DS(C) nº 132/4 del 10/9/1996

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Sí, muchas gracias, señor Presidente. Doña Isabel Jiménez sustituye a don Vicente Jiménez Dávila.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Señor Jaime González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, muchas gracias. Don José María Crespo sustituye a Octavio Granado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Por el señor Secretario se dará lectura al primer y único punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia de la Excelentísima señora Consejera de Economía y Hacienda, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Mixto, de Izquierda Unida y Socialista, para informar a la Comisión sobre contenido de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada para el día veintitrés de julio, propuestas formuladas por la Junta de Castilla y León, así como posición de la Junta de Castilla y León ante las propuestas formuladas desde otras instancias en el seno del Consejo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra la señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Muchas gracias, Presidente. Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León -como muy bien ha dicho el Secretario de la Comisión- para ofrecer la información solicitada por los Grupos políticos Socialista, Izquierda Unida y Grupo Mixto, en relación al contenido de la reunión de Política Fiscal y Financiera convocada para el veintitrés de julio, así como la postura de la Junta de Castilla y León ante las propuestas formuladas desde las instancias en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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Esta comparecencia de carácter extraordinario viene a significar un paso más en la clarificación de la postura de la Junta de Castilla y León sobre la cuestión que nos ha reunido en esta Comisión. De esta forma, se sigue avanzando -como es el deseo del Gobierno de Castilla y León- en la transparencia de un tema tan importante como es la financiación autonómica, aunque es un asunto ya debatido en las Cortes y sobre el que ha habido una negociación institucional entre representantes de los Grupos políticos y la Consejería de Economía y Hacienda, en representación de la Junta de Castilla y León.

Sin más preámbulos, paso a informar a Sus Señorías del contenido del documento, que ha sido remitido a todos los Grupos Parlamentarios.

El documento presentado por escrito de la Junta de Castilla y León ante el Ministerio consta, fundamentalmente, de cinco partes: uno, conclusiones sobre la financiación anterior, período noventa y dos-noventa y seis, donde se hace una reflexión y una censura del sistema que ahora termina; propuestas sobre el nuevo sistema de financiación para el período mil novecientos noventa y siete-dos mil uno, sobre el sistema de financiación global en su conjunto; tercero, propuestas sobre el modelo específico de corresponsabilidad fiscal; cuarto, propuestas sobre los fondos de desarrollo; y quinto, propuestas sobre el nuevo escenario de consolidación presupuestaria.

Respecto a las conclusiones sobre el sistema de financiación anterior, es decir, el período mil novecientos noventa y dos-mil novecientos noventa y seis, el modelo de financiación que se ha venido aplicando durante el período mil novecientos noventa y dos-noventa y seis ha sido una continuidad respecto del anterior, que supuso un cambio cualitativo, al modificarse el criterio del coste efectivo de los servicios transferidos por el sistema de reparto, en base a criterios sociodemográficos de los recursos disponibles.

Las principales críticas que se pueden realizar al sistema actualmente vigente se centran en la falta de equilibrio en lo que se refiere a la desigual capacidad de gestión de los ingresos y de los gastos. Las Administraciones Regionales han tenido durante sus quince años de vida una gran capacidad para decidir autónomamente su voluntad de gasto y sus prioridades del mismo, sin embargo no han tenido capacidad para decidir la estructura de ingresos, aplicando una política fiscal diferenciada, en función de las diferentes concepciones políticas de la actividad pública.

En definitiva, como definen diversos autores, las Comunidades Autónomas han capitalizado los beneficios derivados de las políticas de gasto, sin tener que sufrir el coste de la apelación directa al contribuyente, salvo en casos muy concretos -como los tributos cedidos-, con una débil capacidad recaudatoria y sin autonomía normativa.

Al lado de esta deficiencia se pueden señalar otras cuestiones más prácticas, que también deben ser objeto de revisión en el nuevo modelo de financiación.

Primero. El reparto de los recursos disponibles de financiación incondicionada se ha realizado con criterios en los que ha prevalecido la población, tanto en las Comunidades del Artículo 143, como -en mayor medida- para las Comunidades del 151. Esta circunstancia ha supuesto importantes desigualdades entre el volumen de recursos disponibles y el coste en el que deben incurrir las Comunidades para la correcta prestación de los servicios que tienen asumidos.

Dos. El actual modelo contenía una cláusula de salvaguarda que preveía la modificación de la participación en los ingresos del Estado, en el supuesto de que se produjera una merma en la recaudación de los tributos cedidos derivada de la modificación de las normas que los regulan por parte de la Administración Central. Esta merma ha provocado que, mientras la PIE se ha incrementado, como media, un 25% en el período considerado, la recaudación por tributos cedidos del conjunto de las Comunidades apenas se haya incrementado un 19%. Esta circunstancia permite realizar una primera evaluación de la pérdida financiera global en unos 170.000 millones de pesetas, evaluación que debe ser depurada, en colaboración con el resto de las Comunidades y de la propia Administración Central.

Tres. Como fuente de financiación complementaria, la Constitución y la propia LOFCA prevén la dotación de un Fondo de Compensación Interterritorial, el cual debe de proveer de fondos a las Comunidades con un menor nivel de desarrollo económico, con el fin de facilitar la realización de inversiones para reducir los desequilibrios territoriales. Sin embargo, la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial se ha mantenido constante durante los últimos cinco años, y, además, su distribución entre Comunidades se ha realizado en función de criterios en los que vuelve a prevalecer la población, cuando las condiciones objetivas de desarrollo poco o nada tienen que ver con el número de habitantes y sí con el grado de dispersión poblacional.

Cuatro. Por otra parte, la integración de España en la Unión Europea ha proporcionado importantes volúmenes de financiación al conjunto del Estado, a través de los Fondos Estructurales, cuyo objetivo es también eliminar las diferencias de desarrollo económico que presentan los distintos territorios de la Unión. En este aspecto, es criticable que su reparto entre las distintas regiones del Estado Español no permite reducir esos desequilibrios, sino, en muchos casos, incrementarlos, al destinarse a financiar proyectos que incrementan el nivel de infraestructuras en áreas con un importante nivel de desarrollo.

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Finalmente, también debe ser objeto de crítica el reparto de la capacidad de endeudamiento de las Administraciones Públicas entre las distintas Comunidades, ya que el mismo obedece a criterios de oportunidad y de mantenimiento del endeudamiento histórico, y no a criterios de necesidades de inversiones ni del grado de solvencia que ofrece cada Comunidad.

Por ello, a partir de este momento nos vamos a centrar en exponer las sugerencias que la Comunidad de Castilla y León realiza al diseño del nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas para el período mil novecientos noventa y siete-dos mil uno.

Las propuestas sobre el nuevo sistema de financiación para el período mil novecientos noventa y siete-dos mil uno, en conjunto, de toda la financiación son las siguientes.

Primero, año base. El modelo toma como año base el de mil novecientos noventa y seis, por ser el anterior a la aplicación del nuevo modelo. Sin embargo, en el anterior modelo, mil novecientos noventa y dos-noventa y seis, se tomó como base el del año noventa, año del que en ese momento se disponía de información fidedigna y suficientemente contrastada. Castilla y León considera que para el nuevo período también debemos de partir de un año del que dispongamos de datos ciertos y no de meras estimaciones. Además, al incluir el nuevo concepto de corresponsabilidad fiscal, la consideración de un año u otro como base, si no se introducen los elementos de ajuste, no es neutral, ya que de ello se va a derivar cuál es el volumen de financiación que queda como PIE.

En nuestras estimaciones, consideramos que, debido a la relación entre el IRPF y la evolución de la economía regional, la cuota líquida del IRPF puede crecer en mil novecientos noventa y seis a un ritmo superior a la media nacional, mientras que en mil novecientos noventa y siete este crecimiento puede ser menor, lo cual puede provocar unos menores recursos, cuantificados en unos 6.000 millones de pesetas. Ante estas previsiones, realizamos las siguientes propuestas alternativas:

A) Considerar como año base mil novecientos noventa y seis, pero tomando la cuota líquida del IRPF declarada en mil novecientos noventa y seis, que es la que corresponde a mil novecientos noventa y cinco.

Dos. Considerar como base el criterio de caja, de acuerdo con la recaudación efectiva del IRPF del ejercicio de mil novecientos noventa y seis, lo que equivale a la cuota diferencial de mil novecientos noventa y cinco y a los ingresos a cuenta de mil novecientos noventa y seis.

Y tres. Aplicar la propuesta que incluimos en el apartado 3.1.2, sobre la que luego hablaré, al hablar de la diferente base imponible declarada por el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Cualquiera de estos criterios, con nuestros datos y los números en la mano, los consideramos correctos y suficientemente viables para los aspectos de nuestra Comunidad.

Dos. Tomamos como partida la financiación del año base y, en este sentido, diferenciamos:

Recursos derivados del actual sistema de corresponsabilidad fiscal. El documento presentado por la Administración Central en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al señalar los rasgos que van a caracterizar el nuevo modelo de financiación, especifica que las reglas de suficiencia dinámica del sistema van a significar el mantenimiento del flujo de recursos en términos relativos, respecto a los derivados del método del quinquenio todavía vigente. Sin embargo, al desarrollar exhaustivamente los recursos financieros del año base, se observa que no tiene en cuenta los derivados de la participación en el 15% del esfuerzo fiscal del IRPF que corresponde a cada Comunidad en el año base, por lo que estimamos que sería necesario incorporar estos recursos de forma que se integraran de manera efectiva en la PIE.

En el otro apartado contemplamos la compensación por las modificaciones normativas de los tributos cedidos. Como se ha señalado en el apartado de conclusiones sobre el actual modelo, durante los últimos años se han producido importantes modificaciones de la normativa reguladora de los tributos cedidos, que afecta a los conceptos de hechos imponibles, exenciones, supuestos de no sujeción, etcétera, que han provocado importantes reducciones de la capacidad recaudatoria de los tributos, sin que se haya reflejado en una revisión de la participación en los ingresos del Estado. Castilla y León propone que se evalúe adecuadamente esta disminución de la capacidad recaudatoria y se incremente en la financiación inicial del año base.

Ajustes para homogeneizar los niveles competenciales de las distintas Comunidades Autónomas. La correcta determinación de la financiación inicial en el año base exige que se determine la financiación para el mismo nivel de competencias entre las Comunidades, por lo que se deberían de tener en cuenta las competencias que se han asumido durante mil novecientos noventa y seis, en pesetas del año base.

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El tercer punto que tocamos es la revisión de las variables de distribución de los recursos y su ponderación. Los criterios de distribución de recursos que se utilizan en el actual modelo presentan -a juicio de esta Comunidad- importantes factores de desequilibrio, derivados del importante peso que la variable población tiene en el reparto: 64% para las Comunidades del 143 y el 94 en las del 151. Es evidente que un volumen muy importante de las funciones ejercidas por las Comunidades del Artículo 143 poco o nada tiene que ver con el número de habitantes, y sí más con el territorio, con su articulación y vertebración, con las infraestructuras, etcétera, funciones en las que las variables superficie y, sobre todo, dispersión de la población en la superficie, es un factor que incrementa sustancialmente el coste en el que debe de incurrir la Administración para prestar el servicio. Por ello, Castilla y León propone que se modifiquen las ponderaciones de cada variable, incrementando el peso de la variable dispersión y reduciendo el peso en la misma cuantía de la variable población, tratando de buscar una correlación entre la financiación obtenida para competencias comunes con el inverso de la densidad de la población.

En el supuesto de que se redistribuya la financiación inicial en función de los valores actuales de las diferentes variables, el modelo debía prever la incorporación de unos mínimos de incremento similares a los previstos en el modelo de mil novecientos noventa y dos, con el fin de que no se incrementen las diferencias entre Comunidades y que ninguna Comunidad vea disminuida su financiación.

El cuarto punto que tocamos son los criterios de evolución de la participación en los ingresos del Estado. El modelo desarrollado mantiene el concepto de la participación en los ingresos del Estado, cuya cuantía será igual a la financiación inicial del año base menos la recaudación normativa por tributos cedidos y menos la financiación obtenida de la participación en el IRPF.

El documento presentado no define el funcionamiento de los criterios de su evolución, pero sí define los conceptos a utilizar, que son los actuales ITAE (Ingresos Tributarios Ajustados Estructuralmente), el PIB nominal y gasto equivalente del Estado, y pretenden incluir, además, el IPC. A este respecto, Castilla y León propone mantener los criterios de evolución y de prevalencia establecidos en el modelo actual, ya que se considera que entran dentro de lo razonable. Sin embargo, no parece conveniente incluir el IPC, dado que su inclusión no parece suficientemente razonada desde un punto de vista económico, sino más bien parece que se pretende reducir el crecimiento anual de la financiación, ya que, al estar incluido el IPC en el resto de variables, implícitamente estaríamos reduciendo el volumen de recursos.

Otra posibilidad es que el IPC actúe como garantía de un crecimiento mínimo de los gastos equivalentes. Sin embargo, esta alternativa únicamente sería aplicable cuando los Ingresos Tributarios Ajustados Estructuralmente se redujeran sensiblemente por una reducción de la presión fiscal y, a la vez, se aplicara una política restrictiva del gasto público, con crecimientos inferiores a la inflación anual, escenario que no parece que entre dentro de los planes inmediatos.

Quinto punto que tocamos es en la cláusula de salvaguardia, respecto de todos los tributos. El artículo 13.3 de la LOFCA establece que el porcentaje de participación podrá ser objeto de modificación cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado. Durante los próximos años podemos asistir a modificaciones importantes en la estructura impositiva del Estado, que puede derivar en modificaciones de la capacidad recaudatoria, tanto de los tributos cedidos como de los impuestos sobre los que gire la corresponsabilidad fiscal. Por ello proponemos que se incluya una cláusula de salvaguarda con el fin de aplicarla cuando se den los supuestos previstos en el mismo. Lógicamente, el acceso a la capacidad normativa tributaria por parte de las Comunidades Autónomas resolverá en parte esta cuestión.

El punto seis que tratamos es el fondo de nivelación, el modelo debe de prever un sistema de equilibrio entre las competencias que tiene que ejercer una Comunidad y los recursos financieros de que dispone para prestarlos, de forma que su prestación sea equiparable en todo el territorio del Estado. Para ello, se considera imprescindible que el acuerdo para mil novecientos noventa y siete-dos mil uno avance sustancialmente en el diseño de las prestaciones de nivelación; y, en este sentido, el Consejo debe ponderar entre la oportunidad de no llegar a elaborar nunca un modelo de análisis de coste muy perfecto o el definir criterios genéricos de suficiencia que debe de respetar el sistema de financiación para su aplicación de forma inmediata. A este respecto se solicita una primera valoración de la cuantía global de las asignaciones de nivelación que podría distribuirse a partir de mil novecientos noventa y siete, si en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera se alcanza un acuerdo sobre los criterios de reparto entre las Comunidades Autónomas. Este fondo contribuiría a la disminución de las deficiencias de servicios, equipamientos e infraestructuras de las Comunidades Autónomas derivadas de aspectos estructurales e históricos. En esta misma dirección, las inversiones públicas del Estado en las Comunidades podrían coadyuvar a la disminución de las mencionadas deficiencias.

Paso ahora a hablar de las propuestas sobre el modelo de corresponsabilidad expresamente.

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La primera novedad del nuevo modelo de financiación reside en incluir la aplicación efectiva de la corresponsabilidad fiscal entre Administraciones, de forma que tanto la Central como las Autonómicas tengan capacidad para definir su propia política fiscal. A este respecto, por más que se pueda hablar teóricamente de qué se entiende por corresponsabilidad fiscal, objetivamente la corresponsabilidad fiscal significa corresponsabilizarse en la gestión y tener posibilidad de definir la política fiscal dentro de un territorio. La corresponsabilidad no se debe circunscribir, únicamente, a vincular la evolución de los recursos de las Comunidades a la evolución de la recaudación fiscal en su propio territorio, sino que exige la aplicación de una política fiscal diferenciada; para lo cual es imprescindible la participación en la planificación y gestión de los impuestos y disponer de capacidad normativa, pero todo ello dentro de un marco de coordinación, cooperación y colaboración entre todas las Administraciones, para cumplir el requisito constitucional de no poner obstáculos a la libre circulación de mercancías, pero tampoco a la libre circulación de personas.

El modelo de corresponsabilidad diseñado por el Gobierno en torno a una participación en el IRPF como punto de partida nos parece correcto -no como punto de llegada, de partida, subrayo-, aunque exige incluir ciertos elementos de ajuste que nos parecen muy importantes.

El primero de ellos: neutralidad del modelo de corresponsabilidad fiscal. La aplicación de cualquier modelo efectivo de corresponsabilidad fiscal implica que un porcentaje de los ingresos incondicionados de las Comunidades Autónomas quedan ligados a la evolución de los impuestos sobre los que verse la corresponsabilidad. Con lo cual, su aplicación va a provocar que la senda de evolución de la financiación de las Comunidades sea diferente, de tal forma que se incrementará más en aquellas en que el impuesto experimente un mayor crecimiento, y crecerá menos, o incluso podría disminuir, en las demás. Sin embargo, las diferencias de financiación que se produzcan entre Comunidades deben tener su origen única y exclusivamente en este motivo y no en los defectos estructurales con los que se diseñe el modelo inicialmente que impidan su neutralidad.

Los principales defectos observados sobre el diferente grado de autonomía financiera al que acceden las diferentes Comunidades, y el diferente grado de base imponible declarada entre Comunidades, son los que hemos encontrado en el estudio de este documento, aspectos que vamos a analizar a continuación.

Respecto del diferente grado de autonomía fiscal, el modelo de corresponsabilidad debe de buscar y garantizar que el grado de autonomía financiera, derivado de los ingresos fiscales, sea igual en todas las Comunidades; ya que si no se establecería una discriminación a favor de aquellas Comunidades con un mayor grado de autonomía. Este equilibrio también garantizaría un desarrollo armónico del conjunto del Estado, al asumir todas las Comunidades Autónomas un mismo nivel de riesgo y de beneficio en la evolución de sus ingresos. Una alternativa al diferente grado de autonomía financiera sería prever un sistema de evolución de la PIE ligado a la evolución de la recaudación tributaria, bien en el conjunto del Estado o de cada Comunidad. Sin embargo, esta alternativa no parece lo suficientemente favorable, porque lo que nos pronunciamos a favor de que la PIE mantenga similares criterios de evolución a los actualmente establecidos, para así garantizar una evolución más diversificada de los recursos. Con lo cual, la alternativa posible sería garantizar una evolución de los ingresos derivados del IRPF igual al noventa o noventa y cinco por ciento de la media de crecimiento de recaudación en las quince Comunidades de régimen común, así como una financiación mínima de garantía.

Respecto al diferente grado de base imponible declarada, analizando la relación entre la base imponible del IRPF de cada Comunidad y el PIB regional, se observa que como punto de partida existen grandes diferencias entre Comunidades. Así, con datos de mil novecientos noventa y cuatro -último del que se dispone de datos ciertos-, la media de las quince Comunidades de régimen común alcanza un 47%; en Castilla y León llega al 49,6%. Este diferente grado de aplicación del impuesto en el año base, se convierte en un elemento de desequilibrio futuro, ya que como señala el propio documento, el incremento de ingresos fiscales en los próximos años debe tener su origen en la mejora de la gestión y en la lucha contra el fraude, y no en el incremento de las tarifas. En definitiva, nos vamos a encontrar con que las Comunidades con un menor nivel de base imponible declarada sobre PIB regional tendrán mayor capacidad de incrementar sus recursos que una Comunidad con mayor nivel de base imponible declarada en estos momentos. Por ello, Castilla y León propone que para determinar en el año base el importe que corresponde al IRPF y, por tanto, lo que se integra como PIE, se parta de una base imponible normativa en función del PIB regional, sobre la cual se aplicaría el tipo de gravamen medio de cada región para definir la cuota líquida normativa.

La base imponible normativa podría ser la siguiente: para aquellas Comunidades en las que la base imponible declarada sobre el PIB regional sea superior a la media, el resultado de aplicar al PIB regional la ratio media nacional. Para aquellas Comunidades con una ratio inferior a la media, la base imponible real. Esta modificación también puede solucionar el problema planteado al hablar del año base, cuando dábamos las tres alternativas, en una de ellas me remitía a una página posterior del documento.

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En cuanto a la base para determinar el importe de la corresponsabilidad fiscal, la definición de la base de cálculo para determinar la parte territorializada del IRPF no parece muy clara en el documento, al no hablar ni de cuota líquida ni de recaudación, con lo que puede dar lugar a discrepancias posteriores sobre el alcance del concepto. Castilla y León considera que el concepto sobre el que debe de girar la corresponsabilidad fiscal es el de cuotas líquidas declaradas por los residentes en el territorio, ya que, en otro caso, podrían producirse graves divergencias derivadas de la diferencia entre el domicilio fiscal de las empresas donde éstas ingresan las retenciones y la residencia de los trabajadores. De los datos que dispone la Consejería, referidos a mil novecientos noventa y cuatro, se desprende que la cuota líquida declarada en Castilla y León ascendió a 268.417 millones de pesetas, mientras que la recaudación efectiva -entendiendo por tal, retenciones más pagos fraccionados, más pagos a cuenta y la cuota diferencial- fue de 185.248 millones.

Trato, a continuación, la aplicación del modelo de corresponsabilidad, que en el documento no especifica la aplicación efectiva del modelo de corresponsabilidad en lo que se refiere a la denominada participación en los ingresos del IRPF ni en los siguientes aspectos:

Primero, la definición de la distribución territorial del impuesto; segundo, la periodicidad y automatismo de los ingresos en las Comunidades; y las variaciones del grado de corresponsabilidad.

Por lo que hace referencia a la definición de la distribución territorial del impuesto, la aprobación del sistema de corresponsabilidad debe de ir acompañada de una modificación legislativa que defina claramente el concepto de domicilio fiscal de los contribuyentes, para ligarle al domicilio real, con el fin de que aporte sus recursos tributarios a la Administración que realmente le presta los servicios; esta definición debe de ir acompañada de una gestión y control eficaz posterior para evitar conductas que eludan esta obligación.

Respecto a la periodicidad y automatismo en los ingresos de las Comunidades, Castilla y León considera que la Administración Central debe mantener en exclusiva la gestión del IRPF, con los mecanismos adecuados de dirección, coordinación y control por parte de las Comunidades Autónomas, pero también debe garantizar que las Comunidades reciban los ingresos con una cierta periodicidad y automatismo, con el fin de no provocar tensiones innecesarias de tesorería o incrementar los gastos financieros de las Comunidades. Por ello, Castilla y León propone que la Administración Central garantice que la Comunidad reciba un ingreso regular y periódico que le permita obtener un porcentaje próximo al 100% de la recaudación obtenida por la Comunidad en el ejercicio anterior, ajustada por las modificaciones experimentadas en la tarifa del IRPF y en el porcentaje que resulte de aplicar las retenciones y pagos a cuenta de este impuesto.

Respecto a las variaciones del grado de corresponsabilidad, en el documento se señala que las tarifas del impuesto se dividirán en dos: una de competencia estatal, que supondrá el 85%; y la otra, del 15%, que será competencia de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, no queda claro qué sucede en los años siguientes.

Castilla y León considera que estos porcentajes no tienen por qué mantenerse constantes, así, por ejemplo, partiendo de un tipo gravamen medio del 20%, si se produce la distribución inicial en el año base, a la Administración Central le correspondería un tipo de gravamen del 17%, mientras que a la Comunidad Autónoma le quedaría el 3%. Si en el año siguiente la Administración Central decide reducir las tarifas en dos puntos porcentuales, y la Comunidad Autónoma mantenerlo, la distribución sería: la Administración Central el 15% y la Comunidad Autónoma un 3%, que supone más del 15% del tipo de gravamen total para este ejercicio.

Por ello, Castilla y León propone que se defina de forma clara cuándo, en qué condiciones y con qué amplitud se va a aplicar la participación en los ingresos del IRPF; que el documento prevea claramente la libre actuación de la Administración Central y de las Comunidades Autónomas para variar autónomamente sus tipos de gravamen, aclarando si existe algún límite al tipo de gravamen conjunto, y que el documento prevea que las Comunidades tendrán derecho a recibir unos ingresos a cuenta de la liquidación final, aplicando un porcentaje próximo al 100% sobre el total ingresos del año anterior ajustado por la modificación y el tipo de gravamen.

Por otra parte, tratamos también la financiación mínima de garantía en la que se solicita el establecimiento de una financiación de garantía que asegure que cada Comunidad Autónoma... para cada Comunidad Autónoma -perdón- la percepción de los recursos derivados de la aplicación del actual sistema, al objeto de evitar que el avance en corresponsabilidad fiscal pudiera causar graves perjuicios financieros a alguna Comunidad.

Respecto del grado de corresponsabilidad, se considera oportuno incluir en el documento la posibilidad de que las Comunidades Autónomas que lo soliciten accedan, si su volumen de PIE lo permite, a una participación en la recaudación del IRPF en su ámbito territorial superior al 15%, con el limite del 30%, independientemente del nivel de competencias asumidas.

Paso ahora a hablar, aunque sea someramente, de los órganos de coordinación y dirección de la Agencia. En el documento se establece la Comisión Mixta de Coordinación de la gestión tributaria, sobre el cual entendemos que debe de tener atribuidas las funciones de dirección del impuesto a nivel estatal, de coordinación de las modificaciones normativas y que tienen que tener atribuida la función de decidir sobre aquellas cuestiones que no se resuelvan en el seno de los Consejos Territoriales de Dirección de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Por lo que respecta a estos Consejos Territoriales de Dirección de la Agencia, la participación de las Comunidades Autónomas y de la Agencia debe de ser paritaria, ya que tienen facultades sobre tributos cedidos y sobre un 30% del IRPF; y hay que tener en cuenta que estos ingresos pueden alcanzar más del 70% del total de financiación incondicionada de la Comunidad Autónoma. Además, entendemos que se debe buscar un sistema de adopción de acuerdos próximo al consenso o a la unanimidad, con lo cual, ante posibles divergencias, se debe de establecer un mínimo de dos tercios de votos favorables para adoptar acuerdos.

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Respecto a las propuestas sobre los Fondos de Desarrollo, y aunque se han hablado de ellas hasta la saciedad, en el documento proponemos incrementar los fondos... la cantidad del Fondo de Compensación Interterritorial, evitando que continúe la congelación registrada en los últimos cinco años, y modificar sus criterios de distribución, incrementando el peso de la variable superficie y dispersión.

Por último, respecto a los Fondos Estructurales y de Cohesión, proponemos incrementar los fondos destinados a Castilla y León procedentes de los fondos europeos y, en especial, del Fondo de Cohesión, con independencia de la Administración encargada de su gestión.

Y sobre el nuevo modelo, el nuevo escenario de consolidación presupuestaria, entendemos que la distribución del déficit entre las Comunidades Autónomas en el nuevo escenario de consolidación que tendremos que negociar el año que viene debe de tener en cuenta las necesidades de eliminar los desequilibrios territoriales y la capacidad de reembolso ofrecida por la Comunidad Autónoma. Esto es todo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Se suspende la sesión durante diez minutos.

(Se suspende la sesión a las once horas cincuenta minutos reanudándose a las doce horas diez minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Reanudamos la sesión. Para formular todas las cuestiones, preguntas que estime conveniente, tiene la palabra el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. La verdad es que yo quisiera todavía mantener la esperanza, después de las reuniones que la deferencia de la señora Consejera ha tenido a bien mantener con los representantes de los Grupos Parlamentarios y, en este caso, la propia comparecencia, pero si no hay más información que la lectura que nos ha hecho Su Señoría del Informe que se nos había remitido, yo tengo que iniciar mi opinión respecto de este asunto como de un fracaso anunciado. Fracaso anunciado por razones, unas de índole ya expresadas por nuestro Grupo Parlamentario, puesto que entendemos se renuncia de antemano a cualquier tipo de alternativa en materia de financiación autonómica que pueda llevarnos a una situación equiparable al resto de las Comunidades Autónomas, bien sea 151 o bien sea quienes tienen ya, o disfrutan, de los conciertos económicos; y que nosotros quisiéramos que esto no pudiera pasar desapercibido, puesto que entendemos que la Administración Central, el Gobierno del Partido Popular, en estos momentos, ha intentado hacer borrón de lo anterior, con su análisis crítico respecto de la financiación de las Comunidades Autónomas en la etapa precedente, y, lógicamente, intentar conseguir un nuevo modelo que tenga una pervivencia en el tiempo como para garantizar que no tengamos que estar con oscilaciones cada periodo legislativo que, lógicamente, no va a ser una buena garantía para las Comunidades Autónomas.

Pues bien, yo lamento tener que decir que, en ese nuevo intento de formulación de modelo diferenciado, primero, ya se renuncia a esa posibilidad de los conciertos económicos solidarios y no hay fuero que valga, puesto que tendríamos que hacer una retrospectiva histórica, y, lógicamente, nosotros tendríamos algo en qué basarnos para apelar a ello. Y, en segundo lugar, lógicamente se renuncia porque de antemano también se había renunciado a lo que -a nuestro juicio- es el obstáculo mayor que tiene esta Comunidad Autónoma: queremos seguir manteniendo el Estatuto de Autonomía tal cual, y alguien está aprovechando las circunstancias de algunas variaciones importantes en los propios Estatutos de Autonomía de algunas Comunidades Autónomas y, lógicamente, en esas fórmulas nuevas que la propia Constitución ha reconocido. Pero hay un mandato, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que -a nuestro juicio- de una forma... pues un tanto atrevida o solapada se viene conculcando; de lo contrario, sería muy poco veraz las críticas que se formulan al anterior mecanismo de financiación, o modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, si resulta que hemos sido perjudicados anteriormente.

Pues bien, cuando se nos da una documentación con apreciaciones específicas del Gobierno Autónomo o Consejería de Economía y Hacienda para trasladar al Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en esa documentación se nos reiteran algunos de los extremos desde el primer momento hasta el presente, sabiendo que Su Señoría como Consejera de Economía y parte del Gobierno Autónomo de Castilla y León ya ha tenido conversaciones con la Administración Central, a través de encuentros con dirigentes del Ministerio de Economía, y además que nos consta también que ha habido participación o comentarios desde las más altas instancias de la Junta de Castilla y León con las más altas instancias del Gobierno Central, el que no se hayan producido variaciones sustanciales desde el primer borrador hasta el borrador presente nos indica que hay escasas esperanzas de que se puedan modificar aspectos sustanciales. Bien es cierto que desde el primer momento hemos podido observar que parece que centran su éxito en la intervención o participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en algunos aspectos que son de interés dentro de su propio modelo, pero que no dejan de ser aspectos menores. Y, si bien es cierto que puede tener trascendencia en el futuro el año base de aplicación y la interpretación que pueda hacerse de la corresponsabilidad fiscal, no es menos cierto que no son esos los elementos sustanciales, como muy bien incluso decía la propia Consejera de Economía anteriormente, cuando hemos tenido la oportunidad de intercambiar opiniones y criterios respecto de esta cuestión.

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No menos cierto es que ayer todavía nos cabía alguna esperanza de que pudieran apreciarse modificaciones, y no vamos a entrar en la discusión de si a última hora se llegó a conclusiones que fueran un poco más próximas a las interpretaciones que desde la Consejería se venían haciendo, desde la Junta de Castilla y León. Pero lo que no es menos cierto es que algunos medios de comunicación hoy siguen insistiendo en que no ha habido, en la práctica, modificaciones sustanciales a lo que ya en su día se había planteado como objetivos claros y diferenciados por parte del Gobierno de la Administración Central e incluso en expresiones entrecomilladas del señor Aznar. Con esta propuesta, con esta fórmula, con su modelo que en su día -a nuestro juicio- rechazaron en parte con aquella abstención, no entendemos que vaya a producirse lo que es un mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, es decir, que se expongan criterios que puedan hablar de una equidad o de una equiparación, tanto en el aspecto tributario como en el aspecto de la percepción de los servicios mínimos fundamentales y la actualización, para que haya criterios en los que podamos sentirnos ampliamente reflejados todos los habitantes de este país nuestro llamado España, por muy diferenciado que pueda plantearse en cada uno de los... de las regiones en el marco del Estado de las Autonomías.

En nuestro criterio, parece ser que se establece ahora la posibilidad de llegar a ese 30% en la participación en los Impuestos de la Renta de las Personas Físicas, y no menos cierto es que todavía habrá que ver qué modificaciones se establecen en la propia legislación vigente hoy. Queda de manifiesto que era uno de los tributos que era prácticamente... perdón, uno de los impuestos que era prácticamente intransferible y, sin embargo, pues ahora hay que hacer el esfuerzo de ver cómo se modifica una Ley Orgánica, que posiblemente eso conlleve a una nueva discusión, a un nuevo debate... Y nos mantiene la esperanza de que esa nueva discusión y ese nuevo debate nos pueda facilitar el acceder a esos criterios que anteriormente yo anunciaba y que deseo para nuestra propia Comunidad Autónoma.

Dicho esto, yo diré que sigo observando los mismos planteamientos que en su día le hice a Su Señoría: en aquello que son los elementos específicos de la financiación de las Comunidades Autónomas (participación en los ingresos del Estado, cesión o participación en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y tributos cedidos y demás) hay una prolija, exhaustiva, milimétrica cuantificación que, lógicamente, quiere expresar cuál es el marco en el que se va a desarrollar esa participación y, por tanto, que va a tener como sustrato fundamental nuestra Comunidad y el resto de las Comunidades Autónomas a la hora de la financiación; pero hay una parte segunda en la que, sinceramente, hoy de nuevo he querido entender, de la lectura que nos ha hecho Su Señoría de ese borrador, una sana intención, una buena intención por su parte, cuando intenta hacer recomendaciones de poner en marcha los Fondos de Nivelación -que ya tenían que haberse puesto en marcha hace mucho tiempo-, de no hacer referencia a la deuda histórica, que de alguna manera está contemplada en esa Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pero en la doble vertiente de los Fondos de Nivelación -que es esa deuda histórica retrospectiva para mantener los servicios mínimos y fundamentales para toda la ciudadanía- y también en la actualización permanente o persistente de lo que son las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.

Dice que parece ser que al final se ha llegado a un acuerdo. Yo le preguntaría: en esta materia, ¿se ha llegado a un acuerdo para que se produzca un libro blanco, de nuevo, para que se introduzca en los Presupuestos del noventa y siete una cuantía suficiente? Y ya que no se han avanzado los criterios de equiparación en los servicios mínimos o esenciales o fundamentales, ¿tiene la Administración Autonómica ya hecho esa equiparación posible? Y, lógicamente, si es así, ¿cuál sería? Porque nosotros estamos dispuestos a hacer un acuerdo expreso también en esta materia, como -no nos importa decirlo de manera clara- el que sí estaríamos convencidos de lo interesante que pueden ser los criterios de las variables, como es el caso de la extensión. Y yo, incluso, le recordaría una cuestión que me parece interesante, y es que se apele también a los límites fronterizos con países extranjeros, que aunque ahora ya no es el criterio aduanero o el criterio fronterizo con países de la... de la Unión Europea un obstáculo importante, no deja de entenderse que pueda ser un obstáculo mayor que el que se produce en la conexión con cualquiera otra de las Comunidades Autónomas de nuestro propio país.

Digo que sí estaríamos en disposición de apoyar eso. Pero sí estaremos también en disposición de exigir que, cuando se hable de los fondos, no se quede, no se quede en meras declaraciones en ninguno de ellos. Porque la experiencia, hasta el presente, nos ha demostrado algo contundente y claro: aplicación estricta del modelo de la financiación en los supuestos básicos de participación en los ingresos del Estado, de los tributos cedidos y, anteriormente, en el IRPF, que nosotros de alguna manera renunciamos pero que ahora se vuelve a insistir; y, sin embargo, en todo lo que podían ser el elemento de solidaridad, se siguen haciendo declaraciones de buena intención, sin cuantificación, y atemporales, para que nunca llegue. Y sí llegan, en esa distribución, a mantenerse distancias abismales, que, lógicamente, abundan en la diferencia o en el desequilibrio entre unas Comunidades Autónomas y otras. Nada más. gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Herreros. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jaime González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(-p.3378-)

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias. La cortesía obligaría a agradecer a la Consejera su comparecencia; pero aquí estamos hablando de política, y la cortesía es otra cosa. Nos ha tenido esperando desde el día veintitrés de julio -no de agosto, de julio- y, al final, nos ha leído un documento que, por cierto -y como anécdota-, no tuvo a bien entregarnos en la última reunión de negociación, que tuvimos que hacer sobre la lectura, hoy repetida, más detallada, y ya sobre el propio documento, de lo que ella quiso leernos de aquellos papeles. Por tanto, poco o nada le tiene que agradecer a la señora Consejera, por lo menos este Grupo, en lo que respecta a esta materia.

Y menos le tenemos que agradecer todavía alguna otra cosa -y ya hablo desde el punto de vista de interés general de los ciudadanos-, yo creo que se está produciendo -y la Junta lo propicia y lo consigue, y el instrumento para ello, en este caso, es la Consejera de Economía- una falsificación del debate de la financiación. La Junta ha elevado a la categoría de sustancial lo que es la corresponsabilidad fiscal, cuando la corresponsabilidad fiscal no es un dogma, ni es un axioma, ni es un fin en sí mismo. La Junta ha transmitido la idea de que este sistema se cae si no se pone en marcha una corresponsabilidad fiscal, que, además, es la que ella quiere poner.

Y yo creo que lo que hay que hablar aquí es de que su modelo de corresponsabilidad fiscal -el nuestro, el de los andaluces, el de los convergentes y de los unionistas, etcétera- simplemente es un instrumento para conseguir otra cosa. Y lo que hay que conseguir es que los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma y de todas las Comunidades Autónomas vivan cada vez mejor, cada vez sean más iguales y cada vez sean unos con otros más solidarios. Ése es el objetivo, eso es lo sustancial; y lo demás es, simplemente, una cohorte de instrumentos para conseguir eso.

Y eso lo dice la Constitución, no lo digo yo, este humilde Procurador. Lo dice la Constitución, en su Artículo 2, cuando dice, además, que... "garantiza la solidaridad entre las regiones"; y lo dice el Artículo 138, apartado 2, de una manera muchísima más clara, cuando "las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, diferencias, privilegios...", etcétera. Y ése es el objetivo.

Bueno, pues ese objetivo se incumple claramente con el modelo de financiación que nos proponen: se crean privilegios, se crean situaciones distintas entre Comunidades Autónomas, unas mejoran y otras empeoran; y, al final, las diferencias se harán mayores.

Por lo tanto, la fragmentación territorial que hubo en este país, estamos en camino de que se vuelva a reproducir, fundamentalmente porque lo que era fundamental, que era seguir mejorando el nivel de vida y la calidad de los ciudadanos, de ésta y de todas las Comunidades, ha sido obviado por lo accesorio. Y lo accesorio es que había que formar un Gobierno, había que negociar un sistema, porque si no ese Gobierno no se formaba y no tenía las mayorías parlamentarias necesarias para funcionar.

Y nosotros aquí, entre el fuego cruzado de los convergentes y las unionistas, por un lado, y de las necesidades electorales del PP, por otro lado. Y los pobres ciudadanos de Castilla y León, hechos cisco ahora, y más hechos cisco después, con este nuevo sistema.

Y vamos a dar algún dato objetivo, para no perdernos en la... fárrago de las cosas; datos objetivos, sustanciales, que marcan la situación actual, una previsión de la situación futura. Y todo eso es lo que la Junta quiere arreglar con ese documento que la Consejera nos ha leído hace unos momentos; y que yo creo que es imposible de arreglar con ese documento, y que habría que añadir cuestiones nuevas, de las que después hablaremos también.

Primer hecho objetivo. Todo esto sucede porque hay un pacto PP-CiU que quiere modificar el sistema de financiación por imposición parcial de CiU y con la anuencia y la complementariedad... porque yo estoy convencido y sigo convencido, por las informaciones que tenemos, de que el asunto de la capacidad normativa es una oferta del PP que no estaba en la agenda de peticiones de CiU; y resulta que ése es el primer dato objetivo. Y del primer dato objetivo hay que concretar que el documento que se elabora es un documento desequilibrado: poco de solidaridad... o sea, poco del Artículo 2 y del Artículo 138 de la Constitución, poco, y mucho del sistema de financiación, de cómo se va a repartir el incremento del coste, de cómo va a ser el nuevo sistema, etcétera, etcétera. Ése es un hecho objetivo.

Segundo hecho objetivo... y son datos de la propia Junta, porque así creo que nadie me va a poder llevar la contraria; ya saben que, cuando yo les doy cifras, pocas veces me llevan la contraria. Mil novecientos noventa y cuatro. Cataluña recauda por IRPF una cantidad equivalente al 7,72 de su PIB, y Madrid el 14,21 de su PIB, y Castilla y León el 4,88. Situación, por lo tanto, en Cataluña y en Madrid, y en otras Comunidades Autónomas, se recauda la recaudación por el impuesto del rendimiento del trabajo personal es mucho mayor sobre su PIB que en otros sitios, mucho más que en Castilla y León.

Hecho objetivo, igualmente, datos de la Junta, de esa documentación tan parcial, escasa y sesgada que nos remitió la Consejera a unas peticiones que le formulamos recientemente.

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Hecho objetivo: BBV... no nos vamos aquí... a pensar que el BBV se equivoca, ¡por favor!, con lo bien que le va al BBV ahora con los nuevos fondos de pensiones sube que te sube, ante la... el cúmulo de rumores, globos sondas, etcétera, que hay por ahí; si le va estupendamente. Por lo tanto, no tendrá ningún interés en mentir. Dice: las transferencias del Estado y de Europa mejora la capacidad de comprar de las familias en Castilla y León, en más de doce puntos respecto a lo que le correspondería según su capacidad productiva. Y ahora entrecomillo, para leer textualmente lo que dice el BBV: "este hecho debe tenerse muy en cuenta, en la medida que constituye la base fundamental de la solidaridad existente entre las regiones españolas desarrolladas y las deprimidas". Y para eso añade: "hay que salvaguardar la capacidad de gasto del Estado", de la Administración Central.

Otro hecho objetivo: ¿cuánto deben las Comunidades Autónomas? ¿Cuánto deben? Bueno, pues algunas... por ejemplo, Andalucía, año noventa y cinco: 683.000 millones; Cataluña: 965.000 millones; Galicia: 331.000 millones; Castilla y León: 127.000 millones. Las cifras están extraídas de los estudios de las Cajas de Ahorro, último número de los Papeles de la Economía Española, páginas doscientos ochenta y doscientos ochenta y uno. Hechos objetivos.

En porcentajes sobre el PIB: pues nosotros el 3,1% y Cataluña el 7,5. Y ¿qué ha hecho Cataluña con ese endeudamiento? Pues ha mejorado su sanidad, ha mejorado su educación -que las tiene transferidas desde hace ya mucho tiempo-, ha hecho inversiones que nosotros no hemos podido hacer, porque... porque no tenemos esa capacidad. Y ahora Cataluña se apuntará a lo que dice el propio documento de los Papeles de la Economía: "a la vista del comportamiento que comentaremos posteriormente, podría aventurarse la hipótesis de que estas Comunidades se han endeudado por motivo de precaución, esperando quizá que, ante el hecho del endeudamiento generalizado, la Administración Central podría repetir un proceso de asunción de deudas, como los registrados en el pasado, en diversas ocasiones, respecto a las haciendas locales".

Por lo tanto, esperan -¡encima!- que las Comunidades Autónomas que se han endeudado menos les paguen la deuda a las que se han endeudado más. Por eso Cataluña, creo yo, tiene tanto interés ahora en que se mantenga el gasto sanitario. Si el gasto sanitario lo tienen ellos, si lo transfiere... si lo gestionan ellos.

Y otro hecho objetivo: gasto Insalud va a crecer el 1%; gasto sanitario en otras Comunidades Autónomas, se estima que el 5,5%. El gasto Insalud va a afectar al 49% del territorio, al territorio común -o sea, a nosotros; o sea, a los castellanos y leoneses-, y el resto va a seguir afectando a las Comunidades Autónomas.

Hechos objetivos, indudables, que conforman el marco en el que se está moviendo todo este asunto.

Hecho cierto: parte secreta de los pactos. Existe un pacto secreto con Canarias. Si lo han dicho los canarios y nadie les ha desmentido: 100.000 millones en un programa de fomento de empleo en cuatro años; 25.000 millones por año. Y eso es lo que han dicho que hay. Y nadie habla... y nadie habla de los contenidos con el pacto con el País Vasco. Se habla de otras cosas, pero del contenido de los pactos con el País Vasco, nadie.

Privatizaciones. Pues nos va a afectar. Los sindicatos lo han cuantificado, UGT y Comisiones Obreras: pérdida de mil empleos en el primer año, con el proceso de privatizaciones en Castilla y León. Hecho objetivo. Porque a mí los sindicatos me merecen mucho respeto, no sólo a la hora de firmar documentos, sino a la hora en que emiten opiniones.

Hechos objetivos. Y voy a volver a dar datos de la propia Junta. De ese coste hipotético del sistema de financiación, que nadie ha dicho cuál es, ni una sola cifra ha adelantado la Administración Central del Estado, con todo su aparato, diciéndonos: "no, el coste, lo que se va a incrementar, lo que va a ir a las Comunidades Autónomas, pues va a ser un billón, 700.000, 800.000, 200.000...". La Junta ha hecho una aproximación con sus parámetros, haciendo un modelo de crecimiento de... del PIB y otro modelo de crecimiento que no se va a mantener, porque es imposible que se mantengan cinco años consecutivos en las mismas, porque las dinámicas en unas Comunidades Autónomas van a ser diferentes que en las otras.

Pero si decimos lo que hay, pues, Castilla y León va... con datos de la propia Junta, para que la Consejera no tenga que buscar en los papeles; voy a dar exactamente los que ella ha dado. Castilla y León, con el 30% -suponiendo que lo pudiera obtener desde el primer momento-, tendría en los cinco años 23.226 millones sobre 525.859, que es los ingresos PIE; o sea, un 3,38%. Y yo me fío de los datos que la Consejera da para Castilla y León, lo que me fío ni un pelo es de los datos que la Consejera da para Cataluña, por ejemplo. Ahí me voy a fiar de su homónimo, de Macià Alavedra -creo que tengo perfecto derecho: si usted no engaña a los ciudadanos aquí, Macià Alavedra no le va a engañar a los ciudadanos de allí, ¡digo yo!-. Bueno, pues allí, según Macià Alavedra, el incremento de financiación va a obtener 225.000 millones en los cinco años, que sobre dos billones trescientas sesenta y cinco -que es la suma de financiación PIE en esos años-, hace un 9,58%. O sea, 3,38/9,58; en porcentaje, tres veces más, prácticamente. Y ése es un hecho objetivo.

Es otro hecho objetivo, al parecer, que lo de la nivelación va para lejos, para largo. En el noventa y siete, dudoso que haya partidas.

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De cualquier manera, un nuevo documento desequilibrado. Porque el documento que entregó el Gobierno en la última... en el último Comité de Política Fiscal y Financiera es un documento que nuevamente dedica escasísimas líneas al contenido constitucional de solidaridad, a la solidaridad, su garantía y la forma de hacerlo; y el resto del documento se dedica a la financiación, que es justo deshacer el principio de solidaridad, tal como está planteada.

Y resulta que ahora nos dicen que lo de nivelación año noventa y siete, que va a haber unas cantidades... No, no. Lo que tiene que haber es un documento que tenga el mismo peso específico que el de financiación -el mismo- y que llegue al mismo nivel de desagregación, y que estudie la cuantía, y las formas, y las maneras, y los criterios de distribución, etcétera; y que se pongan al unísono los dos juntos y que juntos, en todo caso, entren a funcionar. Porque es que, si no, pasará lo de siempre: entrará a funcionar el sistema de financiación; Cataluña, Valencia, Andalucía, etcétera, obtendrán parte del león, y nosotros nos quedaremos con la cola del ratón -no del león; porque si fuera la cola del león todavía sería algo-.

La Circular del quince de julio de Sanidad y Educación -si ya empiezan los recortes, ya este año-: mayor número de alumnos por aula, mayor número de alumnos para enseñanzas optativas, etcétera; reducción de las inversiones de los gastos en orientación y en las actividades de recuperación, congelación de plantillas, menos profesores; hoy nos hemos enterado que congelación de la Oferta Pública de Empleo para el año que viene; como la trasladan a medio año... Y nosotros tenemos muchos maestros, y muchos médicos, y muchos ATS, y mucha gente que trabaja y recibe su dinero del Estado, y que, por tanto, nos influye decisivamente. Todo eso está pasando en estos momentos.

Ayer se remitió... se reunió -yo les tengo más miedo que a un nublado, cuando se reúnen me echo a temblar- el Comité de Enlace, Convergència i Unió -fíjense, juntos-, Pujol y Durán i Lleida, y puestos a pedir. Ya han hecho una relación; hoy han salido con un papel. Y dicen: "No, no, aquí los gastos sanitarios no sé qué, el tal, el sistema inmediatamente, dentro de diez días tiene que estar todo hecho". ¡Pero bueno! Estamos así, ése es el marco general, son datos objetivos; yo no me invento ni un... no pongo ni una sola coma, ni un solo número a lo que estoy diciendo, ni una sola coma ni un solo número.

Bueno, la deuda histórica, nada. Ahí se da una cosa curiosa, que es que la crea el Presidente -Lucas, por supuesto- en plena campaña electoral, la cuantifica el Presidente y la amortiza el Presidente, todo junto, en función de sus propias... Es que en este asunto se da... Es una cosa curiosa: resulta que el Presidente Lucas tenía razón cuando se opuso al treinta... al 15%; tenía razón cuando dijo que no, que había que reclamar los 1.057 millones; y tiene razón ahora, que apoya decididamente el 30%. Es que es una persona, realmente, que siempre tiene razón. Lo cual nos preocupa a nosotros, porque cuando una persona siempre tiene razón, pues al final resulta que tiene razón para él; para los demás ya es más dudoso.

Y encima, la trampa saducea -como diría aquel célebre político de la época de Franco-, que representa a este sistema. Porque el sistema es a la carta. Quiere decir que hay Comunidades Autónomas que pueden decir que sí y se acogen al sistema, y Comunidades Autónomas que dicen que no y no se acogen al sistema. ¿Pero qué pasaría si las cinco Comunidades del 151, o que tienen competencias equivalentes (Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía y Canarias), se acogieran al sistema y el resto no. El 74% -y vuelvo a dar datos de la propia Junta- el 74% del incremento del coste de la financiación se la llevarían esas Comunidades Autónomas. Y las demás, ¿qué hacemos?, ¿qué hacemos, contemplando cómo del billón, o de los 750.000 millones, o de los 700.000 millones, de lo que cueste el sistema, cinco Comunidades Autónomas se llevan el 74% y nosotros, con otras tantas, nos llevamos el 26%? Ésa es la tesitura en la que estamos, ésa es la tesitura que nos ha colocado este Gobierno, el de allí y el de aquí; ésta es la tesitura que nos ha colocado el papel que un día firmaron Partido Popular y CiU para mayor gloria del Presidente Aznar. Y eso es así. Son datos objetivos. Yo no me he inventado ni una sola cifra.

Es curioso, hay Comunidades Autónomas en que se da la doble... el doble beneficio: se beneficia el Presidente y el Gobierno, y se benefician los ciudadanos, porque va a mejorar su situación. Y aquí se da la paradoja contraria: aquí se beneficia el Gobierno, que va a tener 11.000 ó 23.000 -en función de cómo vayan las cosas- para más cosas, más publicidad, más propaganda, más etcétera; ahora, los ciudadanos, mal, ¿eh?, los ciudadanos verán cómo la parte del león va a otros sitios, cómo el Artículo 2 y el Artículo 138 de la Constitución quedan, una vez más, en papel mojado. Eso es lo que va a pasar.

Bueno, y todo esto ustedes... Fíjense que es curioso, ¿eh? Lo único que se les ocurre ahora con el tema de la capacidad normativa del IRPF es desgravar por la segunda vivienda, que ya es viejo, ya estuvo. Y resulta que plantea la paradoja... Eso se entendía cuando sólo había alguien que recaudaba y en todo el territorio se... ¿Pero ahora qué pasa cuando yo me hago... una persona se quiere hacer una vivienda en Aldeavieja, provincia de Alicante? ¿Cómo es ese asunto? Que me lo explique. O sea, que invertimos allí para desgravar aquí. O sea, es una cosa curiosa eso, ¿eh?, es una cosa curiosa. Eso bien, cuando sólo había una unidad recaudatoria y esa unidad recaudatoria, en cumplimiento de lo que dice el Artículo 138 de la Constitución, repartía, distribuía, pues bien; pero ahora lo vemos más complicado.

(-p.3381-)

En definitiva, todo esto la Junta lo quiere arreglar con un documento que dice, resumiendo: año base, no puede ser el noventa y seis, tiene que ser el noventa y cinco; el Fondo de Compensación Interterritorial tiene que desbloquearse y crecer -no se sabe cuánto, ni cómo, ni de qué manera-; los adelantos de los pagos tienen que venir de no sé qué forma y tal; pero de sustancia política, nada. O sea, de límites que reconduzcan la situación de algunas Comunidades Autónomas a una situación más favorable para esta Comunidad, límites por arriba, de eso nada. De que la capacidad normativa del IRPF no vaya adelante, porque no puede ir adelante, ni debe ir adelante, de eso nada tampoco. De la deuda histórica, pues ya he dicho: creada, valorada y amortizada por el mismo que dio el primer paso en su creación. Y, desde luego, de los Fondos de Nivelación, pues ya vemos cómo está el asunto. Hoy un medio de comunicación, en concreto El Mundo, pues habla de que el año que viene no hay partida. Yo estoy seguro que la Consejera va a decir que sí. Pero aquí no es una pelea entre si hay partida o no hay partida, es una pelea de cuál es el sistema, de cómo está regulado, de cuál es la cuantía global, de cómo se va a distribuir, de cuáles son los parámetros, etcétera, etcétera, etcétera.

Aquí nadie habla de que, a medida que vayamos recibiendo transferencias, la participación de la población, del peso de la población en la valoración va a ser cada vez mayor, etcétera. Todo eso... nadie habla de eso. Todo se resuelve con el año base, con el FCI y con un documento -a nuestro juicio- escaso.

Por lo tanto, si algún Portavoz -que todavía queda por hablar- tiene la tentación, pues, de esgrimir un documento que redactó la Consejería para establecer los puntos de acuerdo nuestros con su documento, voy a decir algo más. Nosotros siempre hemos dicho que el documento de la Junta tenía elementos positivos, pero era escaso, no entraba en el fondo de la cuestión. Y decíamos que ese documento, o una buena parte de ese documento, con las adiciones de límites, capacidad normativa, deuda histórica, etcétera, podía ser un documento asumido por todos los Grupos. Ésa fue nuestra postura desde siempre. Si así se hubiera producido, nosotros hubiéramos apoyado esa postura, hubiéramos estado dispuestos, incluso, a renunciar a algunas cosas de las que decíamos en nuestro documento, ése de "La Guerra de las Galaxias", hubiéramos reducido, a lo mejor, nosotros alguna otra cuestión. Pero no hubo lugar.

Por lo tanto, si algún Portavoz tiene la intención de llegar a ese extremo, pues nosotros decimos que el documento de la Junta nos parece que tiene elementos positivos, pero que es tan escaso que por sí solo no representa nada. Y el día veintitrés veremos a ver qué pasa, a ver si se consolidan todas estas cuestiones, si no se consolidan -que yo creo que sí-, y al final los perjudicados serán los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, no el Gobierno de esta Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor González. Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Juan Vicente Herrera.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Popular sí quiere agradecer a la Consejera, y agradecer a la Consejera varias cosas. En primer lugar, sus nuevas explicaciones, su comparecencia en el día de hoy, el esfuerzo de diálogo y de transparencia del que hace nuevamente gala, debatiéndose en este caso, en este solemne Parlamento, de forma más reglada, en definitiva, en la sede de la representación de los ciudadanos de Castilla y León, estas cuestiones, que han sido también objeto de debate, de negociación, de cruce de documentos y de controversia en otros ámbitos más restringidos, en otras mesas de trabajo en la propia Consejería.

Y agradecer también, ¿cómo no?, el fruto o el producto que, plasmado en este documento titulado "Propuestas que realiza la Comunidad de Castilla y León al nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas para el quinquenio noventa y siete-dos mil uno", hemos tenido la oportunidad de conocer, y que -desde nuestro punto de vista- constituye un trabajo completo, un trabajo riguroso, un trabajo que, desde luego, este Grupo Parlamentario asume con satisfacción, en la medida en que -entiende- responde a los verdaderos intereses, a los intereses generales de esta Comunidad Autónoma en este momento crucial en el que se está debatiendo una cuestión que, evidentemente, nos atañe y que, evidentemente, atañe al diseño y al desarrollo del sistema de articulación territorial que la Constitución de mil novecientos setenta y ocho establece para España.

Y, señora Consejera, es una lástima que algunos discursos que estamos escuchando en determinados ámbitos -y no solamente en el ámbito parlamentario- no se hayan producido antes. Es una lástima que esos discursos no se hayan producido en los últimos catorce años. Es una lástima, señora Consejera, que hoy pretendan ser abanderados de los principios constitucionales de autonomía y suficiencia financiera, y de solidaridad entre las distintas Comunidades Autónomas quienes olvidan, creo yo -teniendo en cuenta la capacidad personal de quienes son voceros o portavoces de esos argumentos-, olvidan que la Constitución Española, desde el año mil novecientos setenta y ocho, no sólo consagra los principios de solidaridad entre las distintas Comunidades Autónomas, no sólo establece que la configuración territorial de España debe articularse a través de las Comunidades Autónomas -a las cuales ha de reconocerse plena autonomía política y, por ello, también plena autonomía financiera-, sino que olvidan que desde el año mil novecientos setenta y ocho la propia Constitución establece el mandato de desarrollo, por ejemplo, de un instrumento concreto de solidaridad, como son las asignaciones de nivelación.

(-p.3382-)

Y esos mismos portavoces olvidan, en lo que es un ejercicio absolutamente falto de autocrítica, que -desde nuestro punto de vista- invalida radicalmente todo un discurso, desde luego bien presentado y desde luego bien trabajado, olvidan -digo- que el Artículo 15 es norma, es Ley Orgánica desde el año mil novecientos ochenta, sin que a estas alturas -finalizando el siglo, año mil novecientos noventa y seis- haya tenido un desarrollo efectivo, por la voluntad o, lógicamente, por la falta de voluntad de quienes hasta este momento han estado determinando el modelo y el sistema de financiación autonómica.

Y es una lástima que en este mismo Parlamento -y se pueden repasar, desde luego, las actas y los libros de sesiones, y los Diarios de Sesiones- se haya esgrimido en momentos anteriores, en los cuales se venía a definir el sistema de financiación para los años sucesivos, se haya estado esgrimiendo el discurso de las insatisfacciones absolutas, transmutadas en insatisfacciones relativas; lo que determinaba, desde luego, una aquiescencia de los -en definitiva- sumisos representantes de la fuerza política que detentaba el Gobierno de la Nación en esta Comunidad Autónoma.

Y es una lástima que en el día de hoy se quiera hacer un nuevo ejercicio de lo que deben ser los instrumentos, u otros determinados fondos, o la aplicación de unos fondos que, evidentemente, son fondos de todos los españoles, que, evidentemente, no discutimos que, desde el punto de vista de los Reglamentos Comunitarios, deben ser fondos administrados por la Administración Central, pero que, desde luego, no pueden sustraerse al principio de equiparación o de equilibrio de lo que son desequilibrios palpables entre las Comunidades Autónomas. Porque, evidentemente, yo puedo temblar o puedo dejar de temblar cuando se reúnen determinados socios de partidos de la Comunidad Autónoma de Cataluña -a los cuales se ha hecho reiterada referencia esta mañana aquí-, pero es cierto -y hay que reconocerlo, y hay que reconocerlo y hay también que reiterarlo- que esos socios políticos han sido socios y han venido a determinar no solamente esta política, sino otras políticas de los últimos años -de los últimos tres años en concreto- del Gobierno Socialista.

Y cuando se habla, lógicamente, de los Fondos de Cohesión, hay que recordar una vez más que, en virtud de no sabemos exactamente qué criterios de discrecionalidad, gravemente perjudiciales con esta Comunidad Autónoma, el último año de distribución socialista de los Fondos de Cohesión entre las Comunidades Autónomas deparó una distribución tan favorecedora para los intereses de Castilla y León en relación a Cataluña, como esa proporción entre los 60.000 millones que se derivaron hacia infraestructuras en Cataluña y los poco menos de 1.000 millones que se derivaron teóricamente hacia proyectos en nuestra Comunidad Autónoma.

Por eso... podríamos insistir también en lo que ha pasado durante los últimos años con el Fondo de Compensación Interterritorial, que -como Sus Señorías conocen- es otro instrumento constitucional para establecer, o para restablecer, o para ayudar, en definitiva, al establecimiento de un cierto equilibrio territorial. Por eso, cuando algunos discursos bien establecidos -y, desde luego, bien fundados y bien construidos- olvidan o parten de esa ausencia radical y absoluta de esa autocrítica, por eso nosotros entendemos y nosotros nos reforzamos en la posición de respaldar plenamente lo que ha sido no solamente las formas, sino también el fondo de la tarea emprendida por su Consejería y, en definitiva, por la Junta de Castilla y León en la defensa de los legítimos intereses de esta Comunidad Autónoma.

Entendemos que en sus propuestas, señora Consejera, hay evidentes elementos que responden a esos intereses y elementos que suficientemente responden a esa doble dirección, a la cual nos hemos venido refiriendo en todas nuestras intervenciones: una dirección de profundización de la autonomía política a través de la autonomía financiera, mediante el establecimiento... mediante el logro, mediante el objetivo de una evidente y constitucional suficiencia financiera, merced a un instrumento verdadero de corresponsabilidad fiscal, a diferencia de lo que ocurría hasta este momento; y, en segundo lugar, una reivindicación constante -que en este Grupo Parlamentario, que en el Gobierno de la Junta de Castilla y León no es una reivindicación de antes de ayer, sino que es una reivindicación de los últimos años- de la aplicación efectiva de los mecanismos y de los instrumentos de solidaridad.

Por eso -y resumiendo y terminando, señora Consejera-, queremos reiterarle nuestro agradecimiento y queremos reiterarle también el apoyo político del Grupo Parlamentario Popular a este documento de propuestas que usted ha presentado en los foros de negociación multilateral con las Comunidades Autónomas y también con el Estado y que, indudablemente, debe marcar la política de esta Comunidad Autónoma en defensa de sus verdaderos intereses. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Portavoz. Para dar respuesta a todas las cuestiones planteadas, tiene la palabra la señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Gracias, Presidente. Voy a intentar sistematizar todas y cada una de las cosas que sí que han dicho.

En primer lugar, quisiera contestar a las propuestas y los comentarios del representante de Izquierda Unida que, como ya hemos tenido ocasión de ver en las reuniones que hemos tenido en la Consejería, partimos de dos estadios diferentes; es decir, el sistema no lo acepta; con lo cual, cuando ya no se acepta el sistema, difícilmente se puede estar de acuerdo en el desarrollo del mismo, porque estamos hablando de otra cosa.

(-p.3383-)

Quería decirle, para comenzar, que respecto al fracaso anunciado que usted me decía, mal que les parezca los documentos -y además pueden preguntar a otras Comunidades Autónomas-, hemos sido hasta felicitados, no sólo por la Administración Central, sino por algunas Comunidades Autónomas, algunas nada sospechosas de ser de nuestro propio Grupo político, de la elaboración del documento, de lo técnico y bien que estaba hecho; y ha servido de muestra para cálculos a otras Comunidades Autónomas, porque todos los cálculos de números que hay en este documento son con datos de la Agencia Estatal. Y ayer todavía alguna Comunidad Autónoma preguntaba que necesitaba datos. Los datos los tenemos todos, lo que hay que saber es sacarlos, manejarlos y elaborarlos.

Por ello, le quiero decir que usted insiste en que renunciamos al sistema de cupo o de concierto económico. Como le he dicho, nosotros desde el principio hemos dicho que estamos de acuerdo con el sistema y con el modelo. Si estamos de acuerdo con el sistema y con el modelo de partida, aunque no estemos de llegada, de momento no nos parece propio ni apropiado iniciar una negociación con el Estado pidiendo de entrada el sistema de cupo o de concierto.

Pero es que, además, yo le invito, en esas reflexiones que usted me suele hacer a mí de que me haga los deberes, que haga usted los deberes respecto del concierto, saque los números y, cuando los tenga, hablamos de lo que podría significar el concierto a parte o casi todas las Comunidades Autónomas, salvo excepción hecha -yo creo- de Cataluña y Madrid.

Respecto del tema, quería decirle que, aunque usted me dice que hay que entrar en un sistema que sea estable y que no haya que estar modificando cada poco, bueno, pues le recuerdo que el sistema de concierto y de cupo también se negocia cada determinados años con el Estado, que aquí está establecido sobre el nuevo y que se revisa cada un determinado periodo de tiempo, como así lo establece la Ley. El sistema y el modelo, por lo menos ya reconoce que es nuevo y que es diferente del modelo anterior; y a mí me alegra que lo diga porque así... a ver si estamos todos hablando de lo mismo. Efectivamente, el sistema que arranca -nos entenderemos todos bien- es nuevo; y es nuevo porque introduce el sistema de la corresponsabilidad fiscal, tomando como punto de partida cosas, datos, números y experiencias del sistema anterior, lo que se consideraba que era, efectivamente, viable y bueno para todos, y lo que no, se ha corregido. Pero entramos en una auténtica corresponsabilidad fiscal, entendida -como ya le dije antes- con la posibilidad de gestión de las Comunidades Autónomas de los tributos y de establecer su política fiscal dentro del territorio. De otra manera, no hay más interpretaciones a la hora de entender qué se entiende por corresponsabilidad fiscal, independientemente de que haya más matizaciones. Pero, desde luego, la corresponsabilidad lleva aparejada la capacidad normativa y la capacidad de influir en la Comunidad Autónoma con una política fiscal. Y el año que viene por estas fechas, cuando presentemos los Presupuestos de la Comunidad, entre todos tendremos oportunidad de discutir qué hacemos con nuestro tramo de IRPF y cuáles son las modificaciones que vamos a introducir entre todos.

Por lo tanto, yo digo que no hay ningún miedo ni de aumento ni de rebaja de presión fiscal, porque serán los representantes de los castellanos y de los leoneses los que decidan -en este mismo recinto me supongo que estaremos- qué es lo hacemos con nuestro tramo de IRPF y qué hacemos con nuestra política fiscal dentro de la Comunidad.

Me han hablado reiteradamente de la deuda histórica, tanto uno como otro. Siento decirles que la deuda histórica está incluida en el Artículo 15 de la LOFCA en la nivelación de servicios, y que la propia Administración Central -hasta marzo gobernada por el Partido Socialista- así lo establece en el Boletín Oficial del Estado en los Decretos Leyes de Medidas Urgentes Financieras, Presupuestarias y Económicas cuando reconoce unas cantidades para Andalucía y para Extremadura -que nunca llama deuda histórica, sino que llama nivelación de servicios-. Todos estamos de acuerdo en que la nivelación de servicios -mal llamada deuda histórica- es el Artículo 15 de la LOFCA por el que todos estamos ahí peleando. Por lo tanto, no es que no se diga deuda histórica, es que esa palabra no nos parece correcta.

Me decía el representante de Izquierda Unida que le contara... que no sabía muy bien lo que había pasado ayer. Pues mire, se lo voy a contar, y, además, se lo voy a contar hasta el principio que va a servir para que todos nos aclaremos.

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Primero, lamentamos todos profundamente que haya representantes de Comunidades Autónomas que sólo digan lo que piensan en los medios, porque ayer faltó la Consejera de Andalucía y el Consejero de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, lo que hay que decir dentro y fuera hay que ir allí a pelearlo, y hay que saber cuál es la postura de la Comunidad Autónoma en los órganos en los que hay que hacer. El representante de Extremadura cuando terminó la ronda de conversaciones o de puntos de encuentro de las Comunidades Autónomas y antes... -y se hizo un receso-, y antes de que nos comunicara la Administración Central la postura, también se ausentó de la reunión. Luego, difícilmente pueden decir qué es lo que allí pasó. Por lo tanto, los que allí estuvimos creo que sabemos lo que allí pasó. Allí lo que pasó fue, lo primero, que con los documentos que todas Comunidades Autónomas habíamos enviado -y algunas habían pedido prórroga, se habían recibido un par de días o tres antes-, el Gobierno nos ha remitido una copia a todas las Comunidades Autónomas de todos los papeles y documentos, por eso se puede saber perfectamente cómo es nuestro documento y compararlo con los que han presentado el resto de las Comunidades Autónomas, porque están escritos y estamos todos en poder de esos documentos, y no ha habido tiempo material y suficiente para que todos desbrocemos en profundidad los documentos del resto de las Comunidades. Lo que hubo es una fijación de posturas por parte -otra vez- de las Comunidades Autónomas sobre puntos que teníamos o no claros, o sobre los que podía haber o no negociación; se hizo un receso -como digo- y, a partir de ahí, la Administración Central dijo que aun sin haber estudiado en profundidad los documentos, porque no había tenido tiempo material y por algunas Comunidades Autónomas lo habían mandado tarde, y dado los compromisos que tenía el Vicepresidente Económico, se trasladaba el Consejo al veintitrés, y el próximo grupo de trabajo, en vez de este viernes, lo tenemos el veinte, con la idea de que el día diecisiete tenemos todas las Comunidades Autónomas el documento definitivo de la Administración Central donde se dirá cuál es lo que se ha recogido de las Comunidades Autónomas de las posturas que allí estuvimos o no.

Lo que sí ha quedado suficientemente claro, entre los puntos claves, es, el primero, que la masa del dinero se va a garantizar para el quinquenio que viene... la masa de dinero que en este momento tienen todas las Comunidades Autónomas. El tema de los topes mínimos, los están estudiando porque es muy compleja la forma de establecer los topes mínimos que, en algunos momentos, según un... desde un punto de vista técnico... de los técnicos que no de los políticos, así lo están estudiando.

Se va a hacer hincapié en el tema de la capacidad normativa, que allí se ha puesto sobre la mesa algunos puntos que no estaban muy claros y, sobre todo, el tema de la armonización de tributos para lograr que no existan los denominados... mal llamados paraísos fiscales, y que haya una armonización entre todas las Comunidades Autónomas.

Se va, efectivamente, se está haciendo, nos van a mandar un borrador sobre el que nosotros vamos a estudiar más en profundidad para darles algunas ideas, si es que no las tienen todas muy elaboradas, aunque yo le dije que existiendo la Dirección General de Tributos era el organismo encargado de hacer ese estudio, aunque nosotros pudiéramos luego tener algún contacto para decir alguna cosa que nos pareciera mejor, pero que, en realidad, el órgano que tiene más posibilidades de estudio es la Dirección General de Tributos, respecto a la residencia efectiva. Y eso va a estar perfectísimamente estudiado.

En el tema de la Agencia Tributaria -en el que estamos de acuerdo casi todas las Comunidades Autónomas- se va a ampliar el grado de participación de las Comunidades Autónomas, exigiendo, casi seguro, que en todos los acuerdos que sean por unanimidad. Se va a establecer otra composición del Comité de Dirección de la Agencia y de los Consejos Territoriales. Los índices de evolución de la PIE -que todos pedíamos que no estuviera el IPC, sino que fuera cualquiera de los otros dos- han dicho que van a evolucionar al PIB nominal. Así de claro. Las variables de ponderación de superficie y de población no se van a tocar para el comienzo del sistema. El FCI, nos dirán la cifra del fondo en el momento en que lleguemos el día del Consejo de Política Fiscal, pero lo que sí está claro es que se va a incrementar. Y, desde luego, se va a poner en funcionamiento el Artículo 15 y una cantidad... en el Artículo 15 de la LOFCA y el de nivelación.

Y quería decirle que no sé por qué me dice que está indeterminado, yo en la página catorce digo que, a este respecto, se solicita una primera valoración de la cuantía global de las asignaciones de nivelación que se distribuirán en mil novecientos noventa y siete. O sea, que no tengo ninguna indeterminación, hablo específicamente del ejercicio de mil novecientos noventa y siete.

Por lo que respecta a alguna de las cuestiones que ya he contestado, porque también las reiteró el representante del Grupo Socialista, y estaba reiterado con lo que había dicho el de Izquierda Unida, le quería decir de entrada una cosa. Primero, yo ya sabía que cuando viniera aquí usted me iba a dar un discurso político, que el 99% no iba a tener nada que ver con la financiación. A lo largo de su exposición no sé si me ha estado hablando de los Presupuestos del Estado y de los de la Comunidad Autónoma, del Debate del Estado de la Región, del Debate del Estado de la Nación, no sé si va a haber elecciones dentro de tres meses y está haciendo una campaña electoral o qué. Pero, desde luego, ha venido hablar de cualquier cosa menos de financiación. Y eso por una razón elemental: porque ustedes, desde el primer día en que yo les cité para hablar de este tema, ya no tenían ningún interés en negociar; y, además, porque se han quedado sin argumentos. Y porque ya se lo he demostrado y se lo demuestro cuando quiera: no tienen argumentos. Yo lamento que su situación, efectivamente, sea muy delicada y que ustedes tienen que justificar lo que están haciendo, y que son Oposición y, lógicamente, están en su legítimo derecho de oponerse, pero tenemos que ser un poco más serios.

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Hemos venido, efectivamente, a hablar de financiación y, desde luego, lo primero, no le entregué el documento; igual que usted apela tanto a la cortesía parlamentaria, a usted le he entregado yo el documento, y al resto de los Grupos Políticos, cuando a mí la cortesía también me dice que, antes que lo que tengan los Grupos Políticos y los medios de comunicación, se lo tengo que enviar formalmente al Ministerio y, cuando menos, que lleguen a la vez. Porque a mí no me parece de cortesía -no parlamentaria, sino de cortesía personal- el que el Ministerio se entere del documento, que oficialmente le envía una Comunidad Autónoma, por un medio de comunicación, por mucho que sea el cuarto poder. Porque eso yo creo que no se debe de aceptar. En el momento en que el documento salió oficialmente al Ministerio, a continuación se lo hemos ofrecido a ustedes.

Una de las afirmaciones que usted ha hecho -y, desde luego, que no le acepto-, es que la Junta falsifique algo. La Junta no falsifica nada. Eso no se puede aceptar. Y, además, le voy a decir una cosa: no se contradiga tanto, porque, si sacamos los archivos de los periódicos, verán que reiteradamente a lo largo... al hablar de la financiación y antes de poner en funcionamiento este sistema, ustedes sólo hacían que hacer hincapié en el IRPF, en el IRPF y en el IRPF. Y yo dije hasta la saciedad: el IRPF es importante, pero es una parte mínima del resto de la financiación de las Comunidades Autónomas; y tendremos que hablar de la participación de los ingresos del Estado; y tendremos que hablar del FCI; y tendremos que hablar del Fondo de Nivelación; y tendremos que hablar de los Fondos Estructurales y de los Fondos de Cohesión. Y ahora parece que al discurso le han dado la vuelta, y ahora dice que no quiere que hablemos del IRPF, sino que quiere que hablemos de todo lo del resto. De todo lo del resto lo hemos estado hablando; lo que está ahora en debate es el tema que se introduce como novedad en la financiación, que es la corresponsabilidad, eso es lo auténticamente novedoso del nuevo sistema de financiación; el resto es determinar qué hacemos con el resto de... con los parámetros y cómo los mejoramos para lograr esa solidaridad que todos deseamos.

Le voy a decir una cosa: los ciudadanos de Castilla y León son pobres, mucho más de lo que nosotros quisiéramos. Pero le puedo decir una cosa: han mejorado sustancialmente y estamos todos deseando que en un futuro seamos todos menos pobres. No le admito el que usted solamente insinúe que el Gobierno que en estos momentos preside Castilla y León tenga ningún interés, o no tenga interés porque los ciudadanos de Castilla y León, todos y cada uno de los ciudadanos de Castilla y León -lo mismo que usted y que yo-, estén al mismo nivel que el resto de la media de los ciudadanos de España; eso no se lo permito, porque además usted -como tanto dice- falta a la razón.

Usted se pone a comparar con otras Comunidades Autónomas. Le he dado datos. Los datos que nosotros damos han servido para la Administración Central y -como le repito- para algunas Comunidades Autónomas. Y lamento profundamente que no lo sepa leer, porque como usted los tiene, yo también, porque -como comprenderá- los he elaborado. Y esas relaciones que usted me dice que terminan mareando al personal de porcentajes, le puedo decir que la base imponible del IRPF sobre el PIB -al que usted tanto hace referencia-, en Castilla y León, en el año noventa y cinco, representaba el 101 -perdone- y en Cataluña representaba el 100,74, sobre una media del 100,71 de España. La cuota íntegra... el IRPF, eso es lo que usted me ha estado diciendo, ¿me comprende?, que es mucho más en Cataluña que aquí. Y, además, permítame que termine yo y luego ya me replica, ¿no?

Sobre ese mismo punto, le puedo decir que la cuota líquida estamos en la misma proporción: sobre el 99,91 de toda España, en Castilla y León estamos en el 101,41 y en Cataluña en el 100,08. Luego no me hagas las comparaciones de manera que no sean.

Pero, es más, usted me ha estado hablando de la diferencia de Cataluña con la Comunidad Autónoma. Primero, no me haga el juego de comparar un 15% con un 30%, porque somos Comunidades Autónomas que, en principio, usted me lo está comparando el 15 con el 30; pero nosotros, como sí somos aplicados, hemos hecho las simulaciones hacia adelante con el 15 y con el 30, y el incremento derivado de la corresponsabilidad que ahora se pone en funcionamiento, si nosotros accediéramos al 15%, sería un incremento del 2,21; si nosotros accediéramos al 30% -y comparándonos con las del 151-, nosotros subiremos un 3,38, frente al 3,74 de Cataluña. Por lo tanto, no existe ni medio punto de diferencia. Por no ya comparar con otras, sino que a usted le encanta compararnos con Cataluña.

Usted me habla de los datos del BBV. Me parece muy bien, los datos del BBV son ciertos. ¿Y qué quiere decir, que estamos hasta ahora en auténtica solidaridad? ¿Quieren decir esos datos que la Administración Central nos ha tratado de una forma tan maravillosa que podemos decir que hemos recibido cantidad de dinero los castellanos y los leoneses? No, usted eso no lo puede decir, porque ya le dije a usted el primer día que fue a la Consejería a negociar que cuando usted me hacía el planteamiento que de aquí a cinco años yo le pidiera a la Administración Central una cantidad de dinero de inversiones en el Estado, le dije que, para jugar limpio, usted me diera un resumen, también, de lo que había invertido la Administración Central en los cinco últimos años en Castilla y León, y yo, como mínimo, le iba a pedir eso o más a la Administración que venía.

Usted me está hablando del endeudamiento. ¿Qué quiere, que me salte la ley? El escenario y el endeudamiento está consensuado entre las Comunidades Autónomas, y me da lo mismo que se haya saltado una Comunidad de un partido que de otro. La realidad es que el endeudamiento de esas Comunidades Autónomas está claramente fuera de la ley, y yo, de momento, me atengo a lo que dice la norma; y, por lo tanto, estoy cumpliendo escrupulosamente el escenario de consolidación.

Usted dice que nosotros no damos coste del sistema. Pues si es que es de chiste leer el empiece de su papel, que me dice: "El incremento del coste del sistema en una cantidad indeterminada, que podría suponer medio billón". A ver si se pone de acuerdo, porque no... no sabe lo que está diciendo.

Los datos que estamos diciendo...

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(Murmullos.)

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Efectivamente, no sabe muy bien lo que está diciendo.

Por otra parte, usted me está comparando siempre... me está diciendo ahora los límites por arriba. Le he dicho hasta la saciedad que no somos partidarios de los límites máximos, porque la corresponsabilidad lleva consigo un esfuerzo de las Comunidades Autónomas y una compensación y unos objetivos de esfuerzo. Y a nadie se le puede poner un tope de esfuerzo, porque, entonces, eso no es nada. Se lo he dicho ya hasta la saciedad.

Y en cuanto a la capacidad normativa, le reitero: no existe corresponsabilidad fiscal si no va aparejada a la capacidad normativa, que ustedes -como partido político-, o alguna, que no todas sus Comunidades Autónomas, haya propuesto como alternativa el que en vez de ser el IRPF sean los impuestos indirectos, eso no significa que no quieran la capacidad normativa, significa que hubieran preferido que el sistema comenzara por impuestos indirectos en vez de por impuestos directos. Pero, casualmente -ya se lo he dicho muchas veces-, tanto el Libro Blanco como el resto de... y además el Gobierno, ha decidido que, dado que la senda del IRPF estaba en experimento durante los años noventa y cuatro y noventa y cinco, y, siendo un impuesto objetivo y fácil de aplicar, comenzaba por el IRPF; lo cual no quiere decir que ninguna Comunidad Autónoma hayamos renunciado a que se incremente la participación y la corresponsabilidad en los próximos años del IRPF, y que eso salte a otros tributos.

Pero le voy a decir, para ponerle un ejemplo -como a usted le gustan mucho los ejemplos-, algunas de las cosas que pide la Comunidad Autónoma de Andalucía -a la que usted ha hecho referencia- es que se traspase la matriculación de los vehículos. Bueno, pues mire, la tasa de matriculación de vehículos no es corresponsabilidad fiscal, porque eso es: a tantos coches que se matriculan en una Comunidad, tanto dinero que surge. Pero es que, además, si tenemos que ser serios y consecuentes, el tema de los vehículos y de la fabricación de automóviles entra dentro de la política industrial general del Estado, que puede decidir el año que viene rebajar el impuesto sobre vehículos, en un determinado momento, porque le interese, y como no hay corresponsabilidad fiscal porque las Comunidades Autónomas no van a decidir nada, las Comunidades Autónomas se pueden ver rebajadas -las que están, además, perfectamente afectadas por este sistema-, pueden ver rebajada su financiación, de la misma forma que la hemos visto rebajada y hemos estado como espectadores pasivos de lo que ha pasado en el año noventa y cuatro y noventa y cinco, donde no había ninguna corresponsabilidad fiscal.

Ustedes ya le he dicho hasta la saciedad que no quieren argumentar... o sea, no quieren negociar porque no quieren argumentar. Y no me venga a decir que si se hubieran aceptado parte de sus argumentos hubieran consensuado, porque ya le he hecho, efectivamente, una comparación donde hemos sacado -y usted no me puede decir que no, porque el documento está escrito y enviado a Consejería-, donde de los quince puntos que nosotros establecemos, muchos ustedes no los tocan, y están de acuerdo en todo, salvo en la capacidad normativa y en los topes máximos.

Luego, por más que ustedes digan, con la ley en la mano, con los datos en la mano, partiendo de que es un sistema completamente diferente del anterior, porque incorpora la corresponsabilidad y porque hay suficientes niveles... suficientes mecanismos de nivelación, donde nosotros seguiremos siendo igual de reivindicativos que estábamos hasta ahora con la Administración Central, cuando un sistema claramente nos beneficia, por más que ustedes digan, no vamos a decir que no. Y usted no creo que se atreva a decirme que diga yo que no a recibir un dinero para... que es a mayores para todos los castellanos y los leoneses. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Para formular un turno de réplica, tiene la palabra el Portavoz de Izquierda Unida, don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Bueno, yo ya lo he anunciado desde el primer momento, y es verdad que podemos partir de sistemas diferentes; lo que pasa es que yo sigo insistiendo en la necesidad y en la conveniencia de no abandonar ninguno de los sistemas posibles hasta tanto se llegue a hacer pie definitivamente en un sistema que, realmente, sea o mantenga criterios equitativos.

Pero esto de renunciar ya de antemano, pues -a nuestro juicio-, sí trae dificultades y trae problemas, que yo creo que lo estamos viendo claramente. En estos momentos, con todas las posibilidades que hay de renegociación periódica de los conciertos económicos en algunas Comunidades Autónomas, observen cómo hasta el presente ni siquiera han abierto la boca, ni ha habido más que reuniones bilaterales; pero no han salido ni a la palestra las diferencias que puedan estar manteniéndose -si es que se mantiene alguna- entre aquellas Comunidades Autónomas que se rigen por ese medio y las que nos regimos por el resto. Y las que nos regimos por el resto -mal llamado lo del común-, bueno, pues quienes están manteniendo los criterios con una marcada o acentuada intencionalidad, pues, es desde Convergència i Unió; lo cual es absolutamente lógico, y no hay por qué despreciar, en absoluto, cualquier planteamiento de tipo político.

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Yo, desde luego, señora Consejera, no voy a entrar a si los datos son buenos, malos o regulares desde el punto de vista técnico. Y si hay que felicitar, pues se la felicita por los datos y la elaboración. Pero como no es ésa la cuestión que aquí nos trae, en absoluto, pues dése por satisfecha el que lo hayan hecho en algunos lugares; punto, y aquí se acabó la historia.

Pero ustedes dicen, a la postre -y lo ha reiterado ahora en un ejercicio de malabarismo paradójico, contradictorio-, que esto no tiene nada que ver con el sistema de financiación anterior. Pero acto seguido dicen: sí, tiene todo, sólo que añade el criterio se corresponsabilidad fiscal. Y el criterio de corresponsabilidad fiscal no es ni más ni menos que actuar sobre la participación en el IRPF con una actividad o con una capacidad normativa, pero -según los medios de comunicación- ésas mismas -y Su Señoría lo acaba de plantear también-, ante los riesgos posibles, tanto por arriba como por debajo, se está intentando ver cómo no se descompensa el equilibrio que todo el mundo -parece ser- está pretendiendo, mediante correcciones a esa capacidad normativa, o límites a esa capacidad normativa.

Bueno, pues entonces, lo que no entendemos muy bien es por qué estamos dando palos contra el sistema anterior y, al mismo tiempo, decimos que estamos recogiendo muchos de los elementos que anteriormente se venían utilizando, salvo ése de la denominación de corresponsabilidad fiscal.

Hay algunas cuestiones, también, que yo... me parece que deberíamos de plantearnos con un cierto detenimiento. Yo creo que sí es conveniente que se haga una nueva reflexión sobre lo que se plantea en relación con la deuda histórica -el Artículo 15 de la LOFCA-, y más: lo que son los servicios mínimos esenciales y lo que son los equilibrios o la necesidad de equilibrar las diferencias estructurales existentes en estos momentos también.

Y sobre todo hay una cuestión que tampoco aquí se ha querido entrar en detalle, y que yo después formularé alguna pregunta, y es que viene referida concretamente en algunos Estatutos de Autonomía, y no concretamente en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, lo cual yo creo que convendrá que se haga un ejercicio respecto de este asunto. Porque no se olvide, no se olvide cómo, precisamente, en todos los principios generales relativos a los números primeros de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, cómo cada vez que se habla de lo que es la financiación de las Comunidades Autónomas, siempre se dice... o se refiere a la Constitución, a lo que las leyes les atribuyan y a los respectivos Estatutos de Autonomía de cada una de las Comunidades. Por consiguiente, yo creo que eso es algo que se ha soslayado de antemano y que nosotros creemos que no debe de ser así, no debe de ser así.

Lo de ayer, al margen de las ausencias o de las presencias, y que cada cual puede fijar su estrategia, lo que sí viene a dejar claro es que la masa de dinero, en principio, es igual a la existente en etapas anteriores. Si es igual, ya es un elemento de referencia a mayores de los que habíamos hablado, y, por consiguiente, que lo único que se hace es una nueva distribución; y, en esa nueva distribución, Su Señoría nos dice que topes mínimos: a estudio; que capacidad normativa: a encontrar fórmulas mediante las cuales la limitación que se establezca impida la creación de paraísos fiscales, o eso que se llaman paraísos fiscales; que se va a hacer un análisis pormenorizado de lo de la residencia efectiva. Que son claros deseos, pero que todavía no están plasmados ni en los documentos que han recibido los Gobiernos Autónomos ni en las aclaraciones que en reuniones como la de ayer se podían esperar.

Que en la Agencia Tributaria habrá más participación. Nos alegra, incluso, pues que pueda haber algún tipo de vinculación condicionante, pues, indudablemente, eso, para el desarrollo futuro sí es interesante. Pero, ha mencionado que las variables de ponderación -me gustaría que me lo aclarara- no se van a tocar. Y, entonces, yo me digo cuál es el ejercicio de funambulismo que le toca hacer a Su Señoría cuando ha basado, precisamente, en la ponderación, vamos, en la variable de ponderación territorial, pues, una de las cuestiones importantes; y, por consiguiente, si no va a haber ninguna variación -que ya lo había advertido anteriormente el señor Aznar en algunas ocasiones-, pero, claro, en este ejercicio de decir, o desdecir hoy lo que se comentó ayer, pues, a lo mejor, todavía podemos esperar alguna aclaración definitiva. Y se sigue diciendo de forma genérica -y lo siento, porque hasta el presente no hay ningún documento que pueda demostrar lo contrario-, que, de forma genérica se sigue hablando de incremento del Fondo de Compensación Interterritorial, del resto de los Fondos -que yo ya le comentaba, y le sigo diciendo-: es verdad que son muy importantes; pero no es menos cierto que no pueden basarse, precisamente, la financiación de las Comunidades Autónomas en esos Fondos, sino como elementos compensatorios a lo que se entiende por mecanismos posibles de actuación; pero que no se pueda instaurar la injusticia, precisamente, en lo que es los términos de la financiación autonómica.

Y, de hecho, Su Señoría cuando dice que siempre ha insistido en esa importancia que tienen los Fondos, yo creo que sí es claro, es importante, pero encierra -a nuestro juicio- una cierta contradicción con lo que son su alternativa, o sus planteamientos alternativos en lo cuantificado -en lo milimétricamente cuantificado-, y en la alternativas que se plantean respecto del año base, respecto de las variables de ponderación que quieren introducir desde aquí, y que, en esa no estaríamos... no tenemos ningún tipo de inconveniente en apoyar.

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Y, yo terminaría diciendo que, en definitiva, se han encorsetado ustedes en un problema que es difícil; yo lo entiendo que es difícil, pero que hay que subsanarlo, y no a expensas de las Comunidades Autónomas más débiles, como es el caso del déficit público, en virtud del compromiso establecido en el Tratado de la Unión Europea, y que, lógicamente, van a verse obligados a forzar la máquina. Pero forzar esa máquina no puede estar a expensas, nuevamente, de que Comunidades Autónomas ricas puedan permitirse hacer, con su capacidad normativa, un aprovechamiento que otros pobres no van a poder hacer, absorbiendo, precisamente, las mejores condiciones que pueda haber en esas Comunidades Autónomas pobres, por un lado. Pero, además, pero, además, el problema fundamental es que alguien se ha permitido hacer o aconsejar el que haya endeudamientos proverbiales, -yo creo que, incluso, que conculcan toda la norma vigente, todas las leyes vigentes en estos momentos-, y que, precisamente, son las Comunidades Autónomas que en estos momentos más presión están ejerciendo para obtener máxima rentabilidad.

Yo no quiero creerme la historia de antaño, de una Ley de Saneamiento de las Hacienda Municipales entonces -que ahora sea de las Haciendas Autonómicas-, en las cuales ocurra lo de siempre: nuestro endeudamiento exiguo nos lleva a no tener equipamiento adecuado ni servicios en las mismas condiciones, y, a la postre, que haya una condonación. Lógicamente, no es posible.

Preguntas: ¿hasta qué extremo va a mantener lo de que es condición sine qua non que se tome en cuenta el factor de territorialidad, para que desde el Gobierno Autónomo, desde la Junta, se adhiera a este sistema de financiación? Dice "lo contrario sería muy perjudicial para nuestra Comunidad Autónoma, y no estamos dispuestos a ello". Por consiguiente, me parece que es un planteamiento muy serio.

Segunda, ¿el año base también es condición sine qua non para la adhesión a este planteamiento, a esta propuesta de financiación, a este sistema de financiación?

Tercera, ¿la capacidad normativa y los resortes estatutarios van a llevarles, de alguna manera, a posibilitar el que nos sentemos, de una vez por todas, para ver cómo podemos compensar esa posibilidad, o esos riesgos que hay de absorción por las Comunidades Autónomas de mayor poder económico, por carencias en nuestra propia normativa estatutaria? Yo, es una advertencia del riesgo, que quiero seguir insistiendo.

Me gustaría que, al menos, hubiera alguna respuesta respecto de estas cuestiones, para poder sentir que no están alimentando una teoría de la divergencia, sino, realmente entendiendo que sí hay un riesgo de esa divergencia, y que hay que paliarla como sea posible. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Herreros. Por el Grupo Socialista, para el turno de réplica, tiene la palabra, don Jaime González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Alguna cuestión, con carácter previo, porque se nos acusa, al Grupo Parlamentario Socialista, de muchas cosas. Bueno, en primer lugar, algún Portavoz ha hecho alusión a la capacidad personal de otros Portavoces. Por si acaso, yo voy a decir una declaración de carácter general. Yo creo que todos los Portavoces, aquí representados, excepto un servidor, son personas extraordinariamente capaces, todos ellos interesadísimos en la situación, el porvenir de los ciudadanos de Castilla y León; y este Procurador -por si acaso, repito-, reconoce sus humildes carencias. Sin embargo, pues ratificamos -y ratifico yo, personalmente- mi compromiso sempiterno con esta Comunidad Autónoma; y, efectivamente, reconozco una vez más las posibles carencias en cuanto a capacidad de trabajo, dedicación al Parlamento, etcétera, etcétera. Por si acaso.

Dicho eso, pasamos al busilis de la cuestión, que es, por ejemplo, que no hacemos autocrítica. ¡Hombre!, nosotros, es evidente, que hacemos autocrítica. En nuestro partido incluso hay comités regionales, ejecutivas, congresos, etcétera, donde se debaten... y nos hemos lamentado profundamente de haber perdido el Gobierno, etcétera. Por lo tanto, hacemos autocrítica. Aquí hacemos oposición, fundamentalmente, a las decisiones que toma el Gobierno, porque eso es precisamente lo que nos corresponde hacer en el Parlamento. La autocrítica tiene otros lugares. Por si acaso no la hiciéramos, algunos Portavoces, a falta de otros argumentos de más contundencia, recurren permanentemente al recurso de la herencia, en esa vocación opositora que traspasa el límite de ser Gobierno, para transformarse en la Oposición permanente.

Pero, para nosotros... hemos hecho autocrítica, aquí hacemos oposición, hemos reconocido nuestros errores públicamente -hayan sido los que hayan sido-, pero, en este momento, nos jugamos el porvenir de la financiación de esta Comunidad Autónoma; como yo he dicho muchas veces, nos jugamos el sueldo de los ciudadanos de Castilla y León para cinco años y para siempre, porque las decisiones que se tomen son irreversibles, no tienen marcha atrás; y, en este momento, lo que hacemos es oposición constructiva, intentando lograr la mejora de la situación de los ciudadanos de Castilla y León. Ésa es nuestra tesis, y es una tesis que yo creo que es fácil de entender.

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Es más, se alude sistemáticamente por falta de la... por parte de la Consejera, fundamentalmente, pues, a las inversiones, etcétera. Yo he dicho antes que lo sustancial es cómo viven los ciudadanos, cómo vivían y cómo viven. Entonces, yo, que soy un curioso -dentro de mis escasas capacidades- de las lecturas, de los documentos que... -vuelvo a invocar al Banco de Bilbao-Vizcaya, para que no se me acuse...- y voy a ver qué ha pasado desde el año noventa y uno al noventa y cinco, con el valor añadido bruto por habitante en Castilla y León. Pues que ha crecido dos puntos; del ochenta y siete al ochenta y nueve. Y, en cambio, el valor de compra ha adquirido... -de las familias- ha subido más de tres. Por lo tanto, ha habido un trasvase, durante ese periodo de tiempo, de posibilidades de unas Comunidades a otras, en favor de Castilla y León. Pero no sólo eso. Es que la capacidad de compra está en estos momentos en el 99,40; por lo tanto, está, en lo que es la media nacional, estando, en valor añadido bruto, doce puntos prácticamente por debajo de la media nacional.

Y esos son gastos de transferencia, eso es dinero que recibe esta Comunidad, eso pone a los ciudadanos -que es lo importante de esta Comunidad- en una mejor situación. Porque ha habido alguien -no sé quién será- que durante estos años, desde el año... desde hace muchos años hasta ahora se ha preocupado de que eso sea así.

Curiosamente -voy a poner el ejemplo de Cataluña, podía poner otros- el valor añadido bruto del noventa y uno al noventa y cinco ha disminuido por habitante, un punto; pero la capacidad de compra, que está... once, perdón, trece puntos por debajo de su valor añadido bruto. Luego, Cataluña, en este asunto de la solidaridad, pues, cede trece puntos ahí, que, bueno, vienen aquí, vienen a otros sitios, etcétera; y ése es el núcleo del sistema. Y eso es lo que yo digo que este sistema pone en cuestión. El nuevo sistema de financiación pone en cuestión esto: disminuye la cuota de solidaridad entre las Comunidades Autónomas y hace más difícil que este sistema se mantenga, con diferencia de las autocríticas, de las herencias y de lo demás.

Y, como lo pienso, lo voy a seguir insistiendo, porque, además, como me han dicho los asesores de imagen de la Junta, que hay que repetir mucho los mensajes, porque así cala; pues repetiremos los mensajes todo lo que haga falta cuando estamos convencidos -como en este caso concreto- que es verdad.

Y no me preocupa que Andalucía y Castilla-La Mancha no hayan ido ayer, me es lo mismo, si estarán negociando por otros lados. ¡Qué más me da a mí! Hoy está Fraga en Madrid, visita catorce Ministerios y cena con Aznar, y lleva un dossier, así, de peticiones. ¿Por qué no está el Presidente Lucas haciendo lo mismo? Catorce Ministerios y cena con Aznar. ¿O es que no le recibe? A lo mejor le pasa como a Alejo, que no le recibe. ¡Qué lástima! Vaya manera, vaya manera de negociar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera el futuro de los ciudadanos de España, el futuro de los ciudadanos de España.

Así es. Y hoy lo ha dicho en los medios de comunicación, ufanándose de la capacidad, Fraga, de viaje -lo primero-, de trabajo -lo segundo-, y de ser recibido -lo tercero-. Todos, menos el Ministro de Asuntos Exteriores.

Seamos precisos, porque yo creo que hay que ser precisos en las cosas. Usted se negó en redondo a entregarnos un borrador en la última reunión que tuvimos de negociación. Se negó en redondo. Y aquello era un borrador. Yo no le pedí el documento definitivo que usted iba a enviar después a Rato, después de la negociación. Yo eso no se lo pedí, lo que le pedía era el borrador que usted tenía preparado, para trabajar sobre él; porque, si no, ya me explicará usted qué pintábamos allí los pobres Portavoces de los Grupos Parlamentarios, discutiendo con usted sobre un documento -que usted dice y reconoce que ya era el definitivo, y que, como era el definitivo, no nos lo iba a dar a nosotros antes que a Rato-. Pues si era el definitivo nos lo podía haber dicho antes: "esto es definitivo". Adiós. Y, hubiéramos quedado... y hubiéramos perdido dos horas menos.

Y usted no me admite que yo diga que la Junta falsifica. Decir eso es... pertenece al terreno de las voluntades; y usted admitirá que yo le diga que la Junta falsifica el debate, porque la Junta debate sobre la corresponsabilidad fiscal como si eso fuera "la madre del cordero", y "la madre del cordero" no es eso. "La madre del cordero" es que los ciudadanos cada vez vivan mejor, o vivamos mejor; que cada vez haya menos diferencias entre Comunidades Autónomas; que el principio de solidaridad que garantiza la unión se cumpla. Ésa es "la madre del cordero", y lo otro es un instrumento. Sobre el cual dice usted cosas muy interesantes en ese documento que ha remitido a Madrid, como por ejemplo, en la página dieciséis, dice: "con lo cual su aplicación..." -la del modelo- "...va a provocar que la senda de evolución de la financiación de las Comunidades sea diferente, de tal modo, que se incrementará más en aquellas en que el impuesto experimente un mayor crecimiento, y crecerá menos, o incluso podría disminuir, en las demás". Está admitiendo que el sistema elimina un 30% del principio de solidaridad. Ese 30% que antes iba a donde tenía que ir, ahora se va a quedar en los territorios, en los sitios y en los lugares. Y eso lo dice usted en la página dieciséis, último punto del primer párrafo.

Y usted dice, en el párrafo siguiente -si usted quiere también se lo leo- "las diferencias de financiación que se produzcan deben tener su origen única y exclusivamente en ese motivo". O sea, que... en que unas chiflen más que otras; no en el año base que tiene que ser neutral. ¡Faltaría más que el año base tampoco fuera neutral, y nos pusiera en inferioridad de condiciones! ¡Faltaría más!

(-p.3390-)

Pero, la aceptación de que el principio que inspira el sistema es que unas Comunidades van a crecer más que otras porque son más ágiles que otras, porque su dinámica económica es más alta que otras, etcétera, es un reconocimiento expreso de que el sistema no es bueno para esta Comunidad Autónoma. Porque, además, unas Comunidades Autónomas son más ágiles y mejores que otras, no por ciencia infusa, sino porque en los últimos cien años, o más, o más, se han producido situaciones muy diferentes.

Por tanto, tendrá usted que admitir eso, porque es la verdad; y como es la verdad, pues ¡qué le vamos a hacer! No tenemos más solución que le.....

Yo creo que... nos hemos enterado hoy de otra noticia, que no la dije antes porque, ¡claro!... No se va a recurrir el Impuesto General de Sociedades vasco. Bueno, pues, otra cosa. Va, según la Consejera, va a lograr que en todas las Comunidades Autónomas se baje al 32,5, pero, es que yo creo que hay que recurrirlo, es que yo creo que hay que recurrirlo, porque además, ese concierto del que tanto hablamos dice una cosa muy interesante. Dice: "Que la aplicación del presente concierto no podrá implicar una presión fiscal efectiva global, inferior a la que exista en territorio común". Eso dice el concierto. Y dice más adelante: "En este sentido, resulta imprevisible... imprescindible contar con un procedimiento para obtener la presión fiscal en el País Vasco y en territorio común, para poder llevar a cabo una comprobación del principio de armonización, generalmente alegado en los recursos, y que los Tribunales consideran insuficientemente probado". Eso lo dice un informe que la Secretaría de Estado de Hacienda hizo sobre el Impuesto de Sociedades del País Vasco.

Por lo tanto, yo creo que cabe base suficiente para recurrirlo, porque, si se demuestra, si se demuestra que la presión fiscal global efectiva, es menor que en el resto, si se demuestra eso; eso no puede ser. Por tanto, demuéstrenlo, recurran y demuéstrenlo. Ahora, lo más cómodo es decir, no, ¿para qué vamos a recurrir? Que le bajen a todos al 32,5. ¡Difícil va a ser eso!; difícil posiblemente, difícil. Pero, pues si se consigue, mejor. A lo mejor, era mejor que todos siguieran pagando el 35 y que la capacidad de gasto del Estado se incrementara, se mantuviera y pudiera mantener la política de derramamiento de ese gasto en, prácticamente, todas las Comunidades Autónomas.

Por tanto, yo comprendo que el principio de convergencia es el principio de convergencia, pero yo sólo sé que hay Comunidades Autónomas que se han endeudado en un billón de pesetas, próximo al billón de pesetas en mejorar los servicios a los ciudadanos; y que nosotros no hacemos eso, y que además arrastramos un agujero de esa deuda de los años noventa y dos y noventa y tres, de la firma de aquel documento, que costó a esta Comunidad Autónoma la posibilidad de emitir 50.000 millones de deuda pública, y que nos está comprometiendo gravemente desde entonces.

Por lo tanto, señora Consejera, pretender arreglar todo esto con el documento que ustedes han presentado, a nosotros, desde luego, eso sí que nos parece... pues, un chiste.

Y, por último, yo nunca digo datos falsos. Yo dije, yo dije exactamente la cifra que usted dio en el caso de la financiación, en el caso de Cataluña y en el caso de... exactamente, el 338, dije: 23.000 millones, dije el 30%, no dije el 15%. Yo creo que debería usted agilizar los oídos. Y lo único que dije es que, en el caso de Cataluña, me iba a fiar más de Macià Alavedra que de usted. Porque si usted reconozco que dice la verdad aquí, yo tendré que creer que Macià Alavedra la dice en Cataluña; y apliqué allí los datos que él dice. Punto. Y resulta que de allí sólo sale un 3,38 aquí, y un 9,58 -y no retiro ni una sola letra-, allí.

Y eso es lo que hay. Yo creo que deberían ustedes recapacitar, deberían intentar conseguir que el asunto se retrotrajera a los orígenes. Poder participar en la elaboración del documento base, base; eso sería la clave, y no ir a la rastra de lo que digan dos Grupos políticos que ponen mucho al servicio de sus propios intereses. Y la verdad es que el principio... yo no me creo eso de que nos vayan a devolver como solidaridad lo que se nos quita por otro lado, porque eso no funciona bien; mejor que se nos deje por el otro lado y que nos den una solidaridad a mayores, y no lo que se nos ha quitado. Yo creo que eso funcionaría bastante mejor para esta Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor González. Por el Grupo Parlamentario Popular, para el turno de réplica, tiene la palabra don Juan Vicente Herrera.

HERRERA CAMPO

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EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Muchas gracias, señor Presidente. Con suma brevedad, para agradecer a la Consejera sus explicaciones, y para reiterar que su trabajo ha sido un trabajo riguroso y un trabajo valioso; de la misma manera que es un trabajo riguroso y un trabajo valioso el de los Portavoces que, al menos hoy, desde luego, han intervenido en relación a esta cuestión. Otra cosa es que yo haya invalidado, desde el punto de vista político, o haya tratado de invalidar desde la posición del Grupo Parlamentario Popular esos planteamientos, esas propuestas, porque yo entiendo que adolecen en origen de un defecto que nosotros, desde luego, vamos a seguir reiterando, y es la falta radical de autocrítica respecto de lo que ha sido una situación que -todos coincidimos- ha sido discriminatoria y desfavorecedora para la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de lo cual, hoy se ha reconocido aquí y es algo que queda en el libro de actas, en el libro de sesiones, que durante los últimos cuatro años esta Comunidad Autónoma ciertamente ha dado un paso adelante en lo que debe ser el crecimiento y su equiparación respecto de la media nacional y comunitaria.

Algo, algo habrá tenido que ver ahí también, ciertamente, la buena y la correcta administración de unos recursos que, ciertamente, no son recursos que en muchos casos obtenga la Comunidad Autónoma en virtud de la limitación que precisamente viene a corregir la aplicación práctica de un principio de corresponsabilidad fiscal, que viene a corregir la asimetría actual existente en muchas Comunidades Autónomas entre la capacidad de gastar y la capacidad de recaudar, pero, evidentemente, algo habrá tenido que ver en eso, y ya nos hemos cansado de reiterarlo, la buena gestión de la Administración Autonómica.

Por lo demás, señora Consejera, hemos asistido a una nueva puesta en escena, a un nuevo paso, en lo que es una estrategia absolutamente legítima, pero que nosotros entendemos que debemos subrayar en qué consiste. Y es una estrategia, señora Consejera, que ciertamente en las últimas elecciones, en los últimos comicios de carácter autonómico, de carácter local, de carácter municipal ha obtenido ya una respuesta y una valoración por parte de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma. Nosotros somos conscientes que, a partir de este momento, van a hablar de recortes presupuestarios quienes, en términos conceptuales, han practicado la política del recorte, seguramente porque no han tenido más remedio, y porque los intereses generales del Estado lo exigían; van a hablar de privatizaciones, quienes han iniciado una carrera loca de privatizaciones; van, de alguna manera, a referirse a las rigideces presupuestarias de los próximos Presupuestos Generales, quienes han sido los responsables de desmanes presupuestarios que determinan una política que, seguramente, no es la querida; pero, en definitiva, ésa es una estrategia, nos parece legítima y nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos.

Termino reiterando nuestro agradecimiento y reiterando también el apoyo político de este Grupo Parlamentario al trabajo que se plasma en las propuestas que la Comunidad Autónoma eleva a la mesa de negociación del nuevo marco, del nuevo modelo de financiación autonómica en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Juan Vicente Herrera. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Gracias, Presidente. Casi voy a empezar por el final, porque la verdad es que antes no... por lo menos agradecer el apoyo del Grupo Parlamentario Popular representado en las Cortes. Efectivamente, el documento lo hemos hecho con toda la seriedad, desde un punto de vista técnico, con todos los recursos humanos y materiales de que disponemos, y creemos, efectivamente, que se trata de un documento suficiente, incluso que va más allá de algunas cuestiones que se planteaban en el Estado y, desde luego, siempre hemos tenido como primera mira los intereses de los ciudadanos de Castilla y León. Como también así ha sido igual de seria la postura de la Comunidad Autónoma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha tenido lugar el día veintitantos. Y, además, ayer nos han entregado el Acta definitiva de la sesión del Consejo del día veintitrés de julio, que puedo, desde luego, dejar para que la gente... para que se eche un vistazo a ver cuál ha sido la intervención de las distintas Comunidades Autónomas incluida la de esta Consejera que le habla.

Empezando casi un poco por el final, quería decirle al representante del Partido Socialista. Primero: que el nuevo sistema que ahora comienza y las reflexiones no son irreversibles. Es un sistema -como todos sabemos- que comienza en el noventa y siete y que es para el periodo noventa y siete-dos mil uno; y, como todas las cosas, son mejorables, pero, además de mejorables, son posibles de modificar -y no tenemos más que echar un vistazo al que ahora termina y que ha sido del noventa y dos hasta... del noventa y cuatro hasta este ejercicio-. Por lo tanto, el noventa y siete-dos mil uno comienza ahora y a lo largo de la aplicación del sistema, que además quedará plasmado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es voluntad de todas las Comunidades Autónomas que desde el mismo comienzo del periodo se intensifiquen las reuniones del Consejo de Política Fiscal, se le dé más protagonismo y se decidan muchas cuestiones que hasta ahora no eran tenidas allí en cuenta, de ver cómo evoluciona el sistema y cómo se llega al final del periodo.

Sobre los datos que usted me da del BBV, me parece muy bien que usted esté satisfecho, estamos todos satisfechos de que haya aumentado la renta y el valor añadido, lo mismo que decía el representante del Grupo Popular, algo tendremos... habrá tenido que ver, desde luego, del noventa y uno al noventa y cinco, la Comunidad Autónoma que gobierna esta Comunidad. Pero, bueno, sobre eso en realidad no vamos a entrar.

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No se encuentre usted preocupado de que hoy vaya el Presidente de Galicia a, en una visita maratoniana, a ver los Ministerios y a cenar con Aznar. Le puedo decir que, aparte de haber ido a visitar ya a todos los Ministros, el Presidente de la Comunidad Autónoma y los propios Consejeros hemos sido recibidos reiteradamente... Tampoco se preocupe por la relación con el Presidente del Gobierno, porque el señor Lucas ya ha comido y cenado reiteradamente en La Moncloa, y ha tenido también el detalle, el Presidente del Gobierno, de trasladarse a esta Comunidad Autónoma y tener una reunión de trabajo con el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, usted esté tranquilo.

Respecto de que el documento cuando nos reunimos -y además está aquí el representante de Izquierda Unida que estaba, lo mismo que usted, en la reunión-, no diga que no les dije que era el documento definitivo y no diga que no les dije que no se lo daba porque era el documento que íbamos a mandar por la tarde, o al día siguiente, al Ministerio. Luego eso no es así.

Usted me dice que la madre del cordero no está en la financiación, pero si es que estamos diciendo lo mismo. Yo le digo que ustedes han cambiado de mensaje, que han estado reiteradamente diciendo que lo fundamentalísimo del sistema nuevo era la corresponsabilidad; y que yo les dije que, con toda la importancia que tenía la corresponsabilidad, también lo tenían los distintos mecanismos de financiación que la unían. Ahora ustedes han cambiado el discurso y lo centran fundamentalmente en la corresponsabilidad; le damos la importancia desde luego que tiene, y que es mucha, pero, desde luego, no más de la que allí tiene. Porque si se hace con los números en la mano, se verá que de la financiación total tanto condicionada como incondicionada de la Comunidad Autónoma, el porcentaje del IRPF sea más o menos solidario y tenga más o menos cantidad que en otras Comunidades Autónomas, representa una parte mínima de la financiación conjunta.

No le he dicho tampoco -creo nunca- que los datos sean falsos, sencillamente que no los sabe leer; y que los datos que yo le he dado no me los he inventado yo. Para que usted me crea a mí, o no le crea al señor Macià Alavedra, son datos facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Ministerio de Economía y Hacienda, que son fácilmente contrastables aquí y en cualquier Comunidad Autónoma.

Y por lo que me dice respecto del País Vasco, le voy a dar una novedad y, además, como se suele decir, me alegra que me haga usted esa pregunta, por varias razones. Primera: por si no lo sabe, desde un punto de vista jurídico, constitucionalmente no se puede recurrir, porque no se puede recurrir, salvo la Administración Central. Segundo: el recurso que ha presentado... nosotros es que para que se demuestre fíjese si tenemos interés, estamos verdaderamente preocupados por defender los intereses de los castellanos y de los leoneses, ha habido múltiples reuniones de las Comunidades limítrofes con el País Vasco; unas Comunidades pueden tener más problemas que otras, y la presentación de un recurso por una sola Comunidad Autónoma contencioso-administrativo tiene efectos jurídicos para toda España, en el caso de que eso se haga así, con lo cual... efectivamente, yo no sé si seremos listos, aquí en la Consejería de Castilla y... de la Comunidad Autónoma, que no necesitamos gastarnos el dinero en interponer un recurso contencioso-administrativo porque lo han interpuesto otras dos Comunidades y los efectos jurídicos serán nuestros. Cuando, sobre unos determinados artículos, la Administración Central decida recurrir constitucionalmente, no se preocupe que nosotros iremos como coadyuvantes. Eso es lo que pasa con el País Vasco, o sea, que usted esté tranquilo.

Quería contestar finalmente a algunas de las cosas que ha dicho el representante de Izquierda Unida y algunas de sus preguntas. No hago ningún malabarismo, entre otras cosas porque nos podríamos desnucar todos. Quiero decir que el sistema actual introduce novedades respecto del anterior, que lo hemos dicho desde el principio, y que yo no termino de entender el discurso de algunas personas de que en un determinado momento digan, "el sistema es igual que el anterior, como es igual que el anterior debemos de oponernos". No, no es igual que el anterior, porque no señor, vamos a ver una cosa. El sistema termina este año con una prórroga que ya hemos dicho desde el principio que debía de comenzar otro sistema, que el sistema que ahora termina era un ensayo de lo que podía ser la senda de la corresponsabilidad, que se denunció por todas las Comunidades Autónomas que aquello no era auténtica corresponsabilidad fiscal. El sistema de la corresponsabilidad y la cesión del 15% lo llevaba el Grupo... el Partido Popular a las elecciones generales, o sea que no se lo tuvo que decir absolutamente nadie; pero es que ahora mismo, con estas variables o con otras, si siguiera el Partido Socialista estaríamos asistiendo a los mismos debates sobre el nuevo sistema de financiación. No diga que no, porque es verdad.

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Respecto a los límites que me dice de la capacidad normativa, la capacidad normativa la queremos todos porque es consustancial con la financiación, con la corresponsabilidad fiscal, se lo he dicho; pero, por otro lado, todos estamos echando un vistazo a lo que pasa en el País Vasco y todos queremos límites de esa capacidad normativa y coordinación por parte de la Administración Central para lograr que no haya gente deslocalizada y que no haya competencia entre las Comunidades Autónomas; luego todos queremos que esté perfectamente fijado los topes y los límites de la competencia normativa de las Comunidades Autónomas y del Estado, de los dos en su conjunto, y no estoy hablando de deseos que no se plasman. El día diecisiete, les he dicho al principio, el Ministerio nos mandará a todas las Comunidades Autónomas el documento definitivo que será el que vaya al Consejo de Política Fiscal y Financiera del día veintitrés. Por lo tanto, efectivamente, estamos hablando de realidades; como hablamos de realidades en el documento al hablar del Fondo de Cohesión, que ya he dicho que será el primer punto del Orden del Día que, a propuesta mía, en representación de la Comunidad Autónoma, hice el último día al Vicepresidente del Gobierno. Pero, en qué sentido, en el sentido de que cada año se sepa cuáles son los Fondos de Cohesión, las Comunidades Autónomas decidan qué proyectos van a meter de reforestación y sea, efectivamente, una realidad que tenga una evaluación económica y que nosotros podamos, incluso, presupuestarlo. O sea, que no estamos hablando de... no estamos hablando desde un punto de vista etéreo, sino que estamos hablando de la realidad.

Usted me hablaba del déficit, el déficit por lo que sabe, en mil novecientos noventa y siete se termina el escenario, el escenario que se firmó hace unos años cuando gobernada el Partido Socialista en España y que firmaron todas las Comunidades Autónomas, que nos obliga a todas a una serie de medidas de contención del déficit y que, efectivamente, algunas Comunidades han traspasado. Pero me gustaría que echara un vistazo a cuáles han sido las principales Comunidades que lo han traspasado, para que ahora nos estemos rasgando las vestiduras con Cataluña y con el Pacto: han sido fundamentalmente Cataluña, Andalucía y Valencia. Sobre eso no tengo que decirle más.

Bueno, respecto al tema de las variables de la población, le voy a decir que, efectivamente, desde el principio ha habido un debate muy encarnizado entre dos partes de Comunidades Autónomas -y no del mismo signo político- y unas que quieren que sólo sea población -o sea, que la financiación sea per cápita- y las que decimos que de ninguna manera. Ante esta situación y, como es lógico, cuando se va a negociar siempre se pide lo más, en cualquier tipo de negociación, sea de este tipo o de lo que sea, porque además es nuestra obligación. El hecho de que las variables tal y como están continúen así, y que las del 143 no se asimilen a las del 151, que pasa del sesenta y cuatro al noventa y cuatro; y que algunas del 151 y alguna del 143 no logren que sea la población pura y dura la que se modifique en este sistema es un éxito. Y, por lo tanto, independientemente de que estamos viendo que comienza la senda de un nuevo sistema -y creo que ya se lo he dicho-, hemos puesto todos encima de la mesa que a partir de que se cierre el sistema en este... ahora, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se abrirá un grupo de trabajo para determinar, efectivamente, cómo cuestan, por qué cuestan los servicios, los servicios si son por habitante, si son por usuario, si cuesta más llevarlos más lejos, menos lejos; y eso va a ser un estudio en el que se va a establecer un plazo, y que haremos entre todas las Comunidades Autónomas, comprometiéndonos todas que si al final de ese estudio, efectivamente, la variable población, pura y dura es la que prevalece, si es de verdad un estudio técnico lo aceptaríamos, y aceptando las Comunidades que ahora piden el peso de la población, que si no es eso y que si las variables que tenemos y que además a lo mejor hay que aumentar todavía mucho más el peso de la dispersión, la variable de despoblación y todo eso, también lo van a aceptar, lo único que también está introducida la insularidad y otros conceptos, como usted muy bien sabe.

Respecto del año base no necesariamente es un tema de... capital, en el sentido de que sobre ello se pueda hacer una cuestión de decir que sí o que no. He de decir que el año base lo ha planteado solamente Castilla y León aunque, desde luego, alguna Comunidad se ha adherido, y nosotros ya sabe cuál es la razón elemental; pero, fundamentalmente, es que queríamos la aclaración, y sabemos que este año igual que en el año noventa y tres es un año excepcional en el tema de la agricultura, que nos va a subir excepcionalmente nuestra renta y que, por tanto, eso supondría después un esfuerzo mayor de cara a los años que vienen. Lo mismo que pasó en el año noventa y tres y que arrastramos algunos perjuicios desde ese momento.

Y, respecto a la capacidad normativa que usted me decía que si vamos a sentarnos a hablar sobre este tema, yo, sinceramente, le digo que puesto que es el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el que tiene -yo creo- más meditado, más pensado este tema, le agradecería que si ya lo tiene estudiado nos planteara cuáles son las premisas que desea que se negocien, o comience la negociación, desde luego, las estudiaremos y las asumiremos si son fácilmente asumibles y si es en interés de todos. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Finalizado el turno de Portavoces se abre un turno para aquellos Procuradores que, siendo miembros de la Comisión, no hayan intervenido en el turno de tales. ¿Algún Procurador quiere tomar la palabra? Sí, señor Quijano.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Sí, gracias, señor Presidente. Para alguna observación y alguna pregunta también. Una primera observación, porque veo que con reiteración en este tipo de debates se hace la alegación ésta retrospectiva, tan habitual en estos momentos de la vida política, de los trece o catorce años anteriores, pensando que eso lo justifica todo, y quiero decirlo porque me parece tremendamente incoherente el hacer esa alegación. ¡Hombre!, nosotros lo hemos hecho todo muy mal, eso ya lo sabe todo el mundo y eso, en fin, no es nuevo; pero, claro, lo que no me parece coherente es que ahora cuando se quiere justificar alguna decisión que no gusta "no, es que ustedes también lo hacían así". Hombre, o una cosa o la otra. Ustedes han venido a este mundo de los humildes mortales después del tres de marzo a arreglar todo lo que nosotros hacíamos mal, que era prácticamente todo; entonces, no utilicen el argumento de que, como también lo hacíamos mal, lo siguen haciendo igual y con eso se quedan tan tranquilos, ¡hombre!, sean un poco coherentes. Si quieren corregir los errores, no aleguen los errores del pasado para justificar los propios, y me parece que con eso su mensaje político se agotará relativamente pronto. En fin, es un consejo gratuito por esta vez.

(-p.3394-)

Una pregunta, señora Consejera, que no me ha quedado clara, puesto que el tema se ha suscitado en estas intervenciones finales. Por fin, entonces, con el tema de la rebaja del impuesto de sociedades en el País Vasco no lo van a recurrir, deduzco ¿no?, porque creo que eso es lo que la he escuchado, y eso es lo que he escuchado -que me parece más relevante- al Presidente de la Junta en declaraciones públicas hace unos días. Es que luego le oigo decir: no, es que no se puede recurrir; pero a la vez dice: pero, si alguien lo recurre nos aprovecharemos todos. ¡Hombre!, ¿se puede o no se puede, según su criterio? Entonces, ¿lo que van a hacer Cantabria y La Rioja está fuera de la Ley? Pero, ¿si lo hacen y cuela nos aprovechamos nosotros? Hombre, sea en esto un poco más seria, me permito decir, y aclárelo un poco más. Entre otras cosas, porque si no recuerdo mal, a resultas de un debate que se produjo en este Parlamento, su Grupo Parlamentario anunció la presentación de una iniciativa justamente en este sentido, de recurrir, y no he oído que esa iniciativa se haya retirado. Por tanto, si esa iniciativa sigue adelante, previsiblemente se aprobará con la mayoría que su Grupo tiene aquí, y les va a dejar eso en una situación, me parece a mí que complicada, o a la Junta al Grupo Parlamentario. Por eso le pediría sobre esto una claridad definitiva.

Segunda pregunta concreta. Si el día diecisiete van a tener ustedes, parece ser, el documento definitivo que el Ministerio va a elaborar, una vez que haya estudiado las correspondientes alegaciones de cada Comunidad, ¿se comprometería a trasladárnoslo? O ese documento va a ser reservado hasta la reunión del día veintitrés. Porque yo creo que eso no sería bueno ¿no?, porque eso luego va a generar el equívoco de lo que había allí, de lo que no había, ¿se comprometería a enviárnoslo una vez que lo tenga?

Y, tercera pregunta, que quizá exige una breve introducción. Mire, yo creo, no sé si en esto estaremos de acuerdo, pero me parece que es un hecho bastante objetivo que una buena parte de la conflictividad o de la discrepancia que está generando el modelo de financiación, deriva, no sólo de su contenido, sino de lo que yo llamaría un vicio de origen. ¿Cuál es este vicio de origen? Pues me parece que es bien claro: resulta que para obtener el apoyo político necesario en la votación de investidura se pacta -de una manera, además, bastante cerrada- un determinado modelo de financiación, que se pretende que produzca efectos para quince Comunidades, cuando solamente una ha participado en la negociación inicial. Éste es el problema. Éste es el origen de la cuestión, y éste yo creo que es un vicio de procedimiento bastante importante. Y eso va a generar -me parece a mí- una conflictividad y una discrepancia añadida en la que no esta sólo Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, yo he oído estos días -no sé si mi información será equivocada- que Cantabria y Asturias también se opondrán, que La Rioja tiene muchas posibilidades, que Galicia depende de lo que pase hoy en estas reuniones del Presidente Fraga -por cierto, pues, me parece que es una forma bastante peculiar de entender una negociación colectiva-, y no sé finalmente cuál va a ser la posición de nuestra propia Comunidad, porque con los argumentos que la escucho y que leo, como mínimo, eso llevaría a la abstención, como pasó en el sistema anterior, como mínimo, porque no les escuché cosas distintas en aquel momento y en éste. Pero, en fin, no sé si es ésa la posición en que están. Claro, yo le preguntaría entonces: si en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se planteara por parte de alguna Comunidad la conveniencia de reabrir las negociaciones con todas las Comunidades Autónomas que van a ser las destinatarias del sistema de financiación, aunque eso supusiera prorrogar el sistema actual durante el tiempo necesario para que esa negociación se llevara a cabo, ¿usted apoyaría esa posición? Y, por tanto, ¿usted aceptaría participar en una negociación en la que estén todos los que van a resultar afectados por el sistema sin que exista el pie forzado inicial de un pacto bilateral que produce efectos para quince Comunidades, cuando sólo una ha participado en la fijación de esa posición inicial? Me interesa enormemente su respuesta sobre este punto porque me parece que, más allá del debate sobre el contenido del modelo, hay aspectos de la discrepancia y de la conflictividad de este sistema que están relacionados con este vicio de origen, que me parece que es un vicio bastante notable. Ésas son las preguntas que le quería hacer.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Quijano. Tiene la palabra la señora Consejera para dar respuesta a las preguntas formuladas.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Muchas gracias. Permítame que me sonría, la verdad, de las múltiples preguntas que usted me ha hecho. Primero, no intentamos justificar con el pasado nada, no dudo. además, de que ustedes lo han hecho francamente bien, pero en otra Comunidad, no en ésta; en alguna otra Comunidad de España tienen que estar encantados de la actuación que han tenido en los últimos trece años, pero, desde luego, en Castilla y León, no. Y eso no lo decimos nosotros, lo han dicho reiteradamente cada vez más ciudadanos de Castilla y León cada vez que van a votar.

Lo del tema del País Vasco, ya debería de haberlo entendido. Primero, no se puede recurrir al Constitucional. Punto primero. Sí se puede recurrir al Contencioso. Hemos tenido reuniones las Comunidades Autónomas limítrofes, a instancia de la Comunidad de Castilla y León, y conversaciones anteriores con el Ministerio, y le guste o no le guste se ha decidido las Comunidades que lo hacen. Recurrida una Comunidad Autónoma al contencioso-administrativo produce efectos jurídicos para toda España, por lo tanto, ya está dicho.

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Respecto al documento, le voy a decir una cosa: el documento nos lo presenta, nos lo dan el día diecisiete; el día veinte hay otra reunión preparatoria. No me puedo comprometer en este momento a qué día se lo puedo ofrecer, entre otras razones, porque en cuanto llegue lo primero que tenemos que hacer es estudiarlo nosotros. Eso de entrada. Comprenderá que antes de que lo estudiemos nosotros no se lo podemos dar a nadie para que lo haga. O sea que, del día diecisiete al veintitrés, todavía hay siete días. Cuando nosotros hayamos estudiado detenidamente el documento y hayamos fijado la postura, no tengo ningún inconveniente en comentársela, aunque yo creo que hasta aquí ya hemos comentado hasta la saciedad todos los temas.

Y respecto del pacto, ¡hombre!, ¡por favor!, no me vuelva a hablar del Pacto. No me hable del Pacto, porque le recuerdo que, hasta el Pacto con el PP, ustedes también tenían anteriormente un Pacto con Izquierda... con Convergència i Unió, y era un sistema de financiación que ahí sí que no decíamos nada ninguna Comunidad Autónoma, sino que repartieron alegremente el dinero como quisieron.

Y perdone que le diga que el tema de la conflictividad es una orquestación del Partido Socialista, que está intentando meter el dedo en la llaga en las Comunidades Autónomas más significativas y representativas del Partido Popular, intentando desestabilizar o creando un clima de desestabilidad y de preocupación en los ciudadanos de las Comunidades. Cada Comunidad Autónoma debe de mirar para sí misma, aunque tenga en comparación con los demás, y cada unos de los Gobiernos debe de buscar lo mejor para todos sus ciudadanos.

Y, respecto de las consultas de las Comunidades, le quiero decir que la Administración Central ha tenido el detalle -que no tuvo nunca la Administración anterior- de haber tenido negociaciones bilaterales y multilaterales con todas y cada una de las Comunidades Autónomas, con todos y cada uno de los Consejeros, y con todos y cada uno de los Presidentes Autonómicos. No solamente el Gobierno... el representante... el Vicepresidente del Gobierno y el Consejero de Administración Territorial... el Ministro de Administración Territorial, sino el también el propio Presidente del Gobierno. Las Comunidades Autónomas han sido más que consultadas. Y le voy a dar un dato. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera del día veintitrés puede ser que alguna o las tres Comunidades del Partido Socialista digan que no, pero yo le reto a que de aquí al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que finaliza el plazo para adherirse, siga los eventos que van a pasar en las Comisiones de Transferencia, y a lo mejor se lleva alguna sorpresa y va a tener usted que venir a justificárnoslo a nosotros, no al revés.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Pues ahora tiene la palabra el señor Quijano, para turno de réplica.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Lo que va a pasar es lo que ya pasó aquí, ¿no?, que allí se abstuvieron y, luego, cuando vieron que derivaban mil no sé qué millones, entonces lo aceptaron. ¿Es eso más o menos lo que va a pasar?

Mire, yo no me río nada, señora Consejera, de estas cosas que me parecen bastante serias, y creo que hay que tomárselas con bastante seriedad. Primero, le guste o no le guste, el debate de Investidura de las elecciones del año noventa y tres se celebró sin un condicionamiento previo en cuanto al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Le guste o no le guste. ¿Tuvimos más habilidad? ¿Teníamos menos facturas que pagar y por eso el precio fue más barato? Pues mire, no lo sé. No estoy en los entresijos de aquella negociación. Yo le digo que aquello se negoció posteriormente; y el que quiso lo aceptó y el que no, no. Y hubo Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista -como Extremadura- que votaron en contra de aquel sistema porque no les parecía bien. A ver si eso también ocurre ahora.

¡Hombre! Y, luego, no se desmerezca usted misma. O sea que, al final, si Rioja, Cantabria o Galicia ponen inconvenientes al sistema, es porque nosotros estamos incordiando allí. Porque allí tienen mayoría absoluta ustedes en esas tres Comunidades. Entonces, ¿resulta que ustedes no tienen capacidad para fijar su propia posición y todo se debe a que nosotros andamos metiendo el dedo en Comunidades muy significativas? Hombre, lo lamento, porque lo que tendría que reconocer es que hemos tenido nosotros aquí menos capacidad que nuestros compañeros en La Rioja, en Cantabria o en Galicia; pero esas tres Comunidades Autónomas las gobiernan ustedes con mayoría absoluta y están -por lo que oigo y leo- en posición enormemente crítica con el sistema, enormemente crítica con el sistema.

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Y el tema del recurso sobre las vacaciones... las llamadas vacaciones fiscales vascas, pues, hombre, aclárese definitivamente. Me dice que ha habido una reunión con la Administración Central en la que se decidió no recurrir. Entonces... en la que se decidió no recurrir, me parece que eso es lo que usted ha dicho. Yo había leído antes en una entrevista con el señor Ardanza en un medio de comunicación nacional que él estaba absolutamente seguro de que podían ir adelante con este sistema, porque parte de los acuerdos no escritos -dijo él- consistían en esto, en que el Partido Popular se comprometía a que esas medidas fiscales vascas no iban a ser recurridas. O sea, que en el fondo lo que me está diciendo es que Cantabria y Rioja sí recurren; lo harán saltándose un pacto político con el PNV o un acuerdo con la Administración Central en el seno de su propio partido. Bueno, pues yo lo que les tendría que decir es que sean ustedes igual de valientes por lo menos, si es un tema que afecta -como su propio Grupo reconoce cuando anunció presentar esa iniciativa-, afecta, y de forma bastante importante, a los intereses de Castilla y León. Ésa es la cuestión. Yo ya sé que luego se le pueden dar muchas vueltas, pero, en fin, quizá debiera de tomar la palabra del señor Portavoz del Grupo Popular, decirnos que van a retirar la iniciativa que pide recurrir y, a partir de ahí, y a partir de ahí, pues ya todo estaría bien claro. Porque yo no le oído decir que vayan a retirar esa iniciativa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Quijano. Tiene la palabra, para el turno de dúplica, la señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Bueno, para terminar. Primero, estamos aquí debatiendo el sistema de la financiación y no otra cosa, sobre la cual ya tengo interpelación, pregunta escrita, oral y explicaciones de todo tipo.

Yo le digo que estoy muy encantada y... vamos tranquilísima de cuál ha sido nuestra posición ante el tema del País Vasco. Para terminar se lo digo. Desde el mismo momento que se planteó, efectivamente, nosotros estuvimos haciendo el estudio de qué es lo que se podía hacer. No he dicho para nada que hayamos pactado con la Administración Central el no recurrir. Porque jurídicamente -usted sabe- que al Constitucional no se puede ir, sólo al Contencioso. Y sobre eso ya se lo he explicado, no tengo más que decirle.

Le voy a refrescar la memoria: en Cantabria no hay mayoría absoluta, hay mayoría relativa. Y le voy a refrescar más la memoria: la única Comunidad del PSOE que ha sido coherente hasta el momento ha sido Extremadura. Le recuerdo que Andalucía estaba en la misma situación que está ahora Cantabria; la Comunidad Autónoma, es decir, el Gobierno de Andalucía dijo que sí a la financiación del sistema anterior; el Parlamento de Galicia, como no... de Andalucía, como no tenía mayoría, le obligó a decir que no. Y Galicia... y Andalucía ya rizó el rizo en el último Consejo de Política Fiscal diciendo: "yo sí quiero, el Gobierno quiere, pero el Parlamento me ha dicho que no; pero, a pesar de decir que no, queremos el dinero". Cantabria le ha obligado el Parlamento a decir que no y la posición en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la veremos todos el día veintitrés. Y yo no tengo por qué adelantar acontecimientos de cuáles son las posturas que van a adoptar otras Comunidades Autónomas, ¿comprende? Y cada Comunidad Autónoma estará debatiendo y, desde luego, defendiendo su postura. Pero le recuerdo que en Cantabria no tienen mayoría absoluta, y que el Gobierno de Cantabria tiene una postura y otra postura es la que tenga el Parlamento. Y le puedo decir una cosa: nosotros seguimos defendiendo, desde luego, los intereses y no tenemos nada... no estamos vendidos a nadie, porque casualmente el sistema -como se lo he dicho- es diferente del sistema anterior y estudiado de esta manera, si nosotros consideramos que beneficia a los intereses de Castilla y León, vamos a decir que sí mal que a usted le pese.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. ¿Algún Parlamentario no miembro de esta Comisión quiere tomar la palabra? Finalizado el turno, se levanta la sesión.