DS(C) nº 80/4 del 22/3/1996

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. José María Crespo sustituye a Cipriano González, por el Grupo Socialista.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. Por el Grupo Popular.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Está previsto en el Grupo Popular que doña Pilar San Segundo sustituya a don José Luis Santamaría. Digo que está previsto, porque todavía no ha comparecido doña Pilar San Segundo.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias. Vamos a dar comienzo al Orden del Día. Por la señora Secretaria... da lectura al primer punto. Por favor.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): Primer punto del Orden del Día: "Pregunta con respuesta Oral ante la Comisión 34-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador don Joaquín Otero Pereira, relativa a instalación de relojes para fichar en la Delegación Territorial de León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 31, de cinco de febrero de mil novecientos noventa y seis".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Por favor, señor Diputado que va a hacer la formulación de la pregunta, o es...

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, señora Presidenta. El objeto de la pregunta es una polémica que se suscitó en los primeros días del mes de diciembre y que, además, apareció recogida reiteradamente por los medios de comunicación en la provincia de León. Y la polémica tenía como objeto el hecho de que la junta de personal de los Servicios Generales de la Junta de Castilla y León en León manifestaba públicamente su malestar por las declaraciones del Secretario Territorial de la Junta de Castilla y León, en las que justificaba la instalación de relojes para fichar los funcionarios en los incumplimientos de horario y ausencias injustificadas de los mismos, algo con lo que, sin duda alguna, no estaban en absoluto de acuerdo los funcionarios ni tampoco el personal laboral.

De ahí, que la pregunta tenga un carácter doble: ¿tiene alguna queja la Junta sobre el comportamiento laboral de los funcionarios y demás trabajadores de la Delegación Territorial de León?, en primer lugar.

Y en segundo lugar, ¿ha adoptado la Junta las mismas medidas de instalación de relojes para fichar en las Delegaciones Territoriales de las restantes ocho provincias de esta Comunidad?

Ésta es la doble pregunta, la doble interrogante. Nada más, por el momento. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Por favor, la contestación por parte de la Junta, el señor Consejero.

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Muchas gracias, Presidenta. Señorías, la pregunta, efectivamente tiene dos cuestiones, y yo contestaré de la forma más sencilla y breve, porque creo que el tema así lo requiere. En principio, a la primera cuestión, contesta que, en términos generales, la Junta se siente satisfecha por la profesionalidad y el cumplimiento de sus obligaciones por parte de todo el personal de la Delegación Territorial de la Junta en León.

Y en cuanto a la segunda cuestión, decirle a Su Señoría que las medidas que se han implantado en León en cuanto a control horario son similares -si no idénticas- en muchos casos al resto de las Delegaciones Territoriales.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): ¿La segunda parte ya está?

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Ya está, ya está.

(-p.2064-)

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Turno, por favor, de réplica.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, señora Presidenta. Muy brevemente, tan brevemente como la respuesta del señor Consejero, porque es verdad que la cuestión no es... suscita un debate amplio.

Con respecto a la segunda respuesta que me ha dado el señor Consejero, dice usted que las medidas han sido las mismas. Lo que ocurre es que en la Delegación Territorial de León se han adoptado en un momento en el que había polémica, e incluso en un momento en el que se abrieron o se iniciaron algunos expedientes contra funcionarios de la Junta de Castilla y León que se sienten perseguidos. Y yo le comunico que hay gran malestar en la Delegación Territorial con la actuación persecutoria -algunos la denominan inquisidora... o inquisitoria- del actual Secretario de la Delegación Territorial de la Junta en León.

Entonces, nos parece absolutamente razonable que se pongan relojes para fichar o para controlar a los funcionarios como se hace en numerosas Administraciones públicas. Pero lo que le pregunto si tiene alguna relación esa situación que se ha producido, esa polémica que hay, ese descontento de los funcionarios y del personal laboral con la actuación del Secretario General de la Delegación Territorial de León, con el hecho de que fuese en esa fecha en concreto cuando se instalasen los relojes y cuando comenzaron a incoarse expedientes disciplinarios contra algunos funcionarios. E incluso, el control de la presencia mediante la recabación de firmas de los presentes, para ver quien está y quien no está.

Situando eso en el tiempo es como yo le formulaba la pregunta, y no en términos abstractos, sobre si es conveniente que se instalen relojes, lo cual nos parece correcto. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Era simplemente dar paso al señor Consejero.

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Bien, planteada así la cuestión, entonces le voy a... no les voy a contestar sobre... Efectivamente, en todos los sitios donde están puestos relojes, por qué normas se rigen, etcétera, porque realmente creo que no procede. Entonces, la pregunta, dicho de esta segunda forma, yo señalarle que no tengo constancia absoluta ninguna de que haya -a mí por lo menos no han llegado- problemas de ningún funcionario que se haya quejado directamente a este Consejero sobre la situación personal de sentirse o no sentirse perseguido.

Yo creo que la circunstancia ha sido así. Se han puesto los relojes en el momento en que se tenían, porque los relojes no se compran de hoy para mañana, usted lo sabe igual que yo; requieren un expediente, el expediente se hace; cuando son servidos por la empresa suministradora es cuando se ponen.

Entonces, estando todos como estamos de acuerdo que es necesario un control y que no prejuzga nada, ni a favor ni en contra de nadie, lo que sí se hace también con alguna frecuencia en todas las Delegaciones Territoriales y en todos los Servicios Centrales de todas las Consejerías es, de vez en cuando, pasar firmas volantes. Es decir, no sólo saber si se ha entrado y se ha fichado, y al salir se ficha, sino también tener conocimiento, en un momento dado, concreto, de la permanencia o no de las personas que trabajan en esa Delegación. Pero se hace, repito, en todas las Consejerías y en todas las Delegaciones Territoriales. Es más, me va a perdonar, y si no se hace, se debería de hacer. Ésa es mi opinión personal.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, señor Consejero. ¿Desea hacer uso de dúplica? Entonces, únicamente si alguno de los señores Procuradores quiere hacer algún tipo de aclaración, ¿quiere consumir el turno de aclaraciones? Muchas gracias.

Vamos a dar... a seguir con el Orden del Día. El segundo punto del Orden del Día, por favor, señora Secretaria.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Consejero de Presidencia y Administración Territorial, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre expediente instruido a don Flaviano Casas Martínez con número de registro personal 126828124a5059, como consecuencia del artículo de opinión publicado en el Diario Palentino de fecha diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. Tiene la palabra el Excelentísimo señor Consejero de Presidencia.

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Muchas gracias, Presidenta, Señorías. Voy a dividir esta comparecencia -digamos- en una serie de rúbricas en cuanto a actuaciones realizadas, en cuanto a valoración jurídica y situación actual del tema.

(-p.2065-)

Como conocen Sus Señorías, el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco -si no conocen, se lo digo yo ahora- se inició por la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio un escrito al Delegado de la Junta en Palencia, en el que pone de manifiesto que "vistas -leo textualmente- las apreciaciones recogidas en el Diario Palentino de diecinueve de abril de mil novecientos noventa y cinco, y suscritas por el agente forestal don Flaviano Casas Martínez, podrían ser constitutivas de falta disciplinaria prevista en el Reglamento de Régimen Disciplinario de Funcionarios aprobado por Real Decreto 33/86, de diez de enero, y las traslada al delegado por si lo estimase conveniente, y, en virtud de la competencia conferida en el artículo 7.1 de dicho Decreto de dieciocho de noviembre, se incoe el correspondiente expediente". Como digo, esto es el veinticuatro de abril del noventa y cinco. El expediente, que naturalmente tiene por objeto, por finalidad, y así se dice, esclarecer hechos y manifestaciones realizadas y, en su caso, determinar las presuntas irregularidades o responsabilidades que pudieran derivarse. Éste es un hecho y paso a otros hechos que son los que figuran en el propio Diario Palentino, en el escrito firmado por don Flaviano Casas, en el cual dice, entre otras, las siguientes manifestaciones.

"En la chamusquina de los montes perecen incesantemente hombres y mujeres que, a cambio de cuatro perras, entregan generosamente sus vidas, utilizadas por los altos mandatarios para justificar los abultados presupuestos de su campaña". Otra. "Las noticias oficiales divulgadas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de estos compañeros nos sobrecogen y causan enorme irritación por el tono confuso y hasta tendencioso en que se expresan". Otro. "Quien así les habla, dejó constancia escrita, se anticipó a los hechos en contundentes y reiterados escritos, alertando sobre la escandalosa cifra de muertos en tareas de extinción". Veremos luego cuál es la escandalosa, pero bueno, con uno sería suficiente. "Tres muertos son muchos muertos para que sus compañeros permanezcan impasibles y cobardemente callados". Continúo. "Personalmente quisiera preguntar al Consejero de Medio Ambiente y al Director General si estas muertes absurdas no pesan sobre sus conciencias". "Agentes forestales entre el ser o no ser, con más voluntad que eficacia, adentrándose en las fauces del fuego bajo órdenes perdidas en las ondas del anonimato, y muchas veces sin más medios que una escoba". "No se puede justificar la muerte de estos tres compañeros por un cambio de viento, tal y como ha aparecido en algunos medios informativos". Y termino con las citas. "En mi modesto criterio, estas muertes siempre son evitables, si se cumplen requisitos mínimos de prudencia, responsabilidad y conocimientos básicos en materia de extinción de incendios forestales".

Bien, el Delegado Territorial solicitó -como es lógico- informe a la Asesoría Jurídica de la Delegación Territorial, que informa que las manifestaciones vertidas por el autor del artículo, en alguno de sus párrafos acusa a los altos mandatarios de la Junta de Castilla y León de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal, independientemente de las posibles faltas disciplinarias, por cuya razón, a juicio del letrado, propone dar traslado del artículo publicado al Ministerio Fiscal.

Dando cumplimiento al principio de "non bis in idem", y de preferente de la jurisdicción penal, se dio trasladado al Fiscal Jefe de la Audiencia de Palencia el ocho de agosto del noventa y cinco... perdón, se le dio, y él en esa fecha resuelve que, aunque las valoraciones son ciertamente críticas respecto a las actuaciones de las autoridades administrativas en materia de prevención de incendios y sobre las causas de fallecimiento de tres personas, no puede concederse alcance delictivo; subrayo lo de alcance delictivo.

Con fecha doce de septiembre del noventa y cinco, el Delegado Territorial en Palencia dicta acuerdo de iniciación de expediente disciplinario, mediante el que se imputa a don Flaviano Casas Martínez la comisión de una infracción disciplinaria grave prevista en el artículo 7.1.e del Real Decreto 33/1986, de diez de enero, por el que se regula el Reglamento Disciplinario de los Funcionarios Públicos, nombrando asimismo instructor y secretario, y notificándolo al inculpado.

Igualmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del citado Real Decreto, se practican las actuaciones que se consideran necesarias para el esclarecimiento de los hechos, recabando los datos e información relevante para determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción, y se acordó la apertura del periodo probatorio y, previa comunicación al interesado, se realizaron las siguientes actuaciones: se recabó testimonio de agentes forestales, a instancia del propio expedientado; se solicitó información al Juzgado de Instrucción número dos de León sobre el estado de la tramitación de las diligencias informativas que se estaban sustanciando; y se solicitó informe al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Con fecha veintiséis de febrero del presente año, el Instructor ha dictado ya propuesta de resolución, remitiéndola al órgano competente, que es el Secretario General de Medio Ambiente.

Esto por lo que se refiere a hechos. Voy a pasar ahora a la valoración del procedimiento disciplinario y de las manifestaciones realizadas.

Teniendo en cuenta la resolución del órgano competente para incoar el expediente disciplinario, así como las actuaciones practicadas por el órgano instructor, se desprende que las expresiones pudieran ser constitutivas de falta disciplinaria grave -como ya he dicho antes-. Y este Artículo, aunque... el Artículo 7.1, 7.1.e), aunque hace referencia a la grave desconsideración con superiores, compañeros y subordinados -luego veremos la relación entre el Artículo y las manifestaciones vertidas-... pero este Artículo -digo- hay que conectarlo con los Artículos 76, 79 y 80 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, relativos a los deberes de los funcionarios, y con el Artículo 45, 41 y siguientes del Reglamento del Cuerpo Especial de Guardería Forestal del Estado.

(-p.2066-)

Las expresiones vertidas y publicadas en El Diario Palentino parecen reunir los elementos que concurren para que una conducta pueda caer en lo que hemos dicho de desconsideración con superiores, compañeros y subordinados.

Así, en primer lugar, esta falta grave únicamente puede ser cometida mediante una acción que comporte un menosprecio o descrédito hacia los superiores jerárquicos. A lo largo de toda la publicación se observa una intención de poner públicamente en entredicho la autoridad de sus superiores jerárquicos; en unos casos con menciones expresas, cuando dice: "Personalmente, quisiera preguntar al Consejero de Medio Ambiente y al Director General si estas muertes absurdas no pesan sobre sus conciencias". O con otro tipo de expresiones, cuando se dice, por ejemplo: "No se puede justificar la muerte de estos tres compañeros por un cambio de viento, tal como ha aparecido en algunos medios informativos", cuando habían sido los superiores jerárquicos quienes habían dado esta explicación.

Por todo ello, parece evidente que las expresiones vertidas y publicadas en El Diario Palentino exceden los límites de la crítica sobre la forma de proceder en la política de prevención de incendios de la Consejería, ya que, cuando menos, son irrespetuosas y ofensivas hacia la persona de los superiores jerárquicos, con un claro descrédito, al atribuirles un comportamiento negligente en un accidente muy grave, atendiendo a las circunstancias en que se produce.

Pero es que, además, este posible menosprecio no se circunscribe única y exclusivamente a los superiores, sino que se extiende a los propios compañeros, cuando dice, por ejemplo: "Tres muertos son muchos muertos para que sus compañeros permanezcan impasibles y cobardemente callados". O cuando dice: "En mi modesto criterio, son siempre evitables, si se cumplen los requisitos mínimos de prudencia, responsabilidad y conocimientos básicos en materia de extinción de incendios forestales", dando a entender que sus propios compañeros no estaban suficientemente preparados para el cumplimiento de las tareas que tienen encomendadas.

Todo esto se entiende que incide en el propio funcionamiento del Servicio Territorial correspondiente, en este caso el de Palencia. Y el propio Jefe del Servicio así lo indica, cuando señala que "puede implicar una actitud de indisciplina o desobediencia, desprestigia a los superiores y manipula noticias, restando credibilidad sobre la verdad explicada por sus superiores".

Podríamos seguir sobre esto, pero... Por último, yo creo que el objeto del expediente disciplinario incoado hay que tener en cuenta que no es otro que la comprobación y determinación de los hechos y, en su caso, exigencia de responsabilidades, si fuesen constitutivos de sanción administrativa; todo ello en ejercicio de la propia potestad sancionadora atribuida legalmente a la Administración. Potestad que no puede olvidarse invocando una protección o cobertura en el derecho a la libertad de expresión o a la presunción de inocencia, porque, en primer lugar, con la iniciación del expediente lo que se pretende es, justamente, valorar una posible conducta a través de los trámites adecuados y con las garantías legales establecidas, sin que en sí mismo suponga una resolución culpatoria y sin que por ello pueda verse lesionado el principio de presunción de inocencia, ya que -como digo- el objeto, precisamente, del expediente es determinarlo.

En segundo lugar, tampoco puede ampararse o justificarse las críticas realizadas en el derecho a la libertad de expresión o de opinión. Existe casuística de la doctrina y de la jurisprudencia, y en especial una Sentencia del Tribunal Constitucional, la 31/83, en la que dice que este ejercicio tiene límites, pues ningún derecho carece de ellos, pero el funcionario se encuentra, además, con otros límites derivados de su condición estatutaria. Es funcionario, no nos olvidemos, y tiene unas normas que rigen su conducta.

Y teniendo en cuenta todos estos temas, el Artículo 74 de la Ley de Funcionarios -como he dicho antes-, y el 41, del Cuerpo Especial, creo que las manifestaciones podrían, a priori -repito, a priori-, podrían, a priori, ser objeto, por lo menos, de una incoación de expediente, ya que también el Tribunal Constitucional, además, mantiene, respecto a esta libertad, que la libertad crítica de los funcionarios hacia sus superiores deberá hacerse compatible con la mesura necesaria para no incurrir en la vulneración al respeto a los superiores y para no poner en peligro el buen funcionamiento del servicio y de la institución o administración a la que pertenece. Ya hemos dicho cuál era el informe del Jefe del Servicio.

En definitiva -y con esto termino-, mediante el expediente disciplinario instruido, lo que se plantea no es si el inculpado ha ejercitado o no las libertades que entiende le amparan para realizar las manifestaciones expuestas, sino cuál es el alcance de las mismas. Si el medio y la forma utilizadas para ejercitarlas han transgredido o no los límites que le impone el ordenamiento vigente, y en concreto las normas específicas aplicables a la institución de que forma parte. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, señor Consejero. Salvo que los señores Procuradores... señoras y señores Procuradores deseen lo contrario, se suspende la sesión por quince minutos. Podemos suspenderla por cinco minutos o continuar, lo que ustedes deseen... Continuamos, entonces. De acuerdo. Muy bien.

Pues se reanuda la sesión, que no se ha interrumpido. Y procedemos, para la formulación de preguntas u observaciones, a un turno en el que podrán intervenir cada uno de los Portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra...

CRESPO LORENZO

(-p.2067-)

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Señora Presidenta. Perdón, parece que es costumbre parlamentaria que quien solicita la comparecencia contesta al señor Consejero.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): ...por el orden normal. De todas maneras...

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señora Presidenta. Y bienvenido a esta su casa, señor Consejero, aunque sea para comparecer ante estas Cortes por un episodio ciertamente lamentable, en el cual las Cortes de Castilla y León deben erigirse en salvaguarda y defensa de ese valor fundamental constitucional que es el derecho a la libertad de expresión; un valor fundamental -desde nuestro punto de vista- seriamente cuestionado por la instrucción de este expediente disciplinario al funcionario al que nos referimos, y que las explicaciones dadas por el señor Consejero en su comparecencia, desde luego, no contribuyen a evitar esa sensación de serio ataque a la libertad de expresión que nuestra Constitución reconoce al conjunto de los ciudadanos, sean funcionarios de la Junta de Castilla y León o no.

Mire, a mí me parece que actitudes y expedientes de estas características suponen un afán -y se lo digo con toda contundencia- represor por parte de la Junta de Castilla y León. No me sirve, bajo ningún concepto, el que se nos diga ahora que exclusivamente este expediente tiene poco menos que carácter informativo. De sobra sabe el señor Consejero que la apertura de un expediente disciplinario por opiniones vertidas quitará inmediatamente las ganas a cualquier otro funcionario, o a cualquier otro ciudadano integrado en la estructura de la Junta de Castilla y León, para emitir opiniones, valoraciones o juicios. Y, por lo tanto, ustedes han instruido un expediente de neto carácter disuasorio para otros funcionarios que, en el libre ejercicio de sus derechos constitucionales, se permitieran -algo que ustedes entienden como una osadía- opinar sobre actuaciones políticas de los responsables políticos de la Junta de Castilla y León.

Por lo tanto, me reitero en el argumento inicial de que esto supone un atentando serio contra la libertad de expresión, que evidencia un afán represor de la Junta de Castilla y León.

¿Dónde está la tolerancia y el respeto a la posibilidad de discrepar, la tolerancia y el respeto a la libertad de opinar de forma distinta? ¿Dónde está esa necesidad de los poderes públicos, que tienen los poderes públicos de fomentar ese derecho a la discrepancia, ese derecho a opinar libremente sobre acontecimientos que les afectan en su quehacer cotidiano? No estamos hablando de una aparición clandestina de un funcionario que utiliza información privilegiada o que falta al deber que tiene de secreto sobre actuaciones, sobre diligencias, o sobre actuaciones de la Junta en las cuales él participe de una forma activa, etcétera. No, no. No estamos hablando de nadie que haya faltado al deber de sigilo que les corresponde y que les es exigible a funcionarios públicos. Estamos hablando de un agente forestal que, con su nombre y apellidos, publica un artículo de opinión como consecuencia de un episodio que todos hemos lamentado -y no es sobre eso sobre lo que hemos venido a hablar aquí-, pero que ha tenido unas consecuencias dramáticas en nuestra Comunidad Autónoma en el pasado verano: un incendio terrible en la provincia leonesa, en cuyas tareas de extinción fallecen unos ciudadanos; y un agente forestal, especialmente sensibilizado con sus compañeros, especialmente sensibilizado con la conservación del medio ambiente, beligerante y pundonoroso donde los haya en la preservación y en la conservación del medio ambiente, respetado por los colectivos ecologistas como pocos, respetado por sus compañeros, es simplemente castigado con la apertura de ese expediente disciplinario por poner, con su nombre y sus apellidos, en un artículo de opinión lo que él creía que había sucedido ahí, acompañado de sus opiniones al respecto.

Y no me diga que este expediente es exclusivamente informativo, porque ustedes acudieron a la vía penal; denunciaron ante el Ministerio Fiscal a este funcionario porque en ese afán represor, en el cual inmediatamente aparece el Jefe de Servicio de Medio Ambiente de Palencia y el Letrado de turno, que, lejos de tener ese componente de autonomía y de independencia que nosotros reclamamos para los funcionarios públicos y que evidencia la figura de éste del que hablamos, ante una sugerencia del Jefe de Servicio -es decir, del hombre del Partido Popular en la Junta de Castilla y León en Palencia-, inmediatamente dice: "Sí, sí, yo aquí observo indicios de delito; al Ministerio Fiscal". Y usted sabe que el Ministerio Fiscal en Palencia les ha dicho que en absoluto, en absoluto, de las opiniones vertidas por este ciudadano se desprenden indicios de delito alguno; y el argumento fundamental es que lo basa en el derecho constitucional reiterado a la libertad de expresión.

Y entonces ustedes -utilizando el argot- tratan de "empurar" a este ciudadano en la vía penal, no lo consiguen, y ahora continúan con la vía administrativa abierta, porque es ahí donde ustedes, políticamente, tienen todo el margen para represaliar a un funcionario.

Pero es que, además, el Tribunal Constitucional ya ha dado algún escarmiento a empresas que han tenido tentaciones similares a las que ustedes tienen aquí. Y hay una Sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual, en la cual... la Sentencia del Tribunal Constitucional 16/1/96, en la cual declara inconstitucional en recurso de amparo, reconociéndole el derecho a las libertades de expresión e información, a un trabajador sancionado por publicar en prensa un artículo crítico hacia su empresa. ¡Fíjese usted qué casualidad!

(-p.2068-)

Yo creo, yo creo... no voy a referirme en absoluto a los letrados que asesoran en la elaboración de un expediente, pero es que yo creo que ustedes debieran ser más cautelosos, ¿eh? Y junto a los informes en los cuales quieren fundamentar una iniciativa lamentable como ésta, debieran también conocer lo que ya son experiencias, y sobre todo lo que es jurisprudencia, en sentencias del Tribunal Constitucional, porque pueden ustedes hacer un espantoso ridículo, además, quedando en evidencia una vez más que lo que ustedes han perseguido es la libertad de expresión; y el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucional una sanción a un trabajador, precisamente por publicar un artículo de opinión crítico hacia su empresa.

Y yo deduzco de todo esto que ustedes están empeñados en amordazar a todo el mundo. Les molesta que opine todo el mundo. Les molesta... hasta este Parlamento. Ayer mismo un Procurador se permitía poco menos que sugerir que nos fuéramos del Parlamento, porque no les gustaba las cosas que decíamos aquí. Bueno, la verdad es que acabó marchándose él por propia voluntad, ¿no? Pero es que tienen ustedes la tentación de amordazar a todo el mundo. El Parlamento les molesta y, por lo tanto, le bloquean en sus iniciativas, no le atienden en sus demandas, comparecen lo justo, y responden cuando les parece.

A los colectivos ciudadanos, pues, o procuran subvencionarlos para tenerlos más o menos contentos, pero, desde luego, les molesta su capacidad para opinar.

Les molesta que los funcionarios públicos puedan opinar sobre sus actuaciones políticas. Que es que los funcionarios públicos, además, y antes que funcionarios de esta Comunidad Autónoma, son ciudadanos, señor Consejero, que tienen derechos constitucionales y que pueden opinar políticamente -¡faltaría más!- sobre decisiones políticas que ustedes toman. Y, entonces, estamos entrando también en contradicción con un modelo de Función Pública que ustedes tienen y con un modelo de Función Pública o de funcionarios públicos que nosotros tenemos.

Y de todo ello, pues es que se les escapa el talante autoritario por los costados; no lo pueden evitar. En un caso como éste, pues, simplemente, matar al mensajero y condenarlo, y condenarlo. Y eso denota un talante autoritario que, por más que hablen ustedes de tolerancia, de nuevos estilos, a poco que uno se descuide, se les escapa. Porque es intolerable que el Jefe de Servicio, que envía la nota interna para instruir este expediente, que sirve de base para que el Letrado del Servicio Territorial en Palencia lo envíe al Ministerio Fiscal, diga por escrito que este artículo incita a la sublevación, señor Consejero. Yo creo que es tan ridícula la utilización de esa expresión, que si usted no puede pasar de este asunto sin culminar un expediente, expediente al Jefe de Servicio de Medio Ambiente y, en su caso, al Letrado que asesora y les lleva a ustedes a este callejón sin salida.

Yo termino, señor... yo termino, señor Consejero. Mire, ha habido discusiones en la Mesa, incluso, sobre la procedencia de que iniciativas de este tipo puedan venir a las Cortes como consecuencia de que pueden influir en una actuación administrativa, como es un expediente administrativo. Desde luego, vaya por nuestra parte el absoluto respeto, respeto para el procedimiento administrativo que esté instruido. Y, por lo tanto, no podrá... no debe interpretarse esta comparecencia como un mecanismo de presión política hacia quien debe resolver ese expediente.

Pero sí debe servir, señor Consejero, para que usted manifieste una sensibilidad distinta de quienes han originado toda esta maquinaria administrativa.

No estamos, únicamente y exclusivamente, ante un expediente administrativo, ante un procedimiento burocrático más. Estamos ante un riesgo serio de atentar contra el derecho constitucional a la libertad de expresión. Y ahí le pido a usted, como responsable político último de esta cuestión, que no permita que la Junta de Castilla y León perpetre ese atentado contra la libertad de expresión que un ciudadano ha ejercicio libremente. Nada más y gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Ahora sí, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy brevemente, y desde la posición y el conocimiento que tenemos del expediente, que es o está basado en lo que hemos escuchado en esta Comisión, sin tener más datos.

Decir varias cosas. En primer lugar, no nos parece que el artículo que hemos conocido en voz del señor Consejero -o, al menos, en sus aspectos más... más destacados-, no nos parece que ese artículo pueda encajar en lo que ustedes denominan como "desconsideración". Por tanto, no creo que esté previsto ese Artículo 7.1 del Reglamento disciplinario de los funcionarios, no creo que esté previsto que su finalidad sea el acallar este tipo de críticas. Es una crítica dura, yo entiendo que es una crítica dura hacia la Consejería y hacia sus superiores, pero no es... yo no veo por ninguna parte que eso pueda suponer una desconsideración.

Claro, el tema, desde luego, es opinable. Y aquí se han escuchado Sentencias del Tribunal Constitucional en ambos sentidos. Por tanto... nosotros tenemos nuestra propia opinión -repito-, inferida de lo que hemos escuchado aquí, en esta Comisión, porque no tenemos más... más datos para poder opinar.

En todo caso, ya el hecho de que la Asesoría Jurídica remita al Ministerio Fiscal ese artículo o esas declaraciones por si pudieran constituir un delito, mire, eso ya es un indicio de que ahí hay algo que no funciona; eso sí que no encaja bajo ningún punto de vista. Utilizar... ¡claro!, es que llegaría al Fiscal y diría: "pero ¿dónde quieren encajar esto? En las injurias, en las calumnias, o en los delitos de los funcionarios públicos...?"

(-p.2069-)

Es que, señor Consejero, eso es una auténtica aberración jurídica, el intentar convertir esas afirmaciones en un delito. Probablemente -como decía José María Crespo en su intervención-, más que influido por su sapiencia jurídica el Letrado haya estado influido por la subordinación o acatamiento de las instrucciones de su Jefe de Servicio.

En tercer lugar, hay que ser tremendamente cautelosos a la hora de instruir expedientes disciplinarios. No son expedientes informativos, no tiene nada que ver; son expedientes disciplinarios. Sabe usted, señor Consejero, que cuando a un ciudadano normal y corriente le abren unas diligencias previas en cualquier Juzgado, lo consideran imputado; aunque luego en el juicio lo absuelvan, se produce un daño muy importante. Y lo estamos viendo con casos muy conocidos y muy famosos, que no sabemos qué solución o resolución van a tener, pero en la vida pública española ahora mismo.

El hecho de abrirse unas diligencias previas, que tiene más o menos el mismo carácter, pero trasladadas a la vía penal, a la vía jurisdiccional-penal, ya suponen un daño muy importante.

Y si ustedes resuelven -porque todavía, por lo que he entendido no hay resolución-, si ustedes resuelven a favor, el daño está hecho; si resuelven en contra, pues le obligarán a este funcionario a acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, que estoy seguro o casi seguro que le va a dar la razón. Pero el daño va a estar hecho. Cuando más lejos lleguen ustedes, más daño se va a producir.

Y en cuarto lugar -y para terminar-, criticar la ligereza que ustedes tienen últimamente... yo no sé el anterior, porque llevo relacionado con la Junta de Castilla y León desde estas Cortes pocos meses, pero he observado que ustedes obran con una gran ligereza a la obra de abrir expedientes disciplinarios. Saben que ahora mismo está de actualidad un expediente disciplinario que se ha abierto a un funcionario público por el hecho de ser candidato de la UPL al Senado. Eso está ahora mismo de plena actualidad en León, y hoy... ayer mismo se le tomó declaración. Ya le anticipo que vamos a pedir la comparecencia del Consejero para que explique por qué o qué motivos hay, por el hecho de ser candidato al Senado de una formación política, para que inmediatamente después y al día siguiente se le abra un expediente disciplinario. Me consta que el señor Consejero no tiene noticias; me consta, porque es muy reciente. Y me consta que ese expediente nace del Partido Popular en León y del Delegado Territorial de la Junta en León, que fueron los que incitaron a que se incoase.

Pero pediremos su comparecencia, para que nos explique más datos sobre ese expediente. Por tanto, le rogamos que se vaya ya informando, y a lo mejor evitamos que usted tenga que comparecer.

En todo caso, ahí va esa crítica: la ligereza para incoar expedientes sancionadores, que siempre producen un daño al funcionario; terminen como terminen, siempre producen un daño al funcionario. Hay que ser cautelosos, en términos generales; y en términos particulares, en este caso concreto, es nuestra opinión... y, lógicamente -repito-, es opinable, y en materias jurídicas mucho más opinable lo es todo.

Nuestra opinión es que ni delito -eso sí que es una aberración el intentar el decir que esto pudiera ser un delito-, ni falta administrativa. Porque, desde luego, desconsideración, lo que denomina desconsideración el Reglamento Disciplinario de los Funcionarios Públicos, desde luego, ni mucho menos, señor Consejero. Eso es lo que tenemos que manifestar.

Repito, todo lo que he expuesto, lo he dicho con los datos que he escuchado o con los hechos que he escuchado solamente en esta comparecencia, porque no tengo ningún otro dato. Pero me parece que son suficientes para manifestar nuestra opinión contraria a esa incoación de un expediente que todavía no está resuelto. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Pérez Martínez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Brevemente, y aunque tenga que repetir algún argumento que se ha dicho ya en esta Comisión, Izquierda Unida cree que lo tiene que decir. Y, por lo tanto, aunque repita algún argumento, me parece necesario plantearle al señor Consejero la opinión de este Grupo Parlamentario.

Según este artículo, que Izquierda Unida lo considera de opinión exclusivamente, según este artículo, ustedes, su Consejería, consideraron posible, posiblemente, una infracción penal. Y como tal infracción penal... es decir, esto es una trayectoria que así han empezado o ha empezado usted a explicarnos, como tal, lo han enviado a la jurisdicción. Y ha tenido que ser el Jefe de la Audiencia de Palencia el que les diga que no tenía materia delictiva ese artículo de opinión.

Entonces, ustedes después incoan expediente disciplinario por falta grave -que usted nos acaba de decir aquí-, porque una de las cuestiones que usted ha dicho es que "pone en entredicho a sus superiores jerárquicos". Bueno, pues Izquierda Unida piensa que... ¿que si no se puede? ¿No se puede poner en entredicho a sus superiores jerárquicos? Es que usted lo ha comentado así. Por lo tanto, se lo pregunto, porque soy funcionaria de la Junta de Castilla y León y quisiera saber qué es lo que puedo poner o no en entredicho, no sea que me expediente usted.

(Risas.)

PÉREZ MARTÍNEZ

(-p.2070-)

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Luego usted también ha dicho que es debido al menosprecio -que yo, desde luego, no he apreciado- en las frases que usted nos ha leído de este artículo de opinión.

Entonces, luego acaban diciendo, después de que lo han metido vía penal y luego han incoado expediente por falta grave, que sólo lo inician -el expediente- para valorar. Pues, mire usted, me parece... yo no sé cómo decir el adjetivo, pero, desde luego, por lo menos voy a decir que no es correcto lo que usted está diciendo. Es decir, no lo meten ustedes al Juzgado y luego lo incoan como falta grave, para luego decir que sólo lo hacen para valorar.

Pues mire, las críticas... y yo no las voy a repetir aquí, pero las críticas a la política de incendios que se hace desde la Consejería de Medio Ambiente, que se recogen en parte, a lo mejor con otras palabras, pero se recogen en parte en ese citado artículo de opinión, han sido denunciadas ya en estas Cortes en varias ocasiones. Que yo sepa, en la comparecencia del señor Consejero de Medio Ambiente, señor Jambrina, que yo fui la Portavoz de mi Grupo Parlamentario, hice precisamente esas críticas a la política sobre incendios. Luego ha seguido el Grupo Parlamentario... ha seguido el Grupo Parlamentario del PSOE, etcétera. La crítica a la política de incendios se está repitiendo en estas Cortes desde el veintinueve de mayo. ¡Y yo supongo que no nos van a expedientar por eso!, es decir, porque critiquemos la política de incendios, la privatización de parte de los agentes, la falta de medios, etcétera. Supongo que ni como funcionaria ni como Procuradora, nos vayan ustedes a expedientar.

Pues, me empiezo a explicar -y, además, en esta Comisión lo hemos planteado alguna vez y en algún sitio más, en Pleno- el porcentaje de interinidades que ustedes mantienen en la Junta de Castilla y León, el interés que mantienen ustedes por tener un porcentaje alto de personal interino, porque ustedes los consideran -seguramente- más dóciles que los funcionarios que puedan ser fijos de la casa.

Pues, mire usted, ya, para acabar, nos parece -a Izquierda Unida- que eso es un artículo de opinión que ejerce un ciudadano, que resulta que es funcionario de la Junta de Castilla y León, que trabaja a expensas de una política determinada y, como tal, seguramente, tiene más conocimiento de causa y pueda decir una serie de opiniones.

Entonces, nos parece muy grave que se expediente por una opinión, y no se valore el trabajo o no trabajo que pueda realizar cualquier funcionario o funcionaria de su casa.

Es decir, nosotros creemos que lo que hay que valorar de verdad es el cumplimiento de las misiones encomendadas, del trabajo que tiene encomendado la Administración pública. Entonces, nos parece grave, porque nos parece que sí que está atacando un derecho fundamental que puede ser el de libertad de expresión. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Procurador señor Vázquez.

VÁZQUEZ REQUERO

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señora Presidenta. Para hacer unas observaciones, brevemente, a la comparecencia del Consejero. Como bien ha dicho, el hecho originario de la cuestión que se trata hoy es un artículo aparecido en El Diario Palentino. Y, lógicamente, después de eso, existe un informe jurídico; un informe jurídico que -como se ha dicho aquí- es el que propone que se remitan estas actuaciones, este artículo, al Ministerio Fiscal, al Ministerio Fiscal, porque es una obligación de la Administración no intervenir, si tienen que intervenir instancias judiciales, por si hubiera responsabilidades, en este caso, penales.

Lo que sí que es cierto es que hay que distinguir entre las responsabilidades penales y las responsabilidades administrativas. Y está claro que, según -y no se cuestiona- el Fiscal de la Audiencia de Palencia, no existen ningún tipo de responsabilidades penales a su juicio. Sin embargo, eso no quita, ni es menoscabo para que la Administración, desde su punto de vista, pueda llevar a cabo actuaciones de tipo administrativo que son totalmente diferentes.

Estas actuaciones de tipo administrativo, lógicamente, van enmarcadas en un marco del Derecho Administrativo, en cuanto que el que vierte este tipo de acusaciones y este artículo es un ciudadano, pero no sujeto a una supremacía de carácter general por parte de la Administración, sino que está especialmente ligado a la propia Administración, ya que tiene la condición de funcionario.

Pero, sin embargo, y sin meternos en el hecho del expediente disciplinario, que, como ha dicho el señor Consejero, hasta el momento está vivo, ya que no se ha producido todavía la resolución del mismo, y que está sometido, por supuesto -como no podía ser menos-, a todo tipo de garantías jurídicas, como están sometidos todos los expedientes en la Administración, lo que sí que tengo que decir, en un primer momento, es que la situación en que nos encontramos varía muy sensiblemente en cuanto que estemos bandeando el tema en diferentes campos de la actuación del Derecho: o Derecho Laboral, que no es el caso; Derecho Administrativo, que sí que sería el caso del expediente administrativo en cuestión; o Derecho Político Constitucional, que es el caso que, en teoría -y usted lo ha dicho muy bien al acabar su intervención-, es el que lo tendría que traer a las Cortes. Una cuestión de Derechos y Deberes así planteada.

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El tema que se plantea es si existe o no existe límite a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución española. En este tipo de cuestiones, bueno, pues, los derechos fundamentales, todo tipo de derechos, y más los derechos fundamentales recogidos en el texto constitucional, no son derechos absolutos ya desde hace mucho tiempo; todos los derechos tienen límites. Esto yo creo que no... yo creo que no escapa a nadie, porque todo el mundo coincide, los expertos, en esta cuestión que en la actualidad y cada vez hay menos derechos de carácter absoluto. O sea, que también en este caso la libertad de expresión no es un derecho ilimitado, no es un derecho de carácter absoluto, sino que es un derecho en el que tienen límites. Y el propio Artículo 20.4 de la Constitución, que es el que trata acerca de la libertad de expresión, establece unos límites concretos, que son los referidos a otro tipo de colisión de otras personas, otro tipo de derechos: derecho a la intimidad, derecho al honor, etcétera, pero no son excluyentes de otro tipo de limitaciones.

En este caso que nos trata, el tema es más bien todavía más acotado por el campo del Derecho Administrativo al que está sometido, ya que la garantía de los derechos fundamentales está contenida en el propio texto constitucional, y, que sepa yo, el Reglamento del ochenta y seis, que es el que regula el Régimen Disciplinario de los Funcionarios -que, por cierto, ha sido aprobado por el Gobierno de la Nación de esa fecha, del año ochenta y seis-, que sepa yo, no ha sido derogado, ni ha sido como tal disposición reglamentaria atacada ante el Tribunal Constitucional, para que parte de las disposiciones que se contienen en ese Reglamento sean declaradas inconstitucionales; o el propio Reglamento en total sea derogado, que podía haberse hecho, pero, en resumidas cuentas, no se ha hecho.

Tampoco se excluyen en esta cuestión otros posibles derechos del expedientado, como es si ve atacado un derecho fundamental por su parte, como es el de la libertad de expresión, recurrir en amparo al Tribunal Constitucional. Que no sé si lo habrá hecho, y estaría, en todo caso, en su derecho, si ve atacado un derecho fundamental. Pero, como el Consejero ha dicho, hay sentencias en el sentido de que... y la que él ha citado es correcta, porque va referida a un funcionario público, en que no sólo juega el principio o el derecho a la libertad de expresión de un modo relativo, no sólo para los funcionarios, sino para todos los ciudadanos, sino que también entra en juego, cuando entra la Administración pública, el principio de jerarquía que contiene el Artículo 103.1 de la Constitución.

Por lo tanto, yo creo más adecuada al caso concreto que nos atañe la sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional que ha citado el Consejero, que la que ha citado el representante del Grupo Socialista, puesto que esto va referido a unas relaciones de Derecho laboral que no están sometidas, como en este caso, al Derecho Administrativo.

También, sí que quería decir que por supuesto que las Cortes tienen que salvaguardar... bueno, la libertad de expresión pero siempre referida, siempre referida, por supuesto, a una cuestión fundamental, y es que, en primer lugar, esa libertad de expresión no es un derecho absoluto y, en segundo lugar, el que salvaguarda no sólo la libertad de expresión, sino todo tipo de libertades públicas, es el Tribunal Constitucional. Ésta es una Cámara de tipo... ésta es una Cámara Parlamentaria que tiene otras funciones, como son la función de tipo legislativo, la función financiera y, en este caso que nos atañe, la función de control del ejecutivo. Pero sí que es al menos dudable que en un caso tan concreto y que no atañe a una cuestión de política general, como son otras cuestiones que ha planteado la representante de Izquierda Unida, tengan que estar sometidas a este tipo de comparecencias. Sin embargo, la Mesa ha dicho que... perfectamente se puede admitir esta cuestión, y, por mi parte, en este sentido, no tengo nada más... nada más que decir, de momento. Gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. El señor Consejero, por favor, tiene la palabra.

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Gracias, señora Presidenta. Hombre, efectivamente, aquí se ha hecho referencia a alguna sentencia, y, como ha dicho el Portavoz del Grupo Popular, esa sentencia está fuera de este contexto, absolutamente fuera de este contexto. Yo voy a decirles algunas sentencias más que se refieren concretamente al contexto que estamos hablando, al tema de la Administración.

Por ejemplo. La sentencia ochenta y uno, aplicando el principio de jerarquía proclamado en el Artículo 103 de la Constitución, es un caso en un recurso de amparo, dice la propia Sala: "Según la Constitución, en su Artículo 103.1, la Administración actúa de acuerdo con los principios de jerarquía, y este principio institucional se convierte en deber de respeto y obediencia a las autoridades superiores jerárquicos para los funcionarios". Y añade... se refería a los representantes sindicales, no a funcionarios. Dice: "La crítica a los superiores, aunque se haga en uso de la calidad de representante o autoridad sindical y en defensa de los Sindicatos, deberá hacerse con la mesura necesaria para no incurrir en vulneración a este respeto debido a los superiores, y para no poner en peligro el buen funcionamiento del servicio".

Por ejemplo. El veinte de diciembre el Tribunal Supremo, en una sanción disciplinaria con pérdida de quince días de remuneración por desconsideración con superiores, dice en los fundamentos de derecho: "Atentó a la honorabilidad del superior, puso temerariamente en duda su decoro profesional y no le guardó la consideración debida a la función y el grado del cargo".

El Tribunal Supremo, el veintisiete de septiembre del ochenta y nueve, viene a incidir exactamente lo mismo en un caso de funcionarios de la Policía Municipal.

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La Audiencia de Bilbao, en un tema referido a la agencia EFE, incide en lo mismo.

El Tribunal Supremo, el veinte de abril del ochenta y cinco, vuelve a hablar del Artículo 103.1 y del principio de jerarquía, y vuelve a incidir en lo mismo.

En definitiva, en definitiva, lo que estamos... en todas las sentencias se está diciendo -como se ha dicho aquí- que la crítica a los superiores o la desconsideración, que tiene unos límites, como todo tiene unos límites en esta vida, y los límites son los que dicen las propias sentencias, lo que dice la propia Constitución, lo que dice la propia Ley de la Función Pública, lo que dice el propio Reglamento. Y no hay más límites, eso por una parte. Son los únicos límites.

Ahora bien, a mí lo que me ha llamado la atención, y, la verdad, además en un caso me ha extrañado por la alusión que ha hecho, que los tres primeros representantes han puesto claramente en duda la profesionalidad y la independencia de los funcionarios, porque los tres han dicho que, ¡claro!, ustedes acuden a la vía administrativa porque como son funcionarios, pues ustedes tienen mayor ascendencia sobre ellos. No es el caso Señorías. Se ha nombrado precisamente en la incoación del expediente, como en toda incoación de expedientes, se ha hecho de acuerdo con la legalidad. Y hay que suponer siempre que las personas que están incoando el expediente, lo hacen con profesionalidad, porque, en definitiva, si dudamos de los demás, estaríamos dudando hasta de nosotros mismos, puesto que todos en este aspecto debemos ser personas, en principio, medidas por el mismo rasero.

Entonces, me ha llamado mucho la atención y quiero hacer constancia aquí de ello, porque... yo también soy funcionario, lo mismo que la representante de Izquierda Unida. Entonces, procuro, en mis actuaciones como funcionario, comportarme con profesionalidad. Por lo tanto, pues no me gusta que en otros casos, no en éste, se ponga en duda la profesionalidad y la independencia de los funcionarios.

Decía también, me parece que era la representante de Izquierda Unida, que mi Consejería había considerado conveniente enviar al Ministerio Fiscal. Bueno, Señorías, ustedes saben perfectamente que las competencias en estos temas no son de la Consejería de... perdón de Presidencia. Cada Consejería tiene sus propias competencias, cada Delegación Territorial tiene sus propias competencias, y ése ha sido el caso. Pero es que las han ejercido correctamente. Y, como bien ha dicho el representante de la UPL, no ha sido un expediente informativo, yo no creo haber dicho eso. Si lo he dicho, en este momento lo retiro; creo que no lo he dicho. No era un expediente informativo. Era la incoación de un expediente administrativo, y, precisamente, como consecuencia de que efectivamente no puede, no puede, o sea... cuando hay dos temas que son tratados por la misma jurisdicción, tiene una prelación sobre otra, y por la cual, y de acuerdo con el informe del asesor jurídico, se dio traslado al fiscal. Pero eso no tiene nada que ver para que se diga: y luego ustedes no... Es consecuencia "de", representante de Izquierda Unida, ¿eh? Es consecuencia "de", no es luego lo que dice el fiscal. No, no. No tiene nada que ver el fiscal. Lo que nos dice -algo que también podría presuponerse o no-, que no hay cuestión penal. Pero, naturalmente, hay una cuestión administrativa, en un expediente se... aparentemente hay un, aparentemente hay un tema administrativo, y un expediente precisamente se incoa para eso -insisto- y no retiro la palabra que dije: para valorar, para investigar, para conocer y, en consecuencia, para resolver. No retiro la palabra, porque es absolutamente correcta.

En definitiva, creo que estamos sacando el tema del contexto real. El contexto es un funcionario que, seguramente pensando que hacía lo correcto -yo eso no lo pongo en duda, él pensaba que hacía lo correcto-, hizo un artículo, publicó un artículo, en el cual, y de acuerdo con la legislación comparada, con los antecedentes, con las sentencias tanto del Constitucional como del Supremo, como diferentes Audiencias, a priori, podía existir un comportamiento administrativo no correcto. Pues bien, lo correcto es abrir el expediente, y el Instructor propone la resolución que considera pertinente; y el Instructor actúa de forma absolutamente independiente, y debemos, por lo tanto, en principio, respetar su actuación. Porque si no fuera así, pues no se podría respetar la actuación de nadie.

Yo con esto quiero terminar y señalarles que no existe, naturalmente, ningún afán represor, como se ha dicho en la primera intervención, en la cual parecía más que hablar del tema, estábamos hablando de política en general, de metafísica en general sobre este tema. No era el tema, no. Estamos hablando de un expediente concreto, en una situación concreta que es la que hay que analizar. Y esa situación concreta son los hechos que yo he expuesto, y nadie me les ha negado, porque es que nadie les ha negado.

Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, también se decía que con eso lo que pretendemos es hacer una especie de... creo que se ha dicho quitar las ganas de protestar o algo así. Creo que se ha dicho algo así. Bueno pues bien, Señoría, yo ayer venía del Comité de las Regiones de Bruselas, llegué por la noche al aeropuerto, y me habían llevado los periódicos para que me enterara -como era lógico- de algunas cosas que habían pasado y yo no había conocido. Bueno, pues, no se quitó las ganas a nadie. En uno de los que iban, iba otro artículo sobre estos temas, criticando el funcionamiento de la Administración de una forma pues más mesurada. O sea, que no se había quitado a nadie las ganas. En definitiva, cuando una persona opina, tiene su derecho a opinar sobre temas concretos, y opina dentro de un ámbito normal, creo que nadie, a nadie se le ocurre incoar el expediente.

(-p.2073-)

En este caso creo, y estoy convencido, aunque no haya... repito, aunque haya quien tiene la competencia quien había incoado el expediente, creo que las manifestaciones, tanto en relación con superiores como en sus propios compañeros, como en sus propios compañeros; decir que cobardemente... creo que no es eso, creo que no son, en principio, muy afortunadas, vamos a dejarlo así. Y por lo tanto, el expediente creo que está bien incoado. Creo que no tiene nada que ver que se haya incoado este expediente para que esto signifique que es el criterio de la Junta el abrir expedientes, puesto que no hay tantos abiertos. Fíjese el número de funcionarios que tenemos; simplemente por cuestión estadística -no tiene usted más que verlo-, verá el porcentaje mínimo que hay. ¿Por qué? Porque es normal; no todos los días hay manifestaciones escritas como éstas en las cuales, pues aparentemente y presumiblemente, se habla con desconsideración de los superiores y de los propios compañeros. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, señor Consejero. Iniciamos un turno de réplica. El Partido Socialista, por favor. Con el mismo orden, ¿no? Tiene la palabra el señor Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señora Presidenta, gracias, señor Consejero. Hombre, yo querría hacer una advertencia previa, si se me permite. En cualquier caso, espero que esta comparecencia no perjudique al funcionario. Es decir, nosotros conocemos a través de los medios de comunicación el artículo de opinión y el expediente que se ha instruido, y nosotros actuamos políticamente como creemos conveniente. Faltaría más... yo creo que el funcionario pues probablemente hasta desconozca que nosotros tenemos estas actuaciones parlamentarias. Lo mismo que le decía anteriormente que no se entendiera esta actuación parlamentaria como un mecanismo de presión para resolver en determinada orientación, espero, espero que no sea perjudicial para los intereses del funcionario, es decir, que no echemos un pulso político a costa de un ciudadano.

Que don Flaviano Casas no es un funcionario típico. Desde luego. Doña Maritina, como conciudadana mía en Palencia, pues, lo conoce perfectamente. Que es un funcionario celoso del cumplimiento de su deber, sin duda. Que es un funcionario respetado por los compañeros, desde luego. Fíjese qué cosas dicen los compañeros de don Flaviano, a ver si este modelo de funcionario a usted le satisface, esos compañeros a los que -según usted- menosprecia o pone en evidencia. Le definen públicamente, con cartas al director firmadas por compañeros suyos, un hombre de carácter afable, muy afable, siempre preocupado y serio por demostrar que cumple muy bien con su obligación, a la vez que nos informa de las cosas que quizá ignoramos y también echamos en olvido. Dicen sus compañeros que cumple a rajatabla sus trabajos y oficios, y que a Flaviano es verdad que algunos le miran mal, y hasta algunos de sus jefes, cuando lo justo debería de ser lo contrario. Llegan a decir que otro expediente disciplinario es el mejor homenaje a una persona, a su persona y a sus actuaciones. Yo diría que una medalla, un premio a su nombre. Eso dicen algunos compañeros respecto de Flaviano.

En cualquier caso, este expediente no se inicia, no se inicia por una actuación administrativa ordinaria. Este expediente se inicia a impulso de una directriz política: el Jefe del Servicio Territorial de Palencia -hombre del Partido Popular- dice en una nota interna que el artículo de opinión incita a la sublevación, desprestigia a los superiores, y manipula noticias restando credibilidad sobre la verdad explicada por sus superiores. Pero, señor Consejero, discúlpeme, es que se les va la mano. Si el Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente dice que se manipulan las noticias porque resta credibilidad sobre la verdad explicada por sus superiores. Claro, cuando esta nota interna la ve, pues, un letrado que trabajará con él cotidianamente, yo no dudo en absoluto de la profesionalidad de los servicios jurídicos, ni de ningún funcionario en su conjunto, en absoluto, pero es sorprendente que, a consecuencia de esta nota interna, se lleve al Ministerio Fiscal de una forma ligera -cuando menos ligera-, y que el Ministerio Fiscal les diga: miren ustedes, dejen ustedes este asunto en paz, porque están atentando contra derechos constitucionales. Y, posteriormente, que me permite decir que ustedes van a la vía administrativa porque ahí se consideran con las manos más libres para operar, y es ahí donde yo les pido que reflexionen.

Porque es que, además, no es un hecho aislado. Hay otros funcionarios en otras provincias de la Comunidad Autónoma que dice que este tipo de expedientes se repite en otras provincias, y que hay trabajadores que tienen miedo. Y es verdad que la inmensa mayoría de los funcionarios se limitan a cumplir escrupulosamente con su función -faltaría más-, pero hay otros funcionarios que, cumpliendo escrupulosamente con su función, se permiten tener un concepto crítico de su acción política. Y ser funcionario de la Junta de Castilla y León, por más que se digan aquí otras cosas, yo no creo que suponga ninguna merma en ningún derecho constitucional; el estatus de la función pública tiene sus condicionantes, pero, desde luego, que no limitará el ejercicio de ningún derecho constitucional.

Y eso es lo que nosotros criticamos en este expediente, y es ahí donde apelamos a su sensibilidad para que este expediente se resuelva rápidamente -ya lleva varios meses-. Que no quede en entredicho la voluntad -digamos- de transparencia y de respeto a la libertad de opinión por parte de la Junta de Castilla y León, que no se demore más. Porque -algún compañero anterior lo ha dicho- este tipo de expediente, en sí mismo, ya perjudica al funcionario, independientemente de cuál sea su resolución. Estamos hablando de opiniones. No estamos hablando de negligencias en el cumplimiento del trabajo. No estamos hablando de abandonos. No estamos hablando de revelación de secretos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de opiniones. Y usted sabe que, independientemente de cuál sea la resolución, siempre el funcionario va a salir perjudicado.

(-p.2074-)

Ésa es la reflexión que yo le pido a usted, y ése es el impulso que yo le pido a usted. Porque, si no, me va a tener que expedientar a mí también, porque es que yo he escrito ese artículo exagerado y se ha publicado también en el mismo medio de comunicación, y aquí está; está escrito por mí mismo. Entonces, yo no sé cuál será la jurisdicción competente... yo también soy funcionario público y soy Parlamentario de estas Cortes, pero algún mecanismo habrá para meterme mano a mí también. Porque, si no, en cualquier caso, no va a ser justo... meter mano en el sentido figurado del término. Entonces, claro, esto es así. Este funcionario es exactamente... tiene los mismos, exactamente los mismos derechos ciudadanos que yo tengo. Y no vale aquí hablar de inviolabilidades de ningún tipo. Es decir, yo he suscrito personalmente en el mismo medio los contenidos de ese artículo, y además ampliados. ¿Qué piensan hacer ustedes conmigo? Ésa sería, ésa sería la pregunta.

Por último, yo insisto, insisto en que es preferible tener funcionarios que hagan preguntas, es preferible tener funcionarios que cuestionen las decisiones que toman los políticos, es preferible tener funcionarios que propongan alternativas distintas a las que promueven los políticos. Ésa es una manera de tener una función pública dinámica, ágil y al servicio de los ciudadanos. Es menos positivo, desde nuestro punto de vista, tener una administración interina. No se me había ocurrido a mí que esto de las interinidades tuviera algo que ver con la limitación de la libertad de expresión; habrá que estudiar, habrá que estudiar algo más de eso.

Y termino. Y por lo tanto, reflexionen sobre este asunto, porque creo que supone un atentado a la libertad de expresión que la Junta de Castilla y León no debe protagonizar. Nada más y gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, señora Presidenta, señor Consejero. Yo voy a hablar con la tranquilidad que me da el no ser funcionario, el ser profesional liberal; entonces me siento libre en este sentido.

Yo les aseguro, Señorías, que cuando comenzó este punto del Orden del Día, yo no venía predispuesto ni a favor ni en contra, es decir, es que no lo conocía, no sabía absolutamente nada. Y podía haberme inclinado hacia una parte o hacia otra. Pero enseguida denoté que había un vicio de origen, y se lo voy a intentar explicar en treinta segundos, porque la verdad es que no hace falta más, y no voy a abundar en lo que ya he expuesto anteriormente.

Vamos a ver, cuando se publica un artículo por parte de cualquier ciudadano -funcionario o no-, ese artículo está amparado por la libertad de expresión o por el derecho a la libertad de expresión, o no está amparado porque vulnera otros derechos que colisionan con el derecho a la libertad de expresión; no es un derecho absoluto. Por tanto, sólo hay esas dos posiciones, o está amparado esa persona, ese ciudadano en el derecho a la libertad de expresión, o colisiona con otro derecho y, por tanto, sí tiene que estar sancionado. Bueno, pues si el Ministerio Fiscal al que ustedes le consultan dice que actúa amparado en el derecho a la libertad de expresión, por tanto que no es constitutivo de ningún delito, si el fiscal dice que eso es una manifestación amparada y objeto de tutela por parte de ese derecho constitucional a la libertad de expresión, entonces no hay nada; no hay un término medio, si no hay delito, en este aspecto en concreto, tampoco puede haber infracción administrativa. No hay ese término medio en la libertad de expresión. O hay o no hay, en ese caso concreto. Por tanto, esa vía intermedia que ustedes han buscado para encajar de alguna forma esa infracción administrativa, porque, bueno, sí, actúa amparado en el derecho a la libertad de expresión, pero a medias, no del todo, eso no existe. O sí, o no.

Lo que ocurre es que a ustedes, como a todos, y es perfectamente racional, les da rabia que alguien les quite la razón. Y me explico. Yo, como abogado que soy, reconozco que cuando interpongo una querella o una denuncia y me la archivan me da mucha rabia, y lo recurro, y me vuelven a quitar la razón, y me da mucha rabia, y me quedo ya sin más instrumentos. Pero, claro, como ustedes tienen otro instrumento a mayores, que es la infracción o la vía administrativa, la han utilizado.

Yo entiendo que es racional, pero que en este caso no es justo. Y precisamente como no es justo, y para no extenderme más, pues no defiendo la ligereza con la que ustedes han obrado en este caso en concreto, como en otros muchos, algunos de los cuales ya he citado, pero que vengo observando en el transcurso de los pocos meses que llevo siendo Procurador. Nada más, muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, Señoría. Por Izquierda Unida, doña Elena.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Consejero, por su contestación. Brevemente hacer una serie de puntualizaciones.

Para empezar, desde luego, yo desconozco toda la legislación al respecto, porque no tengo por qué conocerla y, por lo tanto, no voy a ahondar en temas que puedan ser de leyes. Pero sí que voy a ahondar en temas políticos, que me parece importante en este momento.

Usted hablaba de que las leyes piden respeto y obediencia a los superiores -supongo que será en el ejercicio del trabajo, es decir, no en los artículos de opinión-, y que deberá hacerse con la mesura necesaria. Y entonces, bueno, yo tengo que preguntar quién pone el límite a esa mesura que llaman ustedes.

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Nos ha acusado -y yo digo que nos ha acusado- que ponemos en entredicho la independencia de los funcionarios. Pues, mire, esta Procuradora en su comparecencia, cuando nos planteó su programa para esta Legislatura, puse en entredicho -y lo voy a repetir, porque además estará en el Diario de Sesiones-, puse en entredicho a los políticos que se metían a funcionarios, que su casa esta llena; y no vamos a decir muchos nombres, pero sí -que usted lo sabe igual que yo- que hay políticos que están metidos a funcionarios, y a veces tienen decisiones administrativas que son más políticas que administrativas. Entonces, esas decisiones, Izquierda Unida las va a poner en entredicho siempre, no a la persona, sino a las decisiones que se toman.

Usted nos habla que no es que haya sido luego lo del expediente, incoar expediente, sino a consecuencia, que a consecuencia no significa luego. Bueno, me parece a mí que es un juego de palabras que usted ha utilizado para intentar disculpar el tema, que es... usted en un principio dijo que incoaban expediente para valorar, no para informar, desde luego, sino para valorar a ver si había algo. Resulta que ustedes lo habían intentado llevar por la vía penal, y yo le quiero decir pues bueno, que no; ustedes incoan expediente para ver si pueden "empurar" al funcionario que ha escrito un artículo de opinión. Y además es que ese límite y ese expediente le acaban resolviendo ustedes, quiero decir que no sale de ahí. Es decir, cuando el tribunal le ha planteado que simplemente ese funcionario, esa persona con nombre y apellidos, está ejerciendo un derecho, un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión y que entonces no cabe penalización alguna, ustedes incoan expediente. Pues no será para valorar, que ya estaba muy valorado.

Pues mire, ustedes... claro, para este funcionario, si ustedes no retiran el expediente, si ustedes al final penalizan su actuación, tendrá que recurrir al Tribunal Superior de Justicia, con su dinero, etcétera; esperemos que no llegue ahí. Porque ustedes son los que tienen el poder, ponen el límite -según usted- a esa libertad de expresión; a una libertad que es simplemente criticar -insisto- la política de medio ambiente... la política de incendios que lleva la Consejería de Medio Ambiente.

Ustedes simplemente... acabo, porque me parece grave el asunto, me parece grave que se incoe expediente no por negligencia en el trabajo, no por falta de respeto u obediencia en el trabajo, sino por un artículo de opinión. Izquierda Unida, o esta Procuradora como Portavoz en este caso, le tiene que decir que está claro que ustedes son del Partido Popular. Esta Procuradora es de Izquierda Unida; siempre va a defender de una forma amplia la libertad de expresión; no simplemente en esta etapa democrática, ya la defendió antes. Y le pide, le ruega como Procuradora que retiren este expediente. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Vázquez.

VÁZQUEZ REQUERO

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO: Sí. Muchas gracias. Muy brevemente, para... únicamente, pues, para decir que el Consejero ha abundado en más sentencias de distintos tribunales en la misma línea que se ha defendido aquí. Y que a mí sí que me hubiera gustado que se hubiera... bueno, pues que se hubiera tenido una actitud más generalista en cuanto a que no entrar -y no voy a entrar ahora- en el funcionario en concreto al que se le ha incoado este expediente.

Y que sí que me hubiera gustado también que esto no hubiera sido un mecanismo de presión política, como caso ha dejado trascender el representante del Grupo Socialista, que no sé si se habrá pretendido.

Pero, de todas formas, lo que sí que está claro es una cosa: esta actuación que se está llevando a cabo es una mera actuación administrativa que está sometida no sólo a todo tipo de controles procedimentales dentro del propio expediente, sino que los actos de la Administración, por supuesto, están sujetos al control de los tribunales. No vamos a resucitar aquí la vieja doctrina de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el que había actos políticos que no están sujetos a la actuación de los tribunales de justicia; por supuesto eso, después de la Constitución, ha quedado derogado. Y lo que se está aquí tratando es una cuestión meramente administrativa, y, como tal, tendrá todo tipo de controles durante el procedimiento, al final del procedimiento, y después podrá ir, por supuesto, a los tribunales de justicia ordinarios, en este caso el contencioso-administrativo en materia de personal, y también podrá ir al amparo del Tribunal Constitucional. Está sometido a todo tipo de garantías, y no hay ninguna cuestión ni de privilegio de la Administración en este sentido, ni mucho menos de discrecionalidad de la misma.

Por lo tanto, lo que sí que quería aclarar que el amparo al derecho de la libertad de expresión está ahí siempre, que es el propio Tribunal Constitucional el que lo tiene que definir -como lo ha definido en diversas sentencias-, y no aquí en estas Cortes. Y lo que sí que está claro es que el derecho a la libertad de expresión, como cualquier otro derecho -repito otra vez- fundamental que está recogido en el texto constitucional, no es un derecho absoluto a la libertad de expresión. Todos tienen una limitación. Y yo creo que esto es lo que se estará valorando en el expediente administrativo que se ha instruido al efecto. Nada más.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, Señoría. ¿Algún otro Procurador desea hacer una intervención sobre este tema? No. A continuación...

LÓPEZ ANDUEZA

(-p.2076-)

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Gracias, señora Presidenta. ¡Hombre!, yo lo primero que he tomado nota es que el representante del Partido Socialista ha hecho una valoración, ha hecho un juicio de valor respecto a mis pensamientos y a mi conciencia, porque ha dicho, nada más y nada menos: "El señor Flaviano Casas, al que usted menosprecia...". Ni yo he menospreciado al señor Flaviano Casas, porque no le conozco, ni le puedo menospreciar. Entonces, por favor, le ruego que ese tipo de manifestaciones las haga por sí mismo sobre sí mismo; no le impute a los demás juicios de valor. Creo... seguramente ha sido un lapsus; pero bueno, por si acaso.

Bien. Dicho esto... También se ha dicho aquí y se me ha pedido por la representante de Izquierda Unida que retire el expediente -creo haberla entendido-. Bien, Señoría, yo creí que antes me había explicado; veo que no. Yo no he incoado el expediente, este Consejero no ha incoado el expediente. Este Consejero no tiene competencia en este tema concreto; la competencia la tiene un órgano concreto. El que ha incoado el expediente supongo que lo resolverá. Por lo tanto, le agradezco la petición, pero no es posible, no es posible.

También se me ha dicho que se apela a mi sensibilidad -muchas gracias, porque se supone, entonces, que la tengo, y es verdad-... digo que se apela a mi sensibilidad. Pero, claro, mi sensibilidad, en este caso -como le acabo de decir a la representante de Izquierda Unida-, no puede llegar a decir al Instructor absolutamente nada. El Instructor es una persona que actúa libremente -porque ésa es su obligación-, actúa profesionalmente -ésa es su obligación-, y hará una propuesta de acuerdo con lo que él haya comprobado y él crea que es correcto. O sea, que no es un tema de sensibilidades, ¿eh?, en este tema, de este Consejero.

Bien. Se ha hablado también de que... me parece que se ha dicho, vamos; si no se ha dicho así, lo retiro. Se ha dicho: un funcionario... el funcionario, Jefe del Servicio, ha actuado políticamente con el Partido Popular para lograr, precisamente... etcétera, etcétera. Bien. Pues mire usted, el funcionario al que usted se refiere, que no sé quién es, le aseguro que llegó a su puesto mediante un concurso, como todos los demás; como llegó, por ejemplo, el de Sanidad, o como llegó el de Fomento de Palencia, también...

(Murmullos.)

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Perdón, repito: como llegó el de Sanidad o como llegó el de Fomento. Y a nadie se le ocurre pensar que ninguno de los que estamos diciendo van a actuar políticamente porque sean Jefes de Servicio por concurso, Señoría. Vamos a ser serios. Si usted es funcionario, debe saber perfectamente que cuando un señor ha logrado... en este caso por concurso, insisto -ni libre designación, ni concurso específico-, habrá adquirido el puesto y se comportará correctamente, como es su obligación.

Por lo tanto, no prejuzguemos, no digamos que el funcionario se está comportando políticamente en una determinada dirección porque es Jefe de Servicio. No, un Jefe de Servicio es un funcionario, ¿eh? Bien.

Se me dice que, bueno, que en este tema de los expedientes, de incoación de expedientes, que seamos lo más cuidadosos posibles. ¡Naturalmente! Yo, decirle que ni como Consejero ni como Secretario General he incoado todavía -y yo ya llevo seis años, o siete, no sé cuántos-, he incoado ningún expediente. Sí he abierto algún expediente informativo. O sea, que yo le agradezco que me lo pida, pero vamos. Creo que es la norma aquí; cuando se ha abierto un expediente es porque, objetivamente, hay presunción, hay presunción; presunción que debe depurar la propia tramitación del expediente. Porque claro, decía Izquierda Unida lo de valorar o no valorar; pero es que, legalmente, legalmente, está para comprobar, determinar y valorar los hechos -repito-. Y, por lo tanto, no retiro la palabra.

Entonces, son los hechos, que pueden ser o no constitutivos de una sanción administrativa, pueden ser o no constitutivos. Entonces, creo que el tema está claramente encuadrado en sus justos términos.

Yo creo que poco más podríamos decir, porque nada más... para no repetirnos más. Bien. Termino. Con esto, creo que quedan contestadas todas las intervenciones.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, señor Consejero. Ahora, ¿si hay algún Procurador de la Comisión que quiera intervenir, desea intervenir, que no haya actuado, lógicamente? Y, una vez que los Procuradores de la Comisión también ha tenido su oportunidad, ¿tiene algún otro Procurador... desea hacer alguna observación o pregunta al Consejero? Pues muchas gracias a todos.

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Muchas gracias a todos ustedes.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Por la señora Secretaria se dará lectura al tercer punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 84-I, presentada por el Procurador don Jorge Félix Alonso Díez, relativa a elaboración de un programa organizativo de los Centros de Atención Primaria, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 23, de dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias. Vamos a ver, para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Jorge Alonso Díez.

ALONSO DÍEZ

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EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Gracias. Buenos días. Bueno, lo que pretendemos con esta Proposición No de Ley es que la Junta tome la iniciativa en relación con la situación en que se encuentra el personal de las escuelas... o sea, de las guarderías... Sí, lo que pretendemos con esta Proposición No de Ley es que la Junta tome la iniciativa en la situación en que se encuentra el personal de las guarderías, lo que se denominan Técnicos de Jardín de Infancia, que de forma progresiva, pues, han venido presentando denuncias en la Magistratura de Trabajo como consecuencia de que, por parte de la Junta de Castilla y León, no se entraba a tratar su situación. Y entonces, parece ser que, en vez de tomar una iniciativa de organizar la situación de estos centros, lo que la Junta ha optado ha sido por dejar que la iniciativa la lleven, en definitiva, los tribunales, cuestión que yo entiendo que no es positiva para organizar cualquier centro.

Y en ese proceso, yo entiendo que... viene originado como consecuencia de que la Junta no tiene claro qué es lo que quiere hacer con las guarderías; existe una política de cambio de actuaciones desde que ella asumió la transferencia de la Administración Central.

Y lo que pretendemos con la Proposición No de Ley es que los más de dos mil niños que atienden las treinta guarderías que existen en la Comunidad Autónoma, pues, tengan la atención que corresponde; que dejen de ser guarderías, que sean escuelas infantiles, que eso es fundamental. Quiero decir, el concepto de escuela infantil es totalmente distinto de lo que es la guardería. Y que, en definitiva, en la medida en que los tribunales han venido dando la razón, en algunos casos, a las demandas que presentaban los trabajadores, era precisamente porque reconocía que su trabajo es educativo; no es un trabajo asistencial, no es un trabajo sólo de atender a esos niños de cero a tres años, sino que es un trabajo de carácter educativo, compaginado con el trabajo asistencial. Y eso ha motivado que algunos tribunales haya dado la razón a la aspiración de los trabajadores.

Otros tribunales no ha sido así, han dado la razón a la Junta, con lo cual nos encontramos que en el conjunto de la Comunidad Autónoma, pues, existe personal en unas guarderías con una categoría dada por los tribunales; en otras, otra categoría que los tribunales han rechazado; incluso en otras, en las cuales los tribunales han reconocido el salario, pero no la reclasificación profesional, lo cual origina, pues, una desorganización en materia de lo que debe prestarse y lo que deben desarrollar como tarea los trabajadores o las trabajadoras de las guarderías, lo que se denominan Técnicos de Jardín de Infancia.

Como decía al principio, yo creo que esta situación viene porque la Junta no tiene claro qué es lo que quiere hacer con estos centros. En principio, se les ofreció a los Ayuntamientos y a las Diputaciones, ofreció realizar las transferencias, y, de hecho, se tuvieron reuniones, reuniones formales, en las que se levantaron actas, para proceder a esta transferencia. Lo cierto es que el planteamiento que se realizó desde las Corporaciones Locales es que los centros deberían transferirse adecuados a la LOGSE, al nuevo planteamiento educativo, y eso, lógicamente, conllevaba una reordenación y reclasificación del personal, que parece ser que la Junta no está dispuesta a acometer; pero que sí transfirió uno de... o delegó uno de esos centros a la Diputación de Zamora -la guardería que había en Benavente-, y con posterioridad se conoce que ha habido un nuevo replanteamiento por parte de la Junta. Se ha hablado de que debían pasar a la Consejería de Educación y Cultura, o Cultura y Educación. Y últimamente, lo que sí que parece ser que va a pasar es a la Gerencia de Servicios Sociales.

Con lo cual llegamos a una conclusión clara, y es que no se tiene definido qué se va a hacer con estos centros. Los trabajadores siguen planteando sus problemas laborales a través de otros cauces que no es la negociación y el tener un marco claro de cuál debe ser su futuro laboral. Y, en definitiva, los que están pagando esta situación pues son los niños y niñas que acuden a estos centros y que no se les está dando la atención correspondiente.

La única iniciativa que ha tomado la Junta en este terreno ha sido el decir que dejen, en todos los centros, de hacer funciones de carácter educativo los Técnicos de Jardín de Infancia, lo cual, insisto, esto repercute negativamente en el proceso educativo que deben de llevar los niños. Porque yo creo que la solución no es decir que no se hagan cosas, sino entrar a ordenar qué es lo que tiene que hacerse en estos centros y definir cuál debe ser el futuro de estos centros y de sus trabajadores.

En definitiva, nuestra Proposición No de Ley lo que pretende es el... llamar la atención a la Junta para que se tome esta iniciativa, para que este asunto no se deje por más tiempo, y para que de forma definitiva, pues, sepan los trabajadores y sepan los ciudadanos que llevan allí a sus hijos qué es, realmente, lo que están haciendo esos centros, y qué es realmente lo que se van a encontrar sus hijos cuando acuden a estas escuelas infantiles, que nosotros queremos que sean, y no guarderías, que es lo que es actualmente. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Por el Grupo... se ha presentado, por el Grupo Parlamentario Popular, se ha presentado a esta Proposición No de Ley una Enmienda. Tiene la palabra la señora Jiménez, Procuradora doña Isabel Jiménez.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, intervengo en nombre de mi Grupo para presentar una Enmienda de Sustitución a la Propuesta de Resolución que el Parlamentario don Jorge Félix Alonso ha presentado en su Proposición No de Ley.

La Proposición No de Ley presentada por el... por el Procurador del Grupo Socialista pide a la Junta -y él acaba de decirlo- que se elabore un programa que organice el funcionamiento de los centros, resolviendo la situación de confusión laboral en la que se encontraban los trabajadores y trabajadoras.

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Mi Grupo Parlamentario ha presentado esta Enmienda de Sustitución con base en la exposición que voy a hacer a continuación. Bien es cierto que cuando Su Señoría firmó la Proposición, que fue en diciembre de mil novecientos noventa y cinco, todavía no se había aprobado el convenio colectivo de los trabajadores laborales dependientes de la Junta de Castilla y León, y por eso, tal vez aquellas sentencias, que hay que reconocer que se han producido, pero que tampoco han producido esa confusión laboral a la que usted alude, hasta ese momento la norma era el convenio colectivo del año noventa y dos. En el año noventa y dos -como Su Señoría sabrá- se recoge la figura del Técnico de Jardín de Infancia, se habla también de los educadores. Sin embargo, no están ajustadas a la normativa, que tendremos que ir paulatinamente incorporándonos a ella, que es la... la Ley Orgánica, la LOGSE. No fija tampoco las edades de los niños que deben estar al cuidado de un Técnico de Jardín de Infancia o de un Educador, y tenía una titulación pues que no se ajustaba a la LOGSE.

Sí que a raíz de esas sentencias, que hay que reconocer que se han producido, han sido unas -como usted también ha dicho- favorables a los demandantes, donde ha habido que reclasificar al personal; ha habido otras que han sido desestimatorias; y en otras sí que ha habido un reconocimiento económico, aunque no se ha llegado a la reclasificación. Puedo decirle que -claro- esas sentencias siempre actúan en función de la interpretación que cada juez puede dar, porque se ha dado la paradoja -y ha ocurrido en Salamanca, por ejemplo- que el mismo juez, pues en dos demandas iguales, una ha sentenciado a favor y la otra ha sentenciado en contra.

Yo le reconozco que puede que hubiera esa confusión porque la norma, que era el Convenio Colectivo, no estuviera acogido... o sea, desde el año noventa y dos hasta el año noventa y cinco, pues no estuviera muy puesto... muy puesto al día. Pero hoy día, y raíz también de aquellas sentencias, quiero decirle que desde la Dirección General se dieron instrucciones a todos los Jefes de Servicio para que se atuvieran, el personal de las guarderías, a las funciones que fija la normativa que tiene la Junta para estos casos. Porque, Señoría, es cierto -y usted también lo ha dicho- que son guarderías; o sea, para nosotros son guarderías. Hasta el año dos mil -que nos quedan... la verdad es que poco tiempo, cuatro años- seguirán siendo guarderías; procuraremos que se... que el sistema educativo sea anterior, tenemos un plazo hasta el año dos mil, y a partir de ese año sí que entonces podríamos hablar de centros educativos infantiles o escuelas infantiles. Pero, hoy por hoy, el personal de las guarderías y toda la organización de las guarderías está sujeta a la norma que tiene la Comunidad Autónoma para ello; la norma, que es el Centro de Estatutos y Servicios de Protección, Atención y Tratamiento de Menores, el Convenio Colectivo, la Orden del año noventa y dos, que es donde fija como deben ser las guarderías, las condiciones, el procedimiento de... de admisión y, asimismo, fija también el número de niños que debe haber en cada comunidad. Quiero decir que la normativa en estos momentos es ésa, y a ésa nos debe atener.

Por lo tanto, Señoría, como mi Grupo Parlamentario entiende que ya no se da esa situación de confusión, porque ya... vamos... el conocimiento que yo he tenido es que no se han presentado más demandas; sí que hay todavía pendientes -no sé si son dos o tres sentencias por salir-, pero esa confusión que se pudo producir en el primer cuatrimestre -creo que fue hasta el mes... no sé si fue en el mes de abril o de mayo-, esa situación del personal ya no... ya no se da. Y por eso nosotros no podemos aceptar esa redacción que usted puede... pone en su Propuesta de Resolución; discrepamos de ello.

Y en cuanto a la otra parte -que sería la primera- de que la Junta elabore un programa que organice el funcionamiento de los centros, pues vamos a lo mismo, que el programa este que... que usted... solicita, yo creo que debería estar siempre incardinado, porque todo el organizamiento... el funcionamiento y organización de los centros está todo recogido en el... en el Estatuto de Centros y Servicios.

Por lo tanto, mi Grupo Parlamentario, entendiendo además que ese Estatuto, cuando habla de guarderías, no se ajusta a la LOGSE, y hay que ir avanzando progresivamente hacia... hacia... cumplir los objetivos de la LOGSE y del Decreto 1.004 del noventa y uno, que habla de requisitos mínimos, entonces, hay que... nosotros entendemos que sería mucho más importante, en vez de elaborar un programa que siempre -ya le digo- tendría que ir de acuerdo con el Estatuto de Centros, sí que podríamos -y es lo que yo le pido a Su Señoría que nos acepte esta Enmienda de Sustitución- ir hacia la elaboración de un estatuto propio y específico para estos... para estos niños. Y sería además un estatuto que yo... vamos, apuntaba que pudiera... que pudiera recoger el estatuto pues las funciones que deben tener los centros, la organización, qué órganos de representación y participación debería haber en ellos, y todos aquellos documentos educativos o programáticos que debía tener el centro.

En fin, Señoría, que entendiendo y yendo a su Propuesta de Resolución, mi Grupo Parlamentario presenta la Enmienda de Sustitución, por entender que es más amplia, beneficiaría más, haríamos un estatuto específico para... para la infancia, y sobre ello podríamos luego ya trabajar... Que también le digo una cosa, Señoría, podría... tendría que ser tal vez... que se fuera aproximando lo más posible a la LOGSE, pero también tendría que ser un estatuto tal vez provisional, porque ya le digo que los cuatro años están ahí y ya se tendría que convertir en centros... en centros educativos, escuelas infantiles. Y nada más. Señora Presidenta, gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Turno en contra, para defender...

ALONSO DÍEZ

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EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias. Hay algunos efectos que se han producido en este tiempo, y es que hay centros en los que, totalmente, al personal se le ha reconocido el cambio a Educador, con lo cual eso, de momento, le va a costar un dinero a todos los castellano-leoneses. Porque está claro que si todos los centros fueran reconvertidos, estarían encajados, pero si se mantienen como guarderías, desde luego, va a haber personal que... que no sé muy bien como se piensa solucionar, si es que se les piensa mantener con funciones inferiores, pero ya pagándoles más, o qué se va hacer, pero está claro que hay un desajuste que... que está claro.

Hay juicios que están pendientes de resolverse. Aunque usted diga que este asunto está resuelto con la firma de Convenio, este asunto no está resuelto con la firma del Convenio, porque hay juicios que en este momento están pendientes de... o de producirse, porque estaban las denuncias realizadas, o pendientes de sentencia.

Desde luego, el tema y la situación que en este momento... nos preocupa, la responsabilidad total es de la Junta de Castilla y León. Porque, en definitiva, lo que se ha planteado en el Convenio, se podría haber resuelto mejor si no se hubiera estado tanto tiempo sin firmar el Convenio Colectivo, indudablemente, una parte importante de esa responsabilidad la tiene la propia Junta, en la medida de que la demora que ha tenido el Convenio Colectivo que se firmaba recientemente, pues una parte de esa responsabilidad muy importante la tiene la propia Junta de Castilla y León.

Nosotros podíamos buscar un acuerdo con la Enmienda que nos presenta, pero hay algo fundamental que, además, a usted no... parece que no descarta en su intervención, y es que un estatuto específico de centro podría ser una de las fórmulas. Pero a lo que nosotros no estaríamos dispuestos es a que, a priori, se deje de lado el planteamiento de escuela infantil. Nos parece que no podemos, actualmente, seguir planteando o manteniendo el... la guardería como... planteamiento de trabajo; quiero decir: la guardería es algo que responde a una historia pasada, actualmente hay una legislación educativa que responde a un proyecto integral, y eso es una escuela infantil.

Y, en consecuencia, podíamos llegar a acuerdo en relación con la Enmienda que plantean, si quedara claro que tienen que ser en torno a la filosofía de escuela infantil, o al planteamiento de escuela infantil, como se realice ese estatuto. Quiero decir: hacer un estatuto para las guarderías, nuestro Grupo no está de acuerdo, porque lo que hay que hacer... y por eso antes hacía referencia a la política errática que se ha llevado con... con las guarderías. Quiero decir: en principio se habla de transferencia, después ya no se plantean las transferencias; hay que tener en cuenta que existen municipios que tienen... que tenían guarderías y que hoy tienen escuelas infantiles, y que ése fue el escollo para que, precisamente, las guarderías no pasaran a determinadas Corporaciones Locales, porque querían que si ellos tenían ya escuelas infantiles, no iban a recibir una transferencia de un calibre inferior a lo que ya estaban gestionando sus propios Ayuntamientos.

En consecuencia, quiero decir, que podíamos ponernos de acuerdo en el texto... un texto único, pero quedando claro que el objetivo tiene que ser las escuelas infantiles, y que lo que se hiciera debería ser para que se creen escuelas infantiles, dentro de la filosofía que desarrolla la LOGSE, y no mantener la situación actual.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Muy bien. El turno de réplica, por favor, ¿por el Grupo Popular va a intervenir? Doña Isabel Jiménez.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señora Presidenta. Señoría, en la preocupación que demostraba Su Señoría sobre lo de las sentencias de los trabajadores que han sido reclasificados, sí que sería una pregunta a hacerse. Efectivamente, ¿qué va a pasar con estas personas, si se les ha dado una categoría de educador y no pueden ejercerla?

El conocimiento de esta Procuradora, cuando yo hice esa misma pregunta, se me contestó que estas personas que han sido reclasificadas tendrían que ubicarlas tal vez en... vamos, que irían a los centros de protección de... de menores. O sea, que, en ese sentido, quedaría... quedaría eso... eso cubierto.

Y a los que no se pudiera reclasificar, pues quedarían... bueno, pues como en la Administración ha habido muchas veces la figura de un... de un... una situación provisional dentro de las guarderías, pero que fueran, que fueran a extinguir. O sea, que, en ese sentido, los reclasificados por sentencias pues quedarían dentro de... de la Junta, dentro del sistema de protección de menores.

En cuanto al Convenio, pues efectivamente, ha llegado tarde, pero por eso le decía yo que el nuevo Convenio de hace un mes -porque esto se ha publicado el veintitrés de... creo que ha sido el veintitrés de febrero-, pues ya delimita perfectamente, dice las titulaciones que deben tener los Técnicos de Jardín de Infancia y los Educadores, las edades. Y, bueno, las funciones no las delimita ni las define, porque las funciones tendrían que venir dadas por una norma de ámbito estatal -creo también ya ha sido aprobado en Consejo de Ministros- y que estaría también a punto de publicarse.

Y lo importante, Señoría, es que esta situación es... pues ya le digo... yo no le puedo asegurar, por supuesto, si no va a haber más demandas, pero parece ser que... vamos, por ahí no va, porque ya le digo que la norma, que es el Convenio Colectivo, ateniéndose a lo que dice el Convenio, no se producirían más... más sentencias.

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Y en cuanto a lo que a mí me interesa de esto, que es la Enmienda de Sustitución, la elaboración de ese programa, por supuesto, Señoría, yo entiendo, nosotros entendemos que eso debería ir ya encaminado hacia la consecución de la LOGSE, o sea, que se tendrían ya que ir adecuando esas guarderías, entiende. Y, por supuesto, ese Convenio -ya lo decía yo también, anterior-, ese estatuto específico tendría que ir adecuándose lo más posible a la LOGSE, para llegar a convertirse en el momento que lleguen las transferencias y en el momento que sea preciso, pues, en los centros de educación infantil. Porque además... y era lo que yo le digo, aunque teníamos esos diez años, pero es que las fechas están ahí y hay que hacerlo antes.

Por lo tanto, yo no tendría inconveniente en tomar esa puntualización, eso que usted ha expuesto. Y nada más. Gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Para el turno de dúplica, ¿quería añadir alguna cosa...? Posiciones. De acuerdo, en la intervención final, ¿no? Muy bien. Entonces, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Yo creo que en esta Comisión estamos reproduciendo, en parte, un debate que se realizó en otra Comisión ya, a propósito de las competencias o no competencias de la Junta en materia de lo que se llaman guarderías infantiles.

Entonces, en ese sentido, a mí sí que me parece que sería oportuno ya... Es decir, porque la Portavoz en este caso del Grupo Popular está planteando un apoyo más o menos implícito a la filosofía de la LOGSE para esta edad -y si no es así, bueno, pues que me lo rebata, pero yo creo que está apoyando, en ese sentido-, de dejar de ser guarderías, que nosotros creemos que ni la Administración ni ninguna empresa tiene que dedicarse exclusivamente a guardar niños o niñas, sino que se tiene que dedicar a lavar... a labores mucho más amplias, y ésa es la filosofía.

Y una de las asignaturas pendientes que se puede tener, pero no simplemente -como ella tiene razón- a nivel autonómico, sino estatal, es precisamente ése, la educación infantil de cero a tres años, porque no está desarrollada y porque no existe el número de plazas, etcétera, etcétera.

Su Enmienda o la Enmienda, por si sola, lo que se está planteando aquí, del Grupo Popular, puede parecer que se quede, en ese sentido, un poco corta. Es decir, no podemos exclusivamente plantear un estatuto para un determinado personal en el que vamos a especificar funciones, etcétera, etcétera, si no sabemos las funciones renovadoras o renovadas que tienen que tener, no explicamos las funciones que tiene que tener una escuela infantil de este tipo. Es decir, si nos quedamos como estábamos antes, pues, simplemente serían unos cuidadores; si son educadores o educadoras tendremos que ampliar el contenido, las funciones de estos centros infantiles.

Entonces, en ese sentido, sí que a mi Grupo Parlamentario nos parecería oportuno que se pudiera hacer una transaccional fijando en el tiempo, porque yo creo que hay leyes de ámbito estatal que se aplican de determinada forma en la Comunidad Autónoma, porque tiene competencias para ello, es decir -y ahora vamos a tenerlas-, y entonces, en ese sentido, sí que se puede legislar las funciones, objetivos, etcétera, que tienen que tener estos centros infantiles, y en base a eso hacer un estatuto -como se llama aquí en esa Enmienda-, un estatuto para el personal que trabaja en esos centros.

Pero sí que yo rogaría... como no soy ni Enmendante ni Proponente no lo puedo decir, no lo puedo escribir, pero sí que puedo rogar a los dos Grupos que van a transaccionar que limiten en el tiempo un poco este desarrollo de la normativa, tanto del estatuto que tiene que tener el personal como las funciones, cometidos, objetivos, metas, etcétera, que tienen que tener estos centros infantiles. Muchas gracias.

Entonces, en ese sentido, mi Grupo Parlamentario por supuesto apoyaría la moción.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Muchas gracias, Señoría. Entonces, concluido ya el debate, vamos a fijar el texto definitivo, y entonces tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Yo no sé si habría que pedir un receso, que es la mejor forma de entenderse... Lo digo porque hablar así...

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): ...Se puede parar durante cinco minutos, y reanudamos la sesión inmediatamente. De acuerdo.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ. Muchas gracias.

(Se suspende la sesión a las catorce horas veinticinco minutos, y se reanuda a las catorce horas treinta minutos.)

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Ahora, para cerrar el debate y fijar ya el texto definitivo, se propone... la palabra la tiene don Jorge Félix Alonso Díez.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias. Bueno, pues, estando de acuerdo en un texto que quedaría redactado de la siguiente manera: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que elabore un estatuto específico para los centros dependientes de la Administración Autónoma que atienden a los niños de cero a tres años, adecuándolos a la normativa general para su transformación en centros de educación infantil".

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LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): ¿Se está de acuerdo con el texto de la Proposición No de Ley que asume la Enmienda y todos los condicionantes? Entonces, si les parece, por asentamiento... por asentimiento, perdón, asentamiento, de sentar..., por asentimiento, ¿eh? De acuerdo. Por la señora Secretaria, por favor, se va a dar lectura al cuarto y último punto del Orden del Día.

LA SEÑORA SECRETARIA (SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA): Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, 135-I, presentada por los Procuradores don Jorge Félix Alonso Díez y doña Pilar Ferrero Torres, relativa a transferencia de locales al Ayuntamiento de Valladolid con destino a actividades socio-culturales del Barrio Girón, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 37, de veinte de febrero de mil novecientos noventa y seis".

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Perdón, pero es que el "chismito" este, y a estas horas, yo creo que ya ni nos acordamos o no queremos acordarnos, ¿eh?

Para la Proposición No de Ley, tiene la palabra don Jorge Félix Alonso.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias. El presentar también esta iniciativa responde... aunque es un asunto antiguo, que se ha tratado en diversas ocasiones, pero lo cierto es que no se ha avanzado nunca, quiero decir que las circunstancias por las que no se ha avanzado, yo desde luego las desconozco.

En el barrio de Girón -como se dice en la Proposición No de Ley- pues ya hace catorce años casi, sí catorce años, existe una... un centro que se transfirió a la Junta dentro de un paquete de competencias. Ese centro que en su día prestó un servicio al barrio, y a la ciudad, pero fundamentalmente al barrio de Girón, pues con el paso del tiempo no ha tenido ningún destino en concreto; está ocupado por algunos colectivos del barrio, la propia asociación de vecinos, y por un grupo de teatro, una parte; la otra parte, que era un cine, está en un total abandono. El edificio se está deteriorando... pues como cualquier edificio público que no se utiliza, y que se van rompiendo los cristales, va entrando gente en él a llevarse, pues, los cables y todo lo que existe en el propio edificio.

La ocupación que actualmente existe no es una ocupación que esté formalizada, pero gracias a esa ocupación, por parte de esos colectivos que lo utilizan, yo creo que no se ha deteriorado más; por lo menos la parte que ellos ocupan está en condiciones.

El que el edificio pase al Ayuntamiento de Valladolid para que se formalice, se regularice y se haga alguien, una institución responsable, porque lo cierto es que la Junta no se ha gastado una peseta en el edificio -y eso también es causa del deterioro que existe-, el que se haga cargo el Ayuntamiento de Valladolid va a permitir que, por lo menos como Ayuntamiento, pues, le busque un fin rentable para la ciudad, y fundamentalmente yo creo que para los que le están utilizando, que, en cualquier caso, serían prioritarios para que le sigan utilizando.

Y el plantear esta Proposición de Ley, pues -como decía al principio- es porque, por razones desde luego desconocidas -y se ha insistido en ello por la anterior Corporación, y yo lo sé personalmente-, pues se ha planteado en múltiples ocasiones que se transfiriera al Ayuntamiento. Y lo cierto es que, aunque haya habido conversaciones, eso no se ha producido y no se ha avanzado en absoluto, y hay una preocupación seria pues por -como decía al principio-... porque el deterioro que se está dando en cualquier edificio que no está ocupado pues es latente, ¿no?

En consecuencia, nos parece que es necesario que de forma urgente e inmediata se proceda a la transferencia de este edificio al Ayuntamiento, para que se responsabilice de que aquello, pues, tenga un uso real, un uso que sirva para los ciudadanos; y que en la medida de que además se están haciendo otras construcciones, pues, es lamentable que existan algunas que ya están y que no se la esté dando el destino que, de alguna forma, se requiere y se demanda por los vecinos.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Se ha presentado a esta Proposición No de Ley una Enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. En representación de este Grupo, la Procuradora doña Carmen Reina tiene la palabra.

DÍEZ PASTOR

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: Gracias, señora Presidenta. Me corresponde explicar por qué hemos presentado esta pequeña Enmienda. Solamente por motivos de redacción, y lo único que se pretende es dar un poco más de amplitud o de flexibilidad a la Proposición No de Ley, tal y como está redactada por don Jorge Félix.

Lo único que nos parece un poco desacertado es hacer referencia a la transferencia de una manera inmediata -como así la pone- y el hecho de que hable solamente de transferencia; con lo cual, no sé si será acertada la forma de interpretarlo, pero parece que al hablar de transferencias se debe... debemos de entender como transferencia de propiedad, y pensamos que cabría la posibilidad de ceder el uso, o que la Junta se quede con la propiedad y ceda el uso, o que la Junta utilice esos mismos locales, o sea, el cine... el antiguo cine Castilla o los locales anejos, para unos fines sociales y culturales que no tienen por qué ser solamente del barrio o de la ciudad, pueden tener otros... otro ámbito, como comunitarios. A mí se me ocurren varios... varios fines a los que se podría destinar. Y, esto por lo que se refiere al contenido, a la forma, vamos, a la sustancia.

(-p.2082-)

En lo que se refiere a la forma, el hecho de presentar una Proposición No de Ley, no sé si tiene mucho sentido cuando sí que están conversando, sí que se está haciendo. Porque la Proposición No de Ley está prevista para hacer cosas, o para instar a la Junta a hacer cosas cuando no las está haciendo, pero cuanto existen... existen conversaciones en esta línea, y existen por lo menos estudios para ver las ventajas, los inconvenientes que puede presentar el ceder o no ceder estos locales.

Puede ser que el Ayuntamiento tenga que analizar si tiene dinero, si tiene presupuesto para rehabilitarlo o si no tiene ese presupuesto. Puede ser que tenga que analizar después también si le cede el uso, luego lo tendría que mantener, y habría una serie de gastos fijos, de personal, mantenimiento, luz, gas, etcétera. Es decir, como cada una de las partes que aquí intervienen son, por un lado, la Junta y, por otro lado, el Ayuntamiento, y ambas tienen intereses que -como en todo contrato- son un poco contrapuestos, pues hay que dejarles negociar y tratar sobre el asunto.

Yo creo que desde las Cortes lo único que podemos hacer es animarles a que sigan conversando, y estoy segura y convencida de que van a llegar a un acuerdo, porque están muy avanzadas ya las conversaciones; así por lo menos me lo han manifestado.

De hecho, se ha tratado el asunto en un Pleno del Ayuntamiento, en el Pleno -creo- del día dieciséis de febrero de este año, y el Ayuntamiento ya había iniciado las conversaciones a instancias de la Asociación de Vecinos Valladolid; se ha puesto en conversaciones con la Junta, están bastante avanzadas. Es ir en la misma línea.

Yo creo que todo lo que queremos aquí es lo mismo, porque en el Ayuntamiento se había puesto, o sea, se ha tratado el asunto a instancias de una Moción presentada por Izquierda Unida, a la cual se presentó una Enmienda por parte del Grupo Municipal Popular que fue aceptada por unanimidad. Y lo único que se constató allí -se aceptó por unanimidad- es que lo que quieren es que esos locales se... se recuperen, se acondicionen, se rehabiliten y se les de un uso; lo mismo que quieren los vecinos del barrio Girón.

Y, por mi parte, yo solamente creo que, como son dos instituciones que tienen capacidad jurídica y personalidad jurídica independiente, voluntad propia, cada una lo manifiesta donde debe hacerlo: el Ayuntamiento lo ha manifestado en el Pleno, la Junta está en conversaciones. Estoy convencida de que van a llegar a un acuerdo. Y como todo contrato, pues, habrá que dejar que las partes contratantes manifiesten su voluntad y lleguen a ese entendimiento.

Creo que la Junta lleva una línea de actuación constante, que es dejar abiertos los cauces de colaboración con las Entidades Locales y las Corporaciones Locales en general, que sea fluido el entendimiento, y procura siempre llegar a un entendimiento, o aceptar aquellas peticiones e instancias que le dirigen las Corporaciones Locales. Y estoy convencida de que en este caso sí se va a lograr ese acuerdo. Nada más.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Turno de réplica, tiene la entrada... de...

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): ...en contra de la Enmienda, o a favor... Es que estaba pensando que igual también, a favor... De acuerdo.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Podía ser que no nos pusiéramos de acuerdo. Y le digo que no nos pusiéramos de acuerdo porque, indudablemente, conversaciones -como le decía antes- han existido desde hace mucho tiempo. Entonces, precisamente, yo creo que... que la parte más importante de nuestra Proposición es que el acuerdo fuera inmediato. O sea... o que lo que se hiciera, se hiciera ya, porque ya le digo que no es la primera vez que se habla de este asunto. Ha participado el Jefe de Servicio Territorial; yo me acuerdo de otras conversaciones, y yo no sé si hoy, realmente, hay más posibilidades de que ese acuerdo se produzca o no.

Desde luego, no tiene ningún sentido que esto no se hubiera ya delegado o transferido, porque no tiene personal; quiero decir que esto es un centro que no tiene -en principio- personal, que generalmente suelen ser los problemas a la hora de realizar las transferencias. Por eso decía al principio, en la primera intervención, que yo no entendía el por qué este asunto seguía sin resolverse, y eso es lo que nos motivó a dar el paso de que aquí se tomara un acuerdo instando a que esto se agilizara y que esto se concretara.

El que podamos llegar a un acuerdo, pues depende si el Grupo Popular acepta el que se siga manteniendo la... la forma inmediata o la premura en que este asunto se cierre. Quiero decir, lo que a nuestro Grupo no nos sirve es que, nuevamente, se diga que hay que hablar; ya digo que se ha hablado en otras ocasiones y esto no se ha materializado nunca, y en consecuencia... Es decir, podíamos llegar a un acuerdo, porque, efectivamente, no es muy diferente su Enmienda de nuestra Proposición, pero lo que sí nos parece fundamental es el que... el que se mantuviera la necesidad de llegar a un acuerdo de forma inmediata. Y, en cualquier caso, cuando estamos hablando "de forma inmediata" no estamos hablando que sea la semana que viene, pero sí que nos parece que hay que sentarse y tener la voluntad de llegar al acuerdo lo antes posible.

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Yo sé que hay un obstáculo -no sé si, como consecuencia de que en este momento esté gobernando el Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid, ese obstáculo se salvaría-, pero hay un obstáculo que claramente siempre se ha presentado con las transferencias, y es el que la Junta tiene una tendencia a transferir sin que le cueste un duro. Y, ¡claro! quien tiene que recibir la transferencia, lógicamente, intenta valorar que si, a partir de que lo recibe, le cuesta dinero, le tendrá que costar dinero porque se hace responsable de esa gestión, pero, por lo menos, el coste inicial y ese edificio, cuando se transfiera, pues lógicamente debería tener unas mínimas condiciones. Va a costar dinero, a no ser que el Ayuntamiento de Valladolid no lo demande así.

Pero, en cualquier caso, esto no se planteó nunca, ¿eh?, quiero decir que tampoco en las anteriores conversaciones se planteó quién iba a reparar los cristales y quién iba a acondicionar las instalaciones. Pero... es decir, yo me supongo que a lo mejor hoy se puede plantear. Pero, en cualquier caso, yo creo que sí sería un tema de voluntad y de afrontarlo, y a partir de ahí debiera ser el Ayuntamiento ya quien se hiciera cargo del mantenimiento, como corresponde.

En consecuencia, yo entiendo que entre la Proposición que el Grupo Popular realiza y nuestra Proposición No de Ley no existen grandes diferencias. Quizá la única diferencia es que nosotros decimos que esto debe hacerse de forma inmediata, y que ustedes plantean que también podía ser una cesión de uso. Indudablemente, podía ser una cesión de uso; quiero decir que tampoco estaríamos nosotros en desacuerdo con que ésa fuera la fórmula. Si a las partes interesadas, que, en definitiva, son la Junta y el Ayuntamiento, les parece correcto ese planteamiento de la cesión de uso, yo creo que no cambia en mucho el asunto. Entonces, yo lo que le plantearía es que, si el Grupo Popular está de acuerdo, podíamos añadir a nuestra Proposición el tema de la cesión de uso, porque entiendo que el resto del contenido no... no, no es muy distinto, ¿no? Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. El turno de réplica. Tiene la palabra doña Carmen Reina... o si quiere concretar alguna de las Proposiciones que le han indicado.

DÍEZ PASTOR

LA SEÑORA DÍEZ PASTOR: Muchas gracias, señora Presidenta. La voluntad del Grupo Popular era suprimir la palabra "inmediatez", en principio, por otra más suave, o más flexible, o un poco más amplia, que dejara más amplio el juego de debate o de conversaciones que tenga la Junta con el Ayuntamiento. Y le voy a explicar por qué a mí, particularmente, no me gustaba la palabra "inmediatez"; porque la cesión, la transferencia o la cesión gratuita de bienes se regula por el Artículo 70.2 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad de Castilla y León, y ahí es donde se fija la posibilidad de que desde una Administración se cedan gratuitamente inmuebles a otra, pero tiene que existir un interés social, una utilidad pública, una serie de requisitos. Y, concretamente, en el caso que nos afecta, tendría que haber... por parte de la Junta no tendría que considerar necesaria la afectación de esos inmuebles o la explotación de esos inmuebles; por parte del Ayuntamiento, tiene que considerarlos necesarios para el cumplimiento de sus fines; tiene que existir una utilidad pública o interés social; tiene que, por parte del Ayuntamiento, tendría que haberlo solicitado de una manera razonada -así se ha hecho ahora-; y, por último, tiene que haber una peritación, puesto que para valorar el inmueble no se puede ceder así, gratuitamente, así por las buenas, tiene que haber una peritación, puesto que hay que poner en relación el Artículo 70.2 con el Artículo 54 de la misma Ley, que establece un límite cuantitativo. Y hasta 100.000.000 de pesetas sería competente la Consejería de Economía y Hacienda, entre 100.000.000 y 500.000.000 lo sería la Junta de Castilla y León, y a partir de 500.000.000 haría falta, sería necesaria una Ley. Por lo tanto, dado este límite cuantitativo que nos fija qué órgano es el competente para hacer esta cesión, es por eso que la inmediatez, pues eso, hay que ver, si se cede, quién puede cederlo.

Pero, por mi parte, no tengo inconveniente en que nos pongamos de acuerdo ahora en un texto, sustituir la palabra "inmediatez" por otra de "lo antes posible", o "lo antes que se pueda", o "a la mayor brevedad posible", estos que son términos genéricos. Y lo que sí a lo mejor, habría que incluir una referencia expresa a los locales, en la parte de resolución, abajo, la referencia a los locales, para que quede bien claro que son los locales estos sitos en la Avenida de los Cerros del barrio Girón de Valladolid, puesto que no viene en su Proposición No de Ley. Y nada más.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Turno de dúplica, ¿o prefiere con la fijación de posiciones, como hicimos la vez anterior? Entonces, tiene la palabra la Procuradora representante del Grupo de Izquierda Unida.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Muchas gracias, señora Presidenta. Yo creo que tenemos que ser un poco rigurosos con lo que aprobamos aquí... vamos, yo creo que siempre somos, pero rigurosos con la intencionalidad que tenga que tener esta Proposición No de Ley.

Aquí se ha planteado que el seis de febrero último... bueno, a mí me consta también que en anteriores Legislaturas; es una petición que ya se ha hecho a la Junta de Castilla y León, y entonces en ese sentido reconozco la inmediatez que plantea el Proponente. Pero el seis de febrero se celebró un pleno en el Ayuntamiento de Valladolid para discutir una propuesta del Grupo de Izquierda Unida en este sentido, y hubo una enmienda de adición del Partido Popular. Bueno, pues tanto la propuesta como la enmienda fueron asumidas y votadas mayoritariamente. Y entonces, yo, simplemente, lo voy a plantear para dejar un poco más fijados los puntos.

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Bueno. El Ayuntamiento inicia las conversaciones para recuperar para la ciudad, y por tanto, su utilización con fines asociativos y culturales, del inmueble donde se halla instalado el cine Castilla, etcétera, etcétera, y los locales anejos al mismo. Estas negociaciones incluyen todos los locales o inmuebles ubicados en nuestra ciudad de titularidad de la Comunidad Autónoma que estén en desuso por parte de aquella Administración. Que en el plazo de seis meses -y esto lo quiero plantear-, a partir de la aprobación de esta Proposición -que fue el seis de febrero-, se evalúe por una comisión informativa correspondiente el resultado de estas negociaciones.

El planteamiento del Grupo Popular en el pleno del Ayuntamiento, porque tengo el texto recogido del acta, vamos, la enmienda, planteaba la posibilidad de la cesión de las instalaciones al municipio no para uso, sino en condiciones de uso. Porque el problema que podía existir -como comentaba el Portavoz del Grupo Socialista- es que no estuviera en condiciones de uso. Y, entonces, el Grupo Popular del Ayuntamiento, que no quiere que sea costoso para esa institución la transferencia de esos locales, plantea al Grupo Popular que las instalaciones se cedan en condiciones de uso, a fin de poder reutilizar para fines acordes con las necesidades de los vecinos de dicho barrio. Es decir, no se planteaba para la ciudad, sino para los fines de dicho barrio.

Entonces, en ese sentido, estas dos... la Proposición que he leído al principio, que daba un plazo de seis meses para valorar el tema, y la Enmienda del Grupo Popular, que cedía en condiciones de uso, de uso, pero se explicaba en el Acta en condiciones de que se -sí, lo tienes también-, que se pueda utilizar, es decir, que se pueda entrar a utilizar. Entonces, yo creo que ése es el sentir que tiene que recoger, porque son las necesidades que ha planteado, por unanimidad, el Ayuntamiento de Valladolid, entonces, son las condiciones que yo creo que tiene que recoger la transaccional que se está planteando aquí entre los dos Grupos. Es decir, que se cedan las instalaciones en condiciones de uso; quizá no de forma inmediata -no sea que no estén en condiciones de uso-, pero sí en un plazo breve. Y si el Ayuntamiento de Valladolid se ha planteado seis meses, pues, bueno, podríamos dejarlo en seis meses; o si esta Comisión considera que tienen que ser tres, pues bueno, ayudamos algo más al Ayuntamiento de Valladolid. Pero simplemente recoger, yo creo, el sentir de esa institución.

De todas formas, me extraña, habiendo sido una decisión por unanimidad del Ayuntamiento de Valladolid con su Alcalde a la cabeza -que es Procurador en estas Cortes-, cómo se plantea desde el Grupo Popular -o lo he entendido mal, disculpe si es así- que no ha habido una solicitud razonada del Ayuntamiento. Yo creí que desde el seis de febrero que se aprobó esto... que quizá es que como el tono de voz es un poco bajo, a lo mejor no lo he entendido bien. Simplemente disculpas; yo he entendido eso y sólo lo digo... Yo creí que el Ayuntamiento de Valladolid, con su Portavoz a la cabeza, pues ya había hecho la solicitud, y como... como la Portavoz del Grupo Popular plantea en esta Comisión, bueno, pues ya se han iniciado las conversaciones. Pero yo creo que la solicitud razonada, bueno, pues está claramente escrita en el pleno del día seis de febrero. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. ¿Hacemos otro receso de tres minutos para repasar el texto, si conviene?

(Se suspende la sesión a las catorce horas cincuenta y cinco minutos, y se reanuda a las quince horas.)

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Ruego tomen asiento los señores Procuradores, por favor. Por favor. Hemos dicho cinco minutos y han pasado. Por favor, ruego que se sienten y que se tome la decisión que corresponda, pero ya. Lo siento, ni un minuto más. Se reanuda la sesión. Tiene la palabra don Jorge Félix Alonso Díez.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Bueno. Muchas gracias. Me da que no vamos a llegar a acuerdo. En cualquier caso... digo por cuestión de procedimiento, el texto inicial nuestro se puede reformar por nosotros mismos, ¿o no...? Si hay acuerdo, sí.

Bueno, pues voy a fijar el texto definitivo en nombre del Grupo Socialista, que quedaría: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León para que, de la forma más rápida posible, transfiera o ceda en uso, en condiciones de uso, al Ayuntamiento de Valladolid los locales situados en la Avenida de los Cerros del barrio Girón, a fin de que se pueda regularizar el uso de los mismos, y se destinen a atender las necesidades sociales y culturales del barrio Girón y otros que puedan determinarse". Hay mucho uso por todos los sitios, pero es así el tema. Muchas gracias.

LA SEÑORA PRESIDENTA (SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ): Gracias, Señoría. Entonces, se somete la Proposición No de Ley a votación, y a ello vamos a proceder. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Total de votos emitidos, catorce. A favor han sido cinco. Y en contra, nueve... cuatro... ¡Ah!, es verdad. Trece entonces, ¿no? A favor, cuatro. En contra, nueve. En consecuencia, queda rechazada la Proposición No de Ley.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, pidiendo disculpas por la hora, pero agradeciendo a todos su tranquilidad y su paciencia.