DS(P) nº 15/4 del 24/2/1996

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, autoridades, señoras y señores invitados a este acto, a este Pleno solemne.

Durante los últimos días, al Grupo político al que represento se le solicitó por parte de los demás Grupos Parlamentarios de estas Cortes que diera su aprobación a la Proposición de Ley reguladora de la Cuestión de Confianza y de la facultad del Presidente de la Junta de disolución de las Cortes de Castilla y León.

Procede, pues, en esta intervención, exponer la posición de este Grupo y los razonamientos que nos han conducido a adoptarla. Cualquiera de las opciones posibles (votar sí, votar no, o incluso la abstención, como tercera y no menos legítima posibilidad) encuentra -y encontró- sólidos argumentos para su defensa; y todos ellos han sido -se lo aseguro- debidamente estudiados, valorados y ponderados antes de dar nuestro apoyo -como ya anticipo- a esta Proposición de Ley.

Si ustedes me permiten, comenzaré aludiendo a esos motivos que hemos descartado, argumentos o razones que justificarían nuestra oposición a la Proposición de Ley, y con ello la ruptura del consenso.

(-p.715-)

En primer lugar, se trata en este Pleno de aprobar una Proposición de Ley que va a facultar al Presidente de un Gobierno Autonómico, Gobierno -como ya es sabido- cuya legitimidad ponemos en duda en nuestro Grupo político -no su legalidad, ni mucho menos, puesto que no siempre los conceptos de legal y legítimo son concurrentes-, para disolver o someterse a la confianza de unas Cortes, de cuya legitimidad también dudamos -insistimos-, siempre reconociendo su legalidad, tal y como prueba el hecho de que en ellas nos encontramos y en su labor habitual participamos con absoluta normalidad.

La presencia de la Unión del Pueblo Leonés en estas Cortes, como segundo argumento, tiene exclusivamente dos fines u objetivos: reivindicar la celebración de un referéndum para que los leoneses manifiesten su conformidad o disconformidad con la pertenencia político-administrativa a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, primero; y segundo, la defensa de los intereses de la provincia de León, mediante la reivindicación permanente de inversiones y mediante la denuncia de los atropellos y agravios que habitualmente tienen a León como destinatario.

Como puede comprobarse, Señorías, regular la disolución anticipada de las Cortes o la Cuestión de Confianza en esta Comunidad no forma parte de los fines u objetivos de la UPL, lo cual justificaría también nuestra oposición a la Proposición de Ley.

En tercer lugar, y como tercera razón que justificaría nuestra oposición, mencionar el desprecio con el que la Administración Autonómica ha dado y sigue dando respuesta a las legítimas aspiraciones de los leoneses, o al menos de la mayoría de los leoneses -según todos los sondeos realizados-, de constituirse en Comunidad Autónoma propia. Ese desprecio, Señorías, conduciría -por aplicación del principio de reciprocidad- a despreciar las no menos razonables aspiraciones de esta Comunidad Autónoma de organizar el funcionamiento de sus instituciones de autogobierno por medio de leyes como la que hoy se va a aprobar con el consenso de todos.

Cuarta y última razón que justificaría nuestra oposición a la Proposición No de Ley: evitar que Sus Señorías vendan el consenso alcanzado como un síntoma de unidad y vertebración de la Comunidad Autónoma; nada más lejos de la realidad. En trece años de vigencia del Estatuto, ni la Comunidad está más unida ni más vertebrada, al contrario. He mencionado la palabra vertebración; pues bien, la razón, que pesa más que la fuerza, dice que dos columnas vertebrales no se pueden fusionar nunca; y en esta Comunidad Autónoma hay dos columnas vertebrales: León y Castilla, o Castilla y León -en el orden que Sus Señorías prefieran-, pero separadas.

Por ello, vender este consenso que les facilitamos hoy como un síntoma de unidad y vertebración de la Comunidad sería una postura política falsa y, sobre todo, hipócrita. Estamos seguros y confiamos, no obstante, en que ello no va a ser así.

Quisiera mencionar brevemente los argumentos que hubieran, o podían haber justificado nuestra abstención con relación a esta Proposición de Ley que en este Pleno debatimos.

En primer lugar citaré la falta de legitimidad para participar en la tarea legislativa de una Comunidad Autónoma constituida por nueve provincias, por parte de un Grupo político de ámbito uniprovincial; yo prefiero decir unirregional, si zamoranos y salmantinos, en el futuro, quisieran sumarse a nuestras reivindicaciones.

(Murmullos.)

En segundo lugar, Señorías, o segunda causa que justificaría una posible abstención: nadie debe pronunciarse sobre algo que le resulta absolutamente indiferente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: ...y a la Unión del Pueblo Leonés, que el Presidente del Gobierno de Castilla y León pueda disolver las Cortes o someterse a su confianza, le resulta completamente indiferente.

Desde un punto de vista dogmático, lo que la Unión del Pueblo Leonés postularía es que esas facultades o instrumentos pudieran ser utilizados por el Presidente del Gobierno Autonómico de León, como legítimo representante de los ciudadanos leoneses.

Y desde un punto de vista pragmático, ¿qué beneficios va a suponer para la provincia de León la aprobación de esta Proposición de Ley? Entendemos que ninguno.

En definitiva, si la sabiduría popular recomienda que, ante la duda, abstención; por analogía, podríamos añadir que ante la indiferencia, también abstención.

Y en tercer y último lugar, quisiera aludir a esos argumentos, o justificaciones, o razones que nos han inclinado a votar en favor de la Proposición de Ley, que nos han empujado a no romper el consenso.

En primer lugar, quiero citar: la aprobación de esta Proposición de Ley no supone ninguna modificación en el Estatuto de Autonomía. Si ocurriera lo contrario, es decir, si la aprobación de esta Ley implicase modificar -aunque fuera en lo más mínimo- el Estatuto, este Procurador, en este momento, se vería obligado a votar que no. Y con ello estamos anticipando ya nuestra posición en la materia: urge -entendemos- la modificación del Estatuto de Autonomía, incluido su Preámbulo, en todos aquellos aspectos -entre otros- que resultan irrespetuosos con León, con los leoneses y con su identidad como región; reitero, Señorías: como región. Ésa es la primera reforma que precisa -entendemos- el Estatuto, y la más urgente. De no ser así, no cuenten Sus Señorías con la UPL para reformarlo.

(-p.716-)

Por tanto, olvídense del consenso para reformas estatutarias mientras este Grupo político tenga representación en estas Cortes. Y estamos seguros que la va a tener, al menos mientras lo leoneses no puedan pronunciarse en referéndum. Cuando llegue el momento, si la postura segregacionista resulta vencedora, el lugar propio de los Procuradores de este Grupo político ya no serían estas Cortes, sino las Cortes de León.

Ahora bien, reiterando lo expuesto, la aprobación de la citada Proposición de Ley -como hemos dicho- no supone modificación estatutaria alguna; por consiguiente, no existe obstáculo, en este sentido, que nos impida apoyar la misma.

En segundo lugar, y como segunda razón que justifica nuestro apoyo a la Proposición de Ley, hemos citado con anterioridad los motivos que justificarían -y Sus Señorías lo han oído- la abstención de mi Grupo político; y, entre ellos, la indiferencia que la Proposición de Ley nos produce. Sin embargo, consideramos que es un acto de generosidad política reconducir esa indiferencia hacia el voto afirmativo y hacia el consenso.

Todas las Comunidades Autónomas -eso es cierto, eso es razonable, eso es justo- tienen reguladas estas figuras de disolución anticipada de las Cortes y Cuestión de Confianza; y esta Comunidad también está -y de eso estamos plenamente seguros- en su derecho. Ocurre que los leoneses, como los castellanos también, somos generosos y solidarios, incluso con aquellos que no lo son con nosotros. Porque somos generosos, deseamos lo mejor para esta Comunidad, que no sentimos nuestra, pero que forma parte de la España de la que los leoneses nos sentimos orgullosos de pertenecer. Porque somos solidarios, Señorías, no ponemos obstáculos a que esta Comunidad, que -reitero- no sentimos como nuestra, regule sus instituciones de autogobierno.

Hemos hecho mención en esta intervención al principio de reciprocidad. Pues bien, de nuevo acudo a él para solicitar que esa generosidad y solidaridad a la que hemos aludido se vea reflejada en la generosidad y solidaridad de esta Comunidad Autónoma para con las legítimas aspiraciones de la mayoría de los leoneses de constituirnos en Comunidad Autónoma.

Y si Sus Señorías tienen dudas cuando aludo a la mayoría de los leoneses, disípenlas, disipémoslas todos, salgamos de la duda: insten al Gobierno de la nación a que pregunte a los leoneses, a través del único instrumento que existe y que -por cierto- supone el máximo exponente de la democracia, el referéndum. Sólo así, a través de un referéndum, demostrarán Sus Señorías que son respetuosos, que son generosos y que son solidarios con los leoneses.

Cuarta y última razón para apoyar esta Proposición de Ley que hoy aprobaremos en este Pleno. El motivo cuarto es que no pretendemos enturbiar, ni mucho menos, esta conmemoración, ya de por sí -al menos para nosotros- triste; triste porque conmemora el aniversario del único Estatuto de Autonomía de cuantas Comunidades Autónomas hay en España que reúne las siguientes características, cada cual -por cierto- más lamentable: primero, es el Estatuto que menos votos obtuvo en su tramitación parlamentaria; segundo, fue el último Estatuto en aprobarse; tercero, es el Estatuto con menos artículos y competencias; cuarto, es un Estatuto que integra a una provincia, Segovia, cuyos entes locales en su momento se mostraron contrarios a esta Autonomía; quinto, es el único Estatuto que niega la Autonomía a una región, la leonesa; sexto, es el único Estatuto recurrido por tres ocasiones ante el Tribunal Constitucional; séptimo, es el único Estatuto que no contempla la configuración de su Preautonomía (Santander y Logroño tuvieron más suerte, o se hizo más justicia con ellas, y ahora son Comunidades Autónomas propias, Cantabria y La Rioja); y ocho y último, en definitiva, es el único Estatuto cuya configuración territorial cada vez es más cuestionada.

Yo quisiera, para terminar, aludir a una cita de un insigne jurista, Catedrático de Historia del Derecho y ex Presidente del Tribunal Constitucional, recientemente fallecido a manos de los asesinos de esa banda terrorista cuyo nombre no me es grato pronunciar. Me refiero a don Francisco Tomás y Valiente, quien en el prólogo de un libro, "El Reino de León", publicado en mil novecientos noventa y cuatro por la editorial del Tribunal Constitucional, y cuyo autor es Anselmo Carretero, escribe -son palabras, repito, textuales de don Francisco Tomás y Valiente-:

"En más de un caso, y desde luego en el de León y Castilla, su composición -no quiero hablar de fronteras- se discutió porque era discutible con la mano en la historia, y no siempre se acertó. Mitos, embrollos, secuestros y olvidos puede que tuvieran ahí su nido; pero también intereses partidarios, caciquismos locales y provinciales. Equilibrios electorales y repartos de zonas de influencia fueron claves en un presente político apresurado y frívolo en ocasiones.

Es muy posible, por lo que a León -Reino Leonés, País Leonés- se refiere que su inserción en la actual Comunidad fuera un error, y no sólo, acaso, por razones historicistas".

Pues bien, si Sus Señorías no están conformes con esta cita reproducida, nos gustaría que lo manifestasen; si por el contrario participan de ella, sean coherentes. Si de sabios es rectificar, sean ustedes sabios; porque a sensu contrario, persistir en los errores es postura de torpes.

(-p.717-)

Y ya que estamos con citas, ésta procede del mucho menos insigne, y menos o nada jurista, actual Delegado Territorial de la Junta en León, o lo que es lo mismo, del máximo representante del Gobierno de la Comunidad en León. Dice textualmente: "Hoy en día nadie niega que existió un fraude, político al menos, en las actuaciones de los parlamentarios y políticos que solicitaron la incorporación de nuestra provincia a la Autonomía castellana". Diario de León, treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y cuatro. El firmante, no hace falta aludir a su nombre.

Termino, Señorías, hoy en este Pleno, la Unión del Pueblo Leonés va a apoyar la Proposición de Ley objeto de esta intervención. Y pese a todos los contras mencionados, lo vamos a hacer con cierta satisfacción. ¿Por qué? Muy sencillo, porque estamos seguros de que en un tiempo no muy lejano esta Ley servirá de modelo para la regulación de la disolución de las Cortes y Cuestión de Confianza en las Cortes de León. Y digo, Señorías, en un tiempo no muy lejano, porque los hombre yerran, es humano; pero la historia, que no se equivoca, termina siempre poniendo las cosas en su sitio. Muchas gracias.

(Leves aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, su Portavoz, don Antonio Herreros Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías, de un modo mucho más sencillo, porque tampoco el tema da para mucho más, Izquierda Unida anuncia previamente su voto favorable a esta Proposición de Ley.

Primero, porque se trata -a nuestro juicio- de principios elementales y básicos que ya tenían que estar recogidos en cualquier tipo de planteamiento de una democracia representativa, y, por consiguiente, ya tenían que estar resueltos y hubo intención en su momento de poder llevarlo a la práctica.

Segundo, porque como tal se expresa en la exposición de motivos, el que no exista en estos momentos una regulación ordenada en cuanto a la capacidad de disolución de las Cortes, e incluso, en cuanto a la confianza, la cuestión de confianza, son disfunciones y carencias que lógicamente tenían que haber sido pensadas en su momento.

Tercero, porque ambas instituciones o prerrogativas se contemplan en la propia Constitución Española y apelamos, como lo hacemos con relativa frecuencia desde Izquierda Unida, al Artículo 99 y al Artículo 112 de la Constitución Española.

En cuarto lugar, porque se habilitan soluciones -con este Proyecto de Ley- ante posibilidades de crear un vacío normativo en cuanto en un momento determinado pueden suscitarse cuestiones que pueden dejar inerme, en cierto modo, al Ejecutivo y sería una responsabilidad expresa del propio Legislativo, es decir, de las Cámaras o de las Cortes de Castilla y León. Porque todas estas razones nos llevaron incluso a presentar en su día estos mismos criterios, dentro de lo que era el marco de referencia del debate por la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y de hecho decíamos, cuando en un debate de investidura, de confianza o de moción de censura no se logre la mayoría necesaria serán disueltas las Cortes y convocadas nuevas elecciones. Éste era nuestro pensamiento, nuestro criterio allá por las fechas de marzo del noventa y tres, en las que pretendíamos que hubiera una reforma del Estatuto de Autonomía en condiciones que propiciara, lógicamente, una potenciación de la institución del Ejecutivo, del Gobierno Autónomo, para que pudiésemos tener realmente todas, absolutamente todas las competencias que determinaran la concepción de un autogobierno de una Comunidad Autónoma que tiene por qué esgrimir argumentos con mucha más consistencia histórica, con mucha más consistencia política, con mucha más consistencia cultural para recordar que con la propia Constitución; cuando se habla de nacionalidad histórica, no se está refiriendo exclusivamente a las que en estos momentos ostentan esa representación legal y legítimamente. Y porque es lógico que desde el propio Legislativo se ordene, se regule, se manifieste y se interprete lo que es el lógico sentir de la propia ciudadanía para que el Ejecutivo pueda tener su propia función.

(-p.718-)

Sin embargo, con el mismo criterio sugerimos ya desde aquí que lo mismo que nosotros vamos a hacer un apoyo expreso a este Proyecto de Ley que le da un carácter de afianzamiento, de autogobierno, al propio Ejecutivo, instamos a que la máxima representación, la máxima institución por excelencia -que es el pueblo soberano-, también tenga la oportunidad de sentir esa compensación y esa compensación a través de lo que en un momento determinado también sugerimos, y fue rechazado en aquel momento por la mayoría de las Cortes, y que recoge nuestro Artículo 7 del Estatuto de Autonomía. Cuando se habla de los derechos y libertades de los castellanos y leoneses, se nos indica en ese artículo que "corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los castellanos y leoneses en la vida política, económica, cultural y social". Esto que incluso está recogido en la propia Constitución Española, y se hace referencia en el artículo 87.2 de la misma, nosotros hemos venido manteniéndolo y defendiéndolo como iniciativa legislativa popular y municipal. Sería un mecanismo de compensación para que efectivamente instituciones como el Ejecutivo, instituciones como las Cortes de Castilla y León, en este decimotercer aniversario del Estatuto de Autonomía, puedan seguir entendiendo el desarrollo y potenciar nuestros criterios de autogobierno para dirigir la Comunidad Autónoma de Castilla y León; misión que tenemos encomendada como representantes del pueblo y que, lógicamente, más aún desde el Ejecutivo.

Reforma del Estatuto de Autonomía, que, lógicamente, entendemos hubiese sido un mecanismo mucho más efectivo a todos los efectos y, desde luego, entendemos que con nuestro apoyo a este Proyecto de Ley en ningún caso renunciamos a conseguir que un día sea efectivo esa reforma del Estatuto para conseguir que haya plenitud de competencias, plenitud de capacidad para dirigir los propios intereses de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el marco federal del Estado español y en el marco de los intereses de toda la humanidad. Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Socialista y, en su nombre, tiene la palabra don Jesús Quijano González.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Permítanme, en primer lugar, que manifieste mi satisfacción por la celebración de este trece aniversario del Estatuto de Autonomía en la ciudad de Burgos, tan vinculada, y por tantos motivos, a nuestra historia como Comunidad. Lo estuvo en su gestación histórica, con títulos principales como ninguna. Lo ha estado más recientemente con ocasión de la puesta en marcha de nuestra Preautonomía y Autonomía. Y lo sigue estando como referente continuo de la peculiaridad castellano-leonesa. Tiene por eso pleno significado que vayamos a dar aquí un paso importante en la configuración progresiva de nuestras instituciones.

Porque eso es, en efecto, lo que estamos haciendo al aprobar esta Proposición de Ley: usar de nuestra capacidad de autogobierno para avanzar en la consolidación del marco jurídico de la Comunidad.

Incorporamos hoy dos mecanismos de singular trascendencia para un mejor equilibrio de los poderes que el Estatuto de Autonomía ni previó ni excluyó; lo que creo permite integrarlos por una Ley especial, como lo vamos a hacer. De un lado, la facultad de disolver el Parlamento, que quedará atribuida al Presidente de la Junta bajo su exclusiva responsabilidad. Es cierto que se trata de una facultad excepcional que sólo debe ser usada pon prudencia; pero es igualmente cierto que el texto legal contempla suficientes cautelas para garantizarlo, de modo que sólo la estricta necesidad debe aconsejar su utilización. De otro lado, la posibilidad de presentar una Cuestión de Confianza, instrumento clave para resolver situaciones de dificultosa gobernabilidad a través del contraste parlamentario. La conexión de ambos mecanismos entre sí, y con la Investidura, y la Moción de Censura, es evidente; y todos ellos, en conjunto, contribuirán sin duda a asentar mejor la estructura parlamentaria que el modelo autonómico vigente ha materializado. Pero tan importante como eso es la constatación de que damos este paso con el más amplio consenso posible, como ya lo hicimos en otras situaciones similares. Habitualmente para obtener este más amplio consenso posible todos debemos aportar algo y todos debemos renunciar a algo. Eso es lo que ocurrido también en esta ocasión.

Mi Grupo Parlamentario está particularmente satisfecho de tal circunstancia. No en vano accedió en su momento a retirar una iniciativa propia para abrir el camino a la iniciativa conjunta que hoy aprobamos. Quiere demostrar con ello -lo quiero hacer yo personalmente- que para estas cuestiones el consenso es mejor que cualquier otra alternativa; y que es posible, por más que a veces no sea habitual, ejercer el diálogo -también desde la Oposición-, lo que en la coyuntura política en que nos encontramos me parece que adquiere un especial significado.

Quede por ello constancia del compromiso de mi Grupo Parlamentario para seguir avanzando por este camino, lo que quiero reiterar expresamente; porque aún queda camino por recorrer. Todavía nuestro modelo de funcionamiento parlamentario necesita plantear cuestiones como la iniciativa legislativa popular, la estabilización de mecanismos de debate y control parlamentario, la agilización de trámites, etcétera, etcétera. Cuestiones, todas ellas, que en el debate abierto sobre la revisión del Reglamento de las Cortes podrán contribuir a profundizar el sentido democrático y plural de nuestras instituciones, añadiendo cercanía, interés y calidad a nuestra vida parlamentaria.

Sepan, por tanto, que mi Grupo Parlamentario estará siempre disponible para esta tarea que simultáneamente hemos iniciado. Y que hoy, como antes ocurrió con el Procurador del Común, ha dado ya frutos tangibles. Gracias, señor Presidente, señoras y señores Procuradores.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por último, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan Vicente Herrera Campo.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores, por evidentes razones es para mí una especial satisfacción y un gran honor poder intervenir esta mañana, hoy aquí, como Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ante este Pleno extraordinario de las Cortes de Castilla y León.

(-p.719-)

Y lo hago en nombre de los cincuenta Procuradores que integran mi Grupo Parlamentario. Y lo hago, especialmente, en nombre de los ocho Procuradores regionales populares por la circunscripción de León, que no han pretendido ni van a pretender en ningún momento monopolizar la representación parlamentaria de los ciudadanos del antiguo reino, pero que tampoco van a permitir de ninguna de las maneras que se trate de ningunear la cuota de representación democrática que legítimamente les corresponde.

(Aplausos.)

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Señorías, el Artículo 148.1 1º de la Constitución Española consagra la facultad de las Comunidades Autónomas para organizar sus propias instituciones de autogobierno. Con esa cobertura constitucional, en base al título competencial que atribuye a la Comunidad de Castilla y León el Artículo 26.1.1 de su propio Estatuto de Autonomía, y siguiendo los precedentes de otras Comunidades Autónomas, las Cortes de Castilla y León se disponen esta mañana a establecer, a introducir en nuestro ordenamiento autonómico dos mecanismos institucionales de singular trascendencia: la Cuestión de Confianza y la facultad del Presidente de la Junta para disolver anticipadamente las Cortes de Castilla y León.

El Grupo Parlamentario Popular valora positivamente esta iniciativa y quiere esta mañana subrayar su oportunidad en un triple sentido o dirección: en el cuándo, en el cómo y en el dónde.

En el cuándo, por producirse la aprobación de esta iniciativa en el marco de este acto solemne de conmemoración del decimotercer aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma.

Por otra parte, hay que recordarlo, la más que presumible estabilidad parlamentaria de la Cámara, surgida de las últimas elecciones autonómicas -teniendo en cuenta la correlación de fuerzas derivada de la voluntad de los ciudadanos de Castilla y León-, es también hoy argumento en favor de la aprobación de esta iniciativa, lejos de los agobios y urgencias con que estos mismos instrumentos institucionales fueron establecidos y regulados en otras Comunidades Autónomas.

En el cómo, por materializarse esta iniciativa a través de una Proposición de Ley, mediante la cual las Cortes de Castilla y León ejercen la potestad legislativa básica que les corresponde. Y que, además, ha contado con la colaboración, el consenso y el acuerdo -no solamente en su elaboración, sino también, según resulta de las intervenciones de los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en su aprobación-, con el acuerdo -digo- de todos los Grupos Parlamentarios; lo que, coincidiendo con lo señalado por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, debe ser o debe constituir la regla general en todas aquellas cuestiones de alcance institucional.

Y, finalmente, en el dónde, porque para subrayar la trascendencia de este acto político institucional, las Cortes de Castilla y León han abandonado su sede habitual y se han constituido en esta querida ciudad de Burgos, vieja cabeza de Castilla; y, de forma más concreta, en esta Casa del Cordón, palacio de los Condestables, feliz síntesis de historia y progreso, de tradición y modernidad, que es por tanto hoy un símbolo de lo que muchos de nosotros queremos para Castilla y León, para nuestra Comunidad Autónoma.

Es también momento oportuno de recordar que, sin necesidad de retrotraernos a otras Legislaturas, en el frontispicio de esta Cuarta Legislatura y, concretamente, en su discurso de Investidura, el hoy Presidente de la Junta de Castilla y León, el día tres de julio del pasado año de mil novecientos noventa y cinco, ya manifestó ante las Cortes de Castilla y León su deseo e intención de que al menos una de las iniciativas, uno de los mecanismos que hoy vamos a incorporar a nuestro ordenamiento, tuviera vida durante la presente Legislatura. Queda así cumplido uno de los objetivos del Presidente de la Junta de Castilla y León.

Señorías, considero conveniente evitar a ustedes demasiadas explicaciones técnicas acerca de los instrumentos que esta mañana regulamos. Por otra parte, la simplicidad técnica de la Proposición de Ley que es objeto de aprobación esta mañana, y que se formula a través de una Exposición de Motivos, dos Artículos y una Disposición Final, me evitan entrar en mayores detalles; que, por otra parte, han sido -yo creo- brillantemente abordados, en sus aspectos fundamentales, en la exposición realizada anteriormente por el profesor Quijano.

En cualquier caso, sí que es preciso significar que la nueva regulación trae causa fundamental de la regulación constitucional que en las mismas materias tiene, a nivel estatal, la Constitución de sus Artículos 112 y 115.

En los aspectos que sean necesarios, es lógico que la tramitación parlamentaria de estos mecanismos -que son mecanismos presidenciales- podrá fijarse en el Reglamento de las Cortes de Castilla y León, en la ocasión de la reforma del mismo, tarea esta que ha sido ya emprendida por los distintos Grupos Parlamentarios.

Finalizo, señores, significando que en esta Proposición de Ley yo quisiera, por una parte, describir y, de alguna manera, subrayar la existencia de tres principios que han sido respetados:

Un principio de equilibrio democrático o equilibrio institucional; que ha sido también aquí puesto de manifiesto y que, en sus aspectos teóricos, nos retrotrae, ciertamente, dentro de lo que es el pensamiento liberal, a las tesis del poder y contrapoder de Montesquieu, felizmente recuperado por muchos de nosotros.

(-p.720-)

En segundo lugar, el respeto a la soberanía popular. Ciertamente -y se ha dicho aquí-, la utilización por el Presidente de la Junta del mecanismo de disolución de las Cortes debe ser excepcional. Pero es cierto que el mecanismo en sí tiene un tratamiento democrático, en la medida en que somete posibles situaciones de emergencia institucional a la decisión soberana del pueblo. Por eso mismo están plenamente justificadas las garantías que el texto de la norma establece, a través de las limitaciones al uso por el Presidente de la facultad que hoy le reconocemos.

Y, finalmente, la consistencia de la norma que aprobamos con los acuerdos autonómicos, en virtud de los cuales, trece Comunidades Autónomas van a seguir celebrando simultáneamente sus comicios electorales; lo que determina ese último apartado del Artículo 2 de la norma, en el que se establece que la duración de la vida de la Cámara, que surja del ejercicio de la facultad de disolución por el Presidente, únicamente durará hasta el momento mismo en que la Legislatura deba expirar por sus causas naturales.

En definitiva, señores, entiendo que nos encontramos ante una norma integradora de nuestro Estatuto de Autonomía, que trae causa y que precisamente puede nacer por la previsión de nuestros legisladores en el Estatuto de Autonomía, que no excluyeron expresamente estas posibilidades que hoy ponemos en marcha; y que, a través de ellas, lo que estamos haciendo, sin perjuicio de que en su momento nosotros estimamos también que las instituciones que hoy regulamos deban incluirse en el futuro en el propio Estatuto de Autonomía, lo que estamos haciendo es, sin duda, completar e integrar nuestro marco institucional. Y, por lo tanto, estamos dando un paso adelante, un paso positivo hacia el futuro de nuestra Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Concluido el debate, procedemos a la votación de la Propuesta. Esta Presidencia, oído el parecer expresado por los Portavoces de los distintos Grupos con representación parlamentaria, entiende que puede ser aprobada por asentimiento.

Señorías, ¿se aprueba por asentimiento? Gracias.

En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley reguladora de la Cuestión de Confianza, así como de la facultad del Presidente de la Junta para disolver anticipadamente las Cortes de Castilla y León.

La Mesa de la Cámara acordará su envío a la Comisión competente, abriendo el correspondiente plazo de presentación de Enmiendas, si las hubiere, para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Ruego ahora al señor Secretario enuncie el segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Segundo punto del Orden del Día: "Discurso Institucional del Excelentísimo señor Presidente de las Cortes de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Excelentísimo señor Presidente de Castilla y León, y miembros de su Gobierno. Señoras y señores Procuradores. Dignísimas autoridades. Señoras y señores.

Cuán difícil resulta en esta milenaria ciudad de Burgos sustraerse del recuerdo cidiano. Diría más, no es posible olvidar su viva presencia en estas tierras de alfoz y de nobleza. No en balde, una burgalesa, María Goyri, "que era descendiente del Marqués de Barrio Lucio y en Celada del Camino tenía hermosa posesión", casó con don Ramón Menéndez Pidal, la más egregia pluma de cuantas han escrito sobre el héroe medieval español por antonomasia. Y tan prendado quedó don Ramón del personaje, que llamó Jimena a su hija y Elvira a su nieta.

Pero Burgos es más que la evocación del héroe de las gestas. Nada tan yermo e improductivo como la recreación inmovilista del pasado; pero igualmente inútil resulta el olvido sistemático de cuanto nos ha precedido. Para construir la Castilla y León del futuro en autonomía plena, es preciso fijar las miras en el presente más palpable; pero sabiendo antes quiénes somos y de dónde venimos.

Me resisto, por ello, a la renuncia y al olvido del pasado, sobre todo cuando ese tiempo pasado guarda en estos "páramos de asceta" tantos y tantos tesoros de gloria y fastos cortesanos. La filosofía clásica que señalaba el aire y el agua como elementos de la realidad, se modifica en Burgos añadiéndose la piedra y el árbol. Junto a estos cuatro elementos, el hombre y la mujer de Burgos. El burgalés, centro de todas las cosas; de las grandes cosas y de las grandes empresas.

El "homo burguensis", aquí castellano viejo, es hombre de su propia tierra, capaz de decir aquello de que "uno a uno valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos", quizás como consecuencia de saberse desde siempre "Cabeza de Castilla". Su sentido de la lealtad trasciende de la leyenda habida en su escudo: "la primera en fidelidad", siempre con esa fe tan peculiar a la hora de celebrar el Corpus... Y el Curpillos.

(-p.721-)

Cámara del rey, cuna de jueces y foro de leyes. El burgalés próspero y justo propició que en esta ciudad se dictasen fueros y cartas pueblas, se celebrasen Cortes, se dispusiese de una ceca acuñadora de moneda, y hasta se crease un Consulado del Mar, que entendía en las cosas del comercio entre el Norte y Sur peninsulares y entre la Península y la Europa del post Renacimiento. A su sombra, una vastísima saga de linajes reunió enormes fortunas, comerciando en lanas castellanas, en esas lanas hoy casi perdidas y siempre reconfortantes.

Si primera en fidelidad, la ciudad de Burgos era igualmente la primera voz, cuando las viejas Cortes sustentaban la representación popular en los burgos y sus concejos.

Y la recreación de esta Casa del Cordón -y su magnífica restauración-, se nos presenta precisamente como síntesis de ese pasado recordado y ese futuro reivindicado. Es pasado, porque la "mandaron facer don Pedro Fernández de Velasco e doña Mencía de Mendoza, segundos condes de Haro", allá cuando el siglo XV rendía paso a la modernidad humanista. Es futuro, porque así se administran parte de los ahorros de los burgaleses, unos ahorros cobrados con esfuerzo y que, si no son más caudalosos, es porque de unos años a esta parte ha dejado de primarse la noble costumbre de hacer de nuestro esfuerzo el eslabón preciso de nuevas inversiones generadoras de puestos de trabajo, de riqueza y de prosperidad.

Sea público y notorio el agradecimiento de este Presidente de las Cortes de Castilla y León a la Caja de Burgos por su compromiso económico y social y, en este día de conmemoración, por habernos permitido congregarnos, como hace cuatro siglos atrás, entre estas históricas piedras de la Casa del Cordón.

Quisiera también mencionar a la otra Caja burgalesa, la del Círculo Católico, así como al resto de las entidades financieras de la Comunidad Autónoma, por el decidido apoyo al desarrollo regional.

A la vez, hago a todas ellas un llamamiento para que, como se ha hecho con este Palacio de los Condestables, colaboren decidida y generosamente en la recuperación y rehabilitación de nuestro ingente patrimonio histórico, artístico y monumental. ¡Hay tanto que hacer!

Y entre los aconteceres históricos aquí protagonizados, interesa recordar que en este Palacio de los Condestables se reunieron Cortes en mil quinientos quince para aprobar la unión del Reino de Navarra a la Corona de Castilla, cerrándose así definitivamente la unidad de los reinos peninsulares bajo la autoridad común de los reyes. Fue aquélla la última de las quince ocasiones en que las Cortes de Castilla eligieron Burgos como escenario de sus reuniones. Además, aquélla de mil quinientos quince fue asamblea importante por otro acontecimiento: el tercer estado, de amplia composición letrada y universitaria, elevó sus propuestas... perdón, sus protestas por las actuaciones de los corregidores, por el alto número de extranjeros ocupando beneficios y, sobre todo, por las referencias a la política económica y a la necesidad de proteger la producción de paños hispanos.

Y mientras la historia pasaba, la vida ciudadana y su cultura se desarrollaba de forma perfectamente constatable y evaluable. Eximios maestros enseñaron un Derecho que el egregio y burgalés Francisco de Vitoria convirtió en Salamanca en Derecho Internacional. Y por el tiempo en que la unidad de los reinos peninsulares se fraguaba al socaire de la Corona, se acuñó el término "burgalés" como sinónimo de comerciantes y mercaderes en grande. Aquellos comerciantes ricos, cultos y renacentísticamente ecuménicos dieron patrocinio a multitud de artistas, a los que debe Burgos, y la universalidad toda, el ingente patrimonio artístico y cultural que hoy posee.

Al frente de su población, siempre y desde siempre, sus gobernantes. Primero sería el Conde, bajo la auctoritas real, pero a medida que "varones castellanos, este fue su cuidado:/de una pobre alcaldía ficiéronla condado;/de un condado, cabeza de reinado"/, el concejo adquirió preponderancia social y política hasta el punto de que Burgos ha sido puesto en innumerables ocasiones como ejemplo de democratización urbana, al menos para su época. Y con ellos sus obispos, algunos de renombre universal, que contribuyeron de forma decidida a hacer de Burgos, la que fuera ciudad franca, una ciudad abierta al Camino de Santiago, lo que la llevó a ser una ciudad cambista, bancaria y próspera.

Hoy es Burgos asiento y sede de las Cortes de Castilla y León en la celebración de este Pleno extraordinario y conmemorativo, consecuencia del nuevo orden institucional que castellanos y leoneses comenzamos a construir a partir de que en mil novecientos setenta y ocho se aprobase la "ley de leyes".

A lo largo de todos estos años de vida constitucional, y tras los trece de régimen autonómico, hemos ido venciendo no pocos escollos. Muy especialmente porque la construcción de la España de las Autonomías se ha realización desde lo que José Luis los Arcos llamaba "un regionalismo sano, auténticamente español, mucho más español, a veces, que ciertos españolismos no regionalistas".

Las fórmulas para buscar soluciones al hecho regional han sido de muy variada condición: el particularismo de Almirall, el foralismo tradicionalista, el regionalismo de Durán y Ventosa, el nacionalismo -no separatista- de Prat de la Riva, el regeneracionismo de Polavieja y de los castellanos Sangrador y Bañuelos, el racismo diferencial de Sabino Arana y hasta el separatismo y el cantonalismo. Algunos, incluso, se han remontado a la afirmación de Tomás de Aquino de que cada "natio" o parcela concreta de la "societas" universal humana debe tomar su gobierno propio. Otros se basan en el equilibrio de fuerzas surgido de la unión de repúblicas preconizado por Montesquieu. Y no han faltado tampoco quienes encuentran un fundamento claro de la autonomía territorial en el concepto de comunidades sociales básicas del liberalismo organicista germánico, representado por Althusius.

(-p.722-)

Ante todas ellas, yo creo que podemos encontrar una explicación más moderna e inmediata y basada, sobre todo, en doctrinas liberales, especialmente con un proceso de reintegro del protagonismo de la sociedad civil ante la progresiva intervención estatal. Incluso hoy se concibe -cada vez más- la democracia, no como la simple libertad política del Estado liberaldemocrático o participativo, sino como un poder compartido y una participación creciente en la misma sociedad.

Se configura así Castilla y León como una auténtica alternativa de poder democrático, como una nueva vía de intervención pública, como embrión, en definitiva, de una nueva sociedad basada en los postulados propugnados desde la defensa de las libertades; y, desde luego, sin levantar nuevos pendones de autonomía que repartan los cuarteles de una bandera. Eso no es más que una pendencia de vecindad o una cuestión de linderos, como ha dicho el Presidente de la Comunidad Autónoma, Juan José Lucas.

Porque Castilla y León -sus instituciones- es, en realidad, el Estado mismo dentro del territorio. Por ello, el Estado se ve compelido por la lógica histórica a diluir su poder a través de todo el territorio nacional. De ahí la idea de que Castilla y León, siendo Estado, está en lugar del Estado.

Habremos de unirnos ante quienes afirman que nuestro Estatuto de Autonomía constituye también una forma esencial de las libertades. Se configuraría en un doble aspecto: en una "libertad de" -respecto a sus funciones en su territorio y ámbito competencial-, y en una "libertad para" -haciendo referencia a sus fines específicos-. Así se hace posible que la Autonomía, como una forma específica de libertad social, pueda convertirse incluso en una suerte de contrapoder frente al Estado. Estaríamos hablando de un contrapoder defensor, garante y reivindicador de cuantos derechos y libertades no sean susceptibles de intervención estatal.

La Región autonómica puede ser concebida como un auténtico baluarte frente a la omnipotencia y la omnipresencia estatales. Esta concepción me parece importantísima y, por supuesto, ha de ser analizada como eje aglutinador de todas las teorías en las que se basa y sustenta el sistema instaurado en España a partir de la restauración monárquica y democrática.

Nuestra Carta Magna consagra un sistema de autonomía política para los diversos territorios que integran España, y la observación de los acontecimientos internacionales de los últimos tiempos demuestran la progresiva implantación de los principios defendidos por las modernas teorías, que hablan de construir una Europa de las Regiones, cuando hace bien pocos años se hablaba de la Europa de las Naciones.

Sin embargo, el Gobierno Central no parece haber asumido del todo esta nueva situación regional, por lo que sigue siendo preciso un ejercicio de autocrítica institucional.

Parece claro que todos queremos potenciar la diversidad, garantizar el respeto a las peculiaridades de cada una de las regiones, devolver a sus pueblos el protagonismo de sus propios asuntos y, sobre todo, ofrecer soluciones equilibradas y coherentes que sean viables en el complejo Estado de la última década del siglo XX. Y, claro está, en el no menos complejo orden internacional que estamos viviendo.

Castilla y León, piedra basal y cimiento auténtico de la España moderna, juega, al lado de su evidente importancia histórica, un papel esencial en el actual Estado de las Autonomías, cifrado en su intrínseca labor integradora y en la sustancial función de equilibrio y diálogo que aporta. Pero, al mismo tiempo, tiene un innato afán de progreso propio y fe en el futuro que se nos acerca.

Estoy plenamente convencido de que la sociedad castellana y leonesa dispone del empuje y vitalidad suficientes como para que el desarrollo de nuestra tierra sea efectivo y pleno. Basta con dejarle la suficiente libertad de actuación y posibilitarle los medios precisos.

Cuando, veinte años atrás, comenzó la transición política, y cuando muchos comenzaron a citar a Salvador de Madariaga para justificar una evolución sobre la que clamaba el pueblo soberano, la propia enseñanza de este español universal -federalista por más señas- nos indujo a todos hacia el respeto a la pluralidad natural de España, dentro de una asombrosa unidad natural. Porque, como él mismo escribiera en mil novecientos sesenta y siete, utilizar el autonomismo como campo de cultivo del separatismo es la justificación más formidable del unitarismo centralizador.

Hubo afán generalizado por crear un ambiente social y un clima de confianza, sustentado sobre la buena fe y el consenso, que confluyó en el ordenamiento constitucional y en la redacción de los diferentes estatutos de autonomía.

Con los años, las condiciones indispensables de aquel punto de partida se han visto truncadas parcialmente, si bien las propias Cortes de Castilla y León han clamado de forma unitaria, unívoca y conjunta por la ampliación del marco competencial, a tenor de lo prevenido en el Título VIII de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, cuyo decimotercer aniversario hoy conmemoramos.

(-p.723-)

Se aceptó en su momento, para las regiones llamadas de "vía lenta", el denominado principio evolutivo, partiendo de procedimientos políticos viables, sin dogmatismos, prejuicios ni utopías. Y por supuesto, sin cainitas actitudes violentas truncadoras de vidas o de ilusiones, de las que, para nuestra repulsa y vergüenza, hemos tenido que soportar en Castilla y León durante los últimos meses. A los salvajes atentados, se suma ahora el secuestro de José Antonio Ortega, cuya libertad exigimos una vez más, como asimismo la de Aldaya y la de Cordón.

Esta Comunidad Autónoma, muñidora de grandes empresas a lo largo de su historia y ejemplo de generosidad, ha sido pasto de la sinrazón asesina y cobarde; pero nuestra indignación no nos dispone contra la razón de la norma, sino que, por el contrario, nos afianza en el convencimiento de que el orden constitucional y estatutario es el camino por el que ha de avanzarse hacia la democracia, la libertad y, desde luego, la autonomía plena. Claro está, sin perder la referencia europea y los compromisos adquiridos por España en Maastricht, ni el reto globalizador de la economía. Y, por supuesto, sin renunciar un ápice a aquellos derechos que nos corresponden y que nos garantizan precisamente la capacidad para hacer del futuro castellano y leonés, más que un tiempo verbal, un tiempo económico, social y político consecuente con esa realidad europea que estamos construyendo entre todos.

Porque Castilla y León no prescinde ni del desarrollo total autonómico, ni de su vocación de europeidad plena. Hemos de recuperar el protagonismo que, por historia y posibilidades, nos corresponde. Para ello, es preciso partir de una situación en la que se abandone toda incitación gubernamental de discriminación interregional, al menos desde un punto de vista financiero.

El marco legal para la financiación de las Comunidades Autónomas está aún pendiente. Aunque reglado parcialmente en la LOFCA, no se da cumplida respuesta a lo dispuesto en el Artículo 156 de la Constitución, en el que se establece la autonomía financiera como principio básico para el desarrollo y ejecución de las competencias. Se dice que no hay autonomía política sin autonomía financiera; por lo que se debe cambiar el marco legal hasta llegar a dar respuesta a lo prevenido en el Artículo 2 de la Constitución, sin olvidar ni la solidaridad imprescindible entre los pueblos y las regiones, ni la corresponsabilidad fiscal.

Para dirimir cuantos conflictos interpretativos pudieran surgir, las instituciones cuentan con el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hablar ahora de deudas históricas en ciertas regiones para disculpar agravios comparativos, resulta en Castilla y León, donde la historia ha esquilmado gentes y capitales, tan hilarante como sarcástico, insultante y doloroso. Indigna cuanto en tal sentido pudiera llevarse a cabo, por lo que los garantes de la soberanía popular de Castilla y León hemos de rebelarnos conjuntamente contra tan infamante calificación de unas tesis que son discriminatorias y ultrajantes.

Ninguna institución como las Cortes Regionales para hacer suya esa perenne reivindicación igualitaria. Al margen de unos resultados electorales y de la representatividad que los votos adjudican, todos y cada uno de los ochenta y cuatro Procuradores nos hallamos al unísono comprometidos con el pueblo al que representamos para evitar discriminaciones estériles o incumplimientos agraviantes. Poco importa el grupo político al que representamos; aquí lo verdaderamente trascendente es que encarnamos la voluntad y los derechos de un pueblo que ha confiado en nosotros y al que no podemos defraudar. La desconfianza de un pueblo en sus dirigentes y representantes suele conducir hacia situaciones por todos repudiadas.

No pido avenencia con una determinada forma de ver el problema, en absoluto. Convencido como estoy de que la alternancia en el poder es consecuencia lógica y normal en la evolución de una sociedad democrática, a la vez que garantía de la estabilidad de sus instituciones, por lo que abogo en esta celebración del decimotercer aniversario del Estatuto de Autonomía es por un amplio y general acuerdo que destierre cualquier tentación partidaria o doctrinal que pudiera poner en peligro el desarrollo autonómico... armónico -perdón- de nuestra Comunidad Autónoma.

La lógica discrepancia de los diferentes Grupos no impide que el interés general de la Comunidad Autónoma concierte el consenso de cuantos componemos esta Cámara. Así avanzamos en el desarrollo institucional y estatutario, cual es el caso de la Ley hoy aprobada, por la que se faculta al Presidente de la Junta a disolver anticipadamente las Cortes y a someterse a una Cuestión de Confianza cuando así lo estime oportuno o lo aconseje la situación política de Castilla y León.

Con el desarrollo estatutario y la ampliación del techo competencial evitaremos muchos de los problemas planteados y, además, podremos cumplir otro de los compromisos pendientes para la articulación definitiva del organigrama institucional y territorial, me refiero a un pacto local que reestructure el ámbito de la administración municipal, tan peculiar y de tanta tradición histórica en una región como la nuestra.

La vocación municipalista de Castilla y León choca, a veces, con una estructura demográfica asaz desequilibrada y, en casos, anacrónica. Es preciso reordenar el mapa municipal de la Comunidad Autónoma en aras a la eficacia administrativa y política con el menor coste posible. A la larga, eso es lo que preocupa a los ciudadanos. El pacto local ha de plasmarse desde el consenso; nunca imponerse desde una mayoría parlamentaria. El ámbito lógico será el de la Comunidad Autónoma para reestructurar el reparto competencial de forma racional y a tenor de las peculiaridades de una organización territorial perfectamente identificada hoy con la realidad social castellana y leonesa.

(-p.724-)

Vivimos una época altamente convulsionada por demasiados acontecimientos sociales, políticos y económicos. Los compromisos europeos exigen al Estado español comportamientos muy concretos, tanto en el ámbito económico como en el político; pero España tiene adquiridos con anterioridad otros compromisos para con su propio pueblo y sus Comunidades Autónomas. Por ello entendemos en esta tierra que la culminación del proceso autonómico ha de ser un objetivo prioritario para hacer frente al reto de la Unión Europea y para, desde ella, frenar esa proliferación de "nacionalismos" muchas veces tapadera de envilecidas actitudes fascistas y asesinas que no buscan sino la destrucción del Estado mismo, desde el egoísmo, la marginación y la discriminación.

Aun cuando la Constitución no recoge el principio de cooperación entre Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional lo ha enunciado en varias ocasiones y el marco idóneo para su implantación y confección definitiva ha de ser el Senado, Cámara a la que es preciso dotar de una más amplia representación territorial. Necesitamos un Senado convertido en foro para que las Comunidades Autónomas participen en la conformación de la voluntad estatal y para que el Estado escuche la voz de las regiones, tal y como he repetido en varias ocasiones. Esta reforma habrá de acometerse desde el diálogo y el acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas del arco parlamentario a las que, como hace cuatro lustros, se les debe presuponer un talante acorde con sus responsabilidades y con el reto de cerrar la estructura institucional el Estado y de las Comunidades Autónomas.

Bajo ningún punto de vista podemos renunciar a la irrefutable idea de unidad, pero tampoco a la solidez del nuevo proceso que cohesione territorialmente el Estado Autonómico definido por la Constitución. A tal efecto, creo que el futuro inmediato y la acción política han de acometerse partiendo de dos objetivos básicos. Por una parte, cerrar el modelo distributivo de competencias entre las diferentes instancias administrativas, llevando a la práctica una de las exigencias que se derivan de los principios de subsidiariedad y descentralización, la idea de "ventanilla única" o de "administración común", así como el óptimo aprovechamiento de los escasos recursos disponibles.

De otra, podrá dotarse a cada una de esas instancias administrativas de los medios indispensables para cumplir dignamente las obligaciones contraídas con los ciudadanos. Para ello, o por ello -mejor dicho- habrá de arbitrarse un régimen económico y financiero que permita reducir el déficit, controlar el gasto y disminuir el endeudamiento. Y para que así sea, han de entronizarse los principios de corresponsabilidad fiscal y cooperación administrativa y partir de un amplio acuerdo entre los partidos; independientemente de las alternancias que pudieran producirse a tenor de unos resultados electorales concretos, deben mantenerse inalienables los criterios de austeridad en el gasto y eficacia en la gestión, términos absolutamente compatibles y ampliamente deseados por el pueblo soberano.

Lejos de mi intención pedir aquí competencias que son constitucionalmente exclusivas del Estado. Propongo simplemente dar cumplimiento o cumplido desarrollo al orden constitucional y respuesta al pueblo en cuanto a la eficiencia y la racionalidad. Porque, aun respetando esa exclusividad, no hay que olvidar que la Constitución hace posible, además de las transferencias regladas, la delegación de otras funciones políticas y administrativas. Ésa es la autonomía plena a la que debe llegarse desde un amplio consenso político.

Así, el futuro de Castilla y León podrá afianzarse y garantizarse al margen de los vaivenes electorales y de los cambios gubernamentales que pudieran llegar a producirse tanto en el ámbito nacional como en el regional. La alternancia política y los relevos de los equipos de gobierno, tan normales como deseables, no han de interferir en el funcionamiento de las instituciones, ni, por supuesto, en el desarrollo de los principios constitucionales. Precisamente por ello, hace tiempo que vengo postulando la recuperación de aquel talante que, veinte años atrás, tan sólo veinte años atrás, hizo posible una pacífica transición política y un cuerpo doctrinal -constitucional y autonómico- aceptado por toda la sociedad civilizada y democrática. Es preciso reencontrarnos con aquello que vino en llamarse "la transición del consenso", porque, no nos llamemos a engaño: la transición no ha terminado; al menos hasta que no desaparezcan definitivamente ciertos comportamientos y hasta que el desarrollo autonómico y estatutario no alcance sus últimas consecuencias.

Cuantos creemos en el sistema autonómico asumimos que el Estado no debe suplantar aquellas funciones que los ciudadanos puedan cumplir por sí mismos, ni las competencias que las Comunidades Autónomas ejercitan. De esta forma, Señorías, al conmemorar el decimotercer aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, hemos de realizar una profunda reflexión que nos conduzca hacia el camino de la configuración definitiva de ese marco competencial al que tenemos derecho y con el que hemos de servir a la ciudadanía regional.

Ése es nuestro reto y nuestro compromiso. Y a no defraudar a la sociedad de la que emergemos os exhorto, Señorías, porque a Castilla y León nos debemos desde la convicción de que no nos encontramos ante un Estado multinacional, sino ante una Nación multicultural que, respetando aquellos hechos diferenciales que pudieran existir, se halla aglutinada en torno a proyectos que a todos nos son comunes y unitarios.

He dicho. Muchas gracias.

(Aplausos y silbidos.)

Se levanta la sesión. Muchas gracias.