DS(C) nº 194/4 del 4/2/1997

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Aunque es una Proposición No de Ley ya antigua, porque se presentó en junio de mil novecientos noventa y seis y estamos en febrero, mi Grupo Parlamentario la ha mantenido porque nos parece que sigue teniendo vigencia, dado el estado actual que nos encontramos en esta materia.

Así, plantea en los Antecedentes que estamos viviendo un progresivo envejecimiento de la población, y más en nuestra Comunidad Autónoma, que aunque puede interpretarse como un logro social -como ustedes saben-, es decir, la esperanza de vida es mayor que hace unos años -esto es un logro social-, pero no se puede, sin embargo, obviar que nos está suponiendo un impacto considerable de las necesidades de atención a las personas mayores, empezando a plantear serios problemas en el actual sistema de protección social, como ustedes saben.

Las necesidades de este grupo de edad, hasta ahora cubiertas por la familia -como ustedes saben-, y sobre todo por el potencial cuidador femenino... el trabajo no monetarizado de las mujeres, que eran las que mayoritariamente atendían o atendíamos a este grupo de edad, está disminuyendo por varios factores: ya sea porque en la pirámide poblacional este grupo de mujeres ha disminuido, ya sea porque... por el logro que pueda suponer la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

Entonces, este grupo de edad está corriendo el peligro de dejar de ser atendido en un futuro. Y nos obliga, y obliga, o tiene que obligar a las Administraciones a replantearse los modos de gestión y de distribución de recursos sociales y sanitarios, la definición y búsqueda de espacios sociosanitarios especializados en este tipo... para este tipo de edad, y las que se puedan llevar a la práctica conceptos básicos como el de ser complementarios los servicios sociales y los servicios sanitarios. Es decir, la integración, la coordinación, la colaboración y, sobre todo, la complementariedad de estos dos servicios: sanitarios y sociales.

Cuando aquí se plantea el catorce... el pasado catorce de diciembre... ustedes supondrán que no es este diciembre pasado -porque esta Proposición No de Ley se planteó en junio-, sino de mil novecientos noventa y cinco, se firmó a nivel del Ministerio el Acuerdo Marco y el Convenio de Colaboración entre los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Asuntos Sociales para la atención sociosanitaria de las personas mayores.

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Dicho Convenio desarrolla una estrategia de coordinación entre estos servicios sociales y sanitarios por medio de la Comisión o de una Comisión Sociosanitaria de Área. (Ustedes sabrán que en nuestra Comunidad Autónoma la mayoría de las provincias sólo tienen un área sanitaria, excluyendo algunas, como puede ser Valladolid, que tiene dos áreas sanitarias.) Y esta Comisión, la plantea ya ese Acuerdo Marco como un órgano institucional de valoración, asignación de recursos, planificación y seguimiento de los programas de atención a las personas mayores, para procurar que la intervención en este sector de edad se haga de una forma coordinada e integrada de los servicios sociales y sanitarios en cada ámbito territorial.

En definitiva, se trata de ofrecer un modelo de atención que garantice la continuidad entre los distintos tipos de cuidados que precisan nuestras personas mayores.

Por otra parte, también se constata la existencia de problemas que aún quedan por resolver -como ustedes sabrán- y que se debieran abordar cuanto antes, como es la diferencia en la sectorialización que hay entre los servicios sanitarios y los servicios sociales -no corresponden los mapas sociales, o el mapa de Acción Social de nuestra Comunidad Autónoma, con el mapa sanitario-, procurando que la distribución de los recursos sea homogénea y equitativa para cada área sociosanitaria.

Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario, esta Procuradora ha presentado la siguiente Propuesta de Resolución: "Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León para que en el plazo más breve posible..." -y aquí ya casi diríamos que, en vez de breve, fuera instantáneo, debido al retraso en la presentación de esta Proposición- "...el mantenimiento e impulso de la Comisión Sociosanitaria de Valladolid..." ¿Por qué planteamos esto? Porque hasta ese momento, y hasta este momento, era la única Comisión Sociosanitaria que se creó y trabajó un año entero en intentar coordinar y atender este tipo de problemas. "...así como la creación en las distintas provincias de la Comunidad Autónoma".

Así como el marco legal no planteaba la normativa específica, funciones, competencias, etcétera, que tuviera esta Comisión Sociosanitaria, es por lo que nosotros planteamos que se cree una normativa específica en nuestra Comunidad Autónoma, de acuerdo al marco legal de referencia, en la que se planteen las funciones, las competencias, la composición y la dotación de recursos humanos y materiales.

Y por último, la elaboración de un mapa sociosanitario, que está sin hacer en nuestra Comunidad, con zonificación específica para hacer coincidir los recursos sanitarios y sociales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una Enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación de la misma, tiene la palabra doña María Luisa Puente.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Es de Adición, porque creemos que... más que nada para matizar y, de alguna forma, enriquecer la... y sobre todo que quede muy puntualizada, porque, de hecho, estamos plenamente de acuerdo con la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Porque ¡faltaría más! que no estuviéramos de acuerdo con esta Proposición, dado que está plenamente encajada en el Plan Gerontológico del antiguo Ministerio de Sanidad y Bienestar Social del Gobierno Socialista. Para ello -leo textualmente en su página sesenta y nueve-, este Plan dice: "configurar mediante la coordinación interadministrativa un mapa de áreas o sectores sociosanitarios que, tomando como referencia las actuales áreas de salud o zonas básicas de salud, sea un marco adecuado para el acercamiento de los servicios a los ciudadanos. En dicho mapa se integrarán los recursos existentes del Insalud, los Servicios Regionales de Salud, el Inserso y las Comunidades Autónomas. Todo ello para conseguir la integración y coordinación de los servicios sanitarios y sociales entre sí, dentro del marco sectorial". Esto consta en el Plan Gerontológico del Gobierno Socialista, del Ministerio de Asuntos Sociales.

Y por eso nosotros queríamos simplemente matizar que este mapa tenía que ir precedido de un estudio... de elaboración de un estudio de los recursos sociosanitarios existentes en cada provincia, que nos permita identificar claramente lo que tenemos y lo que necesitamos, es decir, los recursos sociales y sanitarios provinciales, señalando cómo se accede a cada uno de ellos, dónde se ubican, qué capacidad tienen, el volumen de la demanda y la lista de espera -si la hubiera-, y el perfil real y normativo de los usuarios, con el fin de poder atender coordinadamente la problemática de las personas mayores en nuestra Comunidad Autónoma.

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Y esto surgía precisamente, también, de la avanzadilla que llevaba Valladolid en este tema, puesto que todos conocemos que esta Comisión Sociosanitaria ya venía funcionando experimentalmente en Valladolid y también en Burgos. Y, en consecuencia, ya Valladolid, desde esa Comisión, había elaborado un estudio con todo... -tal como reflejo en esta de Adición, como refleja el Partido Socialista-, y que nos parecía muy bueno y positivo que se hiciera otro similar por cada una de las provincias. Porque todos conocemos recursos, pero que están dispersos, que están sin poner todos en común. Y de una vez por todas... además, la Comisión de Valladolid precisamente comprobó que las dificultades que se le presentaban en este trabajo de la Comisión, más que de gestión, eran de planificación. Es decir, era necesario hacer una previa planificación y, por lo tanto, un previo estudio de los recursos existentes, de las necesidades que existen también en este momento, para ver lo que nos sobra y lo que nos falta; más bien lo que nos falta.

Por eso era la intencionalidad de mi Grupo Parlamentario simplemente de mera matización a la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, basándose en que estábamos plenamente de acuerdo, porque todo ello está contemplado en el Plan Gerontológico del Gobierno Socialista, del Ministerio de Asuntos Sociales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. La señora Proponente tiene la palabra, si va a haber algún turno en contra o acepta la enmienda. Yo entiendo que, al hablar de Enmienda de Adición, dice: "añadir un punto tercero". Se supone que en su Propuesta de Resolución hay tres puntos: uno, dos y cuatro. No sé si se refiere a ese punto tercero, que es el que falta, o... es posterior, será posterior. Tiene usted la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Bueno, agradecer la Enmienda del Grupo Socialista. Y plantearle que, bueno, está claro que ese estudio, y basándonos en la experiencia de la única Comisión Sociosanitaria que ha trabajado de una forma institucional y no experimental, sino institucional, porque estaban representadas en ella todas las Administraciones que en ese momento estaban en Valladolid, en la provincia de Valladolid, que era Junta de Castilla y León, que era Insalud, que era la Administración Local, y que era... que se fueron uniendo a ella distintas instancias a lo largo de mil novecientos noventa y cinco, dando así una cobertura legal a lo que allí se hizo.

Precisamente, cuando nosotros planteamos la creación de esta Comisión Sociosanitaria, se planteó ya allí, en mil novecientos noventa y cinco, cuando su trabajo... en una comisión técnica formada exclusivamente por técnicos o técnicas de las Administraciones implicadas, que hicieran ese estudio de recursos, de planificación de necesidades, y un análisis de lo que se tenía en ese momento. Esa comisión técnica funcionó. Y en Valladolid no sólo se hizo -como tiene la Portavoz del Grupo Socialista- un análisis de los recursos; se llegó a un mapa sociosanitario, que fue admitido por las Administraciones en ese momento. Tuvieron diez reuniones; la última el veinte de diciembre. Ya se planteaba que como el Inserso el uno de enero estaba transferido a nuestra Comunidad Autónoma, que sería importante que una instancia del Inserso mucho más vinculada a la Junta de Castilla y León se implicara en esa Comisión, y así se hizo.

Quiero decir: es una Enmienda de Adición, pero que viene un poco... lo que pasa es que no hemos tenido tiempo en la presentación de nuestra Proposición No de Ley en explicar todo lo que hizo y todas las funciones que tenía esa Comisión Sociosanitaria, que entre ellas tenía lo que ha planteado la Portavoz del Grupo Socialista.

Por lo tanto, admitir esa enmienda como explicación de lo que ya hacía la Comisión Sociosanitaria de Valladolid, o lo que teóricamente tuvieran que hacer las otras comisiones provinciales que se puedan crear al respecto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Entiendo que se acepta la Enmienda en los términos que ha descrito la enmendante. Y en un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Félix Calvo.

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Yo podía empezar diciendo que estoy de acuerdo, en absoluto, con la esencia de... las preocupaciones que mantiene la proponente en el fundamento de su petición.

Comparto, por supuesto, el planteamiento del envejecimiento progresivo de la población en nuestra región, del peligro, por supuesto -mayor acaso del que en la realidad ahora se está dando, pero que irá en aumento-, de la desatención cuando no... a veces hasta de abandono de las personas mayores. Comparto también, por supuesto, con la señora Procuradora la necesidad de que la sociedad, ante esta realidad y a través de sus instituciones, tiene que arbitrar instrumentos para poner remedio a estas situaciones.

De acuerdo, repito, con la esencia de sus preocupaciones, pero, desde luego, mi Grupo no va a votar su Proposición. Y lo razono muy brevemente.

En virtud de ese Acuerdo Marco que usted cita entre el Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Asuntos Sociales, que -según mis noticias- es de fecha catorce de diciembre de mil novecientos noventa y tres, no noventa y cinco... Usted ha rectificado diciendo que se refería a diciembre pasado, del noventa y cinco; pues mis noticias contrastadas y... por supuesto antes de afirmarlo, es del noventa y tres, pero en fin... En virtud, repito, de ese Acuerdo Marco, se suscribe un convenio de colaboración en el que se incluye, como ya hemos oído aquí, la provincia de Valladolid como una de las cuatro en la que se ha de desarrollar, con carácter previo a su generalización, una experiencia piloto, ratificada después esa experiencia por un Convenio entre las Direcciones Provinciales del Insalud y del Inserso de Valladolid, suscrito el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.

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En lo que respecta a sus propuestas de resolución, debo manifestar, concluyendo -he dicho, brevedad-, en primer lugar, que la Junta de Castilla y León tiene la intención, y en este sentido se viene trabajando, de mantener e impulsar la Comisión Sociosanitaria de Valladolid, y tiene la misma intención de extender esas experiencias y esas comisiones al resto de las provincias de Castilla y León.

En segundo lugar, que la estructura, las funciones, las competencias, etcétera, lo que usted llama normativa de la Comisión, están perfectamente definidas en el Convenio -antes citado- Insalud, Inserso, de diecisiete de febrero del noventa y cuatro. La Junta de Castilla y León ha comenzado a realizar también, según su petición en el último punto, la elaboración de un mapa Sociosanitario que se tendrá terminado dentro del primer semestre del año en curso.

Por tanto, yo, lamentándolo y a pesar de ese acuerdo inicial en sus fundamentos, entiendo que no proceden las propuestas de resolución, debido a que entendemos el Grupo Popular que las medidas, aunque vayan con mayor lentitud que lo que todos querríamos y, por supuesto, su impaciencia manifiesta, esas medidas se supone que están llevándose a cabo y, por tanto, no procede la propuesta del Grupo de Izquierda Unida y tampoco, por tanto, la enmienda que añade el Grupo Socialista. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. En turno de... para cerrar el debate y fijar posiciones tiene la palabra doña Elena Pérez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Podríamos empezar diciendo que nos sorprende la posición del Grupo Parlamentario Popular en este tema, pero tengo que señalar que, desde luego, no me sorprende. No me sorprende la postura de votar en contra, porque lo suele hacer en esta Cámara, aunque traigamos proposiciones no de ley o traigamos iniciativas que son completamente correctas y que no pasan de ser muchas veces cosas más o menos técnicas, o cosas que están completamente aunadas, y que todo el mundo está de acuerdo. El Grupo Popular no nos sorprende, porque normalmente en esta Cámara, con honradas excepciones, nos plantea siempre un voto en contra.

Plantearle al Grupo Popular que si el Acuerdo Marco es del noventa y tres, todavía tenemos más retraso. Y decirle, y decirle que desde que nos transfirieron el Inserso a esta Comunidad Autónoma, a la Junta de Castilla y León, es cuando se ha paralizado algo en lo que estaban de acuerdo todas las Administraciones, fueran del color que fueran, y que también participaba la Junta de Castilla y León, como tengo aquí diez actas de esa Comisión que se reunía en Valladolid. Es algo que... bueno, podría plantear de inaudito si... ustedes podían haber hecho una enmienda de adición y plantear que en el plazo de seis meses van a traer aquí ese mapa Sociosanitario; podían haber traído aquí que en el plazo que ustedes consideraran oportuno van a traer aquí esas Comisiones Sociosanitarias. Pero no; lo único que dicen es que lo harán. Pues ustedes lo van a hacer con dos años de retraso, pero no sólo lo van a hacer, sino dudamos cuándo lo vayan a hacer, y además han frenado, han frenado algo que ya se estaba haciendo en esta Comunidad Autónoma, que se consideraba completamente necesaria para la atención de nuestras personas mayores, que las experiencias piloto que ha habido en Valladolid y, sobre todo, en la capital de Valladolid, con barrios como puede ser La Vitoria, son completamente positivas y estaban de acuerdo las dos instancias o las dos Administraciones que en ese momento estaban, la Junta de Castilla y León y el Insalud. Entonces, no podemos entender... nada más que sea por una dejadez y dejación de funciones que hace la Junta en este momento, y una forma de frenar algo que era positivo y que fue reconocido no sólo por los profesionales que trabajaban en todo... tanto en los Servicios Sociales como Sanitarios, sino en las Administraciones, que si eran del PSOE, eran del PP, en este momento nos da exactamente igual, sino que estaba formada por profesionales, por técnicos y por políticos que estaban completamente de acuerdo que una forma de avanzar en la atención a nuestras personas mayores era ésta. Ustedes no sólo lo frenan, sino que votan en contra y veremos qué es lo que nos traen a esta Cámara.

También añadir que cuando presentamos esta Proposición No de Ley fue tal el interés que tenía la Junta de Castilla y León que nos llamó para que le explicáramos la experiencia de esta Comisión Sociosanitaria. Le planteamos todo lo que se hizo, le planteamos el análisis de los recursos que se había planteado, y estaba completamente de acuerdo en traer, en un plazo breve, dar impulso a algo que ya estaba y tenía su intención de no frenarlo. Por lo visto, ahora sí que tiene intención de frenarlo; no sabemos si porque esta Proposición la ha traído Izquierda Unida, o porque no están dispuestos a llevarlo a cabo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Concluido el debate, pasamos a someter a votación la Proposición No de Ley en los términos defendidos y enmendados. ¿Votos a favor de la Enmienda... de la Proposición? Perdón. ¿Votos a favor de la Proposición? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: dieciséis. Votos a favor: seis. Votos en contra: diez. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley presentada.

Pasamos al segundo punto del Orden del Día. La señora Secretaria dará lectura al tercer punto de este Orden del Día.

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LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA LARRAURI RUEDA): Segundo punto del Orden del Día. "Proposición No de Ley 348-I, presentada por los Procuradores don Octavio Granado Martínez, doña Leonisa Ull Laita, y don Fernando Benito Muñoz, relativa a ampliación del servicio farmacéutico de guardia y urgencia en Burgos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 82, de cinco de octubre de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Esta Proposición No de Ley ha sido presentada por don Octavio Granado, doña Leonisa Ull y don Fernando Benito, y da la impresión de que no comparecen en esta Comisión. Por tanto, esta Proposición No de Ley decae.

Pasamos al tercer punto del Orden del Día, y la señora Secretaria dará lectura al mismo.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA LARRAURI RUEDA): Tercer punto del Orden del Día. "Proposición No de Ley presentada por los Procuradores doña María Luisa Puente Canosa y don Jesús Málaga Guerrero, relativa a elaboración de un plan integral para personas inmigrantes con dotación presupuestaria para mil novecientos noventa y siete, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 82, de cinco de octubre de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para la presentación de esta Proposición No de Ley, tiene la palabra doña María Luisa Puente Canosa.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Es una Proposición No de Ley, pues, como la anterior que hemos debatido aquí también, presentada con mucha antelación, pero que también consideramos vigente, porque el tema de los inmigrantes en Castilla y León sigue estando totalmente desatendidos, sin un enfoque integral, y, por lo tanto, consideramos que nuestra Proposición No de Ley pues es necesaria y útil en este caso.

La Proposición, tal como narra su texto, pues, se basa en que ya España, y Castilla y León, en concreto ha dejado de ser un país de emigrantes y se ha convertido en un país receptor de inmigrantes. Esto también queremos matizarlo, porque nos parece que nuestro país tiene que... y nuestra Comunidad Autónoma tiene que tener una sensibilidad especial y tiene que tener una solidaridad especial ante este grupo de personas que se acercan a nuestras tierras. Estadísticamente, todos sabemos que, en este momento, hay más de trece mil quinientos inmigrantes en Castilla y León, porque, además de los legalmente establecidos, hay un gran número de indocumentados que aumentan esta cifra total.

Todo este grupo, sabemos también, Sus Señorías conocen que se encuentra en unas condiciones casi siempre de precariedad económica, con puestos de trabajo de baja cualificación, poco remunerados, socialmente poco considerados. Y que además de estas dificultades de carácter sociolaboral, hay que añadir también otras que vienen derivadas de su desconocimiento del idioma, en muchísimos casos, otras veces de situaciones de rechazo por el grupo... incluso de población receptora, por actitudes xenófobas y racistas. Y todo ello va añadiendo y va acrecentando las dificultades de integración social de estos grupos que tenemos desde algún tiempo en nuestra Comunidad Autónoma.

Castilla y León ha venido creciendo progresivamente en número de inmigrantes. Y, de alguna forma, nosotros vemos la carencia de la falta de un programa integral que actúe en un doble sentido, no solamente hacia los inmigrantes, sino también hacia la población receptora, para impedir, por un lado, y corregir estas tendencias que en algunos grupos minoritarios se dan, de carácter xenófobo y racista, y luego, por otro lado, para facilitar la integración de los inmigrantes a través de una formación, a través de un conocimiento del idioma, de las costumbres, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, es una Proposición No de Ley que va en una doble dirección: en actuaciones positivas sobre... de intervención sobre los propios grupos de inmigrantes, y de actuaciones de intervención sobre la propia población castellana y leonesa.

Y este Plan queremos que sea de un carácter totalmente integral, en donde entren todas las diversas Administraciones: Diputaciones, Ayuntamientos, Administración Autonómica, así como también las distintas Consejerías que tengan incidencia en esta situación; como también la propia Administración del Estado. Y que en este Plan colaboren, por otra parte, los propios afectados, es decir, las asociaciones de inmigrantes, los sindicatos -que tienen mucho que decir-, las organizaciones empresariales -puesto que estamos hablando de una integración plena, en donde juega un factor importantísimo lo sociolaboral-; así, también, como la aportación de las Universidades, buscando el consenso de las políticas, de los políticos y el máximo rigor técnico.

Queremos que este Plan sea, además, elaborado con una concepción integral, interdisciplinar, multilateral, de los distintos problemas que afectan a los inmigrantes. Y que, por lo tanto, abarque las áreas de educación y cultura, de formación y empleo, de participación social y de integración comunitaria.

Esto es lo que pretende esta Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la misma, tiene la palabra don Félix Calvo.

CALVO CASASOLA

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EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Para centrar la dimensión del tema, debo empezar diciendo que, según los datos del observatorio de inmigrantes de esta Comunidad, datos actualizados a finales de octubre, el número de inmigrantes legales, distribuidos por provincias, asciende a la totalidad de dieciséis mil doscientos cincuenta y dos; alguno más de lo que usted ha manifestado.

Que en los extremos de esta residencia de inmigrantes, la provincia de León tiene cinco mil novecientos treinta y nueve -sin duda-, porque les atrae más, o al menos se refugian más en un trabajo de minas; cinco mil novecientos treinta y nueve -digo- en la provincia de León, donde suelen ir ciudadanos del este europeo: polacos, rusos, etcétera.

Y en el otro extremo de inmigrantes en nuestras provincias está la de Ávila, con cuatrocientos dieciocho.

Hay dos provincias que destacan también, que son las de Salamanca y Zamora, sin duda por estar fronterizas con Portugal, donde precisamente los inmigrantes de esta nación, portugueses, suelen ser trabajadores temporeros. Y por eso esas dos provincias son de las que más inmigrantes tienen.

Hay, incluso, expedientes en proceso de regularización, para ver si tienen la legalidad o no perfecta, unos setecientos setenta y tres. También debo advertir que dentro de estos inmigrantes, los hay -muchos- que son chinos, procedentes también del Magreb y de África negra. Y la particularidad también -yo creo citada- de que hay ochenta y cinco universitarios inmigrantes que no... que tienen pasado su permiso, su autorización de residencia, por la no renovación de las becas.

Después de este prolegómeno, quiero recordar a los miembros de la Comisión, a propósito de esta Proposición presentada por los Procuradores del Grupo Socialista, que en el Plan Regional de Acciones frente a la Exclusión Social para el período mil novecientos noventa y cinco-mil novecientos noventa y nueve se desarrolla también, dentro de ese Plan, un Programa Regional de Atención a Inmigrantes, que -como todos los programas de dicho Plan- se centra en una metodología basada -como no podía ser, naturalmente, de otra manera- en el fomento de la participación de los propios afectados -que a veces no es tan fácil-, y, sobre todo, que estén interesados; porque sin la colaboración suya es difícil avanzar.

Metodología basada también en la coordinación pública y privada. Cómo no, también en la rentabilidad de los recursos, en el desarrollo de proyectos pilotos -nunca en estos temas que son tan novedosos se debe caminar a ciegas-, y también en acciones multidimensionales e integradas.

Nuestra Administración Autonómica es consciente de que los transeúntes en general -y por eso trabaja con ellos-, por supuesto, tienen, como ciudadanos, unos derechos básicos que debe respetar y garantizar.

Y aunque el número de inmigrantes residentes en nuestra Comunidad Autónoma no es demasiado elevado con relación a otras Comunidades, si tenemos en cuenta las condiciones de precariedad en las que la mayoría de ellos se mueven, y considerando que el 17% de la población transeúnte de Castilla y León lo constituyen personas inmigrantes, la Junta de Castilla y León apoya y pone en marcha medidas de acción positiva en el marco del citado Programa Regional de Atención a Inmigrantes.

En tercer lugar, debo advertir que para que todas estas acciones no quedasen solamente en buenos propósitos, sino que tuviesen la correspondiente financiación, en la aplicación presupuestaria "otros sectores" se financian de forma prioritaria acciones dirigidas a este colectivo de inmigrantes, así como a las personas sin hogar, a esas -en general- personas sin techo, a estos que vagan por las grandes ciudades, a los que buscan comida y cualquier lugar donde guarecerse; y que -cómo no- estas personas sin techo, además de ser inmigrantes, generalmente, generalmente, se han convertido en una verdadera preocupación y a veces en un problema de no pocos Alcaldes.

En relación con la financiación a programas dirigidos a atención a inmigrantes en nuestra Comunidad, debo señalar que se viene efectuando con regularidad y considerando el criterio de globalidad de las acciones.

Por eso, sin perjuicio de que, si tengo oportunidad de otra actuación... dar más datos, mi Grupo -porque creo que estamos en la línea de atención, la Junta de Castilla y León, a este colectivo de inmigrantes-, mi Grupo formula la siguiente propuesta de resolución: "Que las Cortes insten a la Junta de Castilla y León a que se continúe con el Programa Regional y los medios que se vienen desarrollando en esta materia, promoviéndose en mayor medida la integralidad y multidimensionalidad de las acciones". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra de la Enmienda, tiene la palabra doña María Luisa Puente.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Señor Procurador, escuchándole, aunque no hubiera hecho mi Grupo Parlamentario, aunque no hubiera propuesto esta Proposición No de Ley, ya, que viene de atrás, la haría en este momento. Porque, precisamente, la actuación que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León... o la no actuación -mejor dicho-, la no actuación en favor de los inmigrantes que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León es la que ha provocado precisamente la Proposición No de Ley de mi Grupo Parlamentario. Porque, hoy por hoy, no hay una actuación integrada en Castilla y León a favor de los inmigrantes; y usted ha sido el que me ha dado los argumentos para demostrárselo.

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Mire, si usted argumenta el Plan Sectorial de Acciones Frente a la Exclusión -que usted tiene ahí, y yo también-, precisamente en la página cuarenta y cinco -que usted puede localizar con facilidad- dice textualmente: "Necesidades básicas -respecto a un colectivo determinado de los inmigrantes- relacionadas con las situaciones de particular dificultad social de la población inmigrante. Carencia, hasta la fecha, de un programa regional para enfocar la problemática social de los inmigrantes". No lo invento, textualmente, Junta de Castilla y León. Lo dice textualmente. Y usted me argumenta que lo que hay que seguir es con la actuación que viene teniendo la Junta de Castilla y León. Y la propia Junta de Castilla y León dice que, respecto a los inmigrantes, falta una actuación integral en la Comunidad Autónoma.

Segundo argumento. El ABC, Portavoz del Partido Popular de Castilla y León y del Estado, dice textualmente: "Más allá de la atención en los Centros de Acción Social, Ceas, a los que puede acudir cualquier persona, la Administración Autonómica de Castilla y León, sobre los inmigrantes, que están llegando cada vez más -unos para quedarse en... unos procedentes de su país de origen para afianzarse en nuestra Comunidad, y otros de paso-, no tiene otra actuación más que la información generalizada que se les presta en los Ceas; en la mayoría de los casos son las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, las que se encargan de suplir las carencias existentes, principalmente Cruz Roja".

Dos hechos puntuales, claros, precisos, en que la Junta de Castilla y León no tiene actuación integral sobre los inmigrantes. Y esto es lo que viene denunciando mi Grupo Parlamentario cuando se queja -y no lo dice con alegría- de que, precisamente, uno de los fallos que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, en los temas sociales, en la problemática social, es el no ir en la avanzadilla de las necesidades emergentes; es decir, necesidades que no existían en el pasado -como esta de los inmigrantes-, y, sin embargo, que han surgido con el tiempo, y que hoy constituyen un problema social de primera magnitud.

Usted ha hecho referencia a dieciséis mil inmigrantes, en lugar de los trece mil que yo tengo aquí referenciados. Yo le agradezco la rectificación; pero más me agrava usted la situación, porque son dieciséis y no trece. También tengo que decir que usted tiene la facilidad de que la Junta de Castilla y León le dé todos los datos; a mí me los escatiman continuamente y me cuesta mucho dar con cifras y dar... me dicen que vaya a la Consejería en busca de los datos. Yo no puedo ir a la Consejería en busca de los datos; vivo en Salamanca, trabajo, soy funcionaria, no puedo estar continuamente de aquí para allí en busca de los datos, y tengo que valerme como puedo para ello. Pero se lo agradezco.

Y le quiero decir que no puedo aceptar la propuesta, que además es de sustitución -fíjese usted-, de sustitución de la Junta... que me hace a la Proposición de mi Grupo Parlamentario, porque entonces es como decir amén a que todo continúe exactamente igual, cuando nosotros vemos que la situación no puede continuar así, que hay que, ya, tomar manos en el asunto, poner manos en el asunto del problema de los inmigrantes, y hay que formar y hay que hacer entrar a todas las Administraciones Públicas (Corporaciones Locales, Administración Autonómica, Administración del Estado, sindicatos, organizaciones empresariales, técnicos) y a los propios afectados, a través de sus asociaciones, para que sea una realidad y se elabore un plan integral.

Pero incluso más, abundando en la demostración de que la Junta de Castilla y León no tiene una política social de atención a los inmigrantes, puedo hacerle referencia también a una respuesta que he recibido, como Procuradora, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social sobre las actuaciones de los inmigrantes; y en esta respuesta que me da el señor Consejero no hay más que meras actuaciones aisladas a través de pequeñas subvenciones, de 1.500.000 total, porque después todo está enmarañado en ese programa al que usted hacía referencia, en donde precisamente todo el montante está enfocado al tema de los transeúntes y al tema... que es un tema completamente distinto. Y ya empieza por estar mal enfocado el tema, porque mezcla a los inmigrantes con los transeúntes, cuando son problemas sociales radicalmente opuestos y distintos.

Por lo tanto, lo siento, pero no podemos aceptar la enmienda del Partido Popular, para que todo siga igual.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra, por el Grupo enmendante, don Félix Calvo.

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, señor Presidente. A usted le es demasiado fácil -como nos viene demostrando- tirar por la borda cualquier argumentación contraria, incluso... e incluso -iba a decir- programas que están impresos y programas, programas que no son papel mojado, que son auténticas realizaciones.

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Mire usted, si no hubiera programa, a lo mejor aludía usted a que no había ninguna proposición en este sentido. Está ahí impreso; usted lo está manejando lo mismo que yo. Pero la Junta de Castilla y León va por pasos, y va realizando, partiendo de la... con los emigrantes... con los inmigrantes -perdón-, partiendo la primera atención, desde la orientación, cuando llegan, por parte de los Ceas, la atención de los servicios básicos, la de cubrir en muchas ocasiones esas necesidades ....., como son la alimentación, con servicio de urgencia de comedores -que existen, que existen-, de vestido, de condiciones... de condiciones sanitarias. Se procura, se procura integrarles en la sociedad, que lleguen al conocimiento del idioma y de las costumbres. En la integración, que debe preservar -por supuesto- la propia identidad de cada uno de los grupos de inmigrantes, incluso protegiendo y reforzando esa integridad originaria, para que, a lo mejor, el medio cultural en el que se vaya a desenvolver no anule esa integridad primitiva y, sobre todo, que repercuta negativamente en la segunda generación si permanecen en nuestra sociedad.

Se llevan, cómo no -también usted puede negarlo, claro que lo puede negar-, a cabo acciones de formación ocupacional en León y en Burgos, directamente, con los inmigrantes, por haber número suficiente para esta tarea. Y donde no hay ese número suficiente, en las otras provincias, con... mezclados los inmigrantes con otros colectivos, en cuyo caso se procura asimilarlos con esos otros grupos.

Se les apoya en la búsqueda de trabajo. Conseguido un desenvolvimiento autónomo -que no es tarea fácil, pero, desde luego, se persiste en esa tarea-, la Comunidad Autónoma, en colaboración con las Corporaciones Locales, con la iniciativa privada y hasta con el país de origen, si fuera necesario, podrá poner en marcha, podrá poner en marcha -y, de hecho, en ocasiones lo está poniendo- el problema del agrupamiento familiar, es decir, traer a la familia, y el acogimiento de familias del inmigrante, para poder fomentar la solidaridad.

Pero si todo esto a usted puede, a lo mejor, parecerle -como he dicho antes- papel mojado, insisto que el capítulo económico es esencial. Para el Plan de Exclusión Social, en general, hay 61.000.000, de los que el 17%, que viene a ser, dentro de ese Plan de Exclusión Social, el de los inmigrantes, hay, aproximadamente, diez millones... cerca de y medio para los inmigrantes. Para cursos de formación profesional, es decir, acciones con los Ayuntamientos, hay también para todo el Plan de Exclusión 120.000.000, que, por tanto, para los inmigrantes corresponden unos 24.500.000. Para las Organizaciones No Gubernamentales, con las que, naturalmente, la Junta colabora y ayuda, hay 130.000.000 en los Presupuestos -ahí está-, el 17% para los inmigrantes... me estoy centrando en los inmigrantes, no crea usted que pretendo incluirlos dentro de todos... Exclusión Social; hay 22.000.000. Se pretende, por tanto, apoyarlos también, y se apoya económicamente; y se pretende, incluso, una línea de apoyo de voluntariado para los inmigrantes.

Hay concedidas a las Organizaciones, también, No Gubernamentales una serie de ayudas. Y, por supuesto, tengo que decir que la ayuda prestada a la organización similar a la Cruz Roja, o al menos que se dedica a este menester, hay concedidos 45.000.000 de pesetas, de los cuales 33.750.000 proceden del Fondo Europeo y 11.250.000 aporta la Junta de Castilla y León.

Le diré más: hay también una perspectiva de futuro según la cual el programa... Hay un programa de iniciativa, que va a cambiar de nombre, Iniciativa Integral -que va a sustituir al programa Horizon-, y que tiene, por supuesto, el apoyo, o pretende tener el apoyo de la Junta de Castilla y León.

Son datos, desde luego, que justifican yo creo que sobradamente el que hayamos presentado esa enmienda, aunque a usted le parezca, pues, que es cuestión baladí, o incluso que es una cuestión traída -iba a decir- a última hora y por los pelos.

Es importante resaltar que durante el período noventa y seis-noventa y siete la Junta de Castilla y León cofinancia un Programa Integral de Atención a Inmigrantes a nivel regional, dentro de ese marco de la iniciativa comunitaria HORIZON-2, de empleo y desarrollo de los recursos humanos.

Y repito que la Junta va a potenciar esa iniciativa integral para ampliar el programa de ayudas a las actuaciones... a las actuaciones de las Organizaciones No Gubernamentales, entre las que cabe destacar -como he dicho antes- la Cruz Roja y la denominada Desod, es decir, Desarrollo y Solidaridad. Actualmente, esta asociación, la Desod, tiene unos objetivos y unas acciones muy similares al Programa de Atención de Inmigrantes que tiene la Junta de Castilla y León, y -repito- la apoya en esa cantidad que he dicho de 45.000.000, de los cuales once millones y pico corresponden a una ayuda de la Junta de Castilla y León.

Son, yo creo, datos concretos, no solamente de actuaciones, sino también de ayudas económicas, para el problema de los inmigrantes, de la Junta de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de dúplica, tiene la palabra doña María Luisa Puente.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Yo creo que las argumentaciones que ya he manifestado, aunque el señor Procurador del Partido Popular ha enriquecido su exposición, dado a los apuntes recibidos, pero me parece que la situación básica no ha cambiado absolutamente en nada.

(-p.5383-)

Aquí la atención a los inmigrantes carece totalmente de un enfoque integral; no hay una planificación, no hay un programa. Y yo no me lo invento -a pesar de todo lo que me diga-, y quiero simplemente argumentar que en el propio Plan Sectorial de Acción... referente a la Exclusión Social -que ya no es para inmigrantes, es generalizado-, pero en la página cuarenta y cinco hace esa anotación concreta que yo le dije: "carencia, hasta la fecha, de un programa marco regional para enfocar la problemática social del inmigrante", y que lo tiene el señor Procurador, no me lo invento; por eso, porque luego dice cosas añadidas que, en cierto sentido, son ofensivas, porque dice que yo me lo invento. Y es que está en el Plan Sectorial de la Junta de Castilla y León, y lo dice textualmente. Entonces, vamos a llamar a las cosas por su nombre y vamos a respetarnos mutuamente. Si no lo dijera y yo lo dijera, Su Señoría podía decir que yo digo; pero como aquí es una cosa textual, yo no hago más que repetirlo. Y es la propia Junta la que lo manifiesta; y yo me alegro, me alegro que tenga esa conciencia, si es... si la tiene asimilada, de que no hay un plan. Y yo se lo pido en nombre de mi Grupo Parlamentario; no hay más, es como una regla de tres simple. Entonces, no tenemos más vueltas que darle.

Hay también la manifestación del diario ABC, que del estudio de los inmigrantes en Castilla y León dice que no hay más actuaciones para ellos que los Ceas, que les dan una información generalizada, como a cualquier ciudadano; pero que aquí no hay una actuación más que a través de las propias ONG -la Cruz Roja en general, Cáritas un poquito, y tal-. Y tengo la propia contestación de la Junta, que argumenta la serie de actuaciones por medio de pequeñas subvenciones que le da como limosneo, como paternalismo a esas asociaciones que demandan una ayuda de la Junta. Pero aquí, Señoría, no hay un plan integral.

Por lo tanto, usted dice que la Junta de Castilla y León lo que hace es ir dando pasos. Yo pienso que es como el cangrejo: pasos, pero hacia atrás. Porque si cuando proponemos algo coherente y algo con toda la consideración y el respeto: simplemente demandar que se haga y que todos nos impliquemos en ello, porque el problema social que se está generando es ya grande, y usted me añade: "no sólo trece, sino dieciséis mil", yo le digo: más grave todavía, pues tengamos la valentía de ir hacia adelante, todos juntos, en un problema que tiene Castilla y León, en una necesidad social emergente que se va haciendo más grande cada día, y hagamos, con el apoyo de todas las Administraciones y de todas las ONG un plan integral de actuación sobre el inmigrante.

Y esos dineros que están desperdigados, que puede que estén por ahí... usted ha hecho porcentajes que en la acción presupuestaria no aparecen para nada; aparecen montantes. El plan de referencia no son 60, son 20.000.000 -mire usted los Presupuestos-, y luego están todos los programas europeos y... Pues refundamos todos esos recursos y estudiemos las necesidades, y después de tener el plan, apliquémoslo coherentemente. Pero no estemos a salto de mata con esas pequeñas limosnas.

Por lo tanto, sigo manteniendo la Proposición No de Ley de que hay necesidad de elaborar un plan integral. Y sigo rechazando la Enmienda de Sustitución, porque me parece aberrante que usted pretenda sustituir una necesidad de un plan global integral con un pronunciamiento de decir "sigamos como estamos, porque estamos bien". Entonces, esto es rechazable desde la base.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para fijar posiciones, tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Unida, doña Elena Pérez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Primero, aparte de plantear desde un principio el apoyo que tiene mi... que va a dar mi Grupo Parlamentario a esta Proposición, plantear que tendríamos que ir un poco más allá, en el sentido... y así en otros sectores lo está haciendo la Junta de Castilla y León. No se puede plantear que todas las personas inmigrantes son excluidos o excluidas sociales, y ésa yo creo que es la primera confusión que ha habido en esta Comisión; es decir, plantear que es así.

Plantear que, igual que tenemos intervenciones sobre otros colectivos específicos, con problemáticas específicas -que no quiere decir que sean en su totalidad excluidos o excluidas sociales-, lo tenemos que tener también en este colectivo que -como han reflejado las cifras los dos Portavoces- está teniendo un montante ya considerable.

Y además, plantear que eso lo están haciendo otras Comunidades Autónomas, que no estamos inventando aquí absolutamente nada. Una cuestión es un plan, o un Proyecto de Ley, o una Ley como tienen otras Comunidades Autónomas sobre la Exclusión Social, es decir... y ahí se meten los proyectos de inserción, los salarios mínimos de inserción, el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, y otras son actuaciones específicas e integrales sobre colectivos de personas; y en nuestra Comunidad Autónoma tenemos este colectivo ya con un montante grande.

No entendemos, como así lo planteaba la Portavoz del Grupo Socialista, cómo en este Plan de Exclusión Social que elaboró y que está en marcha, por parte de la Junta, se plantea que no hay un plan específico ni integral, un plan o un programa marco que sería conveniente desarrollar, y que ustedes podrían haber traído una enmienda de adición planteando que, como según recoge el mismo plan elaborado por la Consejería, es su intención elaborar actuaciones específicas. Porque un programa, un programa -y ustedes lo saben igual que yo- no son simplemente actuaciones aisladas, sino que tiene objetivos, metas, etcétera, etcétera, que hay que llegar, tiene temporalidad, etcétera. Y no es lo mismo plantearlo en una globalidad de personas excluidas sociales, que no es este caso; ni es el caso de que los chinos vengan del Magreb, porque no creo que sea así. Entonces, nos parece... no entendemos cómo no se hace una enmienda de adición, porque no se está poniendo temporalidad; se está planteando que se tome en cuenta ese colectivo y que se actúe específicamente con un programa integral, recogiendo las dificultades o no dificultades que pueda tener este colectivo.

(-p.5384-)

No entendemos cómo a esta Cámara se trae -como decía mi compañero de Grupo- un Proyecto de Ley de Protección de Animales de Compañía, por ejemplo, y no somos capaces de traer aquí un programa de actuación integral para un colectivo de personas. En ese sentido, no entendemos cómo el Grupo Parlamentario Popular no puede apoyar este plan. cuando no está planteando qué es lo que tiene que tener, qué metas ni qué temporalidad tiene que tener este plan. En ese sentido, nosotros creemos que siendo tan general, nosotros vamos a apoyar esta Proposición No de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate, tiene la palabra doña María Luisa Puente.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Creo que está todo dicho, está todo demostrado. Poco hay más que añadir, más que manifestar la total necesidad que en este momento tiene la población inmigrante en Castilla y León de que, por parte de la Administración Pública, en este caso la autonómica, que tiene la obligación -como poder público- de atender las necesidades también de este Grupo legalizado y, por lo tanto, con todos sus derechos como ciudadanos, a que de una vez por todas se atienda su necesidad y se enfoque de una forma global.

Solamente reiterar nuestra Proposición No de Ley para que se lleve a cabo la realización de un plan integral, y que abarque las áreas que consideramos más esenciales y más deficitarias, y que afectan más directamente en la integración sociolaboral de los inmigrantes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Concluido el debate, procedemos a votar esta Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, dieciséis. Votos a favor, seis. Votos en contra, diez. Abstenciones, ninguna. Por lo tanto, queda rechazada esta Proposición No de Ley.

Y pasamos al cuarto punto del Orden del Día. La señora Secretaria dará lectura al mismo.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA LARRAURI RUEDA): Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 325, presentada por el Procurador don José Luis Conde Valdés, relativa a puesta en funcionamiento de centros de día para atención psicosocial en las áreas de salud de León y del Bierzo, y de una unidad de agudos psiquiátricos en el Hospital del Bierzo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número ochenta de veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley tiene la palabra don José Luis Conde Valdés.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, Señorías, buenos días. Yo intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para defender esta Proposición No de Ley, que se resume en tres propuestas concretas, tres exigencias, que son las siguientes:

Primero, que la Junta ponga en funcionamiento el centro de día para la atención psicosocial de los usuarios del área de salud de León.

Segunda, que la Junta ponga en marcha o en funcionamiento el centro de día para la atención psicosocial de los usuarios del área de salud del Bierzo.

Y, por último, que la Junta inicie urgentemente las negociaciones correspondientes con el Insalud para la puesta en funcionamiento de la unidad de agudos para pacientes psiquiátricos en el Hospital del Bierzo.

Bien, esta Proposición No de Ley, esta Propuesta no es nueva, es un tema que viene coleando en la provincia de León desde hace ya seis años y, tal como exponemos en los antecedentes de la Proposición No de Ley, pues, decimos que en el mes de mayo de mil novecientos noventa y seis el propio Procurador del Común hace un estudio sobre la situación de los enfermos mentales que hay en esta Comunidad, y muy concretamente la situación que atraviesan los enfermos mentales y sus familiares en la Comarca del Bierzo específicamente.

Bien, quiero decir que la iniciativa de la creación de estos dos centros de día, tanto el de León como del Bierzo, parte de una iniciativa de la propia Diputación en el año noventa y uno, la cual, la propia Diputación inicia unas negociaciones con la Junta de Castilla y León para poner en marcha estos dos centros de día.

Bien, pues, durante los años noventa y uno, noventa y dos y noventa y tres, se suceden las reuniones y, al final, en el año noventa y tres, se firma un convenio de acuerdo, a través del cual se dice que, de momento, se aparca la puesta en funcionamiento del centro de día de León, pero se va a iniciar de manera inmediata la apertura y funcionamiento del centro de día para el Bierzo.

(-p.5385-)

En ese convenio, en ese compromiso que está firmado por la Diputación de León y la propia Junta se establecen los porcentajes de financiación, lo que tiene que poner la Diputación, lo que tiene que poner la Junta. Y, en lo que respecta a la propia Diputación de León, la Diputación de León habilita una partida de 7.984.000 pesetas, a través de la cual se habilita un local -que fue la antigua comisaría de Ponferrada- para la ubicación del centro de día del Bierzo, y, al mismo tiempo, se procede a la contratación del personal -que en la propia, en los propios antecedentes de la Proposición viene perfectamente definido-, se inician los trámites para la contratación del personal, que eran: dos psicólogos, un trabajador social, un terapeuta ocupacional, un monitor ocupacional y un auxiliar de clínica. Bueno, esto, la Diputación cumple perfectamente con ese convenio que se firmó en diciembre del noventa y tres con la Junta, pero ¿qué sucede? Que la Junta da marcha atrás y, al final, incumple ese convenio; y empieza a alegar que no tiene competencias... y, al final, la Junta da marcha atrás. Yo tengo aquí perfectamente el convenio que se firmó y aquí lo dice claramente.

Bien, la situación es que, después de seis años, lo que se viene a pedir es que ese compromiso que, en su día asumió la Junta, pues, se ponga en práctica en estos momentos; y no en cumplimiento de la Ley General de Sanidad, sino en cumplimiento de los propios Decretos que la Consejería de Sanidad ha aprobado y que tienen que aplicarse necesariamente -me refiero a los Decretos 83/89, de dieciocho de mayo y el Decreto 68/91, de once de abril-. Es una contradicción absoluta que la Junta elabore, ponga en marcha dos Decretos y después se incumpla o se ampare en la falta de competencias; yo creo que en aquellos momentos, en el año noventa y uno, tampoco tenía competencias, pero asume esa responsabilidad de poner en marcha esos dos centros de día.

Por lo tanto, yo creo que es un planteamiento absolutamente justo y una reivindicación perfectamente asumible. Yo en la última... la última vez que se discutió ese tema, creo recordar que fue en un Pleno del mes de mayo, donde el propio Consejero de Sanidad, bueno, reconoció perfectamente que, bueno, que era necesario, efectivamente, poner en marcha estos dos centros de día; alegó al tema de las competencias, pero asumió su responsabilidad de que, efectivamente, tenía que plantear ante la Administración Central la participación de ésta en la financiación de la apertura de estos dos centros de día; y se comprometió a ponerlos en marcha. Y digo esto porque también en el mes de mayo, ya del año pasado, hay una comunicación de la propia Junta de Castilla y León a la Diputación de León diciendo que en base a aquel convenio que se firmó en el año noventa y tres, pues que se va a poner de manera inmediata la apertura del centro de día de León sito en el Palacete de la calle Independencia. Esto fue una comunicación que la Junta ya estableció en el mes de mayo, ya han pasado ya siete u ocho meses, donde la Junta dice que, efectivamente, va a poner en marcha el centro de día de León; no dice nada del Bierzo, pero dice que sí, que el centro de día de León se va a poner en marcha.

Por lo tanto, lo que pedimos en esta Propuesta y en esta Proposición No de Ley yo creo que es una obligación de la Junta, es decir, cumplir sus propios compromisos. Por lo tanto, yo espero contar con el voto favorable del Grupo Popular. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Yo he seguido, como es mi obligación, atentamente la exposición del señor Conde. Me da la impresión de que omite parte de la historia en su relato que es fundamental. Porque, efectivamente, hay un acuerdo, un convenio de veinte de diciembre del noventa y tres; pero el señor Conde parece ignorar -cosa que me sorprende- que hay un Convenio tripartito previo, al que se llega después de un largo proceso de discusión. Convenio que se firma entre la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y Caja España el veintitrés de noviembre del noventa y uno; y de ahí, es de donde se derivan todas las consecuencias. Convenio que llega a firmar la Junta, a pesar del reiterado y grave incumplimiento que la Diputación de León estaba manteniendo en sus obligaciones anteriores.

Efectivamente, en ese Convenio tripartito, insisto, de veintitrés de diciembre del noventa y uno, en su estipulación tercera, se fijaba el compromiso por parte de la Junta, de manera cofinanciada, de poner en marcha centros de día y otras estructuras intermedias.

Como consecuencia de ese convenio tripartito, sí es verdad que el veinte de diciembre del noventa y tres, la Consejería firma el convenio por el que asume financiar una considerable parte de aquel proyecto que se desprendía del acuerdo anterior y que, además, coincidía con el diseño del Plan Estratégico de Salud que se había puesto en vigor -algunos de cuyos Decretos de desarrollo ha hecho referencia Su Señoría en su intervención-.

Pero lo que a mí me sorprende es que el señor Conde en su intervención no haya hecho referencia alguna a un acuerdo adoptado por la Diputación de León, el Pleno de la Diputación de León -con mayoría de izquierdas- el dieciséis de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, cuyo tenor literal dice: "Considerar ineficaz y sin efecto alguno, a partir del uno de enero de mil novecientos noventa y tres, el Convenio de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y uno", que es el convenio matriz del que arrancan todas las consecuencias posteriores.

Por tanto, resulta difícil tratar de que se aplique un convenio del noventa y tres, cuando una de las partes convenidas denuncia, en acuerdo formal del Pleno de la Corporación, todas las obligaciones que se derivan de aquél.

Por lo tanto, justamente lo que ha hecho la Junta de Castilla y León es iniciar los trámites para exigir el cumplimiento de lo acordado en su día, que la Diputación unilateralmente decidió declarar nulo o de eximirse de las obligaciones que en el mismo le incumbía.

(-p.5386-)

Su Señoría ha hecho referencia a la Ley General de Sanidad -brevemente en su intervención, pero también en la exposición de motivos de la Proposición No de Ley- y de dos Decretos que a mí me son muy familiares porque, su Señoría ha visto la firma, son decretos de los años ochenta y nueve y noventa y uno que firmaba, como Consejero de Sanidad o de Cultura y Bienestar Social, quien hoy es Portavoz en esta Comisión.

Y es cierto que la Ley General de Sanidad en su Artículo 20 establece como principio la plena integración de las actuaciones relativas a la salud mental en el sistema sanitario general y que obliga a la total equiparación del enfermo mental con las demás personas con problemas de salud; pero Su Señoría ni puede ni debe olvidar que la competencia en asistencia sanitaria, también para la salud mental, puesto que la Ley General de Sanidad, en su Artículo 20 -creo recordar de memoria- no hace referencia ninguna a la distinción entre unos y otros enfermos. Y la asistencia sanitaria en esta Comunidad Autónoma, todavía al día de la fecha, es responsabilidad, no de la Junta de Castilla y León, sino del Instituto Nacional de la Salud. Por lo tanto, la Junta de Castilla y León, que viene colaborando con estas estructuras en toda la Comunidad Autónoma, desde luego, no tiene la competencia de la prestación de la asistencia sanitaria. Tiene la de la planificación, la de la coordinación y de la ordenación, pero, insisto, no la de la asistencia sanitaria, ni siquiera de los enfermos con afectación de su salud mental.

Por lo tanto, no puede asumir la Junta de Castilla y León competencias que no tiene para desarrollar obligaciones para las que todavía no se le han transferido, por parte de la Administración Central, los medios materiales y humanos necesarios para desarrollar esa labor. Y está haciendo un esfuerzo presupuestario importante para poner en marcha servicios y centros de atención que -insisto- no le han transferido ni presupuestariamente ni en obligación competencial completa.

Por lo tanto -y para concluir-, no podemos, hasta que no se resuelva el pleito con la Diputación, asumir obligaciones que no son competencia de la Junta. Si la Diputación reconsidera su acuerdo de Pleno y asume sus obligaciones firmadas en aquel convenio tripartito, será el momento de plantearle a la Junta la puesta en marcha de esas actividades o de esas actuaciones específicas que Su Señoría propone, pero no en el momento actual.

Y quiero recordarle, primero -para concluir- que el Convenio fue denunciado unilateralmente por una de las partes, y no precisamente por la Junta de Castilla y León; segundo, que la asistencia sanitaria en materia de salud mental no es competencia de la Junta de Castilla y León; y tercero, que esa competencia todavía radica en la Administración Central, a través del Instituto Nacional de la Salud, al que debe requerírsele todo lo que se quiera pero, desde luego, no a la Junta de Castilla y León, que no es competente en el tema.

Su Señoría -y con esto concluyo- ha hecho una referencia a un Informe del Procurador del Común. Bueno, como el señor Procurador del Común va a comparecer ante esta Cámara no tardando mucho, tendremos oportunidad de dar cumplida respuesta al Informe del señor Procurador del Común, en el que le anticipo, hay un grave desconocimiento de la realidad psiquiátrica y de asistencia mental en esta Comunidad Autónoma. Pero, no adelantaremos acontecimientos; en aquella Comisión tendremos oportunidad de que el señor Procurador del Común nos diga de dónde ha obtenido los datos que le llevan a elaborar el Informe y quién le ha asesorado brillantemente para redactar ese Informe. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, don José Luis Conde tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, yo quiero empezar a contestarle al Portavoz del Partido Popular por lo último que ha dicho. Efectivamente, el día doce comparecerá el Procurador del Común, emitirá el Informe, presentará el Informe y, a partir de ahí, pues cada uno pues puede decir lo que crea conveniente.

Pero vamos, la Proposición No de Ley que yo he presentado aquí... El Portavoz del PP ha sido hábil, porque ha tratado de mezclar el aspecto formal de la presentación de la firma del Convenio y deja para un lado la propia responsabilidad de la Junta de Castilla y León en este tema. Yo creo que hay que ir al grano directamente y plantear que la solución del problema pasa por si realmente la Junta está interesada o no, hay voluntad política para poner en marcha estos dos centros de día. Yo creo que ésa es la cuestión fundamental.

Porque se dice, ¡claro!, se firmó un acuerdo entre la Diputación y la Junta en diciembre del noventa y tres; pero resulta que en un Pleno de la Diputación se ha dicho que en el año noventa y cuatro -no recuerdo ahora mismo en qué fecha, porque precisamente ese Pleno... los acuerdos de ese Pleno no los tengo aquí-, la Diputación dice que bueno, que por... que bueno, que no hace ya caso del tema. Bien, eso no tiene sentido, porque la Diputación dice, taxativamente, dice lo siguiente: que, no habiendo respuesta... no habiendo tenido respuesta efectiva de la Consejería, la Diputación se desentiende del Convenio que en su día se llevó, en diciembre del noventa y tres. ¿Qué va a decir la Diputación, si la Diputación no tiene ninguna responsabilidad en el tema de la salud mental? O, ¿qué pasa?, ¿que es que la Diputación es la que tiene que tomar la iniciativa para poner los centros de día en funcionamiento? Ésa es una responsabilidad de la Junta ¿no?

(-p.5387-)

Entonces, lo que sucede es que, por incumplimiento flagrante de la Consejería, pues, la Diputación decide no seguir adelante con el Convenio que se firma en el año noventa y tres, no porque no esté interesada en poner en funcionamiento los centros de día.

Pero es que si se firma un Convenio y se dice qué financiación tiene que poner cada una de las partes firmantes del Convenio; y se dice que la Consejería asume el compromiso de que en los Presupuestos de ese año, un 75% del coste total para poner en funcionamiento los centros de día lo va a poner en los Presupuestos, y eso no figura; pues, al final, la Diputación, después de haberse gastado 7.000.000 de pesetas en la habilitación del local y haber tramitado la contratación del personal, pues se vuelve atrás; pero se vuelve atrás porque es la Junta de Castilla y León la primera que incumple ese Convenio.

Se dice después: si la Diputación da marcha atrás y reconoce, y quiere llegar al cumplimiento de aquel acuerdo del Convenio del noventa y tres, parece ser que la Junta no tendría ningún problema. Yo... me parece que esto es una cuestión de forma que no tiene sentido porque, en todo caso, hoy, el Partido Popular es el que gobierna la Diputación de León; no es ya de izquierda; es del Partido Popular.

Y, por tanto, en base al Informe del Procurador del Común, en base a las quejas que permanentemente está habiendo con las personas afectadas, lo lógico es que la Diputación, si la Junta hubiera tenido voluntad, en estos momentos, pues la Diputación, sin lugar a dudas, hubiera planteado otra vez el tema a la propia Junta. Pero yo creo que la iniciativa tiene que partir de la propia Junta de Castilla y León, no de la Diputación. ¿O es que acaso no sabemos el problema que hay en León con el tema de los enfermos mentales?

Y, además, hay otra contradicción flagrante: se dice que están esperando a ver si la Diputación desempata el asunto, y resulta que, en el mes de mayo del año pasado, hay una comunicación de la Junta a la Diputación donde dice... donde dice que se espera abrir en breve plazo el centro de día para la zona de León, en el antiguo palacete situado en la calle Independencia. Esto lo dice la Junta, a la Diputación Provincial, con fecha treinta de mayo.

Por lo tanto, yo no sé a qué viene aquí decir que la Junta está esperando a ver qué va a decir la Diputación, si está dispuesta a retomar el Convenio que en su día se firmó con la Junta en diciembre del noventa y tres. Porque -vuelvo a repetir- esta comunicación la hace la Junta el treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis, donde dice que, efectivamente, se va a poner en marcha en breve plazo el centro de día. Han pasado siete meses y no se ha hecho absolutamente nada.

Por lo tanto, yo creo que lo fundamental aquí es que la Junta entienda o vea que, efectivamente, es necesario abrir esos dos centros de día. ¿Que la Junta no tiene las competencias? Bueno, pues yo me remito a la contestación que el Consejero de Sanidad me hizo a una pregunta oral en el Pleno de mayo, donde dice que, en estos momentos, donde la Administración Central ya no es socialista sino que es del Partido Popular, que su responsabilidad es demandar de la Administración Central -en este caso, del Insalud- la financiación para poner en marcha los dos centros de día. Y asume ese compromiso, diciendo: no tenemos las competencias, pero siendo conscientes de la problemática que está atravesando tanto El Bierzo como la zona de León, en su área de salud, mi obligación como Consejero de Sanidad es demandar de la Administración Central, no ya el traspaso de competencias, sino hacer las gestiones oportunas para buscar la financiación adecuada de la Administración Central y poner en marcha esos dos centros de día.

Para nada dijo el Consejero que había que plantear a la Diputación, de nuevo, el poner en marcha aquel Convenio del noventa y tres. Lo vuelvo a repetir: eso será una competencia de la propia Junta de Castilla y León. Y ustedes se refugian siempre en las competencias; pero, ¿tan difícil es hacer gestiones con el Insalud? Porque, aquí, el problema de las competencias, al final, se traduce en las pesetas, quién pone las pesetas. Y lo que vino a decir el Consejero de Sanidad era eso, decir: bueno, pues nosotros vamos a demandar de la Administración Central un acuerdo financiero para poner en marcha los centros de día. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué asumir todos los costos, dado que no tenemos las competencias.

Bueno, pues por lo menos, ¿qué gestiones...? Yo pregunto: ¿qué gestiones ha hecho la Junta de Castilla y León con el Insalud para poner en marcha estos dos centros de día? ¿Se ha hecho alguna gestión? ¿Se ha planteado, siquiera, al Insalud esta posibilidad? Yo creo que eso es lo que se tendría que haber dicho.

Ahora bien, si la Junta ha hecho ya las gestiones, hay un compromiso del Insalud para poner en marcha estos dos Centros de Día, pues, entonces, esta Proposición, posiblemente, huelga plantearla. Pero yo sigo insistiendo que lo que se plantea aquí por parte del Partido Popular es volver a escudarse en los viejos esquemas; es decir: no tenemos las competencias, estamos esperando a ver si la Diputación vuelve a retomar el Acuerdo del noventa y tres. Y si la Diputación está dispuesta pues, parece ser -por las intervenciones del propio Portavoz del Partido Popular- que la Junta estaría dispuesta a retomar otra vez el tema de los centros de día. Pero, señor De la Riva, ¡es que han pasado ya seis años! Si esto ya no se lo cree nadie; esto ya no se lo cree nadie -decir: no vamos a hacer el centro de día-. Pero ¡si llevan ustedes seis años haciendo el centro de día de Ponferrada y no lo han hecho! El año pasado volvieron a comunicar a la Diputación que iban a abrir el centro de día de León y no han hecho nada, ¿cómo se lo va a creer la gente? En absoluto.

(-p.5388-)

Es lógico que el Informe del Procurador haga un informe duro en ese sentido y diga que, efectivamente, que la Junta cumpla los Decretos que ha publicado; que para eso están; se publican los Decretos para cumplirlos, y no para llamarse a andanas y decir que no se tienen las competencias y que las competencias son del Insalud. Pues aclárense. Si ustedes tienen voluntad política para llevar a cabo el tema, háganlo; si no tienen dinero suficiente, pues pídanselo al Insalud. Ése fue un compromiso que adquirió en Consejero en el Pleno de mayo a la pregunta que este Procurador le hizo. Y yo creo que era una propuesta razonable, la propuesta del Consejero: negociar con el Insalud parte de la financiación; decir: no tenemos las competencias, por lo tanto, no tenemos por qué costear financieramente el proyecto. La obligación es negociar con el Insalud y pedir a la Administración Central la cofinanciación del proyecto para poner en marcha los dos centros de día. A mí me parecía una propuesta aceptable; pero, claro, si se van a pasar otros seis años... pues, al final, por desgracia, pues da la sensación de que parece que a los enfermos mentales la única solución que les queda es gasearlos. Entonces, yo no entiendo, en absoluto, la propuesta... la postura del Partido Popular.

Eso sí, en la prensa, ustedes lo hacen muy bien. Yo tengo aquí los recortes de prensa y, automáticamente, paralelamente a la vez que salió el Procurador del Común denunciando la situación, el Partido Popular ya se encargó muy y mucho de hacer declaraciones a la prensa diciendo: "el Partido Popular va a hacer", "el Partido Popular va a hacer", "el Partido Popular va a hacer". Pues lo que le digo yo siempre, señor De la Riva: no nos cuenten más el programa electoral del PP, que ya lo sabemos de memoria. Lo que digan, háganlo; porque ya llevamos dos años de esta Legislatura y este problema colea desde hace seis años.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de dúplica, tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Empezando por el final, señor Conde, desde luego, lo que no va a hacer el Partido Popular es gasear a nadie. Y yo lamento que haya hecho esa referencia en una intervención parlamentaria.

Dicho esto, quiero aclararle... y me da la impresión que tiene usted una profunda confusión mental en este tema, o que trata de confundirnos a todos. Porque empieza por hablar de responsabilidades y, claro, las responsabilidades vienen en función de las competencias que tiene cada uno, no son puramente económicas. Las responsabilidades tienen... las Administraciones tienen responsabilidades perfectamente delimitadas competencialmente, tengan o no tengan dinero para desarrollar esas competencias.

Y, claro, decir -como ha dicho usted-: es que ustedes desarrollaron... o, promulgaron dos Decretos en los años ochenta y nueve y noventa y uno, y no los han desarrollado. Mire, muy anterior a esos Decretos es la Ley General de Sanidad; y la Ley General de Sanidad es la que dice -y no fue promulgada por un Gobierno o por un Parlamento con mayoría Popular-, la que dice lo que hay que hacer con los enfermos mentales, y la que dice quién tiene que atender a los enfermos mentales. Y el Insalud, en todo el territorio nacional, no ha desarrollado esos preceptos de la Ley General de Sanidad. Por lo tanto, vamos a poner a cada uno en su sitio y que cada palo aguante su vela.

Por lo tanto, en el tema de responsabilidad, aquí hay responsabilidad de la Diputación de León -y ahora entraremos a hablar un poco a hablar de la asistencia psiquiátrica en León- y del Insalud; porque le reitero que las competencias de la Junta son planificar, coordinar y ordenar, pero no asistir, y todo lo que está haciendo de más, lo hace por añadidura.

La Ley General de Sanidad impulsa, en su momento, la reforma psiquiátrica. Yo tengo que confesarle que no he seguido en los últimos meses cómo está a nivel nacional, pero, desde luego, hasta hace unos meses, la reforma psiquiátrica, a pesar del Informe del Procurador del Común, donde más avanzada estaba, de todo el territorio nacional, era en esta Comunidad Autónoma. Son datos que conocemos perfectamente bien. ¿Que queda mucho por hacer?, sin duda ninguna, pero que Castilla y León está por encima de la media nacional en la reforma de la asistencia psiquiátrica son datos absolutamente objetivables y, por ende, no discutibles.

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Mire, si aquí ha habido incumplimiento de sus responsabilidades, es del Insalud y de la Diputación. Pero, es que dentro de esa confusión mental -que yo no sé si tiene usted o nos quiere transmitir- usted parece confundir los partidos políticos con las instituciones. Y como ahora resulta que es que el Partido Popular gobierna en la Junta, gobierna en la Diputación y gobierna en la Administración Central, parece que es todo uno. Mire usted, si usted ha tenido responsabilidades de gobierno, pues debe saber que el que haya identificación en los partidos políticos que sustentan a las distintas Administraciones no quiere decir que esto sea un charco de ranas y donde se repartan las cosas. Yo puedo asegurarle que, en este momento, tengo divergencias en algunos temas con la Diputación Provincial de Valladolid -hablo en mi calidad de Alcalde de la ciudad-, con la Diputación Provincial de Valladolid -en la que gobierna el Partido Popular-, con la Administración Autonómica -en que gobierna el Partido Popular-, y con la Administración Central -en la que también gobierna el Partido Popular-. ¿O es que piensa usted que porque todos tengamos el mismo carné en el bolso...? Pues a la hora de defender los intereses de nuestras instituciones o las soluciones a nuestros problemas, no crea usted que el tema es tan fácil. Quizás haya una facilidad de entendimiento y de sentarse a dialogar, pero no crea usted que los temas se resuelven tan fácil como decir: como aquí todos son del Partido Popular, uno en Madrid toca el silbato y todos firmes. No sé si en otros partidos o en otras agrupaciones funcionarán las cosas así; le aseguro que no en mi Partido y, desde luego, no en la Comunidad Autónoma ni en el Ayuntamiento de Valladolid, que yo conozco.

¡Hombre!, usted conoce cuál era la calidad de la asistencia psiquiátrica que se prestaba en León. Es que la Diputación de León era una de las Diputaciones que no tenía hospital psiquiátrico. Usted sabe que el Hospital Psiquiátrico de León, el Hospital Santa Isabel, era de una Caja de Ahorros, y que hubo que hacer una reforma muy importante, con un esfuerzo muy importante -económico y de todo tipo- por parte de la Junta de Castilla y León, hace ya bastantes años. Luego, no nos diga que es que la Diputación de León no tiene nada que ver. A lo mejor, si la Diputación de León hubiera llevado de otra forma la asistencia psiquiátrica cuando era su competencia -como lo llevaron otras Diputaciones-, hoy estaríamos hablando de temas totalmente distintos.

Yo le reitero que es el Pleno de la Corporación Provincial, el uno de enero del noventa y tres, quien dice que no tiene ninguna validez el convenio tripartito entre Caja España, Junta de Castilla y León y Diputación de León. Y que, por lo tanto, todo lo que se desprende de ahí carece de valor.

El que al señor Consejero, en su respuesta a la pregunta parlamentaria que le hizo Su Señoría, le diga que va a reclamar al Insalud la cofinanciación para ponerlo en marcha, es algo que me consta que se sigue haciendo, que se ha hecho y que se sigue discutiendo. Pero le insisto, el que el Ministro sea del Partido Popular -el Ministro de Sanidad, no me atrevo a decir si lo es el Director General del Insalud, porque lo desconozco en este momento-, no quiere decir que por eso los dineros puedan venir de Madrid a Valladolid con una franquicia y con una velocidad inmediata. Negociar con la Administración Central es siempre difícil, sea del color que sea la Administración Central; y, en una época de restricción económica mucho más.

Por lo tanto, vuelvo a reiterar que nuestra postura es que, en la medida en la que se llegue a un acuerdo con la Diputación Provincial y con el Insalud, esos centros que ustedes reclaman y que nosotros apoyamos deben ponerse en marcha; pero que, desde luego, no debe ser unilateralmente la Junta de Castilla y León, que carece de competencias, de medios humanos y de medios materiales para ponerla en marcha a sus solas expensas.

Por esa razón le reitero que nuestro voto va a ser negativo a su Proposición No de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. En un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Inmaculada Larrauri.

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Sí, muchas gracias, señor Presidente, Señorías. En mi ingenuidad pensé que se les habrían acabado las excusas, y venía convencida de que esta Proposición No de Ley la iban a aprobar. Para mi sorpresa -y con pena lo tengo que decir- pues no ha sido así. Vuelven a argumentar ahora que es culpa de un acuerdo tripartito del noventa y uno... El asunto es que son promesas que ustedes hicieron; el asunto es que dicen que no son competencias suyas, y resulta que ustedes mismos publican en la Memoria de Salud Pública y Asistencia que "todas las actuaciones orientadas a la mejora y protección y restauración de la salud de la población". Ésa es la realidad; eso lo dicen ustedes; no me lo he inventado yo tampoco.

Me resulta muy difícil que, además, después de que en estos días se han hecho manifestaciones desde la Consejería diciendo que van a tener en cuenta el Informe del Procurador del Común, y que, entre otras actuaciones, iban a hacer centros de día.

Señorías, la provincia de León está absolutamente discriminada en este tema. Hay -si no me equivoco- hasta el año, y según sus datos, hasta el año noventa y cuatro había... hay cinco centros de día en la Comunidad Autónoma dependientes de la Junta de Castilla y León. ¿Por qué en la provincia de León no?

Eso es algo que me cuesta muchísimo entender. La situación dramática que padecen los enfermos mentales y los familiares en esta provincia, de verdad, no se la deseo absolutamente a nadie.

Yo creo que lo que el Gobierno de la Junta de Castilla y León debería de hacer es tomarse en serio estas recomendaciones del Informe del Procurador del Común, y llevarlas a la práctica.

No se ponen plazos en esta Proposición No de Ley, y, por lo tanto, podrían hacerlos a su gusto y a su antojo. Claro, llevamos ya muchísimo retraso, pero se podría ver una voluntad política por su parte, porque su obligación es velar, entre otras, por la salud de los ciudadanos de esta Comunidad. Y no les estamos pidiendo que velen por la asistencia sanitaria, sino porque estamos hablando de centros asistenciales -en la primera parte-; y los centros asistenciales son competencia de la Junta de Castilla y León. Y eso también lo dicen ustedes en la cantidad de publicaciones que han hecho.

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En cuanto al tema de la Unidad de Agudos de Ponferrada, se les pide que negocien; y parece ser -y así lo ha dicho reiteradas veces el nuevo Director Provincial del Insalud- que se va a abrir en este año. Bien, el Partido... el Grupo... el Gobierno Socialista, cuando gobernábamos en el Gobierno Central, se comprometió a abrirlo en el noventa y seis; luego, resulta que han entrado ustedes, y llevamos ya un año de retraso. Les pedimos que negocien urgentemente que esa situación no se demore más. Me parece que no es mucho pedir; los compromisos están ahí.

Y yo, desde luego, sí que les pediría una muestra de buena voluntad; que cumplan con sus promesas; que negocien la urgente apertura de la Unidad de Agudos del Bierzo; que recapaciten, apoyando esta Proposición No de Ley; que demuestren que les importa este tema de verdad y que quieren solucionar la discriminación que padece este colectivo, concretamente en la provincia de León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate, tiene la palabra don José Luis Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí, muchas gracias, señor Presidente. Bueno, mire, señor León de la Riva, cuando no hay voluntad de llegar a un entendimiento o a un acuerdo, pues, bueno, pues no es... es bobada seguir debatiendo, porque al final cada uno se queda en su propia parcela ¿no?

Usted ha dicho que "en la medida que se llegue a un acuerdo entre las Administraciones implicadas" -léase Diputación, Administración Central e Insalud-, en tanto no se llegue a ese acuerdo, pues no es posible que la propia Junta asuma ese compromiso de poner en marcha los dos centros de día.

Eso es contradictorio con las declaraciones que hizo en su día el Consejero; pero, no obstante, yo le hago una pregunta: ¿se ha dirigido la Junta de Castilla y León a la Diputación? No. ¿Se ha dirigido la Junta de Castilla y León a la Administración Central? Que yo sepa no; porque si a estas alturas se hubiera dirigido, seguramente que usted me hubiera dicho: "ya se están haciendo las gestiones con el Insalud". Y digo esto porque desde mayo, que el Consejero en un Pleno dijo textualmente "que iniciaría las negociaciones con el Insalud para tratar de buscar financiación", se supone que desde mayo -que han pasado ya pues muchísimos meses-, a estas alturas ya se tendría algún tipo de conocimiento de cuál es la contestación que el Insalud tiene al respecto.

Pero es más, con respecto a si la Junta de Castilla y León se ha dirigido a la Diputación para firmar un convenio, tengo que decir que es absolutamente contradictorio su propuesta o su postura -vuelvo a repetir-, con la carta que en el mes de mayo la Junta manda a la Diputación y le dice, no que hay que firmar un convenio, sino que se va a abrir el centro de día de León. Entonces, ¿en qué quedamos?, ¿en que para abrir los centros de día hay que firmar un convenio tripartito entre la Diputación, Administración Central o Junta, o que no hay que firmar ninguno y el centro de día de León se va a abrir?. En el mes de mayo -estoy hablando del noventa y seis-, que ya estamos en febrero del noventa y siete, y no se ha hecho nada.

Por lo tanto, eso es una contradicción -su intervención- con lo que la Junta está diciendo.

Por lo tanto, yo no me creo absolutamente nada de que ustedes tengan la voluntad de firmar ese acuerdo tripartito entre la Diputación, conjuntamente con la Administración Central; porque, si fuera así, esto ya estaría prácticamente resuelto o prácticamente ultimado.

Y después, vuelve a hacer hincapié en el tema de las competencias. Hombre, la Junta tiene sus propias competencias. Yo creo que los Decretos que ha sacado la Junta son por algo. El Decreto, concretamente, 83/89 dice: "la red que diseña el primer Decreto citado está integrada por las siguientes unidades: primero, equipos de salud mental de distrito..." -esto lo dice la Junta, el Decreto 83/89- "...segundo, unidades de hospitalización en los hospitales generales, hospitales psiquiátricos en los que deberán existir unidades de rehabilitación hospitalaria para pacientes crónicos con un máximo de cuarenta camas, estructuras intermedias...". De esto no se hace nada. Esto es un Decreto, uno de los Decretos.

Otro decreto, el Decreto 68/91, de abril, dice: "Existencia de unidades de rehabilitación para enfermos mentales hasta razón de quince plazas por cien mil habitantes; y dos, la razón de camas de hospitalización para pacientes con sintomatología aguda será, al menos, de una plaza por cada diez mil habitantes". Estos son Decretos de la Junta. Esto no es del Insalud, esto es de la Junta.

Yo digo: de esto, ¿que hay? ¿Nada? Esto es responsabilidad de la Junta. Y, precisamente, una de las reivindicaciones sociales de por qué se pide a la Junta la puesta en marcha de los centros de día es en base a la aplicación también de estos Decretos -de la Ley General de Sanidad; pero también en aplicación de estos Decretos que ha elaborado la propia Junta-, al margen de que, efectivamente, no tienen las competencias. Pero bueno, eso es escudarse para no tratar de solucionar un problema. Porque -vuelvo a repetir- usted dice que hay que firmar, en la medida que se llegue a ese acuerdo entre Diputación y Administración Central, es en esa medida donde se puede hacer un convenio, la Junta entraría; pero, sin embargo -vuelvo a repetir- a la Diputación de León se le comunica que va a abrir el centro de día de León, y el centro de día de León no se abre.

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Y, por otra parte, las gestiones que haya podido hacer la Junta directamente con la Administración Central, pues prácticamente ninguna, porque las contestaciones -vuelvo a repetir- de una pregunta oral en un Pleno, el Consejero dice que va a iniciar esas gestiones, eso en mayo del noventa y seis, y estamos ya en febrero del noventa y siete, por lo tanto, muy poca voluntad tiene la Junta de Castilla y León en poner en marcha estos dos centros de día.

Ustedes sigan escudándose en las responsabilidades y en las competencias, pero, en la práctica, es que ustedes no tienen ninguna voluntad para poner en marcha ese compromiso; aunque después ustedes lo sigan vendiendo a la prensa. Y seguramente que mañana seguirán diciendo que sí sí, que la Junta está muy interesada y que la Junta en breve plazo va a poner en marcha los centros de día, porque, efectivamente, se va a firmar ese acuerdo entre las distintas Administraciones; y pasarán, evidentemente, pues otros seis años.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, quince. Votos a favor: seis. Votos en contra: nueve. Por lo tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Y pasamos al quinto y último punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se dará lectura al mismo.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA LARRAURI RUEDA): Quinto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 362, presentada por los Procuradores doña María Luisa Puente Canosa y don Jesús Málaga Guerrero, solicitando del Gobierno de la Nación un Plan de Acción Integral para personas con discapacidad, y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 82, de cinco de octubre de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Jesús Málaga.

MÁLAGA GUERRERO

EL SEÑOR MÁLAGA GUERRERO: Muchas gracias, señor Presidente. En el año mil novecientos ochenta y dos se aprueba la Lismi, la famosa Lismi, la Ley de Integración Social de Minusválidos. Desde entonces se ha dado un gran impulso a todo lo referente a esta integración de los sujetos que tienen la desgracia de tener una minusvalía. Pero también se han observado durante todo este tiempo una serie de carencias. La Lismi ha ido quedando desfasada.

Pero durante todo este tiempo, este largo tiempo transcurrido desde la aprobación de la Lismi, ha habido otra serie de legislación que se ha ido produciendo y que se ha ido sumando al tema de las minusvalía. Ha habido legislación en materia de invalidez de la Seguridad Social, se ha aprobado la Ley de Prestaciones No Contributivas, la de Pensiones Asistenciales, Medidas de Desgravación Fiscal, Programas del Inserso, y el 052, entre otras.

En estos momentos podemos decir que los discapacitados son la tercera prioridad social, tras los jubilados y los parados. Y podemos decir algo más, desde el punto de vista económico: desde el año mil novecientos noventa y cinco hemos empezado a gastar ya más de dos billones -con b- de pesetas en estos temas en nuestro país, en España.

Desde que se puso en marcha la Lismi el mayor presupuesto ha ido a pensiones, y menores recursos han ido a equipamiento y a programas de integración. Sin embargo, desde el año mil novecientos ochenta y dos ha habido una espectacular irrupción, ha habido un espectacular progreso de las nuevas tecnologías aplicadas a la formación de minusválidos, a rehabilitación, a la integración laboral, al trabajo a domicilio; ha habido un gran avance en la flexibilidad, en la supresión de barreras arquitectónicas, en transportes, en comunicación, etcétera.

Es más, el Inserso, en estos años, creó el CEAPAT para colaborar con los minusválidos a través de las Corporaciones Locales para investigación; intervino en programas europeos en el Plan Nacional de I+D, específico para tecnologías de la rehabilitación en minusvalías; en programas como HORIZON, etcétera.

Es decir, que durante estos últimos quince años se ha dado un paso importantísimo en educación y en sanidad, con la universalización y la integración. Se ha trabajado en atención temprana y en programas de prevención, y hemos logrado hitos realmente históricos e importantísimos para nuestro país, como es la disminución de la mortalidad infantil.

Pero todavía tenemos muchos temas pendientes. Por ejemplo, todavía no se ha solucionado la atención psiquiátrica, tampoco se ha logrado que se cumpla por empresas y por las instituciones la reserva de plazas para empleo de minusválidos. En estos quince años, desgraciadamente, se han incrementado de manera alarmante los accidentes de carretera -yo como médico estoy cada vez comprobándolo-, además las secuelas terribles de la gran cantidad de accidentes de carreteras que está habiendo.

Se ha avanzado, lo que pasa que no lo suficiente, en todo lo que supone la integración cultural y deportiva. Y también he de decir que, desde que la Lismi se puso en funcionamiento, se ha creado... se han creado multitud de... yo diría de diversificaciones, al haberse creado el Estado de las Autonomías; es decir, la Lismi es anterior al Estado de las Autonomías y esto hace mucho más complejo el proceso.

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El Plan de Acción Integral para las personas discapacitadas -como todos ustedes saben- nace de la Ponencia del Congreso de los Diputados, reunida en mil novecientos noventa y dos, para estudiar los resultados de los diez años de vigencia de la Lismi. Y se recurre en aquellos momentos a un plan, en vez de a una nueva ley o a la modificación de la Lismi, simplemente por lo complejo de las competencias sociales ya transferidas a las Comunidades Autónomas, por las que residían todavía en el Estado, y por las cada vez mayores competencias que tenían las distintas Corporaciones Locales. Es decir, que, por gracia, o por suerte, o por desgracia, se ha atomizado, de manera cada vez mayor, el número de competencias que cada una de las Administraciones Públicas tiene con respecto al tema de las minusvalías.

El Plan fue encomendado al Inserso, y participaron en aquellos momentos, desde el primer momento, todas las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Real Patronato, la Federación Española de Municipios y Provincias, el movimiento asociativo de discapacitados, los sindicatos, la CEOE y los expertos. El trabajo duró dos años, y fue presentado al Real Patronato en junio de mil novecientos noventa y cinco, con el apoyo de las Organizaciones No Gubernamentales y los Ministerios implicados.

El Plan se estructura en cinco planes sectoriales: el primer plan sectorial sería la promoción de la salud y prevención de deficiencias; el segundo sería la asistencia sanitaria y rehabilitación integral; el tercero sería de integración escolar y educación especial; el cuarto sería de participación e integración en la vida económica; y el quinto -y último- sería de integración comunitaria y vida autónoma.

Cada plan sectorial se estructura, a su vez, en programas con líneas de actuación, objetivos, medidas y organismos responsables, y -lo que es más importante- estrategias comunes de actuación. Era, o es un Plan, por lo tanto, interdisciplinar; se trata también de un Plan integrador de todos los recursos, que prima la prevención, la formación, la rehabilitación y la integración, en vez de la protección pasiva.

El Partido Popular, en el Congreso como en el Senado, presentó mociones para que se aprobara el Plan, y aquellas mociones fueron aprobadas, a su vez, por unanimidad. Las propuestas de la Confederación de Discapacitados están recogidas -como todos ustedes saben- en gran medida en este Plan de Acción Integral. Hay una gran coincidencia entre el movimiento asociativo y el Plan de Acción Integral que -como saben ustedes- se aprobó... no se aprobó, perdón, por coincidir con las Elecciones Generales en mil novecientos noventa y seis.

En el caso de que no se aprobase -como saben ustedes-, habría también una gran confrontación, sobre todo con la ....., con la totalidad de los partidos políticos del arco parlamentario que en su momento apoyaron el Plan. Aunque no se ha aprobado, muchas Comunidades Autónomas han promulgado en este tiempo normas específicas basadas en el Plan. Sería, pues, deseable que fuera vinculante para la Administración General del Estado e indicativo para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.

Conocemos que el Gobierno, a través del Ministro Arenas, se ha pronunciado a favor del Plan de Acción Integral, concretamente, hace unos días, en este mes de enero, en lo que va de año, perdón también quiero comunicarles que nuestra Proposición No de Ley es anterior a este pronunciamiento. Incluso también conocemos que existe una partida de 400.000.000 para este año, pero también quiero decirlo... decirles que, según nuestras noticias, esto ha sido solamente una comunicación oral del Ministro, que no sabemos que esté en estos momentos plasmado a través del Boletín Oficial, o aprobado por Consejo de Ministros.

Por lo tanto, todo esto nos hace a... el que insistamos en nuestra Proposición No de Ley, en el sentido de que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a que solicite del Gobierno de la Nación la aprobación urgente del Plan Integral para personas con discapacidades. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra doña Isabel Jiménez.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Señorías. Si esta Proposición No de Ley se hubiera debatido el día veintiocho de octubre del año pasado en la Comisión que se fijó para aquel día -la Comisión de Sanidad y Bienestar Social- y que fue aplazada, mi Grupo hubiera presentado en aquellos momentos una enmienda de sustitución, porque se entendía que todavía faltaba la aprobación del Plan en la Conferencia Sectorial que se iba a celebrar en el mes de noviembre. Pero hoy día, después de haber transcurrido tres meses desde la presentación de la Proposición en octubre, pues se han producido acontecimientos. Y por eso nuestra posición, la posición de mi Grupo Parlamentario, para votar en contra de solicitar al Gobierno de la Nación el Plan de Acción para personas discapacitadas. ¿Y motivos? Bueno, pues que a continuación paso a detallar.

Si bien es cierto que esta mañana, cuando venía hacia las Cortes, pues pensaba que lo mismo no me tocaba debatir, señor Málaga, lo mismo llego y han retirado ya la Proposición, puesto que el Plan está ahí. Pero bueno, como esto no ha sucedido, ustedes mantienen su Proposición, voy a entrar en explicar el voto en contra de mi Grupo.

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Cuando ustedes presentaron la Proposición -como les decía- el cinco de octubre, ya en ese mismo mes hay declaraciones del propio Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Secretaria General de Servicios Sociales, donde se habla de que el Gobierno actual de la Nación tenía cuatro proyectos novedosos para incluir en los Presupuestos ya del año noventa y siete. Y en la prensa que yo tengo recogida, incluso el día quince de octubre, se habla ya de todo el presupuesto de Asuntos Sociales, que representan 465.409.000.000 de pesetas, lo que era un aumento... suponía un aumento de un 3,17 en relación con el presupuesto del año anterior. Y dentro de los Presupuestos, no solamente se seguían manteniendo los proyectos que había anteriores, con el Gabinete anterior, sino que además se recuperaba otro programa que se dejó abandonado en el noventa y seis, un programa del noventa y cinco sobre erradicación de pobreza, pero sí que introducía los cuatro nuevos programas, que es lo que hoy nos ha traído aquí: el destinado a menores tutelados que alcanzan la mayoría de edad, un plan para familias desfavorecidas, un programa piloto para facilitar el acceso de viviendas a los jóvenes y, como programa prioritario de esos cuatro, el Plan de Acción para personas discapacitadas.

Y puede que fuera prioritario, pero como Su Señoría ha comentado y ha expuesto, pues una cosa que ya venía efectivamente desde el año noventa y dos, cuando se hizo aquella... aquel examen de cómo se había producido y qué efectos había producido la puesta en marcha de la Lismi.

Y también ya se habla de que en los Presupuestos está la partida de los 400.000.000 que usted ha comentado. Por lo tanto, Señoría, yo creo que ya en febrero del noventa y siete instar al Gobierno de la Nación, cuando el mismo Gobierno ya en el mes de octubre se había instado a sí mismo a aprobar el Plan, pues no parece que debamos hacerlo.

La propia Secretaria General de Servicios Sociales, con motivo del Día Internacional del Discapacitado, el tres de diciembre, dijo que el Plan era necesario y que estaba demandado, además y sobre todo, por todas las Organizaciones No Gubernamentales con una representación en el mundo de los discapacitados.

Pero hay más: entre octubre y el día de hoy, la Conferencia Sectorial se reúne en Santander el día veintiséis de noviembre y aprueba el Plan. Y puedo decirle que la próxima Conferencia tendrá lugar en Sevilla el día once, ya para negociar la fórmula y los criterios de distribución entre las Comunidades Autónomas de los 400.000.000, y ver también las Comunidades Autónomas qué aportaciones van a hacer al Plan. A partir de ese momento, pues, ya lo único que faltaría sería plasmar la firma en un convenio de colaboración entre el Ministerio y las comunicaciones... y las Comunidades Autónomas.

Por eso, Señoría, es... vamos, el único motivo -y luego a lo mejor pues intervengo en otra... con otras alegaciones-, el motivo por el cual nosotros, pues, en estos momentos, no podemos instar al Gobierno de la Nación para que solicite el Plan, porque es un Plan que está aprobado. Yo no sé... vamos, yo, desde luego, tengo aquí un Plan: el Plan de Acción para personas con discapacidad, año mil novecientos noventa y siete-dos mil dos, que sí que es cierto... Bueno, es el Plan que se presentó al Consejo de Ministros -febrero del noventa y seis-, pero ya en la presentación del entonces -y actual- Director General del Inserso pues se dice que "el nuevo Gobierno de la Nación ha incluido como una de las prioridades de la presente Legislatura la aprobación del Plan de Acción para las personas con discapacidad".

Por lo tanto, Señoría, mi Grupo entiende pues que no podemos votar eso; o sea, solicitar al Gobierno de la Nación. Y yo le invitaría, pues, al señor Málaga a que... pues incluso retirara su Proposición. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra don Jesús Málaga.

MÁLAGA GUERRERO

EL SEÑOR MÁLAGA GUERRERO: Muchas gracias, señor Presidente. A mí me parece que el Plan de Acción Integral es un Plan que estábamos necesitando el país después de tanto tiempo de tener la Lismi en funcionamiento y que supone una necesidad imperiosa, pedida desde todas las Organizaciones No Gubernamentales que se dedican al tema de las minusvalías y de todo el entramado del Estado; es decir, desde el propio Gobierno del Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones Locales (las Diputaciones y Ayuntamientos) y todos aquellos que se dedican al tema de la minusvalía.

Por lo tanto, el que se diga por parte del Gobierno de la Nación el que se va a hacer de forma oral -y me cita usted todas esas buenas intenciones del Gobierno-, a mí me parece pues aceptable. Mire usted, yo mismo le he dicho que ha habido mociones del Partido Popular pidiendo este Plan y que fueron aprobadas por todos los partidos políticos. Por lo tanto, soy yo el primero en reconocer que éste es un tema del cual no se debe hacer ningún tipo de banderías. ¿Por qué no se puede hacer ningún tipo de banderías? Pues muy sencillo: porque estamos tratando con temas que son muy delicados, en los que, además, estamos interviniendo mucha gente que... desde distintos puntos de vistas, desde el mundo de la sanidad, el mundo de la educación, el mundo del trabajo y del empleo, etcétera, etcétera.

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Por tanto, el que nosotros digamos que era necesario y sigamos pensando que es necesario darle un empujón al tema del Plan de Acción Integral, lo hacemos porque nos constaba -y eso lo conocemos fehacientemente- que por parte del Consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León siempre, en la anterior Legislatura, siempre hubo alguna actitud en la que veía algunas reservas con respecto a la aprobación del Plan de Acción Integral. Por tanto, queríamos que desde aquí se potenciara.

Y también le voy a decir otra cosa: creo que... cuando pedimos que se acelere el proceso del Plan Integral, lo pedimos que se acelere donde debe acelerarse; es decir, que se lleve a Consejo de Ministros, que se lleve a través del BOE; es decir, que se conozca realmente que esto pasa de las palabras a la realidad. Y que no solamente nos conformemos con decir 400.000.000 -que como comprenderá usted para toda España es una pequeñez y es una cosa casi ridícula-, sino que se desarrolle, es decir, que haya un desarrollo armonioso de todas las necesidades que este Plan de Acción Integral debe tener.

Por lo tanto, yo lo que sí les pediría es que no les cuesta a ustedes nada el aprobar el que se dé un empujón a aquello que supone un bien para todos los minusválidos de nuestra Comunidad y de toda España. Puede verse de una manera clara impulsado por esta Proposición No de Ley. Es una gota más. Y a ustedes nos les costaría absolutamente nada aprobarla. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de dúplica, tiene la palabra doña Isabel Jiménez.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Señor Málaga, no nos importaría dar un impulso, si todavía el Plan no existiera; pero es que el Plan existe. O sea, que el Plan existe. Y, es más, la Conferencia Sectorial de Santander del veintiséis de noviembre lo aprobó, lo aprobó, Y, es más, la del próximo once, en Sevilla, se va a hablar ya de reparto de los 400.000.000 entre las Comunidades Autónomas. No es preceptivo que pase por el Consejo de Ministros. A mí... desde luego, las informaciones que yo tengo es que no pasaría por el Consejo de Ministros; se llevaría a... se plasmaría la firma entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas; no es preceptivo que pase por un Consejo de Ministros, según me han dicho a mí.

Su Señoría dice, bueno, que el Plan lo estaba necesitando el país. Pues efectivamente, porque desde el año ochenta y dos -y podemos hablar un poco de toda la historia de la Lismi y de los discapacitados en este país-, desde el año ochenta y dos hasta el año noventa y seis ya se podía haber puesto... bueno, le digo desde el año noventa y dos, porque a lo mejor esos diez años de Lismi, pues, no los cuento. Pero hasta el año noventa y seis ya sí que se podía haber sacado un plan de acción integral para personas con discapacidad. Y ha sido este nuevo Gobierno el que lo ha sacado, y lo más importante, además -y aquí lo hemos hablado muchísimas veces-: con dotación presupuestaria; corta, por supuesto, señor Málaga. Pero vamos a estudiar un poco cómo ha sido todo el trámite de la Lismi. Y no quiero yo quitar, no quiero yo quitar nada de lo que el Gobierno anterior hubiera hecho a favor de este plan, y que a lo mejor pues hoy día lo hemos llevado; pero el plan se ha puesto por este Gobierno, se aprueba por este Gobierno, y con dotación presupuestaria, requisito imprescindible para que el plan funcione.

Mire, en el año ochenta y dos, efectivamente, se aprueba la Lismi, Ley 13/82. En el año noventa y dos se celebran dos acontecimientos, que fue el décimo aniversario de la Lismi; y aquel mismo año también se celebra el décimo aniversario del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, el PAM. Se hace un balance de estos dos documentos. Naciones Unidas dice que el Plan que se elaboró de Acción Mundial pues es válido, pero se reconoce que no se han conseguido los objetivos previstos en ese decenio. En España se hace una valoración positiva de la Ley, pero el propio Director General del Inserso en aquel momento reconoce incumplimientos e incluso algunas desviaciones. Y entonces es cuando se dice que hay que hacer un nuevo... hay que dar un nuevo impulso y una nueva estrategia para los próximos años. Y todo esto lo tengo recogido del libro, o sea, que no me lo estoy inventando tampoco yo.

En mayo, ya en mayo del noventa y uno, la entonces Ministra se comprometió en el Congreso de los Diputados a elaborar un plan de acción -mayo del noventa y uno-. El Congreso de los Diputados acordó constituir en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo una ponencia sobre la problemática de los minusválidos. El compromiso anterior de la Ministra queda supeditado a la finalización de los trabajos de esta ponencia.

Diciembre del noventa y dos. Los trabajos terminan y la Ministra retoma el compromiso parlamentario, y en la V Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales -dieciséis de diciembre del noventa y dos- informó a los Consejeros de las Comunidades Autónomas de las conclusiones de la ponencia parlamentaria.

Enero del noventa y tres. La Ministra encarga al Inserso la promoción y coordinación de la elaboración del Plan de Acción.

Mayo del noventa y tres. Se constituyen diversos grupos de trabajo con profesionales de Comunidades Autónomas, Ministerios y Organizaciones No Gubernamentales más representativas de los discapacitados, y dio lugar al primer anteproyecto del Plan de Acción.

(-p.5395-)

Año noventa y cinco. Se presenta el anteproyecto del Plan a los diversos órganos consultivos y a los Ministerios competentes, que son los que dijo Su Señoría en un principio: Sanidad y Consumo, Educación, Trabajo y Seguridad Social, Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, y Asuntos Sociales.

Febrero del noventa y seis -fecha clave-. El Consejo de Ministros tuvo conocimiento del Plan en la reunión del trece -que es la duda que yo tengo: no sé si es trece o es veintitrés, porque tengo las dos fechas-, trece o veintitrés de febrero, vísperas de elecciones; y acuerda, Señorías, devolverlo a la Conferencia Sectorial, por considerar que es en esa instancia donde debería aprobarse. O sea, el mismo... el Gobierno anterior considera que se puede aprobar en la Conferencia Sectorial y no mandarlo al Consejo de Ministros.

Señorías, en todos estos años pues ha habido una serie de actuaciones y una serie de trabajos; "pues ahora lo remito aquí, ahora lo mando al otro lado", pues un peloteo. Y no se sacó el Plan por una razón muy sencilla: pues... lo que decía anteriormente, que cuando no hay presupuesto -y ustedes aquí eso lo manejan muchísimo, en esta Comisión, sobre todo, que es a la que yo asisto-, pues cuando no hay presupuesto no se puede poner en marcha ningún plan. Y entonces, bueno, pues hay que reconocer que el inconveniente fundamental fue la falta de partida presupuestaria.

Mire, Señoría, yo creo que si el Consejo de Ministros hubiera podido aprobar este Plan en vísperas de elecciones, lo hubiera aprobado; porque el día uno de marzo, el mismo día que estábamos votando, los discapacitados se hubieran enterado que el Gobierno, entonces socialista, había puesto en marcha un Plan para los Discapacitados. Y, si no, lo hubieran aprobado después, como muchas actuaciones que tuvo el Gobierno posterior, que aprobó muchas cosas en Consejo de Ministros, incluso estando ya en funciones. O sea, que no había motivo para que el Plan de... para Discapacitados no se hubiera puesto en marcha.

Pero bueno, pues así se escribe la historia. En mayo del noventa y uno, la entonces Ministra de un Gobierno Socialista se comprometió en el Congreso de los Diputados a elaborar un Plan para personas Discapacitadas. Año noventa y siete -seis años después-, pues el actual Ministro de un Gobierno Popular, pues, pone en marcha el Plan.

Pero lo importante, Señoría, en estos momentos, y hablando de discapacitados, no somos ni usted ni yo, ni su Grupo ni el mío; lo importante es que este Plan ayude a los discapacitados, pues, a lograr un máximo de autonomía e independencia en su ámbito personal y una presencia y participación mayor y más activa en el ámbito social. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. En turno de fijación de posiciones, doña Elena Pérez, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Por lo que se ha puesto aquí de manifiesto, el retraso en la puesta marcha de este Plan de Acción, desde luego, no nace de hoy, como ha venido planteando la Portavoz del Grupo Popular. Y corroborando eso, porque esto está en los Diarios de Sesiones -eso es historia del Congreso de los Diputados-, lo que sí que nos parece y que nos tiene que interesar en este momento es que el retraso ya es grande, el retraso ya es grande.

Lo que no se ha aclarado aquí, en esta Comisión, es si este Plan de Acción, que -según se plantea- ya está aprobado por el Gobierno Central, ha sido publicado para darle una forma... o una fórmula legal. Ya se ha planteado que sí que es poco el presupuesto. Y no se ha planteado tampoco -y ésa es mi duda- cuál es el plazo de puesta en marcha, dónde se pone en marcha, en qué momento, etcétera. Es decir, que el retraso puede seguir existiendo; puede seguir existiendo, y vamos otra vez a la Conferencia Sectorial, y luego volvemos, y vamos más allá. Y no estoy echando aquí culpas a nadie. Es decir, estoy segura que en este tema puede haber culpas -si es que las hay- de muchas instancias y de muchos Grupos políticos; pero el momento en el que nos encontramos es que ya hay un gran retraso; hay un gran retraso y que, además, aquí no hemos sabido aquilatar el tiempo y el plazo en el que esto se va a poner en marcha.

Por lo tanto, dicho esto previamente, y puesto que además nos tenemos acostumbrados... o nos tienen acostumbrados... Yo, en este año de Legislatura a nivel central -y ustedes lo saben igual que yo- se han dicho cosas, se han planteado cosas que luego se ha dado marcha atrás. Y no voy a sacar aquí los temas, que los sabemos todos; han salido, se han dicho... no sólo en los medios de comunicación, sino en muchos foros, y luego se ha dado marcha atrás. Y se da marcha atrás por medio de decretos leyes, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, a mi Grupo Parlamentario le preocupa muy mucho que no se diga el plazo ni que se legalice ese Plan de Acción con la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

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Por lo tanto, esta Proposición No de Ley nos parece que, aun dicho lo que acabo de comentar -el gran retraso y las responsabilidades habidas hasta ahora-, sigue teniendo vigencia, porque no sabemos, en el día de hoy, en qué momento se va a poner en marcha y con qué mecanismos legales se van a poner en marcha. Esta Comunidad Autónoma, como el resto de las Comunidades -pero en ésta nos encontramos-, tiene que ser ambiciosa; no puede plantear que es un plan novedoso -porque aquí todo lo llamamos novedoso, cuando resulta que lleva mil años-, sino... no se puede conformar con lo que el Gobierno Central diga que va a hacer, sino tiene que plantear al Gobierno Central... y yo no les digo el plazo; sí que se podía haber consensuado el plazo, o podíamos consensuar entre todos el plazo que podíamos poner -un año... el que fuera-, pero sí instar que nos corre prisa y que en esta Comunidad Autónoma nos corre prisa este Plan de Acción Integral. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate, tiene la palabra don Jesús Málaga.

MÁLAGA GUERRERO

EL SEÑOR MÁLAGA GUERRERO: Muchas gracias. Mire, doña Isabel, creía yo que no iba a politizar usted este tema, porque me da mucho miedo que se politicen estos temas; y usted ha intentado politizarlo. Ha hablado de que si "ésta es nuestra Ley, que por fin nosotros lo hemos aprobado...". Mal asunto. Mire, me ha disgustado usted bastante con su intervención.

Y le voy a decir algo más: mire, si empezamos a decir lo que cada uno ha hecho con respecto a las minusvalías, yo también le puedo decir que el Partido Socialista, desde el año mil novecientos ochenta y dos hasta el año mil novecientos noventa y cinco, nada menos que más de 16 billones -con b-, más de 16 billones -con b- ha dedicado al tema de las minusvalías. Por lo tanto, fíjese usted si empezamos a decir.

Pero no es una cuestión de medallas, no es una cuestión de; medallas, es una cuestión de... interpartidista, y es una cuestión de todos. Por lo tanto, se debe, se debe evitar todo tipo de politización en este tema.

Mire usted, me dice usted que esto no es un tema de Consejo de Ministros. Lo ignoro, lo ignoro. Pero le voy a decir algo más: yo sé que, sin embargo, al Consejo de Ministros de finales de la Legislatura anterior fue este tema, y que no se aprobó porque estaban las elecciones en puertas. Y le voy a decir algo más: ¿sabe usted por qué no se tiró adelante de este tema? Porque se hubiese dicho que había sido un tema claramente demagógico. Si se llega a aprobar en aquellos momentos, diría: el Partido Socialista, de una forma demagógica, utiliza a los minusválidos, pum, pum, pum, pum... y hubiésemos tenido el tintineo constante en la prensa de ustedes; además, lo saben utilizar perfectamente.

También con respecto a la Conferencia Sectorial. Le voy a decir una cosa: sabemos muy bien cómo estaba el tema de la Conferencia Sectorial y quién estaba bloqueando la Conferencia Sectorial. Es verdad que eso tardó muchísimo tiempo en dilucidarse allí, pero había allí gente muy interesada, que estaba claramente bloqueando para que no saliera... para que no saliera. Y le recuerdo también que el Consejero de Bienestar Social y de Sanidad de esta Comunidad estaba en un claro oficio de bloqueo.

Pero termino diciéndole: mire usted, vamos a desarrollar ese tema; vamos a darle mucho más dinero que esos 400.000.000, que sabe usted que es simplemente una cosa simbólica; y vamos a llevarlo a los sitios donde debemos de llevarlo: Consejo de Ministros, si es necesario -ya le digo que no lo sé-, y Boletín Oficial del Estado, que es donde deben de estar las cosas.

Agradecer a Izquierda Unida la postura de aprobar nuestra Proposición No de Ley. Y nada mas. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Concluido el debate, procedemos a someter a votación esta Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos, dieciséis; votos a favor, seis; votos en contra, diez. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.