DS(P) nº 20/4 del 30/4/1996

GARCÍA ÁLVAREZ

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): Con la venia, señor Presidente.

Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Excelentísimos señores Consejeros, Señorías. Sean mis primeras palabras para mostrar mi solidaridad con don José Antonio Ortega Lara, con su familia y con sus compañeros. La condena del crimen, que no mera violencia, se da por supuesta.

La Ley del Procurador del Común de Castilla y León establece la obligación de presentar anualmente a las Cortes un informe sobre su actuación. Y en cumplimiento de este mandato, tengo el honor de presentar el correspondiente al pasado año.

En este sentido, es importante, y les ruego que tengan en cuenta que éste no es uno cualquiera de los informes anuales, sino que es el primer informe del primer año del primer Procurador del Común de Castilla y León.

A este respecto, es preciso mencionar, por un lado, una serie de presupuestos de diversa naturaleza que están incidiendo en mi labor y que, en mayor o menor medida, pueden seguir incidiendo en el futuro.

Y por otro lado, creo que comprenderán... creo que está justificado que exponga mi punto de vista sobre algunas cuestiones relacionadas -digamos- con la filosofía de la Institución... o con mi filosofía de la Institución; Institución que es difícil de entender guiándonos exclusivamente por el texto de la Ley.

Castilla y León no solamente es la Comunidad más extensa de España -como se repite con frecuencia-, sino que en sus nueve provincias están agrupados más de la cuarta parte de los municipios de España, más de la cuarta parte de los municipios del país. Y por otra parte, existen también casi dos tercios de las entidades locales menores de España. Comprende, además -es bien sabido-, una comarca -la de El Bierzo-, ciento ochenta y tres mancomunidades, desde la de Aguas del Carrión hasta la de Tierra de Aliste, además de otros entes, como las comunidades de villa y tierra. Pues bien, todos ellos, todos esos entes deben ser objeto de supervisión por parte del Procurador del Común; no en vano -ya lo adelanto- un alto porcentaje de las quejas que hemos recibido van dirigidas sobre todo contra la Administración Local.

En relación con todo ello, el Procurador del Común, consciente de esa gran extensión de nuestra Comunidad Autónoma y de la necesidad de la presencia en todas las provincias, elaboró un Programa de Atención Directa a los ciudadanos en todas ellas, que se puso en marcha el pasado mes de septiembre, que continúa en la actualidad, y de la que es nuestra intención seguir, en la medida de nuestras fuerzas, incluso incrementándolo, incrementando nuestra presencia en las provincias. Los espacios físicos -creo que es sabido- donde se presta esa atención vienen siendo cedidos, generalmente, por las Diputaciones Provinciales, y en una provincia por la Delegación Territorial. Quede constancia de mi agradecimiento.

En otro orden de cosas, nos ha correspondido comenzar a hacer la interpretación de nuestra Ley, de nuestra Ley reguladora, que -créanme- ofrece no pocas dificultades a la hora de coordinar sus preceptos. Y, sobre esta cuestión, tengo intención de dirigirme a la Cámara por escrito -espero que en breve-, sobre los defectos y esos problemas de coordinación que encontramos a la hora de intentar interpretar la Ley reguladora del Procurador del Común.

(-p.927-)

¿Cuál es el campo de actuación del Procurador del Común? En líneas generales, es el mismo campo de actuación que el del resto de los comisionados parlamentarios autonómicos; prácticamente coincide en todo, ¿no? Es decir, la Administración o -mejor- las Administraciones Regionales de Castilla y León, la Administración Local en las materias transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma, y, en colaboración -prevista con carácter general, con carácter general- con el Defensor del Pueblo, la Administración Local en todas aquellas materias en las que el Estatuto de Autonomía otorgue competencias a la Junta.

¿Qué ocurre con el resto de las Administraciones? ¿Puede o no entrar el Procurador del Común...? Porque es una cuestión que se ha debatido y ha habido comentarios incluso en los medios de comunicación al respecto. ¿Puede el Procurador del Común entrar a vigilar las otras Administraciones? En principio, está claro que tan solo puedo actuar si el Defensor del Pueblo estatal solicita expresamente en cada caso mi colaboración. Lo que ocurre es que en algunas ocasiones, en aplicación del principio de eficacia -y voy a dar ejemplos después-, por razones de urgencia o porque -como estamos comprobando a diario- diversas Administraciones ejercen funciones sobre una misma materia, nos hemos visto en la necesidad de dirigirnos a la Administración Estatal, sobre todo a la Administración Periférica. Ello está previsto, por lo demás, en nuestra Ley.

Por cierto, que conviene decir que no recuerdo apenas casos en que, habiéndome dirigido a un organismo de la Administración del Estado, se me haya negado la información que pedía. Y al contrario, no son pocos los ejemplos que podría citar de colaboración institucional, de colaboración ejemplar institucional, podríamos decir.

Pero es más, hay otra Administración cuya actuación no puede ser objeto de control por esta Institución y que, sin embargo -porque lo dice la Ley-, no puede sernos totalmente ajena. Y lo voy a explicar a continuación también, intentando aclarar algunos malentendidos que pueden haber surgido. Me refiero a la Administración de Justicia.

Como se sabe, se trata de una materia excluida, en principio, de la actividad de supervisión. Lo que ocurre es que la misma Ley reguladora de la Institución también dice que ello no impedirá la investigación sobre la problemática general que en su caso se derive de la queja presentada. Y en consecuencia, la interpretación que se impone, la que parece más armónica -aunque, por supuesto, discutible-, la que nos ha parecido más armónica es la siguiente: el Procurador del Común no puede desentenderse sin más de las quejas presentadas que incidan, que incidan en el área de justicia, limitándome a actuar como mero intermediario entre los ciudadanos y el Defensor del Pueblo.

Por ejemplo, por darles ejemplos concretos, en la lectura de las quejas que hemos leído, que hemos estudiado, que inciden sobre la Administración de Justicia, hemos detectado que, por ejemplo, en algunos casos el ciudadano se lamenta de que, una vez presentada la correspondiente denuncia, no es informado después de su evolución; lo cual, ciertamente, es conforme con las normas procesales, que requieren el personamiento a través de abogado y procurador. Sin embargo, debo decir que no nos dejan insensibles, no pueden dejarnos insensibles -faltaría a la filosofía, atentaría a la filosofía de la Institución si lo hiciera- los casos de denunciantes no personados, en la mayoría por falta de recursos económicos, que no pueden acceder, por ejemplo, al mero informe médico forense de autopsia del familiar que ha sido víctima de una acción violenta homicida o suicida. Hemos tenido varios supuestos de este tipo.

Se observa en otros supuestos, también en la misma materia, la disconformidad de quien promueve el expediente con la dirección desarrollada por el abogado que le asesoró en un procedimiento y -tema espinoso, ciertamente- la dificultad para obtener abogado de su elección a fin de demandar al letrado inicial. La situación se pone especialmente de manifiesto -al parecer, al parecer- en colegios profesionales que cuentan con pocos colegiados, en los que el corporativismo -que nos ha sido denunciado más de una vez- se producía, según tales quejas, con mayor intensidad. Tal corporativismo -según se nos manifiesta- también se advierte a la hora de resolver denuncias que se pueden interponer ante el Colegio de Abogados respectivo.

En otro orden de cosas, también se han denunciado dilaciones indebidas, especialmente en la ejecución de sentencias. Y, claro está, al hablar de la no ejecución de sentencias, yo creo que tengo que mencionar, sobre todo, las quejas que se refieren a la no ejecución, a la inactividad de las Administraciones, ante el incumplimiento de resoluciones condenatorias a que están obligadas esas Administraciones. Por ejemplo, y por lo que se refiere a nuestra Administración Regional, en un expediente, por ejemplo, se hacía referencia a la inejecución de una sentencia de mil novecientos noventa, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de nuestro Tribunal Superior de Justicia -luego confirmada por otra del Tribunal Supremo-, que anuló una resolución de la entonces Consejería de Educación y Cultura. Pues bien, a la vista del tiempo transcurrido desde que se dictaron los mencionados fallos sin que haya tenido lugar su ejecución, se acordó, por parte de la Institución de la que soy titular, recabar información de la Consejería sobre el estado de cumplimiento de las referidas sentencias condenatorias para la Administración y las razones de la dilación, y todavía estoy esperando la respuesta.

(-p.928-)

Para finalizar, sorprenden a esta Institución las reclamaciones que hacen referencia a la lentitud en dictar el auto judicial por el que se constituye la adopción, dada la escasa complejidad de su tramitación procesal. Es un tema, el de las adopciones, en el que estamos trabajando -debo decir- para ayudar a poner remedio a algunas de esas dilaciones con gran ilusión; tanto adopciones como acogimientos; y también en materia de Administración de Justicia. Adopciones y acogimientos tienen otro aspecto estrictamente administrativo que también abordamos, pero al que no procede hacer alusión en esta parte de mi intervención.

Por lo que se refiere a las quejas entre particulares, el Procurador del Común tampoco puede rechazarlas sin más; y ello no solamente porque la Ley lo prohíbe... no lo prohíbe, sino que, por ejemplo, del examen de algunas de esas quejas entre particulares puede inferirse la conveniencia de recomendar o sugerir la modificación de una normativa o una actuación de inspección por parte de una Administración, lo que ha ocurrido en alguna ocasión.

No hace mucho recibí a unos ciudadanos a punto de quedar sin trabajo, por ejemplo, que venían a plantearme sus agravios contra la actuación de un empresario. Sin perjuicio de que lo primero que tuve que decirles en ese caso concreto -como en otros similares- es que mi labor no puede ir más allá de vigilar que la Administración actúe de acuerdo con la legalidad, de acuerdo con el principio de legalidad al dirimir ese tipo de conflictos, estoy seguro de que esta Cámara comprenderá la obligación, cuando menos moral, que tengo de recibir a esos ciudadanos que se ven privados de un derecho -el derecho al trabajo- que -a mi juicio, y a pesar del lugar de su ubicación en nuestra Constitución- debiera tener el carácter de fundamental en el sentido más estricto de la expresión, y ello aunque no esté previsto expresamente en la Ley. Y, ciertamente, podríamos poner otros ejemplos de actuaciones de esta naturaleza.

Otra consideración previa que quiero hacer es la siguiente: es la ausencia de un período de carencia en la actuación de... en el funcionamiento de nuestra Institución, a diferencia de lo ocurrido en otras instituciones, e incluso la indeterminación de la ubicación de la sede durante los primeros meses, que han impedido dedicarnos con la intensidad necesaria al estudio de las quejas que desde el primer momento comenzamos a recibir.

La puesta en marcha de la Institución implica numerosas tareas, desde la búsqueda de personal hasta la instalación de medios materiales, y, en este sentido, es inevitable que, a pesar de la buena disposición de la Mesa de esta Cámara, hayan surgido disfunciones, se hayan cometido fallos, que sólo pienso que una dedicación exclusiva a la puesta en funcionamiento hubiese podido evitar.

Todo ello ha supuesto, ciertamente -debo reconocerlo-, una cierta acumulación de trabajo, un inevitable retraso -por el que pedimos disculpas- en la tramitación de las numerosas quejas recibidas, que superaron con creces nuestros cálculos que hice... o que hicimos sobre la base de la experiencia del resto de los comisionados parlamentarios autonómicos.

Por cierto, que creo que es en este momento cuando debo manifestar públicamente mi agradecimiento a todos los que trabajan en la Sede del Procurador del Común por su dedicación, y yo diría incluso su identificación con la Institución, y muy en especial al Asesor Jefe, don Antonio Silván, y al Secretario General, don Fernando Santamaría, por lo que se refiere al pasado año.

Bien. En otro orden de cosas, la puesta en funcionamiento de la Institución ha implicado necesariamente la toma de contacto con otras instituciones; por supuesto, los titulares de las distintas Administraciones ubicadas en la Comunidad Autónoma, pero además con las siguientes.

Dado el solapamiento frecuente del campo de actuación de las Administraciones, es fundamental la colaboración con el Defensor del Pueblo estatal, que es el único comisionado parlamentario que tiene lo que podríamos denominar una competencia universal, el único. En este sentido, elaboramos un proyecto de Convenio, que como tal fue firmado el uno de febrero, y cuyos aspectos más sobresalientes -que les resumo- son los siguientes. Que el Defensor del Pueblo puede solicitar la cooperación del Procurador del Común para la investigación de quejas relativas a órganos de la Administración del Estado con sede en Castilla y León; y que, en lo relativo a la supervisión de las Administraciones Locales, el Procurador del Común, en régimen de colaboración con el Defensor del Pueblo, investigará y resolverá las quejas que le dirijan los ciudadanos relativas a las Administraciones Locales de Castilla y León en el ámbito de sus competencias y en todo aquello que afecte a las materias en las que el Estatuto otorga competencias a la Junta; estableciendo así un régimen de colaboración general, es decir, que el Defensor no tiene que establecer, en cada caso concreto de vigilancia de una Administración Local, no tiene que tomar una decisión de colaboración para cada una de ellas.

(-p.929-)

Gran importancia, como saben, atribuye nuestra Ley a las relaciones con el Ministerio Fiscal, importancia que aumentará en breve, dentro de pocas semanas, con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. La Ley del Procurador del Común contiene tres menciones de las relaciones con el Ministerio Fiscal. Pues bien, durante el año noventa y cinco no se ha visto la necesidad de aplicar los Artículos 3 y 18.2 de nuestra Ley, puesto que las Administraciones, con mayor o menor lentitud y exhaustividad, han respondido en líneas generales a nuestros requerimientos, a nuestras solicitudes de información. Tampoco hemos hecho uso del Artículo 18.3 porque la prevaricación de funcionario público de que se habla -prevista en el Código Penal- es un delito, como saben, que consiste en dictar una resolución injusta en asunto administrativo, a sabiendas de tal injusticia; y, ciertamente, no hemos tenido conocimiento -lo cual no quiere decir que no haya habido denuncias verbales, porque sí las ha habido- de un supuesto de torcimiento del Derecho tan manifiesto, porque, obviamente, hay que dejar al margen del delito los casos de mera ilegalidad producto de una errónea interpretación, equivocada o discutible, que en tantas ocasiones ocurre en el mundo jurídico.

Sin embargo, sí pusimos en conocimiento del Ministerio Fiscal hechos para cuyo tratamiento de una u otra forma es competente. Por ejemplo -les doy ejemplos concretos-: un expediente cuyo promotor nos comunica la desaparición del domicilio familiar de un menor sujeto a su patria potestad, así como su temor a que el menor estuviera involucrado en cuestiones relacionadas con la prostitución y las drogas. Pues bien, el veintiuno de agosto fueron enviados sendos escritos a la Fiscalía del Tribunal Superior y a la correspondiente Jefatura Superior de Policía, cuya disponibilidad -debo decir- para intentar resolver el problema fue absoluta, ejemplar; siendo digno de resaltar el hecho de que el mismo día fue localizado el menor por miembros de la Brigada de Policía Judicial y posteriormente reintegrado a su familia, que nos lo agradeció en expresiva carta.

Otra consideración que quería hacerles es que aunque la mayoría de las quejas pueden ser relacionadas con alguno de los derechos contemplados en el Título I de la Constitución -sobre todo con el principio de igualdad-, lo cierto es que, en buena parte de los casos, el promotor del expediente no invoca directamente la conculcación de un derecho fundamental, sino más bien la inobservancia de los principios constitucionales del funcionamiento de la Administración, la mala administración. Y ello, ciertamente, está en la línea de lo que sucede en el resto de las Comunidades Autónomas -no tiene nada de sorprendente-, y en la línea también de instituciones análogas europeas. Y, por otra parte, en cierto modo se hace eco de ello muy bien la Exposición de Motivos de nuestra Ley reguladora. Se asegura con ello la existencia de un nuevo control externo sobre la Administración, sin que haya que exigir para la actuación del Procurador del Común la violación de un derecho fundamental. Se entiende así, con esa interpretación basada en la Exposición de Motivos citada, que es suficiente -o lo entendemos así al menos- para que este Comisionado Parlamentario actúe, que se advierta un mal funcionamiento de las administraciones que conculque intereses.

Por otra parte -a mi juicio-, la práctica ausencia de formalidades en la tramitación de los expedientes justifica una interpretación flexible del concepto de interés legítimo que, desde luego, entiendo que no deberá ser el mismo que cuando se actúa ante un tribunal. El concepto de interés legítimo es un concepto, como saben, indeterminado, y creo que me permite, sobre todo apoyándome en la Exposición de Motivos, esta interpretación en favor de la flexibilidad.

Bien, de acuerdo con las diferentes funciones encomendadas al Procurador del Común, la actuación de la Institución se ha estructurado en dos departamentos, como expongo en el informe que tienen a su disposición. Por un lado el departamento de protección y defensa de los derechos fundamentales y vigilancia de las administraciones; y, por otro lado, el departamento de tutela del ordenamiento jurídico y defensa del Estatuto de Autonomía.

Pues bien, dentro del primero, que refleja el grueso de nuestra actuación en mil novecientos noventa y cinco, procuraré ser lo más breve posible, haciendo referencia tan sólo a alguno de los expedientes recogidos en algunas áreas del informe que tienen a su disposición, un poco con la intención de que se vea el variado campo de nuestra actuación.

El área A está integrada por todos los expedientes que hacen referencia a problemas que tienen por denominador común la función pública. En su día tuvo entrada en esta Institución escrito denunciando los criterios de valoración empleados, por ejemplo ¿no?, por una Comisión Territorial de Valoración de Méritos; pues bien, realizada la pertinente recomendación, se recibió escrito de la Consejería manifestando que harían suyas las recomendaciones y sugerencias que se habían hecho y que orientarían las actuaciones futuras en el sentido recogido en nuestras recomendaciones.

En materia de función pública local me remito a lo que diré más adelante.

Dentro de la misma área se incluyen las quejas que introducimos dentro del subárea "Interior", entre las cuales creo que merece la pena que les mencione, aunque muy brevemente, las siguientes: unos expedientes que planteaban situaciones, que requerían una actuación urgente en la medida en que el transcurso del tiempo podría derivar en situaciones irreparables; y, en ellas, destacamos dos grupos, fundamentalmente. Primero, las situaciones planteadas por familiares de personas que habían abandonado el domicilio, menores de edad o personas con facultades mentales perturbadas; las gestiones se realizaron inmediatamente, poniéndolo en conocimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y hemos de decir que todas estas actuaciones se resolvieron de una manera favorable, o casi todas. Después, aquellas otras quejas que aunque no siendo competencia directa del Procurador del Común, al tratarse -como les decía- de cuestiones urgentes, fueron admitidas; y que están relacionadas con la incorporación a la prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia y las referidas a nacionalidad, a cuestiones de nacionalidad. Por ejemplo, en un expediente que se resolvió favorablemente también tras realizar las gestiones oportunas, y en el que se trataba de la regularización de la situación de un ciudadano extranjero residente en una de nuestras capitales de provincia desde hacía más de treinta años, y que por un mero despiste, aunque parezca increíble, estaba a punto de ser expulsado del territorio de nuestro país.

(-p.930-)

En otro orden de cosas, la clasificación recogida en el bloque temático relativa al urbanismo y a ordenación territorial -como pueden ustedes comprobar en el informe- responde a las fases secuenciales ya clásicas: planeamiento, gestión y disciplina urbanística.

Por lo que se refiere a planeamiento urbanístico, conviene decir que según se desprende del Inventario del Planeamiento Urbanístico en esta Comunidad Autónoma, más de mil municipios, casi la mitad de nuestros municipios carecen de planeamiento urbanístico; y, en consecuencia, parece que la necesaria articulación de medios materiales debería nacer a través de la sustitución de las iniciativas locales por la Comunidad Autónoma, entre otras cosas porque es obvio: muchos municipios son tan pequeños que su propio presupuesto no les permite el pago de los gastos, redacción de los proyectos y documentos que exige la Ley del Suelo ¿no?

En cuanto a la gestión urbanística, resultan destacables las quejas formuladas ante la ausencia de contestación a solicitudes y recursos presentados por los ciudadanos ante las Administraciones, las referidas a la inadecuada gestión de urbanizaciones de iniciativa privada, las motivadas por el retraso en la concesión de licencias.

En cuanto a la disciplina urbanística, es de resaltar el bloque de quejas presentadas aludiendo esencialmente a la pasividad, la lentitud y/o la ausencia de control administrativo respecto de actos de edificación y uso del suelo ejecutados por particulares.

En resumen, nuestras recomendaciones han ido encaminadas a que las instituciones desplieguen eficazmente los mecanismos de restauración del orden jurídico conculcado.

Hay que insistir también en la existencia... en la falta de rigor en el control de las urbanizaciones ilegales, en la conservación de los inmuebles, que, en algunas ocasiones, genera indefensión; termina por dar lugar a que el planeamiento quede al margen de la realidad o, lo que es peor, tenga que acabar acomodándose a ella, adaptándose a las construcciones ilegales.

No se agota aquí, con lo dicho hasta ahora, la problemática que suscita la actividad urbanística, tal y como pueden ustedes ver en el informe. En algunas ocasiones, es preciso decir también, que hemos recibido denuncias verbales -siempre verbales-, referentes a conductas aparentemente delictivas, (prevaricación y otros delitos atribuidos a autoridades, a funcionarios), sin que se aporten indicios racionales al respecto que nos obliguen a ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, por las razones que les exponía al comienzo de mi intervención.

Sin embargo, quiero decir que en el transcurso de mis investigaciones me he encontrado con actuaciones que puedo calificar al menos de irregulares, irregulares; y que, de no ser atajadas, tal vez vendrían desgraciadamente a abonar una cierta idea que tienen no pocos ciudadanos acerca de la actuación de algunas Administraciones Locales en este campo, con la consiguiente alarma social. (Yo creo que cabe aquí utilizar la expresión "alarma social".)

Por ello, en el momento de cierre del informe, estábamos considerando la posibilidad de estudiar en profundidad un tema que -como todo el mundo sabe- reviste una gran complejidad, que muy probablemente requiera la elaboración de una normativa específica, señor Presidente. Es probable que con esa normativa específica no acabemos con esas conductas supuestamente reprobables, pero al menos, con esa normativa específica, se ayudará a ponerles coto.

En cuanto a la vivienda, hemos de destacar el problema del régimen de adjudicación de viviendas de promoción pública. En una serie de expedientes, por ejemplo, las reclamaciones procedían de solicitantes de viviendas a los que les habían sido denegadas las mismas por incumplimiento de los requisitos previstos en la convocatoria. Considerando que en algunos casos parecía cuando menos dudosa la necesidad de esa vivienda, se sugirió a la Delegación Territorial correspondiente la revisión de los respectivos expedientes; comunicándosenos poco después, efectivamente, la concesión de la vivienda al menos a tres, en concreto, a tres de las personas interesadas y que habían recurrido ante nosotros.

En materia de ayudas para la adquisición y arrendamiento de viviendas, se formuló en su día la recomendación a la Consejería de Fomento con el objetivo de que en las convocatorias de ayudas y subvenciones se determinen expresamente las circunstancias de naturaleza económica, familiar, territorial o análogas, otorgando prioridad a los aspirantes que justifiquen mayor necesidad entre los solicitantes que cumplen los requisitos generales exigidos.

Hay otra área en el informe, como pueden ustedes comprobar, la que hace referencia a actividades clasificadas y medio ambiente. Por lo que se refiere a actividades clasificadas, me remito a la actuación de oficio correspondiente; y, en cuanto a medio ambiente, se trata de una materia -como es bien sabido- a la que en esta Comunidad Autónoma se presta y se debe prestar una gran atención, al menos a juzgar por las numerosas noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre atentados a la naturaleza: explotaciones a cielo abierto -sobre todo de pizarra-, proyectos de cogeneración de energía eléctrica, graveras, etcétera.

Durante el año noventa y cinco, entre otros expedientes, yo mencionaría los siguientes:

(-p.931-)

Un expediente de oficio, abierto como consecuencia del escape de polvo de PVC que se produjo en una empresa ubicada en una localidad de la provincia de Burgos. Debo decir que mediante escrito de fecha de diez de octubre, la Consejería de Presidencia nos comunicó que las sugerencias que hicimos desde esta Institución habían sido aceptadas.

Otro expediente que tiene como origen la solicitud efectuada, tanto a la Junta como al Ayuntamiento correspondiente para la construcción de una central termoeléctrica de biomasa en la localidad de Salinas de Pisuerga. Quiero decir que desde el primer momento estuve en contacto frecuente y directo con el Director General de Industria, quien -también desde el primer momento- me dio seguridades sobre el respeto a la legalidad a la hora de tramitar las correspondientes autorizaciones.

También cabría mencionar otro expediente de oficio, en relación a la solicitud de licencia para la instalación de un motor de fuel-oil en una empresa ubicada en las proximidades del Parque Nacional de las Hoces del Río Duratón; es sabido que la Administración denegó el permiso por incumplimiento de los requisitos legales.

En el área G, en cuanto a los servicios sociales, yo destacaría un expediente en el que una asociación de madres solteras denuncia la problemática que tienen dentro de los diferentes programas en los que se desarrolla su actividad, por ejemplo, la discriminación a la hora de acceder al Ingreso Mínimo de Inserción. No estando en absoluto definido lo que la Ley define, entiende, por unidad familiar, a la madre soltera que convive con sus padres se le deniega automáticamente el salario social. La cantidad económica asignada por dicho concepto no ha sido actualizada desde su instauración, con el consiguiente desajuste con respecto al IPC. Otro aspecto relevante que denunciar, en relación con esa queja, es el hecho de que se les deniega sistemáticamente el salario social. Hechos, por otro lado, que no ocurren en otras Comunidades Autónomas.

Tras una serie de gestiones, también conviene que diga que la Dirección General de Acción Social nos ha remitido comunicación en la que se indica que se ha decidido aceptar las sugerencias que les formulamos con ocasión del expediente de queja en cuestión, las cuales serían incorporadas en la actualización del Reglamento que desarrolla la prestación económica de Ingresos Mínimos de Inserción.

En materia de sanidad, ciertamente, la mayoría de las quejas se refieren a una actuación de la Administración excluida de las competencias, en principio, del Procurador del Común, puesto que hacen referencia al Insalud. Por lo cual, lo que hacemos es ponerlas en conocimiento del Defensor del Pueblo.

Sin embargo, en algunos casos, por razones de humanidad, nos decidimos a actuar, y, en concreto, dirigiéndonos a organismos de la Administración Periférica. Por ejemplo, en un expediente se planteaba el problema de la denegación, por parte del INSS, de la tarjeta sanitaria a un matrimonio de avanzada edad. Teniendo en cuenta esa circunstancia, que lleva aneja una precariedad del estado de salud, así como lo reducido de sus recursos económicos para cubrir esa contingencia por medio de la sanidad privada, solicité la revisión del expediente. Y me es grato decir que, tras diversas gestiones, hemos tenido conocimiento de que el reclamante y su esposa han sido de nuevo dados de alta.

Bien. En cuanto a actuaciones de oficio -lo he dicho en más de una ocasión, y ya en mi discurso de toma de posesión-, que tienen un gran peso específico en la actuación investigadora del Procurador del Común, ocuparon buena parte de la labor de la Institución durante el año noventa y cinco, y van a seguir ocupándola, y, si podemos, vamos a incrementar nuestra atención durante el año actual. Espero poder informar de manera monográfica a la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común de cada una de esas actuaciones de carácter general, y para ello me he dirigido, solicitando la comparecencia, al Presidente de las Cortes.

Como quiera que sea, desearía detenerme, aunque sea muy brevemente, en alguna de ellas.

En materia de agresiones acústicas, que me preocupa -y mucho-, como saben, por ejemplo. Yo creo que la cantidad de personas afectadas -por las quejas- y el hecho de que vengan de todas las provincias, justifica lo acertado de nuestra decisión de acometer esa actuación de oficio ya desde el principio.

A tenor de la Ley, la actuación de la Administración debe tener lugar en tres momentos -no hace falta decírselo-: en primer lugar, a la hora de otorgar las licencias; en segundo lugar, vigilando que, una vez que el establecimiento ya está funcionando, se respete la Ley; y, en tercer lugar, reprimiendo los quebrantamientos de la legalidad.

Aquí hay una serie de malentendidos que creo que conviene aclarar desde el principio, y yo me esfuerzo en esa dirección.

(-p.932-)

Un lugar común frecuente en las declaraciones de las Administraciones implicadas, cuando les pido que actúen y hagan respetar la Ley, consiste en decirme que es preciso compatibilizar los derechos de los distintos colectivos, a saber: el derecho de los ciudadanos a descansar, el de los hosteleros a ejercitar la libertad de empresa, el de los jóvenes a divertirse, etcétera. Y para mí es evidente que tal manera de presentar las cosas es falaz, porque, en el caso que nos ocupa en estos momentos, pretender... nadie pretende negar a los hosteleros su derecho a realizar las actividades que le son propias, lo que se impugna es que lo hagan al margen de la Ley, y, por ende, quebrantando derechos fundamentales de los ciudadanos al no insonorizar, por ejemplo, un local cuando están obligados a hacerlo. Por lo demás, una vez que el establecimiento funciona en el marco legal, por supuesto -¡qué duda cabe!- que los jóvenes y cualquier ciudadano podrán, si lo desean, divertirse en aquél.

Me pregunto, Señorías -y es fuerte lo que voy a decir, pero les agradecería que me escucharan con atención particularmente ahora-, me pregunto qué tipo de consideraciones pueden llevar a no pocos alcaldes de nuestra Comunidad Autónoma, a la hora de confrontar un derecho fundamental con una actividad ilegal, a primar la actividad ilegal sobre el derecho fundamental. Y me gustaría una respuesta. Y no se diga que los establecimientos generan puestos de trabajo porque... permítanme la boutade: con ese razonamiento, ni Al Capone ni el Clan de los Charlines hubiesen podido ser puestos entre rejas nunca; también ellos generaban puestos de trabajo.

Al impedir que unos ciudadanos -obviamente, niños y personas de la tercera edad incluidos- puedan dormir regularmente, se está realizando algo muy parecido a una tortura. No es la tortura de la que habla el Código Penal; la tortura de que habla el Código Penal requiere que sea practicada por funcionarios, pero es algo muy parecido. Y, además, circunstancias de carácter personal o familiar se añaden en ocasiones -créanme-, para acabar configurando situaciones no exentas de cierta crueldad. A pesar de lo cual, algunos alcaldes se deciden a no actuar.

No quiero dejar de llamar la atención sobre el hecho de que la pasividad de la Administración coloca a los ciudadanos muchas veces en la -cuando menos- incómoda e incluso a veces peligrosa -créanme- coyuntura de tener que enfrentarse directamente con quienes actúan ilegalmente, los cuales -me consta- más de una vez han reaccionado con amenazas, e incluso con agresiones, sobre aquéllos o sus familiares.

Quiero añadir, por otra parte, que no son sólo los ciudadanos que padecen directamente las consecuencias de esas ilegalidades los que exigen el respeto a la Ley -es conveniente decirlo-, que también esa exigencia del respeto a la Ley la hacen el resto de los hosteleros, los que respetan la legalidad, que son la inmensa mayoría -y así me lo hacía saber la Asociación de Hosteleros de Castilla y León-, y ello es comprensible y no debería sorprendernos.

Como nos decía un industrial, qué pensará aquel titular del establecimiento que haya invertido -y los hay- una importante suma de dinero en su insonorización, cumpliendo la normativa vigente al respecto, si observa que el dueño del establecimiento vecino campa por sus respetos, sin que a lo sumo se produzcan más que gestos aparentes de apaciguamiento por parte del Ayuntamiento.

Quiero decir que, hasta ahora, casi todos los Ayuntamientos a los que he pedido la documentación pertinente -la primera fase de mi actuación; hacer caso de recomendaciones es otra cuestión de la que hablaré más adelante-, los Ayuntamientos o casi todos los Ayuntamientos a los que he pedido documentación me la han remitido, con dos excepciones, que también quiero decir públicamente, Zamora y Palencia, de los que no he recibido ni un solo expediente y a los que -créanme- volveré a dirigirme.

Tenemos información -parte de la cual está recogida en el informe- según la cual no son pocos los Ayuntamientos que están adoptando medidas con los establecimientos que no respetan la Ley. Por nuestra parte, velaremos porque esas medidas no queden en gestos pretendidamente apaciguadores.

Señorías, en el mes de junio se cumplirá un año desde que una asociación de vecinos de Soria se reunía conmigo para exponerme, en tono ciertamente vehemente, sino dramático, sus agravios. Accediendo a su petición, les prometí que, transcurridos los primeros doce meses a partir de entonces, volvería a reunirme con ellos para examinar nuestra actuación, mi actuación. Pues bien, como garante de los derechos fundamentales, por el buen nombre de esta Asamblea, de la que soy alto comisionado, quisiera ofrecerles resultados concretos y palpables. Lo contrario no sería bueno para nadie; por supuesto para mí, como titular de una Institución, pero creo que tampoco para las instituciones.

Es preciso subrayar también que las quejas no solamente afectan a establecimientos de hostelería, pues el tipo de infracciones que estoy comentando están en ocasiones originadas por establecimientos industriales de otra naturaleza. En el informe cito dos ejemplos, dos malos ejemplos, del Ayuntamiento de Astorga uno y del de Valladolid otro, en este sentido.

Y la problemática de los minusválidos, que, como saben, ocupa también buena parte de nuestros desvelos. Los minusválidos -en resumen- deben estar en condiciones, con la salvedad de sus condicionamientos físicos estrictamente insalvables, de hacer frente por sí solos a la vida, porque la ayuda de la familia en muchos casos dejará de existir en un momento determinado. Desgraciadamente, esos condicionamientos físicos influyen de modo considerable en el ánimo... en el ánimo de los disminuidos, llevándoles con frecuencia hacia actitudes de resignación, que hacen que esta Institución en ocasiones -yo no sé si salvándome mis... saltando los límites de mis funciones estrictamente delimitados por la Ley- haya tenido que animarles a la lucha, a tomar la iniciativa, en lugar de limitarme a ser receptor de sus reivindicaciones, siendo así que... sin embargo, como he dicho en más de una ocasión, pienso que la liberación de los minusválidos debe ser obra de ellos mismos, más que del Procurador del Común y de las Instituciones.

Bien. En resumen, diré que nuestra actuación ha comenzado en dos campos esenciales: en el de la eliminación de barreras y en el acceso al empleo.

(-p.933-)

Por lo que se refiere a la eliminación de barreras, hemos oído numerosas, numerosísimas declaraciones de buenas intenciones. Sin embargo, estoy convencido de que ni siquiera la aprobación del Proyecto de Ley -buen Proyecto de Ley, debo decir- que está preparando el Gobierno Regional tendrá resultados palpables tan solo si por las diferentes Administraciones no se consignan las correspondientes... la correspondiente partida en los Presupuestos. De ahí nuestras sugerencias -como sabe el señor Consejero- a ese Proyecto de Ley.

En cuanto al acceso al empleo, Señorías, se trata de un derecho tan fundamental para los miembros de ese colectivo, si no más como para el resto de los ciudadanos.

Pero esto no parece ser entendido así -con excepciones, con excepciones- ni por las Administraciones ni por la sociedad, a juzgar por los resultados a la investigación realizada hasta ahora, y que conocen ustedes o pueden conocer por el informe que tienen a su disposición.

Hay otra actuación de oficio que hemos comenzado. Teniendo como fin la defensa del derecho a la vida y a la integridad física, y con vistas a una posible actuación en colaboración con el Defensor del Pueblo, hemos hecho uso del Artículo 1.3 de nuestra Ley, para dirigirnos a varias Administraciones recabando información en materia de seguridad vial, tanto de usuarios de vehículos como de peatones, en defensa del derecho a la vida y a la integridad física; no para intentar resolver los problemas del tráfico, evidentemente, cosa que no me corresponde a mí.

Y, entre otros hechos, como resultado de esa información que se me ha proporcionado al hacer uso de ese Artículo 1.3, hay cosas que han llamado mi atención y que creo que es conveniente que sepan, porque podrían suponer una cierta dejación de las autoridades, un indicio, al menos, de dejación de autoridades. Veremos en qué acaba la investigación, en su día, en colaboración con el Defensor del Pueblo.

Por ejemplo, podía señalar que en el pasado año no se llegó a proponer, en nuestra Comunidad Autónoma, ninguna sanción contra usuarios de bicicletas por no llevar señales en horas nocturnas, a pesar de que es de conocimiento común que se trata de una infracción generalizada, y, lo que más me preocupa, del consiguiente peligro para los propios ciclistas y para el resto de los ciudadanos.

Las soluciones, a veces la explicación del por qué sucede, por qué aumentan los accidentes de tráfico en nuestra Comunidad Autónoma, como en otras, son relativamente sencillas de averiguar; no hace falta organizar seminarios, basta con preguntar si se cumple o no se cumple el Código de Circulación. Y éste es un caso -me parece- evidente de ello.

También en esta primera fase de mi actuación me he ocupado del consumo de alcohol, por parte de los usuarios de vehículos, y de los controles de alcoholemia. Y, en ese contexto, me he dirigido a estas Cortes solicitando la reforma de la Ley 3/93, para que se suprima la inexplicable posibilidad de... -para mí, inexplicable al menos- posibilidad de venta de alcohol en las gasolineras.

El otro departamento... el otro departamento de la Institución del Procurador del Común, como les decía, es el Departamento de defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del Ordenamiento Jurídico. Indagar sobre el alcance y contornos de esas funciones -créanme- no resulta fácil, sobre todo debido a la redacción de algunos artículos de la Ley, tal y como espero tener ocasión de exponerles más detalladamente en el dictamen que les haré llegar, señor Presidente, en su día.

En consecuencia, más que de resultados, en el informe más bien me refiero a objetivos -habrán visto-, objetivos que estamos abordando en este segundo año de la Institución.

De todos modos, hasta el momento, la actividad del departamento, que ha sido intensa también, se ha producido con ocasión de quejas concretas, o bien en el curso de actuaciones de oficio.

Consideramos de interés, entre otros, los problemas... -sobre todo estos problemas que les voy a mencionar a continuación-, los problemas a que da pie la falta de resolución expresa de los procedimientos en esta Comunidad Autónoma... podrán decirme que en otras también, pero yo tengo que vigilar la actuación de nuestras Administraciones, no las de otras Comunidades Autónomas. La falta de resolución expresa de los procedimientos y, por otro lado, una serie de defectos que hemos detectado sin haber abierto actuación de oficio; los hemos detectado en el transcurso de nuestras... de la tramitación de los expedientes de quejas, en los pequeños municipios, en los municipios de menos de cinco mil habitantes.

Respecto de la falta de resolución expresa de los procedimientos, se denuncia con extraordinaria frecuencia un vicio, que también nuestras Administraciones -las Administraciones en Castilla y León- ejercen habitualmente, que es el silencio administrativo.

El ciudadano sabe que los recursos en vía administrativa muchas veces no sirven absolutamente para nada, obligándole a acudir a la vía contencioso-administrativa.

El Artículo 12 de nuestra Ley manda velar por que las Administraciones resuelvan expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formuladas.

(-p.934-)

Se puede afirmar, sin género de dudas, que la técnica del silencio no es una forma de terminar el procedimiento administrativo, sino una ficción que la Ley establece en garantía del interesado, ante la pasividad de la Administración a resolver. Y sin embargo, en Castilla y León son nada menos que ciento cincuenta y seis procedimientos, de un total de doscientos cinco, los procedimientos en los que la falta de resolución en el plazo que el propio Decreto 183/94 establece como produciendo efectos desestimatorios. Y en este grupo quedan comprendidas cuestiones que van desde el reconocimiento de servicios previos de los funcionarios, hasta las solicitudes de ingreso en guarderías infantiles, pasando por las solicitudes de licencias de caza, o de créditos, subvenciones, peticiones de material, etcétera, etcétera.

Y en cuanto a los cincuenta y nueve supuestos en los que el acto presunto tiene sentido estimatorio, debe resaltarse que se refieren, en su mayor parte, a procedimientos en materia de gestión de personal, de escasa o nula complejidad.

En suma, el Decreto ha venido a desvirtuar -debo decir, desgraciadamente-, a desvirtuar la garantía que supone el cumplimiento de la obligación de resolver las peticiones que se formulan.

Posibilidades de actuar en sentido distinto; las hay. La Comunidad Autónoma debe agotar las posibilidades que tiene para regular el procedimiento administrativo. A título de sugerencia, utilizando el Artículo 107.2 de la Ley 30/92, que permite a las Comunidades Autónomas -también a la nuestra- establecer un sistema alternativo al recurso ordinario, acudiendo a otros procedimientos de impugnación o reclamación, incluidos los de mediación, que pueden resultar más eficaces que el sistema de impugnación tradicional, en determinados ámbitos de actuación sobre todo. Y para esa función de mediación en particular, sobre la Administración Regional, saben Sus Señorías que pueden contar, en algunos supuestos al menos, con esta Institución.

En cuanto a la otra actuación, a los defectos detectados en general en los pequeños municipios, brevemente querría decir lo siguiente:

De nuevo, insisto, en que no hay que olvidar que en la Comunidad Autónoma existe un elevado número de municipios y, sobre todo, un elevado número de municipios menores de cinco mil habitantes, la inmensa mayoría. Su problemática creo que es tanto más digna de observación, cuanto que el Estatuto habla de la posibilidad de que los Entes Locales sean objeto de transferencia o de delegación. Técnicas a las que parecen ser favorables, en mayor o menor medida, las diferentes fuerzas políticas. Y es que si se detectan defectos lo suficientemente graves como para despertar la alarma, habría que proceder con mucha cautela antes de transferir o delegar; lo que digo, en mi condición de defensor del Estatuto y del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León.

Y, efectivamente, en el curso de nuestras actuaciones hemos advertido algunos defectos. Por ejemplo, el carácter obligatorio de la prestación de los servicios mínimos municipales choca con la escasez de recursos económicos de los pequeños municipios y con la insuficiencia de los planes de obras con que las Diputaciones y la Comunidad Autónoma, con carácter supletorio, pretenden paliar ese tipo de carencias.

En segundo lugar, no se constituyen Comisiones Informativas, se incumplen los plazos de celebración de sesión ordinaria del Pleno.

En tercer lugar, se prescinde en numerosas ocasiones de la publicación preceptiva de ciertos acuerdos municipales en los boletines oficiales correspondientes; y, en algunas corporaciones, se carece de libros de actas, así como de libros de resoluciones de la presidencia. Podrán pensar que son pequeños municipios, pero es que son municipios.

En cuarto lugar, no suelen existir ordenanzas municipales y, en otras ocasiones, no se hace efectivo el procedimiento sancionador para la imposición de multas por infracción de ordenanzas. Se advierte también la inexistencia de reglamentos.

En quinto lugar, es general el incumplimiento relativo a la normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones Locales. Se prescinde, normalmente, de un instrumento esencial en toda organización administrativa, como es la relación de puestos de trabajo. En materia de oposiciones y concursos, se detecta también la inclinación en muchas entidades locales -que no en todas, ciertamente-, en muchas, a primar excesivamente a los contratados interinos en las pruebas de acceso frente a los opositores libres. Tampoco veo con claridad, en algunos casos, las causas de extinción de los puestos de trabajo.

Y qué decir de las Entidades Locales Menores que, en su día, serán objeto también de algún comentario por parte del Procurador del Común.

Finalmente, y dentro de este apartado, de este departamento, voy a referirme a lo siguiente:

(-p.935-)

Nuestro Estatuto se remite a la Constitución al hablar de los Derechos Fundamentales. Pues bien, todos sabemos que el año noventa y cinco ha sido el año de la tolerancia. En este sentido, es obligado decir que no ha habido quejas, al menos yo no he recibido quejas, y tampoco tengo constancia de que el racismo o la xenofobia sean -fuera de casos aislados- un problema grave en esta Comunidad Autónoma. Para prevenirlo, en cualquier caso, hay algo sobre lo que quisiera llamar la atención con toda la claridad que permita la prudencia: con toda la claridad que permita la prudencia, yo creo que es preciso que las autoridades hagan lo posible para que el ciudadano medio no tenga la impresión de que hay excepciones a la obligación de cumplir la Ley, de acatar la Ley; obligación que no pueden eludir los españoles, sean del colectivo que sean, ni los extranjeros tampoco, sea cual fuere el país de su procedencia. Porque, de lo contrario, si diera la impresión de que existe permisibilidad, o demasiada permisibilidad hacia grupos de personas, estaríamos -me temo, me temo, aunque sin quererlo, claro está- fomentando actitudes que pueden acabar, efectivamente, siendo racistas o xenófobas. Esa impresión me da a mí al menos; al menos eso cabe inferir de escritos presentados por ciudadanos quejándose de, por ejemplo, amenazas, actitudes agresivas o conductas relacionadas con el narcotráfico que vendrían repitiéndose con cierta impunidad.

Sé que es un tema delicado, pero no puedo guardar silencio al respecto, a tenor de esas quejas a que me acabo de referir. Soy perfectamente consciente de que el problema no es de fácil solución -por supuesto-, no tiene fácil solución; pero si de una cosa estoy seguro, es de que el silencio no es en este caso el mejor de los remedios. Ni lo es tampoco el acusar de racismo cualquier actitud, en determinadas circunstancias; hay que ir al fondo del asunto.

Y, para finalizar, permitan unos minutos para hacer una serie de consideraciones a modo de consideraciones generales finales.

Señorías, puesto que la Ley me encomienda la defensa del Estatuto y del Ordenamiento Jurídico, desearía hacer una reflexión sobre algo que frecuentemente es objeto de comentario y preocupación por parte de nuestros dirigentes políticos, se trata de la integración o vertebración de la Comunidad Autónoma y, en íntima relación con ello, de la llamada falta de conciencia regional.

La falta de conciencia regional no es -creo- exclusiva de esta Comunidad Autónoma, sino que se puede encontrar en muchas otras; y quizá tenga algo que ver con una cierta precipitación a la hora de generalizar las estructuras autonómicas, proceso del que no estuvieron ausentes elementos de irracionalidad y donde sobró la utilización del agravio comparativo.

Da la impresión de que en los diversos territorios del país, a partir del año setenta y ocho, se desencadenó una especie de carrera en busca de peculiaridades que justificaran la creación de esta o aquella Comunidad Autónoma. Empeño que en ocasiones produciría, incluso, cierta hilaridad, si no fuera porque podría estar en juego la solidaridad entre los españoles. Y, claro está, en esa carrera de buscar peculiaridades, nuestra Comunidad Autónoma tendría las de perder; puesto que, frente al resto de España, ¿de cuáles podríamos hacer gala nosotros? Ni fue posible encontrarlas entonces... ni fue posible entonces encontrar diferencias, ni sería posible hallarlas ahora y, mucho menos aún, sería aconsejable ponernos a inventarlas. Yo creo que el pueblo no nos perdonaría que desde aquí nos pusiéramos a interpretar la historia, o a reflexionar sobre cómo hubiera podido ser si hubiera sucedido este o aquel acontecimiento.

Claro, encontrar fórmulas para solventar la falta de integración dentro de una Comunidad Autónoma yo creo que es muy difícil en el terreno de las ideas ¿no?, y, por lo demás, no corresponde a esta Institución, sino a las fuerzas políticas el aportarlas.

En el terreno de los hechos, quizá sea más sencillo mejorar las comunicaciones entre las provincias, por ejemplo, se me antoja algo que es elemental.

Sólo se me ocurre una fórmula como Defensor del Estatuto y del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León, que, al menos tiene la ventaja de la sencillez de su comprensión, por más que ponerla en práctica no nos resulte siempre fácil; y se condensa en el dicho siguiente "que cada palo que aguante su vela". Señorías, quiero decir que los titulares de las Instituciones y los representantes políticos cumplamos con nuestro deber, haciendo que los ciudadanos, el común, lleguen a identificarse con aquellas Instituciones, sintiendo, si no su necesidad, por lo menos su conveniencia.

A este respecto, yo tengo que preguntarme como titular de esta Institución, ¿qué van a ganar los ciudadanos de Castilla y León con la creación del Procurador del Común? Porque no es un secreto -y a veces lo he comentado también con alguno de ustedes- que a veces se percibe un cierto escepticismo hacia la institución del Comisionado Parlamentario, hacia la Institución del Procurador del Común; y, no solamente en la sociedad, también en ciertos sectores de la clase política. Y es un escepticismo que yo creo que deriva, en buena medida, de lo que se ha dado en llamar "falta de competencias ejecutivas" por parte de estas Instituciones.

Pues bien, después de un año de experiencia, quisiera darles algunas ideas concretas que permiten -creo, al menos- poner en duda ese escepticismo. Y quiero hacerlo abandonando el terreno de lo abstracto, dando algunos ejemplos concretos de por qué creemos que la Institución es útil al ciudadano, es útil al común.

En primer lugar, el Procurador del Común es una vía a la que puede acudirse cuando se quiere evitar el conflicto jurisdiccional. Y por tres motivos fundamentalmente: porque la vía contenciosa es lenta, porque es cara y porque es formalista; y, por el contrario, la vía del Comisionado Parlamentario es -o debe ser- rápida, gratuita y las formalidades son, en nuestro caso, mínimas.

Pero, además, yo creo que donde especialmente se pone de manifiesto la necesidad de la Institución es cuando se quiere evitar el conflicto jurisdiccional en el ámbito de la Administración Local, precisamente. La supresión del recurso de reposición presenta inconvenientes, porque obliga necesariamente a entablar un procedimiento judicial siempre que se quiera anular un acto que pone fin a la vía administrativa. Pues bien, a la vista de la Ley de Bases, el 99,9% de los actos emanados de la Administración Local pone fin a la vía administrativa.

(-p.936-)

Pero no solamente ahí, el Procurador del Común también puede ser utilizado como una alternativa a la vía administrativa de recurso. Y ello, por los siguientes motivos fundamentalmente:

Primero, los recursos administrativos tienen como presupuesto la existencia de un acto administrativo previo, en tanto que con la queja se denuncian también hechos y omisiones.

En segundo lugar, mientras que con el recurso tan sólo pueden defenderse derechos subjetivos o intereses legítimos -en el sentido estricto de la expresión-, en el caso de la queja, la práctica ausencia de formalidades da pie para una interpretación más flexible del concepto, indeterminado en cualquier caso, de interés legítimo.

En tercer lugar, el recurso se interpone ante la propia Administración autora del acto recurrido, que es quien debe resolverlo con excepciones; y eso no sucede con las quejas presentadas ante el Procurador del Común, en el que el llamado a resolver es siempre un tercero independiente.

En cuarto lugar, los plazos son un requisito insubsanable, ya que transcurrido el que corresponde sin que se haya interpuesto el recurso administrativo, el acto -como saben- se convierte en firme. Pues bien, frente a la perentoriedad de los mismos, las quejas pueden presentarse dentro del plazo de un año desde que el afectado tuvo conocimiento de la conducta -o, incluso más-, mediante una interpretación flexible que se puede hacer del Artículo 11.3 de nuestra Ley.

Otra consideración final que les querría hacer es la siguiente -ya me acerco al final de mi intervención-: la Administración ha actuado de acuerdo con la legalidad en muchas ocasiones. Según nuestras estadísticas en un 47% de nuestros... en un 43% de nuestros expedientes de quejas, la Administración ha actuado de acuerdo con la legalidad. Ello no es óbice para que, a veces, hayamos estimado que esa legalidad debería ser objeto de reforma; o que, incluso, la Administración debería ir más allá de las obligaciones que le impone la Ley en aras del Principio de Justicia -y no tendría inconveniente en darles ejemplos-.

Cuarta y última consideración final, casi todas las Administraciones han dado respuesta a nuestros requerimientos en solicitud de información. Es cierto que, en no pocos casos, ha habido retrasos; que tal vez haya que achacar al hecho de que se trataba del primer año de funcionamiento de una Institución, hasta entonces, desconocida. Sin embargo, no estoy aún en condiciones de saber en qué medida las Administraciones, cumplimentado en su totalidad el expediente, asumen el contenido de mis sugerencias o recomendaciones.

Es cierto que los expedientes no tienen por qué cerrarse con el año natural. En algunos supuestos, además, nuestra actuación lo que hace es sumarse a la de otras instituciones, siendo muy difícil determinar el grado de influencia de cada una.

Por otra parte, hay que admitir como humano -yo al menos lo admito, como humano- que el titular de una Administración prefiera actuar sin dar la impresión de que lo hace a instancias de otra Institución. En realidad, lo importante es que las Administraciones corrijan defectos y atiendan cada vez mejor al ciudadano.

Lo que ocurre es que la Ley dice que debemos reflejar, que debo reflejar en el informe el resultado de mis actuaciones, por lo que espero que en adelante eso sea tenido en cuenta por autoridades y funcionarios.

El problema puede consistir también, ciertamente -y abordamos de nuevo el tema de los defectos de nuestra Ley-, es que la Ley del Procurador del Común de Castilla y León no establece plazo para la respuesta de las Administraciones a nuestras sugerencias o recomendaciones. Y, por si fuera poco, el Artículo 18, párrafo primero, parece estar pensado tan sólo para la primera fase de mi actuación -la de solicitud de informes-, echándose, en este sentido, de menos un precepto del tipo de otros contenidos en otras leyes.

Ello, entre otras cosas, como las dificultades de la puesta en marcha del departamento correspondiente -del que les hablaba hace unos momentos-, explicaría que este informe no contenga de forma sistemática la especial referencia al estado de observancia, aplicación e interpretación del Ordenamiento Jurídico castellano-leonés, ni otros datos de que habla nuestra Ley.

Poco me importaría, ciertamente, si nuestra actuación finalmente redunda en un más escrupuloso cumplimiento de la legalidad vigente y en una mejor y más eficaz protección de los derechos de los ciudadanos. Sabemos que en no pocos supuestos ha sido así; pero a ustedes, Señorías, les corresponde juzgar. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se abre un turno para que los distintos Grupos Parlamentarios, y de acuerdo con la Ley reguladora de esta Institución, puedan fijar sus posiciones respecto al informe que acaba de ser presentado por el señor Procurador del Común.

El Grupo Mixto van a compartir el turno los dos Procuradores que lo integran. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Farto.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Excelentísimo señor Procurador del Común de Castilla y León, Señorías.

(-p.937-)

En primer lugar, tengo que hacer hincapié en que éste es el informe del primer año de funcionamiento de esta Institución, y felicitarle -a usted y a su equipo de trabajo- por el excelso trabajo realizado; al que hay que añadir, en este caso, la puesta en marcha de la Sede y la tarea ardua llevada a cabo -como usted muy bien ha dicho-, dada la extensión de esta Comunidad Autónoma, y la gran cantidad de población que en ella existe.

También hay que felicitarle por la gran amplitud de temas tratados, y que hemos leído a través del informe que nos ha presentado, aunque es cierto que con muy poco tiempo para poderlo trabajar en profundidad.

Por supuesto, nuestra felicitación se tiene que hacer extensiva al hecho de que la Sede del Procurador del Común esté ubicada en la capital leonesa; lo que ha supuesto un esfuerzo de acercamiento a los ciudadanos leoneses y, de alguna manera, también se trasluce en el informe cómo han sido, en su mayoría, los que más han participado de esta Institución.

En segundo lugar, participamos de la inquietud por el problema en el retraso de los expedientes. Somos conscientes de que el Procurador del Común de Castilla y León tiene más competencias que otras Instituciones similares en otras Comunidades Autónomas y, por tanto, apostamos y pedimos desde esta tribuna al resto de las Instituciones responsables una mayor dotación económica para, en definitiva, mejorar el rendimiento de una Institución que consideramos básica para la defensa del ciudadano de Castilla y de León.

En tercer lugar, queremos felicitarle por lo que su figura tiene de positivo en cuanto a ser una vía de comunicación entre Instituciones y dinamizador de las mismas. Y, de alguna manera, su Institución también sirve de denuncia a la gran indefensión que todavía, hoy en día, y a pesar de los años de democracia, sufren nuestros ciudadanos.

Es importante la función de denuncia y amonestación a los distintos órganos que desde esta Institución se hace, a órganos con capacidad ejecutiva. Nos preocupa sobremanera la gravedad de los problemas que vienen dados a raíz de la actuación de las Administraciones Locales, lo que provoca en primer lugar, la indefensión de los ciudadanos a la que antes hacíamos alusión. Las graves irregularidades -de las que usted ha hablado de pasada, pero que creo que se deberían de profundizar- de la Administración, apoyadas en algo tan ambiguo como es el silencio administrativo que, a lo largo de todo su informe, sale una y otra vez. Problemas que no satisfacen ni tan siquiera a los postulados constitucionales; incumplimiento de la legalidad vigente en cuanto a plazos, materia urbanística, o sobre todo, oferta de empleo -algo que nuestra ciudadanía está excesivamente preocupada por él-.

Y un tema importantísimo, que es el problema de las Juntas Vecinales. Usted ha hablado de que va a pedir que se arbitren medidas; y esto debería de ser algo que empezásemos a trabajar todos los Grupos parlamentarios en ello.

¿Qué medidas, desde esa Institución, se ven con posibilidad de arbitrar para que no sigan ocurriendo los desmanes que están ocurriendo en las Juntas Vecinales? Desmanes que están provocando una verdadera sensación de abandono en los ciudadanos por parte de otras instituciones.

Le pediríamos un esfuerzo a usted y a su Institución, aunque sabemos que a lo mejor ha habido cosas que no se han hecho por intentar ahorrar dinero -del que supongo que todos andamos escasos-, en la necesidad de dar a conocer al ciudadano de Castilla y de León la Institución del Procurador del Común y todo lo relativo a su función. Pensamos que, de alguna manera, así se evitaría en gran parte, en primer lugar, la aglomeración de expedientes; puesto que los ciudadanos sabrían mejor para qué sirve en concreto esta Institución y en qué tiempos y medidas pueden presentar allí los expedientes. Y, por otra parte pensamos que se agilizaría y rentabilizaría mucho más su trabajo.

Nos preocupa algo, que también ha tocado de pasada, como es el tema de la diferencia de trato entre Comunidades Autónomas respecto a los ciudadanos, sobre todo en materia de asistencia social. Y también le preguntaríamos si ve posible la solución de esto. Y qué es lo que pediría, en concreto, a esta Cámara parlamentaria; que, en definitiva, supongo que es el mejor efecto que podemos sacar de su intervención.

Compartimos, a través de lo mencionado en su memoria, como positivo la conciencia asociacionista de los ciudadanos en relación a ciertos temas como, por ejemplo- el medio ambiente.

Y le felicitamos -vuelvo a repetir, no solo a usted, sino a todo su equipo de trabajo- porque ustedes han logrado una Institución activa, en el sentido de que ha habido muchos casos en que han sido ustedes mismos, sin que haya habido requerimiento ciudadano, los que han tomado las riendas en la lucha y en la defensa de los intereses de nuestros conciudadanos. En concreto, por citar un tema que nos toca muy de cerca, el tema de la residencia de ancianos de Requejo de la Vega en León.

Observamos un paso adelante en la concienciación de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, en cuanto a que del informe que usted nos ha pasado vemos denuncias valientes, por ejemplo, en contra del amiguismo, en contra de la adecuación de la ley favoreciendo a ciertos ciudadanos, denuncia de trato discriminatorio por parte de Corporaciones Locales ante distintos individuos e iguales infracciones. Esto nos congratula; y queremos animar y queremos apoyar, en lo posible, a que siga siendo así.

(-p.938-)

Felicitarle y felicitarnos por lo que parece ser la inminente firma del convenio ONCE-Inserso-Ayuntamiento de León, algo que llevaba mucho tiempo intentando llevarse a cabo pero que, hasta este momento... y tal vez gracias a su apoyo y a la Institución en sí, se ha logrado.

En cuanto a la defensa del Estatuto, participamos en la denuncia que emana de la memoria presentada por usted, de que debido a la carencia de medios con que esta Institución ha contado, sobre todo en un principio de su puesta en marcha, hay temas que han quedado desatendidos por parte de la misma; y temas, que todos ellos supondrían una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León. Por ejemplo, es el caso de la Ley de Espacios Protegidos, en el cual -según vemos a través del informe- no se pudo hacer el recurso adecuado, por la carencia a la que ya hemos hecho alusión.

En segundo lugar, convenimos con esta Institución en echar de menos ciertas leyes, como la de impacto medioambiental; la necesidad de promulgación de normas de planeamiento urbanístico municipal; irregularidades en la adjudicación de subvenciones, dada la carencia de una ley de asociaciones -que creo que es urgente realizar ya-, que regule lo que definitivamente empieza a ser un grave problema para las distintas Administraciones.

Su intervención, por último, nos confirma en que no se trata sólo de transferir de unas Administraciones a otras, sino que se trata de transferir con la suficiente dotación económica y con el suficiente acompañamiento por parte de las Administraciones.

Y, si me permite, señor Procurador del Común, una pequeña riña: los ciudadanos de Castilla y León, no somos ciudadanos castellano-leoneses, sino somos ciudadanos de Castilla o de León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra el Procurador señor Otero, también del Grupo Mixto.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, los pocos que quedan en este acto, porque al paso que vamos pensé que al final iba a quedar este Procurador solo, sobre todo mirando para la derecha del hemiciclo.

Señor Procurador del Común, muchas gracias por su comparecencia; enhorabuena por su informe.

Voy a empezar por donde usted ha terminado. En una de las consideraciones finales, a la que presté especial atención, usted hablaba de las señas de identidad de esta Comunidad; por ahí quiero empezar yo, señor Procurador. Estamos en una Comunidad en la que no hay señas de identidad; es decir, en la que no hay el más mínimo y esencial sentimiento autonómico. Y con ello, resulta muy difícil, yo diría imposible, el asentamiento y consolidación de cualquier institución de las que a Sus Señorías les gusta denominar como regionales o castellano, guión, leonesas; y, de ello, a las pruebas me remito, no es el momento para abordar el tema.

No obstante, haciendo buena la sabiduría popular según la cual la excepción confirma la regla, tenemos hoy ante nosotros, Señorías, a la que consideramos o al que consideramos único ejemplo, o única excepción: la Institución del Procurador del Común de Castilla y León. Institución que se ha ganado el aprecio y el respeto de los ciudadanos de cada una de las nueve provincias, que configuran su ámbito de actuación. Y nos consta que no solamente de aquellos que ya han tenido la necesidad de solicitar su amparo, sino también de quienes en cualquier momento puedan, o mejor dicho, podamos acudir a la Institución en demanda de protección.

Es evidente que mi grupo político, por razones de la simple ubicación de la Sede del Procurador del Común, conoce perfectamente -y además se ha interesado en ello-, la evolución de la Institución y también su actividad.

En este sentido, en primer lugar, podemos anunciar que mi grupo político, la Unión del Pueblo Leonés, considera un acierto la elección de su titular, don Manuel García Álvarez, como Procurador del Común de Castilla y León.

Don Manuel García Álvarez y su equipo -tenemos también la constancia- han actuado con autonomía y con independencia; eso no es un mérito de nadie, es la exigencia del Artículo 1, de la Ley que regula la Institución, que no tenga interferencias. Y eso es lo que pedimos y lo que queremos; no hay ninguna razón que nos haga pensar que no va a ocurrir así en el futuro. Interferir en su actuación sería desnaturalizar la Institución.

En segundo lugar, puedo anunciar que mi grupo político, la Unión del Pueblo Leonés, considera que el Procurador del Común cuyo..., o cuya elección ha sido un acierto, a su vez ha acertado plenamente a la hora de elegir a sus colaboradores. Nos consta, y lo hemos constatado, que forman un grupo compacto y cohesionado.

En tercer lugar, puedo anunciar que mi grupo político considera que la actuación del Procurador del Común y su equipo ha estado presidida por la eficacia, por la diligencia, por la rapidez -dentro de la medida en que es posible actuar administrativamente-, y ¿cómo no?, por la tenacidad: nos consta que no se archivan expedientes, hasta que no hay soluciones en uno u otro sentido.

Hay un pero que hacer, y no es responsabilidad, en absoluto, del Procurador del Común. La provincia de León es la provincia que más quejas ha planteado al Procurador del Común; ello nos hace pensar... mejor, ello confirma nuestra convicción de que algo sigue pasando con la provincia de León, y en lo cual no queremos entrar, porque no es el momento oportuno, aunque sí, desde luego, el lugar.

(-p.939-)

En quinto lugar, quiero manifestar que mi grupo político, la Unión del Pueblo Leonés, entiende que hay aspectos que mejorar, ¿cómo no? Y, entre ellos, la propia Ley que regula la Institución; una Ley que es muy susceptible de mejora. Además, hay que dotar a la Institución de más medios materiales y, sobre todo, de más medios humanos.

Si algún día, Señorías, el Procurador del Común, o al Procurador del Común llegan las aterradoras listas de espera para la atención de expedientes y para su tramitación, la eficacia de la que hablábamos y la credibilidad se habrán terminado; y ahí la Administración Autonómica es evidente que tiene la palabra.

En sexto y último lugar. Como no podía ser menos, mi grupo político considera un total y absoluto acierto la ubicación de la Sede del Procurador del Común en León. Pero aquí quiero ir más lejos y quiero profundizar. ¿Y cómo se profundiza, Señorías? Contrastando esta afirmación, o esta convicción que tenemos, con el propio rector de la Institución, con el Procurador del Común.

En este sentido, yo le rogaría que, después de este turno de fijación de posiciones, tomase de nuevo la palabra para responder a cuestiones que importan, y mucho, a mi grupo político, a la Unión del Pueblo Leonés.

Don Manuel García Álvarez, León -es evidente- no es el centro geográfico de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Yo le pregunto, bajo esta premisa: ¿le ha supuesto ello, el que León no sea centro geográfico, obstáculo alguno en su actuación, de la más diversa índole, de cualquier índole? Que la sede de la Institución del Procurador del Común esté en León y ésta no sea el centro geográfico de la Comunidad Autónoma, ¿le ha restado o le está restando eficacia en su actuación? Que la Sede del Procurador del Común esté en León y éste no sea el centro geográfico de la Comunidad Autónoma, ¿le ha planteado problemas de coordinación en sus funciones? Y, en definitiva, que la Sede del Procurador del Común esté en León y éste no sea el centro geográfico de la Comunidad, ¿supone que están más protegidos o amparados los ciudadanos de León que los ciudadanos de Soria? Y digo Soria por poner un ejemplo de una provincia que está distante de la provincia de León en cuanto a extensión se refiere.

Señor Procurador del Común, agoto mi tiempo diciéndole que tengo un enorme interés en que me responda a estas cuestiones, un enorme interés. Y por eso le ruego que haga uso de ese nuevo turno que tiene para contestar a las inquietudes o preguntas de los intervinientes, de los Portavoces, para responder -le pido que una a una, eran cuatro interrogantes, de los cuales supongo que ha tomado usted buena nota-, una a una, las preguntas que le he formulado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra el Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Presidente. Señorías. Una lectura atenta del amplio informe anual del Procurador del Común y la exposición aquí realizada por su titular, nos lleva a una primera conclusión: podemos realmente sentirnos satisfechos. Pueden sentirse satisfechas estas Cortes y recompensadas con la decisión que tomamos en su día de crear el alto comisionado de las Cortes para esta función específica.

Puede sentirse el Común remunerado también por el cumplimiento exhaustivo de una labor de atención a la ciudadanía; estudio, investigación y documentación pormenorizada; y de respuesta y seguimiento de las quejas, demandas y reclamaciones, tanto individuales como colectivas.

Puede sentirse el Procurador del Común y su equipo, en su conjunto, respaldados en su solvencia, porque en un año escaso han conseguido poner a punto un instrumento al servicio de una sociedad extensa y dispersa, como la nuestra, sin experiencia reciente en la materia. Porque ha conseguido atender cumplidamente mil trescientos setenta y tres casos -según anuarios estadísticos-, que supone, proporcionalmente a la población y al territorio, el rendimiento más alto de España; compatibilizándolo con su creación, asentamiento, composición y divulgación de su existencia y actividad.

Y porque se ha conseguido generar la esperanza de eficacia en su tarea, tanto de cara a la ciudadanía -aunque algunos no hayan visto, lógicamente, satisfecha su necesidad, o pueda interpretarse que no han llegado al óptimo- como a la de este cuerpo legislativo, esta Cámara, que aprenderá de las recomendaciones para afirmar, en la concisión y claridad de la frecuente ambigüedad normativa y de las múltiples pretensiones sociales; asimismo como de los diversos Ejecutivos, que habrán de tomar buena nota para aplicar con justeza y equidad sus propias decisiones, así como ejercitarse en la diligente función de saldar los compromisos para con los administrados y mantener la vigilancia a ellos encomendada, a fin de conseguir la reducción notable de los conflictos y motivos de reclamación.

A estos efectos, vaya por delante una sugerencia por nuestra parte, que he podido entender precisamente en la intervención de Su Señoría, y es que entendemos -a nuestro juicio- conveniente un análisis más pausado para abordar el informe en sus diversos aspectos y entrar con meticulosidad en los mismos. Fue una sugerencia que ya en la propia Junta de Portavoces avancé, y que estamos, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, absolutamente convencidos de esa necesidad.

(-p.940-)

Poder estudiar el desarrollo formal de la actividad realizada, y encontrar acomodación a los planes sugeridos en recientes conversaciones, puede concretarse en esa Comisión del Procurador del Común. Resultaría -a nuestro juicio- incompleta la función, si no extrajésemos consecuencias de las múltiples intervenciones realizadas por el Procurador del Común ante el cúmulo de quejas y reclamaciones, de tal modo que se convirtiese esto en una fuente de información permanente para quienes tenemos una obligación comprometida con la sociedad y todos sus componentes, al mismo tiempo que se da cumplimiento a las demandas y requerimientos por quien proceda en cada caso.

Un recorrido por los expedientes tramitados puede aportar a estas Cortes mayores dosis de sensibilidad en sintonía con la población. La reflexión contrastada a la luz del informe exige -a nuestro juicio- una respuesta; de lo contrario, puede quedar en la mera satisfacción individual, que siendo una encomiable tarea de ilustración, de mediación y reparación, correría el riesgo de perpetuarse en los motivos y por las mismas causas.

Por tanto, la secuencia lógica -a nuestro juicio-, tras un informe exhaustivo en el análisis de las causas que sustentan las reclamaciones, es la reflexión y aplicación de soluciones colectivas, tanto desde el punto de vista Legislativo como desde el punto de vista del Ejecutivo. Entonces actuará como órgano auxiliar de las Cortes y servirá como instrumento de afianzamiento de la democracia.

Así, se relacionan múltiples causas de conflictos que son motivos de reclamación, y que guardan relación directa con la actitud de las Administraciones, que, en unos casos, derivan de las propias carencias de las mismas y que, lógicamente, precisan una alternativa al respecto. Escuchar esto como una reiteración de hechos de forma anual sería no haber conseguido uno de los objetivos que aquí se plantean, que aquí se denuncian y que, lógicamente, es una aspiración de las propias Administraciones Locales, de esas Cortes; pero hay que encontrar instrumentos, mecanismos de corrección.

En otros casos denuncian la falta de delimitación en las competencias o los solapamientos de esas mismas competencias, en los que pueden, perfectamente, estar involucrados los juegos del Ejecutivo y del Legislativo; y que pueden servir, al mismo tiempo, para amparar situaciones que en ningún caso dan satisfacción a los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma.

Y en un tercer supuesto, que está en la línea de la inercia y de los viejos vicios adquiridos, que son utilizados por las Administraciones para mantener sus criterios; y, a veces, contracorriente de los deseos de la ciudadanía, del ordenamiento normativo y de toda lógica administrativa. Este recurso del silencio induce a la exasperación y convierte al Derecho en motivo de desigualdad y conflicto, paradójicamente.

Entendemos que muchas de estas prácticas pueden ser abordadas, y debemos tratarlas, a fin de facilitar las garantías de igualdad ante la ley entre Administración y administrados. Es, por otra parte, una forma de afianzar a la propia Administración, pero con arreglo a la autoridad que emana de la propia legislación y el respeto a la misma. Se menciona en el propio informe del Procurador del Común, cuando afirma "es preciso que las autoridades hagan lo posible para que el ciudadano medio no tenga la impresión de que hay excepciones a las obligaciones de acatar la ley". Es más, decimos nosotros "para adquirir la plenitud de la categoría de ciudadanos, hay que eliminar los vestigios, aún palpables del sometimiento del súbdito".

Se observa -y se expone también en el informe- cómo aquellas personas o colectivos que no encajan perfectamente en la tipología clásica, estandarizada o mayoritaria de la sociedad, encuentran mayores dificultades en el ejercicio o disfrute de sus derechos, cuando no sufren evidente limitación en los mismos. Familias monoparentales, madres solteras, discapacitados, menores de edad, pobres, enfermos psíquicos, personas mayores y una larga relación de esta naturaleza, tienen una vida más difícil que el común de las personas y, por supuesto, de modo injusto y por motivos nunca justificables.

En materia de función pública, y cuando existen criterios aceptables de orientación normativa, e incluso constitucional, de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, para acceso, hay defectos ostensibles, que si en muchas ocasiones ya los habíamos planteado, es bueno que vayan aflorando a través del mecanismo del que nos hemos dotado estas Cortes en su conjunto, como es el alto comisionado, el Procurador del Común.

En relación a la demanda de transferencias... de transparencia, de información exhaustiva -y no limitada- a los inaccesibles Boletines Oficiales, que contienen la información, pero para quienes tienen acceso a la misma. Yo recuerdo una anécdota que vivimos en los primeros momentos en la Legislatura anterior, cuando se decía que en nuestra Comunidad Autónoma sólo había treinta y seis demandas de salario mínimo de inserción, lo cual quería decir que apenas había pobres. Y coincidimos la mayor parte de nosotros en que era muy difícil que el pobre, durmiendo en cualquier lugar de una ciudad o de un pueblo, se despertase por la mañana pendiente de conseguir el Boletín Oficial, donde pudiese leer efectivamente que había una vía de acceso a un salario mínimo de inserción. Y la verdad es que los hechos demostraron a continuación que efectivamente eran otros los motivos que no facilitaban precisamente esa labor. Y ocurre lo mismo en materia de las viviendas sociales, donde lógicamente, traen como consecuencia el que se puedan multiplicar las demandas sin una orientación precisa, con un grado importante de insatisfacción, ralentizando excesivamente el acceso hasta varios años, en algunos casos, después de poder disfrutar de ese bien fundamental.

(-p.941-)

La casuística en relación a los temas laborales -y su gama amplia, los transferidos-, la jungla legislativa en materia de empleo, y la dificultad en la comprensión de la misma, con unas formas ...... de condicionar el acceso, y a la exigencia de derechos causan múltiples demandas que pueden ser en unos casos de información e interpretación, pero sobre todo que están obstaculizando una agilidad en algo tan sensible, tan necesario e indispensable como es, precisamente, el acceder al empleo. Otro tanto ocurre con la sensibilidad en materia de medio ambiente. Y así podríamos proseguir por el amplio recorrido del informe del Procurador del Común en las distintas áreas.

Ciertamente que en muchos casos somos conscientes de esa realidad; pero es la plasmación, de hecho, la que debe impulsar la motivación a actuar más consecuentemente, y será un motivo inestimable el que pueda derivarse de las reflexiones provocadas por el informe hoy a estudio para, como decía al principio, afinar en el servicio a la ciudadanía y en la democratización de la vida política en el más amplio sentido del concepto. Una recomendación más específica a la Comunidad Autónoma, reflexión detenida, en general, y concretamente en la veintena de páginas que llevan la titulación "Tutela del ordenamiento jurídico de Castilla y León", farmacias, espacios naturales protegidos, montes, política de subvenciones... y la sugerencia expresa de agotar las posibilidades que ostenta para regular el procedimiento administrativo, derivado de las especialidades de la organización propia, y cito textualmente el informe del Procurador del Común: "Hay mecanismos, hay instrumentos, hay necesidades y es absolutamente necesario y conveniente agudizar, precisamente, el ingenio para conseguir dar en la clave de lo que es la defensa de los derechos básicos y más de las personas que tienen más dificultades para acceder a los mismos".

En síntesis, desde Izquierda Unida expresamos el reconocimiento de la actividad realizada por el alto comisionado de las Cortes; reconocemos que nos servirá en nuestra función política en estas Cortes; sugerimos análisis detenido en la Comisión del Procurador del Común; y nos ponemos a disposición para estudiar las modificaciones pertinentes que permitan ganar en efectividad y para el servicio de la democracia y de la Comunidad Autónoma. Y todo ello, por entender que es Su Señoría un miembro más de estas Cortes, con rango de alto comisionado de las mismas y con funciones específicas, y por concitar el depósito de confianza unánime de todos los Grupos Parlamentarios de estas Cortes de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Herreros. Tiene ahora la palabra el señor Quijano, en nombre del Grupo Socialista.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Señor Procurador del Común. Me permitirá, porque efectivamente así lo siento, que mis primeras palabras sean de saludo y de felicitación a quien hoy comparece por primera vez ante la Cámara y, por extensión, a todo su equipo. Yo quiero decirle desde el principio que he leído su informe con enorme interés, que lo he leído completo; y que he visto en él no sólo el resultado de un intenso trabajo, sino algo que yo quiero valorar especialmente: en su informe se nota enseguida la pasión de alguien que está preocupado por los problemas concretos de nuestros conciudadanos y, especialmente, por los problemas concretos de nuestros conciudadanos más débiles.

Por otro lado, en su informe hay lo que yo llamaría un diagnóstico muy ajustado sobre el estado de la Región, visto a través de las preocupaciones individuales y colectivas de las personas y grupos. Tanto es así -también lo debo de confesar- que yo tuve la tentación al preparar esta intervención -pero esto no va con usted, evidentemente- de aprovechar la ocasión; porque estamos poco acostumbrados en esta Cámara, a veces, a hacer debates globales sobre los problemas reales de la Región, y su informe da un motivo excelente para ello. Permítame que le diga, por eso, que no entiendo tampoco la falta de interés de una parte de la Cámara, principalmente situada de aquí para allá, que, con su ausencia en este debate, manifiesta que el tema... no sé si para ellos no tiene el interés suficiente, pero desde luego, manifiesta, a mi juicio, una cierta desconsideración.

Concluyendo con eso, yo quiero agradecerle también el rigor que creo que ha desplegado, la independencia con la que ha actuado y me consta, la valentía -porque creo que la ha tenido y luego se lo diré más expresamente-, el grado de compromiso que ha adquirido con la Institución, su dedicación y su talante. Yo creo que cuando depositamos una inmensa confianza parlamentaria en su persona, acertamos plenamente.

(-p.942-)

Creo que hay que tener en cuenta, además, algunas circunstancias que usted mismo ha señalado: este era el primer año; era, por tanto, un año de rodaje, un año en el que había no sólo que iniciar la tarea, sino que organizar los primeros medios materiales y personales, y un momento además -usted lo ha dicho y sobre eso yo le quería hacer una precisión-, en el que, inevitablemente, ha detectado algunas dudas y algunas insuficiencias legales que ha puesto de manifiesto. Yo, en ese sentido, le quisiera decir que con toda tranquilidad y con toda legitimidad proponga cuanto disponga; en ese sentido, usted tiene toda la legitimidad para sugerir y proponer sin límite. Yo coincido plenamente en que será difícil, usted lo ha dicho, buscar una regulación adecuada del problema de sus relaciones con los tribunales de justicia o con la administración de justicia, porque el tema es delicado por naturaleza y hablamos de instituciones con un contenido muy específico. Pero no será tan difícil -creo- una modificación legal en la que establezcamos... con flexibilidad, con todo lo que queramos, pero en la que establezcamos plazos de contestación de la Administración a sus quejas; es una de las deficiencias que usted ha señalado y que yo comparto. Proponga modificaciones en esa línea y sepa que, en lo que a mí respecta, le garantizo el apoyo, siempre que sean sugerencias razonables y convenidas de mi Grupo Parlamentario en esa línea.

Indudablemente, entrando en algunas consideraciones sobre el informe que ha presentado a esta Cámara, es cierto -yo así lo quiero decir- que el modelo de informe por el que usted podía elegir admitía, pues tantas posibilidades como gustos personales. Usted ha elegido el modelo de un informe exhaustivo, detallista al máximo y tal vez en el futuro -ésta es una sugerencia mía-, tal vez en el futuro el informe debiera de ser -a mi juicio- menos casuístico, más valorativo y ofreciendo conclusiones (no sé si será el complejo universitario que, probablemente, a usted y a mí nos afecte, pero yo cuando veo un trabajo voluminoso voy buscando las conclusiones, como seguramente le ha pasado a usted en una ocasión ante una tesis doctoral de más de quinientas páginas). No lo digo por qué facilite las cosas, sino porque yo creo que es bueno que usted, al final de su informe, ofrezca unas conclusiones sobre su propia visión del trabajo que ha desarrollado a lo largo del año. Porque en esas conclusiones tendrá que haber valoraciones sobre los problemas detectados -de algún modo las estadísticas lo recogen, pero me parece que hay algo más que se podría aportar-, sobre los problemas detectados, sobre las actuaciones que fue realizando, sobre la receptividad administrativa a su trabajo y, en definitiva, ofreciendo en esas conclusiones algunas pautas que nos permitan ir valorando progresivamente la eficacia de los resultados de la Institución.

Por otro lado, sería imposible, en una intervención como ésta, intentar siquiera una glosa resumida de todos los asuntos o aspectos o datos que el informe ofrece. Ojalá tengamos ocasión para ello en la Comisión específica que existe en el Parlamento y donde yo creo que sería bueno un debate más en profundidad y más en detalle también sobre su informe.

Pero no quiero pasar por alto algunos comentarios, en relación con algunas de las actuaciones o quejas que usted ha tramitado, y siguiendo el orden que usted mismo ha utilizado. Ya le digo de antemano que con especial referencia a lo que usted llama, evidentemente, las actuaciones de oficio. Lo digo por una razón: yo creo que es ahí sobre todo donde se manifiesta la sensibilidad de la institución para los problemas de los ciudadanos. Y yo esto lo quiero agradecer todavía de una forma más especial. Mire, usted -y más en este primer año- podía haberse limitado a atender las peticiones, las reclamaciones, las quejas que le llegan a instancia de parte; hubiera cumplido su obligación legal mínima y nadie -absolutamente nadie- hubiera podido reprocharle nada, máxime en el primer año. Lejos de eso, usted se ha introducido de oficio en otros terrenos de enorme interés. Yo le quiero animar a seguir en esa línea, a perseverar; consciente, como soy, de que tendrá dificultades, de que a veces le falte colaboración... por eso, también le brindo, en lo que pueda significarle, el apoyo de mi Grupo al respecto, para que siga dejando un margen importante -además de atender las quejas presentadas a instancia de parte- para esta actuación de oficio, que yo creo que ayudará a consolidar la Institución tanto como las otras actuaciones.

Por lo que se refiere al trabajo desarrollado en áreas concretas, yo quiero decirle que comparto los criterios generales que ha venido utilizando -éste sería un tema lógicamente de preocupación para los parlamentarios-, los criterios generales que ha venido utilizando para admitir -en su caso, rechazar-, iniciar o concluir los expedientes. Los comparto porque creo que son criterios objetivos, no los voy a reiterar, pero me parece que son criterios objetivos y, además, que están correctamente aplicados.

De sus actuaciones, me han llamado especialmente la atención, siguiendo una breve enumeración en absoluto limitativa y solamente con un criterio selectivo, las siguientes. Todo lo que usted ha reflexionado y ha actuado, en relación con la conclusión de los procedimientos administrativos, me parece sencillamente excelente. Yo creo que hoy la prueba verdadera de la modernización y de la eficacia de una Administración, sobre todo si pretende ser una Administración más cercana a los ciudadanos que, en definitiva, es una de sus razones de ser -y me refiero obviamente a la Administración Autonómica y Local-, está en la capacidad que tengan para reducir el silencio administrativo como forma de concluir los expedientes o los procedimientos. Siga en esa línea, me parece que ésa es una necesidad objetiva. Porque detrás de eso está no sólo la comodidad del ciudadano en saber la decisión administrativa y saber exactamente qué tiene qué recurrir, etcétera. Está la garantía de derechos fundamentales en concreto. Por tanto, le animo especialmente a seguir en esa dirección.

En segundo lugar, por lo que se refiere a sus consideraciones sobre la Administración Local -la situación de los pequeños municipios y de las entidades locales menores, los problemas que eso plantea, etcétera-, comparto plenamente sus consideraciones, pero soy consciente de que eso irá teniendo soluciones con legislación autonómica, que yo espero pronta y consensuada -a ser posible-, porque me parece que los temas de régimen jurídico de la Administración Local, cuanto más consensuados, mejor. Pero, obviamente, esa sugerencia no va dirigida a Su Señoría, sino que tiene otros destinatarios, como podrá imaginar.

(-p.943-)

En tercer lugar, detecto que el déficit de planeamiento urbano y, en algunos casos, de disciplina urbanística -por los datos estadísticos que da de número de ayuntamientos que están en esa situación- es un problema importante. Efectivamente, así lo detecto. Y, desde luego, apoyo que los criterios que usted ha señalado, en materia de distribución de ayudas para el alquiler de viviendas, se basen, efectivamente, en situaciones personales, de renta, etcétera, etcétera, no en el momento de entrada o en el acceso a la ventanilla pública, como criterio para la concesión de esa ayuda. Creo que en ese caso, que es uno de los casos en que usted ha hecho una recomendación específica al Gobierno Regional, ha acertado plenamente.

Y lo mismo podría decir -aunque no me detendré en detalles- respecto de actuaciones en materia de actividades clasificadas, en medio ambiente, o de política forestal -el papel de los ayuntamientos propietarios de montes en la ordenación forestal-, en materia de servicios sociales -todo lo relacionado con la atención a los minusválidos, eliminación de barreras y cumplimiento de la legislación en materia de reserva de plazas-. He visto y aprecio que esa es -permítamelo entrecomillar- una de sus "batallas" preferidas, y yo quiero entender que ésa es una muestra de esa sensibilidad a que yo me referí inicialmente. O lo mismo en temas de ordenación del sector farmacéutico -que me parece que es una necesidad urgente-, el tema de la venta de alcohol, etcétera.

Hay una cosa en la que no puedo prescindir del detalle, lo digo porque en su intervención verbal, hoy presentando el informe, no ha hecho referencia a ello: me refiero a la detectada -en su informe escrito- situación de retraso, a veces de enorme retraso, en materia de liquidación de impuestos cedidos, transmisiones, sucesiones y donaciones principalmente. Según los datos que usted maneja en su informe, habría, como media, un año de retraso en transmisiones, dos años y medio, aproximadamente como media, en sucesiones y donaciones.

Claro, yo, cuando vi eso, sentí la curiosidad de hacer la cuenta. En el presupuesto del año noventa y seis hay como ingresos de la Comunidad una cantidad de 6.500 millones en sucesiones y donaciones, y una cantidad de 15.200 millones en transmisiones. Si tomáramos esa cifra -presupuesto del noventa y seis-, la multiplicáramos por el tiempo de retraso, para saber cuáles son las disponibilidades efectivas que el Gobierno regional no está teniendo -como consecuencia de ese retraso- y podría tener, pues nos daría la nada desdeñable cantidad de 31.450 millones de pesetas, de los que no hay disposición efectiva por el retraso de la Administración en los procesos de liquidación.

Ya sé que será pedir un milagro que todo eso se pusiera al día en veinticuatro horas. No pido eso, señora Consejera. Pero me parece que cuando estamos hablando de necesidades financieras, etcétera, el compromiso de que las primeras necesidades financieras que podamos las cubramos con nuestros propios impuestos cedidos, me parece que, además de una obligación administrativa, es casi una obligación moral y política.

Ya dije antes -y no insistiré más en ello- que especial relevancia he querido dar a sus actuaciones de oficio. Coincido totalmente en la necesidad -que usted ha estimado largamente en su informe- de una más efectiva actuación de Ayuntamientos y la Consejería correspondiente, que es la de Medio Ambiente, en relación con el tema del ruido. Ésta es -permítame otra vez la expresión- una de las "batallas" que usted ha librado más apasionadamente. Pues, le vuelvo a decir que continúe y persevere en ese apasionamiento, porque me parece que es un problema que quizá en el nivel en el que nosotros nos podamos mover, del debate político, etcétera, no le hemos dado demasiada importancia, y soy consciente de que está interfiriendo no sólo en la vida particular de los ciudadanos, de muchos ciudadanos, sino incluso en las relaciones de convivencia pacífica en sectores importantes de nuestras ciudades. Por tanto, en eso le pido que permanezca en ese esfuerzo porque es una necesidad prioritaria. Y lo mismo diría del problema de los discapacitados, que ha sido otra de sus actuaciones de oficio más relevantes a la que ya antes me referí.

Me han llamado también, y finalmente, la atención sus consideraciones a propósito de la otra parte de sus atribuciones legales, la parte, digamos, discutida, porque yo creo que efectivamente lo es: la cuestión de la defensa del Estatuto de Autonomía y del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad, así como las consideraciones que ha hecho, al hilo de eso, en el Pleno de hoy sobre el complejo y debatido tema de la vertebración regional, la conciencia regional, etcétera, etcétera.

Yo reconozco que esas dudas sean ciertas y consistentes; es más, tengo que recordar que, cuando discutimos la Ley, yo hice también alguna advertencia y alguna consideración en ese sentido, porque me parecían excesivamente difuminados los contornos de estas atribuciones. En aras al consenso, esto quedó así -también debo de reconocerlo-, y creo que fue bueno que quedara así porque ése era, en aquel momento, el precio del consenso.

Yo lo que le pediría, y me gustaría que hiciera, es precisar más su opinión -porque sé que puede hacerlo- sobre este asunto, y díganos, también aquí, si consideraría oportunas, a la luz de su experiencia en este año -quizá haya que dejar pasar más de tiempo- modificaciones... no digo para quitar, pero sí para interpretar, precisar etcétera, posibles reformas legales. Lo digo porque, si no, ésta puede ser una fuente de insatisfacción institucional, y, entiéndame exactamente lo que quiero decir, no de insatisfacción personal; porque simplemente he visto que con ocasión de estas funciones, dado que no estaba claro qué más podía hacer, ha hecho estudios, lo cual agradezco enormemente otra vez. Porque podría haberse limitado a decir "no veo claro qué tengo que hacer en la defensa del Estatuto, porque para eso están los recursos constitucionales, los recursos de amparo ante los tribunales, etcétera, y la defensa del ordenamiento jurídico, que para eso están las vías legales y jurídicas ordinarias. No hago nada".

(-p.944-)

Bueno, nada menos que, sobre esta base, ha hecho estudios en temas como la ordenación farmacéutica, espacios naturales, la cuestión de la evaluación de impacto de explotaciones a cielo abierto, el tema de la participación de ayuntamientos propietarios de montes en política forestal, planeamiento y disciplina urbanística, el tema de los criterios de subvención en materia de viviendas que antes dije, y el asunto de la utilización -creo que abusiva- del silencio administrativo. Todo esto ha sido, en muchas ocasiones, con ocasión del ejercicio de este tipo de funciones. Pero, claro, al final, ¿es eso lo que la ley pedía? Digo que me parece exactamente bien que haya utilizado esta vía del estudio, pero quizá debiéramos de hacer el esfuerzo, ya con una cierta experiencia, de precisar en el otro asunto, no sea que... no sea que -esta es una preocupación mía que le traslado- por la vía de la defensa del Estatuto, del Ordenamiento Jurídico de la Comunidad, etcétera, etcétera, se vea usted, en detrimento de las funciones nítidas de la Institución, metido en complejidades que, en última instancia, no serían de su competencia. Y como intuyo que sabe exactamente a lo que me refiero, con carácter general, pues no hay más precisión que hacer.

Indudablemente, de las estadísticas con las que acompaña su informe se derivan algunas preguntas que yo quiero hacerle para terminar. Mil setecientos setenta y dos expedientes abiertos -creo que es una cifra notable para el primer año-, el 57% terminó con resolución favorable al interesado y el 43% con resolución favorable a la Administración, para entendernos. He mirado con mucha atención -porque son curiosos esos datos- la distribución provincial, la distribución por Administraciones y la distribución por personas presentantes de la queja: la distribución entre hombres y mujeres, quejas individuales y colectivas.

Hay cuestiones de enorme interés; no sé si tienen alguna explicación, por eso se lo planteo, por si usted la hubiera encontrado. No deja de ser significativo que las provincias de Ávila, Segovia y Valladolid -que me parece que están en la zona baja-, en cuanto a presentar quejas, estén en cinco por diez mil habitantes, y en la zona alta esté León con más del doble, once por mil habitantes. ¿Responde a algo, en su opinión? No le pido en esto, pues, un estudio psicológico diferenciado de nuestros ciudadanos en cada provincia, sino si responde a algo. ¿A la cercanía de la Institución solamente? ¿A alguna otra cuestión? Me parece que es un tema de interés para el juicio de valor que podamos hacer en esta Cámara sobre su actuación en este año.

Y lo mismo en el tema de los demandantes de queja. El 20% de las quejas procedían de colectivos y el 80% de personas individuales. ¿Eso manifiesta, en su opinión, una situación deficitaria en cuanto a riqueza y a actividad del movimiento asociativo en la región?, porque yo creo que algo de eso hay detrás. Y eso nos estaría planteando un problema de estructura social regional; esto que decimos a veces con la boca tan llena de "la sociedad civil" es algo de esto. ¿Tenemos un problema en ese sentido, no sólo de vertebración institucional, también de vertebración de la sociedad civil? ¿Usted ha apreciado algo de esto, a la vista de esos datos? Me gustaría en eso alguna precisión.

No puedo dejar de mencionar que el 64% de las demandas procedían de hombres y el 36% de mujeres. No lo digo con satisfacción, evidentemente, porque inmediatamente sería acusado de algo de lo que no quiero ser acusado, porque efectivamente no lo soy. Pero eso revela algo también sobre la necesidad de políticas específicas de la mujer en nuestra región, fomentar estos aspectos asociativos, etcétera. Puesta una cosa en relación con la otra ¿qué, en definitiva, opinión o qué valoración le haya podido sugerir esa situación?

Y termino ya, definitivamente, declarándole otra vez el apoyo con el que empecé, y haciendo dos anuncios o dos consideraciones finales. El primero, la disponibilidad favorable de mi Grupo en relación con los medios que usted pueda necesitar, siempre, lógicamente, que eso sea dentro de criterios de austeridad, de prudencia y de eficacia. No olvide usted que los medios que su Institución pueda necesitar han de proceder de este Parlamento, de ningún otro sitio; lo digo por algunas ofertas que ha recibido recientemente, de este Parlamento.

Por tanto, todo aquello que cuente con el consenso parlamentario suficiente tendrá también el apoyo de mi Grupo Parlamentario.

Y finalmente anuncio la presentación inmediata, por parte de mi Grupo, en esta misma mañana, de diez iniciativas parlamentarias en materias que han sido objeto de su informe -ocho proposiciones no de ley, dos proposiciones de ley-, con las que pretendemos recoger, en muchas de las cuestiones que aquí hemos discutido (ayuda a la vivienda, temas de montes, el tema de las madres solteras, impuestos cedidos, minusválidos, silencio administrativo, etcétera), lo que entiendo que son las principales preocupaciones detectadas. Créame que en la presentación de esas iniciativas no nos guía otro afán más que el de ayudar a la mejora de la Administración Regional y el de ayudar a la eficacia en la propia tarea del Procurador del Común. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, Señoría. Por último, es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Señor Herrera Campo, tiene la palabra como Portavoz del mismo.

HERRERA CAMPO

(-p.945-)

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Excelentísimo señor Procurador del Común. El consenso presidió la decisión de esta Cámara, de los Grupos Parlamentarios representados en ella, para crear también en nuestra Comunidad Autónoma una figura que ya tenía su trasunto en España, en el Estado y en otras Comunidades Autónomas. El consenso presidió la elaboración y aprobación de la norma reguladora de esa Institución. El consenso presidió la designación de usted como primer Procurador del Común de Castilla y León, así como también la designación de León como sede de la Institución.

Y el consenso, básicamente, se mantiene hoy, en la coincidencia -que quiero resaltar como frontispicio de mi intervención- en la satisfacción general, marcada ya y señalada ya por los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Satisfacción y reconocimiento del trabajo realizado por el primer Procurador del Común y, por supuesto, por todo su equipo, que se ha traducido en la elaboración de ese informe, al que hemos tenido acceso hace unos días, de casi seiscientos folios, en el cual se compendian todas esas actuaciones a las que se ha hecho referencia en su intervención, y desde luego con mayor detalle. Y también agradecimiento por el esfuerzo que supone en el día de hoy la presentación, en los términos que establece el Artículo 32 de la Ley Reguladora de la Institución, de un resumen ante estas Cortes, de la que es usted un alto comisionado.

Coincidencia también con lo expuesto por el Procurador del Común en resaltar que es ésta la primera comparecencia, en definitiva, el primer informe del primer año del primer Procurador. Estamos haciendo camino, estamos haciendo camino al andar. Y, desde luego, esta Institución, esta Institución de autogobierno -como todas las demás-, hay que señalar y hay que significar que se consolida gracias al trabajo de los trescientos sesenta y cinco días, cuyo resumen hoy estamos debatiendo, pero fundamentalmente también, en el día de hoy, en base al cumplimiento de lo que son las previsiones legales acerca de la presencia del Procurador, de la presencia del Procurador ante este Pleno y, en definitiva, del estudio del informe y del resumen del informe.

Sin perjuicio de lo cual, he de coincidir con el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en que sería conveniente -y ya lo refleja usted también, yo creo que incluso de forma reiterada, en el propio informe- que en años sucesivos tuviéramos la oportunidad de acceder a un documento quizá más resumido, a un documento quizá más valorativo, a un documento que usted mismo significa que no ha podido completar o elaborar en el presente año, en la medida en que todavía no puede realizar un balance decisivo del grado de implantación que sus recomendaciones, en definitiva, que su actuación ha tenido, que sus observaciones han tenido en aquellas autoridades, en aquellas Administraciones a las cuales usted las ha dirigido. Eso sí nos gustaría, porque entendemos que sería un acercamiento mucho más práctico a realidades que, indudablemente, pueden quedarse en un informe de seiscientos folios, pero que sería conveniente debatir o sería conveniente tener, en definitiva, una impresión de si al final calan y tienen -de alguna manera- una repercusión en la práctica, en la realidad, en los intereses de los ciudadanos.

Y por eso también ofrecemos, desde luego, nuestra colaboración y nuestra participación para lo que puede ser un estudio más pormenorizado de algunas de las cuestiones en las que convengamos interese profundizar, en el marco de la Comisión específica de que estas Cortes se han dotado para las Relaciones con el Procurador del Común, sin perjuicio del interés con el que vamos a recibir cuantas iniciativas parlamentarias los Grupos presenten, puedan presentar -y ya se ha anunciado aquí que se van a presentar-, en relación con esas cuestiones, que, indudablemente, a partir de ese momento serán objeto de debate dentro del cauce y del marco parlamentario.

He de felicitarle también por la presencia personal y la presencia institucional de forma descentralizada en las distintas provincias de la Comunidad Autónoma. Y he de felicitarle porque, desde luego, nosotros compartimos y nos reiteramos en el acierto tanto de la elección de la persona del primer Procurador, como también de la sede en León. Pero es indudable que el acercamiento a los problemas específicos se produce y se está produciendo muy acertadamente en la labor cotidiana de su Institución, mediante su presencia en las distintas provincias, en definitiva, mucho más cerca de los ciudadanos.

Hemos de reconocer y realizar también un análisis satisfactorio del cumplimiento, en la medida en que a nosotros también nos compete hacer esa valoración del cumplimiento, de los principios que inspiran la Institución y, en definitiva, la actuación del Procurador: autonomía, independencia y objetividad. Y, desde luego, también en ese terreno nosotros nos manifestamos expresamente satisfactorios.

Desde luego, debiéramos hacer un esfuerzo en la medida en que del informe del Procurador resulta también manifestación reiterada, y en su intervención ante este Pleno también lo ha manifestado, acerca de cuáles son esas disfunciones o cuáles son, en definitiva, esos defectos de interpretación, o defectos de aplicación práctica que se deducen de la Ley aprobada con consenso en esta Cámara. Sería importante, desde luego, que ese proceso se realizara también desde la óptica del consenso, desde la óptica de la reflexión, desde la óptica que puede dar la experiencia que se ha producido ya a lo largo de este año de funcionamiento de la Institución.

(-p.946-)

Hemos de felicitarle, señor Procurador, indudablemente, por los datos estadísticos que reflejan la acogida que en la Institución han tenido las quejas, esto es, los requerimientos que se producen a iniciativa de los ciudadanos, pero de forma especial por aquellas actuaciones que denotan la viveza de la Institución, y también -y ha sido puesto de relieve aquí- la sensibilidad social y ciudadana de la Institución y de las personas que la encarnan. Y en este sentido, sí quisiera hacer referencia expresa a aquellas cuestiones que usted ha enumerado, y que se encuentran perfectamente recogidas en su informe, que denotan ese talante, esa singularidad, en definitiva, esa sensibilidad, aun cuando algunas de ellas se refieran a circunstancias que pueden resultar tan anecdóticas como las referidas... y usted ha puesto de relieve un problema que, ciertamente, es un problema grave, aunque pueda resultar -vuelvo a repetir- anecdótico, como las derivadas de los ruidos urbanos, como las derivadas de las inmisiones o de los choques entre distintos derechos.

Nos ha interesado de forma especial y descollante sus aportaciones a algo que nosotros consideramos, ciertamente, un asunto no suficientemente resuelto por la última reforma que se ha introducido en la legislación del procedimiento administrativo, en definitiva, de las normas que regulan la actuación de todas las Administraciones, cual es la del derecho que todos los ciudadanos, por el hecho de serlo, que todos los ciudadanos de un Estado democrático, en definitiva de un Estado como es España, tienen a obtener una respuesta, sea ésta positiva o sea negativa, de su Administración, de sus Administraciones.

Y coincidimos con usted que el problema del silencio administrativo no ha quedado suficientemente resuelto por la regulación de la técnica del acto presunto. Entendemos que sobre eso debemos profundizar. Indudablemente, eso tendrá aplicaciones concretas en la regulación de los procedimientos administrativos de esta Comunidad Autónoma, pero, indudablemente, también deberá tener un reflejo en lo que debe ser una regulación nueva del procedimiento administrativo marco -estamos hablando de una legislación marco, de una legislación estatal-, y también ¿cómo no?, en lo que debe ser, en profundidad, una reforma de un instrumento que está ahí -y que también de su informe se deducen los defectos que en el momento actual presenta-, cual es el mal funcionamiento, el lento funcionamiento del procedimiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, con la puesta en marcha definitiva -y usted lo subraya, y yo lo quiero señalar hoy también aquí- de los Juzgados Unipersonales de lo Contencioso-Administrativo, que, indudablemente, contribuirían a desbloquear esas contiendas que ponen fin a la vía administrativa y que muchas veces -por la experiencia también profesional propia puedo significarlo- asustan a los ciudadanos al acudir a esos instrumentos.

En su informe, hace usted también cumplimiento de la previsión establecida -y no se ha dicho nada a lo largo de las distintas intervenciones, pero yo simplemente quiero aquí manifestarlo-, hace usted también cumplimiento en su informe de la previsión de la Ley que regula el funcionamiento del Procurador, acerca del estado de liquidación o estado de ejecución del presupuesto, correspondiente en este caso al ejercicio mil novecientos noventa y cinco. Nos interesa sobremanera destacarlo por cuanto de esa información se deduce el recto uso de los recursos que, efectivamente, proceden y van a proceder en el futuro de esta Cámara, para el buen funcionamiento, para el mejor funcionamiento de la Institución. Yo creo que ha hecho usted, han hecho ustedes, en definitiva, ha hecho la Institución un adecuado cumplimiento de esa obligación legal, y nosotros le felicitamos también por ello. Y hemos de significar que de los datos aportados se redunda o se manifiesta un buen uso de esos recursos, lo que nos lleva a considerar lo que también es una oferta por parte del Grupo Parlamentario Popular, en el sentido de apreciar, dentro de ese marco -que no tiene por qué ser un marco de limitaciones, pero sí un marco de rigor también en la actuación presupuestaria-, las reclamaciones que usted ha realizado, tanto de medios materiales como específicamente de medios personales, en lo que puede ser la configuración definitiva de una plantilla o de una relación de puestos de trabajo, que usted entienda suficientemente... y entre todos entendamos suficientemente adecuada para la tarea de la Institución, teniendo en cuenta también cuáles son las características físicas del entorno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la que se tiene que desenvolver su trabajo.

La Ley del Procurador del Común establece también la necesidad de que el Procurador presente, igualmente, un balance relativo al estado de observancia del cumplimiento de las normas que configuran nuestro Ordenamiento Jurídico, el Ordenamiento Jurídico de Castilla y León, y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Entendemos que ahí existen, ciertamente, disparidades, que se pusieron también de manifiesto; y hemos tenido la oportunidad de acceder a esos trabajos en aquellas Jornadas que tuvieron su sede en la propia Institución, en las Cortes de Castilla y León, en relación al Procurador del Común, a la nueva Institución que se ponía de manifiesto.

Será cuestión también de examinar, y, al respecto, esperamos también cuáles son sus contestaciones a alguno de los planteamientos que se han realizado acerca de la misma, en la intervención que ponga fin a esta comparecencia.

Usted ha realizado también un pequeño discurso, un pequeño discurso acerca de cuestiones que, desde luego, nos preocupan, relativas a lo que significa la implantación de instituciones de autogobierno, de instituciones autonómicas en lo que puede ser un ámbito como el de Castilla y León, del cual se predica y se presume que no tiene esa tradición. Indudablemente, ésta es una cuestión que nos preocupa, es una cuestión respecto de la cual tenemos yo creo que criterios claros y coincidentes.

Castilla y León no es una Comunidad Autónoma que vaya a configurarse cara al futuro en búsqueda de unos signos de identidad contra nadie, ni tampoco significando machaconamente las diferencias con otras Comunidades Autónomas de la raíz histórica que sea. Castilla y León es una Comunidad que debe construirse, cara al futuro, con un sentimiento positivo de autoestima de lo que son sus signos de identidad, que indudablemente los tiene, y también sus Instituciones.

(-p.947-)

Pues bien, yo pienso que en esa dirección positiva de construcción de nuestra Autonomía, hemos dado -estamos dando, sin duda, hoy- un paso adelante, un paso positivo, un paso por el que me felicito, y un paso por el que nuestro Grupo le felicita.

En la medida en que el Procurador hoy comparece ante nosotros y, por lo tanto, va creando en la primera oportunidad lo que en los sucesivos años va a ser, sin duda alguna, un clásico en la actividad parlamentaria -la comparecencia del Procurador para informarnos de su actividad-, estamos consolidando una Institución que, desde luego, usted, por su actuación, y la actuación de su equipo, han contribuido a prestigiar a través de un trabajo riguroso, que ha quedado plasmado en ese informe de casi seiscientos folios y también en el resumen que -nosotros le agradecemos- ha realizado aquí esta mañana. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Herrera. Para contestar, el Procurador del Común tiene la palabra.

GARCÍA ÁLVAREZ

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): En primer lugar, y con carácter general, quiero agradecer la comprensión que han manifestado los Portavoces de los distintos Grupos hacia el hecho de que, efectivamente, es el primer año de actuación de esta Institución y el que hayan pasado por alto los defectos, algunos de ellos evidentes, en nuestros trabajos.

Como quiera que sea, se han formulado algunas cuestiones a las que quisiera responder quizá no con la profundidad con que pueda hacer en su momento en esa comparecencia que yo mismo he solicitado. Señor Herreros y señor Quijano, hace ya días que he solicitado una comparecencia ante la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común, para abordar más detenidamente, más detalladamente los asuntos tratados en el informe.

La primera intervención de la Procuradora señora Farto, prácticamente, yo creo que no formulaba preguntas... Creo que es así, no me formulaba preguntas, señora Farto ¿no?

En cuanto al señor Otero, formuló cuatro preguntas concretas, que voy a responder muy brevemente. Supone -me parece que era la primera pregunta-, el hecho de que León sea Sede del Procurador del Común y que no sea el centro geográfico de la Comunidad Autónoma, ¿supone un obstáculo de alguna índole?; pues hombre, sí. Hay que viajar algunos kilómetros más. Pero es un obstáculo relativo ¿no?, relativo.

En cuanto a que le resta eficacia en su actuación... Yo creo que no, dado los medios técnicos de que disponemos en la Institución, y de que se dispone hoy en la sociedad moderna, yo creo que no resta eficacia ¿no?

¿Si me ha planteado problemas de coordinación en las funciones? Tampoco; dado que viajamos con frecuencia a las otras provincias, no puedo decir que me haya planteado problemas de coordinación especiales ¿no? Creo que no.

Y en cuanto a si están más los ciudadanos de León, más concienciados, protegidos, que, por ejemplo, los de Soria -me parece que era la última pregunta-; pues no. Porque la presentación de quejas se hace, como usted sabe, por vía de correo ¿no? Hay ciudadanos que se empeñan, que quieren presentarlo personalmente y explicárnoslas, pero tienen esa otra posibilidad; y, como quiera que sea, periódicamente yo estoy, o alguno de mis colaboradores, estamos presentes en Soria. En consecuencia, yo no veo tampoco problemas que se deriven de esa ubicación en León. Es más, yo creo que el hecho de que esté la Sede en León, nos obligó a tomar una decisión que hubiésemos tomado de todos modos, pero más tarde, ¿no? Que fue la decisión, precisamente, de viajar por el resto de las provincias. La hubiésemos tomado de cualquier modo, porque desde que tomé posesión yo dije que había que hacer presente, hacer todo lo posible por hacer presente la Institución en todas y cada una de las provincias.

Pero quizá ese hecho nos preocupó más, nos ayudó a motivarnos para comenzar esos viajes regulares, antes que lo hubiésemos hecho de haber estado ubicada, quizá, la Sede en otro momento ¿no? Creo que he respondido con eso a sus preguntas.

En cuanto a la intervención del Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, creo que no me ha formulado preguntas en concreto... Sí ha dicho lo de la comparecencia en Comisión, y ha hecho hincapié en ello, pero insisto que esa comparecencia me parece que el primero en solicitarla ha sido el Procurador del Común, ¿no? Incluso, en la reunión informal que mantuve con ustedes -los miembros de la Comisión- en León en el mes de septiembre, ya entonces les dije que era el primer interesado en que mi rendición de cuentas ante el Parlamento no fuera solamente con ocasión de esta defensa anual del informe, sino también, si lo tienen a bien, en reuniones periódicas -regulares o no- de la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común.

El Portavoz del Grupo Socialista, señor Quijano, me dice -da una opinión, más que una pregunta- que menos casuística en el próximo informe y más conclusiones. Efectivamente, ¿no? Lo que pasa... -que le ruego, y estoy seguro de que atenderá mi ruego-, que no hemos sido capaces de hacerlo, pues por la imposibilidad de medios materiales y porque ha sido el primer informe. Yo estoy seguro que el año que viene seremos capaces, una vez que esté ya en pleno funcionamiento, sobre todo ese segundo departamento de la Institución, estaremos en condiciones de elaborar esas conclusiones que ha echado de menos el señor Quijano. Aunque si se fija, aunque no de manera sistemática, alguna de esas conclusiones se apuntan aquí y allá en el informe.

(-p.948-)

Como quiera que sea, en mi descargo, Señoría, querría volver a recordarle que la propia Ley es en cierta medida "culpable" -entre comillas- de que no pueda elaborar esas conclusiones, a partir del momento en que la propia Ley, como se ha apuntado aquí por alguno de ustedes, no señala plazos para que las Administraciones contesten a mis requerimientos; lo cual es sorprendente en el contexto nacional, en el contexto de las Comunidades Autónomas que tienen leyes del tipo de la que estoy ahora comentando. Es la única Ley que no contiene esos plazos. A pesar de lo cual, debo decir que las contestaciones han sido, más o menos rápidas, pero generales; y que, incluso, Administraciones que no estaban obligadas -lo dice el Tribunal Constitucional- a responderme, como son las Administraciones del Estado, me han respondido. Yo creo que no recuerdo ningún caso, le soy sincero, de una petición mía de informes a Administración Periférica Estatal, que no haya sido objeto de respuesta. Y lo mismo podría decir, salvo los casos que señalé, y que me preocupan, y que no olvido, de algunas Administraciones Locales.

Comparto sus preocupaciones sobre el Título de la Ley, que habla "De la defensa y de la tutela del Estatuto y del Ordenamiento Jurídico". Y lo único que puedo decir, lo único que estoy en condiciones de decir ahora, es que les haremos llegar un dictamen sobre lo que pensamos nosotros del texto de Ley, para que, en su caso, se adopten decisiones al respecto. Pero es quizá, yo creo, el Título más problemático de toda la Ley. Quizá porque está inspirado en una Ley, la del Justicia de Aragón, donde sí tenía un objetivo concreto, que era la defensa del Ordenamiento Jurídico del Derecho Foral Aragonés; fenómeno que no se da en esta Comunidad Autónoma. Yo creo que, entonces, el transpolar de una a otra Comunidad sin mayor reflexión, es a veces el inconveniente de la aprobación de textos a ley por consenso, ¿no?, que acude uno a los Diarios de Sesiones pretendiendo ver una interpretación, encontrar una fuente de interpretación y no es fácil encontrarla.

En fin, me comprometo -se lo decía antes, e insisto ahora-, en enviarles ese dictamen, con la rapidez con que nos permita el trabajo acumulado que tenemos en la Institución. Ese compromiso lo hago formalmente.

¿Por qué León tiene más quejas que otras provincias?, era una de las preguntas que me formulaba el Portavoz del Grupo Socialista. Y puedo decirle que en cualquier provincia donde está ubicada la Sede del Comisionado Parlamentario Autonómico, envía más quejas al mismo que las otras provincias donde no está ubicada. Es algo que hemos comentado, a veces, los Comisionados Autonómicos.

De ahí, el que alguno de ellos haya tomado la decisión de -como hacemos nosotros-, empezar a viajar por las otras provincias, donde no está la ubicación de la Sede ¿no? O que incluso en el País Vasco, recientemente, se haya tomado la decisión de instalar, como subsedes, en la provincia de Guipúzcoa y en la de Vizcaya. No sé yo si el subconsciente que dicen que tienen los leoneses anarquistas ha salido a relucir aquí, pero creo que no, ¿no? Creo que no.

En cuanto a lo del poco asociacionismo, efectivamente es un fenómeno, si usted quiere preocupante, pero es un fenómeno que encontramos también en otras Comunidades Autónomas. Esa poca propensión a asociarse, a utilizar esa arma tan importante para defender los derechos que es ejercer el derecho de asociación, no es exclusivo de Castilla y León; como tampoco lo es -pretendí exponerlo en mi intervención-, esa falta, o pretendida falta de conciencia regional, que podríamos tener en Castilla y León. Yo creo que es algo que se puede constatar en otras muchas Comunidades Autónomas. Y por eso decía que a mí me daba la impresión -es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo-, que el proceso autonómico se puso en marcha con cierta precipitación en su momento, sin antes convencer a los ciudadanos de lo bueno que era la nueva estructura, de reforma de las estructuras territoriales, etcétera, etcétera.

Pero es un fenómeno común, como tantos otros fenómenos comunes a todas las Comunidades Autónomas; en ese sentido, aunque preocupante, yo creo que es importante ser conscientes de que no es exclusivo nuestro ¿no?

Señora Farto, perdón, efectivamente, por lo de castellano-leoneses, castellanos y leoneses; tampoco tengo inconveniente, creo que alterno incluso, en el informe, una y otra expresión, ¿no?

Al Portavoz del Grupo Popular, agradecerle también su valoración, globalmente positiva. Y, desde luego, como Grupo mayoritario, le tomo por la palabra -en su promesa de apoyo-, como tomo por la palabra al resto de los Grupos Parlamentarios que han prometido también el apoyo al Procurador del Común.

En este punto concreto, yo soy consciente, señor Presidente, y nunca olvido los consejos de austeridad que se me dieron desde el principio ¿no? Pero creo que un análisis comparativo con otras Comunidades Autónomas, me permiten decir -con la frente alta- que estamos siguiendo esos consejos que me dio el señor Presidente, y los Presidentes de los distintos Grupos Parlamentarios, al pie de la letra; tanto en lo que se refiere a la cantidad del presupuesto, como a los medios personales, al número de empleados que están trabajando conmigo en la Institución. Y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Algún Procurador, algún Portavoz desea utilizar el turno de dúplica. ¿Señor Otero?

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Procurador del Común. Dos cuestiones únicamente y, además, de forma breve.

(-p.949-)

En primer lugar, y ya a modo de conclusión, examinado su informe de forma exhaustiva -en la medida que ello puede ser así- y escuchado su otro informe, el verbal, mi grupo político no solamente aprueba su balance a lo largo del año, sino que le daría un sobresaliente -y dejamos la matrícula de honor para el año que viene, por eso de que este año ha sido el primer año en su actuación-; y crea que es una nota meditada, y que, además, contrasta con el aprobado raspado que usted me dio cuando me examinó de segundo de Derecho Político.

Y, en segundo lugar -y para terminar-, le formulé en mi anterior turno de intervención al señor Procurador del Común algunas preguntas, que tenían un objetivo claro. Le preguntaba sobre si la sede del Procurador del Común en León -que no es el centro geográfico de la Comunidad- mermaba en la eficacia de su gestión o entorpecía la coordinación de sus funciones.

Creo, ¿no?, he oído la respuesta negativa. El único problema que se puede plantear es un problema de hacer algún que otro kilómetro más, problema perfectamente subsanable -según ha dicho el propio Procurador del Común-. No es, por consiguiente, ningún problema ni obstáculo de peso el que una sede de una Institución de una Comunidad Autónoma se ubique en un lugar que no es el centro geográfico de la Comunidad Autónoma.

Y yo quería tener ese punto de referencia, que, además, es exactamente lo mismo que nosotros pensábamos -y por eso pedíamos su opinión al Procurador del Común para contrastarlo-; ya contrastado, y viendo que coincidimos en lo esencial, ésa -la sede del Procurador del Común, en León- es el punto de referencia, es el ejemplo, y es lo que nos acaba, Señorías, de terminar de convencer para, de forma inmediata, presentar ante estas Cortes la iniciativa parlamentaria oportuna -que probablemente sea la de una Proposición de Ley- para que se modifique la Ley de Sedes y se ubiquen estas Cortes en León.

(Murmullos.)

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: El Artículo 3, párrafo segundo, del Estatuto de Autonomía... el párrafo segundo, del Artículo 3, del Estatuto de Autonomía, Señoría...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: ...establece los criterios que deben de marcar las pautas para la ubicación de las sedes. Habla de descentralización, y se han centralizado todas en Valladolid; habla de eficacia, acabamos de conocer que el hecho de que no estén en el centro geográfico, no le merma eficacia a una sede de una Institución; habla de coordinación de funciones, acabamos de conocer, con el ejemplo del Procurador del Común, que no se merma la coordinación de funciones por el hecho de que una sede de esta Comunidad esté ubicada en otra provincia que no está en el centro, como es León; y habla, ese párrafo segundo del Artículo 3º, de la tradición histórica. De ahí no vamos hablar, ni de la tradición histórica que tiene León -sede de las primeras Cortes democráticas- porque no es éste el momento y no nos vamos a extender en ello.

Por consiguiente, se cumplen plenamente los requisitos, que nosotros ya pensábamos que se cumplían, pero que todavía teníamos alguna duda; ahora lo vemos, porque tenemos la referencia del Procurador del Común. No hay, por consiguiente, Señorías, ni un solo obstáculo, más que voluntad política, para que una sede, como la de estas Cortes de Castilla y León, se ubique en otra provincia; y, por tradición histórica, esa provincia es -o debería de ser- la provincia de León.

Como ya me imagino algún titular en la prensa mañana diciendo "el Procurador de la UPL no está coordinado" o "el Procurador de la UPL no es coherente en sus planteamientos porque, al tiempo que pide la segregación de la provincia de León, está pidiendo que la sede de las Cortes de Castilla y León se ubique en León". Pues, también, matizo: esa ubicación sería hasta que -tarde o temprano; mañana o al año que viene; o dentro de unos años- León alcance su propia Autonomía. ¿Por qué? Porque en ese momento, Señorías...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Perdón. Señorías, les ruego silencio, por favor.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: ...En ese momento, Señorías...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Un momento, señor Otero, por favor; por favor, un momento. Señorías, les ruego silencio. Al mismo tiempo que ruego al señor Procurador se atenga a la cuestión que hoy nos ocupa; estamos hablando de la Memoria o Informe Anual del señor Procurador del Común, y no de la sede de las Cortes.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, señor Presidente. Así lo haré. Únicamente... finalizo, además, la intervención para no incidir más en el tema, explicando lo que estaba terminando de explicar.

Cuando León alcance su propia autonomía, las Cortes de Castilla y León -ubicadas en León- pasarán a ser las Cortes de León; y las de Castilla se ubicarán donde los castellanos quieran.

¿Motivo? La referencia y el ejemplo que el debate que hoy hemos tenido en estas Cortes sobre la ubicación de la sede del Procurador del Común y la claridad que las consecuencias que de ello puedan extraerse, pueda trasladarse o transpolarse a la sede de otras instituciones -como, por ejemplo, estas Cortes de Castilla y León-.

(-p.950-)

Anunciamos la presentación -como el señor Quijano hizo con otras iniciativas- de esa iniciativa, de forma inmediata e inminente.

Señor Procurador, enhorabuena, tiene el sobresaliente de mi grupo político. Y, muchas gracias por esta comparecencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Algún otro Grupo quiere utilizar el turno? Por el Grupo Socialista, señor Quijano.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Simplemente desde aquí, por agradecer al Procurador del Común su respuesta. Y decirle que quedo ávidamente a la espera de este Dictamen que nos anuncia sobre estas cuestiones en las que yo le pedía algún tipo de opinión; y que ése será el momento de hacer las valoraciones oportunas y, en su caso, de proceder a las modificaciones o los ajustes legales -sobre todo en el tema del plazo, que me preocupa especialmente-. Y sepa, otra vez, que para ese tipo de asuntos, pues, cuente con mi Grupo Parlamentario incondicionalmente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Popular, señor Herrera.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Sí. Simplemente, también, para coincidir en reiterar el agradecimiento al Procurador. Y para recordarle -y para recordarnos a todos- que la Ley de creación de la figura también habilita alguna que otra fórmula, en virtud de la cual, el propio Procurador -si lo considera oportuno o conveniente, por razones de necesidad o de urgencia- no tiene por qué esperar a este trámite anual del informe -también anual-, sino que puede presentar también otros informes. En esa línea, nosotros también le animamos. Muchas Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Señor Procurador del Común? Pues, nada más, entonces. Muy agradecidos. Y, se levanta la sesión.