DS(P) nº 24/4 del 6/6/1996

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. La verdad es que, a esta hora de la mañana, impresiona la inmensidad de este salón vacío, pero... en fin. Bueno, ésta es una iniciativa que firmamos en su día los Procuradores socialistas palentinos, pero que, sin duda, bien podría haber sido una iniciativa que hubiéramos suscrito todos los Procuradores por la circunscripción de Palencia, y, seguro que acabaremos suscribiendo todos los Procuradores de los distintos Grupos políticos que componemos las Cortes de Castilla y León. Alguien tenía que tomar la iniciativa. En este caso, por distintas circunstancias, la tomamos el grupo de Procuradores socialistas palentinos; pero, lo trascendente, lo verdaderamente importante es que una iniciativa de estas características, que pretende poner a disposición de la Unesco el románico palentino para su declaración como Patrimonio de la Humanidad, sea fruto del consenso y sea fruto del impulso de las Cortes de Castilla y León.

Lo cierto es que en Palencia, en la provincia de Palencia, se tiene un sentimiento profundo de arraigo, de respeto, de cariño, de admiración por el arte románico. Son muchas las manifestaciones de este arte; son muchas las atenciones que ha recibido; es mucho el impulso ciudadano; ha sido mucho el impulso institucional; han sido muchos los esfuerzos de mucha gente que han puesto al románico palentino en condiciones de ser declarado Patrimonio de la Humanidad.

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Para este Procurador, las iniciativas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista son generalmente razonables, con independencia de la suerte que les corresponda. Pero hay ocasiones en las que uno tiene la impresión -casi la seguridad- de que aquello que defiende es algo más que razonable. Esperamos, estamos convencidos, de que sea éste el caso de la Proposición que me corresponde defender en nombre de mi Grupo; y, muy especialmente, de los Procuradores socialistas palentinos. Creo sinceramente que lo que proponemos es, sencillamente, justo. Y lo creo porque defender aquí, en esta Cámara, el valor patrimonial del románico palentino está por encima del carácter partidista que se pudiera otorgar a una iniciativa de un Grupo Parlamentario de la Oposición. Creo que ésta es una iniciativa que nos atañe a todos, no sólo a los Procuradores palentinos, sea cual sea el lugar en el que nos sentemos en esta Cámara; nos interesa, creo, a todos los Procuradores de estas Cortes, en la medida en que somos representantes del pueblo de Castilla y León. Y, en esta condición, lo digo con toda la propiedad, porque fueron los hombres y mujeres de nuestra tierra quienes levantaron este Patrimonio, y porque han sido hombres y mujeres de esta misma tierra quienes han sido los verdaderos protagonistas en su defensa y reivindicación.

Tres consideraciones, nada más, y muy breves, para razonar la iniciativa: el románico palentino como testimonio histórico; el románico palentino como expresión artística de un pueblo; el románico palentino, merecedor del mayor reconocimiento institucional por su valor histórico-artístico.

El románico palentino como testimonio de nuestra historia, vinculado a la repoblación de la meseta castellana iniciada en el siglo IX, hace más de mil años, por el reino de Asturias. Muchas leyendas rodean al románico palentino: desde Roncesvalles, la batalla de Roncesvalles -tan mitificada por la historia oficial hasta los últimos años de la Dictadura-, seguramente no pasó de ser una escaramuza entre una avanzadilla de exploración musulmana y una pequeña tropa comandada por Pelayo. Brañosera; hay muchas dudas sobre la autenticidad de la supuesta acta fundacional de Brañosera como el primer municipio de España. Lo cierto es que las gentes que se aventuraron a cruzar lo que hoy llamamos "eje subcantábrico" para adelantarse en las vertientes y valles montañosos que abrían paso a las mesetas de Castilla y León fueron buscando asentamiento en los límites septentrionales de nuestra Comunidad. En concreto, en el norte de Palencia, nos dejaron como testimonio la mayor concentración de templos románicos de toda España. Son edificios, en su gran mayoría, modestos, realizados con pocos medios, austeros, y, generalmente, construidos en lugares de un gran valor paisajístico; pero, sobre todo, cada uno de ellos tiene un valor esencial: nos indica que ahí está el origen histórico palpable de lo que hoy es nuestra Comunidad Autónoma. Cada uno de esos templos, cada una de esas pequeñas ermitas son el testimonio de la repoblación de la meseta. Hay, por supuesto, diseminados más ejemplos de esta empresa histórica en la repoblación en el norte de León o de Burgos, por citar a las dos provincias limítrofes; pero, en el norte de Palencia se da la fortuna de reunir un conjunto significativamente numeroso de edificios que, por unidad territorial y temporal, a pesar de la diversidad de escuelas y tendencias, definen lo que comúnmente se admite de forma genérica como "románico rural palentino".

El segundo aspecto, el románico como expresión artística de un pueblo. "Allí queda petrificada la ilusión de sus pobladores en avance hacia el mediodía prometedor; allí se erigían sus devociones, sus miedos y sus esperanzas de ultratumba, los vaivenes que, al inspirarse en el mundo visible, determinaron la evolución artística". Son palabras de Miguel Ángel García Guinea, autor de la primera monográfica sobre el arte románico en Palencia.

Estamos hablando no sólo de un testimonio histórico; hablamos de una arquitectura que representa, de forma prototípica y sin demagogias, el carácter austero de nuestros antepasados. Me llama la atención que la crítica artística del siglo XX destaque los valores del llamado "arte pobre" en las artes plásticas, o del "teatro pobre" del polaco Jerzy Grotowxki. O, que últimamente, se valore, en su justa medida, por su autenticidad el "cine pobre" realizado en Estados Unidos, al margen de los grandes centros de producción audiovisual.

Pues bien, a tan sólo una hora -una hora y media- de aquí, tenemos una muestra de arte pobre, de arte del pueblo, impresionante por su sencillez y por su universalidad, precisamente por lo que tiene de testimonio, de interpretación ingenua, artesana -humilde si se quiere- de la cultura de una época.

Y, por último, el románico merecedor del reconocimiento popular e institucional. Personalmente, soy de los que creen que ha sido el valor profundamente popular del románico palentino uno de los factores determinantes del impulso popular que cobró, en pocos años, la llamada de la propia sociedad en su defensa. Quiero llamar aquí la atención sobre la labor desarrollada inicialmente por la Asociación de Amigos del monasterio de Aguilar, vinculada a personas tan queridas por los palentinos como José María Pérez, Peridis, o don Santiago Bahamón, que en paz descanse, cuya labor fue la espoleta definitiva para un movimiento ciudadano que acabó por prender en la opinión pública y que, justo es reconocerlo, encontró acogida en las Instituciones palentinas y en otras asociaciones, colectivos, expertos y ciudadanos que se sumaron a la llamada. Son casi veinte años de trabajo en los que han concluido, felizmente, los ciudadanos, sus asociaciones, entidades públicas y privadas que, finalmente, han conseguido hacer del románico palentino una referencia obligada del patrimonio cultural de Castilla y León, de nuestra industria turística, y no que es menos importante, de nuestro mercado de trabajo.

Allí, en Aguilar de Campoo, empezó la primera escuela-taller de toda España. Allí se han desarrollado otras muchas experiencias relacionadas con la rehabilitación del patrimonio del entorno. Allí está, como otra realidad, el centro del románico. Allí han surgido otras experiencias del turismo rural, aprovechando el potencial de la riqueza patrimonial y paisajística de la zona.

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Señoras y señores Procuradores, cuando se junta en la memoria histórica un conjunto cultural verdaderamente singular y la feliz asociación de los ciudadanos y las Instituciones más cercanas, la Proposición que sometemos a la consideración de esta Cámara no necesita para su defensa sino el reconocimiento a la acción de la sociedad que la respalda, de la que todos los que aquí estamos formamos parte por historia, por cultura, por vocación y por solidaridad. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? En este caso, para fijación de posiciones, por el Grupo de Izquierda Unida, don Santiago Sánchez Vicente tiene la palabra.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, Señorías. Saludamos seriamente -sinceramente, perdón- la iniciativa del Grupo Socialista. Y, yo creo que conviene comenzar diciendo que aunque sea una ucronía referirse a provincias al tratar del románico palentino, de arte medieval -un tema que, como es sabido, la provincia es una demarcación administrativa establecida en tiempos de Isabel II-, es un criterio como otro cualquiera para parcelar el inmenso patrimonio del arte románico, aunque hete aún nos queda por conservar en España, con la ventaja de que todo el mundo lo entiende, pues en poco más de un siglo y medio ha arraigado fuertemente.

Durante el período románico, la actual provincia de Palencia fue zona limítrofe -y, por tanto, de fricciones entre los reinos de Castilla y León- hasta la definitiva reunificación de ambos. Esta provincia -como ustedes saben- está incluida dentro de la submeseta norte, incluida en la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, que ocupa su tercio septentrional, que es, precisamente, la zona más rica en monumentos románicos.

Fisiográficamente, se distinguen en ella tres zonas de características muy diferentes: al norte, la montaña, constituida por la vertiente sur de la Cordillera Cantábrica, divisoria de las cuencas del Duero y del Cantábrico y sus estribaciones, y cuyos principales núcleos de población, Aguilar de Campoo, Cervera de Pisuerga, Guardo -casi dos tercios meridionales- están ocupados por Tierra de Campos -los antiguos Campos Góticos-, que también se extiende por las vecinas provincias de León y Valladolid, y que tuvo considerable protagonismo en tiempos de los visigodos. Tiene su capital en Palencia e, históricamente, también en Carrión de los Condes.

En el sureste provincial se encuentra la característica comarca del Valle del Cerrato -Los Cerratos- de perfil bastante áspero y terrenos miocénicos, cuyo foco es Baltanás, así como Los Alcores. Dentro de la montaña palentina se distinguen varias subcomarcas que, de oeste a este, son La Pernia -La Pernía- con centro en San Salvador de Cantamuda; La Braña, alrededor de Barruelo de Santullán; y, La Lora, con capital en Aguilar de Campoo, más... a más de Fuentes Carrionas, al noreste de Cervera de Pisuerga.

Por su parte, en el piemonte, tienen personalidad propia las subcomarcas de La Valdavia, al oeste; el valle de Ojeda y el valle del Boedo, al este; y, todas ellas, realmente fértiles.

Las comunicaciones siempre han sido abundantes. Destacar la Cañada Real leonesa que cruza toda la provincia, de norte a sur.

Quizá la característica -más que nada- del románico palentino sea su extraordinaria abundancia y variedad. Pese a ello, no es la provincia española más rica en monumentos románicos. La superan -sin duda- en cantidad, pero no en calidad, las provincias pirenaicas de Huesca, Lleida y Girona, pues no en vano por el Pirineo entró el románico en España. Lo cierto es que el románico palentino era prácticamente desconocido hasta los años treinta de este siglo, que se dio a conocer a través del catálogo monumental de la provincia de Palencia. En la década de los sesenta, se inició un inventario y estudio de ese patrimonio artístico que no concluyó. La generalidad de los ciudadanos seguía ignorándolo, y dichas obras sólo eran conocidas por eruditos y profesionales. Mucho más recientemente, algunos destacados intelectuales -ya significados por el Portavoz del Grupo Socialista- como el malogrado Santiago Amón, o el arquitecto José María Pérez González -más conocido por Peridis- han despertado el interés por el románico palentino con sus artículos en los medios de más difusión y seminarios monográficos. Y ahora sí puede decirse que existe un verdadero interés por el tema, pero la Administración aún sigue sin enterarse. De los casi dos centenares de monumentos románicos palentinos, poco más de docena y media han merecido el título de "monumento histórico-artístico"; no muchos más han merecido la atención de una restauración, aunque no fuese más que por sus muchos siglos o por los muchos siglos que llevan a cuestas. San Juan, de Baños; San Martín, de Frómista; Santa María, de Villalcázar de Sirga; Santa María de Real, de Aguilar de Campoo; y La Salvación, de la iglesita de Vallespinoso de Aguilar se encuentran entre las excepciones.

El que la Administración y una buena parte de los ciudadanos tomen conciencia de la existencia y valor de tan increíble patrimonio artístico podrá ayudar a cambiar este estado de cosas. Pocos monumentos del siglo XI han llegado hasta nosotros. También, a finales del siglo XII y primer siglo del siglo XIII, aparte de las iglesitas rurales arcaizantes, surgen magníficos ejemplares del llamado "románico de transición" o "protogótico", entre los que hay que destacar la colegiata de Santa María Real, de Aguilar de Campoo; el monasterio de San Andrés del Arroyo; San Pedro de Moarves; Zorita del Páramo; Santibáñez; Santa Cruz, de Ribas; San Salvador de Cantamuda; Revilla de Santullán; e, incluso, Villalcázar de Sirga, ya casi plenamente gótico.

No obstante, no es fácil señalar características generales del románico palentino.

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Si algún carácter general puede detectarse en tan abundante elenco es el que la mayoría de sus iglesias están abovedadas, la escultura decorativa está casi siempre presente, aunque su calidad varíe mucho de unos ejemplares a otros, y su raigambre sea de origen francés, aunque muy españolizada, como corresponde a la zona de influencia directa del Camino de Santiago, por el que las influencias estilísticas circularon libremente en uno y otro sentido.

En este sentido, está más emparentado con el románico aragonés y navarro que con el de otras zonas de Castilla y León, aunque con su propia personalidad. Es interesante observar que, a diferencia de las vecinas provincias de Zamora y León, el mozárabe y en general el prerrománico dejaron menos improntas en el de Palencia.

La influencia del submusulmán, que en este periodo se tradujo el llamado románico mudéjar o románico de ladrillo, tan abundante en el resto de la Zona de Campos y zonas limítrofes de la meseta superior, apenas dejó testimonio en tierras palentinas.

Todo ello pone de relieve el valor artístico y cultural de este conjunto del arte románico. Por ello, mi Grupo apoyará la Proposición No de Ley, porque considera necesario -y lo hemos dicho en muchas ocasiones- recopilar la documentación necesaria a fin de que se proponga al Gobierno de la Nación, por su valor e importancia, la declaración de Patrimonio de la Humanidad del románico.

Del mismo modo, sí creemos de verdad... si creemos de verdad en el valor de este inmenso patrimonio, es imprescindible ejecutar un proyecto integral de conservación del referido románico. En caso contrario, la obligación que esta generación tiene de entregar el legado a generaciones futuras se verá incumplida. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo Popular, ¿desea fijar posiciones?

CALLEJA GONZÁLEZ

LA SEÑORA CALLEJA GONZÁLEZ: Gracias, Presidente. Señorías, nuestro Grupo va a apoyar -igual que los anteriores- esta Proposición No de Ley referente a proponer la declaración del románico palentino como Patrimonio de la Humanidad. Y mi intervención va a ir dirigida fundamentalmente para concretar la zona que debe solicitarse, y además hacer algunas puntualizaciones que yo considero necesarias en el tema que nos ocupa.

En la provincia de Palencia hay tres zonas que contienen abundantes restos románicos: El norte, en torno a Aguilar de Campoo -que es la primera de ellas-, tiene la mayor concentración de edificios románicos del mundo -no es una exageración, es verdad- y puede llegar, la podemos delimitar hasta Herrera de Pisuerga o Villabermudo.

La segunda es la zona centro, la del Camino de Santiago y su zona de influencia. Esta zona se caracteriza más por su calidad que por su cantidad, con ejemplos tales como San Martín de Frómista, Santiago de Carrión, Villasirga o Nuestra Señora de las Fuentes y Amusco.

Y, finalmente, una tercera zona es el sur de la provincia de Palencia, con edificios mucho más dispersos, pero algunos muy importantes tales como Villamuriel, Santa Cruz de Ribas o Torremormojon, destacándose en esta zona la infinidad de restos románicos en fábricas posteriores, que nos indican la enorme fiebre constructiva que hubo en la provincia de Palencia en los siglos XI, XII y XIII.

He querido hacer esta somera descripción para señalar la amplia dispersión y la curiosa distribución de los edificios conservados que nos han llegado a nosotros. Creo que lo verdaderamente original y sorprendente es el número tan elevado de edificios bien conservados -románicos en su totalidad- en torno a Aguilar de Campoo, y ésta es la zona que debería tomarse en consideración para declararla patrimonio de la humanidad.

Son varios los motivos por los que creo que cuenta con méritos suficientes para documentar y defender la propuesta. En primer lugar, hay que destacar la densidad: el número tan elevado de edificios completos entre monasterios, iglesias y ermitas, además también la cantidad de restos románicos en edificios posteriores; hay más de setenta.

En segundo lugar, la importancia de estos edificios, monasterios como Santa María de Aguilar, San Andrés de Arroyo, Mave o Santa Eufemia de Cozuelos; iglesias como San Salvador de Cantamuda, Santa Cecilia de Aguilar, Moarves, Matalbaniega. Podríamos estar citando bastante tiempo más.

Y en tercer lugar, la escultura. Porque en esta zona norte hay que destacar, de una manera especialísima, el complemento a una buena arquitectura, que es la calidad de la escultura. Tenemos que señalar que los edificios citados con anterioridad -como son los monasterios-, pero también hay ejemplos en portadas, canecillos, claustros, capiteles; ejemplos podemos poner infinidad de ellos, pero por ejemplo "La degollación de los inocentes", de Santa Cecilia de Aguilar, es uno de los más bellos ejemplares de los capiteles del románico. O bien, en los monasterios, los claustros de Santa María de Aguilar o de San Andrés de Arroyo, la riqueza de la Portada de Moarves, o los canecillos increíbles de Matalbaniega.

En cuarto lugar, quiero destacar la importancia mural que se conserva espléndidamente en muchos de estos edificios. Hoy día hay un convenio con Caja Madrid para restaurar ocho de estas iglesias.

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En quinto lugar, la identificación de estos monumentos con el paisaje. La montaña palentina, su belleza, su variedad, el ambiente de los pequeños núcleos de población con toda la poca distancia de... con la poca distancia que existe entre ellos. Pensemos que el núcleo de este románico, salvo alguna dispersión como puede ser San Salvador de Cantamuda o como puede ser Pisón de Castrejón, todo gira en torno a unos veinte kilómetros, veinte, veinticinco kilómetros en torno a Aguilar de Campoo.

No quiero pasar por alto, aunque nosotros nos ciñamos exclusivamente a la provincia de Palencia, como debe ser que para delimitar esta zona... esta zona es -cuanto menos- históricamente incompleta. La zona norte de Burgos y el sur de Santander -con su también rico románico- completan o -mejor- complementan el románico palentino. Recordar que, por ejemplo, Rebolledo de la Torre está a unos cinco kilómetros de Alar del Rey, o que, lo que es más importante, que los maestros que trabajan en Palencia, lo hacen en el norte de Burgos y también en Santander.

Si analizamos, por ejemplo, esta última provincia sobre todo en el Valle de Valderredible, vemos que los edificios románicos que allí se conservan están íntimamente relacionados con el románico palentino. Y es lógico; la antigua calzada romana que desde Herrera de Pisuerga, a través de Cervatos, bajaba por la cuenca del Besaya sigue siendo en la Edad Media foco de penetración y transmisión de influencias diversas. Y nos encontramos que en la Colegiata de Cervatos trabajan las mismas personas que en la parte vieja del Monasterio de Cozuelos y que en otras muchas iglesias santanderinas. La misma relación que puede haber entre Piasca y San Salvador de Cantamuda.

La montaña burgalesa y la palentina son semejantes, y los edificios de una y otra zona tienen una escultura -ambos- de una gran influencia francesa, sobre todo borgoñona. A pesar de ello, yo creo que el objeto -y me parece que está muy bien hecha la propuesta- es para el románico de la provincia de Palencia.

Quiero terminar... señalar una cosa. En nuestra opinión, la segunda parte de la propuesta, que es la de instar a la Junta, en colaboración con otras instituciones, ejecute un plan integral de conservación del románico palentino, pues yo la voy a matizar un poquito simplemente. Es, yo creo, porque lo conozco muy bien -y usted también Señoría-, el románico palentino está conservado y restaurado, y no le digo que tenga que mantenerse permanentemente la vigilancia y la ejecución de obras puntuales, pero el románico palentino -gracias a Dios- está bien conservado, y no es precisamente por una casualidad.

Han coincidido dos Administraciones y una asociación, -y ahora, que es la Fundación- que lo han hecho posible. La Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia y la Fundación del Monasterio de Santa María de Aguilar son los que de una forma y de otra, pero no más unos u otros, sino todos, en su momento y en el momento oportuno, se han ocupado de restaurar y de mantener este bello legado, esta bella herencia, que es el arte románico en Palencia.

Posiblemente, posiblemente, lo que proceda es hacer un estudio -a la vez que se prepara la documentación para la solicitud que nos ocupa-, con un revisión de los que son... de los edificios que son bien de interés cultural, de los entornos, de las posibilidades que tiene toda esta zona en cuanto a riqueza, en cuanto a carreteras, en cuanto a zonas de facilidad de comunicación. Pero todo esto son temas como complementarios, y aspectos muy distintos y que, indudablemente, van a complementar y van a dar más riqueza y más belleza al románico propiamente dicho.

Por otra parte, quiero decir que la Junta de Castilla y León tiene ya redactado el Plan de Intervención en el Patrimonio Histórico de Castilla y León, y no veo la necesidad de hacer un plan especial para el románico en Palencia. En él -en el Plan de la Junta- se prevén planes de información y diagnóstico, de protección, de fomento y gestión, de conservación y distribución, restauración y distribución, y la red de monumentos de Castilla y León que configura... que se configura como un sistema de gestión en el que se fija el alcance de la participación de la Administración y de los titulares de monumentos, y las obligaciones de la Administración y de estos titulares.

Las líneas de actuación de la Administración, a través de la red, se determinarían por la suscripción de unos convenios o protocolos de colaboración, en función de la aportación distinta de la Administración.

En definitiva, en el Plan de Intervención del Patrimonio Histórico de Castilla y León se prevén las líneas de actuación y el marco de contraprestaciones, y en esas líneas de actuación tiene destacado lugar la conservación de monumentos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. En nombre de los proponentes, señor Crespo.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Con toda la brevedad, agradecer a los Grupos que han intervenido, al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, su apoyo... con las distintas matizaciones y con las distintas opiniones que cada uno tenemos en relación con el asunto, pero, en definitiva, su apoyo a este intento que yo creo que es importante e ilusionador para la sociedad palentina, e iluminador para la sociedad de Castilla y León. Sólo cabe reclamar a la Junta de Castilla y León y, en concreto, a la Consejería de Cultura que agilice los trámites y los estudios que conlleven a elaborar la documentación correspondiente, para solicitar cuanto antes esa declaración ante la Unesco como Patrimonio de la Humanidad para el románico palentino. Muchas gracias a todos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Oídos los Portavoces, esta Presidencia entiende que se puede someter a su aprobación por asentimiento. ¿Se aprueba por asentimiento esta Propuesta?

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Queda aprobada la Proposición No de Ley sobre el románico palentino.

Señor Secretario, le ruego dé lectura al noveno punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Noveno punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don Fernando de Arvizu y Galarraga, relativa a gestiones para el mantenimiento en su actual ubicación de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Arvizu, para presentar la Proposición No de Ley, tiene usted la palabra.

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para decir que esta Proposición No de Ley, presentada en el mes de marzo, fue objeto de enmiendas por parte del Grupo Socialista y del Grupo de Izquierda Unida. Como todas las enmiendas iban en el mismo sentido, y tal como se acordó ayer por los distintos Portavoces, yo solicito al señor Presidente -si lo tiene a bien- que dé lectura a un texto consensuado, y que se pase a votación por asentimiento sin debate. Y, simplemente, por deferencia, y para que quede constancia en el Diario de Sesiones, la satisfacción del Procurador proponente, porque una iniciativa de un Procurador de un Grupo Parlamentario se ha convertido en una iniciativa compartida por todos los Grupos de esta Cámara. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Efectivamente, se ha hecho llegar a la Mesa el siguiente escrito: "Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, de Izquierda Unida y Mixto, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 118.3 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Enmienda Transaccional a la Proposición No de Ley 171-I, relativa a la ubicación de la Academia Básica del Aire de la Virgen del Camino.

Se propone el siguiente texto alternativo: Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que negocie con el Ministerio de Defensa y con el Gobierno de la Nación, con el fin de garantizar: primero, la permanencia de la Academia Básica del Aire en su actual ubicación de la Virgen del Camino (León).

Segundo, la continuidad de todas las enseñanzas que en ella se imparten actualmente.

Y tercero, la utilización óptima de sus instalaciones y de sus posibilidades formativas".

Está firmado por los Portavoces de los cuatro Grupos Parlamentarios con representación en la Cámara. Se entiende, por lo tanto, que esta Proposición No de Ley queda aprobada por asentimiento, o por unanimidad, al haber sido transaccionada por todos los Grupos.

Y ruego, por lo tanto, al señor Secretario... o al señor Vicepresidente, proceda a dar lectura al décimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Décimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Luis García Sanz, relativa a constitución de un Instituto Regional para el Empleo y la Formación".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Proposición No de Ley, señor García Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Buenos días. Muchas gracias, señor Presidente. Señoras Procuradoras, señores Procuradores. La propuesta que traemos de Izquierda Unida a esta Cámara pretende, lógicamente, intentar paliar, de alguna manera, uno de los graves perjuicios que está ocasionando la drástica reforma del mercado de trabajo a partir del año noventa y cuatro, fundamentalmente, aunque también en lo que ha sido -desde nuestro punto de vista- el desmantelamiento paulatino de un instrumento público de intermediación en el mercado de trabajo, como ha sido el Instituto Nacional de Empleo, algo fundamental en los últimos años, a pesar del vaciamiento de contenido que ha tenido paulatinamente.

Por hacer una mera recopilación de cuáles han sido los orígenes, y en lo que nos basamos para presentar esta Proposición No de Ley, hay que tener en cuenta que el Instituto Nacional de Empleo se constituye en el año setenta y ocho, de alguna forma, como consecuencia del espíritu de los Pactos de la Moncloa de aquel año, firmados por todas las fuerzas políticas, y a través de la necesidad que había también, como recomendación del convenio firmado por España de la Organización Internacional del Trabajo, de dotarse de un instrumento público de intermediación en el mercado de trabajo.

A partir de entonces, desde nuestro punto de vista, nunca se llegó a formalizar realmente el espíritu o a desarrollar totalmente el espíritu con que se llegó a constituir el Instituto Nacional de Empleo, dado que nosotros echamos en falta en todo momento dos elementos fundamentales: uno, que era la descentralización del funcionamiento del Instituto Nacional de Empleo, fundamentalmente en el momento en que se desarrolla también el propio Estado de las Autonomías. Y otro, lo que debiera ser la participación activa de los interlocutores sociales, más allá de lo que ha sido la participación de meros oyentes, a lo que se les ha relegado en las diferentes Comisiones Ejecutivas del Inem y Consejo General del Instituto Nacional de Empleo.

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Los objetivos fundamentales que se planteaban con el Instituto Nacional de Empleo eran la gestión de la colocación, una intermediación global, la protección al desempleado en la medida en que permanecía en desempleo, y la formación profesional ocupacional. Todo ello a partir de las garantías de planificar las acciones para gestionar esa colocación, conseguir la uniformidad de la prestación, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la igualdad de derechos, que, sobre todo, lógicamente, a partir de la Constitución del setenta y ocho, no podía ser de otra manera que un Instituto Público tuviera como fundamental el garantizar ese tipo de derechos.

Lógicamente, si esto se consideraba necesario en el año setenta y ocho por todas las fuerzas políticas, con una situación de desempleo ínfimamente inferior a la que tenemos en este momento, no cabe la menor duda de que hoy es mucho más necesario el dotarse de un instrumento público de intermediación global e integral en el mercado de trabajo, y sobre todo que garantice hoy en día, en donde la precariedad, y la desigualdad, y la discriminación en el acceso al mercado de trabajo, en el acceso a unas condiciones dignas a un puesto de trabajo están mucho más deterioradas que en el año setenta y ocho.

Sin embargo, paulatinamente, a partir de ese año, y posteriormente, hemos visto cómo, pues, las olas privatizadoras -por así decirlo-, las olas que llevan a esta sociedad, de alguna manera, mayoritariamente -hoy por hoy- a considerar lo público como ineficaz en sí mismo, ha llevado a un "desprestigio" constante -"desprestigio" entre comillas- del Instituto Nacional de Empleo, pero fundamentalmente en la obligación a que se le ha hecho jugar el papel de una política laboral consecuencia de una política socioeconómica equivocada, errónea, y como consecuencia que nos da esa situación de desempleo y esa situación de precarización galopante del mercado de trabajo que tenemos.

Lógicamente, para llegar a eso, pues, ha habido elementos fundamentales de restar capacidad y competencias al propio Instituto Nacional de Empleo, en donde -por así decirlo- la culminación ha sido la reforma del mercado de trabajo impuesta socialmente en el año noventa y cuatro.

Unas medidas fundamentales han sido en donde del Instituto Nacional de Empleo se ha eliminado ya la obligatoriedad de las empresas de comunicar lo que son las ofertas de empleo; la legalización de las oficinas privadas de colocación, que hasta ese momento estaban ilegalizadas por parte del Estatuto de los Trabajadores; la aparición de las empresas de trabajo temporal. En definitiva, lo que ha sido el desmantelamiento en la práctica del Instituto Nacional de Empleo como elemento público y, sin embargo, la aparición de toda una serie de elementos privados, que aunque legalmente se plantea que tengan que ser sin ánimo de lucro, en la práctica ya se está viendo que lo que fundamentalmente prima es un interés económico en esa intermediación del mercado de trabajo, lógicamente -desde nuestro punto de vista-, vulnerando esos derechos constitucionales.

En este sentido, e inclusive recogiendo lo que es una recomendación del propio Procurador del Común, expuesto en el informe presentado aquí en estas Cortes hace muy poco tiempo, en el que decía, referido a consultas que se le han realizado a él por ciudadanos de cara a la situación que se produce en el mercado de trabajo actualmente, dice: "Consultas e informaciones que revelan que los ciudadanos son incapaces de comprender las complejas normas existentes, y que acuden a esta Institución en demanda de información y orientación para solucionar sus problemas", referido en todo momento a la complejidad que en este momento suponen, y sobre todo a la dispersión que en este momento hay, los diferentes elementos que inciden en el mercado de trabajo, para que los trabajadores, realmente, puedan conseguir toda la información.

En este sentido, Izquierda Unida proponemos la constitución en el ámbito de Castilla y León de un Instituto Regional para el Empleo y la Formación, que de alguna manera venía recogido, en el espíritu, en el propio Acuerdo de Desarrollo Industrial, en lo que se llamó la Comisión Regional para el Empleo y la Formación, que aunque está constituida, pero muy deficientemente funcionando, que se ha reunido muy escasamente, ni tan siquiera para todas las competencias que venían recogidas en el propio Acuerdo para el Desarrollo Industrial. Pero que nosotros proponemos que esa propia Comisión, que nosotros le denominamos Instituto, que se puede llamar Agencia o como se considere oportuno, pero que, en definitiva, un instrumento público que globalice y que sea un intermediario, que juegue ese papel de intermediario en el mercado de trabajo, con carácter público y con carácter de garantizar esos derechos constitucionales; que tenga competencias para recolocar a los desempleados; que tenga competencias para darles la formación, cuando sea necesaria, para acceso a una ocupación digna; que tenga competencias de gestión de prestaciones dignas; que articule una política de empleo adaptada al nivel de desarrollo y características socioeconómicas de la Comunidad Autónoma; que garantice igualdad de oportunidades; que garantice la no discriminación; que garantice igualdad de derechos.

Lógicamente, un Instituto que tiene que tener un elemento fundamental: una participación social activa y permanente de los interlocutores sociales -empresarios y trabajadores-; que, lógicamente, tenga que tener una descentralización a nivel comarcal, teniendo en cuenta lo que es la filosofía fundamental de esta opción política de Izquierda Unida en lo que tiene que ser el desarrollo comarcal de la Comunidad Autónoma; y que, lógicamente, tiene que ser un elemento fundamental de coordinador de las políticas activas de empleo.

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En definitiva, que también se dote de los suficientes conocimientos de evolución del mercado de trabajo, para que no sea un instrumento al margen de la evolución que en el mercado de trabajo se produce constantemente; que tenga los suficientes elementos y análisis de las evoluciones que se producen en el mercado de trabajo, para, en todo momento, hacer las propuestas necesarias, en función de las normas legales de intervención en el mercado de trabajo y también de políticas activas de empleo; y, lógicamente, lo que tiene que ser estudios de introducción de nuevas tecnologías, tanto en el empleo como en la información.

Lógicamente, lo que se plantea aquí, y puede surgir en el debate, es las competencias que en este momento tiene la Comunidad Autónoma. Nosotros, desde Izquierda Unida, consideramos que se deben asumir todas las competencias que estas materias existen en el ámbito del Estado por parte de la Comunidad Autónoma, sin despreciar... (Sí, señor Presidente, termino enseguida) ...sin despreciar lo que tiene que ser la coordinación con instrumentos a nivel nacional; y sobre todo teniendo en cuenta que el propio acuerdo que ha firmado el Partido Popular con Convergència i Unió, desde nuestro punto de vista, introduce un elemento que distorsiona más y que perjudica más lo que tendría que ser una política sociolaboral global en el conjunto del Estado y descentralizada, como es traspasar única y exclusivamente las competencias del Instituto Nacional de Empleo a Cataluña, discriminando una vez más al resto de las Comunidades Autónomas. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Socialista se habían presentado dos Enmiendas a esta propuesta. Una de ellas, registrada con el número 3490, ha quedado retirada. Para defender la otra, señor Alonso Díez, tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias. Nuestro Grupo, estando de acuerdo con la Proposición No de Ley presentada por Izquierda Unida, nos parece que con esa Proposición No de Ley, con el contenido, que pretende crear el Instituto Regional para el Empleo y la Formación, se puede dar respuesta a los problemas que tiene Castilla y León para originar empleo y para mantener su población activa.

Somos la cuarta Comunidad, por la cola, de este país en tasa de población activa, lo cual es una triste situación. Y la evolución que ha habido en estos últimos cinco años, tanto de población activa como de desempleo, en Castilla y León y en el conjunto de España ha sido desigual; mientras que en el conjunto del Estado español crecía en setecientas mil personas la población activa, con lo cual permitía que se mantuviera la tasa de desempleo, es decir, sin incorporar más personas al mercado laboral, pero la creación de empleo que se producía permitía que no aumentara el porcentaje de desempleados y se mantenía en torno al 15%; lo cierto es que en Castilla y León, al no mantenerse la tasa de población activa, bajar el número de personas que accedían al mercado de trabajo y no poder, en consecuencia, absorber el desempleo, Castilla y León perdía activos. Una Comunidad, una región sin posibilidades de absorber a sus propias... a su propia población activa está claro que es una región sin futuro, y eso es lo que ha venido ocurriendo en los últimos cinco años en Castilla y León. Con lo cual, el porcentaje de desempleo prácticamente también se mantenía, pero no se mantenía porque se creara trabajo, sino porque, al final, se iban a otras Comunidades a encontrar trabajo.

En consecuencia, nos parece que estas dos razones son bastante gráficas por sí mismas para justificar el que se cree el Instituto para el Empleo y la Formación.

Las posibilidades que hay de futuro siguen siendo poco halagüeñas, y, de hecho, si no hay capacidad para crear una inversión sobre la situación actual, la situación que nos encontraremos de aquí a diez años es que posiblemente haya cuarenta mil puestos de trabajo menos en Castilla y León.

En consecuencia, nos parece que, junto con los esfuerzos que hay que hacer por reanimar la inversión, que es el motor que puede crear empleo en nuestra Comunidad, está claro que hace falta crear otros instrumentos que fomenten la formación y mejoren los mecanismos de poner en contacto a las empresas con los aspirantes a incorporarse al mercado laboral, tanto a nivel... por cuenta ajena como autónomos.

La formación, hasta este momento y de forma general, ha servido o ha respondido, más bien, a las demandas que realizaban los propios centros que desarrollaban la formación. Nosotros consideramos que es necesario que ese Instituto consiga que la formación vaya por delante de la demanda del mercado laboral y, en consecuencia, la formación sea un agente activo a la hora de crear empleo.

La Enmienda que hemos presentado tiene dos contenidos. Fundamentalmente, estando de acuerdo con el conjunto -como decía antes- de la Proposición No de Ley, nuestro Grupo considera que es necesario que se siga manteniendo una estrecha coordinación con la Administración Central, y fundamentalmente con el Inem. Y esto va en relación con la segunda parte del contenido de nuestra Enmienda; porque una parte importante de los aspectos que recoge la Proposición No de Ley que pretende que gestione el Instituto Nacional no están transferidos, y, en consecuencia, es necesario que haya una coordinación con el Inem, para evitar que haya una duplicidad en los servicios y en los medios que se prestan para mejorar la colocación y la formación de los desempleados.

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Por lo cual, la Enmienda que presentamos nos parece que mejora la Proposición No de Ley. Esperamos que así lo considere el proponente. Y, en definitiva, con nuestra Enmienda y con la aprobación que nuestro Grupo va a realizar de la Proposición No de Ley, nos parece que está dotando a la Comunidad de Castilla y León de un mecanismo que va a favorecer la incorporación al mercado laboral de nuestra población activa en desempleo y que va a favorecer, de forma clara, el modificar esa tendencia que, de no producirse actuaciones de este tipo, es inevitable que a corto plazo siga y, a medio plazo, siga bajando el número de ocupados y, en consecuencia se sigan reduciendo las posibilidades de futuro de Castilla y León, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de réplica, señor García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. En Izquierda Unida, lógicamente, sí entramos a contestar cualquier Enmienda, cualquier adición, cualquier propuesta que se nos haga, porque siempre vamos a plantear y siempre vamos a asumir de una manera positiva cualquier propuesta en el sentido... a cualquier proposición que nosotros hagamos en estas Cortes. En ese sentido, desde la perspectiva... porque siempre consideramos que es mejorable, y, lógicamente, siempre consideramos, inclusive de la propia cortesía parlamentaria, el contestar cualquier propuesta que aquí se realice por cualquier Grupo Parlamentario.

Y, en este sentido, lógicamente, a nosotros nos parece globalmente positiva la Enmienda que modifica, en parte, la Proposición No de Ley que hacemos desde Izquierda Unida, aunque la asunción que haríamos de esta Enmienda que se presenta por parte del Grupo Socialista, lo que plantearíamos sería una Enmienda transaccional que, de alguna forma, vendría a recoger lo que estamos de acuerdo que tendría que ser el Instituto Regional para el Empleo y la Formación; que debiera mantener una coordinación con los diferentes organismos correspondientes de la Administración del Estado, en las diferentes actuaciones que le corresponda y que, lógicamente, también tenga que tener en cuenta lo que son, en este momento, las competencias transferidas en la materia -y asumidas por parte de la Comunidad Autónoma-, y las que, desde nuestro punto de vista, deben ser asumidas en el plazo más breve por la Comunidad, referidas... pues a todo lo que nosotros planteamos de competencias que debe de asumir este Instituto Regional de Empleo.

En este sentido, la Propuesta de Resolución en concreto que nosotros plantearíamos, en función de lo que se ha propuesto en la Enmienda por parte del Grupo Socialista, que estamos de acuerdo en alguna de las cuestiones que se han manifestado de cara a cuál es el diagnóstico de la situación del mercado de trabajo que tenemos en esta Comunidad Autónoma, con una tasa de población activa inferior a la media nacional -que ya es por sí baja en relación a la media europea-; que, lógicamente tenemos elementos -como ya han quedado aquí manifiestos en diversas ocasiones- de una política de formación ocupacional absolutamente desastrosa, como ha quedado de manifiesto aquí ayer en la denuncia que se hizo de lo que nosotros denominamos cese del Director General de Trabajo (para una vez que se intenta poner orden en el asunto); y que, precisamente, en la Junta de Castilla y León a la hora de poner en marcha estos programas de formación ocupacional, pues lo único que se ha hecho ha sido, como en determinados momentos... -desde nuestro punto de vista de manera errónea- por parte del Instituto Nacional de Empleo se hizo en el año ochenta y cinco cuando se empezaron a asumir competencias o, por así decirlo, se empezaron a gestionar fondos del Fondo Social Europeo para poner en marcha el Plan de Inserción y Formación Profesional -el plan PIFP- que, desde nuestro punto de vista, se tenía que haber gestionado directamente por el Instituto Nacional de Empleo y que, sin embargo, lo que se hizo fue traspasarlo, por así decirlo, la inmensa mayoría de la gestión a los llamados centros colaboradores, y que, por lo menos en una primera etapa, pues sucedió lo que está sucediendo en este momento en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, es decir, una falta de control, una falta de calidad, y, en definitiva, una falta de prestigio que todavía está latente en lo que, desde nuestro punto de vista, tendría que ser un elemento fundamental de prestigiar lo que es la formación profesional ocupacional.

En definitiva, para paliar todo esto es lo que nosotros consideramos que se debiera constituir en el ámbito de la Comunidad Autónoma este Instituto Fundamental de intermediación global, y que garantice estos derechos constitucionales en la intermediación del mercado de trabajo; que no hace otra cosa que recoger también, inclusive, como no puede ser de otra manera de cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad social, como en estas Cortes ha demostrado el Procurador del Común al plantear esa recomendación que yo he leído literalmente antes aquí, y que, lógicamente, coincidiendo plenamente con lo que es el programa de Izquierda Unida, por eso se ha planteado. Y, en función de todo ello, con la Enmienda transaccional que proponemos, literalmente lo que vendría a decir es que "las Cortes instan a la Junta de Castilla y León para que constituya un Instituto Regional para el Empleo y la Formación, con participación de los agentes sociales y coordinado en sus actuaciones con los organismos correspondientes de la Administración del Estado, que asuma todas las competencias transferidas en la actualidad y las que deben ser asumidas en el plazo más breve posible por la Comunidad Autónoma de Castilla y León referidas a la intermediación en el mercado de trabajo, como gestión de las ofertas y demandas de empleo, observatorio permanente ocupacional, formación profesional ocupacional, calificación y orientación profesional, prestaciones por desempleo, promoción del empleo y de colectivos desfavorecidos -realizando seguimiento y evaluación de los planes de empleo-, potenciar el empleo en la economía social, escuelas taller y casas de oficio". En definitiva, esta sería la Propuesta de Resolución definitiva que proponemos. Muchas gracias.

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EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Alonso Díez, para dúplica.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí, muchas gracias. Agradecer al proponente el que haya tomado en consideración nuestra propuesta; y estamos de acuerdo con la modificación que ha hecho sobre nuestro texto, porque, en definitiva, yo creo que ha recogido, ha entendido perfectamente cuál era el espíritu de nuestra Enmienda, y porque nosotros estamos de acuerdo en que en el plazo más breve posible tenga Castilla y León plenas competencias en materia de gestión de empleo. Y, en consecuencia, aunque una parte importante de los contenidos o de las áreas de acción que se proponían en la proposición inicial hoy todavía no están gestionadas por la Junta de Castilla y León, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que en el menor plazo de tiempo posible se pueda gestionar las escuelas taller, la formación ocupacional, inclusive las prestaciones por desempleo, como entes... ente colaborador de la Caja única de la Seguridad Social; y, en definitiva, el tener todos esos recursos que hagan posible el que desde el Gobierno Regional se pueda incidir directamente en invertir esa tendencia que antes anunciaba, tendencia que viene marcada por la evolución del mercado laboral de los últimos diez años y que, inevitablemente, o se hacen apuestas decididas y claras por instrumentos como es el Instituto Regional para la creación del Empleo y la Formación o, de lo contrario, entendemos que va a ser una Comunidad sin futuro la nuestra. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para fijar posiciones los Grupos que no han intervenido en el debate. El Grupo Popular, señor Aguilar tiene la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Agradecer al Portavoz de Izquierda Unida la historia que nos ha hecho sobre el Inem desde el año mil novecientos setenta y ocho, que no deja de ser ilustrativa para esta Cámara, sin duda. Y felicitarle porque durante catorce sesiones, bien de Pleno, bien de Comisión, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida desde el año mil novecientos noventa y tres viene proponiendo la creación, unas veces del Instituto de Empleo, del Instituto de Formación, del Consejo, etcétera, etcétera, etcétera; lo que evidencia un gran grado de tenacidad en las propuestas que ustedes realizan y, por supuesto, no han conseguido ustedes, puesto que entendemos que realmente no procede el que existan instrumentos que, por declive de otros, tengan que ser sustitutivos de ese declive o tengan, en definitiva, que venir a agobiar un poco más al ciudadano y, en definitiva, a cualquier demandante de empleo, sobre tramitaciones, etcétera, etcétera.

Yo creo que, evidentemente, el empleo no lo genera ningún instituto, ni ningún consejo, ni lo genera ninguna creación de ningún organismo de ningún tipo; y aquí se ha dicho por parte del representante del Partido Socialista, el empleo se genera pura y simplemente por la inversión. Y los factores que inciden en la inversión son muy distintos a los que ustedes plantean en sus propuestas -que no dejan de ser, pues, unas propuestas retóricas y unas propuestas ciertamente utópicas-; porque no se ha conformado usted con pedir aquí, ante esta Cámara, simplemente la creación de un Instituto Regional de Empleo, usted llega a comarcalizar ese posible Instituto. Y, curiosamente, ayer, cuando se hablaba aquí de la política industrial y cuando se decía que la Agencia de Desarrollo iba a solapar funciones de la Consejería y que no era preciso el contar con tantos instrumentos; hoy se nos vuelve la oración por pasiva y se nos dice: más instrumentos, más burocracia, más sistemas en virtud de los cuales se pueda tener eso; mayor burocracia, pero con ninguna o prácticamente ninguna efectividad. Señalarle a usted que nuestro Grupo Parlamentario, que ha conocido la transacción que ustedes han convenido o que han ustedes perfilado en el transcurso de la mañana de hoy, pues, realmente tampoco puede aceptarla, en virtud de que, por sí mismo, no aceptamos la creación de ningún organismo que venga simplemente a burocratizar situaciones que son absolutamente innecesarias.

Usted sabe y conoce -porque es usted un experto, y mucho, sin duda, mucho más que yo- que la Junta de Castilla y León, concretamente, va a publicar de manera inmediata en el Boletín Oficial la creación del servicio de formación y la creación del servicio de empleo dentro de la Dirección General de Trabajo. Y, por lo tanto, entendemos que la Dirección General de Trabajo está cumpliendo bien y fielmente con los objetivos de la política de empleo, de la política de formación y de la política de ocupación de la Junta de Castilla y León. Y usted, sin duda, conoce todas las subvenciones; y usted, sin duda, conoce toda la tramitación que existe al respecto. Y, por lo tanto, esa desinformación de la que usted alude, me va usted a permitir que le diga que casi casi, casi casi roza un poco un juicio en demérito de las propias centrales sindicales, que usted sabe que informan correctamente a los trabajadores, que usted sabe que se vuelcan -como no puede ser menos- en la problemática de cualquier trabajador de nuestra Comunidad Autónoma y, en definitiva usted, yo creo que ahí les hace un flaco favor.

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Por otra parte, yo entiendo Señoría, yo entiendo Señoría -y entiende nuestro Grupo- que no es momento ahora de hablar de creaciones de institutos, ni de creaciones de Consejo o como usted quiera llamarlo. Es momento de abaratar los costes de producción en las empresas, Señoría, es momento de que, efectivamente, la Seguridad Social, si puede, se genere una buena actuación en torno a su funcionamiento; es necesario también, Señoría, que la Seguridad Social, por ejemplo en las cuotas empresariales y también en las cuotas de los trabajadores, pueda llegar un momento en que pueda bajar; que el teléfono baje; que la luz baje y que los costes de producción bajen; eso es lo que genera empleo. Que los balances, por ejemplo, se actualicen, como usted sabe que se va a producir, que eso también va a descargar a las empresas de unas cargas fiscales importantes. En eso es en lo que nosotros creemos. Y somos sensibles a los problemas, como no puede ser por menos, y tanto o más que ustedes; pero desde otra óptica política totalmente distinta que no es, por supuesto, la de crear oficinas, que no es, por supuesto, la de incrementar el gasto, sino que seamos eficaces en lo que tenemos.

Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario fija su posición en el sentido de rechazar tanto su propuesta de resolución inicial como la Propuesta de Resolución surgida en virtud de esa Enmienda transaccional de la que nos hemos enterado hace escasísimos momentos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, el proponente, señor García Sanz tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Lógicamente, desde Izquierda Unida cuando una cosa la tenemos clara, pues la planteamos y la reiteramos todas las veces que consideramos conveniente hasta que nos salimos con la nuestra, tarde lo que tarde. El problema de que... en estas ocasiones, en estos temas el tiempo cada vez nos da más la razón. Y, precisamente, precisamente si yo he echado la vista atrás, dieciocho años atrás desde el año setenta y ocho en que se constituyó el Instituto Nacional de Empleo, en el que todas las fuerzas políticas de este país consideraron fundamental la constitución de un instrumento público, con una situación de desempleo -como he dicho antes- ínfimamente inferior a la que tenemos en este momento; pues, lógicamente, tendrán que hacer algún tipo de autocrítica o reconocer en qué han variado las circunstancias por parte del Grupo Popular -que también existía políticamente aunque introducido en otra formación política en aquel entonces-, para que en el año setenta y ocho se considerara necesario ese Instituto Nacional de Empleo y, hoy en día, no. Porque claro, no se trata de introducir más burocracia; se trata de que, lo que realmente está constituido, no se termine de desmantelar, sino conseguir reforzarlo en función de lo que está siendo el deterioro del mercado de trabajo y el deterioro de los derechos de las personas que acceden al mercado de trabajo y de la propia funcionalidad del mercado de trabajo.

Y en ese sentido ha sido el hacer esa visión retrospectiva de cómo se constituyó, con qué espíritu se constituyó el Instituto Nacional de Empleo y con qué objetivos, fundamentalmente, en base a lo que eran los derechos que en aquel momento se garantizaban en la reciente constitución aprobada.

Y, lógicamente, no somos tan ingenuos como para considerar -y es que en absoluto se plantea en el propio... en el propio objetivo de la constitución del Instituto Regional para el Empleo y la Formación- que el propio Instituto, en sí mismo, vaya a constituir las empresas y vaya a crear el empleo en sí mismo. Pero lo que consideramos que tiene que ser es elemento de intermediación en el mercado de trabajo. Porque es que vamos a ser rigurosos. Es decir, ustedes, desde la derecha, y representando los intereses claros de la gran patronal en este país, ¿por qué hacen tanto hincapié en que se tengan que abrir paso...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías. Por favor, silencio.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Respeten un poco la discrepancia, por lo menos. ¿O ni eso ya?

¿Por qué hacen tanto hincapié ustedes en considerar que es tan fundamental el que se desarrollen las empresas de trabajo temporal, las oficinas privadas de colocación, etcétera, etcétera?

Es decir, la burocracia pública no es necesaria, pero la burocracia privada sí, porque además les da beneficios a ustedes y, además, deteriora los derechos de los trabajadores. Hacen ustedes, lógicamente, un encaje de bolillos perfecto al servicio de sus intereses, que eso es, lógicamente, lo que les interesa. Claro, eso está en las antípodas de lo que nosotros aquí representamos.

Y no es ninguna utopía. Es algo tan elemental como que la propia Organización Internacional del Trabajo recomienda y que, además, este país debe respetar, salvo que renuncie al convenio que en su momento firmó, como tiene que ser el garantizar que en todo momento haya un instrumento público de intermediación en el mercado de trabajo que garantice todos esos derechos que vienen en la Constitución. Y si no, pues, lógicamente, estaremos en esa involución de lo que fue la propia Constitución por todos consensuada en el año setenta y ocho, y que sin duda a ustedes les viene ya muy a la izquierda, por lo que nosotros, lógicamente, estamos para que se cumpla y, lógicamente, para que tenga un desarrollo más progresista de lo que sin duda ha tenido.

Y, lógicamente, el señor Portavoz del Grupo Popular nos viene aquí con toda una retahíla de cómo se crea empleo: con la varita mágica, para la creación de empleo y para solucionar el paro que tenemos en esta Comunidad Autónoma. Pues, ¿por qué no lo ponen en práctica? ¿Cómo? No me diga que ya, porque somos la Comunidad Autónoma que da la casualidad que tenemos de las menores tasas de actividades, como se ha puesto aquí de manifiesto; la Comunidad Autónoma con las menores tasas de ocupación; la Comunidad Autónoma en la que el primer trimestre de este año ha tenido el mayor incremento de parados. ¿Dónde está esa varita mágica que tienen ustedes para la creación de empleo?

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No estamos discutiendo ahora precisamente de eso, pero no hay ninguna duda, no hay ningún problema. Ayer, el Consejero -aquí- de Industria decía: "no tenemos tiempo aquí para discutir de cuál es la política industrial que hay que llevar a cabo en esta Comunidad Autónoma". ¿Cuándo ustedes van a tener tiempo? Porque cuando se les piden comparecencias en las Comisiones, tardan meses en hacerlo; cuando vienen aquí, en seguida el tiempo se limita. ¿Cuándo realmente ustedes tienen disponibilidad de discutir seriamente lo que interesa en esta Comunidad, de los problemas que inclusive el señor Lucas reconoció que es el más importante que tiene esta Comunidad Autónoma, como es el paro, y para garantizar esos derechos de los ciudadanos que tienen que acceder al mercado de trabajo, a través de la intermediación que garantice sus derechos, de un instrumento público como es éste? Es que nunca tienen tiempo; quiere decirse que, en la práctica, nunca tienen voluntad política de solucionar los problemas y sí de hacer mucha demagogia.

En definitiva, ni tan siquiera ustedes hacen caso a lo que les recomienda el Procurador del Común, y que a nosotros, lógicamente, nos satisface que preocupaciones que tenemos en Izquierda Unida sean asumidas por el Procurador del Común. Y que lo leo literalmente, porque como antes faltaban muchos Procuradores, y que ahora ya están para proceder a la votación, digo lo que les hace de recomendación y de valoración el Procurador del Común en lo que es en este momento el auténtico guirigay que está montado en el mercado de trabajo.

"Consulta o informaciones que revelan que los ciudadanos son incapaces de comprender las complejas normas existentes, y que acuden a esta Institución en demanda de información y orientación para solucionar esos problemas". Referido a la situación que se está produciendo, que está de hecho en el mercado de trabajo, como consecuencia, lógicamente, de la reforma laboral que ustedes apoyaron, y que, sin duda, en una Comunidad Autónoma de práctico subdesarrollo en relación con la media del resto de Comunidades Autónomas de este país, esos problemas se agudizan, y se agudizan más en la propia indefensión que tienen los trabajadores, a partir de que no tienen un instrumento público que les ampare.

Y, lógicamente, el hecho de única y exclusivamente circunscribir lo que tiene que ser la intermediación en el mercado de trabajo en el negocio privado, así no se garantizan los derechos constitucionales; porque donde está el negocio privado, lo fundamental es la obtención de beneficio, pero no garantizar el derecho de las personas. Y eso es lo que hoy en día están promoviendo las empresas de trabajo temporal y las oficinas privadas de colocación.

Pero lo fundamental, lo que a nosotros más nos preocupa es que si realmente la reforma del mercado de trabajo -que éste es uno de los elementos fundamentales-, realmente, estaría suponiendo creación de empleo, pues no tendríamos ningún inconveniente en hacer la autocrítica, es decir: la desregulación del mercado de trabajo crea empleo. Por lo tanto, pues, por lo menos, nos hacemos la autocrítica en que el deterioro de las condiciones y de los derechos de los trabajadores, como en sí mismo crea empleo, pues bueno, al fin y al cabo es un mal menor. Pero es que ¡todo lo contrario!, si es que los datos nos demuestran en este momento por qué tenemos un menor... una menor tasa de crecimiento en esta Comunidad Autónoma, porque da la casualidad que la demanda de consumo, lógicamente y fundamentalmente basada en la menor capacidad adquisitiva de la inmensa mayoría de los ciudadanos, como consecuencia fundamental de esa precarización del mercado de trabajo, impide ese crecimiento económico y, por lo tanto, la creación de empleo.

Quiere decir que el elemento fundamental, como socialmente se engañó a esta sociedad, que es que la desregulación del mercado de trabajo iba a suponer la creación de empleo, en absoluto. Única y exclusivamente, el objetivo que ustedes han conseguido es traspasar rentas de trabajo a rentas de capital, deteriorar las condiciones de los trabajadores para que los empresarios hagan de su capa un sayo.

Y una cosa que no le consiento en absoluto: el que usted me diga a mí que estoy aquí haciendo un flaco favor a las centrales sindicales, en la medida de que considero que no se está informando a los trabajadores en lo que es su papel; es que usted no tiene ni idea, porque usted ni tan siquiera estaría de acuerdo en su momento con la propia legalización de las centrales sindicales democráticas...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Termino inmediatamente, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego que vaya concluyendo, señor Procurador.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Es que no es la función, porque hoy en día, por lo menos, las centrales sindicales -por si no lo sabe usted, se lo digo yo- no tienen la competencia en intermediación en el mercado de trabajo de recoger las ofertas de empleo y las demandas de trabajo. No existe esa competencia en las centrales sindicales, señor Portavoz del Grupo Popular; entérese de cuáles son las competencias, mire a ver cuáles son realmente las reivindicaciones de los interlocutores sociales, y tendrá usted un mínimo de sensibilidad social. Y venir aquí... y venir aquí a decir cosas que no son ciertas. Entérese y podrá venir aquí a hacer intervenciones más rigurosas. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se va a proceder a someter a votación la Propuesta de Resolución que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor de la Propuesta? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cinco. A favor: veintisiete. Y en contra: cuarenta y ocho. Ninguna abstención. Queda, por lo tanto, rechazada la Propuesta de Resolución que se ha debatido.

El señor Secretario dará lectura al undécimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Undécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a gestiones con el Gobierno Vasco, en orden a la creación de una Comisión de colaboración entre Administraciones para solucionar los problemas de los habitantes de Treviño".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Propuesta, el señor Granado tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores.

Los problemas del enclave de Treviño han sido objeto de diferentes pronunciamientos en este Parlamento Regional. El Procurador que les habla tuvo el honor de defender, en nombre de su Grupo Parlamentario, la propuesta que se adoptó por unanimidad, por el Pleno de las Cortes de Castilla y León, de defensa de la constitucionalidad de la Disposición Séptima de nuestro Estatuto de Autonomía, que regula el procedimiento de segregación de enclaves. Propuesta que tuvo -digámoslo así, en términos políticos- el éxito de que fuera refrendada por una Sentencia del Tribunal Constitucional, que consideró congruente el Estatuto de Autonomía de Castilla y León con el Estatuto de Guernica, que preveía un procedimiento de integración del enclave de Treviño, constituido por dos Ayuntamientos -el de la Puebla de Arganzón y el Condado de Treviño-, y que en este sentido supone una abierta excepción a lo que es el Ordenamiento Jurídico Español en materia de entes territoriales. Es un enclave que viene aludido en dos Estatutos de Autonomía y que, por lo tanto, mantiene una situación jurídica y política de abierta excepcionalidad.

Treviño tiene una historia -que en este sentido también conviene reflejar siquiera mínimamente- en cuanto a la "problematicidad" de su inclusión en la Comunidad de Castilla y León, o la voluntad que una parte de los habitantes del enclave mantienen de que se incorpore a la Comunidad Autónoma Vasca.

Éste es un tema que fue discutido por las Cortes de la II República, que dio origen en el franquismo a dos referéndum, que ha dado origen a una Sentencia del Tribunal Constitucional por una cuestión de inconstitucionalidad planteada por una Comunidad Autónoma.

En estos momentos, en el enclave existen dos alcaldes: uno que nos acompaña como Procurador de las Cortes de Castilla y León, y otro que nos acompaña en la Tribuna de invitados, el de Treviño, el de la Puebla de Arganzón, que mantienen posiciones diferentes sobre la permanencia de Treviño en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o su incorporación a la Comunidad Autónoma Vasca.

Éste es un tema que divide a los Consistorios municipales y divide, sin duda, a la voluntad de los ciudadanos del enclave.

Éste ha sido un tema históricamente conflictivo. Y en este sentido cobra especial relevancia y especial valor el trabajo de la ponencia sobre enclaves, constituida dentro de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado.

Fue una Ponencia que se constituyó de una manera un tanto rara; fue fruto de un acuerdo político entre todos los principales Grupos Parlamentarios del Senado, para incorporar al grupo de senadores nacionalistas vascos a los trabajos de la Comisión General de Comunidades Autónomas.

No existía, al comienzo de los trabajos de la Ponencia, demasiada esperanza en que la Ponencia fuera a fructificar en un informe o en una resolución. Y, sin embargo, fuimos capaces, los senadores que formamos parte de aquella Ponencia, de producir un informe y de llegar a un acuerdo político que, a mi juicio, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, es un acuerdo político importante, y -sin falsas modestias- yo creo que cumplimos bien los objetivos de la Ponencia de enclaves.

Y, en este sentido, me gustaría señalar que en esta Ponencia colaboramos los tres senadores elegidos por la Comunidad Autónoma de Castilla y León: el senador Huidobro, el senador Sainz, y yo mismo, y que creo que es de justicia reconocer un buen trabajo al resto de los miembros que colaboraron con nosotros: al senador Ricardo Sanz, del Partido Nacionalista Vasco; a la senadora Inmaculada Boneta, del Grupo de Eusko Alkartasuna, del Grupo Mixto del Senado; al senador Mario Onaindía, del Grupo Socialista; y al senador Ricardo Bueno, del Grupo Popular.

Yo creo que hicimos un buen trabajo, basado, ante todo, en el sentido común; el sentido común que exige tres puntos fundamentales de acuerdo para resolver los problemas del enclave de Treviño.

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En primer lugar, el acuerdo político y entre los ciudadanos. Esto no puede seguir siendo una cuestión que nos divida, que divida a dos Comunidades Autónomas, o que divida a los Consistorios municipales del enclave, o que divida a los propios ciudadanos de Treviño. Tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos; porque, entre otras cosas, los políticos estamos en política para buscar soluciones a los problemas, no para buscar problemas a las soluciones.

Tiene que ser un acuerdo que se base en el respeto a la Ley, al Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al Estatuto de Guernica, a la Constitución española, que prevén cuáles son los procedimientos legales de alteración de términos provinciales o de incorporación y de segregación de términos municipales de una u otra Comunidad Autónoma. Y tiene que ser un acuerdo basado en la cooperación, en la cooperación de las Comunidades Autónomas, en la cooperación de las Diputaciones Provinciales y, a fin de cuentas, en la cooperación de todos los entes que están representando a los ciudadanos, que son, a fin de cuentas, el objeto de nuestras preocupaciones, los treviñeses, los vecinos de la Puebla de Arganzón.

Y nosotros queremos decir hoy aquí que creemos en nuestro modelo de resolución de conflictos; es más, que intentamos desarrollarlo a través de las Instituciones en las que los socialistas tuvimos presencia, y, en este sentido, es de justicia reconocer que, probablemente, el principal impulsor de esta vía de resolución de problemas fue un socialista, Fernando Buesa, cuando fue Diputado Foral de Álava del año ochenta y siete al año noventa y uno, aunque, en aquel momento, sus desvelos no alcanzaran respuestas positivas.

Que, además, creemos que este modelo de resolución de conflictos, la creación de órganos de encuentro en donde se representen las diferentes posiciones, debería servir -y deberíamos reflexionar en estas Cortes de Castilla y León- para resolver otros conflictos bilaterales que podemos tener con otras Comunidad Autónomas y otros problemas. Y, en ese sentido, a mí me gustaría aludir a un problema que hoy va a producir un pronunciamiento del Ayuntamiento de Salamanca, que es el del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca. ¿No podríamos reflexionar sobre la posibilidad de llegar a comisiones en las que buscáramos un acuerdo entre las Comunidades Autónomas que mantenemos posiciones enfrentadas en torno a un conflicto? ¿No es razonable que asumamos nuestra propia responsabilidad en la resolución de los problemas, de la misma manera que asumimos nuestra responsabilidad -y por eso somos Comunidad Autónoma- para resolver los problemas de los ciudadanos?

Tengo que decir que, además, es un acuerdo que es una necesidad política del tiempo presente en España. Los conflictos entre entes territoriales son conflictos que, por desgracia, tienen hoy una enorme... un enorme protagonismo en las relaciones entre los territorios que conforman esta vieja nación que se llama España. No podemos dejar pasar oportunidades de buscar acuerdos. Y, en este sentido, de la misma manera que todos hemos aplaudido que se llegue a determinados acuerdos que han posibilitado, por ejemplo, la Investidura del Presidente del Gobierno -y lo hemos aplaudido desde la Oposición, lo cual tiene algún mérito, porque estimábamos que esos acuerdos eran los necesarios para el momento político del país-, este tipo de acuerdos deben profundizarse en todos y cada uno de los problemas que dividen a los entes territoriales, sea la financiación autonómica o sea cualquier otra cuestión.

Tengo que decir, y va ser el único punto en el -digámoslo así- me separe de lo que es una intervención general aplaudiendo el consenso, que nos hubiera gustado que esta iniciativa hubiera sido innecesaria. Nos hubiera gustado que la Junta de Castilla y León, de motu proprio y sin esperar a que los socialistas trajéramos este problema ante las Cortes, hubiera... se hubiera puesto en contacto con el Gobierno Vasco para crear la Comisión de Cooperación a la que hace referencia el Informe de la Ponencia del Senado. Nos hubiera gustado porque, de alguna manera, eso hubiera despejado alguna sensación de reticencias, por parte de nuestro Gobierno regional, en cumplir las recomendaciones de la Ponencia de Enclaves de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado. Pero lo hemos hecho sin ánimo de escarnecer a nadie, y vamos a defender esta Propuesta aquí con el ánimo pleno de que hoy las Cortes de Castilla y León ratifiquen por unanimidad lo que fueron los trabajos de la Ponencia de Enclaves del Senado.

Y tengo que decir, por terminar, que animamos a la Junta de Castilla y León a que vaya a esa Comisión de Cooperación con el ánimo de llegar a acuerdos sobre todas y cada una de las cuestiones que hoy en día conforman el problema de Treviño. Y digo sobre todas y cada una de las cuestiones, incluido el problema de que en Treviño, en la Puebla de Arganzón, hay ciudadanos que quieren pertenecer a la Comunidad de Castilla y León y ciudadanos que no quieren pertenecer a la Comunidad de Castilla y León.

Nosotros dijimos, en la Comisión de Enclaves del Senado, en la Ponencia de Enclaves del Senado, que no constituíamos la Ponencia con el ánimo de reproducir aquella célebre cita del señor de Lampedusa de que "es necesario que algo cambie, para que todo siga igual". No estaríamos de acuerdo en que se constituyera esta Comisión de Cooperación entre el Gobierno Vasco y la Junta de Castilla y León para que las cosas siguieran como hasta ahora. Queremos que haya cambios, que haya un espíritu de cooperación más abierto entre ambas Administraciones, y que puedan discutirse todos los problemas con un talante abierto. Y la Junta de Castilla y León sabe que va a contar con el respaldo del Grupo Socialista para cualquier acuerdo al que llegue en esa Comisión en la que nosotros no vamos a estar presentes; para cualquier acuerdo al que llegue en esa Comisión. Y que por definición, por sistema, cualquier acuerdo al que llegue la Junta, será también nuestro acuerdo. De la misma manera que sabe también que si no explicita voluntad de acuerdos, para eso no contará con nuestro respaldo. Podremos respaldar a la Junta en algunos desacuerdos, pero no vamos a respaldarla por sistema en que no se llegue a ningún tipo de acuerdos.

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Les animamos, por lo tanto, señores del Grupo que apoya al Gobierno y señores de la Junta de Castilla y León, señores y señoras -perdón-, a que vayan a una negociación abierta, con un talante decidido de cambiar algunas cosas, y buscando fórmulas -que yo creo que las hay- para resolver este problema. Y buscando fórmulas que impliquen cambios; cambios que, sin duda, serán necesarios; cambios que justifiquen la constitución de esta Ponencia.

Termino, señor Presidente, gracias por su benevolencia, haciendo una breve referencia -lo cual me ahorrará una posterior intervención- a las dos Enmiendas planteadas por los Grupos Parlamentarios en este punto del Orden del Día.

La Enmienda del Grupo Popular es congruente con el espíritu de los Procuradores Socialistas a la hora de enfocar este problema. No solamente aceptan toda nuestra Propuesta de Resolución, sino que añaden una ratificación del Informe global de la Ponencia de Enclaves. La mejora, por lo tanto, mejora nuestra Propuesta de Resolución, es perfectamente congruente con los criterios de la misma, y, en este sentido, no tenemos ningún inconveniente en aceptarla y agradecer la colaboración que supone, por parte del Grupo Popular, la tal Enmienda.

La Enmienda del Grupo de Procuradores de Izquierda Unida plantea una cuestión con la que, sin ánimo de establecer muchas discrepancias, a mí me gustaría que el acuerdo de hoy de las Cortes -si pudiera ser- fuera un acuerdo adoptado por unanimidad, pero con la que no podemos estar de acuerdo. Y no podemos estar de acuerdo, porque suprime una referencia que hay en la Propuesta de Resolución a los términos de la recomendación aprobada en su día por la Ponencia de Enclaves de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Nosotros creemos que es esta Ponencia y su resolución la que es evidente que ampara la Propuesta de Resolución que presentamos, la enmarca y es el origen de la misma. Por esta razón, tenemos que mantener, de alguna manera, el que la Comisión de Cooperación que proponía la Ponencia de Enclaves de la Comisión General de Comunidades Autónomas se constituya en los términos de la propuesta realizada por la Ponencia. Me disgustaría enormemente que una cuestión que, en todo caso -a mi juicio-, no es nuclear, sino marginal, pudiera desmerecer del acuerdo unánime de estas Cortes en este problema.

En conclusión, señoras y señores Procuradores, vamos a aceptar como Propuesta de Resolución la que nos propone el Grupo Popular. Creemos que con este impulso que vamos a dar a los acuerdos de la Ponencia de Enclaves de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado desde las Cortes de Castilla y León, hoy, contribuimos a resolver un largo problema, un antiguo problema, un problema de raíces muy hondas que existe en el enclave de Treviño, en nuestra Comunidad Autónoma.

Creemos que nosotros hemos cumplido con nuestra función trayendo aquí, a esta Cámara, este acuerdo, y que, a partir del momento en que se adopte la resolución de las Cortes, a la Junta de Castilla y León le toca seguir cumpliendo el espíritu de las Recomendaciones de la Ponencia: llegar a la constitución de esa Comisión de Cooperación, llegar a acuerdos con el Gobierno Vasco, posibilitar incluso que las Diputaciones Provincial de Burgos y Foral de Álava formen parte de esos acuerdos, abordar el problema en su raíz y en todas sus dimensiones con un ánimo y un talante absolutamente abierto, y, en conclusión, mejorar la calidad de vida de los habitantes del Condado de Treviño y mejorar sus expectativas razonables: culturales, políticas, sociales y de toda naturaleza.

Es un trabajo interesante; es un trabajo que merece la pena. Desde luego, tengo que decir, en la medida de una persona que ha vivido este problema desde sus orígenes, en lo que ha sido la andadura de estas Cortes de Castilla y León, que me satisface hoy mucho más poder presentar esta Propuesta de Resolución al Pleno de la Cámara, que lo que tuve que hacer hace ya doce años, once años -para ser exactos-, cuando tuve que proponer a esta Cámara que defendiera la constitucionalidad del Estatuto de Autonomía, puesto en cuestión por otra Comunidad Autónoma. Yo creo que es mucho mejor que busquemos vías de resolución de los problemas a que tengamos que defender nuestros derechos acudiendo a los tribunales, cuando el conflicto no tiene otra resolución que la judicial. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para presentar la Enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra don César Huidobro.

HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías. Tengo que iniciar esta intervención dando las gracias al Partido Socialista, al Grupo Socialista en esta Cámara, por aceptar la Enmienda que el Grupo Popular ha presentado, y por la forma cómo la Proposición No de Ley se ha defendido y se ha presentado en el día de hoy, que yo creo que se diferencia un poco de lo que se ha copiado como antecedentes en la misma, en el escrito de la Proposición No de Ley.

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Quiero dejar claro que la primera intención, cuando vimos la presentación de esta Proposición No de Ley, fue oponernos a ella. Oponernos a ella por una razón muy sencilla, porque desde primeros de marzo del año mil novecientos noventa y seis el Gobierno regional de Castilla y León había iniciado contactos con el Gobierno Vasco con el fin de constituir la Comisión, y, por lo tanto, lo lógico, políticamente y parlamentariamente, era decir que no. Decir que no a esta Propuesta, porque venía a pedir algo que ya se estaba haciendo. Pero, por otra parte, habría sido una barbaridad política el que aquí nos hubiéramos enfrentado, por una cuestión puramente, de pura fórmula parlamentaria, a un problema al que hemos dado los Grupos políticos no solamente de esta Cámara, sino del Senado, habíamos dado una respuesta para que la crispación que pudiera existir en el enclave de Treviño, en Burgos y en Álava, se trasladara a esta Cámara.

Es por eso por lo que, pensaba detenidamente, consultado con el Gobierno regional, el Grupo Popular pensó que lo mejor era hacer lo que se ha hecho: ratificar el Informe de la Ponencia, como, por otra parte, no podía ser de otra manera, ya que ese Informe de la Ponencia fue aprobado el diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco por todos los Grupos Parlamentarios del Senado; sería absurdo que, en este momento, no aceptáramos aquí la Ponencia... el Informe de la Ponencia en los mismos términos que se aprobó.

Y la segunda parte era añadir algo, añadir y ponernos de acuerdo con lo que por lo menos en el Ayuntamiento de Treviño y en el Ayuntamiento de La Puebla habían hecho, que era ratificar el Informe en los términos que se había hecho por la Ponencia. Ésa era nuestra explicación; ése ha sido el proceso que ha recorrido el Grupo Popular para decir que sí y para presentar la Enmienda.

Pero quiero hacer algunas breves consideraciones, una vez agradecido al Grupo Socialista que haya admitido nuestra Enmienda y anunciar, lógicamente, que vamos a votar a favor, y por las mismas razones que ha dicho el señor Granado, yo creo que Izquierda Unida nos va a explicar por qué quiere suprimir una parte del Informe de la Ponencia, que yo creo que es la parte fundamental de esta Propuesta, a la que yo también... el Grupo Popular también se opone, quiero hacer unas breves consideraciones.

Las consideraciones van dirigidas a las siguientes notas: el Grupo Socialista presenta aquí una Enmienda, y los antecedentes son los que figuran en las conclusiones del Informe de la Ponencia; están copiados íntegramente. Por lo tanto, nada que decir a lo mismo.

Pero sí que hay que hacer una precisión. La precisión es que esas conclusiones no están copiadas íntegramente en los antecedentes de la Proposición No de Ley, y lo que faltaba para nosotros es algo fundamental, algo que guarda relación con lo que el Portavoz Socialista ha hecho constar aquí. Porque se inician las conclusiones diciendo que la Ponencia considera que, en principio, cabrían dos posturas para encarar el problema de los enclaves territoriales -no solamente el de Treviño ni el de Villaverde Trucios-, en el Estado español: una postura racionalista que pretendería resolver la cuestión de todos los enclaves dando una solución. La solución sería: no hay enclaves en la organización territorial de España y, por lo tanto... O sí hay enclaves. No es ésa la solución que la Ponencia quiere adoptar.

Y otra postura -se dice en el Informe de la Ponencia- más pragmática, basada en el consenso, más laboriosa -que por eso la Ponencia tuvo que trabajar y discutir hasta el último segundo antes de firmarlo por unanimidad-, que trataría de detectar los problemas que pudieran padecer los ciudadanos, derivados de vivir en el enclave. Y ésta ha sido la solución. Y por eso se pudo llegar a un acuerdo. Porque no se pronunció sobre si los enclaves eran o no racionales, eran o no lógicos, eran políticamente buenos o eran malos. Pero sobre lo que sí que se pronunció, es que era necesario para todos los enclaves, no solamente para estos dos, buscar una fórmula, un cauce de entendimiento que permitiera que esa tensión que existía en estos enclaves desapareciera, trasladando a los Grupos políticos, a las Instituciones la posible solución de estos problemas. Y por eso, todos los Grupos políticos firmamos el informe por unanimidad y dijimos que era el cauce adecuado.

El cauce adecuado era, por lo tanto, constituir esas comisiones: comisiones entre el Gobierno Vasco y el Gobierno Regional; comisiones entre las Diputaciones Provinciales de Burgos, Diputaciones Provinciales de Álava. Y el problema era que estos informes o que estas... estos cauces -y es muy importante y se ha hecho constar aquí, porque lo ha dicho muy claro el señor Granados- tenían las siguientes prescripciones: un respeto a la legalidad, un respeto a la Constitución, por lo tanto, y al Estatuto, que exigen para la aseveración o para la no integración, desintegración en una provincia, en un territorio, una ley orgánica -el Estatuto exige también un procedimiento determinado-; y una cooperación entre Instituciones. Y en eso estamos de acuerdo.

Y es que hoy no podíamos venir aquí a discutir, porque si durante meses -yo llegué al final de esa Ponencia, para poder incorporarme a la misma-, si durante meses se ha venido trabajando y se ha estado de acuerdo, aquí no se podía estar en desacuerdo.

Pero yo sí que quiero quedar... dejar bien claro, muy claro, que si la Ponencia ha podido llegar a una conclusión es porque no se ha definido sobre la racionalidad o no de los enclaves, porque no ha dado una solución a que los enclaves estén de una manera u otra, sino porque ha buscado fórmulas que hagan posible que, con el respeto a la legalidad y con la cooperación entre las Administraciones, se resuelva el problema de los treviñeses, que es el problema fundamental de los treviñeses.

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Porque se está haciendo creer que los treviñeses resultan perjudicados como consecuencia de este enclave, y ahí podemos tener algunas discrepancias. Y las discrepancias pueden surgir porque -y en esto siento no coincidir con todos los que hablan sobre esta materia-, primero, porque los treviñeses son ciudadanos que están, desde el punto de vista socioeconómico, por encima de la media de la provincia de Burgos, por encima de la media regional y por encima de la media nacional; un índice bastante aceptable. La renta familiar disponible en el enclave de Treviño está por encima de la media, de la nacional, de la regional y de la provincia de Burgos. Su situación social, y su situación educacional, y su asistencia sanitaria está por encima de la media. ¿Que tienen problemas? Lógicamente. ¿Qué se han atendido esos problemas? Lógicamente. Tan lógicamente que hay convenios de colaboración no solamente con la Comunidad Autónoma, incluso con el sistema sanitario, cuando la sanidad depende de la Administración General del Estado; hay un convenio que hace posible -lo mismo que en el Valle de Mena- que los habitantes de Treviño reciban su asistencia sanitaria, en un caso en Bilbao, en otro caso en Álava.

Y eso es algo que yo quiero dejar bien claro: los treviñeses tienen necesidad, para resolver parte de sus problemas, de la Administración de Álava, y los alaveses que están en el entorno de Treviño tienen necesidad de Treviño para resolver algunos de sus problemas, como pueden ser, por ejemplo, las explotaciones agrícolas, que reciben un mejor tratamiento, o como puede ser la situación ecológica que tiene el Condado de Treviño, el enclave de Treviño, que tiene una inmejorable; o como puede ser el gran valor turístico que puede tener el enclave de Treviño para la resolución de muchos problemas.

Es decir, no va el Condado de Treviño pidiendo... el enclave de Treviño pidiendo árnica a Álava para que resuelvan sus problemas. Va en el plan de igualdad, en el plan de cooperación, en el plan de solidaridad, que todos los españoles deben mantener para resolver sus propios problemas, ofreciéndoles resolver también el problema de los demás.

Era esto lo único que yo quería dejar claro por una razón. Porque el señor Granados ha venido diciendo a la Junta: es necesario que algo cambie, para que todo siga igual. "Ésa no es mi postura -dice el Grupo Socialista-. Tiene que haber voluntad de acuerdos, formas para resolver este problema, que resuelvan de una vez el problema". Pero cuando yo oigo esto, parece ser que la única solución del problema es que la segregación se produzca y que la incorporación se produzca a Álava. Y yo pienso: es posible o no es posible.

Cuál ha sido... y en esto presumo con el señor Granados y todos los miembros que han formado parte de la Ponencia de la Comisión de las Comunidades Autónomas que se ha hecho un trabajo porque se están buscando cauces que faciliten el entendimiento para resolver estos problemas, que no dan por supuesto que el problema se va a resolver en uno u en otro sentido. Si lo que quiere decir con la tolerancia es que la Junta debe de ir abierta para que se resuelvan en uno u otro sentido, me parece bien. Si lo que estaba diciendo con su propuesta es que el sentido de la resolución del problema está definido y sólo puede ser en un camino, pues entonces ya no me parece tan bien.

Por lo tanto, y concluyendo, quiero precisar una segunda parte. Se ha hecho una oferta para que en esta Cámara se lleguen a acuerdos o se fijen posturas. Yo creo que las Cortes de Castilla y León fijan una postura en los intereses de esta Comunidad Autónoma que tiene que ser interesada, lógicamente. Esas Comisiones que el señor Granados propone tendrían que ir dirigidas a crear una postura unánime a defender en un foro determinado. Pero si las posturas que vamos a mantener tienen que afectar a otras Comunidades Autónomas, yo creo que el lugar donde debe resolverse es donde se ha resuelto este problema, donde se ha emitido ese informe. Tenemos que contar con el resto de los españoles, con el resto de las Comunidades Autónomas, y es la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que es el comienzo y el inicio de un Senado como Cámara Territorial, donde estos problemas debieran de resolverse, como se ha hecho con este informe.

Y el crear comisiones aquí sería para mantener posturas únicas o discrepantes -depende de los casos- entre los grupos políticos que componen esta Cámara. Yo también me alegro de que en el día de hoy los Grupos políticos... yo espero que Izquierda Unida nos explique por qué quiere suprimir esa frase, o entienda... o diga que si suprimimos eso, el Informe no tiene razón de ser. Porque a mi, al Grupo Popular también le gustaría que Izquierda Unida participara de este consenso generalizado para hacer hoy esta ratificación y para instar a la Junta, aun cuando ya lo viene haciendo, no solamente los convenios de colaboración, sino los contactos con el Gobierno Vasco -como digo- desde el uno de marzo, pero lo vamos a admitir para que sigan en contacto con el Gobierno Vasco para constituir la Comisión.

A nosotros nos gustaría que tanto Izquierda Unida como el Grupo Mixto se unieran a este consenso, para dar respuesta a un problema que los treviñeses están esperando y que al Grupo Popular son los únicos que les interesan. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para defender la Enmienda presentada por Izquierda Unida, tiene la palabra el señor García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Lógicamente, para explicar la Enmienda que hemos presentado desde Izquierda Unida a la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, en la que planteamos que se elimine de la propuesta de resolución el último párrafo, en lo que hace referencia, como ya se ha expuesto aquí, que toda la cuestión que se plantea pues sea y con ratificación en los términos de la recomendación aprobada en su día por la Ponencia de Enclaves de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado.

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Lógicamente, nosotros no hemos participado en la Ponencia del Senado, por razones obvias, y por las razones fundamentales de la absoluta injusticia de una ley electoral que, a pesar de nuestra implantación, pues nos margina de una Cámara de representación como es ésa. Lógicamente, no es una ley la que se ha aprobado, es un dictamen político, y, por lo tanto, vincula o no vincula a quienes han participado en ello y a quienes lo asumen. Lógicamente, nosotros no hemos participado en este dictamen, porque tampoco, ni tan siquiera, pues ha habido -por así decirlo-... el tener en cuenta que en esta Comunidad Autónoma había otra fuerza política, que aunque no estaba representada en ese momento en la Cámara del Senado, sí que había una implantación, o tenía una implantación, lo suficiente para tener en cuenta cuál era su punto de vista a la hora de elaborar. Porque al igual que como se refleja en la propia Ponencia del Senado, pues se han tenido en cuenta informes, dictámenes de expertos, juristas, políticos, representantes, etcétera, pues a nadie de Izquierda Unida se le ha llamado.

De todas formas eso, lógicamente, es como elemento para considerar cuál es en lo que nos sentimos vinculados del Dictamen del Senado y cuál no. Lógicamente, eso son las razones por las cuales nos sentimos vinculados. Pero eso no quiere decir que nos desvinculemos del problema, que yo creo que es lo fundamental.

En primer lugar, dejo sentado el por qué no nos sentimos vinculados y el por qué introducir esa modificación en la propuesta de resolución; y que, lógicamente, no es una Enmienda de sustitución, en ningún caso, sino de alguna forma no hacer referencia a algo en lo que no hemos participado. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuáles son los razonamientos que han llevado definitivamente a esa conclusión y, lógicamente, no nos podemos, de alguna forma, atar de pies y manos ante algo en lo que no hemos participado, ni tan siquiera ha habido voluntad política tampoco de darnos participación por los grupos políticos que ahí han participado.

Así que esos llamamientos que por parte del Grupo Popular se hacen aquí para el consenso, se podían haber hecho antes y haberlos tenido en cuenta. Posiblemente hubiéramos participado, y ahí también, en ese momento, hubiéramos manifestado lo que es nuestra opinión al respecto, que manifestamos aquí sobre el problema en sí. Que, lógicamente, lo que se plantea en la resolución, habla de dos ámbitos por así decirlo de problemática: uno que es referido a la resolución de problemas y perjuicios que afectan a ciudadanos por vivir en el enclave de Treviño; y otro, perdón, al desbloqueo de la situación para la aplicación de lo previsto en los Estatutos de Castilla y León y de Guernica.

Desde nuestro punto de vista, lógicamente, son dos elementos totalmente diferentes y que los dos hay que abordarles. Y de nuestro modesto entender, pues hay -aunque no tiene que ser... no es en absoluto lo fundamental para nuestra oposición- las contradicciones en las que incurre aquí el señor representante del Partido Popular, a la hora de decir que asume, o, mejor dicho, presenta una Enmienda que en lo fundamental asume lo que se ha propuesto por parte del Grupo Socialista, pero que luego considera que la solución del problema no es tanto la posibilidad de que los ciudadanos de Treviño accedan al ejercicio del derecho que les viene reconocido, de alguna manera, en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y digo contradicción, porque en los propios antecedentes de la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista se dice que una de las recomendaciones de la propia Ponencia dice: "Por todo lo cual, la Ponencia considera necesario la constitución..." tal, tal... Y dice: "...y el cumplimiento de la voluntad de los ciudadanos del enclave de Treviño, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y del Estatuto de Autonomía del País Vasco".

Y eso, en eso, parece ser -según yo he entendido- el señor Portavoz del Grupo Popular no está de acuerdo, cuando eso es, precisamente, lo que hace referencia a la propia resolución que ha presentado el Grupo Socialista, y que se ha asumido por parte del Grupo Popular en la Enmienda que se ha hecho, en lo que se asume en la práctica eso, que se mandata de alguna manera o que se asume, desde aquí, el que se pongan en marcha los mecanismos que están contemplados en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Y ahí es al segundo elemento al que voy, sin obviar, por supuesto, el primer elemento, de cara a solucionar los problemas que puedan tener los ciudadanos del enclave de Treviño, referido a que el hecho de vivir en ese enclave territorial que, lógicamente, no tiene esa continuidad geográfica con el resto del territorio de la Comunidad Autónoma, pues sin duda tiene una serie de perjuicios, aunque -como bien a señalado aquí el Portavoz del Grupo Popular y yo creo que en otras ocasiones han señalado también los propios ciudadanos de Treviño- hay una situación de un nivel de vida superior a la media burgalesa, por supuesto que superior a la media de Castilla y León, e inclusive -sin ir a otros ámbitos-, posiblemente superior a la media nacional. Quiere decirse que problemas de carácter socioeconómico, por lo menos en términos relativos, no son tan acuciantes. Otra cuestión es que, lógicamente, al no tener la administración que le presta los servicios lo más cercano posible, problemas de descoordinación, problemas de distanciamiento se producen. Y, por lo tanto, ahí nuestra voluntad de apoyar en todo momento la fijación o el llegar a todo tipo de acuerdos, convenios, etcétera, entre las diferentes Administraciones. Quiere decirse; lo que viene en la primera parte de la propuesta de resolución presentada aquí por el Grupo Socialista, estamos absolutamente de acuerdo. Quiere decirse: lo que es nuestra filosofía, que en todo momento ningún ciudadano, viva donde viva, en esta Comunidad Autónoma o en este Estado tenga ningún tipo de prejuicio o se vean menoscabados sus derechos para ejercerlos.

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Ahora, el segundo elemento es lo que nosotros consideramos que es más contradictorio todavía. Porque el segundo elemento, en lo que Sus Señorías conocen, lo que está contemplado en la Disposición Transitoria Séptima del Estatuto de Autonomía, manifiesta que las posibilidades de segregación de algún municipio o municipios, enclaves, en esta Comunidad Autónoma -claramente puesto en su momento por el legislador teniendo en cuenta Treviño-, pues tiene unas posibilidades de que los ciudadanos de esos territorios, de esos municipios, hagan valer su voz. Y, lógicamente, ahí se articula un procedimiento: posicionamiento de los municipios, de los ayuntamientos -en este caso dos: Treviño, Puebla de Arganzón-, de la Diputación correspondiente, de la Comunidad Autónoma y de las Cortes Generales.

Pues quiere decirse que, si aquí la voluntad mayoritaria de los Grupos, y de los Grupos mayoritarios, es que eso se lleve a la práctica -como yo deduzco de lo que aquí se propone-, es que hágase; porque, desde nuestro punto de vista, no hay ningún impedimento para que eso se lleve a la práctica. Porque en el Ayuntamiento de Treviño, si no me equivoco, mayoría del Partido Popular; en el Ayuntamiento de la Puebla de Arganzón, mayoría del Partido Socialista. Quiere decirse que los dos ayuntamientos perfectamente pueden tomar la iniciativa contemplada en el Estatuto de Autonomía para llevar a cabo esa cuestión. Diputación de Burgos, mayoría del Partido Popular, para que pueda seguir avanzando la proposición; Cortes de Castilla y León, mayoría absoluta del Partido Popular, para que siga avanzando la reivindicación de los treviñeses, en el caso de que no sea realmente lo mayoritario que plantean los ciudadanos de este enclave; y Cortes Generales -en el caso de que sea necesario llegar ahí-, por supuesto que mayoría de los dos Grupos Parlamentarios, para que, en definitiva, se produjera la ley orgánica correspondiente de modificación del Estatuto.

Quiere decirse que, si ésa es la voluntad, no creemos necesario -inclusive consideramos en algún elemento contradictorio- que se plantee aquí una Proposición, cuando perfectamente está contemplado en el Estatuto de Autonomía el vehículo, de alguna forma, el instrumento que contempla el propio Estatuto de Autonomía para hacer valer las reivindicaciones que se plantean desde los ciudadanos del enclave de Treviño.

Y, lógicamente, desde Izquierda Unida, en lo que es nuestra inequívoca posición de respeto al derecho de autodeterminación, lógicamente, y en la medida en que está contemplado este ejercicio de derecho a la autodeterminación de este posible enclave; en la medida en que ése esté contemplado y que haya un sentimiento mayoritario en esas dos localidades de esos ciudadanos, pues no consideramos que hay ningún tipo de impedimento para que eso se articule. Y ahí, en el momento que eso se ponga en marcha, lógicamente, la posición de Izquierda Unida será manifiesta y tendremos el posicionamiento correspondiente.

En definitiva, creemos que es contradictorio que, teniendo en cuenta la posibilidad de poner en marcha lo previsto en la Disposición Transitoria Siete del Estatuto... Séptima del Estatuto, por parte de los ayuntamientos, que tienen el control -por así decirlo- los Grupos mayoritarios de esta Cámara, pues no vemos razón para que eso no se ponga en marcha, y, sin embargo, se traiga aquí una Proposición No de Ley que, de alguna forma, lo que hace es poner en marcha, por otro mecanismo, lo que parece ser que no se atreven unos a ponerlo en marcha a través del mecanismo que está contemplado en el Estatuto de Autonomía.

Por lo tanto, por un lado, en lo que he manifestado en un primer momento, lo que no nos vincula de las propias conclusiones de la Ponencia del Senado, ya que no hemos participado en ella; en la absoluta voluntad de este Grupo de lo que tiene que ser la resolución, y para eso la colaboración de todas las Administraciones, quiero decir, sobre lo que es la primera parte de la resolución, totalmente de acuerdo. Y en lo otro, si realmente hay voluntad de los Grupos políticos mayoritarios y de los Grupos, en definitiva, que son mayoritarios en los municipios correspondientes, tienen voluntad de ponerlo en práctica, háganlo, y ahí, lógicamente, Izquierda Unida tendrá su posicionamiento. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para el turno en contra, señor Granado, ¿quiere consumir? Entonces, no habiendo turno en contra, para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Joaquín Otero tiene la palabra. ¿Va a intervenir don Joaquín Otero? Tiene la palabra.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente, decir que asumimos y ratificamos, sobre todo en su segunda parte, de forma casi textual las manifestaciones realizadas por el Portavoz de Izquierda Unida en este aspecto, y que además compartimos.

Hay una observación, solamente, que hacer, y es su referencia a su apoyo incondicional a la autodeterminación de los pueblos. Y le recuerdo que ustedes, hace bien poco, votaron en contra de la posibilidad de que el pueblo de León pudiera autodeterminarse. En fin, no es motivo, no es motivo de esta cuestión.

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Hay dos cuestiones distintas. Por una parte, lo que manifestaba el Portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente, la solución que aquí se pretende con la Proposición No de Ley presentada es una situación... yo no sé si transitoria, o un primer paso; porque, realmente, el Condado de Treviño tendrá, de una vez por todas, que decidir qué es y adónde quiere pertenecer. Y, efectivamente, las Instituciones tienen una parte importante que decir; y en una las gobierna el Partido Popular y en otra el Partido Socialista. Y está muy bien que se pongan en marcha esos mecanismos.

Ahora bien, lo que yo no sé es lo que piensan los ciudadanos de a pie del Condado de Treviño. Yo he comentado la circunstancia con algunos responsables políticos de la provincia de Álava, en concreto, y la verdad es que no me conducen a ninguna conclusión; no sé cuál es el sentimiento mayoritario de los habitantes del Condado de Treviño. Pero ténganlos ustedes en cuenta, porque son los primeros que tienen que tomar la iniciativa. Está bien que las instituciones pongan en marcha los mecanismos, pero que antes tengan en cuenta qué quieren los ciudadanos del Condado de Treviño; no vayan a decir eso que dicen siempre, sobre todo cuando se plantea el tema de León: no, es que como ganó el Partido Popular, o el Partido Socialista, y los dos dicen o incorporan a sus programas el hecho de que todos los leoneses están contentos con esta autonomía... Pues no, no es así. Miren ustedes, son cuestiones que no tienen nada que ver. Pregunten a los ciudadanos del Condado de Treviño, y en función de lo que decidan, que las Instituciones, que sus representantes, pongan en práctica los mecanismos correspondientes. Ésa es la solución definitiva que se merecen y que exigen los ciudadanos del Condado de Treviño.

Ahora bien, aquí estamos con otra cuestión, estamos debatiendo una Proposición No de Ley sobre la que hay que fijar la posición. Pues miren, como posición intermedia, y en tanto en cuanto las cosas estén como están, y lo realmente cierto es que las cosas están como están, nos parece bien que se dialogue y que se establezcan convenios con todas las Instituciones que puedan verse afectadas en este problema, porque ello irá en beneficio, sin duda, de los ciudadanos del Condado de Treviño. Y por tanto, digamos que como situación transitoria, o como situación momentánea, o como primer paso -así lo interpretamos nosotros-, pues vamos a apoyar la Proposición No de Ley, porque nos parece -repito-, como ese primer paso, absolutamente aceptable y absolutamente asumible. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. La señorita Farto tiene la palabra.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. La verdad es que yo no quiero hacerme pesada con el discurso leonesista, pero, ciertamente, a veces se nos ponen las cosas demasiado de cara como para no coger al toro por los cuernos, y perdóneseme la expresión.

Entiendo que el problema de Treviño, en cuanto a cuestión administrativa, es muy diferente, es totalmente distinto al tema de León; pero en cuanto a la cuestión de autodeterminación de los pueblos, es un problema exactamente igual.

Tengo que confesar mi desconocimiento del tema, en primer lugar porque no soy burgalesa, en segundo lugar porque no he estado en el Senado ni he pertenecido a las Comisiones en las que aquí se ha hablado, pero entiendo que, como parlamentarios del pueblo, debemos de representar a los pueblos que nos han elegido, y entiendo que el problema de Treviño es -vuelvo a repetir- un problema de autodeterminación y un problema de escuchar al pueblo.

Y tengo que decir y recordarles a ustedes que absolutamente todos los miembros de esta Cámara, salvo la Procuradora que habla, votaron en contra de que el pueblo de León se autodeterminara y expresase lo que quiere en un referéndum.

Por tanto, yo estoy harta, señores, de posturas demagógicas. Y yo voy a votar en contra de esta Proposición de Ley como un voto testimonial, que no tiene absolutamente ninguna importancia, pero que tiene la importancia de pedir que se escuche al pueblo. Y el pueblo de Treviño quiere ser escuchado. No quiere que se creen comisiones. Porque creo que la solución que aquí se adopta es una solución que no agrada a nadie; porque crear una comisión ustedes saben que es perderse en el camino.

Y por otra parte, pregunto: ¿por qué vamos a dar un trato especial a Treviño y no vamos a dar un trato especial a León, Zamora y Salamanca? ¿Es que es tan grande la presión vasca que a ellos sí les tenemos que decir que sí y a los leoneses, zamoranos y salmantinos que no? ¿Qué ocurriría si Treviño hiciera frontera con Murcia, por ejemplo? Entiendo, de cualquier forma -vuelvo a repetir-, que es un debate demagógico. Entiendo que, económicamente, Treviño puede ser muy distinto del resto de la Comunidad Autónoma, pero lo que es cierto es que en la cuestión de la autodeterminación de los pueblos lo menos importante es la economía; lo importante es la sociología y la historia.

Y por tanto, desde esos dos puntos de vista, cada pueblo merece elegir su historia y merece elegir su destino. Y mientras nosotros no lo hagamos posible, no estamos respetando la voluntad de los pueblos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El proponente, señor Granado, para fijar el texto definitivo de la propuesta.

GRANADO MARTÍNEZ

(-p.1198-)

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Mire usted, señora Farto, comenzando por el final, y se lo digo porque, sinceramente, este tipo de intervenciones yo ya no las soporto: en nombre del pueblo y de los habitantes del Condado de Treviño y de la Puebla de Arganzón podrán hablar sus Alcaldes, podrán hablar los Procuradores en las Cortes elegidos en Burgos, podrá hablar mucha gente, pero usted no. Los dos Ayuntamientos, los dos Ayuntamientos del enclave, el Condado de Treviño y la Puebla de Arganzón, han ratificado el Informe de la Ponencia del Senado; no me venga usted a hacer descalificaciones gratuitas hablando -como siempre habla- con el mismo grado de profundidad que este folio; porque usted hace discursos que no tienen ningún tipo de contenido, señora Farto. Y la única intervención demagógica de todo este debate ha sido la suya, la suya; y la única parte demagógica de todo este debate ha sido la suya. Y además es que siempre hace lo mismo, es decir, aprovecha el tema de Treviño para hablar de León, aprovecha el debate de financiación autonómica para hablar del Sáhara. ¡Ya está bien, ya está bien!, ¿eh?, ¡ya está bien!

Entonces, vamos a los temas más de contenido, más profundos, que sí que han suscitado algunas otras intervenciones, y que a mí me gustaría aclarar en un ambiente, pues, más de... buscando el acuerdo, más que buscando la asintonía.

Vamos a ver, en primer lugar, los informes de la Ponencia de Enclaves de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado tienen no solamente -digámoslo así- la autoridad moral de haber sido adoptados por los representantes de todos y cada uno de los Grupos Parlamentarios del Senado, han sido ratificados por los Ayuntamientos.

Señor García, Izquierda Unida sí estuvo presente en los trabajos, porque Izquierda Unida sí está presente en el Senado, en el Grupo Mixto. Y hubo Senadores del Grupo Mixto que, sin formar parte de la Ponencia, intervinieron en los trabajos de la Ponencia porque lo pidieron: un Senador de la Comunidad Valenciana, el Senador Ramón i Quiles, que intervino para defender el que se dejara fuera de los trabajos de la Ponencia a Rincón de Ademuz. Propusieron expertos; y la Senadora que representaba al Grupo Mixto, en todos los trabajos de la Ponencia -porque teníamos un especial interés en contar con ustedes-, fue solicitada reiteradamente por el resto de los miembros de la Ponencia para que comunicara al conjunto del Grupo sus conclusiones, y en particular el texto del Informe. Y yo estoy seguro que la Senadora Boneta Piedra, que en este tema se ha comportado de manera magnífica, estoy seguro que consultó el Informe de la Ponencia con ustedes; por lo menos, así lo hizo constar en las reuniones de la Ponencia. O sea, que, señor García, de verdad.

El Informe de la Ponencia ha sido ratificado por los Ayuntamientos. No vamos a ser más papistas que el Papa; no vamos a intentar aquí sustituir hasta la voluntad de los Ayuntamientos del Condado de Treviño y de la Puebla de Arganzón. Pero además es que el Informe de la Ponencia no dibuja un horizonte, no dibuja una solución. Pone de manifiesto la existencia de un conflicto, un conflicto que tiene diferentes soluciones: las que usted ha dado. Hay quienes defienden que la solución a este problema es que se cumplan las previsiones del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y del Estatuto de Guernica, y que se incorpore Treviño, el enclave a la Comunidad Autónoma Vasca. Es una solución. Otra posible solución es la convocatoria de un referéndum. Otra posible solución son los convenios.

Si el problema es que el Informe de la Ponencia lo que recoge son diferentes puntos de vista y la existencia de un conflicto. ¿Y cómo lo solucionamos, intentando que las posiciones que defendemos cada uno de nosotros salgan prevalentes sobre las del resto? No. Empezando a hablar para ver de qué manera, de qué manera contribuimos a solucionar el problema, partiendo de un inicial conflicto. El conflicto es que no pensamos todos igual; que hay dos Ayuntamientos, y un Alcalde sostiene unas posiciones y otro Alcalde otras, y unos Concejales unas posiciones y otros Concejales otras, y unos ciudadanos unas posiciones y otros otras.

¿Y qué es lo que intentamos? Pues, ¡hombre!, de alguna manera, con el Informe de la Ponencia, añadir un plus a este trabajo de cooperación. Y es decir: cualquier acuerdo que se base también en el mayor acuerdo de los ciudadanos será positivo; cualquier acuerdo, cualquier paso adelante que logre que los ciudadanos se pongan más de acuerdo entre sí, será positivo. Cualquier acuerdo que consiga que las instituciones se pongan más de acuerdo entre sí, será positivo, cualquiera. Y es lo que quería decir cuando decía que el Grupo Socialista apoyaría a la Junta sobre cualquier acuerdo que firmara, porque nos parecerá positivo que se llegue a cualquier acuerdo. Porque nos parece que el elemento fundamental en la resolución de este problema es que, partiendo de posiciones muy diferentes, nos pongamos de acuerdo entre todos. Y esto es lo que hemos intentado hacer. Y yo, de verdad, señor García, esté usted seguro, seguro de que hemos hablado con los Senadores de Izquierda Unida, que no pudieron estar presentes en la Ponencia porque el Grupo Mixto tenía un representante y fue nombrada la Senadora de Eusko Alkartasuna. Y esté usted seguro de que han sido consultados sus compañeros en el Senado a la hora de determinar el acuerdo. Y esté usted seguro de que se respeta la voluntad de los habitantes de Treviño, yo creo que ratificando el Informe de la Ponencia.

Y al final, pues... bueno, pues, esta discusión que hemos tenido aquí, esta toma de puntos de vista en torno a un acuerdo fundamental, pues revela que el conflicto no se puede enmascarar, que el conflicto existe. Yo no pienso sobre Treviño lo mismo que piensa el señor Huidobro, ni lo mismo que piensa el señor García. Yo tengo mi propio punto de vista; y estoy seguro de que si lo expresamos aquí, probablemente, a título personal, los ochenta y cuatro Procuradores de estas Cortes tendríamos muchas posiciones diferentes. Y, en todo caso, las de los Grupos políticos son distintas.

(-p.1199-)

Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que una... uno de los pasos que podemos dar en torno a este problema para dejar al lado una trayectoria histórica de muchos y muchos años en los que no se ha dado ningún paso positivo; y no hablo de los últimos en los que se ha llegado a convenios de colaboración, etcétera, sino hablo de los años de los referendos famosos y hablo de los años de la división provincial; para dejar ahora una trayectoria histórica basada en el enfrentamiento entre Comunidades, y basada en el enfrentamiento entre diferentes puntos de vista, es crear un órgano para que se debatan esas cuestiones.

Cuando hablaba de Comisiones para resolver problemas parecidos, no me refería a Comisiones de las Cortes de Castilla y León, sino me refería a Comisiones bilaterales entre Comunidades Autónomas. Era sólo para hacer una aclaración.

A mí me gustaría, personalmente, que ustedes pudieran ratificar, en todo caso, el acuerdo. Y, desde luego, creo que contribuimos con el acuerdo al que hoy vamos a adoptar, se adopte con el respaldo con el que se adopte, a iniciar la resolución del conflicto. Esto no es una varita mágica. Esto no acaba de un plumazo con un problema largo, antiguo en la historia. Esto es, simplemente, poner un cimiento para poder, en el futuro, encontrar alguna solución. ¿Qué soluciones serán éstas? Pues las que digan los ciudadanos de Treviño; las que digan los miembros de la Comisión de Cooperación; las que voten las Cortes de Castilla y León y el Parlamento Vasco; las que aprueben las Cortes Generales por Ley Orgánica, tal y como establece la Constitución; o, simplemente, un convenio de colaboración; o, simplemente, la convocatoria de un referéndum; o, simplemente, nada. Pero cualquier acuerdo que se llegue, en cualquier dirección, va a contar, desde luego, con el plus -si puede suponer algo- del respaldo político de los socialistas; y me imagino que también con el respaldo de los Procuradores en Cortes que adopten esta Resolución.

Yo he intentado, en la medida de lo posible, dejar claro que ésta era una Propuesta que buscaba acuerdos. Y que no parece muy razonable, por lo tanto, su rechazo, y que me gustaría que contara con el voto unánime de la Cámara. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se somete entonces a votación la Proposición No de Ley con la Enmienda del Grupo Popular que ha sido admitida por el proponente. ¿Quienes estén a favor, levanten la mano? Muchas gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y seis. A favor: setenta. En contra: uno. Abstenciones: cinco. Queda, por lo tanto, aprobada la Propuesta de Resolución sobre los problemas de los habitantes del Condado de Treviño.

Y el señor Secretario, le ruego enuncie el siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Duodécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Luis García Sanz, relativa a manifestación de desacuerdo con el levantamiento de líneas férreas en la Región y adopción de iniciativas encaminadas a lograr su aprovechamiento".

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Espere un poco, señor Procurador.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): A ver si se despeja. En silencio, por favor. Les ruego guarden silencio si han de abandonar el hemiciclo.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: La Proposición...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Cuando quiera, señor Procurador.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias. La Proposición No de Ley que presentamos el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida pretende que haya un pronunciamiento inequívoco de este Parlamento autonómico de cara a lo que ha sido un acuerdo del Consejo de Ministros del año pasado para proceder al levantamiento de las líneas férreas, que se produjo su cierre hace aproximadamente diez años. Y, por otro lado, el instar a la Junta de Castilla y León para que, una vez tomada la decisión de que estas líneas férreas no se levanten, el que haya una posibilidad de reutilización, tanto para el transporte ferroviario o, en el caso de que esto no sea posible, para otro tipo de utilización alternativa. Lógicamente, esto... pues tiene que tomar las iniciativas correspondientes desde la Junta de Castilla y León ante la Administración Central para llegar a los acuerdos correspondientes.

Por hacer un poco de memoria de lo que supuso para esta Comunidad Autónoma el cierre de numerosas líneas férreas en los años ochenta y cuatro, ochenta y cinco y ochenta y seis, que dio la casualidad que fuimos la Comunidad Autónoma que más nos vimos afectada por el cierre de líneas, al igual que otras Comunidades Autónomas -también casualmente- como Extremadura y Andalucía, que "casualmente" -entre comillas- también somos de las Comunidades Autónomas con nivel... menor nivel de desarrollo del conjunto del Estado. Y que, una vez más, pues cuando se habla de recortes, somos los que más nos vemos afectados; y cuando se habla de prebendas, da la casualidad que todo lo contrario.

(-p.1200-)

Lógicamente, un elemento tan fundamental para poder garantizar el desarrollo, para que éste se produzca, como son las infraestructuras de transporte -en este caso la infraestructura ferroviaria- pues es inequívoco que aquel... aquella decisión de cierre de líneas -unas que estaban ya prácticamente abandonadas y otras que se decidió el cierre-, pues supuso un hachazo a la posibilidad de desarrollo, o a la posibilidad de desarrollo de las infraestructuras de esta Comunidad Autónoma.

No cabe la menor duda que la disculpa que se puso en su momento, que muchas de aquellas líneas férreas eran líneas férreas que estaban en desuso, que tenían un importante déficit, que estaban semiabandonadas, etcétera, etcétera; o que las líneas que se estaban, de alguna forma, estaban sirviendo de transporte, pues que estaban teniendo una utilización por parte de los ciudadanos, en cuanto a transporte de mercancías, absolutamente escaso.

Desde nuestro punto de vista, que ya manifestamos en aquel entonces nuestra oposición, en muchas de las faltas de uso de las líneas férreas y falta inclusive de rentabilidad económica -aunque desde nuestro punto de vista el transporte público nunca hay que verle única y exclusivamente desde el punto de vista de la rentabilidad económica- consideramos que el desuso o falta de utilización por parte de los ciudadanos, fundamentalmente se produjo por la falta de calidad en los servicios, por la falta... o por el cierre de determinados servicios que se produjo; en definitiva, por el desprestigio que por las diferentes Administraciones se ha venido produciendo año a año; y, en definitiva, la falta de iniciativa o la falta de incentivar a los ciudadanos a la utilización del transporte público.

Lógicamente, no solamente sirve que en un momento dado se haga una fotografía, por así decirlo, de cuál es la situación, en este caso el transporte ferroviario, para tomar la decisión si se cierra o se mantiene; sino que en todo momento tiene que haber una posición, desde nuestro punto de vista inequívoca, de lo que tiene que ser desde las Administración Públicas, fundamentalmente, la potenciación del transporte público, y, sobre todo, esta característica de transporte: que está absolutamente demostrado que tiene un ahorro energético, que es más seguro, que consigue... que tiene menor contaminación -tanto a nivel de contaminación de gases como de contaminación por ruidos-, que tiene mayor capacidad de transporte, que es más rápido, que es más barato, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta todos estos elementos beneficiosos que aporta el transporte ferroviario a la sociedad, no se concibe que los poderes públicos se inhiban ante la posibilidad de potenciar el transporte ferroviario, como sucedió en aquella época, inclusive en este momento, y, a la vez, se potencie otro tipo de transporte como el de carretera.

Lógicamente, esto no es por casualidad. Y un elemento fundamental, desde nuestro punto de vista, es, sin duda, los poderosos grupos de presión que hay para potenciar el transporte por carretera: llámese intereses de empresas automovilísticas; llámese intereses de empresas petrolíferas; inclusive, llámese intereses de recaudaciones fiscales, que, lógicamente, se ven más beneficiados estos intereses a través de la potenciación del transporte por carretera, en detrimento del transporte por ferrocarril.

Lógicamente, consideraciones de este tipo son las que, en su momento, llevaron a permitir el deterioro del transporte ferroviario, y, como tal, llevar a la consecuencia que era inviable económicamente el mantenimiento de estas líneas férreas. Y ahora nos encontramos en que después de diez años, en que lógicamente se ha dejado deteriorado todas estas líneas férreas -desde aquel entonces cerradas-, pues se plantea el levantamiento de las mismas; con lo cual nos encontraríamos, definitivamente, con la imposibilidad de poder recuperar unas líneas férreas que, desde nuestro punto de vista, es imprescindible para conseguir la vertebración social y económica de esta Comunidad Autónoma. Sobre todo, porque, inclusive, en aquel entonces -en la década de los ochenta, por no hacer mención expresa del año en concreto-, pues hicieron promesas, inclusive a localidades concretas que quedaban aisladas en aquel momento, de cuál eran los medios que se iban a articular de transporte público por carretera para garantizar la comunicación de esos ciudadanos; pero, sin embargo, desde entonces lo que hemos visto es que eso no se ha puesto en practica. E, inclusive, medidas de lo que se ha... medidas de los programas -desde nuestro punto de vista totalmente insuficientes- que hay por parte de la Consejería de Fomento, para compensar lo que son transportes deficitarios entre diferentes localidades de transporte por carretera, pues no se ha llevado a cabo; y así tenemos... y se agudiza el problema de lo que son las comunicaciones, inclusive entre capitales de provincia y, por supuesto, entre comarcas y, más agudizado todavía, entre determinadas localidades.

(-p.1201-)

Aquí, una vez más, vamos a la contra de lo que está sucediendo en otros países, inclusive de nuestro entorno europeo, en donde hace años que han llegado a la conclusión de que el ferrocarril es un elemento fundamental para el transporte, por todos estos elementos positivos que yo hacía mención antes. En una situación de necesidad de ahorro energético, se potencia el transporte por carretera (cuando consume el triple que el transporte por ferrocarril). Inclusive, el transporte por aviación, en algunos momentos, se potencia también como alternativa al ferroviario; y consume seis veces más. Que el transporte ferroviario, fundamentalmente, utiliza energía eléctrica, y que, lógicamente, tenemos más posibilidad de producirla en nuestro país, en base a eso, que de otro tipo de energías. Teniendo en cuenta el elemento de la mayor seguridad para los ciudadanos que supone el transporte ferroviario, los datos, por ejemplo, sobre accidentabilidad que se produce, es un 0,5% de los accidentes globales que se producen en el ferroviario en relación con la carretera; el número de muertes, un 0,2%; el número de heridos, un 0,02%. Ni que decir tiene que el transporte de mercancías peligrosas, la cantidad de accidentes que hemos vivido constantemente de mercancías peligrosas a través del transporte por carretera, lógicamente, se podían evitar a través de la mayor seguridad que conlleva el transporte por ferrocarril.

Pero -como digo- una vez más estamos en la dirección contraria de lo que están haciendo los países europeos, que no solamente apuestan, en alguna medida, cuando es conveniente, por los famosos "AVES" -que nosotros, desde Izquierda Unida, no estamos de acuerdo en que se potencien de manera discriminada, sino cuando sean necesarios y haciendo estudios muy pertinentes en la materia-, sino, sobre todo, lo que nosotros consideramos que se hace en otros países y que, sobre todo, nos conviene en esta Comunidad Autónoma: lo que tiene que ser la vertebración del transporte interno en nuestra Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta -y se lo recuerdo una vez más- que somos la Comunidad Autónoma más extensa de Europa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego vaya concluyendo la intervención, señor Procurador.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Sí, muchas gracias, termino enseguida. Y, en este sentido, consideramos fundamental que ese acuerdo del Consejo de Ministros no se lleve a cabo -del levantamiento de líneas férreas-; que, en definitiva, por parte de la Junta de Castilla y León se tomen iniciativas, no solamente declaraciones públicas de decir que "estamos en contra". En aquel momento se hicieron, en el mes de octubre, en el mes de enero, cuando había el Gobierno del Partido Socialista, diciendo que se iban a hacer gestiones para que eso se evitara; ahora se supone que por parte de la Junta de Castilla y León habrá otro tipo de actuaciones, teniendo en cuenta el mayor diálogo -por así decirlo- que habrá en el Gobierno central, para que esto no se lleve a cabo. Pero también, para que por parte de la Junta de Castilla y León haya medidas concretas de potenciar ese tipo de líneas, que se reabran, que haya estudios de rentabilizar, de utilizarlo para el transporte ferroviario; y, cuando esto no sea posible, para la utilización de otro tipo, bien de utilización ecológica, de turismo rural, etcétera, etcétera.

En definitiva, una posición inequívoca de estas Cortes en lo que tiene que ser la potenciación y evitar el levantamiento de líneas férreas e igualmente el instar a la Junta de Castilla y León a potenciar el transporte ferroviario. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias a usted, Señoría. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Por el Grupo Popular, señor Zamácola tiene la palabra.

ZAMÁCOLA GARRIDO

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente. Ya que el señor Procurador Portavoz del Grupo de Izquierda Unida ha comenzado la exposición hablando de hacer un poco de historia, yo tal vez pueda aportar unos datos un poco más concretos a lo largo de la... que ha sufrido la región de Castilla y León, con arreglo al cierre de líneas férreas. Señor Procurador, nuestra Comunidad, a lo largo de su historia, ha tenido una pérdida de más del 40% de sus primitivas instalaciones, con algo más de mil seiscientos kilómetros de líneas férreas de todo tipo de tráfico y algo más de seiscientos kilómetros, en cuanto a viajeros.

Creo que es conocido por todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara la postura de manifiesta oposición al cierre indiscriminado de líneas de Renfe que se está produciendo por el Ministerio. Igualmente, ha sido clara la postura sobre nuestra oposición al desmantelamiento irreflexivo de las líneas férreas cuando no se les da otra utilización alternativa, en donde se puede aprovechar la infraestructura existente. Yo creo que las posturas han sido claras, del Grupo Parlamentario Popular. Usted conoce perfectamente que la Junta está financiando hoy en día líneas como el Madrid-Soria, Madrid-Burgos por Aranda, o también Medina del Campo-Puebla de Sanabria ¿eh? Y, además, con un doble objeto: por un lado, mantener el servicio público; y, por otro lado, mantener, lógicamente, la infraestructura de su utilización.

Por lo tanto, es clara y rotunda la postura del Grupo Parlamentario Popular sobre la decisión unilateral que tomó el anterior Ministerio de Obras Públicas, y que autorizó el levantamiento de las líneas Santander-Mediterráneo, Valladolid-Ariza y Plasencia-Astorga.

Por todo ello, yo creo que, en filosofía, estamos de acuerdo con la Ponencia, perdón, con la Proposición que usted indica. Sin embargo, nuestro Grupo Parlamentario le va a ofrecer, o le va a proponer, en este momento, una apreciación; una modificación de esa Proposición. Nosotros estaríamos dispuestos a votar la Proposición de ustedes, siempre y cuando adicionaran al primer párrafo las siguientes frases: "apoyando cuantas iniciativas". Ustedes acaban en "...así como la pérdida de las instalaciones afectas a las mismas"; y nosotros queremos añadir lo siguiente: "...apoyando cuantas iniciativas formule la Junta de Castilla y León ante la Administración estatal para su recuperación o utilización alternativa" (por tanto, decayendo el segundo párrafo). Consideramos que este modelo que le damos a usted, o esta contraproposición que le damos a usted, es mucho más amplia que la que usted indica solamente por las... las iniciativas políticas. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de réplica, señor García Sanz.

GARCÍA SANZ

(-p.1202-)

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Bueno, pues parece ser que, en vez de ser un turno en contra, no es un turno en contra, cosa que, lógicamente, a nuestro Grupo nos satisface. No obstante, pues, bueno, las consideraciones que ha hecho el señor Portavoz del Grupo Popular de cara a los posicionamientos en contra de lo que en su momento, las decisiones que tomó el Gobierno Central; pues ¡hombre!, en aquellos momentos a Izquierda Unida nos hubiera gustado... nos hubiera gustado no encontrarnos como opción política tan en solitario -aunque, lógicamente, coincidimos con otros muchos movimientos sociales, sindicales, etcétera-, tan en solitario a nivel político, defendiendo el no cierre de líneas férreas, etcétera, etcétera; y, en todo momento, a través de lo que es nuestro posicionamiento inequívoco de potenciación del servicio de transporte por ferrocarril. Y, lógicamente, porque entendemos que lo reafirmado anteriormente, en la presentación de la Proposición No de Ley, que es lo que tiene que ser en todo momento este tipo de potenciamiento, sobre todo cuando no hay alternativa; y, sobre todo, cuando consideramos que es mucho más positivo para la ciudadanía y para otro tipo de elementos. Y, además, porque yo creo que, bueno, ha habido posicionamientos, por lo menos... públicos por parte de portavoces de la Junta, inclusive por el titular de la Consejería, señor Merino, diciendo que apoyarán cualquier medida para evitar el levantamiento de las líneas férreas, etcétera, etcétera. Inclusive, no hay que olvidarse cuando, lógicamente, nosotros planteamos aquí el tema de la utilización de estas líneas férreas para el transporte... no hay que olvidarse de las declaraciones del señor Aznar de mencionar que, cuando él accediera a La Moncloa, iba a ir a través de la línea ferroviaria de la Ruta de la Plata. Por lo menos la primera parte no la ha cumplido, pero esperemos que, estando en La Moncloa, se produzca la reapertura de la Ruta de la Plata, que nosotros, sin duda, lo apoyaremos.

En la proposición o la modificación que se hace por parte del Grupo Popular a la Propuesta de Resolución que hemos realizado, yo creo que no hay diferencias sustanciales. Por lo tanto, creo que no habría ningún problema en recoger la modificación que se produce por parte del Grupo Popular; aunque yo creo que si tiene que ser una condición sine qua non para que el Grupo Popular apoye esa Proposición No de Ley, pues nosotros podemos hacer este esfuerzo para que realmente haya este posicionamiento por parte de las Cortes de Castilla y León, y haya también esa posibilidad de instar a la Junta de Castilla y León -o, como se ha dicho por parte del Grupo Popular, apoyando cuantas iniciativas se adopten por parte de la Junta de Castilla y León- de cara a conseguir la reapertura de las líneas férreas o, en su defecto, la posibilidad de otro tipo de servicio, bien sea de carácter ecologista o de turismo rural. No creemos... no queremos ser mal pensados y considerar que se está haciendo un juego de palabras para cumplir otra cosa diferente. Si realmente la voluntad es ésa, no tenemos ningún tipo de problema; porque, al fin y al cabo, lo que aquí se manifiesta con una Proposición No de Ley, con esta Resolución, es la voluntad política de llevar a cabo esto. En definitiva, el valor es el mismo si al final... qué es lo que en la práctica se lleva.

Lógicamente, en el Diario de Sesiones quedará, en definitiva, la argumentación que se ha hecho aquí por parte del Portavoz del Grupo Popular de lo que tendría que ser el apoyo a la Propuesta de Resolución. Desde nuestro punto de vista, ya digo que si es una condición sine qua non el introducir esa... ese párrafo que se plantea por parte del Grupo Popular para apoyar la Proposición No de Ley, la aprobaríamos. Pero, si no, lógicamente, nosotros mantendríamos la Proposición de Resolución, porque consideramos que desde las Cortes se insta a quien tiene las competencias -que es el Ejecutivo regional- para que se adopten las iniciativas políticas necesarias encaminadas a lograr un aprovechamiento de las actuales líneas férreas como servicio de la red ferroviaria. Cosa que, tomado un poco a "vuela pluma" en la Proposición o en la Enmienda que ha hecho el representante del Grupo Popular, no hace mención, sino que solamente "de apoyar cuantas iniciativas adopte la Junta de Castilla y León"; pero, no se sabe muy bien de cara a qué. Si es de cara, realmente, a conseguir la reapertura de estas líneas como servicio ferroviario, o, en su defecto, buscar otro tipo de alternativas estaremos de acuerdo; si ésa es la voluntad, si ése es realmente el pronunciamiento político que se tiene. Si ésa es la voluntad, no nos importa que realmente sea una u otra redacción; nos importa, en definitiva, el pronunciamiento político y la voluntad de sacar adelante la Propuesta de Resolución. Ahora, si lo que estamos haciendo es un juego de intentar maquillar dialécticamente una Proposición para que sea diferente y no instemos realmente al Ejecutivo regional para que se adopten un tipo de resoluciones; y, en definitiva, se evite que por parte de la Junta de Castilla y León se adopten medidas ante quien corresponda, ante quien tiene las competencias en este momento, que es la Administración Central; y, por lo tanto, lo que se pretende por parte del Grupo Popular es que eso se evite -que desde aquí se mandate a la Junta de Castilla y León-, pues, lógicamente, en ese caso, no estaremos de acuerdo.

Por lo tanto, ahí, si hay una condición sine qua non, lo que sí que se pediría es que hubiera una explicación mayor -posiblemente, esto tendría que haber sido una negociación previa de la Enmienda por parte del Grupo Popular-. Pero si no, pues que se haga en esta tribuna, para que quede claramente qué es lo que se pretende con la Enmienda que se plantea por parte del Grupo Popular. Muchas gracias. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Dúplica, señor Zamácola.

ZAMÁCOLA GARRIDO

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente. Sí, más que dúplica, es, tal vez, una explicación que pide el Grupo Parlamentario, o su Portavoz, y, que tal vez este Portavoz que tiene uso de la palabra no ha sabido decir.

(-p.1203-)

Evidentemente, sí que queremos decir -como él ha indicado- que quede un acuerdo inequívoco. No queremos ningún juego de palabras. Y yo voy a repetir otra vez la adición que se propone. Es: "...apoyando cuantas iniciativas formule la Junta de Castilla y León ante la Administración estatal para su recuperación o utilización alternativa". Luego, yo creo que queda de forma inequívoca y clara.

Y le voy a decir un poco, o explicar un poco las razones. Creemos que esta forma es mucho más amplia, mucho más... abarca mucho más campo, señor Procurador. Si aceptamos -o hubiéramos aceptado- la Proposición como usted indica, entendemos que hay una indefinición, queda un poco en el aire lo de "iniciativas políticas" solamente. Yo creo que, además de las iniciativas políticas, nosotros, al añadir esta... esta adición, apoyamos cuantas iniciativas haya: políticas y no políticas. Y le voy a dar un dato, además, porque no sólo son declaraciones. De hecho, por ejemplo, la Junta ya ha pasado al Ministerio una posible utilización turístico-gastronómica del Valladolid-Ariza en la Ribera del Duero. Quiero decir que podía ser una idea que ya está lanzada; no son palabras, palabras... Pero, es que, además, le digo otra cosa: ¿por qué vamos a parar a empresas que puedan proporcionar o dar ideas para esa reutilización? Queremos decir con esto... Y tenemos un abanico, u ofrecemos un abanico más amplio para que cualquier iniciativa la encauce la Junta, pero, proceda de donde proceda, y se pueda lanzar o se pueda instar a la Administración Central.

Éste es, en esencia... tal vez... no sé si a usted le convence o no, la realidad de nuestra adición; y queremos -repito otra vez- de forma inequívoca, que quede clara la expresión de que es para "su recuperación y utilización alternativa". Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijación de posiciones de Grupos que no han intervenido en el debate, señor Otero, por el Grupo Mixto.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Tanto si se alcanza el consenso entre los Grupos como si no, el Grupo... mi Grupo va a apoyar la Proposición No de Ley presentada por Izquierda Unida. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias a usted. Grupo Socialista, señor de Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Sí, gracias, señor Presidente. No sabiendo muy bien para qué subo, si para fijar la posición del Grupo Socialista sobre la propuesta de Izquierda Unida, o para fijar la posición del Grupo Socialista sobre la Enmienda sobre la marcha presentada por el Grupo Popular, que es un monumento a la ambigüedad.

Si nos fijamos, en principio -que yo creo que es lo que estamos debatiendo- qué es la Enmienda que ha traído el Grupo de Izquierda Unida, nosotros creemos que la propuesta, la Propuesta de Resolución del Grupo de Izquierda Unida, creemos que tiene dos partes muy bien diferenciadas: una parte en la que ellos muestran un desacuerdo político con la actuación del anterior Gobierno de la Nación, que nosotros creemos que, de alguna manera, puede carecer de actualidad, que recuerda un poco a la Oposición... a la Oposición, pero que, legítimamente, usted la trae aquí. En ese aspecto y sobre esa parte de la Propuesta... -y nosotros pediríamos, si se mantiene la Propuesta original de Izquierda Unida, el voto separado de los dos párrafos-, nosotros, por coherencia y responsabilidad política, lógicamente, nos abstendríamos; no querríamos entrar en ese juego. Tampoco votaríamos en contra, porque no querríamos, en ningún caso... no queremos, en ningún caso, dar argumentos al Grupo Popular, o al actual Gobierno de la Nación, para hacer lo contrario de lo que han dicho durante bastante tiempo, y que aquellos que tanta demagogia han hecho sobre esta materia, nosotros queremos que ahora se enfrenten a sus propias responsabilidades. Pero, ya vemos que están cambiando el discurso; ya vemos que están haciendo hoy un discurso distinto del que hacían hasta hace un mes, y buena prueba de ese cambio de discurso es la intervención que hemos escuchado del Portavoz del Grupo Popular.

La segunda parte de su propuesta, nosotros la vemos en positivo. Es relativamente ambigua, pero entendemos que es positivo. Vale un poco para todo: no sabe qué líneas, con qué líneas habría que hacer una cosa, o habría que hacer otra. Pero, bueno, esas cosas más vale que usted no las sepa; no es su responsabilidad, además, saberlo; esas cosas sí que las debería saber perfectamente aquellos que gobiernan, aquellos que gobiernan en la Junta de Castilla y León, y aquellos que gobiernan ahora, con programas perfectamente preestablecidos, en el Gobierno de la Nación.

Nosotros creíamos, por ejemplo, pues que la línea Santander-Mediterráneo es difícilmente recuperable, pues es una línea que no se acabó nunca; nunca llegó a Santander. Probablemente esa línea se reaprovecharía; de hecho, ya se está reaprovechando en ciertas partes del norte de la provincia de Burgos para usos alternativos.

Hay otra línea, que nos enteramos hoy que también se va a usar de esta manera -nos lo ha comunicado el Portavoz del Grupo Popular-, que es la línea Valladolid-Ariza. Pues, probablemente, eso tenga que ser así. Pero hay algunas líneas en las que, probablemente, haya que actuar de alguna otra manera. Que las líneas... o muchas líneas cerradas, con un gran pulso político, se iban a mantener, incluso en el supuesto de la victoria del Partido Popular, eso era algo que sabía todo el mundo.

(-p.1204-)

El señor Aznar en el año noventa y cinco, en unas declaraciones en Televisión Española, dijo aquella frase histórica de que "los trenes pasan por las estaciones, y que si en las estaciones no hay gente que suba a los trenes, esta situación debe ser replanteada". Nunca supimos si era replantearse que los trenes pasaban por las estaciones, o que los trenes pasaban por las líneas, pero, en cualquier caso, ese replanteamiento, que anunció clarividentemente el señor Aznar en el año noventa y cinco, es lo que ha llevado hoy a la práctica el Portavoz del Grupo Popular esta misma mañana, que el asunto tiene que replantearse.

Y entonces, sólo sabíamos eso. Pero ahora sabemos bastante más. Porque el nuevo Gobierno, por boca de su Ministro de Industria, ha dicho, muy seriamente, que se van a privatizar todas las empresas públicas. Y Renfe es una empresa pública. Por lo tanto, nosotros entendemos que Renfe va a privatizarse; nadie ha dicho lo contrario. Eso lo debieron pactar el señor Pujol y el señor Aznar, lógicamente, porque todos sabemos quién nombró al señor Piquet en este Gobierno.

Y también sabemos una cosa, que la única empresa pública que no se va a privatizar, por ahora, es Hunosa, que por algo el señor Álvarez Cascos es de Asturias -¿no?-, y tiene claro lo que tiene que hacer. Y nos sorprende que esa empresa, que durante años se nos ha dicho aquí y hemos aguantado la bronca de que era la gran competidora desleal contra la minería de León y de Palencia, sea ahora la única empresa pública que no se va a privatizar. Pero bueno, a lo mejor tampoco se privatizan algunas otras.

Ahora, las que no se privaticen se van a cerrar, y eso lo ha dicho el señor Piquet y el señor Barea. Y el señor Piquet sabe mucho de cerrar empresas; y si no, que se lo pregunten a los trabajadores de Nicas en Valladolid. Pero bien, es probable que Renfe o se privatice o se cierre. Vamos a suponer que se va a privatizar, y aquí es donde se nos plantean algunos problemas, algunos problemas que alguna vez se nos deberán contestar, sobre ¿cuándo se abrirán al servicio estas líneas? ¿Con Renfe todavía pública o Renfe, ya privatizada? Eso, el Grupo Popular debería empezar a pensarlo.

Cuando saquen los concursos de venta de las líneas de Renfe para privatizarlas, ¿incluirán el compromiso de la reapertura? Eso sería interesante que lo fuéramos a ver, porque, si no, estamos hablando de todo de memoria. Cuando se busquen las alternativas a las líneas que no se vuelvan a abrir, ¿cuándo se buscan las alternativas, cuando Renfe es todavía una empresa pública o cuando Renfe sea una empresa privada? Y la Junta, ¿aportará recursos para este tipo de reaperturas? ¿Cuándo, cuando Renfe siga siendo una empresa pública, o cuando Renfe sea una empresa privada?

Ésas son preguntas interesantes, ustedes deberían empezar a plantearse esos temas, no hablar del pasado. Porque una línea es seguro que se va a reabrir. Santander-Mediterráneo es difícil; Palazuelo-Astorga, es difícil, pero nosotros estamos seguros que la línea Plasencia-Astorga se va a reabrir, ya se ha referido a ello el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, porque hay compromisos muy fuertes del Partido Popular en reabrir esa línea. Porque en esa línea esta localizado Benavente, y el señor Aznar prometió volver en tren a Benavente, y lo hizo en el año ochenta y siete. Y ahora tiene su gran oportunidad. Y estamos seguros que cumplirá. En otras cosas no ha cumplido: no ha reducido cinco mil altos cargos de la Administración del Estado, pero nosotros estamos seguros; aunque hay gente que dice que no lo va a cumplir -son malévolos, críticos malévolos-, nosotros estamos seguros que esto lo va a cumplir. No importa que en este caso a Benavente se pueda llegar ahora por una red de autovías importantísimas. No importa, llegará a Benavente en tren. Lo prometió y lo va a cumplir. Sólo nos cabe una duda, que algún día se nos contestará, si volverá a Benavente en tren con Renfe todavía pública, o con la Renfe ya privatizada.

En cualquier caso, si se mantiene la propuesta en el sentido que la hace... que la ha hecho Izquierda Unida, nosotros pediríamos que se votara por separado; nos abstendremos en el primer apartado y votaremos favorablemente en el segundo.

Ahora bien, si el Grupo de Izquierda Unida admite la Enmienda sobre la marcha planteada por el Portavoz del Grupo Popular, nosotros tendríamos que votar en contra. Porque apoyar cualquier propuesta de la Junta, eso es algo suicida para esta Comunidad Autónoma. Nada más lejos de nuestra intención que dar un cheque en blanco a la Junta de Castilla y León. Por tanto, nosotros pedimos que no se admita esa Enmienda en los términos que ha planteado el Portavoz del Grupo Popular por el bien de esta Comunidad Autónoma; y en el supuesto de que se admitiera, nosotros anunciaríamos nuestro voto... anunciamos en este momento nuestro voto en contra. Nada más, gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El Procurador proponente, señor García Sanz, fijando el texto definitivo y cerrando así el debate.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. De la explicación que nos ha dado el Portavoz del Grupo Popular para explicarnos su Enmienda, pues nos ha introducido más dudas todavía, dado que ha puesto, fundamentalmente, su énfasis en lo que es el condicional "formule la Junta de Castilla y León", "apoyando cuantas actuaciones formule la Junta de Castilla y León". Y claro, como Portavoz del Grupo Popular que apoya a la Junta de Castilla y León en todo lo que ha venido haciendo hasta ahora, también en lo que es política ferroviaria, y si ésa va a ser la línea de continuidad de actuación de la Junta de Castilla y León en política ferroviaria, pues ¡aviados estamos!

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Porque si de aquí... lo que se pretende en la propuesta de Izquierda Unida es precisamente variar lo que ha sido la actuación de la Junta de Castilla y León, en la actitud ante la dejación en lo que ha sido en su momento el cierre de líneas férreas y la decisión... Pero es que no solamente a veces es financiación, señor Merino, muchas veces; y lo que está planteando aquí, en la medida de que no hay competencias todavía en estas cuestiones, es también que haya pronunciamientos políticos. Es que ustedes, ni eso. Y, en gran medida, lo que está planteando aquí es que haya un pronunciamiento político y que haya unas actuaciones de iniciativas políticas por parte de la Junta de Castilla y León ante la Administración Central, con la que ustedes se llevan ahora muy bien.

Así pues, si realmente ustedes, señores del Partido Popular, tienen voluntad de lo que nosotros desde Izquierda Unida hemos presentado, para que realmente se evite el levantamiento de estas líneas férreas, que, lógicamente, las líneas férreas, desde nuestro punto de vista, no hay ninguna ambigüedad de cuáles son: Valladolid-Ariza, Santander-Mediterráneo, Palazuelo-Astorga, Quintanilla-Barruelo, Toral de los Vados-Villafranca del Bierzo, Fuente de San Esteban-La Fregeneda. Yo creo que está claro a qué líneas férreas nos referimos. Otra cuestión es que se quieran coger las cosas con papel de fumar -por así decirlo-, y en la Proposición de Ley hayamos puesto las líneas fundamentales y hayamos dicho "y otras", para que, en todo momento, no hubiera ningún tipo de posibilidad de línea férrea, pero, sobre todo, que no haya ninguna duda ante estas Cortes que la preocupación que planteamos aquí Izquierda Unida es la preocupación de todos esos ciudadanos...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías, guarden silencio, por favor.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: ...que en gran medida se quedaron sin un servicio público de transporte en la década de los ochenta, que no se les ha prometido lo que se les dijo... que no se ha cumplido lo que se les prometió entonces, de poner transportes alternativos, y que, lógicamente, se les ha puesto en unas situaciones mucho más... de mayor desigualdad, en relación al resto de los ciudadanos y con, lógicamente, con menores posibilidades de desarrollo.

En definitiva, por lo tanto, si tienen ustedes voluntad de que haya un pronunciamiento inequívoco de estas Cortes de Castilla y León, no haciendo oposición a la oposición, sino lógicamente teniendo un posicionamiento de estas Cortes de Castilla y León en contra de lo que fue la decisión de quien en aquel momento tenía la decisión de gobernar, que era el Consejo de Ministros; no es hacer la oposición a la oposición ahora, sino pedir un pronunciamiento político ante unos hechos que están ahí. Y aquí no se trata de marear la perdiz, sino tener pronunciamientos inequívocos sobre lo que son problemáticas que, por lo menos desde Izquierda Unida, son latentes y preocupantes para los ciudadanos. Otra cuestión es el querer hacer juegos de palabras y marear la perdiz, pero aquí no hay ninguna voluntad de Izquierda Unida de hacer oposición a la oposición, sino en todo momento hacer oposición a medidas que, desde nuestro punto de vista, son antisociales e impiden el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. Ésa es nuestra posición inequívoca.

¿Cuándo se van a abrir? Pues desde nuestro punto de vista se deben abrir inmediatamente. No se tenían que haber cerrado nunca. Es ahí donde también está nuestro otro posicionamiento inequívoco: no se tenían que haber cerrado nunca. Porque si había líneas deficitarias era porque había voluntad política de abandonarlas, porque no había voluntad de garantizar los servicios suficientes. Como hoy en día está sucediendo con otras líneas férreas, que se están cerrando servicios también y que, lógicamente, a los ciudadanos se les obliga a ir a transportes alternativos. Lógicamente, nos veremos abocados, si se sigue con esa política, que dentro de poco tiempo líneas que en este momento ni mucho menos son deficitarias, pues consigan serlo, gracias a que el abandono y el deterioro de servicios y el cierre de servicios, los ciudadanos, lógicamente, se van a buscar otro tipo de alternativas que le son más beneficiosas.

Por lo tanto, no solamente es -como yo decía antes- hacer la fotografía en un momento dado, sino tener el pronunciamiento inequívoco político de qué es lo que interesa. Y, ¿cómo se van a abrir, con Renfe privatizada o Renfe pública? No cabe la menor duda -y no se trata de hacer oposición a la oposición-, pero si se hacen manifestaciones de eso podemos hacer aquí una pequeña historia de cuál es la situación de Renfe como empresa pública en este momento y cuál es el deterioro que, lógicamente, como Renfe... como empresa pública se le ha abocado a que hoy en día tenga unos servicios a los ciudadanos en peores condiciones. Porque no se trata como yo decía antes solamente de AVES; se trata también, lógicamente, de acercar y de conseguir que a través del transporte ferroviario se potencie el desarrollo endógeno y sobre todo en Comunidades como ésta de Castilla y León. Y ahí, lógicamente, para qué dar datos -si los conocemos todos- de cuál es la incidencia que el transporte ferroviario, tanto por superficie, tanto por Producto Interior Bruto, tanto por ciudadano, etcétera, tiene en este país, en esta Comunidad Autónoma.

En definitiva, desde Izquierda Unida, inequívoco: Renfe, empresa pública a prestigiar, a potenciar y a financiar. ¿Por qué en otros países, por ejemplo, el déficit supuesto de las empresas de Renfe, las empresas ferroviarias, las absorbe el Estado y en ningún momento son atribuibles a la gestión de la propia empresa? ¿Por qué en otros países, por ejemplo, la gestión, o los déficits, o los costos de explotación de las estructuras, como tal, del servicio ferroviario no se atribuyen a la empresa, sino que son costes que se atribuyen al propio Estado?

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¿Por qué, por ejemplo, a las empresas de transporte por carretera no se les hace pagar un coste por la utilización de las carreteras y a Renfe sí? Ahí, de alguna manera, no cabe la menor duda de que hay voluntad política de hacer atribuir y desprestigiar un transporte ferroviario que, lógicamente, está en las antípodas de lo que en Izquierda Unida planteamos.

Termino enseguida, señor Presidente. Mantenemos desde Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, dado que hemos visto que no había -por lo menos en la expresión que aquí se ha planteado en la Enmienda- voluntad política, por parte del Grupo Popular, de apoyar realmente, de instar a la Junta a que tome medidas, porque se dice, "formule". ¿Y si la Junta no formula nada, como ha hecho hasta ahora? Pues, quiere decirse que se vacía de contenido la propuesta que hace Izquierda Unida. Si a eso nos quieren ustedes llevar, lógicamente, no cabe la menor duda, que la duda, la preocupación que aquí hemos manifestado de que era un juego de artificio dialéctico, usted nos lleva a la conclusión que era eso y nada más. Si ustedes tienen la voluntad, realmente, de evitar que las líneas férreas se levanten, voten la propuesta de Izquierda Unida. Si ustedes están de acuerdo en potenciar el servicio ferroviario, cambien de política y apoyen la propuesta de Izquierda Unida de instar a la Junta de Castilla y León, quiero decir mandatar a la Junta de Castilla y León a que modifique lo que es su política hasta ahora, y que, en definitiva, se potencie el servicio ferroviario en nuestra Comunidad Autónoma.

Y, lógicamente, nosotros consideramos que la Proposición de Ley es una unidad en su conjunto; quiere decirse que parte de lo que debe ser el pronunciamiento de estas Cortes en política ferroviaria. Y como consecuencia de ello, se saca la conclusión de que se debe instar a la Junta de Castilla y León a modificar la política, en consonancia con el primer punto.

Por lo tanto, la votación consideramos que debe ser conjunta. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Sometemos a votación la Proposición No de Ley en sus propios términos, entre otras razones... y de lo cual me alegro, porque es que la Enmienda del Grupo Popular realmente no existía; no se había presentado ninguna Enmienda en forma.

EL SEÑOR...: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No, no, no. No cabe esa posibilidad. Se somete a votación la Proposición No de Ley tal como venía formulada en sus propios términos. ¿Votos a favor de dicha propuesta?

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Pero una cuestión previa. Nosotros hemos pedido que se voten por separado los dos párrafos. Ése es un derecho del que va a votar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Pero las iniciativas parlamentarias, en principio, si lo acepta el proponente, sí; si no, no.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: No, no. Ése es un derecho del que va a votar, la separación. No pedimos que se cambie el texto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): La propuesta es única. Si el proponente la acepta, se votará conjuntamente. Pero bueno, él acepta, de todas maneras, que se vote por separado.

Entonces, sometemos a votación por separado, porque lo acepta el proponente. Primer párrafo de la propuesta. ¿Quienes estén a favor? Gracias. ¿Quienes estén en contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos, setenta y siete; a favor, seis; en contra, cuarenta y ocho; abstenciones, veintitrés. En consecuencia, queda rechazado el primer párrafo de la Proposición No de Ley.

Ahora se somete a votación el segundo párrafo de la misma. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: setenta y siete votos emitidos; veintinueve a favor; cuarenta y ocho en contra; ninguna abstención. Y queda, por lo tanto, igualmente rechazado.

Señor Secretario, le ruego proceda a dar lectura al decimotercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimotercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por la Procuradora doña María Elena Pérez Martínez, relativa a reestructuración sanitaria en materia de recursos humanos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor, guarden silencio, para poder continuar el Pleno con orden. Tiene la palabra la proponente, Procuradora doña Elena Pérez Martínez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Como consta en los antecedentes de esta Proposición No de Ley, desde hace aproximadamente diez años se han venido elaborando distintos proyectos de reestructuración de recursos humanos en materia sanitaria. A pesar de la existencia de un amplio consenso entre los distintos colectivos -agentes sociales, consejos de salud, etcétera-, se ha ido postergando por los sucesivos Gobiernos autónomos del Partido Popular.

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Y vamos a hacer un poco de historia. En el Real Decreto -es decir, Decreto estatal- 137/84, que es donde se planteaba ya el nuevo modelo de atención primaria, se planteaba cuáles tenían que ser los equipos de personal que tendrían que conformar este nuevo modelo. Y ya hablaba de personal de medicina, enfermería, trabajador/trabajadora social, veterinaria y farmacia, y otros que pudieran ayudar. Funciones -recuerdo- de promoción de la salud: fomento, protección, atención sanitaria, prevención de la enfermedad, reinserción social, etcétera, con el desarrollo, por supuesto, de los distintos programas básicos de salud, incluido el del medio ambiente, que para esta Proposición No de Ley nos parece básico; incluido el del medio ambiente, abandonado por este... estos sucesivos Gobiernos autónomos.

En mil novecientos ochenta y cinco, en un Decreto, 60/85, ya de Castilla y León, se estructura lo que es el Plan de Salud. Se cambia el concepto hacia una atención integral de la salud; ya no valía sólo el personal de medicina y de enfermería para la atención a la salud... la atención integral a la salud. Y se habla en mil novecientos ochenta y cinco de la integración de personal farmacéutico y veterinario en estos Equipos de Atención Primaria, amortizando los antiguos partidos farmacéuticos y veterinarios y creando las plazas en los Equipos Básicos de Atención Primaria. Es decir, Señorías, hace once años ya se hablaba de la integración de este personal.

La Ley General de Sanidad, en el ochenta y seis, ahonda sobre el tema, y todo esto, hace más de diez años, está en vigor, Señorías, y todavía está pendiente de realizar.

El seis de julio de mil novecientos ochenta y nueve se promulga un Decreto por el que se reestructuran los Servicios Veterinarios de Castilla y León, y sin problemas, Señorías.

Y por fin, en nuestra Ley, la Ley de Castilla y León de Ordenación Sanitaria, del seis de abril del noventa y tres, en su Disposición Adicional Cuarta se contempla la reestructuración de los distintos servicios y puestos de trabajo de las escalas sanitarias referidas a los puestos de trabajo, farmacéutico en concreto. ¿Para qué?, dice nuestra Ley. Para posibilitar el desarrollo, la implantación definitiva de los Servicios de Atención Primaria. Y da una serie de plazos nuestra Ley, la Ley que apoyaron en esta Cámara el Grupo Popular y el Partido Socialista. Da una serie de plazos: de doce meses, Consejo Regional de Salud; tres años, revisión del mapa sanitario; incorporación de personal de farmacia. Todos los plazos de esta Ley incumplidos por el Gobierno autónomo.

Con el cumplimiento de toda la legislación precedente -como decimos en nuestra Proposición No de Ley- se... daría lugar a que todo el personal que compone y/o debe componer los Equipos de Atención Primaria se incorporarían a trabajar en los centros de salud, para así lograr la implantación y desarrollo definitivo de la Atención Primaria de Castilla y León. Personal básico, Señorías, reconocido también por el Grupo Popular, con competencias específicas -este personal- y explícitas en nuestra propia Ley respecto a la Atención Primaria. Toda esta reestructuración precisaría una ordenación farmacéutica que delimitaría las funciones de salud pública y de personal con oficina de farmacia abierta.

Anteproyectos de esta Ordenación Farmacéutica de Ley tienen también desde hace más... diez años. Declaraciones del señor Consejero, hace años, señor Consejero actual: "Mil novecientos noventa y cuatro será el año de la reestructuración farmacéutica".

Todo lo anterior, unido a que en los Equipos de Atención Primaria que trabajan en los centros de salud... hay una desigual dotación entre unas zonas y otras de Castilla y León, de personal de medicina, enfermería, etcétera.

Pues bien, con la reestructuración que proponemos de estos recursos acabaríamos con situaciones de desigualdad que se llevan arrastrando desde la implantación de los centros de salud, y que no se puede, no se quiere o no se sabe solucionar. Por ejemplo, hay situaciones -y ya lo hemos dicho más de una vez en esta Cámara-... hay poblaciones con menos de cien habitantes atendidas por un personal de medicina... en Valladolid, por poner un ejemplo, hay más de veinte núcleos de población, y, en cambio, en Valladolid también hay otros tantos con una sola persona profesional de medicina, con más de dos mil y tres mil habitantes.

Es decir, Señorías, tenemos ciudadanía de primera y de segunda en Castilla y León.

Proyectos, y más proyectos discutidos y consensuados por los agentes sociales, profesionales, consejos de salud, población, etcétera.

Con esta PNL, esta Proposición No de Ley, queremos que la Junta asuma el compromiso con la atención sanitaria en Castilla y León que ella misma ha promulgado; que asuma el compromiso con la Atención Primaria con este modelo, en vigor todavía, y que se ponga en cada sitio lo necesario y lo suficiente. Y que se pongan plazos, Señorías, porque el retraso es de casi ya once años. Que se ejerzan las competencias y legislen y reestructuren en este sentido. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Hay una Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, señora Puente, tiene la palabra.

PUENTE CANOSA

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LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Señorías. En representación del Grupo Parlamentario Socialista, quiero compartir y también apoyar la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida por dos motivos muy concretos: uno, porque su contenido es bueno y es de extrema y urgente necesidad para todos los castellanos y leoneses. Y otro, porque no viene más que a recoger, y a apoyar, y a ratificar, las denuncias que durante toda esta Legislatura esta Procuradora, como Portavoz de la Comisión de Sanidad y Bienestar Social, ha estado manifestando permanentemente, tanto en la Comisión de Sanidad y Bienestar Social como en los Plenos de estas Cortes. Tanto es así que en el Pleno de catorce de marzo, en el Diario de Sesiones, textualmente, yo manifestaba que lo que estaba sucediendo es que la Junta de Castilla y León no cogía al toro por los cuernos, porque tenía miedo y estaba totalmente en manos de cierto sindicato y en manos de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

También, esta Proposición No de Ley del Grupo de Izquierda Unida viene a recoger la Proposición No de Ley que esta misma Procuradora, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, presentó ante la Comisión de Sanidad y Bienestar Social con fecha de catorce de febrero; catorce de febrero que, por lo tanto, es una Proposición No de Ley que lleva ya casi los cuatro meses pendiente de debate en estas Cortes.

Nosotros distinguimos en esta Proposición No de Ley dos núcleos fundamentales, distintos uno del otro, de los cuales uno hace referencia a la redistribución de los facultativos interinos de Atención Primaria, redistribución; y el otro núcleo más esencial -en este caso por estar incumplido en su primera fase ya- es la integración de los farmacéuticos titulares a los Centros de Salud.

Por lo tanto, nos parece que es ya de extrema y urgente necesidad -como decía en un principio- para la población de Castilla y León, puesto que ambas situaciones están contempladas, por no remontarme a situaciones legales anteriores, simplemente reconocidas y mandatadas por la Ley seis de abril de mil novecientos noventa y tres, incumplida en su casi totalidad por la Junta de Castilla y León.

No obstante, a nosotros nos parece de máxima gravedad que a estas alturas, y reconociéndolo como lo reconoce tanto el Consejero como el Director General de Salud de que, efectivamente, están mal redistribuidos los recursos humanos en la Atención Primaria, reconociendo que existen -como ha dicho la Proponente- lugares en donde hay... no se puede permitir que un médico atienda a cien o doscientos habitantes, mientras otro tiene más de tres mil. No se puede permitir que los farmacéuticos, habiendo como hay ochocientos en paro, no se puede permitir que la Junta de Castilla y León, por no integrarles en los Centros de Salud y por no derogar de una vez ya, a pesar de que se aprobó la enmienda... no se puede permitir -digo- que en este momento haya farmacéuticos titulares que dispongan de dos puestos de trabajo a la vez, que, a la vez, nos hace pensar en que están no cumpliendo con sus funciones correctamente, tanto como es la atención de su farmacia, como es la de inspección y control de las aguas y de los alimentos en los distritos farmacéuticos, en los partidos farmacéuticos que les corresponden, muchos de ellos -como decía ayer- con más de treinta pueblos a su cargo.

Por lo tanto, aceptamos plenamente la Proposición No de Ley presentada por Izquierda Unida, pero nos parecía que su enunciado era demasiado sintético y que tendríamos la necesidad -conociendo los incumplimientos continuos que se hacen desde la Junta de Castilla y León de todo lo que aquí se aprueba, incluso con el rango de ley-... que tenía que estar más matizado para estar más explicitada y más consolidada. Y, por lo tanto, decíamos exactamente lo siguiente: Aceptábamos la primera parte, íntegramente, manifestada o propuesta por Izquierda Unida, y añadíamos: "Las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a proceder a la reestructuración sanitaria en materia de recursos humanos antes de que finalice el año mil novecientos noventa y seis". Hasta aquí, la Proposición de Izquierda Unida; y continuábamos, o continuamos: "... Convirtiéndose de este modo la Zona Básica de Salud en una demarcación sanitaria única que englobe los diferentes núcleos poblacionales asignados a cada profesional, suprimiéndose, en consecuencia, los partidos farmacéuticos en que se delimitaba el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Que se proceda a la integración de los Servicios Farmacéuticos oficiales de la Junta como dispositivos de Atención Primaria de Salud, formando parte de los Servicios de Inspección de Salud Pública de las Administraciones de la Comunidad Autónoma, aplicándose, en consecuencia, las previsiones de la Ley 1/93 en materia de incompatibilidades".

Y, para terminar, quiero decir que estas incompatibilidades, según la Disposición Adicional Cuarta, hacen referencia a los siguiente: "el personal...", dice: "Una vez realizada la reestructuración de los puestos de trabajo de los Servicios Farmacéuticos de Castilla y León, será incompatible con la condición de titular, copropietario, regente, sustituto o adjunto de oficina de farmacia, almacén de productos farmacéuticos, almacén de distribución de medicamentos de uso veterinario, laboratorio de análisis clínicos, laboratorio farmacéutico u otros establecimientos análogos". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de réplica, la Proponente, señora Martínez tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, brevemente señor Presidente. Una aclaración previa. La distribución o las partes que tiene nuestra Proposición No de Ley claramente son dos. Una redistribución de los recursos, pero quiero aclarar a Su Señoría que no nos referimos exclusivamente al personal de medicina, y mucho menos exclusivamente al personal interino, sino que nos estamos planteando la redistribución del personal que actualmente trabaja, de todo el personal que actualmente trabaja y está integrado en los Equipos de Atención Primaria, que en unas zonas es completamente deficitario y en otras está sobrepasado.

(-p.1209-)

Agradecer -con todo cariño- la adicional que nos ha planteado el Grupo Socialista. Aclarar, de todas formas, que lo único que hace es copiar la Disposición Adicional Cuarta de la Ley apoyada por ustedes -los dos Grupos- en esta Cámara. De todas formas, nos parece que puede ser una aclaración; entonces, mi Grupo, el Grupo Proponente -aunque pensamos que es una copia de la Disposición Adicional Cuarta, que ya se plantea nuestra Proposición No de Ley- admitiremos esa Enmienda de Adición. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Señora Puente ¿quiere hacer alguna observación una vez admitida? Gracias.

Entonces, los Grupos que no han intervenido en el debate, si quieren fijar posiciones. Por el Grupo Popular, señor León de la Riva.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Señor Presidente, Señorías. Nuestro Grupo se va a oponer a la aprobación de esta iniciativa de Izquierda Unida y a la Enmienda de Adición que presenta el Grupo Socialista, que -como bien dice la Proponente- no viene a añadir absolutamente nada, sino a incurrir en una obviedad de perogrullo, que es añadir algo que ya está escrito en un texto de la Ley, en el que además me cupo el honor de ser proponente de la misma; por lo tanto, me lo conozco sobradamente.

Señora Pérez, ha hecho usted un relato cronológico que puedo suscribir prácticamente en su totalidad, si bien ha cometido una omisión. Es cierto lo del Decreto 117/84, lo del 60/85. Es cierto -y también algo tuvo que ver este Portavoz, que en el ochenta y nueve se produjo la reestructuración veterinaria. Ha olvidado que en el año noventa se produjo la reestructuración de las matronas -no ha hecho referencia alguna a ese tema- y que la reestructuración farmacéutica viene recogida -como bien se ha dicho aquí- en la Adicional Cuarta. Pero parece olvidar -tanto la proponente como la enmendante- que la Adicional Cuarta viene de alguna forma condicionada por la Transitoria Cuarta, en la que sí voy a reconocer que su Grupo no estuvo de acuerdo en el texto de la Ley -que fue el caballo de batalla-, pero que redactamos de común acuerdo entre el Grupo Popular, el Grupo Socialista y los propios técnicos de la Junta, y que, como todos sabemos, ha sido recurrida ante los Tribunales, y en el momento actual se encuentra en el Tribunal Constitucional.

De dar vía libre -como usted propone y ratifica después la Enmienda socialista- a la puesta en marcha de la reestructuración farmacéutica, sin resolver previamente la Transitoria Cuarta, además de lesionar derechos adquiridos, también lesionaríamos grandes cantidades de expectativas de derecho, y por lo tanto, entendemos nosotros que, desde el punto de vista de respetar las expectativas y los derechos del personal interino, podríamos entrar después en un círculo de imposible retorno, aunque hubiera sentencias judiciales de esas que después son de imposible cumplimiento; y alguna ha tenido ya esta Comunidad Autónoma en su historia, de sentencias de los tribunales que se han mostrado de imposible cumplimiento.

Usted reconocerá conmigo que la reestructuración de la Atención Primaria que se ha hecho en esta Comunidad Autónoma, que el número de Equipos de Atención Primaria integrados en esta Comunidad Autónoma no tiene parangón alguno en todo el territorio nacional. Castilla y León es -con diferencia- la Comunidad Autónoma que más equipos tiene integrados y que más ha avanzado en la reforma de la Atención Primaria. Que no era un modelo del Grupo o del Partido Popular, que estaba en la Ley General que se aprobó en las Cortes Generales -una Ley socialista-, pero que aplicamos contra viento y marea en esta Comunidad Autónoma, hasta el grado que no ha sido aplicado -insisto- en ninguna otra Comunidad.

Pero a usted además, como profesional, no le es ajena la enorme dificultad que la Consejería de Sanidad y Bienestar Social ha tenido a lo largo de toda la Legislatura pasada, y de algunos meses de la presente, por la falta de colaboración del Insalud a la hora de hacer esa redistribución y esa integración de las zonas, hasta el punto de que la mayor dificultad se produce allí donde la competencia es prácticamente del Insalud. Y usted sabe que es permanente la presencia de pleitos entre la Comunidad Autónoma y el Insalud, que yo le garantizo se han terminado ya, porque a partir de ahora va a haber un grado de entendimiento perfecto entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social y los responsables del Insalud en esta Comunidad Autónoma.

Con respecto a esa reestructuración de personal humano - porque bien dice usted en su intervención no se refiere sólo a médicos y enfermeras, no ha excluido a nadie y, por lo tanto, la Enmienda de Adición no viene a añadir nada que usted no hubiera dicho en su iniciativa-, no está exenta de dificultades, y a usted le consta que hay conversaciones con las centrales sindicales con representación en el sector y con las Corporaciones Locales, en aras de llegar a una mejor distribución de esos médicos, de esas enfermeras, de ese personal en las Zonas de Salud, porque tampoco la Junta está de acuerdo con la redistribución actual.

Bien es verdad que menos consecuente parece la actuación del Grupo Enmendante, porque en el ánimo de todos está -y desde luego en los archivos de este Portavoz- un escrito circular del Partido Socialista en plena campaña electoral, alertando a las Corporaciones Locales de la provincia de Salamanca -provincia por la que la enmendante es Procuradora- diciéndoles ¡ojo!, que la Junta pretende modificar el personal sanitario de tu zona; oponte y moviliza al pueblo. Difícil manera de entender la reestructuración y la reasignación de efectivos es la de levantar en armas a las Corporaciones Locales y a los ciudadanos de los pueblos, cuando se pretende desde la Junta abordar esa reestructuración.

(-p.1210-)

Por lo tanto, compartiendo con su Señoría, desde el Grupo Popular y desde el Gobierno, la necesidad de reestructurar las zonas y la distribución del personal, eso se está haciendo con criterios de eficacia y eficiencia desde la Consejería, donde hay un proyecto que se está negociando con las centrales sindicales. Por cierto, ni la Consejería ni la Junta es prisionera ni de algún sindicato, ni de los colegios profesionales. La Junta de Castilla y León no está más sometida que al criterio de la Ley y a la voluntad de estas Cortes representativas del pueblo de Castilla y León. Otros, a lo mejor, tienen otro tipo de mandatos; no así la Junta de Castilla y León.

Para concluir, la iniciativa que usted trae aquí hoy había sido asumida en su primera comparecencia por el señor Consejero de Sanidad y Bienestar Social ante las Cortes. Y lo único que no se puede asumir es el plazo. Sería mucho más fácil para el Consejero proceder a la reestructuración por decreto, máxime cuando ahora no va a tener -me consta- las dificultades que el Insalud le ha puesto. Pero como la voluntad de la Junta es llegar al consenso con todos los sectores afectados, es por lo que no podemos admitir plazo alguno y, por lo tanto, rechazamos tanto la iniciativa como la Enmienda, que -insisto- no dice absolutamente nada. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para fijar el texto definitivo, la señora Martínez tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Por una cuestión previa de orden, agradecerle que me haya olvidado de un Decreto. Y quiero agradecer que la Consejería me facilitó en su día textos. Y, entonces, yo sé que ustedes tienen veinticinco iniciativas legislativas sobre Atención Primaria; si quiere se las relato, pero tengo cinco minutos y entonces no le puedo plantear todo.

Ustedes nos están diciendo, y ya sabíamos que ustedes iban a decir que lo están haciendo, que tienen interés...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías, les ruego guarden silencio, por favor.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Le ruego que me disculpe este tiempo hasta que se sienten.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Sí, sí, no se preocupe Señoría.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Es que no me oyen si no.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Continúe Señoría.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Continúo. Lo único, lo que nos han venido aquí a plantear, entre otras cosas, es que ya es la intención de esta Consejería el redistribuir el personal, que ya tienen el compromiso, y la Junta toma el pulso actualmente a los agentes sociales. Y yo les digo, Señorías, Grupo del Partido Popular, llevan ustedes diez años tomando el pulso a la población, a los agentes sociales.

Entonces, lo único que está planteando mi Grupo Parlamentario es que le parece que ya es hora; que después de diez años, cuando ustedes accedieron, su Grupo, el Partido Popular al poder, el señor Consejero entonces, León de la Riva, ya le consta que tenía un estudio de redistribución de personal y una Ley, un anteproyecto de Ley de ordenación farmacéutica, que no difiere mucho al anteproyecto que se está planteando. Es decir, llevan ustedes diez años de retraso tomando el pulso, y lo único que le venimos a decir aquí es que cumplan su Ley, como usted bien ha dicho. Y para decirle que, dentro de sus competencias, la planificación sanitaria regional no es sólo elaborar leyes, planes, etcétera, que se publican en libros, muy bonitos, y le puedo decir planes de salud publicados preciosos -y seguramente usted lo sabe-, pero que no se ponen en marcha.

Las leyes, los planes, los decretos, etcétera, está claro que están para desarrollarlos y cumplirlos. Los profesionales y las profesionales resulta que quieren trabajar en este modelo, en este nuevo modelo y ustedes no les dejan. Están demandando, no digo que sea a gritos, seguramente a voces, lo están haciendo en la calle, lo están haciendo al señor Procurador del Común este tema. Y la población, seguramente, lo que tiene que estar pensando -y le vamos a hablar de esa encuesta, que no lo ha sacado usted pero lo sacan siempre-, la población está pensando que esto de la atención primaria en manos de su gobierno es un camelo, porque la muestra o el grado de satisfacción con el modelo de Atención Primaria, primero, es una muestra muy pequeña -y tengo el dato y usted lo sabe-, y, segundo, lo único que hace es agradecer que los profesionales, aun mal distribuidos, ejercen bien su profesión. Es decir, un modelo de Atención Primaria que además no es suyo ni le ponen en marcha.

Es decir, en la planificación también plantea temas de personal, y no exclusivamente eso. Y usted está diciendo que han sido problemas con otra Administración. Pues, claro, nosotros ponemos en contacto con la otra Administración, que resulta que antes de las últimas elecciones era de otro color político, y nos dicen que son ustedes. Entonces, mire usted, Señoría, es que nosotros lo que queremos es defender los intereses de la población, no de su Grupo político, ni de otro grupo político. Resulta que la redistribución de personal, en algunos casos, la ha tenido que facilitar, desde luego, la otra Administración que usted está planteando.

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Está hablando usted que le está impidiendo apoyar esto la Transitoria Cuarta de una Ley que aprobaron ustedes. Mire que les avisamos; les avisamos, Señorías, les avisamos. Pero les tenemos que decir que el Tribunal Constitucional, que tiene parado el único concurso-oposición que en diez años han sacado ustedes, lo que no va a decir es si los farmacéuticos o farmacéuticas se tienen que integrar en los Centros de Salud. Y nosotros estamos hablando de la Disposición Adicional Cuarta, no de la Transitoria. La Transitoria hablaba del acceso del personal eventual a personal fijo, no de la integración en los Centros de Salud. La Disposición Adicional Cuarta es otra cosa.

Y porque ustedes nunca hacen los deberes ni cumplen su propia Ley de Función Pública, resulta que tenemos en la Consejería de Bienestar Social... es una pena que no esté el Consejero de Presidencia, porque se lo recordaré, o al Presidente del Consejo de la Función Pública le recordaré que tiene que hacer cumplir la Ley de Función Pública a todas las Consejerías: 50% de personal eventual en Servicios Centrales; 60% de personal eventual en medicina, 80% de farmacia. ¡Qué les parece! Diez años sin haber sacado plazas fijas. La Ley de la Función Pública, insisto, es para todas las Consejerías, pero parece ser que para ésta no lo es.

Nosotros, como usted bien ha dicho, no apoyamos la Ley de Ordenación Sanitaria no exclusivamente por este problema de la Transitoria Cuarta. Pensábamos que esta Transitoria aquí puesta, primero, no era la ubicación adecuada en una Ley de rango... con un rango de Ley, de Ordenación Sanitaria, intentar solucionar los deberes que ustedes no estaban haciendo en muchos años que llevaban gobernando; ésa no era la ubicación. Además, contradecía la Ley de la Función Pública y además les dijimos que rozaba con los derechos fundamentales de las personas. Por eso está en el Tribunal Constitucional y corren ustedes, corremos el peligro en Castilla y León que esa Ley tenga que ser declarada anticonstitucional por su mala cabeza, quiero recordarles.

Yo sé que ahora -y me lo han dicho- ustedes dicen que van a acometer y que están haciendo lo de la redistribución de personal. Pero lo han dicho tantas veces que, perdonen, pero no me lo creo; porque es que he estado en esas negociaciones, he ido desde hace once años a plantear este tema, y siempre se iba a hacer. Un alto cargo... dos altos cargos de esa Consejería decían: es imposible sacarlo, porque tenemos presiones corporativas. Pues, mire, yo le dije, les voy a ayudar yo en las Cortes, apóyenlo, que entonces yo les ayudaré. Pero claro, otro alto cargo de esa misma Consejería planteaba: "pero, bueno, Elena, ¿cómo lo vamos a hacer si siempre estamos en campaña electoral? A ver si lesionamos intereses de alguno de nuestros alcaldes". Ése es el problema, Señoría, que sólo hacen caso a intereses corporativos rozando con derechos fundamentales. En esta materia, como en otras, siempre están en campaña electoral, y se lo digo muchas veces; priman sus intereses políticos, de alguno, por encima de los intereses de la población.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego concluya.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, voy acabando. Pero, ustedes, lo que está subyaciendo aquí... porque si ustedes de verdad lo quisieran hacer, hubiesen traído a estas Cortes, hubiesen dicho: vamos a hacer una Enmienda, una Enmienda de sustitución y sólo apoyaríamos la primera parte. Ni siquiera eso han traído a esta Cámara, porque tampoco están dispuestos a hacerlo. Porque no defienden el modelo, no defienden el modelo, Señoría; el modelo de atención primaria lo defendemos algunos y ustedes no, y ése es el problema. No defienden ni el modelo, ni los intereses de los profesionales que se lo están demandando, y, desde luego, no defienden el modelo que está planteando la población, ni defienden sus intereses. Están abandonando el modelo público desde hace once años. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: ...Casi once.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, se somete a votación la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida. ¿Quienes estén a favor, levanten la mano? ¿Votos en contra...? Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos, setenta y seis. Votos a favor, veintiocho. En contra, cuarenta y ocho. Abstenciones, ninguna. Por lo tanto, queda rechazada la Proposición relativa a la reestructuración sanitaria en materia de recursos humanos. El señor Secretario procederá a dar lectura al decimocuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimocuarto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el Proyecto de Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se va a proceder, en primer lugar, al debate de las Enmiendas y Votos Particulares que se mantienen en el Pleno, y al final se realizarán las votaciones. El primer grupo de Enmiendas son las que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista números 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23, 25, 33, 39, 40 y 41. Señor Granado, tiene la palabra para su defensa.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Comenzamos el debate de las Enmiendas de la Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León, y, en nombre de mi Grupo, voy a hacer una intervención global de defensa de todas ellas, haciendo algunas consideraciones generales sobre el Proyecto de Ley que nos ocupa.

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Y la primera consideración es que ésta es una Ley cuyo trámite parlamentario ha sido relativamente atípico. Esta Ley entró en las Cortes de Castilla y León por el procedimiento de urgencia, y sale de las mismas después de una tramitación parlamentaria que ha durado nueve meses, lo mismo que dura un embarazo; si utilizáramos algún símil hospitalario diríamos que la Ley entró en el hospital por vía de urgencias, pero que se ha convertido en un enfermo crónico, porque es difícil encontrar alguna ley de Castilla y León que haya tenido un transcurso tan largo de tramitación parlamentaria. Y llega después de haberse prometido reiteradamente en esta Cámara por parte de los diferentes Consejeros que han ocupado la responsabilidad de comercio de la Junta de Castilla y León, una Ley de Ordenación de Comercio o una Ley de Equipamientos Comerciales.

Comenzó siendo esta Ley una alternativa -que pretendía ser- a la Ley de Ordenación del Comercio minorista del Estado. Como ustedes saben, estaba tramitándose en las Cortes Generales una Ley de Ordenación del Comercio minorista, que preveía una segunda licencia para los grandes establecimientos comerciales que debía otorgar la Comunidad Autónoma. Nuestra Ley de Castilla y León, que pretendía aprobarse antes de la Ley de Ordenación de Comercio Minorista del Estado, no estaba de acuerdo con esta segunda licencia y preveía una tramitación complicada -alambicada, casi yo diría- de la licencia urbanística, la licencia de apertura que tenían que tramitar los diferentes ayuntamientos de la región.

Durante la tramitación parlamentaria hemos convertido un Proyecto de Ley, que era alternativo a la Proposición de Ley que tramitaban las Cortes Generales -presentada por el Grupo de Convergència i Unió y luego asumida por el Gobierno socialista-, en un proyecto de Ley de Desarrollo Legislativo de la Ley de Ordenación de Comercio minorista del Estado.

Lo que hace nuestra Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León es regular cómo va a tramitarse en Castilla y León la segunda licencia para los grandes establecimientos comerciales, establecida en la Ley de Ordenación de Comercio Minorista del Estado.

Empezamos, pues, por la vía de urgencia y hemos acabado a ritmo más bien lento. Empezamos, pues, con una Ley que pretendía ser alternativa del Estado, y, al final, lo que estamos haciendo es aprobar un Proyecto de Ley que desarrolla legislativamente la Ley del Estado y que concuerda, básicamente, con la Ley del Estado.

A nuestro juicio -y lo hemos dicho en la tramitación-, no es ésta una Ley... no es la Ley que necesita el comercio de Castilla y León. Es una Ley que más bien parece una acumulación de diferentes normas de inferior rango jurídico. Por ejemplo, la Ley no regula la venta ambulante, pero sí que regula la venta en pisos y los mercadillos. O la Ley no regula lo que debería ser un plan integrado de ordenación del comercio en la Región, pero sí que regula un Plan de Equipamientos Comerciales. La Ley no regula problemas que preocupan tanto a los ambulantes, como son cómo la Junta de Castilla y León va a abordar los problemas de defensa de la competencia, de evitación de la competencia desleal; ni tampoco aborda uno de los principales problemas que preocupan a los ciudadanos, como es el problema de los horarios de los establecimientos comerciales.

No obstante, nosotros hemos facilitado nuestro concurso para mejorar la Ley. Pensamos que, en todo caso, la Ley tiene aspectos positivos porque desarrolla legislativamente lo que es una buena Ley, que es la Ley del Estado; y en lo que tiene de carencia, pues no es nuestra responsabilidad, porque hemos presentado las suficientes enmiendas parlamentarias para intentar que la Ley fuera mejor y fuera sobre todo más global, y tuviera un poquito más de ambición. Y, al final, el Proyecto de Ley que hoy vamos a discutir, pues se queda -ya digo- en una acumulación, más bien inconexa, de diferentes preceptos, en los cuales en algún caso hemos llegado a acuerdos -y son positivos- y en otros casos hemos simplemente paliado lo que son -digámoslo así- las consecuencias negativas que puede tener la aplicación de la Ley en el sector.

Por ejemplo, la Ley preveía... el Proyecto de Ley presentado por la Junta preveía que cualquier persona en esta Región, cualquier persona en esta Región que fuera a desarrollar una actividad comercial en un piso, tuviera que someterse previamente a un informe de un organismo, que es el Consejo Castellano-Leonés de Comercio, que se ha reunido el último año... creo recordar que han sido tres veces. O sea, estamos hablando de decenas de miles de personas que iban a verse limitadas en el ejercicio de su actuación profesional por un informe de un organismo que se reúne tres veces al año en toda la Región.

Y estamos hablando de esto en un momento en el que el Consejo de Ministros está aprobando la desregulación de actividades básicas de la economía nacional. Es decir, estamos hablando, en esta Ley, en un momento en el que vamos a la liberalización general de las estructuras productivas, y, sin embargo, establecemos intervenciones puntuales, coyunturales y muy concretas de la Junta de Castilla y León, en una práctica que fundamentalmente es libre, porque así lo reconoce la Constitución y el resto de nuestro ordenamiento jurídico.

Pero yo no quiero hacer aquí un balance exclusivamente negativo de la Ley. Hemos llegado a acuerdos importantes sobre la misma. Yo diría que el acuerdo para desarrollar en Castilla y León la segunda licencia para los grandes establecimientos comerciales es un acuerdo importante. Es un acuerdo razonable al que hemos llegado sobre la democratización del Consejo Castellano-Leonés de Comercio, y hoy mismo vamos a aprobar enmiendas transaccionales que solucionan algunos problemas puntuales de la Ley, que tenían, a nuestro juicio, alguna importancia, aunque sólo fuera el que no se aprobara una Ley de la Comunidad Autónoma que convirtiera en derecho sustantivo de la Comunidad Autónoma un decreto dictado por un ministerio del Gobierno de la Nación.

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Y vamos a intentar en este Pleno seguir defendiendo hasta el final, con la misma esperanza con la que defendemos todas nuestras Enmiendas -es decir, con casi ninguna, pero, por lo menos, con la mayor argumentación que seamos capaces de dar-, lo que son nuestras propuestas globales sobre otros aspectos en que creemos que la Ley puede seguir mejorándose.

Y el primero es la regulación de la venta ambulante. La regulación de la venta ambulante en Castilla y León es un problema, y es un problema que afecta globalmente a los Ayuntamientos, que enfrenta a sectores comerciales entre sí, y que a veces perjudica -otras veces, simplemente, deja en indefensión- a los ciudadanos.

No entendemos cómo es posible que se diga que la Ley puede regular los mercadillos o la venta domiciliaria, y no quiera regular la venta ambulante. No entendemos qué problemas pretende solucionar la Ley; porque la venta a domicilio ya es un problema para algunos sectores comerciales, como lo es la venta ambulante, pero no para los ciudadanos. Y la venta en mercadillos es un problema para algunos sectores comerciales, pero no distinta a otras prácticas de venta que le suponen una competencia a los mismos sectores.

Pues, ¿por qué regular unos aspectos y otros... unos aspectos sí y otros no, y, además, regularlo mal? Porque, al final, cuando lo regulamos, lo regulamos de manera vacía, y al final hacemos referencia a un Real Decreto del Ministerio de Economía del año ochenta y cinco -creo recordar-, que regula la venta ambulante, los mercadillos y otros aspectos, otras prácticas, otros sistemas de venta alternativos al del comercio asentado.

Bueno, pues seguimos intentando que exista una regulación global, respetuosa -respetuosa- con las competencias de los Ayuntamientos, de la venta ambulante.

En cuanto al Plan de Equipamientos Comerciales que la Ley establece, a nuestro juicio -y sin perjuicio de reconocer que han sido aceptadas algunas enmiendas parciales de nuestro Grupo-, debe ser un plan descentralizado.

Tenemos una Región de noventa y ocho mil kilómetros cuadrados, y éste va a ser un leit-motiv de lo que son las intervenciones del Grupo Socialista en esta Cámara en esta Legislatura. No entendemos cómo es posible no contemplar, en una Región tan amplia, con estructuras comerciales tan diferentes, la necesidad de que el Plan se desagregue territorialmente, y que se elaboren planes para cada uno de los grandes municipios de la Región, para las zonas fronterizas; o planes sectoriales que afecten a alguno de los núcleos más problemáticos de la situación de nuestro comercio: los comercios que están ubicados en conjuntos históricos, los comercios que están en mercados; el tema ya referido de la venta ambulante.

Pero como tengo -y mi Grupo lo va a tener siempre en esta Cámara- un ánimo de llegar a un acuerdo sobre los aspectos fundamentales de la Ley, yo les digo con toda franqueza: si ustedes nos garantizan que va a haber un plan para las zonas fronterizas, nosotros retiramos la Enmienda, porque nosotros lo que queremos es que exista el plan, no que el plan esté en la Ley.

Si ustedes nos reconocen que va a haber un plan para los conjuntos históricos, nosotros retiramos la Enmienda. Y si ustedes nos reconocen que va a haber un plan de actuación concreta para los mercados, nosotros retiramos la Enmienda (lamento que no esté el Consejero que debería desarrollar de manera ejecutiva estos proyectos). Pero nuestro intento de ver en la Ley algunos apartados, no es un intento de que figure en el texto legal "per se"; es un intento de conseguir que ustedes gobiernen mejor. Y, ante la falta de concreción de sus propuestas y de sus promesas en el trámite de la Ley, seguimos manteniendo estas Enmiendas.

En cuanto a la regulación de los mercadillos, no voy a insistir -éste es un debate que hemos tenido mucho-; ahora mismo vamos a aprobar dos Enmiendas Transaccionales que mejoran notablemente el artículo de la Ley que regula los mercadillos. Sí que tengo que seguir diciendo que con la aprobación de estas dos Enmiendas Transaccionales, que suprimen algunos apartados concretos: uno, porque chocaba frontalmente con la competencia de los Ayuntamientos y les decía dónde podían ubicar mercadillos sí o no, y les impedía hacerlo en zonas peatonales, lo cual, a nuestro juicio, era incorrecto; y otra, porque se refería a un Decreto del Estado, que nunca puede estar en una Ley de la Comunidad Autónoma... Bueno, pues, con la aprobación de estas dos Enmiendas, que mejoran el texto de la Ley, pues el artículo que regula los mercadillos queda como lo que es, que es todavía más vacío de contenido; no porque hayamos eliminado aspectos sustanciales con la aprobación de las Enmiendas Transaccionales, sino porque ya lo que se dice es tan genérico que, si no se dijera, daría igual, y porque lo que añadía de concreto el Proyecto de Ley, pues estaba incorrectamente añadido.

Y luego tenemos otro grupo de Enmiendas que hace referencia a algunos de los principales problemas de los consumidores y de los comerciantes en nuestra Región.

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Nosotros creemos que la Junta de Castilla y León -y no creemos, estamos en condiciones de afirmarlo con algunas pruebas y alguna rotundidad, y en esto compartimos el criterio de algunas asociaciones de comerciantes, o de las asociaciones de comerciantes en general-... que la Junta de Castilla y León no está ejecutando las competencias que le atribuye la Ley de Defensa de la Competencia y que está permitiendo la práctica, en la Comunidad Autónoma, de prácticas desleales en el sector del comercio. Pensamos que tampoco está haciendo uso de sus competencias en materia de ordenación de la publicidad. Pensamos que tampoco lo está haciendo en... tampoco está ejecutando sus competencias en materia de competencia desleal. Y pensamos que no ha empezado a ejecutar todavía -y que, probablemente, en muchos casos, ni siquiera empiece nunca-, a ejecutar algunas de las funciones que le atribuye la Ley de Ordenación de Comercio Minorista.

Pretendemos que la Junta de Castilla y León presente un informe ante el Consejo Castellano-Leonés de Comercio en estas materias. Ustedes me van a decir que esto no es un tema de la Ley. Pues, si la Junta se compromete a presentar este informe periódicamente, yo acepto el compromiso y retiro la Enmienda. Pero si no lo hacen ustedes, les anticipo que el Grupo Socialista pedirá en la Comisión de Industria de estas Cortes la comparecencia del Consejero, para que nos informe de qué es lo que está haciendo su departamento en materia de toda esta amplia panoplia de competencias que tiene la Comunidad Autónoma y que, a nuestro juicio, no ejerce.

Y en el tema de los horarios comerciales, aquí sí que me voy a extender un poquito, porque si no lo hiciera, yo creo que esta Cámara correría el riesgo de incurrir en un cierto cinismo parlamentario. Y lo hago sin ningún tipo de matiz acusativo.

Todos los que hemos intervenido en la tramitación de esta Ley reconocemos una cosa evidente: y es que los Decretos de la Junta en materia de regulación de los horarios comerciales, en los núcleos rurales de esta Comunidad Autónoma no se cumplen. Y, además, no solamente coincidimos en que no se cumple... y yo le dije al Portavoz del Partido Popular en la Comisión, en tono de broma, que le podía venir aquí, al debate de este Proyecto de Ley en la sesión de las Cortes, con diez o doce artículos comprados en domingo, en tiendas abiertas en doce... o quince municipios de mi provincia y de toda la Comunidad Autónoma.

Pero no solamente estamos de acuerdo en que no se cumple el Decreto de la Junta. Estamos de acuerdo en que no debe cumplirse. Estamos de acuerdo en que es malo que el Decreto de la Junta se cumpla. Y estamos de acuerdo en que la única manera que tiene de subsistir el comercio en los núcleos rurales más pequeños de la Región es que no se cumpla el Decreto de la Junta.

Y nosotros, ¿qué proponemos aquí? ¿Que se derogue una norma que no se cumple y que está bien que no se cumpla, que tiene efectos perversos? Pues no. Lo que pretendemos es que se adecue. Y decimos: que la Junta de Castilla y León, en un plazo de tres meses -no tengo ningún inconveniente en decir seis meses, nueve meses, o un año, o el plazo que ustedes digan- modifique este Decreto, para permitir que los comercios -no todos, algunos, los que ustedes nos digan- en los Ayuntamientos de menos de cinco mil habitantes de la Región -no en todos, en algunos, en los que ustedes nos digan- tengan más liberalizado su horario de apertura en festivos. ¿Que quiere decirse que no puedan abrir en todos los festivos? No. No en todos, en los que ustedes nos digan. Para evitar el bochorno de que la norma de la Junta no se cumple, y que nadie podemos exigir aquí su cumplimiento, porque sería peor para los comerciantes y peor para los consumidores de la Región. Porque es muy razonable que las tiendas de la alimentos vendan en domingo en los pueblos de menos de quinientos habitantes en esta Comunidad Autónoma. Es superrazonable. Lo que no es razonable es que tengan que cerrar, porque es cuando venden algo. Y porque la competencia a la que les someten las grandes superficies comerciales va a acabar con estas tiendas si no liberalizamos algo más su ejercicio de la actividad profesional.

Y ustedes, ¿qué nos dicen? Pues nos reconocen que la norma no se cumple, nos reconocen que nadie tiene ningún interés en que la norma se aplique. Pero nos dicen que nuestra propuesta no les gusta, y no plantean ninguna propuesta alternativa.

Bueno, yo creo, sinceramente, que hacemos un mal ejercicio todos nosotros si aceptamos que las normas que dicta la Junta de Castilla y León donde están mejor es en el congelador, y no aplicándose por los ciudadanos y por los establecimientos.

Y yo creo que, además, estamos abocando, con esta situación de ilegalidad tolerada, pero que en la práctica encuentra problemas -porque hay denuncias, hay actuaciones, depende de la buena voluntad de los alcaldes, que en algunos casos esto crea conflictos sociales con vecinos o con otros grupos-, en la práctica estamos abocando al cierre de buena parte de los establecimientos comerciales, sobre todo en algunos ramos -en el ramo de la alimentación-, en el conjunto de los Ayuntamientos pequeños de nuestra Comunidad Autónoma.

Y queremos coger el toro por los cuernos. Y podemos ofrecerles cualquier consenso sobre esta problemática, hasta el que en las Cortes de Castilla y León constituyamos una ponencia para investigar de qué manera podemos liberalizar los horarios comerciales en los núcleos rurales de Castilla y León. Y les ofrecemos nuestro concurso para asumir el coste que puedan tener esas medidas, conjuntamente, desde la Oposición socialista al Gobierno Popular, y me imagino que los otros Grupos Parlamentarios de la Oposición estarán en idéntica situación. Todo, antes que permitir que las normas de la Junta de Castilla y León sean malas y no se apliquen. Y, lo que es peor, que busquemos entre todos fórmulas absolutamente pervertidas para conseguir paliar las consecuencias de nuestras propias normas, como es el declarar zonas de interés turístico a un número creciente de Ayuntamientos en la Región en los que se permitan estas aperturas en festivo de los establecimientos comerciales.

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Porque, al final, si no, señores del Grupo Popular, tendremos que proponerles que toda la Región sea declarada zona de interés turístico. Porque será lo razonable. Porque cada nueva zona de interés turístico que ustedes aprueban, los municipios limítrofes a la zona piden ser incluidos en la misma y se sienten agraviados. ¿Por qué en esos pueblos se puede abrir y yo no puede abrir? Y porque, además, es que es una norma que está calcada directamente de un Decreto del Gobierno de la Nación, pero calcada, calcada en artículos enteros. Y lo que es válido con carácter general para los problemas de la Nación, en Castilla y León no es válido. En Castilla y León tenemos que entrar al detalle, porque para eso, entre otras cosas, sirve la Comunidad Autónoma, para regular mejor nuestros propios problemas.

En conclusión, estamos aprobando aquí un Proyecto de Ley que empezó muy mal, empezó con la pretensión de ser -ya digo- una alternativa a la legislación del Estado, que se tramitara muy rápidamente. Hemos conseguido mejorarlo con mucho sosiego. Al final el sosiego ha sido tanto que yo creo que, al final, el contenido material de la Ley pues va a ser de aplicación más que dudosa. Dudo yo que en Castilla y León quede por establecer algún gran establecimiento comercial. Yo creo que en los últimos tres años, desde los que la Ley se prometió a cuando se va a aprobar, ya se han establecido todas las grandes superficies comerciales. Pero, en cualquier caso, bien está que lo regulemos y bien está que lo hagamos en congruencia con la legislación del Estado.

Hemos conseguido hacer una Ley que es compatible con la legislación del Estado. Eso es muy razonable. Podemos sentirnos satisfechos de haberlo mejorado, por lo tanto. El Plan de Equipamientos Comerciales supone -y no lo vamos a discutir- un avance positivo; a nuestro juicio, podría suponerlo mayor, si realmente ustedes asumieran algún mínimo criterio descentralizador. Nos hubiera gustado una regulación más global de todas las formas de venta ambulante. Nos hubiera gustado. Ustedes se han empeñado en qué mercadillos sí y otras cosas no. Bueno, pues, esto, a nuestro juicio, empeora la Ley. Nosotros creemos que hay otras materias en las cuales sería interesante que la Junta de Castilla y León ejerciera sus funciones, sus competencias y sus atribuciones con mayor diligencia. Lo vamos a intentar votando las Enmiendas, pero probablemente no lo vamos a conseguir. Y nos hubiera gustado que la Ley hubiera supuesto un avance más definido de cara a los consumidores, lo cual, a nuestro juicio, hubiera... se hubiera conseguido con algún tipo de iniciativa en materia de horarios comerciales, sobre todo en los núcleos rurales de nuestra Región, donde la aplicación de la normativa de la Junta es más deficiente y plantea efectos más perversos.

Pero en cualquier caso, yo sí tengo que agradecer, porque sería de justicia hacerlo -si no, sería absolutamente impertinente mi intervención-, el talante negociador que las personas que por parte de la Junta de Castilla y León y por parte del Grupo Popular han abordado la discusión de la Ley. Yo creo que hemos conseguido mejorarla sustancialmente. Y en todo caso, pues donde tenemos criterios distintos, pues ustedes entiendan que la expresión de la discrepancia no supone una incriminación personal o una imputación personal a su falta de voluntad, sino, simplemente, la constatación de que nosotros y ustedes seguimos pensando de manera diferente en muchas cosas. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, señor Cot, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Señorías. Yo voy a empezar, en nombre del Grupo Popular, en la réplica al señor Granado por su principio y por su final.

Comentar el principio de su intervención, en el sentido de que cuando ha comenzado, yo creí que estábamos en otro debate a la totalidad del Proyecto de Ley, porque se ha referido usted a términos generales y nos ha hecho un repaso de la historia y los avatares que este Proyecto de Ley ha pasado hasta llegar al día de hoy, donde espero que la Propuesta del Grupo Popular salga adelante y quede aprobada, en beneficio de todos y especialmente del sector del comercio, esta Ley.

Y decía usted, hablaba del trámite atípico que ha tenido el desarrollo y la evolución del trámite del Proyecto, y ha llegado a la calificación de enfermo crónico para el Proyecto, y que llegaba después de muchas promesas, y que era una alternativa a la Ley General, etcétera.

Decirle que no puedo estar de acuerdo en esa exposición. Que, entre otras cosas, el retraso de este Proyecto de Ley viene dado, en primer lugar, por catorce años pendiente del desarrollo de la Constitución en lo que dice su Artículo 51.3, y que, por supuesto, no era competencia de este Grupo Parlamentario Popular. En segundo lugar, decir que el retraso viene determinado también por las sentencias, ya comentadas en lo que fue un debate a la Enmienda a la Totalidad que ustedes presentaron, en el sentido de que las distintas sentencias del Tribunal Constitucional hacían que las competencias de esta Comunidad Autónoma en materia de comercio fuesen en vía de ejecución, como así vuelve a recoger la Ley de Ordenación General del Comercio Minorista aprobada a primeros de año, o que entraba en vigor a primeros de año y aprobada al final del pasado, y eso imposibilitaba que la Comunidad pudiese tener en anteriores Legislaturas una Ley de Comercio, como durante mucho tiempo fue el deseo y el espíritu de la Junta de Castilla y León.

Por otra parte, y una vez presentada por ustedes aquella Enmienda a la Totalidad, que -en mi opinión- sólo sirvió para... para dilatar más la aprobación que hoy nos ocupa, en el sentido inclusive de que entonces basaban sus argumentaciones fundamentalmente en los conceptos urbanísticos que recogía el Proyecto de Ley, y aquellas argumentaciones en lo fundamental han desaparecido, si es cierto que, en gran medida, fruto del diálogo y del trabajo activo de la Ponencia.

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Y después, por acabar el análisis, pues viene un retraso derivado de las circunstancias tales como las propias Elecciones Generales, como el cambio de la Presidencia de la Comisión, y, por supuesto, la propia entrada en vigor de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que ha hecho, por un criterio sensato -en mi opinión- de todos los Grupos políticos, que tuviésemos que volver a retomar los trabajos de enmienda para que esta Ley sirva, no sólo como es ahora su objeto, de una cierta complementariedad de la Ley General de Ordenación del Comercio Minorista, sobre todo en lo referente a la segunda licencia, a la licencia de actividad comercial para grandes superficies, con lo cual se obvia que queden las normas dispersas y pueda haber una dispersión de la norma que haga confuso la aplicación y el desarrollo de la Ley. Pero la Ley no es sólo -como usted decía- una... un complemento de la Ley General; es, en parte, un complemento, y es mucho más, mucho más.

Ha terminado -y como he dicho que empezaba por el principio y el final de su intervención- agradeciendo el talante de diálogo que se ha mantenido a lo largo de todos los trabajos de Ponencia. Y agradezco muchos sus palabras, al mismo tiempo que le reitero el mismo sentimiento, de que en opinión de... de los que hemos intervenido, de los dos ponentes del Grupo Popular y estoy seguro que del resto, de que entendemos que se ha llevado por los cauces de la normalidad -creo que deseada por todos- y que, indudablemente, el Proyecto se ha mejorado.

¡Hombre! Con algunas declaraciones de prensa no puedo estar de acuerdo. Con declaraciones como las recogidas en "El Norte de Castilla" del tres de junio, en las que se dice que "saldrá el Proyecto de las Cortes mejor de lo que presentó el PP". Pues no. El Partido Popular presentó un Proyecto y en el que, desde el mismo momento que se presentó y en el momento que se produjo el Debate a la Totalidad a la Enmienda que ustedes presentaron, nos comprometimos a mejorar el Proyecto en la medida que fuese posible. Y se ha cumplido. Yo creo que utilizar términos maniqueístas de los buenos, los malos, nosotros hemos arreglado el Proyecto que ustedes presentaron mal, no es cierto. Y yo me quedo sólo con las palabras de don Octavio Granado en ese sentido, y comparto esas palabras de que creo que las cosas se han hecho bien, creo que se ha mejorado el Proyecto por bien de todos, hasta el último momento, con esa Enmienda Transaccional que hemos presentado, y por ese motivo debemos felicitarnos todos.

Entrando muy brevemente en la argumentación concreta, referente a las Ponencias que han quedado vivas por parte del Grupo Socialista, pues decir respecto a un bloque muy importante de Ponencias, concretamente la 15, 16, 17 y 18, en la que ustedes proponen la regulación de la venta ambulante, y como consecuencia en sus Enmiendas, que van de la 19 a la 23, proponen la supresión de lo que el Proyecto de Ley recoge como regulación de los mercadillos, pues decir que la Ponencia número 15 que ustedes proponen es una copia -y lo saben- del Artículo 53 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista en el que se regula la venta ambulante, y conforme a la Disposición Final de la propia Ley de Ordenación del Comercio Minorista, donde relata todos los artículos que determina que son... que tienen la calificación de orgánicos de esa ley, pues uno de ellos es precisamente ese Artículo 53, y, por tanto, ese Artículo constituye legislación civil y mercantil, y será de aplicación general por ampararse en... en competencias exclusivas del Estado.

Por otra parte, quiero insistir en el argumento básico de esta Ley, que es la consideración de la misma desde la perspectiva de los espacios físicos en los que se lleva a cabo la actividad comercial. Yo comprendo que... que este concepto no se ha querido entender por parte del Partido Socialista, del Grupo Socialista en toda su extensión, y de hecho, de hecho, tenían una enmienda, que después retiraron, en la que querían modificar el objeto de la Ley. Decían que el objeto debía ser la ordenación de la actividad comercial en Castilla y León. Yo, vamos... creo que fue positiva la retirada de esa enmienda, pero el hecho de que se presentase, y en esos términos, yo creo que hace un poco... un poco comprensible esa diferencia en lo que se entiende como objeto primordial y concepto desde el cual, la Ley que se presenta, aborda los establecimientos comerciales.

Insisto: es el de la implantación física; es desde las competencias que la Comunidad tiene en materia, fundamentalmente, de urbanismo; no en lo que es la regulación de la actividad concreta. Con lo cual, y desde esta perspectiva, se entiende perfectamente que se rechacen las enmiendas que pretenden hacer la regulación de la venta ambulante, y sí se recoja un Artículo -como el que se recoge- en el que se determinan cuestiones relativas a la implantación de los mercadillos en los... en los distintos municipios.

Respecto a la Enmienda número 33 -perdón-, y la Enmienda número 25, relativa al Plan General de Equipamientos Comerciales, pues usted decía que... que retirarían la Enmienda si existiese un compromiso de que el Plan General acabe conteniendo lo que ustedes proponen.

El motivo de nuestro rechazo, yo creo que es una cuestión de no dispersar el Plan General de Equipamientos Comerciales. Yo estoy seguro que la Junta de Castilla y León va a cumplir el plazo establecido en la Ley y mucho más, porque la Ley, por una parte, se ha retrasado, evidentemente, ha sufrido un retraso por los avatares ya comentados, pero, por otra, como su... su virtualidad efectiva y total será cuando, presentado el Plan General de Equipamientos Comerciales, los Ayuntamientos adecuen sus planes generales de ordenación a ese Plan General de Equipamientos, pues yo creo que si se adelanta y se anticipa -como estoy seguro que va a ocurrir- el Plan General de Equipamientos Comerciales por parte de la Junta de Castilla y León, se va a absorber gran parte del retraso que por distintas circunstancias se ha producido.

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Pero, desde luego, lo que ustedes proponen en las dos Enmiendas, en una, concretamente, en dividir el Plan, seccionar el Plan en tres, que contemple por una parte los mercados públicos, por otra los conjuntos históricos, y por otra parte la venta ambulante. Y la segunda Enmienda que estoy comentando, la 25, en la que determinan que se divida también el Plan en razón de la población, los números de habitantes de las poblaciones, según las comarcas, las distintas comarcas, y según las zonas fronterizas, pues, lamentablemente, no podemos estar de acuerdo.

Ya, respecto del contenido del Plan, hemos logrado -vía enmienda- añadir una letra "d" al Articulado, en el que se dice que "el Plan debe contener medidas de apoyo administrativas y financieras tendentes a facilitar la consecución de los objetivos previstos en el apartado 2 de ese mismo Artículo". Y el apartado 2 recoge la actividad comercial de los centros históricos como objetivo prioritario y primordial de preocupación del Plan.

Y todo esto que ustedes proponen, fundamentado pues en el gran territorio y en las distintas... en las distintas singularidades de los distintos territorios, no podemos compartirlo. La experiencia dice que hay planes -ya efectuados en el territorio nacional- que se han centrado en un solo plan, con independencia de que -por supuesto- va a recoger todo lo que ustedes plantean, el Plan. Estoy seguro. Sería un Plan que nosotros pasaríamos a criticar si no recogiese esto. Pero de ahí a hacer que el Plan se modifique, y que el Plan se fraccione, y se disperse de esta manera, esto puede ayudar -si esto se aprobase-, puede colaborar a que el Plan sea confuso. Y yo creo que es un objetivo que no queremos nadie. Se quiere tener un elemento objetivo, un elemento que objetivice la labor de los ayuntamientos en las materias de las que son competentes, en materias urbanísticas. Y para eso, fraccionar esa unidad necesaria del Plan, con independencia de que recoja todas las cuestiones particulares, vemos que no aporta nada positivo al futuro del Plan.

Por otra parte, hablan ustedes de mercados municipales, y ya el Artículo 2 de la Ley define los mercados municipales de mayor y menor como que tienen la consideración de establecimientos de carácter colectivo, establecimientos comerciales de carácter colectivo. Quiero decir con esto que ya se recoge en el espíritu del Plan lo que ustedes proponen; que debe contener, necesariamente, lo que ustedes aquí proponen como fragmentación. Pero no estamos de acuerdo, no podemos estar de acuerdo con esa fragmentación, que no colaboraría en nada a la claridad del Plan.

Respecto a la Enmienda número 39, en la que ustedes hablan de la exigencia a la Junta de Castilla y León de la competencia que ésta tiene en materia general de publicidad y de defensa de la competencia, pues no me queda más que repetir los argumentos idénticos a los utilizados en el debate de la Comisión, en el sentido de que son ustedes muy libres -y por supuesto que lo hacen, y lo harán; y posiblemente sea una de sus obligaciones- de dudar de las actividades, y de las labores, y de las acciones de la Junta de Castilla y León. Son ustedes muy libres de tener todo ese tipo de dudas. Y para resolverlas, utilicen los cauces parlamentarios -como lo hacen y lo vienen haciendo- y soliciten las comparecencias y las explicaciones que crean oportuno al Gobierno de nuestra Comunidad. Pero no pretendan que en una ley, que en una ley, hagamos ese encorsetamiento de la labor de la Junta y ejerzamos desde la ley una presión absolutamente innecesaria, y que nunca debe tener cabida en una ley, al Gobierno de la Comunidad, sea del color que sea.

En definitiva, como ya se manifestó en la Comisión, explicaciones, control, ejercicio de la actividad parlamentaria, el que ustedes quieran, pero encorsetamiento y presión a la Junta, no podemos estar de acuerdo en ese argumento que ustedes utilizan.

Respecto al controvertido tema de horarios, del que hace usted, pues, en fin, una enseña casi primordial del conjunto de las enmiendas, pues, ¡cómo no!, compartir que el tema de los horarios, del cual han corrido ríos de tinta, es delicado, es un tema ampliamente debatido, en el que se tienen que conjugar en estos momentos los intereses de los pequeños comerciantes por una parte, de las grandes superficies por otra, de los consumidores por otra; y que, en muchos casos, los intereses de los pequeños comerciantes son distintos en función de la población donde éstos se ubiquen y de sus características peculiares de la zona. De acuerdo en todo eso, y ya en Comisión nos pusimos de acuerdo en muchos conceptos. Pero claro, llegamos a qué hay que poner respecto a horarios comerciales en esta Ley.

Entonces, primera cuestión. La Ley 2/96, complementaria de la Ley General del Comercio Minorista, aprobada de acuerdo con el Artículo 81 de la Constitución -y volvemos a recordar lo que son leyes orgánicas, y así nos lo dice ese artículo, en relación con el 150.2-, pues, según ese texto, ese texto legal -que tiene consideración de ley orgánica-, pues vemos bastante dudoso que quepa competencia autonómica para apartarse del contenido estricto de la misma en materia de horarios, al no regularse en ese texto orgánico nada relativo a los municipios de cinco mil habitantes, como ustedes proponen.

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Insistir que el mismo Decreto establece mecanismos de excepcionalidad. Que si miramos al sector -principal afectado-, e incluso a los consumidores, pues no se ponen de acuerdo; pero respecto a los consumidores, las encuestas que podemos manejar, tanto de nuestra Comunidad Autónoma como, sobre todo, a través del CIS de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la cual no tiene por qué ser excesivamente distinto el consumidor, en los estratos que está hecha la encuesta, pues nos dice que hay una tendencia ligeramente, muy ligeramente, pero ligeramente mayoritaria, a que no haya una libertad total de horarios. Y lo hacen no en la consideración, estrictamente, de consumidores, por la cual el consumidor, lógicamente, preferirá -y todos somos consumidores-... preferiríamos que el comercio esté veinticuatro horas, día y noche, domingos y festivos a nuestro servicio; no. Lo hacen desde la responsabilidad de que hay otros factores, sobre todo los que afectan al pequeño comercio, que hacen que haya una... que exista una preocupación social que haga cambiar esa tendencia, que sería la única que motivaría al consumidor. Le motivan otras cuestiones, y por eso la opinión no está clara.

Decía don Octavio que no planteamos ninguna respuesta. Bueno, pues, desde luego, la respuesta de recoger el texto -como usted muy bien ha dicho- que usted propone, en ésa, ni estábamos ni seguimos estando de acuerdo. Porque también hablamos en Comisión que si éstas... tal y como está recogido... o sea, el no recogerlo, como el Proyecto de Ley que se presenta puede dejar cuestiones abiertas, lo que usted plantea quedaría todavía mucho peor y generaría unos problemas mucho más graves.

Nosotros, a pesar de que usted habla de la ineficacia del Decreto, porque ése sí es copia de lo que determina la Ley General, etcétera, pues nosotros pensamos que la vía del Decreto es la que tiene que seguirse para solucionar este problema en materia de horarios. Nuestra Comunidad es la única, además, que hace una regulación permanente de este problema de horarios; con mayor acierto o menor acierto -eso será discutible-, pero lo hace anualmente, lo hace en contacto con todos los agentes sociales, a través del CES, de la patronal, de los sindicatos, de las cámaras de comercio, de las asociaciones de consumidores, y también se debate el correspondiente Decreto de horarios en el seno del Consejo Regional de Comercio. Con lo cual -insisto- está establecido un debate permanente en esta materia, y es en ese seno, y es a través de ese instrumento, en el que se debe resolver.

¿Propuestas? Pues yo creo que entre todos los agentes sociales implicados en el problema de horarios, que es grave y es complicado -por eso es un problema, claro, si no estaría resuelto desde hace mucho-, pues sigue siendo la vía del decreto. ¿Y soluciones? Pues, haberlas haylas. Y puede haber soluciones referidas a los IAE de los establecimientos que puedan abrir, y puede haber soluciones referidas a las excepciones que los propios regímenes fiscales establecen para los distintos establecimientos, y puede haber soluciones como las que usted propone, en alguna medida, relativas a determinadas zonas o municipios por habitantes. Todo eso, estamos de acuerdo, hay que solucionarlo, pero la vía sigue siendo el decreto, y en ninguna manera trasladar al contenido de la Ley ese problema.

Respecto -y para terminar- a su última Enmienda por comentar, la Enmienda número 41, y que, por cierto, usted, pues, no... ha pasado de puntillas, o se ha dejado en el tintero, o no ha querido comentar -cualquiera de las opciones está usted en su pleno derecho-... pues decir que, aunque no es comentada, yo sí la voy a comentar. Porque en esa Enmienda, y en lo referente a la adaptación del planeamiento que, según la Ley, deben hacer los ayuntamientos una vez aprobado el Plan General de Equipamientos, ustedes, en esa adaptación, pues no ponían plazo; y siguen con una Enmienda viva, en la que dicen que los ayuntamientos adaptarán sus ordenanzas en materia de venta y en materia de planeamiento, adaptarán al contenido de esta Ley; y no ponen plazo. Incluso hablan del Plan de Ordenación Comercial; me imagino que -en la Enmienda- es un error de transcripción, y que quieren decir del Plan General de Equipamiento Comercial.

Pero insisto, el no poner plazo y el mantener esta Enmienda me hace pensar -como decía al principio- que ustedes o no quieren entender el concepto exacto de la Ley que aquí se trae, o no creían en la Ley. Porque, si se puede entrar en la discusión -y de hecho lo vamos a hacer en las próximas enmiendas que siguen vivas de Izquierda Unida- referente a estos plazos que obligan a los ayuntamientos, Izquierda Unida propone que se reduzcan, y ustedes dejaban en suspenso, no ponían ningún plazo al cumplimiento de estas normas y de la aplicación total de esta Ley por parte de los ayuntamientos; ustedes no ponían ningún plazo. E insisto que eso me hace pensar que ustedes, evidentemente, no creen en la Ley, del principio al final, y que preferían que la Ley se quede en un papel mojado, porque, si al final no obliga a los ayuntamientos, eso es de lo que estaríamos hablando. Y que ustedes, pues, no han creído en la Ley en ese sentido.

No hay más argumentos y no hay más argumentos en contra por parte del Grupo Popular contra sus argumentaciones, contra las enmiendas que están ahí.

Decir que, en todo caso, el compromiso del Partido Popular de hacer una ley de... de regular el comercio desde la perspectiva manifestada, se cumple con esta Ley; que creo que es una satisfacción para todo el sector; y en la tribuna están significados representantes del sector comercial, que de manera generalizada se han manifestado a favor de este Proyecto de Ley. Y pedir que el Proyecto se apruebe en los términos presentados, porque creemos que con esto se cumplirá lo que el Gobierno quería, lo que calificaba el Consejero en la presentación del texto de que es oportuno, y eficaz, y suficiente, para que la regulación comercial -tan abandonada desde hace muchos años- siga adelante, y en un plazo lo más breve posible; en el plazo, posiblemente, de año y pocos meses, y lo que tarde el Plan General de Equipamientos en aprobarse, pues tengamos una foto fija, tengamos un panorama exacto de lo que es una radiografía, de lo que es la realidad comercial; y a partir de ahí tengamos un orden en el desarrollo comercial de nuestra Comunidad, como desea todo el sector, e inclusive los consumidores. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para réplica, señor Granado, tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

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EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. En primer lugar, agradecerle al señor Cot el tono de su intervención, porque la verdad es que es agradable poder discutir de estas cosas sin la crispación que a veces se produce en otras intervenciones. Y yo se lo agradezco de verdad, sinceramente, sin ninguna cábala versallesca.

Vamos a ver, y entramos en sus argumentaciones. Hombre, señor Cot, no me vuelva usted a decir que nosotros hemos retrasado la Ley al presentar una Enmienda a la totalidad, porque, en todo caso, tendrá usted que reconocerme algo, y es que, si no lo hubiéramos hecho, ahora tendríamos un desbarajuste absolutamente disparatado; tendríamos una Ley del Estado que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia para fijar una segunda licencia a grandes establecimientos comerciales, y una Ley de la Comunidad Autónoma que regula la licencia de los ayuntamientos, pero que no regula la propia licencia de la Comunidad Autónoma. Les hemos hecho a ustedes el enorme favor de presentar una Enmienda a la totalidad y de permitirles que lo que hoy aprobemos en las Cortes de Castilla y León sea una Ley congruente y mínimamente eficaz; porque, si no, habríamos aprobado un auténtico disparate.

Entonces, como les hemos hecho ese favor... Yo no he querido colgarme la medalla en la primera intervención, pero encima no me lo reproche usted. Porque, de verdad, si no lo hubiéramos hecho, hubiéramos sido... pasado de ser la primera Comunidad Autónoma -en palabras del Director General de Comercio, que nos está escuchando- que va a regular cómo se aplica la segunda licencia, a ser la última Comunidad Autónoma que regulaba la licencia municipal. O sea, que hubiéramos sido los últimos de la antigua legislación, en vez de ser los primeros de la nueva. O sea, que, en este sentido, agradézcannos, sin copyright ninguno, agradézcannos la aportación de los socialistas.

Usted entenderá, señor Cot, que yo le diga que nosotros, en materia de competencia desleal, defensa de la competencia, regulación de la publicidad, competencias de la Junta en materia de ordenación del comercio minorista... usted entenderá que yo le diga que en todos los trámites de la Ley -en Ponencia, en Comisión y ahora en Pleno-, usted me dice: "La Junta ejecuta bien esas competencias". Póngame un solo ejemplo de cómo lo hace. Usted es un buen Parlamentario, hace intervenciones atinadas; pues en vez de decirme que la Junta hace bien lo que yo digo que hace mal, dígame usted qué es lo que hace. Porque yo lo que digo no es que lo haga mal, es que digo que no hace casi nada, y usted tiene muchas dificultades para ponerme ejemplos concretos de actuaciones en esa materia. Porque, en efecto, lo hará muy bien, pero hace muy poco, ¿eh? Y ésa es la opinión de todas las asociaciones de comerciantes, y yo creo que de la mayor parte de las asociaciones de consumidores.

Y entramos en el tema de los horarios. Mire, señor Cot, yo es que soy peor persona que usted; no hago del tema de los horarios una enseña parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista. Es que sé -y usted también lo sabe- que en este tema ustedes tienen muy poquita razón; y por eso hablo más de ello, para ponerles en el brete de tener que salir a contradecir alguna argumentación.

La Ley Orgánica que regula los horarios, y que es complementaria de la Ley General de Ordenación del Comercio Minorista del Estado, no fija a las Comunidades Autónomas un marco de aplicación del tema de los horarios; les pone un horizonte temporal fijo y limitado: para el año tal, tendrá que estar aprobado. Pero nada de ese horizonte temporal impide a la Comunidad Autónoma aprobar mañana una regulación en materia de horarios. Y usted lo ha reconocido en su intervención diciendo "si lo hacemos todos los años". ¡Pues, claro! "Si dentro de la ley". ¡Pues, claro! Si yo lo que digo es que lo hagan mañana a lo mejor, ¿entiende? Pero la Ley Orgánica -aprobada por las Cortes Generales- no les impide a ustedes ni les restringe la competencia en esa materia. Les fija un tope de años en el cual tienen que ejercerla.

¿Usted es capaz de decirme que la Comunidad Autónoma puede decir que en tal Ayuntamiento, por ser zona turística, no se aplique la legislación del Estado en materia de horarios con carácter general y no pueda hacerlo en función del número de habitantes? Es una contradicción en sus propios términos. Lo que sucede es que ustedes no quieren abordar el problema. Y fíjese, se lo voy a poner fácil: usted dice que nuestra fórmula no le gusta; redacte usted la fórmula que le dé la gana y se la aprobamos.

Cuando yo digo que ustedes no tienen posición sobre este tema es porque no la tienen, porque son incapaces de escribir en un papel su posición. Redacte usted la disposición que quiera, y no me venga usted hablando de que esto tiene que resolverse vía decreto y no vía ley. Pero si nuestra Enmienda lo que dice es que la... en una disposición adicional de la Ley, es que la Junta lo modifique, modifique el Decreto, vía decreto. Si en ese tema no hay discusión. La Junta tiene que arreglar el problema de los horarios vía decreto, y nosotros lo que decimos en nuestra Enmienda a la Ley es que lo haga.

Y usted me dice que como es un tema delicado y es un tema complicado, que prefiere no hacerlo y que prefiere no decirlo de ninguna manera. Pues muy bien, es su posición. Es decir, ninguna. Y la nuestra ¿cuál es? Que se arregle de alguna manera. Porque usted está de acuerdo en el fondo, y estamos de acuerdo todos aquí, en que las normas de la Junta no se cumplen en materia de horarios, y que es mejor que no se cumplan, y es una vergüenza para un Parlamento tener que reconocer que lo mejor de una norma de un Gobierno es que no se aplique.

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Usted me dice que ustedes regulan esta cuestión anualmente y a satisfacción de todos los interesados, y con consultas a todos los interesados. Mire usted, eso es música celestial, es música celestial. Lo fundamental de la norma de la Junta es que todo el mundo sabe que no se cumple. Si empezara a cumplirse, se montaría tal bochinche, se montaría tal bochinche, que en estas Cortes lo tendríamos que arreglar.

¡Hombre! no podemos estar en esta situación. Yo creo que tenemos que buscar entre todos fórmulas de acuerdo para arreglar esta situación. Y si ustedes no son capaces de hacerlo, pues es su responsabilidad; ahí les han puesto los ciudadanos, en el Gobierno. Gobiernen, que para eso les pagan.

En materia de mercadillos. ¡Claro! otra argumentación que no se sostiene, pero ni del principio ni del final. ¿Por qué la Ley que vamos a aprobar hoy regula los mercadillos y no regula la venta ambulante? Porque la Ley regula las superficies físicas en las que se ejerce la venta. Le voy a leer a usted lo que dice la Ley: "Son mercadillos aquellas superficies de venta, previamente acotadas por la autoridad municipal, en las que se instalan, con periodicidad previamente establecida, puestos de carácter no permanente dedicados a la venta de determinados productos". Es decir, si un Ayuntamiento decide que en una determinada superficie física se pueda hacer venta ambulante sin carácter periódico, la ley no le afecta; pero si decide que se puede hacer con carácter periódico, la ley le afecta.

Y usted me dice: para lo primero no tenemos competencia, y para lo segundo sí. Ustedes, aprobando esto, lo que van a conseguir es una cosa muy simple, y es que todos los Ayuntamientos no tramiten las superficies dedicadas a la venta ambulante como mercadillos. Pero serán mercadillos en la práctica. ¿O qué van a hacer? ¿Van a poner inspectores en cada término municipal de Castilla y León para saber si el camión que vende ambulante vende... lo hace con carácter periódico o no? ¿Está todos los días, o un día sí y otro no? ¿Está un día en un sitio, o todos los días en el mismo?

Señor Cot, esto no se sostiene. Ustedes no quieren regular la venta ambulante porque es una patata caliente; y por eso regulan los mercadillos intentando enviar un mensaje a determinados sectores de comerciantes de que les están resolviendo algún problema. No se lo van a resolver. Y es más: lo que van a provocar, como efecto perverso de la norma, es que se incumpla la misma norma más.

Y, por terminar, señor Cot, yo no he hablado de la Enmienda 41, pero, claro, usted me mete el dedo en la boca y tengo que hablar, y se lo voy a poner peor. Porque yo no he hablado de la Enmienda número 41 porque me he dado cuenta de una cosa, y es que la Enmienda socialista está mal redactada, pero es que el Proyecto de la Junta está peor. Porque la Enmienda socialista dice que los ayuntamientos adaptarán sus instrumentos de planeamiento sin poner plazo, y ustedes lo que dicen en el Proyecto de Ley es que en el plazo de un año, desde la aprobación, los ayuntamientos deberán adaptar sus respectivos instrumentos de planeamiento.

Pero, señor Cot, ni ustedes ni nosotros hemos caído en la cuenta -y ya no podemos arreglarlo- de que hay muchos instrumentos de planeamiento que no los aprueban los ayuntamientos. Los aprueba la propia Junta de Castilla y León, porque son planes que se aprueban por decreto del Consejero, del Consejero de Fomento -que está ausente hoy-; o por la Comisiones Provinciales de Urbanismo, en el caso de ayuntamientos más pequeños.

Y entonces, les estamos dando un mandato a los ayuntamientos que los ayuntamientos no pueden cumplir, porque los ayuntamientos pueden iniciar el proceso de revisión de las normas de planeamiento, pero la adaptación definitiva y la aprobación la tiene que hacer la Junta. Ya me contará usted si no es ridículo que la propia Junta se mandate en una Ley de las Cortes para producir una determinada actuación, cuando lo único que puede hacer la Junta es mandatar a los ayuntamientos a que inicien el proceso; y muchas veces la duración del proceso no depende del ayuntamiento, depende de la Comisión Provincial de Urbanismo o de la Comisión Regional de Urbanismo, depende de órganos de la Junta de Castilla y León.

Conclusión: está mal escrito en el Proyecto de Ley. La Enmienda socialista tampoco está muy bien redactada, y al final, ¿con qué nos encontramos? Con que por lo menos nosotros no ponemos el plazo, porque reconocemos que la aprobación definitiva de esos instrumentos de planeamiento, al estar en la Junta, no puede hacerse obligando a los ayuntamientos a poner un plazo que los propios ayuntamientos no controlan.

En este sentido, yo no he hecho referencia a la Enmienda, porque me parece una mala solución; peor es el texto del Proyecto de la Junta. "Arrieros somos y en el camino nos encontraremos"; que lo queda dicho aquí, queda escrito. Dentro de un año yo preguntaré al Consejero responsable cuántos de los dos mil doscientos ayuntamientos de la región han aprobado los instrumentos de planeamiento, o ha aprobado la Junta en las Comisiones Provinciales de Urbanismo, para adaptarlos a la Ley de Equipamientos Comerciales. Y de los dos mil doscientos, nos encontraremos que han sido veintitantos; con suerte, con suerte, y soy generoso y optimista en la apreciación.

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En conclusión, pues dentro de un año, el Consejero al que le toque en suerte o en desgracia tener que contestarme, me tendrá que reconocer que "bueno, pues este mandato se puso para invitar a la gente a que fuera un poco más diligente y tal... pero ya se sabía que no se iba a cumplir..." ¡Hombre! yo creo -y con esto termino- señor Cot, que es malo que nosotros nos estemos acostumbrando por sistema a mantener en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León normas que lo mejor que puede pasar es que no se cumplan, o que no se van a cumplir en ningún caso.

Nuestras Enmiendas pretendían solucionar algunos de esos problemas. Yo sé que en otros temas tenemos abiertas discrepancias; por ejemplo, en el tema de las zonas fronterizas, nosotros pensamos que ahí existe una necesidad urgente de que exista un plan concreto para las zonas fronterizas en la ordenación del comercio de la región. Usted dice que es malo desagregar territorialmente el plan general de la Junta; se lo puedo aceptar como argumento teórico, en la práctica creo que no funciona, pero, en cualquier caso, ya veremos a ver el resultado de lo que pasa.

Y, en conclusión, yo le agradezco -ya digo- el tono de su intervención, pero yo creo que la contradicción que usted ha intentado plasmar con argumentos -si bien es cierto que algunos razonables- de las propuestas socialistas pone precisamente de manifiesto, mejor incluso que mi propia intervención, algunas de las carencias de este Proyecto de Ley que vamos a convertir con nuestros votos en Ley. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para dúplica, el señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Con la mayor brevedad posible, y sin pretender rebatir... perdón, reproducir todos los argumentos ya utilizados en mi primera intervención, rechazar los argumentos, en el sentido de que si se hubiese aprobado el Proyecto de Ley tal y como venía, y como se debatió en la Enmienda a la Totalidad que ustedes presentaron en el mes de septiembre, se hubiese producido un desbarajuste y, en fin, todas estas cuestiones catastróficas -casi- que usted plantea.

Pues, en mi opinión, desde luego no. ¿Qué hubiese quedado peor? Sí. ¿Que está mejor la norma como está, y por eso nos hemos puesto de acuerdo todos para retomar el trabajo de la Ponencia -como antes dije- y hacer un texto lo mejor posible? Totalmente de acuerdo. Pero desbarajuste o... en fin, o un pronóstico de calamidades relativo a lo que se hubiese podido producir si se aprueba el texto como está, y después la Junta -por los mecanismos que tiene en sus competencias- desarrolla la segunda actividad... la licencia de segunda actividad, pues no hubiese pasado nada.

¿Se ha mejorado el texto por la voluntad de todos? Pues admito su felicitación, se la reproduzco en sus mismos términos, y de verdad, con el mismo sentimiento en cuanto a lo que ha sido el debate en Ponencia y en Comisión. Pero nada más. Desastre o desbarajuste ninguno. Y felicitarnos -como usted ha dicho- de que aunque... mejor por esta vía indudablemente -vuelvo a decir-, pero también por la otra, la Comunidad hubiese sido la primera -y yo creo que es un orgullo para todos- que desarrolla la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y la primera, si los plazos se cumplen -y no tenemos por qué dudar que esto va a ser así-, que va a tener un panorama comercial claro para los comerciantes, y va a establecer una defensa de todo lo que en materia de urbanismo se interrelaciona, el urbanismo y la actividad comercial.

Respecto al ejemplo que usted decía: "pues póngame un ejemplo de actividad de la Junta" Pues, claro, lo que son competencias en materia de ejecución que regula la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para la Junta de Castilla y León, yo, desde luego, no tengo ninguna duda de que se va a desarrollar. Y me decía usted un ejemplo: pues la Orden del veintisiete del seis, sobre rebajas, de antes de ayer, ¡vaya! del veintisiete del seis, sobre rebajas y obsequios, que determina que desarrolle las Comunidades Autónomas la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y que ya está publicada en el Boletín; y vendrán las relativas a las sanciones, las relativas... en fin, a todo lo que la Ley General determina.

Luego, decía usted un ejemplo. Aquí le tiene. Un ejemplo claro y muy reciente de que la Junta, la Consejería y la Dirección General sí están preocupados por todos los temas, y muy preocupados por desarrollar todo lo que sean sus competencias en materia de comercio.

Sobre los horarios, pues, indudablemente, mantenemos las discrepancias que... que no son pocas, y las coincidencias, que también son muchas, pero seguimos en la misma posición. No se ha aportado nada nuevo en su intervención. Seguimos de acuerdo -y usted yo he querido entender que en algún término también lo ha dicho- en que las soluciones tienen que venir vía de decreto, por la vía de decreto, y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo.

Hay inspecciones, y sí se cumplen. Lo que pasa es que no hay un sistema policial que abarque toda la Comunidad, todos los municipios y todos los establecimientos que abren los domingos, con lo cual, ¡pues, hombre!, evidentemente, usted podía haber venido con el cúmulo... con la amenaza del cúmulo de materias compradas en domingo, en sitios prohibidos, etcétera, etcétera. Podía haber venido en un ejercicio de ilegalidad paradójica para... o práctica, para demostrarnos esta ineficacia de la Junta. No es así. Hay inspecciones; yo por lo menos, en la provincia a la que pertenezco -y por otras cuestiones distintas a mi situación de Parlamentario-, conozco inspecciones de la Junta de Castilla y León en materia de consumo; bien es cierto que provienen normalmente a instancia de parte y que son fruto de alguna denuncia dentro de los municipios, pero se están produciendo y se están resolviendo.

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¿Qué hay que hacer? Solucionarlo. Lo mismo que el tema de la discusión entre mercadillos y venta ambulante, porque, en definitiva, y después de haber estado tantos años sin una regulación para un sector tan importante como es el comercio, y sobre todo mirando a lo que es regulación que afecte al pequeño comercio, pues lo que hoy aprobamos aquí -que en parte es complementario de la Ley General de Comercio-, todo el desarrollo ya manifestado y que la Junta ya está empezando a hacer, con la máxima diligencia, de las competencias en materia de ejecución que le atribuye la Ley General, pues todo van a ser pasos, en los que habrá pasos atrás... yo estoy seguro que habrá errores; estoy seguro que habrá experiencias que determinen cambios en lo que es hoy día la mentalidad de la Junta de Castilla y León y de la Consejería; estoy seguro. Pero hay que avanzar, y se está haciendo. Y esto es el inicio de una experiencia que tiene que concluir -como antes decía- en el plazo de dos años, con una regulación lo mejor posible y con unas normas claras que hagan mucho más fácil la labor inspectora de la Junta, para controlar todos los problemas que se suscitan en materia de horarios o en materia de... que usted planteaba de la implantación de mercadillos, y las trampas de Ley que se pueden hacer con que el camión vaya unos días si, otros no, o que sea periódico, o no sea periódico.

Respecto a la última Enmienda, pues yo -¡Dios me libre!- no he querido meterle el dedo en la boca, o meter el dedo en la llaga, o no sé su término exacto sobre su última Enmienda, respecto a la aprobación de los planes. Lo que sí digo es que no lo sé, puede que... pero yo creo que hay que acudir al espíritu de la Ley para pensar que falta la palabra provisional. Indudablemente, sería... pensar en otra cosa, pensar en la aprobación definitiva que, efectivamente, es competencia de la Junta, sería extralimitarnos en lo que, yo creo, que es voluntad de la Ley.

Aquí se está hablando de esa palabra, de voluntades; y lo que se pide a los Ayuntamientos y se exige a los Ayuntamientos, con la ley en la mano, es que exista una voluntad, vamos... se les exige esa voluntad de acuerdo, para adaptación de sus planes al Plan General de Equipamientos Comerciales. Con lo cual, yo creo que queda claro que esa voluntad se debe manifestar por parte de los Ayuntamientos -porque tiene usted razón, no podría ser de otra manera-; y el plazo queda cumplido cuando el Ayuntamiento en pleno haga su aprobación inicial o provisional del Plan General de Ordenación Urbana, en la adaptación necesaria y exigida por la ley al Plan General de Equipamientos. Y después, la Junta -le doy la razón, pero claro, con una desviación muy clara del argumento-, pues será la que tenga que hacer la aprobación definitiva. Pero es totalmente compatible.

Y el no marcar plazo -y usted me alegro que haya reconocido que su redacción, pues en fin, no era la mejor posible-, el que no se establecen plazos -insisto- podría dejar... porque no habría forma, forma legal de exigir esa supuesta voluntad de los Ayuntamientos para la adaptación de sus planes a esta Ley, al Plan General de Equipamientos, no habría fórmula coercitiva, ni ninguna manera, por parte de la Junta de Castilla y León, de exigir el cumplimiento de la ley; con lo cual, estaríamos hablando aquí de un papel mojado, y todos los debates toda la... en fin, todo lo que aquí se recoge, sería absolutamente nada.

Por tanto, creemos que sí es necesario, con independencia de que haya Ayuntamientos que después no cumplan -en eso y en todas las materias- etcétera, etcétera, hay situaciones que la Junta de Castilla y León -y usted hará bien en exigir el cumplimiento de las normas a la Junta- tenga que cumplir. Y, por mi parte, no hay ningún argumento más que yo creo que avale la... el rechazo a sus Enmiendas que, por mi parte, el Grupo Popular mantiene. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Pasamos a debatir las Enmiendas números 2, 3, 8 y 10 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Para consumir un turno a favor, tiene la palabra el señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Señor Presidente. Señorías. Señor Cot. Yo tengo que empezar diciendo que, apoyando la postura del señor Octavio, en el sentido de que, efectivamente, del Proyecto de Ley que se nos presentó aquí por primera vez, al que, presumiblemente, se va a aprobar hoy, pues hay una diferencia sustancial, ¿no? Y en este sentido, yo quiero relatar un poco la pretensión de mi Grupo de haber mantenido estas Enmiendas, a pesar de que son pocas nosotros las hemos mantenido, y voy a tratar de razonar el porqué ¿no?

Desde el principio... son las Enmiendas, fundamentalmente, al Artículo 7. Desde el principio hemos pensado que bueno, que una Ley de Equipamientos Comerciales pues debía de contemplar la planificación urbanística, en el sentido que regulase mejor la localización de los establecimientos comerciales, de las zonas comerciales, en definitiva, ¿no? Y que los Ayuntamientos en todos los planes urbanísticos determinasen zonas concretas donde tienen que estar ubicados los centros comerciales y los equipamientos comerciales, las grandes superficies.

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En la perspectiva -como ya dije en la reunión de la Ponencia-, pues en la perspectiva de buscar esa cohesión pacífica ante la... o de coexistencia comercial pacífica, entre la gran superficie y el pequeño comercio; pero determinar las zonas comerciales de todas las localidades, zonas urbanas y zonas rurales también. Yo creo que ahí, en ese sentido, el Artículo 7, del Proyecto de Ley, bajo nuestro punto de vista, evidentemente, no lo contempla de una manera debida. Porque hay una cuestión que es el grave problema que está surgiendo, sobre todo en las zonas urbanas, la saturación de establecimientos comerciales que están surgiendo a ..... sin ningún tipo de regulación. Yo creo que esta Ley tendría que, un poco, regular esa situación. Es decir, nadie... nadie que quiera hacer una instalación comercial puede ubicarse donde quiera y como quiera, sin tener en cuenta qué grado de saturación comercial hay en esa zona en concreto. Por eso, se plantea a los Ayuntamientos que en los planes urbanísticos determinen cuáles son las zonas comerciales y, en función de ese nivel de saturación comercial, se puede autorizar la apertura o no de nuevos establecimientos comerciales; es un poco ordenar la estructura del comercio. Y, en ese sentido, nosotros pensamos que, bueno, que el Proyecto de Ley, pues, sigue teniendo una serie de carencias; que no regula debidamente esa situación.

Pero, fundamentalmente, hay otra serie de olvidos, que yo creo que son, pues, absolutamente importantes -ya se han dicho aquí ¿no?, por parte del Grupo Socialista-, que son: el tema de los horarios... Evidentemente, es un caballo de batalla; todas las firmas comerciales se están planteando o buscando, tratando de buscar una solución. Yo creo que también aquí, efectivamente, en este Proyecto de Ley no se contempla ningún tipo de solución al tema de los horarios. No se regula tampoco el tema de las zonas rurales; porque, efectivamente, si tenemos que ordenar el comercio, habría que hacerlo, bueno pues, a nivel territorial, distinguiendo las zonas rurales, las zonas urbanas, las zonas donde hay una tradición comercial de ferias y demás, zonas turísticas, bueno, yo creo que eso, el Proyecto de Ley que se va a aprobar no lo contempla ¿no?

Pero, más que nada -y al margen de las Enmiendas y todas estas cuestiones que estoy planteando-, a nosotros lo que nos ha preocupado en el tema de la Ley de Equipamientos Comerciales era la cuestión fundamental, que eran las grandes superficies. Yo creo que desde Izquierda Unida la gran batalla en este tema, en el tema de la Ley de Equipamientos Comerciales era las grandes superficies.

Teniendo en cuenta que el comercio de esta Comunidad es de carácter pequeño y mediano, la gran batalla de los sectores comerciales era de qué manera se podía evitar o se podía evitar la ubicación de las grandes instalaciones comerciales, por el daño que hacen al pequeño comercio. Y yo creo que esta Ley, cuando se ha hecho, se ha hecho ya tarde; y, cuando se pone en marcha, pues ya no hay nada que regular, porque las grandes superficies ya están instaladas en la Comunidad, y el daño al pequeño comercio ya se ha establecido.

Yo creo que los pequeños comerciantes de esta Comunidad, que suponen, o que crean el 70% del empleo del sector y además generan el 15% del Producto Bruto, bueno, pues, lo que se está planteando por parte de los empresarios fundamentalmente es impedir la competencia desleal de las grandes superficies. Y las grandes superficies, desgraciadamente, ya están ubicadas en toda la Comunidad y el hundimiento del pequeño comercio ya se está produciendo de hecho, ¿no? Y yo creo que aunque aprobemos esta Ley de Equipamientos Comerciales, a pesar de que ha sido muy mejorada respecto al Proyecto de Ley que aquí se nos ha presentado, el interrogante, la dificultad es ésa. Es decir, bueno, ¿qué hacemos ahora con el pequeño comercio? Esta Ley de Equipamientos Comerciales, ¿va a impedir, o ha impedido la instalación de grandes superficies? No, la instalación de grandes superficies ya está ahí.

Evidentemente, bueno, pues, la Ley de Equipamientos Comerciales se tenía que haber hecho, pues, antes de lo que se ha hecho ahora; y ahora mismo, pues no tendríamos esa situación.

Y yo creo que ése es el debate, el debate fundamental, porque podemos ahora intentar mejorar lo que ustedes han planteado, pero yo creo que el nudo gordiano está en que las grandes superficies ya están instaladas y eso ha provocado, pues un daño terrible al pequeño comercio, ¿no? Y yo creo que ésa es la grave preocupación, el grave problema y el por qué nosotros también hemos criticado que este Proyecto de Ley, pues, haya hecho, pues se haya tramitado con un tiempo excesivamente muy tarde ¿no?, fundamentalmente. Y ésa es nuestra... nuestro planteamiento.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Conde. Señor Cot, para un turno en contra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Señorías. Las Enmiendas presentadas por Izquierda Unida, la verdad, a mí, me ha sorprendido un poco la intervención del señor Conde. En primer lugar, porque, porque me parece muy bien que vuelva a reabrir el debate que ha sido objeto en gran medida por las Enmiendas presentadas por el Partido Socialista, respecto a horarios, etcétera; o que ahora se pretenda reabrir el debate de implantación de grandes superficies. Pero, desde luego, ni es el contenido, ni es el objeto de las Enmiendas que aquí nos traen, e inclusive, yo creo que hay una desviación de lo que parecía que eran objetivos prioritarios o primordiales del sentido de su Enmienda, respecto a su intervención. Y lo digo, porque parece... la Enmienda número 2, creo que empezaba hablando de la interrelación entre el hábitat y el equipamiento comercial, así como los distintos niveles de necesidad de compra de los consumidores, como necesario que tuviese esa interrelación que recogiese el planeamiento urbanístico.

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Bueno, decir que la Ley... y sobre todo en lo que hace referencia, y yo creo que es algo bueno que se haga, aunque podría en alguna manera decirse, pues ¡hombre! sobra una referencia a la Ley de Actividades Clasificadas; pero yo creo que no. Y que eso determina además, puesto que estamos hablando de grandes superficies, puesto que estamos hablando de establecimientos, equipamientos comerciales que necesariamente van a necesitar de esa licencia de actividad en relación a la Ley de Actividades Clasificadas, pues decir, que esa modificación que en la Ley que se presenta -y que espero que se apruebe- se hace de la Ley de Actividades Clasificadas, introduciendo esa referencia al cumplimiento de la norma, pues hace que, de alguna manera la Ley arbitre y contemple la armonización de los intereses comerciales urbanísticos y también, ¿por qué no?, medioambientales, que son los específicamente recogidos en la Ley de Actividad.

Y yo pensé que ése era el argumento fundamental, porque la verdad, en lo que se refiere al apartado b) y c), así como al contenido de la Enmienda número 3, pues, de verdad, yo veo el texto confuso; veo que no se exponen argumentos, que incluso los expuestos en la intervención refiriéndose a una especie -o así yo lo he entendido-, una especie de bucle competencial por el cual si decimos que esta Ley entre otras cosas se basa por el interés supramunicipal que se está pretendiendo defender, y por eso la Comunidad entra en lo que son materias de su competencia, y respetando la autonomía municipal... Pues usted parece que pretende un bucle a través del cual el Ayuntamiento después vuelva a ser el que diga las zonas... No. Yo creo que no es así. Eso sería, pues volvernos un poco locos. O así he entendido yo su exposición. Yo creo que las cosas se hacen bien con un Plan General de Equipamientos Comerciales, que es el que obliga a los Ayuntamientos; el volver a que sean los Ayuntamientos estaríamos en una... en un círculo vicioso que no conduciría a nada.

Y después, respecto a las Enmiendas -y perdone que las cite-, tampoco defendidas o citadas, pues no quiero reproducir los argumentos ya esgrimidos en las anteriores intervenciones respecto a los plazos que ustedes reducen, justo en contraposición a lo que el Partido, el Grupo Parlamentario Socialista proponía (de no dejar plazo a los Ayuntamientos para su adaptación de los Planes Generales de Ordenación Urbana, al Plan General de Equipamientos); ustedes es al revés, ustedes, tanto en eso, como en la modificación de las ordenanzas de los mercadillos, pues proponen una reducción. No quiero reproducir -insisto- los argumentos ya expuestos, pero sí decir que el plazo establecido para esas dos cuestiones en la Ley, de un año, es un plazo prudente, un plazo posible, justo posiblemente, pero posible para los Ayuntamientos en todo caso; y un plazo que, vuelvo a hacer un llamamiento desde aquí a la voluntad de los Ayuntamientos, a la voluntad de los municipios, de todos los municipios por la defensa de sus cascos históricos y por la defensa del pequeño comercio y del consumidor, ¿por qué no decirlo?, que son todo materias que recoge y que va a desarrollar con acierto, que va a permitir con acierto el desarrollo, gracias a la aprobación de esta Ley, pues insistir y hacer ese llamamiento a la voluntad de los Ayuntamientos para que cumplan la norma. Esperar que así sea, volver a insistir en que lo que hoy aprobamos es un gran beneficio para todos, para los consumidores, para los comerciantes y para todos los habitantes de esta Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, señor Conde tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Señor Cot, yo le puedo admitir que usted no pueda entender la redacción de las Enmiendas, pero, si coge el Artículo 7 del Proyecto de Ley, lo único que nosotros defendemos es que en el texto viene más claro la propuesta nuestra. Es decir, yo no digo que los Ayuntamientos... que sean los Ayuntamientos quienes marquen las prioridades; yo estoy diciendo que la Ley obliga a los Ayuntamientos, o que obligue a los Ayuntamientos a un planeamiento urbanístico, para que determinen la ubicación de las zonas comerciales.

Bien, lo repito, quiero decir que la ley lo que tiene que obligar a los Ayuntamientos es que aprueben sus planeamientos urbanísticos, para que localicen o determinen las zonas de promoción comercial. Sí o no. En eso estamos de acuerdo. Y yo lo que planteo es en el Proyecto de Ley, por eso nosotros hemos mantenido las Enmiendas, entendemos que está pues, de manera muy ambigua; o sea yo lo que, lo que... lo que desde mi Grupo se plantea es: los Ayuntamientos tienen la obligación de determinar qué zonas son las zonas comerciales, estudiar el tipo de saturación comercial que hay en esa zona para evitar las competencias desleales; eso lo tiene que contemplar la Ley. O sea, eso no puede quedar a iniciativa de los propios Ayuntamientos, porque entonces estaríamos hablando de la especulación del suelo. No -y vuelvo a repetir-, no puede ser que cualquier ciudadano quiera abrir un establecimiento comercial y lo abra donde quiera y como quiera. Bueno, pues yo digo, habrá que hacer una Ley para que regule todo ese tipo de situaciones, y los Ayuntamientos tendrán que someterse a la voluntad de esa Ley. Es a lo que yo me refiero, o a lo que nosotros entendemos en estas dos Enmiendas que hemos presentado y que están aquí.

Y respecto al resto de mi intervención, bueno, pues yo he dicho que vamos a apoyar las Enmiendas del Partido Socialista, porque entendemos que, efectivamente, en el tema de horario no está bien contemplado; que no se recoge tampoco una ordenación comercial en el aspecto territorial de la Comunidad; y nosotros pensamos que eso enriquece y mejora el Proyecto de Ley que se va a aprobar. Y por eso he dicho yo antes que nosotros vamos a apoyar...

Y la otra cuestión es el tema del efecto negativo que han hecho las grandes superficies en el pequeño comercio, que es el nudo gordiano. Y para nosotros hemos dicho: esta Ley de Equipamientos Comerciales ¿qué va a solucionar?, ¿qué va a solucionar desde la perspectiva de la defensa al pequeño comercio? Pues prácticamente nada, porque las grandes superficies ya están ubicadas en toda la Comunidad, y ésa era una de las reivindicaciones esenciales que las pymes comerciales planteaban: paralizar la ubicación de las grandes superficies. Y eso no se ha conseguido porque ustedes han sacado una Ley con excesivo retraso. Y este decreto de ley... y este Proyecto de Ley no va a solucionar ese problema, porque ya no hay solución.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Señor Conde, posiblemente el no comprender las Enmiendas que han... -me refiero a las dos primeras, sobre todo- que han presentado ustedes, y estos argumentos que ahora me hace, pues, posiblemente uno de los motivos haya sido el que ustedes, por circunstancias que indudablemente respeto, pues no hayan podido estar en el debate de la Comisión, en el que se produjo el debate de todas las enmiendas. A lo mejor, ese hecho de no estar presentes en ese debate, pues, ha evitado que este ponente y el compañero de mi Grupo que me acompaña, desde luego, pues no hayamos tenido las suficientes explicaciones que nos hayan entender... nos hayan hecho entender la propuesta que usted plantea.

En todo caso, creemos, y no quiero volver a repetir los argumentos, entre otras cosas por razones horarias... volver a repetir los argumentos. La Ley, como está, está perfectamente. Están expuestos -yo creo- y ampliamente debatidos los argumentos por los cuales el Plan General de Equipamientos Comerciales sí va ser un instrumento eficaz, desde luego, posiblemente, y cuanto antes hubiese estado hecho, mejor, sobre todo para la defensa del pequeño comercio y los problemas generados por la implantación de las grandes superficies. Pero nunca es tarde si la dicha es buena; queda mucho camino por andar; entre otras cosas, se manifiesta por la presión -que todos conocemos- de algunas grandes superficies por ir implantándose en otros... en otras poblaciones.

Todo eso lo va a poner en orden el Plan General de Equipamientos Comerciales, y van a estar obligados a ponerlo en orden -gracias a la Ley que hoy espero que se apruebe- los Ayuntamientos. Y vuelvo a insistir en que esto es un gran beneficio para todo el comercio y para los consumidores, e insisto que no voy a volver a argumentar más que lo ya expuesto. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Vamos a comenzar la votación de los artículos del Proyecto de Ley sobre declaración del Parque regional de la Sierra de Gredos... Perdón, perdón, perdón... sobre la Ley de Equipamientos Comerciales.

Los Artículos 1, 2, 3 y 4 no subsiste ninguna Enmienda. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? Quedan aprobados.

Al Artículo 5, subsisten las Enmiendas 15, 16, 17 y 18 del Grupo Socialista, que proponen la creación de nuevos artículos. ¿Se votan las Enmiendas?

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Las Enmiendas no están referidas exactamente al Artículo 5, sino que proponen la adición de nuevos artículos. Entonces, yo rogaría a la Presidencia diera por aprobado el Artículo 5 también por asentimiento, si el resto de los señores Procuradores no tienen inconveniente, y se votaran únicamente las Enmiendas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entonces, los Artículos 5 y 6 no tienen Enmiendas, se pueden también aprobar por asentimiento. ¿Se aprueban por asentimiento Artículos 5 y 6? De acuerdo.

Votación, entonces, de las Enmiendas a que antes me refería, 15 a 18, ambas inclusive, del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta. Votos a favor de las enmiendas: veinticuatro. En contra: cuarenta y seis. Ninguna abstención. Quedan, pues, rechazadas.

Al Artículo séptimo subsisten las Enmiendas 33 y 25 del Grupo Socialista. Votación de estas Enmiendas. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? No las hay.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta. Veinticuatro a favor y cuarenta y seis en contra. Quedan, pues, rechazadas.

Se someten ahora a votación las Enmiendas números 2 y 3 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay ninguna.

El resultado es el mismo: setenta votos emitidos, veinticuatro a favor, cuarenta y seis en contra. Y quedan rechazadas estas Enmiendas.

Se vota ahora el Artículo 7. ¿Votos a favor del Artículo 7? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado. Setenta votos emitidos. Cuarenta y seis a favor. Veinticuatro en contra. Queda aprobado el Artículo 7.

Los Artículos 8, 9, 10, 11 y 12 no subsiste ninguna Enmienda. ¿Se votan por asentimiento? ¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

Articulo 13. Se han presentado dos Enmiendas Transaccionales. Al Artículo 13, apartado 2, se propone la supresión de la siguiente frase: "y especialmente el contenido del Real Decreto 1010/85..." hasta el final, que está suscrita por los cuatro Grupos Parlamentarios. Se aprueba, por lo tanto, la Enmienda.

Del mismo modo, al párrafo 5 del mismo Artículo 13 hay otra Enmienda que propone su nueva redacción. Este párrafo quedaría redactado así: "No se permitirá el establecimiento de mercadillos en zonas comerciales cuando causen un grave perjuicio al comercio establecido en las mismas". Está firmada por los cuatro Grupos. Se aprueba también por unanimidad o asentimiento el párrafo 5 del Artículo 13.

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Se someten a votación las Enmiendas 19 a la 23 del Grupo Parlamentario Socialista que subsisten a este Artículo 13. ¿Votos a favor de las Enmiendas? ¿Votos en contra?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta. A favor: veinticuatro. Cuarenta y seis en contra. Ninguna abstención. Quedan rechazadas las Enmiendas.

Y votamos entonces ahora el Artículo 13. ¿Votos a favor del Artículo 13? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Setenta votos emitidos. Cuarenta y seis a favor. Veinticuatro en contra. Queda aprobado el Artículo 13.

Las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda no mantienen ninguna Enmienda. ¿Se pueden aprobar de forma agrupada y por asentimiento? Quedan aprobadas.

A la Disposición Adicional Tercera subsisten las Enmiendas 39 y 40 del Grupo Socialista que proponen una nueva Adicional. ¿Es así? No. La Disposición Adicional tercera no mantiene Enmiendas. ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba la Adicional Tercera.

Se someten ahora, entonces, a votación estas Enmiendas 39 y 40, que proponen la creación de una nueva Disposición Adicional. ¿Votos a favor de las Enmiendas del Grupo Socialista? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Setenta votos emitidos. Veinticuatro a favor. Cuarenta y seis en contra. Se rechazan las Enmiendas.

Se someten a votación las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de forma agrupada y que no mantienen enmiendas. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? Quedan aprobadas.

La Disposición Final Primera, subsiste una Enmienda, que es la número 8 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Se vota la Enmienda número 8 de Izquierda Unida. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

Resultado. Setenta votos emitidos. Veinticuatro a favor. Cuarenta y seis en contra. Queda rechazada la Enmienda número 8.

Y se somete a votación la Disposición Final Primera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra?... Perdón, creo que se han equivocado Sus Señorías.

Votación de la Disposición Final Primera. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobada por asentimiento.

Entonces, Disposición Final Segunda. A esta Disposición se mantiene la Enmienda 41 del Grupo Socialista. Votación de la Enmienda número 41. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? No hay.

Setenta votos emitidos. Veinticuatro a favor y cuarenta y seis en contra. Queda rechazada la Enmienda.

Y se somete a votación la Disposición Final Segunda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No hay.

Resultado. Setenta votos emitidos. Cuarenta y seis a favor. Veinticuatro en contra. Queda aprobada la Disposición Final Segunda.

A la Disposición Final Tercera se ha presentado una Enmienda Transaccional que suscriben los Portavoces de los cuatro Grupos, en la que se propone la supresión de la frase "...y especialmente al contenido del Real Decreto 1010/85..." hasta el final. Esta Enmienda Transaccional queda aprobada por unanimidad.

Se mantiene, sin embargo, la Enmienda número 10 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado. Setenta votos emitidos. Cinco a favor. Cuarenta y seis en contra. Diecinueve abstenciones. Queda rechazada la Enmienda 10 de Izquierda Unida.

Y se somete, por último, a votación la Disposición Final Tercera. ¿A favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado. Setenta votos emitidos. Cuarenta y seis a favor. Cinco en contra. Abstenciones, diecinueve. Queda, pues, aprobada la Disposición Final Tercera.

Las Disposiciones Finales Cuarta y Quinta, así como la Exposición de Motivos y el Título del Proyecto de Ley no subsisten Enmiendas. ¿Se pueden dar por aprobados por asentimiento? Quedan aprobados.

Concluidas las votaciones, queda aprobada la Ley de Equipamientos Comerciales de Castilla y León. Señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Sí. Únicamente, señor Presidente, y desde el escaño, por agradecer de forma muy breve a todas Sus Señorías el esfuerzo que han realizado a lo largo de los trabajos -tanto en Ponencia como en Comisión, y en este Pleno que se está celebrando en el día de hoy-, en busca de un consenso que, finalmente, en buena parte del texto se ha alcanzado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Suspendemos la sesión hasta las cinco de la tarde.

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(Se suspende la sesión a las catorce horas cincuenta minutos, reanudándose a las diecisiete horas cinco minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señores y señoras Procuradores, se reanuda la sesión. El señor Secretario dará lectura al decimoquinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Decimoquinto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Proyecto de Ley de Declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para el debate de las Enmiendas y Votos Particulares que se mantienen a este Proyecto, tiene, en primer lugar, la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, don David Mesón Salvador, que va a defender las Enmiendas que su Grupo mantiene a este Proyecto de Ley.

MESÓN SALVADOR

EL SEÑOR MESÓN SALVADOR: Gracias, señor Presidente. Señorías. Desde luego, no se puede decir que ésta sea la mejor hora para debatir o defender las enmiendas, concretamente, a la Ley del Parque Regional de Gredos. Intentaremos hacerlo breve, y creo que saldremos todos más contentos. Bien.

Bueno, subo al estrado, como representante del Grupo Parlamentario Socialista, para defender las enmiendas que hemos presentado a este Proyecto de Ley de Declaración de Parque Regional de la Sierra de Gredos y que, después de su paso por las correspondientes Ponencia y Comisión, no han sido aceptadas por el Grupo Parlamentario del Partido Popular.

Pero antes de entrar en el contenido de las enmiendas debo hacer alguna reflexión de carácter general, reflexión avalada por lo escuchado en el Debate a la Totalidad por parte de todos los intervinientes, como consecuencia de la presentación de esta Ley. En el mencionado Debate de Totalidad, y sin entrar en otras consideraciones -que también se hicieron y que, sin duda, fueron de gran interés-, observo cómo los intervinientes reconocen a los ciudadanos y a las entidades, tanto públicas como privadas, de la zona como los máximos responsables -por no decir los únicos- del estado actual de conservación, desde todos los puntos de vista, del paisaje, de la flora, de la vegetación, de la fauna, de toda la Sierra que próximamente va a ser declarada como parque regional. Y ello sin olvidar su valor cultural y humano.

Todos coincidimos -entiendo yo- en esta afirmación. Gracias a los habitantes de la Sierra, ahora podemos hablar de intentar proteger una de las zonas naturales más singulares de toda nuestra Región. Asimismo se reconoce en la propia Exposición de Motivos del Proyecto de Ley que ahora se presenta y que se debate.

Sin embargo, con la aprobación de esta Ley -entiende este Procurador- no se les reconoce la merecida participación en el intento de contribuir a continuar con la labor de conservación y protección del futuro parque. Los que durante siglos han hecho posible la situación actual parece ser que no son los más indicados para eso de asesorar en materia de conservación, restauración, promoción, mantenimiento y fomento del futuro parque, como objetivos básicos señalados en el Artículo 2 de este Proyecto de Ley.

"Los principales protagonistas de este proceso en la gestión del espacio natural son los habitantes locales", son palabras del señor Consejero, que yo comparto, pero que le añado que, con la aprobación de este Proyecto de Ley, serán los principales protagonistas pasivos de este proceso de gestión del parque.

Con la aprobación de esta Ley no solamente va a ocurrir esto. Como ya dijo también el señor Consejero en el Debate de Totalidad, este Proyecto de Ley pretende compatibilizar la conservación de la naturaleza con el desarrollo socioeconómico del medio rural e implicar en ese esfuerzo, como protagonistas principales, a los habitantes de la zona. Pues bien, con este Proyecto de Ley habrá más de lo segundo que de lo primero. Las prohibiciones, limitaciones y obligaciones que se van a producir a los habitantes de la zona con la puesta en marcha de este Proyecto de Ley así lo confirman.

Sin embargo, no observamos compromisos por parte de la Junta de Castilla y León, como Administración regional máxima responsable de velar por la continuidad de esa conservación y como promotora que debe ser del desarrollo socioeconómico de la zona, que haga compatible la conservación con el desarrollo socioeconómico.

Señor Consejero, este Proyecto de Ley -entiendo yo- debería recoger y reconocer, junto con esas prohibiciones, limitaciones y obligaciones, tanto la protección de los derechos de las personas y entidades locales afectadas como las ventajas que, en beneficio de sus intereses, les debe de aportar su inclusión, como principales artífices que han sido -como dije antes- durante siglos de la conservación de la zona a proteger.

Sin embargo, señor Consejero, este Proyecto de Ley, como dijo el señor García de Enterría -al que todos conocemos, por referencias próximas en el tiempo-, no contiene, salvo la propia creación del Parque, su delimitación geográfica y su protección, previsión alguna de carácter sustantivo.

(-p.1228-)

Es, a su vez, este Proyecto de Ley -y así lo ha reconocido usted, señor Consejero- corto de extensión; yo le voy a añadir: y de alcances. Y no contempla, entre otros, compromisos -como dije antes- ni compensación alguna para con los habitantes de la zona, ni les posibilita, a priori, la adecuada y merecida representación en la Junta Rectora como órgano asesor propio del Parque, reconocido en la Ley de Espacios Naturales en su Artículo 40.

La aprobación de este Proyecto de Ley va a suponer -según consta en el Artículo 4, sobre "régimen de protección, y uso, y gestión"- la confirmación de la aplicación íntegra del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos, aprobado por Decreto 36/95... por cierto, no con la debida y merecida participación o -para ser más correcto- con la debida información hacia los habitantes de la zona y la merecida aceptación de las sugerencias y peticiones -fundadas en la mayoría de los casos- de las Entidades Locales y Juntas Vecinales afectadas, como se dice en el párrafo cuarto de la Exposición de Motivos.

Este Plan, el de Ordenación de los Recursos Naturales, elevado a rango de Ley con la aprobación de este Proyecto, contempla una serie de directrices y prevé algunas medidas que inciden directamente en las actividades tradicionales desarrolladas por los habitantes de la zona, ya sea -según los casos- limitándolas, prohibiéndolas o imponiéndoles determinadas condiciones. Estas limitaciones tendrán consecuencias perjudiciales para los habitantes de la Sierra, en unos casos por defecto y en otros casos por exceso.

Esto supone una privación de derechos que tienen un innegable contenido económico, y ello exige -a juicio de éste que habla- un reconocimiento y esfuerzo por parte de esta Administración regional que no se recogen en el Proyecto de Ley.

Nuestro Grupo Parlamentario entiende que con la aprobación de este Proyecto de Ley se va a producir la pérdida de una serie de facultades de los habitantes de la zona, que los habitantes de la zona han venido ejerciendo desde tiempos inmemoriables. Y se va a producir, por tanto, una alteración sustancial y permanente en el tiempo de lo que hasta ahora ha constituido el contenido normal de los derechos de uso y disfrute de los afectados.

Resulta cuando menos paradójico que el Proyecto de Ley se olvide de la protección de los derechos de las personas afectadas, cuando -como ya he dicho antes- son los únicos -al menos así lo reconocemos todos- que durante siglos han velado por la conservación de la Sierra.

Asimismo, entendemos que este Proyecto de Ley debería contemplar y estar delimitado en el tiempo el promover el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del espacio natural, incluido el ámbito total de los municipios afectados en la zona socioeconómica, a efectos de lo prescrito en los Artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, sobre influencia socioeconómica, ayudas técnicas y financieras y mejoras que contribuyan a la conservación de los espacios naturales, como objetivo que haga posible compatibilizar la conservación con el desarrollo.

Por todo ello, este Grupo Parlamentario ha presentado una serie de enmiendas al Proyecto de Ley, treinta y una concretamente, de las que aún subsisten once, después de los trámites previos -como dije anteriormente-, y que están encaminadas, fundamentalmente, a varios objetivos.

En primer lugar, a dar la participación y representación merecida a cada uno de los ayuntamientos y juntas vecinales afectados en la Junta Rectora del Parque, como órgano asesor propio reconocido por la Ley 8/91, en su Artículo 40, basados en la coherencia y en el reconocimiento de su innegable labor de conservación desarrollada a lo largo de los tiempos.

Si bien el Artículo 40 de la citada Ley limita solamente su mínima participación a la tercera parte de la Junta Rectora, justificamos su total inclusión y definición en el texto de la Ley, a fin de que no pueda ser objeto de variaciones -posiblemente caprichosas-, en función de los intereses, posiblemente del Ejecutivo regional, independientemente de que su contenido pueda variarse a través de la modificación de la propia Ley. Es decir, desde nuestro Grupo apostamos porque sean estas Cortes las que legislen, en aplicación de sus competencias, y definan la composición de la Junta Rectora.

El hecho de incluir en la Junta Rectora un representante de cada uno de los ayuntamientos y juntas vecinales pudiera resultar, por su elevado número, poco operativo. Sin embargo, debemos tener en cuenta las singularidades diferenciadas de cada una de las localidades y sobre todo de cada una de las vertientes de la Sierra, por lo que parece insuficiente la representación que se propone con este Proyecto de Ley.

En segundo lugar, con estas mociones pretendemos comprometer a la Junta de Castilla y León en lo que debe ser su obligación, con la aportación de un fondo de 500.000.000 de pesetas -cantidad que no es cerrada y que puede ser objeto de modificación-, destinados a sufragar los costes de la puesta en marcha y funcionamiento del Parque Regional, como Administración responsable de la financiación de los espacios de la Red de Espacios Naturales, conforme a lo dispuesto en el Artículo 57 de la Ley 8/91.

En tercer lugar, y en virtud de dar cumplimiento a lo establecido en el mismo Artículo 57, en su apartado 2, se pretende que la Junta de Castilla y León consigne una partida individualizada en los Presupuestos Generales de esta Comunidad suficiente para atender las necesidades derivadas de esta Ley, consistentes en la atención de los gastos derivados de las actividades de conservación, uso público y, en general, para la más adecuada gestión del Parque, también como Administración regional responsable, todo ello independientemente de hacer uso de otras vías de financiación recogidas en la propia Ley.

(-p.1229-)

Si bien en el párrafo segundo del apartado a), punto segundo del Artículo 57, sobre financiación de los espacios naturales de la Red de Espacios Naturales, Ley 8/91, ya se prevé la cuantía de los créditos para cada año en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, resulta cuando menos curioso comprobar que ello se realizará a partir del momento en que estén declarados todos los espacios incorporados al Plan inicial de Espacios Naturales, que se establece en el Artículo 18 de la citada Ley. Este Artículo 18 define veintinueve espacios naturales protegidos. A fecha de hoy, cinco años después de ser aprobada la Ley 8/91, sólo están declarados -incluyendo, supuestamente, la declaración de Parque de la Sierra de Gredos- Picos de Europa y la Sierra de Gredos.

A este ritmo, si solamente, de los veintinueve que están previstos, solamente, después de cinco años están declarados dos, podemos estar hablando de alrededor de setenta años para que Junta se comprometa, por la Ley 8/91, a fijar cantidades individualizadas en los Presupuestos.

Y en cuarto lugar, y para terminar, con las enmiendas presentadas por nuestro Grupo pretendemos delimitar en el tiempo -un año a partir de la aprobación de la presente Ley- para la aprobación de, en primer lugar, el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Sierra de Gredos, en cuya elaboración deben participar las entidades locales afectadas, conforme a lo previsto en los Artículos 27 y 32 de la Ley de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. En segundo lugar, el Plan de Ayudas Técnicas y Financieras y el programa de mejoras que contribuyan a la conservación del espacio natural, conforme a los Artículos 42 y 43 de la misma Ley. Y en tercer lugar, y por último, la elaboración y puesta en marcha del Plan de Desarrollo Sostenible de la comarca, que se debe extender a su zona de influencia socioeconómica, y que posibilitará su extensión a otros municipios distintos, para garantizar que el Parque cumpla con su cometido como motor de desarrollo. Todo ello motivado en la importancia que supone, o que debe suponer, para el futuro de la zona dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 27 y 32 de la Ley de Espacios Naturales de esta Comunidad. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Mesón. Para consumir un turno en contra, en nombre del Grupo Popular, don José Sancho tiene la palabra.

MARTÍN SANCHO

EL SEÑOR MARTÍN SANCHO: Gracias, señor Presidente. Señoría, pues yo voy a intentar hacer un turno en contra de las enmiendas que llegan a este Pleno, de la Declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Usted ha hecho, en principio, una reflexión en la que yo estoy completamente de acuerdo. Coincidimos plenamente en su primer argumento, porque, entre otras cosas, no puede ser de otra manera; porque lo que queremos con esta Ley, o con este Proyecto de Ley, es conseguir un objetivo: que el espacio natural sea protegido y, a su vez, que los habitantes de la zona y las entidades de la zona estén perfectamente defendidas; y con eso conseguir que el espacio sea perfectamente habitable por las personas que lo ocupan, y no tengan problema alguno en su desarrollo social y económico.

Cuando usted hace un turno en contra, o un turno a favor de las enmiendas, me ha parecido, más bien, que estaba haciendo un turno en contra de las Leyes 4/89 y 9/91. Y no es cuestión que entremos en ese debate; porque aquí una de ellas se aprobó en su día, además se aprobó por asentimiento de todos los Grupos Parlamentarios; y otra, es una ley básica, en la que no entramos, y que no me importa, tampoco, quién la aprobó en su momento en el Gobierno central.

Habla usted de prohibiciones, de limitaciones. ¡Hombre!, Señoría, es un espacio natural, y, en consecuencia, no se puede actuar a partir... no de este momento, sino desde el momento en que se declaró espacio natural, como se podía actuar en un espacio que no lo es dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Ya tiene que haber prohibiciones, tiene que haber limitaciones; pero para eso se hicieron las Leyes 9/91 y el Proyecto de Ley que ahora debatimos, para que esas limitaciones y esas prohibiciones sean, en el menor grado posible, para lo que antes le decía: para que se mantenga el espacio natural como realmente se merece y para que los habitantes de la zona tengan el desarrollo económico y social, que pueden perfectamente desarrollar con la aprobación de este Proyecto de Ley.

¡Hombre!, me decía usted que no ha habido reuniones, que no ha habido discusiones, que los agentes sociales, los Ayuntamientos, las entidades locales, los habitantes de la zona no se han reunido. Las noticias que yo tengo son muy distintas. Ha habido... no sé cuántas -no vamos a enumerar-, pero muchas reuniones, y en esas reuniones se ha llegado a consensos importantes desde el inicio, y consensos finales cuando se ha terminado de hablar con todas estas personas, antes, antes de presentar el Proyecto de Ley en esta Cámara. Es decir, que yo lo que puedo decirle es que no sé si es... usted imagino que no está informado bien... porque es de allí, es de la zona; entonces, consecuentemente, debe de estar necesariamente mejor informado que otros, que aunque somos de esta Comunidad y conocemos la Sierra de Gredos por distintas circunstancias, no vivimos continuamente allí.

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Si ha habido reuniones y se ha llegado a un acuerdo, el Proyecto se presenta tal cual se había discutido y se había llegado a un consenso. Y, a partir de ese momento empezamos a discutirlo. Y lo discutimos en Ponencia, enmienda por enmienda; y llegamos a acuerdos. Porque, si usted lo tiene en memoria, se presentaron por parte de su Grupo treinta y una enmiendas, y a este Pleno llegan once. Se han aprobado enmiendas, han retirado enmiendas, con buen criterio. Naturalmente, había enmiendas que las han retirado no porque, efectivamente, haya habido un acuerdo pleno en esa Ponencia o en esa Comisión, sino porque realmente estaban mal redactadas, o mal enfocadas, o mal orientadas; ustedes lo han reconocido en las discusiones en Ponencia, y las han retirado.

Once enmiendas que llegan a este Pleno. Se han aprobado bastantes enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular. Y lo que no hemos podido -y con el esfuerzo suficiente que se ha hecho- es aprobar las once que llegan a este Pleno vivas para su discusión.

¿Qué pretende usted con las enmiendas que llegan a este Pleno? Pues, básicamente, para mí, dos circunstancias, o máximo tres.

Comprometer a la Junta de Castilla y León en cosas que no se puede comprometer, ni la Junta nadie. Hay cosas, hay restauraciones, que serán posibles de realizar, pero que no se puede obligar a nadie a que las haga, porque en su momento, en el momento oportuno que se vayan a acometer, posiblemente -y por las características del espacio natural- sea prácticamente imposible de acometer, por lo menos en un futuro próximo.

Segundo. Quieren incluir ustedes en esta Ley prácticamente la totalidad de la Ley 8/91. ¿Para qué? Si la Ley de Espacios Naturales define perfectamente la mayoría de sus enmiendas. Creo que no es necesario repetir otra vez en el Proyecto de Ley enmiendas que lo único que hacen es incorporar actuaciones, ordenaciones, que ya están perfectamente reguladas en otra Ley aprobada en estas Cortes. Claro, pretenden una cosa que ustedes consideran muy importante, que es dotar, en su inicio, al Parque con un presupuesto inicial de 500.000.000 de pesetas. Y yo pregunto: ¿por qué 500.000.000 de pesetas? ¿Por qué no 1.000? ¿Por qué no 1.500? Si no se sabe lo que se va a gastar... Yo creo que la política no es ésa, que ustedes, cada vez que se hace una declaración de un parque, o se haga la ley de protección de un parque, que ustedes establezcan una cantidad como fija, porque quién sabe si... ¿Cuánto se ha gastado en ese espacio natural a que estamos refiriéndonos? Imagino que mucho más. El Consejero lo sabrá, pero me imagino que mucho más. Porque, además, hay actuaciones puntuales, y anuales, y subvenciones, y ayudas, que van destinadas con prioridad -y algunas en exclusiva- para un espacio natural.

Pretenden ustedes que se establezca la Junta Rectora por ley. Yo creo que no sería, en principio operativo. No funcionaría, realmente, como debe de funcionar, porque debe ser el Consejo Rector el que intervenga ahí, en ese tipo de actuaciones; y por ley, limitaría mucho la actuación. Una vez que se organice, y se empiece a trabajar, y se vaya a crear la Junta Rectora, igual hay cambios que se pueden establecer sobre la marcha, porque... por ser más operativos que lo que realmente se quiera establecer por ley.

O sea, creo que no es necesario establecer ese tipo de circunstancias, ese tipo de condiciones en una Ley de Declaración de Parque Regional, que básicamente tiene que ser eso: declaración de parque regional. ¿Cómo se rige el parque regional? Por la Ley de Espacios Naturales; entrará en los presupuestos correspondientes, habrá las ayudas correspondientes, las limitaciones correspondientes; y, en consecuencia, actuarán los órganos que gobiernan ese parque, como deben de hacerlo a partir de ese momento en este Parque.

Y no creo que tenga que ser igual en todos los parques naturales que se declaren en esta Comunidad Autónoma las actuaciones que se vayan a llevar a cabo allí, porque no todos son iguales. Que así lo pretenden ustedes cuando hablan de sanciones. ¿Por qué tiene que haber un régimen de sanciones uniforme, o unitario, para todos los parques regionales? Cada parque tendrá sus características, cada parque tendrá un régimen de sanciones y cada parque tendrá una serie de inconvenientes planteados en ese momento, que tendrán que castigarse de una forma u otra, pero no creo que tengan que ser todos dentro de la misma línea.

Señoría, pretendía entrar a debatir enmienda por enmienda, porque no son muchas, pero como usted no lo ha hecho, tampoco lo voy a hacer.

La circunstancia básica y el fondo de la cuestión del Proyecto de Ley es -como le decía- conseguir la declaración. Hay instrumentos que lo regulan antes de este Proyecto de Ley. Dejen a las Administraciones -no solamente la Autonómica, sino las Diputaciones, los pueblos, los Ayuntamientos que configuran el Parque- para que, en su día, se organicen; porque teniendo una declaración que les ampare, sin ninguna duda, lo van a hacer, y lo van a hacer muy bien; y usted, que es de la zona, lo podrá comprobar en el futuro, porque ya tendrá un marco perfectamente establecido con este Proyecto de Ley de Declaración de Parque Regional de la Sierra de Gredos, que pretendemos aprobar en esta sesión. Creo que no lo vamos a conseguir, pero sí me gustaría que ustedes lo admitieran desde la base del convencimiento de que la mayoría de sus enmiendas, -quitando la de la aportación de los 500.000.000- están todas reflejadas en la Ley 8/91, excepto aquellas que se han de constituir en el momento en que el Parque se ponga en marcha.

En consecuencia, le pediría que hiciera un esfuerzo, que reflexionara en este poco tiempo que le queda de Pleno, antes de que se apruebe el Proyecto de Ley, porque creo que, en el fondo -y más usted-, puede estar convencido de que es un proyecto bueno, un proyecto que va a conseguir que la Sierra de Gredos esté protegida, esté amparada por unas reglamentaciones que realmente van a darle el desarrollo que necesita en el futuro.

(-p.1231-)

Y, como decía el Consejero -creo que en su intervención, cuando hubo un debate a la totalidad de esta Ley-, es importante no solamente que los Grupos Parlamentarios estemos de acuerdo, sino que se haya conseguido la aprobación o el máximo consenso de las personas afectadas, de las personas que componen aquella zona tan hermosa como es la Sierra de Gredos. Y que con la aprobación de este Proyecto, sin duda, se va a reconocer el trabajo de varios años; creo que han sido muchos los años en que se ha trabajado por parte de la Consejería y de las personas de la zona y Administraciones afectadas. Y elevar a la Sierra de Gredos al máximo grado de protección legal que otorga la Ley 8/91, declarándola Parque Regional de la Sierra de Gredos. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para réplica, señor Mesón, tiene la palabra.

MESÓN SALVADOR

EL SEÑOR MESÓN SALVADOR: Gracias, señor Presidente. Señorías. Vamos a ver. He procurado escucharle con atención, no sé si usted habrá hecho lo mismo cuando intervine yo; porque, o yo me expliqué mal, o usted no me entendió.

He pretendido hacer uso de los... de la Ley 8/91 y la Ley 4/89 para basarme en lo que en ellas se expone para argumentar la conveniencia de estimar nuestras Enmiendas. No he hecho uso en contra de esas Leyes; sino, basándome en lo que en ellas está escrito, apoyaba parte de las Enmiendas.

Hablaba usted de prohibiciones y limitaciones, que las reconoce que existen, con la aprobación de esta Ley y con la aplicación íntegra del Plan de Ordenación. Yo citaba estas prohibiciones y limitaciones justificando que, en contraprestación, la Junta... la Junta de Castilla y León, como Administración regional responsable de velar por la continuidad de la conservación del Parque, debería tener también, si no prohibiciones y limitaciones, sí compromisos; y establecer compensaciones para con aquellos que van a sufrir directamente esas prohibiciones y limitaciones.

En el Proyecto de Ley que se nos presenta no se contempla ningún tipo de obligación para con la Junta; no se contempla ningún tipo de obligación, ni de compensación para con los habitantes de la zona. Con nuestras Enmiendas pretendemos que, de alguna manera, la Junta también se meta en este Proyecto y colabore, en la medida que le corresponde, y es, aparte de dotar de medios económicos y humanos, o sea, aparte de dotar de medios materiales y humanos, pues las consignaciones económicas que, sin duda, pues deben estar contempladas para que ese Parque cumpla con su finalidad.

También ha comentado usted -no le he entendido muy bien- si yo citaba que no se han reunido para la elaboración del Proyecto de Ley y del Plan de Ordenación de Recursos. Yo no dije en esos términos. Yo reconozco -porque soy de la zona y porque he tenido conocimiento de esas reuniones- que se han producido bastantes, no sé cuántas. Bastantes. Lo que yo he dicho es que no se les ha atendido adecuadamente las reclamaciones que las Entidades Locales les han hecho; que la mayor parte de las Entidades Locales que van a estar afectadas por este Proyecto de Ley, al menos así lo reconocen ellos y las Juntas Vecinales, se consideran poco informados en relación con el Plan de Ordenación y con el Proyecto de Ley.

También dijo usted algo en relación con el número de las enmiendas que se presentaron por nuestro Grupo y las que quedan. Pues, lógicamente. Lógicamente, se lo he citado yo. Le cité que presentamos treinta y una, y que después del paso por la Ponencia y por las Comisiones correspondientes, pues quedan once, que son las que vienen a este Pleno. Pues, lógicamente, no me descubre nada con ello. Precisamente vienen las once que de verdad tienen un contenido sustantivo, un contenido importante, desde el punto de vista nuestro al menos, y que van directamente a los tres enfoques que he pretendido dar en mi primera intervención: a la participación de las Entidades Locales en la Junta Rectora como órgano asesor, y a los compromisos que la Junta debe de adquirir -compromisos económicos y compromisos en el tiempo-, en cuanto a los programas de actuación y de gestión, en cuanto a que estén aprobados en un tiempo fijado por esta Ley. No ocurra... -y yo no soy veterano en este Parlamento-, pero no vaya a ocurrir con la Sierra de Gredos lo que ha ocurrido con Picos de Europa, que no se ha cumplido prácticamente ninguno de los plazos establecidos... digamos, de los pocos plazos establecidos que había por Ley. Bien.

En cuanto a la aportación que solicitamos en una de nuestras enmiendas de 500.000.000 de pesetas, lo dijimos en la propia Comisión y lo dije en la primera intervención: poner 500.000.000, pues, lógicamente, es una cantidad arbitraria. Podían haberla enmendado ustedes. En cualquier caso, en la primera intervención ya le dije que esta cantidad puede ser objeto de modificación; aún están a tiempo para hacerlo. Si consideran que esa cantidad no se ajusta a ningún criterio razonable, pues modifíquenla, pero comprométanse. En fin.

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En cuanto a su intervención, pues me parece que poco más puedo resaltar. Yo ya voy a ir finalizando, pero voy a ir insistiendo en lo que, al menos, este Procurador considera fundamental para el futuro del Parque. Y parto nuevamente de la base y del reconocimiento que todos hemos expresado, en el sentido de reconocer a los habitantes de la zona como los principales responsables de la situación actual de la sierra, de la sierra que se va a proteger. Pues bien, basados en ese... en ese principio fundamental, este Procurador entiende que, en justo precio, en justo premio a esa labor de conservación, con la aprobación de esta Ley lo único que se les garantiza de forma inmediata son esas limitaciones, prohibiciones y obligaciones recogidas en el citado Plan de Ordenación de Recursos Naturales de la Sierra. Ni siquiera se les posibilita la adecuada representación en la Junta Rectora, cuya composición se determinará reglamentariamente conforme está establecido en la Ley 8/91. ¿No cree Su Señoría que sería de justicia que estas Cortes -y no reglamentariamente- les reconociera el esfuerzo realizado durante siglos, permitiéndoles estar representados todos, sin excepción, a través de sus Entidades Locales (Ayuntamientos y Juntas Vecinales) en el único órgano asesor propio -como es la Junta Rectora-, en defensa de su hábitat, y como consumados y experimentados en materia de conservación y mantenimiento de la Sierra por todos nosotros reconocidos? Si no es así, ¿qué criterio se llevarán, reglamentariamente, para dejar fuera de la Junta Rectora, seguramente, a la mayor parte de los Ayuntamientos afectados, si el citado Artículo 40.3 de la Ley 8/91 delimita el mínimo de representación a una tercera parte? ¿Por qué no se queda definida ya en esta Ley su composición? ¿Qué opción de participación en las gestiones a favor del Parque les quedará a los habitantes de la Sierra que no estén representados en la Junta Rectora? ¿O, tal vez, reglamentariamente, se les permitirá estar representados? Si eso va a ser así, ¿por qué no avanzamos en el tema y los incluimos ya directamente en el contenido de esta Ley? Si los Ayuntamientos incluidos en la zona a proteger son, en número, veintiocho -si no recuerdo mal-, ¿qué criterios se van a seguir posteriormente, reglamentariamente, para no permitirle en su mayoría estar representados en la Junta Rectora? ¿Criterios de superficie afectada? ¿Criterios de población? ¿Criterios de ubicación? ¿Criterios de color político? ¿O criterios interesados de la propia Consejería, como se deja entrever en la propia Ley, al establecer que serán elegidos por ellos mismos; es decir, seguramente, con criterios políticos?

Insisto, Señoría, para evitar criterios posiblemente discriminatorios, y permitir la justa y merecida representación de todos los habitantes de la Sierra -a través de sus Ayuntamientos y Juntas Vecinales- en la Junta Rectora, como único órgano asesor propio, este Proyecto de Ley debería contemplar su definición y composición, incluyendo, entre otros, a todos y cada uno de los Ayuntamientos y Juntas Vecinales afectadas.

En cuanto al resto de Enmiendas, que usted decía que no entre al detalle de cada una de ellas, consideraba que era conveniente -y así está establecido por la Mesa- hacer una intervención global, y no pasar a enumerar una por una. Decía que, en cuanto al resto de las Enmiendas, Señoría, las de contenido sustantivo, las de contenido de compromisos para la Junta; y las otras, no voy a repetir los argumentos que antes he expuesto y que en la Comisión también se expusieron. Si no son aprobadas, tendremos una Ley de Declaración de Parque Regional de la Sierra de Gredos cargada -lo repito una vez más- de prohibiciones, limitaciones y obligaciones hacia los habitantes de la Sierra, entre los que me incluyo yo. Y, una vez más, una declaración de buenas intenciones -que no actuaciones- del Ejecutivo regional.

Termino con las mismas palabras -ya finalizo- que lo hizo el Portavoz de nuestro Grupo en el Debate a la Totalidad: suerte para todos los usuarios del Parque Regional; que buena falta nos va a hacer cuando lo gestione la Junta de Castilla y León. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para consumir un turno de dúplica, el señor Martín Sancho tiene la palabra.

MARTÍN SANCHO

EL SEÑOR MARTÍN SANCHO: Gracias, señor Presidente. Señor Procurador, no le acabo de entender lo de la aplicación de la Ley 8/91 en este Proyecto de Ley. ¿Por qué quiere incluir usted completamente la Ley 8/91 en este Proyecto de Ley? No lo entiendo. Éste es un Proyecto de Ley de declaración de Parque; la Ley 8/91 está aprobada en el noventa y uno, y este Proyecto de Ley hace referencia -cuando debe de hacerlo- a esa Ley y, en consecuencia, se deberá aplicar. Entiendo yo que si la Ley funciona y la legislación, y la Junta de Castilla y León sigue siendo seria como lo ha sido hasta ahora, pues tendrá que cumplir esa Ley, puesto que hace referencia a ella continuamente este Proyecto de Ley.

Dice usted que ha habido reuniones; lo he aceptado, muchas reuniones -que yo sé perfectamente que se han atendido la mayor parte de las alegaciones en esas reuniones-. ¡Hombre!, usted no pretenderá que en esas reuniones todas las personas que asisten salgan perfectamente satisfechas de lo que están pidiendo. Nunca habrá tenido usted una reunión en que los diez miembros que la componen salgan contentos de esa reunión al cien por cien. Creo que pretender eso es imposible. Entiendo que habrá algún Ayuntamiento, alguna Entidad Local Menor, algún grupo... algún grupo, alguna persona particular que no esté de acuerdo con ciertas cosas del Proyecto de Ley. Y no del Proyecto de Ley -y vuelvo a insistir-, sino de la Ley 8/91, de Espacios Naturales de Castilla y León.

Señor Procurador, hay un Plan Rector, hay un Programa de Mejoras en la Ley 8/91, y el Programa de Mejoras de la Ley 8/91 dice que "se establecerán las ayudas técnicas y financieras necesarias para el desarrollo del Parque". Creo que eso lo entiende todo el mundo. Si hay un compromiso por Ley, se hará. No hay por qué ponerle 500.000.000, 200.000.000 ó 1.000 millones. El Plan lo dice. Es igual que cuando ustedes piden un Plan de Desarrollo Sostenible o algo así. Pero, ¡bueno!, si hay un Plan Rector, hay un Programa de Mejoras; eso es mucho más que un Plan de Desarrollo Sostenible, ahí estará incluido lo que usted entiende por Plan de Desarrollo Sostenible, sin duda. Creo que es perfectamente asumible, entendible; y no hay que desconfiar, en absoluto, de lo que la Junta de Castilla y León puede hacer en este Parque, como lo está haciendo en los demás.

(-p.1233-)

Y para terminar, y por no referirme ya más a la Ley 8/91, porque... lo único que le diré, Señoría -y con todo el cariño del mundo-, es que estoy dudando que usted se haya leído la Ley 8/91 de Espacios Naturales. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Pasamos a debatir las Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 22, 17, 18, 19, 20 y 23. Para consumir un turno a favor, tiene la palabra don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Inicio esta intervención diciendo que de las Enmiendas citadas, y que suman un número de quince, retiramos la número 15; y el resto, la verdad es que es utilizar un turno acaso para confirmar o afirmar lo que fue, en principio, nuestra Enmienda a la Totalidad. Yo sé que van a ser filosofías no compartidas o no compartibles en estos momentos; pero nosotros seguimos insistiendo en aquello que en su momento planteamos, porque estamos absolutamente convencidos de la propia realidad de los hechos que se van confirmando día a día. Y, recuerdo que, en la práctica, nosotros hemos mantenido esas enmiendas, y es verdad que tampoco hemos colaborado eficientemente a la hora de defenderlas en Ponencia o en Comisión, por razones objetivas.

De antemano estaba condenado el Proyecto a ser, exclusivamente, un proyecto de declaración, y lo acaba de hacer patente el propio Portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Se limita a lo que es un título, cuatro artículos, y, después, algunas disposiciones transitorias, adicionales y finales, con un anexo que hace referencia específicamente a lo que son los límites del espacio al que se refiere, o en los que contempla. Y, yo ya voy a decir de antemano -porque el resultado nos tememos que está cantado- que no vamos a poder aprobar, aun donde no constan enmiendas de ninguna naturaleza, ninguno de los artículos por asentimiento. Porque, efectivamente, de lo que se está tratando aquí, es de un elemento declarativo que puede tener su referencia diferida a los planes de ordenación de los recursos naturales, pero, lógicamente, en ningún caso a entender la diferencia que existe entre lo que son parques regionales y parques nacionales.

Y, volveremos, hasta la saciedad, a reiterar y a discutir la conveniencia de una u otra figura. Y volveré a escuchar y a releer -como lo he podido hacer en el Diario de Sesiones- que es la máxima figura de protección a la que puede acceder el Parque de Gredos. Y volveremos a decir que no podemos estar de acuerdo, por aquellas cuestiones que antaño hacíamos referencia, de lo que había venido sucediendo hasta el momento presente de vertederos, basureros, minicentrales y una serie de cuestiones más que, por supuesto, estaban en la etapa previa a lo que puede ser el Proyecto de Ley.

Pero, Sus Señorías... Sus Señorías me harán el favor de escuchar una cuestión que es anecdótica, pero tiene un referente muy interesante. Y ha sido hace cuestión de unos días en una Comisión de Medio Ambiente, en la cual estábamos discutiendo la importancia que puede tener la incorporación, en un marco general, de un sistema natural -que es posible que todos, con unas u otras filosofías, queramos defender-, pero, la dificultad que entraña el que una línea divisoria administrativa, o una frontera de un género funcional pueda provocar. Se recordaba a Sus Señorías -los que estuvieron en la Comisión; es decir, la Comisión de Medio Ambiente- cómo en un momento determinado alguien pretende acceder a una explotación industrial para hacer una cantera de calizas en una sierra que se denomina la Sierra de La Lastra, que tiene su límite establecido entre la Comunidad Autónoma "Galega" y la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Después de intentarlo en la Comunidad Autónoma "Galega", tiene que pasar a lo que es el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León a fin de acceder a una explotación de esa naturaleza. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Pues ha ocurrido que un mismo espacio -contemplado desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista natural-, en una Comunidad Autónoma tiene una delimitación específica y está declarado espacio natural protegido, por consiguiente, no pueden hacerse una serie de actividades que atentarían directamente contra esa protección medioambiental; pero, al otro lado de la frontera -o de los límites, por entendernos mejor-, territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sí está permitido, aun siendo la misma sierra. Y, entonces, lógicamente, cuando hay criterios más bien especulativos que de otra naturaleza, pues, desplazarse seiscientos metros lleva a la conclusión de que aquí se puede hacer porque me lo permite la "no ley", y aquí sí se puede hacer porque... no se puede hacer porque me lo permite, o no me lo permite la propia ley.

Y eso es uno de los elementos fundamentales en los que nosotros nos basamos para seguir defendiendo como criterio prioritario... como criterio prioritario, y muy a pesar nuestro, porque saben perfectamente Sus Señorías cuál es nuestra concepción regionalista, e incluso -diría- de reclamación de criterios de nacionalidad, a la hora de plantearnos lo que es nuestro propio territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Pero lo que tiene escaso sentido es que una línea divisoria administrativa, o de una naturaleza similar, pueda permitir un choque tan brutal entre lo que son los intereses de conservación o medioambientales de un lugar y de otro lugar.

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No sólo eso. Sus Señorías saben también, a pesar de lo que me contestaba en la anterior comparecencia que hacíamos sobre esta... sobre este asunto -la Enmienda a la Totalidad- la Señora Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, a la sazón, la señora San Segundo, que por qué planteábamos enmiendas parciales. Era casi un poco "déjenlo ustedes", "no están muy convencidos del valor que tiene un parque nacional y, de soslayo, nos dejan aquí algunas enmiendas parciales". Tenemos por costumbre cooperar; nos parece que es absolutamente necesario, conveniente.

Pero, lo que no cabe la menor duda, lo que no cabe la menor duda es que intentábamos, en todo caso, llevarles todavía al convencimiento de la importancia o de la diferencia existente entre dos figuras de protección que nosotros, entonces, versábamos sobre algo que también fue aquí cuestionado: ¿vamos a tener recursos suficientes, a través de esta declaración solemne, de Parque Regional de Gredos, vamos a tener recursos disponibles, desde nuestra propia autonomía financiera, para poder mantener esa historia en marcha? He ahí también uno de los elementos que a nosotros nos provoca dificultades para entender el que no haya esa posibilidad; o, acaso, compartirla. No discuto que no se puedan compartir ambas figuras, pero que, en todo caso, alguien tiene que hacer una cooperación "a mayores" si se quiere poder mantener los criterios conservacionistas más allá o más acá, en los límites que cada cual, que cada Grupo Parlamentario, o cada sociedad quiera de su espacio natural. Yo, entonces, les decía, y lo manteníamos porque se han hecho estudios que hay una media de catorce mil pesetas hectárea como dedicación. Y, lo que no es menos cierto, es que en estos momentos sería absolutamente impensable poder llegar a una materialización de esa naturaleza.

Y, Señorías, repasando, precisamente, el Diario de Sesiones, había una cosa tremendamente ilustrativa, muy interesante, que entonces me decía la señora San Segundo, que pueden ser elementos de interés desde el punto de vista de las concepciones. Me decía: "no estamos en América; esos son los planteamientos ideales, los planteamientos prácticamente utópicos o inalcanzables". Y, acto seguido, a nosotros nos viene una reflexión que, ayer mismo, en esta Cámara yo decía: no podemos seguir manteniendo la filosofía de la resignación. No digo que tengamos que estar aspirando constantemente al máximo, pero la utopía para nosotros sigue siendo un elemento razonable y, sobre todo, en cuestión de medio ambiente. No es prohibir por prohibir, sí es ordenar; pero, sí es, en definitiva, aspirar al máximo para que no tengamos que seguir escuchando lo que en estos momentos ya casi es frase común cuando hablamos de estas cuestiones y en el sentido de "que paren este mundo, que me bajo".

Y se pueden seguir haciendo conferencias internacionales; y se pueden seguir adquiriendo compromisos del género que se quieran; pero, si no hay detrás de eso una posibilidad de aplicación concreta -y eso va a exigir no sólo filosofía y una ley declarativa, sino una posibilidad material de llevarlo a la práctica-, apaga y vámonos. Porque, lo que no cabe la menor duda es que hay escasas posibilidades -no en lo inmediato, sino a un largo futuro- de mantener lo que en estos momentos tenemos. Porque, conservar, conservar, -decíamos, y sigo diciendo- no se puede interpretar exclusivamente con el temor de ¿va a desaparecer el macizo del Sistema Central? No va a desaparecer, previsiblemente, en muchos años; pero sí pueden cambiar las circunstancias medioambientales lo suficiente como para encontrarnos en dificultades objetivas.

No es, por tanto, la figura de protección idónea; no es, a nuestro juicio, tampoco, los límites que se establecen, la superficie que debe de compartir; y, en esto, ayer teníamos la oportunidad de gozar de una nueva publicación que hace la Consejería de Medio Ambiente, cuando el documento nuevo -titulado "Hipótesis de ordenación territorial"- hacía referencia, o hace referencia a lo que son los espacios naturales protegidos o protegibles. Hay algunos de ellos, curiosa y significativamente, que están simplemente separados por una línea imaginaria que se traza desde la Consejería y que, lógicamente, nosotros entendemos, respetamos en lo que pudiera ser divisiones, compartimentaciones con la finalidad de ordenar territorios como antaño, o como muchas veces nos hemos referido a la propia, a los propios límites de las provincias.

Cuál es la diferencia entre la Sierra de Gredos, o la Sierra de Candelario, o Pinar de Hoyocasero, o la Sierra de la Paramera y La Serrota, o Las Batuecas, o El Rebollar, incluso la Sierra de Béjar, en la que nosotros también nos planteamos... para que la señora Ministra pueda seguir ejerciendo de célebre, extraordinariamente célebre hoy, pastorcilla nacional; lo cual, pues bueno, pues empieza honrándola, aunque hayan sido o sean otros mucho mayores los problemas de medio ambiente. Pero no está mal empezar por ahí.

Señorías, no habrá, a nuestro juicio, recursos para compatibilizar los criterios de conservación y menos, y menos, algo que nos preocupa. Y ya lo advertí entonces, y lo sigo diciendo -hemos mantenido nuevas conversaciones-: esta Ley puede tener dificultades de aplicación en el mismo momento en que se apruebe; porque hay grupos, colectivos, con un grupo asesor, desde el punto de vista jurídico importante, que está esperando para hacer reclamaciones en cuanto a indemnizaciones de propiedades privadas. Y, lógicamente, eso todavía va a complicar mucho más la cuestión. No es, por nuestra parte, la pretensión alentarlo, pero sí es prevenir, de cara a conseguir que en ningún caso se pueda llevar a un callejón sin salida a un Proyecto de Ley meramente declarativo.

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Y, en esas quince enmiendas, sí pretendíamos -al menos advertidas algunas de esas dificultades- el que pudieran tomarse en consideración, desde el punto de vista de la propia definición del marco, para que no sean categorías artificiales las que puedan hacer una división extraordinaria en la denominación cuando se hace referencia a que la Sierra de Gredos constituye un inmenso batolito granítico que se eleva sobre la meseta castellano-leonesa, se dice. Y, la verdad es que bueno, pues mirada desde este lado sí, pero es muy difícil contemplar una montaña sin que tenga, al menos, dos o cuatro laderas que dan el concepto definitivo; tampoco de eso querríamos hacer una cuestión. Como la propia definición, ambas concepciones -entre las que nosotros planteábamos en las Enmiendas 2 y 3-, pues, pueden ser perfectamente compatibles, sin más. Y sin mayor importancia, a efectos de la propia ley, nosotros entendíamos que hubiera sido necesario, a nuestro juicio -y es verdad que se han hecho algunas reuniones-, pero les consta a Sus Señorías también que ha habido quejas, en un momento determinado, de la propia participación a fondo de toda la temática; es decir, de la propia declaración en el futuro (y hoy puede ser el día) de Parque regional de la Sierra de Gredos.

Y había, entre los objetivos, alguna cuestión -hemos retirado ya una enmienda, porque, parece ser que ha decaído una de las partes-, pero hay algo que aquí ya se ha aludido por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en lo de "restaurar en lo posible"; estaremos eternamente discutiendo esta cuestión, porque nos parece una cautela excesiva que, en la mayor parte de las ocasiones, lleva a decir: esto no es posible, y nos curamos en salud. Yo creo que el empeño debería ser mayor. Hay un riesgo, indudablemente: el que el empeño se cuantifique, el que el empeño se llegue a objetivizar hasta tal extremo, en plazos temporales y en plazos de materialización, que estemos constantemente recordándoles "y eso que se había comprometido, no lo ha hecho" y "ahí no lo ha aplicado". Es un riesgo, pero lo que es mucho más riesgo es que dejemos al albur o a la ambigüedad de "en lo posible", y traiga como consecuencia, lógicamente, que lo posible, siempre está detrás de lo necesario, y entonces, pondremos siempre como prioridad eso que entendemos o entendiésemos que es necesario.

Yo no voy a insistir en lo que es el espacio, la delimitación territorial; sí me parece que sería conveniente e interesante el que pudiera llegar a hacerse esa ampliación, porque los estudios a los que entonces aludíamos -y que seguimos valorando de forma extraordinaria- nos dicen que es un espacio único, que tiene unas connotaciones muy específicas que, lógicamente, debería de tener esa amplitud, esa cobertura también espacial.

Y, en la Enmienda 22, nosotros queríamos conservar, indudablemente, aquellas cuestiones que han sido históricas, que han sido tradicionales que, lógicamente, cuando se ordenan o se limitan en algunos de los excesos que ha habido hasta el momento presente, sí es posible mantenerlo; incluso va a ser en una época, en un tiempo absolutamente imprescindible mantenerlo; de lo contrario, se incrementaría la necesidad de recursos para poder llevar a cabo todo el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, en virtud de esta Ley o de cualquiera otra, y, lógicamente, el encarecimiento pondría todavía más en riesgo esa conservación.

Señorías, yo termino haciendo una mera referencia a que se pudiera abrir todavía más, en cuanto a la participación en la Junta Rectora, a representantes con mayor facilidad el que... de tal manera que pudiese permitir una mayor participación; y entendemos que eso en ningún caso va a reportar perjuicio alguno, aunque haya que tragar con los sinsabores de lo que es, o lo que puede ser, discutir con opiniones contrarias y, a veces, incluso, contradictorias.

Por todas estas razones, nosotros hemos seguido manteniendo y agradecemos que después de no haber hecho una comparecencia expresa en la Comisión, queríamos poder dejar patente, que nuestros criterios en cuanto a la conservación de la naturaleza pasan por las coordenadas anteriormente citadas para espacios como el que hemos mencionado; y, por consiguiente, nosotros entendíamos que deberíamos de oponernos, debemos de oponernos, queremos y lo vamos a hacer, en caso de no mediar otras alternativas. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para el turno en contra doña Pilar San Segundo tiene la palabra.

SAN SEGUNDO SÁNCHEZ

LA SEÑORA SAN SEGUNDO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. La verdad es que al comenzar este debate, señor Herreros, que yo creía que estaba terminado, que efectivamente ha comenzado por donde yo esperaba, podría decirle -como si le hubiéramos suspendido ayer por la tarde- "decíamos ayer". Porque realmente estamos otra vez en el mismo debate que tuvimos en enero, sin haber adelantado nada.

Yo esperaba efectivamente esto, puesto que al repasar sus Enmiendas, me parecía que estábamos otra vez haciendo el mismo debate, puesto que en su Enmienda número 3, coincidía literalmente con el párrafo segundo de su Enmienda a la Totalidad; la 8 coincidía literalmente con el párrafo tercero de su Enmienda a la Totalidad; la 16 coincidía literalmente con el párrafo sexto de su Enmienda de Totalidad; en la número 7, en su exposición, a la exposición de motivos pretendía usted eliminar todo el párrafo, porque usted lo que pretendía era la figura de parque nacional. Y de verdad, señor Herreros que, efectivamente le admiro, porque usted es una persona coherente y en toda esta trayectoria a lo largo de esta Ley, usted no ha procurado cambiar.

Entiendo por eso la disculpa que me ha tenido usted que ofrecer esta tarde de que no asistió usted a la Ponencia y que no asistió usted a la Comisión, porque, efectivamente, usted sabía que manteniendo esa coherencia y esa filosofía, usted y yo no podíamos llegar a un acuerdo.

De todas maneras, yo le hubiera agradecido, porque entiendo que usted es una persona que siempre impone un debate aleccionador; hubiera aprendido algo de usted y a lo mejor incluso, en alguna cosa, aunque nuestra postura no se hubiera acercado, sí que hubiéramos podido enriquecer alguna de las Enmiendas. De verdad que le admiro, señor Herreros.

(-p.1236-)

De todas formas, yo lo único que puedo hacer aquí es decirle que sí me sorprendió la petición de parque nacional que fue objeto en el debate presentado en el Congreso de los Diputados del doce de noviembre del noventa y uno, que es el Órgano -que como todos sabemos-, el único competente para la declaración de parque nacional y que fue rechazado por el resto de los Grupos. Su Grupo, no debió quedar nada satisfecho con las argumentaciones que allí se expusieron y, con su tenacidad, quiso nuevamente ser motivado y por eso nos trajo aquí la Enmienda de Totalidad.

Como tampoco en esa ocasión nos pusimos de acuerdo, sus Enmiendas iban en ese mismo sentido y por eso, y sólo por eso, puedo haber entendido el debate de... que ha sostenido usted esta tarde en torno a las Enmiendas, porque usted no me ha dicho absolutamente casi nada del parque que usted y yo no hubiéramos debatido en Totalidad, ese día de la Enmienda a la Totalidad -usted tiene el Diario de Sesiones- y que yo creo que quedó suficientemente claro. No obstante, señor Herreros, yo ya le digo que le admiro perfectamente, por su tenacidad.

Sigue usted comentándome que debían de ampliarse los límites del Parque. Los límites del Parque están consensuados y ya están fijados, señor Herreros; pero, de todas formas, yo quería decirle que nosotros tenemos -y se lo voy a leer-, que a pesar de proponer la figura de Parque Regional, queremos siempre la coordinación y cooperación de actuaciones. Y, a pesar de que proponemos esta figura, en el Artículo 11, del Decreto 3695, de veintitrés de febrero, por el que se aprueba el PORN, expone que: "Se procurará, permanentemente la máxima coordinación entre las distintas actuaciones de gestión con las que se desarrollen en espacios naturales adyacentes, o en Comunidades adyacentes. Y se hará especial hincapié en la coordinación con las áreas extremeñas que constituyen la continuidad natural de la Sierra por el suroeste. Esto es aplicable también a otros espacios. Se asegurará la participación de las Comunidades Locales en el diseño y manejo del área protegida a través de su presencia en la Junta Rectora establecida en la Ley 8/91".

Que a usted no le parezca suficiente... pero nosotros hemos consultado, los Alcaldes nombrarán a sus representantes; las personas físicas tendrán a su representantes; las asociaciones de ecologistas, tendrán a sus representantes; y lo que no se puede pretender es que una Junta Rectora sea inoperante, porque sería malo para el Parque -y yo estoy convencida de que usted eso no lo quiere en absoluto-. Y entonces, lo que sí que querríamos es que se pueda sacar, y de verdad, gobernar plenamente el Parque.

Alude también a los fondos protegidos y disponibles, y yo estoy convencida de que... -por eso además lo hemos declarado Parque Regional, o lo vamos a declarar-, que nuestro Grupo, que nuestro Gobierno regional va a allegar los fondos para los espacios naturales, por los mecanismos a su alcance. Ya le dije aquella vez que no todos por el presupuesto de la Ley de Presupuestos, en Medio Ambiente, pero, aparte de eso, tendrá: las actuaciones financieras de carácter sectorial y territorial; las actuaciones financieras con destino a las zonas de influencia socioeconómica de los espacios de la REN y con los límites mínimos establecidos; los que procedan de la Administración del Estado o de otras Administraciones Públicas; los créditos de programas europeos como LIFE, INTERREG, LEADER, Fondos Estructurales y las aportaciones o donaciones de las personas físicas o jurídicas.

Dicho esto, señor Herreros, esperemos que tengamos una buena Ley. Que a partir de este momento un espacio que -al menos para mí- es de los más significativos de la Red de Espacios Naturales de los que tenemos... ¡ah!, por cierto, también se me olvidaba decirle que de los dieciséis espacios que... de los treinta y cinco espacios que tenemos, dieciséis lindan con otras Comunidades, y lo tenemos en cuenta; y, muchos de ellos, a los que usted se refiere -Sierra de Gata y Rebollar-, ya tienen o han comenzado su PORN, para la protección de ellos mismos, y tienen su propia figura. Y yo creo, que al final, señor Herreros, usted pretendiendo la protección del espacio con la figura de parque nacional; nuestro Grupo pretendiendo la protección del espacio como figura de parque regional, todos queremos lo mejor para Gredos y creo que en este momento aprobaremos el instrumento que será lo que haga que Gredos siga siendo lo que fue. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para réplica, señor Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Efectivamente, se aprobará; la aritmética parlamentaria no suele fallar casi nunca, aunque sea a estas horas de la tarde. Pero sí decir algunas cuestiones.

(-p.1237-)

Yo no sé si es una virtud, o puede ser un vicio. Decíamos ayer: si nos van a tener en esa tesitura, nos van a tener constantemente; porque lo que sí estamos observando es que los límites naturales o artificiales, sí inciden. Y no acabamos de plantear la dificultad existente en aquello que hemos hablado en muchas ocasiones de las fronteras, como si estuviésemos estableciendo algunas connotaciones de un nacionalismo a ultranza que impidiera relacionarnos con las Comunidades Autónomas limítrofes. En absoluto, no es ésta nuestra cuestión. Pero da la casualidad que la mayor parte de los espacios, orográficamente más agresivos y desde el punto de vista geológico, posiblemente más novedosos, están en la periferia, están haciendo una corona a la Comunidad Autónoma de Castilla y León; lógicamente, están vinculadas a esos límites, y no está impidiendo nadie, no puede impedir nadie el que dos Comunidades Autónomas puedan conseguir el efecto de articular políticas, consensuar políticas que permitan, lógicamente, no entrar en grandes contradicciones en las concepciones medioambientales. Y su Señoría se recordará, cómo, cuando estábamos discutiendo precisamente el proyecto de parque de Picos de Europa, también teníamos ese problema, y cómo al final, y es verdad, cada una de las Comunidades Autónomas ha implantado o ha sugerido una modalidad diferente; y posiblemente en estos momentos todavía estemos haciendo algún tipo de resistencia por unas partes o por otras que dé como conclusión el que no haya una armonía en el trato en Picos de Europa. Éste es el riesgo que podemos tener también en ésas que son compartidas y que tienen esa importancia tan extraordinaria que Su Señoría quiere resaltar, que nadie le vamos a negar, en absoluto, y que es lo que a nosotros nos está motivando para llegar hasta el último extremo de lo que entendemos una posibilidad máxima de protección con la figura que decíamos.

Y decíamos ayer, y diremos hoy, y siempre, porque es el mismo tema, es el mismo problema, es el mismo concepto, es el mismo criterio, aunque pueda haber variaciones en momentos determinados.

Problemas procedimentales del Reglamento de la Cámara, a lo mejor tenemos que estudiarlos también, es que nos obligan a que prácticamente haya que presentar las Enmiendas de Totalidad y las Enmiendas Parciales, casi, casi, al mismo tiempo y, por consiguiente, pues es muy difícil que pueda hacer... hacerse variaciones. No obstante, pues... sí hemos pretendido que pudieran conseguirse esos efectos que anteriormente mencionábamos y que yo no les voy a repetir.

Y sí me ha llamado la atención algo que... por lo menos con nosotros, no han tenido esa deferencia. Dice que los límites ya están consensuados. ¿Con quién les han consensuado? En este marco, dudo y sospecho que no. Puede ser que sea en otro marco diferente. Y antaño se aludía precisamente a que hubiera... a que había un debate, hubo en el Congreso de los Diputados, en el cual se planteaba la existencia de opiniones controvertidas dentro del propio Congreso de los Diputados. Desde luego, no hubiesen obtenido el consenso por nuestra parte, porque es una de las cuestiones que a nosotros nos preocupa también. Y yo he mencionado componentes de la Sierra de Gredos o de las sierras aledaños al conjunto del Sistema Central que, para nuestro juicio, deben de tener el mismo marco de referencia. Y se pueden seguir haciendo declaraciones en cuanto a la coordinación con la sierra extremeña; nos gustaría que se pudiese no sólo hacer esas declaraciones, sino poder llevarlas a la práctica.

Señoría, yo sólo le voy a recordar, con ánimo intencionado -no malo, pero intencionado-, la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia en relación a un paraje muy próximo. Y, lógicamente, eso, para nosotros, sigue teniendo un peso importante, por la terquedad que, en cierto modo, se ha mantenido desde la propia Administración autonómica, desde el propio Gobierno autónomo, a la hora de persistir en una idea que, al final, ha sido, precisamente, después de opiniones, criterios, debates políticos, han sido los propios tribunales; y me estoy refiriendo a la comarcal 501, Ramacastañas... Ya lo sé que se puede recurrir, se puede llevar hasta el infinito. Pero de momento hay cuestiones que nos alientan, porque hay sensibilidades, incluso, en otro de los poderes políticos, como es la justicia, el que nos haya dado satisfactoriamente la razón.

Señoría, yo termino diciéndoles que es una declaración, que puede haber planes en marcha, que nosotros pretendemos y queremos lo mejor para nuestra tierra, que nosotros seguiremos, críticamente, entendiendo que es una obligación nuestra, para ver la aplicación en lo concreto de un proyecto como el que nos tiene entre manos, y para ver si la Ley es efectiva en cuanto a esa protección se pretende. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para dúplica, doña Pilar San Segundo tiene la palabra.

SAN SEGUNDO SÁNCHEZ

LA SEÑORA SAN SEGUNDO SÁNCHEZ: Gracias, señor Presidente. Señor Herreros, simplemente para decirle que, efectivamente, esos límites se han consensuado; esos límites se han cambiado, porque en un principio iban en el límite por la carretera, y luego después se cambiaron al río, porque parecía que era un límite más natural; y que no estaban cerrados -como dice usted-, y que no se había contado con ellos.

No obstante, señor Herreros, le agradezco el tono. Creo que en la medida del diálogo y el entendimiento nos encontraremos usted y yo mirando por Gredos; ésa es la forma de ver de nuestro Grupo. Y aunque en la filosofía siempre estemos en desacuerdo, siempre que sea para algo bueno, nos encontrará.

Nada más. Dar las gracias y felicitarnos, porque después del tiempo pasado para la elaboración de esta Ley, todas las personas que han intervenido, que las personas de Gredos tengan un Parque y a partir de este momento empiecen a tener el desarrollo sostenible y sostenido que la Junta y mi Grupo queremos para esa zona, porque es lo que de verdad se necesita. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se ha presentado en el Registro de la Cámara una Enmienda técnica, formulada por todos los Grupos, al amparo del Artículo 118.3 del Reglamento. Sin perjuicio de que esta Enmienda se vote en su momento y lugar oportuno, el señor Secretario va a dar lectura de dicha Enmienda técnica.

(-p.1238-)

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): La Enmienda dice así: "Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, de Izquierda Unida y Mixto de las Cortes de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el apartado tercero del Artículo 118 del Reglamento de la Cámara, presentamos por medio de este escrito la siguiente Enmienda técnica al Proyecto de Ley de Declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Las Disposiciones Transitorias Primera, Segunda y Tercera que figuran en el Dictamen elevado al Pleno por la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio deben convertirse en las Disposiciones Finales Segunda, Tercera y Cuarta, respectivamente.

La motivación es la siguiente: los contenidos de dichas disposiciones no regulan situaciones transitorias, por lo que se adecuan más al que es propio de las Disposiciones Finales.

Se trata de mejorar técnicamente el Proyecto de Ley, ajustándolo a las directrices y recomendaciones formuladas en nuestro país para la mejora de la técnica legislativa".

Está firmada por los diferentes Portavoces.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Secretario. Entonces, entramos en la votación de las enmiendas del Dictamen de la Comisión. El Artículo 1 del Proyecto de Ley no mantiene enmiendas. ¿Se aprueba por asentimiento? Se aprueba.

EL SEÑOR...: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): He preguntado... Perdón.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Presidente, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Se somete a votación el Artículo 1?

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Sí.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Nosotros habíamos dicho que no iba a haber ningún tipo... por nuestra parte no iba a haber ningún voto de asentimiento, aun no manteniendo enmiendas. Entonces, desearíamos que se sometiese a votación también.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿A este Proyecto de Ley se refiere?

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Todo el Proyecto de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): El anterior se ha votado por asentimiento.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Perdón. Señor Presidente, estoy diciendo que en la intervención que yo he hecho anteriormente planteábamos que no vamos a votar nada por asentimiento. Por consiguiente, que solicitamos se someta todo a votación.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Pues eso digo. A este Proyecto de Ley se refiere.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Claro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Vale, vale. De acuerdo. Entonces, se vota el Artículo 1. ¿Votos a favor? Artículo 1. ¿Votos a favor? Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta; sesenta y cinco a favor; cinco en contra; abstenciones, ninguna. Queda aprobado el Artículo 1.

Artículo 2. Se mantiene, en primer lugar, la Enmienda 17 del Grupo Socialista, cuya votación solicitamos. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: setenta votos emitidos, dieciocho a favor, cuarenta y siete en contra y cinco abstenciones. Queda rechazada la Enmienda 17 del Grupo Socialista.

Y se someten ahora a votación las Enmiendas 14 y 15 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: setenta votos emitidos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra, dieciocho abstenciones. Quedan rechazadas.

Se vota ahora el Artículo 2 del Proyecto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: setenta votos emitidos; cuarenta y siete a favor; veintitrés en contra; abstenciones, ninguna. Queda aprobado el Artículo 2.

Artículo 3. Subsiste la Enmienda 16 del Grupo de Izquierda Unida, que se vota. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta votos emitidos, de los cuales cinco son a favor, cuarenta y siete en contra y dieciocho abstenciones. Queda aprobado... Queda rechazada la Enmienda 16 del Grupo de Izquierda Unida.

Y se somete a votación el Artículo 3 del Proyecto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: setenta votos emitidos, cuarenta y siete a favor, cinco en contra, dieciocho abstenciones. Queda aprobado el Artículo 3.

Se someten a votación ahora las Enmiendas 22, 23 y 24 del Grupo Socialista, que proponen la creación de tres nuevos artículos al Proyecto de Ley. ¿Votos a favor de estas Enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

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Resultado de la votación: setenta votos emitidos, dieciocho a favor, cuarenta y siete en contra y cinco abstenciones. Quedan rechazadas las Enmiendas.

Se somete a votación la Enmienda número 25 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: setenta votos emitidos, dieciocho a favor, cuarenta y siete en contra, cinco abstenciones. Rechazada la Enmienda 25.

Y se somete a votación la Enmienda número 22 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: setenta votos emitidos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra, dieciocho abstenciones. Y queda rechazada la 22 de Izquierda Unida.

Se vota ahora el Artículo 4 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No las hay.

Y por tanto, el resultado son: setenta votos emitidos, cuarenta y siete a favor y veintitrés en contra. Queda aprobado el Artículo 4 del Proyecto de Ley.

Se somete ahora a votación la Enmienda número 17 del Grupo de Izquierda Unida, que propone la incorporación de un nuevo artículo al Proyecto de Ley. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: setenta votos emitidos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra, dieciocho abstenciones, quedando rechazada la Enmienda número 17 de Izquierda Unida.

Se somete ahora a votación la Enmienda número 28 del Grupo Socialista, que propone, igualmente, la incorporación de un nuevo artículo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta votos emitidos, dieciocho a favor, cuarenta y siete en contra y cinco abstenciones. Queda rechazada.

Se someten a votación las Enmiendas 26 y 27 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: setenta votos emitidos, dieciocho a favor, cuarenta y siete en contra y cinco abstenciones. Quedan rechazadas estas dos Enmiendas, 26 y 27, socialistas.

Se votan ahora las Enmiendas 18 y 19 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: setenta votos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra, dieciocho abstenciones. Quedan, pues, rechazadas.

Enmienda número 30, del Grupo Socialista, que propone la incorporación de una disposición adicional al Proyecto de Ley. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: setenta votos, dieciocho a favor, cuarenta y siete en contra y cinco abstenciones. Queda, pues, rechazada la Enmienda 30 del Grupo Socialista.

Y pasamos a las Disposiciones Transitorias y Finales. Existe la Enmienda 29 del Grupo Socialista, que sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado: setenta votos emitidos, dieciocho a favor, cuarenta y siete en contra y cinco abstenciones. Rechazada la 29 del Grupo Socialista.

Y votamos ahora la Enmienda 20 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta votos emitidos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra y dieciocho abstenciones. Queda, igualmente, rechazada.

Se somete ahora a votación la Enmienda técnica, que entiendo se puede aprobar por asentimiento, al venir suscrita por los cuatro Grupos. Queda aprobada la Enmienda técnica que leyó en su momento el señor Secretario.

Se someten ahora a votación las Disposiciones Adicionales... perdón, las Disposiciones Finales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: setenta votos emitidos, cuarenta y siete a favor y veintitrés en contra, sin abstenciones. Quedan, por lo tanto, aprobadas las Disposiciones Finales Primera, Segunda, Tercera y Cuarta.

Al Anexo de la Ley se mantiene, por el Grupo de Izquierda Unida, la Enmienda número 23, que sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta votos emitidos, de los cuales cinco lo son a favor, cuarenta y siete en contra y dieciocho abstenciones. Queda rechazada.

Y se vota, entonces, el Anexo al Proyecto de Ley. ¿Votos a favor del Anexo? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta votos emitidos, cuarenta y siete a favor, cinco en contra y dieciocho abstenciones. Queda aprobado el Anexo.

(-p.1240-)

A la Exposición de Motivos se mantiene, entre otras, la Enmienda número 3 del Grupo de Izquierda Unida, que se somete a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta votos emitidos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra, dieciocho abstenciones. Y queda rechazada la 3 del Grupo de Izquierda Unida.

Lo que da lugar a la votación de la Enmienda número 1 del mismo Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones?

Setenta votos emitidos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra y dieciocho abstenciones. Queda rechazada la Enmienda número 1 del Grupo de Izquierda Unida.

Y pasamos a la votación de la Enmienda número 2 del Grupo Socialista, y de la 2, también, del Grupo de Izquierda Unida, que son totalmente coincidentes. ¿Votos a favor de estas Enmiendas? ¿Votos en contra? No hay abstenciones.

Y por lo tanto, de los setenta votos emitidos, veintitrés lo son a favor y cuarenta y siete en contra. Lo que significa que quedan rechazadas las Enmiendas números 2 socialista y 2 de Izquierda Unida.

Pasamos a la votación de las Enmiendas 5 y 6 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Setenta votos emitidos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra, dieciocho abstenciones. Quedan rechazadas.

Se somete a votación ahora la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor de la...? Falta votar las Enmiendas 7 y 8 del Grupo de Izquierda Unida. Se someten a votación estas dos Enmiendas, 7 y 8. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

El resultado, el mismo: setenta votos emitidos, cinco a favor, cuarenta y siete en contra y dieciocho abstenciones. Quedan, igualmente, rechazadas las Enmiendas 7 y 8 del Grupo de Izquierda Unida. Y sometemos a votación la Exposición de Motivos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? No las hay.

Setenta votos emitidos. Cuarenta y siete a favor y veintitrés en contra, quedando aprobada la Exposición de Motivos.

Y, concluidas, así, las votaciones, queda aprobada la Ley de Declaración del Parque Regional de la Sierra de Gredos.

Al señor Secretario le ruego dé lectura al siguiente punto del Orden del Día, que es el decimoséptimo, al haber sido alterado.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "Oposición a la creación de una Comisión de Investigación sobre las circunstancias y hechos relacionados con la actuación, gestión y fiscalización del "Consorcio Feria Universal Ganadera" (FUG), así como sobre el proceso de subvenciones y participación de los entes consorciados y sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en los Estatutos, solicitada por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Habiendo presentado el Grupo Parlamentario Popular su oposición a la solicitud de creación de esta Comisión de Investigación, se va a proceder al debate y, posteriormente, a la votación. Para consumir un turno a favor del veto, por el Grupo Popular... No, lo que se somete a votación en el Pleno es el escrito de oposición, que es el que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Y, por lo tanto, tiene, en primer lugar, el turno el Grupo Popular, que es el que se opone. Señor Aguilar, cuando quiera. Tiene la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se ha opuesto, se opone mediante escrito presentado en su momento en el registro de la Cámara, a la creación de la Comisión de Investigación que se ha solicitado por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto sobre actuaciones en la Feria Universal Ganadera. Esta oposición, Señorías, tiene su fundamento en las propias actuaciones que en los momentos presentes se están llevando a cabo por el Tribunal de Cuentas. Y voy a explicarme más claramente, al siguiente tenor.

Como Sus Señorías conocen, las actuaciones que el Tribunal de Cuentas practica en cualquiera de los asuntos que se someten a su consideración tienen dos tipos muy concretos de actuación: una, la fiscalización del Tribunal en relación a la documentación que se le remite; y otra, la actuación del Tribunal, denominada "de alcance", cuando la investigación que se ha practicado puede afectar a los caudales públicos. La primera es una actuación netamente contable, puramente contable, puramente administrativa. Y la segunda puede tener otro tipo de actuaciones, puede tener otro tipo de calificación, y, en definitiva, tiene un más hondo calado.

Ciertamente, por lo que respecta a la Feria Universal Ganadera, debemos informar a la Cámara que se iniciaron primero unas diligencias preliminares con el número 730/95, que posteriormente han sido refundidas en un denominado "juicio de cuentas", que es el 9/95. Este juicio de cuentas, Señorías, está ahora mismo, en los momentos que estamos debatiendo este asunto, en una fase de traslado al Ministerio Fiscal del Tribunal de Cuentas, por si, efectivamente, y de ese traslado que se produzca -y se ha producido ya- al Ministerio Fiscal, hubiese que dar conocimiento de las actuaciones a otras entidades o instituciones que tuviesen algo que decir en torno a este... a este expediente.

(-p.1241-)

Por lo tanto, Señorías, hay, en estos momentos, una actuación administrativa, pero con el carácter ya de actuación cuasi judicial -si ustedes me lo permiten-, para investigar los hechos acontecidos en la Feria Universal Ganadera y, en definitiva, de ahí se deducirá ya si existen o no existen responsabilidades del tipo que fuese, para las instituciones que fuese, para las personas que fuese, o para las actuaciones a que hubiese lugar a enjuiciar, en virtud de estas actuaciones.

¿Qué entiende nuestro Grupo Parlamentario al respecto, y por qué del motivo de la oposición a la creación de la Comisión de Investigación? Pues, pura y simplemente, porque se está investigando a fondo todo lo concerniente a la Feria Universal Ganadera. Se está llevando a cabo algo más que una investigación contable, sino ya algo que se denomina como una "actuación o juicio de alcance" sometido, en estos momentos, al conocimiento de la Fiscalía del Tribunal, con el consiguiente nombramiento del Magistrado Instructor a todos los efectos, y, en definitiva, pendiente de una resolución que va a ser, sin duda, la que nos va a guiar en su momento también, como no podía ser menos, a estas Cortes de Castilla y León, o a la Comisión de estas Cortes de Castilla y León, a la que se pueda remitir lo que a continuación voy a señalarles a ustedes.

Es propósito del Grupo Parlamentario en nombre del cual estoy hablando solicitar, solicitar del Tribunal de Cuentas toda la documentación que existe, toda la documentación que existe, todas las actuaciones que se han producido en ese juicio de alcance de caudales públicos, a los fines de que consten en esta Cámara, a los fines de que todos los Grupos Parlamentarios tengan el debido conocimiento de todo y cuanto se ha dicho, de todo y cuanto se ha investigado, de todo y cuanto se ha producido por parte del Tribunal de Cuentas. Creemos, por tanto, Señorías, que esta actuación -que sin duda va a ser apoyada por el resto de los Grupos- puede ser, en definitiva, el cauce o el camino para que no exista un conocimiento parcial que nos pueda llevar a unas conclusiones equivocadas en un asunto en el cual, realmente, existe una trascendencia importante, a nuestro juicio.

Por lo tanto, anuncio desde aquí que nuestro Grupo Parlamentario va a solicitar, por el cauce que corresponda al Reglamento -bien sea vía Comisión para que se dirija al Tribunal, o vía Pleno para que se dirija al Tribunal-, el que se nos remita todas las actuaciones que existen en este momento, practicadas o pendientes de practicarse por parte del Tribunal, en ese juicio de alcance que puede afectar a caudales públicos.

Por lo tanto, no hay más que una situación de que queremos tener toda la documentación precisa para que no exista ningún tipo de velo ni de duda; que todos los Grupos cuenten con la debida transparencia con esa... con esa documentación; que, incluso, pueda ser debatida en la Comisión correspondiente. Y, por lo tanto, entendemos que duplicar ahora actuaciones, traer aquí a personas que tengan que comparecer ante la Comisión, producir nuevas aclaraciones a documentos, producir resoluciones de la Comisión que a lo mejor no son las correctas en virtud de lo que el propio Tribunal de Cuentas está detectando actualmente, entendemos que no es procedente ahora.

Por lo tanto, Señorías, ése es el motivo por el cual nuestro Grupo Parlamentario se opone a la creación de esa Comisión de Investigación. No se vea en ello ningún ánimo de ocultar absolutamente nada, puesto que acabo de señalar que todos los Grupos pueden tener toda la documentación a su disposición; desde luego, el nuestro va a producir la actuación parlamentaria correspondiente para contar con toda esa documentación, para contar con todos los recursos, para contar con toda la información, con los documentos, e, incluso, también, por qué no, con aquellas actuaciones -bien testificales, bien periciales o de cualquier otro orden- que puedan existir en ese juicio de cuentas 9/95, o en ese juicio de alcance 9/95.

Estos son los motivos. No hay nada que ocultar por parte de la Junta de Castilla y León. No hay ningún temor, por supuesto, a que se produzca la clarificación consiguiente; no hay ningún temor. Y, en definitiva, Señorías, queremos obrar con la cautela precisa; queremos obrar, además, con el conocimiento exacto y, en definitiva, no cometer ningún error en este asunto que puede ser un asunto trascendente para esta Comunidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para consumir un turno en contra de la oposición que ha expresado el Grupo Parlamentario Popular, tiene ahora la palabra el representante de los Grupos solicitantes de la creación de esta Comisión. En ausencia del Grupo Mixto, señor Sánchez Vicente, del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, Señorías. Voy a comenzar exponiendo los antecedentes de lo que yo considero el mayor escándalo político que se ha producido en nuestra Comunidad en la etapa democrática.

En el marco de los fastos del año noventa y dos, el ocho de enero de mil novecientos noventa y uno se constituyó en Salamanca el Consorcio Feria Universal Ganadera para la preparación, organización, promoción y ejecución de la Feria Universal Ganadera a celebrar en Salamanca en el año noventa y dos. El Consorcio se constituyó mediante documento suscrito por el entonces Consejero de Agricultura, señor Zamácola, y la que era entonces Presidenta de la Diputación de Salamanca, señora Diego Díaz Santos, adhiriéndose posteriormente, por convenio, el Ministerio de Agricultura el quince de noviembre del año noventa y uno.

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Los estatutos del Consorcio fueron aprobados el día ocho de febrero del noventa y uno por el Pleno de la Excelentísima Diputación Provincial. Los miembros consorciados plenos son la Excelentísima Diputación Provincial de Salamanca y la Junta de Castilla y León. Estatutariamente, también se admitía la existencia de otros miembros: miembros consorciados simples, miembros colaboradores y patrocinadores.

La administración del Consorcio se constituyó en Comité Ejecutivo y Junta General, además del Presidente. La Presidencia del Consorcio recayó en el titular de la Diputación de Salamanca, don José Dávila Rodríguez, quedando el Comité Ejecutivo conformado, además de por el Presidente, por don José Gabriel Martín Astruga, como Vicepresidente, representante de la Junta de Castilla y León, siendo vocales don Emilio Melero Marcos, en representación del Grupo Socialista de la Diputación; la señora Diego Díaz Santos, del CDS de la Diputación; don Casimiro Hernández Calvo, del Grupo Popular de la Diputación; don Gonzalo Sainz Fernández, entonces Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León -hoy Presidente de la Diputación de Salamanca-; don Miguel Villar Ortiz de Urbina, Jefe de Servicio de Agricultura de la Junta; don Miguel Rodríguez Ocampo, como tesorero; y doña Isabel Alonso Sánchez, como secretaria. La Junta General estaba formada por el Presidente de la Diputación y tres miembros designados por cada uno de los entes consorciados.

Dicho esto, hay que significar que los estatutos, en su artículo quinto, prescribían que el Consorcio quedaría extinguido una vez celebrada y terminada la Feria Universal, una vez celebrada la Feria Universal, debiendo -dice el artículo en cuestión-, en todo caso, ser liquidado y disuelto antes del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres. Ya ha llovido ¿verdad? Pues bien, miren ustedes: el día cuatro, el día cuatro se ha celebrado una Junta General para estudiar, entre otras cosas, informe de los trabajos de la Comisión liquidadora, etcétera, adopción del acuerdo relativo para estudiar la liquidación el día... ayer, antes de ayer. Ha llovido.

El patrimonio fundacional está constituido por 400.000.000 de pesetas, formado por las aportaciones de las entidades consorciadas: 200.000.000 la Diputación, 200.000.000 la Junta. Antes de iniciar las actividades, era preciso llevar a cabo determinadas obras de infraestructura, y para ello se aprovechó la existencia del recinto regional de ganados. Se construyó una nave -que sigue estando allí-, que fue patrocinada por la Caja de Ahorros. Asimismo, también como empresario patrocinador salmantino, intervino don Mariano Rodríguez.

La Feria fue presentada a bombo y platillo en el palacio Fernán Núñez, en donde, entre otros miembros, asistieron el Presidente de la Junta -que no está y debería de estar aquí- y el señor entonces Consejero de Agricultura, don Isaías Monge, además de otros miembros del Consorcio. Con estos antecedentes se abre la Feria Universal el veintiuno de mayo del noventa y dos, fecha que era la prevista para su inauguración.

Entre los objetivos prioritarios de preparación de la FUG se encontraba el conseguir el mayor número de patrocinadores que, con sus aportaciones monetarias o en especie, facilitaran la celebración de la Feria. Como consecuencia de la firma de un convenio con la Sociedad Estatal Quinto Centenario, todo patrocinador de la FUG podía acogerse a la Ley de Beneficios Fiscales de veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho. Los patrocinadores entregaban diversas cantidades de dinero que servían para sufragar gastos de infraestructura o de organización y gestión de los eventos programados durante la Feria. Como ejemplo de patrocinio de primer tipo, es decir, aquellos destinados a infraestructura, tenemos los realizados por la Caja Salamanca y Soria, con 521.000.000 de pesetas; el Grupo de Empresas de Mariano Rodríguez, con 257.000.000 de pesetas. Como ejemplo de patrocinio del segundo tipo, es decir, aquellos que tenían la finalidad de pagar gastos de organización y gestión de actividades feriales, tenemos a Televisión Española, a Tecsa, que financiaron parcialmente la corrida de toros de la Plaza Mayor, y a Ebro Agrícolas Mirat, etcétera. Como ejemplo de patrocinios del tercero, es decir, los que entregaban especie, Santos L.L., Eléctricas Olmedo, S.A.

Por último, hay que señalar el patrocinio de la propia Sociedad Estatal, plasmado en el Convenio de Actos Culturales mediante la FUG... mediante el cual la FUG podía celebrar su programa cultural financiando... financiado en la mayor parte con el retorno del IVA. También, en el día de ayer, hablando de la Sociedad Estatal, pues a través de un medio de comunicación de Salamanca -en concreto "Tribuna"-, nos enteramos de la existencia de una querella por importe de 40.000.000 de pesetas, que el propio Consorcio se ha visto obligado a instar contra la Directora del Consorcio. Ha habido más patrocinios: Kelme, Xerox, Mapfre, Hispano-hípica, etcétera.

Pero, bien, la Feria se desarrolló entre mayo y septiembre del noventa y dos. Y entrando en harina, señor Aguilar, entrando en harina, los datos financieros más relevantes han sido los siguientes:

Se realizaron inversiones en inmovilizado material por más de 1.591 millones de pesetas. Los ingresos por actividades propias fueron de casi 144.000.000 de pesetas, frente a unos gastos por dichas actividades de más de 1.500 millones de pesetas, generándose un déficit de explotación de 1.446.999.142 pesetas. La financiación de las inversiones y del déficit de explotación procede de patrocinios privados como los indicados anteriormente, casi 838.000.000 de subvenciones... y de subvenciones de entidades públicas algo más de 600.000.000 de pesetas, cubriendo la diferencia los entes consorciados que a treinta y uno de marzo, señor Aguilar, del año noventa y cuatro -también ha llovido desde entonces- ya habían aportado 1.300 millones de pesetas, en lugar de los 200.000.000 que la Junta tenía comprometidos, sin que sepamos en la actualidad, a la fecha de hoy, qué cantidad de estos 1.300 millones de pesetas ha tenido que aportar la Junta y qué cantidad ha tenido que aportar la Diputación. Por supuesto, a fecha de hoy, son muchos más millones de pesetas los que ha habido que aportar.

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Ya en la anterior Legislatura el Portavoz de mi Grupo, ante las alarmantes noticias, se vio obligado a intervenir en infinidad de ocasiones... yo le recuerdo que ustedes también tuvieron muchos rifirrafes. Léanse, simplemente, las diferentes intervenciones de una Comisión de Agricultura y Ganadería del catorce de octubre del noventa y dos; léanselo, refresquen la memoria lo que unos y otros se decían. Bien.

Pues bien, a pesar de la inactividad y de su irresponsabilidad, y de querer vender la moto, gastándose inmensas cantidades de dinero en publicidad y propaganda, vendiendo las excelencias de la FUG, haciendo a su medida auditorías -que se pronunciaban, lógicamente, favorables a sus intereses-, el Tribunal de Cuentas -como ha señalado el señor Aguilar- fiscalizó la actividad económica de la Feria en los ejercicios... de los ejercicios noventa y uno y noventa y dos.

Y, mire usted, no hay que pedir documentación, señor Aguilar. Ustedes ya la tienen. Ustedes tienen la misma documentación que ha podido utilizar este Procurador. La misma, la tienen, y la han tenido aquí; la han tenido en la Comisión Mixta; la han tenido en la Diputación; y han tenido todo tipo de acceso -como lo he tenido yo- para poder concretar -como le voy a concretar a usted- fechas, cantidades, etcétera.

El treinta y uno de mayo del noventa y cinco el Consejero don Andrés Fernández Díaz acordó -como usted ha dicho- la apertura de piezas separadas de lo que usted ha denominado correctamente la iniciación del juicio de cuentas, por haberse detectado en la misma hechos que pudieran dar lugar a responsabilidades contables distintas del alcance, por suponer infracciones tipificadas en los artículos 141.1.d del Texto Refundido de la Ley de Presupuestos, aprobada por Real Decreto del año ochenta y ocho, veintitrés de septiembre.

La apertura de la pieza separada fue notificada al Ministerio Fiscal ya, también al Abogado del Estado. También han tenido ya oportunidad ustedes de hacer en este juicio de cuentas las alegaciones correspondientes, al igual que en el alcance. Ya se han hecho. Han tenido la oportunidad. Ustedes no habrán aprovechado el trámite; la Diputación sí lo hizo. Sirvió de poco; sirvió de poco, porque el juicio de cuentas sigue adelante.

Mire usted, la finalidad de la pieza de responsabilidad contable son tres cosas. Primer lugar, imputar unos hechos. Segundo lugar, determinar la cuantía de los mismos. Y tercer lugar, determinar la responsabilidad, los responsables directos o subsidiarios.

Para poder determinar esos perjuicios ocasionados a los caudales públicos, ya el tribunal ha hecho un estudio, ya ha hecho un estudio. Y en relación con este juicio, con el juicio de cuentas, el tribunal señala: "en relación con los hechos presuntamente generadores de responsabilidad contable, su determinación inicial ha venido señalada en el acuerdo del Consejo del treinta y uno de mayo del año noventa y cinco, centrándose en los siguientes extremos:

Se señalan como primero y segundo de los hechos imputados la facturación al Consorcio FUG-Salamanca noventa y dos, por parte de Foro Europeo Consultores, S.L., de 16.675.000 pesetas por servicios prestados en fechas posteriores a la Feria -hecho que rebasaba, lógicamente, las funciones de dirección y organización de la misma, únicas actividades fijadas contractualmente-, y de 3.000.000 de pesetas por pagos realizados a personal de la Diputación Provincial de Salamanca, sin justificar las circunstancias por las que se asumió dicho pago. Las facturas presentadas por Foro Europeo Consultores, S.L. y abonadas por el mismo no se corresponden con las cantidades previstas para los diversos plazos de pago del precio del contrato. El total de pagos, incluidos los pagos a profesionales y personas de la Diputación, asciende a 174.325.000 pesetas; sin embargo, posteriormente -como ya he dicho-, al tener que imputar esos 16.000.000, pagan ustedes... paga... tiene que pagar el Consorcio más de 186.000.000, más de 187.000.000.

El tercero de los hechos imputados se refiere a retribuciones de trabajadores, que también viene señalado en el Informe y en las diligencias que ustedes conocen igual que yo. Lo mismo. Exactamente igual.

El cuarto de los hechos -se determinaba en el acuerdo de iniciación de la pieza- era la contabilización como gastos de feria de operaciones por al menos 80.000.000 de pesetas realizadas con posterioridad a la celebración de aquélla, ante la falta de auténticos presupuestos, porque sabrá usted que jamás se elaboraron unos presupuestos en la Feria, ¿eh?; el Consorcio pues fue aprobando diferentes ejercicios económicos sin aprobar jamás su presupuesto. Algo increíble, algo impensable.

El quinto de los hechos imputados se refiere a la ausencia de justificación documental que acredite las relaciones contractuales entre los perceptores de fondos a cuenta de servicios profesionales y la Feria Universal Ganadera por importe de 46.000.000; si bien, después de ese trámite de alegaciones, esta cantidad el tribunal lo ha reducido a 22.878.000 pesetas.

Del examen de la documentación incorporada a la pieza separada, se deduce que la mayoría de los pagos incluidos en esta relación se realizaron por trabajos de asesoría jurídica y contabilidad, y fueron encargados directamente por la Junta o por el Comité Ejecutivo del Consorcio, sin que conste que se hayan formalizado los correspondientes contratos de asistencia técnica o de trabajos específicos y concretos, de conformidad con la legislación, y sin que se pueda afirmar que exista consignación presupuestaria y créditos suficientes para comprometerlos. Es más, mire usted, las minutas -que las he tenido en mi mano y usted parece que también- y las facturas de los profesionales estaban sin firmar; no se acreditaba por qué concepto se pagaban y qué trabajos habían realizado. Algo, realmente, escandaloso.

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El sexto de los hechos imputados se refiere a falta de autorización expresa de la operación en el 74% de los documentos examinados; de una muestra de ciento cuarenta y un expedientes, 74% de expedientes examinados no tienen autorización expresa de la operación. Todo esto alcanza un importe de 985.000.000 de pesetas.

Finalmente, el último de los hechos imputados es el reconocimiento de obligaciones de los contratos de adquisición de plantas, tierra y aparatos de riego, y adquisición de equipos de megafonía.

¿Sabe usted cuánto suman los seis epígrafes, señor Aguilar? Yo se lo digo: 1.145 millones son lo que suman los seis epígrafes que ha hecho referencia y relación el Tribunal de Cuentas en el juicio de cuentas.

En relación con la determinación de los presuntos culpables, considera el Consejero que el responsable directo de los hechos ya tiene nombre y apellido: en principio, uno, el que fue Presidente de la Diputación, el señor Dávila. También se dice ahí que puede haber otros responsables directos, y también se indica ahí que habrá que depurar también la responsabilidad de los responsables subsidiarios.

Respecto a últimas de las formalidades... de las finalidades de la formación de la pieza separada, ya le he dicho a usted que todo alcanza la "pequeña" cantidad de 1.145 millones de pesetas.

Quiero significar, y puedo asegurarle -y usted lo sabe, o, cuando menos, lo presume y lo presiente como yo- que esto es lo que está contabilizado por el Tribunal hasta el año noventa y cuatro. ¿Cuánto más será? ¿Cuánto más será lo que tengamos que analizar e incluir en esta pieza?

En cuanto al alcance, que usted dice también que habrá que dejar actuar al Tribunal, mire usted, han cambiado de filosofía de repente. Antes ustedes criticaban la judicialización de la política; ahora no, ahora hemos cambiado de filosofía. Lo tendremos que discutir; probablemente en turnos sucesivos lo discutiremos.

El delito de alcance, también el Excelentísimo señor Consejero don Antonio Cacho Frago, el tres de julio proveyó abrir la correspondiente fecha de diligencias preliminares, al amparo de lo previsto en el Artículo 46 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de cinco de abril. En la fiscalización efectuada por este Departamento sobre el Consorcio Feria Universal Ganadera del noventa y dos, correspondiente a los ejercicios noventa y uno y noventa y dos, se han detectado, entre otras, las siguientes irregularidades; también con nombres y apellidos, señor Aguilar.

Ausencia de justificación documental de la regularización con cargo a gastos por servicios profesionales y un anticipo de cuatro millones y medio de pesetas al Instituto de Comunicación y Publicidad por presentación de la Feria.

Segundo. Falta de justificación de parte del total entregado a un funcionario de la Diputación Provincial de Salamanca por importe de 54.080 pesetas.

Tercero. Ausencia de justificación documental de partidas por importe de 883.703 pesetas, de tres entregas realizadas a un funcionario de la Diputación Provincial, por un importe de 11.717.495 pesetas que, posteriormente, fueron traspasadas a la cuenta de gastos de Premios "C" Monográficos.

Cuarto. Falta de justificación documental de gastos por actividades culturales realizadas conjuntamente por el Consorcio Feria Universal Ganadera de Salamanca para la ejecución de programas V Centenario, por un importe de 66.000.000 de pesetas.

Quinto. Ausencia de justificación documental o deficiencias en la justificación de los gastos realizados en la corrida universal de toros de la Plaza Mayor. Significar que aquí, uno de los presuntos responsables es la Sociedad Trocóniz, Fernández de Trocóniz; no sé si le sonará algo.

Sexto. Ausencia de justificantes de las remesas acreditadas al Delegado de la Feria Universal Ganadera de Salamanca mil novecientos noventa y dos en Iberoamérica, por importe de 26.000.000 de pesetas. Se lo han pasado excelentemente bien. ¡Qué bien se lo han pasado!

Séptimo. Justificación incompleta de las remesas entregadas al Gerente del Consorcio, por un importe de quince, de más de 15.000.000 de pesetas como pagos a justificar. No cancelación de la deuda pendiente, de 517.959 pesetas. Insuficiente justificación documental en el 38% de las operaciones de la muestra seleccionada de ciento cuarenta y un expedientes, para el análisis de los justificantes de pago, por un importe de 834.784.345. Mire usted, en esta pieza estamos buscando, pues también, la pequeña cantidad de 959.000.000 de pesetas... y medio.

Como quiera que estos hechos pudieran ser constitutivos de un presunto delito de alcance de caudales, o efectos públicos, en los términos establecidos en el Artículo 32 de la Ley del ochenta y ocho, se remitió y se nombró -como usted ya también ha significado- delegado instructor para que se practique -y se está practicando, está en marcha, ¿no?- con fecha tres de julio del año noventa y cinco, el informe de fiscalización; por eso no me puedo creer que ustedes ignoren y que estén esperando a que les den documentación...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría yo le ruego... señor Sánchez Vicente, por favor, le ruego resuma o concluya, porque ha agotado ya el doble del tiempo del que reglamentariamente...

SÁNCHEZ VICENTE

(-p.1245-)

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Voy a ir terminando, señor... pero a mí el tema me parece de profunda gravedad ¿eh?

Mire, en la Comisión Mixta, en la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, ustedes participaron... quiere que le diga en tres palabras cómo se desarrolló esa... esa reunión el treinta y uno de octubre del noventa y cinco? Pues mire, la Presidenta del Tribunal, absolutamente pasmada, informó a los miembros que hay allí, significándole, significándole que la realización de las tareas del Tribunal había tenido enormes limitaciones, que no se habían elaborado presupuestos generales ni rendido cuentas al cierre de cada uno de los ejercicios, que la Junta General aprobó un balance de situación y una cuenta de resultados, que incluían todas las operaciones del Consorcio desde su creación, ausencia absoluta de inicio de disolución.

El Tribunal de Cuentas había detectado niveles de incumplimiento y de defectos de rendición de cuentas muy por encima de lo que cabría esperar. El control interno había sido muy defectuoso; no se han llevado libros... los libros obligatorios ni los auxiliares.

En el capítulo de gastos, no se ha hecho seguimiento de costes y rendimientos de cada actividad.

En fin, después de significar cómo se había desarrollado la Feria Universal Ganadera, intervino el señor Carrera y Gómez que es miembro del....

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Sánchez Vicente, por segunda vez. Silencio, por favor...

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: El señor Carrera y Gómez, quien dijo... y termino con esto. Demora en los pagos, múltiples reclamaciones, ni elaboración ni liquidación de presupuestos, incumplimiento de normativa, inventarios falsos, no conciliación de cuentas bancarias, etcétera. Dice: "supongo -decía él- que se podrá decir aquello: ¿quién da más, señor Presidente? En el mismo sentido también se refirieron -apoyando la postura del señor Gómez- un representante del Partido Popular, el señor Jordano Salinas, y también un representante del Partido Socialista, la señora Vicente.

En este estado de cosas, ¿puede haber algún Grupo Parlamentario de esta Cámara que se oponga a la creación de una Comisión de Investigación, sin incurrir él mismo en responsabilidad? A nadie le debe caber ninguna duda que estamos, de verdad, ante el mayor escándalo político que se ha cometido en esta Comunidad, que ha existido en esta Comunidad en la etapa democrática. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de réplica, señor Aguilar tiene la palabra.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Entre las corridas universales -que desconozco a qué se refiere el señor Procurador que me ha precedido en el uso de la palabra-, y, asimismo, la actuación de la Presidenta del Tribunal -pasmada-, este Procurador le tiene a usted que decir algo, y tómemelo usted en el sentido que se lo voy a señalar: usted no necesita ninguna Comisión de Investigación; usted la ha hecho por su cuenta, y además usted tiene datos casi superiores a los del propio Tribunal, que me pregunto de dónde habrán venido.

Y dicho esto, mire usted, Señoría... y dicho esto, mire usted, Señoría. Señoría, nos ha contado usted lo que le ha convenido y se ha guardado usted algo que no ha dicho -y yo le voy a enseñar a usted ahora-, qué es esto: mire usted, Señoría, garantías del Tribunal de Cuentas, para nosotros todas; a lo mejor para usted menos. Para nosotros, todas. Cuando existe un juicio de cuentas abierto, cuando existe un juicio de alcance, cuando hay unas diligencias preliminares que se han refundido en ese juicio, Señoría, y cuando se está tramitando, Señoría, y cuando al Ayuntamiento de Salamanca, Señoría, se le ha dado traslado, y cuando se ha dado traslado a otras personas que están ya involucradas en este tema para que se defiendan, usted ha debido de tener el mínimo de prudencia política de no haber dado aquí nombres y apellidos de nadie, porque me va a obligar usted a dejarlo en ridículo.

Y, mire usted cómo, y mire usted cómo -y no quería hacerlo- ha dicho usted Fernando Fernández de Trocóniz; es Fernando Fernández de Trocóniz S.A. Perdone, Señoría, perdone Señoría, no me interrumpa, Señoría...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Por favor, señor Aguilar, por favor, señor Aguilar. Ruego no interrumpan al orador, que para eso está la Presidencia...

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: No me interrumpa, Señoría...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego... le ruego que guarden silencio. Aguilar, señor Aguilar. Perdón.

No le permito que se acuse a la Presidencia, que está siendo neutral. Por favor, señor Procurador, deje que dirija el debate la Presidencia. Si hay alguna alusión, ya le daré el turno de... correspondiente. Pero le ruego no entablen diálogo ni interrumpan al que está en el uso de la palabra, sin pedir primero permiso a la Presidencia, que se lo va a negar.

(Risas.)

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ¿Puedo continuar, señor Presidente?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Aguilar, puede continuar.

AGUILAR CAÑEDO

(-p.1246-)

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias. Le decía a usted, Señoría, que eso es una sociedad anónima, en la que nada tiene que ver -ahí está su ridículo- el señor Fernando Fernández de Trocóniz. Nada tiene que ver. No tiene nada que ver en esa sociedad, Señoría.

Pero es que además usted, que nos ha dado ese cúmulo de datos, ese torrente de actuaciones y esas grandes cifras, que no ha hecho usted más que mal manejarlas, mal manejarlas, porque a mí que existan pérdidas, por supuesto nada tiene que ver con actuaciones irregulares; que existan l.500 o 1.200 millones de pesetas en pérdidas en la Feria Universal Ganadera, nada tiene que ver con actuaciones irregulares. No sé por qué nos habla usted aquí del inmovilizado, del activo y del pasivo. Aquí hay que hablar pura y simplemente de lo siguiente: Primero, que el Tribunal nos da todas las garantías; por lo menos a nuestro Grupo, no sé al suyo.

Segundo, que el Consejero de Agricultura -hoy Delegado del Gobierno- ha explicado en estas Cortes, y ha explicado cuántas veces ha hecho falta, lo que ha dado, cómo lo ha dado, por qué lo ha dado, y dónde han ido los dineros. Por lo tanto, de mayor escándalo político, de momento nada.

Tercero, las aportaciones de la Junta, Señoría, pídalas usted. Tiene usted los mecanismos reglamentarios para solicitar las aportaciones que ha hecho la Junta de Castilla y León. ¡Ejerza usted como Procurador! Y venga usted y pídalo por escrito, pídalo en Comisión, y, en consecuencia, se le dará. Por supuesto que se le dará el dato.

Y luego, Señoría, no se quede usted en el año noventa y cinco, casi, casi diciéndole a esta Cámara "se nos ha venido la hecatombe encima", cuando en el año noventa y seis, y concretamente el ocho de febrero -fíjese usted que no está tan lejos-, hay una notificación y una providencia dictada por el Tribunal de Cuentas donde se dice textualmente esto, Señoría, y se lo voy a leer a usted para que no tenga duda. Porque este documento, no sé por qué usted no ha hecho uso de él; se le da traslado de los escritos que usted aquí ha leído, que eran simplemente las resoluciones a las alegaciones que se habían formulado ante determinados acontecimientos económicos -sí Señoría-, se le da traslado al Ministerio Fiscal para que, si existen otras instituciones, puedan alegar lo que a su derecho convenga, como es natural dentro de un estado de derecho, donde todo el mundo tiene legítimo derecho a poner de manifiesto ante un tribunal lo que considere conveniente. Y eso el Ministerio Fiscal, al conocimiento de este Procurador, hasta este momento todavía no ha dicho nada, todavía no ha dicho nada, al conocimiento de este Procurador.

Por lo tanto, señor, señor Procurador del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, nosotros ¿qué es lo que hemos propuesto en esta Cámara? Pidamos todo. No cojamos este asunto troceado, no lo cojamos en partes, vamos a cogerlo completo. Vamos a actuar, vamos a actuar parlamentariamente solicitándole al Tribunal que nos remita todo cuanto en ese Tribunal exista. Examinémoslo en la Comisión que usted quiera, en la de Economía, donde a usted le venga en gana, donde usted lo determine. Ahí vamos a estar y ahí, por supuesto, vamos a clarificar.

Por otra parte, usted ha hecho imputaciones muy graves, muy graves, como son, por ejemplo, ausencia de justificaciones documentadas, cuando realmente... y yo he visto también en mi documentación ahora que se han justificado muchas de las cosas a las cuales usted ha hecho referencia; mal o bien, mal o bien, ese será otro problema que ni a usted ni a mí nos toca dilucidar, sino al Tribunal, pero se han justificado y se han hecho alegaciones, y se ha dicho: "mire usted, esto que parece que está mal instrumentado contablemente, tiene esta posible justificación". "Se pagó esto fuera por esta circunstancia". Eso hay que decirlo. Y no lo digo en descargo de quien pueda tener ningún tipo de responsabilidad personal; lo digo en aras a la objetividad que hay que tener en un asunto que usted ha calificado de magnitud, escándalo político, etcétera, etcétera, etcétera.

Señoría, mire usted, si usted ya conoce presuntos culpables, al Juzgado mañana por la mañana, al Juzgado mañana por la mañana. Pero ¡ojo!, que sean presuntos culpables donde mínimamente pueda usted sostener su presunta culpabilidad, porque, si no -y usted muy bien lo sabe-, le sale a usted la paloma, cuco, y entonces eso es bastante malo cuando se llega a los tribunales de justicia.

Mire usted, ha tenido usted -porque nos lo ha dicho aquí- facturas de profesionales con IVA, sin IVA, firmadas, sin firmar... Pero, mire usted, Señoría, si eso, lo que tiene usted que hacer mañana por la mañana es coger esta factura, esas facturas e irse usted al juzgado. Pero ¿cómo usted, conociéndolo, no lo ha hecho ya? ¿Cómo no lo ha hecho ya? ¿Cómo pretende usted que esta Cámara sea corresponsable con ese posible encubrimiento? Usted vaya a los tribunales mañana, y usted se parte el cobre con el fiscal, con la defensa, con la acusación particular y con quien corresponda. Y, luego después, si usted sale triunfante, habrá usted hecho un gran servicio a esta Comunidad, sin duda alguna. Pero mida usted su planteamiento en este asunto, porque creo que se ha pasado usted de rosca. Ni más ni menos que se ha pasado usted de rosca.

Esa corrida universal, realmente, pues ha sido el detonante que usted ha planteado mal en este asunto. Pidamos la documentación, hagamos la labor que tenemos que hacer los Grupos Parlamentarios. Pida usted, además, la que usted crea conveniente a la Junta, que se la van a dar, porque la Junta nada tiene que ocultar en este asunto, nada tiene que ocultar en este asunto y se lo van a dar a usted todo; igual que el Consejero anterior de Agricultura participó a la Comisión, tantas cuantas veces se lo pidió, el importe y los dineros, cómo los había pagado, cuándo y de qué manera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Aguilar, le ruego vaya concluyendo.

AGUILAR CAÑEDO

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EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente, concluyo enseguida y... voy a terminar en dos minutos.

Señoría, ése es el camino que nosotros queremos emprender. Usted, posiblemente, le vaya mejor crear una Comisión de Investigación para eso mismo que usted sabe... que nos lo puede usted incluso facilitar -ya puede usted írselo facilitando a los Grupos para que la labor nuestra se vaya viendo-, crear una Comisión de Investigación, para que se produzca un paralelismo con el Tribunal de Cuentas, donde existe ya en un estado muy avanzado y prácticamente con muy pocas fechas para que se pueda resolver lo que el Tribunal considere.

Supóngase usted que el Tribunal después de los escritos dijese: señores no ha pasado nada. Usted tendría que guardarse en el bolsillo pequeño del pantalón lo del escándalo político, porque no ha habido ninguno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de dúplica, señor Sánchez Vicente.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Muchas gracias, señor Presidente. Mire usted, señor Aguilar, me da la impresión de que a ustedes, de repente, les importa más pues... yo que sé, la promoción de los certámenes del Zarcillo, por ejemplo, que la fiscalización y el control de los dineros públicos. Sinceramente.

Habrá de explicarme usted, por qué su Grupo, el Partido Popular, de repente, en este Parlamento y en el Estado, han cambiado respecto a la constitución de Comisiones de Investigación. Debería haberlo explicado ya. Ustedes han venido zahiriendo al Partido Socialista -que gobernaba anteriormente- con las comisiones de investigación, pues, simplemente, defendiendo ustedes la no judicialización de la política, y, de repente y de repente, pues cambian ustedes de tono, de turno, de día, de dirección y de objetivo.

En fin, mire. El Partido Popular donde... durante todo el tiempo que ha estado en la oposición en las Cortes Generales ha defendido la constitución de las comisiones de investigación, las ha alentado, ha manifestado una y otra vez que las comisiones de investigación son una garantía del principio democrático y del predominio normativo de la Constitución. Y decía el actual Presidente de las Cortes: "únicas vías legítimas -decía- para instalar el predominio normativo... para instalar, definitivamente, al pueblo en el control democrático del proceso político". Yo creo que han olvidado, ya se olvidaron ustedes, ya ha cambiado el escenario.

Las comisiones de... parlamentarias de investigación no son nuevas, ¿no? Son pues... la verdad es que durante toda la etapa de la dictadura nosotros tuvimos conocimiento de ellas fundamentalmente a través del cine, de la cinematografía, y estábamos deseando... durante cuarenta años estuvimos acariciando la posibilidad de -secretamente-, de que algún día el sueño dorado... de que algún día pudiéramos descubrir las corrupciones, los engaños, las vanalidades del poder.

Se confiaba en la fe democrática de los nuevos gobernantes y de los legisladores. Se creía que la democracia vendría a incorporar instituciones que -a imagen de lo que in illo témpore nos mostraba el cine americano- impedirían el expolio y el abuso de los poderes públicos. Frente a quienes se oponían, frente a quienes se oponían -señor Aguilar- a la solicitud de comisiones de constitución de investigación que se pedirán a su instancia, ustedes habían venido defendiendo la eficacia de las mismas en el régimen parlamentario, y decían una y otra vez: "luz y taquígrafos"; alzaban la voz crispados, aduciendo, entre otras cosas, que las comisiones parlamentarias de investigación eran muy útiles y no sólo en Estados Unidos, sino también en nuestro país.

Yo les voy a recordar una frase del señor Trillo, que a mí en aquel momento, quizá por la profesión, pues me importó mucho, ¿no? Hablaba del funcionamiento de las comisiones de investigación en Bélgica, de las encuestas, de las famosas encuestas, de las investigaciones en Alemania, en Francia, etcétera.

Durante las cinco últimas Legislaturas, ustedes han pedido en el Congreso, nada más ni nada menos, durante... perdón, durante la tercera y cuarta Legislatura, ustedes han pedido en el Congreso de los Diputados nada más ni nada menos que veintiuna comisiones de investigación, frente a las seis solicitadas por el Grupo Socialista, las siete del Grupo Mixto, las siete solicitadas por el CDS, seis de Izquierda Unida...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Procurador, le ruego que se atenga...

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: ...una por el Grupo Parlamentario...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Procurador...

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: ¿Sí?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego se atenga a la cuestión.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Estoy recordándole, señor, la actuación del Grupo Popular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No hace falta... estamos tratando de una Comisión de Investigación concreta que usted ha solicitado; no hace falta que se recuerde nada. Aténgase a la cuestión.

SÁNCHEZ VICENTE

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EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Digo, que, en cualquier caso, que frente a la judicialización de la vida política defendida por otros grupos, al igual que Izquierda Unida, ustedes defendían que las comisiones de investigación parlamentaria servían para establecer una relación directa entre el Parlamento y la opinión pública, que en unión del derecho de petición son las únicas posibilidades de ligar Parlamento y opinión pública, como reconoce el Artículo 77.

Pero ¡sorpresa! ¡Oh, maravilla de las maravillas! ¿no? Parece ser que de todo lo dicho hasta la fecha, ni se lo creían entonces ni se lo creen ahora. Ustedes han utilizado las comisiones de investigación -como les he dicho antes- no para defender el sistema democrático, no para defender la naturaleza de las mismas; únicamente las han utilizado para conseguir llegar al poder. Quieren, al igual que lo hacía el anterior grupo político que sustentaba al Gobierno -por ustedes antes tanto criticado-, que las comisiones de investigación no cumplan otra función ni tengan otro carácter que el meramente ornamental y nostálgico. No sean hipócritas; reconozcan que ustedes se sienten más cómodos en esta nueva filosofía.

Y, mire, lo de... perdón señor. Sí, ruego al Presidente que... Bien, mire. Pida usted la documentación. ¿Sabe cuántas veces el Portavoz de mi Grupo lo pidió ya en la Legislatura pasada? Pues cuarenta. Ni un papel les ha dado ustedes. Ni uno. ¿Cuántas veces hemos pedido la documentación en la Diputación de Salamanca? Otras cuarenta. Ni un papel le han dado ustedes tampoco, que gobierna en los dos sitios.

Mire, olvídese, olvídese. A ustedes les viene muy bien judicializar la vida política, están más cómodos montados en ese machito, y, en definitiva, no tienen la más mínima voluntad de... aquí estamos en un Parlamento, y aquí estamos para dirimir responsabilidades políticas. Ya se encargarán los Tribunales de depurar las responsabilidades civiles, penales, o aquellas a las que hubiere lugar. No, no, no crea, no, que nosotros, en ejercicio de nuestros intereses, daremos cuenta y ejercitaremos las acciones penales a que haya lugar. También, porque así lo prevé la propia Ley del Tribunal de Cuentas. Utilizaremos la acción pública, si es posible, utilizaremos la acción pública que previene el Artículo 47.3 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Pero eso no tiene nada que ver con lo que nos ha traído aquí, señor Aguilar. Aquí, digan ustedes, de una vez por todas, que aquello de las comisiones de investigación no sirve para nada, que ustedes no se lo creen, que ustedes no tienen ningún interés. Y mire, le voy a decir -y con esto concluyo-, mire, de lo que pasa en mi ciudad... de lo que pasa en mi ciudad, y cuando me he referido a determinados... los nombres que he dicho los mantengo con todas las consecuencias, y yo me he referido a la empresa "Fernández de Trocóniz, S.A.", que, para su conocimiento, el propietario titular, el accionista mayoritario es don Francisco Gil. El que se tiene que informar es usted. Usted es el que se tiene que informar. Nada más, señor.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Perdón, Señoría. El Grupo Socialista, que no ha intervenido en el debate, puede optar, por hacerlo ahora para fijar su posición antes de votar, o después de votar para explicar su voto. Si desea hacerlo ahora, tiene la palabra.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Tiene uno la impresión de que se ha mascado la tragedia en este... en esta parte del debate. No creo que la cosa sea para tanto. La verdad es que hemos asistido con pasión a lo que más que una defensa política, de una pretensión, como es la de Izquierda Unida, y de una justificación para oponerse a esa pretensión, por parte del Partido Popular, daba la impresión de que estábamos ya en el Tribunal que debiera dictaminar si hay culpabilidades o indicios de culpabilidades, o responsabilidades en la gestión de la Feria Universal Ganadera. Y me parece que ése no es el papel que corresponde a las Cortes de Castilla y León; por más que sean abogados ilustres quienes han representado al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y al Grupo Parlamentario Popular, por más que uno siempre aprenda y disfrute con sus intervenciones, no parece que en las Cortes de Castilla y León deban dirimirse lo que, en su caso, lo que en su caso correspondería a la Administración de Justicia.

Y ésa es la fundamentación para intentar razonar lo que es la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con este asunto: una... la justificación de una abstención en relación con la pretensión del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de investigar, de crear una Comisión de Investigación de la Feria... de la gestión de la Feria Universal Ganadera mil novecientos noventa y dos.

Yo creo que a todos nos conviene defender con convicción los postulados en los que uno cree. Quizá, cuando se habla de comisiones de investigación y, por lo tanto, se siembran dudas sobre la gestión que algunos responsables públicos han desarrollado, poner un poquito menos de pasión, poner un poquito menos de énfasis y, en su caso, generar menos dudas, porque, si no, el objetivo habría estado conseguido. Y eso los socialistas ya hemos tratado de razonarlo durante mucho tiempo, seguramente con escaso éxito.

La pretensión de creación de comisiones de investigación con carácter indiscriminado, los intentos de judicialización de la vida política, los juicios paralelos, normalmente conllevan una condena antes, incluso, de que los Tribunales de Justicia pueda pronunciarse. Y eso, en política, saben ustedes que no tiene, no da derecho a ningún tipo de apelación.

(-p.1249-)

Nosotros nos hemos opuesto a esos... a esas pretensiones, sistemáticas, tanto del Partido Popular, básicamente, como de Izquierda Unida que ha contribuido con demasiado entusiasmo, en demasiadas ocasiones, a judicializar la vida política, a ese juicio paralelo sin posibilidad de apelación y, por lo tanto, sin garantía de la defensa de los derechos de aquellos que se ven sometidos a esos juicios políticos.

Vaya eso como argumentación a la cuestión general que aquí se ha planteado, en relación sobre los cambios de posición de algunos grupos políticos refiriéndose a actitudes anteriores, cuando se trataba de crear o constituir comisiones de investigación.

A nosotros nos parece que la acción política debe vigilar, debe seguir, debe fiscalizar en términos políticos, debe dejar al mismo tiempo a la Administración de Justicia que opere, y debe, posteriormente, aplicar las consecuencias políticas que de esa acción judicial se deriven. Pero no acudir a los juicios paralelos -insisto-, que no ofrecen ninguna garantía para la defensa de los derechos de aquellos que se ven sometidos a ese juicio paralelo que a menudo, a través de las pretensiones de comisiones de investigación, se genera.

En relación concreta con la situación actual de la Feria Universal Ganadera, hay que decir que la auditoría de las cuentas de la Feria Universal Ganadera del noventa y dos está aún pendiente de la determinación definitiva por parte del Tribunal de Cuentas del Estado. El Consorcio de la Feria Universal Ganadera fue requerido a fin de presentar alegaciones sobre determinadas partidas que necesitaban mayores aclaraciones.

En la actualidad, se está a la espera de conocer la opinión del Tribunal de Cuentas al respecto. Sería, por tanto, deseable, desde nuestro punto de vista, no solapar actuaciones en tanto aquella Institución cierre definitivamente su estudio.

En el ámbito estrictamente administrativo, el pasado cuatro de junio -hace dos días- se celebró la última reunión de la Comisión Liquidadora de la Feria Universal Ganadera, que entregó el balance definitivo a la Junta General del Consorcio. La Junta General fue modificada a raíz de las pasadas elecciones municipales y autonómicas, y su composición política, como consecuencia de esas elecciones municipales y autonómicas, fue modificada aplicando el resultado de esas elecciones.

La Junta General -en función de ese resultado electoral, de ese resultado electoral- quedaría compuesta por los tres representantes de la Junta de Castilla y León y cuatro de la Diputación Provincial, dos del Partido Popular, uno del Partido Socialista y uno de Izquierda Unida. Y a pesar de que la representación de Izquierda Unida en la Diputación Provincial es de un solo Diputado, a éste se le brindó la posibilidad, que inicialmente no rechazó, que inicialmente no rechazó, de participar en la Junta General del Consorcio. Eso es así y los Procuradores de Izquierda Unida lo conocen.

Desde nuestro punto de vista y desde ese lugar, Izquierda Unida hubiera podido tener acceso a cuanta información hubiera requerido así. Lo cierto es que ese ofrecimiento se hizo. Inicialmente ese ofrecimiento no se rechazó. Izquierda Unida sabrá por qué posteriormente no quiso participar en la Junta General del Consorcio. Los hechos, ustedes que han hecho una defensa jurídica en un sentido y en otro de este asunto, saben que los hechos son incontestables, porque es la verdad.

Se ofreció esa participación, con un único representante de Izquierda Unida en la Diputación Provincial; inicialmente no se rechazó, y posteriormente -no pregunto por qué, no me corresponde; ustedes sabrán- declinaron su presencia en la Junta General. Desde luego que la presencia de Izquierda Unida en esa Junta General habría posibilitado tener acceso a cuanta información se hubiera requerido, así como explicaciones, así como documentación, así como comparecencias, si fueran al caso, etcétera, etcétera. Eso implica estar en la Junta General del Consorcio.

En el Pleno de la Corporación, Izquierda Unida renunció a esta presencia. Me permito una consideración: seguramente tenían tomada su decisión de pedir esta Comisión de Investigación en las Cortes de Castilla y León, y, por lo tanto, es difícil mantener una petición de comisión de investigación, si al mismo tiempo se pertenece al órgano que tiene que fiscalizar, que tiene que dictaminar lo que ha sido la gestión de la Feria Universal Ganadera.

Por todo ello, señoras y señores Procuradores, entendiendo que el Tribunal de Cuentas emitirá su Dictamen, entendiendo -y así nos consta- que en la Diputación Provincial de Salamanca puede sustanciarse este debate, y en la propia Diputación Provincial de Salamanca constituir la comisión de investigación correspondiente, si ustedes consideran que, a pesar del dictamen que elabore o derivado del dictamen que elabore el Tribunal de Cuentas, merece la pena que políticamente se investigue la gestión desarrollada al frente de la Feria Universal Ganadera, entendiendo al mismo tiempo que estas Cortes de Castilla y León no son el lugar idóneo para fiscalizar o para investigar presuntas irregularidades en la gestión de la Feria Universal Ganadera, es por lo que nosotros, que no tenemos absolutamente ningún inconveniente en que se investigue y se fiscalice con todo el rigor, hasta las últimas consecuencias, la gestión desarrollada por la Feria... por los responsables de la Feria Universal Ganadera, no oponiéndonos a que se investigue y se fiscalice hasta sus últimas consecuencias en el órgano último, por la institución última responsable de esta gestión, que es la Diputación Provincial, entendiendo que no son las Cortes de Castilla y León el órgano idóneo, es por aquello que nos abstenemos ante la pretensión del Grupo de Izquierda Unida de constituir esa Comisión de Investigación. Nada más y muchísimas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Antes de proceder a la votación, recuerdo a Sus Señorías que, de acuerdo con el Apartado 3 del Artículo 50 del Reglamento de esta Cámara, la Comisión no se creará si se opone a ello la mayoría absoluta de los miembros de esta Asamblea, esto es cuarenta y tres o más votos en contra.

Se somete a votación. Quienes estén a favor de la creación de la Comisión de Investigación, levanten la mano. Gracias. ¿Votos en contra de la creación de la Comisión? Muchas gracias. ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y dos; votos a favor de la creación de esta Comisión, cinco; en contra, cuarenta y siete; abstenciones, veinte. Consecuentemente, queda rechazada la creación de esta Comisión de Investigación para fiscalizar al Consorcio de la Feria Universal Ganadera.

Al señor Secretario le ruego dé lectura al último punto, decimosexto figuraba en el Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Decimosexto punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de creación del Ente Público Regional de la Energía de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto de Ley, en nombre de la Junta, el señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías. El Parlamento Europeo aprobó... aprobó en Comisión, en la Comisión de Energía, Investigación y Tecnología, una resolución, en fecha veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, sobre programación energética regional, en uno de cuyos apartados se expone textualmente: "La Comunidad deberá fomentar la creación de agencias regionales de la energía para la programación energética, que serán interlocutores directos de la Comisión. Su objetivo consistirá en fomentar el ahorro energético y la utilización racional de las fuentes energéticas, favoreciendo el aprovechamiento del potencial energético renovable".

Nos encontramos, por tanto, ante la conveniencia de la creación de un Ente Regional de la Energía para Castilla y León que entronca no sólo con postulados y orientaciones de la Unión Europea, sino con la experiencia de otras autoridades nacionales y regionales que han detectado la necesidad de un organismo que desarrolle a nivel territorial todas las políticas aprobadas e instrumentadas en las áreas energéticas que señalaremos.

Un Ente Regional de la Energía puede definirse como un organismo creado por los responsables económicos y políticos de una región, con el fin de gestionar y controlar los consumos de energía, actuando sobre la demanda, controlando los comportamientos energéticos y promoviendo las inversiones necesarias. Se trata, pues, de buscar un sistema económico menos consumidor de energía y, por tanto, menos productor de contaminantes, con una calidad igual de producto fabricado o de servicio ofertado.

Mediante la utilización de los recursos energéticos locales, tanto los fósiles como de la energía solar, la biomasa, la hidráulica y la energía eólica, pueden surgir en la actualidad nuevas actividades económicas que conlleven la generación de empleo local.

Por lo tanto, Señorías, un Ente Regional de la Energía contribuye a promover dos grandes políticas: el desarrollo económico regional y la protección del medio ambiente, mediante programas de ahorro de energía, aprovechamiento de recursos de energía renovables, y la implantación de técnicas energéticas más eficientes.

Sin ánimo de ser exhaustivos, podríamos resumir los objetivos en los siguientes: asegurar, en primer lugar, un aprovechamiento energético duradero y económicamente aceptable; diversificar las fuentes de aprovisionamiento; utilizar las energías locales y renovables; plantear una política de eficacia energética; y reducir las emisiones contaminantes y proteger el medio ambiente.

Nuestra Comunidad Autónoma lidera un proyecto de creación del Ente Regional de la Energía, presentado junto con otras dos regiones europeas, una sueca y otra portuguesa, que ha sido aceptado por la Comisión de la Unión Europea y apoyada financieramente para los años sesenta y seis... perdón, noventa y seis, noventa y siete y noventa y ocho, y entre cuyos objetivos contempla la mejora de la eficiencia energética y la limitación de las emisiones contaminantes.

Las inquietudes por crear un Ente Regional de la Energía se han visto apoyadas, desde un principio, por la Federación Europea de Agencias Regionales de la Energía y Medio Ambiente, a la que pertenecemos desde el año noventa y cuatro como miembro asociado.

Este Ente tendrá como objetivos:

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En primer lugar, ser instrumento para el desarrollo regional. De las experiencias de otras regiones españolas y del resto de Europa, se ha comprobado que puede constituirse en un instrumento operativo de promoción, información y canalización de ayudas comunitarias. Así permitirá asegurar la rehabilitación de un programa de planificación energética; servir de apoyo para la toma de decisiones en el campo de la energía; promover programas energéticos con incidencia económica y evaluar sus impactos económicos, sociales y ecológicos; servir, si fuera necesario, de agente para la ejecución de políticas de diversificación energética y energías renovables. Este tipo de programa permitirá instrumentar las acciones de gestión y control de la energía, jerarquizando e identificando los proyectos energéticos, así como participar de la cooperación interregional, pues no debemos olvidar la situación estratégica de nuestra Comunidad Autónoma, limítrofe con otras regiones españolas y portuguesas.

En segundo lugar, servir de herramienta para el impulso de la competitividad de las empresas de Castilla y León. Este factor ha sido analizado mediante una muestra de instalaciones industriales, concluyéndose la posibilidad de conseguir un ahorro energético apreciable, tanto en el sector industrial como, sobre todo, en el terciario.

En tercer lugar, servir de instrumento de supervisión. La labor de gestión y supervisión de las acciones energéticas, junto a la gestión de ayudas extrarregionales apoyadas por objetivos energéticos, requiere de un instrumento de articulación de las intervenciones que constituyen el objeto del Ente Regional de la Energía que se pretende crear. En estos momentos se están promocionando instalaciones de cogeneración, para las que se requiere una valoración de sus consumos térmicos como condición precisa para poder renovar a las empresas su condición de autogenerador.

El Ente de la Energía que se pretende crear podría ser el instrumento de este control, que tiene una amplia repercusión económica para nuestras instalaciones autogeneradoras.

En cuarto lugar, apoyo a la planificación de las infraestructuras energéticas. En los próximos tres años está previsto que el gas natural llegue a todas las capitales de provincia y a más de cincuenta núcleos de población de nuestra Comunidad. Para extender la red y promocionar esta transformación, no debe dejarse el desarrollo a criterio de las empresas gasísticas, sino apoyar su aplicación a los sectores de la actividad preferente, desde un punto de vista de rentabilidad tecnológica, económica y de menor impacto medioambiental.

Por otro lado, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, en su informe al Plan Energético Regional, recomendaba la creación de un Ente Regional de la Energía. En su reciente informe al Proyecto de Ley, aunque difiera en algún aspecto -no sustancial- del mismo, el Consejo Económico y Social valora positivamente el texto propuesto en cuanto supone un instrumento de racionalización de la energía en nuestra Comunidad, que abarca amplios y variados aspectos del sector energético, por lo que cabe esperar de su actuación futuros beneficios para nuestra Comunidad.

En el campo de posibilidades para desarrollar el estatuto por el que se regirá un Ente, la forma a adoptar variará entre un ente público, semipúblico o privado, en función de la financiación de la que se pretenda dotar al organismo. El origen de su presupuesto, por tanto, es determinante.

Es evidente que un organismo de estas características, y por las funciones que se le atribuyen, ha de mantener una estrecha vinculación con la Administración de origen.

Tras una valoración de entes similares implantados en otras Comunidades Autónomas, la figura del ente público de derecho privado presenta como ventaja la flexibilidad de funcionamiento, al regularse mediante el derecho privado en sus relaciones con terceros, y permite la eficacia en la gestión de los fondos públicos. Por ello se ha elegido la figura expuesta y se le encomienda, esencialmente, las siguientes funciones, sin ánimo de ser exhaustivo: la mejora del ahorro y la eficiencia energética; la potenciación del uso de energías locales; investigación y desarrollo de las tecnologías energéticas y medioambientales; mantener relaciones de cooperación con otras instituciones públicas o privadas.

Se ha concebido la estructura de arranque, rigurosa en cuanto a los objetivos a desarrollar por el Ente, sin caer en el error de crear un organismo de amplia estructura y objetivos grandilocuentes, pues, por desgracia, conocemos experiencias negativas en casos muy recientes.

Se prevé la creación de un Consejo Rector con una Comisión Delegada de carácter ejecutivo y un Director del Ente, así como un Consejo Asesor de carácter consultivo, en el que estarán integrados los agentes sociales y económicos, universidades, diputaciones, ayuntamientos, asociaciones de consumidores, grupos ecologistas, etcétera. Consejo Asesor, en definitiva, que tenga en cuenta la amplia variedad de colectivos afectados por la utilización de la energía.

No obstante, se confía la pormenorización del desarrollo de esta organización al ámbito reglamentario, de forma que permita la flexibilidad necesaria para acomodarse a la dinámica cambiante del sector energético.

No hay límite para el desarrollo de las actuaciones del Ente, pero al mismo tiempo no tenemos prisa por hacer las cosas mal. Nos preocupa el futuro del Ente y queremos que se gane por sí mismo ese futuro, en el cual podrá desarrollar actuaciones prácticas en todos aquellos ámbitos energéticos que se estimen de interés para el desarrollo de una política energética en defensa de los intereses de la Comunidad.

Para concluir, Señorías, les presento el Proyecto de Ley de creación del Ente Regional de la Energía, escueto en su extensión, pero ambicioso en sus objetivos. Como ya he mencionado anteriormente, será el mismo Ente, en función de las propias necesidades que detecte, el que proveerá las acciones necesarias para que la Comunidad Autónoma pueda desarrollar sus potencialidades energéticas, buscando de este modo un desarrollo sostenido compatible con el medio ambiente.

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Espero de Sus Señorías sean receptivas ante esta iniciativa, agradeciendo por anticipado la colaboración que a través de las distintas enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios enriquecerán, sin duda, este Proyecto de Ley que presenta este Gobierno regional. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Consejero. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Conde para defender su Enmienda.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Señor Presidente. Señorías. Bueno, yo he estado escuchando atentamente la intervención del señor Consejero, y la verdad es que me ha descolocado un poco, porque no sé a qué Ente se refería usted con esos contenidos.

Para empezar, por lo que respecta al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tengo que decir que la posibilidad de disponer de un proyecto de política energética bien planificado, en la perspectiva de impulsar el desarrollo industrial de la Comunidad, ese hecho en sí mismo justificaría la existencia del Ente Regional de la Energía, y máxime si se entiende el Ente Regional como un instrumento para planificar la energía en función de las necesidades, a corto y medio plazo, de la Comunidad. El problema es que, analizando el Proyecto de Ley que se nos presenta aquí y ese Ente que ustedes quieren aprobar, o que presentan aquí para su aprobación en este Proyecto de Ley, con los contenidos y las funciones, pues nos damos cuenta de que, efectivamente, este Ente no sirve absolutamente para nada; para eso no hace falta tener ni crear ningún Ente. Esto es, pues, una especie de chiringuito, que no sirve absolutamente para nada; para lo único que a lo mejor puede servir es para que la Junta pueda cobrar alguna subvención de la Unión Europea. Pero este Ente que está contemplado en este Proyecto de Ley que ustedes presentan aquí no tiene unos objetivos ni unas funciones que se correspondan con las declaraciones que hace un momento ha hecho el señor Consejero.

A nuestro entender, el contenido de ese Proyecto de Ley no tiene... vamos, no se aproxima ni a la realidad de lo que ha dicho el señor Consejero, en absoluto. Y bajo nuestro punto de vista, si ése es el Ente que se pretende aprobar, pues desde mi Grupo Parlamentario decimos que no se apruebe ese Ente, que no hace falta, en absoluto, porque no va a corregir ni va a solucionar ninguno de los problemas ni ninguno de los objetivos. Y digo esto porque -vuelvo a repetir- el Ente que se nos plantea... no hay ninguna voluntad de planificar la política energética, no hay ninguna voluntad de intervenir en la política económica y no hay ninguna voluntad ni siquiera de intervenir en las políticas energéticas, que me imagino que... perdón, medioambientales, que para eso el Ente tendrá que contemplar.

Y en ese sentido, bueno, hay un hecho curioso. Yo, me van a permitir que les lea unas líneas simplemente del informe que hace el Director General de Industria, Energía y Minas, que yo creo que es absolutamente clarificador de cuál es la idea que el Partido Popular tiene del Ente Regional de la Energía. Por eso vuelvo a repetir que me choca la intervención del Consejero de Industria, cuando dice que hay que crear un ente para diversificar la energía, ahorrar, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo le voy a leer simplemente unas líneas de la introducción que hace el Director General de Industria, Energía y Minas, de cómo entiende él para qué sirve el Ente, y dice: "La necesidad y conveniencia de la creación del Ente Regional de la Energía de Castilla y León es obvia. Podría afirmarse sin temor a engaño o error que sólo con actuaciones dentro de la propia Junta tendría asegurado su éxito". Es decir, que... Es que esto es alucinante. Resulta que el Director General de Industria, Energía y Minas considera que el Ente es muy positivo para ahorrar la energía de consumo en los edificios de la Junta. Pues bueno, si es que vamos a crear un ente para ahorrar energía en los edificios de la Junta... Esto lo dice en el preámbulo, en el informe, el Director General de Industria y Energía.

Y esto, pues, que no salga de aquí, pero que somos el hazmerreír. Si resulta que el Director General concibe el Ente precisamente para ahorrar energía en los edificios que tiene la Junta, pues dígame usted para... Pues lo que yo decía antes: para eso no queremos el Ente. Esto es un chiringuito que no sirve absolutamente para nada.

Y es más, es curioso, porque mientras que el Director General hace estas afirmaciones, en los Presupuestos del año noventa y cinco se presupuestan 25.000.000 de pesetas para ahorro energético en edificios de la Junta, y resulta que han sobrado 20,8 millones de pesetas. O sea, que por una parte están diciendo que hay que ahorrar energía en los edificios de la Junta, y por otra parte, en la presupuestación que se hace, resulta que sobra toda la partida presupuestaria. Bueno, esto es una anécdota, evidentemente, porque no tiene mayor importancia, ¿no? Pero es significativo, porque yo creo que ahí refleja un poco la idea que tiene la Junta de lo que es el Ente.

Pero bien, al margen de este hecho, que vuelvo a repetir que es anecdótico, las razones fundamentales por las cuales nosotros planteamos una Enmienda a la totalidad y, por lo tanto, planteamos la devolución del Proyecto de Ley, pues son muchas. Pero, no obstante, yo las voy a concretar en ocho apartados, que después el Portavoz del Grupo Popular, pues, seguramente yo tengo cierto interés en que pueda contestar, ¿no?

(-p.1253-)

En primer lugar, desde Izquierda Unida no entendemos por qué el Ente Regional de la Energía se desliga de la Agencia de Desarrollo Económico -y me voy a explicar-, porque, partiendo de que la política energética es una de las políticas horizontales fundamentales para impulsar el desarrollo industrial y -vuelvo a repetir- para aplicar políticas, también, de carácter medioambiental, pues nosotros entendemos que, en cierta medida, el Ente Regional de la Energía tendría que estar ligado de alguna manera a la Agencia de Desarrollo Económico, que -entre otras razones- es el instrumento del que nos hemos dotado para proyectar e impulsar el desarrollo industrial de la Comunidad.

En segundo lugar, en el Ente, bueno, pues no se hace ningún tipo de referencia al hecho de que nuestra Comunidad es una Comunidad exportadora en energía y, sin embargo, no nos estamos beneficiando en absoluto de ello. Esto va relacionado con la necesidad, evidentemente, de potenciar un sector público de la energía. Pero también se hace... se obvia, pues, otra realidad que tenemos: de la misma manera que somos una Comunidad exportadora y productora de energía, y no estamos recibiendo ningún tipo de compensaciones, tampoco estamos recibiendo compensaciones por los impactos ambientales negativos que se están produciendo. Y hay otra obviedad en este Ente Regional de la Energía, donde no se hace ningún tipo de mención a la importancia de la energía térmica, fundamentalmente, porque está ligada al sector del carbón, y es un sector que, desde el punto de vista económico, es muy importante para la economía regional. Y nos parece que éstos son olvidos preocupantes, desde el punto de vista de la concepción que ustedes tienen del Ente y de la que tenemos nosotros.

Y frente a otros modelos de entes que se han implantado en otras Comunidades Autónomas (País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, etcétera), en todas esas Comunidades se han hecho un planteamiento de constitución de entes regionales, pero desde la perspectiva de desarrollar un sector público de la energía. Porque si estamos diciendo que hay que impulsar un desarrollo industrial, evidentemente, nosotros consideramos que un sector público de la energía favorecería mucho mejor el desarrollo industrial de la Comunidad, y además convendría desde el punto de vista financiero, para recaudar ingresos en esta Comunidad; un sector público productivo y además rentable, no dejarlo en manos de la iniciativa privada. Y esto para nosotros también es un hecho preocupante, desde nuestra concepción de lo que entendemos que debe ser ese Ente de la Energía; otra cosa es lo que ustedes puedan entender.

Y después hay otra cuestión curiosa. En la propuesta que ustedes hacen del Ente, que está copiado literalmente del catalán -con puntos y comas-, copian del catalán absolutamente todo, pero obvian lo más importante: aquellas cuestiones que hace un momento decía el señor Consejero, que hay que potenciar las energías limpias, renovables, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí, en los Artículos 2 y 3, donde se habla de los objetivos y de las funciones del Ente, ustedes ahí olvidan absolutamente todo. Se copia prácticamente todo del Ente catalán, pero sin embargo se olvidan, por ejemplo, de potenciar las energías limpias y renovables. Eso está ahí recogido; si lo leen ustedes, el proyecto que ustedes han hecho con el catalán, lo verán que está copiado todo, menos cuando habla de la necesidad de potenciar las energías limpias y renovables.

Se olvidan de los sistemas de cogeneración a nivel local y comarcal. Eso también está en el Ente catalán; ustedes ahí lo copian, pero esas cosas las aparcan. Se han olvidado de organizar los programas de formación y reciclaje profesional en la perspectiva de formar especialistas, que está recogido en el catalán, que ustedes lo copian, pero cuando llega ese punto lo obvian.

Olvidan también de copiar otro aspecto fundamental: el desarrollo de proyectos de investigación tecnológica para el ahorro y la diversificación energética. Estoy comentando que, como ustedes han cogido el modelo catalán, pues digo, bueno, si han ustedes escogido el modelo catalán, por lo menos copien todo, y todo lo positivo que tiene el ente catalán. Bueno, pues se han olvidado de todo eso.

Y después tampoco se hace mención expresa de cuáles son las energías que, desde su punto de vista, sería conveniente potenciar en la Comunidad. ¿Qué tipo de energías, cuáles, cómo? Yo creo que también son olvidos importantes.

Y en cuanto al régimen jurídico, pues hay una cuestión, o sea... Nosotros no entendemos por qué está tan resumido, redactado de una manera tan breve. Eso es una cuestión que no somos capaces de entenderlo, porque, además, es que no sirve absolutamente para nada, en la reglamentación que ustedes hacen en el apartado jurídico. Obvian hasta el tema del patrimonio, cuestión que critica la propia asesoría de la Junta, cuando dice en los antecedentes que ustedes... bueno, pues por lo menos tendrán que hablar de la cuestión patrimonial del Ente; ustedes se olvidan hasta de eso. Una obviedad que critica -vuelvo a repetir- la propia Asesoría Jurídica de la Junta.

Y en cuanto a las dimensiones de operatividad, pues nosotros entendemos que no tenemos por qué someterlo a derecho privado. En todo caso, en todo caso, el Ente Regional de la Energía tendría que depender directamente de la Consejería de Industria, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Eso sería un organigrama mucho más sencillo. Es nuestra posición, evidentemente.

Y en cuanto al régimen económico y financiero, pues resulta igual. Es sorprendente cómo en el Ente que se nos propone se renuncia expresamente a tener un régimen económico y financiero. Y les vuelvo a instar: si ustedes han cogido el modelo catalán y lo han copiado, sin embargo, en este aspecto no copian ustedes absolutamente nada. Después, en la réplica, yo tendré ocasión de puntualizar dónde están las diferencias. Pero es asombroso que, en este aspecto, en el régimen económico y financiero, pues, se renuncia -vuelvo a repetir- expresamente a disponer de un sistema financiero propio.

(-p.1254-)

Otra cuestión importante en el aspecto organizativo. Bueno, pues es un desbarajuste, yo no soy capaz de entenderlo. O sea, por una parte se habla de una Comisión Delegada Ejecutiva que no tiene absolutamente ningún tipo de competencias; se habla de un Consejo Asesor donde hace un rato el señor Consejero decía que ahí los agentes sociales... bueno, pues es que en el planteamiento que ustedes hacen del Consejo Asesor, ahí ni figuran los empresarios, ni figuran los sindicatos, ni asociaciones ecologistas, ni otros colectivos que pudieran ser susceptibles de integrarse dentro de ese Consejo Asesor; ahí no figura absolutamente nada, ¿no? Y una cosa es que a lo mejor puede figurar en el Reglamento, pero, en todo caso, en la Ley habría que contemplar que es fundamental que los sindicatos, los empresarios o asociaciones que se crea conveniente que participen, deban de estar ahí.

Y después, el resto de la estructura organizativa, pues, yo creo que escapa al control parlamentario, y, en ese sentido, consideramos que en el aspecto organizativo que ustedes plantean es un desastre.

Y hay otra cuestión. En el tema del CES, que hace un rato ha dicho el señor Consejero que el CES ha aprobado esto, que yo sepa, salvo error -y si no que me corrijan-, el CES no tiene -que yo sepa-... a nosotros no se nos ha pasado ninguna comunicación ni ningún informe preceptivo de que el CES haya aprobado este Ente de la Energía. Otra cosa es que ustedes les hayan pasado el Plan Energético Regional -que aprovecho la ocasión para decir que no vale absolutamente para nada tampoco-, y donde el CES hace una serie de recomendaciones a la Junta. Pero en cuanto al Ente, yo la única noticia que tengo es que el CES ve positiva la idea de crear un Ente, si es un instrumento que planifique la política energética, pero en modo alguno yo tengo conocimiento que el CES haya elaborado un informe dando vía libre o luz verde a este Proyecto de Ley, a este Ente Energético que ustedes presentan aquí.

Por todas estas razones -y yo creo que lo he resumido de manera muy deprisa, pero bueno... los puntos esenciales de discrepancia-, pues, es por lo que nosotros planteamos la devolución del Proyecto de Ley. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. El señor Granado, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra para defender su Enmienda.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Señor Consejero. Es una lástima que este tema se discuta después de un Pleno tan prolongado, porque tiene una importancia fundamental.

Todos los documentos de prospectiva económica dicen -y yo creo que sería una obviedad profundizar sobre ello- que una de las bases de nuestro desarrollo económico en el futuro va a ser nuestro territorio y nuestra capacidad de desarrollar las actividades económicas vinculadas al territorio. Y en el caso concreto que nos ocupa, la energía es una de las más importantes. Tenemos una enorme potencialidad energética que tenemos que utilizar para nuestro desarrollo regional.

Y además contamos... Si bien es cierto que nuestras competencias, como Comunidad Autónoma, en la materia están relativamente circunscritas, contamos con una legislación básica del Estado, como es la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, que nos atribuye funciones concretas. Que permite, por ejemplo, la creación de un sistema independiente de energía, basado en instalaciones eléctricas que no estén dentro del sistema integrado, o permita a las empresas, pues, algo de lo que ha dicho el señor Consejero, pero más vagamente: la producción de energía en régimen especial para contribuir a disminuir sus costes de producción.

En función de esta legislación básica y de estas capacidades, ¿qué es lo que han hecho otras Comunidades Autónomas? Bueno, pues... yo voy a intentar hablar de esto porque me parece que éste es elemento sustancial que sirve para caracterizar al Ente Regional de la Energía en Castilla y León. Bueno, pues ha habido una Comunidad Autónoma, que es el País Vasco, que ha puesto en marcha un ente público de derecho privado y una empresa pública. Ha habido otra Comunidad Autónoma, que es la catalana, que ha puesto en marcha un Instituto Catalán de la Energía, que es... está dentro del estatuto de la empresa de la sociedad pública catalana. Hay Comunidades Autónomas, como la de Madrid, que ha puesto en marcha una empresa pública: Hidroeléctrica Santillana. Una Comunidad Autónoma, que es la de Andalucía, que ha puesto en marcha un Instituto Andaluz de Energías Renovables y una empresa pública, la Sociedad de Desarrollo Energético de Andalucía. Una Comunidad Autónoma que puso en marcha un ente público de derecho privado, que fue la valenciana, y lo incorporó al Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa; que aunque se llama Instituto, es un problema... vamos, de lengua en realidad; los institutos, tanto en Cataluña como en Valencia, son empresas públicas, son sociedades públicas. La única entidad, la única Comunidad Autónoma que pone en marcha un ente público de derecho privado sin que tenga un instrumento añadido como empresa pública para poder intervenir en el mercado de producción de energía es la Comunidad de Castilla y León, como siempre. Como siempre, aquí hacemos las cosas, yo no sé si mejor que nadie, pero de una manera distinta a la de los demás; y cuando los demás ya llevan unos años haciendo política energética, nosotros seguimos, pues, haciendo declaraciones de prensa.

Y claro, como... (Corte en la grabación.) ...queda la puesta en marcha de algún Organismo publico en Castilla y León que pueda utilizar la energía como un factor de desarrollo para esta Comunidad Autónoma.

Y, ¿con qué nos encontramos? Pues con que la Junta de Castilla y León nos presenta un Proyecto de Ley que tiene las siguientes características:

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Primero. Que el que lo ha redactado no se ha leído el Plan Energético Regional de Castilla y León. No se lo ha leído. Este Plan, el PERCYL -que tiene nombre de detergente- que no sirve para mucho, que en realidad es un... (Corte en la grabación.) ...el año noventa y dos y publicado el año noventa y cinco, con estadísticas que llegan al año ochenta y nueve; si quieren se lo... se lo puedo detallar. Un documento de trescientas páginas que resume la política de la Comunidad Autónoma en una. Y que dice: "que el Plan de Desarrollo Regional tendrá que incorporar los factores de desarrollo energético"; sin decir más. Cosas como éstas, son pintorescas -podemos hablar luego de ello si les parece, en el turno de dúplica-. Bueno, pero, con todo, es el documento, aunque sea un documento bastante inútil, pero es el documento que refleja la política energética de la Comunidad Autónoma.

Bueno, al Plan Energético Regional de Castilla y León, este Proyecto de Ley hace una referencia en la Exposición de Motivos, para decir que el PERCYL -dice- tiene que crearse un ente regional de la energía. Ni una sola de las funciones que el PERCYL estima necesarias en la Administración de Castilla y León, que la Administración de Castilla y León cumpla, están recogidas en el Proyecto de Ley.

El PERCYL, por ejemplo, habla y da mucha importancia a los programas de ahorro, sustitución, cogeneración y energía renovable, lo que se llaman los PASCER; pues el Proyecto de Ley no habla de ello. El PERCYL habla de energías eólicas, energías... habla de los instrumentos financieros necesarios, etcétera. Es que según el Proyecto de Ley, el Ente Regional de la Energía no va a gestionar subvenciones; no las va a gestionar. Ni una sola; ni las que vengan de Bruselas ni las que cree la Junta de Castilla y León en sus Presupuestos. No está entre sus funciones.

El PERCYL habla de la necesidad de que las empresas de Castilla y León aprovechen la posibilidad de producir energía -lo que la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico ya habla en función de energía en régimen especial-, para disminuir sus costes de producción. Es que el Ente no puede ayudarlas a hacer eso. Porque el Ente, ni saca convocatorias de subvenciones, ni va a participar en el mercado de la energía, de ninguna manera. No de una manera u otra; de ninguna manera. El Ente puede hacer estudios; eso es lo que puede hacer el Ente con las empresas: hacerles proyectos; pero no puede formar parte en Sociedades de Capital Riesgo; no puede formar parte de Sociedades que se dediquen a invertir; no puede llegar a convenios con empresas privadas para cogestionar determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica. No está previsto que lo haga.

Bueno, pues esto sería disculpable, porque además, como el documento es tan malo -porque es muy malo-, pues sería disculpable que el redactor del Proyecto de Ley, pues, no hubiera leído el Plan Energético Regional de Castilla y León. Pero es que tampoco se ha leído la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. Es que esta Ley atribuye a la Comunidad Autónoma funciones muy importantes en materia de autorización de instalaciones de producción de energía; atribuye a la Comunidad Autónoma la presencia en órganos del Estado que tienen funciones concretas en la determinación del Sistema Nacional de Producción de Energía Eléctrica; crea un sistema independiente de producción de energía; crea un régimen especial de producción de energía al que pueden acogerse las empresas. Pues nada de esto se dice en el Proyecto de Ley.

El funcionario que ha redactado -sin duda será un probo funcionario- el Proyecto de Ley no hace ni una puñetera, con perdón, perdón, ni una referencia a la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y a ninguna de las funciones, a ninguna de las funciones que la Ley atribuye a las Comunidades Autónomas. Y entre ellas, aunque bien es verdad que a veces no se sabe muy bien para qué, pero entre ellas está la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

¿Qué hacemos entonces? No recogemos ni siquiera las funciones que nos atribuye la Legislación Básica del Estado. No tenemos en cuenta nuestra propia planificación. ¿Nos hemos basado en otros modelos que hayan sido probados ya en otras Comunidades Autónomas, para poner en marcha un sistema público de intervención en el mercado energético? Pues, tampoco. Como he tenido antes la ocasión de relatar, somos la única Comunidad Autónoma que aborda su política energética sin un instrumento público que participe en el mercado.

Hay quienes sólo tienen una Empresa Pública, hay quienes tienen Entes y Empresas Públicas; pero lo que no hay es ninguna que cree un Ente, sin crear al lado un instrumento público con capacidad de intervenir en el mercado. Y el Ente no puede intervenir en el mercado, porque si el Ente va a ser un instrumento neutral, que va a realizar estudios de planificación y de coordinación, no va a poder intervenir en el mercado sin distorsionarlo. Porque, aunque se cree un instrumento público, tendrá que seguir la lógica del mercado y tendrá que intervenir en los concursos, en las adjudicaciones que se hagan, en cualquier otra de las posibilidades de actividad que tenga el mercado como un instrumento más. Lo que no se puede es ser juez y parte. Y ustedes el error que cometen es que crean un Ente que es juez, de poquitas cosas, y que, por lo tanto, no puede ser parte de nada; parte de nada.

(-p.1256-)

El Ente no va a coordinar la política energética de ninguno de los departamentos de la Junta de Castilla y León, el Ente no va a gestionar ayudas a empresas, el Ente no va a gestionar las ayudas que esta Comunidad Autónoma reciba de Bruselas, el Ente no va a tener ninguna intervención en la elaboración del Plan Energético Regional, el Ente no va a hacer nada en relación con el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética. El Ente no puede pedir compensación por la producción de energía eléctrica en la Región, porque no está diseñado para eso; eso que la señora Consejera nos cuenta en la prensa, el Ente no lo puede hacer. Y la Junta de Castilla y León, por lo tanto, realizará su política energética al margen del Ente. Y ¿para qué hemos creado el Ente? Pues hemos creado el Ente para que elabore proyectos, haga investigaciones, haga estudios.

En resumen, otras Comunidades Autónomas -lo tenía apuntado, porque lo ha dicho el Consejero- han puesto en marcha Empresas Públicas que han contribuido a la gasificación de sus regiones. Aquí nosotros nos limitamos a decir que las empresas gasísticas van a cubrir con sus canalizaciones las capitales de provincia, sin que la Junta de Castilla y León tenga ninguna participación, como no sea darles, de vez en cuando, una pequeña subvención.

En resumen, ¿esto es un Ente? Pues sí, debe serlo; más bien fantasmagórico. Nosotros en nuestra Enmienda a la Totalidad decimos que, más que un Ente, es una entelequia. Pero, desde luego, lo que no es, es un instrumento que tenga ninguna capacidad de conseguir que la producción de energía, que debe ser uno de los factores principales que ayuden al desarrollo de esta Región, sirva para el desarrollo económico Regional.

En todo caso, será un instrumento válido para que se hagan mejor los estudios, se hagan mejor los proyectos, incluso es posible que se ayude algo de normativa. Ni siquiera está previsto que el Ente informe la propia normativa energética que saque la Junta de Castilla y León, ni está previsto que tenga ningún grado de vinculación con ninguna otra de las competencias energéticas que la propia Junta no le atribuye con su Proyecto de Ley tan recortado. Es un Organismo que si sale de estas Cortes tal como ha entrado, no va a servir para nada, absolutamente para nada. Ni siquiera va a servir para todo lo que el Consejero dice que quiere hacer; porque ninguna de las funciones que el Consejero ha estimado como imprescindibles en su intervención las puede asumir el Ente con su actual configuración. Ni una sola. Y si no, que me expliquen cómo es posible que un Organismo, un mismo Organismo sea el que participe en Sociedades de Capital Riesgo con Empresas, que no puede hacer; sea el que participe en algún tipo de acuerdos con Empresas, que no puede hacer, según el Proyecto de Ley y, al mismo tiempo, sea el Organismo que elabora las normas que tienen que regular el funcionamiento del mercado en esta Comunidad Autónoma, en el marco de competencias de la Junta, para todas y cada una de las empresas de la Región. Esto, evidentemente, sería absolutamente imposible. Todas las Comunidades Autónomas lo han entendido así; todas han creado Organismos separados. Hay algunas que no tienen Entes Públicos de Derecho Privado, pero todas tienen Empresas Públicas; Y, si no tienen, no tienen ningún tipo de Organismo. Y desde luego, para nosotros sería un auténtico disparate -y lamento intervenir en esos términos- el que la Ley saliera como está.

Y una última consideración, porque... y me duele que el señor Consejero no pueda estar -entiendo las razones por las que no puede estar, porque este Pleno ha sido muy prolongado-, pero me duele que se hagan afirmaciones que puedan ser tomadas como verdades a medias.

El Consejo Económico y Social no recibió este Proyecto de Ley por parte de la Junta de Castilla y León, porque no le fue enviado, porque la Junta entendió que no entraba dentro de las normas que el Consejo tenía que informar. Yo creo que entendió mal; pero, en cualquier caso, la Junta lo entendió así.

A posteriori, y una vez publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, el Consejo Económico y Social ha hecho pública su posición sobre el Proyecto de Ley; no con el carácter de informe previo, que su Ley prevé. No con ese carácter de informe previo, pero ha hecho pública su posición. La posición del Consejo Económico y Social se acerca bastante más, y yo de verdad he leído el documento y no le voy a utilizar aquí, porque yo no soy el Portavoz del CES, pero cualquier lector podrá opinar, y yo creo que con bastante justeza, que se acerca bastante más a lo que dicen las Enmiendas de Izquierda Unida y dicen las Enmiendas del Grupo Socialista, en el sentido de que el Ente es necesario que intervenga en el mercado, que es necesario que haya instrumentos públicos capaces de participar en la inversión, para la generación de instalaciones de energía, etcétera, etcétera. Se acerca bastante más a esas posiciones que a las posiciones que mantiene la Junta de Gobierno.

Yo no creo que se pueda utilizar un documento al que estas Cortes no hemos tenido acceso oficial -pues yo he tenido acceso oficiosamente, porque me lo ha remitido un miembro del Consejo-; yo no creo que se pueda utilizar el Informe del Consejo Económico y Social para justificar el Proyecto que hoy nos trae aquí la Junta de Consejeros.

(-p.1257-)

En conclusión, yo creo que ustedes deben pensarse muy en serio qué tipo de instrumento público quieren utilizar para conseguir que la energía ayude al desarrollo económico regional. Pero si ustedes creen que es necesario buscar compensaciones por la producción de energía; que es necesario incentivar a las empresas para que produzcan energía; que es necesario facilitar las energías renovables y la cogeneración; actividades estas que están ya las propias empresas realizando -si bien es cierto, que sin ningún tipo de apoyo de la Junta de Castilla y León, o con apoyos, en todo caso generales, dentro del sistema general de incentivos a la creación de riqueza, a la creación de empleo-, ustedes tendrán que convenir con nosotros, en que este Ente tiene que salir... este Proyecto de Ley, mejor dicho, tiene que salir de las Cortes sustancialmente ampliado y sustancialmente mejorado. Porque, de lo contrario, de verdad, ustedes tendrán mucha buena voluntad pero el instrumento que van a generar no va a servir al desarrollo económico de esta Región.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Abad tiene la palabra.

ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Señor Presidente. Señorías. Se ha presentado por el Consejero de Industria un Proyecto de Ley para la creación del Ente de la Energía en Castilla y León. Posteriormente se han oído en esta tribuna las opiniones de los Grupos Socialista y de Izquierda Unida, que se oponen con sendas Enmiendas de Totalidad.

Nosotros ya adelantamos, como no podía ser de otra manera, nuestra postura contraria a estas Enmiendas a la Totalidad, con el fin de que este Proyecto de Ley siga su trámite Parlamentario, en Comisión, donde ahí sí comparto la opinión con el Portavoz Socialista, de que hay que mejorarle considerablemente.

La necesidad de crear un Ente Institucional en la Comunidad castellano-leonesa, de naturaleza pública, es notable, es una opinión compartida por todos los Grupos de estas Cortes, y, por otra parte, la Comunidad Europea así lo recomienda.

Pero antes de manifestar nuestra opinión en contra de estas Enmiendas a la Totalidad, sí quisiera hacer unas consideraciones previas sobre la realidad energética de nuestra Comunidad. Es cierto, que la energía es un papel... representa en nuestra Comunidad el 6,9% del Valor Añadido Bruto Regional, frente al 4,3% en el ámbito nacional; que la producción de energía en Castilla y León supone, aproximadamente, el 10% de la nacional y emplea 25.000 trabajadores; que Castilla y León produce el 17% de la energía eléctrica de España, el 26,5% en energía procedente del carbón, el 28% en la hidráulica, el 5% de la nuclear y el 1,7% del petróleo.

Sin embargo, es cierto que Castilla no se beneficia de esta producción; ni por la vía de la rebaja, ni por las compensaciones -como había antes- con los cánones energéticos. Esto es debido a la tarifa única que existe para todo el territorio nacional, y solamente tenemos una compensación en cuanto al tema del carbón, por las compensaciones que tenemos a la sección de minas.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta una serie de desequilibrios en medio ambiente, como consecuencia donde están ubicadas las producciones de energía eléctrica. Es obvia, por tanto, que necesitamos un Ente Institucional, una creación -como digo- de este regional en Castilla y León.

Y los objetivos son claros, los que se persiguen alcanzar; un uso racional de la energía, actuando sobre la demanda y buscando un sistema económico menos consumidor y con menos producción de residuos contaminantes; una puesta en explotación de los recursos energéticos renovables que son nuevas fuentes de energía, aprovechando las condiciones naturales de la Región y la especial protección del medio ambiente.

En definitiva, nosotros entendemos que este Organismo es el que va, y puede aplicar, las decisiones de la política regional en materia de ahorro, de diversificación energética, de energías renovables, y que pueda, de alguna manera, intercambiar sus experiencias con otras regiones en coordinación con la Comisión Europea. Es conveniente señalar que, a través de este nacional... Ente Regional de la Energía, perdón, se pueden hacer evaluaciones en términos económicos, ecológicos y sociales a nivel regional que, por otra parte, a nivel estatal y a nivel comunitario no podría ser.

Por otra parte, es preciso también señalar que una política de gestión y control de la energía no presenta ningún obstáculo en su aplicación, siendo aplicables los métodos y técnicas, a la vez que transmisibles, de una región a otra, y esto se puede hacer perfectamente a través de las agencias regionales. El Ente, y así quiero manifestarlo aquí, en un futuro podría tener responsabilidades en el control de empresas ligadas al sector energético a nivel regional o en distribución de la energía.

El Proyecto de Ley que debatimos -y empiezo a contestar a la Enmienda a la Totalidad del Grupo Socialista- es el resultado de múltiples estudios; no se ha hecho a la ligera. Después de un análisis sobre cómo funcionan agencias, servicios o entidades energéticas en nuestro entorno nacional europeo, y a la vista de estas experiencias, se llega a una primera conclusión sobre cómo enfocar, en un principio, la estructura del Ente. Y la conclusión es la siguiente, que no es aconsejable ni prudente abarcar amplias competencias en un órgano de este tipo, sino las concretas que sean homologables a otras ya en funcionamiento y comprobada eficacia. De aquí que el texto pues presente algunas coincidencias con otros textos, como se ha señalado anteriormente.

Se han presentado pues diversos tipos de estructuras jurídicas existentes actualmente en Europa, y se ha optado por la de un organismo público regional, puesto que presenta un conjunto global de valoraciones muy positivas respecto a otro tipo de organizaciones, como sociedades, servicios o delegaciones. Se consigue con ello una flexibilidad de funcionamiento, una gestión eficaz de fondos públicos, unas contrataciones ágiles en formas muy variadas, y un equilibrio entre la eficacia de organismos de derecho privado y la Administración.

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Y posteriormente, una vez decidida la fórmula jurídica -que sería un organismo público regional- se analizaron precisamente todos estos organismos que ya tenemos en nuestro país: el Instituto Catalán de la Energía, el Instituto Valenciano de la Energía, el Ente Vasco de la Energía, la Sociedad de la Comunidad de Madrid, la Empresa de Andalucía y la Sociedad de Galicia. Y se estimó que, efectivamente, los que mejor se ajustaban a lo que en principio se quería eran los modelos valenciano y catalán, y concretamente el modelo catalán, y de ahí que, precisamente, se haya considerado, por la experiencia que tenía y por su organización. Y el primer paso con que nos encontramos es que cumplen los objetivos y los programas asignados con eficacia y con rigor. Sin embargo, nosotros entendemos que en el Ente que hoy se presenta, el Proyecto de Ley que hoy se presenta, dentro del campo de actuación no hay un límite en su desarrollo, pudiendo llegar incluso -como digo- a participar en la creación de proyectos empresariales en materia energética.

Por otra parte, el Ente Regional de la Energía y la Agencia de Desarrollo Económico, y contesto en parte al Grupo de Izquierda Unida, no deben actuar sino de forma coordinada en aspectos energéticos, planteando estrategias comunes, aspectos que analizaremos más detenidamente.

Por tanto, se puede ver que éste es un proyecto de Ente -por así decirlo- con un Proyecto de Ley conciso, sin amplitudes innecesarias que encorseten, de alguna manera, posteriormente una actividad real de los organismos, debido a la dificultad que conlleva variar un texto legal aprobado inicialmente; efectivamente, hay un desarrollo reglamentario que se puede efectuar posteriormente y que de alguna manera complementa la ley.

A nuestro entender, no cabe plantearse una vinculación jerárquica entre el Ente Regional de la Energía y la Agencia de Desarrollo, aunque -como digo- debe existir una coordinación a la hora de ejecutar determinadas actuaciones del Ente. La Agencia de Desarrollo de Castilla y León, por propia definición, es un instrumento de la Comunidad para promover el desarrollo de la actividad económica y del sistema productivo en Castilla y León. El Ente Regional de la Energía tiene unos programas básicos de actuación que son puramente técnicos y se centran en el campo de la energía, en la planificación energética, en la eficiencia energética, en las energías renovables.

Desde este punto de vista, el Ente Regional de la Energía podrá ser un instrumento más a disposición de la Agencia de Desarrollo en aquellas actuaciones cuyo fin sea la mejora de la competitividad global y la adecuación tecnológica de las empresas de Castilla y León en el marco específico de la energía.

Con la creación del Ente Público Regional de la Energía no se pretende, de ninguna manera, generar ni crear un sector público energético regional. El Ente no puede ni debe suplantar funciones de la Agencia de Desarrollo, pero en los campos de actuación del Ente, tales como ahorro energético, cogeneración, energías renovables, etcétera, es deseable que el propio Ente participe y promueva proyectos y empresas.

Y se ha optado por este modelo, que coincide con estructuras similares de otros que están en funcionamiento, y por eso -como he dicho antes- hay determinadas coincidencias; pero no podemos someter el Ente al ámbito del derecho administrativo por cuestiones de agilidad y de operatividad. Un ente es un instrumento que debe ser ágil, eficaz, con capacidad de respuestas y decisiones rápidas, si queremos que realmente sirva a la Comunidad. Desde luego, con una estructura administrativa y encajada en la Administración es difícil exigir resultados concretos.

Por otra parte, la Comisión Delegada a que se ha aludido anteriormente, pues es simplemente para dar mayor agilidad, teniendo en cuenta que ese Consejo de Administración, o ese Consejo Rector, al estar... pudiera estar constituido por cargos públicos, sería difícil su convocatoria.

Por tanto, entendemos que se trata de un texto en el que, indudablemente, se recoge un aspecto básico que hay que desarrollar considerablemente, y que es un organismo -como hemos dicho antes- puramente técnico, con naturaleza jurídica precisa, y donde se establece una organización y unos órganos rectores.

Como conclusión a todo esto, nosotros... el Ente, tal como está considerado en el Proyecto de Ley, ¿es útil?, ¿es necesario para el desarrollo local? Las experiencias derivadas de otros entes regionales, tanto en España como en Europa, nos indican que funcionan con unos presupuestos que se rentabilizan de modo extraordinario, además de que estos entes regionales constituyen, también, un excelente instrumento operativo de promoción, de información y de ayudas comunitarias. Se han acreditado, por otra parte, estos entes regionales de la energía como instrumentos de enlace para materializar políticas de ahorro y diversificación. Hay unas posibilidades grandes de cooperación entre las regiones. Y, por otra parte, es necesario señalar que la Junta destina una cantidad muy importante para el ahorro energético con carácter anual próximo a los 300.000.000, que, indudablemente, se pueden canalizar a través de los estudios del Ente.

Por otra parte, puede actuar sobre la mejora de la competitividad en la empresa. De hecho, una muestra realizada en el orden de un centenar de empresas se ha visto el ahorro energético que puede suponer: el 10% de la inversión total. El Ente puede actuar también como un instrumento, como un agente de supervisión y control. La labor de gestión y supervisión de las acciones energéticas, junto a la gestión de ayudas regionales apoyadas por objetivos energéticos, requiere de un instrumento de articulación de estas inversiones. El Ente regional puede hacer esta labor al tiempo que el control.

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Por otra parte, puede marcar -ya lo ha dicho antes el Consejero, efectivamente-, la iniciativa ......... para las iniciativas, teniendo en cuenta... Efectivamente, hay un proyecto de distribuir el gas a las nueve capitales de la Comunidad. El Ente, indudablemente, no puede marcar, obligar -por así decirlo- a las empresas gasísticas, pero sí marcar ciertas direcciones preferenciales, en el aspecto de sectores preferenciales, de actividad preferente o con determinada tecnología. Como digo, es un Ente que para nosotros... importante para la Comunidad, que puede y debe desarrollar una gran labor. Y nosotros esperamos que en Comisión sufra una transformación; de hecho, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una serie de enmiendas, en orden a la constitución de los órganos rectores. Y esperamos que... como digo, la colaboración de los Grupos, para que este Proyecto pueda salir adelante. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Señor Presidente. Señor Porfirio, yo hay tres cuestiones que sí estoy de acuerdo con usted. Primero, que hay que mejorarlo, porque, bueno... ya de hecho lo ha asumido que la propuesta suya, o que la propuesta que me ha hecho es ésa, ¿no?, decir que hay que mejorarlo. La otra cuestión, que sufrirá modificaciones en la Comisión, evidentemente; pero bueno, de hecho ya está usted reconociendo que el proyecto en sí que se presenta en este Proyecto de Ley, bueno, pues no es muy completo ¿no? Yo cuando me he referido antes a que no se hace alusión a la situación de que nuestra Comunidad produce energía y, sin embargo, no recibe compensaciones, ya sé lo de la tarifa única. Pero me refiero que el nuevo... el nuevo Ente, el Ente regional que se constituya, al margen del tema del carbón, tendría que plantear un programa de investigación tecnológica para el desarrollo de energías que según la propia Ley del PER nos permiten desarrollar y planificar. Y ahí lo enlazo directamente con la necesidad de crear un sector público de la energía, que yo sé que ustedes van a estar en contra, pero bueno, yo creo que eso es vital para el desarrollo industrial de la Comunidad. Y ahí lo ligamos directamente con la Agencia de Desarrollo Económico, porque si estamos diciendo que es el instrumento que va a dinamizar el desarrollo industrial de la Comunidad, industria y energía tienen que ir en el mismo sentido y en el mismo camino; no podemos hacer una planificación industrial sin tener en cuenta una planificación energética. Por tanto, yo digo que ese Ente Regional de la Energía tendrá que estar ligado a la Agencia de Desarrollo. Nuestra visión y nuestra postura es ésa. Bueno, pues ya vamos coincidiendo en algunas cuestiones.

En el tema de la financiación, yo digo: bueno, ustedes se han quedado muy parcos a la hora de exponer cuál es el sistema de autofinanciación o de financiación del propio Ente. Porque cuando... vuelvo a repetir: ustedes han cogido el modelo catalán, pues podían haber recogido aquellos aspectos que el modelo catalán sí contempla del sistema de financiación. Lo digo en la forma; es decir, que cuando se pone a leer uno el Proyecto de Ley que se nos presenta, pues se da uno cuenta de que no hay un proyecto de financiación; se renuncia expresamente a la financiación. Bueno, pues, a lo mejor, en Comisión se puede arreglar. Y ejemplos los hay; tampoco hay que inventar nada nuevo, porque en los otros entes de las Comunidades está perfectamente reflejado.

Después hay otra cuestión: lo del Consejo Económico y Social. Ya se ha dicho; el Consejo Económico y Social no ha dado ningún informe preceptivo apoyando el Proyecto de Ley que ustedes han presentado aquí. Yo me alegro que lo reconozca; que yo sepa, no se ha presentado ni ha dado el informe preceptivo. Lo digo por palabras del señor Consejero... que parece ser que sí. Bueno, pues eso, tampoco. Pero lo más importante, que es lo que yo le decía antes -y, quizá, en Comisión pues se pueda arreglar un poco este desaguisado-, es el concepto de para qué queremos el Ente, y es hablar de la potenciación de las energías limpias y renovables, la diversificación energética y demás; que es lo que yo le he dicho antes que es curioso, que copiándolo ustedes del modelo catalán que sí lo recoge, por lo menos de manera más amplia y con esa visión de... Bueno, lo recoge absolutamente todo; es decir, potenciar energías limpias y renovables, sistemas de cogeneración a nivel local y comarcal, y a mí me extrañaba que ustedes no lo hubieran puesto también. Estoy hablando de los Artículos 2, 3 y 4, de objetivos y funciones. Y organizar programas de formación y reciclaje profesional. ¿Para qué? Pues para crear técnicos especialistas. Son aspectos que yo creo que debe contemplar el Ente. Y desarrollar proyectos de investigación tecnológica; nosotros, claro, desde la perspectiva de la constitución de un ente público de la energía.

Bueno, pues ésas son las cuestiones que yo creo que dan peso y dan cuerpo al Ente. Sin eso, este Ente que ustedes presentan, tiene usted que reconocer que no sirve para mucho. Porque aunque yo lo admitiera, dentro del capítulo del régimen jurídico, lo del derecho privado, que estuviera ligado exclusivamente al tema de la Consejería -que ustedes no están de acuerdo-, pues yo digo: bueno, hay una Consejería de Industria y Energía, ¿por qué no puede la Consejería perfectamente dirigir el Ente? ¿Por qué tenemos que crear una estructura burocratizada, que usted dice que no, que eso... que es más operativa? Yo lo dudo, porque, en todo caso, si tenemos una Dirección General de Energía, sería la responsable directa de poner en marcha y funcionamiento el Ente de la Energía, digo yo. Porque, ¿para qué queremos entonces la Dirección General de la Energía?

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Bien, son temas que tenemos que discutir, pero que, en todo caso, las cuestiones fundamentales de por qué no podemos admitir este Proyecto de Ley que ustedes nos presentan tal y como está, y es porque ustedes renuncian expresamente a lo más importante, y lo he dicho antes: bajo nuestro punto de vista, y tal y como está redactado este Proyecto de Ley, se renuncia expresamente a la planificación energética. Otra cosa es la filosofía, las matizaciones que usted ha hecho. Pero tal como está redactado, yo no veo que este Ente tenga una voluntad de planificación energética, ni una... ni siquiera una voluntad política de intervenir en la planificación económica; por eso le vuelvo a repetir la importancia que para nosotros tiene ligarlo con la Agencia de Desarrollo Económico. Y ni siquiera tiene una voluntad clara y expresa de participar en la elaboración de políticas medioambientales, que también van ligadas a las políticas de desarrollo industrial ¿no? Porque eso permite el aumento de la calidad de vida.

Bueno, pues todas esas cuestiones no están contempladas en ese Ente. Y yo considero y vuelvo a repetir que por esas razones es por las que Izquierda Unida plantea su devolución. Ahora, evidentemente, como eso no se va a producir, en la Comisión, en eso sí que estoy de acuerdo que hay que transformarlo, pero darle un giro de ciento ochenta grados. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Señor Granado, para el turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista. Se ruega silencio, Señorías.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, gracias, señor Presidente. ¡Hombre!, señor Abad, yo le agradezco sus explicaciones, pero la verdad es que usted no lo tiene fácil, pero yo tampoco tengo difícil qué contestarle, porque me dice usted unas cosas...

Usted me dice que han analizado todos los modelos existentes en las Comunidades Autónomas y que se han decantado por el modelo catalán. Pues mire usted, Señor Abad, no es verdad. El Instituto Catalán de la Energía, en su Artículo 1, se dice que es de conformidad... tal... tal... del estatuto de la empresa pública catalana, una entidad de derecho público. Y en el Artículo que refleja las funciones del Instituto -del que ustedes han copiado parte para regular las funciones del Ente- se dice, por ejemplo, entre otras cosas, que puede participar en operaciones de capital riesgo y en la creación de sociedades de esta naturaleza, mediante la subscripción de acciones o de participaciones representativas del capital social.

¿Sabe usted por qué no lo han copiado esto? Pues porque su Ente no lo puede hacer. Su Ente no puede hacer lo que puede hacer el Instituto Catalán de la Energía. Su Ente no puede participar en modo alguno en el mercado.

Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Ente para facilitar la producción de energía en régimen especial? Pues hacer un estudio, hacer un estudio. Conceder una subvención tampoco, porque tampoco va a gestionar subvenciones. ¡Hombre! puede elaborar un proyecto para una empresa y cobrárselo, pero no puede ni subvencionar, ni participar, ni incentivar, ni, en suma, ni jugar ningún papel positivo que no se refleje, que no se refiera a la mera especulación, a la mera elaboración de intangibles. Ustedes han hecho un Ente que fabrica intangibles, y estamos utilizando conceptos abstractos que nos pueden llevar a una cierta melancolía.

Usted me dice que el Ente es un Ente que va a planificar. Señor Abad, este Ente no va a planificar nada, ni siquiera va a colaborar en la planificación de nada. Dígame usted en el Proyecto de Ley dónde se dice cómo el Ente Regional de la Energía va a participar en la elaboración del perfil del Plan Energético Regional de Castilla y León. Si no va a hacer nada en relación con el perfil. Pero vamos a bajar un poquito más: dígame usted qué va a hacer el Ente en relación con el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética que crea, para todas las Comunidades Autónomas, la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. Nada.

Vamos a distinguir, si no va a hacer el Plan Energético Regional ni los planes concretos, los programas, los famosos programas de ahorro, sustitución, congelación y energías renovables, los PASTER. ¿Qué dice el Proyecto de Ley de los PASTER? Nada. Ni existente, ni hace planes, ni programas, ni proyectos; porque no planifica nada ni coordina nada.

Este Ente lo que elabora pues son -y lo puedo leer, porque es que casi el Proyecto de Ley es la mejor defensa de la Enmienda a la Totalidad-, pues tiene por motivo desarrollar programas de asesoramiento, fomentar la investigación, elaborar estudios, realizar y emitir informes; realizar otras actividades destinadas al fomento de la eficiencia de la utilización racional de la energía, y en el marco de su actividad como entidad colaboradora. Esto es lo que es.

¿Me quiere usted decir, señor Abad, qué otro organismo público creado por una Comunidad Autónoma tiene menos funciones que éstas? Porque no hay ninguno, ninguno, señor Abad; en ninguna Comunidad Autónoma hay un Ente Público que trabaje en el sector de la energía que tenga tan pocas funciones como éste. Ninguno.

De verdad, yo me he leído con detalle todos y cada uno de las normas de creación de los diferentes organismos, de las diferentes Comunidades Autónomas, los que vienen en la documentación de las Cortes y los que no vienen -que son más-. Ustedes han configurado un Ente que juega ya, antes de haber empezado a jugar, en segunda división, en segunda división.

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Y yo lo que no me explico es por qué lo hacen precisamente aquí. Porque si hay una Comunidad Autónoma en la que tenga futuro la energía como factor de desarrollo es en Castilla y León, y aquí tendríamos que ser ambiciosos; pero no ambiciosos en las declaraciones de prensa, no hablando de pedir compensaciones y tal y cual, sino atribuyendo funciones a los propios órganos de la Junta. Y aquí sólo somos ambiciosos a la hora de pedir, pero nunca a la hora de hacer.

Ustedes son el Gobierno más pacato del mundo a la hora de hacer cosas. Se ponen la venda antes de cualquier herida. O sea, en la región de España que tiene más futuro y más potencialidad energética crean ustedes el Ente Regional de la Energía con menos competencias en materia de política energética. Y luego -eso sí- le echarán la culpa Dios sabe a quién; hasta ahora nos la han echado a nosotros, pero yo me imagino que en cuanto se les acabe en poco este período de gracia de los cien días, o de los cien años, pues tendrán que empezar ustedes a hacer alguna cosa para justificar que realmente pueden gobernar bien esta Comunidad Autónoma.

En conclusión, señor Abad, yo entiendo que ustedes no puedan aceptar una Enmienda a la Totalidad. Esto es un debate político; mi finalidad, evidentemente, no es cambiarles a ustedes el sentido del voto -yo sé lo que van a votar ustedes y me parece muy bien-; el día que uno gana las elecciones gana las votaciones para toda la Legislatura, y eso está muy bien. Pero sean ustedes un poco sensibles a las propuestas de la Oposición en el debate de las enmiendas parciales, porque, si no, este Ente no va a servir absolutamente para nada, pero para nada; de verdad se lo juro, señor Abad. O sea, si yo no me lo creyera, no se lo estaría diciendo.

Y, al menos, al menos pongan ustedes el Ente este en relación con la legislación más básica del Estado y de otras Comunidades Autónomas. Si no lo hacen así, esta Comunidad Autónoma seguirá teniendo Consejeros que hagan muy ambiciosas declaraciones de prensa sobre cómo el sistema energético puede contribuir a desarrollar la economía de la región, pero nunca, nunca, nunca servirá para nada.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Granado. Para turno de dúplica, señor Abad.

ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Gracias, señor Presidente. Muy breve. Voy a empezar por contestar al señor Granado. Efectivamente, los elaboradores de la Ley se han fijado en el modelo catalán, pero eso no quiere decir que haya que copiarle literalmente, y que haya que copiar unas cosas sí y otras no. Precisamente a usted parece que han dejado lo mejor, y no es eso; se ha copiado el modelo, la naturaleza jurídica y las funciones.

¿Que la Ley es corta? De acuerdo, ahí estamos de acuerdo. ¿Que está muy resumida? También. Pero que en las funciones admite una amplitud de criterios que yo espero que tengamos en la Comisión. Precisamente hoy hemos hablado de que en el tema de Equipamientos Comerciales ha habido un gran trabajo en la Comisión. Yo espero que en esta Comisión este Ente pueda salir muy mejorado.

Y aludiendo al señor Portavoz de Izquierda Unida, señor Conde, no es intención, desde luego, crear un sector público energético en Castilla y León, en principio. ¿Que va a estar vinculado a la Agencia de Desarrollo? Por supuesto. En los temas energéticos siempre estará vinculado.

En cuanto a la financiación del Ente, habla en el régimen económico-jurídico, la Ley establece dónde pueden venir los ingresos, pero que -como digo- es una Ley que está -de por sí- poco desarrollada, que incluso se puede modificar considerablemente y, por supuesto, reglamentariamente.

En cuanto a que se ha presentado o no se ha presentado al Consejo Económico y Social, mire usted, yo, la Ley ha llegado a las Cortes y nosotros la debatimos, establecemos un debate parlamentario, y yo no sé más. En resumidas cuentas, yo espero que con todas las discrepancias que ha habido, que con las discrepancias en cuanto al modelo que se ha presentado, que esta Ley pase a la Comisión para su debate, que podamos aportar enmiendas, recoger lo más positivo de todos los Grupos, y que, en definitiva, saquemos una buena Ley para el desarrollo energético de toda la región. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Abad. En ausencia de los Procuradores del Grupo Mixto, no hay fijación de posiciones. Y procedemos a someter a votación, conjuntamente, las dos Enmiendas a la Totalidad de devolución del Proyecto de Ley de Creación del Ente Público Regional de la Energía y que acaban de ser debatidas.

¿Quienes estén a favor de las Enmiendas, por favor? Gracias. ¿Quienes estén en contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y nueve. A favor: veintidós. En contra: treinta y siete. En consecuencia quedan rechazadas estas Enmiendas a la Totalidad que acaban de ser debatidas, y el Proyecto de Ley será remitido para su tramitación reglamentaria ante la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Se levanta la sesión. Gracias, Señorías.