DS(C) nº 311/4 del 10/12/1997

ZAMÁCOLA GARRIDO

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Sí, señor Presidente. Doña Carmen Reina Díez sustituye a don Antonio Zapatero, y don Fructuoso Corona a doña Pilar San Segundo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Zamácola. ¿En el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida?

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí, señor Presidente, manifestar que vengo en sustitución de don Luis García Sanz. Y en el tema del Orden del Día, dado que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Por favor, ruego silencio. Guarden silencio, por favor, Señorías.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí, manifestar que, con respecto al tercer punto del Orden del Día, que era una comparecencia del Director Gerente de GICALSA, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y, dado que ES sobre el mismo tema, sobre el cual comparece a petición propia el señor Consejero, retiramos el tercer punto de a convocatoria del Orden del Día.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Conde. ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista no hay sustituciones? El señor Secretario dará lectura al primer punto del Punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR MESÓN SALVADOR): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Fomento a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre previsiones de construcción de autopistas de peaje en el territorio de la Comunidad Autónoma".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Fomento.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Señorías. Corresponde en la presente comparecencia ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones de estas Cortes Regionales abordar, de acuerdo con el Orden del Día de esta sesión, el análisis, en primer término, y a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, de las previsiones de construcción de autopistas de peaje en nuestra Comunidad Autónoma.

Más adelante, y en segundo lugar, abordaré el examen -en este caso a petición propia- de las cuestiones ligadas a las imputaciones realizadas en un medio de comunicación regional por don Rufino Oliva arrogándose la representación de los subcontratistas respecto de supuestos delitos de prevaricación, estafa y falsedad documental contra este Consejero, el Secretario General de la Consejería y el Interventor General, con ocasión de la certificación y pago de las obras de ejecución de la autovía del Camino de Santiago, en su tramo Onzonilla-Santas Martas.

Así pues, y en relación a la primera de estas comparecencias, deberemos separar aquí las previsiones de ejecución de autopistas en carreteras de las redes regional y estatal.

De este modo -y como bien conocen Sus Señorías-, las previsiones de actuación en la red regional de carreteras, en los términos del Plan de Actuaciones Prioritarias en Infraestructura del Transporte, mil novecientos noventa y siete-dos mil, incluyen obras en vías de alta capacidad o grandes infraestructuras con características en todos los casos de autovías y no autopistas. Estos eran los casos de la Autovía del Camino de Santiago, así como de los desdoblamientos del tramo Palencia-Magaz, y de la propia Ronda Interior Sur de Valladolid.

De este modo -y aclarado el hecho de que la Junta de Castilla y León no presenta previsión alguna de ejecución de autopistas de peaje-, centraremos nuestra atención en las carreteras que integran la Red de Interés General del Estado. Respecto de éstas conviene destacar que en desarrollo del Plan Director de Infraestructuras del Estado, la Administración Estatal, a iniciativa del Ministerio de Fomento, ha venido trabajando, por lo que conoce la Junta de Castilla y León, sobre un borrador, o avance de lo que constituiría un primer plan o programa de autopistas que afecta al conjunto del Estado.

Destacando el hecho de ser un avance no definitivo de las previsiones de actuación, cabe indicar cómo en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, este documento de avance formula la construcción de autopistas en los tramos Astorga-León, así como en las conexiones de las ciudades de Ávila y Segovia con la autopista A-6 o, lo que es igual, con su continuidad en la carretera Nacional VI.

Respecto de la primera, se hace preciso recordar que, como consecuencia del Acuerdo de Financiación de Infraestructuras en Castilla y León, suscrito el pasado mes de enero de mil novecientos noventa y dos, se preveía, por un lado, la ejecución por la Comunidad Autónoma de la autovía del Camino de Santiago, asumiendo paralelamente la Administración Estatal el compromiso de ejecutar las autopistas de enlace entre Astorga y León -antes mencionada-, así como el enlace León-Benavente; autopistas que quedarían integradas en la concesión de la actual Autopista León-Campomanes.

Como se observa, la previsión de ejecución de dos autopistas en esta zona quedaría reducida, tras un intenso y, por lo demás, reciente debate, al enlace Astorga-León que antes indicábamos.

Caso distinto resulta la construcción de los enlaces de las ciudades de Segovia y Ávila, que aparecen como ampliaciones de la concesión existente, y respecto de las cuáles se hace difícil precisar un calendario concreto de puesta en marcha, y sobre todo las condiciones en que finalmente se puede plantear su explotación.

Básicamente la posición de la Junta de Castilla y León, respecto de ejecución de autopistas en nuestra Región, ha partido de consideraciones... de dos consideraciones fundamentales:

De un lado, su oposición a la consideración de autopista de aquellas carreteras estatales cuya ejecución o proyección se encuentra ya en marcha, con el entendimiento de que su calificación como autopistas de peaje constituiría un agravio comparativo difícilmente explicable.

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De otro lado, y, en segundo lugar, el carácter de simple avance del Plan de Autopistas que en la actualidad se viene barajando, nos obliga a ser prudentes respecto de las previsiones finales, o que, en firme, la Administración Estatal asuma en este punto, siendo sólo posible una posición definitiva de nuestra postura, en tanto que conozcamos en detalle sus previsiones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Consejero. De acuerdo con los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, no vamos a suspender la sesión, y vamos a continuar la misma. Y para la formulación de preguntas u observaciones, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor De Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Gracias al Consejero por sus explicaciones. Ésta es una comparecencia que nuestro Grupo pidió el veintiséis... entró en el Registro de la Cámara el veintiséis de febrero de este año; la Mesa la vio el seis de marzo; luego es una petición de comparecencia que ha estado retenida durante meses y meses en esta Cámara y en esta Comisión. Tal vez no se hubiera celebrado; tal vez la celebraríamos en febrero o marzo del año que viene, si no hubiera habido una petición de comparecencia urgente y expresa del Consejero -que luego celebraremos-.

Yo creo que, por lo tanto, son temas que, estando de rabiosa actualidad cuando se plantean -puesto que es cuando surge el primer debate sobre la construcción de autopistas de peaje en el Estado español y en la Comunidad Autónoma en concreto-, han podido perder alguna actualidad en este momento. Pero yo creo que no es ocioso que refresquemos algo las ideas, y que hablemos de este asunto hoy.

La Comunidad de Castilla y León es una Comunidad que tiene una razonable red de vías de alta capacidad de carreteras. Eso no lo digo yo; lo dice la Consejería de Industria y Energía cuando anima a que las empresas inviertan en la Comunidad -lógicamente, no las dice que van a implantarse en un descampado, o en un lugar adonde se llega sólo por caminos de cabras, sino que hay muchos puntos de nuestra Comunidad que están perfectamente comunicados con el resto del Estado y con Europa-; eso lo dice también la Consejería de Turismo, puesto que Castilla y León es accesible rápidamente por carreteras desde los puntos más habitados del Estado español.

Y, por lo tanto, esto es así porque ha habido un esfuerzo de muchos años de la Administración Española. Hace mucho tiempo se construyeron autopistas de peaje. En Castilla y León hay tres autopistas de peaje: una es la autopista de Madrid a Adanero; otra es la autopista Burgos-Miranda, llevan funcionando... parcialmente se hizo en época de UCD la autopista entre León y Oviedo; y después se hizo una actuación muy importante, no de autopistas, sino de autovías, sin peaje.

En primer lugar, se desdoblaron... se fueron desdoblando todos los túneles de la autopista León-Oviedo -el último se inauguró recientemente, lo inauguró el señor Álvarez Cascos-; se construyeron autovías de Burgos a Tordesillas, de Burgos a Tordesillas... de Adanero a Benavente, de Burgos a Madrid; el tramo que corresponde a la provincia de Soria, de la Nacional II, por Medinaceli; y se adjudicaron algunos tramos de Tordesillas a Salamanca, y creo que algo de las autovías gallegas.

Cuando llega un nuevo Gobierno de la Nación, pues, se continúa. Antes se había hecho poco o mucho, se había hecho más que nunca. Y ahora hay que continuar, lógicamente. Y se continúa con las autovías de Tordesillas a Salamanca, y posteriormente a Portugal, con las autovías gallegas. Y, además, se firma con anterioridad el Convenio de financiación entre la Junta y el Estado, en virtud de la cual la Junta construiría la autovía León-Burgos -de la que luego hablaremos-, y el Estado constituiría o construiría como autopistas de peaje la autopista León-Astorga y la autopista León-Benavente.

Todo esto se ha cambiado, de alguna manera, puesto que a ese Convenio de financiación se le han introducido algunas modificaciones. Ahora, León-Benavente ya no va a ser de peaje; se está hablando de una nueva autovía sin peaje, que es la autovía de León-Valladolid, de la que hace pocos días hablamos aquí en esta Comisión. Pero dos autovías que en principio no estaban previstas como peaje -que son los accesos de Ávila y Segovia a la Nacional VI-, pues, ahora sí que serán de peaje. Y yo creo que esto, pues ha introducido una situación de confusión, de lo que nosotros estimamos una cierta falta de criterio en la definición de los objetivos, y que ha habido... pues, se han empleado a fondo influencias políticas determinadas para decidir cuándo una autovía es o no es de peaje.

Nosotros creemos que allí donde hay... el territorio donde hay un poder de influencia, donde hay capacidad de mando, pues ahí se decide que no habrá peajes y que estos no serán ni blandos ni duros, ni blandos ni duros; simplemente habrá autovías sin peaje.

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Yo creo que ése es... el mayor ejemplo es la autovía León-Benavente, ¿no? Allí ha habido una intervención muy directa del Gobierno Asturiano; creemos que ha habido una intervención muy directa de la Vicepresidencia primera del Gobierno de la Nación; y, como conclusión, es que la auto... la conexión de alta capacidad entre León y Benavente será por autovía y no por autopista de peaje. Eso mismo vimos el otro día aquí, cuando se habló de pedir... de que las Cortes aprobaran por unanimidad pedir que se construyera como autovía -y esto fue a iniciativa del Grupo Popular-, una autovía Valladolid-León; pues allí intervienen dos Alcaldes importantes -el Alcalde de León y el Alcalde de Valladolid; son dos Procuradores, además, de esta Cámara-, y, como conclusión de ello, pues, las Cortes por unanimidad, esta Comisión por unanimidad acuerda que esa autovía se construya sin peaje.

Pero allí donde no se dan estas circunstancias, donde no intervienen los Vicepresidentes del Gobierno de la Nación, o donde no hay Alcaldes con importante peso político, pues parece que se adopta una acción de castigo y, en esos sitios, pues resulta que sí que habrá peaje: pues, de Astorga a León, ahí se mantendrá el peaje; de Ávila a la Nacional VI, ahí aparecerá un peaje -del que nunca se había hablado-; o de Segovia a la Nacional VI aparecerá un peaje, del que tampoco nunca se había hablado, ¿no?

Nosotros creemos que esta situación debe corregirse, que deben introducirse criterios de racionalidad en ese sentido; y nos gustaría, pues, una manifestación expresa de la Junta de intentar introducir racionalidad, desde la postura de la Administración de la Comunidad Autónoma. Porque es cierto que todas esas autovías, o todas esas autopistas son responsabilidad del Gobierno de la Nación, y nos gustaría -insisto- que hubiera una manifestación expresa de la Junta, en el sentido de pedir al Gobierno de la Nación que se introdujera racionalidad política y que no se cayera a la presión de los... de instituciones o poderes territoriales determinados.

Y que, por lo tanto, se manifestara que no tiene sentido mantener como autopista de peaje el tramo Astorga-León; puesto que, cambiado el Convenio, ya no hay por qué asumir una actuación de ese tipo, en virtud de la cual en un futuro trayecto en autovía -que iría desde La Coruña o Vigo hasta Burgos, sin peaje- hubiera un tramo pequeño de peaje; lo cual probablemente funcionaría realmente mal. O que no se castigue, de alguna manera, a las ciudades de Ávila y Segovia a conectarse a la red de alta capacidad mediante autopistas de peaje, mientras que el resto de las capitales de la Comunidad Autónoma van a estar conectadas a esa red de alta capacidad sin ningún peaje.

Y eso es lo que nos gustaría, y eso es lo que pedimos que la Junta haga: una manifestación expresa en ese sentido. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor De Meer. A continuación, al no estar presente el Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, por no ser reiterativos con la exposición que ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista, sí es paradójico que, efectivamente, solamente hay tres autopistas de peaje. Y, efectivamente, el Acuerdo de financiación entre la Junta y la Administración Central se ha modificado. Y es cierto que, en un principio, los accesos de Ávila y Segovia a la Nacional VI no iban a ser de peaje; tampoco iba a ser de peaje la... el tramo de Astorga-León; y ahora resulta que van a ser de peaje, ¿no?

Y como... y como contrapunto, por el otro lado de la moneda, parece ser que, para contentar a los ciudadanos, se dice: bueno, se va a hacer también una autovía de León-Valladolid, que ésa no va a ser de peaje, ¿no? El problema es que, claro, el cambiar una cosa por otra cuando la autovía de León-Valladolid ni se sabe para cuándo se va a hacer... Y entre otras razones habría que plantearse, pues, la efectividad de esa... de esa autovía, ¿no? En principio, porque dentro del tramo de León-Valladolid podemos decir que el tramo de mayor tránsito es Mansilla-León y, en todo caso, Medina Rioseco-Valladolid; pero no todo el tramo de la carretera.

Pero, bien, en todo caso, yo creo que al margen de que se haya modificado el Acuerdo de Financiación e Infraestructuras planteándose una autovía de peaje entre León-Astorga, no tiene absolutamente el mayor sentido. Es más, yo quiero recordar que aquí se han discutido iniciativas por parte de todos los Grupos, diciendo, incluso, quiero recordar por parte del Grupo Popular, de que se iba a oponer a la construcción de la... de que el tramo de León-Astorga fuera de peaje, ¿no?

Y en todo caso, quiero recordarle al señor Consejero, que cuando el Gobierno Socialista... cuando estaba gobernando el Partido Socialista, ustedes ponían el grito en el cielo diciendo aquello de que en esta Comunidad no teníamos ni un kilómetro de autovía y que era absolutamente impresentable que... cualquier intento del Partido Socialista por hacer autopistas de peaje; ése era su eslogan y esa era toda la campaña propagandística que ustedes hacían.

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Y ahora resulta, que cuando ustedes acceden al Gobierno Central, resulta que teniendo tan sólo esas tres autopistas de peaje con escasos kilómetros, las pocas -digamos- infraestructuras de comunicación, más o menos viables y transitadas, como puede ser el tramo León-Astorga, ustedes plantean hacerlo de peaje; nosotros consideramos que no tiene ningún sentido. Y, es más, en las últimas reuniones que ha habido de Alcaldes de la zona -en concreto, todos los Alcaldes de la comarca entre León y Astorga-, y no solamente del Partido Socialista, sino también del Partido Popular, han manifestado su rechazo total y absoluto a la construcción de esa autopista como autopista de peaje, porque no tiene absolutamente ningún sentido; es uno de los tramos más transitados, e incluso habría problemas con el trazado técnico. Pero, en todo caso -vuelvo a repetir-, el compromiso por parte de todos los Alcaldes -quiero recordar- era la oposición frontal y absoluta a que el tramo León-Astorga se convierta en autopista de peaje. Y parece ser, por parte de los representantes del Partido Popular en aquellas reuniones de Alcaldes, se dijo que se iba a intentar por variar la posición inicial del Partido Popular para garantizar que el tramo de León-Astorga no fuera de peaje. Y eso está por ver.

Por tanto, yo, efectivamente, estoy de acuerdo con la posición que está manteniendo el Portavoz del Grupo Socialista, diciendo que hace falta un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León para instar al Gobierno de la Nación de que, efectivamente, por lo menos el tramo León-Astorga, no sea una autopista de peaje. Porque bastante desgracia tenemos en esta Comunidad, donde no tenemos infraestructuras adecuadas, y para colmo, encima, las pocas que están previstas realizar se hagan como peaje.

Pero claro, también yo le quería hacer una pregunta. Yo sé que usted va a decir, que, efectivamente, es un acuerdo ya con la Administración Central y que está ya la determinación tomada de que León-Astorga va a ser de peaje; pero, en todo caso, con lo que se ha presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado de 44.000.000 de pesetas inicialmente, y en los próximos años, es que ni aunque fuera de peaje podíamos tener la posibilidad o la garantía de que en un plazo de dos o tres años pudiéramos tener el tramo de León-Astorga acabado. Lo mismo pasaría con el tramo de Benavente-León, que aunque no sea de peaje, con 50.000.000 de pesetas que creo que se han presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado, pues estaríamos en la misma situación.

Y quiero recordar al señor Consejero que, cuando se han debatido los Presupuestos Generales del Estado, no se ha modificado ni una peseta de la partida presupuestaria. Por lo tanto, aunque sea de peaje el tramo León-Astorga, y aunque no sea de peaje el tramo León-Benavente, al final, no vamos a tener estos dos tramos en condiciones ni para el año dos mil dos.

Por tanto, yo quería también que usted me contestara cómo está la tramitación de las partidas presupuestarias en estos dos tramos de carretera, León-Astorga y León-Benavente; y si hay posibilidades de que el Partido Popular modifique en las partidas presupuestarias que tiene previsto hacer para estos dos tramos de carretera.

Y, en último lugar, para no reiterar más y en espera de su contestación, pues, volver a instar otra vez a la postura que ustedes defienden aquí: si realmente están ustedes en condiciones de seguir defendiendo que el tramo de León-Astorga sea de peaje, cuando ustedes hace poco tiempo estaban reivindicando lo contrario.

Y yo quiero decir que no se puede cambiar el peaje de León-Astorga porque ustedes quieran construir una autovía entre León y Benavente, cuando ni siquiera está previsto en los Presupuestos ni en ningún sitio. Y yo creo que es una manera de decir a la opinión pública que, al margen de que nos graven como peaje el tramo León-Astorga, ustedes, sin embargo, van a hacer el tramo de León-Valladolid sin peaje.

Por lo tanto, yo creo que eso es una obra que está en el tiempo sin determinar; y la cuestión fundamental es que ustedes se opongan con contundencia a que, precisamente, el tramo León-Astorga sea de peaje -vuelvo a repetir- porque ya bastante desgracia tenemos de que no tenemos carreteras y, encima, las pocas que hagamos, las tengamos que hacer de peaje. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Conde. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, don Fernando Zamácola.

ZAMÁCOLA GARRIDO

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, agradecido en primer lugar por la presentación de lo que, a criterio de este Consejero, ha sido una actuación breve pero concreta, en donde claramente se ha dicho dos aspectos que yo deseo repetir.

Primero, se está hablando desde el punto de vista de la Junta -y así ha sido la comparecencia que se le ha solicitado- sobre qué plan o qué avance ha hecho de las autopistas de peaje. Y de forma clara y concreta se ha dicho que sobre el avance que se tiene se ha de ser prudente; y se ha indicado lo que, por otro lado, y unido a autovías, este Procurador que les habla, no está ya harto, pero sí es... muchas veces ha sido reiterativo, tanto en Comisiones como en Pleno, explicando cuál es la política de la Junta con respecto a autovías. Y en alguna de las Comisiones explicando las razones de por qué en algunas carreteras o en algunas transformaciones que se han... que están por hacerse o para iniciarse van a ser autopistas y las razones que lo avalaban.

Y yo, de alguna forma, quería hacer yo... eso por un aspecto y, por otro lado, se ha indicado claramente que en cuanto a las autopistas que estaban en construcción o las carreteras cuyas variantes estaban en construcción, no... o nos opondríamos básicamente como usted de forma clara ha manifestado a que tuvieran esa denominación por una discriminación clara y manifiesta.

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Aquí se ha expuesto de... se ha puesto, o se ha citado, la actuación que diferentes Gobiernos han tenido a lo largo de unos años en nuestra Comunidad de Castilla y León sobre autopistas o autovías, carreteras hechas. Yo creo que no se puede abundar mucho en este tema porque, aun cuando bien es cierto que algún otro Consejero debe de decir que estamos en situación buena de infraestructuras, porque no debe espantar la posible empresa que venga -como propios Procuradores del Grupo Parlamentario Socialista han dicho de forma reiterada y clara en la ciudad de Burgos no hace mucho: no espantar las posibles empresas y, por tanto, "todos a una Fuenteovejuna"-, pues es lógico que haya Consejeros de la Junta que para no espantar, y siguiendo ese prudente criterio citado por dicho Procurador, intente decir que tenemos unas infraestructuras buenas, repito, con ese afán de acaparar empresas. Pero eso no pienso yo, señor Consejero, que pueda ser arma para utilizar, cuando todos sabemos realmente lo que a lo largo de muchos años se ha hecho aquí en esa materia de infraestructuras.

Y yo creo que usted -y con esto termino- ha sido claro y prudente manifestando lo que hay, las tendencias que hay, qué es lo que se va a hacer; y yo me ratifico, una vez más, lo que tantas veces se ha dicho... y tampoco me vale que se hable de posibles influencias, como en el caso de León y Valladolid, se haya manifestado públicamente en una Comisión por unanimidad sin peaje, cuando aquí estábamos hartos de decir las directrices que emanan de la Junta en cuanto que las autovías serán siempre sin peaje.

Ésas son las razones por las que usted bien sabe, Consejero, que este Grupo Parlamentario se opone siempre a volver a decir en cada una de las autopistas y de las autovías este dicho, cuanto ya es una afirmación básica nuestra.

Por todo esto, y a la espera de lo que usted nos pueda decir en su réplica, termino en estos momentos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Zamácola. Para contestar a los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra don Jesús Merino, Consejero de Fomento.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Contestando a los distintos Grupos Parlamentarios, yo creo que es un tema que sigue siendo de actualidad. Es decir, prueba de ello es que muchos de los proyectos que hemos venido discutiendo desde hace años todavía no están iniciados. Por tanto, yo creo que van a seguir siendo de actualidad durante bastantes años, porque el tema de infraestructuras, como su propia ejecución es larga en el tiempo, van a seguir siendo de actualidad.

Y, desde luego, nosotros, muchas de ellas las reclamábamos antes y las vamos a seguir reclamando ahora, esté quien esté en el Gobierno.

Usted pone como ejemplo -señor De Meer- que las Comunidades que tienen poder no ponen peajes, o procuran no poner peajes. Yo le voy a poner otros ejemplos; algunos, por ejemplo, alguna de las autopistas que se han realizado en Galicia, pues son de peaje; de las autopistas que se han hecho por la propia Xunta de Galicia o con el Ministerio, y usted sabe que en el tramo Orense-Santiago, por ejemplo. Y está el señor Fraga, que parece que debe tener bastante poder, ¿no? Alguna de las realizadas en Cataluña en los últimos años -que siempre ponemos como ejemplo de persona influyente y tal... a su Presidente-, pues tienen nuevos tramos con peajes, y se han ejecutado en los últimos años. En Andalucía, que hace unos años tenían mucha influencia -y que ahora parece que tienen menos-, la Estepona-Málaga ha sido concedida para autopista de peaje recientemente; el tramo Huelva-Sevilla no lo va a tener, y ha sido aprobado por este Gobierno.

Es decir, que yo creo que hay una casuística, de la que podíamos estar discutiendo mucho tiempo, en las que distintas Comunidades Autónomas, da igual cuál sea su color político, pues, establecen en unos, peajes y, en otros, no establecen peajes y se ponen como autovías. Porque yo creo que al final no está en que se tenga mucha o poca influencia, sino en otra serie de cuestiones que desde los distintos Gobiernos Centrales han venido planificando a la hora de establecer sus prioridades.

Yo sí le voy a... yo sí estoy de acuerdo con usted en pedir criterios racionales; eso lo hemos manifestado antes y lo seguimos manifestando ahora, porque, además, es una política -como usted ha dicho- de continuidad y, por tanto, no es una política en la que un Gobierno haga una cosa, llega el siguiente y empieza a hacer otra distinta, sino que se vienen arrastrando las inversiones y las ejecuciones de este tipo de infraestructuras a lo largo de muchos años. Los planes vienen a ser muy parecidos y, sin embargo, los Gobiernos son distintos. Por tanto, yo sí creo que es bueno pedir que el Ministerio de Fomento, en este caso, fije unos criterios racionales y, sobre todo, objetivos a la hora de fijar la red de autovías y autopistas del Estado. Creo que eso será bueno para que las Comunidades Autónomas sepamos a qué atenernos.

Nosotros hemos pedido, en base a nuestros compromisos firmados con el Gobierno anterior en mil novecientos noventa y dos, que se cumpliera. Es decir, que por lo menos lo que estaba firmado... Que, al contrario de lo que dice el representante de Izquierda Unida, en aquel momento se firmó que León-Benavente y León-Astorga fueran de peaje. Eso es lo que se firmó. Lo que ocurre es que después se ha modificado parcialmente, se ha modificado en un punto; que es que León-Benavente no lo sea.

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Nosotros, desde luego, en varias ocasiones ya, yo he tenido ocasión de manifestar a los responsables del Ministerio que, igual que se ha cambiado la León-Benavente, se cambie también la León-Astorga. Porque, ¿por qué va a tener la León-Astorga peaje y la León-Benavente no? ¿Por aquello de que... dice el señor De Meer que el Vicepresidente sea de Asturias? Nosotros tenemos la autovía León-Burgos con dos tramos inaugurados y no hemos puesto peaje. O sea que, en ese sentido, yo creo que es perfectamente posible que, en esa zona, ni la León-Astorga, ni la León-Benavente, ni la León-Burgos tuviesen peaje. Y así, desde luego, en algún caso se ha realizado a la hora de establecer los criterios en estos Presupuestos próximos.

Otra cosa es, otra cosa es los accesos a Segovia y Ávila. Porque en los casos de Segovia y Ávila, nosotros desde el principio veníamos manteniendo que, dado que había una previsión de hacer autovías, se hicieran cuanto antes. Pero como todo esto se ha ido alargando en el tiempo y ahora resulta que, lo que entonces se iba a hacer, ya no se hace, y que si queremos ejecución rápida del proyecto tiene que ser como concesión a la empresa concesionaria actual, pues que para hacerlo rápido tiene que ser autopista de peaje. Nosotros hemos dicho, ya un poco por propio criterio de valoración de lo que la Junta creo que debe opinar al respecto, que hagan lo que quieran pero que lo hagan rápido.

Bueno, pues nosotros creemos que lo importante para Segovia y Ávila es que tengan la autopista, sea de peaje o sea sin peaje, pero que la tengan cuanto antes. Porque, al final, parece que es que si es autovía se retrasa mucho, si es autopista se puede hacer más rápido... Bueno, pues que nos aclaren la situación; y que si tiene que ser de peaje, y nosotros consideramos que, siempre que se haga rápidamente, la rentabilidad económica que supone hacer rápidamente la autopista es mayor que el coste que supone hacer peaje, según los estudios que existen.

Y, por tanto, nosotros tenemos que determinar, necesariamente; lo mismo que ocurriría con el tren de alta velocidad si decimos que el tren de alta velocidad va a ser más caro que el tren normal. Pues yo prefiero el tren más caro, con tal de que se haga antes, que no un tren convencional que sea mucho más barato.

Por tanto, yo creo que en estas cuestiones la economía de escala y las grandes economías, y en este caso las regionales estén bien... deben mirar para que esos criterios se cumplan. Yo creo que, al final, lo más importante -que es una de las cosas que han dicho tanto... los tres Portavoces en eso- es que se fijen unos criterios que aclaren la situación para todo el territorio nacional, respecto a la política de autovías y autopistas. Y que eso nos servirá a las Comunidades Autónomas de referencia, cosa que en este momento no acabamos de tener suficientemente claro; puesto que pasan los años, esas infraestructuras no se realizan y nosotros, al final, tenemos que esperar lo que un Gobierno fija como criterios, viene otro Gobierno fija otros criterios diferentes y, a lo largo de ocho años de mandato de cada uno de esos Gobiernos -o de cinco, o seis, o los que sean- vemos que las Comunidades Autónomas tienen que tener una especial sensibilidad para que esos proyectos se lleven a cabo cuanto antes, de la forma más conveniente posible. Y, cuando digo "más conveniente", estamos compaginando los intereses regionales, con los intereses nacionales.

Por eso creo que modelos hay de todo, que en las Comunidades Autónomas en este momento hay también, en los últimos años, realizados modelos de peaje y modelos sin peaje, y que lo importante es clarificar esa situación. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Consejero. Abrimos un turno de réplica. En primer lugar, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor De Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente. No vamos a entrar en el debate sobre las influencias políticas que hacen una cosa... que una autopista sea de peaje o una autovía no tenga peaje; pero yo creo que sería cerrar los ojos negar la importantísima influencia que el Gobierno del Principado de Asturias ha tenido en que la autovía entre León y Benavente no sea de peaje. Probablemente es porque los asturianos sufren -por decirlo de alguna manera- el costo de una autopista de peaje entre Oviedo y León, y pretenden que ese costo... no llevarlo otros setenta u ochenta kilómetros más. Porque, de hecho, la autopista que se está construyendo en este momento entre Bilbao... en este momento llega a Cabezón de la Sal y dentro de poco llegará a Oviedo, es una autopista y sin peaje, ¿eh? Eso se está haciendo... lo empezó el anterior Gobierno de la Nación y lo está haciendo éste. O sea, que autopista y peaje no son dos sinónimos; eso es algo que tenemos que quitarnos de encima, porque en este momento el Gobierno de la Nación está construyendo una autopista en España sin peaje, y, entre otros sitios, pasa por Asturias, ¿no?

Yo me alegro de que no hayamos entrado en el tema de las razones técnicas de los pros y los contras de cada postura sobre este asunto. Lo único que se ha hablado es, un poco, "si es autopista es más rápido". Yo creo que eso es discutible que así sea, puesto que, siendo autopista, puede ser que nadie concurse para actuar en esa autopista, y que luego, una vez hecha la autopista... Yo creo que España tiene... el Gobierno de la Nación tiene el problema importantísimo de que, paralelo a la autopista, está manteniendo unas buenas carreteras costosísimas, que en muchos casos tienen más tráfico que la propia autopista; y ahí está el ejemplo de la carretera Nacional I, entre Burgos y Miranda, que tiene, en condiciones normales, mucho más tráfico que la autopista paralela. Pero yo me alegro de no haber entrado en ese asunto.

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Yo creo que el tema... me alegro de que el Consejero lo considere de actualidad. Probablemente deba volver a serlo, sobre todo porque se ha hablado de que estamos hablando de un avance de un plan; y si lo que pretende hacer el Gobierno de la Nación es sólo el avance de un plan, eso quiere decir que están abiertas muchas expectativas y que esas expectativas no tienen que cerrarse. Como me alegra que se acepte que tiene que haber unos criterios de racionalidad en este asunto. Yo creo que si existen unos criterios de racionalidad entre todas las Comunidades Autónomas y, dentro de las Comunidades Autónomas, entre los territorios de las Comunidades Autónomas, será fácil llegar a acuerdos. Yo creo que lo que no es muy vendible es una situación que no se ha explicado con criterios de racionalidad, sino con otro tipo de criterios. O sea, me alegro que desde la Junta se pidan criterios de racionalidad en una actuación como ésta.

Y, sobre todo, nos alegra saber que, en conversaciones o en contactos, se ha pedido al Gobierno de la Nación que no sea ya peaje entre Astorga y León, de la misma manera que no va a haber peaje entre León y Benavente. Si eso es cierto -y nosotros no tenemos, pues, ninguna sospecha de que no vaya a serlo, puesto que lo ha dicho el señor Merino-, pues creo que, probablemente, tendremos que pensar en una acción conjunta de todos los Grupos de esta Cámara -nosotros nos ofrecemos a ello- para apoyar a la Junta en esa gestión ante el Gobierno de la Nación, de que desaparezca ese trozo en peaje tan poco justificado, cuando va a haber una autovía que va a llegar desde Burgos hasta Vigo, o desde Burgos hasta La Coruña, sin peajes, y que de repente va a tener en medio cuarenta o cincuenta kilómetros -la distancia que haya entre Burgos y Astorga- de peaje.

Yo creo que eso es probable que podamos ponernos perfectamente de acuerdo todas las fuerzas políticas de este Parlamento. Y yo invito a los demás a firmar una iniciativa en este sentido, en virtud de la cual las Cortes de Castilla y León insten a la Junta y al Gobierno de la Nación a que desaparezca el peaje en ese tramo de autovía. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor De Meer. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien, en principio, yo estoy un poco sorprendido, porque, efectivamente, hacen falta criterios de racionalidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo en que, dentro de los planes globales que tiene el Gobierno para el tema de autovías y autopistas, pues, en función de ese plan o de ese avance, la Junta de Castilla y León, evidentemente, tiene que saber a qué atenerse.

Pero yo, llevándome a lo concreto, cuando se planteó lo de la Autovía León-Astorga, y por parte del Grupo Parlamentario Popular se dijo que en absoluto se iba a consentir que ese tramo de cuarenta y cinco kilómetros escasos fuera de peaje, porque bastante... -vuelvo a repetir-, bastante desgracia teníamos con que no teníamos absolutamente carreteras en buenas condiciones.

Bueno, yo, en principio, también tengo que creer las manifestaciones hechas por el Consejero esta tarde, de que, efectivamente, la Junta va a seguir insistiendo para que ese tramo no sea de peaje. Pero, limitándome a las declaraciones que estos días de atrás han venido realizando Parlamentarios a nivel nacional, en la provincia de León, del Partido Popular, justificando el peaje, pues es una cuestión... no que le ponga en duda su palabra, sino que pongo en duda de que, en estos momentos, el Partido Popular, a nivel central, tenga claro que, efectivamente, se va a eliminar el peaje entre León y Astorga. Lo digo más que nada porque, en función del debate presupuestario, salió a colación el hecho de que se habían presupuestado 44.000.000 de pesetas para el tramo León-Astorga, cuando la obra... pues rondaba -según las propias valoraciones de la propia Administración central- en torno a 16.000 millones de pesetas.

Y claro, la duda que le queda a este Consejero es... a este Procurador, es, por una parte, que con ese costo que tiene esa obra se presupuestan solamente 44.000.000 de pesetas... Bueno, sea de peaje o no sea de peaje, pues con 44.000.000 de pesetas... ni para pintar las rayas.

Y hubo un compromiso por parte del Partido Popular, o al menos por parte de los Diputados de la provincia de León, de presionar a la Administración Central, vía debate presupuestario, para que se ampliara la partida presupuestaria a efectos de que pudiera tener una cierta credibilidad el hecho de que, efectivamente, por fin, después de tanto tiempo, una vez que el Partido Popular llega al Gobierno de la Nación, se iba a abordar la comunicación entre León y Astorga, y además que es la continuación de la Autovía León-Burgos, para enlazar con la Nacional-VI.

Entonces, me queda esa duda: si realmente el Partido Popular ha hecho algún tipo de esfuerzo para modificar, en principio, esa partida presupuestaria. Porque si al final conseguimos, por las presiones de la Junta de Castilla y León, de que al final no sea de peaje... La cuestión está en que esa obra se aleja en el tiempo, porque con ese nivel de presupuestación pocas cosas se pueden hacer.

Entonces, me gustaría saber si, efectivamente, por parte del Partido Popular se ha hecho algún tipo de gestión para modificar esas partidas presupuestarias; lo mismo que para el tramo de León-Benavente, donde se presupuestan -creo recordar- 50.000.000 de pesetas, o una cosa así, cuando el volumen de la obra está en torno a 26.000 millones. Yo no sé concretamente el valor concreto que puede suponer la obra, pero en estimaciones aproximadas se calculaba en torno a 26.000 millones de pesetas.

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Entonces, quería saber primero eso: si por parte del Partido Popular se ha hecho algún intento, algún esfuerzo por modificar esas partidas presupuestarias con la finalidad de adelantar y agilizar las obras; y, por otro lado, si la Junta, efectivamente, bueno, pues va a adoptar esa posición política de seguir presionando a la Administración Central para que ese tramo no sea de peaje. Y, en todo caso, si ésa es la posición firme de la Junta de Castilla y León, de seguir insistiendo al Gobierno Central de que ese tramo no sea de peaje, pues yo me sumo a la propuesta que ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista de que todos los Grupos de esta Cámara podíamos firmar o aprobar una proposición no de ley en ese sentido, instando al Gobierno de la Nación para que el tramo León-Astorga no fuera de peaje, ¿no?

Y esas dos cuestiones yo sí quería que usted me contestara, sobre todo el tema de los Presupuestos. Lo digo porque Parlamentarios del Partido Popular en la provincia de León han dicho eso. Ya han asumido, de hecho, que eso va a ser de peaje; y han dicho: "Bueno, aunque sea de peaje, como mal menor...". De hecho, ya ha habido un compromiso del Partido Popular de hacer una autovía sin peaje León-Valladolid. Por eso yo digo que, a veces, pues se pone como moneda de cambio esa otra vía de comunicación. Dice: "Bueno, León-Astorga va a ser de peaje, pero no se preocupen ustedes, porque el Partido Popular va a hacer una autovía de León-Valladolid sin peaje", cuando es una obra que no tiene presupuestación y que, a corto plazo, yo creo que no está previsto hacerlo.

Con lo cual, yo digo: dejémonos de autovías de León-Valladolid -que no es que estemos en contra; en el tiempo habrá que hacerlo, porque habrá que hacerlo con criterios de racionalidad-, pero lo más urgente ahora mismo es poner en marcha el tramo León-Astorga y que no sea de peaje.

Por lo tanto, dejemos lo de León-Valladolid, que está muy bien, ¿eh? Pero, en el tiempo, primero habrá que abordar las obras más perentorias, más prioritarias, que es en este caso el tramo de León-Astorga, porque el de Benavente-León parece ser que está claro que no va a ser de peaje.

Pero, en todo caso, yo quiero disipar esas dudas, porque -vuelvo a repetir- son los propios Parlamentarios del Partido Popular los que en estos días de atrás, y cuando surgió la polémica de los Presupuestos, pues dijeron claramente que, efectivamente, iba a ser de peaje, y que, como mal menor, había que aceptarlo, porque ya que estuvimos tanto tiempo sin carreteras, en última instancia, aunque fuera de peaje, pues menos da una piedra, ¿no? Pero yo creo que eso es un error.

Y, por tanto, en ese sentido, si es cierto que ustedes van a seguir presionando a Madrid para que eso no sea de peaje, pues nosotros encantados; y desde nuestro Grupo, pues, daremos todo el apoyo que sea necesario para conseguir que al final ese tramo de León-Astorga, que son cuarenta kilómetros o cuarenta y cinco escasos, no sea de peaje. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Conde. Por el Grupo Parlamentario Popular... Pues tiene la palabra, para contestar a los Portavoces que han intervenido, tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Fomento, Jesús Merino.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Señorías. Efectivamente, el concepto de peaje yo estoy de acuerdo que no tiene que estar unido necesariamente al de autopista. Y el mejor ejemplo es que nosotros, en el tramo de la Autovía León-Burgos, es perfectamente una autopista, con todas las condiciones de autopista, y no tiene peaje. Lo que pasa es que el concepto de autovía/autopista que se ha venido desarrollando en los últimos años ha hecho que necesariamente vaya unido autovía a no peaje, y autopista a peaje; cuando no tiene por qué ser así.

Pero el concepto autovía se creó -en mi opinión-, pues, hace una serie de años, de una manera muy discutible, para determinar un concepto nuevo que entonces surgió, que es el de desdoblamiento de las carreteras nacionales. ¿Qué ha ocurrido después? Que, a la vista de que ese concepto no era técnicamente lo suficientemente útil, pues se ha cambiado; y ahora se hacen autovías que son autopistas. Y desde hace unos años ya se establece -y así lo dijo el señor Borrell en su día y se ha ratificado después- un concepto de autovía que realmente, pues, es una autopista sin peaje; con todas las características técnicas de autopista, con todas las condiciones de seguridad de una autopista, y, sin embargo, se sigue llamando autovía porque no se paga; cuando realmente no debería de ser así.

Pero, en todo caso, yo creo que desde la Consejería vamos a seguir insistiendo en incluir determinadas actuaciones en el nuevo Plan de Autovías. Porque nosotros defendimos en su día el Plan Director de Infraestructuras; que parece que se olvida aquí que la Junta de Castilla y León defendió en su día el Plan Director de Infraestructuras del Gobierno Socialista; y lo defendimos porque considerábamos que muchas de las actuaciones que allí se incluían eran buenas para la Región, y que además había otras que nosotros nos habíamos comprometido por escrito con el Gobierno Socialista para que fueran de peaje. Y nosotros en aquel momento considerábamos que eso era bueno. Y podrá ser discutible por la Oposición o por los distintos Grupos que lo consideren así, y considerar que aquello fue un error, y que no deberíamos de haber firmado aquel Convenio con el Gobierno Socialista. Yo creo que fue bueno, porque desarrollaba determinadas actuaciones; otra cosa es que luego no se hubieran llevado a cabo por las razones que sean, pero yo creo que era bueno.

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Si en aquel momento se consideraba que debiera haber peaje en algunos de esos tramos, es porque entendíamos que, para su rápida ejecución, si tenían que ser de peaje, deberían de ser de peaje. Y eso mismo decimos ahora, y eso mismo habrán dicho... Yo no conozco lo que han dicho los Parlamentarios nuestros en León, pero lo que está claro es que ellos han asumido como mal menor el hecho del peaje, como antes me refería yo al tramo de Segovia y de Ávila; si para su más rápida ejecución debe de ser peaje, hágase peaje, porque económicamente, a la larga, será mucho más rentable que si no hay nada. Y eso, si no, se lo preguntan ustedes a las empresas a ver qué prefieren, si hacer el transporte por carretera en este momento, tal y como están las cosas ahora, o hacer una autopista de peaje. Porque, al final, en una autopista de peaje, o en una autopista, hay otra alternativa que puede ser utilizada; cosa que con el concepto "autovía" en muchos tramos no se pudo hacer así, porque fue un desdoblamiento puro y duro.

Entonces, ¿qué ha ocurrido ahora? Que, a la vista de aquel problema, ahora lo que se hace en los últimos años es una autopista que ya no es desdoblamiento, sino que se mantiene, en su mayor parte, la carretera anterior, de tal manera que pueda ser utilizada. Si se hace la autopista de peaje de Segovia a la Nacional-VI, está claro que va a permanecer una carretera en muy buenas condiciones -como está ahora-, y va a permanecer en paralelo con una autopista de peaje; por lo tanto, son las dos cosas compatibles perfectamente.

Entonces, es una cuestión de filosofía, por supuesto. Pero que hay casos en este momento en España para todo y de todos los tipos; y, por tanto, nosotros en eso defendemos -como he dicho- la política que siguió el anterior Gobierno en determinadas materias de Castilla y León, y defendemos la que está siguiendo éste, porque es continuista en ese sentido; es decir, busca unas infraestructuras que nosotros necesitamos. Porque es cierto lo que se ha dicho: nosotros tenemos que vender ante las empresas y ante quien sea que quiera venir aquí a invertir que tenemos unas infraestructuras fenomenales (otra cosa es que sepamos nuestras carencias y nuestros déficits, que los venimos insistiendo desde hace mucho tiempo).

Las partidas presupuestarias, que usted preguntaba. Las partidas presupuestarias, si van a ser de concesión a una empresa privada, no necesitan más que ese dinero, porque si ésos son los estudios informativos... por tanto, poco dinero necesitan si se va a ejecutar realmente por peaje. Si no se va a hacer por peaje, la partida es escasa. Eso está claro, y nosotros, en su día, hemos tratado, a través de nuestro Grupo Parlamentario, de introducir determinadas enmiendas; otra cosa es el éxito que después tengan esas enmiendas. Pero lo que está claro es que hay determinadas actuaciones en autovías que nosotros hemos insistido en que debieran tener una partida mayor en el Presupuesto. No lo hemos insistido ni en Segovia... ni en el caso de Segovia, ni en el caso de Ávila, ni en el caso de León-Astorga, precisamente derivado de que, al ser una autopista que se preveía de peaje, los concesionarios la van a hacer. Por tanto, no hace falta que haya en el Presupuesto nada. Eso es un tema que está claro.

Por tanto, yo creo que, sobre esa base, debemos seguir insistiendo en buscar el máximo de racionalidad en la red de autopistas. Y en lo que concierne, desde luego, a Castilla y León, tratar de que el nuevo Plan de Autovías o Autopistas que se haga por el Estado incluir, de la misma manera que hicimos en su día, determinadas actuaciones que sean buenas, que sean favorables para Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador de la Comisión que no haya estado como Portavoz desea hacer alguna pregunta al señor Consejero? Muchas gracias. Pasamos al segundo punto del Orden del Día, al que dará lectura el Secretario de la Comisión.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR MESÓN SALVADOR): Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Fomento, a petición propia, para informar a la Comisión sobre situación de los pagos efectuados por la empresa pública GICALSA, con motivo de las obras de construcción de la Autovía Camino de Santiago, en su tramo Onzonilla-Santas Martas, y posición de la Junta de Castilla y León en relación a las imputaciones delictivas efectuadas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Secretario. Tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Fomento, don Jesús Merino.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Muchas gracias, Presidente. Señorías, abordaremos ahora el segundo punto del Orden del Día, dedicado al examen de situación de los pagos efectuados por la empresa pública GICAL, S.A., con motivo de las obras de construcción de la Autovía del Camino de Santiago, en su tramo Onzonilla-Santas Martas, y posición de la Junta de Castilla y León en relación a las imputaciones efectuadas.

Brevemente, deberemos recordar cómo el pasado veintinueve de noviembre, y en un medio de comunicación regional, se recogía la denuncia efectuada por don Rufino Oliva ante la Fiscalía Anticorrupción contra este Consejero, el Secretario General de la Consejería y el Interventor General de la Junta de Castilla y León, en la que se nos imputaba la supuesta comisión de delitos de prevaricación, estafa y falsedad documental, con ocasión de las obras de ejecución de la citada Autovía del Camino de Santiago.

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En este sentido, y al margen de desconocer los términos exactos de esta acusación al no disponer del texto de la denuncia, por cuanto que no nos ha sido notificado su contenido, parece orientarse este contenido en un doble sentido: de un lado, la denuncia incide en la existencia de diferencias o controversias de interpretación y medición de los trabajos efectuados por la empresa subcontratista en favor de la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de las obras; acusaciones que se dirigen, básicamente, a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas y a sus directivos, a las que sigue la queja por los continuos impagos de esa empresa a su contratista.

La consecuencia de estas divergencias entre contratista y subcontratista se vendría a concretar en la paralización, por este último, de las obras de movimiento de tierras en la ejecución de la autovía, lo que, como es obvio, no supone la paralización o suspensión de las obras, como ha querido hacer ver el señor Oliva a ese medio de comunicación, sino de una de sus actuaciones.

En segundo lugar, y a lo que parece como consecuencia de lo anterior y de una supuesta actitud favorable o trato de favor por parte de la Administración Regional respecto de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, la acusación la materializa el citado señor Oliva en la existencia de una diferencia de 150.000.000 de pesetas entre lo abonado por la Administración a la contrata y lo percibido por el subcontratista; referencia esta última que recojo... cito literalmente la información aparecida.

Todo ello sería posible en los términos de la denuncia, como consecuencia de la certificación y pago a Fomento de Construcciones y Contratas de movimientos de tierra por un volumen cercano al millón de metros cúbicos y por un importe superior a los 100.000.000 de pesetas, teniendo en cuenta que esta actuación fraudulenta se vería instrumentada mediante -y cito literalmente- "emisión de certificaciones de obra por un volumen imaginario ejecutado, que en modo alguno se corresponde con la realidad".

En suma, nos encontraríamos, de acuerdo con la denuncia, con el abono ilegítimo por parte -supuestamente- de la Administración Regional -aunque, como veremos, el abono sólo puede ser realizado por la empresa GICAL-, de cantidades a la empresa adjudicataria por obras que no se habrían realmente ejecutado.

Estos son, sumariamente -y a salvo siempre de conocer el detalle el texto de la denuncia-, los hechos sobre los que se apoyan las calificaciones delictivas realizadas y, en consecuencia, las imputaciones formuladas ante la Fiscalía Anticorrupción.

En esta primera aproximación a los hechos denunciados, he intentado segregar dos ámbitos perfectamente diferenciables, como son: de un lado, las divergencias o conflictos entre la empresa o empresas adjudicatarias de la obra y la empresa subcontratista de aquélla; y, de otro, el supuesto trato de favor que la Junta de Castilla y León -o, más exactamente, la empresa GICAL- hubiera podido dispensar al adjudicatario, certificando y abonando supuestamente obras o unidades de obra no ejecutadas.

Respecto de la primera cuestión, es evidente -y así lo he manifestado en anteriores ocasiones- que cuantas cuestiones afecten a diferencias de interpretación o medición de obra entre contratista y subcontratista y, consiguiente, al abono de las cuantías, se sitúa necesariamente en el plano de las relaciones contractuales o mercantiles de naturaleza estrictamente privada que se constituyen entre estas empresas, sin que la Administración Pública -o, en este caso, la empresa GICAL- guarde relación alguna con ellas, sino tal sólo con respecto a la empresa adjudicataria, a quien debe exigir el normal cumplimiento del contrato suscrito, de acuerdo con las previsiones contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares que rigieron en su momento la adjudicación y contratación de estas obras.

De este modo, disputas o diferencias que afectan a relaciones contractuales entre privados, se extraen necesariamente de la competencia del órgano contratante, por más que -y así también lo he manifestado- la Administración Regional intente, en la medida de sus posibilidades -que no pueden ser otras que las de intermediación amistosa- cooperar a la resolución de estos conflictos, puesto que, como es evidente, estos conflictos pueden afectar negativamente al normal y deseable desenvolvimiento de los trabajos.

Un segundo aspecto a considerar -como ya antes avanzaba- es el relativo a las imputaciones formuladas respecto de certificaciones de obras falsas y pago ilegítimo de cantidades por unidades de obra no realizadas.

En este sentido, y sin entrar aquí en el detalle del proceso de adjudicación de las obras de ejecución de la Autovía del Camino de Santiago en su tramo Onzonilla-Santas Martas, objeto de la presente comparecencia, cabe indicar cómo la Junta de Castilla y León, por acuerdo de veinticinco de julio del pasado año de mil novecientos noventa y seis, encargó a la empresa pública GICAL la ejecución de esta obra, teniendo en cuenta que el proceso de licitación se había venido realizando directamente por la Consejería de Fomento, por cuanto que es en estas fechas cuando se cierra el proceso de constitución de GICAL, y esta empresa pública comienza sus trabajos.

De este modo, y cedida la obra a GICAL, ésta procede, el treinta y uno de julio de ese año, a la adjudicación definitiva de las obras, y el treinta de agosto se firma el contrato.

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A partir de aquí, bajo la dirección y responsabilidad de la empresa pública GICAL, se han venido desarrollando los trabajos y emitiendo con periodicidad mensual las correspondientes certificaciones de obra, hasta alcanzar el pasado treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y siete la cuantía total de 2.287.993.786 pesetas.

De lo dicho hasta aquí, la primera conclusión que se extrae es el hecho evidente de que, tras el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma encargando a GICAL, S.A. la ejecución de esta obra, su gestión corresponde exclusivamente a esta última; de forma que resulta de todo punto imposible, legalmente, que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, pueda actuar directamente en el proceso de ejecución de la obra, y menos aún emitir certificaciones -verdaderas o falsas-, abonar pagos legítimos o ilegítimos, o tratar favorable o desfavorablemente a unas u otras empresas, como manifiesta el señor Oliva.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, no es ya sólo que no guarde relación alguna con la empresa subcontratista, como ya quedó dicho, es que ni tan siquiera la guarda con la propia Unión Temporal de Empresas que resultó adjudicataria de las obras; puesto que esa responsabilidad de gestión corresponde en realidad a la empresa pública GICAL, cuya creación responde, precisamente, al deseo de contar con un instrumento de ágil gestión en obras de infraestructura de estas características.

Hecha esta aclaración de orden formal, necesaria a la hora de centrar la cuestión objeto de debate, nos interesa ahora analizar, desde el punto de vista de los hechos o de la ejecución material de la obra, las imputaciones efectuadas, puesto que la Junta de Castilla y León quiere responder con claridad y rotundidad a cuantas acusaciones han sido formuladas, siempre -curiosamente- por la misma persona y siempre ante el mismo medio de comunicación regional.

En este sentido, conveniente adelantar que, aun siendo la gestión de la empresa pública GICAL, S.A. distinta e independiente de la Consejería, sus procedimientos de gestión en relación a la ejecución material de la obra no se diferencian en absoluto; de modo que la contrastación de lo ejecutado se concreta también mediante certificaciones de obra, en las que se mide y acredita las obras realizadas mes a mes.

Estas certificaciones, la última de las cuales corresponde al mes de octubre, recogen un cuadro-resumen de ejecución al que se acompañan la documentación de mediciones de unidades de obra, y aparecen suscritas por el Director Técnico de GICAL, el Director de la Empresa de Asistencia Técnica Externa y el representante del contratista, recibiendo el conforme del propio Director Gerente de la empresa pública.

En este sentido, y precisamente para asegurar la certeza de las mediciones y un correcto seguimiento de la obra, su Director Facultativo cuenta en esta obra -como ocurre en las obras de carretera que ejecuta directamente la Consejería- con la asistencia técnica de una empresa externa, contratada exclusivamente a este fin, y que apoya su trabajo respecto del plan de control y vigilancia de la obra que tiene este proyecto, con la particularidad de que la asistencia técnica externa es pagada con cargo al presupuesto de la contrata.

Partiendo, pues, de esta sistemática de trabajo en la medición de las unidades de obra, y a los efectos que aquí nos ocupan, de los movimientos de tierra realizados en la obra, las certificaciones formuladas hasta aquí acreditan el movimiento de dos millones ciento noventa y dos mil metros cúbicos de tierra en terraplén, tanto en materiales procedentes de la excavación de la traza como de préstamos. Y sobre estos movimientos de tierra acreditados se expidieron posteriormente las certificaciones.

Éstos son los datos con los que contamos. Y como quiera que la empresa subcontratista mantiene divergencias con el adjudicatario sobre el volumen real de obra efectuada, la asistencia técnica que tiene a cargo el plan de control y vigilancia de obra ya indicado, va a realizar con distintos equipos una remedición de los trabajos efectuados. Y, por nuestra parte, hemos encargado a una tercera empresa que haga también la medición de la obra, al objeto de confirmar todos los movimientos de tierra que se encuentran certificados, aclarando así cuantas dudas puedan haber surgido en el proceso de ejecución material de la obra.

No obstante, debe quedar claro que en ningún momento de esta polémica la empresa subcontratista Dopyse ha reclamado a la Junta de Castilla y León la realización de mediciones técnicas respecto del trabajo realizado hasta la fecha.

De este modo, y una vez confirmados los datos de medición de movimientos de tierras que han quedado reseñados, confiamos en que las divergencias técnicas y económicas existentes entre la UTE contratista y el subcontratista queden definitivamente aclaradas y resueltas, aunque ya les adelanto que pasaré posteriormente a dar lectura a la última comunicación de acuerdo entre las partes.

Finalmente, y en lo que se refiere a las imputaciones delictivas realizadas, la naturaleza de las acusaciones vertidas exigen, desde el punto de vista de la Junta de Castilla y León, una completa y pública aclaración de los hechos -cuando no su rectificación-, para lo cual, e independientemente del ejercicio del derecho de defensa ante la denuncia formulada en la Fiscalía Anticorrupción, tiene preparadas las correspondientes acciones judiciales, cuya interposición se producirá en tanto conozcamos, en detalle y formalmente, las imputaciones realizadas.

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En consecuencia, y antes de concluir, cabe formular las siguientes conclusiones:

Primera. Se ha producido una clara divergencia entre una UTE empresarial y la empresa subcontratista asturiana Dopyse, S.L., siendo por tanto falso -como manifestó a un medio de comunicación regional el señor Oliva- que los subcontratistas hubieran reclamado a la Consejería cuestión alguna, como reflejaba el titular de ese medio de comunicación.

Segunda. Don Rufino Oliva García se presenta ante la prensa como defensor de los problemas de los subcontratistas de la Región y Presidente de una pretendida Asociación de Subcontratistas de Castilla y León, si bien ni la empresa Dopyse es de la Región, ni ésta ha reclamado oficialmente a la Consejería cantidad alguna, teniendo en cuenta, además, que ella misma ha subcontratado más del 60% de la obra que debía realizar como subcontratista.

Tercera. El señor Oliva, aunque presida una pretendida Asociación de Subcontratistas de Castilla y León, no está reconocido, ni es subcontratista, ni la tal asociación está reconocida en el ámbito empresarial de las organizaciones empresariales de la Región, como así manifestaron en comparecencia pública los representantes máximos de las empresas del sector, que son también contratistas y subcontratistas en muchos casos.

Cuarto. Es falso lo manifestado por el señor Oliva, en el sentido de que se haya abonado cantidad alguna por la Junta de Castilla y León o GICAL por encima de la obra realizada, sino que, por el contrario, GICAL, hasta el día de hoy, ha certificado la obra realmente ejecutada.

Quinto. Que se trata de una cuestión o divergencia entre empresas, en las que se ha utilizado a la Junta de Castilla y León por el señor Oliva para presionar al contratista en favor del subcontratista; lo que no puede aceptar la Administración en este tipo de conflictos, que tienen sus vías de negociación propias o, en último caso, la vía judicial para hacer valer los derechos y obligaciones que ambas han establecido en su propio contrato mercantil.

Seis. Que la Consejería ha estado siempre abierta, al igual que GICAL, a arbitrar soluciones al conflicto; y así se lo ha manifestado a la empresa contratista y a la subcontratista en varias ocasiones, verbalmente y por escrito, el último de ellos, el pasado día cinco de diciembre.

Séptimo. Que en el proceso constructivo y procedimental de la obra no intervienen en ningún momento del control de la obra o de sus abonos y certificaciones ni este Consejero, ni el Secretario General de la Consejería, ni el Interventor General, puesto que es la empresa pública GICAL la responsable del proceso constructivo hasta el fin de la misma. Es falsa, por tanto, cualquier imputación de las que en este sentido ha realizado siempre en un medio de comunicación regional el señor Oliva.

Octavo. Existen y se han cumplido estrictamente todos los informes medioambientales que la obra precisa en los tramos ya en servicio, y en el que hoy es objeto de esta comparecencia; por lo que es falso que no se haya cumplido lo establecido en los mismos, como se manifestó.

Noveno. La Consejería de Fomento no entra en prejuzgar los resultados de una cuestión o conflicto privado entre empresas; pero no va a consentir imputaciones que le impliquen de forma alusiva en ese conflicto, deteriorando la imagen de las personas o de las instituciones públicas.

Posteriormente, podemos afirmar también que en el día de hoy se ha firmado un acuerdo entre Dopyse y Fomento de Construcciones y Contratas, con una comunicación de la empresa Dopyse que dice lo siguiente:

"Muy señor nuestro:

Tras las conversaciones mantenidas con esa UTE, Fomento de Construcciones y Contratas, los pasados días, tanto en Oviedo como más tarde en Valladolid, hemos podido alcanzar un acuerdo sobre la liquidación total de nuestros trabajos en la obra de Onzonilla-Santas Martas.

Sin embargo, queda pendiente una denuncia formulada por la Confederación Nacional de Contratistas relacionada con dicha obra.

En relación con dicha denuncia, esta entidad reconoce expresamente que, tanto el problema suscitado entonces, como luego, cuando se ha alcanzado entre las partes un acuerdo sobre la liquidación de nuestros trabajos para esa UTE, siempre hemos tenido presente exclusivamente el ámbito contractual de nuestra relación, sin interferencia de cuestión alguna distinta al ámbito contractual mencionado.

Por tal motivo, considera Dopyse que las cuestiones planteadas por Conascop en dicha denuncia carecen de todo sentido. Y, en este orden de cosas, se efectuarán ante dicha Confederación las gestiones que resulten oportunas en orden a la retirada de dicha denuncia, reconociendo que la problemática planteada afecta exclusivamente al ámbito contractual antes mencionado, que ha quedado totalmente resuelto entre las partes.

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Las imputaciones que se han hecho a altos cargos de la Junta de Castilla y León lo han sido sin fundamento y esclarecidas por los intervinientes de forma suficiente, concluyendo que dichos cargos son absolutamente ajenos a la cuestión suscitada.

En todo caso, es su voluntad -y así se comprometen- dejar sin efecto el ejercicio de cuantas acciones se hayan ejercitado, dado que se trata de una cuestión puramente contractual entre las empresas intervinientes.

Sin otro particular, le saluda atentamente".

Esta carta, que ha sido recientemente remitida, viene acompañada del acuerdo que ambas partes han suscrito, en el que se ponen ya definitivamente de acuerdo sobre sus diferencias económicas.

Por tanto, todo lo aquí manifestado viene definitivamente a concluir lo que se traslucía, lo que había detrás de esa denuncia falsa que en su día trataremos, en los ámbitos judiciales oportunos, de contrarrestar adecuadamente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Consejero. ¿Alguno de los Portavoces desea que se interrumpa la sesión por unos minutos o podemos continuar con la misma? Estando de acuerdo todos los Portavoces, en primer lugar, tiene la palabra, para consumir el turno que le corresponde, el Portavoz del Grupo Mixto, señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, manifestar, y con carácter previo, mi protesta -aunque sólo sea a los efectos que de conste en el Diario de Sesiones- por la convocatoria tan urgente de esta Comisión, que yo no sé por qué no pudo esperar a otro día, habida cuenta que estamos en pleno debate de los Presupuestos en la Comisión correspondiente de Economía, y que es verdad que hay Grupos Parlamentarios que tienen número de Procuradores suficiente para estar en todas las Comisiones, pero hay otros en los que tenemos que estar en dos sitios a la vez, y no nos es posible. Y yo, desde luego, tenía que defender en la Comisión que se celebra justamente debajo de este salón las enmiendas a los Presupuestos, y me hubiera gustado intervenir en el tema de las autovías y las autopistas.

De tal manera que manifestar mi protesta y preguntar el por qué motivo no se ha podido celebrar en otro momento, o cuál es la extraordinaria urgencia de esta comparecencia, que además es a petición propia del propio Consejero, y que además comparece aquí para informarnos de algo que, en principio -que yo sepa-, nadie lo ha pedido. Me parece bien; era un tema importante, era un tema grave, y me parece bien. Pero podía haber esperado perfectamente un par de días o tres a que finalizase la Comisión de Economía y Hacienda para el debate de los Presupuestos. A mí me gustaría que el Presidente de la Comisión tuviera en cuenta de vez en cuando las disponibilidades de los Grupos minoritarios a la hora de poder estar en dos sitios a la vez. Porque ayer, por ejemplo, no tuvimos nada, y hoy tenemos, por la tarde, tres Comisiones distintas.

Y dicho esto... -insisto, aunque sólo sea a efectos del Diario de Sesiones-, ¡hombre!, yo entiendo la prisa que tiene el señor Consejero en aclarar esta situación: las imputaciones son graves. Y como las imputaciones son graves, pues para poder valorar esas imputaciones habrá que tener elementos de juicio, muchos elementos de juicio. Y yo no tengo esos elementos de juicio para entrar en el fondo de posibles ilegalidades o imputaciones delictivas -como suele ocurrir en estas circunstancias-. Yo he observado la polémica que se ha producido, he escuchado atentamente al Consejero, y, lógicamente, ahora tengo dos versiones distintas y contrapuestas: en principio, habrá que darle presunción de velocidad... de veracidad al Consejero, máxime cuando nos anuncia que esos problemas, pues, pueden estar en vías de solución o se han resuelto en virtud de ese acuerdo alcanzado entre las dos empresas.

Por tanto, yo voy a ser prudente. Y, lógicamente, si se va a abrir una vía judicial con relación a la presunta falsedad de esa denuncia, pues vamos a esperar a ver lo que ocurre en la vía judicial. Porque yo creo que nosotros, los Procuradores en esta Comisión, no debemos actuar ahora mismo de jueces, salvo que haya alguno que tenga absolutamente todas las pruebas y todos los elementos de juicio. Yo, desde luego, como no las tengo, pues, en principio, le otorgo la presunción de veracidad de las manifestaciones del Consejero. E, insisto, en principio, creo lo que él nos ha contado y nos ha comentado en esta comparecencia, sin perjuicio de que en los tribunales se pueda dilucidar o se pueda llegar a otras conclusiones.

Pero vamos, en principio, yo acepto la tesis de la Consejería de que no se ha producido ninguna irregularidad, al menos punible legalmente. Y por eso, y en base a la prudencia a la que aludía antes, pues prefiero esperar a ver cómo se... cómo devienen los acontecimientos antes de hacer infundadas afirmaciones. Precisamente por eso, no quiero añadir en este momento nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Otero. Sí le voy a contestar a la primera intervención de su discurso, diciéndole que esta Comisión tenía previsto se celebrase el día doce. Como sabe Su Señoría perfectamente, el día doce tenemos Pleno; la Comisión tenía que ser suspendida. Hemos adelantado la Comisión dos días. Pero en el supuesto caso de que no hubiéramos tenido pensado celebrar Comisión el día doce, esta Presidencia asume la responsabilidad total y absoluta por considerar prioritaria la comparecencia del señor Consejero.

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Al mismo tiempo, también decirle que el tercer punto del Orden del Día no era un punto pedido por el señor Consejero, sino por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que, ante la Comisión, ha retirado, porque se pueden confluir ambos en uno solo, que es el que estamos debatiendo ahora.

Creo que esta Presidencia, al mismo tiempo, también tiene que decirle que tiene en consideración a todos los Grupos Políticos, por mínimo que sea su representación.

Y sin ninguna cosa más, paso... pasa a la siguiente intervención el señor Conde, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien. Decir que, efectivamente, nosotros habíamos solicitado la comparecencia para hoy del Director de GICALSA precisamente para que informara a esta Comisión si son ciertas o no las acusaciones que se hacían por parte de la empresa Dopyse. Y como ha tenido lugar la comparecencia, a petición propia, del Consejero, pues hemos retirado el tercer punto del Orden del Día de la reunión.

Bueno, el señor Consejero sabe perfectamente que en el último Pleno yo le hice una pregunta oral pidiéndole explicaciones, porque, efectivamente, había surgido una especie de escándalo con esta situación; y que, con independencia de los problemas concretos que pudiera tener la empresa Dopyse y Fomento de Construcciones y Contratas -todos sabemos que tienen litigios y problemas-, a nuestro Grupo lo que más le asustaba eran las acusaciones públicas que se hacían por parte de Dopyse a Fomento de Construcciones y Contratas, directamente a la propia Junta de Castilla y León. Porque me imagino que todos los Grupos Parlamentarios habían recibido la carta -yo creo que esta empresa se ha molestado bastante en enviar la documentación a todos los Grupos Parlamentarios-, y a este Grupo Parlamentario, pues, le envía una carta de fecha veinte de noviembre, que va dirigida al Secretario General de la Consejería de Fomento, en el cual le pone en antecedentes de que va a ponerlo en manos del Fiscal Anticorrupción, a la propia empresa Fomento de Construcciones y Contratas porque dice que ha cobrado dinero de más por obras que no se han hecho, y que, evidentemente, se supone que ha pagado la Junta de Castilla y León.

Y claro, evidentemente, nos mandan una documentación que, efectivamente... esto no es una documentación oficial, porque el hacer esto en un ordenador lo puede hacer cualquiera, y la veracidad o no tendría que demostrarla después la Junta con las certificaciones de obras y los pagos efectuados. Pero, claro, a uno le queda la duda de que, si estas acusaciones no fueran ciertas, evidentemente, ¿qué necesidad habría de una empresa mandar una carta oficial a la propia Junta, con la implicación que eso tiene? Porque hay una acusación gravísima: se acusa a la Junta de prevaricación, de estafa, de falsificación documental. Y, bueno, hay una carta que se envía a la propia Consejería de Fomento, hay una carta que se da a conocer a los propios medios de comunicación. E, incluso, es más -vuelvo a repetir-, aunque esto no sea una documentación oficial -porque esto lo puede hacer cualquiera en un ordenador y simplemente una... con una simple máquina-, pues a uno le dejan graves dudas, ¿no? Porque ellos justifican... la empresa esta, Dopyse, dice que de una obra... de 192.000.000 de pesetas, que parece ser que es lo que le adeuda Fomento de Construcciones y Contratas... que parece ser que ellos alegan que, en base a la Ley de Contrataciones de las Administraciones Públicas, no cumple con la Ley, y por tanto le adeuda a Fomento de Construcciones y Contratas 192.000.000, y que mientras no le paguen esos... mientras que Fomento de Construcciones y Contratas no paga esos 192.000.000 de pesetas a Dopyse, Fomento de Construcciones y Contratas ha cobrado a la Junta 296.000.000, es decir, 104.000.000 de pesetas más -según dice Dopyse- por obras que no se han hecho, ¿no?

Y, según Dopyse, las obras que no se han hecho las relaciona aquí. Ellos dicen, por ejemplo, en el tramo dos: "Despeje y desbroces, cero metros cuadrados", que es la certificación de fomento de Construcciones y Contratas a Dopyse. Sin embargo, Fomento de Construcciones y Contratas a la Junta certifica trescientos treinta y un mil metros cuadrados. ¡Es que esto es una locura! Entonces, en el tramo dos y en el tramo tres hay una serie de certificaciones que no figuran como obras realizadas, en terraplenes, movimientos de tierras, etcétera, etcétera; y, sin embargo, Fomento de Construcciones y Contratas, según Dopyse, parece ser que los Dopyse ha cobrado a la propia Junta de Castilla y León. Con lo cual, esto es absolutamente gravísimo.

Y claro, el motivo que... la preocupación de este Grupo era decir: bueno, al margen de los conflictos que puedan tener estas dos empresas, a nosotros nos parece una acusación gravísima, que además se hace pública... porque si fuera decir que no se... que se hace en petit comité y no se hace pública, bueno, pues podía ser una actitud de presión y de chantaje de esta empresa para forzar a Fomento de Construcciones y Contratas a pagarle el dinero que le adeudara. Pero, claro, en el momento que implica a la propia Junta de Castilla y León, y además esta propia empresa hace pública toda esta documentación -que después ya se verá si es falsa a o no, pero en el momento que la hace pública-, automáticamente, implica... imputa a la Junta de Castilla y León, ¿eh?, pues en una situación absolutamente lamentable, ¿no?

Y nosotros lo que queríamos era, precisamente, que la Junta tomara las medidas de investigación para verificar si realmente estas acusaciones son ciertas o no; porque éste es un hecho absolutamente grave, ¿no?

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Y, claro, usted nos ha leído una serie de documentación. Yo no le voy a poner en absoluto en duda las propias manifestaciones que usted ha realizado, pero yo creo que se debería... ante la gravedad de las acusaciones, lo que se debería hacer por... nosotros consideramos que sería procedente era que usted pasara a todos los Grupos Parlamentarios las certificaciones de obras que se han realizado, los pagos que ha efectuado la Junta de Castilla y León, para, después, con esa documentación por parte de todos los Grupos Parlamentarios, verificar si efectivamente las acusaciones de Dopyse son reales o no son reales.

En principio, nosotros... bueno, yo por mi parte tendría la obligación de creerle. Pero claro, a mí me extraña, porque una empresa que hace este tipo de acusaciones alguna base real tiene que tener. Yo comprendo que puede ser una medida de chantaje hacia la Junta, ¿no?, para obligar después a Fomento de Construcciones y Contratas a pagarle las cantidades que le pueda adeudar. Pero, en todo caso, tratar de implicar a la Junta diciendo que la Junta ha pagado más dinero de las obras realmente realizadas, a nosotros nos parece una acusación grave.

Y, por tanto, nosotros lo que le pedimos en esta comparecencia -que era lo que le íbamos a pedir al Director de... en la comparecencia anterior de GICALSA- era que pasara esa documentación a todos los Grupos de la Oposición... bueno, y a todos los Grupos de las Cortes, cuáles eran las certificaciones de obra que se han presentado, cuáles son los pagos que ha efectuado la Junta de Castilla y León. Y si esto se demuestra que es falso, evidentemente, se debería de exigir a la Junta de Castilla y León que actuase contra esta empresa, automáticamente; se presentara una querella y, por injurias, se actuase de manera contundente.

Y, después, otra cuestión que había que aclarar era si, efectivamente, pues Fomento de Construcciones y Contratas está incumpliendo con la Ley de Contratos del Estado con respecto a Dopyse. Porque, efectivamente, ahí sí podía implicar a la propia Junta de Castilla y León, si Fomento de Construcciones y Contratas incumple la Ley de Contratos.

Claro, está por ver y por saber -yo no sé si la Consejería lo conoce- cuál es el contrato de obra que tiene firmado Dopyse con Fomento de Construcciones y Contratas, porque a lo mejor en el propio documento, en el propio contrato de obra, el pago se establece a los seis meses, a los siete meses, a los ocho meses o a los nueve meses; no se sabe.

Por tanto, convendría saber, dentro del contrato de obra que ha firmado Dopyse con Fomento de Construcciones y Contratas, qué es lo que figura realmente en el contrato, para después poder aclarar si ahí podría intervenir la Junta o no, en función de un incumplimiento de contrato. Si realmente se demuestra que Fomento de Construcciones y Contratas está incumpliendo el contrato con Dopyse, pues automáticamente la Junta debía, bueno, pues de intervenir para que se corrigiese esa situación.

Y, en todo caso, es lo que yo le pregunto en la segunda intervención, es decir, si ustedes conocen, o la Junta conoce, cuál es el contenido del contrato entre Fomento de Construcciones y Contratas y Dopyse. Porque Dopyse alega de que no le paga esas obras, y me imagino que Fomento de Construcciones y Contratas obrará en función del contrato que tengan firmado. Por lo tanto, a la Junta no se le puede obligar a intervenir si no... Si se cumple el contrato, no tiene por qué intervenir; si no se cumple, efectivamente, la Junta debería de intervenir.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Conde. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Sí. Gracias, señor Presidente. Voy a empezar -igual que he empezado en la anterior comparecencia-, pues, que esta comparecencia, a petición propia del Consejero, se ha saltado el orden de todas las comparecencias pedidas ante esta Cámara, ¿no? Hay una comparecencia pedida por nuestro Grupo el diecinueve del seis del noventa y seis -hace año y pico- que todavía no se ha celebrado, ¿no? Otra en marzo de este año, que es la que acabamos de ver, de autopistas de peaje; que si no hubiera ocurrido esta circunstancia, no se hubiera celebrado. Otra, de hace cinco meses, también del Grupo Parlamentario Socialista. Hay una comparecencia pedida del Consejero para hablar del Plan de Actuaciones Prioritarias en Infraestructura del Transporte en septiembre del noventa y siete que todavía no se ha celebrado. Hay una comparecencia, a petición del Grupo Mixto, para hablar de los accesos del Tren de Alta Velocidad a Galicia desde septiembre, que todavía no se ha celebrado, ¿no? Incluso la que acaba de retirar Izquierda Unida, pidiendo la comparecencia del Presidente o Gerente de GICALSA, está presentada antes que la petición del Consejero, y se ha puesto... y se ha puesto detrás, ¿no?

O sea, nosotros creemos que a esta comparecencia, pues se le ha dado una prioridad absoluta; se ha saltado todas las que llevaban muchos meses esperando, y porque parece que hay un problema, que al final llega... ha llegado a ser personal, hay una denuncia. Y yo quiero decir que en ese asunto nosotros no vamos a entrar. Y entonces, ante ese problema personal, se actúa, se actúa con urgencia, se viene aquí urgentemente, se convoca la Comisión, caiga quien caiga.

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Y lo que ha ocurrido aquí, en el fondo, es que ha habido un conflicto entre una gran empresa de ámbito nacional, una UTE de la que forma parte FCC y una pequeña empresa, que se dice que es asturiana -como si eso ..... fuera malo. Y es una empresa... es una pequeña, es una pequeña empresa que, a su vez, subcontrata con muchas empresas de la Comunidad Autónoma, y que recibe suministros de muchos pequeños empresarios de la Comunidad Autónoma. Le ha ocurrido a esa empresa, que es asturiana, pero podía haberle ocurrido a cualquier otra empresa.

Y cuando ese conflicto, que está larvado desde hace tiempo -por lo que parece-, lo conoce la Junta, y lo conoce a través de esa carta de la que ha hablado el Portavoz de Izquierda Unida, que tenemos también los demás Grupos, porque nos ha sido remitida el veinte de noviembre, dirigida al Secretario General de la Consejería de Fomento... Que, por cierto, es una carta escrita en unos términos razonables; que no se amenaza a la Junta de nada, absolutamente de nada, porque no se dice que vaya a haber ninguna denuncia contra la Junta en esa carta -más bien es una denuncia contra la gran empresa-, pues la Junta parece que no responde, que no se pone en contacto con nadie y que, por lo tanto, se puede pensar... se puede pensar, pues, que toma partido por la gran empresa y no por las pequeñas empresas enraizadas en el territorio.

Y claro, no se puede decir que no existe ninguna relación entre la Junta y los subcontratistas, que todo se reduce a un problema privado entre las partes, de los que la Comunidad Autónoma, la Administración de la Comunidad Autónoma es un puro espectador. Porque ésa es una respuesta, pues, como administrativista, y que incluso ahí, pues, es dudosa; porque la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, pues, dedica algunos artículos a la relación de los subcontratistas con los contratistas. Y dice en el Artículo 116.c.2 cómo los contratistas deben pagar a los subcontratistas en unas condiciones que no sean más desfavorables de como ellos cobran de la Administración. O sea, que no es un tema que esté absolutamente desregulado, sino que hay una regulación corta, pero existe. Luego hablaremos un poco más de ello.

No se puede hablar, por eso, de respuestas administrativas, sino que yo creo que lo que tenemos que hablar es de la capacidad de influencia que tiene la Junta -y tiene mucha- para actuar como mediador en este tipo de casos y para actuar como mediador ante las grandes empresas. Por eso, yo creo que tenemos... no tenemos que hablar en términos administrativos -digo yo- ni judiciales, que ése es un tema en el que nosotros no queremos entrar en este momento en absoluto, sino hablar en términos -digamos- políticos, para entendernos.

Porque ¿qué es lo que pasa en realidad... -y el otro día ya hablamos de ello en una Pregunta que nuestro Grupo hizo en el Pleno de las Cortes-? ¿Qué pasa en realidad en la relación entre las grandes empresas nacionales y las pequeñas y medianas empresas subcontratistas? Pues que las grandes empresas nacionales se han convertido, al final, pues en unos puros y meros intermediarios financieros, que subcontratan prácticamente la totalidad, si no la totalidad, de las obras a pequeñas y medianas empresas situadas sobre el territorio. A nosotros nos gustaría saber qué porcentaje ha subcontratado la UTE de la que forma parte Fomento de Contratas y Construcciones en la... de Construcciones y Contratas -perdón- en el tramo Onzonilla-Santas Martas. O sea, ¿qué porcentaje de obra ejecuta realmente esa UTE y qué porcentaje ejecutan los subcontratistas? Y si en los pliegos de condiciones de... que regulan la relación entre GICALSA y esa empresa se pone alguna limitación a ese tipo de subcontrataciones.

Porque se puede llegar en algunos casos a que se subcontrate el 100% de la obra; y entonces, las grandes empresas están funcionando y obteniendo enormes beneficios en España, pues, manejando el dinero que reciben de la Administración en un día, en el intervalo que existe entre el día que lo recibe la Administración y el día que eso... que ellos lo transfieren a los subcontratistas. Y ése es el negocio en el que hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, han venido funcionando -y siguen haciéndolo- las grandes compañías distribuidoras de grandes superficies comerciales; el gran negocio: que ellos reciben dinero constante y sonante en las cajas de los supermercados y, sin embargo, retrasan a noventa, ciento veinte o más días el pago a los suministradores. O sea, se cobra a contado y se paga a plazos. Y ése es el negocio. Y ese negocio se ha trasladado a las empresas... a las empresas constructoras.

Lo que respecta a las superficies comerciales, la Ley del Comercio Minorista intentó limar esto; introdujo una limitación de diferir los pagos a los suministradores, y algo así, probablemente, se debería hacer también en la relación entre subcontratistas y contratistas; y de eso hablaremos.

Pero es que, en este caso, lo que se dice que ha ocurrido es más grave, porque dice... se dice que la gran empresa, la Unión Temporal de Empresas, ha certificado un volumen de obra a la Administración, y la Administración lo ha pagado; y que, sin embargo, ella reconoce a los subcontratistas un volumen menor. O sea, niega a los subcontratistas lo que cobra de la Administración.

Entonces, nos gustaría saber si realmente existen... -y no entro en el tema si esa obra se ha ejecutado o no, que ése sería otro asunto-, si existen diferencias entre lo certificado por la UTE a GICALSA y lo reconocido por la UTE a los subcontratistas, porque eso realmente sería grave; no sólo le retrasan el pago, sino que pagan menos de lo que deberían... de lo que deberían pagar. ¿Y cómo puede existir esa diferencia -si existe, que yo no lo sé-, si prácticamente el 100% de los movimientos de tierra, o del desbroce -que antes se ha hablado- es algo que han ejecutado subcontratistas?

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Y esta situación, que está existiendo -y, además, no sólo pasa en esta Comunidad Autónoma, pasa en toda España-, pues lleva a muchas pequeñas empresas, pues, a situaciones muy difíciles: a la suspensión del pago... a la suspensión de pagos y a los cierres. Y nosotros creemos que la Junta, en estos casos, pues tiene que estar con las pequeñas y medianas empresas, porque además parece que tienen razón. Y la solución a la que se ha llegado en la mañana de hoy, pues, evidentemente, a quien da la razón es a la pequeña empresa.

¿Y a qué situación, pues, habrá llevado... se habrá llevado a esta pequeña empresa...? ¿A qué situación se ha llegado en este caso, cuando desde sectores empresariales, pues, se ha llegado a esta situación de enfrentamiento con la Junta de Castilla y León? Nosotros creemos que es la primera vez que desde sectores empresariales de la construcción se produce un enfrentamiento de estas características con la Junta de Castilla y León, a pesar de los riesgos que se corren y del riesgo que existe de represalias desde la Administración hacia estas empresas.

Soluciones a estos conflictos se tienen que encontrar, o sea, FCC tiene que pagar a los subcontratistas el mismo volumen de obra que ella certifica a GICALSA. Esto es algo absolutamente evidente, nadie puede ponerlo en duda; no les puede decir que han hecho mal lo que ella certifica a la Junta. Tiene que pagarlos en los plazos que establece el Artículo 116.2.c) de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y eso siempre y con regularidad.

Y este asunto, pues, hay que afrontarlo de una manera, pues, general, ¿no? Recientemente se ha aprobado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley -yo creo que por unanimidad de todos los Grupos- dando un plazo al Gobierno de la Nación -no sé si es tres meses o un poco más- para que adopte una iniciativa legislativa que regule de una manera expresa la relación de la Administración y de las grandes empresas con los subcontratistas, y esa regulación, escasa en la actual legislación, pues sería una solución a largo plazo.

Pero, en tanto se hace una solución que englobe las relaciones en todo el Estado español, hay Comunidades Autónomas que ya se han adelantado y han dado soluciones particulares. El Gobierno Vasco ha dictado unos pliegos de condiciones en los que regula estrictamente las relaciones entre los subcontratistas y los subcontratistas. Yo creo que hay Comunidades Autónomas que ya han dado este paso sin esperar a que lo hagan las Cortes Generales. Eso es algo que podría hacer perfectamente la Junta para sus propias obras o para las obras que ejecuta a través de empresas intermediarias.

Porque GICALSA, al fin y al cabo, pues es simple y exclusivamente un intermediario, y no puede convertirse en una tapadera para eludir ningún tipo de responsabilidades. El 100% del capital de GICALSA es de la Junta de Castilla y León, el 100% del Consejo de Administración de GICALSA está designado por la Junta de Castilla y León; GICALSA y la Junta hay que decir que es exactamente lo mismo, y siempre que actúa GICALSA actúa la Junta. Y la Junta yo creo que debe asumir sus responsabilidades, y además creo que al final lo ha hecho. Y, por encima de esa relación entre partes, la Junta ha actuado y la Junta ha influido. Si ha habido un acuerdo -el Consejero nos ha leído-, si en este momento ya están de acuerdo FCC y la pequeña empresa asturiana es, probablemente, porque esta tarde había aquí esta comparecencia; y porque desde la Junta -o a través de personas interpuestas- se ha pedido, y se ha hablado, y se ha exigido -y me parece, además, bien- que se llegue a un acuerdo. Pues claro, si la Junta tenía que actuar... la Junta tenía que haber actuado desde mucho antes.

Y si ha habido un acuerdo, por esa cifra de dinero -que no la he recogido cuando se ha referido a ella el Consejero-, es, además, porque el subcontratista tenía razón, porque se le debía esa cifra de dinero. Y primero se le dijo que no se le debía nada, y eso no era cierto; luego se le dijo que se le debía menos, y eso tampoco era cierto, porque al final han firmado un acuerdo en el que se le reconoce prácticamente la totalidad de lo que debía. Luego el subcontratista -esa pequeña empresa- tenía razón en su enfrentamiento con la gran empresa, y éste es un tema que tenemos que tener muy en cuenta.

Las gestiones que se pedían a la Junta eran necesarias; cuando se han hecho, han dado resultado. Probablemente se han hecho de una manera lenta, o tarde, pero han dado resultado. Y yo creo que lo lamentable del caso es que para llegar a este resultado, que es al final dar la razón a la empresa de movimiento de tierras, pues haya habido que llegar a estos extremos. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor De Meer. Sí decirle que... o, por lo menos, darle una explicación; que sí, que también me gustaría que costara en el Diario de Sesiones... es con relación a la alteración del Orden del Día de las comparecencias. A esta Presidencia le ha parecido el tema importante y lo suficientemente grave, como ya sabemos todos, por las acusaciones vertidas a la opinión pública a un miembro del Gobierno y a altos cargos de su departamento.

Yo, como Presidente de esta Comisión, que trato de serlo todo lo imparcial que puedo, sí que, al ser el Gobierno no sólo del Partido Popular sino de todos los castellano-leoneses, sí me ha parecido oportuno el que compareciera el señor Consejero de Fomento... ponerlo en el Orden del Día, igual que al Director Gerente de GICALSA, precisamente para que ellos manifestaran a la opinión pública el parecer.

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Esto es la única intención que me ha llevado a esta alteración del orden, pero que también, qué duda cabe, sin menospreciar y sin restar importancia al resto de las comparecencias que actualmente están solicitadas, lo mismo que a las Proposiciones No de Ley que, como sabe usted, por el calendario tan apretado que tenemos, no podemos dar la celeridad que todos quisiéramos.

Tiene la palabra a continuación, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Zamácola.

ZAMÁCOLA GARRIDO

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente. Y gracias al señor Consejero por las explicaciones detalladas que yo creo que ha dado aquí, y que ninguno de los Grupos Parlamentarios que han participado las pone en duda o las discute, sino otros aspectos de esta comparecencia, en los que yo estoy de acuerdo, pero quiero dejar muy claro.

Para empezar, yo entiendo que el núcleo de la cuestión que aquí se pretende debatir, no es el más adecuado el sitio en el que nos encontramos. Yo entiendo que éste no es el ámbito. Aquí hay una cuestión y una acusación gravísima, como bien ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida, y de ahí viene -y no sé si está el representante del Grupo Mixto- la urgencia de la convocatoria. Se inculpan a tres altos cargos de la Junta de Castilla y León en unas posibles irregularidades, sobre un problema que, a mí modo de ver, es un problema muy claro, muy concreto -y voy a intentar explicarlo- de lo que antes se ha hablado aquí por todos ellos: de la contrata y la subcontrata, con todos los problemas que ello conlleva.

Bien es cierto, que al comentar esto, pues, siempre se puede apreciar, a lo mejor no de forma intencionada, que haya salpicaduras a terceras personas; siendo esas terceras personas, además, altos cargos de la Junta, razonan el porqué de esta urgencia en su convocatoria.

Yo creo que se ha explicado de forma clara, por lo que ha dicho el Consejero, qué figura es la que adjudica las obras en un momento determinado a una UTE. Se ha puesto de manifiesto el hecho real, el cáncer existente hoy en esas grandes empresas, de subcontratar un gran porcentaje y que, efectivamente, haya ahí problemas, como luego abordaré; pero yo quiero dejar de forma meridiana y clara un hecho cierto, y quitar todo tipo de salpicaduras.

La Consejería de Fomento, o la Junta de Castilla y León a través de ella, y por medio de estas tres personas que se imputan o que se pretende imputar, no han tenido absolutamente nada que ver en el problema.

Primero, por una imposibilidad material, como ha quedado manifiesto simplemente por las figuras jurídicas y por la empresa GICALSA creada, y es la que lleva a efecto el problema. Pero es que hay una serie de cláusulas de salvaguarda -que también se han indicado-, en cómo se realizan, no ya por la Junta y por la empresa adjudicataria y subcontratistas, sino una tercera, o mejor dicho, una asistencia técnica que pueda hacer valer, que pueda ayudar, que pueda ser un poco, en el caso de discrepancias, de juez en el tema de las mediciones tan problemático. Pero es que, además, en este caso se ha indicado incluso a una tercera figura, se la encarga... o empresa se la encarga para que ratifique y que diga qué tipo de medición.

Yo entiendo en todo esto que hay bastantes ideas confusas, y yo quería precisar una cosa que aquí se ha dicho, y que es relativa a la actual Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Se ha citado concretamente un artículo -el 116.2 c)- en el cual se dice, o en el cual se ha puesto de manifiesto la problemática existente, en la cual la empresa adjudicataria le da... tiene un plazo para pagar a sus subcontratistas. Pero, evidentemente, ahí no se dice ni en el resto de la Ley, ¿eh?, que el garante de ese pago sea ningún tipo de Administración. Es más, tan cierto es el problema que, como bien ha dicho el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, por unanimidad, ¿eh?, en el Congreso de los Diputados -creo que fue el once de noviembre del noventa y siete- se llega a un acuerdo para modificar esta Ley por este problema y darle un plazo que es hasta el treinta del seis del noventa y ocho. Pero, señores y Señorías, tengan ustedes en cuenta que, precisamente, al no haber esa responsabilidad por las Administraciones, y ocurrir lo que ocurre, es lo que las fuerzas lógicamente políticas dicen: tenemos que resolver y modificar esta Ley. Luego eso es evidentemente el marchamo o la base en la cual reconocen que, como las Administraciones ahí no tienen "pito que tocar" -y perdonen la expresión-, hay que modificar la Ley para evitar esos problemas que se están produciendo. Luego, que quede claro entonces la responsabilidad que en este caso concreto pueda tener la Administración: ninguno, según la actual Ley. Y como bien ha dicho el Consejero, se ha ofrecido por parte de la Junta, reiteradamente, el hacer de persona buena, de persona que intente aproximar las posiciones.

De todo lo que se ha dicho aquí, hay una cuestión que sobre nada... y que, probablemente se está hablando de la empresa asturiana, se está hablando de otra asociación, se está hablando de un señor que es el que ha presentado las denuncias, y claro, yo quería hacer al señor Consejero una triple pregunta, o una pregunta con dos partes.

En la primera de ellas -él un poco lo ha puesto de manifiesto en sus puntos uno y dos, ¿eh?, de las conclusiones a que él ha llegado cuando las ha leído- es saber qué relación realmente tiene el señor Oliva con esa empresa Dopyse: ¿es su representante?, ¿es su Presidente?, ¿en base a qué se arroga responsabilidades de estos subcontratistas?

Y, por otro lado, qué tipo de Asociación es la de Subcontratistas de Castilla y León, y que también parece ser que el señor Oliva se arroga una representación. ¿Es una asociación como tal, con fuerza, con potencia, representativa...?

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Yo creo que en esto, señor Consejero, mucho le agradecería que lo precisara usted, porque a lo mejor resulta que estamos suponiendo una serie de cosas -con, repito, las salpicaduras que ello lleva-, y podíamos aclarar muy bien qué relación tiene esta persona, o simplemente si se buscan otras cosas... En fin, no sé, yo no puedo continuar pudiendo imaginarme cosas, sino me gustaría saber realmente la representación, la relación de este señor con Dopyse, de este señor con esa Asociación de Subcontratistas de Castilla y León, y qué empresa es ésta o qué calado, qué enjundia tiene dicha Asociación.

Por esto, en esta primera actuación, señor Presidente, no voy a continuar, acabo ya; y, según lo que me diga el Consejero, actuaremos en la réplica. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Zamácola, para contestar a los distintos Portavoces, tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Fomento.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Contestando a los Grupos Parlamentarios, yo debo manifestar que, en este caso concreto, las imputaciones no las hace la empresa, eso hay que dejarlo claro: no las hace la empresa subcontratista; sino este señor Oliva que nos envió, además, otro escrito diciendo que, o le pagábamos a él y dejábamos de pagar a Fomento, o que actuaría denunciándonos.

Y este señor, no es una cosa que sea nueva, ni aquí en Castilla y León ni en España. En este momento tiene otra denuncia en Cataluña por coacciones, precisamente con una obra parada también de otra empresa nacional, donde él ha parado la obra. En Asturias hace lo mismo hace dos años. Y en Castilla y León, pues hay otros antecedentes que podíamos citar, pero que dado lo extenso del número de ellos, pues preferimos no hacerlo.

Ya lo hemos manifestado, y lo vuelvo a repetir, que a la vista de lo que en su día nos denunciaron, hemos encargado dos nuevas mediciones: una de la empresa externa, y otra propia; precisamente, para corroborar si, efectivamente alguna de las cuestiones que planteaba la empresa Dopyse pudieran ser ciertas, y hubiese alguna diferencia entre lo que nosotros creíamos que estábamos certificando como mediciones y lo que era la realidad -que nosotros creemos que en absoluto existe esa diferencia, pero podía haberlas-. Y en ese sentido encargamos dos nuevas mediciones... dos nuevas mediciones a distintas empresas para que así lo podamos comprobar con total seguridad. Porque nosotros somos los primeros interesados en no tener absolutamente ningún trato de favor hacia ninguna empresa, por mucho que se llame Fomento de Construcciones y Contratas, o como si se llama de otra manera.

Del acuerdo firmado hoy entre ambas empresas, se deduce que han llegado a un acuerdo sobre el contrato entre ambas; pero, en otro caso, hay una vía judicial que, desde luego, puede ser utilizada o podría haber sido utilizada por ellos sin tener que hacer ese tipo de imputaciones. Lo podían haber hecho. Podían haber utilizado a la Junta; ellos escriben a la Junta, piden una mediación a la Junta, y nosotros, en el momento en que se formaliza realmente... Porque, claro, una cosa es lo que pide Dopyse, y otra cosa es lo que pide el señor Oliva. Y cuando el señor Oliva interviene, pues, desgraciadamente, por sus antecedentes, o por lo que sea, normalmente es ya una costumbre que en la Administración casi pues... no digo que se salga corriendo, pero se tienen ya ciertos reparos, porque no se sabe lo que va a pedir. Y, sobre todo, porque cuando se le ha recibido -y ya en varias ocasiones se le ha recibido-, luego ha habido imputaciones o declaraciones totalmente contrarias a lo que nosotros habíamos hablado o habíamos dicho.

Con lo cual, una cosa es lo que Dopyse ha pedido, y otra cosa es lo que este señor ha pedido. Y lo que Dopyse pidió en el momento en el que nosotros recibimos los escritos y tuvimos claro quienes eran esa empresa y cuál era su representación, intervinimos de inmediato y se ha llegado a un acuerdo hoy, como se podía haber llegado ayer, o como se podía haber llegado mañana. Pero, en todo caso, se ha llegado a un acuerdo sobre una materia que era absolutamente mercantil de diferencias entre ellos. Porque si hubiera habido unas imputaciones tan graves, la empresa aunque hubiera llegado a un acuerdo con Fomento, no hubiera retirado las imputaciones, ni hubiera dicho que piensa retirar las denuncias correspondientes -y, desde luego, eso lo manifiesta-.

Del acuerdo firmado entre ambas empresas tenemos que deducir que cuando en su inicio la empresa Dopyse plantea el problema de los altos cargos de la Junta de Castilla y León, no lo hace como tal empresa, y no hay en ningún momento un escrito firmado por Dopyse, donde se diga que se le imputan a los cargos de la Junta ningún tipo de cargo o imputación. Por tanto, lo raro de este... o lo extraño de este asunto -aunque luego viéndolo por dentro no tiene tanto de extraño- es que Dopyse no haga unas imputaciones que debiera de haberlas hecho si tiene su conocimiento, y las haga un señor que, teóricamente, no tiene ningún conocimiento de lo que la empresa Dopyse está diciendo.

Si los altos cargos de la Junta hubieran cometido los graves delitos imputados, no tiene nada que comunicar en su escrito al Secretario General de la Consejería, sino que yo entiendo que debe de ir directamente al Juzgado; ni siquiera al Fiscal, directamente al Juzgado, puesto que le consta fehacientemente -como decía en sus declaraciones- que existen esos cargos contra esos altos cargos de la Junta.

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En todo caso, a los pocos días de enviar la carta, presentó la denuncia este señor. Por tanto, ¡hombre!, a lo mejor podía haber esperado a ver si la Junta, pues, con esa lentitud, pues, le llamaba, o le dejaba de llamar, o trataba de negociar, o de buscar alguna solución. Por lo que se ve, los intereses de este señor debían ser distintos de los de la empresa Dopyse, porque muy poco tiempo después de enviar la carta, no sé si un día o dos después, presenta la denuncia. Por tanto, poco podíamos mediar si una de las partes, en este caso representada... y ahí sí que se confunden las cuestiones, porque por un lado dice que se representaba a una Asociación de Subcontratistas y, por el otro, dice que representaba a la empresa Dopyse.

Y yo creo que, al final, lo que se pretendía era una cosa clara. Este señor pretendía la presión de los titulares de prensa contra la Junta para cobrar. Porque ya lo ha hecho otras ocasiones y, por tanto, ya no es nuevo, ¿no? Y este problema de los subcontratistas que, efectivamente, ha existido siempre, ocurre que en otras ocasiones en Castilla y León cuando han surgido estos mismos problemas se llegó a un acuerdo siempre curiosamente con este señor, pagándole para evitar males mayores. Por tanto, eso es una cuestión que no es nueva; que ha existido ya con antecedentes en la propia Región hace ya tiempo.

Y a mí me parece adecuado que se regule la problemática de los subcontratistas; el otro día lo hablábamos en el Pleno, contestando a una pregunta, lo hablábamos en el Pleno de las Cortes. Yo creo que tienen un problema, que nosotros asumimos y hemos asumido nuestra responsabilidad en este caso -porque no puede ser de otra manera-; que nosotros, incluso, hemos mantenido con esa... con este señor, representante de esa asociación, reuniones hace algún tiempo, con la mejor buena fe, pensando que lo que se pretendía era, pues, el bien de los subcontratistas. Pero ocurre que en este caso concreto no podemos decir que haya habido buena intención.

El subcontratista, desde luego, podía tener razón, y, desde luego, en parte, seguro que la tiene; como también la tendrá en parte la empresa contratista principal. Porque si dice la empresa subcontratista que le deben doscientos y pico millones, y al final llegan a un acuerdo en 160, se supone que cada una de las partes, pues tiene una parte de razón.

Pero en ese tema, yo creo que eso es indiferente, en todo caso, de lo que nos trae aquí. Es decir, nosotros creemos que eso es una cosa, que ése es un tema mercantil, un tema entre empresas, que puede haber diferencias de mediciones, que puede haber diferencia entre sus... los trabajos que han venido realizado; y otra cosa muy distinta es que se impute que nosotros estamos pagando por encima de las certificaciones o de las mediciones que realmente existen.

Y eso es lo que nosotros hemos querido salir al paso de forma inmediata, porque ahí es donde está la falsedad: que tratando de mezclar una cuestión empresarial, se trate de imputar a la Junta para presionar a la empresa contratista a favor de la subcontratista. Ése es donde yo creo que ha radicado el problema en este caso.

Yo creo que, en todo caso, lo que está claro es que a Dopyse la han utilizado para intereses diferentes a los puramente empresariales, sea asturiana o de Castilla y León.

Está claro que si hubiese una base en tales imputaciones, la empresa subcontratista no hubiera manifestado por escrito -como lo ha hecho con tanta claridad- que las imputaciones a los altos cargos de la Junta lo han sido sin fundamento, y se compromete a dejar sin efecto cualquier denuncia planteada. ¿En qué quedamos? Es decir, ésa es una buena prueba de hasta dónde se quería llegar; porque, si no, hubiera sido mucho más fácil decir "aunque hemos llegado a un acuerdo con Fomento de Construcciones y Contratas, en lo relativo a las imputaciones, vamos a seguir adelante contra ustedes porque existe una base fundamental para ello".

Por tanto, yo creo que ahí es donde radica el fondo del asunto: qué es lo que se pretendía, cómo ha sido utilizado, para qué, para qué fines. Y al final se verá, se verá, puesto que la empresa Dopyse -que era la causante de toda esta cuestión y del conflicto con la otra empresa contratista- ha llegado a un acuerdo, se retira del tema. Vamos a ver ahora qué ocurre a partir de hoy, lo vamos a ver claramente. Y vamos a ver si efectivamente había un interés empresarial, o en resolver los problemas de los subcontratistas, o había otras cosas detrás.

En todo caso, lo que está claro es que éste no es un tema personal nuestro: ni nos hemos visto especialmente afectados por una cuestión de ataque personal, con un señor al que yo, personalmente, ni conozco... es decir, le puedo decir que yo no sé ni quién es, y eso que en la Consejería sí ha mantenido reuniones, en alguna ocasión, de trabajo, para buscar fórmulas que, desde luego, tuvimos que dejar, a la vista de todas las cuestiones que se nos... o las dudas que se nos planteaban con respecto a su representación.

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Porque aquí hay dos preguntas, que -con eso termino- el representante del Grupo Popular ha hecho. Es decir, ¿qué relación tiene el señor Oliva con el señor... con la empresa Dopyse? Pues, a lo que se ve, en este momento hay una diferencia de criterios en su representación, porque, al parecer, el señor Oliva, que no es subcontratista, que no es empresario del sector -y eso hay que dejarlo claro aquí-, no es subcontratista; por tanto, normalmente, la representación empresarial se hace siempre en base a una representatividad de unos subcontratistas que eligen a uno de ellos para que le represente en los ámbitos empresariales regionales o nacionales. En este momento, este señor no es subcontratista y, sin embargo, parece -de los datos que tenemos- que él mismo creó la Asociación, él mismo contactó en otros ámbitos nacionales y que él representa, en el ámbito nacional, a algunos empresarios pequeños de construcción. Y, por lo que se ve, por los antecedentes que tenemos, desde luego, con unos métodos que difícilmente vamos a aceptar nosotros; es decir, la presión de cualquier tipo, en ningún caso la vamos a aceptar.

Y, en este caso concreto, a lo que parece, la empresa Dopyse debió de buscar... hizo algún contrato de representación con el señor Oliva para que le representara en este conflicto, hasta un momento dado en que, pues se ve que ya no coinciden, por lo que sea, sus intereses. Teniendo en cuenta que se arroga una representación -y eso ya es una cuestión que a mí me ha manifestado Dopyse- que, desde luego, no le ha dado.

Es decir, hacer manifestaciones o declaraciones en la prensa tratando de mezclarles -a Dopyse- en unas cuestiones que ni son de su incumbencia ni, desde luego, ellos comparte en absoluto, hace que al final se derive en esa manifestación expresa que han hecho por escrito a la UTE con la que han llegado al acuerdo respecto a los cargos que se nos imputaban.

¿Qué es la Asociación de Subcontratistas, o cuál es el contenido de esa Asociación o la representatividad? Pues, mire usted, yo en este momento no lo sé. Lo que sí sé es que en los organismos empresariales de la Región no están representados, no tienen esa representatividad que en buena lógica debería de tener cualquier asociación de contratistas o subcontratistas. Y que, en este momento -y lo manifestaron en su día los representantes máximos de las organizaciones empresariales de Castilla y León-, no sólo la Cámara de Contratistas, donde en principio están -en principio- los medianos y los grandes, sino la Confederación de Empresarios de la Construcción, donde ahí sí que están todos -pequeños, medianos y grandes- que quieren estar, y es la mayoritaria representando a la CEOE. Ahí sí que le puedo decir que ellos se han manifestado claramente, en el sentido de que no existe una representación de esa asociación en los órganos colegiados de empresarios de Castilla y León.

El hecho de que en el Senado se haya estudiado una resolución para mejorar la situación de la problemática de los subcontratistas a nivel nacional, pues me parece lo más adecuado y lo que hay que hacer. ¿Que nosotros desde la Junta podemos introducir alguna modificación en los pliegos de condiciones? Pues yo le puedo decir que después de aquellas reuniones que se mantuvieron en la Consejería se ha venido estudiando ese problema, si bien es cierto, si bien es cierto que necesariamente debemos pasar por la modificación de la Ley de Contratos del Estado; sin esa modificación va a ser difícil que se resuelva el problema, por mucho que se modifiquen los pliegos de condiciones.

Lo que está claro, finalmente -y ya termino-, es que en este caso ha habido unas imputaciones absolutamente falsas; que, desde luego, la Junta... y es la primera vez que nos ocurre en los seis años y medio en los que ha habido todo tipo de obras, por ésa y por otras empresas, y que, por tanto, podía haber dado lugar a que en alguna ocasión se hubiera hecho algo parecido, nunca ha ocurrido una cosa de éstas. Y está claro que nosotros somos los primeros interesados en clarificarlo hasta el final, para lo cual vamos a tomar las medidas adecuadas. Y no excluimos, ni mucho menos, las acciones judiciales que de una imputación tan grave -dada su falsedad- pueden derivarse.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Consejero. Abrimos un turno de réplica. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Mixto don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, brevemente, y dejando ya al margen el tema de la urgencia o no urgencia de esta comparecencia, lo que sí creo yo, señor Consejero, es que usted no quiso convocar... o no quiso comparecer para informar a la Comisión, sino que lo que quiso es convocar una rueda de prensa. Esto es una rueda de prensa vestida de Comisión de Transportes y Comunicaciones. Usted quería dejar claro su posición, la posición de la Junta y la implicación... mejor dicho, la no implicación de la Junta en esta materia, y dijo: qué mejor que comparecer ante las Cortes, que es una rueda de prensa, pero a la cual se invita a todos los miembros y a todos los Procuradores de la Comisión de Transportes de la Junta de Castilla y León. Ni más ni menos que eso: es una rueda de prensa lo que hemos... lo que estamos ahora mismo... o a lo que estamos asistiendo.

La verdad es que, mire, prueba de ello es que los Procuradores no tenemos elementos de juicio suficientes. Y precisamente por ello, pues, los intervinientes, más o menos, pues han estado divagando sobre lo que debe ser una contrata, una subcontrata, las relaciones entre el contratante-Administración y el subcontratista, las relaciones contratista-subcontratista, etcétera; pero sin posarse en el tema. Porque, claro, es que del tema no sabemos nada; sabemos dos versiones, pero, conociendo las dos versiones, no tenemos prueba para dar crédito a una o a otra.

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Y me explico con lo que... con lo que le quiero decir. Mire, nosotros no disponemos -se lo pidió el Portavoz de Izquierda Unida y no le... no le contestó a ese tema-, no disponemos de los datos necesarios, por ejemplo, de las certificaciones que la UTE -o que Fomento de Construcciones y Contratas- ha presentado a la Junta de Castilla y León; eso son documentos oficiales que nos gustaría conocer. Tampoco conocemos los pagos que la Junta de Castilla y León le ha hecho a Fomento de Construcciones y Contratas por esas certificaciones. No conocemos -eso a lo mejor no lo tiene la Junta, podría hacerse con ello- las certificaciones que le presenta el subcontratista al contratista. Y, desde luego, no conocemos tampoco -porque a lo mejor tampoco todavía no existen los datos- las mediciones... las mediciones que a dos empresas ustedes les han encargado para intentar clarificar o esclarecer los hechos, a mi juicio, con buen criterio -lo han encargado ustedes, y, a mi juicio, con buen criterio-, porque unas nuevas mediciones, lógicamente, serán las que pongan luz a la cuestión y las que nos permita a nosotros, los Procuradores, saber hasta qué punto tienen razón unos o tienen razón otros; es decir, hasta qué punto las certificaciones que se presentaban o los pagos que la Junta hizo se correspondían con el trabajo realmente realizado en la obra.

Cuando tengamos esos documentos, a mí me gustaría que usted compareciese con la misma urgencia y celeridad que lo hizo ahora. Y entonces ya podremos hablar y ya podremos discutir; porque así estamos en una situación en que tenemos que creernos. Y, de verdad, yo le creo, porque los indicios -¡ojo!, los indicios, no las pruebas- están de su parte; ojalá que las pruebas también, pero, en principio, los indicios están de su parte.

Hay aquí una serie de cosas muy extrañas, como un representante de una Asociación... por cierto, ¿ustedes no se han molestado en comprobar si esa asociación está inscrita en el Registro de Asociaciones? No está inscrita, ¿o no lo saben ustedes? Yo creo que deberían de saberlo. ¿Tampoco se ha molestado en acudir al Registro Mercantil a ver si Dopyse tiene algún representante que se llame Oliva? Tampoco se han molestado. Pues eso no lo tiene. Pues entonces, mire usted, el arrogarse una representación que no existe es un delito. Por tanto, este señor estaría incurriendo en un delito por arrogarse una representación que no existe. Ése es un dato importante.

Mire, cuando éste acude... además, hay un dato que... otro indicio que está a su favor, sobre la incredulidad o inverosimilitud de las acusaciones. Cuando una persona tiene indicios racionales de que otra ha delinquido no va al Fiscal, no va a la Fiscalía: va al Juzgado directamente. Al Fiscal, ¿a qué se va? A incordiar. Como es gratis, y como además no tiene ninguna repercusión, se va a incordiar. Cuando yo quiero incordiar, voy al Fiscal, y le presentó allí un escrito y que investigue el Fiscal. Es gratis. Y, además, si me lo archiva, no pasa nada. Porque si un ciudadano va al Juzgado y el Juzgado se lo archiva, por un delito, saben Sus Señorías que la falsa imputación de un delito puede dar origen a un procedimiento por calumnias; que, en definitiva, es eso: la falsa imputación de un delito.

Por eso les digo que los indicios están con usted, que aquí hay cosas muy extrañas, que yo no entiendo, que no me parecen lógicas, que no me parecen razonables. Y que, desde luego, aquí, lo que sí me parece es que el tal señor Oliva pues no... vamos, no me merece ninguna credibilidad, precisamente por estas razones que yo le estoy exponiendo. Acude a la Fiscalía... y creo, además, con usted estoy de acuerdo que eso lo ha utilizado para presionar, para presionar a Fomento de Construcciones y Contratas, utilizando para ello a la propia Junta de Castilla y León.

Pero, insisto: todo eso no lo digo en base a convencimiento propio en razón de las pruebas; lo digo al convencimiento en razón de los indicios. Lo que sí me gustaría es ver esas pruebas, ver esas nuevas mediciones que ustedes han encargado. Por cierto, ¿cuándo van a tener esas mediciones? ¿Nos las van a remitir a los Grupos Políticos, o los tenemos que pedir nosotros a la Junta como documentación? ¿Está usted dispuesto a comparecer a petición propia, si esas mediciones no son las mismas que las que les ha facilitado Fomento de Construcciones o Contratas, o tenemos que pedir su comparecencia? Porque, si son las mismas y usted nos las remite, yo creo que ningún Grupo va... ningún Grupo va a pedir su comparecencia.

Todo eso es lo que nos falta: elementos de juicio, para poder sentarnos y para poder... pues, discutir con papeles en la mano y con datos en la mano. Porque, insisto en lo que dije en la primera intervención: yo, lo que estoy diciendo, lo estoy basando en indicios; y, basándome en indicios, pues se debe de ser prudentes. Cuando tenga los documentos, pues podremos obrar en consecuencia y tendremos bases sólidas para defender una u otra postura.

En principio -y termino-, los indicios le dan la razón a usted y, a su vez, me dan la razón a mí al afirmar que esto... o esta comparecencia tenía más los tintes de una rueda de prensa que de una comparecencia. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que es hora de ir a las conclusiones, porque, efectivamente, no podemos estar permanentemente debatiendo si se ha llegado a un acuerdo o no entre Dopyse y Fomento de Construcciones y Contratas.

Decía el Consejero que Dopyse no tenía... no había dado ningún tipo de autorización al señor Oliva -parece ser que se llama así, señor Rufino Oliva- para actuar en su nombre y representación, y que tampoco, por parte de organismos empresariales se tenía ningún conocimiento con relación a las ..... Pero bueno, en todo caso, tampoco es una cuestión importante. Yo creo que lo más importante para aclarar en esta Comisión son tres o cuatro cuestiones.

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La primera es si la Junta tiene que comprobar fehacientemente si Fomento Construcciones y Contratas ha incumplido la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Decía el señor Zamácola que en ese tema las Administraciones no han tenido pito que tocar, porque se ha reformado... El comentario de la Ley está aquí, y lo que dice claramente es que "una vez prestadas las correspondientes garantías y formalizado el contrato, el contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo establecido. Si no lo hace por motivos sólo a él imputables, la Ley autoriza a la Administración para resolver el contrato", con lo cual, la primera cuestión, al margen de que hayan llegado a un acuerdo ya... Se supone que han llegado a un acuerdo. Decía el señor Consejero que al llegar a un acuerdo, pues bueno... algo de razón tendría tanto una parte como otra. Pero, dado que... ha saltado ya la liebre, y dado que ha surgido esta polémica, no está de más que la Junta investigue y determine si efectivamente Fomento de Construcciones y Contratas ha incumplido la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en este caso con Dopyse, o con cualquier otra empresa contratista que esté actuando en las obras de la autovía León-Burgos.

Porque, en definitiva, la paralización de las obras, el malestar, pues perjudica a los intereses de las Comunidad. Por lo tanto, yo creo que es a la primera conclusión que hay que llegar, que la Junta, necesariamente, tendrá que investigar para saber si realmente Fomento de Construcciones y Contratas ha incumplido la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Ésa es la primera conclusión que hay que sacar. Yo no pongo la mano en el suelo absolutamente por nadie, ¿eh?, ni por Dopyse ni por Fomento de Construcciones y Contratas. Pero, en todo caso, habría que comprobar esa situación real. Porque, de la misma manera que se han puesto de acuerdo a última hora, después de todo el lío que se ha montado, también se pueden poner de acuerdo para engañar a la propia Junta a la hora de certificar obras. Con lo cual, bueno, pues habrá que investigar si realmente se ha cumplido o no la Ley de Contratos.

Y la segunda cuestión es que, efectivamente, la Junta tendrá que verificar las obras que se están haciendo en la autovía León-Burgos y verificar el movimiento de tierras, y verificar si esa denuncia -supuestamente falsa- tiene visos de realidad o no. Decía antes el Portavoz del Grupo Socialista que, bueno, que era casi absolutamente impresentable el nivel contratas y subcontratas. Desgraciadamente es así. Porque, al final, una empresa como Fomento de Construcciones y Contratas, que asume la construcción de estas obras y después no tiene maquinaria de movimiento de tierras y tiene que contratar las obras a una subcontrata; y ésta, a su vez, las subcontrata; pues, al final, una obra que vale 100.000.000 se convierte en 150. Pero es igual; como paga el erario público, no hay ningún problema.

Entonces, en base a esa situación, yo creo que la Junta debe de llevar un control riguroso de las obras que se están haciendo, y verificar el movimiento de tierras. Yo no voy a dar credibilidad a las... -digamos- a esta especie de panfleto que envió el señor Oliva a todos los Grupos Parlamentarios y que dio a conocer en los medios de comunicación; pero, dado que se ha dado a conocer a todos los medios y se ha creado una situación de confusión, no está de más que la Junta, efectivamente, verifique si eso es verdad o no.

Y, al hilo de esto, yo planteo: ¿qué seguimiento está haciendo, o qué mecanismos de seguimiento y control está haciendo la Junta con las obras de la autovía? Porque, bueno, ahora ha dicho el señor Consejero que se van a contratar los servicios de dos empresas para contrastar los datos, pero yo me imagino que la Junta tendrá que tener en estos momentos mecanismos de control para verificar el movimiento de tierras y, en definitiva, llevar un control exhaustivo de todas las obras que se están realizando en la autovía. Pero, en todo caso -yo vuelvo a repetir-, habrá que hacer ese nuevo estudio y verificar si efectivamente esas acusaciones son falsas o no. En principio, se supone que son falsas; pero, en todo caso, no estaría de más el verificarlo.

Y después, otra cuestión, yo he planteado que para que queden las cosas absolutamente claras, y no solamente que actúe la Junta en su nombre y representación defendiendo sus legítimos intereses, sino que también el resto de los Grupos Parlamentarios tengamos una información veraz de... realmente, de las obras que se están haciendo, de las certificaciones de obra que se han hecho, de los pagos que ha establecido la Junta de Castilla y León, y que nos remita también al resto de los Grupos Parlamentarios el trabajo de esas dos empresas, de información, de cuál es el movimiento real de tierras o de obras que se están haciendo. Y yo creo que ésa es una documentación que nos tiene que pasar no a través... que nosotros pidamos una comparecencia suya, sino que usted, voluntariamente, nos envíe lo urgentemente posible todos esos datos. En principio, sin esperar a ese nuevo estudio de las obras, nos remita, pues las certificaciones de obras que se han realizado y los pagos que ha efectuado la Junta de Castilla y León; no solamente para que las conclusiones las tenga la propia Junta de Castilla y León, sino que las tengamos todos los Grupos Parlamentarios. Y a la hora de denunciar determinadas cuestiones, no solamente sea el Grupo Parlamentario Popular, sino también el resto de los Grupos Parlamentarios.

Y yo creo que ésas son las cuestiones que se deberían concretar aquí. Es decir, ahora mismo, toda la información, quien la tiene, realmente, es la Consejería de Fomento; el resto de los Grupos Parlamentarios, la única información que tenemos es la información que ha hecho pública ASENTICALE -si es que realmente eso existe-, y las acusaciones que han aparecido en los medios de comunicación.

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Por tanto, al margen de esas cuestiones, yo sí que le pediría encarecidamente que nos mandara a todos los Grupos Parlamentarios las informaciones que ustedes tienen; y que después, una vez que tengan esa nueva información del movimiento de tierras, que la envíen, para después contrastarlo y verificar si efectivamente hubo fraude o no hubo fraude, es decir, si la Junta ha pagado dinero de más, o no, por unas obras que supuestamente no se han hecho. Yo creo que ésas serían un poco las conclusiones de esta Comisión.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Conde. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor De Meer, tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Sí. Gracias, señor Presidente. Yo me adhiero a lo que ha dicho el resto de los Grupos, de que nos parece importante que se realicen unas nuevas mediciones por otra empresa. Ésa es la manera más clara de saber si se ha certificado a la Junta lo no ejecutado. Ésa es la única manera que tendremos de saberlo, si la Junta ha pagado lo que no se ha hecho. Y, realmente, pues nos gustaría disponer de esos datos.

El Consejero no ha contestado a una pregunta que yo le he hecho, que era que cuánto ha subcontratado la UTE formada por FCC en movimiento de tierras, porque ése es un dato clave; si realmente lo ha subcontratado todo, todo tendrá que pagárselo a los subcontratistas. Si no es razonable que se quede con nada. Yo creo que eso es lo que ha ocurrido, en parte muy importante, y eso es por lo que la historia ha acabado como ha acabado, y a eso me referiré... me referiré luego.

Sí que el Consejero ha hecho una imputación muy grave contra el señor Oliva, y es decir que le ha remitido un escrito -si yo no lo he entendido mal- en el que le pedía dinero para resolver el asunto. Evidentemente, entre los documentos que a nosotros nos han remitido, no figura esa carta. Si esa carta existe, nos gustaría disponer una copia... una copia de ella, porque realmente eso introduciría un factor que distorsionaría mucho todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Nosotros, las cartas que tenemos no dicen eso, en absoluto. Es más, ni tan siquiera, en principio, se acusa de nada a la Junta de Castilla y León, sino, única y exclusivamente a la UTE formada, entre otras empresas, por FCC.

Es probable que las imputaciones, a lo largo de todo este asunto que es tan rápido, porque esto empieza hacia el veinte de noviembre y llega hasta ahora, pues no las hace Dopyse. Pero también es cierto que durante todo este tiempo Dopyse no ha protestado nada. O sea, Dopyse ha estado cómoda en esta situación. Podemos decir que hasta ha consentido y -para utilizar las palabras que usted ha utilizado- se ha dejado utilizar. Porque, realmente, es cuando se llega al acuerdo -o sea, esta mañana-, cuando se llega al acuerdo cuando Dopyse parece que se retira... que se retira del asunto. Por lo tanto, yo creo que tampoco se puede hablar aquí de una actuación incontrolada sin que la empresa se enterara de nada, porque sabía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo y, probablemente, lo ha utilizado en su beneficio de una manera clarísima.

Un acuerdo, que también yo insisto en que demuestra claramente que Fomento de Construcciones y Contratas pagaba a Dopyse menos de lo que debía pagar. Eso es lo que demuestra el acuerdo. Esto lo sabemos hoy perfectamente. Decía el Portavoz del Grupo Mixto que no sabemos nada; yo creo que ahora sabemos mucho más, muchas más cosas de las que sabíamos cuando hemos venido aquí a las cinco de la tarde. Ahora sabemos que FCC primero dijo que no debía nada a Dopyse, después dijo que le debía algo y, ahora, le ha pagado, o dice que le va a pagar pues 160.000.000 de pesetas. Luego, por tanto, hay un acuerdo que lo que ratifica es que el subcontratista, en esto, tenía razón; tenía toda la razón del mundo. Y, una vez que ha conseguido ese dinero, se retira de las otras cosas; pero, hasta ahora, ha estado mojado en este asunto a tope, ha estado mojado en este asunto a tope.

En fin, yo creía que una intervención de la Junta en el tema de los pliegos de condiciones pues podría resolver alguna situación de estas a corto plazo. Parece que la Consejería de Fomento no está en esa línea, no quiere sacar unas conclusiones parecidas a lo que ha sacado el Gobierno Vasco. Nosotros lo sentimos. Pero, bueno, lo importante -yo creo- de todo este asunto es que el subcontratista, Dopyse, ha cobrado; que eso demuestra que en eso tenía toda la razón del mundo, que le han estado toreando de mala manera, y que ustedes tienen una importante influencia en la solución de estos problemas, y tienen que ejercerla. Y yo creo que en este caso lo han hecho. Pues, probablemente tendrán que hacerlo en muchas más ocasiones, sin esconderse detrás de tapaderas administrativistas, o que esto es de GICAL, o que el artículo no sé cuántos de la ley no dice no sé cual. Ustedes saben que frente a una gran empresa, ante un problema de éstos, hablando seriamente con ellos se encuentran soluciones para muchas pequeñas y medianas empresas que llegan a situaciones muy difíciles; lo han hecho esta vez, y nosotros les pedimos que lo sigan haciendo más, porque yo creo que, entre otras cosas, ésa es la labor de los políticos que gobiernan nuestra Comunidad Autónoma. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor De Meer. Para consumir un turno de réplica, por parte del Partido Popular, tiene... del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Zamácola.

ZAMÁCOLA GARRIDO

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EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente. Yo, únicamente, y de forma muy breve, agradecer la contestación a las preguntas que he solicitado del señor Consejero, que yo creo que han dejado claro un poco la relación de este señor con Dopyse y de esta Asociación.

Y, bueno, al hilo de lo que aquí se ha dicho por otros dos Grupos Parlamentarios, yo estoy de acuerdo con ellos en el sentido... y que creo que es bueno y que ya se ha dicho a lo largo de la exposición del Consejero, que se ha encargado ya una medida que les ha gustado a los... al resto de Grupos Parlamentarios, de una tercera empresa, y que probablemente usted lo vaya a desarrollar mucho más para hacer estas mediciones. Además de ello... Yo, simplemente, quería incidir en cuanto se ha dicho aquí de que, además de ello hay una asistencia técnica de forma fija y contratada externa a la Junta que normalmente hace esas mediciones.

Con respecto a lo que ha terminado el Grupo... el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y tanto Izquierda Unida, me uno a ellos. Pero, claro, yo también tengo que decirles que en la primera conclusión que solicita el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aquí se ha dicho -está en la conclusión número seis-, y además con datos concretos, de que si la Junta siempre ha actuado en ánimo de ser la persona jurídica buena que intente solucionar problemas de hecho, cuando se dan corriente y usualmente en estos casos. Es más, incluso el Consejero ha citado -y eso es de agradecer- en su conclusión el que incluso no solamente verbalmente, sino por escrito, en fecha reciente, han tenido una reunión de este tema.

Yo quedo abierto a lo que han manifestado los Grupos Parlamentarios Izquierda Unida y Grupo Parlamentario Socialista en cuanto a la primera y tercera conclusión, pero -repito- creo que ya han quedado manifiestos en lo que ha indicado el señor Consejero en su presentación. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Zamácola. Para contestar a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Fomento.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Como cuestión previa, y contestando a una cuestión del Grupo de Izquierda Unida, yo debo decir que sí parece que existe, en algún momento del tema, alguna representación del señor Oliva con respecto a Dopyse; lo que no sé es en qué términos. Pero, desde luego, alguna representación parece que existía.

Nosotros tenemos a disposición de la Comisión la documentación de las certificaciones y todos los datos de mediciones y, en cuanto se terminen las mediciones de las empresas que lo están realizando, estamos en condiciones de poder aportarlo sin ningún tipo de problema.

Hay aquí una cuestión... En todo caso, todos saben que, en este tipo de obras, todo lo que se certifique y se pague es a cuenta. Y lo dice la propia Ley. Es decir, aun en el caso de que se hubiera certificado mal, aun en el caso de que se hubiera pagado de más, siempre es a cuenta. Porque, entre otras cosas, ahora mismo tenemos aproximadamente pagado 2.000 millones de pesetas y, a lo mejor, la empresa principal tiene pendiente 2.300 de cobrar. Por tanto, este tipo de obras siempre se hace con las certificaciones a cuenta de ulterior liquidación.

Usted ha dicho, señor Otero, que la imputación es gratis. Y, efectivamente, sobre todo si la imputación pues te la hace en algún medio de comunicación que se lo quiere publicar. Es decir, en ese sentido, es mucho más gratis todavía. Al revés, se ahorra un dineral. Lo que sí le puedo decir es una cosa: al señor Oliva le da igual que sea o no delito ese tipo de cosas, porque, yo le voy a pasar a leer un extracto de algunos de los antecedentes de este señor para que usted se haga una idea de qué empresario es y a quién representa.

El señor Oliva tiene una detención e ingreso en prisión, el cuatro de abril del noventa y uno, como consecuencia de una Orden de la Audiencia Provincial de Alicante, cumpliendo un año de prisión. Averiguación de domicilio y paradero desconocido por el Juzgado de Valladolid, el dos de junio del noventa y dos, por cheque en descubierto. Detención e ingreso en prisión el veintiuno de abril del noventa y cuatro, a través del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante por cheque en descubierto. Detención e ingreso en prisión el dieciséis de noviembre del noventa y cuatro, por el Juzgado de lo Penal Número 5 de Alicante, por cheque sin fondos.

Otras referencias. En Benidorm, el dieciocho de septiembre, acusado de amenazas, en el ochenta y cinco. En Madrid, detenido el siete de noviembre del noventa y tres, por reclamación de cantidades. En la Comisaría de Vigo, detenido el veintiocho de septiembre del noventa y cuatro por reclamación de cantidades. Procesado por tenencia ilícita de armas. Juicio de faltas en el Juzgado de Hospitalet -esto es lo último; todavía está ahora por hacerse, ahora, en enero- por coacciones, que se celebrará el mes de enero de mil novecientos noventa y ocho.

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Ésos son algunos antecedentes de un representante empresarial de una Asociación Nacional de Empresarios Subcontratistas. Eso es una cuestión que aquí, pues bueno, ahora que no hay mucha prensa, lo vamos a decir, para que no parezca que es una rueda de prensa; lo podría haber dicho al principio, en mi primera intervención, con las cámaras y todo lleno, pero he preferido decírselo ahora para que usted vea que, efectivamente, la amenaza o la presión es gratis; se puede hacer sin ningún problema, sobre todo si te lo publica algún medio, que eso queda mucho mejor, ¿eh?

Y, únicamente, aclarar al representante del Grupo Parlamentario Socialista que la UTE -de los datos que tengo en este momento, y le puedo facilitar otros, pero vamos...- en principio, la UTE, que está... es la adjudicataria, ha efectuado el 30% del movimiento total de tierras, hasta ahora. Y todos los trabajos que se están ejecutando en puentes, firmes y obras, con medios propios. Es decir, hay una parte importante que se ha subcontratado en el movimiento de tierras; el 30% se ha hecho con medios propios de la UTE y todas las demás componentes de la obra se ha hecho con medios propios.

La carta que nos envió y que usted dice. Pues la carta que nos envió nos dice que "por la presente, me veo en la necesidad de..., y apelando a la responsabilidad que me concierne, de poner en su conocimiento que hemos decidido paralizar la totalidad de las obras que se desarrollan en la Junta de Castilla y León en las que tenga participación Fomento de Construcciones y Contratas..." -no una, ni la autovía; todas las obras de la Junta que tenga Fomento de Construcciones y Contratas- "...mercantil ésta que, con su actitud con la empresa Dopyse, puede abocar a varias empresas del sector de esta Comunidad a una cadena de suspensiones de pagos. En los próximos días, procederemos a presentar denuncia ante la Fiscalía General Anticorrupción del señor Villarejo, por los presuntos delitos de estafa, apropiación, prevaricación, al haber percibido al reseñada FCC importantes sumas de dinero de la Junta por obras no ejecutadas, esperando que imparta las instrucciones pertinentes para que se abra una investigación al respecto". El día veinte de noviembre. El día veintiuno, nos manda las cantidades que debemos de dejar de pagar a Fomento, para que se las paguemos a Dopyse. Si eso no es una presión, pues, entonces, dígame usted qué es una presión en esos casos.

Respecto al tema de la modificación de los pliegos de condiciones, yo creo que estamos en condiciones de poder estudiar -porque a mí me parece una buena fórmula- lo que ha hecho en el País Vasco, pero unido a la modificación de la Ley de Contratos del Estado, porque solamente una medida de modificación de pliegos de condiciones, posiblemente, no fuera suficiente en muchos casos -y usted lo sabe- para poder resolver esos problemas.

Por tanto -y terminando-, quiero dejar patente que lo expuesto en esta Comisión no es otra cosa que tratar de clarificar absolutamente unos cargos graves, unos cargos de alguien que todos ustedes han escuchado en este momento de quién se trata, qué antecedentes, qué referencias tiene y, por tanto, no lo voy a repetir. Pero sí decir que estoy a disposición de la Comisión para que, una vez hechas las medidas, la remedición y todos los datos que corroboran estas mediciones, podamos presentarlo, junto con las certificaciones, ante esta Comisión, para que sea comprobado sin ningún tipo de problema. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR MONSALVE RODRÍGUEZ): Muchas gracias, señor Consejero. ¿Algún Procurador de la Comisión que no haya actuado de Portavoz desea hacer alguna pregunta?

Pues, agradeciendo al señor Consejero su comparecencia, se levanta la sesión, no habiendo más puntos que tratar.