DS(C) nº 239/4 del 6/5/1997

AGUILAR CAÑEDO

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EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Buenas tardes, señor Presidente. Don Porfirio Abad viene sustituyendo a don Vicente Jiménez Dávila y don Eduardo Francés a don José Luis Santamaría.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Señor González, Grupo Socialista.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. El señor Cantalejo sustituye a don Octavio Granado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor González. Por parte del señor Secretario se dará lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia de la Excelentísima señora Consejera de Economía y Hacienda, a petición propia, para informar a la Comisión sobre exposición sobre el resultado de la fiscalización efectuada por el Tribunal de Cuentas para la Comunidad Autónoma, referido al año mil novecientos noventa y tres".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra la señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Muchas gracias, Presidente. Ilustrísimas señoras y señores Procuradores, quiero comenzar mi intervención manifestando que, si bien las comparecencias ante ésta y otras Comisiones parlamentarias constituyen un motivo de satisfacción para mí, al permitirme explicar y mostrar los elementos de acción del Gobierno, del Ejecutivo Regional, fundamentalmente en el ámbito de las competencias de la Consejería de Economía y Hacienda, no es menos cierto que en esta ocasión comparezco ante ustedes con un relativo desánimo y una cierta frustración.

Cuando el lunes diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y siete fui informada por el Presidente de la Junta de Castilla y León de que el viernes de esa misma semana iba a venir a Valladolid el Consejero del Tribunal de Cuentas encargado de fiscalizar la actividad económica y financiera de la Comunidad de Castilla y León y a presentar el informe correspondiente a mil novecientos noventa y tres, inmediatamente me puse en contacto con la Dirección General del Secretariado de la Junta y Relaciones Institucionales, a los efectos de solicitar mi comparecencia ante esta Comisión, con el fin de que, cuanto antes, pudiera explicar a la misma el punto de vista de la Junta sobre este concreto aspecto.

Fui informada que, por respeto y consideración a estas Cortes Regionales, no podía solicitar la comparecencia en relación a un asunto que no existía formalmente, por cuanto el Informe no había sido presentado ni a las Cortes -destinatario primero del mismo- ni a la Junta de Castilla y León.

No oculto cuál fue mi sorpresa cuando al ir a recibir al señor Consejero del Tribunal de Cuentas, a las puertas de este mismo Castillo de Fuensaldaña, me encontré un amplio artículo periodístico sobre el mencionado Informe en un diario regional, si bien nada puedo objetar a la habilidad de la prensa de Castilla y León para conseguir información confidencial. Pero la sorpresa se convirtió en sospecha, y luego en bochorno, cuando en el mismo acto de presentación del Informe determinados Procuradores -y no precisamente del partido que sustenta al Gobierno de la Junta- comenzaron a criticar a ésta sobre la base del Informe del Tribunal de Cuentas mucho más allá de lo que se desprendía del contenido del mencionado artículo periodístico. Eran precisamente aquellos que permanentemente critican a la Junta de Castilla y León de falta de respeto a esta Cámara los que, sin ningún pudor, ridiculizaban a esta Comunidad Autónoma ante los representantes del Tribunal de Cuentas, mientras que por otro lado hurtaban a estas Cortes de Castilla y León la legítima competencia de conocer y debatir en primera instancia el Informe del año mil novecientos noventa y tres.

Hasta el propio Consejero del Tribunal de Cuentas declinó aportar datos sobre el contenido del Informe, en tanto éste no fuese conocido por los representantes del Legislativo.

Pero esta situación de falta de respeto se vio agravada durante los días posteriores, cuando el Partido Socialista desplegó toda una estrategia de ruedas de prensa y declaraciones a lo largo y ancho de todas las provincias de la Comunidad, en el desesperado intento de ofrecer una imagen caótica y falsa de la gestión económica y financiera de esta Comunidad.

Por ello, una vez sustraído de esta Comisión parlamentaria el legítimo debate que a la misma correspondía, me asaltaba la duda de si tenía sentido esta comparecencia, después de las declaraciones vertidas, entrando en su juego de minorar el papel de estas Cortes Regionales, o, por el contrario, comparecer ante ustedes como si nada hubiera ocurrido, intentando mantener el ambiente de normalidad, que es lo que estoy haciendo en estos momentos.

Para ello, me gustaría comenzar ilustrando a algunos Procuradores de esta Comisión, y simplemente exponiendo a otros cuáles son las finalidades que persigue el Tribunal de Cuentas cuando emite un informe de fiscalización de la actividad económica y financiera de una Comunidad Autónoma. Dichos informes cumplen una doble función:

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Por una parte, exponer objetivamente la situación económica y financiera de la Comunidad Autónoma, al objeto de que sea conocida por todos los representantes del poder legislativo y ejecutivo, y el resto de los ciudadanos. Con ello se pretende aportar la información necesaria para mejorar la gestión que viene realizando la Administración Regional.

Pero, por otra parte, los informes cumplen una función de marcado carácter controlador, como lo pone de manifiesto el número 2 del Artículo 12 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, al señalar que el mismo hará constar cuantas infracciones, abusos o prácticas irregulares haya observado, con indicación de la responsabilidad en que -a su juicio- se hubiera incurrido, y las medidas para exigirla.

Pues bien, desde esta doble perspectiva, didáctica y coactiva, quiero manifestar mi más amplia satisfacción por cuanto desde una y otra nuestra Comunidad, durante mil novecientos noventa y tres -al igual que desde mil novecientos ochenta y siete-, ha aprobado el examen con una nota alta.

En relación al aspecto constructivo del Informe, me referiré en la segunda parte de mi intervención, cuando efectúe un análisis de las recomendaciones que contiene el mismo, y que, sin duda, han de constituir un termómetro para detectar el grado de eficacia de nuestra Administración Regional.

Quiero ahora centrarme de forma especial en el ámbito de las irregularidades, que -como acabo de señalar- debe de contener todo informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Y es precisamente ahí donde mi satisfacción es más amplia. Y no precisamente -como se ha dicho- porque el objetivo de la actual Junta de Castilla y León se reduzca a no ser denunciada ante los tribunales, sino -al contrario- al haber podido constatar que después de siete años de Gobierno del Partido Popular -me estoy refiriendo del ochenta y siete al noventa y tres-, después de haber gestionado 990.000 millones de pesetas y tener una estructura administrativa y competencial cada vez más amplia, esta Administración sigue sin mácula alguna en cuanto a responsabilidad contable o por alcance.

Y ello tiene su importancia, sobre todo cuando uno analiza lo que ocurre a su alrededor y ve lo que sucede a otras Comunidades Autónomas. Y entonces uno piensa: pues no debe de ser tan fácil hacerlo bien.

Espero que con las cifras que voy a dar a continuación se ponga de una vez fin a los absurdos comentarios que han venido vertiéndose por determinados sectores políticos durante los últimos meses, y que han intentado ofrecer la imagen de una Junta de Castilla y León ilegal e irresponsable.

En este sentido, he de señalar que el efectivo control por el Tribunal de Cuentas sobre las Comunidades Autónomas no comenzó a ejercerse hasta mil novecientos ochenta y nueve, por lo que los datos existentes sobre irregularidades abarcan desde el período de mil novecientos ochenta y nueve a mil novecientos noventa y tres, ambos inclusive, aun cuando puedan referirse a años anteriores a mil novecientos ochenta y nueve.

La estadística no puede ser más alentadora para nuestra Comunidad Autónoma. Así, durante el período de referencia se remitieron a la Sala de Enjuiciamiento -y lo subrayo- del Tribunal de Cuentas cuarenta y dos actuaciones relacionadas con las Comunidades Autónomas, de las que ninguna de esas cuarenta y dos -y subrayo ninguna- corresponden a la Comunidad de Castilla y León. No puedo decir lo mismo de Murcia, que, bajo mandato socialista, ha sido denunciada ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en cuatro ocasiones. O Extremadura, que, bajo el puño firme del señor Rodríguez Ibarra, ha sido denunciada en nueve ocasiones. O en el caso de Madrid, que, con un Presidente socialista, se han encontrado con la no despreciable cifra de diecinueve asuntos ante la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas.

Es decir, que frente al 0% de irregularidades existentes en esta Comunidad de Castilla y León en el período ochenta y nueve-noventa y tres, y que tanto escándalo parece haber producido en el Partido Socialista, es necesario contraponer el 76% de irregularidades puestas en manos del Fiscal tan sólo en relación a tres Comunidades gobernadas por los socialistas. Ahí está la clave del debate difamador que desde algún Grupo político se han intentado entablar a través de los medios de comunicación, rehusando realizarlo en su foro natural, cual es esta Comisión de Economía y Presupuestos.

Pero la clave está en que no se puede confundir diferencia de criterio o defecto formal con irregularidad -y lo subrayo especialmente-. La clave se encuentra en que mientras un criterio interpretativo o un defecto formal dan lugar a una recomendación, las irregularidades de las que se ha hablado dan lugar a responsabilidades contables o de alcance. Así pues, a partir de este momento pido a determinados Procuradores que sean serios y que no utilicen con tanta irresponsabilidad un término tan importante como es el concepto de irregularidad.

Una vez analizado el aspecto de la responsabilidad de la Junta de Castilla y León en la administración de los recursos públicos, y por lo que hace referencia al otro aspecto del Informe -el dirigido a la mejora de los procedimientos y la gestión de los servicios públicos-, creo que no hay nada mejor que repasar las recomendaciones que en sus páginas noventa y dos y noventa y tres contiene el Informe.

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La primera recomendación versa sobre la procedencia de implantar el Plan General de Contabilidad Pública, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 40.4 del Estatuto de Autonomía. Con respecto a este punto concreto, he de decir que del tenor del mismo alguien ha pretendido deducir, no sin malicia, que la Junta de Castilla y León no tiene contabilidad. Nada más alejado de la realidad, por cuanto desde su creación -como muy sabe... bien el Grupo Socialista, que en su día tuvo responsabilidades de gobierno en esta Comunidad- la Junta de Castilla y León ha contado con un adecuado procedimiento contable, y que a partir de mil novecientos ochenta y nueve -como reconoce el propio Informe del Tribunal de Cuentas- el sistema de información contable SICCAL representa un importante avance en materia de contabilidad. La prueba fehaciente de ello está en el hecho de que el Tribunal de Cuentas ha venido fiscalizando la contabilidad de la Comunidad de Castilla y León sin ningún tipo de problemas. No obstante, dada la importancia que viene atribuyendo el Tribunal de Cuentas a la existencia de un Plan General de Contabilidad pública, que, en definitiva, no deja de ser un tipo de organización contable, el mismo, referido a la Comunidad de Castilla y León, se ha aprobado -como todos ustedes saben- por la Consejería de Economía y Hacienda, de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, habiendo entrado en vigor el uno de enero de mil novecientos noventa y siete.

A pesar del retraso aparente que pudiera desprenderse de su puesta en marcha, quiero recordarles que somos la tercera Comunidad Autónoma en implantarlo, después del País Vasco y Madrid, por lo que no debemos de ser tan ineficaces como se quiere ver.

En relación a la recomendación de que el gasto por programas debe contar con objetivos e indicadores adecuadamente definidos o cuantificados que permitan su seguimiento y evaluación, es necesario indicar que la Junta de Castilla y León realiza una pluralidad de actividades públicas de diferentes características, que condicionan la posibilidad de definir, en muchos casos, objetivos e indicadores de programas que midan el resultado de la gestión.

La actividad administrativa, a veces dedicada a la función reguladora, asesora o asistencial, no permite el diseño de mecanismos de seguimiento tal y como se conciben en las actividades productivas. No obstante, en los programas presupuestarios que consisten en llevar a cabo una actividad productiva se podrán establecer indicadores y objetivos, aunque, por falta de medios, no se ha podido hasta el momento hacer el análisis de la ejecución de estos programas.

En cualquier caso, existe en la actualidad un borrador de Orden, que espero pueda ultimarse en el presente año, al objeto de atender a esta recomendación del Tribunal de Cuentas, si bien vuelvo a reiterar que dichos objetivos e indicadores son de difícil puesta en práctica, lo que aconseja una progresiva implantación en los distintos programas presupuestarios.

Buena prueba de esta dificultad se encuentra en el hecho de que ni la Administración del Estado, ni el resto de las Comunidades Autónomas han podido abordar la aplicación de este sistema en profundidad.

Por su parte, la recomendación tercera señala que la presentación del estado de modificaciones de créditos en la liquidación presupuestaria debe de ser la que corresponde a su naturaleza. Esta recomendación ha sido atendida por primera vez en la liquidación de los Presupuestos Generales de la Comunidad del ejercicio mil novecientos noventa y cinco, tal y como ustedes han podido comprobar en la documentación que se acompaña al texto de los Presupuestos Generales de la Comunidad para mil novecientos noventa y siete.

Se ha tratado, en todo caso, de un criterio formal de presentación de la liquidación de los Presupuestos, por cuanto siempre ha existido una clasificación detallada de los expedientes, toda vez que los registros contables se han efectuado de forma adecuada; y además no existe ninguna norma que obligue a presentar la liquidación de los Presupuestos especificando los distintos tipos de modificaciones presupuestarias.

No obstante, y como acabo de indicar, al tratarse de una cuestión puramente formal de presentación de liquidación de los Presupuestos, se ha atendido tan pronto como fue conocida la recomendación del Tribunal de Cuentas.

Por su parte, la recomendación cuarta establece que debe implantarse una contabilidad adecuada de los gastos con financiación afectada.

Si bien el Plan General de Contabilidad Pública de la Comunidad de Castilla y León ha venido a dar puntual respuesta a esta recomendación, no es menos cierto que, con anterioridad a su implantación, el sistema informático contable SICCAL ya venía satisfaciendo en parte esta exigencia del Tribunal de Cuentas, si bien no con el mismo grado de extensión que el mismo reclama.

Así, hasta mil novecientos noventa y siete ha venido existiendo en el SICCAL un subsistema de proyectos de inversión donde figura una contabilización individualizada de todos y cada uno de los proyectos de inversión, con la indicación precisa de sus fuentes de financiación y la ejecución de las mismas. Teniendo en cuenta que la financiación afectada se centra exclusivamente en operaciones de capital, el seguimiento de los proyectos de inversión da una importante cobertura a la exigencia referida, por cuanto el 60% de los créditos por operaciones de capital lo son en inversiones reales.

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Ha sido en el campo de las subvenciones de capital donde no ha podido establecerse con la misma extensión que en las inversiones reales un subsistema contable, si bien la financiación afectada a dichas subvenciones de capital se conocía a través de la contabilidad auxiliar que respecto a la financiación de las mismas se lleva en todos los centros gestores del gasto.

No obstante, como ya he indicado, tras la entrada en vigor del Plan General de Contabilidad Pública y la puesta en marcha, a lo largo del presente ejercicio, de un subsistema de subvenciones dentro del SICCAL, se atenderá convenientemente las recomendaciones señaladas por el Tribunal de Cuentas.

Especial atención voy a dedicar a las dos recomendaciones que contiene el Informe en materia de contratos, tanto por ser este punto el que me parece más discutible del Informe y en el que se presentan mayores discrepancias en relación a la tesis del Tribunal de Cuentas, como por la especial virulencia que con respecto al mismo han determinado... o han mostrado determinados sectores políticos de nuestra Comunidad Autónoma.

Respecto a la forma de adjudicación, la Ley de Contratos del Estado -que había que leerse-, vigente en el período objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, consideraba el concurso como una invitación de la Administración a que se le presenten ofertas de contratos; ofertas que puede aceptar o rechazar al no vincularle anticipadamente los anuncios de licitación... (¿Se podrían callar un momento?, porque es que así no se puede... presentar nada, ¿eh? ¡Qué simpáticos estáis, eh!)

En este procedimiento de contratación, la Administración no hace oferta alguna, sino que hace un llamamiento indeterminado de cara a los administrados, que produce en ellos una mera expectativa latente hasta el momento de la adjudicación definitiva, que es el acto formal de la aceptación administrativa por medio del cual se alcanza el concierto de voluntades.

En consecuencia, connatural al sistema derivado de la defensa del interés público que se le encomienda, nace la posibilidad de que la Administración desista unilateralmente de celebrar el contrato, sin que indefectiblemente haya de concluirlo.

El concurso persigue como finalidad esencial, pues, elegir al licitador no sólo por su oferta, sino también por sus particulares condiciones, y si se estima idóneo para convertirlo en contratista, primando siempre el interés público, dado que en la libre concurrencia -tal como el dictamen del Consejo de Estado, de tres de mayo de mil novecientos cincuenta y dos- está implícito dicho interés.

Se ha pasado de una situación en la que el concurso se aplicaba en casos determinados a otra, como en la actual, en que, tras la modificación introducida por la Ley de Presupuestos General del Estado de mil novecientos noventa, se establecía, en el Artículo 28 de la Ley de Contratos del Estado, que los órganos de contratación utilizarán normalmente la subasta o el concurso como forma de adjudicación. Es decir, se produce una total y absoluta equiparación entre la subasta y el concurso como criterio de adjudicación.

Esa línea de plena equiparación es la que se ha mantenido desde ese momento, considerándose infundadas cualquier tipo de críticas, las cuales no dejan de tener un carácter puramente parcial, atribuyendo un carácter libre y arbitrario al concurso, olvidando que el mismo ha de resolverse con criterios objetivos recogidos en el pliego y desconociendo que las directivas comunitarias, siempre beligerantes sobre cualquier tipo de arbitrariedad, equiparan de manera absoluta el concurso y la subasta. Así, diversas directivas comunitarias han venido a corroborar lo ya reconocido por nuestra Legislación, como es el hecho de entender que la consideración del interés público por la Administración debe considerarse en el sentido de prestar el mejor servicio público a los ciudadanos, aun cuando ello pueda suponer, lógicamente, un mayor coste.

Debe buscarse en todo momento satisfacer las necesidades sociales o públicas de la manera más adecuada posible, recibiendo la colaboración de los particulares mediante la aportación de iniciativas que permitan la mejor obtención de la finalidad pública que se persigue.

Más aún: tanto estas directivas comunitarias ya dictadas en el ejercicio de mil novecientos noventa y tres -período que alcanza el informe del Tribunal de Cuentas-, como la Ley de Contratos del Estado vigente en este momento, y fundamentalmente la actual Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, da una importancia radical a la diferencia entre procedimientos abiertos y restringidos por encima de los criterios de adjudicación, como son el concurso y la subasta. Y esto es así porque, precisamente, son los procedimientos los que garantizan tanto la defensa del interés público, como el respeto al principio de la igualdad de los ciudadanos ante los beneficios públicos.

Por último, el propio Informe del Tribunal de Cuentas -como no podría ser de otro modo-, tal como debería ser interpretado por todos los que se acerquen a él, no con una... y con una mínima objetividad y claridad, no sólo no lo considera inadecuado, sino que considera, en su página cincuenta y dos, al informar sobre los procedimientos de adjudicación, que la subasta tiene el carácter de ordinaria, junto con el concurso para la contratación de obras.

Por lo tanto, simplemente leyendo el informe -cuestión que en algunos casos vemos que resulta muy complicada para determinados políticos- se deduce que no existe un desvalor del concurso como forma de adjudicación.

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Como punto final de la evolución sobre la posible utilización del concurso, cabe decir que la Ley de Contratos de Administraciones... de Contratos de las Administraciones Públicas ha ratificado todo esto al considerar la subasta y el concurso como formas de adjudicación que quedan a elección del órgano de contratación, al establecer en su Artículo 76 que los órganos de contratación utilizarán normalmente la subasta y el concurso como forma de adjudicación, si bien la subasta ha quedado muy limitada en cuanto que, por su simpleza y falta de perfección para garantizar el interés general, no es aplicable a los contratos de gestión de servicios públicos. Y en los contratos de suministro, consultoría y asistencia, servicios y trabajos específicos, sólo puede acudirse a la misma cuando se trate de contratos de escasa cuantía, en las que los productos que vayan a adquirirse estén perfectamente definidos y no sea posible introducir modificación de ninguna clase en el contrato, encontrándonos incluso en situaciones en las que la utilización del concurso no sólo no está limitada, sino que se encuentra impuesta, como son los supuestos que determina el Artículo 86 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

En resumen. Tanto en España como en la mayoría de los países de nuestro entorno, la subasta ha perdido gran parte de su relevancia histórica y tiene un campo cada vez más limitado y concreto, no sólo por los motivos anteriormente indicados, sino también por la madurez operativa de los órganos de contratación de las Administraciones modernas, que, como la de la Comunidad Autónoma, están gestionadas por profesionales alejados de las discrecionalidades políticas, que merecen un margen de confianza por parte de los administrados.

Desde la perspectiva de la protección al particular que se relaciona con la Administración, puedo afirmar que el concurso respeta los principios de publicidad y concurrencia, pero corrige, sin embargo, el automatismo de la subasta, permitiendo al órgano de contratación una plena apreciación global de la oferta privada, sin tener que ajustarse al factor precio.

La Administración tiene -eso sí- la obligación de celebrar el contrato cara al público, con la oferta más ventajosa o meritoria, pero manejando un abanico de criterios objetivos de valoración no estrictamente económicos, sino también técnicos, científicos, de seguridad, de plazo, etcétera.

Hasta la antigua Ley de Contratos del Estado, en su Exposición de Motivos, decía que se ha tratado de evitar en todo lo posible el automatismo en las adjudicaciones de los contratos y dar un mayor énfasis a la selección de la empresa adecuada para el objeto de cada contrato.

Incluso la propia Junta Consultiva de Contratación Administrativa, ya en su recomendación 1/1972, de veinte de mayo, al referirse a la adecuada utilización de las formas de adjudicación, recomendaba una utilización restrictiva de la subasta en favor del concurso-subasta, y proponía la admisión previa y objetivos que tiendan a favorecer la tenacidad y la buena organización de las empresas.

El procedimiento de concurso, en líneas generales, es el que reúne los elementos más aconsejables para aquellos tipos de contratos que envuelven una cierta complejidad ejecutiva, como pueden ser la construcción de vertederos, colectores, viviendas de protección oficial, rehabilitación, reconstrucción y reparación de puentes, construcción de carreteras, etcétera, exigiendo del particular una participación activa por encima de la simple adhesión ante la demanda contractual de la Administración, obligándoles, en el marco de los contratos administrativos y patrimoniales, a contraofertar nuevas soluciones o propuestas que permitan enriquecer el acto de aprobación.

El sistema de concurso basado en la racionalidad y no en la liberalidad es el perfecto sistema de equilibrio. Quizá este sistema de adjudicación, en combinación con la inclusión de criterios objetivos -al objeto de evitar una excesiva discrecionalidad apreciativa-, lo han convertido en el procedimiento de selección más perfecto y recomendable de los utilizables por las Administraciones Públicas, recomendado desde hace más de veinte años por el Banco Mundial a los países miembros, cuando se trate de adjudicación de contratos de obras y suministros.

Para concluir estas apreciaciones sobre el concurso, podemos decir que es necesario evitar el simplismo en el que algunos incurren al tratar estas cuestiones, por lo que es imprescindible examinar las características y circunstancias del contrato a celebrar, para deducir de las mismas el modo óptimo de selección de las ofertas privadas potenciales.

Así, mientras en la enajenación de bienes patrimoniales es posible que el sistema ideal sea la subasta libre, al alza, en pliego cerrado, en otros contratos, como puede ser una compra patrimonial -respondiendo a unos determinados condicionantes técnicos y urbanísticos-, resulta necesario añadir a la proposición unos componentes que hagan aconsejable la utilización del concurso.

En estos contratos, la defensa del interés público no se circunscribe al aspecto económico -lo que impondría el uso de la subasta-, sino que es mucho más amplia la gama de elementos a tomar en consideración.

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Respecto a la recomendación referida a la conveniencia de la utilización de la subasta como procedimiento que permite obtener mayores bajas, debemos de decir, en primer lugar y como mera aproximación a la cuestión, que la obtención de unas hipotéticas mayores bajas no está vinculada al método de selección del contratista, sino, en mayor medida, a otros factores, como son: la correcta redacción del proyecto, con una buena supervisión de éste; una precisa cuantificación a través del programa de trabajo, con un realista plan de anualidades financieras ajustado al ritmo óptimo de la ejecución, etcétera.

Profundizando un poco más en esta cuestión, debemos decir que superando... superando una primera y muy superficial... pasando una primera aproximación, desde este punto de vista, la subasta tiene dos quiebras fundamentales: la primera es la de constituir una llamada ciega e indiscriminada a la competencia de todo tipo de interesados en el proyecto contractual, sin posibilidad de garantizar una plena solvencia de todos los candidatos y, por lo tanto, un aseguramiento del cumplimiento del contrato sin riesgos para el interés público.

La segunda quiebra consiste en que, en esta última fórmula automática, el precio aparece como único dato válido para celebrar el contrato, olvidando que la cuantía debe de conjugarse con otros factores, como son el plazo, la calidad, etcétera, que constituyen las bases de todo contrato racionalmente enfocado en el mercado de bienes y servicios; y la subasta sólo pondera uno de estos factores. De ahí su absoluta y radical insuficiencia como sistema de adjudicación generalista.

Por otro lado, y desde el punto de vista estrictamente económico, debo decir que la subasta es más propicia que ningún otro procedimiento a las confabulaciones de los candidatos, para evitar entre ellos la competencia, a las bajas temerarias y a las alzas especulativas; desviaciones ambas de la doctrina del justo precio, posibilitando asimismo la concurrencia de candidatos de cualidades no homogéneas.

De acuerdo con esto, la subasta únicamente tiene cabida cuando el objeto del contrato a celebrar está perfectamente concebido por la Administración y, por tanto, no se precisa de la iniciativa de los particulares para su configuración, y, además, cuando los perjuicios de una eventual... de un eventual incumplimiento por el contratista no son excesivamente grandes, debido al importe del contrato y a su sencilla ejecución; cosa que no ocurre con los contratos que han sido objeto de análisis del presente informe del Tribunal de Cuentas.

La mayoría de ellos, tanto por su elevada cuantía como por tener en otros elementos distintos del estrictamente económico la defensa posible del interés público, no tienen encaje en la subasta como forma de adjudicación. Se trata en la mayoría de los casos de contratos en los que es imposible la necesaria y absoluta homogeneidad de las proposiciones de los licitadores, ya que en los pliegos resulta imposible o, cuando menos, no conveniente fijar de antemano todos los elementos del contrato menos uno, que es el precio.

El principio de transparencia se logra, fundamentalmente, con ayuda de las regulaciones jurídicas sobre la licitación pública de los contratos de los poderes públicos. En realidad, estas normas, antes que nada, se orientan al objetivo de ofrecer al poder público adjudicador del contrato un mayor conocimiento del mercado y asegurar la económica aplicación de fondos públicos.

Los poderes públicos deben de ser protegidos frente a negocios económicamente desventajosos. Sin embargo, se reconoce que las regulaciones sobre licitación pública sirven tanto a la defensa frente a la corrupción, como a la igualdad de oportunidades del empresario privado en la competencia por obtener contratos públicos.

Por otro lado, la Administración de Castilla y León ha tratado de perfeccionar su procedimiento de contratación, de tal forma que se ha avanzado mucho más allá de una hipotética recomendación, que no es tal, que pudiera entenderse efectuada por el Tribunal de Cuentas.

La Administración de... la Administración de Castilla y León ha autolimitado drásticamente la discrecionalidad que la ley concede como órgano de contratación, y lo ha hecho, en primer lugar, objetivando al máximo las decisiones adoptadas, ciñendo la discrecionalidad al ámbito puramente técnico y, en segundo lugar, estableciendo en los pliegos criterios objetivos que no sean excesivamente específicos que permitan predeterminar al adjudicatario, ni tan excesivamente genéricos e imprecisos que no vincule en nada a la Administración. Y a partir del cumplimiento de estos objetivos, o criterios, o baremos, el licitador, en ocasiones, ofertará condiciones o ventajas que excedan a las indicadas en el pliego, las cuales la Administración puede considerar objetivamente ventajosas.

Asimismo, y por lo que a esta cuestión se refiere, demostrativo de lo dicho es que el Tribunal de Cuentas, en su Informe, no efectúa ninguna observación sobre la ausencia en los pliegos del requisito de la clasificación referido a los licitadores. En el Informe del Tribunal de Cuentas se hacer referencia, por otra parte, a la necesidad de que, en los concursos, los órganos de contratación deben de supeditar la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares al establecimiento en ellos de criterios objetivos, precisos y ordenados de selección de contratistas y la ponderación que se les atribuye.

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Esta cuestión, respecto a la que el mencionado Informe se refiere en dieciséis de los ciento cuarenta y tres contratos adjudicados por concurso, se ha pretendido generalizar por algunos, incluso concluyendo que esta Administración no garantiza el interés público en las contrataciones. Pues bien, en contestación a esto, debo de decir que, si se lee el Informe desde la perspectiva de una crítica a la gestión efectiva de esta Administración -como algunos pretenden hacerlo-, estaríamos ante un gran error del Tribunal y de todos aquellos que, sin dedicar un momento a la reflexión, se han dedicado a alarmar sin saber exactamente sobre qué alarmaban, en cuanto que se trata de un requisito taxativamente exigido por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la cual, obviamente, no estaba en vigor en mil novecientos noventa y tres, ejercicio al que se refiere el Informe, no estando recogida -ni tan siquiera insinuada- la mencionada ponderación de criterios ni por la Ley, ni por el Reglamento vigentes aquel año.

Estas consideraciones confirman la reiterada afirmación de que una de las finalidades del Informe del órgano supremo fiscalizador, cual es el Tribunal de Cuentas, es mirar hacia el futuro haciendo observaciones que, en numerosas ocasiones, son extrajurídicas, buscando proponer actuaciones más eficaces desde la perspectiva de la regulación actual -es decir, del momento en que se efectúa la recomendación-, por lo que no tiene ningún contenido de reproche jurídico, sino de previsión de carácter didáctico a aplicar no durante mil novecientos noventa y tres y noventa y cuatro, que no se ha hecho la fiscalización del Informe, sino a partir de la fecha de la entrada en vigor de la citada Ley.

Respecto a la recomendación de informes técnicos que valoren todas las ofertas en coherencia con los criterios que recogen los pliegos, debo decir, en primer lugar, que esto supone un claro reconocimiento por parte del Tribunal de Cuentas de la existencia de criterios de selección en los pliegos que sirven de base para la contratación en esta Comunidad -si no, no se recogerían-. Esta recomendación parte del error material de entender que en algunos casos no existen informes técnicos de todas las ofertas presentadas, cuando en realidad sucede que los servicios que promueven la contratación, a la vista de las ofertas presentadas por los distintos licitadores y sobre la base de estos informes, elaboran la propuesta de adjudicación, siendo ésta la única que se acompaña o se incorpora al expediente de contratación, por lo que no se recogen los del resto de las ofertas que no han resultado adjudicadas. O bien, en otras ocasiones, se da la circunstancia de que sólo había un licitador, o quizá, existiendo varios, sólo uno cumplía los requisitos exigidos por los pliegos de prescripciones técnicas.

Ha resultado, por tanto, plenamente garantizado el interés público, en cuanto que, respecto a las ofertas seleccionadas, se fundamenta la adjudicación en informes técnicos, basados a su vez en los criterios objetivos de los pliegos.

Esta actuación objetiva y transparente de la Administración de Castilla y León se ve corroborada por la ausencia de conclusiones o recomendaciones en el sentido de considerar que las adjudicaciones se fundamentan en informes deficientes, cosa que sí ocurre en los informes del Tribunal de Cuentas respecto a otras Comunidades Autónomas, como ya he dicho.

Respecto a la recomendación de que los Presupuestos Generales de la Comunidad deben contener los presupuestos de explotación y capital de las empresas públicas perceptoras de subvenciones, es necesario señalar que los mismos se presentaron por todas y cada una de las empresas públicas de la Comunidad, y que se entendían aprobados por la Junta de Castilla y León al aprobar el Proyecto de Presupuestos para mil novecientos noventa y tres, y que figuraban en el Tomo X del mismo. No obstante, los presupuestos de explotación y capital se incorporaron por primera vez en la Ley de Presupuestos de la Comunidad para mil novecientos noventa y cuatro, y desde entonces se han incluido en las posteriores Leyes de Presupuestos.

La última recomendación establece que la Comunidad debe exigir las cuentas anuales de las empresas en cuyo capital participa, independientemente de su posición mayoritaria, señalando entre paréntesis a la empresa Ascalena, S.A. Si les he de ser sincera, esta recomendación no la entendemos tal y como está redactada, salvo que al referirse a un caso particular -Ascalena, S.A.- esté dando la impresión de una afirmación referida a la mayoría de las participaciones empresariales de la Comunidad de Castilla y León. Como ustedes muy bien saben -por cuanto puntualmente lo reciben cada año-, desde mil novecientos noventa y uno la Consejería de Economía y Hacienda viene publicando un libro donde se contiene toda la información relativa al funcionamiento económico y financiero de las empresas participadas por la Comunidad de Castilla y León, sea cual fuere el grado de propiedad en las mismas. Este libro se confecciona por la Intervención General de la Comunidad, partiendo de las cuentas anuales de esas empresas. Y si se observa el libro correspondiente a mil novecientos noventa y tres, se puede apreciar que figuran el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias de todas las empresas participadas, a excepción expresamente de Ascalena, S.A., que a treinta y uno de diciembre del noventa y tres se encontraba en situación inactiva, por lo que no se pudo obtener ningún tipo de información.

Para su tranquilidad, les diré que la participación de la Comunidad de Castilla y León en el capital de esa sociedad era tan sólo de 3.800.000 pesetas. Del resto, veintiocho empresas -como ya se ha indicado- se contaba con sus cuentas anuales, conociéndose su situación económica y financiera. Téngase además en cuenta que el libro se publicó en mil novecientos noventa y cinco, y el Informe del Tribunal de Cuentas tiene fecha de mil novecientos noventa y siete.

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En definitiva, y como corolario de mi intervención, venga a ratificar mi satisfacción en ese doble aspecto: por un lado, por la limpieza de la gestión de los recursos públicos por parte de la Junta de Castilla y León, al no haberse detectado por el Tribunal de Cuentas, ni en mil novecientos noventa y tres ni en años anteriores, ningún tipo de irregularidad. Por otro lado, al poder comprobar y mostrar a todos ustedes que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, puestas de manifiesto en su Informe de mil novecientos noventa y tres, han sido tenidas en cuenta y asumidas por la Junta de Castilla y León tan pronto como ha sido posible, no debiendo olvidarse que las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se conocen con tres años de retraso respecto de los hechos que en sus informes se constatan, por lo que las recomendaciones producidas en mil novecientos noventa y uno-noventa y dos han sido atendidas en mil novecientos noventa y cuatro-noventa y cinco, por lo que pueden figurar como pendientes en mil novecientos noventa y tres, por cuanto en ese ejercicio no se conocía el criterio del Tribunal de Cuentas.

En conclusión, les animo a realizar una lectura positiva del Informe, entendiendo el mismo como lo que es: como un análisis pormenorizado y, en ocasiones, exhaustivo de la gestión económica y financiera de la Junta de Castilla y León durante mil novecientos noventa y tres. Y les ruego a algunos de ustedes que no se empeñen en ver gigantes o monstruos allí donde sólo hay molinos y cifras. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Durante cinco minutos levantamos la sesión.

(Se suspende la sesión a las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos, y se reanuda a las dieciocho horas cinco minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Se reanuda la sesión. Para la formulación de un turno de sugerencias, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, doña Concepción Farto.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Con mucha brevedad, en primer lugar, quiero empezar esta intervención manifestando una queja ante la Presidencia de esta Comisión. Y es que, en principio, estaba convocada para hoy por la mañana; por lo visto se ha convocado por la tarde, y yo me he enterado por los carteles de las Cortes de Castilla y León, no he tenido ninguna convocatoria posterior. Supongo que es un despiste que simplemente quiero manifestar.

En segundo lugar, señora Consejera, agradecerle esta comparecencia por dos cosas: en primer lugar, por estar aquí, como se hace siempre. En segundo lugar, porque cuando esta Procuradora votó en contra de la petición de comparecencia que en su día presentó otro Grupo Parlamentario, de alguna manera esperaba que usted respondiese a esa confianza, y así lo ha hecho. Por tanto, vaya ese agradecimiento por delante.

Y decirle que sí tiene sentido esta comparecencia, que era uno de los planteamientos que usted hacía al principio de su intervención, porque creo que ya está bien de que nos enteremos de ciertas cosas, no solamente los ciudadanos, sino incluso algunos representantes políticos de esta Comunidad, por los medios de comunicación -dicho esto con todo respeto para los medios de comunicación-.

Y para entrar -y con mucha brevedad- en el tema que nos ocupa, decirle que aquí debatimos dos cosas diferentes: una sería la cuestión política y otra la técnica. Si para mí siempre es difícil de estos temas, lo es mucho más en este caso de que estamos hablando de unas cuentas o de unos ejercicios que terminan en el año mil novecientos noventa y tres, en el cual esta Procuradora no tenía parte activa en la vida política de esta Comunidad Autónoma. Y si políticamente yo no... está claro que no invertiría ni haría las cosas como las hacen ustedes, técnicamente, yo no voy a ser tan ingenua de enfrentarme ni a un Informe del Tribunal de Cuentas, ni a un informe de la Consejería de Hacienda de esta Comunidad, ni, por supuesto, a otros estudios que hayan podido hacer grupos parlamentarios que tienen muchos más medios -como he dicho más veces- que yo.

De cualquier manera, sí hay dos cosas concretas que me gustaría decir aquí en este momento y que me preocupan, porque las he vivido... no solamente hasta el año noventa y tres, que ya le digo que no sé directamente lo que ocurría, pero sí ahora. Y una cuestión sería el retraso en los pagos en las subvenciones que se hacen desde la Consejería de Hacienda, y otra cuestión es la cuestión de las adjudicaciones. Les considero lo suficientemente inteligentes -y sobre todo hábiles- para no hacer tan mal las cosas, pero también es cierto que en el tema de las adjudicaciones es un terreno resbaladizo, en el que todos somos conscientes que no siempre ocurre, desde luego, lo que nos agradecería a nosotros -que a lo mejor tampoco sería lo óptimo ni lo bueno-, pero a lo mejor tampoco ocurre lo que verdaderamente daría un buen servicio a la Comunidad.

Y para concluir, decirle simplemente que esperamos que esas irregularidades o esa... esos defectos de forma -por decirlo de forma más suave- que ha constatado el Tribunal de Cuentas sean subsanados, y de ahora en adelante pues no tengan ni tan siquiera que haber esos problemas. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, doña Concepción Farto. Simplemente por aclararle la consideración que hizo al principio, y es que estaba convocada, efectivamente, para esta mañana. Desde la Consejería se hace un ruego de que no se puede... no puede comparecer o que la Consejera tiene dificultades para comparecer esta mañana, y por telegrama se ha enviado a todo el mundo. Le he pedido a doña Carmen -que está presente en la sala- que me confirme cuándo se ha mandado el suyo. Pero que sepa que todos los Procuradores -creo yo, ya me ha confirmado con un gesto-, a todos se les ha enviado un telegrama diciendo que el horario de la Comisión con el mismo Orden del Día pasaba a la tarde, a las cinco de la tarde.

Tiene la palabra, sin más, por el Grupo de Izquierda Unida, don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, Presidente. Señorías, en primer lugar, efectivamente, agradecer la comparecencia de la señora Consejera, que ha tenido a bien darnos una lección -creo que magna- sobre una temática que necesitaba una aclaración. Y yo he de decir, con franqueza, que tenía mis dudas de empezar diciendo que de ninguna de las maneras, desde Izquierda Unida, vamos a dar más crédito al Tribunal de Cuentas que a una señora Consejera del Gobierno de la Comunidad Autónoma, porque entendemos que, a pesar de ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas, pues entendemos también que tenía que hacerlo de forma anual. Y parece ser que no hay manera de hacerle llegar la noticia de que lo haga con esa periodicidad; sólo vamos con tres o cuatro años de retraso.

Pero a raíz de la defensa que ha hecho Su Señoría, y una defensa de esta naturaleza, pues, la verdad es que ya no sé quién puede ir delante o quién tiene que estar detrás. Por una razón: nos parece absolutamente incongruente el planteamiento, incluso la pasión, con que ha planteado la defensa, salvo en aquello que hace referencia a las contrataciones... Digo, nos parece incongruente con que se haya asegurado hoy aquí que, en la práctica, todas las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que hace en este Informe "Análisis de mil novecientos noventa y tres" ya han sido corregidas para mil novecientos noventa y siete.

Si no tiene ningún tipo de interés, no tiene ningún tipo de necesidad de hacer esa corrección. Si realmente se hace la corrección es porque yo creo que al final sí han concluido en que no es simplemente una opinión, una interpretación diferente entre el Tribunal de Cuentas y la Consejería o el Gobierno Autónomo.

Y ya en lo de las contrataciones, pues hablaremos un poco más adelante.

Yo, aunque no haga una alusión expresa a nuestro planteamiento, sí quiero decir que los problemas institucionales y protocolarios pues se los resuelven ustedes, porque últimamente no pegan una.

En cuanto a solicitud o no solicitud de comparecencia, o no. Está bien el lamento que nos presenta Su Señoría, pero es difícil de justificar cuando hoy da la impresión que ésa ya es una práctica común. Todo el mundo hace lo que le parece más sensato, más acorde con sus propios criterios, y cada vez las formas son menores.

He de decir que ya ésta es la segunda vez que, al menos, planteamos las cosas en estos términos. Da la impresión que hay un aprobado general. Pero año tras año. En los informes del Tribunal de Cuentas hay un aprobado general. Lo que significa... o al menos es un riesgo de que el nivel que está poniendo el propio Tribunal de Cuentas es bajísimo. Que bueno, pues, nada que objetar, si ése es el que en estos momentos ponen. Pero para nosotros supone un riesgo. Y el riesgo es que cada vez es más claro que lo normal es absolutamente excepción. Y la verdad es que a nosotros nos parece que las cosas tenían que ir por otros derroteros.

Nos ha sorprendido, nos ha sorprendido porque el análisis que nosotros teníamos hecho -y además no creo que haga falta ningún esfuerzo de imaginación si se cotejan el Informe de mil novecientos noventa y dos y el Informe de mil novecientos noventa y tres-, nosotros hemos tenido la consideración de irlo trabajando, y en algunos casos simplemente limitándonos al capítulo que hace referencia a conclusiones y recomendaciones, y es significativo que tengan los mismos planteamientos con los mismos problemas y las mismas deficiencias.

Ni siquiera en la novedad de los 50.000 millones famosos de la emisión de deuda. Pero Su Señoría, que ha ido desgranando uno a uno todos los puntos en los que hacía referencia en las conclusiones, algunos, con una cierta sutileza, les ha pasado por encima, no sé si porque para Su Señoría tienen menos importancia o porque no se la quieren dar. Pero se observa con absoluta claridad que se sigue planteando... no que no exista un Plan General de Contabilidad pública, no dice que no exista un Plan General de Contabilidad Pública. Dice que no se ha aplicado el Plan General de Contabilidad Pública.

A lo mejor nuestra duda, o nuestra ignorancia nos lleva a decir ¿qué pasa? Pero lo que no cabe la menor duda es que uno lee, y lee el Informe del noventa y dos y lee el Informe del noventa y tres y dice: no se ha aplicado el Plan General de Contabilidad Pública; no es que no exista.

Lo mismo que en el noventa y dos y en el noventa y tres sigue insistiendo en que, efectivamente, las cuentas de la Administración General, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad, presentan la estructura y contenido establecido en las disposiciones que le son de aplicación, y concuerdan la documentación complementaria que le sirve de fundamento, salvo por la carencia de la documentación prevista en los apartados 4, 7 y 8 del Artículo 155 de la Ley de Hacienda de Castilla y León.

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Es decir, no es ningún tipo de invento, sino que existen amnesias, o existen lagunas de forma explícita. Que yo no me los invento, señora Consejera, que es que hemos hecho fotocopia de los dos informes, y en los dos viene lo mismo. Y que, bueno, pues no deja de sorprender además que no sea un año, por circunstancias incidentales, sino que se repita constantemente. Y esto se lo decíamos antaño a otro Consejero que la precedió a Su Señoría.

Dice más, en un momento determinado -Su Señoría lo sabe lo mismo que nosotros, porque además se desprende perfectamente de la lectura-: "el estado de ingresos del ejercicio incluye derechos reconocidos y recaudados por importe de 64.739 millones de pesetas correspondientes al remanente de tesorería". Esto yo sólo se lo digo por una razón, porque cada vez que sale esto en la elaboración de los presupuestos, siempre se nos niega la existencia de tal circunstancia. Y entonces, pues no deja de ser llamativo que, hombre, que coincidamos en esto con el Tribunal de Cuentas, y que sí existen esos remanentes de tesorería; y que en el año noventa y dos fueron de 68.505, y que apenas se han producido modificaciones o variaciones.

También es reconocido y existe... en presupuestos cerrados existe un exceso de derechos reconocidos -no es una interpretación subjetiva, es una lectura literal de las conclusiones-, exceso de derechos reconocidos por endeudamiento no dispuesto de ejercicios anteriores de 50.950 millones de pesetas.

Que no nos lo inventamos nosotros, que viene aquí, en la página ochenta y nueve. Ya sé que a Sus Señorías les hace gracia; es que a mí también. Nos hace gracia, y es que a mí también. Y digo más, incluso, es hasta objeto de sufrimiento para este Procurador, porque se niegan constantemente y después resulta que aparecen en los Informes del Tribunal de Cuentas. Y es preocupante.

Y dice también que la cuenta general incluye un exceso neto de derechos reconocidos de 8.326 millones de pesetas. Y dice también que resulta un déficit de 39.368 millones. Pero esto se repite -digo e insisto- del Informe, o de los Informes precedentes del año mil novecientos noventa y dos.

Y hay uno que a nosotros nos llama todavía mucho más la atención, que es el que, en este caso, viene con la numeración de conclusión novena: "No se concreta la aplicación específica de las operaciones de endeudamiento a proyectos de inversión, por lo que no se puede comprobar el cumplimiento efectivo del Artículo 14.2.b de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas", que es exactamente igual que dice el punto siete del año precedente.

Y yo me digo: se puede interpretar de muchas maneras: o que se les pasa, o que se lo pasan porque hay algún tipo de necesidad de pasarlo, o algún tipo de intención en pasarlo. De lo contrario, es muy difícil que se reitere y que, además, pues se planteen como que no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de preocupación.

Y en ese mismo punto o conclusión novena, las operaciones de endeudamiento realizadas por la empresa pública Crystaloid Europe, Sociedad Anónima, 350.000.000 de pesetas, se han efectuado sin solicitar la autorización prevista en la Ley de Presupuesto. ¡Que no me lo invento! ¡Que viene aquí! Y entonces, pues ahí también ya hace una recomendación, porque así como Su Señoría ya ha adoptado el compromiso que en algunos casos le ha planteado por adelantado -y que ya es la tercera recomendación-, pues perfectamente la asumen y... para mil novecientos noventa y siete, tan pronto como fue conocido, según dice Su Señoría. Pues nosotros la conocíamos antes. Pero bueno, lo han reconocido, y dice que para mil novecientos noventa y siete ya está subsanado. La cuarta recomendación, para mil novecientos noventa y siete también está subsanada.

Y entramos en el capítulo de los contratos, y aquí ya hay circunstancias que nos parece que sería interesante que se pudiesen clarificar. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque da la impresión que no sólo no quieren corregir, sino que están tan absolutamente convencidos de estar en la razón que, por ejemplo, en mil novecientos noventa y dos el 68% del importe total de los contratos examinados se adjudicó mediante el sistema de concurso. Y en mil novecientos noventa y tres, ya no es el 68%; es el 86%, del importe total de los contratos examinados se adjudicó mediante concurso.

Y claro, aquí entramos ya en toda la filosofía que Su Señoría nos ha planteado. Y empezamos con si es legal, si es lo conveniente, si ni siquiera ofrece el más mínimo género de duda, si esto puede ser perfectamente reconocido. Y uno que ya es veterano en estas lides, aunque no muy experimentado -he de confesarlo-, pues ha ido observando cómo a medida que progresa el tiempo, desde hace aproximadamente veinte años, pues ya da igual subasta que concurso, que concurso-subasta, que subasta-concurso, que concurso con ofertas triples -que tiene todos los visos de amañado-, que las adjudicaciones directas, de urgencia, de necesidad.

Y claro, curiosa y significativamente, todos estos elementos, al final, terminan planteando, en la propia legislación incluso, que han de considerarse ofertas más ventajosas o meritorias. No dice la legislación más ventajosas para quién. Se supone que para la Administración y, por ende, para la ciudadanía. Pero es que es mucho suponer, porque después, cuando uno va a la realidad contante y sonante -no sólo en esta Administración, en otras Administraciones-, resulta que no concuerda en absoluto con estos planteamientos.

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Y entonces observamos que es un planteamiento que hace como conclusión el Tribunal de Cuentas, que bueno, algo querrá decir, algo querrá decir. Y nos da toda una lección interesante -se lo confieso-; lo que pasa es que va en la línea... Si, si, no, no tengo ningún tipo de inconveniente en reconocerlo, que es interesante por lo aclaratorio de los términos, pero no deja de ser bastante sintomática en la evolución de los conceptos, y que, al final, lo que era lo más interesante por transparente -que era la subasta-, en estos momentos ya no le llega ni a la altura del betún a otros de los conceptos que aquí se plantean. Y que, lógicamente, eso se le dice que es transparencia, primero, con una concepción de lo que dice de llamada ciega. Pues claro. Y que es posible que se amañe desde los subasteros o desde los propios interesados a concurrir, es posible que sí; o a subastar, es posible que sí. Y que es posible que, a lo mejor sea más interesante que esa fórmula lo hagan desde la Administración o desde las Administraciones que desde los que acceden a las subastas; pues es posible que también. Lo que no cabe la menor duda es que, después de todo esto, tendremos que esperar tres años para saber a ciencia cierta -como dice la canción-, "si ahora ya no nos mienten; ahora ya sólo nos engañan". Porque lo que no cabe la menor duda es que estos son planteamientos, que son conclusiones expresas del Tribunal de Cuentas, y digo que tenemos que valernos del Tribunal de Cuentas y no de otra cuestión, e incluso de recomendaciones.

Estará usted o no de acuerdo con las recomendaciones, pero si yo hablaba anteriormente de la incongruencia que es afirmar todo lo contrario para después aceptar los planteamientos que hacen desde el Tribunal de Cuentas en la mayor parte de las recomendaciones, la uno, la dos, la tres, sin embargo, ya cuando se habla de la seis y de la siete, que son las que hacen referencia expresa a que "debería valorarse por los órganos de contratación la utilización de la subasta como procedimiento general ordinario de adjudicación de los contratos de obras, habida cuenta que permite obtener mayores bajas sin perjuicio de garantizar mediante una elaboración y supervisión más rigurosa de los proyectos y mediante el establecimiento de requisitos de clasificación". Y esto mismo lo hace en el siguiente planteamiento en relación con los concursos.

Yo concluyo con una cuestión: fíjese que dice: "Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 76.2 y 86 de la Ley 13/95 de Contratos de las Administraciones Públicas, deberá justificarse la utilización de este procedimiento mediante la acreditación de las particulares circunstancias concurrentes en cada caso". Ya no dice otra cuestión, sino que recomienda la vía de la subasta, pero, en caso de que vaya por la subasta o por el concurso, al menos, justifíquenlo. Porque parece ser que no ha habido ningún tipo de acreditación de las particulares circunstancias concurrentes en cada caso, bien para justificar la utilización del procedimiento de la subasta, o del procedimiento del concurso. Y claro, si al Tribunal de Cuentas la Administración, o quien haya hecho toda esta labor, no le justifica, imagínese lo que nos han justificado a los demás. Por tanto, nosotros entendemos que sí se producen una serie de coincidencias importantes de año a año, sí ha habido -parece ser- la corrección para el año noventa y siete -tenemos que esperar a ver-, y sí hay recomendaciones que, posiblemente, estén en la línea de ir ayudando a clarificar, y no precisamente a invertir el orden o el procedimiento en todo lo que es esto, esta pugna que hay entre los concursos, las subastas, para beneficio no de la Administración sino, de los administrados. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Herreros. Para el turno correspondiente al Grupo Socialista, tiene la palabra don Jaime González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. Muchas gracias. Bien, alguna consideración previa a la primera parte de la intervención de la señora Consejera. Desde luego, nada más lejos que... para este Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de economía que faltar al respeto de esta Cámara, cuestión que además está acreditada por años de permanencia en la misma y de respeto continuado.

En segundo lugar, en segundo lugar, y respecto a no sé qué consideraciones sobre publicaciones en medios de comunicación de determinados documentos, yo creo que eso no es objeto del debate en esta Cámara. Pero ya que entra, bueno, y hablamos de falta de respeto, recuerdo recientemente una petición de este Procurador de documentación parlamentaria, en concreto las cartas que el Presidente Lucas como tales documentos oficiales había remitido a los Ministros del Gobierno. Curiosamente, a los tres o cuatro días, aparecen publicadas en "El Mundo" las citadas cartas. Eso sí que es una falta de respeto, si como tal usted entiende lo otro, evidentemente mucho mayor, porque mucho mayor y mucho más importante es el personaje que comete la segunda y no la primera, que es el Presidente de la Comunidad Autónoma.

En segundo lugar, yo le agradezco sus recomendaciones sobre moderación en el lenguaje, etcétera, pero, desde luego, le niego a usted carta de predicamento en esa naturaleza. No es usted, en absoluto, la persona más adecuada para recomendar a este Procurador ni a ningún otro moderación en el lenguaje y respeto a los demás; en absoluto. Yo creo que... no lo digo yo además, lo dicen hasta los dibujos y las viñetas de los periódicos; recientes además. Por lo tanto, reitero que no le reconozca a usted ese privilegio.

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Realmente, de todo lo demás, yo voy a intentar explicar nuestra postura sobre el Informe del Tribunal de cuentas correspondiente al año noventa y tres. Usted ha dedicado gran parte de su intervención a justificar el concurso, y yo le voy a hacer una recomendación para empezar, después hablaremos de otras cosas. Yo creo que debería usted organizar un cursillo sobre las bondades del concurso y, a ser posible, en la ciudad de Zamora. Y le voy a decir por qué, incluso a quién debe invitar. Yo creo que debería usted invitar al señor Cascos, y le voy a explicar por qué, porque yo creo que tiene importancia también por qué tiene usted que invitar al señor Cascos. Declaraciones del señor Cascos el domingo once de febrero de mil novecientos noventa y seis al diario ABC sobre el concurso: "cuantas más subastas haya, menos tráfico de influencias y menos comisionistas habrá. Donde hay una subasta no hay comisionista ni traficante de influencias. Donde hay un concurso, y no digamos una adjudicación directa, cabe todo". Invite usted a ese cursillo al señor Álvarez Cascos, y además le recomiendo que se lo reitere y repita muchas veces, para que no se le olvide.

Y desde luego, invite usted también a los firmantes de la Proposición de Ley que en el año noventa y dos, noventa y tres presentaron el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, y que voy a leer también textualmente porque convendría que fueran invitados a ese cursillo acelerado de defensa de las bondades del concurso. Decían: "El concurso tal como está regulado..." -y estamos hablando del noventa y tres- "...puede ser usado por las autoridades con un mínimo esfuerzo para otorgar contratos de la máxima cuantía e importancia a quien deseen". Eso decía el Grupo Popular en una Proposición de Ley presentada en el grupo de los Diputados, en el momento en que son objeto de informe las cuentas de la Comunidad. Por tanto, yo creo que deberían ustedes organizar ese cursillo acelerado, porque yo creo que estaría bien; el señor Álvarez Cascos se lo agradecería mucho -seguro, seguro-; le costaría entenderlo, pero a lo mejor hasta llegaba a entender que el concurso es un procedimiento mejor que la subasta.

Por tanto, de verdad, me interesa mucho. Desde luego, yo no sabía lo de las cuarenta y dos alegaciones o remisiones al Fiscal. Estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro que además acierto diciendo quién ha remitido al Fiscal: seguro que allá donde la Oposición es el Partido Popular y el Gobierno es el Gobierno Socialista. Mire, en esta Comunidad Autónoma sólo hemos remitido dos actuaciones al Fiscal, y hemos acertado al 50%: en una, el vicepresidente del Gobierno de Aznar está condenado por prevaricación continuada en el ejercicio de sus funciones como político; en la otra, el Fiscal sobreseyó el expediente. Pues muy bien, hemos acertado al 50%, hemos cumplido reiteradamente con nuestra obligación de controlar al Ejecutivo.

Volveremos después a hablar del citado Consejero de Economía, porque en ese Informe hace una cuestión, una referencia muy interesante a un préstamo sindicado del BEX, que se le ocurrió adquirir en ecus y que nos lleva costada ya la friolera de 895.000.000 de pesetas a esta Comunidad Autónoma. Pero bueno, sigamos adelante.

Da la impresión, señora Consejera de que el Informe del Tribunal de Cuentas sólo lo considera usted válido en lo que le da la razón; en lo que no le da la razón, o está equivocado el Informe del Tribunal de Cuentas -y usted ha llegado a decir "grave error"-, o simplemente se refiere a cosas sin importancia. Ésa es su tesis: el Tribunal de Cuentas sólo me gusta cuando me da la razón; si no me da la razón, o es que está equivocado o es que no tiene importancia, cuestión esa que a mí me parece preocupante. Porque el Tribunal de Cuentas -conviene saberlo-, y conviene... es un informe rigurosamente democrático en su concepción; se elabora un predictamen del Tribunal de Cuentas, se remite a la Comunidad Autónoma, la Comunidad Autónoma hace alegaciones... Por cierto, tengo aquí las alegaciones, éstas fueron las alegaciones que Castilla y León hizo al Tribunal de Cuentas; no una ni dos, muchas. El Tribunal de Cuentas, que es el que tiene que decidir, evidentemente aceptó algunas, y así queda reflejado en el propio Informe cuando o suprime un párrafo o hace constar esto. Por tanto, es un Informe plenamente democrático. Y cuando falta alguna documentación, le reitera a ustedes que se la envíen. Y si no se la envían es porque no consta y no existe esa documentación, porque lo que no quiero creer es que ustedes no se la quieran enviar al Tribunal de Cuentas, o a este Procurador, como hablaremos después del asunto. Por tanto, si ustedes no remiten un informe técnico al Tribunal de Cuentas es que ese informe técnico no existe, porque lo demás sería rebeldía y, desde luego, incurrir en las correspondientes responsabilidades de falta de colaboración con un órgano del Estado como es el Tribunal de Cuentas.

Por tanto, lo que no se le remite al Tribunal de Cuentas de principio o reiterado es que no existe, es que no existe. Por lo tanto, mi opinión es que así está el asunto de claro.

Además, hay que recordar que el Tribunal de Cuentas porque tiene importancia después- actúa por muestreo, y hablaremos de algunos expedientes del año noventa y tres que no ha muestreado el Tribunal de Cuentas y que tienen determinada importancia en esta Comunidad, que han sido objeto de debate recientemente. Desde luego, yo estoy de acuerdo en que el Tribunal de Cuentas no les llama a ustedes delincuentes, no se lo llama, pero en algunos aspectos no digo que se aproxime, pero, desde luego, les llama: omisos, malos administradores y despilfarradores del dinero público. Eso sí lo dice claramente el Tribunal de Cuentas, eso sí lo dice, y lo vamos a ir profundizando poco a poco, incluso con ejemplos concretos, porque ya está bien de hablar de generalidades.

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Por cierto, por cierto, si aquí hubiera un Tribunal de Cuentas, estaríamos hablando de las cuentas del noventa y cinco, no de las del noventa y tres. Y les pongo por ejemplo el caso de Andalucía, donde el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma -que, por cierto, no se llama Tribunal de Cuentas, se llama Cámara de Cuentas de Andalucía- ya ha fiscalizado las cuentas del noventa y cinco, haciendo un buen servicio a los ciudadanos, y no fiscalizando las del noventa y tres. Pero es que ustedes se niegan en redondo, se niegan en redondo a que aquí haya un Tribunal de Cuentas de la Comunidad Autónoma como un elemento básico del control del Ejecutivo, y eso es evidente que no quieren porque no les gusta ser controlados. Eso está clarísimo.

Por lo tanto, por lo tanto, a mí me gustaría, porque es que da la impresión que todo son facilidades: usted comparece, etcétera... De cantidades, ninguna, porque aquí la máxima facilidad es que existiera un Tribunal de Cuentas Regional, que estuviéramos ya en conocimiento de las cuentas del noventa y cinco, y que supiéramos cómo va la cosa. Y además les digo una cosa: en Andalucía, en Andalucía, donde el Partido socialista y el Gobierno socialista en el año ochenta y ocho creó el Tribunal de Cuentas andaluz, ustedes han presentado una Proposición No de Ley en febrero de este año, del noventa y siete, que dice lo siguiente: "El Grupo Popular al Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a:

1.- Realizar cuantas actuaciones sean necesarias para mejorar los recursos personales y materiales de la Cámara de Cuentas de Andalucía.

2.- Proceder a la reforma de la Ley 1/88 de Creación de la Cámara de Cuentas de Andalucía en los siguientes aspectos: a) reforzar el deber de colaboración de todas las entidades, etcétera, etcétera, etcétera..."

Eso es lo que el Partido Popular hace en Andalucía, y aquí, desde luego, nos niega el triste derecho a esta Comunidad Autónoma de tener un Tribunal de Cuentas propio, que nos permitiría en estos momentos estar examinando cuentas mucho más recientes, con mucha más facilidad, y con muchas más posibilidades de llegar a conclusiones interesantes para los ciudadanos. Por tanto, yo creo que eso tiene un cierto interés también, que conviene...

De cualquier manera... una cuestión: cuando usted dice, cuando usted ha referido los objetivos del Tribunal de Cuentas, ha dicho: mi información... y no sé que otra cosa. Yo le voy a leer textualmente cuál es la información, el deber del Tribunal de Cuentas y el objetivo de este Informe: "Determinar el grado de cumplimiento y aplicación de la legalidad vigente en la gestión de los fondos públicos, y determinar la racionalidad en la ejecución del gasto público, basado en los criterios de eficiencia y economía". (Pueden ustedes hablar lo que quieran, señor Portavoz del Grupo Popular, me es exactamente igual; voy a seguir impertérrito con mi intervención.) Y establece, además, el Tribunal de Cuentas cosas como las siguientes. Dice: "Ha tenido fuertes limitaciones -dice el Tribunal de Cuentas- para confeccionar el informe". ¿Y cuáles son esas limitaciones? La inexistencia de contabilidad aplicada al Plan General de Contabilidad Pública. Usted dijo... ha dicho que este año está en aplicación. Lo dijo el año pasado también. ¿Cuál de los dos años nos engañó, aquél o éste? Veremos a ver cómo está el asunto cuando lleguemos a tener el Informe.

Y segundo, segundo: "El presupuesto de gasto por programas adolece de precisión en la definición de objetivos, indicadores y sistemas que permitan un seguimiento y control, por lo que, en consecuencia, no ha sido posible analizar el coste y rendimiento de los servicios públicos, ni verificar objetivamente el cumplimiento de su eficacia".

Señores Procuradores, lo que está diciendo aquí es que gastamos 203.000 millones de presupuesto del año noventa y tres sin ningún tipo de control sobre la eficacia de ese gasto. Ninguno, porque no hay indicadores que puedan... Dice más, dice que en la documentación remitida faltan "el estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de Tesorería, la memoria de... justificativa de los costes y del rendimiento de los servicios -no podía ser de otra manera, porque no los hay-, y la memoria justificativa y demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados...". Tampoco podía ser de otra manera... ¡Eso es gravísimo! Eso es una de las partes más importantes del Informe, porque todavía en el noventa y tres -y lo mismo seguimos en el noventa y siete- no hay indicadores del coste y de la eficacia de los servicios. Gastamos el Presupuesto sin que podamos analizar si está bien gastado o mal gastado. Y ésa es una cuestión de fondo, no me gusta a mí hablar... Por tanto, yo creo que es evidente esta cuestión.

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Bueno, aquí mucho hablar de los contratos, pero a mí me gustaría dar un repaso a alguna de las cifras que dice el Informe, porque yo creo que tienen cierto interés. Pues que las pérdidas del sector público en el noventa y tres ascendieron a 2.072 millones... Yo comprendo que esto es árido, con el sector público que tenemos. ¡Qué sería si tuviéramos un sector público de cierta envergadura! Que las subvenciones de la Junta que aplicaron a resultados las empresas públicas fueron de 911.000.000; que hubo más de 13.000 millones de transferencias de crédito vulnerando la estabilidad del Presupuesto, y que además dice textualmente que fueron especialmente favorecidos los Capítulos II y VII y perjudicado el Capítulo VI de Inversiones -lo dice con esas palabras exactamente-. Y desde luego, hace múltiples referencias... Hasta nos hemos enterado de cómo fue la ejecución presupuestaria, no por lo que diga la Junta, sino por lo que dice el Tribunal de Cuentas. Y dice que en el Gasto Corriente la ejecución fue del 96%; muy alta, como no podía ser de otra manera; estoy harto de decir que a los funcionarios hay que pagarles y que los lápices hay que comprarlos. Y que, en cambio, en Inversiones y Subvenciones en el año noventa y tres, el grado de ejecución fue del 62%. Y eso lo dice también el Tribunal de Cuentas.

Y hace múltiples, múltiples referencias al agujero, hasta llegar a precisarlo con extrema concreción en su página diecinueve y veinte, cuando dice: "Como ya se ha comentado, la Cuenta General incluye 50.950 millones de pesetas de derechos reconocidos en los ejercicios noventa, noventa y uno y noventa y dos, por operaciones de endeudamiento no dispuestas". Luego dice que la Comunidad Autónoma no tiene... no tiene en ese momento 51.000 millones de pesetas que tenía que tener para hacer frente a los pagos y a los compromisos que había asumido. Consecuencias de ese agujero -sobre el que la señora Consejera ha pasado a saltos, para no caerse, supongo, en el propio agujero-: primera, en esta Comunidad Autónoma se han dejado de invertir en estos años 51.000 millones de pesetas, claramente. Faltó la financiación, no hay dinero, no hay inversión; clarísimo.

Segunda cuestión que no tiene cierta... que tiene cierta importancia. A mí me gustaría, además, precisarla un poco. Usted sabe, señora Consejera -porque usted lo sabe todo-, que la Comunidad Autónoma hasta el año noventa y dos... hasta el año noventa y tres hacía operaciones extrapresupuestarias de colocación de remanentes de Tesorería; a lo largo del año hacía operaciones en que cogía dinero que le sobraba, que tenía, y lo colocaba, y lo cargaba. Le puedo decir las cantidades: en el año noventa hizo 41.500 millones de operaciones extrapresupuestarias de dinero, con un saldo medio de 13.450 millones de pesetas, y que le reportaron a la Comunidad Autónoma unos intereses de 1.337 millones. En el noventa y uno, 16.000 millones y le produjeron 438.000.000; en el noventa y dos, 5.000 y le produjeron 62.000.000. Y en el noventa y tres, por último, 5.000 y le produjeron 207.000.000 de pesetas.

A partir del noventa y tres no ha habido ni una sola operación de esa naturaleza porque no tenían ustedes un duro, porque tienen un agujero de esa magnitud y les impedía hacer operaciones así. Por lo tanto, eso ya nos ha costado, en primer lugar, el haber dejado de hacer operaciones de esa naturaleza que generaban unos intereses importantes. Pero le voy a decir más: hasta el noventa y tres, en los... hasta el noventa y tres, señora Consejera, en todas las liquidaciones presupuestarias no se conocía lo que era adquirir un préstamo a corto plazo. No había falta dinero... no hacía falta dinero hasta el noventa y tres; pero en el noventa y tres, que es el año célebre del agujero, aparecen los primeros créditos a corto: 20.000 millones, que nos costaron 1.106 millones de pesetas en intereses; en el noventa y cuatro, 45.000 millones de pesetas de créditos a corto, que nos costaron 1.858 millones de pesetas; y en el noventa y cinco, 41.000 millones, 3.275 millones de intereses. Ése es el coste del agujero: no sólo haber dejado de invertir 51.000 millones en obras, infraestructuras, subvenciones, ayudas, etcétera, en esta Comunidad Autónoma, sino que, además, se han dejado de hacer operaciones extrapresupuestarias que reportaron intereses y, además, se ha tenido que acudir a unas operaciones de endeudamiento a corto plazo que nos están costando, y nos han costado muchísimo dinero en intereses.

Y la demostración es palpable. Liquidaciones de los presupuestos: en la liquidación del noventa y cuatro se dieron de baja 14.035 millones de derechos de ingresos pendientes de cobro; en el año noventa y cinco, en la liquidación se dieron de baja 18.777. Y yo les auguro que en el año noventa y seis, en la liquidación que nos remitan con los próximos presupuestos, se darán de baja a 14.000 millones, que es lo único que queda de aquellos créditos no dispuestos de entonces. Eso es el asunto. Por no hablar, desde luego, de otras cosas que pone el Tribunal de Cuentas, como por ejemplo los funcionarios. Nos enteramos por el Tribunal de Cuentas que en el año noventa y tres había dos mil seiscientos cuatro funcionarios interinos, interinos, y usted, señora Consejera, de interinidades sabe mucho. Por tanto, dos mil seiscientos cuatro interinos. Pues prácticamente sobre trece mil doscientos setenta y ocho, un elevado porcentaje; interinos que se cubren con una entrevista.

Y llegamos al apartado de las contrataciones, que parece un poco como el asunto nuclear de éste... Y lo es, porque tiene cierta importancia. Mire, señora Consejera, ¿qué facilidades ha tenido este Procurador para estudiar este asunto? Pues mire, nosotros pedimos al día siguiente setenta y seis expedientes de contratación, los que nos parecían más interesantes de los doscientos y pico que examina el Tribunal de Cuentas; setenta y seis. Hemos recibido doce. Y se pidieron en febrero; hemos recibido doce. El resto, con la cortesía habitual de la Junta, pues el Consejero de Medio Ambiente nos remite a ver cuarenta y uno a la Consejería a finales de abril; desde febrero a abril para remitirnos a verlos a la Consejería. Y desde luego, el de Fomento hace lo mismo; una parte nos remite a verlos a la Consejería en dos plazos, en dos tiempos, porque se le olvidaron dos, y primero recibo una carta con doce y después escribe otra carta con dos restantes.

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Desde luego, del veintiuno de abril que salió la carta de la Consejería de Fomento, hasta ahora, poco tiempo hemos tenido de ir a ver esos documentos. Pero sí hemos examinado detenidamente los doce que nos han enviado. Y como el asunto se gana por goleada, le voy a precisar algunas... por no hablar del pájaro, el mar y las flores, por hablar de cosas concretas que yo creo que tiene bastante interés el asunto.

Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. ¿Quiénes nos han remitido expedientes? Pues, tres Economía y Hacienda; cinco Agricultura y Ganadería; y siete Sanidad y Bienestar Social.

Bien, ¿por dónde empezamos? Pues, por ejemplo, por los de Sanidad y Bienestar Social, que está bien, y examinamos algunos expedientes. Por ejemplo: Centro de Salud de El Espinar. Bien, se convoca el concurso: 81.000.000 de pesetas es la obra, y se reúne la Comisión de Contratación... la Mesa de Contratación, y al final se levanta y dice: "se da por terminada la sesión y se eleva al órgano de contratación para que proceda a la adjudicación, previo informe de los técnicos de esa Consejería, una vez estudiadas las ofertas presentadas". No existe informe de los técnicos. Es rigurosamente falso que exista: a) resuelve el Director General por oficio, transformando la adjudicación, que es un acto técnico -como usted muy bien ha dicho-, en un acto político. El Director General, que es un cargo político, resuelve sin informe de los técnicos, porque la Mesa de Contratación lo único que se había preocupado era de relacionar las ofertas, lo único; y no recomendaba nada.

Bueno, pues todo no hubiera tenido importancia, si se hubiera adjudicado a la más barata. Pero bueno, qué mas da que organice el Director General, que los demás... si al final el adjudicatario es el más barato. Bueno, pues no; no es el más barato, porque había seis más baratas que la adjudicataria. La obra era 81.000.000, se adjudica en 74.000.000 y había una admitida en el concurso, con todos los sacramentos, que ofrecía 66.000.000 de pesetas; diez puntos menos. Y no se le adjudica por una decisión política del Director General.

Centro de Salud en Villoria (Salamanca): 88.000.000 precio de licitación; 77.000.000 adjudicación. Lo mismo, la Mesa de Contratación dice: son éstas las ofertas. Remítase al órgano de contratación para que, previo informe de los técnicos de la Consejería, proceda a su adjudicación. Nuevamente no hay informe de los técnicos. Pero bueno, si se le hubiera adjudicado también a la más barata, pues tampoco pasaba nada. Bueno, pues de eso nada; hay ocho más baratas en este caso. Antes ganábamos por seis-cero, ahora por ocho-cero; ocho más baratas, ocho. Algunas de ellas de determinada cuantía. Por lo tanto, realmente es improcedente esta cuestión.

Seguimos. Segunda y Tercera fase del Proyecto de Rehabilitación de los Servicios Territoriales de Sanidad y Bienestar Social de Soria. La misma operación, pero aquí aparece un informe del Jefe de Servicios de Asuntos Generales, y dice que es verdad que hay una oferta que es más cara que otra, pero que dado que el contratista es de Soria, y que por facilidad, pues se adjudica al más caro. Y ni corto ni perezoso, va el Director General y adjudica al más caro. Pero bueno, ¿dónde está eso reflejado en los pliegos de condiciones técnicas? ¿Dónde en el pliego de condiciones administrativas particulares -que es una acusación grave que hace el Tribunal de Cuentas- dice que la naturaleza o el sitio de donde es natural el contratista influye en la adjudicación?, ¿dónde dice eso? Lo dice el Director General, transformando -repito- una adjudicación, que es una cuestión técnica, en un acto político.

Y qué decir, por ejemplo, de la cartografía de algunas provincias, fundamentalmente Zamora. Licitación: 41.000.000 de pesetas; adjudicación a una empresa en 35.000.000 con un coeficiente de adjudicación del 0,83. Pero, ¿y por qué? Hay otras dos empresas con los mismos puntos, con los mismos ocho puntos todas ellas, y con ofertas más baratas. ¿Por qué, si la puntuación en el concurso es la misma, por qué se adjudica a la más cara de entre ellas? Es que no tiene sentido, salvo que el Director General tuviera algún tipo de compromiso.

Bueno, pues esto está generalizado, y es a lo que se refiere el Tribunal de Cuentas. Y le voy a explicar ahora por qué digo que está generalizado, porque tiene un fin -sí señor Aguilar, ya voy acabando-. Mire, de esa forma, sin informes de los técnicos, sin informe de los técnicos, como un mero acto político de los altos cargos de la Administración Regional, se adjudicaron, de los proyectos muestreados por el Tribunal de Cuentas, 5.845 millones; que como sólo es una parte, es evidente que al final sean 10 ó 12.000. Y que si descubriendo si sobre doce expedientes que me han mandado, en todos existe ese problema, podemos extrapolar con bastante fundamento que en el resto también existe.

Eso es a lo que se refiere el Tribunal de Cuentas cuando dice que no se defiende el interés general; eso es lo que dice el Tribunal de Cuentas. Y tiene toda la razón del mundo. No es un grave error del Tribunal de Cuentas; es la pura realidad. Es que se adjudica sin informes técnicos, es que se adjudica por un mero acto político discrecional, cuando no arbitrario, del Director General de turno. Y les puedo decir quién era el Director General entonces de Carreteras, cuando se adjudicaron unas cuantas obras de Fomento -el señor Díaz Ripa- sin concurso. Informe de los técnicos: ninguno. Y en el año noventa y dos también, ¿eh?, y si quiere le doy la relación también del año noventa y dos, para que no tengan ninguna duda.

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¡Hombre!, una de la Consejería de Economía y Hacienda: Seguridad y Vigilancia. Bueno, aparte de que falta el pliego de condiciones administrativas particulares, que no nos lo han mandado -y si no nos lo han mandado es que no existe, porque tendría narices que nos engañaran-, pues falta también informe de los técnicos, y se adjudica a Prosesa. ¿Y por qué? Porque es la que lo está haciendo. No es la más barata, hay otra más barata, bastante más barata. Pero hay un informe que dice: "como ésta es la que lo está haciendo y lo está haciendo bien, pues que siga". Eso sí, que siga más cara.

¡Pero cómo es posible eso! ¿Qué pasa? Que, entonces, las empresas nuevas que lleguen a operar en todo el sector, no van a poder operar porque hay otra que ya está haciendo el servicio, y como lo hace bien, aunque sea más caro, ya no puede entrar en el sector.

Eso es lo que pasa sobre doce informes que nos han remitido y espero que me manden las setenta y cinco restantes para hacer un análisis minucioso de ellas, porque yo les garantizo que le voy a hacer, no me voy a quedar nada en absoluto, voy a hacer un análisis minucioso.

Y, fíjense, les puedo decir además que yo creo que el Informe del Tribunal de Cuentas no va contra la Junta. Porque les recuerdo algún contrato del año noventa y tres bastante emblemático -si lo encuentro, que yo creo que casi seguro que sí lo encontraré-. Había algún informe en aquel año noventa y tres -es que fue un año muy para ....-. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, que el primer contrato de Tecnomedia, donde aparecen las empresas Tecnomedia y Duero Press, aquellas empresas que tenían los mismo dueños, aparecieron en el noventa y tres? Pues fue en el noventa y tres cuando la Consejería de Medio Ambiente adjudicó por 10.000.000 de pesetas la confección de la memoria de actividades del año anterior a Tecnomedia.

¿Y ustedes se acuerdan de una señora que se llamaba... que era Eurodiputada del PP, y que era titular de una empresa que se llama Ecoconsul, y a la cual hubo bastantes adjudicaciones directas, no siendo la más barata, en absoluto, que también...? Pues también fueron en el año noventa y tres.

¿Y se acuerdan de los dos valencianos, aquel que decía: "estoy en política para forrarme", y su amigo, amigos a su vez de Lucas, del Presidente? Delta Agraria, Delta Agraria -así se llamaba la empresa-. Y el Presidente Lucas tuvo que, además, ser corregido, porque salió imprudentemente -ya le pasa últimamente más de una vez-, salió imprudentemente a decir que se le había adjudicado a la oferta más baja, y tuvo que salir a corregirle y demostrar que no era la oferta más baja, en absoluto, y así aparecía perfectamente reflejado -ya lo encontré- en un determinado periódico.

Lucas no dijo la verdad, no la dijo. Había otras once o doce ofertas más baratas, pero había que adjudicárselo a sus amigos valencianos. Y todo eso en el año noventa y tres, todo sin informes técnicos. A eso se refiere el Tribunal de Cuentas, a eso se refiere el Tribunal de Cuentas cuando habla de que no se respeta el interés general, no se respeta el interés general.

Bueno, dejaremos alguna cosa para la segunda vuelta, porque yo creo que es interesante. Pero hay más, es que hay más. Yo creo que el Informe del Tribunal de Cuentas es meridiano. Y yo destacaría, desde luego, como elemento diferencial de otros informes de Tribunales de Cuentas, y tengo aquí los últimos de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha... Por cierto, el de Castilla-La Mancha aprobado por la Asamblea -cosa que no se hace aquí- con la abstención del Grupo Popular. No votó en contra el Grupo Popular, por cierto, por si acaso tiene usted alguna duda o algún intento de decir alguna cuestión de esa naturaleza... El agujero, y, desde luego, que los sistemas de contratación no respetan el interés general de los ciudadanos de Castilla y León.

Todo lo demás podría ser considerado como cuestiones administrativas. Esas dos cosas, desde luego, se derivan claras responsabilidades políticas, acciones de esa naturaleza.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor González. Tiene el turno don Francisco Aguilar, por el Grupo Popular.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. En primer término, vaya por delante, pues, nuestro agradecimiento a la Consejera por su comparecencia, a petición propia, ante esta Comisión de Economía y Hacienda.

Pero, en segundo lugar, tengo que señalar, bueno, pues mi profunda decepción por una serie de cuestiones que yo creo que hay que analizar también pausada y serenamente, y sin... a ser posible lo más objetivo que se nos permita.

En primer término, yo me he preguntado, después de haber oído las intervenciones de los anteriores Portavoces, señora Consejera, si tenemos un Tribunal de Cuentas eficaz, si tenemos un Tribunal de Cuentas ineficaz, o si tenemos un Tribunal de Cuentas que no sabe por dónde se anda. Y verá usted por qué voy a razonar así.

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Resulta curioso que si el Tribunal de Cuentas... resulta curioso que si el Tribunal de Cuentas no detecta ninguna irregularidad, no detecta ninguna irregularidad, si el Tribunal de Cuentas no inicia ningún expediente de alcance contable, si el Tribunal de Cuentas lo único que hace son recomendaciones, resulta curioso -lo repito una vez más- que aquí se ponga en tela de juicio que la Junta de Castilla y León comete irregularidades, que realmente lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, cuando no ha habido un sólo, un sólo expediente iniciado a la Junta de Castilla y León, cuando, cuando el Tribunal de Cuentas ha detectado, desde el año mil novecientos ochenta y nueve al año mil novecientos noventa y tres -y podemos leer las diferentes Comunidades a las que afecta-, cuarenta y dos actuaciones, ha tenido que producir cuarenta y dos actuaciones, de las cuales veintitrés son reintegros de alcance, Señoría.

Y en ese caso, por supuesto, yo no entiendo cómo aquí todo es un desbarajuste, cómo aquí se trata, pura y simplemente, en definitiva, de hacer un discurso que no corresponde a la realidad, que es un discurso sesgado, que es un discurso, además, sectario, y donde, y donde realmente existe una carga de intencionalidad política de ataque, acoso y derribo a la Junta de Castilla y León. Eso es así.

Nosotros entendemos, señora Consejera, que el discurso... perdón, que el Informe del Tribunal de Cuentas es tremendamente positivo, como lo llegó aquí a reconocer el propio Consejero del Tribunal, que presentó el Informe en este mismo Castillo de Fuensaldaña. Y que, evidentemente, hay defectos; pero formales, defectos formales. Por supuesto, nunca en todo el Informe se habla de irregularidad. Y quien manifieste que se habla de irregularidades, miente ante esta Comisión; miente, pura y simplemente. No dice la verdad, falsea los hechos. Solamente al folio treinta y nueve se habla y se utiliza la palabra irregularidad -y ya lo hemos dicho aquí- en un proyecto de una empresa pública.

Yo creo que, señora Consejera, nos ha explicado usted perfectamente cómo, evidentemente, la Junta de Castilla y León, una vez que conoce el Informe, trata de llevar adelante y trata de introducir las correspondientes recomendaciones que el Tribunal de Cuentas le dicta, tanto en torno a la implantación de un sistema de contabilidad pública. Pero no es menos cierto, por supuesto, que tenemos un sistema -como usted mismo nos ha dicho- de información contable, SICCAL, que ha permitido sin duda llevar a cabo, como no puede ser menos, la labor del propio Tribunal de Cuentas.

Pero todavía hay más. Lógicamente, uno se queda sorprendido cuando se nos informa que somos la tercera Comunidad Autónoma que hemos puesto en vigor ese sistema, que hemos puesto en vigor. Y, por lo tanto, entendemos que, dentro de las recomendaciones que se hacen por el Tribunal de Cuentas, la Junta de Castilla y León está cumpliendo.

Nos satisface, por supuesto, también, señora Consejera, lo que usted nos ha anunciado aquí, en relación a un borrador de Orden, que pretende usted que entre en vigor en el año mil novecientos noventa y siete, en relación a los indicadores o sistemas de seguimiento y control presupuestario por programas, cuando ni la Administración General del Estado, por supuesto, ni ninguna Comunidad Autónoma lo tiene.

Pero aquí se ha hablado de todo por activa y por pasiva, aquí se ha hablado de expedientes, aquí se ha hablado de contratación, se ha dicho que eso es el núcleo fundamental, que eso es el núcleo fundamental, por supuesto, del Informe del Tribunal.

Y a este Procurador, a este Procurador, realmente, todo eso que no son irregularidades en absoluto -y que quiero que quede muy claro ante la opinión pública y ante los medios de comunicación-, le ha llevado también a hacer alguna investigación, como no puede ser menos, y como en definitiva, y lógicamente, pues hay que venir preparado a estas Comisiones, donde se viene -yo creo- no a criticar el Informe de un Tribunal, sino a hacer el discurso que nos conviene, pero, en definitiva, yo creo que con poca objetividad. Aquí hay que venir con papeles, aquí hay que venir con datos, y aquí hay que venir con cifras.

Y vamos a ver algunos papeles, o vamos a ver algunos datos. Por ejemplo, señora Consejera -y como aquí se ha mencionado la existencia de... informes por parte de la Junta de Extremadura, los Informes del Tribunal-, lógicamente, yo me tengo que referir a alguna actuación que tengo aquí y que, presuntamente, entiendo que debe de ser alguna irregularidad importante de la Junta de Extremadura.

Por ejemplo, yo voy a citar una. Tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí una carta que firma don Francisco Amarillo Doblado -que creo que era entonces, el doce de noviembre de mil novecientos noventa, el Consejero de Agricultura, Industria y Comercio de la Junta de Extremadura-, cuya carta dirige a don Florencio Hidalgo Barquero del Rosal, que es Presidente de la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A., y fechada en Mérida esta carta el doce de noviembre del noventa, le dice: "Muy señor mío..." y tomen ustedes debida nota, señores Procuradores, porque realmente hay una gran diferencia de cómo actúan unas Administraciones a cómo actúan otras, y verán ustedes lo que sucede; es realmente importante, y luego veremos lo que dice de esto el Tribunal de Cuentas, porque es interesante.

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Le dice al mencionado señor don Florencio Hidalgo Barquero del Rosal: "Muy señor mío, la presente es para comunicarle que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura -estamos hablando del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura-, en sesión celebrada el dos de octubre de mil novecientos noventa, ha acordado el desembolso de 388.000.000 de pesetas a la Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura, S.A. De esta cantidad, como ya le he anticipado verbalmente..." -aquí no debía de haber ni concurso, ni informes de nadie, no; llama por teléfono y dice: ya se lo he dicho a usted verbalmente, ahora se lo digo a usted por escrito-. Dice: "De esta cantidad, como ya le he anticipado verbalmente, 250.000.000 de pesetas deberán ser destinados para la operación Esterlam, S.A., a fin de que los mismos sirvan para garantizar el préstamo que el Banco Hispano Americano le va a conceder".

Y, curiosamente, este señor, don Francisco Amarillo Doblado -esto es de cosecha propia, yo me lo permito decir- o es cándido o poco listo, o es cándido o poco listo, dice en la carta, subrayada -de lo cual le facilito a usted si quiere fotocopia, o al resto de los Procuradores de su Grupo-, dice en esta carta, subrayado: "En el futuro, buscaremos la fórmula para reponer estos fondos que ahora hemos desviado a otros fines". Y aquí está el documento. Y este documento obra en el Tribunal de Cuentas, cuando está examinando las cuentas de Extremadura.

Y claro, entonces, este Procurador, donde aquí... Porque, evidentemente, el Tribunal recomiende, recomiende, se hace procesión por todas las capitales de provincia de la Comunidad, se cita a todos los medios de comunicación, se les dice: "la Junta de Castilla y León es irresponsable, opera mal, actúa con ilegitimidad en el sentido de las contrataciones". En definitiva, cuando eso sucede veamos qué dice, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas, qué dice el Tribunal de Cuentas, o cómo califica concretamente los Servicios Jurídicos del Estado esto.

Y tengo también aquí el documento. Si usted quiere también le facilito una fotocopia, pues se la voy a mandar a usted, porque, sin duda, esto lo examinará usted con el mismo detenimiento, con la misma profundidad que usted examina los expedientes de la Junta de Castilla y León. Examínelo, porque -se lo recomiendo- es sumamente interesante. Me voy a limitar solamente a leer un párrafo de la página cuatro del Informe del Servicio Jurídico del Estado, donde se dice: "A la vista de esto..." -son los antecedentes; se está refiriendo a la operación de la carta que yo he transcrito antes, que he leído antes, perdón-, "...podría decirse que es apreciable ya la exigencia de una responsabilidad contable por alcance, tipificada en el Artículo 72.2 de la Ley de Funcionamiento de este Tribunal como malversación de caudales o efectos públicos, al haberse producido una aplicación a usos distintos a aquellos a los que estaban destinados".

Esto, Señoría, esto es una irregularidad. Lo que usted nos ha contado son chistes, pura y simplemente chistes, en los que usted se divierte mucho, en los que usted hace mucho hincapié, pero que no demuestran nada, absolutamente nada. Usted tiene que reconocer -y si no lo hace así, señora Consejera, habrá que decírselo de otra manera-, usted tiene que reconocer que el Tribunal de Cuentas, señora Consejera, al no establecer ningún tipo de irregularidad, de ninguna manera, de ninguna manera, señora Consejera -se lo digo a usted, y me estoy refiriendo a la señora Consejera-, al no establecer ningún tipo de irregularidad en el año mil novecientos noventa y tres en el Informe, lógicamente, lo que está dando son las bendiciones a la Junta de Castilla y León.

Me estoy refiriendo a la señora Consejera, pues ya queda precisado... y no estoy, por supuesto, amenazando. Digo que habrá que decirlo de otra manera para que, evidentemente, se entienda. Es decir, no hay irregularidades, no hay irregularidades. Pero aquí se dice: "las hay". No hay ninguna actuación del Tribunal, pero aquí se insinúa, y se deja verter, y se deja caer, que tal vez las pueda haber.

Pero también este Procurador, también este Procurador, pues en el ejercicio lógico de su investigación -como no puede ser menos-, y aparte de este caso, y aquí cuando se ha hablado y se ha dicho: "hombre, ustedes lo que pagan solamente es el Capítulo I y el Capítulo II". Pues mire usted, en la misma Comunidad Autónoma, en Extremadura, concretamente, se reconocen gastos de personal, se reconocen gastos de personal por 58.000.000 de pesetas más que el total de las nóminas del ejercicio. Esto también está en el Tribunal de Cuentas.

Yo diría, yo diría que ¿qué es esto? ¿Es una irregularidad o es que pagan a voleo? ¿O es que pagan sin control? Cuando se nos ha dicho aquí: "gracias al Tribunal de Cuentas conocemos los dos mil y pico funcionarios que existen en esta Comunidad". Yo creo que en la Comunidad de Extremadura no conocen los que son. Y si conocen los que son, sin duda les pagan, bueno, pues sin tener en cuenta para nada el Presupuesto.

Yo creo también, señora Consejera, para que tome usted nota, es que irregularidad puede serlo también el que no se justifiquen 57.000.000 de pesetas en el apartado de pagos a justificar, y que el Fiscal diga que se interesa que se remitan los testimonios adecuados a la Sección de Enjuiciamiento. Y yo digo también, señora Consejera, que irregularidad es -además de desfachatez- que en mil novecientos noventa y tres, por ejemplo, la Comunidad de Murcia -entonces bajo mandato socialista- aprobara un Decreto, aprobara un Decreto que permitiese, además de las dietas por manutención y desplazamiento, cobrar a sus altos cargos y miembros del Consejo de Gobierno 22.500 y 27.500 pesetas diarias respectivamente como gastos de difícil justificación. Y como consecuencia de lo anterior, señora Consejera, irregularidad es que, derivado de los viajes a municipios de pueblos limítrofes de duración, por supuesto, inferior a doce horas, se hayan percibido más de 7.143.000 pesetas que hay que reintegrar. Ésas son irregularidades, señora Consejera, de la Junta de Castilla y León.

Ahora bien, que aquí, de todo esto, se quiera hacer tabla rasa, que aquí se impute, se impute, además, de manera despiadada, de manera despiadada, la existencia de irregularidades cuando no son más que defectos formales, lógicamente, entendemos que existe una gran diferencia.

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Hablemos de los concursos. ¿Por qué no hablar de los concursos? Yo, de lo que he oído, señora Consejera, saco la impresión de que se distingue muy mal... o distinguen... no, aquí, en la Comunidad de Castilla y León, distinguen muy mal algunos Portavoces lo que es el concurso y la subasta. Yo creo que no lo distinguen perfectamente bien, y entonces, claro, de ahí viene la confusión, y de ahí viene, realmente... bueno, pues un discurso un tanto demagógico que interesa.

La pregunta del millón es ésta: ¿Quién puso a la misma altura el concurso que la subasta? Pues en la Ley de Presupuestos del año mil novecientos noventa, el Gobierno Socialista entonces, que modifica el Artículo 28 de la Ley de Contratos del Estado. ¡Pero si esto es así! Pero si son ustedes los que han elevado a la misma categoría, por entender que el concurso es igualmente eficaz que la subasta, y es, por supuesto, tendente -y lo mismo que la subasta- a la defensa de los intereses públicos de los ciudadanos. Si es, por supuesto, plantearlo como ustedes lo hacen, cuando son ustedes los progenitores de la criatura en ese Artículo 28 del texto legal al que he aludido, nos tendrían ustedes que dar ahora una explicación, como la están dando contraria. Pero ciertamente, pero ciertamente, lo que hemos oído aquí, pues realmente, en torno a los concursos, no produce a este Procurador mayor preocupación.

Los concursos, los concursos, evidentemente, al estar al mismo nivel que las subastas, son ni más ni menos que una oferta pública para que concurra quien quiera, que no vincula a la Administración, por supuesto, como vincula la subasta a un precio, y que, por supuesto, la subasta -y todos lo conocemos-... y usted ha utilizado el término... ha utilizado aquí el término "subastero", cuestión que a mí realmente no me gusta; yo creo que se ha utilizado el término "subasteros" aquí, y creo que ese término a mí no me gusta, pero bueno, eso es una apreciación personal mía, resulta, resulta que se presta también -y todos lo conocemos, y todos lo conocemos- a que existan, a que existan pues algunas... algunos convenios bajo cuerda, donde el menor precio, bueno, a lo mejor se compensa con algún otro reparto entre los propios licitadores, entre los propios licitadores. Eso la subasta, eso la subasta.

Por lo tanto, Señoría, y ya ampliaremos más detalles en la siguiente intervención, nosotros creemos, y cree nuestro Grupo Parlamentario, que debe usted seguir por la línea que está marcando la Junta de Castilla y León, en el sentido de aceptar las recomendaciones del Tribunal, ponerlas en práctica cuanto antes, dotar a nuestra Comunidad de los mejores elementos de control. Y en definitiva, Señoría, dejar muy claro también -como no puede ser menos- que el concurso no es una figura a dedo, que eso es otra falsedad, y que eso es otra mentira, eso es otra falsedad y eso es otra mentira, y que, en definitiva, el concurso es una fórmula tan lícita como cualquiera otra.

También hay errores, también hay errores, que yo he oído en intervenciones anteriores, en las cuales... aquí se ha alardeado por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de haber mandado dos casos al Fiscal y haber ganado el 50%; se ha alardeado. Pues, mire usted, el Tribunal de Cuentas no ha mandado en esta Comunidad ningún caso al Fiscal, ninguno. Y usted ha dicho que el Tribunal de Cuentas actúa democráticamente. ¡Pues mire usted qué bien! Pues democráticamente tengo que decirle a usted que nuestra actuación está dentro de la legalidad y es lícita. Hay otras que no, hay otras que no.

¿Y por qué, y por qué no vamos a dejar aquí de comentar, por ejemplo, la inexistencia de concursos en la Confederación Hidrográfica del Duero? ¿Por qué no? ¿Y por qué nos vamos a privar de ello cuando afecta a nuestra Comunidad? ¿Y por qué cuando se dice, por ejemplo, que el modus operandi de la Confederación Hidrográfica del Duero, en los tiempos en que eran ustedes los responsables de la Confederación Hidrográfica del Duero, la Confederación mandó ejecutar unas veinte obras sin el correspondiente expediente de contratación? ¿Y para qué? Pues para justificar un desfase de 1.000 millones de pesetas, ni más ni menos. Eso, por ejemplo, es un dato.

¿O por qué no, o por qué no señalar que el Tribunal de Cuentas, en las cuentas del Estado, revela un déficit de 926.731 millones de pesetas, y déficit, por supuesto, que estaba encubierto? ¿Por qué no? ¿Y por qué no hablamos, si quieren ustedes también, de lo que hemos encontrado en el Instituto de Crédito Oficial, cuando el Gobierno oculta en el ICO 177.542 millones de pesetas?

Todo esto, todo esto, todo esto, realmente, Señorías, sería motivo también de que el Procurador -que, indudablemente, yo le reconozco su gran capacidad de trabajo y su gran esfuerzo por investigar los temas de esta Comunidad- se preocupara un poco un día de investigar alguno de estos temas, que yo le apunto pura y simplemente como referencias, como referencias. Claro que obra en muchos sumarios lo que yo estoy diciendo y, por lo tanto, ahí se verán las situaciones en las cuales cada uno deberá encontrarse.

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Y ahora, por último y para terminar, sí conviene decir, por ejemplo, que en las actuaciones del Tribunal de Cuentas en las que ha llevado a cabo la Sala de Enjuiciamiento por irregularidades en las Comunidades Autónomas, en cuanto a piezas separadas, concretamente, en Murcia ha llevado a cabo cuatro actuaciones que han dado lugar a cuatro reintegros por alcance; en la Comunidad de Madrid, en la época del señor Leguina concretamente, diecinueve actuaciones de reintegro por alcance; en Extremadura, nueve actuaciones de reintegro por alcance. Y no voy, tampoco, a obviar ni a decir que en La Rioja son cinco, que en Cantabria son tres, que es una en Castilla-La Mancha y que es una en Aragón. Pero sí digo que son cero en la Comunidad de Castilla y León; cero. Y ese cero supone que no hay ninguna irregularidad grave. Ese cero supone eso. Y eso no es ninguna clave, ni ninguna sigla. Es un cero como una catedral: 0%, ni un solo expediente; que quede muy claro. Ahora, vistamos la mona como queramos, si eso es problema de cada cual; y hagamos el discurso como queramos, si eso corresponde al libre albedrío de los Procuradores. Pero digamos la verdad: ni una sola irregularidad. Y el término irregularidad en la Ley de creación del Tribunal es el más importante de los términos que pueden obtener. Aquí hay juristas, por supuesto, que sin duda saben lo que estoy diciendo, sin duda, sin duda.

Por lo tanto, Señoría, nosotros lo que decimos es: continúe la Junta de Castilla y León por este camino. Si, en definitiva, cada vez estamos mejorando en esos aspectos formales, puramente formales. Porque en los de fondo ya no podemos mejorar más; el cero es el ideal, ya no podemos mejorar más. Continúe usted en ese camino, señora Consejera; cuenta usted con el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario, y cuenta usted con el respaldo de nuestro Grupo Parlamentario.

Y responsabilidades políticas de las que aquí... bueno, se habla de todo, se habla de todo, y se cuenta de todo, pues entendemos que las tendrán en otras Comunidades; concretamente en las que he citado. Pero en ésta, ninguna, aquí ninguna, mientras no se nos demuestre lo contrario. Y hasta este momento no se nos ha demostrado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Aguilar. Tiene la palabra, para dar respuesta a todas las preguntas planteadas, la señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Gracias, Presidente. Procuraré hacerlo, además, por orden. Agradezco, en primer lugar, al Grupo Mixto el que considere que sí tiene importancia la comparecencia. No voy a entrar en las cuestiones que ha hablado de si son técnicas o políticas, yo tampoco estaba en el noventa y tres, pero, lógicamente, me tengo que responsabilizar de lo que aquí se ha hecho en los años anteriores.

Respecto a las adjudicaciones, a las que me gustaría hacer una referencia general, no solamente contestando al Grupo Mixto, sino también a Izquierda Unida y al resto... al Partido Socialista, no dude usted que las adjudicaciones -si hubiera alguna irregularidad, como le he dicho- irían al Fiscal.

Me alegra que a continuación el representante del... de Izquierda Unida haya hablado ya... y haya obviado ya decir irregularidades, porque no existen. Efectivamente, ha hablado de recomendaciones, cosa que le agradezco, porque hoy estamos hablando en los términos justos del lenguaje.

En todo caso, quisiera decir una cosa -y me van a permitir que en este sentido haga un símil, porque soy Inspector de Hacienda-: creen ustedes... les hago una pregunta: todos los contribuyentes que va a ver la Inspección de Hacienda, ¿son delincuentes? No señor. La Inspección de Hacienda hace visitas inspectoras a todos y cada uno de los contribuyentes a los que puede allegar; muy pocos salen con actas de comprobado y conforme; muchísimos administrados y empresas tienen una serie de recomendaciones de la Inspección de Hacienda que no llevan aparejada ninguna sanción, y que aceptan, bien desde un punto de vista contable, o bien desde un punto de vista forma, y las incorporaran sucesivamente en los ejercicios posteriores a la Inspección de Hacienda. Y los que realmente consideramos que ha lugar a alguna irregularidad penal se da cuenta al Fiscal y van por delito fiscal, lo cual lleva su procedimiento. Pues una cosa similar pasa con el Tribunal de Cuentas.

Y a propósito de eso, me gustaría decirle al representante de Izquierda Unida que está diciendo que el Tribunal hace recomendaciones, que siempre hace recomendaciones y que... ¿Conoce usted algún informe -y me gustaría que me lo proporcionara- de alguna Comunidad o de la Administración Central del Tribunal de Cuentas de algún año donde no haya recomendaciones? Me gustaría, por favor, que, si lo conoce, me lo hiciese llegar. Porque le digo yo a usted que es imposible, por varias razones.

La primera. Los criterios contables -y los que tengan alguna especialidad en esta materia lo saben- son dispares, hasta tal punto que, incluso cuando desde la Inspección de Hacienda se comprueban los bancos, tienen una legislación fiscal del Estado y una legislación bancaria que a los inspectores de Hacienda incluso parte de su legislación nos vincula. Y hay cosas y recomendaciones en las inspecciones que se hacen en los bancos que sigue la normativa y las normas que les dicta el Banco de España, y, fiscalmente, algunas veces son incompatibles. Y nosotros recomendamos que a partir de ahí se haga eso. Pero a veces las normas contables están por debajo de las normas del Banco de España, también desde un punto de vista contable. Luego recomendaciones contables, todas, porque la contabilidad -si alguno de ustedes es experto- admite varios criterios de contabilización. Casi todas las cosas se contabilizan... se pueden contabilizar de varias maneras: criterio de devengo, criterio de caja, y muchísimos más criterios, a propósito de los cuales podré entrar cuando usted habla del agujero, de los remanentes de Tesorería y de otra serie de cosas. No existe nada, existen diferencias contables -que se lo voy a demostrar a usted ahora mismo- por el criterio que nos seguimos.

De todas maneras, me gusta... vamos, me estima demasiado, como para hacerme a mí más caso que al Tribunal de Cuentas. No señor. Y además no hay ninguna incongruencia con lo dicho por mi parte.

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Primer punto. Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas -y lo he dicho en mi intervención a la que parece que no ha hecho caso- han sido tenidas en cuenta por esta Administración cuando han podido ser conocidas. Primer punto.

Segundo. Las que son viables, y habrá otras que a lo mejor no aceptamos nunca, porque nuestra posición es la que es, y a lo mejor no aceptamos el cambio de criterio contable, porque estamos convencidos de que está bien hecho, cosa que dirá... seguirá diciendo el Tribunal. Y ojo al dato -como se suele decir-: les emplazo a ustedes a que dentro de unos años, cuando se sepa -que ahora ya se va mucho más deprisa en la fiscalización del Tribunal de Cuentas, y en breve no tardaremos muchos años en conocer los ejercicios siguientes-, les emplazo a que vean cómo va a cambiar de criterio el Tribunal de Cuentas respecto de la subasta y el concurso. Porque le he dicho hasta la saciedad que cuando estamos hablando del noventa y tres -que es lo que usted me está diciendo- y del noventa y dos... por supuesto que existen casi las mismas recomendaciones en el noventa y dos que en el novena y tres. ¡Como que no las sabíamos y no las hemos podido corregir! Luego se estaba haciendo con los mismos criterios. Y es que en ese momento no existía la nueva Ley de Contratos que equipara... aparte de la Ley de Presupuestos del noventa -que ha hecho referencia el representante del Partido Popular-, no existía la nueva Ley de Contratos donde se establece un criterio diferente. Luego difícilmente en el noventa y tres -y hay que hacer un traslado de la mente hacia atrás, aunque estemos en el noventa y siete- el Tribunal de Cuentas puede decir que hagamos esto que no existía.

Por lo tanto, lo está mirando desde la óptica de mil novecientos novena y siete -como es lógico-, y grandes esfuerzos hay que hacer... y de eso también yo sé muy bien, porque cuando vamos a inspeccionar a alguien lo vamos a inspeccionar cinco ejercicios para atrás, hasta que no ha prescrito; donde manejamos muchas leyes de presupuestos y mucha normativa; y muchas veces hay que hacer un esfuerzo por no aplicar la normativa que en ese momento está vigente. Lo cual no significa que no se recomiende lo que se debe de hacer.

Por lo tanto, son criterios contables, y usted... así se lo quiero, de verdad, demostrar.

El Plan General de Contabilidad -dice usted- no dicen que no existía, sino que se ha aplicado. No, él dice que no se ha aplicado; no sabe si existe o no existe; lo podíamos tener guardado y no aplicarlo. Quiero decir: él no nos puede decir que no se está aplicando. Por si ustedes no lo saben, el sistema de contabilidad pública es el sistema general de partida doble, implantando por la Administración Central, y que las Autonomías -como hemos dicho- somos la tercera en implantarlo. Tenemos un sistema de contabilidad por partida simple -que a algunos les sonará a chino, pero es así-, lo cual no significa que el Tribunal no haya podido, con eso y con el sistema SICCAL establecido, averiguar todos y cada uno de los datos que ha querido respecto de las cuentas financieras y no financieras de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, eso es lo que le quería decir respecto a este tema.

Respecto a lo que usted me dice de los remanentes de Tesorería, bueno, y el famoso agujero... si es que esto es de locos. Bueno, respecto del agujero, le voy a contar lo siguiente, que además esto es aplicable, lógicamente, a varios temas; no solamente es a este tema, sino que es al tema que usted ha dicho de los remanentes de Tesorería y otra serie de... el tema de los derechos reconocidos, etcétera.

Cuando el Tribunal de cuentas opina, opina que la Deuda aprobada por las Cortes de Castilla y León -y en otras Comunidades es así- en las distintas Leyes de Presupuestos Generales está contabilizada por exceso, por cuanto el Tribunal entiende que es preciso contabilizarlos cuando se emite la Deuda, en el momento que se emite la Deuda. Por el contrario, la Junta ha entendido que la autorización de las Cortes de Castilla y León constituye un derecho a favor de la misma, ya que las respectivas Leyes de Presupuestos permiten que las operaciones de endeudamiento autorizadas en un ejercicio se puedan emitir en ése o en ejercicios futuros. Ahí está la diferencia. Dice que no, pero es verdad. Usted lo sabe tan bien como yo.

Respecto a los remanentes de Tesorería que usted... había derecho, viene completamente al hilo del mismo criterio establecido que le he dicho ahora, al contabilizar como derechos el endeudamiento autorizado -no solamente eso- y los derechos procedentes del FCI y de la PIE, al remanente de Tesorería que figura en la liquidación, es el correcto, porque no hay que realizar ningún ajuste.

En consecuencia, la opinión del Tribunal respecto al tema del remanente es coherente con las opiniones sobre la contabilización del endeudamiento y de los fondos, como es lógico; de la misma forma que la cifra de remanente que figura en la liquidación del noventa y tres es coherente con los criterios contables que ha fijado la Junta de Castilla y León.

Y respecto a que no se conoce el destino, dado el endeudamiento, al no existir una aplicación específica del mismo, y a los proyectos de inversión, quiero decir que solamente... a este respecto, para una mayor eficacia en la gestión del endeudamiento, no es necesario realizar una vinculación a proyectos concretos de inversión; no hay ninguna norma que lo diga, por cuanto ni la LOFCA ni la Ley de Hacienda de la Comunidad exigen la identificación de los proyectos de inversión cofinanciados con endeudamiento.

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Pero baste decir dos datos ilustrativos: de mil novecientos noventa al noventa y tres, la Deuda Pública autorizada fue de 119.152 millones; mientras que los gastos de los Capítulos VI y VII -Inversiones Reales T transferencias de Capital- fue de 388.880 millones de pesetas. Como se aprecia, la inversión cubrió todo el montante de la Deuda con creces, existiendo una diferencia de 267.000 millones, que se ha cubierto con recursos propios; sólo una tercera parte de las inversiones públicas se han financiado con Deuda Pública.

Respecto a la forma de adjudicación, la verdad, de los contratos o la no contratación y el porcentaje o no porcentaje, la verdad es que, lo primero: lo de si subasta, contrato... concurso o no concurso... no lo digo yo; todo lo que yo he dicho en mi intervención está apoyado en legislación y en normativa, que yo ni he dictado ni me la he inventado; está ahí escrita. Y es lo que le he dicho anteriormente: verán que a partir de la nueva Ley de Contratos puede que hasta cambie la forma de establecer el informe y las recomendaciones el Tribunal de Cuentas.

Por lo que respecta al representante del PSOE, quisiera empezar diciendo lo siguiente. Primero, usted me habla del señor Cascos. O sea, usted ha hecho una intervención que para nada tiene que ver con lo que estamos hablando, como siempre; por los cerros de Úbeda. Y no sé por qué se pasma de que otro representante hable en comparación con otras comunidades. Porque es que usted, tanto preguntar "se acuerda de", "no se acuerda". ¿Se acuerda usted de Filesa? ¿Se acuerda usted de Roldán? ¡Hombre, por favor! ¡Por Dios y por el amor hermoso! ¿Usted para qué me trae a mí a colación cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el Tribunal de Cuentas? ¿Pero se acuerda usted lo que dijeron en el Ayuntamiento de León el veinticinco de abril del novena y siete? Pues el PSOE e Izquierda Unida califican de operaciones especulativas el sistema de subasta del antiguo campo de fútbol. Miren a ver si se van aclarando porque es que la verdad es que no hay por dónde cogerlo. No se ha centrado para nada en la comparecencia.

Y luego que diga que al Tribunal de Cuentas que lo lleven los partidos... ¡Por favor! El Tribunal de Cuentas es el que lleva o no lleva a las Administraciones al Fiscal; ni son los partidos políticos ni es nadie. Si usted pone en duda la eficacia, la seriedad y la objetividad del Tribunal de Cuentas, es su problema; yo no lo voy a hacer. Pero si, a pesar de eso, usted duda de lo que diga ahí el Tribunal de Cuentas, vaya usted directamente al Fiscal a ver qué le cuenta.

Y por supuesto que acepto plenamente el Informe del Tribunal de Cuentas. Y cuando quiera, cogemos un expediente de Hacienda similar, del contribuyente que usted quiera, aleatoriamente y objetivamente, y verá que antes de dictar el Acta definitiva hay muchísimas Actas de constancia de hechos -¿me comprende?-, donde se dice exactamente lo que se ve, lo que no se ve y lo que se dilucida; y se termina con unas Actas, que en el 99% de los casos, afortunadamente, no son delito fiscal, sino que simplemente se le impone una sanción, si es que no ha cumplido con sus obligaciones fiscales; y en último término, hay algunos que salen inmaculados. Pero en su fuero interno y en el expediente de la Hacienda Pública -que claro, por supuesto, no se puede sacar de la Hacienda Pública, solamente el que tenga interés legítimo- constan Actas y Diligencias de constancia de hechos firmados por el Inspector y el actuario, donde dice exactamente todo lo que se ha visto. Y si fuera así, tendríamos a todos los españoles inspeccionados en el Fiscal. Y es que no es así. O sea, que es que no saque las cosas de quicio, porque usted sabe perfectamente que no es.

Y se puede comparar esto con cualquier cosa. Porque estamos haciendo comparaciones de Administraciones Autonómicas, y no le puedo permitir, como representante -usted es de los ciudadanos de Castilla y León; yo también, porque tengo las obligaciones de Gobierno en este momento-, que usted diga que la Comunidad Autónoma y la Junta de Castilla y León que la sustenta ha tenido irregularidades; porque usted está mintiendo, pero con mayúsculas; está mintiendo. Las recomendaciones son el final del Informe, conclusiones y recomendaciones. Y no dude -que usted lo sabe- que uno de los vocales que lleva las cosas al enjuiciamiento del Tribunal es el señor Ciriaco de Vicente, nada sospechoso de ser del PP, sino todo lo contrario: del PSOE. Si hubiera habido la más mínima duda de que esto necesitaba ir al Fiscal, no se preocupe, que estaríamos todos sentados.

Por respeto a las alegaciones, no sé qué hace así, enseñando papeles de las alegaciones. Lógicamente, alegaremos todo lo que haya que alegar. Por supuesto. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Porque hay cantidad de criterios con los que no estamos de acuerdo y -le repito- no vamos a estar nunca.

Y si a usted no le vale el Informe del Tribunal de Cuentas porque aquí ha sido un muestreo, permítame que le diga que feliz muestreo, porque ha sido más o menos el que le han hecho parecido a las Comunidades Autónomas de Murcia, Extremadura. No creo que hayan entrado más detenidamente en otras Comunidades que aquí. Porque, casualmente, el Tribunal de Cuentas tiene mucho trabajo y se hace un muestreo, igual que se hace en la Inspección de Hacienda.

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Por otra parte, cuando ustedes me están hablando de la contabilidad por programas, es que parece que no sabemos de lo que estamos hablando. Es una contabilidad analítica o de costes, que no sé si saben lo que es; pero eso no lo tiene implantado ni la Administración Central en muchos de sus entes públicos institucionales. Y le recuerdo que la Administración Central no habíamos nacido ninguno cuando funcionaba, mientras que la Administración Autonómica tiene cuatro días; y, afortunadamente, va caminando muy bien.

Es que no me pueden hablar del año noventa. ¡El año noventa! Pero si es que... es que terminamos todos no sabiendo ni cuándo hemos nacido. Si estamos hablando del año mil novecientos noventa y tres; por favor se lo pido. O sea, que me hable de lo que estamos viendo: del Tribunal de Cuentas.

Y respecto al presunto dinero perdido de intereses, que no se aclara si estamos en la comparecencia de ejecución de Presupuestos, el mismo rollo que ya le he escuchado, que si estamos en esto, aclárese. Porque yo, entre otras cosas, he visto en los medios de comunicación -a los que a usted le gusta mucho acudir-, he visto, por activa y por pasiva, decir que la Junta había despilfarrado el dinero que había puesto no sé dónde, y que habíamos perdido no sé cuánto dinero, porque en vez de no sé qué intereses nos había dado menos. Y ahora me dice: "Fíjense ustedes, si en los años noventa, noventa y uno y noventa y dos ustedes sacaban dinero y sacaban intereses jugosos del dinero que les sobraba; ¿qué han hecho ustedes a partir de mil novecientos noventa y tres?". No nos lo hemos comido. ¿Sabe lo que hemos hecho? Existe una ejecución presupuestaria cada año mayor; y usted no ha tenido este año agallas de pedir mi comparecencia, porque ya no tiene argumentos, después de los años que lleva diciendo lo mismo. Y aquí compareceré yo y le explicaré dónde está la ejecución presupuestaria de la Junta en estos momentos. Luego, el agujero es blanco o negro; lo que no puede ser es de los dos colores.

A partir de mil novecientos noventa y tres, si la ejecución presupuestaria es mayor -ya lo expliqué aquí un día-, ¿eh?, si yo gasto el dinero, no me queda; y si no lo gasto, me queda. Eso es impepinable; una economía doméstica; no hay que volver a más cosas. Luego si yo tengo el dinero y me lo gasto porque he ejecutado bien el Presupuesto, difícilmente me va a quedar remanente, ¡coño! Si no lo ejecuto, me queda remanente. Pero la ejecución presupuestaria... están ahí los anuales y los papeles para verlos, cómo ha sido un grado de ejecución creciente cada año. Y también tiene mucho que ver en todo este tema la aceptación de competencias y de transferencias por las Comunidades Autónomas.

Y también me gustaría que se aclarara si quiere que estemos endeudados o no. Porque le he oído decir en Pleno, en Comisión y en los medios de comunicación muchas veces que estábamos poquísimo endeudados, cuando otras Comunidades Autónomas estaban muy endeudadas. Ahora, a continuación, dice: "Es que ustedes están muy endeudados porque tienen 20.000". Mire, la segunda menos endeudada a esta fecha. Y espere a la ejecución de los Presupuestos del noventa y seis, que no encuentra ningún agujero. ¡Vaya sorpresa que se va a llevar! No va a saber dónde encontrar ya el rollo para traer aquí de la ejecución presupuestaria, porque no lo va a encontrar. Y ya verá usted qué lío va a tener para ver qué hace cuando aparezca aquí.

Por lo tanto, haga el favor de centrarse y decir la verdad alguna vez. Porque es que hay que decir la verdad. Y basta de demagogias. Usted me ha hablado de la ejecución presupuestaria, usted me ha hablado de tonterías que no tienen nada que ver con el Informe del Tribunal de Cuentas del noventa y tres. Y usted no puede, de ciento cuarenta y tres expedientes muestreados -que son, aproximadamente, los que han muestreado en Murcia y en Extremadura, y donde aquí no ha salido nada-, decir que eso no le sirve, que fíjate si hubiera muestreado más. Pues no le quiero decir nada, si siguen indagando en las otras Comunidades, lo que hubiera podido salir.

Ahora ya el culmen de su intervención -que espero me conteste en la siguiente- es que el Informe del Tribunal de Cuentas no va contra la Junta. Me gustaría saber contra quién se cree usted que va. Porque si después de decir que es una... fatal, que es unas irregularidades manifiestas, que deberíamos de estar casi en los tribunales, ahora resulta que el resumen es que el Tribunal no va contra la Junta. Espero que en la réplica me diga usted contra quién va el Informe del Tribunal. Porque es que entonces yo ya no entiendo nada.

Pero de todas las maneras... y voy a terminar diciéndole que contabilidad, la que llevaba el PSOE, que era la de la vieja: de diez me llevo una. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Renuncia Concepción Farto. Para el turno de dúplica, tiene la palabra... de réplica, tiene la palabra don Antonio Herreros por el Grupo de Izquierda Unida.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Yo voy a intentar ser muy breve, porque siempre me dice la señora Consejera que me lo va a demostrar, pero al final termina aseverando categóricamente, con absoluta falta de argumentación, que a la postre, pues, me lleva a tener que hacer ejercicios de fidelidad, que... sinceramente, no voy a cuestionar mi lealtad a la Comunidad Autónoma, al Gobierno Autónomo, pero no me exija actos de fe hasta esos extremos que Su Señoría me plantea, porque va a ser prácticamente imposible que lo pueda realizar.

Fíjese, con una expresión categórica: "son criterios". Y además añadía, por si quedaban pocas dudas: "digo yo que son criterios, y punto". Y entonces yo tengo ya que aceptar las cuestiones que usted me plantea sin más.

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Mire, he pedido que me trajesen el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León, sí, el artículo 40.4, punto cuarto, porque es que da la impresión que, a través de todo el discurso que Su Señoría nos lanza, pues, a la postre, va a quedar aquí en entredicho absolutamente todo, y a mí me parece que hay que hacer algún ejercicio o algún esfuerzo para que se entienda que dice precisamente el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, Artículo 40.4: "La contabilidad de la Comunidad se adaptará al Plan General de Contabilidad Pública que se establezca para el sector público". ¿Cómo que "y qué"?

Primera recomendación del Tribunal de Cuentas: debería procederse a la implantación del Plan General de Contabilidad Pública. No, hace años no, no hace años que se ha puesto eso en marcha: no. Y ¿existe el Plan General de Contabilidad Pública, teórica y prácticamente? No. En las conclusiones del Tribunal de Cuentas de lo que hoy estamos analizando.

Yo ya sé que se ha ido todo el mundo por los cerros de Úbeda, y ha empezado todo el mundo a hacer interpretaciones. Algunos han estado, pues, cerca de Las Batuecas, otros... Bueno, pues, me parece razonable en la argumentación; lo que no me parece razonable es contradecir de forma expresa lo que hoy estamos analizando, en el que denuncia de forma clara que aunque no sea una irregularidad es contravenir el Estatuto de Autonomía nuestro, de Castilla y León, y para mí eso significa una irregularidad... no en el sentido que ustedes lo quieren dar, de alcance, que traducido a la expresión del román paladino es de la sustracción o del robo o malversación. No. Es que no existe la aplicación de una de las cuestiones que tiene compromiso expreso el Gobierno Autónomo de respetar, precisamente, que es el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Por lo tanto, no quieran tener la razón absolutamente en todo, por todo y sin más. No, no es posible cuando no es posible.

Y, claro, me decía que bueno, que es que algunos estaban hablando de no sé cuándo. Yo me he centrado en el Informe y sigo centrándome en el Informe. A lo sumo me permito hacer algún tipo de análisis comparado entre el Informe del noventa y dos y el Informe del noventa y tres. Punto. Pero simplemente para hacer notar lo que ya dije y que no voy a seguir insistiendo: se repiten constantemente las mismas faltas, las mismas conclusiones, en todo caso, por parte del Tribunal de Cuentas y las mismas recomendaciones.

Y, claro, en un momento determinado, pues, Su Señoría, cuando estaba dando respuesta a lo que decía que yo había referido, habla de delincuencia y, por eso, yo quería dejar absolutamente claro: no vamos a estar constantemente jugando a las expresiones o a la semántica, a lo mejor tenemos que hacerlo. La política no está vinculada exclusivamente al arte de las gentes del Derecho, sino de los ciudadanos; es la expresión etimológica; y lo que no cabe la menor duda es que se puede denominar de la forma que quiera, pero que el uso de los recursos públicos no se ha hecho de acuerdo a lo que está estipulado en la legislación, en virtud de la apoyatura que hace el propio Tribunal de Cuentas en las normas -y que, repito e insisto, en el propio Estatuto de Autonomía-, no lo puede negar absolutamente nadie. Que de ahí se pueda inferir que hay algún tipo de contravención que roce o raye en lo penal, eso yo no lo he dicho ni lo voy a decir, porque no estoy cualificado para tal; pero sí, precisamente, aseverar lo que dice el Tribunal de Cuentas sobre la cuestión.

"¿Conoce usted alguna de las Comunidades Autónoma que no tenga este mismo tratamiento?" Pues, mire usted, no. Es que a mí los ciudadanos de Castilla y León me han elegido y me han puesto aquí, no para hacer un análisis del resto de las Comunidades Autónomas, sino precisamente para ver si somos entre todos capaces de conseguir, unos desde el Gobierno y otros desde la Oposición y, en este caso, a mí desde la Oposición- de ver qué es lo que pasa en nuestra Comunidad Autónoma-

Y que puede ser respetable, incluso, las diferencias de criterios; pero sigo diciendo que si ustedes han modificado y ya han aceptado bastantes de las recomendaciones que se plantean por el Tribunal de Cuentas, e, incluso, dicen que las han aplicado ya con efectos del ejercicio de mil novecientos noventa y siete. no me niegue que ahí hay una estimación y, por consiguiente, una cierta congruencia que refleja la contradicción con los casos anteriores.

Y es posible que hasta llegue el Tribunal de Cuentas algún día a cambiar y a modificar todo el criterio, y que sea la legislación anterior la que ha traído como consecuencia esa equiparación entre concurso y subasta. Yo no lo voy a discutir, se equipararon; pero nosotros vamos a seguir pensando que es un error mayúsculo.

Fíjese, no oculto que si en el Ayuntamiento de León algún componente de Izquierda Unida ha llegado a plantear filosóficamente que la subasta es no sé qué... historia, no, no, no, no... Que yo no tengo ningún tipo de inconvenientes, si alguien ha planteado eso, yo le digo: se equivoca, desde el punto de vista filosófico. Lo que pasa es que me imagino que habría detrás lo que hubiese; pero lo que es absolutamente claro filosóficamente es que la subasta es una formulación mucho más clara, mucho más transparente, aunque pueda haber por parte de los subasteros -y lo hay- funciones que puedan hacer algún tipo de actuación que distorsione esa realidad.

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Yo, me parece que hablar otra vez sobre el agujero y esas historias, de verdad, Señoría, en un momento determinado se podía dudar; ahora ya ni siquiera ustedes dudan. Será un agujero legal, pero es un agujero. Y es que al final le han terminado dando una connotación de esa naturaleza; y, es más, apoyado también en la normativa, esos 50.950 millones de pesetas, no les quepa la menor duda que sí está indicado a qué tienen que ir destinados, Señoría. Sí. No a tal inversión; pero sí a inversiones en general, no a cualquier otro tipo de operaciones. Y un dinero no invertido está, lógicamente, desactivando otra serie de posibilidades que se multiplican -yo dije en un momento determinado que al menos por dos, porque no es esa peseta sola, sino cualquier inversión exige una cofinanciación- y, por consiguiente, de eso no podemos dudar en absoluto que ha habido eso que en un momento determinado nosotros entendemos como un fraude social.

Y, Señoría, no ha dicho nada -y tampoco se lo voy a exigir-, pero piénsenlo, una de las recomendaciones es que en subasta o en concurso, al menos justifiquen por qué una cosa y por qué la otra; es una demanda que hace el propio Tribunal de Cuentas, al margen de todo lo que hace referencia para el análisis de algunas de las empresas de la Comunidad Autónoma que todavía no quedan claras en las expresiones que aquí se hacen, aunque poco a poco se han ido intentando subsanar -y me estoy refiriendo precisamente a Crystaloid y sus derivados-. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Herreros. Tiene la palabra don Jaime González por el Grupo Socialista.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Con la máxima brevedad, puesto que yo creo que gran parte de las cuestiones que hemos dicho se han dicho en las primeras intervenciones.

Decir una cuestión. Yo llevo dos o tres Comisiones en las cuales los únicos argumentos que oigo en contra de mis intervenciones son zafiedades, como son las que ha dicho la señora Consejera -si tiene además por hábito decir, no sólo en este Parlamento sino fuera del Parlamento, y, repito es objeto ya hasta de viñetas en los periódicos esa cuestión. Por tanto, no voy a entrar en esa materia-; o ser acusado por el Portavoz del Grupo Popular en su última intervención, cuando ya no hay posibilidad de respuesta ni defensa, señor Presidente, de ser sectario, y como el otro día dijo, textualmente, "de tener mala baba". Bien yo... la verdad es que creo que sin mala baba yo he venido a esta Comisión a hablar del Tribunal de Cuentas del año mil novecientos noventa y tres, en relación con... en relación con la contabilidad y con el ejercicio de Castilla y León.

De todas maneras, después de haber oído la intervención del Portavoz del Grupo Popular, yo le voy a proponer que le den una dieta honoraria en Murcia, otra en el Parlamento de Extremadura y otra en todos aquellos Parlamentos donde se ha extremado su celo en buscar las irregularidades posibles que allí se hayan cometido. Desde luego, observo algunas lagunas en esa exhaustiva relación, como pueden ser Baleares, etcétera. Pero, de cualquier manera, de cualquier manera, señor Presidente, repito, propondré a los Parlamentos que le concedan alguna dieta honorífico por haber realizado el trabajo -por intentar realizarlo- por intentar realizarlo que allí tenían que realizar los componentes de su propio Grupo.

Tengo que decir que don Francisco Amarillo, persona a la que parece que acusa de irregularidades, no está o no ha estado ni condenado ni en la cárcel.

Por lo tanto, lo que sí es evidente -y ya lo hemos dicho- es que en el uso legítimo de nuestras facultades, nosotros llevamos al Fiscal cuando creemos objetivamente que hay razones fundadas y delito, y delito, y delito; y no confunda usted la palabra "irregularidad" con la palabra "delito".

Es más, dije antes, dije antes y me ratifico, yo creo que el Tribunal de Cuentas no les llama a ustedes delincuentes, lo dije así, con esas palabras; pero les llama omisos, les llama malos administradores, les llama Administraciones negligentes y les llama incapaces de defender los intereses generales de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma. Eso es lo que digo. Y, por tanto, si yo hubiera observado un indicio de delito, no se preocupe, que estarían ustedes en el fiscal, no lo dude.

De cualquier manera, tengo que decir que son tan parcos en la remisión de documentaciones, son tan escasos en la posibilidad de poner a disposición de los Grupos de la Oposición los documentos que pedimos, que es difícil, de cualquier manera, asegurar que en los expedientes que la Junta no ha querido mandar a este Procurador, de los solicitados al Tribunal... a la Consejería y a la Junta, y que fueron observados por el Tribunal de Cuentas, no existan irregularidades todavía más graves que las que hemos detectado en los documentos, desde luego, que se nos han remitido. Por lo tanto, ésa es la cuestión.

Pero hablemos... hombre, por último, una observación. Claro, la definición de chiste puede ser diferente, yo después haré una alusión a si se puede considerar un chiste algunas de las cuestiones que yo he formulado aquí, para que el Portavoz del Grupo Popular ratifique si puede considerar un chiste esa cuestión o no ratifique; y si realmente cree que eso es un chiste, pues, es evidente que no estaríamos hablando de lo mismo: yo estaría hablando de un Informe de un Tribunal de Cuentas sobre una contabilidad pública que maneja este año 400.000 millones de pesetas, pero que manejó en el año noventa y tres 203.000 millones de pesetas, que no tiene nada que ver con una pyme, y que es una empresa, la más importante de la Región, empresa pública además, y que tiene que esmerarse especialmente en el cumplimiento de las disposiciones legales -que es lo que controla el Tribunal de Cuentas, eso, que se ajusta a las Disposiciones Legales y a la ejecución del Presupuesto-. Por lo tanto, seguimos adelante con nuestra intervención.

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Agujero. Nuevamente la señora Consejera ha hecho una disertación sobre lo que es el agujero, y ha recurrido a hablar de que "si gasto, no me sobra; y si no me sobra, es que gasto" o viceversa. Mire, es que aquí estamos hablando de otra cosa distinta. Usted aquí no ha podido gastar porque no adquirió el dinero; usted no ha podido gastar porque tuvo 50.000 millones a disposición para poder adquirirlos y no los adquirió, renunció a ese derecho. Y usted ha dejado su Gobierno... Y ya que usted ha dicho lo de que no le estaba aquí le corrijo, siempre hay una persona que está, ha estado en aquellos momentos y en estos, y es el Presidente de esta Comunidad Autónoma, es el Presidente de esta Comunidad Autónoma, que si mantuvo al señor Becker en su puesto fue que le gustaría lo que hiciera, incluido lo del agujero. Pues, repito: no se adquirieron 51.000 millones de pesetas; y, si no se adquirieron, es imposible gastarlos. Pero como se habían dado de alta en el presupuesto de gastos, por eso que usted dice, ..... de ingresos -por eso que usted dice, que usted opina que nada más que le autorizan las Cortes se puede contabilizar como ingreso-, pues resulta que operaciones de inversión, créditos, ayudas, etcétera, que se habían programado con esos 51.000 millones de pesetas, no se pudieron hacer en el momento porque no había esos 51.000 millones de pesetas, y ha habido que irlos sanearlo poco a poco a lo largo de los años. Luego, cierto es que esta Comunidad Autónoma ha dejado de recibir 51.000 millones de pesetas en inversiones por una decisión del entonces Consejero de Economía; y esto es un agujero; habiendo adquirido los compromisos de gastos pertinentes por esas cantidades.

Pero, ¡por favor!, si es que además los papeles hablan, repasen ustedes la liquidación del año noventa y cuatro y vean ustedes cómo en determinada página, donde pone "anulación de remanentes del año noventa", dice -en ingresos, me refiero-: "Banco Europeo de Inversiones. Préstamos a largo plazo: 14.035 millones. Modificación: -14.035". Fuera, desaparece como derecho pendientes de cobro: 14.000 millones de un plumazo en la liquidación del noventa y cuatro. Y en la del siguiente: "Emisión Deuda Pública: 22.450". Menos dieciocho mil setecientas setenta y siete. Van ya 14.000 más 17.000.

Y he dicho yo en mi primera intervención que les auguro que en el año noventa y seis, desde luego, va a desaparecer el agujero; pero no porque no existiera, no porque la desaparición del mismo implica su no existencia: porque lo han tapado, han echado las suficientes cargas de falta de inversión, carga de anulación de remanentes, carga de obras no realizadas, etcétera, para que el agujero se tape. Y eso es un elemento diferencial con cualquier otra Comunidad Autónoma.

Y aquello fue una omisión grave de estos ciudadanos; el Portavoz de Izquierda Unida lo llama "un ataque social". Es todavía más que eso, porque, además, ese ataque social fue producto de la incompetencia; y esa incompetencia de un Consejero de Economía no estuvo castigada con lo que tenía que haber castigado en aquel momento, porque estamos hablando -repito- de 51.000 millones de pesetas, que es una cantidad importante para esta Comunidad Autónoma.

Y en estos momentos, para tapar aquel agujero no se incorporan remanentes: solamente la diferencia entre lo pagado y la obligación reconocida; todo lo que supere la obligación reconocida no se incorpora al ejercicio siguiente, etcétera, etcétera. Y así estamos en la situación en la que hemos estado estos años.

Yo, aunque ya no está el Portavoz de Izquierda Unida, y puesto que ha hablado de un acuerdo tomado del Ayuntamiento, voy a tratar de explicarlo, para que después él lo pueda leer en el Diario de Sesiones y no se sienta engañado. Porque a mí, que conozco el tema, no me cuente usted milongas, porque lo que se votó allí fue lo siguiente:

Campo de fútbol. Un acuerdo adoptado por la Corporación anterior de determinar determinada superficie -una serie de metros cuadrados- a edificaciones. Acuerdo del actual equipo de Gobierno: ampliar la edificabilidad y la superficie destinada a viviendas, deshaciendo el acuerdo anterior. Eso es lo que es una maniobra especulativa, no la subasta -señora Consejera-, no la subasta. La maniobra especulativa es que, si antes decía que se dedican a edificación mil metros, ahora dice que mil quinientos. Ésa es la maniobra especulativa. La subasta: maravilloso. Pues, encima, si se hubiera adjudicado por concurso directo, ya hubiera sido el despiporre.

Luego, señor Procurador de Izquierda Unida -me dirijo a él aunque no esté presente para que, repito, conste en el Diario de Sesiones-: su Concejal no consideró especulativo el sistema de la subasta; consideró una especulación el incremento de superficie edificable que propone el actual Equipo de Gobierno, sobre el que estaba compuesto en el Equipo anterior. Eso es lo que es una maniobra especulativa, no el sistema; el sistema, estábamos todos de acuerdo en que, si se hubiera respetado la edificabilidad anterior, hubiera sido por subasta.

Usted puede decir lo que quiera, pero ahí están las hemerotecas, ahí están los acuerdos, ahí están los acuerdos del municipio. Y usted puede repasarlo y no traer aquí acuerdos del Ayuntamiento, intentando, además, inducir a error en el personal. Ya lo aclaro yo, para que usted no tenga ninguna duda: la especulación está en el incremento de superficie edificable; y no intente usted engañar al personal que estamos en esta Cámara porque no estemos en el Ayuntamiento y no sepamos lo que ahí pasó. Yo sí estuve en el Ayuntamiento y yo sí sé lo que pasó; y, por lo tanto, le puedo enmendar la plana claramente.

(-p.6533-)

Usted tuvo un lapsus en su intervención que me preocupa, porque trasciende la actuación de este Gobierno. Y dice: "la Comunidad Autónoma y el Gobierno que la sustenta". Perdone usted, el Gobierno Popular no sustenta a la Comunidad Autónoma; la Comunidad Autónoma no es del Gobierno Popular, aunque lo pueda parecer, viendo que la red de carreteras de esta Comunidad Autónoma, en lugar de ser "Red de Carreteras de la Comunidad Autónoma de Castilla y León" es "Red de Carreteras de la Junta". ¡Que ya es el colmo! Red de Carreteras del Gobierno. Es como si la autovía del Cantábrico fuera del Gobierno de España, en lugar de ser de España. Ésa es la cuestión. Bueno, pues la Comunidad Autónoma no es suya, señora Consejera.

Por lo tanto, su Grupo sustenta a un Gobierno del Partido Popular que está ocasionalmente en esta Comunidad Autónoma. Punto. Desde luego, no sustenta en absoluto a un Gobierno... a la Comunidad Autónoma.

Y por último, señora Consejera, yo lamento decirle que éste no es un problema -como decía antes- ni de gruesas palabras ni de gritar más; es un problema de argumentos.

Y yo le voy a volver atrás, a los ejemplos que yo le puse, y voy a precisar más todavía. Yo recibí doce documentaciones de setenta y seis, doce. Ya es casualidad que todas las documentaciones remitidas tengan graves irregularidades; y lo repito: graves irregularidades. Y voy a seguir adelante.

¿Es una irregularidad o no, o es un chiste o no -como diría el Portavoz del Grupo Popular-, que en la adjudicación del Centro de Salud de Gradefes, y sin informe técnico de ningún tipo, no se adjudique a la oferta más barata? ¿Es o no una irregularidad que en el Centro de Salud de "El Espinar", sin informe de los técnicos de ningún tipo, el Director General, por una decisión política no lo adjudique a la oferta más barata? ¿Es o no una irregularidad que en la rehabilitación del Servicio Técnico de Sanidad y Bienestar de Social de Soria, y no existiendo informe de los técnicos y, por lo tanto, por una decisión política -política- del Director General, se adjudique a una oferta que no es la más barata? ¿Es o no una irregularidad que haya sucedido lo mismo que le he explicado con la seguridad y vigilancia del edificio de Economía y Hacienda? ¿Es o no una irregularidad los otros casos que yo he dicho, por no alargarme más?

¿Es o no es verdad que ahí ha habido quebranto a la Comunidad Autónoma, quebranto? Que si se adjudica una empresa en 74 y se puede adjudicar en 64, una obra a una empresa legalmente aceptada en el concurso, ¿por qué no se hace?

Y de eso hay 5.200 millones de entre los chequeados por el Tribunal de Cuentas. Suponiendo que ha chequeado en torno al 32%, estaríamos hablando de cantidades mucho más importantes en otras materias.

¿Es o no una irregularidad la adjudicación a Ecoconsul de los trabajos que se hicieron? ¿Es o no una irregularidad la adjudicación a Tecnomedia, existiendo empresas interpuestas -que son de los mismos propietarios- de obras en el año ochenta y tres? ¿Es o no una irregularidad que a Delta Agraria se le adjudicaran ofertas igualmente no más baratas? Eso es lo que tiene usted que contestarme, eso; y no hablar del pájaro, del mar y de las flores.

Y eso, sobre doce expedientes que ustedes me han mandado. Mándenme ustedes los setenta y seis, no sigan ustedes poniendo trabas al trabajo de este Procurador; que yo garantizo que sacaré... hombre, no llegaré a lo de don Francisco Aguilar, que llega hasta a los demás Parlamentos de España. Pero yo le garantizo, señora Consejera, que en los documentos del de aquí -que para eso me pagan, para eso me pagan-, los documentos... Exacto, pero, además, en nómina; no como otros. No cuando digo lo que gano, no digo que cobro dietas, y se pasa el asunto. ¿Entiende cómo hay otros, cómo hay otros? ¿Comprende, verdad? Desde el señor Aznar para acá.

Bueno, pues, volviendo al tema. Yo le garantizo, yo le garantizo, señora Consejera, que voy a estudiar los documentos que me remitan; garantizado. Y yo le pido formalmente que los setenta y seis expedientes me los mande. Setenta y seis menos doce: sesenta y cuatro. Espero como agua de mayo los sesenta y cuatro expedientes que me deben. Porque, además, yo dije en una ocasión que no hablaría de expedientes concretos hasta no recibirlos; y no los recibo, y no los recibo. Y si no recibo esos sesenta y cuatro expedientes, tendré que suponer que no se me mandan porque contienen irregularidades también.

Y, desde luego, insisto en que eso es lo grave: adjudicar obras de esa manera, por decisiones políticas y no por decisiones administrativas; adjudicarlas a empresas que no son las más baratas, pongo ejemplos concretos del asunto; y, desde luego, el agujero que nos ha costado, como yo explicaba antes...

Y, por cierto, ya que lo dijo usted, voy a insistir en ello. Hasta el año noventa y tres, la Junta nadaba en la abundancia, nadaba en la abundancia -y le puedo volver a repetir las cifras si quiere, para que no haya ninguna duda- y hacía operaciones de Tesorería, algunas desastrosas, como la de 5.000 millones del BEX, que nos ha costado -repito- 800 millones de pesetas, por diferencias de cambio. Pero tenía dinero, tenía liquidez.

¿Por qué pierde la liquidez? Porque deja de ingresar 50.000 millones. Y, a partir de ese momento, no sólo no tiene liquidez, sino que además tiene que acudir al endeudamiento a corto plazo: 20.000 en el noventa y tres, 40.000 en el noventa y cuatro, 40.000 en el noventa y cinco; y así sucesivamente.

(-p.6534-)

Por lo tanto, eso es lo que es el agujero, eso es lo que nos ha costado. No es una operación neutra; al contrario: ha sido una operación nefasta para esta Comunidad Autónoma; hemos dejado de invertir 50.000 millones de pesetas, que no se dice... estaría acabada, por ejemplo, la autovía León-Burgos con esos 50.000 millones, por ejemplo. Y más cosas estarían acabadas: el aeropuerto de León, que tanto gusta hablar de él, y muchas más cosas, y muchas más cosas. Con esos 50.000 millones de pesetas que no se han invertido en esta Comunidad Autónoma porque ustedes no adquirieron el dinero que tenían autorizado por este Parlamento, en una decisión absolutamente discutible y nefasta para la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, yo creo, señora Consejera, que sí me he circunscrito al tema del Informe del Tribunal de Cuentas. Desde luego, mucho más que otros Portavoces, eso téngalo usted seguro. He hablado de los expedientes del Tribunal; he hablado del agujero, que está en el Informe del Tribunal de Cuentas; he hablado de otras muchas cosas, todas ellas del Informe del Tribunal de Cuentas.

Y por último decirle -porque ya es que me duele que se digan cosas que no son ciertas-: esto son los indicadores del Presupuesto General del Estado sólo en Educación; en el resto de los programas del resto de los Ministerios también. Se pueden hacer indicadores, se pueden hacer indicadores, lo que pasa es que tiene que haber voluntad política en hacerlo para poder medir la eficacia del gasto. Si aquí no se hace, pues ¿qué le vamos a hacer? Señor Presidente, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor González. Tiene la palabra don Francisco Aguilar, por el Grupo Popular.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Pues muchas gracias, señor Presidente. Hemos oído realmente lo mismo. Pero, sin embargo, tenemos que hacer algunas matizaciones, lo más brevemente posible.

Y en primer lugar me va usted a permitir, señor Presidente, lo siguiente. Se me dice que vaya yo a Murcia a cobrar alguna dieta, o que vaya... ¿dónde más se me ha mandado? A Extremadura, a Murcia o a algún otro sitio. No, no es así; no va este Procurador, por supuesto, pues a tomar en consideración esas palabras, porque eso es una auténtica tontería de las muchas que se dicen, de las muchas que se dicen, y que uno tiene que aceptar, y uno tiene que aceptar y viene aceptando.

Y realmente, también, señor Presidente, hay un viejo refrán que dice que "quien siembra vientos, recoge tempestades". Y resulta que cuando uno, el nuevo en estas Cortes, casi recién llegado a estas Cortes, oía, de un Portavoz tan experimentado como el del Grupo Parlamentario Socialista, calificativos a este Portavoz, como los siguientes, que he recordado ahora: sacristán, viceconsejero, obispo... -de usted, de usted-, viceconsejero, obispo, etcétera, etcétera. Mire usted, eso, eso es a usted al único Portavoz que yo le he oído expresarse en esos términos, al único; los demás son mucho más respetuosos que usted para con cualquier Portavoz.

Y ahora, y ahora, dicho esto, que es -y permítanme y discúlpenme- una mera satisfacción personal, aquí lo único que está haciendo el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es tratar de demostrar, contra viento y contra marea, la existencia de su famoso y perseguido, y no encontrado, agujero contable; y no encontrado agujero contable.

El Tribunal de Cuentas opina que la deuda aprobada por las Cortes de Castilla y León en las distintas leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad está contabilizada en exceso, por cuanto el Tribunal de Cuentas entiende que es preciso contabilizarlo cuando se emita la deuda. Y, por supuesto, la Junta, la Junta ha entendido que la autorización de las Cortes de Castilla y León constituye un derecho a favor de la misma, ya que las respectivas Leyes de Presupuestos -Señoría- permiten que las operaciones de endeudamiento autorizadas en un ejercicio se puedan emitir o disponer en otros ejercicios sucesivos.

Y es así de sencillo. Y busque usted el agujero por donde quiera. La Junta de Castilla y León no ha dejado de invertir por eso. La Junta de Castilla y León ha cumplido con sus pagos... ¡A ver si se va usted a hacer daño en el carrillo...! ¿eh? Ya sé que... ¿Ve usted? Otra... otra, otra cuestión, otra cuestión más: si le diera en el suyo, sí le dolería; lo que indica que tiene usted muchas ganas de darle a uno un puñetazo. ¡Pues no se las guarde, hombre, que a lo mejor le respondo!

(Risas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Ruego a Sus Señorías que tengan la amabilidad de seguir el discurso normalizado que veníamos teniendo, con todo lo que eso supone.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Sí, señor Presidente. Pero a veces es muy difícil, ¿eh?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Es verdad, es verdad.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Cuando a uno le están haciendo gestos y cuando a uno...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Es verdad...

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...le están provocando permanentemente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor... señor...

AGUILAR CAÑEDO

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EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Es muy difícil.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor Aguilar, señor Aguilar...

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Es muy difícil.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): ...estoy intentando facilitar y permitir que el debate lo discurran ustedes por donde estimen conveniente, porque me parece que es la función del Presidente, el facilitárselo. Pero no me lo pongan ustedes tan difícil. Yo le ruego a usted que continúe su discurso. Y les ruego a Sus Señorías que, por lo menos, mantengan -digamos- la actitud de escuchar, y no traten de intervenir, porque ya cada uno ha tenido su turno. Y si es necesario alguno más, esta Presidencia se lo dará; no se preocupen.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: No, señor Presidente, si yo le agradezco a usted su mediación, pero ésta es la guinda que normalmente faltaba en la tarta; o sea, ésta es la guinda que faltaba en la tarta, y que el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pues con su habitual maestría, provoca permanentemente. Yo, por supuesto, yo, por supuesto, voy a continuar con mi intervención.

Para señalarle al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que cuenta chistes -evidentemente que los cuenta-, pero además que son malos. Si fueran buenos, todavía podríamos tomarlos en consideración; pero es que son malos. Y son malos pura y simplemente porque no responden a la realidad. Y coge la realidad y la pinta como él quiere; y trae cuatro datos, y cuatro números, y cuatro expedientes... Pero vamos a ver, la Junta de Castilla y León, que le ha remitido esos expedientes, y que usted ha examinado, y que usted ha examinado, usted de verdad... como ha manifestado aquí: "Si yo veo una irregularidad, tenga usted en cuenta que voy al Fiscal". Pero por qué no va usted, si son irregulares. Si cae usted en su propio argumento: ¿por qué no va usted? Porque están bien los expedientes, pura y simplemente por eso; pura y simplemente por eso.

Lo que pasa es que usted hace una demagogia muy fácil. Si usted mismo lo ha dicho, y usted simplemente ha amenazado en esta Comisión: "Si yo veo algo, no dude usted que voy al Fiscal". Luego no ha visto usted nada, porque si no ya estaríamos en el Fiscal, ya estaríamos en el Fiscal. No ha visto usted absolutamente nada, porque son expedientes correctos. Sigue usted confundiendo lo de siempre: el concurso con la subasta, lo mezcla, lo adorna usted como quiere, nos dice usted que no invertimos. Y, curiosamente, luego dice usted cosas que son tremendas: ¿de dónde se puede mantener que la Junta de Castilla y León, en la operación del BCH, creo haberle entendido a usted que ha perdido 800 ó 700.000.000 de pesetas, cuando se ha debatido en estas Cortes, en esta Comisión, y se ha demostrado por qué y cómo había un tema de transferencias que no cobraba el Banco Central Hispano Americano? Me temo que esto es lo que usted ha dicho, me temo que esto es lo que usted ha dicho.

Estoy aclarando, señora Consejera, que esto se ha dicho y que, en definitiva, es lo que se pretendía por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: desviar la atención.

Se ha dicho, señora Consejera, que bueno, que el Tribunal de Cuentas también ha actuado en Baleares. Pues mire, también es otra mentira gordísima. Pero si es que está aquí el cuadrante: cero, cero, cero, cero. Actuaciones, cero, del Tribunal de Cuentas; ni en expedientes por reintegro ni en piezas separadas; ninguno tampoco, ninguno.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: El Tribunal de Justicia. Aquí estamos hablando del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Justicia -si se ha dicho Tribunal de Justicia-, pues serán los tribunales los que tengan que decir. Estamos hablando del Tribunal de Cuentas; y yo me refiero al dato: Baleares tampoco, cero expedientes en el Tribunal de Cuentas, ¡hombre! También hay que hacer alguna defensa de la verdad y de la realidad.

Y mire, Consejera, felicitarla a usted, sinceramente, porque hay hecho usted una brillante defensa, ha hecho usted una brillante defensa de los intereses de esta Comunidad. Y le digo a usted que ¡olé ahí sus argumentos!, que los tiene usted; y que, en definitiva, los aplaudo, porque es la única forma que aquí va a haber que tratar de imponer en estos debates estériles, donde se desfigura la realidad. ¡Olé ahí sus argumentos, señora Consejera!, y sus razonamientos, porque los tiene. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Aguilar. Tiene la palabra, para cerrar el debate, la Consejera de Economía y Hacienda. Turno de dúplica.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Muchas gracias. Bueno, solamente agradecer las palabras del representante del Partido Popular. Y voy a intentar de... llegar al representante de Izquierda Unida.

Quería hacer breve alusión a lo que él ha dicho. Le reitero, sin entrar en más debate, primero, que no se tiene la razón de todo. Ya le he dicho, reconocido, y en mi comparecencia, que, efectivamente, dicen parecido los informes del noventa y dos o del noventa y tres, como no podía ser de otra manera, porque no se sabía todavía el criterio del Tribunal de Cuentas.

(-p.6536-)

Que no se hace nada y que no entra en vigor. Yo ya se lo he dicho también en mi comparecencia, que, efectivamente, que el Plan General de Contabilidad, que sólo se ha instaurado en tres Comunidades, incluida ésta, está por Orden de veintiuno del once de mil novecientos noventa y seis, de la Consejería de Economía y Hacienda, en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León; y que ha entrado en vigor el uno del uno del noventa y siete. A partir de ahí, yo ya no tengo más que decir del Plan General de Contabilidad.

De todas maneras, ha vuelto a decir que los fondos públicos no estaban bien empleados. Y le recuerdo que, si no estuvieran bien empleados, realmente, de verdad, estaríamos en el Fiscal; lo he dicho hasta la saciedad.

Y respecto a su... Bueno, a lo que nos dice que insistamos o que justifiquemos por qué subasta o concurso, se lo tomo en consideración; pero no se preocupe que, a partir del noventa y cinco, es lo que se ha hecho. Porque he de decirle que la nueva Ley de Contratos del Estado dice que hay que justificar el concurso o la subasta. Pero le recuerdo que el Informe del Tribunal del que estamos hablando es del noventa y tres; y en ese momento la Ley no obligaba a justificar por qué el concurso o la subasta.

Por otra parte, quisiera contestar, efectivamente, al representante del Partido Socialista diciendo que lo de dar voces y gritar mucho seguramente lo he aprendido de usted, del tiempo que hace que nos conocemos; y que además es su estilo, máxime si está lleno de medios de comunicación; donde gesticula y todo eso para impresionar. Pero no nos impresionamos ninguno. Usted sabe perfectamente que si yo grito es porque es mi forma de ser, y punto. Hasta ahí ya no...

Igual que usted mandaba... al representante del Partido Popular le iba a mandar a Murcia para que le dieran unas dietas, yo voy a llamar al Tribunal de Cuentas -se lo digo sinceramente- y le voy a recomendar como vocal. Porque si después de que el Tribunal de Cuentas...

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): ¡Hombre!, no me diga usted a mí que es de recibo que usted diga que expedientes que ha visto el Tribunal de Cuentas, y que ahora usted los ha visto, ve más pegas de las que ha visto el Tribunal de Cuentas en los propios informes. Porque, si es así, por favor, pida al Tribunal de Cuentas que enmiende su Informe. Pero voy a ver que es un poco difícil que a usted le recomiende yo para vocal del Tribunal de Cuentas.

De todas las maneras, no se ponga nervioso y no me hable de filosofías, porque es que a usted le encanta sacar los periódicos y los papeles. Y yo lo que digo es que, filosofías aparte... y me llama la atención qué hacía usted en el Pleno del Ayuntamiento de León, si usted es Procurador y debería estar aquí trabajando, en vez de estar en el Pleno del Ayuntamiento...

(Risas.)

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Hemos tenido un debate sobre el Ayuntamiento de León, y yo leo textualmente: "El PSOE y..." (¿Queréis, por favor, dejarme hablar?)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Por favor.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): "El PSOE e Izquierda Unida califican de operación especulativa..." -dice textualmente- "...el sistema de subasta del antiguo campo de fútbol". Ni más metros ni menos metros; ahí han dicho claramente -y usted se vanagloria de sacar todo lo que dicen los medios de comunicación-... de especulativo el sistema de subasta. Luego haga el favor de aclararse.

Y argumentos, usted no tiene ningún argumento; se lo digo sinceramente: ningún argumento. Porque si tuviera algún argumento más de los que ha... Usted se ha limitado a hablar de cosas que nada tienen que ver con el Informe del Tribunal de Cuentas, y sólo sesgadamente. Y con los dos informes que ha visto, y si usted ve que sabe más que el Tribunal de Cuentas, pues haga el favor de pedirle que enmiende el Informe. Pero la realidad pura y dura es que el Informe del Tribunal de Cuentas está ahí, recomienda lo que recomienda; cuyas recomendaciones son acogidas por la Junta de Castilla y León, en la medida de sus posibilidades, en el momento que lo sabe; y que podemos estar muy orgullosos; y los ciudadanos de Castilla y León así también han dicho en las urnas cómo gobiernan sus dineros y cómo quieren... y quién quieren que los gobierne. Y podemos estar muy orgullosos del Informe del Informe del Tribunal de Cuentas de todos los ejercicios desde que se ha estado informando. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Finalizado este turno de Portavoces, ¿algún Procurador no Portavoz miembro de esta Comisión quiere intervenir? Pues agradeciendo a la señora Consejera su presencia aquí, damos por terminado este primer punto del Orden del Día.

Por parte del señor Secretario se dará lectura el segundo punto del Orden del Día.

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EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): Sí, señor Presidente. Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia de la Excelentísima señora Consejera de Economía y Hacienda, a petición propia, para informar a la Comisión sobre la adquisición, por parte de la Junta de Castilla y León, del Edificio de Servicios Administrativos de Usos Múltiples en Segovia".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra la señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Bien. Como cuestión previa, me gustaría decir que, dado que el señor Jaime González ha dicho textualmente: "No hablaré de expedientes hasta no recibirlos", me parece que, como primer punto del Orden del Día, y por cuestión de... no sé cómo se llama parlamentariamente -perdónenme, pero no esto acostumbrada a esto-, o por cuestión de orden, creo que, si no conoce el expediente -como no lo conoce, porque no lo han pedido hasta ayer por la tarde, ha entrado la petición del expediente en la Junta de Castilla y León-, quisiera saber... y además, después de las informaciones vertidas hoy en un medio de comunicación, donde se dice expresamente por un representante del Partido Socialista que, diga lo que diga y justifique lo que justifique la Consejera de Economía, van a pedir la Comisión de Investigación, yo apelaría primero al buen hacer y entender de todos los Procuradores, que si realmente el Grupo Socialista va a insistir... les pido un ejercicio de responsabilidad, no solamente parlamentaria, sino también personal: si van a hacer, de verdad, van a hacer la petición de la comparecencia de la Comisión de Investigación, yo creo que, lógicamente, no se puede sustraer a Sus Señorías y a las personas que formen parte de la Comisión de Investigación todas y cada una de las informaciones de las que tiene que ser objeto esa Comisión de Investigación.

Por lo tanto, creo que -dado como está el tema- me gustaría conocer... sin perjuicio de que yo vengo perfectamente preparada para hacer la comparecencia y explicar todo lo que haya que hacer. Ahora, yo creo que si va a haber una Comisión de Investigación, porque, efectivamente, así ha aparecido en los medios de comunicación, y da lo mismo lo que yo vaya a explicar hoy aquí, tengan o no conocimiento... Y ha dicho textualmente el señor Jaime González hace un momento "no hablaré de expedientes hasta no recibirlos", pues realmente yo creo que deben de explicar su postura; porque, si no, ningún papel, documento o cifra debe de ser conocido antes de que actúe una Comisión de Investigación. Creo que nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señora Consejera, me parece que esto no es turno... una cuestión de orden. Es un planteamiento.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Bueno, vale. Es que dije que no conocía...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): No, no, perdone, señora Consejera. Usted, a petición propia, ha decidido venir aquí a informar. Entonces, esta Presidencia entiende que usted lo que tiene que hacer es informar; y lo que los Grupos Políticos hagan después pertenece a la legítima competencia y derecho de cada uno de los Grupos. Y el señor Jaime González es un miembro del Grupo Parlamentario Socialista, que probablemente no va a intervenir en el día de hoy.

Por lo tanto, yo le invito a usted a que, al margen de las posiciones que tenga cada Grupo, usted ha pedido venir aquí a comparecer; comparezca si lo estima oportuno; y si no lo estima oportuno, no comparezca. Creo que es lo razonable. Lo demás son cuestiones de valor, que a lo largo del debate se podrá intervenir.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): No, no, no.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Si es que me encantaría, puesto que ha hecho tres preguntas -me parece- concretas, contestarle, en nombre del Grupo, a las tres, para que se quede tranquila la señora Consejera y pueda intervenir.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Perdón. Señor...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Primera...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Perdón. Para que quede constancia en el debate...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: No, ha preguntado...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): ...esto no es un turno, no es un turno de intervenciones, que no dará lugar a réplica y contrarréplica. La señora Consejera ha iniciado el debate saltándose lo que sería reglamentariamente el Orden del Día. Usted ha hecho unas preguntas; el señor Portavoz del Grupo de la Oposición le va a contestar; pero no va a haber ni réplica ni contrarréplica, ni va a intervenir ningún otro Grupo Parlamentario. A continuación, la señora Consejera, si lo estima bien, cumple a lo que ha venido; y si no lo estima bien, que tome la decisión que quiera. Pero es que, si no, vamos a tergiversar el mecanismo, y me parece que no es esto razonable. Señor Quijano, tiene usted la palabra, brevísimamente, por favor.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Con toda brevedad. Y le contesto casi con un telegrama.

(-p.6538-)

Primera pregunta, si el Grupo Parlamentario Socialista conoce el expediente. Probablemente mucho antes que la señora Consejera.

Segundo. ¿Qué va a hacer el Grupo Parlamentario Socialista con este asunto? Lo que le parezca oportuno.

Tercero. Si habrá una Comisión de Investigación. Eso se lo pregunta al Portavoz de su Grupo, que es el que lo decidirá en última instancia. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Quijano. Tiene la palabra...

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): ...tiene la palabra. Perdón, señor Aguilar. Perdón, señor Aguilar. He dicho antes que no hay ningún turno de réplica ni contrarréplica. Le ha preguntado la señora Consejera, el señor Quijano le ha contestado; y, por lo tanto, usted tendrá su turno y podrá responder en su turno. Tiene la palabra la señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Pues muchas gracias, señor Presidente. He solicitado la comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda como consecuencia de las declaraciones realizadas, una vez más, por representantes del Partido Socialista Obrero Español en relación con la adquisición de la futura sede de la Administración de Castilla y León en Segovia.

No obstante, antes de explicar detalladamente todo el proceso que concluyó con la adquisición del correspondiente inmueble, no puedo sino hacer las siguientes consideraciones, que creo pertinentes en el desarrollo de esta sesión.

En primer lugar, la Junta de Castilla y León ha realizado a lo largo de los últimos años -y lo continúa haciendo- una política encaminada a cubrir las necesidades de espacio para los servicios administrativos, no sólo en Segovia, sino en todas las provincias de la Comunidad. Por lo tanto, la adquisición del inmueble correspondiente a Segovia no es un hecho aislado y particular, sino que se inscribe en una actuación general del Gobierno Regional, y en particular de la Consejería de Economía y Hacienda.

En segundo lugar, resulta incoherente y paradójico que por parte de quienes durante un año han actuado con manifiesta pasividad, y cuando sí han tenido tiempo para otras cuestiones -no sé si más o menos importantes, pero no de la misma repercusión en la mejor atención a los ciudadanos segovianos-, ahora, precisamente, resuelven solicitar una Comisión de Investigación y amenazar, en caso de que no se constituya, de trasladar el asunto a la Fiscalía.

Todo ello, evidentemente, sin haberse dignado... por favor...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Siga, siga.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Todo ello, evidentemente, sin haberse dignado examinar el correspondiente expediente; y sin que ello impida al Secretario General del Partido Socialista manifestar, sin ningún rubor, que él y sus compañeros deben estar en posesión de la verdad, y creen tener el monopolio de la ética, aunque la realidad manifieste lo contrario... Que, como mínimo, no se ha demostrado un despilfarro sangrante del dinero público; ya se ha demostrado, perdón.

Si yo puedo -y cualquier ciudadano español, y espero que Izquierda Unida también- recordarle -y el Grupo Mixto- al Partido Socialista Obrero Español despilfarros sangrantes, en el sentido literal y real de estas palabras, ¿quiénes son ustedes para acusarme -cuando solicité esta comparecencia, cuando la solicité- de un grave déficit de sinceridad? Si no la hubiera solicitado ¿me habrían acusado de cobardía? ¿Ustedes son los sinceros y los éticos? Si, seguramente son, o dicen ser, la candidatura progresista, ¿hasta cuándo este falso lenguaje?

Señorías, se han hecho críticas desde una manifiesta ignorancia del expediente administrativo y de los correspondientes informes técnicos realizados. Espero que con mi comparecencia pueda informar a los señores Procuradores de las actuaciones que, en todo momento, se han realizado correctamente.

Hechas estas aclaraciones, paso a exponer a Sus Señorías el proceso y desarrollo de la adquisición del edificio para usos administrativos en Segovia.

Mediante Orden de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y cuatro se autorizó, por el Consejero de Economía y Hacienda, la iniciación del expediente para la adquisición de suelo o -y subrayo "o"- edificación, con destino a edificio de servicios administrativos en la ciudad de Segovia, rigiéndose por el pliego de bases informado por la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía y Hacienda.

Este concurso fue convocado a licitación pública por Resolución de la Dirección General de Presupuestos y Patrimonio, y publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

(-p.6539-)

Examinadas las ofertas presentadas y el Informe emitido por el arquitecto del Servicio de Patrimonio, la Mesa adoptó por unanimidad la decisión de declarar desierto el concurso, debido al incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de bases.

En consecuencia, el Consejero de Economía y Hacienda, mediante Orden de veinte de abril del noventa y cinco, declaró desierto el concurso público para la adquisición de suelo o edificación con destino a edificio de servicios administrativos en Segovia, por incumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos de bases.

Las actuaciones anteriormente citadas se enmarcaban dentro del plan -como he dicho- de ejecución... de construcción de edificios administrativos de usos múltiples, una vez realizadas las correspondientes obras en Ávila, Burgos, Palencia, y encontrándose en ejecución las de León.

Dentro de este programa se habían estudiado las necesidades en Segovia. Estas necesidades -que no habían disminuido una vez desierto el concurso- aconsejaron iniciar un nuevo expediente para la adquisición, a título oneroso, de inmueble en la ciudad de Segovia, por el sistema de concurso público, para destinarlo a usos administrativos de la Junta de Castilla y León, en Segovia.

Así pues, se inició un nuevo concurso por Resolución de la Secretaría General de la Consejería, el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, aprobándose el pliego de bases el tres de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en el que, entre otras cosas, se establecían las siguientes condiciones: objeto, solar o edificio a rehabilitar, o edificio construido; superficie mínima, tres mil metros cuadrados; ubicado en el recinto histórico de la ciudad.

El pliego de bases fue informado favorablemente por la Asesoría Jurídica, y publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el ocho de noviembre del noventa y cinco, como preceptúa el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio del Estado, en relación con el Artículo 41.1 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León.

El plazo de presentación de ofertas finalizó el treinta de noviembre, y se presentaron tres ofertas que fueron estudiadas por la Mesa, constituida conforme a lo establecido en el Artículo 104 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio del Estado, en cinco reuniones de trabajo, y contando con los Informes técnicos correspondientes.

Los citados Informes hacían referencia, el primero de ellos, al estudio de superficies, adecuación al uso de oficinas, estructuras y estado de la construcción, realizado por el arquitecto del Servicio de Patrimonio. El segundo, a la tasación o valoración del inmueble, que fue realizado por el arquitecto del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Segovia. Y, finalmente, un Informe elaborado por el propio Ayuntamiento de Segovia, previo a la adjudicación -y lo subrayo, porque se han dicho otras cosas en los medios, "previo a la adjudicación"-, donde se señala expresamente que el inmueble podía ser destinado a oficinas públicas; lo que contradice -me van a permitir que lo manifieste una vez más- las afirmaciones de algunas personas de sostener que el inmueble sólo tenía destino viviendas.

Es cierto, señores Procuradores, que la Mesa inadmitió dos de las tres ofertas presentadas. Esta inadmisión se realizó en la reunión que celebró la Mesa el treinta de noviembre del noventa y cinco, y se hizo en base a que la superficie de los inmuebles ofrecidos no llegaba al mínimo exigido en el pliego.

Por ello, en la misma reunión, y ante la oferta que realizaba la empresa Navisa, se decidió solicitar un informe técnico exhaustivo que comprendiese la situación urbanística, la comprobación de si era posible el cambio de uso, así como la adecuación al uso de los inmuebles ofrecidos.

Posteriormente, el diez de enero del noventa y seis, se reunió la Mesa de Patrimonio, con el fin de estudiar los informes solicitados y proceder, en su caso, a la adjudicación provisional del concurso.

Tras la deliberación correspondiente, y por unanimidad, la adjudicación provisional recayó en la oferta presentada por Navisa, consistente en un conjunto de edificaciones construidas sobre tres fincas registrales colindantes, y que forman una sola unidad física, delimitadas por la plaza Reina Doña Juana, calle Domingo de Soto, plaza de los Espejos, plaza del Seminario y calle del Seminario; por un precio de 948.900.000 pesetas más el 16% de IVA.

A continuación, señores Procuradores, el ocho de febrero del noventa y seis, a propuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, la Junta de Castilla y León autorizó al órgano de contratación, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7.1 de la Ley 4/95 de Presupuestos de la Comunidad, la celebración del contrato de compraventa del conjunto de edificios a los que he hecho referencia en el párrafo anterior.

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Aprobado el gasto plurianual para la adquisición del inmueble con destino a los servicios administrativos en Segovia, todo ello previo... todo ello previa, perdón, la fiscalización y el informe favorable de la Intervención General, se procedió, el quince de marzo del noventa y seis, mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, a la adjudicación definitiva del contrato de adquisición del inmueble con destino a la ubicación de los servicios administrativos de la Junta de Castilla y León en Segovia, a la oferta presentada por la empresa Navisa, ordenándose, señores Procuradores, mediante Resolución de la Secretaría General de Economía y Hacienda, la publicación de la citada adjudicación en el Boletín de la Comunidad de veintiséis de abril del noventa y seis.

A continuación, se otorgó ante el notario de Segovia, don José María Olmos Clavijo, la escritura pública de compraventa. Por cierto, en ese momento se dio una rueda de prensa y se comentaron todos los datos del edificio, incluido su precio.

¿Se ha tardado más de un año en recibir el resumen de prensa desde aquel día? O, más bien, ¿han esperado el momento oportuno para denunciar políticamente una actuación administrativa irreprochable?

Posteriormente, Señorías, se realizó el expediente de contratación de las obras para la terminación -y subrayo "terminación", porque el edificio estaba prácticamente terminado- y adecuación de los edificios adquiridos al destino de servicios administrativos de usos múltiples.

A este expediente, tramitado por concurso público, según lo previsto en la Ley 13/95, de Contratos de las Administraciones Públicas, publicado en el Boletín de Castilla y León, en dos periodos... y en dos periódicos de la Región, se presentaron nueve ofertas.

Constituida la Mesa de Contratación, se solicitaron los informes técnicos oportunos, de los que se desprende con absoluta claridad que la oferta presentada por UTE, Navisa, Elinor Aiser era la que ofertaba mayor calidad y cantidad de las instalaciones; y siendo, a su vez, la segunda oferta más barata de entre las nueve presentadas.

Finalmente, señores Procuradores, la adjudicación del contrato se realizó mediante Orden de esta Consejería con fecha cuatro de febrero del noventa y siete, por un importe de 239.049.246 pesetas más el IVA correspondiente.

En definitiva, puedo asegurarles que todas las decisiones adoptadas en los dos procedimientos de contratación se han adoptado siempre siguiendo la opinión de los informes técnicos, y de acuerdo con las propuestas de resolución adoptadas por unanimidad por las respectivas mesas de contratación.

El interés público, señores Procuradores, ha estado siempre presente en las actuaciones de la Consejería que me honro en dirigir y, en particular, en el caso que esta tarde aquí nos trae.

Espero, en beneficio de los ciudadanos de Castilla y León -ante quienes, en definitiva, somos responsables-, haber ayudado a desmentir afirmaciones o acusaciones que en nada favorecen el interés general de la Comunidad, y, en particular, del mundo empresarial que, en definitiva, es quien genera riqueza y nuevos puestos de trabajo.

Lo importante es servir los intereses generales y no los partidistas, como parece práctica habitual en algunas fuerzas políticas, más preocupadas por sus graves problemas internos que por las cuestiones de índole general. Nada más. Espero haber demostrado la corrección de la actuación de la Junta de Castilla y León en la adquisición del edificio de Segovia.

No obstante, a partir de ahora, aquí me tienen para responder a cuantas preguntas consideren oportunas y necesarias. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Decidimos continuar la sesión. Y tiene la palabra, para formular preguntas o sugerencias a lo que ha defendido la señora Consejera, el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Presidente, Señorías, pues la verdad es que, después de esta información, ni siquiera puedo dar las gracias -en este caso- por la comparecencia, porque yo esperaba que hubiese una información exhaustiva.

Y, en primer lugar, he de decir que nada nuevo, nada nuevo ha aportado Su Señoría respecto del caso que nos ocupa. Y fíjese que a nosotros nos gustaría que nos ocupase sólo esta tarde; pero eso va a depender de que haya una clarificación de una serie de cuestiones que en estos momentos está demandando, no en este caso este Portavoz, sino una gran parte de la ciudadanía de Segovia, del ámbito donde se desenvuelven estas cuestiones, y que ha sido la razón que nos ha llevado a nosotros a hacer el planteamiento de pedir explicaciones; porque resulta absolutamente ilógico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista legal; y, lógicamente, eso tiene que explicarse de alguna forma.

Nosotros hemos pedido, hemos solicitado también la Comisión de Investigación, porque ha ido creciendo -en eso que se denomina vox populi- el que las contradicciones son tan manifiestas, no cuadran absolutamente ninguno de los elementos que concurren en esta circunstancia; las cifras son tan abultadamente exageradas, que tiene que haber algún tipo de explicación. Y ojalá sea la más fácil para todos; y aquí paz y después gloria.

Desde el mismo momento en que se produce esta cuestión, llama la atención, o, por lo menos, a nosotros nos comunican... y hasta que no se ha desarrollado ya absolutamente todas las operaciones que han concurrido, no han llegado a producir esta sensación de alarma social, o, al menos, no nos la han transmitido. Y nosotros operamos así, precisamente, ante las demandas expresas de una parte de la ciudadanía segoviana que, lógicamente, podemos representar.

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Y ni que en mil novecientos noventa y cuatro se haya planteado la Orden y se hable de suelo o edificación, como... pretendiendo justificar el que era indistintamente una u otra alternativa; ni el que se haya hecho con un concurso a licitación pública, y que se hayan presentado una serie de ofertas; que haya habido un concurso que quedó desierto; y ya menos todavía el que se hayan producido las delimitaciones o la separación de dos de las ofertas, porque no había o no accedían al límite de... suficiente de suelo que se solicitaba.

Porque lo que sí es absolutamente claro es que en estos momentos nos gustaría saber cuál es -y es la primera pregunta-, cuál es el objetivo real de ese inmueble, y cuál es lo que va a acoger de servicios ese inmueble. Porque, o tienen unas delimitaciones hechas muy a pata la llana, o, de lo contrario, no va a ser capaz de asumir, de admitir todos los servicios, como ocurre ya en otras capitales provincias o en otras Delegaciones Territoriales de la Administración Autonómica; con lo cual, en cierto modo, está contradiciendo esa política que dice o que pretende justificar como fórmula resolutoria. Lo están haciendo en todas las Administraciones... perdón, en todas las capitales de provincia, pero ni en Valladolid, ni en Palencia, ni en León -hasta donde conocemos-, esos edificios de usos múltiples están sirviendo para acoger al conjunto de las Delegaciones Territoriales, y siguen con la doble política de ir adquiriendo en unos casos, de ir alquilando en otros casos, o de ir compatibilizando ambos sistemas -lo cual, pues no vamos a entrar en analizar-. Lo que no cabe la menor duda es que ya es difícil entender que tuviera que ser una... un inmueble de una naturaleza o de unas características concretas.

No obstante, y después de los múltiples informes que dicen plantear, pues queda absolutamente claro que se llega por unanimidad a un precio inicial, que son 948.000.000 de pesetas más 16% de IVA, que no está en contradicción con lo que en estos momentos se ha venido barajando -y que se ha hecho público a través de los medios de comunicación-, y que está oscilando entre 1.100-1.200 millones de pesetas.

Y aquí viene una de las cuestiones que a nosotros, pues, hombre, nos gustaría saber por qué la diferencia entre la tasación inicial de la Administración, entre lo que inicialmente se daba como coste de ese edificio, entre lo que pagó inicialmente Navisa a los propietarios y el coste definitivo. Y claro, se está hablando de variaciones que oscilan -en números redondos- de 200.000.000 a 700.000.000 a 1.100 millones de pesetas.

Es: ¿con qué criterios tasaron; y, lógicamente, por qué, al final, cuando parece ser que no va a poder colmar las aspiraciones de un edificio de usos múltiples a todos los efectos, acogiendo todos los servicios que la Administración Autonómica tendrá en Segovia, pues se llega a esa conclusión?

En segundo lugar, dicen que han hecho análisis y que habían solicitado informes en relación con el cambio de uso. Cambio de uso que, lógicamente, tal como en estos momentos se está despachando el Ayuntamiento de Segovia, pues no nos extraña en absoluto que sean capaces de hacer cualquier cosa. Pero no cabe la menor duda que estamos hablando de una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad, que no tienen por costumbre en estos casos las Ciudades Patrimoniales de la Humanidad cambiar de la noche a la mañana de uso. Que es verdad que parece ser que estaba tipificado como vivienda y oficinas, pero no es lo que en estos momentos se está planteando, ni mucho menos; y que, lógicamente, es posible que la hubiesen informado con la aceptación del cambio de uso, y eso tampoco justifica nada en absoluto.

¿Quién se ha acomodado a quién o a qué? Es otra de las preguntas que nosotros queríamos que hubiese una contestación, para que podamos entender algunas de las secuencias, desde el punto de vista del urbanismo, de una ciudad Patrimonio de la Humanidad y de lo que es la legislación de la Ley del Suelo actual. (No sé si la actual o... con todas las derogaciones que ha habido por el Constitucional.)

En tercer lugar, se sigue planteando si era el lugar adecuado para la función prevista. Y precisamente también contando que estamos hablando de casco histórico, con normas concretas, y que, por otra parte, es conocido las dificultades que pudiesen generarse desde el orden circulatorio en la ciudad, y que tampoco iba a concurrir precisamente con un inmueble en esas condiciones o en ese lugar hacer una facilitación de ese orden circulatorio.

En cuarto lugar, parece ser que incluso en una celebración de... posterior de adjudicación para que se pudiese actuar sobre el inmueble en estructura, pues se saca a oferta pública también, y, al final, de las nueve ofertas, se va a la segunda más barata y no a la más barata. Y en algunos casos se ha justificado como que procedía precisamente del titular -no el originario, sino del segundo titular en este proceso-, que era la empresa Navisa.

¡Hombre!, no deja de llamar la atención que con un 15% más barato otra empresa, pues al final haya ido a la adjudicación de Navisa, que, lógicamente, casi casi, hasta incluso por prudencia, no hubiera sido ni aconsejable.

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¿Por qué esta suma de decisiones y a qué precio? Pues si hubiese algún tipo de posibilidad de entender toda esa lógica es muy probable que no hubiese la gran preocupación... Y no me gusta lo de la alarma social, pero sí he de decir que en estos momentos hay un número importante de ciudadanos, que ni tan siquiera tienen nada que ver con nuestra organización política, que nos han planteado que las dudas son más que razonables, que los problemas o que las historias no están por entender que de la noche a la mañana una edificación de esa naturaleza haya podido pasar a llegar a tener un precio de 300.000 pesetas el metro cuadrado; que, ya no en Barcelona o en Madrid, me atrevería a decir que ni siquiera en Manhattan se llega a plantear... y menos cuando se habla de oficinas, y menos para la Administración.

Hay algunas publicaciones que se atreven incluso a plantear... y es una revista de la patronal segoviana, que dice: "¿Quién se ha beneficiado con la compra del nuevo edificio de la Junta?". No es una acepción política determinada -o al menos no están apuntados como tal grupo político-, sino es una parte de la patronal segoviana que, curiosamente, ha recibido de inmediato las explicaciones por parte del Vicepresidente del Gobierno Autónomo, explicaciones que, desde luego, no son... no pueden ser las que Su Señoría nos ha ofrecido aquí; de lo contrario, no hubiesen proseguido los análisis o las reflexiones por parte, no ya de los Grupos Parlamentarios, o de los partidos políticos, o de ciudadanos o ciudadanas con aviesas intenciones de menoscabar la credibilidad o el crédito -que se lo tiene que ganar de otra manera el Partido Popular y la Administración Autonómica-, sino algunas otras que tradicionalmente están de su lado, pero que en este caso tampoco entienden, en absoluto -como en otro caso más de la construcción-, que se puedan producir fenómenos de esta naturaleza sin explicación de ningún género.

Es, por tanto, que si después de la siguiente información no se producen aclaraciones a todo este contexto, nosotros proseguiremos en la acción que ya habíamos iniciado. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Herreros. En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra don Fernando García Cantalejo.

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señora Consejera. Como usted ha hecho una primera reflexión introductoria, vamos hacer nosotros otra también.

Cuando dice usted que ha solicitado voluntariamente la comparecencia, mencionaba que lo había hecho tras las declaraciones -una vez más- que sobre este asunto se trataban. Y eso es cierto. ¿Me está escuchando, señora Consejera? Como usted es muy dada a dar recomendaciones a los demás: si va a escuchar, bien; y, si no, pues mire, como parece que ya tiene usted dado por hecho que vamos a no hacerla caso a sus explicaciones... desde luego, si nos atiende tan poco, no se las vamos ni a pedir.

Estas declaraciones se hacen el mismo día en que ustedes adjudican a Navisa -hace ya más de un año y cuatro meses- por este mismo Procurador, que ya dije en aquel momento que a la única que beneficia esa compra es a Navisa. Pero es que usted cuando va a firmar a Segovia la compraventa se lo vuelven a plantear los periodistas, y tampoco viene aquí a comparecer.

Como ha mencionado el Portavoz de Izquierda Unida, la patronal de industrias de la construcción -que creo que algo entenderá de esto- en dos o tres ocasiones lo vuelve a sacar en publicaciones escritas, en declaraciones a los medios de comunicación, y usted tampoco comparece. Y únicamente comparece cuando el Grupo Socialista primero, y después sumándose el Grupo de Izquierda Unida, pedimos una Comisión de Investigación. Por lo tanto, su comparecencia no es voluntaria, es forzada. Y, por lo tanto, es una comparecencia en la que usted viene aquí porque no la queda más remedio, porque ha visto que era un asunto difícil de explicar. Y no la queda más remedio que venir ahora a explicarlo.

¡Y hombre!, ¡ya sólo falta que usted nos dé lecciones de cómo tenemos que hacer nosotros las cosas! Nosotros las haremos como nos venga más conveniente como Grupo Político. ¡Pues faltaría más! Como hacen ustedes todas las cosas -para desgracia de los ciudadanos de Castilla y León-: como les viene en gana. Y este asunto es uno, y lo iremos demostrando con el paso de las intervenciones.

Porque usted aquí... su propia intervención ha dicho algo que no es cierto también -y ya se lo ha planteado el propio Portavoz de Izquierda Unida-, y ahora se lo iremos planteando. Mire usted, cuando hace unas declaraciones... ahora ha dicho que curiosamente sale ahora nuestra petición de Comisión de Investigación, pues claro. Porque nosotros pedimos datos a usted, le hacemos preguntas, yo las tengo... se las voy a enseñar. ¡Hombre!, ¡sólo falta que me niegue lo que usted firma aquí! Si lo firma y no lo sabe, pues mire, entonces ya no sabemos adónde vamos ir. Porque, claro, ustedes, cuando se compra un edificio... y el Grupo Parlamentario Socialista -aquí tengo preguntas del año noventa y del año noventa y dos, porque yo estaba de Procurador entonces- ya planteábamos que se comprara o que se edificara, sobre todo, un edificio de usos múltiples, señora Consejera. Por lo tanto, el Grupo Socialista lleva desde entonces planteando la necesidad de que se ubique un edificio de usos múltiples en Segovia.

De repente, estaba previsto que se construyera este edificio nuevo en un solar propiedad de la Junta -es decir, que no le iba a costar un duro- en el polígono Nueva Segovia. Esto era la primero que se tenía previsto. Curiosamente, se cambia de criterio y, en vez de llevarlo a un sitio de donde de verdad fuera un edificio de usos múltiples que valiera para llevar allí todos, todos, todos, o por lo menos casi todos, los servicios que tiene la Junta de Castilla y León, pues de repente cambian de opinión y deciden que tienen que llevarlo al casco histórico.

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Todo coincide en esas fechas de cuando se compra. Entonces, bueno, ustedes hacen la adjudicación tras dos concursos, del que usted de uno no ha hablado nada... del que usted no ha hablado nada. Ha habido un primer concurso que usted dice que se queda desierto, y es verdad. Y hace mención: "suelo o edificación". Pues había uno que tenía todos los informes favorables de los técnicos de la Junta, y se deja desierto porque, curiosamente, no lo cumple el otro -el de Navisa-, ¡qué casualidad! Se deja ese concurso desierto, el primero. De eso usted no nos ha dicho nada, ni nos lo va a poder decir; de eso usted no nos dice nada del primer concurso. Bien es cierto que se utilizan unos argumentos después para tapar esa... Bueno, yo le estoy hablando... bueno, si, en fin... yo le estoy hablando del primer concurso, que es el que le he dicho, y luego tiene usted tiempo para contestarme y me contestará.

Ese primer concurso se da unos argumentos -repito-, el único, que no hay salida de emergencia, a ese edificio que había. Y resulta que ese edificio que se vendía está justo al lado, está rayano, lindando, con el edificio actual de la Consejería de Fomento, con lo cual no había habido nada más que unirlos, y no tenía ningún problema de salida de emergencia. Pero claro, curiosamente, Navisa no cumple ese pliego de bases -se conoce que se habían dado cuenta ustedes después- y declaran desierto; y cambian las bases del concurso para el segundo, para que ya Navisa sí entre, sí entre en ese concurso.

Eso, a nosotros, repito que en su momento ya le dijimos que nos sonaba mal; pero bueno, por si acaso, usted, como Consejera de Economía, o la Junta de Castilla y León, tenía algunos razonamientos para haber hecho esa compra, pues nosotros hacemos unas preguntas, que voy a aprovechar para contestarle, yo antes que usted, al Portavoz de Izquierda Unida.

Y entonces preguntamos por qué... qué edificios se van... Le voy a leer sus declaraciones lo primero, como usted hace mucha mención a la prensa. Son textuales, entrecomilladas, de un periódico; lo dice usted en Segovia, el veintiuno de marzo del noventa y seis, cuando va a firmar la compra. Dice: "no caben los funcionarios..." -se refiere a cómo están en la situación actual- "...y éstos deben de estar dignamente ubicados. Además, yo siempre he sido partidaria de comprar, porque eso de pagar alquileres es una rémora que las Administraciones arrastran desde hace tiempo. Con algunos de los alquileres que se están pagando, en unos pocos años se tiene un local propio".

Bien. Nosotros hacemos una pregunta parlamentaria, que contesta usted. Y repito, si me va a decir que su firma no es la que figura aquí al pie, pues entonces yo ya no hablo más. Pero aquí lo pone usted: Isabel Carrasco Lorenzo, que creo que es usted, creo que es usted, por lo menos la que firma, o a la que le han hecho firmar.

Le preguntamos que qué pasa con esos edificios y cuándo se van a trasladar, y cuáles van a dejar ustedes de alquilar. Y se trasladan del actual Edificio de Usos Múltiples I -según los delimitan ustedes- y solamente resuelven un contrato de arrendamiento -uno-, que en otra pregunta que también hago y que también contesta la Junta de Castilla y León, ése único local que se va a dejar de pagar el arrendamiento, se paga al año 1.237.000 pesetas. Mire usted, con sus propias palabras, con el ahorro de 1.237.000 pesetas en alquileres y los 1.400 millones que cuesta, pues esta Comunidad Autónoma estará pagando mil cuatrocientos años para ahorrarse los alquileres que se suponen -según su propia declaración- que se van a ahorrar.

Pero es que, bueno, se podía no ahorrar y, en cambio, llevar todos los servicios allí. Pues, tampoco, tampoco, que es lo que usted decía. De los veintiún locales que hay, en donde están repartidas las distintas dependencias de la Junta de Castilla y León, sólo se va a dejar uno de utilizar. Por lo tanto, ustedes tampoco ahorran el peregrinaje que tienen las distintas personas que tienen que ir a hacer trámites ante la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, nosotros preguntamos, tardan ustedes en contestarnos... También vamos indagando otras cosas, que, lógicamente, usted no nos va a querer contestar; quizá porque usted también ha dicho en declaraciones que no es la empresa y, obviamente, usted no va a contestar por la empresa.

Las dudas que empiezan a surgir -y ya le he dicho algunas-: por qué se cambia del Nueva Segovia, solar donde no cuesta un duro a la Junta de Castilla y León, porque es suyo -de la Junta de Castilla y León, no suyo de usted, suyo de la Junta-, donde ya había un presupuesto de 1.500 millones desde el año noventa y uno, para hacer un edificio como es debido, donde se llevaran casi todos los servicios -porque no voy a decir que todos, que sería bastante difícil, pero casi todos-, buen aparcamiento, lo llevan ustedes allí, al sitio más colapsado en este momento, donde encima se va a cortar el tráfico porque se hace la peatonalización del casco antiguo de Segovia, meten ustedes un Edificio de Usos Múltiples. Pero si es que eso no cuadra por ningún lado, no cuadra; ni con los alquileres que se ahorran, que dice usted; ni con los servicios que se transfieren, porque no es casi ninguno, nada más que uno se deja de utilizar.

Y luego, curiosamente, si ustedes tenían tan previsto que esto era tan necesario, señora Consejera, ¿cómo es que... -usted ha dado las fechas además aquí- el informe técnico exhaustivo que decide que se va a comprar el edificio es del diez de enero del noventa y seis?

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Hombre, si ustedes... como usted dijo, además, estaban tan necesitados los funcionarios de locales, ¿cómo es que luego dejan pasar meses y meses para sacar el concurso, el concurso de asistencia técnica, de redacción del proyecto, de adecuación de un edificio, que curiosamente está vacío, es decir, no tiene ni un solo metro cuadrado de tabicación? La primera, la primera, la primera vez que veo yo que hay un edificio donde no tiene un solo metro cuadrado tabicado.

Señora Consejera, lo digo yo y lo ha dicho públicamente más gente, y no ha dicho absolutamente nadie nada. Sí, ahora valoramos el tiempo que le ha dado tiempo a la empresa en hacer algunas otras cosas.

Ese edificio, señora Consejera, ustedes lo adjudican, compran, y entonces hacen el pago. Repito que, si ustedes vieran que eso era necesario, ¿cómo pasan, cómo pasan ustedes... dejándolo pasar así, cerca... desde enero a agosto que sacan ustedes el concurso -ocho meses- y le declaran de urgencia? ¡Anda, que... está bien! Le declaran de urgencia ocho meses después, que ya sabían que ese edificio había que tabicarlo, porque ahí a la gente, ya que eso lo han decidido ustedes, había que meterlos dentro a los funcionarios, con algún tipo de edificación. Lo dejan ustedes pasar ocho meses.

Por lo tanto, no sólo a este Grupo Parlamentario, a muchos cientos de segovianos que lo han expresado en los medios de comunicación; como decía el Portavoz de Izquierda Unida, a la Patronal de Industrias de la Construcción -que algo, repito, entenderá de esto- no les sonaba bien; no sonaba bien que dejen ocho meses sin hacer ningún tipo, ningún tipo de actuación allí.

Pero es que más sorprendente es que esta empresa a la que se le compra el edificio, curiosamente, no desmonta la grúa, la deja allí; yo es la primera vez también que veo que una empresa, en cuanto vende un edificio, deja la grúa allí puesta, con lo que eso cuesta de alquiler y de pago al Ayuntamiento las tasas municipales por tenerlo allí. Y, ¡qué casualidad!, esa empresa es la misma que consigue la adjudicación de la remodelación interior del edificio. Claro, ¡qué casualidad!, es la misma empresa... y es una Unión Temporal de Empresas; no tan temporal, señora Consejera, no tan temporal. Porque el Presidente de Navisa es, a la vez, el mismo Presidente de una de las empresas que van en la Unión Temporal de Empresas. O sea, que tan temporal no: es atemporal, es de todo el tiempo. ¡Cómo no se lo van a conceder! Y, encima, la justificación que da el Delegado Territorial es que "como ya era la empresa que había hecho antes el proyecto, pues hombre, conocería bien el edificio", ¡estaría bueno! A ver, claro, ¿cómo no lo iba a conocer?, si es la que ya sabía desde el principio que no tenía que tabicar, que ya se lo iban a adjudicar luego después. No tenía ningún problema; en absoluto, ningún problema. Porque si no, repito, una empresa normalmente retira una grúa... además, se le manda retirar; otra cuestión que el Ayuntamiento -obviamente, gobernado por el Partido Popular- no le ha reclamado en ningún momento, que retira una grúa, cuando ya se suponía... cuando ustedes hacen la venta y hacen la escrituración -que es en marzo del noventa y seis-, hasta que ustedes adjudican las obras, pasan seis meses. Cualquier empresa había retirado ya la grúa, cualquiera; menos ésta -que, curiosamente, se le adjudica-.

Y usted ha dicho que es la más baja. Pues no es verdad, es la segunda... ¡Ah!, bueno, mire usted, le hemos... No, no, perdón, lo tengo aquí anotado, lo tengo aquí anotado y ha dicho "la más barata". Como constará aquí, señora Consejera, nos remitiremos a su... además, lo tiene escrito, o sea, que no tendrá ningún problema. Bueno, la segunda.

Pero es que, curiosamente, la segunda más baja, es que es un 15% contra un 7%, que estamos hablando de 300.000.000; es que es un dinerito, ¿eh?, para esta Comunidad Autónoma. Claro, si ya una vez regulados 1.100 millones, ¿qué más da regalar otros 20 ó 30 más? Ya, pues, da lo mismo; puestos a regalar 1.100, regalemos 30 más. No parece razonable, no parece razonable. Si ustedes lo utilizan -y aquí está-, es la segunda más barata, ¿por qué no se adjudica a la más barata para hacer un ahorro? ¿Por qué no se hace?

Bueno, pues parece razonable que ustedes... en fin, den algún tipo de explicación.

Pero es que hay más, señora Consejera, cuando se habla del precio, la Patronal de Industrias de la Construcción -como aquí ha hecho mención el Portavoz de Izquierda Unida- hace una serie de interrogantes... y, hombre, yo creo que algo sabrán; esta gente, de inmobiliarias, de precios, de tal, yo creo que sabrán algo, una Patronal de Industrias de la Construcción. Creo que algo más que si hablaran, por ejemplo, los del calzado, o los del comercio, o los de las ventas de comestibles. Esta gente algo sabrán.

Y lo que dicen es: ¿quién se ha beneficiado con la compra del nuevo edificio de la Junta? Las dudas sobrevuelan la compra del edificio de la Junta. ¿Qué doctor en economía puede justificar financieramente la inversión de más de 1.000 millones de pesetas en este edificio? ¿Quién fue la "cabeza" -entrecomillado- que pensó que se solucionarían los problemas de espacio? No vemos ningún beneficio, ni para la Junta ni para la ciudad ni la provincia. Añade entonces: ¿quién se ha beneficiado? Esa pregunta está en todo Segovia, en todo Segovia, en todo Segovia. Y lo malo no es que esté la pregunta, es que la mayoría ya tenemos la respuesta: Navisa, y sólo Navisa. Y no queremos entrar en nada más: sólo Navisa, como empresa, de momento, de momento.

(-p.6545-)

Y habla aquí... Dice el artículo de la PIC -se refiere a esto- "dado que no hacemos sino poner sobre el tapete lo que mucha gente sospecha". El artículo de PIC incluye diversos sumarios con otras interrogantes, como el momento en que se acordó la adquisición del polémico edificio, que incide en el hecho de que Navisa abandonara la construcción de las viviendas mucho antes de que la Junta pudiera... pidiera ofertas de inmuebles para sus dependencias. También pregunta cuánto ha cobrado la Junta por guardar en el edificio los equipos móviles de Navisa, dado que, desde que se cerró la operación de compra, ha permanecido en él la grúa utilizada en su construcción.

Esto son interrogantes normales, interrogantes normales, que espero... a ver si usted nos los aclara.

Ese precio, que no hay que olvidar que son esos 1.100 millones más otros 300, más otros 300 de la rehabilitación -bueno, doscientos y pico, no son los 300 totales, quedan 10 ó 12 millones menos-, hace que quede el precio medio cerca de las 300.000 pesetas; porque claro, toda la parte baja solamente es para veinticinco garajes, porque no se puede utilizar nada más.

Y repito que estas cuestiones no sólo las decimos nosotros, sino las dice alguien, que yo creo que entienden, que entienden algo; claro, que a lo mejor usted entiende mucho más, y entonces no tenemos que decir en este asunto nada más.

Pero es que hay más. Cuando esta empresa, ya se empezaban a oír estas cosas, alguien llamaba a preguntar cuánto... bueno, en fin, metros cuadrados de los pisos, precios, y se remitían: "no, esta información no la podemos dar", "en estos momentos no", "esperamos un momento", "diríjase usted después..."; llamadas personales. Hombre, una empresa inmobiliaria que requiere vender pisos y no da datos, pues hombre, no parece muy razonable, ¿no?; cuando encima no tabica, pues parece menos razonable todavía.

Hay otras dos cuestiones. Claro, cuando luego se va hilando todo... Esta empresa se encontró con que, cuando estaba construyendo, aparecieron unas ruinas romanas, que, curiosamente, producen paralizaciones inmediatas de cualquier otro tipo de construcción en Segovia. Y esto fue con una ligereza... el permitirles seguir con la construcción, rapidísima; sorprendió también, ¿eh? Claro, ahora a lo mejor sorprende menos; antes, pues la verdad es que sorprendió.

Pero es que, mire usted, de verdad, señora Consejera, esta operación ha salido redonda para algunas personas: para quienes vendieron a Navisa y, sobre todo, para Navisa. Porque Navisa compra estas fincas en mil novecientos noventa y cuatro, a principios, por 40.000.000 una de ellas, 75 otra y 75 otra, más la obra efectuada 163.000.000. Total: 353.000.000 de pesetas en mil novecientos noventa y cuatro. A primeros de mil novecientos noventa y seis, señora Consejera, vale 1.400 millones de pesetas. Si usted me explica a mí qué cabeza -como decían los de la Patronal de Industrias de la Construcción-, qué cabeza pensante no habla de despilfarro, señora Consejera, y encima se atreve usted a acusarnos a nosotros de eso... Hombre, mire usted, nosotros con algún fundamento lo decimos. Y a mí no me vale el que diga que, como el otro lo ha hecho mal, yo lo hago mal, pero bueno... Que no, no, por eso también está la gente en la cárcel, ¿eh? No es lo mismo matar a cincuenta que matar a uno; tan grave es lo uno como lo otro. Por lo tanto, usted no se justifique con que hay otros despilfarros por otros lados. Usted está reconociendo ya implícitamente que ha aceptado un despilfarro. Nosotros no justificamos nada. Bueno, usted lo ha dicho, usted lo ha dicho aquí; si es que lo tengo todo aquí, todo lo tengo aquí anotado: "grave déficit de sinceridad". Pues será el suyo, señora Consejera, porque no el nuestro.

Porque cuando hablamos de despilfarros, nosotros hablamos de los que aquí, de lo que estamos hablando -y no se me vaya por los cerros de Úbeda, que está un poco más lejos que esto-: estamos en la compra del edificio de la Junta de Castilla y León en Segovia. Y si ha habido despilfarros en otros lados, tan graves serán, y ahí se perseguirán. Pero esto, explíquelo usted, porque esto... repito: pasar en un año y medio de 353.000.000 a 1.400 millones, si usted me dice a mí que eso no es un despilfarro, señora Consejera, no sé cómo me lo va a poder explicar.

Por lo tanto, señora Consejera, si usted nos contesta cuándo se decide la Junta a no construir el Edificio de Usos Múltiples... Si le va a asesorar el Procurador por Segovia, me parece bien, para que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor Cantalejo, le ruego vaya terminando.

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Sí, voy ya concluyendo. (Por Segovia.) No, es que como parece que le hace más caso a él que al que está interviniendo, pues casi preferiríamos terminar. Pero bueno, no sé, es que... Por lo menos para que no diga nada. Bien.

Señora Consejera, ¿cuándo se decide no construir -la Junta de Castilla y León-, cuándo decide no construir en el Nueva Segovia y sí construir dentro del centro histórico, con lo contradictorio que es eso, para llevar vida al casco histórico de Segovia?

Segundo -porque usted no ha hablado nada de eso-: ¿por qué se rechazan las ofertas del primer concurso -no del segundo, sino del primero-?

¿Por qué una empresa constructora, que se supone que está construyendo pisos y locales, ni tabica ni vende locales en una supuesta operación inmobiliaria? Yo creo que está para eso, no para hacer anuncios nada más.

¿Por qué esta misma empresa, a la que ustedes compran el edificio en marzo, deja la grúa puesta para hacer obras hasta que ustedes le adjudican el segundo contrato? ¿Por qué?

(-p.6546-)

¿Por qué se pagan 1.100 millones de pesetas en el primer momento, sin hacer la construcción, cuando hay una primera valoración de técnicos de la Junta de que eso no se puede pagar más de 600.000.000 de pesetas, y ustedes deciden pagar 1.100 millones?

¿Por qué se adjudica a la Unión Temporal de Empresas -repito, no tan temporal, porque son los mismos dueños el uno que el otro de las empresas-, a Navisa, la rehabilitación, cuando es la segunda más cara?

Y mire usted, usted hizo una alegoría cuando le contestó al señor... cuando le contestó al señor Herreros en el Pleno de las Cortes, diciendo que, si esto estuviera tan claro como el cielo, a usted no le importaría morirse. Mire, no miente la bicha nunca. Pero también le voy a decir una cosa -y no quiero ser grosero-: esto no se lo cree ni Dios. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Cantalejo. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan Vicente Herrera.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Muchas gracias, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Popular sí quiere, por supuesto, agradecer a la Consejera de Economía y Hacienda su comparecencia a petición propia, en este momento concreto, para dar explicaciones a la Comisión de Economía acerca de esta cuestión.

Este asunto, señora Consejera, es para el Grupo Parlamentario Popular un nuevo producto de esa fábrica de escándalos artificiales que algunos miembros de esta Cámara están empeñados en convertir su labor de oposición parlamentaria, su labor de oposición política. Una fábrica, en definitiva, de crispación. Y éste es un nuevo caso en el que la desinformación -y no voy a entrar en otros calificativos-, la desinformación, sobre todo, preside las actuaciones de los Grupos de Oposición.

Claro, lo primero que le llama la atención al Portavoz de este Grupo Parlamentario es que se hable de alarma social. De alarma social se habla en el mes de mayo del año mil novecientos noventa y siete; parece que es en ese momento cuando nos aprieta la alarma social; cuando la escritura pública de compraventa; cuando los hechos que, por lo visto, producen esa alarma social se producen en el mes de marzo de mil novecientos noventa y seis. Una de dos: o no ha habido tal alarma social, o bien hemos dejado transcurrir más de un año sin hacer absolutamente nada respecto de esa alarma social. Pero esa escritura -y eso es público y es notorio, y desde luego consta también en el Registro de la Propiedad- se firma por la señora Consejera el veinte de marzo de mil novecientos noventa y seis. Trece meses después, señora Consejera, los Grupos Parlamentarios de Oposición hoy presentes en esta Comisión solicitan, ¡oh, por arte de magia!, la creación de una Comisión de Investigación.

Porque los Grupos Parlamentarios de Oposición -y viene muy a cuento la celebración de esta comparecencia inmediatamente después de la anterior, en la que hemos examinado los criterios, conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas- son, eso sí, muy celosos a la hora de utilizar los instrumentos de control establecidos en el Reglamento de la Cámara para solicitar información, para solicitar datos, para solicitar expedientes, para solicitar la comparecencia de la Consejera. Pero no, en este caso parece que la situación de alarma social -trece meses después- determina la urgencia de crear una Comisión de Investigación, sin que previamente se solicite por los medios oficiales, por los instrumentos establecidos en el Reglamento de la Cámara, el expediente de contratación, el expediente, en definitiva, de adjudicación de compra de estos inmuebles; el segundo expediente de contratación de las obras internas de remodelación; y, desde luego, sin que esos mismos Grupos soliciten la comparecencia en ningún momento de la Consejera de Economía y Hacienda para que dé cumplidas explicaciones respecto de unos hechos alarmantes que están causando en Segovia alarma social desde el mes de marzo de mil novecientos noventa y seis.

¿Eso es coherencia o eso es, por contra, señora Consejera, actuar sobre la base premeditada de crear un nuevo escándalo falso y, desde luego, sobre una balsa... sobre una base radical de absoluta desinformación?

Nosotros, señora Consejera, al tiempo que usted solicitaba su inmediata comparecencia para dar estas explicaciones, sí que actuábamos -creo yo- como debiéramos haber actuado, o como debieran haber actuado otros Grupos. Y hemos tenido, en esa línea y a través de los instrumentos del Reglamento de la Cámara, acceso al expediente de adjudicación, al expediente de compra del famoso inmueble en Segovia.

Nos hubiera gustado, sinceramente, Señorías, que ustedes hubieran hecho lo mismo. No sé si han tenido acceso a algunos de los informes que obran en este expediente por otras vías a las que ustedes nos tienen ya acostumbrados; pero, indudablemente, me reconocerán que ése no es el procedimiento y que, en cualquiera de los casos, eso no se compadece con la recientísima -creo que del día de ayer, de fecha de ayer- petición oficial, a través de la petición de documentación de la Cámara- de ese mismo expediente. Parece que ustedes han reflexionado. Yo les voy a pedir, para finalizar, que reflexionen un poquito más. Pero parece que ustedes han querido pedir ese expediente.

(-p.6547-)

Y qué bien nos ha venido, efectivamente, que esta comparecencia se haya producido inmediatamente después de la anterior. Porque en el Diario de Sesiones relativo a la comparecencia anterior constarán expresamente las siguientes palabras: "Ustedes, de acuerdo con lo que el Tribunal de Cuentas está diciendo, vienen realizando adjudicaciones de contratos por criterio meramente político de discrecionalidad política; ustedes omiten cualquier referencia, cualquier existencia en los expedientes a informes técnicos los informes de los técnicos". "¡Más informes, es la guerra!", se ha venido a decir en la anterior comparecencia.

Pues bien, si ustedes se hubieran tomado la molestia, la mínima molestia de actuar con un cierto rigor, con el rigor que yo creo que es preciso actuar antes de solicitar la creación de una Comisión de Investigación, ustedes hubieran comprobado que este expediente es un expediente plenamente correcto, totalmente ajustado a la legalidad y -para su satisfacción- plagado de informes técnicos, plagado de informes jurídicos.

Porque lo más grave de la situación, señora Consejera, es que aquí no se está poniendo en entredicho... -porque no se puede poner en entredicho, por cuanto se ha actuado fuera de cualquier tipo de discrecionalidad política, de discrecionalidad administrativa-, no se está poniendo, por lo tanto, en entredicho la labor o la actuación de los responsables políticos que al final han acudido a Segovia a firmar una escritura pública; aquí se está poniendo en entredicho -y ya ha quedado constancia de ello en el libro de sesiones, y sobre ello tendremos que volver- la honorabilidad de una empresa o de varias empresas, que son razón social, personas jurídicas; por lo tanto, nada tiene que ver que sean del mismo propietario, o las mismas personas físicas participen en ellas para que constituyan una UTE, Unión Temporal de Empresas. Y sobre eso, le ruego al Portavoz que me ha hecho... que me ha precedido en el uso de la palabra consulte a su Portavoz, que es Catedrático de Derecho Mercantil, y se lo podrá explicar. En cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, no se está poniendo en entredicho la actuación de los responsables políticos de la Junta; se está poniendo en entredicho, en primer lugar, la honorabilidad de la empresa Navisa; se ha llegado a hacer referencia -incluso, lógicamente, con la desinformación y el error que acompaña a quien no ha buceado en el expediente- que los locales... perdón, que los inmuebles, originariamente, los compra Navisa en el precio de 40, 75 y 75 (lo cual es falso, porque se compran en el precio de 40 y 75.000.000 de pesetas conjuntamente los otros dos). Pero se está poniendo en entredicho la actuación, la honorabilidad de esas empresas. Y, en segundo lugar, la honorabilidad y la integridad de unos funcionarios de la Administración Regional, de los cuales este expediente que yo tengo en la mano está plagado de informes, señores Procuradores. Y a los cuales yo les animo; y, desde luego, mañana mismo, o esta misma tarde, tendré mucho gusto en hacerles llegar este expediente.

Informe, desde luego, en primer lugar, de necesidades de espacio en los Servicios de la Junta de Castilla y León en Segovia; informes de Asesoría Jurídica acerca de la plena legitimidad, legitimación de los pliegos de condiciones y prescripciones técnicas; actas de las mesas de contratación; incluso una acta importantísima, el acta número cinco, que viene nada más y nada menos, señoras y señores Procuradores, que, estableciendo que acuerda la Mesa de Contratación -no la Consejera de Economía y Hacienda, que es la persona que se desplaza a Segovia a firmar la escritura-, esa Mesa de Contratación acuerda por unanimidad -y voy a leer a continuación quiénes formaban parte de esa Mesa de Contratación- la adjudicación provisional del contrato a Navisa. ¿Y saben ustedes quiénes formaban parte de esa Mesa de Contratación, además de presidirla el Secretario General de Economía y Hacienda, como es su obligación? Una Letrada de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Economía y Hacienda, el Interventor Delegado Adjunto de esa misma Consejería, el Jefe del Servicio de Patrimonio de la misma Consejería y el Jefe del Servicio de Contratación Administrativa de la misma Consejería. Pues bien, esas personas -cuatro de ellos funcionarios, no lo olvidemos- acuerdan por unanimidad.

Está plagado, señoras y señores Procuradores, de informes. De informes que ponen de manifiesto la absoluta corrección de este expediente, de informes que ustedes han querido desconocer, de informes también técnicos. Porque se ha hecho referencia aquí a los criterios de valoración, a los criterios de opinión, indudablemente, del sector o de determinados representantes del sector de construcción de la provincia de Segovia. Pero yo quiero significarles a ustedes que, además de los informes jurídicos -relativos a la legalidad plena del expediente-, y económicos -relativos al crédito, a la existencia de crédito-, están aquí incorporados hasta seis informes técnicos suscritos por arquitectos colegiados; seis informes técnicos: seis informes técnicos, señores, de arquitectos, que, en definitiva, determinan que la valoración es ajustada.

Yo sé que esto hace mucha gracia, porque, indudablemente, en definitiva, lo que estamos es introduciendo una ceremonia permanente de confusión; pero por la boca muere el pez. Se pedían informes y aquí existen informes. Sin embargo, ahora se desconocen los informes.

Quieren que la señora Consejera se salga de los criterios administrativos para imponer un criterio político según el cual -y de acuerdo con la discrecionalidad de determinadas fuerzas políticas de Segovia- era preferible no adjudicar esto de acuerdo con unos criterios absolutamente ortodoxos y absolutamente técnicos. Pues bien, eso es lo que existe.

(-p.6548-)

Del estudio pormenorizado de este expediente -cosa que no han querido realizar los Grupos de Oposición-, yo también quiero poner de manifiesto, para que consten en Acta, dos hechos importantes que a mí me gustaría que se pusieran de manifiesto. Desde luego, Navisa adquiere originariamente nada más y nada menos que mil doscientos sesenta y nueve metros de solar; de solar, porque, en definitiva, las construcciones, como las hojas registrales de la certificación obrante en el expediente determinan... las construcciones existentes estaban en situación de absoluta ruina. Mil doscientos sesenta y nueve metros cuadrados. Es importante que sepamos que, de acuerdo con el expediente -y aquí se reitera, y, desde luego, se afirma, y se firma y se certifica por los técnicos-, la Junta adquiere casi seis mil metros cuadrados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se pueden convertir mil doscientos sesenta y nueve metros? Indudablemente, sobre la base de la construcción. Y la Junta adquiere, y pasa al patrimonio de la Junta, tres mil ochocientos noventa y siete metros sobre rasante, tres mil ochocientos noventa y siete metros... Yo le recuerdo, o les recuerdo que una de las exigencias del pliego es que al menos fueran tres mil los metros sobre rasante y mil ochocientos cuarenta y cinco metros bajo rasante. Ése es un dato que a mí me interesa poner de manifiesto, para que se tenga también en cuenta que no es exactamente lo mismo lo que compra la Junta que lo que adquirió en su momento Navisa.

Y otro dato todavía más original, y sobre el cual también les sugiero que realicen sus prolijas investigaciones: en fechas bastante anteriores, concretamente en el año mil novecientos ochenta y nueve, se adquiere, enfrente mismo de este... de estos inmuebles, se adquiere por la Administración General del Estado, y concretamente para el Catastro Provincial, para la Delegación de Economía y Hacienda del Ministerio de Economía y Hacienda, y por lo tanto para la Administración General del Estado, no dependiendo, por lo tanto, de estos señores tan corruptos como son los de la Junta de Castilla y León, un inmueble para esos destinos. Pues bien, de las investigaciones que nosotros hemos realizado, de la valoración que nosotros hemos realizado, aquel inmueble, adquirido -vuelvo a repetir- en el año mil novecientos ochenta y nueve, se adquiere por un precio metro cuadrado de 291.000 pesetas. Esto lo quiero poner yo de manifiesto, porque eso para mí es un elemento que constata la absoluta corrección del expediente de contratación, y también de las valoraciones que se pueden poner aquí y que se pueden impugnar.

Todo ello me lleva a considerar, señoras y señores Procuradores, que nos encontramos ciertamente ante lo que ha sido una construcción que veremos qué consecuencias... qué consecuencias económicas, que consecuencias políticas, etcétera, tiene; porque, evidentemente, yo creo que no se puede atacar impunemente ni a la honorabilidad de determinadas empresas ni tampoco a la honestidad en el quehacer administrativo de determinados funcionarios. Pero, en fin, eso tendremos oportunidad también de ver cómo evolucionan.

Pero lo que sí les pediría, o por lo menos lo que sí que ofrezco, si es que es el instrumento adecuado, es dar traslado a los Grupos de Oposición de este expediente; dar traslado, desde luego, del ejemplar que yo he solicitado y que a mí me ha sido remitido, para que, en la misma línea de la reflexiones que se producían aquí y en la medida, lógicamente, que se conteste -que yo creo que sí que se contesta en este expediente- a las preguntas formuladas por los Grupos de Oposición, reflexionen acerca de si es o no es conveniente mantener esa solicitud que en su momento formularon.

Y como nosotros entendemos que no es conveniente mantener esa solicitud, porque, de acuerdo con una información previa, nunca la hubieran solicitado, sí les pediríamos que, si de ese proceso de reflexión salen convencidos, retiren en su momento -en el momento que lo consideren oportuno y a través de la forma que parlamentariamente sea también la correcta- esa solicitud de creación de una Comisión de Investigación en un asunto que, del estudio pormenorizado del expediente, resulta absolutamente claro y transparente, y absolutamente ajustado a la legalidad de una Administración Regional, de unos responsables de la Administración Regional que para nada se han movido en márgenes de discrecionalidad, como se pretende por las insinuaciones de algunos de los Grupos, sino que, por el contrario, se han conformado con informes técnicos, que es, al final, lo que, al parecer y de acuerdo con otras manifestaciones que se han vertido en esta misma Comisión, determina la puridad y la ortodoxia de los expedientes administrativos de contratación. Muchas gracias.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): Muchas gracias, señor Herrera.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Solicito la palabra por una alusión.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): Señor Quijano, no tiene el uso de la palabra.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: No, no. Es que... déjeme que le exponga la petición por lo menos, ¿no?

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): No. Perdone, perdóneme...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Yo le pido la palabra por alusión...

(-p.6549-)

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): Perdóneme, no está en el uso de la palabra. Debido a la hora que es, y que no ha habido ninguna interrupción, voy atender un ruego y voy a suspender durante dos minutos la Comisión.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ¡Ah, bueno! Pero yo se la pediré luego -la palabra- por alusión, ¿eh?

(Se suspende la sesión a las veintiuna horas veinte minutos, y se reanuda a las veintiuna horas veinticinco minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Se reanuda la sesión. Para...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Le pido al señor Presidente, que antes no estaba presente, la palabra por la alusión del señor Herrera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Bien. Efectivamente, yo no estaba presente, parece ser que ha habido...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Instrúyase del Vicepresidente que lo estaba y sabrá que he sido aludido, no con nombre y apellido, por razón de mi profesión -que en el fondo es lo mismo, porque claramente he quedado identificado en su expresión-.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor Secretario, ¿considera que ha habido alusión?

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO): No considero necesario la intervención del señor Quijano. Creo que no ha habido alusión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Bien. Señor Quijano vamos a continuar...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ¿Pero por qué considera que no ha habido alusión? No, que me explique el criterio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor Quijano, señor Quijano, vamos...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: No, no, no. Es que tengo curiosidad personal en saber cuál es el criterio del señor Vicepresidente para decidir si hay alusión o no.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor Quijano, yo le agradezco su talante y su buena disposición para facilitar que discurra a estas horas ya por este buen camino. Tendrá ocasión en su momento de poderle contestar.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Acepto todo, pero también quiero decir que entonces me comportaré en la Comisión haciendo referencias a los presentes como me venga en gana. Con tal no de citar por nombre y apellido no hay alusión, ¿verdad? Ésa es su interpretación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Tiene la palabra... Señor Quijano, le agradezco, le agradezco que apague su micrófono. Y le damos la palabra a la señora Consejera para que responda. Muchas gracias.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Bueno, pues lo volveré a pedir luego otra vez, ¿eh?

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Bueno, pediría, por favor, un poco de atención, porque pretendo contestar a todas y cada una de las acusaciones o afirmaciones que aquí se han hecho.

Voy a comenzar por el representante de Izquierda Unida, que lo primero que se le planteó, aparte de contradicciones o qué es lo que no cuadra, me gustaría que alguna vez me dijera exactamente qué es lo que no cuadra o qué... cuál es la contradicción que existe. Lo de la alarma social prefiero no entrar en ello. Pero la primera pregunta que ha hecho -y le rogaría que si no han quedado perfectamente todas sus preguntas contestadas en esta primera intervención yo se las contesto luego-: ¿cuál es el objetivo real del inmueble? Bien. Ahora se lo digo.

Yo puedo estar... usted estará o no de acuerdo conmigo en que, si usted estuviera gobernando, pues podría tener otro criterio de unificación de los servicios o no, que es lo que a usted, en primer lugar, ha explicado desde un punto de vista filosófico; pero nosotros hemos tomado la política desde que gobierna el Partido Popular de ir centralizando lo servicios administrativos.

¿Cuál es el objetivo real del inmueble o qué servicios van a ir ahí? Bueno. Pues el objetivo final del inmueble es: ubicación lo mayor... siempre se ha hecho en las provincias -en algunas no se ha podido, desde luego- el unificar todos los servicios en un edificio. Aquí, previsiblemente, aunque está todavía sin cerrar, irá la Delegación Territorial, el Servicio de Economía y Hacienda y otros Servicios, fundamentalmente creo que va Industria o Medio Ambiente, aunque no esté todavía completamente decidido quiénes van a ir.

(-p.6550-)

Efectivamente, hay Servicios que se quedan en la antigua sede, propiedad de la Junta, lo mismo que ha pasado en otros sitios que no se pueden unificar todos, porque no caben todos en un nuevo edificio. Porque no me negaran ustedes que, independientemente de cuando se han hecho los edificios, al ir teniendo nuevas competencias y más personal, aunque se haya hecho un edificio muy grande, al final, no cabe. Bueno. Teniendo un edificio en propiedad, éste no lo vamos a desperdiciar, como es lógico; y comprando otro nos permite ubicar el resto, además de lo que hay en la Delegación. Y siento decirle que se van a eliminar todos los arrendamientos, como se ha hecho en otras provincias. Solamente... y en estos momentos estando en obra, difícilmente se puede trasladar nadie para un edificio en construcción. Por lo tanto, todavía no ha ido nadie, pero irá.

Respecto a lo que usted decía del tema del caos circulatorio, le recuerdo que Segovia es una ciudad peatonal, que es una ciudad monumental, y que éste es el edificio mejor posible. Y le recuerdo que todos los servicios administrativos en la plaza está... en esa plaza está el Insalud, el Gobierno Civil, es decir... la Delegación de Hacienda, todos los servicios administrativos del Estado y de la Comunidad Autónoma están ubicados dentro del conjunto de Segovia. Por lo tanto, se consideraba el sitio más apropiado.

Usted me ha preguntado por el precio, y yo le quiero contestar lo siguiente, que a la vez sirve para algún otro Procurador: el precio de adquisición, como es lógico, eran 948.000.000, efectivamente, más el IVA, más el proyecto de la obra -239-, al final salen 1.300; lo que da 1.387; lo que dividido por metros cuadrados da 234.380 pesetas y no 300.000 como se ha dicho en los medios de comunicación.

Pero debo de manifestar, en este sentido, que la diferencia entre lo que ustedes dicen el precio de adquisición y el final: primero, tengo que decir que aquí tengo una documentación -no solamente con fotos, sino también hay cinco o seis páginas-, donde, el seis de febrero de mil novecientos noventa y dos, Navisa compra el solar mediante documento privado, que ya en el año... en mayo del noventa y tres solicitan al Ayuntamiento un anteproyecto para la licencia de las obras en ese propio edificio; que hay un proyecto realizado por un arquitecto que se llama Luis Pita, donde hay, el diecisiete de septiembre del noventa y tres, una minuta del Colegio Oficial de Arquitectos sobre la realización del proyecto básico de edificación y el proyecto básico de rehabilitación. Pero es más, le debo de decir que en fecha treinta y uno de diciembre, antes de nuestra adquisición, el precio fijado para la tasación a efectos de subasta por la Sociedad de Crédito Hipotecario Bansander para la concesión de un crédito hipotecario fue de 966.845.000 pesetas, por encima incluso del precio de compra de la Junta de Castilla y León.

Quiero recordar que no estaría de más que supieran el estado de ruina total en que estaba el inmueble. Aquí tengo una... aquí tengo paso a paso y fecha a fecha las obras, y es verdad que hizo... que estaba prácticamente terminado el edificio y tabicado, cuando se procedió a la adjudicación. Todas estas obras y todos estos plazos de tiempo que aquí están tienen una documentación justificada y documental, como usted puede imaginarse. Pero hay que recordar que la compra, además de cumplir la normativa de protección establecida en el casco amurallado, supuso -como pueden comprobar en este reportaje fotográfico que les puedo pasar- un incremento del coste, en especial referencia a la complementariedad de la cimentación y las excavaciones de los sótanos.

Pero es más, hay que decir que estas consideraciones, en atención a lo que decía el Portavoz del Grupo Popular, la compra realizada por la Delegación del Ministerio de Economía y Hacienda para el Centro de Gestión Catastral en la zona denominada Plazuela de los Espejos -es decir, una de las plazas a las que da este edificio-, es justamente enfrente del edificio adquirido por la Junta, el precio de este edificio fue de 291.616 pesetas más IVA, a lo que habría que sumar el IPC de los últimos siete años -que esto se produjo en el ochenta y nueve-, respecto del precio anterior y aparte los honorarios facultativos. Pero además le he de decir que desde mil novecientos ochenta y nueve que la Administración Central adquirió este edificio no hizo nada en él hasta finales de mil novecientos noventa y seis, que ha pedido la licencia de obras del Ayuntamiento de Segovia.

En segundo lugar, usted hacía referencia al lugar adecuado, y creo que ya se lo he dicho sobradamente.

Me gustaría ir contestando a lo del Partido Socialista, porque algunas de sus cosas yo creo que coinciden. Usted me ha dicho -el señor del PSOE-, me ha dicho que ya estaba previsto un edificio de usos múltiples en Segovia en el polígono Nueva Segovia. ¿Me podría usted aportar alguna documentación donde conste que estaba decidida la compra en el Nuevo Segovia de algún edificio? ¿Usted sabe que el Nuevo Segovia está a más de dos kilómetros de la ciudad de Segovia? Le insto a que me mande por... una documentación escrita donde conste que ya había un compromiso de adquisición de un inmueble.

En segundo lugar, usted dice que hacía preguntas y que han hecho más y más preguntas, y que yo le contestaba. Perfectamente. Pero no ha habido preguntas sobre el Edificio de Usos Múltiples, que no tenían nada que ver con las denuncias que ahora se han planteado. Ustedes han preguntado por escrito -y así se les ha contestado-: ¿qué servicios van a ir al nuevo edificio? ¿Cuál es la política de compra... y de arrendamientos? Ninguna tenía que ver para nada con lo que se denuncia ahora mismo.

¿El tiempo transcurrido? Le voy a decir a usted que está plenamente justificado. En primer lugar, le voy a hacer referencia al primer concurso. Y cuando yo comparecí le dije que, examinadas las ofertas presentadas y el informe emitido por el arquitecto del Servicio de Patrimonio, la Mesa por unanimidad, con las personas que le ha leído el señor del Partido Popular, decidió declarar desierto el concurso, debido al incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de bases, pliego de bases que se encuentra, y concurso y licitación pública, en el Boletín de Castilla y León de dieciocho de agosto de mil novecientos noventa y cuatro. Luego, el primer concurso se quedó desierto porque no reunía nadie las... los requisitos establecidos en el propio concurso.

(-p.6551-)

Y lo que tarda en realizarse el concurso hasta que se adjudica, le he de decir que también se lo he explicado detenidamente, y no es lo ocho ni diez meses que usted dice, sino que, a propuesta de la Consejería de Economía en febrero del noventa y seis, la Junta de Castilla y León autorizó al órgano de contratación, de acuerdo con lo previsto en el artículo de Presupuestos de la Comunidad, la celebración del contrato de compraventa. La autorizó. Aprobado el gasto plurianual para la adquisición del inmueble con destino a los servicios administrativos en Segovia -todo previa fiscalización y informe favorable de la Intervención General- se procedió el quince de marzo del noventa y seis, mediante Orden, a la adjudicación definitiva del contrato de adquisición del inmueble. Mediante Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda, se publicó la adjudicación el veintiséis de abril de mil novecientos noventa y seis. Por lo tanto, no han pasado los seis meses, ni los ocho meses que usted dice.

Por lo que respecta al tema de pisos o viviendas, le voy a decir que, además de toda la documentación que se puede remitir, donde viene el número de expediente, fecha, concepto, le puedo decir que, si la Comisión de Investigación se abre, acudirá un fedatario público -si es requerido- que tenía comprometido y comprado un piso. Y usted, si no dijera una cosa que no es verdad, sabría que estaba realmente ofertando las viviendas y que las estaba haciendo. Tenía hasta vendidas algunas de las viviendas.

¿Por qué se adjudica? Ya se lo he dicho por activa y por pasiva en toda mi comparecencia. Y le he dicho -porque así consta también en una página- que era la segunda de las ofertas más barata, y que se decidió hacerla por unanimidad de los equipos técnicos.

Y también le insto a que me haga llegar por escrito dónde está la valoración de los 600.000.000 de pesetas a que usted ha aludido de los técnicos del Servicio de la Junta de Castilla y León.

Hay una serie de preguntas que puede parecer que han quedado en el aire, y no quiero que quede ninguna. La documentación que hoy se debate -como todos ustedes saben- ha sido pedida ayer, ha entrado la petición del Grupo Socialista a la Consejería de Economía y Hacienda -como tal, del expediente completo- ayer, cinco de mayo de mil novecientos noventa y siete; se recibió la documentación para pedir que se compareciera. Hasta esa fecha no se tenían noticias ni conocimiento de que el Grupo Socialista hubiera pedido ni una sola documentación a la Consejería de Economía y Hacienda.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): No, no, el Registro funciona. No creo que duden ya de que el Registro tampoco funcione. Claro, me imagino que hasta ahí ya no llegaremos, ¿verdad?

Y quería decirle -que no lo encuentro- que respecto a lo que se ha dicho de que no tenía la calificación y que hubo que... (¿Me tienes algún papel tú?) ...y que no estaba la calificación, consta en el expediente, y así se lo haré saber. Consta en el expediente que se puede dedicar a oficinas. Y así, según el Plan Especial de Protección Histórico-Artística, Paisaje y Reforma Interior del Recinto Amurallado, en el Artículo 12.bis, permite destinar el edificio completo a oficinas públicas y servicios públicos.

El Ayuntamiento de Segovia, en respuesta a la petición del Secretario General de Economía y Hacienda, manifiesta el nueve del uno de noventa y seis que, según el Artículo 12.bis del Plan Especial de Aplicación, permite destinar el edificio completo a oficinas públicas y servicios públicos, previa autorización del cambio de uso. No se puede obligar, antes de saber si existe o no ese cambio... y consta en el Ayuntamiento un informe de Urbanismo, Obras Públicas y Servicios del Ayuntamiento de Segovia, con fecha seis de febrero de mil novecientos noventa y seis, donde nos dan una información de edificios sitos Plaza Espejo, Reina doña Juana y Calle Seminario, diciendo exactamente que puede dedicarse al servicio administrativo.

No es verdad que estuviera diáfano aquel edificio, ajustándose a los requisitos de la Junta antes de que ésta hiciera saber su intención de adquirir un inmueble en este edificio, en el ..... No es sospechoso, porque esto es totalmente falso. No dejó el inmueble Navisa completamente diáfano; para lo cual le invito que mire en la documentación, no solamente de fotos, sino de seis páginas de actuaciones día a día que hizo Navisa desde el día seis de febrero de mil novecientos noventa y dos -repito-, en que compró el solar mediante documento público; aunque la elevación a escritura pública fuera con fecha posterior. Y tiene el proyecto de obra, que, desde luego, el proyecto de obra, aparte de tener aquí la fecha el arquitecto que lo hizo, desde luego, se adjuntará en el momento oportuno el proyecto completo del edificio y cómo estaban las obras a estas fechas.

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Se dice que cómo se pudo adjudicar a Navisa, cuando había una oferta sólo más barata. La Mesa de Contratación consideró como mejor oferta la presentada por Navisa, Elinor y Aiser, en aplicación de los criterios establecidos en el pliego de cláusulas administrativas, con especial referencia a la distribución y compartimentación interior, ubicación de instalaciones. Y el Arquitecto del Servicio de Patrimonio, a petición de la Mesa de Contratación, emitió un informe en relación a la distribución y compartimentación interior, en el que estimaba que la oferta más adecuada del concurso era la de Navisa, Elinor Aiser.

Por otra parte, el Ingeniero del Servicio de Contratación Administrativa de la Consejería de Economía y Hacienda, una vez comparadas las ofertas de Volconsa y de Navisa, Elinor y Aiser, consideró la más completa por prestaciones ofrecidas, especialmente en los siguientes aspectos: suelo técnico en oficinas, mamparas de división de mayor calidad, red de climatización, ascensor, distribución de red eléctrica, unidad autónoma de climatización, centralita de teléfono, sistema de megafonía específico en la sala de conferencias, etcétera. Ésta también es calificada de irregular y merecedora de actuaciones judiciales por los representantes socialistas, por considerar que existía la oferta más baja. Pero no nos extrañan -como se ha dicho aquí ya- estas afirmaciones, cuando no se han molestado ni en conocer el expediente, en donde pudieran haber comprobado que sólo una oferta -no más ofertas-, una era la más barata. Pero -hay que decirlo- no precisamente la mejor según los informes de los técnicos.

Por otra parte, el procedimiento de contratación seguido para este caso -el concurso- persigue -como ya he dicho en la comparecencia anterior- como finalidad esencial exigir al licitador que, no sólo por su oferta sino también por sus particulares condiciones, se estime idóneo para convertirlo en contratista; permitiendo, claro, y primando el interés público; interés público que debe entenderse en el sentido de prestar el mejor servicio a los ciudadanos.

La Administración tiene la obligación de celebrar un contrato cara al público con la oferta más ventajosa o meritoria; pero manejando un abanico de criterios objetivos de valoración, no estrictamente económico, sino también técnicos y de seguridad.

En este sentido, tengo aquí -como es lógico- la firma del... los papeles de firma del Técnico de Contratación Administrativa, del Jefe de Sección de Patrimonio, donde la valoración de la puntuación de Navisa-Elinor-Aiser era de ochenta puntos; seguida posteriormente por Volconsa-Manuel Cortés-Persiva, de 75; por Cubiertas MZV y Cía General de Construcciones por 73; por Dragados y Construcciones por 71; por ..... por 65; por Centro Técnico de Construcciones y Fernández de Mata, S.A., por 63; por Entrecanales y Tavora por 63; Aranda de Duero por... Construcciones PH, S.A., por 62; y por Miguel Peña, S.A., por 57.

Los elementos que ofrecía Navisa, únicamente, frente a Volconsa era: ascensor central, pasarelas de comunicación central, suelo técnico de oficinas, unidad autónoma de condensaciones por aire, dos calderas de gasoil en el segundo sótano, cable de comunicación categoría cinco, centralita de teléfonos, sistema de megafonía en sala independiente y quince tomas de televisión de FM. Y las diferencias de calidad y de cantidad están establecidas en el pliego que tuvo en cuenta el servicio técnico.

Respecto a lo desmesurado o no desmesurado del precio, creo que no debo de entrar porque ya lo he dicho exactamente. Independientemente de que se consideró el lugar más idóneo, he de recordarles nuevamente que en el ochenta y nueve la Administración Central compró uno por 291.616 millones de pesetas, y que ha permanecido cerrado, adjudicándose la obra, la consolidación y restauración del edificio en mil novecientos noventa y seis; frente a los 234.000 que es éste.

Por todo ello, para no cansarles leyéndoles las seis páginas que aquí existen, y por si tienen algún interés en ver la documentación fotográfica de cómo era el estado del edificio en el noventa y dos, cuando se compró con contrato privado, y cómo quedaba -y lo sabe perfectamente Su Señoría, el representante del Partido Socialista, porque, al ser de esa ciudad, me imagino que pasearía por la misma y vería-... pero no solamente lo digo yo, sino que lo dicen los papeles que aquí están, que tienen todos documentación fehaciente, es por lo que no pongan ustedes en duda que la adquisición de este edificio está impecable. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Para un turno de réplica, tiene la palabra, por Izquierda Unida, don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Yo voy a intentar ser breve, porque me imagino que esto no va a terminar aquí.

Yo digo de antemano que no tengo ningún tipo de problema en hacer en un replanteamiento de nuestra solicitud de constitución de una Comisión de Investigación. No obstante, he de decir que la mayor parte de los argumentos que Su Señoría nos ha ofrecido no son concluyentes.

Cuando se habla del objetivo real del inmueble y nos da una serie de explicaciones, al final, todavía ni siquiera saben cuáles son los servicios que van a instalar en aquel inmueble; lo cual no tiene ningún tipo de problema. Lo que sí es cierto, y Su Señoría plantea, es que van a seguir manteniendo lo que hasta el momento presente, como en la mayor parte de las ciudades, porque no les queda más remedio. Y esto, pues, ya no es un argumento que mantenga que tenía que ser ahí ese edificio, y de esa naturaleza.

Cuando habla de la circulación y el lugar adecuado o no adecuado. Resulta que, bueno, pues coincidimos todos; ahí están todos, prácticamente todos los edificios de servicios, lo cual es añadir más problemas a un lugar determinado. Y que conste que esto también nos lo han sugerido desde otros lugares.

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Cuando nos habla del precio, del coste de metro cuadrado de superficie, yo no sé si era el construido y estaba refiriéndose a 234.000 pesetas/metro cuadrado hasta ahora, o lo que puede ser el resultado final. Lo que sí es absolutamente claro, mire, es lo siguiente: fíjese en la expresión textual y entrecomillada del Presidente de la Patronal de la industria de la construcción, cuando en un momento determinado llega a decir "si la Junta ha sido honrada, han cometido una tontería al pagar esos precios"; textual. Pero continúa diciendo: "No sólo hay que ser honrado, sino parecerlo; y en este caso, ni se ha demostrado honradez, ni creo, sinceramente, que la haya habido".

Y desde luego, desde luego, yo no sé si estamos ante un nuevo caso de esos que saltan de vez en cuando porque alguien se incomoda y no le dan el resultado apetecido -como fue el "caso de la construcción" en Burgos y demás-; no se trata aquí de fabricar ningún tipo de desaguisado. Que no se planteen problemas de esta naturaleza, y nosotros no tenemos ningún tipo de interés; y no voy a hacer la letanía, ¿eh?, no voy a hacer la letanía porque no ha lugar.

Pero de lo que no cabe la menor duda es de que sí hay algunas connotaciones preocupantes, y es el propietario o los propietarios iniciales y la vinculación de algunos de los propietarios iniciales al Partido Popular. Lo cual todavía despertó más dudas, lo cual todavía despertó más sospechas; y sobre todo en relación a esas secuencias de los precios iniciales a los precios definitivos. Y he de decir que me sorprende la tasación de los 966.000.000 de pesetas. Pero yo voy a intentar comprobar si realmente de lo que se trata aquí es de una visión parcial o es de una visión completa.

No obstante, con esa tasación, incluso, habría una pérdida por parte de la Consejería... mejor dicho, de la Administración Autonómica. Porque ya se ha encargado también Su Señoría de decir que usted no intervenía en este asunto o que incluso prácticamente no le ha tocado hasta estos momentos, que lo gestionaba la Secretaría General del Departamento, como responsable de Patrimonio.

No deja de ser significativo que en todo el proceso y en todas las secuencias que se plantean hasta el momento presente no haya una claridad meridiana en relación con los costes iniciales y los costes definitivos, y las diferencias existentes, cuando el resto de los planteamientos en absoluto concuerdan con que sea el lugar más idóneo, más interesante.

Por consiguiente, nosotros vamos a seguir investigando. Y como todavía hay tiempo más que suficiente para poder concluir, le diré que no es cuestión de que se escude nadie en relación con la honorabilidad de esta empresa, o de la otra empresa, o la de más allá, porque éste es el juego al que constantemente se nos ha remitido cada vez que hemos intentado observar algún tipo de explicación.

Y he de decirlo, y ustedes conocen también cómo algunos técnicos que empezaron trabajando ahí, en la actualidad ya no están trabajando ahí, y ustedes sabrán por qué. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor Herreros. Tiene la palabra don Ángel Fernando García Cantalejo, por el Grupo Socialista.

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Gracias, señor Presidente. Señorías. La verdad es que, si entramos con dudas, salimos con más, con bastantes más todavía. Y voy a intentar explicar el porqué.

Ustedes se agarran como un clavo ardiendo a ese legajo que tiene el señor Portavoz, como si no lo conociéramos. ¿Qué pasa, que tienen ustedes un policía a la puerta para saber que nadie lo ha cogido? Yo sabía lo que había pasado con el primer concurso, sin que ustedes informaran nada de ello; lo sabía perfectamente, y -según ustedes- no tengo documentación. ¿Qué se creen, que no la tengo? ¡Ah!, no levante las manos, que todavía no estamos diciendo "¡manos arriba, esto es un atraco!", aunque lo parezca.

Mire usted, no presuman lo que nosotros sabemos o no sabemos, déjennos que lo sepamos nosotros, que yo no presumo lo que ustedes saben. Yo sé lo que ustedes dicen y, por eso, y ahora le contestará la señora Consejera, claro, como en estas cuestiones como está hablando yo creo que no se enteraba bien, porque claro, hace aseveraciones... que le dé yo un documento escrito donde se diga que se iba a comprar en el Nueva Segovia, pero ¿cómo van a comprarse ustedes a ustedes mismos? Si era suyo, si es que se lo he dicho, que el edificio de usos múltiples en Nueva Segovia iba a ir allí porque era de la Junta de Castilla y León. Pero cómo... ¿es que se van a comprar ustedes mismos? Ya eso sí que sería el colmo, ¿eh? O sea, mal que compren una empresa con intermediarios, ¡pero que se compren ustedes mismos ya...! Podía ser, podía ser el mare mágnum.

(-p.6554-)

Yo se lo he dicho al principio, y se lo he dicho al principio bien claro, que la Junta iba a construirlo allí... Sí, se lo voy a decir, espere, déjeme que se lo leo. A finales de la pasada década, el primer Delegado Territorial de la Junta en Segovia -el actual Procurador Víctor Martín- anunció la construcción de un denominado "Edificio de Usos Múltiples" en el barrio de Nueva Segovia, en el que se albergarían la totalidad de los Servicios, así como la Delegación. El proyecto, que llegó a contar varios años con una partida en los Presupuestos del Gobierno Regional, no llegó a realizarse... Y ha estado en los Presupuestos y lo podemos ver y aquí yo lo tengo. Sí, sí, sí, ha estado el Presupuesto, en el noventa y cinco estaban 1.500 millones, señora Consejera, aquí están... en el... Pero bueno, es que ustedes ya no dan veracidad a lo... Que conste en Acta que la señora Consejera no da veracidad a un documento que voy a enseñar aquí, que es una fotocopia de los Presupuestos de la Junta. No, noventa y cinco, que lo tengo aquí, si es que se lo voy a enseñar ahora... Noventa y cinco. Es que se empieza, se empieza y ..... los Presupuestos en varias anualidades, la última en el noventa y cinco, la última en el noventa y cinco, y está aquí, y está aquí el papel, está aquí, está aquí el papel. Y se lo voy a aportar si quiere al señor Presidente para que conste en Acta.

Por lo tanto, por lo tanto, es que ahí estaba, y eso firmado, y vamos... firmado en el momento cuando se presentó como Proyecto de Presupuestos de la Junta de Castilla y León. Si no le da usted validez a eso, pues yo ya es que me quedo, de verdad, me quedo completamente alucinado. Si ustedes no son capaces de dar veracidad a sus propios documentos, ya le digo que salgo cada vez, cada vez con más dudas de las que tenía. Eso está aquí, y ahora se lo buscaré y se lo voy a enseñar.

Por lo tanto, no podía haber ninguna cosa por escrito de que ustedes iban a comprar porque el terreno era suyo, por lo tanto, no tenía por qué comprarse.

Segundo, aquí están las declaraciones y ahí está y ha constado en los Presupuestos durante varios años; el último, mil novecientos noventa y cinco, que le tengo aquí, el último, la última anualidad. Si ya... le repito que si usted, como entonces no era Consejera, bueno, a lo mejor no me extraña que se quiera desentender de lo que a lo mejor presentaba el señor Becker, no creo que lo haga así; pero aquí está el papel y ahora se lo buscaré y se lo presentaré.

Mire, hablan ustedes de que se va... usted lo ha dicho ahora, se van a eliminar todos los arrendamientos. ¿Y por qué no me dice eso cuando se lo pregunto por escrito? Porque es que usted no me dice eso a mí; o sea, ¿es que también me miente? Porque eso está firmado por usted, señora Consejera, Isabel Carrasco Lorenzo, y aquí lo pone: "Resolver contrato de arrendamiento". Sólo uno, sólo uno, el que le hemos dicho. Claro, si usted también dice que lo que usted firma en octubre del noventa y seis no vale, pues, dígamelo, vale, entonces, volvemos, repito, cada vez a tener más dudas; porque es usted ya la que se miente a usted sola, se dice que no. Eso lo ha dicho a usted. Y como todo esto va a constar... además pediremos transcripción rápida para tenerlo, transcripción inmediata, para que no pasen unos meses y luego diga que eso aquello no se dijo.

Usted ha dicho que se van a resolver, se van a eliminar todos los arrendamientos.

Primero, yo no la creo; porque como soy de Segovia lo conozco, y allí no caben. Porque ustedes han hecho... claro, como utilizan los documentos según quieren, nosotros los documentos que estamos utilizando... y por eso usted lo ha mencionado, que las preguntas que nosotros le hacemos, las preguntas que nosotros le hacemos son con referencia a lo que ustedes han dicho, es decir, usted justifica la compra de ese edificio porque se van a trasladar allí los servicios y se va a ahorrar en alquileres; y según su propia respuesta... -que son suyas; claro, si son mentiras, pues, entonces, ya no sé dónde vamos a ir-, según su propia respuesta sólo se va a resolver un contrato de arrendamiento de 1.000.000, como le he dicho, 1.237.000 pesetas. Ahora, de repente, van a desaparecer todos.

Bueno, pues mire, no la creo; porque es que no caben, porque es que no caben, señora Consejera. Pero es que hay más. Usted habla... cuando quiere usted dice que yo conozco la ciudad y cuando quiere usted dice que no hay tabicación.

Mire usted, señora Consejera, yo lo he visto, yo personalmente; y es que además se veía desde la calle. Y le repito que no sólo lo digo yo, si es que la Patronal de la Industria de la Construcción... a la que, según el Portavoz del Grupo Popular se le acusa de fabricar escándalos, porque como nos mete, parece, que en el mismo barco, pues la Patronal de la Industria de la Construcción, poco sospechosa de ser infiltrada por miembros del Partido Socialista Obrero Español, poco sospechosa, poco sospechosa de ser infiltrada por miembros del partido... hombre, me alegro de esa risa porque yo tampoco lo sabía, pero bueno. Además, estuvo hace unos días el señor Vicepresidente de la Junta departiendo amablemente con ellos... en fin, esforzados militantes del PSOE con los que se reunió hace unos días el señor Vicepresidente de la Junta para decir que va a haber... Eso está, está, por lo tanto, sí no... en fin, debe ser, debe ser el fichero "B" que puede funcionar por ahí, no lo conocía yo, y presumo de conocer bien al Partido Socialista Obrero Español en Segovia, muy bien además.

(-p.6555-)

Bueno, seguimos señora Consejera. Cuando hablan aquí del costo, 236.000 pesetas, claro, si es que todos los mil setecientos metros que hay bajo rasante no se pueden utilizar, son sólo para veinticinco garajes -según ha dicho el señor Delegado Territorial-. Claro, si lo dice y tampoco hay que creerle, pues es que estamos aquí que van a terminar ustedes con unas narices que no van a entrar en este edificio. Porque eso lo dice el señor Consejero. Porque es que además no se puede hacer otra cosa, porque eso lo dice el Informe del Ayuntamiento de Segovia -que ya lo sabemos nosotros, porque lo dice aquí, lo dice aquí el Informe del Ayuntamiento de Segovia-, que no se pueden utilizar los bajo rasante; por lo tanto, sólo queda los sobre rasante y sobre rasante van a construir un salón de actos, porque parece que, en fin, cuaja ahí. Bueno, pues toda la planta baja va a ser, en una gran parte, para un salón de actos; menos sitio para oficinas. Claro, si valoramos todo lo mismo pues, mire, no, no vale lo mismo las plazas de garaje que los locales y, mucho menos, que lo que es un edificio. Por lo tanto, no hagamos la comparación; hay que dividir lo que se va a poder utilizar como oficinas y lo que no. Por lo tanto, la suma sale mucho más desproporcionada; y sale a esas 300.000 pesetas de cuenta que le hemos echado nosotros.

Y, mire usted, señora Consejera. Habla de que estaba en ruina total el inmueble, si yo lo conozco perfectamente, si vivo en Segovia de toda la vida, si lo conozco perfectamente. Pero es que, mire, el Ayuntamiento... que, digo yo... gobernado por el Partido Popular desde hace ya unos cuantos años dice: por otro lado, las obras ejecutadas hasta la fecha -y es de cuando ustedes les han concedido la licencia, la han solicitado ustedes, la nueva-, y según la instancia presentada -por ustedes- asciende a 163.125.000 pesetas. Por eso nosotros hablamos de esa cantidad, porque lo pone aquí en un papel oficial. También si me niegan veracidad... pues entonces no sé dónde vamos a ir. Eso lo dice aquí.

Y, mire usted, encima hemos sido generosos, cuando habla usted de los 40 y 75 creyendo que ha descubierto el mundo; ya lo he visto yo; pero, fíjese, siendo generoso, se los he colocado además, he puesto 40, 75 y 75 porque en las escrituras que tengo aquí del Registro de la Propiedad, aquí, viene 75.000.000, junto con otras; por si acaso, como eso es un conjunto de edificaciones, digo, no sea que fueran otros, pues vamos a sumarle otros 75.000.000. Mire, los quito; me sale mejor todavía. De los 353, le quito 75, y se quedan en 280. Con lo cual peor me lo pone, porque de 280 en dos años han pasado a 1.400; me lo pone peor todavía usted, usted se lo pone peor, vamos, ustedes mismos, porque nosotros... bueno, habíamos sido generosos para que no nos dijeran, siendo escrupulosos con el Registro de la Propiedad que está aquí, siendo escrupulosos con el Registro de la Propiedad...

EL SEÑOR ...: (Intervención sin micrófono).

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Oiga, ¿también le van a negar validez al registro de la propiedad ahora? ¡Ah!, bueno. Si hace falta sí, claro, seguro, de eso estoy convencido.

Aquí lo pone; y mire usted que lo he sumado por si acaso, he sumado los 75 y bueno, pues los quito.

EL SEÑOR ...: (Intervención sin micrófono).

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Claro, aquí pone también la tasación que dice la Consejera. Es que aquí pone: "constitución de la hipoteca", que usted ha dicho de 986.000.000. Constitución de la hipoteca... Bueno, es igual, 900... ¿cuántos ha dicho? Ah, 46, bien. Eso es menos de lo que constaba, pero, bueno.

Constitución de la hipoteca, sin perjuicio de la responsabilidad personal y limitada a favor de Hipotebansa que usted ha dicho que la acepta: 645.000.000 de pesetas, 645.000.000 de pesetas, señora Consejera, 645, que coincide con la valoración, que coincide con la valoración. Bien.

Bueno, como coincide tan poco lo que han dicho, claro, de eso nada también, con la contestación suya... no, no, si con las contestaciones que usted da... Mire usted...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor, le ruego vaya terminando, por favor, señor Cantalejo.

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Voy a ir terminando. Sólo quiero dejar claras dos cosas, aquí cuando se ha mencionado que nosotros atacamos a la honorabilidad de las empresas, se está mintiendo descaradamente. Nosotros y muchos segovianos... y hay un Procurador de Segovia que lo sabe de sobra, y lo saben ustedes de sobra, porque su propio Vicepresidente ha dicho que va a haber Comisión de Investigación si nosotros nos empeñamos, eso lo ha dicho, en esa reunión en la que estuvo... Si es que ya no se leen ni los informes, hombre, si les pasan los dossieres de prensa, que lo sé; lo que pasa es que cuando uno quiere no se entera.

Lo ha dicho, el señor Vicepresidente: si la Oposición no se considera convencida, habrá Comisión de Investigación.

Bien, pues no me considero, yo, como representante del Grupo Socialista, que además he visto el desarrollo de ese edificio, que vemos lo que son las sumas con datos oficiales -no con palabrería, con datos oficiales-, si esto, para la Patronal de Industrias de la Construcción, para cientos y miles de segovianos que lo han dicho -y no vamos a hablar de alarma social que eso no llega a esos niveles pero la gente sí se sabe lo que se ha hecho allí-, y todo el mundo lo... vamos, la denominación es siempre la misma: despilfarro, como mínimo, como mínimo.

Y en otras aseveraciones que usted dice, en el primer concurso, que hay incumplimiento de las bases; pues hay quien dice -y son personas relacionadas con uno de los ofertantes- que eso no es verdad.

EL SEÑOR ...: (Intervención sin micrófono).

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Sí, pero es que, si hay Comisión de Investigación, esas personas vendrán a decir lo que a mí me han dicho, lo que a mí me han dicho personalmente; a lo mejor luego no lo dicen, pero a mí me lo han dicho personalmente y me van a pasar documentación, documentación que tengo parte ya.

Señora Consejera, usted dice que no sobre la mesa, mire, yo... esas son cuestiones que como son expresiones... Mire, desde luego, no es usted la que me va a hacer callar por muchos aspavientos que haga de que me calle. Si no lo quiere escuchar, se coge, se va y se acabó, señora Consejera; porque yo no tengo por qué aguantarle sus impertinencias. No, no, es así de claro, es que está así todo el rato haciendo aspavientos de que me calle, no me voy a callar, así no se nos calla...

(-p.6556-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor Cantalejo, señor Cantalejo.

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Hombre, es que verdad...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Continúe usted, continúe usted con su intervención, por favor.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Claro, pero es que ustedes se quejan del señor... ustedes se quejan del señor González.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Señor Cantalejo, puede usted continuar. Le ruego vaya terminando, por favor.

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Sí, hay quien ve la viga... la paja en el ojo propio... ya me he liado, pero en fin, me han entendido perfectamente.

Por lo tanto, por lo tanto, repito que nosotros, con estos datos que tenemos; con las contradicciones que aquí se nos han dicho con respecto a lo que se nos había contestado por escrito por parte de la propia Consejería, cada vez tenemos más dudas de esta adjudicación. Y no nos vale el movimiento del expediente porque ya le repito que no me va a llevar ninguna sorpresa, porque conozco. Repito que ustedes dan por supuesto lo que yo sé; pero yo sé lo que yo sé, no sabe usted lo que yo sé. Por lo tanto, deje de hacer aspavientos, y nada más.

Y, en eso, como yo sé lo que yo sé, pues eso es lo que le planteo. Como no se nos contesta a ninguna de las dudas que aquí le he planteado; porque le vuelvo a repetir que usted dice que unánimemente se ha adjudicado a Navisa por la mejora, y no se ha contestado como usted... hombre, ya, si me va a contestar... usted ha sacado papeles de Navisa que no vienen en el Registro de la Propiedad, que había un contrato privado, usted sabrá por qué lo tiene -lo ha dicho la señora Consejera-. Claro, usted a lo mejor sabe por qué la empresa ha dejado -porque usted lo ha dicho- que el ocho del dos la Consejería, la Junta acuerda comprar el edificio, el ocho del dos; y ustedes, en agosto del noventa y seis, seis meses después, sacan el concurso de redacción del proyecto, del proyecto -no de adjudicación de la obra de acondicionamiento interior-, pasan seis meses, ¿una empresa ya no es dueña de una obra, no es dueña de un edificio y deja una grúa seis meses ahí parado, si no sabe que se lo van a adjudicar? ¿O es que quiere regalar a la Junta y quiere regalar al Ayuntamiento de Segovia dinero? ¡Que no me lo creo yo, hombre, no me lo creo. No se lo cree nadie, además, nadie se lo cree!

Por lo tanto, señores y señoras Procuradoras, señora Consejera, señor Presidente, no nos valen sus explicaciones; no son datos concretos; no han dado respuesta... no no, pero dé respuesta a esas preguntas que yo le hago: ¿por qué se mantiene la grúa?, ¿por qué se mantiene? No, bueno, bueno, conteste... ¡Ah! Claro, ya hay una que no lo sabe, pues vamos a preguntar a la empresa a ver por qué lo mantiene. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Gracias, señor Cantalejo. Tiene la palabra don Juan Vicente Herrera por el Grupo Popular.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Muchas gracias, señor Presidente. A la historia de la corrupción española y a la historia de la frivolidad pasará qué ocurrió con una grúa en Segovia. Pero claro, al final, al final lo que no sabemos... al final lo que no sabemos es quién sabe qué... Me da la impresión que algunos Portavoces lo único que saben es que no saben absolutamente nada. Porque incluso de los documentos... absolutamente legítimo que tengan documentos; es utilización de una forma de proceder, de unos procedimientos que dicen mucho de la lealtad institucional de algunas personas. De la utilización de esos documentos, de dónde habrán salido esos documentos, que, desde luego, ha quedado acreditado que no han sido pedidos por la vía reglamentaria, por la vía oficial; de la utilización, en definitiva, de los instrumentos, del uso del Reglamento, del respeto, de la lealtad, hemos sacado hoy muchas conclusiones.

Respuestas, se pedían respuestas. Pues bien, yo, con arreglo a este legajo despreciable de documentos que tengo aquí -que éste sí, éste es un legajo despreciable-, voy a dar o voy a intentar simplemente que queden en el Diario de Sesiones respuestas concretas, que son respuestas técnicas -no de responsables políticos-, a preguntas demagógicas de algún político. Y vamos a dar respuesta, con arreglo a este legajo, a tres preguntas que han quedado un poco en al aire, y que al parecer no han sido respondidas; aunque desde mi punto de vista las ha respondido con mucha ventaja la señora Consejera.

(-p.6557-)

¿Es correcto el precio? Página cuarenta y tres del legajo. Firmado por el Arquitecto... Arquitecto, Arquitecto Jefe de la Sección de Urbanismo del Servicio Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Segovia. Un Técnico; un Arquitecto, un Técnico. Dice el Jefe de la Sección de Urbanismo, el Jefe de la Sección de Urbanismo -que, como saben ustedes, todos ustedes, son funcionarios por concurso; y además un Técnico de reconocido prestigio, salvo para determinadas personas-, termina: "Por tanto, considero que la valoración que se ha realizado en el citado inmueble se ajusta bastante al mercado inmobiliario en el centro histórico de Segovia; pudiendo decir, incluso, que dicho valor se encuentra por debajo de la realidad existente". Para eso ha utilizado también el término de comparación del famoso edificio de la Agencia Catastral. Es decir, no es una opinión de la Consejera, es una respuesta técnica.

Segunda respuesta técnica. Ya que le preocupan tanto los tabiques, ¿existían o no existían tabiques? Pues bien, en este caso me voy a remitir a la certificación -también se impugnará, lógicamente, la categoría profesional- de doña Azucena Simón Villegas, Arquitecta Colegiada y Directora de las obras que se estaban efectuando. Y en certificación... le recuerdo que en certificación -luego tantéense ustedes un poco la ropa antes de impugnar- dice lo siguiente: "En el conjunto de los edificios uno, dos y tres, y sótanos comprendidos en los mismos, se ha ejecutado en su totalidad movimiento de tierras, cimentación, estructura y cubierta. El cerramiento exterior del edificio se ha finalizado prácticamente en su totalidad, incluso barandillas y balcones; acabado de fachada, a excepción de la carpintería exterior, y parte de cerramiento de planta baja, exceptuando también acabados interiores y acabado exterior de la fachada en la parte correspondiente a la planta baja. Se ha ejecutado, además, parte de la red horizontal de saneamiento, parte de la tabiquería de sótanos y enfoscado de los mismos; y se ha completado la instalación de ascensores. En cuanto a tabiquería interior, se ha ejecutado en la mayor parte del edificio dos, incluso precercos de carpintería interior de las plantas primera, segunda y ático, realizada según la distribución de las viviendas proyectadas". De acuerdo, respuestas técnicas frente a preguntas demagógicas de políticos.

Y finalmente, ¿se pueden o no se pueden destinar estos inmuebles a edificio público, a oficinas? Pues bien, me remito a otra Arquitecta, en este caso a la Arquitecta Municipal de Segovia -se impugnará también la categoría de esta Arquitecta-, que en un informe dice: "El Artículo 12.bis del Plan Especial de Aplicación permite destinar el edificio completo a oficinas públicas y servicios públicos, previa autorización por este Ayuntamiento del cambio de uso". Amén. No tengo nada más que decirle.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Consejera.

(Murmullos.)

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Por favor, me toca a mí, me toca a mí. Yo voy a rematar.

(Voces. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Por favor, se ruega a Sus Señorías... Se ruega a Sus Señorías... Tiene la palabra... Tiene la palabra la señora Consejera, por favor.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): También ya por derribo -porque estamos ya en edificios-, me niego a contestar ya a más cuestiones, porque yo dije al principio de esta intervención que ya se había anunciado en los medios de comunicación la Comisión de Investigación, y que daba lo mismo... -la petición-, y que daba lo mismo lo que yo dijera aquí, porque no les iba a convencer de ninguna manera. Pues yo les he dado razonamientos técnicos. El Partido Socialista ha pedido ayer por la tarde, oficialmente, en el Registro de mi Consejería, la petición de la documentación; petición de documentación idéntica a la que ha pedido el Grupo Popular, que le será remitida lo más breve posible.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): (No, perdona, la oficial.) ...lo más breve posible. El Grupo de Izquierda Unida puede pedir la documentación que quiera, que se le remitirá toda la documentación esencial.

Me gustaría que cuando se leyeran las escrituras públicas y las inscripciones registrales, se leyeran enteras, y, a ser posibles, que sumaran bien.

Pero, dicho esto, quiero decir que es inútil seguir dando argumentaciones, porque su punto de vista ya lo tenían perfectamente prefijado antes de entrar. Pues miren ustedes, sigo diciendo lo mismo que antes. Y si no lo tenían prefijado, es muy difícil que lo prefijen cuando yo les doy una serie de razonamientos, cuando no conocen el expediente entero. Porque no me consta que me lo hayan solicitado completo; salvo ayer, el Partido Socialista, el día cinco de mayo por la tarde.

Por lo tanto, reitero lo que dije en el Pleno: pidan ustedes la Comisión de Investigación, y a lo mejor el Partido Popular -que es el que tiene también que decir lo que aquí se dice-... Con toda tranquilidad, pidan ustedes la Comisión de Investigación, que con toda tranquilidad investigaremos todos juntos, que igual llegamos a la capa de ozono del agujero negro de los Presupuestos. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. Finalizado este turno, ¿algún...? Finalizado este turno, ¿algún Procurador quiere tomar la palabra? ¿Sí? Sí, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.

MONTES JORT

EL SEÑOR MONTES JORT: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente, tres preguntas que me gustaría que, con la amabilidad que le ha acompañado durante toda la tarde, la señora Consejera, con una frase, incluso con una palabra, me contestara, porque son muy concretas.

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Señora Consejera, con la habilitación del edificio adquirido para servicios administrativos de usos múltiples en Segovia por la Junta, ¿se soluciona el problema de espacios y servicio a los ciudadanos y ciudadanas de Segovia y su provincia?

Segunda pregunta: ¿asegura aquí y ahora que no ha existido ningún trato de favor, a lo largo de todo el expediente tramitado, y en ningún momento, a favor de ninguna empresa, en detrimento de otras empresas y en detrimento de los intereses de la población en general?

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Sí.

(Risas.)

MONTES JORT

EL SEÑOR MONTES JORT: ¿Asegura usted, señora Consejera...?

(Voces.)

MONTES JORT

EL SEÑOR MONTES JORT: Me parece muy bien, porque así nos va.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Por favor, por favor, perdone un momento. Vamos a ver si ya, aunque es tarde, podemos terminarlo razonablemente bien, si es que esto va razonablemente bien, ¿eh? Va a haber que tomar algún otro tipo de medidas.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): (Intervención sin micrófono).

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Señora Consejera, usted tendrá su turno ahora para contestarle tranquilamente al señor Procurador.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Perdón, es que entendí que quería que le contestara con un sí...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): No, no, no, no. Él, es su turno; luego tiene usted el suyo.

MONTES JORT

EL SEÑOR MONTES JORT: Señor Presidente. No hay ningún problema. Me siente contestado a las dos primeras preguntas, y voy con la tercera.

Señora Consejera, ¿asegura usted que en el cambio que se produce en las bases entre la primera y la segunda convocatoria no existe más interés que el proveniente de que el edificio a ubicar en él los servicios de la Junta sea el óptimo, como ha contestado en la primera pregunta, para los ciudadanos y para los intereses de la Comunidad Autónoma?

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Sí. Dentro de...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señor don Félix Montes. Tiene la palabra la señora Consejera. Les ruego que ya, por cinco minutos más, podamos mantener el turno normal de palabra.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Sí. Al.. Vamos, quiero decir, las dos que le he contestado "sí". Y la tercera que me ha preguntado, sí, porque era... la ubicación nosotros habíamos determinado que era en el caso antiguo. Y se soluciona de la misma forma que se soluciona en otras provincias, se soluciona completamente. Pero le quiero recordar que en Zamora -que ahora me viene al caso- también se adquirió un edifico y parte de los... de propiedad nuestra se han quedado; lo mismo que ha pasado en León, que no hemos vendido por derribo el Servicio de Cultura, sino que se ha destinado a Museo de León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora Consejera. ¿Quiere...? Renuncia. ¿Algún otro Procurador quiere intervenir? Se levanta la sesión.