DS(C) nº 204/4 del 12/2/1997

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Buenas tardes. Muchas gracias, señor Presidente. Esta Proposición No de Ley que realiza nuestro Grupo tiene como planteamiento modificar la actual normativa que regula la apertura y funcionamiento de los... de los centros de personas mayores, tanto de hogares como de centros residenciales, y regula los requisitos mínimos que deben de contemplar estos centros.

Yo creo que de la propia lectura de la Orden que regula el funcionamiento de los centros se deduce que es necesario cambiar esta normativa. Quiero decir, yo creo que, al margen de lo que aquí digamos, yo creo que cualquiera que lea esa normativa, que consta sólo de ocho artículos, ocho artículos, de los cuales dos los dedica a declaraciones generales, dos a hablar de los centros de día, y sólo cuatro a hablar de las residencias de ancianos, lo cual demuestra, pues, la escasa regulación que existe sobre cómo deben funcionar los centros residenciales, y en concreto las residencias de ancianos. Y en consecuencia, nos parece que es una necesidad que esa normativa se modifique. Que, además, es una normativa que tiene una contradicción, porque antes de que apareciera esta normativa -en el año noventa y tres- ya había habido denuncias, que habían aparecido en los medios de comunicación, sobre irregularidades que luego la propia normativa que se saca por parte de la Junta de Castilla y León no contempla; y, en consecuencia, la normativa sigue permitiendo que esas irregularidades se sigan... o se puedan seguir produciendo.

La normativa entendemos que tiene cuatro carencias, fundamentalmente, que es lo que nos gustaría que, de alguna forma, se contemple en esa futura normativa. Por un lado, no exige requisitos mínimos de personal; es más, incluso hay residencias que declaran que de las cuatro personas que trabajan en ella sólo cobra uno; yo no sé cómo lo pueden hacer eso, pero, en definitiva, al no haber un requisito mínimo, todo eso es posible y eso está dentro de la normativa que existe. Y nos parece que es necesario que eso se corrija y se fije una ratio de personal en función del número de residentes.

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La normativa tampoco distingue entre residencias de válidos y asistidos. Yo creo que también... que es evidente que no puede servir la normativa sin distinguir esas situaciones, porque está claro que, en función del tipo de centro residencial... y más porque al final cuando es de mínimos, pues los mínimos son para los válidos, y la realidad es que la mayoría de las residencias lo que terminan teniendo son asistidos, y en consecuencia es en lo que hay que regular.

La normativa no plantea absolutamente ninguna exigencia para las residencias de menos de doce plazas, con lo cual pueden estar funcionando sin apenas requisitos.

Y la normativa, precisamente, lo que sí que recoge en uno de sus artículos son declaraciones de intenciones genéricas, que es lo único que se exige a las de doce plazas... las de menos de doce plazas. Y, en consecuencia, esas declaraciones de principio, pues, nos parece que son insuficientes para concretar y garantizar una mínima atención residencial.

En definitiva, nos parece que la actual normativa no es suficiente. Y por ello instamos a que las Cortes, pues, soliciten a la Junta que elabore una nueva normativa, en la que las situaciones que hemos comentado se corrijan y otras posibles, indudablemente, se pueden aportar con mayor profundidad, pero que yo creo que tampoco es el motivo de esta petición. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra doña Carmen Luis.

LUIS HERAS

LA SEÑORA LUIS HERAS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Si esta Proposición No de Ley hubiera sido tratada en esta Cámara con anterioridad, estoy segura que nuestro Grupo hubiera votado a favor. Pero dada la presentación y el debate en la fecha de hoy, nuestro Grupo va a tener que votar en contra. Y le voy a decir los motivos por los que vamos a votar en contra.

En el momento de presentarla, a mi modo de ver, existían dos legislaciones: una dictada por la propia Junta de Castilla y León, como es el Decreto 97/91, de veinticinco de abril, sobre inspección y régimen sancionador en materia de acción social, cuya finalidad es garantizar los derechos de los usuarios de los centros de servicios sociales. Por otro lado estaba la Orden a la que usted se ha referido, de veintiuno de junio del noventa y tres, por la que se regulan los requisitos mínimos específicos de autorización de los centros de la tercera edad.

Otra normativa a la que me refería es aquella que la propia Junta de Castilla y León se subrogó en el momento de las transferencias del Imserso, en ese momento de traspaso de funciones y servicios a esta Comunidad Autónoma -según se indica en el propio Reglamento General de la Gerencia de los Servicios Sociales-. Entre ellas: el Estatuto Básico de Centros, por Orden Ministerial de dieciséis de mayo del noventa y cinco, que regula los derechos y deberes de los usuarios de los centros de la tercera edad; por otro lado, la Orden de ocho de enero del ochenta y seis, que regula los requisitos para el ingreso en residencias, así como los baremos de admisión en centros residenciales.

En el momento de las transferencias -como le decía anteriormente-, y con experiencia acumulada por la propia Junta, ésta vio la necesidad de regular las condiciones para el ingreso en centros de la tercera edad, recogiendo todas las situaciones reales que se han dado en el pasado y las que se están dando en la actualidad. Por tanto, vio la necesidad de regular o profundizar, como usted propone en su propuesta de resolución.

Es por ello que lo ha visto plasmado, o lo hemos visto plasmado todos -usted dispondrá de los mismos Boletines de los que yo tengo- en la publicación del Boletín Oficial de Castilla y León de cinco de febrero del noventa y siete de una nueva normativa -el Decreto 19/97, de treinta de enero-, cuyo objetivo final es precisamente garantizar la calidad de los servicios prestados en los centros de la tercera edad.

Esto mismo se ha puesto de manifiesto en una... después de las transferencias, en una Comisión de Prioridades, creada a tal efecto por el propio Imserso en sus funciones de coordinación, recogiendo todas las sugerencias que partían de todas las Comunidades, y llegando a un consenso por todas las Comunidades; de tal forma que elaborara una normativa común para todo el territorio nacional. Y estos Boletines a los que yo me refería -que seguro que usted también dispone de ellos- son en concreto: el número 24, de cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, con el Decreto 12/97, de treinta de enero, por el que se regula la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en centros de servicios sociales para personas mayores y personas discapacitadas.

Yo no me voy a poner a desglosar lo que aquí viene, pero sí que viene, en materia de personal, a lo que usted hacía referencia; al igual que tres Resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de siete de febrero del noventa y siete, en el número 26 del Boletín. Resoluciones todas ellas dirigidas en el mismo sentido.

Por tanto, Señoría, entendemos que... a nuestro Grupo nos parece que está cumpliendo con esta propuesta de resolución a la que usted alude, de profundizar en la normativa, de tal forma que se regulen o que se controle la calidad de la asistencia de los usuarios de los centros residenciales de la tercera edad. Por tanto, nuestro Grupo -ya le digo- hubiera votado a favor, porque compartimos su sensibilidad ante este tema -hartamente demostrado por la Junta de Castilla y León-, pero creemos que está desfasado en el tiempo, puesto que ya ha publicado una normativa que amplía la normativa básica a la que usted aludió anteriormente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (> SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. ¿Desea el proponente establecer un turno? Tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

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EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias. Primero, como cuestión de procedimiento, Pilar Ferrero Torres... Pilar Ferrero Torres sustituye a doña María Luisa Puente. Parece ser que habíamos dicho antes que era Antonio de Meer, pero que no va a ser así.

LA SEÑORA....: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): ¿Entonces?

LA SEÑORA....: No, no, no, está bien, está bien.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: ¿Que está bien como estaba planteado?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Yo tengo... Por favor, yo tengo: don Jesús Málaga a Carmen García-Rosado; doña María Luisa Puente a don Antonio de Meer.

LA SEÑORA.....: Sí, está bien.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Bueno, al fondo de la cuestión. La normativa a la que usted hace referencia, desde luego, entiendo que no es exactamente lo que estamos planteando. Indudablemente, la Junta de Castilla y León ha mejorado la normativa en el concierto de plazas con las entidades privadas, pero no... yo no interpreto, vamos -y además de la lectura de esto no se deduce-, que esa normativa sea de carácter general. Esas exigencias se las van a hacer cumplir; y, además, por otro lado, me parece lógico. Quiero decir que las plazas que se conciertan, que pasan a ser públicas, desde luego, yo entiendo que tienen que tener ese mínimo que demanda nuestra Proposición No de Ley. Y en consecuencia, en principio, nos parece que la normativa que regula el concierto de plazas mejora lo que existe, pero no es exactamente lo mismo que estamos planteando, puesto que planteamos que se haga una normativa general.

La Orden del noventa y tres, del veintiuno de junio del noventa y tres, que -como bien usted conoce- mencionaba, no se está... o sea, no está sustituida por esta última regulación. En consecuencia, lo que hace falta es hacer una regulación general. Es decir, lo otro yo creo que es un poco el mezclar las cosas, y desde luego no sirve. O sea, quiero decir que me parece que la base de su argumentación de decir que esa Orden ha quedado, de alguna forma, mejorada con la Orden nueva de la convocatoria de conciertos, pues no es lo mismo, y yo creo que las carencias siguen siendo posibles para el resto de residencias que no se conciertan.

Y la cuestión está en que hacer esto supone una modificación mucho más general. De hecho, los impresos que hoy tienen que solicitar las residencias para que sean reconocidas como tal por la Junta de Castilla y León, lógicamente, tendrán que modificarse también. Quiero decir, los impresos actualmente siguen siendo los que existían con la Orden del noventa y tres. En consecuencia, quiero decir que es mucho más lo que nosotros planteamos que se produzca; y, en consecuencia, quiero decir, no estamos de acuerdo con que decaiga la Proposición, como usted plantea. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. En un turno de dúplica, tiene la palabra doña Carmen Luis.

LUIS HERAS

LA SEÑORA LUIS HERAS: Gracias, Presidente. Yo entiendo, Señoría, que usted o su Grupo no comparta el sentido en el que se ha profundizado en esta ampliación de la normativa, pero sí que recogen en esta nueva normativa aspectos de la Orden a la que nos hemos referido antes los... tanto usted como en mi intervención: la Orden de veintiuno de junio del noventa y tres; porque se refiere, entre otros temas, al tema de personal, que sí que viene recogido en esta Orden y en el nuevo Decreto que ha sido publicado recientemente.

Por otro lado, Señoría, yo entiendo que la Gerencia de Servicios Sociales no discrimina ningún tipo de residencia. En principio, concierta con todas. Concierta más con aquellas que ofrecen mejores condiciones o mejor dotación, en cuanto a personal, instalaciones.... Entiendo que no... en principio no discrimina ningún tipo de residencias.

Por lo tanto, Señoría, que no comparta usted el sentido de la profundización en esta nueva normativa lo entiendo, pero tampoco usted especificaba en su propuesta de resolución a qué aspectos concretos habría que referirse la Junta. La Gerencia de Servicios Sociales ha estimado oportuno, y además ha compartido con el resto de otras Comunidades, en que ése era el sentido en que tenía que dirigir las modificaciones.

Por tanto, Señoría, me reitero en lo que decía antes: que si esta normativa no hubiera visto la luz, pues posiblemente... seguro que nuestro Grupo apoyaría su iniciativa; en este momento, no podemos apoyarla puesto que ya ha sido ampliada esta normativa, que era lo que, en definitiva, usted pedía en su Propuesta de Resolución.

Y le pido que, si no está de acuerdo, en próximas comparecencias, o en próximas Proposiciones No de Ley, o asuntos parlamentarios que usted traiga aquí, profundice más en qué aspectos usted cree que debe mejorar la normativa, y seguro que desde nuestro Grupo lo tendremos en cuenta y lo trasladaremos a la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso.

ALONSO DÍEZ

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EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muchas gracias. Indudablemente, en la Propuesta no se hacía referencia concretamente a qué orden se pedía que se modificara, pero el título de la Orden de la que estamos hablando pues coincide con la Propuesta. O sea, quiero decir que no se mencionaba exactamente la fecha de la Orden, pero en la Orden se habla de regular los requisitos mínimos y específicos de autorización, y la Propuesta pues dice eso, que se profundice en la regulación de los requisitos mínimos.

Indudablemente en esa Propuesta... vamos, o en esa Proposición No de Ley no se desciende al detalle, pero -como quiero recordar- hemos hecho otras iniciativas anteriormente en las cuales sí descendíamos más al detalle. Incluso algunas cuestiones de las que hoy argumentaba como razón para modificar esa normativa son las que en aquella Moción que hicimos en el verano pasado pues se... analizamos profundamente, con lo cual nos parecía que no era necesario volver a reiterar todo aquello que, de alguna forma, demuestra la carencia de una normativa suficiente para garantizar esos requisitos mínimos con las personas mayores.

Yo no he dicho... y si se ha interpretado así pues lo corrijo; desde luego, no he dicho o no he pretendido decir que con este último Decreto de la Junta, que regula el concierto de plazas, se discrimine a aquellas que no regulan, porque no es así. Quiero decir... lo que digo es al contrario: me parece lógico que si la Junta va a concertar plazas, exija; es decir, que no sólo se conforme con esta Orden, porque me parecería, la verdad, insuficiente. Y aunque a lo mejor tuviera en cuenta otras cuestiones que no estuvieran recogidas en la convocatoria, pero parece lógico que en la convocatoria sí se recojan muchas más exigencias, puesto que esas plazas van a ser públicas y va a tener que responder la Junta de la calidad de esas plazas -¿eh?-, parece que en este Decreto se profundice mucho más.

Pero insisto que lo que queremos es que esos requisitos no sólo se exijan a las residencias que se conciertan, sino que se exija a todas las residencias. Es decir... Porque al final, las residencias que se conciertan pues aproximadamente podrán ser veinte, treinta; si este año se amplía, pues podían llegar a cuarenta residencias... pero hay doscientas residencias privadas funcionando en Castilla y León. Y, en consecuencia, es a todas esas residencias donde queremos que se extienda esa normativa. Hay más de cien residencias con menos de cien plazas; quiero decir, hay más de cien residencias que no se les exige nada para que se abran. En la Orden esta no se les da categoría de residencias -se les llama "pisos", pisos...-, pero en definitiva, al final, son residencias, porque lo que tienen son personas mayores. Y, además, de ese tipo de centros hay ciento nueve en Castilla y León, con lo cual nos parece que la normativa es insuficiente.

Yo creo que se equivocan en oponerse a que se inste a la Junta a que se mejore la normativa. Y bueno, nuestro Grupo, lógicamente, mantiene nuestra Proposición. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Concluido el debate, sometemos a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente: votos emitidos son trece; votos a favor de la misma son cuatro; votos en contra, nueve; abstenciones, ninguna. Por tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley.

(Murmullos.)

(Por favor, don Antonio de Meer, que es el que figura en esta Comisión, no ha llegado todavía.)

Segundo punto del Orden del Día. Por la señora Secretaria se da lectura al segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA LARRAURI RUEDA): Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 392, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez, doña Pilar Ferrero Torres, doña Inmaculada Larrauri Rueda y doña María Luisa Puente Canosa, relativa a resolución de subvenciones en materia de acción social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 90, de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, en esta Proposición No de Ley, fundamentalmente se plantean dos cosas: por un lado, se insta a que la Junta resuelva las subvenciones en los tres primeros meses de cada año -la convocatoria de subvenciones que realiza el Ministerio de Acción Social-; y, por otro lado, planteamos que esta Resolución pues se efectúe por el Delegado Territorial de la Junta de cada provincia.

El fondo del tema no es tanto el tiempo, sino para qué se utilizan las subvenciones. El problema que normalmente hay con el sistema de financiación a través de subvenciones, para los Programas de Acción Social, es que supone una interrupción en el propio desarrollo de los Programas. Quiero decir, los Programas de Acción Social no son una actividad como un campamento de verano, que dices: bueno, pues dura quince días y durante quince días se hace una actividad determinada y bueno, pues a lo mejor da igual, incluso, que sea en julio o que sea en agosto, ¿no? Los Programas de Acción Social tienen una continuidad en el tiempo, porque pretenden unos objetivos concretos, y esa continuidad y esa duración pues es tan importante como cualquier otro tratamiento que se pueda dar dentro de lo que se conoce "bienestar social". Quiero decir que igual que para una rehabilitación pues se requiere un tiempo determinado -una rehabilitación sanitaria-, o para el aprendizaje de una enseñanza requiere un tiempo determinado, ocurre lo mismo con los Programas de Acción Social.

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Lo cierto es que, de forma reiterada, desde la Junta de Castilla y León se resuelven tarde estas convocatorias -quizá por la propia configuración de la convocatoria-, y lo cierto es que con esto pues peligra el resultado de los objetivos que se persiguen con los Programas de Acción Social.

Yo iba a poner algunos ejemplos de cómo el año pasado, pues hasta prácticamente el mes de agosto -finales de julio- no se fue comunicando la resolución de las convocatorias de subvenciones. Hay una subvención, que solicitó con cargo a la formación y orientación profesional para un programa de autoempleo dirigido a dos municipios por un Ceas -de Portillo y de Serrada-, que se comunica el veintiséis de julio del noventa y seis; teniendo en cuenta que estamos en vísperas de agosto -al final-, hasta el mes de septiembre esto no se comienza a tramitar, porque es la dinámica normal de cualquier institución -en agosto no hay ni Plenos-, y eso lleva un tiempo de preparación; con lo cual, ese programa debería terminar -con el tiempo que estaba previsto- en febrero del noventa y siete. En la propia convocatoria se plantea que debe resolverse... o que debe justificarse el gasto en noviembre del noventa y seis. Quiero decir que tres meses antes de que pueda financiarse el programa, debe estar justificada la subvención, cuando se ha tardado cinco meses en resolver.

Esta misma situación, pues... tengo otros ejemplos de que se produce y se repite en otros programas, en los cuales prácticamente hasta agosto la Junta no resolvió la convocatoria de subvenciones, y, en consecuencia, proyectos de trabajo de cinco o seis meses, que tienen que justificarse en noviembre del mismo noventa y seis -es decir, cuatro meses después-, pues se encuentran con la dificultad para poder desarrollarse.

Yo sé que se ha planteado a la Junta que... esta dificultad y al final, pues, la respuesta era: bueno, pues, empezadlos y a ver qué hacemos. O sea, los programas sociales no se pueden empezar y "a ver qué hacemos", porque lo cierto es que si la Junta asume la responsabilidad de que pueden durar lo que tengan que durar, y asumir el que si acaban en febrero se puedan justificar en febrero, eso tiene que asumirse con todas consecuencias. Y si no, al final, hay dos opciones: o se recorta el tiempo del programa -con lo cual no se consiguen los objetivos que se pretenden-, o la Corporación Local correspondiente tiene que asumir el coste que ya no cubre la Junta porque el plazo de justificación se terminó tres meses antes.

En consecuencia, nos parece que es una mala dinámica esta para garantizar los resultados que se persiguen con estos programas. Nos parece que nuestra Proposición, modestamente -porque lo ideal no sería ésta la solución; lo ideal sería que se evitara tener que ir a subvenciones y buscar otra vía de financiación, pero...-, modestamente, podría contribuir a que se resolvieran estas situaciones, si dentro de los tres primeros meses se pudieran resolver. Y, en consecuencia, nos parece que debería de ser tomado en consideración lo que proponemos, porque ello contribuiría a mejorar la acción social. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una Enmienda de Sustitución. Por el Grupo Enmendante, tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Muchas gracias, señor Presidente. Efectivamente, nuestro Grupo ha presentado una enmienda que, formalmente, puede llamarse de sustitución; que podría ser una enmienda de modificación, porque al fin... a fin de cuentas, viene a recoger -yo creo- íntegramente lo que propone el Grupo Socialista, pero dando un paso más. Porque para poder resolver las subvenciones en el primer trimestre, lo que hace falta es que se convoquen a tiempo. Y por eso nosotros, lo primero que instamos a la Junta es que continúe convocando las subvenciones en los primeros días del año. Si se convocan -como en otras épocas ocurría- bastante más adelante, difícilmente sería poderlas resolver. Luego el primer punto en el que nosotros instamos a la Junta es en que mantenga esa convocatoria en los primeros días del año.

A continuación, suscribimos -con matices- la iniciativa socialista en su integridad, porque nosotros compartimos la necesidad de que, en la medida de lo posible, las subvenciones sean resueltas en el primer trimestre del año, y, en la medida de lo posible, sean resueltas por la Delegación Territorial de la Junta en cada una de las nueve provincias. Y digo en la medida de lo posible, porque hay veces en las que la propia documentación que presentan las asociaciones es incompleta y, a lo mejor, lo que hay que hacer es una resolución parcial de esa Orden de convocatorias, hasta tanto se clarifique la documentación insuficientemente presentada por alguna asociación; de lo cual no tienen la culpa las demás, pero que si se esperara a resolver lo de esa asociación conllevaría un perjuicio innegable para las restantes que actuaron en tiempo y forma.

Y en segundo lugar, decimos "siempre que se pueda, por las Delegaciones Territoriales" porque, en ocasiones, las asociaciones que concurren a la convocatoria presentan programas de actuación supraprovincial y, en esos casos, parece que lo conveniente no es que se resuelva por las Delegaciones Territoriales, sino que sea por un órgano de los estamentos centrales de la Junta.

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Por lo tanto, y en ese ánimo de apoyar la iniciativa socialista, puesto que compartimos la preocupación de que las subvenciones se convoquen a tiempo y se paguen a tiempo... Si bien es verdad, ninguno de los programas se subvenciona al 100%; por lo tanto, es sólo relativamente cierto eso de que sin conocer la subvención de la Junta no se puede iniciar el programa. En ningún caso el programa -insisto- se subvenciona al 100% y, por lo tanto, con los fondos propios se puede iniciar el programa. Compartiendo así mismo que lo ideal es que en un futuro más o menos próximo se sustituya el sistema de las subvenciones por el de los convenios, pero hasta tanto en cuanto siga el vigor el procedimiento de las subvenciones, nosotros proponemos como enmienda el texto que Sus Señorías conocen y al que doy lectura, que no es más que una ligera matización al Informe presentado por el Grupo Proponente.

"Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a que en mil novecientos setenta y siete, y en lo sucesivo, continúe realizando las convocatorias de subvenciones en los primeros días del año, como lo ha venido haciendo, y que las convocatorias de mantenimiento continúen siendo resueltas preferentemente en el órgano provincial competente, en todos los casos en que no respondan a programas de ámbito supraprovincial; y que se resuelvan, en la medida de lo posible, en el primer trimestre del año". Yo creo que es una voluntad manifiesta del Grupo Popular de acercarse a la iniciativa socialista, y esperamos que sea aceptada nuestra Enmienda, que, al fin y al cabo, lo que hace es una ligera matización para tratar de que lo que es deseable se ajuste a lo que es posible.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno a favor o en contra de la Enmienda, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muchas gracias. Bueno, primero -como aclaración-: indudablemente, nuestra Propuesta no hablaba de que las convocatorias se realicen en los primeros días del año porque entendemos que eso es obvio si queremos resolverla en los tres primeros meses. Yo creo que hacer referencia a situaciones anteriores, pues, indudablemente, es un recurso que ustedes hacen con demasiada frecuencia, pero se olvidan que llevan diez años gobernando y que, indudablemente, año tras año se mejora la gestión. Es lógico que ahora se mejore mejor que hace doce años porque, claro, si no fuera así, yo creo que sería pues muy lamentable.

Yo sí comparto que, efectivamente, la Propuesta que ustedes plantean pues es similar a nuestra Proposición. Y yo creo que se podía llegar a una transacción, si ésa es su voluntad. Sólo hay una... hay un aspecto que me parece que habría que salvar, que es el que... en el sentido "que se resuelva en la medida de lo posible". Yo creo que hay que organizarlo o articularlo para que se resuelva. Porque, incluso, ha habido un año que la convocatoria se realizó en el... salió en el Boletín del dos de enero; es decir, yo no sé por qué últimamente están saliendo en el diecisiete de enero -dieciséis, el año pasado, diecisiete este año-. Entonces, yo creo que, al final, el que se pueda resolver es un problema de organización, de gestión. Los diez días que hay para subsanar la documentación, en cualquier caso, yo creo que hay que contemplarlo dentro de ese periodo de resolución. Y si, de alguna forma, se asume ya y en la propia convocatoria de este año ya se preveía, porque quiero decir que ya se prevé que se pueda resolver parte de las subvenciones por los órganos provinciales, pues yo sí creo que podemos llegar a algún tipo de acuerdo y que haya una resolución única.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Gracias, Presidente. La verdad es que no tendría ese inconveniente si nos plantean un texto. Pero es que yo quiero insistir: se recoge absolutamente toda la propuesta del Grupo Socialista. Y se dice "en la medida de lo posible", ¿por qué? Porque efectivamente hay casos en los que la documentación es incompleta, la asociación a lo mejor no ha justificado los gastos del año anterior, o la subvención del año anterior, y por eso decimos "en la medida de lo posible". Si hay una subvención que pide... o una Corporación Local que pide una subvención para un programa concreto y no ha justificado lo anterior, no se puede resolver legalmente esa convocatoria. Por eso decimos "en la medida de lo posible", y en la frase "en la medida de lo posible" tratamos de articular que se puedan resolver en el primer trimestre aquellas que legalmente se pueden solucionar, y se demore parcialmente la resolución para aquellas que, por falta de justificación de subvenciones de años anteriores, que la Ley de Hacienda prohibe que se den nuevas subvenciones si no se han justificado las anteriores, o por documentación incompleta, confusa, o compleja, no bloqueen por la... iba a decir por la incompetencia de una Corporación Local o de una asociación, bloqueen la resolución. Eso es lo que queremos decir "en la medida de lo posible": no se pueden resolver el 100% de las subvenciones si hay alguien que no ha justificado las del año anterior, y eso lo conoce muy bien el Procurador proponente. Eso es lo queremos decir y no otra cosa.

Y me imagino que comparte que nosotros que si el programa es supraprovincial, lo razonable es que se tome una determinación desde el órgano central, si afecta a tres o cuatro provincias, si, por ejemplo, la convocatoria es... acude el Proyecto "Hombre" genéricamente, que tiene programas en seis provincias distintas de la Comunidad; lo razonable es que no se resuelva aisladamente, sino que se contemple desde una visión más global. Eso es lo que pretendemos, en el afán de tratar de aprobar la iniciativa socialista, pero con esas pequeñas matizaciones que entendemos no pretenden más que acomodar lo deseable a lo posible.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. En un turno de dúplica tiene la palabra don Jorge Félix Alonso.

ALONSO DÍEZ

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EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Estaríamos dispuestos a asumir su texto, quiero decir, como texto base de la resolución. Y para recoger esto último que usted argumentaba, que me parece que es razonable, que, indudablemente, si hay un solicitante que es el causante de los retrasos, debe ser él el que pague la responsabilidad; quiero decir, no tiene por qué originar el retraso para el resto de entidades. Pero según está planteada su resolución, su propuesta de resolución, "en la medida de lo posible" es general, no va referido a una entidad en concreto. Entonces, la propuesta iría en el sentido de excluir esa generalidad y particularizarla. Quiero decir: sería más o menos añadir un pequeño párrafo que diga, "y se resuelvan en el primer trimestre del año, salvo para aquellos casos en los que el solicitante sea el responsable de ese retraso" o algo similar. Quiero decir, podemos, si hacemos un receso, pues, concretar un poco el texto para que sea un poco más el sentido... vamos que esté más ordenado. Pero, en cualquier caso, me parece que su argumentación ha estado en que puede haber situaciones particulares que si se las liga al conjunto de la resolución puede originar retraso de todos, y yo estoy de acuerdo que esas situaciones particulares deben ser las que sufran la causa del retraso, pero no el resto. Entonces, el dejarlo como está puede dar pie a que sean todos los que se acojan, o que en todos lo casos la Junta tenga al final la imposibilidad de resolverlo antes, y al final no hemos ganado nada con la resolución que planteamos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Si les parece a los señores Procuradores suspendemos un minuto la sesión para intentar llegar a ese texto, y a continuación fijar el definitivo.

(Se suspende la sesión a las diecisiete horas cincuenta minutos, y se reanuda a las dieciocho horas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Se reanuda la sesión. Señorías, por favor, para fijar el texto definitivo tiene la palabra el señor proponente.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: El texto que entiendo que compartimos o que podemos compartir los grupos presentes en la sala quedaría de la siguiente manera:

"Las Cortes de Castilla y León..." "Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a que en mil novecientos noventa y siete y en lo sucesivo continúe realizándolas con convocatorias de subvenciones en los primeros días del año, como ha venido haciendo, y que las convocatorias de mantenimiento continúen siendo resueltas preferentemente por el órgano provincial competente, en todos los casos que no respondan a problemas de ámbito supraprovincial. Y en el primer... y se resuelvan en el primer trimestre del año aquellos expedientes que reúnan todos los requisitos exigidos en la convocatoria correspondiente".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Entiende esta Presidencia que los Grupos aquí presentes están de acuerdo y, por tanto, aprobamos esta Proposición por asentimiento, con la enmienda que acabamos de transaccionar.

Pasamos al tercer punto del orden del Día, y le ruego a la señora Secretaria que dé lectura al mismo.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA LARRAURI RUEDA): Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 393, presentada por la Procuradora doña Pilar Ferrero Torres, relativa a estudio y actuaciones concretas sobre la realidad social, económica, familiar, laboral y sanitaria del colectivo de prostitución publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número noventa, de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, señora Secretaria. Para la presentación de esta Proposición No de Ley, tiene la palabra doña Pilar Ferrero Torres.

FERRERO TORRES

LA SEÑORA FERRERO TORRES: Gracias, señor Presidente. esta Proposición No de Ley tiene como precedente una pregunta realizada en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, contestada en Comisión de Bienestar Social el trece de marzo del noventa y seis por el Director General de Salud Pública, intervención que dejó de manifiesto la necesidad de conocer a través de un estudio la realidad social, económica, familiar, laboral y sanitaria del colectivo de prostitución de Castilla y León. Con fecha diez de octubre del noventa y seis se presenta esta Proposición que debatimos hoy, día doce del dos del noventa y siete.

Hago esta pequeña introducción, porque me parece importante que quede constancia de la demora de los temas en estas Cortes, y sobre todo temas que, a juicio de esta Procuradora, son relativamente importantes.

El colectivo de prostitución en nuestra Comunidad Autónoma no creo que tenga diferentes características a como está situado en otras Comunidades de nuestro país. Yo creo que huelga decir que es un colectivo con unas características muy concretas, y que fundamentalmente lo que se denomina la profesión más antigua de la historia de la humanidad es una profesión que no tiene ningún reconocimiento -digámoslo- en derechos laborales, no tienen derecho a organización sindical; digamos que es un colectivo -como algunos otros- que están dentro de los llamados grupos de marginación social, pero no por ello dejan de ser seres humanos; personas con unas necesidades muy concretas y, a la vez, con una problemática muy seria, que desde los poderes públicos deberíamos de intentar resolver, en la medida de lo posible, articulando todos los proyectos que se pudieran llevar a cabo de cara a mejorar la calidad de vida de estas personas; y lo más importante: medidas que consiguieran una reinserción social en todos los ámbitos.

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Por lo tanto, el Grupo Socialista presenta esta Proposición No de Ley, entendiendo que ha habido un sentir -digamos- público de la necesidad de realizar este tipo de estudio, para conocer exactamente cómo tenemos la situación en nuestra Región de las personas que se dedican a la prostitución. Recientemente hemos visto, por los medios de comunicación, hechos que una vez más ponen de manifiesto la problemática social que viven estas personas; hechos que, incluso, han llegado a agresiones personales y a presuntas violaciones por denunciar redes de prostitución clandestinas. Con lo cual, y no extendiéndome más en mi introducción o en mi planteamiento de esta Proposición No de Ley, parece que es urgente que desde la Junta de Castilla y León se realice un estudio de estas características que nos permita conocer en datos, lo más aproximados posible, cuál es la situación que tenemos en nuestra Región, y, a la vez, poder sacar unas conclusiones que permitan diseñar y poner en práctica políticas concretas que puedan ayudar a mejorar la situación de un sector que, insisto, siendo reconocido como la profesión más antigua del mundo, está sumido en una marginación también absoluta. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra don Javier León de la Riva.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Gracias, señor Presidente. Y mi intervención pudiera resultar paradójica, por cuanto voy a decir que compartimos absolutamente todo el planteamiento que hace la señora Procuradora. Y es rigurosamente cierto que en diciembre del noventa y cinco ella planteó una pregunta sobre este tema al Gobierno, y que en marzo del noventa y seis tuvo cumplida respuesta en esta Comisión por parte del Director General de Salud Pública. Y, efectivamente, de aquel intercambio de opiniones, en aquel debate, se desprendía la necesidad de elaborar un estudio en los términos que propone la señora Procuradora.

Lo que a mí me sorprende es que la señora Procuradora no conozca que justo quince días antes de presentar ella esta iniciativa en la Cámara, exactamente el veintiséis de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en el Boletín Oficial de Castilla y León se publicaba la contratación del mencionado estudio que está requiriendo en estos momentos. Quince días antes de que lo presentara se había encargado ese estudio; estudio que se adjudicó el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y que está en fase de elaboración en este momento.

El contrato fue firmado por el señor Consejero y la empresa adjudicataria que es una empresa, ASE PSIQUE, Sociedad Limitada, y que está ya trabajando en el tema.

Quiero decir que compartimos absolutamente la inquietud, que en este caso no podrán decir que es respuesta a que hayan presentado una Proposición porque, insisto, posiblemente la inquietud se sembró en aquella pregunta que planteó Su Señoría, pero justamente quince días antes, insisto -en el Boletín está impreso y, por lo tanto, no es cuestionable la fecha-, el veintiséis de septiembre del noventa y seis se convocó el concurso, y dos meses después, el veintiocho de noviembre, el señor Consejero firmaba el contrato.

Por eso, compartiendo absolutamente la inquietud del Grupo Socialista, yo le invitaría coherentemente a retirar la iniciativa propuesta, porque se ha dado cumplida satisfacción con meses de antelación. Yo sé que no es responsable la señora Procuradora de momento, como tampoco lo es el señor Presidente; sabemos los avatares que hemos tenido -mañana tendremos uno más- de coincidencia de convocatorias de esta Comisión con el Pleno, o con Comisiones de Economía. Pero la realidad es que el estudio que se propone se está realizando ya por un contrato hecho ya hace un par de meses. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno, tiene la palabra doña Pilar Ferrero.

FERRERO TORRES

LA SEÑORA FERRERO TORRES: Gracias, señor Presidente. Me congratulo sorprendentemente de lo que termina de exponer el Portavoz del Grupo Popular. La verdad es que en esas fechas esta Procuradora no estaba en Valladolid, con lo cual desconocía totalmente la publicación de este estudio. Lógicamente, estas cosas nos ocurren, bueno, pues, porque funcionamos como funcionamos. Evidentemente, si yo hubiese tenido como Procuradora de estas Cortes información sobre ese estudio, lógicamente no habría cometido el error de presentar una iniciativa en esta línea.

El medio que tenemos para informarnos los Procuradores del trabajo que realiza la Junta de Castilla y León parece que, evidentemente, es a golpe de Boletín. Lógicamente, bueno, es parte de nuestra obligación estar al día de todo lo que se publica, pero hay momentos en la vida de cada uno de nosotros que, por circunstancias personales, eso no es posible. Con lo cual, si tuviésemos una información mucho más puntual de los hechos, si -digamos- las iniciativas estuviesen en tiempo y en forma vistas en las Comisiones, pues no tendríamos que llegar a momentos como el que se produce esta tarde en esta Comisión.

Lógicamente, bienvenido sea ese estudio. Afortunadamente, si la intervención del mes de marzo del año pasado fue válida para que la Junta se sensibilizase y encargase ese estudio, bienvenido sea.

Y, por lo tanto, no queda a esta Procuradora otra cuestión que retirar esta Proposición No de Ley, puesto que queda patente que algo que se planteó como una necesidad ha sido acogido con sensibilidad por la Junta y se está realizando.

Pero antes de finalizar mi intervención, sí que quiero insistir una vez más en que si los temas o las iniciativas, en vez de tener de demora casi un año -como es el caso que nos ocupa, que empezamos a hablar de la situación de prostitución en nuestra Región-, fueran bastante más ágiles y tuviésemos una información más completa, estos hechos no ocurrirían.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Entiende esta Presidencia que retira esta Proposición No de Ley. Y, por tanto, vamos a pasar al siguiente punto del Orden del Día.

Sí que le quiero aclarar -porque usted no es miembro de esta Comisión- como Presidente que han sido once las suspensiones que hemos tenido que acometer de esta Comisión, y que ésta se publica el veinticinco de octubre en el Boletín Oficial, y que el mes de enero no ha sido un mes lectivo. Por lo tanto, le damos todo tipo de explicaciones, en el sentido de que once veces hemos tenido que suspender esta Comisión y que, por tanto, el retraso es ajeno totalmente a la Mesa de Comisión y, por supuesto, a la Comisión.

Por la señora Secretaria se dará lectura al cuarto punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA LARRAURI RUEDA): Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 397, presentada por los Procuradores doña Inmaculada Larrauri Rueda, doña María Luisa Puente Canosa, don Jorge Félix Alonso Díez, don Jesús Málaga Guerrero y doña Isabel Fernández Marassa, relativa a elaboración de un programa de atención y primeros auxilios a personas laringectomizadas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 90, de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, señora Secretaria. Para la presentación de esta Proposición No de Ley, tiene la palabra doña Inmaculada Larrauri.

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. El colectivo de laringectomizados en Castilla y León asciende a más de siete mil ciudadanos. A estas personas, el cáncer les obliga, en ocasiones... bueno, el cáncer les ocasiona lesiones en la laringe que obliga a que ésta sea extirpada por medio de una intervención quirúrgica. La desaparición de este órgano les priva del sentido del olfato, del gusto y les impide hablar. Además, para que puedan respirar, se les efectúa un orificio en la garganta, a través de la tráquea, que exige unos cuidados muy especiales para convivir en la sociedad.

El gran reto de estas personas ante la sociedad es su reinserción, recuperando de cualquier forma posible la comunicación con el exterior, que sustituya la pérdida de voz producida por la extirpación de la laringe. En esta situación, sus principales objetivos son la plena integración familiar, laboral y social, que no siempre es fácil, y que, debido al escaso interés de las Administraciones, son las asociaciones las que se encargan de esta tarea, además del apoyo psíquico que necesitan para adaptarse a su nueva situación.

Por otro lado, si alguno de estos afectados sufriera un accidente y precisara de primeros auxilios, como por ejemplo reanimación cardiopulmonar, al ser distintas las circunstancias, los métodos tendrían que variar obligatoriamente, ya que la utilización tradicional de éstos los mataría.

En esta Comisión, Señorías, estamos varios profesionales de la sanidad, y, por lo tanto, lo que estoy exponiendo no les resultará extraño.

Si por cualquier circunstancia precisara -como les decía antes- un laringectomizado reanimación cardiopulmonar, la ventilación por la boca resultaría inútil, ya que estas personas respiran a través del orificio que tienen en la parte anterior del cuello, o sea, en la tráquea.

Por ello es necesario dotar a los equipos de reanimación de unas boquillas especiales que se acoplan al orificio que tienen, y a través de ellas poder insuflarles aire.

Lo mismo puede suceder si la reanimación es debida a la inhalación de gases tóxicos, pues, por incendios, gases de braseros, etcétera, etcétera. Las caretas antigás no les servirían de nada.

Tampoco se les puede hiperextender la cabeza, ni doblar contra el pecho, pues se ahogarían.

Si sufren algún traumatismo cervical, los collarines normales no sirven; necesitan unos especiales que lleven un orificio que coincida con el suyo.

Hay que enseñarles a que lleven permanentemente un silbato y a saber tocarlo para pedir auxilio, y además divulgar esta medida entre los ciudadanos. Además del silbato, también que toquen palmas o... bueno, medidas que ellos tienen, y que los ciudadanos al desconocerlas, pues, nos podemos imaginar a un laringectomizado, que no sabemos cómo les... dando palmas, y podríamos pensar que es que está loco -y permítanme la expresión-.

Por todo ello, pedimos a la Junta y proponemos la siguiente propuesta de resolución:

"Primero. Que se elabore un programa de atención y primeros auxilios a las personas laringectomizadas, siendo impartido a las asociaciones de laringectomizados, profesionales sanitarios, Protección Civil y a cuantas personas o colectivos pudieran estar relacionados con las emergencias sanitarias.

Y segundo. Que se dé la mayor difusión posible, con la finalidad de que la aplicación de esta medida pueda llegar al mayor número posible de ciudadanos". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. A esta Proposición No de Ley se ha presentado una Enmienda de Sustitución por parte del Grupo Popular. Para defender la misma, tiene la palabra don Fernando Terrón.

TERRÓN LÓPEZ

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EL SEÑOR TERRÓN LÓPEZ: Gracias, Presidente. Señoría, hemos presentado una Enmienda de Sustitución a su Proposición No de Ley porque, aunque compartimos con usted su preocupación por los diversos problemas que afectan a este colectivo de enfermos laringectomizados, en los términos en que está expuesta no podemos aceptar su propuesta de resolución.

Mire, Señoría, la Junta de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, no tiene el menor inconveniente en que se elabore información sobre medicina preventiva y primeros auxilios a estos enfermos laringectomizados; información dirigida a profesionales sanitarios de los centros de salud, a familiares, asociaciones o instituciones relacionadas con este problema; es decir, que a esta información se le dé la máxima divulgación.

Pero no podemos aceptar la elaboración de un programa, no sólo por su complejidad, es decir, por los diferentes fases y pasos que conlleva, sino también porque el abordaje de los problemas del paciente laringectomizado debe ser realizado desde distintas vertientes de la salud: medicina preventiva, medicina asistencial, rehabilitación psicosocial y de lenguaje, etcétera. Y, Señorías, no es competencia de la Junta de Castilla y León, por ejemplo, la medicina asistencial ni la rehabilitación psíquica o del lenguaje. Esa educación sanitaria que se pretende impartir a través de un programa no compete a la Junta.

Estamos, Señoría, reabriendo el debate suscitado en esta Comisión en relación a una Proposición de Ley presentada por su Grupo sobre este colectivo de enfermos. Entonces, el Portavoz de mi Grupo, el señor León de la Riva, dejó claro que, al no ser el problema de los laringectomizados -como el de otros colectivos de enfermos con diversas patologías- privativo de Castilla y León, sino que es un problema nacional, y al no estar transferido el Insalud, la coordinación y elaboración de los correspondientes programas es competencia del Sistema Nacional de la Salud, concretamente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de la Salud; opinión que es obvio decir que compartimos totalmente.

Por todas estas razones es por lo que proponemos la siguiente Enmienda de Sustitución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que en el ámbito de sus competencias elabore información sobre prevención y primeros auxilios dirigida a profesionales de los centros de salud, así como a los responsables de transporte sanitario y primeros auxilios, y familiares y asociaciones de laringectomizados. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno a favor o en contra de la Enmienda, tiene la palabra doña Inmaculada Larrauri.

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, entenderá que, desde nuestro punto de vista, su Enmienda nos parece ambigua, porque solamente se refiere a lo que es información. Nosotros proponemos un programa que va mucho más allá. Se olvida de la formación; y en cuanto a los primeros auxilios, la formación de los profesionales nos parece fundamental.

Por otro lado, limita las personas o colectivos a los que va dirigido, como puede ser incluir a las policías locales o nacionales, que ustedes saben, Señorías, que en muchos casos se ven obligados a atender cualquier tipo de emergencia sanitaria, ya que -y dicho sea de paso- al no existir en esta Comunidad Autónoma una coordinación de emergencias sanitarias, por no existir todavía el plan que aquí se aprobó a través de una Proposición No de Ley de este Grupo Parlamentario, el ciudadano -como les decía- recurre a la policía con mucha más frecuencia de la que debería de hacerlo -porque en muchos casos no es competencia suya-, para emergencias que -como les digo- no son de su ámbito. El mismo caso nos pasa con los bomberos, que se ven en casos parecidos, en situaciones similares.

Pensamos que son necesarios no sólo la información, sino cursos teóricos prácticos. Y que son medidas, en muchos casos... los teóricos prácticos son necesarios en muchos casos, y las medidas informativas y divulgativas en otros.

Nosotros pedimos un programa coordinado, con definición de colectivos y prioritarios, y con actuaciones ordenadas, etcétera, etcétera.

Yo les propondría consensuar una transaccional, un poco más concreta, que refundiera las dos. Y es más, en el caso en que ustedes dicen que no es competencia suya, porque los temas de medicina preventiva, etcétera, etcétera... bueno, de la salud es competencia del Insalud, podrían ustedes haber presentado una enmienda, o -si nos lo permite la Mesa- intentar llegar a una transaccional donde se inste al Insalud a que colabore, o a coordinarse en alguna medida, para poder llevar a cabo esta acción y este plan que nosotros proponemos.

Mire, le voy a decir que en el año noventa y cinco la entonces Directora General de Servicios Sociales, Mari Cruz Rodríguez Saldaña, prometió que estos cursos se iban a llevar a cabo en mil novecientos noventa y seis; y, que yo recuerde, no se hablaba para nada de que no fueran competencia de la Junta de Castilla y León. La Federación de Laringectomizados y asociaciones pidieron, dentro de las subvenciones correspondientes a mil novecientos noventa y seis, una parte para dar ellos desde las asociaciones este tipo de cursos, y la Junta de Castilla y León lo denegó.

Próximamente, la Asociación de Laringectomizados de León va a poner en marcha un curso de primeros auxilios dirigido a bomberos, fuerzas de seguridad, etcétera, etcétera; todo por su cuenta, sin recibir ningún tipo de ayuda, ni técnica ni económica, por parte de la Junta. Asimismo, le puedo decir que ya hace dos años se realizó otro similar. Y hay que resaltar que son los dos únicos cursos que se han hecho en todo el territorio español.

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El Ministerio de Asuntos Sociales, cuando gobernaba el Partido Socialista a nivel central, editó un libreto informativo -que lo tengo por aquí-, este tipo de libreto, y que posteriormente el ahora Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales tuvo que hacer más, porque eran necesarios.

Ahora pensamos desde nuestro Grupo que le toca a la Junta de Castilla y León aportar su grano de arena. Tiene plenas facultades y competencias para llevar a cabo -desde nuestro punto de vista, y a nuestro juicio- todas las actuaciones orientadas a la mejora, protección y restauración de la salud de la población, y dentro del organigrama de la Dirección General de Salud Pública y Asistencia existe el Servicio de Promoción y Protección de la Salud, con la Sección correspondiente a programas.

Por tanto, no les ponemos plazos, ni fechas. Les recuerdo que hay más de siete mil ciudadanos en peligro de muerte; y no les estoy dramatizando nada, porque ustedes saben que necesitan -y les acabo de explicar en la primera intervención-... que necesitan un tipo de cuidados y primeros auxilios especiales al resto de los ciudadanos. Y, desde luego, no nos gustaría que esta situación de peligro fuera por negligencia de la Junta de Castilla y León.

Además, Señorías, tengo que decirles que estas personas están sufriendo un agravio comparativo con el resto de los ciudadanos en lo más elemental, que es en atención de los primeros auxilios. Y tienen los mismos derechos a ser correctamente atendidos que el resto de la población de esta Comunidad Autónoma.

Repito que podría estar dispuesta a llegar a una transaccional, y donde la Junta se comprometiera algo más; pues... puedo proponer a coordinarse con la institución central... Bueno, como podamos llegar a un acuerdo para que podamos echar una mano y ayudar a este colectivo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Solicito del Portavoz, si le parece, que suspendamos un par de minutos la Comisión e intentamos llegar a un texto alternativo, ¿les parece correcto? Suspendemos la sesión dos minutos.

(Se suspende la sesión a las dieciocho horas veinticinco minutos, y se reanuda a las dieciocho horas treinta minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Señorías, reanudamos la sesión. Después de este pequeño debate, doy la palabra a la Proponente para fijar el texto definitivo de la Proposición No de Ley.

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, hemos conseguido llegar a una transaccional que no cumple totalmente las expectativas de este Grupo Parlamentario, pero que -dicho de una manera coloquial- menos da una piedra.

Entonces, les voy a leer el texto definitivo, que quedaría de la siguiente manera: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, en el ámbito de sus competencias, elabore información sobre prevención y primeros auxilios dirigida a los profesionales de los centros de salud, así como a los responsables de transporte sanitario y primeros auxilios, y familiares y asociaciones de laringectomizados, y colectivos relacionados con las emergencias sanitarias".

Y segundo punto: "Que se dé la mayor difusión posible con la finalidad de que la aplicación de esta medida pueda llegar al mayor número posible de ciudadanos". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Entiende... Señoría, quiere definir el texto definitivo para que el señor Letrado tome nota.

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, en el ámbito de sus competencias, elabore información sobre prevención y primeros auxilios dirigida a los profesionales de los centros de salud, así como a los responsables de transporte sanitario, primeros auxilios, y familiares y asociaciones de laringectomizados, y colectivos relacionados con las emergencias sanitarias".

Y segundo: "Que se dé la mayor difusión posible con la finalidad de que la aplicación de esta medida pueda llegar al mayor número de ciudadanos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Entiende esta Presidencia que aprobamos esta Enmienda de Sustitución con estas modificaciones en los términos que ha descrito la Portavoz.

Y pasamos al quinto punto del Orden del Día. Le ruego a la Vicepresidenta que dé lectura a este quinto punto del Orden del Día.

LA SEÑORA VICEPRESIDENTA (SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA): Quinto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 399, presentada por los Procuradores doña Inmaculada Larrauri Rueda, doña María Luisa Puente Canosa y don Jorge Félix Alonso Díez, relativa a carnés de la condición de minusválido, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número noventa, de veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra doña Inmaculada Larrauri.

LARRAURI RUEDA

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LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Muchas gracias, señor Presidente. En base al Real Decreto 1723/81, de veinticuatro de julio, y a la Orden Ministerial de cinco de enero de mil novecientos ochenta y dos, se determina el grado de minusvalía de las personas que, por unas circunstancias u otras, no gozan del cien por cien de la capacidad física que les corresponde en su condición de seres humanos.

El reconocimiento de la condición de minusválido se manifiesta a través de un certificado emitido por los equipos de valoración y orientación de la Junta de Castilla y León, que el afectado deberá exhibir allí donde se le requiera.

En nuestra Comunidad Autónoma existen aproximadamente ciento cincuenta y siete mil trescientos veintiún discapacitados, según un estudio -el último estudio que tenemos- del año ochenta y nueve, cuyo reconocimiento, valoración y calificación de su minusvalía depende de los equipos -como les decía antes- de valoración y orientación de la Junta designados en cada provincia, así como la certificación que reconoce la condición de minusválido en cada caso.

A efectos de poder beneficiarse de las ayudas, subvenciones, descuentos, etcétera, etcétera, estas personas se ven obligadas a llevar encima dos papeles tamaño folio: uno en el que se reconoce el grado de minusvalía, y otro en el que se certifica su condición de minusválido. Las muchas circunstancias en que tienen que mostrar esta documentación -pues, por ejemplo, para desgravar en Hacienda, descuento en la matriculación del coche, descuentos en vacaciones, teatros, autobuses, aparcamientos- ante cualquier institución que se lo requiera, hace que esta documentación sea para ellos tan imprescindible como el Documento Nacional de Identidad o la Tarjeta de la Seguridad Social. Reconocerán ustedes, Señorías, que, con este trasiego, los papeles se arrugan y se estropean, ya que no tienen otro documento, y, por miedo a perderlo o a estropearlo, muchos de ellos no lo llevan encima, debido también a la incomodidad que supone el ser tan poco manejable. Esta circunstancia les obliga a veces a perder beneficios que les corresponden, o a darse otro paseo para poder demostrar... y recogerlo en su casa, para poder demostrar su condición y ejercer su derecho.

Por ello, tanto para facilitar el manejo a la persona minusválida como al demandante del documento, es por lo que pedimos que por parte de la Junta de Castilla y León se les provea de un documento tamaño carné y plastificado que permita un manejo ágil y que, a la vez, sea más difícil su deterioro.

Por ello, formulamos la siguiente Propuesta de Resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que ponga los medios necesarios a efectos de expender el modelo de certificado que reconoce la condición de minusválido con las características de tarjeta tamaño carné, que facilite el manejo del documento tanto al usuario como al demandante de éste". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una Enmienda de Sustitución. Para presentar la misma, tiene la palabra la Portavoz del Grupo Popular.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, ojalá todo fuera tan fácil, como ha hecho usted en su exposición, y se pudiera dar pues ese cambio de la certificación por el carné.

Y puedo decirle que cuando esta Procuradora tomó esta Proposición en nombre de mi Grupo, pues me pareció que era muy fácil; o sea, el decir, bueno, quitamos el carné... lo que usted dice que es un folio, que además yo lo conozco muchísimo, porque por mi trabajo lo he manejado muchísimas veces -sí, lo conozco-, y hacer ese carné. Pero después... bueno, pues de haber consultado con afectados, con alguna asociación, e incluso con los técnicos en materia de los centros que reconocen la discapacidad, pues ya le digo que después de darle muchas vueltas, hemos llegado, por parte de mi Grupo, a la conclusión de que no puede favorecer ese carné -y ahora pasaré a explicarlo-, y los motivos por los cuales hemos presentado nosotros una Enmienda de Sustitución.

Señorías, el establecimiento de un carné que sustituya al certificado de minusvalía, que es lo que el Grupo Parlamentario Socialista solicita en su Propuesta de Resolución, debería -como ese certificado a que tendría que sustituir- pues recoger datos personales como el tipo de deficiencia, o el grado o porcentaje de minusvalía, que si bien son necesarios en ocasiones -y usted ha nombrado algunas de ellas-, no sería procedente -y así le parece a mi Grupo- que aparecieran en un carné que tuviera por objeto ser, en la mayoría de las ocasiones, poco más que un simple pase.

El conocimiento de los datos de minusvalía pueden ser dañinos o perjudiciales para los afectados, porque hay personas que aparentemente, externamente no tienen nada, no tienen deficiencias, y no deja de hacerse pública una condición que en principio tendría que ser privada.

Hay pensionistas de invalidez permanente total, absoluta y de gran invalidez que son, por homologación, comparados a los minusválidos, y, sin embargo, hay muchos de estos pensionistas que no manifiestan externamente serlo; y es más: rechazan categóricamente esa posibilidad de que ellos sean discapacitados o minusválidos. ¿Habría que entregarles también el carné?

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Por otra parte, ese carné debe responder a una necesidad de acreditación. Por ello, previo a cualquier planteamiento, debería hacerse un estudio de las situaciones en que pudiera ser procedente la acreditación de la condición de minusválido, para, con posterioridad, poder determinar los datos identificativos necesarios, omitiendo aquellos que pudieran constituir un atentado a la intimidad de la persona.

¿Conocemos la opinión de las asociaciones de este sector o de las propias familias de los minusválidos? Habría que saber si la entrega de un carné de minusválido está en la línea de las políticas de integración y no discriminación, o quizás estas personas no deban disponer de carnés diferentes a los de los demás ciudadanos. Y sin embargo -y ahí sí que viene nuestra Enmienda de Sustitución-, sí sería procedente el establecimiento de una tarjeta acreditativa en momentos puntuales -y ya previstos en normas-, como puede ser la condición de personas con movilidad reducida que dé derecho a aparcar en lugares reservados, incluso en cualquier tipo de vía, siempre que muestren la tarjeta y no entorpezca el tráfico, como ya se hace en la actualidad en muchas provincias, donde a través de acuerdos entre los Ayuntamientos y el Imserso... bueno, hoy Gerencia de Servicios Territoriales, pues se está haciendo.

Por eso, mi Grupo ha considerado que es bueno implantarlo como norma única y general, y por eso nuestra Enmienda, que paso a leer: "Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León para que, a través de los órganos e instituciones de participación y coordinación con la Administración Central, se analice la posibilidad del establecimiento en España de la tarjeta de estacionamiento para personas reconocidas minusválidas que tengan movilidad". Nada más, gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno a favor o en contra de esta Enmienda, tiene la palabra doña Inmaculada Larrauri.

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, yo tengo la sensación de que estamos hablando de cosas distintas y en lenguaje diferente. Yo es que creo que no han entendido para nada el espíritu de esta Proposición No de Ley, o se desconoce por completo el reconocimiento de minusválidos y las medidas compensatorias a que tienen derecho desde las distintas instituciones públicas o privadas. Nosotros en los Antecedentes hablamos de la tarjeta... que exhiba la tarjeta allí donde se le requiera. Para nada una tarjeta es discriminatoria; ni más ni menos discriminatoria que el papel que tienen que exhibir, donde además en este papel exhiben su minusvalía, el grado de minusvalía, etcétera, etcétera. O sea, que son dos papeles donde todavía dan muchísima más información que la de hacer un carné donde se les reconozca su condición, muchísimo más discreto, y que, desde luego -como les expuse antes-, muchísimo más ágil.

Yo no sé por qué sólo lo limitan -y no he conseguido entenderla, Señoría-, por qué hablan sólo de estacionamiento, qué tipo de estacionamiento; por qué no a todos los minusválidos; o por qué lo limitan sólo a los que tienen movilidad; hasta dónde el tipo de movilidad. Nos parece una Proposición No de Ley... una Enmienda... bueno, pues como para salir del paso. Me reconocerá que no... Porque esto lo están haciendo muchos Ayuntamientos ya.

Entonces, podrían ustedes incluso... fíjese, a mí se me había ocurrido que podrían hacer una enmienda donde se recogiera incluso la posibilidad de negociar con el Insalud la posibilidad de incluir en la Tarjeta de la Seguridad Social donde pone pensionista guión, añadir minusválido o discapacitado.

Yo no consigo ver la discriminación por ningún lado, y sí facilitar a la persona que lo quiera enseñar, porque una cosa no excluye la otra. Es decir, el certificado lo puede tener y facilitarle un documento que sea manejable. Es que les facilitaría en la mayor parte de los casos... Yo, me parece que lo expuse ya antes en la primera intervención, es... su enmienda es escasa, es corta, no va a ningún sitio, es que tendrían entonces sólo para esto y tendrían que seguir llevando pues, como le digo, para teatros, para cines, a la hora de ir a Hacienda, etcétera, etcétera. Me reconocerán que es absolutamente complicado andar con esos papeles en el bolso. Le puedo decir que he consultado con colectivos de afectados -usted ha consultado por su lado y yo he consultado por el mío-, y, además, esta propuesta no me la he inventado yo; es a iniciativa de ellos.

Yo les pediría... a mí me parece que no es un problema de costo económico, porque es facilitar un carné, es... bueno, pues absolutamente barato y que, desde luego, comparado con el beneficio que pueden percibir estos ciudadanos, desde luego, no tendría sentido ni valorarlo siquiera. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, tiene la palabra doña Isabel Jiménez.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Bien, Señoría. Cuando yo empezaba mi intervención, ya le decía que no todo era tan fácil como usted lo había expuesto, o sea que era cambiar el certificado por el carné plastificado. Y ya le he dicho también que se me planteaba el aceptar una cosa tan fácil sin haber consultado antes con los afectados. Y usted acaba de decir que usted ha consultado, y yo he consultado, incluso le podría decir que con algún componente de Feclaps, y tampoco le veía tan claro. Y le voy a decir más razones.

Lo del coste económico, no lo sé, porque efectivamente sería fácil. A lo mejor no tan económico, porque bien ha dicho usted que esta condición, esta tarjeta pues tiene repercusiones fiscales, da derecho a diversos tipos de pensiones, o a cualquier otro tipo de prestaciones; habría que hacer una tarjeta que no se pudiera falsificar, que fuera intransferible, que... con bandas magnéticas, tipo carné de identidad; o sea, que a lo mejor el coste pues era un poco más de lo que usted decía. Pero no le entro ahí, o sea, no le entro ni en el coste económico que pudiera producirse.

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Mire, Señoría, la semana pasada trajimos a esta misma Comisión el Plan de Acción Integral para Personas Discapacitadas, que se había aprobado en la Conferencia Sectorial de Santander en noviembre. Y como a esta misma Procuradora le tocó debatir sobre esa Proposición No de Ley, pues la verdad es que... y hoy me lo he vuelto a traer, el Plan lo he mirado, lo he estudiado, le he dado vueltas... y, desde luego, entendemos que el Plan para Personas Discapacitadas, lo que tiende es a igualar, no a diferenciar, y además toma como uno de los grandes principios en los que se fundamentan, de los dos principios básicos que tiene el Plan, la presencia de las personas mayores, y te dice, además, que hay que garantizar las necesidades especiales de las personas con discapacidad con recursos extra o especializados. Pero, Señoría, lo dice y lo subraya: "siempre que sea posible, dentro de los procedimientos normales establecidos para la generalidad de los ciudadanos".

Y mi Grupo entiende, y esta Procuradora entiende, que los discapacitados o las personas con discapacidad no son un colectivo dentro de una globalidad, no es un grupo diferenciado, sino que son miembros de una colectividad, y la mejor forma de atender sus necesidades -y en algunos momentos sí que son especiales- es desarrollando políticas pensadas para todos. Pero es que esto no lo digo yo, esto lo dice el Plan.

Y sinceramente, bueno, pues el carné de minusválido, según se plantea hoy día... porque ya le decía yo en mi primera intervención que hay personas que no reconocen esa minusvalía; entonces no les íbamos a dar a uno... Porque el caso que ustedes plantean sería sustituir; entonces a uno no le ibas a dar el carné, a otros no. Es sustituir la Proposición que ustedes plantean. Entonces, de verdad, que este Grupo entiende que estamos hablando de políticas integradoras, estamos hablando de políticas de igualdad para todos los ciudadanos, y, entonces, pues que un carné integra... no integra, sino que, al contrario, etiqueta y señala.

Y ésta ha sido la razón, o sea, que hemos comprendido perfectamente. Luego me decía usted que no habíamos comprendido la Propuesta; la Propuesta está comprendida. Pero entre las dudas que a mi Grupo planteaba el carné que tuviera que llevar identificados las minusvalías, las discapacidades o las enfermedades que pudiera tener una persona, mi Grupo mantiene la Enmienda de Sustitución... Que sí que podríamos favorecer en esa Enmienda de Sustitución, pues, a lo mejor a estos discapacitados con movilidad -que decía mi compañero- reducida, pero, desde luego, no podemos aprobar la sustitución del certificado de reconocimiento de minusvalía por ese carné. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. En un turno de dúplica tiene la palabra doña Inmaculada Larrauri.

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Mire, Señoría, es que yo no veo la diferencia que hace con sus argumentos de una tarjeta o de este papel. Este papel se puede falsificar probablemente con más facilidad que una tarjeta. Y lo sabemos, tal y como funciona la picaresca -desgraciadamente- en este país; no es en este país, sino yo creo que es ya cuestión de toda la zona mediterránea. Pero es que no consigo que sus argumentos me lleguen a convencer de dónde está la diferencia o por qué este papel no discrimina y el carné sí discrimina. Y si usted me habla de sustituir, yo puedo incluso aceptarle, y me parece hasta bien no sustituir, sino que este papel se lo guarden ellos como oro en paño -si quieren-, y que el carné les sirva de más fácil manejo. Gente que tiene problemas en las manos, gente que tiene problemas de movilidad, es mucho más fácil una tarjetita que estos papeles que están...

Bueno, pues, en la mayoría de los casos, usted ha hablado con personas discapacitadas y les enseñan sus documentaciones, que si las quieren enseñar las enseñan y si no, no; que no es obligatorio que vayan con el carné en la boca, Señoría. Yo no estoy proponiendo eso. Estoy proponiendo que si en caso de que tengan que exhibir este papel, en lugar de tener que andar todo el día con él en el bolso, tengan una tarjeta exactamente igual que las que tenemos del Banco, o de la Seguridad Social. Porque me podría usted decir que la de la Seguridad Social o la de Pensionista discrimina. Por la misma regla de tres, donde pone... si usted me hace una Enmienda donde me dice que negociarían con el Insalud pensionista guión discapacitado, no veo yo la discriminación, sino que es que les favorecería en la mayor parte de los casos, como les he estado exponiendo a lo largo de la intervención.

Lo de la tarjeta de estacionamiento es que... Mire, no le puedo aceptar la Enmienda, porque es absolutamente limitada y que en muchos casos se está llevando a cabo. Y a partir de ahí, pues los Ayuntamientos, y a través de nuestros grupos municipales en las distintas Corporaciones, yo creo que están insistiendo para que se lleve a cabo. Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA): Gracias, Señoría. No sé si la proponente desea intervenir en turno de fijación de posiciones, o damos por concluido el debate, ¿eh? No, yo se lo pregunto a usted si... yo creo que ha quedado suficientemente claro, pero tiene derecho a ese turno de fijación de posiciones. Si le parece, entonces, prácticamente pasamos a la votación. ¿La mantiene?

Perdón, concluido el debate, procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley que queda en los términos que ha propuesto doña Inmaculada Larrauri. ¿Votos a favor de la misma? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: trece. Votos a favor: cuatro. Votos en contra: nueve. Por tanto, queda rechazada esta Proposición No de Ley.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.