DS(C) nº 294/4 del 5/11/1997

JIMÉNEZ DÁVILA

EL SEÑOR JIMÉNEZ DÁVILA: Sí. Don Santiago Bartolomé sustituye a don Frutos Corona, y doña Mercedes Alzola a don Eduardo Francés.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista.

FERNÁNDEZ MERINO

EL SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO: Por el Grupo Parlamentario Socialista, don José María Crespo sustituye a don Felipe Lubián.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): ¿Alguna sustitución más?

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Esta Presidencia tiene petición de cambio del Orden del Día, que consiste en el segundo punto pasa al tercero y el tercero al segundo. ¿Hay alguna objeción por parte de los Portavoces? Entonces, queda cambiado el Orden del Día.

Señora Secretaria, por favor, dé lectura al primer punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ OTEO): "Comparecencia del Excelentísimo Consejero de Agricultura y Ganadería, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre: estado actual de tramitación de los expedientes acogidos a las convocatorias de ayudas para mejora de las estructuras agrarias".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Agricultura y Ganadería.

VALÍN ALONSO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SEÑOR VALÍN ALONSO): Muchas gracias, señor Presidente. Comparezco ante esta Comisión para informar sobre el estado actual de tramitación de los expedientes acogidos a las convocatorias de ayudas para mejora de las estructuras agrarias.

Obviamente, al objeto de informar de la cuestión planteada, se impone hacer un mínimo de historia sobre las circunstancias que han venido acaeciendo en la resolución de expedientes de mejora de las estructuras agrarias.

Como Sus Señorías conocerán, el año mil novecientos noventa y uno se produjo una modificación que condujo desde el Real Decreto 808 al Real Decreto 1887. Esa modificación exigió una modificación de todos los sistemas de tramitación y, correspondientemente, un parón en la resolución de expedientes que al año siguiente, en el año noventa y dos, empezó a tomar vuelo, y al año siguiente adquirió la marcha de crucero que permitió que esta Comunidad Autónoma resolviese claramente el mayor número de expedientes de España, duplicando incluso a la Comunidad Autónoma que le seguía en el ranking -por decirlo así- de inversiones y de expedientes resueltos, ello tanto en planes de mejora como en instalación de jóvenes.

En el año mil novecientos noventa y cinco -como Sus Señorías recordarán- se aprobó la nueva Ley de Modernización de Explotaciones, que exigió en el año mil novecientos noventa y seis la publicación de un nuevo decreto, el Decreto 204, que condujo a la modificación de todos los sistemas de tramitación de los expedientes de modernización de explotaciones. En ese año, en el año noventa y seis, concretamente esta Comunidad Autónoma resolvió cerca de doscientos expedientes, y fue conjuntamente con Asturias las dos únicas Comunidades Autónomas que resolvieron expedientes del 204.

Eso no quiere decir que el año pasado, en el noventa y seis, no se resolviesen otros expedientes, puesto que la Consejería siguió tramitando expedientes con cargo al 1887 hasta resolver todos los que se pudieron en ese año, que fueron del orden de cinco mil, superando con mucho las previsiones de inversión establecidas en el Convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Ese año, en el año noventa y seis, se aplicó el Real Decreto sin estar homologado todavía por Europa.

A continuación lo que voy a tratar de exponer a Sus Señorías son las distintas situaciones técnicas que motivaron varias modificaciones, a su vez, del sistema de tramitación de la orden correspondiente.

Como ustedes... como Sus Señorías conocerán, la Ley de Modernización de Explotaciones crea las figuras del agricultor profesional y de la explotación prioritaria. La primera, la figura del agricultor profesional, ya contemplada en términos similares en la normativa europea y española. Y la segunda, ante la necesidad de definir el tipo de explotación que pudiera reunir los atributos imprescindibles para competir, y a la que se dirigirán las ayudas con preferencia, esa figura exige unas... unos nuevos sistemas de evaluación de los expedientes.

Todo ello supuso hacer una normativa más compleja para poder establecer la renta de trabajo, principal parámetro definidor de las explotaciones con derecho a ayuda, con las dificultades que acarrea para Castilla y León, dada la diversidad de sus comarcas y la variabilidad de sus actividad agrarias que implica distintas renta de trabajo, de acuerdo con los distintos tamaños y fórmulas de explotaciones.

Si, por otro lado, se piensa que además de las ayudas para inversiones las explotaciones que dispongan de este calificativo -es decir, de explotación prioritaria- van a formar parte de un registro de explotaciones prioritarias que suponen importantes beneficios fiscales, tanto en los documentos de actos jurídicos documentados como en los que gravan las transmisiones patrimoniales de fincas o explotaciones, o para jóvenes en el Impuesto de la Renta... sobre la Renta de las Personas Físicas, nos da una idea de la seriedad con la que es preciso establecer la norma que regula este tipo de actuaciones que, de otra forma, supondrían importantes reducciones en las recaudaciones por estos impuestos, lo que conlleva responsabilidades fiscales a la hora de resolver estas solicitudes.

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El número de expedientes en los que se mueven estas actuaciones hace que sean muchos los funcionarios implicados, así como el esfuerzo humano que las organizaciones profesionales dedican a ayudar a los agricultores a confeccionar los expedientes; por lo que, cuando se produce un cambio importante en relación con la situación anterior, es necesario que transcurra un tiempo hasta que las personas implicadas asimilen las nuevas exigencias, que fundamentalmente provienen de la normativa europea y de la normativa nacional.

Todos los años se audita un elevado número de expedientes, tanto por la Intervención General del Estado como por la Intervención General de la Junta de Castilla y León, encargados por la Comisión. La normativa de la Comunidad Autónoma se limita a clarificar algunos extremos de la normativa nacional, desarrollar algunos aspectos que se encomiendan a las Comunidades Autónomas y a establecer los criterios de preferencia para ajustar los expedientes que se resuelven a los montantes económicos que establece el Convenio firmado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que reparte el montante general de fondos previstos en el Estado para estas ayudas, reparten entre las distintas Comunidades Autónomas, de acuerdo con diversos parámetros que tienen en cuenta historia de la resolución de años anteriores, volumen del personal que es agricultor profesional, etcétera.

Paso a continuación a comentar a Sus Señorías la situación actual y las perspectivas de futuro.

Desde el año mil novecientos noventa y siete... la Orden de regulación y convocatoria se publicó a primeros de febrero, estimando los expedientes de la convocatoria anterior que había dispuesto de poco tiempo y a los cuales ha sido necesario un esfuerzo importante de adaptación por no reunir las exigencias que requería la normativa, que además -como veremos- ha sido cambiante a lo largo de este año mil novecientos noventa y siete.

El hecho de que la convocatoria correspondiente a mil novecientos noventa y seis dispusiera de un plazo de tres meses -julio, agosto y septiembre del año pasado-, no quiere decir -como he mencionado antes- que en ese año se resolviesen pocos expedientes, puesto que se resolvieron también los del 1887, alcanzando un montante total de inversión de más de 18.000 millones de pesetas; lo que supone una cifra récord en España y en nuestra Comunidad Autónoma, sobrepasando con creces las cantidades señaladas en el Convenio con el MAPA.

Cuando el proceso, este año, ya se había normalizado, en el mes de junio se recibió notificación del Ministerio anunciando que, como consecuencia de la evolución de los mercados de capitales, con la consiguiente bajada de los tipos de interés, se había determinado la negociación de nuevos convenios financieros con las entidades financieras y las Cajas; lo que provocó la modificación de los tipos de interés a partir del día uno de julio, por lo que todos los expedientes que se tenían dispuestos para resolver con posterioridad a esa fecha tuvieron que ser retirados de la fiscalización, recalculada las ayudas con los nuevos tipos y vueltos a pasar por todo el procedimiento administrativo. Simultáneamente, se hizo necesaria la revisión de los programas informáticos y su redistribución a los centros donde se instruyen los expedientes.

Una vez superada esta primera dificultad del año, a primeros de julio se comunicó por el Ministerio la próxima publicación de un nuevo Real Decreto que modificaba la normativa nacional, ya que ésta, al no haber sido homologada por la Unión Europea, tenía dificultades para poder conseguir la cofinanciación.

Todavía se está sufriendo las contradicciones suscitadas por la publicación de una forma excesivamente precipitada, en pleno proceso electoral del año mil novecientos noventa y seis, al publicar el Real Decreto 204 sobre Mejora de las Estructuras de las Explotaciones Agrarias como desarrollo de la Ley de Modernización antes que ese Real Decreto hubiera sido homologado por la Unión Europea -como he dicho antes-.

A pesar de todo lo cual, y en la voluntad de sacar adelante el mayor número de expedientes, aunque muchas Comunidades Autónomas no sacaron el año pasado la Orden y este año todavía no la habían sacado en algunas Comunidades Autónomas, Castilla y León, tanto el año pasado como a principios de este año, sacó la Orden. Pero -como he mencionado- a partir de julio hubo que modificar el Decreto a nivel nacional y, consecuentemente, tuvimos otra vez que dar marcha atrás en los expedientes para la nueva tramitación. La situación obligó a paralizar de nuevo la resolución de expedientes para adaptarlos a la nueva normativa, así como para volver a rehacer los programas informáticos una vez publicado el Real Decreto 1153/1994 a primeros de agosto, por lo que se modificaba el Real Decreto, el que tenía solamente un año de antigüedad, que era el 204 de mil novecientos noventa y seis. Como consecuencia de ello, hubo que volver a publicar una nueva Orden de la Consejería de Agricultura y Ganadería que regulaba, no convocaba -porque ya dábamos por supuesto que valía la convocatoria anterior-, pero regulaba nuevamente las ayudas para que pudieran tener la cofinanciación europea (lo que se produjo a últimos de agosto).

Ésa es la historia real de todo lo que hemos tenido que padecer este año con la tramitación de expedientes del 204 y -como pueden ver ustedes- ninguna de estas cuestiones es atribuible, en absoluto, a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Agricultura o la Dirección General de Estructuras Agrarias; que no solamente ha tenido que ir recibiendo expedientes, sino que además ha tenido que ir modificando sus sistemas de tramitación, sus sistemas informáticos, para poder estar preparada para resolver tan pronto se dispusiera de la normativa debidamente conformada por Europa.

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A primeros de septiembre, con los nuevos programas de cálculo de ayudas, se empezó a... se empezaron a ajustar los expedientes cuya tramitación estaba en marcha y a revisar todos los presentados a la convocatoria de mil novecientos noventa y siete, que había acabado el treinta de junio.

El total de expedientes presentados y recuperados del año anterior asciende a cuatro mil ochocientos treinta y nueve, tal como se observa en los datos de que disponemos, desglosándose en cerca de tres mil prioritarios preferentes en una primera estimación.

La situación a tres de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en cuanto a su tramitación en las distintas fases del proceso de resolución, permite decir claramente que se han instruido, instruido, mil setecientos cincuenta y cuatro expedientes, e incorporados al sistema informático del orden de mil... perdón, e incorporados ya al sistema informático una vez instruidos los expedientes. Llamo instruir los expedientes a todo el proceso de cálculo, a todo el proceso de ajuste de la documentación recibida por los funcionarios de los solicitantes; es decir, no a recibir la solicitud y a grabarla, sino a recibir la solicitud, estudiar el expediente, comprobar que cumple todas las condiciones, hacer los cálculos correspondientes de la ayuda, etcétera. Eso... toda esa documentación, con todos esos cálculos, y teniendo en cuenta que generalmente esa petición de documentación adicional genera varias visitas del solicitante para aportar toda la documentación que inicialmente no aporta -que es una práctica normal de la tramitación de estos expedientes-, todo eso, una vez instruido, ya se ha hecho con -como he dicho- mil setecientos cincuenta y cuatro expedientes. Y, de esos mil setecientos cincuenta y cuatro expedientes, se han validado a la fecha mil cuatrocientos setenta y siete y, posteriormente, han pasado por la Intervención económica y han sido aprobados cerca de quinientos cincuenta expedientes, y están en estos momentos en fiscalización económica ochocientos treinta y nueve expedientes. Con lo cual, claramente podemos ver que la secuencia es: mil setecientos cincuenta y cuatro expedientes han sido instruidos; válidos ya, mil cuatrocientos setenta y siete; aprobados... perdón, pasados ya a la fiscalización ochocientos treinta y nueve; y quinientos cuarenta y nueve que ya no solamente han pasado por fiscalización, sino que han sido ya aprobados. Con lo cual en estos momentos, pues tendríamos la suma, de los que ya están o aprobados o en fiscalización económica, del orden de mil cuatrocientos expedientes.

Todo ello indica que el actual ritmo de trabajo es cercano a trescientos cincuenta/cuatrocientos expedientes por mes. Ése es el ritmo de trabajo que se tiene en estos momentos, una vez que se han resuelto las circunstancias ajenas a la Comunidad Autónoma que habían dificultado y que habían impedido echar a andar de una forma seria con esta cifra.

Y todo ello permite asegurar que se van alcanzar no sólo las cantidades señaladas en el Convenio, sino cantidades más altas; puesto que las cifras del Convenio, de acuerdo con negociaciones que se han hecho con la Dirección General de Planificación y Desarrollo Rural del Ministerio, se han incrementado en 1.200 millones de pesetas más de inversión autorizada, para cofinanciar con el Ministerio el Convenio, globalizando un total que, como mínimo, será de 12.500 millones de pesetas. Es decir, no solamente nos permite asegurar eso, sino que además nos permite decir que estamos preparados para que el próximo año se puedan resolver desde el principio, y a gran velocidad, buen número de expedientes.

Simultáneamente, puedo informar a sus Señorías que se van pagando con absoluta normalidad las subvenciones correspondientes a la Junta de los expedientes resueltos en mil novecientos noventa y seis que se han venido... y años anteriores, que se han venido certificando en mil novecientos noventa y siete, por haberse concluido las inversiones.

Por último, y de cara a la campaña de mil novecientos noventa y ocho, puedo señalar que la Orden de regulación y convocatoria está previsto publicarla en el mes de diciembre, de manera que no exista ningún lapsus ni ningún compás de espera desde que se acabe este año hasta la tramitación de expedientes del año próximo. Que esa Orden es sustancialmente igual a la publicada el pasado agosto; que, además, estimará los expedientes prioritarios preferentes que hayan quedado sin resolver en la convocatoria de este año, disponiendo para ello, de acuerdo con el Proyecto de Presupuestos que se ha presentado a esta Cámara para mil novecientos noventa y ocho, de unos recursos económicos que entendemos más que suficientes para cubrir las previsiones del Convenio con el MAPA.

Para el año mil novecientos noventa y ocho, serán básicos... serán objetivos básicos de actuación los siguientes:

Hacer un esfuerzo importante en una nueva formación de los funcionarios y técnicos de organizaciones profesionales agrarias, así como otras entidades gestoras en esta línea de ayudas, formación en los aspectos de detalle, informáticos, etcétera, que vienen dando todavía algunos problemas; convencidos de que este punto es clave para agilizar todo el complejo proceso de resolución de expedientes, tal y como se tiene la experiencia de cualquier cambio de normativa que se ha comprobado en años anteriores.

En segundo lugar, intensificar las actuaciones de seguimiento del cumplimiento de los requisitos y los compromisos contraídos por el beneficiario, como iniciativa de la propia Administración Autonómica, además de las inspecciones que se realizan conjuntamente con el Ministerio y de las auditorías que efectúan las Intervenciones del Estado y de la Comunidad Autónoma por encargo de la Unión Europea.

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Por último, hacer un esfuerzo en la promoción de otras líneas que, como las agrupaciones de gestión de explotaciones y la introducción de la contabilidad, se considera necesaria para cualificar a nuestros empresarios y para alcanzar un mayor conocimiento de la situación económica de las explotaciones, así como de los resultados de las medidas de políticas agrarias por parte de la Administración.

Así pues, y en la seguridad de que una vez más Castilla y León va a ser la Comunidad Autónoma con mayores volúmenes de inversión de acuerdo con el nuevo Decreto, quedo a disposición de Sus Señorías para las aclaraciones que estimen oportunas. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señor Consejero. Se abre un turno de formulación de preguntas u observaciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Laurentino Fernández.

FERNÁNDEZ MERINO

EL SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO: Sí. Gracias, señor Presidente. Bien. Yo comienzo por decir cuál fue la motivación de la petición de esta comparecencia. Y no era otra que, recogiendo la inquietud que había en el sector y expresado fundamentalmente por las Asociaciones Agrarias, respecto a la lentitud con que se estaban tramitando los expedientes de este año -tal como usted ha reconocido claramente-, y la previsión de que pudiera haber un gran número de expedientes que al final de año no fueran ni siquiera instruidos -no ya no resueltos-, y qué iba a pasar con ellos. Usted aclare... digo la motivación de esta petición.

Porque los datos que disponíamos a uno de septiembre -que, evidentemente, están superados en la actualidad según usted acaba de anunciar- eran absolutamente inquietantes. Tan inquietantes que -como usted reconoce- a primeros de septiembre estaban empezándose a resolver alguno, alguno.

Y al margen de la historia que usted ha hecho de épocas anteriores, y de que el año pasado también hubo problemas de resolución de los expedientes de la convocatoria del año pasado -no del anterior-, hasta el punto de que fueron escasamente doscientos, ni siquiera doscientos los que se aprobaron, respecto a la convocatoria del año propio, no de los anteriores. La preocupación que había es que este año pudiera ocurrir algo semejante, dado el ritmo que llevaba la tramitación.

Y, al margen de las coyunturas legislativas que usted ha anunciado, yo creo que... por lo menos las organizaciones agrarias manifestaban una cierta preocupación respecto a la forma de tramitar o resolver los expedientes. Y a mí me gustaría que me aclarara cuál es el proceso de ida y vuelta que actualmente llevan esos expedientes; es decir, dónde se instruyen, dónde se validan, dónde se intervienen y, por fin, quién lo aprueba; es decir, cuáles son los idas y vueltas que sufren los expedientes.

Y yo creo que, a la fecha de hoy, usted me ha dado un dato de los que yo... de cuáles son los que están intervenidos, los que están validados y los que están aprobados; pero yo creo que había que hacer algo más, es decir, sería imprescindible saber, en base a esa predicción de resolución que actualmente se lleva -y la de hoy, parecen ser resueltos la mayor parte de los problemas que se han objetado como excusa, o como motivación-, saber cuál es la previsión que vamos a tener al finalizar el periodo de resolución, cuántos pueden quedar pendientes, cuántos de esos son incorporables, por ser prioritarios, cuáles no van a tener solución y, por tanto, cuál va a ser finalmente la previsión de subvención por parte de expedientes aprobados, de dinero de subvención que va a aportar la Junta y de cuánta inversión significa de cara al sector, aproximadamente, tales números de expedientes que se quedan sin resolver.

Eso es lo que fundamentalmente pretendemos con esta comparecencia y, sobre todo, también que el sector mismo conozca -y espero que a través de la comparecencia se consiga saber- exactamente cuáles han sido las causas de estos retrasos, ver si se están poniendo las medidas adecuadas para intentar agilizar el retraso producido, que no... que origine los menos perjuicios posibles a los agricultores y ganaderos de esta Región. Porque aquí están situaciones muy complicadas: hoy se están aprobando en algunos casos ceses anticipados, que no... que... sin haberse aprobado la incorporación del joven a esa misma explotación, generando unas situaciones a veces complicadísimas.

Y por eso digo que ésta... para muchos ciudadanos que se dedican a la actividad agraria y ganadera, el tema es suficientemente preocupante, hasta el punto de que muchos han retrasado en algunos casos, como es lógico, sus inversiones; otros han decidido hacerlas al margen de lo que pase; y ahí puede haber un nivel de incertidumbre importante.

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Y, en ese sentido -digo-, a mí lo que me importa es saber eso: ¿qué previsiones hay de... al final de resolución de expedientes? ¿Cuándo se prevé que... cuántos se prevé que se puedan incorporar al año que viene, si como usted ha dicho se van a admitir -que es una parte de la solución- todos aquellos que sean al menos preferentes, o prioritarios preferentes? Y, por tanto, ¿cuánto es el volumen al final que se prevé alcanzar en inversión y en subvención, respecto al número de expedientes de los cuatro mil? Hay ahí una cifra que a mí no me cuadra muy bien. Yo... las cifras que yo dispongo -y son facilitadas por su propia Consejería- daban un número de cuatro mil setecientos catorce expedientes totales; usted habla de cuatro mil ochocientos treinta y nueve. Supongo que ahí hay una desviación que no sé muy bien cuál es el motivo; porque yo todos los cuadros que dispongo y facilitados, fundamentalmente, por la Dirección General, en ocasiones de reuniones, hablaban siempre de cuatro mil setecientos catorce, el número total de expedientes en tramitación, de los cuales, dos mil novecientos catorce se consideraban prioritarios preferentes, y... pero usted me habla de otra cifra, o sea que... no sé si es un problema de... de que usted redondea -pero no me parece, porque afina incluso en las pequeñas cantidades-, o que los datos de que anteriormente disponía estaban equivocados. Porque me parece difícil pensar que a septiembre se consideraran cuatro mil setecientos y usted hable de cuatro mil ochocientos treinta y nueve. Si me lo puede aclarar, sería bueno.

Eso fundamentalmente es la intención: despejar las incertidumbres y, sobre todo, saber cuál es el final de... previsible de esta resolución, para al menos tranquilizar a todos aquellos que todos consideramos que es lo fundamental de esta Orden -que, en definitiva, son los que tienen proyectos considerados preferentes-, principalmente que significa una inversión importante de futuro de cara al mantenimiento de la agricultura y ganadería de esta Región y que, realmente, son los que más necesidad de ayuda tienen y también de seguridad en cuanto a su profesión.

Eso es en mi primera intervención lo que quisiera ir concretando para fijar el tema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto no está. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don José Luis Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí. Gracias, señor Presidente. Yo quería preguntar al hilo de la intervención del señor Consejero, porque ha estado explicando prácticamente cuál ha sido el motivo de la paralización de los expedientes, por el motivo del cambio de la normativa, yo había solicitado documentación a la Consejería con respecto al número de expedientes que al amparo del 204 se habían presentado durante el año noventa y seis -lo digo porque es que no me cuadran un poco las cifras, y si en la segunda intervención me lo podía clarificar-, y entonces, en torno a la pregunta de cuántos expedientes al amparo del 204 se habían presentado en la Comunidad en el año noventa y seis, la Consejería contesta que se han presentado un total de tres mil seiscientos sesenta y seis, en el año mil novecientos noventa y seis, ¿no? Tres mil seiscientos sesenta y seis es la notificación que tengo aquí de la Consejería; de los cuales se habían resuelto ciento sesenta y uno -es la notificación que yo tengo aquí-. Y como después ha dado usted la cifra del noventa y siete, que hay cuatro mil ochocientos treinta y nueve -contando con los que se habían presentado durante este año y los que quedaban pendientes de los años anteriores-, quería saber un poco cómo había sido la... cómo había quedado el año noventa y seis, por aquello de que, bueno, el atasco había venido del noventa y cuatro, noventa y cinco, y ahora del noventa y cuatro y noventa y cinco yo tengo la documentación aquí, que la propia Consejería nos ha pasado... Pero, en todo caso, esa cuestión... porque, claro, se dice: se han presentado tres mil seiscientos sesenta y seis; de los cuáles, resueltos, ciento sesenta y uno. Me imagino que, de los tres mil seiscientos sesenta y seis del año noventa y seis y los ciento sesenta y uno resueltos, el resto se habrá incorporado para el año noventa y siete, de esos cuatro mil -pienso yo, vamos-. Eso por un lado.

Y, por otro lado, bueno, un poco en lo que decía el Portavoz del Grupo Socialista, al margen de que se haya cambiado la normativa y a primeros de septiembre se haya tenido que empezar a trabajar en firme sobre ello, la cuestión es volver otra vez a... bueno, tampoco vamos a abrir el debate presupuestario, pero ¿cuántos expedientes se prevén que van a quedar para el año que viene? Porque, en función de los expedientes que se han tramitado, al margen de que el error no sea imputable a la Comunidad, lo cierto es que son muchos, muchos cientos de expedientes que se presentan todos los años y que, con independencia de que tengan carácter bianual -que no se puedan tramitar en el mismo año sino que se tramiten de un año para otro-, lo cierto es que todos los años se produce un atasco, un atasco burocrático en cuanto a la tramitación de los expedientes, pero después está la otra parte que es la financiación.

Entonces, yo sí quería saber, al margen de que me resolviera esa duda de números, de los que quedan pendientes del noventa y seis para el noventa y siete, cuántos se prevé que van a quedar los expedientes para mil novecientos noventa y ocho; y si realmente, pues la partida presupuestaria que se ha hecho para mil novecientos noventa y ocho se corresponde con esos expedientes que van a quedar ahí tramitados. Porque usted ha dicho que, efectivamente, nadie va a quedar... no va a quedar ninguno descolgado, sino que se acoplan de un año para otro, en función de que se cumplan todos los requisitos de la tramitación.

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Entonces yo quería saber, en principio, eso: cuántos pueden quedar para el año mil novecientos noventa y ocho; si en diciembre va a salir la nueva convocatoria para la campaña noventa y ocho, cuántos van a quedar prácticamente para el noventa y ocho -teniendo en cuenta que en el noventa y ocho se van a presentar más, con lo cual ahí acumulamos un número de expedientes muy importantes- y cuántos prevé la Consejería que durante el año noventa y ocho se van a poder tramitar. Yo creo que es lo más importante. Lo digo para después enlazarlo... si después la Consejería acompaña con financiación suficiente o no, que es el debate que hemos tenido en la Comisión de Presupuestos, diciendo, bueno, pues a nosotros nos parece que en función del nivel de solicitud de expedientes que se están presentando, bueno, pues la partida presupuestaria que está poniendo la Consejería a nosotros nos parece escasa, al margen que... usted dijo en la comparecencia de la Comisión de Economía que muchas veces la paralización de los expedientes no es imputable a la Consejería, que hay que analizar un poco el contenido de la propia normativa legal y que, en realidad, tampoco la paralización o la acumulación de expedientes no es un problema económico, sino es un problema del propio contenido de la normativa. Y ésa es la duda que desde este Grupo mantenemos. Yo creo que, al margen de que sea un problema técnico -que a lo mejor habría que modificar la normativa-, lo cierto es que a nosotros nos parece, pues, escasa presupuestación para el número de expedientes que van a quedar pendientes para el año noventa y ocho, teniendo en cuenta que en el noventa y ocho la nueva convocatoria, pues, seguramente va a haber nuevos expedientes, ¿no?

Y, por otra parte, ¿qué medidas va a tomar la Consejería para agilizar la tramitación de los expedientes? A lo mejor no se puede hacer otra cosa, a lo mejor eso se está haciendo bien y es prácticamente imposible agilizar o tomar otras medidas para la agilización de los expedientes. Pero lo cierto es que todos los años, de un año para otro, al margen de que al final no se pierda ninguno y se vayan acumulando unos para el año siguiente, lo cierto es que tampoco estamos dando salida a infinidad de expedientes que se están presentando, ¿no?

Y es la pregunta del millón, es decir, bueno, pues si estamos apostando por un sector importante como es éste, y la modernización de estructuras es fundamental, pues a lo mejor hay que hacer más esfuerzo económico para dar más salida a los expedientes de modernización, ¿no? Yo creo que eso es una cosa fundamental; y no movernos, a lo mejor, con partidas restringidas. Es decir, este año se ha aumentado la partida para Estructuras Agrarias; pero siempre hemos dicho desde la Oposición, que es una partida pequeña en función de la gran demanda que hay de inversiones, ¿no? Y, por tanto, lo que hay que dilucidar es si es un problema técnico de tramitación de expedientes o, por otra parte, es un problema económico de presupuestación de la Junta para hacer frente a esos expedientes.

Y después otra cuestión que yo quiero plantear es que, al margen de la normativa, y al margen de que ustedes tomen todas las medidas habidas y por haber para agilizar la tramitación de los expedientes, nosotros desde este Grupo volvemos a plantear la necesidad de nombrar una... de constituir una comisión también de seguimiento la tramitación de esos expedientes, donde tenga participación las organizaciones agrarias, ¿no? Eso me parecería una cosa fundamental y elemental a la hora de, por lo menos, plantear una mínima transparencia en la gestión y es la tramitación de los expedientes: dar participación a las organizaciones agrarias para que sean conocedoras en primera instancia de cómo se están tramitando los expedientes y si, en realidad, esos expedientes se ajustan a la normativa en cuanto a explotaciones prioritarias, agricultores a título principal, etcétera. Yo creo que también sería una cuestión a poder plantear, ¿no?, si la Junta estaría dispuesta, en esa tramitación de expediente, a que se creara una comisión de seguimiento, ¿no?, como hay en otros sectores, sobre otra serie de cuestiones y otra serie de temas, donde hay comisiones de seguimiento; más que nada por buscar esa transparencia y esa... digamos, esa coparticipación con los sectores implicados, en este caso con las organizaciones agrarias, ¿no? Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Vicente Jiménez.

JIMÉNEZ DÁVILA

EL SEÑOR JIMÉNEZ DÁVILA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Y muchas gracias, señor Consejero, por la aclaración que en una cuestión tan complicada y farragosa, y que tantos problemas ha dado siempre, desde que se instauró en mil ochocientos ochenta y siete, nos ha dado usted a la Comisión.

Y yo coincido con el Portavoz del Partido Socialista en que hay que hacer un esfuerzo para que esa aclaración llegue... Yo me imagino que usted se reúne habitualmente con las OPAS y hablan de todos estos problemas, y que las OPAS conocerían el porqué del retraso de la preparación de expedientes. Pero, indudablemente, eso no llega al resto de los agricultores, quizá porque no tenemos canales suficientes para que el resto de los agricultores que han pedido estos expedientes de mejora no les llegue el dinero. Lo que sí hay es un cierto malestar; y, posiblemente, es a causa de no conocer qué ha pasado y por qué se ha retrasado el que a él le lleguen los pagos y... ni aclaraciones de si tenía derechos o no. Yo entiendo que la norma es muy farragosa; usted ha explicado la trascendencia que tiene en otras muchas cosas la declaración de explotaciones prioritarias.

Y, además, coincido con usted en que hay que hacer un esfuerzo en la preparación de los funcionarios y de los gerentes y funcionarios de las OPAS, que también ayudan a hacer estos expedientes, para su más fácil comprensión, porque, francamente, no es nada fácil. Comprendo todas las... todos los problemas y toda la dificultad que entraña el hacer un expediente de incorporación o de mejora de la explotación; pero habrá que hacer otro... un esfuerzo también -como usted ha anunciado- en la preparación de todos estos funcionarios para que la comprensión de estos expedientes sea más fácil.

Yo le he querido entender a usted... pero le pregunto directamente: ¿se están recogiendo los expedientes atrasados? ¿Se están recogiendo, ante ahora ya la nueva marcha que parece que lleva la resolución de estos expedientes?

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También agradecerle -nos satisface- que, dentro de la complejidad de la realización de expedientes, seamos la Comunidad Autónoma que más esfuerzo ha hecho y que más expedientes ha tramitado. Y la comparación con otras que pudieran tener el mismo tamaño y los mismos problemas que nuestra Comunidad Autónoma, pues francamente, les ganamos por goleada. Lo cual, pues mire usted, nos satisface al Grupo Popular, y le damos a usted la enhorabuena; porque, dentro de la dificultad, hemos sido los primeros.

Y ha hablado también usted de que el Presupuesto del noventa y ocho... en este Presupuesto futuro el 204 parece que queda asegurado. Ha planteado dudas el Portavoz de Izquierda Unida, que yo también le voy a plantear. Señor Consejero, tenemos que aclarar suficientemente si las dificultades que hemos tenido siempre con estos expedientes han sido por meros problemas burocráticos o de verdad es que la Junta no tenía suficiente dinero para la realización de todos expedientes. Con lo presupuestado en los Presupuestos del noventa y ocho, ¿usted cree que se va a cumplir ampliamente la previsión que ustedes... ya después de los años que se llevan con expedientes, sabemos, más o menos, lo que se tramita cada año y lo que se solicita...? ¿Con ese Presupuesto se van a cumplir sobradamente las peticiones que pueda haber el año noventa y ocho acogidas al Real Decreto 204? Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señor Jiménez. Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Consejero.

VALÍN ALONSO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SEÑOR VALÍN ALONSO): Muchas gracias, señor Presidente. Bien. Yo creo que hay una serie de cuestiones en las que han coincidido dos de los Grupos, que es, en relación con la lentitud y con el trámite, tratar de aclarar un poco por qué se produce esa lentitud y ese trámite, por qué se ha producido. Yo creo que he manifestado claramente en mi intervención primera, he manifestado claramente que ninguna... ninguno de los retrasos reales que han podido tener los expedientes hasta el mes de septiembre han sido, en puridad, debidos a la Comunidad Autónoma y a la Administración de la Comunidad Autónoma. He mencionado la modificación del Real Decreto el año pasado; he mencionado el cambio de coste del dinero en el primer semestre de este año; he mencionado la modificación del Real Decreto nuevamente en el mes de agosto; y he mencionado que a partir del mes de septiembre, si ustedes hacen cuentas, si hemos dicho que se han instruido mil setecientos y pico expedientes prácticamente... en buena parte, no todos ellos, porque algunos se habían instruido antes y se habían resulto antes, pero buena parte de esos mil setecientos y pico se han instruido desde septiembre hasta acá. Eso quiere decir que la Administración, sobre todo después de que se ha rodado un poco el Decreto y después de que se han adecuado los sistemas informáticos, la Administración tiene una capacidad más que sobrada para ir a ritmo adecuado en los expedientes. Es decir, estamos hablando de que, como mínimo, entre trescientos cincuenta/cuatrocientos expedientes, una vez que se han instruido los expedientes... una vez -perdón- que los expedientes ya se tiene la documentación suficiente, a ese ritmo se puede funcionar por la Administración; que es un ritmo muy bueno, porque quiere decir que, sin especiales esfuerzos... bueno, con los esfuerzos de cada día, se podrían resolver -por lo que a capacidad de la Administración se refiere- del orden de trescientos cincuenta o cuatrocientos por doce, unos cuatro mil... cuatro mil y pico expedientes por año. Ésa es la capacidad de la Administración, si no existen problemas de fuera. Claro, si resulta que tienes semiinstruidos casi mil expedientes y los tienes que volver otra vez a instruir porque te ha cambiado la normativa o te ha cambiado el coste del dinero y te hacen cambiar la informática, pues entonces, realmente, no se le puede pedir -entiendo yo- peras al olmo.

Entiendo, por tanto, que pueden Sus Señorías tener la seguridad de que, desde el punto de vista de la capacidad administrativa de los Servicios de la Consejería, se tiene una capacidad suficiente y no se tienen, desde ese punto de vista, problemas.

Quiero aprovechar también ya para aclarar dos cosas. Una, ¿qué se puede hacer -que lo ha comentado el Portavoz del Grupo Mixto- para mejorar? Bien. Nosotros ya hicimos una cosa hace unos años, que ha mejorado... que fue la que nos permitió situarnos en la cabeza de todas las Comunidades Autónomas, que fue bianualizar las órdenes económicamente; bianualizar las Órdenes, porque luego mencionaré que eso conlleva una mayor agilidad en lo presupuestario, no tanto en la tramitación del expediente para su aprobación, pero sí en la gestión presupuestaria del expediente, porque eso nos permite poder pagar al año siguiente y no dejar sin pagar algo de dinero que se había comprometido en el año. Porque, generalmente, como la inversión dura del orden de seis meses o un año, si se le aprueba a un señor un expediente en junio y la inversión tarda un año en hacerse, pues hay que pagársela al año siguiente, no se le puede pagar en ese año. Entonces, el bianualizar fue ya una cosa que nos permitió, realmente, tener mucha agilidad en lo que se refiere a la gestión presupuestaria. Y gracias a eso nos situamos, desde luego, por encima de todas las Comunidades Autónomas.

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¿Qué es lo que podemos hacer este año? ¿Qué vamos a hacer? Publicar la Orden en el mes de diciembre, de manera que, sin solución de continuidad, se termine el mes de diciembre resolviendo expedientes y se prosiga el uno de enero... bueno, a primeros de enero resolviendo expedientes de los que no se pudieron resolver en el año anterior, es decir, repescando los expedientes prioritarios preferentes. Entonces, eso nos va a permitir tener una continuidad, no dependiendo, no dependiendo de que los nuevos solicitantes, cuando vean la Orden, vuelvan... tengan que pedir, sino que antes de que nos lleguen nuevas solicitudes nosotros vamos a poder seguir resolviendo expedientes a primeros de enero.

Eso es lo que creemos que se puede hacer en estos momentos para mejorar todo ello, además de lo que he mencionado en relación con la formación de nuestros funcionarios en los nuevos sistemas informáticos y la formación de las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Desde ese punto de vista, entiendo, entiendo que se dan todas las circunstancias para que la resolución de estos expedientes funcione sin problemas y sin atranques.

Quiero mencionar a Sus Señorías que cuando en años anteriores, donde, como he dicho, pues hemos tenido récord de resolución en España, consumiendo mucho del presupuesto de otras Comunidades Autónomas -me refiero al presupuesto que el Estado tenía reservado a otras Comunidades Autónomas-, que como no eran tan ágiles como nosotros, no resolvían la parte que les correspondía. Y nosotros hemos podido aprovechar, aprovechar para -digamos- tener más cofinanciación nacional y europea en esa materia. Pues bien, eso lo hemos podido hacer gracias a que en muchas de nuestras Órdenes recuperábamos, recuperábamos expedientes. Con eso respondo también un poco a la pregunta que se me había hecho por el Portavoz del Grupo Popular.

Pero paso ya a tratar de responder a las preguntas concretas que se me han hecho por el Portavoz del Grupo Socialista, que no son comunes, un poco, a la totalidad de los Portavoces.

En primer lugar, la aclaración sobre el trámite. El trámite de estos expedientes tiene -por decirlo así- tres fases:

Una primera, que es la que se realiza en las Secciones Agrarias Comarcales, que consiste en la recepción de los expedientes. Y entonces, los expedientes se dividen en dos partes: los que son de jóvenes y los que son de planes de mejora. Los que son de jóvenes se tramitan directamente y se instruyen por las Secciones Agrarias Comarcales y por la antigua Sección de Extensión a nivel provincial, que hoy se denomina de otra forma (se denomina la Sección de Asistencia Técnica). Entonces, ésa es una parte. Y los expedientes de mejora se transmiten desde las Secciones Agrarias Comarcales... -los expedientes de mejora son los de las inversiones que no son... que no se corresponden con expedientes de jóvenes-, ésas se envían a la Sección Territorial correspondiente de Modernización de Explotaciones de los Servicios Territoriales; y en los Servicios Territoriales se instruyen esos expedientes.

Entonces, es en los Servicios Territoriales donde se hace todo... o en las Secciones Agrarias Comarcales donde se hace todo el cálculo del expediente, donde se revisa toda la documentación, donde se pide toda la documentación complementaria a los agricultores (porque, normalmente, el agricultor pues suele llegar con una documentación parcial y no totalmente completa). Entonces, generalmente, pues hay una serie de contactos con el agricultor para... con el agricultor o con su tramitador, que puede ser, a veces, una Organización Profesional Agraria o un gestor. Entonces, hay una serie de conversaciones, de visitas, de cartas, para decirle: mire usted, le falta esta documentación, o le falta esta otra documentación, o no cumple usted... o no cumple usted la condición de renta -que se da en muchos casos-, o no cumple usted esta otra condición.

Entonces, todo eso genera, pues, una... un carteo, una información compleja entre el colectivo de solicitantes y las secciones que tramitan los expedientes en los Servicios Provinciales, en los Servicios Territoriales. Es, sin lugar a dudas, el trabajo más intenso y el trabajo más voluminoso, y es lo que genera, es lo que genera una serie de problemas y de retrasos. ¿Por qué? Pues porque, concretamente, tenemos obligación, para asegurar, para asegurar que luego cumplamos todos los plazos administrativos y no ser demandados por el solicitante porque no hemos cumplido determinados plazos administrativos, muchas de esas cosas hay que hacerlas con acuse de recibo, para asegurar que un determinado solicitante diga: "Yo he presentado mi solicitud y no me han resuelto". "Oiga, usted ha presentado su solicitud, pero se le ha mandado una nota diciendo que en determinado plazo presente esta documentación complementaria." Porque, si no, ese expediente es como el que presenta una carta a los Reyes. Pero si no acompaña la Declaración de la Renta, las fichas de los terrenos, de la explotación... en fin, toda la documentación prolija que exige esta línea...

Una vez que se tiene toda la documentación, se hace el cálculo de todos los parámetros que exige el Decreto y se instruye el expediente, incluyéndolo en un sistema informático, que es lo que nosotros denominamos en el argot nuestro "el VAX de comunicaciones informáticas".

Y normalmente, normalmente lo que se hace... es que la validación de esos expedientes se hace la validación de los expedientes se hace posteriormente, posteriormente en dos pasos. Hay una intervención documental a nivel de provincias, es decir, no se envían expedientes al Servicio Central, al Servicio Central no se envían expedientes completos generalmente, sino que se pasan a la Intervención de cada provincia, salvo un porcentaje, un porcentaje en el que el Servicio Central actúa con criterios estadísticos de muestreo para ver si se están instruyendo bien.

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Inicialmente, cuando se empezó a rodar el Decreto, como es lógico, se enviaban todos los expedientes, se enviaban al Servicio Central, porque como no se tenía experiencia en la tramitación de esos expedientes, pues había mala instrucción en ocasiones de esos expedientes. Pero ahora que ya se ha rodado el nuevo Decreto y que ya se ha rodado todo el sistema de tramitación, únicamente un porcentaje de esos expedientes, un porcentaje aleatorio se envía al Servicio Central para hacer un control aleatorio de la tramitación. La mayoría pasan directamente a la Intervención Territorial, que interviene y comprueba si tienen todos los documentos y, en definitiva, si se cumplen esas condiciones administrativas.

Todo eso se incluyó a propuesta de la Consejería en una de las Leyes de Presupuestos, digamos, en el articulado de acompañamiento, pues, creo recordar que fue en el año noventa y cinco, precisamente para acelerar la tramitación para que se hiciera más desde las provincias.

Pues bien, una vez que la intervención documental se ha hecho en las provincias, tan sólo se envía ya un extracto del expediente para que se haga en listados provinciales la intervención, la fiscalización económica aquí a nivel central. Con eso, evitamos que se acumulen miles de expedientes en la Intervención Central Delegada de la Consejería.

Ése es el trámite que lleva y que, como ustedes conocerán, pues, carga la mano, sobre todo a nivel territorial para evitar que a nivel central se acumulen expedientes que, antiguamente, pues en los años noventa y tres, noventa y dos, constituyó un problema administrativo por acumulación, tanto en los Servicios Centrales como en la Intervención Delegada de la Consejería.

Con ello, ¿qué quiero decir? Pues que el sistema entendemos que es un sistema muy efectivo y que carga, distribuye, el peso del trabajo en buena parte de los Servicios Territoriales, reservando exclusivamente a nivel central la intervención delegada y el examen aleatorio de un porcentaje determinado de expedientes.

En relación con cuántos van a quedar pendientes, pues, mire usted, nosotros creemos, nosotros creemos que vamos a alcanzar este año -como he mencionado- todo nuestro cupo de inversión asignado por el Ministerio y, además, vamos a alcanzar del orden de 1.000 millones de pesetas más por lo menos, este año; eso puede suponer del orden de... estimamos que nos acercaremos a los dos mil y pico expedientes, creemos que podemos alcanzar -al menos en nuestro objetivo- cerca de dos mil quinientos expedientes. Pero tenemos que decir también una cosa, que como estamos tratando de dar salida a expedientes prioritarios y preferentes, hemos observado que este año se ha incrementado notablemente la inversión por expediente: teníamos una estadística media de una inversión por expediente de 4.000.000 de pesetas; las cifras que estamos teniendo este año son cifras algo mayores, del orden de 6.000.000 de pesetas aproximadamente por expediente. Y consideramos que, de los expedientes prioritarios preferentes a los que me he referido, nos puede quedar cerca de un 20%, que se van a resolver automáticamente el primer trimestre del año, ¿por qué? Porque no va a parar la cadena de resolución, como he mencionado, ya que en la Orden que saldrá en diciembre se recuperarán esos expedientes. Y con eso también creo que informo de algunas de las preguntas que se había hecho por el Portavoz del Grupo Popular.

Por lo tanto, nosotros nos vamos a encontrar, pues, calculo yo, que cuando se empiecen a recibir el grueso de las solicitudes del año próximo, cuando se empiecen a recibir... -que será, pues, a lo largo... porque se van a dar, lógicamente va a disponer de una serie de meses, no van a ser tres meses, como el año pasado, sino que al menos serán seis meses, de ese orden-, vamos a disponer de un periodo para resolución antes de que nos haya llegado el grueso de solicitudes y, por lo tanto, vamos a tener una secuencia continua (que es lo que pretendemos en esta materia).

Se ha preocupado usted -y veo que está bien informado- sobre la problemática que puede haber entre solicitudes correspondientes a ceses anticipados que están vinculados con expedientes de incorporación; es decir, un cese anticipado en muchas ocasiones tiene que corresponderse con un pase de la explotación a alguien que se incorpora. Quiero mencionarle que, si bien existe una vinculación, no existe, por decirlo así, una cortapisa, porque el joven que se incorpora tiene hecha su solicitud de incorporación y él puede estar incorporado; no es lo mismo el que se le haya concedido la ayuda a la incorporación, al hecho de la incorporación en sí mismo; es decir, un agricultor joven solicita su ayuda a incorporación y, naturalmente, independientemente de que tenga o no concedida la ayuda, él puede incorporarse en unos meses y puede tener derecho a recibir, puesto que se ha incorporado, a recibir la explotación procedente de un agricultor que tenga un cese anticipado.

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Por lo tanto, no, el problema es... son dos cuestiones distintas. Normalmente, normalmente, el dinero nunca le llega al joven, sobre todo si va a adquirir una serie de máquinas, generalmente, pues, cuando se incorpora o va a adquirir, o va a hacer, generalmente el que se incorpora hace una inversión de incorporación para justificar la ayuda que se le da. Entonces, siempre lo cobra, digamos, más tarde de la incorporación. Es decir, no existe un condicionante... salvo, digamos, el condicionante psicológico. Pero no existe un condicionante real, desde mi punto de vista, entre el joven que quiere asumir una explotación de un señor que cesa anticipadamente, con el que se le haya concedido o no la ayuda. Porque, incluso, se pueden dar muchos casos de jóvenes que no tengan derecho a la ayuda y, sin embargo, pueden asumir la explotación de un agricultor que cesa. Es decir, no es necesario, no es necesario recibir la ayuda del joven incorporado para poder asumir una explotación de un agricultor que cesa. Porque puede suceder que ese joven, ese joven que está trabajando en la explotación, pues, que no cumpla las condiciones para tener derecho a la ayuda; pero, sin embargo, sí puede ser un joven agricultor que trabaja en la agricultura, que cumple las condiciones para ser joven agricultor y, por lo tanto, para recibir otra explotación. Son dos cuestiones distintas; y, desde ese punto de vista, aunque reconozco que puede existir una vinculación psicológica ante el problema, pero no existe realmente condicionamiento real entre una cosa y la otra.

En cuanto a algunas de las cuestiones planteadas por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, las diferencias en las cifras, pues, pueden ser derivadas básicamente de que, como he mencionado, en la cifra que he comentado de cuatro mil ochocientos treinta y nueve expedientes son expedientes presentados y recuperados del año anterior; por lo tanto, claro, no tienen por qué coincidir con la cifra de tres mil novecientos noventa y seis a la que usted se refería.

En cuanto a que, bueno, si vamos a tener dinero disponible -que es otra cuestión que también ha planteado el Portavoz del Grupo Popular-, di vamos a tener dinero disponible. Pues yo entiendo que sí, puesto que hemos tenido dinero otros años para resolver cantidades inmensas, desde el punto de vista comparativo con otras Comunidades Autónomas, de expedientes y tenemos cada año un poco más de dinero. Claro, todo depende también de lo que sea el volumen de las inversiones por cada expediente, que estamos viendo que está creciendo. Pero también es verdad que hay una serie importante de expedientes que no cumplen las condiciones. Es decir, tenemos unas condiciones nuevas, añadidas por la Ley de Modernización de Explotaciones aprobadas en el noventa y cinco, que limitan la posibilidad de atender con estas ayudas a explotaciones que estén por encima del 120% de la renta de referencia; que, como ustedes conocen, es del orden de 3.000.000 aproximadamente -el 120% son 3.600.000 pesetas-. Aquel que al examinar el expediente tenga una renta neta superior a 3.600.000 pesetas no tiene derecho a las ayudas, de acuerdo con la Ley de Modernización de Explotaciones aprobada -por cierto, por consenso entre todos los partidos del arco parlamentario de las Cortes de la Nación-.

Quiero decir, desde ese punto de vista, creemos que vamos a tener dinero suficiente; puede ser que en algún momento tengamos alguna pequeña dificultad, pero no son las dificultades de presupuesto -entiendo yo- las que nos pueden ralentizar este tipo de expedientes.

En cuanto a la comisión de seguimiento, pues, lo que puedo decirles es que venimos teniendo, tanto a nivel de Consejería como a nivel de la Dirección General y del Servicio, reuniones bastante continuas con las Organizaciones Profesionales Agrarias; y entiendo que la información a esas Organizaciones, pues es más que suficiente. Lo que también sucede... y en esto entro ya explícitamente con algunas de las cuestiones planteadas por el Portavoz del Grupo Popular respecto a la información; evidentemente, acaso tengamos que hacer un mayor esfuerzo de información. Lo que sucede es que también le tengo que contar que muchas veces la información que se transmite por la Administración Pública se ve apagada por las informaciones, que suelen ser más noticia en muchas ocasiones, que se transmiten desde el lado -digamos- de la queja, porque los expedientes no están resueltos. Y confieso que en algunas ocasiones, pues nos vemos un poco inermes ante esa necesidad de información, pero que no llega suficientemente.

También sucede una cosa, que muchas veces si quien tramita ha omitido algunos de los elementos que constituyen el expediente o ha omitido algún documento y ése es el motivo de retraso, pues esa gestoría en muchas ocasiones no quiere asumir ante su... digamos, ante el solicitante, no quiere asumir su parte de responsabilidad en el retraso y, entonces, todo el retraso se carga a la Administración Pública. Eso es una cosa que es absolutamente normal. Nos encontramos con infinidad de expedientes que yo, personalmente incluso, pues con conocimiento personal, con algunos agricultores, me dicen: "oye, ¿qué pasa?, que lleva seis meses y no me habéis resuelto nada"; y resulta que le faltan determinadas cosas que se han comunicado, pues, a personas que han estado en la tramitación del expediente. Eso es una cuestión bastante habitual, dada la complejidad del asunto; aunque tengo que decir claramente que las Organizaciones Profesionales Agrarias han hecho un gran esfuerzo en esta materia, y desde la Consejería muestro el reconocimiento.

Respecto a la recuperación de los expedientes atrasados, creo que he informado a Su Señoría sobre esa materia.

Entiendo también que las dudas sobre el presupuesto de que se dispone no son dudas que en estos momentos... o no son problemas que en estos momentos nos preocupen, creemos que disponemos de suficiente cantidad, habrá que ver, no obstante, claro, cuántas son las peticiones; pero no sólo cuántas son las peticiones, sino -como he dicho- cuántas de las peticiones tienen derecho a estas ayudas. Es cuanto puedo informar a Sus Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señor Consejero. Turno de réplica, tiene la palabra don Laurentino Fernández.

FERNÁNDEZ MERINO

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EL SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO: Sí, vamos a ver si nos vamos aclarando. Si yo le he entendido bien, señor Consejero, podríamos decir que en torno al 50% del número total de expedientes presentados pueden ser finalmente resueltos; que podríamos decir que los que no son ni prioritarios ni preferentes se olviden de todo ello, porque no les va a tocar nada; y, de una parte, los prioritarios preferentes tendrán que esperar al año que viene, pero pueden ser resueltos aunque sea con un cierto retraso.

Yo creo que ése es el resumen final del análisis que usted ha hecho, que nos va a llevar a acumular un cierto retraso para el año que viene; es verdad que -como usted dice- pueden aprovechar los meses previos a la presentación de los nuevos para resolver todo eso. Si eso se consigue, aunque sea con retraso, al menos habremos puesto al día la parte de los preferentes y prioritarios. Me da la impresión de que usted ya da por perdidos todos los demás, les da por descontados.

Pero respecto a lo que usted intentaba aclararme del cese y de la incorporación, no es tan simple como usted lo plantea, salvo que uno sea rico de nacimiento. Y me explico. El problema es que a un señor le llega el cese y lo quiere hacer efectivo cuanto antes, o lo hace automáticamente efectivo. Y el que se va a incorporar tiene dos soluciones: o tener una Resolución de aprobado, de su expediente aprobado, y ya una garantía ante los bancos a los cuales les va a pedir dinero para hacer sus inversiones; o buscarse el aval de toda la familia y de todos los amigos que conozca para conseguir la financiación necesaria para iniciar su explotación adecuadamente; o retraerse -como usted decía también, por efecto psicológico- hasta saber si su ayuda -en el supuesto de que tenga derecho y haya solicitado; hay otros que ni tienen necesidad de solicitarlo- va a ser o no aprobada. Porque si, efectivamente, tiene una Resolución de aprobada, ya el camino es mucho más sencillo, aunque tarde en recibir el dinero -como todos sabemos- el tiempo que proceda. Pero teniendo la Resolución sí puede actuar con una cierta garantía ante cualquier entidad bancaria. Sin Resolución y sin medios propios no camina ni uno; y se encuentra a un señor que tenía el compromiso de ceder una explotación, pero el cese anticipado, o el reconocimiento de cese anticipado él a un joven, que él si está autorizado a cesar la actividad, pero quien se va a incorporar no tiene el valor de entrar en la explotación porque no tiene la seguridad del tema. Y eso no es un problema sólo psicológico, señor Consejero; o sea, digo, salvo que sea rico uno de nacimiento. En cuanto tenga que depender de crédito, o de avales y de otras cosas, se lo piensan tres veces; si no tiene la garantía de que, al menos, lo que ha solicitado va a recibirlo aunque sea dentro de un año; pero tiene la posibilidad de avalar ante una entidad bancaria que su plan o su proyecto de incorporación y de modernización, o de inversión sí va a tener un respaldo oficial. Si eso no lo tiene, la verdad es que no me extraña que, por efecto psicológico o por circunstancias de otro tipo, la gente se retrae. Y yo creo que ésos son de los casos más complicados que se están dando en la actualidad, o por lo menos los que más dificultades manifiestan aquellos que tenemos algún contacto con ellos; es decir, que tienen la duda de qué hacer, si arrancan o no con el tema.

Y me imagino que eso se lo plantearía cualquiera que estuviera en su situación -repito-, salvo que sus condiciones económicas le permitan pasar de todo el tema de ayudas y de todo. Con lo cual, le da igual que le resuelvan el expediente si... o no lo ha presentado siquiera, y le da igual. Pero ése no es el caso general. El problema es que, si tiene que hacer una inversión y requiere dinero, o avala toda la familia y alguno más -y aun así con dificultades-, o a ver cómo lo hace.

Y me da la impresión, señor Consejero... Vamos a entender que todos esos problemas administrativos y de redacción de decretos pueden justificar en parte la paralización de este año, vamos a darlo por hecho; vamos a darlo por bueno, porque lo que nos importa más es el futuro.

Sí me preocupa -digo- que empecemos a acumular retrasos, y sobre todo que hay una parte de expedientes que, de entrada, ya ni se van a mirar; y yo no sé si no tienen derecho también a ser considerados. Es decir, partimos -por lo que veo- de que lo que ustedes llaman no prioritarios o no... digo prioritarios o preferentes, y no prioritarios ni preferentes, o no prioritarios ni preferentes, ni se van a instruir siquiera una vez que han hecho esa clasificación.

O a ver si me aclaro mejor. Del número total de expedientes -según su propia clasificación, con alguna variación de cifras, que bueno, que tampoco es tan importante-, del número total de expedientes, ustedes clasificaban en cuatro apartados: lo que llaman ustedes prioritarios preferentes, que eran en torno a los tres mil; los prioritarios no preferentes; los no prioritarios preferentes; y los no prioritarios y no preferentes. Me da la impresión de que ustedes ya parten de que los tres... o los dos últimos, desde luego, nada; y me da la impresión -eso es lo que quisiera que aclarara- que, de la segunda clasificación, pocas posibilidades tienen; y al menos deberían de saber con claridad todos los que han metido expedientes considerados o calificados así que deben de olvidarse del asunto.

Y digo, por lo menos para efectos de no crear expectativas y hacer esperar a los ciudadanos que han tramitado expedientes, sería bueno aclarar definitivamente... y yo he querido entenderle que usted lo intentaba aclarar, pero quería que quede claro hasta dónde pretenden instruir y resolver expedientes en cuanto a esas clasificaciones, ¿eh? Porque si usted me ha dicho que va a resolver, o calcula que podíamos llegar a un tope de dos mil quinientos, con problemas para llegar -al ritmo que van, me parece-... pero, vamos, supongamos que llegan a dos mil quinientos, eso no abarca ni siquiera los considerados prioritarios preferentes de la actualidad. Y, efectivamente, coincide que quedaría un 20% más/menos acumulable para el noventa y ocho.

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Eso significa que las otras tres clasificaciones ni se van a instruir, ni se van a resolver, ni nada de nada. Porque si eso es así, al menos, esos ciudadanos deben saber que de esos expedientes ya no tienen que estar esperando, es decir... Al menos clarificaríamos algo. O que bien tiene que plantearse la actuación de otra manera para la próxima convocatoria, de otra forma, para intentar conseguir ayudas. Al menos -digo- esa clarificación sería importante, si es como yo lo entiendo; puedo estar equivocado, pero al menos me ha parecido entender, o se deduce de los datos que tenemos y de como usted se explica, que tienen bastante claro adónde quieren llegar, y hay una parte que ya se considera no atendible. Si eso es así -digo-, aclárese, por bien de los ciudadanos.

Y yo creo que vamos a admitir que todos estos problemas han sido como usted dice y que el próximo año no va a haber problemas.

Y ya terminando, en el tema presupuestario, yo he dicho incluso públicamente -y lo repito ahora- que me parece que no debería ser nunca el problema. Y no debería ser nunca el problema mientras cerremos o liquidemos los presupuestos de la Consejería con los remanentes que se cierran. Lo digo porque si usted o sus gestores respectivos, a fecha equis del año, prevén, una vez evaluado lo que ha llegado, que no van a tener capacidad financiera para atender ésos, hay posibilidades de incorporar dinero de otras partidas. Otro problema será que superemos las cifras del Convenio fijado con el Estado, que ése sería otro problema. Pero me refiero, a efectos de fondos propios, yo nunca entendería, nunca entendería que ése fuera un obstáculo para resolver ningún expediente, ni este año ni el siguiente; porque creo que ustedes tienen capacidad suficiente, con el nivel de remanentes que generan a final de año, para hacer los trasvases pertinentes que permitan cubrir cualquier incidencia económica que les surja. Y estoy de acuerdo con usted -y esa cifra ya la manejaban hace meses las organizaciones agrarias, cuando tramitaron los expedientes- en que, efectivamente, la media de inversión de inversión por expediente anda en torno a los 6.000.000 y no a los 4 que se consideraba hasta hace muy poco. Eso lo confirman todas las organizaciones agrarias, incluso gestorías que han tramitado un buen número de expedientes; y es un dato que ya -digo- se manejaba como... incluso como cifra global de los números de expedientes; y, efectivamente, eso eleva los costes -por tanto- de la Administración Regional y de las otras Administraciones que colaboran en la financiación o cofinanciación de estos planes, y puede hacernos saltar, en algunos casos, el Convenio fijado con el Estado. Probablemente eso también exigiría -y ustedes que tienen capacidad de diálogo dicen, superior a la anterior- alguna capacidad para conseguir que por parte del Estado se aumentara el tope máximo al cual podemos acceder de cofinanciación respecto a las ayudas a modernización.

Digo, porque, desde luego, después de que el sector agrario y ganadero de esta Región, y creo que con orgullo -y lo ha reiterado usted y lo hemos reiterado todos-, está haciendo en los últimos años un gran esfuerzo por desear -para decirlo de alguna manera; digo desear porque a veces luego no lo consiguen-, desear invertir en modernización, aprovechando la coyuntura favorable -desde cosechas hasta los tipos de interés-, no frustremos esa buena disposición de agricultores y ganaderos con falta de apoyo de la Administración, que puede desanimar a mucha gente, pues, en unos casos a incorporarse o, en otros casos, a poner en estado viabilidad mejor, o en mejores condiciones, su propia explotación.

Yo, me gustaría también decir, un poco -lo digo sobre todo por la información en general-, cómo han calificado o cómo han clasificado los preferentes o prioritarios preferentes. Un poco, qué baremos fundamentales han utilizado para considerar, al catalogar esos expedientes. Lo digo porque, aparte de, luego, en la incorporación de jóvenes -que está claro cómo lo califican-, había sectores o actuaciones que en debates anteriores aquí hemos considerado como básicos y prioritarios, por lo menos en las fechas actuales, como era todo el tema del sector de vacuno de leche, de cara a las condiciones que se están exigiendo o que se van a exigir el uno de enero. Digo, me gustaría que aclarara, al menos a título de información general, un poco, cuáles son los criterios de priorización que ustedes han utilizado o están utilizando para atender estos expedientes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. Tiene la palabra don José Luis Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien. Brevemente. Bueno, ha clarificado de que, efectivamente, se ha mejorado el grado de gestión de tramitación de expedientes. Yo me voy a limitar exclusivamente al tema del Presupuesto, ¿no?, porque yo creo que es un tema que a mí personalmente me preocupa, ¿no?

De acuerdo que, bueno, se han bianualizado las Órdenes, desde el punto de vista presupuestario, porque... bueno, bien, se hacen las inversiones, se tarda un año en pagar, y, efectivamente, bueno, eso puede mejorar el grado de gestión desde el punto de vista presupuestario.

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Pero, claro, la pregunta es: imagínese, señor Consejero, que, efectivamente, al margen de... bueno, sin entrar en que los expedientes puedan ser válidos, admitidos o no, en función de si reúnen las condiciones de la normativa; admitiendo que, efectivamente, la Consejería esté con capacidad para resolver del orden de trescientos cincuenta expedientes por mes -según usted ha dicho, que son en torno a cuatro mil expedientes-... Bueno, imaginémonos y démonos por bueno... o demos por bueno que, efectivamente, seamos capaces de gestionar o de tramitar cuatro mil expedientes al año, ¿no?, y que esos cuatro mil expedientes sean admitidos; aunque se presenten más, pero, bueno, tengamos una media anual de cuatro mil expedientes tramitados por parte de la Consejería, y que sean válidos, que sean admitidos, finalmente, porque reúnen los requisitos de la normativa. Teniendo en cuenta que ha habido un aumento del valor de los expedientes de 4.000.000 a 6.000.000, o pongamos una media intermedia entre 4 y 6, de 5.000.000 de pesetas; después está la capacidad financiera para hacer frente a eso, ¿no?

Es decir, ¿cuánto tarda un agricultor o un ganadero que tiene aprobado el expediente en cobrar, una vez que él ha justificado la inversión?, porque ésa es la cuestión fundamental. Se puede tardar seis meses o siete meses en hacer la gestión de la tramitación del expediente; pero después, una vez que el agricultor o ganadero ha justificado la inversión, el problema es cuánto tiempo se tarda en pagar. Porque ahí está el quid de la cuestión.

Entonces, en base a esos cuatro mil o tres mil quinientos expedientes que se pueden tramitar al año, y teniendo en cuenta que ha aumentado -digamos- el valor de esos expedientes, se ha pasado de 4 a 6.000.000 de pesetas -evidentemente, la cuantía de la inversión es superior; por lo tanto, la subvención también-... Y digamos que el grave problema, o una de las quejas que los agricultores y ganaderos presentan es que se tarda en pagar, ¿no? Por eso yo he planteado el problema, si es un problema presupuestario. Y ya no voy a entrar en si, efectivamente, hay muchos expedientes que se tramitan y no van a ser aprobados porque no reúnen los requisitos de la normativa. Entonces, cuanto antes se les conteste, mucho mejor, para que esos agricultores y esos ganaderos se den cuenta de que no tienen por qué estar esperando a ver si se le aprueba o no se le aprueba. Cuanto antes se le diga, mejor.

Pero el otro caso concreto, el agricultor o ganadero que solicita el expediente, y es un expediente que se acoge a la normativa y, por tanto, se le va a aprobar, se tarde cinco o seis meses en tramitarlo hasta que se le confirme que, efectivamente, está aprobado y está resuelto... El agricultor dispone de un año para hacer la inversión; si la hace en seis meses o la hace en siete meses, lo lógico sería marcar un plazo de pago. ¿Para qué? Para que el agricultor no tarde en exceso en cobrar esa subvención y se decida a hacer la inversión. Porque si una vez... una vez que solicita el expediente, ha hecho una inversión; la segunda vez le tardan seis meses o un año en pagar, pues efectivamente, ese agricultor o ese ganadero se lo va a pensar dos veces la próxima vez para hacer una nueva inversión. Y yo por eso planteaba el tema presupuestario, es decir, cuánto se tarda en pagar al agricultor o ganadero, una vez que el ganadero o el agricultor ha justificado su inversión, ¿no? Porque yo creo que ése es el quid de la cuestión, ¿no?

Entonces, también, bueno, decir que ustedes están diciendo permanentemente que, comparativamente con otras Comunidades, aquí se están tramitando más expedientes... yo no lo niego, pero también es una cuestión para alegrarnos. Es decir, bueno, pues si aquí hay un interés y una voluntad por parte de agricultores y ganaderos en seguir invirtiendo en el sector es porque tampoco hay otra salida, ¿eh? Entonces, la intención o la voluntad de la Junta sería invertir más dinero para que se invirtiera más en modernización de estructuras agrarias, sin pasarnos del Convenio que tenemos firmado con la Administración Central. Yo creo que ése es el gran reto. Por eso mi pregunta, ligada con los Presupuestos, va en ese sentido.

El problema es cuánto se tarda en pagar, una vez que el expediente está aprobado y que el agricultor o ganadero ha hecho la inversión. Claro, si se tarda mucho, evidentemente, más que incentivar la inversión, lo que estamos haciendo es desincentivar, ¿no? Entonces, yo creo que ése es uno de los problemas fundamentales a solucionar.

Y para el año que viene, si ustedes calculan que pueden llegar a los dos mil o dos mil quinientos expedientes para este año ya tramitados, de esos cuatro mil... en concreto cuatro mil y pico que tenían presentados para este año, tenga en cuenta que para el año que viene, pues, van a ser otros tantos. Entonces, bueno, que haya más tiempo para la tramitación o tengamos seis meses hasta el mes de junio, lo cierto es que para el año que viene vamos a estar otra vez prácticamente en la misma situación, ¿eh?, con expedientes retrasados. Y el problema es que los que se hayan aprobado este año, pues, no cobrarán hasta el año noventa y nueve o hasta el año dos mil; digo a efectos de cobrar, los que estén en regla, ¿no? Y yo creo que ése es el problema fundamental.

(-p.8284-)

Por eso decimos nosotros que, a nivel presupuestario, aunque se haya subido la partida para modernización de estructuras agrarias, la queja generalizada es que se tarda en pagar, se tarda en pagar. Y yo creo que habría que marcarse un plazo y decir: una vez que el agricultor o ganadero ha justificado la inversión, pues poner como tope dos o tres meses para cobrar, que tampoco es tanto, teniendo en cuenta que ha pasado ya un año desde que se ha tramitado el expediente, y el agricultor o ganadero ha tenido un plazo de un año para hacer la inversión. Pero aquel que cumpla religiosamente con su compromiso, lo lógico es que la Administración, religiosa y puntualmente, pague la subvención; porque, si no, lo que estamos haciendo es... sí sí, tramitar expedientes, tramitar expedientes, pero los ganaderos o los agricultores no saben a ciencia cierta cuándo realmente van a poder cobrar, al margen de que se les comunique en tiempo y forma si están aprobados o no. Pero aquellos que se les comunique en tiempo y forma que están aprobados, lógicamente, tiene que haber un compromiso por parte de la Administración de que, efectivamente, se va a pagar puntual y religiosamente cuando corresponda. Porque si... vuelvo a repetir, si se tarda un año y se tardan dos años en cobrar, pues, al final, lo que estamos haciendo es desincentivar al sector para que siga invirtiendo.

Yo creo que eso, para nosotros, es lo más importante; y que se tomen medidas frente a eso. Por eso decimos nosotros que, en base a las experiencias de años anteriores... Yo no le he querido leer la documentación que usted nos ha pasado del año noventa y cuatro-noventa y cinco, que ha habido once mil ochocientos setenta y tres expedientes, ¿no?, resueltos, que suponen 50.000 millones de inversión; que es una cifra muy importante, ¿no? Entonces, eso requiere un esfuerzo por parte de los agricultores; pero también de la Administración. Por tanto, si los agricultores y ganaderos de esta Comunidad quieren seguir invirtiendo, bienvenido sea, ¿no?

Por tanto, yo digo que habría que mejorar las partidas de Presupuestos para por lo menos tener la suficiente confianza y seguridad de que estamos en condiciones de poder pagar puntualmente a todos los expedientes que estén aprobados y resueltos, ¿no?, siempre y cuando, evidentemente, se justifique la inversión.

Y yo sí quería que, si pudiera ser, que explicara un poco cuánto se tarda en pagar o cómo se está tramitando los pagos para ver si es verdad o es mentira lo que están diciendo los agricultores de que, efectivamente, uno de los problemas es que se tarda en pagar una vez que ya el agricultor o el ganadero ha hecho la inversión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señor Conde. Tiene la palabra don Vicente Jiménez.

JIMÉNEZ DÁVILA

EL SEÑOR JIMÉNEZ DÁVILA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente, para decirle al señor Consejero que nos satisface las aclaraciones que nos ha hecho en esta segunda ronda de intervenciones, que ha quedado bastante claro el tema presupuestario, que yo confío en que los agricultores y ganaderos de Castilla y León, tanto los nuevos como los viejos que quieran mejorar... los de nueva instalación con los viejos, lo están haciendo porque tienen fe en nuestra agricultura. Dudo mucho la aseveración que se ha hecho por parte del representante de Izquierda Unida de que se esté en esto porque no hay otra salida. Yo creo que para estar en la agricultura, en la ganadería, hay que tener cierta vocación; y para hacer agricultura y ganadería en una Región como la nuestra, a ochocientos metros del nivel del mar sobre el nivel del mar, más.

En definitiva, señor Consejero, yo creo que tenemos un déficit importante de información. Y eso también me gustaría insistir. Tenemos muchos problemas, porque usted ha puesto el dedo en la llaga, posiblemente, en parte del problema, en que los señores que tramitan expedientes no lo hacen bien e intentan tapar sus propios errores echando la culpa a la Junta. Y hay incluso más: hay señores que saben, cuando les va a alguien a solicitar un expediente, que no tiene derecho a ayuda; y, sin embargo, le hacen el expediente y llega a los departamentos correspondientes de la Consejería; y han creado una ilusión al señor que tiene derecho que, al final, se vuelve contra las propias ayudas.

Yo creo que las ayudas están cumpliendo su fin, que están modernizando el campo de Castilla y León y que el déficit mayor que tenemos es de información. Y le vuelvo a pedir a usted un esfuerzo y una relación más directa entre la Administración y el solicitante, de que el señor que no tenga derecho o que tenga mal el expediente lo sepa él. Yo sé que ustedes trabajan mucho y que ya es difícil resolver los tres mil o cuatro mil y pico expedientes que les llegan todos los años, y además decir: y además ahora voy a tener una relación más directa con el... con el solicitante. Pero es donde se nos están yendo... las cuestiones generan un cabreo y una desconfianza, la tardanza en llegarle información al solicitante, que se vuelve contra el objetivo de las ayudas.

Entonces, a mí me parece importante que la Consejería abra una línea de comunicación directa con el señor que solicita, para evitar malos entendidos. Habrá quien tenga bien el expediente, habrá problemas y errores de la Junta -porque humanos somos como todos-; pero los que no sean achacables a la labor mala de la Junta, y que además están entorpeciendo con llegada de solicitudes que a lo mejor no debían de llegar -y el señor que tramita sabe que no es posible que lleguen-, está entorpeciendo el que se agilice mucho más el trámite de las personas que tienen derecho.

Yo creo que con esto, además de pequeños problemas que puedan surgir, que si fuéramos capaces de arreglar los problemas de información, daríamos un paso muy importante y yo creo que muy necesario.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señor Jiménez. Tiene la palabra, en turno de dúplica, el señor Consejero.

VALÍN ALONSO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SEÑOR VALÍN ALONSO): Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Bien. Yo creo que en esta segunda ronda de intervenciones quizás se pueda profundizar más en la explicación que todos y cada uno hemos dado en relación con las posturas que aquí se han mantenido.

Una cuestión que se ha dicho: "se van a resolver el 50% de los expedientes presentados". Yo creo que esas cuestiones... ¡Ay!, ahí hay un problema... Mercedes...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Suspendemos la sesión durante unos minutos.

(Se suspende la sesión durante unos minutos por indisposición de un miembro de la Comisión.)

(-p.8285-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Se reanuda la sesión. Puede continuar, señor Consejero.

VALÍN ALONSO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SEÑOR VALÍN ALONSO): Bien. Gracias, señor Presidente. Estaba mencionado que en esta segunda intervención probablemente se ha entrado quizás más en el grano y a mí me permite aclarar algunas cuestiones.

Claro, se aduce que si sólo vamos a resolver el 50%. Las cifras, como siempre, admiten muchos datos. Yo sostengo que vamos a resolver el 80%, a pesar de los problemas de este año, vamos a resolver el 80% de los expedientes prioritarios preferentes, y vamos, además, a resolver por un valor superior a la cifra del Convenio que tenemos con el Ministerio; es decir, un año más, un año más, al igual que el año pasado, vamos a sobrepasar las cifras que se disponen en el Convenio para la inversión de esta Comunidad Autónoma, que es... una vez más va a ser probablemente la inversión mayor de toda... de todo el Estado.

En cuanto a los problemas de incorporación, efectivamente, se producen esas circunstancias psicológicas. Pero yo lo que estoy seguro es que un señor que va a instalarse en una explotación de cincuenta, sesenta hectáreas no depende de los 2.500.000 de pesetas para instalarse, ni el crédito deja de precisar los avales correspondientes. Como usted conoce, las ayudas de primera instalación también precisan en su mayor parte créditos, y realmente los créditos los tiene que solicitar el que se incorpora, los créditos no se los avala la Junta; es decir, las ayudas son para que si tiene avales pueda pedir el crédito y tiene entonces unos intereses bonificados, pero la decisión en sí realmente no depende, no depende -como he dicho-, del tema de la concesión de la ayuda de incorporación.

Respecto a las cuestiones de los baremos para la priorización, de los baremos para la preferencia. Bien. Hay dos cosas distintas: los baremos por los que se determina que una explotación es prioritaria, eso no son baremos nuestros; ésos son los baremos del... de la Ley de Modernización de Explotaciones y del Decreto.

Entonces, lo que sí hemos dado preferencia, que se ha hecho pública en la Orden que salió este año, son precisamente, pues algunos de los que usted ha dicho. Pero yo le puedo decir con detalle los siguientes: para el sector lácteo, sector vacuno de leche, en general sector lácteo, para aumentos de la explotación, reales, que se ha estimado en cuatro UDES; para mejora del regadío; y luego, además, son preferentes las cooperativas y las SAC. Y luego para jóvenes los que se instalen como cotitular de la explotación, los que se instalen en explotación asociativa y los que se instalen con cese del anterior. Es decir, los criterios son criterios públicos y, además, son criterios que se han hablado largo y tendido con el sector.

Pero básicamente hay una filosofía fundamental, que yo creo que es importante que se conozca, y es realmente nosotros claramente seguimos una línea en el sentido de que las ayudas para mejora de estructuras tienen que ser para mejora de la estructura de la explotación; es decir, lo que no puede ser es que tengamos líneas de mejora de la estructura de la explotación destinadas a reposición de maquinaria. Y de eso hay mucho. En algún momento, durante algún periodo, a partir del año noventa y dos, tuvimos unas líneas para reposición de maquinaría que el Reglamento Europeo 23/28 dice que son excepcionales y que tienen que ser tan sólo para casos excepcionales y sobre todo cuando se ponga en peligro la subsistencia de la explotación. Por eso las pusimos en marcha en el periodo de sequía. Pero, evidentemente, no se puede resolver por este camino una ayuda para una reposición de maquinaría. Y de eso, claro, hay muchos.

Entonces, usted me dice: "¿se van a resolver ésos o no?". Pues, generalmente, distribuiremos nuestro dinero para aquellas líneas, aquellos expedientes que de verdad conllevan una mejora estructural de la explotación. Y tenga usted la seguridad de que todos los expedientes que se presenten y conlleven una mejora estructural de la explotación, todos van a tener ayuda. No va a haber un solo expediente de esta línea, ninguna solicitud, que se vaya a quedar sin ayuda si de verdad conlleva una mejora de la explotación, una mejora estructural razonable.

Con eso creo que he dado un poco la aclaración de ¿qué expedientes se van a resolver? Todos los que conlleven una mejora estructural clara. Normalmente los que sean de reposición de maquinaria, no. ¿Por qué? Porque, primero, eso no está incluido en el Reglamento 23/28, que es el cofinancia esto, salvo para situaciones excepcionales. Punto número uno. También, también, se admite para uso de maquinaría en común, que generalmente no se plantea en expedientes. Es decir, son las dos posibilidades que admite el Reglamento para el uso de maquinaría en común.

También hay otra razón, y es que precisamente en la maquinaría más habitual, que es la maquinaría de fuerza, que son los tractores, pues existen además líneas del Plan Renove, etcétera, que, obviamente, permiten otras posibilidades de actuación.

(-p.8286-)

Respecto a lo planteado por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, su preocupación pagos... si se realizan los pagos adecuadamente o no. Puedo darle absolutas garantías de que los pagos se realizan de una forma normal. No existe acumulación de pagos en estos momentos por parte de la Junta para la parte de las ayudas de la Junta. Y no existen por dos razones o tres -alguna de ellas se la he comentado antes-: nosotros ya, precisamente, como desde el punto de vista presupuestario, por las razones de que se tarda un periodo en realizar la inversión, teníamos los problemas de que si teníamos comprometido dinero para este año con expedientes de año no nos presentaba la certificación y, por lo tanto, teníamos que meterlo en remanentes del año siguiente y eso nos ocasionaba una serie de problemas presupuestarios tremendos que nos impedían ejecutar el ejercicio, hace ya varios años que pusimos en marcha la bianualización de los expedientes, de manera que algunos expedientes -los que se resuelven a principio de año- siempre se piensa en que se van a poder pagar dentro del año, pero otros -los que se resuelven en determinadas fechas- empiezan a pagarse... ya se prevé que se paguen para la anualidad futura, salvo los que se prevea... y se le dice que tiene un plazo corto para realizar la inversión. Damos plazos de tres, seis y doce meses según sea el tipo de inversión, si es maquinaría o si son otras cosas. Pero en estos momentos, con esas medidas, no existen problemas; porque, además, buena parte de las ayudas, buena parte de las ayudas son como créditos bonificados. Y el señor, en cuanto consigue su crédito, ya tiene la bonificación de intereses asegurada; es decir, él no tiene que pagar.

Pero -vuelvo a decirle-, ¿cuándo cobra el señor? El señor lo primero que tiene que hacer es avisar de que se ha hecho la inversión. Porque, claro, nosotros no... lo que no podemos hacer es poner -por decirlo así- un policía funcionario que vaya mirando por ahí a ver si han hecho la inversión. Él tiene que avisar de que la inversión se ha hecho, y no esperar a que vayan a verle. Él avisa de que la inversión se ha hecho, el funcionario comprueba que la inversión se ha hecho, se certifica, tiene un trámite que no es muy largo; y, una vez certificado, pues lo que se hace es pasar por Intervención, el documento "K", y pasa a Tesorería. Usted sabe perfectamente que en estos momentos se está pagando bastante bien por parte de la Junta. No existen problemas, por tanto, de Tesorería y no existe embalsamiento... sí, bien he dicho, embalsamiento de ese tipo de expedientes.

Y por último, por lo que se ha expresado por el Portavoz del Grupo Popular, yo creo que, efectivamente, tenemos que hacer un claro esfuerzo, un claro esfuerzo por la información. Y, desde luego, asumo esa manifestación y vamos a tratar de hacer un esfuerzo por mejorar esa información.

Tengo que decir y precisar, no obstante, que en relación a los problemas que se generan por el hecho de que el trámite a veces no está bien hecho por parte de quien ayuda al solicitante a presentar su solicitud, existen grandes diferencias entre determinados gestores y otros. En general las Organizaciones Profesionales Agrarias, como más profesionales, como más especializadas por el tema, pues, vienen colaborando de una forma muy positiva, muy positiva; no sucede en esos casos, pues, con otro tipo de gestorías, que muchas veces no son tan profesionales. Eso es una realidad que tenemos. Muchas veces hay gestorías que no tienen por qué ser gestorías, digamos, que tienen como negocio la gestoría, sino que muchas veces son personas que trabajan en alguna cooperativa, o personas que trabajan... que no tienen una especialidad excesivamente grande en esta materia, tratan de echar una mano al solicitante, y, a veces, pues no tienen el conocimiento suficiente de la problemática y eso origina problemas. Pero en cualquier caso asumo, evidentemente, el planteamiento de la necesidad de informar con mayor detalle, o con mayor concreción al solicitante sobre la situación de su expediente y, desde ese punto de vista, trataremos de poner en marcha a lo largo de este ejercicio esa línea que se solicita por parte del Portavoz del Grupo Popular. Y es cuanto puedo decir en estos momentos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señor Consejero. ¿Algún miembro de la Comisión que no haya intervenido como Portavoz quiere hacer uso de la palabra? Gracias. No siendo así, damos... despedimos al señor Consejero, le damos las gracias por su comparecencia. Y, por parte de la señora Secretaria, se dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ OTEO): "Proposición No de Ley 667-I, presentada por el Procurador don Laurentino Fernández Merino, relativa a adopción de medidas relativas a daños en los cultivos por inclemencias meteorológicas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 153, del uno de julio del noventa y siete".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señora Secretaria. Para presentar la Proposición No de Ley tiene la palabra el Proponente, don Laurentino Fernández.

FERNÁNDEZ MERINO

EL SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO: Sí, gracias, señor Presidente. Yo comienzo por decir que esta Proposición No de Ley, como viene ocurriendo habitualmente, pues es de primeros de junio; con lo cual, entonces decíamos en el texto de los Antecedentes que en las pasadas inclemencias meteorológicas habían causado en algunas zonas de la Región graves daños en sus cultivos. Hoy podríamos decir que más que "en algunas", en muchas; porque, posterior incluso a esta Proposición No de Ley, hubo nuevas tormentas que agravaron, en algunas zonas por segunda vez, los daños y, en otras, por primera vez produjeron los daños semejantes.

(-p.8287-)

Por tanto, cuando se hizo esta Proposición No de Ley nos referíamos fundamentalmente a la provincia de Valladolid, Salamanca y Palencia, que habían sufrido ya en aquella época tormentas de pedrisco excepcionales que habían dañado fuertemente cultivos como cereales, remolacha, patata, hortalizas, viñedo y frutales; y cuando digo frutales me refiero, fundamentalmente, a lo que es una parte importante de su economía, como es la cereza en la Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca.

En base a ello, además, se detectaban situaciones muy diferentes en los agricultores afectados: unos, porque... con producciones aseguradas muy bajas, en función de cómo venía, cómo venía la cosecha -que venía inicialmente mal-, habían asegurado muy baja la producción; otros habían firmado el seguro y estaban en periodo de carencia, con lo cual no les cogía el seguro; y, por último, había agricultores afectados que ni siquiera habían firmado el seguro porque estaba todavía abierto el periodo para hacerlo y, por tanto, se encontraron con las tormentas o los daños antes de finalizar el plazo de asegurar las mismas.

En base a todo ello, nosotros proponíamos o proponemos en una Propuesta de Resolución que prevé que la Junta... Fundamentalmente de... la mayor parte de ellas son de solicitud hacia el Gobierno de la Nación y algunas que podía hacer y puede hacer la Junta directamente para ayudar a paliar los efectos que estos graves temporales produjeron en algunos cultivos, y muy comarcalizado, como fue en la mayor parte de los casos.

Principalmente, que la Junta consiguiera una declaración de zona de atención especial, entendiendo que no se podía pedir otro tipo de calificaciones para estas zonas afectadas; que, previo acuerdo con la Administración Central, aplazaran el pago de los créditos actualmente en amortización de sequía, aplazados anteriormente; que se fijara un crédito extraordinario para subvencionar las cotizaciones a los agricultores afectados; que se redujeran los coeficientes de los módulos de IRPF a los agricultores afectados; que se diera prioridad a estos agricultores en el caso de que tuvieran expedientes de modernización en trámite; que se gestionaran los pagos compensatorios que se pudieran con anticipación para ayudar a paliar el problema económico; y una medida absolutamente concretada, como se puede entender a la Sierra de Francia, que por sus principales características, o por su especial característica, podría la Junta, directamente, coayudar o ayudar a paliar la situación económica de estos, fundamentalmente, agricultores que dependen en su casi un 50% de su renta del cultivo de la cereza o de la cosecha de la cereza y que, a su vez, tienen en su entorno gran cantidad de montes de utilidad pública en los cuales la Junta, sin gran esfuerzo, podría facilitar trabajo a una parte importante de estos agricultores y aliviar de alguna manera la falta de rentas que van a tener por la cosecha perdida, que fue en una cantidad muy importante de una parte importante de su renta, como es la Sierra de Francia. Ésta es la Proposición No de Ley y, en función de las posiciones, comentaremos después lo que proceda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. ¿Algún Grupo quiere consumir un turno en contra? Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Narciso Coloma.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, señor Presidente. En efecto, el Grupo Parlamentario Popular se va a oponer a esta Proposición No de Ley por tres razones fundamentales: En primer lugar, porque no estamos absolutamente de acuerdo con todas las Propuestas de Resolución, nada menos que siete, que hace el Grupo Proponente; ni tampoco estamos totalmente de acuerdo con los Antecedentes que figuran en la Exposición de Motivos, en lo que a nosotros nos parece que es una visión parcial -por no decir tendenciosa- del tema.

En segundo lugar, y fundamentalmente, ésta es la razón fundamental, porque la mayoría de las cosas que se piden están ya, o solucionadas, o en vía de solución, tanto por la Administración Central como por la Autonómica. Todas aquellas cosas de la Proposición de Ley que son razonables están ya solucionadas o en vía de solución.

Y, en tercer lugar, porque podíamos haber puesto una enmienda para aprobar -como yo digo- la mayoría de esas solicitudes de la Propuesta de Resolución, pero entonces se nos podía achacar -como pasó en el último Pleno- que aprobábamos la Propuesta de Resolución para reabrir el debate (versión original que se dio cuando aprobamos en el Pleno de estas Cortes la Propuesta de Resolución sobre las catástrofes en Palencia.) Entonces, para evitar eso, o que nos achaquen de rodillo -que es la otra versión: o somos rodillo o rehuimos el debate-, pues, esta vez vamos a ser rodillo y vamos a rechazar esta Propuesta de Resolución.

Dicen en los Antecedentes, por hacer una disección un poco de lo que dicen en los Antecedentes, en los tres, encuentran tres situaciones entre los agricultores. Dicen: "los agricultores se encuentran en diferentes situaciones, producciones aseguradas muy bajas en función de cómo venía la cosecha hace unas fechas". Pues, hombre, nosotros consideramos que no es justo que se compense lo mismo a quien ha asegurado mil kilos, que al que ha asegurado tres mil. Ése, ¿quién tiene la culpa de haber hecho una previsión aseguradora muy baja?

Y luego dice: "agricultores con seguro firmado pero en periodo de carencia", efectivamente, puede existir ese caso; y el tercero también puede existir; pero se olvida usted del cuarto caso, es aquellos que no han asegurado, pudiendo hacerlo y pudiendo hacerlo como Dios manda, entonces, se obvian ustedes de lo que nosotros consideramos la parte del león.

(-p.8288-)

En cuanto a la Proposición No de Ley, usted ha leído varias de sus solicitudes, de las primeras Propuestas de Resolución, que ya están contempladas -como le he dicho- en un Real Decreto 18/1997, de treinta y uno de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las fuertes tormentas acaecidas recientemente en diversas Comunidades Autónomas. Así, dicen... En el primer punto está ya contemplado, el primer punto que dice usted "que inste al Gobierno Central para declarar estas zonas de especial atención", bueno, pues eso ya está contemplado en el Real Decreto de treinta y uno de octubre, ya está contemplado, yo me imagino que usted tendrá este Real Decreto; luego sabe que ese primer punto ya está solucionado. En cuanto al segundo punto, se conceden moratorias en el Artículo 5, también del Real Decreto: los créditos hipotecarios y pignoratorios, los créditos de toda clase vencidos o que venzan en los periodos...., ya está contemplado también en el Real Decreto. En el tercer punto, en el Artículo 8 del Real Decreto está igualmente contemplado: el Ministerio de Agricultura, Pesca... podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden de tal..., también está contemplado. El cuarto punto, igualmente, en el Artículo 7 está también contemplado.

Es decir, aquellas cosas que se piden que son razonables ya están consideradas por la Administración Central en este Real Decreto, y la Junta de Castilla y León está acoplando sus actuaciones a ese Real Decreto. Por lo que consideramos que lo que su Propuesta de Resolución tiene de lógico y de razonable ya está hecho por la Junta y por la Administración Central; y como con lo otro no estamos de acuerdo, y lo razonable ya está hecho, no vemos ningún motivo para aprobar esta Proposición No de Ley. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. En turno de réplica, tiene la palabra don Laurentino Fernández.

FERNÁNDEZ MERINO

EL SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO: Sí, gracias, señor Presidente. Yo esperaba esa respuesta, señor Narciso. Y si no hubiera salido el Decreto el día treinta y uno de octubre, hubiéramos retrasado la Comisión hasta diciembre para que hubiera salido. Porque la Proposición es del diez de junio, del diez de junio. Y, qué casualidad, al día siguiente, a los cuatro días, de salir el Real Decreto de Administración Central convocamos la Comisión: porque ya podemos decir que está resuelto. Si yo ya esperaba esa respuesta, pero sin embargo la he mantenido para que lo dijera usted.

Pero, claro, es que me parece que yo estoy pidiendo algo que ya está resuelto. Es que, señor Narciso, cuando yo lo pedí era el diez de junio; y esto se ha resuelto el treinta y uno de octubre; y no todo.

Pero, además, no tengo ningún inconveniente en retirar la Proposición No de Ley -lo comentaba incluso con algún compañero antes del debate-, y lo he hecho, solamente para dejar en evidencia de cómo se actúa en esos temas; que me preocupa, ¿eh?, porque puede ser causalidad, pero es curioso, es curioso.

Pero, aun así, tengo que decirle una cosa... Y la voy a retirar, mire, y además la voy a explicar, primero, que no cumplen ustedes bien. Sólo hay una cosa que puede hacer la Junta directamente y que usted no me ha dicho si la quiere hacer o no la va a hacer, que es dar trabajo en los montes de la Sierra de Francia a los cientos de cultivadores de cereza que han perdido prácticamente su cosecha; no exige ningún esfuerzo presupuestario más que concentrar parte de los trabajos de montes, organizarlo de tal manera que tengan acceso todos esos cultivadores a jornadas de trabajo que aumente su renta o recupere algo de su renta perdida. Y es lo único que se pedía directamente a la Junta, prácticamente, pues, eso es lo único que no voy a decir que vayan a hacer una cosa. Todo lo demás, lo que le pido a la Administración Central, como usted bien ha dicho, está cubierto.

Aun así, dicho lo que le estoy diciendo, no tengo ningún inconveniente y retiro la Proposición No de Ley; pero espero que la próxima vez cuando se presente una cosa de éstas no haga falta seis meses hasta que salga un Decreto del Estado y se resuelva el tema para traerlo a esta Comisión. Y menos que se utilice el argumento de que lo que se pide ya está dado. Porque, oiga, cuando se pedía, ni estaba dado, ni se decía que se iba a hacer, sino todo lo contrario; la respuesta que se decía entonces, señor Procurador, es algo de la parte que usted ha dicho: asegúrelo usted si quiere tenerlo asegurado y, si no, es su problema. Ésas fueran las primeras respuestas a los primeros daños, tanto de la señora Ministra en esta Región -cuando venía- como del Consejero, inicialmente. Posteriormente, como fueron agrandándose, como fueron agrandándose... -yo también tengo recortes de prensa, señor Procurador, déjeme que yo le doy la argumentación-, como se fueron agrandando los daños, fueron aumentando las zonas y en algunos casos incluso se repitió por segunda vez los daños, hubo que replantearse el tema; y, en función de eso, efectivamente, como no podía ser de otra manera, ha tenido que actuar el Ministerio (bastante tarde, por cierto, bastante tarde, porque los daños de que estamos hablando, repito, fueron anteriores a junio, la mayoría, algunos se repitieron incluso posteriormente, se volvieron a repetir sobre las mismas zonas).

Dicho esto, señor Presidente, para no perder más tiempo, retiramos la Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. Queda retirada por el Proponente.

(-p.8289-)

No obstante, esta Presidencia, ante lo manifestado por el Proponente, quiere decir que a la Comisión llegó una carta con registro de salida, quince del diez del noventa y siete, en el que dice que "la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en reunión del día nueve de octubre de mil novecientos noventa y siete, a solicitud del Procurador don Laurentino Fernández Merino, ha acordado que la Proposición No de Ley 667-I, presentada por dicho Procurador, relativa a adopción de medidas relativas a daños de los cultivos por inclemencias meteorológicas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 153, uno del siete del noventa y siete, pendiente de sustanciación en sesión Plenaria, sea trasladada a los mismos efectos a la Comisión de Agricultura y Ganadería". Es decir, que se tramite en esta Comisión a los efectos de la recepción de esta carta, pues, poquitos días después de haber recibido esta Presidencia la carta de las Cortes de Castilla y León.

Señora Secretaria, por favor, de lectura al tercer y último punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA ÁLVAREZ OTEO): "Proposición No de Ley presentada por los Procuradores don Jaime González González y don Jesús Cuadrado Bausela, relativa a negociaciones con la Administración Central para la adquisición de la finca denominada "Granja Florencia", publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 167, de dieciséis de octubre del noventa y siete".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señora Secretaria. Tiene la palabra el señor Cuadrado.

CUADRADO BAUSELA

EL SEÑOR CUADRADO BAUSELA: Muchas gracias, señor Presidente. Esta Proposición que hoy se discute aquí, y que fue presentada en el pasado mes de septiembre... yo, la verdad es que me alegro, en primer lugar, de que en un plazo de tiempo relativamente breve estemos discutiendo esta Proposición. No es lo habitual. Estoy esperando algunas desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, me alegro. Me alegro porque el objetivo, efectivamente, tenía que ver... bastante que ver con la urgencia. Tiene poco sentido que cuando en este momento está hasta en Internet la oferta de subasta pública de la Granja Florencia no nos... no tratáramos esta cuestión, pues, en una fecha prudente. A pesar de todo hay que... un cierto inconveniente de fechas. Hace falta actuar con mucha urgencia para cumplir los... las Propuestas que se hacen en la Proposición No de Ley.

Ahorraré muchos antecedentes sobre esta Finca de ochocientas hectáreas, gran parte regable por dos canales, que tiene, por lo tanto, un valor desde el punto de vista agrícola o agrario considerable; y, además, esas ochocientas hectáreas tienen otras utilidades, que están un poco en lo que ha sido la tradición de esta Finca. Que la verdad es que tiene unos antecedentes, un pasado, desde el año cuarenta y seis que empieza su andadura, pues, bastante triste en algunos casos, bastante problemático. Ha cambiado de titularidad, de órgano, o de organismo -mejor dicho-, o gestor, y de titularidad también en bastantes ocasiones; y esto ha hecho que no se haya, desgraciadamente, asentado en torno a esta Granja, pues, una actividad que hubiera sido de interés para el conjunto de la provincia, de la zona, especialmente, y de la actividad agraria en general, también de la comarca, también de la zona.

Lo cierto es que en este momento el titular es la Tesorería General de la Seguridad Social; y lo cierto -y éste es el dato novedoso y el dato preocupante también para un interés que pueda girar en torno a la explotación de esta Granja, a la utilidad que se le dé, a la salida que se le dé- es que está en subasta pública.

A la vista de esa situación, en el Grupo Socialista nos planteamos, inmediatamente que conocimos esta situación, esta oferta de subasta pública, nos planteamos esta iniciativa, porque creemos que la Comunidad Autónoma -con competencias exclusivas en materia agraria- tenía que intervenir, tenía que negociar inmediatamente con la Tesorería General, con la Administración Central, una salida para esta Granja, para esta Finca; y además hacerlo desde el punto de vista de los intereses del sector, en primer lugar, de los intereses de lo que pueda aportar al desarrollo social y económico de la zona.

Y, por lo tanto, la Propuesta es muy concreta. La voy a leer: Instar a la Junta de Castilla y León a que en el más breve plazo posible, pues, negocie con la Tesorería General de la Seguridad Social una salida, que tiene que ver, fundamentalmente, con una negociación, un concierto con las OPAS.

Esa salida yo creo que no es... -luego en el debate es posible que, a lo mejor, este aspecto salga-, pero yo creo que esa salida no es algo que tenga que resolver el Parlamento ni esta Comisión. Me parece que puede ser interesante el ver opciones diferentes; pero yo creo que la opción que nosotros damos, la salida que nosotros damos, que es que la Junta de Castilla y León negocie, concierte con las OPAS una salida de explotación del máximo interés, lógicamente, para los objetivos que antes he apuntado, pues creo que sería suficiente.

En cualquier caso, hay un aspecto que tiene que ver con los trabajadores, que tienen lógicamente unos derechos adquiridos los trabajadores de la Granja, que también contemplamos.

(-p.8290-)

En conversaciones con el Procurador por el Grupo Popular se ha planteado... o se ha planteado directamente la posibilidad de cambiar algunos aspectos del... algunos aspectos del texto, que me parecen razonables, e incluso posiblemente aclaren -también lo he estado comentando con los Grupos que, lógicamente, su acuerdo sería imprescindible para que esto fuera posible-, que yo creo que no modifican en nada sustancial el enfoque de esta Proposición, porque salvan -repito- las tres cuestiones... o las dos cuestiones fundamentales que he planteado.

Una, que sea la Junta de Castilla y León quien establezca las negociaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social y, lógicamente, asuma las condiciones del resultado de esa negociación -punto uno-.

Punto dos: que para que tenga una salida que sea no solo razonable, sino de interés social, de interés económico en la zona, pues negocie con la Cámara Agraria, con las OPAS -que en este momento forman parte de la propia Cámara Agraria-, con las OPAS directamente. Pero, en cualquier caso, esa negociación, ese concierto con, en concreto, las OPAS sea lo que permita una salida -repito- razonable y de interés en este caso.

Y, por último, decir, argumentar una cuestión que a mí me parece que en este momento es no sólo fácil de argumentar, sino que además conviene que se oiga de vez en cuando en este Parlamento. Estamos hablando de una provincia donde en un solo año se han perdido -lo quiero decir haciendo un silencio previo-: tres mil ochocientos puestos de trabajo. Es algo así como si en España en un año -estoy hablando del último año, marzo del noventa y seis, marzo del noventa y siete, por dar los últimos datos de coyuntura-, es algo así como si en España en el último año se hubieran perdido un millón de puestos de trabajo. Ésta es la provincia de Zamora. Y me gustaría que Sus Señorías se acostumbraran a oír esto en este momento, de vez en cuando: provincia de Zamora, un año, tres mil ochocientos puestos de trabajo perdidos. Algo así como un millón de puestos de trabajo en el conjunto de España en un solo año.

Por lo tanto, cualquier iniciativa que implique crear una situación de empleo estable -que ésta es la salida que, lógicamente, se propone-; cualquier salida que tenga que ver con salvar la sangría en el sector agrario, que es uno de los elementos fundamentales de esos tres mil ochocientos puestos de trabajo de los que estoy hablando (esa sangría no es una sangría de un año, sino que es una sangría de muchos años); me parece que es en este momento una necesidad de política regional, de política territorial de la Junta de Castilla y León, no solamente de política agraria.

Y en esos términos, por lo tanto, solicito a Sus Señorías el voto a favor de esta Propuesta. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. ¿Algún Grupo quiere asumir turno en contra? No. En fijación de posiciones, señor Otero, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, y habida cuenta de que es la primera oportunidad en la que tomo la palabra, anunciar la sustitución de este Procurador por su compañera de Grupo, Elena Pérez.

Y, en segundo lugar, parece que hay posibilidades de llegar a un acuerdo y de que se consensue un texto. En cuyo caso, si es así, nosotros desde luego no nos vamos a oponer -porque no lo hacemos nunca- y vamos a apoyar el texto que resulte consensuado. Ésa es la previsión, o lo que deducimos.

Por tanto, partiendo de esa hipótesis, apoyaremos el texto que resulte de ambos Grupos. Si no hubiera ese texto consensuado, veríamos a ver lo que hacíamos. Pero, en principio, habiéndolo, lo apoyamos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra don José Luis Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Bien, gracias, señor Presidente. Por parte de nuestro Grupo, evidentemente, vamos a dar el voto favorable a esta iniciativa que, como ha dicho el Portavoz del Grupo Socialista, pues, tenemos que congratularnos porque, efectivamente, esta Proposición se ha tramitado de manera rápida. Y como ha dicho muy bien, pues, en Internet ya ha salido lo de la pública subasta de la Granja Florencia, con lo cual, evidentemente, urge que por parte de las Cortes se tome una iniciativa.

Y yo creo que, más que nada, la Exposición de Motivos que ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista, es cierto que nada más conocerse el hecho de que la Tesorería General de la Seguridad Social comunicaba la subasta pública, pues prácticamente todos los agricultores y ganaderos de la zona se movilizaron, hicieron una campaña de recogida de firmas exigiendo que una propiedad de titularidad pública no pasara a manos privadas.

Y al margen de la situación económica de Zamora, evidentemente, que no es nada positiva, lo cierto es que no tendría ningún sentido que una titularidad pública de una propiedad como ésta, de ochocientas tres hectáreas, pasara a manos de especuladores, ¿no? Yo creo que la idea es interesante, en la perspectiva de que esa propiedad pública pudiera pasar a manos de los agricultores y ganaderos de la zona. Y en ese sentido yo creo que la Propuesta que ha hecho el Partido Socialista es absolutamente coherente, es decir, que se negocie con la Tesorería General del Estado... de la Seguridad Social, perdón, por parte de la Junta de Castilla y León, y que de manera coordinada con las organizaciones agrarias se vea qué salida hay aquí, y qué utilidad se le va a dar a la Granja Florencia, ¿no?

Y en ese sentido, yo creo que viene perfectamente recogido para todos agricultores, cooperativas agrarias, y va a redundar en beneficio del desarrollo económico de la zona, ¿no?, y, por tanto, de la provincia de Zamora.

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Por tanto, bueno, pues si el Partido Popular -como va a ser así- va a dar el voto favorable. Pues, nada más, congratularnos y que sea aprobada por unanimidad. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. Tiene la palabra don Modesto Alonso.

ALONSO PELAYO

EL SEÑOR ALONSO PELAYO: Gracias, señor Presidente. Nosotros agradecemos a los Portavoces, y sobre todo al Proponente, que ha tenido la voluntad de cambiar, no en el espíritu de la Proposición No de Ley, pero cambiar el texto, porque no cambia nada la voluntad y las intenciones que ya tenía el Grupo Popular. Lo demuestra en sí que la Comisión de Agricultura, pues, informada por este Procurador del tema de una finca tan importante como la Granja Florencia -que ya lo ha dicho el Portavoz del Partido Socialista-, en la provincia de Zamora, y en una comarca eminentemente agrícola y con tradición de regantes, esa Finca que se pudiera ir a manos de otras personas, o de otros grupos, que no cumpliera esos fines que todos queremos. Por lo tanto, no ha cambiado en nada ese posicionamiento nuestro.

Nosotros no habíamos presentado una Proposición No de Ley porque, al enterarse el Consejero, la Consejería de Agricultura, habló inmediatamente también a su vez con las Organizaciones Profesionales Agrarias. Han llegado a acuerdos, o por lo menos han mantenido ya conversaciones que van en la misma dirección que la Propuesta que estamos haciendo aquí. Y, por lo tanto, entendíamos que no hacía falta. Pero bienvenido sea también esa preocupación, porque quizá sea su misión, efectivamente, desde el Grupo, en estos momentos de la Oposición, el presentar la Proposición No de Ley. Por lo tanto, nosotros le agradecemos.

Pero sí le quiero recordar, señor Procurador, y amigo, ¿eh?, de Zamora también como yo, que no hacía falta, no hacía falta que Zamora estuviera en estas condiciones, pues, no muy buenas, que según los informes que nos han dado este año está pasando, para que esa Finca, de todas las formas, de todas las formas hubiéramos intentado desde este Grupo -y creo que también desde el suyo- que pasara a manos de profesionales del sector para explotarla.

Por lo tanto, creo que tenemos que congratularnos todos de que en un plazo breve ha coincidido todo, y todo en la misma dirección, de que esta Finca cumpla los bienes sociales y económicos de desarrollo en general de una comarca tan importante como es la Comarca del Bajo Duero de Zamora. Muchas gracias, y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, Señoría. Tiene la palabra don Jesús Cuadrado para cerrar el debate.

CUADRADO BAUSELA

EL SEÑOR CUADRADO BAUSELA: Bien...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): ...y fijar el texto definitivo.

CUADRADO BAUSELA

EL SEÑOR CUADRADO BAUSELA: Sí, sí.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Después, si no tiene inconveniente, nos lo acerca a la Mesa cuando lo haya fijado.

CUADRADO BAUSELA

EL SEÑOR CUADRADO BAUSELA: Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias, señor Presidente. Efectivamente, para fijar la posición y el texto definitivo, como es lógico después del desarrollo del debate.

El texto definitivo tiene las siguientes variaciones. Aunque no ponen apartado -digamos- primero y segundo, de la propia estructura del texto se observa que hay dos Propuestas de Resolución -complementarias entre sí, pero dos Propuestas de Resolución-. Para que hubiera mayor claridad yo introduciría... la primera modificación sería hablar de primera y segunda. Es decir, en la primera, es la que cambia el texto completamente, y, por lo tanto, el texto nuevo que se propone es el que ahora paso a leer:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que negocie la cesión de la Finca denominada Granja Florencia para que, en las condiciones de adjudicación que se acuerden, contribuya al desarrollo económico y social de la zona".

Ése es el nuevo texto, que tiene alguna modificación que antes he comentado también con los otros Portavoces.

El segundo texto queda tal cual, pero tiene una pequeña modificación, que también paso a concretar. El texto en concreto es:

"Las Cortes de..." -sería, por lo tanto, segunda- "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, mediante los procedimientos transparentes y públicos pertinentes, proceda a adjudicar..." -sí, perdón-, "a adjudicar a: ...". Y el resto sigue tal cual, ¿eh? Por lo tanto, es cambiar: "poner a disposición de", por "adjudicar a".

Y, por último, el último párrafo de este segundo, de esta segunda Propuesta: "En todo caso, se respetarán los derechos de los actuales trabajadores de la Granja Florencia", sería suprimido.

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La explicación -lo digo porque antes no lo ha dicho el Portavoz del Grupo Popular, pero daré sus argumentos, si no le importa- es que, efectivamente, los derechos adquiridos por estos doce trabajadores necesariamente tendrán que ser tratados entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Junta de Castilla y León; no tienen por qué afectar al resultado final; que podrá ser que se le adjudica a una cooperativa, que se le adjudique en parcelas a propietarios particulares, sean agricultores jóvenes o sea quien sea. Y ése sería el texto definitivo.

Yo agradezco, por lo tanto, el voto a favor de los tres Portavoces de todos los Grupos, por lo tanto -como no podía ser de otra manera-. Y decir que me alegro también de que no hayamos entrado nosotros en la Comisión en las soluciones concretas, que pensé que era... podía ser un inconveniente. Es decir, qué hace una Comisión... -yo lo había pensado así-, qué hace una Comisión de Agricultura diciendo si sería mejor que fuera una cooperativa, o sería mejor que fuesen parcelas, o agricultores jóvenes, etcétera. Por lo tanto, me parece que ésa es la labor que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, en este caso supongo que será la Consejería de Agricultura.

Bueno yo, si al final los argumentos de cómo está la provincia de Zamora pueden servir para que esto, que se tendría que hacer en cualquier caso, se haga y se haga con más rapidez, y se haga con más entusiasmo, pues bienvenido sea. Pero tengo que argumentar esa decisión. Yo creo que todos los que en este momento estamos viviendo más de cerca... pero yo creo que, en general, todos los Grupos y todos los Procuradores -como no puede ser tampoco de otra manera- estamos viviendo lo que está ocurriendo en la provincia de Zamora, eso nos debe a todos, pues, a... digamos que debe ser un acicate para que actuemos con más rapidez en relación con temas de estos que afectan a la propia provincia.

Yo creo que aquí, digamos que las ansias privatizadoras está claro que no son buenas para la realidad social y económica del territorio sobre el que se quiere actuar. Y yo me alegraría muchísimo de que la Junta de Castilla y León tuviera éxito a la hora de convencer a la Tesorería General de la Seguridad Social de que lo que va a hacer podrá ser, desde el punto de vista financiero de la propia Tesorería, muy interesante, pero desde el punto de vista de lo que debe ocupar a una Administración sería un desastre, sería una mala gestión, sería un mal uso, en definitiva, de la Administración Pública. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MARTÍN SANCHO): Gracias, señor Cuadrado. Una vez fijado el texto definitivo y oída la intervención de los distintos Portavoces, esta Presidencia entiende que se puede aprobar la Proposición No de Ley, con la Propuesta de Resolución modificada, por unanimidad. Queda aprobada.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.