DS(C) nº 213/4 del 6/3/1997

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Doña Carmen Luis Heras sustituye a don Juan Vicente Herrera; don Modesto Alonso a don Juan Cot; y don Santiago Bartolomé al señor Nieto Noya.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Aguilar. Señor González, por el Grupo Socialista.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. Don Antonio de Meer sustituye a don Jesús Quijano; y don Fernando Benito a don Octavio Granado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor González. Por el señor Secretario, se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

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EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Fomento, a solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para informar a la Comisión, sobre Sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que la Junta de Castilla y León deberá entregar la gestión de la Estación de Autobuses de León a la empresa Bernardo de Prado."

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Fomento.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Señorías, abordamos en el día de hoy, ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León, el examen de la situación actual de la explotación de la Estación de Autobuses de la ciudad de León, sustanciando así la doble solicitud de comparecencias, formuladas, de un lado, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, de otro, por este mismo Grupo Parlamentario y el Socialista de estas Cortes Regionales.

Como bien conocen Sus Señorías, la situación planteada trae su origen en la Sentencia dictada el pasado mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, resolviendo el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por don Bernardo de Prado, respecto de la adjudicación del concurso para la explotación de la Estación de Autobuses de León, en el que se otorgó la concesión administrativa a Estación de Autobuses de León, S.A., frente a la oferta formulada por el recurrente.

Aquella Sentencia, como también conocen Sus Señorías, declaraba la nulidad de la adjudicación efectuada inicialmente y, al propio tiempo, procedía a otorgársela al recurrente, es decir, a don Bernardo de Prado. Si bien esta Sentencia, recientemente confirmada por la Sala correspondiente del Tribunal Supremo, fue objeto de recurso de casación por parte de la empresa Estación de Autobuses de León, S.A., en su condición de codemandada, lo que dio lugar, precisamente, a la confirmación realizada por el Tribunal Supremo a la que antes hacía referencia.

Éstos son sumariamente los hechos en que se concreta la tramitación procesal de la cuestión sometida hoy a debate. Estos hechos nos sugieren, al menos, dos consideraciones previas a cualquier otro razonamiento posterior, en torno a la forma de hacer efectivo el mandato jurisdiccional derivado de la Sentencia.

Así, en primer término, cabe afirmar, como no podría ser de otro modo, el pleno respeto de la Junta de Castilla y León al contenido y mandatos de las decisiones jurisdiccionales adoptadas y su plena disposición a la adopción de medidas precisas para hacer posible su ejecución o materialización efectiva, y a las que me referiré más adelante.

Desde esta perspectiva y acatando la decisión adoptada, se aceptan paralelamente los argumentos y consideraciones de orden jurídico en los que se apoya la Sentencia dictada, haciendo innecesario profundizar en la valoración o examen de aquella argumentación jurídica, máxime cuando su virtualidad o alcance difícilmente puede extenderse al plano de la valoración política.

En segundo lugar, y al hilo de estas consideraciones, es preciso afirmar la evidente dificultad de valorar, desde mi actual responsabilidad como Consejero de Fomento, las motivaciones o consideraciones que, en su momento, guiaron a quienes me precedieron en el ejercicio de estas funciones, a la hora de adoptar la decisión impugnada. Si bien considero que ésta, más allá de su anulación judicial, no pudo verse animada sino por el propósito de resolver en la legalidad, y con acierto, la cuestión planteada.

A partir de aquí, y dado que el objeto propio de esta comparecencia, en los términos en que ha sido solicitada, es el examen de la situación creada por la Sentencia ya confirmada, y la forma de hacerla efectiva, se hace preciso aclarar un punto de especial interés, por cuanto que puede inducir a sospecha o confusión sobre la existencia de una supuesta voluntad de la Junta de Castilla y León de mantener la situación en contra del criterio de los Tribunales -y leo aquí literalmente los antecedentes de la solicitud de comparecencia formulada-.

Nada más lejos de la realidad. La Junta de Castilla y León, desde que se dictó la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia a finales de mil novecientos noventa y dos, hasta el momento actual, en modo alguno ha paralizado o dilatado la ejecución de aquella Sentencia, pues simplemente no ha hecho otra cosa sino esperar, como es obligado, a la Resolución por el Tribunal Superior del recurso de casación interpuesto por la empresa Estación de Autobuses de León, S.A., en el ejercicio de lo que consideraba sus intereses legítimos.

De este modo, y por evidentes razones procesales que no parece necesario detallar, la ejecución de la Sentencia quedó en suspenso, en tanto el Tribunal Supremo dictara Sentencia el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, si bien, y como también conocen Sus Señorías, la empresa adjudicataria formuló recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que no fue admitido a trámite.

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Una vez dictada Sentencia de casación e inadmitido a trámite el recurso de amparo formulado, la Junta de Castilla y León ha iniciado las actuaciones tendentes a ejecutar la Sentencia guiada por dos objetivos básicos, como son, de un lado, el mantenimiento de la correcta prestación del servicio público que supone la gestión de la estación y, de otro, que la solución no provoque costes a la Comunidad Autónoma.

Con este fin, la Junta de Castilla y León está manteniendo diversos contactos con los representantes de las partes implicadas, es decir, de don Bernardo de Prado y de la empresa actualmente explotadora de la estación de León, iniciando así una negociación -todavía no concluida-, cuya finalidad es la conclusión de un acuerdo entre ellas, en virtud del cual la sociedad que actualmente explota la estación continúe, en su caso, ejerciendo esa explotación, indemnizando directamente a don Bernardo de Prado, como titular de la concesión administrativa, por los beneficios económicos que hubiera dejado de percibir; cuantía que, por lo demás, no está todavía determinada, puesto que -insisto- la negociación se encuentra abierta.

En suma, la Junta de Castilla y León, una vez firme la Sentencia que nos ocupa, ha puesto en marcha las actuaciones encaminadas a dar resolución al problema planteado, y confía -aun aceptando las evidentes dificultades de una negociación de esta naturaleza- impulsar el acuerdo entre las partes; que de no producirse, implicaría la ejecución de la Sentencia en sus propios términos, formalizando el inicio de la explotación de la Estación por don Bernardo de Prado, como titular que es de la concesión administrativa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Consejero. Por acuerdo expreso con los Portavoces, se... podemos continuar la sesión. Y, por lo tanto, tiene la palabra don Antonio Herreros, en nombre del Grupo de Izquierda Unida.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. La verdad es que el asunto yo creo que tiene muchos entresijos, y... A pesar de que el señor Consejero ha pretendido simplificarlo extraordinariamente, y que es posible que en estos momentos esté así, sin embargo, a nosotros sí nos gustaría analizar, si fuera posible, cuáles son las razones que en un momento determinado llevan a contravenir a la Administración, es decir a la Junta, las propias bases de licitación, y, sabiendo que estaban contraviniendo esas normas, no tienen ningún tipo de inconveniente en llevar a la práctica un acto que a todas luces era injusto. Pero que si en otras ocasiones cabe la interpretación de si era o no era injusto, en esta ocasión, en este caso concreto, ha quedado, al menos, dirimido por vía de los Tribunales con ese criterio de manifiesta injusticia.

Es posible que ahora se trate de llegar a un acuerdo, y es posible que, incluso, hasta le pueda venir bien al solicitante, pero lo que no cabe la menor duda es que de estos hechos se derivan, primero, que aquella Resolución del siete de abril del ochenta y nueve, así como el acuerdo desestimatorio del recurso del diez de agosto, tenían en sí mismo una serie de consideraciones que contravenían los criterios de la Administración Autonómica, de la legislación existente, y, por lo que conocemos, hace... hay también una contradicción con los propios servicios de la Asesoría Jurídica General de la Junta de Castilla y León.

Esto necesita una explicación política; a mí me parece que necesita una explicación política por parte de la Junta de la Junta de Castilla y León. Es verdad que no podemos atribuirlo directamente a Su Señoría como persona física, pero sí, desde luego, en lo que representa de responsabilidad como persona jurídica vinculada a una Administración, a un Gobierno; que aunque hubiese sido de una agrupación política diferente, también tendría que exigirse -y, de hecho, nosotros exigimos- que haya una estimación de esa responsabilidad política, pero en este caso, además, se trata del mismo grupo político el que sustenta al Gobierno, es decir, a la Junta de Castilla y León.

En aquella ocasión se decía, por parte de la Junta, que había una sobrevaloración por parte de la licitación hecha por don Bernardo de Prado en un 45%, en relación con los ingresos por recaudación. Y, por otra parte, había una infravaloración de la oferta de los ingresos, por parte de Autobuses de León, que es la que se ha quedado con la empresa.

Según la propia Consejería, se estimaban los ingresos por don Bernardo de Prado en torno a 37.000.000 de pesetas, mientras que Autobuses de León lo hacía en, aproximadamente, 14.000.000 de pesetas. Y, sin embargo, la propia Consejería seguía justificando la oferta de Autobuses de León, lo cual, a nuestro juicio, quiere decir que o habían hecho unas valoraciones que nada tienen que ver ahora con lo que se estima por parte de los Tribunales, o, de lo contrario, ya estaba de antemano y premeditadamente, por las razones que sea, decidida la adjudicación en ese concurso; y, lógicamente, entendiendo que había unas diferencias notables a favor de la oferta de Bernardo de Prado, sin embargo, se lo adjudican a Autobuses de León.

Las diferencias estimadas estaban: por parte de Bernardo de Prado, se hacía un canon anual para aportar a la Administración de 7.000.000 de pesetas, más el 20% de los beneficios, se hacía una aplicación de tarifas reducidas, y se planteaba la creación de treinta puestos de trabajo. Y por parte de Autobuses de León, el canon de 7.000.000 lo pasaban a 60.000 pesetas anuales, sólo ofrecían el 10% de los beneficios, es decir, la mitad; iban a las tarifas máximas, tal como estaba planteado el pliego de condiciones; y la creación de ocho puestos de trabajo, con una ostensible diferencia con lo que se hacía por la otra oferta.

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De todas estas cuestiones, a nosotros nos da la impresión que se derivan responsabilidades. Queremos exigirlas; las exigimos. Pero queremos saber quién va a asumir esa responsabilidad política tras el fallo judicial en el que se otorga finalmente la concesión a don Bernardo de Prado. Porque se pueden plantear a los responsables de... políticos de la Junta en el año ochenta y nueve, y nos preguntamos si se va a exigir algún tipo de responsabilidad al Consejero de Fomento, don Jesús Posada, o al Ex Consejero de Economía y Hacienda Miguel Pérez Villar, o al Ex Director General de Transportes, don Fernando Pascual Bravo, o a la Ex Delegada Territorial en León, doña Isabel Carrasco, o, en definitiva y subsidiariamente, a la Junta de Castilla y León y a su Presidente, don José María Aznar.

Lo que si es evidente es que aquí hay una cuestión clara: yo no estaba de Presidente de la Junta; por consiguiente, lo siento mucho por aquellos que puedan sentirse incómodos. Si hubiese sido yo el Presidente de la Junta, posiblemente me hubiese puesto yo a continuación en la lista. Pero estos eran los responsables políticos en aquel momento y en esta cuestión en lo concreto, y entonces tendrán que dar cumplida justificación de esa responsabilidad política.

Porque aquí no sólo es que la adjudicación se haya planteado de forma evidente, tal como los Tribunales fallan al final, con una prevaricación como la copa de un pino, sino que, además, lo que sí es absolutamente claro es que se ha dejado al licitante que ahora sale adjudicatario, por parte de los Tribunales, en una situación de... en una situación de reclamación, o de falta de indemnización suficiente por la prestación y los beneficios que hubiera obtenido.

Pero es que, además, teníamos que hacer una cuantificación de cuánto hemos dejado de percibir, precisamente, la propia sociedad de Castilla y León, teniendo que... o habiéndose mantenido durante siete años una oferta de esa naturaleza, que mantiene una diferencia económica evidente con la otra citada.

En todo caso, esa valoración es muy difícil de realizar, pero lo que no cabe la menor duda es que, en la actualidad, nos parece que están intentando unas gestiones de mediación que, posiblemente, cierren, oculten y diriman el conflicto en lo que hace referencia a las dos empresas concurrentes a aquella licitación. Pero difícilmente van a poder cerrar, si no es por la propia voluntad o por la propia fuerza de los hechos, la reclamación que, lógicamente, tiene que hacer y que hace esta sociedad, en este caso, a través de este Grupo Parlamentario. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Herreros. Tiene la palabra doña Concepción Farto, por el Grupo Mixto.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Pero voy a renunciar al turno de intervención por el momento. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Farto. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, don Jaime González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias. Advertimos que en el Grupo Parlamentario Socialista, con el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene pedida otra comparecencia al respecto sobre esta materia, y a lo mejor, entonces, tenemos ya un dato más sobre esa negociación que ha dicho el Consejero que existe, y que a mí me consta que, tal como él la cuenta, es rigurosamente inexacta, por no decir falsa. Pero a lo mejor tenemos algún dato más al respecto.

Yo creo que hay que hacer, inevitablemente -y el Portavoz de Izquierda Unida ya lo ha hecho-, un poco de historia. Y yo comprendo que al Portavoz del Grupo Popular -que se remueve en el asiento y hace gestos- le molesta quiénes eran entonces los responsables de la Junta, quiénes hicieron esta adjudicación, y quiénes provocan la situación en que están ahora. Pero, evidentemente, el Presidente de la Junta era entonces don José María Aznar.

Y aquí se le ha olvidado decir al Portavoz de Izquierda Unida una cuestión más, y es que, por ejemplo, los informes técnicos de los cuerpos jurídicos de la propia Administración eran contrarios a la adjudicación que se hizo. Defendían la adjudicación contraria. Y la Junta, obviando aquellos informes jurídicos -y le consta al señor Consejero-, obviando aquellos informes jurídicos, que se produjeron precisamente como consecuencia de la primera reclamación del primer recurso, pues resulta que mantiene la adjudicación al conjunto de empresarios de León, en contra de otro empresario que había solicitado la misma adjudicación, lo cual le da una connotación de acto político químicamente puro a la adjudicación, a la adjudicación de la Estación de Autobuses.

Luego se hizo en contra de los informes técnicos. Los asesores jurídicos de la Junta decían que era imposible darle la adjudicación, sin incurrir en una cuestión realmente peligrosa, al conjunto de empresarios a los que se le adjudicó. Y a pesar de todo, en un acto claramente político, la Junta adjudica la Estación de Autobuses y su explotación a un grupo de empresarios, que, como se ha demostrado después, carecía absolutamente de fundamento aquella adjudicación.

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Por lo tanto, queda claro que si difícil es la cuantificación económica de lo que aquello va a producir en estos momentos, lo que no es difícil es calificar y cuantificar políticamente aquel acto. Fue un acto absolutamente arbitrario. Y como aquí nadie se cae del guindo, es evidente que no sería un acto arbitrario por el cuál se le provocaba una pérdida económica a la Junta, que se producía de manera gratuita, sino que en aquel acto es evidente que tuvo que haber algo más; que posiblemente nos quedaremos sin saberlo, pero que es también clarísimo que aquello ha provocado, y está provocando, y va a provocar a la Junta de Castilla y León -y, por lo tanto, a los ciudadanos de Castilla y León- un quebranto económico de cierta importancia.

Por lo tanto, esos son los hechos; no hay otros. La Sentencia, además, contiene párrafos muy interesantes entre lo que es... y distingue lo que es discrecional de lo que es arbitrario. Y dice que discrecional... que las capacidades discrecionales las Administraciones las tienen, pero siempre dentro de un límite, y ese límite es la búsqueda del bien y la adjudicación, en este caso concreto, a la oferta más ventajosa de la explotación de la Estación de Autobuses. Y que todo lo demás es arbitrariedad, y como esto es arbitrario, la Sentencia -como muy bien ha dicho el señor Consejero- dice textualmente que no sólo declara nula la adjudicación, sino procede a adjudicar, con efectos retroactivos posiblemente, la Estación de Autobuses al interfecto.

Y ahí está la "madre del cordero". Porque ahora resulta que tenemos un triángulo, no amoroso precisamente. Tenemos unos empresarios que lícitamente le alquilaron a esa empresa, a la que se adjudicó arbitrariamente la Estación de Autobuses, y han mantenido allí una explotación, y tienen derecho posiblemente a seguirla manteniendo.

Tenemos un nuevo empresario que puede poner a esos empresarios en la calle, en uso legítimo de sus derechos; puede decir: "yo no participé en esa contratación, no me interesa, quiero que esté "fulano", o "fulano", o "fulano" en el uso legítimo de la nueva Estación".

Y tenemos un pagano, que es la Junta. Que en el caso de que se produzcan todo ese cúmulo de circunstancias, tendría que pagar a los empresarios actualmente en situación de uso de la Estación de Autobuses por el daño que se les hace al lanzarles de ahí.

Y otra cuestión es al actual propietario que también habría que indemnizarle de lo que ha dejado de ganar y de lo que ha dejado de percibir.

Pero no es sólo eso. Si la Junta hubiera adjudicado bien, bien, o sea, no arbitrariamente, no arbitrariamente, sino discrecionalmente y con arreglo a las normas razonables que deben guiar la contratación pública, pues en estos momentos y durante estos años la Junta hubiera percibido, año a año, 7.000.000 por siete, 49.000.000 de pesetas, y en su defecto ha intervenido... ha percibido 420.000. O sea, que ha habido 48 millones y medio que se ha chupado el actual adjudicatario, que es evidente que es un adjudicatario arbitrario por parte de la Junta.

Y en lugar de haber ocho trabajadores, hubiera habido durante cinco años treinta trabajadores, lo cual hubiera sido bastante interesante, posiblemente, sobre todo para los treinta, o veintidós -suponiendo que los ocho fueran coincidentes-, que han dejado de trabajar estos años por esa adjudicación absolutamente arbitraria.

Y del 20% de 37.000.000, que eran los beneficios que estimaba don Bernardo del Prado, que fue el que se quedó sin la adjudicación por la decisión arbitraria de la Junta, a los 7.000.000 que decía que iba a tener la asociación a los que se la dio, pues el 20% de 37 hubieran sido otros 7.000.000, que por otros siete años hubieran sido otros 49.000.000 de pesetas, que tampoco ha percibido la Junta. Luego eran... van los cuarenta y tantos de antes, más los cuarenta y tantos de ahora, más las indemnizaciones que va a tener que producir la Junta, realmente aquello, aquel pacto de pura arbitrariedad, en contra de los informes técnicos, va a salir a esta Comunidad muy caro.

Y lamentándolo mucho, no sé a quién se le podían exigir responsabilidades políticas, pero, desde luego, hay que decir ahora, que es cuando se puede decir, porque ya hay las sentencias judiciales pertinentes, porque el asunto está ya en su cuestión, que realmente entonces se cometió una absoluta arbitrariedad lesiva para los intereses de la Comunidad Autónoma. Y eso hay que decirlo ahora, que es cuando podemos decirlo. No lo dijimos entonces porque no había estos datos, pero ahora están todos y cada uno de los datos perfectamente tipificados y perfectamente sentenciados.

¡Qué le vamos a hacer! Yo creo sinceramente que aquella fue una actuación realmente indigna. Existían todos los datos técnicos y jurídicos necesarios para saber, saber que la adjudicación no era la correcta. O sea, que se sabía, y el que dictara el acto sabía que estaba dictando un acto que no se ajustaba a derecho. Lo pone la propia Sentencia. Dice: "por las razones que señale, siguiendo el criterio del dictamen técnico antes seguido y separándose del jurídico, no actuó conforme a derecho, al no ser dichas razones lo suficientemente fundadas para justificar racionalmente el rechazo de la oferta b, Bernardo del Prado." Porque, claro, la Junta intenta arropar la decisión, y dice que se lo da a uno porque confía más que en el otro. Ése es el gran problema de confianza. Yo no lo llamaría de confianza; casi seguro que habría algún problema más o alguna cuestión más que no fuera de estricta confianza. Habría algo que hacía inclinar la balanza hacia un lado, cuando tan claramente debería haberse hecho inclinar hacia el otro.

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Por lo tanto, eso es así. Desde luego, si cogemos el nuevo Código Penal, eso posiblemente tenga un nombre; y si cogemos el antiguo, también. Es más, el Código Penal actual va un poco más lejos, porque habla de negligencia o de desconocimiento injustificado; el Código antiguo, también. Yo creo que hay que dejar bien claro que aquella resolución, absolutamente arbitraria, tiene -a mi juicio- una tipificación jurídica que aquí no la vamos a hacer, está incursa en los Artículos 404 del nuevo Código Penal, y en el trescientos no sé cuantos del antiguo, y que realmente está clarísimo.

Pero a mí lo que me preocupa es que en estos momentos, yo, me cuesta muchísimo creer que exista una negociación entre los arrendatarios, el nuevo y la Junta. Habrá una negociación entre el nuevo y la Junta. La Junta yo me creo que intente meter a los antiguos, pero dirán que no; y, desde luego, los arrendatarios de los locales y servicios, menos todavía. Y yo creo que al final de todo esto, pues habrá una vez más que la pagana será la Junta de Castilla y León. La cuestión es cuánto, al final, nos va a costar el conjunto de una actuación de esta naturaleza a lo largo... que se ha mantenido a lo largo de estos años. Porque si se hubiera estimado el recurso, el siete de abril, que se puso entonces, a continuación de la adjudicación -que fue el siete de abril del ochenta y nueve- y se hubiera revocado la decisión, pues no hubiera pasado nada posiblemente.

La resolución del recurso es del diez de agosto, con una celeridad inusitada. Es curioso, en pocos meses, en poquísimos, se resuelve tan bien el recurso, cuando hay veces que los recursos pues prescriben, decaen, y se pasan por silencio administrativo, y no hay forma de que contesten a un recurso. Éste se resolvió rápidamente, y además de forma expresa, y no enmendó un fallo o una resolución que, a nuestro juicio, fue absolutamente arbitraria, y a juicio del Tribunal Supremo, y a juicio de todos los Tribunales por donde ha pasado en la citada situación. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor González. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Francisco Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Cierto, señor Consejero, que la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en el recurso que interpuso don Bernardo de Prado Hernández, anulaba, por su disconformidad con el ordenamiento jurídico -y estoy leyéndolo textualmente, para que no haya lugar a ninguna duda-, los actos administrativos que impugnaba, y con ello anulaba la adjudicación de la Estación de Autobuses efectuada a favor de Autobuses de León, otorgándosela a don Bernardo de Prado Hernández, sin expresa condena en costas a ninguna de las partes.

Y he querido leer el fallo de la Sentencia para que no haya la menor duda de que aquí se han dicho cuestiones, señor Consejero, que a usted -cuando menos- deben de resbalarle por la espalda. Y mire usted, se lo digo sinceramente, y no utilizando la frase como ningún tipo de instrumento para dar mayor relevancia a lo que quiero realmente decir. Y es lo siguiente: no hay en la Sentencia, no hay en la Sentencia mención alguna, mención alguna a la prevaricación, como aquí se ha dicho, señor Consejero. No la hay, porque no existe, porque no existe. Porque si hubiese existido alguna figura delictiva, el Tribunal Supremo o la Sala de lo Contencioso, de oficio, hubiese iniciado diligencias y lo hubiese remitido al Fiscal.

Luego todo lo que aquí se cuente, señor Consejero, a ese tenor no es más que pura demagogia, ganas de marear la perdiz, y ganas de no saber ni querer reconocer lo que es una sentencia judicial, que nosotros -por supuesto- y nuestro Grupo -y como usted ha dicho, señor Consejero- vamos a acatar, pero de la cual podemos hacer alguna crítica, porque no se nos debe de impedir.

Lo primero que tenemos que significar es lo siguiente, lo primero que tenemos que significar es lo siguiente, a todos los efectos: el fallo de la Sentencia no condena a otra cosa más que a una obligación de hacer, con un doble contenido en esa obligación de hacer, de hacer: anular la concesión anterior y adjudicarla a otra empresa licitadora. Eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que tiene que producirse en la ejecución de esa Sentencia. Mentira, por lo tanto; ninguna condena a pagar cantidad alguna, mentira burda. Es sencilla y simple; falso, como se suele decir aquí utilizando el término, falso. A lo único que se condena es a esto, a una obligación de hacer. Y, en consecuencia, a anular una concesión y, en consecuencia, a adjudicárselo a otra empresa licitadora. Nada se dice, por supuesto, de la obligación de indemnizar al tal don Bernardo de Prado, como consecuencia de los daños y perjuicios que se le puedan haber ocasionado al no haber explotado la concesión.

Desde este punto de vista, ¿cómo se ejecutaría esta Sentencia, que es lo que realmente nos tiene que preocupar en ese enorme discurso que se ha producido aquí ya de millones de pesetas, cuando la Sala y el Tribunal Supremo no han dicho absolutamente nada? La Junta de Castilla y León, ejecutando la Sentencia, podría adoptar las resoluciones que procedan, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones que se contienen en el fallo y a tenor del Artículo 104 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Lo que implica simplemente la necesidad de una nueva resolución administrativa que pueda anular la adjudicación anterior y que otorgue la misma al señor Prieto. Ésa es una posibilidad.

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Y la otra posibilidad, señor Consejero, es la que, sin duda, se está llevando a cabo entre las partes. Si aquí hay una cosa muy clara: el señor Bernardo Prieto no ha pedido la ejecución de la Sentencia, no la ha pedido. ¿Por qué? Porque se está negociando. ¿Y por qué se está negociando? Pues porque va a obtener de Estación de Autobuses de León, S.A., de Estación de Autobuses de León, S.A., la correspondiente contraprestación económica; no de la Junta de Castilla y León. Porque según nuestros informes -y como va a haber otra comparecencia, también nos remitiremos después al mayor conocimiento de los datos-, según nuestros informes, se están ya barajando las cifras, se están ya barajando las cifras.

Y, en consecuencia, la Junta de Castilla y León, que adjudicó un concurso de acuerdo con unos informes técnicos no desfavorables, sino un informe jurídico no favorable -pero los informes técnicos no eran desfavorables; el informe jurídico ponía pegas a esa adjudicación-, desde luego, no es responsable políticamente, de ninguna manera, porque pierda o gane un pleito en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Porque si el nivel de responsabilidad política que por algún Grupo interviniente se ha seguido aquí, por una concesión administrativa a una estación de autobuses, se quiere elevar a la cota que se ha elevado, realmente, no deja de producir más que un efecto: es el de la carcajada -no puede haber otro efecto posible-, el de la risa; el que nos tenemos que reír de que se soliciten aquí responsabilidades políticas de personas que no tuvieron intervención alguna, alguna, ninguna, en los hechos que se producen en este asunto.

Por lo tanto, señor Consejero, lamentando -porque no es, no es, por supuesto, ningún plato de gusto perder un procedimiento-, lamentando la pérdida de este asunto -un Recurso Contencioso-Administrativo-, sí que tenemos que señalar que, al menos, Estación de Autobuses de León ha ofrecido un buen servicio, que es una magnífica estación de autobuses, que se hizo en función de la experiencia de los concesionarios la adjudicación, que los ciudadanos de Castilla y León han contado con un adecuado servicio, que no sé si -lo pongo en duda, por supuesto-... si hubiesen contado con el mismo servicio de haber sido otro el adjudicatario. Y en consecuencia, Señorías, lo que no se puede aquí producir es un alarmismo absolutamente innecesario.

Es más, a lo mejor, lo que estamos aquí diciendo -legítimamente- todos puede llevar a que esas negociaciones que se están produciendo entre las partes, en alguna medida, se vean enturbiadas como consecuencia, incluso ya, de las cifras absurdas que acabo de oír de millones de pesetas, que no harán sino más que incentivar, posiblemente, las peticiones de la contraparte.

Por lo tanto, Señorías y señor Consejero, nuestro Grupo, lamentando -repito- que esa Sentencia haya sido adversa, entiende que no hay responsabilidad política ninguna; menos en los términos dichos.

En segundo lugar, que esa obligación de hacer puede traducirse pura y simplemente en un nuevo concurso.

En tercer lugar, que el tiempo único por el que don Bernardo podrá hacerse con la concesión será por el que falte, por los trece años, exclusivamente.

Y en cuarto lugar, o en quinto lugar, que don Bernardo, si quiere, que reclame por el cauce adecuado procesal -que es la responsabilidad de la Administración- las cantidades que estime pertinentes, no las que aquí alegremente se han barajado; pero además justificándolas, pero además justificándolas. Porque en derecho no se puede hablar como en política; en derecho hay que ir por el cauce de la justificación y de la prueba; en política se puede ir por donde nos dé la gana. Así han ido ustedes, por donde les ha convenido. Y repito una vez más, sintiendo haberse perdido este asunto.

La Sentencia la han dictado, sin duda, señor Consejero, en virtud del expediente; y la han dictado los jueces y los magistrados. ¿Pero cuántas sentencias hay dictadas en este país? ¿Cuántos miles de sentencias, miles de sentencias contra la Administración, en Ayuntamientos, en Diputaciones, en Juntas, en Comunidades, contra el Estado, en Ministerios, etcétera, etcétera? Y, desde luego, si por todas ellas se pidiesen responsabilidades políticas, lógicamente, tendríamos un auténtico desbarajuste en el escalafón de los políticos; sería tremendo. Eso es pura y simplemente, ante este hecho, el absurdo del absurdo.

¿Que hay que aprovechar la ocasión políticamente para producir el desgaste de la Junta de Castilla y León? ¿Que hay que aprovechar la ocasión políticamente para traer aquí al Consejero y que dé explicaciones? Muy bien. Pero si eso es lo que se está haciendo todos los días en esta Cámara, si eso es lo que se está haciendo. ¿Que ahora nos apoya una Sentencia? Muy bien, pues nos apoya una sentencia; pero no en los términos en que aquí se han pintado las cosas.

Y yo no voy a negar aquí tampoco -porque no puedo por qué, ni tengo por qué negarlo- que la Sentencia aduce elementos de arbitrariedad, ¿eh?, pero no graves, pero no graves; porque si los hubiese, hubiese actuado de otra manera.

Y luego le recuerdo a algún Portavoz -si me lo permite- lo siguiente: el Código Penal no es aplicable en este caso; lo que pasa es que usted no lo sabe. ¿Qué culpa le tengo yo? Un Código que se ha publicado el veinticinco de mayo, ¿usted qué sabe...?, ¿que va a ser con carácter retroactivo a un asunto del año mil novecientos ochenta y tantos? ¡Pero hombre, sólo faltaba eso! ¡Pero qué cosas hay que oír!

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente...

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Si es que se estallan los...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: (Intervención sin micrófono).

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: No he aludido a nadie.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Le pido un turno de réplica por alusiones.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: No he aludido a nadie.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señores, señores.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, le advierto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señores Procuradores, no tiene ninguno el uso de la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Yo sí, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): En este momento no, en este momento no. En este momento, yo le ruego al señor González, yo le ruego al señor González que mantenga la calma hasta que termine el señor Aguilar. Y después, cuando el señor Aguilar termine, si usted lo estima conveniente, pide lo que quiera y esta Presidencia actuará en consecuencia. Por lo tanto, tiene la palabra el señor Aguilar, y le ruego que vaya terminando la misma... su intervención.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente decir, señor Consejero -y me dirijo a usted-, que usted esté totalmente tranquilo, que el Código Penal no afecta a esta Sentencia para nada, y menos el que se ha publicado hace escasos meses, y menos en los términos que usted ha oído aquí. Márchese usted muy tranquilo, que, evidentemente, no existe ninguna responsabilidad... ni posibilidad de aplicación. El Código Penal no tiene efectos retroactivos en estos casos, y además, bueno, pues hay un principio -yo no voy a extenderme aquí, ¿eh?- en cuanto a lo que debe ser la intervención en los temas penales y cómo se debe de producir.

Por lo tanto, señor Consejero, olvídelo. Lo mejor que puede hacer usted es olvidarlo. Eso que ha oído, lo mejor que puede hacer usted es olvidarlo y ni tan siquiera replicarlo, porque es que no merece réplica. Lo que pasa es que muchas veces somos tan osados los humanos que hablamos de cosas que desconocemos, no sabemos, y encima nos las creemos, que es el colmo de los colmos, es el colmo de los colmos.

Por lo tanto, señor Consejero, nuestro Grupo va a estar muy atento -eso sí- a cómo se van a desarrollar esas negociaciones.

Y no puedo por menos, tampoco, de señalar una cuestión: aquí no ha habido ninguna negligencia por parte de la Junta de Castilla y León, puesto que si una de las partes recurre al Supremo, y el Supremo tarda seis años en producir la correspondiente resolución estimatoria o no del recurso interpuesto, la otra parte pudo pedir la ejecución y no lo hizo; y si además fue al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional no admitió el recurso, de eso no es responsable en ese tiempo la Junta de Castilla y León para nada, para nada. La Junta de Castilla y León no recurrió la Sentencia. Acató la resolución judicial en la primera instancia, o de la Sala de lo Contencioso. No recurrió la Sentencia. Recurrieron Estación de Autobuses y don Bernardo. La Junta de Castilla y León se quedó fuera de ese recurso, como no podía ser menos. Porque, evidentemente, la Sentencia está lo suficientemente razonada como para no haberla recurrido. Pero yo en lo que hagan los particulares ni me voy a interesar, ni me voy a mezclar, ni me voy a meter en ello, como hizo la Junta de Castilla y León.

Por lo tanto, Señoría, señor Consejero, con independencia de que lo más positivo sería poder llegar a un acuerdo entre las partes, que sería un tema que no es, por supuesto, para tratarlo ante esta Comisión, la Sentencia -repito una vez más- no irroga, ni menciona, ni dice, ni señala ningún tipo de actuación que pueda ser considerada como delictiva; simplemente anula una concesión administrativa, como los muchos cientos y miles de sentencias que anulan actos administrativos a diario en este país. Y punto, y no hay más que hablar en este sentido. Y las cosas deben de quedar lo suficientemente claras. Y, en consecuencia, debemos ser todos absolutamente responsables para no sacar las cosas de quicio y no venir aquí a hacer una fácil demagogia, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Aguilar.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, ¿ya puedo intervenir?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Sí, pero...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Eso sí, sin perder la calma, claro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Considera este Presidente que a usted le queda un segundo turno todavía, en el cual podrá usted...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

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EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: No. Señor Presidente, una cosa es el segundo turno ordinario y otra cosa es la réplica a las alusiones claras que el señor Portavoz, en contestación a los Portavoces de los Grupos y no al interviniente, ha tenido. Si usted, que es el director de los debates -como siempre, claro-, considera que no ha habido, pues yo acataré la cuestión. Pero desde luego, su decisión, si es ésa, será manifiestamente injusta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Le agradezco mucho que así lo reconozca. Y le doy la palabra al señor Consejero para que pueda dar réplica a las cuestiones formuladas.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Y, efectivamente, yo, como me considero ignorante en Derecho, seguramente mucho más que usted, pues no voy a hacerle una respuesta argumentando los pros y los contras de una sentencia, y, desde luego, tampoco estableciendo la ilegalidad o arbitrariedad de las decisiones judiciales adoptadas en un sentido o en otro.

Lo que sí le debo de decir -contestando ya a los Grupos- es que, de lo que yo he podido estudiar en este expediente, en todo momento la Ley de Contratos se ha cumplido en su origen. Es decir, si uno se lee la Sentencia, en todos los apartados de la Sentencia se dice claramente que se ha seguido el procedimiento administrativo normal, que la Ley de Contratos se ha cumplido, que no existe absoluta... ninguna ilegalidad, porque si no se hubiera hecho manifestación de la misma. Por tanto, yo creo que en este caso concreto lo que había era una decisión sobre unos informes técnicos.

Porque hay que tener en cuenta -y en eso, desde luego, alguno de los Portavoces no lo ha analizado bien, no lo ha querido analizar, seguramente- que el informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería fue posterior a la adjudicación, no anterior. Por tanto, la adjudicación se ha hecho bien, la adjudicación se ha hecho conforme a los informes técnicos. Si el informe de la Asesoría Jurídica hubiera sido previo, ahí sí que el que toma la decisión hubiera podido decir: "he adoptado una decisión con dos informes contrapuestos". Pero el informe de la Asesoría Jurídica es posterior; el que se toma la decisión es en base a un informe técnico, en el que se dice: como los empresarios que van al concurso son los empresarios del sector, los técnicos estimamos que tienen más experiencia en la explotación de ese tipo de negocio los que llevan muchos años explotando ese negocio, mientras que estimamos que no es procedente, aunque la oferta económica sea mejor, la de otro señor que aparece por ahí, que nunca ha estado en el sector del transporte, que no conoce ese mundo, y que no sabemos cómo lo va a llevar. Eso es lo que dice el informe técnico. Y en base a ese informe técnico, el Consejero adopta la decisión de resolver el concurso a favor de uno o a favor de otro.

Después viene el informe de la asesoría jurídica, donde dice que no se debe tomar en consideración el aspecto técnico tanto como el aspecto económico. Pero lo que está claro es que cuando el gestor administrativo toma la decisión última, la toma en base a los informes existentes en ese momento.

Por tanto... además, tengo que recordar que el informe de la asesoría jurídica se hace cuando en la Consejería ya está otro titular, que por eso luego se ve obligado también o es llamado por el Tribunal. Porque si bien es cierto que la decisión inicial se adopta por un Consejero, cuando se plantean los recursos posteriores y cuando existen los informes de la asesoría jurídica ya estaba otro Consejero. Por tanto, yo creo que en eso, precisamente, es donde radica la diferencia de lo que manifiestan algunos de los Grupos que no han querido ver ese importantísimo detalle.

Lo que ocurre es que cuando uno lee la Sentencia... la Sentencia hay que leerla. Y cuando uno lee la Sentencia se da cuenta de que no existen ninguna de las figuras penales que el representante del Partido Socialista saca a colación. Porque si lo hubiera... si hubiera ocurrido, si hubiera existido alguna figura penal del anterior Código Penal, o del actual o del que venga, pues lo diría la Sentencia, incluso el Supremo hubiera actuado de otra manera. Por tanto, no nos cuente ahora una cuestión que no... de lo que no dice nada la Sentencia, porque la Sentencia lo único que establece es un cambio en la concesión; se establece un nuevo concesionario en lugar de un anterior, en base a una serie de informes, en base al pliego de condiciones y en base a unos fundamentos jurídicos determinados.

Por tanto, yo creo que en este caso concreto la Junta, que además no recurrió en el año noventa y dos, donde yo sí sé lo que pasó, porque yo estaba como titular de la Consejería y sé por qué no recurrí. Y precisamente no recurrí porque entendía que el contenido de la Sentencia era aceptable por nuestra parte y protegía mejor los derechos de la Junta, en el sentido de no alargar más los procedimientos, pese a que después, como recurrieron las otras dos partes, tuvimos que esperar otros cinco años.

Por tanto, yo creo que en este caso concreto no va a costar un duro a la Junta de Castilla y León esta cuestión. Porque usted, efectivamente, dice: "no existe ninguna negociación". Bueno, pues yo le digo que sí que existe. Usted dice que no existe, me parece perfecto que lo diga. Yo sé lo que hay en este momento negociándose, y lo que se está negociando es que las partes, todas las partes salgan ganando y que la Junta no tenga que pagar nada. Por tanto, que no existan consecuencias económicas para la Junta de Castilla y León.

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Todos los números que usted hace, pues yo les puedo hacer los contrarios, y vamos a ver quién tiene razón, porque lo que usted dice no corresponde a la realidad de los hechos.

Y, desde luego, tampoco corresponde a la realidad lo que usted dice, y ahí sí que es absolutamente incierto que no exista una negociación. Todas las partes en este momento -y, desde luego, las empresas mucho más- están absolutamente interesadas en dar una solución positiva al asunto sin alargar más este tema.

¿Por qué no ha ejecutado la Sentencia el señor de Prado? Pues, clarísimo, porque quiere negociar, quiere llegar a un acuerdo, porque posiblemente... y no lo sé exactamente, pero posiblemente no le interese explotar la estación de autobuses teniendo en cuenta que no es del sector; está clarísimo. Y, ¿por qué quieren los otros señores llegar a un acuerdo con él? Porque son todos los empresarios de autobuses de León que quieren seguir explotando la estación. Y ésa es la única verdad de este asunto.

Por tanto, a partir de ahí, todo lo que ustedes saquen, pues, efectivamente -ya lo ha dicho el Portavoz del Grupo Popular-, es por aquello de... con la demagogia que le caracteriza, pues dar caña a la Junta, que es un momento bueno y oportuno en este momento, como puede ser mañana en otra Comisión, o pasado en otra; pues aprovechar para dar un continuo palo, da lo mismo que el tema sea del año ochenta y siete, sea del Supremo, del Tribunal Superior de Justicia, no tenga nada que ver en este asunto o lo tenga que ver. Da lo mismo; el caso es que usted pues así lo puede manifestar, atacar... Aunque ha citado o se han citado aquí varios responsables políticos de los años en que ocurrieron los hechos, no todos, porque se han excluidos algunos expresamente, con mucho cuidado y con mucha habilidad, pese a que tenían que haberse citado; pero no se han citado, con mucha habilidad por usted. Lo cual, pues, es de reconocimiento, y hay que reconocerlo públicamente que hay más gente que estaba en aquel momento y que debiera de haberse citado. Incluso los anteriores a esos, porque también antes de que se inicie el procedimiento, de que se inicie el procedimiento este, pues, antes había también otros directores. Pero está claro que a ustedes, pues, lógicamente sólo les interesan los que les interesan; cosa que es políticamente legítimo, que ustedes están en su derecho de hacerlo, pero que es absolutamente incorrecto e incierto y mezclan unas cosas con otras, precisamente por atacar a la Junta de Castilla y León que es el objetivo. Y, si de paso, alguna persona más que ahora no está, pues más todavía. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Consejero. Para un turno de réplica, tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Unida, don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Yo, desde luego, estoy absolutamente perplejo, porque, bueno, cuando ganan por una correlación aritmética de las cosas, pues ganan; cuando pierden, ganan también; cuando hay una sentencia, bueno, pues es que ya sólo falta que termine, pues, lo que le decía un poco por lo bajo al señor Procurador Portavoz del Grupo Popular: al final terminamos nosotros siendo los Tribunales, los... absolutamente todo. Esto, yo creo que, bueno, pues, es una forma de actuar que -a mi juicio- denota muy poca consideración con la realidad, y entonces, pues, no me extraña el escuchar la fórmula esa de que "le resbale todo", "ya sabemos", "aquí no hay nada de nada", "no se preocupe en absoluto", "todo es mentira", "todo es falso". Y se acabó. Bueno, pues yo creo que hay que tomar las cosas un poco en consideración.

Sale un objetivo a concurso. Por lo visto, no se esperaba más que una licitación. Aparecen dos licitantes, Se hacen los análisis oportunos y pertinentes. Se llega a la conclusión de las diferencias que no voy a repetir. Y, entonces, a pesar de entender que se estaba cometiendo una injusticia, y que sobre esa injusticia se operaba con conocimiento de causa y de forma directa, se hace esa adjudicación. Y se hace esa adjudicación, y después, cuando hay un recurso por parte del otro concursante, pues hay una asesoría jurídica que dice, de forma expresa, que tiene razón, que no se pueden hacer así las cosas, y, por consiguiente, pues, le está desaconsejando a la propia Administración Autonómica a que se opere de esa manera.

Claro, aquí se han dado argumentos muy interesantes, porque como ya es otro el Consejero, entonces, fíjense lo que estamos diciendo a la ciudadanía: les metemos a todos los ciudadanos y ciudadanas en un círculo vicioso de la desconsideración y de la inseguridad más absoluta, porque como en este país se hacen elecciones cada cuatro años en esta Comunidad Autónoma, y es posible que repita el Consejero o es posible que no repita el Consejero de turno, yo puedo hacer lo que quiera, porque como actúan con bastante retraso los Tribunales, cuando venga el siguiente ya no va a haber la posibilidad. Eso es lo que está deduciéndose de lo que plantea el señor Consejero. Bueno, pues si es así, pues entonces entendamos que vale todo, que esta es la Ley de la Selva, y que sólo hay que ser un poco más listico que el de al lado. Pero, en definitiva, yo creo que es un error manifiesto desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la mínima seguridad para las personas o para los administrados.

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Y se plantea que en estos momentos, incluso, pues, está haciendo un arreglo. A mí sí me consta que se está haciendo un arreglo, lo cual todavía es peor, lo cual todavía es peor. Porque lo que tendría que hacer, en todo caso, esa mediación de la Administración es precisamente aplicar la Sentencia y punto. Pero la realidad es que en estos momentos están haciendo el apaño en virtud de los propios intereses, y ante una reclamación ya presentada de don Bernardo de Prado por 100.000.000 de pesetas. Sí, señor Consejero. Sí, señor Consejero. Con lo cual no es que los dineros que aquí se esgriman puedan estar, o puedan motivar algún tipo de modificación de los planteamientos; es que ya han entrado en los planteamientos y están a ver cómo encauzan toda esa cuestión para ganar todos; lo ha dicho usted, señor Consejero: para ganar todos, es decir, para ganar Bernardo de Prado, para ganar Autobuses León, para ganar la Junta de Castilla y León. Pero alguien tiene que perder, alguien tiene que perder... Sí, alguien tiene que perder. Porque si todo el mundo gana, esto sólo sale de una manera: teniendo que haber aportado los contribuyentes más dinero a la hora de coger el autobús, de coger esos servicios, y, lógicamente, de habernos detraído unas cuantías que tiene que pagar esta sociedad de la cual somos todos tributarios.

Por consiguiente, no todos vamos a salir ganando; algunos vamos a perder, y habitualmente vamos a perder, como casi siempre, los mismos.

Por consiguiente, es muy difícil que esto se pueda mantener tal cual, y se acabó la historia, y además con una serie de imputaciones, de que son ustedes unos ignorantes, de que ahí se puede decir absolutamente todo. Bueno, miren, cuando se gana una cosa, pues se gana una cosa; cuando no se gana una cosa, hay que tener al menos la coherencia, la congruencia suficiente para decir: esto ha pasado así, vamos a ver cómo se corrige.

Y nosotros sí, además demandamos que haya lógicamente una responsabilidad política. ¿Qué pasa?, que si no vale hacer todo... primero intentando que no te pillen; ¡viva la regeneración ética! Y segundo, en caso de que te pillen, ya te ha pasado la bola, porque ya no eres tú el Consejero, o no eres tú el Delegado de no sé cuántos, o no eres tú el Delegado de no sé qué.

Miren ustedes, no se trata de ir en contra de la Administración Autonómica. Se trata de que ustedes mismos hubieran evitado... y yo sé que este chorreo, en definitiva, pues se lo lleva Su Señoría, señor Consejero y Vicepresidente de la Junta, cuando no fue usted el que lo cometió, pero lo que no cabe la mejor duda, lo que no cabe la menor duda es que se evitan los desgastes superfluos, vanos, de la Administración Autonómica de la Junta, cuando no se cometen torpezas de esta naturaleza.

Y si se cometen a sabiendas, o por ignorancia, en todo caso, se corrigen; aquí paz y después gloria. Pero, claro, encima nos quieren pasar por encima, diciendo que está todo perfectamente, que no hay ningún tipo de problema, que nosotros lo único que hacemos es engañar, y de lo único que se trata es de faltar a la verdad, de falsear. No es así, no es así.

Yo creo que esto es un fraude manifiesto, que esto genera una gran inseguridad en la ciudadanía -sin alarmismos, porque se enterarán los que se enteren-, que esto induce a pensar que son prácticas no infrecuentes, y que, por consiguiente, de regeneración ética nada, sino de corrupción sí. Y, en definitiva, creemos que es una utilización absolutamente indebida de la confianza popular y de los recursos públicos.

Y claro, viene ya el viejo debate aquel de "vayan ustedes a los Tribunales". En este caso, nosotros no hemos ido a los Tribunales, en este caso nos ha venido directamente, y ha venido con todas esas consecuencias. Y ahora, lo que nosotros entendemos es que alguien tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad, porque aunque no concurran las mismas personas, si no se demuestra lo contrario y ni siquiera ustedes quieren hacerse cargo de esa responsabilidad, entonces nosotros tenemos que entender que hay una indignidad política perfectamente instrumentada por los señores que anteriormente yo he citado... y si hay alguno más pues que se explicite. Pero, desde luego, los que estaban directamente vinculados a la Administración Autonómica en ese tiempo. Y algunos de ellos reincidentes, algunos de ellos reincidentes. Y me estoy refiriendo -porque saben que yo no me guardo ninguna carta- al señor Pérez Villar. Sí, sí, sí, sí, claro, claro, claro, claro, claro; si eso es dignidad política, bueno, pues vale, se puede seguir sustentando y se puede seguir sosteniendo. Pero aquí de lo único que, en definitiva, podemos entender es de que, si eso lo siguen defendiendo, no harán más que demostrar ya no prepotencia, sino omnipotencia absoluta, por mucho que digan que acatan la Sentencia y por mucho que digan que los demás pretendemos hacer lo que, a lo mejor -desde el punto de vista de la Oposición-, es lógico y legítimo.

Y yo quiero concluir preguntando al señor Consejero: ¿cuál va a ser, desde el punto de vista político, la responsabilidad que al menos se pueda derivar para planteársela a quien proceda, por parte de esta Administración Autonómica, aunque sean compañeros de su propio Grupo político?

Segundo: ¿cómo compensará la Junta los perjuicios sufridos por los usuarios, que, lógicamente, han estado pagando tarifas máximas y que, lógicamente, también han devengado un servicio de otra naturaleza? Porque hay un hecho absolutamente evidente: si van a seguir utilizando la filosofía que Su Señoría ha dicho, pues como resulta que estos señores saben mucho del oficio, son los transportistas de toda la vida, los que han llevado siempre los autobuses, pues de los pocos concursos que hasta ahora vienen utilizando, eliminen éste también o eliminen la mayor parte de ellos, porque ya de antemano pueden saber quién es el que tiene que hacerse cargo de la actividad; cuando la filosofía de los concursos, precisamente, es buscar el mayor beneficio para la ciudadanía, en virtud de esas plicas de competencia. Gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, don Antonio Herreros. Tiene la palabra doña Concepción Farto, por el Grupo Parlamentario Mixto.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero agradecer al Portavoz de Izquierda Unida el haber traído aquí este tema, porque entiendo que lo hace animado desde la honestidad que le caracteriza como Grupo Parlamentario, que yo he visto directamente desde que llevo en estas Cortes. Pero no puedo asumir su planteamiento, porque creo que se están mezclando demasiadas cosas.

Si no he hablado en un primer momento ha sido, en primer lugar, porque yo no tengo la información que tienen Sus Señorías; entre otras cosas, porque cuando yo he pedido ciertas informaciones a esta Cámara, se me han negado diciendo que los Servicios Jurídicos entienden que no se debe dar esa información; no en este caso, sino en otros. Aprovecho para decirlo. Pero sobre todo porque creo que es un tema en el que yo no debería de entrar, porque se ha hablado mucho en despachos políticos por los que yo con anterioridad he andado.

Como a mí el mundo del Derecho me da bastante miedo, y lo desconozco, quiero ser cauta en mi intervención y decir pocas cosas, pero que queden claras. En primer lugar, que se cumpla la Sentencia y que se cumpla cuanto antes; porque, conociendo a las partes implicadas, la sangría puede ser tremenda para esta Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, no entiendo por qué la política y el mundo de la justicia se tienen que unir tanto. Y no entiendo que -me van a permitir Sus Señorías- perdamos el tiempo en defender a gentes que no necesitan defensa, porque se defienden muy bien ellos solos.

Vuelvo a repetir que, sin embargo, no dudo para nada de la intención del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al traer aquí este tema a debate. Pero si queremos dar un servicio a la Comunidad Autónoma y a nuestros ciudadanos, pongamos las cartas sobre la mesa todos y hablemos, si quieren, de adjudicaciones, hablemos de financiaciones, y hablemos de lo que ustedes quieran en general. Pero no hablemos de señores concretos que están utilizando a grupos políticos, a éstos que están aquí hoy hablando o a otros -me da igual-, o que los han utilizado, y que lo único que nos están haciendo es entrar en su juego.

Creo que con lo que he dicho queda clara mi postura. Si la Junta de Castilla y León ha adjudicado mal es por algo, o habrá sido por algo. Que se pague la responsabilidad política y económica, si la hubiera, cuanto antes, porque -les vuelvo a decir-, si no, nos puede costar muy caro a todos. Y no perdamos el tiempo en hablar de cosas que -vuelvo a repetir- no necesitan de nuestra ayuda, porque es gente que sabe manejar muy bien los hilos; y que esto vuelve a ser otra forma de manejar a los políticos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Farto. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jaime González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias por concederme la gracia, que no el derecho a la palabra. Y yo, la verdad es que me dan ganas -y así lo voy a empezar- de empezar mi intervención pidiendo perdón a la Cámara. ¿Pero cómo se nos puede ocurrir, por favor, traer aquí estas cosas? ¿Pero cómo se nos puede ocurrir traer aquí, los Grupos Parlamentarios de la Oposición, un tema que, al parecer, es una adjudicación que no se ajusta a derecho de una estación de autobuses en León, que le va a costar a la Administración decenas y decenas de millones de pesetas? ¿Pero cómo se nos ocurre, por favor? Perdón, pido perdón a la Cámara; sobre todo después de las intervenciones del Portavoz del Grupo Popular y del señor Consejero. Yo comprendo que hacemos mal, que venir a hablar aquí de esto es casi pecado.

Pero como no nos queda más remedio, pues lamentándolo profundamente y reiterando mis palabras de dolor y de... tal, pues no me queda más remedio que volver a insistir sobre los asuntos que aquí se han venido... y reconocer que cómo podemos pretender averiguar por qué entre dos ofertas por la misma cosa, en que una daba a la Junta 7.000.000 de pesetas anuales y otra daba 60.000, ¿por qué se le dio a la de 60.000? ¡Pero qué despropósito pretender averiguar eso! O pretender averiguar por qué entre dos ofertas, una de las cuales ofrecía treinta puestos de trabajo y otra ocho, se le dio a la de ocho y no a la de treinta. O por qué pretendemos averiguar por qué una oferta que ofrecía a los usuarios de la estación de autobuses, a los clientes, al paisano del pueblo, al ciudadano que va a coger el autobús, tarifas mínimas, y otra que ofrecía tarifas máximas, se le dio a la de las tarifas máximas. ¡Pero qué osadía pretender aquí, por favor, averiguar esas cosas y que ese debate se produzca aquí! Una cosa realmente incalificable.

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Y pretender saber, pretender saber -y yo creo que tiene cierta importancia, puesto que el Consejero ha hecho bandera de eso- por qué no se pidió un informe jurídico antes de hacer la primera adjudicación, ¿por qué? ¿Por qué no se pidió un informe jurídico cuando había dudas razonables sobre estas cuestiones? ¡Pretender averiguar eso, por favor! ¿Y por qué, cuando se plantea un recurso, entonces sí se pide un informe jurídico...? Claro, que ya estaba otro Consejero, y a lo mejor eso significa una modificación importante, a lo mejor eso significa una modificación importante. Bueno, pues entonces sí se pide un informe jurídico, y el informe jurídico plantea dudas sobre la juridicidad de la cuestión. Y entonces, a pesar de eso, la Junta sigue adjudicando al de las tarifas máximas, al de los ocho trabajadores y al de las 60.000 pesetas, en lugar de al de los 7.000.000 de pesetas, al de los treinta trabajadores y al de las tarifas mínimas. Pretender hablar de eso aquí es algo que, según parece, señor Portavoz de Izquierda Unida, no nos corresponde, no es lo correcto y no está bien. ¡Qué osadía!, ¡qué osadía!

Yo estoy dispuesto, además, a admitir todas las lecciones que los que saben de Derecho... Por cierto, una aclaración: los debates jurídicos están prohibidos en esta Cámara; se rechazan las iniciativas parlamentarias que tengan contenido puramente jurídico. Aquí venimos a hablar de política. Y claro, yo comprendo que hay algún Portavoz que le gustaría que sólo fueran políticos y estuvieran en esta Cámara los expertos en Derecho, los expertos en Derecho; así encontraría en esta Cámara una prolongación de sus otros hábitats de trabajo. Pero no, aquí, desgraciadamente o afortunadamente, no todos son expertos en Derecho -yo creo que afortunadamente-, y entonces podemos hablar de política, que es a lo que aquí se viene. Bueno, pues también perdón por no ser un experto en Derecho y por leer simplemente el fallo de la Sentencia, el fallo, ¿eh?, o sea, el final, lo que vincula, lo que obliga, que dice que "estimamos el recurso contra la Administración interpuesto...", etcétera, etcétera, etcétera, "...por su disconformidad con el Ordenamiento Jurídico, los actos...", tal y cual, "...y anular la..." tal, "...y adjudicarse a Bernardo del Prado". Eso, pretender saber por qué ha pasado eso, nosotros reconocemos que es una osadía, y reiteramos nuestra petición de perdón a la Cámara.

Y precisamente, además, pretender saber por qué los técnicos hicieron un informe que decía algo así como -según he creído entender al señor Consejero-... que como uno de los que pedían la estación de autobuses para gestionarla eran los que estaban allí amasando el asunto, pues iban a saber más de cómo se amasaba el asunto, y entonces era mejor dárselo a ellos. Y que otro señor que no tenía nada que ver con el transporte, ni con los autobuses, ni con los camiones, que no convenía dárselo, porque no sabía. Y nosotros, pretender saber que qué tendrá que ver la gestión de una estación de autobuses, donde lo que hay es tiendas y cosas de ésas, y que eso es lo que después se arrienda y lo que produce los ingresos y los puestos de empleo, y no tiene nada que ver con las rutas de transporte ni nada... pretender saber por qué es eso yo reconozco que es una osadía, y estamos de más; yo creo que estamos pasándonos; yo lo comprendo perfectamente. Bueno, ¡qué le vamos a hacer!

Y claro, todo eso a nosotros nos lleva a pensar, pues, que, realmente, cuando se produce la resolución, esa resolución fue arbitraria; sobre todo después de ver la Sentencia. Pero podemos equivocarnos; a lo mejor no fue arbitraria. Cuando lo dice el Tribunal Supremo, lo dice por decirlo y realmente no lo fue.

Y claro, cuando hay un informe jurídico ya en el recurso, y a pesar de que el informe jurídico dice que eso no es conforme a Derecho, y que no convendría seguir adelante, la Junta sigue e insiste, pues que tampoco hay arbitrariedad, que es que es así, las cosas son así, y que todo va estupendamente.

Bueno, pues yo estoy dispuesto a reconocer todo eso, y a admitir que si la Junta hubiera hecho en el año ochenta y nueve adjudicación a esta empresa, pues durante siete años hubiera estado percibiendo 7.000.000 por siete; 7.000.000 por siete, 49, cifra cantada. Y que no los ha percibido. Pues no señor, parece ser que no es así.

Y que se hubieran creado ocho puestos de trabajo, ocho puestos de trabajo, en lugar de crear treinta. O sea, que hemos perdido veintidós puestos de trabajo durante un tiempo. Bueno, pues parece ser que tampoco es así.

Y que de ofrecer el 20% de los beneficios a ofrecer el 10%, o menos, pues claro, tampoco pasa nada. Es que la Junta no hubiera dejado de percibir esas cantidades.

Y no nos atrevemos a decirlo, porque es que -según algunos-, pues a lo mejor hasta nosotros tenemos la culpa ahora de que el señor Bernardo del Prado haya ganado todos los recursos que ha interpuesto contra la Junta, y al final haya una Sentencia que confirma la última, que dice que la adjudicación fue arbitraria, no ajustada a derecho y que hay que ..... el asunto.

Bien. Pues ¡qué le vamos a hacer! Yo creo que hay gente que es partidaria de aquel dicho de Mao que decía que "cuanto más grande es el caos, más próxima está la solución". A lo mejor es que ése es el objetivo: más grande el caos, grande la bola, para que más próxima sea la solución.

Y yo no dije nunca que no hubiera negociaciones. Lo que dije es que no me creía que fueran como usted decía, señor Consejero, que es literalmente diferente. Debe usted afinar el oído. Dije que no me creía que las negociaciones fueran como usted decía. Y en eso abundo con la teoría, también osada -y posiblemente debería perdón, incluso, por expresarla-, del Portavoz de Izquierda Unida, en el que aquí van a ganar todos, y que resulta que de todo este embrollo, pues resulta que Bernardo del Prado va a sacar más, la estación de autobuses o los empresarios leoneses van a sacar más, la Junta parece que también; y al final, bueno, pues estamos ante el milagro: el pan... un cristiano, el pan y los peces. Esto es una cosa increíble. Estamos ante una cosa que, de una resolución manifiestamente arbitraria, injusta, no ajustada a derecho, al final resulta un beneficio de todos.

(-p.5867-)

Eso sí, los cafés de estos siete años, en lugar de costar 10 han costado el doble, las Coca-Colas, en lugar de costar 5, han costado el doble, y así sucesivamente. Bueno, ¡qué le vamos a hacer!

Yo comprendo, señor Consejero, que no se pueden pedir responsabilidades. Reitero mi petición de perdón a la Cámara por esto de la demagogia y de atacar a la Junta y estas cosas; yo comprendo que está mal que la Oposición haga eso. No puedo prometer no volver a hacerlo, porque yo creo que voy a incurrir, por mi afán pecador, voy a incurrir, casi seguro, en lo mismo dentro de poco tiempo. Pero, realmente, yo creo que es una osadía tratar de averiguar cómo es posible que la Junta haya perdido todo esto durante todo este tiempo; los ciudadanos hayan pagado más por algo que podían haber pagado menos; y que, es asombroso, de verdad, estoy absolutamente contrito por esta situación. No lo puedo evitar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor González. Tiene la palabra don Francisco Aguilar, por el Grupo Parlamentario Popular.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, no deja de ser gratificante algo que yo le oía decir al Consejero en su intervención anterior, bueno... y que a este Portavoz se le había pasado, y es que el informe jurídico fue posterior. Porque entonces ya las cosas empiezan a encajar, empiezan a encajar mejor. Porque es que, además, los informes jurídicos no suelen pedirse, no suelen pedirse. Con todos los aspavientos que se quieran hacer y con toda las interjecciones que se quieran verter aquí, el hecho cierto de que todo lo que hemos oído aquí no ha sido más que el comentar una Sentencia, señor Consejero. Y aquí, que se nos reprocha que no se pueden hacer, concretamente, debates jurídicos, pues lo que venimos a debatir es lo que en puridad jurídica es más importante: las sentencias de los Tribunales; cosa curiosa. Pero hay que hacer una abstracción y entonces decir: no, yo vengo a la Cámara no a debatir la Sentencia, vengo a debatir aquí el fuero o el huevo, porque no sé lo que voy a debatir.

Pero vamos a ir un poco centrando qué es lo que hemos debatido esta tarde. Pues hemos hablado del sexo de los ángeles; ni más ni menos. Que estamos hablando de eso. Porque la Sentencia es clara, y no porque diga "con disconformidad al Ordenamiento Jurídico". Cuando se anula una licencia, una concesión, siempre la frase es la misma, es una frase ritual; "por disconformidad al Ordenamiento Jurídico", es puramente ritual la frase, es así. Otra cosa es... otra cosa es cuando se piden y se ejercitan otras pretensiones ante la correspondiente Sala.

Vamos a ver. Aquí la convocatoria nos traía para informar a la Comisión sobre la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo por la que la Junta de Castilla y León deberá entregar, deberá entregar la concesión de la estación de autobuses de la empresa... Estación de Autobuses a la empresa de don Bernardo de Prado. A eso veníamos. ¿Y cómo podía hacerse la entrega? Y eso es lo que este Portavoz, señor Consejero, decía anteriormente. ¿Cómo se puede hacer la entrega? Ejecutando la Sentencia, o llegando a otro modo también de solucionar el problema, que es la transacción, el arreglo entre las partes, que es, sin duda, a lo que el señor Consejero se ha querido producir.

Pues esa transacción, concretamente, hay que hacerla a tres bandas, y no queda más remedio. Y tendrá que ser la Administración, tendrá que ser el actual adjudicatario, y tendrá que ser don Bernardo; no quedará más solución que hacerlo así. Ello, con los planteamientos que se tienen que producir en torno a que es una concesión de un servicio público, a que tanto la antigua normativa de contratación como la nueva normativa de contratación exigen, para que sea válida, entre otros requisitos, que el cedente haya explotado la concesión un determinado número de años, e incluso, desde el punto de vista formal, lo que habría que hacer sería un Decreto de la Junta de Castilla y León, previa consulta al Consejo de Estado... Porque ya que venimos aquí a debatir cómo hay que hacer la entrega, vamos a decirlo.

Y vamos también a decir una cosa, señor Consejero, vamos también a decir una cosa. Aquí se ha asegurado, por activa y por pasiva, que los ciudadanos de León han salido perjudicados. Y es una falacia, es una auténtica falsedad. Es una falsedad por lo siguiente: primero, porque han contado con un buen servicio, con una magnífica estación de autobuses perfectamente conservada, dirigida y perfectamente racionalizada. ¿Por qué no se le dio la concesión...? Que es que además existe aquí un informe al respecto, y vamos a leerlo, aunque sea brevemente. Entre otras razones, porque dice aquí que las tarifas que ofertaba el señor que ahora reclama eran más bajas, pura y simplemente porque hacían una estimación superior en viajeros y, en consecuencia, una estimación muy superior a los ingresos. Y aquí ya se asegura y se dice: hubiese sido más barato durante estos siete años. ¡O se habría marchado el concesionario porque era inviable la concesión para él!

¿Qué hubieran dicho entonces? ¿Qué hubiéramos dicho entonces, si concedemos? Pues la Junta de Castilla y León hubiese hecho mal, porque lo dio a una persona que entrañaba un grave riesgo. Eso es lo que estaríamos debatiendo aquí ahora. Es decir, por activa o por pasiva, de una manera o de otra, señor Consejero, aquí hay siempre que estar debatiendo, hágase lo que se haga, hágase lo que se haga. Primero, porque para eso estamos, para debatir, aunque siente mal, aunque siente mal. Y yo no voy a pedir disculpas, como han hecho otros Portavoces, yo no voy a pedirlas, porque estoy en mi legítimo derecho de hablar, lo que entiendo que debo de hablar, en razón a lo que mi Grupo señala.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Por favor, señores. El señor Aguilar está en el uso de la palabra, y, por lo tanto, tiene derecho, tiene derecho a que se exprese en los términos que estime conveniente. Y los demás, igual que hemos hecho antes, pues escucharle. Pero todos, todos. Por lo tanto, señor Aguilar, continúe usted en el uso de la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Verá usted cómo no es la última vez que me interrumpen. Ya lo verá usted, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor Aguilar, yo le ruego a usted que tampoco, tampoco facilite el que los demás lo hagan; se lo ruego, se lo ruego encarecidamente, señor Aguilar. Yo comprendo, yo comprendo que eso forma parte de su forma de entender el debate, y a mí no me parece mal, pero le ruego que usted también facilite a esta Presidencia el continuar con el debate en los términos que lo veníamos haciendo. Tiene la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente, si yo, de verdad, le facilito todo. Pero es que con poco que los anime, enseguida pican. Y realmente es tremendo. Pero voy a continuar en el debate, voy a continuar en el debate.

Aquí se ha hablado de corrupción, así, con estos... con estos términos. Ninguna. Eso, señor Consejero, es otra falsedad. ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde habla la Sentencia de corrupción o habla de prevaricación? ¿Aquí quién ha mencionado primero el Código Penal, este Portavoz u otros Portavoces? ¿Quién, incluso, ha citado preceptos de Código Penal, este Portavoz, u otros Portavoces? Es a lo que aquí se viene: a desgastar, bien sea con el Código Penal... Si aquí lo único que nos ha faltado en esta Sentencia es hablar del Derecho Canónico. Y no se ha hablado de milagro. Algún canon habrá por ahí, algún canon habrá por ahí, donde el ordinario de la diócesis se pueda implicar en algún tema de la concesión de la estación de autobuses. Y si no, ya lo veremos, señor Consejero. Pero aquí se ha hablado de corrupción impunemente, por algún Grupo Parlamentario, cuando yo no quiero recordar ni quiero citar casos que han sido y han existido en Ayuntamientos de ese Grupo, donde representantes de ese Grupo se han visto procesados y, en consecuencia, por decisiones administrativas muy similares a ésta. Aquí no va a producirse eso, porque aquí no ha habido corrupción. Se hizo mal la adjudicación porque lo dice la Sentencia. Pues miren ustedes, no hay más remedio, señor Consejero, que llevar adelante la ejecución de la Sentencia y, si es posible, transaccionarla. Nuestro Grupo Parlamentario apoyará esa transacción, porque será la mejor de las soluciones para los ciudadanos de León, para el servicio y, en definitiva, para las partes litigantes. Siempre, por supuesto, que a la Junta de Castilla y León eso le sea lo menos perjudicial. Porque si va a serle lo más perjudicial, lo tienen ustedes muy fácil, señor Consejero, y es: nuevo concurso, nueva adjudicación, reclamación por quién corresponda, y defensa de esas reclamaciones. Pero tal vez eso sea el deterioro del servicios, tal vez eso pueda ser el deterioro del servicio, y, por supuesto, a eso es a lo que no debemos llegar.

Señor Consejero, nada más significarle que a usted le ha tocado lidiar este asunto sin tener usted, por supuesto, ni arte ni parte en él. Que creo que razonablemente ha expuesto usted ante esta Comisión lo que la Junta de Castilla y León quiere hacer para solucionarlo. Que políticamente tiene esa solución y esa vía. Que nuestro Grupo, por supuesto, entiende que no hay ningún tipo de responsabilidad política en este asunto para nadie. Se produce una Sentencia como -repito- hay cientos de miles de sentencias, que anulan cientos de miles de resoluciones administrativas. Y, en consecuencia, y como no termina en esta tarde, ni en esta sesión, señor Consejero, este asunto, porque yo estoy seguro que habrá más comparecencias ya solicitadas, o aquellas otras que se puedan solicitar, para ver en qué términos discurre el acuerdo, o cómo se va a producir, o en qué condiciones, lógicamente, no vamos aquí a aventurar cuestiones de futuro.

Pero lo que tampoco podemos aquí afirmar es que la Coca-Cola pudiese haber valido más, o la Fanta o el Chupa-Chups vendido en el quiosco, por el hecho de que Estación de Autobuses, S.A., haya sido la concesionaria. Desde luego, llegar a esas consecuencias, y tener aquí a una Comisión Parlamentaria para obtener el precio de ese Chupa-Chups o de la bolsa de pipas, es absolutamente lamentable. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Aguilar. Tiene la palabra el señor Consejero.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Yo vuelvo a reiterar al Portavoz del Grupo de Izquierda Unida que no quiere usted entender lo dicho por este Consejero. El que adjudica no es el que resuelve el recurso de reposición; no es el mismo. Lo que pasa es que como el que resuelve el recurso de reposición es coherente con el anterior, resuelve de la misma manera. Pero no es el mismo, y eso es lo que usted no ha dicho, eso es lo que usted no ha querido decir.

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El informe jurídico se emite después. No se pide nunca, no se pide nunca informe jurídico después o antes de cada adjudicación. Y usted debería saberlo, porque usted ha sido Consejero. Lo que pasa es que ya no se acuerda, porque hace muchos años, hace muchos años. Sólo se emite el informe jurídico porque hay un recurso de reposición. Cuando hay una adjudicación normal, de las que hacemos habitualmente, en cada adjudicación no se hace el informe jurídico. Se hace el informe técnico. Pero, ¡hombre por Dios!, cómo puede decir usted eso, con los años que ha estado usted de Consejero.

Yo tengo que decir una cosa: no hay ilegalidad, no hay arbitrariedad; y me he estudiado el expediente. Hay discrecionalidad, que es un principio que usted tampoco conoce del Derecho Administrativo, ni tiene por qué conocerlo, pero que es así, es así. Hay discrecionalidad de la Administración a la hora de resolver un concurso de una manera o de otra. Pero no hay ningún tipo de arbitrariedad al hacerlo, porque se basa en los informes técnicos -que para eso están los técnicos- antes de hacer la adjudicación. Y además, es más, la Sentencia, si usted la lee, en ninguno... en ninguno de sus fundamentos, ni de los hechos, ni de los de derecho, en ninguno se dice que exista ninguna ilegalidad, ninguna irregularidad y ninguna arbitrariedad. No se establece ninguna cantidad, que usted ha dicho que se establecían; no establece ninguna cantidad, no establece ninguna cantidad. Y el señor De Prado no ha presentado ninguna reclamación de ninguna cantidad; no ha presentado. Y usted... bueno, pruébelo usted, presente usted el escrito a la Administración de este señor reclamando los millones que le corresponden por la ejecución de la Sentencia; preséntelo usted. Porque yo no lo conozco, y tendría que conocerlo y tendría que haberlo visto, porque he estado tres veces con sus representantes. O sea, que tendría que haberlo visto. Y no hay ninguna reclamación por su parte, ni siquiera ha pedido a los Tribunales la ejecución de la Sentencia. Eso usted lo debería de saber.

La responsabilidad política -yo le vuelvo a repetir- la asumo yo, del procedimiento, porque soy el titular de la Consejería donde está ese procedimiento en este momento. Y, por tanto, como la asumo yo, la voy a cumplir yo en los términos de la Sentencia. Y si, por lo que sea, se llega a un acuerdo entre las partes, pues se cumplirá de la misma manera la Sentencia. Porque usted sabe de sobra que aunque haya una Sentencia, si el que la ha ganado quiere negociar de otra manera, lo puede hacer perfectamente. Por tanto, en eso, ni usted ni yo podemos hacer otra cosa que respetar la voluntad de quien ha ganado la Sentencia. Y, desde luego, a lo mejor resulta que la Sentencia acaba cumpliéndose en sus propios términos, y así le damos a usted satisfacción; y el señor De Prado explota la estación y pone los precios más baratos, que es lo que usted dice, puesto que el anterior lo ha hecho más caro. También puede darse ese caso. Y entonces podrá usted analizar también cómo es la explotación con el señor De Prado. A mí me da igual.

Lo que está claro es que actualmente la estación de autobuses con los que la están explotando, la explotan muy bien. Y se está llevando perfectamente esa estación, y es una estación modélica, según dicen los expertos de esas cosas. Y, desde luego, es la mejor estación de Castilla y León en cuanto a la fórmula de explotación, y a la gestión, y a la limpieza y a todas esas cosas. Por tanto, a mí me da lo mismo quién explote la estación con tal de que se explote bien. Me da lo mismo que el señor De Prado la explote o que la exploten los que lo están haciendo ahora.

Y ¡hombre!, yo creo que al representante del Partido Socialista se lo digo otra vez, de otra manera: le gusta judicializar cuando le interesa la política; y en este caso hace al revés: politiza las sentencias judiciales. Pues, muy bien. Me parece muy bien, perfecto. Está en su derecho. Desde luego, efectivamente, yo creo que no debía usted haber planteado este tema aquí como lo ha hecho. Lo podía haber planteado de una manera pues más rigurosa, más seria y no con demagogia o con... para atacar al Gobierno Regional de la manera que lo hace. Yo creo que se puede también hacer lo mismo, pero con una forma más rigurosa y con unos argumentos de más peso, basados sobre todo en la Sentencia, ya que las está utilizando usted todo el tiempo.

Y, desde luego, vuelvo a repetirle: nunca se pide un informe jurídico en cada adjudicación, nunca se pide en cada adjudicación. Usted no los pedía y nadie los pide en estos casos, porque es normal que no se pida en esos casos. Se pide el informe jurídico, o se emite, cuando hay que resolver los recursos a las distintas actuaciones administrativas; y eso lo sabe usted. Y el siguiente Consejero no pide informe jurídico, sino que al recurso de reposición siempre se contesta con dicho informe. Eso es lo que hizo el siguiente Consejero al que emitió la adjudicación.

Por tanto, yo creo que usted cuando dice "no, es que por algo lo pediría"; no, no, si es que no lo pidió. Lo que hace es emitir un informe jurídico al recurso de reposición planteado. Por tanto, lo que hizo es cumplir únicamente el procedimiento administrativo.

Y desde luego, volver a hablar aquí de hipótesis, para llegar a las conclusiones que a cada uno le interesa, pues yo creo que lo podemos hacer todos. Dicen que las tarifas serían más bajas, que se habría ganado dinero, que no se habría ganado, que la Administración hubiera ganado más, o a lo mejor el señor De Prado... Ésas son las hipótesis que usted pone. Pero estamos hablando de hipótesis. Yo también puedo decir: a lo mejor el señor De Prado se hubiera marchado a la mitad, o se hubiera dado la... él mismo hubiera cedido la concesión a los que lo están llevando ahora. A lo mejor lo hubiera hecho al día siguiente. ¿Quién lo sabe? Lo que usted tiene que hablar es de hechos concretos, de hechos reales y probados, y no tanto de hipótesis de lo que hubiera podido pasar, de lo que se hubiera podido ahorrar, o de lo que hubiera podido costar. Nada más. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Consejero. Finalizado el turno de Portavoces, ¿algún Procurador no interviniente quiere tomar la palabra? Muchas gracias. Agradecemos al señor Consejero su presencia en estas... en esta Comisión. Y procedemos a dar lectura, por parte del señor Secretario, al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 262, presentada por el Procurador don Luis García Sanz, relativa a iniciativa en favor de las empresas con dificultades, y de promoción de empleo en la Comarca de Salas de los Infantes, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número sesenta y tres, de cinco de junio de mil novecientos sesenta y seis".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Secretario. Para su defensa, tiene la palabra el señor Portavoz de Izquierda Unida, don Luis García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Vamos a discutir una Proposición No de Ley, pues, como últimamente viene sucediendo en estas Cortes, con un retraso, pues, que en estos casos o en este... en esta iniciativa se puede considerar en algunos aspectos... en algunos aspectos de la propuesta, pues con la demora que se ha traído a debatir, pues, prácticamente inútil. Hay que tener en cuenta que es una propuesta presentada en mayo, en mayo del año pasado. Y eso pues dice realmente la voluntad política que hay aquí por parte del Grupo que gobierna esta Cámara, de realmente solucionar los problemas. Y máxime cuando... y máxime cuando...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Perdón, perdone, señor Luis García Sanz. Ruego a Sus Señorías guarden silencio para facilitarle la intervención del Portavoz. Tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Gracias, señor Presidente. Me refería a que, máxime, cuando uno de los puntos de la propuesta de resolución, pues, lógicamente se refería al momento que, en ese momento, estaban atravesando determinadas empresas de lo que nos estamos refiriendo, que es de la Comarca, en concreto, de la localidad de Salas de los Infantes, en la provincia de Burgos.

Era en ese momento, en mayo de... junio de mil novecientos noventa y seis, en el que dos empresas fundamentales de esta localidad pues estaban atravesando una situación de crisis, una de ellas ya con reducciones de plantilla importante en los últimos años, y otra de ellas prácticamente abocada al cierre, y que hoy en día ya se cierre... se encuentra totalmente cerrada. En aquel momento se planteaba, lógicamente, la adopción de medidas inmediatas para evitar ese cierre, pero... bueno, pues la evidencia fue que no se adoptó ningún tipo de medida y nos ha llevado a este desenlace.

Lo lamentable es que, por otro lado, tampoco se ha adoptado ningún tipo de iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León -que nosotros sepamos en este momento-, por el instrumento de que teóricamente se ha dotado a esta Comunidad Autónoma, como es la Agencia de Desarrollo Económico, para conseguir pues... lo que en su propia declaración u objetivos se plantea esta propia Agencia de Desarrollo Económico, que es dinamizar el tejido industrial, conseguir el desarrollo socioeconómico de la Región, contribuir a la cohesión económica y social de la Comunidad Autónoma. Y por referencias que este Grupo Parlamentario tiene, ningún tipo de iniciativas se ha adoptado, más allá -supongo que es lo que se va a contestar- de lo que son ya las líneas de ayuda a iniciativas.

Y en ese sentido, pues, la propuesta que se plantea es muy sencilla. El primer punto de la propuesta, pues, lógicamente, teniendo en cuenta ese desfase de nueve meses que nos encontramos de debate de la propuesta, yo creo que... No sé si algún día el Grupo mayoritario de esta Cámara tendrá interés de hacer eficaz estas Cortes, pues se tendrá que plantear realmente qué sentido tiene discutir nueve meses después de presentar una Propuesta de Resolución. Y así, lógicamente, en este caso... ¿Cómo dice usted? ¿Que es la Mesa de esta Comisión? No, quien sea, quien sea, quien gobierne estas Cortes. Quien gobierne estas Cortes, en definitiva, es quien toma la decisión. Que ya, de entrada, a mí me parece un poco chocante que se haya traído a esta Comisión, en definitiva, algo que se está planteando como dinamización del sector industrial. Pero bueno, a mí, si se trae a esta Comisión... El problema es de debate en estas Cortes, porque inicialmente está planteada para debate en Pleno; así se plantea en la Propuesta de Resolución. Se considera con suficiente entidad. Y, sobre todo, porque lo que nosotros también planteamos aquí es una Propuesta de actuación de la Agencia de Desarrollo Económico, que desde nuestro punto de vista no se está cumpliendo en absoluto, y que precisamente es el debate que constantemente desde este Grupo Parlamentario se plantea: la Agencia de Desarrollo Económico no está sirviendo ni con mucho a los objetivos y la filosofía que se planteaban en el Acuerdo de Desarrollo Industrial; está sirviendo, únicamente y exclusivamente, para uno de los objetivos que se planteaba, que era para recoger y distribuir las subvenciones que vienen de la Unión Europea; y, en algunas ocasiones, ni tan siquiera eso, con la eficacia que sería de desear.

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Y así pues, ése era el objetivo de plantearla en el Pleno. Alguien decidió que no era una Propuesta de Resolución... una Proposición No de Ley de la suficiente entidad para discutirla en Pleno, y el llevarla a una Comisión, o a ésta en concreto, pues conlleva esos nueve meses de retraso. Y por lo tanto, pues hace de alguna manera inoperativa el primer punto de la Propuesta de Resolución, porque una de las entidades... una de las empresas ya está cerrada; nadie evita o nadie puede impedir que se pueda volver a reabrir, si realmente hubiera iniciativas al respecto. Pero una de ellas está cerrada. La otra, con... lógicamente, nueve meses que no se toma ninguna iniciativa de ayuda, pues agudizada la crisis, los trabajadores, reducida la plantilla y con meses sin cobrar.

Y en el segundo punto es donde nosotros sí que queremos insistir, que son las actuaciones que consideramos que se deben de llevar por la Agencia de Desarrollo Económico, en el sentido de adoptar medidas que dinamicen realmente la situación de esta comarca; una comarca, que cualquiera que lo quiera... que lo pueda conocer, pues dispone de lo que cualquier analista que se quiera plantear el desarrollo socioeconómico, pues dispone de esa riqueza autóctona, dispone de unas infraestructuras más o menos adecuadas -por supuesto que mejorables-; dispone de otro elemento también fundamental como es, por ejemplo, del agua; y disponía del otro elemento fundamental, como es mano de obra cualificada, que, lógicamente, ante la falta de expectativas de puestos de trabajo pues está emigrando. No hay más que coger, por ejemplo, los censos de población y se ve que esta comarca está teniendo unos descensos de población importantes en los últimos años; hoy en día apenas alcanza, en lo concreto a la localidad de Salas de los Infantes, de dos mil habitantes, cuando ha tenido, pues, no hace más de diez años, cerca de tres mil.

Y así pues, ahí es donde nosotros planteamos esa iniciativa que se tendría que haber adoptado por la Agencia de Desarrollo Económico; que se adoptaran iniciativas más allá de lo que es la mera de repartir subvenciones que llegan de la Unión Europea, o de otro tipo; y donde se tendrían que adoptar iniciativas de cara a intentar adelantarse a situaciones de crisis que puedan adoptar empresas, facilitar las ayudas. Y cuando constantemente se está constatando en esta Comunidad Autónoma que no hay la suficiente dinamización de iniciativa empresarial para atender las necesidades de la sociedad a nivel de puestos de trabajo, lógicamente, la Administración Pública debiera adoptar -en este caso, la Agencia de Desarrollo Económico- un mayor... una mayor iniciativa.

Y eso es, precisamente, lo que aquí se está proponiendo. Es decir, que haya, en primer lugar, ese estudio de posibilidad de desarrollo de esa comarca. Que, lógicamente, no se limite única y exclusivamente la Agencia de Desarrollo a esperar cuáles son las subvenciones que se solicitan por las empresas, porque en este caso las empresas prácticamente están desapareciendo.

Y, en ese sentido, pues lo procedente sería que por parte de la Agencia de Desarrollo se promovieran iniciativas o se facilitara la inserción de empresas más allá de las actualmente existentes.

Y en este caso, pues no se trata aquí de descubrir la pólvora, ni tan siquiera de vulnerar la Constitución, ni de salirnos ni tan siquiera de lo que plantea el propio Estatuto de Autonomía. Se trata, por ejemplo, de tomar referencias que, sin entrar en otro tipo de consideraciones, están adoptando en alguna otra comarca, o algún otro territorio del Estado español, en donde, por ejemplo, iniciativas del Gobierno Vasco pues supone el que... descapitalización a veces de empresas, son de alguna manera ocupadas -por así decirlo-, a efectos de capitalización, por parte del Gobierno Vasco, y luego se le da una gestión privada -desde el punto de vista del Gobierno Vasco-, pero se consigue mantener ese tipo de empresas. Quiere decirse que, cuando se quiere y cuando hay voluntad política, se pueden solucionar las cosas de cara a conseguir que se mantenga la unidad productiva y, en definitiva, los puestos de trabajo.

Ésa es la iniciativa que se plantea aquí o, en definitiva, iniciativas que se pueden adoptar desde la propia Agencia de Desarrollo Económico, que no estamos viendo. Y eso es lo que se plantea en la Propuesta de Resolución. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Habiéndose presentado una Enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para su defensa don Francisco Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente.

Primero tenemos que hacer una matización... bueno, pues porque conviene así, a tenor de lo que hemos escuchado por parte del Procurador proponente de esta Proposición No de Ley. Y es que el Grupo Parlamentario Popular, como tal Grupo, no tiene ninguna... absolutamente ninguna responsabilidad en el trámite, ni de las Proposiciones No de Ley, ni de ninguna de las otras cuestiones que se plantean por los diferentes Grupos Parlamentarios para el debate, bien en Cámara, bien en Pleno, bien... perdón, en Comisión, bien en Pleno, etcétera. O sea, aquí, realmente, ese desfase del que usted nos habla no puede achacársele al Grupo Parlamentario Popular. Se le puede achacar, pura y simplemente, a la dinámica de funcionamiento de estas Cortes, que es como es, que están sobrecargadas, y que realmente, bueno, usted debiera conocer como yo -y como Procurador que somos los dos-, que, efectivamente, los temas llevan mucho retraso, hay cientos de preguntas; esta mañana hemos tenido Mesa y hemos despachado, pues, un buen montón de expedientes que estaban pendientes de trámite.

Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular aquí, poca responsabilidad tiene.

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Y dicho esto, Señoría, simplemente a efectos de una ilustración que sin duda su buen quehacer me va a permitir, le quiero decir que le doy las gracias porque ha hecho usted una verdadera defensa de mi Enmienda. A mí me queda ya muy poco por decir después de lo que le he oído a usted. Usted se ha convertido en el defensor de nuestra Enmienda; usted ha dicho que, concretamente, a la Junta... a la Agencia de Desarrollo debe de producírsele la correspondiente actuación, en el sentido de que promueve iniciativas, etcétera, etcétera.

Bueno, pues eso es lo que decimos nosotros, eso es lo que nosotros decimos sobre esta Enmienda; que yo creo que después de lo que usted ha dicho, y que ha cambiado usted completamente su discurso, con respecto a lo que es su Propuesta de Resolución y con respecto a las dos partes de su Propuesta de Resolución, no le va a quedar a usted más remedio que votar -aunque no se más que por esta vez y sin que sirva, por supuesto, de precedente-, pues, con el Grupo Parlamentario Popular. Porque nosotros estamos en la misma línea. Nosotros estamos diciendo que las Cortes de Castilla y León queremos que insten a la Junta de Castilla y León para que la Agencia de Desarrollo, en el marco de sus competencias -porque no puede ser otro, porque no hagamos demagogia ....., no puede ser otro más que las competencias que la Agencia de Desarrollo tiene concedidas por la Ley de Creación de la Agencia de Desarrollo-, pues que en el marco de sus competencias y con sus líneas de ayuda -que sin duda usted conoce, están ya publicadas en el correspondiente Boletín Oficial; me parece que hace un mes o mes y medio, aproximadamente, en unos treinta folios o treinta páginas del Boletín-, pues, a través de sus líneas de ayuda, se apoyen las iniciativas empresariales que favorezcan el empleo. Estamos de acuerdo con usted en apoyar todas las iniciativas empresariales que favorezcan el empleo y el desarrollo económico de la Comarca de Salas de los Infantes, en Burgos.

Y yo creo que usted, como lo ha dicho muy bien, y yo creo que como usted se ha percatado de que nuestra Enmienda es absolutamente buena y, por supuesto, mejora sensiblemente el texto que usted proponía, y es que las Cortes instasen a la Junta de Castilla y León para que por la Agencia de Desarrollo se promuevan actividades... que da a entender... es como si la Agencia de Desarrollo tuviese que poner las empresas o promover actividades, o promover talleres, o promover fábricas, o promover tal... Pues, en definitiva, yo creo que usted, al haber hecho ese cambio de discurso y decir realmente en su exposición que lo que trata es de que la Agencia de Desarrollo, evidentemente, promueva iniciativas para que en la Comarca de Salas de los Infantes se solucionen los problemas que han existido, como consecuencia del cierre de alguna empresa, sin duda va usted a votar favorablemente, y en ello confío. Porque, si no, no tendría sentido lo que yo le he oído decir a usted, igual que el resto de mis compañeros, en esta Proposición No de Ley.

Por lo tanto, la defensa, como la hecho usted, yo me limito simplemente a ratificarla, a decir que estoy totalmente de acuerdo con usted en que la Agencia de Desarrollo, evidentemente, sea quien apoye todas las iniciativas empresariales que favorezcan el empleo. ¿Cómo no?, si para eso está creada, si está en nuestro programa igual, que sin duda usted se lo ha leído y lo conoce perfectamente bien: la creación de empleo, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo no vamos a sentir nosotros, concretamente, que alguna empresa como Maderas Rica o Formatán, pues, evidentemente, hayan pasado por dificultades y hayan tenido, en algún caso, que cerrar, o en otro caso hayan tenido que reducir plantillas. Aunque no es menos cierto también que en la plantilla de la primera -y usted lo conocerá, sin duda, mucho mejor que yo-, diez o doce trabajadores han creado ya su propia serrería de madera y el Ayuntamiento concretamente les ha cedido una parcela a un precio simbólico -según tengo información- de 300 pesetas/metro cuadrado. Pues esos trabajadores a la Agencia de Desarrollo, si algo tienen que pedir, que cuentan, por supuesto, con el apoyo de todo nuestro Grupo Parlamentario y cuentan, por supuesto, sin duda, con el apoyo de usted.

Por otra parte, no olvidemos también, y tampoco es hacer aquí más que una mera reflexión al respecto, que es una zona, zona de pinares, concretamente, LEADER II con 1.100 millones de pesetas. Bueno, pues que también hay que intentar potenciar y promover a efectos de que se obtengan en esos recursos. Es decir, yo creo que usted ha hecho muy bien en cambiar su discurso, yo creo que usted ha hecho perfectamente bien en darse cuenta de que su propuesta de resolución no estaba perfectamente redactada. Todos cometemos errores, y, sin duda, usted lo cometió, porque pretendía usted que la Junta de Castilla y León adoptase iniciativas necesarias que contribuyan a aliviar la situación de las empresas, y luego después lo reiteraba usted para que la Agencia fuese la que promoviese actividades. Y entonces, ahora en su discurso ha hecho usted que para que la Agencia de Desarrollo promueva, concretamente, y apoye las iniciativas que se produzcan por quien fuere, a efectos de dinamizar esa Comarca de Salas de los Infantes, en Burgos.

Ésta es nuestra defensa, no puede ser otra, y por eso hemos tenido que enmendar, porque entendíamos que mejoraba el texto. Que, en definitiva, usted no se puede oponer a que esa Agencia de Desarrollo, en el marco de sus competencias legales, en el desarrollo de su actividad y en la exigencia que tenemos que tener todos los Grupos Políticos de que la Agencia ayude, de acuerdo con las líneas que tienen aprobadas los presupuestos de esta Comunidad Autónoma, cualquier iniciativa privada que sea un proyecto viable, que genere puestos de trabajo, que genere riqueza, que contribuya a minorar el paro, y que, en definitiva, Señoría, la Comarca de Salas de los Infantes se vea beneficiada.

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Por ello, le pido a usted -por si acaso yo le hubiera interpretado a usted mal- su voto favorable a nuestra Enmienda. Y le agradecería que, de ser así, podríamos retirar, en definitiva, debía usted de retirar la suya, la propuesta de resolución con las dos peticiones que hace usted a la Junta y, concretamente, a la Agencia de Desarrollo, en tanto en cuanto es a ésta a quien debemos de instar a que apoye, financie y, en definitiva, suelte los dineros para las empresas que se lo soliciten, que sean viables y que, técnicamente, sea posible concederles ese tipo de subvenciones.

Ahí nos tiene usted a su lado. En cualquier otra actuación que no sea ésa, y que suponga, simplemente, descrédito para la Junta de Castilla y León, o para la Agencia de Desarrollo, o en cualquier otra actuación que lleve a cabo mayor o menor demagogia, ahí nos tiene usted enfrente, Señoría. Por lo tanto, se lo piense, se lo medite, y vote en consecuencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Aguilar. Para consumir un turno, tiene la palabra el Portavoz de Izquierda Unida, don Luis García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Parece ser que no hay ningún Grupo mayoritario en estas Cortes y que aquí no hay ningún tipo de responsabilidad de quien decide dónde se discuten las Proposiciones No de Ley; ni hay una posición determinada, ni en la Mesa de las Cortes ni nada por estilo. Aquí parece ser que, a la hora de repartir los puestos, hay hasta bofetadas, pero, sin embargo, a la hora aquí de rendir responsabilidades de quién es de cada uno, nadie las asume. Es evidente que quien quiera ver las cosas que las vea, y el que no, pues, difícilmente le vamos a convencer cuando las cosas son tan evidentes. Una propuesta de resolución presentada al Pleno de las Cortes hace nueve meses, se debate hoy, y, lógicamente, la responsabilidad está en el Grupo que gobierna esta Cámara.

Y sobre la intervención de cara a la propuesta de resolución, pues se pretenderán hacer aquí todas las disquisiciones que se quieran con más o menos, o con una voluntad o con otra, que no vamos a calificar, pero que no deja de ser, pues, un intento de ridiculizar realmente lo que se plantea. Si realmente hubiera voluntad política de la Agencia de Desarrollo Económico de llevar a cabo lo que dice la propuesta, la Enmienda del Partido Popular, ya lo habría hecho. Es decir, si eso hubieran tenido intención de hacerlo, pues lo hubieran hecho, y hubiera tenido la solución. Y entonces, por lo tanto, si la Agencia de Desarrollo Económico, en aras de las competencias que tiene, y en aras de lo que dice la Enmienda de Sustitución que se plantea por parte del Grupo Popular, estaba la solución, pues, supone que el problema estaría solucionado ya. No tendríamos que plantear aquí ninguna propuesta para arreglar esta situación que está planteando.

Y en primer lugar, porque la Enmienda se plantea de sustitución. Y yo he dicho que una de las empresas está cerrada, pero no la otra. No sé si el señor Portavoz del Grupo Popular lo conoce, pero la otra empresa... en malas condiciones, pero sigue abierta, y, por lo tanto, el primer punto de la propuesta de resolución, aún con retraso, sigue teniendo su virtualidad, y, por lo tanto, en absoluto está en el ánimo de este Grupo el retirar el primer punto de la propuesta de resolución.

Y sobre el tema de que hay una vía de solución para el otro centro de trabajo, pues decir que es cierto que se han solicitado ayudas, pero que todavía están esperando esos trabajadores. Quiere decirse que... o realmente hoy se ha concedido esa ayuda a los trabajadores, porque inclusive el propio Ayuntamiento -del Partido Popular- hace meses que se comprometió a facilitar esas ayudas a los trabajadores, y esos trabajadores no han recibido contestación todavía; a no ser que haya sido hoy y tenga esa información confidencial el Grupo Popular.

Y sobre el tema de la propuesta en concreto, pues, que se intente ridiculizar lo que se quiera, y se intente, pues, confundir no sé a quién, porque aquí las cosas están clarísimas lo que cada uno piensa; no sé si usted pretende hacer un discurso ante su propio grupo para quedar... no sé de qué manera, o para justificar, simplemente, que han presentado una enmienda y tienen que justificar y hacer un discurso para sacarla adelante. Pero no se está diciendo lo mismo. Y si precisamente lo que se está planteando desde Izquierda Unida es que la Agencia de Desarrollo no está sirviendo para esos objetivos grandilocuentes que se planteaban: dinamizar el tejido industrial, contribuir al desarrollo socio-económico, conseguir un reequilibrio en el desarrollo del conjunto de la Comunidad Autónoma, pues aquí tenemos una comarca que, desde hace años, está teniendo un cierre paulatino de centros de trabajo, un declive poblacional y socioeconómico, y, sin embargo, no se está tomando ningún tipo de iniciativa.

Si tan maravilloso es ese programa del Partido Popular, que es la octava maravilla del mundo para solucionar todos los problemas, yo no sé cómo ustedes no han tenido en cuenta esos problemas que está atravesando esta comarca de la provincia de Burgos. Si tan maravillosos están considerados los objetivos de la Agencia de Desarrollo Económico, yo no sé cómo estamos aquí discutiendo este problema. Si tan sensibilizado está el Partido Popular en este problema y tiene un instrumento tan válido como es la Agencia de Desarrollo, yo no entiendo como no está solucionado este problema.

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En primer lugar, porque la Agencia de Desarrollo Económico, que ustedes la extrajeron en su valoración, o en su punto de vista y en su interpretación, del Acuerdo de Desarrollo Industrial, pues le han vaciado totalmente de contenido, tal como estaba contemplada en este Acuerdo de Desarrollo. No está sirviendo en absoluto como un instrumento de dinamización del tejido industrial, sino, una vez más -repito-, está sirviendo exclusivamente... y eso sí, también se planteaba como uno de los objetivos, pero uno de ellos, no exclusivo, sino uno de ellos, el repartir subvenciones. Pero se está convirtiendo, o se ha convertido exclusivamente en eso, en repartir subvenciones. Y ¿qué es lo que sucede en comarcas en donde, pues, no hay a quien repartir subvenciones?, porque las empresas o están abocadas... están en una grave crisis, otras han cerrado, y tiene que haber una iniciativa pública que demuestre que hay una posibilidad de viabilidad de esa comarca, porque, si no, dónde está el discurso de conseguir un reequilibrio de la Comunidad Autónoma, el evitar el despoblamiento de las zonas rurales, etcétera, etcétera. Porque eso también lo dicen ustedes, por lo menos, en campañas electorales. ¿Cómo se articula eso?

Y yo no hago demagogia. Esto no es demagogia. Esto es la realidad. La demagogia, pues, son los mítines que aquí... ayer algún Portavoz del Grupo Popular decía mítines; pues anda que no se han escuchado mítines aquí esta tarde por parte del Portavoz del Grupo Popular. Algún Portavoz del Grupo Popular tenía que venir a algunas Comisiones para escuchar a sus propios compañeros. Eso sí que es auténtica demagogia, el venir aquí a confundir una propuesta -que está clarísimo lo que se pretende-, con una actuación bastante más allá de lo que es mero reparto de subvenciones por parte de la Agencia de Desarrollo Económico, que es en lo que ustedes la han convertido. Porque ustedes, pues una vez más, y vendrá usted a decir... ustedes como no tienen ningún tipo de confianza en la capacidad de dinamización económica de la Administración Pública, pues ustedes se limitan única y exclusivamente a ese reparto de subvenciones.

Pero el discurso se les cae estrepitosamente cuando no hay a quien repartir subvenciones. Ante eso, ¿ustedes qué hacen? Nada, absolutamente nada. Y es así la evidencia palmaria. ¿Qué sucede en la Comarca de Salas de los Infantes con un descenso poblacional en los últimos años? Una comarca que, sin embargo, tiene una riqueza autóctona, como he dicho anteriormente, que tiene otra serie de requisitos de desarrollo, que cualquier -como he dicho antes- analista de desarrollo socio-económico los plantearía como una exigencia imprescindible para poder garantizar eso. Y, sin embargo, no se aprovecha, y no hay ningún tipo de iniciativa para dinamizar eso.

Es decir, cuando nosotros planteamos en Izquierda Unida la necesidad de una articulación territorial en base a las comarcas, lo planteamos precisamente para que no haya abandono de esta naturaleza. Y al final, con la política que ustedes están llevando a cabo, se convierte esta Comunidad Autónoma en cuatro o cinco núcleos poblacionales y el resto, coto de caza, y el resto coto de caza. Y alguien vendrá a cazar, pues se supone que los de siempre, exclusivamente. Pero eso es otro asunto.

Entonces, ustedes, con su enmienda, lo único que pretenden es confundir, no se sabe a quién, porque estamos aquí los que estamos. Y en definitiva, pues es, lógicamente, esa voluntad lo único... y sobre todo con el discurso y la manera que se ha presentado por parte del Grupo Popular. Y sobre todo cuando se plantea con una intención de sustitución; o una de dos: o no se conoce realmente cuál es la situación en estas empresas, porque el pretender eliminar el primer punto en la propuesta de resolución, cuando hay una posibilidad de ayuda y de reforzamiento de una de las empresas, pues eliminar esa posibilidad me parece pues eso, o desconoce realmente que hay esa posibilidad, o, si no, pues, solamente abunda el argumento utilizado anteriormente de pretender confundir, sin realmente tener voluntad de aportar soluciones a esta crisis que está atravesando esta comarca.

Y de momento, yo creo que no procede ningún otro tipo de intervención, sino simplemente, yo creo, por si ha quedado alguna duda, lógicamente, el mantener la propuesta de resolución presentada. Porque, evidentemente, en el primer punto sería, pues, evitar la posibilidad de que hubiera unas ayudas directas al reforzamiento de esas empresas. Y en el segundo punto consideramos que el papel que está jugando la Agencia de Desarrollo Económico no satisface la necesidad de esta comarca, y que, por tanto, creemos que puede ser perfectamente... es decir, hacerse no una autocrítica; simplemente valorar que tiene que haber, bien por parte de la Agencia de Desarrollo Económico, por la Junta de Castilla y León con carácter general, las actuaciones pertinentes para conseguir que en esta comarca se sienten las bases de un desarrollo que hoy en día no existe; es más, no un desarrollo, sino evitar el declive que hoy en día está sufriendo esta comarca. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor García Sanz. Para un turno de réplica, tiene la palabra don Francisco Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muy brevemente, señor Presidente. No es nunca, nunca, la intención de nuestro Grupo, ni la intención de ninguno de los Portavoces de nuestro Grupo, ni tampoco la intención de este Portavoz, ridiculizar o tratar de ridiculizar ninguna de las intervenciones de ningún otro Procurador de estas Cortes de Castilla y León. Si el sentimiento victimista que usted casi siempre aduce en torno a las intervenciones, cuando son como la que yo he producido, sigue usted manteniéndolo, pues llegará usted a creérselo, tal como yo le acabo a usted de oír. Pero, en definitiva, no es ésa la intención. A partir de aquí, dicho esto, opine usted como le venga en gana, porque está usted en su libertad y en su libre derecho de hacerlo.

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Mire usted, Señoría, hemos presentado una enmienda tan clara como que queremos que la Agencia de Desarrollo de esta Comunidad Autónoma, por supuesto en el marco riguroso de sus competencias, en sus líneas de ayuda también rigurosas, apoye iniciativas empresariales para el desarrollo económico de la Comarca de Salas de los Infantes. Y va dirigido a eso.

Y yo le acabo de oír a usted, concretamente, que hay algunos peticionarios ante la Agencia de Desarrollo que, efectivamente, todavía no han recibido la ayuda a la subvención. Pues para eso está nuestra propuesta de resolución también, para instar a que también a esos señores, si lo tienen hecho, se lo den.

¿Que usted lo interpreta de otra manera? Si yo no le voy a sacar a usted, ni es mi pretensión, y no quiero hacerlo, además -porque sería absurdo por mi parte-, sacarlo de ese convencimiento intervencionista a ultranza que usted tiene. Pero si yo ni lo pretendo, ni, por supuesto, pasa por mi imaginación. Porque lógicamente tengo que respetarlo. Pero es que la situación que usted presenta de catastrofismo, de que la Agencia de Desarrollo no cumple, por supuesto, con sus fines; de que nosotros lo que repartimos son subvenciones; de que usted lo que hace aquí es una crítica de la Agencia de Desarrollo, cuando hemos venido a hablar de soluciones para la Comarca de Salas de los Infantes. Pues no deja de ser paradójico que con unos simples datos que yo... bueno, tengo aquí, le voy a dar a usted conocimiento de ellos. Sin duda usted los conocerá usted mejor yo, porque sé que ha estado usted allí, en Salas de los Infantes, en algún momento hablando de estos temas, y, por supuesto, hablando con las personas que a usted le ha convenido. Yo no, pero por supuesto me he preocupado de obtenerlos, y son los siguientes.

Señorías, Maderas Rica tenía treinta operarios en su plantilla, y Formatán tenía y tiene veinte trabajadores. Esta última va mal y, por supuesto, la anterior -al parecer- tuvo que cerrar. Bueno, pues bien, de la plantilla de la primera, concretamente entre diez o doce trabajadores, diez, doce trabajadores han creado una empresa de serrería de madera. Ojalá sean esos señores los que hayan pedido aquí a la Agencia de Desarrollo, y nos preocuparemos, porque es nuestra obligación y la de la Agencia, que se cumplan los requisitos de creación de la Agencia y la normativa de la Agencia, se le facilite... no se le reparta la subvención, se le facilite, si el proyecto es viable técnica y jurídicamente, etcétera, etcétera.

Hay otros cuatro o seis operarios de Maderas Rica que también han montado un taller de afilado de herramientas industriales y agrícolas, y también con ayudas y subvenciones oficiales.

Y por último, señalarle a usted que hay otras empresas pequeñas, como Areniscas de Arlanza, dedicada -como creo que es fácil de deducir- a la transformación o a la elaboración de la piedra. A Maderas Martín, dedicada a la fabricación de muebles, que ha ampliado su plantilla recientemente y que, sin duda, usted conocerá mucho mejor. Una empresa panificadora denominada "La Serrana", con creación de quince puestos de trabajo, todas ellas ubicadas en Salas de los Infantes.

¡Hombre!, yo no dudo que el cierre de una empresa es muy lamentable. Hombre, yo creo que hay que procurar que ninguna empresa cierre. Entendemos que hay que apoyar a todas las que podamos. Pero es que el panorama que usted nos presenta de presión, de no sé qué, no sé cuál, cuando se están creando empresas, cuando los trabajadores están -y esto hay que aplaudirlo 100%- creando su propia industria, y están recibiendo ayudas y subvenciones oficiales, no me... no entiendo, no alcanzo a comprender dónde usted puede ver nuestra intervención como tratar de ridiculizar la suya, o de que la Agencia de Desarrollo se ha puesto aquí únicamente para venderla en campaña electoral, y que, en definitiva, repartimos subvenciones, y que no cumplen su objetivo.

Yo sé que ésa es su idea. Si yo no le voy a convencer a usted de nada, si lo tengo muy claro. Pero yo le querría llevar a usted a que se bajara usted un poco de ese radicalismo que le caracteriza, y que... de ese radicalismo que le caracteriza, y, en definitiva, pudiésemos entrar en este diálogo -que yo le propongo a usted- de aceptar una enmienda de sustitución a una Proposición No de Ley en la que usted pide que sea la Agencia de Desarrollo la que haga el taller o promueva tal... Claro, que es su criterio político.

Yo sé que a usted le gusta eso, que la intervención pública lo sea en todo, pues en el taller, en la empresa, en la tienda de ultramarinos -si es que existe-, en el supermercado, tendríamos que hacer de todo. O sea, esto es una cosa clara que ustedes van por ahí. Nosotros no. Y, claro, a ustedes así les va, y a otros les va un poco mejor. Pero, en definitiva, bueno, hay que aceptar la realidad de las cosas.

Por lo tanto, Señoría, simplemente señalarle que le hago a usted nueva petición de que, de la lectura de nuestra Enmienda, se puede llegar a un término aceptable muy beneficioso para la Comarca Salas de los Infantes. Y que yo, por supuesto, si alguien me pregunta, me gustaría no tener que decir que hubo un Procurador de Izquierda Unida que no le interesó demasiado la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de apoyo a esa comarca -que usted plantea- tan deprimida, que yo no creo que sea tanto, y que optó usted por defender sus tesis políticas y sus tesis ideológicas por encima de la realidad.

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Bueno, si es así y lo tengo que decir, lo digo. Pero yo le quiero pedir a usted, nuevamente, el que usted reflexione y, de acuerdo con su discurso primero, trate usted de ver si encaja en nuestra Enmienda de Sustitución. Porque lo que no podemos aceptar es el que se diga ahora que la Agencia de Desarrollo promueva actividades en la comarca, o que la Junta de Castilla y León alivie, alivie -esa expresión de alivio-... tenemos que aliviar la situación de empresas con dificultades. Eso sí que es repartir subvenciones, lo que usted pide aquí: aliviar; eso sí que es repartir. No se reparte por nada, ni se tiene que aliviar como obras de caridad. No, no, no. A las empresas hay que exigirles que sean rentables, que funcionen y que, en definitiva, ¿eh?, puedan por si mismas sacarse adelante.

Por lo tanto, Señoría, nosotros no vamos a poder votar su Propuesta de Resolución. Y vamos a votar en sentido negativo. Y no le tengo a usted más que señalar que creíamos haber dado... bueno, con una fórmula que a usted tal vez le hubiese podido hacer reflexionar, y hubiese podido usted aprobarla. Pero vemos que no, que no le interesa a usted, por supuesto, en la medida que a nosotros -no digo que a usted no le interese globalmente, sino bajo nuestra perspectiva-, el que ahí, en esa... en Salas de los Infantes la Agencia de Desarrollo fuese instada para que, efectivamente, a través de su cauce legal, produjese una dinamización de las actividades y de ese tejido industrial, que no está tan perdido, bajo mi punto de vista, como usted lo plantea.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Para el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Fernando Benito.

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista a esta Proposición del Grupo de Izquierda Unida, que pueda parecer excesivamente localista o detallista. Pero para nuestro Grupo Parlamentario, pues, el analizar a veces problemas de este tipo, zona por zona, debe hacerse huyendo de los particularismos, y así mismo... y por varias razones: fundamentalmente porque se conoce la realidad de manera más exacta; y segundo, que para el debate se puede enriquecer con la participación de todos los implicados.

Yo estoy bastante sorprendido del debate al que acabo de asistir, por dos razones fundamentales: seguramente el Portavoz de Izquierda Unida -porque hace mucho tiempo que se presentó esta Proposición- no ha incidido en el calado profundo que tiene la Proposición en el punto primero. Y estoy bastante más sorprendido, desde luego, de que el Portavoz del Grupo Popular, pues, haya querido simplificar que todas las competencias, en una zona de desarrollo, las tiene la Agencia de Desarrollo Económico. Y, por lo tanto, ya que es una Proposición concreta, lo que correspondería, en una mera dialéctica razonable y sensata, sería analizar las causas de lo que allí pasa, y ver de verdad si la solución la tiene la Agencia o no sólo la Agencia.

El Grupo Parlamentario Socialista, si la solución la tuviera la Agencia, no tendría el más mínimo empacho en votar a favor de la propuesta de sustitución del Grupo Popular, defendiendo que es la Agencia la que tiene que incidir en el desarrollo económico de la Comarca de Salas. Pero como tenemos no sólo serias dudas, sino voy a intentar demostrar que no es el caso, pues no podemos apoyar esa enmienda y, por lo tanto, apoyaremos la enmienda de Izquierda Unida... la Proposición de Izquierda Unida.

Y por una razón: porque las causas por las cuales en una Comarca como la de Salas de los Infantes se produce una bajada en el empleo y, por lo tanto, una pérdida en las industrias son varias. La primera, desde luego, son las empresas madereras, pero, claro, las empresas madereras no pierden empleo porque tengan una crisis industrial ajena a la producción forestal.

Aquí, en esta Cámara, se aprobó hace aproximadamente hace seis meses, en el Pleno, una Proposición No de Ley según la cual la cogestión de los montes y sus aprovechamientos se haría conjuntamente con las Entidades Locales; cuestión que fue aprobada por el Grupo mayoritario y que hasta la fecha no se ha hecho nada. Y tiene mucho que ver porque, como ha ocurrido sistemáticamente en varias proposiciones a lo largo de estos meses, hay municipios de la zona que no se les están concediendo los aprovechamientos forestales. Difícilmente las empresas pueden tener algún tipo de competitividad, si desde la propia Administración se les está causando problemas en la gestión y cogestión de los montes.

Ésa sería una primera razón que sí tiene que ver con la Agencia de Desarrollo en el programa industrial, pero no con la Agencia de Desarrollo en el tema productivo.

Pero es que hay otras tres actuaciones, a modo de ejemplo, que demuestran que el desarrollo económico de la zona depende de otros departamentos de la Junta de Castilla y León. En primer lugar -por recordar algo-, el problema de las inversiones públicas en la zona. El problema de las inversiones públicas en infraestructura... yo comprendo que el señor Aguilar, que no es de la zona, no sepa lo que pasa, pero es que el problema de infraestructuras y de carreteras en la Comarca de Salas es histórico, y conocido, y reiterado en los medios de comunicación desde hace muchísimos años. Por lo tanto, es un problema que no afecta sólo a la Agencia de Desarrollo Económico; ahí hay un ejemplo en el cual no es así.

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En segundo lugar, el aplazamiento de programas y proyectos de interés público. Es que ahí tenemos una presa que lleva dando vueltas desde hace mucho tiempo, como es la Presa de Castrovido, que se podrá discutir o no su emplazamiento y su utilidad, pero, en cualquier caso, es un motor de desarrollo, por lo menos en el desarrollo económico de la zona, y que no afecta a la Agencia de Desarrollo Económico.

Y en tercer lugar, pues el ahogo financiero que está sufriendo en esta zona un proyecto de desarrollo rural, que es el LEADER II. El LEADER II de la zona de Arlanza, enclavado, fundamentalmente, en Salas de... Y por darle un dato al Portavoz del Grupo Popular, y al Grupo Popular, les diré que es tal el ahogo económico que hace exactamente un mes que ha dimitido el CEDER de este LEADER II, es decir, la sociedad que gestiona el LEADER II, por ahogo y estrangulamiento económico por parte de la Junta, como fue denunciado en el Pleno de hace escasamente diez días.

Si estos tres ejemplos no sirven para demostrarle que la afirmación taxativa de que sólo la Agencia es la competente del desarrollo de la zona y, por lo tanto, la Enmienda de sustitución tiene plena vigencia, pues, en fin... yo creo en las matemáticas, pero esto ya sería superior a las matemáticas.

Le pongo tres ejemplos en los cuales tiene que ver, uno con medio ambiente, otro con agricultura, y otro con fomento, y que no están en ninguna de las líneas de actuación de la Agencia de Desarrollo Económico, ni ahora ni previstas. Y no pueden estar porque son temas de Fondos Estructurales y fuera de la Agencia de Desarrollo Económico.

Consecuentemente, a nosotros nos parece que el desarrollo rural, que no es otra cosa que crear empleo y modernizar la economía, basada en diversificar el tejido productivo de estas zonas -que es lo que, al fin y al cabo, trataríamos de lograr todos-, el desarrollo rural de una zona como la Comarca de Salas, pues, debe de tener un enfoque distinto al que se le quiere dar: un enfoque... en la Junta de Castilla y León, un enfoque integrado por partidos, sindicatos de la zona, instituciones, de una manera integrada.

Segundo, aprovechar las sinergias que hay de abajo a arriba, no sólo una planificación centralizada, sino estamos hablando de zonas concretas y, por lo tanto, lo que exige es, de alguna manera, el oír a los interesados de la zona.

Y en tercer lugar, claramente, esta segunda apreciación nos llevaría a decir la necesaria cofinanciación privada. Es necesario que la iniciativa privada de la zona pues crea en estos proyectos; si no, pues sería una pata que le haría insostenible.

En consecuencia, nosotros creemos que la Proposición presentada por el Grupo de Izquierda Unida tiene toda su vigencia, porque en el párrafo primero lo que dice es exactamente que la Junta tome las iniciativas necesarias; la Junta, no la Agencia. Y en segundo lugar, por particularizar -entendemos- a los problemas de dos empresas forestales, que su causa original no es sólo de tipo industrial, particularizar en la Agencia de Desarrollo Económico que tome actividades encaminadas a motivar el desarrollo económico de la zona; lo cual nos parece bien, pero, desde luego, es en un plano una vista muy parcial del problema.

Desde luego, como no se hace desarrollo rural en la Comarca de Salas es haciendo la modificación presupuestaria que tengo aquí delante, con fecha seis de noviembre del año noventa y seis, que se le quita al desarrollo rural 130.000.000 de pesetas para pasarlo a otros asuntos. Y esto sin dar anticipos a los programas LEADER, y ocasionando el estrangulamiento, por ejemplo, del Programa de Desarrollo Rural LEADER II de la zona de Arlanza, en Salas de los Infantes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el Proponente, don Luis García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Como es lógico y como consecuencia de lo que habíamos comentado anteriormente, pues mantenemos el texto de la Propuesta de Resolución con los dos puntos que se planteaban, agradeciendo la clarificación que ha supuesto la intervención del Portavoz del Grupo Socialista. Lo que realmente se pretende con esta Proposición, y que -como ya he dicho antes- pues se ha querido minimizar con la intervención del Grupo... con el Portavoz del Grupo Popular, en donde, pues lógicamente, su Propuesta de sustitución lo único que pretendía era seguir con lo que hay; es decir, nada.

Es decir, si hasta ahora se está planteando aquí un problema es porque la actuación de la Agencia de Desarrollo Económico está resultando absolutamente inútil, y la actuación de la Junta, con carácter general, está resultando absolutamente inútil en solucionar los problemas en esta comarca.

Y es precisamente para salir de esta situación, es lo que se planteaba, que hay que adoptar iniciativas para solucionar este problema. Porque otros argumentos que se han utilizado antes, de cara a que algunas empresas están funcionando, pues sólo faltaría que se hubieran agotado todas las empresas, porque entonces no solamente tendríamos descenso poblacional, sino que tendríamos pues una eliminación total de la comarca.

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Es decir, no se trata aquí de hacer una relación de las empresas que existen en la Comarca o en Salas de los Infantes -por todos conocida-, sino lo que estamos planteando es que hay empresas que han desaparecido, que hay empresas que tienen dificultades, que estamos en una comarca con un declive poblacional evidente -no hay más que coger los censos poblacionales-, y, ante eso, la Junta de Castilla y León algo tendría que hacer. Y no se está haciendo nada, no se está haciendo nada, nada más que repartir subvenciones. Y eso es lo que está haciendo la Agencia de Desarrollo Económico, y eso se está manifestando, evidentemente, inútil para ese tipo de problemáticas.

Y ante eso no hay ningún tipo de catastrofismo. Es la realidad social. Es la realidad social de hablar con los trabajadores, de hablar con los ciudadanos de esa comarca, y que tienen que emigrar, que tienen que emigrar de esas comarcas, y volver pues en vacaciones, volver los fines de semana, o volver en otras épocas, pero no poder desarrollar su vida sociolaboral allí donde han nacido. Ésa es la realidad social, y para eso hay que conocerlo, y para eso hay que salir de los despachos.

Y se puede considerar lo que... como se quiera calificar las cosas, pero para solucionar los problemas que tienen una cierta profundidad, pues no hay que ser más que... necesariamente ser radical, en el sentido que tiene el término de radicalismo; es decir, ir a la raíz de los problemas. En ese sentido, es radical este Grupo Parlamentario, este Procurador, en que nos gusta ir a la raíz de los problemas; no quedarnos en las demagogias de las campañas electorales, no quedarnos en las fotografías propagandísticas que dan muchos votos pero no resuelven ningún problema, y por eso vamos a la raíz de los problemas. En ese sentido somos radicales y no hacemos dejación, ni nos consideramos en absoluto descalificados porque se nos atribuya ese tipo de calificativo con esa acepción. Vamos a solucionar los problemas partiendo de su raíz, y por eso nos consideramos radicales.

Y, hombre, no es cuestión de que aquí se pretenda que todo lo tenga que resolver el sector público, pero es que, desde su punto de vista, el sector público no tendría que hacer nada. Ésa es la diferencia fundamental. Ustedes están dispuestos a privatizar absolutamente todo, desde cuestiones tan elementales como el tema del agua, la sanidad, la enseñanza, las infraestructuras, absolutamente todo. Y cada vez tenemos más pruebas evidentes de ello. Y no vamos a poner aquí ejemplos, que desde los medios de comunicación, o de posicionamientos que el Grupo Popular ha tenido en estas Cortes, se demuestra de manera palmaria todo ello.

Y una vez más, pues, lógicamente, se pretende ridiculizar lo que es la defensa del sector público, o de lo que es el protagonismo del sector público en sectores estratégicos, en donde este país tiene una intervención menor que la media de la que hay en la media... en la Unión Europea; y difícilmente se podrá considerar a estas alturas a la Unión Europea de que lleve adelante una política económica intervencionista, intervencionista.

Pues da la casualidad que aquí tenemos un papel público, del sector público, en el conjunto de la economía, inferior a la media de la Unión Europea. Y en sectores estratégicos, bastante inferior. Y aquí, por desgracia, inclusive a nivel... no hablemos ya de prestaciones sociales y demás, en donde, lógicamente, la contribución desde los presupuestos del Estado en prestaciones sociales, etcétera, pues está bastante lejos en puntos sobre el Producto Interior Bruto de lo que es inclusive también la media europea.

Así pues, como no ha habido voluntad, pues difícilmente vamos a poder desde aquí salir con un mensaje de ilusión hacia los ciudadanos de esta comarca, por parte de quien está gobernando en este momento. Porque lo que habrá que decirles es que esto es lo que hay, y que si realmente quieren cambiar las circunstancias, pues habrá que cambiar de gobierno y habrá que cambiar de política que se aplique. Porque quien está en las Cortes gobernando, quien está gobernando en la Junta de Castilla y León, lo que considera acertado es la política que está aplicando, a pesar de que eso conlleve pues el declive poblacional y el declive socioeconómico de una comarca, en este caso, con un potencial económico muy alto, como es la Comarca de Salas de los Infantes, con un potencial de desarrollo que se está desaprovechando, y que a eso, una vez más, pues no hay más que calificarlo, y aunque se considere como sea, ¿eh?, inhibición política y de falta de preocupación de lo que sucede más allá de lo que son las campañas electorales, y lo que sucede más allá de la propia capital de esta Comunidad Autónoma.

Y ahí pues, lógicamente, esperemos que cuando haya las próximas campañas electorales el Partido Popular volverá a preocuparse muy mucho de estas comarcas, pero mientras tanto, posiblemente, ahí haya que elegir menos concejales, contribuyan con menos votos a la elección de los Procuradores del Partido Popular, e igual, por lo tanto, se tenga que preocupar menos de ir por esas comarcas a la obtención de votos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Finalizado el debate procedemos a someter a votación la Enmienda... perdón, la Proposición No de Ley en sus propios términos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?

Resultado de la votación: tres votos a favor, diez en contra... tres votos a favor, diez en contra. Queda, por lo tanto, rechazada la Proposición No de Ley.

Se levanta la sesión.