista, en unos casos, desde la Administración Popular en otros, con servicios concertados; y lo que se pretende, precisamente, es regular todo eso.

A usted le gustaría, primero, que no existiera el sector privado. Prácticamente, eso se desprende de sus intervenciones y de sus Enmiendas. Y, además, lo que es más grave y puedo entender menos, que no toquemos para nada al sector privado. Nos costó -recuérdelo Su Señoría- en Ponencia y en Comisión hacerle ver que esta Ley debe regular, además, el sector privado. A lo mejor, el sector privado hubiera preferido que no se le mencionara para nada en la Ley; y, justamente, lo que pretendemos en la Ley es exigir unos mínimos y unas garantías al sector privado. Y, de integrar al sector privado en la Red de Utilización Pública, hay beneficios para los dos: para la Administración Sanitaria, que utiliza y cumple el mandato constitucional de dar una buena asistencia sanitaria de calidad, y para el propio sector privado, que, si tiene perspectivas de continuar concertado en el tiempo -le insisto-, garantiza la estabilidad de sus trabajadores y piensa que le van a ser rentables las inversiones que haga en esos centros hospitalarios. Luego nos beneficiamos todos de utilizar el sector privado.

(-p.1527-)

Dice que no llega a entender determinados contratos o determinados conciertos que se puedan plantear. Pues, mire usted, si en Miranda de Ebro -por citar una población importante de esta Comunidad- hay una clínica privada que tiene un servicio de Litotricia que funciona bien -y perdónenme los no expertos, pero es para llevar al román paladino, al lenguaje de la calle el ejemplo-, yo entiendo que lo bueno es que la Administración Sanitaria, si el servicio que presta esa clínica es bueno en calidad y es bueno en el costo que ofrece, no monte otro paralelo enfrente, o coja a los enfermos y les esté desplazando. Le he puesto dos premisas: calidad y buen costo. Eso es lo que se pretende con esta Ley: dar una flexibilidad de gestión para utilizar los recursos propios, los recursos ajenos, los recursos concertados con garantía de estabilidad; no otra cosa. Y se puede deslindar; ¡cómo no se puede deslindar lo que es público de lo que es privado! Eso queda perfectamente catalogado y perfectamente diseñado en el organigrama de la Gerencia del sistema.

Mire, habla de una mayor participación. Yo creo que esta Ley da una participación ciudadana que no se da en el resto de las Leyes Sanitarias de las otras Comunidades Autónomas. Pero hay que decir en qué temas hay que dar la participación. ¿Usted cree, de verdad, que es bueno que en la gestión del día a día del hospital intervenga el mecánico del hospital? Pues, le digo, honradamente, que no, que no, que no es posible; y que la experiencia de los que trabajamos en hospitales es que, cuando resulta que hay que discutir y votar en democracia en esos Consejos todos, pues, resulta que, al final, el mecánico del hospital me termina sentando la indicación quirúrgica que yo tengo que practicar en una mujer en el quirófano. Mire usted, es que cada... "zapatero a tus zapatos".

Entonces, una cosa es la evaluación, otra cosa es el hacer llegar las necesidades, el ver si se logran los objetivos; pero la gestión es una cuestión muy compleja, muy técnica, muy difícil, como para pretender hacer alardes participativos más o menos asamblearios.

Y me pregunta -y con esto termino- que, cuando le he dicho aquello del "más papista que el Papa", a quién se refiere. Pues, mire usted, a que cuando usted dice que hay que meter tres consumidores, el propio Consejo de Consumidores de Castilla y León lo que pide son dos. A eso me refiero. Usted es muy libre de pedir tres o treinta y tres; pero, dando participación -a la que usted tanto le gusta-, esa participación se dio al elaborar el Anteproyecto de Ley, desde la Consejería, a quien mejor defiende a los consumidores -pensamos nosotros-, hoy por hoy, que es el Consejo, y dicen: "Mire usted, nosotros queremos dos", y eso es lo que se les ha dado.

Por lo tanto, señor Herreros, yo le invito a reflexionar en el tema, a no volver a incidir en que las clínicas privadas y los centros privados tienen que tener carácter de excepcional, sino que deben integrarse progresivamente. Y, por supuesto, con este sistema va a haber un control para acreditar, para homologar, para seguir y para pagar, en último término, a esos centros, que antes de la Ley no existía.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Trapero, para compartir este turno de dúplica.

TRAPERO GARCIA

EL SEÑOR TRAPERO GARCIA: Gracias, señor Presidente. Señores Procuradores. Yo, en primer lugar, quería agradecer al señor Herreros el debate general sobre no solamente esta Ley, porque nos hemos salido del marco; estamos charlando sobre los sistemas sanitarios en general. Porque los objetivos de esta Ley no son tan ambiciosos como ha abierto el debate -porque, evidentemente, no son las competencias de la Comunidad Autónoma-, como ha abierto el debate el señor Herreros.

Mire, en primer lugar -porque se mezclaba en el debate-, quiero decirle que la universalización de la asistencia y la financiación pública no es de esta Ley: está asegurado por la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad -y eso es un criterio de carácter nacional- regula la universalización de la asistencia, que se atienda a todos los ciudadanos, y que la financiación sea con recursos públicos. Por lo tanto, no corresponde a esta Ley.

Decirle, en segundo lugar, que levanta usted un cierto miedo en algo que tampoco corresponde a esta Ley: la provisión de los servicios, ¿cómo serán? Pues, ya son en esta Comunidad mayoritariamente públicos, y muy minoritariamente por parte del sector privado. En esta Comunidad, tremendamente minoritario. Yo creo que esta Ley no entra. Sigue manteniendo el sistema de provisión que haya actualmente, que es el que marca la propia Ley General de Sanidad, que es un sistema de provisión de servicios mixto, donde, por la fuerza de los hechos, de que los servicios que están creados hace mucho tiempo son de carácter público, pues, entonces, subsidiariamente, el sector privado cubre un trecho muy pequeño, y mucho más pequeño en esta Comunidad Autónoma.

Y me dice usted: "¿Cómo será el futuro? ¿Cómo se concertará?". Pues, mire usted, eso no lo puede decir una Ley; una Ley no es posible que decida eso; lo decidirán los Presupuestos sucesivos que se vayan aprobando por esta Comunidad Autónoma y que se vayan creando en el futuro. Yo sí le digo que mi Grupo Parlamentario es partidario de que el sector privado sea subsidiario siempre con respecto al sector público y, por lo tanto, tenga un carácter subsidiario. Pero eso no lo puede asegurar una Ley como ésta; lo asegurarán, directamente, las partidas presupuestarias que cada año, año a año, se dediquen en los Presupuestos; y ahí es la diferenciación política entre la política que puede hacer un partido político y la política que puede hacer otro partido político.

(-p.1528-)

Lo que sí hace esta Ley es alguna cosa más, lo que sí hace esta Ley es alguna cosa más, y las cosas importantes de verdad: se preocupa de la provisión pública de servicios y dice cómo se organiza esa provisión pública de servicios. Y lo primero que hace es lo que llevábamos solicitando mucho tiempo, que es: integra todos los recursos de carácter público, integra los de las Corporaciones Locales, solicitados durante mucho tiempo por ellos, y una necesidad de integración; los integra ya funcionalmente, y en el plazo de dos años los integrará, también, por convenio, definitivamente. Integra en este sistema -que nosotros llamamos, en algunos casos, servicios- también las competencias del INSALUD, si es que se transfirieran a esta Comunidad, y desde el momento que se transfiere. Asienta bien claro que la dirección y la planificación corresponde a la Comunidad Autónoma. Y, mire usted, la gestión la deja pendiente a una serie de normas; y que la gestión quede abierta no significa que se privatizan los servicios, son dos cosas diferentes: la provisión será siempre pública, se hará o bien por consorcios, o bien por empresas públicas, se hará a través de los instrumentos que se consideren, en cada momento, más eficaces.

Y, mire, usted y yo, que queremos, sobre todo, defender la sanidad pública, que nos hemos criado en la sanidad pública y seguimos confiando en la sanidad pública, yo creo que somos los que más tenemos que insistir en buscar instrumentos eficaces para que la sanidad pública atienda las necesidades de los ciudadanos; porque, en función de que los ciudadanos estén más satisfechos con el servicio público que se presta, menos peligros habrá en el futuro de privatización.

Por lo tanto, usted y yo tendríamos que ser los que exigiéramos mecanismos lo más flexibles, mecanismos lo más ágiles y mecanismos lo más eficaces para que el servicio público siguiera manteniéndose y prestando, cada vez, a los ciudadanos mayor calidad. Y eso es lo que ha pasado en Suecia. Mire, lo que ha pasado en Suecia es que, siendo la provisión pública, lo que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor.

TRAPERO GARCIA

EL SEÑOR TRAPERO GARCIA: ...lo que han creado es una autorresponsabilidad de los propios hospitales y de los centros de trabajo, con una autonomía de gestión, y han puesto al propio sistema público a competir entre ellos y a captar directamente clientes. Y eso ha generado una mayor eficacia del sistema público, ya sea empresa pública, ya sea convenio, o ya sea con la fórmula jurídica que se quiera, pero no dejará de ser de capital público y no dejará de prestar un servicio público.

Y, por último, quiero decirle que a lo que se dedica también esta Ley es a organizar la disposición territorial de los recursos dentro de la propia Comunidad Autónoma, dentro de Areas de Salud y las Zonas Básicas de Salud.

Y con respecto a la participación, decir que, mire, yo creo que su única discrepancia con esta Ley era meter en el Preámbulo de la Ley que la participación de los ciudadanos afectará también a la gestión y a la planificación. Pero, si usted se lee la Ley, directamente, los ciudadanos participan en la planificación y participan en el órgano de participación... en el medio de planificación que hay, que es el Plan de Salud; y, por lo tanto, tienen posibilidades de hacer sugerencias en el instrumento de planificación, que es el Plan de Salud. Y participan también en la gestión, aunque usted crea que no, porque participan en la Gerencia, y la Gerencia es un órgano de gestión de los propios recursos que le encomiende directamente la Junta, y, al participar en la Gerencia, están participando también, en cierta medida, en la gestión.

Por lo tanto, mire, yo creo que esta Ley es una buena Ley, que esperamos que, por la flexibilidad que tiene, por el propio contenido, sea duradera en el tiempo y que sea capaz de solventar bastantes de los problemas que tienen los servicios en la actualidad, el servicio sanitario; pero también que sea capaz de resolver los problemas que tiene la asistencia pública en el momento que se recibieran las transferencias del INSALUD, si se reciben, con un servicio más flexible, con mayor participación de los profesionales y con mayores niveles de autonomía en la gestión, que permitan, al fin y al cabo, corresponsabilizar a la gente que trabaja en el servicio que se presta a los ciudadanos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se somete a votación la Enmienda número 4 de don Antonio Herreros, que afecta... -vamos a votar una por una-, la que afecta al artículo 2. Enmienda número 4 de don Antonio Herreros, se somete a votación. ¿Los que estén a favor de su Enmienda? ¿En contra? ¿Alguna abstención?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cuatro; uno a favor; setenta y tres en contra; ninguna abstención. Queda rechazada.

Se vota ahora el artículo 2 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor del artículo 2? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cuatro; a favor del artículo, setenta y tres; en contra, uno; ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 2.

Al artículo 3 no se mantienen Enmiendas. Se vota por asentimiento. ¿Se aprueba? Queda aprobado.

Al artículo 4 se mantenían las Enmiendas números 16 y 17 de don Antonio Herreros, que se someten a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cuatro; a favor de las Enmiendas, uno; en contra, setenta y tres; ninguna abstención. Quedan rechazadas.

En relación con este artículo 4 se mantiene una Enmienda, la número 78 del Grupo de Centro Democrático y Social. Don Daniel de Fernando, como Portavoz, tiene la palabra para su defensa.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Sí. Muy breve, señor Presidente. Y voy a defender a la vez el Voto Particular que hay al artículo 8.4, porque se refiere al mismo tema.

En la Enmienda esta lo único que pedimos es que se añada la palabra gratuita al derecho que tiene el usuario a que se le extienda certificación acreditativa de su estado de salud. Si esto fuese aprobado, no mantendría el Voto Particular, porque es lo contrario.

Voto Particular viene porque en el Proyecto de Ley enviado por la Junta decía que los servicios y prestaciones serán gratuitos. Al poner nosotros esta Enmienda anterior, donde la certificación es gratuita, pedíamos, por Enmienda, que se suprimiese este apartado número 3. Como fue rechazada la Enmienda en Comisión, retiré la Enmienda para que la palabra gratuita apareciese en las prestaciones.

(-p.1529-)

Por tanto, el concepto no es más que el usuario de la sanidad pública tenga el derecho a que las certificaciones que le corresponda o que necesite en determinado momento sean gratuitas. Ese es el sentido tanto de la Enmienda, como del Voto Particular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para consumir turno en contra, ¿algún Grupo? Por el Grupo Popular, señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Para oponernos, porque lo que hemos transcrito es el mismo texto, una vez más, que aparece en la Ley General de Sanidad. Y, entonces, hemos llegado, después de discutirlo ampliamente en Comisión, que la redacción es la que más se ajusta y que permite, después, la interpretación en cada caso concreto y por vía reglamentaria de en qué caso las certificaciones deben ser gratuitas y en qué caso no.

No voy a cansar a Sus Señorías diciéndoles que no es lo mismo una certificación del estado de salud para que el niño entre en la escuela que para sacar un carnet de primera especial.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Réplica, señor de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Sí. El argumento es el mismo que se dio en Comisión. Sabe el señor Portavoz del Grupo Popular que no nos referíamos a ese tipo de certificados. Y, si su voluntad hubiese sido mantener gratuito el resto, podían haber enmendado en el sentido de que determinados certificados -como hablábamos el del carnet de conducir o el del permiso de caza- no entran en la certificación a que nos estamos refiriendo. La voluntad podía haber sido así.

El argumento de que mantenemos el mismo texto que en la Ley General de Sanidad, bueno, entonces, suprimamos infinidad de artículos de la Ley y mantengamos lo de la Ley General de Sanidad.

Yo creo que era un avance progresista de esta Ley el haber introducido el derecho a la gratuidad que tiene el usuario. No es así. ¡Qué le vamos a hacer! Nosotros lo mantenemos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se somete a votación la Enmienda número 78 de Centro Democrático y Social. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Don Demetrio, por favor. Ocupe, ocupe su escaño, por favor. Señoría, le ruego ocupe su escaño, o un escaño, vamos. Gracias.

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cuatro; votos a favor de la Enmienda, cinco; en contra, sesenta y nueve; y ninguna abstención. Queda rechazada la Enmienda 78 del CDS.

Se somete a votación el artículo 4 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cuatro; a favor del artículo, sesenta y nueve; en contra, cinco; y ninguna abstención. Queda, por lo tanto, aprobado el artículo 4.

Artículos 5 y 6, no se mantienen Enmiendas. ¿Se aprueban por asentimiento? Quedan aprobados.

Artículo 7. Tenía las Enmiendas 8 y 9 de don Antonio Herreros, que se someten a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cuatro; uno a favor; y setenta y tres en contra; con ninguna abstención. Quedan rechazadas.

Se vota el artículo 7. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: setenta y cuatro votos emitidos, de los cuales son setenta y tres a favor del artículo y uno en contra; ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 7.

Artículo 8. En relación con este artículo, comunico a Sus Señorías que en la publicación del Dictamen aparece por error el apartado 4 del mismo, que fue suprimido por acuerdo de Comisión, y que será rectificado o subsanado el error en el correspondiente Boletín de la Cámara. A este artículo se había presentado la Enmienda número 12 del señor Herreros, que sometemos a votación. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta y cuatro votos emitidos, uno a favor de la Enmienda y setenta y tres en contra. Y, por lo tanto, queda rechazada.

Existía, también, el Voto Particular del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social, que fue ya defendido y que sometemos a votación. ¿Votos a favor del Voto Particular del CDS? ¿Votos en contra?

Setenta y cuatro votos emitidos; cinco a favor; sesenta y nueve en contra; y ninguna abstención. Queda rechazado el Voto Particular.

Se somete ahora a votación el artículo 8, con una Enmienda de corrección terminológica, que presentan ante la Presidencia los Portavoces de los cuatro Grupos con representación parlamentaria, y que es del siguiente tenor: "Al artículo 8, apartado 3, se propone suprimir la expresión -entre comillas- "Autónoma de Castilla y León". ¿Se aprueba la Enmienda de corrección terminológica por asentimiento, que ha sido presentada por todos los Grupos? Aprobada.

Se somete ahora a votación el artículo 8. ¿Votos a favor del artículo 8? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

(-p.1530-)

Setenta y cuatro votos emitidos; cinco... perdón, sesenta y nueve a favor, cinco en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 8.

Al artículo 9 se mantenía la Enmienda número 54 de don Antonio Herreros, que se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cuatro. Uno a favor de la Enmienda. Cuarenta y tres en contra. Treinta abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada.

Se vota ahora el artículo 9 de la Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna. De los setenta y cuatro votos emitidos, setenta y tres a favor, uno en contra. Queda aprobado el artículo 9.

Los artículos 10, 11, 12, 13 y 14, no se mantienen Enmiendas en cuanto a los mismos. ¿Se pueden votar, de forma agrupada, por asentimiento? Quedan aprobados.

Al artículo 15. Subsistía la Enmienda número 25 de don Antonio Herreros, que sometemos a votación. ¿Votos a favor de la Enmienda? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

Resultado. Setenta y cuatro votos emitidos. Uno a favor. Setenta y tres en contra. Queda rechazada la Enmienda.

Y se vota ahora el artículo 15 de la Ley. ¿Votos a su favor? ¿En contra? Ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobado el artículo por setenta y tres votos a favor y uno en contra.

Artículos 16, 17, 18, 19, 20 y 21. No se mantienen Enmiendas. ¿Se aprueban por asentimiento? Quedan aprobados.

Artículo 22. Se mantenía la Enmienda número 29 de don Antonio Herreros. ¿Votos a favor de la Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta y cuatro votos a favor... Perdón. Setenta y cuatro votos emitidos. Uno a favor. Setenta en tres en contra. Ninguna abstención. Queda rechazada la Enmienda 29 de don Antonio Herreros.

Y se somete a votación el artículo 22 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? No hay abstenciones. Por lo tanto, setenta y cuatro votos emitidos, setenta y tres a favor del artículo y uno en contra. Quedando aprobado.

Artículo 23, ¿se aprueba por asentimiento? No mantenía Enmiendas. Se aprueba.

Artículo 24. Tenía las Enmiendas 30, 31 y 32 del señor Herreros, que se someten a votación agrupadamente. ¿Votos a su favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado. Setenta y cuatro votos. Uno a favor. Setenta y tres en contra. Ninguna abstención. Rechazadas quedan las Enmiendas.

Artículo 24. Se somete a votación. ¿Votos a favor del artículo 24? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado es: de los setenta y cuatro votos emitidos, setenta y tres a favor del artículo 24, y uno en contra. Queda aprobado.

Artículos 25, 26, 27 y 28. No mantienen Enmiendas. ¿Se aprueban por asentimiento? Quedan aprobados.

Artículo 29. Se someten a votación las Enmiendas 36, 37, 38, 39, 40...

TRAPERO GARCIA

EL SEÑOR TRAPERO GARCIA: Señor Presidente, pedimos votación separada de la 38.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Vamos a efectuar la votación primero de la Enmienda esta, número 38 de don Antonio Herreros. Se somete a votación la Enmienda 38. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado. Setenta y cuatro votos emitidos. Uno a favor. Cuarenta y tres en contra. Treinta abstenciones. Queda rechazada la Enmienda 38 del señor Herreros.

Se votan ahora las números 36, 37, 39 y 40. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado. Setenta y cuatro votos emitidos. Uno a favor y setenta y tres en contra. Sin abstenciones. Quedan rechazadas estas Enmiendas.

Se vota ahora el artículo 29. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado el artículo 29, por setenta y tres votos a favor y uno en contra.

Artículos 30, 31 y 32. No mantienen Enmiendas. Se votan por asentimiento? ¿Se pueden aprobar? Quedan aprobados.

Artículo 33. Había la Enmienda 42 del señor Herreros, que sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Setenta y cuatro votos emitidos. Uno a favor de la Enmienda y setenta y tres en contra. Queda rechazada.

Se vota el artículo 33. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguna abstención. Quedando aprobado por setenta y tres votos a favor y uno en contra.

Artículos 34, 35, 36 y 37. ¿Se aprueban por asentimiento? No mantenían Enmiendas. Se aprueban.

(-p.1531-)

Artículo 38. Enmiendas números 43 y 44 del señor Herreros, que se mantenían al mismo y se someten a votación.

TRAPERO GARCIA

EL SEÑOR TRAPERO GARCIA: Señor Presidente, ¿podría pasarse a votación separada el 43 del 44?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Separadamente? Se somete a votación, en primer lugar, la Enmienda número 43 del señor Herreros. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Uno a favor de la Enmienda, cuarenta y tres en contra y treinta abstenciones. Queda rechazada la Enmienda 43.

Y se vota ahora la Enmienda 44, de señor Herreros también. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación. Setenta y cuatro votos emitidos. Uno a favor de la Enmienda y setenta y tres en contra. Queda rechazada la Enmienda 44 del señor Herreros.

Y se vota ahora el artículo 38 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? Ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 38, por setenta y tres votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

Al artículo 39 ¿se vota por asentimiento, puesto que no mantenía Enmiendas? Se aprueba.

Artículo 40. Mantenía una Enmienda el señor Herreros con el número 47, que se somete a votación. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay.

El resultado es: de los setenta y cuatro votos emitidos, uno a favor de la Enmienda y setenta y tres en contra, quedando rechazada.

Se vota el artículo 40 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 40, por setenta y tres votos a favor y uno en contra, ninguna abstención.

Artículos 41... perdón. Vamos a votar primero el artículo 49, puesto que los Portavoces de los cuatro Grupos con representación parlamentaria hacen llegar a esta Presidencia una Enmienda de corrección técnica al artículo 49 del Dictamen de la Comisión, que quedaría redactado como sigue:

"Artículo 49. Régimen jurídico.

1. Contra los actos administrativos de los distintos órganos de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León se podrán interponer los recursos correspondientes en los términos establecidos en la Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León, así como en la legislación de Procedimiento Administrativo de carácter general.

2. Contra los actos del Director Gerente podrá interponerse recurso ordinario ante el Consejero de Sanidad y Bienestar Social.

3. La resolución de las reclamaciones previas a la vía jurisdiccional civil corresponderá al Director Gerente.

4. La resolución de las reclamaciones previas a la vía laboral corresponderá al Director Gerente o a los órganos en que delegue.

5. Contra los actos relativos a servicios y prestaciones sanitarios de la Seguridad Social, una vez los mismos hayan sido transferidos, podrán interponerse las reclamaciones y recursos pertinentes en los mismos términos establecidos en la normativa vigente con carácter general, relativa a las entidades gestoras de la Seguridad Social.

6. La representación y defensa en juicio de la Gerencia Regional de Salud corresponderá a la Asesoría Jurídica General de la Junta de Castilla y León y a la Asesoría Jurídica de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social en los términos establecidos en las normas que regulan su organización y funcionamiento. No obstante lo anterior, la Junta de Castilla y León podrá disponer la creación de un gabinete jurídico, adscrito orgánicamente a la Gerencia Regional, encargado de su representación y defensa en juicio. En casos excepcionales, podrá encomendarse dicha defensa a abogados colegiados excepcionalmente designados al efecto".

¿Se aprueba por asentimiento la corrección técnica del artículo 49? Queda aprobada.

Y se someten a votación, en forma agrupada, los artículos 41 a 61, ambos inclusive. No mantienen Enmiendas. ¿Se pueden dar por aprobados por asentimiento? Quedan todos ellos aprobados.

Pasamos a las Disposiciones Adicionales del Proyecto de Ley. Disposiciones Adicionales Primera a Undécima, ambas inclusive. De forma agrupada se someten a votación...

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Señor Presidente, señor Presidente. Pediría -y si me deja medio minuto explicar por qué, porque estamos votando toda la Ley a favor- votar por separado la Adicional Cuarta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿La Disposición Cuarta?

DE FERNANDO ALONSO

(-p.1532-)

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: La Adicional Cuarta. Y como podía pensarse que el voto en contra del Grupo del CDS era por........ de privilegios de unos funcionarios, como son los farmacéuticos, nada más lejos de ese criterio, sino que votamos en contra porque con los farmacéuticos se les discrimina respecto al trato que se le da con los demás funcionarios. A todos los funcionarios con trabajo o dedicación exclusiva se le aplica la Ley de la Función Pública, y así querríamos que fuese: dedicación exclusiva, sin necesidad de hacer una enumeración exhaustiva de sus incompatibilidades.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Bien. Gracias. Entonces, vamos a votar separadamente. En primer lugar, votamos las Disposiciones Adicionales Primera a Undécima, excluida la Cuarta, que votaremos después separadamente. Las anteriores, las que acabo de citar, no mantienen Enmiendas. ¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

Se vota ahora la Adicional Cuarta, que había pedido votación separada CDS. ¿Votos a favor de esta Disposición Adicional Cuarta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. A favor: sesenta y nueve. Cinco en contra. Ninguna abstención. Queda, por lo tanto, aprobada también la Adicional Cuarta.

Se debaten ahora, para su posterior votación, las Enmiendas números 170 y 183 del Grupo Parlamentario Socialista, de forma agrupada, y que proponen la creación de dos nuevas Disposiciones Adicionales. Para su defensa, señor Granado tiene la palabra.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Estas dos Enmiendas son la excepción a un conjunto de una Ley que ha sido globalmente aprobada por el Grupo Socialista y objeto de pacto entre los Grupos Parlamentarios de las Cortes.

Una de las dos Enmiendas hace referente..., hace referencia, perdón, al tema de las competencias que en estos momentos existen delegadas en el ámbito de algunos colegios oficiales de farmacéuticos de la Región; competencias que ya tenía delegadas el Ministerio de Sanidad y que nosotros pretendemos con la Enmienda que se avoquen, a la entrada en vigor de la presente Ley, por parte de la Junta de Castilla y León. Nos parece difícil -y hemos propuesto diferentes fórmulas de solución, fórmulas que se podrían haber transaccionado en otros trámites de esta Ley-, nos parece difícil que en esta Ley que estamos aprobando, que incluso tiene vocación de que la Comunidad Autónoma asuma en su día las competencias en materia de asistencia sanitaria, que en estos momentos residen en la Seguridad Social, se pueda hacer dejación de un conjunto de competencias que en estos momentos están delegadas en entes que no dejan de ser, a pesar de su responsabilidad pública, entes ajenos a la Administración. En este sentido, es para el Grupo Socialista una cuestión de principio el mantener que no se permita, por parte de la Administración, ninguna dejación de competencias, y, en todo caso, la colaboración de otras entidades, muy respetables todas ellas, se produzca en el plano de la asunción por parte de la Comunidad de Castilla y León de las competencias que le corresponden en función del Estatuto de Autonomía y en función de los respectivos decretos de traspasos en materia de servicios de autorización y acreditación de establecimientos.

En este sentido, nosotros mantenemos el que es un mal precedente el que hace la Ley, dejando fuera del ámbito de su actuación competencias que en estos momentos están delegadas y que puede asumir ya la Comunidad Autónoma. Y que no se entiende muy bien tanto el rigor a la hora de mandar nuevas competencias, cuando luego nos negamos a ejercer algunas que ya podríamos ejercer en función de los textos legales y que tenemos delegadas -ya digo- en entes ajenos a la Administración.

Y la segunda de las Enmiendas pretende que se haga una referencia explícita en el texto de la Ley a la supresión de los partidos médicos. Y quiero señalar que el Grupo Socialista ha pensado mucho si tenía que mantener esta Enmienda a Pleno o podía haberla retirado. Porque bien es verdad que la Ley habla de la Zona Básica de Salud como demarcación territorial única. Y tengo que señalar que ésta era una expresión que mantenía el propio Proyecto de Ley, es decir, que no hay sido objeto de Enmiendas por parte de los Grupos Parlamentarios. Y nosotros estamos de acuerdo con que la Zona Básica de Salud, incluso en aquellas zonas en donde no se ha integrado todavía a los sanitarios locales en un Equipo de Atención Primaria de Salud conjunto, debe ser una demarcación territorial única; porque es necesario para la asistencia, porque es necesario para la mejor organización del funcionamiento de los equipos y porque es necesario para la prestación de la atención a las urgencias o para muchas de las prestaciones que en estos momentos residen en el ámbito de atención primaria a la salud.

Lo que nos llena de preocupación -y por eso hemos mantenido esta Enmienda, al final, para el debate del Pleno- es el conocimiento que hemos tenido de un anteproyecto, de la propia Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que prevé que, después de que la Ley que acabamos de aprobar por consenso en estas Cortes diga que la Zona Básica de Salud es una demarcación territorial única, la división de esta demarcación territorial es lo que llama este Anteproyecto "Demarcaciones Asistenciales", que no deja de ser, con una terminología encubierta, confusa y, desde todo punto de vista, contraria al espíritu de esta Ley, volver a los Partidos Médicos tradicionales.

(-p.1533-)

Y tengo que señalar que, con la misma firmeza con la que vamos a defender todo el texto de la Ley y con la que hemos votado a favor, uno por uno, de todos los preceptos de la Ley, vamos a defender la demarcación territorial única de las Zonas Básicas de Salud, y nos vamos a oponer por todos los medios a nuestro alcance -incluidos los correspondientes recursos a los tribunales de justicia, si esta normativa prospera, a que se descafeíne la Ley, a que se la devalúe o que se intente, por la vía de normativa de la propia Consejería, contradecir el acuerdo entre los Grupos políticos que ha hecho posible este texto consensuado de la Ley.

Si la Ley dice que la Zona de Salud es una demarcación territorial única, no puede haber más confusión al respecto. Sería, en este sentido, muy oportuna la Enmienda del Grupo Socialista, y sería de todo punto oportuno que la Consejería reflexionara y no intentara aprobar normativas que volvieran a devolver a la práctica jurídica o -en todo caso- al vigor jurídico a una normativa que -a nuestro juicio- está de todo punto derogada por la Ley y estaba, incluso, ya no en vigor en el momento en el que estábamos discutiendo esta Ley: los antiguos Partidos Médicos, que van absolutamente en contra de los criterios que este Grupo ha mantenido en cuanto a la... vamos, a la reforma de la atención primaria de salud.

En conclusión, el Grupo Socialista pide, con estas dos Enmiendas de adición al texto de la Ley, que, por un lado, la Junta de Castilla y León asuma competencias que en estos momentos ya le corresponden, por textos legales, que en estos momentos se encuentran delegadas a los Colegios Oficiales de Farmacéuticos; y, en segundo lugar, que se haga una referencia explícita que elimine cualquier tipo de confusión y que elimine cualquier tipo de posible reinterpretación a la desaparición de los Partidos Médicos, y que, lógicamente, la normativa de desarrollo de esta Ley mantenga lo que el texto de la Ley dice. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno en contra, el señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Y voy a comenzar contestando a la segunda Enmienda, porque el Portavoz del CDS me manifiesta su voluntad de compartir conmigo el turno en contra a la primera de las dos.

Señor Granado, en el texto de la Ley no se habla absolutamente para nada de los Partidos Médicos, y es Su Señoría el que, en Ponencia, en Comisión y en Pleno, sigue hablando de los Partidos Médicos. En el texto de la Ley no se hace referencia ninguna a los Partidos Médicos; se habla de: "La Zona Básica de Salud constituye una demarcación sanitaria única", y no hay más. Los médicos están adscritos a las Zonas de Salud, como el resto del personal sanitario, y luego tienen asignados núcleos poblacionales concretos; y, desde luego, de ahí no nos va a apear usted. ¿Por qué? Mire, usted, la queja de la población, cuando se inició la reforma de la atención primaria, es que en los pueblos pequeños cada día aparecía un médico a pasar la consulta, cuando aparecía, o un prácticamente o un ATS, a hacer su labor asistencial.

Y lo que nosotros pretendemos es que, destinados los médicos en la Zona Sanitaria única, cada profesional sepa que, estando en ese Centro de Salud y en esa Zona única, tiene una población asistencial asignada personalmente a él y, en su caso, al ATS correspondiente de la Zona.

Pero aquí no se resucitan los Partidos Médicos, no vea usted fantasmas. A mí, la verdad, me daría pena que recurriera a los tribunales en una Ley que está absolutamente consensuada y que hemos llegado al máximo, ¿verdad?, de concesiones desde el Grupo mayoritario. Pero en su perfecto derecho está. Mucho me temo que le va a servir de poco, porque -insisto- eso tendría validez si en el texto de la Ley se hiciera la más mínima referencia a unos Partidos Médicos, que, desde luego, no están por ningún sitio.

Y, además, Su Señoría conoce tan bien como yo que el día que los Directores de los Equipos de Atención Primaria empiecen a funcionar, van a hacer una gestión y una distribución del personal mucho más descentralizada que desde las provincias, con lo cual se va a adecuar mucho más la dotación de personal a las necesidades de cada una de las Zonas, que en nuestra Comunidad tienen peculiaridades, algunas realmente excepcionales.

Y con respecto a la Enmienda número 183, yo quiero recordarle, primero, que ésa es una competencia que es de la Comunidad Autónoma, porque así le fue transferida. Bien es verdad que le fue transferida ya delegada en los Colegios Profesionales. La Junta no está haciendo dejación ninguna en una empresa poco menos que mercantil, tal como Su Señoría lo ha planteado. Yo le recuerdo que los Colegios Profesionales son corporaciones de derecho público, en los que la Dirección General de Farmacia o de Relación Farmacéutica del Ministerio de Sanidad había delegado esa función. Y, con esa delegación ya hecha, se transfiere la titularidad de esa gestión a la Junta de Castilla y León. Y que la Junta, en cualquier momento, cuando lo estime conveniente, podrá revocar esa delegación, que no dejación de funciones, que son términos conceptualmente distintos de forma absoluta.

Pero es que es más: entendemos nosotros -y así se lo hemos dicho en Ponencia y en Comisión- que no es en la Ley donde debe abordarse el tema de la revocación de esa delegación. Y se le ha dicho, además, que en el Anteproyecto de Ley de Ordenación del sector... o de Reestructuración de los Servicios Farmacéuticos es donde está previsto abordar ese tema.

Estamos, por lo tanto, no frontalmente en contra de su Enmienda, sino formalmente en contra de la misma. No es en el texto de la Ley donde debe hacerse una revocación de una competencia delegada, sino a través de un decreto; y eso, en principio y hasta donde yo sé, es la voluntad de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para compartir el turno en contra, también, don Daniel de Fernando, si lo desea.

DE FERNANDO ALONSO

(-p.1534-)

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Sí. Gracias, señor Presidente. Muy breve, para contestarle al señor Granado, en parte. Como ha dicho el Portavoz del Grupo Popular, si una competencia es de la Junta, no tiene por qué ponerse nada en la Ley; y, en segundo lugar -como le dije en Comisión-, a mí me parecería lógico que la Junta tomase esa decisión a la vez que la Junta reclame -y ayer se lo decía en las transferencias sobre el Estatuto- las competencias en legislación farmacéutica; porque entonces sí puede hacer el ciclo completo la Junta: yo legislo y tramito. Tal y como está ahora, lo que ha hecho la Junta es lo que antes venía haciendo el Gobierno Central, durante cuarenta años. Un tema que no lo resuelven los Colegios, porque yo le puedo asegurar que el cien por cien de los expedientes los resuelve el Supremo.

Por tanto, lo único que va a hacer la Junta, con la legislación actual en la mano -una mala legislación hecha por el Gobierno Central-, al aplicar esa legislación, es complicarse la vida administrativamente; pero no va a conseguir nada. Que consiga la Junta las transferencias en capacidad de legislar la Ordenación Farmacéutica, y entonces sí sería lo lógico que la Junta legisle y la Junta tramite todo lo demás.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Granado, para réplica.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, vuelvo a señalar: nosotros estamos de acuerdo con el texto de la Ley; no he hablado de que vayamos a recurrir la Ley. Lo que he dicho es que recurriremos las órdenes que dicte la Junta que, a nuestro juicio, van en contra del acuerdo en el que se ha plasmado esta Ley.

Y, mire usted, señor León de la Riva, yo no veo fantasmas. Yo he visto órdenes y circulares de la Consejería en donde se sigue hablando de Partidos Médicos; y resoluciones de la Consejería donde se sigue hablando de Partidos Médicos. Y, a veces, se da pie a los profesionales para que recurran ante los tribunales de justicia determinadas decisiones, fundamentándose en que todavía están en vigor los Partidos Médicos.

Y, además, por si mi visión de los fantasmas, pues, pudiera corporalizarse en algo más, pues, tengo delante de mí un borrador de anteproyecto de Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que se han apresurado a elaborar los servicios correspondientes de la Consejería, en donde dicen, literalmente, que cada zona Básica de Salud comprende las demarcaciones asistenciales que se establecen en el Anexo a este Decreto; cuando la Ley que estamos aprobando, que acabamos de aprobar, dice que la Zona Básica de Salud constituye una demarcación sanitaria única, que engloba a los diferentes núcleos poblacionales asignados a cada profesional. Y nosotros estamos de acuerdo con esta formulación de la Ley, y estamos de acuerdo en que cada profesional tenga núcleos y personas concretos de trabajo de demanda programada, es decir, que preste consulta sistemáticamente en los mismos núcleos de población. Pero no estamos de acuerdo con los intentos que, desde algunos sectores profesionales y, al parecer, desde algunos sectores de la propia Consejería, se están haciendo para, donde dice la Ley "digo", se diga en la Orden "diego". O como aquello que decía, tan traído a cuenta, el Conde de Romanones de "hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos".

Y, en este sentido, también la Enmienda tenía como objeto el conseguir una afirmación rotunda, que constara en el Diario de Sesiones, de que los Partidos Médicos no se intentan resucitar. Pero si no los intentamos resucitar con la Ley -que eso es evidente; todo lo contrario-, pues que no luego salgan órdenes de la Consejería intentando resucitarlos, porque esas órdenes es a lo que nosotros nos vamos a oponer.

Y en cuanto a la cuestión de los Colegios Farmacéuticos, bueno, a mí me cuesta mucho creer que, en una Ley en la que estamos avocando un futuro, en la que estamos trazando un futuro, en el que las competencias que en estos momentos no son de la Comunidad Autónoma, como es la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, aparecen ya diseñadas en la Ley, y no sea éste el instrumento legislativo adecuado para decir que las competencias delegadas de los Colegios de Farmacéuticos deben volver a la Comunidad Autónoma o deben ir a la Comunidad Autónoma. Porque, al final, da la impresión de que esta Comunidad Autónoma va a tener todas las competencias del mundo en materia de sanidad, menos las que tiene delegadas en los Colegios Farmacéuticos. Y usted sabe, señor León de la Riva, que yo propuse en Comisión que hiciéramos una redacción del tenor siguiente: "La Junta de Castilla y León ejercerá las funciones actualmente delegadas en los Colegios Farmacéuticos", sin fecha, en el momento que se considere conveniente, de la forma que se considere conveniente; y aquello no fue aceptado.

Y yo me temo muy mucho -y se lo digo con toda franqueza, y el tiempo, que es sabio, nos quitará o nos dará la razón- que, cuando ustedes hagan el proyecto de Decreto de Reestructuración de los Servicios Farmacéuticos, tampoco van a avocar esa competencia; porque éste es un tema que ha pasado por diferentes Juntas, por cuatro Presidentes de la Junta -y estamos en el quinto-, y ninguno, hasta ahora, ha sido capaz de trazar eso que nos parece un paso necesario; al principio, porque era un tiempo muy poco el que existía de funcionamiento de la Comunidad Autónoma, luego porque no era una cuestión prioritaria, y ahora, que aprobamos la Ley, porque no es el instrumento legislativo conveniente.

(-p.1535-)

Y, realmente, como sabemos que es un tema complicado, que es un tema conflictivo y que es un tema en el que los sectores profesionales chirrían y hacen llegar a los Grupos su descontento; y como nosotros sabemos que los sectores profesionales les ha hecho llegar su presión, pues, decimos: lo que no hagamos ahora en la Ley, no seremos capaces de hacerlo en el futuro. ¡Y ojalá yo tenga que rectificar mis palabras y reconocer públicamente -que no tendré ningún empacho en hacerlo, y lo haré encantado- que ustedes van a asumir esa competencia!

Y en cuanto al señor de Fernando, simplemente señalarle que el señor de Fernando, en una votación anterior y en ésta, mantiene la misma posición. Y es que, teóricamente, va más allá de lo que yo digo, y eso le sirve para votar en contra de pequeños pasos. Yo creo, señor de Fernando, que usted está aquí defendiendo determinados intereses del sector farmacéutico, y, además, lo está haciendo teorizando exactamente lo contrario, diciendo: "Es que no es suficiente lo que se dice aquí, hay que decir mucho más; y por eso voto en contra de lo que se propone". Bueno, desde mi punto de vista, pasito a pasito se va haciendo el caminito, y, realmente, no parece muy razonable el decir que, como quiero pasar todo el camino en cuatro saltos, pues, voto en contra del primer paso a dar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para dúplica, señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Sí. Muy brevemente, señor Presidente. El señor Granado está haciendo ejercicios de futurología, absolutamente. En el primer tema, ya nos dice cómo van a ser las órdenes de la Consejería que regulen todo ese tema de los supuestos Partidos Médicos, que no aparecen. Eso es un borrador de un anteproyecto de una Orden. Bueno, yo no sé si Su Señoría cree que los borradores pasan automáticamente al BOCyL; pasan por una serie de filtros, y, al final, tendrá ocasión de recurrir o de impugnar la Orden, cuando aparezca publicada. Pero estar pensando que un anteproyecto de un borrador ya es dogma de fe y, tal cual, va a ser impreso en el Boletín, me parece un ejercicio de futurología.

Y otro tanto cabe decir con el tema de la avocación de la delegación en los Colegios Profesionales Farmacéuticos. Insistimos que ése es un tema puramente reglamentario, que es un tema que se puede y se debe resolver en el Decreto de Reestructuración y no en la Ley, porque las circunstancias de la asistencia farmacéutica y sanitaria en general pueden dar muchas vueltas, y, a lo mejor, dentro de un año o dentro de seis meses es conveniente retirarla, y, si hay un cambio de la planificación general farmacéutica en el Estado, pues, a lo mejor, dentro de tres conviene volverla a liberar.

Por lo tanto, lo que entendemos es que eso debe resolverse por decreto, puesto que estamos hablando de aspectos puramente reglamentarios y no de aspectos puramente formales o de fondo del texto de la Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Sí. Señor Granado, es intolerable y no le admito a usted que diga que yo defiendo ningún interés particular más que los intereses generales de la Comunidad. Yo le he dicho que pida usted con el mismo ardor la transferencia en legislación farmacéutica, que es una verdadera chapuza lo que tiene aquí el Gobierno Central, y como consecuencia viene todo lo demás. Si viene esa transferencia, veremos a ver quién es más progresista en legislar, señor Granado, si usted o yo. Insisto, usted ya ha pasado aquí por distintos gobiernos, también por el Gobierno Socialista Central pasó antes de transferirlo y no lo quitó, también en el Gobierno presidido por el señor González. Es una cuestión que lleva cincuenta años. Y digo: yo partidario de lo que usted dice con el ciclo completo en poder de la Comunidad, no que la Comunidad venga a arreglar las chapuzas que el Gobierno Central le hace. Y eso así de claro.

Y, en lo anterior, tampoco he defendido intereses, señor Granado. Dígame usted un decreto, una ley, una orden de la Junta de Castilla y León donde diga qué clase de incompatibilidades enumeradas tienen los ingenieros de caminos, los médicos, los veterinarios o cualquier profesional. Ninguna, porque está la Ley de la Función Pública. Solamente para los farmacéuticos en esta Ley, y eso es lo que he dicho: la discriminación. No defiendo intereses de nadie ni los voy a defender, señor Granado. A lo mejor, si usted piensa que los demás los defendemos es que lo va usted a defender en otras ocasiones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Concluido el debate sobre las Enmiendas 170 y 183 del Grupo Socialista, las sometemos a votación. ¿Votos a favor de estas Enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. A favor: veintisiete. En contra: cuarenta y siete. Ninguna abstención. Quedan, por lo tanto, rechazadas.

Y se someten a votación ahora las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Tercera, que no mantienen Enmiendas. ¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

En la Disposición Transitoria Cuarta subsistía y subsiste la Enmienda número 57 y el voto particular de don Antonio Herreros, que ya fueron defendidos, y que se someten a votación. Perdón... Es que no recuerdo. Los ha defendido... Como había defendido conjuntamente todas...

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Si me permite, creo que habíamos dicho que eran dos bloques, uno era todas las Enmiendas parciales y quedaban, precisamente, este...

(-p.1536-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): De acuerdo, de acuerdo. Tiene la palabra para su defensa, don Antonio Herreros. Enmienda 57 y su Voto Particular pidiendo la incorporación al Dictamen de la Enmienda número 28 del Grupo Parlamentario Popular y 189 del Grupo Socialista.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Bien, pues, a la altura del tiempo que vamos y con las ganas que tenemos prácticamente todos de terminar esta cuestión...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se ruega silencio, por favor.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: ... voy a ceñirme a una lectura rápida de una posición por nuestra parte. Es evidente que el cruce de legítimos intereses entre diferentes colectivos, que difícilmente van a encontrar todos y en todo satisfacción, por esto, nosotros abogamos por el respeto a la legislación existente, resultando posiblemente curioso que hagamos la función de defensa del texto del Proyecto de Ley elaborado por la Junta. Y esto ¿por qué? Bien, pues, porque la Disposición Transitoria Cuarta introduce la transaccionada, una sorprendente novedad en el panorama de la función pública, al establecer el acceso a la condición de funcionario de escalas sanitarias mediante el procedimiento de concurso. Si bien esta modalidad de acceso a la condición de funcionarios se intenta justificar aduciendo el carácter excepcional, transitorio y por una sola vez, lo cierto es que, de la lectura de la redacción ofrecida, no se desprende situación singular alguna que derive de un proceso único e irrepetible que pueda justificar este sacrificio de la igualdad de trato a través del reconocimiento de una situación diferenciada, que, por las circunstancias del caso, cabe considerar compatible con el artículo 23 de la Constitución española. Y hago referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional del catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno, publicada en el Boletín Oficial del Estado de quince de marzo. Disposiciones que se afectarían de la Ley de Ordenación de la Función Pública de la Administración de Castilla y León, aprobada por Decreto Legislativo 1/1990, de veinticinco de octubre.

El artículo 34 dice: "La Administración Pública de la Comunidad de Castilla y León, de conformidad con los postulados del artículo 103 de la Constitución, seleccionará a todo su personal, ya sea funcionario o laboral fijo, con criterios de objetividad en función de los principios de igualdad, mérito y capacidad y previa convocatoria pública a través de los sistemas de concurso, oposición o concurso-oposición libre".

El artículo 37, apartado 1, dice: "El acceso a los cuerpos y escalas de funcionarios de la Administración de Castilla y León se producirá, como norma general, a través del sistema de oposición".

En su apartado 2º: "Cuando por la naturaleza de las funciones a desempeñarse hayan de valorar determinados méritos o niveles de experiencia, podrá utilizarse el sistema concurso-oposición para el acceso a la función pública".

La interpretación lógica e incluso más elemental de estos dos preceptos conduce ineludiblemente a la conclusión de que la Ley sólo establece de forma taxativa dos procedimientos de acceso a los cuerpos y escalas de funcionarios: el concurso-oposición y la oposición.

El artículo 34 se refiere a la selección de personal de forma genérica y, por lo que hay que entender, que, por imperativo y en concordia con el artículo 37, el concurso pudiera resultar un procedimiento de selección de personal laboral siempre que el convenio colectivo aplicable a este personal así lo disponga. Y de esto se infiere:

Uno, que será de tener en cuenta que la Disposición Transitoria Cuarta se refiere al acceso a la condición de funcionario de las escalas sanitarias de los cuerpos a que se refiere el artículo 20.3 de la Ley de la Función Pública.

En segundo lugar, que ha de tenerse en cuenta también que el artículo 16.1 dispone que los funcionarios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León se agrupan por cuerpos en base a la titulación exigida para ingresar en ellos y el carácter unitario y homogéneo o específico de las tareas a realizar. Y ha de tenerse en cuenta, en fin, que el artículo 37 establece los procedimientos de acceso a dichos cuerpos y escalas, entre los que no se encuentra el concurso.

Resulta, a nuestro juicio, hartamente dudoso que la citada Disposición Transitoria pudiera hallar razón en lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, ya que su contenido se refiere a la facultad de la Junta de Castilla y León en el ámbito de sus competencias -es decir, mediante decreto- para dictar normas que adecúen la Ley de Ordenación de la Función Pública a las peculiaridades del personal sanitario, pero en modo alguno puede entenderse que la Junta está facultada para dictar normas que vulneren o infrinjan disposiciones con rango de ley dictadas por el órgano legislativo de esta Comunidad. Cuestión lamentable desde el punto de vista de técnica jurídica resulta ser la de legislar en materia de función pública mediante leyes cuyos objetos y ámbitos se refieren a la ordenación de otras materias cuyas competencias ejerce la Comunidad Autónoma, ya que, si bien ambas tienen el mismo rango normativo, el principio de competencia juega a favor de que los sistemas de acceso a la función pública deben articularse en el marco de la ordenación legal de esta materia, es decir, la Ley de la Función Pública.

(-p.1537-)

Y llama la atención que, dado que la Ley de Ordenación de la Función Pública es de dieciocho de mayo de mil novecientos noventa, es decir, aún no ha cumplido tres años, a los Grupos Parlamentarios que hoy proponen la modificación por vía inductiva podría reprochárseles la falta de perspicacia y sentido de la oportunidad que les impidió en su día incluir en el artículo 37 de la Ley el procedimiento de concurso para acceder a cuerpos y escalas de funcionarios, o incluso crear escalas específicas para las que las formas de acceso requieran procedimientos excepcionales, aunque cabe la posibilidad de que la situación excepcional del personal sanitario que hoy nos ocupa se haya creado a partir de mil novecientos noventa.

La sentencia del Tribunal Constitucional del dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve declara que si bien la consideración como mérito de la antigüedad en un empleo o función no puede ser estimada en sí misma como referencia individualizada y concreta de por sí lesiva del derecho a la igualdad en el acceso a las funciones públicas reconocidas en el artículo 23.2 de la Constitución, resulta ser problema distinto el de si la ponderación de ese único mérito valorable ha sido tan desproporcionada y racional que ha podido desconocer el derecho de igualdad, llegando a la conclusión de que el límite impuesto por el mencionado precepto constitucional no ha sido respetado al permitir que la puntuación obtenida en la fase de concurso pudiera aplicarse para superar la fase de oposición, por lo que la convocatoria de pruebas selectivas para el ingreso en el cuerpo de titulados superiores de la Comunidad Autónoma de Extremadura fue declarada nula.

Téngase en cuenta en este punto que el supuesto juzgado se refiere a la convocatoria de pruebas selectivas de acceso mediante el procedimiento de concurso-oposición libre y que, como consecuencia de esta sentencia, en la reforma de las leyes de la función pública se incluyó la exigencia de que los resultados de la fase de concurso no dispensarán de la necesidad de superar las pruebas selectivas de la fase de oposición, cuya puntuación se verificará con absoluta independencia de la que se hubiera obtenido en aquélla.

Cuestión distinta resuelve la sentencia del Tribunal Constitucional del catorce de febrero de mil novecientos noventa y uno, puesto que se refiere al personal contratado administrativo de colaboración temporal y personal interino que prestaban servicio con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 30 de mil novecientos ochenta y cuatro, de dos de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y que resultaba afectado por las previsiones contenidas en la Disposición Transitoria Sexta de la misma Ley. Esta sentencia tiene un carácter excepcional y se refiere a un momento histórico determinado, por cuanto considera que las medidas de carácter transitorio y excepcional para resolver una situación irregular y derivada de un proceso único e irrepetible de una creación de una nueva forma de organización de las administraciones públicas en el nivel autonómico y en el que ni existen plantillas de funcionarios, ni había tiempo para acudir a las formas normales de ingreso en la Administración Pública como funcionario de carrera. Claramente hay que pronunciarse por la consideración de que el supuesto y contemplado no puede encuadrarse en la descripción de la situación anteriormente indicada, ya que, además, la solución propuesta se desmarca de lo establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Ordenación de la Función Pública para la generalidad del personal contratado administrativo de colaboración temporal y personal interino, creándose una situación abiertamente discriminatoria, pues este último personal -a diferencia del sanitario- tiene que haber prestado servicios con anterioridad al veinticuatro de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro y acceder a la condición de funcionario mediante el procedimiento de concurso-oposición libre, sin que se alegue causa objetiva alguna de la que se derive tales diferencias.

A mayor abundamiento, la citada sentencia declara que es una situación excepcional y transitoria la que, mediante la pertinente habilitación legal, puede justificar este sacrificio de la igualdad de trato, mediante reconocimiento de una situación diferenciada que, por las circunstancias del caso y por los intereses en juego, cabe considerar compatible con el artículo 23 de la Constitución, aunque, desde luego, en modo algo ha de resultar generalizable o extensible a otros supuestos.

Por tanto, la propuesta de Izquierda Unida es el mantenimiento de la primitiva Disposición Transitoria Cuarta del Proyecto de Ley, es decir, el acceso a la condición de funcionario mediante la participación y superación del concurso-oposición, de acuerdo con el artículo 37.2 de la Ley de la Función Pública. Y en este procedimiento de selección, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.1 de la referida Ley, se cuidará especialmente la adecuación entre el tipo de pruebas a superar y el contenido del puesto de trabajo a desempeñar, pudiéndose incluir a tal efecto pruebas de conocimientos generales o específicos, entrevistas y cualesquiera otros sistemas que aseguren la objetividad, racionalidad y funcionalidad del proceso selectivo.

Asimismo, en la fase de concurso se valorará el mérito de antigüedad con una puntuación que no rebase el límite impuesto en el artículo 23 de la Constitución y teniendo en cuenta el artículo 6.6 de la Ley de Ordenación de la Función Pública, que establece que en ningún caso la prestación de servicios en calidad de personal interino se considerará mérito especial para el acceso a la condición de funcionario para la promoción interna.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para consumir un turno en contra compartido, en primer lugar, el Portavoz del Grupo Popular, señor León de la Riva, tiene la palabra.

LEON DE LA RIVA

(-p.1538-)

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Realmente, señor Consejero, esta mañana comenzaba yo mi intervención diciendo que habíamos tenido mala suerte con esta Ley por la fecha en la que la estábamos debatiendo, y tengo que terminar diciendo lo mismo, porque mucho me temo que mañana de lo único que se va a hablar en esta Ley es de la Transitoria Cuarta, que, siendo importante, porque afecta a personas, desde luego, es mucho menos importante que el resto de la Ley, que afecta a la totalidad de los ciudadanos de Castilla y León.

Mire, señor Herreros, nos ha dado aquí... tenemos ya otro profesor emérito de derecho, porque nos ha dado una lección de derecho, que le han leído, le han preparado, usted ha leído deprisa y corriendo. Pero yo voy a hacer un debate político, que no jurídico. Mire, para comprender por qué llegamos a esta situación en la Transitoria Cuarta, que es tremendamente compleja, en la que hay intereses absolutamente contrapuestos de colectivos, todos absolutamente respetables, y que nos ha obligado a hacer un esfuerzo de hilar tremendamente fino para tratar de, en la medida de lo posible, compensar o congraciar a todos estos colectivos, no hay más remedio que hacer una memoria histórica, aunque sea muy breve.

Mire, casi el cincuenta por ciento del personal sanitario de la Junta de Castilla y León es personal interino; primer punto a tener en cuenta. Segundo, en algunas profesiones sanitarias, hace quince años que no se convocan oposiciones en el territorio de Castilla y León, como en el caso de los farmacéuticos; desde el año ochenta y dos no se convocan en los médicos; y desde el ochenta y cinco en la de veterinarios, con la salvedad de la Legislatura pasada, a la que después me referiré.

En los últimos ocho años, esta Comunidad Autónoma, a través de sus distintos Gobiernos, ha intentado dar una salida al tema. Se han ensayado todas las fórmulas posibles, y ahí están los llamados "Acuerdos Nalda", del año ochenta y cinco, en virtud de los cuales buena parte de los interinos de las diversas Consejerías pasaron a funcionarios de pleno derecho, excepción hecha de los sanitarios locales. En el año ochenta y nueve, siendo este Portavoz Consejero de Cultura y Bienestar Social, se pactó con todas las centrales sindicales las bases para realizar los distintos concursos-oposiciones. De esos concursos-oposiciones, celebramos el de ATS sin ningún problema, y se está celebrando o se va a celebrar, o se ha terminado el segundo; se celebró el de matronas sin ningún problema; y los otros dos, el de veterinarios y el de médicos, fueron recurridos. Ganamos en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se ha recurrido al Supremo y, según me dicen diez minutos antes de subir a esta tribuna, parece que hay una sentencia del Supremo -no tengo la sentencia- en la que le da la razón a la Junta de Castilla y León. Pero el hecho cierto es que la voluntad, desde el Gobierno Nalda hasta el Gobierno actual, es solucionar el problema de ese colectivo importante.

Segundo aspecto del tema. Esto -como puede Su Señoría comprender- no es privativo de la Comunidad de Castilla y León. Este mismo problema lo han vivido distintas Comunidades Autónomas, y así Andalucía, Canarias o Galicia lo han solucionado, problemas similares, con medidas semejantes a la nuestra. La Ley andaluza 6/85 hace funcionarios por ley a todos los interinos, sin más. La Ley canaria 2/87 de la Función Pública utiliza una medida idéntica a la nuestra, que, por cierto, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno de la Nación y la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de catorce de febrero del noventa y no le dio la razón al Gobierno canario, y, por lo tanto, solucionó el tema.

De otra parte, la fórmula propuesta en la Transitoria Cuarta se ajusta perfectamente a lo establecido en la Ley 30/84 de dos de agosto, de Reforma para la Función Pública, por cuanto en esa Ley se deja claro que el concurso -cito literalmente- lo cita como "sistema normal de provisión de puestos de trabajo". Otro tanto ocurre con el Real Decreto 2223/84, para el Reglamento General de Ingresos del Personal de Servicio a la Administración del Estado, que establece el concurso como una de esas vías.

Y si dice usted que se separa de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, mire, tan Ley es ésta que vamos a aprobar en unos minutos -espero- como la Ley de la Función Pública de Castilla y León. Y Su Señoría sabe también que una Ley se modifica por otra Ley sin ningún tipo de problema.

En definitiva -y para terminar-, señor Herreros, estamos ante una situación especialmente grave; necesitamos, por lo tanto, darle un tratamiento excepcional o especial a esa situación. Y -lo más importante- lo recogido en la Transitoria Cuarta se ajusta perfectamente a la legalidad vigente.

En su intervención el Consejero esta mañana dejaba bien claro que, para evitar lesionar los intereses de los actuales funcionarios sanitarios propietarios o titulares, antes de la entrada en vigor de la Ley, se va a celebrar un primer concurso, con lo cual se garantiza una primera prioridad absoluta para los titulares. Y en esta Transitoria se deja también claro que inmediatamente después se celebra otro concurso, en el que sigue habiendo prioridad absoluta para los titulares propietarios.

Con lo cual, señor Herreros, yo creo que, oponiéndose a esta Transitoria Cuarta, no está dando facilidades a resolver el problema de un colectivo tan importante como el de los interinos de la Comunidad de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente. Para, simplemente, añadir algunas consideraciones más a la intervención del señor León de la Riva, que comparto en su integridad.

(-p.1539-)

En primer lugar, yo creo que no es bueno el intentar argumentar jurídicamente en cuestiones en las que todos los grupos políticos que estamos en esta Cámara, que hemos tenido algún grado de responsabilidad, hemos participado para otros colectivos y aprobando plenamente las decisiones que se tomaban. En este sentido, si la intervención del señor Herreros la aplicamos, por ejemplo, a la Disposición Adicional de la LOGSE, votada por su Grupo en el Congreso y en el Senado, que recoge las convocatorias de oposición para los funcionarios interinos del Ministerio de Educación, pues, nos encontraríamos con que, del tenor de la intervención del señor Herreros, eso es una Disposición inconstitucional.

O los acuerdos sindicales pactados por la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras con el Ministerio de Sanidad y que regulan una fase de concurso-oposición, con una única prueba de memoria para los psicólogos y las asistentes sociales de los Centros de Salud; acuerdos sindicales aprobados hace varios meses, y que prevén esa fórmula que al señor Herreros le parece ilegal, y que yo me imagino que él, pues, no considerará ilegal para los psicólogos y las asistentes sociales, porque me imagino que él -como yo- apoyará dichos acuerdos sindicales con el Ministerio de Sanidad.

O los acuerdos pactados con Comisiones Obreras y UGT que hacían referencia a los interinos de la Junta, que -como ha señalado el señor León de la Riva- no afectaron a los interinos de los cuerpos sanitarios.

Eso como una primera consideración.

Es decir, aquí no estamos hablando de la legalidad o no legalidad de una determinada norma, porque, en todo caso, tendríamos que justificar el porqué a unos determinados cuerpos de funcionarios no les queremos aplicar lo que sí defendemos para otros. Aquí lo que estamos hablando es del principio no de legalidad, sino el principio de oportunidad de una norma jurídica. Es razonable, es oportuno que esta disposición se plantee en estos términos.

Y, mire, desde el punto de vista del Grupo Socialista, muy claramente, éste es un tema de conflicto entre los intereses de los diferentes colectivos que conforman la sanidad. Los parados nunca van a estar de acuerdo con una disposición en la que intentemos solucionar el problema de los interinos. Los médicos de medicina de familia defenderán, lógicamente, el principio de especialidad. Los médicos interinos defenderán el principio de experiencia. Todos los cuerpos tienen intereses legítimos, y es prácticamente imposible el buscar una solución que tenga en cuenta esos intereses corporativos y que sea aceptable para todos.

Y si no podemos satisfacer los intereses de todos los colectivos, ¿cuál es el principio rector que debe guiar las actuaciones de un Grupo político? Pues, el principio de mejor funcionamiento del servicio, el principio de mejor atención a los intereses de los ciudadanos de nuestra Región. Y, mire, para los ciudadanos de nuestra Región, lo que les interesa es que desaparezcan las dos escalas en las que en estos momentos, de facto, se está ordenando el cuerpo de profesionales sanitarios, que está perjudicando el servicio. Que se pueda hacer la reordenación del sistema sanitario y de la atención primaria en nuestra Comunidad de tal manera que los mayores contingentes de profesionales estén ahí donde existen las mayores demandas de atención, y no -por desgracia- a la inversa. Y que los profesionales que les atienden tengan una estabilidad en el empleo, porque esto redunda en beneficio del servicio.

Y ese principio general, usted me tendrá que reconocer que es conveniente para todos los trabajadores de este país y también para los profesionales sanitarios. Y la fórmula que hemos buscado en esta Ley es una fórmula que permite acabar con esa duplicidad de escalas que hace que menos del 50%, en algunas categorías, sean funcionarios, que permite que se haga la reforma de la atención primaria de salud y la reordenación de plantillas, permitiendo que el servicio que se presta a los ciudadanos se preste allí donde existe más demanda y no a la inversa; y que permite solucionar un problema de estabilidad en el empleo de un importante colectivo de trabajadores; y que permite, al final, incluso, desbloquear el acceso mediante pruebas de oposición libre a todas las personas que no accedan en esta primera convocatoria a la categoría de funcionarios, habiendo normalizado la situación.

Y, por esto, nosotros hemos apoyado rotundamente, desde el primer momento, esta solución, sabiendo que hay colectivos que se pueden sentir perjudicados, y sabiendo que sus intereses se pueden sentir no lo suficientemente defendidos, y lamentando que sea imposible atender a los intereses legítimos de todo el mundo, y poniendo por encima lo que pensamos que es el interés general de la población.

Hoy mismo me enviaban a mí, por fax, el texto del auto del Supremo que desbloquea la convocatoria de oposiciones a médicos en Castilla y León. Mire, si este Auto se hubiera conocido hace dos años, probablemente, no hubiera sido necesaria una Disposición como la que ahora aprobamos. Pero, en estos momentos, este Auto llega tan tarde, es tan parcial la solución que, probablemente, no arregla más que una parte del problema, o, probablemente, complica la solución global.

Y ya no podemos esperar mucho tiempo más, porque, mire usted, señor Herreros -lo dije en Comisión, lo dije en la Ponencia, lo vuelvo a repetir ante el Pleno-, yo cada vez que veo -y acabo de verlo hace dos o tres meses- la jubilación de un funcionario interino de esta Comunidad Autónoma es que se me abren las carnes. Porque pensar que una persona puede estar cuarenta años al servicio de una Administración Pública y jubilarse como interino, esto es absolutamente contrario a un principio mínimo de estabilidad en el empleo, que usted y yo defendemos, señor Herreros, pero que yo, por lo menos, intento defender aquí y los Procuradores socialistas intentamos defender aquí sin distingos profesionales. No se puede tener un discurso político reclamando estabilidad en el empleo para todas las categorías profesionales y, cuando luego abarcamos un problema concreto, renunciar a ese discurso político para defender otros criterios.

Si usted y yo defendemos la estabilidad en el empleo, tendremos que defender una solución como ésta, porque es buena para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León y es buena para el colectivo de profesionales a los que afecta. Nada más y muchas gracias.

(-p.1540-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor de Fernando.

DE FERNANDO ALONSO

EL SEÑOR DE FERNANDO ALONSO: Sí. Yo, muy breve. El CDS apoya la Transitoria Cuarta en su redacción como una solución extraordinaria a una situación extraordinaria. ¡Ojalá hace cinco años hubiésemos tomado esta misma solución en las distintas negociaciones que los Grupos Parlamentarios mantuvimos!, porque es una solución que, sin ser satisfactoria para nadie del todo, es la única solución para solucionar el problema planteado.

Por tanto, aun reconociendo los legítimos intereses de los perjudicados por esta medida, entendemos -como decía el señor Granado- que beneficia a la situación global de la población en Castilla y León y al futuro de la sanidad en esta Región.

Y, en segundo lugar, quiero hacer constar que, por un error en la discusión de esta Transitoria Cuarta y en la consultas previas que hicimos para no lesionar los posibles intereses de los propietarios, y como se nos había dicho que la redacción estaba hecha por los jurídicos de la casa y no se debía tocar porque estaba calculado milimétricamente para... en concordancia con la Sentencia del Tribunal Constitucional, no nos atrevimos a introducir un tema que sí consultamos con el Director General de Salud Pública, y era la garantía para los propietarios de que, en futuros concursos -no en este primero sólo-, los que ahora acceden irán por detrás de ellos en la puntuación para los concursos.

Por tanto, quiero dejar claro y dejar en el Diario de Sesiones el espíritu, tanto de mi partido, como del Popular y del Grupo Socialista, de que ésa era la intencionalidad política; y si no se corrigió -insisto- fue por un error de información que se nos dio.

Por tanto, quede constancia de que el espíritu, por todos los Grupos Políticos, es no perjudicar en absoluto a los propietarios actuales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Ahora, señor Herreros, para réplica, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Y estoy de acuerdo con las palabras del Portavoz del CDS: que nadie pretende aquí perjudicar en absoluto, nadie.

Pero decía el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: "Nadie va a estar a gusto, o nadie va a encontrar satisfacción" Yo lo he dicho hoy dos veces, porque esto se veía, porque esto lo hemos vivido durante todos estos días anteriores, porque es un hecho absolutamente que hemos recibido prácticamente todos; que me parece loable, porque es un mecanismo de participación. Lo que pasa es que, cuando hay intereses encontrados legítimos, lo lógico es que al menos se llegue a una decisión. Yo no tengo ningún tipo de inconveniente en reconocer, señor Portavoz del Partido Popular, que no es mío este texto que he definido aquí, ningún tipo de reparo; pero, precisamente eso, en cierto modo, me honra -y, perdón por la flor-, porque, ante un problema de esta naturaleza, yo he intentado consultar todo lo que he podido, para saber, en definitiva, a qué podíamos atenernos, entre ese entrecruce de intereses y lo que la legislación, sentencias y demás, que en más de una ocasión me han puesto encima de la mesa; pero parece que sólo querían que leyese una parte de la sentencia, y, al final, me han leído las dos sentencias del Tribunal Supremo que sobre esto operan. Perdón, del Constitucional. Y, bueno, pues he llegado un poco a la conclusión de que esto era así. Y he solicitado que desde el punto de vista jurídico se pudiera hacer un planteamiento de esta naturaleza.

Y es verdad que a veces tenemos aquí estas veleidades, y por eso salía, posiblemente, el señor Portavoz del Grupo Popular diciendo: "no se erija usted ya en profesor de derecho"; lejos, lejos; pero este asunto, desafortunadamente, nosotros hemos llegado a la interpretación de que es más un asunto jurídico que un asunto político, y hemos pretendido, en última instancia, ante ese cúmulo de intereses y toda esta problemática, decir: que haya, al menos, claridad meridiana, para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder, como accede todo el mundo, en virtud de la Constitución, en virtud de las Sentencias, en virtud de la Ley Orgánica de la Función Pública, en virtud de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, que, con todos los respetos, según se habla del ámbito y objeto de la Ley de la Función Pública de Castilla y León, aquí no puede pasar que cada Consejería o cada Ley regule a su modo y manera las cuestiones que están reguladas genéricamente en la Función Pública; porque, si no, sobraría la Ley Orgánica de la Función Pública, sobraría la Ley de la Función Pública de Castilla y León y nos veríamos sometidos a que, bueno, que tuviésemos que hacer una para cada ratito. No. Yo creo que eso es así. Y es verdad que ha habido anteriormente algunos elementos que ya se me han esgrimido de la LAU, de los jueces y demás; pero ya explicita el Tribunal Constitucional las razones excepcionales, rarísimas, e incluso dice: no se vuelva a producir -perdóneme, que no es una cita textual, pero de alguna manera lo aconseja-, y en la Reforma de la Ley de la Función Pública se incluyen algunos conceptos o criterios que se plantean en esa Sentencia del Tribunal Constitucional anteriormente aludida.

Y yo creo que en estos momentos ya es muy difícil que nadie esté fuera de la Ley.

(-p.1541-)

De hecho, si no hubiese una razón catastrófica, y tampoco se esgrime que nos vayamos a quedar, porque van a seguir dentro de la Función Pública, no habría por qué arbitrar mecanismos especiales. Es más, el decreto... hay un decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial de Castilla y León, veintinueve del tres del noventa y tres, que acaba de salir una convocatoria de Oferta Pública de Empleo para mil novecientos noventa y tres donde se convocan incluso plazas de sanitarios con... -y es curioso porque entonces estaríamos en una situación completamente diferente-, con el criterio de concurso-oposición. Que esperen un poquito, y entonces, si es posible que se pueda hacer de otra manera, habilitemos esos mecanismos.

Yo diría que es verdad que se han ensayado fórmulas, y así me lo han explicitado, y así he ido yo siguiendo algunas cuestiones; es verdad que las fórmulas no han tenido mucho éxito; pero, en todo caso, yo no quiero, no voy a asumir la responsabilidad de lo que ha venido sucediendo hasta ahora, entre otras razones porque creo que es muy difícil que se pueda plantear así.

Y, en un momento determinado, cuando usted hace referencia, señor Portavoz del Grupo Popular, que esto son formas también de acceder, dice: a puestos de trabajo; no a las escalas de la Función Pública, que es completamente diferente, lo siento. Y yo creo que no es mi pretensión no dar facilidades, entre otras razones por una que nos hemos mirado y nos hemos sonreído en cierto modo. ¿Cómo es posible que me vea yo en la obligación de ser el defensor de un Proyecto de Ley en su Disposición Transitoria Cuarta, elaborada por la Consejería o por la Junta, cuando lo lógico es que fuesen ustedes? ¿Y cómo es posible que yo tenga que hacer, precisamente, argumentación en base a la Ley de la Función Pública de Castilla y León? Lo lógico es que también fueran ustedes, no yo. Yo me he encontrado con ese texto, al que queríamos modificar, ciertamente, una cuestión, y es darles tres oportunidades -y no "sine die", sino que se concretaran en una periodicidad de cada seis meses- a las personas que están ejerciendo la función en interinidad para que pudiesen tener más oportunidades, dadas sus dificultades, y eso consta en la Enmienda número 57 nuestra, para que pudiesen tener esa oportunidad.

Y, yo concluyo diciendo que yo apoyo todas las cuestiones que me parecen lógicas y razonables, pero no admito tampoco criterios de autoridades, si los sindicatos sí o los sindicatos no, no sé cuántos o no sé qué. Yo he consultado también a los sindicatos, y hoy a mí me ha llegado precisamente ese mismo Auto, me ha llegado hoy ese mismo Auto, después de haber desplazado desde la Comunidad Autónoma de Castilla y León a alguien a buscar a ver si existía ese Auto o no y después de haber tenido que recibir en un momento determinando calificativos nada satisfactorios por parte de una persona, y que dudaba de la existencia de ese Auto, que yo no tenía por qué confirmar, de tal existencia.

Y, en definitiva, Señorías, yo les devuelvo el argumento: si no se soluciona a través del Auto al que ha hecho referencia el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -que yo creo que sí, que yo creo que sí, de hecho, desbloquearía la situación-, ustedes, si aprueban la Disposición Transitoria Cuarta Transaccionada, van a ser los que bloqueen realmente, porque, en el momento que salga de nuevo la convocatoria para acceder por la vía que ustedes pretenden, se van a empezar a montar recursos y va a quedar "sine die" en la práctica, durante varios años, otra vez, el problema encima de la mesa, con lo cual, hay un riesgo manifiesto de chafar todo el invento. Pero hay un hecho absolutamente claro, señor Consejero -y lo hago por la alusión que usted hace-. Léase con detenimiento... No, no. Se lo hago como sugerencia ¿verdad? en ningún caso como esas cuestiones que a veces... Como sugerencia. Léase con detenimiento que es posible que se desbloquee a través de ese Auto, y que entonces estemos haciendo aquí cosas... Es más, yo pensé en su momento que me iban a llamar algunos de los Grupos Parlamentarios, una vez que se conocía esa cuestión, y estaba esperando, y la verdad es que me llamó una persona para echarme un chorreo, porque decía que no era cierto, que no existía susodicho Auto.

Y yo tenía mis dudas, tenía mis... porque no lo había podido contrastar; lo dejé tan tranquilo, "aquí paz y después gloria". Pero me gustaría que se pudiese solucionar a todos los efectos, lo mismo que a los demás; estoy absolutamente de acuerdo que todos queremos lo mismo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Dúplica, señor León de la Riva.

LEON DE LA RIVA

EL SEÑOR LEON DE LA RIVA: Muchas gracias. Brevísimamente, señor Presidente, porque ya está prácticamente todo hecho. Mire, señor Herreros, los Proyectos de Ley ni las Leyes las hacen las Consejerías; los Proyectos de Ley los aprueba la Junta solidariamente, no el Consejero de turno, y las Leyes las hace la Cámara.

Segunda precisión. La Ley de la Función Pública de esta Comunidad Autónoma, justamente, regula todo excepto los sanitarios, la docencia y la investigación, que remite a un texto que vendrá en su día. Esta excepción está en el 2.2 de la ley de la Función Pública. Por lo tanto, nada tiene que ver. Y el mismo rango legal, le insisto, tiene aquella Ley, como la que vamos a aprobar, sin duda ninguna, con una gran mayoría, dentro de unos instantes en esta Cámara.

Y, para terminar mi intervención yo quiero agradecer, una vez más, a la Consejería en todo su equipo. Hombre, yo no soy el padre de la Ley, pero casi casi puedo ser el abuelo, puesto que ellos eran mi equipo en la Legislatura anterior, que han ascendido todos un peldaño en esta legislación.

Al Grupo Parlamentario Socialista, a los miembros del Grupo que han trabajado intensamente, al Grupo del CDS, que también ha colaborado, y, ¿por qué no?, a usted mismo, que con su actitud crítica nos ha hecho repensar muchos de los textos o de los artículos de la Ley.

En definitiva, señor Herreros, créame, vamos a aprobar la mejor Ley de Sanidad que hoy hay en todo el territorio nacional.

(-p.1542-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Granado.

GRANADO MARTINEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente. Yo por lo menos, estoy de acuerdo en que vamos a aprobar la mejor Ley de Sanidad de Castilla y León; probablemente también sea la mejor de toda España, y es de suponer que las que las sigan, cuando se vayan reformando las leyes aprobadas con anterioridad, pues se irán mejorando con el tiempo, como es natural. En cualquier caso, sí que tengo que agradecer, en efecto, la colaboración que han manifestado, tanto los miembros de la Junta, los altos cargos de la Consejería y los miembros del Grupo Parlamentario Popular, del CDS y del Grupo Mixto, que ha permitido la elaboración de un texto de consenso, que yo creo que es fundamental en una materia como la que nos ocupa.

Y, muy brevemente, señor Herreros, yo creo que aquí hay que señalar dos o tres cuestiones. En primer lugar, que todos defendíamos alternativas básicamente coincidentes en buena parte de los puntos de la cuestión. Porque la alternativa que usted nos proponía no es tan distinta de la alternativa que vamos a aprobar aquí, en cuanto a sus resultados. Porque usted proponía un sistema de tres convocatorias de oposiciones con puntos por año de servicio -la alternativa de la Disposición Adicional de la LOGSE-, que, probablemente hubieran también votado en contra los mismos Grupos que ahora le hacen a usted su Portavoz.

Nosotros... -me refiero a algunos colectivos profesionales: probablemente, hubieran estado en discrepancia con ella-. Nosotros cometemos el riesgo o asumimos el riesgo de equivocarnos. Usted nos anuncia un futuro plagado de recursos. Por desgracia, ese futuro es ya el pasado. Cada vez que un Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha intentado desbloquear con medidas concretas los problemas del sector sanitario de la Función Pública, se han contado con recursos de los colectivos profesionales. Esto, probablemente, sea inevitable.

Por eso queremos dejar muy claro en la Ley que van a aprobar estas Cortes, no en una norma de inferior rango, como un Decreto o una Orden Administrativa, sino en la propia Ley, cuál es el sentido que nosotros queremos dar al desbloqueo de la situación.

Yo he comenzado por señalar que este Auto que me ha enviado por fax una representante sindical esta misma mañana, pues, de haberse conocido hace dos años, a lo mejor hubiera hecho innecesaria esta disposición; pero, en estos momentos, el acudir a esta fórmula crearía más conflictos, muy probablemente, que la propia disposición que vamos a votar. Y también sería recurrida por otros colectivos.

Bueno, y recurso por recurso, si tenemos que apuntarnos a una salida política, a una salida política a este problema, no una salida jurídica -porque salidas jurídicas es lo que no hay, precisamente porque ha habido tantos recursos y tantos conflictos-, tenemos que apuntarnos a la salida que dignifique el servicio público, que preste mejor atención a los ciudadanos y que permita una más racional organización de la administración. Y nosotros pensamos que esta fórmula, con todos sus defectos, que los tiene, permite que se reforme el servicio público, que se dignifique y que los ciudadanos estén mejor atendidos. Y, hoy por hoy, esos son los intereses que nos interesa defender en esta Cámara. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se somete a votación el Voto Particular que el señor Herreros mantenía a la Transitoria Cuarta del Proyecto de Ley.

¿Votos a favor del Voto Particular? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Uno a favor y setenta y tres en contra. Queda rechazado.

Se vota ahora la Disposición Transitoria Cuarta. ¿Votos a favor de esta Disposición? ¿En contra? ¿Abstenciones? No hay.

Queda aprobada por setenta y tres votos a favor y uno en contra.

Las Transitorias Quinta, Sexta y Séptima no mantienen Enmiendas. ¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

La Disposición Derogatoria, así como la Exposición de Motivos y Título de la Ley tampoco mantienen Enmiendas. ¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

En consecuencia, queda aprobada la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario para Castilla y León.

Señor Secretario, le ruego dé lectura al duodécimo punto del Orden del Día.

Perdón. Señor Consejero de Bienestar Social, tiene la palabra.

FERNANDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNANDEZ SANTIAGO): Sé lo avanzado de la hora, pero me parece que la ocasión lo merece.

Yo sólo quería destacar la generosidad de todos los Grupos Políticos en la aprobación de esta Ley, y también el esfuerzo de todos los Grupos de la Comisión y de la Ponencia que han trabajado, de verdad, en una Ley compleja.

Decir que tenga la garantía esta Cámara de que ha aprobado una Ley de Ordenación del Sistema Sanitario que es moderna, flexible y que está a la altura de los tiempos.

(-p.1543-)

Nada más y muchas gracias a todos.

(Aplausos)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Secretario, dé lectura al duodécimo y último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Duodécimo punto del Orden del Día: "Ratificación por el Pleno de la Cámara de la Propuesta del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social de sustituir un miembro de la Comisión Mixta de Transferencias".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Secretario, dé lectura igualmente al artículo segundo del Real Decreto 1956/83, de veintinueve de junio, por el que se aprueban las normas de funcionamiento de dicha Comisión.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Artículo 2: "La Comisión Mixta estará compuesta paritariamente por ocho vocales designados por el Gobierno de la Nación y otros ocho por las Cortes de Castilla y León, y será presidida, además, por el Ministro de Administración Territorial y por un representante designado por la Junta de Castilla y León. El primero actuará como Presidente y el segundo como Vicepresidente y ejercerán las funciones inherentes a dichos cargos. Tanto el Presidente como el Vicepresidente, así como los vocales, podrán ser sustituidos en cualquier momento por los órganos que los hayan designado, comunicándolo oficialmente a la propia Comisión".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Lea igualmente, señor Secretario, el escrito de Centro Democrático y Social proponiendo la sustitución.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): "Al Excelentísimo señor Presidente de las Cortes de Castilla y León. Comunico a V.I. el nombramiento de don Juan Durán Suárez como miembro en representación del Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social en la Comisión Mixta de Transferencias, en sustitución de don José Luis Sagredo de Miguel. Fuensaldaña, 3 de marzo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se somete al Pleno la ratificación del candidato propuesto. ¿Se aprueba la sustitución, por asentimiento? Queda aprobada. Y, en consecuencia, don Juan Bartolomé Durán Suárez queda designado como miembro de la Comisión Mixta de Transferencias.

Muchas gracias. Se levanta la sesión.