DS(C) nº 234/4 del 29/4/1997

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Señor Presidente, por Izquierda Unida, Luis García sustituye a José Luis Conde.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): ¿Partido Socialista?

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Don Cipriano González sustituye a don Jaime González.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente. Don Felicísimo Garabito sustituye a don Juan Vicente Herrera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias. Primer punto del Orden del Día. Dése lectura, por el señor Secretario, al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Primer punto del Orden del Día: "Pregunta con respuesta Oral formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez, relativa a las causas de la no ubicación de la empresa Ecocarburantes Españoles, Sociedad Anónima, en Valladolid".

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias. Para la formulación de la Pregunta, señor Díez Alonso, tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muchas gracias. Como dicen los Antecedentes de la Pregunta, con motivo del cierre de la empresa "Santa Bárbara", cuando se constituye la sociedad Eurocarburantes Españoles, en su Acta de construcción se determina que vendrá a instalarse a Valladolid para absorber parte de la plantilla que iba a quedar excedente como consecuencia del cierre de Santa Bárbara.

Lo cierto es que ha pasado el tiempo más que suficiente para que se hubiera instalado esta empresa, y... pues han llegado noticias de que esta empresa no se iba a instalar en Valladolid y que esta empresa se iba a instalar en Murcia.

Y, en consecuencia, pues lo que queremos saber es qué gestiones se han hecho para que este proyecto se hubiera materializado, al margen de que en este momento el problema laboral de los trabajadores de Santa Bárbara parece que está encauzado, es decir, que lo cierto es que la recolocación no parece que en este momento sea un problema. Pero, en cualquier caso, era una empresa que, cuando se constituyó, su planteamiento es que se iba a ubicar en Valladolid. Y nos parece que lo otro que ocurrió, de que pudieran recolocarse en otra empresa distinta, fue una cosa meramente circunstancial, que vino bien, pero que si no hubieran sido los trabajadores de Santa Bárbara, hubieran sido otros los que se hubieran colocado en esta empresa diferente. Y, en consecuencia, nos parece que el proyecto de instalar Ecocarburantes en Valladolid, pues, hubiera sido necesario, en la medida de que al absorber los trabajadores que se colocaron en otra empresa, fueron puestos de trabajo que se perdieron para la provincia de Valladolid y, en consecuencia, para Castilla y León.

Por ello, la pregunta está dirigida en que ¿qué información tiene la Junta respecto a la ubicación de esta empresa? ¿Qué causas son las que han motivado que al final no se ubicara en Valladolid? Y ¿qué gestiones ha realizado la Junta para que esta empresa se ubicara en Valladolid?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Alonso. Para contestación, señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Buenos días. Gracias, Presidente. Señorías. Cuando este Consejero se hizo cargo de la Consejería de Industria, la Empresa Nacional Santa Bárbara había iniciado ya una reestructuración que venía siendo... que fue diseñada tiempo atrás y que estaba prácticamente materializando.

Dentro de esa reestructuración, afectó -como dice Su Señoría- a los centros en Valladolid, y tuvo dos acciones en concreto: uno, que fue la puesta en funcionamiento de Febesa, en Valladolid; y otro, la puesta en funcionamiento de otra factoría, la puesta en marcha de Alfacel, en Dueñas. Así como la otra decisión que tenía la Empresa Nacional Santa Bárbara fue la del mantenimiento del proyecto y las inversiones en la empresa de armamento de Palencia.

Con estos proyectos, las dificultades por las que atravesaba la Empresa Nacional Santa Bárbara, en cuanto a la recolocación de los trabajadores, quedaba prácticamente resuelto, a falta únicamente de un grupo reducido de trabajadores que tenían pensado otro destino sobre ellos.

Esta misma empresa abordaba en el territorio de nuestro país otra serie de reestructuraciones. Y es cierto que existía, se habló en aquellas fechas de la posible implantación de una planta de bioetanol, dedicado a la obtención de este aditivo ecológico para gasolinas sin plomo, a partir de cereales ricos en almidón.

Este proyecto, que se había llevado a cabo por una sociedad que se denomina "Eurocarburantes", y del que tuvimos conocimiento -como digo-, tenía posibles ubicaciones -y en aquellos... en aquellas fechas así se me transmitió- de varias alternativas de otras Comunidades Autónomas; en concreto, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Murcia.

Desde la Consejería hemos mantenido distintas reuniones en orden a facilitar la instalación en nuestra Región de esta empresa, ante la oportunidad que suponía el proyecto, no solamente porque se iba a desarrollar, de implantarse en nuestra Región, junto al lugar de obtención de la materia prima -granos de maíz y cebadas especiales-, sino también por la existencia de una mano de obra adecuada.

Estas gestiones no solamente supusieron, pues, numerosos escritos -que... que tengo y que puedo ..... a Sus Señorías- que crucé, que intercambié con el Presidente de la empresa, señor Casanova, en el mantenimiento de varias conversaciones también telefónicas; incluso en la visita del propio Presidente de la Sociedad Nacional "Santa Bárbara" -que hizo a nuestra Comunidad Autónoma el veintitrés de julio del noventa y seis-; así como distintos encuentros con organizaciones sindicales. Incluso este proyecto fue defendido por este Consejero en el Consejo Territorial de la Agencia Industrial del Estado, en cuyo Consejo también he venido recibiendo puntual información y he realizado diversas gestiones con el Presidente de la Agencia Industrial el Estado.

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Después del estudio de las diferentes alternativas, la sociedad Eurocarburantes, S.A. -que está participada, entre otras, por el Grupo Abengoa, Santa Bárbara, Ausini, Idae y Ansa-, ha decidido instalarse en Murcia, según se nos ha informado recientemente. Y, fundamentalmente, por tres motivos: el primero, por el alto coste que supondría el traslado del bioetanol -sustancia inflamable- a las refinerías situadas en la costa; en segundo lugar, por el compromiso de la Empresa Nacional Santa Bárbara de la absorción del excedente de mano de obra que tiene en aquella Comunidad, de difícil reubicación en dicha Comunidad; y asimismo -y ha sido determinante-, porque el cliente fundamental de esta empresa -que, por razones obvias, omito su denominación- exigió que se ubicara entre Cartagena y Tarragona, y en zona portuaria.

Estos son los tres motivos que nos ha trasladado la Empresa Nacional Santa Bárbara, que han sido determinantes en la sociedad no... Santa Bárbara, sino en Eurocarburantes, para tomar esta decisión.

Nosotros, en la actualidad, nos encontramos en conversaciones, tanto la Consejería de Agricultura como mi propia Consejería, en orden a realizar ese suministro de materia prima, y ya hay contactos. Y, además, estamos estudiando la posibilidad de otros proyectos alternativos que pudieran implantarse y desarrollarse en nuestra Región, ya que entendemos que existe un mercado suficiente para desarrollar esta iniciativa. Nada más, Señoría.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. En turno de réplica, señor Alonso.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Yo agradezco la explicación del señor Consejero y, sobre todo, de la oferta que hace de que en el futuro es posible que otras empresas se instalen.

Pero lo cierto es que a la pregunta concreta que hoy planteaba, pues, se me contesta con bastantes generalidades. Y, desde luego, lo que sí que es cierto y es una realidad, no es un proyecto de futuro -el proyecto de futuro, estaremos todavía por ver en qué quedan-, lo que es cierto es que en el Acta de constitución de la empresa Ecocarburantes Españoles dice que "el proyecto, de llevarse a cabo, lo que conllevaría la correspondiente nueva solicitud al Consejo, prevé la incorporación entre ochenta y cien personas procedentes de la fábrica de Santa Bárbara en Valladolid". Es decir, que estaba claro que el planteamiento es que esta empresa se ubicara en Valladolid.

Como le decía antes, ha habido la suerte de que han venido otras empresas -esas que usted nos apuntaba antes, Febesa- y han venido bien para dar salida al excedente de Santa Bárbara; pero lo cierto es que el planteamiento era en Valladolid y la empresa al final se va a Murcia. En consecuencia, en Murcia estarán muy contentos; pero, desde luego, aquí no tenemos ninguna realidad con este tema, porque no nos satisface el que una empresa que estaba prevista el ubicarse en Valladolid, y concretamente en nuestra Comunidad Autónoma, pues termine yéndose a otra Comunidad.

Desde luego, yo no dudo que en Murcia tengan problemas de empleo, pero aquí también. Es decir, como usted sabe, la demanda de empleo en la Comunidad asciende a ciento ochenta y ocho mil personas, y en Valladolid a cuarenta y ocho mil; lo cual son cifras que nos parece que requieren, pues, un compromiso mayor, o por lo menos con mejores resultados que los que ha habido hasta... en este caso y hasta este momento.

Yo, desde luego, hay una duda que me queda y que se la manifiesto, y es si al final no habrá habido negociaciones de otro tipo que han motivado el que esta empresa no venga a Castilla-León y termine en una Comunidad diferente. Yo creo que su papel ahí, señor Consejero, es defender los intereses de Castilla-León; y, desde luego, en este caso no ha habiendo los resultados que cabía esperar. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Alonso. Para dúplica, señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Bien. Yo, Señoría, pues comparto lo que usted dice. Discrepo en que yo no he hablado de generalidades, me he limitado a explicarle y estoy dispuesto a trasladarle, pues, las cintas, escritos que he intercambiado y... y puede usted comprobar en la propia... con responsables de la Empresa Nacional Santa Bárbara las gestiones que hemos realizado intensas, en el ánimo de instalar aquí esta sociedad, esta planta.

Que, por otro lado, bueno, pues, efectivamente, lo he dicho yo también, que una de las opciones que existían en aquellas fechas, cuando me incorporé a la Consejería, era precisamente la Comunidad de Castilla y León -Valladolid-, la Comunidad de Castilla-La Mancha y Murcia. Ésas son las tres Comunidades. Y, en orden a esa situación, fue... lógicamente, las gestiones iban encaminadas, por nuestra parte, a intentar que la implantación se hiciera aquí.

¿Que estamos satisfechos? En absoluto, Señoría. No estamos satisfechos; yo, personalmente, no lo estoy. Pero no con este proyecto, sino con cualquier otro en el que al final la decisión que le corresponde tomar al empresario, y no a la Junta de Castilla y León, ni a los Grupos Parlamentarios, que son a... los propios titulares del proyecto empresarial son los que deciden dónde se ubican, en este caso pues hayan dicho que se trasladan a... van a llevarlo... este proyecto lo van a desarrollar en la Comunidad de Murcia.

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Por lo tanto, satisfacción, ninguna. No solamente porque el problema de recolocaciones que tenía en nuestra Región -que está resuelto-, pues se haya... se haya resuelto por la Empresa Nacional Santa Bárbara, sino porque, efectivamente, como usted dice, pues tenemos otras necesidades de creación de empleo, y esta planta pues podía interesar el que estuviera aquí.

No obstante, yo ya le he explicado las razones por las que esta planta no se encuentra en nuestra Comunidad, que fundamentalmente obedecen, como le decía, a esa exigencia del principal cliente que va a tener esta factoría, de ubicarla entre Cartagena y Tarragona y en una zona portuaria. Resulta, por lo que me han explicado, bastante más cómoda y menos costoso trasladar el cereal que no el producto inflamable.

Bien, es una decisión que lógicamente lamento, que no comparto, pero que al final le corresponde tomar esa decisión a los promotores de la inversión y no a nosotros.

No le quede ninguna duda a Sus Señorías que por parte de la Consejería de Industria hemos realizado todo el esfuerzo, hemos realizado todas las gestiones que hemos tenido a nuestro alcance, hemos estado también informando sobre este asunto. Y todo iba, pues, dirigido, sin ningún género de dudas, a que esta... este proyecto industrial se desarrollara en nuestra Región. Unas veces salen las inversiones y otras veces no salen; lamentablemente, en esta ocasión no hemos tenido suerte. Pero yo lo que sí que quiero trasladar es, en el ánimo de que siempre que conocemos cualquier inversión, nosotros, como no puede ser de otra manera, nos esforzamos con el fin de tratar de que se haga en nuestra Región. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador de la Comisión desea formular alguna pregunta o aclaración? Bien, damos por concluido el punto primero. Y pasamos al segundo punto del Orden del Día.

Dése lectura, por el señor Secretario, al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre aplicación en la Comunidad de la Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias. Para su exposición, tiene la palabra el señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías, la Ley de Equipamientos Comerciales de nuestra Comunidad ha permitido la instauración de un marco normativo regulador de la actividad comercial, considerada, fundamentalmente, desde la perspectiva espacial de su implantación, conteniéndose en la misma, entre otras determinaciones, las correspondientes a los requisitos de implantación de los distintos formatos comerciales.

La aplicación de la citada Ley de Equipamientos ha de realizarse tomando como referencia dos aspectos básicos: el de su conocimiento y el de desarrollo específico de su contenido.

En cuanto al primer aspecto, ustedes creo que entenderán conmigo que la efectividad de una norma requiere de un adecuado conocimiento de la misma por parte de quienes son sus destinatarios. Por ello, una vez aprobada la Ley, se procedió a la edición y consiguiente difusión de cinco mil ejemplares de la misma entre municipios, organizaciones de comerciantes y cuantos otros colectivos pudieran estar implicados o interesados en ella. Asimismo, se procedió a la publicación de artículos periodísticos en los medios de mayor difusión, intervenciones y participación en debates a nivel local y regional.

Finalmente, con carácter monográfico, se organizó en la ciudad de Zamora, en el mes de diciembre, una jornada sobre Ordenación Espacial del Comercio, en la que, con presencia de expertos en la materia, se dio cuenta del contenido de la Ley y de las previsiones de su desarrollo normativo.

Además de esta labor de difusión, estamos llevando a cabo una amplia labor de asesoramiento respecto a los procedimientos que deben ser llevados a cabo por los Ayuntamientos, para las respectivas autorizaciones señaladas en la Ley.

Por lo que se refiere al desarrollo específico del contenido de la Ley, he de señalar que se han llevado a cabo actuaciones de desarrollo en diversos asuntos, concretándose los establecidos en el artículo... en lo establecido en el articulado de la Ley.

Así, por una parte, y en cumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de la Ley, según la cual en el plazo de dos meses, contados desde la entrada en vigor de la misma, se debería de modificar el Consejo Castellano-Leonés de Comercio, se aprobó por ello el Decreto 192/96, de uno de agosto, y la Orden... de cuatro de noviembre del noventa y seis, de la Consejería, por la que se dispone el nombramiento de vocales titulares y suplentes del Consejo.

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En la sesión ordinaria del pleno el Consejo Castellano-Leonés de Comercio, celebrada el día dos de diciembre del noventa y seis, se procedió a su constitución conforme a la normativa reseñada, para dar entrada en la misma a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, y modificar la representación de la sección segunda del Registro de Organizaciones Profesionales del Comercio, aumentando su representatividad.

Por otra parte, como quiera que este marco normativo tiene una repercusión directa en los expedientes que son objeto de conocimiento por parte de las Comisiones Provinciales de Actividades Clasificadas, se ha girado comunicación a sus Presidentes, para que tengan en cuenta la Disposición Adicional Primera de la Ley que introduce una modificación del Artículo 3.1 de la Ley 5/93, de veintiuno de octubre, de Actividades Clasificadas, de forma que para su correcta aplicación, y con la finalidad de lograr una actuación unificada en toda la Comunidad Autónoma, se adopte una actitud especialmente dirigida a velar por el cumplimiento de la necesidad de que, para la implantación de un gran establecimiento, se precisa la obtención de la licencia comercial con anterioridad a la iniciación de procedimiento señalado de la Ley sectorial.

Sin embargo, Señorías, el punto capital de la aplicación de la Ley lo constituye la aprobación del Plan General de Equipamientos Comerciales de Castilla y León. Con la aprobación por la Junta de Castilla y León del Decreto 60/97, por el que se establece el Plan General de Equipamientos Comerciales, se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en esta Disposición Final, que imponía la misma en el plazo de nueve meses desde su entrada en vigor.

La elaboración del Plan General de Equipamientos y su posterior adaptación al planeamiento municipal ha posibilitado el fin último pretendido en la Ley; es decir, una ordenada implantación de las grandes superficies, sin descuidar otros aspectos que sirvan de referencia a nuestros municipios en su ordenación comercial.

El texto de la Ley concede una especial importancia a la elaboración del Plan de Equipamiento Comercial, cuyo contenido básico está señalado en su articulado con el mandato de que el mismo vincule al planeamiento urbanístico municipal.

Teniendo como objeto, el Plan, la ordenación de los elementos físicos en los que se lleven a cabo actividades comerciales y de distribución en nuestra Región, hemos pretendido que se consiga un nivel adecuado de equipamiento comercial y una correcta distribución territorial de los establecimientos comerciales; así mismo, una protección de la actividad comercial en los municipios, con especial referencia a los centros urbanos de sus cascos históricos. También la realización de la actividad comercial en establecimientos comerciales permanentes, admitiéndose la venta en viviendas con carácter complementario, en los supuestos de carencias de los equipamientos comerciales de cada municipio, potenciándose el equipamiento consistente en recintos específicos para tal comercio permanente, o, en su caso, ambulante. También la introducción de forma progresiva y armónica de nuevos sistemas de venta, manteniéndose el necesario equilibrio de la estructura comercial, dentro de una perspectiva que potencia las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, la satisfacción de las necesidades de los consumidores, protegiéndose sus legítimos intereses. Y por último, la creación de nuevos empleos alternativos en el sector del comercio y el mantenimiento de los existentes, adaptándoles a las nuevas estructuras de distribución comercial, así como a las exigencias sociales, manteniendo un adecuado equilibrio en la estructura comercial.

Debo referirme -aunque no es objeto estricto de esta comparecencia-, como consecuencia de la puesta en marcha de las prescripciones de este Plan, a la base 25 del mismo, que crea el Registro de Establecimientos, Recintos y Complejos Comerciales de la Región con sede en la Dirección General de Comercio y Consumo, en el que serán inscritos todos los establecimientos comerciales cuya superficie de ventas es superior a mil metros cuadrados, con la finalidad de mantener un criterio de control de lo establecido en el Artículo 8º de la Ley.

Según el mismo, a sus efectos, tienen la consideración de grandes establecimientos comerciales, en las poblaciones con menos de diez mil habitantes, aquellos establecimientos que tengan una superficie neta de venta al público superior a los mil metros cuadrados; a los mil quinientos metros cuadrados, en las poblaciones con más de diez mil y menos de cincuenta mil habitantes, que no sean capitales de provincia; y de dos mil quinientos metros cuadrados, en capitales de provincia y en poblaciones con más de cincuenta mil habitantes.

En cumplimiento de tal precepto se ha creado una base informática para mantener un registro lo más operativo posible, y se ha cursado solicitudes de información a todos los municipios con población superior a tres mil habitantes existentes en nuestra Comunidad, como primer paso para la recogida de datos. A esta tarea le seguirá una segunda fase de comprobación y de actuaciones complementarias de oficio desde la propia Consejería.

Otro de los puntos objeto de desarrollo es el relativo a los mercadillos, como elementos que integran el equipamiento comercial. Su sujeción a la Ley viene determinada por la necesidad de obtener, para su autorización municipal, un informe perceptivo previo del Consejo Castellano-Leonés de Comercio, que debe versar sobre su necesidad y conveniencia, limitándose el establecimiento de los mercadillos cuando causen un grave perjuicio al comercio establecido en la zona.

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La Disposición Transitoria Primera establece el plazo de un año desde su entrada en vigor, para que los Ayuntamientos actualicen las autorizaciones concedidas a los mercadillos existentes. Hasta la fecha, han recabado informes un total de trece municipios, a los cuales se les ha solicitado información complementaria para poder tramitar el procedimiento señalado.

En la sesión del Consejo Castellano-Leonés de Comercio del día tres de abril de este año, se abordó la metodología para crear un sistema sencillo y rápido, que permita la aprobación de los expedientes, quedando encargada la Mesa del Consejo de su definitiva elaboración.

En cualquier caso, como consecuencia de un estudio realizado acerca de los mercadillos de mayor entidad de nuestra Comunidad, se tiene un adecuado conocimiento de los mismos, que en su totalidad se ajustan a las demandas legales, por lo que el proceso de acomodación debe ser sencillo para las Administraciones implicadas.

Por último, existen dos aspectos, que si bien están regulados en la Ley, no han dado lugar todavía a ninguna actuación administrativa por parte de la Consejería.

Por un lado, el referido a la actividad comercial en fincas urbanas destinadas preferentemente a vivienda, para el que el Artículo 4.2 de la Ley requiere que el Ayuntamiento competente remita al Consejo Castellano-Leonés de Comercio las correspondientes solicitudes, junto con el informe relativo a su adecuación, a la normativa urbanística vigente en el municipio, y a la dotación comercial existente en el entorno. Al día de la fecha no se ha registrado ninguna solicitud, lo que no ha dejado de ser explicable si tenemos en cuenta el considerable número de locales susceptibles de ser empleados en esa actividad existentes en nuestras ciudades.

Por otro, el supuesto contemplado en el Artículo 6, referido a la venta directa realizada por el propio fabricante al consumidor final, que debe ser realizada exclusivamente en local anexo habilitado al efecto y debidamente autorizado para el ejercicio de la actividad comercial, ya que su observancia corresponde a los Ayuntamientos de forma inmediata, sin que éstos se hayan dirigido aún a la Consejería.

Esto es, a grandes rasgos, el contenido de la aplicación de la Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León en nuestra Comunidad, sin perjuicio de la ampliación de aquellos extremos que a Sus Señorías interesen. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Granado tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Consejero, por su explicación. Esta solicitud de comparecencia, evidentemente, había sido planteada antes de la aprobación por parte de la Junta del Decreto 60/77, que desarrolla el Plan General de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma en los plazos y en la forma prevista en la Ley de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma.

Nosotros ya indicamos en aquella tramitación de la Ley -a la que presentamos una Enmienda a la Totalidad-, que la Ley había sido retrasada en su tramitación en estas Cortes; y que, al final, después de un año y medio de retraso -que había dado tiempo a todas las grandes superficies comerciales que tenían previsto su instalación a agilizar los trámites-, que se pretendía una tramitación acelerada, que en aquellos momentos, además, era incongruente con la Ley de Ordenación del Comercio Minorista que discutían -y posteriormente aprobaron, en un ambiente de consenso entre las fuerzas políticas- las Cortes Generales.

Al final, nos hemos encontrado con que los hechos, lamentablemente, nos han venido a dar la razón, en el sentido de que el retraso que ha sufrido la aprobación de una Ley que fue prometida en la anterior legislatura, que fue prometida en la actual y que, por su dilatada tramitación, pues a dado pie a múltiples expectativas, pues han venido a configurar una situación de... un cierto caos administrativo, en el cual la Ley, lejos de ordenar la situación, lo que hace es añadir a la situación preexistente un cierto caos.

¿Cuál es la situación en estos momentos? Pues, como la Ley ha llegado tarde, como la Ley es una Ley que... es una buena Ley, pero una buena Ley que se aplica a una situación preexistente que se había organizado con anterioridad a la Ley, en estos momentos estamos viviendo en la Comunidad Autónoma un sinfín de conflictos, en los cuales la posición de la Consejería, pues no ha dicho exactamente la misma.

Y a mí me gustaría que, en esta segunda intervención, el señor Consejero tuviera a bien indicarnos por qué la Junta de Castilla y León está utilizando, ante las situaciones de conflicto, lo que a nuestro juicio se nos antoja una doble vara de medir o un doble rasero.

Y voy a intentar hacer una breve referencia a la situación en estos momentos de las grandes superficies comerciales que están construyéndose en Castilla y León, o que están proyectadas en Castilla y León, y cuál es la situación administrativa en la que se encuentran de cara a la Ley.

Bueno, pues en primer lugar, tenemos dos grandes superficies que obtuvieron licencia de sus correspondientes Ayuntamientos con anterioridad a la aprobación de la Ley: una situada -creo recordar- en San Andrés de Rabanedo, León, y otra en Burgos.

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En estas dos grandes superficies, en el momento de aprobación de la Ley, la Junta, la Dirección General de Comercio de la Consejería de Industria solicitó que se atuvieran a lo fijado en la misma, que solicitaran la segunda licencia para actividad comercial prevista en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y desarrollada por nuestra Ley de Equipamientos Comerciales.

Hubo una cierta situación de litigio; los promotores de las dos grandes superficies comerciales adujeron que, según su criterio, al estar la licencia definitivamente aprobada y perfeccionada con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, no era aplicable la legislación de la Comunidad Autónoma. Y, al parecer, después de una serie de rifirrafes, sobre todo en medios de comunicación, de los que yo conozco en detalle el caso burgalés, y con menos detalle, con menos intensidad, el caso leonés; al parecer -digo-, por las afirmaciones hechas el día en que se presenta ante los medios de comunicación el Decreto que regula el Plan de Equipamientos Comerciales de Castilla y León, el Plan General de Equipamientos Comerciales, parece que la Junta se ha allanado. Parece que la Junta ha entendido que estas dos grandes superficies ya no van a poder ser mediatizadas en su organización, ni van a poder ver estudiados su impacto en el comercio de estas localidades, y que, por lo tanto, la Ley no va a serles aplicable, ni el Plan General de Equipamientos Comerciales no va a serles aplicable.

Tengo delante de mí algunos recortes de prensa; pero tal vez el más significativo sea uno de ellos en que se dice literalmente que: "en relación al hipermercado de San Andrés de Rabanedo y de Burgos, cuyas licencias ya estaban concedidas antes de la entrada en vigor de la Ley de Equipamientos, el titular de comercio manifestó que estos proyectos seguirán en marcha, ya que no es posible aplicar la Ley con carácter retroactivo".

Ésta es una posición. Yo creo que merece alguna explicación ante la opinión pública, porque la misma persona que hace estas afirmaciones ha estado sosteniendo en los medios de comunicación de mi provincia especialmente -y con menos intensidad en León, pero también-, que la Ley sí era de aplicación, en cuanto a la segunda licencia, a las dos grandes superficies de las que estamos hablando.

Con lo cual ya tenemos un primer problema: el problema de dónde es aplicable la Ley. Y si a una gran superficie, que tiene una licencia concedida por el Ayuntamiento, en función de la legislación urbanística antes de la entrada en vigor de la Ley, le es aplicable la exigencia de una segunda licencia de actividad comercial en el momento que la Ley se apruebe; o, por contra, esta segunda licencia de actividad comercial no es posible aplicarse, porque la primera, se entiende que en el momento en que fue concedida, cumplía todos los requisitos de la legislación vigente.

Y luego nos encontramos con otros tres casos, que tienen cada uno una forma diferente.

En primer lugar, el caso de la gran superficie que se proyecta instalar en la ciudad de Ávila. En esta gran superficie nos encontramos con que se ha utilizado procedimentalmente, por parte del Ayuntamiento de Ávila, una fórmula, que es la de llegar a un convenio con una promotora de la gran superficie comercial y atarse en un convenio; lógicamente, con la obligación de conceder todas las licencias urbanísticas que prevé la actual legislación de Régimen del Suelo... bueno, la actual, que ya no es actual, porque también la Ley del Suelo tiene sus avatares después de la Sentencia del Tribunal Constitucional, pero al margen absolutamente de lo que dice nuestra Ley de Equipamientos Comerciales y al margen, absolutamente, de los requisitos legales que establece la Ley de las Cortes de Castilla y León.

Y en este convenio, el Ayuntamiento de Ávila llega a un acuerdo con esta gran superficie comercial; se compromete a conceder todas las licencias; a tramitar con celeridad todas las prescripciones legales a las que obliga la legislación urbanística para que esta gran superficie se otorgue en Ávila; al margen absolutamente de la voluntad, por un lado, de los comerciantes de Ávila, que se han manifestado muy en contra de esta gran superficie, y desconociendo absolutamente la Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León.

Hombre, se puede decir -y es verdad, pero es una verdad a medias- que el texto del Convenio no obliga legalmente a la Junta de Castilla y León. ¡Faltaría más! Los redactores del Convenio ya han especificado que, evidentemente, no quedan reflejadas en el Convenio las necesarias autorizaciones que la Junta pueda dar en cumplimiento de la legislación autonómica para el desarrollo de esta gran superficie comercial. Pero la verdad es que, después de firmado el Convenio en el que se regulan los metros cuadrados de la instalación, las características de las figuras de planeamiento que deben utilizarse para otorgar la licencia, el tipo de establecimiento que se va a crear con las materias que van a ser objeto de tráfico comercial en dicha instalación, etcétera, etcétera, etcétera, a la Junta de Castilla y León le queda únicamente una posibilidad, y es la de santificar el Convenio con la segunda licencia de actividad comercial que prevé nuestra Ley de Equipamientos, o, en caso contrario, generar un problema complicado, y es generar el problema al Ayuntamiento de Ávila, de tener que indemnizar a la superficie con la que ha firmado este Convenio porque, realmente, la segunda licencia de actividad comercial no garantice en modo alguno el cumplimiento del Convenio porque modifique alguna de las estipulaciones del mismo.

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Y nosotros lo que tenemos que decir es que realmente este tipo de situaciones debían haberse previsto. Nos parece bien -y las cosas que nos parecen bien, así las decimos- que la Consejería haya enviado cinco mil ejemplares de la Ley a los Ayuntamientos de la Región; pero, tal vez, hubiera sido conveniente que se hubieran establecido negociaciones, al menos con las ciudades de más de veinte mil habitantes, para determinar una forma protocolizada de actuar ante las solicitudes que llegan a todos nuestros Ayuntamientos en demanda de licencia de apertura de grandes superficies comerciales. Porque si se hubiera pactado por la Consejería con los Ayuntamientos de la Región un protocolo, una forma común de actuar, no nos encontraríamos ante... lo que en el caso de Ávila, pues se parece mucho a un trágala; el Ayuntamiento de Ávila desconoce absolutamente las potestades de la Consejería, llega a un convenio con una gran superficie comercial, desconoce los informes del Consejo Castellano-Leonés de Comercio que deberán ser preceptivos para la instalación de esa gran superficie, desconoce la participación en el proceso de los propios comerciantes abulenses -que han tenido, incluso, diversas jornadas reivindicativas en torno a esta cuestión y diversas actuaciones reivindicativas- y, al final, va a hacer llegar a la Consejería un proceso tan encarrilado que la Consejería no va a poder modificar en modo alguno. Y ésta es, por lo tanto, una primera consideración, un primer caso.

Hubiera sido bueno que la Consejería pactara con los Ayuntamientos la aplicación de la Ley para garantizar que, lo que en la Ley se dice, se aplica en la forma que la Ley lo dice. Porque si la Ley, por ejemplo, habla del Informe del Consejo Castellano-Leonés de Comercio, o del estudio del impacto comercial a la hora de ubicar una gran superficie, parece evidente, parece evidente que esos estudios o esos informes deben hacerse y deben aprobarse antes de que se llegue ya a un acuerdo entre una Corporación Local y una gran superficie comercial para que se instale en un determinado lugar. Porque, de lo contrario, ese tipo de instrumentos que la Ley preveía se convierten en trámites; aunque el informe sea negativo, el Convenio ata al Ayuntamiento de Ávila a que dé las licencias. Y si el Ayuntamiento da las licencias -el Ayuntamiento de Ávila, gobernado por el Partido Popular, con mayoría absoluta-, su Consejería, señor Consejero, va a santificar con la segunda licencia la decisión del Ayuntamiento de Ávila; y lo va a hacer así por no entrar en un conflicto.

Y, probablemente, tampoco podamos reprocharle que lo haga así, tampoco podamos reprocharle que no cree un conflicto entre el Ayuntamiento de Ávila y la Junta de Castilla y León; pero es que este conflicto debía haberse evitado buscando un sistema que integrara realmente la Ley de Equipamientos Comerciales en el proceso de instalación de grandes superficies. Y aquí tenemos una gran superficie que se ha instalado al margen de nuestra Ley, y que luego la Ley bendecirá cumpliendo los trámites -pero ya con el carácter de trámite y no con un carácter previo y preceptivo- lo que podía haberse corregido. ¿Por qué no podía haberse negociado con los comerciantes de Ávila que realmente esta instalación no fuera -tal como ellos lo entienden- lesiva para sus intereses? Yo creo que aquí ha habido una falta, por un lado, de delicadeza, pero desde una institución a la que nosotros, evidentemente, tenemos que respetar, que es el Ayuntamiento de Ávila; y por otro lado, por parte de la Consejería, hubiera sido muy útil que se hubiera llegado a estos acuerdos con carácter general para evitar que realmente sucedieran cosas como éstas.

Luego tenemos un segundo problema: es el problema de Valladolid. Aquí el problema es diferente; aquí el problema es que el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid preveía la instalación de dos grandes superficies comerciales. El Decreto de Equipamientos Comerciales de la Junta de Castilla y León imputa como gran superficie comercial para Valladolid una superficie comercial que está fuera del término municipal de Valladolid. Desde luego, a nadie se le oculta -y yo no voy a hacer aquí un ejercicio que sería un auténtico dislate- el decir que esa gran superficie comercial presta sus servicios para los ciudadanos de Valladolid; no presta sus servicios sólo para los ciudadanos del pueblo donde está. O sea, yo creo que el criterio de la Junta en este sentido puede ser un criterio razonable; pero la verdad es que está fuera del Ayuntamiento de Valladolid, fuera del término municipal de Valladolid. Y se utilizan los metros cuadrados, se computan en el Decreto que ha aprobado la Junta de Castilla y León esos metros cuadrados como metros cuadrados que surten, que sirven al área de Valladolid para, en este caso, crear en conflicto; porque aquí sí que va a existir un conflicto. El conflicto va a existir, en la medida en que el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid preveía dos grandes superficies y con el Decreto, con el Decreto en la mano, aquí sí que va a surtir efecto previo, aquí sí que va a surtir efecto previo, solamente va a poder instalarse una gran superficie; porque, en el momento que se instale una, ya los metros cuadrados que considera el Decreto estarán sobrepasados y ya no habrá metros cuadrados para una gran superficie... otra gran superficie en el Ayuntamiento de Valladolid.

Y aquí, al final, nos encontramos con que la diferencia de trato se produce simplemente por una cuestión de fechas; lo cual es razonable en nuestro ordenamiento jurídico, eso es absolutamente razonable. Pero también es verdad, también es verdad que, curiosamente, aquí se va a impedir que un Plan General de Ordenación Urbana surta efectos, habiendo estado ese Plan General de Ordenación Urbana debidamente aprobado antes de nuestra Ley, previendo ese Plan General de Ordenación Urbana dos grandes superficies; mientras que, en el caso de Ávila, el Plan General de Ordenación Urbana no preveía ninguna gran superficie y, sin embargo, se va a dar permiso para que se instale.

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Y llamo la atención a Sus Señorías sobre la contradicción evidente de que nuestro Decreto... el Plan General de Equipamientos Comerciales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León va a impedir que se cree una gran superficie en Valladolid, prevista en su Plan; y, sin embargo, al final, vamos a tener que aceptar que se cree una gran superficie no contemplada en el planeamiento inicialmente en un Ayuntamiento diferente, como es el de Ávila. Situación pues que, al menos, tiene algo de paradoja, tiene algo de paradoja.

Y nos encontramos con la tercera situación, que todavía es más complicada: la situación de la provincia de Salamanca. En estos momentos en Salamanca hay tres proyectos de grandes superficies: el proyecto que en el municipio de Santa Marta protagoniza la empresa Eroski; el proyecto de la empresa Lecrer en el municipio de Carbajosa y el proyecto que, con el apoyo de la Federación Salmantina de Comercio (FESALCO), la empresa Trust Vega Centros quiere instalar en el polígono de El Montalvo, en la ciudad de Salamanca, con el apoyo del Ayuntamiento de Salamanca.

Y, aquí, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con una situación, pues también parecida a la de San Andrés de Rabanedo y Burgos, pero con una cierta diferencia en los plazos. El Ayuntamiento de Santa Marta concede la licencia para el establecimiento de esta gran superficie de acuerdo a la legislación urbanística, en un momento en que todavía no está en vigor nuestra Ley de Equipamientos Comerciales; pero, al no haber tramitado la licencia de actividades clasificadas, la Junta entiende que la actuación del Ayuntamiento de Santa Marta no se ajusta a Derecho -y me gustaría que el señor Consejero confirmara esta actuación, porque eso es lo que yo he entendido de las declaraciones públicas, tanto del Director General de Comercio como de su propia persona ante este problema- y que, por lo tanto, esa licencia no es válida.

Y me gustaría que el señor Consejero me dijera si piensa que la licencia del Ayuntamiento de Santa Marta es o no es válida; y me gustaría que me dijera lo mismo sobre la licencia de Continente en Burgos y sobre la licencia de San Andrés de Rabanedo; y me gustaría que se pronunciara sobre el Convenio suscrito por el Ayuntamiento de Ávila con Maniles; y me gustaría que se pronunciara sobre los dos centros previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid.

Y aquí nos encontraríamos con que, de acuerdo con el Decreto de la Junta de Castilla y León, pues en la provincia de Salamanca, pues existiría -digámoslo así- superficie para... o dos grandes superficies comerciales pequeñas o una gran superficie comercial mayor; y, por lo tanto, habría que optar. Y en la opción, ¿ahí sí van a tenerse en cuenta los intereses de los comerciantes que no se han tenido en cuenta en otras ocasiones?, ¿o ahí van a tenerse en cuenta los criterios de preferencia en el tiempo -que entonces, tendrían en principio que dar la razón al Ayuntamiento de Santa Marta-?, ¿o se va a seguir el criterio que de alguna manera emanaba nuestra Ley, que prefería que las grandes superficies comerciales estuvieran en las ciudades y no en los pueblos? Porque, aunque en la Ley no lo diga, en el espíritu de todos los que contribuimos a hacerla -y yo tuve alguna responsabilidad, como... evidentemente menor que la del señor Consejero, pero alguna tuve, en el pacto de la Ley con nuestro Grupo-, pues estaba que las grandes superficies comerciales se ubicaran en las ciudades a través de un plan especial, un plan parcial, y que no fueran diseminándose por los pequeños Ayuntamientos en el entorno de la ciudad. ¿Qué criterio se va a aplicar aquí?

Pues, al final, la situación con la que nos encontramos, y probablemente se pueda decir, y yo esto lo tengo que reconocer que esta situación es la que es y que no podía ser de otra forma... pues le va a obligar a la Consejería a utilizar esos criterios diferentes de los que yo hablaba al comienzo de mi intervención, y con los que quiero concluir.

Porque, en primer lugar, no hemos sido capaces de pactar con los Ayuntamientos de la Región -o, al menos, con la Federación Regional de Municipios y Provincias- un protocolo de actuación; un protocolo de actuación que, probablemente, pudiera haber evitado casos como el de Ávila o el de Santa Marta. Porque el proceso de elaboración del Decreto, pues que ha sido consultado con los Ayuntamientos, pues es un proceso que tampoco ha dejado muy satisfechos a los propios Ayuntamientos. Y porque, al final, bueno, pues van a estar en conflicto criterios diferentes en cada caso, y en función de cuestiones tan paradójicas como los plazos; y en el cumplimiento de las prescripciones de la legislación urbanística, pues ahora nos podemos encontrar con que tengamos que regularizar situaciones que no nos gustan, o impedir situaciones que están defendidas por las propias Corporaciones Locales.

A mí me gustaría que el señor Consejero se extendiera un poco en torno a estas cuestiones y que me dijera si a partir de ahora, al menos... Aunque yo creo que ya todas las que están... si no son todas las que están, por lo menos están casi todas las que querían ser hace dos años, porque la tramitación ha sido tan larga y complicada que realmente ya no creo que queden muchas grandes superficies en Castilla y León que quieran instalarse. Me gustaría que el señor Consejero me dijera si es posible todavía llegar a algún tipo de acuerdo, si va a intentar hacer alguna gestión con el Ayuntamiento de Santa Marta y el Ayuntamiento de Salamanca para solucionar el problema de Salamanca; si va a hacer alguna gestión con el Ayuntamiento de Ávila para reconducir esta situación; si va a hacer alguna gestión con el Ayuntamiento de Valladolid para ver qué va a pasar en Valladolid, si va a haber un hiper más o dos, o una superficie comercial más o dos; y cuál es el estado en estos momentos de las grandes superficies previstas en San Andrés de Rabanedo y Burgos.

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Y luego, por último -y con esto, termino; y perdone, señor Presidente, por la extensión-, hay algunas cosas del Decreto del Plan General de Equipamientos Comerciales que llaman la atención, señor Consejero. Y tal vez no debería ser este Portavoz el que lo dijera, pero, por ejemplo: ¿cree usted, señor Consejero, que es posible que por Decreto de la Junta se regule que en provincias como Palencia... perdón, ciudades como Palencia, Zamora, Ponferrada, Segovia, Ávila, Miranda de Ebro, Soria o Aranda de Duero no va a haber nunca un gran almacén? Porque éstas son las provisiones de nuestro Decreto, éstas son las previsiones que existen.

Y, leyendo el Decreto, uno saca la conclusión de que, si la Junta cumple con sus propias previsiones y con las propias prescripciones de la norma que ha aprobado, en el caso de que alguna superficie comercial -fundamentalmente El Corte Inglés ¿para qué nos vamos a engañar?-, quisiera algún día instalar un gran almacén en cualquiera de estos Ayuntamientos, debería encontrarse con una posición negativa de la Junta de Castilla y León, porque no se considera conveniente que existan grandes almacenes en el ámbito de estas ciudades. Bueno, ¿esto es muy liberal? Y por eso se lo digo. A lo mejor no era yo el que tenía que decir esto, ¿no?, porque nosotros, los socialistas somos más bien intervencionistas y reguladores y partidarios de la mano visible frente a la mano invisible del mercado.

Pero, ¿de verdad ustedes creen que nosotros podemos exacerbar nuestra legislación hasta ese punto? Porque yo sí estoy de acuerdo en la Ley de Equipamientos Comerciales, y yo sí que creo que la Junta de Castilla y León debe tener una intervención y debe tutelar los intereses del pequeño comercio; pero imagínense ustedes que en una de estas ciudades los comerciantes del lugar llegan a un acuerdo para constituir unos grandes almacenes y, ¿qué hacemos con el Decreto de la Junta? Es que el Decreto de la Junta dice que no hay... es que dice que no hay; dice que la localización de la superficie máxima autorizable -utiliza el concepto "superficie máxima autorizable"- para los distintos formatos comerciales, en metros cuadrados es... Y a continuación se dice que esta superficie máxima autorizable, en estas ciudades, es cero patatero.

Yo, sinceramente, pienso que en estos temas en los que nos estamos... que estamos comentando ahora, más vale un mal arreglo que un buen pleito; y más hubiera valido que la Junta, con la Ley en la mano -que yo sigo pensando que es una buena Ley-, hubiera utilizado la Ley como un instrumento para llegar a acuerdos en cada sitio. Y nosotros se lo decimos de antemano, señor Consejero: allá donde usted llega a un acuerdo con las entidades en conflicto, nosotros le vamos a apoyar, nos guste el acuerdo o no nos guste, porque pensamos eso: que más vale un mal arreglo que un buen pleito. En vez de utilizar eso, pues se han limitado a hacer una aplicación mecánica de la Ley, y la aplicación mecánica de la Ley es fuente de conflictos es fuente de conflictos; es fuente de conflictos. En cada caso va a dejar desasistido algún interés; no está jugando un papel mediador, sino exacerbador, de los conflictos; y, en algún caso concreto, pues la aplicación mecánica de la Ley -como es el supuesto que he comentado de los grandes almacenes-, incluso puede llegar a ser hasta, en cierto grado, ridículo. No digo más, señor Consejero, en esta primera intervención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Farto.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Voy a intentar ser breve y, sobre todo, muy concreta. Entiendo que, en principio, es pronto para hacer una evaluación de la ley; pero, dado el tiempo transcurrido, y la situación que yo conozco, al menos en León, podríamos decir que la Ley no ha solucionado nada, y compartimos en gran parte el discurso del Portavoz anterior.

En primer lugar, y para ser concreta en las preguntas, querría hablar del tema de las grandes superficies frente al comercio tradicional. Entiende esta Procuradora que, a veces, las grandes superficies se hacen más atendiendo a los intereses municipales o de ciertos "munícipes", que a los intereses económicos de una provincia concreta o incluso de una ciudad. Se ha hablado aquí del tema de San Andrés de Rabanedo, y yo, como no conozco otras provincias, le querría hacer una pregunta sobre la gran superficie proyectada en Villaquilambre, en un Ayuntamiento de un signo contrario totalmente al de San Andrés, pero que, sin embargo, parece ser que se va a llevar adelante a pesar de todo, y en contra de lo que podrían ser los intereses del gran comercio de la capital, y de esos municipios aledaños a la capital leonesa.

En segundo lugar, y para hablar del comercio tradicional habría que decir que después de esta Ley no se ha solucionado nada el tema de un comercio no competitivo -me atrevería a decir de toda la Comunidad Autónoma, pero para no equivocarme, por lo menos voy a hablar del comercio de León-, un comercio anclado en el pasado y mucho nos tememos, señor Consejero, que toda esa propaganda dando a conocer la Ley no ha servido para mucho o, más bien, no ha servido para nada a la hora de hacer que ese comercio, verdaderamente, sea capaz de dar un servicio al cliente y de competir con esa gran superficie en lo que él podría competir.

Nos gustaría saber qué acciones se van a seguir desde la Consejería, desde la Dirección de Comercio, en concreto, para lograr esto o, al menos, para paliar en gran medida la situación que atraviesa el comercio.

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Otro tema que nos preocupa es el empleo alternativo, del que usted ha hablado, en el comercio. Se intenta vender la historia de las grandes superficies diciendo que crea empleo. A mí me gustaría saber -y creo que ustedes lo deben de tener- si verdaderamente se ha hecho un estudio sobre el tema del empleo provocado o creado por las grandes superficies. ¿Hay algún estudio, o nos puede dar cifras sobre el mantenimiento de empleo en el sector comercio, sobre todo al recibir las ciudades el impacto de la creación de grandes superficies? ¿Cuántos empleos se han mantenido? ¿Cuántos se han destruido? ¿Cuántos se han creado y qué características tienen esos empleos creados? Porque mucho nos tememos que son empleos que cuentan con unas características de gran precariedad, que simplemente son un "bum", de principio, de las grandes superficies y luego, al final, no suponen, o no añaden nada, a ciertas economías ya muy deprimidas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Farto. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Como la Ley de Equipamientos Comerciales que ya este Grupo Parlamentario denunció... denunció en su día que era una Ley que parece ser que interesaba a alguien que se hiciera con el retraso que se ha realizado y que se ha puesto en vigor, y que, no cabe la menor duda, pues, que es una Ley que llega, pues muy por detrás de la realidad, y que parece ser que esa realidad era que había alguien a quien le interesaba que hubiera un despliegue de las grandes superficies, de las grandes multinacionales, fundamentalmente en esta Comunidad Autónoma, antes de que se pusiera en vigor esta Ley... Y así, lo que pretende regular con carácter fundamental esta Ley, en algunos aspectos, pues está ya, pues bastante por detrás de esa realidad e, inclusive, con la realidad bastante ya sobrepasada por la Ley; e inclusive, pues las propias contradicciones en algunos casos que aquí se han expuesto en la hora de aplicar la Ley, esas grandes superficies que deprisa y corriendo, pues han intentado ponerse en la Comunidad Autónoma y que les ha pillado, pues un poco a contrapié, y que parece ser que ha pillado, un poco a contrapié a la propia Junta y al señor Consejero, inclusive, y que nos gustaría que se aclarara si estas licencias comerciales que aquí se han hecho mención que requieren... que desde nuestro punto de vista deben requerir, pues algunas grandes superficies que están en construcción... el señor Consejero antes decía que sí que necesitaban una licencia comercial para funcionar; ahora parece ser que ya no la necesitan, según palabras textuales del señor Consejero. ¿Cuál es la variación que ahí se ha producido? Porque si quiere le podemos enseñar, una vez más, grandes titulares, inclusive, grandes alardes de declaraciones del señor Consejero, intentando imponer la disciplina de la licencia comercial a estas grandes superficies, pues haciendo un poco como gran defensor del pequeño comercio; sin embargo, ahora, pues, nos encontramos con que parece ser que el señor Consejero ya dice que estas grandes superficies que están construyendo, con ese criterio de la no retroactividad de la aplicación de la Ley, pues no corresponde esa licencia comercial.

Y esta sumisión que nosotros entendemos que con carácter general tiene la Consejería, sobre todo ante las grandes superficies, las multinacionales, pues, para ejemplo, un botón: el caso de la implantación que se está realizando de Continente en la ciudad de Burgos, que no estaba prevista ni tan siquiera. Pues... pues bueno se ha hecho con toda la... pasar por encima inclusive de invasiones de terrenos públicos que luego el Ayuntamiento ha legalizado con modificaciones de Planes Generales de Ordenación Urbana; que la Junta ahí sí que ha ejercido la disciplina urbanística, ha dado el visto bueno y todo en aras de la supuesta creación de empleo. La supuesta creación de empleo que, cójanse simplemente los datos de las Federaciones de Empresarios del pequeño comercio y les demostrarán cuál es el empleo, no que se crea, sino que se destruye con las grandes superficies. No es que estemos en contra de las grandes superficies por sí, sino, simplemente, habrá que ver cuál es lo que más... es más beneficioso para las ciudades y, sobre todo, para la destrucción del pequeño comercio en las ciudades. Ése, que parece ser que ustedes se acuerdan en las campañas electorales, es decir, que ustedes defienden a la pequeña y mediana empresa, al pequeño comercio, y que van a elaborar planes para la viabilidad, la competitividad, la mejora de la calidad, etcétera, etcétera, pero que eso son elecciones; luego, a la hora de tomar medidas políticas, es para favorecer las grandes multinacionales con carácter general.

Y ésa es la realidad de la aplicación de una Ley que llegó tarde; que llegó tarde de manera interesada, no llegó tarde por casualidad; y que no cabe la menor duda que se está aplicando, pues, sometiéndose a esos intereses de grandes multinacionales.

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Y, en ese sentido, ahora de lo que se trata ya con este mal creado es que por lo menos ustedes nos digan, si han hecho algún estudio al respecto, cuáles son las consecuencias de destrucción de empleo y de cierre de pequeños comercios que están teniendo la aplicación de grandes superficies. Igual me dice que ninguno; pero entonces simplemente le remito, pues a los datos que tiene la propia CECALE o a las Federaciones de los Pequeños Empresarios de Comercio de cada una de las provincias, y a la propia creación de empleo neto como tal en el sector del comercio. Y ahí, pues podrá usted coger los datos, tanto en cantidad como en calidad. Cuando hablamos de los contratos basura, pues no le quede la menor duda de que la insignia mayor hay que ponérsela a estas grandes superficies, en donde los contratos por horas, pues, se llevan la palma. Y ésa... eso hablando de calidad de los contratos. Y en cantidad, por supuesto, por cada unidad de producto que se vende, o por cada baremo que se quiera utilizar al respecto, el número de trabajo, el número de horas de trabajo que se necesita en el pequeño comercio es mucho mayor y, por lo tanto, la capacidad de creación de trabajo es mucho menor la que se necesita en las grandes superficies. Y me parece que en esta Comunidad estamos, precisamente, con otras necesidades, que son las que tendría que promover la Junta de Castilla y León, y no en este ámbito.

Y claro, y ahí lo que echamos en falta es lo que siempre se ha anunciado: que como contrapartida de facilitar la extensión y la implantación de las grandes superficies prácticamente sin ningún tipo de limitación, ahora, a posteriori, una vez que han hecho el despliegue todas ellas, lo que echamos en falta y esperemos que algún día la Junta lo proponga, es cuáles son todos esos planes y cómo están, qué proceso de elaboración llevan todos esos planes de promoción del pequeño comercio, de garantizar la calidad, en definitiva, de garantizar la supervivencia del pequeño comercio, sobre todo en el centro de las ciudades. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Y gracias Consejero por su comparecencia, que considero, por decirlo en primer lugar, clarificadora del estado, en estos momentos, del desarrollo de la Ley de Equipamientos Comerciales. Ley de Equipamientos Comerciales que fue una necesidad acuciante, más acuciante, si cabe, por la propia necesidad de una regulación específica del sector del comercio, un sector tradicionalmente en crisis, sobre todo -y entre otros factores fundamentales-, derivado, pues por los cambios en los hábitos de consumo. Eso, y el reconocimiento de materia comercial de lo que son intereses supramunicipales, hizo -como digo-, junto con el propio desarrollo de la Ley General de Ordenación del Comercio Minorista, de quince de enero del noventa y seis, más imprescindible esta Ley para regular los equipamientos comerciales en nuestra Comunidad desde la perspectiva de su emplazamiento físico.

Como se puso de manifiesto en el debate del Pleno de su aprobación, esta Ley Autonómica quedaría, en gran medida, sin contenido sin el Plan General de Equipamientos Comerciales. En aquel debate hubo Grupos Políticos que pusieron en duda, en tela de juicio, la voluntad o posiblemente la capacidad de la Junta, del Gobierno Regional y de su Consejería, en la realización con carácter inmediato y cumpliendo los plazos previstos en la Ley de este Plan General de Equipamientos Comerciales; otros Grupos Políticos confiamos -y así lo dijimos- en que la Junta estaba decidida a cumplir, ¿cómo no?, sus compromisos. Nuestra confianza, desde luego, no se ha visto defraudada; el compromiso de equilibrio entre los intereses contrapuestos que confluyen en lo que es sector comercial en todas las Comunidades y, por supuesto, en la nuestra, y que regula... se regula en la Ley de Equipamientos Comerciales, y en este Plan General de Equipamientos, está cumplido; o, por decirlo de otra manera, porque es un camino que se va andando, se han puesto los medios, quedan puestos los medios para que se cumplan.

Se pretende la ordenación de los elementos físicos en los que se lleva a cabo la actividad comercial, con los objetivos claros de: dotar a la Comunidad de un adecuado y equilibrado nivel de equipamiento comercial, que sea paulatina y ordenada la introducción de nuevos sistemas de venta, que se produzca la adecuada satisfacción y cobertura de los servicios a los consumidores y la creación de impuestos... de empleos -perdón-; al mismo tiempo que se protegen y debe seguirse en esa línea, con más insistencia quizá, los centros históricos de nuestras ciudades, que se ven cada vez más despoblados y que, desde luego, si pierden, si en un momento dado perdiesen su actividad comercial, estarían abocados a una desertización -como ya hay ejemplos en España que se ha producido en algunos cascos históricos-.

Pues bien, su comparecencia... en su comparecencia de... -creo recordar-, la última vez que se habló de la Ley de Equipamientos Comerciales -en su comparecencia con motivo de la Ley de Presupuestos, la Ley General de Presupuestos- ya desde este Grupo se le preguntó, aunque no era un objeto específico de esta comparecencia, cómo iba la Ley de Equipamientos Comerciales y su desarrollo y, en concreto, cómo iba la redacción del Plan General de Equipamientos Comerciales. Usted nos respondió entonces que estaba en su última fase de elaboración, anunciándonos su carácter restrictivo para la implantación de grandes superficies y su aprobación de manera casi inmediata por el Consejo de Gobierno. De la realidad de tal aprobación y de todo el contenido de su intervención se desprende, en opinión de este Grupo, la voluntad inequívoca de su Consejería y de la Dirección General de Comercio de abordar con valentía los problemas de ordenación comercial en nuestra Comunidad.

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Y tal como usted nos ha descrito en su intervención, pues se han puesto los medios para que el conocimiento de la Ley General de Equipamientos Comerciales sea lo más amplio posible; se han puesto también, vía Decreto, se han activado los mecanismos que se recogían en la Ley, y para cumplir los objetivos de la misma; el sistema elegido para, regladamente, conceder la licencia comercial específica parece a este Grupo el más adecuado; la creación del registro de establecimientos, recintos y complejos comerciales para su necesario seguimiento era imprescindible y ya está en funcionamiento; el control puesto en marcha para los mercadillos era una reivindicación reiterada de todo el sector comercial, y también está en clara colaboración con los Ayuntamientos de la Comunidad y ya está también en marcha; y, en definitiva, se van dando los pasos firmes para ordenar la actividad comercial de una manera adecuada, proteger los derechos de los consumidores y -como decía antes- mantener los cascos históricos, la actividad comercial en los casos históricos.

Estas reglas de juego -usted ha dicho marco- indudablemente van a tener una dificultad de aplicación en una primera fase (que ya se preveía y que se está poniendo de manifiesto con casos concretos, prácticamente de manera exhaustiva, relatados por el Portavoz del Grupo Socialista).

En la opinión de este Grupo, si se ha tachado la aplicación mecánica de la Ley, que eso produce... produce, pues, tensiones y podrá producir, indudablemente, conflictos, la opinión de este Grupo -insisto- no es que sea una aplicación mecánica, sino que lo que debe hacer -y lo que creemos que está haciendo la Consejería- es la aplicación objetiva de la Ley, como no podía ser de otra manera. Y todo ello, codo a codo con el sector -como nos consta está haciéndose desde la Dirección General de Comercio-, y a pesar -insisto- en que se sabe y se conoce que las dificultades son muchas, los intereses que confluyen en la actividad comercial y su propia dinámica cambiante, pues, muchas veces se anticipa a lo que pueden ser normativas legales. Pero -insisto- creemos que el camino iniciado y mantenido por la Consejería es bueno, y le animamos a mantenerse en esta misma línea de actuación. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Cot. Para contestación, señor Consejero, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Muchas gracias, Señorías. Muchas gracias por sus distintas intervenciones.

Yo sí quisiera -quizás por introducir cierta distensión en la seriedad del debate- decir que uno está preparado para escuchar de todo, ¿no? Pero realmente hay cosas que yo no puedo aceptar. O sea, este... el Proyecto de Ley de Equipamientos no fue retrasado de forma intencionada; que yo conozca, no hubo ningún interés en ello. Que había algún interés para que se produzca un despliegue de grandes superficies en esta Región, absolutamente incierto; entre otras cosas porque hacemos un repaso de las que se han implantado durante la tramitación, y veremos el despliegue que se ha organizado en nuestra Región. Y que nosotros favorecemos a grandes... a las grandes multinacionales, en concreto este Consejero, pues creo que era lo último que yo podía escuchar en esta sala. Porque, Señorías, más restrictivo que ha sido el Gobierno Regional en la decisión política que ha tomado en cuanto a implantación de grandes superficies en esta Región, creo que pocas. Y lo digo con toda sinceridad. Más restrictivos que lo que hemos sido nosotros, creo que habrá pocas regiones en nuestro país; aunque todas aplican una política restrictiva.

Por lo tanto, nosotros no acudimos a las campañas electorales con mensajes positivos y favorecedores del comercio, que emplea... es un sector donde se genera mucho empleo. Y yo remito... y no es objeto de esta comparecencia, y además no tengo toda la información. Pero yo les remito, Señorías, a que acudan ustedes a todas las líneas de apoyo que tenemos al sector del comercio, en donde, a título de ejemplo, le digo que la Agencia de Desarrollo Económico de nuestra Región duplicó la partida de informatización el pasado ejercicio, haciendo un esfuerzo económico; duplicó la partida de información, el crédito presupuestario destinado. Y creo que eso no es un momento electoral, el actual, en el que nos estamos moviendo.

Confiamos plenamente en el sector del comercio. Queremos que en nuestra Región exista un equilibrio comercial entre las formas de comercio. Y hoy, en un Plan, que puede ser revisado en el futuro, creemos que esto era lo mejor para este sector en nuestra Región. Y por eso propuse al Gobierno que adoptara las decisiones que en su día ha adoptado.

Por lo tanto, no quisiera que quedaran en el ambiente de la sala sospechas sobre intereses de apoyo a grandes multinacionales ni sobre cualquier retraso.

Sí que comparto lo que decía el Portavoz del Grupo Socialista, y también el Portavoz del Partido Popular, en que esta Ley sufrió un retraso. Y que quizás, pues miren ustedes, fruto de las cosas... aparecen... o son como son, tenemos ahora mismo unos textos legislativos que nos permiten, por un lado, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista nos concedía a las Comunidades Autónomas la autorización, nos obligaba a autorizar la licencia comercial a grandes superficies; y nuestro instrumento jurídico, el que aprobaron estas Cortes, que tuvo... entró en vigor con posterioridad, sirve única y exclusivamente -además de otros contenidos que tiene- para objetivizar, para ser transparente en la concesión de esas licencias.

Por lo tanto, a mí me gustaría dejar absolutamente claro: primero, que tenemos en cuenta los intereses de los comerciantes, porque es una decisión política la que hubo que adoptar, y en esa dirección fue; y además, que nosotros propusimos a las Cortes la aprobación de este texto legislativo para ser transparentes y objetivos, y no discrecionales, en la concesión de las licencias para ejercer la actividad comercial en las grandes superficies.

Yo creo que es una buena Ley, con todos los problemas que puede llevar su aplicación. Cualquier texto legislativo -no solamente la Ley de Equipamientos Comerciales-, la entrada en vigor de cualquier texto legislativo plantea problemas a las situaciones jurídicas y administrativas que se están produciendo continuamente en la vida. Y por lo tanto, lógicamente, hay que tomar una serie de decisiones y de criterios.

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Por parte de este Consejero, he tratado de ser prudente; no sé si habré cometido algún desliz en mis pronunciamientos ante los medios de comunicación. Yo siempre he aconsejado que... tanto en la provincia de Burgos como en otras, que cualquier proyecto, cualquier inversor que tuviera interés en desarrollar un proyecto de estas características en nuestra Comunidad, acudiera a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, en concreto a la Dirección General de Comercio, a fin de que se le explicara cuál era la situación y que no se produjeran situaciones que luego pudieran tener difícil solución.

Pero no solamente quedamos en esto. Incluso hemos mandado escritos a las empresas que hemos tenido conocimiento de que pudieran tener interés en implantarse en nuestra Región, incluso.

Y luego también hemos estado en contacto con la Administración Central, porque había que sentar un criterio... -no por nuestra Ley de Equipamientos, sino por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista-, un criterio consensuado de aplicación de esta... de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que -como saben ustedes- entró en vigor -si no me confundo- el día nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Y todas las Comunidades Autónomas, coordinadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, sentaron un criterio de interpretación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

Bien. Dicho esto, yo quisiera... y voy a tratar de ser breve, pero exhaustivo, explicándoles a ustedes todas las situaciones que me han expuesto.

Miren ustedes, aquí se dan las siguientes situaciones -y vamos a tratar de hacerlo de forma esquemática-: la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la Ley estatal -por denominarla y que nos entendamos todos- entró en vigor el nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis; nuestra Ley de Equipamientos Comerciales entra en vigor en junio de mil novecientos noventa y seis. Por lo tanto, nos podemos encontrar, y nos encontramos, con solicitudes, unas que están registradas antes... o situaciones -vamos a decir- que se producen antes del nueve de febrero de mil novecientos noventa y seis, otras entre el nueve de febrero del noventa y seis y junio del noventa y seis, y otras entre... a partir de junio del noventa y seis.

Pero esto no es... es decir, no se da esta situación porque la Ley sea mala, o no se da esta situación porque hagamos las cosas mal -que muchas veces seguramente las hacemos-; se da esta situación porque son textos que entran en vigor en momentos en el tiempo distintos.

¿Cuál es la interpretación, al día de hoy, que nosotros aplicamos y vamos a aplicar? Primero, aquellas... aquellos proyectos de inversión de grandes... de implantación de grandes superficies en nuestra Región que tengan concedida la licencia de actividades clasificadas antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista no se les exige la licencia comercial establecida en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Aquellas inversiones en grandes superficies, solicitudes, que se encuentran en el período entre febrero del noventa y seis y junio del noventa y seis no se exige el procedimiento de la Ley de Equipamientos, pero sí que se exige la licencia de actividad comercial, que corresponde otorgarla a la Junta de Castilla y León, a la Comunidad Autónoma. Aquellas superficies, grandes superficies, que pretendan instalarse en nuestra Región a partir de la entrada en vigor de la Ley de Equipamientos Comerciales deberán someterse al procedimiento establecido en la Ley y en el Plan de Equipamientos.

Por lo tanto, dicho esto, pasamos a analizar las distintas situaciones que se encuentran en la Región.

También quisiera precisar que nosotros no vamos a entrar a negociar con los Ayuntamientos, nosotros... ni con la Federación de Municipios, ni con... ni con nadie. Nosotros vamos a exigir la aplicación de la Ley; es que no podemos hacer otra cosa a estas alturas. Ahora bien, que sepan Sus Señorías que mantenemos continuos contactos, que mantenemos una comunicación permanente. Que unas veces porque los propios municipios interesados en estos asuntos nos llaman, y otras veces porque nosotros mismos no solamente hemos dirigido esos escritos y hemos mandado el texto de la Ley a los Ayuntamientos, sino que también les hemos mandado escritos a los Ayuntamientos informándoles; y es lo que yo he tratado en mi intervención inicial, de explicarles las cosas.

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Bien. En la provincia de Ávila, la Consejería tiene conocimiento de la existencia de un convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Ávila y una sociedad, para la instalación de un centro comercial, sin que exista ninguna tramitación formal ante la Consejería. Por lo tanto, para nosotros, en la provincia de Ávila, al día de hoy, no existe un proyecto de inversión en una gran superficie, no existe. Ahora bien, el Plan de Equipamientos prevé la posibilidad... que no entra en contradicción, como decía el señor Granado, con otras provincias, con la provincia de Valladolid. Es decir, nosotros, en ese equilibrio que se ha tratado de buscar, creemos que es bueno que exista también esta oferta comercial, que exista esta oferta de venta en todas las provincias, es bueno. Y el Plan, después de un estudio exhaustivo, en el que hemos tenido... y ustedes tienen puntual información de la asistencia técnica que ha estado asesorando a la propia Consejería, donde se han valorado... y no tenga usted ninguna duda; y si quieren los antecedentes del estudio, si no se los hemos remitido, se los remitimos, para que conozcan profundamente cómo se ha elaborado ese estudio, cómo se ha llegado a estas conclusiones; que no es fruto del azar, no es fruto del azar el determinar los metros el determinar ..... de venta en las distintas provincias a que se hacía referencia, sino es fruto de las posibilidades de desarrollo comercial que tiene nuestra Región al día de hoy. Y como las cosas pueden cambiar, y todos deseamos que el desarrollo económico y el futuro de la Región, pues sea mucho más favorable que el que tenemos hoy, pues hay un instrumento que permite la adaptación a las distintas situaciones que se pueden presentar en el futuro.

Por lo tanto, en la provincia de Ávila no entra en contradicción; el que la provincia de Ávila tenga o no en su Plan General de Ordenación Urbana la previsión de instalar una gran superficie... pues se podrá instalar, será una decisión urbanística del Ayuntamiento. Pero el que al día de hoy no exista esa previsión, no quiere decir que porque la Ley de Equipamientos o el Plan General de Equipamientos haya previsto la posibilidad de no sé cuántos metros en la provincia de Ávila, que eso ya obligue a Ávila a tener una superficie. Si a lo mejor no solicita nadie la licencia. Si a lo mejor las condiciones del mercado impiden a cualquier promotor de una inversión de estas características a desarrollar su proyecto allí.

Nosotros tampoco vemos mal que los Ayuntamientos, pues, lleguen a acuerdos con los convenios. Convenios que... no lo tengo yo aquí delante, pero que creo que habrán introducido la cláusula de salvaguardia, que, en caso de que no tengan la licencia comercial, pues, evidentemente, a efectos de no ir a esas indemnizaciones de las que se hablaba, pues quedan, lógicamente, sin ninguna obligación para las partes tales convenios.

Por lo tanto, yo creo que no... una cosa es la relación que puedan tener los Ayuntamientos con las distintas compañías interesadas en instalar estas grandes superficies, y otra cosa muy clara... muy distinta es que nosotros exijamos el cumplimiento de la Ley, exijamos el cumplimiento del Plan de Equipamientos. Y que nosotros vamos a conceder, la Junta de Castilla y León va a otorgar la licencia, pues, a la solicitud que se crea y que se informa, y que es la que hay que conceder.

Por lo tanto, se pueden firmar muchos convenios, pero al final la Junta de Castilla y León otorgará licencia a aquel proyecto al que le corresponda, que entienda que, ajustado a Derecho y con respeto a la más absoluta legalidad, y en función de la política comercial que establece la Junta de Castilla y León, es la que corresponde conceder en cada provincia.

En la provincia de León hay dos proyectos. San Andrés de Rabanedo. El proyecto de San Andrés de Rabanedo, partiendo de que el Artículo 6... es un proyecto que encuadraríamos en el momento que yo les he fijado a ustedes; es un proyecto acoplado a la interpretación que hacemos de la entrada en vigor... proyectos presentados antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, es decir del nueve de febrero del año noventa y seis.

Por lo tanto, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista dice que, efectivamente, la apertura de una actividad de un gran establecimiento exige del otorgamiento de una licencia comercial que le corresponde a la Administración Regional. Bien.

Entrando en vigor esta Ley el nueve de febrero del noventa y seis, tenemos que decir... quizás también justifica el que nosotros, en un primer momento, hasta que tuvimos la información directa oficial de los Ayuntamientos para conocer las distintas situaciones que se encontraban en cada localidad sobre los proyectos, o las solicitudes, o las autorizaciones urbanísticas que tenían, les damos también un tiempo en aquellas fechas, después de la entrada en vigor de la Ley -me refiero a junio del noventa y seis-, de la de Equipamientos Comerciales. Tuvimos que aclarar esa situación que los distintos Ayuntamientos nos fueron comunicando. Pero se nos informó que tenía concedida licencia para actividad, por acuerdo de la Comisión de Gobierno Municipal, con fecha veinticuatro de agosto del año noventa y cinco; es decir, prácticamente siete u ocho meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Por lo tanto, es un proyecto, es una inversión que la Junta de Castilla y León no tiene que autorizar, porque no teníamos competencias, porque la Ley no había entrado en vigor y no nos otorgaba esa obligación de dar la licencia comercial.

Está pendiente de la firma de una resolución, que como este Consejero ha tenido relaciones profesionales con grupos de estas características, me voy a inhibir y lo va a resolver otro Consejero. Por lo tanto, yo les informo únicamente de cómo están los asuntos, pero les digo que los va a resolver otro Consejero.

Bien. Entonces, este asunto está de esta manera.

Villalonquéjar... o Villaquilambre (Villalonquéjar es el Polígono de Burgos). Villaquilambre tiene solicitada la instalación de un gran establecimiento, está informado por la Dirección General de Comercio y está pendiente del informe preceptivo del Consejo Castellano-Leonés de Comercio.

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Salamanca. En Salamanca, a través de los medios, se conocen tres proyectos. Porque les tengo que decir, Señorías, que nosotros hemos mantenido, tanto la Dirección General de Comercio como este Consejero, reuniones con los comerciantes de todas las provincias; que hemos tenido reuniones con el sector en general y sus organizaciones... los representantes de sus organizaciones empresariales; que hemos tenido también reuniones con sindicatos; que hemos tenido reuniones con los Ayuntamientos. Bien. Y que nosotros, bueno, a la vista de las distintas informaciones que tenemos en la provincia de Salamanca, tenemos que decir:

En primer lugar, Santa Marta, la licencia... Pero con quien no hemos tenido reuniones -perdón, que se me había olvidado- es con las empresas; hemos tratado de obviar. A este Consejero vienen numerosísimas solicitudes de reuniones ....., y yo trato de obviar el reunirme con los que tienen intereses, porque creo que para actuar también con absoluta independencia debemos de ser rigurosos en esos temas.

Por lo tanto, en la provincia de Santa Marta... en la provincia de Salamanca, el proyecto de Santa Marta tiene una licencia municipal que ha sido impugnada por la Consejería de Presidencia y Administración, por infracción de la Ley de Actividades Clasificadas, al existir un informe negativo de la Comisión Provincial, y tras requerimiento al Ayuntamiento para anular el acuerdo que fue expresamente rechazado por el mismo.

Respecto a la licencia de obras, ha sido requerido también el Ayuntamiento para su anulación, no habiendo concluido el plazo para su contestación.

Mire, este proyecto, la solicitud de Santa Marta se realiza escasos días antes -estoy hablando de uno o dos- de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Me refiero a la fecha del nueve de febrero.

El hecho del registro de una solicitud, entienden los juristas -yo trato de abstraerme del ejercicio de la profesión que hacía antes-, entienden los juristas que no genera ningún derecho; y tengo informes en ese sentido. Y en base a esto, pues entendemos que no corresponde a la empresa que ha... que promueve este proyecto, que está sujeta a la licencia comercial. Y es una disparidad jurídica que nosotros... Es decir, no es negociable; es una interpretación que, a mi juicio -digo sinceramente-, está suficientemente clara, y que el hecho del registro en una Administración Pública de una solicitud no da ningún derecho, no supone, no implica la concesión de ningún derecho ni la concesión de ninguna licencia. Y, por lo tanto, esta gran superficie está sujeta -lo dirán los Tribunales, si es donde está avocado este asunto-, estaría sujeta... -según interpretación que hace nuestra Asesoría Jurídica-, estaría sujeta a la licencia comercial.

Por lo tanto, como el Ayuntamiento ha procedido a conceder estas licencias, dimos instrucciones a la... después de solicitar el Informe también a la Asesoría Jurídica General, de que se iniciaran los procedimientos que correspondiera para que esos acuerdos administrativos, los actos administrativos fueran impugnados.

El proyecto de Carbajosa de la Sagrada está... hay la solicitud; está informado por la Dirección General de Comercio, y está pendiente, también, del informe del Consejo Castellano-Leonés de Comercio, que se resolverá siguiendo la tramitación. Se ha emitido ya dictamen por el Tribunal de la Competencia, y se está pendiente de que se emita el informe del Consejo Castellano-Leonés.

Luego, es cierto y además creo que sería importante para nuestra Región que empresarios del sector iniciaran proyectos de distribución, de comercialización -empresarios de nuestra Región- de estas características. Hemos mantenido distintos contactos con ellos; creemos que hay grupos importantes en nuestra Región que podrían abordar, sin ningún género de dudas, sin ningún problema, este tipo de inversiones. Pero tengo que decir que, hasta el día de hoy, no existe ni una solicitud registrada en la Consejería; pero que veríamos como muy bien que se instalaran... que surgieran proyectos empresariales, inversiones de nuestra Región, con capital de nuestra Región, para estas fórmulas de venta.

Existe también el interés -porque ha mantenido con nosotros alguna reunión- de la Asociación de Empresarios, ....., de promocionar una inversión de estas características. Pero, Señorías, tengo que afirmar que al día de hoy no existe ninguna solicitud formal en nuestra Consejería en este sentido.

Bien, proyectos de Valladolid. En Valladolid, en la provincia de Valladolid... en la provincia de Valladolid tenemos dos proyectos. Un proyecto en la capital que está promovido por un grupo. Este expediente está sometido a la obtención de licencia comercial, porque la solicitud es posterior a la entrada en vigor de la Ley de Ordenación, del nueve de febrero del noventa y seis -y por lo tanto, están fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Equipamientos Comerciales-, está informado por la Dirección General y, aplicando el Plan de Equipamientos, y se procederá a su resolución. El de Zaratán, el Proyecto... existe otro expediente de instalación que está informado, ha recibido ya el informe del Tribunal de la Competencia, está informado por la Dirección General de Comercio, pendiente de informe preceptivo del Consejo Castellano-Leonés, y cuando se obtenga se dará trámite y se procederá a su resolución.

Tengo que decir también que estos proyectos... el Plan de Equipamiento nos va a permitir, a través de lo que establecen las distintas bases del Plan, el objetivizar al máximo la concesión de estas licencias, teniendo en cuenta, pues muchos parámetros, muchas fórmulas que se han establecido en orden a hacer una mejora distribución, una mejor implantación de las grandes superficies en nuestra Región.

Bien. Yo creo que con esto he pasado, he dado un repaso a lo que me decía respecto a los proyectos que están hoy en día pendientes de resolución y de solicitudes en nuestra Región.

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Tengo que afirmar que el momento de entrar en vigor de la Ley ha sido oportuno; que nos va a permitir el resolver estos expedientes siendo absolutamente transparentes y absolutamente objetivos; que hay otros modelos en el país que siguen o que se basan en criterios más discrecionales, que en los supuestos en los que se deniega la licencia, los distintos promotores están acudiendo a los tribunales y que por falta de fijación de criterios, por falta de motivación, esas resoluciones administrativas están siendo impugnadas, resueltas estimando los recursos en los distintos tribunales, y que están posibilitando la implantación de grandes superficies en otras Comunidades Autónomas, en contra, incluso, de las políticas comerciales que tienen los Gobiernos Autónomos. Nosotros con esta Ley tenemos cobertura jurídica suficiente para respaldar nuestras resoluciones y entendemos que, de ser impugnadas algunas, serán desestimados esos recursos, en el supuesto de que algún día se impugnaran algunas resoluciones que iremos dictando.

Hemos optado por una fórmula -como digo- de resolución objetiva y, por lo tanto, creo que eso debe ser una satisfacción de todos los Grupos en la medida de que todos participamos consensuando un texto que nos está facilitando resolver los problemas.

No hay diferencia de trato en atención a diferencia de fechas. Evidentemente, los textos legislativos -como yo decía-, pues, entran en vigor cuando entran; el texto, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista fue muy debatida en las Cortes Generales, en el propio Senado, en el propio... las reuniones, y el diálogo entre el sector y la Administración Central, pues es un... dado que es un debate complicado, llevó mucho tiempo, y eso supuso, pues, también un retraso en la entrada en vigor de esta Ley. Yo creo que, insisto, reitero, que tal y como ha quedado nos ha permitido en estos momentos gozar de un instrumento que nos hará facilitar, nos facilitará el camino para la resolución.

En respecto a la posible modificación... se hacía referencia de los planes generales, nosotros no tratamos de modificar los planes generales de ordenación urbana, ni entramos en contradicción; lógicamente, para la licencia comercial de grandes superficies se exige de hacer un... seguir un procedimiento previsto en el Plan, pero, yendo al caso concreto que se hablaba de Valladolid, en las zonas donde estaban recogidas en el Plan General como posibles para albergar unas actividades comerciales, no solamente ahí se puede desarrollar una gran superficie, yo creo que existe excesiva psicosis de que solamente se desarrollan las zonas con este tipo de... con esta formula de venta -de grandes superficies-, hay parques comerciales, hay centros comerciales... que, además, en otros países y en otras regiones de nuestro propio país se están desarrollando como fórmulas, como alternativas a las grandes superficies y, además, bastante más efectivas desde el punto de vista de la rentabilidad y de la viabilidad.

Por lo tanto, en estas zonas, en estas provincias, esas superficies que están contempladas en los Planes Generales de Ordenación Urbana se pueden desarrollar sin ninguna dificultad, excepto, con grandes superficies, a lo que llamamos grandes superficies comerciales, hipermercados, de más de dos mil quinientos metros, que sí que exigen de una autorización.

Pero quiero precisar también y hablando de la provincia donde estamos... están residenciadas las Cortes de Castilla y León, que no es responsabilidad del Gobierno Regional la distribución comercial que tiene Valladolid capital; lo digo con toda claridad: no corresponde al Gobierno Regional, no hizo el Gobierno Regional la distribución comercial y no tiene responsabilidad, no digo ya tanto este Consejero, pero digo la Junta de Castilla y León, el que estén concentradas en una zona de la... de la... y que al día de hoy tenga muy localizado dentro de la ciudad de Valladolid las fórmulas comerciales, las grandes superficies, en una parte de la ciudad. Quizás una distribución, una previsión en el plan de una ordenación contemplada en otros términos hubiera permitido, pues, una mejor localización. Pero, no obstante, creemos que la oferta, tal y como queda reflejado... la oferta que puede contemplarse, contemplada, que viene recogida en el Plan, los metros, dan... yo creo que permiten ese equilibrio que nosotros hemos buscado en nuestra... Bueno, ejerciendo las competencias en política comercial, entre lo que es -debe ser- la atención al comercio en nuestra Región -sector por cierto que genera mucho empleo, en el que tenemos confianza que genere mucho autoempleo, muchos emprendedores-, la protección que queremos dar a los cascos urbanos... históricos, con el fin de propiciar un entorno urbanístico, como están haciendo los Ayuntamientos favorables para la comercialización y, por otro lado, pues creo que queda de esta forma... -existiendo otras fórmulas de venta-, queda en muchas posibilidades, muchas alternativas que pueden seguir desarrollando, sin que sea exclusivamente la formula de venta denominada "grandes superficies".

Sí quisiera, dando contestación a la Procuradora del Grupo Mixto, decir que sí que tenemos en apoyo al comercio muchas medidas adoptadas, como afirmaba al principio de mi intervención, no solamente en informatización, en formación, en apoyo a la inversión, en el tratamiento específico a zonas... estamos contribuyendo también con los distintos Ayuntamientos, me refiero a Cuéllar, a Benavente, a otras localidades de la Región en donde estamos colaborando, contribuyendo, cooperando a favorecer zonas comerciales; es decir, que tenemos un... yo diría un plan de apoyo al comercio bastante amplio y que además es un plan muy consensuado con el comercio.

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¿Las grandes superficies crean empleo? Pues, mire usted, le afirmo de forma rotunda que no. ¿Y empleo estable? No. No crean empleo. Yo comprendo, respeto los intereses que para un municipio pequeño pueda tener, bueno, la implantación de una gran superficie, porque el empleo que puede crear estable pues, efectivamente, puede absorber, probablemente, el excedente que tengan de empleo en esa localidad; pero ciertamente le diría que el empleo fijo en las grandes superficies está establecido en un 20% y el empleo precario e inestable supera... está en un porcentaje del 80%. Por lo tanto, las grandes superficies crean empleo; pero creemos que hoy día, en cuanto a generación de empleo, el sector del comercio tradicional crea mucho más empleo en nuestra Región.

Por último, Señorías, he explicado, creo..., el caso de Burgos yo no sé si lo he llegado a explicar, pero explicado ya como ha sido... es que veo Burgos aquí, pero dada esta explicación, yo creo que es suficiente y que nosotros realmente hemos... las decisiones tomadas, las decisiones políticas adoptadas en este... en todo lo que se refiere a la política comercial, creo que permiten que se produzca un equilibrio entre las fórmulas tradicionales de venta -que son una gran mayoría, que generan... tienen muchos promotores y muchos emprendedores en esta Región- y este tipo de fórmulas de venta, que creemos que, efectivamente, hay que... se pueden instalar y que creemos profundamente, que creemos que son buenas también estas fórmulas de venta, pero que en la situación actual, al igual que están haciendo, no solamente la política comercial que están llevando otras Comunidades Autónomas sino diría países en donde han tenido, bueno, pues, una importancia excesiva este tipo de fórmulas, como es en Francia, yo me remito, pues al debate que se ha producido en el país vecino sobre este tipo de implantaciones. Mantuve un encuentro en una visita que hicimos a París al Ministro responsable del Comercio hace meses, y, efectivamente, él... yo creo que -no sé- se encontraría, pues satisfecho si tuviera la implantación comercial que tenemos en la Región como la nuestra cuando se lo expusimos. Yo creo que damos... permitimos a los consumidores de Castilla y León poder acudir a este tipo de... a esta formas de venta; lo cual yo creo que es una fórmula natural que se ha producido en todo el mundo y que, además, estamos posibilitando el desarrollo de nuestro comercio en los próximos años, que creo que es importante. Muchas gracias, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Antes de dar la palabra al Grupo Parlamentario Socialista, sí quiera decir que los intervinientes procuraran acortar sus tiempos de intervención, adaptándose a los tiempos del Reglamento, en previsión de no prolongar excesivamente la sesión. Señor Octavio, tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Consejero, por sus explicaciones.

Voy a intentar resumir la impresión que nos producen estas explicaciones, que yo creo que vienen a... pues, de alguna manera, a ratificar que estamos ante una situación enormemente complicada, ¿no?, y en la que tenemos que aplicar diferentes normas, en función de los plazos de aplicación de las mismas; lo cual, inevitablemente, nos va a llevar a situaciones realmente paradójicas.

Comentarle al señor Consejero, en principio, que no ha hecho ninguna referencia a la cuestión de los grandes almacenes. Esta cuestión va a ser objeto de una iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario. Nosotros queremos que la Junta de Castilla y León modifique la decisión que ha tomado en el Decreto del Plan General de Equipamientos Comerciales en relación con el tema grandes almacenes, porque pensamos, sencillamente, que no es posible que una norma de la Comunidad Autónoma diga ya de antemano que en cinco provincias de la Comunidad ya no va a haber nunca un gran almacén; porque pensamos, sencillamente, que esto es ponerle puertas al monte, y que, realmente, sería difícilmente justificable ante la opinión pública una norma de esa naturaleza, y que incluso... en fin, habría preceptos constitucionales en juego que discutirían la decisión de la Consejería.

Pero, dejando el tema de los grandes almacenes, sí que me gustaría hacerle algunas reflexiones al señor Consejero sobre la aplicación de esta triple legislación: Ley de Ordenación del Comercio Minorista, etapa anterior y etapa posterior, con plena vigencia de las dos Leyes que estamos aplicando en estos momentos en Castilla y León.

El caso de Ávila. Bueno, me dice el señor Consejero que usted no conoce -oficialmente, lógicamente- ninguna solicitud realizada en la provincia de Ávila para la ubicación de una gran superficie comercial. Me imagino que el texto del Convenio del Ayuntamiento de Ávila con la empresa... la sociedad MANILEX lo conocerá; si no lo conoce, yo le paso encantado una copia, porque tengo una copia aquí mismo. Claro, señor Consejero, yo no quiero obligarle a usted... meterle los dedos en la boca para que diga que el Ayuntamiento de Ávila ha actuado mal. Pero fíjese usted lo que dice nuestra Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León en el apartado 10.2, dice que la documentación que tienen que remitir los Ayuntamientos a la Junta para solicitar la segunda licencia para una gran superficie comercial, que previamente han tramitado los propios Ayuntamientos, incluirá en todo caso informe relativo a la repercusión social, ambiental y económica que la autorización vaya previsiblemente a tener, y su incidencia sobre la estructura comercial de la zona.

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Al Ayuntamiento de Ávila llega a un convenio con una empresa -a la que, evidentemente, no contempla nada de esto, nada de esto-, y a continuación le va a remitir a usted una documentación que va a estar pura y simplemente confeccionada para justificar el convenio. Cuando nosotros hicimos aquí una Ley, la idea que teníamos todos, y la idea que tenía usted mismo -y le puedo leer declaraciones suyas, y no hará falta, porque yo, además, creo que usted las sigue manteniendo- es que los Ayuntamientos tuvieran en cuenta estas cuestiones con carácter previo, en el mismo proceso de aprobación del planeamiento y de la aprobación de la gran superficie comercial. Es que tiene que ser así. Porque, si no, esto se convierte en un trámite ridículo.

Bueno, pues el Ayuntamiento de Ávila se nos ha saltado el Artículo 10.2 de nuestra Ley de Equipamientos Comerciales a la torera, a la torera. Y evidentemente, eso sí, cuando remita la documentación a la Consejería, habrá en esa documentación, unos apartados que cumplan formalmente el texto de nuestra Ley, pero que no cumplan el espíritu de la Ley. O sea, lo que la Ley preveía era que los Ayuntamientos discutieran estas cuestiones antes de tomar una decisión; y aquí nos encontramos con una decisión que se ha tomado sin tener en cuenta estas consideraciones, y que ha generado, lógicamente, pues la correspondiente crispación en los comerciantes abulenses. Caso de Ávila.

No ha mencionado el caso de Continente en Burgos. Es ocioso que lo mencione, señor Consejero, porque es el mismo que el de San Andrés del Rabanedo. Es el mismo. La empresa tenía licencia de actividades clasificadas y en este caso no es procedente, por lo tanto, solicitarle una segunda licencia de... en aplicación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

¡Hombre!, señor Consejero, reconózcame usted que no la ha incluido en su primera intervención, o en su segunda intervención, por la sencilla razón de que el Director General de Comercio ha estado varios meses en la prensa en Burgos defendiendo vigorosamente -como él sabe hacer las cosas-, exactamente lo contrario. Y es que Continente tenía que tramitar una segunda licencia. Ya entiendo que sus palabras son una rectificación, aunque la rectificación no se ha producido. El Director General de Comercio es una persona y, como tal, se equivoca; se ha equivocado y rectificado... rectificación habemus. Pues bien, de acuerdo. Pero la verdad es que esto ha tenido consigo algunos problemas, y la instalación de esta tercera gran superficie comercial en Burgos, pues también... pues no se le oculta, señor Consejero, que es especialmente problemática. Y la intervención de la Dirección de Comercio había suscitado unas expectativas que no se pueden resolver legalmente.

Me dice, señor Consejero, que en el tema de Valladolid no es responsabilidad de la Comunidad Autónoma la ubicación de las grandes superficies comerciales en la ciudad de Valladolid. Empieza... descarga un poco la responsabilidad en el Ayuntamiento de Valladolid. ¡Hombre!, señor Consejero, esto es una verdad a medias. Y se lo voy a decir en una frase para que usted lo entienda, y seguro que me tiene que dar la razón: ¿Quién concedió la licencia a Pryca para solicitar su... para instalar su gran superficie comercial en Arroyo de la Encomienda? ¡Si fue la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Castilla y León! No fue el Ayuntamiento de Valladolid.

Entonces, no me diga usted que no es responsable de una gran superficie que se ubica a tres kilómetros de una ciudad, para a continuación decirme, en el Plan General de Equipamientos Comerciales, que se utiliza la superficie construida de esa gran superficie para justificar el que una previsión del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid no va a poderse cumplirse. Porque usted me dice: "¡Hombre!, nosotros no modificamos los planes generales de ordenación de urbana". También es una verdad a medias: la Ley dice que tienen que adecuarse a la Ley. Nuestra Ley de Equipamientos Comerciales dice que el planeamiento urbanístico debe adecuarse a la Ley; o sea, que con la Ley les hemos modificado. Y si en nuestro planeamiento en general, en nuestras disposiciones legislativas y en el Decreto de la Junta que aprueba el Plan General de Equipamientos Comerciales, dice usted -o decimos todos- que no va a haber más superficies comerciales en Valladolid, pues, hombre, esto no es una modificación... Será el Ayuntamiento de Valladolid el que modifique su Plan; pero la verdad es que no les dejamos otro remedio. Así de claro. La superficie podrá ser comercial, pero no una gran superficie. Y las previsiones del Plan en ese sentido no van a cumplirse.

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Y en el caso de Salamanca me dice usted que ustedes no van a entrar a negociar con los Ayuntamientos, y que consideran que lo que cabe es la aplicación objetiva -ha dicho el Portavoz del Grupo Popular en su razonable intervención- de la Ley. Pues es que también es una verdad a medias. Porque la Ley no lo dice, pero lo dice el Decreto que regula el Plan General de Equipamientos Comerciales. ¿Y qué dice? Cuando existan varias solicitudes, en primer lugar, se tendrán en cuenta las formuladas con carácter prioritario en el área urbana sobre las de periurbana, y luego otra serie de criterios, entre los cuales están los servicios a los consumidores, etcétera, etcétera, etcétera; criterios todos ellos muy razonables. Pero, señor Consejero, fíjese usted, llama la atención en esta norma que falte un criterio, también bastante razonable, y es el de la presentación de las solicitudes. Porque en estos momentos este criterio... este Decreto, de la manera que está redactado, abre la puerta, abre la puerta a una posibilidad como efecto perverso que es indeseable para todos, y es a que alguien solicite la instalación de una gran superficie comercial, tramite un plan especial, el plan especial se apruebe provisionalmente por el Ayuntamiento, toda la documentación se remita a la Consejería y, en el momento en que la Consejería tiene que adoptar la decisión sobre la segunda licencia, alguien mete una segunda solicitud. Y ese segundo solicitante está -según el Decreto- en igualdad absoluta de condiciones sobre el primero; y, si se atiene mejor a las condiciones del Decreto, se le puede otorgar la segunda licencia al segundo solicitante. Con lo cual, puede ser que una empresa tramite una solicitud al cabo de un año más tarde que otra y nos encontremos con que, por las normas legales que están en vigor en la Comunidad Autónoma, estamos obligados a otorgarle la licencia a la segunda empresa antes que a la primera. ¿Y si la segunda empresa, después de tramitada su solicitud -pongamos por ejemplo, pongamos por ejemplo- y de tener todas las licencias, renuncia a la instalación? Renuncia a la instalación y entonces tenemos que acudir a la solicitud de la primera, pero a lo mejor después de dos o de tres años de la compleja tramitación urbanística y comercial de las licencias de actividades de estas superficies.

Yo creo que estos criterios tenían que haber sido negociados con los Ayuntamientos, y que tenía que haber llegado usted a un acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias para determinar... no la aplicación de la Ley, sino cómo se aplican criterios de preferencia cuando tenemos diferentes solicitudes en un supuesto tasado por la Ley, que es el número de metros cuadrados que se pueden ubicar en gran superficie en una provincia. Y que haría usted muy mal si no negocia con los Ayuntamientos. Porque, al final, la solución que usted tiene va a ser inevitablemente recurrir a los Tribunales de Justicia y enfrentar a unos Ayuntamientos con otros. Y esto no es bueno ni para el Ayuntamiento de Santa Marta, ni para el Ayuntamiento de Salamanca, ni para la Comunidad de Castilla y León.

Entonces, yo le animo, no a que negocie usted la aplicación de la Ley, sino -como decía Romanones- a que negocie usted... -haciendo un trasunto de aquello de "hagan ustedes las leyes y déjenme a mí hacer los reglamentos"-, a que negocie usted el reglamento; a que negocie usted los criterios; para evitar problemas y para evitar situaciones conflictivas. Como le animo a que negocie con el Ayuntamiento de Valladolid. Al Ayuntamiento de Valladolid nuestra Ley y su Decreto le crean un problema... Pues negocie usted con el Ayuntamiento de Valladolid cuál es la mejor solución para los intereses de los vallisoletanos, para los consumidores, para los comerciantes, para las empresas, para el empleo, para todo.

Y por terminar, señor Consejero, yo creo que estamos en un problema conflictivo, en el que hay intereses en conflicto. Todos los intereses son razonables: los de los comerciantes, los de los consumidores, los de los Ayuntamientos. En estos temas yo creo que sí que un cierto talante negociador es bueno, es bueno. Yo creo que, en estos momentos, en algunos casos da la sensación de que... -voy a decirlo de manera que no pueda ser ofensiva-, hombre, me da la sensación de que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Marta preferiría que usted le tratara como al Ayuntamiento de Ávila; o que a lo mejor el Ayuntamiento de Ávila, pues podría sentirse enfadado si usted le trata como al Ayuntamiento de Santa Marta. Porque a lo mejor lo que ha dicho usted de la solicitud presentada al Ayuntamiento de Santa Marta, a lo mejor tiene usted toda la razón. Pero también usted -que tienen un buen servicio de prensa, y que en este servicio de prensa se le comunica, por lo tanto, las noticias sobre los convenios que firman los Ayuntamientos- debería haber, siendo igualmente celoso de la aplicación de nuestra Ley, haber advertido al Ayuntamiento de Ávila que el convenio como el que había firmado por la sociedad MANILEX, pues no se atenía a lo preceptuado por la Ley de Castilla y León.

Y que, en este sentido, pues sería deseable que la negociación con todos, pues no dé a ningún Ayuntamiento de esta Comunidad Autónoma la sensación de que, en función del tamaño, o en función de la oportunidad política, o en función de criterios siempre discutibles, pues existe para unos la parte ancha del embudo y para otros la parte estrecha.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Farto.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Simplemente, señor Consejero, voy a intentar hacer una pequeña reflexión.

Si todos estamos de acuerdo en que las grandes superficies no crean empleo y el que crean es precario, y encima estamos de acuerdo en que es una amenaza para el comercio tradicional, teniendo en cuenta que, por ejemplo -y lo cito como ejemplo, pero por lo que veo es extrapolable a otras provincias-, en León existen en la actualidad cuatro grandes superficies y se van a crear otras dos, no entiendo, señor Consejero, cuál es la política de la Junta de Castilla y León, cuando tienen tan claro, por un lado, el impacto negativo de las grandes superficies y, por otro lado, se está haciendo todo lo contrario.

Y esperamos que ese Informe negativo del Consejo Castellano-Leonés... perdón, que ese Informe del Consejo Castellano-Leonés de Comercio, en concreto para la superficie de Villaquilambre, pues sea negativo, si tenemos en cuenta sus palabras. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Pues un poco enlazando, porque para nosotros es lo fundamental, lo que acaba de decir la Portavoz del Grupo Mixto -y que ha ratificado el propio Consejero-, de las consecuencias que tiene en lo fundamental, que deben ser la calidad, inclusive, en el servicio a los ciudadanos, la creación de empleo y la calidad del mismo. Y sobre todo en los dos últimos... en los dos últimos elementos el propio Consejero... aunque yo creo que es inclusive más; porque no solamente se trata de la precariedad o no, sino de las condiciones también en la que se realiza ese trabajo, pues son claramente peores en las grandes superficies que en el comercio que hasta ahora teníamos en nuestra Comunidad Autónoma.

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Y en ese sentido, pues sí, realmente, una vez más nos encontramos en la falta de coherencia con el discurso y la práctica. No se puede decir que se está potenciando el pequeño comercio, cuando la consecuencia es que el pequeño comercio desaparece, las condiciones de los trabajadores que prestan sus servicios en las grandes superficies se deterioran, y a continuación decir que ustedes están por la creación de empleo también en el sector del comercio y que están por potenciar el pequeño comercio. La práctica, pues, no se corresponde con esas afirmaciones.

Y ustedes pueden seguir diciendo que es que hacen lo que dicen en las campañas electorales. Pues tampoco se corresponde, porque cojan ustedes los datos de cuál es el volumen en este momento que existe de incidencia en el pequeño comercio en las ciudades; sobre todo en las ciudades de mayor incidencia... sobre todo en aquellas donde, lógicamente, se han instalado las grandes superficies.

Y se podrán seguir haciendo afirmaciones, y usted se podrá asombrar de lo que hacemos aquí... afirmaciones, pues, en este caso los Portavoces de Izquierda Unida. Pero nosotros nos asombramos también de sus afirmaciones, señor Consejero. Porque aquí se ha hecho referencia, por ejemplo, a las contradicciones entre el Director General de Comercio y usted; contradicciones entre usted mismo, dichas aquí, en este Pleno. Usted manifestó en este Pleno al Portavoz de este Procurador que la posibilidad o no de la licencia comercial a Continente en Burgos estaba en un contencioso judicial. Eso contestó usted, señor Consejero. Y más abundo, en titulares de prensa, Diario de Burgos, usted afirmó: "Continente tendrá que buscar la licencia comercial y tendrá que mirar a ver si tiene derecho o no a la licencia comercial". Afirmaciones suyas, señor Consejero, sí, sí, suyas. Es decir, que ya no son contradicciones entre diferentes altos cargos de la Consejería; suyas propias.

Entonces, explíquenos cuál es lo que ha variado en la aplicación de la Ley. Si es una variación de fechas, explíquenos cuál es esa variación. O simplemente es que usted dice que no es cierto tampoco que las grandes superficies se han instalado en los últimos tiempos, pues la información que este Grupo tiene es que en el año noventa y cinco y noventa y seis, la mayor parte se han instalado; noventa y cinco y noventa y seis; la mayor parte. En Burgos da la casualidad que, de las tres que hay, dos se han instalado en los años noventa y cinco y noventa y seis, y la otra está ahora.

Y hablando otra vez de la susodicha Continente, que dice que no se favorece a las multinacionales. ¿Y cómo es eso que se consienten ilegalidades de las multinacionales y luego se hacen modificaciones -lo que he dicho anteriormente: el Plan General de Ordenación Urbana- para legalizar el abuso de la multinacional, que ha cometido? Es decir, no se les requiere... es decir: cumpla usted la Ley. Dice: no, no, ya modificamos la situación, modificamos la Ley para que usted esté en la legalidad en la nueva modificación. Eso es lo que han hecho ustedes. Lo ha hecho el Ayuntamiento -que es del Partido Popular, lógicamente-, y ustedes han dado el visto bueno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana a través de las competencias urbanísticas que tiene la Consejería correspondiente. Y eso es lo que han hecho ustedes. A partir de ahí, ¿qué tratamiento, o qué...? ¿Ese tratamiento se da a otras empresas, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios? En absoluto. Se da realmente a quien tiene capacidad de presión; y no cabe la menor duda de que quien tiene capacidad de presión todos sabemos quiénes son.

Y claro, ahí -por terminar, porque queremos ir haciendo... recogiendo las recomendaciones del señor Presidente- lo que es evidente... y simplemente le recomiendo que se reúna, si tiene a bien -dado que no se reúne con las multinacionales, pero parece que sí que se reúne con los pequeños empresarios-... reúnase, por ejemplo, con la recién constituida Asociación de Comerciantes de la zona sur de Burgos, y les diga, por ejemplo, cuáles son las consecuencias que está teniendo en el pequeño comercio; o con la propia Federación de Comercio de la ciudad de Burgos, a ver cuáles son las consecuencias que está teniendo. Están todos los días en los medios de comunicación manifestando, por un lado, las consecuencias que está teniendo y, por otro lado, la falta de atención y de promoción por parte de los poderes públicos en lo que siempre se ha manifestado -y usted sigue manifestando aquí-, pero que luego no se ve en la práctica.

Ellos mismos han tenido que... y a mí me parece bien que lo hagan, por supuesto que sí; y además, inclusive, hay que fomentar eso. Pero ellos, por su cuenta, han hecho campaña para intentar, pues, contrarrestar esa consecuencia negativa de las grandes superficies, en esa competencia que se puede considerar -entre comillas, para que no se diga ninguna otra cosa- "desleal"; aunque, lógicamente, es una competencia de desiguales.

Y en ese sentido, simplemente, lo que le pedimos es coherencia entre lo que dicen y lo que hacen a la hora de fomentar el pequeño comercio. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cot.

COT VIEJO

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EL SEÑOR COT VIEJO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, como ya puse de manifiesto en mi primera intervención, el Grupo Popular no tenía dudas sobre la correcta aplicación de la Ley de Equipamientos Comerciales y del recién aprobado Plan General de Equipamientos Comerciales, en lo que es desarrollo y cumplimiento de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Tampoco tenía dudas de la existencia de conflictos iniciales en la aplicación novedosa de estas disposiciones.

Pero después de oída su respuesta, dadas las dudas y en algunos casos, más bien, acusaciones de cierto calado y de cierta gravedad planteadas por otros Portavoces, queda claro que la Consejería actúa con criterios objetivos y claros en todos los casos de posible implantación de grandes superficies en nuestra Comunidad.

Por lo tanto, estamos convencidos que ni doble rasero, ni aplicación mecánica, ni tratos de favor, ni ley del embudo. Ha dado usted respuesta exhaustiva a todos los supuestos planteados.

Por concluir y ser breve, hacer un pequeño resumen de la coincidencia con el Portavoz Socialista en que la Ley es buena; y nos satisface que se reconozca esto en esta Comisión. Pero coincidir también que las dificultades de su desarrollo y aplicación van a llevar consigo, y están llevando consigo tensiones de distinta índole, que la Consejería -insistimos- pensamos que está resolviendo con criterios objetivos y claros.

Poner de manifiesto la necesidad, que se ve clara y la propia Ley lo establece, de la mayor información posible y el mayor contacto con los Ayuntamientos de la Comunidad para la preceptiva modificación de sus planes generales de ordenación urbana cuanto antes. Insistir en que el camino iniciado es el correcto. Y animarle en los trabajos que la Consejería está realizando en materia de comercio. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Cot. Para dúplica, señor Consejero, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Señorías. Muy brevemente, para decirles las siguientes cuestiones.

En primer lugar, que pudiera quedar en la Comisión que estamos celebrando la duda sobre si la Consejería de Industria, Comercio y Turismo en la elaboración del Plan General de Equipamientos Comerciales ha obviado cualquier conversación, cualquier negociación con la Federación de Municipios. Y les tengo que afirmar que la Federación de Municipios ha tenido a su disposición -y así se lo hemos remitido, igual que a otros entes- el borrador del Plan, y que a éste han aportado aspectos que nosotros hemos incorporado. Es decir, que el Plan era conocido antes de su entrada en vigor por todos los municipios de la Región, a los cuales les hemos entregado una copia del borrador, con el único fin de que, efectivamente, nos hicieran las aportaciones que les pareciera oportuno.

Por tanto, quiero despejar cualquier duda sobre que no hemos mantenido una actitud negociadora y ese talante; que lo vamos a seguir manteniendo. Y que tenemos una relación continua y permanente con ellos. Bien.

Y por lo tanto, señor Granado, el mismo tratamiento que tiene Santa Marta le tiene Ávila. Con el Alcalde de Santa Marta se ha hablado en numerosas ocasiones, se le ha comentado cuál era la opinión de la Consejería; otra cosa es que, al final, él tiene que tomar una decisión, y ha tomado -que yo respeto- la que le ha parecido oportuna, la que sus propios servicios técnicos le habrán... me imagino que tendrá un soporte técnico su decisión. Pero que no compartimos. Y yo trataría de no tener ningún conflicto judicial. ¡Ojalá! No creo que tengamos muchos. ¡Ojalá no los tengamos! Pero la verdad es que llegan las cosas a un punto donde hay que tomar decisiones. Bien.

Por lo tanto, hemos tenido ese diálogo con la Federación de Municipios. Todos los Ayuntamientos de capitales de provincia... no puedo decir que hayan tenido a su disposición todos los municipios, pero los representantes de la Federación de Municipios y los Ayuntamientos de capitales de provincia han tenido un borrador del Plan antes de su aprobación por el Gobierno Regional.

Entrando a los distintos puntos que usted tocaba, Ávila... Ávila tengo que decir... Yo no comparto su opinión sobre que sea contradictorio lo que ha hecho el Ayuntamiento de Ávila con lo que yo le afirmo aquí. Nosotros no tenemos una solicitud formal de la licencia comercial, no la tenemos registrada. ¡Claro que conocemos el convenio! Si nos lo han explicado, nos lo han contado y nos han mandado una copia. Y yo respeto el convenio. El Ayuntamiento creo que puede hacer eso, en el ámbito de sus competencias, y otras cosas. Y, además, valoro... Y vamos, y ha sido así, que el Ayuntamiento ha valorado también la incidencia de la implantación de una gran superficie en Ávila. Y que ha tenido su situación conflictiva en el sector, en todas las provincias, en todos los lugares donde se instalan estas fórmulas de venta, en todos; pero eso no quiere decir que no permitamos su implantación. Dentro de ese toque liberal que nos decía, pues evidentemente. Y el mercado debe regular todo. Ahora bien, en ciertos momentos donde las cosas están como están, es prudente adoptar también políticas que permitan el desarrollo de distintos sectores; y que nosotros hemos dejado una puerta abierta con esa posible modificación, ante cualquier variación de los parámetros de las fórmulas que se han tenido en cuenta para la elaboración del Plan; entre otras, la evaluación del impacto comercial que tiene en las distintas zonas de nuestra Región.

(-p.6377-)

Por tanto, no hay... no creo -es mi modesta opinión- que exista ninguna contradicción entre lo realizado por el Ayuntamiento y lo realizado con nosotros. Y además coincide luego en la elaboración del Plan la previsión que hace el propio Plan de metros para gran superficie. Es decir, se permite en el Plan, valorando -como decía- el impacto comercial y demás cuestiones... valora también y decide, y se recoge en el Plan la posibilidad de instalación en Ávila de esa gran superficie; que se podrá instalar o no en función de que allí se instale una gran superficie o no.

Bien. Yo creo que eso... no hay ninguna contradicción y que, por lo tanto, iremos resolviendo en la medida. Pero en esta sala yo tengo que afirmar que no existe una solicitud formal.

Burgos no ha sido ningún olvido. La verdad es que cuando estaba hablando y vi las últimas notas me acorde de Burgos. No hay ninguna contradicción, nosotros hemos actuado con mucha prudencia en las declaraciones y hemos siempre... -como decía el señor García-, que siempre hemos dicho que... -lo ha dicho expresamente-, que se viera... que se tuviera en cuenta si tenía que solicitarse o no la licencia. Y nos hemos dirigido a Continente, y nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Burgos. Y hemos tardado un tiempo porque las cosas llevan su tiempo hacerlas. Porque hemos intentado -como decía yo- buscar un criterio coherente con... para ello nos reunió el Ministerio de Economía. Y además, también recibir la información del Ayuntamiento; la información oficial, no la que vemos en los medios de comunicación; la información oficial. Y son bastantes meses antes cuando se han tomado esas decisiones.

Y mire usted, a mí no me corresponde decir si se ha abusado o no se ha abusado. Yo presumo que las actuaciones del Ayuntamiento son conforme a Derecho. Yo presumo... y si usted tiene la duda, pues impúgnelas. Pero es que yo parte de la base de que todo lo que hago en la Consejería y todo lo que se hace en todas las Administraciones Públicas es conforme a Derecho. Siempre hay dudas de interpretación, y, al final, pues... para eso están los jueces, que trabajen y que se pronuncien en un sentido u otro.

Respecto a... Por lo tanto, no he tratado, señor Granado, de amparar a mi Director General. Es decir, mi director General, como el Consejero, actuamos con buena fe y tratamos de, en ese momento en donde entran en vigor las leyes, de tratar de aclarar las cosas. Y que cuando observamos que se dan pasos y se sigue avanzando, pues a veces hacemos un llamamiento hasta por los medios de comunicación.

Yo diría... Respecto a Valladolid, no trato de trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento de Valladolid, no le trato de responsabilizar. Ni si es responsabilidad de la Junta y gobierna la Junta, y en otro lado ..... Porque el Ayuntamiento de... donde está instalado Pryca, precisamente, no gobernábamos nosotros. Pero quiero decir: si no es ése el problema; si el problema es que hay otras dos grandes superficies que están en el mismo sitio; y se podían haber repartido. Pero no es una cuestión de trasladar las responsabilidades; ésa es la realidad que tenemos hoy sobre la mesa. Entonces, sobre esa realidad, nosotros tenemos que tomar decisiones.

Por tanto, adecuamos... El Plan lo que hace... el Plan de Equipamientos en la Ley lo que hace es... efectivamente, tiene que haber una adecuación del Plan General. Pero las zonas que están contempladas en el Plan General de Ordenación Urbana en Valladolid se pueden destinar para ejercer la actividad comercial, se puede ejercer perfectamente, se puede ejercer sin ningún problema; o sea, se pueden hacer fórmulas... que además, los promotores de una zona de Valladolid están diseñando una forma de equipamiento comercial para poderla desarrollar allí. Y me consta que han pedido información a la propia Dirección General.

El conflicto de las solicitudes en el tiempo o no... nosotros, existen... Esto lo valoramos, los estuvimos estudiando, y al final queda resuelto. Es decir, si eso se plantea, existen distintas fórmulas con los otros criterios para resolverlo. Por tanto, aplicaremos el Plan con todo rigor y resolveremos esas situaciones que se den sin ninguna duda. Trataremos igual a Santa Marta que a Ávila. Sin ninguna duda, también, vamos a actuar de esta forma.

Y nosotros creo que tenemos... hemos tratado de... -al menos hemos aspirado a ello-, de tener un discurso absolutamente coherente. Hemos partido -y vuelvo a insistir en ello- de las competencias que tenemos, que es nuestra obligación ejercerlas, como es diseñar la política comercial; partiendo de qué política comercial correspondía aplicar o era bueno aplicar en nuestra Región en estos momentos, a partir de ahí -ésa es una decisión política-, nos llevó a seguir... a tomar la decisión de un criterio restrictivo. Y ese criterio restrictivo, pues, impide y deja sin contenido los argumentos que usted, señor García, está esgrimiendo continuamente aquí.

Mire usted, nosotros ni apoyamos a las multinacionales... Creo que somos una Comunidad... -y probablemente el último el Consejero- pero ejemplar en el apoyo al comercio; y lo digo a dos años de unas elecciones. Estamos apoyando el comercio en nuestra Región; hemos buscado un punto de equilibrio para permitir una evolución de este sector, una mejora del sector. Y para ello tenemos instrumentos que pueden utilizar en estos momentos. Y, por otro lado, permitir a los consumidores el que acudan a estas fórmulas de venta; porque yo creo que tiene todo el mundo derecho a acudir a comprar donde crea o tenga por conveniente.

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Por lo tanto, yo creo que ese equilibrio, creo que lo alcanzamos, y que aquí no ha habido un desembarco masivo de grandes superficies, sino dé un recorrido... y todavía tenemos, en una Región con nueve provincias, dos provincias sin grandes superficies, y otras yo creo que con un nivel de equipamiento comercial de gran superficie... yo creo que suficiente para atender las necesidades de los consumidores, y suficiente para permitir un desarrollo de nuestro... de nuestro sector comercial. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador que no haya intervenido desea formular alguna pregunta? Sí, señor Alonso.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Yo quería plantearle al señor Consejero un problema como consecuencia de la aparición del Decreto 60/97, del trece de marzo, que afecta directamente a un barrio de Valladolid, al barrio Belén.

Yo no sé si usted tiene conocimiento de este asunto; yo sé que los vecinos, desde luego, tenían interés en hablar con usted, y yo creo que usted debería de escucharles, porque, como consecuencia de la aplicación del Decreto, y como consecuencia de computar en Valladolid el hiper de Arroyo de la Encomienda, pues no hay posibilidad de que se desarrolle el hiper que estaba previsto en el barrio Belén-Pilarica; en consecuencia, es un barrio que está totalmente aislado por el ferrocarril.

El planteamiento que tenía el Ayuntamiento de Valladolid con quien al final construía el hiper es que iba a hacerse cargo de la construcción del túnel que iba a comunicar el barrio con la otra parte de la ciudad y, como consecuencia de no hacerse el hiper, no se hace el túnel y, en consecuencia, los vecinos son los que están pagando esta situación. Desde luego, ellos no tienen la culpa de que se compute el hiper de Arroyo en Valladolid. Y, en consecuencia, yo le pediría, o le planteo, o le pregunto que si se va a seguir computando el hiper de Arroyo de la Encomienda en Valladolid, que no es ése el municipio; y si le van a seguir computando, pues si piensan dar una solución a este problema, porque lo cierto es que, indirectamente, están pagando otros unas consecuencias que pensaban que estaba resuelto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Muchas gracias. Señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Señoría. Efectivamente, tengo conocimiento de la situación de la zona de La Pilarica, de Valladolid. He recibido escritos y hemos tenido contactos. Y el Director General de Comercio creo que se reúne... no sé si el día cinco de mayo, concretamente, con esta Asociación.

Bien, lo que yo tengo que decirle -insisto, y creo que he venido reiterándome a lo largo de las distintas intervenciones que he tenido- es que a mí me corresponde, como máximo responsable -quiero decir la Consejería y la Junta-, fijar la política comercial; ésa es nuestra obligación. A mí no me corresponde hacer las infraestructuras; lo digo con el máximo respeto y con toda la prudencia debida, pero no me corresponde hacer las infraestructuras de las ciudades.

Bien. Tratamos de conciliar todo; pero le aseguro que en esa zona, proyecto que está absolutamente inmaduro, es decir, que hay una buena voluntad de desarrollar un proyecto en aquella zona, donde hay una calificación, un uso del terreno destinado para actividad comercial, pero que no es exclusivo para instalarse una gran superficie, allí se pueden desarrollar... -y en ese sentido va a ir nuestra información-, allí se pueden desarrollar equipamientos comerciales, que no necesitan algunos ni autorización de la Junta de Castilla y León.

Y, además, que conviene también saber que los equipamientos comerciales en Europa y en otros países están abandonando estas fórmulas de venta; que no creamos que lo único que existe en el mercado para vender son las grandes superficies; existen otros modelos -muy próximos a nuestra ciudad, en Comunidades limítrofes-, otros modelos de venta alternativos, y que se pueden desarrollar en esas zonas; que, por lo tanto, no hay que ni modificar el Plan General de Ordenación Urbana.

Pero, mire usted, financiar los túneles con las grandes superficies no es mi competencia. Y le digo que hasta miramos todo; pero lo cierto es que nosotros diseñamos la política comercial, que hemos sido restrictivos porque creemos que, en general, con el porcentaje que establecimos se daba -lo he reiterado muchísimas veces a lo largo de la mañana, pero lo digo por última vez- un equilibrio entre lo que necesitan los consumidores, la atención que hay que dar a los consumidores, y el comercio y esta oferta de venta, que creo que es buena y que debe estar implantada en la Región, y que está implantada.

Por lo tanto, atenderemos, trabajaremos con esa zona de la provincia de Valladolid -el desarrollo se puede propiciar, sin ninguna duda-, y que hay otras fórmulas alternativas de comercio que les explicaremos con mucho gusto, que creo que no está absolutamente terminado el posible desarrollo desde el punto de vista comercial (que es el que a nosotros nos corresponde; el resto de cuestiones les corresponde a otras Administraciones, y no a este Consejero). Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Para réplica, señor Alonso.

ALONSO DÍEZ

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EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Yo entiendo que sus responsabilidades están limitadas al tema del comercio, pero, indudablemente, usted está en una Junta de Consejeros que tiene una responsabilidad sobre el conjunto de la política de la Región. Quiero decir que... es que entiendo cuales son sus competencias; pero, desde luego, entiendo que no se terminan sólo en ese ámbito. Y cuando hay un problema, pues no se puede cada Consejería decir: "esto es lo mío y no sé de lo de los demás". Entonces, bajo ese prisma es como se lo planteo.

Desde luego, además, cuando... el hiper que se monta en Arroyo, se monta en Arroyo, precisamente, porque el hiper que se monta en Valladolid de la misma casa -de Pryca- tenía muchas exigencias y el de Arroyo tenía muy pocas. Y ése es el problema de estas periferias, que al final, usted dice: "no debe financiarse, o no es lógico que se financie un túnel con la implantación del hiper". Pero lo cierto es que cuando se van a las periferias no se les exige nada y, en consecuencia, se perjudica en este caso, a Valladolid, como ciudad. Y, como consecuencia de ese hiper que se ha montado en Arroyo, se perjudica a otros proyectos que el Ayuntamiento, como respuesta global a los problemas y a las necesidades, sí contempla.

Y en consecuencia, bajo ese prisma global, yo le planteo que no lo vea sólo desde el punto de vista de comercio, que no limite la responsabilidad del hiper a la Dirección General de Comercio, y que, desde luego, si no están dispuestos a sacar del cómputo de Valladolid el hiper de Arroyo de la Encomienda, por lo menos desde la Junta de Consejeros busquen una solución al problema de aislamiento del barrio Belén. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Sí. Para dúplica, señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Sí. Muy brevemente, Señoría. Evidentemente, tenemos nuestra responsabilidad en la política comercial, pero contemplamos todo, como yo decía antes. Pero, mire usted, en el propio Plan está establecido cómo se computan los metros del que está ubicado en Arroyo de la Encomienda -que, por cierto, fue el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda quien inició la instalación de este... fue el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, no fue... y es así-. Entonces, bueno, pues nos encontramos con esa situación, como está redistribuida la... Pero el propio Plan establece un sistema para no computar igual los metros que están dentro del área urbana del periurbana; establece un sistema.

No obstante -insisto-, en esa otra zona se pueden instalar actividades comerciales, equipamientos comerciales. Y hay muchas fórmulas que posibilitarán el que allí se desarrolle, sin ninguna duda, aquella zona. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador más desea intervenir? Damos por concluido el segundo punto del Orden del Día.

Dése lectura, por el señor Secretario, al tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Tercer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para informar a la Comisión sobre: irregularidades detectadas por los Servicios de Intervención General de la Junta de Castilla y León en las auditorías sobre subvenciones de Formación Profesional entre mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y cinco".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): A esta Presidencia ha llegado un escrito del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que leo a continuación: "El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Castilla y León comunica que retira del Orden del Día de la Comisión a celebrar hoy, día veintinueve, el punto relativo a comparecencia del Consejero de Industria, Comercio y Turismo para informar sobre las irregularidades detectadas por los Servicios de Intervención General de la Junta de Castilla y León en las auditorías sobre subvenciones de Formación Profesional entre mil novecientos noventa y tres, y mil novecientos noventa y cinco, solicitada por este Grupo para su inclusión en el Orden del Día de una Sesión posterior de la misma Comisión". Entendemos retirada. ¿Sí?

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Si. Muchas gracias, señor Presidente. Para explicar la razón por la cual Izquierda Unida retiramos este punto del Orden del Día. Porque Izquierda Unida pues, recabando la información, toda la que disponemos, inclusive, pues, lógicamente, una fuente de información fundamental son los medios de comunicación... Pero creemos que, inclusive, en el propio Artículo 7 del Reglamento de estas Cortes se nos confiere un derecho a los Procuradores de recabar, y es obligación de la Junta el entregar toda una serie de documentación que se solicite, sobre todo aquella que está en manos de la propia Junta, inclusive otra que está en manos de las Administraciones.

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Con esto quiero decir que en el mes de febrero se solicitó a la Junta de Castilla y León, pues las auditorías correspondientes a la que hacen referencia, pues las supuestas irregularidades que se han producido en la gestión de estas acciones formativas de los años noventa y tres a noventa y cinco; y la realidad es que teniendo como comunicación de que hoy era la Comparecencia del señor Consejero, pues al día veinticuatro de abril no habíamos recibido ningún tipo de comunicación -quiere decirse dos meses después, a pesar de que hay un mes, como dice el Reglamento-. Curiosamente, se requiere a la Mesa de las Cortes para ver qué pasa con esa documentación, y, deprisa y corriendo -parece ser-, ayer, con fecha veintiocho de abril, se nos presenta la contestación por parte de la Consejería, del señor Consejero -aquí presente-, de la documentación requerida, y se nos dice -literalmente leo, para que tengan conocimiento- que "dada la dificultad de agrupar los Informes emitidos por la Intervención General de la Junta de Castilla y León, en relación con todas las auditorías realizadas sobre las subvenciones a Formación Profesional durante el periodo noventa y tres-noventa y cinco, éstos se encuentran a disposición de los Procuradores solicitantes en los archivos de esta Consejería".

Nos parece el colmo. Nos parece una desfachatez de carácter antidemocrático sin límites. Nos parece que es una falta de colaboración, una vez más, pero ya creemos que es la gota que colma el vaso de falta de colaboración de la Junta de Castilla y León con estas Cortes, máxime... no nos parece mal que se entregue a los medios de comunicación, pero máxime cuando esa documentación obra en manos de los medios de comunicación.

Con lo cual, parece ser que no hay tanta dificultad, que no hay tanta dificultad en agrupar toda esa documentación, cuando parece ser que alguien a los medios de comunicación -que no nos parece mal, en absoluto- pues la haya entregado. Y suponemos que la intervención de a continuación, la explicación de la comparecencia que a petición propia hace el señor Consejero en el siguiente punto, estará basada en algún tipo de documentación -que parece ser que sí que han tenido capacidad de agrupar-. O sea, han tenido capacidad de agrupar para entregar a los medios de comunicación, para que el señor Consejero se documente; pero no tienen capacidad de agrupar esa documentación para entregarla a un Grupo Parlamentario solicitante.

Nos parece el colmo, nos parece que ya está bien de eso de decir que hay plena transparencia en el trabajo y de colaboración de la Junta de Castilla y León con estas Cortes; pero, una vez más, estamos en la flagrante contradicción: una cosa son los discursos y otra cosa es la práctica. Algunos consideran que el hecho de ser demócrata y ejercer de demócrata se circunscribe, única y exclusivamente, a ser elegido. Nosotros consideramos que el ser demócrata y creerse la democracia es respetar las reglas del juego; y no hay regla de juego más fundamental que aquella que en los Parlamentos nos dotamos y asumimos todos los Grupos Parlamentarios. Si aquí se está vulnerando el Reglamento de estas Cortes, ustedes están vulnerando las reglas del juego; y eso es muy grave en democracia; eso supone que ustedes están vulnerando las reglas de la democracia. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Bien, para su aclaración sobre esta cuestión, señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Sí. Gracias, Presidente. Mire, para aclarar, tengo que decir, en principio, dos cosas. En primer lugar, que me imagino que tendrá a su disposición el escrito que el Consejero remitió a través del conducto habitual -que hoy es a través de la Consejería de Presidencia-, que firmó el once de abril y que creo que tiene fecha de dieciséis de abril -o dieciocho de abril, porque no lo veo muy bien, en la fecha de registro- cuando este Consejero lo remitió a la Consejería de Presidencia. Por lo tanto, yo desconozco, a partir de ese momento, cómo ha llegado a las Cortes de Castilla y León; y, como lo desconozco, pues no puedo opinar.

Es decir, que por parte de mi Consejería -y fue decisión del Consejero- se remitió un escrito de fecha once de abril, a la vista del traslado que me hizo la Consejería de Economía y Hacienda de una solicitud de documentación que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida envió a la Junta de Castilla y León.

Bien. ¿Por qué... por qué yo deseo, y tengo a su disposición toda la documentación, todos los expedientes, a su disposición para que se examinen allí, y estoy dispuesto a comparecer en otro momento cuando usted conozca todo? Pues muy fácilmente, se lo digo: porque creo que en otros momentos hemos remitido la documentación y a los pocos días me la he encontrado en los medios de comunicación, pero solamente parcialmente. Y entonces, como creo que la comprensión total, completa, efectiva de estos expedientes, no solamente es leer las hojas... que debe de examinar todo el expediente -porque se está hablando, y en estos momentos se ha hablado de irregularidad en la gestión -que yo le desmiento, que no hay ninguna irregularidad en la gestión-, creo que se debe examinar cuál es la gestión, y la gestión no solamente viene en dos hojas de un control financiero.

Por lo tanto, tiene el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a su disposición, para que tengan plena efectividad y pleno rendimiento las Cortes de Castilla y León y pleno contenido -y no las vaciemos de contenido a las propias Cortes de Castilla y León- en el debate; que yo estoy dispuesto a venir aquí cuantas veces quieran ustedes a explicar toda la... todo lo que hemos hecho en la Formación; toda la gestión de la Formación tengo, he sacado.

Por lo tanto, pedirle disculpas. Se lo digo en la medida que yo, desde la Consejería, he remitido a la Consejería de Presidencia -y tiene usted una copia de mi escrito y tendrá el sello de registro de la Consejería de Presidencia-, en aquella fecha, para que se le diera traslado al Grupo Parlamentario, y desconozco lo que ha pasado a partir de ese momento.

(-p.6381-)

Y, en segundo lugar, decirle que, respecto al contenido de los expedientes, los tiene; pero desde la solicitud de las ayudas, donde va incorporada hasta la convocatoria, hasta el control financiero que ha hecho la propia Intervención Delegada de la Junta de Castilla y León. Lo tiene usted a su disposición; el Grupo Parlamentario o las personas que el Grupo Parlamentario crean conveniente trasladarse a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo para su examen detenido, el examen detenido de esta documentación. Pero entendemos que la valoración política que pueda hacer un Procurador de las Cortes de la gestión de la Junta de Castilla y León en esos expedientes exige de un examen detallado, minucioso de los expedientes. Y mire, esos expedientes son muy voluminosos, tienen cientos de fotocopias de documentación, y no puedo... yo creo que sería hasta un despilfarro el encargar a los funcionarios que se dediquen a hacer fotocopias.

Por lo tanto, tienen a su disposición, en el momento que crean oportuno, esos expedientes. Incluso ponemos personal en el que ha participado para que les expliquen con detenimiento cómo se encuentran. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Bien. Damos por concluido...

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Brevemente, señor Presidente. Es que me parece que el señor Consejero ha dicho una cosa gravísima, ha dicho una cosa gravísima, que no sé si la va a mantener. Es decir, el considerar que es que determinada documentación no se entrega a los Grupos Parlamentarios, porque igual hacemos un mal uso de ella, me parece el colmo, ¿eh?

Pero bueno, pero, ¿quién es el señor Consejero, quién es la Junta de Castilla y León para el uso que cada Grupo Parlamentario pueda hacer de la documentación que se entregue? Será responsabilidad de ese Grupo Parlamentario si luego lo lleva a los medios de comunicación o lo lleva al sursuncorda. Y máxime cuando la documentación a la que nos estamos refiriendo, por lo menos extractos de ella está en los medios de comunicación. Quiero decir que, en este caso, vigile usted sus archivos y vigile usted a sus colaboradores, que parece ser que son los que han filtrado esa documentación a los medios de comunicación.

Y aquí no se le está pidiendo absolutamente todos los expedientes; se le estaba pidiendo las auditorías y los informes emitidos por la Intervención General. Quiere decirse que no se vaya a los Cerros de Úbeda, porque aquí se le está pidiendo una documentación muy concreta, y eso no son miles y miles de folios. Vaya usted concreto, que igual es que ni tan siquiera se ha leído la petición y ha hecho la contestación antes, inclusive, de leerse la documentación.

Y mal el tema de que se contesta tarde, es decir, porque, lógicamente, más allá del mes que está reflejado el Reglamento; pero mucho peor es el fondo de la cuestión de cómo se contesta; y peor todavía cómo se argumenta ahora por usted para justificar la no entrega de la documentación ¡Es que es el colmo!

Pero es que, entonces, usted, modifique el Artículo 7 del Reglamento de las Cortes y diga: "se entregará la documentación cuando la Junta de Castilla y León o el Consejero de turno lo considere oportuno, no vaya a ser que el Grupo Parlamentario equis, esos de Izquierda Unida que son tan malos, ¡vaya a saber usted lo que van a hacer con ellos! Eso es censura: censura política, censura ideológica; o, única y exclusivamente, ganas de no dar luz y taquígrafos a su gestión. Y los Grupos Parlamentarios en la Oposición, una de nuestras funciones es el control del Ejecutivo, les guste o no. Y eso viene en el Reglamento literalmente puesto.

Y uno de los medios para poder llevar un control efectivo del Ejecutivo es tener acceso a una documentación. Si ustedes nos niegan esa documentación, pues, como decía antes -reitero y termino-, ustedes se están cargando las reglas de la democracia. Y eso es lo fundamental, que parece ser que ustedes asumen la democracia como un mal menor, no como realmente algo a cumplir y algo a respetar; y, sobre todo, a respetar el Reglamento, que literalmente está puesto en esta Cámara -el Reglamento de las Cortes de Castilla y León-, que no se presta a interpretación, sino a cumplimiento riguroso. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): ¿Desea contestación el Consejero?

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Señoría, por tranquilizarle en el sentido de que no... no tengo... que sea correctamente interpretado.

Le digo, Señoría, que esos expedientes son voluminosos, que el expediente no consta solamente de un control, y que creo que para hacer una valoración debe... debe de hacerse un examen detenido del expediente, y que, además, está integrado en ese expediente.

Mire, le tengo que decir que, en aras a la transparencia en ese control que nos aducen ustedes, es que... incluso, incluso cuando se han remitido estos expedientes en otras ocasiones, pues había cobertura legal suficiente para no remitirles. Incluso... Si me permiten, se lo voy a explicar.

Que nosotros no tratamos en ningún momento de impedir el conocimiento de los Grupos Parlamentarios -y quiero que sea correctamente interpretada mi expresión-, no lo tratamos. Podríamos haber evitado, pudo evitar, pudo decir que no remitían los controles financieros la propia Junta de Castilla y León; y no lo hizo, y no lo hizo. Y yo puedo decir que no se les envíe a usted, y no lo voy a hacer; ¿entiende? Yo, si quiero, no... Y, respetando el Reglamento -porque hay otras normas también, no solamente el Reglamento-, puedo afirmar que... puedo mandarles un escrito diciendo: "mire usted, al amparo de tal...".

(-p.6382-)

Pero ¿sabe usted por qué? Mire, el Reglamento 1681/94, de la Comisión de once de julio del noventa y cuatro, relativo a irregularidades y la recuperación de las sumas indebidamente abonadas en el marco de la financiación de las políticas estructurales, así como a la organización de un sistema de información en esta materia, en su Artículo 10 establece: "las informaciones a que se refiere el presente Reglamento no podrán facilitarse sino a las personas que deban conocerlas en razón de sus funciones, en los Estados miembros o en las Instituciones comunitarias, a menos que el Estado miembro que las haya comunicado dé su expreso consentimiento para ello".

Por su parte, el número cuatro del mencionado Artículo señala que "toda información comunicada o conocida por cualquier procedimiento, en virtud del presente Reglamento, quedará amparada por el secreto profesional y gozará de la protección otorgada a las informaciones análogas por la legislación nacional del Estado miembro que las haya comunicado".

Por lo tanto, la Junta de Castilla y León pudo ampararse en esto y no enviarlo; y lo ha enviado ya a estas Cortes. Y, mire usted, lo pone a su disposición en la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, lo pone a su disposición.

Sepa usted, sepa usted, Señoría, sepa usted que la Intervención General del Estado tiene suscrito un convenio de colaboración entre la Secretaría de Estado y Hacienda y la Consejería de Economía desde hace muchos años; convenio que está publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Y, por lo tanto, sepa usted que estas cosas están reguladas. Y que, mire usted, me obliga a decir que, en aras a la transparencia... -y podrá creer usted... que acude usted a la democracia en un actitud, de verdad, se lo digo con todo respeto, de absoluta demagogia-, en aras a la transparencia, yo le pongo a su disposición todos los expedientes en mi Consejería; si quiere usted que incluso esté presente el Consejero para verlos con usted, estoy dispuesto a estar.

Mire usted, no me impute a mí ni me interprete incorrectamente y... y, además, valore de forma positiva que la Junta de Castilla y León tiene una actitud absolutamente transparente en el ejercicio del control financiero que estas Cortes están realizando en su Gobierno. Por lo menos yo le tengo que decir que, en la parte que a mí me corresponde -vamos, se lo afirmo con toda rotundidad-, que jamás me he negado a informar en estas Cortes de nada, ni lo haré en el futuro. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Vamos... ¿empezamos el cuarto punto del Orden del Día?

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente, ¿no tenemos posibilidad los Grupos de intervenir en este debate? Porque yo creo que se ha... se ha producido un auténtico debate. Por lo tanto, retirar un punto del Orden del Día -con su permiso, señor Presidente-, para entrar en un debate a hablar de la democracia, a hablar del Reglamento de las Cortes y hablar tal y cual, yo creo que tendríamos... yo creo que podríamos expresar por lo menos nuestro punto de vista o fijar nuestra posición, en tanto en cuanto ese debate ha existido.

Yo, si no hubiese existido debate y se hubiese retirado, realmente no hubiese hecho esta intervención en el Orden del Día. Pero creo que, bueno, debiera meditarse si tenemos posibilidades de formular algún tipo de alegación o fijar nuestra posición al respecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Señor Aguilar, yo creo que ha sido un tema de aclaración por parte del Consejero y que no da lugar a abrir ningún debate. Ha sido simplemente un cambio de impresiones.

Dése lectura por el señor Secretario al cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Cuarto punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo, a petición propia, para informar a la Comisión sobre: actuaciones derivadas de los controles financieros efectuados a los beneficiarios de ayudas públicas otorgadas por la Junta de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Tiene la palabra el señor Consejero para su exposición.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías. Antes de nada, yo sí que quiero resaltar la importancia que para este Consejero tiene la Formación Profesional Ocupacional, por lo que entendí que era conveniente solicitar mi comparecencia ante esta Comisión, con el fin de fijar en sus justos términos los diferentes aspectos que inciden en la misma, es decir: la concesión, la gestión y los controles financieros.

La Consejería de Industria gestiona la mayor parte de los recursos procedentes del Fondo Social Europeo en materia de Formación Profesional Ocupacional, al constituir ésta un instrumento que valoramos como imprescindible, tanto para aumentar la competitividad de las empresas como para conseguir la promoción profesional de los trabajadores y mantener, en su caso, o recuperar el empleo, facilitando el acceso al mercado laboral.

(-p.6383-)

El requerimiento de una mayor especialización en el trabajo provoca frecuentemente la disociación entre los perfiles solicitados por las empresas en las ofertas de empleo y la formación de los demandantes del mismo, que pudieran poseer unos conocimientos que no se adaptan a las nuevas exigencias del mercado laboral.

Esta divergencia entre los planes de estudio y los conocimientos profesionales exigidos, así como la carencia de un necesario reciclaje profesional, resultan ser factores que explican la actual exclusión del mercado de trabajo de los jóvenes y de las personas de mediana edad, mayoritariamente.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actual estructura del mercado de trabajo no favorece la inversión en formación por parte de las empresas, como consecuencia tanto de la elevada tasa de rotación laboral -que expone un desincentivo para una gestión a largo plazo de la mano de obra-, como por las dificultades intrínsecas que comporta la formación de colectivos de mayor edad con carencias formativas básicas.

No hay que olvidar, además, los problemas económicos que para las pymes plantea la inversión en formación del personal a su servicio.

Todo lo expuesto ha determinado el que los planes de Formación Profesional Ocupacional hayan sido objeto de especial atención por parte del Gobierno Regional, destinándose a los mismos importantes recursos públicos.

La regulación de la Formación Profesional Ocupacional está contenida, en primer lugar, en el Decreto 66/96, de veintiuno de marzo, que regula las actuaciones de la Administración de la Comunidad de Castilla y León cofinanciada por el Fondo Social Europeo, en cuyo Artículo 2 establece los colectivos a los que han de ir dirigidos, siendo éstos: parados mayores de veinticinco, amenazados de la exclusión laboral o amenazados por una situación de desempleo de larga duración; jóvenes en busca de empleo, menores de veinticinco años y/o en situación de exclusión social; y trabajadores especialmente de pequeñas y medianas empresas, amenazados también por desempleo.

El Decreto 156/96, de trece junio, por el que se regulan las subvenciones que tengan por objeto el fomento de la Formación Profesional y por el que se crea un Registro de Entidades Colaboradoras, ha supuesto una mejora del marco jurídico de la regulación de las subvenciones destinadas a este fin; y mediante él se ha llevado a cabo una modificación de la normativa en esta materia.

El sistema que se establece mediante este Decreto persigue un mejor control y garantía de los centros colaboradores y de los programas de enseñanza y profesorado; lo que en definitiva revierta en la calidad de la enseñanza.

Se crea el Registro para la eficaz gestión de las subvenciones y mayor rigor en el procedimiento o justificación del gasto y, en general, en las fórmulas de garantía de la eficaz utilización de los recursos empleados. De esta manera, el Registro de Entidades Colaboradoras cumple una función importante, cual es la de garantizar que las entidades que obtengan ayudas públicas, sean de la Junta de Castilla y León o del Fondo Social Europeo, cumplan los requisitos mínimos exigibles para impartir una formación de calidad.

He de señalar, además, que, por Orden 18 de diciembre del noventa y seis, de la Consejería, se establecen las normas reguladoras para la concesión de ayudas financieras para la Formación Profesional Ocupacional en Castilla y León. Esta normativa en materia de Formación Profesional es bastante estricta, a la vez que pionera en cuanto a la selección de entidades y de los programas formativos, así como en cuanto a la justificación de las subvenciones.

Se puede acceder a esta convocatoria... o pueden acceder sólo a esta convocatoria aquellas entidades que se encuentren inscritas en el Registro.

Los programas formativos son seleccionados de acuerdo con un criterio de valoración, que paso a resumir: acciones formativas consideradas prioritarias según se establece en el Anexo V, en función de familias profesionales o índices de ocupabilidad por especialidades, a fecha de octubre del noventa y seis; proyectos formativos desarrollados de acuerdo con lo pactado en la negociación colectiva; acciones formativas con compromisos de contratación de los alumnos, siendo la duración mínima de los contratos de doce meses; participación de la entidad en la financiación del plan formativo; descentralización geográfica en el desarrollo de las acciones formativas; contribución de la formación al mantenimiento de los trabajadores en su puesto de trabajo y formación profesional; o fomento del desarrollo de iniciativas de autoempleo y economía social; contribuciones de las acciones... contribución de las acciones al desarrollo de las áreas desfavorecidas sometidas a procesos de reestructuración industrial o con alto nivel de desempleo; contribución a la integración sociolaboral, mediante la formación de colectivos especialmente desfavorecidos; realización de ciclos formativos completos; impartición de acciones formativas en ejercicios anteriores, con un grado de cumplimiento de integración laboral de los alumnos y de calidad en la formación que se considere adecuada.

Por su parte, la Ley 7/86, de veintitrés de diciembre, de la... Ley de Hacienda de la Comunidad de Castilla y León -modificada por la Ley 8/96, de veintisiete de diciembre- exige la fiscalización previa, por parte de la Intervención Delegada, antes de que el órgano competente resuelva la concesión de las subvenciones.

(-p.6384-)

He de señalar que los requisitos que se exigen en esta fase previa de concesión, para que un expediente sea fiscalizado de conformidad, son mucho más rigurosos que los que se aplican en otros entes que gestionan y programan formación.

Existe, además, dentro del órgano gestor, una fase de seguimiento, evaluación y control de las actividades formativas, en la que se realizan una serie de actuaciones como visitas periódicas de inspección de los cursos, donde se comprueba in situ la asistencia de alumnos, los locales donde se imparte y el material utilizado; asimismo, todos los alumnos, de forma anónima, contestan un cuestionario facilitado por los inspectores sobre diversas cuestiones, como contenidos de los cursos, grado de satisfacción, material recibido, etcétera.

Por otra parte, además del seguimiento y control que se hace por el órgano gestor, todas las liquidaciones de los expedientes se auditan por una empresa auditora contratada al efecto, con especial atención a que se cumpla la normativa vigente en cuanto a la inspección de facturas, conceptos subvencionables y... aplicable, etcétera, etcétera.

Por último, la propia Intervención Delegada fiscaliza todas las propuestas de pago.

Señalar, por otra parte, que hay controles que puede efectuar también la unidad administradora del Fondo Social Europeo. Las presuntas irregularidades de cualquier entidad originarían un expediente que puede desembocar en una revocación de la subvención y, en su caso, en un reintegro de la misma.

Además de estos procedimientos de control, que podríamos considerar ordinarios, la Intervención General lleva a cabo planes anuales de auditoría, donde se comprueba, fundamentalmente, la efectividad de los pagos que previamente han justificado las entidades como "gastos subvencionables".

Cuando de los informes de las auditorías, realizados por la Intervención General de la Junta, se infiere alguna anomalía en el cumplimiento de la normativa que regula la concesión de subvenciones en materia de formación, se inicia el expediente de reintegro, dando audiencia al interesado, al objeto de, en su caso, revocar la subvención, y que, en consecuencia, la entidad beneficiaria se proceda a su devolución o, en otro caso, a que se dicte que no procede la revocación.

Tengan la certeza, Señorías, de que si como consecuencia de todo el sistema de controles se detectan irregularidades en la utilización de los recursos destinados a la formación, se adoptan las medidas legales que sean precisas para garantizar que los fondos públicos se apliquen íntegramente a los objetivos previstos.

Pues bien, ¿qué es lo que ha ocurrido como consecuencia de los controles financieros que en su día efectuó la Junta de Castilla y León?

Ante todo, sí me gustaría dejar claro una cuestión previa, y es que irregularidades en concesión y gestión de estas ayudas no se han podido producir. Y ello por los controles a los que me he referido anteriormente. Si se hubieran producido, no duden que habrían incidido... o se habrían iniciado los correspondientes expedientes de incumplimiento, de manera que a cada entidad beneficiaria no se la hubiera pagado ni una peseta más de lo que ha justificado.

Como consecuencia de estos controles financieros, la Intervención General, actuando con carácter pionero con respecto a las demás intervenciones de las Administraciones Públicas españolas, y dando cumplimiento a un convenio suscrito -al que yo me refería antes- con la Intervención General del Estado -órgano controlador de la Unión Europea-, realiza unas auditorías, después de justificada perfectamente las acciones formativas, y detecta irregularidades en las entidades beneficiarias, no en la gestión de los fondos por la Administración.

Es decir, y por no detenerme en cada uno de los expedientes de forma pormenorizada, paso a describir cuáles son, en términos generales, esas irregularidades.

En primer lugar, incumplimiento de obligaciones formales, como la no llevanza de la contabilidad que acredita la efectividad de los gastos justificados por la entidad beneficiaria. En segundo lugar, falta de correspondencia entre los gastos justificados y los pagos efectuados. En tercer lugar, incumplimiento de las obligaciones fiscales por la entidad gestora. En cuarto lugar, obtención de ingresos por encima de los gastos que originó la acción formativa. Y, en quinto lugar, presunta concesión de ilícitos penales -facturas falsas, prestaciones sobrevaloradas- que, evidentemente, han sido remitidos a la Fiscalía para la tramitación que corresponda.

¿Qué es lo que ha hecho esta Administración? Por supuesto, abrir los expedientes de reintegro que, por un lado, permitan dar audiencia a la entidad beneficiaria, con la consiguiente oportunidad para subsanar esas irregularidades; y, por otro, pedir la devolución de las cantidades liquidadas justificadas correctamente en su fase de acreditación de gastos, pero incorrectamente aplicadas por las entidades beneficiarias cuando efectuaron los pagos.

(-p.6385-)

Es más, Señoría, sí me gustaría valorar cuantitativamente las irregularidades detectadas, que suponen un total de 133.000.000 de pesetas en el periodo al que ustedes solicitan información, con respecto a 936.000.000 de cursos auditados y a una cifra de 2.730 millones de pesetas de fondos aplicados por la Comunidad Autónoma en el periodo noventa y tres noventa y cinco a la Formación Profesional; lo que representa un 13% y un 4% respectivamente.

Estos porcentajes, significativos o no, son lo que son; y no se puede sacar más conclusiones que las que se derivan de un análisis frío de estas cifras. ¿Habrá más controles financieros en los próximos ejercicios? Sí. ¿Se detectarán irregularidades? Seguramente, sí. ¿En materia de Formación Profesional Ocupacional solamente? Pues, mire usted, lamentablemente no.

¿Esto es normal en el funcionamiento de los controles que esta Comunidad tiene establecidos? Pues le digo que es normal que se pueda producir. Ahora bien, sí me gustaría afirmar una cosa: ni una sola parte, peseta, del Fondo Social Europeo que cofinancia estas acciones se ha perdido para esta Comunidad Autónoma, -no pueden decir otras Administraciones lo mismo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León-, habiéndose cumplido los compromisos en materia de formación y empleo en un 88%.

Pero bien, Señorías, este Consejero no es autocomplaciente, no todo es perfecto en materia de Formación Profesional. No quisiera concluir sin decirles brevemente cuáles son los retos de mi Consejería en esta materia.

En primer lugar, seguir con la tendencia ya iniciada de reducir el número de entidades colaboradoras en materia de formación (actualmente hay inscritas unas trescientas entidades colaboradoras); porque entendemos que, en la medida en que seamos más rigurosos con ellas, con sus planes formativos, con su medios materiales y humanos, estaremos ante entidades que ofrezcan una información más eficaz.

También trataremos de vincular el trabajo de las entidades colaboradoras con el futuro servicio de colocación que pondremos en marcha.

Seguiremos en la línea de transparencia en la gestión de estos fondos públicos, como en cualquier otra línea.

Éste es el animo en el que nos movemos en mi departamento, y para el que solicito de Sus Señorías toda colaboración. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Antes de continuar vamos a suspender la sesión por un espacio de cinco minutos.

(Se suspende la sesión a las trece horas quince minutos, reanudándose a las trece horas veinticinco minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Reanudamos la sesión. En ausencia del Grupo Parlamentario Mixto, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor García tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Pues, hombre, teniendo en cuenta que estamos ahora ya en una comparecencia a petición propia del señor Consejero y, tal como dice en el Orden del Día, que es para explicar las actuaciones derivadas de los controles financieros efectuados de los beneficiarios de ayudas públicas otorgadas por la Junta de Castilla y León... que tampoco ni tan siquiera especifica si es para el tema de la formación o no es para la formación; pero, vamos, lo hemos deducido y así parece ser que ha sido. Pero lo lógico hubiera sido... o así esperábamos nosotros, que el señor Consejero nos aportara toda una serie de datos, dado que la documentación, pues no se nos ha enviado, pues que nos aportara toda una serie de datos y argumentara y demostrara, pues esas irregularidades que, parece ser que, en un principio decía que no existían; luego ha reconocido que sí que existen. Dice que, fundamentalmente, por las propias inspecciones de la Junta de Castilla y León; pero que, vamos, que en la práctica a lo que se ha limitado es a una explicación de la normativa, que se supone que todo el mundo conoce. Y que, por lo tanto, para eso... pues no consideramos que sea necesaria una comparecencia, sino que se supone que la comparecencia, pues es cuando la Junta tiene los datos y demás, pues para tranquilizar lo que está apareciendo en los medios de comunicación, por un lado; y que claramente contradice la exposición que ha hecho el señor Consejero con lo que aparece en los medios de comunicación.

Inclusive, pues, sin ir más lejos, con su propia entrevista publicada ayer en "El Mundo". Claro, y hay que referirse ya más a los medios de comunicación que a la documentación que nos facilita la Junta. Pero, bueno, ahí está.

Nosotros, lógicamente, sobre el tema que se plantea, y en función de la información... no la facilitada por la Junta, sino la que ha dispuesto este Grupo Parlamentario, la información de los medios de comunicación, que parece ser que nadie ha desmentido; supongo que el señor Consejero a continuación dirá que es una información sesgada, intencionada, malintencionada, con titulares grandilocuentes, sensacionalistas...

Pues, bueno, pues lo que pasa es que eso pues no ha sido desmentido absolutamente por nadie. Y entonces, pues parece ser que de ahí se deduce, pues una actuación por parte de la Junta de Castilla y León, pues un tanto permisiva en lo que ha sucedido en algunos casos con la gestión de la Formación Ocupacional por parte de la Junta.

(-p.6386-)

Y haciendo un poco de historia, me parece que es en el año noventa cuando empieza la Junta a gestionar la Formación Ocupacional como consecuencia del acuerdo con los sindicatos, del acuerdo noventa-noventa y uno. Y que con una normativa, pues, absolutamente confusa; y que se sentaron las bases, pues para toda una serie de falta de control que hubo en aquellos cursos, en aquellas acciones formativas, que en aquel entonces, gestionados por la Consejería de Economía, se pusieron en marcha en los años noventa-noventa y dos.

Y, hombre, y todos conocemos... y, claro, aquí la cuestión siempre está: "pues, vaya a los tribunales". Pero aquí estamos hablando en términos políticos, y estamos hablando en términos de lo que todo, o casi todo el mundo conoce, y que pueda tener una relación más o menos informada de cómo se ha gestionado la Formación Ocupacional en aquellos años -me estoy refiriendo en los primeros... en los que lo hace la Junta de Castilla y León, noventa-noventa y dos-, pues en que muchos centros que aparecían y desaparecían en cada una de las convocatorias; que luego la Junta cuando, inclusive, iba a realizar investigaciones no se encontraba con los centros.

Eso que se manifiesta ahora del seguimiento de los cursos... Luego, si quiere hablamos de lo que ahora mismo se hace, pero, por hacer un poco de historia de dónde viene todo, de dónde viene todo... Pues se viene... a pesar de que en aquel entonces, ya, por lo menos, la Junta podía haber tomado nota de cuál había sido la evolución de la gestión de la formación ocupacional por parte del Inem; que por supuesto que también tiene mucho que callar, en el sentido de mala gestión, sobre todo en los primeros años. Pero en aquel momento ya se estaba encauzando de alguna forma, y estaba poniendo ya controles de cómo se debiera gestionar la Formación Ocupacional y cuáles serian los requisitos a la hora de garantizar su calidad y su prestigio.

Sin embargo, pues por la Junta de Castilla y León se sentaron todas las condiciones para que aquello fuera, pues una especie de reparto de subvenciones sin ningún tipo, o con muy pocos controles; porque no había ni tan siquiera la exigencia de una contabilidad, sino simplemente la presentación por parte de los centros de una liquidación definitiva de los gastos que supuestamente se habían realizado, y la Junta de Castilla y León, pues en algunos casos, en algunos casos aleatoriamente, realizaba algún tipo de auditoría, pero en la inmensa mayoría, en absoluto.

No había ningún tipo de control sobre el seguimiento de los cursos; no se visitaban los centros; no se conocía qué tipo de instalaciones, no se conocía ni tan siquiera, ni existía en aquel momento, cuando la Junta lanzó los primeros programas de Formación Ocupacional, qué especialidades eran las más idóneas para impartir en esta Comunidad Autónoma... Y, lógicamente, con todos estos precedentes pues, lógicamente, salió lo que salió: un desbarajuste y un frotarse las manos para aquellos que como siempre, pues intentan pillar, "pillar" -en el peor sentido de los términos- la subvención, y en absoluto para darla una rentabilidad social.

Y esto sin pretender, en absoluto, que aquellos que incumplen la Ley, "sacarles la cara" -por así decirlo-, en absoluto, al que incumple la Ley tiene sus responsabilidades administrativas o inclusive penales, pero aquí hay una responsabilidad política clara por parte de la Junta en permitir aquello, en crear unas condiciones en donde la falta de control, pues suponía que centros con pocos escrúpulos, pues planteaban un tipo de formación que nada tenía que ver ni con la realidad que demandaba el mercado de trabajo, ni mucho menos con la calidad que demandaban los trabajadores.

Después, en lo que se ha ido avanzando desde aquel entonces, pues la verdad que en lo que ya empezaba... por ejemplo, y que se... son las famosas auditorías, que lo que se está hablando del año noventa y tres-noventa y cinco, pues ahí es donde se empieza ya la justificación con facturas. Se dice que con el seguimiento de los cursos... La información que tiene este Grupo Parlamentario es que ese seguimiento es escasísimo, que se hace de manera puntual, por personas que no están cualificadas para el seguimiento de los cursos, que desconoce en la mayoría de las ocasiones las especialidades que se imparten, y que mucho menos... y mucho más desconocen si las instalaciones que disponen los centros, realmente están dotados o no están dotados con carácter general.

Y así pues, pues, lógicamente, en esos años ya que depende de la Consejería de Sanidad, en los años noventa y tres -noventa y cinco, pues esas facturas... pues todo el mundo se cree; hay muy pocas comprobaciones. No se comprueba la ejecución de los cursos; hay escasas comprobaciones sobre el número de alumnos que participan en los cursos con carácter general.

Y -como digo-, pues sigue habiendo ahí, aunque se empieza un poco, lógicamente, ante el escándalo que está suponiendo la Formación Ocupacional en aquellos años, pues se sigue con un deterioro grave en lo que es un elemento fundamental, y que el propio Consejero ha empezado -¿cómo no?- considerando fundamental la Formación Profesional Ocupacional. Y ahí es donde surgen, pues, lo que ya durante varias épocas, pues ya han surgido las denuncias que han aparecido en los medios, lo que se ha conocido en diversas denuncias, y lo que ha sido, pues, el hacer la vista gorda en la mayor parte de las ocasiones por la Junta de Castilla y León.

A nosotros nos extraña mucho que el señor Consejero manifieste aquí que todas las irregularidades detectadas han sido en base a las inspecciones realizadas de oficio -por así decirlo- por la propia Junta. Pues eso se contradice totalmente con sus propias manifestaciones en los medios de comunicación, y se contradice con las propias denuncias aparecidas en los medios de comunicación. Se contradice con que usted se ha creído, en determinados momentos, que determinada contabilidad no se podía presentar por determinadas circunstancias, y usted se lo cree; y luego resulta que esa contabilidad ha aparecido, y ha aparecido, pues de una manera que todos conocemos cómo ha sido.

(-p.6387-)

Y, así pues, pues ha aparecido el tema de la falsificación de facturas y el tema de la justificación de costes de los cursos, que no tiene nada que ver con los costos reales de esos cursos.

Y esto... nosotros no pretendemos en absoluto generalizar, porque hay excepciones -creemos- importantes que suponen una voluntad, y que es a lo que está en este momento poniéndose en marcha a través de ese... que consideramos positivo, el Decreto de Registro de los Centros Colaboradores, pero que se ha puesto en marcha en el año noventa y seis. Que creemos que un elemento imprescindible para que haya unos centros colaboradores que sean los que realmente tengan una capacidad y prestigio, a la hora de impartir la formación, pero que hasta este año, ese año noventa y seis, que es este año noventa y siete el primero en que se va a poner en práctica, pues, no obstante, pues ha habido todo un consentimiento y permisividad y "desorganización" -entre comillas- (nadie sabe muy bien si consentida o no por parte de la Junta, que ha favorecido esa picaresca).

Y, no obstante, en la situación actual, nosotros todavía detectamos toda una serie de, por lo menos, lagunas, que creemos que han sido demandas, y siguen siendo demandas de los interlocutores sociales, y que siguen sin satisfacerse por parte de la Junta de Castilla y León.

Es curioso, por ejemplo, que cuando se produce la transferencia de una Consejería a otra, del año noventa y cinco, es decir, cuando en el noventa y cinco asume las competencias en el tema de Formación Ocupacional la Consejería de Industria, es decir, con el Consejero que estamos hablando, parece ser hay una desaparición de documentación -parece ser que "fortuita", vamos a ponerlo entre comillas, señor Consejero-, el señor Consejero que nos lo explique: ¿por qué desapareció aquella documentación en donde estaban reflejadas cuáles habían sido todas las sugerencias, y determinada documentación de la participación social y de iniciativas que habían sido planteadas en la anterior etapa del noventa y tres-noventa y cinco; y que, sin embargo, pues ahí se produjo una desaparición, y que parece ser que luego, por parte de la Consejería que asume esas competencias, no se considera vinculado a aquello.

Entonces, sí que nos gustaría que hubiera una clarificación sobre qué sucedió de aquella documentación.

Y sobre lo que estaba comentando de actualmente, y sobre... como de lo que se trata es de ponerse en términos de futuro e intentar arreglar la situación, sin olvidar, por supuesto, las responsabilidades que hay que exigir de los que hayan podido ser... en la gestión defectuosa de años anteriores; y para que esto no vuelva a suceder, creemos que por parte de la Junta de Castilla y León, en primer lugar, para realmente prestigiar la Formación Ocupacional, en primer lugar hay que identificar claramente cuál es, por parte de la Junta, aquellas especialidades que realmente demanda el mercado de trabajo y son eficaces, en una vinculación claramente para el empleo, para favorecer la creación... no la creación, porque la formación no crea empleo, sino favorecer el reciclaje o aumentar la capacidad formativa de los trabajadores, que realmente cubra este objetivo y no sirva a otros. Hay ahí una laguna por parte de la Junta de Castilla y León en identificar esas necesidades en el mercado de trabajo de esta Comunidad Autónoma.

"Un control sobre las acciones formativas", se dice por parte del señor Consejero, y este Grupo Parlamentario no tiene conocimiento de que se esté llevando un control exhaustivo de visita, como hace el Inem, a todas las acciones formativas que se llevan a cabo por parte de la Junta de Castilla y León. Se visitan algunas, se vistan... se siguen visitando algunas, no por auténticos especialistas en la materia, que realmente verifiquen si las materias que están impartiendo se corresponden con lo que se está subvencionando, y sobre todo si se dispone de los materiales que se están subvencionando. Que realmente haya una clarificación a la hora de baremar los costes de los cursos.

Nos parece como bastante falto de rigor el que haya acciones formativas que la Junta subvencione con una cuantía determinada; las mismas acciones formativas, depende qué centro colaborador las imparta, tienen una cuantificación o tienen otra. Si usted se coge, por ejemplo, la normativa del Instituto Nacional de Empleo, una misma acción formativa, la imparta quien la imparta, tiene una misma cuantificación económica; y eso parece que es de Perogrullo. Sin embargo, en la Junta de Castilla y León no; depende quién la imparta y depende cuál sea el rigor presupuestario que tenga, se gasta tanto o se gasta cuanto.

Nos parece que son lagunas que están demandando los propios interlocutores sociales, y no sabemos por qué no se hacen caso. Inclusive en la propia normativa a que se ha hecho referencia, del año noventa y seis, se sigue manteniendo.

(-p.6388-)

Otro elemento fundamental, que es también lo que ha producido una importante picaresca en estos años anteriores, y que se sigue manteniendo sin una clarificación absoluta, es el tema de la clarificación de los gastos que la Junta admite a la hora de la justificación de la impartición de los cursos. Es decir, el que haya toda una serie de gastos que parece que son evidentes que se utilizan para la gestión de los cursos, y sin embargo la Junta no admite como justificables. Eso ha llevado en años anteriores, por ejemplo -ahora ya lo admite la Junta, en algunos casos-... pero a cuestiones tan peregrinas como por ejemplo que la Junta no admitiera ni gastos de amortización de instalaciones ni alquileres de locales donde impartir los cursos. ¿Pues dónde se impartían? Los centros colaboradores... ¿qué locales disponían? Ni los podían comprar, porque no podían presentar justificaciones de amortización, ni los podían alquilar, porque el alquiler no era un gasto justificable. ¿Cómo lo hacían? Pues eso, algo tan sonrojante, ¿verdad?, pues la Junta lo hacía así.

O por ejemplo cuestiones tan elementales como a los profesores y al personal que tiene que impartir y que participa en la gestión de las acciones formativas, se supone que tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social; pues la Junta de Castilla y León no admitía el gasto de la Seguridad Social de la cuota patronal como un gasto justificable dentro de las acciones formativas. Pues, lógicamente, eso y otras muchas, pues es lo que ha facilitado, lo que ha permitido, lo que en la práctica ha supuesto esa picaresca que en donde los centros colaboradores, dado que los gastos -algunos, insisto; para que no me venga luego que estoy generalizando-, algunos, aquellos que han cometido irregularidades, pues se les impedía justificar aquellos gastos reales que tenían en la acción formativa, pues intentaban camuflarlos a través de facturas desde otro tipo. Y como eso parecía que colaba, pues eso al final ha sido el coladero mayor.

Y eso, hoy por hoy, pues en algunos casos se ha avanzado, pero en otros se sigue con una falta de claridad a la hora de objetivizar lo más absoluto el tema de las subvenciones que por parte de la Junta se facilitan.

Y otro elemento fundamental -y con esto termino ya-...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Señor García, vaya concluyendo, que ya lleva un exceso de tiempo.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: (Sí, termino ya, señor Presidente.) ...y que es otro elemento fundamental que ha favorecido también esa picaresca, pues el tema de la puntualidad en los pagos. El hecho de que se tarden años en las liquidaciones de los pagos, y la inmensa mayoría de las veces, o -lógicamente- en aquellos casos en que los centros colaboradores manifiestan su protesta, pues es por responsabilidad de la Junta de Castilla y León, donde no se resuelven las reclamaciones, o en donde simplemente es, pues, la disculpa por aquello de que no hay liquidez. Y ahí, pues lógicamente, los centros colaboradores -algunos, insisto-, pues han ido a buscarse financiación, no extralegal, pero sí, de alguna manera, de dudosa legalidad, ante el retraso injustificado por parte de la Junta de Castilla y León en lo que tendría que ser... Aquello de que se alardea de que se está mejorando la liquidación de las subvenciones, pues en este caso, todavía hoy... ha sido escandaloso hace años, pero hoy todavía se tienen toda una serie de retrasos injustificados, y que, lógicamente, eso también perjudica a la hora de dar una Formación Ocupacional de calidad en esta Comunidad Autónoma. De momento nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Yo le agradezco al Consejero su talante personal y su intento de ofrecer explicaciones en torno a esta cuestión. Voy a empezar diciéndolo por ahí: yo creo que no es la persona adecuada para dar la explicación; no por sus circunstancias personales ni por la responsabilidad que ocupa, sino, en primer lugar, porque estos hechos se refieren a un mandato que no era el suyo -y esto le honra en el sentido de que usted hereda un mandato y hereda las responsabilidades inherentes al mismo-, pero también porque estamos aquí hablando de actos administrativos realizados por otras personas. Y yo voy a pedirle algunas explicaciones que a lo mejor usted no me puede dar; y a lo mejor son esas explicaciones las que justificarían la comparecencia de otras personas ante estas Cortes.

Y dicho esto, voy a empezar por intentar contextualizar un poco la posición del Grupo Socialista sobre las subvenciones a la formación, en el mismo sentido que lo ha hecho el Consejero.

Nosotros hemos denunciado varias veces en esta Cámara, y en esta misma Comisión, cómo estas subvenciones se otorgan mal en plazos y... Bueno, antes de nada, quiero hacer una referencia absolutamente elemental. Yo conozco las auditorías que son objeto de la intervención del Consejero, porque con fecha veinticuatro de enero del noventa y siete me fueron facilitadas por la Consejería de Economía y Hacienda, en una solicitud de documentación parlamentaria formulada por este Procurador; y en este sentido, entiendo que la comparecencia me exonera del deber de reserva que se me indicaba, cuando se me remitió la documentación, que debía cumplir en torno a la documentación que se remitía. Para decir de qué estoy hablando y por qué lo conozco.

(-p.6389-)

En cuanto a la cuestión de los plazos. Nosotros hemos venido denunciando aquí que la Administración actúa mal en estas subvenciones; y actúa mal, en primer lugar, porque la Administración coloca a las entidades receptoras en una situación de imposible cumplimiento de la legislación; y esto lo dicen las auditorías. Las auditorías recogen en varios casos cómo subvenciones concedidas el veintidós de octubre de un año exigían a las entidades que realizaban los cursos -que eran de tres y cuatro meses- que tuvieran presentada toda la documentación justificativa de la realización plena y terminación del curso el día quince de diciembre del año en curso. Es decir, se daba por supuesto que las entidades o habían empezado los cursos sin saber si iban a ser subvencionados o no -cosa manifiestamente imposible, porque es la subvención lo que justifica la realización del curso-; o que las entidades iban a realizar, en todo caso, los cursos o incumpliendo los plazos, o si no incumplían los plazos, financiando la actividad; y como la actividad tiene costes financieros y las entidades que hacen los cursos en muchos casos son sin ánimo de lucro (entidades empresariales, la Universidad, entidades sindicales-, por lo tanto, que esos costes financieros iban a tener que ser disfrazados en la posterior justificación.

Yo lo he dicho aquí, y lo vuelvo a decir -no me importa-, para que quede muy claro: es decir, o la Junta de Castilla y León pensaba que las Universidades de la Región, la UGT, Comisiones Obreras, la CECALE y todas las entidades que realizaban los cursos aportaban a los mismos como ingresos propios el coste de la financiación, o la que Junta de Castilla y León ya daba, para empezar, por bueno que esos costes de financiación se iban a disfrazar. Y esto aboca a lo que son las irregularidades, algunas que son de fondo y otras que son de forma.

Nosotros hemos defendido -y lo seguimos defendiendo- que los receptores naturales de estas subvenciones son: por un lado, las Universidades de la Región; por otro lado, los sindicatos representativos del conjunto de los trabajadores (la UGT y Comisiones Obreras); y por otro lado, las patronales, la CECALE. Y en este sentido, las auditorías demuestran que teníamos y tenemos razón. El uso que han dado a estos fondos estas entidades es mucho más razonable que el que han dado otras. E incluso -y ahora hablaré de ello- ha habido una picaresca inevitable.

Y, en este sentido, nosotros presentamos una Proposición, que fue rechazada por la Mesa de la Cámara por entender que modificaba una Orden de la Consejería, pidiendo que solamente estas entidades fueran receptoras de estos fondos. Reiteraremos en forma más adecuada esta nueva solicitud; y la reiteraremos con el argumento de peso que nos dan estos documentos facilitados por la Consejería, para poder demostrar cómo es inadecuado que otras entidades gestionen estos fondos, porque cometen con ellos un mal uso.

En tercer lugar, la Consejería es responsable de la entrega de las subvenciones; no es responsable del uso que hagan las entidades de las subvenciones, pero sí es responsable de la selección de las entidades que han recibido las subvenciones. Las auditorías nos demuestran un descontrol absoluto por parte de la Junta de Castilla y León en la selección de receptores.

¿Sabe usted, señor Consejero, por qué no han podido realizarse algunas auditorías? Porque las empresas que han recibido el dinero se constituyeron para recibir la ayuda, alquilaron un local y, terminado el curso, desalquilaron el mismo y -como se dice en castellano- "échales un galgo". Esto ha sucedido, y lo recogen las auditorías. Hay auditorías que no se han podido hacer porque las entidades receptoras de las mismas han desaparecido; no se sabe dónde están, no se sabe quiénes son sus gestores. Los funcionarios de la Consejería han intentado buscarles y no les han encontrado, o no se han puesto en contacto con ellos. ¿Esto es razonable? ¿Es razonable que se dé una subvención de decenas de millones de pesetas a una entidad que no se sabe quién es, o que, si se sabe quién es, se sabe que se acaba de constituir para pedir esa misma subvención? Esto ha sucedido.

Se han dado subvenciones a entidades que con la subvención de la Junta, con el anticipo de la subvención de la Junta ni han pagado un duro a sus profesores, ni han pagado las becas a sus alumnos, han desaparecido con el dinero de la subvención, y también "échales un galgo".

Yo tengo delante de mí una carta remitida por una asociación de damnificados de una de estas entidades, que no figura en la documentación remitida por la Consejería. Una asociación de damnificados de la fundación Qüarkom, que dicen que no les han pagado nada, que les han estafado, que se sienten estafados; y lo peor es que no saben ante quién pueden reclamar; y, según ellos, la Junta no les hace caso. Dicen... y voy a leer literalmente lo que dicen los damnificados para no ponerlo en mi boca: "Las subvenciones concedidas alegremente -16.000.000 de pesetas sin aval ni vigilancia alguna- fueron empleados, en parte, para comprar unos todoterreno, que fueron puestos a nombre de empresas de los dirigentes de la Fundación, y en especial del señor..." equis -no está presente, vamos a dejarle en un silencio respetuoso- "..., el capo de todo el tinglado, y muy bien relacionado con el Partido gobernante en la Junta, por haber sido secretario particular de Martín Villa, Ex Ministro. ¿Estaría interesado el personaje político que daba el visto bueno a la subvención? ¿Acaso el señor equis, Director General de Trabajo, y el señor equis, Consejero de Bienestar Social, no eran íntimos del señor equis, o sólo les unían intereses de partido? Sería deseable investigarlo". Esto lo dicen los afectados de una de esas subvenciones. Por cierto, entidad esta que no ha sido auditada por la Junta, porque no le tocó, porque no es posible auditar a todas; de una fundación a la que se concede una subvención. ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Qué control del dinero público existe?

Las auditorías demuestran que en algunas Direcciones Generales de la Junta se han perdido más de la mitad de los expedientes, más de la mitad de los expedientes con los que se han otorgado subvenciones. El Director General de Comercio, en la Dirección General de Comercio se perdieron la mitad de esos expedientes; no del actual Director General de Comercio, el anterior -que tampoco don Héctor García Arias tiene que asumir lo que hiciera su antecesor-. ¿Cómo es posible que suceda esto?

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Las auditorías dicen que la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma -no el actual Gerente de la Gerencia, la Directora General anterior-... y lo dicen reiteradamente en todas las auditorías de las subvenciones otorgadas por la Dirección General de Servicios Sociales: "Debería existir en la Dirección General de Servicios Sociales, gestora de la ayuda, una mayor implicación en la programación y desarrollo de la acción formativa, incidiendo especialmente en el seguimiento y control de la misma, tanto en lo relativo a alumnos, selección y requisitos exigidos por la normativa comunitaria como en el abono de becas y justificación de gastos y pagos". ¿Por qué dicen esto? Porque todas las comisiones de control y selección del alumnado previstas en el otorgamiento de las subvenciones no se han constituido; no se ha constituido ni una. Y las auditorías recogen una vez, y otra, y otra, y otra, cómo en la Dirección General de Servicios Sociales no se controlaba esta actuación; y, por lo tanto, es imposible saber si han seleccionado bien o no los alumnos de los cursos.

En una auditoría se llega a decir: "No existe constancia fehaciente del cumplimiento de la normativa comunitaria y autonómica por parte de la Dirección General de Servicios Sociales como órgano gestor de la ayuda". Es decir, la propia Dirección General de Servicios Sociales no cumplía su normativa. Claro, luego existe la picaresca o existe la irregularidad por parte de la entidad, pero es que antes ha existido la negligencia gravísima de la propia Dirección General que era incapaz de cumplir con su normativa.

Pero es que se dice más, es que la principal de las subvenciones reclamadas, otorgadas por la Dirección General de Servicios Sociales a una entidad de ayuda a deficientes psíquicos, se dice literalmente... -a la que se le solicita la devolución de decenas de millones de pesetas-, se dice literalmente: "la propia normativa autonómica contradice la comunitaria". Es decir, la Junta de Castilla y León ha aprobado una normativa autonómica contradice a la comunitaria, y el auditor se ve obligado a solicitarle a esa entidad una devolución de dinero, de decenas de millones de pesetas -que en dos auditorías supone más de 75.000.000 de pesetas-, entre otras cosas porque la Junta de Castilla y León ha aprobado una normativa que incumple la normativa general de ayudas del Fondo Social Europeo, y ahora, si el Fondo Social Europeo; le reclama a esta entidad los 75.000.000 de pesetas ¿qué vamos a hacer?, ¿qué vamos a hacer, señor Consejero? Porque la normativa autonómica incumple la comunitaria. Porque yo soy el primero que le digo, a esa entidad, si se le pide el dinero por esta razón... evidentemente no le pida usted un duro, contará usted con la oposición radical del Grupo Socialista, en todo caso; se lo pida a la Directora General de Servicios Sociales, en todo caso, para que la próxima vez que proponga a su Consejero firmar una Orden determinada se entera de lo que propone, que no estaría de más, aunque fuera con carácter póstumo, póstumo digo así enfáticamente o retóricamente, para decir que ya no está en el ejercicio de sus funciones, aunque ahora ocupa otras también muy altas.

¿Qué dice la auditoría de las subvenciones concedidas por la Dirección General de Turismo? Pues que prácticamente en ningún caso se comprobó que los alumnos -estamos hablando de Formación Ocupacional para la iniciación al empleo- eran parados; hay casos en los que catorce de quince alumnos de un curso no eran parados, y no se comprobó esto -esto el Inem por lo menos sí que lo comprobaba porque tenía sus propios registros, pero ustedes no-; y esto es general en todas las subvenciones concedidas por la Dirección General de Turismo, entre las cuales se encuentra esa que decía yo de que "écheles un galgo", que no han sido capaces de encontrar los auditores de la Junta.

En muchos otros casos, ya de la Dirección General de Industria, antes de la Consejería de Economía y Hacienda, se comprueba cómo parte de las facturas emitidas, parte de las facturas emitidas como justificación de estos cursos, han sido facturas emitidas por las mismas personas que solicitan la subvención y la reciben, bajo otra titularidad jurídica; es decir, fulanito de tal se factura a sí mismo. Esto sucede en algunos casos en los que se solicita la devolución del treinta, el cuarenta o el cincuenta por ciento de la subvención concedida.

En otros casos, en otros casos la Junta de Castilla y León concede subvenciones... tal es el caso de una empresa de Soria que se llama Infortec -que menciono simplemente porque está desaparecida-, a una empresa a la que le ha rescindido con anterioridad a la concesión de la ayuda el Ayuntamiento de Soria una relación que tenía con el Ayuntamiento porque la tal empresa no estaba cumpliendo con las funciones que le concedía el contrato, no cumplía a satisfacción del Ayuntamiento el contrato. La Junta no se ha enterado de eso, los Servicios de la Junta en Soria no se han enterado de eso, y subvencionan a una empresa que ha defraudado ya al Ayuntamiento de Soria. ¿Qué pasa con esa empresa? Que desaparece, que los profesores plantean reclamaciones de cuantía por cantidades no abonadas a la propia empresa, tienen que constituir otra, etcétera, etcétera, etcétera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Señor Granado, vaya concluyendo.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: (Voy concluyendo, señor Presidente, muchas gracias.) Y nos encontramos con que esta situación reviste especial gravedad en el caso de un sindicato -que no es uno de los sindicatos representativos de los trabajadores de este país-, al que se le concede reiteradamente subvenciones y que después hemos conocido que también, naturalmente se facturaba a sí mismo, que tenía entre sus miembros beneficiarios de estas subvenciones a personas que no eran profesores de los cursos, y que falsificaba facturas.

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Conclusión final: las ayudas del Fondo Social Europeo deben ir a la CECALE y a las organizaciones patronales representativas de los comerciantes o de otros sectores y no a los chiringuitos; a la Unión General de Trabajadores, a Comisiones Obreras y a las Universidades y a sus fundaciones; y chiringuitos, ya más, ninguno. Los plazos en que se conceden las ayudas deben ser plazos razonables, no se pueden seguir concediendo ayudas todos los años en octubre, y además solicitar que te las justifiquen en diciembre; porque aunque digamos aquí que no, estamos abocando a la picaresca y a la irregularidad. Las ayudas deben ser concedidas en los tres primeros meses del año. La Junta de Castilla y León debe eliminar cualquier relación con las entidades que hayan defraudado.

Y, por último, señor Consejero, tres preguntas muy concretas, casi telegráficas:

¿Por qué se ha destituido a algunos de los funcionarios que hicieron las auditorías? ¿Por qué, a consecuencia de las auditorías, se han tomado represalias contra funcionarios que las hicieron? Y no es su Consejería, señor Consejero, por eso a lo mejor usted no me puede contestar; pero entienda usted que tenemos la obligación de hacer esta pregunta y de recabar una contestación.

¿Cuánto del dinero irregularmente percibido se ha devuelto ya a la Comunidad Autónoma? ¿Se ha devuelto una sola peseta? ¿Qué cantidad, de esos 153.000.000 ó 200.000.000 percibidos irregularmente, la Junta ha conseguido que retornaran? ¿Y qué va a hacer la Junta con el dinero que falta? ¿Qué responsabilidad va a asumir la Junta en parte del dinero que se haya malgastado por sus propias incorrecciones?

¿Y a qué entidades preceptoras de los cursos, a qué entidades se les ha hecho acreedoras del principio de infracción penal? Y, en este sentido, se ha comunicado la documentación existente en la Consejería para su remisión a la Fiscalía. Porque tampoco podemos mezclar aquí las churras y las merinas; y tampoco podemos aquí convertir a un sector que globalmente trabaja bien -y, sobre todo, las entidades que nosotros consideramos y las auditorías reconocen que trabaja bien- con lo que son chiringuitos absolutamente injustificables. Por lo tanto, que se diga quiénes están en la Fiscalía y que se diga quiénes, a quiénes se va a remitir a la Fiscalía; y que se diga a quiénes no se va a remitir a la Fiscalía por considerar que son irregularidades menores las que se han detectado y que, por tanto, es en muchos casos la propia Junta, a lo mejor, la responsable de su comisión. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, pues, agradecer al señor Consejero la comparecencia que hace ante esta Comisión para tratar un tema que, tal como se ha participado por el resto de los Grupos Parlamentarios, presenta tintes que conviene dejar perfectamente claros.

Pero yo desearía, señor Consejero, hacerle a usted, en primer lugar, una manifestación del Grupo Parlamentario Popular. Creo, señor Consejero, que de la lectura, o del seguimiento que ha hecho usted y que le hemos hecho, perdón, del discurso de su comparecencia, hay una cosa que es absolutamente clara, y es la preocupación y puesta en marcha de mecanismos de control en torno a las subvenciones que han ido, o se han derivado a temas de formación. Esto es tranquilizador. Como usted dice en su intervención, no debe llevar a la autocomplacencia; pero sí, cuando menos, debemos de hacer un reconocimiento expreso de que ustedes, la Junta de Castilla y León, usted en concreto, ha creado un Registro de Entidades Colaboradoras, usted en concreto ha permitido y ha dicho aquí, concretamente, que va a reducir el número, sensiblemente de esas entidades colaboradoras. Usted nos ha hablado de los controles que existen previos, como son los controles de la Intervención Delegada; usted nos ha señalado, concretamente aquí, como no puede ser menos, los controles que existen en la fase de seguimiento, evaluación y control, por supuesto, de esas subvenciones o de esas entidades. Hemos visto cómo el Grupo Parlamentario Socialista, evidentemente, tiene unas auditorías que no han tenido, por supuesto, ningún inconveniente por parte de la Junta de Castilla y León en remitirle; lo cual nos parece que eso es trasparencia y que eso realmente es lo que legitima democráticamente cualquier actuación del Gobierno de la Junta de Castilla y León. Ahí está el ejemplo (por contra a lo que se decía anteriormente por algún Portavoz). Cómo existe esa Fiscalización por la Intervención Delegada. Cómo existen controles por la Unidad Administrativa de los Fondos Sociales Europeos. Y cómo las irregularidades... -y aquí es donde hay que pararse muy mucho., cómo las irregularidades -lo ha dicho el Consejero también-, cuando son irregularidades que presentan un ilícito penal, han sido remitidas al Fiscal.

Es decir, aquí no nos duelen prendas; aquí no hay ningún tipo de compadreo ni aquí existe, por supuesto, ningún chiringuito en la Junta de Castilla y León, ni existe tampoco ninguna actuación por parte de la Junta de Castilla y León que sea de irregularidades.

Y hay una cosa muy clara: no hay irregularidades ni en la concesión ni en la gestión. Éste es un tema que a nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, nos da tranquilidad: no hay irregularidades en la concesión, ni tampoco existen en la gestión.

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Evidentemente, hay unos tipos de irregularidades que sí que convendría tratar aquí. Y que yo incluso creo... y he visto algún expediente que conviene dejar claro y conviene precisar. Hay irregularidades formales, evidentemente que las hay; hay irregularidades que afectan al fondo, evidentemente que las hay; y hay irregularidades que se han producido con tal magnitud o de tal envergadura que han ido al Fiscal. Pero hay un tema, hay un tema que no conviene perder nunca de vista, y no cabe aquí echar las campanas al vuelo y señalar como se ha señalado... y yo aquí quiero transmitir la tranquilidad al Consejero, decir que bueno, que la Dirección General de Servicios Sociales no cumplía con la normativa, o señalar que la Dirección General de Turismo, evidentemente pagaba mal.

Bueno, yo entiendo que esas irregularidades formales, primero, el administrado, el perceptor de la subvención, quien sea, tiene un plazo para subsanarlas; y tiene unos medios en un Estado de Derecho para subsanarlas; y no conviene perder de vista este asunto, y se pueden subsanar dentro de un expediente administrativo y se producirá la resolución correspondiente.

Habrá otras, evidentemente, que, carentes de esa mera situación de formalidad, afecten más al fondo, haya habido, porque le hay, esa picaresca, y ha existido esa picaresca y, en definitiva, señor Consejero, usted ha hecho muy bien remitiéndolas al Ministerio Fiscal cuando ha incurrido en delitos graves.

Pero hay algo también muy importante que conviene destacar, ha prometido usted aquí, señor Consejero, mayores controles financieros; y nosotros estamos ahí a su lado y le decimos que adelante con esos mayores controles financieros, si bien ya aprovechamos para señarlarle a usted, si nos puede explicar en qué van a consistir esos mayores controles financieros.

Pero, en definitiva, señor Consejero, conociendo y viendo que ha existido, evidentemente, esa picaresca; que ha salido en los medios de comunicación; que todos conocemos; eso es responsable... de esa picaresca interna que hagan determinadas empresas o determinados colectivos ¿es responsable la Junta de Castilla y León de que se falsifiquen en algún caso, por ejemplo, facturas por parte de alguna asociación o de algún perceptor que lo haga? ¿Somos responsables de los actos individuales de las personas? ¿También ahí se quiere llevar la responsabilidad la Junta de Castilla y León, también ahí se quiere llevar la responsabilidad del Consejero? Mire usted, señor Consejero, ahí le transmitimos pura y simplemente tranquilidad; y, evidentemente, quien la haga que lo pague; no puede ser de otra manera; y quien lo haga, ciertamente, que asuma la responsabilidad de lo que ha hecho. Pero, por supuesto, no el Consejero de la Junta de Castilla y León, que creo que en su exposición ha expuesto con claridad meridiana los mecanismos de control, la preocupación de la Junta de Castilla y León, la existencia de auditorías, la existencia, evidentemente de unos controles financieros... Y, por supuesto, tampoco podemos admitir, porque también nos hemos preocupado de averiguarlo -y, si no, señor Consejero, dé usted el dato, si lo tiene a mano-, ¡que en la Junta de Castilla y León no desaparecen los expedientes por arte de magia, hombre!, que transmitir eso yo creo que es... Señor Consejero, y usted nos tendrá que dar ahí el dato concreto, no es transmitir al ciudadano... lo que se le debe de transmitir, que es otra cosa, que es desgastar por desgastar, que estamos cansados en esta Comisión y en otras, evidentemente, de oír lo mismo.

Le digo a usted que han sido reconstruidos -y me atrevo a decirlo antes de que el Consejero lo señale- aquellos expedientes que se detectaron de su desaparición. ¿Cómo? Dirigiéndose a las entidades, pidiendo la documentación... y existen en la Consejería. Ahí no desaparecen las cosas, hombre, no se llevan a la máquina de hacer papelillo, ¿eh?, de romper el papel y meterlo; eso no podíamos plantearnos ni tan siquiera una situación de ese tipo.

Yo creo, señor Consejero, que las cosas son mejorables, por supuesto; y que es muy probable, y que es muy probable, pues que evidentemente se hayan cometido errores... Pero no se me ponga por ejemplo al Inem, ahí no, ahí no, o sea, ahí no debemos llegar. Yo diría que el Instituto Nacional de Empleo, concretamente es el "Instituto Negativo para el Empleo", pura y simplemente eso, y lo ha sido hasta estos momentos; y esperemos enmendar la plana. Yo he visto circulares internas del Inem, las conozco, que contradicen las disposiciones del Ministerio, circulares internas interpretativas, las conozco y las puedo aportar a la Comisión cuando se quiera, cuando se quiera, las puedo aportar... interpretativas, "interprétese de ésta, y de ésta, y de esta manera lo que dice tal Orden del Ministerio en un momento determinado, en torno a las subvenciones". Y aquí hay personas que han tenido responsabilidades y, sin duda, lo sabrán; y si lo saben, que lo digan. Y si lo saben, que lo digan. Que lleguen... pidan el turno luego después y que nos lo comuniquen.

Señorías, Señorías, los expedientes, los expedientes llevan una dualidad cuando se produce esa investigación, que es, por supuesto, la revocación de la subvención cuando son graves -y así lo hecho la Junta de Castilla y León en algún caso-, o, por el contrario, el reintegro de la subvención cuando así se ha producido, evidentemente, la constatación también de un hecho irregular. Y me consta que existen expedientes de ambas... con ambos matices: unos de reintegro y otros de revocación de una subvención.

(-p.6393-)

Pero yo creo que no todo el mundo es tan malo como se ha presentado aquí. A mí me da la impresión que han sido muy pocas las cuestiones que aquí se han dicho: ante un volumen de 2.700 millones de pesetas en subvenciones, 4% de esos... -y lo ha dicho el Consejero-, 4% de esos 2.700 millones de pesetas han presentado algún tipo de irregularidad, que no quiere decir que en todas hayan incurrido en la ilegalidad o que todas tengan que ir al Ministerio Fiscal, algunas son de orden formal -como he dicho anteriormente- y, en definitiva, pues tendrán la solución o no la tendrán y recibirán, por supuesto, la resolución administrativa correspondiente. Y un 13% de 936.000.000 sí tengo que admitir -y lo admito- que es una cifra importante, porque son 134 ó 135 ó 137.000.000 de pesetas que, evidentemente, yo sé que la Junta de Castilla y León está investigando en ese sentido y está produciendo las correspondientes actuaciones administrativas.

Por tanto, señor Consejero, yo creo -y le voy a decir a usted algo-, yo creo que ha hecho usted un discurso valiente y ha dado usted la cara, y ha venido usted aquí a dar la cara; no a producir autocomplacencia, a dar la cara. Y ha dicho usted: ¿y habrá más situaciones... -por lo menos así lo he oído, cuando le he atendido... en el seguimiento...-, y habrá más situaciones que puedan producir...? Y ha dicho usted: sí. ¿Y habrá más irregularidades? Y se ha contestado usted, y ha dicho: sí. Y estamos aquí, ¿para qué? Para tratar de evitar que eso continúe produciéndose. Y nuestro Grupo Parlamentario se va muy satisfecho con haber podido presentar aquí el Consejero algo muy importante, algo muy importante, que es un entramado jurídico que vela porque esas subvenciones tengan el destino, tengan el control y sean eficaces para algo que nosotros tenemos que compartir -como no puede ser menos-, que es que, evidentemente, compartimos con el Consejero la importancia de los fondos destinados a Formación Profesional como un instrumento absolutamente necesario para aumentar la competitividad y como un instrumento necesario para conseguir que nuestros trabajadores tengan una mejor cualificación y, en definitiva, como un instrumento necesario contra el paro.

Por lo tanto, apoyarle ahí, señor Consejero, y cuenta usted con...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Señor Aguilar, vaya concluyendo.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Termino enseguida, señor Presidente. Antes no hablé, es que tengo, verdaderamente, necesidad de decir alguna cosita más, pero voy a tardar muy poco, ¿eh?.. Si no les importa.

Simplemente, simplemente, señalar, señor Consejero, que, efectivamente, creo que se ha transmitido, se ha transmitido algo muy tranquilizador a esta Comisión, y es la existencia -repito- de ese entramado de disposiciones, de esos controles, de esas auditorías externas incluso.

Y hay algo que no voy a admitir... no puede admitir nuestro Grupo -no quiero hablar en primera persona-: ¿por qué se ha descalificado aquí -en mi opinión de una manera bastante irresponsable- a esas personas que hacen los controles en los cursos? ¿Por qué se las ha descalificado?

Yo he tenido actas, yo he tenido actas de esas personas en mi mano -y lo que yo he tenido en mi mano nadie me lo va a poder negar-, y consignan dos personas o tres personas, curso al que asisten, números de alumnos... incluso hacen -como ha hecho el Consejero- una determinada encuesta con carácter secreto para llevar a cabo un seguimiento y control, tanto del material como de las obras, como de lo que le merece el profesorado, etcétera, etcétera. Eso existe en la Junta de Castilla y León, eso existe, y eso se da. En el Inem, en el Inem no lo sé, en el Inem no lo sé si se daba. No lo sé, no lo sé; no puedo, no puedo aseverarlo, ni tampoco puedo negarlo. En la Junta de Castilla y León, por supuesto, sí se daba. Me extraña que han sido descalificadas esas personas.

Y termino, y termino, señor Consejero... (Y, señor Presidente, permítame un instante nada más.)

Nosotros creemos que las subvenciones a todo aquel, a todo aquel que se acople a la normativa legal, no sólo a Comisiones Obreras, o a UGT, o a CECALE, o a la Universidad de Valladolid; aquel que se acomode, aquel que dé garantías de que la formación es de calidad y aquel que, evidentemente, no tenga y no esté inmerso en ningún tipo de expediente.

Yo creo que ése es... es la filosofía que puede, evidentemente, señor Consejero, impregnar -como no puede ser menos- una actuación coherente por parte de la Junta de Castilla y León.

Y, señor Presidente, muchas gracias por los minutos que me haya podido pasar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Aguilar. Señor Consejero, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Señorías. Muchas gracias por su intervención. Yo tengo que comenzar diciendo y afirmando con toda claridad que las irregularidades son la excepción, las irregularidades son la excepción. Y esta Administración Pública... -y siguiendo un poco al hilo de la intervención del señor Granado-, esta Administración Pública ha tenido un sistema... mire usted, me atrevo a decirle, no he sido yo partícipe, de ejemplar.

Por lo tanto, yo he tratado de evitar, porque tengo mucha información del Inem, y no me corresponde a mí como Consejero de Industria, Comercio y Turismo venir aquí a desvelar eso. Pero sí que le ruego a los que son Parlamentarios en otras Cortes que tomen iniciativas, y que las pidan, y que luego comparen en nuestra... hagan ver a los ciudadanos de Castilla y León cómo actúan unos y cómo actúan otros. Pero bien, no haré más referencia a ese tema.

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Yo quiero decirles que esto es la excepción, y es la excepción. Y, además, están basando ustedes su intervención en documentación, primero, que les ha traslado la Junta de Castilla y León y, segundo, elaborado los controles por la propia Junta de Castilla y León; es decir, con los sistemas de control que tiene la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, entendamos las cosas como son.

¿Que ha habido que mejorar la normativa? Evidentemente. Yo he tomado al comienzo de mi incorporación a la Consejería decisiones en ese sentido, después de horas de trabajo con los agentes económicos y sociales y estudiando muy detenidamente por dónde teníamos que ir. Y lo hemos tomado. Y que el Fondo Social Europeo, los programas del Fondo Social Europeo gestionaron una situación muy confusa, no sólo en Castilla y León, en todas las Administraciones Públicas. Bruselas reclama 43.000 millones de pesetas al Estado español. Bruselas, a través del convenio que yo les he afirmado, que les he comentado antes, tiene puntual conocimiento de la gestión de Castilla y León, de esas auditorías, y no pide la devolución de una sola peseta. Por lo tanto, esto es la excepción.

¿La normativa ha habido que mejorarla? Evidentemente, y se ha mejorado, y tenemos todavía que hacer un gran esfuerzo. Y yo espero que podamos rematarlo en este propio ejercicio; es decir, el chequeo, las necesidades de formación, del mercado de trabajo en nuestra Región, el reconducir las entidades solventes, entidades serias y, además, tener un sistema de auditoría externa que nos permita tener un control mucho más exquisito del que estamos teniendo ahora. Pero no sin menospreciar y sin valorar lo que los funcionarios respectivos -todos los que han estado participando en este seguimiento y este control- han venido haciendo a lo largo de los años.

No comparto en absoluto las cosas que se han dicho de que... que hemos dicho que no existen irregularidades. Yo jamás he dicho que no existan irregularidades. Mire usted, yo tengo que actuar -y creo que lo he reiterado por activa y por pasiva- a la vista de lo que examino en los... en todas las actuaciones administraciones de una Administración y lo que me trasladan los informes técnicos de los distintos Servicios de las Consejerías.

Por lo tanto, yo comprendo el trabajo concienzudo de los medios de comunicación, el trabajo exquisito, ese afán profesional -que todos lo hemos tenido en nuestras distintas profesiones- de ser... bueno, de hacer un buen trabajo. Eso le gusta a todo el mundo, y yo... también en la actitud periodística... en la actividad periodística, pues existe. Pero nosotros... yo, igual que los Fiscales que hay en este país, me imagino que los Fiscales cada vez que lean los periódicos, pues tuvieran que actuar de oficio, cada mañana, pues en los últimos dos o tres años... vamos, no habían parado ni día ni noche. Por lo tanto, usted a mí no me obligue a que yo cada mañana, cuando lea los medios, llegue a tener actuaciones administrativas. Que muchas de las cosas que aparecen son veraces y que no las desmentimos. Si tenemos los expedientes abiertos, si los controles financieros ha habido incluso... que hemos tenido que solicitar en muchos de ellos que nos aclare la propia Intervención qué medidas adoptamos; otros estaban mucho más explícitos los informes de auditoría, y ya hemos iniciado el expediente de incumplimiento; hemos dado traslado a las partes, han hecho sus alegaciones, se encuentran en fase de recurso ordinario, están en información, estamos notificando, y habrá quién lo recurra a la vía judicial y habrá quién no recurra.

Por lo tanto, eso está... le digo que... absolutamente por el libro. No tengan ustedes ninguna duda. Pero están ustedes basando su información en los controles que ejerce la Junta de Castilla y León; y que me parece muy bien que lo hagan, pero que se diga con toda claridad. No son informes que aparecen... Mire, usted ha hecho referencia a una carta. Yo he recibido un solo escrito del sindicato del CSIF, que di traslado de él a la Intervención General. Pero es que la gente acostumbra a ir... la gente no conoce dónde tiene que ir a exponer las cosas, a explicarlas. Va a los medios de comunicación, acude a ustedes los Parlamentarios, pero no... los registros públicos están para registrar los papeles. A mí me registraron, el sindicato del CSIF, unos señores que acreditaban que eran de ese sindicato, y cogí un oficio y al Interventor General de la Junta. Punto. Pero es que... hay un procedimiento que funciona perfectamente y que aclara todas estas cosas.

Por lo tanto, ni actitud permisiva, ni pocos controles, ni desbarajuste, ni falta de control, ni seguimiento escasísimo, porque yo no creo que sea momento oportuno a estas horas, y quedándonos todavía pendiente otros temas, de volver a explicar cuáles son los controles que se ejercen aquí. Por lo tanto, la gestión, la concesión de las ayudas... Mire usted, yo firmo cuando veo la firma del Interventor Delegado al lado. Por lo tanto, tengo la completa seguridad de que está fiscalizado debidamente, y estoy dictando una Resolución justa, ajustada a Derecho y legal.

En la fase de justificación el órgano gestor, ¿ese acto es también intervenido? Fiscalizado. Por lo tanto, no hay ningún problema ahí. Y después, en la fase posterior de control, es cuando se detectan... Podíamos haber evitado mandarles -no quiero reiterarme mucho-, pero podíamos haber mandado... evitado mandarles las auditorías, y se las hemos enviado. No hay nada que ocultar. Si no tenemos nada que ocultar; si nosotros queremos mejorar cada vez más; si queremos hacer una buena gestión de la formación. Porque -como decía al comienzo de mi intervención- la formación es lo que va a permitir a nuestras empresas ser competitivas y a los trabajadores cada vez ser mejores.

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Respecto a la desaparición de documentación. Mire, Señoría, son escasos expedientes, que están completos o se completaron con posterioridad, y que además estos expedientes conocen ustedes que hubo un traslado de la Dirección General de Comercio, que estaban en la calle María de Molina, trece, y que se trasladó a la dirección... a la calle Francisco Suárez. Y en ese momento... eso está bien. Ahí está el celo incluso de los controles financieros que resalta hasta esos aspectos, que indican que se debe mejorar el archivo. También lo asumimos, y la propia Dirección General tiene sistemas. Se han completado, no hay ningún problema, y está toda la documentación al completo.

La puntualidad en el pago. Miren ustedes, si es que a veces... si es que no llega a la Tesorería el expediente. Si a mí me han llamado en numerables ocasiones interesándose por un expediente distinto a las personas, me he ido a informar, y resulta que falta documentación, completar la justificación del pago. Se lo han reiterado por activa y por pasiva, y no lo realizan. Están ahí ya funcionando los instrumentos de control. Por lo tanto, mire, en la Tesorería... con cierta periodicidad desde la Consejería yo me dirijo al Tesorero a ver qué expedientes tenemos de la Consejería, y se están liquidando habitualmente todos los expedientes de ayudas. Lo que ocurre es que en estas ayudas y en otras, en su tramitación, existen ciertas dificultades. Sabemos que es un sistema complejo; pero es complejo, se podrá agilizar mucho los pagos, se podrá agilizar mucho la tramitación de los expedientes, podemos ser... ir a procedimientos mucho más simplificados -como hemos implantado en la Agencia de Desarrollo Económico-, pero lo que es evidente es que estamos manejando dinero público, y eso exige de ciertos controles sin que seamos exquisitos. Y eso es obvio. Y los administrados tienen que ser consecuentes con esta cuestión, que no estamos manejando empresas privadas nuestras que podemos correr el riesgo que queramos, que nosotros tenemos que rendir cuentas en las Cortes y a los ciudadanos de Castilla y León. Por lo tanto, los fondos públicos hay que utilizarlos correctamente.

La mayoría de las ayudas a la formación, del apoyo económico a la formación se están dirigiendo, efectivamente, a las Universidades. Nosotros tenemos convenios, hemos firmado convenios -creo que esta misma semana vuelvo a firmar otro-, Convenio con la Universidad de Valladolid y con otras Universidades. Estamos dirigiéndonos a los agentes económicos y sociales más representativos de la Región. Pero entendemos también que hay entidades colaboradoras solventes, serias, rigurosas y que, evidentemente, será un criterio a la hora de decidir aquellas, no sólo las entidades colaboradoras en materia de formación, sino aquellas empresas... Mire usted, yo he tenido que tomar la decisión hace escasos días -y me imagino que estará en los medios de comunicación en cualquier momento- de no apoyar a una empresa que ha mantenido un comportamiento irregular con la Administración Pública. Mire usted, estudiada la viabilidad que podía ser dificultosa, y visto el comportamiento del empresario, he decidido no apoyar a esa empresa. Porque lo primero que hay que exigir a cualquier ciudadano que se dirige a la Administración Pública es seriedad, a empresarios, administrados en general, sobre todo cuando reciben dinero público. Está muy bien que nos exijan a nosotros buena gestión y ser rigurosos en la gestión; pero los ciudadanos tienen que saber también que están manejando dinero público y que tienen que ser rigurosos.

Por lo tanto, aquella entidad que no tenga un comportamiento correcto no recibirá ayudas. Y tenemos en fase muchos expedientes abiertos que llegarán a su fin. Pero no nos pidan que les cerremos sin respetar la legalidad. Hay que darles audiencia, y nos encontramos en muchos... en muchas de ella, en fase de recurso y en... por supuesto que iniciados esos expedientes de reintegro hay bastantes.

Pero no son tantos, porque luego, como explicaba el Portavoz del Grupo Popular, existen una serie de defectos que son subsanables. Es decir, los propios controles... Hay controles que son muy firmes y... llegan a unas conclusiones, que a nosotros, al órgano gestor, le permiten ya encauzar una actuación administrativa a continuación.

Hay otros controles que no son tan claros y nos han obligado al órgano gestor a pedir aclaración, a pedir un mayor pronunciamiento más claro de la propia intervención. Hay otros expedientes que nosotros entendemos que esos defectos son reparables. Y, con independencia de lo que diga la Intervención, en el trámite de alegaciones estimamos, porque creemos que son subsanables y no hay por qué pedir el reintegro.

¿Por qué se ha destituido? Mire usted, no conozco que se haya destituido a nadie. Mire, he pedido todos estos controles para ver las personas que firmaban: uno de ellos ha sido ascendido a Interventor General; y el otro, el que aparece en la mayoría de los expedientes, ha sido el responsable de asuntos económicos de mi Consejería hasta hace escasos días, que después de conversaciones con él, le he adscrito a la División de Administración de la Agencia de Desarrollo, precisamente por ser un buen funcionario y un buen técnico, un hombre riguroso. Por lo tanto...

En las otras Consejerías ha habido uno que estaba en la Consejería de Sanidad, que está ahora en las mismas funciones en la Consejería de Agricultura. Y no me consta, ni en la Consejería de Economía y Hacienda ni en otras, que se haya destituido a nadie por esto; pero se lo digo con toda claridad: que no me consta que haya habido. Que incluso ha habido personas que han sido, por así expresarlo, mejorados en su situación profesional por la profesionalidad: la persona que ha hecho el control de la mayoría de estos expedientes, Jefe de Servicio de Asuntos Económicos de mi Consejería hasta hace pocos días, y Jefe de la División de Administración, donde se lleva todo el control financiero y económico de la Agencia de Desarrollo, pues, no sé si hace dos semanas.

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Por lo tanto, yo creo que tenemos un buen sistema de control; que ha habido que mejorar la... la normativa, es evidente, y se ha mejorado; que, además, ésta no es una situación exclusiva de esta Administración Pública, que es una situación que ha generado... la llegada de estos programas, pues bastante confusión en los primeros años. Y que, por lo tanto, estamos yo creo que en el buen camino, en la buena dirección. Y que vamos a ser rigurosos con los expedientes.

Me decían que qué expedientes se llevan a la Fiscalía -fíjese que hay que ser prudente en todo-: yo remito a la Fiscalía aquellos expedientes que mis Servicios Jurídicos examinan los controles financieros y me informan que puede haber indicios y que los remita. Ha habido dos que se han enviado: uno, el de la empresa esta Infortec, que fue archivado, que fue archivado por el Juzgado; estimó que no había indicios penales, que no había conductas, comportamientos penales, y se archivó. Y hay otro expediente que es remitido, que no sé en qué trámite se encuentra, que es el de la sociedad Hábitat porque mis Servicios Jurídicos determinaron que podía haber conductas, comportamientos delictivos; y lo he remitido a la Fiscalía de Valladolid.

Si de todos estos expedientes que tengo en mi Consejería -veintinueve- se dedujera cualquier comportamiento ilícito y con posible imputación penal, no tenga ninguna duda que ni lo consulto: según me llega el informe, firmo el oficio y se va para la Fiscalía, pero el expediente íntegro. Y, si quiere Su Señoría, ponemos todos los medios de que dispone la Consejería -incluso en nuestras propias personas comparecemos- para explicar esos asuntos.

Y ha habido en general... yo creo que incluso los que más formación han... las entidades que más formación han gestionado han tenido dificultades.

Por lo tanto, yo creo... insisto en que no hemos destituido a nadie; que no se ha tomado ninguna represalia con nadie. Que estamos en la fase de finalización de estos expedientes: son auditorías del año noventa y cinco, alguna de ellas que ha habido que pedir aclaración, otras han dado ya lugar a los expedientes de incumplimiento; se les ha notificado a las partes, han hecho alegaciones, hemos resuelto, se encuentran en fase de un recurso ordinario administrativo -están ahora mismo algunos en la Asesoría Jurídica para informe- y que resolveremos en el momento que me lo remitan.

Y que vamos a... también a conceder las ayudas a aquellas entidades que, lógicamente, no estén imputadas en ilícitos penales; eso, sin ninguna duda. Nada más, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor García, para turno de réplica.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. La verdad es que no se corresponde la intervención del señor Consejero con la que por lo menos ha realizado este Portavoz -no me corresponde valorar la que han hecho otros-. Pero en todo momento he pretendido huir de la generalización de las irregularidades, a pesar de que, existir, existen, como parece ser que todo el mundo reconoce.

Pero claro, la contestación que da el señor Consejero, de minimizar el problema a considerarlo prácticamente minúsculo, pues la verdad es que, pues, se pretende, única y exclusivamente, ridiculizar algo grave que estamos comentando aquí, que estamos planteando; y que, lógicamente, pues está en los medios de comunicación y, por lo tanto, los ciudadanos quieren una clara explicación.

Y minimizando el problema, pues es sentar las bases para no solucionarlo y crear las condiciones para que el problema siga existiendo.

Mi voluntad en absoluto -y la de este Grupo Parlamentario- está en lanzar ningún tipo de alarma social, ni en éste ni en ningún tema. E insisto otra vez en que en absoluto pretendo generalizar nada. Pero, de ahí a llevarlo a que esto son cuatro cosas, esto apenas supone nada, cuando estamos hablando de toda una serie de expedientes y estamos hablando de cuál ha sido... y he hecho yo antes, que ni tan siquiera se ha hecho mención para ver cuál ha sido un poco la evolución y cómo se han producido precisamente las tomas en consideraciones en ocasiones por parte de la Junta para variar actitudes -en muchas ocasiones no por propia reflexión, sino obligados por los acontecimientos-, pues entonces nos lleva, pues a una conclusión preocupante, que es que la Junta -o en este caso la Consejería- tiene o demuestra poca voluntad de realmente solucionar este problema.

Y, lógicamente, no puedo dejar de mencionar el primer elemento. El hecho... antes se decía "no le hemos entregado a ustedes, a Izquierda Unida, la documentación, porque la norma me lo impide". Y algún Procurador aquí asentía con la cabeza en decir: "claro, si no te los pueden entregar". Ahora, como se ha entregado a otro Grupo Parlamentario, dices: "¿ves?, hay transparencia". Habrá transparencia para algún Grupo Parlamentario.

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Pero entonces, eso, por parte del señor Consejero, en la actitud que ha tenido en concreto con este Grupo Parlamentario, ¿qué supone? ¿Ignorancia? ¿Mala fe? ¿Actitud discriminatoria? ¿Voluntad de vulnerar el Reglamento? Algo de esto debe suponer. Y cualquiera de ellas gravísima, cualquiera de ellas gravísima para un Consejero de la Junta de Castilla y León; con unas implicaciones políticas, que, el que quiera sacar sus conclusiones, debe hacerlo. Pero, en definitiva, gravísima. Porque el decir antes "no se lo damos, porque la Ley me lo impide"; y ahora resulta que, lógicamente, a otro Grupo Parlamentario se le ha entregado, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Que ustedes conocen la norma, o la aplica... o usted, o el Consejero que había en aquel momento, en definitiva, la Junta aplica la norma en función a quién se tenga que entregar la documentación? ¿O simplemente es que ha cambiado la norma ahora en función del Grupo Parlamentario que solicita la documentación, que no creemos que ni tan siquiera sea eso? Porque ahora parece ser que está proliferando el tema de "pásese usted por la Consejería a ver la documentación".

Pero en cualquiera de las conclusiones a que se quiera llegar, gravísima. Y ahí sí que exigimos... pero vamos, una explicación clara. Y, por lo menos, lo que exigimos es la rectificación inmediata de esa contestación suya de que no se nos entrega la documentación a este Grupo Parlamentario, cuando se entrega a otros Grupos Parlamentarios. Exigimos la rectificación y, por lo tanto, la entrega de la documentación solicitada. Y esperemos que esa rectificación se produzca. Y esperemos que haya las actitudes correspondientes, también, por otros Procuradores en esta Comisión.

Y miren, yo no pretendo ni tengo ninguna intención - pasando a otros temas-, referido a sacar la cara aquí al Instituto Nacional de Empleo; pero es su propia incoherencia. Ustedes están copiando ahora, que tienen esas normas, por ejemplo, la norma de centros colaboradores, copiada prácticamente literal de la que lleva funcionando en el Inem hace años. Y yo no pretendo sacar la cara al Inem, porque sé que ha metido la pata en muchas cosas, y últimamente, pues está funcionando mejor. Y, por supuesto, yo no pretendo sacar la cara aquí en lo que tendría que ser el Inem como intermediario en el mercado de trabajo, intermediario de carácter público. Porque ahí, la mayor... pata -por así decirlo- o la falta de eficacia del Inem es precisamente su desmantelamiento, que es en lo que ustedes están profundizando; es el vaciar de contenido el Inem, que ustedes, lógicamente, están profundizando.

Es decir, que las dificultades del Inem o los errores del Inem están justo en todo lo contrario de lo que ustedes plantean. Y no critiquen al Inem, porque ustedes le están copiando en algunas cosas; y en algunas de las cosas de las que se están empezando a hacer bien en el tema de Formación Ocupacional, por ejemplo, en el tema de Registro de Entidades Colaboradoras. Y en algunos otros aspectos, por ejemplo, cuando empiezan a ir, cuando empiezan a ir a comprobar las secciones formativas in situ.

Y sobre el tema de que parece ser que el señor Consejero, pues se siente muy satisfecho de que todas las irregularidades han sido detectadas a través de las auditorías... Pues, no señor, pues no señor. Usted mismo reconoce que se ha enterado de algunas irregularidades por los medios de comunicación; sí señor, sí señor. Lea usted declaraciones en los medios de comunicación. O si... yo no sé si son declaraciones suyas o se las recogen mal, rectifíquelo, que usted lo dice: "es verdad, me enteré por los medios de comunicación y he pedido determinada documentación para ver qué ha pasado ahí; y, en función de ello, adoptaremos las medidas oportunas"; declaraciones suyas literales.

Y ustedes han asumido en determinado momento una documentación como buena, de facturas falsas, que luego se comprobaron falsas, y adoptaron la de la investigación a raíz de una denuncia de parte; también.

O sea, quiere decirse que, como consecuencia del eficaz funcionamiento interno suyo, pues tampoco; en algunos casos sí, pero en otros muchos no. Y eso, hay datos muy concretos ahí. O a otros, que dice que no podemos hacer la investigación porque están ilocalizados y resulta que están absolutamente localizados, y simplemente es tener voluntad política de hacerlo.

O sea que, por lo tanto, ahí hay mucho que mejorar. Y lo que más nos preocupa es que con la contestación que usted nos ha dado, y algunas aportaciones hemos intentado hacer en la intervención anterior de cómo se tendría que mejorar para sentar las condiciones de que estas circunstancias no se volvieran a dar, y nos preocupa que ni tan siquiera se haya molestado en decir si es precisamente por ese camino por el que hay que ir, o es por otro. Pero es precisamente por ahí por donde nuestro punto de vista se prestigia y se le hace eficaz a la Formación Ocupacional, no solamente porque cueste dinero, sino porque creemos que es necesaria. Tampoco situándola, como a veces se plantea, en un elemento fundamental como para la creación de empleo -la Formación Ocupacional en sí misma no crea empleo; entendida globalmente, más allá de los profesores que la imparten, lógicamente-, sino que lo que hace es, como decía antes, garantizar esa adquisición de conocimientos, ese reciclaje de conocimientos. Y eso hay que hacerlo en relación con las necesidades que demanda el mercado de trabajo.

Y ustedes hoy aquí... no me ha dicho todavía cómo detectan ustedes las necesidades formativas del mercado de trabajo, qué observatorio ocupacional han puesto ustedes en marcha. Y es ahí donde realmente se relaciona y se consigue la eficacia de la Formación Ocupacional.

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Y, por último -simplemente por terminar y por no alargar más esta comparecencia-, exigir esa documentación que ustedes antes... se nos han negado -y que esperemos que se haga una rectificación inmediata- y, a la vez, también, el que se atiendan de una vez por todas demandas que existen de cara a conseguir esa eficacia en la Formación Ocupacional, que tiene que estar basada en otro elemento también que se ha mencionado aquí -y que me ha extrañado que por algún Procurador se haya negado-, como es que no cabe la menor duda que los interlocutores sociales... y reconocido así por el anterior Consejero. Había uno de los acuerdos, de esos que parece ser documentos que se han perdido, yo no sé si han aparecido. Yo no me he referido antes -aunque parece ser que también- documentos que se hayan perdido de cara a la gestión de cursos, sino documentos de la interlocución social. Y, en uno de ellos, con el Consejero anterior había un compromiso, que las acciones formativas en esta Comunidad Autónoma tenían que estar gestionadas en un 70% al menos por los interlocutores sociales; yo no sé si eso usted lo asume o ya no lo asume. Pero eso, el señor Consejero anterior lo asumió; yo no sé si ahora la Junta o no. Quiere decirse que, o no están de acuerdo ustedes con la política que practica la Junta de Castilla y León -por lo menos en algunos de los aspectos o, por lo menos, el anterior Consejero-; o, si no, infórmense de cuál es realmente lo que se plantean sobre ello. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Pues yo me temía que el Consejero no iba a poder explicarme algunas de las cosas que le comentaba -y, en efecto, he visto que no me las puede explicar-, lo cual entiendo, porque son cuestiones que no hacen referencia directamente a su ámbito de gestión; lo que pasa es que usted viene aquí a responder en nombre de la Junta sobre las gestiones de dos o tres Consejerías anteriores.

Pero, en todo caso, algunas aclaraciones sí se pueden dar y sí se pueden pedir: ¿cuándo van a ejecutarse... cuándo van a concederse las ayudas para este año?, por ejemplo, o sea, para este año. ¿Vamos a esperar hasta octubre para firmar las resoluciones? Está ya muy avanzado, etcétera. ¿Vamos a conseguir evitar ya la coña esta de "el veintidós de octubre se concede la subvención y el día quince de diciembre tráigame los justificantes"? Porque mientras sigamos haciendo concesiones de ese tipo, que se han producido en los años noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco y noventa y seis, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado final. Y el resultado es que las fuentes financieras y las entidades que hacen los cursos, los gastos financieros, pues se van a disfrazar. Pero se van a disfrazar porque no hay más remedio, porque el otro remedio sería que las organizaciones que están haciendo una labor coadyuvante de la Administración financiaran con sus propios fondos la realización de los cursos.

Me dice usted que... le he pedido el dato de cuál es la cantidad de dinero que se había devuelto, de lo denunciado por las auditorías como irregular; yo quiero saber el dato o la cifra de esos ciento cincuenta y tantos millones de pesetas, cuánto han estimado ustedes en alegaciones que no procedía solicitar la devolución y cuánto han solicitado el reintegro y cuál es el volumen de los reintegros eficazmente formalizados.

Ha hecho usted una mención un poco equívoca a que claro, los papeles hay que registrarlos, pues fíjese, señor Consejero, me da usted pie. Porque cuando en su día las personas a las que he hecho referencia en primera intervención, la Asociación de Damnificados de Qüarkom me vinieron a comentar su situación -una entidad no auditada y, por lo visto, tampoco remitida a la Fiscalía-, la única condición que yo les puse es que lo pusieran en conocimiento de la Junta de Castilla y León; y les dije además, si no lo denunciáis ante la Junta, yo, desde luego, jamás abriré la boca con vuestro problema, porque es la Junta la que debe conocerlo. Y tengo aquí, delante de mí, escritos presentados en el Gobierno Civil de Zamora, pero dirigidos a la Consejería de Bienestar Social y al Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, fechados, y no precisamente ahora, el año mil novecientos noventa y cinco, en la que se les denunciaban a ustedes la situación de esta teórica fundación, que no ha pagado un duro, ni a los profesores ni a los beneficiarios de los cursos, los tengo aquí señor Consejero, si quiere le paso una copia. Lo que pasa es que con este tráfago también de la Formación Ocupacional que ha pasado por tres Consejerías, y ahora ha acabado localizado en ésta, pues, a lo mejor también son papeles que se han perdido. Pero no me diga usted que alguna gente no le remite papeles, porque estos papeles están -o deberían de estar- en los Servicios de la Dirección General de Trabajo de su Consejería. Y, por cierto, no soy capaz de entender cómo este caso no ha llegado también a la Fiscalía, porque éste es un caso clarísimo, en fin de... alcance, vaya. Así, puro y duro, coger el dinero y salir huyendo, en esos términos.

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Claro, usted me dice también: "Ah, bueno, esto son pequeñas irregularidades, que los expedientes se pierden, como se pierden estos papeles también, porque se trasladan de una Consejería a otra"; bueno, yo esto lo acepto, además me parece que ésa es la explicación. Mire, se ha hecho un traslado y se han perdido los papeles, para qué vamos a andarnos... si hay una explicación sencilla, mejor que complicada. Pero, hombre, ¿me quiere usted explicar por qué la Dirección General de Servicios Sociales aprobó una normativa autonómica que contradecía la normativa del Fondo Social Europeo? ¿Cómo es eso posible? ¿Me quiere usted explicar por qué la Dirección General de Servicios Sociales, que tenía que controlar un sistema, que venía en su propia normativa de asistencias a los cursos, no lo controlan en ningún caso? Y las auditorías dicen: allá donde la entidad lo ha controlado, bien; y allá donde la entidad no lo ha controlado, fatal, porque nadie se preocupó ni de que se constituyeran las Comisiones ni de no sé qué. ¿Me quiere usted explicar por qué la Dirección General de Turismo, en algunos casos ni uno sólo de los asistentes a los cursos estaban parados, y tenían que estarlo todos?, ¿o ni uno de los asistentes a los cursos cumplían los requisitos de edad que se fijaban en los cursos? ¿Y por qué se escogió a estos empresarios (porque son empresarios muy curiosos)? Y, fíjese usted, no voy a entrar por ese camino, pero yo a los de Burgos les conozco, porque yo soy de Burgos de toda la vida, ¿sabe usted? Sé en qué partido militan, sé quienes son sus padres, quiénes son sus hijos, qué negocios tienen y quiénes son sus socios. ¿Y a esas empresas les va a seguir usted dando subvenciones para dar cursos? Pues se seguirá usted encontrando... dice usted: "habrá más irregularidades". ¡Desde luego que habrá más irregularidades!, concediendo cursos de Formación Ocupacional a alguno de estos empresarios, seguro que habrá irregularidades; y luego nos encontraremos con que la auditoría solicitará que se devuelvan el 95% o el 90% de las cantidades concedidas, porque no se justifica ni un duro.

No, vamos a ver si somos capaces de progresar algo. Aquí hay una serie de entidades que gestionan bien: la Universidad, las fundaciones de la Universidad, los empresarios, UGT y Comisiones Obreras, que gestionan bien. Y otras que gestionan fatal. Pues vamos a ver si somos capaces de discriminar. Por lo menos, dígame usted: a este tipo de pequeñas empresas, etcétera, etcétera, que se llegan a constituir, ya no les vamos a dar ninguna subvención. Esperaba oírle al menos decir: va a ser ya imposible que se constituya una empresa y, al cabo de tres meses, reciba una subvención. Porque esto ha sucedido, hay empresas que tienen nota de inscripción en el Registro Mercantil justo dos días antes de presentar la documentación a la Junta de Castilla y León; empresas constituidas para recibir una subvención; que han recibido la subvención, han hecho el curso -o no lo han hecho, vete tú a saber, porque ya a posteriori es imposible saberlo-, y luego han desaparecido. Esto tendremos que evitarlo entre todos. Digo yo que habrá alguna manera de conseguir que esto ya no pueda seguir siendo así.

Lo de la remisión de la Fiscalía, al menos soy incapaz de entender cómo el caso que más volumen ha ocupado en los medios de comunicación, que es el de un sindicato de funcionarios, no está ya remitido a la Fiscalía. Porque con personas que se autoincriminan en una declaración ante un medio de comunicación, que dice: "yo hice facturas falsas, me lo mandó fulanito". ¡Hombre!, ya no es que los Fiscales lean la prensa, que algunos parecen que lo leen, y algunos Jueces; pero, hombre, digo yo que... En fin, como usted ha dicho antes: "hombre, pues, yo me he entrado por la prensa de que había algún convenio en algún Ayuntamiento y he empezado a actuar". Vaya, parece que ahí habría algún motivo.

Destitución de funcionarios. Mire, sobre este tema, casi lamento haberlo mencionado, porque no lo he hablado con la persona en cuestión, y a lo mejor le estoy haciendo una faena. Pero, mire, el Interventor General de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social fue destituido quince días después de enviar las auditorías a Bruselas. Si me dice: "ahora está en otro sitio". Sí señor, y le destituyeron de Interventor General de la Consejería. Es así, es así. Dice: le trasladaron a otro sitio, no sé qué y no sé cuál. Pues, mire, eso es lo que pasó; y a lo mejor le estoy haciendo una faena. De verdad, créame -y lo hago constar en el Diario de Sesiones expresamente-, no he hablado con esa persona, no he hablado con esa persona; y probablemente esté encantada de que haya sacado su caso aquí, porque probablemente le estoy fastidiando. Pues, lo siento mucho; pero es así. O sea, yo puedo equivocarme, porque errare humanun est; pero, desde luego, no digo las cosas a humo de pajas.

Y, por último, señor Consejero, ¿qué actuaciones va a desarrollar usted en relación con lo no auditado? Porque usted me dice: "hombre, las irregularidades son pequeñas". En cantidad pueden serlo. Porque las empresas, la CECALE, la UGT, Comisiones Obreras, las Universidades y tal, que gestionan el mayor monto de los cursos, no tienen irregularidades detectadas en las auditorías; pero es que hay muchas entidades a las que no se les ha auditado, y el volumen de las irregularidades habría de mencionarse en relación con lo auditado, no con el volumen general de las subvenciones. Y si con lo auditado, de cuarenta entidades hemos descubierto una serie de irregularidades, pues cabe suponer, no es demasiado aventurado suponer que con las otras, lo mismo, fíjese la de Qüarkom que he traído yo aquí. Será necesario auditar a las que no se ha auditado en una primera "tacada", por decirlo en esos términos. Será necesario, al menos, hacer una comprobación; será necesario determinar qué entidades siguen funcionando y cuáles no. Bueno, porque, si no, pues nos podremos correr el riesgo de que una auditoría nos descubra que fulanito de tal, que lleva recibiendo subvenciones diez años, pues lo hace todo fatal, y nos enteramos al décimo año, porque los años anteriores no hubo esa previa comprobación.

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Entonces, yo le sugeriría que auditara usted el resto, a todos los que faltan; desde luego, que remitieran a la Fiscalía algún caso evidente... y yo sólo hablo de evidencias por lo que veo, es verdad, en los medios de comunicación, pero algún caso evidente que ya ha salido en los medios de comunicación; que solucionara usted el problema de los plazos, para evitar la picaresca, la picaresca nace de las actuaciones de la Administración que obligan a muchos receptores a forzar su propia contabilidad para cumplir con plazos que son imposibles de ser cumplidos en alguna normativa; y que nos remita a esta Cámara, en el plazo y forma que usted considere conveniente, un informe con datos ya matemáticos de qué cantidades se han devuelto y qué cantidades se han requerido para su devolución, para saber de lo que estamos hablando. Porque a lo mejor resulta que, en función de esta aclaración, nosotros descubrimos que todas las alegaciones son por sistema aceptadas, y esto tampoco estaría bien. O sea que tampoco estaría bien que si se denuncian por los auditores 150.000.000 de deuda o de cantidades injustificadamente percibidas, que luego nos enteremos de que, a lo mejor, lo devuelto, efectivamente es menos de 1.000.000 de pesetas -que es una cifra que a mí me habían dado y que, evidentemente, no puedo contrastar porque no conozco el funcionamiento de la Consejería también como usted-.

Y, por último...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Señor Granado, vaya concluyendo.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: (Perdón, señor Presidente, porque me alargo innecesariamente.) Y, por último, señor Consejero, evidentemente, yo creo que también, de este análisis somero de las auditorías, se deduce una diferente gestión de diferentes órganos de la Administración. Yo creo que hay Direcciones Generales que han gestionado bien estos fondos y Direcciones Generales que lo han hecho con mucha mayor ligereza. Aquí, las afirmaciones que se hacen en las auditorías sobre la Dirección General de Turismo y la Dirección General de Servicios Sociales nos indican muy claramente que estas dos Direcciones Generales, una vez dada la ayuda, pasaban olímpicamente de controlarla; pero así de claro. No se puede decir lo mismo de la Dirección General de Comercio, no se puede decir lo mismo; sería injusto medir a todo el mundo por el mismo rasero. Pero también esto tiene que querer decir algo. Me gustaría saber si la Junta de Castilla y León va a emprender algún tipo de actuación contra esos Directores Generales -que en su día lo eran- que gestionaron tan mal el dinero público.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para transmitirle al Consejero, pues, que realmente hay que continuar, como no puede ser menos, en dotarnos de la mejor normativa posible en el tema relacionado con las subvenciones de formación; que hay que profundizar, como no puede ser menos también, en los controles; que hay que profundizar también en el seguimiento de los cursos -como usted está haciendo-; y, en definitiva, hay que profundizar también en lograr una formación de calidad. Pero, hacer una advertencia a todos los efectos, para que quede muy claro también en el Diario de Sesiones, y para que tampoco existan dudas, porque yo creo que el discurso que se ha hecho aquí, pues, en definitiva, es un discurso sesgado, es un discurso que no corresponde a la realidad. Nosotros entendemos, y entiende nuestro Grupo... y usted lo ha manifestado, y usted lo ha asumido -porque le he dicho a usted que ha hecho un discurso valiente y que ha hecho un discurso coherente-, que existen y han existido expedientes que han estado sujetos a unas revisiones, porque efectivamente han aparecido unas irregularidades y que ha usted no le ha temblado la mano en algunos de los casos en remitirlo al Fiscal, o donde haga falta. Pero eso tampoco entendemos, ni entiende nuestro Grupo, que pueda ser generalizado como una situación en la cual aquellos preceptores de los cursos, todos de por sí, y pura y simplemente por serlo, ya están inmersos en la sospecha. Y eso no debe de producirse en una Comunidad como la nuestra, ni en ninguna Administración, ni es bueno tampoco para los ciudadanos estar bajo sospecha.

A los ciudadanos hay que darles la libertad correspondiente, hay que producir la normativa correspondiente, hay que adecuar la normativa, hay que tratar de que sea la mejor posible, hay que tratar de mejorar los controles, hay que tratar de mejorar el seguimiento de los cursos, hay que tratar de cualificar los trabajadores, hay que tratar, en definitiva, de mejorar las condiciones de la Comunidad. Pero pasar de este discurso, que entiendo que es positivo -o que nosotros y nuestro Grupo queremos que sea un discurso positivo- al discurso de la destrucción, al discurso de que todo está mal hecho, al discurso de que se efectúan y se llevan a cabo actuaciones totalmente incontroladas, entendemos que es un mal discurso para esta Comunidad. Hay que mantener la tranquilidad de que no existe -y queremos recalcarlo también- ninguna irregularidad, ni en la concesión ni tampoco en la gestión. Y eso se olvidan, se olvidan los Grupos.

Evidentemente nos satisface, como no puede ser menos, como elemento demostrativo de que no hay nada que ocultar, que los Grupos tengan los expedientes. Lamentamos que otros no lo hayan tenido. No lo tome nadie por donde amarga, lo lamentamos, pero pura y simplemente... pura y simplemente y no es a mí a quien correspondería, pero, bueno, como Parlamentario lo voy a decir, porque, en definitiva, posiblemente sea verter luz a alguien que no lo conoce. Le recomiendo que no solamente se lea el Reglamento de las Cortes -que es muy importante para estos temas-, léase usted también el Real Decreto 2.188 del noventa y cinco, de veintiocho de diciembre, concretamente en su artículo cuarto. Y verá usted lo que debe hacerse en torno a la entrega o no de documentación.

(-p.6401-)

Por lo tanto, señor Consejero, por lo tanto, señor Consejero, nosotros, reiterarle nuestro apoyo en el seguimiento que usted está haciendo, en la labor que se está realizando en su Consejería; y, por supuesto, también dejar constancia que Bruselas no ha llamado la atención incluso aunque sean remitidas esas auditorías, y también dejar constancia de algo muy importante: nadie es culpable hasta que no se le condena. No hagamos de este asunto, no hagamos de este asunto, no hagamos de este asunto realmente el paradigma de todos los males que puedan existir, que puedan darse o que puedan producirse en determinadas personas que no tengan la responsabilidad que deben de tener. Y yo vuelvo a reiterar que la Junta de Castilla y León no tiene por qué responsabilizarse en actuaciones personales; la Junta tiene que velar porque los expedientes se desarrollen objetivamente, porque los expedientes cumplan con la legalidad, porque se produzcan las resoluciones con los correspondientes informes y, en definitiva, no establezcamos en esta Comunidad, ni para esto ni para nada, una caza de brujas, eso es muy malo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Aguilar. Turno de dúplica, señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Señorías. Muy brevemente sí quisiera hacer una referencia al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de que ni la ignorancia ni la mala fe ni vulnerar el Reglamento me ha llevado a tomar la decisión que tomé hace ya bastantes días, en el mes de abril. Yo me informaré de por qué se ha producido con retraso esa información al Grupo Parlamentario. Pero le voy a decir que, en ese ánimo de no ocultar información y aunque el carácter interno de estos controles permitirían -como le he dicho antes- no ponerles a su disposición, yo pongo a su disposición el expediente íntegro de todas las actuaciones que ha habido en materia de formación y en las que se ha practicado control financiero por la Intervención General, y está a su disposición, a disposición de quien quieran ustedes del Grupo Parlamentario, en las dependencias de la Consejería.

Le tengo que decir que la Consejería de Industria, Comercio y Turismo no ha remitido al Grupo Parlamentario Socialista ningún control financiero; mi Consejería no ha remitido los controles financieros. Por lo tanto, que yo, igual que a ustedes al Grupo Mixto y al Grupo... pero le pongo a su disposición todo el expediente. No hemos remitido esa documentación. Bien.

Y creo que, en general, está ya todo excesivamente debatido. Insisto en la excepción, en la excepción que suponen estas irregularidades en materia de formación. Insisto en que el control de auditoría externa se va a practicar por... en todas las liquidaciones de la formación; en todas las liquidaciones de la formación se va a practicar el control de auditoría externa.

Quiero insistir también en que las ayudas... no lo he dicho antes, pero las ayudas del año noventa y siete se publicaron -como conocerán Sus Señorías- en el Boletín Oficial de Castilla y León en el mes de diciembre; que, una vez finalizado el plazo para solicitar a estas convocatorias, se están resolviendo. Desconozco si se han resuelto ya porque tiene delegado el Director General de Trabajo su resolución. Lo que sí que puedo afirmar es que ya he firmado convenios con UGT y con otras entidades, que creo que esta misma semana, en lo que es la parte de comercio, de convenios, queda todo ya firmado. Y que, además, eso representa -como decía Su Señoría- el 70%... más del 70% de la formación que se gestiona desde mi Consejería.

Por lo tanto, el resto, lo que queda para entidades colaboradoras, lo que gestionan son cantidades muy inferiores a éstas de las que estamos... estamos refiriendo.

No he remitido el expediente de CSIF, del sindicato CSIF a la Fiscalía, porque se encuentra en estos momentos en el control financiero de la Intervención. En el momento que finalice ese control y se hagan por la Intervención General las conclusiones correspondientes -se formulen-, veremos lo que hay que hacer; si debemos proceder en esa dirección o no debemos de proceder.

De verdad, no me gustaría hablar, pero no puedo callarme, en la referencia que ha hecho usted a un Interventor de la Junta de Castilla y León. Creo que, sin haber hablado con usted, señor Granado, sin usted haber hablado con él, ¡hombre!, presumir, presumir que se le ha sancionado y que se ha la remitido... por envió una documentación... Pero si he hecho referencia a un convenio de colaboración entre la Administración del Estado y la propia Intervención General de la Junta de Castilla y León para practicar estas obligaciones, estos controles, y hay que remitirles allí. Yo creo que eso es presumir excesivamente; y no creo que sea oportuno que hagamos ese tipo de calificaciones.

Los expedientes que están auditados se encuentran en fase de tramitación. Esto puede alcanzar... el reintegro que está solicitado en estos momentos son 121.000.000 de pesetas, que una vez, concretamente, que se pasen los plazos para los recursos ordinarios -aquellos que el acto administrativo quede firme-, iniciaremos de inmediato, y terminará en la vía ejecutiva, si no se reintegran. Por tanto, esa tramitación, si ustedes tienen interés, la podemos ir facilitando, en la medida que los expedientes vayan avanzando; pero se encuentran en recurso ordinario la gran mayoría de ellos.

(-p.6402-)

Y en general, yo quiero terminar diciéndoles que esta excepción en estos temas, en los temas de formación que estamos viendo, espero que continúe siendo en el futuro. Que yo, cuando hago referencia a que pueden darse estos casos, no sólo en estos asuntos de formación, en materia de formación, sino en otro tipo de ayudas, nos podemos encontrar con que hay entidades... empresas que incurren en irregularidades. Pero sí desearía que quedara absolutamente claro que el sistema que tenemos de control es efectivo, porque lo detecta. Insisto en que ustedes basan su intervención en esos controles financieros, en ese control que ejerce la Junta de Castilla y León; y que eso debe ser algo que nos haga sentir cierta satisfacción, en la medida en que todos los que estamos aquí tenemos interés. No me cabe ninguna duda de que la buena fe de todos ustedes, el interés, la seriedad en el trabajo, la honestidad y la honradez nos llevan a todos a que esto sea... cada vez se vaya perfeccionando la gestión y se vaya mejorando. Pero que los sistemas que hay hoy son sistemas eficaces, porque son los que han desvelado esta situación. Y nada más, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador que no haya intervenido desea formular alguna pregunta? Damos por concluido el cuarto punto del Orden del Día. Dése lectura por el señor Secretario al quinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Quinto punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo, a petición propia, para informar a la Comisión sobre: concesión de subvenciones en materia de promoción económica a la empresa Benteler, Sociedad Anónima".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Tiene la palabra el señor Consejero de Industria.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías. Comparezco a petición propia y con sumo interés, no por defender tanto los intereses del departamento que pueda dirigir o la propia Junta de Castilla y León, sino por defender los intereses de una empresa ubicada en nuestra Región, una empresa que ha realizado fuertes inversiones en los últimos años, y una empresa que ha ocupado una buena parte del empleo, una parte muy importante, y que además está entre las mejores -podíamos calificar- de los proveedores que el sector del automóvil tiene en el mundo.

Una empresa que ha anunciado en la Consejería que dirijo inversiones en los próximos meses para afrontar la construcción, o participar en la construcción de nuevos vehículos que se van a lanzar al mercado en los próximos años, y que tiene un futuro... yo creo que le auguramos un gran futuro en nuestra Región.

Con motivo de ciertas informaciones, que ustedes conocen perfectamente, en relación con esta empresa, he considerado despejar cualquier duda sobre la legalidad y transparencia de las mismas.

Esta empresa, que está dedicada a la fabricación -como conocen- de piezas de automóvil, ha sido beneficiaria de diversos expedientes de promoción económica, que corresponden a distintas fases de inversiones industriales realizadas por dicha empresa, cuya situación al día de hoy es la que les paso a exponer.

En una primera fase de implantación, la empresa se instaló en Burgos en el año ochenta y ocho, y se acogió a distintas ayudas: el Real Decreto 570, Incentivos Regionales; Orden de la Consejería de Economía y Hacienda de veintiséis de mayo del ochenta y nueve, de Incentivos Territoriales; Decreto que regula los créditos anticipo; y Decreto regulador de la innovación tecnológica. Ello dio lugar a la tramitación de los correspondientes expedientes, a los que corresponde una inversión comprobada de 3.780 millones de pesetas y la creación de ciento dos puestos de trabajo. Las inversiones fueron realizadas entre el mes de diciembre del ochenta y ocho y el doce de noviembre del noventa y uno. El conjunto de las subvenciones abonadas a la empresa, en esta primera fase, supone un importe de 1.468 millones de pesetas.

En la segunda fase, primera de ampliación, la empresa presentó una ampliación con inversiones de 795.000.000 y creación de sesenta puestos de trabajo, además del mantenimiento de los ciento dos. A tal fin, solicitó Incentivos Regionales, Incentivos Territoriales, Incentivos Tecnológicos, así como se tramitó también el crédito anticipo. Las inversiones realizadas entre el nueve de abril del noventa y uno y el dieciséis de marzo del noventa y cinco, habiendo sido comprobadas por un importe de 795.000.000 de pesetas, cumpliéndose asimismo el compromiso de creación y mantenimiento de los puestos de trabajo. Las subvenciones concedidas y abonadas en dichos expedientes importan 253.000.000 de pesetas.

En la fase tercera, segunda de ampliación, la empresa, en julio del noventa y cuatro, planteó otra ampliación, con una inversión de 1.094 millones, creación de veinticinco nuevos puestos de trabajo y el mantenimiento de otros... de los doscientos siete de que disponía. Igualmente, se acogió a las disposiciones a las que he hecho referencia.

De estos expedientes, únicamente han sido justificadas y cumplidas las condiciones correspondientes a Incentivos Territoriales, con la realización de 935.000.000 de inversiones entre el dieciocho de julio del noventa y cuatro y el veintitrés de septiembre del noventa y seis; habiéndose abonado una subvención de 96.000.000 de pesetas, y estando las demás pendientes de justificación.

Posteriormente, la empresa ha presentado otros expedientes de inversiones.

En estos momentos se encuentra en fase de propuesta otro expediente, con el que se pretende acometer nuevos proyectos que realizaría esta empresa.

(-p.6403-)

Permítanme hacer una breve referencia al procedimiento de tramitación de estas subvenciones. En primer lugar, la subvención. En segundo lugar, la evaluación del expediente, que realiza la Sección de Promoción Económica Provincial sobre su viabilidad y cumplimentación necesaria. En tercer lugar, la Comisión Provincial de Promoción Económica, presidida por el Delegado Territorial y representantes de todas las Consejerías, hacen una propuesta sobre el interés especial del proyecto; y además esta propuesta no es vinculante para el órgano de resolución. En cuarto lugar, la Dirección General de Economía entonces -hoy... en el año noventa y cinco Consejería de Industria, y hoy la Agencia de Desarrollo Económico- realiza un examen técnico y elabora la propuesta. Posteriormente, la Comisión Regional de Promoción Económica hace esa elaboración, la propone ya sobre la elaboración, sobre el interés especial; asimismo, se pronuncia sobre la intensidad de la ayuda. Por último, el Consejero correspondiente es el que dicta la resolución de concesión o no de las ayudas, tras la fiscalización previa.

Pues bien, Señorías, la relación que la empresa ha tenido con la Junta de Castilla y León, traducidos en los expedientes a los que me he referido anteriormente -información que, asimismo, ha sido recabada de la propia Delegación Territorial, Servicio Territorial de Industria y Sección de Promoción Económica, así como de los Servicios Centrales en la propia Consejería-: innumerables contactos con la misma, en los que me han explicado los problemas que la gerencia de esta empresa originó durante un período de tiempo. Me atrevo a afirmar que las noticias aparecidas en los medios de comunicación son fruto de una operación orquestada por el antiguo gestor de esta compañía, y en su propio beneficio; por lo que fue despedido disciplinariamente.

A la vista de lo manifestado, yo les puedo afirmar lo siguiente:

Primero. Que en todos y cada uno de los expedientes iniciados por la empresa se han seguido escrupulosamente los trámites establecidos en cada una de las normas a cuyo amparo se han concedido y abonado las subvenciones señaladas, concedidas dentro de la más estricta y absoluta legalidad.

En segundo lugar, que la tramitación se hizo por los funcionarios que habitualmente asumen tales tareas, actuando con total independencia, aplicando criterios técnicos, sin que conste que recibieran ni se les hiciera indicación alguna de cualquier otra índole.

En tercer lugar, que la actuación del entonces Delegado y Jefe del Servicio Territorial de Industria en ningún caso rebasó las atribuciones habituales, sin que su intervención como miembro del órgano colegiado e informante de los expedientes, excediera de la actuación normal, adoptándose los acuerdos que por unanimidad... los acuerdos por unanimidad, sin que en los casos que hoy nos ocupan se propusiera ninguna intensidad de ayuda por ese órgano colegiado.

Cuarto. Que las subvenciones fueron concedidas... lo fueron de forma transparente y cumpliendo todos los requisitos. Todos los expedientes de gastos correspondientes a estas subvenciones han sido fiscalizados con arreglo a la normativa de aplicación, aportándose por la empresa Benteler la documentación y justificantes establecidos por las normas de aplicación, que acreditan el cumplimiento de condiciones; asimismo, habiéndose realizado la verificación in situ de las inversiones por parte de los técnicos de la Administración regional.

En quinto lugar, por otro lado, el expediente de Incentivos Regionales, con referencia Burgos-61B07, fue objeto de un control financiero por parte de la Intervención General de la Junta durante el año noventa y cuatro, concluyendo el informe con la corrección de destino y la aplicación de la ayuda.

En sexto lugar, la empresa afirma que jamás ha pagado comisiones ni, en consecuencia, nadie ha cobrado de Benteler, tal y como aparece en la información. Es absolutamente falso y se trata única y exclusivamente de una operación orquestada por quien fue gestor de la compañía, despedido disciplinariamente, y realizada en su propio beneficio. También les puedo afirmar que esta persona reconoció expresamente ante fedatario público que la empresa pudiera ser objeto de chantaje por terceros a quien él había entregado documentación no veraz.

En séptimo lugar, quiero dejar constancia de la falta de capacidad de decisión de las personas que entonces tenían responsabilidad en los Servicios de la Delegación de Burgos que se vinculan con el Partido Popular a la hora de la resolución de estos expedientes.

Si les merece algún crédito la palabra de quien hoy comparece, con la información de que dispongo, les quiero transmitir una idea absolutamente clara: son inciertas las informaciones que se han publicado en un medio de comunicación, y lamento profundamente que esta empresa haya sido objeto de este tratamiento.

Si Sus Señorías tuvieran alguna duda, me comprometo a informar con la... me comprometo a informar personalmente, con la documentación de que dispongo; y además les anuncio la predisposición que existe en la propia empresa Benteler de darles a ustedes de forma reservada esta información.

(-p.6404-)

No quiero terminar sin afirmarles dos cuestiones: en primer lugar, la compañía Benteler se muestra muy preocupada desde el primer momento por el desprestigio que la imagen de su grupo industrial está sufriendo, motivo por el cual este Consejero ha respaldado y respalda sin ningún género de dudas la actuación de esta empresa; y en segundo lugar, que el grupo Benteler me confirma que mantiene decidida su apuesta por el desarrollo de su actividad en nuestra Comunidad, sin que ello haga olvidar la inquietud que para el futuro puedan tener este tipo de informaciones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. En un primer turno de intervenciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Pues estamos un poco como en el anterior punto, porque estamos con una comparecencia a petición propia del señor Consejero, y yo creo que podía... dado que la voluntad -parece ser- manifestada por el señor Consejero ha sido de defender en todo momento a la empresa, pues lo lógico hubiera sido haberlo defendido con datos, las afirmaciones que han aparecido en los medios de comunicación. Nosotros, lógicamente, no tenemos ningún tipo de voluntad de introducir más inquietudes de las que se han publicado en los medios de comunicación. Pero ahí hay toda una serie de manifestaciones y -parece ser- de documentaciones que obran en ese medio de comunicación o en esos medios de comunicación que lo han publicado, y lo lógico sería de ver o no la veracidad... de comprobar la veracidad de esas documentaciones.

Yo creo que aquí no se trata de tener fe o no tener fe. Si hay documentaciones que dicen una cosa o no las hay, se trata de verificarlo. Y, en definitiva, yo creo que sobre esos documentos se podrá hacer luz.

Yo creo que aquí no se trata de hacer una alegoría de cuál es lo bien que ha funcionado la empresa y lo bien que funciona de cara al recibo de subvenciones, porque eso no es la cuestión. La cuestión en la que estamos es que ha aparecido en los medios de comunicación... -y ése es el motivo de la comparecencia del señor Consejero, a petición propia además-, y lo lógico es que aquí se hubieran aportado otra serie de elementos más allá que los medios de comunicación. Yo creo que se está desvirtuando totalmente el sentido de las comparecencias, sobre todo cuando son a petición propia, porque, cuando es a petición de parte, lo lógico es que el resto vengamos aquí con las pruebas, por así decirlo; pero cuando es a petición propia, se supone que es el señor Consejero el que tiene que aportar las pruebas aquí para justificar su comparecencia y para justificar lo que está diciendo. Si está afirmando, y él tiene -parece ser- pruebas para demostrar que las afirmaciones de esos medios de comunicación son falsas, que las presente aquí. Es que este secretismo, en decir que es que se perjudica, es que no sé cuál... pero es que me parece que estamos en un Parlamento Autonómico, estamos en las Cortes de Castilla y León, donde está representada la soberanía popular. Es que si se considera de que el uso de la información que se facilita aquí puede ser perjudicial para no sé cuál, entonces, ¿cuándo se va a facilitar información a estas Cortes? ¿Cuándo se va a considerar que hay la suficiente confianza en los Procuradores y en los Grupos Parlamentarios para facilitar determinada información? Parece que si el señor Consejero -que parece ser que sí-, que tiene información, lo lógico es que lo plantee aquí, en esta Comisión. Si él considera que tiene que ser una Comisión secreta, que no sé si está contemplado en el Reglamento o lo que sea, pues que lo considere y que lo plantee; pero, mientras tanto, el hacer aquí actos de fe, con este Grupo Parlamentario no van.

Y, a continuación, lo que procede, desde nuestro punto de vista, es: si esa documentación existe, pues dése la máxima transparencia y dése la máxima facilidad para que todos los Grupos Parlamentarios y todos los ciudadanos tengan la máxima tranquilidad de que, por un lado, no tanto la gestión de la empresa -que no es donde se está pidiendo la responsabilidad política-, sino de los gestores que había de la Junta de Castilla y León en ese momento, tienen absoluta transparencia y funcionaron con absoluta honestidad. Y de eso es de lo que se trata, y no de hacer actos de fe; no de hacer actos de fe, sino demostrar que se ha funcionando ante una sospecha.

Y parece ser que el señor Consejero tiene, pues, claro interés en demostrar que esas sospechas son absolutamente infundadas, y él dice: "de una maniobra orquestada", pues también nos gustaría, y también nos gusta, que esas cosas se digan con pelos y señales, con pelos y señales; es decir, porque lo dice aquí, lo dice en los medios de comunicación, y a nosotros nos gusta la claridad absoluta.

Según el señor Consejero, ¿cuál es el interés que tienen los diferentes medios de comunicación en haber hecho la publicidad que han hecho de este caso, cuando -según él- está basado en hechos absolutamente infundados? ¿Cuáles son... ese interés orquestado? El señor Consejero ¿tiene elementos para que, por ejemplo, la revista "Tiempo", "Diario 16 de Burgos" y otros medios de comunicación que se han hecho eco participan de esa operación orquestada? ¿Sí o no? Es decir, que se den todos esos datos, porque yo creo que igual sirve para esta ocasión la clarificación y puede servir para casos posibles en el futuro, de cara a esta cuestión.

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No obstante, parece ser que hay algunas cuestiones que a nosotros sí que nos gustaría, que si tiene voluntad y tiene a bien el señor Consejero, y parece ser que tiene toda la información para demostrar ante esta Comisión... -y que es su obligación desde nuestro punto de vista; otra cuestión es que lo quiera hacer o no-, pues demostrar ante esta Comisión la claridad absoluta al respecto, y entonces que nos conteste, por un lado, ésas... ¿cuáles son esos intereses periodísticos que -parece ser- existen en esa maniobra orquestada? ¿A quién sirven, según usted, estos medios de comunicación dentro de esta maniobra orquestada? ¿Conoce el señor Consejero los documentos de la comunicación interna de la empresa, donde parece ser que el señor Gerente en aquel entonces pasaba o hizo... comunicó a la empresa los "supuestos" pagos -supuestos-? ¿Conoce en qué estado se encuentra -si es que existe- una supuesta inspección fiscal sobre la empresa? ¿Conoce el señor Consejero qué responsables de la empresa Benteler, que -parece ser- ayer mismo lo decía en un medio de comunicación, han recibido comisiones ilegales? Porque el señor Consejero ha manifestado que los representantes de la Junta no han recibido ningún tipo de comisión, pero sí que lo han recibido responsables de la empresa. Entonces, que nos diga: esos responsables de la empresa, ¿qué comisiones han recibido? Si es que las han recibido, o es que he leído mal en los medios de comunicación. Clarifíquemelo y así me quedo tranquilo. Si no ha habido ningún tipo de comisión o de comisiones recibidas por los responsables de Benteler, pues clarificamos esa información, que entonces será errónea de los medios de comunicación, y todos tranquilos.

¿Conoce la existencia el señor Consejero, o recibe, o ha recibido información -información que se hacía en esos medios de comunicación- de la cuenta personal del señor Gerente en aquel entonces en la que se... -parece ser- se ingresaban las comisiones que iban -supuestamente- a esos responsables de la Junta de Castilla y León? ¿Conoce cuáles son los movimientos, en definitiva, de esas cuentas... de esa cuenta corriente? ¿Conoce cuáles son los movimientos sin justificación de entrada... también para demostrarlo todo absolutamente; es decir, si hay relación o no hay relación en eso que se acusa con las cuentas corrientes del Partido Popular, que parece ser que era el último receptor, de aquellas posibles mordidas o comisiones que se plantean? Si existe algún tipo de trasvase y el Consejero, señor Consejero, ha tenido la preocupación de comprobar todo eso -y parece ser que existe-, pues simplemente con que nos conteste, en definitiva, ya está.

Y una cuestión que parece ser absolutamente colateral y que no se da ningún tipo de importancia, pero bueno, pues, simplemente, como ha salido también -y salía en los medios de comunicación-, pues nos gustaría si el señor Consejero considera habitual que el en aquel entonces señor Delegado Territorial de la Junta en Burgos -hoy Gobernador Civil en León-, pues asistiera con los gastos pagados a Sitges a -parece ser- unas jornadas, o semivacaciones, o puente o lo que fuera. Si esto suele ser habitual, si ha hablado con el señor Galo Barahona, qué explicaciones le ha dado al respecto. Y si, en definitiva, esta financiación por parte de la empresa -que parece ser que eso no lo ha negado- a qué se debía.

En definitiva, todas ésas son dudas; y, si nos aclara el señor Consejero, todos quedaremos tranquilos. Y, por nuestra parte, ningún tipo de voluntad de echar más humo o ningún tipo de voluntad de enturbiar lo que puede quedar absolutamente claro. Pero para eso tiene que quedar claro. Y espero que dé su contestación, señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Granado, tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Consejero. Nuestro Grupo cuando salió la primera... nuestro Grupo cuando salió la primera información sobre esta denuncia hizo únicamente una petición -y no lo hizo a través de ninguna iniciativa parlamentaria expresa, porque nuestro Grupo sobre esta cuestión no ha presentado ni pregunta, ni interpelación, ni solicitud de comparecencia ninguna; el señor Consejero comparece a petición propia-, le pidió a la Junta de Castilla y León que la propia Junta hiciera una investigación. Nosotros en este tema, por lo tanto, estimamos que era la propia Junta la que tenía que hacer la intervención. Cuando tenemos información de algún problema, preferimos hacer la investigación nosotros mismos a través de una iniciativa parlamentaria, a través de la propias Cortes de Castilla y León. En este caso no teníamos otra información que lo publicado. Y, en este sentido, nos parecía -por simple responsabilidad- que era la Junta la que tenía que hacer la información, porque la información podía ser verdad o falsa, y nosotros no estábamos en condiciones de afirmar ni una cosa ni lo contrario.

Y, en segundo lugar, pedimos que esa investigación fuera inmediata. Tengo delante de mí la nota de prensa en la que formulábamos esta petición, y tiene ese titular. Pedíamos una inmediata investigación sobre el cobro de comisiones en Burgos a la Junta de Castilla y León.

En este sentido, le agradezco personalmente y en nombre de mi Grupo al Consejero que haya comparecido con tanta presteza. Porque nos parece que este tema es un tema que, si es posible, conviene aclararlo cuanto antes. Se lo agradezco, y además al Consejero le consta que, incluso, en nombre de mi Grupo, realicé una gestión con el Presidente de la Comisión indicándole que era parecer de nuestro Grupo que esta comparecencia se produjera en el momento que más rápido fuera posible para aclarar las cosas.

(-p.6406-)

Tengo que decir, por concretar todo, que la pasada Legislatura el Procurador que les habla tuvo conocimiento de una fuente informal -digámoslo así- de que podían existir problemas en cuanto a la justificación que esta empresa había realizado en su día sobre unas subvenciones concedidas sobre la Ley de Incentivos Regionales, que en aquella ocasión yo me puse en contacto con los responsables de la Junta, de la Consejería de Economía y Hacienda, y se me dieron todas las garantías de que la empresa había actuado bien. Y, en ese sentido, yo dejé la cosa por zanjada, porque entendía que las garantías que se me daban eran suficientes. Es decir, éste no es un problema que nos venga de nuevo, aunque también es cierto que se han planteado cuestiones, como las presuntas o posibles comisiones, que, evidentemente, nosotros desconocíamos.

Tengo que señalar también que, a raíz de las noticias publicadas, los Parlamentarios Socialistas nos hemos puesto en contacto con la empresa, y conocemos ya la versión de la empresa, la versión de Benteler sobre el problema; de la misma manera que conocemos a través de los medios de comunicación -y también nos hemos puesto en contacto con el periodista que firma estas informaciones en la revista de difusión nacional que lo ha hecho-, conocemos la versión del medio que ha publicado esta información. No podemos conocer la versión del señor Haring, porque el señor Haring está fallecido. O sea, que, realmente, lo que conocemos inevitablemente son líneas indirectas.

En cuanto a las conclusiones a las que hemos llegado, después del mantenimiento de conversaciones con la empresa y con el medio, puedo indicarles brevemente que serían las siguientes.

En primer lugar, se imputan un trato de favor a la Junta de Castilla y León en plazos y porcentajes de otorgamiento de subvenciones.

Sobre esta cuestión tenemos que decir que los plazos en los que se otorgan estas subvenciones son los plazos que más o menos, por lo que nosotros hemos podido cotejar simplemente con el análisis de expedientes similares, son los mismos; o sea, no existe un trato especialmente relevante en cuanto a plazos. Es normal que estas subvenciones tan importantes se tramiten con mayor celeridad, debido a la importancia, a la transcendencia económica de la actividad que ..... En cuanto al porcentaje otorgado a la subvención. También es básicamente similar a otros porcentajes similares concedidos ante inversiones de esta naturaleza.

En cualquier caso, sería una cuestión difícil a resolver, porque la Comisión Provincial de Actividades Económicas pues, cuando hace la propuesta de subvención, no formula una propuesta de porcentajes. Pero, bueno, esto es habitual; o sea, que tampoco hay ninguna anomalía en lo que es el otorgamiento de la subvención.

Se señala, asimismo, en las informaciones qué maquinaria usada había sido -digámoslo así- utilizada para justificar el cobro de las subvención; lo cual sería una... -de ser cierto-, sería un evidente incumplimiento de la normativa sobre incentivos regionales, que exige que, en todo caso, la inversión se formule sobre iniciativa... sobre maquinaria nueva.

La empresa nos comenta... -ésta fue la información que dio origen a mi intervención anterior, a mi intervención en el año noventa y cinco con algunos responsables de la Consejería de Economía-, la empresa nos ha exhibido documentación fehaciente en la que se dice básicamente lo siguiente:

En primer lugar, de haber habido alguna anomalía, habría sido el señor Haring el que la hubiera producido por presentar incorrectamente la documentación. En segundo lugar, la maquinaria no era nueva, pero era una maquinaria de primera actividad, de primer uso; y eso sí lo autoriza expresamente la normativa.

Y, en ese sentido, fue la propia empresa la que, después de producir el despido disciplinario del señor Haring, la que pone en conocimiento a la Junta de Castilla y León de este hecho. A consecuencia del cual, la Junta de Castilla y León realiza, de acuerdo con la Dirección General de Incentivos Regionales del Ministerio de Economía y Hacienda, una auditoría exhaustiva que demuestra la fiabilidad de la documentación remitida por la empresa.

Entonces, cabe decir que la empresa ha realizado una inversión muy importante y que, en cualquier caso, la inversión serviría para justificar muy sobradamente la subvención recibida.

La tercera imputación sería que la segregación de la sociedad... vamos, por decirlo más correctamente, la desaparición como socio de la sociedad del Grupo Irausa de la factoría de Benteler en Burgos, pues se había -digámoslo así- nutrido del dinero de la subvención.

En realidad, lo que dice la empresa es que, lógicamente, la percepción de la subvención incrementó el valor contable de la sociedad, y que, en ese sentido, fue ese incremento del valor contable lo que hubo que introducir en el momento que se produce la segregación, la desaparición del socio, que se queda con otras factorías similares, pues hubo que reflejarlo en la documentación de la operación societaria, y que se reflejó adecuadamente. Pero en ningún caso se ha justificado como cobro de la subvención el decir "hemos tenido que pagarle esto a nuestro socio", sino la justificación de la subvención se realiza con inversiones.

Todo esto de la documentación que nos ha exhibido la empresa, y a la que nosotros, desde luego, en principio, le damos absoluta presunción de veracidad.

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En este sentido, en la situación en la que nos encontramos, y con la información de la que hemos podido disponer -que es la información que nos ha facilitado la empresa, la información que hoy nos traslada el señor Consejero, que coincide básicamente con lo manifestado por la empresa, y la información que hemos leído-, a nuestro juicio, existen dos ámbitos de responsabilidad absolutamente diferentes, y que no deberían de entremezclarse: el primero es la responsabilidad de la empresa Benteler y el segundo es la responsabilidad personal del señor Haring.

En cuanto a la empresa, por nuestra información al presente, desde luego estimamos que su comportamiento ha sido rigurosamente ajustado a la legalidad vigente. En cuanto al señor Haring, y las relaciones que haya podido establecer con otras dos personas, desde luego son relaciones que están en estos momentos sub júdice, porque el proceso ha llegado a la Audiencia Nacional (y bien es conocida la posición del Grupo Parlamentario Socialista de no hacer coincidir en el tiempo, en modo alguno, investigaciones parlamentarias con investigaciones judiciales). Si está en sede judicial, que la sede judicial lo investigue; aunque sería necesario afirmar a continuación que, desde luego, nosotros no tenemos ninguna prueba, no tenemos ninguna prueba de que en las relaciones del señor Haring con los señores Barahona e Izquierdo, pues haya existido el pago de las comisiones que el señor Haring denuncia. Lo que sí que tenemos -y esto parece incontrastable, porque ha sido reconocido por uno de los afectados- es la evidencia de que existía una relación en el ámbito profesional; esto es innegable, pero que es lógico. Y lo que sí que tenemos es la referencia a que una de esas dos personas, evidentemente, fue a un viaje pagado -según la documentación- por la empresa, y que la empresa niega haber pagado, y que afirma rotundamente que pagó el señor Haring. O sea, que no fue Benteler, sino Haring el que pagó el viaje a Sitges de una de estas dos personas en esta historia.

Nosotros, evidentemente, en las relaciones que tuviera personalmente el señor Haring con estos señores, pues, evidentemente, la Audiencia dictaminará. Los señores Barahona e Izquierdo han hecho uso de sus facultades y creo que también han anunciado la interposición de querellas. Evidentemente, es la sede judicial la que debe resolver esta cuestión.

Y por tanto, lo que podemos afirmar es que, a fecha de hoy, por la información de la que dispone el Grupo Parlamentario Socialista, Benteler España ha tramitado sus subvenciones de manera -a nuestro juicio- intachable; y, desde luego, tendríamos el mismo interés que el señor Consejero en que no se perjudicaran en modo alguno las previstas inversiones de la compañía, en Burgos o en otras partes de la Comunidad Autónoma, del Estado español, o de cualquier otro sitio, con que la empresa se vea mezclada en lo que ha sido una actuación que, hoy por hoy -por lo que sabemos-, nosotros estimamos que más permanece en el ámbito de lo individual del señor Haring.

A consecuencia de este hecho, sí que se nos ocurren dos o tres cosas que sí que tengo que señalar... y no aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que cada día tiene su propia malicia, y no sería justo iniciar otros debates a consecuencia de esto.

En primer lugar, que sería bueno que en esta Comunidad Autónoma reflexionáramos sobre la posibilidad de perfeccionar la normativa de desarrollo en la línea de Incentivos. El señor Consejero lo sabe, en nuestro Grupo tenemos por costumbre... intentamos hacerlo siempre, siempre que hay problemas con empresas, nos relacionamos directamente con la Consejería; preferimos no salir a los medios de comunicación. Pero hemos tenido que salir a los medios de comunicación en una ocasión, después de haber sido infructuosa la relación con la Consejería, pues a raíz de un problema de otra empresa burgalesa, bueno, pues que resulta que utilizó una subvención de la Junta de Castilla y León para comprar una maquinaria, que luego resulta que alquila y se lleva a Cataluña. Y todos estamos... hemos conocido con una cierta estupefacción cómo es posible que ese hecho, pues, con la normativa actual, no le haga acreedora a la Junta la posibilidad de reclamar la reversión de la subvención.

Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que sería conveniente que los Grupos Políticos nos pusiéramos a reflexionar sobre de qué manera conseguir el perfeccionamiento de la normativa, para evitar cualquier atisbo de sospecha sobre irregularidades. Tenemos ya una historia; no conviene mencionar otros ejemplos. Pero, evidentemente, cuanto más perfecta sea la normativa, pues menos espacio queda para la elucubración sobre irregularidades, que a veces se producen y a veces no.

Y en segundo lugar, que también -y con esto cerramos este asunto y no volvemos a hacer referencia-, pues, la no presencia de cargos públicos de la Junta en determinadas actividades privadas, pues, también ayuda a que no pueda... a que puedan no ser verosímiles algunas acusaciones. En este sentido, pues es evidente que un régimen más estricto de incompatibilidades, pues, sería -a nuestro juicio- conveniente. Pero no lo decimos con una relación con este caso, porque, de existir alguna relación con este caso, es que se han hecho unas afirmaciones que no han sido probadas, y que nosotros -en la información de la que disponemos hoy, al día de hoy- más bien llegamos a pensar con bastante seriedad que son afirmaciones hechas por alguien que está bajo sospecha, que ha sido objeto de un despido disciplinario, que ha sido objeto de una actuación determinada por parte de la empresa, y que en un momento dado, pues, intenta justificar un cobro irregular de determinadas cantidades, aduciendo que les ha dado un destino que, desde luego, por el momento nosotros no estimamos probado.

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Los documentos de la prueba de esas posibles comisiones están también en la Audiencia Nacional; la Audiencia se pronunciará. Pero igual que pueden ser ciertos, pueden ser falsos. Y, desde luego, el Grupo Socialista, cuando actúa en un tema de esta naturaleza con estas fuentes de información, pues, lógicamente, no va a solicitar en modo alguno ninguna investigación parlamentaria, por la sencilla razón de que no tenemos elementos de juicio que nos indiquen que sea necesario hacer esta investigación.

Estimamos que la Junta de Castilla y León ha realizado una investigación; ésta es una investigación que culmina actuaciones anteriores; la actuación del Consejero ha sido correcta; a nuestro juicio, ha sido correcta la inmediatez de esta comparecencia, porque este tipo de cuestiones no deben dilatarse en el tiempo, todo lo contrario: nos gustaría que ésta fuera la tónica general de comportamiento de la Consejería, siempre que exista una petición por un Grupo Parlamentario de que realice una investigación.

Y por nuestra parte, y con la investigación de la que disponemos en este momento, nos consideramos satisfechos en cuanto a la investigación, porque estimamos que la investigación ha determinado que algunas de las afirmaciones, pues, son afirmaciones que realiza el señor Haring o sus representantes -porque ya no sé muy bien cómo es posible representar a un muerto en un asunto como éste-, pero, desde luego, es difícil que puedan ser creídas sin otro soporte que sus propias palabras.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Aguilar, tiene la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Y muy brevemente. Primero, por la hora en la que nos encontramos. Y en segundo lugar, pues, realmente, tengo que comenzar señalando y agradeciendo al Consejero la comparecencia; y también tengo que agradecer -¿cómo no?- al señor Granado la ponderación con la que se ha expresado en torno a un asunto muy importante para esta Comunidad, y que, en definitiva, bueno, pues, realmente es esclarecedor cuanto ha dicho. Yo creo que se ha manifestado en un tono de moderación, en un tono de ponderación y en un tono de conocimiento. Es decir, yo creo que ha hecho un buen ejercicio, en este sentido. Y, realmente, señor Consejero, se lo transmito a usted, también.

Porque a las ocho razones que usted ha dado... ocho razones: la tramitación del expediente escrupulosamente llevada, que ha sido la primera; la independencia de los funcionarios aplicando criterios estrictamente técnicos; la tercera, la actuación del Delegado Territorial y del Jefe de Servicio de Industria como normal, que lo fue; cuarto, la transparencia en la subvención; quinto, la existencia del control financiero de la Intervención General, que fue concluyente en cuanto a la corrección; sexto, que nunca se han pagado comisiones, tal como se ha manifestado y ha señalado la empresa Benteler; séptimo, la entrega por el gerente de documentación no veraz -que ésta es una cuestión en la cual nuestro Grupo tampoco se va a pronunciar; parece ser, eso sí, que hay algún Grupo que tiene alguna otra información, y, en definitiva, luego trataré de referirme, en la medida que me sea posible-; por último, la falta de capacidad de resolución de los expedientes de esas personas que están vinculadas al PP.

A esas ocho razones, unir realmente la inexistencia de trato de favor -reconocida por el Portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra-, tanto en los plazos como en los porcentajes; la inexistencia de anomalías en el expediente; la inexistencia de anomalías en torno a la subvención correspondiente a maquinaria usada pero de primera utilización; y a la existencia de una auditoría exhaustiva; y también -¿cómo no?- a la rapidez con que usted ha comparecido; a la eficacia que se ha demostrado en torno al esclarecimiento de los hechos; y al descubrir -¿cómo no?, también hay que decirlo- la existencia de situaciones que hoy se encuentran -como se ha dicho aquí, y así es- ante los Tribunales, y que no nos corresponde a nosotros juzgar, mueven realmente a este Portavoz a felicitarle a usted, señor Consejero y, realmente, a decir también que aunque lo que usted nos diga no es un acto de fe, tampoco estamos aquí en un auto de fe; los autos de fe, pues son para otro momento y para otros lugares, y ya son de época muy pasada.

Por lo tanto, Señorías, nuestro Grupo Parlamentario muestra su satisfacción, como no puede ser menos. Ojalá muchas empresas como ésta, ojalá muchas empresas como ésta, cuando se le ha pedido aclaración a sus hechos o a sus actuaciones, se habían mostrado con la contundencia, con la rotundidad y con la documentación irrefutable que se ha mostrado Benteler en torno a esas cuestiones que inicialmente se le imputaban.

Por lo tanto, no puede ser... Y yo creo que casi me daban ganas de terminar aquí el turno de mi intervención y renunciar al siguiente, salvo que se digan cuestiones que vengan a aumentar o a añadir en alguna medida cosas que no se había dicho. Señalar que el Grupo Parlamentario Popular muestra, evidentemente, su apoyo al Consejero, porque creo que ha obrado con absoluta diligencia en este asunto; con rapidez, también, inmediata; no parándose en barras e investigando lo que ha tenido que investigar. El Consejero ha dicho cosas muy importantes y que realmente merecen una reflexión y una atención.

Ha dicho el Consejero que se atrevía a afirmar o a confirmar que las noticias aparecidas en los medios de comunicación eran fruto de una operación orquestada por el antiguo gestor de la compañía. Y yo en eso creo, porque cuando lo dice ante una Cámara, cuando lo dice ante una Comisión, cuando lo dice a unos representantes del pueblo castellano-leonés, sé y me consta que el Consejero no está mintiendo. Y esto no es ningún acto de fe, es que es así, porque no miente y porque dice la verdad.

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Si alguien aquí conoce la cuenta personal equis de equis -que ni mi interesa ni me preocupa-, y entiende que ahí se ingresaban cantidades o que sirvió de tapadera, yo le acompaño ahora mismo a presentar la denuncia al Fiscal del Juzgado, ahora mismo; y me brindo a ello. Pero vaya usted con las pruebas por delante, vayan ustedes con las pruebas por delante.

Éste es un tema muy delicado, esta empresa realmente yo creo que ha tenido un comportamiento ejemplar: doscientos sesenta y tantos puestos de trabajo; las inversiones que está produciendo en esta Comunidad Autónoma son dignas de todo respeto. Creo que la Junta de Castilla y León ha mostrado aquí una eficacia tremenda en el esclarecimiento de los hechos, que ha sido reconocida por el principal Grupo de la Oposición. Y que nosotros, por supuesto, tenemos también nuestra información. Y, en definitiva, tenemos que señalar que aquí no hay -creemos- nada que esconder ni que tapar; ni que tampoco hay aquí ningún pacto secreto ni oculto. Aquí lo único que ha sucedido es que ha resplandecido la verdad; que, evidentemente, la Junta tenía la conciencia muy tranquila; y que, ciertamente, no se pueden hacer imputaciones si no se tienen pruebas y no se tienen los mecanismos adecuados para llevarlo a cabo.

Por lo tanto, señor Consejero, nuestra felicitación; queremos que así conste en el Diario de Sesiones. Al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista yo le tengo que reconocer la claridad de su exposición, sin duda, mucho mejor que la mía; y, por supuesto, viniendo de quien viene, me merece también todo su crédito. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Aguilar. Para contestación, el señor Consejero tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Señorías. Y también consumiendo el último turno, que anuncio que no haré más uso de él. El sistema democrático -al que se ha aludido tantas veces en la mañana de hoy- yo creo que posibilita dos situaciones: una, la de la discrepancia política y el alejamiento político, que es normal y natural; y otra, también en ciertos momentos, la confluencia de... en un momento determinado, de todos los Grupos Parlamentarios en defensa de unos intereses de nuestra Región.

Yo creo que es positivo también transmitir a la sociedad de Castilla y León el que somos capaces de defender nuestros intereses sin ningún rubor, con absoluta claridad y transparencia, porque creo que eso también elogia al sistema democrático y elogia a los Grupos Parlamentarios.

Yo agradezco muy sinceramente las intervenciones que se han mantenido en este asunto. Quizás me haya excedido en lo que alguien ha calificado como "acto de fe", pero creo que la información de que dispongo no la debo difundir. Y, por lo tanto, creo que se debe de dar cierta confianza cuando alguien, con absoluta transparencia, se refiere a un asunto, y después de una investigación -que les digo absolutamente minuciosa-, llegamos al convencimiento de que no ha habido ninguna irregularidad en este tema y que lamento tenerlo que calificar -porque una de las personas afectadas por este asunto no se encuentra hoy en este mundo-... pero que es una operación absolutamente orquestada. Y así lo manifestó ante fedatario público. Quiero decir, no estamos hablando aquí gratuitamente. Y yo tengo aquí los documentos que avalan esas afirmaciones.

Pero si a alguien le queda duda sobre este asunto, después de la extensa exposición que ha hecho el señor Granado, y rigurosa -porque ha desmenuzado, ampliado y completado la que yo previamente había realizado-, les diré, para que no quede ninguna duda, para que no quede ninguna duda de sospecha, para que incluso las personas que se han visto afectadas, en la medida que luego los juzgados resuelvan lo que resuelvan, también en las Cortes quede limpia su imagen. Pues les tengo que decir que esas cantidades que aparecen en la información, esas cantidades que aparecen, se le descontaron a este señor en su liquidación; y así lo tiene firmado también ante fedatario público, y las verá luego ante el Juzgado. Y esas cantidades, de 2.500.000, 1.650.000... esas que recogen los medios de comunicación, están aquí contempladas y retiradas de su liquidación, en la transacción final a que llegaron. Y esas cantidades que entraron en su cuenta -como afirma usted; que dispongo de una auditoría extensa-, esas cantidades fueron en beneficio propio de este señor, porque así lo reconoce él.

Y, por lo tanto, dejemos ahí el asunto, porque no se puede defender ya. Pero lo dejó escrito. Tuvo, al menos, la gallardía y el gesto de, sabiendo que había sido utilizado por una trama algo más extensa -y que ya resolverá la Audiencia Nacional; algún día nos enteraremos-, una trama mucho más extensa de intereses absolutamente mafiosos, pues, se vio involucrado, y tuvo la gallardía, el gesto, en un momento determinado, de dar marcha atrás y dirigirse a la empresa, y transaccionar su situación, porque fue utilizado. Y esto, Señorías, es lo único que voy a desvelar, si tiene alguna duda, yo tengo esta documentación a su disposición, pero no volveré a hablar del caso de Benteler. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, yo no he hecho ninguna afirmación sobre que en la cuenta del anterior gerente han pasado determinadas cantidades; yo he hecho preguntas y lamento que no se hayan contestado. Ése es el problema.

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Y aquí, el que tenía que haber dado las explicaciones y documentadas es quien ha solicitado la comparecencia a petición propia. Y se viene -se supone- a las Comisiones de las Cortes, pues a aclarar documentalmente y con pruebas; y ni acto, ni auto, ni nada por el estilo, simplemente demostraciones de lo que se dice. Y, si no, pues quedará simplemente, de momento, pues lo que se ha publicado en los medios de comunicación y que al señor Consejero pues, lógicamente, y a todos nos ha preocupado -a él, para solicitar esta comparecencia a petición propia, y a los demás para pedir explicaciones- pues, a partir de ahí, si no se presentan otro tipo de documentaciones y pruebas, pues quedará, mientras no se solucione, allí, en la Audiencia Nacional... pero aquí, en el ámbito del debate político, de las responsabilidades políticas, pues quedará la nebulosa.

Y eso es lo que quedará. Porque esas preguntas que, lógicamente, este Grupo Parlamentario lo que ha dicho, única y exclusivamente -y dijo- es que se habían anunciando inclusive -y posiblemente eso corresponda a lo que usted dice de maniobra orquestada- por algún medio de comunicación, que había más documentación para demostrar lo que se decía. Lógicamente este Grupo Parlamentario no tiene información de por qué no se ha seguido con más información publicando cosas; igual depende... igual corresponde a esa maniobra orquestada que usted dice y, entonces, igual puede tener su relación. Pero, mientras no haya una demostración del asunto, pues usted comprenderá que este Grupo Parlamentario lógicamente... palabra contra palabra, pues, no se cree ninguna, no se cree ninguna.

Y ahí, pues, lógicamente, ahí en la revista y en su momento que ya se ha mencionado y es de donde se ha sacado todas las dudas que tiene este Grupo Parlamentario al respecto, pues, si usted tiene esa tranquilidad de conciencia y tiene toda esa documentación y tiene esa información contrastada con la empresa, lo lógico es de que se hubiera trasladado aquí; la verdad es que no entendemos que se tenga... que se tenga esa falta de confianza en los Grupos Parlamentarios o en este Grupo Parlamentario. Y mientras esa falta de confianza parece ser que existe, pues, o una de dos, o no existe la documentación... o no existe la documentación y aquí se está jugando de farol, puede ser una hipótesis o, simplemente, lógicamente, hay una falta de confianza intolerable hacia este Grupo Parlamentario. Que una puede ser la muestra anterior, yo no sé, pero claro, con el precedente anterior, en un ámbito absolutamente diferente, en un ámbito absolutamente diferente, no me lo compare, pero afirmaciones que ustedes hacen en el tema anterior, en el debate del punto anterior que se han contradecido... o que se han contradicho ustedes aquí mismo. Pues la verdad es que con esos precedentes y otros, y otros de la actividad parlamentaria que por lo menos lleva este Procurador aquí, de cosas que luego se han demostrado que no tienen nada que ver con la realidad, pues, la verdad, uno... a no ser que se demuestre documentalmente, no se cree nada.

Y, por tanto, hay una denuncia en los medios de comunicación; si ustedes consideran de que con esto queda zanjado el asunto, desde nuestro punto de vista, el asunto queda absolutamente abierto, mientras no se demuestre otra cuestión diferente.

Y aquí quedan toda una serie de preguntas que este Grupo Parlamentario ha realizado y que nos gustaría, si tiene a bien el señor Consejero, o si dice que no va a intervenir más, que se contestaran; y, si no, para nosotros, pues lógicamente, quedará la duda de si realmente aquí hay absoluta claridad o no.

Porque yo no voy a entrar en valoraciones de si el anterior Gerente era o dejaba de ser; pero simplemente me asalta una pequeña duda, como a cualquiera con un mínimo de sentido común: si era, parece ser o dejaba de ser, los representantes de la Junta en su momento también tuvieron sus relaciones y concedieron las subvenciones a esa empresa a través de ese señor Gerente... Parece ser de que ahora ese señor ya es un crápula y no sé cuál. Parece ser. No sé, se dice, se afirma... Pero, sin embargo, en su momento, parece ser que los representantes de la Junta, a eso es a lo que se alude en esa denuncia periodística, pues, tenían plena confianza en este señor Gerente que luego parece ser que ha tenido otros comportamientos diferentes.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no se clarifica el asunto, lamentablemente; y a nosotros no nos vale, de trasladar la información al cuarto de al lado, sino la clarificación, lo que decimos siempre: luz y taquígrafos y máxima transparencia aquí, que es donde se tienen que rendir las cuentas, por lo menos a nivel político. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. ¿Señor Granado, quiere intervenir? ¿Señor Aguilar? ¿Señor Consejero?

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Sí, muy brevemente Señoría, mire, le voy a dar respuesta de forma telegráfica a esta cuestión. Pero yo le quiero también indicar que la iniciativa parlamentaria no solamente consiste en presentar proposiciones de ley, presentar preguntas al Gobierno para controlar, sino la iniciativa parlamentaria consiste también en el realizar un trabajo riguroso como el que ha realizado el Grupo Socialista, y no me duelen prendas en decirlo. Se ha preocupado de dirigirse a la empresa. Yo le invito, porque me lo ha trasladado en la tarde de ayer el máximo responsable de Benteler en España, que están dispuestos a sentarse con usted donde usted quiera a explicarle esta documentación que tiene en sus manos. Por lo tanto, yo creo que es una vía abierta que queda para que quede a usted perfectamente cerrado y no abierto este asunto.

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No obstante le digo que, efectivamente, es opinión personal mía, de este Consejero, el que, hombre, esta información ha aparecido en el medio que ha aparecido, es una información utilizada en un momento donde hay cierta presión con el Partido Popular de Castilla y León, por una circunstancia... en el anterior Gobierno el Presidente era andaluz, sevillano y quizá, pues se reflejaron allí las iras; ahora se están reflejando en nuestra Comunidad. Lo soportaremos con dignidad, no se preocupe.

Esa presión, quizás ha desencadenado esta información que, a nuestro juicio, está intencionada, eso es evidente; o sea, no tengo ninguna duda en que es intencionada.

Pero, mire, ¿intereses periodísticos? Algunos. ¿Sirve a alguna estrategia? Sin ninguna duda. ¿Conoce la documentación? Sí. ¿Conoce usted que el asunto... me ha dicho que si está en un juzgado, le he interpretado o, al menos, he tomado nota? Se encuentra en la Audiencia Nacional este asunto. ¿Conoce usted si algún responsable -me pregunta- ha recibido comisiones? Sí conozco, no se han recibido ninguna comisión. ¿La cuenta del señor Gerente...? Mire, es un auténtico disparate, tengo un informe de auditoría de una compañía de prestigio que dice barbaridades. ¿No hay pago al Partido Popular de Burgos ni Regional? Con absoluta rotundidad: no ha entrado ni una sola peseta del grupo Benteler ni en el Partido Popular de Burgos ni en el Partido Popular a nivel regional. ¿Es habitual el ir a invitaciones? Mire, cada cual que responda de sus comportamientos; yo he recibido invitaciones y no he ido a ninguna, pero a mí no me parece mal que vaya un señor, yo... es decir, como si yo hubiera ido; o sea, a mí nadie me va a manipular en mis decisiones políticas como consecuencia que me lleven a un hotel un día, mire usted, mal o bien, hasta ahora me los he podido pagar. Y yo, poco más puedo decir, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador que no haya intervenido desea solicitar alguna aclaración? Damos por concluido este punto y pasamos al sexto y último punto del Orden del Día. Dése lectura por el señor Secretario al sexto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Sexto punto del Orden del Día: "Adopción de acuerdo, en su caso, de comparecencia de don Fernando Becker Zuazua, don Emilio Zapatero... don Emilio Zapatero Villalonga, don José Luis Calzada Picón, doña María Cruz Rodríguez Saldaña y don Jaime Cifuentes González, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre irregularidades detectadas en la concesión y gestión de ayudas convocadas por la Comunidad Autónoma y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Para consumir un turno a favor de esta Propuesta, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Sería un exceso consumir más de treinta segundos en decir que el Grupo Parlamentario Socialista considera que las explicaciones sobre los asuntos que hemos discutido hoy, con la presencia del señor Consejero de Industria, tendrían un asiento mucho más serio y una profundidad mucho mayor si los gestores que en su día gestionaron las ayudas del Fondo Social Europeo pudieran defender su gestión y no tuviera el señor Villanueva que defender -con el grado de conocimiento que se le supone, pero también no de primera mano- la gestión de antiguos gestores.

En este sentido, el Grupo Socialista estima conveniente que comparezcan ante la Comisión de Industria las personas que en su día concedieron las ayudas que hemos tenido a bien comentar en la comparecencia del punto cuarto del Orden del Día, y que nosotros concretamos en don Fernando Becker, don Emilio Zapatero, don José Luis Calzada, doña Mari Cruz Rodríguez Saldaña y don Jaime Cifuentes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. ¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir turno en contra? Sí, señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Pues, yo también digo lo mismo, pero al revés; es decir, yo, después de la comparecencia que se ha producido aquí por parte del Consejero, de los argumentos que evidentemente hemos oído, de los razonamientos que se han esgrimido, de las circunstancias en las cuales estamos viendo cómo existe una mejora en la normativa de la percepción de subvenciones del Fondo Social Europeo, cómo realmente se tiene y se está muy preocupado en el seguimiento de los expedientes, cómo no existe ninguna irregularidad ni en la concesión ni en la gestión de los expedientes, entendemos que es absolutamente improcedente y, en definitiva, no ha lugar a que ninguna de las personas que se citan en el Orden del Día, en el punto sexto del Orden del Día, comparezcan ante esta Comisión.

Yo estoy seguro, seguro, completamente seguro que existió la regularidad en sus actuaciones, que existió el respeto a la legalidad y, en definitiva, entiende nuestro Grupo Parlamentario que volver nuevamente a reabrir un debate que hace escasos minutos acabamos de terminarlo, para introducir un elemento más en el debate que sea que estas personas comparezcan ante esta Comisión, no es de recibo ni es procedente ni es el momento ni tiene por qué.

En definitiva, Señoría, nosotros vamos a votar en contra de la adopción del acuerdo que se solicita de comparecencia de las personas que se citan en el punto sexto de este Orden del Día que estamos debatiendo. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Muchas gracias, señor Aguilar. ¿Turno de réplica, señor Granado? No desea intervenir. No hay dúplica tampoco.

Concluido el debate, vamos a someter a votación la propuesta de solicitud de comparecencias. ¿Votos a favor de estas comparecencias? ¿Votos en contra?

Votos emitidos: quince. Votos a favor: seis. Votos en contra: diez. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, la Comisión rechaza solicitar las comparecencias interesadas.

¿Algún Grupo Parlamentario que no haya intervenido en el debate desea intervenir para fijar posición?

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muy brevemente, señor Presidente. Hemos votado a favor porque consideramos que en la época en la que se está refiriendo y fueron responsables estos señores y señoras de la Formación Ocupacional en el ámbito de Castilla y León no se correspondía con el momento en que el señor Consejero ha comparecido hoy y, por lo tanto, sí que hubiera servido para hacer luz de cómo se gestionó en aquellos años la Formación Ocupacional en esta Comunidad Autónoma. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión.