DS(P) nº 26/4 del 27/6/1996

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. Sustituido el tema de la caza por el tema del Impuesto General de Sociedades en el País Vasco, vamos a empezar el debate con carácter inmediato.

No es la primera vez que este tema viene a esta Cámara; a lo mejor es la última, ya que al señor Aguilar le molestan mucho las reiteraciones. Pero... pero, desde luego, no es la primera vez; y yo creo que, además -y mi Grupo-, creo que es un tema importante.

Ya en el noventa y cinco se debatió una Proposición No de Ley del propio Grupo Parlamentario -prácticamente idéntica a la que hoy traemos aquí- y que fue rechazada, entonces, por el Grupo Popular. Y vamos a repasar las razones que entonces sirvieron para que el Grupo Popular rechazara la Propuesta y que -a mi juicio- en estos momentos no permanecen; y, por lo tanto, y a pesar de haber presentado el Grupo una Enmienda -que espero que en su defensa nos aduzcan razones para su justificación-, nosotros esperamos -esperábamos- que el texto fuera votado en sus justos términos y no haber hecho una Enmienda de sustitución, que -a nuestro juicio- no mejora el texto original.

Aquella vez la Propuesta de Resolución fue rechazada fundamentalmente por dos motivos. Uno, la petición era anticipada; no había norma foral, en ninguna de las tres Diputaciones Forales, y, por lo tanto, no procedía entonces rechazar o pedir a la Junta que tomara las medidas oportunas para impedir la entrada en funcionamiento de aquella norma foral. Y, en segundo lugar, decíamos -decía el Portavoz del Grupo Popular- que tienen la competencia y es difícil luchar contra la competencia que tienen para regular el Impuesto General de Sociedades en el País Vasco. Podía ser tomada como cierta la primera; desde luego, no la segunda. Y veremos, a lo largo del debate, si es posible esa cuestión.

Algunas referencias de lo que provocó aquel debate, porque... es evidente y parece razonable pensar que aquel debate tuvo una repercusión pública que conviene recordar. En primer lugar, y con carácter previo al debate, el propio Ministro -Solbes, entonces- criticaba el sentido de la medida, y decía que no parecía que la forma de recuperar el tejido industrial, etcétera, del País Vasco fuera avanzar en medidas de la naturaleza de rebajar el Impuesto de Sociedades, el tipo de Impuesto de Sociedades con carácter general en todo el país. Eso lo decía el propio Solbes en "El País" el veinte de octubre de mil novecientos noventa y cinco, cuando saltó la noticia.

La Consejera de Economía de esta Comunidad Autónoma, hoy ausente, pues decía... era más contundente. Decía: "el sistema fiscal del País Vasco es discriminatorio desde su origen". Y decíamos nosotros: "su origen está en la Constitución; será que la Constitución parece, ciertamente, discriminatoria". Yo creo que eran unas declaraciones poco meditadas -lo cual tampoco suele ser nada infrecuente-. "Supone..." -decía, además- "...una discriminación más para Castilla y León". Y las declaraciones, posiblemente, más meditadas, más sensatas, las hacía José Manuel de Luis Esteban, Director General de Presupuestos y Política Financiera. Y decía entonces, decía entonces que "las vacaciones fiscales del País Vasco es una medida insolidaria. Pediremos al Gobierno Central que las recurra ante el Tribunal Constitucional". Eso decía en "El Mundo", en una larga entrevista, el veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y seis. Y añadía: "toda discriminación por razón de territorio es mala; y, sobre todo, a nosotros nos puede perjudicar porque somos fronterizos..." -empleaba aquella palabra- "...con el País Vasco". Pero avanzaba una conclusión que a nosotros nos parecía interesante, y es que había dado orden a los servicios de Economía y Hacienda de que realizaran un estudio para poder cuantificar los posibles perjuicios que aquella medida ocasionara. Decía: "y, desde luego, la Consejería de Economía y Hacienda ha dado órdenes -la Consejera, perdón, de Economía y Hacienda- ha dado órdenes a los servicios técnicos para ver las consecuencias que puede traer esta decisión, y si vemos que es perjudicial para la Región..." -decía el Director General- "...y si vemos que es perjudicial para la Región, instaremos al Estado a que adopte las reclamaciones pertinentes, e incluso, se podía pensar que la Comunidad Autónoma fuera parte actuante". Eso decía el Director General.

Pues bien, dos meses más tarde, al parecer, estaba concluido ese estudio de la Consejería de Economía y Hacienda que precisaba los perjuicios que posiblemente podía recibir, directa o indirectamente, la Comunidad de Castilla y León con aquella norma.

Como siempre, nos enteramos no porque la Consejera de Economía y Hacienda -hoy ausente- nos lo remitiera a los Grupos de la Oposición; no tiene nunca esa deferencia; no es la forma de actuar del Gobierno; y, por lo tanto, nos parece bastante ordinaria -en el sentido de corriente- su actuación. Pero ese estudio, que sí lo conocimos a través de un medio de comunicación ("ABC"; veintiocho, doce de mil novecientos noventa y seis, perdón, noventa y cinco), decía lo siguiente, con carácter general: "imposible cuantificar las medidas" -decía-. "Afectará gravemente a la implantación de nuevas empresas en Castilla y León" -y leo textualmente-. "Poca influencia sobre las ya instaladas" decía que iba a tener la medida. "Posibilidad de recurso ante el Tribunal Constitucional, Artículos 14 y 138 de la Constitución". El recurso se basaría en el Artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Región límite; por lo tanto, especialmente grave para nosotros. Y decía textualmente: "un ejemplo potencialmente distorsionante en el entramado económico español". Decía también: contra los principios de la Unión Europea. Y el informe critica a Solbes -también, el informe- por no llegar a acuerdos con las Diputaciones Forales antes de iniciar ese consenso.

(-p.1393-)

Por lo tanto, tenemos ya el marco: no había norma; ya la hay. Ahora hay un informe de la Consejería de Economía y Hacienda diciendo que las medidas son potencialmente lesivas para los intereses de esta Comunidad Autónoma. Y, además, yo creo que convendría remarcar que el Concierto vasco dice -y lo dice, prácticamente, de una manera textual- que la aplicación del propio Concierto no podrá implicar una presión fiscal efectiva global inferior a la que exista en territorio común.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Procurador, le ruego vaya concluyendo.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente, voy acabando.

Por tanto, ahí está el quid de la cuestión: saber si esa medida, si esa rebaja en el Impuesto General de Sociedades y otras medidas complementarias que adopta la norma foral rebajan, para el conjunto de las empresas en el País Vasco, el conjunto -a su vez- de la presión fiscal. Yo comprendo que eso puede ser difícil, pero es evidente que deberíamos intentarlo. Y, por lo tanto, la Propuesta de Resolución es muy clara, que la Junta... las Cortes instan a la Junta a que adopte las medidas políticas y jurídicas necesarias para tratar de impedir que esa norma entre en vigor.

Esperamos la intervención del Portavoz del Grupo Popular, como siempre, con impaciencia, porque, seguro, seguro que estará llena de contenido, como es habitual.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, cuyo Portavoz, señor Aguilar, tiene la palabra para defenderla.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores, buenos días. Hay un refrán castellano que dice que "cada uno cuenta la feria como le va en ella"; y entonces, don Jaime González ha contado la feria según él la interpreta, que no es, ni mucho menos, la realidad de la feria.

¿Por qué ha presentado el Grupo Parlamentario Popular una Enmienda de sustitución a la Proposición No de Ley que ha sido presentada, por segunda vez en esta Cámara, por el Grupo Parlamentario Socialista? Pues, pura y simplemente porque el Grupo Parlamentario Socialista repite la misma Proposición No de Ley que trajo a estas Cortes en el mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco, cuando las circunstancias han cambiado notoriamente desde octubre del noventa y cinco hasta el día en que este Procurador se está dirigiendo a este Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Verán ustedes en qué ha cambiado; y, posiblemente, cuando digamos las razones, sin duda, don Jaime González va a aceptar la Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular. Eso sin duda; no tengan ustedes la más mínima duda que ése va a ser un hecho histórico que se va a producir en esta Cámara, en esta mañana.

Señorías, resulta que se cuenta en esta Tribuna, de forma sesgada, falsa, absolutamente distorsionante de la realidad, lo que le viene en gana a don Jaime González; señalando una serie de antecedentes, que están ya viejos y pasados absolutamente, en relación a lo que sucedió ayer, veintiséis de junio, en la Diputación Foral de Vizcaya. Don Jaime González, sin duda, o no se ha querido enterar, o no le conviene enterarse -porque hay que tener las cosas absolutamente claras-; o no quiere decirle a esta Cámara el contenido de lo que se aprobó ayer por el Parlamento de Vizcaya, por la Diputación Foral de Vizcaya.

Verán, Señorías, nos piden en la Proposición No de Ley que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León para que adopte medidas políticas y jurídicas. Voy a empezar por las segundas, y luego después entraré en las primeras.

Respecto a las medidas jurídicas, evidentemente don Jaime ha pasado muy por encima, porque de Derecho entiende bastante poco. Y le puedo señalar que, ante una norma foral de una Diputación -que no es ley del Estado-, no cabe recurso de inconstitucionalidad; pero él eso no lo sabe.

En segundo lugar, en segundo lugar, ¿qué cabe hacer? Plantear un conflicto de competencias; para lo cual hay que hacer lo que se llama la "vindicato potestatis" -que tampoco la conoce-; y eso es reclamar la competencia a esta Comunidad Autónoma.

Y, por último, lo que cabe hacer en esas medidas jurídicas que usted nos propone, es acudir a la vía contencioso-administrativa; y ahí se plantearía un problema de legitimación activa -lo cual usted tampoco conoce-. Por lo tanto, léase usted el Diario de Sesiones del año mil novecientos noventa y cinco, número 8, Sesión Plenaria de dieciséis de noviembre, donde ya le daba a usted las posibilidades jurídicas que teníamos entonces.

Ahora vamos a ver las posibilidades políticas. Pues las posibilidades políticas es el que el Partido Socialista ayer no hubiese votado la constitución de un paraíso fiscal en el País Vasco. Ésa es la medida política. Y ayer votó a favor de la constitución de un paraíso fiscal en el País Vasco, ahí, al lado de Burgos, en detrimento de los... de los intereses de esta Comunidad Autónoma. Y voy a explicar cómo votó ayer, cómo votó ayer la creación de ese paraíso fiscal.

(-p.1394-)

Miren, Señorías, la cuestión es muy simple. Aquí no vale discutir historietas; aquí hay que discutir con realidades. Y para que vea usted, don Jaime, que el discurso está lleno de contenido político, mire usted, entre las medidas que ayer se sometían a la aprobación en la Diputación Foral se encuentra el Artículo 54 de la Norma Foral, en virtud del cual se crean unos denominados "Centros de Coordinación" por parte de las empresas, que pueden sustraer -que pueden sustraer- a la recaudación del Estado respecto a la base imponible del Impuesto de Sociedades, miles de millones de pesetas, miles de millones de pesetas. Porque la base queda en el 25% y no se computan los gastos de financiación.

Por lo tanto, Señoría, le pongo el siguiente ejemplo: 1.000 millones en una empresa... -para que todos ustedes, señores Procuradores, lo conozcan; y esto va a ser lo que mueva a don Jaime González a apoyar nuestra Enmienda de sustitución-. Mil millones, que generan una rentabilidad del 15%: 150.000.000 de pesetas. Resulta que esos 1.000 millones, incluidos como gasto financiero en esos denominados Centros de Coordinación, son deducibles de la base; con lo cual, no hay 150.000.000 de recaudación, sino 17,5. Ése es el paraíso fiscal. Eso es lo que ustedes votaron ayer. Eso es lo que ustedes no debieron de votar. Y, a partir de ahora, en este tema están deslegitimados completamente para subir a esta Tribuna, señalando aquí, señalando aquí los graves perjuicios que pueden producir los paraísos fiscales, porque ustedes son los promotores en el País Vasco de ese paraíso fiscal. Ustedes, ustedes...

(Aplausos. Protestas.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor, silencio.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Ruego a Su Señoría me permita continuar en el uso de la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, Señoría. Y, curiosamente, y, curiosamente esto es lo que se propone que esta Cámara no conozca, porque se ha obviado ese Artículo 54, esa creación de los centros; y, en definitiva, hemos ido a lo fácil, al tipo impositivo del Impuesto de Sociedades, si pasamos del 32,5...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego concluya, señor Procurador. Le ruego vaya concluyendo.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente, voy a terminar rápidamente.

En definitiva, Señorías, la Enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Popular va más allá que lo que se dice en la Proposición No de Ley por el Grupo Parlamentario Socialista. Va más allá, porque vamos a instar a la Junta de Castilla y León para que estudie las medidas que se puedan adoptar frente a la aprobación en otras Comunidades de normas reguladoras del Impuesto de Sociedades, que puedan afectar a nuestra Comunidad de forma directa o indirecta; no sólo en el tipo, sino en la creación de esos centros, vehículo de evasión de los impuestos. Evasión de los impuestos que afectará a esta Comunidad Autónoma, que afectará a Cantabria, que afectará a Rioja, que afectará, en definitiva, a todo el Estado español, rompiendo el criterio de unidad fiscal, curiosamente; pero, además, rompiéndose incluso en el País Vasco, puesto que Guipúzcoa y Álava no lo han votado, porque el PP se ha opuesto. Muchas gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para turno de réplica, señor González y González, tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. Hemos asistido, una vez más, a una de las típicas intervenciones del Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía, señor Aguilar, en las cuales -como siempre- se niega a hablar de lo que venimos a hablar aquí, y se inventa algún artilugio para hablar de un artículo que nadie conoce, que nadie sabe que está, y que, posiblemente, y que posiblemente...

(Risas.)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Cómo se divierten ustedes. Cómo se divierten ustedes. Cómo se divierten ustedes. Ayer, decía... hoy, dice la prensa del País Vasco que la Norma Foral fue aprobada con el voto favorable del Partido Popular, del Partido Socialista, del PNV, etcétera.

Por lo tanto... -si quieren ustedes el periódico, tengo ahí la copia, la he procurado pedir esta mañana-. Luego, como siempre, el señor Aguilar miente. Y es que ya, yo creo que estamos hasta el borde en esta Cámara de que mienta a la Cámara; y que, además, acuse y deslegitime al resto de los Grupos abusando de su mayoría, invocando permanentemente esa mayoría que tiene, que utilizan también permanentemente en todas las Comisiones y en todos los lugares, para impedir el dialogo, para impedir que aquí se pueda hacer nada constructivo, y para impedir además el debate.

(-p.1395-)

Por lo tanto, yo le recomendaría al señor Aguilar que lea los periódicos de hoy del País Vasco. Lo lea -si le puedo dar una copia, además, con facilidad; sabe que no tengo ningún inconveniente, no es materia reservada-. Le voy a decir más. La Secretaría de Estado de Hacienda no hace mucho tiempo -en febrero del noventa y seis- repasando la Norma Foral, repasando la Norma Foral, hablaba fundamentalmente de dos cuestiones: hablaba del 35 al 32,5; y, además, decía claramente que la medida le parecía discriminatoria y que, por lo tanto, no estaba justificada. Repito: Norma; valoración de las propuestas del Gobierno Vasco sobre el nuevo Impuesto de Sociedades; Secretaría de Estado de Hacienda; y decía textualmente que el tipo del 32,5 seguiría produciéndose una discriminación injustificada respecto a las normas.

¿Qué ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en la correspondiente Diputación? (De todas maneras, señor Aguilar, esto no es un tribunal, a usted, como a estas horas no es habitual que intervenga, se ha creído que está en su correspondiente tribunal y nos ha hecho un alegato jurídico; incluso aquí el Reglamento prohibe hablar de asuntos jurídicos, aquí hablamos de asuntos políticos fundamentalmente.)

(Murmullos.)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: El Grupo Parlamentario Socialista hizo una Enmienda -que aquí está- diciendo: "El tipo general del gravamen para los sujetos pasivos por obligación del personal de ...... será el 35%". Enmienda que ustedes no presentaron en absoluto, ustedes aceptaron de mano el 32,5%, sin ningún problema; previa negociación, porque ustedes proponían el 30%, no el 32,5%. Y eso es lo que hacen en alguna otra Diputación Foral, como va a quedar demostrado pronto, hoy, y dentro de unos días.

Por lo tanto, así es la cuestión. Nosotros proponíamos la subida y el respeto al 35%. Luego, todo eso que usted dice es -como siempre, y a lo que nos tiene habituados- radicalmente falso. Pero ¡qué le vamos a hacer! Yo sabía que usted iba a hacer ese discurso; no le gustó en la anterior intervención cuando le llamé -se acuerda usted- determinado... cuestión, y hoy intentaba usted ponerse... tomarse la revancha. Yo creo que no puede. La Proposición es clarísima -yo no sé si voy a aceptar su Enmienda o no, lo tendría que pensar-; posiblemente el tono de su intervención, posiblemente su forma de expresarse, a lo mejor me inducen a pensar que vuelve a ser una artimaña para relegar el tema. ¿Y por qué se lo digo? Mire usted, ¿por qué quieren ustedes estudiar más cosas? Si ya está estudiado, si la Consejería de Economía tiene un informe, si está hecho desde diciembre del año pasado; pero si lo conocen perfectamente, si les he leído el contenido del informe, les he leído el contenido del informe, pero qué esperan ustedes, qué quieren estudiar para recurrirlo nuevamente.

Yo no sé si se podrá recurrir al Tribunal Constitucional o no -lo reconozco-, pero la Proposición No de Ley no dice eso; dice que se tomen las medidas jurídicas pertinentes, las que sean. Por lo tanto, qué quieren ustedes estudiar, si ya lo han estudiado de sobra. Repito: tienen ustedes hecho un informe por la Consejería de Economía -que ahora sí está, le agradezco su presencia-, en el que dice -y le he leído textualmente- las conclusiones de aquel informe. Por lo tanto, no tienen ustedes nada que estudiar; lo que tienen es que actuar.

Por lo tanto, yo creo que es bien fácil tomar las decisiones pertinentes. Yo les dije una cosa, yo creo que ustedes, ustedes deberían aceptar la Enmienda... la Proposición en su estado original, retirar la Enmienda y, realmente, actuar con carácter inmediato.

Le voy a recordar alguna de sus intervenciones que decía entonces, que yo creo que tienen cierto interés; se lo recuerdo. Usted decía que esto se iba a arreglar -palabras textuales- cuando ustedes gobernaran. Se lo leo, página trescientos dieciocho del Diario de Sesiones -y además, como siempre, su Grupo le apoyó con aplausos entonces; página trescientos dieciocho- "Veamos la posibilidad de rebajar esas bases imponibles, y luego aplicaremos unos tipos. Y verá usted cómo cuando nosotros gobernemos, que será en la primavera, todo esto se va a solucionar". Pues mire, no se ha solucionado nada. Eso provocó aplausos de su Grupo -lo pone en el acta de sesiones "aplausos"-; es lo que a usted le gusta, que le aplaudan. Hoy le han aplaudido otra vez; pero la norma fiscal va a seguir adelante. Y los empresarios de Miranda, como ya algunos -además del Partido Popular-, harán las ampliaciones de sus empresas al otro lado del río; como ya lo están haciendo. Eso es lo que a usted le impide trabajar por esta Comunidad Autónoma. Usted busca el aplauso fácil de su Grupo, marchará hoy diciendo "¡cómo me aplaudían!"; pero la norma sigue adelante. Y ustedes, la Junta, ustedes van a impedir que estas Cortes insten a la Junta a recurrir por la vía política y por la vía judicial esta norma.

Vamos a seguir debatiendo y, cuando llegue el momento de fijar el texto definitivo, vamos a ver, como ayer pasó, si realmente ustedes están a favor o no del recurso a esta norma. Por lo tanto...

Me pasan además ahora mismo noticias de lo que pasa en Álava, es curioso; porque esta mañana ya hablé con Vizcaya... he hablado con Álava esta mañana. El Grupo Socialista en Álava, hoy, mantiene la enmienda del 35%; por lo tanto, pide que el 35% se vote. Y, en cambio, ustedes han aceptado ya, en Álava, la rebaja del 32,5 y al 30% para las empresas de menos de 10.000.000. Pero, a mí me parece legítimo; su Grupo en Álava que haga lo que quiera. Yo le pido a la Junta de Castilla y León que, en defensa de los intereses de esta Comunidad Autónoma, basada en los informes de la Consejería de Economía y Hacienda, hechos a instancias de la propia Consejería de Economía y Hacienda, que dicen "que esa norma puede ser lesiva para los intereses de esta Comunidad", ustedes tomen las medidas oportunas para evitar su entrada en funcionamiento. En mi última intervención, en la que fije el texto definitivo, volveremos, seguro, seguro, sobre esa materia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de dúplica, señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Gracias, señor Presidente. O sea que en Álava votan ustedes una cosa y votan ustedes otra en Vizcaya.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: No, no...

(-p.1396-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor, no dialoguen entre sí. Dejen que hable el orador.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Concretamente, Señoría, yo tengo aquí una comunicación que me ha sido remitida en el día de ayer, y que firma un miembro de mi Grupo en la Diputación Foral de Vizcaya, en la que dice: "Esta mañana se ha aprobado una norma foral de sociedades en Vizcaya. La norma se ha aprobado en su totalidad por el PNV y el Partido Socialista; y, parcialmente, por el PP, con la excepción fundamental del Artículo 56 al 60. La tarifa aprobada ha sido a propuesta del PNV-PSOE, sobre una enmienda del PSOE que pedía que fuese el 35% el tipo general. Dicha Enmienda ha sido transaccionada por el PSOE-PNV, y el acuerdo alcanzado... hacia el acuerdo alcanzado en Álava y Guipúzcoa entre el PNV y el PP, es decir: tarifa general 32,5; tarifa Pymes hasta 10.000.000, 30%". Y continúa, por no hacer demasiado larga la lectura, diciendo: "Se ha requerido al PNV a que explique su conformidad en Álava y Guipúzcoa a la Enmienda del PP, no habiéndose obtenido respuesta. El PP ha advertido que la norma puede ser recurrida por cualquier ciudadano español y que, en todo caso, corresponderá a la inspección del Estado admitir la deducibilidad de las facturas emitidas por los Centros de Coordinación. Izquierda Unida se ha unido al voto del Partido Popular".

Señoría, si usted mismo ha reconocido que ustedes conocen el contenido de la norma foral en su Artículo 54, ¡cómo es posible...! Si usted mismo lo ha dicho en esta tribuna que ustedes conocen el contenido de la Norma Foral en el Artículo 54, ¡cómo es posible que usted trate de equivocar! Mire usted, Señoría, la situación provocada es de tal gravedad, es de tal gravedad que, concretamente, una Norma como la que se ha aprobado ayer, indudablemente, va a producir un efecto de que las rentas generadas en Andalucía, en Madrid, en Castilla y León o en Cataluña no tributen en Euskadi y, en cambio, ocasionen gastos e impuestos en la Administración Central. Ése es el tema en el cual debemos de ceñir el debate. Y, por eso, nuestra Enmienda de sustitución a la Proposición No de Ley que usted ha presentado, legítimamente, en estas Cortes, lógicamente, va más allá; va más allá nuestra Enmienda de la cortedad de su Proposición No de Ley, que se limita a copiar la del mes de octubre de mil novecientos noventa y cinco, sin tener en cuenta los acontecimientos que se han producido en las Diputaciones Forales.

Concretamente, Señoría, nosotros no vamos aquí a hacer ahora referencia... puesto que a usted parece ser que, según nos ha participado, el Reglamento impide que hablemos de temas jurídicos... y usted lo ha hecho, ha emitido aquí su opinión sobre los informes jurídicos de la Junta, etcétera, etcétera. Usted hace lo que le conviene cuando le conviene y trata usted de poner a caldo a los demás cuando decimos la realidad de un problema, cuando tratamos ese problema con objetividad, cuando tratamos de decirle a usted que lo que usted propone es realmente corto, en relación con lo que nosotros proponemos en nuestra Enmienda de sustitución; y que la solución política, sin duda, la habían tenido ustedes ayer no votando, no votando la aceptación de ese Artículo 54, con todas las consecuencias que lleva consigo. Ésa es la solución política. A esa solución política usted no se aviene porque a usted no le interesa; porque a usted le interesa mucho más hacer ruido para que se note y para que, efectivamente, ese ruido quede encubriendo la verdadera génesis del problema.

Decía usted el día, en el mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, en el debate a la Proposición No de ley que usted presentaba entonces, lo siguiente: simplemente la modificación de las tarifas -decía usted, página trescientos diecinueve-, la modificación de las tarifas que tengan que cobrar los notarios, que sean más bajas que las que se cobran en Castilla y León, va a producir una avalancha de creación de empresas. Yo le replico a usted: ¿y el hecho de que sea deducible un gasto financiero de 1.000 millones y una base imponible que es mucho más que la tarifa de todos los notarios del País Vasco qué supone?, ¿adónde nos lleva? A la creación de un paraíso fiscal. Con los votos de ustedes. Con los votos de ustedes en el País Vasco. A eso nos va a llevar. Y ¿qué perjuicios va a traer a esta Comunidad? Pues que en esos Centros de Coordinación, cuando inviertan empresas de esta Comunidad, van a poder detraer de la base imponible la totalidad del gasto financiero y la totalidad de los gastos del Centro de Coordinación. Ése es el asunto, lo demás son historias. Y, por favor, señores Procuradores del Partido Popular no aplaudan ustedes; no aplaudan ustedes, que, realmente, aquí nadie sube a esta tribuna a buscar aplausos; porque a mí esos aplausos me los dieron en las urnas no aquí.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para que los Grupos no intervinientes en el debate fijen posiciones. En ausencia del Grupo Mixto, que renuncia, por el Grupo de Izquierda Unida, señor Luis García Sanz, don Luis García tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Para discutir esta Proposición No de Ley del Grupo Socialista que, como ya ha quedado de manifiesto, fue discutida en el mes de octubre o noviembre. Lógicamente, la posición de Izquierda Unida será idéntica a la que tuvimos en aquel entonces, con independencia de las variaciones que se hayan producido de aprobación por diferentes Diputaciones Forales en un sentido o en otro, porque eso, desde nuestro punto de vista, no modifica el fondo de la cuestión.

(-p.1397-)

Y nosotros, lo que estamos constatando aquí, tanto con la Proposición No de Ley del Grupo Socialista como de la Enmienda que se pretende y las intervenciones que ha habido por parte del Portavoz del Grupo Popular, es un tratamiento absolutamente superficial del problema. Y el problema de fondo es los desequilibrios que cada vez se agudizan más entre las competencias desiguales que existen entre unas Comunidades y otras, que en una ocasión viene, en este caso, como competencias asumidas de la propia Constitución; o, en otros casos, como competencias que vienen asumidas... (Si el señor Presidente me concede el amparo para que haya un mínimo de respeto por parte de los Procuradores a este interviniente.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Sí, con todo. Les ruego guarden silencio, por favor.

GARCÍA SANZ: Y

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Y, en ese sentido, la posición de Izquierda Unida, como ya manifestamos en su momento, no puede ser de otra manera que el exigir, una vez más, que si realmente queremos contribuir a que en el Estado español se atemperen las desigualdades y los desequilibrios que existen entre las Comunidades Autónomas, desde esta Comunidad Autónoma tiene que haber la voluntad de exigir más competencias.

Porque aquí lo que se está cuestionando... y, lógicamente, va a crear desequilibrios y nos va a perjudicar a Castilla y León y a otras Comunidades, pero que se está cuestionando, en definitiva, es la ejecución de unas competencias -de unas Diputaciones Forales o de unas Comunidades Autónomas-; que parecen ser competencias que a nivel jurídico las tienen, como ya ha quedado de manifiesto en lo que se llamaban las vacaciones fiscales; en otras ocasiones... -y que quedó manifiesto en los recursos que se plantearon- y que, en definitiva, de lo que se trataría... desigualdades que, al igual que éstas, de cara a vacaciones fiscales o, en este momento, las rebajas en el Impuesto de Sociedades, también se puede plantear que esos desequilibrios se plantean o se pueden plantear en otro tipo de competencias, referidas a cuestiones de infraestructuras, a cuestiones de sanidad a cuestiones de mercado de trabajo. Porque no solamente... cuando unas empresas deciden instalarse en unos sitios o en otros, buscan también, lógicamente, el inmediato beneficio que puede ser el pagar menos impuestos; pero también... -y aquí ha quedado de manifiesto en muchas ocasiones que se busca también otra serie de condiciones que mejoren esa capacidad o esa competitividad y que, lógicamente, también contribuyen-, pues esa mejora de infraestructuras, esa situación de mercado de trabajo, etcétera. Quiere decirse que otra serie de elementos, otra serie de competencias que tienen otras Comunidades Autónomas, y que ponen en vigor, que ponen en marcha, que ejecuten, en definitiva, también, lógicamente, es un hecho diferencial con esta Comunidad Autónoma y que, también, lógicamente nos perjudica.

Así pues, desde nuestro punto de vista, en pura coherencia, si se cuestiona el hecho de que por parte de las Diputaciones Forales se pongan en marcha determinadas competencias, habría que, también, cuestionar el que se pusieran en marcha determinadas competencias de otras Comunidades Autónomas -o también del País Vasco- referidas a infraestructuras, referidas a mercado de trabajo, etcétera, que, lógicamente, desde Castilla y León -al no tener competencias en ello- no podemos ponerlas en marcha.

En definitiva, por este camino de que unas Comunidades Autónomas cada vez tengan más competencias y otras, fundamentalmente por inhibición de los partidos que nos gobiernan, nos situemos en el nivel más bajo de las competencias que existen en este Estado, pues, lógicamente, cada vez tendremos un nivel de diferencial más negativo en relación con el resto de las Comunidades Autónomas. Y aquí, si realmente por los grupos políticos mayoritarios hay una preocupación por intentar atemperar esas desigualdades, lo lógico sería, no el plantearse, como por ejemplo se plantea por parte del Grupo Popular en la Enmienda, de que "se estudien las medidas que se pueden adoptar" -supongo que será "que se puedan adoptar", no sé cuál es la redacción adecuada-; pero si tienen claro qué medidas se pueden adoptar, propónganlas definitivamente. Y, desde nuestro punto de vista, lo lógico sería la reforma del Estatuto y conseguir el autogobierno de esta Comunidad Autónoma, por un lado; y, por otro lado, igual, posiblemente, sería hacer una reflexión general de cuál es el desarrollo del Estado de Autonomías que estamos teniendo, en donde se está profundizando en las desigualdades y, desde nuestro punto de vista, conculcando la Constitución -no solamente el espíritu, sino la letra-, donde se dice que el desarrollo del Estado de las Autonomías en ningún caso tiene que contribuir a los desequilibrios de las Comunidades Autónomas, sino todo lo contrario. En ningún caso tiene... o, en todo caso, tiene que ir enfocado a conseguir ese reequilibrio; y, en definitiva, garantizar los derechos de los ciudadanos, con independencia de la Comunidad Autónoma de donde se encuentran.

Así pues, con esta vorágine en que nos encontramos, en que, por unas u otras razones, determinadas Comunidades Autónomas cada vez adquieren más competencia, cada vez tienen más peso económico y político en el Estado español, nos encontramos con un Estado cada vez más insolidario, más ineficaz socialmente para el conjunto de la sociedad española, y que cada vez profundiza más en los desequilibrios. Lógicamente, esto, provocado por intereses nacionalistas y provocado también por aquellos que ceden a esos chantajes nacionalistas con intención o con ese afán de gobernar a costa de lo que sea.

(-p.1398-)

Por resumir, lógicamente, desde Izquierda Unida lo que planteamos es que en todo momento tenemos que asumir el pleno autogobierno, reivindicar las máximas competencias para Castilla y León para que en ningún momento tengamos ningún hecho diferencial -en sentido inferior, lógicamente- con ninguna Comunidad Autónoma. Que, al igual, nosotros no planteamos que ninguna Comunidad Autónoma tampoco este por debajo de Castilla y León, pero eso será la legítima aspiración de cada una. Que, en definitiva, lógicamente, ahí se tendría que plantear la reforma del Estatuto, en donde siempre estará la mano tendida de Izquierda Unida y, donde, lógicamente, para que , dentro del espíritu y de la letra ...... la Constitución, y para que ese desarrollo de las Autonomías, absolutamente demencial en el que estamos inmersos en este momento, no conculque la Constitución, como -desde nuestro punto de vista- se está produciendo en este momento, vayamos a un desarrollo de las Autonomías, hacia esa configuración del Estado federal, solidario, que es lo que en este momento no se está produciendo en este desarrollo de las Autonomías, en donde, precisamente, se está produciendo mayor insolidaridad.

Y, lógicamente, aunque no viene a cuento -porque no creemos que sea el fondo de la cuestión, sino que el fondo de la cuestión es lo que he planteado hasta ahora-, pero el propio contenido de las medidas, lógicamente, Izquierda Unida no vamos a estar de acuerdo en parte de ellas, aunque hay algunas -por las referencias que tenemos- que sí que podríamos coincidir, en lo que son, de alguna forma, incentivos o promoción; lo que puede ser reparto del trabajo referido a la creación de empleo; medidas parecidas a las que nosotros proponíamos ayer aquí, aunque no enfocadas -desde nuestro punto de vista- a una redistribución de la riqueza, pero que sí que tendrían esa preocupación en la creación de empleo. Pero lo que son exclusivamente las llamadas vacaciones fiscales o, sin más...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Procurador, le ruego vaya concluyendo la intervención.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: (Voy terminando, señor Presidente.) ...o, sin más, lo que son reducciones en el Impuesto de Sociedades, ya se ha dejado de manifiesto lo que han sido, sobre todo, esas vacaciones fiscales en la experiencia del País Vasco: no ha creado empleo, no ha supuesto ese incremento de creación de puestos de trabajo -que, supuestamente, era el objetivo para lo que estaba previsto-; que los agentes sociales en el País Vasco, claramente, están en contra de este tipo de medidas, de rebaja fiscal, sin ningún tipo de contrapartida; y que a lo único que contribuye es a que algunos paguen menos impuestos, pero que en absoluto tenga una repercusión neta en la creación de empleo.

Así pues, tanto en el fondo -que es lo que he expuesto en la primera parte- como en lo concreto de la medida, lógicamente, Izquierda Unida no vamos a estar de acuerdo ni con la Proposición No de Ley que ha hecho el Grupo Socialista, ni tampoco con la Enmienda presentada por el Grupo Popular. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. El proponente, señor González, para cerrar debate y fijar texto definitivo.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías. Advierto desde el primer lugar que voy a proponer un texto diferente a la Propuesta de Resolución propuesta por este Grupo, tratando de que el Grupo Popular demuestre con su voto, igual que hizo ayer con el tema de la financiación autonómica, sus contradicciones; a no ser que sea capaz de superarlas.

Le leo lo que dice la prensa de hoy del País Vasco. "Deia" de hoy: "Vergara se congratuló del amplio consenso alcanzado en las Juntas Comarcales..." -perdón- "...Juntas Generales por el PNV, PSE, PP y EA". Hoy, página treinta y cinco. Le puedo dictar un periódico que, sin duda, usted está de acuerdo en que ni es suyo ni es nuestro, y que es "Egin", y que en su encabezamiento dice: "Las Juntas Generales de Vizcaya aprobaron ayer la reforma del Impuesto de Sociedades con un tipo general del 32,5 y del 30 para los diez primeros millones de beneficio. La reforma, aprobada con los votos del PNV, PSE, EA y PP...".

Por lo tanto, diferencias, diferencias: nosotros perdimos una Enmienda, porque no tenemos mayoría, en la que pretendemos levantar el impuesto del 32,5 al 35; ustedes no hicieron esa Enmienda. Segunda diferencia: Álava, lo mismo; y hoy se votará esa Enmienda, y posiblemente la perdamos también. Claro, es evidente que las mayorías -y ustedes eso lo conocen muy bien, porque la ejercen aquí de manera absolutamente sistemática- pueden a las minorías. Y, por lo tanto, ustedes, aliados con la mayoría allí, habiendo pactado no hacer las enmiendas, habiendo pactado no hacer ninguna enmienda, han apoyado desde el primer momento esta cuestión.

Y le anticipo, además, una cosa, que yo creo que es el fondo de esta cuestión: este debate -que en realidad es un debate sobre la capacidad normativa de las Comunidades Autónomas sobre determinados impuestos- es el mismo debate que tendremos aquí dentro de unos meses, multiplicado por quince, si la capacidad normativa que ustedes han pactado con CiU sobre el IRPF sigue adelante. Esto es lo que nos va a pasar en muchas más cosas, en muchas más cosas. Este debate, en el futuro, va a ser el debate malo y perverso para esta Comunidad Autónoma; cuando Cataluña decida bajar sus impuestos, el País Vasco decida bajar sus impuestos, porque su base imponible se lo permite y nuestra base imponible no nos lo permite. Y para seguir haciendo políticas autónomas, tendremos que seguir manteniendo los impuestos altos; y Castilla y León, en virtud de su acuerdo, será siempre una Comunidad Autónoma con los impuestos altos. Pero claro, en eso el señor Aguilar no entra, en eso no entra; entra en el aplauso, entra en el aplauso.

(-p.1399-)

De cualquier manera, su... a veces, su forma de actuar llega a tal extremo que le tendré que recordar que el aplauso para todos los Procuradores nos permite estar aquí, no sólo para usted. Su aplauso no es especial; es un aplauso más numeroso, pero de los ciudadanos; exactamente igual que cualquiera de los Procuradores que estamos en esta Cámara. Se lo recuerdo por si acaso usted, en sus tendencias hacia el exceso de democracia, etcétera, pues pueden... pueden imponer situaciones difíciles.

Le voy a recordar, además, dos cuestiones -y le voy a emplazar, además-, dos cuestiones que usted dijo en el anterior debate de esta cuestión. Decía usted textualmente, textualmente: "Y ya le ofrezco nuestro apoyo para esa Propuesta de Resolución; o, si no la trae usted, la traeremos nosotros", decía usted. "La Rioja...". Leo textualmente, por lo tanto, los cambios de ritmo son suyos, no míos. "La Rioja, una compensación al Estado mientras tanto, y tal vez usted..." -ese "usted" soy yo- "...tal vez usted debiera de unirse en su momento a la petición que pudiéramos formular de por si una Autonomía uniprovincial, como La Rioja, ha pedido 330.000.000, podríamos hacer una simple multiplicación, y tal vez unirse usted..." -ese "usted" soy yo- "...a una petición al Gobierno central cercana a los 2.500 millones". Y decía usted: "Ésa será una medida política".

Le ofrecemos nuestro apoyo. Presente usted aquí una propuesta de resolución para pedir al Gobierno central una compensación de 2.500 millones por los perjuicios que usted mismo decía que nos ocasionaba la medida. Hágalo usted, su Grupo; hagan ustedes algo positivo por la Comunidad, en lugar de estar todo el día haciendo de monaguillos del hoy Ministro de Gobernación... antiguo Ministro de Gobernación, hoy Ministro de Interior, señor Mayor Oreja.

Pero voy a fijar posiciones, como me recuerda el Portavoz del Grupo Popular, en su tono habitualmente relajado.

¿Qué es lo que yo creo que no les gusta de nuestra Proposición? El tono imperativo, el que les exige hacer cosas. Pues eso es lo que nosotros no estamos dispuestos a renunciar, al tono imperativo: "Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León para que tome las medidas oportunas para que haga cosas". Pero podemos estar de acuerdo en que no sólo el 32,5 es lesivo para la Comunidad Autónoma; puede haber más cosas en la Norma Foral que lo sea.

Por lo tanto, le hago la Propuesta de Resolución siguiente: "Las Cortes instan...". "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a adoptar todas las medidas políticas y jurídicas..." -incluida la de los 2.500 millones, señor Aguilar- "...necesarias para impedir la puesta en marcha propuesta en el País Vasco por cualquiera de los artículos de las normas forales que perjudiquen directa o indirectamente a la Comunidad Autónoma de Castilla y León". Por lo tanto, no hablemos ya del 35 y del 32,5, si a ustedes les molesta. Cualquier cosa es la norma. Ese Artículo 54 que usted se ha traído aquí para desviar el debate sobre lo que es importante -que es la rebaja de los impuestos a las sociedades que se implanten en el País Vasco-, siguiendo su norma, normalmente absolutamente dilatoria. Usted es muy libre de hacer esos gestos que hace usted tocándose la cara, pero tenga usted cuidado no se parta la mano, porque, posiblemente, si se da usted un poco fuerte contra su mejilla resulte lesionado.

Y, habiendo acabado la tramitación, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Vamos a proceder a someter a votación el texto definitivo que acaba de fijar el señor Portavoz proponente del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Silencio, por favor. ¿Votos en contra?

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio. ¿Abstenciones? Silencio, por favor.

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y nueve. Votos a favor: diecinueve. Votos en contra: cuarenta y siete. Abstenciones: tres. Queda, por lo tanto, rechazada.

Ruego al señor Vicepresidente proceda a dar lectura al decimoquinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Decimoquinto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 248-I, presentada por el Procurador don Joaquín Otero Pereira, instando de la Administración Central medidas sobre política eléctrica y canon energético".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Señor Otero Pereira? Al no encontrarse presente, y, de acuerdo con el Artículo 74 de nuestro Reglamento, se entiende que renuncia a hacer uso de la palabra y decae su Proposición No de Ley.

Le ruego, señor Vicepresidente, dé lectura al decimosexto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Decimosexto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 270-I, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando del Gobierno de la Nación la continuidad de la cooperación pública oficial y humanitaria con el pueblo cubano".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿El Portavoz del Grupo Socialista que haya de defender esta Proposición No de Ley? Señor Crespo, tiene la palabra.

CRESPO LORENZO

(-p.1400-)

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Buenos días, señoras y señores Procuradores. Consumo este turno para defender la Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista en relación con las decisiones adoptadas recientemente por el Gobierno de la Nación, y que afectan a nuestras relaciones con el país de Cuba.

El pasado doce de marzo, el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la "Ley para la búsqueda de sanciones internacionales contra el Gobierno de Fidel Castro, para la planificación del apoyo a un Gobierno de transición que conduzca a un Gobierno elegido democráticamente en Cuba, y para otros propósitos", la conocida como "Ley Helms-Burton". Con esta Ley se endurece y prolonga el embargo unilateral establecido por los Estados Unidos de América sobre Cuba, y se insiste en la aplicación, de manera inmediata, de las sanciones previstas en la "Ley para la Democracia en Cuba", de mil novecientos noventa y dos, para la restricción, hasta su práctica desaparición, de las relaciones comerciales y financieras con la isla.

El pasado veinticinco de mayo, el Vicepresidente de los Estados Unidos de América, en su visita a España, se reunió con el Jefe del Gobierno, don José María Aznar. En rueda de prensa conjunta, en La Moncloa, el líder del Partido Popular anunció la interrupción de la cooperación oficial con La Habana y anunció la revisión de la política del anterior Gobierno socialista sobre Cuba.

Ante semejante situación, los ciudadanos españoles y, por tanto, los ciudadanos castellano-leoneses tenemos que hacer oír nuestra voz, ya que el anuncio del señor Aznar no sólo va a favorecer en absoluto la situación en Cuba, sino que entorpece la transición del pueblo cubano hacia una situación plenamente democrática.

Desde el Partido Socialista Obrero Español nos hemos manifestado, en distintas ocasiones, en favor de la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Hemos fomentado las medidas de apertura política y económica y denunciado los actos represivos. Hemos abogado por la vía del diálogo, que entendemos que es la vía adecuada para la progresiva democratización de la isla y la recuperación de la soberanía por parte del pueblo cubano. Hemos declarado nuestra oposición al embargo, porque entendemos que para cualquier evolución legal, institucional y social que el pueblo de Cuba quiera promover en dicho país se debe producir de manera pacífica y fuera de ninguna imposición exterior.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León presenta las siguientes Propuestas de Resolución:

Primero. Manifestar al Gobierno de la Nación que la cooperación pública con el pueblo cubano, tanto de carácter oficial como humanitario, debe continuar.

En segundo lugar, que el Gobierno ha de tener en cuenta la especial relación existente entre los pueblos español y cubano, una relación que a lo largo de nuestra historia reciente ha estado por encima de los regímenes y sus gobernantes.

En tercer lugar, el Gobierno estará obligado a concretar en qué consistirá la modificación de la política española respecto a Cuba.

En cuarto, el Gobierno habrá de explicar de qué modo se apoya al régimen de Fidel Castro, o se impide el tránsito a la democracia, sufragando, por ejemplo, becas de estudio o la compra de panificadoras.

En quinto lugar, el Gobierno habrá de aclarar si en relación a Cuba se desmarca o no de la postura común de la Unión Europea.

Y, en último lugar, reclamamos del Gobierno de la Nación que tome las medidas necesarias para proteger los intereses de las empresas españolas que trabajan en Cuba, explicando claramente qué medidas legislativas o económicas se van a adoptar para protegerles.

Éste es el contenido de la Propuesta de Resolución, para la cual pedimos el apoyo de la Cámara. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se ha presentado por el Grupo de Izquierda Unida una Enmienda. Señora Martín... Pérez Martínez -perdón- tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Muchas gracias, Presidente. Mi Grupo Parlamentario ha presentado una Enmienda a la Proposición No de Ley del Grupo Socialista, porque nos parece que amplía, explica con más claridad y completa en su Propuesta de Resolución a la Proposición presentada.

Ya, como saben ustedes, el doce de marzo, como ha planteado el Gobierno Socialista... ¡huy!, perdón, el Grupo Socialista, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Helms-Burton, que agrava las disposiciones de carácter extraterritorial contenidas en la anterior Ley ya promulgada -Torricelli- en mil novecientos noventa y dos. Con esta nueva Ley se endurece aún más el embargo unilateral propuesto por Estados Unidos.

(-p.1401-)

Esta Ley de la que estamos hablando, por medio de su Título tercero, sanciona gravemente las inversiones extranjeras en Cuba -españolas, nos estamos refiriendo-, y permite, además, denegar el visado de entrada en los Estados Unidos a los directivos y familiares de las empresas susceptibles de sanción -españolas, nos estamos refiriendo-. Tal como está formulada esta Ley, incurre en disposiciones difícilmente acordes con las normas internacionales de Derecho al respecto. ¿Por qué? Porque contempla la extensión extraterritorial, fuera del territorio de Estados Unidos, de una jurisdicción que dictan los Tribunales de Justicia de ese país; y, legítimamente, extralimita sus funciones, según normas de derecho internacional.

Se opone a la doctrina sobre seguridad de las inversiones -españolas, estamos diciendo- como consecuencia de sus efectos retroactivos, condicionando por ello -y lo tenemos que tener claro- gravemente la economía española en su política de inversión exterior.

Contradice los acuerdos suscritos por la propia Administración norteamericana en el seno de la Organización Mundial de Comercio, al condicionar las prácticas comerciales de terceros países -de España estamos hablando-; y conculca, además, el principio internacional de no injerencia en asuntos internos de otros países. Esto aclara y amplía.

Por todo ello, no es extraña la reacción de repulsa internacional y, en particular, de todos los países de la Unión Europea, Méjico y Canadá.

Desde mil novecientos ochenta y nueve -como ustedes sabrán- la economía cubana atraviesa una de las situaciones más delicadas de su historia, provocando... provocada, fundamentalmente, por causas externas a la misma; y, cuando estamos hablando de externas, estamos hablando del bloqueo impuesto unilateralmente.

Al mismo tiempo, y durante este período, el Gobierno cubano ha arbitrado ajustes económicos que han facilitado un incremento muy notable de la inversión extranjera, especialmente de la española, que somos -y hay que decirlo en esta Cámara, para que lo recuerden Sus Señorías- el primer país inversor de la Unión Europea en Cuba. En el último año teníamos 7.000 millones de dólares en inversiones, ampliables en este año, si se llevan a cabo los proyectos de inversión, a 12.000 millones de dólares. Hagan ustedes cuentas.

Pero claro, nos encontramos con que el actual Presidente del Gobierno español ha manifestado, en la presentación pública que mantuvo con el Vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, su comprensión hacia la Ley Helms-Burton, aunque hoy -noticia fresca de periódicos- plantea que el Gobierno del señor Aznar rechaza esa Ley que comprendió tan precipitadamente, según al entender de este Grupo Parlamentario. No sólo la comprende, sino que anuncia la interrupción de la cooperación oficial con Cuba.

Todo ello, Señorías, puede condicionar gravemente la evolución de la inversión española en aquel país durante los próximos años, a no ser que se adopten por parte de esta Administración -de la Administración Central y la Autonómica, por lo que nos toca- las medidas de presión y de salvaguardia necesarias frente a la Administración de Estados Unidos.

La cooperación económica exterior de España y de la Unión Europea debe caminar siempre hacia un incremento sustancial de la misma, basado, además, en el desarrollo de las capacidades propias del país receptor... (Y si quieren ustedes luego hablamos cómo se ha ayudado o si han dedicado fondos de ayuda al desarrollo a terceros países, que, seguramente, no se estaban basando en el desarrollo de las capacidades propias del país inversor.) ...y destinándolo, principalmente, a la satisfacción de las necesidades básicas de los habitantes de los Estados receptores.

Por eso mismo, este Grupo Parlamentario hace la siguiente Propuesta de Resolución: "Las Cortes instan a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Gobierno de la Nación solicitándole que condene el bloqueo al que viene siendo sometida Cuba y denuncie este nuevo endurecimiento, de consecuencias gravísimas, así como que rechace abiertamente la Ley Helms-Burton". Parte de esta Proposición, por lo visto, ya lo ha hecho hoy el Gobierno Central.

Queremos señalar: bloqueo unilateral ilegítimo, sobre todo dedicado a la población infantil; condenado, año tras año, por la Asamblea General de Naciones Unidas. No sólo nosotros debemos condenarlo y rechazarlo, sino que año tras año ha sido condenado por esta Asamblea.

"Las Cortes instan a la Junta para que manifieste al Gobierno de la Nación que la cooperación pública con Cuba y el pueblo cubano, tanto pública como de carácter humanitario, debe situarse en los más altos niveles, similares a los que tiene España con otros países de América Latina". No queremos exclusivamente que continúe, sino queremos que se amplíe y se aumente.

Tres: "Las Cortes instan también a la Junta para que se dirija al Gobierno de la Nación manifestándole que debe plantear, con la máxima firmeza, en el seno de la Unión Europea que se adopten, en coordinación con el Gobierno cubano, medidas para su defensa de los efectos de la referida Ley Helms-Burton".

"Las Cortes instan, igualmente, a la Junta, para que se dirija al Gobierno de la Nación demandándole la firma de un acuerdo preferencial entre la Unión Europea y Cuba". Y queremos recordar aquí: la Unión Europea, con el único país iberoamericano que no tiene firmado un acuerdo preferencial es con Cuba, el único país.

Por eso nos parece que esta Proposición No de Ley explica más los motivos para el rechazo al bloqueo y a la Ley Helms-Burton: permite el principio... permite y defiende el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países; no sólo permite que continúe la ayuda al pueblo de Cuba, sino que se amplíe; y plantea también una posición ante la Unión Europea para la firma de un acuerdo preferencial con Cuba. Y sobre todo, Señorías -y lo tenemos que tener muy en cuenta-, defiende, protege y promociona las inversiones españolas en Cuba.

(-p.1402-)

Por todo ello, creemos que el Grupo proponente tendrá que aceptar nuestra Propuesta de Resolución. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Crespo, para la réplica a esta Enmienda.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Con toda la... con toda la brevedad del mundo, incluso se podía haber hecho desde el escaño. No entendemos que deba ser una Enmienda de sustitución la que se presenta por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; más bien puede ser una Enmienda de adición a la Proposición No de Ley que se está discutiendo del Grupo Parlamentario Socialista.

Desde ese punto de vista, en la medida en que los cuatro puntos que incluye la Propuesta de Resolución del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida son asumibles por parte de quienes hemos hecho la Propuesta de Resolución, entendemos que no entran en contradicción con los contenidos de nuestra Propuesta de Resolución; en su caso, concretan y definen algunos aspectos que nosotros habíamos obviado en la misma. Manifiesto desde aquí que, si no tienen inconveniente desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, por nuestra parte incorporaríamos los cuatro puntos de su Propuesta de Resolución a aquella que nosotros hemos defendido, entendiendo que son absolutamente complementarias, compartiendo el tono de la intervención del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y entendiendo que con esa adición se mejora mucho el texto que nosotros aquí hemos presentado. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señora Pérez Martínez, la dúplica.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Brevemente, señor Presidente. Agradecer la posición del Grupo Parlamentario Socialista al añadir a su Proposición No de Ley los cuatro puntos de nuestra Propuesta de Resolución. Eso, por una parte.

Luego, aclarar -por si acaso luego, en el siguiente debate que se pueda realizar aquí- la política de cooperación exterior que siempre ha defendido Izquierda Unida, que siempre la ha defendido en todo caso y lugar; que siempre hemos rechazado y rechazaremos cualquier tipo de bloqueo, incluido el de Irak, por lo que afecta, sobre todo, a la población infantil en este país. Y también defenderemos y reivindicaremos donde sea preciso... en Argentina, por ejemplo, el esclarecimiento total de todos los casos descritos en el informe del fiscal Strassera.

Curiosamente -y no queremos dejarlo de señalar aquí, debido a que puede servir de datos para un debate posterior-, la primera recepción pública del Presidente actual del Gobierno Central fue al jefe de contraespionaje argentino, que está jugando un papel fundamental para tapar parte de aquellos crímenes.

Y como señalan, Señorías -y esto es una política de Izquierda Unida que queremos defender-, como señalan las Madres de la Plaza de Mayo, un derecho humano fundamental, aunque no venga recogido en la Declaración, es el de saber, al menos, dónde están los muertos de cada uno. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para fijar posiciones los que no hayan intervenido en el debate, ¿el Grupo Mixto? Renuncia. ¿Grupo Parlamentario Popular? Señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías.

El Grupo Parlamentario Popular va a fijar posiciones en relación a la Proposición No de Ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista -en la cual ya, al parecer, se encuentra subsumida la Enmienda a la totalidad que se ha hecho por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-, y, como consecuencia de esta fijación de posiciones, queremos resaltar y señalar lo siguiente.

Hacer una clara distinción entre el pueblo cubano y el Gobierno cubano; esa distinción es absolutamente imprescindible. Con el pueblo cubano y para el pueblo cubano: todo, absolutamente todo; para el Gobierno cubano, mientras no existan debidamente consolidadas las libertades, mientras existan presos políticos, mientras no exista un Estado de Derecho, mientras el imperio de la ley no sea la norma de actuación política del Gobierno cubano, realmente habrá que poner en entredicho muchas cosas.

No nos caben en este asunto gestos políticos; que hay que separar, por supuesto, de los gestos absolutamente reales.

Efectivamente, en el Parlamento nacional, concretamente, el día dieciocho de junio de mil novecientos noventa y seis, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propuso el que se estudiase, mediante una Proposición No de Ley, los efectos de la Ley Helms-Burton y, asimismo, la extraterritorialidad de dicha Ley. Y, en definitiva, éste es un tema que se encuentra debatido en el Parlamento nacional; que hay una Propuesta de Resolución recientísima; y, como consecuencia de esa Propuesta de Resolución recientísima, mucho más reciente, activa e imperativa es la nota que, por vía democrática, tal como recogen los medios de comunicación en el día de hoy, ha presentado el Gobierno, protestando oficialmente ante Estados Unidos por la Ley Helms-Burton.

(-p.1403-)

Pero yo les quiero a ustedes decir que esa protesta producida, que es la vía en la cual hay que reconducir los temas -entiendo yo que debe ser así- diplomáticos y de relación entre los Estados; y que, si bien es cierto que un parlamento de una Comunidad Autónoma puede debatir -¿por qué no?, como lo estamos haciendo esta mañana- asuntos relacionados con estas relaciones bilaterales entre los Estados, no es menos cierto que las Proposiciones No de Ley, en los términos que están concebidas, han llegado tarde. Primero, por la existencia de una Resolución del Congreso de los Diputados; y, en segundo lugar, porque el Gobierno de la Nación, con la debida celeridad, con el debido respeto y con la debida tutela de los intereses de los españoles en Cuba, ha provocado ya la actuación política -vía diplomática-, en el sentido de presentar, como no podía ser menos, ante el Gobierno de los Estados Unidos, la correspondiente protesta. Y esto es lo que hay que hacer cuando de Derecho Internacional se trata y cuando las normas internacionales obligan a estas actuaciones y a estas conductas.

Señalarles, Señorías, lo siguiente: ¿por qué no podemos tampoco admitir la propuesta que se ha hecho por el Grupo Parlamentario Socialista? Pues porque, en algunos de sus puntos, realmente sería dar un espaldarazo a actuaciones que nuestro Grupo no comparte.

Habla usted, me parece, o hablan ustedes... -me parece en el punto cuarto de su Propuesta de Resolución, no están numerados pero creo que es el cuarto- que el Gobierno ha de explicar de qué modo se apoya a Castro o se impide el tránsito a la democracia, sufragando, por ejemplo, becas de estudio o la compra de una panificadora. Me llamó la atención este asunto y he investigado cómo se ha hecho esto. Y he investigado qué metodología se ha seguido para actuar y para conocer, efectivamente, si esas inversiones se han hecho y en qué medida se han hecho. Pues, sí, efectivamente: es la última de las decisiones tomadas en el Consejo de Ministros de don Felipe González; concretamente, facilitar 60.000.000 de pesetas en un crédito FAC -que es un crédito blando- a una empresa española para que se instalase una planta panificadora. Por lo tanto, Señorías, no podemos asumir realmente ese tipo de compromisos, aunque, desde luego, no se va a ir contra ellos -y menos en una Propuesta de Resolución que es una clara injerencia en asuntos ya terminados, finalizados-.

Nuestra Comunidad Autónoma ¿qué tiene que decir? Ésa es la pregunta en la cual tenemos que fijarnos. ¿Qué tiene que decir con respecto a las ayudas al pueblo cubano? Yo quiero hacer, simplemente -y eso va a servir de punto básico para la fijación de posiciones en este asunto-, yo quiero que quede constancia, porque es un tema muy pocas veces tratado y muy pocas veces conocido ante las Cortes de Castilla y León, lo que está haciendo la Junta de Castilla y León, para y por el pueblo cubano.

En el año mil novecientos noventa y cinco, Señorías, se han mandado subvenciones culturales por importe de 1.500.000 de pesetas y una subvención de otro 1.500.000 de pesetas para la celebración de la semana de Castilla y León.

Hay un envío periódico y habitual de diarios de la Región, de revistas, de fondos bibliográficos de la Consejería, de material promocional y divulgativo, de medicamentos, de material docente y educativo, de material deportivo, de material de oficina, año mil novecientos noventa y cinco. Año mil novecientos noventa y seis, concretamente se han mandado, a través de las casas regionales: Agrupación de Sociedades Castellanas en La Habana, 1.000.000 de pesetas; Colonia Zamorana, 300.000; Sociedad Benéfica Burgalesa, 300.000; Sociedad Castellana de Beneficencia, 300.000; Club Villarino, 300.000; Colonia Palentina, Colonia Salmantina, Colonia Leonesa y, últimamente, se envían setenta cajas de medicamentos en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Zamora; se envía material de oficina, se envía material promocional, y se está en estudio de enviar una aportación de 1.000.000 de pesetas de la Junta de Castilla y León para la conmemoración del ochenta y siete aniversario de la fundación del Centro Castellano de La Habana.

Respecto a las becas y a las convocatorias de estudio: partidarios de que se lleven a cabo. Pero, ¿cuál es el criterio de selección -que ahí estaría el problema- por parte del Gobierno cubano para remitir o enviar aquí personas que sean quienes disfruten esas becas de estudio? Ése es el tema que nos tenía que preocupar. Yo creo que incluso el que vengan, evidentemente, personas que apoyen al régimen de Fidel Castro es bueno, porque, en definitiva, van a conocer otra sociedad, van a conocer otras normas de actuación, van a conocer, en definitiva, lo que es el peso de la sociedad civil; y eso, tendrá que oxigenar, a la larga, también a la sociedad civil en Cuba.

Entendemos, Señorías, que las Propuestas de Resolución que ustedes presentan hoy ante estas Cortes están ya fuera de lugar. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer. El Gobierno se ha dirigido a Estados Unidos, ha reclamado, ha protestado contra la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton. Y, en consecuencia, Señorías, queda otro trámite que yo quiero muy brevemente significarles -con el permiso del Presidente de la Cámara, también existen-, por supuesto -y como no podía ser menos en un foro tan importante como es el comité de Organización Mundial del Comercio-, reclamaciones que ha hecho el Gobierno español, a los fines de que los intereses de los ciudadanos españoles queden debidamente salvaguardados.

Y, por último, Señorías, significarles que es intención del Gobierno de la Nación producir una legislación, una legislación española -al igual que se ha hecho en Canadá o al igual que se ha hecho en Méjico o en algunas otras naciones- para que queden debidamente protegidos los intereses españoles en Cuba.

Repito y termino fijando la posición: con el pueblo cubano, absolutamente todo; por las libertades del pueblo cubano, absolutamente todo; por la existencia de un régimen como el de Fidel Castro, absolutamente nada.

(-p.1404-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Crespo, para cerrar el debate.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Mire, señor Aguilar, iniciativas como la que hoy -tarde- discutimos en las Cortes de Castilla y León han contribuido a pararles a ustedes los pies; a pararles una política exterior en la cual ustedes, recién llegados a la Moncloa, pretendían cambiar lo que han sido costumbres, lo que han sido relaciones internacionales, lo que ha sido una política exterior consensuada entre todos durante muchos años; y que en el caso del Gobierno, el caso de Cuba, ni siquiera el régimen anterior había alterado. Por lo tanto, si estas iniciativas se discuten tarde en estas Cortes, volveríamos al debate de siempre, ¿por qué nunca llegamos a tiempo en las Cortes de Castilla y León para discutir los asuntos que, en determinado momento, están afectando o tienen inquietud o tienen interés para los ciudadanos?

Pero, desde luego, tenga usted la certeza, señor Aguilar, que han sido iniciativas como ésta, en las Cortes de Castilla y León, en distintos parlamentos, en distintos municipios, en distintas diputaciones las que les han puesto a ustedes en evidencia, y hemos logrado pararles los pies a su entreguismo, recién llegados al Gobierno de la Nación. Porque su rectificación actual...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías. Por favor.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ...la rectificación actual del señor Aznar, en relación con el bloqueo, obedece a una toma de posición anterior. Si el señor Aznar -y el Gobierno de la Nación- no se hubiera visto emocionado por la visita del Vicepresidente de los Estados Unidos y hubiera llegado más lejos de lo que va incluso la propia Administración americana... recuerden ustedes, el señor Clinton y el Vicepresidente de los Estados Unidos -el señor Al Gore- están en minoría en el Congreso de los Estados Unidos y, conocen ustedes, que en su propia campaña electoral están introduciendo muchos matices, incluso la posible derogación de la Ley Helms-Burton; eso se conoce que ustedes no se enteraron a tiempo, pensaron que convenía hacer la pelota al líder americano, y ahora ustedes han tenido que rectificar. Y yo le sugiero... soy, procuro ser totalmente justo. Es conveniente que en política exterior las rectificaciones sean las justas, las relaciones internacionales y la política exterior es fruto del esfuerzo de muchos años, es fruto generalmente del consenso. Y, por lo tanto, las improvisaciones, las frivolidades, los ramalazos ideológicos -señor Aguilar- de condenar a un régimen exclusivamente por razones ideológicas, olvidando las circunstancias en las que ese régimen llegó a constituirse y olvidando las condiciones de vida en que se está viviendo y se está desarrollando el pueblo cubano; esos ramalazos ideológicos, señor Aguilar, les llevan a ustedes a rectificar.

Pero es que han tenido que rectificar en varias ocasiones; ustedes, que metieron la pata a fondo, a fondo, apuntándose a ese bloqueo, apuntándose a ese bloqueo... les recuerdo que el señor Fraga Iribarne, el señor Fraga Iribarne ya les dijo que el señor Helms era muy parecido a Blas Piñar -su líder, el señor Fraga Iribarne, comparó al congresista americano a Blas Piñar-, pues ustedes tienen que rectificar sistemáticamente y, además, obligados por sus socios de gobierno. Ustedes, para sacar adelante ese ramalazo ideológico en contra del régimen cubano -que, como consecuencia de ese ramalazo, quien sufre las consecuencias es el propio pueblo cubano-, ustedes se apuntan al bloqueo, fuerzan a sus socios de gobierno en el Congreso de los Diputados y, posteriormente, quince días después, ustedes tienen que rectificar. Y eso, estará de acuerdo conmigo que no es bueno en las relaciones internacionales, porque, además de romper una tradición con el pueblo cubano, no conviene a los intereses españoles y, por lo tanto, sugiere improvisación y sugiere falta de preparación.

Sepan, además, que el crédito FAC último que concedió el Consejo de Ministros -en funciones ya- para esa panificadora y para esas becas de estudio estuvo a punto de provocar un conflicto serio, en un traspaso de poderes que todos hemos calificado de ejemplar y de modélico; y ustedes se volvieron montaraces de repente y montaron un follón tremendo en relación con ese asunto. Sepan ustedes que la colaboración y los intereses económicos de España con Cuba son muy importantes; que el volumen de negocio que se mueve entre España y Cuba supera los 40.000 millones de pesetas; que España es el principal proveedor de Cuba; y que las exportaciones cubanas suponen hacia el pueblo español en torno al 20%. Y sepan usted que con errores como el que cometen, con estas decisiones improvisadas que toman, no facilitan para nada el tránsito pacífico a la democracia en Cuba. Porque el régimen castrista se alimenta del bloqueo; y no puede ser que a un pueblo, como el pueblo cubano, lo tengamos condenado a la miseria, al hambre, a pasar tremendas dificultades exclusivamente, exclusivamente porque los americanos pretendan derrotar ideológicamente y sin posibilidad de recuperación a un proceso revolucionario como el que se dio en Cuba; y, a eso, ustedes no debieran apuntarse. Y la situación cubana evolucionará pacíficamente, si el bloqueo se rompe, si los ciudadanos conocen otras formas y otros hábitos de vida, y si pueblos y naciones como la nuestra mantienen criterios de solidaridad, de cooperación y de ayuda al desarrollo.

(-p.1405-)

Por lo tanto, señor Aguilar, ustedes han forzado una discusión en nuestro país que no es necesaria y que no es justa; que no conviene a los intereses de nuestro pueblo; que rompe una tradición con el pueblo cubano de orígenes históricos y que no ha sido modificada, independientemente de los regímenes políticos. Que ustedes han tenido que forzar su mayoría parlamentaria por una veleidad de este tipo; que ustedes han tenido que rectificar porque sus socios en el Congreso de los Diputados les han advertido de que eso era un error tremendo. Y ustedes tienen que rectificar, porque iniciativas como ésta, y en todas las Comunidades Autónomas, y en muchísimos municipios, les dicen que han metido la pata, y que los ramalazos ideológicos para condenar regímenes no se los puede permitir uno cuando tiene la responsabilidad de gobernar España. ¿Que aquí no quieren apoyarlo? Bueno, pues será que son persistentes en su ramalazo ideológico. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Procedemos a someter a votación la Proposición No de Ley que ha sido defendida. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y nueve. A favor: veintitrés. Y en contra: cuarenta y seis. No hay abstenciones. Queda, pues, rechazada la Proposición No de Ley sobre cooperación con el pueblo cubano.

Señor Vicepresidente, le ruego dé lectura al decimoséptimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Decimoséptimo punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley 4-I, de Modificación de la Ley 5/1993, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En su nombre, y para su defensa, señor de Meer, tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Subo para defender, en nombre de mi Grupo, del Grupo Parlamentario Socialista, la Proposición de Ley que pretende que se modifique el Artículo 25 de la Ley de Actividades Clasificadas. Una Ley que aprobamos en esta Cámara hace poco tiempo, en el año noventa y tres, y que está siendo sometida a una serie de modificaciones.

El problema de los ruidos, de las molestias, en las ciudades, en nuestras ciudades, pues ha tenido un gran protagonismo en las denuncias, en las protestas que se han presentado ante el Procurador del Común. Este tema de los ruidos en las ciudades está vinculado a diversas actuaciones, diversas actividades, sin duda actividades industriales, actividades comerciales; pero, fundamentalmente, hoy en día está vinculado a ciertos comportamientos sociales, a ciertas especies de entretenimientos, de diversiones, que hacen que ciertos locales estén abiertos hasta altísimas horas de la noche, con deficiencias de insonorización y con gravísimas molestias a los vecinos, no sólo del inmueble en cuestión, sino de los vecinos, en general, de la calle o del edificio.

Este asunto, el asunto de cómo interviene la Administración cuando existen molestias de este tipo, pues está regulado en la Ley de Actividades Clasificadas. Creíamos que estaba regulado suficientemente, pero la interpretación que la Junta da a esta regulación parece que es inadecuada.

El Artículo 22 de la Ley, cuando existen denuncias en los funcionamientos deficientes de algunas actividades, pues prevé un mecanismo, en virtud del cual debe ser el Ayuntamiento, el Alcalde, el que requiera al titular que se corrijan las deficiencias. Pero en el supuesto de que el Alcalde, de que la autoridad municipal no lo haga, subsidiariamente, permite que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, primero, lo ponga en conocimiento del Alcalde, y si el Alcalde no atendiera la solicitud de la Consejería, las actuaciones necesarias para eliminar las molestias al vecindario sean ordenadas por la Consejería de Medio Ambiente en los términos que dice la parte anterior del mismo artículo.

Por lo tanto, la Consejería puede intervenir en el caso de las denuncias. Se puede llegar, si el particular, si el titular de la actividad no interviene, no hace caso a lo que le dice la Administración, a que se suspendan las actividades. Y, efectivamente, el Artículo 24 de la Ley dice que el Alcalde o el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio podrá paralizar con carácter cautelar cualquier actividad en fase de construcción o explotación, total o parcialmente, cuando de produzcan algunas de estas circunstancias. Por tanto, la Consejería puede, primero, incitar a la Administración Local a que actúe; y, en el supuesto de que no actúe, incluso a paralizar una actividad.

Pero cuando se llega a la introducción de las medidas correctoras, a la introducción de las medidas correctoras, la Junta, cuando contesta al Procurador del Común -porque el Procurador del Común le dice que la Junta debe actuar introduciendo, fomentando la introducción de medidas correctoras-, la Junta contesta al Procurador del Común diciéndole que, en el Artículo 25 de la Ley, la única Administración competente es la Administración Local.

Ésta es una lectura muy discutible del Artículo 25 de la Ley de Actividades, porque el Artículo 25 dice que "Cuando el titular de una actividad en funcionamiento, como en suspensión cautelar o clausura definitiva, no adopte medidas correctoras, la autoridad que haya requerido la acción podrá ejecutarlas con carácter sustitutorio". "...la autoridad que haya requerido la acción", puede ser la Corporación Local o puede ser la Consejería, o puede ser la Consejería.

(-p.1406-)

Por lo tanto, la Junta no puede evadirse, como parece que se evade cuando contesta al Procurador del Común, diciendo que sólo en el supuesto... que sólo en ese supuesto puede actuar la Administración Local.

Por eso, el Procurador del Común, cuando se dirige en el Informe a estas Cortes, sugiere una nueva redacción del Artículo 25 de la Ley de Actividades Clasificadas, en el sentido de que cuando el titular de una actividad clasificada en situación de suspensión temporal o clausura definitiva no adopte las medidas requeridas, el Ayuntamiento o la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en concordancia con lo que dice el resto de los artículos de la Ley, podrán ejecutarlas con carácter sustitutorio, siendo a cargo del titular los costes derivados, que serán exigibles por vía de apremio.

Nosotros creemos que éste es un texto claro, un texto contundente, que evitará estas interpretaciones en virtud de las cuales la Consejería decide que no tiene por qué actuar en estos asuntos; y que, en el caso de que sea tomado en consideración, aprobado en este Pleno de las Cortes, permitirá iniciar una tramitación parlamentaria de esa nueva ley, de esa Modificación de la Ley de Actividades Clasificadas, que -sin duda- con enmiendas, con aportaciones de todos los Grupos, podamos perfilar y podamos dar un texto adecuado y definitivo que pueda perdurar en el tiempo al Artículo 25.

Lo importante es que modificar la Ley de Actividades Clasificadas no tiene que dar ningún miedo. Recientemente se ha modificado, se ha modificado, no a petición de la Consejería de Medio Ambiente -que es la que debería haberlo hecho, probablemente-, sino a petición de la Consejería de Industria. Y así, en la tramitación de la Ley de Equipamientos Comerciales, hemos modificado dos artículos de la Ley de Actividades, clarificando las características, y las condiciones, y los efectos de las licencias de apertura.

Por lo tanto, yo creo que lo que venimos a traer aquí hoy es a iniciar un procedimiento parlamentario que permita incrementar las facultades de la Junta en este tipo de intervenciones, facultades que es bueno que estén residenciadas en la Junta; en muchas Corporaciones Locales es difícil que la autoridad municipal pueda hacer cierto tipo de actuaciones, precisamente porque, siendo una de las grandes ventajas de las Corporaciones Locales la proximidad, también es uno de sus inconvenientes. Y residenciar en un órgano superior, como es la Junta de Castilla y León, esas facultades da mayores garantías a los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma para que se respete su tranquilidad, para que se respete su descanso cuando es violado por actividades tan molestas y tan desagradables como puede ser vivir encima de un bar musical. Nada más. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Juan Castaño.

CASTAÑO CASANUEVA

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA: Gracias, señor Presidente. Señorías, el Grupo Socialista, con muy buena intención, nos plantea la modificación del Artículo 25 de la Ley de Actividades Clasificadas. Y la modificación que plantea el Grupo Socialista se refiere estrictamente a la subsidiariedad en la ejecución forzosa de aquellos actos que inicia, que empieza un Ayuntamiento, y quiere que la subsidiariedad le corresponda, en la ejecución forzosa, a la Consejería de Medio Ambiente.

Y nosotros pensamos que esto, en principio, no es legal, no es práctico, no solucionaría absolutamente nada. Tienen en la modificación de este artículo un gran olvido -como luego veremos-, cual es la notificación previa. Y también entendemos que la Ley tiene suficientes recursos para poder cumplir la normativa de ruidos y que no haya absolutamente ruidos.

No debemos olvidar que la Exposición de Motivos de la propia Ley considera cuatro pilares fundamentales: el Artículo 45 de la Constitución, de que todo el mundo tiene derecho a un medio ambiente grato, y que las instituciones colaborarán en ello; el Estado de las Autonomías; las normas emanadas de la Unión Europea; y el cuarto pilar en el que se apoya esta Ley era el profundo respeto que había que tener a la autonomía municipal. Eso queda clarísimamente indicado en la Exposición de Motivos.

Por supuesto, impregnada de este espíritu, la Ley concede a los Ayuntamientos, ya no sólo la autorización de la licencia: la inspección, las sanciones y demás; y deja estrictamente para la Consejería de Medio Ambiente -en el Artículo 22.2- la alta inspección, quedando muy claro que la inspección -en el Artículo 21.1- corresponde a los Ayuntamientos. Y les corresponde también las actuaciones... a cada una de las Administraciones le corresponde la ejecución forzosa, siempre y cuando hubieran iniciado cada una de ellas el expediente.

Es decir, las actuaciones que inicie... el expediente que inicie el Ayuntamiento tendrá que concluirlo el Ayuntamiento; y las actuaciones que iniciare la Consejería de Medio Ambiente las tendrá que acabar, en la ejecución forzosa, la Consejería de Medio Ambiente. Y ello es así porque ustedes saben que la ejecución forzosa la contempla la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y, en el Artículo 95, habla taxativamente que será la Administración que ha sustanciado la acción administrativa la que tenga que ejecutar forzosamente... la que tenga que hacer la ejecución forzosa. Y no habla para nada de la limitación de competencias, no habla absolutamente para nada de subsidiariedad; lo único que refleja es que será la Administración que ha iniciado el acto administrativo quien tendrá que ejecutarla. No simultánea, ni habla de subsidiariedad en ningún lado.

(-p.1407-)

Y ya les digo, Señorías, que ustedes han tenido en la redacción de este Artículo un tremendo olvido, algo que estoy convencido que ningún tribunal podía admitirnos, cual es el apercibimiento previo, la notificación previa antes de la ejecución forzosa; porque produce una indefensión total y absoluta hacia el titular de una explotación. Yo les podría poner a ustedes un ejemplo: usted supóngase que, una vez comunicada una denuncia al Ayuntamiento, y constatado a través de los servicios técnicos de ese Ayuntamiento que, efectivamente, hay unas deficiencias en una actividad, sin previa notificación al interesado, se hace la ejecución forzosa de ese auto.

Usted supóngase por un momento que esa obra -pongamos una cuantía de dinero, 20.000.000 de pesetas- ha conseguido el que se corrijan las deficiencias de insonorización. Ha habido una insonorización a través de pilares, equis, y el costo de la obra en ejecución forzosa son 20.000.000. Y tú, al titular de esa actividad, le dices: "tiene usted que pagar 20.000.000"; dice "hombre, comuníquemelo usted de antemano porque quizá a mí este costo... no lo puedo repercutir en el negocio y tenga que cambiar la actividad, y me dedique a otra actividad diferente".

Y, al mismo tiempo, señor de Meer, yo le digo que creo que en la Ley tenemos argumentos suficientes para que no haya ruidos, para que no haya ruidos, para que se eviten.

Mire, la Ley, en el Artículo 22, le dice taxativamente a los Ayuntamientos que en el mismo momento que tuvieran conocimiento y detectasen unas deficiencias se proceda, pueden proceder al cierre cautelar.

En mi pueblo, en la zona nuestra hay un refrán -que supongo que también en la suya- que dice "muerto el perro se acabó la rabia". Es decir, si usted cierra cautelarmente esa actividad, y no la permite usted abrir hasta que no se hayan corregido las deficiencias, no tenemos por qué ir jamás a la ejecución forzosa de esas obras. Que la haga el propietario, que es su obligación; y al Ayuntamiento, con el cierre cautelar, le basta. No permite la apertura de la actividad en tanto en cuanto, en tanto en cuanto no se hayan corregido las deficiencias.

Por lo tanto, señor de Meer, porque yo creo que causaríamos un perjuicio tremendo al no haber notificación, por el profundo respeto que tenemos a la Ley de Bases, a la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y a la Ley 6/86 de Delimitación de Funciones de las Comunidades Autónomas y la Comunidad de Castilla y León, por todo ello yo creo que no haríamos absolutamente ningún beneficio si modificáramos esta Ley en este Artículo en el sentido que ustedes quieren. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para réplica, don Antonio de Meer tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. No ha estado muy convincente el Portavoz del Grupo Popular, porque su gran descubrimiento ha sido... nosotros proponemos que la Comunidad Autónoma ejerza la... pueda hacer subsidiariamente la ejecución forzosa. ¡Pues claro! Pues si eso es lo que proponemos; o sea, no hay que leer entre líneas el artículo para llegar a esa conclusión.

Y ha dicho una cosa que a mí me parece tremenda, que es que ésa es... que se pueda hacer eso es un principio que no es legal. Yo creo que tenemos que empezar a pensar que las leyes las hacemos aquí nosotros. Será legal desde que nosotros lo incluyamos en nuestra Ley. ¿O es que nuestras leyes no tienen valor? Por favor, ¿no se nos llena la boca de hablar de autonomía, de capacidad de autogobierno...? ¡Y, en algunas ocasiones, parece que estamos hablando en el Pleno de una Diputación de tercera! La legalidad la establecemos aquí nosotros con nuestros votos.

Dice que hemos cometido un gran error en nuestra Proposición, y que eso, por tanto, la invalida por completo; que es que no hayamos incluido el previo apercibimiento al particular. De acuerdo, es un error tremendo. Pero si esto que estamos trayendo aquí hoy es una Proposición de Ley, si se va a iniciar -en el caso de tomarse en consideración- su tramitación parlamentaria; no se preocupe, la enmienda la presentamos nosotros, incluimos el previo apercibimiento nosotros mismos, en una enmienda a nuestra propia Proposición. Eso no es entrar al fondo de la cuestión, sino que es, más o menos, andar por los alrededores. Como no se puede ir al fondo de la cuestión, lógicamente, es no afrontando el problema y desestimando aquí hoy nuestra Proposición.

Y, por último, como no podía ser de otra manera, se ha perdido -yo creo- en alabanzas diversas a la autonomía municipal. Pero ¿qué tiene que ver esto con la autonomía municipal? Si la Ley está llena de intervenciones de la Comunidad Autónoma en esta materia, si es una Ley que da enormes competencias a la Comunidad Autónoma en materia de actividades clasificadas, además de respetar la autonomía municipal. Si de la propia lectura de la Ley, cuando dice que "la autoridad que haya requerido la acción podrá ejecutarla con carácter sustitutorio", está diciendo que puede haber varias autoridades, porque, si no, diría "el Ayuntamiento"; y la propia Ley lo que está diciendo en su espíritu es que la acción ...... pueda hacerla el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma. Pero que ustedes, para no mezclar a la Comunidad Autónoma, para intentar evadirse de los requerimientos que en este sentido les están haciendo, contestan al Procurador del Común diciendo que en este supuesto sólo es el Ayuntamiento el que lo debe hacer.

(-p.1408-)

Por lo tanto, no hay ningún ataque, ninguna fisura en el tema de la autonomía municipal simplemente por especificar quienes son los que puede ejecutar subsidiariamente estas acciones.

Y, el último argumento, que es el de decir que los grandes inconvenientes de la ejecución forzosa... de cómo podría una autoridad insonorizar un local, etcétera, etcétera, cuando a lo mejor el propietario no va a seguir con la actividad; eso es igual para la Comunidad Autónoma que para el Ayuntamiento. Si eso lo hubieran pensado ustedes no existiría este artículo en esta Ley. ¿O es que dejamos correr el riesgo de ese enorme ridículo a los Ayuntamientos, pero no queremos que lo corra la Comunidad Autónoma? La ejecución subsidiaria en muchas ocasiones puede resolver problemas, problemas menores que hagan que una situación que puede ser realmente tensa, realmente molesta, se solucione con satisfacción para todos. Si lo pueden hacer los Ayuntamientos ¿por qué no lo puede hacer la Comunidad Autónoma?

Yo creo que simplemente esta postura general, en muchas ocasiones, de la Junta de Castilla y León y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en particular, de intentar quitarse de encima problemas, de intentar traspasar a otros -siempre a otros- las responsabilidades, lo único que hace que, en este caso, no quiera asumir de manera clara, de manera... sin que quepa ningún tipo de dudas, esa capacidad de ejecución subsidiaria que la Ley confía a los Ayuntamientos -y nosotros creemos que también a la Comunidad Autónoma-, pero que ustedes no quieren reconocerlo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para dúplica, señor Castaño.

CASTAÑO CASANUEVA

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA: Sí, gracias señor Presidente. Muy brevemente. Para decirle al señor de Meer que, efectivamente, hombre, yo creo, señor de Meer, sabemos el foro político en el que estamos ¡qué duda cabe!, que estamos aquí y tenemos una obligación, que es la de legislar. Pero usted sabe que legislar no es hacer una ley al capricho y la medida que cada uno queramos, que cada Comunidad Autónoma quiera; tenemos que tener un profundo respeto para la legislación básica.

Y usted sabe perfectamente que no podemos legislar en contra de la Ley de Bases de Régimen Local. Y usted lo debe saber perfectamente; en absoluto podemos legislar en contra de la ley. Y usted me lo está diciendo en cuestión de la autonomía municipal. Y la autonomía municipal es soberana; y para eso se le ha concedido a través de la Ley de Bases una autonomía grandísima, y hay que respetarla por nuestra parte.

Mire, usted me estaba diciendo lo de la ejecución forzosa, que es exactamente igual para un Ayuntamiento que para una Comunidad; si le estoy diciendo que sí, efectivamente es lo mismo. La ejecución forzosa la realiza el Ayuntamiento o la realiza la Diputación. Cuando yo le estaba hablando de la ejecución forzosa en la ilegalidad, es el hacer la ejecución forzosa sin la notificación previa, que usted ha reconocido que, efectivamente... Pues qué duda cabe -y he empezado por el principio- que el sistema es muy claro. Se produce la denuncia, ¿ante quién? Si se produce la denuncia ante el Ayuntamiento, y el Ayuntamiento es el que inicia el expediente además, es el que tiene que hacer la ejecución forzosa. Son dos vías total y absolutamente distintas -que nosotros no estamos negando en absoluto-. Y si se produce ante la Consejería de Medio Ambiente, será la Consejería de Medio Ambiente la que inicie el expediente y lo ejecute.

Lo que le estamos hablando es que no es posible la subsidiariedad, porque no lo recoge ni siquiera el Artículo 95 de la Ley de Régimen... de Procedimiento Administrativo, la Ley de Régimen de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. No lo recoge en absoluto; ni lo delimita a la subsidiariedad, ni lo menciona, no hace ni una sola alusión; con lo cual, usted sabe que lo que no está en la ley, no es ley. Y ése es el problema que yo le estaba diciendo, que en el caso de que un Ayuntamiento iniciara el expediente, después se lo pasara a la Consejería de Medio Ambiente para que lo... para que hiciese la ejecución forzosa. No hay posibilidad ninguna.

Otro caso diferente sería que pudiese pedir ayudas. Pero el tema, tal y como usted lo plantea, sinceramente, nosotros no lo vemos, no lo vemos factible. Dice usted que se modifica, de acuerdo. Llámelo usted lo de la ejecución forzosa en la notificación previa; pero, en cualquier caso, le hemos dicho que la Ley, tal y como está, tiene argumentos suficientes y necesarios para tener un verdadero control de ruidos. Como es que cada Ayuntamiento cumpla la obligación que tiene, es decir, conforme a ley: la notificación; una vez notificada y vistas las deficiencias que hay, el cierre cautelar; y se evita usted absolutamente de todo. Usted cierra esa actividad hasta que no se corrijan las deficiencias. ¿Para qué lo va a volver a abrir usted? Corrija las deficiencias y entonces lo abrimos; mientras tanto, yo creo que el tema lo tiene bastante solucionado. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para el turno de fijación de posiciones, por Izquierda Unida, doña Elena Pérez tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Brevemente, por obvio; y por obvia la posición que se está planteando aquí.

(-p.1409-)

Para mi Grupo Parlamentario nos parece que las leyes se promulgan para defensa de los intereses de la ciudadanía; pero que si porque una ley o una parte de la citada ley no sea aplicada, o no se aplique correctamente, y por ello se conculquen derechos de vecinos y vecinas como se está planteando aquí; o porque, dada su ambigüedad, se lleva a cabo un resultado injusto o perjudicial para la ciudadanía, nosotros creemos que estamos en la obligación de redactar -como se ha planteado aquí- de otra forma esa norma...

(Si sé le digo que diez minutos, y así espera usted para tocar; permítame cinco, y luego toque.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Guarden silencio, Señorías.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Todavía me quedan ocho minutos, cuarenta y uno; esperemos que estén todos sentados. Y aunque vaya a ser breve mi intervención, espero que por lo menos no sea molestada; y, además, le pido al señor Presidente en funciones de las Cortes que hasta que no se hubiera consumido mi turno de intervención no hubiera usted tocado el timbre de aviso.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias Señoría, pero tengo que prever que estén los Procuradores para producirse la votación. Gracias.

Señorías les ruego ocupen los escaños en silencio, por favor.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Brevemente -repito-. Si porque una ley, o una parte de esa ley no sea aplicada, o se aplique incorrectamente, o porque dada sin ambigüedad conculque derechos de vecinos o vecinas, o se lleve a cabo un resultado injusto, estamos en la obligación -creemos mi Grupo Parlamentario- de redactar de otra forma esa norma; porque nos parece que muchas actividades, no sólo las denunciadas y recogidas aquí en esta intervención, actividades recogidas -si recuerdan ustedes-, en el antiguo AMINP -seguramente los bancos azules de ahí enfrente se acuerdan-, hace que esas actividades sigan siendo por muchos años molestas, insalubres, nocivas y peligrosas por la falta de intervención de las instituciones implicadas o Administraciones implicadas.

Entonces, nos parece que, debido a que se conculca a veces ese tipo de derechos, y, por muy bien clasificadas que estén clasificadas ese tipo de actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas, será preciso, para que no ocurra... años -no sólo meses, sino que no transcurran años- para que esas actividades sigan siendo de ese tipo, será preciso que otra instancia superior ejecute las normas, sin menoscabo del poder transferido a las Corporaciones Locales. Y esto sí es legal -se lo digo al Portavoz del Grupo Popular- por el poder legislativo -como ha planteado el Grupo Socialista- que tenemos en la actualidad, práctico y, sobre todo, recogido a Derecho. Si la Ley, como dicen ustedes, tuviera suficiente recursos, no nos encontraríamos problemas de este tipo, arrastrados durante mucho tiempo -no sólo días-, en Ayuntamientos seguramente no gobernados por nosotros; si no, a lo mejor, no se arrastrarían tanto.

La recomendación del Procurador del Común nos parece sumamente oportuna y que, además, da razones claras. Esperamos sea recogida por el Gobierno de esta Autonomía con todas las precisiones que considere oportuno: notificación previa, forzosa, etcétera.

Por todo ello, mi Grupo Parlamentario votaremos a favor de la Propuesta del Grupo Socialista. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Sometemos entonces a votación la Toma en Consideración...

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, perdón ¿hay un turno para cerrar el debate?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No hay más turnos.

Decía que vamos a someter a votación la Toma en Consideración de esta Proposición de Ley que acaba de ser debatida y defendida, sobre actividades clasificadas. Bien, ¿votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y nueve. Veintitrés a favor, y cuarenta y seis en contra. Ninguna abstención. En consecuencia, queda rechazada la Toma en Consideración de la Proposición de Ley debatida.

Y el señor Secretario... le ruego proceda a dar lectura al decimoctavo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimoctavo punto del Orden del Día: "Toma en Consideración de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley 5/94 de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En su nombre, el señor González González tiene la palabra para la defensa.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. El treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, el Informe del Procurador del Común es conocido por esta Cámara. De sus contenidos se deducen algunas cuestiones que el propio Procurador, de oficio, en esas actuaciones que nosotros -todos los Grupos Parlamentarios: el Partido Popular, Izquierda Unida, el Grupo Mixto- hemos alabado; precisamente en esas investigaciones de oficio -repito- ha llegado a la conclusión de que determinadas normas de esta Comunidad Autónoma adolecen de determinados vacíos legislativos.

(-p.1410-)

Y así, dice textualmente: "y en esta línea, y en el ámbito de la investigación de oficio iniciada, se ha podido comprobar que la Ley 8/94, de veinticuatro de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León, únicamente se refiere en el apartado 3.1 de su Anexo II -Obras e instalaciones o actividades sometidas a valoración simplificada de impacto ambiental- a las explotaciones subterráneas de recursos mineros, energéticos y metálicos, guardando silencio en cuanto a las realizadas a cielo abierto". Y el Reglamento reproduce los términos de la citada Ley y, por lo tanto, no avanza más en el asunto.

Y el Procurador del Común hace una recomendación a la Cámara, para que tomemos en consideración, si lo consideramos oportuno; y en eso estamos, en la Toma en Consideración, si este Parlamento lo considerara oportuno. Y, desde luego, no puedo pensar que viniendo de una recomendación del Procurador del Común esta Cámara no tome en consideración una cuestión tan razonable; puedo entender lo de la fiscalidad y lo de la capacidad normativa y lo del Impuesto General de Sociedades del País Vasco, pero no entendería que una cuestión de esta naturaleza fuera rechazada. Pues nos dice que tomemos en... y que ampliemos el límite a las explotaciones a cielo abierto para evaluación de impactos y .....

Tengo que decir que -a mi juicio- el Informe del Procurador del Común tiene un asunto cuestionable, y es el obviar que existe una normativa estatal básica que sí habla de explotaciones a cielo abierto y que, de alguna manera, para unos determinados tipos de explotaciones, en unos determinados momentos y en unas determinadas características, sí existe la obligación de efectuar evaluación de impacto ambiental.

El hecho diferencial, aquí -a nuestro juicio- está en la Ley Orgánica 9/93, de veintitrés de diciembre, que transfiere a la Comunidad Autónoma de Castilla y León las competencias en desarrollo legislativo y de ejecución de las siguientes materias -y cito textualmente-: "Se transfiere a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en el marco de la legislación básica del Estado, y, en su caso, en los términos que la misma establezca, el desarrollo legislativo y la ejecución de las siguientes materias...". Y en el apartado c) dice: "normas adicionales de protección del medio ambiente", en el marco de la legislación básica.

Parece evidente, por tanto, que si vamos a la legislación básica y consideramos básicos... -y yo tengo serias dudas de que el Real-Decreto Legislativo en cuestión sea básico, por ser, precisamente, previo a esta norma, y por tanto, esta norma de rango constitucional puede modificar los apartados de aquel Decreto que no lo sean-, pues repito, yendo a aquel Real-Decreto Legislativo, lo que se dice es lo siguiente, en el punto doce del Anexo en cuestión: "serán sometidas a evaluación de impacto ambiental las extracciones a cielo abierto de hulla, lignito u otros minerales". Ahora bien, define qué es "extracción", y dice que "a los efectos del presente Reglamento, se entenderá por extracción a cielo abierto aquellas tareas o actividades de aprovechamiento, explotación........ tal que necesiten y requieran aplicación de la técnica minera y no se realicen mediante labores subterráneas". Es más, define qué son las "técnicas mineras"; y define la técnica minera como la simple utilización de una maquina en el trabajo. Pero también establece límites cuantitativos, y dice que será de aplicación el Real Decreto a las explotaciones de más de doscientos mil metros cúbicos de movimiento de tierras .....

Por lo tanto, si admitimos -y dada la tendencia de la Junta de Castilla y León a admitir como básico lo que le dicen- que este Real Decreto es básico, nosotros tendríamos que movernos en el ámbito de doscientos mil para abajo y de ampliación a canteras y a algún otro elemento importante.

En definitiva, yo creo que la fórmula que propone el Procurador del Común es extraordinariamente simple y vale para el objeto que aquí nos reúne, y es eliminar la palabra "subterráneo" y decir simplemente "explotaciones de recursos mineros, energéticos y metálicos, e incluyendo las instalaciones o actividades secundarias o accesorias incluidas en la explotación minera".

Es curioso. Tal como está redactada la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental tiene que ser sometido a evaluación de impacto ambiental una instalación anexa a una explotación subterránea; puede ser, pues un caseto, puede ser una instalación... un lavadero mínimo o puede ser una estación de carga y descarga. Eso, según el Decreto... según la Orden de Castilla y León, perdón, la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León, tiene que ser sometido a evaluación de impacto ambiental, aunque sea simplificada. Y, en cambio, no tiene que ser sometida a evaluación de impacto ambiental, aunque sea simplificada, una explotación a cielo abierto que mueva ciento noventa mil metros cúbicos al año de tierra, o que extraiga ciento noventa mil metros cúbicos de roca al año. No parece que tenga sentido. Parece bastante razonable que todas las explotaciones a cielo abierto sean sometidas a evaluación de impacto ambiental.

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La dicotomía es a cuál de las dos: la evaluación de impacto ambiental simplificada o la evaluación de impacto ambiental ordinaria. Admitamos que se sometan a una evaluación de impacto ambiental ordinaria las que dice el Real Decreto, y que son básicas; y aportemos nosotros en este debate, y por indicación del Procurador del Común, que el resto de las explotaciones sean sometidas a evaluación de impacto simplificada, para no crear trabas innecesarias a las explotaciones mineras. Pero tampoco admitir que una explotación minera a cielo abierto de ciento noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve metros cúbicos de movimiento de tierras no sea sometida o no tenga obligación legal de ser sometida a evaluación de impacto.

Como -lo mismo que decía antes que la Junta tiene tendencia a admitir como básico lo que le dicen- los empresarios mineros tienen tendencia a desdoblar sus proyectos, pues sin duda, y se está dando en estos momentos, aparecen sobre la misma cuadrícula minera y sobre la misma concesión y sobre el mismo rollo proyectos de explotación sucesivos y colindantes y en el mismo lugar... pero ninguno de ellos, curiosamente, llega a la cifra mágica de los doscientos mil metros cúbicos. Con lo cual, son sometidos... y nadie se da cuenta -o nadie quiere darse cuenta, cualquiera de las dos fórmulas vale- a evaluación de impacto. Y al final, explotaciones de muchos más, tampoco son sometidas a evaluación de impacto.

Yo creo que eso hay que corregirlo; nuestra Propuesta va en ese sentido y, por lo tanto, defendemos que el Procurador del Común tiene razón -a nuestro juicio- y que sería conveniente que la Junta de Castilla y León... que las Cortes tomaran en consideración la modificación de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León en lo que se refiere al punto 3.1 del Anexo II, de la Ley 8/94, y se modifique en el sentido simple de quitar la palabra "subterráneo", de manera que todas las explotaciones a cielo abierto -y digo a cielo abierto sólo porque las otras ya lo están-, a cielo abierto, sean del volumen que sean, sean sometidas a evaluación de impacto ambiental simplificada.

Y hay que tener en cuenta que una evaluación de impacto ambiental no tiene por qué ser un volumen enorme de folios y de hojas de recopilación normativa, que es lo que suele ser en muchos casos, y de un resumen minucioso de las especies, plantas etcétera que existen en esa zona y de si hay o no hay esto, esto, o lo otro. Evaluación de impacto ambiental puede ser una cosa más simple, más fácil de hacer; y eso se pretende con las evaluaciones de impacto simplificadas, a las que nosotros nos opusimos en su momento por no entenderlas, pero una vez que está en la Ley, es un instrumento que hay que utilizar -y, a mi juicio, había que utilizar para estas cuestiones precisamente-. No poner trabas insalvables a los empresarios; pero tampoco permitir que los empresarios puedan hacer explotaciones de esa naturaleza sin ningún tipo de control medioambiental.

Por lo tanto -repito- nuestra idea sigue siendo que se debe modificar la Ley 8/94, de veinticuatro de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, en el sentido indicado y recomendado por el Procurador del Común -que además reúne, entre otras cosas, el ser una persona que en absoluto es sospechosa de defender otros derechos y otros intereses que no sean, precisamente, los de todos los ciudadanos de Castilla y León-; y, entre otras cosas, por eso se llama Procurador del Común; para eso le nombramos estas Cortes; y para eso recientemente, cuando presentó su informe, fue prácticamente aclamado o alabado por todos, no sólo en su trabajo a instancias de parte, como respondiendo a las denuncias de los ciudadanos, o de las Instituciones, o de los propios Procuradores -y este Procurador es un "quejante" del Procurador del Común- sino también ante... actuando de motu proprio en asuntos tan candentes como el ruido, etcétera; y en otro asunto como es éste que -a nuestro juicio- es un tema de extremado interés. Nada más y muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Algún Grupo Parlamentario desea consumir turno en contra? Pasamos, si no, al turno de fijación de posiciones. Renuncia el Grupo Mixto. Por Izquierda Unida, señor Conde Valdés tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Señor Presidente, Señorías. Bueno, efectivamente, la Propuesta del Partido Socialista es literalmente la recomendación que hace el Procurador del Común; y, efectivamente, reconoce que en la Ley 8/1994, de veinticuatro de junio, solamente se refiere a las explotaciones subterráneas y no habla, para nada, en conjunto, de las explotaciones a cielo abierto. Y la recomendación, en concreto, es ésa, que se recojan o que se contemplen que todas las explotaciones a cielo abierto estén sometidas a la Ley de Impacto Ambiental. Yo considero que... Yo tenía mis recelos, yo pensé que el Partido Popular, por aquello del prurito, podría votar en contra. Pero me imagino... bueno, pues a lo mejor votará en contra. Pero sería absolutamente lamentable que el Partido Popular votase en contra de una recomendación del Procurador del Común, que -como bien ha dicho el señor don Jaime-, pues, ha sido aclamado o loado en su intervención aquí en el Pleno de esta Cámara, reconociendo su trabajo y su labor, ¿no?

Y además, no tiene ningún sentido que ustedes se opongan a esta recomendación, porque, si tuviéramos que hablar aquí en claro cómo está la situación de las explotaciones a cielo abierto, a lo mejor teníamos que pedir más de una dimisión. Entonces, si esta recomendación del Procurador del Común lo que hace es completar la Ley para regular mejor, está absolutamente claro que debería ser aceptada y no rechazada; si no, implicaría, efectivamente, que ustedes pasan olímpicamente del impacto ambiental.

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Y como estamos hablando de un tema superimportante, porque se nos llena a todos la boca diciendo "la importancia del medio ambiente", "la importancia de regular las explotaciones a cielo abierto"; bueno, pues ésta es una ocasión y una oportunidad para que el Partido Popular, recogiendo esta recomendación del Procurador del Común, permita mejorar la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y mejorar las condiciones medioambientales de las cuencas mineras. Porque, además, hace una alusión muy importante a las canteras de pizarra, y que, en estos momentos, las canteras de pizarra están provocando un impacto ambiental tan negativo o más que las propias explotaciones de carbón a cielo abierto.

Por lo tanto, desde mi Grupo vamos a apoyar esta iniciativa, esta recomendación del Procurador del Común. Y confío y espero que, evidentemente, el Partido Popular lo haga también.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. El Portavoz del Grupo Popular, señor Castaño, tiene la palabra.

CASTAÑO CASANUEVA

EL SEÑOR CASTAÑO CASANUEVA: Gracias, señor Presidente. Señorías. El Grupo Popular va a apoyar la toma en consideración para la modificación de este..... Pero el hecho cierto es que también quiere fijar su posición sobre estos temas, ya que alguna persona al Grupo Popular le ha dicho que sería improcedente... -una serie de calificativos- que no apoyásemos una propuesta del Procurador del Común. El hecho cierto es que en el punto anterior no la hemos apoyado, y hemos argumentado nuestros motivos. No el simple hecho de que venga del Procurador... de la mano del Procurador del Común, tengamos que aceptar todo.

Pero también hay un hecho cierto, que a mí me gustaría que Sus Señorías supiesen exactamente, como muy bien ha reconocido el proponente del Partido Socialista, señor González, cuando dicho que, efectivamente, parte, parte de la petición del Procurador del Común no se sostiene porque se olvida de la legislación básica. Y el hecho curioso, Señorías, es que yo quiero leerle exactamente, y sobre todo al Portavoz de Izquierda Unida, que tan buen reflejo ha hecho de la situación que hay, le quiero reflejar exactamente cuál es la legislación que está actuando en la Comunidad de Castilla y León; porque yo creo que todavía alguno es que no se ha enterado.

El Artículo 2 de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales de Castilla y León dice taxativamente, en su Artículo 2: "Quedan sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental los proyectos públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en los Anexos I y II de la presente Ley, cuya realización o autorización corresponda a la Administración de la Comunidad de Castilla y León o Diputaciones Provinciales correspondientes, sin perjuicio de los proyectos sometidos a dicho procedimiento por la legislación básica del Estado". Qué cosa más sencilla, Señorías, es acudir a la legislación básica; y, sobre todo, al espíritu que animó a los ponentes -varios que están aquí- en aquellos momentos, cuando hicieron la Ley. ¿Y saben ustedes lo que se hace? Se va a la legislación básica del Estado y dice que es de obligado cumplimiento el hacer evaluaciones de impacto ambiental en las extracciones a cielo abierto de hulla, lignita u otros minerales. Se lo dice clarísimo en el Reglamento; pero se lo dice todavía más claro en el Real Decreto Legislativo 1.302, de veintiocho de junio del ochenta y seis, donde le dice también la obligatoriedad de hacer evaluaciones de impacto ambiental en extracción a cielo abierto de hulla, lignito y otros minerales.

Si ustedes hubieran tenido la oportunidad de haber acudido a los trabajos en Comisión y en el Pleno, se hubieran dado cuenta de que se puso la palabra subterránea porque en la legislación básica del Estado no estaba. Y, efectivamente, una mina subterránea no produce impacto, pero sí la escombrera que funciona. Y por eso, al estar ya recogido y de obligado cumplimiento las extracciones a cielo abierto, se acudió únicamente a la extracción.

Pero le voy a contar una pequeña, una pequeña... me va a permitir el señor González que cuente una pequeña maldad; y es leer únicamente lo que reflejaba, lo que refleja el Boletín del Pleno de catorce de junio del noventa y cuatro, el Diario de Sesiones. Y usted, con buen criterio, decía: "Pero, desde luego, que no quede por reflejar nuevamente las opiniones que nos merece en su conjunto este Proyecto de Ley, cuya única virtud -si es que tiene alguna- es ampliar el listado de actividades que se sometan a la evaluación de impacto ambiental". Eso lo decía usted, lo decía usted. Decía: "Pero para ampliar el listado de actividades contempladas en el Real Decreto Legislativo 1302..." -que yo le he leído- "...y el Real Decreto 1131, hubiera bastado con otro Decreto". Es verdad. Es que usted asumía perfectamente que era complementaria la legislación básica del Estado; y que estaba perfectamente recogido, perfectamente recogido las explotaciones a cielo abierto, cosa que a mí me ha extrañado, sinceramente, que usted trajera hoy.

Pero, en cualquier caso, en aras a intentar mejorar ese artículo, en cuestión de evaluación de impacto, simplificación y demás, atendemos muy gustosamente y vamos a votar a favor.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Oído el parecer favorable de los distintos Portavoces, la Presidencia entiende que puede someterse a votación por asentimiento la toma en consideración de esta Proposición de Ley. ¿Se toma en consideración la Proposición de Ley que acaba de ser defendida y debatida? Gracias.

Queda aprobada su toma en consideración, y la Mesa de las Cortes acordará su envío a la Comisión competente, ordenando, asimismo, la apertura del correspondiente plazo para la presentación de enmiendas.

Señor Secretario, le ruego dé lectura al decimoctavo punto del Orden del Día... decimonoveno, perdón, decimonoveno.

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EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimonoveno punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Proyecto de Ley de Caza de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Vamos a proceder, entonces, al debate de las enmiendas y votos particulares que se mantienen para el Pleno, dejando para el final la votación de dichas enmiendas, votos particulares y correspondientes artículos del Proyecto de Ley.

Para defender un primer bloque de enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene en el Pleno, tiene la palabra el señor don Jaime González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías. Todavía bajo los efectos del shock de que el Grupo Popular haya apoyado la toma en consideración de esta Modificación de la Ley 8/94, de Evaluación de Impacto Ambiental, pues pasamos ahora a otro Proyecto de Ley que -a nuestro juicio- no tiene menor importancia, que es la Ley de Caza de Castilla y León, cuyo primer defecto -y tengo que decirlo así- es precisamente el nombre. Yo creo que no debería haberse llamado una "Ley de Caza", sino que, siguiendo el ejemplo de la Ley que primero se llamó, en la propuesta de la Junta, de Pesca, acabó llamándose de Defensa de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León.

Yo creo que ésta se podría haber llamado, pues, una cosa parecida: "Ley de Protección de las Espacies, o de los Espacios, o de los Espacios y de las Especies, y de Regulación de la Caza en Castilla y León. Lo cual hubiera dado un contenido, o hubiera casi obligado a que la Ley hubiera tenido un contenido de otra naturaleza.

Yo entiendo que el Grupo Popular, y el Partido Popular, y el Gobierno, no hayan querido que se llame así, porque tengo que decir que los contenidos de la Ley no se hubieran correspondido entonces, con ese título: la Ley no es una ley conservacionista; es una Ley de Caza, hecha por cazadores, para cazadores. Por tanto, yo creo que eso es un problema y un defecto que tiene. Y además, una Ley hecha por cazadores, para cazadores, que no han sido capaces de superar ese síndrome de ser cazadores y de legislar no sólo para los cazadores, sino también para la protección de la fauna existente en nuestros campos y en nuestros territorios.

Dicho eso, yo tengo que decir, y agradecer públicamente -y quiero hacerlo de manera expresa-, el tono y el trabajo hecho en la Ponencia. Ambos miembros de la Ponencia por parte del Grupo Popular han -a mi juicio- aceptado dos planteamientos básicos:

Primero. Que el Gobierno -o sea, en este caso, el señor Jambrina- no les dejaba mover una coma de lo que era sustancial a su forma de pensar y a su forma de entender la Ley; y ésa fue una advertencia previa que, por lo tanto, no enturbió prácticamente los debates de la Ponencia. Pero, a su vez, ellos reconocieron que la Ley -y no voy a utilizar una vez más lo de "manifiestamente mejorable", porque era... es extremadamente manido-, que la Ley tenía muchos problemas, tenía muchos defectos, había que mejorarla no sólo de contenidos, sino de redacción y de aspecto formal, teniendo en cuenta que, una vez debatidas las Enmiendas de Totalidad y rechazadas, ese texto pasa a una publicación, pasa a ser vinculante para los ciudadanos y, por lo tanto, tiene que ser inteligible; y había algunos artículos -si bien pocos- que eran, incluso, difícilmente inteligibles.

Ese problema, además, está en el origen de las cosas, está en el origen de la confección del anteproyecto. El Ponente, señor Coloma Baruque, se hinchaba a decirme que no, no, que el proyecto... el anteproyecto lo había hecho la Junta. El anteproyecto -y he tenido la santa paciencia, señor Baruque, de agarrarme el que me mandaron a mí cuando pedí la documentación del asunto-, el anteproyecto lo hizo un consulting; y un consulting además -y tengo que decirlo así- con escasas directrices. Y, por lo tanto, el resultado final del evento, que nos costó, por cierto -como ya he dicho muchas veces, pero lo sigo insistiendo- es... nos costó 7.000.000 de pesetas; que si lo hicieron al final los servicios de la Junta, fueron 7.000.000 tirados a la basura y, por lo tanto, de utilización dolosa; y si no, pues, realmente no sé para qué. Bueno, pues repito, el proyecto era extraordinariamente defectuoso; tenía algunos artículos extraordinariamente precisos, como por ejemplo el 4, del que después hablaremos, donde no nos admitieron ni la variación de una coma, aunque se podría, incluso, haber mejorado el continente, habiendo respetado el contenido.

Pero ese defecto de origen, ese defecto de falta de control, ese defecto de redacción por un consulting lo ha tenido y lo ha arrastrado el Proyecto hasta siempre. Yo sé que el señor Coloma Baruque me va a decir lo de siempre: que el Ministerio de Obras Públicas encargó a consultings los estudios de los trasvases, y de tal, y del Plan Hidrológico Nacional. Y es evidente que es razonable que una cosa sea así y la otra no. Yo creo que la Consejería, y yo conozco a los técnicos, además, de la Consejería de Medio Ambiente, tienen capacidad suficiente para haber hecho desde el primer momento, bajo el control y el asesoramiento y las directrices políticas del Consejero o de su Director General correspondiente, o del Equipo de Dirección, haber redactado el proyecto desde el primer momento, y no haber quedado en manos de personas que, en estos momentos, lo que querían era hacer un proyecto a toda velocidad.

Y el Pliego de Condiciones Técnicas, que es la clave de la redacción del proyecto, porque ahí en ese Pliego de Condiciones Técnicas era donde se tenían que haber dado al autor del anteproyecto las directrices pertinentes, en ese Pliego de Condiciones Técnicas no se decía nada más que tenía que constar de no sé cuantos títulos, etcétera. Pero no se daban directrices concretas para la redacción del proyecto.

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Y cuando en posterior pregunta, yo pido que se me den esas directrices, y los documentos, y las órdenes, y las consignas, se me contesta diciendo que no hay ni documentos, ni órdenes, ni consignas, que ésas fueron de naturaleza privada, y que allí había unas reuniones tumultuosas, pero que de eso no ha quedado reflejo de ningún tipo. Bueno.

Pues ese origen del proyecto y del anteproyecto trasluce a todo el proyecto, y nos ha llevado a la Ponencia a tener, por mucho menos dinero además, por mucho menos dinero de los 7.000.000, a mejorar desde luego el Proyecto de Ley; cuestión que tenía que haber hecho la Consejería previamente a mandar a esta Cámara un Proyecto tan defectuoso, tan mal redactado, con tantos contenidos inexactos y poco rigurosos, con independencia del contenido de fondo, que ahora vamos a hablar de él, que no tiene otra cuestión.

Vamos a hablar ahora del fondo de las enmiendas. ¿Qué pretendíamos con las enmiendas? Y digo que una vez rechazada la Enmienda a la Totalidad, nosotros aceptamos, aceptamos que nuestro objetivo ahí tiene que ser hacer un Proyecto lo más... lo mejor posible.

Yo creo que el espíritu de la Ley lo dice, o lo dijo "El Mundo" de Castilla y León el doce de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en un titular que decía: "La futura Ley de Caza pretende que el dinero llegue a los propietarios de los terrenos". Ése es el objetivo de la Ley de Caza. No es proteger la fauna, no es regular la caza; lo dice claramente aquí. Y ahora vamos a hablar de que eso tiene una excepción confiscatoria; hablaremos de ello dentro de un momento. Pero ése es el espíritu de la Ley de Caza. Es una Ley mercantilista, una Ley no protectora, una Ley privatizadora de los derechos cinegéticos. Es una Ley, a nuestro juicio, poco consistente, poco beneficiosa para los intereses generales de todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma que no somos cazadores. Porque yo creo que todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma vamos a sufrir la Ley de Caza, y, por tanto, todos tendríamos que tener... estar protegidos o regulados por esa Ley. Esa Ley sólo regula a los cazadores, y se olvida de los intereses generales. Y ése, a nuestro juicio, es el principal defecto que tiene la Ley, sin duda de ningún género.

Por lo tanto, qué apartados consideramos nosotros fundamentales que había que haber cambiado en la Ley y que no se han cambiado. Primero, el aspecto básico de la titularidad cinegética. Y ahí entronco nuevamente con el titular de "El Mundo", es evidente que si queremos que el dinero de la caza llegue a los propietarios de los terrenos... cuestión dudosa, porque el Código Civil no dice eso, el Código Civil dice que la caza es de quien la coge, es res nullius, la puede coger quien la aprehenda. No liga la propiedad de la caza a la propiedad de los terrenos; sería absurdo, porque las liebres ni están con lazo, ni están... y ligar la propiedad de la caza, en determinado momento, adonde estén... nos parece un absurdo -repito-. Pues... la titularidad del recurso cinegético, nosotros defendíamos en nuestras enmiendas -y era una enmienda básica- que debería ser de la Comunidad Autónoma, siguiendo al Código Civil. Si el Código Civil dice que la caza no es de nadie en concreto, nosotros interpretamos que la caza es de todos; y si la caza es de todos, quién representa a todos mejor que la Comunidad Autónoma; y quién representa y administra mejor los intereses de todos -o debería hacerlo- que la Junta de Castilla y León, como Gobierno de los ciudadanos de Castilla y León. Yo creo que el argumento es rigurosamente irreprochable. ¿Qué ha hecho la Comunidad Autónoma? Seguir modelos de otras Comunidades Autónomas, entre ellas algunas socialistas como Castilla-La Mancha -que también me lo va a decir don Narciso Coloma Baruque, y me parece muy bien que me lo diga; además, me trae sin cuidado que me lo diga, porque cada Comunidad Autónoma es autónoma, porque puede hacer lo que quiere-, pues, repito -dentro del marco legislativo correspondiente-, pues repito: nosotros podíamos haber optado por el modelo de regionalizar la caza. Y no se ha hecho así. Eso liga la propiedad de la caza a la propiedad de los terrenos. Y eso imbrica, entronca con el objetivo de esta caza, que es un objetivo rigurosamente mercantilista.

Por lo tanto, nosotros defendíamos la titularidad del recurso cinegético para la Comunidad Autónoma y la cesión de esos derechos cinegéticos a los titulares de los cotos, a los Ayuntamientos, etcétera, de manera incluso gratuita, y automática, incluso, a quienes... a todos aquellos que cumplieran los requisitos que la Ley debería haber fijado. Pero, en principio, el titular del recurso es la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Pero vamos... eso lo dice en el Artículo 4. Pero vamos al Artículo 20. Y el Artículo 20 habla de las reservas regionales de caza. ¿Qué son reservas regionales de caza? Las actuales reservas nacionales y cuantas se creen con ese nombre. Y ahí, ¿qué pasa? Pues ahí, resulta que el Artículo 20.2 dice: "la titularidad cinegética de las reservas regionales de caza corresponde a la Junta". Es curioso; o sea, en el resto del territorio la titularidad es de los propietarios, y en las reservas de caza, sin ningún tipo de compensación, sin ningún tipo de canon, sin ningún tipo de... ningún tipo de nada, se confisca el recurso de la caza y se atribuye a la Comunidad Autónoma.

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Y yo no diría "confisca", si el Artículo 4, el primero, dijera: "el recurso cinegético es de la Comunidad Autónoma". Entonces, de acuerdo. Pero si establece como base principal del Proyecto de Ley que el recurso cinegético es de los propietarios de los terrenos, ¿qué pasa en las reservas de caza, qué pasa, que hace distinta a las reservas que lo demás? ¿Por qué los Ayuntamientos de las reservas y titulares de terrenos de las reservas no tienen derecho a la caza y sí lo tiene el colindante que no está en la reserva? ¿Por qué esa confiscación del derecho cinegético no tiene compensación en ningún canon? ¡Cuidado!, señor Jambrina, puede usted hacer los gestos que quiera; había una enmienda que establecía que tenían que tener un canon. Y no es así.

Por lo tanto, primero, en el Artículo 4 declara que el... los recursos cinegéticos son de los propietarios de los terrenos, y en el Artículo 20 dice: sí, sí, pero excepto en las quinientas mil hectáreas donde hay reservas de caza, que ahí como hay caza -caza mayor, caza que vale dinero, caza que cazan unos privilegiados-, ahí no, ahí la titularidad es de la Junta de Castilla y León. Pero ¡por favor!

¿Y para qué esa titularidad? Yo he cogido las memorias de las reservas en la última temporada, y he elegido una al azar: Riaño, pues una reserva como cualquier otra, podría haber sido Mampodre, o Fuentes Carrionas, o cualquier otra... hubieran sido mayores los números o menores, pero los conceptos serían más o menos los mismos. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto ha ingresado la Junta por una reserva nacional de caza como la de Riaño...? Todavía no es regional; lo será cuando aprobemos esta Ley, si nadie lo remedia. Seis millones ochocientos ochenta y cinco mil cincuenta y cinco pesetas. Ésos son los ingresos de la Junta por la reserva nacional de caza de Riaño en la última temporada.

¿Cuánto ha gastado la Junta en la reserva nacional de caza ese mismo año? 123.000.000, exactamente. Y le voy a decir en qué: en daños, 8.200.000, lo menos; en obras, 26.000.000... ¡Cuidado!, 26.000.000 no sometidos a regulación, que subirán o bajarán en función de sus deseos y no de los titulares del recurso cinegético, que si mañana estas Cortes deciden suprimir la votación, porque ustedes mandan y quieren suprimirlas, los Ayuntamientos se quedarán sin un duro, y, por lo tanto, vuelta a la financiación graciosa, a los donativos, y no a la financiación reglada del recurso. ¿Y cuánto en personal? 54.000.000. Y, siguiendo una norma general, si sumamos el 30% de gastos generales, estamos en los 123.000.000 de pesetas. ¿Para qué? Pues para cazar cuarenta y nueve corzos, treinta y nueve rebecos, a un precio módico, ¿eh?, para que tengan acceso a todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma: 162.000 pesetas de media cada corzo, 270.000 cada rebeco -al alcance de cualquier trabajador de esta Comunidad Autónoma, pues porque sí-, cincuenta y cuatro rebecos "selección", ciento cincuenta y ocho rebecas "selectivas", doce rebecos "selectivos", veintitrés ciervos y diecisiete ciervos "selección". Lo más asequible de todo, desde luego, es la rebeca "selección" que está en 270.588 pesetas. Luego nos gastamos... y eso lo hacen trescientos cincuenta y dos cazadores, privilegiados todos ellos, que pueden pagar 270.000 pesetas por matar un rebeco, cuyo mantenimiento le cuesta a nosotros, a mí, me cuesta 123.000.000.

¿Pero qué sentido tiene eso? Si ustedes aceptan el planteamiento ese, socialicemos las reservas de caza. Las reservas de caza... señor Consejero, si yo sé que usted piensa que no, porque ¿qué iba a hacer usted? Si yo sé que piensa eso. Me parece muy bien. Píenselo. Pero ¿por qué no decide usted, por qué no decide usted, por qué no decide usted, señor Consejero -si es que me permite seguir hablando-, por qué no decide usted que esos trescientos cincuenta y dos permisos se hagan por sorteo, en lugar de aquel que tiene 270.000 pesetas en el banco? ¿Por qué? Si al final a la Comunidad Autónoma le va a costar el dinero igual. ¿Por qué? Si no, si yo lo entiendo por qué no, ¿eh? Claro, claro, yo lo entiendo perfectamente.

Bueno, pues yo creo que ese concepto "expropiar o confiscar" los derechos cinegéticos de los Ayuntamientos y propietarios de las reservas nacionales, para que puedan cazar trescientos cincuenta y dos privilegiados que pueden pagar 270.000 pesetas por una pieza de caza, me parece excesivo. Porque, además, se puede hacer lo mismo, conservar las especies, y en lugar de que sean trescientos cincuenta y dos privilegiados, podrán ser trescientos cincuenta y dos paisanas o paisanos de esta Comunidad Autónoma que tengan la suerte de desear matar un rebeco, o una rebeca de esas, en una reserva de caza, y que echen un sorteo, pero que no tienen las 270.000 pesetas. Ésa es la reserva nacional de caza, reservas regionales que ustedes crean.

Pero, sin embargo, le voy a decir más; no tienen ustedes 19 millones de pesetas para, curiosamente, renovar el coto social de "Los Oteros". Vamos a hablar de ello, porque ésa es otra objeción grave que tenemos a esa Ley. Además, si hiciéramos eso, si declaráramos el derecho cinegético de titularidad de la Comunidad Autónoma, resolvemos hasta el problema de los daños. No tiene que hacer el Partido Popular y el Grupo Popular enmiendas enrevesadísimas para averiguar de quiénes son los daños que producen la caza. Si la caza es de la Comunidad, los daños los paga la Comunidad, con lo cual obviamos si la liebre que corre por la carretera, o el jabalí que va por no sé dónde, sale de un predio de no sé quién, o va a un predio de no sé dónde. No. La titularidad es de la Comunidad Autónoma, los ingresos de la caza los obtiene la Comunidad Autónoma, y los daños los paga la Comunidad Autónoma. Y parece bastante razonable que sea así.

Por lo tanto, con ese sistema, además, resolvemos un problema vidrioso, que genera tensiones, que genera conflictos, que genera incluso juicios, que es el tema de los daños producidos por la caza, como accidentes de tráfico, daños en cultivos, etcétera, etcétera. Y que hoy día sólo se paga -¡faltaría más!- en las reservas nacionales de caza y en los espacios naturales protegidos.

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Pero vamos a ver qué pasa con los cotos sociales. Hoy existe la figura del coto social. Coto social es una superficie que abarca generalmente a varios términos municipales, que arrienda la propia Comunidad Autónoma, que se hace con la titularidad de los derechos cinegéticos, y que los pone a disposición de ciudadanos modestos, generalmente, que no tienen otro sitio donde ir en muchos casos, y que echan un sorteo a sus cotos sociales. Ésa es una buena política; ésa es una buena política. Porque, si no, con esta Ley -y lo decía el día de la presentación-, ¿dónde van a cazar los cazadores urbanos modestos, los que no tienen tierras? ¡Hombre!, ya sé que el Portavoz del Grupo Popular me va a decir que todo el mundo tenemos un pariente por ahí. Y yo le contestaba: "pues yo ni tengo pariente, y si quisiera cazar, no podría". Por lo tanto, es así.

Le voy a decir más: los cazadores modestos, los trabajadores, los que no tienen 270.000 pesetas para cazar una rebeca, los que no tienen un coto de caza a su disposición, los que no pueden pagar 700, 800 ó 1.000.000 de pesetas que cuesta arrendar un coto de caza en muchos sitios, ésos -decía yo entonces- "a pegar tiros en el salón de su casa"; y lo mantengo. Porque la política de los cotos sociales, cotos regionales en el futuro cuando esta Ley se apruebe, si nadie lo remedia -y no lo va a remediar nadie, me da la impresión-, pues, resulta que no habrá ya cotos sociales - prácticamente, el de León, el más emblemático, posiblemente el más antiguo, uno de los más importantes, atraviesa gravísimas dificultades-, porque la Junta... que, eso sí, se gasta 123.000.000 en las reservas nacionales de caza para que cacen no sé cuántos privilegiados, trescientos cincuenta y dos exactamente en la de Riaño, a eso hay que sumarle las de ..... y las demás, que son más dinero todavía, no tiene 19.000.000 para mantener el coto social de los hoteles. Es curioso. Y no ha admitido en la Ley ni una sola enmienda que implique compromisos en esa materia.

Por ejemplo, una enmienda en la Ley concreta que decía "en cada provincia habrá, al menos, un coto social" -o un coto regional de caza como se llaman aquí-; enmienda rechazada. No queremos compromisos de esa naturaleza.

Segunda. Los cazadores que pueden cazar, ejercer su afición en los cotos sociales o cotos regionales de caza, serán prioritariamente aquellos que no son titulares de otro coto, que no han echado nunca a la caza de las rebecas, y cosas de ésas; o sea, cazadores modestos, urbanos que no tienen sitio donde ir. También rechazada la enmienda.

Entonces, ¿cuál es, políticamente, el futuro de los cotos regionales de caza o de los cotos sociales? Si a los hechos nos atenemos, van prácticamente a su extinción; y, por lo tanto, profundizan más en esa situación de los cazadores modestos urbanos que no tienen donde ir a cazar.

Eso se podía haber resuelto de otra manera, cotos privados de caza. Existen cotos privados de caza, no porque la titularidad de la caza sea privada -que eso es lo que seguimos sin estar de acuerdo- sino porque si nos hubieran hecho caso a nuestras Enmiendas, la Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente, hubiera hecho cesión administrativa de los derechos de la Comunidad a un coto privado de caza que se hubiera comprometido a hacer determinadas cosas. Eso es lo razonable. No privatizar el derecho; el derecho es público y lo transmite por cesión administrativa a quien lo solicita y cumple una serie de requisitos. Bueno, existiendo cotos privados de caza, nosotros proponíamos una Enmienda, razonable, que es la siguiente. El 25% -y estábamos dispuestos a negociar la cifra- de las jornadas cinegéticas que existan en los cotos privados de caza, los administrará la Junta a la falta de cotos sociales, etcétera, para que aquellos cazadores que no tengan dónde ir, puedan -utilizando esas jornadas de titularidad de la Comunidad Autónoma- ejercer la caza en determinados sitios. Parece bastante razonable, parece bastante razonable; pues no hay forma. No hay forma de que sea así. Pero, sin embargo, se crean los cotos federativos, que es una concesión a la federación de caza, a las federaciones, y una concepción de la caza como un elemento deportivo. Yo me manifesté, cuando se debatió la Ley de Pesca -de la que soy ponente también- en contra de los concursos de caza y de pesca; entonces de pesca y ahora de los dos, de caza y de pesca, con efectos retroactivos. ¿Por qué? En pesca, todavía los concursos tienen la salvación medioambiental de que se pueden pescar truchas sin matarlas, devolviéndolas al medio y sin ocasionar un daño. Pero, quién concibe... yo, por lo menos, a mí me resulta difícil de concebir que se pueda andar por el campo a ver quién corre más, a ver quién tiene un perro mejor, a ver quién mata más liebres, a ver quién mata más perdices, a ver quién mata más caza. Yo creo que eso es un concepto de la caza que hay que excluir; la caza tiene que ser un elemento lúdico, un elemento en que la gente vaya al campo a divertirse, a pasarlo bien y no a competir con el vecino a ver quién causa un mayor destrozo a los pobres animales de dos patas o de cuatro que no tienen dónde guarecerse. Yo creo que eso es un concepto que hay que cambiar. Bueno, pues, las federaciones son los titulares de la acción de la caza como deporte, como concurso; porque si no, no existirían federaciones, existirían agrupaciones, asociaciones.

No se hacen cotos sociales de caza, o la Ley no va por ahí, desde luego; no se reserva a los cazadores modestos el 25% de las jornadas cinegéticas de los cotos privados; pero sí se hacen cotos federativos de caza, sí se hacen cotos federativos de caza. Y, sin embargo, tampoco se admite una enmienda -yo creo que bastante razonable- de que existen..., si existen los cotos federativos, con mucha más razón deberían de existir los cotos municipales de caza; y no existen los cotos municipales de caza. No se han admitido las enmiendas por las cuales un municipio, un Ayuntamiento, del color que sea, puede constituir el propio coto de caza de carácter municipal.

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Y es así, y yo... es que el señor Jambrina me mira, me mira desesperado, y dice, ¡qué cosas dice este hombre! Pues le puedo decir que lo mismo que puede ser titular de un coto un Ayuntamiento, lo puede ser una federación. Si ustedes crean cotos federativos, creen también cotos municipales. Si no crean cotos federativos, no creen cotos municipales. Pero, desde luego, si tienen ustedes la balanza, no la inclinen siempre hacia el lado que más les gusta, porque es lo que suelen hacer y eso es lo que están haciendo en esta Ley en muchas cuestiones: están inclinando la balanza al lado del privilegiado, del que tiene recursos, del que puede; y no al lado de aquel que no tiene recursos, que no puede. Y entre los que no tienen recursos y no pueden incluyo la fauna; porque la fauna con esta Ley sale absolutamente desprotegida.

Porque es que es otra cosa que hace la Ley. La Ley establece una serie de prohibiciones, dice "métodos no selectivos y masivos". Y dice, en el artículo siguiente, bueno, pues... "sin embargo, esos métodos selectivos y no masivos se podrán utilizan en circunstancias extraordinarias". Pero, bueno, ¿quién puede entender que la dinamita, que es un método no selectivo y masivo, pueda ser autorizado con carácter excepcional alguna vez? O que cual... en un artículo establece las limitaciones que protegen la fauna, y en el artículo siguiente establece desregula... -no sé cómo se dice-, deslegaliza -como se quiera-, las excepciones pertinentes para autorizar, con carácter excepcional las cazas con los métodos que, en el artículo anterior ha prohibido. Y eso está pasando permanentemente. Se dice "no se puede cazar en época de veda"; y al artículo siguiente dice, bueno "salvo que excepcionalmente se autorice la caza en época de veda"; y así sucesivamente. Y yo creo que una cosa es la caza en época de veda -que siempre tiene que estar prohibida- y otra cosa es que para un proyecto científico no se cace, se haga otra cosa, que es adquirir un animal vivo, etcétera. Pero, llamar a todo eso caza, indica, una vez más, la mentalidad que la Consejería y la Junta ha aplicado a este Proyecto de Ley.

¿Qué más defectos tiene esta Ley, que están enmendados, y que hemos sido incapaces de introducir en el proyecto? La planificación. Dice la Ley 4/89 que ustedes... -algunos, no ustedes-, recurrieron, y que ha dado lugar a una sentencia que establece lo que es constitucional de la Ley 4 y lo que no es. El Artículo 4 es constitucional, y, además, está declarado básico en la propia Ley; por lo tanto, la sentencia sólo afecta a los espacios naturales y no al Artículo 4. Luego, la planificación no es un derecho de la Junta; es una obligación de la Junta. Es una obligación del Gobierno regional planificar con carácter regional, no con carácter comarcal y local. Yo puedo entender que, con carácter comarcal y local, planifiquen otros; pero, desde luego, con carácter regional, la única que tiene la obligación de hacerlo es la Junta de Castilla y León. Y, sin embargo, en este Proyecto de Ley no se introducen elementos de planificación regional; es más, se niegan a introducir la confección de un plan de ordenación del recurso cinegético con carácter regional, que fije el marco regional donde se tienen que mover todos los planes comarcales y locales de todos los cotos privados y de todas las comarcas; y se niegan ustedes a hacerlo. Y la Ley 4 es taxativa, dice, 4.1: "Con la finalidad de adecuar la gestión de los recursos naturales y, en especial, de los espacios naturales y de las especies a proteger, a los principios inspiradores señaladores en el Artículo 2 de la presente Ley, las Administraciones Públicas competentes..." -la Junta- "...planificarán los recursos naturales". El recurso cinegético es un recurso natural; planifíquenlo ustedes, no dejen que proliferen los planes comarcales que sí los crea la Ley o los planes de cotos sin que haya un marco general que implique la obligatoriedad de que toda la planificación de rango menor respete expresamente esos planes de naturaleza regional. Pues nada, no hay forma; ustedes vulneran la Ley 4, se la pasan por donde quieren, no hacen un... lo que llaman los técnicos un PORNC (un Plan de Ordenación de los Recursos Naturales Cinegéticos de la Comunidad Autónoma) y permiten que se hagan planes comarcales sin tener ese marco general de la actuación; con lo cual, un plan comarcal puede decir exactamente lo contrario que el de al lado, o un plan local puede decir exactamente lo contrario de lo de al lado. Porque, además, a mí... y tengo que decir que no me parece -y lo que voy a decir lo digo con absoluta consciencia-, no me parece que el requisito de que los planes comarcales y locales los aprueben ustedes sea garantía suficiente ni de calidad ni de homogeneidad, no me parece garantía suficiente. Y a los hechos me remito. Por lo tanto, yo creo que lo que tienen ustedes que hacer es traer a esta Cámara un plan de ordenación de los recursos cinegéticos, y la obligación de hacerlo debería haber quedado plasmada en la propia Ley.

¿De qué podemos hablar más? ¿Qué habla la Ley y que ustedes no nos han hecho ni caso? Ustedes... bueno ya he empezado reconociendo que el talante de la Ponencia ha sido espléndido y que hemos mejorado la Ley. La Ley original era mala, el responsable es el Consejero; de las mejoras, nosotros. ¡Qué le voy a hacer! Si es que es así, no lo puedo evitar.

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Ustedes crean la figura, una figura, a mí me parece preocupante, que le llaman, controladores de predadores -el "de" va separado, o sea, no es "controladores depredadores", sino "controladores de predadores"- y resulta que aparece una figura... o sea, ustedes consideran que todo animal, por el hecho de ser predador, tiene que ser controlable. Y ¿qué significa controlarlo?, ¿matarlo? ¿Cuándo?, ¿cuándo se opina que hay demasiados? ¿Quién opina que hay demasiados? ¿Quién dice que hay demasiados? ¿Dónde se dice? ¿Dónde está reflejado en la Ley ese asunto? ¿Dónde está incluido en la planificación regional qué especies son predadoras, cuáles no son, etcétera? Es facilísimo ser un controlador de predadores, facilísimo; y muchos lo van a ser porque tampoco es garantía suficiente, lo mismo que antes, que sea la Consejería quien tiene que dar esa calificación, no es garantía en absoluto. Muchos de los controladores de predadores serán "controladores depredadores" -sin separación en la "de"- y se dedicarán a utilizar ese extraño título, extraño título, para esto. ¿Pero es que no pueden controlar, caso de que hubiera que hacerlo, las especies predadoras, los agentes forestales de esta Comunidad Autónoma? Claro, teniéndolos como usted los tiene, "enciscados" todo el día, no pueden; pero si fuera... tenemos novecientos guardas forestales, novecientos agentes forestales, ¿pero no son capaces esos novecientos agentes forestales de controlar, de decidir, de decir, etcétera, cómo hay que controlar a los predadores? Qué es peor, ¿un lobo?, ¿un zorro? Llegaremos a las cacerías de zorras selectivas si esta Ley sigue su marcha, si nadie lo remedia, y me da la impresión de que nadie lo va a remediar.

Desde luego, sinceramente, y por no alargarme más, puesto que estoy casi ya en el límite del tiempo...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Está usted en el tiempo, está, está en el tiempo.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Yo creo, sinceramente, que sería un ejercicio de responsabilidad política -todavía estamos a tiempo- retirar la Ley; y, si no retirarla, retrotraerla a un nuevo trámite de Ponencia. Nosotros le garantizamos, señor Consejero, el mismo espíritu que hemos tenido en la que hemos tenido ahora: mejora de la Ley. Pero no sólo, no sólo, no sólo en aquello que es puramente formal, sino también en lo que es sustancial.

Decían... porque esta Ley además es una Ley antigua, la noticia de "El Mundo" que yo he leído hace un rato repite la del año noventa y cuatro; en el año noventa y tres ya estaba dando vueltas la Ley; los ecologistas decían hace bien poco que habían intentado modificar cincuenta y uno de los ochenta y seis artículos que entonces tenía la Ley.

Yo voy a finalizar con un tema del que no he querido hablar hasta ahora, porque, a mi juicio, no es el tema importante, o más importante de la Ley, y no quisiera que el debate hubiera empezado por ese aspecto, vamos a finalizar con él; y es el tema de la edad de los cazadores. El Proyecto de Ley habla de catorce años; a nosotros nos parece una aberración que los chavales de catorce años puedan ir por el campo a cazar. Hemos propuesto una alternativa, que es ligar la... el derecho a ejercer la caza a una edad legal, y hemos elegido la edad, la mayoría civil, que parece bastante razonable; porque yo creo que las cuestiones que pasan en la caza generan problemas civiles y parece normal que la persona que ejerza la caza tenga la mayoría civil y pueda hacerse responsable de aquello que está haciendo. La Ley civil en estos momentos está en dieciocho años. En la Ponencia hemos intentado llegar a una transacción, no hemos llegado; y, por lo tanto, nosotros mantenemos, mantenemos nuestras Enmiendas. Consideramos una buena edad, para portar armas de fuego y cazar con armas de fuego, los dieciocho años. Y únicamente se puede acompañar a cazadores con armas de fuego -acompañar, sin portarlas, sin llevarlas y sin utilizarlas-, desde los catorce a los dieciocho. Pero el ejercicio de la caza sólo podría ser ejercido por aquellos cazadores que tengan más de dieciocho años.

Señor Presidente, yo creo que, con las cuestiones que hemos dicho, sin entrar en cuestiones concretas de enmiendas concretas, hemos dado un repaso a lo que realmente nos parece la Ley. Y la Ley nos sigue pareciendo... como decíamos en nuestra Enmienda a la Totalidad, y, como no ha sido... la Junta no ha tenido a bien autorizar a sus Procuradores a que hicieran ningún cambio sustancial -y están en su derecho, a mí me parece razonable-, nos sigue pareciendo una Ley nada conservacionista. Es una Ley que maltrata a las especies; las especies no las denomina "especies", las llama "caza". Cuando habla de los conejos o de las liebres, no habla de fauna, habla de caza. Una cosa es la caza, el ejercicio de la caza, y otra cosa es la fauna cazable. Son dos cosas absolutamente diferentes.

Por lo tanto, el espíritu de la Ley lo traduce muy bien eso: no hay... escasísimamente conservacionista. Es una Ley productivista; es una Ley que trata de regular... además -y no he hecho referencia a ello, pero la puedo hacer en último momento con suma brevedad- crea, pues, cotos industriales de caza, granjas cinegéticas de caza. Como decía Antonio Herreros en aquel... tal, de esas piezas de caza, que las daba -él decía así- con la pierna y había que apartarlas de uno. Ése es el concepto de caza que se vierte en esta Ley.

Por lo tanto, lamentándolo profundamente, y sabiendo de antemano que vamos a perder la votación de todas las Enmiendas -supongo- de las que han quedado; agradecer nuevamente el espíritu del equipo de la Ponencia en la mejora de lo mejorable de esta... de este proyecto; y anunciar que seguiremos trabajando, si es que se nos da una oportunidad. Pero, mientras tanto, yo creo, realmente, que una Ley tan... tan poco... tan poco buena -vamos a decirlo así- para el conjunto de los elementos que integran el medio natural de Castilla y León, desde su fauna hasta los cazadores, pasando por el resto de los usuarios del medio natural, que no somos ni cazadores ni nada, y que nos vemos seriamente perjudicados por esta Ley; aparte de los Ayuntamientos, que son confiscados en sus derechos por el Artículo 20 de la Ley, una vez que se declara con carácter previo que la caza es de los propietarios de los terrenos, se dice en el Artículo 20 que "excepto en las reservas de caza" (porque ahí no, ahí es de la Junta, porque ahí hay caza y ahí hay trescientos cincuenta y dos señores que quieren cazar y pueden cazar porque tienen dinero). Yo creo que deberían retirar el Proyecto de Ley y retrotraerlo al trámite, por lo menos de... yo creo que de Ponencia, porque en Ponencia estoy seguro que, con más libertad en los señores Procuradores del Grupo Popular, llegábamos a hacer un proyecto bastante más razonable.

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EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para turno en contra, señor Baruque, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, señor Presidente. Subo a esta Tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, con la satisfacción de saber que Castilla y León, la Comunidad más extensa de Europa y con un enorme potencial cinegético -en nuestra opinión, por supuesto-, va a poder contar a partir de hoy, antes de cerrar este período de sesiones, con una Ley de Caza propia. Y esa satisfacción la voy a mantener con un buen tono en toda la intervención, porque realmente creo que es bueno y conveniente para esta Comunidad que tenga una Ley de Caza. Una Ley de Caza necesaria -como ya explicó el Consejero en la presentación del Proyecto de Ley, con argumentos que no voy a repetir ahora y que constan en el Diario de Sesiones-; y que va a ser posible, en primer lugar, pues, gracias a que la Junta, representada por la Consejería de Medio Ambiente, ha presentado un Proyecto de Ley -y permítanme, Señorías, que diga que un buen Proyecto de Ley- muy bien estructurado, con grandes objetivos, con importantes novedades y con una filosofía que, desde nuestro punto de ver, es la correcta, pero que no es bien interpretada por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Y es la correcta no sólo porque corresponda a nuestra filosofía política, sino porque se ha mostrado como la única de dar... capaz de dar solución al problema de la caza. Porque, para que pueda cazar alguien, tiene que existir caza; esto es fundamental, lo dijimos ya en el debate de las Enmiendas a la Totalidad. Y eso es lo que intenta esta Ley: fomentar y regenerar algo que se está perdiendo.

Tengo también que agradecer, porque el segundo motivo por el cual se ha logrado una Ley de Caza con la que yo particularmente creo que todos estaremos satisfechos, es por el buen trabajo que se ha realizado en Ponencia. Es cierto lo que ha dicho el señor González: ha habido un buen ambiente, ha habido un espíritu constructivo, y los Grupos Parlamentarios - representados por los Ponentes- han tenido un gran espíritu de consenso y colaboración. Y a mí no me duelen prendas el decir que agradezco especialmente al señor González el gran trabajo que ha hecho, dado el escaso conocimiento que tenía del tema y su nula afición a la caza.

Pero ahora tengo que añadir, oída su primera intervención, que no ha aprendido de caza. Ha hecho un gran trabajo en el tema de Ponencia, los artículos los ha trabajado muy bien; pero sigue sin ver claro y sin saber de caza.

Desde luego, desde el principio los Ponentes estuvimos de acuerdo en que, dado el gran número de licencias que había y el gran número de cazadores existentes y... el amplio espectro social al que representaban, pues que era conveniente una Ley lo más clara posible, que fuese fácilmente entendible y al alcance de todas las mentalidades. Y eso es lo que ha buscado fundamentalmente el trabajo en Ponencia.

Porque es cierto, en opinión de este Portavoz, que, en no pocas ocasiones, el texto del Proyecto de Ley resultaba barroco y reiterativo. Y por eso consideramos que sí, que los cambios han sido importantes; porque nosotros creemos, efectivamente, que las formas tienen su importancia.

Pero también es cierto que muchas de las enmiendas presentadas por los Grupos políticos, e incluido el Grupo Parlamentario Popular, pues adolecían de esos defectos, eran barrocas y reiterativas. Y no ha habido, por parte de nadie, inconveniente en transaccionar, ni el Proyecto de Ley ni las propias enmiendas, en busca de una mayor claridad y sencillez; en busca, en fin, de mejorar el texto de la Ponencia.

Por eso este Portavoz tiene no sólo el deseo, sino la esperanza de haber logrado una buena Ley de Caza.

Pero vamos ya con las Enmiendas. Y voy a seguir, a ser posible, el orden que ha mantenido el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Pero no quisiera reproducir -ni mucho menos en el tono-, pues, el debate de las Enmiendas a la Totalidad; porque yo creo que ya se debatió suficientemente en el día de la Enmienda a la Totalidad. Pero sí voy a entrar en todos los argumentos que ha tenido Su Señoría.

En primer lugar, ha hablado de lo que son enmiendas realmente políticas, y ha dicho una cosa que nosotros no hemos dicho nunca. O sea, yo, por ejemplo, nosotros no hemos dicho nunca que la propiedad de la caza sea de alguien en particular: es del que la mata.

Matizamos en la Enmienda a la Totalidad, y repetimos ahora, que es el derecho a cazar. Por tres razones fundamentales, en opinión del Grupo Parlamentario, por tres razones fundamentales: la primera, porque las tierras tienen dueño. Y al decir que las tierras tienen dueño queremos decir que los dueños de esas tierras tienen unos derechos, unos derechos que, en opinión del Grupo Parlamentario Popular, todavía no tienen bien asimilados del propios propietarios; no saben que ése es un producto que les puede generar una riqueza. Y porque no lo saben, la caza está sufriendo tanto deterioro. Ésa es la filosofía: porque no lo saben, la caza está sufriendo tanto deterioro; por eso está desapareciendo, entre otras razones, la riqueza cinegética.

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En segundo lugar, porque, desde nuestro punto de vista -y creo que desde el punto de vista de cualquiera-, la caza no es una necesidad social. ¡Hombre!, una necesidad social pues es la educación, la sanidad, las jubilaciones, el desempleo; pero considerar a la caza como una necesidad social, a mí me parece excesivo. La caza es un deporte, una afición; en algunos casos, un vicio, en algunos casos un vicio. Pero, hombre, una "necesidad social", sinceramente nosotros creemos que no.

Y, en tercer lugar, porque esta opción, esta opción de fomentar la caza y de gestionarla bien, y de buscarla un rendimiento económico, se ha demostrado que es la única eficaz. Y se ha demostrado -y voy a enlazar, no sé si ahora o a continuación, un poco con lo que usted ha dicho-, se ha demostrado no sólo en Castilla-La Mancha, donde efectivamente... porque nosotros admitimos que hay otra posibilidad, que es la que usted ha expuesto. Pero en Castilla-La Mancha ustedes han elegido ésta, el Grupo Parlamentario... y se ha demostrado que es eficaz. Porque, ¿dónde hay caza en España? En Castilla-La Mancha.

Pero vamos a remitirnos a Castilla y León. ¿Dónde hay caza en Castilla y León? En las reservas nacionales. Pero, ¿sabe por qué? Porque producen dinero. Porque producen, porque producen dinero, Señoría, porque producen dinero; y porque se cuida.

Entonces, si realmente las tierras tienen dueño, no es una necesidad social y es el único elemento eficaz, nos parece que lo lógico es que el derecho... o sea, que la elección nuestra ha sido la correcta.

En segundo lugar habla usted precisamente de las reservas nacionales de caza. Y ha hablado de una en concreto y de que cuesta 123.000.000, pero de que se cobra no sé cuánto. O sea, que se saca mucho de... de que se cobra a los cazadores pudientes, no sé, un dinero que va a parar a la Junta. Pues mire, Señoría, la Junta lo único que hace ahí es resarcirse del gasto administrativo; lo demás va a parar a las entidades locales. Usted sabe que es así: va a parar a las entidades locales. Y lo que ha logrado la Junta -con eso que usted llama una expropiación, y que yo llamo una gestión eficaz- es recuperar algo que ya no existía, que es la caza. Porque ustedes, en sus parques nacionales y... lo que propone es que no haya caza, es que no se pueda cazar. Y, ¿a qué ha llevado eso? A que no exista caza y que, donde hay algo, tengan sarna.

Mire, aquí estamos en estos momentos, pues teniendo, en Las Batuecas y en otros sitios, los mayores trofeos de caza existentes. ¿Por qué? Porque se caza... porque se caza con un control eficaz. Y lo que se hace ahí, lo que se hace ahí es cazar, efectivamente, con un eficaz control; y sacando dinero que no va a parar a la Junta, sino a las entidades locales y a los propietarios de las tierras de esas entidades locales.

En cambio, en lo que usted ha llamado luego los "cotos regionales", es algo curiosísimo, porque dice que... ha hablado del coto... precisamente del coto de León, que dice usted que cuesta 19.000.000 de pesetas sólo. Antes hablaba de que eran 123 tirados, que es falso; son 123 que producen grandes beneficios para las entidades locales. Y habla aquí de 19.000.000 de pesetas, que es un costo mínimo para la Junta, y tal y cual. Pues hombre, mire usted, 19.000.000 de pesetas, yo dudo mucho que en el coto de Los Oteros, de León, se hayan matado este año ciento noventa perdices. Divida usted, y sale cada perdiz a veinte mil duros, a veinte mil duros.

O sea, yo eso de que eso es... lo que no veo yo rentable es esto, lo otro sí; lo otro produce capital para las entidades locales, para los Ayuntamientos, etcétera, etcétera. Luego, en eso, discrepamos.

En tercer lugar ha hablado usted -no sé si ha sido en el cuarto- de la... de los daños, de los daños. Nosotros hicimos una enmienda, e hicimos una enmienda que, lógicamente, dada nuestra mayoría, pues ha sido aprobada. Y usted... -se aprobó en el dictamen de Ponencia, Señoría-. Y entonces, en esa Enmienda -realmente usted lo ha dejado claro también-, el problema está en los accidentes que se producen en las zonas de seguridad, en las zonas de seguridad. Y aquí dice el punto d): "en las zonas de seguridad, a los titulares cinegéticos de los terrenos, a los propietarios de los vedados de carácter voluntario, o a la Junta en el resto de los terrenos vedados". Pero luego hay un segundo punto que dice: "La Junta suscribirá un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de daños que produzcan las piezas de caza mayor en los supuestos regulados en el apartado d) del punto anterior. El coste de la prima se repercutirá entre los titulares cinegéticos que realicen los aprovechamientos de caza mayor". O sea, que va a hacer la Junta un seguro repercutido entre aquellos titulares cinegéticos que realicen aprovechamientos. Nos parece que es un tema solucionado, nosotros consideramos que aceptablemente.

En cuarto lugar, ha hablado usted de los cotos, de que no existen cotos municipales, de que nos se crean cotos municipales. Pues, la verdad es que nosotros creemos que es innecesario crearlos, porque son perfectamente posibles dentro de lo que son cotos privados. Si los propietarios del 75% de las tierras de un municipio dan la titularidad de ese municipio a los... de ese coto al municipio o al Ayuntamiento, que existen, pues no hay por... pues será un coto municipal. Si es un coto privado más. Es innecesario el decir que hay que crear cotos municipales; si van a existir y no hay ningún inconveniente para que existan. El 75% de los dueños de las tierras dicen: bueno, pues vamos a hacer titular al Ayuntamiento; pues hecho titular el Ayuntamiento. Nosotros creemos que es innecesario.

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Hombre, en cuanto a la enmienda a la que usted hace referencia del 25% de las jornadas para que pudiese cazar todo el mundo; mire, yo lo he dicho antes, yo creo que usted no estaba, le he agradecido mucho su colaboración y el enorme trabajo que ha hecho, pero, creo que no ha aprendido usted de caza; no de la Ley de Caza, sino de caza. Porque decir que se autorice a cazar el 25% de las jornadas cinegéticas en cualquier coto, desde nuestro punto de vista, equivaldría a que en dos años en esta Comunidad no habría ni pájaros. Se lo tenemos que decir así. Yo, particularmente, tengo esa seguridad: no habría ni pájaros, si se hiciese eso que usted propone.

Luego ha hablado de... no ha hablado usted del examen, pero en el examen también hacían unas enmiendas. Hacían unas enmiendas que, en fin, son temas que no son ya tan importantes o de tanto calado. Pero, decir que se tiene que examinar todo el mundo, pues, es decir que Miguel Delibes tendría que hacer un examen, por ejemplo. Y, ¡claro!, pues, a lo mejor, él no tenía inconveniente y seguro que lo aprobaba. Pero esos señores, compañeros de caza que le enseñan a él tanto sobre lo que es el terreno y tal, con setenta años y tal, pues mandarles hacer un examen ahora, no sé, parece un poco... un poco duro.

Y en cuanto a que cuando uno tiene un castigo por haber realizado una infracción cazando, tenga que volver a examinarse, pues nosotros creemos que cuando uno comete una infracción conduciendo, pues le ponen la multa, la pagas y tal... pero no te vuelven hacer examinar de conducir. O sea, en esos temas yo creo que nosotros hemos mantenido lo que nos parece... y estamos convencidos de que hemos actuado con mucha lógica y también con mucho espíritu de colaboración.

Luego, ha hablado del control de predadores. Nosotros creemos que es fundamental el control de predadores porque otra de las circunstancias, aparte del enorme incremento del número de licencias que ha llevado a la, prácticamente, desaparición de la zona cinegética en esta Comunidad, es el que las enfermedades de ciertos... de cierto tipo de fauna cinegética, como ha sido el de los conejos, pues... pues ha hecho que haya roto el equilibrio. Y si se rompe el equilibrio, por las razones que sean, pues hay que actuar para volver a restablecer ese equilibrio. Y eso es lo que hace el control de predadores: intentar restablecer el equilibrio. Porque luego usted dijo al principio de su intervención que esta era una Ley de Caza hecha para cazadores y todas esas cosas. Pues muy bien, pero es que los cazadores son tan defensores del medio ambiente y tan conocedores de la ecología y tan defensores de ello como pueda ser... no como pueda ser, más que la mayoría de las personas normales, porque ya, el hecho de ser talador demuestra una afición al campo -como el hecho de ser pescador también lo demuestra, Señoría-. Luego, no tiene ningún problema el que sea una Ley de Caza y para cazadores; los cazadores no somos depredadores de la fauna ni... Somos personas amantes de la naturaleza; y, por lo tanto, el que sea una Ley de Caza hecha para cazadores pues no le vemos nosotros ningún problema.

Yo creo que he contestado puntualmente a todas las enmiendas de una manera agrupada, lógicamente. Había una en la que podríamos llegar un poquito... podíamos estar un poco de acuerdo -pero era conculcar un tanto los derechos- que era en eso de agrupar los enclavados que representasen en menos del 10% de... Realmente, si mantienen... yo lo que pasa es que creo que los propietarios de tierras que tengan menos del 10% y si se les obliga -como se les obliga- a señalizar y tal, pues no van a hacer enclavados prácticamente en ningún coto.

Y, entonces... en cuanto a la edad, en cuanto a la edad, que sí es tema que el Grupo Parlamentario Popular... -aunque, quede claro que los catorce años no es algo que diga la Ley de Caza, sino que dice la legislación específica sobre armas, que autoriza a utilizar armas con catorce años-, pues, el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en que catorce años... un muchacho, un joven de catorce años, con un arma cargada por una ladera y sometido, pues a la impresión que pueda causarle el vuelo de una perdiz, o la salida de un conejo y tal, pues puede, nos parece que efectivamente puede haber un riesgo; por eso, ofrecimos entonces, y lo seguimos ofreciendo ahora, una transaccional. Y lamento... y al mismo tiempo que hago votos por la recuperación del señor Herreros, que lamento que no esté aquí, porque, el otro día, a la salida del dictamen de Ponencia, pues él estaba de acuerdo con la posición que expresamos en el sentido de esta transaccional. Nosotros estaríamos de acuerdo en que en la Ley pusiese "dieciséis años, acompañado por un mayor hasta los dieciocho", porque creemos que es mejor que un joven empiece a cazar a los dieciséis años con la vigilancia, el control de una persona mayor, que no salir a los dieciocho pues ya creyéndose una persona superimportante y, para nosotros, resultaría más peligroso. Por eso, nosotros mantenemos esa transaccional y estaríamos dispuestos a votarla favorablemente, lógicamente. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, don Jaime González tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. Yo creo que el debate está muy agotado porque lo hemos tenido en repetidas veces. Pero bueno, yo creo que el colofón es ponerlo aquí de manifiesto para aquellos que no han formado parte ni de la Ponencia ni de la Comisión, ni los medios de comunicación, ni los invitados, ni quien... ni los cazadores, ni los Presidentes de Federaciones. Quien quisiera estar aquí, pueda enterarse en directo del asunto.

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Alguna precisión que me conviene hacer, porque, el señor Baruque, a falta de mejores argumentos, intenta... intenta, intenta retorcer lo que he dicho... -como diría el señor Arvizu- yo no creo que torticeramente, pero vamos, con... casi, casi. En ningún momento este Procurador ha dicho que los cazadores no sean... sean unos depredadores. ¡Hombre! matan caza, si no no serían cazadores, pero que sean unas personas que no son amantes de la naturaleza. Pero lo mismo que digo eso, digo que tampoco todos los pescadores... etcétera; y lo mismo, todos los conductores... etcétera; y así, sucesivamente. Por lo tanto, como en todo, como en botica; habrá cazadores que sean extraordinariamente amantes de la naturaleza, cazadores que lo sean menos, cazadores que no lo sean nada, cazadores cabreados -ahora hablaremos de ellos-, que suelen ser casi todos los que van a los cotos sociales a cazar y que no logran cazar -no logran cazar porque, ¡claro! la Junta no hace los esfuerzos pertinentes para que se pueda cazar-, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, es evidente que yo no he dicho eso; y, además, no lo pienso; porque, si lo pensara, lo habría dicho en un debate de esta naturaleza. Por tanto, no es así. Soy pescador, en cambio, y veo montones de pescadores -cuestión que es muy difícil en la caza- que van al río sin pesca, por lo tanto renuncian de antemano a llevarse ninguna pieza; que van al río a divertirse; que van al río a pasar un momento agradabilísimo; que están dispuestos a no llevarse ninguna trucha nunca y que estarían dispuestos a que nunca se llevaran las truchas nadie para que ellos pudieran seguir, posiblemente, practicando su entretenimiento favorito bastantes más años de los que previsiblemente, y dado el devenir de los acontecimientos, van a poder seguir manteniendo su afición con truchas de calidad, con truchas de calidad. Otra cosa es truchas de las que podemos poner las diversas Administraciones a disposición del pescador en determinados momentos; pero con trucha fario o autóctona, etcétera las previsiones -y yo me imagino que en eso se parecerá bastante a la caza- van a .....

Otra cuestión que él ha dicho que yo no he dicho. Entonces yo... -por matizar, simplemente, y después ya entro en el fondo de la cuestión-, yo no he dicho que el control de predadores no sea importante; puede serlo. Y he especificado, y he explicitado que ese control -previa definición de lo que son predadores ¡claro! y mediante un plan general y no a voluntad de un individuo en concreto- no lo tengan que hacer unos controladores de predadores que no se sabe quiénes son y quién pueden ser, etcétera. Si tenemos ochocientos funcionarios con plena dedicación al medio, con conocimientos, habiendo obtenido una titulación para acceder a ese puesto que les habilita precisamente para ello; pues que los controles de predadores, los controles... no sólo de predadores porque algunas veces hay que hacer controles de poblaciones también aunque no sean predadoras, etcétera, todos esos controles, que los hagan los agentes forestales, que para eso están. Repito -y lo dije antes y lo repito ahora- si la tendencia... claro, si los tiene todo el día "enciscados", todo el día de huelga porque no les reconoce sus derechos, etcétera, entonces, no harán ni eso ni otras cosas; pero, realmente, ahora hay ochocientos trabajadores, novecientos, que están capacitados para ello, que se les habilitó como funcionarios para ello y que entre sus múltiples ocupaciones puede estar eso, además de luchar contra los incendios, luchar contra el furtivismo, etcétera, etcétera, etcétera.

Por lo tanto, no... ninguna de esas dos cosas que usted dice que yo he dicho son ciertas. Y tenía interés en precisarlo porque realmente el asunto tiene su interés. Usted ha empezado haciendo una disquisición muy complicada sobre los derechos de los propietarios; que no es a la caza, sino el derecho al derecho a la caza, etcétera. Bueno, una cosa abstrusa, abstrusa; pero que todo el mundo entiende que con esta Ley, en todo el territorio de Castilla y León -o sea, nueve millones... ocho millones ochocientas mil hectáreas-, excepto en las reservas generales de caza, la caza es ¿de quién?, de los propietarios de los terrenos. Llámelo usted caza, derecho a la caza, lo que quiera, pero así es; menos en las quinientas mil hectáreas de las reservas, que ahí, como hay caza, y caza mayor, y conviene tener contentos a los que tenemos contentos, ahí la caza es de la Junta. ¡Es que tiene tela! ¿eh?

Y no me hable usted de las obras que se le hacen a los Ayuntamientos, porque si mañana el Consejero -lamento que no esté- coge entre ojeriza a un pueblo, no le hace una obra, está en la reserva, y lo escacharra. Y ése no es el tipo de compensación que tienen que tener los Ayuntamientos. Los Ayuntamientos, según el Artículo 4 de la Ley -y hablo de Ayuntamientos porque la inmensa mayoría de los propietarios de los terrenos de las reservas son precisamente Entidades Locales-, según el Artículo 4 de la Ley, y un Alcalde que lea la Ley por el principio -no al revés- llega al Artículo 4 primero que al 20, dirá: ¡concho!, la caza es mía, es de mi Ayuntamiento. Estupendo. Sigue leyendo y dice: ¡ay!, no, no, no, que yo estoy en una reserva de caza y aquí me la han confiscado. Ése es el asunto. Ése es el asunto. Otra cosa es que dijera: la expropiación, o lo que sea, recibirá un canon y una compensación anual de carácter periódico, evaluable... etcétera. Eso sí sería viable. Pero lo otro, ¿depender de la voluntad de un Director General, de un Consejero o de un Jefe de Sección?, de eso nada ¿eh?

Estamos en lo mismo que en la financiación; déle a los Ayuntamientos los instrumentos financieros para poder hacer sus políticas con carácter periódico y reglado y que no dependan de la caridad o del buen humor del administrador que tiene que darles el dinero; porque eso sí que es malísimo para los Ayuntamientos. Y aquí hay muchos Alcaldes y muchos Concejales que seguro que están de acuerdo con ese planteamiento, aunque no sea aplicable a este caso; pero es así y ¡qué le vamos a hacer!

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Bueno, y donde ya no puedo... Usted emplea unas frases terribles ¿eh? "Ustedes, en sus parques nacionales...", ha dicho. ¡Hombre!, que los parques nacionales son nacionales; son suyos y míos. Es que usted lleva el sectarismo hasta tal extremo que porque los parques nacionales se han aprobado con unas determinadas mayorías, dejan de ser suyos; ¿los quemaría, o qué? ¡Hombre!, los parques nacionales son suyos... Y es más, le voy a decir más, hombre: el Parque Nacional de Picos de Europa, por ejemplo, era nuestro antes, según su criterio; ahora, ya, es de doña Tocino, porque ya ha convencido al Grupo, al Gobierno Popular de Asturias para que retire el recurso de inconstitucionalidad. Ahora, como ella es la titular del Parque Nacional, maravilloso. ¡Vaya criterios para hacer parques nacionales! Luego, los parques nacionales no son ni suyos ni míos, de todos. Hechos por un Parlamento, con las mayorías que corresponda en cada caso, pero no utilice usted ese tipo de frases porque me descorazonan mucho, de verdad.

Usted habla de los cotos regionales, y usted ha dicho una frase que me preocupa mucho. Si el problema no es de la caza sólo, o de la fauna, es el problema de los colectivos de cazadores: ¿quién caza en las reservas y quién caza en el coto social? Ése es el problema. En la reserva caza, con cargo al erario público -porque mantener esa caza allí cuesta mucho dinero a todos; a mí, a usted, a todos-, trescientos cincuenta y dos privilegiados, que pueden disponer de doscientas y pico mil pesetas para matar, desde cuatrocientos metros y con una mira telescópica, a un animal. De acuerdo.

¿Y quién caza, o cazaba, en los cotos sociales? Los trabajadores, la gente normal que echa una carta a un sorteo porque no tiene otro sitio donde ir y le toca, cuando le toca, y cada seis o siete años va allí, pega unos tiros, posiblemente... pues a lo que pueda, y se acabó el problema. Y usted dice que ahí no hay caza, ciento... dice: "no se cazarían ni ciento noventa perdices". ¿Sabe usted de quién es la responsabilidad de la gestión de los cotos sociales de caza? De la Junta de Castilla y León. ¿Por qué hay caza en las reservas, que también son responsabilidad de la Junta de Castilla y León, y no hay caza en los cotos sociales, siendo un terreno que se eligió por sus buenas características para que existiera fauna? Porque la gestión de la Junta de Castilla y León es una gestión descompensada; porque la gestión tira a que la haya donde están arriba, donde están los otros, y tira a que no la haya donde los cotos sociales. Porque, además, esa inexistencia de caza en los cotos sociales cabrea a los cazadores -como les decía antes- y, además, induce a la Junta, poco a poco... "como no hay caza, vamos a dejarlo; porque no tiene interés, porque no tiene importancia, dejémoslo". Ése es el problema.

Y claro, no es lo mismo que echen carta diez o doce mil cazadores para cazar en un coto social, que echen carta trescientos cincuenta y dos para cazar un rebeco o una rebeca en otro sitio; no es lo mismo. Para mí, es mucho más social... -y por eso se llamaban así- no voy a decir socialista, mucho más social el que tengan opción a cazar los doce mil paisanos que cazaban... o paisanas que cazaban en los cotos sociales, y no los otros. Por eso ustedes abandonan esa política.

Y yo lo que les propongo es que mantengan las reservas regionales de caza; si no hay ningún problema. Si no pedimos que se quiten las reservas nacionales de caza, pero que se abran; que en lugar de cazar el que tenga doscientas no sé cuántas mil, cacen todos: el que tenga suerte, el que lleve diez años sin que le toque, etcétera; y se acabó. ¿Y qué haces? Pues el dinero que se dedica a otras cosas usted lo gasta en indemnizar a los Ayuntamientos. Perfecto. Si no hay ningún problema. ¿O es que usted piensa, cuando le digo yo los 19.000.000... -que créaselo que son 19.000.000 los arrendamientos de los terrenos-? ¡Hombre!, los costos de mano de obra van a... ¿Pero es que van ustedes a echar a los guardas simplemente porque no haya coto social? No, los trasladarán a otro sitio, o harán otras cosas, digo yo. Luego ése es un coste permanente. Ése va a estar así. Cuidado, en las reservas nacionales de caza no son funcionarios; eso es otra cuestión. Por lo tanto, es que ése es así, es que ésa es la filosofía de la caza.

Y, desde luego, usted me ha acusado de no haber aprendido nada de caza. No sé si lo habré logrado o no; he hecho todos los esfuerzos posibles, le he dedicado todo el tiempo posible, hemos intentado mejorar la Ley en la medida de lo posible. Yo no sé si habré aprendido o no; posiblemente, como dice su compañero de Ponencia, no. Pero, desde luego, si yo no sé de caza, habiendo hecho lo que hemos hecho con esta Ley, ¿qué sabría de caza el consulting que hizo el anteproyecto o el funcionario que redactó la Ley? ¿Qué sabría de caza? Y el Consejero que nos la endilgó aquí, ¿qué sabría de caza? ¡Por favor! Si es que es elemental. Le dedicó muchas menos horas el Consejero a su revisión, el Director General a supervisión, y el correspondiente funcionario a su elaboración, que nosotros, todos, nos hemos dedicado en la Ponencia a mejorar el texto. Y eso sí que es impresentable...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: ...porque, además, ellos cobran y nosotros no. Sí, señor Presidente. Voy acabando, ahora mismo.

Y, por último, lo de las jornadas, porque ahí fue cuando me dijo lo de que yo no sabía nada de caza, y que no iban a quedar ni pájaros. Yo no creo que tenga por qué ser así. Porque esas jornadas cinegéticas de los cotos privados constituirían el gran coto social de la Junta, de la Consejería, lo administraría la propia Consejería. No íbamos a decir: "mañana toca libre en no sé dónde, todos ahí". No; lo administraría la propia Consejería; y asignaría los puestos, y los sitios, y lo controlarían los propios titulares de los cotos. Claro, y eso es muy complicado, ¿no? No es complicado administrar una reserva; eso sí es complicado. No, lo que pasa es que una reserva es de otra manera, y esto es menos gratificante, aunque sea más positivo para decenas, y centenares, y miles de cazadores, que realmente van a tener muy complicado el ejercicio de su afición favorita, que es la de intentar cazar en los campos de esta Comunidad Autónoma.

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Y por último, lo de los cotos municipales. Yo he dicho que estoy de acuerdo con usted en que un municipio puede formar un coto, pero también una federación. Y no entiendo por qué hay que castigar a los municipios. Si es así. Creemos la regulación de los cotos privados, y todos, acogiéndose a regulación general, federaciones, Ayuntamientos, o el sursuncorda, va y hace un coto. Pero si distinguimos, si primamos, si establecemos, por ley nada menos... porque si fuera por un decreto, por una norma que se cambia... pero en una ley que tenemos que aceptar aquí todos, establecer determinados tipos de privilegios, aunque sean semánticos, en una ley no es bueno. Y, sobre todo -a mi juicio-, los dos mil y pico Ayuntamientos de esta Comunidad Autónoma que tienen sus territorios de caza, que podrían constituir cotos, son más importantes -a mi juicio, repito, y es una opinión personal- que las federaciones. Por tanto, de existir algún coto, tenían que ser los cotos municipales y no los cotos federativos. Pero, creándose los cotos federativos, créense también los cotos municipales, con nombre y apellidos; aunque estoy de acuerdo con usted en que ambos se podrían acoger al régimen general para cotos. Pero no me contesta usted a la pregunta; dice: "sí, sí, sí, de acuerdo", pero porque hay cotos federativos y no hay cotos municipales, y ambos se pueden acoger; distinción clara en un Proyecto de Ley que nos vemos aquí obligados a hacer.

Repito: prometo seguir estudiando la Ley, una vez finalizada, aunque sólo sea para seguir aprendiendo lo que he sido incapaz de aprender ahora. Pero la Ley es mala; porque discrimina a grandes colectivos de cazadores, porque es productivista, porque se dedica a las repoblaciones -con todos los problemas genéticos y sanitarios que crean-, porque no establece controles sobre ellas, porque es absolutamente anticonservacionista, etcétera. Por eso es mala Ley. Y eso es de lo que hemos aquí debatido hoy, y a mí me ha encantado, además, debatir, una vez más, de este Proyecto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Turno de dúplica, señor Coloma.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, Presidente. Empezaré por aquello que no le había entendido bien al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Yo creo que cuando he hablado de que no valoraba suficientemente a los cazadores -y pido perdón por ello- es porque me había olvidado en mi primera intervención de un tema al que él aludió, que es, además, una de las enmiendas fundamentales de su... de lo que... en las cuales basaba la Enmienda a la Totalidad, que es en la que habla de la falta de ordenación del Proyecto de Ley.

Nosotros... -se lo dije en el debate de Enmienda a la Totalidad, y lo mantengo ahora- existe el Capítulo VI, dedicado específicamente a planificación y ordenación del territorio. Se han eliminado los terrenos libres precisamente porque una de las prioridades del Proyecto de Ley es que no se pueda cazar sin planificar ordenadamente. Se han creado los cotos comarcales, lo cual hace más fácil -se lo dije en el debate de Enmienda a la Totalidad-, hace más fácil esa ordenación y ese control. Y esos cotos comarcales, Señoría, que van a coincidir -yo calculo-, aproximadamente, con lo que se consideran las comarcas, con las comarcas agrarias, con las comarcas agrarias; pero, lógicamente, cuando existen Consejos de Caza y existe un Reglamento, pues ahí se reglamentará qué comarcas se van a crear por la Junta y por la Consejería para crear eso que se va a llamar el Plan Cinegético Comarcal, que estará sometido, en todo caso, a los planes de ordenación de los recursos de los espacios naturales.

En cuanto a si no le entendí bien el tema del control de predadores, ¡hombre!, pues, efectivamente, usted no dice que no; me alegro mucho, me alegro mucho. Coincidimos en que hace falta ese control de predadores. Pero mire, es que va a hacer, va a hacer... va a ser necesario un examen para darle a alguien el título de control... de que pueda realizar el control de predadores; si eso viene en el Proyecto de Ley. No lo va a hacer... no lo va a poder hacer, por tanto, cualquiera. Y, además, no se excluye nunca a los funcionarios de la Administración; serán unos...... que puedan realizar la función de control de predadores.

Y por fin, en cuanto a lo de los parques nacionales, pues tiene razón Su Señoría: los parques nacionales son de todos; y si me he expresado mal, pues pido perdón por ello. Pero yo me refería a la idea que ustedes tienen de la gestión de los mismos; y en eso, pues mantengo. Ustedes tienen una idea sobre la gestión de los parques naturales, en el sentido de que allí no se puede cazar, y eso, pues, ha traído como consecuencia... ni pescar; y eso ha traído como consecuencia lo que he explicado antes: pues que no hay caza; y, donde hay algo, pues tiene sarna.

En cuanto a lo de las reservas nacionales, voy a volver a insistir en que las reservas nacionales producen riqueza y beneficio para las entidades locales. Y eso se da gracias a que la Junta gestiona esas reservas nacionales.

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Yo, realmente, no tengo muy claro, Señoría -y se lo digo con toda la sinceridad-, no tengo muy claro que muchas de las cosas que ustedes proponen aquí las hubiesen propuesto si estuviesen ustedes en el Gobierno. Lógicamente, están en la Oposición y tienen que pedir casas... no, lo digo sinceramente. O sea, Grupos Parlamentarios de esa misma ideología, pues, han mantenido otro tipo de filosofía. Pero suponiendo que fuese así, ustedes dicen que privatizamos para que cacen unos pocos, e intentan crear la disyuntiva de caza para unos pocos o caza para todos. Y nosotros no lo vemos así, nosotros estamos convencidos de que no es así, lo he dicho antes y lo repito ahora: el incremento indiscriminado de licencias de caza ha convertido un recurso que antes era abundante y, por lo tanto, barato, en un recurso muy escaso, a punto de desaparecer. Y, por lo tanto, lo prioritario... -y para eso hace falta gestionar bien, que es el gran objetivo de la Ley de Caza-... lo que hace falta, en principio, es recuperar la fauna cinegética. Y para eso, Señorías, es preciso -en nuestra opinión, y así se ha demostrado en Castilla-La Mancha y en la gestión que la Junta hace en la reservas nacionales de caza- gestionar bien y que exista, por parte de los responsables de la crianza de la caza, interés en el tema. Si eso se produce, si se gestiona bien y hay un interés en que se fomente la caza, se aumentará la fauna cinegética; y entonces, Señoría, cuando haya caza es cuando podrán tener acceso a la caza un mayor número de cazadores. Tiene que existir caza para que alguien pueda disfrutarla.

Y ya para terminar, porque se enciende el piloto, debo decir que ésta es una Ley de Caza de las Cortes de Castilla y León, salida -como debe ser- de este hemiciclo; que tiene -como es lógico- la filosofía del Grupo mayoritario de esta Cámara, concordante con la del Gobierno al que sustenta; y que ha sido mayoritariamente respaldada por los castellano-leoneses. Clara muestra, clara muestra de que es así lo corrobora el hecho -y usted lo ha dicho en su primera intervención- de que permanezcan intactas las Enmiendas 18 y 19 del Artículo 4, la 91 del Artículo 22 y la 150 del Artículo 40, con cuya aprobación el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista retiraba de inmediato la Enmienda a la Totalidad.

Solamente ya esperar y desear que la Ley que vamos a aprobar a continuación cumpla los objetivos de su Exposición de Motivos, aunque somos conscientes de la imposibilidad de que sea aplaudida por todos, porque, realmente, de caza, de agricultura y de fútbol sabe todo el mundo; todos tenemos nuestra selección ideal, todos tenemos nuestra solución salomónica para los problemas agrarios y todos, en fin, tenemos nuestra propia Ley de Caza. Nos conformaríamos, Señorías, con que fuera recibida favorablemente de forma generalizada y sus efectos resultasen beneficiosos para Castilla y León y los castellano-leoneses.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Pasamos a la defensa de las enmiendas que se mantienen para el Pleno por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Señor Conde Valdés, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Señor Presidente. Señorías. Bueno, como el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida mantenía ciento trece enmiendas, pues -como ha hecho el Grupo Socialista-, vamos a defenderlas en bloque. Y, más que nada, en lugar de centrarnos enmienda por enmienda, bajo mi punto de vista, yo creo que me voy a centrar en los conceptos que yo considero que son importantes, entre otras razones para no aburrir al Pleno; porque hablar de artículos, de enmiendas... al final, pues no nos aclaramos mucho. Sobre todo de los conceptos importantes que -bajo nuestro punto de vista- contiene este Proyecto de Ley, y que son absolutamente negativos.

En primer lugar, cuando desde todos los sectores se está demandando un mayor esfuerzo, un mayor ahínco por preservar el medio natural, pues nosotros pensamos que desde la Junta de Castilla y León, con este Proyecto de Ley, lo que hace es aplicar una política diametralmente opuesta a la preservación del medio natural, y me explicaré más adelante por qué.

Porque, bajo nuestro punto de vista, este Proyecto de Ley opta por un aprovechamiento abusivo y desmedido de un recurso escaso como es la caza; y, fundamentalmente -y yo creo que esto es un concepto esencial-, porque no se trata solamente de defender a los cazadores modestos que no tienen recursos para poder cazar, sino, fundamentalmente, una Ley que proteja el medio ambiente y proteja a las especies animales; fundamentalmente, eso también.

Por tanto, nosotros pensamos que la riqueza cinegética no es patrimonio exclusivo de un colectivo social -que son los aficionados a la caza, los cazadores-, al margen de un sector mayoritario de la sociedad que no es cazadora. Las perdices son del cazador; pero también de los no cazadores. Por tanto, ese principio hay que respetarlo.

Bajo nuestro punto de vista, es una cuestión que... el espíritu de lo que es el Proyecto de Ley elimina esta posibilidad. Se habla de la caza, se conceptúa la caza como... no sé, pues, como un deporte, como un ocio. Hace un rato el señor Portavoz del PP decía que era un vicio. Bueno, yo creo que esto es una cosa aberrante, decir que la caza es un vicio y que es un deporte; pues no es así, no. Entonces, yo creo que el Proyecto de Ley de Caza lo que tiene que hacer es regular la caza, pero con el criterio de mantener y preservar las especies animales. Y no es cierto eso de que la caza existe porque existen cazadores. No. Porque ahora cada vez hay menos caza, pero es porque también hay más cazadores. Por tanto, hay que guardar ese cierto equilibrio; y este Proyecto de Ley no regula, bajo nuestro punto de vista, esa situación.

Porque para nosotros... otra cuestión importante a tener en cuenta: ¿qué es la caza? Pues la caza es la actividad que hace el hombre para cazar. Pero, evidentemente, eso tendrá que guardarse... tendrá que guardar un cierto equilibrio con los predadores naturales, que también viven de la caza. Porque en la medida que ese desfase se rompa, automáticamente estamos creando desequilibrios ecológicos y al final podemos hablar de la caza, de los derechos de los cazadores, pero, al final, no habrá caza que cazar, ni habrá quedado absolutamente nada. Y eso es un aspecto fundamental que nosotros echamos de menos en este Proyecto de Ley: el tema de preservar, de conservar las especies animales -las cazables y las no cazables-.

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Y por eso, nosotros planteamos, o decimos como síntesis, pues, que es una Ley, pues, economicista, privatizadora, insolidaria y anticonservacionista. Y ahora me voy a explicar en función de los Artículos... de las Enmiendas que hemos hecho, no entrando una a una, una por una, pero sí un poco explicando un poco estos conceptos ¿no?, de por qué decimos estamos cosas y por qué hemos mantenido en cierta medida estas Enmiendas.

Decimos que es una Ley economicista porque es una cosa curiosa. Se dice: "este Proyecto de Ley plantea la caza como una actividad dinamizadora de la economía del mundo rural". ¡Bah!, esto es una mentira como una casa de grande. Es decir, la caza no es una actividad que dinamice la economía del mundo rural; la caza no dinamiza absolutamente nada; tiene pequeños recursos. ¿Da pequeños recursos? Sí. Porque cuando estamos hablando de las Reservas Nacionales decimos: sí, generan recursos económicos. Pero hay que hablar claro: no generan tantos recursos económicos como para entender que la caza, o el ejercicio de la caza, es un elemento dinamizador de las economías rurales, del medio rural. Y tampoco se puede afirmar gratuitamente, que la caza es un elemento sustancial para la generación de empleo. Porque podíamos hablar... podíamos hablar, en concreto, qué clase de empleo se genera al activar la caza. No ya de empleo en precario, que es verdad, que es un empleo en precario; y que toda la actividad de... generadora de empleo en los cotos de caza está en manos de algunas empresas privadas y son empleos procedentes de zonas rurales, no... perdón de zonas urbanas, no de zonas rurales fundamentalmente. Y trabajadores que para ganar un buen salario se tienen que trabajar las veinticuatro horas del día. Eso es servilismo, eso no son puestos de trabajo. Eso es como la película de "Los Santos Inocentes", el de la milana famosa; o sea que eso, yo no creo que la actividad de la caza, pues genere puestos de trabajo y además dinamice la economía del mundo rural. Puede hacer algún tipo de ayudas -como antes el Portavoz del PP aludía a los ingresos de las Reservas Nacionales, para las Entidades Locales-, pero es poco dinero; y, además, ese dinero viene de personas determinadas que son los verdaderos cazadores, los que tienen dinero, que se gastan sumas importantes en cazar piezas y que -yo lo digo aquí sin ningún tipo de rubor- la mayoría de esas personas que se dedican a la caza y que se gastan grandes sumas de dinero, la mayoría de esas veces ese dinero no está declarado a Hacienda, porque, se gastan fortunas importantes de trofeos, simplemente por el arte de cazar. Por tanto, nosotros no compartimos esa idea que dice el Proyecto de Ley de que la caza dinamiza... -es nuestra visión, evidentemente-, dinamiza la economía del mundo rural y dinamiza también la creación de puestos de trabajo.

Decimos también que este Proyecto de Ley es una Ley... bueno, pues, un Proyecto privatizador; y tiene un contenido claramente privatizador, pues en beneficio exclusivo de las empresas privadas para especular con la caza, fundamentalmente, o por lo menos en esos artículos se recoge claramente la posibilidad de que empresas privadas gestionen... -y estamos hablando ya de cotos sociales-, como era -decía antes el Portavoz del Grupo Socialista-, pues, el coto social de Los Oteros.

Y esto... ¡qué contradicción entra este espíritu de privatizar todo (los cotos sociales, los cotos municipales)! Esto entra en una contradicción flagrante con ese espíritu que ustedes dicen en el Proyecto de Ley que contemplan de preservar las especies animales, bien sean cazables o no cazables. ¿Por qué? Porque si la caza es un bien de utilidad social, aunque sea escaso, pero es de todos los ciudadanos, al final, quien tiene el poder real de disfrutar de eso, es de los que tengan poder económico para poder cazar; el resto, absolutamente, como no tienen medios económicos queda marginado absolutamente de este tema. Y nosotros entendemos que es la Administración Pública la que tiene que planificar y ordenar estos recursos y no dejarlos en manos privadas, porque entonces ya entran en juego los propios intereses.

Por ejemplo, en el Artículo 63 -y refiriéndome a este apartado concreto de su carácter privatizador-, en el Artículo 63, por mencionar dos Artículos en concreto, que yo creo que son los más llamativos de ese afán privatizador que tiene este Proyecto de Ley. En el Artículo 63 no sólo se dice que la Junta potenciará las iniciativas privadas - lo dice textualmente-."La Junta potenciará las iniciativas privadas". Y dice más: "...a través de los Presupuestos". Es decir, que a través de los Presupuestos, con el dinero del contribuyente, se potencian y se financian actividades privadas para el tema de la caza. El que quiera dinero y se dedique a esto, que se lo pague de su bolsillo; pero no con dinero público. Eso lo dice el Artículo 63 -textual-. En el turno de réplica yo bajaré aquí el Artículo y lo leo; textualmente, dice eso.

En el Artículo 70 se establece la vigilancia de los terrenos cinegéticos, a través de un servicio privado. Bueno, esto es la antítesis a la conservación de las especies. Porque vamos a ver, si un señor tiene un coto privado y pone un guarda, evidentemente, le va a decir que le elimine de ese coto pues las rapaces o todos los predadores naturales (los zorros, los felinos, los cánidos, absolutamente todo). ¿Por qué? Porque a él lo único que le interesa es matar perdices y conejos; y como esas otras especies son predadoras y eliminan la caza de la cual él quiere... bueno, pues al final, ese guarda privado que va a atender ese coto, para lo único que va a servir va a ser para cargarse la fauna de ese coto. Eso está absolutamente claro. El que paga manda. Y vuelvo a repetir la película de "Los Santos Inocentes", el que le busca la pieza, le dice me matas este zorro, porque... porque me está comiendo los conejos o porque me come las perdices, o me come las codornices. Aquí no hay ningún tipo de regulación. Y ustedes dejan la puerta abierta a ese servicio privado para regular. Bueno, pues nosotros eso es inaceptable; por eso digo que tanto privatizar, privatizar, pero al final se olvidan de lo esencial que es el espíritu de conservación.

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Y decimos también que es una Ley insolidaria, porque... ya dije antes, que en lugar de proteger los cotos sociales, los cotos municipales, lo que hacían es privatizar absolutamente todo; con lo cual, dejan fuera a los cazadores de economías modestas, los que no pueden cazar. Y, al final, esto favorece el furtivismo; porque eso lo sabemos absolutamente todos -aunque yo no sea cazador también lo sé-, que en el momento que la gente rica, que es la única que tiene posibilidades de cazar, tiene cotos, la gente que no tiene cotos, al final entra en el coto y de manera furtiva dispara a todo lo que se mueva; da igual que sea en época de veda, que no sea en época de veda, dispara a todo lo que se mueva. Y nosotros no entendemos por qué se eliminan los cotos sociales.

Y lo mismo ocurre con las zonas declaradas... con las zonas de caza controlada, que, debiendo cumplir el mismo fin y ser gestionadas directamente por la Junta, con esta Ley se pueden adscribir a sociedades privadas también. Esto también está recogido en ese Proyecto de Ley que ustedes presentan aquí: los cotos sociales y las zonas de caza controlada. Y vuelvo a repetir, esto, bajo nuestro punto de vista, puede provocar el fomento del furtivismo; porque, en definitiva, al final, los que van a poder cazar son los que tienen recursos económicos; los que no tienen recursos económicos pues, al final, van a tener que entrar de manera furtiva en esos cotos y cazar -vuelvo a repetir- disparando a todo lo que se mueva. Pero eso es de dominio público, eso ha pasado toda la vida.

Y, después, es una Ley también ambigua; porque, lejos de concretar aspectos, en el sentido de regularlos... porque si estamos haciendo una Ley, habrá que contemplar todos los aspectos y no dejar simplemente todas las cuestiones, simplemente al tema reglamentario de una Orden que publique la Consejería; y me estoy refiriendo, por ejemplo, pues... el Artículo 48, zonas de reservas; el Artículo 55, cotos industriales; el Artículo 56, cotos de caza intensiva. Y no se regula tampoco en un anexo, las especies cazables, eso se deja al elemento del Reglamento; es decir, se publicará una Orden donde se diga: este año las especies cazables son éstas; para el año siguiente las especies cazables serán otras. Yo creo que si estamos en una Ley, o haciendo una Ley, habrá que especificar cuáles son las especies cazables o las especies no cazables; y, en todo caso, si hay que regularlas, pues se puede regular a través de una Orden, pero ya especificando en este Proyecto de Ley, cuáles son las especies cazables y no cazables.

Y después hay otra cosa curiosa, porque, bajo nuestro punto de vista, quedan importantes vacíos como puede ser el de los vedados por cuestiones... por cuestiones de incendios; por ejemplo, aquellas zonas que se incendian, que podían ser vedadas, no se habla para nada de esta posibilidad en ese Proyecto de Ley de Caza.

Y tampoco se habla, a la hora de... en el Artículo 36, en la modalidad... en las modalidades no tradicionales de caza, no se hace referencia, pues, a otros modelos de utilización selectiva de caza, como pueden ser las ballestas y los arcos; que es una denuncia permanente de los agentes forestales, en las Reservas Nacionales, de que ahora mismo para que nos les vea o no les oiga el guarda, en lugar de utilizar rifles, utilizan ballestas y utilizan arcos. Entonces ahí, en ese Proyecto de Ley, tampoco se contempla esta cuestión. Se queda todo a una Orden reglamentaria que se publicaría en su defecto. Pero me estoy refiriendo al Artículo 36, en el tema de modalidad... modalidades no tradicionales de caza ¿no?

Y después, por último, me voy a referir a lo que más nos preocupa a nosotros en el aspecto de conservación ¿no? que decíamos que es una Ley... pues anticonservacionista. Porque en los antecedentes y en el Artículo, ya, primero -y lo ha dicho el Portavoz anterior del Partido Popular-, parece que todo el objetivo de la Junta es el fomentar la caza, vuelvo a repetir. Yo creo que un Proyecto de Ley no es para fomentar solamente la caza, sino también para conservar. Y antes el Portavoz del Partido Popular aludía a un ejemplo, es decir, fomentamos la caza, porque mientras haya caza... mientras haya cazadores, hay caza. Pero también podíamos volver la pregunta por pasiva; es decir, cada vez hay menos caza porque también cada vez hay más cazadores. Entonces, yo no digo que el elemento sustancial para mantener las especies es que tiene que haber muchos cazadores; yo creo que eso no es el elemento sustancial. Y en un Proyecto de Ley que pretende regular la caza, no se puede estar hablando de fomentar la caza. Se puede hablar de regular esa actividad, pero guardándose cierto equilibrio entre la actividad del hombre y la actividad de los predadores naturales, bajo el principio de preservar las especies y punto; pero siempre con un afán de conservar, fundamentalmente. Porque -vuelvo a repetir- los ingresos económicos que genera, pues no son tantos, ni dinamizan la economía del mundo rural, ni crean tantos empleos.

Y dentro de este apartado, de que es una Ley anticonservacionista, pues hay una cuestión que es muy curiosa, o sea, se potencia el arte de la cetrería y la caza con hurón; yo creo que esto... pues es contra natura; es decir, bueno, ¿por qué...? El cazar con águilas rapaces lo único que supone es poner en peligro las aves rapaces. Bueno, pues esto... no está pasando aquí, ha pasado ya en muchos sitios; o sea, yo creo que eso no es un elemento conservacionista, sino todo lo contrario.

(-p.1428-)

Y después una cuestión que ya hizo alusión el Portavoz del Grupo Socialista -que yo, la verdad, es una cosa que me rebela-, lo del especialista en control de depredadores. No es porque sea muy larga la frase; pero claro, vuelvo a poner el ejemplo del coto privado ¿cuál es el... un coto privado, y dando prioridad a que esa persona que está contemplada en este Proyecto de Ley la pueda contratar un empresario que tiene un coto privado de caza? Bueno, el que no se lo crea es que es un ingenuo; ese especialista en depredadores, en control de depredadores, lo que va a hacer es eliminar los depredadores naturales, para que en el coto el señorito pueda cazar el conejo, la perdiz y lo que él quiera; y eliminará determinadas especies que a él no le convengan. Porque ¿quién va a regular eso? ¿Quién va a tener el control de que en esos cotos se van a preservar las especies que allí había? Yo creo que eso es una contradicción con el espíritu de conservación que algunas veces en ese Proyecto se alude ¿no? Eso es la figura de alimañeros; eso es un alimañero, no es una persona para controlar a los depredadores; eso es un alimañero.

Y vuelvo a citarle la película de "Los Santos Inocentes", así de claro: para que el señorito vaya allí con la escopeta y cace. Y le dice: a mí me matas el zorro y me matas el lince y me matas las aves rapaces, porque a mí lo que me interesa son las perdices y los conejos.

Y, después, dentro también de este apartado, hay una serie de limitaciones que vienen detalladas en los Artículos 30, 31, 42 y 43... No, en el 31, 42 y 43, y estas limitaciones se limitan, por ejemplo, en los procesos de cría en cautividad en especies, sin que sean con fines científicos, educativos, de repoblación o reintroducción. Éste es el Artículo 44.d), que no entiendo por qué esos artículos prohibitivos -en este caso el Artículo 44.d)- se eliminan. Eso lo podemos discutir después, bajando aquí con el Artículo en la mano. Eso es una cosa, bajo nuestro punto de vista, incomprensible, ¿no?

Y en el Artículo 53, que también es curioso, se dice que se podrán establecer líneas de ayuda a instituciones, entidades o asociaciones sin ánimo de lucro, para actuaciones inspiradas en el fomento -otra vez con el fomento-, la investigación y divulgación de aspectos cinegéticos. Bueno, según el diccionario, actitud cinegética es la actitud de cazar. Aquí se está fomentando el matar; es decir, no el conservar -bajo nuestro punto de vista-. A lo mejor es un error de redacción, pero dice textualmente eso, que "se podrán establecer líneas de ayudas a instituciones, entidades o asociaciones sin ánimo de lucro para actuaciones inspiradas en el fomento, investigación y divulgación de aspectos cinegéticos". Y la pregunta es: ¿y dónde están las ayudas para el fomento y la conservación de las especies, en este tema? Porque la actividad cinegética es matar; si hay que fomentar... Bueno, pues no lo entiendo mucho. Si ustedes están a favor de la caza, me parece muy bien, y habrá que mantener la caza, pero con ese criterio de control ecológico, de equilibrio, preservando todas las especies, ¿no?

Y después, como última referencia, para no extenderme más... Después, en el turno de contestación... pues bueno, ahí están los artículos, y usted me los interpretará.

Respecto a la edad para poder cazar, pues evidentemente, es un contrasentido que se pueda cazar o manejar una arma con catorce años. Yo creo que, si para conducir hace falta tener dieciocho años, para manejar una escopeta de... una arma de fuego será necesario también la mayoría de edad, los dieciocho años. Pero claro, yo lo entiendo; como ustedes están a favor del fomento de la caza, pues en la medida que haya niños de catorce años que su padre les compre los trajes de caza, les saque al campo, pues estamos haciendo más aficionados a la caza... digo yo que será por eso, no tiene otra explicación; porque no se entiende que un niño de catorce años pueda manejar una escopeta de fuego... una arma de fuego.

Por tanto, bajo nuestro punto de vista, nos volvemos a reiterar en que esto es una Ley anticonservacionista, privatizadora y, fundamentalmente, que va en contra de las propias especies. O sea, que esto no va a mantener el medio natural, y a los únicos que van a beneficiar pues es a los cazadores, pero a los cazadores ricos, no a los cazadores modestos, bajo nuestro punto de vista, ¿no?

Y nada más. Y ahora, en el turno de réplica, espero que me dé contestación de algunas cuestiones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno en contra, señor Bartolomé, tiene la palabra.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

EL SEÑOR BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías. Llegados ya a este nivel de debate, dentro de este amplio Pleno, en el devenir de este Proyecto de Ley, cabría la posibilidad de caer en una tentación, que sería plantear -según hemos visto- el debate que nos ha participado el representante de Izquierda Unida, en caer en la tentación, fácil, de empezar enmienda por enmienda. Tentación que la tendría fundamentada en el propio proceso de este Proyecto, dada la ausencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en los trabajos de la Ponencia. Siento, creo que sentimos todos lo ocurrido al Portavoz de su Grupo.

Señor Conde, cuando me dirija a Su Señoría, desde luego, lógicamente, lo hago como persona, como miembro de esta Cámara, pero me dirijo estrictamente al Grupo Parlamentario.

Habría sido enriquecedor el trabajo de la Ponencia, si ustedes hubiesen participado, como ha querido... -y comprendo el esfuerzo que usted ha tenido que realizar, añadido, a los trabajos anteriores a este Pleno- pero, desde luego, habría sido muy enriquecedor el trabajo de esa Ponencia, del que personalmente -y aquí ya se ha dicho- me siento orgulloso, mi compañero de Grupo, de Ponencia, y mi Grupo Parlamentario Popular.

(-p.1429-)

Un poeta en mi tierra escribía, que dice: "Se hace camino al andar". Y eso es cierto. Todos sabemos cómo llegó este Proyecto de Ley a las Cortes, sabemos las pequeñas o grandes deficiencias que tenía, pero lo cierto es que en esa Ponencia hemos trabajado, Señoría. Y yo he lamentado mucho -y quizá ha sido una conversación permanente-, pues, que en aquel Pleno de las Enmiendas a la Totalidad se hacían incisos -me refiero al Pleno que viene en el Boletín de las Cortes... de Sesiones número 19, de dieciocho de abril-, en el que, entre otras cosas, su Portavoz decía que esos errores debían ser corregidos a través de enmiendas parciales, y pedía que era conveniente una revisión en profundidad. Pues ahí ha tenido el Grupo de Izquierda Unida al Grupo Popular, al Partido Socialista también, a la Unión del Pueblo Leonés, esperando ese trabajo, que, de verdad, ha sido enriquecedor, dentro de las críticas que se han planteado, lógicamente: cada Grupo debe exponer en la Cámara sus criterios, sus ideas, que para eso representamos a nuestras diferentes opciones políticas.

Decía que el caer en la tentación habría sido muy fácil, de debatir ahora -como hicimos en la Ponencia- una por una la serie de las enmiendas que han quedado... que han quedado, casi todas de Izquierda Unida. Pero no teman Sus Señorías, que no voy a caer en esa tentación. Dado lo avanzado del horario dentro de este Pleno, lo voy a plantear de una forma muy sencilla; no llevando el ritmo que ha llevado el representante de Izquierda Unida, sino agrupándolo de otra forma, quizá con otra visión más positiva: agrupadas todas las enmiendas que Izquierda Unida ha presentado en bloques, y descontando las enmiendas que yo, quizá, como novato -por ser la primera vez que participo en una Ponencia-, pues no he llegado a comprender cómo enmiendas que, teóricamente, están decaídas -si quiere, luego buscamos los números-, porque en el texto original que ha llegado a este Pleno ya no aparecen las enmiendas que Izquierda Unida ha mantenido. Quizá, debido a los acontecimientos, o a la premura de tiempo que hayan podido tener, pues hay enmiendas que no... que, teóricamente -bajo mi punto de vista, muy sencillo, y respetando a su Grupo-, creo que deberían de haber estado retiradas o decaídas.

Y ese control, ese bloque que voy a definirle, lo centraría en diferentes puntos: uno, sobre el control de predadores; otro, sobre fomento -hay muchas de fomento-; otro, sobre sociedades de cazadores o sociedades federadas; otros, sobre cetrerías -42, 46, etcétera-; otros que... tres o cuatro sobre... por ejemplo el 23, que para mi concepto debía estar decaído, donde habla de estudios avalados por técnicos competentes; eso también se ha modificado en el trabajo de la Ponencia que pasó al Dictamen de la Comisión.

Yo, para hacerlo de forma positiva, no de la forma que, quizá, ha ido degenerando este debate... porque yo, sentado en el escaño observando, pues, a los intervinientes anteriores, pues, pensando que yo no fuese cazador, que no hubiese leído la Ley, pues quizá me habría echado las manos... estando en el escaño, diciendo: bueno, esto es una Ley de Caza, no la entiendo. Yo creo que el mensaje que deben dar estas Cortes, dentro de un buen Proyecto de Ley -como ha dicho mi compañero de Ponencia-, es dar un sentido positivo de una Ley de Caza que es para toda la sociedad, para cazadores y no cazadores, porque es una Ley que nos va a obligar a todos.

Y yo quiero darlo resumidamente, la estructura, contestando, si puede ser, de esta forma a sus enmiendas. Es una Ley -como ya dijo nuestro Consejero en la presentación de esta Ley- de innovación, es una Ley de presente y de futuro. Desaparecen los terrenos libres. Yo le recuerdo, Señoría, si mal... no me falla la memoria, que en Castilla y León puede haber ochocientas mil hectáreas de terrenos hoy libres, hoy esquilmados, que van a desaparecer en el concepto de terreno libre; pasarán a la categoría de vedados. Y todo el mundo que está relacionado con el mundo de la caza sabe que ésa es la triste realidad, que en terreno esquilmado no queda nada, ni quedan predadores.

Aparecen los refugios de fauna, aparecen los cotos federativos, se fomenta el asociacionismo, es decir, una persona se puede asociar. Un cazador del medio urbano... usted que dice... no el "señorito" que dice -entre comillas-, al que luego me referiré; un ciudadano normal, trabajador, de una capital de provincia puede asociarse, y puede pertenecer a una sociedad por un precio relativamente bajo, a una sociedad de cazadores -que las hay, y con muchos miembros en esa asociación-; puede federarse, que es una buena capacidad para poder acceder a otros tipos de cotos. Pero resalto... -que es importante- nosotros sí que apoyamos las sociedades de cazadores, que ustedes están en contra, lógicamente; son dos puntos de vista distintos, muy respetables los dos.

Se permite -importante- el arriendo y el subarriendo de los terrenos susceptibles de la caza, porque dése cuenta la catástrofe que existía... o que existe actualmente, que un titular no puede arrendar.

Se establece el derecho de tanteo y de retracto. Esto parece que no tiene importancia, y es importantísimo; cuando un titular del coto ha adquirido los derechos, bien de un Ayuntamiento, de un término municipal, etcétera, cuando acaba su período de contrato, tiene esa capacidad de poder arrendar, y, lógicamente, por el mismo precio; lo que dice ya la palabra: derecho de tanteo y retracto. Es decir, de esta forma se garantiza la buena gestión que haya podido llevar ese coto.

Todos sabemos que un período anual de cambio de titulares de coto sería un desastre, un desastre para ese terreno cinegético, tanto para las especies cazables como para las predadoras.

(-p.1430-)

Es importante, y todas las dudas que usted tiene... yo le remito a que mire en la Ley los Planes Cinegéticos Comarcales; tiene mucha importancia. Es una figura nueva, va a ser importante, y es la que va a ayudar a regir a los planes cinegéticos de todos los cotos. Y yo creo que ahí está el secreto, el secreto de cómo debe funcionar un buen coto; ésa va a ser la diferencia de una ley básica anticuada, del año setenta, de la que usted mismo ha hecho referencia al hablar de "Los Santos Inocentes". Lógicamente, es otra época; quizá entonces había señoritos, hoy no sé si habrá señoritos. Yo lo que sí le digo que hoy día un cazador normal sí que puede acceder a un terreno a ejercitar la caza. Y ejercitar la caza, Señoría -usted ya ha dicho que no es cazador-, no es salir a matar; cazar, el objetivo de la caza es salir al campo, un hombre cazador, respetuoso con el medio ambiente, como va a decir -o dice- nuestro objeto de este Proyecto de Ley -que será futura Ley, si esta Cámara así lo aprueba-.

Es decir, que esta Ley tiene unas innovaciones importantísimas. Una de ellas, la siguiente -por ser breve-, es el control de depredadores, el especialista. El especialista no es un alimañero, es una persona que tendrá que adquirir unos conocimientos, que ya los tiene; tendrá que tener una vigilancia, por esos funcionarios que se han mencionado aquí de la Junta de Castilla y León, para poder ejercitar. Y le digo una cosa -ya lo dijimos en el debate de la totalidad-: en un ciclo de un coto, es tan importante tener la especie cazable como el depredador; y ser controlador de depredadores no significa necesariamente tener que matar las especies predadoras. Actualmente... yo le puedo poner el ejemplo, a la sociedad que yo pertenezco, en la provincia de Soria, la Sociedad San Saturio -usted lo habrá visto en los vídeos de "Jara y Sedal"-, se controlan predadores, pero no se matan. Hay sistemas -y le remito... que es un documento audiovisual muy importante- donde esas especies (zorros, etcétera, etcétera) se cogen en cautividad, y luego se deben ofrecer a la Junta de Castilla y León, al Servicio correspondiente, porque en otros sitios, por desgracia -en otras zonas ya van quedando pocas-, no tienen ni depredadores. Por eso es bueno para fomentar ese ciclo.

También regulamos la caza intensiva, regulamos los cerramientos, regulamos de una vez, definitivamente, el ejercicio de la taxidermia. Ya digo que es una Ley de presente y de futuro.

Y sí quiero hacer una referencia a lo que ha hecho usted -y también lo ha hecho el Grupo Socialista- a la edad. En el Proyecto de Ley aparecen los catorce años. Yo era un gran defensor de los catorce años -le remito al Diario de Sesiones-, pero hemos llegado y hemos ofrecido aquí la transacción a los dieciséis. Y no tenemos que decir más que en esa transacción a los dieciséis años, porque ya la propia Ley prevé, prevé, en el Artículo 14 -lo podemos buscar por aquí- que todo menor de dieciocho años debe ir acompañado de un tutor, un tutor que ha de ser cazador. Y la defensa que hacemos de esto: es un período de educación, período educativo donde una persona aprende a cazar. No podemos esperar que una persona a los dieciocho, veinte años, salga de un despacho, de un trabajo, de repente, sin pasar el examen -que tendrá que pasarlo, lógicamente, en lo que también es un concepto nuevo de esta futura Ley-, no puede salir al campo sin saber lo que va a hacer. Tiene que haber -como ocurre en otras profesiones- una experiencia, un aprendizaje; y el aprendizaje -lo dije en el debate de la totalidad, lo vuelvo a repetir ahora- es perfecto de dieciséis a dieciocho años. Sabemos que hay un Reglamento de Armas que permite a los catorce años poder tener armas. Nosotros hemos transaccionado, o queremos transaccionar, y ofrecemos dieciséis años. Entendemos que una persona a los dieciséis tiene ya un grado de madurez y necesita el aprendizaje de ese padre, familiar, tutor, que va a cazar con él al campo.

En resumen, yo sé que usted no se va a quedar a gusto con las explicaciones que yo he intentado darle, pero, realmente, por lo menos he querido dar un sentido positivo a lo que es esta Ley. Porque, claro, yo me volvería a remitir a lo que dije en el debate de la totalidad, porque cuando oigo conceptos como economicista, privatizadora, insolidaria, etcétera. He subrayado dos veces lo de señoritos en "Los Santos Inocentes". Ya le digo que la película "Los Santos Inocentes" está muy bien; los paisajes, las especies que aparecen son muy curiosas; pero yo creo que son otros tiempos, otras formas de ver la vida, y no tienen que ver nada con la realidad actual. Yo, por eso, realmente entiendo que son conceptos distintos.

Ha dicho usted un momento -y sí que me interesa resaltar esto- lo de las líneas de ayuda. Yo creo que la Consejería a partir de esta Ley... -ya lo tiene, pero va a seguir teniéndolo- unas líneas de ayuda; y van a aparecer en esta Ley, y aparece en el articulado, porque creo que es lógico subvencionar todo lo relacionado con el aspecto cinegético. Y me refiero, desde el punto de vista educativo, o como tiene actualmente; usted sabe que actualmente hay unas líneas de subvenciones de la Junta de Castilla y León, Consejería de Medio Ambiente; cuando usted hace control de las especies, la catalogación, lo único que hay que hacer es un mecanismo muy sencillo: solicitarlo a la Junta, con la revisión de la Junta, y se hace. En la provincia de Soria así lo estamos haciendo.

En resumen, aparte del turno de réplica, ése es nuestro planteamiento. Entendemos que es una Ley positiva; entendemos que es creativa, que es de futuro; y que, con las pequeñas o grandes dificultades, lo que sí agradecemos ha sido la colaboración de todos los Grupos en el desarrollo y trabajo de la Ponencia. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de réplica, señor Conde Valdés.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Bueno, tengo que decirle que, efectivamente, yo no he participado en la Ponencia sobre el tema de la caza, pero... yo no sé las enmiendas en la última reunión de las que Izquierda Unida haya podido retirar. Yo simplemente he hecho mención a las enmiendas que ahí figuraban de Izquierda Unida y a la Ponencia en sí, ¿no?

(-p.1431-)

Entonces, tampoco es cuestión de entrar ahora en un debate demagógico, decir, bueno, pues yo me ratifico en lo que dije antes y, por lo tanto, no comparto lo que me ha dicho usted ahora. Yo, simplemente, con toda la buena voluntad del mundo, simplemente he tratado de hacer un razonamiento expreso, pues, evidentemente, la concepción que cada uno tiene de lo que puede ser la caza o debe ser la caza. ¡Hombre!, yo ya lo sé que no estamos en la época de la película de "Los Santos Inocentes", pero, precisamente, por eso; es decir, como la situación ha cambiado -lo dicen los propios Antecedentes del Proyecto de Ley-, la situación ha cambiado, por tanto, la Ley de Caza debe de acoplarse a los nuevos tiempos. Y yo decía antes que, en la nueva situación, existe en estos momentos una demanda muy fuerte en la preservación del medio natural. Por lo tanto, la Ley de Caza, al margen de regular esa actividad, debe preocuparse por el mantenimiento de las especies. Por eso hacemos hincapié en eso, ¿no?: preservando los derechos de los cazadores y tratando de garantizar que el derecho a la caza no solamente sea de los privilegiados económicamente, sino también de los cazadores modestos.

Y usted me dice, con toda la buena voluntad del mundo, diciendo: "no, no, si los cazadores modestos también tienen acceso, pueden federarse, pueden asociarse en cotos". Pero usted sabe que es difícil, porque yo... es una de las cuestiones que nosotros no acabamos de comprender, por qué se eliminan los cotos sociales, ¿no? Porque, por poner un ejemplo del que más conozco, del coto social de "Los Oteros", pues hasta la fecha era un coto no rentable desde el punto de vista económico -como ustedes dicen aquí en la Exposición de Motivos que la caza dinamiza económicamente el medio rural-, pero sí mantenía una actividad de caza que permitía que muchos cazadores modestos pudieran cazar allí. Y sí le garantizo, efectivamente, que ese control que hacían los propios cazadores en ese coto, pues mantuvo la caza. Si ahora eso se privatiza, pues ¿sabe el miedo que nosotros tenemos? Pues que, al final, ese coto lo gestione una empresa privada y se dediquen exclusivamente a cazar perdices, codornices, o conejos, o liebres, y destierren de allí las especies predadoras que siempre hubo. Y, además, estamos hablando de una zona donde está la avutarda -que es una especie protegida- y ya le adelanto -porque esto también es de dominio público- ya hay gente que está muy interesada en "a ver si le pueden empezar a dar tiros a la avutarda". Igual que el señor Jambrina sabe que hay mucha gente interesada en "a ver si se le puede empezar a dar ya tiros al urogallo"; porque como es una especie muy restringida, en vías de extinción, pues hay apetencias por algunos cazadores de poder tener trofeos de esta naturaleza. Yo creo que eso es aberrante. Y entonces, en la medida... en la desconfianza nuestra de la gestión privada es ésa. Es decir, puede haber una gestión privada, pero si no hay un control de la Administración para que eso se lleve de buena manera, pues, al final, eso va en detrimento de las especies; y eso supone... eso tiene un aspecto negativo, ¿no? Porque en el Artículo 25 -por darle un dato concreto- cuando hablamos de las zonas de caza controlada, en el punto 2 del Artículo 25, dice: "La gestión del aprovechamiento cinegético de estas zonas será ejercida por la Consejería directamente..." -directamente- "...o mediante concesión administrativa a través de pública licitación a sociedades de cazadores". Es decir, que o bien en cotos privados, o en zonas de caza controlada, el control lo puede llevar directamente la Administración -en este caso la Junta-; pero también lo puede hacer a través de empresas privadas. Entonces, ahí es donde se rompe... donde se rompe el núcleo de conexión; porque en el momento que hay una empresa privada, al final entramos en la operación del talonario: si yo tengo dinero y tengo interés por cazar de determinada manera o un interés..., yo pongo el talonario encima de la mesa y, al final, eso se lleva a afecto; y eso lo sabemos todos. Y la única garantía de que eso se lleve de buena manera es que sea la Administración quien lleve un control riguroso de esa situación. Por eso, es el ejemplo típico; es decir, en el Artículo 25, apartado 2, dice: "La gestión del aprovechamiento cinegético de estas zonas será ejercida por la Consejería directamente o mediante concesión administrativa a través de pública licitación a sociedades de cazadores". Ya; pero es que hay muchas clases de sociedades de cazadores. Porque no por el mero hecho de ser cazador se es conservacionista, o se tiene un cierto sentimiento de conservación. Hay cazadores de todo -y usted lo sabe-; hay cazadores que disparan a todo lo que se mueve, y otros cazadores, sin embargo, conscientes que saben que hay que preservar... bueno, y hay que cazar de manera prudente. Pero eso no son todos.

Entonces, el hecho de que se produzcan sociedades de cazadores privadas, con unos intereses determinados, eso puede poner en peligro la fauna de ese coto o de esa zona. Ése es el gran riesgo y el gran miedo que nosotros tenemos. No quiero decir con esto que ustedes estén a favor de eso; digo que esto, abrimos la puerta a que se produzcan ese tipo de situaciones.

Y después, en el Artículo 36, yo le hacía referencia a la... vamos, a la ambigüedad en algunos temas que la propia Ley no regula bien. Por ejemplo, en el Artículo 35 y 36, sobre modalidades no tradicionales de caza, hice referencia antes al tema del uso del arco y la ballesta, que eso no está contemplado en este Proyecto Ley; y usted sabe perfectamente que es una modalidad de caza selectiva que se está multiplicando por cuatro en estos últimos años. Incluso cazadores autorizados que entran de manera fraudulenta en las reservas nacionales y cazan con ballesta; y eso no está regulado aquí.

Y sobre el aspecto que a nosotros más nos preocupa, que es el tema del conservacionismo, pues volvemos a insistir, yo creo que hay que cambiar... nosotros tenemos otros conceptos; yo creo que el concepto de fomento de caza es contrario, absolutamente contrario, al concepto de conservación. O sea, yo no entiendo que el hecho de que haya cazadores, eso es una garantía de que haya caza; yo creo que es todo lo contrario.

(-p.1432-)

Entonces, tiene que haber un cierto equilibrio entre el número de cazadores y la capacidad cinegética. Y eso tiene que ser controlado por la propia Administración, y no a través de empresas privadas.

Y por eso poníamos serias dudas en la figura del especialista de control de predadores; no porque no fuera necesario, no porque no sea necesario, efectivamente; puede haber... se puede crear esta categoría, pero con el control de la Administración. Porque -vuelvo a repetir- en la medida que haya una empresa privada que gestiona un coto, se agarra a esta Ley, que contempla la creación... la figura del especialista de control de predadores; y, al final, esa persona lo único que está haciendo allí es eliminando los predadores naturales, en beneficio del dueño del coto, que lo que le interesa es tener perdices, codornices y conejos, pero no le interesa tener, en absoluto, ni zorros, ni águilas, ni libérridos, ni mustéridos, ni cualquier otro tipo de predador, que le come a él la caza. Y eso si no se hace a través de un control propio de la Administración, pues se corre ese riesgo. Yo no digo que ustedes estén a favor de eso, pero, evidentemente, si no hay un control riguroso de la Administración sobre este aspecto, estamos abriendo la puerta al alimañero; no quiero decir que esto sea un "alimañero", pero, al final, se puede convertir en un "alimañero" si la Administración no lleva un control riguroso de esa situación. Por eso le ponía otra vez el ejemplo de la película de "Los Santos Inocentes", el que le lleva al señorito, le pone el ciervo allí a dos metros para que simplemente tenga que apretar el gatillo. Pues, no. Es así...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Conde, por favor, vaya concluyendo la intervención.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: ...es una visión gráfica, pero es así. Bien.

Y después, en el Artículo 53, que yo decía antes y le hacía antes alusión, pues es otra cuestión que... que a mí me choca y yo quería que me la explicara. Porque, efectivamente, el Artículo 53 dice: "ayudas al fomento, investigación y divulgación cinegéticos. La Consejería podrá establecer líneas de ayuda a personas, entidades, instituciones o asociaciones para realizar actuaciones inspiradas en el fomento, investigación y divulgación de aspectos cinegéticos". Eso, lo de "aspectos cinegéticos", quiero que me lo explique; porque yo dije antes que la actividad cinegética es la acción de cazar, de matar. Y yo digo, si hay ayudas para eso, tendría que haber ayudas también para el fomento y la conservación de las especies, no exclusivamente para actividades cinegéticas. Digo en ese intento de guardar ese equilibrio entre el fomentar la caza -que ustedes preconizan- y el conservarla. Entonces, de la misma manera que puede haber ayudas para aspectos de divulgación cinegética; pues tendría que haber también subvenciones y ayudas para el fomento y la conservación de las especies. Es como yo entiendo este articulado; no sé si esto corresponde a eso o no. Bien.

Pues, por tanto, nosotros... yo le digo, sinceramente, que no nos ha convencido; y seguimos pensando eso, que esto es una Ley, no para los cazadores en sí -con lo cual se margina a un sector social importante, mayoritario, que no le gusta la caza-, sino, fundamentalmente, para los cazadores que tienen recursos y medios económicos. Y, por tanto, nosotros vamos a votar en contra; está claro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Bartolomé, para el turno de dúplica, por favor.

BARTOLOMÉ MARTÍNEZ

EL SEÑOR BARTOLOMÉ MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Voy a ser breve y consumir el mínimo tiempo posible. Pero le diré, Señoría, que todas esas dudas que tiene usted, las tiene muy clarito en el Artículo 40; el Artículo 40 habla de los planes cinegéticos. Si usted hace una revisión -y por cierto le agradezco, pues, el esfuerzo añadido... ya sé que usted no estuvo en la Ponencia-, pero piense que ahí está todo el secreto. Porque, titular de coto que no tenga un plan cinegético aprobado, no ejercita la caza. Ahí está el secreto. Y eso lo va a revisar la Junta de Castilla y León en su Servicio reglamentario. Yo creo que eso, unido a que la propia Dirección General va a dotar de planes comarcales, creo que eso va a ayudar a la buena gestión de todas las especies cinegéticas, que es a lo que usted le preocupa, pero ahí están todas; ahí están los predadores y no predadores; "cinegético", a eso se refiere la Ley.

Yo, como resumen -y siempre buscando ese tono positivo-, recordando unas frases del Consejero en su discurso de presentación, dice bien claro en su principio que es una actividad de ocio; que supone... que está actuando sobre un recurso renovable; que debe ejercitarse de forma racional, si no, acabaríamos con todo, como así estamos casi en la actualidad; y que no deteriora el equilibrio natural.

Dice -y estoy convencido de ello- que es una actividad económica generadora de rentas en el mundo rural y una forma complementaria... Usted dése un paseo -como ha dicho mi compañero de Ponencia- por Castilla-La Mancha y verá cómo se nota el factor económico de la caza en esa región. Y usted fíjese lo que es Castilla-León, un buen turismo, una buena Ley de Caza -teniendo caza-, creo que se generarían rentas añadidas muy importantes en el medio rural -que luego, por cierto, van a repercutir en el medio urbano-. Ya sé que usted piensa de distinta forma, como es lógico.

(-p.1433-)

Y hay un ejemplo bien claro, cuando a usted le preocupan los temas de caza -lo dijo el señor Consejero cuando sacaba un ejemplo de Maximiliano Legido-, un triángulo equilátero en el que los vértices son el medio, el cazador y las piezas de caza. Lógicamente, a este triángulo equilátero le falta el turista -el que decía su compañero de Grupo en la presentación de la Enmienda a la Totalidad, en la defensa-, esa persona que sale al campo... que también lo respeta el propio cazador; hay una normativa de distancias, y uno no concibe que ningún cazador de Castilla y León, ni de ninguna parte del mundo, aparezca una excursión de turistas y lo confunda con las perdices que decía su compañero de jugar al fútbol. Creo que todo en la vida tiene un orden y debe de imperar la sensatez.

Y volviendo a la edad -que usted no me ha dicho nada en la oferta de transacción-, en el Proyecto venían catorce años; nosotros hemos ofrecido una transacción a dieciséis, porque entendemos -como ya se ha dicho aquí- que es un periodo de aprendizaje, en el cual la persona aprende el ejercicio de la caza, que es lo más importante, a pesar de tener que pasar luego un examen.

Y sólo para terminar, sacar dos frases del Proyecto de Ley, que si esta Cámara lo estima oportuno -como así creo que va a ser-, pasará a ser Ley. Una viene importante en la Exposición de Motivos: "Esta Ley pretende ordenar y fomentar el ejercicio de la caza en nuestra Comunidad Autónoma, inspiradora..." -ahí viene la frase importante- "...en el principio de conservación de la naturaleza". Luego habla de la dinamización. Y luego -como dije ya en el debate de la totalidad- tengo la obligación de volver a leer, porque es que creo firmemente lo que pone aquí -a pesar de que existe una pequeña errata que ya se arreglará, el objeto de la Ley en el Artículo 1º: "Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la caza en Castilla y León, con la finalidad..." -y ahí van contestadas todas sus dudas- "...de proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente sus recursos..." -aquí dice energéticos, son cinegéticos- "...en armonía con todos los intereses afectados".

Es decir, creemos que es una Ley que está equilibrada; que va a ayudar a que la gente pueda practicar el ejercicio de la caza; que va a generar rentas añadidas; y creemos que -dentro de algún pequeño defecto, algún fallo que hayamos tenido- todos, en la constitución de esta Ley, es una Ley importante, de presente y de futuro, que nos permitirá, no lo que ocurre actualmente, que no queda caza, sino que generará, hará posible la actividad de la caza. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, tiene ahora la palabra el señor Otero Pereira para la defensa de sus Enmiendas.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. No sé por qué me da a mí la impresión de que en lugar de desear ustedes que yo intervenga con un debate profundo e intenso, casi prefieren que lo haga con un debate breve; que no está reñido -dicho sea de paso-. Y yo les anuncio que voy a ser muy breve; es más, incluso ya anticipo que voy a renunciar al posterior turno de réplica, para intentar no alargar excesivamente el debate.

Hemos presentado -mi Grupo Político- como una treintena de enmiendas a la Ley de Caza -la mayoría de ellas todavía sigue vivas en este momento-, y las hemos clasificado en diferentes grupos, por seguir una sistemática.

En primer lugar, hemos denominado a las primeras como "enmiendas de estilo" -por denominarlas de alguna manera-. Hemos observado, como viene siendo habitual en todas las leyes, en todos los decretos, en todas las órdenes ministeriales el uso y abuso de la palabra o la expresión "región", "regional", al referirse al ámbito de aplicación de la Ley en esta Comunidad Autónoma. Así, por ejemplo, se crea un Consejo Regional de Caza, se crean refugios regionales de caza, se crean reservas regionales de caza, etcétera, etcétera.

Bien, las enmiendas -como digo- presentadas en este sentido consisten, simple y llanamente, en eliminar esa, gramaticalmente incorrecta expresión "regional", en unos casos, y sustituirla por conceptos más exactos y precisos como autonómico o Comunidad Autónoma, en otros casos. De manera que desaparezca por completo del texto de esa Ley esa desafortunada expresión que tanto utilizan Sus Señorías, de regional, para referirse a una Comunidad Autónoma integrada por más de una región, desde luego. Y es que España es constitucionalmente un Estado de las Autonomías y no de las Regiones.

Y, en ese sentido, había numerosas enmiendas, y en todas ellas lo hemos corregido. Además es que no supone ningún cambio, ni cuantitativo ni cualitativo, esas modificaciones y suponen una mayor exactitud gramatical de las mismas.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, les ruego guarden silencio para poder continuar. Por favor, silencio.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, Señorías. Nos gustaría, en ese sentido, que el Grupo Popular acogiese -no ya en esta Ley, sino en todas las leyes- esta sugerencia, e ir eliminando de toda la normativa ese concepto de "regional" y cambiándolo por el de "autonómico".

En segundo lugar, un grupo de enmiendas destinadas a garantizar el ejercicio de la caza a todos aquellos cazadores que se encuentren en posesión de licencia, sean titulares de terrenos cinegéticos o no sean titulares de terrenos cinegéticos.

(-p.1434-)

En definitiva, evitar que solamente tengan acceso a la caza quienes, por su cómoda situación económica, puedan pagar los cotos. Para ello pretendemos que la Consejería de Medio Ambiente cree un suficiente número de cotos autonómicos o regionales -como ustedes los denominan- de caza, para todos aquellos que no pueden acceder a cotos privados o cotos federativos; y para garantizar el derecho a cazar a todos los cazadores con licencia, independientemente de su situación económica. Es algo que no es nuevo. Todos los Portavoces de los diferentes Grupos que me han precedido en la palabra, de la Oposición, han hecho hincapié en esta cuestión.

Y así, por ejemplo... y así, por ejemplo, el Artículo 15 del Proyecto de Ley de Caza regula de forma detallada lo que es la licencia de caza. Y la licencia no es más que un derecho a cazar; lo que pasa que en ese Artículo no se han acordado de decir que la licencia de caza es un derecho a cazar. Eso lo recogemos nosotros mediante una Enmienda de adición, en la que decimos textualmente que "la obtención de la licencia de caza otorga a su titular el derecho a cazar durante la totalidad de la época hábil de caza que se establezca en el Plan Cinegético o en la Orden Anual de Caza, sin más limitaciones que las establecidas en el apartado 4 del Artículo 42 de la presente Ley". Es decir, limitaciones basadas en la Ley y no cualquiera que se quiera. Creo que se han olvidado de decir y afirmar que tener licencia es tener derecho a cazar; de lo contrario, se quedaría sin sentido.

En este mismo sentido también, se añade un apartado 2.bis al segundo, en la enmienda del Artículo 17. Establece una contraprestación cuando un cazador con licencia -y por tanto con derecho a cazar- se ve impedido -por causas tasadas en la Ley, ¿cómo no?-, a cazar. Tiene que ser objeto de indemnización, porque la Administración debe de garantizar el derecho, e indemnizar cuando ese derecho no se puede ejercitar por causas que se deberán determinar de forma reglamentaria.

Y quisiera hacer mención también a una cuestión debatida ya en este mismo debate -valga la redundancia- en esta cuestión de garantizar el derecho a cazar a todos aquellos cazadores.

Los cotos regionales de caza -como ustedes los denominan-, los cotos autonómicos de caza -como a nosotros nos gustaría que se denominasen- estamos seguros de que van a ser insuficientes. Pero estamos completamente seguros de que no van a permitir cazar a todos aquellos que desean cazar y que no son titulares de terrenos, o que no pertenezcan a ningún coto federativo. Es decir -entre comillas- a los "pobres". Si ustedes creasen el suficiente número de cotos autonómicos de caza, para garantizar el ejercicio de la misma a todos los cazadores que estén en posesión de la licencia, nosotros no hubiéramos presentado esta enmienda; pero nos parece que no va a ser así, y que, por tanto, esa obligación por parte de la Administración debería de estar recogida, debería de estar incorporada a la propia Ley de Caza. En ese sentido, "la Consejería de Ordenación del Territorio creará el número suficiente de cotos autonómicos..." -o regionales, mal dicho- "...de caza, para garantizar el ejercicio de la misma a todos los cazadores que estén en posesión de la licencia".

Bien, son solamente dos ejemplos de ese bloque de enmiendas que decíamos estaban destinadas a garantizar el ejercicio de la caza a todos los cazadores.

Un tercer bloque de enmiendas lo hemos definido como aquellas que obligarían a la Consejería de Medio Ambiente a respetar el periodo hábil de caza que se establezca en la Orden anual de Caza, de manera que no se pudiera ni reducir ni suprimir a posteriori, es decir, después de la entrada en vigor de la Ley anual de Caza; lógicamente, salvo por razones excepcionales y tasadas en la Ley, que, además, están recogidas -aunque también hemos enmendado, pero por unas precisiones gramaticales, esas excepciones-.

Se evitará, por ejemplo, lo que recientemente ha ocurrido, que, abierto el periodo de caza, la Consejería acordó cerrarlo a los pocos días por falta de animales o por falta de fauna, o por falta de caza -como dicen ustedes-, una vez que los cazadores ya habían pagado sus derechos y sus cotos. Pretendemos limitar eso; pretendemos -mejor dicho- prohibir eso con limitaciones que, o con excepciones que deberían de estar tasadas en la Ley.

Quisiera referirme, en concreto, dentro de este apartado, al Artículo número 41 de la Ley de Caza -de forma muy breve-, donde, precisamente, se regula esa Orden Anual de Caza, que es fundamental; Orden anual de Caza que es fundamental y que creemos que debe ser -una vez publicada y en vigor- inmodificable -valga la expresión-, salvo por esas causas muy justificadas. Decimos, en un apartado tercero -que añadiríamos en ese Articulo 41- que los periodos hábiles de caza para las distintas especies establecidas, o establecidos en la Orden Anual de Caza, no podrán ser ni reducidos ni suprimidos, salvo en aquellos supuestos establecidos en el Artículo 42.4 del presente Proyecto de Ley, en breve, de la presente Ley.

En ese mismo sentido, y, al referirnos al Artículo 42.4 que establece esas limitaciones, dice textualmente: "No obstante lo dispuesto en los puntos anteriores, cuando existan otras razones de orden biológico que así lo justifiquen...". Ése es un concepto excesivamente amplío, "razones de orden biológico". Creemos que debería de precisarse más y decir: "cuando sea declarada una epizootia", o, "cuando se hayan producido..." -eso sí lo recoge el propio Artículo- "...incendios o quemas incontroladas en grandes zonas". Pero, nuestra enmienda, para matizar ese concepto de "razones de orden biológico" -que deja abierta a la Consejería utilizar los argumentos que le parezcan oportunos-, debería de ser limitado, precisado y matizado.

Cuarto y penúltimo bloque de enmiendas -para que no se les haga muy largo-: son aquellas que obligarían a la Consejería de Medio Ambiente a realizar un censo en los meses de mayo y junio para conocer el estado de las poblaciones cinegéticas en las distintas comarcas de la Comunidad; así los cazadores conocerán cómo se presenta la temporada y si les interesa obtener la licencia, los cotos, o no les interesa.

(-p.1435-)

Quiero hacer mención al Artículo 51 del Proyecto de Ley de Caza, donde se refiere precisamente a ese tema, al censo y la estadística. Dice que se crearán censos; pero nosotros pedimos que se haga un censo en concreto, y el que la Consejería venga obligada a hacer un censo, en concreto, con dos meses de antelación a la publicación de la Orden Anual de Caza; porque ése será el censo que les dé la referencia exacta de la situación cinegética, el que se haga con dos meses de antelación, para así incorporarlo o, por lo menos los resultados del mismo, a la Orden Anual de Caza, y que esa Orden Anual de Caza no tenga que ser modificada en ningún momento. El Proyecto de Ley habla de censos, sin especificar ni cuántos ni cuándo; nos parece bien todos los que se hagan, pero uno al menos pediríamos que se hiciera con dos meses de antelación a esa publicación de la Orden Anual de Caza.

En ese mismo Artículo 51, quiero hacer mención expresa a otra enmienda que hemos presentado, y es, en el párrafo 2, donde se obligará a los titulares de los cotos de caza a cubrir un impreso oficial donde, entre otros requisitos, se haga constar el total de piezas cobradas, junto con otros requisitos que nos parecen correctos. No nos parece correcto hacer detallar a los titulares de los cotos el total de las piezas cobradas, por dos razones. Primero, porque eso es una redundancia; el total de piezas que se puede cobrar en cada coto ya viene regulado en el Plan Cinegético, y no influye ni en el fomento ni en la investigación. Y, en segundo lugar -al margen de esa razón que entendemos que es de peso-, los titulares de cotos de caza jamás dirían la verdad; si el Plan Cinegético les dice tantas piezas, luego no van a reconocer en ningún impreso -por muy oficial que sea- las piezas que han cazado.

Por tanto, hay que presumir que los titulares se van a ceñir a lo que ya les establece el Plan Cinegético, sin necesidad de hacerles cubrir un requisito que nos parece superfluo.

Un quinto bloque de enmiendas que hemos presentado y que, realmente, pudieran ser incluso consideradas como la más importantes. Aquí dejamos de lado los intereses de los cazadores y nos adentramos en la protección cinegética. Consistirían -este grupo de enmiendas- en exigir un mayor control en las explotaciones industriales para garantizar la pureza genética de las especies autóctonas. Hasta la fecha, este control trascendental ha sido realmente nulo o desastroso. En este sentido, y entre otras medidas, solicitamos que las piezas para la caza intensiva, procedentes de explotaciones industriales, vayan todas ellas anilladas con el nombre y número del registro de la explotación industrial a la que pertenecen, además de las garantías...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se guarda silencio, por favor.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: ...además -digo- de las garantías que ya se establecen en la propia Ley y que son correctas, pero son insuficientes. No parece muy difícil, no parece imposible, desde ningún punto de vista, el anillar con nombre y número de registro de la explotación industrial a todas aquellas piezas de caza. ¿Para qué? Para que luego no se mezclen, para que luego se sepa cuáles proceden de explotaciones industriales y cuáles no proceden de explotaciones industriales; en definitiva, para garantizar la pureza genética, al menos de aquellas que genéticamente sean puras; pero, que se sepa. En este sentido cito textualmente, y a modo de ejemplo, las enmiendas que hemos presentado al Artículo 56, que regula la caza intensiva, en el sentido de incorporar a esas garantías sobre la pureza genética, lo que estamos diciendo, es decir, la posibilidad de anillar a esas piezas que proceden de explotaciones industriales. Así, añadimos un punto segundo "Todas las piezas a que se refiere el apartado anterior deberán ir anilladas con los datos de la explotación industrial a la que pertenecen y su número de registro". O, citamos también, en este sentido, el Artículo 75 que, al recoger las infracciones, lógicamente ésta -que no está contemplada- no está recogida; sería coherente y consecuente el tipificar como infracción el hecho de que una explotación industrial que suelte piezas no las anille, no las identifique de esa manera.

Y ya, para terminar, restan dos enmiendas, una de estilo sobre la presunción de veracidad de las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad en esta materia. Hemos presentado una enmienda concretando, puesto que, efectivamente, la presunción de veracidad existe pero está sujeta a una simple presunción "iuris tantum"; es decir, da excesiva firmeza a las denuncias efectuadas por los agentes de la Consejería, por los agentes de la autoridad, que sí tienen presunción de veracidad, como es lógico y evidente.

Con esos cinco bloques de enmiendas, y una matización más, otra que hemos presentado para terminar, por la cual eximimos, y nos parece razonable eximir de responsabilidad a los cazadores titulares de terrenos cinegéticos por los daños causados por animales que no estén incluidos en su plan cinegético -y eso no se dice-. Ahora mismo los daños causados por cualquier animal van a ser responsabilidad de los cazadores titulares de terrenos cinegéticos; pero hay animales no incluidos en ese plan cinegético, como los lobos y como los zorros, cuyos daños no pueden ser objeto de reparación por el titular del terreno cinegético, puesto que no guarda relación ninguna al no estar incluidos en el plan cinegético.

(-p.1436-)

En fin, cinco bloques de enmiendas que defendemos con la desesperanza de que no van a ser atendidas, puesto que no lo han sido ya; si bien es cierto que en la Ponencia, me consta, que algunas de ellas fueron analizadas, alguna de ellas también se incorporó al texto, no la mayoría, no tampoco las más importantes, pero menos es nada. Para no alargar esta sesión -como he dicho, Señorías-, sí espero un turno de intervención en contra, pero ya anticipo que, desde este momento, renuncio a la réplica -y, por consiguiente, también a la dúplica- para no alargar innecesariamente este debate, puesto que está cerrado y las enmiendas -como digo- desesperanzadoramente van a ser rechazadas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Coloma.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, señor Presidente. Y agradecer, en primer lugar, al representante de la Unión del Pueblo Leonés que no vaya a utilizar el turno de réplica, en aras a la brevedad; y decirle que de los cinco bloques, el primero, el concepto de región está ampliamente debatido ya en esta Cámara.

En cuanto al derecho a cazar es algo que acabamos de debatir ampliamente con los distintos Grupos de la Oposición y que no voy a repetir.

En cuanto al tercer bloque, de obligar a respetar el periodo hábil; pues, sinceramente, en la media veda ¿quién sabe lo que hay, por ejemplo, hasta que no se ha empezado a cazar? Lo normal es que se pueda variar en función de la densidad de la caza.

En cuanto al censo, pues, mire usted, hacer un censo dos meses antes, es algo así como hacer una primitiva; se lo garantizo, o sea es que es algo... algo realmente que no tiene... no tiene ninguna lógica. Y en cuanto al impreso oficial, el plan cinegético recoge todas esas cosas que usted dice, el número de piezas, etcétera, etcétera, eso está recogido en el plan cinegético.

Y, en cuanto a que las piezas de caza estén... que sean de granjas cinegéticas estén todas anilladas, nosotros creemos que hay controles más que suficientes; y que, desde luego -y se lo puedo garantizar personalmente-, se conoce de sobra lo que es una pieza procedente de una granja cinegética de la que no lo es; entonces, la pureza cinegética está garantizada sólo con ver la pieza, sólo con ver la pieza.

Y, en cuanto al tema de daños, no ha visto usted cómo ha quedado al final; porque, realmente, la Junta hace un seguro y repercute el coste del mismo seguro entre los titulares de los cotos cinegéticos en que se explota la caza mayor -esas piezas que son las que pueden producir esos daños-; entonces, está recogido ya en lo que queda del Proyecto... en el último Proyecto que ha salido de Ponencia y de Dictamen de Comisión. Está absolutamente recogido -y yo creo que a satisfacción de todos- los daños de caza. Y, nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Las enmiendas de la señora Farto, al no hallarse presente en la sala, entendemos que renuncia a hacer uso de la palabra; las damos por decaídas.

Y, pasamos, entonces, a la votación de las enmiendas del Dictamen de la Comisión. Sometemos, en primer lugar, a votación las enmiendas que ha mantenido y defendido el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor de dichas enmiendas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y siete. Veintidós a favor. Cuarenta y cuatro en contra. Y una abstención. Quedan rechazadas.

Se votan ahora las enmiendas que ha defendido el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Sesenta y siete votos emitidos. Veintidós a favor. Cuarenta y cuatro en contra. Y una abstención. Quedan, igualmente, rechazadas.

Sometemos a votación las enmiendas del señor Otero Pereira. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Sesenta y siete votos emitidos. Uno a favor. Cuarenta y cuatro en contra. Veintidós abstenciones. Quedan rechazadas.

Pasamos ahora a la votación de los artículos y de las Disposiciones del Proyecto de Ley.

Se someten a votación, en primer lugar, aquellos artículos y Disposiciones del Proyecto de Ley que no mantenían enmiendas, y que son los siguientes: 2, 5, 6, 10, 38, 45, 46, 52, 55, 58, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 79, 81, 83 y 84. Así como las Disposiciones Transitorias Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Undécima y Duodécima y la Disposición Derogatoria Única, que -como digo- no subsisten a ellas ninguna enmienda. ¿Se puede aprobar este bloque por asentimiento? Se someten a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y siete. Cuarenta y cuatro a favor. Ninguno en contra. Veintitrés abstenciones. Quedan aprobados este bloque de artículos y Disposiciones que antes leí.

Ahora se someten a votación los restantes artículos del Proyecto de Ley que habían sido enmendados y cuyas enmiendas o han decaído o han sido rechazadas anteriormente, así como las Disposiciones Adicionales Primera, Segunda, Tercera; las Transitorias Primera, Segunda, Octava, Novena y Décima; las Finales, Primera y Segunda; el Anexo a la Ley y la Exposición de Motivos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

(-p.1437-)

Resultado de la votación. Sesenta y siete votos emitidos. Cuarenta y cuatro a favor. Veintitrés en contra. Ninguna abstención. Quedan, pues, aprobados estos Artículos y Disposiciones Adicionales, Transitorias Finales, Anexos y Exposición de Motivos.

Por último, se somete a votación el Título de la Ley, que no estaba enmendado. ¿Se aprueba por asentimiento el Título de la Ley? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Sesenta y siete votos emitidos. Cuarenta y cuatro a favor. Ninguno en contra. Y veintitrés abstenciones.

Concluida la votación queda aprobado el Proyecto de Ley de Caza de Castilla y León. Señor Consejero tiene la palabra.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Sí, señor Presidente. Yo creo que es oportuno -y que además lo hago con total y absoluta sinceridad- mi agradecimiento, en nombre de la Consejería y de la Junta, por la aportación que los Grupos de esta Cámara han hecho a un Proyecto de Ley -hoy ya Ley- que a mí se me ocurre importante.

Yo espero no defraudar, en el sentido de, primero, conseguir lo que dice su Artículo 1: "Proteger, conservar, fomentar y aprovechar ordenadamente"; y, en segundo lugar, también, dar satisfacción a los más de ciento cuarenta mil cazadores que estaban esperando con ansiedad esta Ley. Nada más, muchas gracias, señor Presidente, Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Consejero. Señor Vicepresidente, le ruego que proceda a dar lectura al vigésimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Vigésimo punto del Orden del Día: "Propuesta de tramitación por procedimiento de lectura única del Proyecto de Ley por la que se autoriza la absorción por GESTURCAL, Sociedad Anónima de diversas sociedades de gestión urbanística".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego, asimismo, lea el acuerdo de Mesa proponiendo el trámite de lectura única para la tramitación de este Proyecto.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): "La Mesa, en su reunión de fecha veinte de junio actual, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, propone al Pleno de las Cortes la tramitación en lectura única del Proyecto de Ley por la que se autoriza la absorción por GESTURCAL, Sociedad Anónima, de diversas sociedades de gestión urbanística".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Se aprueba por asentimiento este procedimiento de lectura única? Gracias. Queda aprobado.

Señor Vicepresidente, le ruego de lectura al último, vigésimo primer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Vigésimo primer punto del Orden del Día: "Debate y votación, por el procedimiento de lectura única, del Proyecto de Ley por la que se autoriza la absorción por GESTURCAL, Sociedad Anónima, de diversas sociedades de gestión urbanística".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto de Ley, en nombre de la Junta, la señora Consejera de Economía tiene la palabra.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Constituye un honor y una satisfacción presentarme ante esta Cámara para someter a la aprobación de Sus Señorías el Proyecto de Ley que tiene por objeto autorizar la absorción por Gesturcal Sociedad Anónima de diversas sociedades de gestión urbanística.

La Disposición Adicional Décimo Séptima de la Ley 4/1995, de veintiocho de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para mil novecientos noventa y seis, prevé un replanteamiento de las Sociedades de Gestión Urbanística con la finalidad de que la gestión del suelo de uso industrial corresponda a una sola empresa pública, y la del suelo de uso residencial a la Consejería de Fomento o empresa pública adscrita a la misma.

Hasta ahora son ocho las empresas públicas de la Comunidad cuyo objeto social comprende la gestión de suelo. La Sociedad de Gestión Urbanística de Castilla y León, Sociedad Anónima (Gesturcal), cuyo ámbito de actuación es todo el territorio de la Comunidad, y las Sociedades de Gestión Urbanística cuyo ámbito es, respectivamente, las provincias de Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora. Todas estas, menos la última mencionada, se convirtieron en empresas públicas de la Comunidad por el traspaso de acciones realizado por el Real Decreto 1107/1995, de diecinueve de junio. Gesturcal y Gestur Zamora fueron creadas por la Comunidad mediante Ley 5/1987, de siete de mayo.

(-p.1438-)

El cumplimiento de la finalidad fijada por la Disposición mencionada de la Ley de Presupuestos supone que la mayoría de estas empresas pierden su razón de ser. Se trata, en definitiva, de que una empresa lleve la gestión que hasta ahora corresponde a ocho. Era preciso, por tanto, decidir el camino que ha de llevar a aquella situación. Dado que son empresas mercantiles, tal camino ha de buscarse entre las posibilidades que ofrece la legislación mercantil y, en concreto, la Ley de Sociedades Anónimas, cuyo texto refundido aprobó el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de veintidós de diciembre.

Los Artículos 233 y siguientes de esta Ley regulan la fusión de sociedades anónimas, que puede desarrollarse de modo que una de ellas absorba a las restantes. Conforme al proceso que dichos artículos regulan, la sociedad absorbente adquiere los patrimonios de las sociedades absorbidas que se extinguen, adquiriendo aquélla los derechos y obligaciones de éstas.

Parece el camino más racional para que una sola empresa pública gestione el patrimonio de suelo de uso industrial que ahora corresponde a ocho sociedades, cumpliéndose así el objetivo marcado por la Ley de Presupuestos. Y parece lo más lógico que sea la única empresa pública que tiene como ámbito de actuación todo el territorio de la Comunidad, la que absorba a las demás. El citado Artículo 233 de la Ley de Sociedades Anónimas prescribe la extinción de las sociedades absorbidas.

Esta consecuencia inevitable del proceso de fusión obliga a solicitar la autorización de las Cortes de Castilla y León, ya que el Artículo 24.3 de nuestra Ley de Hacienda establece que la extinción de las sociedades públicas de la Comunidad se realizará por Ley.

Éste es el objetivo del Proyecto y el contenido de su único Artículo. En coherencia con el mismo, se propone derogar las referencias a Gestur Valladolid -que nunca llegó a constituirse efectivamente-, y las referencias a otras sociedades en el objeto social de Gesturcal que se contiene en la Ley 5/1987, de siete de mayo, de creación de esta última.

Por último, Señorías, tanto la naturaleza del Proyecto de Ley presentado como su simplicidad permiten, a nuestro juicio, entender la tramitación del mismo así establecido, por el procedimiento de lectura única, de acuerdo con el Artículo 128 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

A estos efectos, presento ante estas Cortes este Proyecto de Ley, sometiéndole a la consideración de Sus Señorías y solicitando su aprobación. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señora Consejera. Para consumir un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, ¿señor Otero? No lo va a consumir. ¿Por Izquierda Unida? Doña Elena Pérez tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. A mi Grupo Parlamentario le parece lógico que se haya traído a esta Cámara este Proyecto de Ley; y le parece lógico, en sí, este Proyecto de Ley, pues ya se estaba planteando lo necesario que era la separación de la gestión de los dos suelos mencionados anteriormente.

Así, además, se cumple el principio de especialización que se tiene que marcar: suelo industrial, Agencia de Desarrollo Económico. Sin analizar desde aquí, porque no creemos que sea el momento, pero sí señalar que las gestiones -un tanto dudosas- que han sido desarrolladas por parte de algunas Gestures... y no vamos a señalar aquí muchos datos, pero sí por lo menos recordar la gestión dudosa que se ha tenido sobre el Polígono de Venta de Baños. Esperemos que esta absorción, que esta separación de los dos suelos suponga una mejora en esa gestión.

Y separar, por otra parte, el suelo residencial para otro tipo de empresa pública; y que se haga, además, de una forma centralizada. Contamos con el instrumento; pero esto, al entender de mi Grupo Parlamentario, no garantiza en absoluto realizar políticas efectivas de suelo y vivienda.

Recientemente hemos conocido datos sobre la ausencia de viviendas de protección oficial en muchas ciudades de nuestra Comunidad Autónoma. Saben ustedes que estas viviendas, aunque no nos guste hablar de las rentas, son las destinadas para las rentas medias y bajas. Carencia denunciada por mi Grupo Parlamentario también en esta Cámara; carencia que, para nuestro Grupo, piensa que se va a acentuar debido a las últimas Disposiciones del Gobierno Aznar sobre el tema.

Ustedes bien saben que con el reciente Decreto Ley del siete de junio de mil novecientos noventa y seis se abre un proceso de liberalización del mercado del suelo. En suelo urbano se pierde el 15% que la Ley otorgaba a los Ayuntamientos; en suelo urbanizable, el aprovechamiento urbanístico de los propietarios de los terrenos será el 90% del aprovechamiento tipo, con lo que los suelos para edificar que recibían los Ayuntamientos disminuyen en una tercera parte en este tipo de actuaciones.

Los Ayuntamientos no podrán distinguir entre "suelo urbanizable programado y no programado". Las valoraciones legales de ambos tipos de suelo son diferentes, por lo que en los precios, en caso de intervención pública, serán más elevados; y, en general, se producirá un incremento del precio del suelo no programado -algo que nos preocupa a mi Grupo Parlamentario-.

La primera de las medidas afecta a la capacidad recaudatoria de nuestros Ayuntamientos o a su capacidad para liberar de edificabilidad el tejido urbano consolidando... y consolidado, y lograr mayores dotaciones en el mismo. Cuanto menor sea la cantidad de suelo que reciban, tendrán menos posibilidades de promover viviendas sujetas a cualquier tipo de protección pública. De esta manera, se produce un daño importante a las posibilidades de acceso a la vivienda para la mayor parte de los españoles, fin distinto al que dice recoger o favorecer este Decreto Ley.

(-p.1439-)

La realidad apunta que, por lo tanto, el problema no es de suelo urbanizable, sino de suelo urbanizado. Y el problema apunta... la realidad apunta que el problema no es que dispongamos... o que no dispongamos de suelo industrial, porque está demostrado -y se ha discutido en esta Cámara-, que, a pesar de que haya suelo industrial o que haya suelo urbanizable, no se ha hecho uso de ello.

La realidad nos indica, igualmente, que los operadores inmobiliarios se dedican, primordialmente, a retener el suelo con fines especulativos -como no podría ser de otro modo-, por lo que son necesarias medidas de la Administración para evitar este tipo de actuaciones. Pensamos que ahí tiene que estar Gesturcal.

Estas medidas colocan a nuestra Región en la senda de unos modelos urbanísticos en que los costes medioambientales son muy elevados, por el elevado consumo de suelo.

Gesturcal -por último señalar- deberá desarrollar un tipo de políticas efectivas de suelo y vivienda. Aquí estaremos siguiendo, por lo tanto, el instrumento que se va a crear por medio de este Proyecto de Ley, para que ese tipo de políticas y de medidas sean efectivas para Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el turno... por el Grupo Parlamentario Socialista, don Antonio de Meer tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Intervengo para anunciar la abstención del Grupo Parlamentario Socialista a este Proyecto de Ley de absorción de las Gestures por Gesturcal.

La verdad es que a nosotros no nos gusta nada este proceso de centralización galopante que ha iniciado... de centralismo galopante que ha iniciado la Junta en la Comunidad Autónoma. Ayer leíamos que pretenden fundir las Sociedades de Garantía Recíprocas; hoy fundimos las sociedades de gestión urbanística. A otros niveles, no es la Junta, pero desaparecen los Gobernadores Civiles. Nosotros creemos que hay ciertas mentes simples que necesitan simplificaciones, hacer procesos de centralización para entender las cosas. Y eso no nos gusta; porque eso elimina potencialidades, debilita nuestras provincias.

Como no nos gusta el no saber en esta Ley qué es lo que va a pasar con el suelo residencial, puesto que Gesturcal gestionaba el Polígono Eras de Renueva en León, o Gestur Salamanca gestionaba el Polígono del Zurguén en la ciudad de Salamanca. Y nos sorprende realmente que esas... esas actuaciones de suelo residencial adscritas a las Gestures vayan a ser gestionadas desde la Consejería de Industria, desde la Agencia de Desarrollo Regional. Dónde queda aquí la Consejería de Fomento, que se supone que sería la que debería gestionar las actuaciones en suelo residencial.

Como no nos gusta que no se hable de las participaciones de la Junta en Prosilsa, señora Consejera. Porque usted ha dicho que hay ocho sociedades que gestionan suelo en la Comunidad Autónoma, y eso no es cierto: hay diez, hay diez. La Comunidad Autónoma tiene una parte importante de las acciones de Prosilsa, una sociedad en León, y no sabemos por qué en este proceso esas acciones no se incorporan también a Gesturcal. Y suelo también puede hacer Gicalsa, que es otra sociedad de la Junta a la que no se hace ninguna referencia, y a la que, probablemente, deberían ir las actividades de las Gestures dedicadas a suelo residencial.

Como no nos gusta, pues, el triste destino de esa Disposición Adicional de la Ley de Presupuestos de este año -que nosotros pretendimos eliminar- que autorizaba a la Junta a hacer esto, a poner orden en el sector público; y que ahora resulta que no sirve absolutamente para nada, porque la Junta necesita presentar otra Ley ante esta Cámara.

Como no nos gusta, y eso es un tema de fondo que se desvincula absolutamente de la política de suelo, de la política de ordenación del territorio en esta Comunidad Autónoma, y que el Consejero que más tiene que hacer y más tiene que decir, en materia de urbanismo y en materia de ordenación del territorio, haya quedado absolutamente desvinculado de cualquier relación con las sociedades de gestión urbanística, bien sea Gicalsa o bien sea Gesturcal.

Y esto es lo que no nos gusta. Pero la verdad es que tenemos que estar de acuerdo con que desaparezcan las Gestures. Porque pudieron ser en su origen un buen instrumento, algunos en tiempo lo fueron. Gestur Palencia fue una sociedad ejemplar, creando pequeños polígonos, poniendo suelo a disposición de las actividades industriales de esta Comunidad Autónoma. Pero poco a poco todas ellas fueron degenerando y fueron acabándose... convertidas en unos instrumentos prácticamente caciquiles de actuaciones sin sentido. En Ávila, ese Polígono de Vicolozano, construido en honor a la Pilz, de la que nunca más se pudo saber y que ahora nadie sabe qué hacer con ese polígono. O en Zamora, esa Gestur incapaz de ponerse en marcha, cuyo gerente, cuando comparecía ante la Comisión de Economía, nos decía que lo mejor que podía hacer su sociedad era no hacer nada. Y así estuvo años, sin hacer absolutamente nada.

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Pero sobre todo en Palencia, que yo creo... aquella Gestur que fue ejemplar y que ha acabado absolutamente encallada y sin rumbo en el Valle del Cerrato, a las orillas del Pisuerga, entre las fantasías del señor Mañueco, que la embarcó en una operación de una nueva ciudad de más de sesenta mil habitantes, varios campos de golf y unas cuantas universidades privadas, y la debilidad de la Junta, que nunca supo oponerse a esas fantasías; la debilidad del señor Becker, la debilidad del señor Jambrina y, por último, la debilidad del señor Merino, incapaces todos ellos de ejercer un día un mínimo de autoridad en esta materia, porque parece ser que sólo saben imponer autoridad cuando tratan con los débiles.

Y sólo por poner orden en ese sector público, absolutamente ruinoso, incapaz de crear ninguna riqueza, ninguna inactividad, e imprivatizable -porque estas empresas públicas son imprivatizables, nadie las querría ni tan siquiera regaladas-, para poner orden en ese... en ese sector, pues, nos vamos a abstener. Y además, por una pequeña... con un último matiz sentimental, un pequeño componente sentimental que tiene esta sociedad para nosotros. Porque Gesturcal es una sociedad que creamos nosotros en la primera Legislatura, una sociedad entonces rechazada virulentamente por el Grupo Popular. Deberíamos recordar las descalificaciones que sobre ella hizo el Portavoz del Grupo Popular en aquella primera Legislatura, cuando decía que creamos esta sociedad sólo para colocar a un amigo. ¡Y qué diría si hoy estuviera aquí viéndoles a ustedes potenciarla hasta este extremo!

Sólo porque reconozcan tarde algunos errores, porque reconozcan este error -porque es cierto que sólo aciertan cuando rectifican-, es por lo que nosotros creemos que podemos hoy tranquilamente abstenernos en la votación de este Proyecto de Ley. Nada más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para fijar posición por el Grupo Popular, señor Abad, tiene la palabra.

ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Gracias, señor Presidente. Va a ser muy brevemente, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en apoyo a este Proyecto de Ley que autoriza la absorción por Gesturcal de diversas Sociedades de Gestión Urbanística.

Es la culminación de un proceso que se inició precisamente en una respuesta a una Pregunta Oral por parte del Consejero de Industria, en octubre del año pasado, en la que hablaba de que, en orden a la promoción económica, es bueno compaginar y unir, con el fin de tener una mayor eficacia. Y, precisamente, en la Ley de Presupuestos del Estado, en su Disposición Adicional... perdón, en la de Presupuestos para la Comunidad, en su Disposición Adicional Decimoséptima, se habla de autorizar a la Junta de Castilla y León para hacer esta absorción, con la finalidad de que su patrimonio -habla de suelo industrial- puede ser gestionado por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, a través de una sola sociedad; y su patrimonio de suelo residencial -y con eso quiero aclarar algunas dudas que han surgido- sea gestionado por la Consejería de Fomento o empresa pública adscrita a la misma.

Por tanto, en esta culminación de procesos se cumplen todos los trámites establecidos, se ha hecho con arreglo a la Ley de Hacienda de estas Cortes, con arreglo a la Legislación Mercantil y, concretamente, a la Ley de Sociedades Anónimas, que lo establece para las empresas públicas de nuestra Comunidad.

Por tanto, nuestro apoyo a esta Ley de Absorción por Gesturcal de las empresas urbanísticas que antes se ubicaban con ámbito provincial. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se vota... se somete a votación el Proyecto de Ley por el que se autoriza la absorción de Gesturcal. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y uno. Votos a favor: cuarenta y dos. Votos en contra: ninguno. Y diecinueve abstenciones. Queda, pues, aprobada la Ley por la que se autoriza la absorción por Gesturcal, S.A., de diversas sociedades de gestión urbanística.

Y, con mi agradecimiento a los señores Procuradores, levantamos la sesión.