DS(C) nº 302/4 del 13/11/1997

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes. Don Jesús Cuadrado sustituye a don Jaime González, y don Cipriano González sustituye a doña Marisa Puente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): ¿El Grupo Parlamentario Popular?

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Sí, señor Presidente. Don Félix Calvo Casasola sustituye a don Francisco Aguilar Cañedo, y don Santiago Bartolomé Martínez a don Juan Vicente Herrera Calvo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias. ¿Izquierda Unida?

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Antonio Herreros sustituye en el primer punto a José Luis Conde. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias... Sí, quiero comunicarle un escrito del acuerdo de la Mesa de las Cortes para poner en conocimiento la designación de don Joaquín Otero Pereira, en representación del Grupo Mixto, como miembro de la Comisión de Industria.

Dése lectura, por el señor Secretario, al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para informar a la Comisión sobre irregularidades detectadas por los servicios de Intervención General de la Junta de Castilla y León en las auditorías sobre subvenciones de formación profesional, entre mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y cinco".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Tiene la palabra el señor Consejero de Industria.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Buenas tardes. Señorías, como ya he tenido la ocasión de exponer ante esta Comisión, con motivo de la comparecencia que a petición propia... para explicar las actuaciones derivadas de los controles financieros efectuados a los beneficiarios de ayudas públicas otorgadas por la Junta de Castilla y León, el Gobierno Regional, consciente de la importancia de la formación profesional ocupacional, ha dedicado a la inspección especial atención a la misma, no solamente destinando importantes cantidades a estos distintos programas en materia de formación.

En aquella ocasión quise fijar, en sus justos términos, los diferentes aspectos que inciden en la formación profesional ocupacional, tales como requisitos para la concesión de ayudas, gestión, controles, etcétera.

Pues bien, quiero subrayar, una vez más, la transparencia y normalidad en la tramitación de los expedientes de subvención en materia de formación profesional ocupacional. La propia Junta de Castilla y León es la que mayor interés tiene en que la gestión de los fondos públicos que se transfieren a entidades beneficiarias de subvenciones se realice con todas las garantías posibles. De ahí el que se haya arbitrado un sistema de controles realizados desde la propia Administración Regional.

Por no detenerme nuevamente en repasar toda la normativa reguladora de las subvenciones a la formación profesional ocupacional cofinanciada por el Fondo Social Europeo, brevemente recordaré que, entre el sistema de garantías y controles arbitrados, las actuaciones deberán, por un lado, ir dirigidas a unos determinados colectivos. Por otro lado, las entidades que vayan a impartir los cursos han de cumplir una serie de requisitos mínimos y encontrarse registradas en el registro de entidades colaboradores creado a tales efectos. También los programas formativos se seleccionan de acuerdo con unos criterios de valoración. Existe una fiscalización previa, por parte de la Intervención delegada, antes de que el órgano competente resuelva la concesión de las subvenciones. Se establece una fase de seguimiento, valoración y control de las actividades formativas por parte del órgano gestor. Además, todas las liquidaciones de los expedientes se auditan por una empresa auditora contratada al efecto. Y, por último, la propia Intervención delegada fiscaliza todas las propuestas de pago.

Si como consecuencia de todo el sistema de controles se detectan irregularidades en la utilización de los recursos destinados a la formación, tengan la certeza, Señorías, de que se adoptan las medidas legales que sean precisas para garantizar que los fondos públicos se apliquen íntegramente a los objetivos perseguidos.

Pero quiero recalcar que irregularidades en la concesión y gestión de estas ayudas no existen; y ello por las garantías y controles previstos, ya que si se incumplen los requisitos legales para su concesión y no se justifican adecuadamente los gastos el pago, no se materializa.

(-p.8500-)

Aparte de los sistemas de control previstos en la normativa reguladora de la concesión de subvenciones en esta materia, la Intervención General de la Junta de Castilla y León lleva a cabo planes anuales de auditoría, donde se comprueba fundamentalmente la efectividad de los pagos que previamente han justificado las entidades beneficiarias como gastos subvencionables.

Pues bien, como consecuencia de esos controles financieros, la Intervención General, actuando con carácter pionero con respecto a las demás intervenciones de las Administraciones Públicas españolas, y dando cumplimiento a un convenio suscrito con la Intervención General del Estado -órgano que controla los fondos que provienen de la Unión Europea-, realiza unas auditorías y detecta en algunas ocasiones irregularidades en las entidades beneficiarias, que, sin entrar a detenerme en cada uno de los expedientes de forma pormenorizada, se pueden resumir los siguientes puntos:

Incumplimiento de obligaciones formales, como la no llevanza de la contabilidad que acredite la efectividad de los gastos justificados por la entidad beneficiaria. Falta de correspondencia entre los gastos justificados y los pagos efectuados. Incumplimiento de obligaciones fiscales por la entidad gestora. Obtención de ingresos por encima de los gastos que originó la acción formativa. Presunta comisión de ilícitos penales, como consecuencia bien de facturas falsas, prestaciones sobrevaloradas, etcétera, que evidentemente se remiten -en caso de así estimarse- para... al Fiscal para la tramitación que corresponda.

Recibidos los informes de auditoría realizados por la Intervención, ¿qué hemos hecho? Por supuesto, abrir los oportunos expedientes de reintegro que, por un lado, permitan dar audiencia a las entidades beneficiarias, con la consiguiente oportunidad para subsanar esas irregularidades -si procediera- y, por otro, pedir la devolución de las cantidades liquidadas, justificadas correctamente en su fase de acreditación de gastos, pero incorrectamente aplicadas por las entidades beneficiarias cuando éstas efectuaron los pagos.

Sí me gustaría volver a recordar, Señorías, que valorando cuantitativamente las irregularidades detectadas, éstas suponen un total de 244.000.000 de pesetas con respecto a 2.730 de la cifra total de los fondos aplicados por la Comunidad Autónoma en el periodo en el que se me pide esta intervención ante las Cortes. Ello representa un 8,9%.

Hecha esta visión de carácter general de la gestión de los fondos públicos de formación profesional ocupacional, quiero decirles brevemente cuáles son los objetivos de la Consejería en esta materia:

En primer lugar, seguir con la tendencia ya iniciada de reducir el número de entidades colaboradoras en materia de formación -actualmente tenemos unas trescientas-, porque entendemos que en la medida que seamos más rigurosos con ellas, con sus planes formativos, con sus medios materiales y humanos, estaremos ante entidades que ofrezcan una formación más eficaz.

En segundo lugar, vincular el trabajo de las entidades colaboradoras con el futuro servicio de colocación que pondremos en marcha -como he anunciado en las Cortes también- el próximo año.

Y en tercer lugar, seguir en la línea de transparencia en la gestión de estos fondos públicos, como en cualquier otra línea. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Continuando la sesión, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como Grupo peticionario, señor Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente, Señorías. Bien, en primer lugar, agradecer -si cabe expresarlo así- la información que nos facilita el señor Consejero sobre la materia, que en esta ocasión da la impresión que no tiene ningún tipo de interés en profundizar en los pormenores, que, lógicamente, da por sobreentendidos, en virtud de lo que ya en alguna ocasión se ha planteado, pero que a nosotros nos parece que todavía quedan cuestiones pendientes, y además muy importantes.

Y ya que nosotros solicitamos en su momento esta comparecencia, porque, primero, es una de las cuestiones que más nos preocupa, la del empleo, porque entendemos que hay recursos -y además recursos abundantes- que están a disposición de una finalidad, y esa finalidad, a nuestro juicio,-y ya no es sólo a nuestro juicio, sino que hay estudios y análisis perfectamente documentados-, no está cumpliendo con los objetivos que se marcan tanto desde la Unión Europea, como los objetivos que, lógicamente, tiene la propia Consejería, la propia Junta de Castilla y León; y creo que es deseo absolutamente incuestionable por parte de cualquiera de los presentes.

(-p.8501-)

Pero la realidad es que hay diversas razones por las que, en un momento, se pueden producir fenómenos que, lógicamente, deparen un alto grado de contradicción o antagonismo entre los objetivos o los recursos pendientes y la consecución de esos fines. Y entre las razones, son precisamente las de mayor interés no las que el mercado del trabajo no pueda absorber la gran cantidad de desempleo que hay en la Comunidad, no incluso el que haya una falta de programación importante entre lo que puede ser el futuro o las necesidades y, concretamente, los cursos realizables para esa materialización, sino, en concreto, el que haya un importante número de irregularidades que son imputables perfectamente, según los criterios que se han venido barajando por la Intervención General, a la política marcada por la Junta de Castilla y León y, lógicamente, por la Consejería que tiene la responsabilidad directa de la materia de empleo.

De esta manera, nosotros entendemos que la Junta ha llegado a generar o a plantear una especie de fantasma, que podíamos denominar "el empleo invisible"; bien es cierto que en unos casos por razones de estacionalidad, en otros casos por otra serie de razones, no salimos del gran bache que supone el tener un alto índice de desempleo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Claro, todas esas cosas son perfectamente analizables y, en un momento determinado, hasta pueden absorberse en la propia dinámica que tienen ustedes para explicar estas razones. Pero ya se hace mucho más difícil cuando es la propia Administración, a través de sus altos Magistrados del funcionariado, es decir, desde la propia Intervención General, la que detecta, pone de manifiesto irregularidades. Y nos gustaría que las que se detectaron y se plantearon en mil novecientos noventa y tres y noventa y cinco, que son las que queremos hacer objeto de análisis en la tarde de hoy, se pudieran completar con otras informaciones que, por cierto, hemos solicitado en varias ocasiones, para poder contrastarlo, y hasta el presente no hemos sido capaces de obtener esa información que nos permitiera conocer lo que ha ocurrido del noventa y cinco para acá.

Bien, pues una vez que no hay desmentido de ninguna naturaleza, sino que hay una confirmación expresa por parte de Su Señoría respecto de estas irregularidades detectadas y puestas de manifiesto por la Intervención General, la verdad es que a nosotros se nos ocurren una serie de cuestiones que se hacen absolutamente necesarias.

En esas auditorías, o en esos informes, se planteaba por parte de la Intervención General una serie de recomendaciones, y, entre otras de las recomendaciones, era que se reclamara la parte de los fondos que se detectaban con irregularidades manifiestas. Y usted nos ha hablado genéricamente, pero nos gustaría saber si ha habido una aplicación práctica de esas recomendaciones. Y no sólo si ha habido una aplicación práctica de esas recomendaciones que hacía la Intervención General, sino cuáles son las normas correctoras para conseguir los objetivos que aquí se explicitan, pero que son los mismos que estaban anteriormente planteados por la Consejería, por la Junta de Castilla y León en... como los objetivos en todo el desarrollo de los cursos de formación profesional.

En concreto, nos gustaría conocer si se han reclamado los fondos, si se han reclamado todos los fondos, ¿a qué entidades se han reclamado los fondos?, ¿por qué cuantías? Y, lógicamente, no sé si han reclamado, porque esto se puede llevar a la práctica, pero lo lógico es que se consiga la materialización de esas reclamaciones.

Y entonces, sí se han materializado las reclamaciones porque en la misma... en las mismas auditorías, pues, se hace una disgresión sobre si la responsabilidad estaba o era imputable a la Administración, a las Consejerías en lo concreto, o eran imputables a las entidades colaboradoras; en unas ocasiones se hablaba del 30 o del 50% de responsabilidad directamente vinculada a las Consejerías, y en otros casos se hacía responsable a algunas de las entidades colaboradoras. Pero lo significativo del caso es que, al menos para nosotros, mientras no se demuestre lo contrario, quien tiene que analizar, quien tiene que plantear, quien tiene que dirigir, quien tiene que programar, e incluso habilitar las normas con explicaciones y todo... la relación de exigencias, pues tiene que ser la propia Administración. Difícilmente se puede llevar a cabo una actuación de la naturaleza que aquí estamos analizando, si no hay una correcta... un correcto planteamiento por parte de la propia Administración, por parte de la propia Junta.

De hecho, pues, nos gustaría saber si se han planteado normas que puedan simplificar todo este entramado que hoy está disperso en once departamentos y cinco Consejerías; si ya se ha llegado a un acuerdo entre las dos Consejerías fundamentales, porque parece ser que hay algún tipo de resistencia de unificación de planteamientos y criterios entre la Consejería de Industria y la Consejería de Economía; y, en todo caso, cuáles son esas políticas contradictorias o antagónicas entre las Consejerías. Porque, en un momento determinado, todos recordamos que hubo un cese -y, además, un cese bastante comentado- del anterior Director General de Trabajo; yo no sé si estaba en el fondo todo este planteamiento. Pero, recientemente, sin ir más lejos, hoy mismo, una central sindical, UGT, está, a través de los medios de comunicación, denunciando que ha habido algún tipo de objeción o de contradicción abierta y manifiesta entre distintos órganos de la propia Consejería de Industria en esta materia; y hace algunos días también otra central sindical lo ha denunciado.

Entonces, lógicamente, eso puede todavía justificar más el gran desbarajuste que, a nuestro juicio, ha venido sucediendo durante toda esta etapa anterior, y que, lógicamente, no redunda en beneficio de los objetivos que se habían planteado.

(-p.8502-)

Y entonces seguimos preguntando: ¿puede garantizarnos que, en la actualidad, los fondos de ayuda de la Unión Europea para esta materia y los de cofinanciación, o los propios, ya han corregido su trayectoria y, por tanto, se están alcanzando los objetivos para los que están destinados esos fondos? O, por el contrario, ¿se sigue en esa práctica, que no hace más que generar desconfianza entre los que tienen esa misión fundamental, los que posiblemente se hayan aprovechado de las circunstancias y los que han actuado y están actuando correctamente en relación con los fines y objetivos de solucionar o paliar, al menos, el problema del desempleo?

A nuestro juicio, sigue habiendo algunos problemas importantes: y es que sigue disperso en distintas Consejerías toda esta materia; y es que siguen existiendo un montón de departamentos, dentro de esas Consejerías, que están utilizando esos recursos; es que no hay una normativa todavía que regule, que oriente y que vaya en una dirección concreta. Y es posible que se nos plantee por Su Señoría que usted ya tiene bastante con atender a sus obligaciones en una materia, en una sección; pero no cabe la menor duda que es la sección fundamental en materia de empleo, y que nosotros entendemos que debería de recoger toda esa función, toda esa materia, unificarla en un solo estamento, en un solo departamento, que permitiera la racionalización de los recursos, la obtención de la máxima rentabilidad, desde el punto de vista operativo y para los fines que se tenían planteados.

De hecho, es difícil que pueda imputarse exclusivamente a una parte cualquiera de los fallos que hasta el presente se han venido detectando. Y, a nuestro juicio, si fueran algunos fallos menores, o incluso individualizados, o incluso en la cuantía de los que se han detectado en algún caso concreto, como era CSI y CSIF, bueno, pues podíamos estar en una apreciación parcial. Pero cuando la propia Intervención reconoce irregularidades en un importante número de expedientes -incluso se habla de que aproximadamente el 90% de los cursos de formación profesional pueden estar en esa etapa incursos en irregularidades-, difícilmente puede ser imputable esto a una sola de las partes, o, entre las partes, a una sola de las entidades colaboradoras.

Nosotros entendemos que aquí tiene que haber un problema de fondo, un problema de orientación, un problema normativo, que hace muy difícil el que se pueda llevar eso a la práctica, lo concreto.

Y preguntamos: ¿se ha dispuesto de los instrumentos suficientes para facilitar y conseguir los objetivos? Parece ser que usted afirma o insinúa en estos momentos que sí. Sin embargo, seguimos detectando que hay normas, en cada una de las Consejerías, diferentes, además de que hay compromisos de cada una de las Consejerías, de las cinco que tienen compromisos de esta naturaleza, y que mantienen su política diferenciada.

¿Se comprobó realmente la materialización de esas normas anteriormente existentes, o, por el contrario, no existía ningún tipo de posible seguimiento o control que haya dado pie a que algunas entidades colaboradoras, pues, ni siquiera tuviesen la posibilidad de acceder y que, sin embargo, han accedido a recursos para esa finalidad?

¿En todo casos... en todos los casos, las entidades colaboradoras reunían las condiciones? ¿Por qué algunas empresas y sociedades que tienen... son sociedades limitadas, que tienen, lógicamente, un interés y un ánimo lucrativo -legítimo-, por qué se les ha concedido formar parte de ese colectivo de entidades colaboradoras?

Y yo terminaría en esta primera intervención, precisamente, con una pregunta que se ha hecho todavía más patente a través de la información recibida en los últimos días: ¿es posible cuantificar los efectos prácticos de esos recursos, en cuanto a la obtención de empleo tras las actividades formativas, o tenemos que limitarnos a fiarnos de los informes que en estos momentos se han planteado por parte de la Consejería de Economía y que, en contrato específico a la Facultad de Economía, han emitido informe con la denominación de "Evaluación intermedia del Programa Operativo de los Fondos Sociales Europeos, noventa y cuatro-noventa y nueve"?

Aunque no es esto el objetivo de esta comparecencia, lo que no cabe la menor duda es que a todos nos parece que nos sería de gran utilidad el conocer si realmente todos esos recursos han estado bien destinados, bien dirigidos, han cumplido su función, o, en el caso de que se hayan producido desviaciones, por la naturaleza o por las razones que sean, si lógicamente se han podido reconvenir a su estado original. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Herreros. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Otero, ¿desea intervenir?

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. En este punto del Orden del Día no deseamos intervenir. Lo digo a efectos de este turno y del consiguiente turno de dúplica, al que también renunciamos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Granado, tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias al señor Villanueva por su comparecencia ante esta Comisión. Bueno, en realidad la comparecencia del Consejero no ha aportado nada nuevo sobre la anterior comparecencia que sobre el mismo tema ya se había producido hace algunos meses. Y en este sentido, pues sería conveniente que, al menos, el Consejero actualizara su información, su intervención ante esta Comisión, para indicarnos, no lo que ha hecho históricamente la Consejería en los últimos tiempos -que ya tuvo ocasión de comentarlo ante la propia Comisión de Industria de las Cortes-, sino lo que ha hecho en los últimos tres meses y cuál es el estado actual de la cuestión, que yo creo que es lo que tendría un mínimo interés.

(-p.8503-)

Sí que tengo que comenzar por señalar, en una intervención que intentaré hace lo más breve que pueda, que... hay algo de lo que ha dicho el señor Villanueva, en su breve primera intervención, que sí que me ha dejado realmente sorprendido, y es la afirmación de que no ha habido irregularidades en la concesión; no es esto lo que me ha dejado sorprendido, sino que a continuación ha concluido diciendo "si las...", "si los requisitos establecidos en las convocatorias no se cumplen, el pago no se materializa"; esto lo ha dicho literalmente, lo tengo tomado... Bueno, esto es bastante sorprendente, cuando en estos momentos -y usted luego lo ha reconocido- ha iniciado el expediente de reintegro de subvenciones percibidas por irregularidades. Entonces, no se puede decir a la vez... no se puede estar en misa y repicando. No se puede decir a la vez que los pagos no se han materializado, y luego reconocer, a continuación, como ya había dicho en su anterior comparecencia, que ha solicitado la devolución de subvenciones; se entiende que ésas son subvenciones que sí se han pagado, que no se han cumplido las condiciones y que por ese debe reintegrarse.

¿Cuáles son las cuestiones que debería aclarar el señor Villanueva ante nosotros? Pues, en primer lugar, cuál es el importe de las subvenciones pedidas, cuál es el importe de las subvenciones que la Consejería en estos momentos considera debe reintegrarse. ¿Coincide este importe con lo establecido por los auditores... por las auditorías de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, o es menor? Es decir, ¿ha aceptado la Consejería parte de las alegaciones de los realizadores de estos cursos para disminuir sus reintegros a la Comunidad Autónoma, o no lo ha hecho así? Y ¿cuál es el importe de lo que ha sido devuelto ya hasta la fecha?

En la anterior comparecencia, yo le dije al señor Villanueva que me temía que esta cifra... esa cifra, en el momento de su anterior comparecencia, era ni una sola peseta. Me gustaría saber, a fecha de hoy, cuál es el importe que la Consejería ha ingresado ya en el Tesoro de la Comunidad Autónoma, porque ha sido devuelto por perceptores de subvenciones que hayan reintegrado algunas de estas ayudas que se sobreentiende no debieron percibir o fueron indebidamente justificadas.

En la anterior comparecencia, yo le dije al señor Consejero que, en función de su propia información y en función de la información de las auditorías, me sorprendía enormemente que no hubiera enviado ya alguna documentación al Fiscal. Y nos hemos enterado por los medios de comunicación de que ya lo ha hecho.

Me gustaría saber qué informaciones se han enviado al Fiscal, qué entidades son las afectadas. Y, en principio, qué valoración hace la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma de las irregularidades -siempre con el grado de presunción que cabe hablar de temas sometidos a procedimientos judiciales- que han motivado la intervención de la Fiscalía, aunque en algunos casos aparece suficientemente claro: han salido informaciones en los medios de comunicación que hacen referencia a cobro de comisiones, a regalos millonarios a personas que percibían estas subvenciones, a relaciones cruzadas entre empresas subcontratadas para la realización de las actividades formativas y algunas de las entidades beneficiarias; y a la implicación particular de algunas personas -entre ellas, algunas que ocupan en la actualidad cargos de designación por parte de la actual Administración en el Gobierno de España- en estas actuaciones presuntamente ilegales o, al menos, irregulares, según ha puesto de manifiesto la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Y ciñéndome ya a cuestiones mucho más concretas, me gustaría saber qué cumplimiento está dando la Consejería a todas las recomendaciones que formulaban, en primer lugar, el bloque de auditorías y, en segundo lugar, las recomendaciones que le formulaba el equipo de investigadores que realizó la evaluación intermedia del Programa Operativo del Fondo Social Europeo para Castilla y León, que eran bastante concretas, bastante precisas, y que hacían, pues, un relato bastante exhaustivo de las deficiencias en la actuación de la Administración y de las entidades beneficiarias de estas ayudas, para intentar corregirlas y, sobre todo, para incrementar el grado de eficiencia de unas ayudas que tienen una consignación importante -estamos hablando de cientos de millones de pesetas-, que deben contribuir a crear empleo y a mejorar la situación del empleo en la Comunidad Autónoma, y cuya conclusión general es que parece que no tenían, evidentemente, ese impacto directo en el mercado de trabajo, que no estaban sirviendo en lo que es la consideración general de eficiencia para cumplir los objetivos previstos.

Y simplemente por terminar una intervención que intenta ser breve -por lo menos una primera intervención-, decir que es curioso un dato que se refleja en la evaluación intermedia a la que acabo de hacer referencia, y es el dato de que, precisamente, en términos de coste por hora -y estoy haciendo una cita literal-, la medida más costosa es la formación de funcionarios, que es donde se han concentrado algunas de las irregularidades más notables de las descritas por las auditorías. Cuando se está hablando de que es la medida más costosa, se está hablando de una cifra de coste por hora de los cursos impartidos en donde se han detectado estas importantes irregularidades de 59.570 pesetas por hora de coste medio de los cursos pagados. No está, evidentemente, señor Consejero, nada mal ese coste; y, desde luego, con costes medios de esta naturaleza, no es de extrañar que se hayan detectado irregularidades también importantes.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cot.

COT VIEJO

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EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, señor Presidente. Y, en primer lugar, en nombre del Grupo Popular, agradecer la presencia y la comparecencia del señor Consejero ante esta Comisión.

Y empezar con una alegría y una felicitación yo creo que para todos los miembros de la Comisión, por el radical cambio de discurso en el planteamiento del Grupo que ha solicitado la comparecencia. Porque el veintinueve de abril de este mismo año, cuando el Grupo que hoy solicita nuevamente la comparecencia para... con el mismo motivo retiraba del Orden del Día el punto, pues en esta... en esta misma Comisión se habló de antidemocracia, de falta de transparencia, falta de colaboración, de existencia de censura política. Y después, en el siguiente punto del Orden del Día, en el que nuestro Consejero comparecía, a petición propia, para realmente contestar a lo que se pedía en el punto retirado, pues todavía se fue más allá, e incluso en el tono y en el contenido; y al Diario de Sesiones me remito, cuando se habló de "pillar", y pillar en el término... en el peor sentido de los términos -entiendo que debe ser algo relacionado con el ladrocinio-, y se habló de la complicidad, teórica complicidad, en este tipo de actuaciones de la Junta de Castilla y León.

Digo que debemos felicitarnos todos los miembros de la Comisión porque el discurso, aunque sea un asunto reiterativo el que se trae a la Comisión -y ya contestado por el señor Consejero, pues, evidentemente, ha sido en otro tono, ha sido en una mesura y en una moderación de la que -insisto- creo que todos debemos alegrarnos.

En relación a la solicitud de comparecencia, pues -cómo no- me debo remitir a la que ya se produjo la fecha citada del veintinueve de abril, en la que, a petición propia, comparecía el señor Villanueva para informar sobre las actuaciones derivadas de los controles financieros efectuados a los beneficiarios de ayudas públicas otorgadas por la Junta de Castilla y León.

Y en su comparecencia se refirió no sólo a las del noventa y tres y el noventa y cinco -como solicitaba y vuelve a solicitar el Grupo de Izquierda Unida-, sino que se refirió al conjunto de todas esas actuaciones, destacando la importancia de la formación ocupacional en cuanto generadora o colaboradora en la generación de empleo, destacando la importancia que para la Junta de Castilla y León tienen los recursos que ella destina y los que administra del Fondo Social Europeo para ese fin, recordándonos toda la regulación que en estos momentos está vigente en materia formativa; y hoy -como no podía ser de otra manera- nos ha vuelto a recordar los sistemas de garantías y controles que, partiendo del Registro de Entidades Colaboradoras, sigue con la selección de programas formativos, la ya citada fiscalización por parte de la Intervención Delegada, el seguimiento, la evaluación, el control de las actividades formativas, la contratación de una empresa auditora, y la fiscalización del pago que efectúa la Intervención Delegada. Y todo esto... a todo esto, a todos estos controles se añade el que la Intervención General de la Junta realiza sobre si los pagos se ajustan realmente a lo que son gasto subvencionable.

¿Y qué ocurre -como muy bien nos ha dicho y ya nos dijo el veintinueve de abril el señor Consejero- cuando la Junta o cualquiera de estos sistemas de control establecidos detectan alguna anomalía, alguna irregularidad? Pues que la Junta actúa diligentemente, actúa con eficacia y, en su caso -cuando así se recomienda-, se actúa con la misma diligencia al Fiscal, por si pudiese haber algún indicio de delito. Y se actúa sin excepción, se actúa -como ya puso de manifiesto el Portavoz del Grupo Popular en aquella ocasión- sin ningún tipo de compadreo, ni de compromiso, ni de beneficio, ni de silencio con nadie; se actúa de una manera justa y -como debe ser la justicia- de una manera ciega para perseguir a los que puedan cometer irregularidades en materia tan importante. Si hubiese irregularidades, realmente, sin estas actuaciones, entonces, claro que estaríamos también nosotros, el Grupo Popular, preocupados, claro que pediríamos responsabilidades, y entonces sí que el asunto sería grave. Pero como eso no ocurre, pues yo creo que se puede afirmar con rotundidad que la Junta no comete irregularidades y que la Junta no consiente irregularidades y actúa con la diligencia relatada. Por lo cual creo que debemos darle la enhorabuena.

Gran satisfacción ha producido en este Portavoz -y creo que a todo el Grupo que represento- el hablar del mantenimiento de sus objetivos, el que continúen en la reducción del número de entidades colaboradoras, puesto que cuantas más exigencias tengan para serlo, mejor y mayor será la calidad de la formación. El Servicio de Colocación que nos anuncia, y ya está anunciado que el próximo año entrará en funcionamiento, pues entendemos... coincidimos con usted que es fundamental en que se vincule al trabajo que realicen las entidades colaboradoras.

Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el continuar con esta política de transparencia en la gestión de los fondos públicos, creemos que es la única línea posible, y que hay que insistir, y que se seguirán produciendo irregularidades; imagino que cuantas... cuanto vayan avanzando los controles y su eficacia, cada vez serán menores, y llegarán a ser en un orden ínfimo. Ya nos decía usted, ya nos anunciaba en su anterior comparecencia -y nos lo ha vuelto a recordar hoy- que el volumen es pequeño, pero sigue siendo mucho dinero; y cualquier infracción, por pequeña que sea, debe continuarse con ese objetivo expuesto por usted de ser perseguida hasta donde haga falta.

(-p.8505-)

Como entendemos que no hay nada nuevo en la comparecencia, e insistimos que ya contestó usted en abril de una manera más amplia, sí nos sumamos a la petición efectuada por el señor Granado de que, aunque no es objeto de la comparecencia de hoy, pues también nos gustaría -si es que usted dispone hoy de esos datos-... de la actualización de lo que ya no expuso desde aquella fecha de abril hasta la fecha de hoy.

Y, de momento, señor Consejero, insistir en la enhorabuena y la felicitación por el curso que llevan sus gestiones, de las que usted es responsable y su Consejería es responsable, en materia formativa. Darle la enhorabuena y animarle a que siga por el mismo camino.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Cot. Para contestar a los distintos Portavoces de los Grupos Parlamentarios, señor Consejero, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Mis primeras palabras, de agradecimiento, tanto al Grupo Popular en la medida de esa "felicitación" -entre comillas-, como al resto de los Grupos, pues, por el contenido en general de todas las intervenciones. Yo trataré de ser... sintetizar al máximo y de responder a la mayoría... o todas las preguntas; intentaré. Pero vamos, si no... en alguna me quedo sin responderla, en otras intervenciones lo haré. Pero voy a tratar de hacerlo de forma conjunta, con el fin de hacerlo lo más ordenadamente posible.

En primer lugar, quiero expresar que el contenido de mi intervención responde a la comparecencia que se me ha solicitado. Yo no he hablado de la formación del año noventa y seis, no he hablado del año... la del noventa y siete, entre otras cosas, porque nos han entregado hace poco tiempo la documentación del control que se ha realizado. Pero la del noventa y cinco, tampoco he hablado de ella porque el período que se me pedía... bueno, el noventa y cinco sí; es noventa y tres-noventa y cinco. Yo siento mucho reiterarme en mis argumentos, pero la comparecencia se me había solicitado, y he comparecido ante estas Cortes, pues -tengo que reconocerlo-, pues diciendo las mismas... los mismos planteamientos. Pero es que son dos comparecencias que se me han pedido para la misma materia.

Se han dicho ciertas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. En cuanto al Portavoz de Izquierda Unida, tengo que decirle: manifiesta usted con toda claridad... ha dicho: "importantes... hay razones de importante número de irregularidades imputables a la política marcada por la Junta de Castilla y León y por la Consejería". Mire, pues aunque mi obligación sería defenderme, se lo digo porque además estoy convencido de ello. De pocas cosas estoy tan convencido como que esas irregularidades no son imputables no sólo a mi Consejería ni a la Junta de Castilla y León. Pero, mire usted, de eso no tengo ninguna duda, ninguna duda. A poca credibilidad que le merezcan mis palabras, confío en ello porque no son imputables. Ha sido la propia Junta de Castilla y León quien ha detectado las irregularidades, y no creo que nos puedan exigir ustedes a nosotros que tengamos tal control de los ciudadanos de esta Región, o empresas, o entidades colaboradoras, que, bueno, que todo aquel que se acerque a la Administración vengan de buena fe. Nosotros hasta ahí no podemos llegar.

Pero lo que sí que tienen que tener absoluta seguridad es que si alguien se acerca con mala intención y pasa un primer control y... al final, los controles que tiene la Junta de Castilla y León son suficientes -a mi juicio- para detectar las irregularidades. Y, por lo tanto, no desmiento las irregularidades; es que las hemos detectado desde la Junta de Castilla y León. Y éste es un planteamiento que hay que dejar claro. Yo no quiero reiterar cuáles son todos los controles porque creo que están suficientemente claros, pero creo que las irregularidades yo no las tengo por qué desmentir. Si somos nosotros, son órganos de la Junta de Castilla y León los que han detectado esas irregularidades, a través de unos mecanismos que, efectivamente, pues están demostrando que son eficientes.

Qué ha ocurrido después de aquellas... de aquellos controles, que son los que originan este debate, donde se hacían recomendaciones. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho lo que yo he explicado: hemos iniciado expedientes de incumplimiento, lo que dice la normativa. Y estos expedientes de incumplimiento -que son varios, son cuarenta y dos en concreto- se encuentran en... pues en distintas situaciones. Mire, hay quien ha pagado ya, ha devuelto... porque habrá entendido -supongo yo- que, frente a esa resolución, la resolución que resuelve el expediente de incumplimiento, pues no estimaba por su parte el impugnarlo, y por lo tanto ha ingresado el dinero; hay quienes no han impugnado, o han impugnado y se ha desestimado esa pretensión, y se encuentra el expediente en la Tesorería de la Junta de Castilla y León -yo tengo aquí todos los expedientes-; y hay quien se encuentra en fase de impugnación. Y, miren ustedes, me podrán exigir todo lo que quieran, pero a mí no me pueden exigir que yo no permita que un ciudadano se defienda o una empresa se defienda, que defienda legítimamente sus derechos. Presumimos en principio... hay una serie de irregularidades, se han iniciado los expedientes, los tramitamos, las partes alegan, resolvemos, y tienen la posibilidad de recurrir. Y aquellos expedientes que la fase ya de impugnación es firme, pues, los remitimos al órgano que le corresponde en la Junta para recobrar... recuperar esos dineros, que es la Tesorería de la Junta de Castilla y León.

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Otros expedientes, ¿eh?... Todos pasan por la Asesoría Jurídica, me dicen los informes de la Asesoría Jurídica, pues, que pudiera haber indicios de responsabilidades penales; y lo que hemos hecho, pues, a la vista de ese informe, remitirlos junto con ese informe, a través de una Orden del Consejero, a la Fiscalía de la Audiencia de la provincia de Valladolid.

En concreto, dicen ¿cuáles son? Pues mire, son tres expedientes: el de Hábitat, la sociedad Hábitat -que la conocen ustedes-, el de CSIF y el de otra que yo no sé muy cómo se llama, pero me parece que es Infortec Soria, S.L. Y ésos se encuentran en la Fiscalía, se están tramitando allí. Y yo, pues mire usted, por respeto a la propia Fiscalía, pues no he vuelto a preguntar que qué está haciendo.

Bien. Respecto a las recomendaciones de la Intervención, pues mis Servicios tienen todos expresas instrucciones de que esas recomendaciones hay que tratar, con el ánimo de mejorar todavía en nuestra gestión, de incorporarlas. Yo recuerdo, en los primeros meses de mi responsabilidad en este cargo, que tuve muchas reuniones, muchos momentos de trabajo con la Intervención General, entre otros, con el fin de cambiar impresiones y estudiar, quizás, una nueva normativa.

Aquí hay que tener en cuenta que existe un marco europeo con una normativa europea, que existe una normativa de la Administración Central, y una normativa de la Administración Autonómica; y que todo eso, por supuesto, son... es el marco en el que nosotros nos basamos para llevar adelante la gestión de estos fondos. Pero nos pareció, o me pareció oportuno introducir algunas modificaciones. Y ésas las hicimos en una norma -creo recordar-, un Decreto de... 156, de junio del año noventa y seis, que tuvo su debate interno en la Administración y que dio... y es por la que se regulan las subvenciones que tengan por objeto el fomento de la formación profesional ocupacional y por el que se creaban las ..... colaboradoras.

Y todo ello no crea que estaba realizado, pues, como una norma aislada, con el fin de poner... o por cuestiones de oportunidad, o con el fin de introducir meramente cambios. Todo ello estaba articulado dentro de un proceso que nos iba a llevar a nosotros... que estamos organizando en relación también con el Servicio de Colocación. Por lo tanto, fuimos ya sentando las bases para lo que iba a venir en el futuro.

Por lo tanto, las recomendaciones, en un porcentaje elevadísimo le diría yo que son tenidas en cuenta y, por supuesto, que tienen su correspondiente plasmación en decisiones o en normas.

Yo no sé si quieren que entre en el detalle, pero yo puedo leerles toda... todos los expedientes bajo los que yo tengo responsabilidad, cómo se encuentran todos los expedientes y en qué fase están. Pero, vamos, no obstante, si no, yo al final se lo puedo facilitar una copia de esto.

Por lo tanto, aquí... respecto a esta parte, nosotros lo que venimos haciendo es respetar absolutamente los procedimientos que están legalmente establecidos, cumplimos las recomendaciones; y hay quien ha devuelto ya lo que se le ha reclamado.

Se decía que no... respecto a las... mi anterior intervención, de que si los requisitos no se cumplen, el pago no se ha materializado. Pues sí; es que es así. Es decir, no hay... -creo, lo vuelvo a reiterar- en el momento de la concesión, no hay posibilidades de irregularidad. En el siguiente momento se hace un seguimiento, mientras se está dando la formación, se está impartiendo la formación; desde el propio órgano gestor hay un seguimiento, que ahora incluso hacemos a través de una auditoría externa, un seguimiento de esa formación. Bien. Y después llega un momento donde la entidad colaboradora justifica ante la Administración esa formación que ha impartido y los costes de la formación. Se vuelve a fiscalizar. Y puede ser que la Intervención nos diga que no corresponde, que no procede pagar, o que hay que reducir la subvención. Y nosotros lo que hacemos es dar -como pueden usted comprender- cumplimiento riguroso a lo que nos dice la Intervención.

Por lo tanto, cuando yo digo que... si los requisitos no se cumplen de las convocatorias en esa fase del procedimiento, evidentemente no se materializa el pago. El pago se puede materializar porque hayan cumplido todos los requisitos de la convocatoria, o puede darse la situación de que se reduzca la subvención como consecuencia de que no justifican todo lo que en una primera fase... que, además, eso es una irregularidad; a lo mejor la entidad colaboradora, por cualquier circunstancia, ha tenido menor número de alumnos, por cualquier circunstancia que fuese... hay que calificarlas de normales, pues no acredita una inversión en la cuantía de la concesión y, por lo tanto, nosotros tenemos que adaptar -porque así nos dicen nuestros servicios técnicos- a lo que ha justificado. O puede ser que nos digan que no paguemos nada, porque no se ha dado correctamente esa formación.

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Pero en el supuesto de que paguemos, existe un último control -como yo les decía-... hoy existirían dos más, que es el de la auditoría externa y el control financiero que hace no solamente a las ayudas a la formación, sino a cualquier ayuda en los planes de control... de controles financieros que elabora anualmente la Intervención General de la Junta de Castilla y León. Y ahí ha habido algunas... estamos examinando, concretamente, irregularidades que han detectado. Pero es que hay que tener en cuenta que antes, en una fase anterior, es imposible detectar esas irregularidades. Porque ese control financiero, en definitiva, consiste en que los Servicios de Auditoría de la Junta se desplazan a la empresa y allí auditan sobre sus propias contabilidades; y allí, a partir de ese momento, circularizan a proveedores, establecen lo que es un trabajo de auditoría. Y fruto de ese trabajo, pues se elaboran los informes que todos ustedes suficientemente conocen, porque yo creo que han... se han divulgado no solamente en los medios de comunicación, sino que han corrido las copias de los mismos.

Por lo tanto, el sistema yo creo que es un sistema eficaz. Y yo creo, por otro lado, que la formación, efectivamente, sí cumple sus objetivos. Nos gustaría que fuera mucho más eficaz, mucho más eficiente, y en esa dirección estamos trabajando.

Tengo la convicción de que a la entrada en vigor del servicio en funcionamiento, del Servicio de Colocación, vamos a tener un instrumento que nos va a permitir no rozar la perfección, pero sí que le diría yo... y hace escasas horas que he estado en la Generalitat de Cataluña, conociendo profundamente ya, para suscribir un convenio con la Generalitat, el sistema... y yo creo que hay... es un buen modelo que, por otro lado, lo vienen desde hace pocos meses poniendo en práctica Comunidades como la del País Vasco, como la de Galicia y como la de Andalucía -ésta como nosotros-, y nos parece que es muy oportuno. Y les digo muy... de forma muy breve el por qué lo creo así.

Y lo creo así, porque, mire usted, no solamente va a ser un instrumento de intermediación en el mercado -que será bueno que le tengamos-, y no solamente va a ser esto, sino que, además, va a servir con un tratamiento muy personalizado de orientación profesional para el demandante de empleo, y además va a servir para que nosotros tengamos el mejor instrumento para saber y conocer las necesidades de formación que tiene el mercado laboral de Castilla y León, y que nos permita programar de forma exquisita esa formación.

Pero, en términos generales, les tengo que decir que la formación sí que cumple sus objetivos, y que estas irregularidades no deben de empañar, por graves que hayan sido algunas -que yo tampoco trato de minimizar su gravedad, porque remitir a una Fiscalía unos expedientes, pues denota un poco la seriedad del tema-, pero por grave que haya sido, no tiene que empañar en general lo que es la formación y... la formación profesional ocupacional y la gestión que se ha hecho de ella.

Por tanto, sí me gustaría que estos temas, con independencia que examinemos en otras comparecencias los resultados de la formación de los sucesivos años, que quede suficientemente claro que nosotros no cometemos irregularidades y que, por otro lado, la formación cumple sus objetivos.

Pero en ese informe que en estos días y en la tarde de hoy, pues, se ha hecho referencia a él, de evaluación, podemos hacer referencia, ahí se dice claramente... conviene resaltar no solamente la parte negativa, porque la parte negativa, los aspectos negativos nos sirven a nosotros, como las recomendaciones de la Intervención, a mejorar nuestra gestión. Y en ese sentido y en esos términos la entendemos y la valoramos.

Pero la parte positiva también hay que tenerla en cuenta. Y en ese informe se recogen muchos aspectos que se valoran positivos, de los que dice que había que corregir, pero que ustedes conocen perfectamente que se encuentran corregidos; entre otros, ese Decreto al que yo me refería, ese Decreto recoge muchísimas de las recomendaciones del informe que ha hecho la Universidad de Valladolid, muchísimas, que ahora, cuando se da publicidad al mismo, parece como que la Junta tiene que modificar las cosas. Y hay que decir la verdad: no hay que modificarlas, porque ya hace más de un año que se encuentran modificadas. Y ese trabajo nosotros le hicimos porque, igual que la Universidad, pues, lo ha recomendado, nosotros también entendimos que esas modificaciones eran positivas hacerlas, y, en ese sentido, por ello elaboramos esa norma.

En cuanto a la dispersión o la falta de coordinación -que se ha hecho mención y que en el informe también se ha hablado de ello-, pues yo les tengo que decir que tengo alguna duda, alguna duda. Porque la formación profesional ocupacional, superando más del 50%, se encuentra... se gestiona desde la Consejería que yo dirijo. El resto de formación conviene analizarla, y es una formación muy sectorial, muy sectorial, que el personal técnico funcionario de la Junta tiene especialidad, y tiene experiencia, y conoce bien las entidades que lo vienen impartiendo. Y por eso en Agricultura, en Medio Ambiente, en Cultura y en Bienestar Social se gestiona también formación profesional ocupacional, por la especialidad en la materia, porque es una materia muy sectorial.

Entonces... en estos días yo he tenido cambios de impresiones con distintos responsables de la Junta, haciendo una valoración de estos extremos. Y les tengo que decir que tengo mis dudas de que se mejore la gestión y seamos más eficientes y eficaces concentrándolo todo en la Dirección General de Trabajo, la que es tan sectorial, ¿eh?, porque creo que... bueno, que la experiencia de otras Consejerías ayudará mucho o está ayudando a que esa formación sea eficaz, y a lo mejor no se conseguía si lo gestionamos desde la Dirección General de Trabajo.

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En cuanto al grado de inserción, pues creo que también hay que valorarlo positivamente. Pero hay que tener en cuenta datos de otros entes que se han dedicado también y que tienen volúmenes económicos muy superiores a los que gestiona la Dirección General de Trabajo, en concreto la Administración Central, que se han dedicado a formación profesional ocupacional, y podemos examinar qué porcentajes tienen de inserción.

Yo no voy a... no me voy a referir a los datos que yo tengo o que yo doy, sino a los datos del informe de la Universidad, y establece que lo que gestionamos en la Consejería de Industria tiene un nivel de inserción del 40%. Y yo, si no me creen, les remito a que pregunten en el Instituto Nacional de Empleo en qué porcentaje nos estamos moviendo de inserción, y no se supera escasamente el 10%. Y yo no lo digo -y me sabe mal decirlo-, no quiero que se interprete que yo estoy diciendo que nosotros insertamos mucho y el Inem no. Probablemente la cercanía, probablemente otra serie de aspectos hagan que la gestión sea más positiva hacerla desde las Administraciones Autonómicas. Pero eso es un dato real, objetivo; los niveles de inserción de unas Administraciones y de otras.

Entonces, se decía: ¿pueden garantizarnos que se ha corregido la trayectoria y que se está cumpliendo? Pues yo, sinceramente, no puedo garantizar que estemos cumpliendo al 100% los objetivos de la formación profesional, porque yo tampoco estoy plenamente satisfecho. Creo que alcanzaremos un porcentaje muy elevado a partir de enero del noventa y ocho, en la medida en que ese Servicio de Colocación seamos entre todos capaces de hacer que sea operativo y que funcione bien. Si funciona bien, yo estoy absolutamente convencido, porque lo he visto en otras Comunidades Autónomas, que vamos a poder programar muchísimo mejor la formación, que vamos a conocer de forma mucho más inmediata cuáles son las necesidades de nuestro mercado laboral, y que, además, vamos a poder, a los demandantes de empleo, les vamos a poder orientar también de forma mucho más acertada hacia los puestos de trabajo, y sobre todo en su formación.

Las reclamaciones que hemos aceptado en los expedientes son pocas, pero algunas de ellas, efectivamente, sí que se han estimado. Veo un expediente, por ejemplo, de la organización de empresarios, CECALE, que se estimaron unas alegaciones, porque acreditaron en la... a la vista del informe de la Intervención, acreditaron ante el órgano gestor el cumplimiento de esos aspectos. Una vez que se examina, pues pago de impuestos y tal, se verifica que, efectivamente, se ha realizado, pues yo creo que lo que debemos de hacer es facilitar a las entidades la gestión de la... del trabajo.

Yo, en general creo que el sistema de fiscalización es correcto, es adecuado. Prueba evidente de que funciona es lo que... el debate que estamos teniendo en la tarde de hoy. Esto no lo han... esto lo han recogido los medios de comunicación, pero no lo han descubierto los medios de comunicación. Esto lo ha detectado la Junta de Castilla y León. Nos han servido esas recomendaciones, pues, por supuesto que para mejorar nuestra gestión y para también hacer cambios en la normativa.

Y si me he olvidado algo, puesme remito a una próxima intervención con el fin de dar más explicaciones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. En turno de réplica, el señor Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. La verdad es que yo sí tengo que decir que me parece bastante falto de rigor en su planteamiento. Yo no creo que pueda decir en absoluto que no es responsable la Administración de esas irregularidades, por el hecho de que uno de los mecanismos de última instancia, la Intervención General, haya sido la que haya detectado que se hayan producido este cúmulo de irregularidades. Porque lo lógico es que esos controles, que son interesantes, lo lógico es que no produzcan durante todo el periodo de intermediación un grado de confusión tan enorme que, a nuestro juicio, lo que único que ha dado como fruto inicial es una confusión, una incertidumbre y un -acaso- no saber a qué atenerse por parte de las entidades colaboradoras.

¿Y esto por qué? A mí me da la impresión que lo que aquí ha quedado de manifiesto nuevamente es que en un momento determinado ponen encima de la mesa los... las normas o los planteamientos desde la Administración... desde todas las Administraciones, y el que quiere va, se acoge, si pasa, bien, y si no, bueno, pues a esperar a nuevas ocasiones. Ésta es la falta de control que ha llegado a situaciones como las que usted me imagino que conoce perfectamente y que aquí no ha planteado.

Pero es que hay empresas que en estos momentos han desaparecido, cuando habían nacido prácticamente con esta finalidad, y que difícilmente van a poder conseguir que haya ningún tipo de reclamación o de cumplimiento de esa reclamación. Porque ya en el mismo momento en que habían solicitado este trabajo, o esta tarea de entidad colaboradora, eran ellos plenamente conscientes que no iban a tener otra función más que ésa. Y, sin embargo, pues se les concedió esa asignación.

Pero hay empresas que, lógicamente, han intentado conseguir un abaratamiento de los costes laborales por la vía o por el sistema de decir: bueno, yo planteo, programo; si sale bien, y si no, pues ¡qué le vamos a hacer! Y hay varias empresas que consiguieron incrementar su plantilla con la temporalidad que necesitaban, en virtud de poder hacer esa prestación de formación ocupacional.

Y hay empresas que después de haber formalizado ser... o formar parte de esas entidades colaboradoras, pues no tenían absolutamente nada que pudiera poner en marcha de lo que reclamaban, con lo que han tenido que hacer subcontrataciones que han ido prácticamente desapareciendo; y Su Señoría también lo conoce.

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Lógicamente, esas subcontrataciones han tenido como resultado el que, en ningún caso, la mayor parte de las personas a las que estaban destinados esos cursos podían pasar los controles mínimos: o bien de la edad a los que iban destinados los cursos; o bien de su situación de parados o empleados; o bien de larga o corta duración, con lo que... bueno, pues, han intentado o han aprovechado, incluso la circunstancia. Y, lógicamente, eso lo han asignado ustedes inicialmente.

O bien ha habido empresas en las que ha recibido notificación antes de hacer ningún tipo de aportación documental; sí, hay varias empresas, además con nombres y apellidos. O incluso hay empresas también que han tenido el infortunio de ver sus expedientes extraviados en las distintas fases de traslados de la propia... de las propias Consejerías, con lo cual, pues, no creo que también sean o... tengan que ver implicados o imputadas esas empresas en una función absolutamente... no atenida a los mínimos de esas... de esos controles tan rigurosos a los que hacía referencia Su Señoría.

Entonces, con ese cúmulo de cuestiones, no le extrañe, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que haya compañeros que sean capaces de expresarse de la manera que se expresaron en su momento. Porque yo no venía preparado ni dispuesto, precisamente, a hacer una operación de esa naturaleza; pero si se siguen manteniendo la falta de explicación, las vaguedades, las respuestas inconcretas e incluso, simplemente, la oferta de decir "aquí tengo unos papeles, si ustedes quieren se les leo..."; pero, como siempre, nos encontramos con que no nos les va a leer, no nos les va a dejar, incluso cuando se les reclamamos por tres veces consecutivas, no se nos ha puesto a disposición para poder hacer la función que, lógicamente, tiene este Parlamento, entre otras, y, desde luego, la Oposición. No le extrañe, en absoluto, que llegue uno a pensar que es una especie de democracia a la medida, en la que, lógicamente, bueno, pues, si podemos tipificar como irregularidades o fraudes esos que están detectados y puestos encima de la mesa por parte de las instituciones que tienen esa función, dentro de la propia Administración Autonómica, pues, aquí alguien es cómplice de ese... de esos fraudes.

Y si podemos decir que hay impagos, y esos impagos son derivados de irregularidades, lógicamente, alguien es cómplice de esa situación. Y si hay una arbitrariedad, desde el punto de vista normativo, ésa es una responsabilidad exclusivamente imputable, precisamente, a la Administración; lo mismo que el descontrol.

En definitiva, lo que no cabe la menor duda es... en todo caso siempre encontrarán fórmulas para imputar a los demás responsabilidades, pero harán muy bien en irse buscando su propia responsabilidad; de lo contrario, tendremos que decir que es una irresponsabilidad constante, manifiesta, la que aquí se está planteando.

No es malo, indudablemente, hacer un reconocimiento como el que ha hecho Su Señoría, en cuanto a que es la propia Administración, o que no desmiente que haya habido esas irregularidades. No hemos encontrado que de eso se haya derivado una normativa que aquí se haya explicitado, que tenga como resultado una mayor eficacia, una mayor responsabilidad y, lógicamente, un cumplimiento de una normativa que lleve al objetivo que se planteaba.

Y yo creo que no es cuestión de intenciones. Decía anteriormente, y sigo insistiendo: si fuese un caso aislado, o entre los veinticinco mil... perdón, los tres mil seiscientos noventa y cuatro cursos que se han impartido en los años noventa y cuatro y noventa y seis, que hubiera habido, pues... un centenar de ellos en los que hubiese habido problemas; pero que tenga que ser la propia Administración Autonómica la que diga incluso que el 90% de los cursos tienen problemas, yo creo que eso no puede en ningún caso imputarse más que a una falta de claridad normativa. Y esa falta de claridad normativa puede juzgarse o puede interpretarse de la manera que ustedes quieran, pero, desde luego, no va a ser... no va a ser en ningún caso la fórmula benevolente de: "nosotros hemos hecho esto; alguien ha intentado con ánimo perverso tergiversar lo que nosotros habíamos planteado".

Sí nos gustaría saber, señor Consejero, quién ha pagado, cuánto se ha pagado. Sí nos gustaría saber las distintas fases en las que... o los distintos expedientes, en el número e incluso en la titularidad, de quién ha pagado, quién está en esa fase de impugnación, quién ha recurrido; lo mismo que nos hace o nos ha hecho la gracia de comunicarnos los que sí han tenido responsabilidades o presuntas responsabilidades penales y, por consiguiente, se han remitido al Fiscal.

Sí nos gustaría, o sí entendemos que esas recomendaciones que hasta el momento presente Su Señoría dice que están llevando a la práctica, no pudieran volver a repetirse. Usted ha pasado por encima algunas apreciaciones que no son exclusivamente de este Grupo Parlamentario, sino que yo le comentaba cómo hay algunas otras entidades y agentes sociales que están en la misma línea de interpretación o de reflexión. ¿Por qué las contradicciones manifiestas entre las distintas Consejerías a la hora de operar, por muy específicos que sean los objetivos que se marquen en virtud de las responsabilidades, o de los cometidos que tienen cada una de las Consejerías diferentes?

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Por qué dentro de esas cinco Consejerías se sigue manteniendo una dispersión en once Departamentos, o es que... incluso se produce el fenómeno dentro de la propia Consejería con duplicidades que, lógicamente, harían difícil de entender, si no es con los criterios excepcionalísimos el que se pueda mantener ese grado de dispersión. Y está muy bien que haya normas de la Unión Europea, centrales, autonómicas; pero váyanselo pensando, porque, de lo contrario, entenderemos que si cada uno de los que tienen que intervenir tienen que plantear y aplicar normas, a lo mejor tienen que hacer un acuerdo para conseguir el efecto de unificar entre todas las instancias.

Y, brevemente, cierto que no es motivo de esta comparecencia, pero no deja de ser importante el que se intente hacer una evaluación, y más que una evaluación de cada una de las Consejerías, se haya hecho un encargo a un estamento exterior a la propia Administración Autonómica, que puede ser más objetiva. Pero lo que sí nos llama la atención es que no concuerde en la práctica, en absoluto, sus apreciaciones en relación con la actividad desarrollada, los costes de la actividad, y la eficacia de la actividad contabilizada más o menos en inserciones o en empleos, porque lo que es absolutamente imposible de concordar son las apreciaciones que nos ha hecho Su Señoría con ese balance que plantea la evaluación intermedia del programa operativo de los años noventa y cuatro, noventa y cinco y noventa y seis.

Por tanto, alguien nos está, pues, tergiversando la realidad, o buscando fórmulas o pretextos que, lógicamente, no van a redundar en beneficio de quienes en última instancia, tienen que obtener algún tipo de ventaja, y es... son, precisamente, las personas que están en el paro, que están pasándolo realmente más.

No es posible solicitarle, o pedirle, o exigirle que haya una garantía al 100%, pero no cabe la menor duda que con un porcentaje inferior nos daríamos por satisfechos, siempre y cuando, con todos los controles de los que aquí se ha hecho gala, no tuviésemos que vernos en una próxima comparecencia diciendo: todos esos controles siguen siendo papel mojado, sirven para muy poco y, a la postre, estamos despilfarrando recursos y hundiendo.... hundiendo a quienes puedan tener la esperanza de, por la vía de esos cursos de formación, acceder algún día a un puesto de trabajo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Herreros. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias al señor Consejero por sus explicaciones. Voy a hacer algunos comentarios a las mismas. En primer lugar, lo que me parece fundamental: mi Grupo sí quiere copia de esa información... no le importaría estar aquí tomando notas, o sea, no le importa que el señor Consejero la lea, pero queremos copia de la información. Según nuestras informaciones, la cantidad devuelta hasta ahora ha sido casi irrisoria. En este sentido, queremos saber cuánto ha pedido a la Junta, cuánto ha sido devuelto y cuánto está en los trámites del procedimiento que deben cumplirse, con el respeto a todos los derechos de todos y cada uno de los actores en este procedimiento.

El señor Villanueva ha vuelto a hacer una explicación diciendo "nada de lo que ha pasado aquí es imputable a la Junta de Castilla y León; si se han cometido irregularidades, no se han cometido por voluntad de la Junta".

Vamos a ver, señor Villanueva, yo no tengo ningún inconveniente en reconocerle ni a usted, ni a ninguno de los miembros del equipo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, su buena voluntad, o sea, la buena fe; como el valor al soldado, se le da por descontado. Pero yo creo que usted tiene que asumir su responsabilidad y la responsabilidad que le toca a la parte de sus compañeros en el equipo de gobierno en algunas cuestiones. Nosotros intentamos aquí -y lo llevamos diciendo, y lo llevamos diciendo años- que los cursos de formación debían concentrarse en manos de los sindicatos representativos, de las asociaciones patronales y de las fundaciones vinculadas con la empresa; y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Hemos, incluso, intentado que se discutiera en la Comisión de Industria de las Cortes una Proposición, que no fue aceptada por la Mesa por entender que modificaba una Orden de Convocatoria de subvenciones de la Consejería, cuya tramitación fue rechazada.

Ustedes han subvencionado a chiringuitos. Algunas de las auditorías -y no quiero repetirlo aquí, pero el señor Villanueva, pues, me mete un poco los dedos en la boca- eran folios que decían: "Personado el Interventor General, o el Interventor correspondiente de la Comunidad Autónoma, en la residencia donde tenía lugar la empresa tal, se le ha comunicado que desde hace dos o tres años la empresa tal ya no vive aquí, ya no tiene ninguna actividad aquí, y se desconoce absolutamente el paradero de los responsables de la tal empresa". Aquí se han montado empresas para dar cursos, y han desaparecido el último día que se les ha pagado la última factura. Y esto no puede seguir pasando.

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Hubo una empresa en León -que el señor Villanueva no nos ha mencionado dentro de esas tres que están en estos momentos en procedimiento judicial, y que también está, por intervención de la Consejería, pero en una etapa anterior- que cobró el primer anticipo, no pagó a los profesores, dejó a los alumnos sin curso y se marchó con el dinero. Y si quiere le digo el nombre, pero no es necesario. ¿Es un caso puntual? Pues sí, es un caso puntual. ¿Pero cómo se puede dar dinero, anticipar dinero de la Comunidad Autónoma con esas condiciones de insolvencia? ¿Que eso es una parte pequeña del dinero de los cursos del Fondo Social Europeo? ¡Hombre, menos mal!, ¿no? Imaginemos que eso hubiera sido el total de los miles y miles de millones de pesetas que ha recibido esta Comunidad Autónoma por los cursos del Fondo Social Europeo y por las actividades del Fondo Social Europeo. Pues menos mal que es poco. Pero es que teníamos que haber previsto que esto no fuera así.

El señor Villanueva nos dice: "¡Hombre!, a partir de enero la cosa va a cambiar, porque como vamos a tener un Servicio de Colocación que va a tener ya un diagnóstico del mercado de trabajo...". Pero es que ese diagnóstico del mercado de trabajo se lo pedí yo a usted en su primera reunión... en su primera intervención en esta comparecencia... en esta Comisión; se lo dije a usted cuando compareció para dar cuenta del programa de su Consejería. Es una vergüenza que sigamos subvencionando cursos que no tienen ningún impacto en el mercado de trabajo de Castilla y León; y se han subvencionado cursos de esa naturaleza. Tenemos que tener un mínimo diagnóstico... -a partir de enero lo vamos a tener; ¡enhorabuena! Hemos tardado unos cuantos añitos en tenerlo-, tenemos que tener un diagnóstico que nos diga dónde se necesita gente, porque estamos dando a veces cursos en actividades profesionales que están ya perfectamente cubiertas por el mercado o que no tienen salida profesional. Y esto es un disparate, porque no cumple ninguna condición de eficiencia. Luego el curso se da y las actividades se hacen. Pero bueno, pero ¿y de qué sirve?

Y usted me dice: "Nosotros tenemos garantizado un 40% de inserción profesional en la Consejería". Sabe usted muy bien que no es el tenor de otras, sabe usted muy bien que no es el tenor de otras. Y entonces, como está usted compareciendo aquí, y no sus compañeros de la Junta, pues vamos a obviar el tema.

¿Pero me quiere usted decir, señor Villanueva, cómo es posible que se hayan subvencionado cursos que tienen un coste por hora de 446.613 pesetas? Yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nos importaría dar un par de horitas de estas al mes. Cuatrocientas cuarenta y seis mil seiscientas trece pesetas de coste por hora. ¿Me quiere usted decir por qué los costes de funcionarios van desde las 84.000 pesetas por hora -de los cursos dados a funcionarios- a las 25.000? ¿Es que a nadie se le ha ocurrido, en toda la Junta de Castilla y León, algo tan elemental como que es establecer un indicador de ponderación de costes por hora y de costes por alumno? Y decir: "oiga, a usted se le subvenciona el curso, pero no en función del presupuesto que usted nos presenta, sino en función de una serie de indicadores; y si el curso le cuesta más, pues se atiende si es razonable, y, si no, se busca usted financiación externa; y si no se puede usted buscar financiación externa, pues a lo mejor no puede dar el curso". Porque lo de las 446.000 puede haber sido una vez y es una broma, pero lo de las 86.000 han sido varias. Y esto no tiene ninguna explicación.

Si usted me dice -y fíjese que se lo voy a aceptar sin que me lo diga-: "¡Hombre!, nosotros recibimos un dinero, empezamos a trabajar, hacemos las cosas al principio mal y después mejor". De acuerdo, de acuerdo. O sea, yo esto lo reconozco. "Y cada vez vamos mejorando." Pues muy bien, yo eso lo reconozco también, fíjese usted; o sea, sin que lo diga. Pero algunas de estas ideas, ¡vaya!, es que son de Perogrullo, ¿eh? No hace falta que venga aquí ningún Parlamentario de la Oposición a hacer de Oráculo de Delfos. Esto parece que se le ocurre a cualquiera, hasta al que asó la manteca. Y esto ha seguido pasando hasta hace bien poquito tiempo.

Y le voy a poner, pues, simplemente dos ejemplos concretos de hasta qué punto la responsabilidad de la Junta es conveniente tenerla en cuenta. Una de las tres entidades a las que usted ha mencionado es una entidad que cuando recibe subvenciones de la Junta de Castilla y León se le acababa de rescindir por el Ayuntamiento de Soria un contrato que tenía con dicha entidad, porque no había satisfecho las condiciones del contrato (Infortec). Y el mismo año que el Ayuntamiento de Soria dice: "Esta gente son un desastre, funcionan fatal, se ha peleado el dueño con varios trabajadores de la empresa", etcétera, etcétera, etcétera, van ustedes y les subvencionan un curso.

Hay entidades que en estos momentos reciben subvenciones de su Consejería por alguna Dirección General, que otra Dirección General está estudiando abrirles un expediente porque funcionan mal. Dice: "Bueno, ¿pero cómo es posible que esto suceda?". Pues sucede.

El tema de la CSIF. Dice usted: "Nosotros hemos sido los que hemos descubierto las irregularidades", etcétera, etcétera. Pues, una vez más, una verdad a medias. Ustedes hacen una auditoría, descubren unas irregularidades, el sindicato les dice: "¡Hombre, qué casualidad!, pero el contable que nos llevaba esta documentación ha fallecido y no podemos remitir la documentación". Y ustedes el tema lo dejan dormir y lo dan por bueno, hasta que un medio de comunicación, pues, resulta que se hace con unos documentos internos del propio sindicato, en donde algunos dirigentes -que habían cambiado de dirección en aquellos momentos-, pues, ponen a escurrir a los anteriores, porque decían que se habían lucrado con los cursos, porque no aparecían contabilizadas las partidas de los cursos en la documentación del sindicato, etc., etc., etc. Luego dicen: "Hemos sido nosotros". ¡Hombre!, han sido ustedes, pero con una diligencia pues no... en fin, con una diligencia, en fin, no demasiado exquisita.

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Ustedes, en este tema, con un sindicato en el que algunas personas de su Partido tienen algún grado de vinculación, pues han actuado -digámoslo así- al socaire de lo que algún medio de comunicación ha venido denunciando. Porque fíjese usted que a este sindicato -en el que yo tengo muy buenos amigos, y que me parece que sería injusto medirle por el problema que ha tenido con algunos de sus dirigentes-, pues, ha recibido centenares de millones de pesetas de la Junta de Castilla y León, y luego nos enteramos de que eso se ha pagado, a pesar de que la intervención le había pedido -y no había facilitado- cosas tan elementales como: los partes de control de asistencia de los cursos, los justificantes de las becas que le fueron abonadas, los contratos de los profesores, el modelo de retención de ingresos, el sistema existente para la captación y selección de alumnos, etc., etc., etc. Y a éstos se les pagó el dinero. Y ahora estamos pidiéndoselo y no sabemos si lo vamos a recuperar. Porque ellos dicen -y algún argumento jurídico pueden utilizar- que la revisión de la Junta, que se produce de manera muy extemporánea y pasado mucho tiempo, pues no es conforme a Derecho.

Bueno, pues en este sentido, todo lo que se haga, poco será. ¿Es injusto medir todos los cursos por estas irregularidades? ¡Desde luego! ¿Las irregularidades las competen quienes las cometen y no la Junta de Castilla y León? ¡Desde luego! ¿Dónde está la responsabilidad de la Junta? Pues en evitar seguir dando subvenciones a chiringuitos, en concentrar las subvenciones a los órganos que realmente realizan bien la formación -que, desde nuestro punto de vista, son las fundaciones Universidad-Empresa, la CECALE, Comisiones Obreras, la UGT, etcétera-; el controlar un poco que, realmente, cuando se presenta un programa de curso no se presenta un solo presupuesto, sino se presentan unos indicadores que son mensurables y que están dentro de lo razonable; y el hacer, sobre todo, un diagnóstico de mercado de trabajo que nos permita conseguir que el dinero de los cursos redunda en el impacto necesario en el mercado de trabajo de la Región. Porque al final, si no, pues nos podemos encontrar con que, con todas nuestras buenas voluntades -y yo no dudo de la suya, señor Villanueva-, pues, sigamos empedrando el camino del infierno.

Y, desde luego, nosotros creemos que en este tema ustedes no han actuado con la diligencia debida y no han respondido con la... en fin, con la sensibilidad que hubiera sido necesaria, teniendo en cuenta el volumen de dinero del que estamos hablando.

Mire usted, señor Villanueva, las auditorías son conocidas por la opinión pública después de que Grupos Parlamentarios las pidiéramos en esta Cámara. Yo estoy de acuerdo en que no es un buen sistema que documentos de trabajo internos de la Administración salgan a la luz pública, pero sobre todo estoy de acuerdo en que determinados documentos internos de trabajo de la Administración deben servir para que la Administración corrija algunas actuaciones. Y cuando uno se encuentra con que unos cuantos días más tarde, después de presentada una auditoría que descubre irregularidades notables en algún agente social, pues ese mismo año, a ese mismo agente social, o a esa misma entidad, se le ha vuelto a dar dinero, pues uno dice: "¡Hombre!, pues al final resulta que la única manera de evitar que esto pase es que esto salga a la luz, que esto salga a la luz". Y, en ese sentido, entienda usted que no podamos colgarle tantas medallas -permítame la expresión coloquial- como usted se coloca a sí mismo en este tema. Yo creo que ustedes tienen un sistema de trabajo deficiente, que ha propiciado -sin quererlo- que existan efectos perversos, y que ahora ustedes son responsables de esos efectos perversos, en la medida en que no corrijan con líneas de actuación muy claras y concretas los problemas denunciados. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cot, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Gracias, Presidente. Si comencé mi anterior intervención felicitándonos por el tono en el que se habían desarrollado... en fin, las primeras intervenciones de los distintos Portavoces, yo sí quiero manifestar mi opinión de que sólo en el ámbito del mal uso -insisto, es mi opinión- de la inmunidad que los Procuradores tenemos en el ejercicio de nuestras funciones se pueden hacer las imputaciones con la gravedad que se hicieron y el tono en el que se hicieron, y que todos escuchamos en la comparecencia del veintinueve del cuatro, y a las que usted, señor Consejero -en el tono de prudencia y de mesura que le caracteriza-, pues calificó simplemente como demagógicas. Yo quiero felicitarle, indudablemente, por esa serenidad que siempre pone de manifiesto en sus intervenciones ante esta Comisión y en todos sus actos de la Junta, y, desde luego, compartir con usted -como menos de demagógicas- la opinión de que son, como mínimo, demagógicas las que hoy le han vuelto a reiterar de democracia a la medida, o de complicidad con algunas de las irregularidades detectadas en el tema que nos ocupa.

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Y en lo concerniente a su segunda intervención, pues, una vez más -como hizo en su anterior comparecencia-, ha dado respuestas claras, concretas, ha puesto incluso nombres de manifiesto ante la Comisión, ha ofrecido expedientes y detalles; expedientes que unos aceptan y otros rechazan -será problema de ellos, no suyo-; y ha contestado, en gran medida, a lo previsto en la solicitud de la comparecencia y, en gran parte también, a lo que no estaba previsto. Ha dejado claro que es la Consejería, es la Junta de Castilla y León la que persigue las irregularidades que se detectan, y en ninguna manera la responsable de esas irregularidades. Insisto -como dije antes- que su responsabilidad -la de la Junta- estaría en no actuar diligentemente. Y si así se hace, ustedes están cumpliendo.

Esperamos -y estamos seguros- que usted comparecerá en estas Cortes, como lo hace habitualmente, y que cuando pueda y cuando tenga los datos conoceremos la evolución que los cursos y todo el desarrollo; y las posibles irregularidades, que seguro que se seguirán cometiendo en menor medida cada vez, gracias a sus controles, pero alguna habrá siempre, pues, ¡cómo no!; todo es perfectible, todo es mejorable y ustedes están en el buen camino.

Señor Consejero, en opinión de este Portavoz, en un afán de desgaste político, se le ha hecho a usted hoy repetir ante esta Comisión un examen que tenía aprobado y con nota.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Cot. Para dúplica, señor Consejero, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías, la verdad es que yo he tratado de coger notas, y probablemente, pues, me haya expresado en términos vagos, y poco precisos, y poco concretos. Yo creo que no, pero ésa es su valoración.

Pero yo, sinceramente, me resulta muy complicado, porque aquí se dan datos, se hacen manifestaciones, primero, muy genéricas, muy abiertas -me atrevería a calificarlas de vaguedades-; y todo ello, al final, se saca una conclusión: que es imputable a la Junta de Castilla y León la situación de la formación tan deficiente -como ustedes la pintan- en la gestión de estos años a los que se hace referencia en la comparecencia.

Y yo les tengo que decir la verdad, pero porque estoy convencido de ello, no porque venga a colgarme... porque no vengo a colgarme ninguna medalla, y sí a todos aquellos aspectos que me parezca mejoran la gestión, pues, a incorporarlos en la gestión que realizamos... de que no me voy con nada claro y no me voy con nada positivo. Y lo que sí que quiero es que ustedes se vayan con algo claro y con algo positivo de esta situación.

Mire, los cursos, no le puedo -porque no tengo el dato- ahora decir... Los cursos de formación profesional ocupacional, en una gran mayoría, esos mil y pico millones todos los años, tienen como destinatarios, como beneficiarios, el sindicato Comisiones Obreras, UGT, CECALE y las Universidades. Pero le estoy hablando en términos creo que de un 80%. Bien, eso está así, eso se viene haciendo. Bien. Pero también hay anomalías ahí, también las hay. Y yo no digo lo que dicen ustedes de otras empresas, porque creo que no me voy a expresar en esos términos. También las hay ahí. Y hay empresas vinculadas a sindicatos, que -le insisto- es que me sabe mal decirlo, porque, mire usted, eso de las empresas a lo que yo me refiero ahora, eso creo que era una auténtica ingeniería financiera para ganar dinero. Pero otras cosas que calificamos de irregularidades, sinceramente le digo que yo creo que no son irregularidades por expresarlo... anomalías, por expresarlo en algunos términos. Pero vamos a respetar un poco también a los beneficiarios de las subvenciones, porque no se puede cortar por el mismo patrón a todo el mundo.

Y claro, ustedes hacen referencia a CSIF, a esta empresa, todo lo tratan de relacionar, de vincular, en un afán... porque esto da mucho juego. Mire usted, lo CSIF... yo con el informe que tenía la Intervención, me decían mis servicios jurídicos, no el Consejero, no criterio del Consejero, lo que yo tenía que hacer. Y yo lo que no puedo hacer y lo que lamento es que los ciudadanos que tienen información -porque además eso es un delito, se incurre en responsabilidad penal cuando se conoce la comisión de un delito y no se denuncia- se vayan a un medio de comunicación, en lugar de ir a la Administración y registrar un papel donde digan cuáles son las irregularidades. Pero yo no soy la policía de esta Región, ni tengo esa responsabilidad, ni la Junta la tiene.

Y, por lo tanto, los señores estos que tenían tanta información, en lugar de irse a un periódico, lo que pudieron hacer es ir a un registro público y registrar, y no ir escondidos; porque veremos a ver las responsabilidades penales a quienes llegan, ¿eh?, no irse escondido. Claro, dice: "las auditorías son conocidas por la opinión pública porque los Grupos Parlamentarios las pedimos". Mire usted, yo, de lo que tengo en la Consejería de auditorías o no auditorías, no me dedico a mandarlo a los medios de comunicación.

Pero es que no lo puedo hacer, ni a mí se me puede exigir que lo haga; y si se me exige, no lo voy a cumplir. Y ustedes, la información que les demos pueden mandarla donde quieran, pero creo que hay un deber mínimo de respeto. Porque, claro, mandar eso a los medios y que se dé publicidad a unos temas, cuando no se sabe si hay delito o no hay delito, si hay responsabilidad o no la hay, pues es grave.

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Por lo tanto, no es que actuemos porque lo digan los medios de comunicación. O sea, es que yo cuando cojo un periódico y me lo leo a las ocho de la mañana, y dicen... Mire usted, yo requiero... yo, leyendo un periódico, se lo he mandado a la Intervención General, que dice que al parecer hay esto. Yo no sé si usted... yo no puedo... yo no me puedo ir a... detrás de lo que hay ahí. Pero bueno, yo no sé si la Intervención tiene medios. Y yo lo remití a la Intervención. Así lo recuerdo. Ahora, eso no se trata de que nos colguemos o no medallas. Mire usted, nosotros somos una Administración Pública que no podemos ir por la calle, pues, actuando como ciudadano normal. Nosotros tenemos obligación por ley de respetar muchas cosas; y aunque no fuera por ley, también las respetaríamos.

Por lo tanto, existen anomalías, pero no es porque la Junta... Dice: "tiene responsabilidad en la gestión". Mire usted, bueno, pues bien, por supuesto que haremos cosas mal, tenemos responsabilidad en la gestión. Pero mire, la normativa que tiene esta Comunidad Autónoma no difiere en nada de la que tienen otras Comunidades Autónomas. Y yo en alguna ocasión he dicho en esta sala que cuando me dirijo a los Grupos Parlamentarios, claro, no puedo hacerlo de igual forma en aquellos Grupos que han tenido responsabilidades de gobierno de los que no la han tendido. Porque los que la han tenido, ustedes conocen que otras Comunidades Autónomas... y, si no, acredítenme con los Boletines Oficiales si difiere la normativa, si nosotros estamos haciendo cosas raras, si estamos gestionando el Fondo Social Europeo de forma rara, si nosotros estamos favoreciendo a alguien con la gestión del Fondo Europeo... Social Europeo, si nosotros, en fin, estamos incumpliendo la ley, si nosotros gestionamos mal.

Lo que ocurre es que aquí se leen párrafos sueltos de un informe, que es un libro, y que nos sirve -de verdad se lo digo- este libro para mejorar la gestión. Que nos sirve, que es útil. Entonces, yo creo que lo que hemos dado un avance importante -insisto, sin ánimo de colgarse ninguna medalla- ha sido a través del Decreto; pero para facilitar, a la vista de la experiencia, no porque estemos incumpliendo o porque tengamos una normativa confusa o ..... Porque en todas estas cosas, sindicatos, organizaciones empresariales, Universidades, entidades privadas, o sea, cuando van a justificar -de buena fe, presumo- presentan los papeles y tratan de justificarlo de una forma que, a lo mejor, a criterio de nuestra Intervención no cumple, y sacan la conclusión de ahí, de que nosotros tenemos una normativa confusa.

Lo que nos llevó fue a aclarar, a la vista de la experiencia, ¿eh?, a introducir en ese Decreto cosas que resultaran mucho más sencillas. Pero hombre, si es que... no es que estuviéramos en una situación anómala como Comunidad Autónoma única y exclusiva, al margen de todo lo que se estaba haciendo. Porque la norma que se trae aquí, en su mayoría -y en todas las Comunidades Autónomas-, es extrapolación de la norma comunitaria europea. O sea, aquí no nos inventamos la norma, porque, entre otras cosas, tenemos la obligación de gestionar fondos sociales y nos dicen cómo hay que hacerlo.

Bien. Vamos a ver, yo, como no quiero quedar por lo que creo que no soy, voy a leer los expedientes.

Infortec Soria: subvención concedida, 36.000.000; reintegro propuesto, 18.000.000. Situación en que se encuentra después de que se les ha desestimado el diecisiete de junio del noventa y siete la resolución del Recurso que interpusieron cumpliendo los plazos, se encuentra en la Tesorería de la Comunidad Autónoma.

CSI-CSIF: 73.000.000. Reintegro propuesto: 17.000.000. Se encuentra, después de haberle desestimado, al diecisiete de junio del noventa y siete en la Tesorería de la Junta de Castilla y León. Tengo que decir que, encontrándose aquí, puede llegar una resolución del... de quien recurra en el Tribunal Superior, en el supuesto que hayan pedido la suspensión del acto administrativo, diciéndonos que suspendamos. Pero no lo sabemos. O sea, yo digo lo que sé hoy.

ACLAD: 125.000.000. Reintegro propuesto: 11.000.000. Situación a que se encuentra, después de haber desestimado el Recurso ordinario que interpusieron ante la Junta de Castilla y León el doce de junio del noventa y siete: en la Tesorería de la Junta de Castilla y León.

FECALE FIC: subvención concedida, 63.000.000; reintegro propuesto, 36.000.000. El mismo día, doce de junio del noventa y siete, se desestima el Recurso y se encuentra en la Tesorería de la Junta de Castilla y León.

FOREM: se concede 53.000.000; se propone un reintegro de 6.700.000. Y se encuentra desde el diecisiete de junio en la Tesorería, una vez que se desestimó el Recurso; una vez que desestimamos el Recurso en el órgano gestor, remitimos el expediente a la Tesorería.

CECALE: 134.000.000 de subvención concedida; 7.600.000 de reintegro propuesto. Se han estimado, a treinta de mayo del noventa y seis, las alegaciones que presentaron.

Comisiones Obreras: no se propuso ningún reintegro, porque también justificaron en la fase alegaciones la... acreditaron los extremos que en un principio la Intervención General estimaba que no se cumplían.

La Asociación Castellano Leonesa de Idiomas: en la misma situación que Comisiones Obreras.

Instituto de Formación y Estudios: se concede una subvención de 64.000.000; se propone un reintegro de 1.544.000 pesetas. Se hizo una nueva auditoría el treinta de mayo, y está ingresado en la Junta de Castilla y León el 1.544.000 pesetas.

Comercial Josmar: se le concedió 6.800.000. Y en periodo de alegaciones acreditaron aquellos extremos que la Intervención puso en duda, y quedó justificado.

Sociedad Hábitat: se le fueron... subvención concedida, 38.000.000; reintegro propuesto, 9.700.000. El reintegro se ha... desde el veinticuatro de junio está solicitado, y se encuentra en la Fiscalía de la Audiencia de Valladolid.

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CSIF: 142.000.000. Se ha pedido un... de subvención concedida. Reintegro propuesto, 122.000.000. Y se encuentra en la Fiscalía de Valladolid.

Cemysan (Centro de Estudios Médicos y Sanitarios): se le ha concedido 2.700.000; un reintegro propuesto de 1.407.000. Y se encuentra... la propuesta de reintegro es del cinco de octubre del año noventa y siete.

GATUR, de Burgos, GATUR, S.A: subvención concedida, 2.700.000; propuesta de reintegro, 2.532.000.000. Y la propuesta de reintegro el cinco de octubre del noventa y siete.

Infortec Soria: se le concede 3.800.000; se le propone un reintegro de 1.500.000; y se encuentra en la Tesorería de la Junta.

Azucena Pecharoman de Frutos, de Burgos: subvención concedida, 5.800.000; y reintegro, 1.700.000; y se encuentra en la Tesorería de la Junta.

SLC-Informática: en plazo de alegaciones se les estimó los justificantes con los que acreditaron los extremos que en la Intervención habían quedado dudosos.

Dublas Esteban Rosa María: 4.985.000. Y no se propone, porque lo acreditaron, ningún reintegro.

Tedisa, Tejedor y Díaz SA: Tampoco se le propuso ningún reintegro.

Centro de Formación Profesional San Luis: igualmente, ante una subvención de 4.900.000, acreditada en los extremos que... sobre los que versaba el informe de la auditoría.

Manuel Pedro de Dios de Crespo: en la misma situación que la anterior.

Alberto Aparicio... Alberto Arranz Aparicio: se le ha propuesto una... un reintegro de 356.000 pesetas a la subvención que se le concedió de 3.900.000. Y está iniciado el expediente el veintitrés -el último dato que tengo yo aquí-, veintitrés de junio del año noventa y siete; supongo que estará en fase de alegaciones y... o para preparar la resolución.

Prax Master S.L.: se le concedió 2.500.000, pero no hay propuesta de reintegro.

Sanjucruz, S.A.: está... se le concedió 3.120.000. Propuesta de reintegro, 1.950.000. Y el veintiocho de octubre se remite a la Tesorería el reintegro... la solicitud de reintegro de este expediente, una vez que está en la fase... vía administrativa finalizado.

RCM, Servicios Palentinos: 2.505.000 de subvención; reintegro propuesto, 550.000. Y hay una propuesta de archivo, hay una propuesta de archivo del veintinueve de octubre del noventa y siete.

Gabinete -yo no sé si... yo les puedo facilitar esto, no es por no leerlo-. Pero, Reintegros... Expedientes que se han liquidado -que veo yo aquí-. Federación de Empresarios del Comercio de Burgos: un reintegro de 40.000 pesetas, ante una subvención de 6.699.000 por ingresos superiores a los comunicados. Y está liquidado el seis del nueve del noventa y seis; me estoy refiriendo, evidentemente, a los expedientes objeto de la comparecencia.

Fundación Laboral de Comercio de Valladolid: 330.000 de propuesta de reintegro, por una subvención que se había concedido de 3.800.000. Y el reintegro también está ingresado, en las 330.000, el quince del diez del noventa y seis.

La Cámara de Comercio e Industria de Palencia: 160.000 pesetas, y están ingresadas esas 160.000 pesetas.

Otro expediente, de la Universidad de León: 861.000, que también están ingresadas.

Éstos son los que tengo ingresados. Y el resto, pues, se encuentran en situaciones... en Tesorería o en, todavía, en alguna tramitación, porque hayan impugnado administrativamente.

Bien, en definitiva, Señorías, resaltar únicamente que... dos aspectos que me he olvidado, que yo no cesé al Director, ni a la Junta de Castilla y León... al Director General de Trabajo, que no se le cesó -y creo que lo he dicho ya en las Cortes-, menos... vamos, no se le cesó por nada. Este señor es... fue Gobernador y Subdelegado de Burgos, y por decisión voluntaria y a iniciativa suya, ante la propuesta que le habían hecho.

Y que, por otro lado, los temas que los sindicatos estos días... los distintos sindicatos han expresado en los medios de comunicación, yo, ante eso, tengo que decir que no tiene nada que ver con la formación, porque la formación la programamos.

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Lo que he tratado de decir antes es que con el Servicio de Colocación nos va a permitir hacer una programación mucho más ágil, más rápida, más inmediata en las necesidades del mercado, por la facilidad en la información que vamos a tener. Pero no quiero decir o no he dicho que no se haya programado nunca la formación, que no se haya diagnosticado. Y entre otras cosas porque lo hacen los propios sindicatos -Comisiones Obreras, UGT-, en la Comisión Regional de Formación y Empleo, y las organizaciones empresariales. Y el debate, estos días, en los medios no hace referencia en absoluto a este tema. Hace referencia al diálogo social, que tengo que decir en esta Cámara que no comparto, porque creo que no es... no es acertado a la realidad. Una cosa es que cerremos las negociaciones, que quedemos en las cosas que vamos a hacer, que haya acuerdo sobre tal... y eso... otra cosa es que cuando se instrumente jurídicamente y pase por los servicios, pues, eso digan que supone retrasos, o eso digan que hay alguna variación, porque la normativa, ¿eh?... cuando se estudia la normativa, a la hora de plasmar en una norma los acuerdos, hay que ser rigurosos en... y nos lleva, pues, a hacer algunas variaciones; que algunas, luego, pues hemos cambiado impresiones con ellos, hemos negociado y se corregirán. Pero ese debate, es otro debate, que quizá otras oportunidades, de momento, les haga salir a decir esas cosas.

Con el máximo respeto a los sindicatos, con los cuales creemos que estamos trabajando con rigor y seriedad por esta Comunidad Autónoma, y las organizaciones empresariales, pero lo que han manifestado en estos días no tiene nada que ver con la formación profesional ocupacional. Que, por cierto, todos los cambios sustanciales de la normativa y mejoras en la gestión que hemos introducido, tengan ustedes la absoluta seguridad que este Consejero lo ha debatido y consensuado con los agentes económicos y sociales previamente, antes de verse en el Boletín de esta Comunidad Autónoma. Por lo tanto, que no hacemos las cosas a la ligera y sin diálogo y debate exhaustivo con los que, entre otras cosas, son verdaderos protagonistas de la formación profesional ocupacional.

Bien. Nada más por mi parte. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador que no haya intervenido desea formular alguna pregunta? Bien. Damos por concluido el primer punto del Orden del Día. Dése lectura, por el señor Secretario, al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre revisión de oficio de las Órdenes que resolvieron los expedientes León 81/1988, por los que se concedieron subvenciones a la empresa RENASA".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Tiene la palabra el señor Consejero de Industria.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías, como ustedes recordarán, por Sentencia del doce de julio del noventa y cinco, la Sala II del Tribunal Supremo determinó que se produjo un delito de prevaricación, al resolverse los expedientes de concesión de subvenciones a la empresa Recursos Naturales, Sociedad Anónima. Estas subvenciones estaban previstas en el Programa de Fondo Social Minero establecido en el Decreto 34/88, de veinticinco de febrero, sobre el nuevo régimen de ayudas a la minería.

Dado que el Artículo 62.1, apartado d), de la Ley 30/92, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que son nulos de pleno derecho los actos que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta, la Junta de Castilla y León consideró necesario iniciar el correspondiente expediente de revisión, tal y como se prevé en el Artículo 102 del mismo texto legal.

En virtud de lo establecido en el Artículo 5, del Decreto 114/95, de diez de julio, de Reestructuración de Consejerías, que establece que corresponde a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo las funciones en materia de minas que hasta entonces correspondían a la Consejería de Economía y Hacienda, a la Consejería de la que soy titular correspondía la competencia para promover tal expediente, por lo que, con fecha de once de septiembre del noventa y cinco, fue dictada Orden por la que se resuelve de oficio la iniciación del procedimiento de revisión de las resoluciones por las que en su día se otorgaron las subvenciones a la empresa RENASA.

En esa misma Orden quedó establecido que la instrucción del procedimiento correspondía a la Secretaría General de la Consejería. De esta manera, el Secretario General acuerda iniciar la instrucción del expediente de revisión, con arreglo a las normas del Procedimiento Administrativo Común.

Se procedió a comunicar dichos acuerdos al interesado, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 58 de la Ley 30/92, haciéndole saber que contra los mismos, al ser actos de trámite, no cabe recurso alguno, sin perjuicio de poder alegar su oposición, conforme establece el Artículo 107 de la misma Ley.

Practicado acuse de recibo de la comunicación a la empresa de Recursos Naturales, S.A., posteriormente se puso en conocimiento de don Rufino Gea Savaloy en calidad de Presidente de la misma, la conclusión de la fase de instrucción del expediente de revisión de oficio de las Resoluciones de la Consejería de Economía y Hacienda, que resolvieron los expedientes León 80/88, León 81/88 y León 82/88, por la que fueron concedidas las subvenciones.

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Asimismo, se le comunicó que, de conformidad con las previsiones del Artículo 84 del texto legal al que me vengo refiriendo continuamente, en el plazo de diez días podía tomar audiencia y vista del expediente para poder hacer alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimase pertinentes. Recibida por la empresa esta última notificación, y transcurrido el plazo de alegaciones, no se produjo ninguna manifestación por parte de la empresa interesada, por lo que se dicta la correspondiente Propuesta de Resolución por el instructor del expediente, continuándose el procedimiento en los demás trámites.

Siendo necesario el previo dictamen del... favorable del Consejo de Estado para la declaración de oficio de la nulidad y consiguiente reintegro de las cantidades en su día abonadas, mediante escrito de fecha dieciséis de abril del noventa y seis, el Presidente de la Junta de Castilla y León solicitó al Presidente del Consejo de Estado fuese emitido el informe preceptivo por la Comisión Permanente de ese alto órgano consultivo.

Posteriormente, el día veintidós de mayo del noventa y seis, la empresa RENASA se personó para tomar audiencia y vista del expediente, lo que se admitió al comprobar que no había presentado alegaciones previamente. Con fecha veinticinco de junio del noventa y seis, RENASA presentó alegaciones en las que cuestionaba aspectos esenciales del procedimiento de revisión seguido, que fueron remitidas al Consejo de Estado, junto con una nueva Propuesta de Resolución.

El diecisiete de abril de este año, se emite dictamen por el Consejo de Estado, en el que se establece literalmente que procede la revisión de oficio por causa de nulidad de pleno derecho de las Resoluciones de nueve de diciembre del ochenta y ocho, dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, en los procedimientos a los que me he referido. Diciendo, no obstante: "resolverá V.E. lo que estimen más acertado".

Finalizada así la instrucción del expediente de revisión de oficio, y teniendo en cuenta el dictamen emitido por el Consejo de Estado, que no tiene carácter vinculante, así como la nueva Propuesta de Resolución, mediante Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo de uno de julio del noventa y siete, se resuelve declarar la nulidad de las Resoluciones de fecha nueve de diciembre del ochenta y ocho, en la que se concedía a la empresa Recursos Naturales, S.A. las subvenciones a las que me he referido.

Esta Orden es notificada a la empresa RENASA, haciendo saber que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la verificación de la notificación.

Finalmente, el día doce de agosto del noventa y siete es remitida a la Tesorería General solicitud de reintegro de las cantidades abonadas -126.697.181 pesetas- a la empresa RENASA, por lo que está en trámite el correspondiente expediente de reintegro. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo peticionario, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente, por la información del señor Consejero... La información del Consejero es conocida por este Grupo Parlamentario, a través de las solicitudes de documentación que ha ido formulando a la Consejería, y que el Consejero -y no tengo ningún inconveniente en reconocerlo una vez más, lo hago en casi todas las Comisiones- siempre remite puntualmente a este Procurador cuando las formula.

El Consejero ha omitido algunas cuestiones, que yo creo que tienen interés, en su relato. ¡Hombre!, la primera cuestión que ha omitido, y es una cosa curiosa, es que, en efecto, en cuanto se produce la Sentencia del Tribunal Supremo, los Procuradores Socialistas sometemos a la consideración de esta Proposición... de esta Comisión una Proposición No de Ley para que se inicie el procedimiento de revisión de oficio de las Órdenes que resolvieron los expedientes a la empresa RENASA. Aquella Proposición que es objeto de discusión en esta Comisión, es rechazada y se dice que, no obstante, la Consejería va a dar cumplimiento a la misma.

La Consejería lo inicia. En marzo del año mil novecientos noventa y seis la Instructora destinada por el Consejero como Instructora del expediente, una funcionaria de la Consejería, formula la petición al Secretario General, para que dicte el acuerdo siguiente de iniciar la instrucción de expediente para declarar nulas las subvenciones; cosa que, por otro lado, es dar cumplimiento estrictamente a lo que dice la Ley. La Ley dice que cuando se ha dictado un acto por prevaricación, pues, lógicamente, ese acto es nulo, que no anulable; es nulo, y, por lo tanto, los efectos de ese acto deben desaparecer. Y en este caso lo que debe desaparecer es, evidentemente, el cobro de unas subvenciones a las que no tenían derecho, por parte de unas empresas que han causado, como bien dice la Sentencia de doce de julio de mil novecientos noventa y cinco, daño a la Comunidad Autónoma.

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El expediente queda paralizado en el Consejo de Estado, como dice el propio Consejo de Estado en su Dictamen... y lo voy a leer literalmente para que no haya lugar a duda: "Tal demora..." porque estamos hablando de un expediente que empieza a tramitarse en septiembre del noventa y cinco y acaba tramitándose en mayo del noventa y seis; un expediente declarado de urgencia. El Consejo de Estado justifica la demora en la Resolución, dice: "Tal demora se ha producido a petición de la autoridad consultante -es decir, la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León-, formulada por escrito, a fin de completar el expediente con determinados documentos y, sobre todo, para dar a RENASA, como entidad directamente interesada, la oportunidad de presentar sus alegaciones. Y no fue sino hasta catorce de marzo de mil novecientos noventa y siete cuando quedó completo el expediente". Es decir, la Consejería tarda un año y medio en completar el expediente para que el Consejo de Estado dictamine; el Consejo de Estado dictamina en un plazo inferior a dos meses desde que el expediente está completo.

Y ¿qué es lo que sucede en ese año y medio? ¿qué es lo que hace la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León con dicho expediente? Pues, lo que sucede en ese año y medio es que la Junta de Castilla y León, de intentar declarar nulas las subvenciones, se pasa al enemigo. Y alega al Consejo de Estado en la misma línea de lo alegado por RENASA, y por el señor Pérez Villar, en el sentido de considerar que no procede declarar la nulidad de las actuaciones que la Consejería de Industria había consultado al Consejo de Estado. Y no procede por dos razones, fundamentalmente -por resumir un poco las... los documentos remitidos por la Consejería al Consejo de Estado-: porque es contrario a la equidad; y porque de declararse la nulidad, correspondería -y dice literalmente el escrito remitido por la Instructora y por la Asesoría Jurídica-... correspondería a la Administración indemnizar.

Y esto es curioso, porque aquí, si corresponde a la Administración indemnizar, a quien corresponde indemnizar no es a los ciudadanos de Castilla y León con su Tesoro, sino a los altos cargos que, prevaliéndose ilegalmente de sus facultades administrativas, dictaron una resolución que perjudicaba el erario público. Y si la Administración tuviera que indemnizar, tendrían que indemnizar los altos cargos que dictaron las Resoluciones. Esto es curioso. Éste es el argumento que utiliza, muy prolijamente adornado de veinticuatro o veinticinco citas jurídicas, los escritos que dirige la Consejería al Consejo de Estado para intentar convencerle que donde dijo digo digo Diego, donde dije digo digo Diego, y que donde había dicho que quería anular las subvenciones, porque además estaban los socialistas pidiendo que las anularan y que consiguiera el reintegro de los fondos indebidamente percibidos a la Administración de la Comunidad, pues ahora digo que no, porque esto es contrario a la equidad.

Claro, el Consejo de Estado lo despacha esto en tres líneas. Dice que esto no procede, que esto no es razonable, y que hay que declarar nulo el acto administrativo. Y lo dice con un matiz interesante. Porque el Consejo de Estado, que dice que esto de la equidad y de la buena fe, pues, que no cabe alegarlo, porque no cabe hablar de prescripción de acciones, ni derechos de los particulares, porque, en principio, nadie tiene derecho a obtener unas subvenciones y sería arriesgado invocar la equidad o la buena fe, porque la empresa solicitó las subvenciones sabiendo que no tenía derecho a las mismas, porque dejó vacantes las casillas en las que tenía que acreditar tener dominios mineros en la Comunidad Autónoma, que era uno de los requisitos que incumplió, dice procede declarar la nulidad del acto administrativo, y a continuación señala que "no obstante, hay unos compromisos contraídos en los convenios de colaboración que dan forma jurídica a las subvenciones, y que esos compromisos, pues, no pueden que... la resolución de nulidad no puede afectar en modo alguno a los efectos económicos de un convenio consolidado y cumplido en su integridad por ambas partes".

Es decir, por un lado el Consejo de Estado desestima el cambio de posición de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León que se pasa al enemigo, desestima que la Junta de Castilla y León, en vez de defender los intereses de los ciudadanos de la Comunidad, defienda los intereses de RENASA y del señor Pérez Villar, pero, por otro lado, advierte que el acto hay que declararlo nulo y, por lo tanto, habrá que dejarlo sin efectos. Pero que quede claro: hay un convenio, se han hecho unos gastos; si los gastos están debidamente justificados, a la empresa usted no le va a poder, probablemente, pedir el dinero.

Y el Consejero hace caso al Dictamen del Consejo de Estado, que no es vinculante, es verdad -también es verdad que hubiera sido manifiestamente escandaloso que no lo hubiera hecho, señor Consejero, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean este caso, y que creo que no hace falta que yo les detalle a ustedes-, hace caso al Dictamen del Consejo de Estado, declara nulo el acto y le da traslado a la empresa para que pueda recurrirlo, iniciando... lógicamente inicia el expediente de reintegro.

Y nosotros en esta situación, ¿qué es lo que tenemos que decirle, señor Consejero? Bueno, pues, en primer lugar, que entendemos que usted no ha obrado con diligencia: usted ha tardado un año y medio en completar un expediente. Las alegaciones de RENASA son muy anteriores.

En segundo lugar, que entendemos que usted no ha defendido los intereses de la Comunidad Autónoma; usted ha defendido a RENASA y al señor Pérez Villar. Y solamente cuando el Consejo de Estado le ha dicho que esto era absolutamente imposible, usted se ha allanado al Dictamen del Consejo de Estado y ha vuelto a tener que defender lo que hizo al comienzo del expediente: los intereses de la Comunidad Autónoma.

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En tercer lugar, que nos parece bien que solicite usted el reintegro de las cantidades a la empresa RENASA, pero que al mismo tiempo, y atendiendo a las consideraciones de fondo del Dictamen de Consejo de Estado, usted debe hacer otra cosa, porque hay un daño producido a la Comunidad Autónoma; lo dice el Consejo de Estado y lo dice la Sentencia de doce de julio del noventa y cinco de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y como hay un daño, y como a lo mejor parte del daño no va a poder ser exigible a la empresa, porque la empresa ha realizado unos gastos en función de un convenio consolidado y, lógicamente, ese dinero es difícil que se le pueda exigir a la empresa; y como el daño ha existido, porque la Comunidad Autónoma de Castilla y León ha pagado unas subvenciones que no debía haber pagado nunca, usted tiene que utilizar el Artículo 145 de la misma Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, que establece que "podrá la Administración instruir igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños o perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia grave", que es, precisamente, el caso que nos ocupa; porque la prevaricación implica, inevitablemente, o dolo... y yo casi diría que excluye, si quiere, incluso la culpa y la negligencia grave; implica necesariamente dolo, porque la Resolución se dicta a sabiendas. Pero, en cualquier caso, no puede ser esto motivo de discusión: o hay dolo, o hay culpa, o hay negligencia grave.

Porque, de lo contrario, se produciría un supuesto muy curioso. El supuesto muy curioso es el de que, habiéndose producido, evidentemente, un daño para la Administración de Castilla y León, para los ciudadanos de Castilla y León que han visto cómo 135 ó 26... 126.000.000, perdón -porque 135 era el total de la subvención, pero parte no se pagó a la empresa RENASA-, han sido pagados indebidamente, al final nos podamos encontrar con que ese daño no queda resarcido. Y porque alguien tiene que resarcir ese daño al erario de la Comunidad Autónoma.

Y hay tres posibilidades -y con esto termino la primera intervención-: o bien lo hace la empresa que percibió indebidamente ese dinero, o bien lo hacen los altos cargos que dictaron en prevaricación las resoluciones deliberadamente injustas, o bien lo hacen... o bien lo resarcen a la Comunidad Autónoma aquellos que debiendo defender los intereses de la Comunidad Autónoma no dictan las resoluciones necesarias para conseguir que el daño no se consolide. Usted tiene que escoger, señor Consejero, si está en este litigio del lado de la justicia, del lado de la Sentencia del Tribunal Supremo, del lado del dictamen del Consejo de Estado, del lado de los intereses de los ciudadanos de Castilla y León, o bien del lado de los intereses del señor Pérez Villar y del lado de los intereses de la empresa RENASA.

Y sepa que, desde luego, ésta es una decisión por la que le será exigible su responsabilidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente, porque éste es un asunto que se suscitó cuando yo no era Procurador. Por tanto, las noticias que tengo, las tengo por referencia; y, desde luego, la situación del expediente, por referencia directa ahora mismo del señor Consejero, por lo que ha explicado.

Yo, de la explicación y de lo que he oído a los dos intervinientes, todavía me queda alguna duda sobre la situación actual del expediente. Se ha iniciado ya el expediente de devolución de las cantidades, o de restitución, o de reintegro de las cantidades. Pero a mí me gustaría saber en qué situación está ese expediente en concreto, qué tramitación se ha hecho, qué tramitación han realizado para solicitar esa devolución de la empresa.

Tampoco conozco si la empresa ha interpuesto recurso contencioso-administrativo; es un detalle que desconozco, no sé ni siquiera si han pasado los dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo. Y, en caso de haberlo interpuesto, tampoco sé si la empresa solicitó la suspensión al Tribunal... a la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, no sé si solicitó la suspensión, y si esa suspensión del acto le fue concedida.

En todo caso, entiendo que esas cantidades alguien las tiene que devolver. Y es verdad que, quizá, contra quien primero haya que dirigirse sea contra la empresa que las recibió indebidamente -contra RENASA-, tal y como creo que se está haciendo.

No obstante, y si RENASA, por las razones que fuera, no pagase, habría que dirigirla -y ahí me sumo a las manifestaciones realizadas por el Portavoz del Grupo Socialista-, habría que dirigirla en otras direcciones, puesto que, como la propia Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas lo recoge y faculta, lo cierto es que ese dinero tiene que aparecer y tiene que volver a las arcas de la Comunidad Autónoma, porque es dinero, en definitiva, de todos los ciudadanos de Castilla y León.

Por tanto, me gustaría que me facilitase esos dos datos: si se ha recurrido y en qué situación se encuentra el expediente de... de reintegro de las cantidades, o de restitución de las cantidades. Lógicamente, tendré interés en saber también -supongo que eso lo hará a respuesta del... del Portavoz peticionario de la comparecencia- si en el caso de que RENASA, por la razón que sea, no fuera a devolver esas cantidades, si se iban a utilizar otras vías u otras direcciones para pedir que se pongan sobre la mesa y que se restituyan esas cantidades. Nada más por el momento. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

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EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Bien, yo creo que en este tema llueve sobre mojado. Yo voy a hacer un poco de cronología, porque, efectivamente, el Portavoz del Grupo Socialista decía que en el mes de septiembre el Grupo Socialista había tramitado una Proposición No de Ley exigiendo responsabilidades al Ejecutivo Regional, precisamente para recuperar esos 149.000.000 de pesetas, en base a la Sentencia del Tribunal Supremo, que condenó por prevaricación al entonces ex Consejero de Economía... Consejero de Economía, el señor Pérez Villar, y al Director General de Economía, el señor Valenzuela, que había concedido dos subvenciones totalmente ilegales a RENASA -una empresa que ni siquiera se dedicaba a actividad minera, que era de Madrid- por 126.000.000 y por 13.000.000 a Minas Ventana, que se gastó el dinero pues para... pues para pagar despidos en el año ochenta y ocho, como consecuencia de un expediente de crisis que tenía la empresa y que afectaba a cuarenta trabajadores. Se gastó el dinero en tramitar esos despidos.

De aquélla, yo recuerdo que cuando... bueno, incluso hubo hasta una Interpelación en el Pleno, pero yo me acuerdo que en aquella Proposición No de Ley que presentó el Grupo Socialista, el Grupo Popular dijo que asumía toda la responsabilidad y dijo que estuviéramos absolutamente todos tranquilos, que, desde ese mismo momento, la Junta de Castilla y León estaba tramitando ya las gestiones oportunas para recuperar esos 149.000.000 de pesetas. Y que la duda estaba en cuál era la vía jurídica más acertada para la reclamación de ese dinero: si bien reclamárselo directamente a los responsables -véase el señor Pérez Villar o el señor Valenzuela-, o bien directamente a las empresas. Ahora parece ser -y según ha dicho usted aquí- que... bueno, y ha salido publicado en los medios de comunicación, que la... que la Consejería, conforme al Informe del Consejo de Estado, ha dicho que... ha pedido las subvenciones a las empresas.

Pero está claro que RENASA ha recurrido, con lo cual... -contencioso-administrativo-, con lo cual, las empresas, aun siendo conscientes de que habían solicitado la subvención de mala manera, siendo conscientes que no tenían derecho a esa subvención, están en su legítimo derecho, a pesar de que sea una ilegalidad, están en su legítimo derecho a decir que, con independencia de que no tenían ningún derecho a solicitar esa subvención, la responsabilidad última era de quienes... quien les dio la subvención.

Por tanto, lo que se trata aquí es de cuál es la forma jurídica más rápida para la recuperación de ese dinero: o bien pedírselo a las empresas, o bien pedírselo a los responsables. Parece ser que el hecho de pedírselo a esas empresas, van a plantear su recurso -como de hecho parece ser que RENASA ya lo ha hecho; me imagino que Minas Ventana, en el mismo momento que se le pida, lo va a hacer... va a seguir el mismo camino- y, por tanto, yo creo que podemos entrar en un proceso jurídico largo, espeso y de mucho tiempo. Con lo cual, parece ser que la postura más lógica sería el pedírselo directamente a los responsables.

Porque, efectivamente, ¿qué se le puede pedir a las empresas? Las empresas pueden justificar perfectamente con facturas y demás dónde han invertido el dinero; ellas solicitan una subvención, ellas no son culpables, aunque hayan... aunque hayan actuado... yo no digo de mala fe, porque eso tampoco se puede demostrar. Pero ellas, cuando solicitaron la subvención, sabían de antemano que no tenían derecho a cobrar esa subvención. ¿Quién fue el responsable de conceder esa subvención? El entonces Consejero de Economía, señor Pérez Villar, y el Director General, el señor Valenzuela; que no lo hubieran hecho. Las empresas pueden alegar y acogerse perfectamente a esa defensa. Con lo cual, a lo mejor, ni ganamos el recurso, y a lo mejor lo que hacemos es estar perdiendo tres o cuatro años en un proceso jurídico y no recuperar nunca ese dinero.

Por tanto, yo creo que aquí es habilitar fórmulas jurídicas para cobrar lo más rápidamente... recuperar lo más rápidamente ese dinero, ¿no?

Y yo estoy de acuerdo con la reflexión que ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista. Hay tres medidas: o bien lo ponen las empresas -cosa harto difícil-, o bien lo ponen directamente los responsables que en su día dieron esa subvención, o bien los ponen los actuales titulares de la Consejería por no actuar con diligencia. Porque es cierto que ha pasado más de año y medio, ustedes prometieron actuar con toda diligencia y, sobre todo, por una vía jurídica lo más rápidamente posible... lo más rápida posible; y, de hecho, ha pasado año y medio.

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Yo comprendo que en aquellos momentos ustedes podían haber actuado perfectamente contra el señor Pérez Villar y contra el señor Valenzuela. Lo que pasa que esa lectura política, a la opinión pública, hubiera quedado claro que ha habido una mala gestión por parte del Partido Popular en la concesión de subvenciones, y eso... hubieran quedado ustedes en muy mal lugar. Pero la responsabilidad había que... hay que asumirla. Y, en todo caso, ahora, después de año y medio, decir que vamos a pedir a las empresas la devolución de las subvenciones, si la propia empresa ya ha recurrido y, de hecho, se reconoce que las empresas no tendrían por qué devolver esa subvención, porque, prácticamente -vuelvo a repetir-, la responsabilidad última cayó en quien realmente dio la subvención, pues para nosotros, para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, lo más lógico y lo más coherente no es pedírselo a las empresas, sino precisamente a lo responsables que fueron los que dieron la subvención. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Conde. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Bartolomé, tiene la palabra.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

EL SEÑOR BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Yo, al hilo de lo que hemos escuchado en esta Comisión durante esta tarde, desde luego, no le voy a felicitar, tampoco le voy a colgar medallas; eso sí, le voy a agradecer su presencia en esta comparecencia. Y luego, al final, me remitiré en mi segunda intervención.

Lo que sí voy a hacer es alegrarme, en principio, en dos aspectos: uno, en la posición del Grupo Popular en la Proposición No de Ley a la que se ha hecho referencia aquí por el Portavoz del Grupo Socialista; y ratificando -como no podía ser menos- todas las actuaciones que se hicieron en ese turno en contra mantenido por nuestro representante Aguilar Cañedo en ese momento. Yo creo que quizás se deforman... es bueno tener el Diario de Sesiones a mano cuando llega una intervención, para no equivocarnos nunca en la posición que tuvo un Grupo, lo que dijo en cada momento; y no decir -con todo el respeto a Sus Señorías-, que "me parece recordar lo que ocurrió". Aquí está escrito, y para eso son los Diarios de Sesiones: para que quede constancia siempre de lo que ocurrió.

También me alegro de... no de esta comparecencia todavía, sino de otra comparecencia que tuvo nuestro Consejero, también en estas Cortes, con respecto al mismo tema. Lo que pasa que, entonces, en lugar en una empresa, era también con otra empresa también similar: Minas de Ventana. Ratifico toda la actuación de nuestro Portavoz, señor Aguilar Cañedo, en aquella comparecencia, que creo que se va a suscribir en los mismos términos en mi pequeña y breve intervención en esta comparecencia.

Es cierto que ha habido una cronología. Pero yo, lo que sí me gustaría es, aunque no entre de lleno en la cronología -porque queda... queda constancia en las conversaciones que ha habido aquí los planteamientos de cada Grupo Parlamentario-, es cierto que habido una cronología; pero lo más importante es hacer la cronología total, como aquí se ha hecho por el señor Consejero. Y yo, viendo la Consejería -y, sobre todo, no siendo miembro de esta Comisión más que transitoriamente en algunas... en algunas ocasiones-, pues yo observo que es una cronología perfecta, que ha tenido una situación yo creo que... han faltado unos datos paralelos, que yo creo que es bueno que Sus Señorías lo... lo repasen mentalmente, al menos.

Surge un doce de julio del noventa y cinco, todos sabemos lo que ocurrió ese día. Sigue la cronología, dándose cuenta que en un momento dado hay elecciones municipales, elecciones en la Comunidad Autónoma. Paralelamente, según transcurre la cronología de todo este expediente, surge la cronología, lógicamente -como no podía ser menos-, una cronología política parlamentaria. Hay cambio de estructuración de Consejerías, como aquí muy bien ha dicho el señor Consejero. Y, a partir de ese momento, es cuando el día once de septiembre el Consejero actual, encargado por esa reestructuración de estos temas de minas, es cuando empieza e inicia su actuación. Yo creo que esa actuación ha sido impecable.

Lógicamente, este tramitación que ha surgido de este expediente, nuestro Consejero, la Consejería, nuestro representante político en ese Gobierno de la Junta de Castilla y León ha actuado con celeridad, y lo más importante -y yo sí que rogaría que meditasen dos palabras muy sencillas-: de oficio. Creo que está dicho todo. Aquí se podrán establecer argumentos, todos legítimos -todos tenemos derecho a expresar nuestra opinión; faltaría menos, para eso estamos en estas Cortes-, pero lo cierto es -y eso es lo que a mí me da esa tranquilidad, y por eso me alegro de estar presente en esta comparecencia- que se actúa de oficio.

Luego han surgido esas Proposiciones No de Ley con los criterios... Podrá haber habido escritos solicitando de oficio. Pero lo cierto es que la propia Consejería, con sus propios medios, actúa de oficio, y encima tramita... Lo resumiría yo en cuatro puntos, sintéticamente: tramita el expediente de revisión de las subvenciones; ha obrado de acuerdo con lo que ha actuado; se impone lo que es la legislación vigente, lo que quería el Grupo Socialista aquel día que se defendió en su turno a favor en aquella Proposición No de Ley, con palabras textuales del entonces Portavoz -hoy también Portavoz del Grupo Socialista, cosa que yo respeto totalmente-; se respeta la legislación vigente, que es lo que quería el Grupo Socialista. También se designa el correspondiente Instructor, que lo prevé la Ley; lo designa el propio Consejero. Y también se comunica -como no podía ser menos- a los afectados, para poder cumplir el trámite y luego que no surjan problemas de que este expediente se pudiera paralizar.

Yo creo -y resumiendo, Señorías- que la Junta, la Junta, representada por nuestro Consejero, ha obrado con voluntad política, con una voluntad administrativa, y con una voluntad de ejecución en el tiempo, que yo creo que cronológicamente... discrepando de lo que ha dicho algún Portavoz de esta Comisión, señor Consejero, creo que tiene una cronología perfecta. Y si hay que repasarla, en un segundo turno de intervenciones, con las fechas colaterales de todo lo que supone la vida política de nuestra Región, creo que sería bueno decirlas.

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Ha sido de oficio... Sí, Señoría. Ha sido una... -y lo vuelvo a recalcar- una iniciación de oficio. Y una exposición, la de este Consejero, de la cual he dicho antes que no me iba a felicitar, pero que sí me iba a alegrar de su actuación en esta comparecencia. Y yo lo resumiría diciendo que ha sido resumida correcta y clara. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Bartolomé. Para contestar a los distintos Portavoces que han intervenido, señor Consejero, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Yo quisiera, brevemente, hacer tres... resaltar tres cuestiones.

En primer lugar, que yo no puedo actuar, en ésta ni en otras cosas, a instancias de lo que crea o deba hacer, o me diga el Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León. Que yo me tengo que sujetar, en esto y en otras muchas cosas, no solamente a mi criterio político o decisión política, sino a la estricta legalidad. Primera cuestión.

Segunda cuestión. Que he actuado en este expediente -y no tenga usted ninguna duda- con el máximo respeto a la independencia no sólo del Consejo de Estado, sino de los funcionarios técnicos de mi Consejería.

Y tercera cuestión, que yo soy Consejero de la Junta de Castilla y León, me corresponde tomar decisiones políticas, establecer criterios políticos, dirigir políticamente la Consejería, establecer conceptos, pero en ningún momento ser el asesor jurídico, ni el técnico, ni el instructor, ni dedicarme a hacer números, ni nada de esas cosas.

Sentadas estas bases, tengo que decir que no comparto en absoluto... Yo creo que en el fondo estamos de acuerdo en el tema, pero no comparto, en absoluto, el planteamiento que hace. ¿Respecto a qué? Pues mire usted, a que no he actuado con diligencia. Siento decirle que yo tengo la sensación de que he actuado con diligencia; por lo menos, ése ha sido... ésa ha sido mi intención.

En segundo lugar, ¿que no he defendido los intereses de la Comunidad Autónoma, de los ciudadanos de Castilla y León? Pues siento discrepar de usted. Yo creo que con la actuación que he tenido, estoy defendiendo los intereses de esta Comunidad Autónoma. Otra cosa es que yo no haga lo que a usted le gustaría que yo hiciera. Y ya quisiera yo que en este asunto y en otros actuaran ustedes con la misma diligencia; van a tener tiempo para demostrárnoslo a lo largo de los próximos años. Pero no quiero entrar en ese debate, Señoría, se lo digo con toda sinceridad. Yo tengo la obligación de darles a ustedes cuenta de cómo está el expediente, y creo que se la he dado con todo detalle.

Pero ya que ha entrado usted en algunos aspectos de ese expediente, sin que nadie interprete que yo me he intrometido en nada, pero sí que he firmado -y, por lo tanto, suelo leer lo que firmo, aunque a veces no le dan a uno ni tiempo a leerlo-, le tengo que decir que, dentro del máximo respeto a la independencia de los técnicos funcionarios, al Instructor del expediente, que ese cambio que dice usted que se produjo, en ningún momento tuvo o se produjo dirección alguna por parte de los responsables, ya no solamente digo del Consejero, sino de cualquier responsable político de mi Consejería. Por lo tanto, lo que ahí se escribiera, yo me he limitado lisa y llanamente a las propuestas del Instructor, a cogerlas, las ha copiado mi secretaria literalmente y las he remitido para Madrid; lisa y llanamente. Le guste a usted su contenido o no le guste.

Pero, mire usted, es que, además, todas esas propuestas iban con los correspondientes informes de la Asesoría Jurídica; y yo no entro ya ni a calificar el trabajo del Asesor Jurídico, en qué dirección iba y en qué no iba.

Y también le digo que esos retrasos que usted dice... Porque es que dichas las cosas transcurrido un año y medio, pues parece que es que hemos estado intencionadamente retrasando las cosas. Sí, mire usted... si, políticamente, este asunto a mí me interesa cerrarlo en un mes. ¿Pero usted se cree que yo tengo interés en dilatar esto? Lo que pasa es que una cosa es lo que uno quiera y otra cosa lo que uno pueda hacer. Pero si yo fuera sólo al interés político, esto lo cierro en un mes y estaríamos encantados en el Partido Popular.

Pero cuando se presentan las alegaciones, que, por cierto, es cierto que el Instructor lo comunica al Consejo de Estado, que qué hace con eso, que si lo remite o no, ¿eh? -por lo menos eso a mí me ha dicho el Instructor-, le dicen que lo remita y que haga nueva propuesta o que ratifique la anterior. Y eso, tras los trámites de asesoría jurídica y elaboración de la resolución, es lo que yo me limito a poner una firma, después de que lo ha copiado mi secretaria en un papel con membrete de mi Consejería, y lo remito para allá. Por lo tanto, aquí, voluntad, intención... Porque tal y como lo explica usted, es que hemos tenido una intención deliberada de ir retrasando el expediente; ninguna. Mire usted -insisto-, políticamente, creo que cuanto antes se despachara este asunto, mejor.

Y ¿qué estamos haciendo? Pues mire, lo que me dicen que debo hacer. No hago otra cosa. Si a mí me dicen que tengo que hacer otra cosa, la hago. No tengo el más mínimo interés, mire usted, en pagar ciento... -como usted insinúa- ciento no se qué millones, porque no los tengo. Entonces, no tengo... Comprenderá usted que muy tonto yo sería si me colocase aquí...

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Pero mire usted, no es que me lleve a actuar correctamente el que uno corra riesgos de pagarlos o no; no es eso. Es que estoy obrando con la diligencia debida, defendiendo los intereses de esta Comunidad; por muy alto, por muy insistente que sea usted, por mucho que salga usted en los medios de comunicación diciendo lo contrario, por mucho... Fíjese usted que yo cada... de vez en cuando esto me lo encuentro... Por mucho que chillemos en esta sala o salgamos ahí a la explanada, mire usted, lo que le digo es verdad. Y yo, en respeto a esa independencia, ni me he dirigido al funcionario para que lo dé prisa ni para que lo retarde, ni para que haga la resolución, y el contenido de la resolución tenga un contenido o tenga otro. No me he metido en nada. Por lo tanto, vengo aquí con autoridad suficiente, moral, para decir lo que estoy diciendo. Ustedes tienen la oportunidad de creerme o no; eso le corresponde a usted. Pero, mire usted, en este asunto, ojalá, ojalá -y vamos a tener tiempo para verlo- actúen ustedes con la misma corrección; que yo creo que es bueno, que yo creo que es bueno. Y mire usted, esto está ahora mismo en la Tesorería de la Junta.

Tenía el Portavoz del Grupo Mixto... me pedía algunas aclaraciones. Se las voy a dar. Vamos a ver, la Orden mía es... declarando la nulidad es de julio del noventa y siete. Voy a partir de es dato, porque tengo aquí veinticuatro puntos. De julio del noventa y siete. Bien. A continuación, se notifica la Orden a la empresa RENASA. De inmediato, se solicita el reintegro al Tesorero General. En la comunicación... hay una comunicación de RENASA -consta en el expediente- por la que comunica a la Consejería que interpone recurso contencioso. Posteriormente una resolución de la Tesorería General, por la que se declara deudor al Tesoro Público a la empresa RENASA, y escrito de remisión de la resolución dictada por el Tesorero al Jefe del Servicio de Contabilidad de la Intervención de la Junta, al objeto de seguir los trámites para la... la tramitación de los correspondientes reintegros. Lo que no consta en la Junta de Castilla y León... consta la existencia de la interposición de recurso, pero lo que no consta es resolución judicial alguna en la que se determine la suspensión del acto administrativo. Por lo tanto, la Tesorería sigue tramitando este expediente.

Es decir, que hay... se conoce que existe porque lo han notificado a la Consejería, a la Junta de Castilla y León, que existe la interposición de un recurso, pero no tenemos conocimiento de la resolución judicial, si es que se ha solicitado -que lo desconocemos- la suspensión del acto administrativo.

Por lo tanto, la Tesorería está siendo... Y se sigue el expediente contra quien nos dice que debemos de seguir. Usted no tenga ninguna duda que si algún día tenemos que ir contra quien ustedes quieran que vayamos, pues iremos. Lo que yo no puedo hacer es, en éste y en otros asuntos, seguir al dictado de lo que ustedes quieran; ni ustedes deben de exigirme que yo haga lo que no debo hacer. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. En turno de réplica, señor Octavio... señor Granado, tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias al señor Consejero por sus explicaciones.

Vamos a ver si empezamos a concretar algunas cosas, porque tiene algún interés. Simplemente, yo no he querido mencionar una primera intervención... Se ha mencionado aquí un Portavoz del Grupo Popular en una discusión en una Comisión de estas Cortes. Tengo muy presente esa intervención; la he leído antes de formular la mía. El señor Aguilar Cañedo salió de aquella Comisión y le dijo a los medios de comunicación que el expediente se instruiría ad calendas graecas; eso fue lo que dijo el señor y mi buen amigo, el señor Aguilar Cañedo. Consta, en el día siguiente en los dos periódicos de Valladolid. Y ad calendas graecas se ha instruido este expediente.

En septiembre se instruye el expediente, se designa Instructor, etcétera, etcétera. En marzo del año mil novecientos noventa y seis, el Instructor hace una propuesta de resolución -la Instructora-, que dice literalmente que "se proceda a declarar la nulidad de las resoluciones del Consejero de Economía y Hacienda de fecha nueve de diciembre, en la que se resuelve conceder a la empresa Recursos Naturales, Sociedad Anónima, subvenciones...", etcétera, etcétera, etcétera. Esto, en marzo del noventa y seis.

En junio del noventa y seis, en junio, la empresa alega. No hay ni un sólo documento de la Junta de Castilla y León, entre junio del noventa y seis y marzo del noventa y siete, en el Consejo de Estado; según el expediente que usted me ha remitido. A lo mejor, hay alguno y a mí se me ha traspapelado, o se le ha traspapelado a usted a la hora de enviármelo. Pero entre junio del noventa y seis y marzo del noventa y siete, ad calendas graecas; no se envía ni un solo documento.

Y ¿cuál es el documento que se envía en marzo del noventa y siete? Pues, la misma persona que firma la propuesta de resolución diciendo que se procede a declarar la nulidad de las resoluciones, dice, en un documento fechado en marzo del noventa y siete, dice lo siguiente -y hago cita literal-: "Por lo tanto, se propone revisar la Propuesta de Resolución que queda formulada en los siguientes términos..." -es la conclusión de un prolijo dictamen- "...No procede declarar la nulidad por la vía de revisión de oficio de las resoluciones del Consejero de Economía y Hacienda...", etc, etc, etc. Es decir, en vez de decir "que se proceda", dice "que no procede".

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Y, mire usted, señor Consejero, cada uno vamos con nuestros criterios a todas partes. Yo, con los míos, hoy también. Yo creo que... yo soy escéptico por naturaleza. Yo creo que la duda ha hecho evolucionar a la humanidad, y yo creo que existen, a veces, ese tipo de conversiones en el Camino de Damasco, que uno ve la luz, y dice, hombre, pues, de repente, se convierte de ser un perseguidor de los cristianos a ser el mayor de los cristianos. Pero yo tengo mis dudas sobre la visión del Camino de Damasco de la Instructora del expediente. Tengo mis dudas; para hacer evolucionar la historia de la humanidad. Es decir, yo no sé cómo es posible que una misma persona firme, en nueve meses, dos dictámenes que dicen literalmente lo contrario; a no ser que haya sido convencida por las alegaciones de RENASA y del señor Pérez Villar. Puede ser. Puede ser. Pero yo, como Consejero, me hubiera preocupado si hubiera tenido que firmar dos escritos de remisión diciendo el uno exactamente lo contrario que el otro en nueve meses.

Y me dice usted "hombre, yo tengo que resolver criterios políticos; yo no he presionado..." -ha venido a decirme algo así- "...la Instructora del expediente lo habrá hecho siguiendo su recto criterio". Yo ahí sí que no puedo entrar a cuestionar nada. Pero le voy a dar un dato que me anima a seguir dudando: durante ese periodo de tiempo, en el año mil novecientos noventa y cinco y durante el año mil novecientos noventa y seis, usted, como Consejero, su Consejería, ha subvencionado a empresas de las que era miembro del Consejo de Administración el señor Pérez Villar. Eso sí es una decisión política. Eso sí es una decisión política. Y, evidentemente, es un hecho que a mí me lleva a dudar.

Y usted me dice "hombre, es que yo, aquí, lo que intentaría sería que este expediente terminara cuanto antes". Según y de qué manera. ¿Qué es lo que va a decir una persona a la que se le obliga a devolver 126.000.000? Pues, a lo mejor, puede decir cosas que tengan algún interés. O sea, que yo, la verdad es que no veo que ustedes tengan muchas ganas de que el proceso en estos momentos se cierre, según de qué manera. Pero bueno, yo le señalo la duda sistemática, mi mentalidad cartesiana, como elemento, simplemente, que ayuda, si no a hacer la luz, a permitir que la luz se haga en este tema.

Usted me dice que pretende que... que yo pretendo, o que el Grupo Socialista pretende, que el Partido Socialista de Castilla y León pretende que usted haga lo que nosotros queremos. No, señor Consejero. Nosotros hemos pretendido que usted hiciera lo que dice la Sentencia y lo que dice el Consejo de Estado. Y cuando le pedimos que cumpliera el Dictamen del Consejo de Estado era antes de que el Consejo de Estado se hubiera pronunciado. Si el Consejo de Estado hubiera ido en la línea de lo que usted proponía y lo que proponía RENASA y el Señor Pérez Villar, hubiéramos acatado, incluso hubiéramos allanado la decisión del Consejo de Estado. Pero hay una Sentencia del Tribunal Supremo -que hay que cumplir- que dice que se ha producido un daño a la Comunidad Autónoma; y hay un Dictamen del Consejo de Estado -que hay que cumplir- que dice que determinado acto procede, salvo su superior criterio, declararlo nulo. Y nosotros es lo que le hemos pedido a usted que hiciera aquí, no le hemos pedido otra cosa. O sea, que, en ese sentido, no me haga a mí portavoz ni del Tribunal Supremo ni del Consejo de Estado, que no lo soy y que no lo necesitan. Yo soy portavoz de los intereses de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma y del interés de la Ley y del Derecho.

Y usted me dice: "En estos momentos se hace lo que se debe de hacer, que es solicitar el reintegro a la empresa beneficiaria de la subvención". Y yo le digo: ¿cómo va usted a conseguir que la empresa, declarado nulo el acto y, por lo tanto, declarada nula la subvención, y teniendo que devolver el dinero, devuelva ese dinero, si el propio Dictamen del Consejo de Estado dice que hay un convenio consolidado, en torno al cual la empresa ha hecho unos gastos, y que se ha cumplido a satisfacción de ambas partes?

¿Usted, que tiene formación jurídica -mucho mejor que la mía-, no tiene ni siquiera una prevención elemental de que pueda salir una sentencia sobre esa reclamación que diga que no es a la empresa a la que cabe exigírsele el dinero, sino a los altos cargos que dictaron la resolución? ¿No tiene usted siquiera una duda? A lo mejor no está bien que usted tenga tantas dudas como tengo yo, pero sí estaría bien que tuviera alguna sobre los escritos que firma.

Usted, que tiene formación jurídica, ¿no cree que es de aplicación el artículo que he tenido que leerle de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que como aquí ha concurrido un daño a los intereses de la Comunidad Autónoma, y ha concurrido dolo, culpa o negligencia grave, no procede que la Administración inicie un procedimiento para reclamar a la autoridad correspondiente su responsabilidad? ¿Por qué no lo hace? ¿Cuál es el argumento de por qué eso no se va a hacer? Porque a lo mejor existen argumentos bien fundados en Derecho que merece la pena conocer.

¿Por qué cree usted que el señor Pérez Villar alega ante el Consejo de Estado? Si no es parte en este litigio, ¿por qué el señor Pérez Villar presenta alegaciones? Por cierto, bastante coincidentes con las suyas, bastante coincidentes también; un problema de coincidencia iluminaria, como lo de Pablo en el camino de Damasco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que teme el señor Pérez Villar de este procedimiento? Y si el señor Pérez Villar no tiene motivos para temer nada, ¿por qué alega? Y si tiene motivos para temer algo, ¿qué motivos tiene? No vamos a elucubrar aquí. Evidentemente, lo que estamos en un supuesto de responsabilidad. Pero no lo digo yo, no lo dice el Grupo Socialista, lo dice la Ley, señor Consejero.

(-p.8525-)

Y entonces, en esta comparecencia, usted lo que tiene que decirnos aquí es si va a iniciar alguna actuación contra el señor Pérez Villar, aplicando la legislación, o no lo va a hacer. Y usted, asesorado del recto criterio de sus asesores, pero tomando al final la decisión política que le compete, usted tendrá que tomar una decisión y asumir una responsabilidad. Y en función de los procedimientos y de los pronunciamientos de los tribunales de justicia, esa responsabilidad demostrará que usted ha obrado bien o que ha obrado mal.

Desde nuestro punto de vista, lo razonable, con el Dictamen del Consejo de Estado, con la Sentencia del Tribunal Supremo y con la ley en la mano, es que usted inicie ese procedimiento y que usted acepte que hay una parte que es imputable a la empresa -porque la empresa sabía que no tenía derecho a cobrar esa subvención y la pidió-, pero también que hay una parte que es imputable a los altos cargos que dictaron las resoluciones, cometiendo delito de prevaricación. Y tiene usted que actuar contra los dos, porque, en caso contrario, si no actúa contra unos y deja prescribir las actuaciones, y deja pasar los tiempos necesarios para conseguir que, ad calendas graecas, se resuelva el expediente, tendremos nosotros que exigir las responsabilidades en otro momento procesal.

Y no es una amenaza, señor Consejero, es que no nos queda más remedio. Usted lo ha dicho antes, en la anterior comparecencia: si nosotros conocemos la comisión de un acto que tiene indicios de responsabilidad penal, pues tendremos que hacerlo. Con muy pocas ganas, señor Consejero, con muy pocas ganas. Porque en este tema, si algo ha quedado de manifiesto, es que ustedes han tardado, cada vez que han tenido que dar un paso, unos cuantos meses en hacer lo que nosotros les pedíamos que hicieran; y que nosotros, siempre que hemos tenido que formular propuestas, lo hemos hecho en sede parlamentaria, y para pedirle que actuara a usted, porque es quien debe actuar. Nosotros no hemos ido a los tribunales -que podíamos haberlo hecho-, ni hemos presentado alegaciones al Consejo de Estado, ni nos hemos dirigido al Consejo de Estado, ni, desde luego, nos hemos dirigido ni al instructor del expediente ni a los letrados de la Consejería; no lo hemos hecho, señor Consejero. Yo sólo me he dirigido al Consejo de Estado para pedirles el Dictamen y para pedirles que dictaminaran cuanto antes, porque me parece que el tema, en efecto, comparto con usted la urgencia de que se resuelva cuanto antes.

Pero aquí, por lo visto, nadie hemos dicho a nadie que hiciera algo que fuera inconveniente. Y como está acreditada nuestra buena voluntad, porque nuestra voluntad, únicamente, es que ese dinero se reintegre al erario de la Comunidad Autónoma, pues a usted le cumple la responsabilidad -que le han otorgado los ciudadanos de Castilla y León votando- de hacer que eso sea así. Si usted lo hace bien, pues -como decían en las antiguas justas- que Dios se lo premie, y si no, que Dios se lo demande.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Sí. Gracias, señor Presidente. Y gracias por las respuestas también concretas al señor Consejero. Lo que ocurre es que cada vez... que cuanto más me voy metiendo en el asunto, más preguntas se me ocurren. Con lo cual, como sólo queda una oportunidad para que el señor Consejero me conteste, las voy a resumir en dos, y además dos preguntas que son concretas y concisas.

En primer lugar, habida cuenta de que la Consejería no tiene noticias, que la Administración no tiene noticias de la suspensión del acto que se dictó, y que está recurrido ante los tribunales, ese acto, lógicamente, pues es ejecutable; y, en ese sentido, así está procediendo la Tesorería, según ha manifestado el Consejero. Pero yo me pregunto... Es decir, está en manos de la Consejería -eso es lo que me dijo-, pero a mí me gustaría conocer, si es posible, con más detalles si todavía estamos en período voluntario, si ya hemos pasado a un período ejecutivo de apremio, si se han embargado algún tipo de bienes, si hay algunos bienes que se sepa que se pueden embargar para cobrar esa deuda. En fin, es que no sé en qué fase está en la Tesorería la ejecución, el cobro de... los trámites para el cobro de esa cantidad, dado que es hacia RENASA hacia quien ustedes se dirigen. Es lo que me gustaría saber: exactamente, en qué fase se encuentra; si está todavía en un período voluntario de pago o ya se ha iniciado el apremio contra los bienes de RENASA. Eso es lo que me gustaría saber.

Y en segundo lugar, y último, a mí, ¡hombre!, yo le voy a preguntar, de todo esto, lo que más me interesa y la duda más importante que se me suscita. Usted sabe, cuando se plantea una controversia, un conflicto, un litigio, que caben dos posibilidades, que se gane o que se pierda. Y entonces, a mí me gustaría saber... cualquiera que está en esas lindes, cualquier abogado es lo que se plantea: "Bueno, si lo gano, esto; y si lo pierdo, esto otro". Y por ahí viene mi pregunta. Me puede decir usted: "¡Hombre!, eso es una hipótesis de futuro", pero que hay que prever y hay que tener prevista ya en este momento.

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Si se pierde por la razón que sea, o se hace incobrable la deuda por parte de RENASA, o la Sala de lo Contencioso le da la razón a RENASA, o el Tribunal Supremo -si acaba en el Tribunal Supremo- le da la razón a RENASA. Es decir, si al final RENASA, por las razones que sea, no paga, ¿qué va a hacer la Consejería? Yo comprendo que la pregunta es de futuro y es sobre una hipótesis, pero -insisto- cuando se está en un litigio hay que ponerse en las dos posibilidades: se puede ganar y se puede perder. Y yo le pido que usted me diga, según su capacidad de decisión política -digo esto para que no me conteste "lo que me digan los técnicos"-, según su capacidad de decisión política, si eso se pierde o si es incobrable la deuda por... no se puede cobrar a RENASA esa deuda, ¿qué van a hacer ustedes?

Son dos preguntas -como ve- muy concretas. Me gustaría, pues, respuestas igual de concretas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo vuelvo a insistir en lo mismo, al margen de lo que decía el Portavoz del Grupo Popular -que yo no voy a entrar en el Diario de Sesiones de aquella Proposición No de Ley que presentó el Grupo Parlamentario Socialista-. Pero vamos, las conclusiones en esa Proposición No de Ley, o en esa iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, las conclusiones por parte del Grupo Parlamentario Popular fueron que se iba a actuar con celeridad para la recuperación de esos 49.000.000 de pesetas -que nadie pusimos en duda- y que, efectivamente, había que valorar, desde el punto de vista jurídico, cuál era la vía más acertada, la más rápida para la recuperación de esos 149.000.000 de pesetas, que todo el mundo estábamos de acuerdo en que, efectivamente, eran unas subvenciones que había que declararlas nulas, que se habían tramitado de manera ilegal. y, por tanto, se decía: o bien se hace la tramitación oportuna a los responsables directamente, que fueron el Consejero de Economía en su día, el señor Pérez Villar, y -vuelvo a repetir- el Director General, señor Valenzuela; o bien directamente a través de las empresas. Pero, vuelvo a repetir, se dijo: "Desde la Junta se va a actuar con celeridad para ver cuál es la vía jurídica más apropiada", más apropiada. No entrábamos a discutir si era demandar exclusivamente a las empresas que cobraron la subvención o, paralelamente también, demandar a los propios responsables que dieron la orden de pagar esas subvenciones.

Ahora parece ser que en estos momentos, bueno, pues la Consejería de Industria ha conocido el Dictamen del Consejo de Estado, ha decidido incoar expediente solicitando a RENASA la devolución de la subvención que en su día cobró, los famosos 126.000.000 de pesetas. No sabemos si a Ventana se ha hecho lo mismo; posiblemente se haga.

Pero, en todo caso, hay un hecho concreto, y es que RENASA ha recurrido, ¿no? Ha recurrido ¿por qué? Porque el propio Consejo de Estado dictamina que, efectivamente, las empresas son conscientes de que pidieron la subvención, sabían que no tenían derecho a ella; pero ahora se van ..... y dicen: "Con independencia de eso, lo cierto es que a mí me han concedido la subvención; yo puedo ahora mismo acreditar los gastos que he tenido en base al cobro de esas subvenciones y, por tanto, si a mí se me exige esa devolución, yo también puedo reclamar daños y perjuicios o una indemnización, porque, efectivamente, ese dinero lo he gastado en esto, con independencia de que no hubiera tenido derecho a pedir esa subvención".

Y en esa vía es la duda que nosotros tenemos. Es decir, esa vía que ha emprendido ahora mismo la Junta para reclamar ese dinero, la recuperación de esos 126.000.000 a RENASA, si es la vía jurídica más acertada. Porque, efectivamente, se puede dar la paradoja de que, efectivamente, RENASA gane y nos quedemos sin los 149.000.000 de pesetas y encima tengamos que hacer frente a unas indemnizaciones que reclame la propia empresa. Y por eso es de sentido común decir: bueno, pues, al margen de que usted diga que año y medio es poco tiempo, bueno, pues voy a darle por cierto que sea poco tiempo año y medio y no voy a poner en duda que usted se lo ha tomado en serio, y para usted políticamente le interesaría haberlo zanjado lo antes posible; no lo pongo en duda. Pero, en todo caso, la duda que se plantea por parte de nuestro Grupo es decir: de la misma manera que se ha pedido a RENASA la devolución de ese dinero, se podía haber hecho paralelamente también a los propios responsables, a efectos de tener la completa seguridad de que esta Comunidad va a recuperar esos 149.000.000 de pesetas. Ésa es la duda que nosotros tenemos, es decir, ¿por qué se aplica una vía y no se aplica paralelamente la otra, desde el punto de vista jurídico?

Porque ustedes... Vuelvo a repetir, yo no pongo en duda que ustedes dijeron en aquella comparecencia -que fue lo de la Proposición No de Ley- que iban a actuar con celeridad. Yo lo único que me acuerdo es que ustedes asumieron el compromiso de que iban a optar por la vía jurídica más segura para la recuperación de esas subvenciones, y dijeron: "O bien a través de pedirlas directamente a las empresas que habían cobrado ilegalmente esa subvención, o bien directamente a los responsables que dieron esa subvención sabiendo...", porque ellos eran conscientes de que esa subvención... esas subvenciones no se tenían que haber tramitado.

Por lo tanto, ahora la pelota está en el tejado de la Junta. Ustedes han apostado por esa vía, pues evidentemente, al final de todo ese proceso jurídico en el cual nos vamos a meter -y que a lo mejor dura hasta cuatro o cinco años-, pues nos podemos encontrar con que al final se falle a favor de RENASA no tenga que devolver ni una sola peseta, y al final no... no hemos recuperado los 126.000.000 de pesetas.

(-p.8527-)

Por tanto, yo creo que lo que tendría usted que explicar es cuáles son las garantías, bajo su punto de vista, para haber enfocado el problema de esta manera; haber incoado el expediente pidiendo a RENASA la devolución de la subvención. Si es la vía más segura o, por otra parte, la vía más segura era haberlo pedido directamente a los propios responsables a los que concedieron esa subvención. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Conde. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Bartolomé, tiene la palabra.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

EL SEÑOR BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Señor Consejero, nuestro Grupo -haciendo una pequeña síntesis- lo tiene muy claro; creo que lo expuso con buen criterio, por parte de este humilde Procurador, en la primera intervención. Y yo sí le quiero decir, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que en toda esta tramitación no ha habido omisiones, como aquí se ha dicho, se ha comentado. Usted no se ha pasado al enemigo, no ha habido mala gestión. Usted no está de ningún lado, está en el lado que la situación actual de su responsabilidad de Gobierno le hace tener que hacer; si no, este Grupo, y al menos este Procurador, se le recriminaría.

Por eso entendemos, y entiendo yo personalmente, que, a pesar de que sí ha llovido mucho sobre mojado -como se ha dicho por algún Portavoz-, pero debe ser a otros niveles, no a niveles de política. Aunque sabemos que el tema tiene profundidad, el tema ha tenido una trayectoria -eso no se va a ocultar, ha sido público-. Y yo no voy a a entrar si es ad calendas o no. Yo lo que sí sé, Señoría, que cuando tu Portavoz te dice: "Pues tienes que participar en esta comparecencia", y, lógicamente, no siendo miembro de una Comisión, señor Consejero, pues, lógicamente, tienes que buscarte ánimos, buscarte documentación; ¿y dónde la encuentras? Donde está.

Y me alegro mucho haber oído aquí, por parte del Portavoz del Grupo Socialista, que tiene siempre la documentación que pide. Eso es fenomenal; cosa que se debe agradecer, igual que lo agradece el Grupo Popular. Eso es como debe actuar un Consejero de nuestro Gobierno, como no podía ser menos.

Por eso, señor Consejero, creemos, este Grupo Parlamentario cree que el objetivo suyo, de su Consejería, y el objetivo de la Junta es que se produzca el reintegro, que se produzca la reversión.

Y aquí -con todo el respeto a diferentes intervenciones- no vamos a entrar ni en juicios de valor, ni a pensar en adivinanzas. Podemos respetarlas. No podemos estar pensando si se reintegrarán o no se reintegrarán; si habrá o no habrá responsabilidad. Ésa... esa causa de buscar responsabilidad o no le corresponde a la Justicia, y nosotros, y usted, y el Partido Popular respeta esas decisiones -como no podía ser menos-.

Por eso, señor Consejero, nuestro Grupo, el Grupo Popular no tiene dudas, ha comprendido que ha existido -como he dicho en la primera intervención- una voluntad triple: una voluntad política, una voluntad de ejecución y una voluntad administrativa.

Y lo que sí creemos, señor Consejero, que usted está en el lado de la defensa de los derechos de esta Comunidad. Por eso al principio de mi intervención le dije que no le iba a felicitar, que me alegraba, y ahora sigo alegre, y le felicito ampliamente. Primero, por la actuación en esta comparecencia -sí, Señoría, en esta comparecencia- y en las que ha habido anteriores. Y segundo, por esa acción de gobierno, de la cual el Grupo Popular se siente satisfecho. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Bartolomé. En turno de dúplica, señor Consejero, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Muchas gracias por todas las intervenciones. Yo, muy brevemente, quiero decir -y le digo especialmente al señor Granado- que no tenga usted ninguna duda de que nosotros perseguimos -yo personalmente estoy persiguiendo este asunto, que además soy la persona responsable del mismo- el recuperar esos fondos para la Comunidad Autónoma. Por tanto, si el objetivo es ése, no tenga usted ninguna duda que los medios para alcanzarle los estamos poniendo.

Se dejaba, o se preguntaba, o se decía que por qué aplicamos una vía u otra, una vía y por qué no aplicamos otra. Pues precisamente porque las cosas hay que hacerlas de forma ordenada, y en Derecho no se puede mezclar todo y tirar los golpes a todos los lados de forma... bueno, a ver si recuperamos algo; podemos ir cogiendo a RENASA, al Presidente de RENASA, don Miguel Pérez Villar, tal, pegamos un golpe, a todos, a ver si entre todos sumamos el dinero... Mire usted, hay que actuar conforme a Derecho; y yo me abstraigo de mi formación jurídica, pero además que la estoy olvidando, para mi desgracia.

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Por lo tanto, yo me limito -se lo digo con toda sinceridad- a seguir los pasos que me están diciendo los Servicios Jurídicos, que, por cierto, en esas fechas que usted decía está también el Informe de la Asesoría Jurídica. Y ¿por qué? ¿Por qué?... Porque me le he leído. ¿Por qué se crea esa duda? Que, por cierto, la tiene bastante más gente. Pues por algo que usted sabe, y es que en la modificación de la Ley 30/92 se cambia ese artículo, y no hay jurisprudencia. Se lo digo de verdad. No crea que esto obedece... Mire usted, si hubiera estado en los mismos términos con la jurisprudencia que había, no había ningún problema, no había ningún problema. O sea, que yo me he preocupado de leer, porque, bueno, pues, a uno le tira todavía esto. Y es verdad; ahí hay doctrina en ambas direcciones, señor Granado.

Yo agradezco que el Grupo Popular vaya a compartir conmigo no sólo el apoyo, sino a lo mejor también el pago de esto. Pero le aseguro, le aseguro -algo así se ha dicho- que, por cierto... pero le aseguro que no es gratuito. Y lo digo en defensa, lo digo en defensa de la independencia y el máximo respeto a los técnicos, porque creo que se lo merecen.

Mire, los argumentos que ahí se dan, le podrán a usted parecer, gustar o no, y le gustaría que se hubiera hecho de otra manera, pero al final le digo que esos argumentos tienen bases, bastante sentido común, en base a una doctrina que... y que además que no ha permitido, por la inmediatez de la modificación de la Ley, el que haya jurisprudencia.

Por lo tanto, diga... que se diga, porque los medios de comunicación tienen que saberlo, que el cambio de propuesta obedece a una duda justificada jurídica -a mi juicio, a mi juicio-, y que la tiene no solamente la Asesoría, o la ha tenido la Asesoría Jurídica, el Instructor, sino que hay bastante doctrina al respecto. Y hay dos direcciones, y tendrá que sentar la jurisprudencia en los años próximos el criterio jurisprudencial. Porque si existiera ese criterio, se había copiado; es decir, no habría lugar a la duda. Y hoy esa duda, al menos eso sí que es una duda que hay que tener en cuenta; no las dudas que tiene usted, esa duda.

Pero porque, además, hay que decir las cosas con claridad. La Sentencia no dice que reclamemos a don Miguel Pérez Villar los 126.000.000, ni dice que se lo reclamemos a RENASA. La Sentencia determina unas responsabilidades penales única y exclusivamente. Y el Consejo de Estado no dice que reclamemos a RENASA ni a don Miguel Pérez Villar. Da una opinión del Consejo de Estado, que no vincula además. Y la decisión política mía, mía -y que yo la asumo-, esa decisión política es decir: declaro la nulidad o no la declaro. A usted le ha gustado que yo la declarara; pero pude no declararla, y no actuaría arbitrariamente. Yo pude en conciencia, si hubiera tenido... si hubiera pensado que no había que declarar, pero no hubiera dudado ni un minuto. Lo que pasa es que yo, mire, coincidiríamos, yo pensaba que sí que había que declararla. Pero a mí no me obligaba, no me vinculaba ese Dictamen. Y en ese Dictamen no se dice que yo vaya... también se recoge una serie de fundamentos como en cualquier resolución judicial. Lo que vincula es el fallo, lo que hay que ejecutar es el fallo judicial. Y el fallo judicial determina responsabilidades penales; no hacia quién tenemos que ir.

Por eso se inicia una vía administrativa, y una vía administrativa que, mire usted, le gustará o no le gustará, pero que se lleva con toda diligencia. Yo... y además, el propio Consejo de Estado quiso que se le remitiera las alegaciones. Y creo que es bueno permitir a la gente que se defienda.

Y yo no me he apuntado al enemigo, porque no sé quien es el enemigo. Sé quien es mi competidor político, pero no el enemigo. Mire usted, yo no tengo... es que, además, es una contradicción lo que usted dice, porque unas veces dice que copiamos lo que dice don Miguel Pérez Villar, y otras veces resulta que yo le estoy dictando resoluciones que pudieran algún día ir en su contra. Pero permítannos que de forma ordenada y conforme a Derecho, sigamos... ¿Conocen ustedes la doctrina de la letra de cambio? Pues a lo mejor conviene recordarla ahora, porque son casos parecidos.

Mire usted, iremos contra el señor Pérez Villar cuando proceda conforme a Derecho; no tenga usted ninguna duda. O sea, si yo sigo siendo Consejero -que no sé si lo seré para entonces-, si hay que proceder, procedemos. Pero no podemos... yo no puedo dirigir, reclamar esta cantidad a RENASA, don Miguel Pérez Villar, al... Yo no puedo hacer eso. Si es que... por lo menos mis Servicios Jurídicos me dicen que no... que lo que procede es esto. Yo siento diferir de usted de este tema.

En la Tesorería, yo el dato que tengo aquí, pienso que está en reclamación voluntaria; por las fechas, yo creo que estará en reclamación voluntaria. Pero, miren ustedes, en este asunto ha habido dos momentos donde se han tomado decisiones políticas, que es lo que a mí me corresponde tomar -y espero que así lo reconozcan-: en primer lugar, con aquella Sentencia, yo pude declarar iniciar la revisión de oficio o no hacerla. Lo pude hacer, y no incurría en ninguna responsabilidad, aunque usted trate de... Yo pude hacerlo; yo lo pude hacer. Y, sin embargo, creí que debía hacer lo que hice. Pero yo pude tomar una decisión contraria; tenía esa alternativa. ¿Decisión política? Iniciar la revisión de oficio.

Otro momento en el expediente en el que yo he intervenido, salvo para poner las firmas a lo que tenía que remitir a Madrid -que no he tocado ni una coma-: en el momento en que el Consejo de Estado determina que procedería a su juicio la declaración de oficio... la anulidad de oficio de pleno derecho de estos actos administrativos. Y lo que he hecho es, después de pensarlo y después de oír a los técnicos de mi Consejería, es tomar la decisión política de iniciar esa nulidad de pleno derecho. Y dicté una Orden.

Si no les ha gustado, lo lamento mucho, pero ya les he dicho que no debo proceder en éste y en otros muchos casos por los intereses o los gustos que ustedes tengan en las distintas cuestiones que se vayan suscitando.

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Y únicamente decir que no les quepa ninguna duda que la voluntad nuestra es de proceder con la misma diligencia que estamos procediendo; vamos a seguir ese expediente, que se encuentra en Tesorería, y ya está fuera del ámbito... y no es que... está en la Junta de Castilla y León, pero está fuera del ámbito de mi responsabilidad en este momento, porque yo no me dedico a recaudar el dinero. Ese trabajo le hacen otros responsables en la Junta de Castilla y León.

Y mire, dígame qué subvención he concedido yo a don Miguel Pérez Villar, porque no es cierto. Precise. Ni a empresa, ni una. Mire usted, don Miguel Pérez Villar, porque además me he enterado por el periódico porque usted lo ha dicho, solicitó a través de una entidad financiera, al ICO, una ayuda, que yo no he resuelto, y además que me he enterado por el periódico. Porque si sabe usted como gestionamos esas ayudas del ICO, nosotros no intervenimos hasta que el ICO no nos manda una resolución donde dice que ha concedido esta ayuda y que... y nosotros, en el Convenio que tenemos con ellos, ponemos hasta tres puntos de subvención sobre esa ayuda. Pero ni se registra en la Junta de Castilla y León, y nosotros nos enteramos por el periódico.

Si es a la que usted se refiere, porque yo desconozco... pues mire usted, yo no tengo ningún dato -se lo digo con la máxima sinceridad y con el máximo respeto-, no conozco empresa alguna a la que yo haya subvencionado siendo Consejero de la que sea titular de toda o de parte el señor Pérez Villar. Si usted se refiere a ésa -que no sé qué empresa era- que había pedido al ICO, pues... Pero yo en este momento desconozco.

Por lo tanto, puede usted... le acredito mi buena fe en ese terreno, porque, hombre, yo firmo mucho todos los días, mucho; y, hombre, yo no me leo todo el expediente. Creo que... no sé si... a lo mejor tengo la obligación de leerlo, pero si yo me leo todo lo que tengo que firmar, todo, desde la solicitud, quienes forman parte de las sociedades, me vuelvo loco; o sea, me vuelvo loco.

Por lo tanto, yo desconozco -y que creo... que quede muy claro- que haya concedido a alguna empresa íntegramente de él, o como persona física, o como persona participante en alguna entidad, subvención. Y el único dato que tengo es porque lo he visto a través de los medios de comunicación -porque seguramente que usted lo ha dicho-; es que el ICO iba a conceder ..... Y ese expediente -que sí que me preocupé de mirarle- es un expediente que el beneficiario de la subvención, en esa línea, va a una entidad financiera, le pide un préstamo, la entidad financiera, a través de un Convenio que tenemos con ICO, Agencia de Desarrollo e ICO y entidades financieras, lo que hace es remitir la solicitud del préstamo al ICO y la decisión de conceder ese préstamo; el ICO subvenciona un tipo de interés, y una vez que resuelve el ICOO y los técnicos del ICO dan el visto bueno, lo que hace es remitirlo a la Junta, a la Agencia de Desarrollo, y nosotros de forma automática ingresamos en la cuenta que se determina el tipo de interés, los... el porcentaje del tipo de interés, que es hasta un máximo -creo recordar- de tres puntos, en cualquier operación. Así lo venimos haciendo; y no nos registran ni siquiera la solicitud de ayudas en la Agencia de Desarrollo Económico. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Le deseo al Consejero. ¿Algún Procurador desea formular alguna pregunta?

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Por saber si puedo contestar en tres palabras -como Jesulín de Ubrique- al señor Consejero. Me ha hecho una pregunta. Yo se la contesto; si usted me deja, si no me deja...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Sí, sí, contéstela, contéstela brevemente.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Yo, señor Consejero, no me refería a Arenas de Bobia, que es una empresa de la que el señor Pérez Villar y su esposa son copropietarios y que ha recibido subvenciones del Ministerio de Industria. Yo he querido decir -si no lo he dicho bien, me excuso de antemano- que usted, la Consejería había concedido subvenciones a empresas de las que el señor Pérez Villar era miembro del Consejo de Administración, y concretamente de una: Antracitas de Brañuelas, el año noventa y cinco y el año noventa y seis. El señor Pérez Villar fue miembro del Consejo de Administración un tiempo de esa empresa, que usted ha subvencionado... que ha subvencionado la Consejería, quiero decir; y no hay ningún problema, pero es un hecho cierto. Yo no... me puedo equivocar, pero, desde luego, procuro también ser riguroso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. ¿Desea contestar, señor Consejero?

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Pues si es ésa la subvención, yo tengo que expresar mi más absoluto desconocimiento; o sea, que quede constancia que yo no tengo ni idea de que el señor Pérez Villar formaba parte de su Consejo de Administración. Lo desconozco, ¿eh?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Damos por concluido el segundo punto del Orden del Día.

Dése lectura por el señor Secretario al tercero y último punto del Orden del Día.

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EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Tercer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo, a petición propia, para informar a la Comisión sobre contenido y repercusiones en Castilla y León del Plan mil novecientos noventa y ocho-dos mil cinco de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Cuencas Mineras".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Tiene la palabra el señor Consejero de Industria.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Señorías, actualmente el sector minero de Castilla y León, al igual que el existente en otras Comunidades españolas, se enfrenta a uno de los mayores retos de su historia.

La imparable crisis que viene sufriendo desde hace años... desde hace varios años ha puesto a uno de los sectores productivos más importantes de nuestra Región en una delicada y difícil situación. Situación que ha motivado que por parte de todos los agentes implicados -Gobierno, empresa y sindicatos, empresas y sindicatos- se haya buscado una solución lo menos traumática y, a la vez, lo más esperanzadora posible.

En este sentido, la firma el pasado día quince de julio del Plan de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo pone de manifiesto la responsabilidad de todos -Administración y agentes sociales- para salvar un sector vital para la Comunidad.

En este Plan se prevén medidas que avalen la viabilidad de las empresas mineras con las inevitables pérdidas de empleo que ello conlleva, además de inversiones que hagan posible crear... que hagan posible crear empresas alternativas que absorban la mano de obra que quede fuera de un sector a reconvertir.

El nuevo contexto económico en el que debe desenvolverse nuestra minería del carbón viene caracterizado por un gran incremento de la competencia, debido a la liberalización del comercio mundial. Ni la minería nacional ni la minería castellano y leonesa -aunque mejor situada- pueden competir con el carbón de importancia, por lo que es necesario seguir apoyándola con el fin de mejorar su competitividad.

Por otra parte, hay que tener presente que el sector del carbón se encuentra fuertemente intervenido por la Comisión Europea. Y ello porque la minería del carbón es, en la Unión Europea, un sector económico deficitario que necesita de las ayudas públicas para sobrevivir, y, simultáneamente, constituye, por varios países, el único recurso estratégico autóctono del que dispone.

Este hecho, unido a la concentración geográfica de la producción en determinadas áreas, supuso que las ayudas al carbón se institucionalizaran en el marco europeo a través de la decisión CECA 36/32, relativa al régimen de ayudas de los Estados miembros a favor de la industria del carbón, con la condición básica de que fueran regresivas en el tiempo.

Por otra parte, la directiva europea del mercado interior de la electricidad, publicada el treinta de enero del noventa y siete, compatibiliza la liberalización de una actividad energética básica con la utilización del concepto de seguridad de abastecimiento, propiciando así una vía limitada y acotada de primacía de la seguridad sobre la optimización de los costes.

En Castilla y León, al igual que ocurre en el resto de España, el carbón constituye el único recurso energético autóctono relativamente abundante, por lo que debe ser considerado como recurso estratégico y, así mismo, se debe emplear en su sostenimiento los mecanismos que la normativa europea prevé.

Así, la decisión CECA antes mencionada permite conceder ayudas a aquellas empresas que puedan mejorar sus costes totales, es decir, que puedan ser más competitivos... cada vez más competitivas. A su vez, respecto de aquellas empresas que no pueden mejorar su productividad, se establece que deberán ser cerradas en el horizonte del año dos mil dos, previendo la posibilidad de extender este periodo más allá de dicho año por razones económicas, sociales, etcétera. Por tanto, las ayudas a la minería deben ser regresivas y compatibles con la liberalización del mercado. Las empresas de difícil viabilidad deben así mismo reducir su producción.

La consideración del carbón como recurso estratégico, las premisas expuestas, y la necesidad de posibilitar un desarrollo económico alternativo, motivaron las negociaciones entre el Ministerio de Industria y Energía y los sindicatos mineros, que condujeron a la elaboración del Plan mil novecientos noventa y ocho-dos mil cinco de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

El documento suscrito entre el Ministerio de Industria y los sindicatos consta de dos partes que abordan la reestructuración desde ópticas distintas. En la primera se establecen las bases de ordenación del mercado del carbón y funcionamiento de las empresas, para el periodo comprendido entre el año noventa y ocho y dos mil cinco. Y en la segunda se detallan los mecanismos para crear alternativas de empleo en las zonas mineras y así paliar las mermas de puestos de trabajo.

El Plan Minero, primera parte del documento, aborda una profunda reestructuración del sector, en lo que se refiere a sus actuales sistemas de producción. El Plan no predetermina qué empresas o unidades de producción van a verse obligadas a cerrar y/o a reducir; y, por consiguiente, no predetermina cuáles son aquellas cuyas ayudas, destinadas a cubrir los costes de producción, deben considerarse ayudas a la reducción de la actividad.

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No obstante, los mecanismos del Plan permiten garantizar una reducción progresiva y continua de la actividad en las empresas o unidades de producción menos eficientes. Las líneas básicas en que se apoya esta primera parte del Plan son las siguientes: en primer lugar, libertad de mercado; habrá libertad de contratación entre las empresas mineras y las eléctricas, eliminándose el sistema cupos, compras obligatorias, que se sustituye por un consumo de carbón garantizado para cada una de las centrales ubicadas en las diferentes cuencas.

El Ministerio de Industria garantiza unos mínimos anuales de compras mediante contratos a plazos -no menor de tres años-, a precios libremente pactados, pero elimina la intervención que existía hasta ahora, en donde la Administración fijaba producciones y determinaba precios por empresa. Las empresas eléctricas, por su parte, recibirán las ayudas pertinentes para la financiación de los stock de carbón, por encima de las setecientas veinte horas de seguridad.

En segundo lugar... en primer lugar hablé de libertad de mercado. En segundo lugar, disminución de las ayudas. Para ajustar el sector a las exigencias comunitarias se irán reduciendo las ayudas al funcionamiento anuales... actuales, comenzando por el 6% en el primer año, y a medida... y a una media del 4% en los siguientes. Las empresas que no se puedan mantener con estas reducciones deberán reestructurarse.

Para aquellas empresas que no se hayan adherido al Plan antes del treinta y uno de diciembre del noventa y siete las ayudas se reducirán anualmente en un 10% adicional al porcentaje que corresponda. El Plan prevé que las ayudas para cada empresa en el noventa y ocho se calculará a partir de las del noventa y siete, reduciéndolas en un 6%.

El nivel de ayudas para los años sucesivos, en el caso de la minería a cielo abierto, será de un 6% anual, actualizando las percibidas en el año anterior por el valor del IPC previsto, con un máximo del 2%. Para la minería subterránea las ayudas se reducirán en un 4% anual, de acuerdo con el procedimiento previsto, según se trate de ajuste por actualización de costes, por consumo garantizado, por condiciones prevalecientes en el mercado mundial, o por razones laborales. Para obtener estas ayudas, las empresas deberán cumplir determinadas condiciones, entre las que puede destacar que por cada once bajas han de contratar cuatro nuevos trabajadores, teniendo en caso contrario penalizaciones del 50% de las ayudas.

Por otro lado, el Plan establece que se mantendrán hasta el dos mil uno, inclusive, las ayudas actuales previstas para la reducción de actividad de las empresas mineras. Las empresas recibirán las siguientes compensaciones por reducciones mayores del 15% de producción. En el noventa y ocho, 3 pesetas/termia; en el noventa y nueve, 2,70 pesetas/termia; en el dos mil, 2,5 pesetas/termia; y en el dos mil uno, 2,30 pesetas/termia, calculada sobre la base de carbón suministrado por la empresa como promedio de los tres años precedentes al de la reducción.

En tercer lugar, el Plan establece un descenso de producción. La producción nacional del carbón, que actualmente supera los dieciocho millones de toneladas, se irá reduciendo progresivamente hasta ajustarse a trece millones de toneladas al final de Programa -año dos mil cinco-, lo que supone una merma del 28,32%. No se fijan las reducciones por empresas, sino que, al liberalizar el mercado, las más eficientes serán las que sobrevivan.

En el Plan figuran igualmente los compromisos de compra del carbón para una de las centrales... para cada una de las centrales térmicas, que para existentes en Castilla y León -Compostilla, Anllares, La Robla y Guardo-, suponen pasar de un total de seis millones novecientas treinta y ocho mil kilotoneladas para el año noventa y ocho, que se aproxima a la producción actual, a las cinco o ciento cincuenta y seis para el año dos mil uno, con una reducción del 25,68%.

Estos consumos son los garantizados, y ello no impide que las centrales tengan consumos superiores. El funcionamiento efectivo de las centrales se establecerá de acuerdo con la normativa eléctrica. Por consiguiente, la explotación unificada del sistema eléctrico determinará, de acuerdo con las empresas eléctricas, el sistema para hacer efectiva la procedencia en el funcionamiento de las centrales para garantizar el consumo establecido.

Y, por último, otra línea básica en que se apoya el Plan es la reducción de plantillas. Mediante medidas no traumáticas, se prevé una reducción de siete mil puestos de trabajo, de los veinticinco mil que tiene actualmente el sector. Se pretende así incrementar la competitividad de las empresas cuya productividad es aún baja en relación con otros países.

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Como medidas adicionales al sistema de prejubilaciones y bajas vigente podemos destacar las siguientes: se reduce el límite de edad bonificada de cincuenta y cinco a cincuenta y dos años. Se elimina la obligatoriedad de reunir tres años de bonificación obtenida por la aplicación de los coeficientes. Las bajas por prejubilaciones serán de aplicación general a todas las empresas afectadas por el Plan durante su periodo de vigencia, teniendo en cuenta la voluntad del trabajador. Además se establece que las empresas están obligadas a contratar a cuatro trabajadores por cada once bajas por jubilación o prejubilación. La reducción de plantilla por cuencas no está definida en el Plan; sin embargo, es de esperar que el número de bajas en Castilla y León será inferior a la media nacional, ya que la viabilidad de las empresas mineras de León y Palencia es mayor que en otras cuencas, como consecuencia de su mayor productividad.

Teniendo en cuenta esos datos, y según estimaciones realizadas a partir de la pirámide de edades de nuestra población minera, actualmente en torno a las ocho mil... a los ocho mil trabajadores, en el año noventa y ocho se producirá una reducción en torno al 12% respecto al empleo actual. El ritmo de reducción de los años posteriores será... sería del orden de un 3% anual, y en el año dos mil uno tendríamos aproximadamente seis mil quinientos trabajadores en nuestras nóminas... en nuestra minas; lo que representaría una pérdida de empleo neto del orden del 20%.

Por otro lado, el Plan también recoge inversiones de 2.000 millones de pesetas anuales hasta el año dos mil cinco para seguridad minera e higiene en las minas. Mil millones irán destinados directamente a las empresas que inviertan en seguridad e higiene en las minas, mientras que otros 1.000 se destinarán al desarrollo del Plan Nacional de Seguridad Minera.

Visto hasta ahora lo que constituye el Plan de la Minería del Carbón, he de señalarles, Señorías, que la poca diversificación del modelo industrial -impuesto por la presencia del carbón como recurso- determina la difícil situación por la que actualmente atraviesan las comarcas mineras, donde toda la actividad ha girado en torno a la minería.

La incapacidad del sector minero para absorber mano de obra, unida al éxodo rural generalizado por falta de expectativas en ésta y otras actividades, provoca una pérdida de población y un desajuste de la composición por edades de ésta, que pasa a estar constituida casi exclusivamente por adultos y personas de tercera edad.

Se produce, pues, una desactivación de la economía, perdiendo fuerza y contenido, ya que, además, dichas áreas se ven afectadas por carencias significativas para localización de las inversiones empresariales, como consecuencia de que la actividad se concentra en zonas geográficamente aisladas, al margen de corrientes de expansión económica.

Se hace preciso, por tanto, generar un sistema productivo alternativo, y adoptar las medidas para obtener resultados que mitiguen los problemas y ofrezcan perspectivas de futuro para los habitantes de esas zonas, como ya se ha hecho en otros países de nuestro entorno.

Con independencia de las ayudas a la inversión para la mejora de la competitividad de las empresas mineras y el mantenimiento de las ayudas al funcionamiento, se hacía necesario establecer un programa específico de actuación para desarrollar las comarcas mineras de Castilla y León, para abordar de forma inmediata, venciendo elementos de inercia y el escaso dinamismo que ha retardado el proceso de profunda transformación que estas zonas precisan.

Se actuará para promover la reactivación económica de estas áreas acometiendo dos tareas principales, aunque integradas entre sí: por un lado, creando las condiciones objetivas que faciliten la localización de inversiones generadas en el entorno de la zona, o procedentes del exterior, produciendo territorios más atrayentes; y, por otro, llevando a cabo una labor de estímulo, generando y captando proyectos empresariales que vayan creando empleo alternativo y diversificando la estructura del sistema productivo, reduciendo su vulnerabilidad, como consecuencia de su independencia del monocultivo -como he dicho antes- del sector del carbón.

De ahí que para en adelante, en su segunda parte, el Plan contempla un programa para desarrollar soluciones alternativas al desempleo en las cuencas mineras, para lo cual se establecerán los recursos económicos necesarios durante su periodo de vigencia.

La instrumentalización de estas actuaciones está encaminada a favorecer el desarrollo económico de las comarcas mineras. Los apartados más importantes de este Programa son los siguientes:

Incrementos de infraestructuras. Se llevarán a cabo obras de infraestructura para acercar las zonas mineras a los grandes ejes de comunicación, además de ofertar suelo industrial capaz de acoger inversiones productivas en los entornos recuperados.

Formación humana. Se establecen programas para la mejora de niveles personales de capacitación, ayuda a las instituciones y asistentes de formación, y fomento a los trabajos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico.

Fomento empresarial. Ayudando al desarrollo industrial alternativo y a las pequeñas y medianas empresas generadoras de empleo, se intenta crear un tejido industrial homogéneo y diversificado que permita un desarrollo sostenido.

El Plan de Desarrollo incluye, en el apartado dedicado a Infraestructuras, una dotación de 50.000 millones por año, durante ocho años, para el desarrollo de los proyectos de infraestructuras. A Castilla y León le corresponderá en torno al 35%, es decir, aproximadamente 17.500 millones de pesetas/año. Estos fondos se destinarán a promover, financiando hasta el 100%, la realización de proyectos de infraestructura de transporte, suelo industrial, ordenación del territorio y medio ambiental, así como equipamiento educativo y otras infraestructuras económicas.

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Un aspecto destacado de este apartado es el que en el caso de que proyectos que creen puestos de trabajo, éstos deberán ocuparse, si las cualificaciones lo permiten, por trabajadores procedentes de la minería. El objetivo que se pretende con este programa es la financiación de infraestructuras que se consideren prioritarias.

Las líneas básicas de los proyectos que podrán acogerse al Plan de Reactivación de las Cuencas Mineras ya están perfiladas. El Plan del Carbón contempla un total de ciento veintinueve proyectos para las cuencas de Castilla y León, susceptibles de beneficiarse de los 400.000 millones de pesetas con los que están dotados los llamados Fondos Compensatorios, desde el noventa y ocho hasta el año dos mil cinco.

La mayor parte de las líneas de actuación presentadas por la Comunidad Autónoma, con el consenso de Ayuntamientos y agentes sociales (cuencas de León y Palencia), corresponden a iniciativas de transportes y telecomunicaciones. Las vías de comunicación son, sin ninguna duda, las acciones prioritarias de la reactivación de las cuencas mineras, y en los dos -así lo estimamos-, en los dos primeros años de vigencia del Plan.

Las infraestructuras de agua y medioambientales ocupan un lugar destacado en las líneas de actuación previstas por Castilla y León. El resto de los proyectos corresponden a infraestructuras educativas, dotacionales, turísticas, agrícolas y ganaderas, suelo industrial, vivienda y urbanismo, y -como he dicho- ordenación del territorio.

Estas iniciativas o líneas de actuación -que han sido recogidas en un documento anexo al llamado Plan del Carbón-, deben tomarse como provisionales, si bien dan buena idea de cuál será el reparto de los Fondos. Las correcciones y modificaciones a los proyectos se irán haciendo a medida que avance el desarrollo del Plan. En los próximos ocho años, los retoques se introducirán en las fases bianuales de las que consta el Plan de Reactivación, hasta completar un total de cuatro fases.

El Ministerio de Industria ha tenido en cuenta dos aspectos básicos a la hora de elaborar la lista indicativa de los proyectos que optan a este Plan de Reactivación. En primer lugar, se ha tenido en cuenta la necesidad de concretar el esfuerzo inversor en las infraestructuras de transporte y comunicaciones, educación, etcétera. En segundo lugar, ha hecho una clasificación de los Ayuntamientos, cuencas, provincias y Comunidades Autónomas, ordenados en función de la pérdida histórica y previstos... y prevista de puestos de trabajo. Se ha sopesado, además, la importancia de la ocupación minera en términos absolutos y relativos.

En el apartado de la enseñanza y la formación profesional, el Plan prevé unas aportaciones de 5.000 millones por año de vigencia, destinados al reciclaje de trabajadores procedentes de la minería, fomento de la cultura empresarial y desarrollo de las iniciativas locales.

Aparte de todas estas actuaciones hasta ahora mencionadas, las posibilidades de creación de empleo alternativo en el área afectada por la reducción de la actividad minera del carbón residen, básicamente, en el éxito del Programa de Apoyo a las Iniciativas Empresariales. En realidad, todos los programas integrados en el Plan de Desarrollo Alternativo están dirigidos a reforzar, de manera más o menos directa, el apoyo de la actividad empresarial.

La aportación del Plan para los proyectos empresariales generadores de empleo ascenderá a 10.000 millones de pesetas por año, lo que supone un total de 80.000 millones de pesetas para toda la vigencia del Plan. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León se recibirán parte de estos fondos, y 15.000 millones de pesetas que serán gestionados por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, como así negociamos en su día.

Señorías, la instrumentación de todo este conjunto de actuaciones previstas, y que ya se han puesto en marcha, han de permitir que las comarcas mineras de Castilla y León afronten con éxito el reto que actualmente tienen planteado. El reto es grande, pero valoramos que no es imposible. La colaboración de todos los agentes implicados es fundamental para conseguirlo. Nuestra minería, estamos seguros que tiene futuro, pero desde los principios y planteamientos del marco competitivo derivado de nuestra participación en la Unión Europea. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Se abre un turno de Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. También gracias, señor Consejero, por su intervención, que da respuesta -a mi juicio- a la primera parte de la solicitud de comparecencia: contenido y repercusiones en Castilla y León del Plan. Yo creo que ha hecho usted hincapié en el contenido; no demasiado -por no decir nada- en las repercusiones. No obstante, yo sí voy a hacer hincapié fundamentalmente en las repercusiones, que es lo que me importa y lo que me interesa, más que el contenido, que yo creo que todos lo sabemos, y todos lo tenemos, y lo hemos analizado y lo hemos estudiado.

Y las repercusiones, como usted se puede imaginar, con relación -ésas son las cuentas que hemos hecho; no tengo las demás- a la provincia de León... Supongo que la problemática de la provincia de Palencia es muy similar, con otros porcentajes, lógicamente. Pero los datos que yo le voy a dar se refieren a la provincia de León.

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Lógicamente, el Plan del Carbón es bueno o malo según desde el lado en que se mire. Para los trabajadores, los hay... trabajadores mineros, los hay que se van a ver beneficiados -por las prejubilaciones, por las becas, etcétera-, y los hay que se van a ver perjudicados. Para las empresas, dependiendo de la situación para la que estén atravesando, pueden salir beneficiadas y pueden salir perjudicadas. Pero, ciertamente, lo que no va a salir beneficiado, en absoluto, es la economía de la provincia de León con este Plan del Carbón.

Por eso, nosotros -y creo que en esta materia somos la excepción que confirma la regla-, no nos gusta, no apoyamos y no valoramos positivamente, sino todo lo contrario, el Plan del Carbón. Creo que los sindicatos se han equivocado y que el tiempo, además, nos dará la razón. Sé que en este tema parece que somos la excepción, pero el tiempo dará y quitará razones.

Y voy a intentar sucintamente exponer los argumentos que nos conducen a pensar que este Plan va a ser desastroso para la economía, en general, de la provincia de León, salvaguardando, lógicamente, intereses concretos de trabajadores y de empresas, a los cuales sí les va a venir bien. Pero yo me refiero, y es mi obligación como responsable político, al conjunto de la economía de una provincia.

El Plan del Carbón -como usted supone... como usted ha dicho- supone una reducción del 28,3% en las compras de carbón a las térmicas, y eso va a incidir, se quiera o no se quiera, pues en un porcentaje similar en la producción y en el empleo. Teniendo en cuenta que en León existen actualmente ocho mil cuatrocientos noventa y dos empleos directos en la minería, la reducción supondrá la pérdida de dos mil cuatrocientos cinco empleos directos en ocho años. Un poco más de los números... o del porcentaje que usted daba; me parece que hablaba de un 20%; yo creo que es algo más de un 20%. Dos mil cuatrocientos cinco empleos directos -a nuestro juicio- se van a perder en la provincia de León en ocho años. Es verdad que estos empleos directos, en algunos casos, van a salir beneficiados por prejubilaciones, por becas, por preferencia en la recolocación en otras empresas mineras; es decir, por los beneficios que contempla el Plan.

Pero hay otro grave problema, y son los puestos de trabajo inducidos, que son importantes y que se van a perder muchos. La cuantía puede cifrarse, según los índices que se utilizan habitualmente -no lo hemos inventado nosotros-, que por cada puesto de trabajo directo que se pierde, se pierde 1,7 inducido. Con base en estos datos, se van a perder, además de los dos mil cuatrocientos cinco puestos de trabajo directos, cuatro mil ochenta y ocho puestos de trabajo inducidos. Éstos si que no van a tener ni becas, ni prejubilaciones, ni nada. Éstos se van a la calle sin más. Estos puestos de trabajo si que no tienen contraprestación de ninguna naturaleza.

Por tanto, repercusión importante y negativa sobre el empleo. Luego veremos a ver si con esas medidas se puede paliar estas graves consecuencias.

Para las empresas, depende. Se ha reducido el 28% de compra a las eléctricas y la reducción del 4% en las ayudas, a lo que usted ya ha hecho mención -y me refiero a la minería subterránea-, pues, desde luego, no tienden a favorecer el mantenimiento de las empresas. Que el Plan es liquidacionista, eso lo sabemos todos; y hay empresas que van a tener que cerrar, como es indudable y, además, como es objetivo del Plan. Algunas, eso sí, tendrán algún balón de oxígeno mientras tengan esas ayudas a las reducciones de producción, cuando reduzcan por más o por encima de un 15%. Pero, en fin, esta parte lo que deja claro es lo que todos sabemos: el Plan es liquidacionista y no tiende a crear empresas; tiende a destruir empresas mineras en la provincia de León, donde la minería, por cierto, es cada vez más rentable y más competitiva.

En definitiva, y para el futuro de la provincia de León, pues pérdida de dos mil cuatrocientos cinco empleos directos en ocho años, a razón de trescientos uno aproximadamente por año, y cuatro mil ochenta y ocho empleos inducidos, a razón de quinientos once empleos inducidos al año. En total, se van a perder ochocientos diez empleos anuales con este Plan del Carbón. Y, además, estas cifras que estoy dando no son muy distintas de las que se vienen manejando incluso por los propios sindicatos.

Y en cuanto a la economía leonesa, además del empleo, ¿cómo redunda en perjuicio de ella? Pues, utilizando por ejemplo un parámetro importante como es el Producto Interior Bruto, desde luego, el Plan supone la reducción de la producción de carbón en la provincia de León en un millón novecientas once mil toneladas, en casi dos millones de toneladas anuales al cabo de ocho años; el 28,32%. Esa cifra o ese cálculo es muy fácil de hacer. La producción, según el cálculo que hemos hecho de productos energéticos en la provincia de León, supone -según los datos que recoge el propio Plan; tampoco los inventamos, vienen especificados en el propio Plan-, supone -digo- el 15,9% del Producto Interior Bruto, al coste de los factores del total de la provincia de León. El Producto Interior Bruto directamente generado por el carbón supone, aproximadamente, la mitad del conjunto de productos energéticos; pero considerando el Producto Interior Bruto generado por otros sectores dependientes de la minería, el Producto Interior Bruto global asociado al carbón puede estimarse en un 16% del total provincial; 16% del Producto Interior Bruto, según estos mismos datos.

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En definitiva, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que, y dado que el Producto Interior Bruto al coste de los factores en la provincia va a alcanzar en el año mil novecientos noventa y siete -según todas las estimaciones que hay- 823.000 millones de pesetas -concretamente 823.088 millones-, la reducción prevista por el Plan va a suponer una reducción del 4,5 del Producto Interior Bruto provincial. Es decir, se va a reducir en el año dos mil cinco el Producto Interior Bruto en la provincia de León en 37.295 millones de pesetas. Ahí es nada: el 4,5% va a caer el Producto Interior Bruto en el año dos mil cinco en la provincia de León. Irá cayendo paulatinamente durante todos estos años.

Y ahora me dirá usted: claro, pero para eso están las ayudas alternativas, para que esto no ocurra. Aquí tenemos la esperanza y aquí tenemos también el escepticismo, y aquí tenemos casi casi la incredulidad de que las ayudas no vayan a paliar estas graves consecuencias que yo estoy presagiando en la primera fase de la intervención.

Por tanto, hace falta, con las ayudas, generar ochocientos diez empleos anuales en la provincia de León y 4.661 millones de pesetas anuales, acumulativos al Producto Interior Bruto, para que ese producto no caiga. Ochocientos diez empleos al año y 4.661 millones al año; eso es lo que tienen que generar las nuevas empresas que se ubiquen, las nuevas empresas que se instalen en la provincia de León.

Para ello, ¿de qué disponemos con el Plan? Pues disponemos de inversiones que, en el conjunto de las provincias mineras... Yo no sé por qué no se ha provincializado esto; no sé si ustedes tienen datos, por lo menos, de Castilla y León, pero tenemos 50.000 millones al año para infraestructuras para toda España; yo no sé si tienen ustedes el dato de lo que es para Castilla y León y de lo que es para la provincia de León y para la provincia de Palencia; si lo tienen ustedes me gustaría... me gustaría saberlo en la siguiente intervención. Cincuenta mil millones al año para toda España para infraestructuras, 5.000 millones al año para formación y 10.000 millones al año para proyectos empresariales. En total 65.000 millones, de las cuales surgió la polémica de que si no estaban en los Presupuestos, que habría créditos ampliables y tal. Bueno, vamos a dar por bueno que ese dinero va a estar disponible; vamos a darlo por bueno que ese dinero va a estar disponible. Insisto: me gustaría saber si ustedes, de esos 65.000 al año, saben cuántos van a ir para León. Porque yo sí le voy a decir cuántos pedimos, o cuántos creemos que deberían de venir para la provincia de León, y las bases o los parámetros en los que nos hemos basado para pedir esas inversiones o esas cantidades para León.

Primero. León produce actualmente el 38,1% del total nacional del carbón, es decir, seis millones setecientas cincuenta mil toneladas. León tiene actualmente ocho mil cuatrocientos noventa y dos empleos directamente dependientes de la minería del carbón, el 32,6%. Por tanto, redondeando: producción, el 38% nacional en León; y empleo, el 32%, el 32,6 nacional en León. En consecuencia, León -a nuestro juicio- debe recibir, de los fondos del Plan de Desarrollo, esas cantidades acordes con su producción y número de trabajadores, sin olvidar el Producto Interior Bruto. De tal manera que con estos parámetros simples y sencillos -porque, como ve, son cuentas de la vieja casi-, con esos parámetros, para infraestructuras, teniendo en cuenta que la producción en León con respecto a España es del 38%, queremos justamente el 38% de esos 50.000 millones que se destinan a infraestructuras. Es decir, queremos 19.050 millones al año.

Para formación, teniendo en cuenta que el número de trabajadores de la minería en la provincia de León supone el 32% de España, queremos pues el 32% de esos 5.000 millones, que son 1.630 millones al año.

Y para proyectos empresariales, queremos... queremos 7.500 millones de pesetas al año. Es decir, para toda España hay 10.000, ¿cómo es posible que nosotros pidamos 7.500; casi todo lo queremos para León? Pues porque tampoco nos cuadran esos 10.000, por qué esa cantidad es de 10.000. Nosotros hemos hecho el siguiente cálculo: los 15.000.000 por empleo... Porque pedimos 7.500 a razón de 15.000.000 por empleo perdido, ¿eh?, para proyectos empresariales. ¿Por qué 15.000.000? Porque 15.000.000 por empleo es el dato que obtenemos de los datos estadísticos del informe de mil novecientos noventa y seis, sobre la evolución del Programa de Reactivación de las Cuencas Mineras. Y se considera necesario generar un número de puestos de trabajo igual a la suma de los empleos directos e inducidos no recuperables que se van a perder; es decir, esos quinientos empleos anuales a los que me refería. Por tanto, de ahí sale esos 15.000.000, utilizando el propio Programa del noventa y seis, de Reactivación de Cuencas Mineras, 15.000.000 por empleo perdido. Y por eso pedimos 7.500 para proyectos empresariales.

En definitiva, me salen, anualmente, para la provincia de León, aplicando el Plan, 28.180 millones de pesetas. Y creo entenderle, o creí entenderle que ustedes prevén que la Comunidad Autónoma, es decir, León y Salamanca... perdón, León y Palencia, que la Comunidad Autónoma reciba 17.500. Ahí hay un desfase muy importante: de los 28.180 que a nuestro juicio deberían de venir al año, a los 17.500 para toda la Comunidad... Pero si nosotros lo pedimos sólo para León. Ahí hay un desfase... Casi el 50% no sabemos por qué no viene para la Comunidad.

Entonces, me gustaría que me explicase ese desfase, o qué cantidades no van a llegar. Es decir, ¿por qué no van a llegar 19.000 millones para infraestructuras al año, o 1.630 para formación, o 7.500 para proyectos empresariales?

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En fin, no me quiero extender mucho, porque éste es, fundamentalmente, el dato que me interesa: ¿por qué se conforman ustedes con 17.500 para toda la Comunidad, y en base a qué datos piden ustedes 17.500? Creo que lo entendí así. Usted me lo explicará.

Y una segunda parte -brevísima- de la intervención, y que también fundamenta nuestra oposición, o nuestra calificación como de malo el Plan del Carbón. El Plan del Carbón no le sirve a ninguna de las principales empresas mineras de la provincia de León, si eso no se complementa con otras ayudas fuera del Plan. Lo sabe usted: la Minero Siderúrgica de Ponferrada, una empresa que ha hecho esfuerzos en cuanto a reducción de pérdidas y en cuanto a reducción del coste de la extracción de la tonelada, y las pérdidas han pasado, en tres años, de 15.600 millones a unos beneficios de 676.000.000. El precio de la tonelada de la extracción era 16.000 pesetas en el noventa y tres; hoy es de 11.200. En fin, una empresa que va bien, una empresa que está... que está... me refiero a los resultados económicos; una empresa que va bien, que está compitiendo, que está mejorando sus resultados, el Plan del Carbón, si no tiene otras ayudas, si no tiene un Plan de Viabilidad con ayudas de fuera, no le sirve el Plan del Carbón.

Coto Minero del Sil, otro tanto de lo mismo. Si Coto Minero del Sil no tiene otras ayudas, al margen del Plan del Carbón, se va a pique -permítanme la expresión-. Tiene 12.000 millones de deuda, lo mismo que la MSP, pues, tiene 7.000 millones por un lado y 6.500 millones por otro. Es decir, les hacen falta otras ayudas.

Y luego, el tema preocupante de la Hullera Vasco-Leonesa. Claro, con esos parámetros, según los cuales para contratar a cuatro trabajadores tienen que despedir a once, no pueden ampliar proyectos, no pueden abrir nueva mina, no pueden... no pueden expandirse como empresa. Y eso... sí, plan liquidacionista, pero lo que estamos buscando es empresas; estamos luchando porque vengan empresas a León; y cuando una quiere ampliar, y además es competitiva y lucha, pues lógicamente, el Plan del Carbón... Yo entiendo, acabarán al final adhiriéndose -me imagino-, pero entiendo la preocupación y los problemas que les está ocasionando.

De tal manera que el Plan no resuelve ni los problemas de las grandes empresas, ni resuelve los problemas de la economía de la provincia de León; resuelve las situaciones particulares de un determinado número de trabajadores -que nos parece muy bien-, y de determinadas empresas que están -pequeñas- en una determinada situación, que les supone un balón de oxígeno.

Y ése es el motivo fundamental por el cual nosotros no... no nos gusta, no apoyamos este Plan del Carbón. Lo tenemos que asumir porque ahí está. Y, desde luego, ahora lo importante -en eso estaremos todos de acuerdo- es hacer un seguimiento, pero un seguimiento para que las medidas correctoras de ese Plan, de la parte liquidacionista, pues vengan realmente y llegue a León todo ese dinero que tiene que llegar. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo entre usted y yo sobre cuántos millones tienen que llegar al año a la provincia de León y a la Comunidad Autónoma, que de momento -ya le digo- las cifras no encajan. Nada más por el momento, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Bien. Gracias, Presidente. Yo voy a ser más breve que el señor Otero, entre otras razones, porque yo pensé que el señor Consejero nos iba a explicar las consecuencias del Plan en la Comunidad; nos ha leído, más que nada, lo que es el Plan en sí, y el Plan lo conocemos todos.

Yo sí quisiera hacer una serie de consideraciones previas, de manera brevísima, por supuesto. Y decir que, efectivamente, hay unos objetivos que contiene el Plan que yo creo que, bueno, salvo el señor Otero que ha dicho que no comparte la idea del Plan, pero yo creo que hay unos objetivos que el Plan... en los cuales estamos todos de acuerdo. Es decir, bueno, que hay que adoptar el... adecuar el Plan de Viabilidad de la Minería en torno a la Directiva CECA; yo creo que es un hecho absolutamente lógico y normal, entre otras razones porque estamos en la Unión Europea y no tenemos escapatoria. Y se decía que, además, efectivamente, que había que reducir costes y capacidades de producción para ajustar, realmente, la producción a un sector realmente competitivo, que no tenga que estar dependiendo permanentemente de las subvenciones; aunque se reconoce el hecho de que, efectivamente, nuestro carbón no puede competir con el carbón internacional, que va a tener que seguir recibiendo subvenciones. Pero, en todo caso, era necesario mantener unos ciertos criterios de racionalidad en el sector, ¿no?

Y uno de los criterios que nosotros sí compartimos, porque incluso antes de que se aprobara este Plan nosotros ya decíamos que, efectivamente, el mantener un precio de referencia por encima del carbón... por encima del precio del carbón internacional, que se fijaba de manera administrativa, pues eso estaba conduciendo, inexorablemente, a importantes fraudes, ¿no?: empresarios que importaban carbón y lo vendían como carbón nacional y arrancado de su propia explotación. Eso era un hecho constatable, ¿no?, por lo cual nosotros sí planteábamos la necesidad de ordenar esa situación, de tal manera que se impidieran esos fraudes; fraudes que pagan todos los ciudadanos en el recibo de la luz. Por tanto, el hecho de que a partir de ahora se contrate por ambas partes el precio de referencia nos parece adecuado, ¿no? En ese tema estamos totalmente de acuerdo.

(-p.8537-)

En lo que ya no estábamos de acuerdo era en que una de las bases del Plan, es decir, que hay que racionalizar el sector y hacer un sector competitivo y productivo, era que las empresas, para ser competitivas, tenían que reducir costes, y los costes eran en base, efectivamente a la reducción de plantillas y de producción, y no en base a un aumento de la capacidad productiva, en base a los yacimientos que tuviera. Nosotros ahí... en lo que no estábamos de acuerdo del Plan, porque entendíamos que había empresas que podrían tener capacidad productiva, pudiendo aumentar sus producciones, y no era necesario que todo el mundo... o sea, que todas las empresas aplicaran esa reducción productiva, aplicar a todas la misma política, ¿no? Habría empresas que tendrían posibilidades de aumentar la producción, pero como se ha aplicado la reducción para todas igual, bueno, pues habría empresas que, supuestamente, se podrían ver perjudicadas.

Pero bueno, entre otras razones, como el Plan ya no tiene salida... El Plan está firmado, ya no es cuestión de cuestionar el Plan y decir qué es lo que mejor se podía haber mejorado de ese Plan. El hecho está en que el Plan está firmado. Y ahora lo más importante es el grado de cumplimiento; por eso decía que iba a ser breve, ¿no?

Yo tengo una serie de cuestiones aquí que plantearle. Tampoco quiero que en la contestación se alargue usted mucho, porque, entre otras razones, son cuestiones que a corto plazo tampoco sabemos cómo se van a solucionar. Pero a nosotros sí nos preocupa un tema, que es en la propia aplicación del Plan, ¿no? Yo estoy absolutamente convencido... porque no tendría razón, entre otras cuestiones, que se hubiera aprobado un Plan y que la Unión Europea nos lo rechazara. Yo estoy absolutamente convencido de que la Unión Europea, al final, bueno, pues dará luz verde al Plan del Carbón, ¿no?

Pero, en base a esa preocupación, hay un tema que a mí sí me gustaría preguntarle una serie de cuestiones. En primer lugar, lo de las prejubilaciones, ¿no? Yo creo que el elemento sustancial, al margen de que se tengan que crear en ese porcentaje de siete/once cuatro empleos, yo creo que lo más sustancial es ver cómo van a influir las prejubilaciones en el sector de nuestra Comunidad y qué medidas políticas vamos a adoptar, precisamente, para garantizar que se creen esos cuatro empleos, esos cuatro empleos, y además que tengan una naturaleza de carácter estable. Porque, claro, ahí no se define perfectamente en el Plan si esos cuatro empleos pueden traducirse en empleos de contratas y subcontratas, porque entonces, yo creo que, más que crear empleo o paliar el efecto de la pérdida de empleo, estamos creando empleo en precario. Por eso yo le digo que una de las preocupaciones nuestras es que, dentro de ese Plan de Prejubilaciones, esos cuatro empleos que tienen que crear, pues que sean de naturaleza estable y que no se establezcan las contratas y subcontratas.

Y sobre todo, con vistas a esas prejubilaciones, pues nos preocupa el tema de la seguridad. Evidentemente, una empresa que tiene que prejubilar y tiene que sustituir por otros trabajadores, se supone que los nuevos trabajadores no tienen la suficiente experiencia en el sector; con lo cual se puede agudizar el problema de la seguridad en las minas, cosa que es de dominio público, y que tampoco quiero aquí abrir un nuevo debate sobre la accidentalidad en el sector; pero eso nos preocupa enormemente porque, efectivamente, es un problema real. Aumentan las prejubilaciones, con lo cual las empresas tienen que sustituir ese personal por otro nuevo, sin experiencia, y eso conlleva, evidentemente, a problemas... o va a conllevar a problemas de seguridad.

Después, hay otra cuestión que nos preocupa, porque en el Plan tampoco se recoge de manera muy explícita, es el tema de los cielos abiertos. Nosotros no somos partidarios, evidentemente, de los cielos abiertos; entre otras razones, no por el impacto ambiental, sino porque además disminuye el empleo en el sector. Pero, entre otras razones, nos interesa saber qué tratamiento van a tener los cielos abiertos, sobre todo para aquellas empresas que, a priori, necesitan el mantenimiento de los cielos abiertos para poder subsistir.

Y después hay otra cuestión que me interesaría, y de manera muy rápida, y es qué solución va a plantear la Consejería con respecto a estas tres empresas: MSP, Coto del Sil, Hullera Vasco-Leonesa. Y, en este sentido, sí tengo que decir públicamente que yo tampoco vengo a defender abiertamente a MSP o Coto del Sil. Yo sé que, efectivamente, es una empresa que tiene medios económicos, que es un gran lobby, un gran... es un gran lobby porque en este momento son quince empresas; supone prácticamente el 50% de la plantilla del sector en toda la Comunidad, supone que tiene cuatro mil seiscientos trabajadores, ¿eh?; es un enorme grupo de presión, y además siempre coincide que cuando se discuten los Presupuestos Generales del Estado, siempre surge algún conflicto en esta empresa, ¿no?

Entonces, al margen del Plan del Carbón, que creo que ya lo ha firmado o está en disposición de firmarlo -igual que Coto del Sil-, nosotros sí queríamos que usted nos dijera si hay posibilidades de que a corto plazo se pueda firmar un Plan de Viabilidad para estas empresas, con independencia del Plan del Carbón. Yo creo que lo primero que tienen que hacer estas empresas es firmar el Plan del Carbón y después negociar en lo concreto sus planes específicos de viabilidad. Esto no tiene nada que ver con el Plan del Carbón.

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Pero sí me interesaría saber si en estos momentos hay algún cauce o alguna vía de posible solución al Plan de Viabilidad de MSP, Coto del Sil, e incluso la propia situación de Hullera Vasco-Leonesa, que, bueno, ella reclama y dice que ahora mismo, afectada por las prejubilaciones, pues no está en condiciones de asumir el Plan. Pero yo creo que es más un interés por sacar dinero a la Administración y pedir prebendas, que por la imposibilidad de poder contratar gente. Con la cantidad de parados que hay en la Comunidad, yo estoy absolutamente seguro de que las prejubilaciones se pueden cubrir sin ningún problema; otra cosa es la situación de presión o chantaje que puedan hacer estas empresas, tanto a la Administración Autonómica como a la Administración Central. Pero, en todo caso, lo que no podemos hacer es mantener una situación de tensión permanente en base a la imposibilidad de poderse sentar y abrir un proceso de negociación serio, ¿no? Pero partiendo del hecho de que todas estas empresas tienen que, necesariamente, firmar el Plan del Carbón. Pero sí me gustaría conocer cuál es la situación concreta que en estos momentos hay con respecto a estas empresas y la posibilidad de que la Administración también obligue, en cierta medida, a estas empresas a firmar el Plan del Carbón; en este caso concreto la Hullera, porque las otras dos parece ser que han firmado ya... o están en disposición de firmar el Plan del Carbón.

Y después me preocupa otra cuestión, y es que a primeros de enero se supone que tendría que funcionar el famoso Instituto para la Reactivación de las Comarcas Mineras, que yo creo que es el gran reto que tiene esta Comunidad; a sabiendas de que hay una cantidad de dinero importante, bueno, pues lo fundamental es no perder esa financiación y poner en marcha lo antes posible los proyectos, ¿no? Yo creo que es lo sustancial. Por tanto, yo creo que el gran reto es que a primeros de enero... no digo que el uno de enero, pero al menos a primeros de año esté funcionando el Instituto para la Reactivación de las Comarcas Mineras. Yo creo que eso es sustancial, porque hay un atasco impresionante de todos los proyectos que se han presentado para la reactivación de las comarcas mineras, y no se les está dando salida, entre otras razones, porque no se ha creado todavía ese Instituto. Pero yo creo que ese Instituto había que hacer esfuerzos porque empezara a funcionar a primeros de año. Y que la problemática concreta que puede haber en dos o tres empresas importantes de esta Comunidad no sean un obstáculo para que no se empiece a trabajar ya en ese Instituto y se empiecen a tramitar todos los proyectos.

Y, en este sentido, yo creo que en la Comunidad tenemos un gran reto, y es el coordinar, por una parte, los planes a nivel nacional y los planes a nivel autonómico; es decir, qué papel va a jugar la Agencia de Desarrollo Económico y, sobre todo, esa Comisión de Seguimiento de Sindicatos-Ayuntamientos Mineros, para garantizar que los proyectos de reactivación de las comarcas mineras a primeros de año empiecen a darle luz verde; sin contar que hay, evidentemente, otros proyectos que estaban pendientes del famoso Decreto 2203/95, de veintiocho de diciembre; me estoy refiriendo al Decreto del famoso 0,5% de la tarifa eléctrica, que se aprobó, pero que casi todos esos proyectos están absolutamente paralizados. Y yo quería saber si esos proyectos se van a poner en marcha, con independencia del Plan del Carbón; porque una cosa son los planes previstos en el Plan del Carbón y otra cosa son los proyectos que se han presentado conforme al 0,5% de la tarifa eléctrica, que son dos cosas diferentes, ¿no?

Y por último ya, y para no ser excesivamente pesado, sí quería que usted hiciera una referencia, o por lo menos lo explicara... aunque ya lo explicó una vez en el Pleno, pero yo vuelvo a insistir que es un tema que no está absolutamente nada claro; es el tema de los Presupuestos Generales del Estado, ¿no?; los famosos 22.000 millones de créditos ampliables, yo creo que es un tema que tiene que quedar claro aquí. Yo... no me parece procedente que, dentro de los 65.000 millones previstos para la reactivación de las comarcas mineras, pues en los Presupuestos Generales del Estado figure esa partida de 22.000 millones de créditos ampliables, diciendo que, bueno, serán ampliables en función de los proyectos que se presenten. Y la gran duda que nosotros tenemos desde este Grupo es que si, efectivamente, todas las Comunidades Autónomas han previsto ya la financiación para los proyectos dotacionales de infraestructura y demás, pues todos... Esta Comunidad ha metido, por ejemplo, en infraestructuras, pues doce proyectos de carreteras, ¿no? Con lo cual ya está pensando... esos 17.500 millones que nos corresponderían a esta Comunidad, pues yo creo que la Junta ya ha hecho, dentro de los Presupuestos, las previsiones para hacerse cargo de esos 17.500 millones de pesetas, la Comunidad de Asturias y yo creo que Aragón también, y todas las Comunidades que tienen carbón también. Por lo tanto, yo es una cosa que sigo sin entender: por qué la Administración Central, en los Presupuestos Generales del Estado, sigue diciendo los 22.000 millones de créditos ampliables, porque se supone que ya todo el mundo los tiene previstos incluir dentro de los proyectos de reactivación en sus propias Comunidades, ¿no? En este caso concreto, pues, Castilla y León ha hecho lo propio.

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Y yo quería que me explicara eso, porque, efectivamente, dentro de lo que son los Presupuestos Generales del Estado, no se puede decir el concepto: "Si no se gastan en el noventa y ocho, se acumulan para el noventa y nueve". Eso, en los Presupuestos Generales del Estado, no puede figurar. Por tanto, yo creo que es la gran duda que nosotros tenemos aquí. Y, sobre todo, la capacidad que nosotros tengamos para gestionar todos esos fondos, y qué mecanismos vamos a crear aquí para dar salida a toda esa inversión. Porque, claro, hablar de 17.500 millones de pesetas es una cantidad suficientemente importante como para pensar si realmente aquí, con los mecanismos que tenemos, tenemos capacidad suficiente para dar salida a esas inversiones, ¿no?

Y yo creo que eso es lo que, en principio, a nosotros nos preocupa; fundamentalmente esas cosas, ¿no?, poner en marcha el Plan y que... sobre todo que el Instituto, a primeros de año, empiece a funcionar. Y la solución inmediata, bueno, pues a la problemática que están planteando estas tres empresas, que yo sé que están presionando para sacar más subvenciones o más dinero, pero que, en todo caso, habrá que darle una solución a corto plazo, bueno, pues de salida, ¿no?, para... sobre todo, para que cuando empiece el año no se escude ni la Administración Autonómica ni la Administración Central en decir: "En tanto en cuanto no resolvamos los problemas de estas empresas, no vamos a poner en marcha el Instituto para la Reactivación de las Comarcas Mineras", que puede pasar, ¿no?

Igual que puede pasar -y ya, de paso, con esto acabo- el tema de las prejubilaciones, que el fondo de las prejubilaciones todavía no está resuelto. Yo quisiera... aunque hiciera una breve referencia a ese tema, cómo está el tema del fondo de las prejubilaciones. Porque si estamos hablando de que se va prejubilar un número importante de trabajadores ya a primeros de año, tendríamos que tener la completa seguridad de que a primeros de año, efectivamente, esos trabajadores se van a poder prejubilar y no van a tener que estar esperando tres o cuatro meses para cobrar los salarios que le correspondan en función de esa nueva situación que tienen. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Conde. Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Almarza tiene la palabra.

ALMARZA GONZÁLEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Sí. Gracias, señor Presidente, y gracias al señor Consejero. Aunque estas Cortes le han hecho una faena esta vez, el estar de vacaciones en el mes de julio; yo creo que esto que nos explicó y si nos lo hubiera explicado el día dieciocho de julio, o el diecisiete, pues, tendría una repercusión mayor.

De todas maneras, y sin entrar a evaluar lo que es el Plan, que -como decía el señor Conde- estamos de acuerdo prácticamente en todo lo que contempla este Plan, yo sí quería hacer una referencia, que me hacía el compañero Cipriano hace un momento, que ¡ojalá! viniera usted dentro de unos meses a explicar un Plan como éste para el sector textil de Béjar. Con lo cual ahí le queda la... el requerimiento.

Yo creo que hay que partir de la base que tenemos un sector minero deficitario, tanto en estructuras como en... como en producciones y demás; por lo tanto, es absolutamente necesario -se quiera o no- tener un Plan de este tipo. Hay aspectos importantes del Plan y otros que van a ser menos. También sabemos dónde están ubicadas las comarcas mineras -no hace falta hacer referencia a ello-, y qué es lo que hay que hacer para industrializar esas comarcas mineras. Situaciones difíciles de comunicación, que se van a tratar de paliar con ese Plan de Reactivación de las Comarcas Mineras, pero que todos sabemos que va a ser difícil. Difícil, porque, si se da un repaso a los proyectos que ha presentado la Junta, pues tenemos, yo creo, que del orden de cien carreteras que hay que reparar y adecuar a que esa situación de alejamiento de las grandes infraestructuras de transporte, pues acerque a las comarcas mineras hacia ellas.

Pero el Consejero, que habló del Plan, nos lo explicó muy bien, se lo conoce de memoria -casi como nosotros-, no nos ha explicado las repercusiones. Y entre esas repercusiones están las que decían los dos Portavoces anteriores, que es ¿qué va a pasar en Castilla y León con las comarcas mineras? ¿Cuánto empleo vamos a perder en la provincia de León y Palencia? ¿Qué situación económica es la que va a quedar en esas Comarcas?, y, ¿hasta dónde podemos llegar?

Yo creo que el señor Consejero tendrá una evaluación hecha de cuál es lo que va a suponer este Plan, ¿no? De todas maneras, desde las comarcas mineras, los que vivimos allí, ya lo estamos viendo: aparecen por los edificios "se vende piso", "se vende piso" y "se vende piso". ¿Qué es lo que pasa? Que va a haber una situación de marcha de las comarcas mineras, con lo cual se van a despoblar; ya en el último censo ya hay datos significativos del despoblamiento de las comarcas mineras. Y que si no se acometen, con prontitud y rapidez, todos estos planes que están contemplados en el Plan de Desarrollo de las Comarcas Mineras, va a ser difícil que podamos mantener la población en estas comarcas, y menos el empleo, y menos una situación de estabilidad económica.

Por lo tanto, yo creo que hay que hablar de las repercusiones, que es de lo que no ha hablado el Consejero.

Y después te encuentras con proyectos que son importantes, y que yo me temo que van... los fondos que van a venir del Ministerio, o sea, unos 17.500, o unos 19.000, o unos 22.000, van a venir a suplantar fondos que tenía que invertir la Junta; porque en todas estas carreteras, alguna tendría que hacer la Junta -calculo yo-, algún fondo tendría que haber para eso.

Y este año nos encontramos con un dato paradójico: en los Presupuestos del noventa y ocho hay 670.000.000 en infraestructuras. Yo creo que la Junta ha presupuestado mal, o tendrá que hacer modificaciones en el Presupuesto en cuanto empiecen a llegar los millones, que yo espero que lleguen en el mes de enero ya.

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Por lo tanto, yo lo que sí le pediría es que hablara de las repercusiones, si todas las empresas de la Comunidad se han adherido al Plan de Reconversión del sector, y si seremos lo suficientemente eficaces para, incluso, cubrir esas bajas de cuatro por once, que yo creo que vamos a tener también dificultades en esos aspectos, porque todos sabemos dónde están las comarcas mineras, qué empresas son las que van a cerrar, y dónde se van a ubicar los puestos de trabajo. Hay empresas que pueden aguantar una situación de producción estable y de empleo bastante estable, y otras que no van a poder. Sin embargo va a haber un movimiento de población importante, que aunque no creo que sea lo que más cueste a los trabajadores, el desplazarse en busca de un puesto de trabajo, va a ser una rémora a la hora de cubrir esas plazas de once por cuatro.

Y después están los aspectos fundamentales que contemplan -como decía- estos proyectos. Y yo hoy leía en un periódico de León que el Consejero... vienen aquí enumerados los proyectos, podíamos enumerar unos cuantos, pero hay uno que dice: "Instalaciones de residuos sólidos urbanos, primera fase, segunda fase, y tercera fase". Y el Consejero de Medio Ambiente decía hoy, en el periódico de León, que el problema de los residuos de León, que es de los de León, y que la Consejería no tiene nada que ver en eso. Supongo yo que sería un lapsus del Consejero; porque si no, poco va a tener que hacer en cuanto a la realización de estos proyectos que vienen enmarcados aquí, puesto que hay proyectos de... de instalaciones de residuos sólidos. Y otro que me llama mucho la atención: "Red Hospitalaria y Asistencia Social"; otra cuestión que parece que no se entiende muy bien en unos fondos de reactivación de las comarcas mineras. Yo sé que hay que dotarlos de las infraestructuras suficientes, pero también tenemos, en el Programa de Actuación Minera, fondos dedicados a cuestiones de drogodependencia y todo esto, que supongo que por ahí será. No sé que red hospitalaria será la que se pretende hacer en las comarcas mineras, y también querría que, si pudiera ser, se nos explicara.

Y después, compartir con el Portavoz de Izquierda Unida la necesidad que hay de dejar en una situación de estabilidad las empresas de cara al Plan del Carbón. Y nosotros, para ello, habíamos presentado una enmienda, que se dijo por parte de los Parlamentarios del PP en las Cortes Nacionales que era una enmienda demagógica, sin embargo era la enmienda que podía dejar las empresas de Castilla y León en una situación de estabilidad de cara al Plan del Carbón y poder mantener la actividad más allá del dos mil cinco. Yo creo que esos aspectos de... sobre todo, las repercusiones que va a tener, son los que el Consejero debía explicarnos. Y decirle que lamento que la faena de las vacaciones, pues, le haya hecho esta faena al señor Consejero.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Almarza. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Rojo tiene la palabra.

ROJO MARTÍNEZ

EL SEÑOR ROJO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Yo creo que el momento es muy oportuno para hablar del futuro; y por primera vez esta tarde, parece que hablamos de futuro y no del pasado, lo cual es gratificante ya a estas horas, ¿no?

Por otra parte, estamos hablando, y estamos escuchándole con mucha atención -no esperaba este Grupo otra cosa de usted-, sobre todo porque se ha demostrado que quedan despejadas aquellas dudas sobre la participación de la Junta de Castilla y León en los trabajo arduos y complejos de un Plan que -no lo olvidemos- va a marcar la pauta de lo que puede ser el futuro.

Precisamente, el futuro -hoy le he visto sin bola, señor Consejero, y por eso no esperaba que hiciera ninguna adivinanza- solamente puede vaticinarse en base a un trabajo serio, a una prospectiva de un Plan que, por cierto, ha sido consensuado, y por primera vez en este país estamos hablando del futuro de la minería, haciendo compatibles varios objetivos: en primer lugar, un sector saneado; en segundo lugar, un impacto social y territorial minimizado en lo posible; y en tercer lugar, ajustándonos a la normativa de rango superior que -no olvidemos- existe y ha marcado también, según unos planes, otros plazos que están contemplados en este Plan.

Por consiguiente, si el presente nos le ha traído ya un Plan de la Unión Europea, el futuro nos le debe traer este Plan que ha surgido del consenso, a lo largo de este año, en el que ha tenido -y eso deduzco de lo conocido y de lo que usted ha explicado- una consecuencia de compromiso por parte de la Junta de Castilla y León, que ha sido capaz su Gobierno de aportar a ese Plan, en su Anexo, un volumen importantísimo de proyectos consensuados, no sólo en Madrid, sino también a nivel de base de Ayuntamientos y de agentes sociales en la Comunidad Autónoma.

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Por lo tanto, la situación actual no nos gusta en las comarcas mineras; es una situación incapaz de resolver los problemas de la generación joven y de los nuevos demandantes de empleo, básicamente empleo femenino. Y como se puede ver claramente en los censos, que no descienden -somos conscientes- por razones de una crisis minera, sino que lo hacen en general, por crisis de otros sectores, como podría ser el de la construcción, que viene ya desde hace unos años denotándose... digo que nuestras comarcas en este momento, y el sector minero es incapaz de dar satisfacción, primero, a la demanda de empleo por parte de los que acceden por primera vez a esas listas de desempleados; en segundo lugar, a la demanda de la calidad de empleo que hoy es requerida con la nueva cualificación que, afortunadamente, van adquiriendo nuestros jóvenes; y en tercer lugar, para equiparar las condiciones de empleo femenino al empleo masculino en esas zonas de sectores, desde el punto de vista del empleo... del tipo de empleo duros... o duras.

Por otra parte, hay un hecho que me parece importantísimo, en lo que conocemos y en lo que ha insinuado, y es que participan todas las Consejerías con una visión global del problema de Gobierno Regional. A este Procurador le resulta absolutamente fácil unirse a los Ayuntamientos o a los ciudadanos de León a los que nos ha unido la geología, y, desde luego, yo no estoy dispuesto -y así lo han demostrado las entidades locales- a que nos separe la geografía política.

Por lo tanto, desde esa perspectiva -que es la suya- absolutamente compartida, por lo tanto, nos quedamos con una preocupación, y es la capacidad de los mecanismos -como decía el Portavoz de Izquierda Unida- para que, a partir del primero de enero, se desarrollen tanto los aspectos comarcales como los del sector y las medidas sociales con eficacia.

Y en segundo lugar, que la asignatura más difícil, que es la de incorporar las zonas mineras -con sus propias palabras- a las corrientes de expansión económica, a los beneficios que esta Comunidad debe darse desde la acción de su Gobierno. Y en ese sentido, señor Consejero, cuando hable de León, hable de Palencia; se lo agradecerá este Procurador.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Rojo. Para contestar a los distintos Portavoces, señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Bien. En primer lugar, quiero decir, creo que... que no es una faena en que haya coincidido la solicitud con el mes de julio y las vacaciones por el medio, sino que, al día de hoy, yo creo que podemos tener una visión mucho más profunda, más rigurosa de esta situación y quizás aquel análisis, bueno, pues en aquellas fechas, a lo mejor, era un poco prematuro. O sea, que yo creo que el paso del tiempo, quizá, nos hace... nos hace ver o reflexionar sobre esta... o debatir sobre este tema con más rigor y con más profundidad. Por lo tanto, yo lo entiendo que creo que, incluso, pues esta situación nos va a favorecer.

Por otro lado, se ha dicho mucho por distintos Portavoces, se ha insistido en que yo he expuesto el Plan, pero que no he hecho las repercusiones. Y me ha quedado un poco la desazón de que... y la sensación de que no me habían escuchado. Luego he entendido, a lo largo de su intervención, al señor Otero que sí que me ha escuchado, y que usted sí que ha oído cuáles son las repercusiones que yo he analizado; que creo que son las que se pueden decir, porque, aventurarme yo a decir si la empresa equis o la empresa tal... creo que eso no me corresponde, no nos corresponde a la Administración pero creo que sí que lo ha escuchado.

Y, por lo tanto, he expuesto el contenido del Plan y las repercusiones que tiene en Castilla y León. ¿En qué materia? Pues, mire usted, en tres muy sencillas: reducción de producción; he dado los datos que, a nuestro juicio, se van producir... qué efectos va a tener sobre la producción este Plan, qué reducciones... y le he dado hasta los números, de forma general, pero les he mencionado. El empleo, sin ningún género de dudas; le he dicho en qué términos entendemos nosotros hoy... es muy difícil saber qué recolocaciones va a haber, pero en qué términos... ese 20% es el dato que hoy creemos que en el año dos mil y pico... dos mil cinco, se puede producir, de pérdida de empleo y en pérdida de ayudas. Yo me he referido cómo queda el mercado libre; me he referido a la distribución de las ayudas, cómo se va a producir en nuestras empresas; me he referido a la situación del empleo, a la reducción de las plantillas; y me he referido a la reducción de la producción.

Ésa es la repercusión que va a tener en Castilla y León; o sea, que a eso me he referido. Pero, además, es que usted lo ha entendido, porque me ha sacado algún dato, luego, a lo largo de su intervención.

No comparto, en absoluto, no comparto... es que, vamos a ver. Yo creo que usted se hace... -me refiero a su intervención-, con el máximo respeto, yo creo que usted plantea una situación que no es real; o sea, lo que es la filosofía o la situación de este sector, usted no la analiza con rigor. Y, por lo tanto, a partir de ahí, me da una serie de datos, hace la cuenta de la vieja... Mire, yo no tengo capacidad a esta horas de... es bastante más sencillo que lo que usted lo hace; bastante más sencillo, bastante más sencillo. Y como decía el Portavoz del Grupo Popular, no nos lleve usted a esa dinámica, porque no vamos a entrar. Porque para nosotros, la Región, el sector minero está en Palencia y está en León, y trabajamos por Palencia y por León. Y eso lo defendemos en León y en Palencia. Usted es muy libre de decir lo que quiera.

Pero, mire usted, esto es un sector en crisis, pero no de hoy, de hace muchos años. Yo de este sector sabía poco. Hoy creo que sé también un poquito más. Pero, vamos, lo suficiente... tengo suficiente sentido común para saber hacia dónde va este sector.

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Y mire usted, existe la oportunidad, la oportunidad, de beneficiar mucho a su provincia de León, a nuestra provincia de León y a nuestra provincia de Palencia. Pero existe mucho. Pero es que estamos en un sector en crisis. No me diga usted que la MSP reduce pérdidas. La MSP recibe miles de millones de pesetas en ayudas al año; lleva años recibiendo miles de millones de pesetas del dinero de todos los españoles. Por tanto, si dice que esto es una empresa rentable, ¡así son rentables todas! ¡Todas! Luego, es un sector en crisis. Y como está en crisis... y además hay una normativa comunitaria que no se ha cumplido, que no se ha cumplido, la normativa comunitaria, el Tratado CECA dice muy claramente desde hace ya unos cuantos años lo que había que hacer.

Y mire, yo siento... no quiero que se interprete que yo he hecho responsable a otro Grupo Político. Mire, tenemos el problema y la obligación de estos señores -y de ustedes y la nuestra- es de resolver el problema, porque otros han sido incapaces de hacerlo. Pues vamos a hacerlo. Tenemos la oportunidad de resolverlo. Pero esto es un sector en crisis; y lo poco que va bien, porque está muy apalancado con ayudas públicas. Y es que Bruselas dice que eso hay que disminuirlo. Y estamos incumpliendo; aquí no se ha cumplido nada de lo que dice Bruselas.

Ahora me dice usted: "son más competitivas nuestras empresas". ¿Frente a quién? ¿Frente al mercado libre? No. No... vamos, están años luz de ser competitivas. ¿Frente a quién? ¿Frente a la minería asturiana? Bueno, pero mire usted, "mal de muchos, consuelo de tontos"; o sea, es que eso no tiene sentido.

Por tanto, sector en crisis, con grave crisis. Y vamos a profundizar en el problema de cómo se resuelven y cómo cumplimos... Porque hay que cumplir las cosas, las normas se dictan para cumplirse. Por tanto, lo que dice Bruselas, aunque sea muy lejos de... estén a muchos kilómetros de aquí, hay que cumplirlo, y los Estados miembros tienen que cumplir. Y no se ha cumplido. Y Bruselas no dará el visto bueno si este Plan no tiene un enfoque claro. Primero, porque la minería internacional es más competitiva, porque es más competitiva, y nuestras empresas es cierto que han hecho buen esfuerzo para aproximarse a esos precios internacionales, pero están lejos todavía. Y hay otros que no lo han hecho. No se preocupe usted que Bruselas tendrá que intervenir.

Pero como es un sector en crisis, las ayudas no las puede dar aquí como se han dado, según le viene en gana o si se acercan o no las elecciones. Eso ha pasado, y ya lo hemos debatido en las Cortes.

Por tanto, hay que cumplir, y Bruselas exige que se cumpla. Y si el Plan no lleva reducción de plantillas... Porque mire, éste es un sector en el que el 70% de los costes de una empresa es la mano de obra. Por lo tanto, el empleo, como no se reduzca por ahí, esto no es viable. No es viable ni MSP, ni Hullera, ni Coto, ni ninguna de las ....., ni de las Carbounión, ninguna. Por lo tanto, hay que, con frialdad y objetividad, examinar dónde está el problema. Y eso es lo que llevamos haciendo muchos meses.

Mire, este Consejero ha ido a Madrid en algunas semanas hasta cuatro días; lo que pasa es que no salimos en los periódicos, pero hasta cuatro veces. Y lo hecho con mucho gusto, trabajando por León y por Palencia.

Pero, claro... por lo tanto, creo que hay que tener claro que es un sector en crisis, intervenido, porque, cuando se dan tantas ayudas para apalancar este sector, Bruselas tiene una normativa que se ha incumplido y que nos exige cumplirla. Nos toca jugar un papel difícil, pero creo que aun así, fíjese, tengo... soy optimista, soy optimista. Porque el Gobierno Central ha hecho un planteamiento... vamos, el Gobierno Central, los sindicatos, las Administraciones Locales, los Ayuntamientos, y el Gobierno Regional han hecho... se ha hecho un esfuerzo importante para diseñar un modelo distinto a lo que había antes. Y ése es el que yo le he dicho. No me voy a reiterar ahora, porque creo que no son horas de entrar en profundizar en cuál es el modelo, porque lo conocemos todos.

Y la respuesta a lo que usted ha planteado no se la tengo que dar yo; la ha recibido de la intervención del Portavoz de Izquierda Unida, y del Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular.

Por lo tanto, yo lamento que a usted no le guste este Plan. Pero, mire usted, no voy a decir que sea un Plan extraordinario, pero es un Plan aceptable. Pero, además, la economía de su provincia, de mi provincia, de mi Región se va a beneficiar -y mucho-, si somos capaces de gestionar y no si somos... si dejamos ese discurso negativo, permanente y constante. Pero, bueno, como a todos nos pasan factura en ciertos momentos, cada cierto tiempo, pues ahí veremos las valoraciones que se hacen de unos y de otros.

Pero le digo con toda sinceridad que León y Palencia se van a beneficiar de este Plan. Primero, del saneamiento de las empresas en lo que es Plan del Carbón, que la filosofía es cambiar el modelo para que en un mercado libre compita en buenas condiciones. Y, por otro lado, en el Plan de Reactivación, que es un Plan serio, profundo, en el que se ha dedicado mucha gente muchas horas, que está consensuado, que las cantidades están dichas, que los Presupuestos Generales del Estado lo contienen, que por mucho interés político que exista en decir que no existe... mire usted, tengo la hoja donde están... la página de los Boletines Oficiales; que los créditos son viables es algo que existe en la Ley de Hacienda, que se sabe lo que es un crédito ampliable, y que además es una... es presupuestar con sentido común, con sentido común, y con rigor. Porque dice usted: "17.500 millones de pesetas". Pero, mire, si que el día uno de enero empezamos a contratar. Y ustedes conocen que existe una normativa de contratación administrativa, que hay que respetar unos plazos, que hay que dar una publicidad, que hay que resolver unos expedientes y que, cuando la máquina se pone a arreglar la carretera, luego viene la fase de ejecución, de certificación y de pago de esas obras.

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Entonces, esto es en la dinámica de siempre que venimos hablando en los Presupuestos: ¿gestionamos... ejecutamos bien o ejecutamos mal? Mire usted, concedemos ayudas, las damos, lo hacemos con todo el rigor y tal, pero luego las empresas tienen que hacer esas inversiones. Y eso tarda. Y dicen ustedes: "como no está al treinta y uno de diciembre todo pagado, ustedes que no pagan y tal". Pues mire usted, lo voy a decir en un término que no me gusta decir: eso es mentira, mentira; o sea, aspirar a que desde mi Consejería yo conceda las ayudas, las pague dentro del año, pues mire usted, eso es una aberración; eso es un absurdo. Yo vendré todos los años, les diré a usted que tal, ustedes dirán lo contrario, y tan campantes; nos saldremos todos por el ascensor... Pero, mire usted, eso... bueno, es un debate... un diálogo de sordos.

Entonces, plantean las cosas de que es un Plan que persigue la viabilidad de las empresas. ¿Qué hemos hecho? Porque yo creo que a ustedes lo que les interesa es qué hemos hecho hasta ahora.

Pues mire usted, en la mañana de hoy, sin ir más lejos, yo tengo aquí una carta de Apema, donde dice: "Manifestamos a usted la adhesión de nuestras empresas al Plan del Carbón". La tengo aquí. Carbounión, también. El Ministerio me ha confirmado esta mañana, que ha estado el Secretario de Estado de Energía en mi despacho bastantes horas trabajando, tenemos ya más de cuarenta y tantas empresas incorporadas al Plan. Estamos trabajando con MSP muchas horas. Mire usted, MSP se han hecho muchos planteamientos, muchas simulaciones de cómo evoluciona, con producciones, con reducción de ayuda, con ayudas... Pero, ¿qué es eso de ayudas extras, una enmienda de 15.000 millones? ¿Por qué no de 50.000? Pero ¿qué base tiene eso? Si hay un Plan que se ha firmado, se tendrá que acoger al Plan; si se pueden acoger al Plan. Estamos haciendo los diseños; o sea, que no hay que desesperarse, hay que dar tiempo al tiempo. Pero, claro, presentar una enmienda de 15.000 millones, pues sería mejor 25.000. Fíjese usted, yo le apoyo. Veinticinco mil. Pero eso no es un planteamiento serio. Eso es un debate político y punto. Ésa es la valoración por lo menos que yo doy a esa cuestión.

Y en Presupuestos está; estén absolutamente tranquilos, que yo garantizo ante estas Cortes -y lo he dicho en distintos foros- que hay... el dinero para este Plan existe; que, además, el Instituto del Carbón está creado; que, además, el Secretario de Estado me ha confirmado esta mañana que me remite ya los convenios para que se firmen entre la Junta... que los estudiemos, demos nuestras opiniones, y lo firmamos cuando estemos todos... sea satisfacción el documento; que, además, el Consejo de Ministros autorizará a principios del mes de diciembre el Decreto, el Acuerdo, en donde se va a regular todo: lo del empleo, las prejubilaciones. Todo eso, por supuesto, en el Consejo de Ministros; un Acuerdo de Consejo de Ministros antes del día uno de enero de mil novecientos noventa y ocho. Porque ése es el compromiso, y que ese Decreto ya está redactado. Y el día diecinueve se celebra una Comisión de Seguimiento del Plan de Carbón, y ahí van a tener oportunidad sindicatos y empresarios de ver el Decreto que aprobará el Consejo de Ministros; porque lo está haciendo todo de forma consensuada y de forma transparente.

Por lo tanto, ¿porcentaje de Castilla y León? Pues ya hemos hablado en términos de un 35%. ¿Nos vamos a gastar los 17.500 millones... les vamos a pagar o les va a pagar el Ministerio a través del Instituto del Carbón y a través de la Junta de Castilla y León? Pues yo no sé si la empresa que haga la carretera tendrá todo en condiciones las certificaciones de pagar. No lo sé; no lo sé, ni me interesa. A mí lo que me interesa es ejecutar ese Anexo. Y ese Anexo es una primera aproximación a lo que debemos de hacer. Pero si hay que variarlo, no sólo por decisión del Gobierno Regional -que también lo hará, si lo cree así-, sino por decisión de los sindicatos, de los empresarios, de cualquier sugerencia que ustedes pueden dar, que nos pueden decir que sería prioritario hacer no sé qué obra en lugar de otra. Si lo que ahí hemos recogido ha sido fruto de varias horas de debate y de consenso con los... con todos los que están participando en esta negociación; o sea, que nosotros no nos hemos inventado ese listado.

Por tanto, ahí lo importante, lo importante es ser diligentes en la gestión. Eso sí que es importante. A ver si somos capaces de diligenciar. Y si me preguntan que si creen que lo vamos a ser, pues yo creo que sí; yo creo que la Junta de Castilla y León tiene estructura técnica y administrativa, y decisión y voluntad de gobierno suficiente para llevar adelante este... este Plan de Reactivación. Bien.

Por lo tanto, eso de que no se beneficia a la economía y tanto Producto Interior Bruto y tanto número, mire usted, ni cuenta de la vieja ni historias; se lo digo con el máximo respeto. León va a salir beneficiado. Ojalá seamos capaces todos de llegar a .....

Por cierto, en Cistierna se va instalar una fuerte inversión, que le digo mi Consejería, no quiero yo... no me quiero poner ninguna medalla... No, no, más de cien puestos de trabajo. Bueno, si tiene usted muchas más, yo estoy dispuesto a recibirlas mañana. Es decir...

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: (Intervención sin micrófono).

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

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EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Mire usted, esto no es una materia exclusiva de la Junta de Castilla y León, ¿eh? Pero ahí hay que hacer muchas inversiones -como han dicho los otros Grupos Políticos- para, realmente, poner aquello en condiciones; que no se han hecho, que no se han hecho hasta ahora, y que hoy tiene la oportunidad, a través de estas fuertes inversiones, de mejorar sustancialmente.

Usted, Señoría -que habrá nacido en aquella tierra, no lo sé, y que la conoce bastante mejor que yo-, verá, si somos capaces de hacer una buena gestión, el cambio que va a producirse. Ahora, ése no es un cambio para que mejoren sólo las carreteras. Queremos mejorar carreteras, escuelas, residencias, para mejorar el bienestar de los ciudadanos y para hacer posible la llegada de otras inversiones allí.

Bien. Bueno. Vista esta cuestión, sí que me gustaría... y dejada yo creo que despejada la incógnita, si yo he dicho cuáles son las repercusiones o no. Yo me he pronunciado en términos de número de empleos que valoramos que se va a perder. Pero es que los datos que yo a usted... mire, yo no me querido retener cuando me ha explicado aquí el número de empleados, de trabajadores que hay en el sector. He visto que era erróneo el dato que tiene usted -y lo digo con el máximo respeto- y, además, en la Dirección General de Industria le pueden facilitar todos los datos. Cerramos este año noventa y siete con una plantilla de siete mil novecientos sesenta y tres trabajadores en el sector, ¿eh? Tome nota del dato, y no son nueve mil como usted pone.

Pero bien, nosotros creo que ya contrastar nuestros datos con los que tiene el Ministerio, con los que tienen los sindicatos, con los que tienen los empresarios, con todos contrastar esos datos, ya empezamos a hablar de números -que a lo mejor el mes de julio no podíamos hacerlo-, de número ya más aproximados a lo que es la realidad. Bien.

Y hecha esta pequeña introducción, yo creo que el Portavoz de Izquierda Unida ha hecho una serie de... ha puesto sobre la mesa una serie de puntos que creo que son interesantes, y más o menos el Portavoz también del PSOE, incluso las inquietudes en cuanto a esos mecanismos para hacer la gestión que expresaba el Portavoz del Grupo Popular, en cuanto a las medidas sociales que irán contempladas en ese Decreto que aprueba el Gobierno en el mes de diciembre, la reactivación, si vamos a ser eficaces o no. La voluntad es... ustedes nos juzgarán y nos valorarán con el paso del tiempo si esto lo hicimos así o no. Yo creo que las podemos resumir en las que ha expresado el Portavoz de Izquierda Unida.

Unión Europea. No lo rechazará. Mire, yo mantengo bastantes contactos con Bruselas, con la Dirección General 17... Evito el desplazarme allí, pues, por no perder el tiempo en lo que supone de desplazamientos, pero con los medios de comunicación que hay hoy día se puede hablar con toda facilidad, ¿no? Y yo tengo la impresión -porque en los próximos días habrá noticias sobre este tema-, yo tengo la impresión de que, efectivamente, Castilla y León está en condiciones y Bruselas puede ver bien a nuestras empresas y la aplicación del Plan a nuestras empresas.

¿Por qué? Pues porque se tiene en Bruselas... yo aprecio que hay una idea de que nuestra Comunidad Autónoma, la minería de nuestra Comunidad ha hecho un esfuerzo. Eso es cierto. Y ha hecho un esfuerzo en mejorar la rentabilidad de las empresas, en mejorar su competitividad, aceptando y además siendo efectiva la reducción de ayudas. Y ha habido un esfuerzo importante en estos años, ha habido un esfuerzo importante; y eso es cierto, aunque el sector esté en crisis y no sea rentable o no sea competitivo si no está apalancado con ayudas públicas. Y se ha hecho ese esfuerzo.

Por lo tanto, tiene credibilidad nuestro minero... nuestro empresario minero en Bruselas, tiene credibilidad. Por lo tanto, el Plan, en los términos que está... el Plan cumple la filosofía de Bruselas. El Plan va a una reducción de empleo, va a una reducción de ayudas, que es lo que manda Bruselas; y no es que diga que tiene que reducir el empleo, es que como tiene una repercusión tan importante sobre la producción, sobre los costes, no hay otro medio de reducirlo. Y además, el Plan prevé una reducción de producción. Y en un sector estratégico, pero en sector en crisis, yo creo que son parámetros que Bruselas tiene que aceptar, tiene y debe de aceptar.

Y, por lo tanto, yo tengo confianza en que Bruselas, respecto a nuestra minería, aceptará. Porque, además, allí podemos acreditar que nuestras empresas mineras han cumplido. No se han acercado a los objetivos que marcó el Tratado CECA, que estamos... estamos lejos; pero nuestras empresas pueden ir con la cabeza muy alta ante la Dirección General 17, a demostrar -que no hace falta, porque lo conocen perfectamente- que hicieron un esfuerzo; y nuestros trabajadores. Por lo tanto, eso nos permite ahora al Gobierno ir con credibilidad a hacer estos planteamientos y pedir el apoyo de Bruselas. Por tanto, respecto a la primera pregunta, yo creo que sí que habrá apoyo.

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Prejubilaciones. Mire, las prejubilaciones, lo que corresponde ahora es que cada empresa, pues, negocie con sus sindicatos este tema. Hay que dejar el pacto, la libre voluntad de las partes que lo cierren. Hay unas normas ahí establecidas. En el ajuste por razones laborales se dice claramente: "Las empresas que no hayan procedido al treinta y uno de diciembre del noventa y nueve-treinta y uno de diciembre del dos mil dos, en su esquema de plantilla, a la sustitución de sus bajas por jubilación o prejubilación en una proporción de cuatro ingresos en plantilla fija por cada once bajas, verán respectivamente reducidas sus ayudas en un 50% a partir del uno de enero del año dos mil, y suprimidas las ayudas a partir del día uno de enero del dos mil tres". Por lo tanto, las empresas van a tener todo el interés del mundo en hacer esto. Y los sindicatos, que han firmado esto -no las empresas-, serán valedores o tutelantes de que esto se cumpla. Por lo tanto, yo no veo... es decir, veo todos los problemas del mundo, pero no veo ningún problema en que esto se pueda cumplir.

Hay que tener en cuenta que las prejubilaciones... que la pérdida de empleo no va a ser traumática -creo que es un dato importante-, que no va a haber una sola baja traumática, que no va a haber una sola baja traumática, y que cuantificamos en ese 20%. Pero no va a haber una sola baja traumática.

Bien. Y, por otro lado, en el tema de empleo hay algo importante, que lo dice el Plan en su página veinticuatro, que es que se van a regular las contratas y las subcontratas, algo que al señor Conde y a nosotros también nos preocupa mucho, y a la Comisión Regional de la Minería, donde hemos ya establecido un registro de contratas; pero que además se dice en el Plan que se van a regular las contratas, algo que era necesario, por otra parte.

Seguridad. Bueno, yo creo que he dado cifras del tratamiento que se va a dar a la seguridad. Pero es verdad... y ahí es una responsabilidad de las empresas y de los sindicatos el hacer ese juego de la salida y de entrada de trabajadores, de forma -por un lado- que posibilite la viabilidad de la empresa y, por otro lado, que garantice la seguridad. Y ahí confiamos... yo creo que no tiene nadie interés en que lo que se haga a partir de ahora, pues, sea para ir a peor, buscando la competitividad, la mejora de la situación de las empresas, el saneamiento de las empresas y, por supuesto, garantizando la seguridad, donde se va a invertir al año... he dado la cifra de 2.000 millones de pesetas, más las aportaciones que haga la Junta -que ahí no están-, más las aportaciones que haga la Junta, que está haciendo ya. Por lo tanto, en seguridad yo creo que debiéramos de ganar.

¿Qué tratamiento van a tener MSP, Coto y Hullera? Pues no es que estemos a estas horas, a estas alturas, sin cerrar el asunto por mero capricho, sino porque, evidentemente, son los centros de trabajo, las empresas en donde existe más dificultad.

MSP. Mire, yo creo que estamos avanzando de forma ya sustancial en lo que pudiera ser el cierre de las negociaciones para que la MSP se incorpore al Plan. Yo estoy convencido -y creo que a lo mejor no debía de decirlo, pero lo voy a decir- de que esa empresa se va a incorporar, se va a adherir al Plan del Carbón, estoy convencido; y, además, que no habrá que hacer excepciones a ese Plan. Creo que tiene una voluntad decidida la empresa de ampliar su capital, de sanear la empresa. El Plan prevé los distintos acoplamientos, la incorporación de ayudas, que con las reducciones de personal que va a tener en los niveles que ha presentado, y que estamos debatiendo con ellos, pues puede, realmente, dejar la situación de la empresa, de cara al futuro, en una buena situación. Por lo tanto, ahí todavía nos quedan más horas de trabajo, pero confío en que seamos capaces de cerrar este tema.

Coto Sil está en suspensión de pagos y, mire usted, ésa está en manos del Estado ahora, que es el acreedor mayoritario, la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Y la Hullera, pues, tiene unas características distintas a las de MSP, como ustedes conocen. El problema de la Hullera, estamos también en conversaciones, y es un problema que yo confío... pero es una decisión libre del empresario; el empresario se puede incorporar o no se puede incorporar; es una decisión libre. Va a tener que competir con libertad en el mercado; aquí no hay límites de producción, aquí se puede producir lo que se quiera. Hay unos mínimos que están garantizados para llegar a las centrales, pero quien saque... extraiga el carbón a precios más competitivos va a tener oportunidad de vender... de vender a las centrales térmicas. Y las centrales térmicas tienen la obligación de comprar, porque tienen... si quieren producir energía, tienen que comprar el carbón. Eso está regulado en el sistema eléctrico y, por lo tanto, no hay ninguna duda de que las empresas... las centrales térmicas van a comprar carbón. Pero hay, además, un mínimo garantizado, que en esta Región yo creo que podemos decir que da cierta tranquilidad en el arranque, ¿eh? Y luego, las empresas, como tienen que hacer un esfuerzo para ser más competitivas, yo confío también en que en el futuro, pues, se vayan alcanzando mejores niveles de rentabilidad y de competitividad.

El Instituto del Carbón -ya lo he dicho-, el Instituto del Carbón se va... está ya constituido. El Instituto del Carbón tiene... va a tener a partir del día uno de enero la dotación... el crédito suficiente para hacer estas inversiones; suscribirá un convenio con la Junta de Castilla y León para gestionar en la Comunidad Autónoma el Plan de Reactivación. Y en ese Plan, pues, seguiremos contando -como no puede ser de otra manera- con la colaboración de todos aquellos que, de buena fe, quieran contribuir a la mejora de nuestra Región.

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¿Los Presupuestos? Pues mire, los créditos ampliables no tenga usted ninguna duda de que es una fórmula que permite, y además una fórmula que, de cara al futuro, hace que no se pierdan estos fondos y que queden destinados al concepto para el que están presupuestados. Por lo tanto, se reservan para otros años. Y nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar bien para hacer muchas inversiones y para que, efectivamente, esos créditos ampliables, dentro del mismo año noventa y siete, pues haya que ampliarlos, los que están ya previstos. Pero dejemos ya de lanzar mensajes que no son ciertos. Está presupuestado en los Presupuestos del Estado que se deben de aprobar por las Cortes españolas -eso al día de hoy no está-, están presupuestados todos los compromisos que adquirió el Gobierno de España sobre el Plan del Carbón y el Plan de Reactivación.

La Agencia de Desarrollo va a gestionar una parte importante -15.000 millones, ya lo he dicho-, pero eso no va a limitar el que nosotros podamos... en inversiones en la Región se puedan acoger a esos 10.000 millones. Es decir, además de esos 10.000 millones, la Agencia de Desarrollo va a tener una partida de 15.000 millones para gestionar el apoyo a pymes, ampliaciones, modernizaciones e instalaciones de nuevas industrias. En eso también quiero dejarlo suficientemente claro.

Por lo tanto, implicación de la Junta de Castilla y León. Compromiso, no desde hoy, no como consecuencia de la negociación de este Plan del Carbón ni de este Plan de Reactivación, sino desde hace muchos años, desde hace muchos años. Mis antecesores en el cargo en estas responsabilidades... yo creo que nadie tiene duda en esta Comunidad Autónoma de que la Junta de Castilla y León siempre mostró un apoyo decidido a este sector en crisis; siempre se fue sensible con nuestras comarcas mineras, y ahora yo creo que incluso mucho más, después de que con el Gobierno de España se ha llegado a estos acuerdos.

Por lo tanto, la preocupación que tienen ustedes de mecanismos para que a partir del uno de enero se desarrolle todo esto, los mecanismos van a estar preparados y dispuestos. ¿Preocupación mía? Que seamos capaces de gestionarlo. ¿Optimismo...? ¿Posición optimista que tengo? Porque conozco la capacidad de gestión de la Junta de Castilla y León y creo que es suficiente para dar respuesta a estas inversiones; además, hay muchos proyectos que están preparados. ¿Qué pasa con los proyectos que... de infraestructuras que tiene... que se decía que si la Junta de Castilla y León no lo iba a hacer? Pues mire usted, esas infraestructuras, la Junta gastará ese dinero en zonas adyacentes. Es decir, lo que no tiene sentido es que los estemos metiendo en la misma carretera. O sea, que habrá inversiones del entorno, en zonas adyacentes que se valoren y que nosotros tengamos... Me refiero, por ejemplo, pues al sector de la pizarra, por poner un ejemplo. Pero eso habrá que irlo determinando.

Bien. Y yo creo que, en este caso y en esta situación, ahora, lo que nos queda de cara al futuro, de aquí a finales de año, es cerrar la integración, la adhesión de la MSP al Plan, de la Hullera y Coto Sil, que está en una situación típica y de... de suspensión de pagos, y que tendrá que, después del convenio, que... al acuerdo que se llegue con el convenio de acreedores, pues quizás a lo mejor eso incorpore una inyección de saneamiento a esa compañía.

Y por mi parte, pues nada más. En la próxima intervención, si tienen alguna duda, yo les explicaré con mucho gusto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. Entramos en turno de réplica. Y ruego a los distintos Portavoces sean lo más breves posible. Señor Otero, tiene la palabra por el Grupo Mixto.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, Presidente. Entiendo el ruego, dado la hora que es. Procuraré ser lo más breve posible.

Ha intervenido esta segunda vez el señor Consejero hacia este Procurador... bueno yo he deducido un tono como paternal, un tono docente de "tranquilo, que tal, que no tienes bien los datos, que esas cuentas, que no sirven, que no tienen rigor". Mire, señor Consejero, yo me he aventurado a lanzar unas cifras que son previsiones, porque tengo esas previsiones y las he hecho; usted no las tiene. Usted ha dado unas cifras... unos datos genéricos, unas previsiones de tantos por ciento, que ya veremos y tal. Mire, yo me he aventurado a hacer previsiones; estaré equivocado o no estaré equivocado, el tiempo me dará o quitará la razón, pero yo sí hice los deberes para venir aquí, y usted no. Usted no se ha leído el Plan. Y claro, y algunas consecuencias lógicas: "en torno al 20% se perderá", y tal. Pero yo he venido con los deberes preparados. Me puedo equivocar o no, pero yo le aporto unos datos para discutir sobre ellos y usted no puede discutir porque no tiene datos. Usted no tiene ni idea de cómo puede repercutir en el Producto Interior Bruto de Castilla y León el Plan del Carbón, en previsión; no estoy diciendo que vayamos a tener... esto es todo hablar de futuro. Pero en economía se hacen previsiones. Usted, como no sabe, pues dice: "Ésas son las cuentas de la vieja". Mire usted, serán las cuentas de la vieja, pero las tengo hechas y usted no.

Por tanto, no me hable de que no hay rigor, porque... No tendrían rigor si usted me diera otros datos más rigurosos; pero mientras usted no me dé ningún dato... ¿O cómo va a influir -dígame usted- en la provincia de León, o en León y Palencia, o donde usted quiera, en toda la Comunidad, cómo va a influir esto, el Producto Interior Bruto? Dejando de lado las ayudas; luego eso ya se verá, lo que sean capaces de paliar esas ayudas. Pero, de momento, se da una situación objetiva con el Plan del Carbón, que va a haber unas repercusiones. Y usted, económicamente, no es capaz de analizarlas, más que con vaguedades y con cifras. Y viene aquí con un discurso paternalista, y además diciendo que yo no tengo rigor en mis cifras. ¡Hombre!, pues mire, si a lo mejor yo dije ocho mil cuatrocientos noventa y dos trabajadores y son siete mil novecientos, es posible que esos datos estén más actualizados; pero es igual, porque, a fin de cuentas, el porcentaje es el mismo, porque la reducción de trabajadores es paulatina en toda España. Y ese dato yo lo utilizaba para contraponerlo con toda España y luego pedir esas ayudas para la provincia de León.

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Me dice también... Eso se lo quiero... Eso lo entiendo, porque como yo soy nuevo en esta Comisión, comprendo que usted no sepa que yo, cuando hablo en las Comisiones, hablo de León. Sí, eso usted no lo sabe, pero ya se lo digo yo. Yo hablo de León, porque, mire usted, a mí me han votado los leoneses para que hable de León. A otros les han votado para que hablen de Castilla y León, y yo lo respeto. Pero quienes me han votado a mí, o a mi partido -mejor dicho-, es para que hable de León y para que defienda los intereses de León; y por eso no he hablado de Palencia. Que no les parezca mal a los palentinos, que hay votantes de todos los demás Procuradores que votan para que hablen de Palencia y de toda la Comunidad. Cada uno habla de lo que quiere, como usted bien ha dicho. Por tanto, eso es algo que se tiene que ir acostumbrado. Yo siempre provincializo todo, absolutamente todo lo provincializable. De modo que, como en esto también se puede provincializar, porque los datos de León son los datos de León; con todo el respeto para los datos de Palencia, que además, proporcionalmente, vienen a ser los mismos -ya lo dije al principio-. Yo traigo aquí mi estudio hecho y mis deberes hechos con relación a la provincia de León, que es la que me preocupa; lo cual no quiere decir que no sea solidario con el resto de las provincias. Pero a mí me preocupa la situación de León.

Y yo hacía hincapié -sin volver a repetir los datos, porque he anunciado brevedad en la intervención-, yo hacía... ¡Ah!, bueno, me reñía usted porque yo no hacía -bueno, me "reñía" entre comillas-... porque si a mí no me gustaba el Plan. Mire, aun con el visto bueno de Bruselas, podrían haberse hecho otros planes; en esa misma línea, pero de otra forma. Pues a lo mejor a mí me hubiera gustado más un Plan más flexible, o un Plan de mínimos, donde hubiera unos mínimos y luego se negociase directamente con cada una de las empresas; o que no hubiera Plan y se negociase directamente un Plan de Viabilidad con cada una de las empresas. Eso no es una locura, es lo que se va a hacer a partir del dos mil cinco -como usted sabe-; eso es lo que marca Europa. A lo mejor, hubiera dicho: "Nada de Plan, que se pongan, sí, las ayudas sobre la mesa, pero no vamos a medir a todas las empresas por el mismo rasero, vamos a analizar una por una el problema de cada una de ellas"; y entonces no habría el problema de que la Hullera tiene un problema y no se acoge al Plan, y la MSP tiene otro problema, y otra esté en suspensión de pagos, si se hubiera analizado.

Por tanto, ¿que ustedes defienden este Plan? Yo lo respeto. Pero claro, el no defender este Plan o decir que éste es malo, también es respetable, porque aun se podrían haber hecho otros planes, de otra forma, que también tuvieran el respaldo de Bruselas, o el visto bueno de Bruselas. O sea, hay muchas formas.

Por tanto, permítame usted que yo insista en que este Plan no me gusta y que había formas de haberlo hecho mejor este Plan. O a lo mejor no haberlo hecho, y haber hecho planes sectoriales con cada una de las empresas; también se lo digo.

Y habla usted... nada, no va a haber bajas traumáticas y tal... No va a haber bajas traumáticas en los empleos directos; en los inducidos, todas van a ser traumáticas. El señor que tiene que cerrar un bar porque se despuebla la población, o el taller de coches, ésa es una baja traumática: se va para su casa sin nada más. Y hay que, a mi juicio, valorar todas las repercusiones; no solamente parte de las repercusiones: el señor que se va prejubilado para casa a una edad joven, estará encantado de la vida, ¿cómo no lo va a estar? Pero hay muchos empleos indirectos, más que lo directos, el doble que los directos, que ésas sí son bajas traumáticas.

Y luego, para terminar, debo decirle que yo... de lo importante, no me contestó nada. Luego se fue por las ramas y no me dijo... Yo le dije que según mis datos... y ahí utilizaba los porcentajes de participación de la provincia de León en la producción nacional y en el empleo nacional, y decía: si León contribuye en un tanto por ciento -el 32%, o el 30, lo que usted quiera- en la producción y el 38 en la... perdón, el 38 en la producción y el 32 en el número de trabajadores, que pida las mismas ayudas... que pida las mismas ayudas. Eso es absolutamente razonable. Eso no es un cuento de la vieja; eso es una reivindicación absolutamente legítima: tanto me quitan, tanto pido para que me den, para que me compensen. La compensación tiene que ser equivalencia; ¡digo yo, vamos!

Y entonces, por eso le decía que, mire, a mí me salían 28.180 millones de pesetas que le corresponden a León al año entre los tres conceptos: infraestructura, formación y proyectos empresariales. Pero claro, usted dijo 17.500; y en su segunda intervención, ya ni mencionó el tema; como no trajo los números, pues dijo: "casi esto lo obvio, porque...". Dígame usted que no son 28.180 millones lo que le corresponde a León; o que no son 15.000.000 a la hora de valorar los proyectos empresariales, que no es... no se valora en 15.000.000 los empleos perdidos. Yo le digo con qué datos lo he hecho: con el Plan del año mil novecientos noventa y seis; con esos mismos datos. Pero como usted no trae cifras, ni trae datos, ni trae los deberes hechos, pues entonces contesta por las ramas. Y así no podemos entrar en debate, ¿verdad?, porque yo, si usted me diera otras cifras, le diría cómo lo calculo yo, cómo lo calcula usted, y a ver quién tiene razón.

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Pero yo, desde luego, mire, yo creo que León tiene capacidad para invertir 28.000 millones de pesetas al año. Si no la tiene, ya no será culpa mía, será culpa de otros. Pero yo pido para León 28.000 millones de pesetas, porque eso es lo que equivale a la contribución que León tiene a la producción y al empleo nacional de carbón.

Y termino con la cuestión. Yo sé que a usted no le gusta hablar de la minería pública asturiana, porque claro, es un agravio comparativo sonrojante; lo estamos padeciendo. Y me dice usted: no, es que claro, las empresas de León, claro, unas tienen ahora beneficios, pero es que reciben ayudas permanentes. Sí, sí, pero con ayudas tienen beneficios; otras, con ayudas, tienen 50.000 millones de pérdidas, como es el caso de Hunosa.

Y mire, de verdad, yo apoyé y en León todo el mundo apoyó la Enmienda que presentó en el Congreso el Partido Socialista, donde se pedía me parece que 15.000 millones de pesetas para sanear las empresas de la provincia de León, al margen del Plan del Carbón, y para que ya llegasen al Plan del Carbón con una situación saneada. Se pedían 15.000 millones de pesetas, lo cual es muy poco en relación con los 72 ó 74.000 millones de pesetas que va a recibir la minería pública asturiana.

Me dice...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Señor... señor Otero, vaya concluyendo.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Voy concluyendo. Me dice: es que aquélla es pública y es... y es dinero del Estado; y el dinero para la privada, pues también sale de los bolsillos de los ciudadanos. Yo sé que a usted no le gusta hablar de ese tema, pero cuando se midan todas las empresas por el mismo rasero y a todas las comarcas por el mismo rasero, cuando no un Vicepresidente determine que para un sitio más y para otro sitio menos -Vicepresidente del Gobierno-, pues entonces yo me callaré en ese tema; pero mientras tanto, seguiré pidiendo ayudas al margen... al margen del Plan del Carbón para las empresas de la provincia de León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Bien. Gracias, señor Presidente. Brevísimamente. Bueno, el señor Consejero sabe perfectamente que yo difiero de algunos planteamientos del PP en cuanto al Plan de Ordenación del Carbón. Pero, vuelvo a repetir, ya no tiene sentido volver a discutir ese tema, porque el Plan ya está aprobado, y lo único que queda es el cumplimiento del mismo, ¿no?

Y por lo tanto, yo creo que... que lo más importante... yo, lo que le comentaba. Decir: bueno, tampoco vamos a criticar ahora mismo al Grupo Parlamentario Popular del incumplimiento del Plan, cuando todavía no se ha aplicado; es una cuestión de sentido común. Entonces, que, evidentemente, nadie va a plantear ninguna crítica en estos momentos contra el Plan del Carbón, ni contra el Ejecutivo Regional, entre otras razones, porque el Plan todavía no se ha empezado a aplicar. Y lo que se establece aquí son las dudas o las... a las preocupaciones que cada Grupo Parlamentario puede tener en torno a la aplicación del mismo, ¿no?

Yo vuelvo a reiterar que, al margen de la situación concreta, para nosotros lo más preocupante era garantizar, primero, que todas las empresas se acogieran al Plan; punto uno. Punto dos, que no se estableciera ningún tipo de trato preferencial con ninguna empresa, al margen de la capacidad económica que tenga o la plantilla que tenga, porque, automáticamente, como entremos en esa dinámica, el Plan nunca se va a poner en marcha; y me estoy refiriendo al tema concreto de MSP, Coto del Sil o la propia Hullera Vasco-Leonesa. Yo sé que pueden tener sus dificultades a la hora del tema de las prejubilaciones, pero eso no es condición sine qua non para paralizar la aplicación del Plan.

Y las dudas que tiene este Procurador es que, para el año mil novecientos noventa y ocho, si desde el Ejecutivo Regional o desde la propia Administración Central se hace caso a las posibles presiones... que yo ya no entro a valorar si son legítimas o no, pero hay una serie de presiones por parte de una serie de empresas que no quieren firmar el Plan y que están planteando una serie de prebendas, pues, lógicamente, el Plan del Carbón no se pone en marcha y retrasamos... y retrasamos su aplicación. Por eso me preocupaba el tema de la MSP y del Coto del Sil.

Y yo sí que le quería decir al señor Otero que no se preocupe de la financiación de la MSP, porque la MSP tiene ingresos bastantes y suficientes. Y además, en aspectos empresariales, yo creo que es un sector superprotegido; no hay ninguna empresa que tenga el mercado garantizado, como es el tema de la minería, donde el empresario tiene garantizada la venta de su mercancías sin ningún tipo de problemas, y no tiene que buscarse compradores en el mercado.

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Pero sí me preocupa esa situación de chantaje permanente, que cada vez que se tiene que hablar del Plan del Carbón, bueno, pues se fuerza ahí a una situación artificial. Y yo por eso le recuerdo que en el Pleno le dije que, con respecto al Plan de Viabilidad de la MSP, pues, al margen del Plan del Carbón, se puede hacer, no hay ningún problema, que firme el Plan del Carbón y que se negocie un plan de viabilidad concreto para estas empresas. Pero que a la hora de poner dinero -que es a lo que este Procurador le preocupa-, que al final no sea la Junta de Castilla y León la que diga: bueno, la Administración Central -para los planes de viabilidad, me estoy refiriendo- pone una cantidad económica determinada, y al final la Junta tiene que poner su parte. Y a eso sí que nosotros nos negamos. Es decir, la empresa tendrá que firmar el Plan... tendría que asumir el Plan del Carbón y tendría que negociar con sus propios recursos y con los recursos de la Administración Central ese Plan de Viabilidad. Pero claro, que encima tenga que poner la Comunidad Autónoma dinero, eso ya es excesivo, porque entonces pagaríamos impuestos dos veces los de esta Comunidad.

Es a lo que yo me refería, que... ya no entro a valorar -vuelvo a repetir- si esas presiones son legítimas o no legítimas, pero, en todo caso, la obligatoriedad de que todas las empresas tengan que firmar ese Plan.

Y después, evidentemente, es una cuestión de capacidad de esta Comunidad de crear los mecanismos para la aplicación del Plan. A mí me sigue... no es que me asuste; yo me sigo preocupando en el tema de la capacidad real que tenemos para hacer frente a toda esa serie de inversiones y ese capital que, supuestamente, tendríamos que invertir aquí y que tenemos que crear los mecanismos para poder aplicarlo. Después de todo, a partir de enero del noventa y ocho hablaremos del seguimiento del Plan, evidentemente.

Yo no voy a criticar a nadie si el Plan va a ser malo o va a ser bueno, porque todavía no se ha empezado a aplicar, pero habrá que agilizar los trámites para que a partir de enero del noventa y ocho se empiece a aplicar. Y a partir de esa fecha, señor Consejero, pues hablaremos de los cumplimientos o de los incumplimientos de dicho Plan, y será objeto de iniciativa, evidentemente, si no se cumple. Pero mi intervención anterior iba en ese... en ese sentido: la preocupación por hacer el seguimiento del Plan y que la... y que la Junta de Castilla y León establezca los mecanismos para gestionar todo ese... esos 17.500 millones de pesetas, que se supone que tendrían que venir para esta Comunidad. Y que aunque usted diga alegremente que tenemos capacidad suficiente, pues permítame que yo lo ponga en duda, por la experiencia que tenemos. No digo que no seamos capaces, pero digo que no habrá que decir eufóricamente "no, no, estamos en condiciones de recibir los 17.500 millones de pesetas, de gestionarlos perfectamente, de tal manera que a partir del uno de enero del noventa y ocho vamos a empezar a tramitar todos los proyectos". Yo me alegraría que fuera así, y nosotros vamos a cooperar para que eso sea así; no vamos a poner ningún tipo de trabas. La única atención que hacemos es ésa, que no haya empresas, concretamente, que pongan zancadillas al Plan, para que al final pase enero, pase febrero, pase marzo y pase abril de mil novecientos noventa y ocho, y no hayamos empezado a aplicar el Plan porque estamos más preocupados por los conflictos probables que se puedan montar en determinadas empresas, que están interesadas en presionar para sacar sus propias prebendas y obstaculizar la aplicación del Plan.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Conde. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Almarza.

ALMARZA GONZÁLEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. Yo decía antes que compartía, prácticamente, las reflexiones que hacía el señor Consejero sobre el Plan; un Plan que hemos logrado con el esfuerzo de todos, importante, porque si les hubiéramos dejado a ustedes solos, en la primera propuesta nos dejaban en seis millones de toneladas; con lo cual yo creo que el esfuerzo ha sido de todos, un esfuerzo importante. Para que queden las cosas en su debido sitio.

Y cuando hablábamos de porcentajes, yo le escuché todos los porcentajes perfectamente y los tengo tomado nota; son los que vienen en el Plan y están perfectamente controlados. Ésas son las consecuencia de este Plan, las consecuencias inmediatas del Plan el día uno de enero. Yo le hablaba de repercusiones, y las repercusiones es, en empresas que no se hayan reordenado nunca, ¿qué situación va a ser la que va a quedar en esas empresas? Porque se pueden ir... la Hullera Vasco-Leonesa, concretamente, si se adhiere el Plan, se van a ir todos los trabajadores más cualificados que tenga la Hullera Vasco-Leonesa, se van a ir para casa de una tacada. Porque no es que haya que pactar entre empresas y trabajores; se puede pactar. Pero el Plan dice que es voluntario para los trabajadores y obligatorio a las empresas, con lo cual la negociación está prácticamente hecha: los trabajadores que cumplan cincuenta y dos años se pueden marchar voluntariamente para casa, si las empresas se han adherido al Plan; con lo cual va a haber dificultades. Ésas son las repercusiones a las que me refería yo en algunas empresas.

Y hay otros aspectos también que pueden repercutir en el... en el mantenimiento de las empresas. Y ahí sí le hago una pregunta concreta: ¿cuántas empresas han solicitado que tengan un cielo abierto... han solicitado yacimiento único? Yo creo que hoy el Secretario de Estado de la Energía supongo que se lo habrá dicho, las que lo han solicitado.

¿Y cuántas empresas no se han adherido al Plan en Castilla y León? Porque yo creo que son menos las que no se han adherido -que son tres o cuatro- a... a las que se han adherido. Alguna más de las grandes, pero pocas más, creo. Si tiene constancia de ello, pues que nos lo diga.

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Y yo le preguntaba si los fondos de los Presupuestos de la Junta van a ser adicionales a los del Miner. Y la contestación es clara: ha dicho que no, se invertirían en zonas periféricas. Entonces, lo que creo es que no supone ningún trato de favor a las comarcas mineras el que vayan los fondos Miner y se eliminen los fondos de la Junta. O eso creo que le he entendido. Si le he entendido mal, pues me lo dice y nada más. Pero yo creo que... que si el trato o la adicionalidad de los fondos Miner es para que esas comarcas mineras, que están en una situación difícil, vayan a mejorar, si les eliminamos las inversiones que iba a hacer la Junta de Castilla y León de sus presupuestos, pues yo creo que vamos a conseguir pocas cosas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Almarza. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Rojo, ¿no desea intervenir? Bien. El señor Consejero tiene la palabra, para dúplica.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Sí, muy brevemente. En primer lugar, para pedir disculpas al señor Otero, porque yo no he tenido hoy ningún interés de... de ser... o manifestarme en términos paternalistas. Bien, cada uno se manifiesta como... como puede; y entonces, quizá haya dado ese tono, pero no es así.

Y, mire usted, entre los datos que usted da y... no se trata aquí de una carrera de... Yo no soy aventurado en nada; es decir, no solamente en esto, en política, en dar datos... tal. En la vida, por... por cómo es uno, no me dedico a aventurar... no me meto en aventuras en nada.

Por lo tanto, mire, éste es un tema tan delicado, que sería irresponsable por mi parte si me dedicase a decir las cosas de forma aventurada, ¿entiende? Entonces, como luego se puede interpretar, y tal, hay que ser absolutamente... tremendamente discreto y dar pocas pinceladas; y creo que he dado muchas esta tarde ya.

Pero, mire usted, los deberes están hechos. Sé el número de trabajadores que va a perder en prejubilaciones, en recolocaciones, cómo queda la plantilla, cómo queda la producción, cómo queda la reducción de ayudas, cómo va a quedar la economía allí. Pero vamos, no en la... en cómo va a quedar el Producto Interior Bruto y la inflación en tres años o cuatro, mire usted, no pierdo el tiempo en eso; se lo digo de verdad, no lo pierdo. Es decir, podemos hacer toda la estimación que usted quiera, pero yo no... es decir, a mí no me corresponde hacer eso; por tanto, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer.

Pero vamos, en lo que sí que me interesa a mí, le aseguro que... que el trabajo está. Pero no es el trabajo sólo del Consejero: es el trabajo del Director General de Industria, del Servicio de Minas, de la Dirección General de Industria, del Ministerio de Industria, de los Sindicatos. Es trabajo de mucha gente, de mucha gente.

Pero bien, no hemos venido aquí a decir lo que hacemos, sino a explicar un poquito cómo vemos las cosas.

Entonces, yo creo que el dato que da usted del 35%, del porcentaje y tal, nosotros... yo me he expresado en términos del 35% para la reactivación. Por tanto, yo creo que usted lo calcula del... de los 65; yo me refiero a lo que es la cantidad de infraestructura, a los 50.000 millones; el 35% son 17.500. O sea, que, a lo mejor, en el cálculo suyo y el mío estamos coincidentes, ¿no? Porque me da la impresión o creo entenderle que usted lo hacía sobre cantidades superiores. Pero yo no he metido ahí las inversiones, ni he metido ahí la formación, ni he metido... Es decir, no, no la he metido. Pero vamos, yo me... me he referido únicamente a la partida de los 50.000 millones de pesetas, el 35% son 17.500 millones de pesetas, que es lo que... lo que... a lo que yo me he referido.

Bien, entonces, ¿qué pasa...? Quiero decir, nosotros queremos que las empresas se adhieran. Yo creo que hay cerca de cincuenta -no sé cuántas- que ya han expresado por escrito la adhesión. El plazo no está cerrado. Y tenemos estas tres empresas, que están en esa fase de diálogo, de negociación, para cerrar este tema.

Pero bueno, si hay alguna empresa que no quiere... si esto es voluntario, si ahí el propio Plan tiene un mecanismo para... para saber qué es lo que... en qué situación queda una empresa que no se incorpore. Y, entre otras cosas, a partir del uno de enero del noventa y ocho se produce una reducción en las ayudas del 10%. Es decir, pero si no hay que decir... el Plan define claramente, establece... aquel que no se quiere... aquella empresas que no se quiera adherir, en qué situación queda. O sea, que es muy libre cada empresa de ver cuál es lo que más le beneficia, si incorporarse o no.

El tema del yacimiento único, esta mañana, precisamente, con la reunión con ..... hemos estado hablando de esto, del yacimiento único, hay una propuesta. El Ministerio está dispuesto a aceptarlo, pero todo esto está en términos de maduración. Es decir, que esto también es un tema que se resolverá.

Y los fondos de la Junta, yo me expresaba en términos de... de que se va a invertir allí. Me he referido incluso, creo que en el ejemplo a la... que se puede -que digo que es un ejemplo-, que se puede invertir a la pizarra; es decir, allí, en las comarcas mineras. Es decir, lo que no tiene sentido es que paguemos... tengo que decir la carretera; eso no... no es que no tenga sentido, es que no lo podemos hacer. Por lo tanto, se irá a inversiones, sin ninguna duda, destinadas en aquellas zonas.

Bien, yo creo que prácticamente lo temas, salvo... quizás habría que precisar un poquito más en el tema de las prejubilaciones.

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Mire, esta mañana hemos dicho a las empresas que comiencen ya las conversaciones con los sindicatos para... para establecer el Plan de Prejubilaciones; que hablen empresas y trabajadores con el fin de establecerlo. Porque aquí no se les obliga a nada, ni se les dice en el tiempo cuándo lo tienen que hacer. Lo que aquí tienen que hacer es tomar aquellas decisiones que más beneficien, dentro de lo que permite el marco... el Plan, que es bastante flexible en este aspecto: se pueden acoger al cuatro-once... Este año no sé qué porcentaje, el año que viene... Ellos tienen unos parámetros dentro del Plan que hay que cumplir, pero que son lo suficientemente amplios en margen como para que las empresas puedan entrar en negociaciones. Porque hay que saber el día uno de enero del noventa y ocho qué trabajadores se van a prejubilar; porque vamos a tener... el día uno ya estará aprobado el Decreto, y entonces se podrán prejubilar. Y probablemente tengan intereses los trabajadores en adquirir esa condición de prejubilado antes, lo antes posible, y eso beneficiará también la competitividad de la empresa. No tiene sentido que lo dejemos para el mes de octubre del año noventa y ocho, cuando se puede hacer mejor en el mes de febrero, porque habrá perdido posibilidades de mejorar su competitividad en ese período de seis u ocho meses.

Por lo tanto, esto estará todo dispuesto. Y lo que se ha indicado esta mañana es que comiencen ya -se les va programando su trabajo-, comiencen ustedes ya, dialoguen con sus representantes sindicales, fíjennos ustedes qué personal quiere prejubilar a partir del día uno de enero. Dígannoslo ustedes, nosotros no imponemos nada; díganlo, dentro de lo que es el marco del acuerdo del Plan.

Y por mi parte, pues yo creo que con esto quedaría ya todo... si no me... dado respuesta. Muchas gracias por todo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador desea formular alguna pregunta? Pues bien. Agradecemos la presencia del señor Consejero, y damos por concluida la sesión.