DS(P) nº 21/4 del 16/5/1996









Orden del Día:




Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente de la Junta, para informar al Pleno sobre: - Trascendencia para la Comunidad Autónoma de Castilla y León de los Acuerdos de investidura y gobernabilidad suscritos por el Partido Popular y los Partidos Nacionalistas.

Moción, I. 8-II, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política de Museos de la Junta de Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 45, de 1 de abril de 1996 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Moción, I. 9-II, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Política General en Vivienda de Promoción Pública seguida en 1995, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 45, de 1 de abril de 1996 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Informaciones y Preguntas Orales de Actualidad.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno: 5.1. Pregunta con respuesta Oral, P.O. 167-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José L. Conde Valdés, relativa a opinión de la Junta respecto al proyecto «León con futuro» y posible apoyo técnico y financiero, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 168-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a razones de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para patrocinar el folleto «Navidad en familia», publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 169-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Mª. Luisa Puente Canosa, relativa a revisión de publicaciones de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 170-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio de Meer Lecha- Marzo, relativa a condiciones sanitarias y grado de potabilidad del agua en las urbanizaciones de la margen izquierda del Pisuerga en Simancas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 171-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jaime González González, relativa a declaraciones del Jefe de Gabinete del Presidente de la Junta sobre el pueblo gallego, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 172-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio de Meer Lecha- Marzo, relativa a declaraciones del Jefe de Gabinete del Presidente de la Junta sobre peticiones de Alcaldes para arreglar iglesias y no carreteras, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 182-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a criterios de distribución provincial de la aplicación presupuestaria para obras en la Red de Carreteras Provinciales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 183-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a apertura de expediente sancionador contra Agente Forestal autor de un artículo de opinión, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 184-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a justificación de la modificación de la estructura de la Consejería de Fomento, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 185-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Concepción Farto Martínez, relativa a postura de la Junta ante el despido colectivo de la empresa «Avicultura Leonesa S.A.» en San Andrés de Rabanedo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 186-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jaime González González, relativa a disposición del Presidente de la Junta a explicar los términos del pacto del Partido Popular con los partidos nacionalistas en lo que afecte a los intereses de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 187-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa a conocimiento de la Junta sobre las condiciones sanitarias y potabilidad del agua en las urbanizaciones de la margen izquierda del Pisuerga en Simancas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 188-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a posición sobre la ampliación de la Denominación de Origen de Ribera del Duero solicitada por el Ayuntamiento de Santa María del Mercadillo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 189-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a explicación personal de la utilización del Fondo de Acción Especial con carácter exclusivo por el Presidente de la Junta, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 190-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a solicitud por el Presidente de la Junta del dictamen del Consejo de Estado sobre revisión de oficio de subvenciones indebidas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 191-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a necesidades a cubrir con el Plan Tecnológico y presupuesto máximo de financiación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 192-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a plazo de elaboración y nivel de vinculación del estudio sobre necesidades de vivienda social en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 193-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a condiciones en materia de ordenamiento autonómico planteadas por el Presidente de Castilla y León en los aspectos institucionales y económico-financieros, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 194-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a disposición del Presidente de Castilla y León a corregir la desigualdad institucional y financiera de la Comunidad mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 195-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Elena Pérez Martínez, relativa a qué entiende el Consejero de Sanidad y Bienestar Social por «contrato de pobreza», publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 196-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a desistimiento de la instalación de un cementerio de residuos nucleares por la empresa ENRESA, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 197-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jesús Quijano González, relativa a si comparte el Presidente de la Junta el criterio de representación provincial de los Consejeros, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 198-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Daniel Mesón Salvador, relativa a si el Consejero de Sanidad y Bienestar Social representa a la provincia de Ávila en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 199-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a si el Consejero de Presidencia y Administración Territorial representa a la provincia de Burgos en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 200-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jaime González González, relativa a si la Consejera de Economía y Hacienda representa a la provincia de León en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 201-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Mª. Crespo Lorenzo, relativa a quién representa y atiende a la provincia de Palencia en la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 202-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Carmen García- Rosado y García, relativa a quién representa y atiende a la provincia de Salamanca en la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 203-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Eloísa Álvarez Oteo, relativa a si el Presidente de la Junta representa directamente a la provincia de Soria en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 204-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a qué despacho atiende la representación de Valladolid en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 205-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jesús Cuadrado Bausela, relativa a quién representa y atiende a la provincia de Zamora en la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 206-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa a medidas contra la plaga de mosquitos en Medina de Rioseco y su Comarca, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 207-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Santiago Sánchez Vicente, relativa a incoación de Diligencias Previas por presunto delito ecológico en el vertedero de Tamames, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 208-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a causas de la interrupción de las obras del Hospital Fuente Bermeja en Burgos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 209-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a reanudación de las obras del Hospital Fuente Bermeja en Burgos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 210-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a resultado de las gestiones de la Gerencia Regional de Servicios Sociales con las entidades bancarias para eliminar el retraso en el libramiento de subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 211-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a subvenciones pendientes de pago a los centros especiales de empleo de personas discapacitadas en el presupuesto de 1995, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 212-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a cantidades pagadas a los centros especiales de empleo de personas discapacitadas con cargo al presupuesto de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.


Sumario:






Se inicia la sesión a las dieciséis horas cuarenta minutos.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, abre la sesión - Primer punto del Orden del Día.

El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al Primer punto del Orden del Día.

Intervención del Sr. Lucas Jiménez, Presidente de la Junta de Castilla y León, para informar a la Cámara.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, abre un turno de intervenciones para los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios.

En turno de Portavoces, interviene el Procurador Sr. Quijano González (Grupo Socialista).

En turno de Portavoces, interviene el Procurador Sr. Herreros Herreros (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de Portavoces, interviene la Procuradora Sra. Farto Martínez (Grupo Mixto).

En turno de Portavoces, interviene el Procurador Sr. Otero Pereira (Grupo Mixto).

En turno de Portavoces, interviene el Procurador Sr. Herrera Campo (Grupo Popular).

Intervención del Sr. Lucas Jiménez, Presidente de la Junta de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Quijano González (Grupo Socialista).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Herreros Herreros (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de réplica, interviene la Procuradora Sra. Farto Martínez (Grupo Mixto).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Otero Pereira (Grupo Mixto).

En turno de dúplica, interviene el Sr. Lucas Jiménez, Presidente de la Junta de Castilla y León.

- Segundo Punto de Orden del Día. Moción 8-II El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al segundo punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. González Hernández (Grupo Socialista) para defender la Moción presentada por su Grupo.

En turno en contra, interviene el Procurador Sr. Garabito Gregorio (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. González Hernández (Grupo Socialista).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Garabito Gregorio (Grupo Popular).

En turno de fijación de posiciones, interviene el Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida).

Intervención del Procurador Sr. González Hernández (Grupo Socialista).

El Vicepresidente, Sr. Zamácola Garrido, somete a votación la Moción debatida, entendiendo que el apartado primero de dicha Moción se aprueba por asentimiento. Es rechazada.

- Tercer Punto de Orden del Día. Moción 9-II El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al tercer punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. de Meer Lecha-Marzo (Grupo Socialista) para defender la Moción presentada por su Grupo.

Intervención del Procurador Sr. García Sanz (Grupo de Izquierda Unida) para la defensa de la Enmienda presentada por su Grupo.

En turno de fijación de posiciones, interviene el Procurador Sr. Galán Sáez (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. de Meer Lecha-Marzo (Grupo Socialista).

El Vicepresidente, Sr. Zamácola Garrido, somete a votación la Moción debatida. Es rechazada.

El Vicepresidente, Sr. Zamácola Garrido, suspende la sesión.

Se suspendió la sesión a las veintiuna horas treinta y cinco minutos.




Texto:

(-p.958-)

(Se inicia la sesión a las dieciséis horas cuarenta minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías. Señoras y señores Procuradores, ocupen los escaños, por favor. Señorías, ocupen sus escaños, por favor.

Buenas tardes, señores y señoras Procuradores. Se abre la sesión.

El señor Secretario procederá a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, para informar al Pleno sobre: trascendencia para la Comunidad Autónoma de Castilla y León de los Acuerdos de investidura y gobernabilidad suscritos por el Partido Popular y los Partidos Nacionalistas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene la palabra el señor Presidente de la Comunidad, don Juan José Lucas Jiménez.

Señorías, silencio, por favor... Señorías, orden. Les ruego silencio, por favor.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Señor Presidente, la ventaja de este debate es que se puede hacer, porque hay un...

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ...que no hay trampa ni cartón, que existe un documento que se puede discutir, porque este Presidente ha estado sentado ahí cinco años y nunca ha podido discutir ningún documento, porque ha estado en el sigilo.

(-p.959-)

(Voces y aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Bueno. Señores, ¿podemos empezar?

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores.

Creo que todos somos conscientes de que, tras la cita electoral del pasado mes de marzo, se abre una nueva página en la historia de España. Una historia con una incidencia muy concreta, en lo que se refiere a su estructura territorial.

Hace setenta años, cuando Ortega publicó la primera edición de "La España invertebrada", nos encontrábamos con un lamento desgarrador: "la vida social española -decía Ortega- ofrece en nuestros días un extremado ejemplo de particularismo. Hoy, en España, más bien que una nación, hay una serie de compartimentos estancos".

Buscar soluciones para este estado de cosas no era fácil, pero tampoco era una tarea imposible. Un necesario punto de partida era sustituir lo visceral por lo racional: abandonar el ámbito de los sentimientos, los agravios, los recelos o los prejuicios, y entrar en el espectro de la razón, del diálogo, la negociación y el compromiso. Y tal posibilidad apareció como algo imprescindible hace dos meses.

La configuración actual del mapa político español ha otorgado la llave del Gobierno nacional a una serie de partidos, cuya vocación política es la defensa de los específicos intereses de sus tierras de origen. Buscar el concurso de los mismos para asegurar el gobierno del Estado puede ocasionar el riesgo de que surjan acusaciones sobre eventuales agravios comparativos, pero ofrece también, al mismo tiempo, posibilidades insospechadas.

Un primer e inmediato beneficio es la lógica estabilidad que se puede conseguir para el gobierno de España durante la Legislatura. Pero existen otros de más hondo calado que apuntan la histórica ocasión de concluir un Estado de las Autonomías, en el que todos sus integrantes se sientan a gusto, o mejor nos sintamos a gusto.

Porque, Señorías, para que el proyecto constitucional cuaje, no basta que se descentralice su poder y sus competencias. Es imprescindible -y me importa resaltarlo- que los diversos nacionalismos periféricos entiendan que ésta es también su España, y que se impliquen por ello en sus problemas y en la búsqueda de sus soluciones.

Los acuerdos suscritos entre el Partido Popular -de las últimas Elecciones- con Coalición Canaria, Convèrgencia i Unió y Partido Nacionalista Vasco, constituyen un importantísimo paso en este proyecto que yo considero de auténtica integración nacional, cuyas consecuencias van a trascender a todos los territorios de España. Por primera vez en nuestra historia, el Centro Derecha de ámbito estatal ha logrado encontrar amplias líneas de acuerdo con los principales nacionalismos territoriales, y lo ha hecho, además, a través de unos pactos -como antes decía- transparentes y públicos que permiten la incorporación de nuevas aportaciones.

Por otra parte, estos acuerdos han hecho que el debate sobre el modelo territorial del Estado vuelva a ser, como lo fue en el período de la Transición, un asunto de primer orden.

Todas estas circunstancias me han obligado a considerar como imprescindible mi comparecencia ante estas Cortes, solicitada, por cierto... solicitada -y lo subrayo, Señorías- a las pocas horas...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ...a las pocas horas de firmarse el último de estos pactos, con el fin de esbozar un primer análisis de las consecuencias que los mismos tienen para nuestra tierra.

Obviamente, no voy a entrar en los contenidos exclusivos que tienen un alcance nacional, como puede ser el servicio militar, la lucha antiterrorista, etcétera. Ni los específicos de cada territorio, como el concierto económico con el País Vasco, el Estatuto de Canarias como región ultraperiférica, o el despliegue de la policía catalana.

La grandeza de la política, también en el debate parlamentario, es saber perder.

Tampoco voy a detenerme en los principios generales que inspiran tales pactos, al ser asumidos por la mayoría de los partidos democráticos de nuestro país. Objetivos como modernizar el Estado y sus Instituciones, crear empleo a través del estímulo de la economía productiva, perseguir el cumplimiento de los criterios de convergencia europea a través del control del déficit público, o el inspirarse en criterios de austeridad, eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos, fueron objeto de un amplio consenso durante el reciente Debate de Investidura del Presidente del Gobierno.

Sin embargo, sí es preciso destacar alguno de estos principios generales, que adquieren una especial relevancia para Castilla y León.

Así, quiero resaltar que estos pactos contienen también una expresa defensa de la solidaridad: la apuesta por la vertebración social, territorial o institucional de España, y el compromiso con el desarrollo y la consolidación del Estado Autonómico.

(-p.960-)

Puntualizado lo anterior, centraré mi intervención en tres puntos, que considero de sumo interés para esta tierra: primer punto, el nuevo modelo de Estado; segundo punto, las propuestas sobre financiación autonómica; y, tercer punto, la participación regional en la formación de la voluntad del Estado ante los órganos de la Unión Europea.

Respecto al primero de ellos -el nuevo modelo de Estado-, la ciencia jurídica y política nos señala que la vocación de todo Estado, por definición, es siempre integradora y creadora de unidad, lo que no excluye que sea también una realidad dinámica en permanente evolución y sujeto de permanentes conflictos y tensiones, aún más evidentes si se trata -como se trata de España- de un Estado plural o complejo.

Así, el problema del Estado español no está en las diferencias entre sus tierras o sus diferentes culturas -algo que por sí mismo es enriquecedor-, sino en la forma de abordar esta diferencia.

Una línea de pensamiento procedente de Ortega, y hoy revitalizada por nuestro último premio "Príncipe de Asturias", Julián Marías, estimaba como solución idónea la descentralización política; no el debilitar el poder nacional, sino el robustecer los poderes regionales en la conciencia de que ambos se implican y refuerzan mutuamente.

Nuestra Constitución, nuestra Carta Magna del setenta y ocho inició este camino; un camino largo y complejo sujeto a vaivenes y ritmos diferentes, pero imprescindibles. Y en este camino se han dado pasos decisivos en los pactos de Gobierno que hoy comentamos, cuya repercusión alcanza a todas las Comunidades de España.

En efecto, diversos contenidos de los mismos reflejan un sustancial avance en el modelo autonómico constitucional que afecta a Castilla y León.

En primer lugar, nos encontramos con la implantación del modelo de Administración única o común, tema en el que no pienso extenderme. Como Sus Señorías conocen sobradamente, que sean las Administraciones Autonómicas las principales responsables en la prestación de servicios a los ciudadanos de su territorio es una de las más importantes propuestas que se han venido defendiendo -por cierto, con primogenitura desde Castilla y León- a lo largo de los últimos años...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Y también es un habitual punto de referencia en las intervenciones de este Presidente, la última de ellas durante el Día de la Comunidad en la ciudad de León. El que de esta manera se eleve a principio de aplicación general este tema, me supone un motivo de especial orgullo.

En segundo lugar, como obligada consecuencia de lo anterior, nos encontramos con una profunda reforma de la Administración periférica del Estado. A este respecto, está el compromiso de que en el plazo de tres meses se remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Reforma de la Administración General del Estado, en el que, conforme a los principios de Administración Común, se reduzca sustancialmente la Administración Periférica estatal.

En el mismo se contemplaría la supresión -yo lo siento mucho, pero es así- de la figura obsoleta del Gobernador Civil...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Si es igual... si es igual.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, les ruego guarden silencio y no alteren...

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Si el Gobernador Civil, exista o no exista, no va a ser ya suyo.

Concentrándose estas competencias...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Esto es la tolerancia.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Éste es el ejercicio de la tolerancia. Podían ustedes aprender del Presidente del Gobierno, que fue más tolerante escuchando el Discurso de Investidura.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, les ruego silencio y no alteren el orden.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): La grandeza de la política es saber perder.

EL SEÑOR ...............: Y ganar, y ganar...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor. Les ruego no interrumpan al que está en el uso de la palabra desde la Tribuna. Creo que el Presidente de la Comunidad merece el máximo respeto como cualquier orador que la ocupe. Silencio, por favor.

(-p.961-)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Digo que se concentran las figuras en la Delegación del Gobierno, que es una figura constitucional, quedando el Subdelegado en una figura funcionarial en presencia en cada una de las provincias.

En tercer lugar, una nueva ampliación de las capacidades autonómicas vendrá referida a la actuación sobre el suelo. Y este tema del suelo no ha sido suficientemente resaltado todavía, lo que es un importante compromiso por parte del Gobierno Popular, de presentar un Proyecto de Ley de modificación de la legislación del suelo, para conseguir un nuevo marco normativo con el grado suficiente de flexibilidad que permita su adaptación a las características de cada Comunidad.

Con ello se busca también incidir en una reforma estructural básica para la liberación de la economía española, así como potenciar la creación de suelo urbano. Creo que a ninguna de Sus Señorías se les escapa la oportunidad que se le ofrece en este ámbito a Castilla y León.

Poder habilitar suelo urbano industrial a precios más asequibles que otros territorios de España -mucho más congestionados en este aspecto- puede suponer un importante factor de crecimiento económico, dado que se abarataría el coste de la vivienda, fomentando así el sector locomotora de la construcción, y sería un relevante reclamo para la atracción de nuevas empresas.

En cuarto lugar, es preciso tener presente las previsiones referidas a trabajo, empleo y formación. Y, aunque inicialmente estas cuestiones, sólo previstas para las Comunidades Catalana y Vasca, sean de importancia en este campo, y el detalle con que se trata, nos pueden dar la importancia a seguir en un próximo futuro hacia la plena Autonomía de esta Comunidad.

El que Castilla y León pueda en un futuro ser la Administración común de temas como la intermediación en el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo, o la formación ocupacional y continuada, nos abre, sin duda, a todos nosotros, nuevas perspectivas.

Finalmente, en quinto lugar, nos encontramos con el compromiso del desarrollo autonómico general. Recogiendo lo que fue un compromiso del programa electoral popular, los pactos firmados por CiU y Coalición Canaria contemplan expresamente, tanto la culminación del proceso de transferencias en curso, como la posibilidad de ir a un nuevo pacto autonómico que culmine con la equiparación competencial básica de las regiones de España.

Tales previsiones no vienen sino a reforzar el firme y reiterado compromiso del Gobierno Regional para alcanzar las más altas cuotas de autogobierno que nuestra Constitución permita, sin renunciar nunca a ninguna de las competencias que consideramos necesarias para el pleno desarrollo de Castilla y León.

Pero, sin duda, señoras y señores, es el segundo de los puntos que he mencionado -esto es, la financiación autonómica- el tema principal del debate. Y, en efecto, se trata algo de capital importancia. Actualmente, las Comunidades Autónomas tienen una capacidad de pago que, en el año noventa y seis, se eleva a nueve billones de pesetas; pero con muy escasos, muy pocos ingresos propios. Estos ingresos propios apenas llegan al 16% de lo que gastan las Comunidades Autónomas.

Sin casi responsabilidades recaudatorias, la tentación al gasto fácil, a través del endeudamiento es siempre poderosa. Algo que ha elevado el déficit autonómico global, aproximadamente, a unos dos billones de pesetas. Todo ello hace imprescindible que los Gobiernos Regionales también asuman ante sus electores la carga de la imposición y de la recaudación. No resulta extraño, por tanto, que la financiación autonómica ocupe un lugar destacado en los pactos firmados -especialmente con los suscritos con CiU-. Tal como se señalaba en ellos, la financiación autonómica se articulará en torno a los principios de suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y, algo muy importante, garantía de la solidaridad entre las diferentes regiones; unos principios que han sido repetidamente compartidos por las principales fuerzas políticas españolas.

¿Y cómo se van a articular tales principios? Como Sus Señorías conocen, el objetivo de la autonomía fiscal, a través de la corresponsabilidad, se perseguirá principalmente atribuyendo a las Comunidades Autónomas una participación del 30% del IRPF, en función de cada nivel de competencias, y en función de sus volúmenes de recursos.

Después de una primera fase transitoria, con una cesión del 15% de tal impuesto, y, una vez asumidas las competencias de educación -no mientras éstas se produzca-, se alcanzará la totalidad de la participación acordada, y el IRPF se convertirá en un auténtico tributo compartido.

Llevar esto a cabo va a implicar un doble proceso: primero, reducir el actual IRPF para atribuir a las regiones parte de su capacidad recaudatoria y su progresividad; segundo, establecer una tarifa autonómica propia y eventual -eventual de deducciones, diría yo-, independientemente de las que establezca la Hacienda Central. Sobre esta tarifa autonómica -incluyendo el mínimo exento, el número de tramos y los tipos aplicables-, y sobre estas deducciones, las Comunidades tendrán -Sus Señorías tendrán, mejor- plena capacidad normativa.

(-p.962-)

Estamos, en definitiva, Señorías, ante lo que yo denominaba como "impuesto autonómico sobre la renta" en mi discurso de León del veintitrés de abril. Añadía también, que este sistema podía proporcionar un juego especial para Castilla y León; un juego especial porque nos otorgarían capacidad para dar respuestas más ajustadas a nuestras específicas necesidades. Y hablaba de ejemplos concretos, como la revisión de los criterios definidores del domicilio fiscal, a fin de perseguir que tribute en Castilla y León quien obtenga aquí la mayor parte de sus rentas; permitiría el incremento de las deducciones familiares como medio de lucha contra nuestra despoblación; permitiría la posibilidad de extender durante varios años las desgravaciones por inversiones estratégicas para nuestra Comunidad, como podrían ser la política hidráulica, la repoblación forestal y el turismo de calidad; y permitiría, finalmente, contemplar el poder arbitrar incentivos fiscales propios, para promover el mecenazgo y las inversiones en nuestro dilatado patrimonio.

Complementando esta línea hacia una superior autonomía fiscal, se contempla también otorgar a las Comunidades Autónomas -tampoco se ha incidido mucho en este punto, pero es importante resaltarlo- capacidad normativa en los tributos ya cedidos; lo que nos permitiría modificar y regular, dentro de los límites previstos, las normas del impuesto sobre el patrimonio, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre sucesiones y donaciones, y sobre el juego.

Pero a este esquema se deben unir las previsiones contenidas sobre la segunda e indispensable parte de toda financiación regional, esto es, sobre los mecanismos de solidaridad. De manera expresa, en el pacto con CiU se dice que esta solidaridad se conseguirá a través de la igualación de los servicios esenciales a todos los ciudadanos -cualquiera que sea el lugar de residencia-, valorando las diferencias de coste en la prestación de servicios y el diferente grado de desarrollo.

Tales planteamientos -cualquier observador imparcial lo podría percibir- no difieren sustancialmente de los supuestos previstos en el Artículo 15 de la LOFCA -tan repetidamente mencionado por este Presidente-, y abren la puerta a esos fondos de nivelación, que también mencioné el veintitrés de abril y que figuran entre las previsiones del libro blanco sobre financiación autonómica, cuya filosofía inspira la reforma que estamos contemplando.

Por otra parte, siguen vigentes los diversos mecanismos de solidaridad que existen en estos momentos, como es el Fondo de Compensación Interterritorial, los Fondos Estructurales, los Fondos de Cohesión, Inversiones Públicas Estratégicas, etcétera.

A este respecto, no quiero dejar de repetir mi firme convicción de que el mejor instrumento de financiación y de solidaridad para esta tierra es el cumplimiento de los compromisos asumidos con ella. Considero más importante que un porcentaje del IRPF o unos millones del Fondo que Castilla y León tenga asignados, que esta tierra vea construida la autovía del Duero, la del Camino de Santiago, la de La Ruta de la Plata; que se impulse un tren de alta velocidad de Madrid a Francia por Valladolid y Burgos, con un ramal a Galicia a través de León; que se nos ingresen las tasas universitarias adeudadas; que se ejecute ese esfuerzo de inversión prometido para nuestro Patrimonio; o que se comprometan alternativas viables para nuestras cuencas mineras, que este Gobierno, casi en solitario, está emprendiendo.

Hasta aquí los grandes rasgos del modelo de financiación pactado. Pero, legítimamente, se me podría pedir una valoración del mismo. A este respecto, quiero señalar -si sus Señorías me lo permiten- una serie de puntos breves, a través de un comentario personal.

En primer lugar -hay que recordarlo en esta Cámara-, se trata de una reforma imprescindible: la vigencia del actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas concluye este año, concluye en el año noventa y seis; y, en todo caso, aunque no hubieran existido estos pactos, debería aprobarse un nuevo sistema para el quinquenio noventa y siete-dos mil uno.

En segundo lugar, el nuevo modelo de financiación se va a desarrollar en un marco bien definido, y que condicionará su funcionamiento dentro de unos precisos límites establecidos por la garantía de estabilidad del Gobierno del Estado, la austeridad que la nueva etapa de gobierno tiene prevista para el conjunto de las Administraciones Públicas, el compromiso de cumplir los criterios de convergencia europea -que impone rigurosos límites al gasto público-, y el respeto a los principios de coordinación y armonización entre Administraciones.

En tercer lugar, este sistema no supone en sí mismo -subrayo-, no supone en sí mismo un incremento de los impuestos actualmente establecidos por el Estado; simplemente se reparte los existentes entre las distintas Comunidades Autónomas. Además, los pactos respetan el nivel de financiación adquirido ya, que será el punto de partida para el nuevo modelo, en el que, a medida que se incrementen los recursos propios de las Comunidades, se disminuirá, lógicamente, su participación en los ingresos del Estado, garantizando la neutralidad del resultado final.

En cuarto lugar, el nuevo modelo de financiación presenta para nosotros una serie de ventajas, sobre todo de ventajas respecto al actual. En principio, se aumenta el grado de autonomía fiscal -algo que hemos pedido insistentemente todos los autonomistas-. Unos primeros cálculos señalan que triplicaría la de ahora, a través de una corresponsabilidad real, reflejada en la capacidad normativa autonómica. Además, tiene un fuerte componente de ejercicio de poderes públicos, ya que, frente a la situación actual, desde el momento en que se aplique de forma efectiva la corresponsabilidad, las Comunidades tendrán una nueva manifestación de competencias (inexistentes hasta este momento).

(-p.963-)

La posibilidad, Señorías, de recaudar recursos propios; la capacidad de dictar Sus Señorías leyes que modifiquen la aplicación de los tributos; y la responsabilidad -cuestión del Gobierno- de una buena gestión de los mismos; irán definiendo la "personalidad financiera" -entrecomillo-, la personalidad financiera de cada región.

Otra ventaja es que posibilita la participación de las Comunidades Autónomas en la Agencia Tributaria; de esta forma, no serían precisos nuevos órganos autonómicos de gestión. Así mismo, permite que las regiones perciban los correspondientes pagos a cuenta del IRPF, con lo que se aliviarían buena parte de los problemas crónicos financieros que tienen las Comunidades Autónomas, y que tiene, sin duda, Castilla y León.

Y supone, en fin, un auténtico estímulo para la actividad fiscal y económica de las Comunidades Autónomas, dado que podrán ver incrementados sus ingresos, por ejemplo, según progrese su lucha contra el fraude fiscal o según aumente su desarrollo económico.

En quinto lugar, valorar la diferencia en el coste de la prestación de servicios y el diferente grado de desarrollo, excluye que los fondos de solidaridad se distribuyan sólo mediante unos pocos parámetros objetivos, como por ejemplo la población -como tanto han temido algunos sectores económicos y sociales-.

Excuso decir que otra forma de concebir tan esenciales instrumentos no hubiera contado nunca con nuestro apoyo, en coherencia con la posición ya mencionada por Castilla y León, desde el momento en que se discutía -ya hace muchos años- la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, en el año noventa.

Conviene recordar que la autonomía financiera viene definida en función de las competencias asumidas, no por el número de habitantes de cada región.

En sexto lugar, y finalmente, no se trata de un modelo que se pretende imponer por los firmantes de los pactos, sino que precisa, por su propio contenido, de un amplio y general consenso. Por una parte, este documento deberá ser discutido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, representante de los intereses financieros de todos los territorios de España. Por otra parte, su puesta en marcha requerirá la correspondiente plasmación en las leyes de presupuestos, así como una previsible modificación de la LOFCA; ello implica una activa participación del Parlamento del Estado y una permanente búsqueda de consenso entre las fuerzas políticas.

Una última reflexión sobre este tema. A mi juicio, cuando se entra en el estudio y debate de algo tan importante como la financiación autonómica, no debemos circunscribirnos sólo a la forma de conseguir y aplicar la corresponsabilidad fiscal, sino que es imprescindible tener siempre presente el sistema en su conjunto. Así, la misma atención que se presta al tema de la corresponsabilidad se debería otorgar a otros igualmente relevantes, como -repito- el garantizar un nivel de financiación mínima o el incrementar la financiación destinada a disminuir los desequilibrios territoriales, bien sea a través del FCI, los Fondos Estructurales, de Cohesión o las propias inversiones públicas.

Señorías, no quisiera concluir mi intervención sin referirme brevemente a un tercer punto incluido en los pactos de investidura y gobernabilidad, que considero muy importantes para los intereses de Castilla y León. Me refiero al papel de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado español dentro de la Unión Europea; un ámbito en el que también en los pactos se incluyen medidas, en primer lugar, como potenciar y ampliar la consulta previa a las Comunidades Autónomas cuando se traten materias propias de su ámbito competencial.

En el sistema alemán, por ejemplo, el Gobierno federal está obligado a que el Bundesrat, o Cámara Territorial, participe en la formación de la voluntad del Estado en temas cuya competencia sea de los länder. Si, además, tales temas afectan a la organización de sus servicios o a su procedimiento administrativo, el Gobierno federal deberá dejar su papel negociador a un representante de los länder nombrado por el Bundesrat.

En Austria, por su parte, se persiguen resultados similares, a través de una Conferencia de Presidentes de los länder.

Creo que cualquiera de estas fórmulas podrían ser perfectamente aplicables en España.

En segundo lugar, en los pactos está previsto crear la figura del "Agregado Autonómico", dentro del Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea, con competencia exclusiva para relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas y para canalizar información hacia las mismas. Se trata de una institución derivada del Observador de los länder, encargado no sólo de canalizar información, sino de realizar una primera ponderación de la misma: viabilidad del dato, relevancia previsible, reacciones que ha generado, etcétera.

Y en tercer lugar, se prevé articular la presencia de representantes autonómicos en las delegaciones españolas ante el Comité y grupos de trabajo de la Comisión Europea, cuando se trate temas de interés singular y específico para las regiones, como podría ser, en nuestro caso, el tema del cereal, del vino o de la remolacha.

¿Qué consecuencias prácticas puede tener esta propuesta para nosotros? Pues bien, la misma puede representar que las Comunidades Autónomas participen de forma directa en las decisiones de selección de proyectos y en la gestión de los fondos europeos, especialmente el Feder y el Fondo de Cohesión.

(-p.964-)

Ante unos recursos básicos para catalizar el desarrollo de nuestra Región, a nadie se le puede escapar, Señorías, la decisiva importancia de tal posibilidad para Castilla y León. Con ello se responde por fin a una de las más insistentes peticiones del Gobierno regional de Castilla y León, y que expuse de manera extensa durante mi intervención en el Debate sobre el Estado de las Autonomías celebrado en el Senado en septiembre del año noventa y cuatro.

Señorías, concluyo ya. Tras este somero análisis, encuentro que los acuerdos de investidura y gobernabilidad firmados entre el Partido Popular, Coalición Canaria, Convèrgencia i Unió y Partido Nacionalista Vasco contienen múltiples elementos positivos para Castilla y León y para el propio Estado de las Autonomías. Por una parte -como he demostrado-, incorporan estipulaciones de indudable interés para los objetivos regionales, asumiendo argumentos y propuestas defendidas insistentemente por este Presidente desde hace ya mucho tiempo. Por otra parte, constituyen un importantísimo estímulo para el autogobierno regional, abriendo el camino a nuevas competencias y perfilando una financiación más autosuficiente, estableciendo criterios de racionalidad en las Administraciones públicas, a través de ese modelo de Administración común, y posibilitando una mayor participación de nuestra Región en Europa.

Finalmente, quieren diseñar un modelo de Estado con garantías de estabilidad y abierto a la participación y al necesario consenso de todas las Comunidades y de todas las fuerzas políticas.

A través de estos acuerdos -y acabo de verdad- creo que se abre una etapa decisiva para la construcción de nuestro Estado de las Autonomías, y creo, también, que se abre -con sinceridad- una etapa seductora para Castilla y León. Nada más. Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se abre un turno para...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías. Se abre un turno para que los distintos Grupos Parlamentarios puedan fijar sus posiciones, formular preguntas, o hacer las observaciones que estimen pertinentes, en torno al tema que ha sido objeto del debate. En primer lugar, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, señor Quijano.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Empezaré, señor Presidente de la Junta, por agradecerle, de verdad, esta comparecencia. La verdad es que con alguna duda: no sé si debo de agradecérsela tanto a usted como al señor Presidente de la Generalitat, que es la causa remota de que usted comparezca aquí esta tarde.

Y créame que no es sólo un agradecimiento de cortesía. Es un agradecimiento enfático, incluso. Al menos quiero poner el énfasis que suele ponerse para agradecer lo infrecuente. Si su presencia en esta tribuna fuera habitual, tal vez sobraría el agradecimiento, pero, como no lo es, corremos el riesgo de que nos pase como al hambriento ante un suculento menú, que no sabe por dónde empezar o que, de repente, se le quite el hambre, lo que sería peor.

Hace ya muchos meses que no nos daba una oportunidad de éstas -casi he perdido la memoria-, cinco meses -creo recordar- sin participar en los debates de la Cámara, y por eso yo espero dosificar la ansiedad y degustar el menú en el orden correspondiente... ¡Hombre!, no sin antes pedirle que no nos vuelva a tener a dieta tanto tiempo, si no es mucha molestia. ¡Fíjese la expectación! ¿No le parece que merece la pena que usted comparezca más, aunque sólo sea para que este Parlamento recobre nivel y nuestras tareas cobren expectación? Yo creo que, aunque sólo fuera por eso, merecería la pena.

Por cierto, aprovecho para preguntarle -aunque no sea motivo específico de la comparecencia- si, siguiendo en esta línea con la que hoy inicia el año -aunque sea con un poco de retraso-, si está en su voluntad celebrar un debate sobre el Estado de la Región antes de que termine este período de sesiones, que es cuando se cumplirá un año desde su Investidura. No rompa esa tradición que hay en otras Comunidades; iníciela en ésta. Ésta es, sin duda, una buena ocasión.

En cualquier caso, hay dos circunstancias iniciales sobre la comparecencia que yo quiero resaltar. La primera, que -a mi juicio- esta comparecencia debió celebrarse ya hace algún tiempo, incluso antes de que la negociación estuviera del todo concluida. De haberlo hecho así, eso le hubiera permitido a usted fijar su posición sobre lo que a su Gobierno y a su partido les parezca más positivo para la Comunidad en materia de financiación u otras, y a nosotros nos hubiera permitido también fijar la nuestra donde hay que fijarla, que es, precisamente, en el Parlamento. Hubiera tenido así algo que defender, en vez de limitarse a decir ¡amén! dócilmente, y, como lo han hecho otros Presidentes autonómicos -incluso de su propio partido-, hubiera podido jugar, con respaldo parlamentario también, otro papel que no fuera el de actor secundario en una película muda, hermano lego del convento, o convidado de piedra.

Usted ha jugado un papel perfectamente secundario -créamelo-, y lo siento por esta Comunidad. Usted ha jugado el papel dócil, llevado por el siguiente principio: si el potencialmente más perjudicado no se queja, será bueno para todos. Ha jugado ese papel lamentable. Y créamelo que lo siento por esta Comunidad y por su propia representación institucional.

(-p.965-)

Segundo. Una vez pedida la comparecencia, no entiendo bien el retraso en celebrarla. Puede parecer, semana arriba semana abajo, que esto es indiferente; no lo es en absoluto. Debieron de ser poderosas las razones de agenda que impusieron el aplazamiento de esta comparecencia; supongo que lo fueron. ¿Tal vez la razón es que había que enfriar el tema para que hubiera por medio otros acontecimientos y pasara más desapercibido? ¿Tal vez la razón fue que había que dar prioridad a otros Parlamentos para que celebraran una comparecencia equivalente? Hubiera o no consigna, ésta es una explicación que usted debe a esta Cámara y que yo le pido encarecidamente.

Entro en materia. He escuchado su intervención con toda atención, y debo decirle que le he encontrado muy a la defensiva, jugando el papel de quien tiene que defender algo de lo que no está convencido. Lo digo porque, siguiendo el hilo de su intervención, usted ha ido -no negaré que con habilidad y con inteligencia- eligiendo el terreno, y ha ido haciendo mención a aquellas cosas en que puede tener un lugar más cómodo, y obviando -en algunas ocasiones obviando totalmente- aquellas cosas en las que necesariamente se tiene que sentir incómodo.

Por ejemplo, siguiendo brevemente los tres puntos en que ha dividido su intervención: "nuevo modelo de Estado", en el cual ha ido haciendo mención a algunos criterios de reorganización administrativa, que -por cierto- no han formado parte de la filosofía de su Grupo ni de su partido en el pasado inmediato y todavía reciente. Pero es que las competencias sobre suelo, sobre formación, empleo, trabajo, cuestiones de desarrollo autonómico general que ha citado, son ya competencias de la Comunidad, en algunos casos exclusivas. ¿Cuánto tiempo lleva prometiendo el Consejero de Medio Ambiente una Ley del Suelo para la Comunidad? Porque hay competencia desde hace doce años, esto no es un hallazgo de los pactos autonómicos...

(Murmullos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: No nos haga... ¿es así, o no es así? No nos haga gratuitamente ejercicios de prestidigitación aquí, porque algunos llevamos mucho tiempo trabajando en esta Comunidad, y sabemos lo que depende de nosotros y lo que no; y, por tanto, no es de recibo que haga ese tipo de consideraciones. No elija el terreno fácil de lo que le interesa y obvie aquello en lo que, precisamente, tiene que comprometer una posición política.

Lo mismo en el segundo capítulo. Pero quién se puede creer, tal y como usted ha dicho, que con la autonomía fiscal, que será tan positiva para nosotros... -luego yo expresaré mi propia postura sobre todo esto, como es lógico- que será tan positiva para nosotros, podremos, jugando con las deducciones, los tramos, las tarifas, etcétera del nuevo impuesto sobre la renta en la parte compartida, en lo que usted llama "el impuesto autonómico sobre la renta" (yo creo que ésa no es una denominación precisa; es un tributo compartido, no de la Comunidad); bueno, pues, ¿quién puede creer que con unas deducciones fiscales se puede hacer política de natalidad? ¿Quién puede creer eso seriamente? ¿Usted cree que alguna familia de Castilla y León decidirá tener el tercer hijo a cambio de una desgravación fiscal de 20.000 pesetas en su declaración de la Renta? ¡Hombre!, seamos un poco más serios en este tipo de cuestiones. ¿Usted cree, de verdad, que podrá hacer desgravaciones por inversión en agua, medio ambiente, turismo, incluso mecenazgo cultural, cuando -me remito a las estadísticas- esas inversiones las hacen sistemáticamente personas jurídicas, no personas físicas; las hacen sociedades? Y en ningún sitio del acuerdo dice que el Impuesto sobre Sociedades vaya a ser un impuesto compartido; el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -que yo sepa- lo pagan ciudadanos, no entidades; por tanto, no juegue fácilmente con cosas que no van a estar en su mano, porque ni los pactos las contemplan ni nadie ha hablado -ni siquiera el informe de los expertos que yo también he leído- de distribuir entre las Comunidades Autónomas el Impuesto sobre Sociedades.

O lo mismo le diría sobre la participación europea. ¿No existe ya la Comisión sectorial?, ¿no ha habido ya acuerdos específicos en esa materia de participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado? No nos viene a decir absolutamente nada nuevo: sólo a justificar, con lo que a mí me ha parecido una faena de aliño; sinceramente se lo digo ¡y vaya si lo siento!

Fíjese incluso en el famoso asunto de los Fondos de Cohesión. El debate sobre eso, quizá si hubieran estado atentos cuando eso se debatió, en la Cumbre de Edimburgo en vez de decir las cosas que entonces decían -y que yo ya no quiero recordar-, se hubieran dado cuenta que detrás de la asignación estatal de los Fondos de Cohesión había un principio redistribuidor a nivel comunitario, ¡por la cuenta que nos tiene! Porque si un día se regionalizan los Fondos de Cohesión -sobre todo en la parte de grandes infraestructuras-, regiones de países más ricos, por ejemplo, Alemania -y estoy pensando en las regiones del este de Alemania- accederán también a esos fondos, en detrimento de los países que hoy participamos más allí; o sea que, por la cuenta que nos tiene, sigamos defendiendo que estos Fondos de Cohesión deben de tener nivel estatal y no nivel autonómico, aunque luego, lógicamente, su materialización deba tener en cuenta criterios internos de solidaridad, que es algo perfectamente distinto. Distingamos, por tanto, las cosas.

A mí me ha extrañado... a mí me ha extrañado, señor Presidente de la Junta, que no haya reiterado aquí algunos argumentos con los que ha venido calentando el ambiente en declaraciones previas ante los medios de comunicación, y que hoy no ha reiterado en esta comparecencia. Yo no quiero ni puedo dejarlos pasar.

Usted ha venido manejando cuatro argumentos en relación con los pactos, que, brevemente, voy a sintetizar. Primero, que el problema no estaba en los pactos en sí; sino en que los socialistas queríamos que no se hubieran celebrado y, por tanto, que hemos hecho todo lo posible para que fracasaran. Usted ha dicho esto en varias ocasiones.

(-p.966-)

Segundo, que los pactos son buenos porque son transparentes. Eso sí lo ha reiterado aquí; queriendo decir, sin duda, que antes no lo fueron. Yo creo que eso exige una petición de principio, luego volveré sobre ello. Y es que una cosa no es buena necesariamente por ser transparente, hay cosas muy transparentes y perfectamente negativas; por tanto, no confundamos tampoco los términos en esa cuestión.

Tercero, ha dicho hasta la saciedad que era contradictorio haber defendido la cesión del 15% del IRPF antes y no hacerlo ahora con la cesión del 30%.

Y cuarto, que, en cualquier caso -sobre esto me extenderé más adelante también, porque esto sí ha sido objeto de su comparecencia hoy-, que, en cualquier caso, en el pacto no hay una sílaba -lo ha dicho en muchas ocasiones- que ponga en entredicho el principio de solidaridad interterritorial; y, por ello, su carácter positivo para Castilla y León estaría fuera de toda duda, tanto en lo político como en lo económico.

Mire, el primer argumento no resiste la mínima prueba comparativa. Nadie de nosotros -se lo digo incluso con una cierta solemnidad- ha puesto en tela de juicio jamás la legitimidad, incluso la necesidad y la conveniencia, del pacto con partidos nacionalistas para la gobernabilidad del Estado; cosa bien distinta -esto me lo tendrá que admitir- es que tengamos que asumir su contenido a pesar de no haber participado en la negociación, ¡estaría bueno! Es más, a la luz de su actitud reciente, en circunstancia similar pero a la inversa, creo incluso que su argumento es hasta imprudente. Yo quiero hacer el esfuerzo de no tirar de hemeroteca; sería tan fácil como cruel. Pero no puedo dejar de decir algo, aunque sea con cierta ironía: mire, no puede ser que los mismos que decían que el Presidente de la Generalitat sólo hablaba castellano para pedir dinero, tachen ahora de dinamiteros a quienes critican el contenido del pacto, que no su legitimidad. Tal vez ocurra -aquí pongo la ironía- que aquello ya no es necesario, porque ahora es el otro contratante el que ha aprendido el idioma de la contraparte...

(Aplausos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ...Incluso hasta llegar a hablarlo en círculos reducidos.

No puede ser tampoco que cuando el anterior Ministro de Economía visitaba Barcelona para hablar de presupuestos estuviera vendiendo España; y cuando lo hace el actual Presidente del Gobierno, esté alumbrando un hito histórico.

(Murmullos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Los hitos históricos, Señoría, no suelen depender de que falten veinte Diputados para la mayoría, ni de la debilidad propia, ni de la rendición, ni del ansia por llegar al Gobierno; porque entonces habría que preguntarse y concluir ¿qué hubiera ocurrido de no tener que hacer de la necesidad virtud? Por Palencia, por Palencia dicen "a la fuerza ahorcan"; pero eso tómelo sólo en el sentido metafórico que, expresamente, quiero dar a tal expresión.

Yo quiero desearles, por tanto, que terminen el reciclaje cuanto antes. Que se instalen en una zona templada, en esa zona en que hay que valorar las cosas importantes. Porque todo lo que he citado, de un extremo a otro, lo dijeron ustedes, antes o ahora; mientras que nosotros estamos donde estábamos, en relación con este asunto.

Segundo, en cuanto a la transparencia, le recuerdo que la de entonces estuvo en las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Boletín Oficial del Estado, tanto en financiación como en presupuestos. ¿Ocurrió, tal vez, que no hubo necesidad entonces de escribir de antemano porque no había desconfianzas que vencer? Es posible. No alegue, por tanto, la transparencia como arma arrojadiza. Sobre todo porque desde la Investidura para acá yo no he hecho otra cosa nada más que oír y leer cinco o seis asuntos -creo que no desmentidos- que se hablaron y no se pusieron -según la versión, incluso, de negociadores directos-; así, inversiones especiales, política educativa y lingüística, empresas públicas, televisión, nombramiento del Ministro de Industria, etcétera, etcétera. Fíjese que hasta alguien ha dicho que antes de nada se habló de parar al Fiscal Anticorrupción, pero créame que a eso yo no le doy crédito.

Tercero, lo de la contradicción de postura sobre el 15% de antes y el 30% ahora; es ciertamente curioso. Yo creo que, como lo anterior, revela la falta de otros argumentos más serios y más positivos. Porque se puede estar a favor del quince y en contra del treinta en función de las condiciones, los topes, la base del cálculo, el concepto sobre el que se aplique el porcentaje, etcétera. E incluso se puede pensar -yo lo pienso- que quince o treinta es secundario, que lo importante son las condiciones, como luego explicaré; lo realmente difícil de explicar sería haber estado en contra del 15%, con más o menos vehemencia -ya sé que usted con menos que el señor Fraga-, y estar ahora militantemente a favor del 30%. Ésa es la contradicción que hay que explicar, aun cuando se hayan intensificado los motivos por los que alguna Comunidad Autónoma, Galicia en concreto, recurrió anteriormente.

(-p.967-)

El último argumento ha sido el de la solidaridad, éste es el único y verdaderamente referido al contenido del acuerdo. Pues veamos qué hay de eso. Desde luego, en los acuerdos con Coalición Canaria y PNV, no hay el más mínimo vestigio al respecto; los habrá leído con tanta atención como yo, y habrá llegado a esa misma conclusión: ésos son acuerdos pura y simplemente bilaterales, y, por tanto, no me voy a detener en ellos. Sólo haré una consideración: parece que la técnica negociadora lleva a una especie de escalada de agravios en cadena: Coalición Canaria dice que todo lo que consiga Convèrgencia i Unió también se les aplicará, y Convèrgencia i Unió dice que el PNV ha conseguido más y, por tanto, no renuncian a seguir aspirando a más en el futuro. Pero, en fin, de eso ustedes sabrán.

Yo me voy a centrar en el acuerdo con Convèrgencia i Unió, porque en éste, efectivamente, se ha pactado con uno pretendiendo que tenga efectos para quince. Yo creo que no es buena técnica. Se ha hecho, además, como requisito previo para la Investidura, cuando, luego, el acuerdo -usted lo ha dicho- necesitará del concurso de otras voluntades políticas, cuando llegue al Consejo de Política Fiscal y Financiera, o cuando se planteen las modificaciones legislativas en normas que hay que modificar y que han estado respaldadas por consensos muy amplios: la LOFCA, la Ley Reguladora del IRPF, los Estatutos de Autonomía en su caso, etcétera. Ya veremos como salimos de ese embrollo.

Yo creo que hubieran debido negociar cuestiones de política general como antes ocurrió -cuestiones económicas, presupuestarias, europeas, de política antiterrorista, etcétera-, que son las que de verdad conforman un programa de gobierno y deben incidir sobre una Investidura, y no se debieran haber atado tanto las manos en temas autonómicos que necesitan más concursos que el de una Comunidad Autónoma. Porque ahora pedirán consenso desde el pie forzado de una postura que está ya muy cerrada; al menos ustedes se han comprometido con otro partido político a ello.

Por todo ello, se hace muy necesario ver lo que dice el acuerdo exactamente, lo que dice en su totalidad, no en lo que a uno le interese parcialmente.

Mire, brevemente, el acuerdo tiene once puntos. Los ocho primeros son principios generales -de corte más bien literario- que cualquiera suscribiría, como usted ha dicho; ¡quién no va suscribir la necesidad de la modernización, el objetivo de empleo estable, la política de convergencia, el bienestar, la vertebración, etcétera! Hay quien ha dicho -supongo que no con mala intención- que en esos acuerdos el Partido Popular ha puesto esto -la literatura- y Convèrgencia i Unió ha puesto lo demás. Pero, en fin, tampoco ésa es una valoración en la que quiero detenerme.

El punto diez de los acuerdos no nos afecta por el momento, porque se refiere a Sanidad, pero reabre otro problema: si hay un mecanismo automático de financiación de la Sanidad para ciertas Comunidades -como lo hay también en Educación para las que tienen esa competencia-, ¿no querrá eso decir que los famosos recortes gravitarán especialmente sobre las Comunidades del 143 que, hoy por hoy, no tienen ese automatismo ni en Sanidad, ni en Educación, ni en acuerdos bilaterales específicos en Infraestructura, como lo tiene, por ejemplo, el pacto con Coalición Canaria. Tranquilícenos sobre esto, si tiene información. Porque no es de recibo acordar un recorte y enviar luego por el mundo a los doce apóstoles a predicar que a ninguno les afecta tal recorte. Yo he llegado a pensar que, más que un recorte, es una de estas cosas que ahora se llaman "realidad virtual", porque, si no, sinceramente, no lo entiendo.

Finalmente, el punto once es lo específico para Cataluña, y a ello tampoco me voy a referir de manera concreta: Tráfico, Inem, Costas, Puertos, Suelo, Policía, Empleo, Formación Ocupacional, etcétera, etcétera. Sencillamente, ahí no mojamos nada. Y ya veremos en cuanto a la presencia en la Unión Europea, a la que me referiré al final.

¿Qué hubieran dicho ustedes hace unos años si hubiéramos cedido la mitad? ¿Qué hubieran dicho? Hagan un esfuerzo de memoria, aunque sea brevemente, y concluyamos, otra vez, que los hitos históricos por razón de veinte Diputados menos son, cuando menos, para desconfiar. Porque es curioso: en ese acuerdo se ha pasado revista y se ha obtenido, por parte de Convèrgencia i Unió, todo lo que llevaba tres, diez y quince años planteando. Todo eso, en quince días; desde luego con ocasión de un hito histórico.

El punto nueve, por fin, es el meollo de la cuestión. ¿Qué dice? Primero fija unos principios generales en tono absolutamente genérico y vago: autonomía financiera y suficiencia, corresponsabilidad y solidaridad. A partir de ahí, se desarrolla la corresponsabilidad fiscal en el IRPF, y de solidaridad ni una palabra más, como a usted le gusta decir: ni una sílaba; pero es que ni una en todo el acuerdo, más que la mención literaria y genérica que hay en el primer apartado del punto nueve.

No hay ninguna mención al Artículo 15 de la LOFCA, diga usted lo que diga, y, si no, aquí tengo el texto de los acuerdos. Ni hay compromisos concretos de Fondos de Compensación o distribución de Fondos de Cohesión. Ni cómo se hará ni con qué criterios se valoraran las diferencias de costo o el grado de desarrollo, que es lo único que dice el acuerdo, dejando además, de paso, abierta la puerta a vías de igualación de la financiación per cápita, que -según usted ha venido a mencionar- es, ciertamente, "la bicha" para nosotros.

Y éste es el problema central, que la solidaridad sea sólo una declaración de principios sin ningún desarrollo, ni simultáneo a la corresposabilidad fiscal, ni sucesivo. Usted lo sabe perfectamente, y ha tratado varias veces de adelantarse al debate diciendo que, al fin, eso es poco importante, peccata minuta, que lo importante son los convenios especiales o los fondos.

(-p.968-)

Pues mire, simplemente no. En época de recortes nacionales vinculados a la reducción del déficit, y seguramente de recortes comunitarios vinculados a la ampliación, yo prefiero que la solidaridad esté en el sistema en pie de igualdad con lo demás, y que no haya que esperar a que la solidaridad venga por regalos o concesiones graciosas fuera del sistema: sean los ricos más ricos, y hagan luego un poco de caridad con los pobres. No es ése mi planteamiento; créalo, señor Presidente. Usted debiera haber elevado la voz en esto, porque el riesgo es evidente: ni buena financiación, y quizá ni concesiones. ¿Con qué se van a hacer estas concesiones con las previsiones presupuestarias que nos anuncian? ¿Quién va a pagar el sistema de financiación -que costará más, pues de lo contrario no se hubiera pactado- sino aquellos que necesitarían, precisamente, la solidaridad en el propio sistema y no fuera del sistema? Analicemos entonces el propio sistema de corresponsabilidad para llegar a las conclusiones finales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego, señor Quijano, vaya concluyendo.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Lo intentará hacer, señor Presidente.

Para mí hay dos cuestiones preocupantes ahí: la eliminación de topes -teniendo en cuenta además que no se fija el año base de cálculo en el acuerdo-, y la forma en que se establece la capacidad normativa.

Mire -y resumo-, España es todavía un país con notables desigualdades en desarrollo y en renta, fruto de una larga trayectoria histórica sin duda, a pesar de que en buena parte se han corregido en estos años con esfuerzo solidario de todos, y ahí están los últimos datos de Producto Interior Bruto.

El sistema de financiación tiene que tener en cuenta esto, si queremos seguir haciendo posible la superación de desigualdades. A Comunidades como la nuestra les va la vida y el futuro en ello.

Por eso, establecer como principio cardinal del sistema de financiación que se queden más recursos allí donde se genere más renta es apostar directamente por la insolidaridad, se disfrace como se disfrace. Si no hay un Estado con capacidad real de redistribuir renta entre Comunidades Autónomas más ricas hacia las menos desarrolladas, la solidaridad sufrirá, se disfrace como se disfrace. Porque si se quiere reducir el déficit, no tocar el gasto social, como se dice hasta la saciedad -ya veremos si luego es cierto-, el costo suplementario del sistema de financiación que permita avanzar hacia una mayor igualación en recursos per cápita, que es lo que quiere Cataluña, no puede hacerse de otra forma más que reduciendo los recursos que van a las Comunidades que, precisamente, más necesitan de la solidaridad.

Es bien sencillo: si la tarta no crece, sino que disminuye, para que unos obtengan más trozo de la tarta, necesariamente otros tienen que obtener menos. El milagro de los panes y los peces parece que se hizo una vez, a principios de esta era; no creo que sea un milagro para realizar todos los días. Cuanto más vaya a unos, menos recursos dispondrá el Estado para hacer redistribución efectiva. Llámelo como quiera, pero a nosotros nos sigue teniendo cuenta un Estado redistribuidor, aunque a otros ese concepto les sobre.

Por eso es tan importante la permanencia de topes, como los había en el sistema del 15% y no los habrá en el del 30%. Así se evitaba financiación extra para algunos, los que tienen más renta y se quedarán con más recursos, precisamente en detrimento de la redistribución.

Por eso no es un consuelo la competencia normativa, a la que usted se agarra artificialmente como a un clavo ardiendo. ¿Qué podremos hacer nosotros con competencia normativa, frente a lo que puedan hacer otros que, recaudando más globalmente, podrán jugar con ventaja en deducciones, en mínimo exento, en tramos, o en tarifa?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por segunda vez, le ruego concluya.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Voy terminando, señor Presidente, pero comprenda que las posibilidades de hacer este tipo de debates son tan pocas, que uno no tiene más remedio que explayarse un poco más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): El Reglamento y los acuerdos de la Junta de Portavoces nos vinculan a todos.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente, lo tendré en cuenta.

No vuelva otra vez con el canto de la natalidad, el mecenazgo, etcétera, que creo que eso no puede ir en serio. Ese sistema introducirá más desigualdad; no sólo desigualdad de financiación entre Comunidades: desigualdad de tributación entre individuos a igualdad de renta en distintos lugares del territorio español. El riesgo de ventajas comparativas, paraísos fiscales, diecisiete sistemas distintos de tributación a igualdad de renta... es un riesgo cierto con este sistema de financiación, señor Presidente.

Ya que citó el caso de Alemania, ¿no le extraña que con la tradición federal alemana, no tengan los länder competencia normativa sobre el impuesto de la renta de las personas físicas? ¿No se lo ha preguntado ninguna vez? Seamos pues finalmente serios. Hemos hecho un mal negocio; y usted lo sabe perfectamente.

(-p.969-)

Yo le invito, en la medida en que tenga remedio, a hacer lo siguiente: busquemos consensuadamente una posición común en este Parlamento, que nos permita a todos, empezando por usted, defender los intereses de la Comunidad en los pasos que han de venir: en la discusión en el Consejo de política fiscal y financiera; en la reforma de la LOFCA; en otras leyes; en la ampliación de competencias, exigiendo la transferencia de la educación, ya; y otras competencias, en Confederación Hidrográfica del Duero o en Sanidad, en cuanto sea posible; en la reforma del Senado o en el pacto local.

Elija usted la fórmula: un grupo plural de trabajo, una mesa de negociación, una comisión parlamentaria; lo que quiera. Dígame si está dispuesto a un consenso de este tipo, asumiendo, incluso el compromiso de no poder pasar íntegramente por los pactos que están suscritos en estos pasos finales que faltan.

Y termino ya, con algunas preguntas finales. ¿Tiene usted hecho, o su Gobierno, algún avance económico sobre los efectos que el pacto pueda tener para nosotros? (Porque ésa es su obligación como Gobierno.) Si lo tiene, dígalo en esta Cámara. ¿Piensa usted que puede haber otras alternativas de corresponsabilidad fiscal en el IVA, en impuestos especiales, quizá, en los impuestos cedidos, como alternativa al troceo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que -por todo lo dicho- yo creo que nos resultará negativo? ¿Qué idea tiene usted -más allá de decirlo sin más-, de cómo debe evolucionar el Fondo de Compensación Interterritorial en esta etapa, habida cuenta de la necesidad de reforzar mecanismos de solidaridad? ¿Qué está dispuesto a poner en la mesa, seriamente, para un pacto local?

Espero con ansiedad su respuesta a estas preguntas, para que el debate sea útil, para mí tranquilidad y la de muchos ciudadanos -votantes míos y votantes suyos- que están preocupados por el futuro de la Comunidad, y que no se conforman con una llamada -tranquilizadora para usted- del Presidente del Gobierno. Usted se comprometió a explicar todo esto casa por casa. Yo no le pido tanto. Le pido que lo explique en el Parlamento Regional, que es donde tiene que explicarlo, incluso, por su propia tranquilidad como Presidente de esta Comunidad, que lo es, antes que cualquier otra circunstancia. Gracias, y perdone la longitud, señor Presidente.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene ahora la palabra el señor don Antonio Herreros, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor. Silencio, Señorías, por favor.


HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Presidente, Señorías. Nosotros queremos empezar por la primera preocupación -que es nuestra, que es de toda la sociedad de Castilla y León-: uno de cada seis parados de los que se han producido en este primer trimestre en toda España, es un ciudadano de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; y, en este primer trimestre, el triple de crecimiento del paro en Castilla y León que la media nacional.

Es posible que alguien se pregunte a qué viene esta historia; pero es muy probable que, con todas las cuestiones, referencias, alusiones, análisis y críticas que se han venido realizando durante todo este periodo anterior, por la situación y las coordenadas políticas que se habían establecido, estemos en la circunstancia en la que estamos en la actualidad; y es un buen prólogo.

Señorías, tras analizar con detenimiento los pactos o acuerdos establecidos, tras escuchar con mucha atención la intervención del señor Presidente de la Junta de Castilla y León, tras conocer su actitud para con esta Cámara -como durante todo el proceso de negociación de esos pactos-, tras deducir la consecuencia de los mismos para Castilla y León, experimentar lo que han sido las aplicaciones de las compensaciones durante todo este periodo anterior, y quedar marginados de la Reforma del Estatuto de Autonomía previsto -algunos se han conseguido salir del pacto autonómico del noventa y dos-, y contemplar su grado de pasividad y dependencia, hemos llegado a la conclusión de sugerirle que se retire del cargo político que ostenta como mandatario del Gobierno Autónomo de Castilla y León.

(Murmullos.)


HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: No es, en absoluto, una actitud publicitaria o espectacular; todos están reclamando -y nosotros reclamamos también- hechos. ¡Vale ya de palabras! Porque aquí hemos estado durante mucho tiempo analizando y estudiando, pero podíamos ampararnos o podían ampararse, en cierto modo, en el victimismo; sin embargo, ahora, es evidente que ya no hay posibilidad de amparo. En esa circunstancia, y lo que no cabe la menor duda, es que se están produciendo una serie de circunstancias por las cuales queda absolutamente claro -a nuestro modo de entender- que estamos, no sólo dispuestos a soportar lo que ha sucedido en toda la Legislatura anterior en aplicación de las medidas de financiación de las Comunidades Autónomas -es lógico que hubiera esa queja-, sino que aquí prácticamente no hay ningún tipo de corrección. Y, lógicamente, sí es cierto que le honra el intentar justificar unos planteamientos en los que, sí cree, mal; pero si no cree, no ha puesto -como se dice vulgarmente- la carne en el asador para que no se produzca lo que, desgraciadamente, ya se está produciendo.

(-p.970-)

El debate de Investidura... una de las mayores sorpresas, que también se derivaba ya del pacto establecido con Coalición Canaria, es que después de decir que aquí no se saltaba nadie las líneas del pacto autonómico del noventa y dos, en cuanto a reforma del Estatuto de Autonomía y techos competenciales, sí se firma que hay alguien que puede saltarse ese pacto firmado por ustedes -Partido Popular-, firmado por el PSOE y firmado por el Ex Presidente del Gobierno de la Nación, Felipe González. ¿Por qué nosotros no hemos tenido esa opción? ¿Por qué no hemos tenido esa oportunidad, lo mismo que en el caso de Aragón? Posiblemente, porque Su Señoría continúa la tradición de aquellos prudentes patológicos, custodios de las esencias, que se quedan con el tarro de las mismas hasta que se les seca en las manos; y, mientras, el resto, avanza. Y esto, a nuestro juicio, no es en absoluto tolerable. Porque todos sabemos -y el pasado más reciente nos lo indica- quién gobierna en estos casos de pactos forzosos; quién consigue máximos beneficios; quién, en último extremo, es el denominador común de la Legislatura anterior y de la Legislatura presente que, lógicamente, ha condicionado y va a seguir condicionando. Y yo, ante esta cuestión, para concluir esta primera parte le preguntaría: señor Presidente, ¿en qué ha participado usted de todos estos pactos? ¿Se le ha consultado? ¿Ha dado su visto bueno? ¿Le recordó el coste para Castilla y León del anterior acuerdo, del que ustedes se quejaban tanto? ¿Le recordó los compromisos adquiridos con Castilla y León, como los demás Presidentes han hecho con los suyos, y, lógicamente, las responsabilidades de no haberlos acometido? ¿O, al final, todo ha quedado en sumisión?

Una y otra vez esta pasividad viene a cronificar algo que ya se hace una constante: de la riqueza de antaño, estamos, o hemos pasado, a una penuria que no somos capaces de superar. Y a veces nos enfangamos en lo de qué significa el veintitrés de abril, la fiesta de la Comunidad, y demás cuestiones. Sólo un recuerdo, posiblemente; entonces nuestra tierra era un emporio, y hoy no lo somos; alguien fue poco a poco arrebatando aquello y nos hemos quedado con el baldón, incluso, de ser "los centralistas" (lo cual pagamos caro, lo cual pagamos caro). Hoy nuestra distancia con la media de España, con la media de España es de más de diez años en cuanto al Producto Interior Bruto por habitante. Si creciésemos todos los años un punto más, en ese Producto Interior Bruto, tardaríamos diez años en alcanzar esa media. Si quisiéramos, lógicamente, alcanzar a Cataluña, tendríamos que estar esperando treinta y cuatro años. Son cifras que están perfectamente establecidas, la correlación, en virtud del 100, Producto Interior Bruto de España: 87,4 Castilla y León y 123,7 de Cataluña.

Pero nos pasa lo mismo en la renta nacional, nos pasa lo mismo en la población activa y nos pasa lo mismo en la población ocupada. ¿Sabe, señor Presidente, qué cantidades precisaríamos para eliminar en estos momentos las diferencias existentes entre la media nacional e, incluso, si quisiéramos ampliar a otros ámbitos? No inferiores a tres billones de pesetas. Y lo digo porque durante estos últimos días se han estado planteando historias que pueden tener fundamento, no lo discuto -sería bueno que nos sentásemos a estudiarlo-, pero eso, señor Presidente, teniendo en cuenta lo que son los servicios fundamentales cubiertos al mismo nivel que la media de las Comunidades Autónomas. Porque lo que no cabe la menor duda es que, si no hay mecanismos de compensación, eso, a la postre, tardando muy pocos años, nos encontraríamos otra vez en inferioridad de condiciones.

Prestación de servicios públicos fundamentales que están reconocidos en la LOFCA y que nunca se han puesto en marcha, y deberían de darnos una explicación, ahora que tienen la oportunidad más directamente -anteriormente también, porque participaba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera-, de por qué ha sufrido la paralización la LOFCA y por qué no ha habido la exigencia, por su parte, de los efectos correspondientes para Castilla y León.

Una pregunta que ya hemos discutido también aquí: ¿vamos a seguir entendiendo y respetando lo que significa la deuda histórica? Diríamos: en virtud de lo que se deriva de la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ¿va a haber una cuantificación de esa Ley deuda histórica?

Izquierda Unida está a favor de la corresponsabilidad fiscal, pero nosotros decimos que, de todas las maneras -en nuestro criterio-, debe de ampliarse al conjunto de las Comunidades Autónomas, debe de tenerse en cuenta, corrigiéndose o no la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; debe de ampliarse en nuestro techo competencial, porque queda demostrado en la propia aplicación de la legislación que eso es un obstáculo importante. Pero, desde luego, desde luego, debe de -al mismo tiempo- entenderse lo que son la aplicación de la cuantía de los fondos que se derivan de la financiación de las Comunidades Autónomas; esos fondos de nivelación que, dichos así, sin más, no tienen acaso mucho sentido para la mayor parte de los ciudadanos. Pero, ¿es que no queremos el mismo número de camas que la media nacional, incluso más dada la circunstancia que tiene nuestra población? ¿Es que no queremos el mismo número de escuelas, el mismo número de profesores, en definitiva, el mismo número que pueda mantener la calidad de nuestra existencia? ¿Por qué no se han mantenido o han tenido en cuenta esos factores de una Ley que es orgánica, y nos la hemos ido cargando poco a poco porque no tenía mucho interés?

Y aquí viene la historia: cuando Sus Señorías rechazaban la reforma del Estatuto de Autonomía -y ahora se demuestra que sí se podía hacer esa ampliación-, no se tenía en cuenta el primer principio de la LOFCA cuando decía que las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera de acuerdo con la Constitución Española y con lo que les atribuyen las Leyes y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Y, significativamente, en todo esto proceso de negociación, casi todas las Comunidades Autónomas o los partidos que han negociado ese acuerdo han apurado al máximo su propio techo competencial, lógicamente, como deberían o como deberíamos de haber tenido la oportunidad nosotros. ¿Qué pasa?, es que somos más torpes, o no hay una capacidad de entender la importancia que tenía, precisamente, esta reforma del Estatuto de Autonomía?

(-p.971-)

El segundo principio de la LOFCA dice: "deberán establecerse de forma que no pueda implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales, ni suponer barreras fiscales en el territorio español". Yo les voy a demostrar luego, con datos, que sí existen esas diferencias; pero no hace falta ni siquiera que yo me permita esa licencia, entre otras razones porque cuando se esgrime con tanta consistencia lo de la solidaridad se está diciendo, efectivamente, que ya existen esas diferencias. Y cuando se ha venido argumentando la ampliación de techos competenciales, de recursos económicos, y la propia aplicación de Fondos de Compensación Interterritorial o Fondos de Cohesión, lógicamente se estaba incumpliendo ese segundo principio de la LOFCA.

Y para qué mencionar el Artículo 15 de la misma Ley que garantiza que en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos... ¿Cuáles son esos servicios mínimos? A mí me gustaría que sí se nos pudiese decir. ¿Estamos en igualdad de condiciones con el resto de las Comunidades Autónomas? ¿Tienen cuantificado esto? ¿Nos ponemos a trabajar o seguimos llorando? Desde luego, si estamos en la media de los servicios de España, a callar y adelante; pero si esto no es así, lógicamente, la pregunta es: ¿qué han hecho ustedes durante todo este tiempo? Y tienen que darnos cuenta aquí en estas Cortes, porque es también una explicitación que dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que tienen que hacerse los análisis correspondientes de tal manera que permiten saber cuáles son las medias y cuáles son los mecanismos de corrección. Tienen que llevarlo a las Cortes Generales; ¿por qué no hacerlo antes en nuestra propia Comunidad Autónoma?

También se hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial. Me imagino que saben mejor que yo, incluso Sus Señorías, que, durante todo este tiempo anterior, ese Fondo de Compensación Interterritorial ha venido surtiendo también de aportación complementaria a Comunidades Autónomas que estaban por encima de ese 75% de la Comunidad o de la Unión Europea, y cuando ya se corrigió hace dos años, resulta que se ha congelado, y nos anuncia el Ministro de Administraciones Públicas, el señor Rajoy, que no va a haber en la práctica ningún tipo de modificación.

Conclusión: ¿qué razones tienen ahora para mantener nuestro marco de competencias en la situación en que está? ¿Para congelar el Estatuto de Autonomía¿ ¿Para esquivar la aplicación de una Ley Orgánica? Porque uno de los aspectos más destacables, precisamente, es buscar esa solidaridad, esa redistribución, esos criterios neutralizadores que permitan equipararnos con el conjunto de las Comunidades Autónomas. Y los pactos, a la postre, señor Presidente, a la postre, los pactos han sido un cambio: el gobierno por las Comunidades Autónomas del 143, y concretamente por la de Castilla y León.

Primero, nosotros no cuestionamos que se alíen con quien les convenza; de hecho, ya se va a hacer costumbre y, al fin y al cabo, han encontrado los aliados en su propio espectro político. Sin embargo, el contenido suscrito exigía otras formas de llevarle a la práctica y en el que tenía que haber una participación más clara de las Comunidades Autónomas, como es verdad que hemos exigido prácticamente todos. Pero era difícil, era difícil que esto se pudiera llevar a la práctica, entre otras razones porque había una gran premura, había una necesidad imperiosa, y han llegado a cambiar cuatro votos de Coalición Canaria, cinco votos del Partido Nacionalista Vasco, con una clara disminución y ostensible de lo que significa los votos de los Diputados y Diputadas del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; han quedado claramente devaluados, pero de forma importante.

Y en el acuerdo con Convergència i Unió, yo voy a advertirle dos cuestiones que a mí sí que me ha llamado la atención: cómo, precisamente, empieza el propio acuerdo, diciendo que es simplemente para el acuerdo de investidura y gobernabilidad, que tiene por objeto dar respaldo parlamentario a la investidura del candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, y que persigue los siguientes objetivos. Nada más. No se vaya a esperar -y ya lo han dejado bastante claro- que vaya a haber una mayor estabilidad, en definitiva, sino una negociación año a año, una negociación año a año que, lógicamente, traerá las consecuencias que traiga. De hecho, termina: "Convergència i Unió se compromete en el presente acuerdo a otorgar su voto favorable a la investidura de José María Aznar, y garantizar la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria para el cumplimiento de los objetivos y prioridades contenidos en el presente acuerdo". Nada más. Posiblemente, sí, nada menos, pero es para pasar el primer ejercicio. Y esto, a nuestro juicio, ya es lo suficientemente importante como para que se lo piensen.

Pero, además, en ese propio acuerdo, aquellas medidas que tendrían que tener algún tipo de consistencia se han obviado. Vamos a modernizar las instituciones, ¿dónde está la reforma del Senado? En absoluto, en absoluto. ¿Dónde está, entonces, la participación de las Comunidades Autónomas en ese marco que pueda ser el debate de la organización o la ordenación territorial en el conjunto del Estado español? ¿Dónde está, sobre todo, sobre todo, ya no sólo la corresponsabilidad fiscal -que sí es importante-, sino cuando hace referencia a la solidaridad? Ha pasado por encima, pero con una prudencia increíble.

(-p.972-)

Lo mismo que hay una cuantificación en la participación de ese 30% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, lo mismo que, incluso, se intentan plantear algunos límites que son muy pocos, de tal manera que va a permitir esas diferencias entre unas Comunidades Autónomas y otras, ¿por qué no se exige la normativa estricta de esa solidaridad? Porque, lógicamente, ésa puede quedar al albur de cualquier tipo de negociación, a la presión que en un momento determinado se pueda ejercer, y que nos pueda llevar, en definitiva, a que, primero, congelado el Fondo de Compensación Interterritorial, no incluido el Fondo de Cohesión dentro de esa solidaridad, y, aunque estuviese incluido, con las distancias que en estos momentos se han producido en su propia aplicación... me imagino que Sus Señorías saben que del orden de 59.000 millones para Cataluña, del orden de 30.000 millones para Galicia, del orden de 19.000 millones para Castilla y León... perdón, para Andalucía, y del orden de 228.000.000 para Castilla y León, Se estaba poniendo ya contentísima la Consejera de Economía. ¡Qué más quisiéramos! Pero corremos precisamente el riesgo de, mientras no haya una regulación estricta de esos fondos de solidaridad, se siga haciendo una interpretación en virtud de los intereses de cada cual. Entonces, ¿qué pasa? Se buscará, como dice el punto nueve del pacto, el consenso entre la Hacienda Central y las Comunidades Autónomas, pero después de haber comprometido una parte sustancial con Coalición Canaria, con Convergència i Unió y con el PNV; es decir, para el resto, haremos la austeridad y además nos aplicarán lo de siempre: declaración de buenas intenciones, de solidaridad, pero nada más.

Yo quisiera ya terminar, concluyendo esta parte, diciendo que -a nuestro juicio-, tal como están las cosas, una Comunidad Autónoma que pueda bajar los impuestos conseguirá aprovecharse de las demás, puesto que afluirán recursos financieros, industriales y humanos, y podrá seguir sin perder recaudación y capacidad de prestar servicios públicos. Nosotros posiblemente no lo podamos hacer. Hoy ha aparecido en los medios de comunicación: "Euskadi va a hacer una disminución de dos puntos y medio en el Impuesto de Sociedades". Y está en nuestra proximidad, y hubo un momento en que aquí todo el mundo se rasgó las vestiduras planteando: va a haber en esa diferencia una absorción por parte de instalación de empresas, por esas exenciones o vacaciones fiscales.

Pero no se incomode tanto, porque el señor Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando hoy ha visto que es la Comunidad Autónoma con mayor incidencia de paro en este primer trimestre, ya ha anunciado que va hacer también una disminución de ese Impuesto de Actividades Económicas.

Y es lógico; y también es una Comunidad Autónoma limítrofe con Castilla y León, y nos encontraremos con ese problema. Ése es el problema. Y mientras no haya unas compensaciones reguladas perfectamente, y estrictamente reguladas, no habrá, lógicamente, un equilibrio, una estabilidad; y entraremos en un proceso de Autonomías más bien competitivas que solidarias -y empezamos a verlo ya en los propios medios de comunicación-, porque se establecen mecanismos o criterios que están directamente vinculados al dumping fiscal.

A nuestro juicio, es discriminatorio, es un agravio comparativo, es fomentar la desigualdad, y, para más escarnio, no encontramos esa compensación. Y no quisiera hablar de la vía esa nostálgico-afectiva que se ha venido utilizando constantemente para decir "como es amigo nuestro, el Presidente del Gobierno actual, pues vamos a tener la posibilidad de acceso mucho más fácil"; porque bien decía don Miguel Ángel Rodríguez, a la sazón Secretario de Información del Presidente Aznar, que "lo de Valladolid, ya queda bastante lejos".

Y la verdad es que sí han quedado dudas. Yo sí quiera decirles alguna cuestión. Hemos hecho una simulación de sistemas de financiación, y hemos cogido de las circunstancias actuales tal como están y las hemos intentado comparar con lo que se derivaría, precisamente, de los pactos. Y hemos podido observar que hay un mayor gasto público; que hay una evidente dispersión en el crecimiento de la autonomía financiera, que prima de forma notable a las Comunidades Autónomas con mayor nivel de renta; que hay una corrección de la suficiencia financiera en favor de las Comunidades Autónomas más desarrolladas; y que se constata la diferencia entre el tramo de cuota líquida y tarifa, y las Comunidades con mayor peso en el Producto Interior Bruto y mayor crecimiento se van a ver beneficiadas, precisamente, por este sistema. Y, con datos absolutos, en los cuales Andalucía disminuirá en 937.000.000, Cataluña incrementará en 19.017 millones, Canarias en 3.000, Galicia en 4.000, País Valenciano en 10.000, y nosotros nos encontramos en 3.798 (que significa, en definitiva, tener, por el sistema anterior, una cobertura de nuestras necesidades del 32%; y, por el sistema actual, una cobertura de necesidades del 49.1%). Pero para algunas Comunidades se llega -el caso de Madrid- al 85,3%, el caso de Aragón al 68%, el caso de Cataluña al 91%, y el caso del País Valenciano al 72,3%. Y esto no es ni más ni menos que por la masa crítica que supone que las Comunidades Autónomas más ricas tienen capital financiero, industrial, humano, y es lógica la diferencia que se establece.

Yo termino con una alternativa de mínimos ante esta condescendencia -a nuestro juicio acrítica- por la que perdemos -y mucho- las Comunidades Autónomas del ciento cuarenta y tres, ciento cuarenta y tres, porque ahora ya sí es verdad que prácticamente quedamos muy pocas del ciento cuarenta y tres, ciento cuarenta y tres.

Y, por tanto, desde Izquierda Unida planteamos: primero, revisión a fondo de este sistema; y en sede parlamentaria, con participación de todas las Comunidades Autónomas. Segundo: una regulación estricta y completa de la solidaridad para la nivelación y la suficiencia financiera. Tercero: incorporación de todos los fondos posibles para esa función de solidaridad, a fin de que no quede al albur de las negociaciones de futuros pactos. Cuarto: cuantificación rigurosa de la deuda histórica; y, a través de los Presupuestos Generales del Estado, hacer su aplicación para conseguir esa convergencia real de las economías de las Comunidades Autónomas.

(-p.973-)

Tramitación efectiva de los compromisos derivados del Pacto Autonómico del noventa y dos, aunque se nos venda por tercera vez la misma... el mismo compromiso.

Financiación efectiva de un Plan de Empleo, similar a Canarias, y que podemos interpretarlo como conclusión del Plan de Empleo Juvenil del señor Aznar.

Reforma del Estatuto de Autonomía, en la línea de Canarias y Aragón, para conseguir el autogobierno con rango de nacionalidad constitucional e impedir que nos sigan pasando este tipo de soluciones arbitrarias.

Lógicamente, reforma del Senado; reducir esas duplicidades administrativas. Pero no quedarse con los Gobernadores Civiles; sino ampliarlo, precisamente, a las Diputaciones Provinciales.

Y el rescate de los compromisos incumplidos, tanto de la etapa del señor Aznar -cuando era Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León-, como en los actuales. Y aquí pongan lo que quieran; pero las líneas férreas con La Ruta de la Plata, con la alta velocidad en el corredor del Duero, con las autovías de todos los tipos, regadíos, minería, Nicas... y es verdad que se pueden añadir muchas más cosas que se prometieron y que no se han cumplido.

Para concluir, y para que todavía quede más claro, decía el señor Zaplana, Presidente de la Comunidad Valenciana, "si hemos apostado por la Autonomía y no la ejercemos; pues apaga y vámonos. Porque la visión centralista o autonomista es lo que está diferenciando a unas Comunidades Autónomas de otras". Y, a nuestro juicio, tiene razón.

Y como no tenemos por qué pagar las eternas promesas con internos incumplimientos, concluyo lo mismo que empecé: piénseselo y retírese de esta responsabilidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Los dos Procuradores integrados en el Grupo Mixto han solicitado a esta Presidencia compartir, y compartirán, el turno de Portavoces. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Farto.


FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, darle las gracias por su comparecencia en esta Cámara.

Y voy a empezar mi discurso por el final del suyo. Creo que es necesario hablar hoy aquí de la construcción del Estado, porque a veces esta Procuradora tiene la sensación de que los árboles no nos dejan ver el bosque, que, en definitiva, es lo verdaderamente importante.

Hay que empezar afirmando que los pactos están aún sin cerrar, y que la gobernabilidad de este país sin apoyos se hace hoy imposible. Esto va a suponer una presión por parte de los nacionalistas que nadie -ni tan siquiera ustedes- saben hasta dónde puede llegar; y el Partido Popular, con el señor Aznar al frente, tendrá que demostrar si es capaz de gobernar, de hacer Estado, en definitiva, de construir España. El señor Aznar nos tendrá que demostrar si auténticamente es un hombre de Estado; y, en este sentido, va a ir nuestro discurso, que va a intentar ser lo más breve posible.

Hoy aquí, señor Presidente, es necesario que nos anuncie cómo desde el Gobierno de la Nación, presidido por el señor Aznar, se va a dar respuesta a los tres objetivos que yo le voy a enumerar, y que considero esenciales y prioritarios en un hombre de Estado.

En primer lugar, creo que debe ser objetivo de un hombre de Estado hacer posible una España sin diferencias; hacer posible que todos los territorios del Estado español tengan las mismas posibilidades institucionales de desarrollo, aportaciones económicas y cuanto fuera necesario para este fin. En fin, fomentar la igualdad entre todos los españoles, no acrecentar las diferencias. Y para ello no se puede seguir -como ya algún Portavoz ha dicho anteriormente- la política de enriquecer al rico y empobrecer al pobre; antes bien, entendemos que se debe de intentar aumentar las dotaciones para aquellos territorios más pobres o empobrecidos. En una palabra, fomentar la igualdad entre todos los españoles.

En segundo lugar, considero que debe de ser objetivo de todo hombre de Estado: primero, potenciar su país fuera de sus fronteras; y hoy es primordial potenciar España y a los españoles -nuestros productos, nuestro mercado y, sobre todo, nuestras tradiciones- fuera de España. El producto nacional es hora ya de que se coloque dignamente fuera de nuestras fronteras, y no sólo en el mercado europeo, sino que se hace imprescindible la apertura a otros mercados. Para ello es urgente, entre otras medidas, empezar a tener en cuenta la pequeña y mediana empresa, con la que ustedes no han contado hasta ahora y siguen -a lo que parece- sin contar con ella. Si alguien crea y ha creado riqueza en este país son los pequeños y medianos empresarios y autónomos.

Es obligación del señor Aznar y de su Gobierno luchar y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso español en cuanto a política internacional. Y para ello voy a citar dos ejemplos que llegan hondamente al corazón de esta Procuradora y que hoy he asumido el compromiso de decir aquí públicamente.

En primer lugar, en cuanto a la política de extradición de terroristas que han llevado a cabo Gobiernos anteriores con países de la Comunidad Económica Europea y con Hispanoamérica.

(-p.974-)

En segundo lugar, un problema dormido para algunos, pero cada día se hace más grave y dramático para sus protagonistas, es el problema de la política con el norte de África. En torno a él, dos problemas básicos en los que los españoles, por desgracia, somos protagonistas por nuestra dejadez y -me atrevería a decir-, por nuestra falta de ética política. Un primer problema es el problema relacionado con el Sáhara; territorio que fue colonia española, incluso provincia, llegando a tener representantes en las Cortes franquistas, y a los que hoy abandonamos a un destino injusto elaborado, en gran medida, por los españoles. Hoy estamos empujando inevitablemente a la guerra a este pueblo del que somos responsables. En segundo lugar, y en este mismo sentido, y siendo España aún hoy potencia administradora de ese territorio en el que está incluido uno de los bancos de pesca más rico, el banco canario-sahariano, hemos fracasado como negociadores, diría más, como país hermano; favoreciendo injustamente al reino alauita en contra del más mínimo respeto a los derechos más básicos de libertad y autodeterminación de los pueblos.

Por último, para terminar, creo que debe ser objetivo de un hombre de Estado conseguir -y convengo con ustedes en que es difícil lograrlo- la seguridad de todos los españoles, erradicando todo aquello que la amenaza, que desestabiliza la vida civil.

En segundo lugar, es necesario salvaguardar el derecho a la vida y a la libertad, hoy amenazada por bandas armadas que mantienen cautivos a dos ciudadanos españoles.

En tercer lugar, es urgente potenciar el respeto a la propiedad y el pleno empleo. Vivimos en una sociedad abocada a la violencia, en muchos casos por la falta de oportunidades para los más jóvenes o para algunos grupos desfavorecidos de nuestro entorno social.

Por último, salvaguardar el derecho a la dignidad humana. La igualdad social es constantemente atacada. Existen, al día de hoy, demasiadas deudas pendientes contraídas por otros Gobiernos; es cierto -y en eso estamos de acuerdo-, pero que no se han resuelto. Y por poner un ejemplo que afecta concretamente a esta Comunidad Autónoma, los afectados del síndrome tóxico con los que el Estado español tiene una gran deuda, y que es un problema importante para esta Comunidad, dado el gran número de afectados que en ella hay.

Si los pactos van a dar solución a todo lo anteriormente expuesto, casi tendrían nuestro beneplácito, a pesar de ciertos agravios comparativos expuestos con anterioridad por otros Portavoces y denunciados, y en los que ya no voy a volver a reiterar para no aburrir a Sus Señorías. Pero permítame decirle, señor Presidente: ni nosotros ni muchos conciudadanos confían en que así ocurra. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Don Joaquín Otero tiene la palabra.


OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias también por su comparecencia, señor Presidente de la Junta ante este, al principio Pleno, ahora ya medio Pleno, a juzgar por los señores Procuradores que tienen interés en el tema de la financiación autonómica, a los cuales saludo, a los presentes; a los ausentes les saludaré al final de mi intervención, que será cuando vengan todos para escuchar la réplica del Presidente de la Junta.

Antes de entrar en detalles, anunciar que, dado lo resumido del tiempo que tenemos para la intervención -el 50% del resto de los Portavoces-, vamos a centrarnos exclusivamente en el tema más importante de los pactos para esta Comunidad Autónoma, que es el tema de la financiación autonómica; el más importante, y además, con mucha diferencia. Por tanto, a él sólo nos vamos a referir.

Y vamos a hacer unas consideraciones previas antes de entrar a analizar datos; porque sí hemos realizado, hemos elaborado datos que quisiéramos someter a la consideración de Sus Señorías y del señor Presidente de la Junta.

La primera consideración previa es que cualquier reparto de dinero, basado en parámetros de población y renta de forma exclusiva, tiene como consecuencia inevitable el agrandamiento de la desigualdad entre las Comunidades Autónomas: se favorece a las que tienen mayor población y ésta está más concentrada, y se perjudica a las que tienen menos población y ésta está más dispersa; o sea, el ejemplo propio y típico de Castilla y León. Esta consideración, Señorías, entendemos que es incuestionable e irrefutable.

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En segundo lugar -y como segunda consideración previa-, debemos decir que estamos seguros de que el Presidente de la Junta comparte lo que acabamos de decir; lo mismo que estamos seguros que la señora Consejera de Economía -poco interesada en el tema, por lo que se ve, dada su ausencia- también lo comparte, o al menos, así se lo ha dicho a los periódicos; al igual que también lo ha hecho el Presidente de la Junta... el Presidente -perdón- del Gobierno de la Nación, señor Aznar. El mensaje de todos ellos se puede resumir del siguiente modo: tranquilos todos; a las Comunidades desfavorecidas -o sea, a Castilla y León entre otras-, se les va a compensar mediante otros instrumentos de financiación. Y se han referido siempre -se ha referido usted siempre, señor Presidente-, a tres, fundamentalmente: el Fondo de Cooperación Interterritorial, un fondo que Sus Señorías saben que para el año... en el año noventa y cinco, y para todo el territorio nacional, fue de 128.000 millones de pesetas. Pocos milagros se pueden hacer con 128.000 millones de pesetas si con eso se pretenden reducir las desigualdades interregionales. Pero es que además, esos 128.000 millones de pesetas no se pueden incrementar; estamos -no se olviden, Señorías- en época de recortes presupuestarios. No olvidemos tampoco que a esos fondos solamente acceden las Comunidades Autónomas pobres; las ricas no tienen nada que ver en ellos. Por tanto, no podemos quitarle dinero a las Comunidades ricas para dárselo a las pobres -de ese Fondo- porque de ese Fondo las ricas no ven ni un solo duro.

En definitiva, para Castilla y León, en el año mil novecientos noventa y cinco, el dinero que llegó del Fondo de Compensación Interterritorial fue de 12.287 millones de pesetas. Si algo se aumenta, que poco va a ser, poco se va a poder compensar los agravios que la cesión del 30% va a suponer para esta Comunidad Autónoma.

En cuanto al segundo instrumento, el Fondo de Nivelación de los Servicios Mínimos, lo dicho, ¿va a pagarlo ahora Aznar, que estamos en tiempo de recortes y restricciones presupuestarias? ¿Va a ser éste el momento de enjugar la deuda histórica de las Comunidades Autónomas? No lo creemos.

Y, en cuanto a los Fondos de Cohesión de la Unión Europea... pues dos cuestiones. Primero, que no parecería bien visto que tenga que ser Europa la que se encargue, ya que nosotros no podemos recortar las diferencias interterritoriales, ya que no somos capaces, que tengamos que acudir a Europa para que ellos nos lo hagan. En segundo lugar, esos Fondos de Cohesión tampoco se van a incrementar. Lo decía -me parece- el Portavoz socialista -también ausente, por cierto-, al aludir a la expansión de los países que van a formar en el futuro inmediato la Unión Europea.

Conclusión, y sin entrar en números, sólo valiéndonos de la lógica: la cesión del 30% del IRPF a las Comunidades Autónomas es negativa para Castilla y León. Pero, además, así lo prueba el hecho de que Cataluña y Madrid estén encantadas con la cesión. Es "verdad de perogrullo" que para que unas Comunidades Autónomas reciban más dinero en la financiación autonómica, otras van a recibir menos. Lo decía el Portavoz socialista al hablar de esa tarta, que no puede repartirse para todos si unos cogen más y otros cogen menos; y lo dice un articulista en "El Norte de Castilla", el veintiséis de abril, cuando se refiere textualmente a que "la cesión del IRPF es pájaro en mano y, todo lo demás, ciento volando". O sea, en la realidad, Señorías, vamos a recibir menos; pero en promesas, vamos a recibir más.

Hemos realizado un cálculo aproximado -y subrayo la palabra "aproximado"- en cuanto a cifras y porcentajes, con relación a la cesión del 30% del IRPF. Y aquí quiero aclarar, y quiero dejar bien evidente que se trata -como digo- de aproximaciones; realizar operaciones numéricas con cifras futuras es, sin duda, muy aventurado. Y nosotros no pretendemos eso. Hemos utilizado, en unos casos, cifras del Presupuesto de mil novecientos noventa y cinco; en otros casos, cifras estadísticas o datos estadísticos, actualizándolos o trasladándolos al momento actual, utilizando criterios que explicaré en cada momento. Quiero decir con ello que los resultados finales que yo les voy a dar, posiblemente, estén lejos de ser exactos y de ser reales; pero, desde luego, sí sirven -eso Señorías ténganlo por seguro- para hacernos una primera idea, un primer diagnóstico de lo que va a suponer para Castilla y León -y también para otras Comunidades- la cesión del 30% del IRPF.

El Presupuesto General del Estado de mil novecientos noventa y cinco prevé una recaudación del Estado, mediante ingresos no financieros, de 14,15 billones de pesetas. De ellos, 5,4 billones corresponden a la recaudación del IRPF y el 30% de esos 5,4 billones es 1,6 billones de pesetas. Así, el Estado, en lugar de recaudar 14,15 billones de pesetas, recaudará -tras la cesión del 30% del IRPF, cuando se produzca en cada una de las Comunidades Autónomas- 12,53 billones; es decir, el 88,5% de lo que recaudaba antes.

Primera conjetura: el Estado va a disponer de 1,6 billones menos para distribuirlo entre las Comunidades Autónomas con criterios -al menos a priori- de solidaridad interterritorial; y esos 1,6 billones de pesetas lo van a recaudar las Comunidades Autónomas con criterios objetivos de renta, por tanto, con criterios insolidarios.

En segundo lugar, y en cuanto a la recaudación del Estado, o la recaudación... o cuánto aporta cada Comunidad Autónoma al Estado en concepto de IRPF antes de la cesión; pues miren ustedes, Señorías, teniendo en cuenta que los datos utilizados son estadísticos y los hemos trasladado a la fecha actual siguiendo el criterio de proporcionalidad en el crecimiento de la media nacional, así, mire, aporta cada Comunidad al Estado, antes de la cesión del IRPF, en el noventa y cinco, las siguientes cantidades: Cataluña, 1,18 billones; Andalucía, 52 billones; Madrid, 1,32; Castilla-La Mancha, 0,11; Galicia, 0,23 y Castilla y León 0,23 también.

¿Cuánto, a "sensu contrario", cuánto da el Estado a cada Comunidad Autónoma para su financiación, antes de la cesión del 30% del IRPF? Volvemos al Presupuesto de mil novecientos noventa y cinco, último que se ha aprobado: el Estado reparte entre todas las Comunidades Autónomas -con los criterios de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; en teoría, con criterios solidarios- 1,95 billones. Y, ¿cómo se distribuye entre cada Comunidad? ¿Cuánto le da el Estado antes de la cesión del 30% y del 15% a cada Comunidad? Pues, miren ustedes: a Cataluña, 384 billones; a Andalucía, 573 billones; a Madrid, 89; a Castilla-La Mancha, 57; a Galicia, 246; y, a Castilla y León, 79 billones de pesetas.

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Para no aburrirles con cifras, vamos a comparar los porcentajes. ¿Cuánto aporta cada Comunidad Autónoma al Estado en concepto de IRPF? Y, ¿cuánto invierte, o cuánto le cede el Estado, o cuánto invierte el Estado en la financiación de esas Comunidades Autónomas? Pues en Cataluña, Cataluña aporta al Estado el 21,8% de la cantidad total de financiación -y recibía, antes de la cesión del 15%, el 19,7%-; o sea, que el señor Pujol tenía razón para estar enfadado, porque ellos estaban aportando más de lo que el Estado les estaba devolviendo. En Andalucía, exactamente lo contrario; en Andalucía, o Andalucía, en ese mismo concepto y en términos globales, aportaba 9,66% -y estaba recibiendo el 29,4%-; por tanto, el señor Chaves está muy enfadado con la cesión del 30%. En Madrid, el 24,5% aportaba la Comunidad Autónoma al conjunto del Estado; y el Estado le devolvía, en su financiación, el 4,6%; el Presidente de la Comunidad de Madrid está encantado con esta situación porque antes no le gustaba nada. En Castilla-La Mancha, el 2,9% aportaba al Estado; y el Estado le devolvía exactamente lo mismo, el 2,9%. En Galicia, el 4,33 y ahora el Estado le va a devolver... o mejor dicho, Galicia aportaba el 4,33 y el Estado le devolvía el 12,6%. Y en Castilla y León, que es lo que nos interesa, quedábamos "a pre": tanto dinero salía de aquí dirección Estado, en cuanto al impuesto sobre la renta, como dinero nos devolvía el Estado para la financiación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Y a lo que vamos. ¿Qué va a ocurrir ahora al recaudar las Comunidades Autónomas -cuando lo recauden- el 30% del IRPF? ¿Cuánto va a recaudar cada Comunidad Autónoma? La suma del 30% y de las nuevas aportaciones -que serán menores- por parte del Estado. También hemos elaborado los datos que -para no cansarles- vamos a resumir en porcentajes. Y lo vamos a comparar, además, con los datos que les dábamos ahora mismo; es decir, sin la cesión del 30%, y con la cesión del 30%.

Miren, sin la cesión del 30%, Cataluña recibía del Estado para su financiación el 19,7% les dije; ahora, va a recibir el 20,7; o sea, un poco más. Por eso han firmado el pacto y por eso están contentos. En Andalucía recibían antes de la cesión del IRPF el 29,4%; ahora, menos, el 19,8%; y por eso, no están contentos. En Madrid, recibían el 4,6% y fíjense ustedes si tiene que estar contento el señor Presidente de la Comunidad de Madrid, ahora va a recibir el 14,2%. En Castilla-La Mancha, el 2,9; y ahora va a recibir un poco menos, el 2,5%. En Galicia, el 12,6% recibían; y ahora van a recibir un poco menos -a pesar de que el señor Fraga ha retirado el recurso de inconstitucionalidad-, del 12% van a pasar al 8,6%. Y en Castilla y León, en Castilla y León, Señorías, volvemos a quedar igual, volvemos a quedar igual; tanto íbamos a recibir antes de la cesión del 30%, como vamos a recibir ahora con la cesión del 30%. ¿Qué ocurre? Eso sí, que vamos a recibir menos por otras vías porque el Estado ahora tiene menos dinero para repartir o para invertir vía directa en las Comunidades Autónomas. Por eso, vamos a salir -les digo- perjudicados.

En definitiva, Señorías, hay "trampa" -entre comillas-. El Estado ahora tiene 1,62 billones menos para repartir. Para poder probar a ciencia cierta esta "trampa", claro, habría que saber cómo el Estado iba a invertir esos 1,6 billones de pesetas. Pero eso es imposible de saber. Lo máximo que se puede saber es que el Estado invertiría ese 1,6 billones de pesetas con criterios más objetivos que lo va a hacer a través de las Comunidades Autónomas con criterios poco objetivos y antisociales, exclusivamente de renta.

Y termino ya, señor Presidente, primero con esa matización: salimos perdiendo, porque vamos a recibir lo mismo vía financiación, pero menos, porque el Estado va a tener menos dinero para darnos por otras vías.

Este humilde Procurador, señor Presidente, segregacionista de la provincia de León, pero amante de la paz y de la tranquilidad, como todos los leoneses -segregacionistas y no segregacionistas-, quiere referirse en treinta segundos a la provincia de León, como es evidente, y quiere matizar dos cuestiones, o quiere mencionar dos cuestiones importantes. La primera será una crítica, pero la segunda será una pregunta.

En primer lugar, ¿cómo puede repercutir en una provincia en concreto, y en especial en la provincia de León, que se ceda o no se ceda el 30%? Pues miren, del importe total que la Comunidad Autónoma va a recaudar por ese 30% del IRPF, a la provincia de León le correspondería, en razón a lo que ella aporta, el 17,2%. Año tras año comprobamos en los Presupuestos, con desesperación, cómo la Junta destina a la provincia de León el 6,28%. Me dirán: sí, eso es lo provincializado. Es que lo no provincializado no lo podemos saber, no nos lo dicen nunca. Parece lógico pensar, por tanto, que, desgraciadamente y mientras dure este Gobierno, la tendencia será la misma, y de la recaudación del 30% del IRPF no se va a invertir en León el 17,2%, sino el 6,2%. No nos gustaría, señor Presidente, que así fuera.

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Y, en segundo lugar, es una pregunta más que nada, o es una consideración, o es una reflexión muy importante para la Diputación Provincial de León, que también se va a ver afectada por esta financiación y para todas las demás Diputaciones Provinciales de Castilla y León. El Estado aporta a la Diputación Provincial de León -que ahora mismo va a debatir sus presupuestos-, en concepto de participación en los tributos del Estado, la cantidad de 9.850 millones de pesetas anuales. Pero ahora, a partir de la cesión del 30% a las Comunidades Autónomas, el Estado va a recaudar de la provincia de León menos, o sea, el 30% menos, que se lo va a quedar la Junta de Castilla y León. Así, cedido el 30% del IRPF a las Comunidades Autónomas, el Estado, por el concepto anterior, o sea, participación en los tributos del Estado, va a reducir su aportación en pesetas de mil novecientos noventa y cinco a la Diputación Provincial de León, y a todas las demás Diputaciones Provinciales, pero en concreto a la Diputación Provincial de León, a 8.200 millones de pesetas. Es decir, le va a dar 1.650 millones de pesetas menos, que, como es evidente, para no dárselos a la Diputación, se los va a dar a la Junta, porque van englobados en ese 30%.

Yo le pregunto, señor Presidente de la Junta, ¿cómo van a compensar ustedes a las Diputaciones Provinciales, en concreto a la Diputación Provincial de León, por esos 1.650 millones de pesetas que van a perder? Porque el Estado no se los va a dar, sin embargo, sí se los va a dar a ustedes. Sí, señor Presidente, ¿cómo van a compensar a la Diputación Provincial de León? ¿Le van a hacer una transferencia anual en cada uno de los Presupuestos? Valdría; sería una buena fórmula, sería una buena fórmula.

En cualquier caso, quiero hacer esta llamada de atención. Son muchos millones, 1.650 millones; es la mitad de lo que la Diputación Provincial de León va a destinar a inversiones, más o menos, en el próximo ejercicio. Estamos hablando de cantidades vitales para la supervivencia -que nosotros defendemos, desde luego con toda nuestra fuerza y con todo nuestro peso- de las Diputaciones Provinciales.

Ésos son los datos que hemos elaborado, esas son las conclusiones. No crean ustedes, insisto, que son datos exactos. Hemos utilizado criterios para acercarnos a la realidad, pero la impresión es ésa: vamos a salir perdiendo.

Señor Presidente, si usted me contesta al tema de la aportación a las Diputaciones o la aportación que dejarán de recibir las aportaciones... las Diputaciones por parte del Estado, y me dice cómo se van a compensar, me daré por satisfecho. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Don Juan Vicente Herrera, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. El Grupo Parlamentario Popular, como primer pronunciamiento, quiere hacer un sincero agradecimiento al Presidente de la Junta de Castilla y León por su comparecencia... por su comparecencia, y por las explicaciones facilitadas en relación a la trascendencia, para nuestra Comunidad Autónoma de los acuerdos de investidura y de gobernabilidad suscritos entre el Partido Popular y diversas fuerzas parlamentarias nacionalistas.

Si me permiten una pequeña digresión que rompa un poco la marcha ya un poco cansina, en este momento, del debate, y dentro de lo que es un tono de respeto y puramente dialéctico, hoy, dieciséis de mayo, es el aniversario de la muerte de "Joselito". Para el mundo taurino es siempre un día especialmente señalado. Y yo creo que, si me admite el Portavoz del Grupo Socialista esta pequeña digresión taurina, le diré que, contemplando los gruesos capotazos con que ha despachado la cuestión que nos ocupa, a este Portavoz le cabe una triple duda: o bien las discrepancias territoriales de los socialistas españoles -óigase el discurso del señor Obiols en Barcelona, del señor Ibarra en Extremadura, del Ex Ministro Solbes en Madrid, de Joaquín Almunia, como Portavoz del Grupo Parlamentario, o del señor Quijano aquí- son tan patentes, o bien ustedes han estudiado reposadamente los pactos y se dan cuenta que no son tan malos, o bien, finalmente, señor Quijano, nos encontramos ante una situación absolutamente perplejante...


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Las tres cosas.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: No, yo creo que las tres cosas no, yo creo que las tres cosas, no. Pero ciertamente, señor Quijano, es preciso, es preciso que usted nos explique si lo que en verdad han tenido efecto es aquella artillería pesada que el señor Pujol... con que el señor Pujol amenazó al señor González.

En cualquiera de los casos, ciertamente, Señorías, existen precedentes de acuerdos parlamentarios, de acuerdos parlamentarios similares, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. En todos ellos y en algunos de ellos, desde luego, han estado presentes algunos de los Grupos Nacionalistas que han participado en estos acuerdos, si bien estos acuerdos presentan una característica que ha sido puesta de manifiesto y que yo quiero reiterar, cual es su transparencia. Los acuerdos han quedado, después del proceso de negociación, escritos, y sobre esos pactos escritos podemos hoy debatir y podemos hoy disentir.

En cualquiera de los casos, desde la perspectiva de los populares de Castilla y León, de los pactos de apoyo a la investidura y al Gobierno de José María Aznar, se deriva una primera consecuencia positiva para Castilla y León que es preciso hoy también resaltar, cual es el hecho mismo de que el principal efecto de esos pactos es la articulación de una mayoría parlamentaria en torno a un programa de gobierno, y no solamente en torno al contenido específico de esos pactos, sino que es preciso significar que los Grupos Parlamentarios han votado positivamente un programa de investidura, un programa de gobierno completo, sobre el cual indudablemente podemos también debatir, y que configuran y permiten dar base sólida a un Gobierno presidido por José María Aznar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Guarden silencio, por favor, Señorías.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Yo les pediría, sobre todo a algunos de ustedes, que procuraran tratarme, al menos, con la misma descortesía con la cual han tratado al Presidente de la Junta. Yo creo que, por lo menos, nos lo merecemos.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor...


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: De ahí se deriva...

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(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías por favor. Orden Señorías. Guarden silencio, por favor.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: De ahí se deriva, Señorías, una consecuencia de estabilidad política que, indudablemente, tiene unas inmediatas repercusiones de carácter social y económico para toda España, para todas las Comunidades Autónomas, y también para Castilla y León. Con un añadido, que yo quiero subrayar en representación de los cincuenta Procuradores del Partido Popular en esta Cámara, que, efectivamente, va a producir un acercamiento y una mayor capacidad de diálogo entre los responsables de la Administración autonómica y los responsables de la Administración central, aunque sólo sea por la procedencia de Castilla y León no solamente de muchos de los altos responsables del Gobierno, sino el hecho también significativo -que no podemos despreciar- de que el actual Presidente de España ha sido previamente Presidente de esta Comunidad Autónoma.

Todo ello -y lo ha reiterado el Presidente de la Junta, y lo reiteramos cada uno de los Procuradores-, sin merma alguna del compromiso inequívoco que todos nosotros tenemos con esta tierra, y la reivindicación, fuera de todo oficialista... perdón, fuera de todo oficialismo -del cual ustedes han sido, desde luego, catedráticos durante los últimos trece años-, reivindicación constante que nosotros vamos a hacer de... la solución a los verdaderos problemas de nuestra Comunidad Autónoma.

(Murmullos.)


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: El Presidente de la Comunidad ha realizado una intervención que se ha centrado en lo que, a su juicio -y nosotros, desde luego, lo compartimos-, son los tres grandes ejes que, en relación a lo que puede afectar a nuestra Comunidad Autónoma, vertebran especialmente el pacto suscrito con Convergència i Unió.

El primero de ellos se refiere, desde luego, a la modernización del Estado, al nuevo modelo de Estado. Se ha hablado, por supuesto, del avance en lo que debe ser -dentro de unos esquemas de mayor eficacia y de austeridad de la propia Administración- un modelo de Administración común o de Administración única, con una reforma en profundidad de la Administración periférica. Nosotros, desde luego, compartirmos plenamente ese objetivo.

Un segundo objetivo, no en la exposición cronológica del Presidente, pero sí, desde luego, en la exposición a la cual yo me estoy haciendo referencia, es la del fortalecimiento o la potenciación del papel de las Comunidades Autónomas en la conformación de la opinión del Estado, en definitiva, de la opinión de España ante los problemas de ámbito y de alcance regional de la Unión Europea.

Sobre eso, he de significar que el contenido de los pactos, y específicamente de los pactos firmados con Convergencia y Unión, no es sino un fiel trasunto de las conclusiones a las que llegó la Ponencia del Senado, dentro de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la cual participaron importantes parlamentarios de nuestra Comunidad Autónoma, en relación precisamente al papel y al futuro de las Comunidades Autónomas en el juego ante la Unión Europea.

Y la tercera de las cuestiones que fundamentalmente ha centrado el contenido del debate y el contenido de las intervenciones de los anteriores Portavoces es la que hace referencia al nuevo modelo, al nuevo sistema de financiación autonómica. Yo pienso, Señorías, que no podemos avanzar en líneas de crítica al sistema que se propone, al sistema que, en definitiva, será objeto de pacto dentro del marco constitucional y en los ámbitos de representación de las Comunidades Autónomas y, más concretamente, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin hacer un examen crítico de las consecuencias, especialmente para Castilla y León, del sistema de financiación todavía vigente, del sistema de financiación anterior.

Y yo he de concluir, porque tampoco quiero ser especialmente extenso en este punto, que el actual sistema de financiación autonómica ni supone corresponsabilidad fiscal, porque está fundamentalmente basado en transferencias lineales del Estado o de la Unión Europea. Ni realiza adecuadamente los principios de autonomía y suficiencia financiera, y son ustedes conscientes de los problemas que ha tenido la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y otras Comunidades Autónomas, en relación a determinados deméritos en la valoración de los servicios nuevos transferidos, que no comprendían, en muchos casos, las nuevas inversiones o las inversiones de las competencias transferidas, lo que determinaba que había que aplicar a las mismas fondos que, en realidad, lo que tendrían que lograr era la equiparación de nivelación de nuestra Comunidad Autónoma con otras. Ni tampoco es justo, en la medida que ha provocado una grave asimetría -y también en nuestra Comunidad Autónoma vamos a tener la oportunidad de verlo- entre la capacidad de gastar y la capacidad de ingresar de las Comunidades. Ni garantiza, como vamos a ver -y es un ejemplo palmario nuestra Comunidad Autónoma-, el principio de solidaridad. Y por eso, señor Quijano -con todo respeto-, no entiendo su discurso de la solidaridad, no lo entiendo, y se lo voy a demostrar. Y, es más, es un sistema -el actual- que adolece de defectos de constitucional...

(Murmullos.)


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: ...es un defecto, es un sistema...

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(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Don Vicente, aténgase al discurso del Presidente y no entable debate con otros Grupos Parlamentarios, se lo ruego.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Es una lástima que en muchas ocasiones no se sepa perder, pero tampoco se sepa escuchar dialécticamente al contrario, por favor.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor, les llamo una vez más al orden. No creo necesario recordarles la obligación que tienen de guardar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria. Me basta apelar a la buena educación.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego, Señoría, que no entable debate con el Grupo.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Señor Presidente, ¿puedo plantear una cuestión de orden?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No, Señoría. Ya se lo he advertido al orador.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: ¿Puedo plantearla o no?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, silencio, por favor. Ya le he advertido al señor orador que no entable debate con otro Grupo Parlamentario.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: En cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, y refiriéndonos en concreto a las consecuencias del actual sistema, o a las aplicaciones concretas del actual sistema para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sí me gustaría significar dos cosas. En primer lugar, es un ejemplo del problema que ha dado en llamarse asimetría entre la capacidad de gasto y la capacidad de ingreso.

Desde luego, y pese a no haber asumido todavía algunas de las más importantes competencias en capacidad de gasto que se derivan de las previsiones del Pacto Autonómico del año noventa y dos, y fundamentalmente la referida a la educación no universitaria, es evidente que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en los últimos años, ha incrementado poderosamente su capacidad de gastar, contando -como todos ustedes saben- en el año noventa y seis con un presupuesto consolidado de gastos de 413.000 millones de pesetas, en los cuales se engloban también los recursos procedentes de la Unión Europea, dentro de la Política Agraria Común.

No obstante las rigideces y los condicionamientos de toda política autonómica de gasto, es evidente que en nuestro propio Presupuesto, en la estructura de nuestro Presupuesto, puede destacarse un desequilibrio entre esa capacidad de gastar y la correlativa capacidad de ingresar de nuestra Administración regional, entendidas ambas capacidades como margen de actuación, margen de autonomía, en las decisiones que afectan al final al ingreso o al gasto.

En efecto, y prescindiendo de lo que es la política de endeudamiento autonómica, nuestra financiación autonómica procede fundamentalmente de las transferencias del Estado, vía participación en los ingresos del Estado, vía Fondo de Compensación Interterritorial, así como de las transferencias de la Unión Europea.

Por el contrario, en lo que se refiere a los tributos propios, que son sobre los cuales sí que tenemos, efectivamente, alguna capacidad normativa y plena capacidad de gestión y de recaudación, éstos únicamente representan el 2% de nuestros ingresos. Mientras que los tributos cedidos, sobre los cuales tenemos la capacidad de gestión, y que son, fundamentalmente -como todos ustedes saben-, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos y la Tasa del Juego, éstos no representan más allá del 12% de nuestros ingresos. Se pone así de manifiesto un desequilibrio -esa asimetría a la que he hecho referencia-, que hay que corregir para que, indudablemente, la Comunidad Autónoma... las Comunidades Autónomas pueda decirse que adquieren plena mayoría de edad y que adquieren también ante los ciudadanos plena responsabilidad: se responsabilizan tanto de la política de gasto como de la política de ingreso.

Por lo que se refiere específicamente a la actuación en nuestra Comunidad Autónoma de los instrumentos de compensación, y teniendo en cuenta... de los instrumentos de solidaridad, y teniendo en cuenta que el mandato de solidaridad es un mandato constitucional, a mí me gustaría significar las siguientes tres cuestiones.

Existe, como todos ustedes saben, y lo desarrolla... lo prevén los Artículos 156 y 158 de la Constitución, y lo desarrolla el Artículo 15 de la LOFCA, aquí se ha hablado hoy de una previsión del establecimiento de unas asignaciones para la nivelación de unos servicios mínimos iguales, elementales y fundamentales para todos los ciudadanos españoles, con independencia de su lugar de residencia. Pues bien, es necesario significar que, estando previstos en la Constitución del setenta y ocho y estando previstos en la Ley Orgánica -que es del año ochenta-, los sucesivos Gobiernos socialistas -y es preciso significarlo- no han tenido la voluntad política ni cívica de desarrollar este instrumento. Bueno, esto es importante significarlo.

Y es más importante significar que en la última normativa que produjo la prórroga del Presupuesto se determinó, en reconocimiento de una pretendida deuda histórica y como anticipo a cuenta precisamente para esta nivelación, el envío o la transferencia de importantes recursos a dos Comunidades Autónomas, curiosamente gobernadas por dirigentes socialistas.

Por lo que se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial, se ha puesto también aquí de manifiesto cómo el Fondo ha ido decreciendo en los últimos años, y, desde luego, con sus recursos no cumple para nada la finalidad en principio prevista por él mismo. Y esto se ha producido, fundamentalmente, porque la política presupuestaria del Gobierno de España, del Gobierno de todos los españoles, de nuestro Gobierno, ha determinado que la inversión real del Estado -que es la que marca el volumen global del Fondo- no haya podido crecer en los últimos años y que, además, dentro de ese Fondo hayan entrado en la cuota de reparto algunas otras Comunidades Autónomas.

De esta manera, el Fondo de Compensación Interterritorial ha decrecido porcentualmente para Castilla y León, es menos importante, y, por tanto, este instrumento de solidaridad tampoco funciona.

Y no hablemos ya del Fondo de Compensación... perdón, del Fondo de Cohesión, porque algún otro Portavoz se ha hecho eco del reparto o de la distribución regional, porque, efectivamente, ése es un fondo estatal que viene a compensar el esfuerzo que los estados inferiores al 90% de la media europea hacen para la convergencia. Pero la distribución interna sí tiene que producirse con arreglo a criterios de solidaridad, y no es de justicia, no es de solidaridad, que los mayores recursos del Fondo de Cohesión se distribuyan a regiones que, indudablemente, superan ese 90%.

Vemos, por tanto, las deficiencias del sistema de financiación actual. Vamos al nuevo sistema, al sistema que se deriva claramente, expresamente, de los pactos firmados entre el Partido Popular y las fuerzas nacionalistas, y especialmente Convergencia y Unión.

En primer lugar, el nuevo sistema -y aquí se ha dicho- es necesario, porque estamos en un período transitorio, una prórroga del anterior, y, por lo tanto, en cualquiera de los casos sería necesario establecer un sistema de financiación para el período noventa y siete-dos mil uno.

En segundo lugar -y se ha dicho también, y es preciso recordarlo-, será un sistema pactado. Esto es: los acuerdos no tienen aplicación directa, deberán ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, desde luego, las Cortes Generales, a través de la modificación de los instrumentos legales -la Ley del Impuesto y seguramente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas-, las que determinen la aplicación práctica del nuevo sistema. Pero es que el pacto establece expresamente que se buscará el consenso entre la Hacienda central y las Comunidades Autónomas.

En tercer lugar, se basará este sistema en los principios constitucionales que desarrollan los Artículos 156 y 158, especialmente suficiencia financiera, solidaridad y coordinación.

En cuarto lugar, persigue dos objetivos prioritarios, que son: garantizar, por una parte, la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas a través de eficaces mecanismos de corresponsabilidad fiscal. ¿Y cuáles son éstos? Pues, desde luego, tanto la capacidad normativa que se transfiere a las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos, como la cesión o la participación en ese 30%, tanto en la capacidad normativa como en la capacidad de gestión, sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pero también -y aquí se ha puntualizado-, de la misma manera, la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en la dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como un instrumento fundamental para la financiación de las Comunidades Autónomas, cual es la participación de las mismas en los pagos a cuenta del Impuesto, lo que va a mejorar sustancialmente los grados de financiación.

Y, en segundo lugar, va a perseguir garantizar el principio de solidaridad. Y yo quiero que quede también expresamente, y quiero reiterar lo que el pacto, lo que el acuerdo con Convergencia y Unión establece meridianamente al respecto, y que, desde luego, es un compromiso que, reproduciendo sustancialmente las previsiones del Artículo 15 de la LOFCA, tenemos que atribuirle al menos la presunción de buena y la presunción de voluntad de desarrollo, en la medida en que se establece el principio de solidaridad interregional que se materializará -dice textualmente el acuerdo- en la igualación de los servicios esenciales a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia, valorando las diferencias de coste de la prestación de los servicios y, desde luego, el diferente grado de desarrollo.

Éstas son, en definitiva, las líneas generales de un nuevo sistema de financiación que a nosotros, ciertamente, nos convence y que nosotros entendemos -con el Presidente de la Comunidad-, ciertamente, que aporta y que va a aportar indudables ventajas prácticas para nuestra Comunidad Autónoma.

Pero es que, para finalizar, me interesa significar también que este modelo de financiación es un modelo que el Grupo Parlamentario Popular, que el Partido Popular de Castilla y León sometió tanto a debate como, desde luego, al criterio y al parecer de los ciudadanos de esta Comunidad hace ahora tan sólo un año. Porque, indudablemente...

(Murmullos.)


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Porque, indudablemente... Porque, indudablemente, señores... señoras y señores Procuradores...

(-p.981-)

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Es bueno refrescar, es bueno refrescar la memoria, y yo lo voy a hacer acudiendo a un texto que para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, es muy importante, cual es el programa con el cual el Partido Popular se presentó a las elecciones autonómicas del año noventa y cinco.

Y yo quiero subrayar aquí la perfecta consistencia entre el modelo de financiación que prevén, en términos generales, los Acuerdos de Investidura y Gobernabilidad firmados recientemente con el modelo de financiación autonómica que los cincuenta Procuradores aquí sentados estuvimos defendiendo por Castilla y León y sometimos a los ciudadanos de esta Comunidad, y -lo reitero- obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.

Y para refrescar... y para refrescar la memoria a los integrantes, fundamentalmente, de mi Grupo Parlamentario, yo quiero significar cuáles eran los cinco grandes ejes en torno a los cuales giraba -y eso está en ese texto, que desde luego nadie me va a poder negar-, giraba aquel modelo de financiación que nosotros ofrecíamos a los ciudadanos de Castilla y León, y que comenzaba con un frontispicio que significaba que no puede hablarse de verdadera autonomía política sin que exista autonomía financiera. Y esas cinco claves eran las siguientes.

En primer lugar... y que además determinan nuestro compromiso con Castilla y León. Y yo vuelvo a repetir que es plenamente coherente con unos pactos que nosotros apoyamos hoy también aquí.

La primera clave era el total desarrollo del Pacto Autonómico del año noventa y dos y la equiparación competencial.

La segunda... y estoy haciendo referencia textual a ese documento que para nosotros significa un compromiso y un contrato con los ciudadanos de esta tierra, la segunda era el incremento de los niveles de autonomía financiera a través de un verdadero sistema de corresponsabilidad fiscal -no como la cesión vía transferencia anterior del 15% del IRPF-, y mediante la cesión tanto de capacidad normativa como de capacidad de gestión.

En segundo lugar, la nivelación de servicios fundamentales, y en especial aquellos que afectaban a la dispersión territorial de nuestra Comunidad Autónoma y a la edad de nuestros ciudadanos.

En cuarto lugar, la reforma en profundidad del Fondo de Compensación Interterritorial, incrementando tanto su volumen como los criterios de distribución. Y es muy importante significar, porque también es recordar -y hay que remitirse a las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando en el año noventa se reguló nuevamente el Fondo de Compensación Interterritorial-, que fue la Junta de Castilla y León, que fue el Consejero de Hacienda entonces de la Junta de Castilla y León el que, desde luego, sostuvo la necesidad de que se incorporaran, como criterios de distribución del Fondo de Compensación, elementos tan favorables a nuestra Comunidad Autónoma como, ciertamente, la dispersión territorial y la superficie territorial, frente a los criterios de predominio de la población, que fueron los establecidos por el Gobierno Socialista. Eso hay que significarlo también.

Y finalmente... y finalmente, una reforma en profundidad, tanto de los criterios de distribución del Fondo de Cohesión, como de lo que debe ser la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión, en el seguimiento y en la ejecución de los distintos programas que se someten al mismo.

Todo ello determina, a nuestro juicio -y con esto voy concluyendo, señor Presidente, Señorías-, que nosotros manifestamos nuestra conformidad con el sistema de financiación previsto en sus líneas generales por los pactos de investidura y gobernabilidad. Que nosotros exigiremos, lógicamente, a la Consejera de Economía y Hacienda, que habrá de sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los Consejeros de las demás Comunidades Autónomas y con el Ministro de Economía y Hacienda y de Administración Territorial, exigiremos, indudablemente, que se defiendan los criterios coherentes con ese pacto y coherentes con nuestro compromiso con Castilla y León, porque entendemos que nosotros debemos defender, desde luego, esos compromisos.

Y con carácter general, nosotros entendemos también que se ha establecido una dialéctica errónea, una dialéctica... yo pienso que no acertada, no ajustada, entre Comunidades ricas y Comunidades pobres, entre Comunidades más desarrolladas y Comunidades menos desarrolladas.

Señorías, yo estoy convencido -e, indudablemente, tendremos la oportunidad de examinar cuáles son las variables y también cuál es la proyección retroactiva de este sistema, de este nuevo sistema de financiación-, yo estoy convencido que lo que se va a primar a través de este sistema de financiación es a las Comunidades que tengan voluntad de crecimiento, a las Comunidades que efectivamente crezcan, más que a las que no crezcan; a las que tengan capacidad de crecer. En definitiva, a las que progresen y no a las que no progresen.

(-p.982-)

Y yo he de significar aquí, para finalizar -y también se han dado los datos por alguno de los intervinientes anteriores-, que esta Comunidad Autónoma durante los últimos cinco años ha tenido capacidad de crecimiento, ha tenido capacidad de acercarse... Efectivamente estamos por debajo de la media nacional en riqueza, pero hemos tenido la voluntad, y también la realidad, de dar un salto adelante y, desde luego, de crecer, de crecer casi cuatro puntos en lo que es nuestra renta regional en relación a la media nacional.

Por eso, yo me atrevo a decir, a significar aquí, que el sistema de financiación, en el cual hemos centrado gran parte del debate de esta tarde, no solamente presenta ventajas conceptuales de todo tipo, no solamente es consistente con un compromiso que los populares tenemos con Castilla y León, no sólo va a determinar una mayor coherencia con los principios constitucionales que establecen la autonomía financiera como indisoluble de la autonomía política, sino que, además, va a determinar efectos económicos positivos para Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Señor Presidente. Señorías.

Quiero comenzar mis palabras de réplica agradeciendo el tono de respeto con que el Grupo Popular -fundamentalmente-, el Grupo Socialista y el Grupo Mixto han manifestado... han escuchado las intervenciones de un representante legítimo, como es el señor Quijano. Respeto que es de lamentar que no se produzca siempre en todos los casos, incluso acusando con palabras como "cobardía" públicamente, o palabras por el estilo, propias -por qué no decirlo- de los políticos mediocres.

Yo quiero contestar en un tono de mesura, para romper o para aclarar algunas de las incertidumbres de la intervención, en primer lugar, del señor Quijano, sobre lo que fue un debate que en algún caso tuvo contestación en el propio Parlamento Nacional, en el Debate de Investidura.

Ha comenzado calificándome de "actor secundario", "las consignas de recibo, de mi condición y de mi Grupo". Mire usted, señor Quijano, se lo he dicho en la prensa y se lo repito: he sido actor de piedra, convidado de piedra durante cinco años; culpa de su Secretario General del Partido, que nunca me llamó. He sido actor secundario, obligatoriamente, durante el Gobierno Socialista. No lo estoy siendo en éste. Pero, fíjese usted, no lo estoy siendo yo ni lo va a ser el señor Bono, ni lo debe de ser el señor Bono, ni el señor Chaves. Porque tenemos un concepto distinto de la construcción autonómica, en el que hay que escuchar a todos, cosa que ustedes no escucharon. Y en algún caso ha tenido algún atisbo en su intervención, incluso, de reivindicación hacia esta Comunidad -que ha estado en silencio durante cinco años-, que me satisface, aunque haya un Gobierno popular a nivel nacional. Tenga usted el coraje de seguir en esa línea, y me encontrará. Y me encontrará -tenga la plena certidumbre- con el mismo respeto y la misma lealtad que tuve con el Gobierno Socialista.

Ha comenzado hablando de competencias mezcladas en materia laboral. En materia laboral, mire usted, dirá lo que quiera, pero este Gobierno no tiene competencias en materia laboral; no tiene competencias en materia laboral en el gran marco de lo que es la regulación de las relaciones laborales. Este Gobierno no tiene competencias en empleo y en acción formativa. No las tiene, no las tiene. No se enfade, señor Granado, no las tiene. No las tiene. No las tiene y queremos tenerlas, y vamos a reivindicarlas. Y vamos a reivindicarlas: queremos competencias en materia de empleo y acción formativa.

Pero bueno, ¿se puede explicar que aquí se califique la Ley de Suelo, cuando en todas las conferencias sectoriales el señor Borrell prometió la Ley del Suelo y lleva cinco años sin hacerla? No, no. Luego me lo explique aquí por qué ocurren estas cosas.

¿Por qué no puedo yo aplicar la política de protección a la natalidad? ¿Por qué? ¿A ver? ¿En un impuesto, como es el Impuesto de Renta de Personas Físicas? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo apoyar la política de mecenazgo y de apoyo al patrimonio en la política de rentas? ¿Por qué no? Dígame usted por qué no.

Usted dice: "presumiblemente sean las sociedades o las personas físicas". ¿Por qué las sociedades? Eso será su interpretación, no la mía.

Mire usted, el gran problema de todo esto es que, en estos pactos, esta Comunidad y la de Castilla-La Mancha van a ser escuchadas en el Fondo de Cohesión. Aquí se ha dicho. Van a ser escuchadas. Que no han sido escuchadas. Que ustedes nos han dado 238.000.000, siendo la Comunidad más extensa de Europa. Que han dado a otras Comunidades 60.000 millones. Que hay que decirlo, y ustedes están en silencio. Pero ¿se puede aguantar que esta Comunidad haya tenido...? Fíjense, Señorías: los Fondos de Cohesión que vienen a España, en virtud de que esta... España, en su conjunto, tiene una renta inferior al 90% de la media europea. Vienen a España, los vertebra, los asume el Gobierno de la Nación y se distribuyen en Comunidades por encima del 90% de la renta. ¡Eso es su Gobierno! ¡Eso ha hecho su Gobierno! Eso es así.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Habla usted de transparencia de los pactos. Los pactos se pueden asumir o no se pueden asumir, pero son pactos transparentes, son pactos transparentes. E incluso ha habido la osadía -y me satisface que estuviera hace un rato el Alcalde de Salamanca escuchándonos-, ha habido la osadía de, porque no estaban en los pactos, sacar alguno a colación: el tema del Archivo de Salamanca. ¡Nadie sabe con qué propósitos perversos!

(-p.983-)

(Risas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ¿Qué es eso de descalificar los pactos, hasta que hay un dirigente nacionalista que dice: "oigan ustedes, como sigan por ese camino, saco la artillería pesada"? A partir de entonces, silencio absoluto. ¡Esto es así!

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ¿Por qué estaba en contra del 15 y del 30 y... y no del 30%? Mire usted, yo le puedo hacer una tesis doctoral de hemerotecas, declaraciones maravillosas de todos ustedes sobre las bonanzas del 15%, que no era corresponsabilidad fiscal, que era un cuento chino.

Y le voy a decir más: no puedo yo hacer un examen -como usted ha pedido- de las previsiones de lo que resulte del 30%, pero vamos a hacer un análisis -y que sí tengo datos-, vamos a hacer un análisis. (Todo esto es hemeroteca, señor Quijano, del 15% alabanzas, ¿eh?)

Pero, fíjese usted, voy a hacer unos datos, voy a hacer unos datos... unos análisis de... escúchelo, que es muy importante esto.

Vamos a hacer un análisis de lo que ocurre en esta Comunidad con el 30% y lo que ocurría con el 15%. ¿Es bueno el sistema anterior de financiación o es malo? ¿Es bueno o es malo el actual? Aparte... quédese grabado con este principio, porque lo ha matizado... aquí me parece que ha sido algún Portavoz del Grupo Mixto, y yo creo que ha sido de Izquierda Unida, y muy acertadamente el Grupo Popular. Los criterios de solidaridad no se va en un tramo de IRPF. Los criterios de solidaridad van en el Fondo de Compensación Interterritorial que ustedes han reprimido estos seis últimos años: 128.000 millones, desde el año noventa y uno al noventa y seis congelados por el Gobierno Socialista. El Fondo de Compensación Interterritorial, que es el arma de la solidaridad de las Comunidades, ustedes lo han congelado. ¡Ustedes han congelado el Fondo! ¡Ustedes han distribuido con criterio de "amiguitis" el Fondo de Cohesión! ¡Ustedes han distribuido los Fondos FEDER con criterios de amistad política!

(Aplausos. Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): No sabemos lo que puede pasar sobre la evolución de la renta en Castilla y León en los próximos años, pero, fíjese usted, hemos analizado cuál sería el resultado para Castilla y León de aplicar el modelo de corresponsabilidad a los años noventa y cuatro y noventa y cinco, que eso sí que lo sabemos datos fehacientes, ¿eh?, aquí nada de en barbecho, datos fehacientes. Para ello, en este estudio hemos partido del PIE, de la Participación de Ingresos del Estado de mil novecientos noventa y cinco, y la hemos actualizado en el año noventa y dos, para conseguir así un dato homogéneo para todas las Comunidades Autónomas. Tengo el de todas las Comunidades Autónomas; luego se lo paso con mucho gusto.

Es decir, obtenemos... obtenemos la Participación de Ingresos del Estado que hubiéramos recibido en el año noventa y dos, si entonces hubiéramos tenido las competencias que tenemos en el año noventa y cinco. Es decir, hay que tratar con elementos homogéneos.

El criterio de actualización de todos los casos ha sido el criterio de evolución del PIE, es decir, de la Participación de Ingresos del Estado. De esta forma, la Participación en Ingresos del Estado del año noventa y dos fue de 68.238 millones de pesetas -esto es recibido fetén, tome usted nota para que lo pueda comprobar-; 68.328 millones. Este tramo se ha dividido en dos. De esta forma, se garantizaba la neutralidad financiera del sistema del noventa y dos; es decir, el 15% de la cuota líquida del IRPF en el año noventa y dos, que hubiera sido 34.000 millones, y el PIE resultante de restar de los 68.000, los 34.000, es decir, 33.000.

A partir del año noventa y dos, el importe que cobraría cada año Castilla y León sería la suma de los dos conceptos, es decir, el 15% de la cuota líquida del IRPF de cada año declarada en Castilla y León, que del año noventa y cuatro el 15% de la cuota líquida fue de 40.263 millones... Le tengo hasta las previsiones del noventa y cinco, que todavía no se sabe porque no hemos hecho la Declaración de la Renta, que es del 43.000 -fíjese usted en la evolución-, del 40 a 43.000, del noventa y cuatro al noventa y cinco. Pero el 15% del año noventa y cuatro es exactamente de 40.263 millones de pesetas, más la Participación de Ingresos del Estado -que sigue otro criterio distinto-, que es la evolución real del Producto Interior Bruto; es decir, sería 37.075. La suma de ambos conceptos, 40.263, más 37.075, serían 77.000 millones, que se ha comparado en el año noventa y cuatro con lo que realmente recibió Castilla y León por la PIE en este año, que fue de 75.000 millones de pesetas en el año noventa y cuatro; actualizado con las competencias homogéneas del noventa y cinco, lo que hace un total de 75.000 millones.

Es decir, que nosotros si hubiéramos seguido el sistema anterior en el año noventa y cuatro, hubiéramos seguido el sistema anterior, en el año noventa y cuatro hubiéramos recibido, recibimos realmente 291.000.000 -fíjese usted, porque había tope, si no teníamos 91.000.000 de déficit-; 291.000.000. El sistema anterior proporcionaba a esta Comunidad, ha proporcionado, efectivamente, 291.000.000. Fíjese usted, esto contra los 60.000 que le hablaba antes, lo que es esto de un cuento chino...

(-p.984-)

(Risas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Doscientos noventa y un millones. Si nosotros hubiéramos seguido el sistema de corresponsabilidad, aplicando ese mismo criterio de la evolución, desde el noventa y dos, teniendo en cuenta los dos factores -el 15% de la cuota líquida que sigue la riqueza de la Comunidad más el PIB (que es la media española, que sigue otro criterio)- hubiéramos obtenido, exactamente, 1.915 millones más.

Es decir, nosotros, 291 frente a 1.915. Pero en el año noventa y cinco se agudizan las diferencias; 766.000.000 hemos recibido del PIE; 766.000.000 hemos recibido con el sistema de financiación anterior. Sí hubiéramos aplicado -estoy hablando hipotéticamente, que no estaba- el mismo sistema que ahora queremos para el futuro, hubiéramos obtenido 2.884 millones. Es decir, casi 4.000 millones más en estos dos años por el sistema actual al sistema anterior.

Esto es el dogma ¿eh?, señor Quijano.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor. Silencio Señorías. A nadie le está dado interrumpir a quien está en el uso de la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Esto es el dogma. Es decir, el nuevo modelo de financiación de las Comunidades.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Presidente, disculpe un momento. Señorías, les ruego no interrumpan a quien está en el uso de la palabra. El Portavoz de su Grupo tiene, a continuación, un turno de réplica, en el que podrá contestar al señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Los señores Procuradores deben de saber que la cuestión principal que se puede suscitar es ¿cuál será el efecto concreto -que parece que es lo que piden- para Castilla y León de la cesión del 30% del IRPF? Y se la he dicho. La me... fíjese usted que no hablo de otros conceptos, ni de la participación en Europa -que es muy importante-, ni de los Fondos de Cohesión, que no hablo nada más que lo que es este sistema de beneficioso para la Comunidad.

Dice usted, los topes; habrá que establecerlos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o no establecerlos. Eso será el Consejo quien lo fije; pero no me diga usted que los fije yo aquí ahora, porque no están en el pacto. No están en el pacto. Pero eso no significa que para mí sea malo ¿eh?, porque si esta Comunidad logra en el año noventa y seis -como es previsible- colocarse a la cabeza de su Producto Interior Bruto, esta Comunidad recibirá mucho más dinero por este sistema.

(Voces. Murmullos.)

El año que venga llevará las garantías oportunas, pero... -yo, señor Presidente, pediría un poco protección-.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, insisto una vez más; y me van a obligar a llamar al orden a todo el Grupo Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): En ningún caso se podrá afirmar -con carácter general- que las Comunidades pobres saldrán perjudicadas con el nuevo sistema, y que las ricas saldrán beneficiadas; por el contrario, sí se puede afirmar que las Comunidades que más crezcan se beneficiarán más que las que menos crezcan.

Ambos conceptos, aunque se quieran confundir, no son idénticos. La renta bruta por habitante de Castilla y León supone el 87,4 de la media europea. Sin embargo -también se ha dicho aquí-, del periodo noventa y cuatro al noventa y cinco, se ha mejorado en tres puntos -alguna parte alícuota tendrá este Gobierno-. Se ha mejorado en tres puntos en este aspecto; es decir, hemos pasado del 84 al 87. Por eso, Castilla y León se hubiera beneficiado si la aplicación de este sistema de corresponsabilidad se hubiera aplicado ya en el pasado.

Conocer los crecimientos futuros es una mera hipótesis, Señorías; en todo caso, depende de la capacidad que tengamos los castellanos y los leoneses de trabajar por nuestra tierra y de confiar en el futuro. Nosotros, al menos este Gobierno tiene confianza en esta Región; y no nos asusta la corresponsabilidad fiscal. En el pasado nos hubiéramos beneficiado, y esperemos que, si acertamos en el camino a seguir y mantenemos la actual senda de crecimiento sostenido, sigamos beneficiándonos en el futuro.

Las estimaciones de crecimiento para el noventa y seis ya nos sitúan entre las primeras Comunidades Autónomas. Pero, incluso, aunque hubiera alguna Comunidad que no saldrá perjudicada, también está el principio -al que antes aludió usted mismo-, que es un principio también de solidaridad.

No sé qué más decirle. La solidaridad y la Autonomía son conceptos que no deben mezclarse. La Autonomía se garantiza a través de los tributos cedidos, de una participación de los ingresos del Estado y la solidaridad, a través del Fondo de Compensación de los Fondos Estructurales, de los Fondos de Cohesión y Adhesión y de las asignaciones de nivelación.

(-p.985-)

La cesión del 30% del IRPF garantiza la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, pero no afecta a la solidaridad del sistema; los instrumentos de la solidaridad permanecen a través del Fondo, el Artículo 15 de la LOFCA, el Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales.

Fíjese usted, quiero acabar... -me ha hablado usted de los länder, conviene que se repase usted también lo de los länder-. Fíjese usted, el sistema del reparto fiscal de los länder ¿saben cuál es?, no sólo del impuesto sobre la renta -aunque no tenga facultades normativas-, pero es el sistema federal -fíjese usted-, el 42% va al Gobierno Federal, el 42% va a los länder, y el 15% va al nivel local.

Dirá usted ¿y el impuesto de sociedades? Es que también se distribuyen en los länder impuestos sociales, ¡que aquí no se ha tocado! El 50% va a nivel federal y el 50% va a los länder. ¿Y el Impuesto del Valor Añadido? ¡Si es que también participan los länder!; pero le voy a decir más -para que tome usted nota en la réplica-, nunca, nunca, en ninguno de estos impuestos, puede modificarse por la voluntad estatal -federal, en este caso-, porque hace falta la participación del Bundesrat, donde están los representantes de los länder, de las Comunidades Autónomas que defienden los intereses de esas Comunidades en esa Cámara Territorial que todavía soñamos en Castilla y León.

Había tenido aquí una última intervención, que es importante, cuando se defendía... no al 15%, y sí al proyecto de financiación anterior. Y en esta Cámara se dijo, el tema, la clave, que no la he oído yo aquí, y está claramente, no en el 15%: el tema está en el 85% restante del que también participamos. Y, si los catalanes recaudan más, y los madrileños recaudan más, y los valencianos recaudan más; los castellanos y leoneses, por la participación en los ingresos del Estado, en el 85% restante -aquí habría que hablar del 70%-, también recaudamos más.

Luego, si todas la Comunidades son más eficaces -algunas más eficaces que otras; y luego, entraré en este tema-, el conjunto de los recursos, ingresos del Estado, del que participamos -no sólo del 15%, sino también el 85% restante- todas las Comunidades -si hacemos buena gestión todos y cada uno de los responsables- saldrán beneficiadas. Estas palabras son del señor Jiménez Ridruejo que, a lo mejor, no sabe usted quién es.

Yo, en conclusión, quiero manifestar el respeto, naturalmente, a algunos de los puntos manifestados por otros Grupos.

Respecto a la intervención de Izquierda Unida en la profundización del Estatuto de Autonomía, se ha insistido ya en este Hemiciclo hasta la saciedad, pero yo lo manifiesto ahora también -para que tome notas, si le conviene, al Portavoz-.

Este Gobierno es partidario de profundizar en la Autonomía hasta los límites constitucionales; este Gobierno no es partidario de emprender -que tuvo ya ejemplos y no triunfaron- acciones en solitario, de modificación estatutaria que obligue a que se paralice el tema en la Cámara Alta cuando no hay consenso entre los Grupos mayoritarios que, como Ley Orgánica, necesita ser aprobado.

Y este Gobierno participa en la aceleración del proceso del pacto autonómico que hemos firmado hace tres años, lo más rápidamente posible. Y cuando finalice ese proceso, es partidaria de asumir, con voluntad de consenso, un nuevo pacto que haga que esta Comunidad asuma competencias en áreas tan importantes como son la sanidad y otras áreas que en este momento no tenemos competencias.

Me pide usted, señor Herreros, que me retire. Tenga usted la certidumbre que me retiraré cuando mi Grupo o los hombres de Castilla y León me retiren el apoyo.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Si, pero parece que las cosas no van por ese camino.

(Risas. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Y agradezco el tono de la señora Farto, respecto a hacer una posible... a una España sin deferencias, sin diferencias, que hace referencia a los principios de solidaridad -de los que hemos hablado mucho-. Participo de su inquietud, de los apoyos a las Pymes; o de aspectos internacionales -que no son del caso, pero que está bien resaltarlo-, como es la defensa de los pueblos del norte de África, fundamentalmente del mundo saharaui; o los derivados de otros viejos accidentes y graves incidentes de la España de la Transición, fundamentalmente del síndrome tóxico.

Y, al señor Otero, participo, plenamente también, de esa paralización del proceso del FCI; pero, dígame usted, no sé de dónde ha sacado el dato de que 1.600 millones va a recibir menos la Diputación. No lo entiendo. Yo he leído el pacto minuciosamente y no está. Eso será una conclusión que saca usted "a sensu contrario" -que no participo de ella-. Y si hace falta defender ese dinero de la Diputación, me tiene a mí también detrás ¿eh?, me tiene a mí detrás. Que no pasa nada porque haya un Gobierno Popular, y éste sea un Partido Popular; este Gobierno obra con dos criterios: máxima lealtad y máxima autonomía, téngalo usted presente.

No se rasguen pues, señor Quijano, las vestiduras, porque tenga en cuenta que si algo va a poner evidencia es que ustedes van a reclamar un trato y una posición a la que, hasta ahora, se han plegado con una sumisión realmente sonrojante. Nada más Presidente, muchas gracias.

(Aplausos. Murmullos.)

(-p.986-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señores. Para turno de réplica, por diez minutos, tiene la palabra el señor Quijano, del Grupo Socialista.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Siguiendo el hilo de su intervención, pues yo también empezaré hablando de respeto. Mire, por mucho que mi Grupo Parlamentario pueda hacer en ese sentido -mientras yo lo dirija-, seremos unos alumnos desaventajadísimos, desaventajadísimos, si nuestro modelo de actuación parlamentaria fuera el que nos han enseñado durante toda esta Legislatura.

(Aplausos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Pero, le propongo, le propongo un trato: respete usted más a la Cámara compareciendo más, y le garantizo que de mi Grupo Parlamentario no saldrá una voz en su próxima comparecencia.

(Voces. Murmullos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Se lo garantizo. ¡Hombre!, entienda, que si su próxima comparecencia se produce dentro de otros cinco años o cuatro o tres -como nos tiene acostumbrados-, pues haya sensibilidades "a flor de piel". Entiéndalo; y hagamos ese trato, y verá cómo es respetado íntegramente por mi Grupo Parlamentario.

¡Hombre!, no haga -permítame la expresión- demagogia fácil con cosas que son más serias. Yo creo que usted tenía que haber empezado por responder individualizadamente a cada Portavoz. Éstas son las reglas habituales del estilo parlamentario. Hasta el señor Presidente del Gobierno actual -yo creo que poco aficionado a esto del Parlamento, según aquí nos demostró largamente- lo ha hecho en el debate de Investidura. ¡Hombre!, no sea usted menos, porque eso también sería una muestra de respeto a la Cámara y a lo que cada Grupo representa y significa dentro de la Cámara.

Yo conozco su estrategia. Ha preferido esperar hasta el final; aguantar el chaparrón; mandar por delante -ya que estamos con símiles taurinos esta tarde- al mozo de espadas; y, al final, hacer la típica faena de aliño, mezclando esta especie de énfasis -yo creo que bastante innecesario en la mayoría de las cosas-, y esas gotitas de demagogia populista con la cual, eligiendo un poco de acá, otro poco de allá, y otro poco de allá, introduciendo cuñas, pues se termina quedando bien. Mire, yo soy incapaz de seguir esa estrategia; quizás sea una cuestión de diferencia de talante personal, pero yo soy incapaz, créamelo. Por eso, le digo algo que le dije: cuando le dije lo del actor secundario, no estaba queriendo hacer un desmerecimiento personal; todo lo contrario. Porque yo creo sinceramente que usted merece mucho más en esta coyuntura: si usted ha aportado -lo dice usted cada vez que tiene ocasión- un verdadero granero de votos, mal que me pese a mí, tenía toda la legitimidad para haber jugado un papel de actor principal; y en película hablada, no en película muda.

Pero, puestos a hacer la comparación, pues yo quiero hacerla. Miren, en la Legislatura anterior, el asunto de la financiación autonómica se llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera sin que antes hubiera pies forzados previos, y cada uno hizo lo que le pareció en defensa de los intereses de su Comunidad. Y mi compañero y buen amigo, el Presidente de la Junta de Extremadura, tomó la posición que tomó y mis compañeros catalanes tomaron la posición que tomaron. Supongo que eso a usted le gusta porque indica que cada Presidente autonómico defiende los intereses de su Comunidad por encima de todo. Probablemente, si ustedes hubieran aplicado ese criterio, usted debiera haber dicho mucho más de lo que ha dicho, y el señor Fraga no debería haber retirado el recurso de inconstitucionalidad.

Todavía hay posibilidades de comparación, por tanto. Y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera estaban todos. Y allí todos son actores primarios y cada uno ejerce su voto y se posiciona. Yo creo que ustedes se posicionaron mal con aquella abstención tan difícil de entender; y la prueba es que cuando han echado números con el sistema anterior -repito, con topes, que eso es principal-, pues han llegado a la misma conclusión que nosotros: que estábamos perdiendo. Ahora le daré las cifras al respecto, porque también conviene saberlo.

Bueno, ahora, cuando llegue el debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera ¿qué va a pasar? Imagínese usted que, después de examinar el tema a fondo, yo le he propuesto algún mecanismo para que fijemos posición de la Comunidad Autónoma -no sólo del Gobierno Regional-, y para que la llevemos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si fuera posible aquí llegar a un consenso. Pongo un ejemplo sólo: imagínese que llegamos a la conclusión -yo creo que llegaríamos fácilmente a esa conclusión- de que la existencia de topes es buena porque impide que juegue en exceso el principio que a mí antes, en mi primera intervención, me pareció perjudicial, que es que quede más renta allí donde se genera más renta; porque eso no es solidario, y porque eso impide hacer solidaridad efectiva desde el Estado con los demás. Me parece que el tema es bastante sencillo.

(-p.987-)

Imagínese que llegamos aquí a un consenso para que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nuestra Comunidad -a través de la señora Consejera- defienda que hay que poner topes; y que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el representante de la Generalitat de Cataluña dice que no acepta eso porque no está en los pactos. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Contésteme exactamente a eso porque, a partir de ahí, sabremos hasta dónde se está dispuesto a la defensa de los intereses de la Comunidad, y a lo del actor secundario o a lo del actor principal. Ahí es donde se vería. Lo otro, la visita más o menos rápida... yo creo que a usted ya le tenía que haber recibido el señor Aznar, si las cosas fueran como deben, antes -quizá- que al señor Ardanza; es una opinión, porque me imagino que está más cerca en el afecto. Y quizá, debiera de haber unos Ministros más de la Región. A mí no me hubiera parecido nada mal que usted hubiera sido nombrado Ministro; no me hubiera parecido nada mal. Pero las cosas han ido como han ido; reconozcámoslo. Y, por tanto, pues olvidemos ese "tic" que yo creo que no nos va a conducir a nada. Esto vale para usted y vale para el "mozo de espadas" de esta tarde, que ha hecho...

(Risas. Aplausos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ...que ha hecho en eso especial insistencia.

¡Hombre!, competencias laborales y de empleo. O yo he perdido totalmente la memoria -cosa que no me extrañaría-, o he formado parte de la Comisión Mixta de Transferencias en esta Legislatura pasada y he apoyado con mi voto -pondré por testigo al señor León de la Riva, y no me dejará por mentiroso en esto- que hemos firmado la transferencia a la Comunidad Autónoma de la competencia de ejecución de la legislación laboral; y, en virtud de eso, hay una Dirección General de Trabajo en la Consejería del señor Villanueva. Entonces, si yo ahora tengo que partir de la base de que no tenemos ninguna competencia laboral -y hemos firmado determinadas competencias en ayudas al empleo-, y tampoco tenemos eso, ni cooperativas ni nada; pues tendré que concluir como antes: que esta Comunidad Autónoma es una realidad virtual, porque si no, no lo puedo entender. Tenemos esas competencias, como las tenemos en ordenación del territorio y del suelo; por eso es tan difícil hacer una legislación estatal en materia del suelo, porque hay competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Y la ley que habría que hacer, señor Jambrina, sería una ley armonizadora de competencias de Comunidades Autónomas; y no sé yo si están los tiempos para muchas leyes armonizadoras desde el Estado, habida cuenta de las competencias en costas, etcétera, que ciertas Comunidades van a tener (y todos nos entendemos, sin que salga de aquí).

Bueno. Sigue insistiendo en que, con las deducciones del IRPF manejadas desde esta Comunidad -"manejadas" no tiene ningún sentido peyorativo-, utilizadas con la competencia normativa de la Comunidad, se podrá hacer natalidad, mecenazgo, potenciar inversiones, etcétera. Dice: ¿por qué no personas físicas?; ya sé que ahí iba a escaparse por uno de esos tintes demagógicos. Yo distinguí mecenazgo y natalidad, perfectamente. Puede ser, yo tengo mis dudas -ya lo dije antes- de que hoy -tal como están los tiempos- haya una familia en esta Comunidad que se decida a tener el tercer hijo por las veinte mil pesetas de deducción de la declaración de la renta -si es que llegan a veinte mil pesetas-. Porque no sé si podremos poner deducciones, no sea que poniendo deducciones, al final, sufra el costo efectivo de los servicios que tenemos que mantener como Administración Regional. Ésta es la ventaja comparativa de otros, que podrán jugar con deducciones con mucha más facilidad; porque su cálculo global, su participación global y su recaudación global es superior a la nuestra y se podrán permitir lujos que quizá nosotros no nos podamos permitir.

Ahora, pensar que las inversiones hidráulicas en medio ambiente o en turismo las hacen personas físicas individuales, yo creo que es desconocer la realidad. Miremos... no digo las de reforestación o propietarios individuales de tierras, que esas van por otra vía, no, digo a efectos de deducción, vía desgravación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo la intervención.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Voy haciéndolo. Miremos las estadísticas; y las estadísticas no nos dicen que ahí, predominantemente, haya persona físicas invirtiendo, sino sociedades. Pero el equívoco no me extraña: en una reciente entrevista en un medio de comunicación, decía usted que había que conseguir que tributaran aquí los que aquí generan renta, "fueran personas físicas o empresas eléctricas" (frase literal en una entrevista en "El Norte de Castilla" hace dos domingos; por ahí lo tengo si lo quiere comprobar). Mire, yo no sé de ninguna empresa eléctrica que sea persona física; de ninguna, ni las habrá en toda España ni en todo el mundo. Por tanto, no haga demagogia con estas cosas serias. El Impuesto de Sociedades no le vamos a tener cedido, ni en el treinta ni en el quince; por tanto, seguir insistiendo -como lo ha vuelto a hacer aquí- en esa línea, pues es hacer pura y simplemente demagogia.

(-p.988-)

Fondo de Cohesión, solidaridad, etcétera. Mire qué pieza de museo más maravillosa. Yo pude acceder, aquí lo traigo vía un medio de comunicación, pero pude acceder -casualidades del destino- al texto que su Partido elaboró en uno de los momentos cumbres de la negociación como propuesta para Convergència i Unió. Había este párrafo: "la solidaridad se materializará en la igualación de servicios esenciales a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia; y, por tanto, exigirá transferencias de nivelación en favor de las Comunidades Autónomas que por su menor nivel de renta dispongan de una más reducida capacidad fiscal". La clave del asunto: ¡Oh, casualidad!, este párrafo no está en el texto definitivo de los acuerdos. La información del periódico -que juzgo válida- dice que se suprimió a instancias de Convergència i Unió. Probablemente eso lo explique todo. Ésa era la referencia precisa a lo que nos interesa; y la salida de ese párrafo lo dice todo. A partir de ahí, pues, todos los compromisos particulares que usted quiera sobre la base del enorme afecto con el actual Presidente del Gobierno y esta Comunidad -que comparto, aunque sea en tono menor que el suyo-. Pero, la solidaridad: en el sistema; como antes dije. Pensar que la solidaridad va a venir de compromisos añadidos en la época en que vamos -de recortes- es estar jugando con fuego, y no estar diciendo la verdad de lo que va a pasar. Por eso desapareció ese párrafo; y por eso yo quiero que me dé una explicación; y por eso quiero que me diga si conoció los avatares de la negociación, cuándo desapareció ese párrafo, si usted mantuvo alguna posición al respecto, etcétera, etcétera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por segunda vez, le ruego concluya.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Lo hago brevísimamente, pero, entenderá...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Con la advertencia de que al tercer aviso le saco el pañuelo rojo, siguiendo el símil.

(Risas.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ...entenderá el señor Presidente que, como tengo tarea doble, porque el Portavoz del Grupo Popular acostumbra a pensar que el compareciente he sido yo -no me hubiera importado, pero como lo hace así-, pues déme un poco de relajo y de flexibilidad para poder hacerlo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Un minuto más.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Los datos que le decía en Fondo de Cohesión y en lo que hubiera supuesto el 15%. Mire, en el Fondo de Cohesión no maneja buenas cifras; yo creo que no lo hará conscientemente. Mis datos dicen que en los años noventa y tres, noventa y cuatro, y noventa y cinco, con Fondo de Cohesión se ha financiado inversión por 23.500 millones de pesetas; y la aportación ha sido de 9.381 millones. Le puedo dar el listado, proyecto a proyecto, de dónde se ha hecho esa inversión. Me comprometo; lo tengo ahí, y se lo puedo dar a continuación.

¿Qué nos hubiera pasado -y voy terminando- de no haberse abstenido con el 15% anterior? En el año noventa y cuatro el mínimo garantizado, porque había topes por arriba y por abajo, 293.000.000 lo percibido; el máximo garantizado hubieran sido 1.172. Diferencia, año noventa y cuatro: 879.000.000 que perdimos. Noventa y cinco: el mismo cálculo, 1.853 millones que perdimos. En el noventa y seis corregimos la onda -seguramente viendo lo que venía-, y hemos percibido 2.481 millones recuperados (cuando cambiamos la posición de la abstención al voto favorable).

¿Sabe, sin topes, lo que hubiera percibido Cataluña en esos tres años? 24.000 millones de pesetas, en cifras redondas. A partir de ahí, vea la diferencia entre que haya topes o no; y verá que esto es mucho más importante de lo que a primera vista pudiera parecer. Y una corrección final, ¡hombre!, dice usted, "quizá los topes no nos vengan bien en este año noventa y seis, en que parece que vamos a crecer mucho en el Producto Interior Bruto, por efecto de la buena cosecha". Yo siempre he dicho que no me parece bien que nuestro Producto Interior Bruto dependa sistemáticamente de la divina providencia; no me parece bien, pero en fin. Y yo le preguntaría, ¿y si el año siguiente hay otro año de sequía, volveríamos a pedir topes? Hombre, pero me imagino que ésas no serán las reglas del juego, ¿qué va a decir Convèrgencia i Unió a esto?

(Risas.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ¿Que este año sí, porque le interesa a usted; y este año no, porque no le interesa? Dirá que todos los años no, porque a ellos no les interesa ningún año.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Quijano, sintiéndolo mucho, he sido condescendiente...


QUIJANO GONZÁLEZ: Y

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Y el pacto está ahí...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...le debo retirar la palabra; le ruego vuelva a su escaño.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene la megafonía cortada, señor Quijano.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Quijano le ruego... Señor Quijano, le ruego, le ruego ocupe su escaño, tiene la megafonía cortada. Señor Quijano, le ruego, por segunda vez, que ocupe su escaño.

(Murmullos. Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Hombre, ha sido... Lleva dieciocho minutos ya.

......


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ¿Quince segundos para decir sólo una cosa?

Me he comprometido a quince segundos para decirle que le hice una oferta de consenso y una serie de preguntas; sigue en pie. Y espero todavía que eso tenga alguna respuesta. Muchas gracias.

(Aplausos.)

(-p.989-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Herreros, cuando quiera tiene la palabra para réplica.


HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Presidente de la Junta de Castilla y León, yo tenía pensado salir aquí y simplemente ser tan poco cortés con este Portavoz como usted... perdón, con usted, con Su Señoría, como usted lo ha sido con este Portavoz; pero, yo creo que nos estamos jugando cosas importantes. Y da igual que usted siga acumulando méritos para que nos ratifiquemos en la expresión inicial que hacíamos, de entender que cada vez va dando más argumentos que no corresponden en absoluto a un Presidente de un Gobierno, por muchos votos que tenga, ni por mucho apoyo parlamentario que sigan teniendo.

Le decíamos anteriormente que la forma de actuar no es la adecuada; usted lo sigue ratificando. Pero no me puedo contener, primero, en responder -porque creo que debe de ser así el debate parlamentario-; y segundo, porque ha habido cuestiones -a mi juicio importantes- que ya en la primera parte Su Señoría ha vertido aquí, y que son, a mi juicio, un elemento fundamental para entender que esta Comunidad Autónoma queda -en virtud de su pasividad- condenada a no evolucionar en las mismas condiciones que el resto de las Comunidades Autónomas.

Decía en la primera parte de su intervención: "La posibilidad de un nuevo pacto autonómico para ampliar competencias es lo que debemos de esperar"; y aseveraba en la segunda parte "porque ya tenemos experiencia de ir en solitario y no haber obtenido una rentabilidad de esa acción política". Insisto, y de verdad que no es ningún tipo de satisfacción el tener que decirlo, ¿somos nosotros menos que la Comunidad Autónoma de Aragón? ¿Somos nosotros menos que la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Había unas coordenadas diferentes en el pacto autonómico del noventa y dos -pueden ser de esas secretas que se dicen siempre y después no aparecen-, que les haya permitido acceder a una reforma del Estatuto de Autonomía? ¿Y que le haya llevado incluso a hacer un planteamiento explícito, por parte del hoy Presidente del Gobierno, en el debate de Investidura diciendo: "Reforma del Estatuto de Autonomía con todo el techo competencial para Canarias y para Aragón"? A nosotros nos alegra extraordinariamente, porque está en el marco de referencia de ese Estado federal que nosotros pretendemos, pero ¿cuál es la razón última? Explíquenosla. Que no acabamos de entender, en absoluto, que se pueda seguir manteniendo que nosotros somos sujetos aparte; que los demás sí pueden acceder a esos criterios, a esos planteamientos... Cuando yo he intentado demostrar anteriormente, a través de la lectura expresa de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas, la importancia que tiene precisamente el techo competencial y las demandas competenciales, cuando se estaba planteando aquí... incluso cuando se hablaba de la deuda histórica -y algunos lo contemplan en su Estatuto de Autonomía-, nosotros no queda muy claro; sí queda claro en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pero ¿por qué nosotros no podemos acogernos a esa misma circunstancia y a esa misma situación? Bueno, pues porque simplemente no quieren; porque ahora sí hay mayorías. O es que, ¿qué pasa?, ¿que es contrario a aquello que yo les anunciaba de que sólo era para la Investidura y en virtud de los objetivos que se planteaban los pactos? Un detalle, Coalición Canaria hoy ha suscrito una solicitud de comisión de investigación, junto con otras fuerzas políticas que nada tienen que ver con los que han suscrito los pactos, ni Convergència i Unió -sí en este caso PNV porque coincidía también- ni el Partido Popular, porque es absolutamente lógico. Y ¿cuál es la razón, entonces, que nos impide a nosotros plantearnos esa reclamación?

(-p.990-)

Señor Presidente, deja absolutamente supeditado su planteamiento a un asunto que no tiene ningún tipo de virtualidad ni posibilidad de salir adelante; y es la vinculación nostálgico-afectiva para conseguir que haya mecanismos que compensen. ¿Por qué me lo tengo que creer yo? ¿Cuál es el argumento que me permita llevar al convencimiento de que, efectivamente, da lo mismo? Lamento que no esté la Consejera de Economía -y no lo digo como reproche porque no esté-, pero ella misma ha dicho en varias ocasiones "Si lo menos importante es el tramo del 15% o del 30% o del 80% del IRPF; lo más importante precisamente es la capacidad normativa", ¿quién va a tener capacidad normativa? Todos; supuestamente. Pero, ¿quién va a poder ejercerla? Aquellos que tengan los suficientes recursos para, en un momento determinado, decir "yo voy a bajar mi capacidad impositiva para que nuestros ciudadanos estén en mejores condiciones o voy a subirla". Si nosotros estamos en esas carencias, de las que se ha hecho aquí alusión constante, ¿cómo vamos a modificar a la baja? ¿Por la vía de esperar a ver si los mecanismos de compensación? Nosotros decimos, sí a la corresponsabilidad fiscal, sí al 15%, al 30%, a lo que ustedes quieran; pero, tiene que haber unos topes. Y, sobre todo, tiene que haber una cuestión en la que no quiere entrar absolutamente nadie: no se puede seguir haciendo brindis al sol en función de la solidaridad. Es imposible. O se hace una regulación estricta de una normativa que contemple esas cuestiones que decía el propio Portavoz del Partido Popular y Su Señoría, por las cuales podemos demandar que haya una solidaridad en virtud de los Fondos de Compensación Interterritorial, de los Fondos de Cohesión, de los Fondos Estructurales y demás; o, de lo contrario, lo único que vamos a hacer es estar en las mismas circunstancias en las que estábamos anteriormente. Y en las circunstancias en las que estábamos anteriormente ¿estábamos mal? Yo he traído aquí también una batería... porque parece ser que hoy estamos todos dispuestos a una batería de documentación que, en un momento determinado, pueda esgrimirse; pero a mí sí me gustaría que, si se reconoce tal cual, se diga por qué el pacto PP-CiU se equilibrará con fondos distintos al IRPF; porque si no hay ningún otro mecanismo, en esta misma documentación se esgrime como argumento que Madrid nos ha tratado muy mal durante toda la etapa anterior.

¿Cuál es la razón, en última instancia, que le lleva a decir al Banco Bilbao Vizcaya que adoptar el sistema vasco a todo el Estado costaría 1,7 billones de pesetas, lo que pone de relieve sus ventajas? Se respeta, está contemplado en la legislación. Pero ésta misma es la razón que les está llevando en estos momentos a Convèrgencia i Unió a decir "nosotros queremos también ese concierto económico o ese 100% llamado de otra manera"; y no puede ser, absolutamente imposible conseguir que por los mecanismos que aquí se esgrimen se pueda llegar a esos criterios igualitarios. Decía: Cataluña recibirá 269.000 millones más en cinco años. Señoría, según los cálculos que hacía usted -y además en este caso coinciden precisamente con los que nosotros tenemos-, 3.798 millones de pesetas a mayores por la financiación del pacto, sobre la financiación autonómica vigente, supondrían en cuatro años 12.000 millones de pesetas más; y nosotros mientras esperando a que se acuerden de nosotros. Pero, ¿y cómo voy a creerme yo que alguien se puede acordar de nosotros, si aquí ustedes firmaron un pacto, y no tuvieron el coraje de defenderlo para que se llevase a la práctica? ¿Cómo me voy a creer yo que eso va a ser así, si aquí han estado precisamente revoloteando en el ambiente político que iba a haber cuatro Ministros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? ¿Cómo me voy a creer yo cuando tienen que salir diciendo -y además de forma textual- "Lucas acepta la cesión del IRPF como un mal menor para poder acceder a las grandes inversiones del Estado", no desmentido hasta el momento presente. "La Junta acepta el reto de recibir Educación en dos años, y pide acelerar las otras veinte competencias pendientes". Y así, sucesivamente, tienen que ir recordando que se nos adeudan 200.000 millones de pesetas. Pero ¿qué hemos hecho entonces, mientras? Prácticamente, hemos estado mirando al sol; hemos mantenido esa actitud de pasividad, que yo sigo diciendo que es de negligencia, y que en ningún caso va a traer como consecuencia el que se produzca una corrección de este cúmulo de disparates en que puede terminar lo que es específicamente la vida política, la vida financiera, y la vida de desarrollo y cohesión social para nuestra propia Comunidad Autónoma.

A mí me gustaría, si le parece y lo tiene a bien -y si no, se seguirá incrementando eso que entendemos una falta de cortesía-; pero sí le hemos hecho una serie de preguntas, sí le hemos hecho una serie de planteamientos, sí queremos que nos explique, en definitiva, si esto es efecto de la asimetría -que nunca quisieron entender y que ahora esgrimen como filosofía política-, porque, si es así, hemos de decírselo a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma. Entendemos y aceptamos que la asimetría signifique que haya cesión y corresponsabilidad fiscal; pero, en ningún caso, que haya normas claras que permitan garantizar la solidaridad, la nivelación, la deuda histórica y demás elementos que puedan permitir que la mayor parte de los hombres y mujeres de esta tierra puedan seguir teniendo esperanza; o, por el contrario, le reclamen lo que nosotros le hemos venido reclamando en todos los últimos puntos a los que yo hacía referencia anteriormente. Y que es la revisión del fondo; que es la regulación estricta de la solidaridad; que es la incorporación de todos los fondos posibles en ese sistema de financiación; que es la cuantificación de la deuda histórica -si es que ya lo saben-; que es la tramitación efectiva de los compromisos derivados del Pacto Autonómico del noventa y dos -pero escritos-; y, por supuesto, que es un plan de empleo más/menos como el que se ha suscrito con Canarias; que es, lógicamente, la reforma del Estatuto de Autonomía, del Senado; y rescatar, en definitiva, los compromisos que aquí se habían establecido y de los cuales no quiere hablar para nada, quiere olvidarlos. Nosotros no los vamos a olvidar; nos parecen también muy importantes, porque vienen también a avalar la pasividad, la dependencia de que usted hace gala, y que, en definitiva, va a condenar a nuestra propia Comunidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, muchas gracias, señor Herreros. Señora Farto, tiene la palabra.


FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Y con mucha brevedad. En primer lugar, a lo largo de todo este debate creo que ha quedado patente la indefensión de los ciudadanos que no cuentan entre sus representantes a ciertas minorías políticas que pudieran ser en un momento determinado llave; o, en otro orden de cosas, a partidos con fuerza en Madrid. Y ése es el desafío que ustedes -señores del Partido Popular- deben de cumplir hoy.

Seamos sinceros, creo que Castilla y León sale perdiendo; y que los castellanos y leoneses salen perdiendo a raíz de los Pactos de Legislatura. Pero la importancia del debate no es tanto la que tenga hoy, como lo que va a ocurrir a lo largo de toda esta Legislatura, mientras dure. Lo que los ciudadanos de Castilla y de León y del resto de España no se pueden levantar todos los días con la noticia de si se reduce el Presupuesto que desde el Gobierno de la Nación llega hasta esta Comunidad, hoy en Patrimonio o, mañana, en Medio Ambiente.

Hablaba usted, señor Presidente, de la construcción autonómica. Y no iba a caer hoy en hablarle de la construcción autonómica, pero simplemente decirle que se escucha a todos la construcción autonómica menos al pueblo; y eso quedó patente cuando el otro día esta Procuradora se quedó sola votando algo que pedía que el pueblo fuera escuchado.

(-p.991-)

En cuanto a los Pactos de Gobernabilidad, han dependido o van a depender... el desarrollo de cada Comunidad Autónoma va a depender, en concreto, de la fuerza de los hombres y mujeres de cada Autonomía; o mejor, de la fuerza y la presión que cada partido en cada Autonomía sea capaz de hacer en Madrid. Y ése es el reto que los partidos de ámbito nacional tienen, y que tienen que cumplir con él, porque hasta ahora no han cumplido: elegir entre la disciplina de partido o elegir entre el compromiso con los ciudadanos.

Y por último, decir que sirva esta intervención mía para ofrecer mi humilde ayuda... como ya he hecho públicamente, a través de los medios de comunicación, con el tema del archivo de Salamanca; que, diga lo que diga, señor Presidente, creo que no está excesivamente claro; pero vamos a dejarlo ahí esperando que no ocurra más. Quiero -digo- ofrecer mi ayuda para construir, en la medida de lo posible, esta Comunidad Autónoma; no porque esté de acuerdo con ella -ustedes lo saben bien-, sino porque en esa medida también construiré la circunscripción que represento. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Otero, tiene ahora la palabra.


OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Brevemente, también, dado lo avanzado ya del debate, de la hora, y el cansancio de los señores Procuradores.

Me alegro que hayan aparecido las cifras en este debate, porque nosotros veníamos con unas cifras aproximadas, como es evidente, y veíamos que en todas las intervenciones de los Portavoces no había cifras; había declaraciones de principios, había dogmas, había... pero no había cifras. Es evidente que no pueden ser exactas, pero pueden ser aproximadas. Me alegro, señor Presidente, y tengo interés en conocer esas cifras que usted ha traído aquí.

Me da la impresión, si lo entendí muy bien, que se trataría de calcular cómo hubiera sido la financiación de esta Comunidad Autónoma en mil novecientos noventa y cinco, en la hipótesis de que ya se hubiera cedido ese 30% del IRPF.

Y creo que también entendí, señor Presidente, que hubiéramos mejorado; es decir, un poco, que los ingresos hubieran sido ligeramente superiores; la financiación, los ingresos para financiar esta Comunidad hubieran sido ligeramente, ligeramente superiores.

Eso me recuerda y me trae a la memoria lo que dijo el señor Bono en León -el Presidente de la Junta no solamente estaba presente, sino que estaba a su lado, porque fue el presentador-, cuando se refería a la sorpresa con la que, efectivamente, se encontró cuando vio que con la cesión del 15% habían recaudado para su financiación un poco más. Eso le alegró; pero cuando luego lo comparó con el resto de las Comunidades Autónomas, se dio cuenta de que otras Comunidades Autónomas habían recaudado mucho más. Y eso, evidentemente, no es solidaridad porque, en lugar de estrechar las diferencias, aumentaba las diferencias entre las Comunidades Autónomas.

En todo caso, me alegro de conocer esos datos, que tampoco nos llevan a la conclusión de que la cesión es buena para Castilla y León; al menos ahí está la duda, y en la duda estamos. No nos atrevemos a afirmar, en términos absolutos, lo contrario; nos parece, en principio, que es mala, pero el tiempo lo dirá.

Y porque, además, aunque se recaude un poco más para financiar la Comunidad de Castilla y León, es que vamos a recibir menos porque el Estado va a ingresar menos dinero, va a repartir menos dinero; porque al Estado le va a llegar un 30% por menos, que me parece que es 1,6 billones de pesetas. Luego eso no lo puede repartir directamente vía transferencia, inversiones, gastos, etcétera, entre toda la geografía nacional y, por tanto, entre las Comunidades Autónomas.

En fin, mecanismos de compensación. Fondo de Compensación Interterritorial; no creo en él, porque la cuantía es muy pequeña y porque en época de recorte es que no... no veo yo de dónde va a salir más dinero para Fondo de Compensación Interterritorial. Tampoco en los Fondos de Nivelación cuando estamos en época de restricción. No veo tampoco que la capacidad normativa en las Comunidades Autónomas sirva para compensar, porque, al final, va a ser muy similar; las normas que dicten las Comunidades Autónomas van a ser muy similares. Es que lo contrario sería muy peligroso: sería crear paraísos fiscales, sería crear o, por lo menos, atentar contra el principio de igualdad, pagando más impuestos unos ciudadanos que viven en una Comunidad que otros que viven en otra Comunidad vecina. Por tanto, creo que la capacidad normativa -que está bien- va a ser muy similar en todas las Comunidades Autónomas.

Y sí, los Fondos de Cohesión, los Fondos Estructurales, pues ya veremos a ver qué pasa con ellos. La verdad es que... dejarlo todo, dejar toda la solidaridad de una Nación a la espera de "a ver cómo se pueden repartir los Fondos de Cohesión"; me parece excesivamente aventurado. ¡Veremos a ver! ¡Veremos a ver!

(-p.992-)

Y, para terminar, simplemente referirme a una cuestión... a la que usted también se refirió en su turno de réplica, y es al tema de las Diputaciones Provinciales. Me da la impresión de que no me ha entendido, señor Presidente. No forma parte de los pactos el darle menos dinero el Estado a las Diputaciones Provinciales; es una consecuencia de los pactos que se han firmado; es una consecuencia de la cesión del 30% del IRPF. Y trato de explicarme: el presupuesto de las Diputaciones, en el capítulo de ingresos, tiene un concepto que se llama "Participación de los Tributos del Estado"; es decir, provincia de León, por ejemplo, tanto me das -dice el Estado-, en proporción a eso yo te voy a dar. Efectivamente. Pero ahora es que el Estado va a recibir menos dinero, el Estado va a recibir menos dinero porque el 30% ese lo va a recibir, pero se lo va a dar a la Comunidad Autónoma; luego no va a devolver a las provincias lo que estaba devolviendo antes -el 30% ese ya lo tiene la Comunidad Autónoma-, luego va a tener menos dinero para darle a las Diputaciones Provinciales.

Si en el último Presupuesto fue, o se cuantificó en 9.850 millones de pesetas anuales, ahora el Estado, que va a ingresar menos en ese concepto de "Participación en los Tributos del Estado", a la Diputación le va a restar -una vez cedido el 30%- 1.650 millones de pesetas; porque de la provincia de León, efectivamente, no ingresa eso, lo ingresa la Comunidad Autónoma.

Por consiguiente, lo que yo quiero es que su Ejecutivo nos asegure -no solamente a los leoneses, sino a todos; porque Diputaciones en Castilla y León hay en todas las provincias- que si efectivamente eso se produce y las Diputaciones por eso van a recibir menos dinero por ese concepto de "Participación en los Tributos del Estado", tanto pierdan, la Junta se lo compense, que es la que va a salir beneficiada por esas cantidades.

Y eso será, además, un ejemplo del deseo de la Junta de Castilla y León de potenciar las Diputaciones -algo en lo que tengo muchas dudas-; a mí, más bien me da la impresión -es una opinión- de que a ustedes lo que les gustaría es... hombre, despacio y poco a poco, pero ir eliminando las Diputaciones; es otra Administración a la que ustedes me parece que no le ven mucho sentido y lo ideal sería ir... ir eliminado las Diputaciones -señor Herrera, ya voy terminando, no me voy a alargar más-.

Simplemente eso: que ustedes garanticen a las Diputaciones que si por los pactos van a perder dinero en su financiación en beneficio de ustedes; ustedes les transfieran anualmente todas las cantidades, o toda la cantidad -peseta a peseta- que cada una de las Diputaciones pierde. Porque le digo, es muy importante; para una Diputación como León 1.600 y pico millones es una cantidad muy importante, de la cual no puede prescindir. Con 1.600 millones menos en un presupuesto de 18.000 escasos, la verdad es que sería ahogar a la Diputación Provincial, y como a ella, a todas las demás.

A eso me refería al aludir a la preocupación que nos produce esa restricción para las Diputaciones Provinciales. Nada más. Y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Herrera, ¿renuncia al turno? Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta para dúplica y terminar, y cerrar así el debate.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Gracias, señor Presidente. Muy rápidamente, para intervenir en este turno de dúplica, para matizar algunas de las cuestiones que, tal vez, hayan sido objeto de una interpretación sesgada o incorrecta.

En primer lugar, acabo... o recojo la última intervención. Es que, señor Otero, usted hace una interpretación sesgada de que porque se reduzca la participación de los ingresos del Estado -estamos hablando de futuro, cuando tengamos competencias en Educación y demás-, la Administración Central va a a entregar menos dinero a las Diputaciones; es que no me cabe esa hipótesis. Porque tenga usted en cuenta que ese dinero se reduce de la propia Comunidad Autónoma, que se reduce en la misma cuantía -en algo, esperemos que menor- en la participación de los ingresos del Estado; es decir, el Estado no da ese 15% "a más" de lo que está dando, sino que lo quita del renglón donde está la participación en los ingresos del Estado. Ése es un concepto que... Por consiguiente, el tema no afecta, para nada, a las Diputaciones Provinciales.

Efectivamente, si hay un 30% que gestionan las Comunidades, el efecto redistribuidor -en principio- del Estado podíamos decir que se ha sometido a revisión. Pero es que el Estado no cumple su efecto redistribuidor del Presupuesto a través de un tramo de un impuesto, sino que es a través de todo impuesto; y, desde luego, hay colchón más que suficiente para que ese efecto de solidaridad y de redistribución se cumpla sobradamente. Un 15%, que es un porcentaje mínimo en un impuesto -aunque sea un impuesto tan importante como el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas-, pues, naturalmente, no debe, no puede generar un efecto perverso a la hora de ser solidario el Estado con las Comunidades que más lo necesitan.

Señor Herreros, efectivamente, Canarias y Aragón han llegado a unos límites en los que nosotros podremos avanzar cuando haya esa misma voluntad política por parte de las mayorías bastantes para que los proyectos salgan adelante. A mí ése es un tema... que ellos no han esperado, todavía, a que se desenvuelva plenamente el documento que se firmó en el noventa y dos; que yo creo que había que esperar; y que yo creo que la velocidad que hay que imprimir al proceso de profundización autonómica tiene que ser una profundidad, una velocidad lo suficientemente prudente como para que no se desquicie el sistema. Pero, en cualquier caso, le he dicho: en los límites constitucionales, con la ampliación competencial de un futuro pacto en materia sanitaria y en otras áreas que todavía no tenemos competencias, este Gobierno, desde luego, está dispuesto a hacerse partícipe de los mismos.

(-p.993-)

Solidaridad y suficiencia financiera son dos conceptos en juego, no hay que confundirlos. Nosotros estamos aquí hablando, en este momento, de suficiencia financiera. Y hablamos de solidaridad; y decimos que el nuevo sistema de financiación, en sí mismo, he demostrado que ha sido bueno en estos años de atrás, y pretendo que sea bueno cara al futuro. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Por qué vamos a frustrar incluso el propio coraje y el propio dinamismo de nuestros agricultores, de nuestros industriales, de nuestros trabajadores, para creer que esta Comunidad puede ir a más? ¿Hará falta un colchón, un tope mínimo? Pues, si hace falta, naturalmente que soy partidario de él.

Pero, fíjese usted, le he dicho que este impuesto y este tramo no es el que debe entrar en juego a la hora de hablar de solidaridad; que hay otros caminos -que estoy, desde luego, dispuesto a presionar hasta el límite de lo posible-, como pueda ser el Fondo de Compensación Interterritorial, cuya cantidad es irrisoria; como pueda ser a través de los fondos Feder; como pueda ser a través de los Fondos de Cohesión; como pueda ser a través del Artículo 15 de la LOFCA; como pueda ser a través del mal... tema llamado malamente "deuda histórica", que creo que también esta Comunidad tiene algo que decir. Quiero decir que ésas son las armas de la solidaridad. Pero este impuesto, en sí mismo, no es insolidario.

Y dice usted, señor Quijano, dice: "No, es que el tope mínimo eran 290; y son mil y pico". ¿Sabe usted que nos dieron 290 porque no llegábamos al mínimo?

EL SEÑOR.......: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): No, perdón, no por la abstención, no por la abstención.

Le voy a decir una cosa: el tema del 15, ¿por qué no decirlo?, fue un tema que alguien obligó al Partido Socialista a firmar, como quizá haya obligado al Partido Popular ahora.

(Murmullos. Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Perdona... Pero era un tema para esta Comunidad peor que el actual, y menos autonomista, y menos... con menos capacidad de autogobierno, y con menos capacidad de autofinanciación. Y el Pacto, el Pacto, en sí mismo, es un pacto infinitamente más bondadoso, suponiendo... que a mí me ha causado alarma, señor Quijano, cuando el señor Pujol ha dicho: "Cuidado con la solidaridad, que hablo". Ese tema genera un silencio sepulcral en el Partido Socialista. Me gustaría saber qué quería hablar; me gustaría saber qué quería decir el señor Pujol. ¿Usted no lo sabe? Yo tampoco. Pero, desde luego, nada bueno, seguro. Cuando él amenazó que tenía artillería pesada, el silencio fue sepulcral.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Me dice usted que por qué no intervengo de manera individualizada. Mire usted, los debates se plantean con un respeto al Reglamento de la Cámara, y se interviene con unos criterios de oportunidad política. Yo he visto muchas veces al señor... bueno, muchas veces no, porque iba poco; pero he estado en dos Legislaturas en el Congreso y he visto al señor González, y contestaba en bloque cuando quería, y cuando quería no; cuando quería sí y cuando quería no. Y le he visto también recibir "elogios" -entre comillas- cuando lo hacía de manera conjunta.

Quiero decir que... Dice usted: comparecencia aquí. ¿Por qué no se fija usted en las Comunidades que tienen mayoría absoluta? ¿Por qué no participan ustedes en la reforma del Reglamento, no cara a la prensa ni cara a la galería, sino con voluntad de una reforma seria? ¿Qué Comunidades tienen ustedes mayoría absoluta ahora? Castilla-La Mancha. ¿Pero es que ha celebrado alguna vez algún debate autonómico el Presidente de Castilla-La Mancha? ¿Es que ha intervenido...? No señor. ¿Es que ha intervenido aquí alguna vez...? ¿Ha intervenido alguna vez el señor Presidente de Castilla-La Mancha?

EL SEÑOR......: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Bueno, no me diga usted que es malo, que es muy bueno.

Mire usted, el planteamiento global... Dice usted que tenemos Trabajo. No podemos regular el marco laboral, porque las competencias son estatales. Y no tenemos Empleo, no se engañe; y no tenemos la Acción Formativa Ocupacional del Inem, que yo creo que lo tendremos en el curso de dos años.

Me habla usted del impuesto... que he dicho Impuesto sobre las Rentas... Impuesto de las Eléctricas. ¿Y por qué no? Me dice usted: "Las eléctricas no son personas físicas". ¿Y qué me importa a mí? Pero opera también ese factor a la hora de determinar la productividad de Castilla y León. Oiga usted, es que no estoy hablando sólo del tramo del 15%. Aunque no hubiera habido ninguna cesión del 15%, yo exigiría que todas las personas que sacan su renta de esta Comunidad tributen en esta Comunidad. Renta de las Personas Físicas, Impuesto de las Sociedades en las personas jurídicas. Me da igual. Pero sin que tenga ninguna repercusión; simplemente porque tiene también unos condicionantes en los baremos económicos de la Comunidad, no lo dude usted. Y que no es lo mismo que las sociedades tributen en esta Comunidad que tributen fuera, tengas o no tengas competencias en un tramo del IRPF.

La negociación exige renuncias. Usted lee aquí un tramo sigiloso... perdón, un párrafo sigiloso, de que no se incluyó; se incluyó lo importante, que es decir que todas las Comunidades están equiparadas en servicios mínimos. ¿Hay que reproducirlo...? ¿Hay que reproducir eso cada cinco líneas? El principio está señalado.

(-p.994-)

Yo voy a concluir, señor Presidente, diciendo que este Gobierno -y me atrevo a decir como Presidente del Grupo también- vamos a ser un Gobierno reivindicativo como nunca lo han sido otros Grupos ante un Gobierno del mismo color. La misma solidaridad, la misma lealtad y la misma reivindicación. Enseñanzas en ese tema: ninguna. Yo creo que vamos a ser leales, que creemos que el acuerdo en su conjunto... -y me lo demuestra su intervención, con términos taurinos-; es difícil su intervención hoy -créame, señor Quijano-, salvo el refugio en algunos apartados que no constituyen el Pacto, diciendo si tiene topes, si no tiene topes. Pero su faena de hoy no ha sido tampoco la de Joselito de ayer, por ir al terreno torero, tampoco ha sido... porque es un tema realmente difícil el de poder defender.

El Pacto es bueno; es bueno en sí mismo y es bueno para la Comunidad. Es bueno porque he visto que... he advertido que aporta a esta Comunidad unos efectos económicos positivos, es bueno porque se reforma la estructura periférica del Estado, es bueno porque las Comunidades Autónomas fortalecen su autogobierno, es bueno porque participamos en la voluntad del Estado a través de los Fondos de Cohesión y los Fondos Feder, es bueno porque esta Comunidad va a tener capacidad de regulación de los impuestos cedidos, es bueno porque mantiene los principios de solidaridad estatal. Es bueno, señor Quijano, de verdad. Y yo creo que algún socialista me lo ha dicho: es sorprendentemente bueno, es sorprendentemente bueno. Y si me dicen a mí que este Pacto se iba a firmar con un partido al que alguien -cuando era dificultosa la firma- había advertido: "No, el Partido Popular nunca negociará con los partidos nacionalistas, porque es un partido de la derecha, ese partido apestado y...". Pacta; y se le maldice. ¿Pero qué es esto? Ésta es la verdad; esto es lo que ha ocurrido.

En cualquier caso, en la defensa permanente de los intereses de la Comunidad, en la defensa de los principios que inspiran el Pacto y en la esperanza de que el Pacto genere una renta importante en nuestro Producto Interior Bruto en los próximos años, este Pacto, señor Quijano, señor Herreros, señor y señora del Grupo Mixto, es un Pacto bueno para esta Comunidad. Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Presidente. Entramos en el segundo punto del Orden del Día, que enunciará el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Segundo punto del Orden del Día: "Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la política de museos de la Junta de Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para la...

(Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Por favor, Señorías, silencio. Para la presentación de la Moción, por el Grupo Parlamentario tiene la palabra don Cipriano González. Señorías, por favor, abandonen el hemiciclo en silencio.


GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, Presidente. Señorías, espero que ya con un poco más de relax y con un poco menos de público, vamos a empezar la Moción como consecuencia de la Interpelación que el Grupo Socialista hizo en el tema de museos.

Me gustaría empezar, señor Garabito, diciéndole que teníamos razón cuando en la Interpelación le dije que tenía usted el dial un poco descompensado. Porque todo el mundo sabía... hasta en Estados Unidos se sabía dónde iba a ir el Centro de Arte Contemporáneo, ¿verdad? Usted parece que... nos dijo aquí que no. Pues bien, ya lo sabemos, lo sabemos todos; teníamos razón dónde iba a ir.

La impresión que este Parlamentario sacó del debate sobre los museos es que el Grupo Parlamentario Popular mantenía una actitud que yo puedo denominar como autista. Es decir, nada, en absoluto, de lo que aquí se dijo le pareció bien, nada de lo que nosotros aportamos le pareció correcto; se mantienen en su tesis, se mantienen en sus formas, se mantienen en sus mayorías. Pues bien, nosotros entendemos que ése es un derecho legítimo que tienen en su mayoría, pero, razonablemente, entendemos que cuando hay datos -como yo espero mostrar ahora- en relación a las distintas proposiciones, que deberían de ser ustedes más coherentes entre lo que proponen y lo que hacen; que yo creo que es aquí el problema. Nosotros podemos llegar a estar de acuerdo en muchas de las cosas que dicen que van a hacer; luego, la realidad es que, cuando vemos lo que hacen, no nos podemos entender.

Pues bien, yo les voy a leer a ustedes un pequeño párrafo, que estoy seguro que ustedes van a entender de quién... quién lo leyó o quién lo dijo en su momento. Dice: "Por otra parte, en materia de museos de interés para la Comunidad que no sean de titularidad estatal, uno de los objetivos prioritarios es el desarrollo reglamentario de la Ley de Museos. Se hará especial hincapié en el desarrollo del Sistema de Museos de Castilla y León como instrumento fundamental de coordinación y cooperación, en el que se integrarán los centros dependientes de la Junta y los que voluntariamente se quieren adherir. Así, se propiciará un especial apoyo para los centros incluidos en el Sistema de Museos, que -sin duda- saldrán beneficiados de su incorporación. También se creará el Museo Etnográfico...", bla, bla, bla, todo lo demás.

Esto lo decía la señora Consejera, lo decía la señora Consejera en la presentación de su programa. Pues bien, estamos hablando del día siete de septiembre, y nos estábamos refiriendo a una Ley que se había aprobado en el año noventa y cuatro. Pues bien, han pasado... desde el siete de septiembre han pasado ocho meses; y, desde que se aprobó la Ley, han pasado veintidós. Los elementos fundamentales que decía la Transitoria Segunda, referidos a la reglamentación de la Ley, están todavía, al día de hoy, por hacer.

(-p.995-)

Entonces, nuestro Grupo, con el ánimo mejor de ayudar, de estimular, de instar, para que se cumpla lo que aquí se aprueba -porque es, en definitiva, de lo que se trata-, ha hecho estas Mociones. Y las hemos dividido en tres bloques.

El primer bloque se refiere al cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda, y se refieren las Resoluciones número uno, número dos, número tres y número cuatro. Estamos hablando de los reglamentos que se contemplan en los Artículos 20, 25, 36 y 38, que se refieren a elementos tan importantes como procedimientos para el reconocimiento de los museos y colecciones museográficas, deberes de los museos y colecciones, integración de los museos y relaciones entre las redes museísticas.

Como ustedes recordarán, la Ley de Museos contempla un Sistema de Museos Regional, para lo cual hay dos tipos de relación entre los museos y la Comunidad; mejor dicho, hay tres: una, que son los museos reconocidos; otra, que son los museos integrados; y otra, que es la que tenemos ahora, que no es ninguna. Es decir, no hay ninguna relación. Actualmente, la relación se hace como con una empresa: a través de las subvenciones o a través de las líneas de ayudas que la Junta tiene, como a cualquier otro servicio de la Comunidad. Pero no está en marcha lo que dice la Ley, de un museo integrado o un museo reconocido, que es esencial para potenciar el tema de museos.

El segundo bloque de las Resoluciones se refiere a la número 5, que está siendo defendida por nosotros con mucha intensidad; es el tema de los museos comarcales. Seguimos insistiendo, y no nos parece razonable que hace muy pocos días la señora Consejera -por ejemplo- decía en los medios de comunicación que se iba a conectar a Internet, como un proyecto piloto, y decía que esto era algo que iba a conseguir... o con el fin de conseguir que la población rural se fijara a su territorio. Yo entiendo, nuestro Grupo entiende que, si eso es verdad, mucho más lo sería el que se potenciase una buena red de museos en aquellas localidades -cabeceras de comarca o no, pero localidades, a fin de cuentas- capaces de generar una serie de sinergias en torno a valores, como los valores museísticos, los valores culturales. Nuestra Comunidad tiene que sacarle el máximo provecho o el máximo rendimiento a esta situación.

Bien, esperamos que se contemplen los museos comarcales.

Y, por último, las dos últimas Resoluciones se refieren a la creación del fondo; en la cual, el Artículo 15 de la Ley dice expresamente que se creará un fondo y que se dotará con recursos públicos y privados. Nosotros decimos que se dote con una cantidad -y, además, lo dice también la propia Ley- "que se hará con cargo a los Presupuestos de la Comunidad".

Pues bien, no se ha hecho; y nosotros planteamos que se recoja con, al menos, el 10%. Este año el Capítulo 031 tenía 920.000.000; el 10%, 92.000.000 de pesetas, precisamente para el fomento o adquisición de elementos museísticos.

Y la última, que es como darle un poco la solución al problema anterior, sería intentar que el 1% cultural, que estaba en la Ley de Museos -y por una Enmienda del Grupo Popular se quitó-, que está recogido en la Ley General de Patrimonio del Estado, y que la señora Consejera se comprometió en su discurso a traer a estas Cortes la Ley de Patrimonio de Castilla y León; pues bien, nosotros decimos que una manera de resolver este asunto sería meter en la Ley de Patrimonio Regional de Castilla y León el 1% cultural. Y con esta forma podríamos tener recursos adicionales, entre otros, para el propio Fondo.

Y, como verán, nuestro Grupo está intentando comprometerse, señoras y señores Procuradores, con un tema tan importante como es el de museos, porque entendemos que en una Comunidad como la nuestra, con una riqueza patrimonial, cultural e histórica de este calibre, es absolutamente imprescindible hacer un esfuerzo. Que no entendemos la posición de la Junta, que ha hecho simplemente del año... del año noventa y cinco, con 987.000.000 para el Programa 031, ha pasado a 920 en el año noventa y seis; es decir, 67.000.000 menos.

No es posible, razonablemente, que una Ley como esta, que es tan importante dentro del conjunto de leyes del patrimonio en nuestra Comunidad, se despache con 67.000.000 menos, y aún no sean capaces de admitir ninguna de nuestras Proposiciones.

Por lo tanto, espero de la posición del Partido Popular, para poder continuar en el turno de réplica.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor González. Para turno en contra, el señor Garabito tiene la palabra.


GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Gracias, señor Presidente. Señorías, yo a veces tengo el dial confundido, evidentemente; y otras veces, simplemente no lo tengo confundido, pero me hago altavoz de lo que sé o puedo saber.

Y nuevamente nos encontramos otra vez hablando de museos. Están en su derecho; lógicamente, las Interpelaciones pueden derivar en Mociones; lo han ejercido, y bueno es.

(-p.996-)

Anuncio, de entrada, que el conjunto de sus siete Mociones no podemos aceptarlo; y diré por qué, evidentemente. Y creo y supongo que también respetará, como yo respeto que usted lo presente, el que nosotros tengamos opiniones en contra. Algunas ya las conoce, porque son tan reiteradas, que, sin duda, están en la mente de todos.

Pide usted que se elabore un Reglamento en seis meses. Quizá sea ésta, de las propuestas que ustedes hacen en su Moción, la que sea más asumible por nosotros, o, al menos, la que nos gustaría ver llevada, porque es el eje crucial del que parte toda la normativa y el desarrollo de la Ley.

Pero claro, ese Reglamento, que debe tener el reconocimiento, los deberes, la integración y las relaciones de los museos y colecciones museográficas, pues... -que al Grupo Popular le gustaría verlo pronto hecho-, sabemos perfectamente que son varios ya los borradores que han elaborado en la Consejería. Y que a nosotros nos preocupa más compaginar esa rapidez, esa urgencia en hacerlo, con el acierto que tengan en su ejecución.

Por otro lado, creemos que, además de elaborarlo, es bueno consultar con el Consejo de Museos. Y, además, entendemos que ese Reglamento debiera incluir el acceso y consulta a los registros, o el tema de las reproducciones, que es un tema realmente importante y complejo, que en principio no estaba pensado hacerse así.

Por lo tanto, en este primer punto de la Moción, nosotros también tenemos cierta premura en que, sin atropellar las cosas, pudiera hacerse pronto ese Reglamento, que es la base del desarrollo normativo de toda la Ley de Museos.

Pero, a partir de aquí, pocos más acuerdos; porque llega usted y en la segunda Moción nos dice que en seis meses se desarrollen las normas técnicas. Y nos parece un plazo, además de inadecuado... -no sabemos desde cuándo contaría-, y tenga en cuenta que este desarrollo técnico lo deben de hacer los técnicos reflexivamente. Creo que, una vez se llegara a un borrador, razonablemente, habría que someterlo a los Servicios Jurídicos de la Consejería para ver cómo funciona. Por otro lado, habría que hacer -creemos, en nuestra opinión- la consulta al Consejo de Museos. Y, en definitiva, estaría de alguna manera supeditado al propio Reglamento.

En el tercer punto del apartado dice: "Censo general de Museos". Y aquí, verdaderamente, creo que entran ustedes en contradicción. En tanto no tengamos el Reglamento, no podemos hacer el reconocimiento. Y, como para hacer el censo, necesitamos hacer el censo de todos los museos que ya estén reconocidos; pues, evidentemente, sin el Reglamento no es posible conocer cuántos museos están reconocidos y, en consecuencia, elaborar el censo. Por lo tanto, creo que entran, obviamente, en contradicción. Hasta tanto no tengamos el Reglamento, creo que no es posible realmente hacer el censo. Aparte que hacer ese censo también es laborioso, llevaría consigo, como premisa lógica, que los propios interesados lo solicitaran; que la Administración Autonómica -en este caso titular de las competencias- hiciera la inspección correspondiente de lo alegado por un lado, y, por otro lado, evidentemente, si cumplen los requisitos, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, todo ello supeditado a ese Reglamento.

En el cuarto punto piden ustedes un inventario; y ese inventario lo piden en tres meses. Y nuevamente volvemos a tenernos que remitir al Reglamento. Porque claro, piden ustedes inventario. En el Reglamento, razonablemente, se va... que se haga, para el reconocimiento de los museos, se les va a pedir que adjunten un inventario. Por lo tanto, huelga luego pedir un inventario; porque, para reconocerles, realmente ya tienen que haber presentado el inventario de bienes muebles que posee ese museo o la colección museográfica.

Por tanto, volvemos a tenernos que remitir al punto uno de su Moción, que es quizá el punto crucial.

El quinto, señores, ya los museos comarcales. Yo respeto, asumo todo el interés que ustedes tienen por comarcalizar los museos. Les he dicho, en tantos debates hemos tenido -y últimamente que han sido con cierta frecuencia-, y me he remitido a las palabras de otros Portavoces ilustres que me antecedieron en el uso de la palabra, como el señor Nieto Noya y algunos más, que hemos dicho hasta la saciedad que esta Ley es flexible, permite hacer cualquier museo comarcal y no lo exige. Y nos parece estupendo y maravilloso que la Ley sea así. Por lo tanto, no tiene objeto el que -al menos para nosotros- se cambie en este momento.

En cuanto a los dos últimos apartados, el Fondo para la protección y adquisición de bienes culturales, como bien usted dice, según su propuesta de destinar -cuando menos- el 10%, habría que destinar alrededor de 92.000.000. Si usted recuerda -y estoy seguro que lo recuerda- que ya más de casi 500.000.000 son para gastos de personal, casi 200 para gastos generales; la verdad es que el margen que queda es muy pequeño en ese Programa 31. Ahora mismo hay 56.000.000 para infraestructuras, y quizá en los futuros Presupuestos se pudiera debatir una cantidad; pero, desde luego, ahora mismo... es un debate más propio de Presupuestos, que ahora mismo poder aprobar... y ¿de dónde sacaríamos ese dinero?

(-p.997-)

Y, por último, habla usted de la implantación de la denominada Ley del 1% cultural. Y aquí -que es también otro viejo debate-, nosotros le hemos dicho, en reiteradas oportunidades, que se ha tenido, que era necesario que ese 1% de inversiones, de las inversiones que se hagan en la Comunidad, destinarlas a uso cultural, entraría en contradicción porque, teóricamente, si eso sucede, de la Consejería de Fomento desaparecerían las obligaciones que ahora mismo las dejamos contraídas. Y creemos que en el cambio saldríamos perjudicados. Porque es que la gente... muchos piensan que ese 1% llovería del cielo. Y, en definitiva, ese 1% que se hace en inversiones, lo único que está haciendo es encarecer el proyecto. El contratista que lo lee sabe perfectamente que un 1% va ahí y, además, lo tiene que tener en cuenta, porque lo va a pagar. O sea, que, en definitiva, no va a aparecer de ningún lado.

Pero, además, es que entra... y aquí quisiera saber cómo encaja, cómo encaja con la Proposición No de Ley que han presentado algunos compañeros de su Grupo Parlamentario, en que parece ser que para ese 1% cultural le dan otro destino que no sea el fondo de adquisición.

En fin, nos ofrece serias dudas que entre ustedes mismos del Grupo, creo que no coordina bien, no armoniza bien lo que piden ustedes aquí con lo que una Proposición No de Ley, que veremos en las próximas Comisiones -cuando no coincidan- establece para lo mismo.

Por lo tanto, termino diciendo -señor Presidente- que nos gustaría poder apoyar el punto primero, que, además, entendemos que es de donde dimana todo lo demás. En el resto, o bien están supeditadas a la primera Moción -no se puede hacer el inventario, ni se puede hacer el censo mientras no haya el Reglamento-, o, en definitiva, entra en contradicción con la postura mantenida por el Grupo Parlamentario Popular, que por ahora no ve causas objetivas que nos hagan cambiar de dicha postura. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Garabito. Para réplica, señor González.


GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente. Vamos a ver, señor Garabito, a este Procurador y a su Grupo lo que más le preocupa es la falta de respeto que ustedes tienen por las leyes que ustedes mismos se dan. Incluso me parece muy preocupante el respeto que tienen a este Pleno.

Mire usted, en el Reglamento de estas Cortes dice que cuando uno hace una propuesta y otro no está de acuerdo, o está en parte de acuerdo, lo razonable es enmendarla. Es que yo... a nuestro Grupo no nos entra en la cabeza que usted dice que está un poco de acuerdo con la primera, y no enmienda estas Proposiciones. Mire usted, es que se limita a votar en contra. De verdad, perdóneme que le diga: esto no es el respeto al juego limpio, que es el juego parlamentario que aquí nos tiene que traer.

Nuestro Grupo podrá estar confundido, de acuerdo; lo vamos a ver si está confundido o no. Yo le voy a poner ahora muchos ejemplos, para que usted entienda que no está confundido y que, cuando hacen las leyes, lo normal es que se hacen para cumplirlas; porque entonces dígame usted para qué ponemos la Transitoria y nos damos un año. ¡Oiga, si ya sabemos de antemano que no se va a poder cumplir en un año, démonos diez!

Le voy a poner un ejemplo muy concreto. Mire usted, me he traído aquí la Ley de Archivos. La Ley de Archivos se hizo el día seis de abril... perdón, el día diecinueve de abril de mil novecientos noventa y uno, Ley de Archivos. En su Transitoria dice... dice: "en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se promulgarán las distintas normas reglamentarias". Le repito, para que no se olvide: diecinueve de abril de mil novecientos noventa y uno. ¿Sabe cuándo se ha hecho el Reglamento? El ocho de mayo de mil novecientos noventa y seis; cinco años después, cinco años después. Y lo dice la Ley que ustedes aprueban. Y le extraña que nosotros, que han pasado ya veintidós meses, cuando en la Transitoria ustedes se dan un año, les instemos. Oiga, es lo menos; es que es lo menos que podemos hacer, instarles, ya que no podemos hacerla nosotros. Porque es que ustedes -se lo dije el otro día y lo digo ahora- dejan pequeño a Romanones, no hacen ni los Reglamentos. Pero bueno, ¡vamos a ver!

¿A usted le parece poco seis meses? Haga una Enmienda y diga: un año. Y yo diría: bueno, si se compromete, de acuerdo. Enmiende las demás. Pero, hombre, por favor, ¿cómo dice usted eso? ¿Cómo nos dice a nosotros que nosotros hacemos una Proposición, en la que usted está un poco de acuerdo, pero va a votar en contra? Tengamos la del otro día... tengamos la del otro día de la Comisión de Medio Ambiente; usted ha utilizado un turno en contra, ha utilizado, señor Garabito, un turno en contra. Y ha dicho aquí que con la primera podían estar de acuerdo; y yo le digo: la técnica parlamentaria de respeto a las minorías es hacer enmiendas que mejoren los documentos, y no echarnos aquí que pueden estar de acuerdo y luego votar en contra.

Fíjese usted, le estaba diciendo... me está diciendo de los museos comarcales. La Ley de Archivos se refiere en los distintos artículos, en el, por ejemplo, en el Artículo 38 habla de los archivos de entidades locales, ¿qué pasa?, ¿que archivos sí puede haber locales y museos no puede haber comarcales?. Mire usted, si se está hablando de una ley municipal, si se está hablando de potenciar las estructuras territoriales distintas, si se está hablando de fijar a la población... ¡Hombre!, ¡hombre, por favor!, ¿dónde vamos a ir si no somos capaces ni de reconocer una realidad? Porque en gran parte de los museos que hoy existen, si queremos garantizarles la seguridad, si queremos que sean eficaces, si queremos que sean razonablemente motivadores para los ciudadanos tienen que tener unas determinadas calidades... -y eso no se puede hacer en todos los sitios, ni en todos los sitios a la vez-; entonces, vamos a ver si esos ciudadanos que han cuidado sus productos, que han cuidado sus elementos museísticos, que los han protegido, que les tienen un cariño especial, expongámoselos al lado de donde ellos viven y seguro que disfrutarán y seguro que atraerán a otra gente.

(-p.998-)

Y dice usted del 1% cultural, que si no tenemos coordinación. Fíjese la coordinación, la suya, que los servicios técnicos ponen en la Ley el 1% y los Portavoces la quitan en una Enmienda que hacen ellos a su propio texto; eso sí que es coordinación. Y es más bonito decirle luego al Gobierno del Estado que nos dé el 1%; es muy bonito exigirle al Gobierno del Estado que el 1% de nuestras inversiones o de las inversiones públicas que se hacen en nuestra Comunidad vayan a los museos, pero no ponerlo nosotros. Mire usted, estamos hablando del 1% de toda la obra pública, señor Garabito; y yo, en la número seis, le estaba hablando de 92.000.000. El 1% de la obra pública es mucho más de 92.000.000; y yo no le estaba diciendo que todo el dinero de los 92.000.000 vaya a parar ahí. Pero dígame usted, señor Garabito, ¿cómo es posible tener los museos como los teníamos en el año noventa y cuatro? Hacer una Ley en el año noventa y cuatro para potenciar los museos, y resulta que en el año noventa y seis poner 67.000.000 menos, ¡hombre, como no creamos -como decía antes mi compañero, Jesús Quijano- en los milagros de los panes y de los peces, ya me dirá usted a mí de qué van a vivir los museos!

Por lo tanto, señor Garabito, usted perfectamente... yo le podía dar muchos ejemplos de cómo se hace el 1% cultural; el 1% cultural no lo tienen que pagar necesariamente los constructores. No necesariamente; hay muchos modelos. Y si quiere algún día hablamos... Yo espero que la señora Consejera en la Ley de patrimonio que prometió traer, lo ponga; y entonces tendremos ocasión para discutirlo. Y hablamos de bolsas, de bolsas económicas para invertir en patrimonio, en museos, en restauración, en lo que se crea conveniente. El fondo habla de una cantidad pública y privada. Si nosotros ponemos los 22.000.000, buscaríamos otros tantos, y con eso tendríamos una cantidad suficiente para ir potenciando nuestros museos.

Yo lamento enormemente, señor Garabito, que se mantengan ustedes en esa posición tan poco respetuosa -perdóneme que se lo diga, con afecto, pero porque lo siento y lo creo-, tan poco respetuosa con estas Cortes, y con esta Cámara, que pudiendo haber hecho una Enmienda (o dos o tres) para mejorar entre todos, se hayan limitado a hacer un borrón y cuenta nueva "tenemos cincuenta Diputados, cincuenta Procuradores; ustedes cuando ganen, gobiernen". Muchas gracias.


GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Tiene la palabra el señor Garabito para dúplica.


GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Gracias, señor Presidente. Decía que no había anunciado el sentido del voto, y precisamente no lo había hecho con la voluntad de ver un poco de ver si éramos capaces de, el título primero, si ustedes ofertan votarle por separado -el apartado primero-, le podría anunciar que el Grupo Parlamentario Popular diría sí, sin más, a ese primer apartado -que es importantísimo- de la elaboración del Reglamento. Por lo tanto, de ustedes depende lo que yo les ha anunciado, que, en su conjunto, de las siete mociones, no nos es posible dar el apoyo porque esencialmente las otras seis estamos muy en desacuerdo. Pero la propuesta se la estoy haciendo ahora, y es: depende de usted, que son los que han hecho la moción. Si quieren, permítannos hacer votación separada y el punto uno, que nos parece la clave de todo el desarrollo normativo después, puedo anunciarles el voto positivo del Grupo Popular. Por eso no necesitaba hacer enmiendas; en el resto de los temas es que el desacuerdo es tan profundo que es imposible llegar a enmiendas porque es muy difícil encontrarnos.

Volver a hablar, y para eso sacar la Ley de Archivos, de que si el Reglamento ha tardado cinco años... Pues sí, sabemos que la Transitoria de la Ley de Museos de hacía un año; no la hemos cumplido. La Ley de Archivos también. Pero estamos mezclándolo todo. Y, por otro lado, volver a hablar con el tema de las comarcas, como si nosotros nos opusiéramos rotundamente a que hay un museo comarcal, cuando hemos dicho rotundamente que donde haya un museo de esas características en una zona histórica, a la hora de su reconocimiento dirá -y lo dice el artículo 21- cuál es el ámbito territorial de su desarrollo pues, muy bien, dirá que es la Comarca del Bierzo -que tiene derecho a usar esa denominación-, o la zona de la Ribera, o lo que quiera; y nada se opone la Ley para que se pueda hacer así, y se lo hemos dicho ya cuarenta veces.

Por lo tanto, no estamos en contra de que haya museos de zonas próximas, etnográficas, históricas, culturalmente, y cuando lo pidan, en el reconocimiento y pidan la delimitación territorial o la zona de influencia, la Ley para nada se opone a ello, y ha mencionado usted como una incoherencia suprema... y yo me he limitado a decirles que, desde luego, lo que piden en el último apartado -y ya lo leerán despacito, se enterarán-, al menos a mí, y soy muy respetuoso; he dicho: a mí no me encaja lo que están pidiendo en el séptimo punto de su Moción con la Proposición No de Ley, el uso de ese 1% cultural; en mi opinión es distinto; a lo mejor estoy confundido; lo he dicho muy respetuoso, que me parece que no encaja, creo.

Pero le decía, dice usted: "incoherencia es que los técnicos hagan un Proyecto de Ley y que el Grupo Parlamentario Enmiende". ¡Anda!, ¡pues sólo nos faltaba al Grupo Parlamentario no poder enmendar los Proyectos de Ley que presente la Junta; hasta ahí podíamos llegar! La autonomía del Grupo Parlamentario le permite eso y mucho más. Aunque a ustedes les sorprenda. El Gobierno trae sus Proyectos de Ley, evidentemente, obedece a una filosofía que normalmente compartimos y esencialmente estamos de acuerdo; pero, si en un punto no estamos de acuerdo, evidentemente lo enmendamos. Y no pasa absolutamente nada; quizá es que ustedes no tengan costumbre hacer esa práctica y les sorprenda; a nosotros, para nada.

(-p.999-)

Por lo tanto, reiterando el ofrecimiento, que creo que el punto esencial de la Moción que hoy nos trae causa es el uno; y, en consecuencia, si ustedes tienen a bien separarlo en su votación, les anuncio el voto positivo del Grupo Popular. Sí, el apartado uno completo: hacer el reglamento de reconocimiento, integración y tal en seis meses. Porque el Grupo Popular tiene ya interés en urgir un poco a la Junta; aunque comprendemos las graves dificultades que tiene para hacerlo -de reflexión y demás-, pero creo que va llegando la hora de que ese punto ya salga adelante. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Garabito. Para fijar posiciones. Y no estando ningún representante del Grupo Mixto, suponemos que no pretenden fijar ninguna. Por tanto, tiene la palabra el Procurador Sánchez Vicente, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, Señorías. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aun con reservas va a apoyar la Moción presentada. Y lo vamos a hacer porque consideramos que con esta Moción se pretende dar un pequeño paso en positivo para que los museos de nuestra Comunidad empiecen a ser, tal y como se les define tanto en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico como la Ley 10/94, de ocho de julio, de Museos de esta Comunidad.

Entendemos que con esta Moción se pretende dar un pequeño paso para que la citada Ley de Museos -como se decía aquí el otro día- deje de ser, de un lado, esa gran desconocida; y, de otra, para conseguir una gestión eficaz de los museos y colecciones, fijando un procedimiento para su integración, y dando contenido, en definitiva, a lo que dispone el Título IV de la Ley -relativo al sistema de museos-, que, hasta la fecha, al no haberse desarrollado, no es más que un canto al sol. Desde Izquierda Unida venimos abogando por una política cultural que debe estar presidida por una serie de intervenciones de las Administraciones Públicas tendentes a fomentar la creación cultural y, en definitiva, a conservar y a difundir nuestro inmenso patrimonio; porque estamos seguros que con ello coadyuvamos a profundizar en la formación continuada de los ciudadanos, partiendo de la realidad territorial.

La riqueza de bienes de interés cultural de nuestra Comunidad exige, con carácter de urgencia... ¡es que llevamos desde el año noventa y cuatro sin que se haya desarrollado absolutamente nada reglamentariamente de lo previsto en aquella Ley!, desde el año noventa y cuatro. Pues bien, decimos que ya es hora, y que con carácter de urgencia se debe desarrollar la Ley para velar por la conservación y difusión de la cultura, e impulsar el reconocimiento de esos conjuntos, que nos sirvan para, teniendo en cuenta el contenido del Artículo 19 de la Ley, nos sirvan para poner en marcha la propia Ley.

Desde este Parlamento y, desde luego, desde la Consejería, se debe velar, a nuestro juicio, por la conservación y la difusión de la cultura a través de diferentes medios, entre los cuales tienen una notable importancia los museos. Por eso es urgente y necesario potenciar la red de museos; la Consejera lo ha venido diciendo en diferentes ocasiones, pero no sé si hay esa voluntad política, de momento no conozco norma alguna que nos haga suponer que se pretende desarrollar la citada Ley.

Reivindicación fundamental para Izquierda Unida, como elemento base para la protección del inmenso patrimonio histórico artístico, es -y así lo hemos puesto de manifiesto en infinidad de ocasiones- la necesidad de llevar a cabo un inventario, en este caso de fondos, sin el que no se podrá proteger ni conservar -y mucho menos difundir correctamente-, así como servir a los ciudadanos y estudiosos para su disfrute e investigación.

En cuanto al reconocimiento de los museos comarcales, pues si no hay ninguna dificultad en que se implanten como tales, reconózcase en la Ley. No entiendo yo la postura de decir "no pasa nada, pero nos negamos"; no hay ninguna dificultad, pues reconózcase este tipo de museos. Para nosotros es un problema importante -y lo hemos reiterado en infinidad de ocasiones-, entre otras muchas cosas, porque con nuestro apoyo entendemos que se está favoreciendo la articulación del territorio, tal y como lo entendemos desde Izquierda Unida que, parece ser, es absolutamente opuesto a la concepción que tienen ustedes del territorio.

Por último, y en cuanto a la creación del fondo, así como en cuanto al denominado 1% cultural, nos parece también interesante que se recogiera y desarrollara; y, sobre todo, si de verdad se hiciera con la finalidad que se señala en la Exposición de Motivos del Real Decreto del setenta y ocho, que desarrollaba la Disposición Transitoria de la Ley de Patrimonio, con la finalidad de promocionar y estimular a los artistas, a quienes se ofrecen por ese cauce nuevas posibilidades de expresión y de realización profesional; si con ello se pretende buscar una unión y coordinación más estrecha entre la arquitectura y la ingeniería y las otras artes, integrándose éstas en aquéllas, así como integrar la obra pública en su entorno, a fin de evitar que la realización de los trabajos suponga un deterioro de estos.

Y, por último, poner en contacto permanente, en la medida de lo posible, a la sociedad española con este arte de nuestra época.

Adquieran ustedes algún compromiso, adquieran ustedes... en la última intervención viene a reconocer o viene a apoyar, parece, parte de la Moción. Bueno, si ese compromiso lo respeta el proponente de la Moción, nosotros también votaremos a favor, porque lo que queremos es que ustedes adquieran eso, compromisos; y luego los cumplan, claro.

(-p.1000-)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario proponente, señor González, tiene la palabra.


GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para agradecer al Portavoz de Izquierda Unida la posición que mantiene de coherencia, también, con las propuestas que el Grupo Socialista ha planteado. Gracias, porque efectivamente creo que es la línea que deberíamos de seguir en temas tan importantes para la cultura de nuestra Comunidad como éste.

Al señor Garabito y al Grupo Popular, aceptar, porque -perdone la expresión- menos da una piedra; aceptar que, efectivamente, vamos a, señor Presidente, admitir el voto por separado de la Resolución número uno, con sus cuatro apartados: el que hace referencia al Artículo 20, "Procedimiento para el reconocimiento de museos y colecciones museográficas"; el Artículo 25, "Deberes de museos y colecciones"; el Artículo 36, "Integración de museos"; y el Artículo 38, "Relaciones entre las redes museísticas".

Y dicho esto, dos cuestiones, simplemente por precisar, señor Garabito. Los técnicos hacen los proyectos, pero aquí los presentan los Grupos políticos. Aquí, a esta Cámara, lo presentan los Grupos políticos.

EL SEÑOR......: (Intervención sin micrófono).


GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: ¿La Junta de Castilla y León? Perfecto. Gracias por la precisión. La Junta de Castilla y León, que está apoyada por un Grupo político.

Por lo tanto, no le achaque usted a los técnicos, sino que lo que a nosotros no nos cabía en la cabeza era que el proyecto que presenta la Junta, la Junta trae esa característica; porque, si no lo hubiera querido la Junta, razonablemente, lo hubiera podido quitar antes. Si viene aquí con él, no parece razonable; también hay descoordinación.

Y en cuanto al segundo grupo, al segundo punto o a la segunda precisión, señor Garabito, no hay ninguna descoordinación con la PNL de mis compañeros. Estamos hablando, estamos hablando de atraer recursos, recursos para el mundo de la cultura; unos irán a museos, otros irán -como decía el Portavoz de Izquierda Unida- a la estimulación de los artistas para facilitarles su trabajo, otros irán a la creación de obra de restauración. En definitiva, es traer igual... atraer, o detraer de otros fondos, recursos para cultura, señor Garabito, que esto es absolutamente esencial en una Comunidad como la nuestra.

Lo lamento. Ya veremos a ver qué da de sí la próxima Ley, si es que viene en este período parlamentario. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor González. Se ruega silencio, Señorías. Pasamos a la votación. Y esta Presidencia entiende que el Apartado 1 de la Moción, que se refiere a que se dictarán reglamentos que abarquen a los Artículos 20, 25, 36 y 38, se puede aprobar por asentimiento.

Por tanto, pasamos a votar el resto de la Moción recién debatida. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: setenta y uno. A favor: veintiocho. En contra: cuarenta y tres. En consecuencia, queda rechazada la Moción recién debatida.

Pasamos al punto número 3, que dará lectura el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Tercer punto del Orden del Día: "Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general de vivienda de promoción pública seguida en mil novecientos noventa y cinco, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para su defensa, tiene la palabra don Antonio de Meer.


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Brevemente, y además de verdad, porque no está el tiempo como para hacer ahora un gran debate.

(Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías, por favor, se ruega estén en silencio o abandonen el hemiciclo en silencio.


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: La Moción que voy a defender es consecuencia de la Interpelación que sobre política de vivienda de promoción pública debatimos en el Pleno anterior. Y yo me alegro, pues, que se debata hoy, con el señor Merino sentado en estos bancos, después de tantos rumores de que se nos iba a Madrid a ocupar un Ministerio, la Presidencia de la Renfe, o el Instituto de Crédito Oficial; afortunadamente, todavía no ha llegado la pedrea al "banco azul", y podemos hablar con él de su gestión del año pasado. Y estando aquí, podremos intentar que modifique la política de vivienda de promoción pública que ha hecho en estos años anteriores.

(-p.1001-)

En eso queremos centrar el debate: únicamente viviendas de promoción pública. No queremos hablar de otras cosas, sólo de las viviendas que debe hacer la Junta, que tienen que ser más que las doscientas dos que hizo, exclusivamente, el año pasado; no de otras viviendas, no de otras actuaciones, que es de lo que le gusta hablar al Consejero, que también -por cierto- van bastante mal. (Hoy lo dicen los Colegios de Arquitectos de Castilla y León -es la portada de El Norte-, que hay un pinchazo en las viviendas de protección oficial en Castilla y León.) Pero de eso hablaremos otro día.

Nosotros presentamos una Moción en la que estrictamente pedimos que la Junta haga un informe sobre cómo se ha desarrollado la política de este tipo de viviendas desde el año ochenta y cinco. Las transferencias fueron el año ochenta y cuatro; el primer Presupuesto de la Comunidad que incluyó viviendas fue el del ochenta y cinco. Del ochenta y cinco hasta ahora, ¿qué ha pasado?

Luego queremos que la Junta haga un Plan que dure del noventa y seis hasta el noventa y nueve, cuatro años, como suele ser habitual; queremos que durante esos cuatro años la Junta haga tres mil viviendas. Son setecientas cincuenta viviendas al año, que es la media normal que la Comunidad Autónoma ha venido haciendo. Queremos que en el año noventa y seis se empiece por mil, para recuperar, de alguna manera, el déficit creado el año pasado y el anterior. Queremos que en este Plan digamos cuántas se van a hacer cada año y dónde se van a hacer. Y, por último, queremos que se justifique en dónde se van a hacer, teniendo en cuenta en cada municipio qué otras actuaciones ha habido hasta ahora; el grado de satisfacción de la demanda que existe. Y, por último, tener en cuenta circunstancias particulares que siempre deben tenerse, como puede ser la marginación social en algunos municipios de nuestra Comunidad Autónoma, en la que están volviendo a plantearse grupos de chabolas; o las promociones que hay que hacer en aquellos sitios en los que, si la Comunidad Autónoma no va a hacer viviendas, se corren problemas de despoblamiento.

Y por último, nosotros creemos que ese programa la Junta debe presentarlo a este Parlamento para que lo debatamos los Grupos políticos, y podamos dar un instrumento de acción para la Junta y un instrumento de control para este Parlamento.

Creemos que es un planteamiento serio, riguroso. Hemos huido de cualquier cosa que pudiera parecer que era mínimamente demagógico. No hemos pedido ni seis mil viviendas, ni que lo haga en una semana, ni que... cosas en absoluto de ese tipo. El Consejero dijo que aceptaría, al final del debate pasado, todo lo que fuera razonable; creemos que el planteamiento que hacemos es absolutamente razonable. Que la Junta tiene que hacer este Plan, que tiene que dejar de dar palos de ciego; que hay muchos ciudadanos en nuestra Comunidad Autónoma que esperan una vivienda de la acción pública -y la única Administración que hace viviendas es la Junta de Castilla y León-, y que a esos ciudadanos tenemos que intentar darles una respuesta, que podemos ayudarles. Y por eso creemos que esta proposición... vamos, que esta Moción no puede rechazarse hoy; y pedimos, por lo tanto, el voto favorable. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Habiéndose presentado una Enmienda por el Grupo de Izquierda Unida, para su defensa, tiene la palabra el Procurador señor García Sanz.


GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. La Enmienda de sustitución que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pretendiendo que sea una enmienda de sustitución global, aunque, lógicamente, en la propia Enmienda planteamos toda una serie de puntos que están recogidos en la propia Moción del Grupo Parlamentario Socialista.

La Enmienda que presentamos, lógicamente, tiene coincidencia con alguno de los puntos que se plantean en la propia Moción. Quiere decirse: el hecho de que se plantee... se presente, por parte de la Junta, un informe de lo realizado en los últimos años de vivienda de promoción pública en esta Comunidad Autónoma; la elaboración de ese Plan Cuatrienal de Viviendas; la elaboración de esos criterios de dónde deben ser ubicadas, construidas, iniciadas esas promociones públicas de viviendas; y que, lógicamente, ese Plan Cuatrienal sea traído a estas Cortes para su debate y aprobación.

Lógicamente, la Enmienda la planteamos porque tenemos algunos desacuerdos con la propia Moción. Uno de ellos es fundamental, debido a la cuantificación -por así decirlo- de la propuesta que se hace por parte del Grupo Socialista de las viviendas a iniciar, tanto en el año noventa y seis como en ese supuesto Plan. Y no se trata de que a ver quién da más, quién es el que propone más viviendas a iniciar en los últimos años... perdón, en los próximos años; sobre todo teniendo en cuenta cuál ha sido toda una serie de falta de compromisos o falta de cumplimiento de compromisos por parte de la Consejería de la Junta en los últimos años.

Y es, partiendo de estos incumplimientos, de esta falta de iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León en la promoción pública de viviendas en los últimos años, en donde nosotros consideramos totalmente insuficiente la propuesta que se hace en la Moción presentada. De hecho, la propia propuesta que se hace de iniciar mil viviendas en el año noventa y seis, y tres mil en el propio Plan, es un compromiso que ya se ha asumido; aunque luego, lógicamente, nos podemos encontrar una vez más que sean compromisos incumplidos, pero, al fin y al cabo, son compromisos asumidos por parte del señor Consejero (de iniciar tres mil viviendas en la Legislatura, que se comprometió cuando se hizo la comparecencia de la explicación del programa de Legislatura, en septiembre del año pasado); y el compromiso de iniciar mil viviendas en el año noventa y seis, que fue un compromiso asumido también en una comparecencia que hubo en una Comisión de estas Cortes para explicar el propio Plan Cuatrienal de Viviendas para 2l año noventa y seis-noventa y nueve.

Y, lógicamente, no estaría mal el que esos propios compromisos estuvieran asumidos, y nos parecería suficiente. Pero el hecho del propio déficit que llevamos arrastrando de los incumplimientos de los años anteriores, por parte de la Consejería, en promoción pública de vivienda, nos lleva a la agudización del problema de la falta de iniciativa pública de viviendas en esta Comunidad Autónoma y, en ese sentido, a considerar totalmente insuficientes estos compromisos ya asumidos -como digo- por parte de la Consejería.

Y, en ese sentido, intentando recuperar la falta de iniciativa que ha habido en los últimos años, consideramos imprescindible que en este año noventa y seis hubiera un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de iniciar tres mil viviendas de promoción pública, y que, en el conjunto de ese Plan Cuatrienal a presentar, consideramos que se debieran iniciar un mínimo de nueve mil. Y esto lo basamos en propios criterios asumidos por la Junta de Castilla y León o en otros acuerdos suscritos, y en literatura -por así decirlo-, literatura que, una vez más, fue incumplida, plasmada en el acuerdo con los sindicatos en el año noventa-noventa y uno, en donde se comprometía a iniciar cuatro mil viviendas en dos años. Y es a partir de ese criterio, de esa cuantificación de las necesidades que había en Castilla y León, de donde nosotros sacamos esa deducción: que teniendo en cuenta el arrastre de lo que no se ha cumplido en los últimos años, consideramos imprescindible el iniciar tres mil viviendas en el año noventa y seis, como medida de choque; y en los sucesivos, ese mínimo de dos mil, de alguna forma, asumiendo el criterio plasmado por la propia Junta en el acuerdo con los sindicatos. Y de ahí nos da la propia cuantificación de las nueve mil viviendas en el Plan Cuatrienal noventa y seis-noventa y nueve.

Lógicamente, no se trata aquí de hablar. Sería cuestión de que, si el Grupo Popular está por esta voluntad de buscar la financiación para esta iniciativa de vivienda pública... pero no habría que ir nada más lejos que la falta de compromiso y la falta de gasto público, por tanto, de la propia Junta en los incumplimientos que ha habido en los últimos años. Hablaba aquí el señor Lucas esta tarde de miles de millones no recibidos, aunque se tenían que haber recibido por parte de la Administración Central; y aquí, sin ir más lejos, un elemento tan fundamental como la promoción pública de viviendas, en el año noventa y cinco se han dejado de ejecutar más de 4.000 millones de pesetas, simplemente hablando de un concepto. Quiere decirse que a veces se habla mucho de las cifras, pero cuando se habla de cosas concretas hay bastante menos responsabilidad en el asunto.

Y en otro sentido, ahí también consideramos, en la Moción que se presenta por el Grupo Socialista, una serie de ausencias que -desde nuestro punto de vista- serían interesantes recoger. En primer lugar, lo que planteamos es la declaración de este Parlamento Autonómico de cuál es la problemática y las causas que en este momento están provocando la situación de la vivienda pública en esta Comunidad Autónoma, fundamentalmente debido a causas de especulación, a causas de la insuficiente promoción pública y a causas de la inhibición de los poderes públicos en los diferentes ámbitos -también en el ámbito municipal-, que de lo que se trataría sería de hacer un llamamiento de estas Cortes al conjunto de las Administraciones, ante un problema de esta envergadura.

Consideramos también que un elemento a recoger en la propia Moción sería el plantear que en esa promoción pública de vivienda hubiera un elemento importante de destinar... nosotros planteamos que al menos un tercio de la vivienda de promoción pública tendría que ser destinado al alquiler. Creemos que reúne de una forma más de justicia social aquellas viviendas de alquiler, que no exclusivamente las que sean -como están siendo en estos momentos- viviendas en propiedad. Y, en ese sentido, consideramos importante que ello se recogiera.

También entendemos que para darle una continuidad, una garantía de ejecución, que realmente haya una posibilidad de estudio de necesidades de la vivienda social en Castilla y León, se constituyera un organismo público regional que reuniera estas características y que, de alguna forma, también, tuviera la competencia de garantizar los planes, en este caso este Plan Cuatrienal de Vivienda. Pero que también, en todo momento, sería un... de la capacidad de determinar en todo momento las necesidades, y no así, por ejemplo, como en este momento la propia Consejería de Fomento está pretendiendo elaborar -deprisa y corriendo- un plan de necesidades de viviendas sociales en la Comunidad Autónoma.

Y, por ir terminando, también una serie de puntos en donde planteamos involucrar a los municipios en las cuestiones de agilización para suelo urbanizable, de cara también al compromiso que también se asumió por parte de la Junta, de acuerdo con los sindicatos, de destinar una parte de la inversión de vivienda pública a la adquisición de suelo urbanizable para que, en todo momento, la propia Junta tenga suelo asequible o disponga de suelo para esa promoción pública de vivienda. Que haya una posibilidad de destinar, por parte de la Junta de Castilla y León, suelo asequible a entidades sin ánimo de lucro, fundamentalmente, y así... siendo prioritario aquellas entidades sin ánimo de lucro, cooperativas que estén relacionadas con organizaciones sociales, llámese sindicatos, asociaciones de vecinos, etcétera. Y también, elementos que incidan en el elevado parque de viviendas desocupadas que tenemos también en esta Comunidad Autónoma, que no deja de ser un despilfarro social.

(-p.1003-)

En definitiva, se ha presentado esta Enmienda -no cabe la menor duda- como un elemento positivo de preocupación ante lo que es la problemática de la vivienda pública social en esta Comunidad Autónoma. Y por eso, abiertos, también, a cualquier posibilidad de enmienda transaccional, consideramos y esperamos que pueda ser asumida total o parcialmente esta Enmienda. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Turno en contra. Entonces, pasamos a fijación de posiciones, y, no habiendo ningún representante del Grupo Mixto, por el Grupo Parlamentario Popular, don Mario Galán tiene la palabra.


GALÁN SÁEZ

EL SEÑOR GALÁN SÁEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, yo quiero -muy brevemente, porque la jornada ha sido maratoniana-, pero destacar cuáles han sido, en todo momento, los principios de la Junta en materia de vivienda, que es potenciar la política de vivienda. Y ya ha quedado suficientemente claro, tanto en la intervención del Presidente de la Junta -en el debate de Investidura- como con las intervenciones del Consejero de Fomento -aquí y en la Comisión correspondiente de Arquitectura y Vivienda-, repito, de potenciar la política de vivienda y dar cobertura, especialmente, a los sectores más desfavorecidos y a aquel núcleo de ciudadanos que están dotados de menos ingresos. Y estamos pensando y nos estamos refiriendo a los jóvenes, a la vivienda rural y a los ciudadanos con menos capacidad adquisitiva.

Ésa ha sido -repito- la inquietud constante de la Junta. Y tan es así, que el criterio, el propósito en estos momentos es la próxima... en el periodo mil novecientos noventa y cinco-mil novecientos noventa y nueve, pretende del orden de treinta mil actuaciones en materia de vivienda. Y queda... y eso está reflejado en la intervención del señor Consejero de Fomento en la Comisión de Arquitectura y Vivienda, donde dice que con cargo a recursos presupuestarios propios de la Comunidad Autónoma, ésta ha sido su intención, de materializar durante el periodo noventa y cinco-noventa y nueve una serie de actuaciones mediante urbanización directa de suelo capaz para quinientas viviendas; la ejecución de tres mil viviendas de protección oficial, de promoción pública; la rehabilitación de tres mil viviendas del parque público; y la concesión de cinco mil ayudas a la vivienda rural; dos mil subvenciones parciales para arrendatarios y doscientas subvenciones para la restauración del patrimonio residencial.

Así pues, para el año mil novecientos noventa y seis -continúa el señor Consejero en su comparecencia- se va a mantener un número de actuaciones, aproximadamente de diez mil seiscientos treinta y tres; siendo, en el año noventa y siete, de seis mil novecientas noventa y una; de seis mil novecientas noventa, en el noventa y ocho; y de siete mil ciento ochenta y seis en el año noventa y nueve. Es decir, que supera el tema, el número de las treinta mil actuaciones; y, Señoría, está haciendo y está recogiendo la construcción de tres mil viviendas durante este periodo.

¿Cuáles han sido los criterios con que la Junta actúa a la hora de la elaboración de este Plan, de esta edificación de viviendas? Dos, fundamentalmente. Son criterios que mantiene con firmeza, de una parte, la concentración de la vivienda pública en aquellos municipios con mayor número de habitantes; y el otro criterio que marca la actuación en esta política de vivienda es potenciación de la vivienda rural para aquellos municipios, para aquellas poblaciones, con menos de diez mil habitantes. Y además, tiene asumido el compromiso de realizar un estudio de las necesidades de vivienda dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Y es lógico que, si bien, de hecho, no existe en los términos de la propia Moción un plan regional de vivienda; de hecho sí que se está llevando un plan regional de vivienda con esos dos criterios. Pero que tiene que completarse una vez -que, además, nos consta que ya está en marcha- se realice ese estudio de necesidades donde, al menos, podamos tener y constatar cuáles son las necesidades de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma; cuáles son las disponibilidades de suelo; cuáles son, entre otros casos, los posicionamientos del Ayuntamiento.

Por eso, Señoría, señor de Meer, yo creo que si esta Moción se hubiera presentado un poco después en el tiempo, era fácil que hubiéramos llegado a un acuerdo, porque los principios que inspiran -gran parte de los principios que inspiran- esta Moción son los que está aplicando la Consejería de Fomento a la hora de aplicar y de llevar a cabo el Plan de Vivienda. Pero, en estos momentos, no podemos... aun siendo -como le digo- y reconociendo que los principios son en gran parte los que está aplicando la Consejería, no podemos votar a favor de su Moción por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque hasta tanto no esté elaborado el estudio de necesidades de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma, no sabemos cuáles son las necesidades; todo eso que está apuntando usted en su Moción. Y, en segundo lugar, con el cambio de la nueva Administración Central, es lógico que se revise, que se debatan los principios que inspiran la prórroga del actual Plan Cuatrienal de Vivienda noventa y seis-noventa y nueve. Y, en ese sentido, ya, el responsable del Ministerio ha anunciado la convocatoria de una reunión sectorial para revisar este Plan noventa y seis-noventa y nueve.

Por estos dos motivos, señor de Meer, y no por otros, no podemos votar a favor de su Moción que -repito e insisto-, de haber sido presentada un poco más adelante, un poco más en el tiempo, estoy seguro de que, tras un debate en profundidad, hubiéramos llegado a gran parte del acuerdo en la Moción que Su Señoría -en representación de su Grupo- ha presentado. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Galán. Para fijar el texto definitivo, con Antonio de Meer tiene la palabra.


DE MEER LECHA-MARZO

(-p.1004-)

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Para fijar el texto definitivo, que es exactamente el que hemos presentado. Mi Grupo no quiere entrar en un debate con el Grupo de Izquierda Unida sobre este asunto, mientras la derecha nos contempla. No estamos -en absoluto- dispuestos a ese tipo de debates estériles. Ellos son los que quieren hablar de otras cosas; no les demos argumentos. Eso es lo que le gusta al Consejero, hablar de otras cosas, del 15% del suelo de no sé qué... Vamos a hablar un día -a ver si es posible- sólo de viviendas de promoción pública. Y menos de sustituir la nuestra, por supuesto. Quienes quieran debatir de otras cosas, que las presenten (como yo le dije el otro día al Consejero que quería debatir de otra cosa: que comparezca.)

El Portavoz del Grupo Popular habla -como siempre- de política de vivienda en general, y vuelve a soltar la historia de las intervenciones. De eso es de lo que no queremos hablar; de eso no versó la Interpelación. Vamos a hablar de viviendas de promoción pública; y la Junta no tiene ningún criterio, las hace "a salto de mata", sin saber qué pasa en esta Comunidad Autónoma en este momento. Por eso hace falta hacer un estudio. Es lo que proponemos y es lo que usted ha reconocido. Ya era hora que algún Portavoz del Grupo Popular lo reconociera en esta casa. Tengo que saber dónde se van a hacer las viviendas. Yo creo que cuántas es fácil: mil, el año que viene, es lo que dijo el Consejero; no creo que usted le vaya a contradecir. Por lo menos; si son mil quinientas, mejor. Esa cifra es una cifra ya comprometida. Tres mil en los cuatro años, es lo que la Junta ha firmado en el Plan Cuatrienal; es otra cifra comprometida. Las cifras, las sabemos. El Plan se puede cambiar; nosotros ponemos "como mínimo". Esperemos que no lo recorten. Aprobar esto no quiere decir que no hagan cuatro o cinco mil; o, a lo mejor, el tijeretazo llega también, como siempre, a la vivienda de promoción pública.

Hace falta fijar un plazo. ¿Cuándo se va a hacer ese Plan? ¿Cuándo se va a hacer ese estudio? Nosotros decimos que se presente aquí en dos meses. Usted lo deja como los Reglamentos de la Ley de Museos, para no sé cuándo. Estamos hablando de cosas... de cuántas, dónde, en qué tiempo; cosas concretas. No decir que la Junta va a hacer un estudio; si tenía que tener el estudio desde hacía muchísimo tiempo. Y porque ustedes están de acuerdo con casi todo lo que decimos aquí, o porque lo han firmado, o porque ustedes lo han reconocido, por eso van a votar en contra.

¿Debíamos presentar esta Moción más tarde? Si el Reglamento de las Cortes nos dice que al acabar una Interpelación tenemos tres días para presentar la Moción. ¿Qué quiere, que perdamos la oportunidad de debatir la Moción? No; está presentada en su momento y además, con un contenido que sólo de una manera forzada pueden ustedes rechazar. Forzada, pero en la línea con casi todo lo que hacen, porque ustedes no quieren tener ningún compromiso; ustedes no quieren que nada les ate; ustedes no quieren que nosotros les podamos pedir en ningún momento responsabilidades por algo; ustedes prefieren trabajar en la arbitrariedad, "a salto de mata" en la promoción pública de las viviendas o en la financiación de las Comunidades Autónomas. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Pasamos a la votación, por tanto, de esta Moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: sesenta y cuatro. A favor: veintiuno. En contra: treinta y nueve. Abstenciones: cuatro. Queda, por tanto, rechazada la Moción recién debatida.

Se suspende la sesión hasta mañana a las diez horas.

(Se suspende la sesión a las veintiuna horas treinta y cinco minutos.)


DS(P) nº 21/4 del 16/5/1996

CVE="DSPLN-04-000021"





Diario de Sesiones de las Cortes de Castilla y León
IV Legislatura
Pleno de las Cortes
DS(P) nº 21/4 del 16/5/1996
CVE: DSPLN-04-000021

DS(P) nº 21/4 del 16/5/1996. Pleno de las Cortes
Sesión Celebrada el día 16 de mayo de 1996, en FUENSALDAÑA
Bajo la Presidencia de: Manuel Estella Hoyos
Pags. 953-1004

ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del Excmo. Sr. Presidente de la Junta, para informar al Pleno sobre: - Trascendencia para la Comunidad Autónoma de Castilla y León de los Acuerdos de investidura y gobernabilidad suscritos por el Partido Popular y los Partidos Nacionalistas.

Moción, I. 8-II, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política de Museos de la Junta de Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 45, de 1 de abril de 1996 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Moción, I. 9-II, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Política General en Vivienda de Promoción Pública seguida en 1995, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario y publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 45, de 1 de abril de 1996 publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Informaciones y Preguntas Orales de Actualidad.

Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno: 5.1. Pregunta con respuesta Oral, P.O. 167-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José L. Conde Valdés, relativa a opinión de la Junta respecto al proyecto «León con futuro» y posible apoyo técnico y financiero, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 168-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a razones de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social para patrocinar el folleto «Navidad en familia», publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 169-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Mª. Luisa Puente Canosa, relativa a revisión de publicaciones de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 170-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio de Meer Lecha- Marzo, relativa a condiciones sanitarias y grado de potabilidad del agua en las urbanizaciones de la margen izquierda del Pisuerga en Simancas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 171-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jaime González González, relativa a declaraciones del Jefe de Gabinete del Presidente de la Junta sobre el pueblo gallego, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 172-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio de Meer Lecha- Marzo, relativa a declaraciones del Jefe de Gabinete del Presidente de la Junta sobre peticiones de Alcaldes para arreglar iglesias y no carreteras, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 49, de 19 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 182-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a criterios de distribución provincial de la aplicación presupuestaria para obras en la Red de Carreteras Provinciales, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 183-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a apertura de expediente sancionador contra Agente Forestal autor de un artículo de opinión, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 184-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a justificación de la modificación de la estructura de la Consejería de Fomento, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 185-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Concepción Farto Martínez, relativa a postura de la Junta ante el despido colectivo de la empresa «Avicultura Leonesa S.A.» en San Andrés de Rabanedo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 186-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jaime González González, relativa a disposición del Presidente de la Junta a explicar los términos del pacto del Partido Popular con los partidos nacionalistas en lo que afecte a los intereses de la Comunidad, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 187-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa a conocimiento de la Junta sobre las condiciones sanitarias y potabilidad del agua en las urbanizaciones de la margen izquierda del Pisuerga en Simancas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 188-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a posición sobre la ampliación de la Denominación de Origen de Ribera del Duero solicitada por el Ayuntamiento de Santa María del Mercadillo, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 189-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a explicación personal de la utilización del Fondo de Acción Especial con carácter exclusivo por el Presidente de la Junta, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 190-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a solicitud por el Presidente de la Junta del dictamen del Consejo de Estado sobre revisión de oficio de subvenciones indebidas, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 191-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a necesidades a cubrir con el Plan Tecnológico y presupuesto máximo de financiación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 192-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a plazo de elaboración y nivel de vinculación del estudio sobre necesidades de vivienda social en Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 193-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a condiciones en materia de ordenamiento autonómico planteadas por el Presidente de Castilla y León en los aspectos institucionales y económico-financieros, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 194-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio Herreros Herreros, relativa a disposición del Presidente de Castilla y León a corregir la desigualdad institucional y financiera de la Comunidad mediante la reforma del Estatuto de Autonomía, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 195-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Elena Pérez Martínez, relativa a qué entiende el Consejero de Sanidad y Bienestar Social por «contrato de pobreza», publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 51, de 22 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 196-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Luis García Sanz, relativa a desistimiento de la instalación de un cementerio de residuos nucleares por la empresa ENRESA, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 197-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jesús Quijano González, relativa a si comparte el Presidente de la Junta el criterio de representación provincial de los Consejeros, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 198-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Daniel Mesón Salvador, relativa a si el Consejero de Sanidad y Bienestar Social representa a la provincia de Ávila en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 199-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a si el Consejero de Presidencia y Administración Territorial representa a la provincia de Burgos en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 200-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jaime González González, relativa a si la Consejera de Economía y Hacienda representa a la provincia de León en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 201-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. José Mª. Crespo Lorenzo, relativa a quién representa y atiende a la provincia de Palencia en la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 202-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Carmen García- Rosado y García, relativa a quién representa y atiende a la provincia de Salamanca en la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 203-I, formulada a la Junta de Castilla y León por la Procuradora Dª. Eloísa Álvarez Oteo, relativa a si el Presidente de la Junta representa directamente a la provincia de Soria en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 204-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jorge F. Alonso Díez, relativa a qué despacho atiende la representación de Valladolid en el Gobierno Regional, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 205-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Jesús Cuadrado Bausela, relativa a quién representa y atiende a la provincia de Zamora en la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 206-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Antonio de Meer Lecha-Marzo, relativa a medidas contra la plaga de mosquitos en Medina de Rioseco y su Comarca, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 52, de 29 de abril de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 207-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Santiago Sánchez Vicente, relativa a incoación de Diligencias Previas por presunto delito ecológico en el vertedero de Tamames, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 208-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a causas de la interrupción de las obras del Hospital Fuente Bermeja en Burgos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 209-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a reanudación de las obras del Hospital Fuente Bermeja en Burgos, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 210-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a resultado de las gestiones de la Gerencia Regional de Servicios Sociales con las entidades bancarias para eliminar el retraso en el libramiento de subvenciones, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 211-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a subvenciones pendientes de pago a los centros especiales de empleo de personas discapacitadas en el presupuesto de 1995, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

Pregunta con respuesta Oral, P.O. 212-I, formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador D. Octavio Granado Martínez, relativa a cantidades pagadas a los centros especiales de empleo de personas discapacitadas con cargo al presupuesto de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, Nº. 53, de 3 de mayo de 1996.

SUMARIO:

Se inicia la sesión a las dieciséis horas cuarenta minutos.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, abre la sesión - Primer punto del Orden del Día.

El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al Primer punto del Orden del Día.

Intervención del Sr. Lucas Jiménez, Presidente de la Junta de Castilla y León, para informar a la Cámara.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, abre un turno de intervenciones para los Sres. Portavoces de los Grupos Parlamentarios.

En turno de Portavoces, interviene el Procurador Sr. Quijano González (Grupo Socialista).

En turno de Portavoces, interviene el Procurador Sr. Herreros Herreros (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de Portavoces, interviene la Procuradora Sra. Farto Martínez (Grupo Mixto).

En turno de Portavoces, interviene el Procurador Sr. Otero Pereira (Grupo Mixto).

En turno de Portavoces, interviene el Procurador Sr. Herrera Campo (Grupo Popular).

Intervención del Sr. Lucas Jiménez, Presidente de la Junta de Castilla y León, para responder a las cuestiones planteadas.

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Quijano González (Grupo Socialista).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Herreros Herreros (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de réplica, interviene la Procuradora Sra. Farto Martínez (Grupo Mixto).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Otero Pereira (Grupo Mixto).

En turno de dúplica, interviene el Sr. Lucas Jiménez, Presidente de la Junta de Castilla y León.

- Segundo Punto de Orden del Día. Moción 8-II El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al segundo punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. González Hernández (Grupo Socialista) para defender la Moción presentada por su Grupo.

En turno en contra, interviene el Procurador Sr. Garabito Gregorio (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. González Hernández (Grupo Socialista).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Garabito Gregorio (Grupo Popular).

En turno de fijación de posiciones, interviene el Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida).

Intervención del Procurador Sr. González Hernández (Grupo Socialista).

El Vicepresidente, Sr. Zamácola Garrido, somete a votación la Moción debatida, entendiendo que el apartado primero de dicha Moción se aprueba por asentimiento. Es rechazada.

- Tercer Punto de Orden del Día. Moción 9-II El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al tercer punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. de Meer Lecha-Marzo (Grupo Socialista) para defender la Moción presentada por su Grupo.

Intervención del Procurador Sr. García Sanz (Grupo de Izquierda Unida) para la defensa de la Enmienda presentada por su Grupo.

En turno de fijación de posiciones, interviene el Procurador Sr. Galán Sáez (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. de Meer Lecha-Marzo (Grupo Socialista).

El Vicepresidente, Sr. Zamácola Garrido, somete a votación la Moción debatida. Es rechazada.

El Vicepresidente, Sr. Zamácola Garrido, suspende la sesión.

Se suspendió la sesión a las veintiuna horas treinta y cinco minutos.

TEXTO:

(-p.958-)

(Se inicia la sesión a las dieciséis horas cuarenta minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías. Señoras y señores Procuradores, ocupen los escaños, por favor. Señorías, ocupen sus escaños, por favor.

Buenas tardes, señores y señoras Procuradores. Se abre la sesión.

El señor Secretario procederá a dar lectura al primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia del Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, para informar al Pleno sobre: trascendencia para la Comunidad Autónoma de Castilla y León de los Acuerdos de investidura y gobernabilidad suscritos por el Partido Popular y los Partidos Nacionalistas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene la palabra el señor Presidente de la Comunidad, don Juan José Lucas Jiménez.

Señorías, silencio, por favor... Señorías, orden. Les ruego silencio, por favor.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Señor Presidente, la ventaja de este debate es que se puede hacer, porque hay un...

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ...que no hay trampa ni cartón, que existe un documento que se puede discutir, porque este Presidente ha estado sentado ahí cinco años y nunca ha podido discutir ningún documento, porque ha estado en el sigilo.

(-p.959-)

(Voces y aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Bueno. Señores, ¿podemos empezar?

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores.

Creo que todos somos conscientes de que, tras la cita electoral del pasado mes de marzo, se abre una nueva página en la historia de España. Una historia con una incidencia muy concreta, en lo que se refiere a su estructura territorial.

Hace setenta años, cuando Ortega publicó la primera edición de "La España invertebrada", nos encontrábamos con un lamento desgarrador: "la vida social española -decía Ortega- ofrece en nuestros días un extremado ejemplo de particularismo. Hoy, en España, más bien que una nación, hay una serie de compartimentos estancos".

Buscar soluciones para este estado de cosas no era fácil, pero tampoco era una tarea imposible. Un necesario punto de partida era sustituir lo visceral por lo racional: abandonar el ámbito de los sentimientos, los agravios, los recelos o los prejuicios, y entrar en el espectro de la razón, del diálogo, la negociación y el compromiso. Y tal posibilidad apareció como algo imprescindible hace dos meses.

La configuración actual del mapa político español ha otorgado la llave del Gobierno nacional a una serie de partidos, cuya vocación política es la defensa de los específicos intereses de sus tierras de origen. Buscar el concurso de los mismos para asegurar el gobierno del Estado puede ocasionar el riesgo de que surjan acusaciones sobre eventuales agravios comparativos, pero ofrece también, al mismo tiempo, posibilidades insospechadas.

Un primer e inmediato beneficio es la lógica estabilidad que se puede conseguir para el gobierno de España durante la Legislatura. Pero existen otros de más hondo calado que apuntan la histórica ocasión de concluir un Estado de las Autonomías, en el que todos sus integrantes se sientan a gusto, o mejor nos sintamos a gusto.

Porque, Señorías, para que el proyecto constitucional cuaje, no basta que se descentralice su poder y sus competencias. Es imprescindible -y me importa resaltarlo- que los diversos nacionalismos periféricos entiendan que ésta es también su España, y que se impliquen por ello en sus problemas y en la búsqueda de sus soluciones.

Los acuerdos suscritos entre el Partido Popular -de las últimas Elecciones- con Coalición Canaria, Convèrgencia i Unió y Partido Nacionalista Vasco, constituyen un importantísimo paso en este proyecto que yo considero de auténtica integración nacional, cuyas consecuencias van a trascender a todos los territorios de España. Por primera vez en nuestra historia, el Centro Derecha de ámbito estatal ha logrado encontrar amplias líneas de acuerdo con los principales nacionalismos territoriales, y lo ha hecho, además, a través de unos pactos -como antes decía- transparentes y públicos que permiten la incorporación de nuevas aportaciones.

Por otra parte, estos acuerdos han hecho que el debate sobre el modelo territorial del Estado vuelva a ser, como lo fue en el período de la Transición, un asunto de primer orden.

Todas estas circunstancias me han obligado a considerar como imprescindible mi comparecencia ante estas Cortes, solicitada, por cierto... solicitada -y lo subrayo, Señorías- a las pocas horas...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ...a las pocas horas de firmarse el último de estos pactos, con el fin de esbozar un primer análisis de las consecuencias que los mismos tienen para nuestra tierra.

Obviamente, no voy a entrar en los contenidos exclusivos que tienen un alcance nacional, como puede ser el servicio militar, la lucha antiterrorista, etcétera. Ni los específicos de cada territorio, como el concierto económico con el País Vasco, el Estatuto de Canarias como región ultraperiférica, o el despliegue de la policía catalana.

La grandeza de la política, también en el debate parlamentario, es saber perder.

Tampoco voy a detenerme en los principios generales que inspiran tales pactos, al ser asumidos por la mayoría de los partidos democráticos de nuestro país. Objetivos como modernizar el Estado y sus Instituciones, crear empleo a través del estímulo de la economía productiva, perseguir el cumplimiento de los criterios de convergencia europea a través del control del déficit público, o el inspirarse en criterios de austeridad, eficacia y transparencia en la gestión de los recursos públicos, fueron objeto de un amplio consenso durante el reciente Debate de Investidura del Presidente del Gobierno.

Sin embargo, sí es preciso destacar alguno de estos principios generales, que adquieren una especial relevancia para Castilla y León.

Así, quiero resaltar que estos pactos contienen también una expresa defensa de la solidaridad: la apuesta por la vertebración social, territorial o institucional de España, y el compromiso con el desarrollo y la consolidación del Estado Autonómico.

(-p.960-)

Puntualizado lo anterior, centraré mi intervención en tres puntos, que considero de sumo interés para esta tierra: primer punto, el nuevo modelo de Estado; segundo punto, las propuestas sobre financiación autonómica; y, tercer punto, la participación regional en la formación de la voluntad del Estado ante los órganos de la Unión Europea.

Respecto al primero de ellos -el nuevo modelo de Estado-, la ciencia jurídica y política nos señala que la vocación de todo Estado, por definición, es siempre integradora y creadora de unidad, lo que no excluye que sea también una realidad dinámica en permanente evolución y sujeto de permanentes conflictos y tensiones, aún más evidentes si se trata -como se trata de España- de un Estado plural o complejo.

Así, el problema del Estado español no está en las diferencias entre sus tierras o sus diferentes culturas -algo que por sí mismo es enriquecedor-, sino en la forma de abordar esta diferencia.

Una línea de pensamiento procedente de Ortega, y hoy revitalizada por nuestro último premio "Príncipe de Asturias", Julián Marías, estimaba como solución idónea la descentralización política; no el debilitar el poder nacional, sino el robustecer los poderes regionales en la conciencia de que ambos se implican y refuerzan mutuamente.

Nuestra Constitución, nuestra Carta Magna del setenta y ocho inició este camino; un camino largo y complejo sujeto a vaivenes y ritmos diferentes, pero imprescindibles. Y en este camino se han dado pasos decisivos en los pactos de Gobierno que hoy comentamos, cuya repercusión alcanza a todas las Comunidades de España.

En efecto, diversos contenidos de los mismos reflejan un sustancial avance en el modelo autonómico constitucional que afecta a Castilla y León.

En primer lugar, nos encontramos con la implantación del modelo de Administración única o común, tema en el que no pienso extenderme. Como Sus Señorías conocen sobradamente, que sean las Administraciones Autonómicas las principales responsables en la prestación de servicios a los ciudadanos de su territorio es una de las más importantes propuestas que se han venido defendiendo -por cierto, con primogenitura desde Castilla y León- a lo largo de los últimos años...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Y también es un habitual punto de referencia en las intervenciones de este Presidente, la última de ellas durante el Día de la Comunidad en la ciudad de León. El que de esta manera se eleve a principio de aplicación general este tema, me supone un motivo de especial orgullo.

En segundo lugar, como obligada consecuencia de lo anterior, nos encontramos con una profunda reforma de la Administración periférica del Estado. A este respecto, está el compromiso de que en el plazo de tres meses se remita a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de Reforma de la Administración General del Estado, en el que, conforme a los principios de Administración Común, se reduzca sustancialmente la Administración Periférica estatal.

En el mismo se contemplaría la supresión -yo lo siento mucho, pero es así- de la figura obsoleta del Gobernador Civil...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Si es igual... si es igual.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, les ruego guarden silencio y no alteren...

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Si el Gobernador Civil, exista o no exista, no va a ser ya suyo.

Concentrándose estas competencias...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Esto es la tolerancia.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Éste es el ejercicio de la tolerancia. Podían ustedes aprender del Presidente del Gobierno, que fue más tolerante escuchando el Discurso de Investidura.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, les ruego silencio y no alteren el orden.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): La grandeza de la política es saber perder.

EL SEÑOR ...............: Y ganar, y ganar...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor. Les ruego no interrumpan al que está en el uso de la palabra desde la Tribuna. Creo que el Presidente de la Comunidad merece el máximo respeto como cualquier orador que la ocupe. Silencio, por favor.

(-p.961-)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Digo que se concentran las figuras en la Delegación del Gobierno, que es una figura constitucional, quedando el Subdelegado en una figura funcionarial en presencia en cada una de las provincias.

En tercer lugar, una nueva ampliación de las capacidades autonómicas vendrá referida a la actuación sobre el suelo. Y este tema del suelo no ha sido suficientemente resaltado todavía, lo que es un importante compromiso por parte del Gobierno Popular, de presentar un Proyecto de Ley de modificación de la legislación del suelo, para conseguir un nuevo marco normativo con el grado suficiente de flexibilidad que permita su adaptación a las características de cada Comunidad.

Con ello se busca también incidir en una reforma estructural básica para la liberación de la economía española, así como potenciar la creación de suelo urbano. Creo que a ninguna de Sus Señorías se les escapa la oportunidad que se le ofrece en este ámbito a Castilla y León.

Poder habilitar suelo urbano industrial a precios más asequibles que otros territorios de España -mucho más congestionados en este aspecto- puede suponer un importante factor de crecimiento económico, dado que se abarataría el coste de la vivienda, fomentando así el sector locomotora de la construcción, y sería un relevante reclamo para la atracción de nuevas empresas.

En cuarto lugar, es preciso tener presente las previsiones referidas a trabajo, empleo y formación. Y, aunque inicialmente estas cuestiones, sólo previstas para las Comunidades Catalana y Vasca, sean de importancia en este campo, y el detalle con que se trata, nos pueden dar la importancia a seguir en un próximo futuro hacia la plena Autonomía de esta Comunidad.

El que Castilla y León pueda en un futuro ser la Administración común de temas como la intermediación en el mercado de trabajo, las políticas activas de empleo, o la formación ocupacional y continuada, nos abre, sin duda, a todos nosotros, nuevas perspectivas.

Finalmente, en quinto lugar, nos encontramos con el compromiso del desarrollo autonómico general. Recogiendo lo que fue un compromiso del programa electoral popular, los pactos firmados por CiU y Coalición Canaria contemplan expresamente, tanto la culminación del proceso de transferencias en curso, como la posibilidad de ir a un nuevo pacto autonómico que culmine con la equiparación competencial básica de las regiones de España.

Tales previsiones no vienen sino a reforzar el firme y reiterado compromiso del Gobierno Regional para alcanzar las más altas cuotas de autogobierno que nuestra Constitución permita, sin renunciar nunca a ninguna de las competencias que consideramos necesarias para el pleno desarrollo de Castilla y León.

Pero, sin duda, señoras y señores, es el segundo de los puntos que he mencionado -esto es, la financiación autonómica- el tema principal del debate. Y, en efecto, se trata algo de capital importancia. Actualmente, las Comunidades Autónomas tienen una capacidad de pago que, en el año noventa y seis, se eleva a nueve billones de pesetas; pero con muy escasos, muy pocos ingresos propios. Estos ingresos propios apenas llegan al 16% de lo que gastan las Comunidades Autónomas.

Sin casi responsabilidades recaudatorias, la tentación al gasto fácil, a través del endeudamiento es siempre poderosa. Algo que ha elevado el déficit autonómico global, aproximadamente, a unos dos billones de pesetas. Todo ello hace imprescindible que los Gobiernos Regionales también asuman ante sus electores la carga de la imposición y de la recaudación. No resulta extraño, por tanto, que la financiación autonómica ocupe un lugar destacado en los pactos firmados -especialmente con los suscritos con CiU-. Tal como se señalaba en ellos, la financiación autonómica se articulará en torno a los principios de suficiencia financiera, corresponsabilidad fiscal y, algo muy importante, garantía de la solidaridad entre las diferentes regiones; unos principios que han sido repetidamente compartidos por las principales fuerzas políticas españolas.

¿Y cómo se van a articular tales principios? Como Sus Señorías conocen, el objetivo de la autonomía fiscal, a través de la corresponsabilidad, se perseguirá principalmente atribuyendo a las Comunidades Autónomas una participación del 30% del IRPF, en función de cada nivel de competencias, y en función de sus volúmenes de recursos.

Después de una primera fase transitoria, con una cesión del 15% de tal impuesto, y, una vez asumidas las competencias de educación -no mientras éstas se produzca-, se alcanzará la totalidad de la participación acordada, y el IRPF se convertirá en un auténtico tributo compartido.

Llevar esto a cabo va a implicar un doble proceso: primero, reducir el actual IRPF para atribuir a las regiones parte de su capacidad recaudatoria y su progresividad; segundo, establecer una tarifa autonómica propia y eventual -eventual de deducciones, diría yo-, independientemente de las que establezca la Hacienda Central. Sobre esta tarifa autonómica -incluyendo el mínimo exento, el número de tramos y los tipos aplicables-, y sobre estas deducciones, las Comunidades tendrán -Sus Señorías tendrán, mejor- plena capacidad normativa.

(-p.962-)

Estamos, en definitiva, Señorías, ante lo que yo denominaba como "impuesto autonómico sobre la renta" en mi discurso de León del veintitrés de abril. Añadía también, que este sistema podía proporcionar un juego especial para Castilla y León; un juego especial porque nos otorgarían capacidad para dar respuestas más ajustadas a nuestras específicas necesidades. Y hablaba de ejemplos concretos, como la revisión de los criterios definidores del domicilio fiscal, a fin de perseguir que tribute en Castilla y León quien obtenga aquí la mayor parte de sus rentas; permitiría el incremento de las deducciones familiares como medio de lucha contra nuestra despoblación; permitiría la posibilidad de extender durante varios años las desgravaciones por inversiones estratégicas para nuestra Comunidad, como podrían ser la política hidráulica, la repoblación forestal y el turismo de calidad; y permitiría, finalmente, contemplar el poder arbitrar incentivos fiscales propios, para promover el mecenazgo y las inversiones en nuestro dilatado patrimonio.

Complementando esta línea hacia una superior autonomía fiscal, se contempla también otorgar a las Comunidades Autónomas -tampoco se ha incidido mucho en este punto, pero es importante resaltarlo- capacidad normativa en los tributos ya cedidos; lo que nos permitiría modificar y regular, dentro de los límites previstos, las normas del impuesto sobre el patrimonio, sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sobre sucesiones y donaciones, y sobre el juego.

Pero a este esquema se deben unir las previsiones contenidas sobre la segunda e indispensable parte de toda financiación regional, esto es, sobre los mecanismos de solidaridad. De manera expresa, en el pacto con CiU se dice que esta solidaridad se conseguirá a través de la igualación de los servicios esenciales a todos los ciudadanos -cualquiera que sea el lugar de residencia-, valorando las diferencias de coste en la prestación de servicios y el diferente grado de desarrollo.

Tales planteamientos -cualquier observador imparcial lo podría percibir- no difieren sustancialmente de los supuestos previstos en el Artículo 15 de la LOFCA -tan repetidamente mencionado por este Presidente-, y abren la puerta a esos fondos de nivelación, que también mencioné el veintitrés de abril y que figuran entre las previsiones del libro blanco sobre financiación autonómica, cuya filosofía inspira la reforma que estamos contemplando.

Por otra parte, siguen vigentes los diversos mecanismos de solidaridad que existen en estos momentos, como es el Fondo de Compensación Interterritorial, los Fondos Estructurales, los Fondos de Cohesión, Inversiones Públicas Estratégicas, etcétera.

A este respecto, no quiero dejar de repetir mi firme convicción de que el mejor instrumento de financiación y de solidaridad para esta tierra es el cumplimiento de los compromisos asumidos con ella. Considero más importante que un porcentaje del IRPF o unos millones del Fondo que Castilla y León tenga asignados, que esta tierra vea construida la autovía del Duero, la del Camino de Santiago, la de La Ruta de la Plata; que se impulse un tren de alta velocidad de Madrid a Francia por Valladolid y Burgos, con un ramal a Galicia a través de León; que se nos ingresen las tasas universitarias adeudadas; que se ejecute ese esfuerzo de inversión prometido para nuestro Patrimonio; o que se comprometan alternativas viables para nuestras cuencas mineras, que este Gobierno, casi en solitario, está emprendiendo.

Hasta aquí los grandes rasgos del modelo de financiación pactado. Pero, legítimamente, se me podría pedir una valoración del mismo. A este respecto, quiero señalar -si sus Señorías me lo permiten- una serie de puntos breves, a través de un comentario personal.

En primer lugar -hay que recordarlo en esta Cámara-, se trata de una reforma imprescindible: la vigencia del actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas concluye este año, concluye en el año noventa y seis; y, en todo caso, aunque no hubieran existido estos pactos, debería aprobarse un nuevo sistema para el quinquenio noventa y siete-dos mil uno.

En segundo lugar, el nuevo modelo de financiación se va a desarrollar en un marco bien definido, y que condicionará su funcionamiento dentro de unos precisos límites establecidos por la garantía de estabilidad del Gobierno del Estado, la austeridad que la nueva etapa de gobierno tiene prevista para el conjunto de las Administraciones Públicas, el compromiso de cumplir los criterios de convergencia europea -que impone rigurosos límites al gasto público-, y el respeto a los principios de coordinación y armonización entre Administraciones.

En tercer lugar, este sistema no supone en sí mismo -subrayo-, no supone en sí mismo un incremento de los impuestos actualmente establecidos por el Estado; simplemente se reparte los existentes entre las distintas Comunidades Autónomas. Además, los pactos respetan el nivel de financiación adquirido ya, que será el punto de partida para el nuevo modelo, en el que, a medida que se incrementen los recursos propios de las Comunidades, se disminuirá, lógicamente, su participación en los ingresos del Estado, garantizando la neutralidad del resultado final.

En cuarto lugar, el nuevo modelo de financiación presenta para nosotros una serie de ventajas, sobre todo de ventajas respecto al actual. En principio, se aumenta el grado de autonomía fiscal -algo que hemos pedido insistentemente todos los autonomistas-. Unos primeros cálculos señalan que triplicaría la de ahora, a través de una corresponsabilidad real, reflejada en la capacidad normativa autonómica. Además, tiene un fuerte componente de ejercicio de poderes públicos, ya que, frente a la situación actual, desde el momento en que se aplique de forma efectiva la corresponsabilidad, las Comunidades tendrán una nueva manifestación de competencias (inexistentes hasta este momento).

(-p.963-)

La posibilidad, Señorías, de recaudar recursos propios; la capacidad de dictar Sus Señorías leyes que modifiquen la aplicación de los tributos; y la responsabilidad -cuestión del Gobierno- de una buena gestión de los mismos; irán definiendo la "personalidad financiera" -entrecomillo-, la personalidad financiera de cada región.

Otra ventaja es que posibilita la participación de las Comunidades Autónomas en la Agencia Tributaria; de esta forma, no serían precisos nuevos órganos autonómicos de gestión. Así mismo, permite que las regiones perciban los correspondientes pagos a cuenta del IRPF, con lo que se aliviarían buena parte de los problemas crónicos financieros que tienen las Comunidades Autónomas, y que tiene, sin duda, Castilla y León.

Y supone, en fin, un auténtico estímulo para la actividad fiscal y económica de las Comunidades Autónomas, dado que podrán ver incrementados sus ingresos, por ejemplo, según progrese su lucha contra el fraude fiscal o según aumente su desarrollo económico.

En quinto lugar, valorar la diferencia en el coste de la prestación de servicios y el diferente grado de desarrollo, excluye que los fondos de solidaridad se distribuyan sólo mediante unos pocos parámetros objetivos, como por ejemplo la población -como tanto han temido algunos sectores económicos y sociales-.

Excuso decir que otra forma de concebir tan esenciales instrumentos no hubiera contado nunca con nuestro apoyo, en coherencia con la posición ya mencionada por Castilla y León, desde el momento en que se discutía -ya hace muchos años- la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial, en el año noventa.

Conviene recordar que la autonomía financiera viene definida en función de las competencias asumidas, no por el número de habitantes de cada región.

En sexto lugar, y finalmente, no se trata de un modelo que se pretende imponer por los firmantes de los pactos, sino que precisa, por su propio contenido, de un amplio y general consenso. Por una parte, este documento deberá ser discutido en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, representante de los intereses financieros de todos los territorios de España. Por otra parte, su puesta en marcha requerirá la correspondiente plasmación en las leyes de presupuestos, así como una previsible modificación de la LOFCA; ello implica una activa participación del Parlamento del Estado y una permanente búsqueda de consenso entre las fuerzas políticas.

Una última reflexión sobre este tema. A mi juicio, cuando se entra en el estudio y debate de algo tan importante como la financiación autonómica, no debemos circunscribirnos sólo a la forma de conseguir y aplicar la corresponsabilidad fiscal, sino que es imprescindible tener siempre presente el sistema en su conjunto. Así, la misma atención que se presta al tema de la corresponsabilidad se debería otorgar a otros igualmente relevantes, como -repito- el garantizar un nivel de financiación mínima o el incrementar la financiación destinada a disminuir los desequilibrios territoriales, bien sea a través del FCI, los Fondos Estructurales, de Cohesión o las propias inversiones públicas.

Señorías, no quisiera concluir mi intervención sin referirme brevemente a un tercer punto incluido en los pactos de investidura y gobernabilidad, que considero muy importantes para los intereses de Castilla y León. Me refiero al papel de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado español dentro de la Unión Europea; un ámbito en el que también en los pactos se incluyen medidas, en primer lugar, como potenciar y ampliar la consulta previa a las Comunidades Autónomas cuando se traten materias propias de su ámbito competencial.

En el sistema alemán, por ejemplo, el Gobierno federal está obligado a que el Bundesrat, o Cámara Territorial, participe en la formación de la voluntad del Estado en temas cuya competencia sea de los länder. Si, además, tales temas afectan a la organización de sus servicios o a su procedimiento administrativo, el Gobierno federal deberá dejar su papel negociador a un representante de los länder nombrado por el Bundesrat.

En Austria, por su parte, se persiguen resultados similares, a través de una Conferencia de Presidentes de los länder.

Creo que cualquiera de estas fórmulas podrían ser perfectamente aplicables en España.

En segundo lugar, en los pactos está previsto crear la figura del "Agregado Autonómico", dentro del Comité de Representantes Permanentes ante la Unión Europea, con competencia exclusiva para relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas y para canalizar información hacia las mismas. Se trata de una institución derivada del Observador de los länder, encargado no sólo de canalizar información, sino de realizar una primera ponderación de la misma: viabilidad del dato, relevancia previsible, reacciones que ha generado, etcétera.

Y en tercer lugar, se prevé articular la presencia de representantes autonómicos en las delegaciones españolas ante el Comité y grupos de trabajo de la Comisión Europea, cuando se trate temas de interés singular y específico para las regiones, como podría ser, en nuestro caso, el tema del cereal, del vino o de la remolacha.

¿Qué consecuencias prácticas puede tener esta propuesta para nosotros? Pues bien, la misma puede representar que las Comunidades Autónomas participen de forma directa en las decisiones de selección de proyectos y en la gestión de los fondos europeos, especialmente el Feder y el Fondo de Cohesión.

(-p.964-)

Ante unos recursos básicos para catalizar el desarrollo de nuestra Región, a nadie se le puede escapar, Señorías, la decisiva importancia de tal posibilidad para Castilla y León. Con ello se responde por fin a una de las más insistentes peticiones del Gobierno regional de Castilla y León, y que expuse de manera extensa durante mi intervención en el Debate sobre el Estado de las Autonomías celebrado en el Senado en septiembre del año noventa y cuatro.

Señorías, concluyo ya. Tras este somero análisis, encuentro que los acuerdos de investidura y gobernabilidad firmados entre el Partido Popular, Coalición Canaria, Convèrgencia i Unió y Partido Nacionalista Vasco contienen múltiples elementos positivos para Castilla y León y para el propio Estado de las Autonomías. Por una parte -como he demostrado-, incorporan estipulaciones de indudable interés para los objetivos regionales, asumiendo argumentos y propuestas defendidas insistentemente por este Presidente desde hace ya mucho tiempo. Por otra parte, constituyen un importantísimo estímulo para el autogobierno regional, abriendo el camino a nuevas competencias y perfilando una financiación más autosuficiente, estableciendo criterios de racionalidad en las Administraciones públicas, a través de ese modelo de Administración común, y posibilitando una mayor participación de nuestra Región en Europa.

Finalmente, quieren diseñar un modelo de Estado con garantías de estabilidad y abierto a la participación y al necesario consenso de todas las Comunidades y de todas las fuerzas políticas.

A través de estos acuerdos -y acabo de verdad- creo que se abre una etapa decisiva para la construcción de nuestro Estado de las Autonomías, y creo, también, que se abre -con sinceridad- una etapa seductora para Castilla y León. Nada más. Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se abre un turno para...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías. Se abre un turno para que los distintos Grupos Parlamentarios puedan fijar sus posiciones, formular preguntas, o hacer las observaciones que estimen pertinentes, en torno al tema que ha sido objeto del debate. En primer lugar, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Socialista, señor Quijano.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Empezaré, señor Presidente de la Junta, por agradecerle, de verdad, esta comparecencia. La verdad es que con alguna duda: no sé si debo de agradecérsela tanto a usted como al señor Presidente de la Generalitat, que es la causa remota de que usted comparezca aquí esta tarde.

Y créame que no es sólo un agradecimiento de cortesía. Es un agradecimiento enfático, incluso. Al menos quiero poner el énfasis que suele ponerse para agradecer lo infrecuente. Si su presencia en esta tribuna fuera habitual, tal vez sobraría el agradecimiento, pero, como no lo es, corremos el riesgo de que nos pase como al hambriento ante un suculento menú, que no sabe por dónde empezar o que, de repente, se le quite el hambre, lo que sería peor.

Hace ya muchos meses que no nos daba una oportunidad de éstas -casi he perdido la memoria-, cinco meses -creo recordar- sin participar en los debates de la Cámara, y por eso yo espero dosificar la ansiedad y degustar el menú en el orden correspondiente... ¡Hombre!, no sin antes pedirle que no nos vuelva a tener a dieta tanto tiempo, si no es mucha molestia. ¡Fíjese la expectación! ¿No le parece que merece la pena que usted comparezca más, aunque sólo sea para que este Parlamento recobre nivel y nuestras tareas cobren expectación? Yo creo que, aunque sólo fuera por eso, merecería la pena.

Por cierto, aprovecho para preguntarle -aunque no sea motivo específico de la comparecencia- si, siguiendo en esta línea con la que hoy inicia el año -aunque sea con un poco de retraso-, si está en su voluntad celebrar un debate sobre el Estado de la Región antes de que termine este período de sesiones, que es cuando se cumplirá un año desde su Investidura. No rompa esa tradición que hay en otras Comunidades; iníciela en ésta. Ésta es, sin duda, una buena ocasión.

En cualquier caso, hay dos circunstancias iniciales sobre la comparecencia que yo quiero resaltar. La primera, que -a mi juicio- esta comparecencia debió celebrarse ya hace algún tiempo, incluso antes de que la negociación estuviera del todo concluida. De haberlo hecho así, eso le hubiera permitido a usted fijar su posición sobre lo que a su Gobierno y a su partido les parezca más positivo para la Comunidad en materia de financiación u otras, y a nosotros nos hubiera permitido también fijar la nuestra donde hay que fijarla, que es, precisamente, en el Parlamento. Hubiera tenido así algo que defender, en vez de limitarse a decir ¡amén! dócilmente, y, como lo han hecho otros Presidentes autonómicos -incluso de su propio partido-, hubiera podido jugar, con respaldo parlamentario también, otro papel que no fuera el de actor secundario en una película muda, hermano lego del convento, o convidado de piedra.

Usted ha jugado un papel perfectamente secundario -créamelo-, y lo siento por esta Comunidad. Usted ha jugado el papel dócil, llevado por el siguiente principio: si el potencialmente más perjudicado no se queja, será bueno para todos. Ha jugado ese papel lamentable. Y créamelo que lo siento por esta Comunidad y por su propia representación institucional.

(-p.965-)

Segundo. Una vez pedida la comparecencia, no entiendo bien el retraso en celebrarla. Puede parecer, semana arriba semana abajo, que esto es indiferente; no lo es en absoluto. Debieron de ser poderosas las razones de agenda que impusieron el aplazamiento de esta comparecencia; supongo que lo fueron. ¿Tal vez la razón es que había que enfriar el tema para que hubiera por medio otros acontecimientos y pasara más desapercibido? ¿Tal vez la razón fue que había que dar prioridad a otros Parlamentos para que celebraran una comparecencia equivalente? Hubiera o no consigna, ésta es una explicación que usted debe a esta Cámara y que yo le pido encarecidamente.

Entro en materia. He escuchado su intervención con toda atención, y debo decirle que le he encontrado muy a la defensiva, jugando el papel de quien tiene que defender algo de lo que no está convencido. Lo digo porque, siguiendo el hilo de su intervención, usted ha ido -no negaré que con habilidad y con inteligencia- eligiendo el terreno, y ha ido haciendo mención a aquellas cosas en que puede tener un lugar más cómodo, y obviando -en algunas ocasiones obviando totalmente- aquellas cosas en las que necesariamente se tiene que sentir incómodo.

Por ejemplo, siguiendo brevemente los tres puntos en que ha dividido su intervención: "nuevo modelo de Estado", en el cual ha ido haciendo mención a algunos criterios de reorganización administrativa, que -por cierto- no han formado parte de la filosofía de su Grupo ni de su partido en el pasado inmediato y todavía reciente. Pero es que las competencias sobre suelo, sobre formación, empleo, trabajo, cuestiones de desarrollo autonómico general que ha citado, son ya competencias de la Comunidad, en algunos casos exclusivas. ¿Cuánto tiempo lleva prometiendo el Consejero de Medio Ambiente una Ley del Suelo para la Comunidad? Porque hay competencia desde hace doce años, esto no es un hallazgo de los pactos autonómicos...

(Murmullos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: No nos haga... ¿es así, o no es así? No nos haga gratuitamente ejercicios de prestidigitación aquí, porque algunos llevamos mucho tiempo trabajando en esta Comunidad, y sabemos lo que depende de nosotros y lo que no; y, por tanto, no es de recibo que haga ese tipo de consideraciones. No elija el terreno fácil de lo que le interesa y obvie aquello en lo que, precisamente, tiene que comprometer una posición política.

Lo mismo en el segundo capítulo. Pero quién se puede creer, tal y como usted ha dicho, que con la autonomía fiscal, que será tan positiva para nosotros... -luego yo expresaré mi propia postura sobre todo esto, como es lógico- que será tan positiva para nosotros, podremos, jugando con las deducciones, los tramos, las tarifas, etcétera del nuevo impuesto sobre la renta en la parte compartida, en lo que usted llama "el impuesto autonómico sobre la renta" (yo creo que ésa no es una denominación precisa; es un tributo compartido, no de la Comunidad); bueno, pues, ¿quién puede creer que con unas deducciones fiscales se puede hacer política de natalidad? ¿Quién puede creer eso seriamente? ¿Usted cree que alguna familia de Castilla y León decidirá tener el tercer hijo a cambio de una desgravación fiscal de 20.000 pesetas en su declaración de la Renta? ¡Hombre!, seamos un poco más serios en este tipo de cuestiones. ¿Usted cree, de verdad, que podrá hacer desgravaciones por inversión en agua, medio ambiente, turismo, incluso mecenazgo cultural, cuando -me remito a las estadísticas- esas inversiones las hacen sistemáticamente personas jurídicas, no personas físicas; las hacen sociedades? Y en ningún sitio del acuerdo dice que el Impuesto sobre Sociedades vaya a ser un impuesto compartido; el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas -que yo sepa- lo pagan ciudadanos, no entidades; por tanto, no juegue fácilmente con cosas que no van a estar en su mano, porque ni los pactos las contemplan ni nadie ha hablado -ni siquiera el informe de los expertos que yo también he leído- de distribuir entre las Comunidades Autónomas el Impuesto sobre Sociedades.

O lo mismo le diría sobre la participación europea. ¿No existe ya la Comisión sectorial?, ¿no ha habido ya acuerdos específicos en esa materia de participación de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad del Estado? No nos viene a decir absolutamente nada nuevo: sólo a justificar, con lo que a mí me ha parecido una faena de aliño; sinceramente se lo digo ¡y vaya si lo siento!

Fíjese incluso en el famoso asunto de los Fondos de Cohesión. El debate sobre eso, quizá si hubieran estado atentos cuando eso se debatió, en la Cumbre de Edimburgo en vez de decir las cosas que entonces decían -y que yo ya no quiero recordar-, se hubieran dado cuenta que detrás de la asignación estatal de los Fondos de Cohesión había un principio redistribuidor a nivel comunitario, ¡por la cuenta que nos tiene! Porque si un día se regionalizan los Fondos de Cohesión -sobre todo en la parte de grandes infraestructuras-, regiones de países más ricos, por ejemplo, Alemania -y estoy pensando en las regiones del este de Alemania- accederán también a esos fondos, en detrimento de los países que hoy participamos más allí; o sea que, por la cuenta que nos tiene, sigamos defendiendo que estos Fondos de Cohesión deben de tener nivel estatal y no nivel autonómico, aunque luego, lógicamente, su materialización deba tener en cuenta criterios internos de solidaridad, que es algo perfectamente distinto. Distingamos, por tanto, las cosas.

A mí me ha extrañado... a mí me ha extrañado, señor Presidente de la Junta, que no haya reiterado aquí algunos argumentos con los que ha venido calentando el ambiente en declaraciones previas ante los medios de comunicación, y que hoy no ha reiterado en esta comparecencia. Yo no quiero ni puedo dejarlos pasar.

Usted ha venido manejando cuatro argumentos en relación con los pactos, que, brevemente, voy a sintetizar. Primero, que el problema no estaba en los pactos en sí; sino en que los socialistas queríamos que no se hubieran celebrado y, por tanto, que hemos hecho todo lo posible para que fracasaran. Usted ha dicho esto en varias ocasiones.

(-p.966-)

Segundo, que los pactos son buenos porque son transparentes. Eso sí lo ha reiterado aquí; queriendo decir, sin duda, que antes no lo fueron. Yo creo que eso exige una petición de principio, luego volveré sobre ello. Y es que una cosa no es buena necesariamente por ser transparente, hay cosas muy transparentes y perfectamente negativas; por tanto, no confundamos tampoco los términos en esa cuestión.

Tercero, ha dicho hasta la saciedad que era contradictorio haber defendido la cesión del 15% del IRPF antes y no hacerlo ahora con la cesión del 30%.

Y cuarto, que, en cualquier caso -sobre esto me extenderé más adelante también, porque esto sí ha sido objeto de su comparecencia hoy-, que, en cualquier caso, en el pacto no hay una sílaba -lo ha dicho en muchas ocasiones- que ponga en entredicho el principio de solidaridad interterritorial; y, por ello, su carácter positivo para Castilla y León estaría fuera de toda duda, tanto en lo político como en lo económico.

Mire, el primer argumento no resiste la mínima prueba comparativa. Nadie de nosotros -se lo digo incluso con una cierta solemnidad- ha puesto en tela de juicio jamás la legitimidad, incluso la necesidad y la conveniencia, del pacto con partidos nacionalistas para la gobernabilidad del Estado; cosa bien distinta -esto me lo tendrá que admitir- es que tengamos que asumir su contenido a pesar de no haber participado en la negociación, ¡estaría bueno! Es más, a la luz de su actitud reciente, en circunstancia similar pero a la inversa, creo incluso que su argumento es hasta imprudente. Yo quiero hacer el esfuerzo de no tirar de hemeroteca; sería tan fácil como cruel. Pero no puedo dejar de decir algo, aunque sea con cierta ironía: mire, no puede ser que los mismos que decían que el Presidente de la Generalitat sólo hablaba castellano para pedir dinero, tachen ahora de dinamiteros a quienes critican el contenido del pacto, que no su legitimidad. Tal vez ocurra -aquí pongo la ironía- que aquello ya no es necesario, porque ahora es el otro contratante el que ha aprendido el idioma de la contraparte...

(Aplausos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ...Incluso hasta llegar a hablarlo en círculos reducidos.

No puede ser tampoco que cuando el anterior Ministro de Economía visitaba Barcelona para hablar de presupuestos estuviera vendiendo España; y cuando lo hace el actual Presidente del Gobierno, esté alumbrando un hito histórico.

(Murmullos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Los hitos históricos, Señoría, no suelen depender de que falten veinte Diputados para la mayoría, ni de la debilidad propia, ni de la rendición, ni del ansia por llegar al Gobierno; porque entonces habría que preguntarse y concluir ¿qué hubiera ocurrido de no tener que hacer de la necesidad virtud? Por Palencia, por Palencia dicen "a la fuerza ahorcan"; pero eso tómelo sólo en el sentido metafórico que, expresamente, quiero dar a tal expresión.

Yo quiero desearles, por tanto, que terminen el reciclaje cuanto antes. Que se instalen en una zona templada, en esa zona en que hay que valorar las cosas importantes. Porque todo lo que he citado, de un extremo a otro, lo dijeron ustedes, antes o ahora; mientras que nosotros estamos donde estábamos, en relación con este asunto.

Segundo, en cuanto a la transparencia, le recuerdo que la de entonces estuvo en las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera y en el Boletín Oficial del Estado, tanto en financiación como en presupuestos. ¿Ocurrió, tal vez, que no hubo necesidad entonces de escribir de antemano porque no había desconfianzas que vencer? Es posible. No alegue, por tanto, la transparencia como arma arrojadiza. Sobre todo porque desde la Investidura para acá yo no he hecho otra cosa nada más que oír y leer cinco o seis asuntos -creo que no desmentidos- que se hablaron y no se pusieron -según la versión, incluso, de negociadores directos-; así, inversiones especiales, política educativa y lingüística, empresas públicas, televisión, nombramiento del Ministro de Industria, etcétera, etcétera. Fíjese que hasta alguien ha dicho que antes de nada se habló de parar al Fiscal Anticorrupción, pero créame que a eso yo no le doy crédito.

Tercero, lo de la contradicción de postura sobre el 15% de antes y el 30% ahora; es ciertamente curioso. Yo creo que, como lo anterior, revela la falta de otros argumentos más serios y más positivos. Porque se puede estar a favor del quince y en contra del treinta en función de las condiciones, los topes, la base del cálculo, el concepto sobre el que se aplique el porcentaje, etcétera. E incluso se puede pensar -yo lo pienso- que quince o treinta es secundario, que lo importante son las condiciones, como luego explicaré; lo realmente difícil de explicar sería haber estado en contra del 15%, con más o menos vehemencia -ya sé que usted con menos que el señor Fraga-, y estar ahora militantemente a favor del 30%. Ésa es la contradicción que hay que explicar, aun cuando se hayan intensificado los motivos por los que alguna Comunidad Autónoma, Galicia en concreto, recurrió anteriormente.

(-p.967-)

El último argumento ha sido el de la solidaridad, éste es el único y verdaderamente referido al contenido del acuerdo. Pues veamos qué hay de eso. Desde luego, en los acuerdos con Coalición Canaria y PNV, no hay el más mínimo vestigio al respecto; los habrá leído con tanta atención como yo, y habrá llegado a esa misma conclusión: ésos son acuerdos pura y simplemente bilaterales, y, por tanto, no me voy a detener en ellos. Sólo haré una consideración: parece que la técnica negociadora lleva a una especie de escalada de agravios en cadena: Coalición Canaria dice que todo lo que consiga Convèrgencia i Unió también se les aplicará, y Convèrgencia i Unió dice que el PNV ha conseguido más y, por tanto, no renuncian a seguir aspirando a más en el futuro. Pero, en fin, de eso ustedes sabrán.

Yo me voy a centrar en el acuerdo con Convèrgencia i Unió, porque en éste, efectivamente, se ha pactado con uno pretendiendo que tenga efectos para quince. Yo creo que no es buena técnica. Se ha hecho, además, como requisito previo para la Investidura, cuando, luego, el acuerdo -usted lo ha dicho- necesitará del concurso de otras voluntades políticas, cuando llegue al Consejo de Política Fiscal y Financiera, o cuando se planteen las modificaciones legislativas en normas que hay que modificar y que han estado respaldadas por consensos muy amplios: la LOFCA, la Ley Reguladora del IRPF, los Estatutos de Autonomía en su caso, etcétera. Ya veremos como salimos de ese embrollo.

Yo creo que hubieran debido negociar cuestiones de política general como antes ocurrió -cuestiones económicas, presupuestarias, europeas, de política antiterrorista, etcétera-, que son las que de verdad conforman un programa de gobierno y deben incidir sobre una Investidura, y no se debieran haber atado tanto las manos en temas autonómicos que necesitan más concursos que el de una Comunidad Autónoma. Porque ahora pedirán consenso desde el pie forzado de una postura que está ya muy cerrada; al menos ustedes se han comprometido con otro partido político a ello.

Por todo ello, se hace muy necesario ver lo que dice el acuerdo exactamente, lo que dice en su totalidad, no en lo que a uno le interese parcialmente.

Mire, brevemente, el acuerdo tiene once puntos. Los ocho primeros son principios generales -de corte más bien literario- que cualquiera suscribiría, como usted ha dicho; ¡quién no va suscribir la necesidad de la modernización, el objetivo de empleo estable, la política de convergencia, el bienestar, la vertebración, etcétera! Hay quien ha dicho -supongo que no con mala intención- que en esos acuerdos el Partido Popular ha puesto esto -la literatura- y Convèrgencia i Unió ha puesto lo demás. Pero, en fin, tampoco ésa es una valoración en la que quiero detenerme.

El punto diez de los acuerdos no nos afecta por el momento, porque se refiere a Sanidad, pero reabre otro problema: si hay un mecanismo automático de financiación de la Sanidad para ciertas Comunidades -como lo hay también en Educación para las que tienen esa competencia-, ¿no querrá eso decir que los famosos recortes gravitarán especialmente sobre las Comunidades del 143 que, hoy por hoy, no tienen ese automatismo ni en Sanidad, ni en Educación, ni en acuerdos bilaterales específicos en Infraestructura, como lo tiene, por ejemplo, el pacto con Coalición Canaria. Tranquilícenos sobre esto, si tiene información. Porque no es de recibo acordar un recorte y enviar luego por el mundo a los doce apóstoles a predicar que a ninguno les afecta tal recorte. Yo he llegado a pensar que, más que un recorte, es una de estas cosas que ahora se llaman "realidad virtual", porque, si no, sinceramente, no lo entiendo.

Finalmente, el punto once es lo específico para Cataluña, y a ello tampoco me voy a referir de manera concreta: Tráfico, Inem, Costas, Puertos, Suelo, Policía, Empleo, Formación Ocupacional, etcétera, etcétera. Sencillamente, ahí no mojamos nada. Y ya veremos en cuanto a la presencia en la Unión Europea, a la que me referiré al final.

¿Qué hubieran dicho ustedes hace unos años si hubiéramos cedido la mitad? ¿Qué hubieran dicho? Hagan un esfuerzo de memoria, aunque sea brevemente, y concluyamos, otra vez, que los hitos históricos por razón de veinte Diputados menos son, cuando menos, para desconfiar. Porque es curioso: en ese acuerdo se ha pasado revista y se ha obtenido, por parte de Convèrgencia i Unió, todo lo que llevaba tres, diez y quince años planteando. Todo eso, en quince días; desde luego con ocasión de un hito histórico.

El punto nueve, por fin, es el meollo de la cuestión. ¿Qué dice? Primero fija unos principios generales en tono absolutamente genérico y vago: autonomía financiera y suficiencia, corresponsabilidad y solidaridad. A partir de ahí, se desarrolla la corresponsabilidad fiscal en el IRPF, y de solidaridad ni una palabra más, como a usted le gusta decir: ni una sílaba; pero es que ni una en todo el acuerdo, más que la mención literaria y genérica que hay en el primer apartado del punto nueve.

No hay ninguna mención al Artículo 15 de la LOFCA, diga usted lo que diga, y, si no, aquí tengo el texto de los acuerdos. Ni hay compromisos concretos de Fondos de Compensación o distribución de Fondos de Cohesión. Ni cómo se hará ni con qué criterios se valoraran las diferencias de costo o el grado de desarrollo, que es lo único que dice el acuerdo, dejando además, de paso, abierta la puerta a vías de igualación de la financiación per cápita, que -según usted ha venido a mencionar- es, ciertamente, "la bicha" para nosotros.

Y éste es el problema central, que la solidaridad sea sólo una declaración de principios sin ningún desarrollo, ni simultáneo a la corresposabilidad fiscal, ni sucesivo. Usted lo sabe perfectamente, y ha tratado varias veces de adelantarse al debate diciendo que, al fin, eso es poco importante, peccata minuta, que lo importante son los convenios especiales o los fondos.

(-p.968-)

Pues mire, simplemente no. En época de recortes nacionales vinculados a la reducción del déficit, y seguramente de recortes comunitarios vinculados a la ampliación, yo prefiero que la solidaridad esté en el sistema en pie de igualdad con lo demás, y que no haya que esperar a que la solidaridad venga por regalos o concesiones graciosas fuera del sistema: sean los ricos más ricos, y hagan luego un poco de caridad con los pobres. No es ése mi planteamiento; créalo, señor Presidente. Usted debiera haber elevado la voz en esto, porque el riesgo es evidente: ni buena financiación, y quizá ni concesiones. ¿Con qué se van a hacer estas concesiones con las previsiones presupuestarias que nos anuncian? ¿Quién va a pagar el sistema de financiación -que costará más, pues de lo contrario no se hubiera pactado- sino aquellos que necesitarían, precisamente, la solidaridad en el propio sistema y no fuera del sistema? Analicemos entonces el propio sistema de corresponsabilidad para llegar a las conclusiones finales.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego, señor Quijano, vaya concluyendo.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Lo intentará hacer, señor Presidente.

Para mí hay dos cuestiones preocupantes ahí: la eliminación de topes -teniendo en cuenta además que no se fija el año base de cálculo en el acuerdo-, y la forma en que se establece la capacidad normativa.

Mire -y resumo-, España es todavía un país con notables desigualdades en desarrollo y en renta, fruto de una larga trayectoria histórica sin duda, a pesar de que en buena parte se han corregido en estos años con esfuerzo solidario de todos, y ahí están los últimos datos de Producto Interior Bruto.

El sistema de financiación tiene que tener en cuenta esto, si queremos seguir haciendo posible la superación de desigualdades. A Comunidades como la nuestra les va la vida y el futuro en ello.

Por eso, establecer como principio cardinal del sistema de financiación que se queden más recursos allí donde se genere más renta es apostar directamente por la insolidaridad, se disfrace como se disfrace. Si no hay un Estado con capacidad real de redistribuir renta entre Comunidades Autónomas más ricas hacia las menos desarrolladas, la solidaridad sufrirá, se disfrace como se disfrace. Porque si se quiere reducir el déficit, no tocar el gasto social, como se dice hasta la saciedad -ya veremos si luego es cierto-, el costo suplementario del sistema de financiación que permita avanzar hacia una mayor igualación en recursos per cápita, que es lo que quiere Cataluña, no puede hacerse de otra forma más que reduciendo los recursos que van a las Comunidades que, precisamente, más necesitan de la solidaridad.

Es bien sencillo: si la tarta no crece, sino que disminuye, para que unos obtengan más trozo de la tarta, necesariamente otros tienen que obtener menos. El milagro de los panes y los peces parece que se hizo una vez, a principios de esta era; no creo que sea un milagro para realizar todos los días. Cuanto más vaya a unos, menos recursos dispondrá el Estado para hacer redistribución efectiva. Llámelo como quiera, pero a nosotros nos sigue teniendo cuenta un Estado redistribuidor, aunque a otros ese concepto les sobre.

Por eso es tan importante la permanencia de topes, como los había en el sistema del 15% y no los habrá en el del 30%. Así se evitaba financiación extra para algunos, los que tienen más renta y se quedarán con más recursos, precisamente en detrimento de la redistribución.

Por eso no es un consuelo la competencia normativa, a la que usted se agarra artificialmente como a un clavo ardiendo. ¿Qué podremos hacer nosotros con competencia normativa, frente a lo que puedan hacer otros que, recaudando más globalmente, podrán jugar con ventaja en deducciones, en mínimo exento, en tramos, o en tarifa?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por segunda vez, le ruego concluya.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Voy terminando, señor Presidente, pero comprenda que las posibilidades de hacer este tipo de debates son tan pocas, que uno no tiene más remedio que explayarse un poco más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): El Reglamento y los acuerdos de la Junta de Portavoces nos vinculan a todos.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente, lo tendré en cuenta.

No vuelva otra vez con el canto de la natalidad, el mecenazgo, etcétera, que creo que eso no puede ir en serio. Ese sistema introducirá más desigualdad; no sólo desigualdad de financiación entre Comunidades: desigualdad de tributación entre individuos a igualdad de renta en distintos lugares del territorio español. El riesgo de ventajas comparativas, paraísos fiscales, diecisiete sistemas distintos de tributación a igualdad de renta... es un riesgo cierto con este sistema de financiación, señor Presidente.

Ya que citó el caso de Alemania, ¿no le extraña que con la tradición federal alemana, no tengan los länder competencia normativa sobre el impuesto de la renta de las personas físicas? ¿No se lo ha preguntado ninguna vez? Seamos pues finalmente serios. Hemos hecho un mal negocio; y usted lo sabe perfectamente.

(-p.969-)

Yo le invito, en la medida en que tenga remedio, a hacer lo siguiente: busquemos consensuadamente una posición común en este Parlamento, que nos permita a todos, empezando por usted, defender los intereses de la Comunidad en los pasos que han de venir: en la discusión en el Consejo de política fiscal y financiera; en la reforma de la LOFCA; en otras leyes; en la ampliación de competencias, exigiendo la transferencia de la educación, ya; y otras competencias, en Confederación Hidrográfica del Duero o en Sanidad, en cuanto sea posible; en la reforma del Senado o en el pacto local.

Elija usted la fórmula: un grupo plural de trabajo, una mesa de negociación, una comisión parlamentaria; lo que quiera. Dígame si está dispuesto a un consenso de este tipo, asumiendo, incluso el compromiso de no poder pasar íntegramente por los pactos que están suscritos en estos pasos finales que faltan.

Y termino ya, con algunas preguntas finales. ¿Tiene usted hecho, o su Gobierno, algún avance económico sobre los efectos que el pacto pueda tener para nosotros? (Porque ésa es su obligación como Gobierno.) Si lo tiene, dígalo en esta Cámara. ¿Piensa usted que puede haber otras alternativas de corresponsabilidad fiscal en el IVA, en impuestos especiales, quizá, en los impuestos cedidos, como alternativa al troceo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que -por todo lo dicho- yo creo que nos resultará negativo? ¿Qué idea tiene usted -más allá de decirlo sin más-, de cómo debe evolucionar el Fondo de Compensación Interterritorial en esta etapa, habida cuenta de la necesidad de reforzar mecanismos de solidaridad? ¿Qué está dispuesto a poner en la mesa, seriamente, para un pacto local?

Espero con ansiedad su respuesta a estas preguntas, para que el debate sea útil, para mí tranquilidad y la de muchos ciudadanos -votantes míos y votantes suyos- que están preocupados por el futuro de la Comunidad, y que no se conforman con una llamada -tranquilizadora para usted- del Presidente del Gobierno. Usted se comprometió a explicar todo esto casa por casa. Yo no le pido tanto. Le pido que lo explique en el Parlamento Regional, que es donde tiene que explicarlo, incluso, por su propia tranquilidad como Presidente de esta Comunidad, que lo es, antes que cualquier otra circunstancia. Gracias, y perdone la longitud, señor Presidente.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene ahora la palabra el señor don Antonio Herreros, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor. Silencio, Señorías, por favor.


HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Presidente, Señorías. Nosotros queremos empezar por la primera preocupación -que es nuestra, que es de toda la sociedad de Castilla y León-: uno de cada seis parados de los que se han producido en este primer trimestre en toda España, es un ciudadano de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; y, en este primer trimestre, el triple de crecimiento del paro en Castilla y León que la media nacional.

Es posible que alguien se pregunte a qué viene esta historia; pero es muy probable que, con todas las cuestiones, referencias, alusiones, análisis y críticas que se han venido realizando durante todo este periodo anterior, por la situación y las coordenadas políticas que se habían establecido, estemos en la circunstancia en la que estamos en la actualidad; y es un buen prólogo.

Señorías, tras analizar con detenimiento los pactos o acuerdos establecidos, tras escuchar con mucha atención la intervención del señor Presidente de la Junta de Castilla y León, tras conocer su actitud para con esta Cámara -como durante todo el proceso de negociación de esos pactos-, tras deducir la consecuencia de los mismos para Castilla y León, experimentar lo que han sido las aplicaciones de las compensaciones durante todo este periodo anterior, y quedar marginados de la Reforma del Estatuto de Autonomía previsto -algunos se han conseguido salir del pacto autonómico del noventa y dos-, y contemplar su grado de pasividad y dependencia, hemos llegado a la conclusión de sugerirle que se retire del cargo político que ostenta como mandatario del Gobierno Autónomo de Castilla y León.

(Murmullos.)


HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: No es, en absoluto, una actitud publicitaria o espectacular; todos están reclamando -y nosotros reclamamos también- hechos. ¡Vale ya de palabras! Porque aquí hemos estado durante mucho tiempo analizando y estudiando, pero podíamos ampararnos o podían ampararse, en cierto modo, en el victimismo; sin embargo, ahora, es evidente que ya no hay posibilidad de amparo. En esa circunstancia, y lo que no cabe la menor duda, es que se están produciendo una serie de circunstancias por las cuales queda absolutamente claro -a nuestro modo de entender- que estamos, no sólo dispuestos a soportar lo que ha sucedido en toda la Legislatura anterior en aplicación de las medidas de financiación de las Comunidades Autónomas -es lógico que hubiera esa queja-, sino que aquí prácticamente no hay ningún tipo de corrección. Y, lógicamente, sí es cierto que le honra el intentar justificar unos planteamientos en los que, sí cree, mal; pero si no cree, no ha puesto -como se dice vulgarmente- la carne en el asador para que no se produzca lo que, desgraciadamente, ya se está produciendo.

(-p.970-)

El debate de Investidura... una de las mayores sorpresas, que también se derivaba ya del pacto establecido con Coalición Canaria, es que después de decir que aquí no se saltaba nadie las líneas del pacto autonómico del noventa y dos, en cuanto a reforma del Estatuto de Autonomía y techos competenciales, sí se firma que hay alguien que puede saltarse ese pacto firmado por ustedes -Partido Popular-, firmado por el PSOE y firmado por el Ex Presidente del Gobierno de la Nación, Felipe González. ¿Por qué nosotros no hemos tenido esa opción? ¿Por qué no hemos tenido esa oportunidad, lo mismo que en el caso de Aragón? Posiblemente, porque Su Señoría continúa la tradición de aquellos prudentes patológicos, custodios de las esencias, que se quedan con el tarro de las mismas hasta que se les seca en las manos; y, mientras, el resto, avanza. Y esto, a nuestro juicio, no es en absoluto tolerable. Porque todos sabemos -y el pasado más reciente nos lo indica- quién gobierna en estos casos de pactos forzosos; quién consigue máximos beneficios; quién, en último extremo, es el denominador común de la Legislatura anterior y de la Legislatura presente que, lógicamente, ha condicionado y va a seguir condicionando. Y yo, ante esta cuestión, para concluir esta primera parte le preguntaría: señor Presidente, ¿en qué ha participado usted de todos estos pactos? ¿Se le ha consultado? ¿Ha dado su visto bueno? ¿Le recordó el coste para Castilla y León del anterior acuerdo, del que ustedes se quejaban tanto? ¿Le recordó los compromisos adquiridos con Castilla y León, como los demás Presidentes han hecho con los suyos, y, lógicamente, las responsabilidades de no haberlos acometido? ¿O, al final, todo ha quedado en sumisión?

Una y otra vez esta pasividad viene a cronificar algo que ya se hace una constante: de la riqueza de antaño, estamos, o hemos pasado, a una penuria que no somos capaces de superar. Y a veces nos enfangamos en lo de qué significa el veintitrés de abril, la fiesta de la Comunidad, y demás cuestiones. Sólo un recuerdo, posiblemente; entonces nuestra tierra era un emporio, y hoy no lo somos; alguien fue poco a poco arrebatando aquello y nos hemos quedado con el baldón, incluso, de ser "los centralistas" (lo cual pagamos caro, lo cual pagamos caro). Hoy nuestra distancia con la media de España, con la media de España es de más de diez años en cuanto al Producto Interior Bruto por habitante. Si creciésemos todos los años un punto más, en ese Producto Interior Bruto, tardaríamos diez años en alcanzar esa media. Si quisiéramos, lógicamente, alcanzar a Cataluña, tendríamos que estar esperando treinta y cuatro años. Son cifras que están perfectamente establecidas, la correlación, en virtud del 100, Producto Interior Bruto de España: 87,4 Castilla y León y 123,7 de Cataluña.

Pero nos pasa lo mismo en la renta nacional, nos pasa lo mismo en la población activa y nos pasa lo mismo en la población ocupada. ¿Sabe, señor Presidente, qué cantidades precisaríamos para eliminar en estos momentos las diferencias existentes entre la media nacional e, incluso, si quisiéramos ampliar a otros ámbitos? No inferiores a tres billones de pesetas. Y lo digo porque durante estos últimos días se han estado planteando historias que pueden tener fundamento, no lo discuto -sería bueno que nos sentásemos a estudiarlo-, pero eso, señor Presidente, teniendo en cuenta lo que son los servicios fundamentales cubiertos al mismo nivel que la media de las Comunidades Autónomas. Porque lo que no cabe la menor duda es que, si no hay mecanismos de compensación, eso, a la postre, tardando muy pocos años, nos encontraríamos otra vez en inferioridad de condiciones.

Prestación de servicios públicos fundamentales que están reconocidos en la LOFCA y que nunca se han puesto en marcha, y deberían de darnos una explicación, ahora que tienen la oportunidad más directamente -anteriormente también, porque participaba en el Consejo de Política Fiscal y Financiera-, de por qué ha sufrido la paralización la LOFCA y por qué no ha habido la exigencia, por su parte, de los efectos correspondientes para Castilla y León.

Una pregunta que ya hemos discutido también aquí: ¿vamos a seguir entendiendo y respetando lo que significa la deuda histórica? Diríamos: en virtud de lo que se deriva de la propia Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, ¿va a haber una cuantificación de esa Ley deuda histórica?

Izquierda Unida está a favor de la corresponsabilidad fiscal, pero nosotros decimos que, de todas las maneras -en nuestro criterio-, debe de ampliarse al conjunto de las Comunidades Autónomas, debe de tenerse en cuenta, corrigiéndose o no la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; debe de ampliarse en nuestro techo competencial, porque queda demostrado en la propia aplicación de la legislación que eso es un obstáculo importante. Pero, desde luego, desde luego, debe de -al mismo tiempo- entenderse lo que son la aplicación de la cuantía de los fondos que se derivan de la financiación de las Comunidades Autónomas; esos fondos de nivelación que, dichos así, sin más, no tienen acaso mucho sentido para la mayor parte de los ciudadanos. Pero, ¿es que no queremos el mismo número de camas que la media nacional, incluso más dada la circunstancia que tiene nuestra población? ¿Es que no queremos el mismo número de escuelas, el mismo número de profesores, en definitiva, el mismo número que pueda mantener la calidad de nuestra existencia? ¿Por qué no se han mantenido o han tenido en cuenta esos factores de una Ley que es orgánica, y nos la hemos ido cargando poco a poco porque no tenía mucho interés?

Y aquí viene la historia: cuando Sus Señorías rechazaban la reforma del Estatuto de Autonomía -y ahora se demuestra que sí se podía hacer esa ampliación-, no se tenía en cuenta el primer principio de la LOFCA cuando decía que las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera de acuerdo con la Constitución Española y con lo que les atribuyen las Leyes y sus respectivos Estatutos de Autonomía. Y, significativamente, en todo esto proceso de negociación, casi todas las Comunidades Autónomas o los partidos que han negociado ese acuerdo han apurado al máximo su propio techo competencial, lógicamente, como deberían o como deberíamos de haber tenido la oportunidad nosotros. ¿Qué pasa?, es que somos más torpes, o no hay una capacidad de entender la importancia que tenía, precisamente, esta reforma del Estatuto de Autonomía?

(-p.971-)

El segundo principio de la LOFCA dice: "deberán establecerse de forma que no pueda implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales, ni suponer barreras fiscales en el territorio español". Yo les voy a demostrar luego, con datos, que sí existen esas diferencias; pero no hace falta ni siquiera que yo me permita esa licencia, entre otras razones porque cuando se esgrime con tanta consistencia lo de la solidaridad se está diciendo, efectivamente, que ya existen esas diferencias. Y cuando se ha venido argumentando la ampliación de techos competenciales, de recursos económicos, y la propia aplicación de Fondos de Compensación Interterritorial o Fondos de Cohesión, lógicamente se estaba incumpliendo ese segundo principio de la LOFCA.

Y para qué mencionar el Artículo 15 de la misma Ley que garantiza que en todo el territorio español el nivel mínimo de los servicios públicos... ¿Cuáles son esos servicios mínimos? A mí me gustaría que sí se nos pudiese decir. ¿Estamos en igualdad de condiciones con el resto de las Comunidades Autónomas? ¿Tienen cuantificado esto? ¿Nos ponemos a trabajar o seguimos llorando? Desde luego, si estamos en la media de los servicios de España, a callar y adelante; pero si esto no es así, lógicamente, la pregunta es: ¿qué han hecho ustedes durante todo este tiempo? Y tienen que darnos cuenta aquí en estas Cortes, porque es también una explicitación que dice la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que tienen que hacerse los análisis correspondientes de tal manera que permiten saber cuáles son las medias y cuáles son los mecanismos de corrección. Tienen que llevarlo a las Cortes Generales; ¿por qué no hacerlo antes en nuestra propia Comunidad Autónoma?

También se hace referencia al Fondo de Compensación Interterritorial. Me imagino que saben mejor que yo, incluso Sus Señorías, que, durante todo este tiempo anterior, ese Fondo de Compensación Interterritorial ha venido surtiendo también de aportación complementaria a Comunidades Autónomas que estaban por encima de ese 75% de la Comunidad o de la Unión Europea, y cuando ya se corrigió hace dos años, resulta que se ha congelado, y nos anuncia el Ministro de Administraciones Públicas, el señor Rajoy, que no va a haber en la práctica ningún tipo de modificación.

Conclusión: ¿qué razones tienen ahora para mantener nuestro marco de competencias en la situación en que está? ¿Para congelar el Estatuto de Autonomía¿ ¿Para esquivar la aplicación de una Ley Orgánica? Porque uno de los aspectos más destacables, precisamente, es buscar esa solidaridad, esa redistribución, esos criterios neutralizadores que permitan equipararnos con el conjunto de las Comunidades Autónomas. Y los pactos, a la postre, señor Presidente, a la postre, los pactos han sido un cambio: el gobierno por las Comunidades Autónomas del 143, y concretamente por la de Castilla y León.

Primero, nosotros no cuestionamos que se alíen con quien les convenza; de hecho, ya se va a hacer costumbre y, al fin y al cabo, han encontrado los aliados en su propio espectro político. Sin embargo, el contenido suscrito exigía otras formas de llevarle a la práctica y en el que tenía que haber una participación más clara de las Comunidades Autónomas, como es verdad que hemos exigido prácticamente todos. Pero era difícil, era difícil que esto se pudiera llevar a la práctica, entre otras razones porque había una gran premura, había una necesidad imperiosa, y han llegado a cambiar cuatro votos de Coalición Canaria, cinco votos del Partido Nacionalista Vasco, con una clara disminución y ostensible de lo que significa los votos de los Diputados y Diputadas del Partido Popular en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; han quedado claramente devaluados, pero de forma importante.

Y en el acuerdo con Convergència i Unió, yo voy a advertirle dos cuestiones que a mí sí que me ha llamado la atención: cómo, precisamente, empieza el propio acuerdo, diciendo que es simplemente para el acuerdo de investidura y gobernabilidad, que tiene por objeto dar respaldo parlamentario a la investidura del candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, y que persigue los siguientes objetivos. Nada más. No se vaya a esperar -y ya lo han dejado bastante claro- que vaya a haber una mayor estabilidad, en definitiva, sino una negociación año a año, una negociación año a año que, lógicamente, traerá las consecuencias que traiga. De hecho, termina: "Convergència i Unió se compromete en el presente acuerdo a otorgar su voto favorable a la investidura de José María Aznar, y garantizar la gobernabilidad y la estabilidad parlamentaria para el cumplimiento de los objetivos y prioridades contenidos en el presente acuerdo". Nada más. Posiblemente, sí, nada menos, pero es para pasar el primer ejercicio. Y esto, a nuestro juicio, ya es lo suficientemente importante como para que se lo piensen.

Pero, además, en ese propio acuerdo, aquellas medidas que tendrían que tener algún tipo de consistencia se han obviado. Vamos a modernizar las instituciones, ¿dónde está la reforma del Senado? En absoluto, en absoluto. ¿Dónde está, entonces, la participación de las Comunidades Autónomas en ese marco que pueda ser el debate de la organización o la ordenación territorial en el conjunto del Estado español? ¿Dónde está, sobre todo, sobre todo, ya no sólo la corresponsabilidad fiscal -que sí es importante-, sino cuando hace referencia a la solidaridad? Ha pasado por encima, pero con una prudencia increíble.

(-p.972-)

Lo mismo que hay una cuantificación en la participación de ese 30% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, lo mismo que, incluso, se intentan plantear algunos límites que son muy pocos, de tal manera que va a permitir esas diferencias entre unas Comunidades Autónomas y otras, ¿por qué no se exige la normativa estricta de esa solidaridad? Porque, lógicamente, ésa puede quedar al albur de cualquier tipo de negociación, a la presión que en un momento determinado se pueda ejercer, y que nos pueda llevar, en definitiva, a que, primero, congelado el Fondo de Compensación Interterritorial, no incluido el Fondo de Cohesión dentro de esa solidaridad, y, aunque estuviese incluido, con las distancias que en estos momentos se han producido en su propia aplicación... me imagino que Sus Señorías saben que del orden de 59.000 millones para Cataluña, del orden de 30.000 millones para Galicia, del orden de 19.000 millones para Castilla y León... perdón, para Andalucía, y del orden de 228.000.000 para Castilla y León, Se estaba poniendo ya contentísima la Consejera de Economía. ¡Qué más quisiéramos! Pero corremos precisamente el riesgo de, mientras no haya una regulación estricta de esos fondos de solidaridad, se siga haciendo una interpretación en virtud de los intereses de cada cual. Entonces, ¿qué pasa? Se buscará, como dice el punto nueve del pacto, el consenso entre la Hacienda Central y las Comunidades Autónomas, pero después de haber comprometido una parte sustancial con Coalición Canaria, con Convergència i Unió y con el PNV; es decir, para el resto, haremos la austeridad y además nos aplicarán lo de siempre: declaración de buenas intenciones, de solidaridad, pero nada más.

Yo quisiera ya terminar, concluyendo esta parte, diciendo que -a nuestro juicio-, tal como están las cosas, una Comunidad Autónoma que pueda bajar los impuestos conseguirá aprovecharse de las demás, puesto que afluirán recursos financieros, industriales y humanos, y podrá seguir sin perder recaudación y capacidad de prestar servicios públicos. Nosotros posiblemente no lo podamos hacer. Hoy ha aparecido en los medios de comunicación: "Euskadi va a hacer una disminución de dos puntos y medio en el Impuesto de Sociedades". Y está en nuestra proximidad, y hubo un momento en que aquí todo el mundo se rasgó las vestiduras planteando: va a haber en esa diferencia una absorción por parte de instalación de empresas, por esas exenciones o vacaciones fiscales.

Pero no se incomode tanto, porque el señor Ruiz Gallardón, presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando hoy ha visto que es la Comunidad Autónoma con mayor incidencia de paro en este primer trimestre, ya ha anunciado que va hacer también una disminución de ese Impuesto de Actividades Económicas.

Y es lógico; y también es una Comunidad Autónoma limítrofe con Castilla y León, y nos encontraremos con ese problema. Ése es el problema. Y mientras no haya unas compensaciones reguladas perfectamente, y estrictamente reguladas, no habrá, lógicamente, un equilibrio, una estabilidad; y entraremos en un proceso de Autonomías más bien competitivas que solidarias -y empezamos a verlo ya en los propios medios de comunicación-, porque se establecen mecanismos o criterios que están directamente vinculados al dumping fiscal.

A nuestro juicio, es discriminatorio, es un agravio comparativo, es fomentar la desigualdad, y, para más escarnio, no encontramos esa compensación. Y no quisiera hablar de la vía esa nostálgico-afectiva que se ha venido utilizando constantemente para decir "como es amigo nuestro, el Presidente del Gobierno actual, pues vamos a tener la posibilidad de acceso mucho más fácil"; porque bien decía don Miguel Ángel Rodríguez, a la sazón Secretario de Información del Presidente Aznar, que "lo de Valladolid, ya queda bastante lejos".

Y la verdad es que sí han quedado dudas. Yo sí quiera decirles alguna cuestión. Hemos hecho una simulación de sistemas de financiación, y hemos cogido de las circunstancias actuales tal como están y las hemos intentado comparar con lo que se derivaría, precisamente, de los pactos. Y hemos podido observar que hay un mayor gasto público; que hay una evidente dispersión en el crecimiento de la autonomía financiera, que prima de forma notable a las Comunidades Autónomas con mayor nivel de renta; que hay una corrección de la suficiencia financiera en favor de las Comunidades Autónomas más desarrolladas; y que se constata la diferencia entre el tramo de cuota líquida y tarifa, y las Comunidades con mayor peso en el Producto Interior Bruto y mayor crecimiento se van a ver beneficiadas, precisamente, por este sistema. Y, con datos absolutos, en los cuales Andalucía disminuirá en 937.000.000, Cataluña incrementará en 19.017 millones, Canarias en 3.000, Galicia en 4.000, País Valenciano en 10.000, y nosotros nos encontramos en 3.798 (que significa, en definitiva, tener, por el sistema anterior, una cobertura de nuestras necesidades del 32%; y, por el sistema actual, una cobertura de necesidades del 49.1%). Pero para algunas Comunidades se llega -el caso de Madrid- al 85,3%, el caso de Aragón al 68%, el caso de Cataluña al 91%, y el caso del País Valenciano al 72,3%. Y esto no es ni más ni menos que por la masa crítica que supone que las Comunidades Autónomas más ricas tienen capital financiero, industrial, humano, y es lógica la diferencia que se establece.

Yo termino con una alternativa de mínimos ante esta condescendencia -a nuestro juicio acrítica- por la que perdemos -y mucho- las Comunidades Autónomas del ciento cuarenta y tres, ciento cuarenta y tres, porque ahora ya sí es verdad que prácticamente quedamos muy pocas del ciento cuarenta y tres, ciento cuarenta y tres.

Y, por tanto, desde Izquierda Unida planteamos: primero, revisión a fondo de este sistema; y en sede parlamentaria, con participación de todas las Comunidades Autónomas. Segundo: una regulación estricta y completa de la solidaridad para la nivelación y la suficiencia financiera. Tercero: incorporación de todos los fondos posibles para esa función de solidaridad, a fin de que no quede al albur de las negociaciones de futuros pactos. Cuarto: cuantificación rigurosa de la deuda histórica; y, a través de los Presupuestos Generales del Estado, hacer su aplicación para conseguir esa convergencia real de las economías de las Comunidades Autónomas.

(-p.973-)

Tramitación efectiva de los compromisos derivados del Pacto Autonómico del noventa y dos, aunque se nos venda por tercera vez la misma... el mismo compromiso.

Financiación efectiva de un Plan de Empleo, similar a Canarias, y que podemos interpretarlo como conclusión del Plan de Empleo Juvenil del señor Aznar.

Reforma del Estatuto de Autonomía, en la línea de Canarias y Aragón, para conseguir el autogobierno con rango de nacionalidad constitucional e impedir que nos sigan pasando este tipo de soluciones arbitrarias.

Lógicamente, reforma del Senado; reducir esas duplicidades administrativas. Pero no quedarse con los Gobernadores Civiles; sino ampliarlo, precisamente, a las Diputaciones Provinciales.

Y el rescate de los compromisos incumplidos, tanto de la etapa del señor Aznar -cuando era Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León-, como en los actuales. Y aquí pongan lo que quieran; pero las líneas férreas con La Ruta de la Plata, con la alta velocidad en el corredor del Duero, con las autovías de todos los tipos, regadíos, minería, Nicas... y es verdad que se pueden añadir muchas más cosas que se prometieron y que no se han cumplido.

Para concluir, y para que todavía quede más claro, decía el señor Zaplana, Presidente de la Comunidad Valenciana, "si hemos apostado por la Autonomía y no la ejercemos; pues apaga y vámonos. Porque la visión centralista o autonomista es lo que está diferenciando a unas Comunidades Autónomas de otras". Y, a nuestro juicio, tiene razón.

Y como no tenemos por qué pagar las eternas promesas con internos incumplimientos, concluyo lo mismo que empecé: piénseselo y retírese de esta responsabilidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Los dos Procuradores integrados en el Grupo Mixto han solicitado a esta Presidencia compartir, y compartirán, el turno de Portavoces. Tiene la palabra, en primer lugar, la señora Farto.


FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presidente de la Junta de Castilla y León. En primer lugar, darle las gracias por su comparecencia en esta Cámara.

Y voy a empezar mi discurso por el final del suyo. Creo que es necesario hablar hoy aquí de la construcción del Estado, porque a veces esta Procuradora tiene la sensación de que los árboles no nos dejan ver el bosque, que, en definitiva, es lo verdaderamente importante.

Hay que empezar afirmando que los pactos están aún sin cerrar, y que la gobernabilidad de este país sin apoyos se hace hoy imposible. Esto va a suponer una presión por parte de los nacionalistas que nadie -ni tan siquiera ustedes- saben hasta dónde puede llegar; y el Partido Popular, con el señor Aznar al frente, tendrá que demostrar si es capaz de gobernar, de hacer Estado, en definitiva, de construir España. El señor Aznar nos tendrá que demostrar si auténticamente es un hombre de Estado; y, en este sentido, va a ir nuestro discurso, que va a intentar ser lo más breve posible.

Hoy aquí, señor Presidente, es necesario que nos anuncie cómo desde el Gobierno de la Nación, presidido por el señor Aznar, se va a dar respuesta a los tres objetivos que yo le voy a enumerar, y que considero esenciales y prioritarios en un hombre de Estado.

En primer lugar, creo que debe ser objetivo de un hombre de Estado hacer posible una España sin diferencias; hacer posible que todos los territorios del Estado español tengan las mismas posibilidades institucionales de desarrollo, aportaciones económicas y cuanto fuera necesario para este fin. En fin, fomentar la igualdad entre todos los españoles, no acrecentar las diferencias. Y para ello no se puede seguir -como ya algún Portavoz ha dicho anteriormente- la política de enriquecer al rico y empobrecer al pobre; antes bien, entendemos que se debe de intentar aumentar las dotaciones para aquellos territorios más pobres o empobrecidos. En una palabra, fomentar la igualdad entre todos los españoles.

En segundo lugar, considero que debe de ser objetivo de todo hombre de Estado: primero, potenciar su país fuera de sus fronteras; y hoy es primordial potenciar España y a los españoles -nuestros productos, nuestro mercado y, sobre todo, nuestras tradiciones- fuera de España. El producto nacional es hora ya de que se coloque dignamente fuera de nuestras fronteras, y no sólo en el mercado europeo, sino que se hace imprescindible la apertura a otros mercados. Para ello es urgente, entre otras medidas, empezar a tener en cuenta la pequeña y mediana empresa, con la que ustedes no han contado hasta ahora y siguen -a lo que parece- sin contar con ella. Si alguien crea y ha creado riqueza en este país son los pequeños y medianos empresarios y autónomos.

Es obligación del señor Aznar y de su Gobierno luchar y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso español en cuanto a política internacional. Y para ello voy a citar dos ejemplos que llegan hondamente al corazón de esta Procuradora y que hoy he asumido el compromiso de decir aquí públicamente.

En primer lugar, en cuanto a la política de extradición de terroristas que han llevado a cabo Gobiernos anteriores con países de la Comunidad Económica Europea y con Hispanoamérica.

(-p.974-)

En segundo lugar, un problema dormido para algunos, pero cada día se hace más grave y dramático para sus protagonistas, es el problema de la política con el norte de África. En torno a él, dos problemas básicos en los que los españoles, por desgracia, somos protagonistas por nuestra dejadez y -me atrevería a decir-, por nuestra falta de ética política. Un primer problema es el problema relacionado con el Sáhara; territorio que fue colonia española, incluso provincia, llegando a tener representantes en las Cortes franquistas, y a los que hoy abandonamos a un destino injusto elaborado, en gran medida, por los españoles. Hoy estamos empujando inevitablemente a la guerra a este pueblo del que somos responsables. En segundo lugar, y en este mismo sentido, y siendo España aún hoy potencia administradora de ese territorio en el que está incluido uno de los bancos de pesca más rico, el banco canario-sahariano, hemos fracasado como negociadores, diría más, como país hermano; favoreciendo injustamente al reino alauita en contra del más mínimo respeto a los derechos más básicos de libertad y autodeterminación de los pueblos.

Por último, para terminar, creo que debe ser objetivo de un hombre de Estado conseguir -y convengo con ustedes en que es difícil lograrlo- la seguridad de todos los españoles, erradicando todo aquello que la amenaza, que desestabiliza la vida civil.

En segundo lugar, es necesario salvaguardar el derecho a la vida y a la libertad, hoy amenazada por bandas armadas que mantienen cautivos a dos ciudadanos españoles.

En tercer lugar, es urgente potenciar el respeto a la propiedad y el pleno empleo. Vivimos en una sociedad abocada a la violencia, en muchos casos por la falta de oportunidades para los más jóvenes o para algunos grupos desfavorecidos de nuestro entorno social.

Por último, salvaguardar el derecho a la dignidad humana. La igualdad social es constantemente atacada. Existen, al día de hoy, demasiadas deudas pendientes contraídas por otros Gobiernos; es cierto -y en eso estamos de acuerdo-, pero que no se han resuelto. Y por poner un ejemplo que afecta concretamente a esta Comunidad Autónoma, los afectados del síndrome tóxico con los que el Estado español tiene una gran deuda, y que es un problema importante para esta Comunidad, dado el gran número de afectados que en ella hay.

Si los pactos van a dar solución a todo lo anteriormente expuesto, casi tendrían nuestro beneplácito, a pesar de ciertos agravios comparativos expuestos con anterioridad por otros Portavoces y denunciados, y en los que ya no voy a volver a reiterar para no aburrir a Sus Señorías. Pero permítame decirle, señor Presidente: ni nosotros ni muchos conciudadanos confían en que así ocurra. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Don Joaquín Otero tiene la palabra.


OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias también por su comparecencia, señor Presidente de la Junta ante este, al principio Pleno, ahora ya medio Pleno, a juzgar por los señores Procuradores que tienen interés en el tema de la financiación autonómica, a los cuales saludo, a los presentes; a los ausentes les saludaré al final de mi intervención, que será cuando vengan todos para escuchar la réplica del Presidente de la Junta.

Antes de entrar en detalles, anunciar que, dado lo resumido del tiempo que tenemos para la intervención -el 50% del resto de los Portavoces-, vamos a centrarnos exclusivamente en el tema más importante de los pactos para esta Comunidad Autónoma, que es el tema de la financiación autonómica; el más importante, y además, con mucha diferencia. Por tanto, a él sólo nos vamos a referir.

Y vamos a hacer unas consideraciones previas antes de entrar a analizar datos; porque sí hemos realizado, hemos elaborado datos que quisiéramos someter a la consideración de Sus Señorías y del señor Presidente de la Junta.

La primera consideración previa es que cualquier reparto de dinero, basado en parámetros de población y renta de forma exclusiva, tiene como consecuencia inevitable el agrandamiento de la desigualdad entre las Comunidades Autónomas: se favorece a las que tienen mayor población y ésta está más concentrada, y se perjudica a las que tienen menos población y ésta está más dispersa; o sea, el ejemplo propio y típico de Castilla y León. Esta consideración, Señorías, entendemos que es incuestionable e irrefutable.

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En segundo lugar -y como segunda consideración previa-, debemos decir que estamos seguros de que el Presidente de la Junta comparte lo que acabamos de decir; lo mismo que estamos seguros que la señora Consejera de Economía -poco interesada en el tema, por lo que se ve, dada su ausencia- también lo comparte, o al menos, así se lo ha dicho a los periódicos; al igual que también lo ha hecho el Presidente de la Junta... el Presidente -perdón- del Gobierno de la Nación, señor Aznar. El mensaje de todos ellos se puede resumir del siguiente modo: tranquilos todos; a las Comunidades desfavorecidas -o sea, a Castilla y León entre otras-, se les va a compensar mediante otros instrumentos de financiación. Y se han referido siempre -se ha referido usted siempre, señor Presidente-, a tres, fundamentalmente: el Fondo de Cooperación Interterritorial, un fondo que Sus Señorías saben que para el año... en el año noventa y cinco, y para todo el territorio nacional, fue de 128.000 millones de pesetas. Pocos milagros se pueden hacer con 128.000 millones de pesetas si con eso se pretenden reducir las desigualdades interregionales. Pero es que además, esos 128.000 millones de pesetas no se pueden incrementar; estamos -no se olviden, Señorías- en época de recortes presupuestarios. No olvidemos tampoco que a esos fondos solamente acceden las Comunidades Autónomas pobres; las ricas no tienen nada que ver en ellos. Por tanto, no podemos quitarle dinero a las Comunidades ricas para dárselo a las pobres -de ese Fondo- porque de ese Fondo las ricas no ven ni un solo duro.

En definitiva, para Castilla y León, en el año mil novecientos noventa y cinco, el dinero que llegó del Fondo de Compensación Interterritorial fue de 12.287 millones de pesetas. Si algo se aumenta, que poco va a ser, poco se va a poder compensar los agravios que la cesión del 30% va a suponer para esta Comunidad Autónoma.

En cuanto al segundo instrumento, el Fondo de Nivelación de los Servicios Mínimos, lo dicho, ¿va a pagarlo ahora Aznar, que estamos en tiempo de recortes y restricciones presupuestarias? ¿Va a ser éste el momento de enjugar la deuda histórica de las Comunidades Autónomas? No lo creemos.

Y, en cuanto a los Fondos de Cohesión de la Unión Europea... pues dos cuestiones. Primero, que no parecería bien visto que tenga que ser Europa la que se encargue, ya que nosotros no podemos recortar las diferencias interterritoriales, ya que no somos capaces, que tengamos que acudir a Europa para que ellos nos lo hagan. En segundo lugar, esos Fondos de Cohesión tampoco se van a incrementar. Lo decía -me parece- el Portavoz socialista -también ausente, por cierto-, al aludir a la expansión de los países que van a formar en el futuro inmediato la Unión Europea.

Conclusión, y sin entrar en números, sólo valiéndonos de la lógica: la cesión del 30% del IRPF a las Comunidades Autónomas es negativa para Castilla y León. Pero, además, así lo prueba el hecho de que Cataluña y Madrid estén encantadas con la cesión. Es "verdad de perogrullo" que para que unas Comunidades Autónomas reciban más dinero en la financiación autonómica, otras van a recibir menos. Lo decía el Portavoz socialista al hablar de esa tarta, que no puede repartirse para todos si unos cogen más y otros cogen menos; y lo dice un articulista en "El Norte de Castilla", el veintiséis de abril, cuando se refiere textualmente a que "la cesión del IRPF es pájaro en mano y, todo lo demás, ciento volando". O sea, en la realidad, Señorías, vamos a recibir menos; pero en promesas, vamos a recibir más.

Hemos realizado un cálculo aproximado -y subrayo la palabra "aproximado"- en cuanto a cifras y porcentajes, con relación a la cesión del 30% del IRPF. Y aquí quiero aclarar, y quiero dejar bien evidente que se trata -como digo- de aproximaciones; realizar operaciones numéricas con cifras futuras es, sin duda, muy aventurado. Y nosotros no pretendemos eso. Hemos utilizado, en unos casos, cifras del Presupuesto de mil novecientos noventa y cinco; en otros casos, cifras estadísticas o datos estadísticos, actualizándolos o trasladándolos al momento actual, utilizando criterios que explicaré en cada momento. Quiero decir con ello que los resultados finales que yo les voy a dar, posiblemente, estén lejos de ser exactos y de ser reales; pero, desde luego, sí sirven -eso Señorías ténganlo por seguro- para hacernos una primera idea, un primer diagnóstico de lo que va a suponer para Castilla y León -y también para otras Comunidades- la cesión del 30% del IRPF.

El Presupuesto General del Estado de mil novecientos noventa y cinco prevé una recaudación del Estado, mediante ingresos no financieros, de 14,15 billones de pesetas. De ellos, 5,4 billones corresponden a la recaudación del IRPF y el 30% de esos 5,4 billones es 1,6 billones de pesetas. Así, el Estado, en lugar de recaudar 14,15 billones de pesetas, recaudará -tras la cesión del 30% del IRPF, cuando se produzca en cada una de las Comunidades Autónomas- 12,53 billones; es decir, el 88,5% de lo que recaudaba antes.

Primera conjetura: el Estado va a disponer de 1,6 billones menos para distribuirlo entre las Comunidades Autónomas con criterios -al menos a priori- de solidaridad interterritorial; y esos 1,6 billones de pesetas lo van a recaudar las Comunidades Autónomas con criterios objetivos de renta, por tanto, con criterios insolidarios.

En segundo lugar, y en cuanto a la recaudación del Estado, o la recaudación... o cuánto aporta cada Comunidad Autónoma al Estado en concepto de IRPF antes de la cesión; pues miren ustedes, Señorías, teniendo en cuenta que los datos utilizados son estadísticos y los hemos trasladado a la fecha actual siguiendo el criterio de proporcionalidad en el crecimiento de la media nacional, así, mire, aporta cada Comunidad al Estado, antes de la cesión del IRPF, en el noventa y cinco, las siguientes cantidades: Cataluña, 1,18 billones; Andalucía, 52 billones; Madrid, 1,32; Castilla-La Mancha, 0,11; Galicia, 0,23 y Castilla y León 0,23 también.

¿Cuánto, a "sensu contrario", cuánto da el Estado a cada Comunidad Autónoma para su financiación, antes de la cesión del 30% del IRPF? Volvemos al Presupuesto de mil novecientos noventa y cinco, último que se ha aprobado: el Estado reparte entre todas las Comunidades Autónomas -con los criterios de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; en teoría, con criterios solidarios- 1,95 billones. Y, ¿cómo se distribuye entre cada Comunidad? ¿Cuánto le da el Estado antes de la cesión del 30% y del 15% a cada Comunidad? Pues, miren ustedes: a Cataluña, 384 billones; a Andalucía, 573 billones; a Madrid, 89; a Castilla-La Mancha, 57; a Galicia, 246; y, a Castilla y León, 79 billones de pesetas.

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Para no aburrirles con cifras, vamos a comparar los porcentajes. ¿Cuánto aporta cada Comunidad Autónoma al Estado en concepto de IRPF? Y, ¿cuánto invierte, o cuánto le cede el Estado, o cuánto invierte el Estado en la financiación de esas Comunidades Autónomas? Pues en Cataluña, Cataluña aporta al Estado el 21,8% de la cantidad total de financiación -y recibía, antes de la cesión del 15%, el 19,7%-; o sea, que el señor Pujol tenía razón para estar enfadado, porque ellos estaban aportando más de lo que el Estado les estaba devolviendo. En Andalucía, exactamente lo contrario; en Andalucía, o Andalucía, en ese mismo concepto y en términos globales, aportaba 9,66% -y estaba recibiendo el 29,4%-; por tanto, el señor Chaves está muy enfadado con la cesión del 30%. En Madrid, el 24,5% aportaba la Comunidad Autónoma al conjunto del Estado; y el Estado le devolvía, en su financiación, el 4,6%; el Presidente de la Comunidad de Madrid está encantado con esta situación porque antes no le gustaba nada. En Castilla-La Mancha, el 2,9% aportaba al Estado; y el Estado le devolvía exactamente lo mismo, el 2,9%. En Galicia, el 4,33 y ahora el Estado le va a devolver... o mejor dicho, Galicia aportaba el 4,33 y el Estado le devolvía el 12,6%. Y en Castilla y León, que es lo que nos interesa, quedábamos "a pre": tanto dinero salía de aquí dirección Estado, en cuanto al impuesto sobre la renta, como dinero nos devolvía el Estado para la financiación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Y a lo que vamos. ¿Qué va a ocurrir ahora al recaudar las Comunidades Autónomas -cuando lo recauden- el 30% del IRPF? ¿Cuánto va a recaudar cada Comunidad Autónoma? La suma del 30% y de las nuevas aportaciones -que serán menores- por parte del Estado. También hemos elaborado los datos que -para no cansarles- vamos a resumir en porcentajes. Y lo vamos a comparar, además, con los datos que les dábamos ahora mismo; es decir, sin la cesión del 30%, y con la cesión del 30%.

Miren, sin la cesión del 30%, Cataluña recibía del Estado para su financiación el 19,7% les dije; ahora, va a recibir el 20,7; o sea, un poco más. Por eso han firmado el pacto y por eso están contentos. En Andalucía recibían antes de la cesión del IRPF el 29,4%; ahora, menos, el 19,8%; y por eso, no están contentos. En Madrid, recibían el 4,6% y fíjense ustedes si tiene que estar contento el señor Presidente de la Comunidad de Madrid, ahora va a recibir el 14,2%. En Castilla-La Mancha, el 2,9; y ahora va a recibir un poco menos, el 2,5%. En Galicia, el 12,6% recibían; y ahora van a recibir un poco menos -a pesar de que el señor Fraga ha retirado el recurso de inconstitucionalidad-, del 12% van a pasar al 8,6%. Y en Castilla y León, en Castilla y León, Señorías, volvemos a quedar igual, volvemos a quedar igual; tanto íbamos a recibir antes de la cesión del 30%, como vamos a recibir ahora con la cesión del 30%. ¿Qué ocurre? Eso sí, que vamos a recibir menos por otras vías porque el Estado ahora tiene menos dinero para repartir o para invertir vía directa en las Comunidades Autónomas. Por eso, vamos a salir -les digo- perjudicados.

En definitiva, Señorías, hay "trampa" -entre comillas-. El Estado ahora tiene 1,62 billones menos para repartir. Para poder probar a ciencia cierta esta "trampa", claro, habría que saber cómo el Estado iba a invertir esos 1,6 billones de pesetas. Pero eso es imposible de saber. Lo máximo que se puede saber es que el Estado invertiría ese 1,6 billones de pesetas con criterios más objetivos que lo va a hacer a través de las Comunidades Autónomas con criterios poco objetivos y antisociales, exclusivamente de renta.

Y termino ya, señor Presidente, primero con esa matización: salimos perdiendo, porque vamos a recibir lo mismo vía financiación, pero menos, porque el Estado va a tener menos dinero para darnos por otras vías.

Este humilde Procurador, señor Presidente, segregacionista de la provincia de León, pero amante de la paz y de la tranquilidad, como todos los leoneses -segregacionistas y no segregacionistas-, quiere referirse en treinta segundos a la provincia de León, como es evidente, y quiere matizar dos cuestiones, o quiere mencionar dos cuestiones importantes. La primera será una crítica, pero la segunda será una pregunta.

En primer lugar, ¿cómo puede repercutir en una provincia en concreto, y en especial en la provincia de León, que se ceda o no se ceda el 30%? Pues miren, del importe total que la Comunidad Autónoma va a recaudar por ese 30% del IRPF, a la provincia de León le correspondería, en razón a lo que ella aporta, el 17,2%. Año tras año comprobamos en los Presupuestos, con desesperación, cómo la Junta destina a la provincia de León el 6,28%. Me dirán: sí, eso es lo provincializado. Es que lo no provincializado no lo podemos saber, no nos lo dicen nunca. Parece lógico pensar, por tanto, que, desgraciadamente y mientras dure este Gobierno, la tendencia será la misma, y de la recaudación del 30% del IRPF no se va a invertir en León el 17,2%, sino el 6,2%. No nos gustaría, señor Presidente, que así fuera.

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Y, en segundo lugar, es una pregunta más que nada, o es una consideración, o es una reflexión muy importante para la Diputación Provincial de León, que también se va a ver afectada por esta financiación y para todas las demás Diputaciones Provinciales de Castilla y León. El Estado aporta a la Diputación Provincial de León -que ahora mismo va a debatir sus presupuestos-, en concepto de participación en los tributos del Estado, la cantidad de 9.850 millones de pesetas anuales. Pero ahora, a partir de la cesión del 30% a las Comunidades Autónomas, el Estado va a recaudar de la provincia de León menos, o sea, el 30% menos, que se lo va a quedar la Junta de Castilla y León. Así, cedido el 30% del IRPF a las Comunidades Autónomas, el Estado, por el concepto anterior, o sea, participación en los tributos del Estado, va a reducir su aportación en pesetas de mil novecientos noventa y cinco a la Diputación Provincial de León, y a todas las demás Diputaciones Provinciales, pero en concreto a la Diputación Provincial de León, a 8.200 millones de pesetas. Es decir, le va a dar 1.650 millones de pesetas menos, que, como es evidente, para no dárselos a la Diputación, se los va a dar a la Junta, porque van englobados en ese 30%.

Yo le pregunto, señor Presidente de la Junta, ¿cómo van a compensar ustedes a las Diputaciones Provinciales, en concreto a la Diputación Provincial de León, por esos 1.650 millones de pesetas que van a perder? Porque el Estado no se los va a dar, sin embargo, sí se los va a dar a ustedes. Sí, señor Presidente, ¿cómo van a compensar a la Diputación Provincial de León? ¿Le van a hacer una transferencia anual en cada uno de los Presupuestos? Valdría; sería una buena fórmula, sería una buena fórmula.

En cualquier caso, quiero hacer esta llamada de atención. Son muchos millones, 1.650 millones; es la mitad de lo que la Diputación Provincial de León va a destinar a inversiones, más o menos, en el próximo ejercicio. Estamos hablando de cantidades vitales para la supervivencia -que nosotros defendemos, desde luego con toda nuestra fuerza y con todo nuestro peso- de las Diputaciones Provinciales.

Ésos son los datos que hemos elaborado, esas son las conclusiones. No crean ustedes, insisto, que son datos exactos. Hemos utilizado criterios para acercarnos a la realidad, pero la impresión es ésa: vamos a salir perdiendo.

Señor Presidente, si usted me contesta al tema de la aportación a las Diputaciones o la aportación que dejarán de recibir las aportaciones... las Diputaciones por parte del Estado, y me dice cómo se van a compensar, me daré por satisfecho. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Don Juan Vicente Herrera, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. El Grupo Parlamentario Popular, como primer pronunciamiento, quiere hacer un sincero agradecimiento al Presidente de la Junta de Castilla y León por su comparecencia... por su comparecencia, y por las explicaciones facilitadas en relación a la trascendencia, para nuestra Comunidad Autónoma de los acuerdos de investidura y de gobernabilidad suscritos entre el Partido Popular y diversas fuerzas parlamentarias nacionalistas.

Si me permiten una pequeña digresión que rompa un poco la marcha ya un poco cansina, en este momento, del debate, y dentro de lo que es un tono de respeto y puramente dialéctico, hoy, dieciséis de mayo, es el aniversario de la muerte de "Joselito". Para el mundo taurino es siempre un día especialmente señalado. Y yo creo que, si me admite el Portavoz del Grupo Socialista esta pequeña digresión taurina, le diré que, contemplando los gruesos capotazos con que ha despachado la cuestión que nos ocupa, a este Portavoz le cabe una triple duda: o bien las discrepancias territoriales de los socialistas españoles -óigase el discurso del señor Obiols en Barcelona, del señor Ibarra en Extremadura, del Ex Ministro Solbes en Madrid, de Joaquín Almunia, como Portavoz del Grupo Parlamentario, o del señor Quijano aquí- son tan patentes, o bien ustedes han estudiado reposadamente los pactos y se dan cuenta que no son tan malos, o bien, finalmente, señor Quijano, nos encontramos ante una situación absolutamente perplejante...


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Las tres cosas.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: No, yo creo que las tres cosas no, yo creo que las tres cosas, no. Pero ciertamente, señor Quijano, es preciso, es preciso que usted nos explique si lo que en verdad han tenido efecto es aquella artillería pesada que el señor Pujol... con que el señor Pujol amenazó al señor González.

En cualquiera de los casos, ciertamente, Señorías, existen precedentes de acuerdos parlamentarios, de acuerdos parlamentarios similares, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. En todos ellos y en algunos de ellos, desde luego, han estado presentes algunos de los Grupos Nacionalistas que han participado en estos acuerdos, si bien estos acuerdos presentan una característica que ha sido puesta de manifiesto y que yo quiero reiterar, cual es su transparencia. Los acuerdos han quedado, después del proceso de negociación, escritos, y sobre esos pactos escritos podemos hoy debatir y podemos hoy disentir.

En cualquiera de los casos, desde la perspectiva de los populares de Castilla y León, de los pactos de apoyo a la investidura y al Gobierno de José María Aznar, se deriva una primera consecuencia positiva para Castilla y León que es preciso hoy también resaltar, cual es el hecho mismo de que el principal efecto de esos pactos es la articulación de una mayoría parlamentaria en torno a un programa de gobierno, y no solamente en torno al contenido específico de esos pactos, sino que es preciso significar que los Grupos Parlamentarios han votado positivamente un programa de investidura, un programa de gobierno completo, sobre el cual indudablemente podemos también debatir, y que configuran y permiten dar base sólida a un Gobierno presidido por José María Aznar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Guarden silencio, por favor, Señorías.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Yo les pediría, sobre todo a algunos de ustedes, que procuraran tratarme, al menos, con la misma descortesía con la cual han tratado al Presidente de la Junta. Yo creo que, por lo menos, nos lo merecemos.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor...


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: De ahí se deriva...

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(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías por favor. Orden Señorías. Guarden silencio, por favor.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: De ahí se deriva, Señorías, una consecuencia de estabilidad política que, indudablemente, tiene unas inmediatas repercusiones de carácter social y económico para toda España, para todas las Comunidades Autónomas, y también para Castilla y León. Con un añadido, que yo quiero subrayar en representación de los cincuenta Procuradores del Partido Popular en esta Cámara, que, efectivamente, va a producir un acercamiento y una mayor capacidad de diálogo entre los responsables de la Administración autonómica y los responsables de la Administración central, aunque sólo sea por la procedencia de Castilla y León no solamente de muchos de los altos responsables del Gobierno, sino el hecho también significativo -que no podemos despreciar- de que el actual Presidente de España ha sido previamente Presidente de esta Comunidad Autónoma.

Todo ello -y lo ha reiterado el Presidente de la Junta, y lo reiteramos cada uno de los Procuradores-, sin merma alguna del compromiso inequívoco que todos nosotros tenemos con esta tierra, y la reivindicación, fuera de todo oficialista... perdón, fuera de todo oficialismo -del cual ustedes han sido, desde luego, catedráticos durante los últimos trece años-, reivindicación constante que nosotros vamos a hacer de... la solución a los verdaderos problemas de nuestra Comunidad Autónoma.

(Murmullos.)


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: El Presidente de la Comunidad ha realizado una intervención que se ha centrado en lo que, a su juicio -y nosotros, desde luego, lo compartimos-, son los tres grandes ejes que, en relación a lo que puede afectar a nuestra Comunidad Autónoma, vertebran especialmente el pacto suscrito con Convergència i Unió.

El primero de ellos se refiere, desde luego, a la modernización del Estado, al nuevo modelo de Estado. Se ha hablado, por supuesto, del avance en lo que debe ser -dentro de unos esquemas de mayor eficacia y de austeridad de la propia Administración- un modelo de Administración común o de Administración única, con una reforma en profundidad de la Administración periférica. Nosotros, desde luego, compartirmos plenamente ese objetivo.

Un segundo objetivo, no en la exposición cronológica del Presidente, pero sí, desde luego, en la exposición a la cual yo me estoy haciendo referencia, es la del fortalecimiento o la potenciación del papel de las Comunidades Autónomas en la conformación de la opinión del Estado, en definitiva, de la opinión de España ante los problemas de ámbito y de alcance regional de la Unión Europea.

Sobre eso, he de significar que el contenido de los pactos, y específicamente de los pactos firmados con Convergencia y Unión, no es sino un fiel trasunto de las conclusiones a las que llegó la Ponencia del Senado, dentro de la Comisión General de Comunidades Autónomas, en la cual participaron importantes parlamentarios de nuestra Comunidad Autónoma, en relación precisamente al papel y al futuro de las Comunidades Autónomas en el juego ante la Unión Europea.

Y la tercera de las cuestiones que fundamentalmente ha centrado el contenido del debate y el contenido de las intervenciones de los anteriores Portavoces es la que hace referencia al nuevo modelo, al nuevo sistema de financiación autonómica. Yo pienso, Señorías, que no podemos avanzar en líneas de crítica al sistema que se propone, al sistema que, en definitiva, será objeto de pacto dentro del marco constitucional y en los ámbitos de representación de las Comunidades Autónomas y, más concretamente, del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sin hacer un examen crítico de las consecuencias, especialmente para Castilla y León, del sistema de financiación todavía vigente, del sistema de financiación anterior.

Y yo he de concluir, porque tampoco quiero ser especialmente extenso en este punto, que el actual sistema de financiación autonómica ni supone corresponsabilidad fiscal, porque está fundamentalmente basado en transferencias lineales del Estado o de la Unión Europea. Ni realiza adecuadamente los principios de autonomía y suficiencia financiera, y son ustedes conscientes de los problemas que ha tenido la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y otras Comunidades Autónomas, en relación a determinados deméritos en la valoración de los servicios nuevos transferidos, que no comprendían, en muchos casos, las nuevas inversiones o las inversiones de las competencias transferidas, lo que determinaba que había que aplicar a las mismas fondos que, en realidad, lo que tendrían que lograr era la equiparación de nivelación de nuestra Comunidad Autónoma con otras. Ni tampoco es justo, en la medida que ha provocado una grave asimetría -y también en nuestra Comunidad Autónoma vamos a tener la oportunidad de verlo- entre la capacidad de gastar y la capacidad de ingresar de las Comunidades. Ni garantiza, como vamos a ver -y es un ejemplo palmario nuestra Comunidad Autónoma-, el principio de solidaridad. Y por eso, señor Quijano -con todo respeto-, no entiendo su discurso de la solidaridad, no lo entiendo, y se lo voy a demostrar. Y, es más, es un sistema -el actual- que adolece de defectos de constitucional...

(Murmullos.)


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: ...es un defecto, es un sistema...

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(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Don Vicente, aténgase al discurso del Presidente y no entable debate con otros Grupos Parlamentarios, se lo ruego.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Es una lástima que en muchas ocasiones no se sepa perder, pero tampoco se sepa escuchar dialécticamente al contrario, por favor.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor, les llamo una vez más al orden. No creo necesario recordarles la obligación que tienen de guardar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria. Me basta apelar a la buena educación.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego, Señoría, que no entable debate con el Grupo.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Señor Presidente, ¿puedo plantear una cuestión de orden?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No, Señoría. Ya se lo he advertido al orador.


GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: ¿Puedo plantearla o no?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, silencio, por favor. Ya le he advertido al señor orador que no entable debate con otro Grupo Parlamentario.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: En cualquiera de los casos, en cualquiera de los casos, y refiriéndonos en concreto a las consecuencias del actual sistema, o a las aplicaciones concretas del actual sistema para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sí me gustaría significar dos cosas. En primer lugar, es un ejemplo del problema que ha dado en llamarse asimetría entre la capacidad de gasto y la capacidad de ingreso.

Desde luego, y pese a no haber asumido todavía algunas de las más importantes competencias en capacidad de gasto que se derivan de las previsiones del Pacto Autonómico del año noventa y dos, y fundamentalmente la referida a la educación no universitaria, es evidente que la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en los últimos años, ha incrementado poderosamente su capacidad de gastar, contando -como todos ustedes saben- en el año noventa y seis con un presupuesto consolidado de gastos de 413.000 millones de pesetas, en los cuales se engloban también los recursos procedentes de la Unión Europea, dentro de la Política Agraria Común.

No obstante las rigideces y los condicionamientos de toda política autonómica de gasto, es evidente que en nuestro propio Presupuesto, en la estructura de nuestro Presupuesto, puede destacarse un desequilibrio entre esa capacidad de gastar y la correlativa capacidad de ingresar de nuestra Administración regional, entendidas ambas capacidades como margen de actuación, margen de autonomía, en las decisiones que afectan al final al ingreso o al gasto.

En efecto, y prescindiendo de lo que es la política de endeudamiento autonómica, nuestra financiación autonómica procede fundamentalmente de las transferencias del Estado, vía participación en los ingresos del Estado, vía Fondo de Compensación Interterritorial, así como de las transferencias de la Unión Europea.

Por el contrario, en lo que se refiere a los tributos propios, que son sobre los cuales sí que tenemos, efectivamente, alguna capacidad normativa y plena capacidad de gestión y de recaudación, éstos únicamente representan el 2% de nuestros ingresos. Mientras que los tributos cedidos, sobre los cuales tenemos la capacidad de gestión, y que son, fundamentalmente -como todos ustedes saben-, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Impuesto de Patrimonio, el Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos y la Tasa del Juego, éstos no representan más allá del 12% de nuestros ingresos. Se pone así de manifiesto un desequilibrio -esa asimetría a la que he hecho referencia-, que hay que corregir para que, indudablemente, la Comunidad Autónoma... las Comunidades Autónomas pueda decirse que adquieren plena mayoría de edad y que adquieren también ante los ciudadanos plena responsabilidad: se responsabilizan tanto de la política de gasto como de la política de ingreso.

Por lo que se refiere específicamente a la actuación en nuestra Comunidad Autónoma de los instrumentos de compensación, y teniendo en cuenta... de los instrumentos de solidaridad, y teniendo en cuenta que el mandato de solidaridad es un mandato constitucional, a mí me gustaría significar las siguientes tres cuestiones.

Existe, como todos ustedes saben, y lo desarrolla... lo prevén los Artículos 156 y 158 de la Constitución, y lo desarrolla el Artículo 15 de la LOFCA, aquí se ha hablado hoy de una previsión del establecimiento de unas asignaciones para la nivelación de unos servicios mínimos iguales, elementales y fundamentales para todos los ciudadanos españoles, con independencia de su lugar de residencia. Pues bien, es necesario significar que, estando previstos en la Constitución del setenta y ocho y estando previstos en la Ley Orgánica -que es del año ochenta-, los sucesivos Gobiernos socialistas -y es preciso significarlo- no han tenido la voluntad política ni cívica de desarrollar este instrumento. Bueno, esto es importante significarlo.

Y es más importante significar que en la última normativa que produjo la prórroga del Presupuesto se determinó, en reconocimiento de una pretendida deuda histórica y como anticipo a cuenta precisamente para esta nivelación, el envío o la transferencia de importantes recursos a dos Comunidades Autónomas, curiosamente gobernadas por dirigentes socialistas.

Por lo que se refiere al Fondo de Compensación Interterritorial, se ha puesto también aquí de manifiesto cómo el Fondo ha ido decreciendo en los últimos años, y, desde luego, con sus recursos no cumple para nada la finalidad en principio prevista por él mismo. Y esto se ha producido, fundamentalmente, porque la política presupuestaria del Gobierno de España, del Gobierno de todos los españoles, de nuestro Gobierno, ha determinado que la inversión real del Estado -que es la que marca el volumen global del Fondo- no haya podido crecer en los últimos años y que, además, dentro de ese Fondo hayan entrado en la cuota de reparto algunas otras Comunidades Autónomas.

De esta manera, el Fondo de Compensación Interterritorial ha decrecido porcentualmente para Castilla y León, es menos importante, y, por tanto, este instrumento de solidaridad tampoco funciona.

Y no hablemos ya del Fondo de Compensación... perdón, del Fondo de Cohesión, porque algún otro Portavoz se ha hecho eco del reparto o de la distribución regional, porque, efectivamente, ése es un fondo estatal que viene a compensar el esfuerzo que los estados inferiores al 90% de la media europea hacen para la convergencia. Pero la distribución interna sí tiene que producirse con arreglo a criterios de solidaridad, y no es de justicia, no es de solidaridad, que los mayores recursos del Fondo de Cohesión se distribuyan a regiones que, indudablemente, superan ese 90%.

Vemos, por tanto, las deficiencias del sistema de financiación actual. Vamos al nuevo sistema, al sistema que se deriva claramente, expresamente, de los pactos firmados entre el Partido Popular y las fuerzas nacionalistas, y especialmente Convergencia y Unión.

En primer lugar, el nuevo sistema -y aquí se ha dicho- es necesario, porque estamos en un período transitorio, una prórroga del anterior, y, por lo tanto, en cualquiera de los casos sería necesario establecer un sistema de financiación para el período noventa y siete-dos mil uno.

En segundo lugar -y se ha dicho también, y es preciso recordarlo-, será un sistema pactado. Esto es: los acuerdos no tienen aplicación directa, deberán ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, desde luego, las Cortes Generales, a través de la modificación de los instrumentos legales -la Ley del Impuesto y seguramente la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas-, las que determinen la aplicación práctica del nuevo sistema. Pero es que el pacto establece expresamente que se buscará el consenso entre la Hacienda central y las Comunidades Autónomas.

En tercer lugar, se basará este sistema en los principios constitucionales que desarrollan los Artículos 156 y 158, especialmente suficiencia financiera, solidaridad y coordinación.

En cuarto lugar, persigue dos objetivos prioritarios, que son: garantizar, por una parte, la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas a través de eficaces mecanismos de corresponsabilidad fiscal. ¿Y cuáles son éstos? Pues, desde luego, tanto la capacidad normativa que se transfiere a las Comunidades Autónomas sobre los tributos cedidos, como la cesión o la participación en ese 30%, tanto en la capacidad normativa como en la capacidad de gestión, sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Pero también -y aquí se ha puntualizado-, de la misma manera, la participación efectiva de las Comunidades Autónomas en la dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como un instrumento fundamental para la financiación de las Comunidades Autónomas, cual es la participación de las mismas en los pagos a cuenta del Impuesto, lo que va a mejorar sustancialmente los grados de financiación.

Y, en segundo lugar, va a perseguir garantizar el principio de solidaridad. Y yo quiero que quede también expresamente, y quiero reiterar lo que el pacto, lo que el acuerdo con Convergencia y Unión establece meridianamente al respecto, y que, desde luego, es un compromiso que, reproduciendo sustancialmente las previsiones del Artículo 15 de la LOFCA, tenemos que atribuirle al menos la presunción de buena y la presunción de voluntad de desarrollo, en la medida en que se establece el principio de solidaridad interregional que se materializará -dice textualmente el acuerdo- en la igualación de los servicios esenciales a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia, valorando las diferencias de coste de la prestación de los servicios y, desde luego, el diferente grado de desarrollo.

Éstas son, en definitiva, las líneas generales de un nuevo sistema de financiación que a nosotros, ciertamente, nos convence y que nosotros entendemos -con el Presidente de la Comunidad-, ciertamente, que aporta y que va a aportar indudables ventajas prácticas para nuestra Comunidad Autónoma.

Pero es que, para finalizar, me interesa significar también que este modelo de financiación es un modelo que el Grupo Parlamentario Popular, que el Partido Popular de Castilla y León sometió tanto a debate como, desde luego, al criterio y al parecer de los ciudadanos de esta Comunidad hace ahora tan sólo un año. Porque, indudablemente...

(Murmullos.)


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Porque, indudablemente... Porque, indudablemente, señores... señoras y señores Procuradores...

(-p.981-)

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor.


HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Es bueno refrescar, es bueno refrescar la memoria, y yo lo voy a hacer acudiendo a un texto que para nosotros, para el Grupo Parlamentario Popular, es muy importante, cual es el programa con el cual el Partido Popular se presentó a las elecciones autonómicas del año noventa y cinco.

Y yo quiero subrayar aquí la perfecta consistencia entre el modelo de financiación que prevén, en términos generales, los Acuerdos de Investidura y Gobernabilidad firmados recientemente con el modelo de financiación autonómica que los cincuenta Procuradores aquí sentados estuvimos defendiendo por Castilla y León y sometimos a los ciudadanos de esta Comunidad, y -lo reitero- obtuvo el respaldo de la mayoría absoluta de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.

Y para refrescar... y para refrescar la memoria a los integrantes, fundamentalmente, de mi Grupo Parlamentario, yo quiero significar cuáles eran los cinco grandes ejes en torno a los cuales giraba -y eso está en ese texto, que desde luego nadie me va a poder negar-, giraba aquel modelo de financiación que nosotros ofrecíamos a los ciudadanos de Castilla y León, y que comenzaba con un frontispicio que significaba que no puede hablarse de verdadera autonomía política sin que exista autonomía financiera. Y esas cinco claves eran las siguientes.

En primer lugar... y que además determinan nuestro compromiso con Castilla y León. Y yo vuelvo a repetir que es plenamente coherente con unos pactos que nosotros apoyamos hoy también aquí.

La primera clave era el total desarrollo del Pacto Autonómico del año noventa y dos y la equiparación competencial.

La segunda... y estoy haciendo referencia textual a ese documento que para nosotros significa un compromiso y un contrato con los ciudadanos de esta tierra, la segunda era el incremento de los niveles de autonomía financiera a través de un verdadero sistema de corresponsabilidad fiscal -no como la cesión vía transferencia anterior del 15% del IRPF-, y mediante la cesión tanto de capacidad normativa como de capacidad de gestión.

En segundo lugar, la nivelación de servicios fundamentales, y en especial aquellos que afectaban a la dispersión territorial de nuestra Comunidad Autónoma y a la edad de nuestros ciudadanos.

En cuarto lugar, la reforma en profundidad del Fondo de Compensación Interterritorial, incrementando tanto su volumen como los criterios de distribución. Y es muy importante significar, porque también es recordar -y hay que remitirse a las actas del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando en el año noventa se reguló nuevamente el Fondo de Compensación Interterritorial-, que fue la Junta de Castilla y León, que fue el Consejero de Hacienda entonces de la Junta de Castilla y León el que, desde luego, sostuvo la necesidad de que se incorporaran, como criterios de distribución del Fondo de Compensación, elementos tan favorables a nuestra Comunidad Autónoma como, ciertamente, la dispersión territorial y la superficie territorial, frente a los criterios de predominio de la población, que fueron los establecidos por el Gobierno Socialista. Eso hay que significarlo también.

Y finalmente... y finalmente, una reforma en profundidad, tanto de los criterios de distribución del Fondo de Cohesión, como de lo que debe ser la participación de las Comunidades Autónomas en la gestión, en el seguimiento y en la ejecución de los distintos programas que se someten al mismo.

Todo ello determina, a nuestro juicio -y con esto voy concluyendo, señor Presidente, Señorías-, que nosotros manifestamos nuestra conformidad con el sistema de financiación previsto en sus líneas generales por los pactos de investidura y gobernabilidad. Que nosotros exigiremos, lógicamente, a la Consejera de Economía y Hacienda, que habrá de sentarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera con los Consejeros de las demás Comunidades Autónomas y con el Ministro de Economía y Hacienda y de Administración Territorial, exigiremos, indudablemente, que se defiendan los criterios coherentes con ese pacto y coherentes con nuestro compromiso con Castilla y León, porque entendemos que nosotros debemos defender, desde luego, esos compromisos.

Y con carácter general, nosotros entendemos también que se ha establecido una dialéctica errónea, una dialéctica... yo pienso que no acertada, no ajustada, entre Comunidades ricas y Comunidades pobres, entre Comunidades más desarrolladas y Comunidades menos desarrolladas.

Señorías, yo estoy convencido -e, indudablemente, tendremos la oportunidad de examinar cuáles son las variables y también cuál es la proyección retroactiva de este sistema, de este nuevo sistema de financiación-, yo estoy convencido que lo que se va a primar a través de este sistema de financiación es a las Comunidades que tengan voluntad de crecimiento, a las Comunidades que efectivamente crezcan, más que a las que no crezcan; a las que tengan capacidad de crecer. En definitiva, a las que progresen y no a las que no progresen.

(-p.982-)

Y yo he de significar aquí, para finalizar -y también se han dado los datos por alguno de los intervinientes anteriores-, que esta Comunidad Autónoma durante los últimos cinco años ha tenido capacidad de crecimiento, ha tenido capacidad de acercarse... Efectivamente estamos por debajo de la media nacional en riqueza, pero hemos tenido la voluntad, y también la realidad, de dar un salto adelante y, desde luego, de crecer, de crecer casi cuatro puntos en lo que es nuestra renta regional en relación a la media nacional.

Por eso, yo me atrevo a decir, a significar aquí, que el sistema de financiación, en el cual hemos centrado gran parte del debate de esta tarde, no solamente presenta ventajas conceptuales de todo tipo, no solamente es consistente con un compromiso que los populares tenemos con Castilla y León, no sólo va a determinar una mayor coherencia con los principios constitucionales que establecen la autonomía financiera como indisoluble de la autonomía política, sino que, además, va a determinar efectos económicos positivos para Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Señor Presidente. Señorías.

Quiero comenzar mis palabras de réplica agradeciendo el tono de respeto con que el Grupo Popular -fundamentalmente-, el Grupo Socialista y el Grupo Mixto han manifestado... han escuchado las intervenciones de un representante legítimo, como es el señor Quijano. Respeto que es de lamentar que no se produzca siempre en todos los casos, incluso acusando con palabras como "cobardía" públicamente, o palabras por el estilo, propias -por qué no decirlo- de los políticos mediocres.

Yo quiero contestar en un tono de mesura, para romper o para aclarar algunas de las incertidumbres de la intervención, en primer lugar, del señor Quijano, sobre lo que fue un debate que en algún caso tuvo contestación en el propio Parlamento Nacional, en el Debate de Investidura.

Ha comenzado calificándome de "actor secundario", "las consignas de recibo, de mi condición y de mi Grupo". Mire usted, señor Quijano, se lo he dicho en la prensa y se lo repito: he sido actor de piedra, convidado de piedra durante cinco años; culpa de su Secretario General del Partido, que nunca me llamó. He sido actor secundario, obligatoriamente, durante el Gobierno Socialista. No lo estoy siendo en éste. Pero, fíjese usted, no lo estoy siendo yo ni lo va a ser el señor Bono, ni lo debe de ser el señor Bono, ni el señor Chaves. Porque tenemos un concepto distinto de la construcción autonómica, en el que hay que escuchar a todos, cosa que ustedes no escucharon. Y en algún caso ha tenido algún atisbo en su intervención, incluso, de reivindicación hacia esta Comunidad -que ha estado en silencio durante cinco años-, que me satisface, aunque haya un Gobierno popular a nivel nacional. Tenga usted el coraje de seguir en esa línea, y me encontrará. Y me encontrará -tenga la plena certidumbre- con el mismo respeto y la misma lealtad que tuve con el Gobierno Socialista.

Ha comenzado hablando de competencias mezcladas en materia laboral. En materia laboral, mire usted, dirá lo que quiera, pero este Gobierno no tiene competencias en materia laboral; no tiene competencias en materia laboral en el gran marco de lo que es la regulación de las relaciones laborales. Este Gobierno no tiene competencias en empleo y en acción formativa. No las tiene, no las tiene. No se enfade, señor Granado, no las tiene. No las tiene. No las tiene y queremos tenerlas, y vamos a reivindicarlas. Y vamos a reivindicarlas: queremos competencias en materia de empleo y acción formativa.

Pero bueno, ¿se puede explicar que aquí se califique la Ley de Suelo, cuando en todas las conferencias sectoriales el señor Borrell prometió la Ley del Suelo y lleva cinco años sin hacerla? No, no. Luego me lo explique aquí por qué ocurren estas cosas.

¿Por qué no puedo yo aplicar la política de protección a la natalidad? ¿Por qué? ¿A ver? ¿En un impuesto, como es el Impuesto de Renta de Personas Físicas? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo yo apoyar la política de mecenazgo y de apoyo al patrimonio en la política de rentas? ¿Por qué no? Dígame usted por qué no.

Usted dice: "presumiblemente sean las sociedades o las personas físicas". ¿Por qué las sociedades? Eso será su interpretación, no la mía.

Mire usted, el gran problema de todo esto es que, en estos pactos, esta Comunidad y la de Castilla-La Mancha van a ser escuchadas en el Fondo de Cohesión. Aquí se ha dicho. Van a ser escuchadas. Que no han sido escuchadas. Que ustedes nos han dado 238.000.000, siendo la Comunidad más extensa de Europa. Que han dado a otras Comunidades 60.000 millones. Que hay que decirlo, y ustedes están en silencio. Pero ¿se puede aguantar que esta Comunidad haya tenido...? Fíjense, Señorías: los Fondos de Cohesión que vienen a España, en virtud de que esta... España, en su conjunto, tiene una renta inferior al 90% de la media europea. Vienen a España, los vertebra, los asume el Gobierno de la Nación y se distribuyen en Comunidades por encima del 90% de la renta. ¡Eso es su Gobierno! ¡Eso ha hecho su Gobierno! Eso es así.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Habla usted de transparencia de los pactos. Los pactos se pueden asumir o no se pueden asumir, pero son pactos transparentes, son pactos transparentes. E incluso ha habido la osadía -y me satisface que estuviera hace un rato el Alcalde de Salamanca escuchándonos-, ha habido la osadía de, porque no estaban en los pactos, sacar alguno a colación: el tema del Archivo de Salamanca. ¡Nadie sabe con qué propósitos perversos!

(-p.983-)

(Risas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ¿Qué es eso de descalificar los pactos, hasta que hay un dirigente nacionalista que dice: "oigan ustedes, como sigan por ese camino, saco la artillería pesada"? A partir de entonces, silencio absoluto. ¡Esto es así!

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ¿Por qué estaba en contra del 15 y del 30 y... y no del 30%? Mire usted, yo le puedo hacer una tesis doctoral de hemerotecas, declaraciones maravillosas de todos ustedes sobre las bonanzas del 15%, que no era corresponsabilidad fiscal, que era un cuento chino.

Y le voy a decir más: no puedo yo hacer un examen -como usted ha pedido- de las previsiones de lo que resulte del 30%, pero vamos a hacer un análisis -y que sí tengo datos-, vamos a hacer un análisis. (Todo esto es hemeroteca, señor Quijano, del 15% alabanzas, ¿eh?)

Pero, fíjese usted, voy a hacer unos datos, voy a hacer unos datos... unos análisis de... escúchelo, que es muy importante esto.

Vamos a hacer un análisis de lo que ocurre en esta Comunidad con el 30% y lo que ocurría con el 15%. ¿Es bueno el sistema anterior de financiación o es malo? ¿Es bueno o es malo el actual? Aparte... quédese grabado con este principio, porque lo ha matizado... aquí me parece que ha sido algún Portavoz del Grupo Mixto, y yo creo que ha sido de Izquierda Unida, y muy acertadamente el Grupo Popular. Los criterios de solidaridad no se va en un tramo de IRPF. Los criterios de solidaridad van en el Fondo de Compensación Interterritorial que ustedes han reprimido estos seis últimos años: 128.000 millones, desde el año noventa y uno al noventa y seis congelados por el Gobierno Socialista. El Fondo de Compensación Interterritorial, que es el arma de la solidaridad de las Comunidades, ustedes lo han congelado. ¡Ustedes han congelado el Fondo! ¡Ustedes han distribuido con criterio de "amiguitis" el Fondo de Cohesión! ¡Ustedes han distribuido los Fondos FEDER con criterios de amistad política!

(Aplausos. Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): No sabemos lo que puede pasar sobre la evolución de la renta en Castilla y León en los próximos años, pero, fíjese usted, hemos analizado cuál sería el resultado para Castilla y León de aplicar el modelo de corresponsabilidad a los años noventa y cuatro y noventa y cinco, que eso sí que lo sabemos datos fehacientes, ¿eh?, aquí nada de en barbecho, datos fehacientes. Para ello, en este estudio hemos partido del PIE, de la Participación de Ingresos del Estado de mil novecientos noventa y cinco, y la hemos actualizado en el año noventa y dos, para conseguir así un dato homogéneo para todas las Comunidades Autónomas. Tengo el de todas las Comunidades Autónomas; luego se lo paso con mucho gusto.

Es decir, obtenemos... obtenemos la Participación de Ingresos del Estado que hubiéramos recibido en el año noventa y dos, si entonces hubiéramos tenido las competencias que tenemos en el año noventa y cinco. Es decir, hay que tratar con elementos homogéneos.

El criterio de actualización de todos los casos ha sido el criterio de evolución del PIE, es decir, de la Participación de Ingresos del Estado. De esta forma, la Participación en Ingresos del Estado del año noventa y dos fue de 68.238 millones de pesetas -esto es recibido fetén, tome usted nota para que lo pueda comprobar-; 68.328 millones. Este tramo se ha dividido en dos. De esta forma, se garantizaba la neutralidad financiera del sistema del noventa y dos; es decir, el 15% de la cuota líquida del IRPF en el año noventa y dos, que hubiera sido 34.000 millones, y el PIE resultante de restar de los 68.000, los 34.000, es decir, 33.000.

A partir del año noventa y dos, el importe que cobraría cada año Castilla y León sería la suma de los dos conceptos, es decir, el 15% de la cuota líquida del IRPF de cada año declarada en Castilla y León, que del año noventa y cuatro el 15% de la cuota líquida fue de 40.263 millones... Le tengo hasta las previsiones del noventa y cinco, que todavía no se sabe porque no hemos hecho la Declaración de la Renta, que es del 43.000 -fíjese usted en la evolución-, del 40 a 43.000, del noventa y cuatro al noventa y cinco. Pero el 15% del año noventa y cuatro es exactamente de 40.263 millones de pesetas, más la Participación de Ingresos del Estado -que sigue otro criterio distinto-, que es la evolución real del Producto Interior Bruto; es decir, sería 37.075. La suma de ambos conceptos, 40.263, más 37.075, serían 77.000 millones, que se ha comparado en el año noventa y cuatro con lo que realmente recibió Castilla y León por la PIE en este año, que fue de 75.000 millones de pesetas en el año noventa y cuatro; actualizado con las competencias homogéneas del noventa y cinco, lo que hace un total de 75.000 millones.

Es decir, que nosotros si hubiéramos seguido el sistema anterior en el año noventa y cuatro, hubiéramos seguido el sistema anterior, en el año noventa y cuatro hubiéramos recibido, recibimos realmente 291.000.000 -fíjese usted, porque había tope, si no teníamos 91.000.000 de déficit-; 291.000.000. El sistema anterior proporcionaba a esta Comunidad, ha proporcionado, efectivamente, 291.000.000. Fíjese usted, esto contra los 60.000 que le hablaba antes, lo que es esto de un cuento chino...

(-p.984-)

(Risas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Doscientos noventa y un millones. Si nosotros hubiéramos seguido el sistema de corresponsabilidad, aplicando ese mismo criterio de la evolución, desde el noventa y dos, teniendo en cuenta los dos factores -el 15% de la cuota líquida que sigue la riqueza de la Comunidad más el PIB (que es la media española, que sigue otro criterio)- hubiéramos obtenido, exactamente, 1.915 millones más.

Es decir, nosotros, 291 frente a 1.915. Pero en el año noventa y cinco se agudizan las diferencias; 766.000.000 hemos recibido del PIE; 766.000.000 hemos recibido con el sistema de financiación anterior. Sí hubiéramos aplicado -estoy hablando hipotéticamente, que no estaba- el mismo sistema que ahora queremos para el futuro, hubiéramos obtenido 2.884 millones. Es decir, casi 4.000 millones más en estos dos años por el sistema actual al sistema anterior.

Esto es el dogma ¿eh?, señor Quijano.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor. Silencio Señorías. A nadie le está dado interrumpir a quien está en el uso de la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Esto es el dogma. Es decir, el nuevo modelo de financiación de las Comunidades.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Presidente, disculpe un momento. Señorías, les ruego no interrumpan a quien está en el uso de la palabra. El Portavoz de su Grupo tiene, a continuación, un turno de réplica, en el que podrá contestar al señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Los señores Procuradores deben de saber que la cuestión principal que se puede suscitar es ¿cuál será el efecto concreto -que parece que es lo que piden- para Castilla y León de la cesión del 30% del IRPF? Y se la he dicho. La me... fíjese usted que no hablo de otros conceptos, ni de la participación en Europa -que es muy importante-, ni de los Fondos de Cohesión, que no hablo nada más que lo que es este sistema de beneficioso para la Comunidad.

Dice usted, los topes; habrá que establecerlos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, o no establecerlos. Eso será el Consejo quien lo fije; pero no me diga usted que los fije yo aquí ahora, porque no están en el pacto. No están en el pacto. Pero eso no significa que para mí sea malo ¿eh?, porque si esta Comunidad logra en el año noventa y seis -como es previsible- colocarse a la cabeza de su Producto Interior Bruto, esta Comunidad recibirá mucho más dinero por este sistema.

(Voces. Murmullos.)

El año que venga llevará las garantías oportunas, pero... -yo, señor Presidente, pediría un poco protección-.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, insisto una vez más; y me van a obligar a llamar al orden a todo el Grupo Socialista.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): En ningún caso se podrá afirmar -con carácter general- que las Comunidades pobres saldrán perjudicadas con el nuevo sistema, y que las ricas saldrán beneficiadas; por el contrario, sí se puede afirmar que las Comunidades que más crezcan se beneficiarán más que las que menos crezcan.

Ambos conceptos, aunque se quieran confundir, no son idénticos. La renta bruta por habitante de Castilla y León supone el 87,4 de la media europea. Sin embargo -también se ha dicho aquí-, del periodo noventa y cuatro al noventa y cinco, se ha mejorado en tres puntos -alguna parte alícuota tendrá este Gobierno-. Se ha mejorado en tres puntos en este aspecto; es decir, hemos pasado del 84 al 87. Por eso, Castilla y León se hubiera beneficiado si la aplicación de este sistema de corresponsabilidad se hubiera aplicado ya en el pasado.

Conocer los crecimientos futuros es una mera hipótesis, Señorías; en todo caso, depende de la capacidad que tengamos los castellanos y los leoneses de trabajar por nuestra tierra y de confiar en el futuro. Nosotros, al menos este Gobierno tiene confianza en esta Región; y no nos asusta la corresponsabilidad fiscal. En el pasado nos hubiéramos beneficiado, y esperemos que, si acertamos en el camino a seguir y mantenemos la actual senda de crecimiento sostenido, sigamos beneficiándonos en el futuro.

Las estimaciones de crecimiento para el noventa y seis ya nos sitúan entre las primeras Comunidades Autónomas. Pero, incluso, aunque hubiera alguna Comunidad que no saldrá perjudicada, también está el principio -al que antes aludió usted mismo-, que es un principio también de solidaridad.

No sé qué más decirle. La solidaridad y la Autonomía son conceptos que no deben mezclarse. La Autonomía se garantiza a través de los tributos cedidos, de una participación de los ingresos del Estado y la solidaridad, a través del Fondo de Compensación de los Fondos Estructurales, de los Fondos de Cohesión y Adhesión y de las asignaciones de nivelación.

(-p.985-)

La cesión del 30% del IRPF garantiza la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas, pero no afecta a la solidaridad del sistema; los instrumentos de la solidaridad permanecen a través del Fondo, el Artículo 15 de la LOFCA, el Fondo de Cohesión y los Fondos Estructurales.

Fíjese usted, quiero acabar... -me ha hablado usted de los länder, conviene que se repase usted también lo de los länder-. Fíjese usted, el sistema del reparto fiscal de los länder ¿saben cuál es?, no sólo del impuesto sobre la renta -aunque no tenga facultades normativas-, pero es el sistema federal -fíjese usted-, el 42% va al Gobierno Federal, el 42% va a los länder, y el 15% va al nivel local.

Dirá usted ¿y el impuesto de sociedades? Es que también se distribuyen en los länder impuestos sociales, ¡que aquí no se ha tocado! El 50% va a nivel federal y el 50% va a los länder. ¿Y el Impuesto del Valor Añadido? ¡Si es que también participan los länder!; pero le voy a decir más -para que tome usted nota en la réplica-, nunca, nunca, en ninguno de estos impuestos, puede modificarse por la voluntad estatal -federal, en este caso-, porque hace falta la participación del Bundesrat, donde están los representantes de los länder, de las Comunidades Autónomas que defienden los intereses de esas Comunidades en esa Cámara Territorial que todavía soñamos en Castilla y León.

Había tenido aquí una última intervención, que es importante, cuando se defendía... no al 15%, y sí al proyecto de financiación anterior. Y en esta Cámara se dijo, el tema, la clave, que no la he oído yo aquí, y está claramente, no en el 15%: el tema está en el 85% restante del que también participamos. Y, si los catalanes recaudan más, y los madrileños recaudan más, y los valencianos recaudan más; los castellanos y leoneses, por la participación en los ingresos del Estado, en el 85% restante -aquí habría que hablar del 70%-, también recaudamos más.

Luego, si todas la Comunidades son más eficaces -algunas más eficaces que otras; y luego, entraré en este tema-, el conjunto de los recursos, ingresos del Estado, del que participamos -no sólo del 15%, sino también el 85% restante- todas las Comunidades -si hacemos buena gestión todos y cada uno de los responsables- saldrán beneficiadas. Estas palabras son del señor Jiménez Ridruejo que, a lo mejor, no sabe usted quién es.

Yo, en conclusión, quiero manifestar el respeto, naturalmente, a algunos de los puntos manifestados por otros Grupos.

Respecto a la intervención de Izquierda Unida en la profundización del Estatuto de Autonomía, se ha insistido ya en este Hemiciclo hasta la saciedad, pero yo lo manifiesto ahora también -para que tome notas, si le conviene, al Portavoz-.

Este Gobierno es partidario de profundizar en la Autonomía hasta los límites constitucionales; este Gobierno no es partidario de emprender -que tuvo ya ejemplos y no triunfaron- acciones en solitario, de modificación estatutaria que obligue a que se paralice el tema en la Cámara Alta cuando no hay consenso entre los Grupos mayoritarios que, como Ley Orgánica, necesita ser aprobado.

Y este Gobierno participa en la aceleración del proceso del pacto autonómico que hemos firmado hace tres años, lo más rápidamente posible. Y cuando finalice ese proceso, es partidaria de asumir, con voluntad de consenso, un nuevo pacto que haga que esta Comunidad asuma competencias en áreas tan importantes como son la sanidad y otras áreas que en este momento no tenemos competencias.

Me pide usted, señor Herreros, que me retire. Tenga usted la certidumbre que me retiraré cuando mi Grupo o los hombres de Castilla y León me retiren el apoyo.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Si, pero parece que las cosas no van por ese camino.

(Risas. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Y agradezco el tono de la señora Farto, respecto a hacer una posible... a una España sin deferencias, sin diferencias, que hace referencia a los principios de solidaridad -de los que hemos hablado mucho-. Participo de su inquietud, de los apoyos a las Pymes; o de aspectos internacionales -que no son del caso, pero que está bien resaltarlo-, como es la defensa de los pueblos del norte de África, fundamentalmente del mundo saharaui; o los derivados de otros viejos accidentes y graves incidentes de la España de la Transición, fundamentalmente del síndrome tóxico.

Y, al señor Otero, participo, plenamente también, de esa paralización del proceso del FCI; pero, dígame usted, no sé de dónde ha sacado el dato de que 1.600 millones va a recibir menos la Diputación. No lo entiendo. Yo he leído el pacto minuciosamente y no está. Eso será una conclusión que saca usted "a sensu contrario" -que no participo de ella-. Y si hace falta defender ese dinero de la Diputación, me tiene a mí también detrás ¿eh?, me tiene a mí detrás. Que no pasa nada porque haya un Gobierno Popular, y éste sea un Partido Popular; este Gobierno obra con dos criterios: máxima lealtad y máxima autonomía, téngalo usted presente.

No se rasguen pues, señor Quijano, las vestiduras, porque tenga en cuenta que si algo va a poner evidencia es que ustedes van a reclamar un trato y una posición a la que, hasta ahora, se han plegado con una sumisión realmente sonrojante. Nada más Presidente, muchas gracias.

(Aplausos. Murmullos.)

(-p.986-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señores. Para turno de réplica, por diez minutos, tiene la palabra el señor Quijano, del Grupo Socialista.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Siguiendo el hilo de su intervención, pues yo también empezaré hablando de respeto. Mire, por mucho que mi Grupo Parlamentario pueda hacer en ese sentido -mientras yo lo dirija-, seremos unos alumnos desaventajadísimos, desaventajadísimos, si nuestro modelo de actuación parlamentaria fuera el que nos han enseñado durante toda esta Legislatura.

(Aplausos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Pero, le propongo, le propongo un trato: respete usted más a la Cámara compareciendo más, y le garantizo que de mi Grupo Parlamentario no saldrá una voz en su próxima comparecencia.

(Voces. Murmullos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Se lo garantizo. ¡Hombre!, entienda, que si su próxima comparecencia se produce dentro de otros cinco años o cuatro o tres -como nos tiene acostumbrados-, pues haya sensibilidades "a flor de piel". Entiéndalo; y hagamos ese trato, y verá cómo es respetado íntegramente por mi Grupo Parlamentario.

¡Hombre!, no haga -permítame la expresión- demagogia fácil con cosas que son más serias. Yo creo que usted tenía que haber empezado por responder individualizadamente a cada Portavoz. Éstas son las reglas habituales del estilo parlamentario. Hasta el señor Presidente del Gobierno actual -yo creo que poco aficionado a esto del Parlamento, según aquí nos demostró largamente- lo ha hecho en el debate de Investidura. ¡Hombre!, no sea usted menos, porque eso también sería una muestra de respeto a la Cámara y a lo que cada Grupo representa y significa dentro de la Cámara.

Yo conozco su estrategia. Ha preferido esperar hasta el final; aguantar el chaparrón; mandar por delante -ya que estamos con símiles taurinos esta tarde- al mozo de espadas; y, al final, hacer la típica faena de aliño, mezclando esta especie de énfasis -yo creo que bastante innecesario en la mayoría de las cosas-, y esas gotitas de demagogia populista con la cual, eligiendo un poco de acá, otro poco de allá, y otro poco de allá, introduciendo cuñas, pues se termina quedando bien. Mire, yo soy incapaz de seguir esa estrategia; quizás sea una cuestión de diferencia de talante personal, pero yo soy incapaz, créamelo. Por eso, le digo algo que le dije: cuando le dije lo del actor secundario, no estaba queriendo hacer un desmerecimiento personal; todo lo contrario. Porque yo creo sinceramente que usted merece mucho más en esta coyuntura: si usted ha aportado -lo dice usted cada vez que tiene ocasión- un verdadero granero de votos, mal que me pese a mí, tenía toda la legitimidad para haber jugado un papel de actor principal; y en película hablada, no en película muda.

Pero, puestos a hacer la comparación, pues yo quiero hacerla. Miren, en la Legislatura anterior, el asunto de la financiación autonómica se llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera sin que antes hubiera pies forzados previos, y cada uno hizo lo que le pareció en defensa de los intereses de su Comunidad. Y mi compañero y buen amigo, el Presidente de la Junta de Extremadura, tomó la posición que tomó y mis compañeros catalanes tomaron la posición que tomaron. Supongo que eso a usted le gusta porque indica que cada Presidente autonómico defiende los intereses de su Comunidad por encima de todo. Probablemente, si ustedes hubieran aplicado ese criterio, usted debiera haber dicho mucho más de lo que ha dicho, y el señor Fraga no debería haber retirado el recurso de inconstitucionalidad.

Todavía hay posibilidades de comparación, por tanto. Y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera estaban todos. Y allí todos son actores primarios y cada uno ejerce su voto y se posiciona. Yo creo que ustedes se posicionaron mal con aquella abstención tan difícil de entender; y la prueba es que cuando han echado números con el sistema anterior -repito, con topes, que eso es principal-, pues han llegado a la misma conclusión que nosotros: que estábamos perdiendo. Ahora le daré las cifras al respecto, porque también conviene saberlo.

Bueno, ahora, cuando llegue el debate al Consejo de Política Fiscal y Financiera ¿qué va a pasar? Imagínese usted que, después de examinar el tema a fondo, yo le he propuesto algún mecanismo para que fijemos posición de la Comunidad Autónoma -no sólo del Gobierno Regional-, y para que la llevemos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si fuera posible aquí llegar a un consenso. Pongo un ejemplo sólo: imagínese que llegamos a la conclusión -yo creo que llegaríamos fácilmente a esa conclusión- de que la existencia de topes es buena porque impide que juegue en exceso el principio que a mí antes, en mi primera intervención, me pareció perjudicial, que es que quede más renta allí donde se genera más renta; porque eso no es solidario, y porque eso impide hacer solidaridad efectiva desde el Estado con los demás. Me parece que el tema es bastante sencillo.

(-p.987-)

Imagínese que llegamos aquí a un consenso para que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera nuestra Comunidad -a través de la señora Consejera- defienda que hay que poner topes; y que, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el representante de la Generalitat de Cataluña dice que no acepta eso porque no está en los pactos. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Contésteme exactamente a eso porque, a partir de ahí, sabremos hasta dónde se está dispuesto a la defensa de los intereses de la Comunidad, y a lo del actor secundario o a lo del actor principal. Ahí es donde se vería. Lo otro, la visita más o menos rápida... yo creo que a usted ya le tenía que haber recibido el señor Aznar, si las cosas fueran como deben, antes -quizá- que al señor Ardanza; es una opinión, porque me imagino que está más cerca en el afecto. Y quizá, debiera de haber unos Ministros más de la Región. A mí no me hubiera parecido nada mal que usted hubiera sido nombrado Ministro; no me hubiera parecido nada mal. Pero las cosas han ido como han ido; reconozcámoslo. Y, por tanto, pues olvidemos ese "tic" que yo creo que no nos va a conducir a nada. Esto vale para usted y vale para el "mozo de espadas" de esta tarde, que ha hecho...

(Risas. Aplausos.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ...que ha hecho en eso especial insistencia.

¡Hombre!, competencias laborales y de empleo. O yo he perdido totalmente la memoria -cosa que no me extrañaría-, o he formado parte de la Comisión Mixta de Transferencias en esta Legislatura pasada y he apoyado con mi voto -pondré por testigo al señor León de la Riva, y no me dejará por mentiroso en esto- que hemos firmado la transferencia a la Comunidad Autónoma de la competencia de ejecución de la legislación laboral; y, en virtud de eso, hay una Dirección General de Trabajo en la Consejería del señor Villanueva. Entonces, si yo ahora tengo que partir de la base de que no tenemos ninguna competencia laboral -y hemos firmado determinadas competencias en ayudas al empleo-, y tampoco tenemos eso, ni cooperativas ni nada; pues tendré que concluir como antes: que esta Comunidad Autónoma es una realidad virtual, porque si no, no lo puedo entender. Tenemos esas competencias, como las tenemos en ordenación del territorio y del suelo; por eso es tan difícil hacer una legislación estatal en materia del suelo, porque hay competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas. Y la ley que habría que hacer, señor Jambrina, sería una ley armonizadora de competencias de Comunidades Autónomas; y no sé yo si están los tiempos para muchas leyes armonizadoras desde el Estado, habida cuenta de las competencias en costas, etcétera, que ciertas Comunidades van a tener (y todos nos entendemos, sin que salga de aquí).

Bueno. Sigue insistiendo en que, con las deducciones del IRPF manejadas desde esta Comunidad -"manejadas" no tiene ningún sentido peyorativo-, utilizadas con la competencia normativa de la Comunidad, se podrá hacer natalidad, mecenazgo, potenciar inversiones, etcétera. Dice: ¿por qué no personas físicas?; ya sé que ahí iba a escaparse por uno de esos tintes demagógicos. Yo distinguí mecenazgo y natalidad, perfectamente. Puede ser, yo tengo mis dudas -ya lo dije antes- de que hoy -tal como están los tiempos- haya una familia en esta Comunidad que se decida a tener el tercer hijo por las veinte mil pesetas de deducción de la declaración de la renta -si es que llegan a veinte mil pesetas-. Porque no sé si podremos poner deducciones, no sea que poniendo deducciones, al final, sufra el costo efectivo de los servicios que tenemos que mantener como Administración Regional. Ésta es la ventaja comparativa de otros, que podrán jugar con deducciones con mucha más facilidad; porque su cálculo global, su participación global y su recaudación global es superior a la nuestra y se podrán permitir lujos que quizá nosotros no nos podamos permitir.

Ahora, pensar que las inversiones hidráulicas en medio ambiente o en turismo las hacen personas físicas individuales, yo creo que es desconocer la realidad. Miremos... no digo las de reforestación o propietarios individuales de tierras, que esas van por otra vía, no, digo a efectos de deducción, vía desgravación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo la intervención.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Voy haciéndolo. Miremos las estadísticas; y las estadísticas no nos dicen que ahí, predominantemente, haya persona físicas invirtiendo, sino sociedades. Pero el equívoco no me extraña: en una reciente entrevista en un medio de comunicación, decía usted que había que conseguir que tributaran aquí los que aquí generan renta, "fueran personas físicas o empresas eléctricas" (frase literal en una entrevista en "El Norte de Castilla" hace dos domingos; por ahí lo tengo si lo quiere comprobar). Mire, yo no sé de ninguna empresa eléctrica que sea persona física; de ninguna, ni las habrá en toda España ni en todo el mundo. Por tanto, no haga demagogia con estas cosas serias. El Impuesto de Sociedades no le vamos a tener cedido, ni en el treinta ni en el quince; por tanto, seguir insistiendo -como lo ha vuelto a hacer aquí- en esa línea, pues es hacer pura y simplemente demagogia.

(-p.988-)

Fondo de Cohesión, solidaridad, etcétera. Mire qué pieza de museo más maravillosa. Yo pude acceder, aquí lo traigo vía un medio de comunicación, pero pude acceder -casualidades del destino- al texto que su Partido elaboró en uno de los momentos cumbres de la negociación como propuesta para Convergència i Unió. Había este párrafo: "la solidaridad se materializará en la igualación de servicios esenciales a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia; y, por tanto, exigirá transferencias de nivelación en favor de las Comunidades Autónomas que por su menor nivel de renta dispongan de una más reducida capacidad fiscal". La clave del asunto: ¡Oh, casualidad!, este párrafo no está en el texto definitivo de los acuerdos. La información del periódico -que juzgo válida- dice que se suprimió a instancias de Convergència i Unió. Probablemente eso lo explique todo. Ésa era la referencia precisa a lo que nos interesa; y la salida de ese párrafo lo dice todo. A partir de ahí, pues, todos los compromisos particulares que usted quiera sobre la base del enorme afecto con el actual Presidente del Gobierno y esta Comunidad -que comparto, aunque sea en tono menor que el suyo-. Pero, la solidaridad: en el sistema; como antes dije. Pensar que la solidaridad va a venir de compromisos añadidos en la época en que vamos -de recortes- es estar jugando con fuego, y no estar diciendo la verdad de lo que va a pasar. Por eso desapareció ese párrafo; y por eso yo quiero que me dé una explicación; y por eso quiero que me diga si conoció los avatares de la negociación, cuándo desapareció ese párrafo, si usted mantuvo alguna posición al respecto, etcétera, etcétera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por segunda vez, le ruego concluya.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Lo hago brevísimamente, pero, entenderá...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Con la advertencia de que al tercer aviso le saco el pañuelo rojo, siguiendo el símil.

(Risas.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ...entenderá el señor Presidente que, como tengo tarea doble, porque el Portavoz del Grupo Popular acostumbra a pensar que el compareciente he sido yo -no me hubiera importado, pero como lo hace así-, pues déme un poco de relajo y de flexibilidad para poder hacerlo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Un minuto más.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Los datos que le decía en Fondo de Cohesión y en lo que hubiera supuesto el 15%. Mire, en el Fondo de Cohesión no maneja buenas cifras; yo creo que no lo hará conscientemente. Mis datos dicen que en los años noventa y tres, noventa y cuatro, y noventa y cinco, con Fondo de Cohesión se ha financiado inversión por 23.500 millones de pesetas; y la aportación ha sido de 9.381 millones. Le puedo dar el listado, proyecto a proyecto, de dónde se ha hecho esa inversión. Me comprometo; lo tengo ahí, y se lo puedo dar a continuación.

¿Qué nos hubiera pasado -y voy terminando- de no haberse abstenido con el 15% anterior? En el año noventa y cuatro el mínimo garantizado, porque había topes por arriba y por abajo, 293.000.000 lo percibido; el máximo garantizado hubieran sido 1.172. Diferencia, año noventa y cuatro: 879.000.000 que perdimos. Noventa y cinco: el mismo cálculo, 1.853 millones que perdimos. En el noventa y seis corregimos la onda -seguramente viendo lo que venía-, y hemos percibido 2.481 millones recuperados (cuando cambiamos la posición de la abstención al voto favorable).

¿Sabe, sin topes, lo que hubiera percibido Cataluña en esos tres años? 24.000 millones de pesetas, en cifras redondas. A partir de ahí, vea la diferencia entre que haya topes o no; y verá que esto es mucho más importante de lo que a primera vista pudiera parecer. Y una corrección final, ¡hombre!, dice usted, "quizá los topes no nos vengan bien en este año noventa y seis, en que parece que vamos a crecer mucho en el Producto Interior Bruto, por efecto de la buena cosecha". Yo siempre he dicho que no me parece bien que nuestro Producto Interior Bruto dependa sistemáticamente de la divina providencia; no me parece bien, pero en fin. Y yo le preguntaría, ¿y si el año siguiente hay otro año de sequía, volveríamos a pedir topes? Hombre, pero me imagino que ésas no serán las reglas del juego, ¿qué va a decir Convèrgencia i Unió a esto?

(Risas.)


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ¿Que este año sí, porque le interesa a usted; y este año no, porque no le interesa? Dirá que todos los años no, porque a ellos no les interesa ningún año.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Quijano, sintiéndolo mucho, he sido condescendiente...


QUIJANO GONZÁLEZ: Y

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Y el pacto está ahí...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...le debo retirar la palabra; le ruego vuelva a su escaño.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene la megafonía cortada, señor Quijano.


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Quijano le ruego... Señor Quijano, le ruego, le ruego ocupe su escaño, tiene la megafonía cortada. Señor Quijano, le ruego, por segunda vez, que ocupe su escaño.

(Murmullos. Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Hombre, ha sido... Lleva dieciocho minutos ya.

......


QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ¿Quince segundos para decir sólo una cosa?

Me he comprometido a quince segundos para decirle que le hice una oferta de consenso y una serie de preguntas; sigue en pie. Y espero todavía que eso tenga alguna respuesta. Muchas gracias.

(Aplausos.)

(-p.989-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Herreros, cuando quiera tiene la palabra para réplica.


HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Presidente de la Junta de Castilla y León, yo tenía pensado salir aquí y simplemente ser tan poco cortés con este Portavoz como usted... perdón, con usted, con Su Señoría, como usted lo ha sido con este Portavoz; pero, yo creo que nos estamos jugando cosas importantes. Y da igual que usted siga acumulando méritos para que nos ratifiquemos en la expresión inicial que hacíamos, de entender que cada vez va dando más argumentos que no corresponden en absoluto a un Presidente de un Gobierno, por muchos votos que tenga, ni por mucho apoyo parlamentario que sigan teniendo.

Le decíamos anteriormente que la forma de actuar no es la adecuada; usted lo sigue ratificando. Pero no me puedo contener, primero, en responder -porque creo que debe de ser así el debate parlamentario-; y segundo, porque ha habido cuestiones -a mi juicio importantes- que ya en la primera parte Su Señoría ha vertido aquí, y que son, a mi juicio, un elemento fundamental para entender que esta Comunidad Autónoma queda -en virtud de su pasividad- condenada a no evolucionar en las mismas condiciones que el resto de las Comunidades Autónomas.

Decía en la primera parte de su intervención: "La posibilidad de un nuevo pacto autonómico para ampliar competencias es lo que debemos de esperar"; y aseveraba en la segunda parte "porque ya tenemos experiencia de ir en solitario y no haber obtenido una rentabilidad de esa acción política". Insisto, y de verdad que no es ningún tipo de satisfacción el tener que decirlo, ¿somos nosotros menos que la Comunidad Autónoma de Aragón? ¿Somos nosotros menos que la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Había unas coordenadas diferentes en el pacto autonómico del noventa y dos -pueden ser de esas secretas que se dicen siempre y después no aparecen-, que les haya permitido acceder a una reforma del Estatuto de Autonomía? ¿Y que le haya llevado incluso a hacer un planteamiento explícito, por parte del hoy Presidente del Gobierno, en el debate de Investidura diciendo: "Reforma del Estatuto de Autonomía con todo el techo competencial para Canarias y para Aragón"? A nosotros nos alegra extraordinariamente, porque está en el marco de referencia de ese Estado federal que nosotros pretendemos, pero ¿cuál es la razón última? Explíquenosla. Que no acabamos de entender, en absoluto, que se pueda seguir manteniendo que nosotros somos sujetos aparte; que los demás sí pueden acceder a esos criterios, a esos planteamientos... Cuando yo he intentado demostrar anteriormente, a través de la lectura expresa de la Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas, la importancia que tiene precisamente el techo competencial y las demandas competenciales, cuando se estaba planteando aquí... incluso cuando se hablaba de la deuda histórica -y algunos lo contemplan en su Estatuto de Autonomía-, nosotros no queda muy claro; sí queda claro en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, pero ¿por qué nosotros no podemos acogernos a esa misma circunstancia y a esa misma situación? Bueno, pues porque simplemente no quieren; porque ahora sí hay mayorías. O es que, ¿qué pasa?, ¿que es contrario a aquello que yo les anunciaba de que sólo era para la Investidura y en virtud de los objetivos que se planteaban los pactos? Un detalle, Coalición Canaria hoy ha suscrito una solicitud de comisión de investigación, junto con otras fuerzas políticas que nada tienen que ver con los que han suscrito los pactos, ni Convergència i Unió -sí en este caso PNV porque coincidía también- ni el Partido Popular, porque es absolutamente lógico. Y ¿cuál es la razón, entonces, que nos impide a nosotros plantearnos esa reclamación?

(-p.990-)

Señor Presidente, deja absolutamente supeditado su planteamiento a un asunto que no tiene ningún tipo de virtualidad ni posibilidad de salir adelante; y es la vinculación nostálgico-afectiva para conseguir que haya mecanismos que compensen. ¿Por qué me lo tengo que creer yo? ¿Cuál es el argumento que me permita llevar al convencimiento de que, efectivamente, da lo mismo? Lamento que no esté la Consejera de Economía -y no lo digo como reproche porque no esté-, pero ella misma ha dicho en varias ocasiones "Si lo menos importante es el tramo del 15% o del 30% o del 80% del IRPF; lo más importante precisamente es la capacidad normativa", ¿quién va a tener capacidad normativa? Todos; supuestamente. Pero, ¿quién va a poder ejercerla? Aquellos que tengan los suficientes recursos para, en un momento determinado, decir "yo voy a bajar mi capacidad impositiva para que nuestros ciudadanos estén en mejores condiciones o voy a subirla". Si nosotros estamos en esas carencias, de las que se ha hecho aquí alusión constante, ¿cómo vamos a modificar a la baja? ¿Por la vía de esperar a ver si los mecanismos de compensación? Nosotros decimos, sí a la corresponsabilidad fiscal, sí al 15%, al 30%, a lo que ustedes quieran; pero, tiene que haber unos topes. Y, sobre todo, tiene que haber una cuestión en la que no quiere entrar absolutamente nadie: no se puede seguir haciendo brindis al sol en función de la solidaridad. Es imposible. O se hace una regulación estricta de una normativa que contemple esas cuestiones que decía el propio Portavoz del Partido Popular y Su Señoría, por las cuales podemos demandar que haya una solidaridad en virtud de los Fondos de Compensación Interterritorial, de los Fondos de Cohesión, de los Fondos Estructurales y demás; o, de lo contrario, lo único que vamos a hacer es estar en las mismas circunstancias en las que estábamos anteriormente. Y en las circunstancias en las que estábamos anteriormente ¿estábamos mal? Yo he traído aquí también una batería... porque parece ser que hoy estamos todos dispuestos a una batería de documentación que, en un momento determinado, pueda esgrimirse; pero a mí sí me gustaría que, si se reconoce tal cual, se diga por qué el pacto PP-CiU se equilibrará con fondos distintos al IRPF; porque si no hay ningún otro mecanismo, en esta misma documentación se esgrime como argumento que Madrid nos ha tratado muy mal durante toda la etapa anterior.

¿Cuál es la razón, en última instancia, que le lleva a decir al Banco Bilbao Vizcaya que adoptar el sistema vasco a todo el Estado costaría 1,7 billones de pesetas, lo que pone de relieve sus ventajas? Se respeta, está contemplado en la legislación. Pero ésta misma es la razón que les está llevando en estos momentos a Convèrgencia i Unió a decir "nosotros queremos también ese concierto económico o ese 100% llamado de otra manera"; y no puede ser, absolutamente imposible conseguir que por los mecanismos que aquí se esgrimen se pueda llegar a esos criterios igualitarios. Decía: Cataluña recibirá 269.000 millones más en cinco años. Señoría, según los cálculos que hacía usted -y además en este caso coinciden precisamente con los que nosotros tenemos-, 3.798 millones de pesetas a mayores por la financiación del pacto, sobre la financiación autonómica vigente, supondrían en cuatro años 12.000 millones de pesetas más; y nosotros mientras esperando a que se acuerden de nosotros. Pero, ¿y cómo voy a creerme yo que alguien se puede acordar de nosotros, si aquí ustedes firmaron un pacto, y no tuvieron el coraje de defenderlo para que se llevase a la práctica? ¿Cómo me voy a creer yo que eso va a ser así, si aquí han estado precisamente revoloteando en el ambiente político que iba a haber cuatro Ministros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León? ¿Cómo me voy a creer yo cuando tienen que salir diciendo -y además de forma textual- "Lucas acepta la cesión del IRPF como un mal menor para poder acceder a las grandes inversiones del Estado", no desmentido hasta el momento presente. "La Junta acepta el reto de recibir Educación en dos años, y pide acelerar las otras veinte competencias pendientes". Y así, sucesivamente, tienen que ir recordando que se nos adeudan 200.000 millones de pesetas. Pero ¿qué hemos hecho entonces, mientras? Prácticamente, hemos estado mirando al sol; hemos mantenido esa actitud de pasividad, que yo sigo diciendo que es de negligencia, y que en ningún caso va a traer como consecuencia el que se produzca una corrección de este cúmulo de disparates en que puede terminar lo que es específicamente la vida política, la vida financiera, y la vida de desarrollo y cohesión social para nuestra propia Comunidad Autónoma.

A mí me gustaría, si le parece y lo tiene a bien -y si no, se seguirá incrementando eso que entendemos una falta de cortesía-; pero sí le hemos hecho una serie de preguntas, sí le hemos hecho una serie de planteamientos, sí queremos que nos explique, en definitiva, si esto es efecto de la asimetría -que nunca quisieron entender y que ahora esgrimen como filosofía política-, porque, si es así, hemos de decírselo a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma. Entendemos y aceptamos que la asimetría signifique que haya cesión y corresponsabilidad fiscal; pero, en ningún caso, que haya normas claras que permitan garantizar la solidaridad, la nivelación, la deuda histórica y demás elementos que puedan permitir que la mayor parte de los hombres y mujeres de esta tierra puedan seguir teniendo esperanza; o, por el contrario, le reclamen lo que nosotros le hemos venido reclamando en todos los últimos puntos a los que yo hacía referencia anteriormente. Y que es la revisión del fondo; que es la regulación estricta de la solidaridad; que es la incorporación de todos los fondos posibles en ese sistema de financiación; que es la cuantificación de la deuda histórica -si es que ya lo saben-; que es la tramitación efectiva de los compromisos derivados del Pacto Autonómico del noventa y dos -pero escritos-; y, por supuesto, que es un plan de empleo más/menos como el que se ha suscrito con Canarias; que es, lógicamente, la reforma del Estatuto de Autonomía, del Senado; y rescatar, en definitiva, los compromisos que aquí se habían establecido y de los cuales no quiere hablar para nada, quiere olvidarlos. Nosotros no los vamos a olvidar; nos parecen también muy importantes, porque vienen también a avalar la pasividad, la dependencia de que usted hace gala, y que, en definitiva, va a condenar a nuestra propia Comunidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, muchas gracias, señor Herreros. Señora Farto, tiene la palabra.


FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Y con mucha brevedad. En primer lugar, a lo largo de todo este debate creo que ha quedado patente la indefensión de los ciudadanos que no cuentan entre sus representantes a ciertas minorías políticas que pudieran ser en un momento determinado llave; o, en otro orden de cosas, a partidos con fuerza en Madrid. Y ése es el desafío que ustedes -señores del Partido Popular- deben de cumplir hoy.

Seamos sinceros, creo que Castilla y León sale perdiendo; y que los castellanos y leoneses salen perdiendo a raíz de los Pactos de Legislatura. Pero la importancia del debate no es tanto la que tenga hoy, como lo que va a ocurrir a lo largo de toda esta Legislatura, mientras dure. Lo que los ciudadanos de Castilla y de León y del resto de España no se pueden levantar todos los días con la noticia de si se reduce el Presupuesto que desde el Gobierno de la Nación llega hasta esta Comunidad, hoy en Patrimonio o, mañana, en Medio Ambiente.

Hablaba usted, señor Presidente, de la construcción autonómica. Y no iba a caer hoy en hablarle de la construcción autonómica, pero simplemente decirle que se escucha a todos la construcción autonómica menos al pueblo; y eso quedó patente cuando el otro día esta Procuradora se quedó sola votando algo que pedía que el pueblo fuera escuchado.

(-p.991-)

En cuanto a los Pactos de Gobernabilidad, han dependido o van a depender... el desarrollo de cada Comunidad Autónoma va a depender, en concreto, de la fuerza de los hombres y mujeres de cada Autonomía; o mejor, de la fuerza y la presión que cada partido en cada Autonomía sea capaz de hacer en Madrid. Y ése es el reto que los partidos de ámbito nacional tienen, y que tienen que cumplir con él, porque hasta ahora no han cumplido: elegir entre la disciplina de partido o elegir entre el compromiso con los ciudadanos.

Y por último, decir que sirva esta intervención mía para ofrecer mi humilde ayuda... como ya he hecho públicamente, a través de los medios de comunicación, con el tema del archivo de Salamanca; que, diga lo que diga, señor Presidente, creo que no está excesivamente claro; pero vamos a dejarlo ahí esperando que no ocurra más. Quiero -digo- ofrecer mi ayuda para construir, en la medida de lo posible, esta Comunidad Autónoma; no porque esté de acuerdo con ella -ustedes lo saben bien-, sino porque en esa medida también construiré la circunscripción que represento. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Otero, tiene ahora la palabra.


OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Brevemente, también, dado lo avanzado ya del debate, de la hora, y el cansancio de los señores Procuradores.

Me alegro que hayan aparecido las cifras en este debate, porque nosotros veníamos con unas cifras aproximadas, como es evidente, y veíamos que en todas las intervenciones de los Portavoces no había cifras; había declaraciones de principios, había dogmas, había... pero no había cifras. Es evidente que no pueden ser exactas, pero pueden ser aproximadas. Me alegro, señor Presidente, y tengo interés en conocer esas cifras que usted ha traído aquí.

Me da la impresión, si lo entendí muy bien, que se trataría de calcular cómo hubiera sido la financiación de esta Comunidad Autónoma en mil novecientos noventa y cinco, en la hipótesis de que ya se hubiera cedido ese 30% del IRPF.

Y creo que también entendí, señor Presidente, que hubiéramos mejorado; es decir, un poco, que los ingresos hubieran sido ligeramente superiores; la financiación, los ingresos para financiar esta Comunidad hubieran sido ligeramente, ligeramente superiores.

Eso me recuerda y me trae a la memoria lo que dijo el señor Bono en León -el Presidente de la Junta no solamente estaba presente, sino que estaba a su lado, porque fue el presentador-, cuando se refería a la sorpresa con la que, efectivamente, se encontró cuando vio que con la cesión del 15% habían recaudado para su financiación un poco más. Eso le alegró; pero cuando luego lo comparó con el resto de las Comunidades Autónomas, se dio cuenta de que otras Comunidades Autónomas habían recaudado mucho más. Y eso, evidentemente, no es solidaridad porque, en lugar de estrechar las diferencias, aumentaba las diferencias entre las Comunidades Autónomas.

En todo caso, me alegro de conocer esos datos, que tampoco nos llevan a la conclusión de que la cesión es buena para Castilla y León; al menos ahí está la duda, y en la duda estamos. No nos atrevemos a afirmar, en términos absolutos, lo contrario; nos parece, en principio, que es mala, pero el tiempo lo dirá.

Y porque, además, aunque se recaude un poco más para financiar la Comunidad de Castilla y León, es que vamos a recibir menos porque el Estado va a ingresar menos dinero, va a repartir menos dinero; porque al Estado le va a llegar un 30% por menos, que me parece que es 1,6 billones de pesetas. Luego eso no lo puede repartir directamente vía transferencia, inversiones, gastos, etcétera, entre toda la geografía nacional y, por tanto, entre las Comunidades Autónomas.

En fin, mecanismos de compensación. Fondo de Compensación Interterritorial; no creo en él, porque la cuantía es muy pequeña y porque en época de recorte es que no... no veo yo de dónde va a salir más dinero para Fondo de Compensación Interterritorial. Tampoco en los Fondos de Nivelación cuando estamos en época de restricción. No veo tampoco que la capacidad normativa en las Comunidades Autónomas sirva para compensar, porque, al final, va a ser muy similar; las normas que dicten las Comunidades Autónomas van a ser muy similares. Es que lo contrario sería muy peligroso: sería crear paraísos fiscales, sería crear o, por lo menos, atentar contra el principio de igualdad, pagando más impuestos unos ciudadanos que viven en una Comunidad que otros que viven en otra Comunidad vecina. Por tanto, creo que la capacidad normativa -que está bien- va a ser muy similar en todas las Comunidades Autónomas.

Y sí, los Fondos de Cohesión, los Fondos Estructurales, pues ya veremos a ver qué pasa con ellos. La verdad es que... dejarlo todo, dejar toda la solidaridad de una Nación a la espera de "a ver cómo se pueden repartir los Fondos de Cohesión"; me parece excesivamente aventurado. ¡Veremos a ver! ¡Veremos a ver!

(-p.992-)

Y, para terminar, simplemente referirme a una cuestión... a la que usted también se refirió en su turno de réplica, y es al tema de las Diputaciones Provinciales. Me da la impresión de que no me ha entendido, señor Presidente. No forma parte de los pactos el darle menos dinero el Estado a las Diputaciones Provinciales; es una consecuencia de los pactos que se han firmado; es una consecuencia de la cesión del 30% del IRPF. Y trato de explicarme: el presupuesto de las Diputaciones, en el capítulo de ingresos, tiene un concepto que se llama "Participación de los Tributos del Estado"; es decir, provincia de León, por ejemplo, tanto me das -dice el Estado-, en proporción a eso yo te voy a dar. Efectivamente. Pero ahora es que el Estado va a recibir menos dinero, el Estado va a recibir menos dinero porque el 30% ese lo va a recibir, pero se lo va a dar a la Comunidad Autónoma; luego no va a devolver a las provincias lo que estaba devolviendo antes -el 30% ese ya lo tiene la Comunidad Autónoma-, luego va a tener menos dinero para darle a las Diputaciones Provinciales.

Si en el último Presupuesto fue, o se cuantificó en 9.850 millones de pesetas anuales, ahora el Estado, que va a ingresar menos en ese concepto de "Participación en los Tributos del Estado", a la Diputación le va a restar -una vez cedido el 30%- 1.650 millones de pesetas; porque de la provincia de León, efectivamente, no ingresa eso, lo ingresa la Comunidad Autónoma.

Por consiguiente, lo que yo quiero es que su Ejecutivo nos asegure -no solamente a los leoneses, sino a todos; porque Diputaciones en Castilla y León hay en todas las provincias- que si efectivamente eso se produce y las Diputaciones por eso van a recibir menos dinero por ese concepto de "Participación en los Tributos del Estado", tanto pierdan, la Junta se lo compense, que es la que va a salir beneficiada por esas cantidades.

Y eso será, además, un ejemplo del deseo de la Junta de Castilla y León de potenciar las Diputaciones -algo en lo que tengo muchas dudas-; a mí, más bien me da la impresión -es una opinión- de que a ustedes lo que les gustaría es... hombre, despacio y poco a poco, pero ir eliminando las Diputaciones; es otra Administración a la que ustedes me parece que no le ven mucho sentido y lo ideal sería ir... ir eliminado las Diputaciones -señor Herrera, ya voy terminando, no me voy a alargar más-.

Simplemente eso: que ustedes garanticen a las Diputaciones que si por los pactos van a perder dinero en su financiación en beneficio de ustedes; ustedes les transfieran anualmente todas las cantidades, o toda la cantidad -peseta a peseta- que cada una de las Diputaciones pierde. Porque le digo, es muy importante; para una Diputación como León 1.600 y pico millones es una cantidad muy importante, de la cual no puede prescindir. Con 1.600 millones menos en un presupuesto de 18.000 escasos, la verdad es que sería ahogar a la Diputación Provincial, y como a ella, a todas las demás.

A eso me refería al aludir a la preocupación que nos produce esa restricción para las Diputaciones Provinciales. Nada más. Y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Herrera, ¿renuncia al turno? Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta para dúplica y terminar, y cerrar así el debate.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Gracias, señor Presidente. Muy rápidamente, para intervenir en este turno de dúplica, para matizar algunas de las cuestiones que, tal vez, hayan sido objeto de una interpretación sesgada o incorrecta.

En primer lugar, acabo... o recojo la última intervención. Es que, señor Otero, usted hace una interpretación sesgada de que porque se reduzca la participación de los ingresos del Estado -estamos hablando de futuro, cuando tengamos competencias en Educación y demás-, la Administración Central va a a entregar menos dinero a las Diputaciones; es que no me cabe esa hipótesis. Porque tenga usted en cuenta que ese dinero se reduce de la propia Comunidad Autónoma, que se reduce en la misma cuantía -en algo, esperemos que menor- en la participación de los ingresos del Estado; es decir, el Estado no da ese 15% "a más" de lo que está dando, sino que lo quita del renglón donde está la participación en los ingresos del Estado. Ése es un concepto que... Por consiguiente, el tema no afecta, para nada, a las Diputaciones Provinciales.

Efectivamente, si hay un 30% que gestionan las Comunidades, el efecto redistribuidor -en principio- del Estado podíamos decir que se ha sometido a revisión. Pero es que el Estado no cumple su efecto redistribuidor del Presupuesto a través de un tramo de un impuesto, sino que es a través de todo impuesto; y, desde luego, hay colchón más que suficiente para que ese efecto de solidaridad y de redistribución se cumpla sobradamente. Un 15%, que es un porcentaje mínimo en un impuesto -aunque sea un impuesto tan importante como el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas-, pues, naturalmente, no debe, no puede generar un efecto perverso a la hora de ser solidario el Estado con las Comunidades que más lo necesitan.

Señor Herreros, efectivamente, Canarias y Aragón han llegado a unos límites en los que nosotros podremos avanzar cuando haya esa misma voluntad política por parte de las mayorías bastantes para que los proyectos salgan adelante. A mí ése es un tema... que ellos no han esperado, todavía, a que se desenvuelva plenamente el documento que se firmó en el noventa y dos; que yo creo que había que esperar; y que yo creo que la velocidad que hay que imprimir al proceso de profundización autonómica tiene que ser una profundidad, una velocidad lo suficientemente prudente como para que no se desquicie el sistema. Pero, en cualquier caso, le he dicho: en los límites constitucionales, con la ampliación competencial de un futuro pacto en materia sanitaria y en otras áreas que todavía no tenemos competencias, este Gobierno, desde luego, está dispuesto a hacerse partícipe de los mismos.

(-p.993-)

Solidaridad y suficiencia financiera son dos conceptos en juego, no hay que confundirlos. Nosotros estamos aquí hablando, en este momento, de suficiencia financiera. Y hablamos de solidaridad; y decimos que el nuevo sistema de financiación, en sí mismo, he demostrado que ha sido bueno en estos años de atrás, y pretendo que sea bueno cara al futuro. ¿Y qué va a pasar en el futuro? ¿Por qué vamos a frustrar incluso el propio coraje y el propio dinamismo de nuestros agricultores, de nuestros industriales, de nuestros trabajadores, para creer que esta Comunidad puede ir a más? ¿Hará falta un colchón, un tope mínimo? Pues, si hace falta, naturalmente que soy partidario de él.

Pero, fíjese usted, le he dicho que este impuesto y este tramo no es el que debe entrar en juego a la hora de hablar de solidaridad; que hay otros caminos -que estoy, desde luego, dispuesto a presionar hasta el límite de lo posible-, como pueda ser el Fondo de Compensación Interterritorial, cuya cantidad es irrisoria; como pueda ser a través de los fondos Feder; como pueda ser a través de los Fondos de Cohesión; como pueda ser a través del Artículo 15 de la LOFCA; como pueda ser a través del mal... tema llamado malamente "deuda histórica", que creo que también esta Comunidad tiene algo que decir. Quiero decir que ésas son las armas de la solidaridad. Pero este impuesto, en sí mismo, no es insolidario.

Y dice usted, señor Quijano, dice: "No, es que el tope mínimo eran 290; y son mil y pico". ¿Sabe usted que nos dieron 290 porque no llegábamos al mínimo?

EL SEÑOR.......: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): No, perdón, no por la abstención, no por la abstención.

Le voy a decir una cosa: el tema del 15, ¿por qué no decirlo?, fue un tema que alguien obligó al Partido Socialista a firmar, como quizá haya obligado al Partido Popular ahora.

(Murmullos. Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Perdona... Pero era un tema para esta Comunidad peor que el actual, y menos autonomista, y menos... con menos capacidad de autogobierno, y con menos capacidad de autofinanciación. Y el Pacto, el Pacto, en sí mismo, es un pacto infinitamente más bondadoso, suponiendo... que a mí me ha causado alarma, señor Quijano, cuando el señor Pujol ha dicho: "Cuidado con la solidaridad, que hablo". Ese tema genera un silencio sepulcral en el Partido Socialista. Me gustaría saber qué quería hablar; me gustaría saber qué quería decir el señor Pujol. ¿Usted no lo sabe? Yo tampoco. Pero, desde luego, nada bueno, seguro. Cuando él amenazó que tenía artillería pesada, el silencio fue sepulcral.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Me dice usted que por qué no intervengo de manera individualizada. Mire usted, los debates se plantean con un respeto al Reglamento de la Cámara, y se interviene con unos criterios de oportunidad política. Yo he visto muchas veces al señor... bueno, muchas veces no, porque iba poco; pero he estado en dos Legislaturas en el Congreso y he visto al señor González, y contestaba en bloque cuando quería, y cuando quería no; cuando quería sí y cuando quería no. Y le he visto también recibir "elogios" -entre comillas- cuando lo hacía de manera conjunta.

Quiero decir que... Dice usted: comparecencia aquí. ¿Por qué no se fija usted en las Comunidades que tienen mayoría absoluta? ¿Por qué no participan ustedes en la reforma del Reglamento, no cara a la prensa ni cara a la galería, sino con voluntad de una reforma seria? ¿Qué Comunidades tienen ustedes mayoría absoluta ahora? Castilla-La Mancha. ¿Pero es que ha celebrado alguna vez algún debate autonómico el Presidente de Castilla-La Mancha? ¿Es que ha intervenido...? No señor. ¿Es que ha intervenido aquí alguna vez...? ¿Ha intervenido alguna vez el señor Presidente de Castilla-La Mancha?

EL SEÑOR......: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Bueno, no me diga usted que es malo, que es muy bueno.

Mire usted, el planteamiento global... Dice usted que tenemos Trabajo. No podemos regular el marco laboral, porque las competencias son estatales. Y no tenemos Empleo, no se engañe; y no tenemos la Acción Formativa Ocupacional del Inem, que yo creo que lo tendremos en el curso de dos años.

Me habla usted del impuesto... que he dicho Impuesto sobre las Rentas... Impuesto de las Eléctricas. ¿Y por qué no? Me dice usted: "Las eléctricas no son personas físicas". ¿Y qué me importa a mí? Pero opera también ese factor a la hora de determinar la productividad de Castilla y León. Oiga usted, es que no estoy hablando sólo del tramo del 15%. Aunque no hubiera habido ninguna cesión del 15%, yo exigiría que todas las personas que sacan su renta de esta Comunidad tributen en esta Comunidad. Renta de las Personas Físicas, Impuesto de las Sociedades en las personas jurídicas. Me da igual. Pero sin que tenga ninguna repercusión; simplemente porque tiene también unos condicionantes en los baremos económicos de la Comunidad, no lo dude usted. Y que no es lo mismo que las sociedades tributen en esta Comunidad que tributen fuera, tengas o no tengas competencias en un tramo del IRPF.

La negociación exige renuncias. Usted lee aquí un tramo sigiloso... perdón, un párrafo sigiloso, de que no se incluyó; se incluyó lo importante, que es decir que todas las Comunidades están equiparadas en servicios mínimos. ¿Hay que reproducirlo...? ¿Hay que reproducir eso cada cinco líneas? El principio está señalado.

(-p.994-)

Yo voy a concluir, señor Presidente, diciendo que este Gobierno -y me atrevo a decir como Presidente del Grupo también- vamos a ser un Gobierno reivindicativo como nunca lo han sido otros Grupos ante un Gobierno del mismo color. La misma solidaridad, la misma lealtad y la misma reivindicación. Enseñanzas en ese tema: ninguna. Yo creo que vamos a ser leales, que creemos que el acuerdo en su conjunto... -y me lo demuestra su intervención, con términos taurinos-; es difícil su intervención hoy -créame, señor Quijano-, salvo el refugio en algunos apartados que no constituyen el Pacto, diciendo si tiene topes, si no tiene topes. Pero su faena de hoy no ha sido tampoco la de Joselito de ayer, por ir al terreno torero, tampoco ha sido... porque es un tema realmente difícil el de poder defender.

El Pacto es bueno; es bueno en sí mismo y es bueno para la Comunidad. Es bueno porque he visto que... he advertido que aporta a esta Comunidad unos efectos económicos positivos, es bueno porque se reforma la estructura periférica del Estado, es bueno porque las Comunidades Autónomas fortalecen su autogobierno, es bueno porque participamos en la voluntad del Estado a través de los Fondos de Cohesión y los Fondos Feder, es bueno porque esta Comunidad va a tener capacidad de regulación de los impuestos cedidos, es bueno porque mantiene los principios de solidaridad estatal. Es bueno, señor Quijano, de verdad. Y yo creo que algún socialista me lo ha dicho: es sorprendentemente bueno, es sorprendentemente bueno. Y si me dicen a mí que este Pacto se iba a firmar con un partido al que alguien -cuando era dificultosa la firma- había advertido: "No, el Partido Popular nunca negociará con los partidos nacionalistas, porque es un partido de la derecha, ese partido apestado y...". Pacta; y se le maldice. ¿Pero qué es esto? Ésta es la verdad; esto es lo que ha ocurrido.

En cualquier caso, en la defensa permanente de los intereses de la Comunidad, en la defensa de los principios que inspiran el Pacto y en la esperanza de que el Pacto genere una renta importante en nuestro Producto Interior Bruto en los próximos años, este Pacto, señor Quijano, señor Herreros, señor y señora del Grupo Mixto, es un Pacto bueno para esta Comunidad. Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Presidente. Entramos en el segundo punto del Orden del Día, que enunciará el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Segundo punto del Orden del Día: "Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la política de museos de la Junta de Castilla y León, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para la...

(Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Por favor, Señorías, silencio. Para la presentación de la Moción, por el Grupo Parlamentario tiene la palabra don Cipriano González. Señorías, por favor, abandonen el hemiciclo en silencio.


GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, Presidente. Señorías, espero que ya con un poco más de relax y con un poco menos de público, vamos a empezar la Moción como consecuencia de la Interpelación que el Grupo Socialista hizo en el tema de museos.

Me gustaría empezar, señor Garabito, diciéndole que teníamos razón cuando en la Interpelación le dije que tenía usted el dial un poco descompensado. Porque todo el mundo sabía... hasta en Estados Unidos se sabía dónde iba a ir el Centro de Arte Contemporáneo, ¿verdad? Usted parece que... nos dijo aquí que no. Pues bien, ya lo sabemos, lo sabemos todos; teníamos razón dónde iba a ir.

La impresión que este Parlamentario sacó del debate sobre los museos es que el Grupo Parlamentario Popular mantenía una actitud que yo puedo denominar como autista. Es decir, nada, en absoluto, de lo que aquí se dijo le pareció bien, nada de lo que nosotros aportamos le pareció correcto; se mantienen en su tesis, se mantienen en sus formas, se mantienen en sus mayorías. Pues bien, nosotros entendemos que ése es un derecho legítimo que tienen en su mayoría, pero, razonablemente, entendemos que cuando hay datos -como yo espero mostrar ahora- en relación a las distintas proposiciones, que deberían de ser ustedes más coherentes entre lo que proponen y lo que hacen; que yo creo que es aquí el problema. Nosotros podemos llegar a estar de acuerdo en muchas de las cosas que dicen que van a hacer; luego, la realidad es que, cuando vemos lo que hacen, no nos podemos entender.

Pues bien, yo les voy a leer a ustedes un pequeño párrafo, que estoy seguro que ustedes van a entender de quién... quién lo leyó o quién lo dijo en su momento. Dice: "Por otra parte, en materia de museos de interés para la Comunidad que no sean de titularidad estatal, uno de los objetivos prioritarios es el desarrollo reglamentario de la Ley de Museos. Se hará especial hincapié en el desarrollo del Sistema de Museos de Castilla y León como instrumento fundamental de coordinación y cooperación, en el que se integrarán los centros dependientes de la Junta y los que voluntariamente se quieren adherir. Así, se propiciará un especial apoyo para los centros incluidos en el Sistema de Museos, que -sin duda- saldrán beneficiados de su incorporación. También se creará el Museo Etnográfico...", bla, bla, bla, todo lo demás.

Esto lo decía la señora Consejera, lo decía la señora Consejera en la presentación de su programa. Pues bien, estamos hablando del día siete de septiembre, y nos estábamos refiriendo a una Ley que se había aprobado en el año noventa y cuatro. Pues bien, han pasado... desde el siete de septiembre han pasado ocho meses; y, desde que se aprobó la Ley, han pasado veintidós. Los elementos fundamentales que decía la Transitoria Segunda, referidos a la reglamentación de la Ley, están todavía, al día de hoy, por hacer.

(-p.995-)

Entonces, nuestro Grupo, con el ánimo mejor de ayudar, de estimular, de instar, para que se cumpla lo que aquí se aprueba -porque es, en definitiva, de lo que se trata-, ha hecho estas Mociones. Y las hemos dividido en tres bloques.

El primer bloque se refiere al cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda, y se refieren las Resoluciones número uno, número dos, número tres y número cuatro. Estamos hablando de los reglamentos que se contemplan en los Artículos 20, 25, 36 y 38, que se refieren a elementos tan importantes como procedimientos para el reconocimiento de los museos y colecciones museográficas, deberes de los museos y colecciones, integración de los museos y relaciones entre las redes museísticas.

Como ustedes recordarán, la Ley de Museos contempla un Sistema de Museos Regional, para lo cual hay dos tipos de relación entre los museos y la Comunidad; mejor dicho, hay tres: una, que son los museos reconocidos; otra, que son los museos integrados; y otra, que es la que tenemos ahora, que no es ninguna. Es decir, no hay ninguna relación. Actualmente, la relación se hace como con una empresa: a través de las subvenciones o a través de las líneas de ayudas que la Junta tiene, como a cualquier otro servicio de la Comunidad. Pero no está en marcha lo que dice la Ley, de un museo integrado o un museo reconocido, que es esencial para potenciar el tema de museos.

El segundo bloque de las Resoluciones se refiere a la número 5, que está siendo defendida por nosotros con mucha intensidad; es el tema de los museos comarcales. Seguimos insistiendo, y no nos parece razonable que hace muy pocos días la señora Consejera -por ejemplo- decía en los medios de comunicación que se iba a conectar a Internet, como un proyecto piloto, y decía que esto era algo que iba a conseguir... o con el fin de conseguir que la población rural se fijara a su territorio. Yo entiendo, nuestro Grupo entiende que, si eso es verdad, mucho más lo sería el que se potenciase una buena red de museos en aquellas localidades -cabeceras de comarca o no, pero localidades, a fin de cuentas- capaces de generar una serie de sinergias en torno a valores, como los valores museísticos, los valores culturales. Nuestra Comunidad tiene que sacarle el máximo provecho o el máximo rendimiento a esta situación.

Bien, esperamos que se contemplen los museos comarcales.

Y, por último, las dos últimas Resoluciones se refieren a la creación del fondo; en la cual, el Artículo 15 de la Ley dice expresamente que se creará un fondo y que se dotará con recursos públicos y privados. Nosotros decimos que se dote con una cantidad -y, además, lo dice también la propia Ley- "que se hará con cargo a los Presupuestos de la Comunidad".

Pues bien, no se ha hecho; y nosotros planteamos que se recoja con, al menos, el 10%. Este año el Capítulo 031 tenía 920.000.000; el 10%, 92.000.000 de pesetas, precisamente para el fomento o adquisición de elementos museísticos.

Y la última, que es como darle un poco la solución al problema anterior, sería intentar que el 1% cultural, que estaba en la Ley de Museos -y por una Enmienda del Grupo Popular se quitó-, que está recogido en la Ley General de Patrimonio del Estado, y que la señora Consejera se comprometió en su discurso a traer a estas Cortes la Ley de Patrimonio de Castilla y León; pues bien, nosotros decimos que una manera de resolver este asunto sería meter en la Ley de Patrimonio Regional de Castilla y León el 1% cultural. Y con esta forma podríamos tener recursos adicionales, entre otros, para el propio Fondo.

Y, como verán, nuestro Grupo está intentando comprometerse, señoras y señores Procuradores, con un tema tan importante como es el de museos, porque entendemos que en una Comunidad como la nuestra, con una riqueza patrimonial, cultural e histórica de este calibre, es absolutamente imprescindible hacer un esfuerzo. Que no entendemos la posición de la Junta, que ha hecho simplemente del año... del año noventa y cinco, con 987.000.000 para el Programa 031, ha pasado a 920 en el año noventa y seis; es decir, 67.000.000 menos.

No es posible, razonablemente, que una Ley como esta, que es tan importante dentro del conjunto de leyes del patrimonio en nuestra Comunidad, se despache con 67.000.000 menos, y aún no sean capaces de admitir ninguna de nuestras Proposiciones.

Por lo tanto, espero de la posición del Partido Popular, para poder continuar en el turno de réplica.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor González. Para turno en contra, el señor Garabito tiene la palabra.


GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Gracias, señor Presidente. Señorías, yo a veces tengo el dial confundido, evidentemente; y otras veces, simplemente no lo tengo confundido, pero me hago altavoz de lo que sé o puedo saber.

Y nuevamente nos encontramos otra vez hablando de museos. Están en su derecho; lógicamente, las Interpelaciones pueden derivar en Mociones; lo han ejercido, y bueno es.

(-p.996-)

Anuncio, de entrada, que el conjunto de sus siete Mociones no podemos aceptarlo; y diré por qué, evidentemente. Y creo y supongo que también respetará, como yo respeto que usted lo presente, el que nosotros tengamos opiniones en contra. Algunas ya las conoce, porque son tan reiteradas, que, sin duda, están en la mente de todos.

Pide usted que se elabore un Reglamento en seis meses. Quizá sea ésta, de las propuestas que ustedes hacen en su Moción, la que sea más asumible por nosotros, o, al menos, la que nos gustaría ver llevada, porque es el eje crucial del que parte toda la normativa y el desarrollo de la Ley.

Pero claro, ese Reglamento, que debe tener el reconocimiento, los deberes, la integración y las relaciones de los museos y colecciones museográficas, pues... -que al Grupo Popular le gustaría verlo pronto hecho-, sabemos perfectamente que son varios ya los borradores que han elaborado en la Consejería. Y que a nosotros nos preocupa más compaginar esa rapidez, esa urgencia en hacerlo, con el acierto que tengan en su ejecución.

Por otro lado, creemos que, además de elaborarlo, es bueno consultar con el Consejo de Museos. Y, además, entendemos que ese Reglamento debiera incluir el acceso y consulta a los registros, o el tema de las reproducciones, que es un tema realmente importante y complejo, que en principio no estaba pensado hacerse así.

Por lo tanto, en este primer punto de la Moción, nosotros también tenemos cierta premura en que, sin atropellar las cosas, pudiera hacerse pronto ese Reglamento, que es la base del desarrollo normativo de toda la Ley de Museos.

Pero, a partir de aquí, pocos más acuerdos; porque llega usted y en la segunda Moción nos dice que en seis meses se desarrollen las normas técnicas. Y nos parece un plazo, además de inadecuado... -no sabemos desde cuándo contaría-, y tenga en cuenta que este desarrollo técnico lo deben de hacer los técnicos reflexivamente. Creo que, una vez se llegara a un borrador, razonablemente, habría que someterlo a los Servicios Jurídicos de la Consejería para ver cómo funciona. Por otro lado, habría que hacer -creemos, en nuestra opinión- la consulta al Consejo de Museos. Y, en definitiva, estaría de alguna manera supeditado al propio Reglamento.

En el tercer punto del apartado dice: "Censo general de Museos". Y aquí, verdaderamente, creo que entran ustedes en contradicción. En tanto no tengamos el Reglamento, no podemos hacer el reconocimiento. Y, como para hacer el censo, necesitamos hacer el censo de todos los museos que ya estén reconocidos; pues, evidentemente, sin el Reglamento no es posible conocer cuántos museos están reconocidos y, en consecuencia, elaborar el censo. Por lo tanto, creo que entran, obviamente, en contradicción. Hasta tanto no tengamos el Reglamento, creo que no es posible realmente hacer el censo. Aparte que hacer ese censo también es laborioso, llevaría consigo, como premisa lógica, que los propios interesados lo solicitaran; que la Administración Autonómica -en este caso titular de las competencias- hiciera la inspección correspondiente de lo alegado por un lado, y, por otro lado, evidentemente, si cumplen los requisitos, etcétera, etcétera. Pero, desde luego, todo ello supeditado a ese Reglamento.

En el cuarto punto piden ustedes un inventario; y ese inventario lo piden en tres meses. Y nuevamente volvemos a tenernos que remitir al Reglamento. Porque claro, piden ustedes inventario. En el Reglamento, razonablemente, se va... que se haga, para el reconocimiento de los museos, se les va a pedir que adjunten un inventario. Por lo tanto, huelga luego pedir un inventario; porque, para reconocerles, realmente ya tienen que haber presentado el inventario de bienes muebles que posee ese museo o la colección museográfica.

Por tanto, volvemos a tenernos que remitir al punto uno de su Moción, que es quizá el punto crucial.

El quinto, señores, ya los museos comarcales. Yo respeto, asumo todo el interés que ustedes tienen por comarcalizar los museos. Les he dicho, en tantos debates hemos tenido -y últimamente que han sido con cierta frecuencia-, y me he remitido a las palabras de otros Portavoces ilustres que me antecedieron en el uso de la palabra, como el señor Nieto Noya y algunos más, que hemos dicho hasta la saciedad que esta Ley es flexible, permite hacer cualquier museo comarcal y no lo exige. Y nos parece estupendo y maravilloso que la Ley sea así. Por lo tanto, no tiene objeto el que -al menos para nosotros- se cambie en este momento.

En cuanto a los dos últimos apartados, el Fondo para la protección y adquisición de bienes culturales, como bien usted dice, según su propuesta de destinar -cuando menos- el 10%, habría que destinar alrededor de 92.000.000. Si usted recuerda -y estoy seguro que lo recuerda- que ya más de casi 500.000.000 son para gastos de personal, casi 200 para gastos generales; la verdad es que el margen que queda es muy pequeño en ese Programa 31. Ahora mismo hay 56.000.000 para infraestructuras, y quizá en los futuros Presupuestos se pudiera debatir una cantidad; pero, desde luego, ahora mismo... es un debate más propio de Presupuestos, que ahora mismo poder aprobar... y ¿de dónde sacaríamos ese dinero?

(-p.997-)

Y, por último, habla usted de la implantación de la denominada Ley del 1% cultural. Y aquí -que es también otro viejo debate-, nosotros le hemos dicho, en reiteradas oportunidades, que se ha tenido, que era necesario que ese 1% de inversiones, de las inversiones que se hagan en la Comunidad, destinarlas a uso cultural, entraría en contradicción porque, teóricamente, si eso sucede, de la Consejería de Fomento desaparecerían las obligaciones que ahora mismo las dejamos contraídas. Y creemos que en el cambio saldríamos perjudicados. Porque es que la gente... muchos piensan que ese 1% llovería del cielo. Y, en definitiva, ese 1% que se hace en inversiones, lo único que está haciendo es encarecer el proyecto. El contratista que lo lee sabe perfectamente que un 1% va ahí y, además, lo tiene que tener en cuenta, porque lo va a pagar. O sea, que, en definitiva, no va a aparecer de ningún lado.

Pero, además, es que entra... y aquí quisiera saber cómo encaja, cómo encaja con la Proposición No de Ley que han presentado algunos compañeros de su Grupo Parlamentario, en que parece ser que para ese 1% cultural le dan otro destino que no sea el fondo de adquisición.

En fin, nos ofrece serias dudas que entre ustedes mismos del Grupo, creo que no coordina bien, no armoniza bien lo que piden ustedes aquí con lo que una Proposición No de Ley, que veremos en las próximas Comisiones -cuando no coincidan- establece para lo mismo.

Por lo tanto, termino diciendo -señor Presidente- que nos gustaría poder apoyar el punto primero, que, además, entendemos que es de donde dimana todo lo demás. En el resto, o bien están supeditadas a la primera Moción -no se puede hacer el inventario, ni se puede hacer el censo mientras no haya el Reglamento-, o, en definitiva, entra en contradicción con la postura mantenida por el Grupo Parlamentario Popular, que por ahora no ve causas objetivas que nos hagan cambiar de dicha postura. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Garabito. Para réplica, señor González.


GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor Presidente. Vamos a ver, señor Garabito, a este Procurador y a su Grupo lo que más le preocupa es la falta de respeto que ustedes tienen por las leyes que ustedes mismos se dan. Incluso me parece muy preocupante el respeto que tienen a este Pleno.

Mire usted, en el Reglamento de estas Cortes dice que cuando uno hace una propuesta y otro no está de acuerdo, o está en parte de acuerdo, lo razonable es enmendarla. Es que yo... a nuestro Grupo no nos entra en la cabeza que usted dice que está un poco de acuerdo con la primera, y no enmienda estas Proposiciones. Mire usted, es que se limita a votar en contra. De verdad, perdóneme que le diga: esto no es el respeto al juego limpio, que es el juego parlamentario que aquí nos tiene que traer.

Nuestro Grupo podrá estar confundido, de acuerdo; lo vamos a ver si está confundido o no. Yo le voy a poner ahora muchos ejemplos, para que usted entienda que no está confundido y que, cuando hacen las leyes, lo normal es que se hacen para cumplirlas; porque entonces dígame usted para qué ponemos la Transitoria y nos damos un año. ¡Oiga, si ya sabemos de antemano que no se va a poder cumplir en un año, démonos diez!

Le voy a poner un ejemplo muy concreto. Mire usted, me he traído aquí la Ley de Archivos. La Ley de Archivos se hizo el día seis de abril... perdón, el día diecinueve de abril de mil novecientos noventa y uno, Ley de Archivos. En su Transitoria dice... dice: "en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se promulgarán las distintas normas reglamentarias". Le repito, para que no se olvide: diecinueve de abril de mil novecientos noventa y uno. ¿Sabe cuándo se ha hecho el Reglamento? El ocho de mayo de mil novecientos noventa y seis; cinco años después, cinco años después. Y lo dice la Ley que ustedes aprueban. Y le extraña que nosotros, que han pasado ya veintidós meses, cuando en la Transitoria ustedes se dan un año, les instemos. Oiga, es lo menos; es que es lo menos que podemos hacer, instarles, ya que no podemos hacerla nosotros. Porque es que ustedes -se lo dije el otro día y lo digo ahora- dejan pequeño a Romanones, no hacen ni los Reglamentos. Pero bueno, ¡vamos a ver!

¿A usted le parece poco seis meses? Haga una Enmienda y diga: un año. Y yo diría: bueno, si se compromete, de acuerdo. Enmiende las demás. Pero, hombre, por favor, ¿cómo dice usted eso? ¿Cómo nos dice a nosotros que nosotros hacemos una Proposición, en la que usted está un poco de acuerdo, pero va a votar en contra? Tengamos la del otro día... tengamos la del otro día de la Comisión de Medio Ambiente; usted ha utilizado un turno en contra, ha utilizado, señor Garabito, un turno en contra. Y ha dicho aquí que con la primera podían estar de acuerdo; y yo le digo: la técnica parlamentaria de respeto a las minorías es hacer enmiendas que mejoren los documentos, y no echarnos aquí que pueden estar de acuerdo y luego votar en contra.

Fíjese usted, le estaba diciendo... me está diciendo de los museos comarcales. La Ley de Archivos se refiere en los distintos artículos, en el, por ejemplo, en el Artículo 38 habla de los archivos de entidades locales, ¿qué pasa?, ¿que archivos sí puede haber locales y museos no puede haber comarcales?. Mire usted, si se está hablando de una ley municipal, si se está hablando de potenciar las estructuras territoriales distintas, si se está hablando de fijar a la población... ¡Hombre!, ¡hombre, por favor!, ¿dónde vamos a ir si no somos capaces ni de reconocer una realidad? Porque en gran parte de los museos que hoy existen, si queremos garantizarles la seguridad, si queremos que sean eficaces, si queremos que sean razonablemente motivadores para los ciudadanos tienen que tener unas determinadas calidades... -y eso no se puede hacer en todos los sitios, ni en todos los sitios a la vez-; entonces, vamos a ver si esos ciudadanos que han cuidado sus productos, que han cuidado sus elementos museísticos, que los han protegido, que les tienen un cariño especial, expongámoselos al lado de donde ellos viven y seguro que disfrutarán y seguro que atraerán a otra gente.

(-p.998-)

Y dice usted del 1% cultural, que si no tenemos coordinación. Fíjese la coordinación, la suya, que los servicios técnicos ponen en la Ley el 1% y los Portavoces la quitan en una Enmienda que hacen ellos a su propio texto; eso sí que es coordinación. Y es más bonito decirle luego al Gobierno del Estado que nos dé el 1%; es muy bonito exigirle al Gobierno del Estado que el 1% de nuestras inversiones o de las inversiones públicas que se hacen en nuestra Comunidad vayan a los museos, pero no ponerlo nosotros. Mire usted, estamos hablando del 1% de toda la obra pública, señor Garabito; y yo, en la número seis, le estaba hablando de 92.000.000. El 1% de la obra pública es mucho más de 92.000.000; y yo no le estaba diciendo que todo el dinero de los 92.000.000 vaya a parar ahí. Pero dígame usted, señor Garabito, ¿cómo es posible tener los museos como los teníamos en el año noventa y cuatro? Hacer una Ley en el año noventa y cuatro para potenciar los museos, y resulta que en el año noventa y seis poner 67.000.000 menos, ¡hombre, como no creamos -como decía antes mi compañero, Jesús Quijano- en los milagros de los panes y de los peces, ya me dirá usted a mí de qué van a vivir los museos!

Por lo tanto, señor Garabito, usted perfectamente... yo le podía dar muchos ejemplos de cómo se hace el 1% cultural; el 1% cultural no lo tienen que pagar necesariamente los constructores. No necesariamente; hay muchos modelos. Y si quiere algún día hablamos... Yo espero que la señora Consejera en la Ley de patrimonio que prometió traer, lo ponga; y entonces tendremos ocasión para discutirlo. Y hablamos de bolsas, de bolsas económicas para invertir en patrimonio, en museos, en restauración, en lo que se crea conveniente. El fondo habla de una cantidad pública y privada. Si nosotros ponemos los 22.000.000, buscaríamos otros tantos, y con eso tendríamos una cantidad suficiente para ir potenciando nuestros museos.

Yo lamento enormemente, señor Garabito, que se mantengan ustedes en esa posición tan poco respetuosa -perdóneme que se lo diga, con afecto, pero porque lo siento y lo creo-, tan poco respetuosa con estas Cortes, y con esta Cámara, que pudiendo haber hecho una Enmienda (o dos o tres) para mejorar entre todos, se hayan limitado a hacer un borrón y cuenta nueva "tenemos cincuenta Diputados, cincuenta Procuradores; ustedes cuando ganen, gobiernen". Muchas gracias.


GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Tiene la palabra el señor Garabito para dúplica.


GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Gracias, señor Presidente. Decía que no había anunciado el sentido del voto, y precisamente no lo había hecho con la voluntad de ver un poco de ver si éramos capaces de, el título primero, si ustedes ofertan votarle por separado -el apartado primero-, le podría anunciar que el Grupo Parlamentario Popular diría sí, sin más, a ese primer apartado -que es importantísimo- de la elaboración del Reglamento. Por lo tanto, de ustedes depende lo que yo les ha anunciado, que, en su conjunto, de las siete mociones, no nos es posible dar el apoyo porque esencialmente las otras seis estamos muy en desacuerdo. Pero la propuesta se la estoy haciendo ahora, y es: depende de usted, que son los que han hecho la moción. Si quieren, permítannos hacer votación separada y el punto uno, que nos parece la clave de todo el desarrollo normativo después, puedo anunciarles el voto positivo del Grupo Popular. Por eso no necesitaba hacer enmiendas; en el resto de los temas es que el desacuerdo es tan profundo que es imposible llegar a enmiendas porque es muy difícil encontrarnos.

Volver a hablar, y para eso sacar la Ley de Archivos, de que si el Reglamento ha tardado cinco años... Pues sí, sabemos que la Transitoria de la Ley de Museos de hacía un año; no la hemos cumplido. La Ley de Archivos también. Pero estamos mezclándolo todo. Y, por otro lado, volver a hablar con el tema de las comarcas, como si nosotros nos opusiéramos rotundamente a que hay un museo comarcal, cuando hemos dicho rotundamente que donde haya un museo de esas características en una zona histórica, a la hora de su reconocimiento dirá -y lo dice el artículo 21- cuál es el ámbito territorial de su desarrollo pues, muy bien, dirá que es la Comarca del Bierzo -que tiene derecho a usar esa denominación-, o la zona de la Ribera, o lo que quiera; y nada se opone la Ley para que se pueda hacer así, y se lo hemos dicho ya cuarenta veces.

Por lo tanto, no estamos en contra de que haya museos de zonas próximas, etnográficas, históricas, culturalmente, y cuando lo pidan, en el reconocimiento y pidan la delimitación territorial o la zona de influencia, la Ley para nada se opone a ello, y ha mencionado usted como una incoherencia suprema... y yo me he limitado a decirles que, desde luego, lo que piden en el último apartado -y ya lo leerán despacito, se enterarán-, al menos a mí, y soy muy respetuoso; he dicho: a mí no me encaja lo que están pidiendo en el séptimo punto de su Moción con la Proposición No de Ley, el uso de ese 1% cultural; en mi opinión es distinto; a lo mejor estoy confundido; lo he dicho muy respetuoso, que me parece que no encaja, creo.

Pero le decía, dice usted: "incoherencia es que los técnicos hagan un Proyecto de Ley y que el Grupo Parlamentario Enmiende". ¡Anda!, ¡pues sólo nos faltaba al Grupo Parlamentario no poder enmendar los Proyectos de Ley que presente la Junta; hasta ahí podíamos llegar! La autonomía del Grupo Parlamentario le permite eso y mucho más. Aunque a ustedes les sorprenda. El Gobierno trae sus Proyectos de Ley, evidentemente, obedece a una filosofía que normalmente compartimos y esencialmente estamos de acuerdo; pero, si en un punto no estamos de acuerdo, evidentemente lo enmendamos. Y no pasa absolutamente nada; quizá es que ustedes no tengan costumbre hacer esa práctica y les sorprenda; a nosotros, para nada.

(-p.999-)

Por lo tanto, reiterando el ofrecimiento, que creo que el punto esencial de la Moción que hoy nos trae causa es el uno; y, en consecuencia, si ustedes tienen a bien separarlo en su votación, les anuncio el voto positivo del Grupo Popular. Sí, el apartado uno completo: hacer el reglamento de reconocimiento, integración y tal en seis meses. Porque el Grupo Popular tiene ya interés en urgir un poco a la Junta; aunque comprendemos las graves dificultades que tiene para hacerlo -de reflexión y demás-, pero creo que va llegando la hora de que ese punto ya salga adelante. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Garabito. Para fijar posiciones. Y no estando ningún representante del Grupo Mixto, suponemos que no pretenden fijar ninguna. Por tanto, tiene la palabra el Procurador Sánchez Vicente, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.


SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, Señorías. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, aun con reservas va a apoyar la Moción presentada. Y lo vamos a hacer porque consideramos que con esta Moción se pretende dar un pequeño paso en positivo para que los museos de nuestra Comunidad empiecen a ser, tal y como se les define tanto en la Ley de Patrimonio Histórico Artístico como la Ley 10/94, de ocho de julio, de Museos de esta Comunidad.

Entendemos que con esta Moción se pretende dar un pequeño paso para que la citada Ley de Museos -como se decía aquí el otro día- deje de ser, de un lado, esa gran desconocida; y, de otra, para conseguir una gestión eficaz de los museos y colecciones, fijando un procedimiento para su integración, y dando contenido, en definitiva, a lo que dispone el Título IV de la Ley -relativo al sistema de museos-, que, hasta la fecha, al no haberse desarrollado, no es más que un canto al sol. Desde Izquierda Unida venimos abogando por una política cultural que debe estar presidida por una serie de intervenciones de las Administraciones Públicas tendentes a fomentar la creación cultural y, en definitiva, a conservar y a difundir nuestro inmenso patrimonio; porque estamos seguros que con ello coadyuvamos a profundizar en la formación continuada de los ciudadanos, partiendo de la realidad territorial.

La riqueza de bienes de interés cultural de nuestra Comunidad exige, con carácter de urgencia... ¡es que llevamos desde el año noventa y cuatro sin que se haya desarrollado absolutamente nada reglamentariamente de lo previsto en aquella Ley!, desde el año noventa y cuatro. Pues bien, decimos que ya es hora, y que con carácter de urgencia se debe desarrollar la Ley para velar por la conservación y difusión de la cultura, e impulsar el reconocimiento de esos conjuntos, que nos sirvan para, teniendo en cuenta el contenido del Artículo 19 de la Ley, nos sirvan para poner en marcha la propia Ley.

Desde este Parlamento y, desde luego, desde la Consejería, se debe velar, a nuestro juicio, por la conservación y la difusión de la cultura a través de diferentes medios, entre los cuales tienen una notable importancia los museos. Por eso es urgente y necesario potenciar la red de museos; la Consejera lo ha venido diciendo en diferentes ocasiones, pero no sé si hay esa voluntad política, de momento no conozco norma alguna que nos haga suponer que se pretende desarrollar la citada Ley.

Reivindicación fundamental para Izquierda Unida, como elemento base para la protección del inmenso patrimonio histórico artístico, es -y así lo hemos puesto de manifiesto en infinidad de ocasiones- la necesidad de llevar a cabo un inventario, en este caso de fondos, sin el que no se podrá proteger ni conservar -y mucho menos difundir correctamente-, así como servir a los ciudadanos y estudiosos para su disfrute e investigación.

En cuanto al reconocimiento de los museos comarcales, pues si no hay ninguna dificultad en que se implanten como tales, reconózcase en la Ley. No entiendo yo la postura de decir "no pasa nada, pero nos negamos"; no hay ninguna dificultad, pues reconózcase este tipo de museos. Para nosotros es un problema importante -y lo hemos reiterado en infinidad de ocasiones-, entre otras muchas cosas, porque con nuestro apoyo entendemos que se está favoreciendo la articulación del territorio, tal y como lo entendemos desde Izquierda Unida que, parece ser, es absolutamente opuesto a la concepción que tienen ustedes del territorio.

Por último, y en cuanto a la creación del fondo, así como en cuanto al denominado 1% cultural, nos parece también interesante que se recogiera y desarrollara; y, sobre todo, si de verdad se hiciera con la finalidad que se señala en la Exposición de Motivos del Real Decreto del setenta y ocho, que desarrollaba la Disposición Transitoria de la Ley de Patrimonio, con la finalidad de promocionar y estimular a los artistas, a quienes se ofrecen por ese cauce nuevas posibilidades de expresión y de realización profesional; si con ello se pretende buscar una unión y coordinación más estrecha entre la arquitectura y la ingeniería y las otras artes, integrándose éstas en aquéllas, así como integrar la obra pública en su entorno, a fin de evitar que la realización de los trabajos suponga un deterioro de estos.

Y, por último, poner en contacto permanente, en la medida de lo posible, a la sociedad española con este arte de nuestra época.

Adquieran ustedes algún compromiso, adquieran ustedes... en la última intervención viene a reconocer o viene a apoyar, parece, parte de la Moción. Bueno, si ese compromiso lo respeta el proponente de la Moción, nosotros también votaremos a favor, porque lo que queremos es que ustedes adquieran eso, compromisos; y luego los cumplan, claro.

(-p.1000-)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario proponente, señor González, tiene la palabra.


GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para agradecer al Portavoz de Izquierda Unida la posición que mantiene de coherencia, también, con las propuestas que el Grupo Socialista ha planteado. Gracias, porque efectivamente creo que es la línea que deberíamos de seguir en temas tan importantes para la cultura de nuestra Comunidad como éste.

Al señor Garabito y al Grupo Popular, aceptar, porque -perdone la expresión- menos da una piedra; aceptar que, efectivamente, vamos a, señor Presidente, admitir el voto por separado de la Resolución número uno, con sus cuatro apartados: el que hace referencia al Artículo 20, "Procedimiento para el reconocimiento de museos y colecciones museográficas"; el Artículo 25, "Deberes de museos y colecciones"; el Artículo 36, "Integración de museos"; y el Artículo 38, "Relaciones entre las redes museísticas".

Y dicho esto, dos cuestiones, simplemente por precisar, señor Garabito. Los técnicos hacen los proyectos, pero aquí los presentan los Grupos políticos. Aquí, a esta Cámara, lo presentan los Grupos políticos.

EL SEÑOR......: (Intervención sin micrófono).


GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ HERNÁNDEZ: ¿La Junta de Castilla y León? Perfecto. Gracias por la precisión. La Junta de Castilla y León, que está apoyada por un Grupo político.

Por lo tanto, no le achaque usted a los técnicos, sino que lo que a nosotros no nos cabía en la cabeza era que el proyecto que presenta la Junta, la Junta trae esa característica; porque, si no lo hubiera querido la Junta, razonablemente, lo hubiera podido quitar antes. Si viene aquí con él, no parece razonable; también hay descoordinación.

Y en cuanto al segundo grupo, al segundo punto o a la segunda precisión, señor Garabito, no hay ninguna descoordinación con la PNL de mis compañeros. Estamos hablando, estamos hablando de atraer recursos, recursos para el mundo de la cultura; unos irán a museos, otros irán -como decía el Portavoz de Izquierda Unida- a la estimulación de los artistas para facilitarles su trabajo, otros irán a la creación de obra de restauración. En definitiva, es traer igual... atraer, o detraer de otros fondos, recursos para cultura, señor Garabito, que esto es absolutamente esencial en una Comunidad como la nuestra.

Lo lamento. Ya veremos a ver qué da de sí la próxima Ley, si es que viene en este período parlamentario. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor González. Se ruega silencio, Señorías. Pasamos a la votación. Y esta Presidencia entiende que el Apartado 1 de la Moción, que se refiere a que se dictarán reglamentos que abarquen a los Artículos 20, 25, 36 y 38, se puede aprobar por asentimiento.

Por tanto, pasamos a votar el resto de la Moción recién debatida. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: setenta y uno. A favor: veintiocho. En contra: cuarenta y tres. En consecuencia, queda rechazada la Moción recién debatida.

Pasamos al punto número 3, que dará lectura el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Tercer punto del Orden del Día: "Moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a política general de vivienda de promoción pública seguida en mil novecientos noventa y cinco, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para su defensa, tiene la palabra don Antonio de Meer.


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Brevemente, y además de verdad, porque no está el tiempo como para hacer ahora un gran debate.

(Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías, por favor, se ruega estén en silencio o abandonen el hemiciclo en silencio.


DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: La Moción que voy a defender es consecuencia de la Interpelación que sobre política de vivienda de promoción pública debatimos en el Pleno anterior. Y yo me alegro, pues, que se debata hoy, con el señor Merino sentado en estos bancos, después de tantos rumores de que se nos iba a Madrid a ocupar un Ministerio, la Presidencia de la Renfe, o el Instituto de Crédito Oficial; afortunadamente, todavía no ha llegado la pedrea al "banco azul", y podemos hablar con él de su gestión del año pasado. Y estando aquí, podremos intentar que modifique la política de vivienda de promoción pública que ha hecho en estos años anteriores.

(-p.1001-)

En eso queremos centrar el debate: únicamente viviendas de promoción pública. No queremos hablar de otras cosas, sólo de las viviendas que debe hacer la Junta, que tienen que ser más que las doscientas dos que hizo, exclusivamente, el año pasado; no de otras viviendas, no de otras actuaciones, que es de lo que le gusta hablar al Consejero, que también -por cierto- van bastante mal. (Hoy lo dicen los Colegios de Arquitectos de Castilla y León -es la portada de El Norte-, que hay un pinchazo en las viviendas de protección oficial en Castilla y León.) Pero de eso hablaremos otro día.

Nosotros presentamos una Moción en la que estrictamente pedimos que la Junta haga un informe sobre cómo se ha desarrollado la política de este tipo de viviendas desde el año ochenta y cinco. Las transferencias fueron el año ochenta y cuatro; el primer Presupuesto de la Comunidad que incluyó viviendas fue el del ochenta y cinco. Del ochenta y cinco hasta ahora, ¿qué ha pasado?

Luego queremos que la Junta haga un Plan que dure del noventa y seis hasta el noventa y nueve, cuatro años, como suele ser habitual; queremos que durante esos cuatro años la Junta haga tres mil viviendas. Son setecientas cincuenta viviendas al año, que es la media normal que la Comunidad Autónoma ha venido haciendo. Queremos que en el año noventa y seis se empiece por mil, para recuperar, de alguna manera, el déficit creado el año pasado y el anterior. Queremos que en este Plan digamos cuántas se van a hacer cada año y dónde se van a hacer. Y, por último, queremos que se justifique en dónde se van a hacer, teniendo en cuenta en cada municipio qué otras actuaciones ha habido hasta ahora; el grado de satisfacción de la demanda que existe. Y, por último, tener en cuenta circunstancias particulares que siempre deben tenerse, como puede ser la marginación social en algunos municipios de nuestra Comunidad Autónoma, en la que están volviendo a plantearse grupos de chabolas; o las promociones que hay que hacer en aquellos sitios en los que, si la Comunidad Autónoma no va a hacer viviendas, se corren problemas de despoblamiento.

Y por último, nosotros creemos que ese programa la Junta debe presentarlo a este Parlamento para que lo debatamos los Grupos políticos, y podamos dar un instrumento de acción para la Junta y un instrumento de control para este Parlamento.

Creemos que es un planteamiento serio, riguroso. Hemos huido de cualquier cosa que pudiera parecer que era mínimamente demagógico. No hemos pedido ni seis mil viviendas, ni que lo haga en una semana, ni que... cosas en absoluto de ese tipo. El Consejero dijo que aceptaría, al final del debate pasado, todo lo que fuera razonable; creemos que el planteamiento que hacemos es absolutamente razonable. Que la Junta tiene que hacer este Plan, que tiene que dejar de dar palos de ciego; que hay muchos ciudadanos en nuestra Comunidad Autónoma que esperan una vivienda de la acción pública -y la única Administración que hace viviendas es la Junta de Castilla y León-, y que a esos ciudadanos tenemos que intentar darles una respuesta, que podemos ayudarles. Y por eso creemos que esta proposición... vamos, que esta Moción no puede rechazarse hoy; y pedimos, por lo tanto, el voto favorable. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Habiéndose presentado una Enmienda por el Grupo de Izquierda Unida, para su defensa, tiene la palabra el Procurador señor García Sanz.


GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. La Enmienda de sustitución que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pretendiendo que sea una enmienda de sustitución global, aunque, lógicamente, en la propia Enmienda planteamos toda una serie de puntos que están recogidos en la propia Moción del Grupo Parlamentario Socialista.

La Enmienda que presentamos, lógicamente, tiene coincidencia con alguno de los puntos que se plantean en la propia Moción. Quiere decirse: el hecho de que se plantee... se presente, por parte de la Junta, un informe de lo realizado en los últimos años de vivienda de promoción pública en esta Comunidad Autónoma; la elaboración de ese Plan Cuatrienal de Viviendas; la elaboración de esos criterios de dónde deben ser ubicadas, construidas, iniciadas esas promociones públicas de viviendas; y que, lógicamente, ese Plan Cuatrienal sea traído a estas Cortes para su debate y aprobación.

Lógicamente, la Enmienda la planteamos porque tenemos algunos desacuerdos con la propia Moción. Uno de ellos es fundamental, debido a la cuantificación -por así decirlo- de la propuesta que se hace por parte del Grupo Socialista de las viviendas a iniciar, tanto en el año noventa y seis como en ese supuesto Plan. Y no se trata de que a ver quién da más, quién es el que propone más viviendas a iniciar en los últimos años... perdón, en los próximos años; sobre todo teniendo en cuenta cuál ha sido toda una serie de falta de compromisos o falta de cumplimiento de compromisos por parte de la Consejería de la Junta en los últimos años.

Y es, partiendo de estos incumplimientos, de esta falta de iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León en la promoción pública de viviendas en los últimos años, en donde nosotros consideramos totalmente insuficiente la propuesta que se hace en la Moción presentada. De hecho, la propia propuesta que se hace de iniciar mil viviendas en el año noventa y seis, y tres mil en el propio Plan, es un compromiso que ya se ha asumido; aunque luego, lógicamente, nos podemos encontrar una vez más que sean compromisos incumplidos, pero, al fin y al cabo, son compromisos asumidos por parte del señor Consejero (de iniciar tres mil viviendas en la Legislatura, que se comprometió cuando se hizo la comparecencia de la explicación del programa de Legislatura, en septiembre del año pasado); y el compromiso de iniciar mil viviendas en el año noventa y seis, que fue un compromiso asumido también en una comparecencia que hubo en una Comisión de estas Cortes para explicar el propio Plan Cuatrienal de Viviendas para 2l año noventa y seis-noventa y nueve.

Y, lógicamente, no estaría mal el que esos propios compromisos estuvieran asumidos, y nos parecería suficiente. Pero el hecho del propio déficit que llevamos arrastrando de los incumplimientos de los años anteriores, por parte de la Consejería, en promoción pública de vivienda, nos lleva a la agudización del problema de la falta de iniciativa pública de viviendas en esta Comunidad Autónoma y, en ese sentido, a considerar totalmente insuficientes estos compromisos ya asumidos -como digo- por parte de la Consejería.

Y, en ese sentido, intentando recuperar la falta de iniciativa que ha habido en los últimos años, consideramos imprescindible que en este año noventa y seis hubiera un compromiso por parte de la Junta de Castilla y León de iniciar tres mil viviendas de promoción pública, y que, en el conjunto de ese Plan Cuatrienal a presentar, consideramos que se debieran iniciar un mínimo de nueve mil. Y esto lo basamos en propios criterios asumidos por la Junta de Castilla y León o en otros acuerdos suscritos, y en literatura -por así decirlo-, literatura que, una vez más, fue incumplida, plasmada en el acuerdo con los sindicatos en el año noventa-noventa y uno, en donde se comprometía a iniciar cuatro mil viviendas en dos años. Y es a partir de ese criterio, de esa cuantificación de las necesidades que había en Castilla y León, de donde nosotros sacamos esa deducción: que teniendo en cuenta el arrastre de lo que no se ha cumplido en los últimos años, consideramos imprescindible el iniciar tres mil viviendas en el año noventa y seis, como medida de choque; y en los sucesivos, ese mínimo de dos mil, de alguna forma, asumiendo el criterio plasmado por la propia Junta en el acuerdo con los sindicatos. Y de ahí nos da la propia cuantificación de las nueve mil viviendas en el Plan Cuatrienal noventa y seis-noventa y nueve.

Lógicamente, no se trata aquí de hablar. Sería cuestión de que, si el Grupo Popular está por esta voluntad de buscar la financiación para esta iniciativa de vivienda pública... pero no habría que ir nada más lejos que la falta de compromiso y la falta de gasto público, por tanto, de la propia Junta en los incumplimientos que ha habido en los últimos años. Hablaba aquí el señor Lucas esta tarde de miles de millones no recibidos, aunque se tenían que haber recibido por parte de la Administración Central; y aquí, sin ir más lejos, un elemento tan fundamental como la promoción pública de viviendas, en el año noventa y cinco se han dejado de ejecutar más de 4.000 millones de pesetas, simplemente hablando de un concepto. Quiere decirse que a veces se habla mucho de las cifras, pero cuando se habla de cosas concretas hay bastante menos responsabilidad en el asunto.

Y en otro sentido, ahí también consideramos, en la Moción que se presenta por el Grupo Socialista, una serie de ausencias que -desde nuestro punto de vista- serían interesantes recoger. En primer lugar, lo que planteamos es la declaración de este Parlamento Autonómico de cuál es la problemática y las causas que en este momento están provocando la situación de la vivienda pública en esta Comunidad Autónoma, fundamentalmente debido a causas de especulación, a causas de la insuficiente promoción pública y a causas de la inhibición de los poderes públicos en los diferentes ámbitos -también en el ámbito municipal-, que de lo que se trataría sería de hacer un llamamiento de estas Cortes al conjunto de las Administraciones, ante un problema de esta envergadura.

Consideramos también que un elemento a recoger en la propia Moción sería el plantear que en esa promoción pública de vivienda hubiera un elemento importante de destinar... nosotros planteamos que al menos un tercio de la vivienda de promoción pública tendría que ser destinado al alquiler. Creemos que reúne de una forma más de justicia social aquellas viviendas de alquiler, que no exclusivamente las que sean -como están siendo en estos momentos- viviendas en propiedad. Y, en ese sentido, consideramos importante que ello se recogiera.

También entendemos que para darle una continuidad, una garantía de ejecución, que realmente haya una posibilidad de estudio de necesidades de la vivienda social en Castilla y León, se constituyera un organismo público regional que reuniera estas características y que, de alguna forma, también, tuviera la competencia de garantizar los planes, en este caso este Plan Cuatrienal de Vivienda. Pero que también, en todo momento, sería un... de la capacidad de determinar en todo momento las necesidades, y no así, por ejemplo, como en este momento la propia Consejería de Fomento está pretendiendo elaborar -deprisa y corriendo- un plan de necesidades de viviendas sociales en la Comunidad Autónoma.

Y, por ir terminando, también una serie de puntos en donde planteamos involucrar a los municipios en las cuestiones de agilización para suelo urbanizable, de cara también al compromiso que también se asumió por parte de la Junta, de acuerdo con los sindicatos, de destinar una parte de la inversión de vivienda pública a la adquisición de suelo urbanizable para que, en todo momento, la propia Junta tenga suelo asequible o disponga de suelo para esa promoción pública de vivienda. Que haya una posibilidad de destinar, por parte de la Junta de Castilla y León, suelo asequible a entidades sin ánimo de lucro, fundamentalmente, y así... siendo prioritario aquellas entidades sin ánimo de lucro, cooperativas que estén relacionadas con organizaciones sociales, llámese sindicatos, asociaciones de vecinos, etcétera. Y también, elementos que incidan en el elevado parque de viviendas desocupadas que tenemos también en esta Comunidad Autónoma, que no deja de ser un despilfarro social.

(-p.1003-)

En definitiva, se ha presentado esta Enmienda -no cabe la menor duda- como un elemento positivo de preocupación ante lo que es la problemática de la vivienda pública social en esta Comunidad Autónoma. Y por eso, abiertos, también, a cualquier posibilidad de enmienda transaccional, consideramos y esperamos que pueda ser asumida total o parcialmente esta Enmienda. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Turno en contra. Entonces, pasamos a fijación de posiciones, y, no habiendo ningún representante del Grupo Mixto, por el Grupo Parlamentario Popular, don Mario Galán tiene la palabra.


GALÁN SÁEZ

EL SEÑOR GALÁN SÁEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, yo quiero -muy brevemente, porque la jornada ha sido maratoniana-, pero destacar cuáles han sido, en todo momento, los principios de la Junta en materia de vivienda, que es potenciar la política de vivienda. Y ya ha quedado suficientemente claro, tanto en la intervención del Presidente de la Junta -en el debate de Investidura- como con las intervenciones del Consejero de Fomento -aquí y en la Comisión correspondiente de Arquitectura y Vivienda-, repito, de potenciar la política de vivienda y dar cobertura, especialmente, a los sectores más desfavorecidos y a aquel núcleo de ciudadanos que están dotados de menos ingresos. Y estamos pensando y nos estamos refiriendo a los jóvenes, a la vivienda rural y a los ciudadanos con menos capacidad adquisitiva.

Ésa ha sido -repito- la inquietud constante de la Junta. Y tan es así, que el criterio, el propósito en estos momentos es la próxima... en el periodo mil novecientos noventa y cinco-mil novecientos noventa y nueve, pretende del orden de treinta mil actuaciones en materia de vivienda. Y queda... y eso está reflejado en la intervención del señor Consejero de Fomento en la Comisión de Arquitectura y Vivienda, donde dice que con cargo a recursos presupuestarios propios de la Comunidad Autónoma, ésta ha sido su intención, de materializar durante el periodo noventa y cinco-noventa y nueve una serie de actuaciones mediante urbanización directa de suelo capaz para quinientas viviendas; la ejecución de tres mil viviendas de protección oficial, de promoción pública; la rehabilitación de tres mil viviendas del parque público; y la concesión de cinco mil ayudas a la vivienda rural; dos mil subvenciones parciales para arrendatarios y doscientas subvenciones para la restauración del patrimonio residencial.

Así pues, para el año mil novecientos noventa y seis -continúa el señor Consejero en su comparecencia- se va a mantener un número de actuaciones, aproximadamente de diez mil seiscientos treinta y tres; siendo, en el año noventa y siete, de seis mil novecientas noventa y una; de seis mil novecientas noventa, en el noventa y ocho; y de siete mil ciento ochenta y seis en el año noventa y nueve. Es decir, que supera el tema, el número de las treinta mil actuaciones; y, Señoría, está haciendo y está recogiendo la construcción de tres mil viviendas durante este periodo.

¿Cuáles han sido los criterios con que la Junta actúa a la hora de la elaboración de este Plan, de esta edificación de viviendas? Dos, fundamentalmente. Son criterios que mantiene con firmeza, de una parte, la concentración de la vivienda pública en aquellos municipios con mayor número de habitantes; y el otro criterio que marca la actuación en esta política de vivienda es potenciación de la vivienda rural para aquellos municipios, para aquellas poblaciones, con menos de diez mil habitantes. Y además, tiene asumido el compromiso de realizar un estudio de las necesidades de vivienda dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Y es lógico que, si bien, de hecho, no existe en los términos de la propia Moción un plan regional de vivienda; de hecho sí que se está llevando un plan regional de vivienda con esos dos criterios. Pero que tiene que completarse una vez -que, además, nos consta que ya está en marcha- se realice ese estudio de necesidades donde, al menos, podamos tener y constatar cuáles son las necesidades de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma; cuáles son las disponibilidades de suelo; cuáles son, entre otros casos, los posicionamientos del Ayuntamiento.

Por eso, Señoría, señor de Meer, yo creo que si esta Moción se hubiera presentado un poco después en el tiempo, era fácil que hubiéramos llegado a un acuerdo, porque los principios que inspiran -gran parte de los principios que inspiran- esta Moción son los que está aplicando la Consejería de Fomento a la hora de aplicar y de llevar a cabo el Plan de Vivienda. Pero, en estos momentos, no podemos... aun siendo -como le digo- y reconociendo que los principios son en gran parte los que está aplicando la Consejería, no podemos votar a favor de su Moción por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque hasta tanto no esté elaborado el estudio de necesidades de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma, no sabemos cuáles son las necesidades; todo eso que está apuntando usted en su Moción. Y, en segundo lugar, con el cambio de la nueva Administración Central, es lógico que se revise, que se debatan los principios que inspiran la prórroga del actual Plan Cuatrienal de Vivienda noventa y seis-noventa y nueve. Y, en ese sentido, ya, el responsable del Ministerio ha anunciado la convocatoria de una reunión sectorial para revisar este Plan noventa y seis-noventa y nueve.

Por estos dos motivos, señor de Meer, y no por otros, no podemos votar a favor de su Moción que -repito e insisto-, de haber sido presentada un poco más adelante, un poco más en el tiempo, estoy seguro de que, tras un debate en profundidad, hubiéramos llegado a gran parte del acuerdo en la Moción que Su Señoría -en representación de su Grupo- ha presentado. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Galán. Para fijar el texto definitivo, con Antonio de Meer tiene la palabra.


DE MEER LECHA-MARZO

(-p.1004-)

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Para fijar el texto definitivo, que es exactamente el que hemos presentado. Mi Grupo no quiere entrar en un debate con el Grupo de Izquierda Unida sobre este asunto, mientras la derecha nos contempla. No estamos -en absoluto- dispuestos a ese tipo de debates estériles. Ellos son los que quieren hablar de otras cosas; no les demos argumentos. Eso es lo que le gusta al Consejero, hablar de otras cosas, del 15% del suelo de no sé qué... Vamos a hablar un día -a ver si es posible- sólo de viviendas de promoción pública. Y menos de sustituir la nuestra, por supuesto. Quienes quieran debatir de otras cosas, que las presenten (como yo le dije el otro día al Consejero que quería debatir de otra cosa: que comparezca.)

El Portavoz del Grupo Popular habla -como siempre- de política de vivienda en general, y vuelve a soltar la historia de las intervenciones. De eso es de lo que no queremos hablar; de eso no versó la Interpelación. Vamos a hablar de viviendas de promoción pública; y la Junta no tiene ningún criterio, las hace "a salto de mata", sin saber qué pasa en esta Comunidad Autónoma en este momento. Por eso hace falta hacer un estudio. Es lo que proponemos y es lo que usted ha reconocido. Ya era hora que algún Portavoz del Grupo Popular lo reconociera en esta casa. Tengo que saber dónde se van a hacer las viviendas. Yo creo que cuántas es fácil: mil, el año que viene, es lo que dijo el Consejero; no creo que usted le vaya a contradecir. Por lo menos; si son mil quinientas, mejor. Esa cifra es una cifra ya comprometida. Tres mil en los cuatro años, es lo que la Junta ha firmado en el Plan Cuatrienal; es otra cifra comprometida. Las cifras, las sabemos. El Plan se puede cambiar; nosotros ponemos "como mínimo". Esperemos que no lo recorten. Aprobar esto no quiere decir que no hagan cuatro o cinco mil; o, a lo mejor, el tijeretazo llega también, como siempre, a la vivienda de promoción pública.

Hace falta fijar un plazo. ¿Cuándo se va a hacer ese Plan? ¿Cuándo se va a hacer ese estudio? Nosotros decimos que se presente aquí en dos meses. Usted lo deja como los Reglamentos de la Ley de Museos, para no sé cuándo. Estamos hablando de cosas... de cuántas, dónde, en qué tiempo; cosas concretas. No decir que la Junta va a hacer un estudio; si tenía que tener el estudio desde hacía muchísimo tiempo. Y porque ustedes están de acuerdo con casi todo lo que decimos aquí, o porque lo han firmado, o porque ustedes lo han reconocido, por eso van a votar en contra.

¿Debíamos presentar esta Moción más tarde? Si el Reglamento de las Cortes nos dice que al acabar una Interpelación tenemos tres días para presentar la Moción. ¿Qué quiere, que perdamos la oportunidad de debatir la Moción? No; está presentada en su momento y además, con un contenido que sólo de una manera forzada pueden ustedes rechazar. Forzada, pero en la línea con casi todo lo que hacen, porque ustedes no quieren tener ningún compromiso; ustedes no quieren que nada les ate; ustedes no quieren que nosotros les podamos pedir en ningún momento responsabilidades por algo; ustedes prefieren trabajar en la arbitrariedad, "a salto de mata" en la promoción pública de las viviendas o en la financiación de las Comunidades Autónomas. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Pasamos a la votación, por tanto, de esta Moción. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: sesenta y cuatro. A favor: veintiuno. En contra: treinta y nueve. Abstenciones: cuatro. Queda, por tanto, rechazada la Moción recién debatida.

Se suspende la sesión hasta mañana a las diez horas.

(Se suspende la sesión a las veintiuna horas treinta y cinco minutos.)


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