DS(C) nº 350/4 del 15/4/1998

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Señor Presidente, por el Grupo Parlamentario Popular: José Martín Sancho sustituye a Gregorio Rodríguez de la Fuente; Santiago Bartolomé, a Juan Vicente Herrera; y Natividad Cordero, a don Fernando Terrón.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias. Buenas tardes, señor Presidente. Don José María Crespo sustituye a don Jaime González.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Primer punto del Orden del Día. Por el señor Secretario, dése lectura al título del primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Primer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don Luis García Sanz, relativa a realización de un estudio sobre la incidencia de la economía sumergida en Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, señor García, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. La propuesta que realizamos desde Izquierda Unida pretende llevar a cabo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y en función de las competencias que desde Izquierda Unida consideramos que tiene la Junta de Castilla y León asumidas en materia de trabajo, la realización de un estudio sobre la incidencia de la economía sumergida en el conjunto de la actividad económica de la Región; porque creemos que es a partir de ese conocimiento, que actualmente, pues la propia consideración o la denominación de economía sumergida, o trabajo clandestino, etcétera, pues supone un no total conocimiento de cuál es la incidencia que tiene, y, a partir de ahí, pues no se adoptan medidas, en este momento, que contribuyan a emerger esta actividad económica. Y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, pues esta situación supone, pues una clara injusticia social, además de una deslealtad con todos aquellos que, en cumplimiento correcto de la actual normativa, pues desarrollan su actividad económica.

En este sentido, creemos que, bueno, pues son muchos los datos que constantemente se conocen sobre cuál es la incidencia real de la economía sumergida en cada ámbito concreto. Y bueno, pues, últimamente, hemos visto datos que inclusive hablaban de en torno a un 20% del Producto Interior Bruto en nuestro país, y similar en nuestra Comunidad Autónoma, que podría tener el denominado "trabajo clandestino o economía sumergida".

Teniendo en cuesta estas características que desde nuestro punto de vista supone de injusticia social, de deslealtad -inclusive-, de incentivo o acicate a un deterioro de condiciones sociolaborales con carácter general y, además, de deslealtad con el propio Estado social y de Derecho, creemos que desde la Junta de Castilla y León, en el ámbito de sus competencias, se debe llevar a cabo un estudio para detectar realmente cuál es esta incidencia. Y, a partir de ahí, tal como se plantea en la Propuesta de Resolución, adoptar una serie de medidas para conseguir de que esta economía emerja a la legalidad, a la situación de normalización legal.

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En la propia definición de economía sumergida o trabajo clandestino creemos que hay... pues diversos sectores que tienen una mayor incidencia, una mayor afectación de este sistema, de esta situación, que puede ser: el servicio doméstico o el trabajo a domicilio con carácter general, reparaciones domésticas; pero también otros sectores: construcción, agricultura, textil; e inclusive, algunos que se pueden considerar como menos afectados pero que, desde nuestro punto de vista, también es importante, como aspectos de finanzas y gestorías; también del sector de transportes. Pero también nosotros consideramos que hay que calificar dentro del ámbito de la economía sumergida aquellos trabajos que se hacen dentro de empresas que están legalizadas, por así decirlo, pero que sin embargo se hacen trabajos no legalizados, como pueden ser: horas extras que no se declaran, pluriempleos que no se declaran... y, así, toda una serie de trabajos que están al margen de la legalidad.

Todo ello, nosotros consideramos... Y, por supuesto, esa definición no es exhaustiva, sino que hay otro tipo de sector y otro tipo de circunstancias que también estarían dentro de esta denominación, es lo que creemos que hay que abordar dentro de ese estudio.

E inclusive, creemos la necesidad de llevar a cabo este estudio porque, en ocasiones, se pretende utilizarlo como arma arrojadiza, la situación o la existencia de una economía sumergida. Que, por supuesto, desde Izquierda Unida no negamos su existencia -es evidente su existencia-, pero que la inmensa mayoría de las ocasiones, desde el punto de vista de los trabajadores... Y hay encuestas inclusive del CIS que detectan y que claramente dicen que, bueno, que aquellas personas trabajadores que están en la economía sumergida no lo están por gusto, por placer, sino que lo están, en la inmensa mayoría de las ocasiones, obligados por las circunstancias de desempleo y de precariedad. Y, en este sentido, creemos también de que abordaría, o aportaría toda una serie de claridad la realización de este estudio, de cara a eliminar la utilización como arma arrojadiza. Que en ocasiones se dice que, bueno, que no es tanta la situación de desempleo en nuestro país porque hay muchos trabajadores en la economía sumergida, que no están declarados y que, por lo tanto, "la realidad" -entre comillas- de la situación de desempleo o de eventualidad en nuestro país es bastante menor.

Nosotros, lógicamente, no compartimos esta filosofía y por eso, precisamente, para clarificar y para aclarar de una vez por todas cuál es la situación real en nuestro país de paro, creemos que aportaría también importantes datos las conclusiones de estos estudios.

A partir de estos datos, creemos... o de las conclusiones de estos estudios, creemos... -y en la propia Resolución lo planteamos-, nosotros creemos que en un plazo de seis meses, como se plantea en la Propuesta de Resolución, sería suficiente para la realización de este estudio. Y que, presentado en estas Cortes, sería conjuntamente con un plan de emergencia... perdón, de emerger esta economía actualmente clandestina que exista en nuestra Comunidad Autónoma, con la propuesta, por parte de la Junta de Castilla y León a este Parlamento Autonómico, de qué situaciones se dan en cada uno de los aspectos, y qué situaciones o qué medidas concretas se plantearían para legalizar estas actuales situaciones.

Creemos que argumentos para llevar a cabo este estudio sobran. Y que, simplemente, pues otro, además de esa injusticia social que desde nuestro punto de vista supone un mayor deterioro en las condiciones que los trabajadores realizan sus funciones dentro de la economía sumergida o trabajo clandestino, está también la propia competencia desleal que se realiza con todas aquellas empresas que cumplen cotidianamente, pues sus obligaciones legales. Y que, en definitiva, pues también es una insolidaridad -como decía antes- con el conjunto del Estado, con el conjunto de las solidaridad, en la medida que se está engendrando una riqueza, en mayor o menor medida, pero que no está contribuyendo en lo que legalmente le corresponde con el Estado social y de Derecho.

Filosofías hay en el sentido de que... pues propuestas que se han hecho en algunos momentos de una mayor desregulación, e inclusive, abaratamiento de costes laborales que podrían contribuir a una... a una... emerger, o un emerger de la economía sumergida. Nosotros creemos que... a la vista está que las diferentes desregulaciones laborales o reformas laborales que se han llevado a cabo en nuestro país en absoluto han contribuido a emerger o a legalizar la situación de economía sumergida y trabajo clandestino. Éste permanece, éste está ahí o, inclusive, avanza su dimensión sobre... en porcentajes tanto de ocupación como de Producto Interior Bruto. Y no creemos que la alternativa, en absoluto, sea una desfiscalización o un abaratamiento de costes laborales, sino ver cuáles son las situaciones en que se encuentra esta economía sumergida para, a partir de ahí, tomar las medidas pertinentes que, en la inmensa mayoría de los casos, buscan, única y exclusivamente, un mayor lucro que el resto de los sectores o el resto de actividades económicas que sí que están en una perfecta sintonía con la legalidad. Y creemos que es a partir de estas medidas como se tendría que legalizar toda esta situación.

Inclusive, de los datos, por ejemplo, que hay de la Unión Europea, inclusive también de nuestro propio país, se detecta que son aquellos sectores económicos con una mayor debilidad en su estructura económica donde mayor índice de economía sumergida se da. Así, por ejemplo, del conjunto de los países, de los quince países que componen la Unión Europea, son Grecia, España, Portugal e Italia los que mayor índice se detecta. (Lógicamente, no hay datos contrastados porque, si no, dejaría de ser ya economía sumergida; pero que se detectan que tienen mayores índices de economía sumergida, de trabajo clandestino.)

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E inclusive, pues, al hilo de las últimas preocupaciones que se están planteando en la Comisión Europea, en los ámbitos europeos, sobre la situación del empleo, pues hay recomendaciones por parte de la Comisión Europea a los países miembros para llevar a cabo estudios que detecten y hagan emerger, pues los diferentes modelos o situaciones de economía sumergida. Esto, lógicamente, en una coherencia o incoherencia con una política que realmente tendría que ir orientada a esa creación de empleo.

En base a todos estos razonamientos, y precisamente también teniendo en cuenta esa situación que hay en nuestra Comunidad Autónoma, tenemos de una economía, comparativamente con el resto del Estado, de mayor debilidad, creemos que ahí hay una incidencia de la economía sumergida mayor sobre el conjunto de la economía de la Comunidad Autónoma. Y, a partir de ahí, lógicamente, creemos que la Junta de Castilla y León debe tomar, si cabe, un mayor interés que en otras Comunidades para conseguir detectar, en primer lugar, esa economía sumergida y, a partir de ahí, aportar las medidas que sean necesarias para conseguir su plena regularización.

Esto es lo que se plantea en la Propuesta de Resolución, y éste es el objetivo de esta Propuesta que traemos desde Izquierda Unida. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, señor Cot, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. No es, desde luego, mi ánimo repetir, pues la serie de argumentos que el Grupo Popular suscribe en su mayoría, y que ha expuesto el señor García Sanz, en lo que es la defensa de la Proposición No de Ley presentada sobre economía sumergida o -como dice la Unión Europea en su comunicado- el trabajo no declarado. Él ha hecho referencia a muchos de los datos que la Comunicación, de siete de abril, de la Unión Europea recoge. Y yo... -insisto- no es mi ánimo repetir dichos argumentos; repetir que España, según la Unión Europea, es la tercera en lo que es la incidencia de la economía sumergida en el Producto Interior Bruto; ni lo que son las recomendaciones básicas que hace en lo que todavía no se constituye en un verdadero informe, sino que es, simplemente, un comunicado que aproxima... que aproxima... la Unión Europea hace, de aproximación a la economía sumergida. Y, como muy bien decía el Comisario de Asuntos Sociales y Empleo, señor Flinck, cuando presentaba este comunicado, pues esperaba que, a raíz del mismo, se abra en la Comunidad un amplio debate para. si se estima oportuno -y yo creo que así será-, se puedan establecer inclusive estrategias comunitarias conjuntas para luchar contra esta lacra, indudablemente lacra, de la economía sumergida.

E, indudablemente, yo creo que la palabra clave es solidaridad, en cuanto la economía sumergida y los problemas que de ella se derivan -de afectación de lo que son los ingresos del Estado, de freno a la economía, de competencia desleal, etcétera, etcétera-, pues es un problema -como digo- que afecta a lo que es toda la cadena de producción e, indudablemente, también a los consumidores. Y de ella, todos, también, incluso todos, como consumidores que somos, también somos responsables, porque, de una manera o de otra, ayudamos, con nuestras actitudes -incluso la mínima- de compra, a que esas actividades, de alguna manera, de una u otra manera, se mantengan.

El Grupo Popular, con su Enmienda, estando de acuerdo -como digo e insisto- en lo que son los argumentos básicos de la necesidad de realizar este tipo de estudios, lo que no quiere, precisamente por la importancia y trascendencia que tiene, es encorsetar a la Junta en un plazo perentorio de seis meses para que no sólo realice el estudio y le dé por concluido para presentar a las Cortes, sino que junto al mismo presente un plan de medidas que se proponga para que sea erradicada, a través de su legalización, como textualmente dice la Propuesta de Resolución.

El Grupo Popular, con su Enmienda, ¿qué propone? Pues propone que, efectivamente, se realice ese estudio. Pero, precisamente, el propio carácter sumergido de lo que se pretende... sumergido u oculto de lo que estudiar, hace, pues yo creo que utópico el pretender poner unos plazos a la realización. Ojalá una vez iniciados los trabajos nos digan en tres meses que ya no hay nada más que investigar y que se han concluido los mismos y se propongan las soluciones; pero no creo que sea oportuno -insisto- poner ese plazo perentorio de seis meses.

Y, al mismo tiempo, decimos no que se presente un plan de medidas, sino que se vayan diseñando, conforme avanza el estudio, las medidas -y así lo decimos textualmente- "de fomento de empleo en los sectores o actividades más afectados para..." -como yo creo que es el objetivo común del Proponente y, por supuesto, del Grupo Popular- "...erradicar, en la medida de lo posible, todas las situaciones que alteren la libre competencia, y se garanticen las condiciones mínimas de trabajo legalmente reconocidas".

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Creemos que con esta Enmienda que presentamos se cumple, con la misma... se puede cumplir, y se cumplirá, con la misma nitidez y claridad, el objetivo de la Proposición No de Ley, pero se evitarán riesgos, de que por precipitaciones que no creo que sean necesarias, no se llegue a un estudio verdaderamente completo y, por lo tanto, no se pongan los medios ni se adopten las medidas necesarias para que se corrija, en la medida de lo posible, esta lacra de la economía sumergida. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Cot. Para consumir un turno en contra de la Enmienda, señor García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Hombre, en primer lugar, creo que es justo reconocer al Grupo Popular, en este caso, que no se haya entrado en las disquisiciones sobre si la Junta tiene competencias o no tiene competencias en la materia. Que, sorprendentemente, es la contestación que se ha dado por parte de la Junta de Castilla y León a este Procurador a una pregunta por escrito que se hizo sobre la materia, en donde, una vez más, la Junta -ya digo que incomprensiblemente- dice que no tiene competencias sobre la materia, a pesar de que -como todo el mundo conoce-, desde el año noventa y cinco, la Junta de Castilla y León asumió toda una serie de competencias en materia de trabajo. A partir de ahí, es evidente que tanto en legalización de centros de trabajo, en cuestiones de inspección, etcétera, la Junta de Castilla y León tiene competencias en ejecución de legislación laboral y, por lo tanto, aquí, claramente, se ha quedado de manifiesto que a la Junta le corresponde la realización de este tipo de estudios y -¿cómo no?-, por supuesto, la actuación en el caso de que se detecten irregularidades, o ilegalidades, o incumplimientos de la normativa.

No cabe la menor duda, yendo a la cuestión que se plantea en la Propuesta... o en la Enmienda de Sustitución por parte del Grupo Popular, pues que hay algunos elementos que no por casualidad se pone por Izquierda Unida, que es el tema de los plazos y que es... con ello no se pretende encorsetar a la Junta de Castilla y León realizando este estudio -un plazo de seis meses creemos que es suficiente-. Y precisamente lo que queremos es que no transcurra el tiempo sine die sin llegar a conocer realmente la realidad o las conclusiones de ese estudio. Ésa era la intención con que se planteaba ese plazo de seis meses, que creemos que es suficiente.

Es evidente que lo que pretendemos en el fondo es que haya una detección y, al final, y al fin y al cabo, pues una serie de medidas que se consiga erradicar esta situación, al fin y al cabo, de injusticia social que supone la situación de economía sumergida.

Que, ya, de paso, también hay que reconocer de que la situación de la economía sumergida en mayor o menor medida no se produce por casualidad, sino que es como consecuencia de las diferentes políticas laborales que se aplica en nuestro país. No cabe la menor duda de que si hubiera una labor más eficaz por parte de las inspecciones de trabajo y si hubiera una mayor... un mercado de trabajo con no... el deterioro actual de desestructuración, pues no tendríamos la situación de economía sumergida que tenemos. Quiere decirse de que no es una situación que se dé por generación espontánea, sino que es, de alguna manera, consecuencia de las políticas laborales que se vienen aplicando en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma.

Así pues, a partir de todo ello, creemos que no estando totalmente de acuerdo con la Enmienda de Sustitución, no sé si habría la posibilidad de realizar algún tipo de transaccional, pero, a grosso modo, pues se podría estar de acuerdo con aceptar la Enmienda de Sustitución realizada por el Grupo Popular, porque en el fondo estaríamos de acuerdo en la necesidad de realizar un estudio sobre la economía sumergida en la Región, en la Comunidad Autónoma, en lo que nosotros consideramos que son plenas competencias de la Comunidad... de la Junta de Castilla y León.

Y, en ese sentido, nosotros también consideraríamos necesario que ese estudio, las conclusiones de ese estudio se plantearan en las Cortes de Castilla y León, se plantearan en este Parlamento Autonómico, conjuntamente con las medidas que se esbozan en ese sentido. Nosotros creemos que hablar de fomento del empleo, como se plantea ahí, no es... pues limitativo, no tiene que ser limitativo de todas las medidas que desde nuestro punto de vista se debieran abordar para emerger esta economía.

Y bueno, pues si ésta es imposible de enmendar transaccionalmente -por así decirlo-, pues le aceptaríamos, aunque no sería, pues del cien por cien de agrado de este Grupo... de este Grupo Parlamentario. Que, bueno, pues teniendo en cuenta la correlación de fuerzas que hay actualmente aquí, como mal menor lo consideraríamos aceptable, con las demás consideraciones que se han realizado. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. Para turno de réplica, señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Sí, señor Presidente. Pues agradecer al señor García Sanz que por una vez haya aceptado, pues la Enmienda que el Partido Popular propone, que el Grupo Popular propone. Lo mismo que él nos achaca, pues esa... ese lavarnos las manos algunas veces, diciendo... haciendo referencia a las competencias de la Junta, en esta Comisión también hemos visto cómo algunas de las enmiendas que el Grupo Popular realiza, pues también son rechazadas por el simple hecho -creemos- de que las presente el Grupo Popular, porque, en definitiva -como es éste el caso-, contienen prácticamente o persiguen de una manera clara y diáfana los mismos objetivos que la Propuesta de Resolución.

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En ese sentido, agradecerle, y yo creo que, viendo que realmente es un problema que a todos nos afecta y participando de lo que son los argumentos básicos, decirle que -sí, también, ¿cómo no?- la economía sumergida y su incidencia en el Producto Interior Bruto y todo lo que afecta a la economía también es culpa de las políticas laborales: las que se realicen ahora y las que se vienen realizando. Pero yo creo que no es así.

Insisto en mi argumento de que la economía sumergida es un problema de todos, que a todos nos afecta y del que todos, en mayor o en menor medida, somos responsables: toda la cadena de producción, e incluso todos con el carácter que todos tenemos de consumidores.

Agradecer, para terminar, esa aceptación que usted hace de nuestro texto y dar por hecho que la Junta se va a tomar muy en serio que el campo de debate que abre el comunicado de la Comisión Europea yo creo que es magnífico, para que se inicien los trabajos con prontitud y las Cortes... yo creo que no sólo ustedes, sino todos estaremos muy pendientes de cómo se desarrollan los trabajos y muy pendientes de sus resultados. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Cot. Para dúplica, señor García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Gracias, señor Presidente. Entiendo que no es aceptada la posibilidad de una transaccional en las consideraciones que hacía anteriormente. Lamentar esa situación, pero -como ya he dicho anteriormente- si no es posible esa enmienda transaccional que iría en el sentido de si es posible, si se considera que es muy rígido el plazo de los seis meses, haberlo ampliado. Y el tema de la obligación de plantear las conclusiones de ese estudio... presentarlo en estas Cortes para que sea, en definitiva, también un elemento de debate y de conocimiento también de este Parlamento Autonómico de las conclusiones de ese estudio.

Yo creo que eran cuestiones que perfectamente se podían recoger; pero que, bueno, lo importante es que se lleve a cabo ese estudio y que estaremos, pues no cabe la menor duda, pendientes que por parte de la Junta, bien a estas Cortes, o, si no, en el momento que se tenga conocimiento de que se ha llevado a cabo, se requerirá su presentación en este Parlamento Autonómico. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor García. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. En cuanto al fondo de la Proposición No de Ley, tanto en su Propuesta de Resolución originaria como en la Enmienda que parece va a ser aceptada por el Grupo Izquierda Unida, nada que objetar. Por tanto, vamos a apoyarla. Nos parece correcto, compartimos todo lo que aquí se ha dicho en cuanto a la necesidad de erradicar lo antes posible y en la medida de lo que sea posible la economía sumergida.

Únicamente, añadir que, quizás, en la Propuesta de Resolución y en el párrafo primero de la Enmienda, hubiera sido bueno añadir -tampoco es imprescindible, pero hubiera sido bueno- el que la Junta realice ese estudio en colaboración con la Administración del Estado. Lógicamente, ahí tiene una parte importante la Inspección de Trabajo, ahí tiene importante el Ministerio de Trabajo, fundamentalmente en relación con datos técnicos que puedan aportar. Se da por hecho que si la Junta de Castilla y León va a realizar un estudio con... va a contar con la colaboración de la Administración del Estado. Por tanto, no es sustancial. No obstante, y a modo de mejorar en lo posible, pues podía haberse incorporado y hubiera -creo yo- mejorado la iniciativa. En todo caso, insisto, se da por hecho que habrá por colaboración entre las Administraciones, sobre todo para aportar datos técnicos, que es parte fundamental en ese posible estudio.

Y, por lo demás, compartimos la iniciativa, apoyaríamos -insisto- la Propuesta originaria, apoyamos también la Enmienda, que parece que va a ser lo que se va a someter a votación. Y ésa es la posición de nuestro Grupo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Otero. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Naturalmente, para manifestar también que si el Grupo Proponente llega a un acuerdo con el Grupo mayoritario sobre una Enmienda, pues nosotros nos vamos a sumar a ese acuerdo.

Yo creo que hay que felicitar al Grupo Proponente por la oportunidad de la iniciativa; porque esta discusión tiene lugar en un momento en el que el problema de la economía sumergida está de especial actualidad en todo nuestro país y también en nuestra Comunidad Autónoma.

Y únicamente señalar alguna paradoja de lo que... de la Propuesta de Resolución que todos vamos a aprobar. La paradoja es que se diga que hasta que no se realice el estudio no se van a poner en marcha medidas de fomento del empleo, porque dice: "a partir del mismo, cuando el estudio se realice, se diseñarán medidas de fomento del empleo en los sectores o actividades más afectados".

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El problema de economía sumergida -vamos a intentar desmitificar un poco las cosas- no es estrictamente un problema de estudio. Ya las primeras tablas input-output que realizó Argentaria para esta Comunidad Autónoma -creo recordar que en el año mil novecientos ochenta y cinco- detectaban en qué sectores existe economía sumergida, porque, entre otras cosas, son los mismos sectores que existen en España y los mismos sectores que existen en todos los países de la Unión Europea: el textil, las pequeñas actividades en la construcción, el pequeño comercio, etcétera.

En este sentido, pues cabe suponer que desde la presentación de aquellas tablas input-output, bueno, pues la Junta de Castilla y León alguna actividad habrá desarrollado para intentar erradicar la economía sumergida que ya detectaban esos estudios. Esperemos que, lógicamente, en este nuevo... en este nuevo trabajo de investigación que se propone -y que se va a proponer por la unanimidad de todos los aquí presentes-, pues se van a definir con más precisión y con más concreción en qué sectores y qué tipo de problemáticas afecta la situación de la economía sumergida en la Región.

Pero yo, en la medida de... por lo menos de lo que es la voluntad del Grupo Socialista, sí que animaría al Grupo mayoritario a que instara a que la Junta de Castilla y León tampoco esperara al estudio para poner en marcha alguna actividad. Porque, realmente, yo creo que es muy de temer que, realizado el estudio, nos venga a confirmar lo que ya sabemos y, en todo caso, nos venga a precisar lo que ya intuimos; pero no nos vaya tampoco a aportar demasiado nuevo, porque la realidad es bastante tozuda, se viene sucediendo en los últimos años, y la verdad es que todos yo creo que podríamos en una tarde, en media hora, pues significar cuáles son los sectores en los que existe más incidencia de la economía sumergida en la Región y por qué sucede esto así.

Dicho todo esto, sí que tengo que reconocer que el problema de la economía sumergida no es un problema fácil; que los Grupos que hemos tenido responsabilidades de Gobierno en el ámbito de la Nación o en el ámbito de la Región, de la Comunidad Autónoma, no podemos tampoco llamarnos andana sobre esta responsabilidad, que no se ha hecho lo suficiente. Y, en este sentido, tenemos que ser autocríticos.

Y, por lo tanto, la Proposición es oportuna, hay que agradecerla. Yo creo que viene muy bien y que este estudio, desde luego, pues servirá para que estas Cortes puedan ayudar a la Junta a diseñar las medidas que acaben con la economía sumergida o que por lo menos la reduzcan. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, señor García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Sobre las consideraciones que se han realizado, yo creo que... vamos, son coincidentes en las realizadas por los dos últimos Grupos. Simplemente, la manifestación realizada por el Grupo Mixto yo creo que es de... evidente. En la propia asunción... del Decreto de asunción de competencias en materia de trabajo por parte de la Junta de Castilla y León se habla de la necesidad de la propia colaboración con la Administración Central en la ejecución de esa materia laboral. Y, por lo tanto, en el propio desarrollo de este estudio, pues se supone que se llevará a cabo.

Y haciendo una vez más referencias a la contestación que por parte del Consejero del ramo -por así decirlo- se realiza a este Procurador sobre la materia, pues simplemente que esperemos que no haya ningún tipo de reticencia por parte de la Consejería, que se supone que va a tener que llevar a cabo esta resolución de estas Cortes, de ningún tipo de reticencia de cara a llevar a cabo este estudio de la economía sumergida, el trabajo clandestino, en nuestra Comunidad.

Y a partir de ahí, lógicamente, pues con toda colaboración, inclusive no solamente de la Administración Central, inclusive también los propios agentes sociales en lo que de colaboración se pueda aportar en la detección de las dimensiones de la economía sumergida y, sobre todo, en la elaboración de los planes de... que deben contribuir a emerger, a legalizar esta situación. Que como yo decía antes, ya he mencionado, pues, lógicamente, no es una situación que desde nuestro punto de vista tenga una solución basada fundamentalmente en medidas de fomento del empleo, sino fundamentalmente en cuestiones de inspección, de verificación y de control de la legalidad que en cada momento exista; que creemos que en este momento, desde que existe la economía sumergida, creemos que son las causas fundamentales que permiten, y que aflore y que aumente esta situación de trabajos clandestinos. Trabajos clandestinos que es cierto que afecta al conjunto de la sociedad; pero que no cabe la menor duda -como decía, por ejemplo, las propias conclusiones del estudio del CIS que hacía mención anteriormente- que quien más perjudicado se ven por esta situación son aquellos trabajadores en donde... que tienen que realizar sus funciones laborales, pues en una situación de absoluta desprotección social, con unas condiciones laborales en inferioridad de condiciones, sin protección social, con condiciones salariales por supuesto que por debajo de lo que son los convenios establecidos y, por supuesto, también en unas condiciones de seguridad y de salud laboral, pues que nada tienen que ver con lo que se plantea o con lo que se desarrolla en los centros de trabajos legalizados. Es ahí donde se produce la mayor discriminación y la mayor desigualdad social; además también que esa riqueza, que, al fin y al cabo también, se genera en la propia actividad clandestina o sumergida, pues supone eludir, pues lo que son las contribuciones fiscales y de cotizaciones sociales que, en definitiva, supone una deslealtad con el conjunto de la sociedad.

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Lógicamente, insisto en que la propuesta que se hace por parte del Grupo Popular -y que, al fin y al cabo, pues será la que salga aprobada- no es al cien por cien lo que a Izquierda Unida nos gustaría, pero esperemos que sea lo que se vaya a llevar a cabo y que realmente se lleve a cabo. Y que no cabe la menor duda que estaremos vigilantes para que eso sea así. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Entendemos, por tanto, que se puede aprobar por asentimiento la Enmienda realizada por el Grupo Parlamentario Popular. ¿Están todos los Grupos de acuerdo? Entonces, queda aprobado ese punto con la Enmienda presentada.

Segundo punto del Orden del Día. Dése lectura por el señor Secretario al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): "Proposición No de Ley presentada por los Procuradores don Antonio Almarza González, don José Alonso Rodríguez, doña Inmaculada Larrauri Rueda, don Jaime González González y don Ángel Solares Adán, relativa a gestiones para la convocatoria de las comisiones de seguimiento de los planes de viabilidad de las empresas MSP, Sociedad Anónima, y Coto Minero del Sil".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Para la presentación de la citada Proposición No de Ley, señor Solares.

SOLARES ADÁN

EL SEÑOR SOLARES ADÁN: Gracias, señor Presidente. Esta Proposición era muy oportuna en el momento, pero han tenido que transcurrir siete meses y doce días para traerla. Queremos manifestar desde aquí nuestra indignación por la falta de agilidad de estas Cortes para temas tan importantes o tan sensibles, que algunos Grupos no tienen con ellos, como es el sector minero, como es los problemas que tenía en aquel MSP y Coto Minero del Sil.

Y, por ello, dado que las comisiones ya se reunieron, ya se reunieron, y lo que pedíamos era una tramitación urgente para, en aquellos momentos, tratar temas tremendamente importantes, no nos queda más remedio que retirarla.

No obstante, queremos manifestar nuestro descontento con la... el funcionamiento de las Cortes en cuanto a agilidad. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Damos por concluido el segundo punto del Orden del Día. Tercer punto del Orden del Día. Dése lectura, por el señor Secretario, al tercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don Antonio Herreros Herreros, relativa a la ejecución de Sentencia y reapertura de Nicas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes número 163".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias. Para la presentación de la citada Proposición No de Ley, señor Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Este asunto ya es viejo y se revitaliza de tiempo en tiempo; y aunque está presentada esta Proposición No de Ley el diez de septiembre de mil novecientos noventa y siete, con motivo de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, pues en la actualidad se viven, de nuevo -por datos y conocimientos que se han venido planteando-, la posibilidad de reabrir una de las industrias más importantes de la Comunidad, como ha sido tipificada por el Presidente del Gobierno Autónomo. Y se pretende que estas Cortes insten a la Junta a que, una vez que se ha producido la Sentencia, el quince julio de mil novecientos noventa y siete, dictada en el recurso reseñada, en el cual se estimaba que el contencioso-administrativo formulado por doscientos sesenta y seis trabajadores de Nicas, y toda vez que la Sentencia dejaba absolutamente clara la anulación de las resoluciones administrativas por las que se autorizó a la empresa Nicas a extinguir las relaciones laborales de estos doscientos sesenta y seis trabajadores, pues el que se requiera para que deje sin efecto la extinción... o se haga el cumplimiento de la Sentencia, aunque sea provisional, dejando sin efecto la extinción de los contratos de trabajo de los doscientos sesenta y seis trabajadores, y toda vez que ya se ha planteado como nula en la Sentencia.

No ha habido posterior recurso por parte del Estado, sí le ha habido por parte de la empresa; pero, curiosa y paradójicamente, la misma que en estos momentos tiene ya, primero, un compromiso con los trabajadores de, si se produce la confluencia de los intereses que en su día se plantearon de trabajadores de esta empresa -presidida en la actualidad por Villarmir- y la propia Administración Autonómica, puesto que tiene ya mayoría accionarial Fertiberia y puesto que tiene capacidad técnica para llevarlo adelante, se pueda realizar la reapertura de esta empresa.

De hecho, en su momento se promovió por parte de la Administración Autonómica, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, se promovió un Plan de Viabilidad, cuyo Plan de Viabilidad se encargó a expertos, a técnicos -que lo son, o que lo eran hasta ese momento de Fertiberia-, y que, significativamente, el Plan de Viabilidad nos consta que le dan como suficiente, como interesante, como posible y, por tanto, en la línea de esa reapertura que todos estamos deseando.

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En síntesis, desde el compromiso que habíamos adquirido prácticamente todas las fuerzas políticas, desde el compromiso que se había adquirido por parte de la Administración Autonómica -con su Presidente a la cabeza-, incluso desde el compromiso en campaña electoral que el actual Presidente del Gobierno realizó de reabrir la citada factoría; si a esto sumamos que se ha planteado la existencia de este Plan de Viabilidad, que hay esa capacidad técnica, que la Junta está dispuesta, no hay más que condiciones favorables para que podamos pronunciarnos por, bien el cumplimiento de Sentencia, bien por poner en marcha todas las iniciativas pertinentes, con los interlocutores que en estos momentos parece ser que están dispuestos para lograr esa reapertura de Nicas y, lógicamente, la readmisión de sus trabajadores, la reanudación de la actividad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Herreros. Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una Enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, Alonso Díez tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Estando de acuerdo con el contenido de la Proposición No de Ley que ha realizado el Grupo de Izquierda Unida, el Grupo Socialista hemos presentado esta Enmienda porque entendemos que desde el día que se presentó la Proposición No de Ley al día de hoy, pues, ha habido algunas circunstancias que se han modificado y, en consecuencia, nos parecía que esta Enmienda que presentamos -de Adición-, pues, de alguna forma, lo que hacía es actualizar lo que se pide en la Proposición inicial al día de hoy.

El Consejero nos anunciaba en octubre que se iba a elaborar un Plan de Viabilidad; como antes se decía, el Plan está elaborado; y nosotros queremos que se asuma por parte de la Junta ese Plan de Viabilidad, que, de alguna forma, era la pauta que se estaba desde la Junta esperando para decidir qué se hacía con Nicas.

El Plan parece ser que hace ya varias semanas que se ha presentado a la Junta de Castilla y León, y aunque de forma reiterada por parte del Presidente de la Junta y por parte del Consejero de Industria, pues, se ha dicho que se iba a hacer todo lo posible por abrir Nicas; y se decía en fechas recientes, incluso por el Presidente de la Junta, que estaría dispuesto a ir donde hiciera falta para abrir Nicas; lo cierto es que el Plan de Viabilidad está ahí, y parece que no se está teniendo muy en cuenta ese Plan de Viabilidad, en este momento, para buscar esa salida a Nicas.

Y nosotros consideramos, desde luego, que todas esas expectativas que se han ido manteniendo, pues, de alguna forma, el Plan de Viabilidad las confirma. El Plan de Viabilidad viene a confirmar lo que también se justificaba en la propia Sentencia para declarar nulos los despidos, y es que la circunstancia que había motivado el despedir a la plantilla de Nicas y, en definitiva, cerrar la empresa para la producción -se ha quedado meramente como... meramente comercial- no estaba basada ni en que no tuviera competitividad, ni en que careciera de rentabilidad, sino simplemente era por razones estratégicas. Y, en consecuencia, ahí nos parece que la responsabilidad del Gobierno Regional es que las razones estratégicas de carácter general, pues, no primen sobre las razones estratégicas que interesan a Castilla y León. Y, en consecuencia, ese Plan de Viabilidad viene -entendemos- a confirmar la posibilidad de que Nicas vuelva a funcionar, indudablemente, con una serie de pautas que entendemos que en el Plan se definen.

Y, en consecuencia, nuestra Enmienda, pues, viene -como decía al principio- a reforzar y a dar actualidad a la Proposición que en su día presentó Izquierda Unida. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Alonso. Para pronunciarse sobre la Enmienda, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Nuestro planteamiento es absolutamente favorable, por razones obvias. Primero, porque en conversación mantenida precisamente con el Comité de Empresa de Nicas hoy mismo, se nos confirma, efectivamente, la existencia de ese Plan de Viabilidad; y además de la existencia de ese Plan de Viabilidad, el que el resultado es positivo, es favorable. Es positivo y es favorable porque parte de los que han elaborado ese informe eran técnicos que anteriormente habían estado realizando funciones técnicas dentro de la propia empresa Nicas. Y, de hecho, todo el mundo es absolutamente consciente de que esta empresa había sufrido una transformación muy importante en cuanto a su capacidad o su potencialidad, de tal manera que se estaba produciendo en los últimos tiempos el 50% del consumo de mercado a nivel nacional de uno de los productos más utilizados.

En segundo lugar, esos mismos técnicos también reconocían que las inversiones que se habían realizado en su momento fueron de tal envergadura que eliminaba los riesgos y los impactos medioambientales que anteriormente venían produciéndose.

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Y, en tercer lugar, porque ya se habían anticipado fórmulas de saneamiento lo suficientemente efectivas para que en la actualidad pueda contemplarse, muy exigua, la cantidad necesaria para proceder o para permitir esa reapertura. Eso es lo que le ha llevado, prácticamente, al propio Presidente actual, el señor Villarmir, a admitir la posibilidad -no sólo técnica, sino de viabilidad-, aunque sigan manteniendo el contencioso que en su momento plantearon o planteaban en relación con la sentencia anterior.

Por tanto, son todos factores que, lógicamente, no estaban incluidos de forma explícita en la Proposición No de Ley, por razones de tiempo -como anteriormente decía el propio Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-. Por tanto, nuestro criterio es de incorporación, de adición de esta Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Herreros. ¿Desea intervenir, señor Alonso, en turno de réplica?

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muy brevemente, señor Presidente, para agradecer la aceptación de la Enmienda. Y reiterar que si una de las pautas que se había fijado el Consejero de Industria -así lo ha manifestado a las preguntas que se le han realizado en el Pleno- era el conocer ese Plan de Viabilidad, pues yo creo que éste es el momento de tirar para adelante con ese Plan de Viabilidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Señor Herreros, ¿desea intervenir en turno de dúplica?

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: No.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Bartolomé tiene la palabra.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

EL SEÑOR BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Realmente, escuchando al Procurador Proponente y al...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Perdón. Perdón, un momento, que es que no le he dado la palabra al Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Sí. Gracias, señor Presidente. Nosotros, salvo que haya unanimidad, en cuyo caso no la íbamos a romper y apoyaríamos la iniciativa... si no la hubiera, nos vamos a abstener. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Otero. ...Bartolomé.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

EL SEÑOR BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: Gracias, nuevamente, señor Presidente. Realmente, quería decir que, después de escuchar atentamente al Procurador Proponente y al Procurador del Grupo... Partido Socialista que ha presentado la Enmienda, pues, en mi esquema mental estaba viendo que la película era completamente distinta a cómo ha sido la realidad en el transcurso desde el año mil novecientos noventa y tres.

Cuando recibí el encargo de mi Grupo para trabajar en este tema, lógicamente, tienes que buscar datos -no es de esta Comisión-, tienes que investigar, tienes que enterarte de cómo han ocurrido, por qué y para qué las cosas; y recibes una información muy importante. Es una de las ventajas que tiene ser miembro de este Parlamento.

Y, desde luego, reflexionando, no se parece en nada a lo que realmente ocurrió en un Pleno celebrado en esta Cámara, en el que, curiosamente -y es agradable leerlo-, existe unanimidad de todos los Grupos, y existe sobre todo -se lo digo con todos los respetos- en el Partido Socialista, su representante en aquel momento, que él emite la responsabilidad del Grupo Socialista para colaborar en el proceso, aceptando todos los riesgos políticos y todos los riesgos financieros que se deriven de las actuaciones de la Junta, tanto económicas, sociales, etcétera.

Realmente, el Portavoz Proponente, el Procurador Proponente, ha dicho -he querido entender- que el diez de septiembre presentó esa Proposición No de Ley porque ese mismo día era el de la Sentencia; eso es lo que yo he copiado aquí. Y realmente no es cierto; aunque luego ha transferido al día quince de julio, pero la Sentencia fue un poco antes. Yo, realmente, lo que sí le diría -y con todo el respeto, como es lógico- que coincide justamente -y debe ser una casualidad- que sale una nota en los medios de comunicación sobre Nicas, y automáticamente aparece en el Registro de las Cortes, con fecha diez de septiembre también, la Propuesta de Resolución.

Yo, realmente, aunque para este tema habría presentado una Enmienda, habría habido más posibilidades... Pero, realmente, lo que sí procedía, después de leer íntegramente los Antecedentes -aunque están muy resumidos y realmente falta toda la ejecución de la Junta en la anterior Legislatura y en esta Legislatura-, entonces, lo que se propondría en ese momento sería, con un respeto a un partido político de la Oposición, era que retirase esa Proposición No de Ley, porque está... carece de contexto en la actualidad. Y me explico, si me permite el señor Presidente.

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La primera parte, lógicamente, ya se ha hablado mucho. Nuestro Consejero, en preguntas parlamentarias -en la anterior Legislatura otro Consejero y, en ésta, nuestro Consejero, Tomás Villanueva-, les ha contestado perfectamente a las preguntas que plantearon -dos del Partido Socialista y una de Izquierda Unida-, les contesta perfectamente el por qué no va a demandar a quienes corresponde la ejecución de la Sentencia. Hay que tener en cuenta que, si una Sentencia no prevé intrínsecamente quién debe ser el que... el que demande, no lo debe de hacer. Al menos ha sido y así ha sido expuesto por nuestro Consejero el criterio de esa Consejería.

Con respecto al segundo punto, dice textualmente "que las Cortes instan igualmente a la Junta para que por medio de la Agencia de Desarrollo promueva todas las iniciativas permanentes...", etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, añadido a esto, nos encontramos con una Enmienda, que está hecha con buen criterio, pero creo que carece, creo -con nuestro respeto, Señoría-, creo que carece de identidad; y me explicaré por qué. Porque usted -le pongo un símil-, usted se hace un proyecto de una casa, lo paga a un arquitecto y, lógicamente, lo asumes, lo asumes; lo has pagado y luego lo ejecutas. En esto es algo parecido: usted paga... paga un proyecto de viabilidad; ya lo tienes asumido, al menos el gasto. Lo que no nos puede nadie plantear es: ¿tendrá viabilidad ese plan -y repito la palabra-, ese plan de viabilidad?, ¿quién nos lo garantiza? ¿Nos lo podía responder el Portavoz de Izquierda Unida -Procurador Proponente-, cuando él ha participado y sabe cómo han estado otros planes de viabilidad, que han costado miles de millones de pesetas? Es una pregunta que dejo en el aire.

Por eso digo, Señorías, que lo que ha hecho la Junta, lo que está manteniendo la Junta es el criterio lógico que creo que debe hacer un Partido -en este caso el Partido Popular- que está en el Gobierno, que tiene ejercicio de responsabilidad. ¿Qué ha hecho? Se personó con el informe negativo en el expediente de regulación de empleo; participó en el programa global de prejubilaciones, que estas Cortes instaron a la Junta para que lo hiciese, y pagó 400.000.000 de pesetas; recaudó del Ministerio de Industria, en aquel momento, ante el grupo Ercos, reanudar la actividad de Nicas; se realizaron gestiones directas entre empresarios -no lo olvidemos, y luego me remitiré al final de mi intervención-, realizó la búsqueda de socios industriales, que es el sustantivo para poder generar esa empresa, que es la que va a recibir las subvenciones; conectó con, entre otros, con dieciséis grupos industriales, uno de ellos los que se han citado aquí como Fertiberia, etcétera, etcétera, etcétera.

¿Qué es lo que ha hecho la Junta? Mantener una unidad de criterio, que surgió en el año noventa y tres en un Pleno, en el que todos los Grupos Políticos presentes, con muy buen criterio -es, al menos, mi pensamiento-, en una situación única ante un problema difícil.

¿Y qué ha hecho la Junta de Castilla y León?, ¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular? Mantener esa línea de criterio; y se pueden leer las intervenciones en los medios de comunicación o en la prensa... de la prensa, y se puede ver en los Diarios de Sesiones, cómo ha sido la línea de criterio. ¿Y qué es lo que ha hecho en la actualidad? Pagar el Plan de Viabilidad, buscar la empresa que lo asuma -que parece ser que puede aparecer- y luego dotar, como se ha dotado a toda la infraestructura de Castilla y León, del mecanismo que tiene, que ha generado, para que puedan obtener subvenciones.

¿Qué es lo que tenemos necesario obtener para poder dar estas subvenciones? Está muy claro. Tenemos, por una parte, los trabajadores, que se podrán reasumir. Pero, ¿qué necesitamos? La empresa que "tire del carro", dicho entre comillas. Y aquí está el factor añadido, porque esa empresa costará... ¿cuánto costará? Tres, 4, 5.000 millones; los que cueste. El Plan de Viabilidad puede ser positivo, como parece ser -yo todavía no tengo información concreta exacta de cómo ha quedado el Plan-; ojalá sea positivo, y nos alegraremos todos.

Entonces, tenemos el Plan, tendremos una empresa, tendremos los trabajadores y tendremos un capital: parte saldrá de aquí, de subvención; parte de la empresa -como buena empresa, tendrá que arriesgar; ésa es la misión de la empresa: emplear parte de su capital-; parte de otro capital vendrá de Europa; y parte de donde tenga que venir. Y entonces veremos a flote esa... esa empresa de Nicas.

Y yo, señor Procurador Proponente, con el respeto que le tengo debido, le diré, y le he insinuado antes, que hizo esa Proposición No de Ley el día diez de septiembre. Yo, de lo que he leído del Diario de Sesiones, usted dice textualmente, en un Pleno "no me quiero colgar medallas...", etcétera, etcétera, etcétera, "ni..." -también, luego añade- "...ni quiero que se las cuelgue nadie".

Yo, Señoría, le diré: ¿quién se tienen que colgar las medallas? Los sacrificados trabajadores, con ese Comité de Empresa, que han sufrido, y a lo mejor todavía, por desgracia, les queda algo de sufrir. ¿Quién más se las debe colgar? El que sea capaz de esa ejecución. ¿Que se las cuelga la Junta de Castilla y León, nuestro Consejero? Perfecto, porque hay que recordar -y a veces lo tenemos olvidado- que la Junta de Castilla y León, nuestro Gobierno, es del Grupo de Gobierno y también de la Oposición. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Bartolomé. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la Proposición No de Ley, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

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EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Bueno, efectivamente, la historia es la historia. Y si nosotros habíamos sintetizado al mínimo los Antecedentes o la parte propositiva era porque ya se ha hablado mucho en estas Cortes. Me imagino que consta absolutamente a todo el mundo que incluso estas Cortes habilitaron una Comisión de Seguimiento, algunos de cuyos miembros estamos aquí presentes. Que hemos solicitado en varias ocasiones que esa Comisión de Seguimiento se pudiera reunir, incluso en esta Legislatura se nos contestó algo así como "es prácticamente imposible, porque eso era de la Legislatura anterior"; que no hubiera sido mala cosa, aunque hubiésemos tenido que retomar de nuevo la iniciativa.

Y decía que la historia es la historia; pero no vamos a estar constantemente con la historia. Porque si aquí lo que queremos, en cierto modo, es buscar sobre quiénes son en último extremo los responsables, se nos puede volver todo otra vez en contra nuestra.

Bien. Es verdad que en aquel momento gobernaba el Partido Socialista, es verdad que en aquel momento se le imputaron responsabilidades al Partido Socialista, es verdad que incluso hubo problemas serios, precisamente en esas imputaciones. Pero no es menos cierto que, por aquellas fechas, hay una carta que yo tengo aquí, en mi poder, del Presidente de la Junta de Castilla y León, que nos puede ser perfectamente útil y válida, para entonces y para ahora, cuando se dice que "está preocupado por la situación que atraviesa una de las empresas industriales más caracterizadas de esta Comunidad, Nitratos de Castilla"; "que la Junta de Castilla y León ha expresado su voluntad de apoyar la viabilidad de Nicas"; "que se planteaban una serie de condiciones"; "que la Administración Central no debe limitarse al papel de un simple observador..." -entonces la Administración Central era del Partido Socialista, o la gobernaba el Partido Socialista- "...sino que está obligada a propiciar las condiciones que permitan, al menos, intentar el mantenimiento de una actividad de una empresa como Nicas y los puestos de trabajo de muchos ciudadanos de Castilla y León, reconduciendo la voluntad contraria a ello de quienes controlan actualmente dicha empresa", curiosamente, quien sentenció, cerró y firmó fue el actual Ministro de Industria, señor Piqué, con el cual, nosotros, como Comisión de Seguimiento, nos reunimos.

"Que..." -seguía diciendo- "...dado que no se han justificado las causas objetivas que determinan la decisión de grupo Fecsa de cerrar Nicas y cerrar, por contra abiertas, otras plantas de características similares, y dado el interés que Nicas parece despertar en terceros, de llevarse a cabo la amenaza de cierre, sólo nos restaría pensar que, una vez más, se discrimina a Castilla y León por motivos no estrictamente económicos..." -decía el Presidente Lucas-, "...y quiero que, en estas líneas, manifestarte..." -decía- "...el más firme apoyo de esta Presidencia en defensa de los puestos de trabajo de Nicas y la actitud dialogante de mi Gobierno a cualquier postura de tu Ministerio que garantice tal fin. Nuestra preocupación es máxima, y creo, con sinceridad, que puede y debe encontrarse solución, si existe por tu parte voluntad política para ello".

Esta carta se le remitía por parte del Presidente del Gobierno Autónomo de Castilla y León a don Claudio Aranzadi Martínez. Pero hoy tenemos que el Ministro de Industria es el señor Piqué, que es un perfecto conocedor de la situación que en estos momentos existe. Y que, en estos momentos, curiosa y significativamente, sabiendo todo lo que él sabe, acaba de publicar -diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y ocho-, en una actitud realmente sospechosa, en La Gaceta de los Negocios, un suelto por el que estimula a que la Banca privada de este país invierta dinero en Fertiberia, pero en Fertiberia Argel; curiosamente, curiosamente en Fertiberia Argel. Ya ni siquiera en Fertiberia Puertollano, que era otra ciudad del interior de España, que supo defenderse en el cierre aquel, y que, desgraciadamente, nos tocó a nosotros la china, en último extremo.

Y, mire usted, no voy a entrar en eso de si fue el diez de septiembre, si me dijeron, si vinieron, porque... fuera, de verdad. Mire, eso, si quiere usted seguir con el anecdotario, da igual. En estos momentos se reúnen todas las condiciones habidas y por haber de una necesidad de un sector estratégico -que le hemos denominado todos-, de una empresa que tiene capacidad técnica para resolver, de una empresa que ha realizado el Plan de Viabilidad, y que ustedes saben perfectamente que el Plan de Viabilidad es positivo; de un empresario que está dispuesto a llevar adelante, siempre y cuando sea el dinero público -tal como en su día se planteó por parte de la Administración Autonómica- quien haga la operación inicial, para que eso se ponga en marcha. Y que esa... ese sector público, esa Administración debe de ser, lógicamente, quien ponga en marcha, y puesto que ha hecho declaraciones mil, sobre las cuales está en plena disposición para poder retomar esa empresa de un sector estratégico de la producción en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, bueno, pues, vamos adelante, dejémonos de historias, no nos limitemos a decir que hemos pagado el estudio de viabilidad -que, por supuesto, sí, era un compromiso que se había establecido-, ya está en la práctica la empresa.

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Y ustedes saben, en la actualidad incluso, cuánto ha sido lo que esta empresa ha puesto como demanda; y saben también cuánto es lo que en realidad se requeriría para ponerlo en marcha; y saben que, efectivamente, hay una diferencia del doble, de tal manera que en la actualidad se cifra o se cuantifica en torno a 600.000.000 de pesetas lo realmente necesario. Pero que, lógicamente, cualquier especulador -y no quito ni una micra de lo que digo-, como es el caso del señor Villarmir, especialista en recuperar empresas en quiebra... (En quiebra, que no ha sido tal quiebra. Entre otras razones, ahí está la Sentencia, y la Sentencia no ha sido recurrida por el Abogado del Estado, entre otras razones, porque ella misma dice que no hay informe tecnológico, que no hay informe financiero, y que, por consiguiente, no hay ninguna razón, ninguna motivación, para que se pueda producir... fundamentos para resolver, de la forma que se resolvieron, los puestos de trabajo en Nicas.)

Pues bien, ahí está planteando que sean 1.500 millones. Podemos jugar constantemente con historias, si son más o si son menos. Pero aquí tenemos todos un compromiso. Si ustedes no lo quieren hacer, allá ustedes, porque el primer compromiso es por parte de la Administración Autonómica. Y, por tanto, no hay cuestión de medallas, no hay cuestión de historias; es cuestión de dotar a nuestra Comunidad, de dotar al tejido industrial de esta Comunidad, y en un sector como el que tenemos, de la posibilidad de rentabilizar todo un montaje, un engranaje importante, como era esa empresa, como sigue siendo esa empresa, que en la actualidad sólo se dedican al almacenaje.

Sintetizo. Está solicitado que se aplique la Sentencia aunque sea provisionalmente, existe una Sentencia clarísima de nulidad de lo hecho, existe un Plan de Viabilidad, existe capacidad técnica, existe un compromiso por parte de la Junta. Sólo es preciso que digamos: sí vamos adelante; y es perfectamente posible y viable materializarlo, sólo dependerá ya de la voluntad expresa del Gobierno Autónomo; y el Gobierno Autónomo tiene que enterarse, a través de estas Cortes, de que es necesario, conveniente, y que estamos todos con esa intención de la reapertura de Nicas. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Herrero. Concluido el debate, procedemos a someter a votación... a votación la Proposición No de Ley, entendiéndolo en los términos expresados por el Proponente, incluida la Enmienda de Adición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: diecisiete. Votos a favor: seis. Votos en contra: diez. Abstenciones: una. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Cuarto punto del Orden del Día. Dése lectura, por el señor Secretario, al cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a actuaciones y dotación presupuestaria de medidas de prevención de riesgos laborales".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Para la presentación de la citada Proposición No de Ley, señor Granado, tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Antes de presentar la Proposición, en un olvido especialmente imperdonable, he omitido que mi compañera Begoña Núñez sustituye a María Luisa Puente en los trabajos de esta Comisión.

Y, sin más, paso a... con mucha brevedad, a explicar cuál era el contenido de esta Proposición No de Ley, en la que tendría que empezar por decir, como... como sucedía en el punto número dos, que "decíamos ayer", porque es una Proposición presentada hace casi ocho meses, que se refería en el punto segundo a los Presupuestos de la Comunidad para mil novecientos noventa y siete. Y, en este sentido, es evidente que el punto segundo ha perdido toda actualidad y no cabe hacer ninguna propuesta sobre el mismo.

En cuanto al contenido, no obstante, del resto de la Proposición, lo mantenemos para su discusión en esta Comisión por las siguientes razones: desde la aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad de Castilla y León y aprobación de los Decretos del Gobierno que reglamentaban la Ley, la Comunidad de Castilla y León, al haber asumido las competencias en materia de trabajo, tenía una serie de funciones; una serie de funciones que, en función de contestaciones realizadas por el Consejero de Industria a preguntas presentadas por este Procurador que les habla, demuestran que la aplicación práctica de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en nuestra Comunidad Autónoma dista mucho de ser ejemplar. Así, por ejemplo, hemos conocido cómo de las empresas que debían elaborar los planes de prevención de riesgos, buena parte de ellas no lo han hecho; cómo en buena parte de las empresas siguen faltando todavía los agentes de salud laboral que estaban previstos; cómo las auditorías de seguridad que se pueden llevar a cabo, pues son escasas; cómo no existen empresas que puedan certificar la formación de agentes de prevención de riesgos o que puedan, incluso, auxiliar a la elaboración de estas auditorías en la Comunidad Autónoma. Y, en este sentido, tenemos que lamentar el que la actuación de la Administración más bien parezca que va a remolque de lo que la norma dicta, que impulsando la propia norma.

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Todo este tipo de problemas ha sido reiteradamente denunciado por las centrales sindicales, que han hecho público su descontento; que han manifestado cómo Castilla y León, por circunstancias -a nuestro juicio- inexplicables, tiene tasas de accidentabilidad laboral que son superiores a las ya muy altas de medias de nuestro país; y cómo, de hecho, faltaba consignación presupuestaria en el ejercicio de mil novecientos noventa y siete para acometer este conjunto de problemáticas.

Buena prueba de que lo que decimos es cierto es que, en el año mil novecientos noventa y ocho, la Junta de Castilla y León, el Partido Popular, que rechazó en la discusión de los Presupuestos del noventa y siete enmiendas del Grupo Socialista para incrementar las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma, realiza una rectificación y presupuesta, en mil novecientos noventa y ocho, una partida importante para la realización de una campaña de prevención de riesgos laborales en nuestra Comunidad Autónoma. Nosotros pretendíamos, y ya lo hicimos en la discusión del Presupuesto, que la realización de esta campaña fuera realizada en colaboración con los agentes sociales y económicos; no pensamos que tuviera que ser únicamente la Junta de Castilla y León la que realizara esta campaña. Pero, en todo caso, aquello fue una discusión que, una vez más, se sustanció con el rechazo de nuestras enmiendas por parte del Grupo Popular y, muy probablemente, en los Presupuestos del noventa y nueve, alguna parte de las enmiendas se acepten y, al final, nos encontremos con que sí hay dinero para que los sindicatos de trabajadores y los agentes empresariales, los empleadores, puedan participar en la realización de este tipo de políticas.

Pero nos queda, además, el aspecto muy importante de que la puesta en marcha de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en nuestra Comunidad Autónoma sigue siendo muy deficiente. Es, pues, preciso acelerarla. Y sigue siendo necesario que exista sobre todas estas cuestiones un acuerdo con las centrales sindicales más representativas que permita que el conjunto de la Ley es puesto en marcha en el conjunto de empresas de la Comunidad Autónoma.

Naturalmente, en estos siete meses algo se ha hecho, hay que reconocerlo; sería injusto olvidarlo. Se han puesto en marcha anexos y se han determinado sectores de producción en los que es necesario realizar actuaciones específicas; pero, créanme Sus Señorías -y, si tengo oportunidad, lo haré en alguna intervención posterior- que todavía falta mucho por hacer y, en este sentido, todavía tienen toda la vigencia los puntos 1 y 3 de nuestra Propuesta de Resolución. Evidentemente, aunque sólo sea por razones temporales, el punto número 2 carece de esa vigencia; y, en este sentido, cuando tenga oportunidad de fijar el texto definitivo que se someta a la consideración de Sus Señorías, anunciaré que queda, naturalmente, retirado. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, señor Presidente. En nombre del Grupo Popular, anuncio el voto en contra de todas y cada una de las Propuestas de Resolución de los tres puntos que contenía dicha Propuesta, por mucho que el segundo se realice. Y, en ese sentido, pues agradecer las manifestaciones del Portavoz del Grupo Socialista, en el sentido de que ahora sí están bien dotadas -o parece que están suficientemente dotadas- las partidas, no sólo de esa partida a la que ha aludido para la realización de una campaña de prevención de riesgos laborales, sino, en su conjunto, para lo que es lo que afecta a esta prevención y al desarrollo de la Ley 3... perdón, la Ley 31 de mil novecientos noventa y cinco, sobre Riesgos Laborales, pues, según mis números, son casi 900.000.000 de pesetas los que específicamente dedica el Presupuesto de la Comunidad y, concretamente, la Dirección General de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, a estos efectos.

Respecto al primer punto de la Propuesta de Resolución, en el que se solicita que se acelere la puesta en marcha de las actuaciones de la referida Ley, pues decir que en esta materia, en la materia presupuestaria y en lo que son relaciones también con los agentes sociales, pues, señor Granado, todos queremos más, como la canción: más, y más, y mucho más. Y que todo lo que se haga será poco, y que habrá que poner como límite la utopía para conseguir... pues todo lo que se pueda en esa materia. Pero yo creo que hay una crítica -y la exposición del señor Granado la ha dejado bien clara- a lo que es la actuación de la Junta, con la que no podemos estar de acuerdo. Y no lo estamos respecto al punto primero, en la que se insta que se aceleren las actuaciones previstas en la mencionada Ley de Riesgos Laborales porque, según los datos que nos han facilitado en la Dirección y que consideramos válidos, y referidos al año noventa y siete como año cerrado en el que se puede contemplar lo que es la actuación de la Junta... -estoy seguro que si esto lo hubiésemos hecho con... o, perdón, cuando se pueda hacer con el primer semestre, o con el conjunto del año noventa y ocho, por lo que hablábamos del incremento de las partidas presupuestarias para estos fines, pues las cifras serían mucho mayores-, pues la Junta de Castilla y León, en nuestra opinión, sí lleva a cabo, y lo ha llevado a cabo durante todo el año noventa y siete, la política que la Ley establece en su articulado, y, especialmente, en todo lo que se refiere a la consecución del objetivo primordial de la promoción de las mejores... de la mejora de las condiciones de trabajo para aumentar el nivel de protección en lo que son medidas de seguridad.

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Lo que la Junta de Castilla y León ha hecho, entre otras cosas, para lo que es el cumplimiento estricto de lo que la ley marca, pues ha sido, por una parte... -todo ello, perdón, a través de las Unidades de Seguridad y Salud Laboral de las Oficinas Territoriales-, pues, por una parte, visitas, tanto a requerimiento de empresas como a requerimiento de particulares, a iniciativa propia, de inspección; visitas a lo que son centros de trabajo y visitas para la investigación de accidentes de trabajo, cuando se han producido. Un total de casi siete mil visitas se han realizado a lo largo de mil novecientos noventa y siete.

Han realizado también actividades referentes a higiene industrial, visitas específicamente destinadas a vigilar lo que es la higiene industrial en el cumplimiento de la Ley 3 de mil novecientos noventa y cinco. Más de mil visitas; bastante más de mil visitas se han realizado.

Por último, acciones de promoción de la prevención, con actos formativos, cursos, jornadas técnicas y otra serie de actividades que contabilizan un número de casi tres mil horas dedicadas en Castilla y León a estas actividades de cursos, jornadas técnicas y actividades formativas dirigidas a todos los afectados por la materia de seguridad: a trabajadores, empresarios, específicas para sindicatos y organizaciones empresariales, etcétera. Y se han realizado este conjunto de horas de formación y divulgación, pues de todos los aspectos que se pueden contemplar dentro de lo que es la materia de seguridad en el trabajo.

Durante este año, efectivamente, se está realizando... se realizó, en el noventa y siete, la campaña de prevención de riesgos laborales; y, desde luego, con los Presupuestos del noventa y ocho se va a avanzar todavía mucho más a lo largo de este año.

Por último, se han realizado publicaciones. Publicaciones de la normativa en materia de seguridad laboral y que yo creo que... que, en fin, obvio el hacer una relación exacta de todo lo que se ha hecho pero, desde luego, quien quiera tener lo que son las leyes, reglamentos y decretos que las desarrollan, de todo lo que concierne a materia de seguridad laboral, yo creo que documentación por parte de la Junta de Castilla y León, e información, creo que en esta materia tampoco puede haber queja.

Respecto al segundo punto, pues, como le doy por retirado y queda dicho que este año son casi 900.000.000 los que específicamente se dedican a seguridad en materia de trabajo, yo creo que queda demostrado con la fuerza de los números lo que es el esfuerzo de la Junta de Castilla y León y el Partido Popular que le gobierna, en materia de seguridad.

Respecto al tercer punto, pues yo creo que vuelve a haber una crítica implícita en las -parece ser- pocas relaciones que la Junta de Castilla y León tienen con todos los agentes sociales. Y, en ese sentido, pues se insta a que se llegue a un acuerdo con las centrales sindicales más representativas para poner en marcha los instrumentos que la Ley 31 de mil novecientos noventa y cinco contempla.

Entendemos también que la Junta de Castilla y León, a lo largo de todos estos años -del noventa y seis y del noventa y siete, de toda la aplicación de la Ley-, y actividades que se van a ir fomentando y se van a ir incrementando en el noventa y ocho, ha desarrollado reuniones con agentes sociales; y que esas reuniones constantes, y en todas las materias -no solo en ésta, pero en este campo- se han plasmado en distintas resoluciones, como por ejemplo, la de siete de julio de mil novecientos noventa y siete, por la que se ordena la publicación del Pacto sobre Derechos de Participación y Representación de los Empleados Públicos en Materia de Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León, y que... en el cual, además, se crean los Comités de Seguridad y Salud que, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito general de la Comunidad, pues, vienen funcionando.

Se ha concretado también, a través de la Orden del once de septiembre, el registro y depósito de las actas de nombramiento de los Delegados de... Prevención -perdón-; con lo cual, este registro de las actas va a cumplir -o esperemos que cumpla- el que se dé publicidad a esos nombramientos efectuados, que se facilite a los mismos cuanta información se pueda recabar de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y, por último, emitir las certificaciones pertinentes que les sean solicitadas por todos los organismos.

Se ha llegado también a un Decreto, el de veintiséis de septiembre, el 190/1997, por el que se regula también el Consejo de Seguridad Laboral de Castilla León, así como las Comisiones Provinciales.

En definitiva, pensamos que la Junta ha estado siempre -y está, por supuesto- en la disposición de crear un marco adecuado, y un marco en el que, por supuesto, se cuenta en todo momento con las representaciones sindicales de la Comunidad; decía, un marco para la ejecución de la política de seguridad y salud laboral, de la que es responsable la Junta de Castilla y León.

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Por todas estas razones, entendemos que las críticas -como decía al principio- que llevan implícitas sobre todo las Propuestas de Resolución, y no quiero hacer alusión a los Antecedentes, en los que habla que la poca dotación presupuestaria, sin duda, se ha traducido en la elevada tasa de accidentabilidad... laboral -perdón-, pues, en fin, pensamos que esa búsqueda de responsabilidades por parte de la Junta está fuera de lugar. Como decía antes, todos queremos avanzar en lo que es materia de seguridad laboral; pero pensamos que la actividad que viene desarrollando la Dirección General es la adecuada, que el camino marcado es el adecuado y que se seguirá avanzando en esta materia en la medida de lo posible. Y, por tanto, vamos a rechazar la Propuesta de Resolución del Grupo Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Cot. En turno de réplica, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Vamos a ver, señor Cot. Hombre, yo he sido Parlamentario durante trece años en una Cámara en la que tenía que defender a... bueno, a mi Gobierno; los primeros cuatro años defendía a mis Gobiernos en dos Cámaras. Y, en este sentido, yo comprendo muy bien la intervención que acaba de hacer Su Señoría, porque yo, en alguna ocasión, la he tenido que hacer igual. Y, además, como el papel lo aguanta todo, pues las cosas se dicen y... bueno, pues parece que, pues, uno argumenta, y siempre hay parte de razón en lo que se dice; y hay que considerar que todo es discutible. Pero yo le animaría a Su Señoría -con el que siempre he discutido en buena lid, en asuntos parlamentarios, y con el que mantengo un nivel de colaboración y de afecto personal- a que no asumiera algunos papeles, porque son comprometidos; porque, a fin de cuentas, aquí hay un Diario de Sesiones, las cosas quedan publicadas y lo que se dice... en fin, a veces, pues es que no se corresponde demasiado con la realidad, señor Cot.

Y, mire, en este tema, yo le puedo aceptar que usted me diga todo, pero no me... pero que usted me venga aquí a cuestionar que es necesario acelerar la puesta en marcha de las actuaciones previstas en la ley es que es algo -perdóneme, señor Cot- que no lo discute nadie; ni siquiera el propio Director General de Trabajo de esta Comunidad Autónoma. Porque usted me empieza por argumentar que hay 900.000.000 de pesetas en los Presupuestos de la Comunidad; dice usted bien a medias: hay 900.000.000 de pesetas en los Presupuestos de la Comunidad, y en particular de la Consejería, no de la Dirección General de Trabajo; porque las partidas más importantes están en la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Y está muy bien, porque, evidentemente, es un sector con una elevada tasa de accidentalidad laboral.

Hasta este año, hasta este año, las partidas que había que en Trabajo eran menores que las que había en Minas, y este año hay un cierto reequilibrio; porque, claro, accidentes de trabajo, por desgracia, se producen en todos los sectores laborales, y en muchos casos son luctuosos; vamos, no en muchos, pero en algunos casos son luctuosos. Y en esta ocasión aparecen ya partidas donde antes no las había. La partida de 115.000.000 de pesetas a la que se hace referencia en la Proposición, el año pasado, el año noventa y siete, era de 3.000.000. Y, desde luego, señor Cot, coincidirá usted conmigo en que o los 115.000.000 son un despilfarro -que no parece que sea el caso, porque, como usted bien dice en este tema, todos podemos pedir más-, o los 3.000.000 del año pasado eran una burla.

Pero, al margen de la consignación presupuestaria, me argumenta usted con visitas. Mire usted, señor Cot, las visitas de la Inspección de Trabajo, de los inspectores y de los controladores de trabajo, a los centros laborales de nuestra Comunidad Autónoma son las que son. Y si el año noventa y siete fueron siete mil, mire, me juego con usted una cena a que el año noventa y seis fueron siete mil; porque se está haciendo en el año noventa y siete lo mismo que se hizo en el año noventa y seis y en el año noventa y cinco; el problema es que no teníamos entonces aprobada una Ley de Prevención de Riesgos Laborales... bueno, el año noventa y seis ya estaba. No se está haciendo nada nuevo.

Y le voy a poner a usted algunos ejemplos, porque usted ha dado algunos datos, para significarle, pues, hasta qué punto es necesario acelerar la puesta en marcha de la Ley. La Ley preveía que algunas empresas determinadas, las que se correspondían con sectores de riesgo concretos, elaboraran planes específicos de prevención de riesgos laborales. ¿Sabe usted cuántas empresas de Castilla y León tienen que elaborar un plan? Usted no lo sabe, y es miembro del partido que apoya a la Junta de Castilla y León; pero yo tampoco; pero es que tampoco lo sabe la Junta de Castilla y León, porque no está cerrado el censo de las empresas que tienen que elaborar los planes, es que no está cerrado. ¿Y esto hay que acelerarlo o no hay que acelerarlo? Pero sin saber cuántas empresas lo tienen que hacer -que van a ser, aproximadamente, a lo mejor, del entorno de cuatro o cinco mil empresas; ésa puede ser la estimación más fiable-, ¿sabe usted cuántos se han puesto en marcha hasta la práctica? Pues usted no lo sabe, pero yo tampoco, y tampoco lo sabe la Junta de Castilla y León; por la sencilla razón de que son muy escasos, porque se han elaborado los planes que preveía la Ley.

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Pero la Ley no preveía únicamente la elaboración de planes, preveía una serie compleja de sistemas: comités de seguridad en las empresas; en empresas menores, agentes de seguridad; la creación de servicios externos en determinados supuestos; la formación... la acreditación por parte de la Administración competente -en este caso de la Junta de Castilla y León- de empresas que pudieran formar a esos agentes de prevención de riesgos laborales; a empresas que pudieran realizar auditorías de riesgo laboral y de salud laboral. ¿Sabe usted cuántas auditorías se han hecho en Castilla y León? Si es que no se han hecho, señor Cot. ¿Sabe usted cuántos servicios externos se han acreditado por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? Escasísimos, en materia de salud laboral, ya muy concretamente. ¿Sabe usted cuántas empresas de Castilla y León pueden expedir certificados o formar personal para estos servicios de salud y seguridad laboral? Pues en una contestación que me... lógicamente, me envió el señor Consejero hace cuatro meses, me decía: "Se han presentado tres solicitudes, y las tres han sido desestimadas". O sea, en estos momentos, a no ser que se haya autorizado alguna nueva en los últimos cuatro meses, no hay ninguna autorizada en Castilla y León.

Y usted me dice: "¡Hombre!, la Dirección General de Trabajo está trabajando bien y está trabajando en la buena dirección". ¡Hombre!, sólo faltaba que estuviera trabajando en la mala dirección, sólo faltaba eso. Yo no voy a discutir la buena fe de la Dirección General de Trabajo ni de los Servicios de la Consejería; sería iluso. Pero también dígame usted, señor Cot, ¿qué tipo de argumento es ése? ¡Hombre!, hay una gente que está cobrando un sueldo por hacer su trabajo. Y me dice usted: "Están haciendo su trabajo". Claro, sólo faltaba que no lo hicieran. El problema es: ¿lo están haciendo a un ritmo suficiente? No. Porque no tenemos censos de qué actuaciones debemos realizar, porque sabemos únicamente que las actuaciones que se están realizando son muy escasas y porque, por desgracia -y no voy a utilizar ese argumento, pero créame que lo podría utilizar con ejemplos concretos-, cuando se produce algún hecho luctuoso, descubrimos que hay alguna empresa que tenía que tener elaborado su plan y no lo tenía; o descubrimos que hay determinada empresa que tenía que tener puesto en marcha un comité de seguridad y no lo había puesto en marcha; o descubrimos que ahí tenía que haber un agente de salud y prevención de riesgos laborales que no existía; o descubrimos que no estaba formado; o descubrimos que estaba indebidamente o inadecuadamente realizada la auditoría de seguridad, que en muchos casos ni se ha hecho, ni se va a hacer, ni se tiene previsión en cuenta de hacerlo.

Y, ¡hombre!, las visitas de los inspectores de trabajo, de los controladores y de los funcionarios de la Junta, ¿qué les dicen a las empresas? Que lo hagan. Pero es que ése es su trabajo. El problema es: ¿en cuántos de estos ejemplos, en cuántas de estas empresas, en cuántos de estos supuestos, hemos conseguido que eso se ponga en marcha? Y usted sobre eso no tiene datos; pero no tiene datos porque no les hay.

Y me dice usted, en cuanto al punto tercero, que, hombre, que la Junta de Castilla y León mantiene con las centrales sindicales, pues, contactos frecuentes -naturalmente- sobre este tema y sobre muchos otros, y que, en este sentido, no es necesario decirle a la Junta que llegue a acuerdos. Pues sí es necesario decirle a la Junta que llegue a acuerdos, porque, de manera concertada, los dos sindicatos representativos de trabajadores de esta Región han puesto en marcha en el primer trimestre de este año una campaña para denunciar que no se está aplicando en Castilla y León la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Y yo he tenido la ocasión de participar, por ejemplo, en una mesa redonda con representantes de la UGT, de Comisiones, de la Administración Autonómica y de la Federación de Empresarios de Burgos -de la CEOE de Burgos, la Federación Autónoma de Empresarios-, en donde se hablaba de cómo estaba puesta en marcha la Ley; y todos los que estábamos en esa mesa redonda éramos coincidentes en el sentido de que la Ley se estaba poniendo en marcha de manera muy lenta, hasta el propio representante de la Administración Autonómica, y, desde luego, el representante de la CEOE, con el que nosotros también hemos mantenido contactos, y que son conscientes de que tienen problemas para poner en marcha la Ley. Si es que aquí todo el mundo es consciente de que ésta es una Ley complicada, y que hay que ponerla en marcha, y que hay que poner a trabajar a la Administración, y la maquinaria de las empresas; que hay que hacer cosas nuevas que hasta ahora no se había hecho, y que esto es una tarea pendiente; y que esto se viene haciendo a un ritmo muy lento y que hay que acelerarlo. Pero cuando digo todos, digo todos.

Y si usted me dice: "Pues ustedes tienen razón, pero la Junta ya lo está... en fin, la Junta ya está trabajando en esta dirección, y entonces la Proposición sobra", yo esto lo podría entender. Pero que me diga usted que no es necesario acelerar la puesta en marcha de la Ley, no lo entiendo: no lo entiendo, señor Cot. Porque los empresarios, los sindicatos de trabajadores, los empleadores en concreto, los funcionarios de la Administración Autonómica y los propios altos cargos de la Consejería, saben que la Ley se está poniendo en marcha de manera muy lenta.

Y en cuanto al acuerdo con las centrales sindicales, no le hay, señor Cot, y es necesario que lo haya, entre la Junta y las centrales sindicales. Y lo han dicho los sindicatos. Yo no hago aquí de portavoz de los sindicatos, pero es evidente que falta ese acuerdo, y que el acuerdo sería conveniente.

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Y, entonces, como la Proposición está redactada en unos términos tales que no les impone a ustedes ese tipo de corsés de los que ustedes huyen -razonablemente, porque son partido de Gobierno-, de marcar plazos, de marcar módulos, de marcar indicadores, sino simplemente se dice que se acelere, que vaya más deprisa y que se llegue a un acuerdo -el que sea, pero que se llegue a un acuerdo-, y usted me viene diciendo que no hace falta el acuerdo y que el ritmo está muy bien... Pues yo le digo que usted, o no sabe lo que está pasando en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o lo sabe pero no quiere reconocerlo. Porque esto es el abecé. O sea, yo le animo, de verdad, a que hable usted con algún delegado sindical de cualquiera de las empresas de la Comunidad Autónoma y le pregunte por los apartados del Decreto y de la Ley; y le pregunte si en su empresa se han hecho auditorías de seguridad, o planes de prevención, o si hay agentes. Y usted descubrirá, pues, que, según las estimaciones de los sindicatos, en el 5% de las empresas se han puesto en marcha los instrumentos de los que se prevé en la Ley, en cuanto a agentes y comités; en cuanto a planes, auditorías y sistemas de prevención, etcétera, prácticamente nada.

Y como estamos hablando de una materia delicada, porque parece que aquí, pues, queremos convertir en munición parlamentaria lo que debería ser un objeto de acuerdo, pues mire, le digo la verdad, es que... busquen ustedes una manera de que en el Parlamento podamos discutir de estas cuestiones con un mínimo de... en fin, de posibilidades de llegar a algún acuerdo. Si ustedes se comprometen a aceptar que haya en esta Comisión de Industria comparecencias de los representantes de las centrales sindicales, de la CEOE y de la Administración Autonómica, para hablar de cómo se está aplicando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León, nosotros retiramos la Proposición, porque nos parecería un bochorno para esta Cámara que saliera rechazada esta Proposición. Porque lo que dice la Proposición es algo en lo que todos deberíamos estar de acuerdo, señor Cot. Y piense que, de verdad, que se lo digo como lo siento; yo no sé si estoy acertado, o si tengo razón o no, pero se lo digo como lo siento. O sea, en otras proposiciones, evidentemente, podemos estar en desacuerdo; pero en este tema, y tal como está redactada la Proposición, me sorprende muchísimo el desacuerdo, y me sorprende muchísimo que usted haga... -aunque sea con referencias un poco vagas a que siempre es mejor, y siempre se puede pedir algo más, y que todos queremos más, etcétera, etcétera-, que usted haga una crítica a lo que dice la Propuesta, porque la Propuesta es absolutamente moderada.

Y por terminar, señor Cot, éste no es un tema en el que todos queramos más. Si nosotros lo que queremos es que la Ley se cumpla. ¡Qué cosa más mínima que, en un Estado de Derecho, pretender que las leyes se cumplan! Y esto no es una ley declarativa de derechos, no es una cuestión de decir: "queremos que todo el mundo tenga una vivienda", que esto tiene problemas económicos; aquí estamos hablando de una Ley que define unos instrumentos que deben existir, y que no existen; y queremos que esos instrumentos existan, y que se pongan en marcha. ¿Y cuál es la responsabilidad de la Administración? Pues no es toda. Los agentes sociales tienen su responsabilidad, pero la Administración tiene la responsabilidad; y entre sus funciones está la de hacer cumplir la ley. Y lo está haciendo a un ritmo, pues, muy lento. Y como la propia Administración lo reconoce, pues no sé yo por qué ustedes, siendo más papistas que el Papa, siendo más papistas que el Papa, asumen en esta tarde la desagradable misión de decir que esta Proposición es innecesaria, cuando existe un auténtico clamor en el sentido de que la situación actual es manifiestamente mejorable; y, desde luego, el ritmo al que se está corrigiendo es absolutamente lento.

Pero, en fin, ¡qué le vamos a hacer! Yo ya no sé qué decirle. Imagino que el voto está ya decidido. Pero, no obstante -porque, sinceramente, no saco yo nada en limpio consiguiendo que ustedes voten en contra de lo que dice la Proposición-, si ustedes están de acuerdo en que comparezcan los agentes sociales y nos cuenten aquí cómo se está aplicando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la retiramos, nos pasamos el bochorno de rechazar esto, y discutimos; y, a lo mejor, cuando vengan aquí Comisiones, UGT, la CECALE y la propia Administración Autonómica, pues podemos llegar a fórmulas de entendimiento que nos permitan el buscar alguna solución a estos problemas. Porque, de lo contrario, yo creo que con meros triunfalismos no vamos a ninguna parte.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. En turno de dúplica, señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Por si me he expresado mal respecto a lo que es el primer punto de la Propuesta de Resolución, pues yo creo que en mis palabras... y bueno, me he defendido con las visitas, con las actividades que se desarrollan por parte de la Junta de Castilla y León y de la Dirección General, pues es que son las que son, efectivamente.

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Y yo al señor Granado le invito cuando quiera a una cena, y hablamos de esto y de lo que quiera; no nos la tenemos que jugar; o sea, posiblemente no hace falta que nos la apostemos con los datos referidos al año pasado ni a los que puedan venir en el noventa y ocho. Lo que pasa es que el señor Granado ha reconocido la dificultad de la aplicación de la Ley, lo delicado de la materia, las dificultades que se encuentran a cada paso -la propia Dirección General- para la aplicación de la Ley 3/95, y muchas veces, pues, las propias actividades de las empresas y de todo lo que es el mundo económico, que pone... pues que pone trabajas a lo que es lo que todos desearíamos, que es la aplicación rigurosa de la Ley en lo más amplio para perseguir lo que se persigue: que no se produzcan hechos luctuosos; a los que usted ha hecho referencia, y le agradezco que no se argumente... otras veces sí se ha rozado la argumentación de hechos luctuosos para echar culpas... en fin, para echar culpas al empedrado o a quien primero se encuentre, a quien primero se encuentre. Como dicen los italianos "chiove porco governo", pues, le agradezco que nos lo argumente.

¿Y qué pasaría si no se realizasen las visitas que se realizan? ¿Y qué pasaría si no se realizan todos los cursos, las actividades de la Junta en lo que es su obligación, estamos de acuerdo, y en lo que es obligación de los funcionarios, que para eso están y para eso cobran, como usted bien ha dicho? Pues que sería mucho mayor la incidencia de la siniestralidad en el mundo laboral, indudablemente.

Lo que yo le digo es que el ritmo de aceleración -y eso yo creo que es algo totalmente subjetivo- que se le puede dar a la aplicación o no aplicación de la Ley, con todas las carencias que se puedan reconocer, desde nuestro punto de vista, es el adecuado. Que con los medios y las capacidades que hay y con los esfuerzos presupuestarios que se realizan y que se han realizado este año -y me alegra que usted así lo reconozca-, pues, consideramos que es suficiente el ritmo de aceleración. O sea, yo no he dicho que no haga... que no haya que cumplir la Ley, ni que no se tenga que llegar a la consecuencia de su aplicación íntegra. Es un criterio meramente de valoración en cuanto a esa aceleración que se produce o no se produce en las actuaciones previstas por la Ley.

Respecto al acuerdo con las centrales sindicales, pues le vuelvo a decir lo mismo. Yo le he puesto ejemplos concretos de lo que son acuerdos parciales que se traducen en acciones normativas de la Junta de Castilla y León. Y usted, creo que en su primera intervención, respecto a este punto, reconoció que algo se ha hecho. Pues volvemos a lo mismo: una valoración subjetiva de que si es excesivamente poco o es suficiente o lo posible, lo que se está haciendo. Nosotros estamos en esa valoración de lo posible, con la limitación de recursos, insisto, con los que cuenta cualquier Administración. Usted pide más, nosotros comprendemos esa solicitud, creemos que la Junta de Castilla y León, ¿cómo no?, está también en esa disposición; pero no nos parece adecuado lo que consideramos una crítica implícita a través de la Propuesta de Resolución de la actividad de la Junta. Y ése es el motivo por el que le rechazamos.

Usted empezó su intervención hablando de sus trece años de parlamentario, yo llevo... pues, tres y medio, y en un Parlamento como éste, en un Parlamento mucho más modesto y mucho más pequeño al que usted está acostumbrado; indudablemente, pues, no voy a poder llegar a su brillantez oratoria, me parece que en eso le reconozco su magnífica argumentación, en lo que son sus criterios. Pero, desde luego, lo que usted ha reconocido de que usted ha tenido que hacer el papel que yo estoy haciendo, mire, en eso no estamos de acuerdo. Yo digo lo que digo porque en estos momentos estoy convencido y le expongo mis argumentos, palabra de honor; y en ese ánimo que usted ha reconocido y que yo se lo digo a la recíproca, en ese mejor de los ánimos le digo que yo también, de lo que hablo, y lo que le pongo de manifiesto en esta Comisión, estoy plenamente convencido. Y le vuelvo a insistir en lo que son razones subjetivas respecto a la velocidad de la aplicación de la Ley 3/1995 y en lo que son, o deberían ser en su opinión, relaciones y consultas con las centrales sindicales. Y, por eso, mantenemos nuestro voto en contra, a pesar de estar de acuerdo, porque no puede ser de otra manera, con muchos de los argumentos que usted ha expuesto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Cot. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, decía el Portavoz del Grupo Popular... yo creo que se le ha escapado la expresión, no quería decir eso, dice que "todos queremos más"; yo creo, señor Cot, que en este tema, con que sólo hubiera un accidente, efectivamente, todos quisiéramos más, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de invalideces de muchos miles de trabajadores y estamos hablando de muchos miles de millones de pérdidas que tienen su influencia en la economía de la Comunidad. Por tanto, efectivamente, todos queremos más, y más y más, como la canción.

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Y en una situación de la Comunidad, que este debate lo hemos tenido largo y tendido en muchas ocasiones, en esta Comisión, incluso en Plenos, en una Comunidad donde los accidentes están creciendo, a pesar de que se dice que la Ley de Riesgos Laborales se está aplicando, pero lo cierto es que en el año noventa y siete hubo un 10% más de accidentes que en el año noventa y seis, concretamente, cuatro mil quinientos accidentes más que en el año noventa y seis. Y accidentes mortales se han incrementado en un 15%, con respecto al noventa y seis. En el noventa y siete perdieron la vida setenta y cinco trabajadores y en el noventa y seis sesenta y cinco. Es decir, que estamos incrementando el número de accidentes a nivel general. Ésas son las estadísticas y éstos son datos de la propia Junta. Por tanto, muy bien no estamos aplicando la Ley. Pero es que es más: desde mil novecientos noventa y cinco, que asume las competencias la Junta, ¿cuándo empieza a poner en marcha los mecanismos de la Ley de Prevención Laboral? En junio se habla de constituir el famoso Consejo Regional de Salud Laboral, hasta diciembre del noventa y siete no se pone en marcha... bueno, no se pone en marcha no, no se constituye. No significa que esté puesto en marcha, porque se ha constituido el veintinueve de diciembre, un día después de los Santos Inocentes se constituye el Consejo Regional de Salud Laboral. Y las Delegaciones Territoriales, las Comisiones Territoriales algunas todavía no están funcionando. Y entérese, porque hay dos provincias en concreto donde no se han constituido todavía las Comisiones de Seguridad, o las Comisiones Territoriales.

Por tanto, en la primera propuesta de la Propuesta de Resolución: "acelerar la puesta en marcha de las actuaciones de la Ley 31/95", es totalmente correcto, porque la Ley todavía no está aplicándose en todos sus contenidos.

Y, es más, la Ley tiene unas limitaciones perniciosas, porque establece que solamente se podrá constituir o se podrá nombrar un Delegado de Prevención de Salud Laboral en aquellas empresas que tengan seis trabajadores, y ésa es una limitación perniciosa porque hay sitios donde no se puede constituir la figura del Delegado de Prevención. Y ésa es una de las medidas que la Junta tiene que estudiar; de qué forma, de qué manera hay que garantizar en esas empresas que no pueden tener un Delegado de Prevención el que se tenga; si no como dice la Ley, con otra fórmula parecida, eso sí, negociando con las centrales sindicales o con las propias empresas.

Pero, los datos, fíjese: de ciento veintidós mil empresas aproximadamente que hay en la Comunidad -le voy a dar los datos-, ochenta y dos mil empresas tienen un trabajador o ninguno. Por lo tanto, en ochenta y dos mil empresas no se puede constituir el Delegado de Prevención. No estamos hablando de una ni de dos, estamos hablando de ochenta y dos mil empresas. No... es que esto es tarea para la Junta. Treinta y dos mil empresas tienen menos de tres empleados. Por lo tanto, treinta y dos mil empresas donde no se puede constituir la figura del Delegado de Prevención. Y ocho mil que cuentan con más de seis trabajadores; y, de estas ocho mil, solamente en quinientas se pueden constituir comités. Con lo cual significa que con estos datos, con esta infraestructura industrial que tenemos, con este, digamos, con este número de empresas que tenemos en la Comunidad, solamente el 80% de las empresas de la Comunidad se quedan fuera de la posibilidad de poder nombrar un Delegado de Prevención.

Poner en marcha la Ley significa no decir: "vamos a aplicar taxativamente la Ley, que se nombre, por ejemplo, Delegado de Prevención en aquellas empresas que cuenten seis trabajadores". Oiga, pero es que el 80% de las empresas de Castilla y León se quedan fuera; lo lógico es que para poner en marcha la Ley y para prevenir los accidentes habrá que arbitrar fórmulas que cojan medidas concretas para estas empresas que, por la Ley, van a quedar fuera. Por lo tanto, no solamente se trata de aplicar la Ley sino de, además, arbitrar medidas para garantizar la seguridad laboral en aquellas empresas que escapan al propio control de la aplicación de la Ley. Eso no se está haciendo. Porque nadie sabe cómo abordar ese tema. Ni siquiera el Consejo Regional de Salud Laboral, porque, claro, se constituye en diciembre; prácticamente, se habrá reunido una vez, cuando se constituyó, y otra vez para hacer un orden del día mínimo, por lo tanto, ni siquiera el propio Consejo Regional tiene las ideas claras de cuáles son las medidas a aplicar. Por lo tanto, fíjese si hay tarea que hacer.

Y cuando se dice: "acelerar la puesta en marcha", yo doy por supuesto que se quiere entender todo esto, es decir, en qué situación estamos en la Comunidad de Castilla y León y qué medidas hay que tomar. Y estamos hablando de que Castilla y León está a la cabeza de las Comunidades Autónomas que más accidentes tienen. Estamos en el sexto lugar, con siete mil y pico accidentes, pero si eso lo comparamos con el nivel de población ocupada, posiblemente estaríamos detrás de Cataluña; con lo cual ya es grave que, aparte de desgracia no tener infraestructura industrial, somos prácticamente una de las Comunidades que estamos a la cabeza en el nivel de accidentabilidad. Con lo cual, yo creo que este tema es para tomárselo absolutamente en serio.

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Se habla de las inspecciones, bueno, pues, muy bien, usted dice que se han incrementado en mil el número de inspecciones, pero estamos hablando de todo ese número de empresas. Y había que hablar de cuáles son los medios humanos y técnicos que cuentan las inspecciones en las provincias, en los territorios: que es que los propios inspectores dicen que no hay ni medios económicos, ni medios humanos, ni medios técnicos para abordar lo que debe de ser una verdadera inspección. Y decía el Director General de Trabajo que había que aumentar el 10% de las inspecciones que se estaban haciendo durante el año noventa y siete. Eso lo dijo en enero del noventa y ocho diciendo que había que aumentar durante mil novecientos noventa y ocho el 10% de las inspecciones. Eso es una cantidad todavía insuficiente. Lo cual significa que hay que aumentar las partidas de inversión para aumentar el número de inspectores, los medios económicos y los medios técnicos para que se pueda hacer una verdadera inspección. Se habla de 900.000.000, pero en realidad son 200.000.000; en los Presupuestos están ahí, a la Dirección General de Trabajo son 200.000.000 no son 900.000.000; ésa es la partida específica que la Junta para el año noventa y ocho va a incrementar en el tema de salud laboral. Pero no para las inspecciones, sino también para subvenciones a los empresarios (cosa que este Grupo estamos en contra, porque el empresario tiene la obligación de cumplir la Ley, o sea, el empresario no puede cumplir la Ley en función de si cobra o no cobra una subvención); porque ya se ha apuntado por parte del Director General de Trabajo una cosa que es de juzgado de guardia, que decía aquello de "facilidades fiscales", o sea, encima de ser responsable de los accidentes, le hacemos desgravaciones fiscales. Lo lógico es que los empresarios asuman su propio compromiso en la aplicación de la Ley. Por eso, eso enlaza con el punto tercero, y quizá ha sido un lapsus del Grupo Proponente, de que habla solamente de las centrales sindicales y no incluye a los empresarios. Pero el tercer punto también es válido; es decir, primero, acelerar la aplicación de la Ley, y el tercer punto es: pues, en colaboración con los empresarios y los sindicatos, porque los empresarios tienen tanta responsabilidad como la propia Junta en la aplicación de la propia Ley. Y exigiéndolo a los empresarios, por lo menos que una parte de los beneficios netos que obtienen todos los años lo inviertan en seguridad, cosa que no hacen y, a veces, se niegan.

Por tanto, yo creo que esta Proposición No de Ley es absolutamente válida en los contenidos, es decir, no se puede decir que la Ley se está aplicando cuando ni siquiera... -ya le dije el porcentaje de empresas que hay en la Comunidad-, ni siquiera, efectivamente, de las empresas que tienen realmente posibilidad de hacer un plan de seguridad laboral no lo han hecho. Y nadie sabe de qué manera se van a abordar los cursos de formación para los delegados de prevención. Cosa que es empezar la casa por los cimientos.

Es decir, bueno, tenemos una Ley aprobada desde el año noventa y cinco, hemos tardado dos años en empezar a aplicarla porque han pasado dos años hasta que se constituyó el Consejo Regional de Salud Laboral. Se han constituido las Delegaciones... las Comisiones Territoriales, o sea, que se ha tardado dos años en empezar a aplicar la Ley. Y, todavía no hemos sabido ni se ha hecho todavía un plan concreto de cómo se va a trabajar. Porque el hecho de que se haya constituido el Consejo Regional no significa nada, los sindicatos siguen siendo convidados de piedra, se les informa de cómo está la situación, pero los sindicatos en la Comisión no pintan absolutamente nada, entre otras razones porque no tienen ninguna capacidad ejecutiva para hacer informes vinculantes en cuanto a temas de seguridad en los centros de trabajo. Y, por tanto, con esos datos que yo he dado antes, de que el 80% de las empresas se quedan fuera de la aplicación de la Ley, pues, con eso, no hacemos absolutamente nada.

Por lo tanto, lo que tiene que hacer la Junta es, con la Ley encima de la mesa, estudiar los mecanismos y arbitrar las medidas oportunas para poderla aplicar. Porque, si no, con decir que ya estamos cumpliendo la Ley porque hemos constituido la Comisión Regional de Salud Laboral y, en aquellas empresas donde se puede constituir el Delegado de Prevención, con eso ya cumplimos la Ley, pues yo creo que eso es totalmente erróneo. Y la prueba está en el nivel alto de número de accidentes que se están produciendo en la Comunidad, sin tener tejido industrial y sin tener apenas población. Porque tener el nivel de accidentes que hay en Castilla y León con el nivel de industrias que tenemos es prácticamente estar en segundo lugar después de Cataluña. Y, claro, tampoco nos podemos comparar en cuanto a la infraestructura industrial que tiene Cataluña con la que tiene esta Comunidad.

Por tanto, yo creo que la Proposición del Grupo Socialista es absolutamente válida y es, además, genérica: es simplemente la aplicación taxativa a la Ley, pero profundizando y arbitrando medidas para poderla llevar a la práctica. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Conde. Para cerrar el debate, por el Grupo Proponente, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, simplemente para agradecer al señor Conde la intervención que ha realizado, que yo creo que es perfectamente complementaria de la nuestra. Y, luego, simplemente por hacer algún comentario, ¿no?, de alguna cosa más.

Claro, el decir que cuando se elabora una norma, pues ya con eso está salvada la responsabilidad de Administración... Yo no sé si el señor Cot ha leído con detalle la norma a la que hacía referencia, el Decreto del veintiséis de septiembre del noventa y cinco y del noventa y siete, perdón, de la Consejería de Industria. Pues, entre otras cosas, se fijan unos anexos, se fijan unos sectores en los cuales se deben elaborar planes de prevención. Si de una vez tenemos ya fijados los sectores en donde deben elaborarse los planes de prevención ¿qué pasa?, ¿que con eso ya están hechos los planes de prevención? ¿Qué control hacemos de los planes de prevención? Pues da la puñetera casualidad de que no sabemos todavía en cuántas de esas empresas han elaborado planes de prevención; pero sí que conocemos muchas denuncias sindicales de que no se han elaborado planes de prevención.

Cuando yo le pregunto a la Junta de Castilla y León que me diga cuántos se han elaborado, me dice que los planes de prevención solamente tiene que remitirlos, si lo desea, el empleador a la Administración Autonómica, porque no tiene obligación estricta de remitirlos. Y que, por lo tanto, no sabe cuántos son. Claro, estamos en el mejor de los mundos posibles. O sea, nosotros, con hacer la norma... luego, que la norma no se aplica, que la norma no se cumple, la responsabilidad siempre es de otros. Pero es que al lado de hacer normas, la responsabilidad de la Administración es hacerlas cumplir. Y esto no se está haciendo cumplir.

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Ya les omito a ustedes los datos que ha dado el señor Conde -que yo pensaba dar al final- sobre las reuniones del Consejo, que, desde mi punto de vista, parece que hay otra convocada -yo no sé si es que las discusiones de las Proposiciones de Ley animan a que se reúnan los organismos-, pero que todavía no ha producido ninguna resolución del Consejo Regional o la falta de constitución de las Comisiones en alguna provincia. Y ya no es que falten provincias por constituir; es que en algunas se ha constituido la Comisión Provincial, y después de constituirse, no ha vuelto a hacer nada más. Ha habido una reunión, se ha constituido la Comisión y no ha vuelto a hacer nada más.

En cuanto al... en cuanto a lo del empedrado y tal, de echarle la culpa al empedrado, también el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo no discuto la buena intención de la Administración Autonómica; lo que pasa es que, claro, el número de accidentes laborales se puede incrementar en esta Región este año el 20% y nadie discutirá nunca la buena voluntad de la Administración Autonómica. El problema es que, al lado de la buena voluntad, pues hay algo que se llama eficacia, y eficiencia, y conseguir que se cumplan los objetivos. Y aquí no tenemos todavía objetivos, porque todavía no tenemos ni un mínimo indicador. O sea, el indicador de cómo está mejorando la situación de la salud y de la seguridad laboral en nuestra Comunidad Autónoma no es el número de visitas que hacen los funcionarios. Por desgracia, es el número de accidentes; es el número de problemas; es el número de planes de prevención. Y sobre esto no tenemos indicadores. Y los que tenemos, que son las puras estadísticas de la accidentabilidad, son lamentables -como ya bien ha dicho el señor Conde-.

Y esto ¿cómo se soluciona? Pues, si hacemos caso de la intervención del Portavoz del Partido Popular en esta Comisión, pues al parecer no hay problemas porque los funcionarios hacen su trabajo de ocho a tres o de... cuando les toca, y porque, además, ya tenemos una buena partida presupuestaria (que, por cierto, pues está en el camino del inmovilizado... está, perdón, en la partida del inmovilizado inmaterial: 117.000.000 de pesetas).

Hombre, no es precisamente la publicidad, que es necesaria, la publicación de las normas, etcétera, etcétera, pero no es precisamente la publicidad el instrumento más eficiente. En este sentido, pues a lo mejor alguno podría tener... -y si está en la Oposición uno se le permite ser mal pensado, casi se obliga a uno ser mal pensado estando en la Oposición-, pues el pensar, decir: bueno, a lo mejor lo que quiere la Junta de Castilla y León es simplemente aparecer, una vez más, como que está haciendo algo para resolver un problema sin tomar ninguna medida práctica que ayude a resolverlo. A lo mejor nos pueden llenar ustedes de anuncios los periódicos de la Región diciendo a la gente que tengan cuidado. Y esto es importante, ¿eh?, y esto hay que hacerlo; pero, además, hay que hacer otras cosas.

Y bueno, pues como no... tampoco he visto ninguna referencia concreta al tema de las comparecencias, nosotros las solicitaremos en la Comisión; vamos a pedir que en la Comisión de Industria comparezcan los representantes de los empresarios y de los agentes sociales para que nos cuenten cómo se está aplicando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en Castilla y León. Y mantenemos la Proposición. Y yo, sinceramente, pienso que, si las comparecencias se producen, la descripción unánime que nos van a hacer todos los interlocutores sociales y económicos -estén en el lado del sistema productivo en el que se encuentren- va a desdecir bastante esa visión tan optimista -por no utilizar ninguna palabra que tenga un matiz peyorativo- de la actuación de la Administración que tienen los señores y señoras Procuradores del Grupo Popular.

Yo creo sinceramente que en este tema la Administración de Castilla y León está haciendo poco, lo está haciendo lentamente y, además, el rechazo de esta Proposición me confirma en que, además, están convencidos de que no pueden hacer más; lo cual es lo que más me disgusta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Granado. Terminado el debate, se somete a votación la Proposición No de Ley debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos: catorce. Votos a favor: seis. Votos en contra: ocho. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Quinto punto del Orden del Día. Dése lectura por el señor Secretario al quinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ): "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las gestiones con la empresa MAS TEC sobre mantenimiento de los puestos de trabajo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Para la presentación de la Proposición No de Ley debatida, señora Núñez... ¡Ah, no! Señor Crespo, tiene la palabra.

CRESPO LORENZO

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EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Ya en el transcurso de la Comisión algún miembro de la misma, pues ha aludido a la extrema celeridad con la que en estas Cortes se debaten asuntos que afectan a situaciones concretas que atraviesan ciudadanos, colectivos, entidades, o simplemente personas. Yo creo que no sobra nunca en recordar que la figura de las proposiciones no de ley, además de instar, o de impulsar o de sugerir medidas concretas o acciones de gobierno, muy a menudo también -y creo que ésa es una tarea fundamental que corresponde a los Grupos Parlamentarios y, por supuesto, a través de ellos, a las Cortes Regionales- obedecen esas proposiciones no de ley a atender puntualmente a situaciones que afectan a los derechos, a las condiciones de vida o que simplemente tratan de buscar pronunciamientos oportunos y a tiempo de la máxima institución de representación popular, que son las Cortes Regionales, sobre esas situaciones.

Y, por lo tanto, en este caso, una iniciativa que se presentó allá por el diecisiete de septiembre, en un momento en el cual estas Cortes Regionales estaban visitadas o rodeadas por docenas de trabajadores afectados por una situación novedosa y compleja para ellos, es de lamentar que, una vez más, no hayamos sido capaces de extremar nuestra sensibilidad, de extremar nuestro celo y de aprovechar los resquicios que, desde luego, ofrece el Reglamento por el nos regimos, para haber sido capaces, si no de resolver, sí de atender, sí de debatir, sí de valorar o sí de opinar sobre la situación que afectaba... que afecta a estos trabajadores.

Dicho todo ello, también es cierto que ya las Cortes Regionales adoptaron en mil novecientos noventa y seis una resolución que pretendía anticiparse a lo que ya parecía la crónica de una muerte anunciada. Y por si a alguno le queda alguna duda, nos estamos refiriendo a la situación de la vieja plantilla de SINTEL, Sociedad Anónima, llamada en la actualidad MAS TEC, y que era una empresa auxiliar de Telefónica dedicada a la conservación, mantenimiento, etcétera, de la infraestructura de Telefónica. Y ya por... en el año mil novecientos noventa y seis se adoptaba por estas Cortes Regionales una Propuesta de Resolución que literalmente decía que "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a realizar las gestiones oportunas ante el Gobierno de la Nación en relación a la privatización de la empresa SINTEL, Sociedad Anónima, de forma que se garantice a sus trabajadores la información necesaria sobre todo el proceso de privatización y, de forma especial, sobre su venta al Grupo MAS TEC y sobre plan de viabilidad de la empresa, con el fin de que puedan negociar un convenio justo sin la incertidumbre actual sobre el futuro de sus puestos de trabajo".

Esta Resolución conviene recordar, por si alguien tiene alguna duda, que fue aprobada por absoluta unanimidad en estas Cortes Regionales. Conviene insistir también que obviamente en estas Cortes no se aprueba nada que la mayoría del Grupo Popular no quiere que se apruebe.

Bueno, pues de esa Propuesta de Resolución, o las consecuencias derivadas de esa Propuesta de Resolución nunca más se conocieron; nunca se conocieron en estas Cortes cuáles habían sido esas gestiones concretas, cuál había sido el resultado de las mismas, qué consecuencia se podían derivar o qué aportaciones se habían hecho desde el Gobierno Regional ante el Gobierno de la Nación para influir en ese proceso de privatización; en definitiva, cómo se había materializado en el terreno de lo concreto una iniciativa no legislativa aprobada por unanimidad por estas Cortes Regionales.

Y tan es así que no se hizo nada, que no se dio a conocer, obviamente, que no se ha había hecho nada, que con posterioridad nos encontramos ante el hecho consumado de que la privatización de SINTEL, que -como todo el mundo sabe o debería saber en Castilla y León- comprendía una plantilla madura ya en edad, que afectaba a cuatrocientos cincuenta trabajadores, pues se encontraron con la existencia de un expediente de despido que afectaba en el conjunto del Estado a mil cuatrocientos once trabajadores, obviamente, en un porcentaje muy importante a esos cuatrocientos cincuenta trabajadores que procedían de nuestra Comunidad Autónoma.

Insisto en que esos trabajadores nos hicieron llegar a todos su preocupación, nos hicieron llegar a todos su inquietud. Se manifestaron ante estas Cortes. Creo que todos los Grupos Parlamentarios nos hicimos o encontramos un hueco para atender su reivindicación, para lamentar con ellos una situación que se avecinaba complicada y que era de suponer entonces que todos habíamos adquirido una sensibilidad en torno al problema que a estos trabajadores se les avecinaba.

Lo cierto es que eso no se materializó en una agilidad en el debate de esta iniciativa o de otras que otros Grupos pudieran presentar. Y vaya por delante que en este asunto desde el Grupo Parlamentario Socialista lo que más desearíamos es alcanzar un acuerdo por el cual estas Cortes Regionales de forma unánime se manifestaran a favor de garantizar, de preservar o de proteger los derechos de los trabajadores afectados por esa privatización y por la reconversión implícita que la misma conllevaba.

En cualquier caso, la situación está como está: nunca más se ha vuelto a saber en estas Cortes Regionales qué fue de este asunto, qué fue de las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León, ni qué contactos se han mantenido con la empresa, ni cómo o de qué forma se ha contribuido desde la Administración Regional a preservar los derechos de estos trabajadores, a evitar la producción de despidos o a, simplemente, posibilitar la plena información de los contactos que se mantuvieran con la representación laboral.

Yo me temo que llegamos tarde, que las Cortes de la Castilla y León llegan tarde a la hora de echar una mano a un colectivo de trabajadores; me temo que, una vez más, la Institución Regional haya tomado innecesariamente distancia de una problemática social y de una inquietud que afectaba a conciudadanos nuestros. Y si me apuran mucho ustedes, pues la Propuesta de Resolución incluso yo sería capaz sobre la marcha de transformarla en una pregunta, si desde el Grupo Popular se está en condiciones de responder.

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Y la pregunta sería la siguiente: ¿ha hecho algo el Gobierno Regional que evitara los riegos que un colectivo importante de trabajadores afectados por un proceso de privatización, sin conocimiento de ese proceso de privatización, sin conocimiento de las características de ese proceso de privatización y sin conocimiento de cómo iba a afectar a su situación laboral y a sus derechos, se ha llevado a cabo?

Si desde el Grupo Popular se está en condiciones de responder que se ha hecho todo lo posible, que se ha mantenido informada a la plantilla, que se han hecho gestiones con la empresa y con la Administración del Estado, tengan ustedes la certeza que desde el Grupo Parlamentario Socialista no tendríamos ningún obstáculo en retirar esta Proposición No de Ley. Pero como... si eso hubiera sido así, pues estamos convencidos que ya el Gobierno Regional se habría encargado muy mucho de divulgar urbi et orbi todos los esfuerzos que había hecho para preservar los derechos de esos trabajadores, pues nos lleva a mantener esta iniciativa con el fin de que, aunque -retomando el argumento inicial- lleguemos tarde, quede claro que estas Cortes Regionales y el Gobierno Regional podrían y deberían hacer más y comprometerse más con aquellos colectivos de trabajadores que pueden ver afectados sus derechos y su modo de vida como consecuencia de procesos como el que SINTEL ha vivido. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Sí, por el Grupo Parlamentario Popular, señora Díez Pastor.

DÍEZ PASTOR

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: Gracias, señor Presidente. Bueno, en el buen entendimiento que hay esta tarde en esta Sesión, el Grupo Popular sí que tenía pensado pedir al Grupo Socialista la retirada de esta Proposición No de Ley, porque en este momento no tiene... no tiene mucho sentido, lo pudo tener en el momento que se presentó.

Yo no voy a entrar si las Cortes llegan tarde o no llegan tarde. Pero, por resumir un poco, desde el uno de abril de mil novecientos noventa y seis en el que la empresa SINTEL entra en crisis aguda -digamos-, porque el Grupo de Telefónica decide su venta y los trabajadores se preocupan, la Junta de Castilla y León se reúne; según tengo entendido, el Consejero de Industria, Comercio y Turismo se reunió en estas mismas Cortes con ellos, con los trabajadores; ellos le transmitieron su preocupación por el mantenimiento de sus puestos de trabajo, por el futuro de la empresa. El Consejero, como es lógico en el ejercicio de su responsabilidad, recogió ese... esa preocupación.

Y si es cierto que la Proposición No de Ley la transforma en la pregunta, le digo que sí... sí ha hecho la Junta todo lo necesario. Y la prueba está en el resultado de... o sea, tal y como están hechos... los hechos hoy en día.

El Consejero me consta que escribió varias cartas, tanto al Ministerio de Fomento como al Ministerio de Industria y Energía; me consta también que le han sido contestadas las cartas. También que ha escrito... dice que si ha tenido contactos con la empresa de MAS TEC. Pues, efectivamente, también los ha tenido; también ha escrito... ha tenido contactos con el grupo de Telefónica. Le ha exigido... le ha transmitido no solamente la preocupación, le ha exigido información de todos los... de todas las medidas que pensaba actuar o tomar esta empresa.

Esta empresa tampoco abandonaba al Grupo... a SINTEL así, a la buena de Dios, sino que estableció en el contrato de compraventa un compromiso de garantía, de manera que no se pudiera vender antes de un determinado plazo -antes de diciembre del noventa y ocho-. Telefónica también se compromete... se comprometió a dar una serie de obras y de instalaciones a SINTEL para mantenerla, o sea, para que fuera viable económicamente y empresarialmente en el futuro. Y en todo esto ha estado presente siempre la Junta de Castilla y León.

Yo no sé si esta Comisión se tenía que haber reunido antes o no, o tenía que haber dado paso a esta Proposición No de Ley antes o no, pero lo cierto es que en la tarde ayer, en otra Comisión, se estuvieran celebrando cumpleaños de varias proposiciones no de ley de todos los Grupos -no sólo del Grupo Socialista, sino también del Grupo Popular-; y se celebraron cumpleaños, que había transcurrido un año; en ésta no ha transcurrido un año. Pero supongo que será debido al trabajo de las Cortes y al volumen de proposiciones no de ley que se presentan.

A pesar de haber mantenido estos contactos y esta preocupación, dice que la Junta hubiera salido rápidamente a contar lo que estaba haciendo. Pues no, porque la Junta... o por lo menos los responsables de la Junta están gobernando y no pueden estar todos los días diciendo todo lo que hacen; no tienen tiempo de dar tanta publicidad.

Tampoco afecta a los cuatrocientos cincuenta trabajadores que dicen, porque no eran cuatrocientos cincuenta, sino solamente cuatrocientos; de los cuales estaban afectados del despido ciento sesenta y nueve sólo.

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Y digo que la prueba mejor, o la respuesta mejor a la pregunta que ha hecho son los hechos tal y como están actualmente, porque esta Proposición No de Ley, pues no tiene sentido, ya que no se puede votar, porque el expediente de despido no existe ya. Se lo digo al señor Proponente. El señor... O sea, el expediente de despido no existe ya; entonces, como no existe, pues no se puede votar esto. Es verdad que se han ..... los derechos, por lo tanto, de los trabajadores y es verdad que no se va a producir ningún despido; no se ha producido en SINTEL ningún despido; no se está produciendo y no se va a producir en el futuro. Se han mantenido, por ello, los... se han respetado, por lo tanto, los derechos de los trabajadores. Y, en consecuencia, esta Proposición No de Ley, pues, no tiene sentido en el día de hoy.

Con posterioridad a esto, ha presentado la empresa un expediente de suspensión -que es distinto-, de suspensión temporal. Y, por lo que se refiere a esto, la Junta no solamente ha mantenido contactos con los trabajadores, con las distintas empresas y con los ministerios, sino que, además, ha dado, en el ejercicio de su competencia, un informe negativo a esto, al despido de los ciento sesenta y nueve trabajadores que prestaban servicios en esta Comunidad Autónoma. El informe le dio desfavorable, en el sentido de que no procedían... o no estaba suficientemente justificada la relación causa efecto que proponía la empresa de SINTEL respeto a las causas económicas, organizativas y productivas que alegaba, el despido de los ciento sesenta y nueve. Da un informe desfavorable, que es lo que puede hacer, porque no tiene la competencia para hacer nada más. La competencia la tiene la... o sea, el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales; y en este procedimiento administrativo de regulación de empleo lo único que hace es pedir informe a las distintas Comunidades, y esta Comunidad le da desfavorable, que es lo único que puede hacer. Se acepta, y la propia empresa pide el archivo... vamos, pide exactamente el desestimiento del procedimiento de regulación de empleo. Se archiva sin ningún problema, y los trabajadores están ahí.

Por eso, si la pregunta... o sea, si la Proposición la transforma en una pregunta, no sé si le habré contestado lo suficientemente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señora Díez. En turno de réplica, señor Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. ¡Hombre!, que usted ha intentado responderme, pues es evidente; que tampoco es muy habitual que desde el Grupo Popular se molesten en responder, porque simplemente con decir que no o que ya están en ello, pues es una costumbre inveterada ya en estas Cortes Regionales.

Pero, claro, yo no me conformo que, como consecuencia de un proceso de enajenación o de privatización, la mitad de una plantilla se quede en la calle. Y eso yo creo que ustedes tampoco debieran asumirlo, yo creo que eso ustedes tampoco debieran aceptarlo.

¡Hombre!, que la conclusión de las actuaciones del Gobierno Regional sea escribir una carta, o manifestar una queja, o expresar una oposición ante quien va a proceder a esa regulación de plantillas, manifestando su opinión contraria, eso casi era más esperable, incluso, desde un partido político o desde un grupo de oposición. El problema que tienen ustedes -y cada vez se convierte más en problema- es que cuando ustedes manifiestan o debieran manifestar opiniones de esas características, lo hacen desde una opción de Gobierno, lo hacen desde la representación de una Administración Regional. Y yo no me creo, yo no me creo que con una posición comprometida con trabajadores de la Comunidad Autónoma, un Gobierno Regional que expresa su rechazo a un Plan de Reconversión, la empresa afectada por ese Plan de Reconversión, con el rechazo manifestado... manifiesto expresado por un Gobierno Regional, se mantenga estrictamente en los términos en los cuales ese proceso de reconversión o de regulación de plantilla estaba planteado inicialmente.

Y, entonces, usted acaba de confesar aquí que todos los supuestos esfuerzos desarrollados por parte de la Junta de Castilla y León no han conseguido mover ni un ápice el programa que tenía establecido la empresa que se hace con SINTEL, es decir, MAS TEC. Y eso, pues, realmente, o bien demuestra que exclusivamente han cubierto el trámite de cara a que quedara en un expediente constancia de que el Gobierno Regional había manifestado su posición, o algo más delicado. Y es que cuando el Gobierno Regional expresa una opinión, no encuentra interlocutores que acepten, que negocien o que comprendan la toma de posición del Gobierno Regional. Y a mí, realmente, pues eso me traslada una nueva inquietud que no tenía al inicio de esta Comisión, señora Reina. Es decir, que cuando los trabajadores buscan el amparo de su Gobierno para preservar sus derechos, para posibilitar negociaciones, para ejercer mediación ante el Gobierno de la Nación o ante otro tipo de instancias, resulta que eso no le sirve de nada, porque la decisión ya está tomada, porque el Gobierno Regional simplemente remite una carta, o simplemente hace una llamada de teléfono, pues eso realmente dice muy poco de la capacidad de influencia en las condiciones de vida de nuestros conciudadanos que tiene nuestro Gobierno Regional. Y eso, pues hombre, no está de más que lo conozcan los ciudadanos; que es que, o bien las cosas no se hacen, o bien las cosas se hacen tarde, o bien, única y exclusivamente, uno cumple un trámite.

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En segundo lugar, el origen de su argumentación, en el sentido de que el Consejero se reunió con los trabajadores, ya le he dicho: todos nos reunimos con los trabajadores; antes, durante la manifestación ante estas Cortes Regionales y después. Y el Consejero se reúne -porque no lo puede evitar, y no deja por ello de ser lamentable- en el contexto de la situación que atraviesan estas Cortes Regionales, de la celebración de un Pleno en estas Cortes Regionales y ante la evidencia de docenas de trabajadores que se manifiestan ante estas Cortes Regionales como una posibilidad de hacer oír su voz. Sólo faltaba que el Consejero de Industria de la Comunidad Autónoma no hubiera tenido la sensibilidad suficiente para dedicar cinco minutos de su tiempo a escuchar la reivindicación de esos trabajadores.

Claro, ¿qué es lo que sucede? Que los demás, el resto de los Grupos, que no tenemos una responsabilidad de Gobierno, lo que pretendemos es impulsar acciones, que se materializan en esta iniciativa o en otras de otros Grupos. La diferencia está en que el Consejero de Industria en la Comunidad Autónoma, el Partido Popular en la Comunidad Autónoma, o el Gobierno Regional, es de suponer que tiene medios, que tiene mecanismos, que tiene resortes y que tiene capacidad para, a través del ejercicio de esa acción de gobierno, modificar lo que era la voluntad de una empresa que absorbe a otra. Y eso, evidentemente, no se ha materializado. ¿Y sabe, entre otras cosas, por qué no se habrá materializado? Porque, lejos de lo que usted dice, nuestro Gobierno Regional, pues, dedica lo mejor de su esfuerzo y lo mejor de su imaginación, lo mejor de su tiempo y -a menudo- lo mejor de nuestros recursos, más a divulgar lo que hace que, de verdad, a hacer cosas. Y ésa es una evidencia que ni siquiera usted, con toda su buena voluntad, puede hacer modificar en esta Comisión.

Si el Gobierno Regional, lejos de divulgar lo que hace y lo que deja de hacer, y lo que podía haber hecho, se dedicara de verdad a resolver los problemas, de verdad a ejercer la influencia que se supone a un poder ejecutivo, pues seguramente las cosas fueran de otra manera.

¿Que los trabajadores han aceptado el plan de reconversión o el plan de absorción de la empresa? Pues claro, claro. Programa de bajas incentivadas, etcétera, pues ha hecho que los trabajadores se conformen con una situación que, sin duda, sin duda, podía haber sido peor. Pero no le quepa a usted la menor duda que una mayor decidida acción de gobierno, una mayor presión de estas Cortes Regionales, una mayor asunción de responsabilidades, probablemente habrían contribuido a que unas cuantas docenas de trabajadores que hoy se encuentran sin trabajo, en torno a los cincuenta años, seguramente podrían seguir trabajando.

Y, dicho todo eso, como creo que ustedes ni de lejos han hecho lo que debían hacer, como creo que esta representación de los castellanos y leoneses no puede dejar de opinar sobre las cosas que suceden en nuestra Comunidad Autónoma, y como creo que no debemos acostumbrarnos nunca a que una dinámica -que desde luego nosotros no compartimos- lleve a que las Cortes Regionales tarde o nunca se pronuncien a tiempo sobre lo que sucede en nuestra Comunidad Autónoma, ello nos lleva a mantener en sus propios términos la Proposición No de Ley. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Crespo. Para dúplica, señora Díez.

DÍEZ PASTOR

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: Gracias, señor Presidente. Habría que partir de la base de que no es verdad que se haya quedado la mitad de la plantilla -como dice el señor Proponente- en la calle, sino que no se ha quedado nadie, porque no existe el procedimiento de despido, no existe el procedimiento de regulación de empleo. La empresa SINTEL desistió ella misma -tengo por ahí la fecha-, desistió ella misma; presenta un escrito ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales pidiendo que se archive, pidiendo el desestimiento. Entonces, yo no entiendo por qué dice que se quedan en la calle; si no se ha quedado nadie en la calle.

Luego, el estar a favor o en contra de que una empresa absorbe a otra. Es que SINTEL no tenía futuro. El grupo de Telefónica opta por la venta porque no le reporta nada; no realiza ninguna actividad estratégica; la oferta en ese sector es muy amplia, muy abundante, muy competitiva, y decide venderlo. Existe la libertad de empresa en este país, y como tal habrá que dejarlo. Otra cosa es que la Junta de Castilla y León se haya desentendido de los problemas y de... que suponía el futuro de esta empresa o la pérdida de puestos de trabajo de la gente que trabaja aquí. En eso, se ha mantenido al pie, al cabo de la calle, no se ha limitado a hacer un escrito -como le estoy diciendo-, sino que ha hecho muchas cosas -todo lo que ha podido-; no se va a extralimitar de sus competencias porque no puede hacerlo, en el ejercicio de sus responsabilidades, pero es cierto que se ha preocupado por todos y cada uno de los puestos. Y le he dicho al principio que la mejor manera de comprobarlo son los hechos, tal como están hoy en día, que no hay ninguno en la calle, no se ha producido ningún despido, ni se ha producido, ni se produce, ni se producirá, porque ahora, actualmente, lo que presentó en febrero... -yo no sé si está al corriente; y, si no, se lo digo-, lo que ha presentado esta empresa ha sido un expediente, un segundo expediente -que no tiene nada que ver con el primero-, que es de suspensión; y éste de suspensión pide la suspensión de unos cuantos puestos de trabajo -concretamente pedía doscientos once, ahora lo han dejado reducido a doscientos nueve-, en el que están absolutamente de acuerdo los sindicatos y la propia empresa. Una suspensión que afecta a trabajadores de esta Comunidad en menos de treinta, y que, como máximo, va a durar un período de seis meses. O sea, si eso no es preocuparse, pues no lo entiendo. Y también hay que tener en cuenta -vuelvo a repetir- que el competente es el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales del Estado.

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Dice... También ha dicho que el Consejero se reunió con los trabajadores en estas Cortes porque no lo pudo evitar, "y estaría bueno que no les dedicara cinco minutos". Yo creo que es muy aventurado de su parte decir si está a gusto sobre recibirles o no, o que no puede evitarles. Se reúne porque quiere; se reunirá porque quiere escucharles, escuchar sus preocupaciones. Y le vuelvo a transmitir que ha hecho eco de esas preocupaciones y ha mantenido a lo largo de todos estos... de este período de meses trabajos. Otra cosa es que aquí no se hayan tratado o no se hayan debatido; tampoco vamos a estar cada dos meses reuniéndonos, diciendo si lo está haciendo bien, si lo está haciendo... si lo está haciendo más bien o menos bien.

No estoy en absoluto de acuerdo en que el Gobierno dedique sus esfuerzos más a divulgar -dice- lo que hace que a hacer cosas y a resolver problemas. El Grupo Popular, desde luego, en esto no está conforme, ni está de acuerdo en absoluto, y no voy a entrar más a rechazar eso.

La mejor prueba -vuelvo a repetir- de que este... esta Proposición No de Ley no se puede votar a favor, porque sería absolutamente imposible, porque lo que está solicitando está pasado: no existe ningún despido, se han respetado los derechos de los trabajadores-, es que, efectivamente, no hay ninguno en la calle. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señora Díez. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien, efectivamente, esta empresa, SINTEL, se vendió en abril del noventa y seis al grupo MAS TEC. Y, como decía muy bien el Portavoz del Grupo Socialista, pues el tres de septiembre presentó el expediente de regulación de extinción de contratos, que afectaba al 62% de la plantilla a nivel nacional -mil cuatrocientos nueve trabajadores- y, a nivel de Castilla y León, afectaba a doscientos treinta y cinco, creo recordar; en concreto, al centro de trabajo de León, Ponferrada, Benavente, Zamora, Burgos y Palencia. Ésa era la situación concreta que teníamos aquí, en el ámbito de la Comunidad. Y a raíz de eso fue la... bueno, pues, prácticamente, la reunión que hubo con el Consejero y los... y el Comité de Empresa de SINTEL.

Y, efectivamente, la situación ha variado. Bueno, ha variado, pero no está todo arreglado. Y es que, efectivamente, ha variado, porque esa Proposición No de Ley del Grupo Socialista se presenta en septiembre -y quiero recordar que el Grupo de Izquierda Unida tiene otra presentada el día veinticuatro, fechada-, y, claro, han pasado seis meses, en seis meses han pasado muchas cosas; pero bueno, tampoco es que el tema esté solucionado.

Efectivamente, se ha retirado el expediente de regulación de extinción de contratos; la Dirección General de Trabajo... la ha rechazado a petición propia de la empresa. Pero, además, coinciden una serie de circunstancias, fundamentalmente las movilizaciones de los trabajadores durante el mes de noviembre, que yo creo que fue el elemento sustancial para que... y bueno, y también la muerte del Presidente, del señor Mas Canosa, que murió el mes de noviembre, más luego las movilizaciones de los trabajadores, motivó un cambio de actitud en la nueva empresa, que dimitió a la antigua dirección, culpándola de que había llevado mal las negociaciones. Y entonces había un proceso de negociación y se firmó un protocolo, una especie de acuerdo con los trabajadores, en el cual la empresa asume el compromiso de no despedir, de momento -de momento- a nadie, de mantener los puestos de trabajo y de garantizar, de garantizar que los trabajadores asuman parte de los sacrificios, en base a cobrar menos dinero en dietas y kilometrajes, fundamentalmente porque el 50% de los trabajos de MAS TEC los tenía subcontratadas a otras empresas; y, en la perspectiva de que ese 50% del trabajo que tenía subcontratado a otras empresas lo asuman los propios trabajadores de la empresa, es en base a que los trabajadores asuman congelaciones salariales y que asuman congelaciones en las percepciones económicas que reciben por dietas y kilometrajes.

Y es cierto que se ha firmado un expediente de regulación temporal de empleo de doscientos diez trabajadores, que son trabajadores, fundamentalmente, de... vamos, de lo que ellos llaman de estructura -de oficinistas, administrativos, que no corresponden al sector productivo-, y que es con la perspectiva de reciclarles e incorporarles al sector productivo, con lo cual tampoco se... se trataría de que ese expediente de regulación fueran a la calle doscientos diez trabajadores; simplemente reciclarles, para que pasen al sector productivo, al sector operativo (y son oficinistas y administrativos, en general).

Pero el problema fundamental radica en la cartera de pedidos. Es decir, en estos momentos la empresa ha dicho que no va a despedir a nadie, los trabajadores han asumido un compromiso, la empresa ha asumido el suyo; pero existe el riesgo -el riesgo siempre existe y existe en la actualidad, es más, hoy están reunidos en Madrid el Comité Nacional de MAS TEC con... con la dirección de la empresa, fundamentalmente para explicar el tema de pedidos. Esta empresa tiene... tiene contratado con Telefónica pedidos hasta el treinta y uno de diciembre de este año, con lo cual no está claro que Telefónica, una vez que transcurra diciembre del noventa y ocho, va a seguir manteniendo esa relación comercial con MAS TEC. Y ahí está, por decirlo de alguna manera, la madre del cordero.

Y lo que están planteándose por parte de SINTEL es unas ciertas garantías, para que, o bien Telefónica, o bien las empresas del sector, aumenten las inversiones en cada una de las Comunidades Autónomas para poder mantener la plantilla.

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Yo, en este sentido, dado que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha presentado otra iniciativa en la misma línea, pidiendo la retirada de... vamos, pidiendo a la Junta que eleve la petición a la Dirección General de Trabajo para que no admita el expediente de regulación de extinción de contratos -cosa que ya no existe, porque ya se ha retirado-; el que se abra un nuevo plan de viabilidad, ya está en marcha ese plan de viabilidad con los empresarios. Pero hay un tercer punto, que yo sí me quería hacer una propuesta, si es posible hacer un receso. Porque, adelantándome en el tiempo, de la reunión que hoy va... que hoy tienen en Madrid, pues posiblemente salgan algunas cuestiones. Y las cuestiones que van a salir es que, necesariamente, esta empresa sigue con... está en la cuerda floja, porque depende fundamentalmente de la cartera de pedidos.

Entonces, aunque se haya retirado la extinción de contratos, aunque se hayan retirado toda esa serie de cuestiones, y la empresa a nivel formal haya expresado su deseo de no despedir absolutamente a nadie, no significa que en estos momentos la compañía MAS TEC, que está atravesando por dificultades enormes, fundamentalmente por la cartera de pedidos.

Y yo sí quería hacer una propuesta al Grupo Proponente y al Grupo Popular -si es posible, hacemos un receso-, porque se puede aprobar una Propuesta de Resolución por parte de todos los Grupos, pues, una Propuesta de Resolución genérica, pues instando a la Junta, por ejemplo, pues, a mantener... negociaciones con Telefónica o con Retecal, que ahí la Junta sí tiene competencias para dar las concesiones oportunas de televisión por cable, o con empresas de telecomunicaciones que operan en la Comunidad, a los efectos de que, no que le den esos trabajos -evidentemente- a MAS TEC, sino que el que la Junta inste a... o sea, el que se inste a la Junta para que a su vez negocie con Telefónica, con Retecal o con las empresas del sector, a los efectos de aumentar las inversiones en esta Comunidad, para que beneficien a las empresas del ramo, como puede ser ésta u otras que hay -porque no solamente es MAS TEC, está Radiotrónica y una serie de empresas que trabajan en este sector y que están atravesando también por momentos delicados y difíciles, fundamentalmente por la cartera de pedidos-.

Entonces, se puede aprobar una Resolución conjunta por todos los Grupos. Y yo estoy absolutamente convencido que nos vamos a adelantar en el tiempo, posiblemente en el tiempo, porque dentro de un mes o dos meses podemos encontrarnos con que SINTEL -o en este caso MAS TEC- vuelva a pasar por la misma situación que atravesó en septiembre del noventa y siete, con independencia de las buenas intenciones que pueda tener la empresa, ¿no? Fundamentalmente, porque el problema fundamental está en la cartera de pedidos.

Y yo haría esa Propuesta, porque se podía hacer una Propuesta de Resolución conjunta, por parte de todos los Grupos, y se podía aprobar por unanimidad. En ese sentido, yo es la Propuesta que haría, ¿no? Porque, dado que la Propuesta de Resolución que plantea el Grupo Socialista, pues, era correcta en septiembre; pero bueno, han pasado seis meses, la situación ha variado, igual que la Propuesta de Resolución, que es... que ha hecho Izquierda Unida en otra Proposición No de Ley que no se ha discutido, pero que va en esa misma línea, ¿no?

Y yo creo que, si hay voluntad por parte del Grupo Popular y, sobre todo, por parte del Grupo Proponente, se podía aprobar una Resolución conjunta genérica de los tres Grupos, adelantándonos en el tiempo, para que se pudiera aprovechar este debate sobre un tema que yo creo que es serio. Porque ya no se trata -vuelvo a repetir- de si se ha retirado o no el expediente de regulación de extinción de contratos, sino, fundamentalmente, en qué perspectiva de futuro puede tener esta empresa en el marco de la Comunidad, igual que otras, si realmente Telefónica no invierte más dinero en esta Comunidad.

Es decir, que desde el año noventa Telefónica ha ido disminuyendo el nivel de inversiones en esta Comunidad, y ahí están los datos y... bueno, yo ahora tampoco voy a discutir ese tema, porque... los tengo aquí: de 6.700... 6.700 millones menos ha invertido Telefónica en la Comunidad de Castilla y León desde el año noventa para acá. Pero, bueno, en todo caso, sería esa Propuesta que nosotros hacemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a considerar por el resto de los Grupos: hacer una Propuesta de Resolución conjunta que permita adelantarnos en el tiempo ante este problema que se va a avecinar a esta empresa, que es, fundamentalmente, la cartera de pedidos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Para cerrar el debate, señor Crespo, tiene la palabra... Para cerrar el debate, tiene la palabra el Proponente, señor Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Bien. Muchas gracias, señor Presidente. Vaya por delante, para que conste en el Diario de Sesiones, que por parte del Grupo Parlamentario Socialista no habría ningún inconveniente a que de mutuo acuerdo entre todos los Grupos, pues pudiéramos estrujar el... perdón, el Reglamento, de tal forma que pudiéramos adoptar una Propuesta de Resolución de síntesis, que fuera útil a lo que se supone que tiene como objetivo esta iniciativa y, supuestamente también, lo que debiera ser voluntad del conjunto de los Grupos Parlamentarios, que es estar perfectamente atentos e informados, y ayudando a resolver el problema que ha afectado, afecta y puede afectar en el futuro a los trabajadores de MAS TEC -antigua SINTEL, Sociedad Anónima-.

(-p.10042-)

Dicho... dicho todo eso, y ante esa imposibilidad, si leemos literalmente la Propuesta de Resolución, podríamos asumir razonablemente que la misma tiene plena vigencia. Porque la Propuesta de Resolución dice lo siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a establecer contactos con la empresa MAS TEC -antigua SINTEL, Sociedad Anónima-, a los efectos de que se respeten los derechos de los trabajadores y no se produzcan despidos, y manteniendo plenamente informada de los contactos a la representación laboral".

Mire, en eso tiene vigencia... tuvo vigencia en el momento arduo del conflicto, tuvo vigencia cuando existía un Plan de Viabilidad sobre la mesa y tiene vigencia ahora, que la situación se está reconduciendo, pero al mismo tiempo está condicionada por un futuro inmediato basado en lo que se definía, por parte del Portavoz de Izquierda Unida, como la cartera de pedidos, que en definitiva va a ser la que marque la viabilidad de esta... la viabilidad de esta empresa.

Y, por lo tanto, no sobra, no sobrará nunca que la Administración Regional esté atenta a la evolución de una empresa de estas características, esté atenta al respeto de los derechos de los trabajadores de la misma, esté atenta a que no se produzcan despidos y esté atenta a mantener informada plenamente a la representación de los trabajadores. Independientemente de una situación de crisis puntual, creo que estos principios que se asientan en esta Propuesta de Resolución tienen plena vigencia, me atrevería a decir que no sólo en una empresa en crisis, sino en cualquier empresa de la cual dependan trabajadores de esta Comunidad Autónoma.

Porque -y con ello termino-, la verdad es que, fruto de la... del debate -que no discusión, si me apuran-, aquí subyace una diferencia sustancial en la concepción que tiene el Partido Popular y la concepción que desde el Grupo Parlamentario Socialista podemos y tenemos respecto de la acción pública en torno al funcionamiento de la empresa, en torno al funcionamiento de la economía en nuestra Comunidad Autónoma y en el conjunto del Estado español.

Y es verdad que, asumido el principio de la libre empresa, nosotros discrepamos profundamente de aquellas formaciones políticas o de aquellos Gobiernos, que dejan exclusivamente a la regulación del mercado el funcionamiento de una sociedad. Y a nosotros nos parece que, respetando el principio de la libre empresa, le cabe a los Ejecutivos, le caben a los Gobiernos y le caben también, obviamente, a los Parlamentos -porque es de donde dimanan las normas-, una posibilidad -a la que no se debiera renunciar nunca- de influir en la toma de decisiones de esas empresas; en la medida en que la toma de decisiones de esas empresas, si estuvieran exclusivamente reguladas por la necesidad de los mercados, pueden -y en demasiado a menudo sucede-, atentan gravemente contra los derechos de los trabajadores.

Y como para nosotros sigue siendo un objetivo irrenunciable el empleo, y un empleo de calidad y un empleo estable, pues de esto, por lo menos, extraemos o deducimos que desde el Grupo Parlamentario Popular, ante ese principio de libertad de empresa, se renuncia a lo que desde nuestro punto de vista es irrenunciable, que es la conservación y la preservación de un empleo de calidad, como principal instrumento corrector de desigualdades. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ABAD RAPOSO): Gracias, señor Crespo. Concluido el debate, se somete a votación la Proposición No de Ley debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

Resultado de la votación. Votos emitidos: quince. Votos a favor: seis. Votos en contra: nueve. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

No habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la sesión.