DS(P) nº 54/3 del 16/3/1994

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras, señores Procuradores.

Pretendo, para dar agilidad al debate, porque en todas ellas hay la misma filosofía, hacer una defensa conjunta de las Enmiendas vivas a este Proyecto de Ley, concretamente las números 1, 2, 3, 5 y 7, distinguiendo, entre ambas, dos bloques diferenciados. De una parte, las Enmiendas números 1, 2 y 5, que pretenden introducir, diríamos, mejoras de carácter técnico o de sistema. Y, de otra, las números 3 y 7, que inciden, fundamentalmente, en cuestiones de fondo, planteando una opción alternativa entre ambas, de tal forma que, si se aceptase una, no tendría sentido la otra.

En efecto. En la enmienda número 1 se pretende utilizar la expresión "Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Castilla y León", en lugar de la expresión que viene en Proyecto de Ley, más pobre y ramplona -a mi juicio-, de dicha empresa. Es, qué duda cabe, una cuestión de estilo, pero el que aparezca en todo el Proyecto de Ley una sola vez la denominación específica de la sociedad, forzando referencias como la que se pretende sustituir, justificaría sobradamente el aceptar la enmienda de estilo que se propone, aun reconociendo, insisto, que es su única virtualidad. No tiene otra proyección de fondo alguno, sino, simplemente, el que en el Proyecto de Ley se diga alguna vez qué Ley es, y no se haga referencia a la Sociedad, dicha empresa, porque eso tendría sentido si se repitiese muchas veces el nombre de la Sociedad; pero es que no se repite ninguna, más que en el título de la Ley.

De otra parte, la Enmienda número 2 pretende eliminar redundancias, al hablar del objeto social de la sociedad, en su artículo segundo, apartado primero, y de los medios procedimentales, propios o ajenos, para llevarlos a cabo. Es indudable, aunque no lo diga la Ley, que la Sociedad dispondrá de esa doble alternativa, por lo que resulta redundante. Ello, claro es, siempre que no se pretenda, al decirlo expresamente, autorizar o casi fijar como norma habitual o general de actuación de esta Sociedad la de hacerlo -como norma, insisto- por terceras personas, cosa que yo en absoluto comparto.

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Es, pues, en ese doble horizonte en el que se plantea la Enmienda. De una parte, evitar expresar lo obvio, lo que es normal, el que una Sociedad actúe directamente o mediante contratos con terceros, y evitar... o evitar que quede la idea, en el propio texto legal, de que lo habitual, lo normal, casi lo exclusivo, sea el conseguir su objetivo a través de terceras personas, y no a través de actuaciones por sus propios medios.

La Enmienda número 5 intenta completar la definición y naturaleza normativa por la que se ha de regir la Sociedad Pública que sea crea: sus Estatutos, como dice el Proyecto de Ley, las especificidades que establece la propia Ley, lo que establece la Ley de Hacienda de la Comunidad, la Ley de Patrimonio de la Comunidad, añadiendo -como una directriz normativa complementaria más, y, por otra parte, evidente- "las especialidades derivadas de su propia naturaleza como empresa pública", ya que es la figura jurídica que define el mismo Proyecto de Ley.

Ya con un matiz diferente y de evidente mayor trascendencia, se plantean las Enmiendas números 3 y 7, que, según un mismo tema de fondo, plantean dos posibles opciones, en principio excluyentes. Bien reducir el objeto social y fines de la Sociedad, excluyendo de su contenido las materias de urbanismo, vivienda y conexas, cuestión que plantea la Enmienda número 3, o bien, alternativamente, procediendo a la disolución y liquidación de aquellas empresas públicas de nuestra Comunidad, participadas mayoritariamente por la Administración Regional, cuyos objetivos coincidan esencialmente con los de la sociedad que se crea con la presente Ley.

Es, evidentemente, una cuestión de economía y de racionalidad. La existencia de varias Sociedades Públicas participadas mayoritariamente por una misma Administración Pública -en este caso por la Junta de Castilla y León- es, a todas luces, innecesaria y escasamente coherente, porque ello traería consigo incremento de costes, burocratización innecesaria de la Administración, dispersión de esfuerzos, descoordinación, incremento de gastos corrientes, etcétera, etcétera. De ahí que plantee, bien reducir el objeto social de la Sociedad que se crea con la presente Ley, excluyendo de su ámbito las cuestiones de urbanismo y vivienda, competencias atribuidas ya ahora a otras sociedades públicas, como GESTURCAL o las distintas GESTURES provinciales, o bien, alternativamente, adquiriendo el compromiso en una Disposición Adicional, disolviendo en un plazo razonable dichas GESTURES, si su objeto específico queda asumido, como figura en el Proyecto de Ley, por la nueva Sociedad que se crea.

Sin perjuicio de entender las dificultades que ello pueda entrañar, como es la liquidación de sociedades existentes, estarán conmigo Sus Señorías que la lógica de la racionalidad parece exigirlo así. No es bueno incrementar innecesariamente la burocratización, no es bueno el que existan empresas públicas que no tengan un objeto social perfectamente definido, o que ya esté asumido por otro tipo de empresas.

Por ello, entiendo que estas Enmiendas se basan en la más lógica racionalidad, y ello es lo que me mueve a pedir a Sus Señorías su consideración y, si es posible, su voto favorable a las mismas.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir turno en contra? Por el Grupo Popular, señor Villar, tiene la palabra.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Buenos días. Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores.

Salgo en nombre del Grupo Popular, para contestar al bloque de enmiendas que ha defendido el señor Buiza. No voy a decir un turno en contra de todas ellas, puesto que la Enmienda número 1, desde nuestro Grupo, la consideramos aceptable, en la medida de que no afecta el contenido del Proyecto de Ley presentado, puesto que simplemente incorpora una sustitución en la denominación utilizada para referirse a la empresa pública.

Por tanto, vaya por delante que la Enmienda número 1 vamos a aprobarla.

Respecto a la Enmienda número 2, del señor Buiza, tengo que decirle que, al margen de lo confuso de la Enmienda formulada, donde no se puede precisar si se trata de una sustitución o de una supresión -yo más bien entiendo que sería supresión en vez de sustitución, como dice en la Enmienda-, su contenido no podemos considerarlo aceptable, dado que la supresión de la expresión "por sí o por terceras personas" afecta al contenido del Proyecto de Ley y al perfil de las facultades de actuación de la propia Empresa Pública, sin que se pueda considerar, como hace la justificación de la Enmienda, como una simple precisión en relación al régimen de gestión interna de la empresa, al que no debe descender la Ley.

La utilización de esta mención hace expresa la doble posibilidad de actuación que se pretende dar a la empresa pública, de forma que el cumplimiento de sus fines se puede hacer efectivo, tanto mediante acciones directas de la empresa como a través de encargos a terceras personas, naturales o jurídicas, que ejecuten las actuaciones previstas. Aspecto éste que, por su importancia en el régimen de funcionamiento y gestión de la empresa pública, es merecedor de su inclusión en el texto de Ley.

Por tanto, entendemos que "por sí o por terceras personas" debe permanecer en el texto del Proyecto de Ley, y, por consiguiente, en el texto de Ley que vamos a aprobar hoy por la mañana, seguramente.

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Posteriormente, el señor Buiza nos ha defendido la Enmienda número 5. En la Enmienda número 5, al artículo 4, le diré que ya en Ponencia y Comisión -en Ponencia, me parece que fue-, se hizo una corrección gramatical; había un error gramatical, y fue asumido por todos los Grupos allí presentes. Ahora bien, la redacción que él pretende yo creo que no es necesaria, puesto que entendemos que pretender introducir "las especialidades derivadas de su naturaleza como empresa pública" es lo mismo que decir que tales especialidades no son distintas de las derivadas de la propia Ley de Creación de la Empresa, por ser la propia Ley la que la define y caracteriza como empresa pública. Y, además, entiendo que el término "especificidades" es más correcto, en este caso, que el de "especialidades".

Respecto a la Enmienda número 3, que ya tiene más calado político, si aceptásemos esta Enmienda desvirtuaríamos el alcance final de lo que constituye el objeto propio de esta empresa pública, excluyendo de su ámbito de actuación las obras de infraestructura urbanística y de vivienda, lo que iría en contra de la voluntad política específicamente expresada en el texto del Proyecto de Ley presentado.

El Proyecto de Ley, sin perjuicio de que este tipo de actuaciones pudieran quedar englobadas en el concepto genérico "obras públicas de infraestructura que se estimen necesarias para el interés público en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León", recoge expresamente la inclusión de las obras de infraestructura urbanística y de vivienda, para evitar todo tipo de dudas en relación a cuál sea el objeto de la actividad de esta empresa pública, dudas que necesariamente surgirían al intentar subsumir actuaciones tan específicas como la infraestructura urbanística o de vivienda en el genérico concepto "obras públicas"; de ahí que resulte necesario mantener su inclusión expresa en el texto de esta Ley.

Y ligando esta Enmienda con lo que nos dice también en la Enmienda número 7, y que, en definitiva, se podría resumir en que se solicita que se disuelvan GESTUR y GESTURCAL, puesto que sus fines pudiesen ser coincidentes con los de la empresa que en estos momentos pretendemos crear, yo le diría que no se preocupe el señor Procurador, que esta empresa, GICALSA, que estamos creando en estos momentos, tiene en la Ley unos cometidos muy amplios, por si en algún momento es preciso hacerlo. Pero yo creo que ya quedó planteado claramente en la presentación del Proyecto, en la Enmienda al Debate de la Totalidad, y en Ponencia y en Comisión, que, en definitiva, esta empresa va a ser o va a estar al servicio de la Junta y, por consiguiente, al servicio de todas las Consejerías de la Junta. Que no va a tener un carácter político decisorio, sino que va a tener simplemente un carácter ejecutivo, un carácter de gestión, y que lo que se pretende con ellas no es suplantar a GESTUR y GESTURCAL. Que si más adelante la Junta estimase conveniente que no eran necesarias GESTUR y GESTURCAL, a la vista del desarrollo y del funcionamiento de la nueva empresa, descuide, que la Junta, por ley -tal como se establece en la Ley de Hacienda de Castilla y León-, no tendría ningún reparo en eliminarlas, si entonces lo considerase necesario. Pero hoy por hoy no lo consideramos necesario.

Resumiendo, vamos a admitir la Enmienda número 1 y vamos a votar en contra las Enmiendas 2, 3, 5 y 7. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de réplica, señor Buiza.

BUIZA DIEZ

EL SEÑOR BUIZA DIEZ: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, en primer lugar, para agradecer esa receptividad a esa Enmienda de estilo, que no tenía otro sentido, pero que parecía razonable. Le doy las gracias.

Y respecto al resto de las Enmiendas no aceptadas, y sobre todo centrándome en aquéllas que yo en mi primera intervención ya dije que eran las que tenían más contenido de fondo, porque en el resto, pues, pretendían introducir mejoras que yo entendía sistemáticas, pues, voy a hacer algunas precisiones.

Efectivamente, estoy de acuerdo con lo que dice... vamos, no con lo que dice, sino con el espíritu y con la racionalidad que plantea el Proyecto de Ley de que una empresa pública, que, además, se rige -como dice el mismo Proyecto de Ley- por las normas de derecho privado de cualquier empresa, puede cumplir sus fines con sus propios medios o haciendo contratos con terceros. Si eso es que es elemental. Yo no estoy en contra de eso, ni niego que eso sea lo correcto y lo lógico. Lo que -insisto- digo, que me parece bastante absurdo -por ser elemental- el que eso se ponga en el Proyecto de Ley, porque se da la impresión de que lo que se quiere es casi mandatar a esta empresa pública que la norma de comportamiento, la norma de conducta de la misma sea llevar a cabo esos fines a través de contratos con terceros, al ponerlo en el Proyecto de Ley, cuando no es necesario que venga en el Proyecto de Ley para que, con mayor o menor frecuencia, lo pueda hacer. Porque hay multitud de empresas públicas donde en sus leyes de creación no viene ese precepto y están actuando como es lo habitual: a veces con sus propios medios, otras veces con contratos con terceros, con prestaciones de terceros, etcétera, etcétera.

Pero, en fin, únicamente que quede constancia de que yo no estaría de acuerdo de que casi todas sus actuaciones lo hiciera a través de contratos con terceros, aunque muchas de ellas sí pudieran ser posibles, porque, sin que lo diga la Ley, es posible.

Y en el otro aspecto, respecto a las Enmiendas 3 y 7, la intervención del Portavoz del Grupo Popular me da la razón, aunque después no se traduzca a la hora votar, porque, efectivamente, me está reconociendo que hay concurrencia de fines entre la empresa pública que se crea y las empresas públicas que existen, como GESTURCAL y GESTURES provinciales, donde tiene participación mayoritaria de la Junta de Castilla y León.

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Me ha dicho, me ha dado un argumento y ha dicho que es que esta empresa que se crea va a estar al servicio de la Junta de Castilla y León, de la Administración Regional. ¡Hombre!, yo creo que también lo están GESTURCAL y las GESTURES provinciales, porque, en definitiva, una empresa pública está al servicio, está un poco bajo las directrices de quien tiene la participación mayoritaria en el capital de las mismas, y en este caso, tanto en GICAL, que es el Proyecto de Ley actual, como en GESTURCAL y las distintas GESTURES, es la Junta de Castilla y León. Luego no entiendo, de verdad, las razones de por qué se duplican organismos, se duplican empresas para conseguir unos mismos fines, porque eso creo que, aparte de incrementar costes, no resuelve ningún problema; es más, los va a generar, porque haber, va a haber interferencias entre esta sociedad que se cree, en algunos casos, y la GESTURCAL o las GESTURES provinciales, al incidir en parte sobre un mismo objeto social, que es el desarrollo de la vivienda y temas de urbanismo.

De ahí que yo, con buen criterio, pues, planteaba, a mi juicio, dos alternativas, para que la Administración optase por la que considerase oportuna: bien dar, asignar estos fines a la empresa que se crea hoy, o bien reducir esos fines porque ya existe, ya lo tienen otras sociedades existentes; o bien, si esta empresa cubre todo ese objeto social, pues, disolver en un plazo razonable -yo planteo que fueran seis meses; podría ser algo más-, pues, las demás empresas que no tiene sentido que cubran un mismo objetivo que se cubre con este Proyecto de Ley al crear esta sociedad de gestión. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de dúplica, señor Villar. Ruego a Sus Señorías que, por respeto al orador y a la Cámara, guarden silencio, por favor.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente, también, para decirle al señor Buiza que nosotros seguimos insistiendo en que consideramos interesante el que aparezca por sí o por terceras personas, aunque nada más fuera por una cosa: porque lo que abunda no daña.

Que me dice que no comprende que yo diga que lo lógico sea que se contrate la mayor parte de las actuaciones de GICALSA. Yo entiendo que sí, que sí. Lo que se pretende con esto no es precisamente, por hacerlo de una manera gráfica o por decirlo de una manera gráfica, crear una empresa tipo TRAGSA. Lo que se trata, precisamente, eso.. efectivamente, eso sí que encarecería, aumentaría la plantilla, trataría... habría que crear una infraestructura monstruosa. Pero de lo que se trata aquí, simplemente, es de crear una empresa que dé más agilidad a la contratación, que dé más agilidad a todo... que evite trámites burocráticos en todo lo que sean proyectos, contratación de obras, ¿eh?, que se consiga una mayor financiación, una más ágil financiación; que la empresa pueda convenir préstamos, que pueda hacer convenios con Diputaciones, con Ayuntamientos, con otros entes de actuación, y que todo ello permita, sin un coste prácticamente... vamos, no excesivo, un coste... con un coste prácticamente nulo de funcionamiento, el agilizar esas obras, el flexibilizarlas y el conseguir una mejor financiación.

Y respecto a que GESTUR y GESTURCAL coinciden con parte de los fines de GICALSA, pues, lo he reconocido, y creo que cualquier observador imparcial que lea los fines de la empresa que estamos creando no puede negar la evidencia. Pero sigo insistiendo en que no se trata más que de, cuando -por lo menos de momento- GICALSA considere... la Junta, no GICALSA -perdón-, la Junta considere necesario que sea a través de GICALSA donde se pueda o se tenga que hacer una actuación, de una manera más ágil y más flexible, en un polígono industrial donde tendría que actuar GESTUR y GESTURCAL, que exista esa posibilidad. Los fines de GICALSA y la actuación de GICALSA las vamos a tener, fundamentalmente, en las obras de infraestructura y en las obras de urbanizaciones de viviendas -eso está claro-, pero no se le quite la otra posibilidad.

Por tanto, nos es imposible -repito- el admitirle esas Enmiendas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se somete, entonces, a votación por separado, si les parece, la Enmienda número 1 del señor Buiza, que podría ser aceptada por el Grupo Popular.

¿Votos a favor de la Enmienda número 1 del señor Buiza? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y siete; cuarenta y siete a favor; ninguno en contra; y treinta abstenciones. Queda admitida la Enmienda número 1 del señor Buiza.

Y se someten a votación las Enmiendas números 2 y 3 de forma agrupada. ¿Votos a favor de estas Enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y siete; votos a favor, cinco; en contra, setenta y dos; abstenciones, ninguna.

LORENZO MARTIN

EL SEÑOR LORENZO MARTIN: Señor Presidente, solicitaríamos voto separado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Bueno, yo le ruego que nos lo pida a la Presidencia, nos lo pida antes de la votación, porque... Bien, se someten por separado a votación.

La Enmienda número 2 del señor Buiza. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y siete; a favor, cinco; en contra, cuarenta y dos; abstenciones, treinta. Queda rechazada.

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Se somete a votación la Enmienda número 3 del señor Buiza. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y siete; votos a favor, treinta y cinco; votos en contra, cuarenta y dos; y abstenciones, ninguna. Queda también rechazada.

A este mismo Artículo 2 del Proyecto se mantienen vivas las Enmiendas números 9 y 10 del Grupo Socialista. Para su defensa, señor de Meer tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Señor Presidente. Quería empezar mi intervención, en relación con las Enmiendas parciales que se mantienen a la Ley que crea la Sociedad de Gestión e Infraestructuras de Castilla y León, explicando de alguna manera las votaciones que hemos mantenido hasta ahora de abstención al Artículo 1.

Esa abstención significa que nuestro Grupo no tiene una oposición inicial frontal a que se cree esa sociedad, y que esa oposición se puede deducir si no se admiten las Enmiendas que están relacionadas con el objeto social de la sociedad. Por lo tanto, si las Enmiendas relativas al objeto social se aprobaran, nosotros votaríamos a favor de los artículos correspondientes. Pero en caso contrario, lógicamente, nosotros nos abstenemos, no queremos dar un cheque en blanco a la Junta, y, si no se admiten estas Enmiendas, votaremos en contra de todos los artículos de la Ley.

La Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Castilla y León surgió como idea y todo el mundo creía que se relacionaba con ciertas infraestructuras del transporte, potentes, que la Junta iba a ejecutar en nuestra Comunidad Autónoma. Y así surgió relacionado con el Pacto de Financiación de las Comunidades Autónomas y el Pacto de Infraestructuras. Y todo el mundo pensaba que estaba relacionado con la autovía de Burgos a León y alguna otra autovía.

Pero yo creo que la sorpresa general de todas las personas cuando vieron esta Proposición, este Proyecto de Ley, fue que ahí no se hablaba de unas infraestructuras concretas y no se hablaba de infraestructura del transporte, sino que la Junta pretende constituir una sociedad que haga absolutamente de todo: obras públicas de infraestructura que se estimen necesarias para el interés público. Esta Sociedad podrá hacer, evidentemente, carreteras, autovías; pero podrá hacer abastecimientos de agua, saneamientos, depuraciones; podrá hacer infraestructuras agrarias, podrá hacer infraestructuras sanitarias, podrá hacer infraestructuras educativas, infraestructuras universitarias, infraestructuras culturales..., cualquier tipo de cosa que llamemos "infraestructuras" podrá hacerlo esta Sociedad.

Y nuestro Grupo se opone a este idea, a crear este cajón de sastre, en virtud del cual la Junta ya tiene una Sociedad con la que puede hacer de todo. Una Sociedad que duplica absolutamente a todas las Direcciones Generales de la Junta. La Junta, a partir de ahora, ya no tiene que hacer nada: por fin hemos logrado hacer una Sociedad que lo hace todo; por fin estamos en trance de privatizar absolutamente todo. Y, además, duplicando, incluso -y este sería el sentido de la Enmienda número 10-, duplicando incluso sociedades que ya existen. Porque la Junta, sociedades que tiene en materia de infraestructura, son, precisamente, las sociedades de gestión urbanística, una en cada provincia... -bueno, falta en dos provincias, una en la que no hay y otras en la que ha sido una sociedad participada-, y una sociedad que se llama GESTURCAL, que abarca el ámbito de la Comunidad Autónoma.

Hasta ahora, el Consejero de Medio Ambiente se suponía que era una persona competente en materia de urbanizaciones y que tenía unas sociedades que dependían de su Consejería y que se dedicaban a esto. A través de esta Ley se pretende no sólo decir que la Consejería de Medio Ambiente lo hace muy mal en materia de infraestructuras, de urbanizaciones, sino que hace falta tener otra sociedad que haga exactamente lo mismo, dependiendo de otra Consejería.

Así, a partir de ahora tendremos en una provincia la GESTUR correspondiente haciendo urbanizaciones, GESTURCAL haciendo urbanizaciones, y GICALSA haciendo urbanizaciones. No sólo duplicamos la estructura general de la Junta, sino que ya empezamos hasta a duplicar las propias empresas públicas de la Comunidad Autónoma, este mare mágnum de empresas públicas.

Y decía el Portavoz del Grupo Popular, en la Ponencia y en la Comisión, que es que estas empresas iban a competir entre sí, que la Junta iba a lanzar a sus propias empresas públicas a competir entre sí, y que la que mejor funcionara... -no, el señor Garabito, actualmente ausente-, y que la sociedad que mejor funcionara sería la que tiraría, y que a lo mejor las otras había que anularlas. Pero ¿qué planteamiento es ese? ¿Alguien se imagina un Ayuntamiento que tuviera una empresa municipal de transportes, funcionando regularmente, hiciera otra empresa municipal de transportes, que entre las dos compitieran, y que la que mejor funcionara sería la que tirara adelante? ¿Qué diría cualquiera? ¿Qué diría cualquier Portavoz del Grupo Popular si esto ocurriera, si esto se le ocurriera a cualquier otra Administración, hacer competir entre sí a las empresas públicas, hacer competir entre sí a los señores Consejeros, a ver quién lo hace mejor?

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Nosotros creemos que eso es ya el cúmulo de la creación de empresas inútiles, el cúmulo del despilfarro y del desdoblamiento de las estructuras de la Junta. Con un único objetivo, además, que es quitar cada vez más campos de actuación de la Comunidad Autónoma que se sometan a la Ley de Contratos del Estado, y hacer, además, cada vez más opaco el control de la Junta, la actividad del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno en contra, señor Villar, tiene la palabra.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente.

Nos justifica su actuación en la votación del artículo primero el Portavoz del Grupo Socialista, y nos dice que, si no se le admiten sus Enmiendas, que votarán en contra todos los artículos, aunque no están en contra de la creación de la Sociedad. Pues, ¡qué le vamos a hacer!.

Ahora, decir que con esta sociedad se duplica la actuación de todas las Direcciones Generales de la Junta, de todas las Consejerías, pues, me parece una barbaridad. Creo que ya hemos dicho bastantes veces, en Ponencia, en Comisión, hoy aquí, en esta mañana, que no es así. Se pueden tomar las cosas como se quieran, se puede criticar, pues, todo, todo; todo es del color del cristal con que se mira, ¿no?. Ahora, lo que no puede decirme es que yo he dicho, que yo en dicho en Ponencia y en Comisión que estas empresas las íbamos a echar a competir entre sí. Mire usted..., no sé, yo creo que todavía rijo algo, ¿eh?, todavía rijo algo. No se me va tanto el santo al cielo como para justificar los injustificable. Y, desde luego, tampoco he dicho que las GESTURES lo hacen muy mal y que la Consejería de Medio Ambiente lo hace muy mal y que, por tanto, hay que crear a GICALSA para que les enmiende la plana. Eso tampoco es así.

Lo que sí quiero es rebatirle sus Enmiendas número 9 y número 10. Y, mire usted, la Enmienda número 9, desde nuestro punto de vista, supone una alteración sustancial del objeto, alcance y filosofía política del Proyecto de Ley propuesto. Y, en consecuencia, no la vamos a aceptar, puesto que su inclusión desvirtuaría el objeto propio de la Ley, recortando su alcance, que quedaría limitado a la ejecución de obras específicamente reflejadas en los planes regionales de carreteras y transportes de Castilla y León, que es lo que ustedes dicen en la Enmienda, imposibilitando la actuación futura de GICALSA en otras obras, incluso de infraestructura, como podría ser la Autovía León-Burgos, la ronda interior sur de Valladolid, la autovía de Tordesillas-Zamora-San Martín del Pedroso... etcétera, etcétera; por ejemplo. Y recortando cualquier otra posibilidad futura de actuación en otras áreas, como la infraestructura rural, de saneamiento, abastecimiento de aguas, urbanización de suelo para viviendas, construcción de viviendas, etcétera.

No deber olvidar que son precisamente obras como las que le he citado, no integradas en el Plan Regional de Carreteras, las que exigen disponer de un instrumento como la Sociedad de Gestión, puesto que, siendo producto de acuerdos o convenios con otras Administraciones Públicas, su gestión a través de una empresa pública permitiría una más correcta y ágil utilización de los recursos públicos disponibles.

Por tanto, insisto, la Enmienda número 9 votaremos en contra de ella.

Y en cuanto a la Enmienda número 10, en la que insisten... vamos, no insisten en que desaparezca GESTURCAL, sino que dicen que la no inclusión de las obras de... que desaparezca la no inclusión de las obras de infraestructura de urbanización en el objetivo de GICALSA. Es lo mismo que decir que desaparecen GESTUR y GESTURCAL, como ha dicho usted aquí.

También he dado ya anteriormente, en Ponencia, en Comisión, hoy por la mañana, contestando al señor Buiza, nuestra postura, y buena gana de repetirla.

Votaremos, también, en contra de sus Enmiendas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para réplica, señor de Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente.

Yo no le he atribuido al señor Portavoz del Grupo Popular la afirmación de que las GESTURES, GESTURCAL y GICALSA van a competir entre sí y que, a la vista del resultado, ya verá la Junta lo que hace; eso no lo dijo usted. Lo dijo otro Portavoz del Grupo Popular, que, además, fue la única vez que intervino y tuvo yo creo que esta fantástica metedura de pata, que es el señor Garabito, actualmente ausente. Que lo recordará perfectamente, como yo creo que lo recordamos todos los Portavoces que estuvimos allí, y se podrá comprobar en el Diario de Sesiones.

Es probable que a usted no se le vaya mucho el santo al cielo. Al señor Garabito se le va, por lo visto, con mayor frecuencia. Lamento que no esté aquí en este momento.

Es que eso se ha dicho, eso se ha dicho, y consta en el Diario de Sesiones: que la Junta a va lanzar a sus empresas públicas a competir entre ellas ........ el señor Jambrina y el señor Merino discutiendo a ver quién urbaniza, quién hace una actuación, si una GESTUR o una GICALSA. Y nosotros creemos que eso, realmente, es una situación absolutamente disparatada, porque es que eso no existe en ninguna Administración Pública que se precie de......

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Y centrándonos en las dos Enmiendas. ¿Cómo es posible que se defienda que la empresa puede hacer actuaciones, inversiones e infraestructuras que no estén dentro de los planes de la Junta? Pero, ¿es que alguna de esas grandes actuaciones puede estar fuera de los planes de la Junta? Las empresas de la Junta se harán para hacer los planes de la Junta. Y eso es lo que pedimos en nuestra Enmienda, que sean infraestructura del transporte dentro de los planes de la Junta. Pero, ¿es que alguna de esas actuaciones de las que usted habla es posible que se pueda hacer si no estuviera dentro de los planes de la Junta? Lo terrible es eso, que se puede hacer aquí cualquier cosa fuera de los planes de la Junta o contra los planes de la Junta; ya da lo mismo, ya da lo mismo, da absolutamente todo lo mismo, con tal de que las cosas cada vez las vayamos embrollando más y sacándolas más de los posibles controles parlamentarios.

Y el problema de la duplicidad lo ha encontrado todo el mundo que ha leído la Ley: el Grupo Mixto lo ha detectado, lo hemos detectado nosotros, lo han detectado todos los Grupos. Y hemos propuesto soluciones distintas: unos dicen que desaparezcan GESTURCAL y las GESTURES; hombre, eso puede ser complicado, porque en GESTURCAL y las GESTURES hay capital de otras Administraciones y podría ser más dificultoso. Nosotros decimos que GICALSA no urbanice; claro, era lo mismo una solución u otra. Pero lo que no puede haber es que la Comunidad Autónoma tenga sobre el mismo territorio tres empresas públicas haciendo absolutamente lo mismo; pagando sueldos de Gerentes, de Directores, de Administrativos... de todo, triplicados. Porque ya no es duplicado, ya son triplicados. Y eso es tan razonable, lo ha visto tanto todo el mundo, que hubiera sido, además, sencillísimo de solucionar si en esta Ley desde el Grupo Parlamentario Popular hubiera habido una voluntad de acercamiento y de aproximación, como vimos ayer en la Ley de Drogas.

Pero aquí no. Aquí se ha intentado sacar adelante, cueste lo que cueste y por encima de todos, las medidas más absolutamente irracionales: la triplicación de las empresas públicas, la duplicación de la estructura administrativa de la Junta. Y contra eso es, lógicamente, contra lo que nosotros nos oponemos. Y, oponiéndonos a eso, nos oponemos, desde el momento en que no se admiten estas Enmiendas, a todo el resto de la Ley, porque ya no estamos de acuerdo en dar a esa empresa ninguna de las facultades que pretende darse a través de esta Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para dúplica, señor Villar, tiene la palabra.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Gracias, señor Presidente.

Vamos a ver. Insiste en que la Junta con esto va a echar a competir a sus empresas públicas. Le digo que no, le digo que no, le digo que no. Usted lo sabe perfectamente que no es ese el fondo de la cuestión; usted sabe perfectamente. Y, si se lee el artículo de la finalidad y de los cometidos de la empresa, no es, precisamente, el pisar el terreno de nadie. Ni van a estar en un Polígono actuando las GESTURES o GESTURCAL, y va a estar GICALSA; que no es eso, no es eso, y lo sabe usted muy bien.

Insiste en que no es defendible el hacer obras que no estén incluidas en planes de la Junta. Ese es un tema que, hablemos de carreteras, que hablemos de vivienda, que hablemos de lo que sea, siempre sacamos a relucir planes de actuación. Planes de actuación, ¿a qué plazo? ¿Al 2007, con el Plan Director de Infraestructuras? Todos calvos para entonces.

Señor de Meer, ¿qué vamos a...? ¿Eh? Yo creo que hay que estar con los pies en el suelo. Y si en un momento determinado surge la necesidad de hacer la carretera de León-Burgos, o surge la necesidad de desdoblar Tordesillas-San Martín del Pedroso, pues, eso no se le ocurrió al señor que pudiera haber hecho un Plan de Carretera Regional hace dos años. Si surge esa necesidad, habrá que tener un instrumento ágil, habrá que tener un instrumento flexible que permita hacerlo con las mejores garantías de evitar burocracia, de contratar en el más breve plazo, de flexibilizar la actuación de la Junta, de conseguir mejores medios económicos para su financiación, etcétera, etcétera.

Y, finalmente, me dice o me pone como ejemplo: ayer hubo acercamiento en la Ley de Drogas y no ha habido acercamiento en la Ley de Creación de GICALSA. Mire usted, nosotros hemos admitido en Ponencia y en Comisión las Enmiendas que podíamos admitir, que eran las que tenían un tenor gramatical; desde luego, en esto no puede haber acercamiento, porque la filosofía y el planteamiento es totalmente distinta la de ustedes que la nuestra. O sea que no se extrañe de que votemos en contra de sus Enmiendas.

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se someten a votación las Enmiendas números 9 y 10, de forma agrupada, del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cinco. Treinta y dos a favor. Cuarenta y dos en contra. Una abstención. Quedan rechazadas.

Tiene ahora la palabra el señor Herreros para defender sus Enmiendas a este mismo Artículo, Enmiendas números 5, 6 y 7.

HERREROS HERREROS

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EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Y aprovechando la oportunidad y para hacerlo en turno único, voy a hacer la defensa de todas las Enmiendas que se mantienen vivas a este Proyecto de Ley, no sin antes explicar en cierto modo por qué el voto en contra del Artículo 1, que yo creo que es un poco la justificación, y que ya esta mañana ha servido de análisis, de reflexión a los diversos Grupos Parlamentarios.

Señorías, después de la Ponencia, después de la Comisión, después de reflexionar sobre esta cuestión, todavía no he encontrado la posibilidad de llegar a la conclusión de lo que esta mañana se decía aquí: por qué duplicar, por qué triplicar y, por consiguiente, por qué crear una nueva empresa pública de estas características. Como no he visto ya en la primera intervención del señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en este Proyecto de Ley ningún tipo de modificación sobre el particular y como he observado, incluso, que su inseguridad le lleva a hacer una defensa de una provisionalidad -que ya se ha expresado aquí por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-, como respuesta a un planteamiento efectivo que hubo en la Comisión por parte de un Procurador del Grupo Parlamentario Popular, pues, a lo mejor, eso nos lleva a decir que esa provisionalidad nos va a situar dentro de poco en nueva modificación, y últimamente vamos de modificación en modificación. Entendemos que no es esto ofrecer unos mínimos de estabilidad, de seguridad, de garantía en un Proyecto; que puede tener una justificación, y puede tener una justificación si hiciéramos una claridad o una disección de los objetivos, y, entonces, en virtud de eso, crear los instrumentos adecuados para llegar a la conclusión de esos objetivos.

Yo me he abstenido a las Enmiendas 9 y 10 del Grupo Parlamentario Socialista, pero están en el mismo sentido. Es decir, limítese específicamente a lo que de origen parece ser que fue lo que motivó este Proyecto de Ley: la autovía León-Burgos. Extiéndase, si se quiere, incluso, ya no para una autovía en concreto, puesto que había entre las posibilidades de recursos económicos por parte de la Comunidad Autónoma -o de la Junta en concreto- y los costes reales de esa infraestructura se disparaban y era muy difícil poder conseguir ese objetivo. Pero, en todo caso, si no es con esa especificidad, extiéndase absolutamente abarcando todas las infraestructuras, lógicamente, que van a estar perfectamente diseminadas por el conjunto de las Consejerías, es decir, del Gobierno Autónomo.

Señorías, yo he llegado a pensar si no existe un cisma entre la Consejería de Fomento y la Consejería de Medio Ambiente por un hecho absolutamente objetivo, y, simplemente, invitándoles a leer qué es el objeto social, que es el Artículo 2 y es donde se plantean las Enmiendas, en las que se dice: "comprenderá igualmente..." Primero ya lo hace en una forma absolutamente indefinida, dice: "dicha empresa tendrá como objeto social el proyecto de desarrollar, construir, así como conservar y explotar, por sí o por terceras personas, las obras públicas de infraestructura". Pero dice: "también formulación y ejecución de proyectos de urbanización, actividad urbanizadora, promoviendo y gestionando urbanizaciones, incluso vivienda, incluso..." Miren ustedes, entonces nosotros decimos: háganlo extensivo absolutamente a todas las infraestructuras, incluyendo absolutamente todas. Pero, entonces, racionalicen, ahorren. Ese concepto de la austeridad que en más de una ocasión se esgrime casi como baluarte político del Partido Popular, pues, simplemente, cúmplanlo y, entonces, sinteticen en una, o si son varias, con los objetivos precisos y determinados.

Eso es lo que ha motivado, en cierto modo, mantener todas estas Enmiendas, lo mismo que lo hicimos en la Enmienda a la Totalidad. Pero yo no voy a hacer conjeturas sobre si existe cisma o no entre las Consejerías. Voy incluso a que se puede generar ese cisma, esa confrontación y, además de por lo que acabo de expresar anteriormente, por una cuestión absolutamente lógica también: es el propio espíritu que en estos momentos alienta la Ley de Presupuestos de mil novecientos noventa y cuatro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Anteriormente, los remanentes eran genéricos y de alguna forma, perdón, los remanentes genéricos estaban adscritos a cada Consejería y si no era este año, pues, a lo largo del año siguiente se veía cómo se compensaba. Pero es que me parece que se ha aprobado que ahora la redistribución de esos remanentes, de cada Consejería, una vez que se hacen remanentes genéricos, pues, les distribuye la Consejería de Economía. Con lo cual, ¿qué está ocurriendo? Pues que cada Consejero, lógica y legítimamente, está intentando agotar el presupuesto, que es una de las cuestiones que siempre hemos recomendado y hasta hemos exigido, pero eso todavía puede generar mayores dificultades a la hora de decir: cuidado con este Proyecto, porque ya se ha planteado de hecho. Es decir, en más de una ocasión la Consejería "equis" aprueba una cuestión que está condicionada por otra Consejería, y entonces hay dificultades, y han salido a los medios de comunicación.

Yo creo que todos esos elementos son suficientemente interesantes como para entender que no se puede ir con el grado de indefinición que tiene este Proyecto de Ley, y que ya se los expresamos así cuando discutíamos la Enmienda a la Totalidad. Por esto, nosotros, desde la Exposición de Motivos, y lo hacemos con absoluta racionalidad, creyendo que de ser necesario y posible, pues, que se haga en el sentido que ya hemos planteado diversos Grupos Parlamentarios.

Entonces, en la Enmienda número 5 hablamos de todas, cualesquiera otras obras de infraestructura que tengan interés.

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Y después, en la Enmienda número 6, incluso, planteamos la conveniencia de que esta sociedad esté integrada por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pero con participación de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales que se puedan, que se quieran adscribir a la misma. Posiblemente es más complejo, yo lo entiendo, pero no cabe la menor duda que nacería con mayor consistencia, con mayor solvencia, con una mayor corresponsabilidad política, corresponsabilidad económica de gestión y de cuidado y mantenimiento de las propias infraestructuras. No es raro escuchar: bueno, como eso es de la administración "equis", eso no es de mi competencia, pues, unos por otros, la casa sin barrer. Yo creo que sí será interesante que pudiesen tener esa corresponsabilidad a todos los efectos.

En la Enmienda número 7 decimos que también formarán parte de la sociedad representantes designados por las organizaciones sindicales, empresariales e incluso políticas, porque de dar el carácter amplio, genérico que nosotros entendemos que puede darse a esta empresa, creemos que adquiriría la capacidad y la potencialidad suficiente como para hacer ese gran consejo que pudiera llevar a esa misma corresponsabilización conjunta de toda la sociedad.

Y decimos en la Enmienda número 8 lo mismo, en este caso, cuando se habla del capital social, que se permita la adscripción de ese capital social por parte de las Administraciones anteriormente citadas, es decir, no sólo la Comunidad Autónoma, sino ayuntamientos y diputaciones. Me acuerdo que me contestaba algo así como la dificultad. Yo sé, pero se puede abrir perfectamente la posibilidad de esa participación social... en el capital social, perdón.

En la Enmienda número 9, pues, también hacemos referencia a esa participación en la financiación por parte de ayuntamientos y diputaciones. Observarán que está en la línea de lo que hemos venido manteniendo durante todo este periodo de tiempo, ante la situación de crisis, la necesidad y la conveniencia de arrimar el hombro conjunta y solidariamente todas las Administraciones para el conjunto de la Comunidad Autónoma.

Y en la Enmienda número 10, nosotros, ante la duda que se ha suscitado y ante la duda que permanece, esa especie de difuminación con triplicidad de entidades, nos lleva a dudar de si, realmente, lo que se pretende es una difusión tan etérea que haya dificultad real -y, de hecho, en algunas empresas públicas lo hay en estos momentos- para que puedan estas Cortes tener el suficiente control para ejercer la función que la tiene encomendada a las Cortes el propio Estatuto de Autonomía.

Y en la Enmienda número 11 rematábamos, de alguna forma, con... como colofón de lo que anteriormente planteábamos. La Junta de Castilla y León procederá, lógicamente, a la extinción de las distintas sociedades de gestión urbanística existentes en la Comunidad, toda vez que su objeto social ha sido asumido por la presente Ley. Caben las dos alternativas, pero a nosotros nos da la impresión que se podía optar, en todo caso, por una globalización y, por consiguiente, el resto de las entidades del mismo género no tendrían ningún tipo de sentido. Entendemos que esto es introducir, a nuestro juicio, la suficiente racionalidad y coherencia como para mantener criterios expresos y no permitir que, a la postre, sean prácticamente estériles los esfuerzos en las tres parcelas en que se divide esta orientación de infraestructuras contemplada o comprendida genéricamente.

Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Gracias, señor Herreros. Para turno en contra.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muchas gracias, señor Presidente. Puesto que don Antonio Herreros ha utilizado un turno único para defender las Enmiendas suyas que han llegado hasta el Pleno, yo también voy a utilizar un turno único para contestarle y anticiparle que vamos a votar en contra de ellas, puesto que mantenemos la misma postura que mantuvimos en el debate de su Enmienda a la Totalidad que, en definitiva, no era más que lo que es un compendio de todo lo que se ha dicho, o de todo lo que ha dicho aquí hoy. Y, por consiguiente, nosotros no hemos cambiado de postura desde el anterior Pleno, en que se presentó la Ley y se debatió... se debatieron las Enmiendas a la Totalidad, no hemos cambiado de intención de voto de aquel día a hoy.

Antes de empezar a contestarle una por una sus Enmiendas, quiero decirle que esté tranquilo, que yo no tengo inseguridad ninguna, que yo me creo lo de GICALSA; o sea, me lo creo. Y yo creo que GICALSA va a tener eficacia para las infraestructuras de Castilla y León. Y también que esté tranquilo, que no se ha planteado ni se va a plantear ningún cisma entre distintas Consejerías por el hecho de la existencia o de la creación de GICALSA; que no va a haber cisma ni enfrentamiento entre las Consejerías de Medio Ambiente y Consejería de Fomento, o en cualquier otra Consejería. Que ya se ha dicho aquí varias veces que GICALSA no va a tomar decisiones políticas, que la Junta actúa de una manera colegiada, que la Junta va a ser quien va a decidir y quien va a tomar las decisiones políticas de posibles actuaciones. Y, en cada momento, en cada momento, la Junta decidirá si una actuación la hace GICALSA, si una actuación la hacen las GESTURES, o si una actuación la hace la propia administración. En cada circunstancia, habrá que utilizar el instrumento más eficaz, más rápido y más flexible.

Y ya entrando en el tema de las Enmiendas, en su Enmienda número 5 decía que se añadiese un párrafo, que se dijese "además de otras obras de infraestructura, las de saneamiento de las aguas, las infraestructuras rurales y cualesquiera otra de interés público". Entendemos que es innecesario descender a tanto detalle. Puede considerarse dudoso que este tipo de actuaciones exijan una mención expresa en la Ley y, por lo tanto, creemos que quedan perfectamente especificadas e incluidas en el concepto genérico "obras públicas" que se utiliza en el texto segundo de la Ley al hablar del objeto social.

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Respecto a la Enmienda número 6, en la que solicita que la sociedad estará integrada por la Administración de la Comunidad Autónoma y por los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales que se adscriban a la misma, ya le dije también en el debate a la Enmienda a la Totalidad, y se especificó aquí, perfectamente, por el señor Consejero el día que presentó la Ley, que la Ley -como dice en su Artículo 3- se va a crear con una capital social fundacional de 400.000.000 de pesetas, que será suscrito por la Administración de la Comunidad Autónoma en su totalidad. Eso no excluye que, en cada momento, en cada actuación, se pueda convenir con Ayuntamientos, se pueda convenir con Diputaciones, según la ubicación de la obra, según quién esté implicado, quién vaya a beneficiarse, o quién quiera comprometerse en esas actuaciones.

La Enmienda número 7 extiende... y nos dice que "formarán parte también de la sociedad los representantes designados por las organizaciones sindicales y empresariales y por las organizaciones políticas con presencia en las Cortes de Castilla y León". Le insisto, y se ha dicho aquí, que esto es una sociedad pública sometida a derecho privado, que va a tener un capital social y que van a existir unas acciones. Y, desde luego, lo que sí se dice y se ha dicho es que es un instrumento en manos de la Administración Autonómica, que no va a ser una sociedad asamblearia donde vayan a estar representadas todas las fuerzas vivas, como parece ser que se pretende con la inclusión de organizaciones sindicales, empresariales; que no es ése el fin de GICALSA. Por consiguiente, le repito que vamos a tener también que rechazarla.

En su Enmienda número 9, al hablar... Perdón, en la Enmienda número 8 al Artículo 3, del capital social, dice que parte de las acciones deberán ser suscritas por ayuntamientos y diputaciones. Al hablar de la Enmienda número 6 ya le he contestado.

En su Enmienda número 9 repite también que los Presupuestos... cuando se habla de financiación, dice: "para la financiación, la sociedad contará con los siguientes recursos:...". En el apartado d) dice: "las aportaciones de otros organismos, entidades y empresas que presten su colaboración". Yo creo que aquí, perfectamente, se admite el que existan aportaciones de otros organismos, entidades y empresas, y los ayuntamientos y diputaciones son entidades que pueden colaborar en la financiación de la sociedad en un momento determinado.

Respecto a la Enmienda número 10, dice que corresponde a las Cortes de Castilla y León... se debe añadir "el control de todas las actividades, operaciones y gestiones de la sociedad". Le digo una vez más -puesto que yo le he contestado sobre este tema en anteriores ocasiones- que esta sociedad, puesto que se va a financiar con fondos de los Presupuestos de la Junta de Castilla y León -como no podía ser de otra manera-, va a estar sometida al control de estas Cortes, independientemente de que haya posibilidad de auditorías por parte del Tribunal de Cuentas o auditorías privadas. Luego, esté tranquilo, confíe en que la buena gestión se va a controlar, o la mala gestión se puede controlar, tanto por nosotros como por auditorías.

Respecto a la Enmienda número 11, en la que solicita la extinción de GESTUR y GESTURCAL, ya sabe nuestra postura y, por consiguiente, se puede imaginar que vamos a votar en contra.

Y yo creo que con esto quedan contestadas una por una sus Enmiendas. Y, en fin, dar a nuestra postura... de que no pueden ser admitidas.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Señor Villar, un momento, por favor. Parece ser que don Antonio Herreros da por defendidas las Enmiendas 1, 2, 3 y 4 a la Exposición de Motivos. ¿Usted también da...?

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Bueno, las doy por defendidas, puesto que, en definitiva, las Enmiendas 1, 2, 3 y 4 del señor Herreros lo que hacen es incidir nuevamente en todo lo que aquí hemos estado hablando.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Gracias. Para turno de réplica, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Sí, las daba por defendidas, porque una de las pretensiones que tenía precisamente la Exposición de Motivos, aquí sí era sustituir prácticamente toda la Exposición de Motivos que fundamenta -a su juicio- y justifica este Proyecto de Ley de la Creación de la Sociedad de Gestión de Infraestructura de Castilla y León, en la línea de lo que estábamos diciendo. Es decir, o definimos un marco, o definimos un instrumento, o concretamos, o mantenemos una indefinición de las más absolutas.

Fíjese, yo en su respuesta he encontrado todavía más motivos de preocupación que de tranquilidad. Y parece ser que, últimamente, la formulación más fácil es aquella de tranquilidad que ya está garantizado. ¿Por qué está garantizado? Yo no encuentro que esté garantizado. No encuentro por qué estas Cortes tienen que delegar, de alguna manera, en las auditorías de unos ejercicios de empresas consultoras que, en un momento determinado, se les adjudica el que hagan una revisión de tal o cual balance económico, presupuestario, y político también, porque ya sólo les falta a las auditorías que hagan el control político. Claro, el control político -dice Su Señoría- está perfectamente perfilado, desde el mismo momento en que hay... para mí es un nuevo grado de indefinición, que lo eleva ya a categoría de superlativo, el decir: "la Junta, de forma colegiada, decidirá en cada momento quién es el que tiene que encargarse de realizar una obra". Pero, Señorías, ¿esto es legislar, o esto es hacer un magma lo más abstracto, lo más etéreo posible, para que después pueda llegar alguien, Junta colegiada o no Junta colegiada, y diga: esta obra le toca a GICALSA, esta otra le toca a GESTUR-Zamora, a GESTUR-Avila, a GESTUR-Segovia, y esta obra le corresponde a no sé quién más.

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Y el proceso de financiación, como no va a haber suficiente, vamos a, incluso, proyectarla o remitirla a las sociedades de garantía recíproca. Y ustedes, lo siento, usted dará por satisfactoria la respuesta, pensará que con eso ha cumplido. Yo sigo encontrando absolutamente ilógico todo el procedimiento, y, por consiguiente, no me queda más remedio que decirles: yo creo que, de alguna forma, se pretende, en última instancia, hurtar el debate y el conocimiento expreso a los órganos legítimamente establecidos como representación democrática de la sociedad de Castilla y León.

Y se lo digo por una razón muy sencilla. Este Procurador tiene por costumbre intentar no emitir ningún tipo de criterio u opinión sin que pueda acceder a la información suficiente como para poder emitir tal cuestión, o la misma. Hay multitud de informes que no se nos entregan. Ya no voy a decir si es falta de voluntad, si se pierden los papeles, si hay que esperar tiempos mejores para que no coincidan algunas circunstancias o coordenadas político-temporales, o qué. Pero todavía estamos esperando un montón de información que es absolutamente indispensable y, en algunos casos, urgente, muy urgente. Ayer mismo, pues, yo protestaba, de alguna manera -dentro de lo que podía-, porque no se había entendido que fuera necesaria una pregunta, que en un momento determinado se planteaba, sobre una cuestión que puede terminar en un plazo de quince días, y que, como miembro de una Comisión de seguimiento y control, yo requería que, al menos, pudiera conocer por parte de la Junta cuáles son las actividades que se habían realizado, en concreto, y me estoy refiriendo en el caso de NICAS. Yo lamento que tengamos que estar constantemente haciendo una labor de investigación, de correr detrás de los informes y de los papeles, para poder tener una opinión y no verter aquí criterios u opiniones tremendamente arbitrarias -si cabe expresarlo así-, con el riesgo de no servir a esta Cámara, sino simplemente de cumplir un papel. Este creo que es lo que se está planteando con un Proyecto de Ley de esta naturaleza. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Gracias, señor Herreros. Para turno de dúplica.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muy breve, señor Presidente, porque yo creo que el fondo de la cuestión está perfectamente ya dicho. Y únicamente voy a contestarle al señor Herreros dos cuestiones: Primero, que no hay indefinición; yo creo que, de indefinición, en absoluto. Que el objetivo social, que la financiación, que la creación, que todo está perfectamente claro. ¿Que es amplio? De acuerdo que es amplio, pero está perfectamente especificado hasta dónde se puede llegar.

¿Tranquilidad? Tranquilidad absoluta. ¿Control de las Cortes? Todo. Pero, por favor, ¿como dudamos de que una empresa pública, que va a tener entre su financiación dineros procedentes de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, no va a pasar por el control de las Cortes? Pero si eso es imposible, eso lo saben ustedes perfectamente. Ustedes lo saben perfectamente, porque en nuestra actuación parlamentaria, día a día, estamos viendo infinidad de preguntas que se plantean, infinidad de preguntas que se contestan, a pesar de la queja de que no se le facilita información en el momento oportuno, pero yo creo que cualquier observador imparcial que vea nuestros boletines, o el Boletín de las Cortes de Castilla y León, se dará cuenta, pues, de dos cosas: primero, efectivamente, de la eficacia de los parlamentarios de la oposición al plantear esas preguntas y de su interés por enterarse de todos los temas habidos y por haber, pero también de la seriedad y de formalidad de la Junta contestando a esas preguntas. Y por si eso fuera poco, no me digan ustedes que no hay información, cuando aquí existen comparecencias de los Consejeros por los distintos temas, pero mucha... vamos, no... en muchas ocasiones. Raro es el Consejero que no tiene que dedicar, iba a decirle, un día o un par de días a la semana a atender a los requerimientos de estas Cortes. Por tanto, insisto, tranquilidad, buena información, que existe, que existe, no queramos sacar punta de todo. Confiemos en la actuación de GICALSA, confiemos en la actuación de la Junta de una manera colegiada, que es quien toma las decisiones políticas, y confiemos en que GICALSA, para lo que va a servir, es para dar una mayor agilidad a la ejecución de las obras de infraestructura de nuestra Comunidad y para tratar de conseguir una financiación mejor, más rápida, que nos permita el adecuar nuestra infraestructura a lo que debe ser. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se someten a votación las Enmiendas números 5, 6 y 7 del Procurador don Antonio Herreros. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro. Votos a favor, cinco. En contra, cuarenta y tres. Abstenciones, veintiséis. Quedan rechazadas.

Y se somete a votación el artículo 2 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor del artículo? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones, si las hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro. A favor, cuarenta y tres. En contra, setenta y uno, perdón, treinta y uno. Abstenciones, ninguna. Queda aprobado el artículo 2.

Al artículo 3, ha sido defendida la Enmienda número 8 del señor Herreros, que se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro. A favor, cinco. En contra, cuarenta y tres. Abstenciones, veintiséis. Queda rechazada la Enmienda.

Y se vota ahora el artículo 3 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor del artículo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

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Resultado. Setenta y cuatro votos emitidos. Cuarenta y tres a favor, treinta y uno en contra y ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 3.

Al artículo 4 se mantiene y ha sido defendida la Enmienda número 5 del señor Buiza. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro. Cinco a favor. Cuarenta y tres en contra. Treinta y seis abstenciones. Queda rechazada.

Y se vota el artículo 4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro. A favor, cuarenta y tres. En contra, treinta y uno. Abstenciones, ninguna. Queda aprobado el artículo 4.

Al artículo 5 se mantiene viva la Enmienda número 12 del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, señor de Meer, tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. El Proyecto de Ley que estamos debatiendo y votando pretende adscribir la empresa pública de gestión de infraestructuras de Castilla y León a la Consejería de Fomento. Y la Enmienda que nosotros presentamos pretende que esta empresa se adscriba a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, porque siendo esta empresa capaz de hacer todo lo que hace la Junta en cualquier materia y en cualquier infraestructura, siendo esta empresa la que puede hacer desde una autovía a un pequeño pozo en un pueblo, desde la que puede hacer un hospital hasta una facultad universitaria, no parece razonable que todas esas atribuciones se adscriban al Consejero de Fomento, por mucho que él sea el Secretario Regional del Partido Popular, y no al Consejero de Presidencia y Administración Territorial, Consejero que tiene unas funciones horizontales y que, por lo tanto, podría prestar este servicio con mucha mayor ponderación que una Consejería sectorial, como es la Consejería de Fomento, mientras no sea el señor Consejero de Fomento Vicepresidente de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para consumir un turno en contra, señor Villar tiene la palabra.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Gracias, señor Presidente. Una vez más para mantener un turno en contra, como hemos mantenido en contra de esta Enmienda en Ponencia y en Comisión, porque entendemos que la sociedad... Primero que es una decisión política de la Junta que ha presentado el Proyecto de Ley que esta sociedad esté en la Consejería de Fomento y no en la Consejería de Presidencia. Y nuestro Grupo apoya esa decisión política, puesto que entendemos que es un instrumento polivalente de actuación en materia de infraestructuras regionales, y ya se ha dicho por mí, en varias ocasiones, que la mayor parte de los proyectos de actuación futura de esta sociedad se realizarán en el ámbito de competencias propias de la Consejería de Fomento, criterio que fue el que fundamentó precisamente la decisión política de que quedase adscrita a dicha Consejería. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Desea replicar, señor de Meer? Tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Nunca pusimos en duda que fuera decisión política de la Junta hacerlo así, porque si hubiera sido otra la decisión política, lo habría hecho de otra manera. Nosotros opinamos que debe ser de otra manera, y por eso presentamos la Enmienda, lógicamente.

Dice que esta empresa tiene, va a tener unas actividades polivalentes. Y tan polivalentes, porque es que vale para todo, absolutamente para todo. Yo creo que la mitad de los Consejeros van a sobrar a partir de ahora, a no ser, a no ser que, realmente, como usted dice, probablemente la mayoría de las actuaciones se realicen en el ámbito de la Consejería de Fomento. Pero eso lo dice usted aquí ahora, no lo dice la Ley en ningún sitio. A nosotros nos hubiera gustado que lo dijera, y por eso hemos presentado Enmiendas. Mientras tanto, como estas Enmiendas han sido rechazadas, lo que usted opina aquí, al final, que tal vez sea de esa manera, nosotros no tenemos en principio por qué creérnoslo y por eso creemos que estaría la empresa pública mucho mejor ubicada en el ámbito de la Consejería de Presidencia, de una Consejería de carácter horizontal y no sectorial.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para dúplica, señor Villar.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Gracias, señor Presidente. Efectivamente, no tienen por qué creer lo que yo diga, por varias razones. Primera porque no hablo ex cátedra, y segunda porque nuestra filosofía política y nuestra intención al crear esta sociedad no la comparten ustedes, lo sabemos, pero por eso no vamos a cambiar la adscripción de la Consejería. Y hemos dicho que es una Consejería polivalente; pero he añadido: es una Consejería que fundamentalmente sus actuaciones las va a realizar entre las que actualmente realiza la Consejería de Fomento. Y si va a ser así, creemos que no está descaminado el que dicha Consejería siga en una Consejería especializada en temas de obras de infraestructura y de vivienda como es la Consejería de Fomento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se somete a votación la Enmienda número 12 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro. Votos a favor, treinta y uno. En contra, cuarenta y tres. Abstenciones, ninguna. Queda rechazada.

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Y votamos ahora el artículo 5 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado. Setenta y cuatro votos emitidos. Cuarenta y tres a favor, treinta y uno en contra; abstención, ninguna. Queda aprobado el artículo 5.

Al artículo 6 se mantienen las Enmiendas 9 y 10 del señor Herreros; que se someten conjuntamente a votación.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Separadas, por favor.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Votamos entonces por separado. ¿A favor de la Enmienda número 9? ¿Votos? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro; cinco a favor, cuarenta y tres en contra, veintiséis abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda 9.

Y se vota ahora la Enmienda 10 del señor Herreros. ¿Votos a favor de la Enmienda 10? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Setenta y cuatro votos emitidos. Treinta y uno a favor, cuarenta y tres en contra y ninguna abstención. Queda igualmente rechazada la Enmienda número 10.

Y votamos el artículo 6 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro. Cuarenta y tres a favor, treinta y uno en contra, ninguna abstención. Queda aprobado el artículo 6.

La Disposición Adicional no está enmendada. ¿Se puede aprobar por asentimiento? No. Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

Resultado de la votación. Votos emitidos, setenta y cuatro. A favor, cuarenta y cuatro, y en contra, treinta. Ninguna abstención. Queda aprobada la Disposición Adicional.

Entramos en la Transitoria, a la que se mantiene una Enmienda, número 13, del Grupo Socialista. Señor de Meer para su defensa tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. La disposición Transitoria de la Ley permite que la Consejería de Economía y Hacienda habilite los créditos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en la presente Ley, durante el presente ejercicio de mil novecientos noventa y tres. Y como realmente, pues, resulta complicado que la Consejería de Economía y Hacienda pueda habilitar créditos del año noventa y tres, nosotros propusimos que esta Disposición Transitoria desapareciera. Porque que esta Ley no se iba a aprobar en el noventa y tres lo sabíamos todos desde hacía muchísimo tiempo, desde que nosotros hicimos las Enmiendas parciales, y creíamos que hacíamos un favor a la Junta presentando esta Enmienda. Porque esta Enmienda, aunque hay quien entiende que es un problema puramente técnico -y creo que así se va a resolver-, nosotros creíamos y creo que podemos seguir defendiendo que no es un problema exclusivamente técnico, que son otros dos tipos de problemas: por un lado, la escasa calidad de las Leyes que la Junta remite a las Cortes, la escasa calidad que la Junta remite a las Cortes, que, sabiendo que la Ley no se iba a poder aprobar en el noventa y tres, se ponía que se modificara el presupuesto del noventa y tres; la escasa atención de otros Grupos enmendantes, que tuvieron tiempo, como nosotros, de advertir de este error, la escasa atención a los proyectos de Ley que mandan la Junta, y por último esa cierta imagen de prepotencia y de arrogancia de la Junta, que manda proyectos, Proyectos de Ley, pensando que se van a aprobar en un "aquí te pillo y aquí te mato", y que no cuentan que los Grupos de la oposición, dentro de nuestra modestia, podemos adoptar un cierto tipo de iniciativas parlamentarias, de modo que la Ley no se aprueba cuando quiere la Junta, sino cuando quieren las Cortes,

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para consumir turno en contra, señor Villar, si lo desea.

VILLAR VILLAR

EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Muy brevemente. Yo quisiera advertir que... a su Presidencia que hay una Enmienda técnica en este tema. Creo que la simplicidad del tema no merece que continuemos este debate. Y decirle al señor de Meer que la escasa calidad de la Ley, pues, ¿cómo la va a calificar el Grupo de la oposición una cosa que haga la Junta de Castilla y León? Y que de prepotencia, nada. Sabemos, perfectamente, todos los Procuradores que estamos aquí y saben, perfectamente, los miembros de la Junta de Castilla y León que quien aprueba las Leyes son las Cortes y no la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para réplica, señor de Meer.

DE MEER LECHA MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA MARZO: Sí. Brevemente, señor Presidente, porque no sólo ha sido la escasa calidad de la Ley, y yo creo que la prepotencia con que la Junta ha actuado, sino la falta de capacidad de diálogo en la Ponencia y en la Comisión, que, pudiendo haber transaccionado perfectamente este tema, no se hizo ningún intento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para dúplica, señor Villar.

VILLAR VILLAR

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EL SEÑOR VILLAR VILLAR: Un momento, señor Presidente. Capacidad de diálogo hubo, y se planteó en Ponencia y en Comisión una transaccional sobre este tema, como lo sabe perfectamente. Lo que si esta transaccional llevaba consigo el que se admitiesen otras cosas que por nuestra parte eran inadmisibles, por eso no se pudo hacer esta transaccional. Pero no por culpa nuestra, sino por culpa de ustedes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se somete a votación la Enmienda número 13 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cinco; a favor, treinta y dos; en contra, cuarenta y tres; abstenciones, ninguna. Queda rechazada.

Asimismo, se ha defendido anteriormente la Enmienda número 11 del señor Herreros, que sometemos a votación. ¿Votos a favor de la Enmienda? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: setenta y cinco votos emitidos; treinta y dos a favor y cuarenta tres en contra, ninguna abstención. queda rechazada.

El Grupo Parlamentario Popular, al amparo del Artículo 118.3 del Reglamento de esta Cámara, presenta a esta Presidencia una Enmienda de corrección técnica a la Disposición Transitoria que estamos debatiendo, del siguiente tenor: Donde dice "en el presente ejercicio del mil novecientos noventa y tres", debe decir "en el presente ejercicio de mil novecientos noventa y cuatro". ¿Se aprueba esta Enmienda técnica? ¿Se somete a votación? Se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cinco; votos a favor, cuarenta y tres; votos en contra, ninguno; abstenciones, treinta y dos. Queda aprobada la Enmienda técnica.

Pasamos a la Disposición Final Primera. No mantiene enmiendas. Se somete a votación. ¿Votos a favor? Silencio, por favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cinco; a favor, cuarenta y tres; en contra, treinta y dos; y abstenciones, ninguna. Queda aprobada la Disposición Final Primera.

En cuanto a la Disposición Final Segunda se mantiene, ya ha sido defendida, la Enmienda número 7 del señor Buiza. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: cuarenta y cinco votos; de los cuales, treinta y dos a favor, y cuarenta y tres en contra. Queda, por lo tanto, rechazada.

Se somete a votación ahora la Disposición Final Segunda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: setenta y cinco votos emitidos; cuarenta y tres a favor; treinta y uno en contra; una abstención. Queda, por lo tanto, aprobada.

Exposición de Motivos. Se mantenían, y se mantienen, las Enmiendas 1, 2, 3 y 4 del señor Herreros, que han sido defendidas y que sometemos de forma agrupada -si no se pide lo contrario- a votación. ¿Votos a favor de estas Enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Votos a favor, cinco... Perdón. Resultado: votos emitidos, setenta y cinco; a favor, cinco; en contra, cuarenta y tres; abstenciones, veintisiete. Quedan, por lo tanto, rechazadas.

Y pasamos a someter a votación la propia Exposición de Motivos del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cinco; cuarenta y tres a favor; treinta y uno en contra; una abstención. Queda, por lo tanto, aprobada la Exposición de Motivos.

Título de la Ley. ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor del Título de la Ley? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: votos emitidos, setenta y cinco; a favor, cuarenta y cuatro; en contra, treinta; abstenciones, una. Repito el resultado, porque está equivocado. Resultado: votos emitidos, setenta y cinco; a favor, cuarenta y cuatro; en contra, veintinueve; abstenciones, dos. Queda aprobado el Título de la Ley. Y, en consecuencia, queda aprobada la Ley de Creación de la Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Castilla y León.

¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir un turno para explicación de voto? Por el CDS, señor Sagredo, tiene la palabra.

SAGREDO DE MIGUEL

EL SEÑOR SAGREDO DE MIGUEL: Gracias, Presidente. Señorías, para consumir el turno de explicación de voto del Grupo Parlamentario Centrista sobre la creación de la Sociedad de Gestión de Infraestructuras de Castilla y León, Sociedad Anónima.

Hemos manifestado ya, en el Pleno y en los trámites de Ponencia y Comisión, nuestro rechazo a la creación de esta empresa. Y mientras asistíamos, desde el Grupo Parlamentario Centrista, a todo el trámite que ha llevado a la aprobación de esta Ley, realmente, es asombroso cuando uno hace acopio de la información que supone los argumentos que ha facilitado el Partido Popular para sacar adelante esta Ley. Hemos tenido que oír, hace unos momentos, que GICALSA no va a tomar decisiones de carácter político. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Pero lo ha tenido que decir el Partido Popular. Y también ha dicho, como un argumento serio, que lo defiende porque es la voluntad de la Junta.

(-p.2169-)

Realmente, en esa tesitura, y después de la Ponencia y Comisión, uno tiene que reconocer el esfuerzo -y lo dijimos ya en ambos trámites-, el esfuerzo fundamental de Su Señoría, señor Villar, don Eustaquio, que en el transcurso de dos años prácticamente (del dieciocho de diciembre del noventa y uno -cuyo Diario de Sesiones tengo aquí-, y dieciséis de marzo del noventa y cuatro), ha tenido que hacer alarde -y le felicito- de una elasticidad argumental merecedora de una distinción por su Grupo, por su Partido. Y si no hay medalla o cualquier otro tipo de reconocimiento, debe de mandar a su prepotente partido, que le ha echado a los leones, haciéndole jugar esta papelón, que no merece la alta cualificación humana y política de Su Señoría, señor Villar, don Eustaquio. Yo creo que ha entrado, Señoría, en la nómina de los esforzados Portavoces del Partido Popular, que son capaces de cualquier hazaña y que, realmente, muchas veces no son valorados por lo que se merecen.

En este turno de explicación de voto del Grupo Parlamentario Centrista, me gustaría hacer una reflexión con respecto a la sociedad civil, porque, en el intento de hacer viviendas del Gobierno de coalición que presidía el señor Posada, resultó que dos mesas de dos Consejerías, de las que puedo dar fe, resultaron empapeladas por los telegramas de protesta de confederaciones, de federaciones, de asociaciones de la construcción. Era la protesta, una ficción de protesta telegráfica del mundo de la construcción que, en estos momentos, ante un ataque de un gigante -este Portavoz desde luego desconoce qué tipo de movilización han tenido-, se preocuparon mucho cuando se vieron atacados por un pigmeo como era SUVICAL, que sólo pretendía hacer viviendas, y que, sin embargo, parece que se han colocado en "outside" en este momento, en el que le amenaza un gigante, un magma, como es esta empresa que se ha creado por Ley hace unos momentos.

Hemos dicho en Comisión que, realmente, nos consideramos zaheridos, porque el Grupo Popular, en las discusiones de Ponencia y Comisión, ha reconocido la duplicidad de esta empresa con otras empresas que tiene la Junta y que no quiere poner orden en ellas. No quiero recordarle, Señoría, sus propias frases, pero sí me va a permitir apropiarme -y dándole un giro- a decir que, en estos momentos, a dieciséis de marzo del noventa y cuatro, esta Ley ha salido adelante por cuestión de votos, no por cuestión de razonamientos.

En cualquier caso, reiterar la posición que hicimos en Comisión: nos sentimos zaheridos por las consideraciones de los Portavoces del Partido Popular, que aceptan la duplicidad de esta empresa, que defienden el error en vez de "enmendallo". Y, desde luego, valoramos -ya lo he dicho- los esfuerzos, fundamentalmente de otro Portavoz, de Su Señoría, señor Villar, para defender convencido lo que no creía, ni de lejos, no hace prácticamente dos años. SUVICAL tenía -lo recuerdo- mejor diseño, era más concreta, más transparente que GICALSA, y le pareció peligrosa, amenazante (también al sector de la construcción), le pareció innecesaria. Hoy, sin embargo, a pesar de la duplicación, le parece acertado y lo defiende con todo el ardor que lo ha defendido. Realmente, ya he dicho que ha entrado en la nómina de los valerosos Portavoces del Partido Popular.

Y, realmente, en este momento, únicamente manifestar que hemos votado en contra porque entendemos que los argumentos que nos dieron en su día el Partido Popular, y por su propio Portavoz, son en este momento mucho más profundos y más fuertes; y ustedes han pasado por ello, pero ya nos ha dado la explicación: porque el Grupo Popular entiende que, como es voluntad de la Junta, ése es el argumento para defender lo que le eche.

En cualquier caso, manifestar nuevamente nuestro rechazo. Y lamentar que se haya aprobado por Ley esta sociedad que, realmente, puede producir muchos problemas. Nada más, Señorías. Presidente, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al sexto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNANDEZ MERINO): "Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 4/1990, de veintiséis de abril, de Cajas de Ahorro".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto, en nombre de la Junta tiene la palabra el señor Consejero de Economía y Hacienda, señor Becker.

BECKER ZUAZUA

EL SEÑOR CONSEJERO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SEÑOR BECKER ZUAZUA): Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, tengo el honor de presentarles el Proyecto de Reforma de la Ley de Cajas que ha presentado el Gobierno Regional para su discusión y aprobación, si cabe, en estas Cortes Regionales.

Como Sus Señorías ya saben, la Ley 4/1990 de veintiséis de abril, de Cajas de Ahorro, fue aprobada por las Cortes Regionales con el fin de desarrollar la ley estatal de 31/1989 en el ámbito del territorio de Castilla y León, con los objetivos de establecer un marco normativo general que rija las relaciones de la Comunidad Autónoma con las Cajas de Ahorro y garantizar el mismo en el futuro.

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Una vez culminados los procesos de adaptación de los órganos de gobierno, las primeras cinco cajas, se han observado distintos aspectos que podrán o podrían ser susceptibles de reforma, con el fin de facilitar, por una parte, y de reforzar, por otra, los principios inspiradores de la ley mencionada, del año noventa. Estas modificaciones exigirán su aprobación, por supuesto, mediante esta Ley que presentamos.

Como Sus Señorías saben, es una Ley que ha sido muy debatida y ha sido discutida, no solamente en la opinión pública, sino también por parte del Gobierno, en su Consejo, y que ha sufrido, por supuesto -yo creo-, un trámite extenso en lo que se refiere a las distintas instituciones -como es el Consejo Económico y Social- que han analizado y también han informado estas modificaciones.

En líneas esenciales, el Proyecto de Ley en discusión pretende profundizar en dos principios esenciales la actual Ley. Por una parte, la mejora de la representación de las instituciones implicadas en las Cajas de Ahorros y, por supuesto, su profesionalización.

Este Proyecto no presupone, por sí mismo, que ambos principios no sean respetados por los actuales órganos de gobierno derivados de la Ley vigente, sino, muy al contrario, que existen instrumentos que pueden facilitar la consecución de esos principios. Alguno de estos instrumentos ya han sido establecidos por otras Comunidades Autónomas que se enfrentan a los mismos problemas que nosotros, y entendemos que con resultados muy satisfactorios.

Muy sintéticamente, y que, por supuesto, dará lugar al debate posterior, voy a resumir las modificaciones esenciales del actual Proyecto de Ley.

En primer lugar, se pretenden ampliar los grupos representados en los órganos de gobierno de las Cajas, dando entrada por primera vez a las Cortes de Castilla y León, dado que las Cortes es el máximo órgano de representación de los intereses generales de la Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, y en consonancia con el anterior criterio, exige la modificación de los porcentajes de participación de cada uno de los mismos órganos, distintas entidades o grupos que forman los órganos de gobierno. Y se establece una distribución del conjunto de intereses sociopolíticos diferente a la existente en la actualidad, como consecuencia de la introducción de ese nuevo grupo que son las Cortes Regionales. Al mismo tiempo, también se incrementa la participación de las entidades de interés general y, por supuesto, ello exige la disminución de otras instituciones o grupos, como es el caso de impositores y empleados, que -en nuestra opinión-, pues, va a facilitar una mayor tecnificación de los órganos de gobierno y, en consecuencia, también va a facilitar una mayor profesionalización de los órganos de gobierno de la Caja.

El tercer aspecto esencial de esta reforma es también la modificación de los sistemas de determinación de los representantes de cada grupo, con el fin de mejorar el nivel de participación a través de la pluralidad de las representaciones. De esta forma se amplían posibilidades, como el hecho de ser elegible como Consejero General por el grupo de impositores a cualquier impositor que cumpla los requisitos legales exigidos. También, igualmente, se modifica el reparto de la representación que corresponde a las Corporaciones Municipales, tratando de dar entrada al mayor número posible de municipios, y especialmente no condicionado de forma automática la participación de cada Ayuntamiento a su importancia relativa.

En cuarto lugar, también se pretende garantizar la tecnificación y, en especial, la independencia de los miembros de los órganos de gobierno, y para ello se aplica el principio de proporcionalidad. Y por ello se incluye en los procesos susceptibles de ser regulados en la Ley y se da mayor representatividad y estabilidad a estos grupos, a estas entidades.

En quinto lugar, también, en la modificación que les proponemos se refuerza la independencia de los órganos de gobierno, incluyendo dos incompatibilidades que afectan a los representantes de personal y también a determinados cargos políticos, o el desempeño de determinados cargos políticos. Con el mismo objetivo de reforzar la independencia de los miembros de los órganos de gobierno, se introduce la imposibilidad para los representantes del personal de poder acceder por otro grupo de representación, así como influir en los procesos electorales de otros grupos.

El sexto punto esencial de esta reforma hace referencia a la presidencia ejecutiva en las Cajas de Ahorros, que es una figura acuñada en la Ley 31/1985, y que puede aportar importantes experiencias en el proceso de profesionalización de estas entidades. Por lo que, con el fin de que la presidencia ejecutiva se sienta respaldada por el conjunto de la entidad y, en sentido inverso, el conjunto de la entidad se encuentra representada por esa presidencia, se refuerzan los requisitos de quórum y de voto mínimo para llevar a cabo el nombramiento.

En séptimo lugar, el séptimo aspecto que también contempla esta reforma hace referencia a la Comisión de Control. Dada la importancia de las funciones que desarrolla, debe ser objeto de los intentos para incrementar su profesionalización en consonancia con todos los fines de esta Ley. Y por ello, y dado que existe un representante de la Consejería de Economía y Hacienda, se intenta, para facilitar su labor, que tenga capacidad de solicitar la convocatoria de la Comisión.

(-p.2171-)

En octavo lugar, los órganos de dirección, administración y control de las Cajas de Ahorro, así como las personas que ocupan cargos en los mismos, estarán sometidos a un régimen de responsabilidad administrativa, y que en ese sentido también se introducen modificaciones que afectan a las infracciones en que puedan incurrir en materias cuya competencia corresponde a la Comunidad Autónoma.

En noveno lugar, y también como elemento nuevo o novedoso, se introduce una modificación que hace referencia al sistema de renovación de los órganos de gobierno. Para su determinación, se mantienen las características mínimas establecidas en el Artículo 25 de la Ley 4/1990, modificándose el método de determinación de los miembros que se renuevan cada dos años. Lo que se trata es de ir haciendo convergentes los procesos de renovación de las Cajas, para evitar una permanente inestabilidad en las entidades financieras y que los continuos calendarios y procesos de renovación distorsionen el buen funcionamiento de las Cajas de Ahorros.

Bien, todas éstas, Señorías, son modificaciones que, en nuestro juicio y en nuestro saber entender, van a dar a las Cajas de Ahorros de la Región una mayor estabilidad, por supuesto, una mayor profesionalización y -lo que es más importante- van a servir mejor a los intereses de los ciudadanos de Castilla y León.

No obstante, este Proyecto de Ley, como, por supuesto, se presenta a las Cortes para su discusión y aprobación, puede ser objeto de modificaciones a lo largo del trámite parlamentario. Y este Gobierno, que es un Gobierno dialogante y que, por supuesto, siempre tendrá en cuenta todas aquellas modificaciones que puedan mejorar el texto de la Ley, pues, iniciarán esos trámites, por supuesto, las negociaciones y conversaciones con los Grupos, en aras de conseguir lo más importante, que es el bienestar de los ciudadanos de Castilla y León y una buena salud financiera de las entidades de crédito regionales, que son las Cajas de Ahorros.

Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Consejero. Gracias -repito-, señor Consejero. Sabido es que se han presentado tres Enmiendas a la Totalidad de este Proyecto de Ley que acaba de ser presentado. Pues bien, en primer lugar, se va a proceder al debate y votación de las dos Enmiendas a la Totalidad presentadas, respectivamente, por el Grupo Parlamentario de Centro Democrático y Social y por el Grupo Parlamentario Mixto, en las que se propone la devolución del Proyecto de Ley a la Junta. Y en caso de que fuesen rechazadas, entraríamos en el debate y votación de la Enmienda de Totalidad presentada por el Grupo Socialista, en la que se propone un texto alternativo, cosa a la que no habría lugar -como es lógico-, de ser admitidas las anteriores.

Así pues, para la defensa de las Enmiendas de devolución, tienen un turno a favor, que deberán repartirse ambos Portavoces. Por el Grupo de Centro Democrático y Social, señor Monforte.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Con qué poco convencimiento, señor Consejero de Economía, ha defendido usted este Proyecto de Ley. Yo, más bien, diría que lo ha defendido un poco avergonzado, un poco avergonzado.

Es evidente que las asociaciones han estado informados, pero ¿qué le han dicho todas las asociaciones? Que retirara el Proyecto de Ley. Y usted sigue aquí con él.

Señor Consejero, como muy bien ha dicho, hace aproximadamente cuatro años, en la anterior Legislatura y con un Gobierno de coalición formado por el Partido Popular y el CDS -representantes políticos de la derecha y el centro de esta Región-, se aprobaba por estas Cortes y por unanimidad la Ley 4/1990 de veintiséis de abril, conocida por todos como la Ley de Cajas de Ahorro. El Consejero de Economía de aquel Gobierno, señor Pérez Villar, manifestaba: "Ha sido uno de los Proyectos más elaborados, más trabajados por todos los Grupos, y que, sin duda alguna, tendrá unas importantes repercusiones en el tiempo".

El anterior Proyecto de Ley, hoy Ley, fue un Proyecto consensuado, por la importancia que tenía para el buen funcionamiento y desarrollo del sistema financiero regional. Fue un proyecto consensuado, en el que cada Grupo político representado en estas Cortes cedió un poco de sus postulados, de su ideología, por la importancia que esta Ley tenía para la economía de la Región. Fue un proyecto político consensuado, en fin, porque los Grupos políticos representados en estas Cortes y las personas que los componían y lideraban buscaban fundamentalmente los intereses generales de Castilla y León y no los intereses particulares o partidarios de cada agrupación política.

Tres años después, y el Grupo Parlamentario Centrista no duda que buscando subsanar alguno de los errores que se habían detectado al poner en marcha la Ley de Cajas de mil novecientos noventa, se elabora un Proyecto de Ley de Modificación de la anterior Ley de Cajas, pero, esta vez, este Proyecto es consensuado por los grandes partidos políticos de la región, el Partido Popular y el Partido Socialista, despreciando a los partidos minoritarios, CDS e Izquierda Unida, a participar en su redacción, y solamente invitándoles el Partido Popular, responsable de esta propuesta de modificación, a que fuéramos de comparsas a firmar este Proyecto de Ley.

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Era evidente, Señorías, que los tiempos habían cambiando, y la forma y el talante de gobernar en Castilla y León también. Habíamos caído en Castilla y León en la dictadura de la mayoría absoluta. Pero, mira por dónde, entre tanto surgen las elecciones a dos importantes Cajas de la región. Se establece una lucha feroz, una lucha encarnizada entre los dos grandes partidos mayoritarios por alcanzar el poder de las Cajas de Ahorro. Pero, ¡qué casualidad!, en esta ocasión el perdedor en esta confrontación es el Partido que gobierna con mayoría absoluta la Junta de Castilla y León, y, con el desprecio más absoluto al resto de partidos, y sin dar ningún tipo de explicación a los Grupos Parlamentarios que componen esta Cámara, el día seis de octubre de mil novecientos noventa y tres la Junta de Consejeros acuerda retirar el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 4/1990, de veintiséis de abril, de Cajas de Ahorro, que el mismo Consejo de Gobierno había aprobado el seis de mayo anterior y presentado en estas Cortes.

Las razones de la retirada las hemos visto ya, yo creo, y las seguiremos viendo a lo largo y ancho de este debate.

En sustitución del anterior Proyecto de Ley, la Junta de Castilla y León, en el mes de enero de este año, presenta para su tramitación por el procedimiento de urgencia un nuevo Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Cajas, cuyos principios inspiradores, según la Exposición de Motivos, y ya los ha dicho el Consejero, son: profundizar en los principios de pluralidad, democratización, independencia y profesionalidad.

Nada más lejos de la realidad, señor Consejero. Es posible que en el conjunto de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas nunca se haya presentado al Legislativo un Proyecto de Ley cuyo texto articulado sea menos consecuente con su Exposición de Motivos.

Las modificaciones que introduce este Proyecto de Ley a la Ley de Cajas ni profundiza en los principios antes aludidos, ni, mucho menos, contribuye a dar estabilidad a las Cajas de Ahorro de la región, y todavía muchísimo menos a dar confianza a sus órganos de gobierno.

Ustedes, señores del Gobierno, están intentando invadir y controlar, a través del poder, la sociedad civil. intentando invadir y controlar, en este caso concreto, desde el poder de la Junta de Castilla y León los órganos de gobierno de las Cajas regionales, que, como muy bien saben ustedes, son unos intermediarios financieros muy importantes dentro de la región y a través de ellos se puede hacer una labor política. Y cuando hablo de labor política, en este caso, no hablo de alta política y de buena política; hablo de una política que yo calificaría de bajura.

Y digo esto porque a través de esta Ley se va a intentar hacer una política sectaria, partidista y de captación de voto; eso sí, con grave perjuicio para el buen funcionamiento y desarrollo de estas entidades financieras, que son fundamentales en el conjunto del sistema financiero regional.

Si no, Señorías, ¿qué sentido tiene que ustedes propongan disminuir el porcentaje de representación en la Asamblea General de los grupos de impositores, Corporaciones Municipales y empleados de las Cajas de Ahorros, aumentando, en cambio, el de los grupos o personas, o entidades fundadoras de la Caja y de entidades de interés general, que según el artículo 21 serán designadas por el Consejero de Economía. Y, muy significativamente, Señorías, dando entrada a un nuevo grupo constituido por una representación de las Cortes de Castilla y León, en las que -¡qué casualidad!- tiene mayoría absoluta el Grupo Parlamentario Popular.

Y en esa modificación no introducen en qué forma se van a elegir los distintos representantes, si por la mayoría absoluta del Partido Popular, proporcionalmente a los Grupos Políticos, etcétera, etcétera.

Pero aún así, ¿qué interpretación se puede dar a la introducción de un nuevo epígrafe al artículo 23, estableciendo que los miembros del comité de empresa de la entidad no podrán ostentar el cargo de consejero ni actuar como compromisarios? ¿Qué explicación se nos puede dar a la inclusión de un nuevo artículo prohibiendo a los empleados de las Cajas tomar parte activa en los procesos electorales ajenos a los de su representación y desarrollar actuaciones que directa o indirectamente puedan influir en los mencionados procesos electorales, con la amenaza de que el incumplimiento de lo dispuesto anteriormente se pondrá en conocimiento de la Consejería de Economía y Hacienda a los efectos de exigencias de responsabilidades como infracción grave.

Está claro, Señorías, que este Proyecto de Ley no resiste la crítica de su primera lectura.

Pese a que el señor Consejero de Economía ha manifestado que las modificaciones del Proyecto de Ley en los órganos de Gobierno de estas entidades son superficiales, es evidente que se perjudica a los Grupos que realmente representan los principios de pluralidad, democracia, profesionalidad e independencia.

El argumento con el que se pretende justificar la entrada en los órganos de Gobierno de las Cajas de la representación de estas Cortes, diciendo que se va a reforzar la representatividad de los intereses sociales en dichos órganos, carece de apoyatura válida, pues los intereses socioeconómicos de los castellanos y leoneses creemos desde el CDS que están suficientemente representados y garantizados a través del Grupo de Corporaciones Municipales, entes más cercanos a los ciudadanos y a sus intereses.

Por otra parte, aunque las Cortes de Castilla y León representan al pueblo castellano-leonés y ejercen en su nombre los poderes y atribuciones que les corresponde, la gestión de las Cajas de Ahorro no está dentro de las atribuciones que a las Cortes, como institución básica de la Comunidad de Castilla y León, atribuye el artículo 13 de nuestro Estatuto de Autonomía.

Pero hay más, Señorías. Con este Proyecto de Ley, y también, por qué no decirlo, con algunas Ordenes de desarrollo de la Ley de Cajas, se está bloqueando por parte de la Junta de Castilla y León el normal desenvolvimiento y acción de las Cajas de Ahorro.

(-p.2173-)

Este Proyecto de Ley, al igual que la política que sigue la Junta en materia de Cajas de Ahorros, es altamente intervencionista, poniendo a las Cajas de Ahorro regionales, a las Cajas de Ahorros regionales en un mercado libre, en clara desventaja con otros intermediarios financieros, tales como las Cajas de Ahorro instaladas en Castilla y León que provienen de otras regiones, o algunas entidades bancarias.

O, si no, ¿qué explicación tiene que se exijan determinados quórum para tomar cierto tipo de acuerdos que lo que pueden ocasionar es que no exista la agilidad a la hora de tomar decisiones en un mercado que exige una respuesta rápida a todo tipo de movimiento financiero? O ¿qué explicación se nos puede dar de la inclusión en este Proyecto de Ley de un régimen sancionador y de inspección que no se adapta al régimen común de disciplina e intervención de las entidades de crédito, y que pone a nuestras Cajas de ahorro, las de Castilla y León, en clara desventaja frente al resto de intermediarios financieros que operan en nuestra Comunidad?

Señorías, de verdad no entiendo la falta de línea o de hilo conductor de la política de la Junta en estas materias y en otras. Aquí se pasan todo el día hablando de liberalismo, e incluso de liberalismo económico, y practican el más puro intervencionismo en este caso, y ello con un objetivo muy claro, que no obedecen a motivos de interés general y que erosionan la democratización y la independencia de las Cajas de Ahorro, elementos claves, por otra parte, para el desarrollo regional.

Pienso, Señorías, que estas Enmiendas de Totalidad que hoy estamos defendiendo en estas Cortes los distintos Grupos Parlamentarios de la Oposición no hubiera sido necesario defenderlas, porque ya vienen defendidas desde la calle. Porque, como saben muy bien Sus Señorías, este Proyecto de Ley ha tenido un total y absoluto rechazo, no solamente por parte de Ayuntamientos y Diputaciones, sino por parte de los empleados, directivos y Consejos de Administración de las Cajas de Ahorro, por parte de la Federación Regional de Municipios y Provincias, por parte del Consejo Económico y Social, por parte de los Sindicatos, por parte de distintas instituciones, de instituciones de distinta índole, y también por parte de los impositores, que ven cómo ustedes, señores que dirigen Castilla y León, quieren politizar y desprofesionalizar cada vez más estas entidades.

Señor Consejero de Economía, no sean prepotentes. Presente una Modificación de Ley de Cajas de Ahorro consensuada con todos los sectores interesados y con los Grupos políticos representados en estas Cortes, y así conseguirá uno de los objetivos más importantes que se consiguió en la elaboración de la Ley 4/1990: que saliera por consenso de todos los Grupos Políticos; en definitiva, que saliera por unanimidad.

Y esto, Señorías, es uno de los objetivos políticos, desde nuestro punto de vista importante, ya que importante es la Ley que tiene que conseguir el Gobierno Regional, en definitiva, la mayoría absoluta que tiene en estos momentos el Partido Popular en estas Cortes.

Señoría -y lo acababa de decir en su exposición el Consejero-, ustedes que dicen que tienen otro talante de gobernar, que dicen que practican la moderación, la tolerancia y el diálogo, si eso es así, retiren este Proyecto de Ley, y, si no, no se hagan la publicidad de cosas que no han practicado y que nunca practicarán.

La moderación, la tolerancia y el diálogo son algunas características que tenemos los centristas y que practicamos día a día. Ustedes se autotitulan centristas. Demuestren con hechos que lo son y retiren de inmediato este Proyecto de Ley, que si ha logrado hacer algo en esta Comunidad hasta ahora es cabrear por consenso a toda Castilla y León.

Señor Consejero de Economía, si ustedes siguen con su política de persecución hacia las Cajas de Ahorro de esta región, lo que van a conseguir es echarles de Castilla y León y que trasladen su domicilio social a otras Comunidades que están junto a la nuestra. Piénsenselo seriamente, retiren este proyecto, porque, si no, ustedes van a ser los únicos responsables de que eso suceda. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra el señor Herreros para defender su Enmienda a la Totalidad.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente, Señorías. Señor Consejero, primero, yo quisiera dedicarle unas breves palabras, porque me da la impresión que en el esquema que se ha trazado, o, al menos, que ha expuesto aquí esta mañana en lo que interpreto como una defensa del Proyecto de Ley de Modificación de Cajas, pues no deja de ser un Proyecto, a su modo y manera, pero que en ningún caso modifica, ni siquiera en las expresiones, lo que reza en la Exposición de Motivos de la ley actual vigente, de lo que rezaba en la Exposición de Motivos de la modificación que incluso llegó a establecerse en un pacto entre los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios -Partido Popular y Partido Socialista- y la Exposición de Motivos que en principio intenta justificar la modificación que de forma absolutamente unilateral se presenta hoy en esta Cámara.

(-p.2174-)

Izquierda Unida, por estos motivos y por los que vamos a ir desgranando, presenta una Enmienda a la Totalidad, con intención de reclamar la atención y merecer de Sus Señorías el apoyo para que la Junta retome todo el proyecto de nuevo. Y es verdad que al mismo presentamos treinta y seis Enmiendas parciales, por nuestra parte, diecinueve más por el señor Buiza, del Grupo Mixto, porque tras la política explicitada y la política práctica que vienen realizando, pues, mucho nos tememos que no haya la sensibilidad suficiente para responder a lo que ha sido un clamor en un montón de corporaciones municipales, incluso con presencia del Partido Popular, a lo que yo creo que ha sido una expresión de organismos, entidades, personas, e incluso algunos representantes de opinión -podíamos decir-, que, a través de los medios de comunicación, han venido a recabar que se plantee una reflexión sobre algo que en otro momento constó como una iniciativa apoyada unánimemente. Nosotros en aquel momento no estábamos en estas Cortes, por consiguiente, tampoco podemos corresponsabilizarnos, pero sí estaríamos en disposición de entender un proceso completamente diferente, es decir, en el que, en virtud de la estabilidad, que ha sido una de las cuestiones que Su Señoría esgrime en la exposición de motivos y en la intervención que ha hecho recientemente, en virtud de esa estabilidad, se requiere un planteamiento completamente diferente, ya no digo en la forma, que es negociable o discutible, en el fondo, que yo creo que es más importante.

El hecho de que cada Grupo Parlamentario tenga un proyecto diferente avala aún más -si es posible- la necesidad de recapitular y de llegar a ese máximo posible de acuerdo. Desde luego, tampoco pasa nada porque no sea así, pero, sí puede entrañar el que se está sometido constantemente a vaivenes, en función de las oscilaciones que se presenten por diversos avatares.

Por otra parte, a través de los medios de comunicación, y con fecha del veintiocho de enero del noventa y cuatro, se expresaba: "la Junta aprueba el Proyecto de Ley de Cajas, desoyendo las propuestas del Consejo Económico y Social". Dos reflexiones al respecto.

Primero, ya es lamentable que no podamos acceder de una forma absolutamente natural y secuencial, por parte de los Grupos Parlamentarios de estas Cortes, a los informes del Consejo Económico y Social, y que, habitualmente, tengamos que utilizar fórmulas extrañas y, con posterioridad, conseguir la información, que, lógicamente, debe de operar para una mayor orientación en todos los casos.

En segundo lugar, es verdad que se trata de un informe y, por supuesto, en ningún caso vinculante. No obstante, a nosotros nos merece realmente cierto crédito el Consejo Económico y Social, por su naturaleza plural. Y sí me parece que sería interesante que hicieran, en virtud de ese mismo informe, algunas reflexiones al respecto.

La Ley vigente, que data de mayo del noventa -total, es curioso, no llega a cuatro años-, al parecer, mereció ese apoyo unánime de las Cortes, y habría que explicar aquí, sería interesante poder escuchar cuál es la razón, o cuáles han sido las razones de ese frágil consenso que en su día se estableció, y por qué, en un momento determinado, se trastoca, en la práctica, lo que puede suponer toda la estructuración de los órganos de dirección de las Cajas; frágil consenso -insisto- que estaba directamente mediatizado por las coordenadas de democratización, de profesionalización, de independencia, de estabilidad, e incluso, de despolitización. En definitiva, tanto los motivos que justifican la Ley actual y vigente, como el Proyecto borrador intermedio pactado entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, que entró en las Cortes en mayo del noventa y tres y que fue retirado en noviembre, como el Proyecto de modificación que hoy tratamos, todos confluyen en las mismas justificaciones y en los mismos fines.

Nuestra interpretación ante estas circunstancias está en la línea de las pugnas, desencadenadas entre los grupos políticos mayoritarios, por conseguir mayores cotas de presencia de uno u otro. Y esto, lejos de ser una crítica, nos parece absolutamente legítimo, porque pensamos que eso de la independencia y la politización, ni existe ni es posible que exista; siempre va a estar directamente vinculado a personas, personas que tienen una concepción ideológica de las cosas, personas que tienen incluso un compromiso político o, aunque no haya un compromiso político expreso y militante, sí van a tener una acepción. Por consiguiente, es muy difícil que eso de la independencia y de la despolitización pueda mantenerse bajo ningún concepto. Yo creo que es más interesante, en virtud del reconocimiento de esa propia realidad, opérese con mecanismos que puedan compensar todos esos avatares, que son absolutamente lógicos y legítimos en una sociedad.

Otra cuestión absolutamente diferente sería la instrumentalización partidista de las entidades financieras públicas y sin mecanismos correctores o compensadores. Ese riesgo yo creo que sí es evitable y objetivamente deseable, pero la secuencia de los hechos denota que no es el objetivo de este Proyecto de Ley. De la unanimidad de la vigente Ley al acuerdo entre los Grupos mayoritarios, PP y PSOE, y de ahí a la interpretación más diversificada que hoy nos trae, ¿qué ha sucedido? Yo me imagino que habrá interpretaciones para todos los gustos, pero, en todo caso, si creemos en la conveniencia de realizar el máximo esfuerzo para conseguir el máximo consenso político y social en este caso, pues, actuemos consecuentemente.

Y, de alguna manera, he tomado buena nota de lo que puede ser objeto de modificaciones, que ha terminado diciendo el Consejero, y lo entiendo en este caso, para que después no haya interpretaciones erróneas, entiendo en este caso que ha lanzado una oferta de negociación, de acuerdo, de consenso, y que lo lógico es, después, que eso se pueda cumplimentar en la práctica, pero exige, a nuestro modo de ver y como condición previa, el que haya una recapitulación y, por consiguiente, se retire este Proyecto de Ley y pueda traerse a la Cámara un Proyecto de Ley negociado, analizado, reflexionado y consensuado en lo máximo posible. Porque hoy nace con todos los riesgos, o se están provocando todos los riesgos.

Primero, se modifica lo modificado, no lo voy a argumentar más.

Segundo, se dan las sugerencias... se dan de lado las sugerencias del Consejo Económico y Social.

(-p.2175-)

Tercero, se pretende reordenar los porcentajes de participación con unas horquillas que, para mí, resultan realmente ininteligibles, y que conste que lo hacen el resto de los Grupos Parlamentarios; a lo mejor es nuestro propio desconocimiento, pero me parece que habría que hacer un esfuerzo, un ejercicio de mayor aproximación, sin que pueda haber interpretaciones posteriores.

En cuarto lugar, se pretende limitar la representación de Consejeros Generales, ni actuar como compromisarios a los miembros de los comités de empresa, lo cual, ya advertimos de antemano, se trata -a nuestro juicio- de una ilegalidad y, posiblemente, de una limitación tan expresa de los derechos que comprometen leyes en estos momentos vigentes, e incluso iríamos más lejos, que entran en un compromiso directo con la propia Constitución.

En quinto lugar, en la representación de los impositores, se mantienen sistemas de elección -lo siento mucho- pero que recuerda viejos esquemas de democracia orgánica.

En sexto lugar, se mantienen grupos de representación como el de personas o entidades fundadoras que, lejos de ser un mero e importante honor y reconocimiento al mérito de la iniciativa, están más o menos en los mismos niveles que los Grupos de representación más activos; incluso creo que se permite el ampliar esa representación, y en alguna de las ocasiones se produce duplicidad de forma absolutamente manifiesta en esta vía de representación.

En séptimo lugar, otro tanto ocurre con la representación de entidades de interés general, donde se llega al 15 ó el 20%, cuando nosotros lo limitábamos por entender varias cuestiones. Primero, que está, a nuestro juicio, sobredimensionado este Grupo, e introduce también el carácter de selección efectuado a instancia de parte. De mantener esta representación de entidades de interés general, y puesto que se sugiere y nosotros también lo entendemos así, de hecho mantenemos -pero en una cuota bastante más reducida- la presencia o representación de las Cortes, nos parece más razonable que sean éstas quienes efectúen la aprobación de la reacción de esas entidades de interés general, y no directamente el Consejero o la Consejería de Economía. Porque nos parece razonable que tenga una función directamente vinculada por parte de las Cortes a ese criterio de regionalización de las Cajas, pero, en todo caso, que ejerzan una función lógicamente compensadora. También en este grupo se producen de hecho duplicaciones a la hora de la presencia en los órganos y estructuras de dirección de las Cajas.

En definitiva, Señorías, nosotros hemos tratado de aprovechar la iniciativa, como en la anterior ocasión que se retiró posteriormente por la propia Junta, para dar la coherencia que entendemos lógica, pero anunciamos también que estamos en disposición de hacer los máximos esfuerzos por llegar a acuerdos razonables en aras de esos criterios de estabilidad, de regionalización y de participación democrática, para que las Cajas sean en la región motor de ahorro e inversión, y en ningún caso entendemos que con esta proposición que se nos trae hoy pueda justificarse tal intención. De hecho, era el propio Consejero, señor Becker, recientemente en unas declaraciones, que decía que a la vista de los resultados políticos electorales en las entidades financieras, observamos que no podía mantenerse así y nos vimos obligados a realizar una reforma que profesionalice más las Cajas. Nos gustaría saber qué se entiende por profesionalización y dónde están, de hecho y efectivamente, las coordenadas que pueden orientar esa profesionalización sin descrédito de ese complejo democratizador, que -a nuestro juicio- sí puede ser la estructura genérica, pero no la participación en los números, y ni siquiera, por supuesto, en los aditamentos que hacen en el Proyecto de Ley, y que intentan suplir lo que en otros casos, como es el régimen de garantías o el régimen disciplinario de control -por decirlo de forma más vulgar- ya está perfectamente admitido, consensuado e incluso en su eficacia, en legislación que en estos momentos afecta al conjunto del Estado español.

Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra el señor Aguilar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente, Señorías. Después de las intervenciones que hemos escuchado de los Grupos Parlamentarios de Centro Democrático y Social y del Grupo Mixto, la primera reflexión que este Portavoz hace es una reflexión de absoluta sorpresa con los argumentos que se han vertido en sus intervenciones. Y digo sorpresa, porque realmente parece ser que a lo que se han dedicado ambos Portavoces ha sido a adjetivar, sumar una serie de adjetivos calificativos de la Ley, por supuesto en la interpretación que se hace por dichos Portavoces de esta Proposición de Ley, pero se han vertido bastantes pocas ideas. Eso ya es más difícil. Verter ideas es mucho más difícil. Y, sobre todo, ideas constructivas, mucho más difícil todavía.

(-p.2176-)

Por ello, es inevitable que este Portavoz, que tiene ciertamente fe en la Proposición de Ley que se va a debatir, tanto en Ponencia como en Comisión como en Pleno, no puede por menos de señalar que la Exposición de Motivos del Proyecto que tratan los dos Grupos de que se devuelva al Gobierno tiene en cuenta algo que no puede olvidarse, y es la moderna doctrina sentada por el Tribunal Constitucional que analiza la normativa de las Cajas de Ahorro, concretamente, a la luz de la Constitución, y que, por supuesto, ha sido consecuencia de que algunas Comunidades Autónomas, concretamente Murcia, Canarias y Aragón, hayan tenido que producir modificaciones de sus leyes de Cajas. Y nosotros recogemos en nuestro Proyecto gran parte de esas doctrinas y, a su vez, gran parte de la experiencia acumulada por otras Comunidades Autónomas. Este no es ningún invento de la Junta de Castilla y León. Esto no es ninguna revancha de la Junta de Castilla y León. Dígase como se quiera, esto, pura y simplemente, es tratar de profundizar, como se ha dicho aquí ya en esta tribuna, de dos principios básicos que deben informar esta Ley: principio de democratización de los órganos de gobierno y principio de profesionalización. Y al hilo del discurso, le diré al Portavoz de Izquierda Unida que el Presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro recientemente ha dicho que incluso la LORCA habrá que modificarla para profundizar en ese criterio y concepto de profesionalización que debe de presidir las Cajas.

Por lo tanto, por lo tanto, partiendo de esos dos conceptos básicos, quiero también señalar a Sus Señorías que es preciso tener un conocimiento de qué sucede en otras Comunidades Autónomas, para que no creamos que la nuestra es la excepción, sino que simplemente nos sirva de experiencia o, en definitiva, de hacer una reflexión importante respecto a este Proyecto de Ley.

La Comunidad Autónoma de Madrid, Señorías, incluye entre los grupos de representación a la Asamblea de Madrid. La Comunidad de Castilla y León pretende incluir a las Cortes Regionales, si el Proyecto de Ley se aprueba. Otras Comunidades Autónomas, ciertamente, han confiado la representación de sus intereses territoriales a otras instituciones. Y la Diputación de Cantabria, por ejemplo, ha dado entrada a... la Comunidad de Cantabria ha dado entrada a las diputaciones provinciales. Le señalo igualmente que las Comunidades de Baleares y Canarias dan entrada al grupo de representación de los Cabildos insulares. Y, por supuesto, en cuanto al sistema de designación de consejeros generales, representantes de los impositores, tanto la Comunidad de Madrid como la de Aragón han establecido un procedimiento muy similar, al ampliar el cuerpo de elegibles a cualquier impositor que cumpla determinados requisitos.

El criterio de proporcionalidad para la determinación de los representantes de los empleados es utilizado, por ejemplo, en las Comunidades de Madrid, en la de Murcia, en la de Navarra o en la del País Vasco. La incompatibilidad para los cargos políticos está incluida también en la Comunidad de Canarias y, asimismo, en la Comunidad de Madrid. Igualmente, la Comunidad de Canarias establece ciertas cautelas para los contratos blindados, aunque únicamente en el caso del director general. Y las Comunidades Autónomas que realizan un desarrollo exhaustivo del régimen administrativo sancionador de los órganos de gobierno de las Cajas son, por ejemplo, las de Aragón, las del País Vasco, las de Canarias o la de Valencia.

Así pues, tendrán que convenir inexcusablemente, Señorías, conmigo en el sentido de que nuestro Proyecto, el Proyecto que estamos contemplando y debatiendo, ha examinado un amplio espectro legislativo y, a su vez, ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional.

Tener como concepto poco democratizador el que las Cortes de Castilla y León tengan o estén representadas en un porcentaje en los órganos de gobierno de las Cajas, yo me reservo el calificarlo; simplemente lo dejo a la consideración de Sus Señorías. Entendemos, por supuesto, que si la entrada de las Cortes de Castilla y León, con un porcentaje que está determinado en el Proyecto, se acepta, lógicamente, el resto de los porcentajes hay también que modificarlos.

Otro aspecto esencial que entendemos incrementará el grado de democratización a través de la pluralidad de representaciones es el que se refiere a la modificación de los sistemas de representación... de los sistemas de determinación, perdón, de los representantes de cada grupo. Así, parece conveniente ampliar la posibilidad de ser elegible como consejero general por el grupo de impositores a cualquier impositor que cumpla los requisitos exigidos por la norma, no estando condicionado por el resultado de un sorteo aleatorio, favoreciendo, además, la participación de personas con capacidad técnica necesaria, que permitan al mismo tiempo incrementar el grado de profesionalidad de los órganos de gobierno. Igualmente, podemos calificar, a nuestro juicio, Señorías, como oportuno modificar el reparto de representación que corresponde a las corporaciones locales, con el cual el Proyecto pretende, considerando la reducción del número total de representantes anunciada anteriormente, dar entrada al mayor número posible de municipios y, especialmente, no condicionar la participación de cada ayuntamiento a su importancia relativa. Cierto que conocemos que existen mociones que han sido presentadas en diferentes corporaciones y ayuntamientos, en el sentido de criticar legítimamente esta Ley; pero son otros muchos los ayuntamientos que también están reclamando su presencia en los órganos de gobierno de las Cajas, y esos otros muchos ayuntamientos son ayuntamientos pequeños, son ayuntamientos que no podían acceder. Dígaseme o no si, evidentemente, hay una inspiración democratizadora en la representación de los ayuntamientos en el Proyecto de Ley.

Se ha dicho también, Señorías, que el Consejo Económico y Social ha criticado duramente el Proyecto de Ley que nos ocupa. Yo tengo aquí el dictamen del Consejo Económico y Social y en la primera recomendación -y leo textualmente- se dice que el CES valora positivamente el propósito de lograr una mayor representatividad y una más efectiva democratización que inspira el anteproyecto de modificación de la Ley 4/90. Por lo tanto, Señorías, ustedes yo creo que han contado en esta Cámara y han interpretado ante esta Cámara el tema en función de sus conveniencias particulares.

(-p.2177-)

Por supuesto, el criterio de proporcionalidad es absolutamente el pilar que inspira el Proyecto de Ley que nos ocupa, modificando así -y como no podía ser menos- el procedimiento para la designación de los representantes de los distintos grupos, cuando existe un cuerpo de electores, de forma cierta, que se pueda garantizar ese cierto criterio de proporcionalidad que debe de inspirar y que pretende, además, establecer garantías para que los posibles grupos no mayoritarios alcancen un nivel determinado de representación y, por lo tanto, los correspondientes órganos sean el reflejo del conjunto de intereses a los que se pretende representen, consiguiendo al mismo tiempo, sin duda, una mayor estabilidad y, evidentemente, una mayor democratización. Este es el criterio del Proyecto de Ley y les remito a ustedes simplemente a la lectura de los Artículos 17: consejeros generales representantes de los impositores; 20: consejeros generales representantes del personal; 21: consejeros generales representantes de las entidades de interés general; y 34: elección de los miembros del consejo de administración, como, asimismo, el 43: elección de representantes de la comisión de control.

No es este el momento en el cual tengamos que hablar más en profundidad respecto a lo que el Proyecto de Ley quiere ser, por las razones siguientes:

Primero. Porque existe -y ratifica nuestro Grupo- una oferta de diálogo sincero para que el Proyecto pueda ser mejorado. Y esa oferta se ha hecho por el Consejero.

Segundo. Porque anunciamos que nuestro Grupo estudiará de forma amplia y profunda el que tal vez los representantes de los comités de empresa puedan tener también representación. Concretamente me parece que es el Artículo 23, apartado h), del Proyecto de Ley. Podemos tratar el tema en profundidad, por supuesto, en Ponencia; podemos tratar el tema en profundidad en Comisión o, incluso, en el Pleno; pero lo que realmente hace retumbar los oídos de cualquier persona es que se trate de no dar la importancia que tiene a las entidades de interés general y que se trate de confundir lo que es la sociedad civil con otras cosas. Esto sí que me parece, Señorías, que es absolutamente importante resaltarlo.

Evidentemente, las Cortes Generales son una cosa; las entidades de interés general, por concepto, son otra cosa; pero no es menos cierto, Señorías, que el concepto de las entidades de interés general es un concepto diferente; como tal, en el Proyecto tienen un tratamiento diferente, pero nadie me podrá negar, o creo que nadie podrá sostener, o creo que nadie podrá tratar de hacernos creer a ningún Procurador que los colegios profesionales, o las corporaciones, o las asociaciones, o aquellas fundaciones que existan en nuestra Comunidad no representan la sociedad civil viva, aquella que no está politizada, aquella que tiene en sus manos el auténtico baldón de las libertades. Por lo tanto, Señorías, no sé cómo ustedes tratan... no sé cómo ustedes tratan de eliminarlas... Cuando ustedes terminen, yo sigo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías. Continúe, por favor.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señorías, Señorías, se ha significado también en estas intervenciones anteriores que la Junta de Castilla y León trata de politizar las Cajas o que trata también, por supuesto, de controlarlas. Nosotros nos limitamos simplemente a señalarles a ustedes -como no puede ser menos- que la parte reglamentaria que existe en el Proyecto de Ley no es tampoco ningún invento de la Junta de Castilla y León; existe esa reglamentación en muchísimas disposiciones de otras Comunidades Autónomas.

Se ha planteado por Izquierda Unida, en su discurso, el establecimiento de un proceso electoral directo entre los impositores para elegir a sus representantes. A este respecto le señalo que el fundamento jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional, el número 20, referida a Ley 31/85, decía que el sistema de elección de los representantes de los impositores previstos en la referida Ley no es básico, pero que el sistema de elección que pudiesen establecer las Comunidades Autónomas dentro de sus competencias debe garantizar una verdadera representatividad y libertad del mecanismo de selección. Pues bien, Señoría, las modificaciones que introduce el Proyecto de Ley en cuanto a este mecanismo se refiere (ampliar el número de los elegibles posible) pretende -como ya se ha señalado o ya le he dicho a usted anteriormente- conseguir una mayor representatividad de estos consejeros generales, manteniendo un criterio transparente de elección. Evidentemente, el criterio que usted propone, que yo respeto, pero que, por supuesto, no puedo compartir, ampliaría el número de electores, pero provocaría que el proceso se convirtiese en un auténtico proceso electoral, o bien provincial, o multiprovincial, o regional, prácticamente imposible de llevar a efecto en la práctica, tanto en el aspecto organizativo como en el aspecto de imagen pública de las Cajas.

Señorías, voy a terminar reiterándoles ese ofrecimiento de diálogo. El que la Ley puede ser, indudablemente, mejorada por las Enmiendas que se han presentado y por aquéllas que puedan ser aceptadas. Que el Grupo que estoy representando en estos momentos no obtiene la mayoría por casualidad en estas Cortes; eso es algo que yo no entiendo cómo se puede sostener. Y que nuestro espíritu está abierto profundamente al diálogo constructivo, a conseguir la mejor Ley de Cajas que sea posible, aceptando aquellas Enmiendas que realmente sean compatibles con nuestra concepción de las Cajas como instituciones financieras de primer orden dentro de nuestra Comunidad. Pero, por supuesto, también -y como no puede ser menos- dentro de la concepción y de la orientación política de nuestro Grupo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Aguilar. Para turno de réplica, señor Monforte, tiene la palabra.

MONFORTE CARRASCO

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EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Consejero, después dice que los Grupos de la oposición le tenemos un poco de manía. Pero, ¿no se está dando usted cuenta de las cosas que hace? ¿No se ha dado cuenta usted, señor Consejero, que con esta Ley se está echando encima a toda Castilla y León? Claro que la responsabilidad, al final, no es suya, es del Presidente de la Junta, el que ha permitido que esta Ley saliera adelante.

Pero, evidentemente, el que yo le considere un hombre afable y cordial -que lo es, estoy seguro- no quiere decir, ni muchísimo menos, que yo comparta con usted sus planteamientos políticos, y máxime cuando en estos momentos tiene unos planteamientos políticos totalmente confusos. Porque -como le decía antes- unas veces practica una política liberal y otras veces practica -como en este caso- una política intervencionista, que yo más diría no política intervencionista, sino política de persecución.

Y todo ello, ¿por qué se hace, señor Consejero? ¿En aras de un mejor desarrollo económico y social de Castilla y León? Pues no; evidentemente, no. Simplemente, en aras de practicar una política partidaria, cuyo objetivo final es perpetuarles a ustedes en el poder y alcanzar el poder en Madrid.

Señor Portavoz del Grupo Popular, una vez más, su Grupo Parlamentario le encarga la defensa de una cuestión que, desde mi punto de vista, no tiene ningún tipo de defensa; y así lo ha dicho la sociedad de Castilla y León, así lo ha dicho la sociedad de Castilla y León. No contesta con argumentos rigurosos a las Enmiendas de Totalidad en estos momentos planteadas por el Grupo Centrista y por el Grupo Mixto. Una vez más, en lugar de utilizar argumentos, sale por peteneras, y nos dice a los Grupos de la oposición que no tenemos idea. Se las hemos dado en muchas ocasiones, lo que pasa es que ustedes son tan prepotentes que no las quieren aceptar.

Yo también me quedo sorprendido, pero totalmente sorprendido, porque cada vez que usted sube aquí a defender o a utilizar turnos en contra de Enmiendas a la Totalidad no utilice más argumentos que el que le acabo de exponer: que la oposición no tiene ni idea.

Ha hablado usted de la moderna doctrina del Tribunal Constitucional en materia de Cajas de Ahorro. ¿Pero es que esa doctrina del Tribunal Constitucional dice textualmente y entre comillas que los señores del PP de Castilla y León tienen que gobernar por ley, y porque les da la gana, y porque tienen la mayoría absoluta, en todos los órganos de gobierno de Castilla y León, que es lo que están ustedes procurando con esta Ley? Evidentemente, no. Ustedes no están intentando en ningún momento modificar esa Ley para profesionalizarla. Buena prueba de ello es que los porcentajes de los distintos grupos (impositores, empleados, por ejemplo) los bajan con relación a la Ley 90, y, sin embargo, suben... bueno, las entidades de interés general, que a mí me parecen... y que merecen todo el respeto del mundo, pero que en muchos de los casos están defendiendo intereses particulares, intereses corporativos, no intereses generales. Por tanto, no se ampare ahí. Y, por otra parte, esas entidades de interés general, bueno, está claro que quien las dice que son de interés general o no es el señor Consejero. Luego, por tanto, esas entidades de interés general van a estar totalmente mediatizadas.

Mire, señor Portavoz del Grupo Popular, las Comunidades de Madrid y de Cantabria son completamente distintas, son uniprovinciales; por tanto, no se pueden comparar con las de Castilla y León. Cuando ha hablado de la de Canarias, ha hablado de los Cabildos, que, al fin y al cabo, es algo parecido a las Diputaciones. Por tanto, son las Corporaciones Municipales las que tienen esa representación ahí.

Me ha dicho que, para hacer esta Ley, la Junta de Castilla y León ha ido estudiando las leyes de otras Comunidades Autónomas y que han ido cogiendo algo de cada cosa. Que yo creo que, aparte de que esas leyes nos puedan aportar ideas, lo que hay que hacer es una ley armónica, una ley armónica, una ley en conjunto, que sirva para defender los intereses generales de Castilla y León, no para perturbarlos, como hace usted.

Hay un tema muy importante, y es... y que no recoge la Ley, y yo no sé si ustedes habrán presentado alguna Enmienda, y es la representación de las Cortes, ¿cómo va a ser? Por ejemplo, ¿un señor de Avila va a poder ir a representar en Caja Salamanca o en Caja España en León? Es una cuestión que ustedes no han contestado en esta Ley.

Mire, no quiera decir, ni muchísimo menos, que lo que intentan con esta Ley es que aumente la representación de los Ayuntamientos; eso no es cierto. Con esta Ley se disminuye la representación de los Ayuntamientos. Pasan las Corporaciones Municipales del 25-40 en la Ley 90 a esta Ley del 94, a 15-20. Por tanto, se erosionan de una manera muy importante los intereses de los Ayuntamientos.

La oferta de diálogo, evidentemente, la aceptamos. Y el día que aprueben ustedes esta Ley, que va a ser hoy, pues, nos pondremos a negociar. Pero, evidentemente, evidentemente, lo que está claro -este Proyecto de Ley se va a aprobar hoy por primera vez-, evidentemente, lo que está claro es que esa oferta de diálogo la debieran haber hecho ustedes antes.

Por otra parte, yo le tengo que hacer algún tipo de consideraciones que se están produciendo por ahí. Yo no sé, pero hay algunos Procuradores de estas Cortes, probablemente, que en sus Ayuntamientos y Diputaciones hayan aprobado mociones que van en contra de esta Ley. ¿Con qué sentido van a emitir hoy aquí su voto? Indudablemente, les están poniendo ustedes a sus propios Procuradores en un importante brete.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo.

MONFORTE CARRASCO

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EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Señor Procurador del Grupo Popular...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Vaya concluyendo la intervención, Señoría.

MONFORTE CARRASCO

EL SEÑOR MONFORTE CARRASCO: Sí, gracias, señor Presidente. En un minuto.

La Exposición de Motivos está claro que no coincide nada, en absoluto, con la Ley. Cuando se habla de representatividad de los intereses sociales, no es cierto, puesto que los intereses sociales están muy bien representados por las Corporaciones Municipales. Cuando se habla de que se mantiene la mayor representación de los impositores, eso no es cierto, porque si se suma la representación de las Corporaciones Municipales y la de las Cortes, que varían entre un 40% y un 50%, es mucho mayor que la de los impositores, que es del 25% y el 35%.

Señor Portavoz del Grupo Popular, yo nada más que le digo -y le vuelvo a repetir lo mismo-... no lo digo yo, lo ha dicho todo Castilla y León, lo dicen todos los empleados, directivos y órganos de gobierno de las Cajas de Ahorros, lo dice el Consejo Económico y Social, lo dicen muchos Ayuntamientos: retiren esta Ley y nos irá mejor a todos. Yo creo que la Ley anterior fue por consenso y debía de haber sido un objetivo fundamental del Gobierno el que esta modificación de la Ley hubiera salido también por consenso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Señor Herreros, para turno de réplica, también.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de verdad, mire, sí, yo creo que cuando se lee, si se quiere leer, se observan ideas constructivas. Pero lo primero que nos ha movido en este caso -se lo digo con absoluta franqueza, yo creo que ése es el motivo que tiene una Enmienda a la Totalidad- es, precisamente, corregir proposiciones a nuestro juicio partidarias y de regresión democrática. Pero de regresión democrática que, dicha así la expresión, pues, puede parecer absolutamente vana. Su Señoría lo reconocía al final de su intervención en respuesta. Llega a plantear en un momento determinado que el proceso electoral... cómo garantizar un proceso electoral; no es posible materializar un proceso electoral de esta naturaleza, porque tendría que ser a escala provincial, todas las provincias, incluso toda la Región. Bueno, pues, eso es lo que, teóricamente, casi todos los Grupos políticos esgrimimos como argumento fundamental: háganse listas abiertas, no cerradas, no bloqueadas, no metidas en un embudo, que es lo que existe en estos momentos y lo que, en definitiva, se sigue planteando como mecanismo teledirigido para que vayan en un sentido concreto. Y saben que eso ha sido motivo de fricción importante. Y, por consiguiente, nosotros pensamos que debe permitirse, debe abrirse este criterio, porque -es evidente- los procesos electorales se están produciendo en nuestro país con relativa frecuencia, casi anualmente, y no hay ningún tipo de cuestionamiento sobre el particular.

Decía Su Señoría también que esto no es una revancha. Yo he leído unas declaraciones del señor Becker, y sí, la impresión da que "como no me ha salido la cosa como yo la tenía prevista, entonces no juego -y es una reacción absolutamente inmadura e infantil-, y voy a establecer otras reglas de juego, para que me salga el juego como yo quiero". Es absolutamente legítimo, porque no voy a ser yo quien cuestione la capacidad política, la capacidad estatutaria, reglamentaria para hacer una iniciativa de esta naturaleza. Pero no cabe tampoco la menor duda que yo puedo cuestionar el que se esté esgrimiendo argumentos de "vamos a llegar a un consenso, pero voy a dar primero", en esa acepción clásica de que "el que da primero, da dos veces". Si hay... y de hecho, entre los dos Grupos Parlamentarios mayoritarios ya hubo, en un momento determinado, la intención, y se llegó a un pacto y se llegó a un acuerdo, que fue lo que trajo ya aquí un proceso o un Proyecto de Modificación de la Ley de Cajas intermedio entre el vigente y el que estamos discutiendo. Por consiguiente, sí es legítimo, pero, miren ustedes, no es la mejor fórmula, si se quiere llegar a un tipo de acuerdo.

Y dice que, incluso, la LORCA habría que modificarla. Yo no discuto que sea necesario modificar leyes, pero sí es importante entender que lo que fue en un momento una decisión unánime de esta Cámara ha durado, exiguamente, cuatro años y que, lógicamente, tiene o ha de darse una explicación del porqué. Digo y decía: ¿por qué se ha producido?, ¿por qué otro Proyecto intermedio?, ¿por qué pactos entre dos Grupos Parlamentarios concretos?, ¿por qué ruptura de ese pacto?, ¿por qué una iniciativa unilateral y después reclamamos acuerdos?, y ¿cómo se puede pedir estabilidad en estas circunstancias? Se va a producir en aquello que sea absolutamente indispensable y en virtud de una correlación de fuerzas, pero se desencadena a partir de ese momento el que haya una pugna, lícita, legítima y legal, establecida en el marco de la ley, pero que no va a ser evitable, si es eso lo que pretendíamos, en cada uno de los grupos de representación.

(-p.2180-)

Bien. Yo también le diría que, si se refería a mí concretamente cuando hablaba del Consejo Económico y Social, yo no he dicho que haya criticado duramente; tan sólo he citado como titular de prensa lo que venía en todos los periódicos de la región, y concretamente en los de carácter regional -por entendernos-, que decían lo que dije. Es decir, que la Junta había aprobado sin tener en cuenta las sugerencias del Consejo Económico y Social. Entonces, no quede usted limitado a la primera cuestión que se esgrime, sino fundaméntelo a través de todos y cada uno de los puntos, de considerandos generales, de considerandos particulares, e incluso, después, de las propias organizaciones sindicales. Digo, insisto, yo reconozco esa pluralidad, yo reconozco también que es, simplemente, un informe preceptivo, pero un informe que se puede o no tener en consideración; no tiene más valor. Como no tiene tampoco más valor -y lo siento, pero aquí queda de forma absolutamente clara y plasmada- el que haya habido un montón de ayuntamientos, corporaciones, de mayor rango demográfico o de menor rango demográfico, que se han pronunciado, incluso corporaciones provinciales; bien, pues eso son indicadores de lo que es la sociedad.

Y, en positivo, en positivo, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, yo creo que usted es consciente, porque como yo sé que usted lo estudia con detenimiento, usted es consciente de las treinta y seis Enmiendas que ha presentado Izquierda Unida. Y usted es consciente que, efectivamente, cuando se produce una modificación de una de las representaciones de los Grupos, hay que modificar. Pero yo le invito a que haga una reflexión muy detenida: es verdad, no vamos a coincidir; no entendemos que siga existiendo una representación de entidades fundadoras, cuando se produce esa duplicidad. Y es positivo, porque, entonces, da posibilidad a que, en vez de acortar el tramo de representación municipal, se amplíe ese tramo de representación municipal. Nosotros mantenemos, incluso, en lo que ha sido la acepción general anteriormente existente, en cuanto a la representatividad de los impositores. Nos parece un mecanismo "sine qua non" para darle validez democrática que haya esa generalización del proceso electoral; y, desde luego, vamos al máximo en cuanto a la representación de los empleados.

Y me ha llenado de satisfacción -y he de expresarlo así- el que Su Señoría haya entendido y aceptado que el Artículo 23 en su letra h) no se sostiene, y, por consiguiente, es algo a agradecer, porque, en verdad, queríamos que fuese ése no un caballo de batalla especial o particular, pero sí, al menos, de no ejercer de una discriminación abierta.

Diálogo sincero, no va a quedar por nuestra parte, a pesar de los condicionantes que su Grupo, que la Junta, que el Consejero de Economía ya ha introducido, metiendo "de hoz, coz" un Proyecto de Modificación de la Ley de Cajas de Ahorros, que, lógicamente, podía haber seguido otro curso completamente diferente.

Y no me queda más remedio que comentar la "perla", la "perla" absolutamente de novicio, de novicio -que no me creo, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular-. Eso de la sociedad civil, que es absolutamente pura, exenta de mácula política, porque es que no es mácula política... Yo es que, esto me rebela; no tiene por qué existir mácula política, es una función en la sociedad. Pero ya querer decir, como encumbramiento máximo, que los colegios profesionales no tienen ningún tipo de mediatización política, que los no sé qué sociedades... Mire usted, el pecado original todavía, ni con Carbono 20, se ha podido determinar cuándo se cometió. Por consiguiente, excluya de esa teoría cualquier planteamiento de esa naturaleza.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la dúplica, señor Aguilar, le concedemos la palabra. Ya podía estar preparado. Gracias.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Yo, don Antonio, le digo a usted que lo del Carbono 20, palabra que no lo he entendido, no sé qué ha querido usted decir; pero, bueno, no hace al caso, ni tampoco es de demasiada importancia.

Después de haber escuchado las intervenciones a los Portavoces de Centro Democrático y Social y, a su vez, del Grupo Mixto, sí que me reafirmo, en alguna medida, en lo que dije al inicio de mi intervención, que, realmente, muy pocos argumentos, muy poquitos, muy poquitos, se han vertido sobre este Proyecto de Ley, sobre el Proyecto de Ley. Sí se han hecho descalificaciones, sí se ha vuelto a adjetivar, sí se ha hablado de política intervencionista, sí se ha señalado política persecutoria, sí se ha señalado que esta Ley no es armónica. Bueno, todo eso forma y queda muy bien en un conjunto de minutos que hay que agotar, pero me hubiese gustado más que se hubiese profundizado en lo que es el Proyecto de Ley. Tal vez se me pueda decir que ahora no es el momento, puesto que estamos ante un trámite de Enmienda a la Totalidad, y que, por supuesto, eso se dirá en su día, cuando la Ley pase a Ponencia y la Ley pase a Comisión.

Nosotros entendemos que es una Ley perfectamente armónica. Nosotros entendemos, además, que es una Ley que hace un verdadero esfuerzo por profundizar en esos principios de democratización, en ese principio de proporcionalidad, en esos principios de profesionalidad. Y que, en definitiva, todo se puede criticar, pero lo que no se puede, por supuesto, es descalificar por descalificar, o señalar temas como el de que hay una auténtica represión democrática, o algo por el estilo, que he oído en el transcurso de la intervención anterior.

Cierto, cierto -como no podía ser menos- que es una Ley que se ha debatido en la calle, que la han comentado los medios de comunicación, que se ha debatido en las corporaciones locales, porque les afecta. Pero no es menos cierto que ese trámite todavía no está cerrado, que ese trámite tiene un largo proceso en estas Cortes, y que yo no dudo, don Antonio Herreros, que sus enmiendas, en la medida en que nos sea posible aceptarlas, o en la medida que alguna de ellas sea posible asumirla, o parte de ella, evidentemente, cuente usted con que nuestro Grupo Parlamentario lo va a hacer. Porque, simplemente, tratamos de ser dialogantes en todo este proceso, para que no se nos pueda nunca, nunca, atacar nunca ni de prepotencia ni de que queremos imponer las cosas por la fuerza del número de votos que tenemos en estas Cortes; que, por cierto, ese número de votos no nos lo ha regalado nadie, nos lo ha dado el pueblo castellano-leonés, porque el pueblo castellano-leonés quiere que gobernemos en esta Comunidad y es lo que entendemos que estamos haciendo.

(-p.2181-)

Gracias, señor Herreros, por el hecho de haberse usted congratulado con la posibilidad de que la incompatibilidad que establece el Artículo 23, en los apartados h) y j), realmente, concretamente, y por lo que respecta a los comités de empresa, pueda reestudiarse y retomarse ese asunto. Pero no se equivoque usted -le quiero hacer la advertencia-, puesto que en el informe del Consejo Económico y Social -y le voy a leer textualmente- dice lo siguiente al respecto: "Asimismo, en aplicación de los principios citados, la mayoría del Consejo valora positivamente el régimen de incompatibilidades establecido en el nuevo Artículo 23, apartados h) y j) del Anteproyecto, al entender que los órganos de gobierno de la Caja y comité de empresa representan intereses diferentes, incluso excepcionalmente contrarios, por lo que cabe considerar incompatible la realización de tareas de representación del personal y de representación de la gestión de la entidad". Pero, aparte de eso, que es lo cierto, y que usted tiene -como yo- el mismo texto, estamos en la línea de tratar de incorporar, de suprimir, de modificar, de darle otro giro a esa incompatibilidad; y no por temor a la ilegalidad, porque no lo es, sino en aras a que, realmente, nos inspira en este Proyecto de Ley, como en todos, un principio de auténtico diálogo y un principio de auténtica democratización. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se procede a someter a votación las dos Enmiendas de totalidad, de CDS y Grupo Mixto, en las que solicitaban la devolución del texto a la Junta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y cuatro; a favor, treinta y tres; en contra, cuarenta; abstenciones, una. En consecuencia, quedan rechazadas las dos Enmiendas de Totalidad que pedían la devolución del Proyecto a la Junta.

Y pasamos al debate y votación de la que presenta el Grupo Socialista, proponiendo un texto alternativo. Para su defensa, señor Jiménez-Ridruejo, tiene la palabra.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha enmendado de Totalidad al Proyecto de Ley de Cajas, fundamentalmente por cuatro razones.

Primero, porque el Proyecto, y sobre todo su tramitación, destila desconfianza política, desconfianza técnica, desconfianza sobre el sector laboral y desconfianza institucional.

En segundo lugar, porque es un Proyecto de Ley ambiguo y contradictorio en sus propios términos.

En tercer lugar, porque aporta elementos de inestabilidad y de falta de permanencia normativa, que es, justamente, lo que menos necesita el sector financiero de nuestra Comunidad.

Y finalmente, por cuanto es inconsistente y esta desvertebrado, en el sentido de que incorpora dos normativas en una impropiamente.

Pero el eje central de referencia alrededor del cual voy a centrar mi intervención descansa en la idea de desconfianza. Desconfianza política que deriva de la falta de seguridad del Consejero de Economía, e incluso del propio Presidente de la Junta, sobre la capacidad de su Partido para poder obtener una representación mayoritaria en alguna de las Cajas de la región con la actual ordenación normativa. Desconfianza técnica, derivada de una cierta falta de autoridad moral y material de los responsables de la política financiera sobre los órganos de gobierno de las Cajas.

Ambos aspectos, la desconfianza técnica y la desconfianza política, han llevado al actual Consejero de Economía y Hacienda a abandonar los principios y criterios que presidieron las tareas de elaboración, desarrollo y aprobación de la Ley 4/1990, de Renovación de los Organos de Gobierno de las Cajas de Ahorros. Esta Consejería, en su desconfianza y en su debilidad, ha cambiado el consenso por la confrontación y el menosprecio. La confrontación respecto al resto de los Partidos y Grupo políticos, la confrontación frente al resto de la oposición, la confrontación gratuita y estéril, la confrontación que en este ámbito es absolutamente contraproducente. Y el menosprecio a su propia mayoría, que siendo, sin duda, capaz de obtener mejores resultados en el futuro en las elecciones de Cajas tiene hoy que sentirse afectada en su dignidad por recibir una sensible ayuda de quien debería ser, solamente, un arbitro de la contienda electoral.

Quien, como yo, respeta la derecha política con toda integridad, desde el punto de vista estrictamente ideológico, me siento afectado, casi diría avergonzado -si ustedes no se ofenden-, señor Presidente, de que se empleen estos procedimientos.

Desconfianza en relación al proceso de elaboración normativo. Hace poco más de tres años, el Presidente Estella, entonces Portavoz del PP en esta Cámara, señalaba, cito textual: "La Ley de Organos Rectores de Cajas, al ser una obra común, nos hace pensar, sin temor a equivocarnos, que no tendrá una vida efímera, sino que quedará garantizada su permanencia en el tiempo".

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En el mismo sentido se pronunciaba el sentido común del señor León de la Riva, adversario brusco, duro, aguerrido y rotundo, pero leal, hace poco menos de esos meses, cuando decía: "la experiencia en el rodaje de la Ley hace conveniente introducir ligeros retoques a la Ley 4/90, mediante un Proyecto de Ley consensuado, presentado ante las Cortes para su previsible aprobación en el próximo periodo de sesiones". Se trata, ese texto al que aludía el Portavoz, del texto que hoy constituye nuestra alternativa, y que fue consensuado por los Grupos Palamentarios Socialista y Popular; y le garantizo, señor Herreros, señores del Grupo del CDS, que hubiera sido consensuado también por ustedes, porque, si no hubiera sido consensuado por ustedes, el Grupo Socialista no lo hubiera mantenido.

Porque debo decirle, señor Consejero, en honor a la verdad, que siempre he creído que el consenso de la reforma de la Ley de Cajas al que llegamos hace seis meses fue mérito y empeño exclusivo del Presidente Lucas y del Portavoz Quijano. El consenso se produjo, señor Consejero, a pesar suyo. No está el consenso, señor Consejero, en su cultura política. Sus declaraciones a los medios de comunicación demuestran y son bien expresivas. Cito textual: "No creo mucho en las sanas intenciones de los socialistas -cito textual-. Nos preocupa mucho que los fondos de los depositantes se puedan utilizar en una u otra dirección, y que de esa forma se desvíen recursos con base electoralista y no con criterios económicos". Sin duda se estaba usted refiriendo a los socialistas. Estas citas remarcan, desde luego, más allá de cualquier comentario, su actitud frente a la aplicación de la Ley 4/90 que todos aprobamos en esta Cámara.

La plena democratización sólo lo sería, según usted, si los socialistas no llegan a los órganos de gobierno. La profesionalidad e independencia de los órganos de gobierno sólo se cumplirían para usted si los socialistas no llegan a los órganos de gobierno. La transparencia en la elección sólo sería satisfecha si los socialistas no llegan a los órganos de gobierno. La territorialidad, la representatividad o el respeto a la identidad de Cajas, todos estos valores que compartimos los Grupos políticos con el señor Pérez Villar -señor Pérez Villar que los fomuló, que no son nuestros, son de todos, que formuló el señor Pérez Villar-, sólo serán posibles si los socialistas no llegan a los órganos de gobierno. Todos aquellos principios que informaron la Ley, todos los argumentos que conformaron el consenso, todo aquel acervo democrático quebraron con su política, señor Consejero; se obliteraron. Lamentablemente, quedaron condicionados a la posibilidad de que los socialistas llegaran a los órganos de gobierno. Una actitud que creíamos ya olvidada y situada en los libros de historia.

Sus conjeturas sobre la politización de los órganos de gobierno, o, para ser más exactos, de la utilización partidaria de los órganos de gobierno, ha situado el debate de las Cajas en un contorno de desconfianza. Un contorno de desconfianza que es una presunción de actitudes y un juicio de intenciones que está reñido con un sano sentido democrático. Tales conjeturas, tales imputaciones, tales insinuaciones sobre representantes de impositores, sobre representantes de trabajadores, sobre representantes municipales, por el mero hecho, por el único motivo de que no sean de su partido o no tengan su ideología, tiñen la reforma que se presenta aquí de un cierto matiz antidemocrático.

Desconfianza, señor Consejero, a las Entidades Territoriales, Ayuntamientos pequeños y grandes -¿o es que la Federación Regional de Municipios y Provincias no les representa a todos?-, a los que la Ley Orgánica concede una sustancial representación, una representación política, señores de la Junta, pero no sólo política, también partidaria, porque no se puede dejar de ser de un partido cuando se es de un municipio, normalmente, proporcional, representativa. Una representación territorializada, vivamente sentida por los Ayuntamientos, que han reclamado y reclaman descentralización y vinculación institucional. Pero, sinceramente, ¿qué Procurador de estas Cortes o qué Grupo Parlamentario ha exigido representación en los órganos de gobierno antes de que ustedes propusieran esa Ley? ¿Qué necesidad sentida, qué representación evidente, qué exigencias? ¿Dónde estaban? ¿Qué Grupo ha reclamado con anterioridad al proyecto que debatimos su pertenencia a una institución financiera? Una representación municipal que exige confianza en su capacidad y dedicación, y que aborrece la desconfianza en su sentido de proximidad a los intereses de los ciudadanos, o respecto a sus propias cualidades profesionales, o su capacidad de gestión, y, en definitiva, a su neutralidad institucional.

La aprobación por muchos municipios, por los más importantes municipios de esta Región, a veces con el pleno apoyo de los grupos populares; la aprobación por la propia Federación Regional de Municipios y Provincias resalta -ya se ha dicho aquí- una absoluta ausencia de sintonía del Proyecto de Ley que ustedes presentan con las instituciones locales y provinciales.

Desconfianza -digo-, cuando no antagonismo frente a los trabajadores de las Cajas y a su representación sindical. Desconfianza porque se les ha marginado a las centrales sindicales del debate sobre el proyecto, como se ha marginado a las patronales, o a las Cajas, o a los consumidores, o a los usuarios, a los impositores, evitando la discusión abierta, la argumentación y el entendimiento, haciendo caso omiso, una vez más, de las recomendaciones del Consejo Económico y Social. Y antagonismo por cuanto se trata de menoscabar derechos adquiridos a la representación sindical, a despecho de los acuerdos previos de los cuatro Grupos Parlamentarios, cuando se trata de cercenar su presencia en los órganos de gobierno de estas Cajas. Confrontación y desprecio a los trabajadores, cuando se reduce su cuota de participación en un 50% en los órganos de gobierno, o cuando se les censura y aleja de los procesos electorales.

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Desconfianza, señor Consejero, en fin, en relación a la representación de los impositores: los auténticos representantes de los intereses generales de los depositantes, de los ahorradores, de los clientes, de los usuarios. La reducción de los representantes de los impositores es otra muestra más de las contradicciones de esta contrarreforma. Esto es lo que, en los ofensivos términos en que algunas veces se manifiesta el Grupo Popular, podríamos llamar "un legislazo". Se trata -dicen- de una exposición de motivos donde quieren democratizar los órganos de gobierno, pero se reduce dramáticamente su presencia, se reduce drásticamente la presencia de los Grupos más directamente vinculados a los intereses de la Caja, los auténticos representantes del sentido democrático en las Cajas.

Y esa es la primera característica -decía-, pero no la única. La segunda característica de esta Ley es su ambigüedad y sentido contradictorio. Una ambigüedad calculada que se manifiesta, fundamentalmente, en los conceptos "politización" y "profesionalización".

Por activa y por pasiva ha formulado usted, señor Consejero, el discurso de la politización de las Cajas. Un discurso contradictorio, porque, cuando usted afirma que una Caja está politizada si se produce -cito textual- un exceso de intereses políticos de un Grupo político determinado, pero la respuesta que usted proporciona, su propia definición, es el incremento artificioso de las posibilidades electorales del Grupo Popular, en un intento de obtener un exceso de interés político, al tiempo que se afirma despolitizar las Cajas, se produce un auténtico sarcasmo. Un sarcasmo al que se añade el hecho de que el único grupo al que no se dota de sentido de proporcionalidad en la norma -sentido que exige el Tribunal Constitucional- es, precisamente, al grupo político por excelencia: a la representación de las Cortes. Y todo -dice- en aras de la democratización.

Y contradicción. Contradicción en cuanto a la profesionalidad, porque se permite... y no solamente se permite: se consagra, se potencia, a nuestro juicio erróneamente, el modelo de presidencia ejecutiva de Cajas, en detrimento del auténtico sentido que tiene la Ley de Cajas, la Ley Orgánica, que es la presidencia representativa. Un modelo que deja a las instituciones financieras ante el riesgo de modificaciones sustanciales a corto plazo en su estrategia financiera, a cada cambio de mandato o de presidencia, y que reduce cualquier capacidad del equipo directivo ejecutivo para dotar a la institución de una continuidad con criterios operativos; aspectos ambos que anulan, obviamente, la idea de profesionalidad. No hay nada que anule más la idea de profesionalidad, señor Consejero, que la idea de presidencia ejecutiva. Con su Ley no habrá profesionalidad en las Cajas, porque no habrá independencia de las decisiones técnicas, ni reparto de funciones, ni un sistema de contrapoderes, ni un sistema de equilibrio; con su Ley todo el poder será del presidente ejecutivo.

Contradicción y ambigüedad -decía-; pero la tercera característica del proyecto, como lo es de toda la política financiera de la Consejería, es la inestabilidad y la falta de permanencia normativa. Tres proyectos de Ley sobre regulación de los órganos de gobierno de Cajas, antagónicos y contradictorios, en el plazo de tres años. Tres proyectos en tres años. ¿Hay quien dé más?

Eso es un ejemplo de inestabilidad -me ha parecido oírle al señor Aguilar cuando decía eso-, es un ejemplo de inestabilidad normativa. La Ley 4/90 no se ha rodado, no se ha rodado, no sabemos si funciona bien o funciona mal. Sólo necesita racionalización electoral: lo que habíamos hecho en el consenso del mes de Junio del año pasado.

Esta sangría normativa del Consejero supone una auténtica ruptura de las condiciones de confianza que necesita el sector y un exceso de publicidad nociva y perniciosa en torno a las condiciones de funcionamiento y desarrollo de las actividades de unas entidades de crédito que son extremadamente sensibles en este periodo de la historia de nuestro país. Creo rotundamente que la mayor parte de los profesionales del sector estarían absolutamente de acuerdo conmigo en la idea, que reclamo a diestro y siniestro, de que ni las Cajas ni su órganos directivos deben estar permanentemente en los medios de comunicación.

Inestabilidad normativa -decía-, y, finalmente, la cuarta característica, la cuarta peculiaridad de su proyecto, inconsistencia y desvertebración. Incoherencia normativa que nos permite tener una norma que es disciplinaria en el seno de otra norma que modifica la Ley de renovación de órganos de gobierno. Si son dos normas contradictorias y, hasta cierto punto, antagónicas. ¿Cómo normamos al mismo tiempo la regulación de los órganos de gobierno y el régimen sancionador de la Junta? ¿Por qué no han hecho dos leyes distintas? Si no cuesta nada. Dos leyes por el precio de una, señor Consejero, toda una paradoja. Va a ser difícil de explicar este tema hasta por el señor Aguilar, que tiene la virtud de aplicar sus conocimientos jurídicos -excelentes conocimientos jurídicos, por otra parte- hasta lograr defender incluso a quien cree culpable. Que une y regula los órganos de gobierno, por una parte, y la función del órgano sancionador. Esto no tiene sentido jurídico, y ya se las va a ver y se las va a desear de nuevo el todo terreno, señor Aguilar. Ya me dirá usted cómo vamos a decirles a estos señores de la Junta que jurídicamente eso no se sostiene. Se trata, señor Consejero, de un pastiche, un pastiche normativo que a usted le han colado, estoy seguro, y que por sí sólo descalificaría el proyecto. Un apéndice inconexo y fuera de lugar que, por si fuera poco, no se adecúa al régimen común de disciplina e intervención del Banco de España en las entidades de crédito.

Por todo ello, y porque entendemos -y esta es la última razón, la gran razón de los Socialistas, esta tarde, casi ya-, porque entendemos que respondemos mejor a los intereses de las Cajas, señores de la Junta, nos vamos a quedar con el texto que habíamos consensuado, ese texto que era de todos, prácticamente, hace seis meses.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para turno en contra, señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

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EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías.

Realmente, la primera manifestación que este Portavoz tiene que hacer ante el discurso de don Zenón Jiménez- Ridruejo es que yo creía que aquí veníamos a tratar el Proyecto de Ley de Cajas, a través del texto articulado que alternativamente usted proponía; pero no ha sido así. Y, entonces, resulta que aquí de lo que se ha hablado es de si el Consejero ha dicho, de si el Consejero opinó, de si por qué el Consejero no hizo, o de por qué el Consejero dejó de hacer. Sinceramente, don Zenón, me lo ha puesto usted, en este caso, fácil, fácil, fácil. Porque no ha hecho usted más que hablar de forma directa, con respecto a opiniones, pensamientos, actitudes, situaciones, del Consejero de Economía. Y eso va a quedar ahí, en el Diario de Sesiones, y eso se va a poder leer, y van a poder decir, cualquiera que nos suceda en estas Cortes y en este Hemiciclo: don Zenón aquel día se fue más a por el Consejero y olvidó el Proyecto de Ley de Cajas. Esto es lo que verdaderamente usted ha transmitido en su discurso.

Pero, mire usted, yo no puedo por menos, no puedo por menos, de señalarle que su aportación -y esto es inusual y no corriente- en este tema ha sido escasa. Yo, prácticamente, diría que usted se ha limitado a transcribir, como no podía ser menos, en ese texto alternativo el anterior proyecto que hoy ya no existe, puesto que ha sido retirado. Y, a partir de ahí, construye usted su discurso no respecto al proyecto actual, sino, simplemente, respecto al Consejero, porque tampoco ha defendido usted, en mi opinión, su texto alternativo. Fíjese usted si me lo ha puesto fácil, y con esto no quiero decir que usted sea culpable, que usted no es un culpable al que yo tenga que defender, por supuesto.

La transcripción, además, Señorías -léanlo ustedes-, que se hace es incompleta, es decir, se ha cortado por donde se ha querido; y eso usted no me lo puede negar, don Zenón. Además, existen dudas razonables para que, por ejemplo, algo que usted mantiene -y no quiero equivocarme- con respecto, por ejemplo, a la inclusión de terceras personas no consejeros generales, usted sabe que prácticamente está considerado como una ilegalidad; usted lo sabe y usted lo mantiene. Por si no lo sabe, ya le facilitaré a usted los datos. No me extraña porque, claro, como ha profundizado usted poco, poco sabe usted de este tema.

Pero, mire usted, le decía anteriormente que usted me lo había puesto bastante fácil, porque, por ejemplo, por ejemplo, trata usted, en su texto articulado alternativo, concretamente, de señalar unos plazos en las Corporaciones Municipales, y eso es contradictorio con la Exposición de Motivos, ya que lo llevan esos plazos a seis meses después de las Elecciones... Sí; yo, por lo menos, en el texto que tengo aquí, creo que así es.

Por otra parte, le señalo a usted que su texto alternativo también está equivocado, porque ya no hace falta el régimen específico para Caja de Salamanca y Soria, por la sencilla razón de que el proceso de elección en Caja Salamanca y Soria ya se ha culminado. Pero, como no se ha cuidado usted de acomodar su texto legislativo alternativo a la realidad actual, ha cometido usted esos livianos errores que, en definitiva, tampoco conducen a nada.

Pero mire usted, don Zenón, sí que le señalo lo siguiente: usted nos ha manifestado, en esta tribuna, hace escasísimos minutos, que usted desconfía profundamente, por la falta de capacidad del Partido Popular para ganar unas elecciones en las Cajas. Yo de desconfianza, con respecto al PSOE, de verdad que prefiero no hablar, porque quien hoy confíe en el PSOE lo tiene bastante oscuro.

Yo creí, don Zenón, yo creí, don Zenón, que aquí veníamos a hablar de si había un principio de democratización o no, por ejemplo, en la inclusión en el Proyecto de Ley de las Cortes Regionales, para profundizar en este tema, debido -porque así lo entiendo- a que son los máximos representantes del conjunto de los intereses de la Comunidad y, por tanto, la máxima representación democrática del pueblo castellano-leonés. Pero, como no es su proyecto, lógicamente, de eso usted no ha dicho nada. O creí, también, que usted iba a hablar y a decir algo de los nuevos intervalos de representación para cada uno de los grupos, que no debe permitir que ningún grupo individual, ni ningún conjunto de grupos, puedan tener unos intereses comunes. Y eso también es democratización.

O yo creí que venía usted aquí, concretamente, a hablar del criterio de reparto de los Ayuntamientos, que lo ha hecho usted de otra manera. O yo creí que usted iba a decir que el criterio de proporcionalidad era bueno, porque profundizaba más en ese principio de democratización, y no le he oído a usted absolutamente nada. O yo creí que venía usted aquí a decir que los nuevos criterios para determinación de las entidades de interés local... de interés general, perdón, mejoraban el nivel de profesionalización; pero tampoco dice nada, porque ese no es su proyecto. Usted ha venido aquí a defender lo que realmente considera bueno, porque estaba consensuado. Pero usted considera malo, per sé, lo que todavía no ha sido debatido.

Y, por supuesto, lamento muchísimo, también, que usted no haya recogido -o, por lo menos, no lo ha manifestado en su primera intervención; sin duda lo va a hacer a continuación-, no haya usted recogido la oferta de diálogo que el Consejero ha hecho, la oferta de diálogo que ha hecho este Procurador, y que esa oferta de diálogo usted sabe y le consta que no es una oferta vana, y que no es una oferta para la galería, y que queremos, realmente, mejorar el texto. Y yo creo que con su ayuda lo podemos conseguir, siempre y cuando no se empecine usted en defender lo que no se puede defender, que es el texto alternativo que hoy nos ocupa.

(-p.2185-)

Poco más cabe señalar de su discurso, porque tampoco voy a adjetivar, en absoluto, y me merece usted el suficiente respeto para no hacerlo. Pero usted conoce mucho mejor que yo, don Zenón, porque usted ha intervenido en los procesos electorales de alguna Caja, el funcionamiento de las Cajas. Pero, realmente, en la Ponencia, usted nos tendrá que explicar si los argumentos que trae este Proyecto de Ley, esos argumentos son buenos o no son buenos.

Esa oferta, tómela usted como quiera; no como debilidad, por supuesto, del Grupo Parlamentario Popular, sino como un acercamiento, que es lo que se desea, tanto por el Consejero de Economía, para que la Ley salga lo más consensuada posible; pero, por supuesto, dentro -como no puede ser menos, y lo he dicho antes- de la concepción política que cada uno tenemos y que nosotros respetamos la de usted, como usted, sin duda, respeta la nuestra.

Don Zenón Jiménez-Ridruejo, yo no sé si los mejores negociadores son el señor Lucas o el señor Quijano; son buenos negociadores. Usted también es buen negociador. Pero no se empecine usted en temas que prácticamente -da la impresión- entra usted en la crítica personal más que en la crítica política.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMACOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para turno de réplica, señor Jiménez-Ridruejo.

JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO

EL SEÑOR JIMENEZ-RIDRUEJO AYUSO: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias también al señor Aguilar. Gracias.

Está usted, al menos en esta ocasión, en un error. Yo creo que no se ha leído bien los dos proyectos. Yo no tenía por qué defender el proyecto alternativo que presentamos, porque, en lo que tiene de racionalización electoral, que es lo que era, ya está contenido en el proyecto de ustedes. ¿Por qué voy a tener que defenderlo, si está contenido en el Proyecto de ustedes? Es que ustedes, además de un proceso de racionalización electoral, han ido más allá: han ido a buscar alguna ventaja política. Y es eso a lo que yo he hecho alusión. Pero no quiero empecinarme en esto, porque intento ser lo más positivo en este tema; siempre lo he intentado.

Porque mi Grupo, que no mi persona, señor Aguilar, mi Grupo entiende que las Cortes de Castilla y León pueden representar, pueden garantizar, correcta y coherentemente, los intereses generales de la Región. Pero, si lo hacen, tendremos que quitar la representación de aquellos a los que ahora les otorgamos los intereses generales. Si en este momento los colegios profesionales, si en este momento las Universidades están defendiendo los intereses generales de la Región, no habrá ningún obstáculo, pienso yo, aceptando por nuestra parte, en aras de ese consenso, de ese entendimiento, de esa colaboración, el que estas Cortes asuman una cierta representación de los intereses generales con el 15%, reduzcan ustedes la representación de lo que hasta hoy eran las entidades que representaban intereses generales y que tenían en torno al 10% en el primer Proyecto de Ley, que no en el suyo, al que le dotan otro 10%. Hagamos, por lo tanto, una reducción equivalente de la representación de las entidades de interés general, esas que usted ha dicho que no tienen ideología. Ahí se separa usted del sentido común. Ese es un planteamiento cuasi totalitario. Todo el mundo tiene ideología, inclusive los Colegios Profesionales y las Universidades; si se lo diré yo. ¿O cree usted que en las Universidades no compiten la derecha y la izquierda? Pues sí, compiten, y a los dientes, como aquí.

Tomemos en cuenta la posibilidad, tomemos en cuenta la posibilidad de que, cediendo nosotros en el tema fundamental de las Cortes Generales como garantes de los intereses generales, cedan ustedes en que ninguna otra Institución tenga la representación de intereses generales. Proporcionemos a las Cortes ese 15% a costa del 10% de lo que hasta hoy son los intereses generales representados por la Universidad, fundamentalmente; y el resto, el 5% restante cubrámoslo de común acuerdo, haciendo el mínimo daño a la representación del resto de los grupos. Racionalicemos el procedimiento.

Si ustedes aceptan lo que nosotros entendemos que es una propuesta razonable, entonces se habrá corroborado que están ustedes a favor del consenso y que, más allá de la retórica parlamentaria, están ustedes dispuestos a colaborar con los demás Grupos parlamentarios.

Todo esto se puede perfectamente negociar en el seno de la Ponencia y de la Comisión. Pero queremos que de alguna manera manifieste usted su voluntad de diálogo, manifiesten ustedes, señores de la Junta, su voluntad de diálogo, porque, de otra manera, lamentablemente, habríamos perdido una gran oportunidad.

Y como yo soy de los que opina -y termino- que hay que darle oportunidad a los hombres de la tierra, y que conviene, de alguna manera, poner una cita correcta y afortunada al final de este discurso del Grupo Parlamentario Socialista, para hacer un digno y adecuado remate, en lo que a nosotros respecta, de este debate, quería traer a colación las palabras de nuestro Portavoz, el señor Quijano, hace cinco años y medio. Dijo entonces y dice ahora el señor Quijano: "Finalmente, creo que, en todo caso, lo que debo pedir a la Junta en este tema es, entonces, que se asuman las iniciativas que deben asumirse, y, desde luego, que se abra un proceso con las garantías suficientes para llegar a un texto estable, que sólo lo será si es consensuado por todos los Grupos Parlamentarios".

(-p.2186-)

Les adelanto que mi Grupo se brinda plenamente a ese objetivo, en el que tienen que participar, sin duda, los Grupos Políticos, pero también la Federación Regional de Municipios y Provincias, las organizaciones sindicales, las organizaciones patronales y las propias Cajas. Proceso, pues, en el que se haga lo que justamente no se ha hecho con esta Ley, y quiero que se comprometan en este proceso. Ese es un profeta en nuestra tierra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de dúplica, señor Aguilar, tiene la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente consumir el turno señalando a don Zenón Jiménez-Ridruejo, y al Grupo que él representa como Portavoz en estos momentos, algo muy simple, y es que entiende este Portavoz que nunca hay ventajas políticas cuando lo que se está consagrando en un Proyecto de Ley es un principio de proporcionalidad.

Gracias le manifiesto a usted desde esta Tribuna, por convenir con nuestro Grupo también en que las Cortes de Castilla y León pueden ser los representantes de la sociedad de esta Comunidad.

La oferta que usted nos ha hecho, de asunción por estas Cortes de algún porcentaje de las entidades de interés general, yo le prometo a usted que no cae en saco roto, y así se lo digo ante el Pleno en esta mañana. Pero tiene usted que comprender, como no puede ser menos, que no puedo asumir, porque sería impropio, una decisión que ha de ser tomada después de una reflexión oportuna, que ha de ser tomada colegiadamente, dentro del Grupo, dentro de los miembros de la Comisión y con el parecer de todos, porque así es cómo hay que tomar una decisión de hondo calado como la que usted propone, aunque bien es cierto que no me apeo de considerar a las entidades de interés general como las genuinas representantes de la sociedad civil. Perdone usted, yo soy hombre de buena fe, y usted también es hombre de buena fe, y yo le digo a usted que habrá colores y habrá disputas, pero que, realmente, eso enriquece, eso enriquece y que, ciertamente, profesionaliza mejor.

Voy a hacer, se lo prometo, el máximo esfuerzo, créanoslo, no como mera retórica parlamentaria, igual que lo vamos a hacer el máximo esfuerzo en el tema del comité de empresa, o en el tema de cualquier otra incompatibilidad que pueda aparecer en estos momentos en el Proyecto de Ley. Pero, en estos momentos, comprendan que nada más puedo decir: creo que hemos convenido en algo positivo en esta mañana quiénes hemos subido a esta Tribuna con un sentido constructivo, y es que los dos Grupos principales representados en esta Cámara y, por supuesto, también los Grupos minoritarios, deseamos establecer un diálogo sincero para conseguir la mejor ley, y, desde este momento digo, sin que prime la ideología política de nadie. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿Alguno de los Grupos que no ha intervenido en el debate desea consumir turno para fijar posiciones? ¿No? Gracias, pasamos, entonces, a someter a votación la Enmienda de Totalidad del Grupo Socialista que proponía un nuevo texto alternativo al Proyecto de Ley de Modificación de Cajas de Ahorro.

¿Votos a favor de la Enmienda? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cinco. A favor: treinta y tres. En contra: cuarenta y dos. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda rechazada esta Enmienda que acaba de ser debatida.

Ruego al Secretario dé lectura al séptimo y último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ): Séptimo punto del Orden del Día: "Ratificación de los miembros del Consejo Asesor de Radiotelevisión Española en Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego dé lectura, así mismo, al escrito del Grupo Parlamentario Popular relativo a esta sustitución.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AMILIVIA GONZALEZ): "Habiendo presentado su dimisión como miembros del Consejo Asesor de Radiotetevisión en Castilla y León don Pedro García Romera y don Eloy de la Pisa, cargo para el que fueron nombrados por el Pleno de esta Cámara, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, ruego a V.E. ordene la inclusión en el próximo Pleno de un punto en el Orden del Día, para proceder a la sustitución por don José Luis Calzada Picón y don Elías Arribas Aragoneses".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor. Silencio. El Pleno debe ratificar la propuesta. ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba, y se levanta la sesión. Gracias