DS(C) nº 47/4 del 15/11/1995

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Buenos días. En el Grupo Socialista... (Corte de micrófono.) Sí. Le decía que don Antonio de Meer sustituye a doña Carmen García-Rosado y José María Crespo sustituye a don Cipriano González.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. ¿Por el Grupo Popular?

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Sí, señora Presidenta. Don Modesto Alonso Pelayo sustituye a don José Luis... (Corte de micrófono.) Repito. Don Modesto Alonso Pelayo sustituye a don José Luis Santamaría y el señor Martín Sancho sustituye a doña Natividad Cordero.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. Por Izquierda Unida, por favor.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí. En sustitución de Elena Pérez, asiste Luis García.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muy bien. Muchas gracias. Bien. Una vez normalizados y sustituidos todos, comenzamos para que... por la que la señora Secretaria da lectura al primer punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): Primer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley PNL 25-I, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a condena de la actividad de grupos violentos de ideología fascista que atentan contra la convivencia cívica, y adopción de medidas por la Junta de Castilla y León ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y la Delegación del Gobierno, solicitando la intervención judicial y la máxima diligencia policial en la persecución de estas actividades, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 8, de septiembre de mil novecientos noventa y cinco".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el señor Procurador don Luis García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí, muchas gracias. La Proposición No de Ley que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida... En primer lugar, hubiéramos deseado que esta Proposición No de Ley se hubiera debatido en el Pleno, tal como era la indicación que se hacía en la Proposición No de Ley; considerábamos que la importancia y trascendencia que tiene y que está tomando este tipo de actitudes por determinados grupos de ideología fascista y de carácter violento, pues consideramos que debiera haber una trascendencia mayor, sin menoscabo de la importancia que tiene su debate en esta Comisión, por parte del Pleno, para que ante los ciudadanos tuviera la máxima trascendencia en el pronunciamiento que nosotros pedimos por las Cortes de Castilla y León.

Y en este sentido, pues lamentamos que por parte de la Mesa de las Cortes, a la hora de ordenar el debate de esta propuesta... No de Ley, pues se haya traído a Comisión y no se debata en el Pleno, como se había propuesto por parte de Izquierda Unida.

El objetivo que planteamos desde Izquierda Unida con esta Proposición No de Ley es, de alguna forma, llamar la atención sobre... no ahora, sino ya hace unos tiempos, pero que sobre todo en el verano, que es cuando se presentó esta Proposición No de Ley -también hay que tener en cuenta, pues, el retraso con que se le ha dado trámite-, pues, tuvieron un cierto auge este tipo de agresiones, este tipo de enfrentamientos, y sobre todo, pues, tuvo, de alguna forma, la escalada o el nivel superior de permitir estos grupos de carácter fascista de, a través de boletines de difusión, de amenazar con premeditación -por así decirlo- a más de cien ciudadanos del conjunto del Estado español, en los que están incluidos varios de esta Comunidad Autónoma: de Valladolid, Burgos, Salamanca; a los que por su simple ideología diferente, o forma de ser, o simplemente porque provienen de otros países a trabajar en nuestro país, pues se les considera susceptibles de sus amenazas, de sus agresiones, en definitiva.

Y en este sentido, desde Izquierda Unida lo que planteamos es que desde todos los poderes públicos -y como máximo representante de la soberanía popular de Castilla y León, estas Cortes-, debe haber un pronunciamiento inequívoco de condena, de rechazo de estas actitudes, que no solamente persiguen la agresión física, sino sobre todo -y es lo que más condenamos- una intimidación del ejercicio de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como es la libertad, como es la igualdad, como es -en definitiva- el reconocimiento al pleno desarrollo de la personalidad.

En este sentido, pues llamamos a la sensibilidad de las Cortes ante unos problemas que nosotros claramente queremos dejar claro que están bastante más allá y que tienen una gravedad bastante más allá de lo que a veces se quiere circunscribir como meros enfrentamientos entre bandas juveniles. Es cierto que a veces eso se produce. Pero que no cabe la menor duda de que tiene otras connotaciones mucho más graves, en el sentido de que lo que se pretende fundamentalmente -lo que decía anteriormente- es conculcar esos derechos constitucionales. Y en ese sentido es lo que planteamos: la toma de consideración que debiera haber por estas Cortes de Castilla y León.

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Asimismo, en el posicionamiento de estas Cortes, pues contribuir a la concienciación de los ciudadanos en el rechazo inequívoco de este tipo de actitudes y al rearme moral en los valores que preconizan nuestra Constitución, en el sentido de los tres valores fundamentales: de igualdad por razón de raza, igualdad por razón de ideología, igualdad por el propio desarrollo de la personalidad de cada uno. Y en función de esto, el hacer un llamamiento desde las Cortes de Castilla y León al conjunto de los ciudadanos, de denunciar inequívocamente todo este tipo de actitudes, para atajarlas y, por supuesto, conseguir ese rearme moral en los valores que decía de la Constitución.

Como decía anteriormente, desde nuestro punto de vista, sería un error circunscribirlo -como de alguna forma nosotros estamos constatando que se está circunscribiendo por algunos ámbitos policiales y judiciales este tipo de actitudes- a meros enfrentamientos entre bandas juveniles. Y que -como decía anteriormente- creemos que tiene esas connotaciones de vulneración de derechos constitucionales, y como tal es como se tenían que abordar este tipo de actitudes, más allá de los propios enfrentamientos violentos, que -por desgracia- últimamente proliferan bastante entre jóvenes, pero que nosotros éstos los calificamos en otro sentido de mayor gravedad.

Creemos que hay una obligación inequívoca por parte de los poderes públicos; y, lógicamente, corresponde a estas Cortes, en este sentido, definirse y claramente reafirmar una vez más los valores de convivencia que, reconocidos en la Constitución, nos hemos dado.

Y por lo tanto, de alguna forma, manifestar nuestra solidaridad inequívoca para estos ciento y pico ciudadanos, que, en lo concreto, vienen reflejados en ese boletín de difusión de estas bandas fascistas, a los que, de alguna forma, se les advierte de posibles agresiones físicas; aunque ya la propia recogida, la propia contemplación de estos boletines, en sí mismo, consideramos que es una grave agresión atentatoria a sus derechos constitucionales.

Desde nuestro punto de vista, también, lógicamente, desde las Cortes, además de esa declaración inequívoca de carácter político, de rearme moral de valores constitucionales, debe haber un llamamiento a las instancias que tienen un poder inmediato en la actuación de persecución y de penalización de estas actitudes, como debe ser la Policía, como debe ser el Poder Judicial, como puede ser la actuación de las Fiscalías.

Creemos que no se está dando por parte de la Policía una... no se está valorando con un criterio adecuado la actuación de estas bandas fascistas. Creemos que se está circunscribiendo exclusivamente a un enfrentamiento entre bandas juveniles -como decía anteriormente-; creemos que es erróneo.

Y en este sentido, en el ámbito que nos corresponde como Cortes de Castilla y León, adoptar la iniciativa de trasladar a la autoridad gubernativa en esta Comunidad Autónoma nuestra preocupación en lo que creemos que es un criterio erróneo de trato por la Policía a las actuaciones de estas bandas fascistas.

En este mismo sentido, trasladar al Poder Judicial correspondiente la preocupación de las Cortes de Castilla y León de cara a la penalización más allá de lo que es la agresión física, que, lógicamente, en sí mismo es un delito; pero que debe tener también las connotaciones de la violación de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, referidos anteriormente, que inclusive, pues, lógicamente, se corresponden dentro de lo que hay que considerar como delitos de apología del racismo, apología de la violencia, apología, en definitiva, de lo que es vulneración de derechos constitucionales de carácter fundamental.

Y en este sentido, dirigirse, o instar a los poderes judiciales para que se trate de una manera más dura -por así decirlo- la penalización de estas actividades de estos grupos fascistas.

Esto es lo que se propone a estas Cortes en la Proposición No de Ley que se plantea desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida: el rearme moral de los ciudadanos ante este tipo de actitudes, con una condena y denuncia, que no quede ningún tipo de este tipo de agresiones sin denunciar; que haya una actuación mucho más rigurosa por parte de las Policías; que haya una actuación, inclusive, de oficio por parte de las Fiscalías en la persecución de este tipo de delitos; y que, en definitiva, también, se traslade a la propia Junta, como Poder Ejecutivo de esta Comunidad Autónoma, la actuación en las medidas de iniciativa política que se debieran adoptar para atajar este tipo de actitudes de carácter violento y atentatorias a los valores reconocidos en la Constitución.

En definitiva, una Resolución de estas Cortes, que proponemos, que debe perseguir una movilización moral de la ciudadanía en contra de estas actitudes fascistas de carácter violento. Una denuncia y rechazo inequívoco por parte de las Cortes de Castilla y León a estas actitudes. Y, definitiva, un rearme de los valores reconocidos en la Constitución. Nada más y muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Se han presentado a esta Proposición No de Ley dos Enmiendas, una por el Grupo Popular y otra por el Grupo Socialista. Para defender la presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora... doña Carmen Reina.

DÍEZ PASTOR

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LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: Gracias, señora Presidenta. Tomo la palabra, efectivamente, en nombre del Grupo Popular, en defensa de la Enmienda de sustitución que hemos presentado ante la Mesa de las Cortes, la cual paso a leer literalmente.

"A la vista de los diferentes acontecimientos que se han registrado recientemente en varios lugares de nuestra Comunidad Autónoma, la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León acuerda condenar la actitud de cualesquiera grupos de personas que, con amenazas o comportamientos violentos, atenten contra la convivencia cívica que ampara la Constitución y el Ordenamiento Jurídico, y que se asienta sobre el respeto a los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político".

Como primer punto, quiero dejar bien claro que es muy loable el contenido de fondo que parece sustentar esta Proposición No de Ley. Como declaración de intenciones, está muy bien. Estamos de acuerdo en que no se produzcan amenazas ni agresiones. En principio pues, existe un acuerdo en el contenido de fondo, pero creo necesario, no obstante, hacer una serie de matizaciones.

En primer lugar, me gustaría dejar... destacar el hecho de que en la Proposición presentada por el Grupo de Izquierda Unida se mencionan unos hechos de una forma poco concreta e imprecisa, pues no conocemos el desarrollo de los acontecimientos concretos que Izquierda Unida intenta censurar. Imaginamos, no obstante, que se quiere referir a las amenazas vertidas sobre ciudadanos... contra ciudadanos desde publicaciones que, como "Cirrosis", no se distinguen, precisamente, por alentar las ideas de convivencia.

Sí estamos de acuerdo en censurar cualquier hecho que, como éste, ponga en peligro los valores que sustentan nuestra democracia, que propugna como principios superiores de su Ordenamiento Jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

En cualquier caso, me reitero en que se echa en falta en la Proposición No de Ley citada una mayor concreción en los hechos que relata.

Considero que, si usted tiene constancia de los hechos, cree conocer a los presuntos delincuentes, o cree tener alguna prueba de esos hechos, tiene, por un lado, el derecho y, por otro, la obligación de denunciar los mismos, como ciudadano, porque así se lo establece el Código Penal; y también como responsable político. No conviene olvidar que, según el Artículo 125 de la Constitución, tiene expedita la llamada acción popular.

En el Grupo Popular pensamos que, puesto que la Ley ya existe, hay que hacer que se cumpla. Creemos que es el Código Penal el que debe tener y poner en su sitio a los violentos, al considerar que debemos confiar en dicho texto legal y en el juego democrático. Sin embargo, lamentablemente, por lo que se desprende del texto legal... del texto -perdón- de la Proposición de Izquierda Unida, parece que este Grupo no confía en exceso en la actuación de los poderes públicos.

Por otra parte, la Proposición de Izquierda Unida recoge una amalgama de instancias de unas instituciones a otras que no queda muy clara. ¿Usted quiere decir que las Cortes son las que instan a la Junta para que ésta inste a la Fiscalía para que ponga la denuncia? ¿O son las Cortes quienes deben instar a la Junta para que ésta denuncie ante el Fiscal? ¿O es la Junta la que debe instar al Delegado del Gobierno para que inste, a su vez, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que hagan su trabajo y además le entreguen la documentación, los expedientes y los informes? Y si así se hiciera, cabría entonces preguntar: ¿para qué? ¿Qué debe de hacer el Delegado del Gobierno con esa documentación? ¿Se la devolvería, después de estudiarla, a la Policía? ¿O -según usted- debería de entregársela al Fiscal, o a la Junta, o a esta Cámara?

De verdad, señor Procurador, déjese de marear la perdiz. Las Cortes le deben al ciudadano una mínima rigurosidad. El trabajo de los Jueces y de la Policía es demasiado serio como para traerlo aquí a debate. Éste no es el foro adecuado.

Quiero significar que la voluntad del Grupo Popular a la hora de presentar esta Enmienda de sustitución ha sido la de manifestar -como lo ha hecho siempre- el rechazo que le produce la violencia, cualquiera que sea su origen. Nuestro Grupo ha entendido que la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no es acertada en los términos en los que está formulada. Sin embargo, hemos considerado la posibilidad de recoger la esencia, la última voluntad en ella contenida, o -pudiéramos decir- el espíritu fundamental de la misma.

Consideramos que lo que en esta Proposición subyace es la condena a la violencia. Por ello hemos creído conveniente dar otra redacción a la misma, más amplia, más clara, más sencilla y -a la vez, por qué no decirlo- más respetuosa con las instituciones, dado que cada una de ellas tiene una serie de competencias bien determinadas, y es bueno que no se produzcan interferencias entre las mismas.

Como ustedes comprenderán, nosotros no podemos cambiar el orden constitucional. Si hay algo que debe primar en la convivencia entre personas, grupos, asociaciones, agrupaciones, instituciones y poderes públicos en general, es el respeto entre unos y otros.

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Nuestro Grupo se hubiera adherido a esta Proposición si se hubiera redactado con una visión más amplia y más respetuosa. Quiero decir, concretamente, que el Grupo Popular rechaza, condena y siente repulsión ante la violencia en general, cualquier violencia, la ejerza quien la ejerza. ¿O solamente se acuerda el Procurador de Izquierda Unida de la violencia ejercida desde determinados grupos?

Aquí tengo un estudio sobre las llamadas "tribus urbanas" o "bandas radicales", juveniles, que, en general, es mucho más diversa de lo que en principio pudiera parecer; y se lo pongo a su disposición, para que vea que es mucho más complejo.

Queremos entender, por tanto, que se trata únicamente de un error y que el Grupo de Izquierda Unida estará de acuerdo en que toda violencia es reprochable. En la mente de todos está el último atentado terrorista perpetrado en Salamanca, que ha vuelto a llevar el dolor y la consternación a toda nuestra sociedad.

Estoy convencida de que todos ustedes estarán de acuerdo con el objetivo de este Grupo al presentar una Enmienda de sustitución relativa a la condena de la violencia en general, pues lo único que se ha pretendido ha sido reformular la Proposición No de Ley en unos términos que fueran más aceptables por el conjunto de la Cámara.

Otro motivo por el que este Grupo no puede respaldar la Proposición que nos ocupa es el atrevimiento y la gravedad que se desprende de las acusaciones gratuitas que vierte contra el Poder Judicial, por un lado, y contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por otro; a los que acusa gratuitamente de pasividad. Desde luego, el Grupo Popular no se atreve a expresar semejantes acusaciones formuladas de una forma tan ligera y -creo yo, por lo menos- de manera un tanto irreflexiva.

Esta Procuradora que les habla no tiene queja alguna ni de la actuación policial ni de los jueces, sino de los violentos. De cualquier forma, considero que en esta condena no podemos quedarnos solos los Grupos Popular, Izquierda Unida; por lo que confío que el resto de los Grupos Parlamentarios se adhieran a ella en el turno de fijación de posiciones.

Creo que es bueno hacer una reflexión profunda y de huir de todo extremismo; ya que, al fin al cabo, ¿qué es lo que nos importa a todos, qué queremos todos? Pues, todos lo que queremos es vivir en paz, vivir a gusto y vivir tranquilos.

A nadie nos gusta ni el fanatismo religioso, ni la violencia en el ámbito deportivo, ni la ejercida por ninguna ideología política. En definitiva, todos rechazamos la violencia, y nos gustaría hacer una apuesta por la convivencia. Esto es lo verdaderamente fundamental, y pienso que es en ese punto en el que encontraremos el consenso seguro.

Por ello espero que, en buena lógica, todos los Grupos voten en sentido favorable a la condena a la violencia en general. Eso es todo. Gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Para consumir el turno en contra de la Enmienda, tiene la palabra el Procurador don Luis García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí. Gracias. Lógicamente, la Enmienda que se propone por parte del Grupo Popular, pues, yo creo que lo que hace es mezclar mucho más otro tipo de contenidos que harían mucho más confuso lo que desde Izquierda Unida se propone, de condena de las Cortes... por parte de las Cortes de la actitud que mantienen los grupos violentos de carácter fascista. Porque si mezcla atentados terroristas -supongo que de ETA- y demás, pues, me parece que estamos... ahí sí que estamos sacando los pies del tiesto y sí que se está haciendo una amalgama, con absoluta poca voluntad política de conseguir de estas Cortes un pronunciamiento inequívoco de lo que, por lo menos para este Grupo, es una actuación grave que se está produciendo en el Estado Español y también en esta Comunidad Autónoma.

Me parece que desde el momento en que se pretenden mezclar asuntos que no tienen absolutamente nada que ver es cuando se demuestra la falta de voluntad política real del Grupo Parlamentario Popular de debatir en profundidad lo que se propone en la Enmienda... perdón, en la Proposición No de Ley de Izquierda Unida.

Y no se trata aquí de... si se está acusando a los jueces o se está acusando a los policías de su pasividad. Se está reconociendo por parte inclusive... a nivel del estudio de sentencias, y por parte de la propia Fiscalía a nivel nacional, cuando en el mes de septiembre la Fiscalía a nivel nacional tomó cartas en el asunto, a partir de este boletín que he mencionado anteriormente, instando y reconociendo que hasta ese momento se estaba dando un tratamiento -a este tipo de actitudes por parte de los grupos violentos de carácter fascista-, un tratamiento de exclusivo enfrentamiento juvenil violento, sin otro tipo de connotaciones; y que, de alguna forma, había que atajar eso, en lo que suponía, más allá de la propia agresión violenta, y que por lo tanto... y que se estaba atentando contra otro tipo de valores constitucionales, más allá del propio de la integridad física.

Por tanto, no es solamente que lo digamos Izquierda Unida. La propia Fiscalía a nivel nacional, en el mes de septiembre... de alguna forma, nosotros coincidimos con ellos en este sentido de que habría que reorientar de alguna forma la orientación policial que se estaba dando a este... el tratamiento que se estaba dando en la persecución de ese tipo de delitos. Y, lógicamente, lo que corresponde desde las Fiscalías, en intentar tener actuaciones ante el Poder Judicial.

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Quiere decirse que sí que hay por lo menos una discrepancia; y yo creo que es absolutamente legítimo que se puedan tener discrepancias en actuaciones de los policías, o discrepancias en los criterios que los jueces pueden mantener en determinados momentos en la persecución de delitos. La propia existencia de sentencias diferentes para hechos idénticos, pues lo demuestra: que discrepancias se producen entre los propios jueces.

Es decir, que yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras en sacralizar determinados posicionamientos de nadie en este momento, en un Estado Democrático de Derecho, como es en el que estamos y el que queremos profundizar, precisamente, en ese rearme moral que nosotros queremos hacer a partir de los valores reconocidos en la Constitución.

No se trata, señores del Grupo Parlamentario Popular, de que este Procurador se dedique a ir a denunciar, porque yo, posiblemente... no se trata de que yo diga aquí si me siento amenazado, he sido agredido o no; se trata de trasladar a estas Cortes, que es lo que tiene que ser -desde nuestro punto de vista-: ser el foro de, en todo momento, tener la sensibilidad de aquí debatir y en todo momento adoptar medidas de la problemática que tienen los ciudadanos, con independencia de que cada uno a nivel individual estemos en esa situación concreta del problema. Porque si aquí solamente trajéramos los problemas inmediatos concretos que tenemos cada uno de los Procuradores a nivel personal, ¡aviados estamos!, eso sí que sería un corporativo político absolutamente condenable por nuestra parte.

Estamos trayendo aquí un problema social, y no se trata de que nosotros tengamos un conocimiento exacto de hechos que se producen para que vayamos inmediatamente a la denuncia a la Comisaría correspondiente o ante el Juez de guardia correspondiente. Por supuesto que, si tenemos conocimiento, lo hacemos; no nos cabe la menor duda.

Pero aquí lo que estamos trayendo es un problema social, y, en este sentido, lo que pedimos es un pronunciamiento político de las Cortes. Y yo creo que no hay ninguna amalgama, no hay ninguna confusión más allá de la que se quiera ver en las propuestas que se hacen... o lo que se pretende hacer desde estas Cortes, de trasladar esa preocupación a los poderes judiciales, de trasladar esa preocupación a las instancias policiales y trasladar esa preocupación a la Junta de Castilla y León, para que adopte medidas políticas también, de alguna forma, de trasladar la sensibilidad de las Cortes de Castilla y León, de solidaridad hacia esos ciudadanos afectados directamente, y también al conjunto de la ciudadanía de trasladar el posicionamiento inequívoco de estas Cortes en lo que es el rearme moral en base a los valores de la Constitución.

Porque lo que se ha dicho por parte del Partido Popular de condenar la violencia, venga de donde venga, sin paliativos ni más, estamos absolutamente de acuerdo. Pero estamos aquí en un tipo de violencia que, además, tiene otro tipo de connotaciones mucho más graves, que son connotaciones que claramente vulneran la Constitución más allá de lo que es la vulneración del derecho fundamental de la integración física, que, lógicamente, también es un derecho fundamental. Y estamos hablando de la persecución o la agresión simplemente por razón de raza; estamos hablando de la agresión por razón de diferente ideología; estamos hablando de la agresión por razón de diferente desarrollo de personalidad, en lo que estos grupos de carácter fascista, pues, consideran marginales o susceptibles de su agresión -a los homosexuales, lesbianas, etcétera-. Yo no sé si ahí ustedes se consideran más o menos solidarios o no, pero nosotros absolutamente, porque consideramos que, además, están reconocidos estos valores en la propia Constitución.

O sea, que no se trata exclusivamente de limitarse a una condena a la violencia como tal, que por supuesto que sí, pero que también se trata, fundamentalmente, de ir a esa condena de estos grupos fascistas, que ellos se denominan como tal, hacen alarde de ello, y que yo creo que cualquiera que se crea los valores que vienen reconocidos en la Constitución estará claramente convencido en la obligación de condenar este tipo de actitudes por parte... que mantienen estos grupos de carácter fascista.

Por lo tanto, creo que en absoluto aporta nada la Enmienda que se propone por parte del Grupo Parlamentario Popular. Pretende -desde mi punto de vista- confundir, mezclar con otro tipo de asuntos que no tienen nada que ver con la Proposición No de Ley que se presenta por parte de Izquierda Unida. Y, por lo tanto, lógicamente, se mantiene la Proposición No de Ley que se ha presentado.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Para consumir el turno de réplica, por el Grupo Popular, doña Carmen Reina, por favor.

DÍEZ PASTOR

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: Muchas gracias. Creo, señor Procurador, que no me ha entendido. Yo no le he dicho que traiga aquí los problemas que a título personal traiga... tenga, no he dicho que los traiga a esta Cámara. Le he recordado la existencia de la llamada acción popular, en virtud de la cual, en cuyo ejercicio, cualquier ciudadano puede ir a denunciar los hechos de los que tenga constancia, o tenga conocimiento, que sean constitutivos de delito, o que le parezca que sean constitutivos de delito.

Por otra parte, quiero dejar claro que el Grupo Popular ya ha dicho que se manifiesta sensible a ese problema. Lo que ocurre es que hemos dicho que es un problema excesivamente complejo, como lo demuestran los estudios que le he puesto a su disposición.

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Estamos con usted, y nos sensibilizamos con el tema. Y mire si nos preocupa el tema que su Proposición No de Ley está fechada el siete de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, y ya el trece de julio un Diputado Nacional de nuestro Grupo Parlamentario dirigía una pregunta al Congreso de los Diputados en la que dejaba constancia de la preocupación existente en ese campo y del deseo de que dejaran de producirse incidentes protagonizados por grupos de jóvenes de ideología radical. En la respuesta emitida por el Gobierno el veinticuatro de octubre se reconoce, efectivamente, la existencia de grupos de "cabezas rapadas" de distinta ideología, pero siempre radical; la existencia de enfrentamientos entre estos grupos radicales; y por último, se reconoce también la existencia o la integración de muchos de estos miembros de los grupos radicales en peñas deportivas, donde han encontrado un perfecto caldo de cultivo y donde enmascaran sus actividades delictivas, utilizando dichas aglomeraciones como coartada para su violencia.

Quiero hacer hincapié, señor Procurador, además, en la idea de que dice usted que no se trata... o que no ha tratado de acusar a los jueces y a los policías. En la Proposición No de Ley leo literalmente: "Tal pasividad policial y judicial ha llevado a estos grupos violentos a crecerse". No es lícita la acusación de pasividad.

Quizás a usted le ha faltado una preocupación verdaderamente honda por el tema, que le hubiera conducido a buscar información por lo realmente hecho al respecto en el ámbito policial y judicial.

Y, si ustedes me lo permiten, no me voy a erigir aquí en el abogado defensor de los jueces y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, porque no lo necesitan; pero sí me gustaría romper una lanza en favor de su ímprobo y, en ocasiones como ésta, desagradecido trabajo.

En la respuesta dada por el Ministro de Presidencia el veinticuatro de octubre -a la que antes me he referido- se citan unas actuaciones -y que, por cierto, también puedo poner a su disposición, porque la tengo aquí-, se citan unas actuaciones para evitar los incidentes protagonizados de grupos de jóvenes de ideología radical, de cuyo resultado se han obtenido unos frutos, y estos frutos los podremos calificar como positivos.

Esta misma mañana he oído que pasaban a disposición judicial tres detenidos en la madrugada del sábado; detenidos que pertenecen a varias o a distintas bandas radicales, y que buscan el enfrentamiento entre sí; así lo ha manifestado la policía. Creo yo, señor Procurador, que éste es un buen hacer de la Policía, y que no está pasiva ni está tumbada al sol.

Mi conclusión sería, entonces, que se debe confiar más en la división de poderes, de la que habló por primera vez Montesquieu, y que constituye la base de nuestro Estado de Derecho. Dejemos trabajar a la Policía, dejemos trabajar al Poder Judicial, que está concebido para juzgar y hacer... ejecutar lo juzgado. Ellos saben hacerlo y lo hacen con todas las garantías jurídicas y con pleno sometimiento a la ley.

Vamos a centrarnos en lo que realmente le corresponde a esta Cámara, que es legislar e impulsar y controlar la acción de Gobierno. Bajo este Título, el IX, ubica el Reglamento de las Cortes de Castilla y León las proposiciones no de ley. Sin embargo, en la que nos ocupa se trata de impulsar o controlar actuaciones sobre las que la Junta de Castilla y León no es en absoluto competente. Todavía no tenemos transferidas las competencias en materia de orden público, las tiene el Gobierno Central.

No obstante, señor Procurador, si a usted le parece que con ello se van a obtener mejores logros en la erradicación de la violencia, le invito a citarnos todos los meses, semanas o incluso días, para condenar la violencia acaecida en ese período; puesto que, sin ir más lejos -como hemos recordado- la semana pasada -y también es violencia de grupos radicales- se produjo otro atentando terrorista dentro del ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, si bien -creo yo- por sí solo no le hace más condenable, puesto que la vida humana tiene el mismo valor en un sitio que en otro.

Por otra parte, tenemos que reconocer que estos movimientos radicales no son sino manifestaciones del descontento y las pocas expectativas laborales de la juventud. No existe justificación para estos actos violentos, pero se pueden comprender, puesto que se trata de jóvenes, generalmente con edades comprendidas entre los catorce y los veintitrés años, con serios problemas de adaptación social y familiar, y que padecen una seria falta de formación ética, dificultades económicas, rechazo e inseguridad, que les llevan a estados de abulia, apatía, e incluso podríamos llegar a decir...

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Vaya concluyendo, por favor, Señoría.

DÍEZ PASTOR

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: ...cierta predisposición al delito. (Muchas gracias, señora Presidenta.)

Actúan de forma mimética en pandillas o aprovechando aglomeraciones que les sirven como coartada para su violencia.

Todos estos grupos radicales son expresión de intolerancia y ponen en peligro la vida ciudadana. Surgen en una sociedad como la nuestra, necesitada de un cambio de rumbo. Este cambio de rumbo debe conducirse en favor de principios que suponen una renovación ética, efectivamente.

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Por lo tanto, claro que el Grupo Popular condena la violencia, ¡cómo no la vamos a condenar! Manifestamos la mayor de las repulsas hacia los actos de los grupos juveniles radicales que quebrantan la pacífica convivencia de los pueblos y ciudades castellanos y leoneses. No tenemos ninguna queja de la Policía ni de los Jueces, sino de los violentos. Lo que propugnamos es el respeto a los valores que sustentan nuestra democracia, que -como usted dice- son: la libertad, igualdad, justicia y pluralismo político. Así vienen en la Constitución.

Por todo ello -y como ya manifesté antes- estoy convencida, señor Procurador, que todos los Grupos Parlamentarios que estamos aquí presentes estaremos de acuerdo que no sólo se debe condenar la violencia, sino también estaremos de acuerdo en defender la prevención, puesto que, con ser la represión importante, lo es mucho más la prevención. Esta idea es la que debe calar hondo en toda la sociedad. Es preciso que, desde todos los ámbitos, se imparta a nuestros escolares castellanos y leoneses una educación basada en la tolerancia y el respeto.

Es seguro que ahí, en la educación, hallaremos la prevención; y también, en definitiva, la erradicación de la violencia. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. Turno de dúplica. Tiene la palabra don Luis García. ¿No desea hacer uso...?

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí, sí. Muchas gracias. Reiterar algunas de las cosas que se han dicho anteriormente, porque es repetitiva, como se ha traído la intervención escrita también en la contestación, pues entonces... pues no ha contestado muy bien a lo que yo he dicho, sino a lo que ella traía preparado, que es muy legítimo, ¿eh? Cada uno...

Pero simplemente decir que ustedes también, desde el Partido Popular, en lo que consideran conveniente, lógicamente, pues hacen críticas a quien lo consideran oportuno: a jueces, a policías, a magistrados, a políticos; y es absolutamente legítimo. No sé por qué se escandalizan que desde Izquierda Unida discrepemos de actuaciones de jueces, o censuremos, de alguna forma, actuaciones que nosotros consideramos de una cierta inhibición. No se rasguen las vestiduras, porque eso ustedes en otros ámbitos lo están haciendo -y nos parece bien que lo hagan, ¿eh? No censuramos eso-; pero respeten que nosotros también lo podamos hacer. O sea, que no se escandalicen de que nosotros discrepemos en algunas, en algunas de las actuaciones judiciales de una cierta inhibición y de un cierto tratamiento benevolente en lo que es el tratamiento, a lo que se circunscribe, de estas actuaciones de carácter fascista, circunscribirlo a lo que es actuación violenta exclusivamente.

Pues, perdone que discrepe del papel que usted delimita a esta Cámara, a estas Cortes, a este Parlamento Autonómico. Desde nuestro punto de vista, este Parlamento Autonómico, inequívocamente, debe ser también el foro en donde constantemente se debatan los problemas concretos e inmediatos que tienen los ciudadanos, por supuesto que para legislar e intentar aprobar las leyes que corresponde en cada momento, pero también para debatir aquí concretamente los problemas que tienen los ciudadanos. Y lo lamentable es que desde el mes de agosto, o primeros de septiembre, que se planteó esta Proposición No de Ley, cuando, lógicamente, había una preocupación, que sigue estando, porque los enfrentamientos, por desgracia, se siguen produciendo ahí, o las agresiones, mejor dicho... Pero que, vamos, pues han sido dos meses y pico para tramitar una Proposición No de Ley que, lógicamente, pues no demuestra excesiva sensibilidad por parte de la mayoría que gobierna esta Cámara en este sentido.

Y en ese sentido, pues, manifestamos que sí que corresponde a esta Cámara el tener un posicionamiento político sobre cualquier hecho ciudadano que se produce. ¡Pues aviados estamos si no hubiera esa capacidad! Y yo creo que sería, de alguna forma, una concepción política un tanto estrecha circunscribir a lo que es la letra literal de lo que se mandata a esta Cámara como posibilidad de legislar exclusivamente.

Y no me hable usted de que tenemos... está la posibilidad de la acción popular -lo de la denuncia, etcétera-, que por supuesto los ciudadanos tienen la posibilidad de hacerlo, etcétera. Si aquí estamos debatiendo el posicionamiento político que se insta a estas Cortes para condenar sin paliativos esos hechos de carácter fascista que se están produciendo. Es decir, ¿que cada uno, cada ciudadano tiene las posibilidades de intervención judicial, de denuncia ante la Policía? Por supuesto que sí. Pero es que no estamos diciendo que se deje de hacer eso, si cada uno es muy libre de hacerlo. Lo que estamos diciendo es: si ustedes están de acuerdo en que estas Cortes se posicionen inequívocamente en condenar los hechos de carácter fascista, violento, que tienen estos Grupos, ¿sí o no?

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Y una cosa, en lo fundamental, en lo que ustedes no quieren entrar, que es que, lógicamente, una cosa es la violencia y el enfrentamiento entre bandas juveniles, que, por desgracia... últimamente, pues, por desgracia, se está produciendo casi todos los fines de semana en determinados barrios de nuestras ciudades, etcétera. Pero hay un agravante, que es el que se quiere manifestar de manera fundamental con esta Proposición No de Ley, que es aquellos grupos que, además de su carácter violento, tienen una ideología fascista, con unos contenidos que claramente atentan a esos valores que ustedes dicen, con los que están de acuerdo, que vienen reconocidos en la Constitución: la libertad ideológica, la libertad de raza, la libertad a la personalidad; y ése es el agravante que ustedes no condenan, que es la actuación fascista de estos grupos, y que es lo que ustedes no quieren entrar en el fondo a condenar. Se limitan a la violencia, que estamos de acuerdo; pero, sin embargo, no quieren condenar lo otro, y ustedes sabrán por qué. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Para defender la Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Procurador don José María Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Buenos días. Y gracias, señora Presidenta. Yo espero que en esta Comisión no volvamos a hacer ninguna alusión partidaria al desgraciado atentado que tuvimos en días pasados en Salamanca. Y confío que... mañana hay una sesión solemne del Pleno de la Cámara, y será el momento en el que una declaración institucional del Presidente de la Cámara condene sin ninguna matización lo que ha sucedido. Entonces, no caigamos en ningún error, ninguno.

Dicho eso, vaya por delante el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a la iniciativa presentada por Izquierda Unida. Vaya también por delante la comprensión a la crítica que el Portavoz de Izquierda Unida hace en el sentido de que llevar un asunto de esta entidad a una Comisión permanente y no permitir que se debata en Pleno esconde ya diferentes actitudes ante un mismo problema, como se han evidenciado ya, lamentablemente, en el debate anterior de enmiendas presentadas por otros Grupos.

Nosotros pensamos que fenómenos de estas características, que afectan y generan inquietud a la población, que son protagonizados por colectivos juveniles que van creando una cierta cultura de intolerancia, exigirían una mayor sensibilidad por parte de quien más responsabilidad tiene en nuestra Comunidad Autónoma. Y ello debiera haber conllevado que este asunto se discutiera en el Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Dicho ello, nosotros hemos enmendado parcialmente la Proposición No de Ley del Grupo de Izquierda Unida por distintas consideraciones. Algunas -hemos entendido-, desde el punto de vista jurídico, por ajustar mejor los términos en los cuales se puede actuar judicialmente, o por ajustar mejor la participación de las instituciones regionales a la hora de promover denuncias, etcétera, ante los tribunales de justicia. En segundo lugar, también, por acotar perfectamente el requerimiento que desde la Institución regional debe hacerse a la Delegación del Gobierno, como responsable en materia policiaca. Y en tercer lugar, y más importante -y donde nosotros establecemos la diferencia, no con la Proposición No de Ley, sino con intervenciones anteriores aquí-, es que entendemos que en materias de estas características no sirve sólo la condena, más o menos expresa, más o menos sutil, sino que lo que de verdad sirve es el compromiso positivo de actuar, de tomar medidas, de generar sensibilidades, para combatir tendencias como ésta que estamos analizando hoy aquí. Y ése es -digamos-, ésa es la principal aportación que desde el Grupo Parlamentario Socialista hacemos.

Las Cortes de Castilla y León y las instituciones regionales tienen plena capacidad para pronunciarse sobre todo aquello que sucede en su Comunidad Autónoma. Que no tengan plena capacidad para actuar no significa que no puedan, primero, pronunciarse, y promover que quien tiene la competencia para actuar en estas materias lo haga. Otra cosa es mera inhibición, otra cosa es no comprometerse, otra cosa es querer confundir, y otra cosa es demostrar escasa sensibilidad no comprometiéndose. Porque yo, nosotros, no somos de los que queremos vivir a gusto y en paz nosotros solos; nosotros somos de los que pensamos que pensamos que los ciudadanos se merecen vivir a gusto y en paz. No se trata de defender el derecho individual a que a uno no le pase nada, a que uno no sea objeto de acosos, porque entra dentro de los cánones de la mayoría, porque no se distingue, porque no se diferencia, o porque su actividad política, o porque su actividad social, o porque su formación no le permite o no le hace distinguirse de los demás; no se trata de eso. Se trata de que los poderes públicos, de que la Junta de Castilla y León, de que las instituciones regionales, se mojen, se comprometan en que eso que aquí se dice de vivir en paz y vivir a gusto sea para todos los ciudadanos, sea para todos aquellos que no son como nosotros, que sea para todos aquellos que son diferentes, que sea para todos aquellos que tienen unos hábitos y unas formas de vida que son las que han creído convenientes para realizarse como seres humanos. No se trata de que nosotros vivamos a gusto nosotros solos.

Como no se trata, tampoco, de que huyamos de nuestras propias responsabilidades, no se trata de que huyamos de nuestras responsabilidades. Somos responsables públicos, tenemos responsabilidades políticas; concurrimos a unas elecciones, tratamos de representar unos valores, y, por lo tanto, por lo tanto, en la defensa de esos valores, en la defensa de esas identidades, en a defensa de esas sensibilidades es donde debemos mojarnos. Y eso es lo que se pretende -imagino, supongo- con la iniciativa de Izquierda Unida, y eso es lo que nosotros pretendemos mejorar un poquito con las sugerencias que nosotros hacemos a nuestra Proposición No de Ley.

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Y a mí no me sirve que se hagan defensas de las actuaciones de otras instituciones. Si a mí no me cabe ninguna duda. Yo tengo un informe -y se lo leo en minuto y medio- de las actuaciones que ha hecho la Delegación del Gobierno, que es quien tiene la competencia en estas materias, de las cuales se deduce que se tiene perfectamente localizado el problema; de las cuales se deduce que se han establecido mecanismos de control; de las cuales se deduce que la Fiscalía está comprometida; de las cuales se deduce que el fenómeno se va progresivamente controlando; de las cuales se deduce también que el fenómeno, siendo de origen netamente neonazi y fascista, también está encontrando réplicas en organizaciones de ultraizquierda. Y en la medida que las instituciones no nos comprometamos a frenar radicalmente -ahí sí-, radicalmente, el origen de esa confrontación social, sin duda la propia sociedad se organizará para contrarrestar los efectos de los que se ven acosados por organizaciones claramente antidemocráticas, y claramente fascistas. Y, por lo tanto, yo no voy a hacer aquí ningún alegato, ningún alegato en defensa de las actuaciones que hace el Poder Judicial, ni en defensa de las actuaciones que hace el Ejecutivo, no el Poder Policial -como alguien que ha cantado aquí la división de poderes y dentro de esa división de poderes ha hablado del Poder Policial-; espero, espero que eso no forme parte del pensamiento político de verdad y haya sido un lapsus de quien lo esgrimido en esta Cámara. Porque eso sí me llevaría a preocupar, pasaríamos del Estado de Derecho al Estado Policial y eso ya me resultaría todavía más preocupante; porque yo, desde luego, no soy de los piense que estas actitudes se combaten desde ningún poder policial, se combaten desde el poder democrático. Y en la medida que el poder democrático tiene instrumentos suficientes para combatirlo, ese poder democrático se asienta más. Pero, bueno, seguro que ha sido un lapsus de quien lo ha dicho y, por lo tanto, no merece la pena mayor consideración.

Por lo tanto, y termino, yendo por delante, el apoyo de la iniciativa de Izquierda Unida, confiando en que comprenda las razones que nos ha llevado a enmendarlo que en un aspecto son técnicas, en un aspecto creemos que son técnicas, y en otro son de compromiso, no quedarnos en la mera exigencia a los otros, no quedarnos en la mera condena de unos hechos, sino comprometernos, comprometer a la Institución regional en la generación de hábitos, de culturas tolerantes, democráticos y de respeto a la diferencia. Nada más y gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Turno en contra. En contra de la enmienda. Tiene la palabra el Procurador don Luis García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí, gracias. Estando en lo fundamental de acuerdo con lo que se ha dicho por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y con la enmienda que se ha presentado, yo creo que básicamente se viene a decir lo mismo que lo que se ha planteado por parte de nuestra Proposición No de Ley -del Grupo de Izquierda Unida-; y simplemente habría dos matizaciones que hacer que yo creo que es por lo que... por un lado, no aporta -creo- positivamente cosas a la Proposición No de Ley que nosotros hemos presentado y que, de alguna forma pudiera, pues, desvirtuar lo que nosotros pretendemos.

Por un lado sería el hacer una... es decir, un poco el debate que hemos tenido antes con la intervención del Grupo Parlamentario Popular, en hacer un amalgama de todas las actuaciones violentas, que lógicamente nosotros condenamos, pero que nosotros creemos que hay ese agravante de las connotaciones de carácter fascista que vulneran la Constitución y que, de alguna forma, pues, en la enmienda que se planteaba por parte del Partido Socialista pues se habla un poco en tono general.

Y, por otro lado, es con el cuarto punto de su Proposición o su Enmienda, el hacer instar al ámbito del Consejo de la Juventud para que se adoptaran iniciativas en ese sentido. Nosotros creemos que a pesar de que en este momento o, fundamentalmente, las agresiones se están circunscribiendo de carácter fundamental en el ámbito juvenil, creemos que no es un problema que se circunscriba exclusivamente al ámbito juvenil -que puede tener competencias allí el Consejo de la Juventud y todas las organizaciones de carácter juvenil-, pero creemos que es un problema que afecta al conjunto de la ciudadanía, al conjunto del sistema democrático y por eso, por la trascendencia que desde nuestro punto de vista tiene es por lo que lo hemos traído a un pronunciamiento de estas Cortes -en este sentido de rememorar al conjunto de los ciudadanos, no solamente a los jóvenes, a pesar de que puedan ser los más directamente afectados por estas agresiones-. Pero también están esos inmigrantes, que lógicamente son jóvenes y no jóvenes, que son por desgracia en su mayor parte víctimas de este tipo de agresiones, son otro tipo de personas a las que me refería antes, que en el desarrollo de su libre personalidad son jóvenes y no jóvenes y también son víctimas de las agresiones. Y que, por tanto, me parece limitativo el que en ese cuarto punto se hable de iniciativas en el ámbito de la juventud, porque podría quedar limitado a que única y exclusivamente el pronunciamiento de las Cortes podía ir en el sentido de un llamamiento al conjunto de la juventud.

Y, por supuesto que en lo que ha planteado el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de plantear iniciativas de compromiso, lógicamente nuestra intención en traer esta Proposición No de Ley aquí es precisamente eso, es decir, para que haya un compromiso del conjunto de los poderes -y en el ámbito concreto del Poder Legislativo autonómico de esta Comunidad Autónoma-, para que haya un pronunciamiento inequívoco; es decir, para asumir un compromiso, para hacer un llamamiento a la ciudadanía, para dar ese... para hacer ese llamamiento inequívoco de rearme moral en torno a los valores de la Constitución. Y que, por lo tanto, eso es lo que realmente se pretende con esta Proposición No de Ley que hemos presentado.

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Y, por otro lado, pues, bueno, ahí sí que hay ya una pequeña discrepancia en lo que puedan ser las actuaciones policiales o no; pero sí que hay matices en lo que, desde nuestro punto de vista, pues, hasta ahora por lo menos han sido actuaciones policiales en la persecución de estos delitos, en donde, pues, sí que mantenemos de alguna forma la crítica a lo que hasta ahora han sido actuaciones policiales en esta persecución de estos delitos. Y que sí que hacemos el llamamiento a las autoridades competentes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León en ese instar que se plantea para que se adopte un criterio diferente en la persecución de estos delitos, el darle ese carácter no exclusivamente violento de incurrir en estos delitos, sino también el carácter de vulneración de derechos fundamentales de la Constitución. Nada más y muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. Para consumir el turno de réplica. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el Procurador don José María Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señora Presidenta, y con mucha brevedad. Es decir, ya dije de antemano, expresé de antemano nuestro apoyo a la Proposición No de Ley, a la iniciativa del Grupo de Izquierda Unida y, por lo tanto, no queda más que reiterarlo. Yo sinceramente lamento un poquito que no se haga un esfuerzo mayor por parte del proponente porque creemos que las enmiendas -que son muy parciales a la iniciativa de Izquierda Unida- que nosotros presentamos, creo que mejoraban un poquito la redacción de la misma, mejoraban lo que es la definición de las esferas de actuación y de competencia para instar a instituciones en relación con esta materia; y, al mismo tiempo recogían nuevo grado de compromiso, ese ya sí, neto, institucional de las Cortes de Castilla y León y de la Junta de Castilla y León en cuanto al diseño de campañas de sensibilización en relación con estas materias. Nuestra Enmienda recoge -porque creemos que el germen es ése-, recoge la condena sin paliativos a los grupos violentos de ideología fascista, porque es el germen de ese conflicto social al que asistimos: grupos neonazis y grupos de ideología fascista. Sucede que, como reacción, se están generando otros movimientos violentos; y sucede que, al mismo tiempo, hay un cierto fenómeno de violencia vinculada al mundo de las manifestaciones deportivas que a nosotros también nos parece razonable condenar. Por lo tanto, nosotros mantenemos la condena expresa a la violencia fascista e incorporamos a cualquier otro tipo de violencia, porque creo, sinceramente, que una declaración institucional debe condenar la condena sin paliativos de otro tipo, de cualquier tipo de violencia.

En cuanto a los puntos segundo y tercero -referidos a la instancia ante los tribunales de justicia, etcétera-, creemos que la redacción que nosotros aportábamos es más rigurosa en la definición legal de quién tiene la competencia y de la tramitación a seguir para la efectividad de las denuncias y del control de estas actuaciones, así como el requerimiento a la Delegación del Gobierno para que extreme sus diligencias en relación con estos asuntos. Insistiendo en que yo no me pronuncio sobre los antecedentes que llevan a Izquierda Unida a presentar esta Proposición No de Ley, la crítica tácita o expresa que se evidencia a la actuación policial, no entro a pronunciarme sobre ello porque como bien se dice aquí lo que queda son las Propuestas de Resolución, los antecedentes que a cada uno nos han llevado pues son los que cada uno ha considerado más oportunos.

Y, por último, por último, la aportación positiva que nosotros hacemos quizá no se ha entendido bien por el representante de Izquierda Unida, es que nosotros creemos... el vincular el Consejo de la Juventud en una campaña institucional de sensibilización no es precisamente porque estos fenómenos afecten sólo a la población juvenil, sino porque creemos que los jóvenes son el sector más dinámico de nuestra sociedad, el que tiene más capacidad de movilización, el que está en los periodos formativos y el que tiene que se objeto de una ofensiva cultural basada en los valores de la tolerancia, del respeto y demás. Y, por eso nosotros buscábamos en ellos la complicidad activa, desde el punto de vista imaginativo, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista de organizaciones, etcétera. Creíamos que el Consejo de la Juventud podía ser un agente activo que contribuyera a una campaña institucional relacionada con estas materias. Porque le confieso también que la campaña institucional, pura y dura, de la Junta de Castilla y León, después de lo que hemos oído aquí, desde luego, me gustaría bastante poco y serviría bastante poco para los objetivos que nosotros aquí defendemos. Nada más y gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Turno de dúplica, ¿desea hacer uso de la palabra?

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí, muy breve. Simplemente decir que como ha quedado constancia, inclusive en la ciudad de Valladolid en este fin de semana y demás, pues esos enfrentamientos se están produciendo, pero que no podemos -yo creo- situar en la misma... en el mismo nivel de condena a aquellos que, de alguna forma... -sin que lo estamos defendiendo y que lógicamente también lo condenamos-, se defiende de alguna forma con agresión también; consideramos que ése no es el camino en absoluto, eso nos llevaría a una escalada absolutamente interminable, sino de que la... el camino debe ser otro: de denuncia ante las instancias correspondientes, judiciales, policiales, de carácter político como proponemos que se haga aquí; pero que, lógicamente, el origen está en esos grupos de carácter fascista y de carácter violento y que, por tanto, es ahí donde fundamentalmente se tiene que incidir en la denuncia. E insisto en el otro punto, que nuestra Proposición va al rearme moral del conjunto de la ciudadanía, del conjunto del sistema democrático y que lo otro, pues, yo no sé cuál sería la eficacia que podría tener una campaña desde la Junta, un pronunciamiento desde la Junta en este sentido. Pero, lógicamente, si lo pretendemos es porque considerábamos y consideramos que debe tener y debería tener una incidencia en ese rearme de los ciudadanos, del conjunto de los ciudadanos y no solamente de la juventud. Muchas gracias.

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LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Para el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señora Presidenta. A mí, en primer lugar, me gustaría saber si va a haber algún tipo de consenso o, por el contrario, ese consenso no va a existir. Porque, evidentemente, en función de eso va a variar la posición que este Procurador adopte.

Dicho esto y, en primer lugar, manifestar mi admiración por los compañeros Procuradores que me han precedido en la palabra, puesto que cuarenta y cinco minutos debatiendo un tema en el que todos estamos de acuerdo, me parece que es digno de admiración.

Y todos estamos de acuerdo en la actitud de condena para los grupos violentos de la ideología que sea, creo que hasta ahí estábamos de acuerdo, que la discusión sobraba. Creo que también todos estamos de acuerdo en que las Cortes de Castilla y León tienen las atribuciones necesarias para hacer declaración de intenciones, para hacer declaraciones institucionales, sobre lo que ocurre en la calle, sobre los problemas que afectan a los ciudadanos. Hasta aquí, la unanimidad y el consenso parece lo razonable. Empieza la discrepancia cuando nos planteamos: pero las Cortes de Castilla y León, además de una actitud de mera declaración de intenciones, ¿pueden o deben de ir más allá? Quizá en esta pregunta comparto la respuesta que dio en su momento el Portavoz del Grupo Socialista. Es verdad que las Cortes no ejecutan, en esta Comunidad Autónoma hay un Poder Ejecutivo; es verdad que el Poder Ejecutivo de esta Comunidad no tiene todas las competencias. Pero sí entendemos que las Cortes deben de ir más allá de la mera declaración de intenciones y, en las competencias del Ejecutivo, pedir que las ejecute; y donde no hay competencias, que el Ejecutivo inste a los órganos administrativos que sean competentes para que ejecuten. En definitiva entendemos que sí debe de ir más allá de una mera declaración de intenciones.

Y vamos ahora al fondo del asunto. Como realmente en lo esencial estamos de acuerdo, nos gustaría que hubiera un consenso, una fórmula de consenso o de acuerdo entre la Proposición No de Ley presentada por Izquierda Unida y la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista. Con ese acuerdo, desde luego, el voto de este Procurador iba a ser afirmativo, iba a apoyar esa Proposición No de Ley consensuada. Quizá técnicamente, de lo que hemos observado, está más ajustada a Derecho y a la realidad la presentada por el Grupo Socialista. De ahí que, como no cambia en lo esencial, seguimos abogando entre ese consenso entre ambos. Y así se lo pedimos.

Es verdad que la Proposición No de Ley presentada por Izquierda Unida presenta algunas cuestiones oscuras, como recabar al Delegado del Gobierno información, cuya misión entiendo que sí que no es contenido de las propias Cortes de Castilla y León. En fin, un tema tan importante como éste nos parecería que bien... o al menos hay una fórmula de consenso; o si cada Grupo va a votar algo distinto, bien merecería le pena que, en otra ocasión, y con una Proposición más consensuada, se llegase a una votación unánime de todos los Grupos Parlamentarios.

Y dicho esto, este Procurador se va a reservar el voto hasta el momento de la votación, a la espera de que, si hay un acuerdo entre la Proposición de Ley del Partido Socialista y la de Izquierda Unida, y sale una fórmula de consenso o se apoya alguna de las dos, va a votar a favor. En caso contrario, se va a ver obligado a abstenerse, en el sentido de estar de acuerdo con el fondo pero no con las formas. Nada más y muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la Resolución que se propone, en representación del Grupo Parlamentario proponente, Izquierda Unida, tiene la palabra el Procurador don Luis García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí. Muchas gracias. Yo creo que en lo que se ha manifestado, tanto por parte del Grupo Socialista como el representante del Grupo Mixto, si se está de acuerdo en lo fundamental, yo creo que debe ser en el posicionamiento político; y podemos tener pequeños matices en lo que pueden ser cuestiones técnicas. Yo creo que lo fundamental es el contenido político que trae la Proposición No de Ley del Grupo de Izquierda Unida; y lo otro, pues, es una cuestión absolutamente técnica, fácilmente, o, por lo menos, absolutamente secundaria de lo que es la fundamental del posicionamiento político.

Y simplemente insistir en lo que yo comentaba antes de dos matices que creo que sí que pueden ser un poco de más peso en las diferencias entre lo que es la Proposición, o la Enmienda del Grupo Socialista y lo que nosotros hemos presentado. Lo uno es lo referido a la diferenciación en la condena a grupos violentos con carácter general, y otra, a la condena del agravante que suponen los grupos violentos de carácter fascista que atentan contra los valores constitucionales; y el no circunscribir el posicionamiento político y el llamamiento de rearme moral, que se tendría que hacer por parte de estas Cortes de Castilla y León, a la juventud, sino al conjunto de la ciudadanía.

En este sentido es como nosotros consideramos que tiene que mantenerse la posición que se hace desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de posicionamiento de estas Cortes ante estos hechos que se vienen acaeciendo. Muchas gracias.

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LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, Señoría. Está concluido el debate. Vamos a proceder a la votación de la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación es: votos a favor, siete; votos en contra, diez. Por lo tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley debatida.

Segundo punto del Orden del Día. Por la Secretaria, se dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley PNL 29-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a nueva regulación del uso de símbolos de la Comunidad Autónoma, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 9, de veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra el Procurador don José María Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señora Presidenta. El motivo que ha llevado al Grupo Parlamentario Socialista a presentar esta iniciativa no es otro que el de considerar que la regulación que existe en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma, a saber el Decreto 104/83, de trece de octubre, por el que se regulan los símbolos de la Comunidad Autónoma, así como su utilización, pues comienza a ser insuficiente. A pesar de que el mismo es bastante taxativo en cuanto a la definición de quiénes pueden utilizar los símbolos de la Comunidad Autónoma, la definición de quiénes deben utilizar los símbolos de la Comunidad Autónoma, la definición de los mecanismos de persecución hacia aquellos que utilicen indebidamente los símbolos de la Comunidad Autónoma; lo cierto es que estamos asistiendo -desde nuestro punto de vista- a un espectáculo lamentable de utilización sin control, sin exigencia de ese control por parte del Gobierno Regional de nuestros símbolos identificativos, de los símbolos identificativos de nuestra Comunidad Autónoma.

Hay algunos ejemplos claros, aparte de que no nos sorprendemos ninguno cuando cotidianamente en montones de establecimientos públicos... -públicos, me refiero de atención al público-, en montones de negocios en montones de etiquetas, etcétera, aparecen indiscriminadamente los símbolos identificativos de nuestra Comunidad Autónoma.

Al mismo tiempo, a menudo, o por lo menos en alguna ocasión significativa, consideramos que se han usado indebidamente. Hay un ejemplo que es especialmente llamativo -desde nuestro punto de vista-, como fue la utilización de los símbolos de la Comunidad Autónoma en la campaña de promoción de unos vinos de nuestra Comunidad, y que pretendían servir de apoyo o de recaudación de ingresos de recursos para la restauración de la Catedral de Burgos. Y la idea puede parecer encomiable; lo cierto es que los resultados fueron penosos. Y lo cierto también es que no consta que la Junta de Castilla y León se pronunciara sobre la utilización del escudo... del emblema de la Comunidad Autónoma en esa ocasión. Al respecto se preguntó por parte de algún Procurador del Grupo Parlamentario Socialista, y desde la Junta se respondió que esa campaña, pues, no había ocasionado ningún gasto a la Comunidad Autónoma y, desde luego, se entendía que entraba dentro de la libre competencia, del libre mercado, de la libre iniciativa, y que no se entendía que hubiera vulnerado ninguna prescripción legal de la Comunidad Autónoma.

Lo cierto es que el Artículo 10 de la Ley... perdón, del Decreto 103/89 establece que se prohíbe la utilización en la bandera o en el pendón de Castilla y León cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas. En su Artículo 11 establece que las autoridades en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León vienen obligadas a corregir en el acto las infracciones al presente Decreto. Lo cierto -insisto- es que de una forma descontrolada se utilizan los símbolos de la Comunidad Autónoma.

Hay un último ejemplo, bastante llamativo, en el cual una universidad privada en Madrid, la Universidad Alfonso X El Sabio, pues, su escudo, su enseña es precisamente el de nuestra Comunidad Autónoma, sin que tengamos constancia de si se ha pedido siquiera autorización para la utilización del mismo o de si la Comunidad Autónoma ha iniciado algún tipo de actuación en relación con este asunto.

Por lo tanto, creemos que la iniciativa es interesante para la Comunidad. No persigue otra cosa que, transcurrido un plazo ya muy razonable -de más de doce años- de vigencia del Decreto que regula estas materias, la implantación de la Comunidad Autónoma, la penetración de la Comunidad Autónoma en nuestro territorio, la posible figura de marca que suponen los logotipos de la Comunidad Autónoma hacen que el Gobierno deba mejorar la reglamentación que rige en esta materia, contemplando o acotando más quiénes pueden legítimamente, o con autorización correspondiente, utilizar nuestros emblemas.

Ésa es la pretensión. Y, por lo tanto, ése es el emplazamiento que hacemos a la mayoría del Grupo Popular, para que preste su apoyo, instando a la Junta de Castilla y León para que modifique o elabore una nueva regulación del uso de símbolos de la Comunidad Autónoma que incluya, con los debidos controles y seguimiento, su uso en iniciativas benéficas, o de patrocinio, mecenazgo, etcétera, etcétera. Nada más y gracias.

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LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Francisco Vázquez.

VÁZQUEZ REQUERO

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, Señorías. En mi intervención voy a tratar de distinguir claramente, por un lado, la regulación de los símbolos de la Comunidad Autónoma; y, por otro lado, la Proposición No de Ley objeto de debate, que, por otra parte, propone una nueva regulación sobre el uso de estos símbolos.

En cuanto a la regulación, hay que partir -como saben- del Artículo 4.4 del Estatuto de Autonomía, en el que, taxativamente, se dice que la competencia para regular la utilización y el diseño de las formas y dimensiones de los símbolos de la Comunidad se atribuye a la Junta de Castilla y León. Lo que queda claro, por tanto, es ello. Lo que no queda tan claro es el porqué de esta atribución a la Comunidad Autónoma, y concretamente, no a la Comunidad Autónoma, sino a una de sus instituciones básicas, como es la Junta de Castilla y León.

Mi Grupo cree que rebajar el nivel de exigencia, en cuanto a rango jerárquico normativo empleado por el Estatuto de Autonomía -ya que no se emplea un texto legal, sino es a través de un texto reglamentario-, responde al espíritu del propio Estatuto, que yo creo que se debe a la permisividad del propio Estatuto en cuanto a la utilización del uso de los símbolos.

El legislador, por lo tanto, ha optado... el legislador estatutario optó por esta segunda opción, y no optó por la técnica legalizadora de hacerlo a través de una ley, como -por otra parte- es corriente en otras Comunidades Autónomas, como -sin ir más lejos- en la Comunidad de Madrid, donde el propio Estatuto de Autonomía se remite a una Ley, y después, en cuanto a la plasmación de esos símbolos, a una norma reglamentaria; y también en la propia Comunidad Autónoma Gallega, que... por otra parte también se refiere a otra Comunidad limítrofe a la Comunidad Autónoma, que hace una regulación legal de los símbolos sin que se... bueno, sin que se autorice estatutariamente, sino que es la propia iniciativa parlamentaria la que ha conformado una Ley.

Lo cierto es que la competencia para utilización de los símbolos descansa en la Junta, como órgano de gobierno y administración, y, por lo tanto, tiene atribuidas esas competencias tanto en el Artículo 16.1 como en el 17.4 del Estatuto de Autonomía.

Por lo tanto, y como no podía ser de otra forma -y como ha citado el anterior interviniente-, la regulación es reglamentaria a través de un Decreto, el 104 de mil novecientos ochenta y tres, que luego ha sido modificado por otro del ochenta y nueve, y desarrollado por una Orden de veinticuatro de abril del ochenta y nueve sobre plasmación de símbolos.

Bueno, la explicación jurídica que podíamos dar a esta opción, entre norma con rango de ley legal y norma con rango reglamentario, reside en la técnica legislativa de la remisión normativa, sobre cuyos límites y su posible violación podemos entrar a discutir, ya que estamos en una Cámara legislativa.

Sin embargo, y entrando en el fondo del asunto, aunque sin perder las perspectivas de las notas anteriormente mencionadas de tolerancia, competencia de la Junta, disposición reglamentaria y remisión normativa, hay que decir que el espíritu del Decreto de utilización de símbolos es permisivo y tolerante, ya que -según dice el propio Preámbulo- se pretende que los símbolos de la Comunidad Autónoma formen parte de la vida cotidiana.

Lo que sí regula al máximo el Decreto es el diseño de la forma de los símbolos; y prueba de ello es la modificación que he citado y el desarrollo, mediante Orden, que se ha llevado a cabo, que en los dos casos ha sido referida solamente a la forma de esos símbolos. Pero su utilización, según el Decreto, es abierta. ¡Ojalá se utilizaran más los símbolos de la Comunidad Autónoma!

Por lo tanto, nosotros creemos que su utilización no debe estar encorsetada ni ceñida a la literalidad de una redacción, que puede ser cerrada en sí misma, pero que debía ser más abierta. Y lo cierto es que el Decreto prohíbe, no el uso, sino el abuso de los símbolos, tanto de aprovecharse de su utilización como, pues, para ultrajarles o denostarles.

Todos los días estamos viendo, en consonancia con el espíritu abierto de este Preámbulo del Decreto que he leído, que las banderas y emblemas de las diversas Comunidades Autónomas son utilizados habitualmente por participantes en todo tipo de espectáculos públicos. Y yo creo que... ¿Es que se va a prohibir ir al fútbol o a un concierto con la bandera de Castilla y León? ¿O es que se va a prohibir que se hagan llaveros o pins con el escudo de la Comunidad Autónoma? No sé si se pretende eso o se pretende prohibir que uno lleve en un coche un adhesivo con la bandera o con el escudo de Castilla y León. ¿O es que se pretende prohibir ir a determinadas manifestaciones públicas con el pendón de Castilla y León? No lo sé.

Lo que el Decreto prohíbe es el uso partidista, el uso partidista de los símbolos -como recoge uno de los artículos-, lo cual constituye un abuso; pero no prohíbe el uso partidario de estos símbolos, ser partidario de los mismos. Lo que el Decreto prohíbe es el uso de los símbolos con aprovechamiento, pero no prohíbe... no puede prohibir su uso desinteresado; su uso desinteresado, el Decreto no lo prohíbe.

(-p.1156-)

Creo, por lo tanto, que no hay que ser más papistas que el Papa ni intentar coger el rábano por las hojas, con la única intención de buscar un resquicio para dar palos a diestro y siniestro. Y, por lo tanto, el Grupo Popular cree que la norma es clara, abierta y permisiva. Por ello, no ha pretendido su modificación, ni en ésta ni en las anteriores Legislaturas, porque, como saben Sus Señorías, el Decreto data de la primera Legislatura.

El Grupo Popular, por lo tanto, no está en esta materia de símbolos por la posición reglamentista, intervencionista y cerrada, que sostiene la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista; sino por una posición más tolerante, aperturista y divulgadora de las señas de nuestra Comunidad Autónoma, sin hacer utilizaciones exclusivistas de las mismas.

En resumidas cuentas, pensamos que la aplicación del Decreto ha sido correcta. Y nos oponemos a la Proposición No de Ley del Partido Socialista por las inexactitudes que contiene y por los juicios de valor y apreciaciones subjetivas que no compartimos.

Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTE (SEÑORA CALLEJA FERNÁNDEZ): Gracias, Señoría. Turno de réplica... lógicamente, por el Partido Socialista, don José María Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señora Presidenta.

La verdad es que esta nueva estrategia parlamentaria del Grupo Popular, de repartir juego, les obliga a los Procuradores a comerse algunos marrones. Pero bueno.

Yo no he entendido absolutamente nada de lo que el señor Procurador del Grupo Parlamentario ha dicho aquí; porque, como no se aclara él mismo, es difícil entenderle. Si persigue una desregulación en esta materia, que la Junta derogue el Decreto que lo regula; ni más, ni menos. Si persigue una utilización -no sé cómo ha expresado- tolerante, abierta y tal... Y comercial también, señor Procurador: la utilización comercial con intereses particulares de los símbolos de la Comunidad, que inducen a confusión al ciudadano, porque entienden que la Comunidad Autónoma avala ese producto comercial por la utilización de esos símbolos, ¿el Grupo Parlamentario Popular lo apoya también? Si lo apoya también, pues estaremos ante una diferencia de concepto, una diferencia de concepto clara. Esta materia está regulada; si ustedes defienden la desregulación, promuevan la derogación de ese Decreto; y si ustedes van más allá y permiten que con esa interpretación tan flexible que usted hace de la utilización de los símbolos de la Comunidad Autónoma, resulta que estemos permitiendo que los símbolos de la Comunidad Autónoma avalen negocios privados, pues nosotros estamos enfrente, señor Consejero... señor Procurador, perdón, señor Procurador.

Y yo no creo, no creo que el talante de quienes redactaron nuestro Estatuto de Autonomía fuera en la línea que usted ha pretendido defender aquí; no iba en la línea de permitir que los símbolos de la Comunidad Autónoma avalaran negocios privados. Yo creo que los redactores lo que pretendían, y las instituciones lo que deben pretender es el uso de los símbolos de la Comunidad Autónoma en manifestaciones espontáneas que no conlleven lucro para quienes lo utilicen.

El Decreto, además, lejos de la apreciación del señor Portavoz -en este caso- del Grupo Parlamentario Popular, pues es bastante restrictivo. Lo que pasa que ustedes no cumplen ni las normas. Porque defender aquí lo que usted ha defendido y, después de muchos años de Gobierno conservador en la Comunidad, mantener un Decreto de estas características, significa que ustedes se pasan sus Decretos por donde les parece y luego hacen aquí discursos que se contraponen con lo que es su acción de Gobierno. Y si de verdad, la mayoría del Grupo Popular y la Junta piensa lo que usted está diciendo aquí, derogue el Decreto, porque si no se están situando ustedes fuera de la norma.

Y el Decreto, le reitero lo que establece: "se prohíbe la utilización de la bandera..." "...en la bandera o en el pendón de Castilla y León cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas"; lo dice el Artículo 10. El Artículo 11 establece que "las autoridades, en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, vienen obligados a corregir en el acto las infracciones al presente Decreto".

El espíritu con el que está redactado el Artículo 10... si probablemente podríamos compartirlo; pero, si lo compartimos, vamos a modificarlo para que sea clarificador y no quede a la interpretación de usted, o mía, o del Consejero de turno.

(-p.1157-)

Al mismo tiempo, al mismo tiempo, el Artículo 15 todavía es más tajante: "El blasón de Castilla y León no podrá utilizarse por entidades públicas ni privadas fuera de los supuestos contemplados en los Artículos 13 y 14 del presente Decreto". El Artículo 13 es el que regula dónde debe figurar el blasón de Castilla y León: en los edificios y establecimientos en la Comunidad Autónoma, los medios de difusión oficial de la Comunidad Autónoma, etcétera, etcétera. Y el Artículo 14 establece qué entidades pueden utilizar el blasón de Castilla y León; y se refiere, sobre todo, a Ayuntamientos y Diputaciones que no teniendo símbolos propios, previa petición, previa petición, previa solicitud, pueden utilizar los símbolos de la Comunidad Autónoma. De tal forma que las instituciones públicas que no tienen símbolos propios identificativos de su territorio deben solicitar permiso a la Comunidad Autónoma para utilizar el de la Comunidad Autónoma, y las entidades privadas que hacen negocio con el escudo de la Comunidad Autónoma ¿no tienen que pedir ninguna autorización? ¡Aclárese, aclárese! Si desregularizamos esta materia -que yo no le digo que no-, primero, desregularicémosla para las entidades locales; no mantengamos la prescripción de tener que pedir autorización para la utilización del símbolo.

Y, desde luego, que no vamos a pedir nosotros... ni pretendemos, ni se nos ha pasado por la cabeza -no ridiculicen ustedes propuestas que son positivas-, impedir que se utilicen en manifestaciones deportivas de todo tipo, etcétera, los logotipos de la Comunidad Autónoma... pero, ¿cómo puede usted permitirse decir esto?

Lo que sí nos parece lamentable es que, con el aparente aval de la Comunidad, se hagan negocios como es... -ruinosos, en este caso- bueno, como es la recaudación presunta de recursos para restaurar la Catedral de Burgos; o como es la utilización permanente, identificativa, de la Universidad Alfonso X el Sabio -para el tiempo que dure la Universidad privada de Alfonso X el Sabio- de los símbolos de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, aclárese. Si quiere desregularizarlo, hágalo; y, si no, dígale a la Junta que haga cumplir las normas de obligado cumplimiento, como son sus propios Decretos.

Nada más y gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Francisco Vázquez para la réplica.

VÁZQUEZ REQUERO

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señora Presidenta.

En primer lugar, pues... no sé, algunas alusiones que ha hecho en cuanto a lo de "comerse marrones". Cada uno come donde puede o donde quiere, unos comen en mesa, otros en pesebre, o donde les da la gana, ¿no?, o donde pueden.

Pero vamos, aparte de eso, yo creo que... yo a usted no le voy a sacar de la ignorancia, porque no es mi misión estar aquí. Yo estoy perfectamente aclarado con lo que he dicho, lo que pasa que es muy difícil aclararse cuando se intentan tergiversar las palabras que uno dice. Primero viene a decir espectáculo lamentable; luego, en la iniciativa propia, en la Proposición No de Ley, según parece, había sido una... una iniciativa loable la que había llevado al... Ahora ya no es iniciativa loable; ahora ya es una cuestión... lo más bajo posible.

Mire, yo sí que le digo una cosa: en todas estas cuestiones... y creo que se ha quedado con lo fundamental de la exposición, lo que pasa que, como ya he dicho anteriormente, pues, lógicamente, es lícito coger cada uno lo que más le interese ¿no? Entonces, yo creo que la aclaración no se la voy a hacer porque... bueno, o sea... es usted mismo el que creo que debe aclararse en este sentido.

Yo he dicho, y mantengo, que la regulación, según está, está bien; que lo que más se regula es la cuestión en cuanto a las señas y a la plasmación de los símbolos. Que yo creo que el espíritu del Decreto, y nuestro Grupo cree que es un espíritu permisivista en cuanto a la utilización, que no tiene que ser intervencionista ni tiene que decirle a cada persona cuándo y dónde. Ya sé que en el Artículo 10, le he manifestado a usted las prohibiciones que existen y usted las ha leído. Pero eso no tiene nada que ver con la utilización de los símbolos de la Comunidad Autónoma -como ya le he dicho- por particulares y de una forma espontánea. Ni por particulares, ni ningún tipo de asociaciones, si no se produce ningún tipo de aprovechamiento ni ánimo de lucro.

Entonces, yo lo que creo es que los símbolos, en primer lugar, no se han utilizado para avalar ningún negocio privado. En segundo lugar, sí que se... es, la reglamentación existente en la actualidad, a través de Decreto, es perfectamente asumible por este Grupo, por eso nos vamos a oponer a que la misma se cambie. Y en cuanto a la utilización de la misma, creo que los controles que están establecidos en la actualidad -y que se han cumplido- son perfectamente válidos para que siga haciéndose de la forma que se ha hecho hasta ahora y con el uso debido que se les ha dado hasta ahora.

Nada más. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Mixto, don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señora Presidente... señora Presidenta, perdón.

Lo tenemos muy... lo tenemos muy fácil. Este Partido político, que no reconoce... que no reconoce la legitimidad de esta Comunidad Autónoma, mal va a reconocer los símbolos que representan a esta -ilegítima para nosotros- Comunidad Autónoma. Por consiguiente, entrar en cualquier debate sobre esta cuestión, sería una gravísima contradicción.

Por consiguiente, nos vamos a abstener, como es evidente. Y no tenemos nada más que añadir.

Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): De acuerdo, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra don Luis García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí. Muchas gracias.

(-p.1158-)

Desde nuestro punto de vista, creemos que hay una contradicción en la propia... no en la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista, sino lo que se está argumentando por parte del Grupo Popular en contra. En el propio ejemplo que se propone en los antecedentes de la Proposición No de Ley, se pone un ejemplo concreto -que lo conozco, porque soy de allí- y en donde, claramente, para un negocio privado, que por mucho que se dijo que tenía unos intereses, pues, no lucrativos, de beneficio de la Catedral de Burgos, lo cierto era, simplemente, vender vino a costa de lo otro, y ahí va el escudo de Castilla y León. Por lo cual, un ejemplo concreto -y que hay más- con lo que se demuestra que con la actual regulación se está permitiendo el uso de los símbolos de Castilla y León para negocios privados.

Si la Junta de Castilla y León considera... perdón, si el Partido Popular considera que se ha hecho un correcto uso de ese Decreto, pues habrá que cambiarlo; y, si no, pues habrá que aplicarlo con mayor rigor. Y, por lo tanto, si es lo primero que se ha dicho, pues lógicamente tendrá razón el Grupo Socialista en la Proposición que presenta.

Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular... No, no quiere hacer ya ninguna más. Grupo proponente, sí de acuerdo. Don José María Crespo, por favor, para fijar posiciones.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: No sea generosa con el Grupo Parlamentario Popular...

(Risas.)

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Señoría...

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Perdón.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Indudablemente...

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Bien. Bueno, pues yo quiero decirle a don Joaquín, con todo el respeto, que -por lo menos en eso estará de acuerdo hasta el Grupo Parlamentario Popular- otras cosas no será, pero la Comunidad Autónoma legal es, legal es.

Entonces, por supuesto, respeto absolutamente su... respeto absolutamente su posición en cuanto a no participar en debates que se refieren a los signos identificativos de una Comunidad Autónoma en la que usted no cree.

Agradezco, por otra parte, el apoyo expresado por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a la iniciativa. Y, ¿cómo no?, lamentar pues la... la oposición sistemática y contumaz del Grupo Parlamentario Popular a iniciativas que por venir de donde vienen no deben ser... no debieran, desde nuestro punto de vista, ser rechazadas. Porque, simplemente, tratar de mejorar una regulación que existe, en la que parece que el Grupo Parlamentario Popular no cree, pero que no modifica, mejorar una regulación que existe para que los símbolos identificativos de nuestra Comunidad Autónoma no sean utilizados indebidamente, pues me parece que no merecía la oposición del Grupo Parlamentario Popular.

Me parece que el Grupo Parlamentario Popular tampoco debiera sostener con esa actitud el ánimo de lucro que mueve a muchas de las personas y de entidades que utilizan los símbolos de la Comunidad Autónoma. Y le haremos llegar -y este debate va a dar más de sí- relación de academias, de colegios privados, de empresas, de cursos que se imparten, etcétera, etcétera, que por el hecho de llevar el símbolo de la Comunidad Autónoma, pues generan la confusión de si el aval va otorgado, o el aire de oficialidad que da el símbolo de la Comunidad Autónoma. Porque, aunque usted no lo crea, el símbolo de nuestra Región es muy serio, es muy serio y da pedigrí de legalidad, y de legitimidad, y de valor, a aquellas estampaciones donde se coloca. Y eso es así de cierto.

Y, por lo tanto, pretender que, indiscriminadamente, con ánimo de lucro en muchos casos y, además, vulnerando la norma de la cual nosotros nos hemos dotado, el Decreto que regula esta materia, me parece que están ustedes en una posición lamentable.

No quiere entenderlo, le ha tocado a usted defender esto aquí, como le hubiera tocado defender que estamos de acuerdo o a favor. Ése es su problema. Medítenlo, ¿eh?, medítenlo. Pero debieran hacer un esfuerzo mayor en apreciar iniciativas que no pretenden otra cosa, otra cosa, que mejorar regulaciones sobre materias que -a nuestro juicio-, estando bien reguladas, la Junta y ustedes no hacen nada para cumplirlas. Gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Concluido el debate, vamos a someter a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado de la votación. Son, votos emitidos, dieciséis. Votos a favor: cinco. Votos en contra: diez. Y abstenciones: una. Por lo tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley.

Por la Secretaria, vamos a dar lectura al tercer punto del Orden del Día.

(-p.1159-)

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): "Proposición No de Ley PNL 45-I, presentada por el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez, relativa a elaboración de informes sobre personas discapacitadas incorporadas a ofertas de empleo de mil novecientos ochenta y ocho-ochenta y nueve a mil novecientos noventa y tres, y cumplimiento de la reserva de puestos de trabajo para minusválidos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León número 12, de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cinco".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. Vamos a ver, para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el Procurador don Jorge Alonso Díez.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Buenos días. Muchas gracias. Bueno, esta Proposición No de Ley no pretende más que el favorecer la igualdad de oportunidades de las personas discapacitadas, en este caso concreto al acceso a un puesto de trabajo.

Desde la Junta de Castilla y León -como conocen- existe un Plan Sectorial dirigido a las personas con discapacidades. En ese Plan existe ese objetivo, el de favorecer la igualdad de oportunidades.

Y, en consecuencia, nuestro Grupo, a la hora de articular esta Proposición No de Ley, lo que pretendíamos era el concretar más cómo podía favorecerse ese acceso a ese porcentaje de puestos de trabajo que existen, y que están reservados -o por lo menos se contempla en las convocatorias públicas que se realizan-, pero que tenemos, por lo menos desconocimiento, y serias dudas de que se esté cubriendo ese porcentaje de puestos de trabajo.

Como conocen, este tema no se puede tratar de forma genérica; quiero decir, no se puede hablar de forma genérica que tiene que haber un porcentaje de puestos reservados para personas discapacitadas, dado que las discapacidades son variadas (pueden ser físicas, psíquicas, sensoriales, incluso enfermos mentales). Y luego también, dentro de cada uno de este tipo de discapacidades, pues, existen diversos grados. Con lo cual, si no se ordena todo este proceso, pues, está claro que no estamos favoreciendo el que las personas puedan acceder a esa reserva de puestos que contempla la propia Ley de la Función Pública.

Los datos del desempleo en la Región, y concretamente de las personas discapacitadas, que vienen teniendo un porcentaje... vamos, siendo una cuantía del doble de las personas normalizadas, las que se encuentran paradas dentro de las discapacitadas. Es decir, de las diecinueve mil novecientas sesenta y dos personas que, aproximadamente, son minusválidas dentro de la Región -partiendo del porcentaje del 2,1% sobre la población activa, que es la media que se viene fijando por diversos documentos-, casi ocho mil se encuentran en situación de desempleo. Y, lógicamente, eso, pues, yo creo que nos tiene que motivar para conseguir que esa reserva de cupo de ese 3% y 5% en las convocatorias se lleve adelante.

Y, por lo tanto, la Proposición No de Ley que presentamos, pues, tenía dos partes, o tiene dos partes claramente diferenciadas. Por un lado, una primera, el tener información de cuál es la situación que existe en este momento; es decir, cuántas personas están trabajando en la Junta, cuántas personas se han incorporado y qué mecanismos se han puesto en marcha para garantizar el que pudieran incorporarse. Y por otro lado, en la medida de que exista esa información, pues, desde esta propia Comisión poder concretar y poder sugerir, pues, otros mecanismos que permitan garantizar el que no sólo sea una declaración de principios la reserva del 5%, sino que sea un hecho concreto. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Para consumir el turno en contra de la..., tiene la palabra, por el Grupo Popular, el Parlamentario don José Nieto.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señora Presidenta. Yo quiero empezar por felicitar a Su Señoría, al proponente, por la sensibilidad en relación con los problemas de las personas con minusvalías, que creo que pone de manifiesto con el hecho de haber traído aquí esta Proposición No de Ley, y por su preocupación por el empleo de las personas discapacitadas.

No ha profundizado él mucho en el análisis de la situación. Yo tampoco lo voy a hacer, porque estoy consumiendo un turno en contra, y no son éstos los motivos por los que nosotros nos vamos a oponer a esta Proposición No de Ley.

Quiero -eso sí- dejar constancia de nuestro interés y preocupación, que creo que compartimos con Su Señoría, aunque me atrevo a asegurar... no me atrevo -perdón- a asegurar que tengamos exactamente la misma interpretación sobre la aplicación de las normas legales que intentan dar respuesta a la situación de estas personas. Me refiero a algún párrafo de los antecedentes de la Proposición No de Ley, que habla de un cumplimiento riguroso del 15%... del 5% de la reserva de puestos de trabajo en cada oferta de empleo público, que no sé si es que entendemos bien lo que quiere decir o no lo entendemos. Pero -como decía- no son éstos los motivos por los que no vamos a oponernos a esta Proposición No de Ley.

Empiezo por decir que en lo que no coincidimos, seguro, es en el grado de confianza en que la Junta cumpla la normativa vigente. No se pone en cuestión la normativa vigente. Parece que el Grupo Socialista tiene motivos, o el proponente tiene motivos para pensar que no se cumple satisfactoriamente. Nosotros no disponemos ni de información, ni conocemos motivo alguno para dudar de que la Junta esté cumpliendo con toda la diligencia y con toda la responsabilidad necesarias tanto la letra como el espíritu de la legislación, de su propia legislación, en materia de reserva de plazas para discapacitados.

(-p.1160-)

Por ello, o una de dos: o nos convence de que nuestra confianza en la Administración no tiene sustentación suficiente, o tendrán que seguir sin nuestro apoyo ese camino de información que Su Señoría diseña en la Proposición No de Ley. Éste -digo- es el primer motivo para oponernos a su Propuesta de Resolución.

Si nosotros no tenemos duda sobre el cumplimiento por parte de la Administración Autonómica de esta normativa, no vamos a pedir ningún tipo de información, ni contribuir con nuestra petición a sembrar unas dudas que nosotros mismos no tenemos.

Si Su Señoría no tuviera otros medios para conseguir la información que busca en la Proposición No de Ley, a lo mejor, nuestra posición hubiera sido diferente. Pero le recuerdo que usted mismo, Señoría, o su Grupo Parlamentario, pueden acceder sin la intermediación de esta Comisión de Presidencia a la información que les interesa a través de otras iniciativas, como las preguntas orales o las escritas, o mediante la petición de documentación, o solicitando la comparecencia del Consejero o de algún alto cargo de la Consejería para que informen, o presentando una interpelación. Todos estos caminos pueden recorrer sin implicarnos a nosotros, ni a esta Comisión; nosotros, sobre todo, que no tenemos dudas en esta materia.

Hay un segundo motivo para nuestra oposición, y es que entendemos que su Propuesta de Resolución supone un cierto intento -o por lo menos un intento de hecho- de invasión de la autonomía del Gobierno Regional frente a estas Cortes. Entendemos que no hay en nuestro Estatuto ni en nuestro Reglamento -el Reglamento de las Cortes- ni una sola expresión que ampare un mandato de estas Cortes al Gobierno para que elabore un informe sobre una cuestión o materia y lo remita a estas Cortes. Está previsto que el Gobierno responda a preguntas, que comparezca para informar, que explique y defienda su política, etcétera; pero en ningún caso el Gobierno está configurado como un órgano que tenga que elaborar informes para las Cortes a requerimiento de éstas.

Creemos que el respeto mutuo a las respectivas autonomías debe presidir las relaciones entre estas Cortes y la Junta, y nosotros no queremos contribuir a quebrantarlo ni a invadir la autonomía de la Junta.

Y hay un tercer motivo, y es que entendemos que el tercer punto de la Propuesta de Resolución plantea una actividad de esta Comisión que está fuera de las previsiones de nuestro Reglamento. No digo que no sea posible esta actividad (que esta Comisión se pueda reunir para estudiar o debatir cualquier tema), pero en los términos en que se formula no está prevista en el Reglamento. Y acudiendo a mi experiencia de doce años asistiendo a estas Cortes, yo no he sido testigo ni he conocido ni una sola reunión de ninguna Comisión con las características que se apuntan en esa Propuesta de Resolución.

Hay otros pequeños motivos formales que coadyuvan a configurar nuestra posición, pero no voy a entrar en ellos, porque si nuestra oposición se apoyara únicamente en estas pequeñas discrepancias formales, seguro que habríamos presentado una enmienda que intentara modificarlos, para poder llegar a un acuerdo. Pero no hago... Como no ha sido especialmente extensa la exposición del proponente, no hago hincapié en ellos, por lo menos en esta intervención.

Pero las otras tres razones que he expuesto: que nuestra confianza es diferente; que hay un grado de autonomía de la Junta, que tiene la obligación de someterse al control de estas Cortes, pero no en los términos que se plantean ahí; y una posible modificación o una cierta violencia del propio Reglamento de estas Cortes para la actividad de la Comisión. Estos tres son motivo más que suficiente para nuestra oposición a esta Proposición No de Ley, que no tenemos ningún inconveniente en reconocer que ha sido inspirada por el mejor deseo de atender a los problemas de este sector de la población, que merece toda clase de comprensión y de apoyo por parte de los Grupos Parlamentarios y también por parte de estas Cortes. Nada más.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Va a utilizar el turno de réplica. Tiene la palabra don Jorge Alonso, por favor.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias. Bien. Primero agradecer al señor Nieto su valoración positiva de la Proposición; lo que pasa es que se lo agradecería más si la hubieran apoyado que si la van a rechazar.

¡Hombre!, yo sí que le plantearía que los argumentos que ha dado -fundamentalmente de carácter técnico- para rechazar la Proposición, por lo menos motivaría el que deberían abstenerse y dejar que, aunque ustedes no quieran colaborar en que estas preguntas se puedan plantear, por lo menos salieran adelante, y yo creo que ganaríamos tiempo.

Porque yo lo que sí que le aseguro es que, aunque esta Proposición se rechace hoy, no se va a terminar el trabajar en esta línea. Con lo cual, lo que estaremos es demorando el avanzar en esta línea, pero, desde luego, las preguntas se van a hacer y las propuestas también se van a hacer, ¿eh? Porque está claro que lo que no puede ser es que haya una reserva... que no sé por qué le sorprende lo de que se diga que queremos que se cumpla lo del 5%; y digo que no sé por qué le sorprende porque si, de alguna forma, en la Oferta Pública de Empleo se dice que el 5% de puestos estará reservado para minusválidos, pues no puede ser que se recoja en la Oferta Pública de Empleo y luego, pues, tienda a no cumplirse.

En consecuencia, empezábamos haciendo la Proposición preguntando, para no tener que afirmar, y primero tener datos que nos permitan contrastar la preocupación que tenemos de que ese 5% no se está cubriendo.

(-p.1161-)

Es más, yo creo que, posiblemente, esos datos al día de hoy no los tenga ni la propia Junta. Posiblemente... tengo yo serias dudas de que haya un estudio realizado o un fichero que permita saber realmente cuántas personas con discapacidades hay trabajando en la propia Comunidad y cuántas han entrado en las últimas ofertas de empleo.

En cualquier caso, ese tema, desde luego, no lo vamos a dejar porque salga la Proposición rechazada. Y por eso yo le plantearía que lo volviera a reconsiderar. Porque yo creo que lo único que nos puede suponer el rechazar la Proposición es perder tiempo en llegar a los objetivos que se pretenden con la Proposición.

Que indudablemente puede mejorarse, la Proposición puede mejorarse, y si había cuestiones de forma que no les parecía bien podían habérnoslas enmendado. Nos preocupa que las preguntas se contesten... como una que ha sido contestada de forma reciente, en la cual se limita, ante una pregunta sobre un programa concreto de la Consejería de Fomento, decir que la documentación está en los archivos de la Consejería a disposición de Su Señoría, por descontado, pero que indudablemente al final no se contesta exactamente a lo que se pide. Nos preocuparía que ésa fuera la respuesta que se diera en este caso.

Y, desde luego, en la intervención inicial -porque también se ha hecho referencia a ello- no era un problema de hacer una intervención sobre la problemática genérica de los minusválidos y una intervención de carácter doctrinal. Yo creo que hay una situación concreta, y la situación concreta es que en todas las Administraciones -porque además así lo recoge la Ley de Integración del Minusválido- debe haber una reserva de puestos de trabajo para personas discapacitadas, porque se considera que tienen más dificultades para acceder al empleo y porque además para que puedan acceder hay que contemplar el tipo de minusvalía para que pueda, lógicamente, poder superar las pruebas, porque lógicamente las pruebas para las personas normalizadas, pues, seguramente, en la mayoría de los casos no van a poder ser superadas por minusválidos. Y, en consecuencia, lo que tenemos que hacer es que eso se cumpla, en el caso de la oferta de empleo de Castilla y León mejora lo que dice la LISMI -porque la LISMI lo fija en un 2% y aquí se sube a un 5%- lo cual yo creo que eso es bueno; pero es bueno si se cumple, si no se cumple, pues, nos quedamos en el terreno de la declaración de intenciones. Y, en consecuencia la Proposición lo que pretendía es que no nos quedáramos en ese terreno sino que realmente ese 5% que hay en la oferta de empleo lo llevemos adelante y se pueda cumplir.

Quizá se aumentó al 5% pensando que nunca se iba a llegar a cumplir; y, en consecuencia se podía ser generoso porque al final no se iba a estar en la obligación de cumplirlo. Y, en consecuencia, yo creo que el porcentaje que se fije debe cumplirse y como tal, nuestro Grupo, nos parece, o sea, insistimos en que se tenga en consideración la Proposición No de Ley. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Turno de dúplica, don José Nieto, por favor.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señora Presidenta. Nos invita el proponente a que nos abstengamos para que prospere la Proposición No de Ley. Pero, mire usted, si nosotros nos abstenemos la Comisión de Presidencia de las Cortes de Castilla y León aprueba una Proposición No de Ley en la que se solicita una información en unos términos que nosotros no consideramos pertinentes. En la que se trata de invadir determinados ámbitos de autonomía de la propia Junta de Castilla y León. Las Cortes tienen, no la posibilidad, tienen la obligación de ejercer el control político del Gobierno, pero de acuerdo con nuestro Estatuto y de acuerdo con nuestras Leyes, con la de, la misma Ley de Gobierno y Administración de esta Comunidad Autónoma -establecida aquí-, este control político ha de ajustarse a los términos de nuestro Reglamento. Y yo vuelvo a repetirle que en nuestro Reglamento no hay ninguna previsión, ninguna; no me atrevería a asegurarlo en todos, porque no los he contrastado, aunque yo he visto bastantes Reglamentos de Parlamentos Autonómicos porque desde la apertura misma de estas Cortes he participado en la elaboración de nuestro propio Reglamento. Pero no hay ni uno sólo; y desde luego, el del Congreso de los Diputados -que ha sido nuestra inspiración- no conduce nunca a que estas Cortes puedan decirle al Gobierno: haga usted un informe y remítanoslo, para que nosotros debatamos sobre él. Nunca. La Junta... las Cortes pueden requerir al Gobierno y tiene la obligación de acceder y de comparecer ante estas Cortes para informar y participar en el debate sobre la materia que sea, pero no que envíe una documentación a estas Cortes o un informe específico para que luego las Cortes puedan actuar autónomamente a favor o en contra del Gobierno -ésta es otra cuestión- con independencia y sin la presencia del Gobierno, esto no está contemplado en ninguna parte.

(-p.1162-)

Por tanto no se trata de impedir que ustedes obtengan la información, en absoluto, tienen todas las vías reglamentarias a su disposición. Dicen que van a seguir trabajando en esta materia, yo les animo a que trabajen; y si desde luego, con sus trabajos llegan a la conclusión, o podemos llegar a la conclusión, o con la información que ustedes solicitan y obtengan llegamos a la conclusión de que no se está cumpliendo ese porcentaje, encontrarán nuestro apoyo para que ese porcentaje legal se cumpla. Es que nosotros creemos que se cumple, que se cumple en los términos legales. Hábleme en algún momento de las garantías que ha adoptado o que piensa adoptar o que ha adoptado ya en el pasado la Administración para hacer eficaz esa previsión legal. Bueno, son las medidas de control ordinario de la Administración sobre sus propios actos, pero no hay medidas singulares específicas que se hayan conocido mientras no haya razones singulares y específicas que determinen la utilización de procedimientos extraordinarios de control.

Entonces, con toda verdad y con toda sinceridad de este Grupo Parlamentario Popular, si ustedes van a seguir en esta línea nos parece muy bien y además yo le animo a que sigan si es que tienen dudas, si se están cumpliendo no. Repito, si llegáramos al convencimiento de que no se cumplen -en sus términos, en sus términos- los porcentajes de reserva, encontrarán nuestro apoyo para exigir al Gobierno para que se cumpla. Pero no podemos ir desde ahora y ya implicándonos en una decisión que ustedes tienen a su alcance -repito- por la vía de preguntas, por la vía de interpelaciones, por la vía de comparecencias del Consejero, de los altos cargos de la Junta, o lo que sea.

En su intervención he creído ver algo... un ligero matiz que pudiera resultar peligroso: una cosa es que se cumplan los porcentajes legales de previsión; y otra cosa es que, en cada caso, se provean esos porcentajes en los procedimientos de selección. Que son cuestiones diferentes. Por tanto el saber, el saber por sí mismo cuántos discapacitados han entrado por vía de convocatoria pública en los servicios de la Administración Autonómica no determina por sí mismo si se ha cumplido o no el 5% de ese porcentaje.

Las cuestiones de forma no las he mencionado, son de segundo orden, pero estas cuestiones básicas, estas cuestiones básicas resultan afectadas por los términos de su Proposición y no eran enmendables, desde nuestro punto de vista.

Por tanto, sigan ustedes con su propósito de aclarar este tema, encontrarán nuestro apoyo en que obtengan esta aclaración, pero no nos pidan que vayamos nosotros a requerir a la Junta para que cumpla algo que nosotros no tenemos ningún motivo, ninguno en absoluto, para dudar que se esté cumpliendo estrictamente.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muy bien, gracias, Señoría. El turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señora Presidenta, ésta es otra de las excepciones, este tema, esta materia, que confirman la regla de no intervenir este Grupo Parlamentario en los asuntos... -o este Procurador, al menos-, en los asuntos de gobierno de la Comunidad en general. Pero, desde luego, tratándose de personas con minusvalías y tratándose de puestos de trabajo es evidente que ¿cómo no?, también tenemos una cierta sensibilidad política para este problema.

Estamos conformes con el fondo de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista, de una forma u otra, en definitiva, lo que pide es información. Vamos a analizar brevísimamente, para fijar nuestra posición, la forma. El Portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular critica especialmente la forma, que no es la adecuada para... o que no forma parte de las competencias de estas Cortes el hacer requerimientos de este tipo al Gobierno.

Bien, dos cuestiones. En primer lugar, si fuere así, quizá el camino más lógico hubiera sido el... por la Mesa de la Comisión no aceptar a trámite esta Proposición No de Ley para decir que... o en el debate decir es que no la podemos aceptar porque carece de defectos formales. Eso es, al menos, lo que en estas Cortes por parte de otras Comisiones se viene haciendo con las iniciativas de este Procurador que -presuntamente- no se ajustan a Derecho, no se ajustan al Reglamento. Por consiguiente, quizá no tuviéramos -manteniendo esa postura- que estar debatiendo aquí este tema por no haber sido debatido, por no haber sido aceptado por la Mesa.

En segundo lugar, una vez aceptado por la Mesa de las Cortes, es evidente que, en contra de lo que vengo observando que se viene haciendo en esta Cámara, debería interpretarse de forma amplia el Reglamento -y también el contenido de las Proposiciones No de Ley-; al contrario, más bien vengo observando desde mi corta estancia aquí que todas las interpretaciones que se hacen del Reglamento son restrictivas, restrictivas y por tanto siempre en perjuicio del sentido más favorable a la iniciativa de los Grupos Parlamentarios y de los Procuradores.

Y relaciono esto con la cuestión que debatimos. Es verdad que a las Cortes le corresponde el control de la actividad del Ejecutivo, pero también que le corresponde la iniciativa legislativa y no legislativa, porque si no, no tendrían sentido las Proposiciones No de Ley. Por consiguiente, si caben las Proposiciones No de Ley, hay que entenderlas en un sentido amplio: es decir todo lo que sea razonable. Evidentemente, estamos hablando entre personas razonables, todo lo que sea razonable; tiene que tener cabida dentro de ese concepto que debe ser genérico y ampliamente interpretado de las Proposiciones No de Ley. Y, por consiguiente, si la Proposición No de Ley se ha aceptado por la Mesa -con más o menos fortuna- y si la Proposición de Ley se está debatiendo, como estamos de acuerdo con el fondo, nos vemos en la obligación de apoyarla, aun reconociendo que quizá otras iniciativas parlamentarias hubieran sido más afortunadas. Pero defendiendo esa interpretación amplia del Reglamento y, por tanto, legitimando -por decirlo de alguna manera- la presencia de esa Proposición No de Ley en esta Comisión y su sometimiento a debate, nos vemos obligados a apoyarla porque -como digo- estamos de acuerdo con el fondo de la misma. Nada más y muchas gracias.

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LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra don Luis García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí, muchas gracias. Lógicamente desde nuestra posición de Izquierda Unida estamos de acuerdo con esta Proposición No de Ley en lo que se manifiesta una preocupación sobre las dificultades de incorporación al mercado de trabajo, a puestos de trabajo, de aquellas personas discapacitadas con minusvalías en el ámbito público de la Junta de Castilla y León. Que lógicamente también se producen estas circunstancias en los ámbitos con carácter general de la empresa privada -que no afecte a esta Proposición No de Ley pero que sí que sería un toque de atención que nos tendríamos que dar todos-, en donde bueno, pues hay un incumplimiento de carácter generalizado, donde se produce una importante inhibición por parte de las inspecciones de trabajo competentes en la materia -en el ámbito del sector privado me refiero, aunque también en el ámbito del sector público tiene sus competencias-. Y que, por lo tanto, en ese sentido, pues, apoyaremos esta Proposición No de Ley que recaba información de la Junta de Castilla y León en este sentido. Y lo que nosotros intuimos también, lógicamente, es el incumplimiento que se está produciendo de estos Decretos, de estas normativas a la hora de fijar estos porcentajes de reservas de puestos de trabajo para personas discapacitadas.

Y, en este sentido, manifestar nuestra discrepancia con lo que se ha expuesto aquí, una vez más, de exponer coincidencias en el fondo pero discrepancias en la forma, por parte en este caso del Grupo Popular. Yo creo que si hay coincidencias en el fondo, pues, estamos de acuerdo en lo fundamental. Y yo creo que las formas las habrá estudiado la Mesa de las Cortes y si ha considerado dar a trámite esta Proposición No de Ley en esta Comisión será porque considera que se ajusta al Reglamento. Y desde nuestro punto de vista tendría que ser aprobada por unanimidad en esta Comisión. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Por el Grupo del Partido Socialista, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias. Bueno, agradecer los apoyos a la Proposición No de Ley del Grupo Mixto y del Grupo de Izquierda Unida. Reiterar que la Proposición no tiene más sentido o más pretensión que la de contribuir a que se cumpla algo que se viene manifestando y que pensamos que no se cumple.

Yo lamento que el Grupo Popular esté permanentemente sobreprotegiendo a la Junta, decía el señor Nieto que quizá... -pues, es ése su papel-, pero yo creo que eso también empobrece el papel de las Cortes. Quiero decir que indudablemente si permanentemente el Grupo Popular todas las iniciativas se ven siempre si se puede con ello crear algún perjuicio, que yo creo que con esta no crearíamos ningún perjuicio a la Junta, pero en cualquier caso si siempre subyace esa preocupación, yo desde luego creo que empobrece el papel de las Cortes y aun estando de acuerdo en el fondo del tema, como se ha manifestado, pues, al final no se apoya ¿no?.

La Proposición... -y como decía antes-, vamos a hacerlo; o sea, hay que pretender ser coherentes lo que decimos con lo que hacemos. Y la Proposición lo que... lo que pretendemos es que se cumpla lo que se dice; y si no se aprueba hoy, desde luego, vamos a seguir trabajando en esa línea, con preguntas e intentando que ese porcentaje se cubra, en beneficio, yo creo que de todos, en beneficio de lo que se viene diciendo: de favorecer esa igualdad de oportunidades y de no tener que hacer, además, estas preguntas. Porque, indudablemente, si desde la Junta esta información se diera de forma normalizada, es decir -lo hablamos el día de la comparecencia del Consejero-, si hay determinada información sobre puestos de trabajo que se nos facilitara de forma normalizada, periódicamente, cada tres meses, cada seis meses; y que en ella también se incluyera los puestos que están ocupados por discapacitados, pues, seguramente no tendríamos que estar aquí planteándonos ese tema. Lo que pasa es que sí que se habla de que se quiere dar la información, pero lo cierto es que no la tenemos. Y en consecuencia, bueno, pues, la solicitaremos si la Proposición es rechazada. Y, en consecuencia seguiremos trabajando en esa línea.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría.

Concluido el debate vamos a proceder a someter a votación la Proposición No de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

El resultado de la votación es el siguiente: Votos emitidos, dieciséis. Votos a favor: seis. Votos en contra: diez. Por lo tanto, queda rechazada la Proposición No de Ley.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenos días, hasta la próxima.