DS(P) nº 45/4 del 17/4/1997

Se reanuda la sesión a las diez horas diez minutos.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, reanuda la sesión la sesión.

- Décimo punto del Orden del Día (antes noveno). PNL 478-I El Secretario, señor Aguilar Cañedo, da lectura al décimo punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. Granado Martínez (Grupo Socialista) para la defensa de la Proposición No de Ley.

Intervención del Procurador Sr. Abad Raposo (Grupo Popular) para la defensa de la Enmienda presentada por su Grupo.

Intervención del Procurador Sr. García Sanz (Grupo de Izquierda Unida) para la defensa de la Enmienda presentada por su Grupo.

En turno en contra o, en su caso, de fijación de posiciones respecto de las Enmiendas, interviene el Procurador Sr. Granado Martínez (Grupo Socialista).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Abad Raposo (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. García Sanz (Grupo de Izquierda Unida).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación la Proposición No de Ley, con la incorporación de la Enmienda del Grupo Popular. Es aprobada.

- Undécimo punto del Orden del Día (antes décimo). PNL 494-I El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al undécimo punto del Orden del Día.

Intervención de la Procuradora Sra. Pérez Martínez (Grupo de Izquierda Unida) para la defensa de la Proposición No de Ley.

Intervención de la Procuradora Sra. Luis Heras (Grupo Popular) para la defensa de la Enmienda presentada por su Grupo.

En turno en contra o, en su caso, de fijación de posiciones respecto de la Enmienda, interviene la Procuradora Sra. Pérez Martínez (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de réplica, interviene la Procuradora Sra. Luis Heras (Grupo Popular).

En turno de fijación de posiciones, interviene la Procuradora Sra. Larrauri Rueda (Grupo Socialista).

Intervención de la Procuradora Sra. Pérez Martínez (Grupo de Izquierda Unida) para cerrar el debate y fijar el texto definitivo.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación la Proposición No de Ley debatida, con la incorporación de la Enmienda del Grupo Popular. Es aprobada por asentimiento.

- Duodécimo punto del Orden del Día (antes undécimo). PNL 501-I El Letrado, Sr. Matía Portilla, da lectura al duodécimo punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. González González (Grupo Socialista) para la defensa de la Proposición No de Ley.

Compartiendo turno, interviene el Procurador Sr. Herreros Herreros (Grupo de Izquierda Unida).

En turno en contra, interviene el Procurador Sr. Zamácola Garrido (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. González González (Grupo Socialista).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Herreros Herreros (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Zamácola Garrido (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. González González (Grupo Socialista) para cerrar el debate.

Intervención del Procurador Sr. Herreros Herreros (Grupo de Izquierda Unida) para cerrar el debate.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación la Proposición No de Ley debatida. Es rechazada.

- Decimotercer punto del Orden del Día (antes duodécimo). PNL 512-I El Presidente, Sr. Estella Hoyos, comunica al Pleno que la Proposición No de Ley ha sido retirada.

- Decimocuarto punto del Orden del Día. Debate de Totalidad PL 16.

El Letrado, Sr. Matía Portilla, da lectura al decimocuarto punto del Orden del Día.

Intervención del Sr. López Andueza, Consejero de Presidencia y Administración Territorial, para presentar el Proyecto de Ley.

Intervención del Procurador Sr. Otero Pereira (Grupo Mixto) para la defensa de la Enmienda a la Totalidad presentada por su Grupo.

Intervención del Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida) para la defensa de la Enmienda a la Totalidad presentada por su Grupo.

Intervención del Procurador Sr. Crespo Lorenzo (Grupo Socialista) para la defensa de la Enmienda a la Totalidad presentada por su Grupo.

En turno en contra de las Enmiendas, interviene el Procurador Sr. Calvo Casasola (Grupo Popular).

Compartiendo el turno en contra de las Enmiendas, interviene el Procurador Sr. Francés Conde (Grupo Popular).

Compartiendo el turno en contra de las Enmiendas, interviene el Procurador Sr. Cid Fontán (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Otero Pereira (Grupo Mixto).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Crespo Lorenzo (Grupo Socialista).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Calvo Casasola (Grupo Popular).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Francés Conde (Grupo Popular).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Cid Fontán (Grupo Popular).

Intervención de la Procuradora Sra. Farto Martínez (Grupo Mixto).

El Presidente somete a votación separada cada una de las Enmiendas. Son rechazadas.

Intervención de la Procuradora Sra. Farto Martínez (Grupo Mixto) para explicación de voto.

- Decimoquinto punto del Orden del Día. Aprobación por el Pleno PL 7.

El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al decimoquinto punto del Orden del Día.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación el Proyecto de Ley. Es aprobado por asentimiento.

Intervención del Procurador Sr. Conde Valdés (Grupo de Izquierda Unida) para explicación de voto.

Intervención de la Procuradora Sra. Núñez Díez (Grupo Socialista) para explicación de voto.

Intervención del Procurador Sr. Casado Miranda (Grupo Popular) para explicación de voto.

Intervención del Sr. Valín Alonso, Consejero de Agricultura y Ganadería.

- Decimosexto punto del Orden del Día. Aprobación por el Pleno PL 18.

El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al decimosexto punto del Orden del Día.

Intervención del Procurador Sr. Montes Jort (Grupo Socialista) para la defensa de Enmiendas y Votos Particulares mantenidos por su Grupo para su defensa en Pleno.

En turno en contra, interviene el Procurador Sr. Garabito Gregorio (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Montes Jort (Grupo Socialista).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. Garabito Gregorio (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida) para la defensa de Enmiendas y Votos Particulares mantenidos por su Grupo para su defensa en Pleno.

En turno en contra, interviene el Procurador Sr. De Arvizu y Galarraga (Grupo Popular).

En turno de réplica, interviene el Procurador Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida).

En turno de dúplica, interviene el Procurador Sr. De Arvizu y Galarraga (Grupo Popular).

Intervención del Procurador Sr. Montes Jort (Grupo Socialista).

Intervención del Procurador Sr. Garabito Gregorio (Grupo Popular).

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación los artículos del Proyecto de Ley, así como las distintas Enmiendas y Votos Particulares debatidos; las Disposiciones Finales, Exposición de Motivos y Título de la Ley. Es aprobado el Proyecto de Ley debatido.

- Decimoséptimo punto del Orden del Día.

El Secretario, Sr. Aguilar Cañedo, da lectura al decimoquinto punto del Orden del Día.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, somete a votación la sustitución de don Virgilio Velasco Bueno por don Martín Casado Miranda, como Consejero de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria. Queda aprobada dicha designación.

El Presidente, Sr. Estella Hoyos, levanta la sesión.

Se levanta la sesión a las quince horas cuarenta minutos.

pág. 2746 (Se reanuda la sesión a las diez horas diez minutos.) EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoras, señores Procuradores. Buenos días. Se reanuda la sesión para debatir el noveno punto del Orden del Día, que ruego al señor Secretario dé lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): El noveno punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a Acuerdo Regional para el Empleo en Castilla y León con sindicatos e interlocutores sociales y económicos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene la palabra, para su presentación, el Portavoz Socialista don Octavio Granado.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Los datos sobre el empleo en nuestra Comunidad Autónoma, en Castilla y León, han sido objeto recientemente de comparecencias públicas, por parte de diferentes agentes sociales y económicos, que han expresado su enorme preocupación por la evolución de una magnitud tan importante para el desarrollo económico de nuestra Comunidad Autónoma como es el empleo.

Desde mil novecientos noventa, en toda España se ha incrementado notablemente la población activa. En nuestra Región, en Castilla y León, la población activa ha disminuido. La población activa ocupada, que mide aquellos miembros de la población activa que tienen un empleo más o menos remunerado y más o menos fijo, en toda España ha crecido notablemente. En Castilla y León ha caído en los últimos seis años en sesenta y cinco mil personas.

Si buscamos como punto de referencia la población activa ocupada que existía en España cuando el señor Lucas ocupó la Presidencia de la Junta de Castilla y León, la cifra sería todavía peor: nos acercaríamos a las cien mil personas menos trabajando en Castilla y León.

En mil novecientos noventa y seis, sin embargo, se ha invertido la tendencia y los datos han sido algo mejores. Pero los datos de mil novecientos noventa y seis hay que analizarlos en relación con una magnitud tan sensible para el empleo como es el desarrollo económico, el desarrollo del Producto Interior Bruto.

En mil novecientos noventa y seis, fruto del excepcional año agrario, Castilla y León fue la Comunidad Autónoma de toda España que tuvo un mayor crecimiento del Producto Interior Bruto.

Sin embargo, ese mismo año, la población activa ocupada creció en España a una media del 3,2%, algo más de cuatrocientas mil personas sobre un total de doce millones y medio de personas.

En Castilla y León, con un crecimiento del Producto Interior Bruto que casi duplicó la media nacional, sin embargo, el crecimiento de la población activa ocupada fue un poquito mayor que la media...

perdón, que la mitad de la media nacional. Creció en dieciocho mil seiscientas personas sobre setecientas ochenta y dos mil, es decir, que creció un poco más del 2%.

El paro en nuestra Comunidad Autónoma también se redujo más... perdón, menos que la media nacional.

Y esta evolución continúa ahora. Si analizamos los datos -no de la encuesta de población activa, que todavía no ha publicado los indicadores trimestrales, sí algún indicador mensual-, pero si analizamos los datos ya publicados de la evolución del paro registrado en nuestra Comunidad Autónoma y en pág. 2747 toda España en los tres primeros meses de mil novecientos noventa y siete, nos encontramos con que en Castilla y León, a treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete, había cuatro mil parados más que a treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis.

En toda España, las cifras de evolución del paro, del paro registrado en las oficinas del Inem, nos indican que había once mil parados más a treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y siete que a treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis. Es decir, de los once mil parados más que hubo en toda España en el primer trimestre del noventa y siete, cuatro mil estaban en Castilla y León, casi el 40% de los nuevos parados que existen en España.

¿Y qué nos indica esta serie de cifras? Pues nos indica algo tremendamente preocupante. En primer lugar, en Castilla y León existe una destrucción de puestos de trabajo, producida de manera vegetativa por las jubilaciones en el sector agrario. Esta evolución negativa de nuestra población activa ocupada no es compensada por el crecimiento de nuevos puestos de trabajo, ni en la industria, ni en los servicios.

En nuestra Región, desde mediados de los años ochenta, no tenemos un saldo migratorio negativo. Esto nos ha perjudicado, por ejemplo, en el Fondo de Compensación Interterritorial. Pero, sin embargo, seguimos teniendo retornos de emigrantes que en su día abandonaron nuestras tierras buscando un puesto de trabajo, en los años sesenta y finales de los cincuenta, en otras Comunidades Autónomas, personas que vuelven a la Región con más de sesenta años y, sin embargo, seguimos teniendo emigración de menores de treinta y cinco años.

Nuestro saldo migratorio no es negativo, porque vuelven personas mayores y siguen marchándose jóvenes.

El saldo de nuestra balanza interna de movimientos de capitales es absolutamente negativo. La evolución de los depósitos de ahorro en nuestra Comunidad Autónoma hacia fondos de inversión, que es similar a la ocurrida en toda España desde las modificaciones de la fiscalía de los fondos de inversión, está haciendo que el ahorro regional, cada vez con más fuerza, contribuya a financiar el desarrollo económico de otras Comunidades Autónomas, mientras que la inversión en Castilla y León se reduce.

Y mientras tanto, hemos conocido, en los primeros tres meses de mil novecientos noventa y siete, dos datos, también, tremendamente preocupantes de lo que es la gestión pública de la Junta de Castilla y León en torno a esos programas de empleo.

Hemos conocido cómo la Junta de Castilla y León ha reducido en 32.000.000 de pesetas los fondos que dedicaba a cofinanciar los programas del fomento a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en el ejercicio de mil novecientos noventa y seis.

Una de las causas de nuestra elevada... perdón, de nuestra elevada... de nuestra diferencia, de nuestra diferencial de población activa ocupada sobre la media nacional es el hecho evidente de que las mujeres de Castilla y León trabajan menos, se incorporan menos a la población activa, y tienen una tasa de paro más elevada que la media nacional. Y, sin embargo, los programas de fomento de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en nuestra Comunidad Autónoma ve recortarse sus fondos presupuestarios.

Incluso hemos conocido, por una contestación del Consejero de Industria a un Procurador del Grupo Socialista, a mi compañero Fernando Benito, cómo los programas experimentales que había presentado a la Unión Europea la Junta de Castilla y León en materia de fomento de empleo han sido rechazados por el Fondo Social Europeo, que no va a financiar ninguno de estos programas experimentales, y que sólo va a mantener en nuestra Comunidad Autónoma las líneas generales.

En conclusión: ¿cuál es la realidad económica de Castilla y León en lo tocante al empleo? La realidad económica de Castilla y León en lo tocante al empleo es que Castilla y León es incapaz de convertir el crecimiento de su Producto Interior Bruto en empleo.

Tenemos crecimiento económico, pero nuestra población activa crece menos que la media nacional. Y cuando se incrementa el paro, nuestro paro se incrementa más que la media nacional. Estamos ya en una tasa de paro prácticamente igual a la de la media nacional, pero que parte de una población activa que es cinco puntos inferior a la de la media nacional.

Los programas que la Junta de Castilla y León está aplicando, por lo tanto, no sirven. Son programas que plantean pura y simplemente la mejora de las cuentas de resultados de las empresas. ¿Quién puede decir que con subvenciones de 100 a 150.000 pesetas se están creando puestos de trabajo?, ¿quién puede decir -que tenga algún sentido- que se abonen subvenciones de miles de millones de pesetas a empresas que no crean ni un solo puesto de trabajo en Castilla y León, y que utilizan las subvenciones con otro tipo de medidas económicas, simplemente para remodelar su maquinaria o sus instalaciones? Necesitamos una nueva política de prioridades: necesitamos priorizar algunas zonas del territorio, necesitamos dar prioridad a la incorporación de la mujer castellana y leonesa al mercado de trabajo, dar prioridad al empleo de los jóvenes. No podemos subvencionarlo todo, porque entonces las cuantías de las subvenciones son exiguas; tenemos que subvencionar el empleo.

¿Y cuál es la condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para que ese tipo de política, de nueva política, que hace falta, tenga aplicación directa y tenga impacto en el mercado de trabajo? pág. 2748 EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por favor, vaya consumiendo el turno.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Medio minuto, señor Presidente, y acabo, muchas gracias. El consenso con los agentes económicos y sociales. El Acuerdo Regional sobre Empleo es hoy, más que nunca, una prioridad. En toda España estamos celebrando -por lo menos algunas fuerzas políticas- el reciente Acuerdo sobre la Reforma del Mercado de Trabajo, conseguido por los sindicatos más representativos de los trabajadores con la organización empresarial, con el CEOE.

Si los sindicatos y los agentes empresariales han conseguido ponerse de acuerdo en la reforma del mercado de trabajo ha sido, entre otras cosas, porque son conscientes de que son necesarias en nuestro país políticas activas de promoción del empleo, y son conscientes de que este acuerdo va a ser positivo para la economía nacional.

Pero tanto los sindicatos como los empresarios han reclamado del Gobierno Central y de los Gobiernos Autonómicos nuevas políticas en materia de creación de empleo; políticas que hagan eficaz esa reforma del mercado de trabajo, que, si no, puede quedarse, probablemente, sin aplicación.

Por eso los socialistas, que hemos defendido desde siempre la concertación de los agentes sociales, le animamos con esta propuesta al Gobierno Regional, a la Junta de Castilla y León, a que haga realidad este acuerdo regional en Castilla y León. Un acuerdo regional que no tiene que ser como el conseguido por los sindicatos y los empresarios en Madrid, que tiene que ser diferente, en el que la Junta de Castilla y León tiene que poner algo; el Gobierno de la Nación ha puesto su no interferencia, y es suficiente, para que el acuerdo pudiera realizarse en Madrid. Pero la Junta de Castilla y León no puede simplemente tener una posición a la expectativa, tiene que...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por favor, concluya.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: (Sí, diez segundos, señor Presidente, muchas gracias por su benevolencia.) ...tiene que conseguir hacer posible un acuerdo regional en materia de empleo en Castilla y León, con un cambio de política económica. Y eso es lo que los socialistas pretendemos impulsar con esta Moción. Nada más, y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Se han presentado dos Enmiendas a esta Proposición No de Ley. La primera de ellas por el Grupo Parlamentario Popular, y para su defensa el señor Abad tiene la palabra.

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Sí, señor Presidente. A esta Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, nosotros hemos presentado una Enmienda de Sustitución, en el mismo sentido prácticamente, con alguna puntualización.

Entendemos la exposición que ha hecho el señor Granado; no la compartimos en parte. Nosotros estamos parcialmente de acuerdo que es necesario un acuerdo para el empleo, pero no en los términos que, a veces, se ha presentado.

En cuanto al mercado de trabajo, si se hace un análisis, entramos en la guerra de los números, y es fácil llegar a contradicciones; por ejemplo, se puede decir que la población activa, según el año mil novecientos noventa y seis, según encuesta de población activa, concretamente nuestra Región ha aumentado en catorce mil personas respecto a mil novecientos noventa y cinco; han aumentado en dieciocho mil el número de ocupados; y el número de parados ha disminuido en cuatro mil. Eso en el conjunto de la población activa de todo el año noventa y seis.

¿Y qué nos encontramos? Pues que, prácticamente, hay unas novecientas setenta mil personas activas, setecientas ochenta y dos mil de las cuales están ocupadas, y ciento ochenta y siete mil en paro. Efectivamente, nuestra tasa de paro se aproxima a la media nacional, pero es que también, efectivamente, los datos de diciembre, de enero y febrero no han sido muy halagüeños para nuestra Comunidad.

Pero, sin embargo, los datos en el mes de marzo han sido más positivos, puesto que, según las últimas cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Empleo correspondiente al mes de marzo, el número de parados en la Comunidad Autónoma descendió en tres mil cuatro personas, lo que supone un 2,29% de descenso, por lo que los parados actuales en la región son ciento veintiocho mil trescientos setenta, que representan un 13,23% de la población activa.

Lo cierto es que el paro en Castilla y León, con un 2,29%, descendió por encima de la media, que se situó en el 1,56%.

Además, con respecto al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, el paro se redujo en un 5,07%, que traducen en seis mil ochocientas sesenta y dos personas. Por tanto, los datos son según se miren, puesto que el mes de marzo ha sido un mes altamente positivo, pero no hay que valorarlo sólo a título individual.

Hay que ver un poco como es la estructura, las características del empleo en nuestra Región. Estaba claro que decrece en el sector agrícola -cada vez son menos los ocupados-; que el sector servicios tiene una gran variación debido a la estacionalidad; el sector de la construcción ocurre lo mismo, con graves variaciones según afecte más o menos la inversión; y es el pág. 2749 sector industrial, es el más estable y fijo, puesto que es el que... sobre el que tiene más incidencia. Y de aquí que lo más importante, precisamente, y coincidiendo un poco en la línea de...

que ha hecho mi predecesor, es necesario consolidar y fortalecer el tejido industrial en Castilla y León.

Evidentemente, a nivel nacional se ha llegado a un gran acuerdo para la reforma laboral del trabajo, compartido en más o mayor medida por unos y por otros. Y en Castilla y León tenemos un precedente, precisamente, del Acuerdo Industrial para el año mil novecientos noventa y tres a mil novecientos noventa y seis, que ya fue balance... objeto de balance en la Comisión de Industria, por parte de las centrales sindicales, por la Junta y las confederaciones empresariales.

Pero la Enmienda de Sustitución que nosotros hemos presentado, en el sentido de corregir el matiz, porque habla de que se abra un cauce social de diálogo entre los agentes sindicales, económicos y la Junta, para un gran pacto por el empleo, nosotros en eso estamos de acuerdo. Pero hay que matizar que ya existe un diálogo social, que ya hubo un desarrollo de ese diálogo social; y nosotros, en ese sentido, pedimos la culminación del diálogo social.

Sí quiero indicar aquí que el veinticinco de noviembre, precisamente, se inició este diálogo social. Hay dos Mesas: una de formación, empleo y relaciones laborales; y otra, de competitividad empresarial. Que la primera Mesa tiene tres vertientes, que es: empleo y relaciones laborales, salud laboral, solución autónoma de conflictos colectivos. Que, en cuanto a empleo y formación, ha habido varias reuniones en el seno de la Comisión Regional para el Empleo y la Formación, que se ha concretado en diversas Órdenes de ayudas financieras a varios colectivos. Posteriormente, han aparecido normas reguladoras para la integración laboral de minusválidos en centros especiales de empleo.

Hay un plan de empleo rural y ha habido varias reuniones, incluso hay un programa de implicación de las Diputaciones para cofinanciar este programa.

El orden de... de ayudas, del orden de 415.000.000 de pesetas, afecta a unos mil doscientos trabajadores y ciento sesenta municipios.

En cuanto al tema de relaciones laborales, hay un acuerdo para la financiación del procedimiento de solución autónoma de conflictos laborales en Castilla y León, con unos acuerdos tripartitos entre las centrales y la patronal. Hay unos borradores también de Decretos en cuanto se refiere... que regula la Comisión de Seguimiento de las empresas de trabajo temporal. Hay un Registro de convenios colectivos de trabajo. Y en cuanto a salud laboral hay un conjunto de propuestas para... de acuerdo con el programa que ha establecido la Consejería.

Por todo ello, nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar una Enmienda de Sustitución, en el sentido de que se culmine este desarrollo de diálogo social actualmente en existencia, y que se llegue, efectivamente, a un gran acuerdo para el empleo, que es lo que más nos interesa para nuestra Región.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se ha formulado o presentado otra Enmienda. Señor García Sanz, tiene la palabra para su defensa.

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Buenos días, señoras y señores Procuradores. La Enmienda que presentamos de Izquierda Unida a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Socialista, muy parecida, prácticamente idéntica a la que discutimos hace... al inicio de esta Legislatura. Pues, desde nuestro punto de vista, presentamos una Enmienda también de Sustitución, que en lo fundamental pues viene a recoger lo que en aquel momento... la Enmienda que presentamos.

Y eso, por lo que exponemos en la propia Exposición de Motivos que hacemos de la Enmienda de Sustitución, pues consideramos que si al final el objetivo que se pretende con esta Proposición No de Ley, a través de ese acuerdo instrumental entre los agentes sociales, es la consecución y la creación de empleo, entendemos que, sin desechar en absoluto ese elemento fundamental, que es la concertación social, creemos que esa concertación social estaría vacía de contenido si lo que se hace... como ha sucedido, por ejemplo, con el propio Acuerdo de Desarrollo Industrial, que era un acuerdo en sí mismo positivo; pero que luego, al haber sido "aplicado" -entre comillas- lo... lo más negativo de ese acuerdo es que los compromisos asumidos por parte de la Junta en el mismo no se han llevado a efecto, pues nos encontramos que los resultados finales de ese Acuerdo de Desarrollo Industrial han sido, entre otras cosas, pues un incremento del desempleo, y en lo concreto que se refería en el sector industrial, pues un descenso de la población ocupada en el período de aplicación (del acuerdo del año noventa y tres-noventa y seis).

Con esto, nosotros consideramos como elemento fundamental cuál es la política económica que se está aplicando. Y, por lo tanto, lo que planteamos aquí es que por parte de la Junta de Castilla y León se adopten una serie de medidas de política económica; y que, a la vez, ese tipo de políticas se dé la participación, la elaboración y la aplicación a los interlocutores sociales. Pero situando en primer lugar ese tipo de medidas; que creemos que es aquí, en este foro político, en donde se tienen que acordar medidas, que, desde nuestro punto de vista, son las imprescindibles y que, inclusive, dado que se hace referencia también al Acuerdo firmado de reforma laboral a nivel nacional, pues ahí se hace también mención. Es decir, que si por un lado se han introducido diferentes reformas en el mercado laboral...

-mercado laboral que todo el mundo conoce que, con independencia pág. 2750 de cuál sea la normativa que en cada momento lo regula, en sí mismo ni crea ni destruye empleo, sino simplemente modifica las relaciones contractuales-, y que lo que se plantean los agentes...

los interlocutores sociales es que ahora es el momento de la inversión -es el momento de la inversión de los poderes públicos y de las empresas privadas-, y, por lo tanto, eso conlleva un cambio radical en la política económica. Y es lo que, desde nuestro punto de vista, es lo fundamental en este momento: cómo se articula una modificación radical en la política económica, claramente enfocada a la creación de empleo.

Y eso es lo que nosotros desbrozamos dentro de lo que es la Propuesta de Resolución de la Enmienda que planteamos: una serie de acuerdos, una serie de propuestas a la Junta de Castilla y León; y para que otras... desde la Junta de Castilla y León se adopten las iniciativas políticas necesarias ante el Gobierno de la Nación, para adoptar las medidas correspondientes.

Y esto es así porque... bueno, algunos datos se han dado aquí, y se pueden hacer todas las... el maquillaje de cifras -como se ha hecho por algún Portavoz-, pero es evidente que para ver cuál es la situación de desempleo -desde nuestro punto de vista-, ver cuál es la incidencia social que se tiene... Los datos del paro registrado, desde nuestro punto de vista, están desautorizados desde el momento en que existen otros interlocutores -llámense empresas de trabajo temporal u oficinas privadas de colocación- que intervienen también en el mercado de trabajo; y que, por lo tanto, los trabajadores, en la medida de que no tienen la necesidad... mejor dicho, que no tienen el derecho reconocido de prestaciones económicas en el Inem, no ven la obligación de estar inscrito en éste. Y, por lo tanto, los datos del paro registrado están absolutamente desacreditados a la hora de evaluar cuál es el problema social real del desempleo.

Por eso nosotros nos referimos, a la hora de cuantificar este problema, a los datos de la Encuesta de Población Activa; homologados por todo el mundo y que, lógicamente, son de ámbito oficial.

Y en ese sentido, pues yo creo que para saber qué es lo que está sucediendo en nuestra Comunidad Autónoma, tomar la relación de los mismos períodos de lo que está sucediendo a nivel nacional.

Sin ir más lejos, período del año noventa y uno-noventa y seis... Que yo creo que también es importante coger períodos de una mayor amplitud, más allá de lo que ha sucedido en el último mes -que es claramente estacional, sea el mes pasado o el mes siguiente, etcétera-, sino coger períodos más amplios para ver, dentro de períodos de crecimiento y períodos de recesión, si la economía está sirviendo para crear empleo o no.

Y así, por ejemplo, en el período del año noventa y uno a final del noventa y seis, pues si la población activa -por ejemplo- a nivel nacional había crecido un 6% -es decir, había aumentado en novecientas diez mil personas-; pues en Castilla y León había descendido un 2%, había descendido en diecinueve mil doscientas personas.

La población ocupada -ese elemento fundamental-, pues a nivel nacional, por ejemplo, había descendido también un 0,1%; quiero decir que a finales del noventa y seis había quince mil trescientas personas trabajando menos que en el año noventa y uno.

Pero en Castilla y León la población ocupada había descendido un 7%; quiere decirse que había cincuenta y nueve mil trescientas personas menos trabajando a finales del noventa y seis que en el año noventa y uno.

Y ésta es la realidad de lo que está sucediendo en nuestra Comunidad. Que, como siempre se ha dicho, en la medida que no hay un protagonismo público -y dado que la iniciativa empresarial en nuestra Comunidad, por desgracia, no tiene dinamismo y el empuje que en otras Comunidades Autónomas-, es mucho más necesario ese protagonismo público; que es justo todo lo contrario que el Partido Popular está haciendo en esta Comunidad. Y que, lógicamente, nos lleva inclusive a un despoblamiento; pero, por supuesto, a un descenso constante de la población ocupada.

Y si quieren tomamos un año que ha sido crecimiento económico en todos los ámbitos, nacional y autonómico; e inclusive de crecimiento económico superior a la media nacional en el ámbito de Castilla y León -bien es cierto que, fundamentalmente, por el hecho de la producción agraria-. Pero inclusive con ese crecimiento del Producto Interior Bruto regional, tenemos que la población ocupada en Castilla y León en el año noventa y seis ha crecido un 2,3%, y, sin embargo, a nivel nacional ha crecido un 3,3%.

Quiere decirse que inclusive con mayor crecimiento de la economía en Castilla y León, hay menor capacidad de creación de empleo en esta Comunidad que a nivel nacional. Y es ahí donde si realmente... yo no me lo creo, pero ustedes lo siguen diciendo, pues habrá que utilizar ese latiguillo de... si realmente se creen el objetivo de la creación de empleo, habrá que modificar claramente cuál es la política que se aplica, porque los datos realmente dicen lo contrario de lo que ustedes en propaganda actúan.

Y sobre la tasa de paro resultante de todo esto, pues, al final, el que se quiera convencer, pues que se convenza de que tenemos una tasa de paro inferior a la media nacional. Pero hay que tener en cuenta que tenemos una tasa de población activa tres puntos y medio por debajo de la media nacional; y eso, al final, haciendo una equiparación de la misma tasa de actividad a nivel regional que a nivel nacional, nos da una tasa de paro real en Castilla y León del 25,3%.

pág. 2751 En función de todo esto, consideramos imprescindible adoptar medidas que modifiquen radicalmente la política económica que se está aplicando en esta Comunidad. Y eso, porque creemos que lo fundamental es que la Junta de Castilla y León se comprometa políticamente en adoptar medidas que realmente se enfoquen a la creación de empleo. Y, a partir de ahí, con el máximo protagonismo de los interlocutores sociales; pero con medidas concretas que realmente se enfoquen a la creación de empleo.

De ahí lo que se plantea en la Enmienda de Sustitución: es promover ese crecimiento sostenido y de carácter sostenible, con un incremento sustancial de la inversión -nosotros cuantificamos en al menos del 50%-; y aplicar realmente una política industrial activa, que es justo lo que no se ha hecho, y que se ha desperdiciado el instrumento de la concertación social que era Acuerdo de Desarrollo Industrial.

E igualmente, tanto en lo que afecta a Castilla y León como en los ámbitos nacionales, el cese de las privatizaciones; porque en definitiva lo que hace es minar la posibilidad de intervención de los poderes públicos en la economía, en la capacidad de producción y, sobre todo, en aquellos sectores de carácter estratégico, que al final lo que permite o lo que impide es que los poderes públicos tengan una intervención fundamental en esos ámbitos.

La modificación para nosotros es importante -de la Agencia de Desarrollo Económico-, para convertirlo realmente en un instrumento de planificación y dinamización económica de Castilla y León; y no como sucede ahora mismo, que es, única y exclusivamente, un instrumento de reparto de subvenciones. Por lo tanto, ningún elemento de dinamización. (Termino ya, señor Presidente.) Llegar a acuerdos con entidades financieras, que se han manifestado aquí, para conseguir que haya inversiones de la capacidad de ahorro en esta Comunidad.

Elementos de la reducción de jornadas de lo que se llama reparto del trabajo, para que eso que se está manifestando de incrementos de producción tenga un efecto real en la creación de empleo.

La eliminación de las horas extras, también en esa incidencia del reparto del trabajo. Y la eliminación del pluriempleo.

El tema de las incidencias de la modalidad... de la eliminación de modalidades de contrato de carácter no causal. E introducir topes de eventualidad en las empresas, que, desde nuestro punto de vista, no tendría que estar más allá del 10%, salvo circunstancias de campaña.

Así pues: aumentar la tasa de cobertura de desempleados; la constitución del Instituto Regional de Empleo, ya propuesto aquí reiteradamente por este Grupo Parlamentario. Y un elemento fundamental también: el conseguir, de una vez por todas, un compromiso inequívoco del capital privado en la creación de empleo. Y eso, dado que voluntariamente -por así decirlo- no se consigue a través de esa filosofía "que la iniciativa privada el beneficio irá a la inversión" -eso no se está produciendo, sino que fundamentalmente va al beneficio y a la acumulación del capital-, hay que conseguir que ese beneficio también vaya a la inversión y la generación de empleo. Y para eso se plantea la constitución de esos fondos de inversión.

De momento, nada más. Y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para consumir un turno de réplica a las Enmiendas presentadas, señor Granado, como Proponente, tiene la palabra.

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Para fijar la posición de mi Grupo en torno a las dos Enmiendas presentadas.

Bien. La Enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, después de haber sido... en fin, después de haberla leído con detenimiento dos o tres veces, pues he llegado a la conclusión de que dice exactamente lo mismo que dice la Propuesta socialista, dicho de otra manera, con el matiz de la culminación de un proceso ya iniciado. Bueno, yo acepto que el proceso está iniciado y que debe culminarse; y, en ese sentido, no puedo objetar nada a una Enmienda que dice básicamente lo mismo que quería el Grupo Socialista traer a colación a esta Tribuna.

Sí que tenemos que ser discrepantes en cuanto al análisis.

Nosotros no tenemos ganas de ser agoreros, pero es evidente que, cojamos los datos que cojamos... a no ser que cojamos los datos de un mes; marzo ha sido un buen año para el empleo... un buen mes para el empleo en el noventa y siete; enero fue catastrófico. La economía castellano-leonesa, cuando crece más que la media nacional, no hace crecer al empleo más que la media nacional. Y nuestra economía, cuando crece menos, hace crecer más el paro en nuestra Comunidad Autónoma que la media nacional; y es una tendencia permanente de los últimos siete años.

El año noventa y seis fue un año excepcional para el crecimiento económico en la Comunidad Autónoma, la buena cosecha nos puso muy por encima de los índices de todas las Comunidades Autónomas de España. Y, sin embargo, la inversión extranjera se redujo a la mitad; las subvenciones por incentivos regionales del Gobierno de la Nación en Castilla y León se redujeron a la mitad; la inversión propia se redujo a la mitad; y la evaluación de ahorro regional invertido en Castilla y León se redujo también a la mitad.

Y es que estamos en una situación que, sin ningún ánimo de hacer comparaciones -porque todas las comparaciones son odiosas-, pues nos recuerda un poco lo que pasaba en esta Comunidad Autónoma en los años sesenta. En los años sesenta, en nuestra Comunidad pág. 2752 Autónoma se financió el desarrollo económico a partir del capital humano; y por cada puesto de trabajo que se creaba en Castilla y León, se creaban dos puestos de trabajo fuera de la Región ocupados por gente de Castilla y León. Ahora estamos financiando el desarrollo económico de otras regiones o de otras nacionalidades, pues, a partir de nuestro ahorro. Y claro, pues uno tiene siempre en mente las cosas que, por ejemplo, ha dicho el Presidente de la Junta en torno al tema del empleo.

Yo le he oído al señor Lucas varias veces hacer una afirmación enfática: "no quiero que Castilla y León sea una Región subsidiada". Bueno, pues... si la tendencia sigue siendo igual, cuando el señor Lucas deje de ser Presidente de la Comunidad Autónoma, lo único que va a dejar más en esta Comunidad Autónoma son personas subsidiadas, pensionistas, porque lo único que crece en nuestra Comunidad Autónoma es el número de pensionistas; el número de personas trabajadores diminuye y el número de parados aumenta. Y ésta es la realidad. Cojamos el año noventa, el año noventa y uno, el noventa y dos, el noventa y tres, el noventa y cuatro, el noventa y cinco o el noventa y seis; hasta el noventa y seis. Porque si un año en que nuestro Producto Interior Bruto ha crecido el 5%, nuestro empleo ha crecido el 2, ¿qué va a pasar este año que la cosecha va a ser muy mala? Cuando el Productor Interior Bruto de Castilla y León crezca por debajo de la media nacional, ¿qué va a pasar con el empleo en esta Comunidad Autónoma? ¿Se va a incrementar más la inversión industrial? ¿Va a despegar la construcción? Los empresarios de la construcción acaban de denunciar que existe una paralización de obra pública y de construcción en nuestra Comunidad Autónoma. ¿El sector servicios nos va a sacar adelante con la crisis del comercio? Nosotros, desde luego, francamente, no tenemos demasiada fe -si fe se entiende por la definición teológica de creer en lo que no vemos- en la política económica de la Junta de Castilla y León.

No pensamos que esta política económica sirva para crear empleo.

Y, en este sentido, nosotros estamos de acuerdo con las demandas que han hecho a la Junta de Castilla y León, tanto la Unión General de Trabajadores, como Comisiones Obras, e incluso como muchas sectoriales de la Cecale. Queremos que haya una nueva política económica que permita dar al empleo la prioridad que merece. La política económica de la Junta no da al empleo ninguna prioridad, y las subvenciones en esta Comunidad Autónoma no están sirviendo para crear empleo. Y estamos hablando de partidas que tienen decenas de miles de millones de pesetas en los Presupuestos de la Junta. También es verdad que las subvenciones a veces no se pagan; también es verdad que, por ejemplo ahora, tenemos pendientes miles de millones de pesetas de subvenciones en el tráfago entre la Agencia de Desarrollo y la Consejería de Industria que todavía los empresarios tienen pendientes de pagar.

En este sentido, discrepando del análisis, coincidimos en la Propuesta con el Partido Popular, porque acepta la fundamentación del acuerdo como condición necesaria y suficiente... pero no suficiente para crear empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

Y en cuanto a la Enmienda de Izquierda Unida, simplemente hacer una reflexión. Yo creo que no descubro nada nuevo si digo que Izquierda Unida y el Partido Socialista tenemos una valoración muy diferente del Acuerdo de los interlocutores sociales. Nosotros hemos apoyado el Acuerdo de Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras con la CEOE; Izquierda Unida no. Y claro, nosotros aquí traemos una propuesta de que haya un acuerdo regional en materia de empleo en Castilla y León, y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida nos presenta una Enmienda de Sustitución, que nos propone muchas medidas, con las cuales nosotros en un 80 o en un 90% estamos de acuerdo, pero que no hace ninguna referencia a este acuerdo.

Bueno, pues de lo que venimos hoy a hablar, porque la iniciativa es de los socialistas, es de que existe un acuerdo de los interlocutores sociales. Que yo no sé, ni quiero poner en plano diferente de importancia a las medidas que propone Izquierda Unida; simplemente son cosas distintas. Nuestra propuesta es un huevo y la suya es una castaña. En ese sentido, como nuestra Propuesta hace referencia al Acuerdo Regional en materia de Empleo, pues nosotros hoy queremos hablar del Acuerdo; y nosotros, en este sentido, defendemos como buenos los acuerdos. Y no vamos a entrar, por tanto, a discutir su propuesta, que habla de cosas distintas. Yo sé que nosotros y ustedes tenemos diferentes valoraciones sobre los acuerdos, pero como nosotros estamos de acuerdo con los mismos, nos mantenemos en nuestra propuesta y en la necesidad de que exista acuerdo entre los interlocutores sociales como condición necesaria, aunque no suficiente, para crear empleo en esta Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la réplica, señor Abad.

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Sí, quisiera puntualizar algunas matizaciones. En primer lugar, agradecer al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista el haber aceptado la Enmienda, que en realidad prácticamente coincide con la suya, excepto algunas matizaciones.

En cuanto al tema del empleo, todos estamos de acuerdo en que, según se valore -años atrás, años adelante, meses atrás, meses adelante, en fin, lo que queramos ver-, se pueden maquillar las cifras. Los datos son como son, la Encuesta de Población Activa del año noventa y seis está ahí, y los datos del último mes de marzo están ahí también, igual que están los de enero y febrero.

En cuanto al tema de la ocupación y el Producto Interior Bruto en nuestra Región, hay que atender, efectivamente, la estructura que tenemos: una estructura fuertemente agrícola, con pág. 2753 un descenso de empleo en el sector agrícola que afecta fundamentalmente a nuestro Productor Interior Bruto; de ahí las variaciones en cuanto las cosechas sean mayores o mejores... o peores.

El sector de la construcción, igual que el sector servicios, efectivamente, es un sector muy variable, objeto el de la construcción -concretamente- a las inversiones públicas, y el de servicios a las estaciones del año.

Por eso, precisamente, insistimos en el sector industrial como sector base, para dinamizar y para crear empleo y Producto Interior Bruto en nuestra sociedad. Y por eso entendemos que la debilidad del sector industrial en Castilla y León hay que fortalecerla en comparación con otras regiones. Y de ahí, precisamente, el Grupo Parlamentario Popular y la Junta de Castilla y León han apostado fuerte en el tema de la Agencia de Desarrollo como motor impulsor de esa creación de empleo y esta creación de Producto Interior Bruto. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor García Sanz, tiene también la palabra para la réplica.

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Lógicamente, para defender la Enmienda que nosotros presentamos.

No hay ninguna contradicción con el hecho del reconocimiento... Y, claro, aquí no se trata de hacer historia, pero... y nuestra intención no era confrontar con quien presentaba la Proposición No de Ley, sino con quien está aplicando una política, desde nuestro punto de vista, nefasta en esta Comunidad Autónoma. Pero como se dicen algunas cosas, pues no queda más remedio que contestarlas.

El que por parte del Grupo Socialista se venga ahora a decir que ellos han defendido siempre la concertación social, pues es bastante insostenible, porque hasta hace muy poquito tiempo, y -sin ir más lejos- la Reforma Laboral que se ha firmado en este país, o algunas medidas hace unos días, pues es fundamentalmente consecuencia de la negativa -negativísima- Reforma Laboral que el Partido Socialista impuso, de acuerdo con el Partido Popular, en el año noventa y cuatro. Y aquí no se trata -como ustedes supongo que sabrán- de hacer oposición a la Oposición. Yo no quería entrar en eso, pero usted lo ha planteado, y, lógicamente, eso es así.

Y si los sindicatos en este momento, por ejemplo, han entrado a una negociación para intentar mejorar la Reforma Laboral que ustedes impusieron en el año noventa y cuatro, si ustedes no la hubieran impuesto, no se tendría que haber ido a negociar eso.

Se hubiera partido de unas bases menos negativas. Y lógicamente, el haber llegado a ese acuerdo, que nosotros no valoramos positivamente, aunque tiene algunos elementos positivos, pero también otros negativos, por eso no los ..... globalmente, y porque, además, lógicamente, desde la perspectiva de Izquierda Unida, nuestro análisis político no es de confrontación, a pesar de que se quiera llevar ahí al terreno, con los sindicatos -ni muchísimo menos-, sino con quien aplica las políticas económicas, que en este momento es el Partido Popular en Castilla y León y en el ámbito nacional.

Porque ahora el elemento fundamental -y lo decía yo antes, y si quieren lo leo literalmente- de cuál es la introducción del acuerdo que han llegado los interlocutores sociales a nivel nacional es que ha llegado el momento de la inversión; no solamente hablar del empleo como objetivo electoralista, sino que ha llegado el momento de la inversión de los poderes públicos y de los empresarios privados también. Entonces, el seguir haciendo llamamientos a la interlocución social, al acuerdo, por supuesto que sí, pero eso ya está. Y ese Acuerdo que hay a nivel nacional habrá... tendrá que tener algún tipo de desarrollo -por qué no a nivel de Comunidad Autónoma. Pero aquí lo que falta fundamentalmente es otra política económica que realmente favorezca la inversión de una manera sustancial, no de un incremento un punto arriba y punto abajo, sino de una manera sustancial, porque los recortes que ha habido en los últimos años han sido recortes sustanciales, que es lo que ha deprimido la economía, y que es lo que está suponiendo esa falta de creación de empleo en nuestro país y en nuestra Comunidad Autónoma.

Porque ¿qué más flexibilidad en el mercado de trabajo se pide ya, se exige ya por los interlocutores económicos, por los inversores, para tener que invertir en nuestro país? ¿Qué más se requiere ya con el 34% de precariedad con interlocutores privados o intermediarios privados en el mercado de trabajo? Ya es el paroxismo de la flexibilidad laboral. Si a partir de ahora ya no se invierte, si ya no se modifica la política económica, si no se aceptan las propuestas que hacemos Izquierda Unida para modificar esa política económica, pues habrá más flexibilidad laboral, pero no habrá modificación de la política económica y, por lo tanto, no habrá creación de empleo. Y eso es lo que nosotros nos tememos, si al final no se produce esa modificación.

Y claro, el plantear como condición sine qua non para la creación de empleo el acuerdo social, pues es importante, y nosotros lo ponemos ahí. Pero yo he puesto antes el ejemplo concreto de Castilla y León, en donde del año noventa y tres al noventa y seis aquí hubo un acuerdo, con medidas que obligaban a la Junta de Castilla y León de una manera muy concreta, con paz social -que tanto se reivindica en algunas ocasiones por los inversores privados-, y, sin embargo, ¿cuál ha sido la consecuencia? Catorce mil ocupados menos en el sector industrial; que era el objetivo fundamental de ese acuerdo incrementar la población ocupada en el sector industrial. ¿Por qué? Pues porque reiteradamente en esa época el Partido Popular en esta Comunidad Autónoma ni tan siquiera ha llevado a efecto los compromisos que venían en ese Acuerdo de Desarrollo Industrial, de un papel de dinamización económica de la Agencia de Desarrollo Económico, de un papel fundamental de situar en los ámbitos inferiores también pág. 2754 la necesidad de ver cuáles son las inversiones necesarias, no a nivel de macroeconomía en el ámbito de la Comunidad Autónoma, sino de ver cuáles son las necesidades en cada uno de los ámbitos; de conseguir, realmente, que las subvenciones tengan un objetivo de creación de empleo y no de reparto indiscriminado de subvenciones, que muchas veces lo único que sirven es para llenar determinados bolsillos. Y así sucesivamente. Con esos polvos se traen los lodos del descenso de la población ocupada y del incremento del desempleo.

Y eso es lo que hay que modificar radicalmente, porque los interlocutores sociales, en el momento que se plantee una posibilidad de objetivo de cara la creación de empleo... Yo entiendo, lógicamente, ellos tendrán su autonomía -y la tienen- absoluta de estar dispuestos al acuerdo, pero, lógicamente, tendrá que haber antes una modificación clara por parte de la Junta de Castilla y León en ese sentido.

Y aquí, por ejemplo, algún dirigente político pues ha dicho aquello de que gobernar es poblar. Pues en esta Comunidad Autónoma hace por lo menos diez años que no se gobierna, porque reiteradamente viene descendiendo la población y viene descendiendo lo más grave, que viene descendiendo la población ocupada. Tomen nota, porque me parece que ese dirigente político está sentado ahí.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijación de posiciones, el Grupo que no ha intervenido en el debate, el Grupo Mixto. Señor Proponente, para fijar el texto definitivo.

Se somete entonces a votación la Propuesta de Resolución con la Enmienda del Partido Popular aceptada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno.

Votos a favor: sesenta y siete. Votos en contra: ninguno. Y abstenciones: cuatro. Queda, pues, aceptada esta Propuesta de Resolución que acaba de ser debatida.

Señor Secretario, le ruego dé lectura al décimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Décimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por la Procuradora doña Elena Pérez Martínez, relativa a ejecución efectiva del Plan Sectorial de Prevención y Control del Sida".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Doña Elena Pérez tiene la palabra para presentar su Proposición No de Ley.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. La existencia de una política activa de salud en Castilla y León, respecto al tema que nos trae hoy, que es la prevención y tratamiento de la infección por VIH -más conocido por todos ustedes: sida-, pasaría y tiene que pasar por definir una serie de objetivos específicos -y los tiene que definir el Gobierno de Castilla y León-, una serie de objetivos que se puedan medir, que se puedan controlar y que se puedan llevar a cabo.

El definir una serie de acciones activas y concretas necesarias para poder alcanzar esos objetivos, y sobre todo precisaría algo que no se está haciendo, que es el cumplimiento de esas acciones que proponga o debe proponer el Gobierno Autónomo.

Bueno, en Castilla y León hay carencia de estos tres objetivos; es decir: ni tenemos objetivos claros que se puedan medir y se puedan evaluar, ni hemos puesto en marcha acciones necesarias para remover esta situación, y, sobre todo, no se ha cumplido nada de lo planteado hasta este momento.

Entonces, a lo único que se ha limitado la acción en este tema es a atender los casos de enfermos o enfermas de sida -ya veremos cómo-, pero sólo los casos que precisan o que solicitan ellos mismos ayuda.

Es decir, se precisa en Castilla y León una política activa de búsqueda de posibles infectados -no quiero decir enfermos, sino posibles infectados-, con una premisa que no se está llevando a cabo ni se está llevando en nuestra Comunidad, que es respetando la confidencialidad y, desde luego, desechando la marginación con la que viven este tipo de enfermos y enfermas.

Campañas informativas claras, que supongan cambios de conducta. Las campañas que se han llevado en Castilla y León, desde luego, no han provocado cambios sustanciales en la conducta.

Intercambio -ustedes saben- de jeringuillas. Ya podemos...

luego podemos hablar, en el turno de réplica, los presupuestos que tiene destinados este Gobierno o esta Comunidad Autónoma para este tipo de programas.

Así como poner en marcha otras medidas. Porque todos sabemos -y ustedes lo saben, sólo porque lean en los medios de comunicación- que los principales afectados y afectadas por este tipo de infección son los dependientes de drogas por vía parenteral. Entonces, hay un programa instaurado a nivel estatal que está dando muy buenos resultados en otras Comunidades Autónomas, que es la sustitución por metadona; y se precisa en esta Comunidad Autónoma, ya, una política activa por parte de la Consejería de Bienestar Social en este caso, para llevar a cabo de una forma correcta, sin marginación, este tipo de medidas.

Y sobre todo precisa integralidad de todos los sectores que puedan estar implicados en la atención a este tipo de enfermos y enfermas. Es decir, la atención sanitaria, la social, etcétera, etcétera.

pág. 2755 Integración de esto... de todo tipo de enfermos o no enfermos, infectados o no infectados, en el sistema sanitario o sociosanitario público. Las medidas de prevención que tiene que poner al alcance este Gobierno Autónomo deben atender y alcanzar a todo tipo de pacientes. Hay que mejorar la atención en la medida que le corresponda la dirección y la coordinación a este Gobierno Autónomo de lo que hay que hacer en esta materia en todo tipo de organismos -sobre todo públicos-; en este tipo, está claro que nuestro Gobierno Autónomo tiene que garantizar una calidad de la atención a este tipo de enfermos y enfermas, que hoy en día no se está dando.

Y sobre todo, acciones coordinadas y medibles. Protocolos de atención que se obliguen a cumplir, sobre todo en el sistema sanitario público. Atención correcta a este tipo de enfermos, para que no tengamos la marginación, la falta de confidencialidad, y tengamos las carencias que actualmente tenemos en la atención a este tipo de enfermos; es decir, carencias que, al no existir unidades específicas de atención domiciliaria, de atención hospitalaria, recursos de media y larga estancia... y sobre todo, lo que falta claramente, la coordinación con el sistema sanitario y social.

Mínimamente, estos objetivos y estas medidas fueron recogidos por el Plan Sectorial que elaboró en su día el Gobierno Autónomo. Pero ese Plan Sectorial, si ustedes lo hojean -y luego, si tuviéramos tiempo, lo podíamos plantear-, no se ha llevado a cabo en la mayoría de sus medidas, de sus objetivos, de sus metas, etcétera.

Por eso hemos traído aquí la Propuesta de Resolución de que se proceda a la ejecución efectiva por lo menos de ese Plan Sectorial de Prevención y Control de Sida, de acuerdo con sus competencias, y con una nueva temporalidad. Porque este Plan ha acabado en el noventa y cinco; esas medidas no se han llevado a cabo, y nosotros proponemos que se ponga en marcha y se definan unos nuevos tiempos y unas nuevas metas. Así como la coordinación de la atención sociosanitaria, que últimamente se habla mucho, pero que no hay protocolos definidos ni obligatorios para la atención a este tipo de enfermos y enfermas. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se ha presentado una Enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la Procuradora doña Mari Carmen Luis Heras.

LA SEÑORA LUIS HERAS: Gracias, señor Presidente. Señorías.

El Grupo Parlamentario Popular propone una Enmienda de Sustitución a la Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa al Plan Sectorial de Prevención y Control del Sida, cuya Propuesta de Resolución dice lo siguiente: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que incluya dentro del Plan de Salud, actualmente en elaboración, objetivos específicos orientados a la prevención y control del sida".

Y en un segundo apartado, instan, igualmente, a la Junta de Castilla y León "a incluir en el Plan de Atención Sociosanitaria, que actualmente elabora, las medidas de coordinación necesarias entre los centros de salud y los centros de acción social; así como otras tendentes a mejorar la atención de este colectivo".

Yo voy a intentar, Señorías, justificar esta Propuesta de Resolución a la Enmienda... perdón, a la Proposición No de Ley presentada por su Grupo.

Nuestro Grupo, Señorías, comparte plenamente su preocupación, al igual que la del resto de los Grupos, por los enfermos de sida y toda su problemática. Somos conscientes, Señoría, de la magnitud y gravedad de esta enfermedad. Magnitud que, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el año dos mil, y a nivel mundial, calcula entre trece y dieciocho millones de enfermos, y entre treinta y cuarenta millones de seropositivos.

Dentro de la planificación sanitaria de la Comunidad, Señorías, existen dos tipos de planes de salud: un Plan General de Salud, que aborda todos los problemas de salud de la propia Comunidad; y diferentes planes sectoriales, que abordan problemas concretos priorizados dentro de este Plan General de Salud.

Pues bien, Señorías, dentro de estos planes sectoriales está el Plan Sectorial de Prevención y Control del Sida, y de las infecciones relacionadas con el virus VIH, con unos objetivos y unas actividades enmarcadas dentro de tres áreas de trabajo: Una primera área, de epidemiología y prevención, con las siguientes áreas de desarrollo: registro regional del sida, seropositividad VIH en Castilla y León, investigación, educación para la salud, formación de profesionales y trabajadores sanitarios, prevención en usuarios de drogas por vía parenteral.

Una segunda área de trabajo, asistencia sanitaria, cuyas áreas de desarrollo son las siguientes: políticas de prueba de laboratorio; aspectos diagnósticos; organización de la consulta hospitalaria y de la consulta externa; infección VIH, diagnóstico, seguimiento y tratamiento; coordinación de los niveles primario y secundario; atención al niño infectado.

Y una tercera área de trabajo, que es la asistencia social, participación ciudadana y voluntariado social.

El sida, Señorías, es un fenómeno complejo, que tiene consecuencias a nivel personal, familiar y colectivo, y en cuya solución están implicados sectores muy diversos de la sociedad, como son educación, sanidad o servicios sociales.

pág. 2756 Por otro lado, Señorías, el sida es un fenómeno dinámico que evoluciona y cambia con rapidez. Ya en su día el hecho de que se aprobase en el año noventa y cuatro un Plan Sectorial de Prevención y Control del Sida indica la sensibilidad del Gobierno Regional hacia este tema. Entendemos, Señorías, que no es el momento de revisar el cumplimiento del Plan del noventa y cuatro, evaluado ya por la propia Junta; sino que los objetivos que usted plantea se incluyan en el II Plan de Salud que la Junta está elaborando en este momento, con objetivos específicos orientados a la prevención y control del sida, teniendo en cuenta la experiencia del I Plan y el dinamismo con que cuenta la propia enfermedad.

Por otra parte, Señorías, y en relación con el segundo punto de su Propuesta de Resolución, tampoco parece adecuado elaborar un programa específico, en este momento, de atención sociosanitaria, referido igualmente al problema del sida. Cuando ya en la Resolución número 51 del Pleno del doce y trece de diciembre del noventa y seis esta Cámara ha instado a la Junta de Castilla y León a la elaboración de un Plan de Atención Sociosanitario, nos parece más lógico que sea en el contexto de este Plan donde se contemplen las medidas de coordinación necesarias entre los centros de salud y los de acción social, así como de todos aquellos centros que puedan mejorar la atención de este colectivo.

De aquí que, al tratarse de una Enmienda de Sustitución que no sólo consigue los objetivos de la Proposición No de Ley por usted presentada, sino que consideramos que los amplía y mejora, esperamos que el resto de los Grupos voten esta Enmienda, para no vernos obligados a votar en contra de una Proposición No de Ley cuya preocupación y filosofía compartimos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Para el turno de réplica, señora Pérez Martínez, tiene la palabra.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Al presentarnos esta Enmienda a la Totalidad, de Sustitución, nosotros nos fuimos porque nos hablaba del Plan de Salud que teníamos en marcha en esta Comunidad Autónoma; veíamos objetivos de educación para la salud, objetivos de disminución de riesgo, objetivos que no planteaban ningún tipo de acción concreta, algo que se tendría que hacer o se tuviera que hacer en ese momento; sólo eran cuestiones generales. Pero también nos habíamos mirado el Plan que en su día se elaboró, y claro, nos encontrábamos que las finalidades eran planificar, promover, desarrollar, coordinar, evaluar, poner acciones; planteaba la situación actual de Castilla y León -actual en su momento-, y cuando miramos la actual resulta que estamos en la misma. Es decir, ni se han removido situaciones, y estamos en el mismo tipo de atención o desatención que en mil novecientos noventa y uno.

Es decir, ni el Plan de Salud, por su globalidad -porque es así, es decir, es completamente global-, no puede enmarcar, ni tiene por qué enmarcar las acciones, y los plazos, y las metas...

Claro es que se tienen que cumplir, lo que se tiene que hacer específicamente en esta Comunidad Autónoma; que no sólo es atender de una manera correcta a los enfermos o enfermas de sida, también de prevenir; y eso tampoco se ha hecho en esta Comunidad Autónoma.

Dice que su Grupo comparte la preocupación. Pues si nosotros también, claro. Le agradecemos. Pero no queremos que compartan la preocupación: queremos que cumplan con lo que escriben. Es decir, cuando ustedes están planteando "en mil novecientos noventa y cuatro haremos", "en mil novecientos noventa y cinco haremos", "en mil novecientos noventa y uno haremos", y resulta que no han hecho nada; pues nosotros estamos convencidos, y convencida en este caso, que la Proponente comparte conmigo la preocupación. Pero yo lo que le estoy planteando -no a la Proponente, pero sí al Gobierno Autónomo- es que cumpla con lo que escribe exclusivamente. ¿Que lo podía hacer mejor? ¿Que podía programar mejor? ¿Que la atención a este tipo de enfermos o enfermas precisa otro tipo de cosas, además de lo que pone? Pero fíjese que hemos rebajado, rebajado nuestras pretensiones; se lo hemos planteado a nivel general, no les hemos dicho cuándo lo tienen que hacer. Lo que queremos es que, de una vez por todas, lo hagan, lo hagan, lo pongan en marcha.

Dicen: "mil novecientos noventa y cinco se habrán estructurado los diversos niveles asistenciales sanitarios y sociales existentes en Castilla y León". Estamos al noventa y siete y no se ha hecho. "Optimizando los recursos y mejorando la calidad de atención, con el fin de aumentar la calidad y la esperanza de vida..." Tarará, tarará... Palabras, Señoría, palabras, con unas metas que desde luego no se hacen.

La situación actual del sida y de la atención a los enfermos de sida en nuestra Comunidad Autónoma es la misma que teníamos antes de la publicación de este Plan. ¿Han investigado -yo pregunto, al Gobierno en este caso- cómo se está llevando a cabo la atención a este problema? Pues mire, lo que se está llevando a cabo ahora es lo mismo que antes: el sida se sigue planteando como un pecado. Y estamos en lo mismo; ustedes no han removido, ni están dispuestos a remover la situación de considerar a los enfermos o enfermas de sida enfermos como todo tipo de ciudadana y ciudadana... ciudadano y ciudadana en esta Comunidad Autónoma, y como tal tienen derecho a la protección de la salud por el sistema sanitario público, como todos; ya sean enfermos o enfermas de sida, ya sean de gripe, ya sean de lo que sea.

Hemos desechado ese tipo de atención pública que tenemos derecho y les hemos mandado a la caridad. Les hemos mandado a la caridad, que menos mal que hay ONG, entre ellas Cáritas... y no quiero menospreciar en absoluto su trabajo, lo único que están pág. 2757 haciendo es complementar algo que no se está haciendo en el tipo de atención... en el sistema de atención público. Y estamos propiciando la marginación de este tipo de enfermos y enfermas. Es decir, la situación actual no permite demoras; el objetivo de Izquierda Unida es que se remuevan ya esos obstáculos, que se actúe, que se actúe. Y entonces, en ese sentido, nosotros estamos dispuestos, ¿cómo no? Un plan de salud global tiene que recoger todos los planes sectoriales, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Pero queremos que se revise ese Plan Sectorial que teníamos, que se temporalice, se diga cómo y cuándo vamos a hacer las cosas, y que se incluya en ese plan de salud. Es decir, no son enmiendas de sustitución las que plantea el Grupo Popular; lo que plantea el Grupo Popular no es contradictorio con lo que está planteando Izquierda Unida, que es tan global que ni siquiera a ustedes les está planteando metas específicas y las cosas que tendrían que hacer ya. Y no lo está planteando sobre todo por decencia. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de dúplica, señora Pérez.

LA SEÑORA LUIS HERAS: Gracias, señor Presidente.

Probablemente, señora Pérez, usted se refiere al cumplimiento de unos objetivos en los que intervienen otras instituciones, que, como siempre sale a relucir en todas las comparecencias o en todas las Comisiones que nosotros tenemos en materia de Sanidad, los tenemos todos claro. Si son competencias a nivel asistencial; ya puede la Junta firmar convenios con estas instituciones que como dependen de otro organismo... -y usted además es profesional de la Sanidad y lo conoce bien-, la Junta marca objetivos, marca convenios, pero si la otra Administración no quiere cumplirlos, nosotros no podemos obligarla.

Otro de los objetivos que usted plantea que no se cumple, quiero entender que se refiere también a educación para la salud; educación para la salud llevada a cabo por el Ministerio de Educación y Ciencia que, como también usted sabe, no tenemos transferencias en esa materia; educación para la salud me refiero a la vertiente educativa.

Usted habla también de discriminación a estos enfermos de sida; discriminación -entiendo- que se refiere a la sociedad porque, como todos sabemos, en estos... aquí intervienen distintos sectores; no solamente es la Junta que planifica, no solamente es la Administración Central; interviene la sociedad, el enfermo y la propia enfermedad.

Como dicen los planificadores, Señoría, más vale un plan escrito, aunque no se cumpla en su totalidad, a que no exista ese plan. Nuestra Comunidad Autónoma -quiero recordarle- fue la tercera en aprobar el primer plan. Existen Comunidades que en la actualidad están aprobando este primer plan de salud. Yo creo que algo hemos avanzado. Seguramente, Señoría, que si los objetivos fueran más filosóficos, no compromisos tan concretos, a la hora de evaluarlos seríamos menos críticos.

Por otro lado, Señoría, de la experiencia se aprende, lo que nos lleva a que se hagan más realistas los planes. Y también, en lo que se refiere a competencias -que me refería antes-, no solamente se sirve el Gobierno Nacional... perdón el Regional, sino también muestra una sensibilidad especial en este momento el Gobierno Central.

Este Gobierno Central, a través del Ministerio de Sanidad y Consumo, está elaborando un plan de movilización multisectorial frente al sida -mil novecientos noventa y siete-dos mil- que pretende sea aprobado antes del verano de manera consensuada con todas las Autonomías, y que es un compromiso genérico de las Administraciones, contemplando los aspectos de prevención, asistencia sanitaria y sociosanitaria, formación, vigilancia epidemiológica, investigación, coordinación multisectorial y participación ciudadana.

Yo creo, Señoría, que lo que usted propone es una evaluación y una actualización de objetivos y actividades.

Nosotros no nos oponemos, Señoría, a la evaluación porque ya está hecha -como le decía en mi primera intervención-, está hecha por la propia Junta; y a la actualización de objetivos y cumplimiento de las actividades tampoco. Lo que nuestro Grupo pretende, Señorías, es que entren dentro del contexto de los nuevos planes que se están elaborando, sin menosprecio de que se haga una revisión del propio Plan Sectorial de Prevención del Sida, en vez de hacer una modificación del ya existente.

En cuanto al segundo punto, Señorías, ya que el Consejero ha esbozado ayer -el último día- lo que en líneas generales pretende que sea el Plan Sociosanitario, contemplando actividades concretas sobre este problema, unidades de cuidados paliativos, enfermos crónicos -donde están incluidos sida y cáncer-, y coordinación entre atención primaria y especialidades... perdón especializada y servicios sociales.

Yo creo, Señoría, que estamos en la misma línea; que si usted acepta nuestra Enmienda, vamos a votar favorablemente su Proposición No de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, para fijación de posiciones ¿Grupo Mixto? Renuncia. En nombre del Grupo Socialista, doña Inmaculada Larrauri tiene la palabra.

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, la verdad es que el Partido Popular siempre comparte la preocupación de la Oposición. Yo deduzco que les encanta estar preocupados, porque si no, no se entiende cómo no dan solución efectiva a los problemas que se plantean.

pág. 2758 Bueno, mi Grupo Parlamentario tiene que reconocer que a la Junta de Castilla y León se le da estupendamente hacer los planes.

El problema surge cuando hay que poner en marcha esos planes, es decir, llevarlos a la práctica. ¿Y saben por qué? Pues es muy sencillo: faltan las directrices políticas y la dotación económica para llevarlos a cabo.

Nos presentan unos programas maravillosos, pero que nunca se ponen en la práctica. Es decir, dan el primer paso, que es la planificación, pero luego ni coordinan, ni llevan a cabo la promoción, ni los desarrollan y, por supuesto, no llegan a evaluarlos. Y aquí ya nos falla el Artículo número 2 del Plan Sectorial de la Prevención y Control del Sida. Una vez más, lo único que hace la Junta de Castilla y León es dar la imagen propagandística de que se preocupa de los problemas de los castellanos y los leoneses, cuando la realidad es que se queda todo en meras declaraciones de intenciones, produciendo en estos mismos ciudadanos y ciudadanas despiste y confusión; creen que tienen algo y la realidad es que no tienen nada, un vacío total.

Se fijan objetivos que luego no se cumplen; por lo tanto, es imposible llevar a cabo prioridades en las actuaciones, y ni tan siquiera permite la actualización, ya que se desconocen los resultados obtenidos porque tampoco se evalúa.

En este Plan Sectorial de Prevención y Control de Sida, lo único que se ha hecho es poner parches, cuando lo que tenían que haber hecho es un desarrollo integral y ejecución del mismo. Y esto es responsabilidad de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que tendría que haber dictado cuantas disposiciones hubieran sido necesarias y no lo ha hecho. Y aquí nos vuelve a fallar la Disposición Adicional del Plan que tratamos. Tampoco se han creado recursos como son las casas de acogida, que son totalmente insuficientes. No existe una red específica regional; sólo se hace la estadística. Y además es necesario más apoyo económico y control por parte de la Junta, apoyo que, por otra parte, están dando los profesionales con carácter totalmente voluntario.

La Junta de Castilla y León se aprovecha de la colaboración de las ONG y delega en ellas competencias que corresponden a la Administración. La atención psicosocial a los familiares también brilla por su ausencia. La prueba es que ahora... de que no se cumple este Plan, pasan ustedes de él y piden que nos olvidemos con la Enmienda que han presentado.

En fin, nosotros vamos a apoyar la Proposición No de Ley de Izquierda Unida. Primero, porque nos parecen fundamentales e imprescindibles los dos puntos para la atención seria a los afectados por la enfermedad del VIH y sus familiares. Y en segundo lugar, porque este Plan es un compromiso adquirido, y plasmado y asumido por todos los Parlamentarios... los Grupos Parlamentarios, y ya va siendo hora de que se ponga en marcha de una vez. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo, la Proponente, doña Elena Pérez, tiene la palabra.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo. Voy a cerrar primero el debate y luego fijo el texto definitivo.

Dependen de otras instituciones. Insalud, que es quien gestiona aquí, tiene un Protocolo de atención a enfermos y enfermas de sida, y la Junta, su Servicio de Promoción de la Salud y de Protección, en ningún momento se ha interesado por el tema.

Primero, la prevención es suya, los presupuestos son suyos, y año tras año vemos cómo van disminuyendo: este año, 7.000.000 para toda la Comunidad Autónoma. Pero ¿qué vamos a hacer? Ésa es la preocupación, son las intenciones. La atención social es suya y la tienen que llevar a cabo ya; no nos vale un Plan Sociosanitario sin ningún tipo de planificación, escueto, como se ha estado planteando en este momento.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías.

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Es decir, pregunten ustedes a los Comités Ciudadanos Antisida. Esta Procuradora sí que se ha puesto en contacto con ellos; les dirán lo mismo que les estoy contando yo aquí, que menos mal que existen para paliar brevemente, en la medida de lo posible, la desatención que tienen este tipo de enfermos o enfermas.

Estamos de acuerdo, y fijo el texto definitivo con la Enmienda que presenta el Partido Popular, considerándola de Adición al texto de nuestra Proposición No de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Se somete a votación, no sé si es posible hacerlo por asentimiento. La Propuesta... ha sido aceptada la Enmienda del Grupo Popular. Se somete a votación la Propuesta de Resolución que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? Se aprueba por asentimiento. Gracias.

Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al undécimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR MATÍA PORTILLA): Undécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley 501-I, presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, de Izquierda Unida y Socialista, relativa a ejercicio de acciones políticas en defensa del carácter público del agua, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, número ciento veintitrés, de cinco de marzo de mil novecientos noventa y siete".

pág. 2759 EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Proposición No de Ley van a compartir el turno los Grupos Proponentes de Izquierda Unida y Socialista. ¿Don Antonio Herreros tiene primero la palabra? Señor González, del Grupo Socialista.

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías.

Vamos a hablar hoy aquí de un tema que yo creo que es de vital importancia para la Comunidad Autónoma, que es la actual Ley del Agua, o Ley de Aguas, y la pretendida modificación que el Gobierno del Partido Popular quiere llevar al Parlamento para modificarla de manera -a nuestro juicio- sustancial.

Hagamos un minuto de memoria, recordemos que la Ley de Aguas data del año mil novecientos ochenta y cinco, concretamente del dos de agosto, y recordemos también que fue una Ley que provocó un extraordinario debate, puesto que es una Ley que, a nuestro juicio, es una Ley claramente que permite exponer a los Grupos Parlamentarios de manera nítida su ideología al respecto.

No es una Ley técnica, no es una Ley comercial, es una Ley claramente ideológica. Como tal Ley, como tal Ley ideológica, suscitó entonces lo que yo llamé un acoso del Partido Popular a aquella Ley. ¿En qué se cifró aquel acoso? Primero, dos enmiendas de totalidad, no una, dos, una de devolución y una de sustitución, rechazadas ambas por el voto mayoritario de la Cámara y con el voto a favor exclusivo del Grupo Popular. Recordemos algunas frases de aquel debate.

"El Proyecto..." -decía Hipólito Gómez de las Roces, que fue el ponente de aquella Ley por parte del Partido Popular- "...el Proyecto no va a batir ninguna marca de permanencia"; ya avisaba que en cuanto llegara el Grupo Popular, el Partido Popular al Gobierno modificaría la Ley, impondría su ideología a los contenidos de la Ley. Decía, por contra, Minoría Catalana, por voz de Xicoy Bassegoda, que "me place decirlo: el proyecto es básicamente respetuoso con las Comunidades Autónomas". Por lo tanto, en aquel debate -repito- dos enmiendas de totalidad y, por si fuera poco, un recurso de inconstitucionalidad; un recurso de inconstitucionalidad firmado por cincuenta y ocho parlamentarios del Partido Popular, encabezados por el hoy vicepresidente político del Gobierno, señor Álvarez Cascos, que demostraba en aquel momento y ratificaba hoy lo que entonces dijo en algunas de sus intervenciones.

Si ayer se nos criticaba a este Grupo por el contenido de la Ley del Suelo y el resultado del recurso de inconstitucionalidad que afecta a gran número de sus artículos, si miramos el fino instinto jurídico de los Grupos no sólo por las leyes que se recurren, sino por los recursos que se deniegan, desde luego, en esta ocasión el Grupo Popular batió todos los récords, de treinta y siete... de treinta y cinco artículos que impugnó, ni uno sólo fue declarado inconstitucional. La Ley es constitucional en su totalidad y en su conjunto, y, por lo tanto, yo creo que es así.

Pero repito: la Ley es una Ley ideológica, y como tal tuvo un debate importante, y, a mi juicio, un acoso también importante del Partido Popular. Y hoy, el Partido Popular -a mi juicio- ejerce la revancha de entonces, e intenta modificar la Ley introduciendo variaciones sustanciales en la misma.

Qué variación, y no me quiero extender, porque cuando hicimos la Proposición los tres Grupos Parlamentarios de la Oposición, sólo conocíamos lo que decía la prensa que iba a ser; ahora ya conocemos algo más. Y lo que decía entonces la prensa que iba a ser es que corría peligro el carácter público del agua y que se iba a permitir el comercio de su uso. Hoy día, podemos ya ver, primero, que el carácter público de las aguas parece que se mantiene. Por lo tanto, todos posiblemente estaríamos de acuerdo en que el carácter público de las aguas se mantiene y, por tanto, con la primera parte de la Propuesta de Resolución.

Pero la segunda, se ha confirmado que el Proyecto de Ley permite, permite el comercio con el uso del agua, permite la transferencia de concesiones, lo permite, y además con la simple notificación a la confederación; no hace falta pedir autorización, no hace falta pedir autorización.

Por tanto, eso introduce un factor, a nuestro juicio, grave en el Proyecto de Ley, y nosotros pedimos a este Parlamento que se pronuncie sobre un tema tan importante. Tres Grupos ya lo hemos hecho al presentar la Propuesta de Resolución, que no se permita el comercio con el uso del agua. Pedimos al Grupo Popular que se pronuncie también. Hemos pedido a la Junta que se pronuncie. Hemos pedido al Presidente que comparezca en esta Cámara y nos dé su opinión, la de su Gobierno, sobre un problema como el del agua, y el Presidente nos embrisca al Consejero de Medio Ambiente como si esto fuera, como si esto fuera un problema medio ambiental: ¿o no afecta el agua a la industria, o no afecta el agua a la agricultura que consume el 80% de los recursos hidráulicos, o no afecta a la sanidad, al bienestar social? Es un problema del Gobierno, no es un problema del Consejero de Medio Ambiente. A mí no me vale que el Consejero de Medio Ambiente venga aquí a decir su postura sobre cuál es la postura ambiental del agua. No es ése el problema, es un problema que afecta a la Comunidad Autónoma, afecta a sus ciudadanos, y afecta a todas las áreas del mismo. Por tanto, a nuestro juicio, no cabe más que el Presidente para fijar su postura.

Reiteramos que la pregunta es sencilla: le pedimos al Grupo Popular que se manifieste en contra de que se comercie con el agua en Castilla y León y en España; simplemente eso. Espero con impaciencia, desde luego, la respuesta del Grupo Popular.

pág. 2760 EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para compartir el turno, señor Herreros, en nombre de Izquierda Unida, del Grupo de Izquierda Unida.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Y de forma muy breve, a mí me correspondería hacer simplemente un recordatorio: aquí en un momento determinado, Señorías, acordamos, tomamos la decisión unánimemente, por parte de todos los Grupos Parlamentarios de la Cámara, en la Legislatura anterior, para que en cuestiones de esta naturaleza en absoluto pudiesen pasar con un debate ligero y que, lógicamente, en materia de aguas en esta Comunidad hubiese pronunciamientos conjuntos y unánimes.

Y es verdad lo que se planteaba: el requerimiento por parte de todos, y no es menos cierto que deberíamos de hacer el esfuerzo para llegar a un acuerdo conjunto y unánime. Porque yo tengo mis dudas y mis sospechas de que siga manteniéndose el criterio del dominio público del agua, en virtud del propio borrador, pero lo que no cabe la menor duda es que se menoscaba en el proyecto, en ese borrador de anteproyecto, se menoscaba de forma directa la acción de las confederaciones hidrográficas y, por otra parte, lógicamente ya se van a poner mayores dificultades a las transferencias a las Comunidades Autónomas; con lo cual, la responsabilidad implícita que lleva el compartir esa responsabilidad en el conjunto de la ciudadanía se va a hacer de forma cada vez más compleja.

Para la Comunidad Autónoma de Castilla y León este asunto es vital. Por eso nosotros seguimos insistiendo en que tenemos que profundizar, tenemos que reflexionar y tenemos que llegar a un acuerdo común. Hay que exigir que lo mismo que ha habido cierta celeridad para hacer una modificación de la Ley de Aguas, aunque en este momento todavía esté en Proyecto y en borrador, hay que exigir que haya también un plan de regadíos y, lógicamente, que contemple el conjunto del país y, desde luego, a la propia Comunidad Autónoma.

Hay que exigir que las políticas de regadío de la región no se vean cortadas. En estos momentos se empiezan a producir ya algunas modificaciones, pero los datos que hasta hace no mucho tiempo todavía eran vigentes, era que la superficie de riego en nuestra Región, pues, supone el 11% de la superficie total de cultivo, y todavía estamos varios puntos por debajo de lo que es la media nacional. Y no es menos significativo que precisamente las provincias de la Comunidad Autónoma que tienen mayor índice de riego, León y Valladolid, son las que tienen mayor índice de asentamiento poblacional en el medio rural.

Lógicamente, esto va a hacer absolutamente imprescindible que tomemos la decisión como antaño, en su día, unánime, de ver como afrontamos un borrador de anteproyecto que en varios de los artículos, pues, deja de manifiesto que la Administración podrá, en circunstancias excepcionales, autorizar la celebración de contratos para que en zonas determinadas del territorio, y en periodos de tiempo determinados, se pueda establecer comercio con el agua. Y aquí, pues ocurre que se pueden producir fenómenos contradictorios y paradójicos extraordinarios, porque si la Administración faculta a todos los usuarios, en definitiva, de la cuenca a ceder sus derechos, díganme ustedes cómo compaginamos los derechos de los usuarios de las cabeceras de cuenca con los medios y con los finales de cuenca. Se va a entrar en una colisión tan importante, que cuando empiezan a atisbarse algunas salidas para el regadío, concretamente, que es el 85% del consumo de agua en el medio... en España y en la Comunidad Autónoma también, cuando se produzca esta colisión, lo único que vamos a encontrar son mayores dificultades.

Y si a eso le añadimos un canon, un precio que está en virtud exclusivamente de las decisiones de la Administración, que puede decir "por periodos excepcionales..." -que no sabemos cuáles son los periodos- "...o en zonas determinadas", sí se establece, y se establece específicamente el pago de esas cuotas.

Porque en el régimen concreto de los aspectos financieros se plantea crear la figura del consumo de referencia para regadíos. Y, claro, no cabe la menor duda que cuando se inicia una actividad, esa actividad puede quedar perfectamente paralizada, con lo que el Producto Interior Bruto, que en nuestra Comunidad -mal que nos pese- está constantemente oscilando en virtud y en función de la productividad en el medio agropecuario, se verá sometida a una restricción importante salvo, salvo que haya ese compromiso, que se establezca aquí en las Cortes por todos los Grupos Parlamentarios, para que haya una modificación sustancial de las líneas. Y, por supuesto, que se considere como bien de dominio público y en absoluto se pueda mercar o comerciar con un bien de dominio público. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. En nombre del Grupo Parlamentario Popular para consumir un turno en contra, el señor Zamácola tiene la palabra.

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente.

Escuchando a las Señorías que me han precedido, yo quería indicar dos cosas, y es que el Grupo Parlamentario Popular, si las Señorías que me han precedido están de acuerdo, estaría dispuesto a que si separan las dos partes de que consta su Proposición No de Ley, votaríamos la primera de acuerdo con ellos, ya que siempre se ha entendido por el Grupo Parlamentario Popular que el dominio es público nunca se ha dicho que no por la Ministra-, pero si... ya que tiene dudas el Parlamentario del Grupo de Izquierda Unida, con mucho gusto votaríamos esa parte, para que quedara aquí constancia de que tiene que ser público totalmente el dominio del agua.

pág. 2761 No obstante, en la segunda parte, no estamos de acuerdo, porque la propia Ley actual vigente, en su Artículo 53.2, dice que se puede comerciar con el agua. ¡Cuidado!, y lo dice muy claro, que en determinadas circunstancias se podrá cambiar el uso, etcétera; y encima, si las partes no llegan a acuerdo económico, la Administración del agua impondrá... Por tanto, la segunda parte se contradice con lo que la actual Ley de Aguas dice. No estamos de acuerdo, lógicamente, con esa segunda postura. Y, desde luego, si ustedes me dan alguna razón de peso, yo podré en la siguiente intervención -si procede- explicarles más detalladamente el problema. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para réplica, señor González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías.

Desde luego, agradezco la brevedad del Portavoz del Grupo Popular en este momento, y también le agradezco que haya dicho claramente que el Grupo Popular es partidario de que se comercie con el agua.

La antigua Ley de Aguas, o actual, contempla en algunos supuestos excepcionales, excepcionales, la posibilidad de que se transfiera un uso del agua, no de que se comercie con esa transferencia. Estamos de acuerdo en esa posibilidad, porque para situaciones de emergencia tiene que existir. Lo que no estamos de acuerdo es que en el Artículo 50, donde, precisamente, explicita cuáles son las condiciones para acceder al uso privativo del agua en la antigua Ley, señor Zamácola, sólo pone dos cosas, sólo se puede adquirir el uso del agua de dos maneras: por ley, o por concesión administrativa. No hay más formas.

Y actualmente, en el Proyecto de Ley que se nos presenta aparece una tercera, donde dice textualmente: "mediante contrato de cesión de derechos del uso de agua". Por lo tanto, hay una modificación sustancial de la Ley de Aguas. Se privatiza el uso del agua, permite el tráfico y el comercio con el uso del agua. Y eso, a nuestra Comunidad Autónoma, a nuestros regantes y a nuestros usuarios, no es bueno. La actual Ley de Aguas ha defendido de manera adecuada los intereses de los usuarios del agua en esta Comunidad Autónoma.

Introducir el negocio en el agua, introducir el tráfico en el agua, es poner el agua a disposición de los que tienen dinero y recursos para adquirirla, y quitárselo a los que no tienen ni dinero ni recursos para adquirirla. Eso está clarísimo. Otra cosa es gaitas, gaitas.

Por lo tanto, reitero la pregunta. Por mi parte, no vamos a permitir que se separen las dos partes de la Propuesta de Resolución: carácter público de las aguas -que yo he reconocido que el actual Proyecto de Ley lo puede mantener-; y segundo, que no se pueda comerciar con el uso del agua. Son, a nuestro juicio, absolutamente indisolubles.

Usted no me pase la pelota a mi tejado; la tiene usted en el suyo, señor Zamácola. Usted representa a su Grupo, usted diga si quiere o no quiere, si acepta o no acepta, o si está de acuerdo o no está de acuerdo con que se comercie con el uso del agua. Si es lo único que le preguntamos. Si yo no he querido en mi intervención perderme en otras cuestiones, que podría haber hablado una vez conocido el borrador para... No, es que la pregunta es concreta, y no quiero que se desmarque el debate. El debate es: ¿están ustedes de acuerdo o no con que se comercie con el uso del agua?, ¿van a luchar ustedes porque no se permita el comercio con el agua? Eso es lo único que le preguntamos.

Por mi parte, la contestación ya me la ha dado usted. Yo podía haber hablado de que el Proyecto de Ley invade las competencias municipales, porque exime a las obras de interés general de la licencia municipal, y obliga a cambiar el planeamiento urbanístico de los Ayuntamientos si va en contra de las obras hidráulicas. Es una Ley, además, que es autoritaria. Lo que hoy se declara por Ley, las obras de interés general, pasan a declararse por Decreto; dejarán de ser de interés general y serán de interés del Partido Popular, puesto que el Gobierno Popular hará con ellas lo que quieran.

Podía haberme metido con los regadíos: proscribe los nuevos regadíos. En una Comunidad Autónoma que estamos pendientes de cien, de ciento cincuenta mil hectáreas de nuevos regadíos, los proscribe, los elimina, los elimina de los requisitos necesarios para que una obra sea declarada de interés general. El señor Valín menea la cabeza, pero yo le voy a leer textualmente lo que dice un artículo de la nueva Ley: "salvo que concurran excepcionales razones de interés general, no se procederá a la construcción de obras hidráulicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado..." etcétera, etcétera, etcétera. "Salvo que concurran razones de excepcionalidad." Es una Ley mala.

Pero no quiero hablar de eso, señor Valín, no quiero hablar de eso. Sólo quiero hablar de si ustedes están o no están de acuerdo con que se comercie con el agua, con que se introduzcan factores económicos en el agua, con que el que tenga dinero haga negocio con el agua, con que se vendan y transfieran derechos, y con que la única obligación del que lo haga sea simplemente comunicarlo a la Confederación Hidrográfica del Duero, en este caso Tajo norte, o cualquier otra que nos afecte a esta Comunidad Autónoma, que es lo que va a pasar con esta Ley.

Es lo único que le preguntamos, nada más. A eso queremos que el Grupo Popular nos conteste de manera clara y rotunda. Y eso no está en la actual Ley. Lo intentaron ustedes poner con la Enmienda a la Totalidad con texto alternativo, no lo lograron; lo intentaron con el recurso de inconstitucionalidad, tampoco lo lograron. Lo van a lograr ahora, doce años más tarde -bastante más tarde de lo que pensaba el señor de las Roces, cuando dijo que iban con carácter inmediato-, por la vía de su mayoría parlamentaria. Lo veremos ahora.

pág. 2762 EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señorías, aunque a través de la historia el dominio público ha sido objeto de muchas interpretaciones, lo que no cabe la menor duda es que, en la práctica, lo que se está planteando aquí es una contradicción en los propios términos de la Propuesta.

Difícilmente se puede mantener el concepto inicial de dominio público y, al mismo tiempo, permitir la negociación entre entidades privadas, aunque en último extremo hubiese una regulación por parte de la Administración, porque los límites, los límites de la apreciación social, fundamentalmente, que se hace en esa interpretación del dominio público iban a estar constantemente en entredicho y van a producir problemas complejos. Por consiguiente, sí es prácticamente vinculante ambos términos de la Propuesta de Resolución.

No obstante, hay algunas cuestiones que yo sí quisiera poner de manifiesto, y es que, aunque estamos hablando de un borrador de anteproyecto, lo que no cabe la menor duda es que en estos momentos ya ha aparecido que en su actual redacción, pues podía estar permitida la venta de usos del agua con criterio no consuntivo para otros usos consuntivos, lo que trae como consecuencia que, incluso, se puedan producir fenómenos como que las compañías hidroeléctricas, que es la tercera de las prioridades que se plantea en la propia Ley, pues puede vender sus derechos sobre el agua a agricultores -que es la segunda de las prioridades-, una vez que esa agua ya haya sido turbinada.

Pero lo que no se contempla en estos momentos en el borrador es que pueda llegarse a la garantía suficiente de los caudales ecológicos, lo cual... bueno, pues alguien tiene que pagar el último pato; y todos sabemos las consecuencias en Comunidades Autónomas como la nuestra, donde el estiaje es bastante preocupante.

Pero se plantea, por ejemplo, otro problema, y es que en ese Artículo 53 bis, fija que la Administración podrá, en circunstancias excepcionales, autorizar la celebración de estos contratos para una zona y un periodo de tiempo determinados, con lo cual ya se hace, de hecho, la iniciación de todo un procedimiento del mercadeo del agua. Y si la Administración faculta a todos los usuarios de una cuenca a ceder sus derechos, se pueden realizar perfectamente los trasvases de agua desde donde proceda, cabecera, medio o final, cuando aquí sí existía un compromiso, por parte de todos los Grupos Parlamentarios, de que esto no fuese así.

Y en el 53 bis 2a), permite a la Administración autorizar contratos sin las limitaciones establecidas en el anterior límite, es decir, en zonas determinadas o en tiempos determinados; con lo cual, resulta que nos lleva ya a la contradicción sobre el Artículo anterior, que es el que utilizaba precisamente Su Señoría para decir -fíjense- "hay una modulación de ese mercadeo del agua". Y en el Artículo 53 bis 3 se crea la posibilidad de formar bancos de agua que en condiciones excepcionales, como sequías, sobreexplotación de acuíferos y otras, pues permita también una mediación en esa compra y venta.

Fíjense, llegan a producirse fenómenos tan curiosos como la reutilización de las aguas depuradas residuales. Y dice el Anteproyecto -que es posiblemente uno de los elementos más confusos-, dice... en la Exposición de Motivos se alude a: "quien asuma la obligación de depurar aguas de otro, adquiere el derecho a usar las aguas depuradas sin necesidad de nueva concesión". Es decir, está introduciendo todos los factores para que haya una auténtica guerra, que haya una colisión de intereses entre ricos y pobres, y no me estoy refiriendo ya a las clases sociales -que también-, sino entre Comunidades Autónomas pudientes y no pudientes, con lo que nos va a tocar -como casi siempre se suele decir- bailar con la más fea.

No hay ningún tipo de inconveniente, pero que se sepa con absoluta claridad: si este Proyecto de Ley ve la luz en los términos que en estos momentos está, para esta Comunidad Autónoma es una declaración absoluta de hostilidad, pero manifiesta. Y esto será de una responsabilidad clara, rompiendo -porque hasta el momento presente nadie se ha bajado de aquel acuerdo unánime que se hizo en esta Cámara-, rompiendo unilateralmente y sin ningún tipo de explicación ese acuerdo unánime, por parte del Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Para el turno de dúplica, señor Zamácola.

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente.

Hombre, la actual Ley de Aguas -como todas Sus Señorías saben- tiene once años de vigencia, y como cualquier ley -independientemente de lo buena o regular que haya sido a lo largo de esos años-, presenta una serie de flancos en su ejecución diaria, que, lógicamente, ve dónde cojea la Ley y dónde no cojea.

Y, sobre todo, quien marca esos flancos son las sucesivas sentencias del Supremo, que van indicando en dónde se está mal.

Entre otras cosas, la importancia, o una de las mayores importancias que tiene el presente borrador es que se ha puesto de manifiesto -y ahora lo voy a citar con un ejemplo- la falta de cobertura legal que hoy en día tienen las obras hidráulicas, ya que cualquiera relación de obra hidráulica está condicionada a que existan en el Plan Nacional Hidrológico.

pág. 2763 Tenemos un ejemplo muy claro -como he citado-: la presa de Itoiz. La presa Itoiz se encuentra en estos momentos en vías del Supremo, porque la Audiencia Nacional, debido a unos recursos que se pusieron, dudaba seriamente que, al no estar aprobado el Plan Nacional Hidrológico -que exige que haya una ley para que una obra hidráulica se ejecute-, esta obra que se había iniciado pueda tener legalidad. Y será el Supremo el que lo diga. Y esto lo dicen los técnicos más altos del Ministerio de Fomento... perdón, de Medio Ambiente, con la ausencia total de ideología, sino con un hecho cierto que se está produciendo.

Quitado este marco general, si nosotros vamos a lo que preocupa tanto al Grupo Parlamentario Socialista, que es el mercado de las aguas, yo vuelvo a decir lo mismo: hoy en día, el Artículo 53.2 -como ha dicho bien el señor González- indica que, en determinadas circunstancias y con carácter temporal, se puede imponer... y dirá que podrá imponer el cambio de uso y habrá una compensación económica.

Bueno, pues lo que se trata en este caso es de ver un problema que se está produciendo. Y también voy a poner un ejemplo: el año seco que hubo en el noventa y cuatro-noventa y cinco con Sevilla, el propio Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista intentó arreglarlo en Sevilla haciendo esa cesión; pero al ser un tema de imposición no se atrevió a ello, y no se pudo arreglar. Si hubiera existido, en determinadas circunstancias -como luego voy a citar-, una posibilidad de hacerlo libremente, se hubiera podido resolver el problema.

En el fondo -mírenlo ustedes de una forma... aunque yo me exprese... y no les guste a ustedes- es dar un poco más facilidad.

Y lo hay también como ejemplo en otras leyes, como luego citaré.

Miren ustedes, el Artículo 53 bis nuevo, que ha citado en parte don Antonio Herreros, dice de forma clara -al igual que el anterior-: "en circunstancias especiales, como sequías o cambios..." -por favor, un poquito de agua- "... o cambios socioeconómicos de relevancia para el uso del agua, el Ministerio de Medio Ambiente podrá autorizar... -y ahí lo que a ustedes ya les afecta- "... bien a iniciativa propia, o bien a petición de los organismos de cuencas o de las Administraciones Públicas competentes, la celebración de contratos de cesión de derechos de uso del agua. El acuerdo determinará el ámbito territorial de aplicación, y, en su caso, el periodo de vigencia de tal autorización".

Esto, visto así, comprendo que pueda dar un miedo o asustar. Pero, precisamente, la propia Ley ya dice de forma clara, o el borrador, perdón, que es en circunstancias especiales. Pero es que, además... pues bueno, circunstancias especiales, pero esto es muy relativo. Mire usted, todas las tutelas habidas... aun cautelas habidas y por haber. Y dice muy claro: "su vigencia se subordina a la de los derechos de excedente en las zonas que autorice -se podrá hacer- el Ministerio de Medio Ambiente; tendrá un carácter temporal y respetarán la prelación de usos establecidos por la Ley".

"Se notificará a la Confederación, que ostentará los derechos de adquisición preferente y de tanteo, así como la facultad de suspender su ....." Se establecerán normas para que no haya uso especulativo, para lo cual se vinculan las cesiones a usos reales previos, y se prevé un mecanismo que evite la creación de nuevos regadíos por esta vía; se abre, además, la posibilidad de crear bancos de agua; se flexibiliza la adquisición de agua a tierra fija, que hacía la Ley 29/85; se prevé la inscripción en el Registro de Aguas...

Miren ustedes, yo creo que hay una serie de cautelas que dicen: "ojo, se va a permitir esto a las partes con estas condiciones"; o sea, no es alegremente una cosa, no hay que ver -pienso yo- no sé...problemas demasiado internos, cuando no existen.

Además de lo que estoy señalando, hay una cosa también cierta, y, además, aquí también podríamos verlo. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo para Sus Señorías: hoy en día, por circunstancias especiales -en estos años de sequía, por ejemplo-, se pueden conceder dos mil metros cúbicos por hectárea y no haber de cosecha un grano de nada. Bueno, se da la libertad -bajo esa tutela, bajo esas cautelas, en esas circunstancias especiales- a que entre agricultores decidan por lo menos que coseche alguien y que puedan llevarse algunos siete mil metros cúbicos de agua, y puedan regar y puedan sacar su remolacha; por lo menos, que cosecha alguien, señores. Es un ejemplo sencillito que se podía poner a este tema para que ustedes lo puedan conocer.

Pero bueno, el señor González ha citado antes que había otras cosas en la Ley, como él también en otra ocasión hizo referencia a los contadores de agua; lo que es cosa muy normal: si el agua antes, el agua antes era un bien generoso, hoy es un bien escaso, pues habrá que poner medidores para esas aguas. Y eso es muy normal. Mucho más normal que ponerles chapa a las truchas, que cierto Procurador quiso poner hace ocho años aquí. Señores, en España... hay zonas de España donde esos controles se llevan haciendo hace treinta años y no pasa nada, y no pasa nada; y más hoy, que se sabe que es un bien escaso ese tema.

Pero mire -para ir rematando ya-, le puedo explicar a usted, simplemente, que sería, o es muy probable que, si se admite esta cesión temporal de esos derechos entre concesionarios que obtienen diversa utilidad -como he dicho antes- de agua en años insuficientes, en años secos, se puedan obtener o se consiga una mayor eficiencia general en el uso del agua; y creo que una satisfacción más equilibrada de los deseos de todos -evidentemente, siempre tutelados por la Administración competente, en este caso, la Confederación-.

pág. 2764 Y remato ya diciéndole: yo diría que casi casi esto no es una Ley política, aunque ustedes piensen que no; es una Ley que ha nacido del propio Ministerio, que ha sido marcada por las deficiencias que tenía la actual Ley, que se ha visto los huecos que había y que se pretenden tres cosas, básicamente: Primero: establecer una norma adecuada para que las obras hidráulicas, por medio de acuerdo de Consejo de Ministros -que no hace falta exigencia de Ley-... Y dirá: "pero, hombre, pero ¿por qué?" Pues al igual que ocurre con las carreteras, con los aeropuertos, con los puertos... como cualquier otra obra pública: con acuerdo, puedan funcionar; que hoy tenemos una falta de cobertura.

Segundo: establecer un régimen transitorio de normas hasta que el Plan Hidrológico Nacional se apruebe, y eso es lento. Y no queremos hacer lo que le pasó al Gobierno del PSOE que, por unanimidad, se la... en el año noventa y cinco se lo rechazó; no queremos hacerlo deprisa. Pues, hasta que eso ocurra, unas normas transitorias para que se puedan manejar y distribuir los aprovechamientos, los regímenes de aprovechamientos, los concesiones, las obras hidráulicas... ¡Pero si es que esto parece que es una cosa de cajón! Y bueno, si me meto ya -y para rematar, Presidente- con el famoso "concesiones o comercio" que ustedes dicen... Miren ustedes, hoy la Ley obliga -o puede obligar- igual que la Ley de Concentración Parcelaria. Y usted sabe tan bien como yo, señor González, que la Ley de Concentración Parcelaria no se ha hecho en ningún pueblo impuesto por la Administración, ninguno; porque sabemos que es ir contra arriba y con los recursos, paralizaría.

Pues esto, ocurre igual: se da facilidades a que las partes -eso sí, no libremente, sino ¡ojo!, bien tuteladas- puedan hacer; facilitar las cosas, nada más, señor González, es lo que se pretende.

Se trata en conjunto -y termino- de adecuar la legislación vigente a la experiencia que resulta de su aplicación desde el año ochenta y seis, sin saltos en el vacío, abriendo nuevas posibilidades de forma controlada y experimental.

Yo repito -y termino-: creo que es una Ley mucho menos política de lo que Sus Señorías creen, mucho más técnica, mucho más... con el ánimo de mejorar los defectos que a lo largo de estos años esta Ley ha tenido. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para cerrar el debate, señor González.

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, muchas gracias. Señor Zamácola, en primer lugar, yo le agradezco que intente usted explicarnos las cosas sencillitamente para que las entendamos; yo se lo agradezco mucho; yo comprendo que soy duro de entendederas, sobre todo, en esta materia y, por lo tanto, le agradezco el esfuerzo de simplificación. Se lo agradezco expresamente. A pesar de todo, me cuesta entenderle a veces, o sea que ¡fíjese cuál será el nivel de sus intervenciones! Bueno sigue... Yo creo que a mi pregunta ha contestado claramente: está usted de acuerdo con que se comercie con el agua.

Y eso desencadena una cuestión de imposible adivinar cuál será el futuro del recurso. ¿Quién va a comerciar con el agua, el agricultor de Salamanca que tiene una concesión justa y medida para regar sus hectáreas?, ¿el regante tradicional de León que tiene una finca de una hectárea y tiene dos litros por segundo de concesión para regar esa hectárea? Comerciarán con el agua aquellos que tengan el uso del agua. ¿Cuáles son las grandes concesiones en estos momentos? Las grandes concesiones están en grandes empresas, para otros usos. Y, desde luego, lo único que dice la actual Ley que se nos quiere imponer es que se pretenda respetar el orden de prelación de la Ley: que si primero beber, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es normal; ¡hasta ahí podíamos llegar! Esa excepcionalidad que contempla la Ley actual, ese caso de Sevilla que usted mismo ha puesto... es que el Gobierno, el Estado, todos podemos cambiar el uso, obligar a cambiar el uso del agua para suplir acciones de emergencia. En Sevilla no tenían para beber y el Estado, en virtud de una Ley, obliga a un cambio de uso para que los sevillanos puedan beber; yo creo que está bastante claro. Con esta Ley eso queda bastante más diluido.

Pero lo que es meridiano es que, antes, yo iba a la Confederación a pedir un uso privativo del agua y sólo me lo podía dar una Ley o una concesión administrativa -Artículo 50 de la actual Ley de Aguas-; y ahora, es una Ley, una concesión administrativa y una cesión de uso mediante contrato privado, con la única obligación de notificar a la Confederación... Y con otra obligación, que es no crear nuevos regadíos; los regadíos nuevos quedan proscritos de esta Ley. Esta Ley es lesiva para la Comunidad Autónoma -así de claro- si así sigue adelante.

Si este Gobierno y su Presidente tiene algo que decir del agua, que lo diga aquí, en esta Cámara. No le gusta nada hablar de esto; claro, es que para esto hace falta expresarse, tener una cierta capacidad de síntesis, etcétera. Que venga aquí a explicarnos a todos los ciudadanos cuál es la opinión de este Gobierno sobre el agua. No la del Consejero Jambrina, que me interesa, pero no globaliza; no la del señor Valín, porque me interesa también, pero tampoco es global; no la del señor Villanueva porque, interesándome, sólo afectaría a su área... La del Presidente de la Comunidad Autónoma, que es quien tiene que hablar con carácter general de cuál es la postura de este Gobierno sobre una nueva Ley de Aguas que permite el comercio del agua, introduce el negocio del agua -y ahora siento que no esté el señor Jambrina-, ya introdujo el señor Jambrina el negocio en la extinción de incendios. Así nos va: un Jefe de Servicio de Medio pág. 2765 Ambiente, hace pocos días, dijo que los responsables de los incendios eran las empresas. Veremos a ver de qué podíamos acusar aquí a las empresas una vez que tengan la posibilidad de negociar con el uso del agua.

Dejemos en paz el dominio público hidráulico; dejemos en paz el uso del agua, que la Administración... -que somos todos, hoy el agua es de todos y no es de nadie, eso es lo bonito del agua, precisamente hoy es así-. La Administración lo podrá hacer mejor o peor, podrá haber un funcionario corrupto o no, podrá haber un caso excepcional o no; pero el uso del agua, en estos momentos, lo da la Administración a quien acredita que su uso no va a ser exclusivamente para beneficio personal, sino que entra dentro de los planes generales que defienden el interés general; eso es lo que a nosotros nos interesa.

Por lo tanto -repito-, ha quedado perfectamente clara la contestación: son ustedes partidarios de que se comercie con el uso del agua. Rompen ustedes el consenso que existía en esta Comunidad Autónoma sobre los temas de agua; recuerden ustedes el acuerdo de toda la Cámara sobre los trasvases. Realmente es una pena que en un asunto de tan capital importancia hayan ustedes tomado por bandera una Ley que -a nuestro juicio- es sustancial para esta Comunidad Autónoma.

Oyendo al señor Zamácola me parecía que estábamos escuchando a un ciudadano de otra Comunidad Autónoma. Si yo leyera... si yo leo a los ciudadanos de los regadíos tradicionales de esta Comunidad, de las cabeceras de los ríos o de los cursos medios de los ríos, que llevan cuatrocientos años regando y asociados en Comunidades de Regantes, le leo "que los titulares de derechos de uso privativo del agua, independientemente del título de adquisición..." -o sea, los regantes también- "...están obligados a instalar y mantener a su costa, a requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Duero correspondiente, sistemas de medida homologados, que garanticen la información a la Administración Pública, del agua sobre los caudales usados, al objeto de asegurar el respeto..." -etcétera- "...el incumplimiento de esta obligación permitirá a la Administración Pública del Agua la declaración de caducidad de la concesión".

Además, es normal, todas las Comunidades de Regantes... la Federación Nacional de Comunidades de Regantes está en contra de esta Ley, las Comunidades de Regantes de León están en contra de esta Ley, las Comunidades de Regantes de Castilla y León están en contra de esta Ley. El único que está a favor de esta Ley, parece ser que es el Gobierno de Castilla y León y el Grupo Popular; lo cual nos parece difícil de entender.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Herreros.

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Y, de una forma muy breve, porque el señor Zamácola, yo no sé si es en un exceso de habilidad -pero en este caso no se debe jugar con esas cuestiones, es muy peligroso-, lee una parte del artículo, pero no lee, precisamente, la siguiente parte del artículo; y yo le invito a que la lea, que es el 53 bis 2.a, en el que, precisamente, todas las cautelas que anteriormente cita caen por su propio peso y, entonces, liberaliza mucho más todo lo que es el comercio del agua.

E incluso, me permito decir que, desde el punto de vista de las modificaciones de régimen económico y financiero que se plantean, saben Sus Señorías que hasta el momento presente, en la actual Ley, hay cuatro costes que los usuarios del agua o del dominio público deben de afrontar: se paga por ocupar el dominio público hidráulico -es el Artículo 104-, se paga por verter aguas con calidad degradada -el 105-, se paga por las obras de regulación de las aguas superficiales -es el 106.1-, y por las restantes obras hidráulicas distintas de la regulación -que es el 106.2-.

Bueno, pues ahora -se añade, precisamente, en la modificación- se fuerza a pagar a algunos usuarios, hasta ahora exentos, los gastos de gestión de las Confederaciones Hidrográficas; se crea la figura específica de consumo de referencia para regadíos; y se asigna a la Administración Tributaria la potestad de cobrar todos los cánones y tarifas.

Si a eso unimos la práctica eliminación de competencias a las Confederaciones Hidrográficas, que quedan casi con la titularidad dependiente de la Administración Central -aún más dependiente de la Administración Central porque ni siquiera van a tener la posibilidad más que de revisar la liquidación presupuestaria, y no de proponer presupuestos-; y si a eso añadimos que puede ser un efecto que en otras Comunidades Autónomas -que es por lo que se trae esta Ley o por lo que se propone esta Ley- van a conseguir objetivamente lo que en el Plan Hidrológico y en todo el planteamiento de trasvases no habían conseguido, y es que se puedan hacer realidad los trasvases desde unas cuencas hidrográficas a otras... Y, lógicamente, desde donde se pueden hacer trasvases -seguimos insistiendo- es desde la Cuenca Hidrográfica del Duero; pero, ¿por qué?, ¿porque tengamos agua excedentaria? No; porque todavía no hemos conseguido que haya una utilización y que haya una modernización de todo el proceso de regadíos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, por consiguiente, no hayamos conseguido la satisfacción para poner la agricultura y la ganadería a los niveles medios de algunas Comunidades Autónomas que, lógicamente, esgrimen como argumento fundamental que ellos tienen unos niveles de productividad mayor.

Por supuesto, si eso es admisible, es gracias a que ha habido desde el primer momento un procedimiento de actualización de todo lo que es el sistema de riegos; en nuestra Comunidad, no; dejamos escapar las oportunidades. Y decía anteriormente -e insisto-: cuando empiezan a apuntarse algunas ventajas y algunos pág. 2766 planteamientos de modernización, resulta que es posible que esta Ley; y con plena connivencia del Partido Popular en Castilla y León, esta Ley dé al traste con las escasas expectativas que se podían mantener respecto de esa modernización agropecuaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Concluido el debate, se somete a votación la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno.

Votos a favor: veinticuatro. Y en contra: cuarenta y siete. Queda, pues, rechazada.

Ha sido retirada la Proposición No de Ley que figuraba en el punto duodécimo, y debatida que fue en la sesión de ayer la decimotercera, pasamos al decimocuarto punto del Orden del Día, que el señor Secretario y Letrado dará lectura.

EL SEÑOR LETRADO (SEÑOR MATÍA PORTILLA): Decimocuarto punto del Orden del Día: "Debate de totalidad del Proyecto de Ley de Régimen Local de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto de Ley de la Junta, tiene la palabra el señor Consejero de Presidencia.

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Señor Presidente. Señorías. Con motivo de la Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León, relativa a la política general sobre la organización administrativa y territorial de la Comunidad y, en contestación a la misma, este Consejero tuvo ya ocasión de exponer ante esta Cámara, en el mes de junio del pasado año, los propósitos que el Gobierno del que formo parte tiene acerca del tema objeto entonces de debate.

Pues bien, el Proyecto de Ley de Régimen Local de Castilla y León, cuya presentación ante Sus Señorías pretendo realizar con esta intervención, representa, en buena medida, una materialización de los mencionados propósitos, en la convicción de que con el mismo -como aquella ocasión adelantaba- se da una respuesta a los problemas más graves que presenta el Régimen Local en nuestra Comunidad.

Para dar una respuesta al que, probablemente, sea más grave problema, y en ejercicio de la capacidad normativa que la Comunidad Autónoma ostenta respecto a la estructura municipal, el Proyecto de Ley parte de un diagnóstico claro e inequívoco y, por lo demás, por todos conocido.

La situación en la que nos encontramos presenta como características una Comunidad de unos dos millones quinientos mil habitantes, distribuidos en dos mil doscientos cuarenta y siete municipios. Pero, mientras nuestra población viene a representar un 6,5% del total del Estado, el número de municipios representa el 28% del total de los municipios de la Nación.

Sin embargo, la verdadera dimensión del problema la evidencian los siguientes datos: de los dos mil doscientos cuarenta y siete municipios que la Comunidad tiene, tan sólo el cuarenta... un cuarenta y siete, perdón -es decir, un 2%-, tienen una población superior a cinco mil habitantes; mil novecientos treinta nueve municipios -es decir, el 86,27%- cuentan con menos de mil habitantes; y entre estos últimos, más de la mitad -en total, mil cincuenta y dos- no alcanzan los doscientos cincuenta habitantes.

La simple exposición de estos datos hace suponer la radical dificultad, o aun imposibilidad, de que en la inmensa mayoría de nuestros municipios pueda llevarse a cabo una auténtica administración pública de sus respectivos intereses en las condiciones de economía, de eficacia, que demandan de consumo la Constitución vigente, el sentido común y la igualdad básica y solidaria que debe aplicarse a las modernas condiciones de la vida económica, social y cultural de toda la población.

En esta situación, la autonomía municipal, a pesar de su reconocimiento y garantía constitucional, sólo puede ser ejercitada -o, si se quiere, disfrutada- por unos pocos municipios; a los demás, el peso de la púrpura no les permite sostenerse en pie. El gran reto que la Comunidad Autónoma tiene planteado, pues, en relación con los municipios, es solventar el gravísimo problema de la incapacidad que padecen la gran mayoría de ellos para desarrollar efectivamente sus funciones mínimas de prestación de servicios públicos y de satisfacción de los intereses que la correspondiente comunidad local.

Es necesario liberarse de la hipoteca que el inframunicipalismo representa para cualquier política de desarrollo o impulso local que pretenda llevarse a cabo.

Conocidos, por otra parte, la falta de entusiasmo y, a veces, el rechazo a los procesos de fusión coactivos llevados a cabo en tiempos pasados, alimentado en muchas ocasiones sólo por un ineficaz y caduco romanticismo de aldea, el Proyecto de Ley, para poner fin al micromunicipalismo, adopta una fórmula que trata de combinar, por una parte, el respeto a la evolución histórica y, por otro, la eficacia de la acción pública y la participación ciudadana.

De acuerdo con estos postulados, en principio, respeta de forma escrupulosa la estructura municipal de la Comunidad, en el sentido de que no contiene disposición traumática alguna, pero no renuncia a conseguir una estructura más racional que asegure a la población que se asienta en nuestros pequeños y numerosos municipios, una calidad de vida homologable a la del municipio urbano. Así, de cara al futuro, fija un umbral de población por pág. 2767 debajo del cual no es posible la constitución de un nuevo municipio. Se trata con ello de evitar aquellas pretensiones que agravan aún más la indeseada situación que acabo de describir. De cara al presente, contiene medidas tendentes a la fusión de municipios o a la asociación de los mismos a través de mancomunidades.

Debe ponerse de relieve que las facultades normativas que la Comunidad tiene en relación con las mancomunidades aparecen limitadas al procedimiento de aprobación de sus estatutos, razón por la cual el Proyecto de Ley no extiende su regulación a otros aspectos que la legislación básica ha querido residenciar en los propios municipios que las constituyen.

En todo caso, siendo como son las mancomunidades una fórmula que permite dar respuesta adecuada y específica a las distintas situaciones deficitarias que puedan darse en la prestación de los servicios públicos, el Proyecto de Ley es consciente de que las mismas son una solución únicamente parcial a la incapacidad derivada del inframunicipalismo. Son una respuesta ad hoc que no es posible generalizar con criterios abstractos, por cuya razón la voluntariedad que las caracteriza o la espontaneidad del movimiento asociativo municipal, en suma, se pretende orientar a las condiciones exigidas por el interés comunitario.

Se ocupa también el Proyecto de Ley -como no podía ser de otro modo- de un fenómeno que en la Comunidad reviste una importancia nada desdeñable: se trata de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio, para las que se recupera su tradicional denominación de Entidades Locales Menores.

La importancia que estas Entidades tienen en la Comunidad radica, en primer lugar, en el elevado número de las que existen -tantas como el número de municipios-, y en los servicios que prestan en buen número de casos. Es preciso poner de relieve que, aunque la Constitución de mil novecientos setenta y ocho ha residenciado el principio de autonomía en el municipio y no en instancias inferiores a éste, el Proyecto de Ley considera a las Entidades Locales Menores como verdaderos entes públicos, dotados de personalidad jurídica propia e independiente, y en cierto modo autónomos, respecto del municipio en cuyo territorio se integran.

No se las considera órganos de gestión desconcentrada, tales como son las Juntas de Distrito, las Alcaldías de Barrio, cuya institución corresponde en exclusiva a los propios Ayuntamientos; no son tampoco un fenómeno de autoorganización, sino un fenómeno de organización territorial.

Ciertamente que la existencia de una Entidad Local Menor es un asunto de interés común a los vecinos, y por eso el Proyecto reconoce un protagonismo al Ayuntamiento en el proceso de su creación. Pero ésta ni puede tener lugar ni puede ser impedida por la sola voluntad que pueda expresar la Corporación Municipal.

El régimen organizativo que para estas Entidades se diseña es el tradicional, es decir, Alcalde Pedáneo y Junta Vecinal. Pero en la elección de los miembros del órgano colegiado de control se introduce un cambio que debe significarse: la elección de los Vocales de la Junta Vecinal se hará de conformidad con los resultados de las elecciones para Alcalde Pedáneo, pretendiendo con ello evitar las situaciones de ingobernabilidad que se están dando en algunos casos, como consecuencia de que dicha elección toma en consideración los resultados de las elecciones para el Ayuntamiento. Con objetivo análogo, y también de colmar una laguna existente en la ordenación actual, se contempla la posibilidad de la moción de censura al Alcalde Pedáneo.

Bajo la rúbrica de regímenes municipales especiales, el Proyecto de Ley aborda, de modo singular, el de los municipios que funcionan en régimen de concejo abierto. Sobre este particular -como Sus Señorías ya conocen- la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local generalizó o impulsó este sistema de funcionamiento en todos los municipios con población inferior a cien habitantes.

Pues bien, a la vista de la experiencia acumulada, el Proyecto se aparta de esta tesis, en el sentido de no imponer este sistema a las Entidades Locales Menores con población inferior a cien habitantes. Dicho de otra forma: a nadie puede hacérsele feliz a la fuerza. Por lo demás, se mantienen las reglas y principios a que deben ajustarse las entidades que funcionen bajo este régimen singular.

De los restantes regímenes especiales, quizá sólo deba resaltar en este momento el de los municipios que cuentan con servicios culturales, educativos, sanitarios, sociales, administrativos, o de otra naturaleza, que son utilizados o aprovechados no sólo por sus propios vecinos, sino también por los de otros municipios limítrofes.

Respecto de estos municipios, el Proyecto posibilita que puedan ser receptores de competencias transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma y, además, que puedan tratar... tener un tratamiento preferencial en el Plan de Cooperación Local. Se posibilita, de esta manera, el reforzamiento de los municipios que ejercen una función de liderazgo en un ámbito concreto, con la importancia que puede tener desde un enfoque de organización territorial.

Se ha estimado oportuno, finalmente, incorporar al Proyecto de Ley el texto de la Ley Reguladora de Relaciones entre la Comunidad Autónoma de Castilla y León y las Entidades Locales, con objeto de que todo el Régimen Local se contenga en un solo cuerpo legal. Esta incorporación se lleva a cabo con las mínimas modificaciones que la experiencia de su aplicación había revelado como necesarias.

Quiero poner de relieve, por último, que la iniciativa legislativa, objeto del presente Debate de Totalidad, no es producto de una exclusiva voluntad unilateral de la Junta de Castilla y León: antes de que el Gobierno Regional diese su pág. 2768 aprobación al Proyecto de Ley, éste fue sometido a la consideración de diversas instancias -Diputaciones Provinciales, Gobiernos Civiles, Consejerías, Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, etcétera- y, entre ellas, a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, cuyas alegaciones en gran parte se recogen en el citado Proyecto.

El texto del Proyecto, en cualquier caso -como no podía ser de otro modo-, no es un texto cerrado, sino abierto a las ideas o aportaciones que puedan realizar los miembros y Grupos de esta Cámara.

Finalizo mi intervención, por tanto, con el deseo de que pueda alcanzarse el mayor grado de acuerdo entre todos los Grupos Políticos representados en esta Cámara, dado que la importancia del Proyecto lo exige y el Gobierno del que formo parte lo ofrece.

Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Consejero. Habiéndose presentado tres Enmiendas a la Totalidad, pasamos a tratar la primera, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Don Joaquín Otero tiene la palabra.

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías. Para nosotros es indudable que estamos en una de las leyes más importantes que se van a debatir -y aprobar en su momento- en estas Cortes, no solamente en este año, no solamente en la Legislatura, yo diría desde que estas mismas Cortes existen.

La organización territorial de esta Comunidad Autónoma es una cuestión de gran importancia. Nosotros hemos conocido y hemos leído detenidamente, porque teníamos muchas ganas de poder conocer ese primer Anteproyecto de Ley, luego Proyecto de Ley, ahora Proyecto de Ley que remitió la Junta de Castilla y León; y después de leerlo detenidamente, después de valorarlo, después de analizarlo, lo definimos como un proyecto de ley chapucero, o dicho de otra forma: "la gran chapuza". Y voy a tratar de explicar por qué a nosotros nos parece una chapuza este Proyecto de Ley.

En primer lugar, no hubiéramos presentado Enmienda a la Totalidad si creyésemos que por la vía de las Enmiendas parciales podríamos corregir las incorrecciones que tiene. Pero no, es un problema que afecta a la propia esencia de la Ley, a la propia filosofía de este Proyecto de Ley.

Hay que partir de la base de que a nosotros nos hubiera gustado, en contra de lo que parece a muchas instancias a las que se ha consultado, que este Proyecto de Ley tenía que haber sido...

o haberse desdoblado en dos proyectos de ley distintos: un proyecto de ley de régimen local de Castilla y León, y un proyecto de ley concreto y específico para las entidades de ámbito local inferior al municipio; de extraordinaria importancia en la provincia de León, donde hay mil cuatrocientas aproximadamente, y también, por qué no decirlo, en otras provincias de esta Comunidad Autónoma. Y voy a explicar por qué razón.

La Ley de Régimen Local regula, en cuanto a municipios y Diputaciones se refiere, la organización territorial de las mismas, pero no entra a valorar las funciones, ni tampoco la organización interna; eso está sometido a las bases del Estado y, por tanto, a la Ley de Bases de Régimen Local. Sin embargo, hay una diferencia evidente con las Entidades Locales de ámbito inferior; ésas no las regula más que en algún aspecto muy parcial la Ley de Bases de Régimen Local, y ahí sí que hay que entrar a regular su funcionamiento interno, su composición, el proceso electoral, etcétera, etcétera.

Del mismo modo, o en ese sentido, decir que nada tiene que ver la regulación de las Diputaciones y Ayuntamientos con la regulación de las entidades de ámbito inferior al municipio, que debe de ser mucho más exhaustiva y completa de lo que lo está siendo, al haberse incluido en esta Ley.

¿Esto que yo digo es algo nuevo que me estoy inventando? No. Ésta es la postura, a nuestro juicio inteligente, que adoptó, por ejemplo, el Principado de Asturias (allí las entidades de ámbito inferior se denominan Parroquias), y así lo hizo. Hizo una Ley específica para ellas, sin perjuicio de la Ley de Régimen Local. O Cantabria, donde, sin denominación específica, también regula separadamente a las Entidades Locales Menores, o de ámbito inferior al municipio, que es más correcto.

En definitiva, nos hubiera gustado que fueran dos Proyectos de Ley completamente distintos, y es la primera razón y la primera causa por la cual nos hemos opuesto presentando una Enmienda a la Totalidad de la misma.

Y voy a hacer una breve referencia a algunas cuestiones que no son concretas, porque eso lo debatiremos en Comisión y también en otro Pleno las enmiendas parciales, sino aspectos de principios generales de esta Ley, o de filosofía de esta Ley.

Mire, señor Consejero, esta es una Ley que atribuye plenas competencias a la Junta de Castilla y León en muchas materias, para que la Junta discrecionalmente, que no arbitrariamente -digo- por el momento, discrecionalmente haga lo que le venga en gana.

Efectivamente, hay cuestiones donde se permite opinar -pero no más que opinar- a Ayuntamientos, o a Diputaciones, o incluso a las Entidades Menores, en cuestiones de supresión de municipios, de creación, de alteraciones, de deslindes, o incluso -insisto- de supresión, donde la Junta debería quedar en un segundo plano.

Porque antes de suprimir un municipio hay que tener muy presente, muy en consideración, la opinión de sus propios vecinos, pero una opinión que vaya más allá de ser meramente consultiva, tiene que ir más allá, tiene que vincular hasta cierto punto -ya se verá- a la Administración Autonómica para que no quede en sus manos.

pág. 2769 En fin, a lo largo de la Ley vemos que hay una potestad discrecional en todo momento de la Junta de Castilla y León para hacer lo que le venga en gana, en relación con la organización territorial de los municipios, de las provincias y de las Entidades Menores.

En segundo lugar, decir que es una norma, un proyecto que atenta contra la propia existencia y contra la potenciación de las Entidades Locales Menores. Señor Consejero, así se lo digo, créame. Y se lo voy a explicar.

Mire, el Proyecto de Ley contempla importantes y dificultosos requisitos para la creación de Juntas Vecinales; no hay más que coger el texto y ver lo difícil que va a ser, a partir de ahora, la creación de una nueva Entidad Local Menor, de una nueva Junta Vecinal.

Artículo 56, por ejemplo; ahí se refiere, al margen de otros trámites, a un hecho importante y que va a ser objeto de mucha discusión -¡ojalá! lo rectifiquen ustedes-. "No podrá constituirse en Entidad Local Menor el núcleo donde radique la capitalidad del municipio." Y, ¿por qué no?, si hasta ahora se puede hacer y están funcionando bien, y hay muchísimas Juntas Vecinales que están radicadas donde radica la capitalidad del municipio. Yo imagino que eso lo corregirán ustedes vía Enmienda, porque, desde luego, es algo absolutamente incoherente y absolutamente innecesario.

Hay cuestiones tan importantes como el hecho de que se permita en el Proyecto de Ley desestimar la solicitud de creación de una Junta Vecinal -fíjese-, cuando se cumplen todos los trámites, mejor o peor, por silencio administrativo. Eso no es de recibo; las desestimaciones tendrán que ser motivadas, y ustedes utilizan la vía del silencio administrativo para desestimar la posibilidad de que se cree una Junta Vecinal si así les parece oportuno. Queda a su libre criterio el decir cuál es el número mínimo de habitantes o cuál es la distancia que tiene que guardar con otros núcleos de población. Y además no lo pone ni en la Ley, lo que a ustedes les parezca por Decreto; pues tampoco. O en cada caso, lo cual sería todavía peor.

Impide, por ejemplo, a los representantes de las Juntas Vecinales o de las Entidades Locales Menores tener voz en los Plenos, algo que sería importante; sí se lo permiten las Comisiones informativas, pero mire, eso es como nada. Y es más, hay muchos Ayuntamientos que ni celebran Comisiones informativas, de tal manera que les condenan ustedes al silencio absoluto.

Y al tiempo que tienen... o ponen ustedes grandes dificultades para crearlas, facilitan tremendamente la disolución o la supresión de Juntas Vecinales. No hay más que ver el Artículo 74; ahí todo es liso y llano, ahí todo es facilísimo para poder suprimir una Junta Vecinal. Hay muchísimos motivos, casi todos discrecionales también, de la Junta de Castilla y León, que es la que tiene la última palabra, cuando los protagonistas para suprimir una Entidad Local Menor deberían ser los propios vecinos de esa Entidad Local Menor.

Y mire, hay una cuestión en la que yo quiero incidir: los recursos de las Juntas Vecinales. Mire, ustedes regulan los recursos de las Juntas Vecinales, ¿sabe cómo? Diciendo: los recursos de las Juntas Vecinales son aquellos que salgan del bolsillo de los vecinos de ese pueblo. Es decir, rascándose el bolsillo los vecinos tendrán el dinero que quieran, pero que no esperen dinero de fuera. Y así, claro, entre los recursos están: las Tasas y Precios Públicos de su propio bolsillo, de los vecinos; los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado, del patrimonio de los vecinos; las Contribuciones Especiales del bolsillo de los vecinos; las subvenciones e ingresos de derecho público, no dice cuáles, ni cómo, ni cuándo, ni por quién; ingresos procedentes de operaciones de crédito de la propia Entidad Local Menor; multas, que tendrán que pagar los vecinos. En fin, así también financio yo cualquier cosa; rascando el bolsillo de los vecinos y sin compromisos de las Administraciones, cualquiera puede establecer los recursos.

Fíjese, el Artículo 142 de la Constitución Española, que se refiere a las Haciendas Locales, dice textualmente: "Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones de la ley... que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas".

¿Usted cree... -y es una pregunta que le hago, porque es una pregunta importante-, usted cree que los recursos de una Entidad Local Menor forman parte de una Hacienda Local? Es una pregunta importante. Es que eso hay que estudiarlo, porque si se llega a la conclusión de que el dinero de las Entidades Locales Menores a las cuales ustedes, a través de esta Ley, las dotan de personalidad jurídica, las consideran, por tanto, Entidades Locales, esos recursos serán Hacienda Local, formarán parte de la Hacienda Local, y esos recursos tendrían que tener cabida en este Artículo, y tendrían que tener derecho a participar del Estado...

de los ingresos del Estado y también de los ingresos de la Comunidad Autónoma. Fíjese que el tema es importante, y que hay que dar respuesta a esa cuestión, porque, lógicamente, nosotros, sin decir que no sea controvertida la cuestión, nos lo vamos a plantear muy en serio, y a lo mejor va a tener que ser el Tribunal Constitucional el que diga si los recursos de los pueblos, de las Juntas Vecinales, de la Entidades Locales son Hacienda Local o no son... o forman parte de la Hacienda Local o no forman parte.

Porque entonces sí que íbamos a solucionar un gran problema de financiación.

pág. 2770 Y como veo que el tiempo apremia, también quisiera hacer una breve referencia, señor Consejero, a las Diputaciones en relación con la transferencia y delegación. Mire, este es un tema muy importante y hay un artículo en el que quiero hacer especial hincapié. Un artículo de extraordinaria importancia, lamentablemente de extraordinaria importancia.

Dice el Artículo 88: "Las transferencias y delegación de competencias en favor de las Diputaciones Provinciales deberán realizarse conjuntamente a todas ellas". ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que una Diputación quiera una competencia y se haga depender de que lo pidan el resto de las Diputaciones de la Comunidad Autónoma? Imagínese usted que la Diputación Provincial quiere competencias en materia de turismo, ¿es que tienen que pedir todas las Diputaciones esa competencia para que se la puedan dar? Es que eso es impensable. Eso no es justo, y además eso es contradictorio con lo que el Presidente de la Junta -aquí presente- va diciendo en otros foros: es lo contrario justamente al autonomismo asimétrico. Para que una Diputación pueda coger lo que le interesa de las competencias de la Junta, o lo piden todas o no lo pide ninguna. Y eso no es lo que ustedes están pregonando, que cada Diputación coja de la Junta la pasta que más le guste; una querrá turismo, otra querrá cultura, otra querrá lo que quiera, pero no obligarles a todas ellas, y si no, no hay ni traspaso, ni transferencia, ni delegación de competencias. No es de recibo.

Y termino con una cuestión que, de verdad, yo creo que eso lo van a solucionar ustedes en la vía de Enmienda. Hay una Disposición Adicional, la cuarta, apartado segundo, donde dice que "se procederá, a la entrada en vigor de esta Ley, a la supresión de Entidades Locales Menores constituidas por el núcleo de población donde radique la capitalidad del municipio cuando carezca de bienes o, teniéndolos, el número de electores de la Entidad Local Menor represente la mayoría del número de electores del municipio al que pertenezca". Miren, si ustedes lo mantienen, esto les va a llevar a los Tribunales, porque hay... hay pueblos, hay Juntas Vecinales extraordinariamente importantes y ricas y que son capitalidad de municipio. Y le voy a poner un ejemplo: en El Bierzo, Bembibre. Mire, Bembibre tiene Junta Vecinal; Bembibre -termino, señor Presidente-, Bembibre es capital de municipio.

Bembibre tiene tantos o más recursos que el propio municipio, y representa al número... representa a la mayoría del número de electores del municipio al que pertenecen; tiene más municipios Bembibre que el resto de municipios. ¿Van ustedes a cargarse a la Junta Vecinal de Bembibre? ¿Van ustedes a expropiar sus bienes o a expoliar sus bienes? Hay, de verdad, cuestiones muy importantes que ustedes no se han parado a pensar.

Y, por cierto, en cuanto a la coordinación con... de la Comunidad Autónoma con las Entidades Locales, de verdad, eso que ustedes han recogido no es coordinación, es subordinación y, a nuestro modesto juicio, atenta contra el principio de la autonomía local que consagra la Constitución. También por ahí podríamos tener problemas constitucionales. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para defender la Enmienda a la Totalidad de Izquierda Unida, don Santiago Sánchez tiene la palabra.

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, Señorías. Tengo que comenzar por felicitar al Consejero, porque por fin ha traído a esta Cámara -es verdad que con enorme retraso y, es verdad también, superando las dificultades o los momentos electorales-, pues ha traído por fin -digo- este Proyecto de Ley, que coincido con él que es de enorme importancia para regular la Ordenación del Territorio en nuestra Comunidad.

Esa necesidad de contar con una Ley que desarrolle el Régimen Local en nuestra Comunidad y que siente las bases para establecer los mecanismos institucionales para garantizar los mejores niveles de calidad de vida de los castellano-leoneses, parece ser algo sentido y compartido por todos los Grupos Políticos, y así lo hemos puesto de manifiesto reiteradamente.

Pero, no obstante, no basta la elaboración de cualquier texto, de cualquier norma, sino que ésta únicamente será válida en la medida en que sea capaz de dar respuesta... una respuesta eficaz a los problemas planteados y de servir de instrumento para la consecución de los objetivos propuestos.

La lectura de la Exposición de Motivos, señor Consejero, del Proyecto de Ley podría hacernos pensar en un primero momento que realmente vamos a encontrarnos ante una propuesta, ante una norma que constituye la base de una suficiente regulación del Régimen Local de nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo, estamos convencidos de que tal Exposición de Motivos -y se lo digo sinceramente, porque también le agradezco su carácter abierto, ya que antes de presentar el Proyecto solicitó la colaboración o, al menos, el saber cuál era el pensamiento del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-, estoy convencido que este Proyecto de Ley... que esta Exposición de Motivos no la ha redactado usted. Usted ha redactado o la Exposición de Motivos o el texto. Las dos cosas no las ha podido redactar la misma persona, porque la Exposición de Motivos nada tiene que ver con lo que posteriormente se recoge en el texto articulado.

La Exposición de Motivos, aparte de limitarse a someras y -a mi juicio- insuficientes pinceladas históricas sobre la evolución del municipalismo en Castilla y León y aportar pues escasos y escuetos datos de la situación actual en nuestros municipios, esboza grandes principios que deberían de ser los fundamentales de la Ley, y que comparte mi Grupo. Pero, en nuestra opinión, el texto articulado no responde a ninguno de estos objetivos, incluso supone en muchos casos una regresión respecto a la penosa situación actual. Ello significa una oportunidad perdida pág. 2771 para corregir las carencias de la Ley del ochenta y cinco y adaptar la legislación sobre... en materia local a las necesidades de nuestra Comunidad.

Es imposible que se pueda constituir el marco de desarrollo global del que habla la Exposición de Motivos si no se sientan previamente los principios básicos de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, y no se definen en la propia Ley los elementos fundamentales que van a ser los instrumentos configuradores de tal ordenación. Así, se deja pasar la oportunidad de estructurar la comarca como entidad básica de nuestra ordenación territorial; a pesar de las coincidencias públicas sobre la idoneidad de configurar el territorio de Castilla y León a partir de comarcas naturales, el Proyecto de Ley no hace referencia alguna, salvo en disposiciones generales.

Igualmente cabría decir el pobre tratamiento que se hace acerca de las mancomunidades, puesto que el tratamiento que se hace no supone, en modo alguno, un incentivo real para su constitución, dejándolo en manos a la supuesta voluntad del Ejecutivo, al que no se impone ningún compromiso tangible y exigible de apoyo a las mismas.

Por otra parte, la limitación que impone para el desarrollo de mancomunidades, reduciendo su capacidad a la de meros entes gestores de algunos servicios, así como el nulo carácter democrático y participativo de sus órganos de gobierno, suponen también la pérdida de la oportunidad de convertirlas en el germen para la creación de municipios articuladores de nuestra Comunidad, a partir de la integración de los actuales.

Por el contrario, este Proyecto de Ley consagra la provincia y, en consecuencia, a nuestro juicio -y lo hemos repetido varias veces-, las caciquiles y escasamente democráticas Diputaciones Provinciales como el elemento básico del Régimen Local y castellano-leonés que pretende el Ejecutivo, por encima incluso de los propios municipios. Así, en lugar de seguir la tendencia generalizada de limitar sus competencias a los mínimos indispensables para el cumplimiento de las exigencias constitucionales, atribuye tal cantidad de facultades y prerrogativas a las Diputaciones Provinciales, tantas posibilidades de control sobre la autonomía municipal, que las convierte en un verdadero mecanismo de limitación de las capacidades de los municipios, y que es reflejo de la desconfianza hacia la iniciativa de éstos que destila todo el Proyecto de Ley.

La capacidad de las Entidades Locales para desempeñar eficazmente sus funciones depende esencialmente de poder contar con suficiencia de medios económicos que permitan dar respuesta a las cada vez más crecientes demandas ciudadanas, sin verse supeditadas a las decisiones políticas coyunturales de otras instituciones. Sin embargo, el Proyecto de Ley no ofrece ni una sola medida que permita garantizar la capacidad económica de las Entidades Locales, dejando ésta en manos de lo que en cada momento quiera hacer la Junta de Castilla y León, sin ningún criterio objetivo que impida la discrecionalidad y la arbitrariedad de su actuación.

La falta de voluntad política de desarrollar el principio de autonomía municipal no se limita sólo al ámbito económico, sino que el texto propuesto lleva incluso a facilitar -a nuestro juicio- la intromisión del Ejecutivo Regional en el desarrollo de competencias reservadas a los municipios. Y así, el Proyecto de Ley dedica el Título IX a regular instrumentos de control desorbitantes, sin ofrecer siquiera la contrapartida de una efectiva participación de los propios municipios en la toma de decisiones que les afectan directamente.

Por otra parte, y también como fruto de la reiterada desconfianza, se crean instrumentos de control, como la Comisión Mixta de Transferencias y como el Consejo de Municipios, sobre el que nada se regula.

El que parece ser el objetivo fundamental -y lo decíamos ayer aquí- del Proyecto de Ley: el favorecimiento de la integración de los municipios y la consiguiente racionalización de las estructuras municipales, tampoco se aborda con una efectiva voluntad en el texto propuesto, pues se limita a regular cuestiones burocráticas, mecanicistas, técnicas, sin ofrecer ni un solo aliciente, ni ayuda real alguna para que sean efectivas tales integraciones. Más bien parece, señor Consejero, que se busca justamente lo contrario.

La regulación que se pretende hacer de las Entidades Locales Menores y de los Concejos Abiertos no facilita la participación de los ciudadanos. Después de asegurar enfáticamente que garantizarán unos niveles mínimos de prestación para todos los ciudadanos, el Proyecto de Ley deja en manos del Ejecutivo Regional la posibilidad de eliminar esta exigencia cuando le parezca oportuno, condenando en la práctica a muchos castellano-leoneses a seguir siendo ciudadanos de segunda categoría y sin posibilidad alguna de hacer efectivo el principio constitucional de igualdad. Y todo ello, además, sin someterse a ningún tipo de control democrático, pudiendo adoptar toda clase de decisiones de manera subjetiva y arbitraria.

El carácter autoritario y antidemocrático del Proyecto manifiesta o se manifiesta frente... que se manifiesta frente a la autonomía municipal llega a una especie de paroxismo cuando trata el desarrollo de competencias propias de la Comunidad Autónoma.

Usted nos dice que, con alguna limitación, se ha transferido...

cuando se regula... lo ya regulado a este respecto. Yo creo que no es así, señor Consejero, sino que, de verdad, ustedes han dado veinte pasos hacia adelante. Pero vamos a tener tiempo de discutirlo.

Todo el desarrollo de la norma y la adopción de decisiones transcendente se reservan al Ejecutivo sin sometimiento, ni conocimiento, ni control alguno por parte de las Cortes de Castilla y León. Según el texto, corresponderá a la Junta pág. 2772 autorizar la creación de nuevos municipios, la supresión de los existentes, la alteración de los términos municipales, la creación de medidas de fomento para la fusión de municipios, la dispensa en la obligación de prestar servicios mínimos, la creación de mancomunidades, la creación de Entidades Locales Menores, la posibilidad de resolver conflictos de competencias entre las mismas y la concreción de las transferencias; la posibilidad de armonización y coordinación de los actuales... de las actuaciones de tales entidades, pudiendo imponer sus propios objetivos y prioridades; la fijación de los niveles homogéneos de prestación de servicios mínimos; o la regulación de la cooperación económica a través del Plan de Cooperación Local. ¿Se da más? ¿Hay alguien que pueda dar más? Y todo eso, señor Consejero, además por el democrático instrumento del Decreto.

Un mínimo sentido del funcionamiento democrático evidencia que todas estas funciones deberían de reservarse al Parlamento Regional, y que lo único que realmente persigue el Proyecto de Ley es poner en manos de la Junta un formidable instrumento de control antidemocrático que le permita perpetuar la obsoleta estructura local de nuestra Comunidad Autónoma, que tan buenos rendimientos de carácter electoral les vienen dando a ustedes.

Por último, cabe significar -y yo creo que esto sí se podrá corregir-, cabe significar la falta de rigor en la redacción del mismo Proyecto de Ley, lo que le ha llevado pues, a nuestro juicio, a introducir preceptos, pues, reiterativos, redundancias, artículos de difícil comprensión, una falta de sistemática, pues, seria.

En definitiva, señor Consejero -y sabe que se lo digo con todo el respeto que le tengo-, a mi juicio, una norma de este carácter y de este rango debería haberse presentado y formulado con más rigor. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para debatir la tercera Proposición No de Ley, por el Grupo Parlamentario... perdón, la tercera Enmienda de Devolución, por el Grupo Parlamentario Socialista, don José María Crespo tiene la palabra.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, lamento tener que decirle que mi Grupo Parlamentario ha considerado que el Proyecto de Ley de Régimen Local presentado por la Junta de Castilla y León no merece la confianza de las Cortes Regionales.

Ayer mismo tuvimos ocasión de mantener un debate relacionado con un aspecto concreto que va a ser regulado en este Proyecto de Ley, y que va a tener o va a dotarse de una regulación adecuada como consecuencia de la tramitación parlamentaria, y ayer tuvimos la evidencia en estas Cortes Regionales de que el Partido Popular en la Comunidad Autónoma no tiene un proyecto, un modelo de organización territorial, de ordenación del territorio, único, creíble y posible.

Lo que sucedió ayer en estas Cortes Regionales pone en duda, pone en crisis incluso, su modelo, su proyecto, y eso alimenta las dudas que nosotros le hemos venido trasladando a usted y a su Grupo en las conversaciones que hemos podido mantener.

Vaya por delante, también, la reiteración y el ofrecimiento del Grupo Parlamentario Socialista para que, una vez superado este trámite -trámite, me temo, que cantado ya por la mayoría de la que goza el Partido Popular en estas Cortes Regionales-, una vez culminado este trámite, vaya por delante la reiteración en el ofrecimiento de colaboración para que de estas Cortes surja el mejor Proyecto de Ley posible, para que de estas Cortes surjan y se apoyen las enmiendas que corrijan los graves defectos, las graves lagunas, las graves indefiniciones que se contemplan, que se incluyen, o que no se incluyen, en el Proyecto de Ley presentado por la Junta de Castilla y León.

Confiamos que en el trámite parlamentario posterior haya un ejercicio de sensibilidad mayor que el que se evidencia en el Proyecto de Ley presentado; haya un ejercicio de democracia y de participación para con los Grupos de Oposición, en la consciencia que debe tener la Junta de Castilla y León y el Grupo Parlamentario Popular de que no se puede afrontar en solitario, con las tesis propias en exclusiva, la ordenación territorial de nuestra Comunidad Autónoma, las relaciones entre las instituciones que integran nuestra Comunidad Autónoma, la financiación del poder local en Castilla y León, o la progresiva e inevitable descentralización política y administrativa.

Deben ustedes ser conscientes de que eso no puede obedecer a un proyecto de partido, a un proyecto personal o a un modelo exclusivista. Y por lo tanto, cuando este trámite del Debate de Totalidad haya sido superado, me atrevo a emplazar y a reclamar a la Junta de Castilla y León y al Grupo Parlamentario que la sustenta el necesario esfuerzo al reconocimiento... y reconocimiento al que vamos a desarrollar los Grupos Parlamentarios.

Obran en poder ya de las Cortes y de la Junta las docenas y docenas de enmiendas que hemos presentado los distintos Grupos de Oposición. Son enmiendas todas ellas constructivas, son enmiendas que mejoran el texto que ustedes presentan, son enmiendas que pretenden dar soluciones o avanzar posibles soluciones a los graves problemas que tiene el poder local en nuestra Comunidad Autónoma. Y son enmiendas que deben ser contempladas, seguramente no en los términos en los que van, pero que ofrecen la posibilidad de abrir una negociación amplia que permita algo que con este Proyecto de Ley no se va a posibilitar, y es que seamos capaces de reordenar territorialmente la Comunidad Autónoma, seamos capaces pág. 2773 de compartir el poder en la Comunidad Autónoma, seamos capaces de dotar de más medios al poder local en la Comunidad Autónoma, y seamos capaces de integrar al poder local en la estructura política, social, administrativa, que supone una realidad como es Castilla y León.

En ese enfoque van... en esa orientación van la inmensa mayoría de las enmiendas que propone mi Grupo Parlamentario. Y por lo tanto, reclamo, e insisto -y no me canso de decirlo- que ese ofrecimiento de diálogo, de entendimiento y de consenso habrá de ser una premisa básica en las negociaciones posteriores, en las enmiendas parciales.

Nosotros hemos considerado y hemos reflexionado mucho sobre la oportunidad de presentar esta Enmienda de Totalidad. Y reflexionamos sobre ello porque no queríamos que desde la mayoría y desde el Gobierno se interpretara la Enmienda de Totalidad del Grupo Parlamentario Socialista como un desmarcarse de la negociación necesaria que deberemos afrontar en el futuro. No queríamos que se interpretara esa Enmienda de Totalidad, o que ustedes utilizaran esa Enmienda de Totalidad para tirar adelante con su proyecto, con su modelo. Eso nos llevó a reflexionar y a pensar en la oportunidad de presentarla o no. Desde luego que por los contenidos de la Ley, señor Consejero, era inevitable presentarla; pero desde un punto de vista estrictamente político de mantenimiento de esa oferta de diálogo, teníamos dudas de presentarla. Lo cierto es que en nuestras conversaciones con los representantes del poder local que tenemos -con alcaldes, con concejales, etcétera-, con la propia Federación Regional de Municipios y Provincias, con gente del mundo de la Universidad que ha querido colaborar con nosotros para opinar al respecto, nos llevaron a decir que era inevitable presentar esa Enmienda de Totalidad, para posteriormente mantener la mano abierta en esa necesidad de diálogo y en esa necesidad de acuerdos.

El Proyecto de Ley no es bueno, señor Consejero. Es un Proyecto de Ley por lo menos hecho y presentado. En estas Cortes asistimos en su día a episodios paradójicos, en los cuales un Consejero -el que le precedía a usted- se subió a esta tribuna para presentar un Proyecto de Ley y retirarlo en el mismo acto.

Hemos quemado demasiado tiempo. Creo que dos Legislaturas para llegar a esta conclusión y para tener este debate es demasiado tiempo. En cualquier caso, el tiempo está para ganarlo, y es lo que tenemos que hacer a partir de este momento.

No interpreten ustedes, en absoluto, la Enmienda de Totalidad como un intento de confrontar. La Enmienda de Totalidad persigue poner en evidencia lo que, desde nuestro punto de vista, son las graves lagunas del Proyecto que ustedes presentan. Pero el objetivo político del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista en la Comunidad Autónoma es el de llegar a acuerdos que permitan superar las serias dificultades que tiene el poder local en Castilla y León.

Después de muchos retrasos injustificados o situaciones paradójicas -como la que le recordaba-, tenemos un texto. Un texto que sale descompensado, un texto extremadamente prolijo en lo anecdótico y nada comprometido en lo sustancial; un texto que, como mucho, alcanza a enunciar lo problemas que acucian al régimen local de Castilla y León. Pero, sin duda, no estamos en estas Cortes para enunciar los problemas. Las Cortes Regionales están para proponer soluciones legislativas a los problemas detectados.

El Proyecto de la Junta no avanza soluciones efectivas y comprometidas en ninguna de las cuestiones que estuvieron en el origen del llamado Pacto Local, que sin duda le sonará. Una idea, la de pacto, que conviene ponerla de nuevo sobre la mesa, y que sirve para argumentar el rechazo del Proyecto del Gobierno Regional. Porque ordenar el territorio de la Comunidad Autónoma sólo puede conseguirse sobre la base de un gran acuerdo del que forme parte el poder local. Porque ordenar el territorio no se consigue dictando normas de procedimiento, sino que exige y reclama una fase previa de sensibilización, una siguiente de impulso, y una tercera de acuerdo. Hemos fallado en la tarea de sensibilización, señor Consejero. Vamos a ver si funcionamos en la tarea de impulso, y vamos a ver, también, si somos capaces de alcanzar el acuerdo.

Pero sensibilizar exige que permitan ustedes que opinen en estas Cortes quienes van a ser los directamente afectados por la regulación que aquí demos. Sensibilizar no se consigue evitando que comparezca en estas Cortes el Presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias; sensibilizar no se consigue bloqueando iniciativas para que los alcaldes y los concejales, los representantes de municipios puedan participar en el debate en estas Cortes. En esa tarea de sensibilización, ustedes han impuesto su mayoría de una forma innecesaria. Y yo reclamo y le pido a usted en estas Cortes que permita que en la fase de Ponencia, en la que entraremos inmediatamente, puedan ayudarnos en nuestras reflexiones quienes van a ser los encargados de aplicar posteriormente la Ley. Permitan ustedes el acceso a estas Cortes de los alcaldes de Castilla y León, de los representantes de los alcaldes de Castilla y León, de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

El Proyecto no contempla... no ha contemplado ninguna de estas etapas -le estaba diciendo-, y ello puede dar lugar a un problema infinitamente mayor, asentando en la incertidumbre innecesaria que se ha generado respecto al futuro de Ayuntamientos y Juntas Vecinales. Si se trata de afrontar con rigor y seriedad la necesaria coordinación territorial institucional de nuestra Comunidad Autónoma, no se puede pasar de puntillas a la hora de definir el encaje de las Diputaciones Provinciales, a medida que se profundiza en su implantación y competencias de la Junta. No podemos, no vamos a poder -ni falta que nos hace- evitar discutir en estas... en torno a este Proyecto de Ley el encaje de la institución provincial en el nuevo Estado de las Autonomías.

pág. 2774 En este contexto, cualquier proyecto que pretenda una ordenación territorial, necesariamente debe definir, contemplar y promover estructuras supramunicipales que permitan a todos los ciudadanos acceder a servicios públicos de calidad en condiciones de igualdad.

De esta forma, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos de extrema importancia una regulación imaginativa y proyectada hacia el futuro, tanto de las mancomunidades como de los municipios cabecera de comarca, de las propias comarcas y del entorno de las grandes ciudades. Ninguna de estas cuestiones queda resuelta en el Proyecto presentado; quedan apuntadas, no quedan ofertas de solución.

Otra de las cuestiones básicas que debiera afrontar el Proyecto de Ley de Régimen Local es la que hace referencia a la financiación municipal. Señor Consejero, al final volveremos a hablar del Pacto Local: Ley de Régimen Local, financiación, transferencias. Resulta inaceptable que el Proyecto remita a una Disposición Adicional este asunto. Pero lo más grave es que en esa Disposición Adicional, señor Consejero, se reclame un plazo de dos años para presentar un Plan de Cooperación Local.

El Grupo Parlamentario Socialista no reclama que el Proyecto defina cuantías, pero sí estima imprescindible establecer y asentar un modelo de participación de los entes locales en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, basado en criterios de equidad, autonomía y objetividad. No es razonable, señor Consejero, que el Proyecto de Ley, en una Disposición Adicional reclame un período de dos años para afrontar esta materia.

La tercera gran cuestión -y termino, señor Presidente- que debe afrontar el Proyecto de Ley, y que no hace, se refiere al necesario impulso descentralizador que debe marcar la acción política del Gobierno Regional. Señor Consejero, también en este asunto nos vamos a una Disposición Adicional. Y de nuevo el Proyecto reclama un año para elaborar el catálogo de materias susceptibles de ser transferidas a las Corporaciones Locales. En definitiva, un aplazamiento más que denota la falta de voluntad política real de la Junta de Castilla y León para proceder a una descentralización real y efectiva que viniera acompañada de los medios económicos necesarios.

De las tres patas, de los tres ejes del Pacto Local, dos los relegan a disposiciones adicionales, y para cada uno de ellos reclaman, en un caso, dos años de confianza y, para otro, un año más.

Frente a estas graves carencias, señor Consejero, el Proyecto se muestra prolijo en la regulación de aspectos suficientemente contemplados en la legislación del Estado, limitándose a su reproducción en el texto propuesto por la Junta.

Esta falta de proporción pone en evidencia la incapacidad de la Junta de Castilla y León para afrontar con rigor, con imaginación, con valentía, con consenso y con respeto a las respectivas autonomías la búsqueda de soluciones adecuadas a la realidad de nuestra Región.

Por estas razones, señor Consejero, hemos presentado la Enmienda de Totalidad, y al mismo tiempo mantenemos nuestra oferta de diálogo en el futuro. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para compartir un turno en contra, tiene la palabra don Félix Calvo.

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, señor Presidente.

Señorías. Cuando en el reparto que se hace para oponernos a esta Enmienda a la Totalidad, a mí se me dice que debo defender el Proyecto de Ley frente a la Enmienda presentada por el Grupo Mixto, naturalmente, me llena de perplejidad, sobre todo cuando veo que los únicos argumentos, cuando veo que la única fundamentación que don Joaquín Otero utiliza para rechazar este Proyecto de Ley es por no estar conforme -se dice- con los principios y el espíritu del Proyecto de Ley.

La verdad es que a mí me sorprende, desde luego, que ése fuera el único fundamento, porque eso es algo tan amplio, tan etéreo -el espíritu-, que, la verdad, a mí no me daba pie para saber por dónde iba a ir usted.

Yo no sé si usted, incluso, pues jugó al despiste; es decir, a que el que tuviera que intervenir -en este caso yo- pudiera aparecer despistado. O también puede ser que el despistado fuera usted, el proponente; es decir, que a lo mejor no sabía a qué asirse y utilizó esos términos.

Debo empezar diciendo, después de este pequeño prólogo, que -en eso sí estoy conforme con usted- este Proyecto de Ley de Régimen Local, que al fin llega a esta Cámara, sin duda, es uno de los más importantes que por la misma hayan pasado, porque en el mundo de las Administraciones Públicas, y en particular en el de las Instituciones Locales, tienen un cometido, que incide, no solamente por la proximidad, sino también por la intensidad, como ningún otro sobre el ciudadano.

Este Proyecto, naturalmente, a pesar de que usted lo califique de chapuza inicialmente, cuando realmente lo único en lo que ha profundizado, en lo que ha profundizado algo era en la regulación que el mismo hace de las Entidades Locales Menores, este proyecto pretende -repito- llenar un vacío, cuando toda la legislación fue renovada, tuvo que ser renovada a partir de la Ley de Bases de Régimen Local, de abril del ochenta y cinco, para de esta manera ajustar los principios del régimen local a los de la Constitución, con nuevas reglas organizativas del Gobierno y de la Administración Local, y también para acomodar las relaciones de las Administraciones Locales con las Administraciones Territoriales.

pág. 2775 Naturalmente, este Proyecto no ha pretendido -aunque algunos quisieran que fuera mucho más innovador-, no ha querido, ni mucho menos -repito-, tirar por la borda todo lo anterior; ha recogido incluso denominaciones de épocas anteriores y, por supuesto, ha recogido también nueva legislación.

Hay aspectos... Naturalmente, el tiempo no da para más, para poder profundizar en todas sus alegaciones, que al hablar, por ejemplo, de las competencias, que usted cree que las asume totalmente la Comunidad Autónoma, y la Comunidad Autónoma...

naturalmente, es su obligación, y también su derecho, porque sólo el Estado y las Comunidades Autónomas son los que tienen facultad, primero, para tener competencias propias y, segundo, para, también, atribuirlas a los entes inferiores.

La Ley que debe de determinar los conceptos, las competencias locales, es, y ha sido, y debe ser una Ley sectorial de limitación de competencias locales, que no puede hacerse en una norma básica de una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque así lo ha determinado también la jurisprudencia constitucional para, de esa manera, poder adaptar a cada momento... y una rápida adaptación de las competencias locales a los cambios que en los distintos entes locales, concretamente en los municipios, esos cambios requirieron para la atención de los servicios a los ciudadanos.

Con relación a los entes locales, a los que -repito- usted se ha referido con intensidad, la más elemental de las Entidades Locales es, por supuesto, la Entidad Local Menor, que en esta Ley aparece personalizada con una personalidad jurídica y también con una capacidad jurídica -Artículo 52-, equidistante, por supuesto -como no puede ser menos-, del municipio del que forma parte y de otras organizaciones inferiores, como pueden ser, entre otros, los barrios sin personalidad jurídica.

La Entidad Local Menor, por supuesto -y eso no debe de olvidarlo usted-, tiene y cobra sentido sólo dentro del municipio al que pertenece; con una situación siempre de dependencia, con una situación también de subordinación al municipio al que pertenece; e incluso la propia denominación "entidad menor" supone ya, con ese calificativo, una auténtica dependencia.

La Constitución Española garantiza la plena autonomía para la gestión de los respectivos intereses a los municipios y a las provincias. La reciente normativa, por supuesto, del régimen local no agota la regulación de las Entidades Locales inferiores. Este proyecto que debatimos se trata... en él se trata muy ampliamente, quizá con mayor medida que cualquier otra entidad regional, muy ampliamente a las Entidades Locales Menores, porque consideramos, sobre todo por el número, sobre todo por el número, la incidencia que tienen en la población y en nuestra Comunidad Autónoma, particularmente en algunas provincias, como la suya de León, o en otras, como puede ser también Burgos. Y de ahí que todo el Título VII, con veintitrés artículos nada menos, se refieren a las competencias, creación, requisitos, organización y funcionamiento, e incluso recursos de las Entidades Locales Menores.

Si leemos atentamente el articulado, del Artículo 152 al 74, veremos que, incluso, no solamente en extensión, sino también en capacidad, en poco se diferencia de las competencias que tiene... se atribuyen a los propios municipios. Tiene que haber, naturalmente, cortapisas, si no serían iguales o equivalentes. Yo entiendo que esta futura Ley de Régimen Local atribuye más que suficientes competencias a los Entes Locales Menores, concretamente a las Entidades Locales Menores.

Y debo decir, para con ello acabar, que las relaciones con los municipios y también con la Comunidad se aprecian en este Proyecto de Ley sumamente razonables. Se ha oído -he dicho antes- a los representantes de las Entidades Locales, y, sobre todo -repito y con ello acabo-, que no parece suficiente la disconformidad que el Grupo Mixto aprecia con la legislación de las Entidades Menores, para poder enmendar totalmente -como hace- este Proyecto de Ley. En último término, cuando se debatan los artículos, quizá con las propuestas suyas y de todos los Grupos Políticos, se pueden enmendar algunas de las facetas que, naturalmente, hoy aparecen y que, a lo mejor, cuando se apruebe definitivamente el texto pudieran corregirse. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Continuando el turno de defensa, don Eduardo Francés tiene la palabra.

EL SEÑOR FRANCÉS CONDE: Con permiso, señor Presidente.

Intervengo para oponerme a la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo de Izquierda Unida, y como apoyo al Proyecto de Ley presentado por la Junta a estas Cortes, porque, frente a las objeciones presentadas al Proyecto de Ley, creo que se puede dar una respuesta razonable y coherente que con una visión constructiva pueda ser asumible, aun partiendo de planteamientos organizativos diferentes.

Con un afán expositivo, empezaremos por analizar el primer elemento diferenciador de las políticas territoriales del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Popular. Diferencias que influyen en el ulterior desarrollo que se efectúa de la organización territorial de la Comunidad Autónoma y del Régimen Local.

Izquierda Unida fundamenta la estructura territorial de la Comunidad en torno a la figura comarcal, mientras que el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Regional a las Cortes hace descansar la organización territorial de Castilla y León en los pág. 2776 municipios y provincias; todo esto sin perjuicio de que en el marco del Estatuto de Autonomía y de la Legislación de Régimen Local puedan crearse comarcas y otras entidades supramunicipales.

El planteamiento del Grupo Popular descansa en una serie de principios básicos.

En primer lugar, se considera que la provincia forma parte de la Organización Territorial, debiendo desarrollar funciones de asistencia y cooperación a los municipios. Entendemos, por tanto, que el escalón provincial es un elemento en torno al cual se estructura territorialmente la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y que tal escalón viene sustentado por el Estatuto de Autonomía en su Artículo 19.2, y que como tal determinación estatutaria tiene valor vinculante para la Ley que se ha presentado.

Por otra parte, no debemos olvidar que la provincia, en palabras del Tribunal Constitucional, goza de una garantía dispensada por la Constitución, por lo que se la debe garantizar un mínimo de competencias, lo que efectúa el Proyecto de Ley sometido a consideración en su Artículo 5.3. En este sentido, parece claro el papel que se asigna a las provincias; papel que desde tiempos históricos han venido desarrollando y pueden seguir prestando en nuestra Comunidad por la existencia de numerosos municipios con escasa población. También es cierto que el Proyecto de Ley que se debate incluye la configuración de la provincia como posible ente receptor de transferencias o delegación de funciones de la Comunidad Autónoma. Es indudable el valor que tiene la norma estatutaria que resalta a las Diputaciones Provinciales en este artículo respecto al resto de los entes locales.

En segundo lugar, porque la Comunidad Autónoma parte del principio de descentralización a favor de los entes locales. Y como quiera que más del 50% de los municipios tienen una población de menos de quinientos habitantes, se considera que las Diputaciones Provinciales, resultantes de unas elecciones democráticas, pueden ser entidades con capacidad de gestión suficiente para asumir, vía delegación o transferencia, competencias de la Comunidad, si bien las Diputaciones Provinciales pueden delegar el ejercicio de competencias transferidas en favor de las mancomunidades u otras entidades locales de su ámbito territorial que tengan capacidad de gestión suficiente.

Como segundo principio se recoge en el Proyecto de Ley a la comarca, pero en el sentido indicado por el Estatuto de Autonomía: como agrupación de municipios para la gestión en común de sus servicios o la colaboración en el ejercicio de sus competencias, pues, como se desprende del propio Estatuto, la configuración comarcal no tiene un carácter generalista; al contrario, parece que sólo cuando existen características históricas, geográficas, sociales o económicas, se reconocerán las comarcas, de aquí que para su creación se exija una Ley específica para cada supuesto.

Pero sería bastante débil el tratamiento del Proyecto de Ley si se limitase a contemplar a los municipios y provincias sin ofrecer ningún tipo de solución a la deficiente estructura municipal.

Por ello, la Ley ofrece una serie de respuestas a este problema. Se trata, por una parte, de evitar que siga incrementándose el número de municipios que no cuenten con requisitos que les hagan ser eficaces prestadores de servicios públicos, al tiempo que cauces inmediatos de participación ciudadana. Por otro lado, se trata de que aquellos municipios que carecen de medios unan sus esfuerzos con el propósito de garantizar unas mínimas condiciones de vida a la población. Para ello se regulan y se potencian las mancomunidades. Pero las mancomunidades no se reducen a meras fórmulas asociativas para la prestación de servicios, sino que también se les consagra como fórmulas para superar la fragmentación municipal, pudiendo constituirse en el origen de nuevos municipios, si voluntariamente lo deciden sus miembros, dando para ello un tratamiento preferencial a aquellas que reúnan una serie de características que puedan ser germen de municipios representativos, con peso político en el territorio y frente a otras entidades, y así se recogen las mancomunidades de interés comunitario en el Artículo 34 de la Ley.

Asimismo -se indica en el Proyecto de Ley-, no se garantiza la capacidad económica de las Entidades Locales. Conviene resaltar, como se ha indicado en reiteradas ocasiones, que la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales debe ser garantizada por la Administración Central del Estado, por lo que la Comunidad Autónoma desarrolla una función de colaboración y cooperación económica con las Entidades Locales. Y con el objeto de que esta sea racional y adecuada, se prevé en el Artículo 112 la creación del Plan de Cooperación Local, cuya cuantía, distribución territorial y por programas se fijará en la Ley de Presupuestos, garantizándose de este modo la intervención de estas Cortes.

Se manifiesta, por parte de Izquierda Unida, la ausencia de una voluntad política para desarrollar el principio de autonomía local, facilitando la intromisión del Ejecutivo Regional en el desarrollo de sus competencias municipales, mediante las técnicas de cooperación y coordinación que se recoge en el Título IX y por la creación de Comisiones Mixtas. Estas afirmaciones suponen un profundo desconocimiento del funcionamiento tanto de las instituciones como de sus relaciones.

En un estado compuesto como el actual, configurado por municipios, provincias y Comunidades Autónomas, es impensable que cada uno de los elementos conformadores de la organización puedan actuar independientemente y con absoluta libertad respecto de los otros, pues es imposible establecer cortes tajantes entre los intereses locales, regionales o nacionales. Al contrario, es preciso que las Administraciones funcionen bajo unos parámetros de lealtad, subsidiariedad y complementariedad, para lo cual la Ley arbitra una serie de cauces, señalando mecanismos de cooperación.

pág. 2777 En definitiva, se trata de asegurar una actuación coherente entre la Junta y los entes locales, cuando estos realizan actividades fuera de su ámbito propio y que incidan en los que podríamos denominar intereses regionales.

También se achaca al Proyecto un carácter antidemocrático y autoritario, en cuanto supone un cheque en blanco para que la Junta pueda manejar como le interese la autonomía municipal, al igual que en la regulación que se efectúe del régimen especial del Concejo Abierto y de las Entidades Locales Menores, que, lejos de facilitar la participación de los ciudadanos, consagra la figura del Alcalde Pedáneo sin ningún mecanismo de control.

En cuanto al primer aspecto, el argumento esgrimido por Izquierda Unida en su Enmienda a la Totalidad -y que concreta en las Enmiendas Parciales- supondría una desnaturalización del actual Estado de Derecho y de su sistema de división de poderes, en cuanto que se pretende que todas las cuestiones que en determinada forma incidan en el régimen local sean realizadas por las Cortes Generales. Este sistema supondría, indudablemente, una modificación en la organización de las Cortes, que tendrían que encargarse de la administración y gestión ordinaria de asuntos generales. ¿Se puede compartir que las Cortes Generales realicen los expedientes de deslinde de términos municipales, o el cambio de denominación o capitalidad de un municipio? Parece evidente que estas cuestiones entran dentro del ámbito de la espera de la actuación normal y cotidiana de la Administración.

Sin embargo, parece que también ese aspecto es objeto de crítica, en cuanto se está atacando al tan aludido Proyecto de excesivamente reglamentista. No obstante, existen diferentes materias encomendadas a la tarea del Gobierno en las que pueda imponerse la obligación de dar cuenta a estas Cortes, como puede ser la relación de materias, que, siendo competencia de la Administración Autonómica, puedan delegarse o transferirse a los entes locales. Teniendo presente que esta relación de materias, en el caso de las transferencias, ulteriormente tendrán que estar establecidas en una ley, en la que la participación de todos los Grupos Parlamentarios es decisiva.

Por último, se alude al carácter antidemocrático del Proyecto, con la regulación que se efectúa de los Concejos Abiertos y Entidades Locales Menores. Nada más contrario a esta crítica. Se consagra con una regulación especial el régimen de concejo abierto como fórmula más próxima a la democracia directa.

Si se recogen determinadas fórmulas de representación es con el objeto de facilitar su funcionamiento; no basta en ocasiones con ensalzar instituciones, si éstas luego no pueden funcionar.

Por otra parte, parece que el Alcalde Pedáneo es la figura representativa de los aspectos autoritarios y dictatoriales, cuando en realidad es un órgano elegido directamente por los electores, por un sistema mayoritario, y sujeto -como no podía ser menos- a mociones de censura -según reza el Artículo 68- y a todos los instrumentos de control previstos en las normas reguladoras del régimen local.

En definitiva, creo que instrumentos técnicos y previsiones normativas sobran; lo que hace falta es una acción coordinada y permanente de los varios protagonistas de la escena pública, partiendo de la confianza en los entes locales.

En cuanto que la misma construcción europea, con toda su complejidad y magnitud, exige el aseguramiento de las pequeñas colectividades, pues como escribió hace más de un siglo Quinet, mencionado por Sosa Wagner, en uno de sus artículos sobre régimen local, "también la inmensa odisea gravita alrededor de la pequeña Ítaca".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para terminar el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Luis Cid tiene la palabra.

EL SEÑOR CID FONTÁN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías. Quizá debiera empezar en nombre de mi Grupo -y al ser el último interviniente-, primero mostrando la gran satisfacción de que el municipalismo esté hoy aquí en esta sala; de que como el Presidente de nuestra Junta ha venido diciendo siempre, si no hablásemos de municipalismo, sería imposible hablar de organización territorial. Y, al mismo tiempo, agradeciendo ese tono moderado que se ha llevado en todas las intervenciones, constructivo y verdaderamente positivo, que es lo que puede conducir a mejorar un proyecto, que yo entiendo que es lo suficientemente bueno para que cualquier mejora haga que esta Comunidad disfrute de una estupenda Ley de Régimen Local.

No se puede hablar de incompleto un Proyecto que tiene nueve Títulos con regulación completa, ciento trece Artículos, once Disposiciones Adicionales, tres Transitorias, una Final, etcétera, y que regula todos los aspectos del Régimen Local.

Se habla del problema de organización. Quiero contestar -puesto que es lo que se me encomienda- de modo concreto a mi bueno amigo don José María Crespo, con el que ya he debatido tantas veces el régimen local, que creo que, con mirarnos, ya sabemos cuándo estamos de acuerdo y cuándo no.

La organización de la Comunidad. Pues mire, Señoría, la organización viene dada por la Constitución, viene dada por la Ley Básica. Nosotros podemos desarrollar esa organización y complementarla. Pero cuando hay entidades locales obligatorias -como es la provincia, como es el municipio-; cuando hay otras facultativas, ahí es donde tenemos que incidir, tanto en las que pág. 2778 son de ámbito inferior al municipio -como sería las entidades locales menores-, como son las superiores al municipio, en las que estaríamos hablando de la comarca, de las mancomunidades o de las áreas metropolitanas.

Pero dentro de estas facultativas es donde tenemos que optar. Y ¿cuál es el modelo? No podemos empezar a discutir la provincia -que algo he oído-, no podemos discutirla, puesto que es obligatoria y viene perfectamente regulada. Incluso el Tribunal Constitucional, yo recuerdo una Sentencia... voy a citar de memoria, pero creo que es de veintiocho de julio del año ochenta y uno, cuando hablaba de las uniprovinciales y de las pluriprovinciales, y decía "se pueden suprimir las uniprovinciales, porque verdaderamente pasan a ser un órgano de autonomía superior". Recuerdo el comentario de algún autor que decía: es un poco el argumento del asesino, que defiende que él no es asesino porque su víctima ha pasado a mejor vida. Me hacía gracia aquel tema, y por eso lo recuerdo. En las pluriprovinciales, desde luego, ni lo cuestionaba.

¿Cuál era el tema que debíamos plantearnos? Si sobre la estructura municipal, que lo único que debemos de hacer es fomentar la fusión y una organización más simple, más lógica y más racional, debemos entablar a alguien que solucione problemas supramunicipales. Y claro, las soluciones son distintas -creo que a este tema ya le dedicamos hasta una sesión completa-: las cabeceras de comarca, del señor Crespo; la comarcalización generalizada, de Izquierda Unida.

Yo recuerdo que entonces hacía algún razonamiento: ¿cómo han ido las comarcas?, ¿las comarcas han sido solución? Pues las comarcas han sido una emulación del nacionalismo catalán; ni más, ni menos. Cataluña resolvió sus comarcas... digo como estructura entidad local, no digo la comarca como entidad natural, ni la digo como algo más amplio de una ciudad; no. Se está emulando, porque Cataluña encontró que era más fácil solucionar su problema de nacionalismo hablando de comarcas que hablando de provincias. Y los demás, pensando en esa emulación del nacionalismo, dijeron: pues la comarca es algo estupendo. Pues, miren ustedes, la comarca donde se ha puesto como obligatoria y generalizada ha sido Cataluña y Asturias; y se acabó. Pero lo cierto es que ni en un sitio ni en otro están resolviendo sus problemas; sus problemas los resuelven las mancomunidades. ¿Y por qué lo resuelven las mancomunidades? Porque la mancomunidad ha evolucionado. Porque el propio Ministerio -y no me refiero al actual- de Administraciones Públicas -al anterior- hablaba ya de la mancomunidad tradicional, de la mancomunidad evolucionada. Incluso diversas leyes, ya de distintas Comunidades, nos hablan de la mancomunidad comarcal.

Pero una cosa es eso y otra cosa es decir: vamos a estructurar sólo municipios cabecera de comarca. Que, por otra parte, si Su Señoría se fija, el Artículo 82 viene a hablarnos un poco de esos servicios comunes, de esos servicios que no van dirigidos a un solo municipio, sino a los de alrededor; con lo cual, de alguna forma sí están haciendo esa función de cabecera y tienen una tutela especial.

Pues bien, con una organización racional y lógica, no con esa organización de la Constitución de mil ochocientos doce, donde nos quedaban sólo los municipios, se olvidaba de las entidades locales menores, y de lo demás le traía sin cuidado; no. Con el proyecto más moderno, con los proyectos donde los entes locales inferiores estén suficientemente tutelados y protegidos, como lo están hoy... Yo por eso dudaba que fuesen a presentar Enmienda a la Totalidad.

Porque, fíjese, Señoría. Cuando el primer Proyecto vino a esta Cámara, ustedes presentaron una Enmienda a la Totalidad y veinticuatro Enmiendas parciales; yo me las he estudiado una a una. Se referían, exclusivamente, a establecer un Título VIII y un Título IX nuevo; es decir, ustedes hablaban de una nueva estructura y de descentralización. Se habrán fijado que en la Ley está recogida la descentralización, la coordinación, la transferencia. Y no me diga que no, porque le está diciendo que no, básicamente, a la Ley Nalda.

Mire, Señorías, la Ley 6/86 fue una Ley de delegación y transferencia que contenía partes positivas. Se ha modificado en determinados aspectos, pero se ha recogido lo que de positivo tenía. Con lo cual hoy tenemos que concluir diciendo que estamos ante una gran Ley; que estamos ante un gran Proyecto de Ley de Régimen Local, que recoge toda la vida de nuestros municipios, de las entidades locales de ámbito inferior al municipio... Yo sé los problemas de León; los problemas de Burgos y de los demás; y de esas entidades locales, que efectivamente tienen muchas veces intereses propios, muy dignos de protección, y que lógicamente había que regular. Fíjese usted bien que la Ley le dedica un Título entero, con cinco Capítulos, donde regula perfectamente la constitución de esas entidades de ámbito inferior al municipio, pese a ser facultativas conforme al Artículo 45 de la legislación básica.

Yo, sinceramente, estoy convencido de que hoy se presenta un buen Proyecto de Ley de Régimen Local. Y que con la colaboración de todas Sus Señorías saldrá de esta Cámara la mejor Ley de Régimen Local, y podremos contribuir a que nuestros Ayuntamientos puedan vivir... puedan vivir decorosamente, puesto que realmente todos sentimos verdaderos problemas cuando vemos a algunos con su falta de dotación y con sus muchos problemas.

Agradeciendo a todos su colaboración, y estando seguros de que la vamos a tener, señor Presidente, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de réplica, señor Otero, en nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra.

pág. 2779 EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente.

La verdad es que... más que un turno de réplica, va a ser éste un turno de para ratificarme en lo expuesto, porque poco se ha argumentado en contra de lo que hemos expuesto. El Portavoz del Grupo Popular, que le correspondió oponerse a mi oposición a la Ley, argumentó que no había explicado suficientemente esa filosofía o esos principios generales, que son los que han motivado nuestra Enmienda a la Totalidad. Claro, en diez minutos ya me dirá usted si yo le puedo explicar con más detalle las razones de oposición a esta Ley de Régimen Local, que, por otra parte, nos llevaría mucho más tiempo.

Yo califiqué -y vuelvo a ratificarme- como de "chapuza" esta Ley. Yo anuncié que lo correcto sería elaborar dos leyes distintas: una Ley de Régimen Local y otra Ley específica y concreta, porque es un problema específico y concreto, y es una regulación específica y concreta la de las Entidades de ámbito inferior al municipio. Y no me gusta la denominación tampoco de Entidades Locales Menores, porque menores ¿en qué, en espacio físico? Pues a lo mejor, pero nada más que en eso. Y, además, no deben de estar, señor Portavoz del Grupo Popular, ni deben de estar ni es ajustado a Derecho que estén subordinadas y que sean dependientes del Ayuntamiento; tienen personalidad jurídica propia y plena autonomía para la defensa de sus intereses específicos, o sea, para la administración de sus propios bienes y de sus propios recursos, las Entidades Locales Menores.

Insisto: es una Ley esta que le da absolutamente todas las facultades a la Junta de Castilla y León para que discrecionalmente haga lo que quiera: suprima, cree, mancomune.

Todo tiene que depender de la Junta de Castilla y León. "La opinión de las Administraciones municipales, o Diputaciones, o de ámbito inferior a municipio es meramente consultiva y en nada le obliga a la Junta de Castilla y León." Eso no puede ser; eso choca contra el principio de la autonomía local, como chocan otras muchas cosas. Que ya lo he dicho: hay cuestiones en esta Ley que son de muy dudosa constitucionalidad, como eso de la coordinación de la cual estamos hablando; estamos hablando de que la Junta de Castilla y León coordinará, y después establece que tendrá "...para asegurar la coherencia de actuación de las distintas Administraciones, coordinará las funciones propias de las Entidades Locales, especialmente de las Diputaciones, en los siguientes supuestos: cuando las actividades o servicios de las Entidades trasciendan, cuando las actividades o servicios de las locales incidan o condicionen de forma relevante los intereses de la Comunidad". Eso no es coordinar, eso es vigilar, eso es fiscalizar la actuación de las Entidades Locales. Por lo tanto, también es de dudosa constitucionalidad. Claro, es que no hay tiempo para entrar en detalles; afortunadamente luego se abre un proceso de análisis de las enmiendas donde sí tendremos tiempo de ir artículo por artículo, y por eso me tengo que centrar en los principios básicos.

Yo le he hablado también... y lo siento mucho. Ponen ustedes, o pone esta Ley muchas facilidades para disolver o suprimir Juntas Vecinales, Entidades Locales de ámbito inferior, y pone muchas dificultades para crearlas, pero sobre todo, miren, es que ustedes no establecen ningún sistema de financiación. Y yo me canso de decirlo: se mueren los pueblos si no tienen dinero, o si no tienen más dinero que el que sale de rascarse los bolsillos sus propios vecinos. Se mueren los pueblos, hay que financiarlos. Y yo le planteé una duda al señor Consejero, que es una duda muy importante, esa duda de si el dinero, los recursos de las Entidades Locales de ámbito inferior, ¿se considera hacienda local o no se considera hacienda local? Porque si es una Entidad Local, y si se considera hacienda local, no solamente la Comunidad Autónoma, también el Estado tiene que aportar dinero, tienen que tener derecho a aportaciones que nazcan de los ingresos del Estado; ése es un tema que... De verdad, nosotros lo estamos estudiando con mucho detalle, porque es muy controvertido.

Pues, imagínese que se considera que el dinero de las Entidades Locales Menores sí son haciendas locales y que la Constitución, por tanto, obliga a financiarlas a la Comunidad Autónoma y también al Estado. ¡Ojalá fuera así! A nosotros, de verdad, nos gustaría muchísimo que así fuera, porque eso sí sería potenciar. Pero no es el espíritu del Proyecto de Ley potenciar las Juntas Vecinales o financiarlas con dinero; no.

Mire, para los Ayuntamientos, ustedes establecen unas medidas de fomento -me parece que es un Capítulo entero- para hablar de las medidas de fomento, pero no lo hacen para las Entidades de ámbito inferior al municipio. Y yo eso es lo que quiero, que sea obligado, o que sea porque la Constitución lo dice, o sea voluntariamente, que ustedes aporten dinero a las Entidades Menores.

Y luego otra cosa quiero hacer hincapié; claro, como en estos debates el señor Consejero no contesta antes de que tengamos el siguiente turno, no sé muy bien lo que piensa. Fíjese, ¿a usted le parece bien lo que le comenté antes y que recoge el Artículo 88, que si una Diputación quiere una competencia, o la piden todas o no se la dan? Eso no es de recibo; eso choca -insisto- con ese principio de autonomía asimétrica trasladado al "provincialismo asimétrico", vamos a denominarlo así. ¿Por qué van a tener que pedirlo todas las provincias para que le den la competencia? No es de recibo eso, no es de recibo eso.

¡Ah!, y me hacía usted, señor Consejero, gestos hace un momento diciéndome -me pareció entenderle- que no se van a suprimir aquellas... aquellas Juntas Vecinales que coincidan con el municipio en lo sucesivo. Sí, sí, lo recoge la Ley: las Juntas Vecinales que ya existan -no las nuevas, las que ya existen-, si pág. 2780 coinciden con la capitalidad del municipio, si tienen recursos propios, y si la mayoría de los vecinos son también la mayoría de los vecinos del municipio, ésas, según está redactada la Ley, desaparecen de un plumazo. Vamos, eso legalmente es imposible. Ya sabe usted que esas Juntas tienen bienes, en muchos casos, tienen propiedades, en muchos casos, y que una ley no les puede privar de esas propiedades ni de esos bienes. Hay procedimientos; tendrían que acudir a la expropiación forzosa, explicando qué causas la amparan... En fin, no es de recibo.

Ley con muchas irregularidades. Ley con mucha -termino, señor Presidente-... con absoluta discrecionalidad de la Junta de Castilla y León, que se convierte en el gran padre o la gran madre de todo municipalismo en Castilla y León y sólo lo que le gusta a ella se puede hacer. Una Ley que -termino- debería desdoblarse -insisto, señor Consejero- en dos; las Entidades Locales de ámbito inferior merecen una regulación específica más completa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Sánchez Vicente, tiene la palabra.

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida quiere expresar su voluntad de diálogo -como ya lo hice en mi primera intervención- para conseguir una ley lo más consensuada posible, que permita conseguir a los castellanoleoneses el dejar de ser ciudadanos de segunda categoría.

Mantenemos la Enmienda a la Totalidad solicitando la devolución del Proyecto, además de por lo ya expuesto, porque, mire, el haber oído a la Federación de Municipios, a los representantes de las Entidades Locales Menores, etcétera... A mí también me han oído, pero escaso éxito he tenido, escaso... me han hecho muy poco caso; ésa es la realidad.

Yo, a quien ha intervenido en nombre del Grupo Popular, pues es que, la verdad, poco tengo que decir, porque como tenía el texto ya preparado, no me ha escuchado. La verdad es que él traía ya la contestación escrita y no me ha oído, ¿no?; no me ha oído y, en definitiva, poco puedo rebatir. Pero sí quería yo puntualizar algunas cosas, ¿no? Decir que tenemos distintos planteamientos sobre la ordenación del territorio, pues, además de ser cierto, es una obviedad; es decir, es no decir nada; eso ya lo sabemos todos, que tenemos distintos planteamientos.

Ser una ley, señor Cid -y parece mentira que usted, que es compañero mío de profesión-, que una ley sea muy extensa no quiere decir -para nada, y usted lo sabe como yo- que responda de una manera eficaz a los problemas planteados en esta materia. Usted y yo conocemos leyes extensísimas que no sirven para nada, y ésta, si se persiste en el texto que hoy se presenta, la verdad, no da las respuestas eficaces que yo creo que desean todos los castellanos y leoneses.

La provincia. Yo he dicho aquí, en mi primera intervención, que nosotros queremos respetar no sólo la Constitución, sino también el Estatuto. Pero el respetar la Constitución y el Estatuto no significa que se mantenga el texto propuesto, porque los aires dominantes respecto a la concepción de la provincia son, precisamente, en lo que respecta a la institución que representa a la provincia, van dirigidos en otro sentido: a limitar las competencias a los mínimos exigidos, constitucional y estatutariamente; no precisamente lo que se hace en este texto que se presenta, que es potenciar estas instituciones de carácter tan poco democrático.

La comarca. Pues mire usted, si es que parece... Además de tener un planteamiento absolutamente distinto, pues yo no comprendo cómo se demoniza la comarca por dos razones que ya se han dado aquí. El señor Cid ha apuntado una, y es que fíjese, y además piensen bien lo que dicen, que ustedes tienen un pacto de gobierno con Convergència i Unió. Es decir, demonizan la comarca porque emulamos a los catalanes. Pues ¡hombre!, piensen un poco lo que dicen, ¿eh? No, nosotros creemos que la comarca es un elemento sustancial de la ordenación del territorio. Pero es que además ustedes mismos se contradicen, porque no hace tantos años... Como ustedes llevan gobernando tantos años, se han olvidado ya, pero, mire usted, la primera Ley de Comarcalización la propusieron ustedes, la Ley 1 de catorce de marzo del noventa y uno; ustedes.

Y además creo, y no lo puedo precisar, pero creo que anteriormente, alguna iniciativa del señor Aznar, cuando estaba en esta Comunidad, iba dirigida precisamente en ese sentido, en el de potenciar la comarcalización partiendo de la Comarca de El Bierzo.

Excesivo control político. Pues al representante del Partido Popular, pues decirle que no me ha oído. Es que, además de no haberme oído, mucho me temo que es que no se ha leído la Ley, o el Proyecto de Ley, porque si no, después del listado que le he dado, detallado, de las capacidades que se le atribuyen al Ejecutivo, respecto al control político en los municipios, pues yo, la verdad, no sé cómo puede eliminar u obviar esta crítica que se hace.

Y luego ya, por último... porque la verdad es que esto ya sí que llega al paroxismo al que yo me refería antes. Vamos a ver, llevamos... yo no sé, todo lo que va de Legislatura, pero no sólo a nivel de esta Comunidad, sino también a nivel del Estado, discutiendo la capacidad financiera de la... la capacidad financiera, los pactos financieros, etcétera, etcétera. Yo no puedo comprender cómo aquí, ahora mismo, el Portavoz del Grupo Popular sostenga que la capacidad de financiación de los municipios se atribuya a la Administración Central. Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos diferentes concepciones de lo que es la competencia. Nosotros queremos tener competencias, y tener competencias no sólo es tener capacidad para legislar; es también tener capacidad, los suficientes medios económicos y financieros para dar respuesta a lo que significa asumir competencias. Por tanto, un poquito más de rigor, un poquito más de seriedad, cuando se habla de estas cosas, porque no se puede decir, ni mucho menos, en cualquier caso, lo que se ha dicho.

pág. 2781 En cualquier caso, reitero esa voluntad. Nos vemos obligados a solicitar, por todo lo expuesto, la devolución del texto, porque no coincide, en absoluto, con el planteamiento que se defiende desde esta fuerza política.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señor Crespo, tiene la palabra.

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. He tenido la tentación de subir al atril sin papeles, como don Luis Cid, pero no me atrevo. La verdad, no me atrevo; he traído dos, pero no me he atrevido a subir sin papeles, señor Cid. Hombre, mire, a mí me encanta debatir con usted, porque yo creo que hace ejercicios de parlamentarismo de los que andamos necesitados todos seguramente, ¿no? Y, por lo tanto, es un placer debatir con usted.

Y cierto es, además, que ha hecho un discurso de los que se podían denominar redondos, ¿no?, porque ha sido un discurso que reconoce el esfuerzo que debemos hacer entre todos; reconoce la necesidad de mejorar el Proyecto de Ley; emplaza a los Grupos de Oposición a que hagamos el suficiente esfuerzo, con la suficiente generosidad para compartir opiniones y criterios y, por lo tanto, hacer una buena Ley. Y a partir de ahí, pues yo creo que, sobre todo con ejercicios retóricos, pues ha dado un somero repaso a los contenidos del Proyecto de Ley.

Y entonces, quizá no se pueda hacer otra cosa hoy; estamos hablando del debate de Totalidad, y ya decía en la primera intervención que la suerte está echada, y, por lo tanto, quizá no se pueda hacer otra cosa hoy más que hablar un poquito de política. Porque si profundizamos en el discurso que usted ha hecho, don Luis, pues se da la circunstancia de que es un discurso con gravísimas lagunas. Gravísimas lagunas en dos cuestiones -desde nuestro punto de vista- fundamentales. No podía hacer otra cosa, seguramente, pero es que nosotros queremos dejar constancia de dónde van a estar las dificultades cuando pasado mañana comencemos a hablar de este asunto.

Y una de las graves lagunas de la que ha adolecido su discurso, porque es una laguna que al mismo tiempo tiene el Proyecto de Ley, es la cuestión económica, la cuestión de la financiación: es imposible que demos pasos en la mejora de la ordenación territorial de nuestra Comunidad Autónoma, si no somos capaces y asumimos aquí, como compromiso político del Gobierno Regional, la necesidad de incrementar la dotación económica, la financiación de las Corporaciones Locales. No hablemos ya de las fórmulas, no hablemos ya de los mecanismos. Desde luego, cualquier fórmula, cualquier mecanismo que supere la situación actual, que supere la realidad actual, que adolece de gravísimas carencias en cuanto a las cuantías, y sobre todo en cuanto a las fórmulas de distribución, por lo que de limitativas de la autonomía municipal suponen.

Por lo tanto, señor Cid Fontán, que quede claro aquí que todo el esfuerzo que haga mi Grupo Parlamentario para llegar a acuerdos con ustedes debe estar correspondido por un compromiso efectivo de la mayoría, es decir, del Grupo Parlamentario Popular y de la Junta de Castilla y León, para mejorar la situación económica y financiera de las Corporaciones Locales.

Tengo que decirle también que otra grave laguna en su intervención es la que hace referencia a otro de los elementos básicos que nosotros demandamos en torno a este Proyecto de Ley, que es la necesaria descentralización efectiva en favor de... o en pro de las Corporaciones Locales. Y ha utilizado un argumento supuestamente de autoridad. Dice: "¡Hombre!, cómo me dice usted eso aquí, si esta Ley incorpora la "Ley Nalda", la Ley 6/86".

¡Hombre!, podría decirle, en un ejercicio retórico: lo mejor del Proyecto de Ley es, precisamente, la incorporación de la Ley 6/86.

Pero es que nosotros no le estamos hablando de eso.

La Ley 6/86 es un instrumento que regula, que reguló las relaciones de la Comunidad Autónoma con las distintas instituciones, y es un instrumento que permite, abre posibilidades casi diría yo ilimitadas a la descentralización de competencias en favor de las Corporaciones Locales.

Lo que yo le estoy diciendo aquí es que, en base a esa regulación, o en base a las adaptaciones que esa regulación -que ya es del año ochenta y seis- pueda reclamar, fijemos, atribuyamos ya, por ley incluso, competencias a nuestros Ayuntamientos. Porque esta Ley, además de ser una ley municipal, debiera ser una ley municipalista, señor Cid Fontán; debiera ser una ley municipalista, y por lo tanto debiera ser la ley de los Ayuntamientos, la ley de la autonomía municipal, la ley de la descentralización. Es la fase que nos falta por culminar, en un momento, además, en el que estamos en período incluso de reforma del Estatuto de Autonomía, que, afortunadamente, también va por el camino del diálogo y por el camino del entendimiento.

Entonces, yo les digo a ustedes que, sin esas dos facetas, sin avances efectivos en esas dos facetas, los esfuerzos que tengamos que hacer van a ser esfuerzos... en fin, más limitados, más limitados.

Por lo tanto, compromiso real de financiación para superar la situación actual, compromiso efectivo de definición de competencias de los Ayuntamientos, acompañadas de la suficiencia financiera.

En su diseño, en su diseño, deja usted a la Comarca de El Bierzo como la quinta provincia de la novela de don Gonzalo Torrente Ballester; la deja allá, levitando como un fantasma, en el norte. Pero ésa es una realidad en torno a la cual debiéramos pág. 2782 de ser capaces de hacerla evolucionar, para saber si es una forma de organización del territorio que sirve para otras partes de nuestra Comunidad Autónoma; si, en base al modelo que allí hemos puesto en marcha, podemos adoptar experiencias similares en otros sitios, sin acudir a esa comarcalización generalizada, sino en base a la demanda de la zona concreta que pretenda organizarse, haciendo evolucionar a las mancomunidades, declarando a las mancomunidades de interés regional, etcétera. Definiendo cabeceras de comarca sin imposiciones, en base a la negociación, en base a la demanda de los ciudadanos que van a verse afectados por esas medidas. Pero no establezcamos que aquí tenemos una comarca que se nos cayó encima y que la relegamos al papel -insisto- de fantasma del norte.

Termino, señor Presidente, diciéndole, diciéndole que no hagamos, no hagamos apelaciones a la Constitución o al Estatuto de Autonomía para limitar lo que son -digamos- ejercicios intelectuales que debemos hacer. ¿Qué quiero decirle con esto? Es decir, no apelemos a la Constitución para decirnos que no podemos hablar de las Diputaciones. No, no. La Constitución Española establece y reconoce a la provincia como entidad local, y encarga su gobierno y administración a las Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Bien es verdad que nuestro Estatuto de Autonomía lo ajusta más y encarga el gobierno y administración de las provincias a las Diputaciones. Está en nuestras manos cambiar el Estatuto de Autonomía, está en nuestras manos, ¿eh? Es algo en lo que tenemos competencia.

Por lo tanto, no hagamos esas apelaciones a la Constitución para negarnos a reflexionar sobre una realidad. Y esta realidad, señor Cid Fontán, nos dice que en su actual configuración, con su actual nivel de competencias, las Diputaciones son un anacronismo, a medida que el Estado de la Autonomía... el Estado de las Autonomías va penetrando, y va asumiendo, y va ejecutando las competencias que tiene. En su actual configuración, es un anacronismo. ¿Hay que suprimirlo? Nosotros no decimos eso. ¿Hay que hablar de ello? Sí. ¿Se debe hacer evolucionar? ¿Se puede hacer evolucionar? ¿Hay que buscar un encaje adecuado de la institución provincial con el Gobierno Regional? Sin duda. Pero no nos neguemos con apelaciones a la Constitución a hablar de las cuestiones que están ahí y que nos corresponde resolver.

Termino ya diciéndoles que reitero el ofrecimiento de diálogo, el ofrecimiento de consenso, la mayor buena voluntad para que éste sea un Proyecto que fuéramos capaces de elaborar y dictaminar por unanimidad en estas Cortes Regionales. Pero a partir de ahora comienzan los compromisos, señor Consejero, y no podremos avanzar si no asumimos compromisos concretos en materia económica y en materia de descentralización administrativa. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se abre un turno de dúplica. Señor Calvo, del Grupo Parlamentario Popular.

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, señor Presidente.

Señorías. Insiste el señor Otero en la necesidad -según él- de dos leyes que regulen la misma materia. Yo entiendo que si una, como ésta, es buena, no hace falta por qué duplicar en una doble legislación, o en una legislación paralela, lo que puede estar bien recogido. No compliquemos, por tanto, más la normativa de nuestra Comunidad.

Usted insiste también en que muchas de las facultades se reserva la Junta de la Comunidad. Yo debo decir que es, además del Estado, quien tiene la titularidad de esas facultades; por tanto, es natural que las trate de sostener.

Pero, sin embargo, sí debo decirle que no desconfíe de la utilización mala -porque yo creo que lo está utilizando bien- de esas atribuciones, que siempre ha consultado con los grupos y las entidades. Y puedo decirle más -usted lo sabe también-, recordárselo al menos, que no ha habido Comunidad Autónoma que haya dado, por transferencia o por delegación, más competencias a los entes territoriales, concretamente a los municipios.

Mire usted, materias clasificadas, promoción deportiva, sistemas provinciales de bibliotecas. Actualmente se negocia -como vimos no hace mucho aquí- todas las delegaciones a ayuntamientos capitales de provincia sobre actividades y centros del Inserso.

Y quiero decir que estando, en cierta manera, de acuerdo en que es necesaria la descentralización con el señor Crespo, tengo que romper una lanza en favor de nuestra Comunidad, abogando -como yo creo que estamos de acuerdo todos- por esa descentralización.

Subrayo que resulta sorprendente que en el proceso de descentralización intenso que ha experimentado el Estado, quienes en otras Comunidades, desde los distintos territorios, han practicado el victimismo, apuntando a Madrid como el centro de los agravios, sin embargo, en la hora actual, cuando tienen posibilidad de solucionar esos temas en favor de entes inferiores, han impedido que la corriente descentralizadora siguiera hacia abajo, hacia los extremos, intentando bloquear desde arriba lo que, con toda la naturalidad, desde luego, podían hacer los entes locales. Descentralización -como usted sabe- que está bien especificada en nuestro Proyecto de Ley, a través de transferencias y de delegaciones.

Yo, como me imponen brevedad -y yo creo que no hace falta que me la impongan, porque las horas lo exigen-, debo indicar que el Anteproyecto de Ley fue remitido, en su momento, a la Federación Regional de Municipios y Provincias, en cuyo seno fue -me consta, porque estuve presente-, fue debatido e incorporado a pág. 2783 este Proyecto buen número de sugerencias allí suscitadas. Incluso en el tema que a usted tanto le preocupa, señor Otero, los representantes de las entidades de toda la Región, de las Entidades Locales Menores, estuvieron también en alguna ocasión en una comisión, dando sus sugerencias y sintiéndose, de alguna manera, no totalmente satisfechos, pero sí bastante conformes con la regulación sobre el particular.

No creemos, por tanto, que esas pretensiones apuntadas por el señor Otero... iba a decir -perdóneme usted- fruto, en muchas ocasiones, de sentimientos, o más bien casi de sentimentalismo, sean motivo para que usted pida la devolución del Proyecto de Ley en su totalidad. Estas Cortes -debemos saber, o sabemos- legislan para una Comunidad integrada por nueve provincias. Hemos de convenir que las modificaciones quizá más sustanciales que puedan mejorar el texto que se presenta deben hacerse o pueden hacerse en el seno de la Comisión de Gobierno Interior, durante el debate del articulado. Pero, naturalmente, ésa es otra etapa, en la que, con la colaboración que todos podamos tener, hacer llegar... llegar incluso a consensos muy amplios y hacer la mejor Ley de los Entes Locales de nuestra Comunidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Francés, si lo desea.

EL SEÑOR FRANCÉS CONDE: Gracias, señor Presidente. Mire, señor Portavoz de Izquierda Unida, yo sí que le he escuchado; quizás usted a mí no me ha oído; habré hablado demasiado bajo.

Creo que no es necesario insistir en que el fundamento de la estructura territorial de Izquierda Unida pueden ser las comarcas, pero es que el fundamento de la organización territorial del Grupo Popular y del Proyecto de Ley que se va... que se está tratando en esta Enmienda a la Totalidad son los municipios y las provincias. Difícilmente nos vamos a poner de acuerdo. Son dos criterios respetuosos, son dos principios respetuosos. Yo acepto que el suyo pueda ser bueno para usted; acepte usted que el mío es bueno para el Grupo Popular.

Pero tenemos la responsabilidad de gobernar con nuestros principios y con nuestros criterios. Y entendemos que el crear una nueva administración significa también un aumento de burocracia, un aumento de gasto.

Yo, ciertamente, creo que las mismas leyes y los mismos artículos se pueden interpretar de muy distinta forma, y a la vista está que para cada uno tiene una interpretación distinta.

Mire usted, Señoría, no deja de sorprender que la lectura de los mismos artículos de la Ley, para el Grupo de Izquierda Unida sea que en la regulación se atribuyen numerosas prerrogativas y facultades a las provincias, convirtiéndola en mecanismos de limitación de la autonomía municipal; mientras que hace un par de meses, para el Portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León, el criterio era totalmente distinto. Y así, don Luis Herrero Rubinat declara que si la Ley de Régimen Local se aprueba en los actuales términos en que ha sido propuesta, puede significar un primer paso para hacer desaparecer las Diputaciones.

"Se trata de una Ley que ataca directamente a las instituciones provinciales"; y eso lo dice en el Diario de León de veintisiete de enero del noventa y siete. Cualquiera de nosotros, desde luego, podría contemplar cada uno de los artículos y tener unas interpretaciones muy diferentes.

Pero yo creo que, recogiendo la oferta que ha hecho usted y que ha hecho el Portavoz Socialista, de que esta Ley probablemente sea la más importante de la Legislatura, y que están esperando muchos Ayuntamientos, muchos Alcaldes y Concejales -algunos representantes de los ciudadanos de Castilla y León que estamos en esta Cámara también-, pues vamos a intentar llegar a un esfuerzo de aproximación y acercamiento de nuestras hipótesis, para que, tras el estudio en la Ponencia y el debate en la Comisión, podamos llegar a una aprobación de consenso para el mejor gobierno de la Comunidad y de nuestros pueblos. Y se lo digo yo reconociendo que soy un Alcalde de pueblo, un humilde Alcalde de pueblo de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene ahora la palabra el señor Cid, por favor.

EL SEÑOR CID FONTÁN: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías. Con muchísima brevedad, pero no quiero dejar por cortesía parlamentaria y contestar a mi buen amigo, el señor Crespo.

Es difícil entrar en el tema de si en una intervención hay lagunas, cuando se debate una enmienda de totalidad. Claro, ustedes presentaron veinticuatro enmiendas al primer texto, que era un texto mucho más reducido -como sabe Su Señoría-; a este nuevo, noventa y siete. Pues claro, resulta que después de haber negociado un montón de tiempo y haber estado pensando en un pacto local, parece que se ha avanzado muy poco. Usted ve lagunas y me ha señalado algunas. Voy a tener que contestarle con mucho gusto.

Una es el tema de la financiación. Mire usted, yo he leído cosas tan distintas sobre la financiación de los Entes Locales en Portavoces socialistas que ya no sé cuál es la que quieren: si son 17.000 millones -lo he leído-, si son la totalidad de los ingresos procedentes de determinados conceptos, si es la totalidad del presupuesto de la Junta. Es que yo ya no lo sé. Sí, sin embargo, me he leído sus enmiendas anteriores, y le aseguro que la forma en que estudiaban el Fondo de Cooperación Local era una forma interesante, era una forma interesante cara al futuro. Estaban ustedes hablando de ese Fondo dividirlo en dos secciones: una incondicionada y otra condicionada. Hablaban ustedes que la que se diese incondicionada fuese superior al 50%; la condicionada sería pág. 2784 el resto, y la condicionada sería para inversiones. Y todo ese tema me parece muy interesante. De aquí que el compromiso que tiene la Junta de formar en un plazo de -dice- dos años, ¿no es mucho plazo? José María, ¿no es mucho plazo? Mire usted, si empezamos a echar en marcha con la Ley, en el momento de entrar en vigor va a dar lugar a reestructuraciones rápidas, va a dar lugar a fusiones, va a dar lugar a la posibilidad de que determinados municipios cambien su manera de pensar, no es un plazo largo éste.

Como tampoco lo es el de un año para fijar las materias de delegación o transferencia. Y no me olvide nunca que la delegación o transferencia es cosa, al menos, de dos.

Claro, que la Junta diga: "le transfiero a usted". Oiga, según cómo. Y, además, dígame qué medios y dígame si lo acepto.

Por eso están los órganos de coordinación; por eso está eso que los antiguos llamábamos Consejo de Provincias, tan interesante en orden a las Diputaciones, y por eso están las Comisiones Mixtas de Transferencia con relación a los Ayuntamientos, para que se pueda precisar.

Y por último, jamás me puedo olvidar de la Comarca de El Bierzo por lo que es en sí misma. Pero sí tengo que acordarme que el Artículo 19 de nuestro Estatuto habla de comarcas sólo por ley de Cortes; es decir, comarca por creación concreta y específica.

En cualquier caso, la comarca como posibilidad está recogida en el Proyecto de Ley de Régimen Local... cuando habla de la estructura territorial dice: "comarcas u otras entidades".

Con lo que, de cualquier manera, don José María, creo que le he contestado a mis lagunas. Yo siempre pienso que a lo largo del día me equivoco cien veces, con lo cual el que me denuncien lagunas no me molesta; me gusta.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Vamos a proceder a someter a votación...

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Señor Presidente, solicito la palabra. Ruego se voten las tres Enmiendas por separado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Es lo que estaba diciendo.

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Bien. Y me sea concedido luego un turno de palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Vamos a someter a votación por separado las tres Enmiendas a la Totalidad que han sido presentadas, a petición de la Procuradora del Grupo Mixto.

Se somete a votación, en primer lugar, la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo... por el Portavoz del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho.

Votos a favor: uno. Votos en contra: cuarenta y nueve.

Abstenciones: veintiocho. En consecuencia, queda rechazada la Enmienda de Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, su Portavoz.

Se somete ahora a votación la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho.

Votos a favor: veintisiete. Votos en contra: cincuenta.

Abstenciones: una. En consecuencia, queda igualmente rechazada.

Se somete ahora a votación la Enmienda a la Totalidad del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho.

Votos a favor: veintisiete. Votos en contra: cincuenta.

Abstenciones: una. Queda igualmente rechazada.

Habiéndose rechazado las tres Enmiendas a la Totalidad, el Proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Gobierno Interior y Administración Territorial para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Y la señora Farto había pedido la palabra para explicación de su voto.

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Con la mayor brevedad posible. En primer lugar, agradecer al Consejero la explicación y el traer aquí este Proyecto de Ley tan urgente y necesario para nuestra Comunidad Autónoma.

Y en segundo lugar, decirles, Señorías, que, a pesar de suponer esto para mí una complicación en mi vida política, tengo que decir lo que ahora voy a expresar. Si ésta es la Ley más importante de esta Legislatura, a mí me gustaría que me explicasen -y por eso es por lo que yo he votado en contra de dos de las Enmiendas parciales, y me he abstenido en otra, en la de Izquierda Unida- el por qué no se ha presentado un texto alternativo desde sus respectivos partidos. Entiendo que ha existido una manipulación vil de esta situación, y no de la Ley, que sería lo que menos me preocuparía, sino de los ciudadanos de Castilla y León -como ahora les hemos dado en llamar-. Entiendo que se está haciendo una Ley... se está intentado construir un Proyecto de Ley desde una política negativa, desde una política de la crispación y desde una política en la que estamos demostrando que somos incapaces de dar alternativas.

Después de las primeras o de los primeros movimientos en la prensa de toda la Comunidad Autónoma, en la que todos los partidos políticos surgieron y salieron al paso para acallar las preguntas y las necesidades de sus bases -no de otros-, la gente sigue sin estar atendida; siguen acudiendo a quien pueden, y les aseguro que no siempre esos... a quien acude les podemos dar soluciones.

pág. 2785 Señorías, esto que se ha hecho hoy aquí -permítame decírselo- ha sido una farsa. Porque ustedes nunca han contando con sus bases para hacer esto...

(Murmullos.) LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Señor Presidente, le ruego que, igual que yo he escuchado en silencio, usted haga que me escuchen a mí.

Cuando sus bases -repito, a pesar de que nos les guste lo que les diga- se movilizan, ustedes -todos los partidos- intentan quedar bien con ellos, pero a costa de ellos. Porque la realidad es una, y es que quien de verdad conoce esa realidad se hace urgente dar solución hoy a la cuestión local en Castilla y en León. Y esto sólo se puede dar de una forma: desde el consenso político y la racionalidad.

Y espero que ese consenso del que aquí se ha hablado, no sea el mismo consenso que está llevando a cabo o que se está llevando a cabo en el tema del Estatuto. Porque ustedes, cuando hablan de consenso, hablan sólo del consenso de los dos grandes partidos, ignorando absolutamente a las minorías. Y entiendo que esto sería, si de verdad hubiera una intención real de que ocurriera, mucho más allá del mero marketing político y de la obtención de votos.

En definitiva, y para explicar mi voto, sin entrar a explicar la Ley y lo que pienso de ella, que tiempo habrá para la misma, yo no puedo ser cómplice de un juego político, cuyo objetivo dista mucho del bien de los ciudadanos y de sus intereses.

Por tanto, y para terminar, siendo consciente de las lagunas de la Ley -que las tiene, señor Consejero-, de las imprecisiones, de la posibilidad de mejora que tiene la Ley, que haremos posible, que intentaremos hacer posible, y que ya hemos hecho con gran esfuerzo presentando un número importante y serio de enmiendas parciales, intentando el acercamiento y la negociación en una ley básica para esta Comunidad Autónoma, y que todos ustedes están tan preocupados en vertebrar, por eso he votado de la forma que lo he hecho. Creo que a todas Sus Señorías les ha quedado claro la diferencia entre el voto realizado en las Enmiendas a la Totalidad del Grupo Parlamentario Mixto y del Partido Socialista y el voto de abstención a Izquierda Unida.

Entre otras cosas, porque creo que es urgente que se haga ya la comarcalización. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Secretario, proceda a dar lectura al decimoquinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimoquinto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería en el Proyecto de Ley de Protección de los Animales de Compañía".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No manteniéndose enmiendas ni votos particulares al Proyecto de Ley de Protección de Animales de Compañía, esta Presidencia, de acuerdo con el parecer expresado en la Junta de Portavoces, la somete directamente a votación por el procedimiento de asentimiento. ¿Se aprueba por asentimiento? Gracias. Se aprueba.

¿Algún Grupo desea consumir un turno para explicar su voto? ¿Sí o no? ¿Alguien quiere consumir un turno de explicación de voto? Por Izquierda Unida, señor Conde Valdés.

(Murmullos.) EL SEÑOR CONDE VALDÉS: ...pero que guarden silencio, que si no, nos callamos todos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, guarden silencio, por favor.

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Bien. Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Aunque habitualmente no suele suceder a menudo que nos pongamos de acuerdo todos los Grupos, pues en este caso concreto nos hemos puesto de acuerdo todos los Grupos para dar tramitación y aprobación a una Ley que, como muy bien recoge los antecedentes, era una Ley que se venía demandando por el conjunto de la sociedad de Castilla y León, en función de la importancia que últimamente venían adquiriendo los animales llamados de compañía.

Y en este sentido, de manera muy breve, bueno, manifestar nuestra satisfacción porque, efectivamente, hemos llegado a un acuerdo unánime entre todos los Grupos. Y yo, simplemente, quería recalcar cuatro o cinco aspectos que yo creo que son las cuestiones básicas que va a regular y a contemplar esta Ley, al margen de que -como toda ley- podrá haber lagunas que posteriormente se puedan solucionar. Pero, en principio, yo creo, bajo nuestro punto de vista, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que se recogen los cuatro o cinco temas prioritarios en esta Ley.

El primero es que, efectivamente, establece los derechos de los animales y las obligaciones de los animales... denominados animales de compañía, y las obligaciones concretas y específicas de sus propietarios. Yo creo que esto es un aspecto que es lo que se demandaba de manera prioritaria en el contenido de esta Ley.

La otra cuestión importante: bueno, pues, el establecimiento de un censo, en el cual permite, con el establecimiento de ese censo, llevar un control total y estricto del número de animales de compañía, e incluso para, pág. 2786 fundamentalmente, garantizar las obligaciones de sus propietarios en todos los ámbitos y en todos los órdenes. Yo creo que hasta la fecha había un caos, precisamente, en este tema, y en esta Ley, en el momento que se contempla la obligatoriedad de establecer un censo, podemos eliminar, no digo la totalidad, pero al menos sí un 70 o un 80% de los actuales problemas.

El otro aspecto que esta Ley contempla, y que consideramos que es también importante, es la regulación de todos los establecimientos de venta y la regulación de los establecimientos de permanencia temporal de los llamados animales de compañía. Y también -como no podía ser de otra manera- abordar, en cierta medida... yo no digo en profundidad, porque siempre pueden quedar flecos, pero al menos abordar, de alguna manera, el grave problema que supone el abandono. Una de las cuestiones graves, en este momento, era el tema de los abandonos de los animales de compañía, y al menos en esta Ley se trata de abordar este problema que es grave, ¿no? En el cuarto tema, que para nosotros también es importante, pues es establecer un régimen sancionador, como medida disuasoria, para que los propietarios de los animales... denominados animales de compañía puedan cumplir con sus obligaciones. Evidentemente, a nadie le gusta establecer un régimen sancionador, pero es de obligado cumplimiento porque si no, esto... bueno, se trataría que con este régimen sancionador cumplimentar la propia Ley.

Y después, para nosotros, para nuestro Grupo había un aspecto importante, que era una demanda de la sociedad de Castilla y León, que era con referencia a la participación de los animales en todo tipo de espectáculos. Y esto, esto es una cosa que en la propia Ley se contempla de forma expresa en el Artículo 6, donde en su apartado 1 se recoge explícitamente que se prohibe la utilización de animales vivos en espectáculos, peleas, fiestas y otras actividades que impliquen tortura, sufrimiento, crueldad o maltrato.

Esto es una cuestión fundamental, ¿por qué? Porque da la casualidad que nuestra Comunidad es la Comunidad que más espectáculos, sobre todo taurinos, de carácter popular tenemos, y que ésos no están regulados. Y en este sentido, y en orden al cumplimiento de este punto 1, en estos momentos, a pesar de que en todo... en este tipo de espectáculos o de fiestas populares, con el apartado 1 ya puede haber una mínima regulación, existe un compromiso en esta propia Ley de que la Junta, en el plazo de un año, establecerá por decreto la regulación de todas las fiestas populares donde intervengan animales.

Esto es una demanda no solamente de las asociaciones protectoras de animales, sino del conjunto de la sociedad, y, por tanto, yo creo que esto es una de las cuestiones que regula la Ley y que es de suma importancia.

Por todas estas razones, reitero una vez más la satisfacción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que, al menos, hemos podido abordar una Ley denominada de protección de animales de compañía y dar cumplimiento así, pues, a una demanda, como he dicho antes, a una demanda social de la sociedad, en general de Castilla y León, que demandaba la aprobación de una Ley de estas características. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra doña Begoña Núñez, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

LA SEÑORA NÚÑEZ DÍEZ: Señor Presidente, en el mes de octubre del noventa y seis nos era presentado ante esta Cámara un Proyecto de Ley para la protección de los animales de compañía. En dicha presentación, el señor Consejero de Agricultura indicaba que con dicho proyecto se daba cumplida respuesta a una perentoria necesidad social y a una demanda apremiante y creciente.

Nuestro Grupo expresó en aquel debate que de quedar la Ley tal y como venía en el proyecto, ésta no serviría prácticamente para nada, ni daría ningún tipo de respuesta, con todo lo que dijera en aquel debate el señor Consejero. Asimismo, insistíamos en que si las Enmiendas presentadas por el Grupo Socialista fueran aceptadas, sí quedaría una útil y eficaz Ley de Protección de los animales de compañía.

El nuevo texto que hoy se trae a esta Cámara, el cual, si lo analizamos en profundidad, no tiene nada que ver o muy poco con el presentado en octubre, sí recoge las demandas sociales, definiendo claramente las respuestas a las perspectivas que hay que dar a una Ley de estas características. Una eficaz protección de los animales, en sí mismo, evitando los tratos degradantes, crueles o simplemente abusivos por el hombre; las obligaciones que deben tener los propietarios y poseedores de los animales de compañía; la implantación de un censo y los sistemas obligatorios de identificación, elemento esencial para la eficacia de una Ley de este tipo. La no exclusión, dentro de la Ley, de los espectáculos taurinos tradicionales, lo que supone un avance dentro de la Ley ante un tema tan polémico y que suscita diferentes posturas, y que es necesario plantearlo y regularlo, compatibilizando el respeto a la tradición de los espectáculos con la defensa de los animales.

La coordinación entre la Administración Autonómica y las Administraciones Locales, el papel que deben de desempeñar las asociaciones dedicadas a la protección de animales, el reconocimiento a su labor, y la colaboración que debe existir entre las protectoras o asociaciones de animales y las Administraciones competentes. La implicación que deben de tener las Corporaciones Locales y las obligaciones que tienen con respecto a esta Ley las Corporaciones Locales, también es un tema importante y que se recoge.

pág. 2787 Las Enmiendas presentadas por el Grupo Socialista iban enfocadas a la consecución de estos fines. Y, Señorías, la incorporación de las mismas al texto que hoy se trae es lo que hace que esta Ley sirva de manera eficaz y clara a la protección de los animales de compañía.

El contenido de esta Ley no debe de servir únicamente como instrumento sancionador, sino formativo, que sirva para que el respeto, la protección y la defensa de los animales sea un compromiso de todas las personas. Por eso le pedimos, señor Consejero, divulgue de manera periódica los contenidos de esta Ley, y de manera especial en el momento de su aprobación, para que a la entrada en vigor de la misma, tanto los propietarios como las Administraciones competentes tengan suficientemente claras sus obligaciones y sus derechos, pues de esta forma, divulgándola hasta este mismo momento hasta el plazo que tienen de tres meses, será el momento de aprobarse la Ley, podrá ser cumplida desde ese mismo momento. Y así, de esa forma evitaremos, y esto... en esto sí que debemos de ser muy duros, lo que ha sucedido hace unas semanas en los pinares de Medina del Campo; yo creo que lo sabe todo el mundo lo que ha sucedido: decenas de galgos ahorcados de los árboles. ¿Por qué? Por entretenimiento, divertimiento y por tradición -dicen- de sus propietarios. Esto es un tema muy grave, yo creo que es una práctica que debía de estar prohibida y perseguida hace mucho tiempo, pero si no ha sido así, por lo menos, que desde el primer momento de la Ley esto no vuelva a suceder más, esto y otros muchos temas.

Por último, exigimos a la Junta de Castilla y León cumpla los plazos impuestos en la Ley para su reglamentación. Y por qué digo aquí que la Junta de Castilla y León cumpla los plazos. Pues porque, de verdad, no nos fiamos ni me fío de que los vaya a cumplir. Nos tiene muy acostumbrados a elaborar leyes, pero luego a no reglamentarlas. No quiero alargar mucho esta sesión, porque dicen que tienen prisa, pero, si no, si enumerásemos todas las leyes que hay sin reglamentar sería largo. Por eso le pido, por último ya, señor Consejero, que cumpla los plazos que establece la Ley, y a ser posible que no los agote. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor don Martín Casado.

EL SEÑOR CASADO MIRANDA: Gracias, señor Presidente.

Señorías, con la necesidad de caracterizar el mantenimiento y salvaguarda de los animales de compañía en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, inspira el presente proyecto de Ley que pretende recoger en un cuerpo legal único todos los principios de respeto, defensa, protección que figuran en los convenios de Washington, Berna, Bonn, firmados por España y la Declaración Universal de los Derechos de los Animales en mil novecientos ochenta y siete.

Así es, por tanto, objeto de este Proyecto de Ley la determinación de las atenciones mínimas que deben recibir los animales de compañía, la regulación de la utilización de los animales en aquellos espectáculos, fiestas populares y actividades deportivas o recreativas que impliquen crueldad. Asimismo, se regulan las condiciones para la cría, venta y transporte de animales, igual que la inspección, vigilancia y obligaciones de los poseedores tenedores de los centros de acogidas, regulándose en las condiciones para su mantenimiento temporal.

Este Proyecto de Ley pretende aumentar la sensibilidad colectiva de Castilla y León hacia los comportamientos más humanitarios y propios de una sociedad moderna en el trato a los animales, sentando las bases para una educación que consiga estos objetivos.

Aspecto especialmente novedoso de este Proyecto de Ley es que considerando que no es el marco adecuado para regular los espectáculos taurinos tradicionales, sí se le da un mandato a la Junta de Castilla y León para que en el plazo de un año lo reglamente.

La implantación de un censo, la identificación obligatoria a través del microchip o tatuaje, convierte en esencial la eficacia de la Ley. Precisamente es este tema uno de los que mejor valoran la voluntad del legislador, de coordinar la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las Administraciones Locales, ampliándose además al régimen sancionador; sin perjuicio del papel que vienen desarrollando las asociaciones dedicadas a la protección de los animales, viéndose reconocido e incorporándolas al texto legislativo para colaborar con las Administraciones competentes.

Y por último, Señorías, es justo que en nuestro Grupo demos las gracias a los compañeros ponentes en el Proyecto de Ley por el gran talante democrático y las aportaciones que a este buen Proyecto de Ley de la Junta de Castilla y León han sido de gran valor. Y para... han sido de gran valor para mejorar el texto legal. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Silencio, Señorías, por favor. Tiene la palabra el señor Consejero de Agricultura y Ganadería.

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SEÑOR VALÍN ALONSO): Sí, gracias, señor Presidente. Simplemente para dar gracias a la Comisión por el trabajo desarrollado precisamente en la preparación del texto definitivo de esta Ley. Nada más. Muchas gracias EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Consejero. Ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

pág. 2788 EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimosexto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el Proyecto de Ley por el que se reconoce como Universidad Privada a la Universidad SEK, con sede en Segovia".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto en nombre de la Junta, si lo desea. ¿La Junta va a presentar el Proyecto? La señora Consejera. ¿Lo hará la señora Consejera? Pasamos entonces al debate de las Enmiendas y Votos Particulares presentados a este Proyecto de Ley. Para la defensa de las que corresponden al Grupo Socialista, tiene la palabra don Félix Montes.

EL SEÑOR MONTES JORT: Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor, Señorías.

EL SEÑOR MONTES JORT: Señorías... (Espero que salgan a tomar un refrigerio, dado la hora, e inmediatamente comienzo.) Señorías, intervengo en este turno de defensa de las Enmiendas del Partido Socialista al Proyecto de Universidad SEK en Segovia, intentando hacer un nuevo esfuerzo como se hizo en el debate de la Enmienda a la Totalidad, intentando hacer un nuevo esfuerzo como realizamos en la Ponencia, intentando hacer, reitero, un nuevo esfuerzo como también hicimos en la Comisión, de un acercamiento de los Grupos Políticos en este Proyecto.

Nos guía -y no podría ser de otra manera- el que en cualquier proyecto, en este caso un proyecto de iniciativa privada, en nuestro trabajo parlamentario y en nuestro trabajo con la responsabilidad pública que nos mueve en este Cámara, tiene que ser el que en el procedimiento y en el trámite que lleve cualquier tipo de proyecto -en este caso, repito, un Proyecto de Ley para la creación de una universidad privada en Segovia-, se cumpla total y escrupulosamente aquello que en la normativa, la legislación en vigor en cada momento haya de cumplirse.

Nosotros presentamos en su momento una Enmienda a la Totalidad, hicimos un esfuerzo y un trabajo porque el Proyecto de Ley y la documentación pasara por esta Cámara de una manera que entendemos normalizada dada la gran importancia que el Proyecto tenía para nosotros. Fruto de ese esfuerzo fue la tramitación que se ha seguido, fruto de ese esfuerzo han sido una serie de enmiendas que ha sido posible o bien aprobar o bien transaccionar, todas ellas con el objetivo de mejorar obviamente el proyecto, de mejorar el Proyecto de Ley que íbamos a tramitar. Y hoy, reitero y repito, me mueve mi intervención en hacer no sé si un último, pero un supremo esfuerzo en lo político y en lo personal, intentando un acercamiento que propicie el apoyo del Grupo que yo represento a una iniciativa privada que se enmarque dentro de la normativa.

En Comisión se aprobaron una serie de enmiendas, se transaccionaron otras, algunas no fue posible llegar a un acuerdo; la mayoría de ellas lo único que pretendían era una serie de mejoras técnicas, una mayor precisión en el texto legal que se tramitaba, un completar la regulación para que se ajustara total y escrupulosamente a lo que, bajo nuestro punto de vista y -lo que seguramente es más importante- al punto de vista del Consejo de Universidades y de su Comisión Académica... incluir en el proyecto una serie de garantías que permitieran el seguimiento y perfecto, llamémosle, control del futuro de esta iniciativa Universidad Privada SEK. En resumen, una serie de connotaciones o mejoras que entendíamos que propiciaban un texto muchísimo más ajustado a lo que dice la norma, muchísimo más ajustado a lo que dicen los informes del Consejo de Universidades y, sobre todo, de la Comisión Académica; en definitiva, un texto mejor para Segovia, mejor para la Comunidad Autónoma.

No fue posible -como les decía- llegar a acuerdos sobre otras Enmiendas; son las que vamos a discutir aquí y ahora.

Y yo, en ese último esfuerzo de acuerdo, en ese último esfuerzo de intentar que este Proyecto de Ley, que se tramita como Universidad Privada en esta Comunidad Autónoma, en el intento de que sus promotores vean en nosotros, no una oposición -que nunca lo ha sido-, sino un intento de que el texto se ajuste a la normativa, por un lado; y un intento de coadyuvar, de propiciar que cualquier iniciativa privada que se instaure -en este caso, en la provincia de Segovia- tenga, si ello es posible, nuestro apoyo.

Digo, en ese último intento, realizo una oferta en esta primera intervención a los Grupos Políticos. Oferta que se resume en dos de las Enmiendas presentadas: la Enmienda 16 y la Enmienda 17. La Enmienda 16 viene a recoger un capítulo... que yo creo que está de más, si en ella lo único que plasmamos son las declaraciones de los responsables de la Comunidad Autónoma, desde el Vicepresidente de la Comunidad Autónoma, señor Merino, desde la propia Consejera, a pesar -y no es por hacer historia- de la lamentable negativa a, en su momento y en el Pleno correspondiente, a haber -la Mesa, el Grupo mayoritario, el Partido Popular- permitido que algunas de las contestaciones a preguntas claramente de actualidad y en permanente debate -al menos en la provincia de Segovia-, tuvieran ese momento procesal oportuno... Aparte de esas circunstancias, que ahora yo creo que no nos vamos a detener demasiado en ellas, digo el ofrecimiento de que esa Enmienda 16, que viene a decir que no habrá financiación de los fondos de la Comunidad Autónoma, no habrá financiación pública para este proyecto de Universidad Privada SEK, se contemple en el articulado del Proyecto de Ley.

pág. 2789 Reitero que no es una Enmienda para la que hayamos nosotros imaginado nada; hemos recogido declaraciones -repito- del Consejero de Fomento, de la propia Consejera, de personal de su departamento, e incluso de los propios promotores de la Universidad Privada en Segovia. Ésa sería la primera Enmienda fundamental para nosotros.

Y la segunda -que también estamos dispuestos no solamente a mantener, sino a transaccionar, si hay una propuesta que contemple la filosofía de ese punto 17- sería que, en función de la nueva documentación que el proyecto y que los promotores de la Universidad Privada SEK hacen llegar a la Junta, hacen llegar a la Comunidad Autónoma; en función de los informes del Consejo de Universidades, en sus dos comisiones celebradas en los meses de marzo y abril del año noventa y seis; en función de esa nueva documentación, elevar todo ese nuevo bagaje de documentos y de compromisos de nuevo al Consejo de Universidades, para que la Comisión Académica y, a través de las subcomisiones correspondientes y el propio... la Comisión de Planificación y Ordenación y, por ende, el propio Consejo de Universidades, vuelva a informar y ver si esa documentación complementaria hace que exactamente tengamos un proyecto que no plantee ninguna duda en lo económico, ninguna duda en la viabilidad económica...

económica-financiera del proyecto, ni ninguna duda tampoco en cuanto al ajuste total y exacto del proyecto, de su contenido, a lo que se dice en la normativa en vigor, tanto en la LRU como en los Reales Decretos, sobre todo el 557 de mil novecientos noventa y uno, que lo desarrolla.

Termino, Señorías. Yo creo que la predisposición del Grupo Parlamentario Socialista, y de este Portavoz y Procurador que les habla en su nombre, es máxima. Es un nuevo intento de que una iniciativa privada, que cuenta con todos nuestros respetos y que deseamos fervientemente -en lo político, en lo personal y en lo individual- que vaya bien, tenga ese respaldo exacto de esta Cámara en que, en su articulado, contemplemos dos aspectos que nos parecen básicos, que nos parecen fundamentales. Reitero: uno de ellos emanante desde las propias declaraciones de los responsables de la Junta de Castilla y León y de ese Gobierno; y, el otro, proveniente del informe del Consejo de Universidades.

No quiero entrar -porque yo creo que lo hemos hecho suficientemente, tanto en Ponencia como en Comisión- en debatir la mayor o menor credibilidad que nos pueda tener cualquier organismo. El caso concreto es que la norma, es que la Ley contempla unos informes; que nosotros entendemos que hay una serie de preceptos imperativos en esos informes, que, obviamente, con la documentación que se pueda aportar, tal vez puedan ser objeto de clarificación y que para nosotros permitan un apoyo al Proyecto de Ley. Ese ofrecimiento queda ahí.

Tampoco -y no quiero que se utilice como argumento- esto es la intención de retrasar el Proyecto. El proyecto de obras cuenta en estos momentos con las licencias preceptivas del organismo competente, tanto del Ayuntamiento de Segovia como de las Comisiones de Urbanismo y de Patrimonio. Por lo tanto, el proyecto de infraestructuras -es decir, de obras- puede continuar. Tenemos tiempo suficiente con ese... con esa remisión y con ese informe. Y créannos que nos encantaría, en ese marco, apoyar -como no podría ser de otra manera, por la propia legislación vigente-, apoyar, como les digo, el Proyecto. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Para consumir, si lo hubiese, un turno en contra, señor Garabito, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Gracias, señor Presidente. Con la brevedad, que, lógicamente, a estas horas es conveniente, Señorías.

El Portavoz del Grupo Socialista inicia su intervención diciendo "hemos hecho un esfuerzo, hemos hecho un esfuerzo".

Evidentemente, todos nos esforzamos cuando estamos en esta Cámara o en las Comisiones. Pero la verdad es que quien ha aprobado las enmiendas somos nosotros. Ustedes han presentado diecisiete enmiendas y, al final, de ellas, las que están aprobadas son, o porque las ha aprobado el Grupo Popular, o porque se ha ofrecido una Transaccional que les ha venido a resolver una buena papeleta.

Por ejemplo, Enmienda 3: "que intervengan en los órganos de la Universidad alumnos y profesores". No deja de ser una paradoja que el Portavoz del Grupo Socialista se olvide de los PAS, Personal de Administración y Servicio. Mediante una Transaccional nuestra le hemos resuelto un error -como todos cometemos alguna vez-, u olvido u omisión; y, en consecuencia, se ha mejorado el texto.

Pero el esfuerzo, por lo menos reconozca que es mutuo, porque de lo que se ha podido aprobar hasta ahora: o porque lo ha aprobado el Grupo Popular, o porque le ha ofrecido una mejor salida a la redacción, en muchos casos defectuosa, y alguna verdaderamente equívoca, olvidándose del Personal de Administración y Servicios que -por Ley y por el Reglamento que lo desarrolla y el Decreto 557 del noventa y uno- forzosamente ha de estar interviniendo en los órganos del gobierno de la Universidad, de cualquier Universidad. Por lo tanto, esfuerzo por esfuerzo.

En segundo lugar, señor Montes, la Comisión Académica no tiene que dar un informe para crear una Universidad: es la Comisión de Planificación e Infraestructuras la que lo debe dar.

La Comisión Académica -y fíjese que el informe precisamente por eso lo dice-, la... dice "la Comisión de Coordinación y Planificación, oída la Comisión Académica", porque una Ley -que no hizo el Grupo Parlamentario Popular, ni de estas Cortes ni de la Nación- así lo dispone. Fíjese usted, es su propia Ley la que dice quién tiene que emitir el informe: la Comisión de Coordinación y Planificación -no la Académica; oída la Académica, que le puede pág. 2790 gustar mucho o poco, emite el informe, el cual es objeto de este debate. Cuyo informe ustedes no se han creído nunca, y el Grupo Parlamentario Popular nos lo hemos creído siempre; porque no nos queda otro remedio; si el informe dice que es favorable, lo es, lo es, Señoría.

Añade unas consideraciones... que cuando a los señores de la Comisión de Coordinación y Planificación no le pareció suficiente la documentación entregada por la Privada, ¿qué sucede? Pues sucede que le reclama ampliación. Y aquí está el calendario: el veinte de julio del noventa y cinco solicita información complementaria a la Memoria -antes de asumir las competencias esta Comunidad Autónoma-; el cuatro de septiembre del noventa y cinco, los promotores mandan información, ¿por qué? Porque la Comisión de Coordinación y Planificación considera que los datos entregados...

todavía no le es suficiente.

Y así les relataría, si lo quisieran -intentaría no cansarles-, todos los incidentes, hasta que por fin hacen el informe favorable cuando consideran que la documentación entregada es suficiente. Y añade, a título de coletilla, que sería conveniente que la Memoria se mejorara. Pero, si le pareciera un obstáculo eso, hubiera detenido otra vez el informe hasta que le hubieran entregado lo suficiente.

Y ése es el caballo de batalla que nos tenemos en Ponencia, en Comisión, y en lo demás. Ustedes ya han manifestado por activo y pasivo en la prensa, mil veces, que iban a apoyar esto. No sé si han cambiado de opinión o qué les hace cambiar, y están buscando en qué escudarse para poder no apoyarla. Pues háganlo, si quieren.

El esfuerzo que nos ha anunciado últimamente, parece ser que dice que... le he querido entender que retira todo lo demás -se lo agradezco, entre otras cosas, porque iba a hacer un debate muy corto- y que deja la 16 y 17. ¿Le entiendo eso...? ¿No las van a retirar? ¡Ah, perdón! ¿Que ponen especial incidencia? Bueno, es que no sabía, de la forma de hablar, si es que las otras las retiraban, o... -que era el esfuerzo auténtico que yo esperaba que hicieran para ahorrarnos palabras-, o, al final, quiere concentrar su... en la 16 y 17.

Mire usted. Además de que el resto de las... el resto de las Enmiendas, algunas son imposibles por sí mismas, como que desde las instituciones públicas, en la Enmienda 5 le digamos: "los estudios ofrecidos por la Universidad SEK habrán de atenerse a las previsiones de la programación de la Universidad de...

universitaria de Castilla y León", porque no les podemos imponer a una Universidad Privada unos estudios. Ya piden autorización con unos, y cada vez que quieran ampliarlos tendrán -porque lo dice la Ley, lo dice el Reglamento- que pedir autorización.

No les podremos imponer ningún estudio que ellos no quieran tener. Y eso es lo que dice su Enmienda. Por lo tanto, por sí misma, no puede mantenerse. Totalmente, tendrán que atenerse.

Ellos no podrán tener un estudio que la Comunidad no le autorice, pero la Comunidad no podrá imponer ningún estudio que ellos no deseen. Y es así de claro. Y como ya por Ley está recogido en qué condiciones se va a desarrollar, pues no sé qué pinta esa Enmienda, entre otras.

Hay enmiendas tan peregrinas, como que está con el mismo texto recogido en el Artículo siguiente, en el 7; me parece que son la 8 y la 9. Bueno, si está en el siguiente... donde debe estar, por otro lado, porque es justamente el artículo dedicado a las Memorias de Actividades, ahí deben de estar en ese texto, no meterlo en el Artículo 6.

Y lo único que ustedes pretenden -casi insólito, a mi juicio- es que las Memorias de Actividades las remitan a esta Cámara. Además de que añaden unos apartados al Artículo 6, que resulta que están taxativa y totalmente recogidos en el 7 por la propia Ley. Lo único que hacen ustedes es añadir que las Memorias de Actividades nos las manden a esta Cámara; cuando todo el mundo sabe que cualquier Procurador de esta Cámara o Grupo Parlamentario puede demandar a la Junta de Castilla y León -y ésta no tiene más remedio que entregar- cualquier documento que obre en su poder, entre ellos la Memoria...

(Murmullos.) EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Mire, perdonen. Tardará, según crean ustedes. Llegarán con tantas peticiones inclusive a bloquear la Administración. Harán lo que quieran... Podrán hacerlo. Pero tienen obligación, y podrán demandarlo, y podrán pedir el amparo del Presidente para que les atienda como lo hace. Y ahora no pongamos en la Ley lo que no procede, y tenga que mandárselo a ustedes directamente a los Grupos. El que lo necesite, que lo pida.

Y concentrándonos -por no debatir más- en los puntos 16 y 17, que parece ser los de especial importancia para ustedes.

Miren, viendo antecedentes, viendo antecedentes... sólo parecía tener un punto negro: tener la seguridad que esta Comunidad Autónoma no va a poner un dinero en ese proyecto. Cuando, primero, la prensa, el Director General, luego el Vicepresidente...

posteriormente -y por ahí están los recortes- lo desmienten; y, por último, la propia Consejera en este Pleno, a una Pregunta Oral les dice rotundamente no... Hombre, aparecen ustedes con una Enmienda que dice algo tan peregrino como "que ni para ahora, ni para luego, ni después..." ¿Desde cuándo se pone en una ley de una iniciativa privada...? ¡Si es que no han pedido nada? Nos estamos poniendo la venda antes que el ojo... ¿Han pedido algo estos...

los promotores de la SEK? No. ¿Vamos a prever que algún día nos lo pidan? ¡Ah!, pues qué curioso. ¿Vamos a renunciar, si algún día lo pág. 2791 piden, y fuera conveniente, prestarles cualquier tipo de ayuda? No veo por qué hay que prohibirlo en la Ley.

Por lo tanto, para ustedes tendrá mucha importancia; nosotros ya hemos dicho cuál es la voluntad política, que es no apoyar económicamente en este momento, y punto. Y no hace falta poner en la Ley nada, porque ésa es la voluntad política, al menos en las actuales circunstancias.

Y vamos a la 17, que es la que parece que les importa. En la 17, sencillamente hacen un acto de no creencia en el informe positivo. Y, en consecuencia, aunque usted, señor Montes... "y no me use como argumento"; igual que yo le autorizo, y no tiene usted más derecho a usar los argumentos que tenga por conveniente, tenga por seguro que yo usaré los que me considere también.

Eso, inexorablemente, paraliza el proceso. Aprobarles a ustedes el artículo... la Enmienda 17, esperar a que emita el informe nuevamente cumplidos esos requisitos, volverlo a mandar a un Consejo de Universidades, esperar a que se reúnan y lo acuerden... paraliza el proceso. A ustedes les parece que no; a nosotros que sí. Y como entendemos que ese informe es positivo desde el principio, no entendemos por qué.

Pero además, además, lo ligan con otro tema, señor Montes... Escúcheme, si no le importa, y así a lo mejor podemos llegar a ponernos de acuerdo; si no, va a ser difícil. Digo que además sucede la segunda parte: el informe de la Asesoría Jurídica de la Comunidad Autónoma no es rotundo. ¿Le parece más rotundo decir que es favorable? ¿Qué hace en el Preámbulo? Decir: no puedo informar sobre el procedimiento porque lo desconozco.

Evidentemente. El procedimiento lo ha llevado el Ministerio de Educación y Ciencia. A lo mejor duda usted del Abogado del Estado que haría los informes correspondientes; pues a lo mejor. ¡Yo qué quiere que le diga! Desde que está la competencia en esta Comunidad, los trámites se han llevado, y la Asesoría Jurídica da fe de que es correcto. ¿Quiere algo más? Lo lamento mucho.

Nosotros, que sí que hemos hecho un esfuerzo y lo seguimos haciendo, hasta la Enmienda 9 estaríamos dispuestos a aprobarla, porque la verdad es que no dice gran cosa; pero como tampoco quita ni complica nada, pues podría ser. Pero claro, no me digan ustedes que hacer un esfuerzo, cuando están, por un lado, diciendo que apoyan la Universidad, y poniendo -en nuestra opinión- todos los inconvenientes para que así resulte. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de réplica, señor Montes, tiene la palabra.

EL SEÑOR MONTES JORT: Gracias, señor Presidente. Señorías.

Con suma seriedad y respeto, mire usted, señor Garabito, habiéndole escuchado en Ponencia poco, habiéndole escuchado en Comisión un poco más, pero con los mismos términos, usted hoy trae aquí un discurso preparado, entendiendo que íbamos a entrar en un cuerpo a cuerpo y que íbamos a tener una cerrazón personal y política -nosotros- sobre las enmiendas presentadas.

Yo le agradezco, sinceramente -y se lo dije en Comisión-, que con su aportación a las enmiendas que nosotros habíamos presentado el texto, no las enmiendas, sino el texto -que era lo que tenía que mejorar- mejorara, porque ése era el objetivo de las enmiendas, y yo supongo que era el objetivo de sus propuestas y transacciones.

Seguimos, o siguen, manteniendo que el Informe del Consejo de Universidades plantea la absoluta concreción, el absoluto cumplimiento, de acuerdo a la vigente normativa, sobre el reconocimiento de universidades y centros universitarios. Yo le voy a leer -porque esto no es una cuestión entre lo que yo piense y piense usted, sino lo que dicen los escritos- lo que dice textualmente el Acuerdo, remitido por la Secretaría General, del Consejo de Universidades. Dice que "la Universidad..." -se refiere a este proceso- "...cumple con la vigente normativa sobre reconocimiento de universidades y centros universitarios en lo relativo a infraestructura". Punto. "No obstante, se considera conveniente destacar los siguientes puntos, en los que, de producirse algunas actuaciones, puede mejorarse el expediente." Y cita cuatro puntos, cuatro puntos prácticamente recibidos textualmente del acta de la reunión de la Comisión Académica del tres del tres del noventa y seis. Obvian -y existe una protesta formal de algún rector-, obvian el Consejo... perdón, la Comisión de Planificación y Ordenación, obvian, obvian, señor Garabito, obvian en este Informe -que es el que le tramitan-, no sé por qué -igual usted sí lo sabe-, el punto quinto; y el punto quinto, que hay que escuchar, y hay que leer, y hay que interpretar, dice: "Se recomienda a la Administración Pública competente..." -se supone que se recomienda a la Junta de Castilla y León- "...la consideración de estas observaciones..." -se reflejan las cuatro observaciones anteriores- "...ya que afectan a elementos esenciales de la actividad de la Universidad". No le leo ya la opinión de algún consejero; simplemente le leo ese punto número cinco.

Y nosotros le estamos proponiendo que en virtud de la traslación que de ese Informe de la Comisión Académica ha hecho la Subcomisión de Alumnado, centros y normativas, en la sesión...

etcétera, etcétera, y que ha sido copiada textualmente por el Consejo de Universidades, como posteriormente parece ser que en el expediente se ha dotado de nueva documentación, exista un nuevo informe de estas comisiones. No me argumente usted que paraliza nada, porque le reitero que el proyecto de obras de la infraestructura necesaria para la implantación de la Universidad tiene su licencia por parte del Ayuntamiento de la capital segoviana y de las comisiones pertinentes de la Delegación Territorial.

pág. 2792 Por lo tanto, no estamos hablando algo que tenga que abrir mañana. Tenemos un plazo hasta el mes de septiembre, donde perfectamente puede, en la próxima reunión de estos consejos y de estas comisiones, aportarse esta nueva documentación e intentar un acercamiento con los rectores de la Comunidad Autónoma, intentar un acercamiento con estas dos comisiones, que propicie mejorar la documentación, mejorar el texto e ir adelante todos con este proyecto.

Vuelve a hacer usted un intento de descalificación de algunas de las enmiendas; que yo no quería entrar en todas y en cada una de ellas, pero en algunas comete errores tan garrafales como por ejemplo decir que obvian lo que ya está en la Ley. Hay un precepto y un... más que un precepto, hay un principio, que en cualquier carrera ligada con el Derecho se da, que dice que "lo que redunda no daña". Por lo tanto, que en el Proyecto de Ley aparezcan copiados textualmente aspectos que contempla tanto la LRU como los reales decretos, yo creo que no perjudica al Proyecto, sino que, bien, puede ser reiterativo, si usted quiere, pero figura ahí, y no habría ningún problema.

Mire usted, y pasando... parece que el 16 no le he entendido que tengan demasiado problema en aceptar que figure en el texto. Si ya... reitero lo que usted ha dicho -y ha utilizado mis palabras-: el Consejero, la señora Consejera, los medios de comunicación, todo el mundo ha dicho que no va a haber financiación pública. Refléjese en el Proyecto, y evitamos, señor Garabito, evitamos determinados seguramente malos entendidos que en determinados colectivos, y en la ciudad de Segovia, y en la provincia de Segovia puedan haberse dado en algún momento de este procedimiento, y que yo creo que no es bueno, no para usted ni para mí, sino para el proyecto de esta Universidad y para el futuro de la Universidad. Recogiendo en el Proyecto de Ley, taxativamente, esto, descuide que nadie en un futuro podrá decir que él decía que se iban a dar no sé cuántos millones. Quedaría mucho más claro, y para la seguridad de los propios Parlamentarios que aquí vamos a votar a continuación.

Y para terminar, en el Artículo 17... Mire usted, el apartado... la sección cuarta del Real Decreto 557/91 dice los requisitos específicos... me olvido ya de los requisitos generales para cualquier universidad, voy a los requisitos específicos para las universidades privadas. Y dice, por ejemplo, sin detenernos demasiado -y voy terminando, señor Presidente-, en su apartado b): "Formalizar el compromiso de mantener el funcionamiento de la Universidad y de cada uno de sus centros durante un período mínimo que permita finalizar sus estudios a los alumnos que, con un aprovechamiento académico normal, los hubieran iniciado". Apartado c): "Aportar los estudios económicos básicos que aseguren la viabilidad...", etcétera, etcétera, etcétera. "Aportar garantías financieras". Dice más, ¿eh?, este Real Decreto. Dice: "Exigencias..." -en su Anexo- "Exigencias materiales mínimas", y enumera una serie de ellas en cuanto a los espacios que se deben dedicar a aula, laboratorio, laboratorio de investigación, seminarios, bibliotecas, etcétera, etcétera. Y habla, por ejemplo, de instalaciones... de las instalaciones deportivas.

Bueno, pues todo esto sería muchísimo más conveniente, sería mejor para el Proyecto. Y desde aquí lanzo... no sé si casi un SOS, sino una llamada, porque realmente vamos a votar algo teniendo que comparar lo que dice el texto legal, teniendo que comparar lo que dice la Ley de Reforma Universitaria, teniendo que comparar lo que dice el Real Decreto 557/91, con lo que dice la documentación que aquí se ha presentado por parte de la Junta de Castilla y León.

Vamos a ser serios. Si lo comparamos y somos escrupulosos, no solamente nosotros, sino el Consejo de Universidades dice que existen defectos sustanciales. Vamos a paliarlos, vamos a dar una oportunidad a la Universidad Privada SEK de que dote, si falta algún documento, del preciso. Y ahí, señor Garabito, señora Consejera, créanme que van a tener nuestro apoyo al 100%, porque no podría ser de otra manera.

Pero es que ustedes nos ponen al pie de los caballos; ustedes son los que están imposibilitando, con su cerrazón, incluso hoy -no ya en la Ponencia, no ya en la Comisión, sino incluyo hoy-, que nosotros podamos apoyar un Proyecto en el que nosotros sí creemos, ajustándose a una legislación y a una normativa que nosotros... con la que el Partido Socialista, cuando gobernaba en este país, nos dotó a todos los ciudadanos, y dotó a esta Comunidad Autónoma de las atribuciones de legislar propias de esta Asamblea, para que fuera capaz, aplicando la Ley de Reforma Universitaria y aplicando los reales decretos que la modifican y desarrollan, ser capaz de dar cabida, e impulso y apoyo a la universidad privada, dentro del contexto de planificación universitaria -que, por cierto, no hemos realizado en un año y medio- para esta Comunidad Autónoma. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Garabito, tiene la palabra.

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Gracias, señor Presidente. Pues menos mal que lo apoyan ustedes, porque si no lo apoyaran, no sé qué más se les podría haber ocurrido.

Mire, evidentemente, es absolutamente cierto... ha repetido usted las últimas palabras, que... lógicamente, no va a desmentir a su Secretario Provincial, don Arturo González. No, dice: "¡Hombre!, tenemos que apoyarlo, porque es una Ley hecha por nosotros...", no sé qué no sé cuál. Bien. Pues claro, lo ha dicho usted: "Es que nosotros queremos apoyarlo". Es que ustedes han dicho siempre que lo van a apoyar. Lo grave es que la Ley de pág. 2793 Reforma Universitaria que ustedes hicieron, además, a nosotros no nos gusta. Lo que pasa es que la acatamos. ¡Es la que hay! Si nosotros hubiéramos hecho la Ley de Reforma Universitaria, es probable que la hubiéramos hecho de otra forma; pero es que la hicieron ustedes; eso lo prevén. Y el Real Decreto 557/91 lo hicieron ustedes. Pero nosotros somos respetuosos; no nos gusta, pero lo acatamos, y a cumplir lo que dicen esas leyes al respecto.

Mire, en cuanto al Informe -que es el caballo de batalla de todo el debate-, sigo diciendo: si en el trámite de preparación le dicen "amplíen, traigan más, pongan", y por fin lo emiten favorable, lo emiten favorable; por mucho que añadan una coletilla diciendo "convendría que hagan esto", y que sea la Administración ya autonómica -porque entonces sí ya está transferido- la que lo compruebe. ¡Hombre!, están hechas unas ampliaciones, precisamente, a los cuatro puntos que le piden; y eso está ahí. Lo que pasa es que usted no pida tener en esta Cámara toda la documentación, porque mucha de ella el que la pide es el Consejo de Universidades, y quien la tuvo es el Consejo de Universidades y el Ministerio de Educación y Ciencia, y luego se lo transmitió aquí.

¿O es que usted cree que para venir con una ley a la Cámara hay que venir con todos los antecedentes que han dado lugar a un informe positivo? El legislador y el Ejecutivo se basa en que ya quien tenía que darlo ha dado el informe positivo, y lo demás queda en el archivo. Porque si no quiere, traemos veinticuatro carros de todos los acontecimientos que se han producido a lo largo de los largos cinco años que llevamos con este debate, y que por fin usted parece que quiere todavía -según la Enmienda 17- continuar.

Mire, si ustedes vienen llenos de buena voluntad, no lo dudo; pero es que hemos dicho -y se lo he dicho algunas veces- que gobernar es muy difícil, gobernar bien es más difícil todavía, y gobernar desde la oposición es imposible. Y le hemos aceptado un montón de enmiendas. Y en consecuencia, ¡hombre!, no nos diga usted que hacen el esfuerzo ustedes, porque nosotros presentamos... la Junta presenta un Proyecto de Ley, nosotros le aceptamos un montón de enmiendas, el esfuerzo es nuestro. Ahora, si además resulta que la única forma de que la Ley salga adelante es aceptándole desde la primera a la última coma de las enmiendas de ustedes, pues hombre, dígame quién hace el esfuerzo de los dos.

Sería tanto como aceptar que la única forma de hacer una ley es la que ustedes quieran. Bueno, pues mire, hoy por hoy, la responsabilidad de hacer la ley que quiera, aunque nos gusta consensuarla al máximo, es para el Grupo Popular, porque así lo han querido los ciudadanos de esta Comunidad.

Y sigue usted con la desconfianza, aunque hoy se ha cuidado muy mucho, señor Montes, de volverme a repetir lo que dijo en este Pleno, en este Pleno, en el debate de Totalidad, y en la Comisión; se ha cuidado mucho. Es decir, "es que el Informe favorable... " -dijo usted por dos veces, hoy lo ha dejado medio entrever- "...el Informe favorable es de la Comisión de Planificación y... Comisión de Coordinación y Planificación, y todos sabemos quién compone la Comisión: la componen los Consejeros responsables en universidades de las Comunidades Autónomas". ¡Anda coño, anda qué gracioso! Pero si la Ley no la hicimos nosotros, oiga; si es que la Ley no la hicimos nosotros, la hicieron ustedes, y gobernaban ustedes en la mayoría de las Comunidades. Los ciudadanos han querido que cambie el sentido del gobierno de tal o cual Comunidad, y en consecuencia ahora ese Consejo lo forman catorce del Partido Popular y tres del PSOE. ¡Ah!, ¿cambiamos la Ley porque han cambiado las mayorías? ¡Hombre, por Dios! Eso es lo que me dicen.

Es que la Comisión, que, por cierto, completamente... Iba a leérselo, pero no quiero aburrirles más. El Artículo 23 de la Ley de Reforma Universitaria, composición de la Comisión, Artículo b), funciones que tiene: aprobar esto, esta Comisión concreta. Y la composición la marca la Ley que hicieron ustedes; eso sí, con otra mayoría, con otras circunstancias. Pero no vayan a hacerse reos ahora de que la Ley la hicieron pensando en sus Consejeros y no los que hay ahora.

En consecuencia, y conclusión, señores, estamos ante la creación de una iniciativa privada de una universidad, la cual no podemos... para el Grupo Parlamentario Popular, dado que no se invierte una sola peseta de la Comunidad Autónoma -no nos cuesta nada-, dado que esperamos y deseamos dé un servicio público a Segovia y a Castilla y León, ampliando la posibilidad de estudios universitarios... No se escuden ustedes, por favor, en pequeños defectos de forma, en desconfianzas y sutilezas para restringirle el apoyo. Todos sabemos que, si esto sale adelante y funciona, va... está haciendo ya inversiones, las va a hacer mayores, va a crear puestos de trabajo, va a ampliar -como he dicho- el mapa de titulaciones, que nuestros jóvenes podrán disfrutar; no cuesta dinero. En consecuencia, si los señores del Grupo Socialista, a pesar de todo, piensan, porque si el Informe dijo antes o después, no apoyarla, ésa es su responsabilidad. Ustedes harán lo que estimen conveniente. Pero desde la responsabilidad del Grupo que apoya al Gobierno, y tomar decisiones... a veces hasta confundirse, y aun a riesgo de eso, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar este Proyecto de Ley porque cree que es bueno para Segovia, cree que es bueno para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y cree que va a incidir en su progreso y desarrollo. Y en consecuencia, nos arriesgaremos, si es que al final saliera mal...

¡Hombre!, sólo pediría que además no dijera alguien "ya lo advertí". Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Pasamos a debatir las Enmiendas números 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez.

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ya puso de manifiesto en su intervención durante la Enmienda... el debate de la Enmienda a la pág. 2794 Totalidad nuestra decepción porque la Consejera de Educación y Cultura presentara este proyecto como el primero en materia de Universidades sobre el que tiene que pronunciarse esta Cámara. Lo hizo, además, pues con orgullo. Ya le dijimos también, y le recordamos hoy, que nosotros hubiéramos preferido que el primer proyecto legislativo sobre esta materia hubiera sido la Ley de Coordinación Universitaria, es decir, el esqueleto legislativo sobre el que habrá de sustentarse la Universidad de nuestra Comunidad en las postrimerías del siglo XX y comienzos del siglo XXI. La decisión política del Gobierno Regional, la decisión política de la Consejera de Educación ha sido otra -sustentada en la mayoría absoluta de que gozan en esta Cámara; pero no por eso en la razón ni en la lógica-.

Con su actitud, señora Consejera, parece difícil hacer frente, y con rigor, a una planificación sobre la materia... sobre las Universidades y hacer... y parece más difícil, con el trabajo que se está llevando a cabo, hacer frente al reto científico técnico que tenemos a la vuelta de la esquina.

Desde el respeto a la libertad de enseñanza, a los principios constitucionales, a la creación y reconocimiento de las Universidades Privadas, a pesar de lo manifestado por el señor Arvizu desde esta tribuna en su intervención de defensa del Proyecto de Ley, yo creo que él sabe perfectamente que ningún Grupo Político de este país defiende y exige el cumplimiento de la Constitución con mayor énfasis que lo hace el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Yo, por el contrario, no dudo, no dudo, no dudo, a este respecto, que el Grupo Popular... pues no defienda también la Constitución; no dudo. Pero tampoco dudo, tampoco dudo -porque las iniciativas legislativas ahí están, en el Diario de Sesiones- que ustedes, el Gobierno Regional, entre lo público y lo privado, prefieren claramente lo privado. Claro ejemplo de ello es este Proyecto de Ley; en segundo lugar, el que parece que se avecina sobre la Universidad de Ávila; en tercer lugar, la postergación, y quizás el consciente olvido, de una Ley de Coordinación Universitaria; y, por último -y a mi juicio lo más grave-, la falta de planificación sobre esta materia.

Pero dicho esto, hemos solicitado la acumulación de las enmiendas parciales en una sola intervención en defensa de las mismas, porque, en primer lugar, rechazamos un texto -que ya lo hicimos también- hecho con premura -a nuestro juicio-, con precipitación, y un Proyecto de Ley que se presenta en esta Cámara sin -a nuestro juicio- la suficiente información. Usted dice que la información está en el Ministerio, o que la han presentado en el Ministerio. No, mire usted, donde debían de haberla presentado es en esta Cámara; esta Cámara tiene la obligación de conocer la información que nos permite a nosotros saber con rigor si la Universidad cuya creación se pretende se ajusta a los requisitos legales exigidos. Sospechas y dudas que seguimos teniendo.

Abundando en lo anteriormente manifestado, el señor Darmendrail -un miembro del Partido Popular- pues también...

tampoco asumía íntegramente el texto que ustedes han presentado aquí. El Consejo de Universidades, pues, se ha opuesto a la creación de esta Universidad en Segovia. La Comunidad de Madrid ya rechazó un texto semejante. En fin, difícilmente se puede esperar -como enfáticamente aseguró la señora Consejera de Educación y Cultura- que este texto, la creación de esta Universidad con esta..., hecho con estas mimbres, sirva para mejorar la ampliación y mejorar la oferta universitaria.

Con las enmiendas parciales pretendemos, primero, respecto a la autorización para la puesta en funcionamiento de esta Universidad, se presenta una Enmienda -a nuestro juicio- que garantice la objetividad y el respeto a criterios técnicos, así como la necesaria coordinación de las titulaciones a implantar.

La decisión del Consejo entendemos que debe ser vinculante, toda vez que, dada su composición, eminentemente técnica y académica, garantizará la idoneidad de una decisión tan importante para el futuro educativo de nuestra Comunidad.

Asimismo, tratamos de incorporar al texto aportaciones que permitan exigir, como requisito previo a la creación de la autorización, la adopción de medidas que garanticen el acceso y faciliten la integración de todas aquellas personas con discapacidades físicas.

De otra parte, Izquierda Unida siempre se ha opuesto a la selectividad como medio de ingreso en la Universidad, por entender que con un único examen no se pueden valorar todos los esfuerzos y conocimientos adquiridos a lo largo de la educación no universitaria. Se corre el riesgo de privar el acceso, tanto a la Universidad como a la carrera que deseen estudiar, a determinados estudiantes. Por eso proponemos el acceso libre a la Universidad, sin la necesidad de realizar prueba alguna de aptitud.

Con este mismo espíritu, hemos presentado también otras enmiendas, puesto que Izquierda Unida entiende que, tanto para la creación como para la inspección del cumplimiento por parte de la Universidad de las obligaciones que tenga asumidas, deberá ser órgano competente, además de la Consejería, el Consejo Interuniversitario de Castilla y León. Tal y como se indicó, este Consejo, como órgano técnico y académico, ausente de vinculaciones políticas, es el más adecuado para garantizar las labores de inspección.

En conexión con esta Enmienda, la Universidad debe elaborar, no sólo con la Consejería, sino con el referido Consejo -al que se atribuyen conjuntamente tareas de inspección-, debe colaborar -como digo- conjuntamente.

Por último, significar que, en definitiva, nuestras enmiendas... además de lo anteriormente señalado, con nuestras enmiendas lo que pretendemos es que Segovia tenga la posibilidad también de tener al menos alguna titulación, al menos alguna pág. 2795 titulación, centros o titulaciones de carácter público. Y por eso solicitábamos que, como parece ser que se había ofertado desde instancias del Gobierno Regional la creación de una titulación de Periodismo, pues si... parece ser que esa carretera la va a tener también... o esa titulación la va a ofertar también la Universidad Privada de la SEK, parece que va a limitar seriamente el que ustedes apuesten por tener una doble titulación en este sentido en Segovia.

En definitiva, lo que queremos es garantizar la promoción de los alumnos segovianos. Lo que queremos es garantizar que se dejen las puertas abiertas a una reivindicación muy sentida en Segovia, que no por estar muy próxima a Madrid tienen resuelta, ni mucho menos, y es la creación de determinadas... o la implantación de determinadas titulaciones en Segovia; una vez, por supuesto, y siempre con el respeto que hemos venido manteniendo... con respecto a la necesidad de planificar previamente. Nada más.

Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Señor Arvizu, tiene la palabra para un turno en contra.

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Muchas gracias, señor Presidente. Señoría, señor Sánchez Vicente, desgraciadamente, circunstancias que conozco y comprendo nos han privado del debate en Ponencia y en Comisión de las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida.

Nosotros tenemos que hacer un ejercicio de crítica y pronunciamiento sobre las enmiendas presentadas por su Grupo, y lo vamos a hacer con calma, lo vamos a hacer sin fogosidad -otros ya me han quitado esta vez esa oportunidad-; pero lo vamos a hacer desde la responsabilidad a que nos obliga nuestra condición de universitarios, y el hablar, además, de algo cuya vida suele contarse, señor Sánchez Vicente, por siglos. Usted, como salmantino, sabe perfectamente que la Universidad de Salamanca tiene tan rancia tradición y tal importancia en la vida española, que España sin Salamanca no se entendería.

Pues bien, hoy venimos aquí a hablar de otra Universidad. Y quiero decirle que, sin -en fin- acudir a la fogosidad o a la exaltación en el debate, ha vuelto usted a presentarnos cosas que yo comprendo como postulados ideológicos de Izquierda Unida. Es más, yo comprendo que usted vuelva aquí a repetirlas, pero comprenderá también que a ellas tratamos de dar cumplida respuesta en el Debate de Totalidad.

Mire, no me acuse... no nos acuse -porque cada caso es un caso- de preferir lo privado a lo público. El Grupo Parlamentario Popular como Grupo, el Partido Popular como partido, no tiene preferencias por lo privado sobre lo público. Cuando tiene responsabilidades de gobierno, cumple con ellas; y es lo que está haciendo la Consejería de Educación y Cultura al hacer un mapa de titulaciones universitarias, al hacer o poner en pie un Consejo Interuniversitario de Castilla y León, porque ésa es la responsabilidad que le han dado a la Junta de Castilla y León los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad: tutelar la Universidad Pública.

Pero cuidado, señor Sánchez Vicente. Aquí tenemos que venir a pronunciarnos sobre una iniciativa que no tiene esa connotación de Universidad sostenida con dinero público; estamos cumpliendo lo que la ley nos ordena, y es, a saber, que el reconocimiento de toda Universidad Privada tiene que hacerse por ley. A usted le hubiera gustado más que previamente hubiéramos presentado aquí una Ley de Coordinación del Sistema Universitario; puedo recordarle otras que están en nuestro programa electoral, como la Ley de Investigación Pura y la Ley de Investigación Aplicada. Pero aquí está usted confundiendo las esferas, señor Sánchez Vicente: está confundiendo el tratamiento de la Universidad Pública, de la enseñanza universitaria pública, de la investigación pública, con una iniciativa que tiene derecho a presentarse ante este Parlamento, y que tiene el derecho a ser debatida, y que tiene el derecho a prosperar.

Yo le entiendo -siempre se lo digo, casi siempre-, sé dónde está usted; con usted me es muy fácil debatir; porque mantenemos unas posiciones que, probablemente, no coinciden -o coincide a veces incidentalmente-, pero usted no se me escapa por las grietas, ¿eh? Me resulta fácil debatir con usted. Y por eso tengo que decirle ahora, con la misma cordialidad, que tratemos de no confundir lo privado y lo público. Y no dude usted, ni por un momento, que nosotros tenemos también, por lo menos, el mismo ánimo de defensa constitucional, de defensa de nuestra Constitución, que lo puede tener cualquier Grupo Parlamentario, de este Parlamento o de otros.

Bien, dice usted que rechazan un texto que consideran precipitado. Éste es un expediente, por su propia naturaleza, largo, que consta de muchos papeles, de muchos estudios, de muchas previsiones, y se remonta a bastantes años. Por tanto, no me diga usted, señor Sánchez Vicente, que se trata de un texto precipitado. No me diga usted, señor Sánchez Vicente, que no hay documentación. La Consejería presentó a estas Cortes lo que hoy estamos debatiendo, que es el Proyecto de Ley. Si su Grupo Parlamentario estimaba insuficiente la documentación aportada, podían haber solicitado cuanta información complementaria hubiesen juzgado conveniente. Nosotros lo hicimos, y yo la estudié. Y no crea que se me facilitó como información privilegiada; estoy seguro, porque no me cabe en la cabeza pensar otra cosa, que a una solicitud de un Grupo Parlamentario, la Consejería, la Dirección General, hubiesen correspondido con el estricto cumplimiento de su deber. ¡Pues no faltaba más! pág. 2796 Estando en el uso de la palabra -entiendo- y estando debatiendo con el señor Sánchez Vicente -que me está escuchando con un silencio religioso-, pues yo rogaría que siguiese el debate, por parte de los ilustres representantes de otros Grupos, en la misma actitud, en la misma tónica.

Y mire usted, señor Sánchez Vicente, me dice usted que un señor llamado Darmendrail se... muestra reticencias al Proyecto.

Ni el sursuncorda en este momento puede suscitarme a mí la menor reticencia a la hora de defender yo lo que creo que debo defender.

Porque en este momento, en esta sede Parlamentaria, somos soberanos; tan soberanos como el Parlamento Nacional, tan soberanos como el Parlamento Europeo, o tan soberanos como el sursuncorda si tuviese Parlamento.

(Risas.) EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Que la Comunidad de Madrid haya dicho lo que haya dicho, pues que diga lo que quiera. Será soberana en su ámbito. Pero no estará de más recordar que en tiempos de un Procurador Socialista que pasó fugazmente por esta Sala, pero que dejó una impronta de buen hacer parlamentario -el señor Olmos Pascual-, ya se debatió en la Comisión de Educación y Cultura una Proposición justamente para hacer disfrutar a Segovia de todas las ventajas que su proximidad con Madrid le otorgaba.

La autonomía -y aquí vamos al examen muy somero de algunas de sus Enmiendas, porque prefiero decirle después cuáles vamos a aceptar y cuáles no-, la autonomía, señor Sánchez Vicente, llega también a las Universidades privadas, y nosotros, so pretexto de poner trabas y de decir a las cosas lo que no son, lo que no podemos es obrar deslealmente con esa autonomía que también se reconoce a las Universidades privadas.

De manera que hay que permitirles establecerse si cumplen con los requisitos. Y con los requisitos cumplieron. Y a mí usted no me ha planteado demasiados problemas con el informe del Consejo de Universidades; yo solamente me atengo a las palabras. Yo no tengo que juzgar intenciones, porque la Universidad -lo sabe usted tan bien como yo- y la Administración -lo sabe usted tan bien como yo- habla por escrito. Y si dice que cumple con los requisitos, los cumple. Y si dice que hay que complementar las cosas, se complementan. Y se complementaron, y obran en el expediente con fecha veintiocho de abril; obran en el expediente, y yo lo enseñé aquí en la Enmienda a la Totalidad.

Bien, tengo que decirle que comprendo también su postulado ideológico de Izquierda Unida de que es contrario a la selectividad. Bueno, pero nosotros no podemos saltarnos esa barrera, porque si la Universidad SEK, o cualquier otra Universidad Privada o centro privado, monta un sistema de acceso al margen de la selectividad, sus títulos no tendrán valor; podrán tener el valor que las sociedad les otorgue, pero ya están viciados al inicio. Bien.

Tengo que decirle, en cuanto a la duplicidad de titulaciones, que la creación... posible creación de una Universidad pública de Segovia tiene sus propios trámites.

Nosotros, tal como el expediente se ha presentado, consta que hay, efectivamente, una titulación de Periodismo; nosotros no corremos ningún riesgo, a la Comunidad Autónoma no le cuesta nada eso.

¡Allá los promotores de la Universidad de Segovia! si tienen una titulación que concurre; si lo quieren poner, es su derecho; si se equivocan, pues se habrán equivocado, pero...

Y por último, quiero pronunciarme también sobre una parte de esa Enmienda 8, donde dice usted que tendrá que incardinarse en sus estudios en consulta con las instituciones de Segovia, etcétera. Mire, aquí veo yo un particularismo muy empequeñecedor de lo que es una Universidad: la Universidad, por su propio nombre, lleva la palabra "universidad", y, por tanto, tiene que incardinarse donde tiene que incardinarse, pero de la forma correcta. Y tengo que explicarle aquí que una Universidad tiene en su actividad lo más parecido a un triángulo, es lo que en gestión se conoce como el "triángulo de Banguin". Pues bien, en este triángulo está la docencia, la investigación y la innovación; y es precisamente en la innovación donde la Universidad influye en la sociedad, no en la oferta de titulaciones. No podemos admitir una Universidad -porque sería contrario a su misma esencia- con un tinte provincialista. Estoy por decirle que casi una Universidad únicamente regional nos parecería poco. La Universidad es eso: universidad. Pero en fin, le respondo diciendo que en la propia oferta de la Universidad SEK están cuestiones como Restauración de Patrimonio, Arqueología, etcétera, que tienen una especial incidencia en la Universidad de Segovia. De momento, por esta intervención, nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de réplica, el señor Sánchez Vicente tiene la palabra.

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Muy breve, agradecer el tono de la intervención... el tono de la intervención -y se lo digo con toda sinceridad- al señor Arvizu; aunque a veces me cuesta trabajo pronunciarme en este sentido, en esta ocasión he de hacerlo.

Mire usted, señor Arvizu, a las responsabilidades de Gobierno se responde... las responsabilidades que ustedes tienen asumidas al gobernar esta Comunidad, hubieran respondido habiendo aceptado mi Propuesta exactamente igual; no sólo porque ustedes tengan la responsabilidad de gobernar, forzosamente tienen que presentar primero, como primer Proyecto de Ley en materia de Universidades, precisamente una... un Proyecto de Ley que pretende la creación de una Universidad Privada. Mire, pero recordar...

frases evangélicas de estas que a usted tanto le gustan, "por sus hechos los conoceréis", ¿no? Pues mire usted, por sus hechos los conocerán.

pág. 2797 Yo... debido a la hora y además porque estamos todos cansados... No, mire, el mapa... yo lo que quería decir, en definitiva, en mi primera intervención, lo que he querido decir es que... Mire usted, yo creo que lo correcto es, primero planificar.

Yo sé que a este concepto ustedes le tienen, pues, yo no sé si respeto, odio, o lo tienen demonizado; no sé. Pero primero planificar.

Hemos estado hoy discutiendo durante mucho tiempo sobre la necesidad de una... de coordinar de una manera más correcta y que responda más a las necesidades planteadas sobre el mapa de titulaciones. Y claro, pues, el mapa de titulaciones exige planificación; el mapa de titulaciones exige coordinación. Y a mí me parece, y es en ese sentido... en ese sentido, en mi primera intervención, me manifesté y, además, pues, porque yo encuentro también pues cierta contradicción entre su intervención y la fogosa intervención del señor Garabito, al decir que, bueno, que la documentación no se ha presentado en esta Cámara porque se había presentado en el Ministerio.

Mire, yo lo que... le voy a decir lo que yo creo que les ha pasado a ustedes, y me he dado cuenta... la verdad es que me he dado cuenta tarde. Yo creo que ustedes lo que han pensado, respecto a este Proyecto de Ley, es presentarlo para lectura única. Y entonces... sí, sí; eso es lo que les ha pasado.

Entonces, han presentado una documentación... yo, desde luego, desde luego, no he tenido la posibilidad tan formidable que ha tenido usted de conocer en extensión la documentación. Yo no. A mí la documentación que se ha facilitado a mi Grupo no ha sido la que usted ha manejado; y de ahí esas dudas y esas desconfianzas, que usted me dice que debo superar porque está usted seguro que se cumplen los requisitos. No obstante, pues como todas las cosas en la vida, el tiempo dará y quitará razones a unos y a otros. Pero bueno.

Por tanto, reticencias no sólo del señor Darmendrail, señor Arvizu; no, no, las reticencias las ha puesto el Consejo de Universidades. Porque usted el otro día enseñó un folio, enseñó el informe, pero no lo leyó entero, ¿eh? Léalo, ya verá como el señor... el Consejo de Universidades pone de manifiesto también su preocupación respecto a la forma en que se ha creado esta Universidad. Y claro que sí, que nosotros no estamos condicionados como Cámara para nada a las opiniones de... ni del señor Darmendrail, por supuesto, yo, para nada; ni de ninguna otra persona. Pero ¡hombre!, un respeto también, porque... al Consejo de Universidades, etcétera. Y esa soberanía se manifiesta también ante la Cámara, pues habiendo traído la documentación para que nosotros podamos, de verdad, fiscalizar y conocer, y controlar, que es el papel que tenemos la Oposición.

Y mire, sí le digo, sí le digo, porque esto sí está en nuestro programa, y además hace escasas fechas he tenido una reunión con el Rector de la Universidad de Salamanca, y sí está en nuestro programa -digo-, es voluntad de este Grupo político presentar alguna iniciativa en relación con el I+D y la Universidad, porque me parece que es una materia que es necesaria, sobre la que urge una pronta iniciativa, una pronta regulación, que nos permita salir un poco de la situación, de la penosa situación en la que nos encontramos sobre esta materia hoy. Y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

Para el turno de dúplica, señor Arvizu.

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Bien, dado lo avanzado de la hora y puesto que todo ha sido dicho ya, señor Sánchez Vicente, tengo que decir que no podemos aprobar su Enmienda número 1 en ninguno de sus párrafos; en primer lugar, porque habla de un Consejo Rector de Universidades que, en realidad, es el Consejo Interuniversitario, y que, además, el Consejo Interuniversitario es... eleva un informe -como en su día el Consejo de Universidades-, eleva un informe obligatorio, pero no es vinculante. En cuanto a su inspección es la Consejería quien, de acuerdo con el Real Decreto 557/91, tiene la potestad inspectora.

En cuanto a la Enmienda número 2, sobre la selectividad, ya le he contestado.

En cuanto a la Enmienda número 3, donde ustedes quieren que supriman los criterios para regular el exceso de demanda, pues, señor Sánchez Vicente, los únicos criterios, cuando hay más alumnos que sitio, que se deben de aceptar son los criterios académicos, que además deben ser aprobados previamente o visados por la autoridad superior.

En cuanto a la Enmienda 4 se la aceptamos. Nosotros habíamos puesto que no se debía de marginar a nadie por cuestión de ideología... perdón, de opinión; ustedes prefieren ideología, pues se la acepto, pero la verdad es que, salvo las personas que tenemos un carné de un partido -y le pasa a usted y a mí- y que podemos decir públicamente cuál es nuestra ideología, pues la gente en general no la tiene y además no se puede pedir.

En cuanto a su Enmienda número 5, le diré que cuando una titulación se pone en marcha, lo lógico es mantenerla en vigor mientras se mantiene un aprovechamiento académico normal. No es justo, ni para una Universidad pública, ni para una privada -aquí no hay distingos-, el castigar con el mantenimiento de una titulación para la que no existe demanda en aprovechamientos académicos anormales, y por eso nos ponemos a la primera parte de su Enmienda. Y a la segunda, porque en las directrices, en el decreto de directrices generales propias de revisión de planes de estudio se dice que la extinción de planes antiguos conllevan cuatro convocatorias del plan a extinguir, con independencia de que se utilicen o no. Nosotros entendemos que se obra bien no señalando plazos y señalando la normalidad del aprovechamiento académico.

pág. 2798 En cuanto a su Enmienda número 6, tenemos que rechazar el primer párrafo, el 6.7, Consejo Rector que no es competente, sino que es consultivo. En segundo lugar, su párrafo 9, ya se había aceptado la Enmienda del PSOE y entiendo que se elimina. Y en cuanto al párrafo 10, me parece que se ha presentado una Enmienda transaccional y, por lo tanto, como se ha transaccionado, Enmienda 6, párrafo 10, se ha presentado una Enmienda transaccional, pues no voy a decir pues nada más.

En cuanto a su Enmienda 7, pues mire, la actividad docente, debe de hacerse la memoria en relación con cada curso académico después de terminado éste. Y yo le digo, por la incluso experiencia personal que tengo, que planificar la investigación de año en año es difícil, no se pueden más que establecer criterios muy generales. Y, en todo caso, tenga en cuenta que existe una cosa que se llama libertad de investigación: por mucho que queramos planificar la investigación, después cada investigador puede orientarla como le parezca.

En cuanto a la Enmienda 8, añadido de un nuevo texto sobre las titulaciones de Segovia, le he contestado ya en mi anterior intervención.

Y en cuanto a la Enmienda 9, suprimir el licenciado en Periodismo y añadir licenciado en Geológicas, el Proyecto se ha presentado como sus promotores les ha parecido bien, es de ellos la responsabilidad. Creo que tampoco es necesario añadir que se va a construir una universidad pública en Segovia, o que la Universidad SEK no atenta contra este Proyecto, porque la Universidad pública tiene sus propios trámites y, por lo tanto, en este caso, lo que abunda dañaría. Yo pienso si cualquier Alcalde creería obrar correctamente, o, por el contrario, le destituirían por no estar en su sano juicio, si haciendo una ordenanza sobre circulación de vehículos le diera por repetir toda la Ley de Seguridad Vial. Miren ustedes, hay unas ciertas proporciones y, por lo tanto, todo el mundo entiende que aquí no hay mala fe por ningún tipo de lados, ni por las instituciones ni por los promotores; cada cual afrontará los proyectos según sus fuerzas, y, naturalmente, la Consejería y la Junta de Castilla y León harán lo que les corresponda, según los compromisos que asuman ante sus ciudadanos y para los que sean votados, en relación con la universidad pública de Segovia que en su día pueda constituirse, y en relación con la Universidad pública o la enseñanza pública de esta Comunidad Autónoma en general. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Vamos a proceder a la votación de las Enmiendas del Dictamen de la Comisión.

EL SEÑOR MONTES JORT: Señor Presidente. Perdón, una cuestión de orden sobre las Enmiendas. Al haber entendido que no ha sido aceptada la propuesta de este Procurador enmendante de aprobar las Enmiendas, mediante una transacción, 16 y 17, y eliminar las demás, en cuanto a las Enmiendas del Partido Socialista no hay inconveniente para que, al permanecer todas ellas vivas, se voten todas juntas. Sí pediríamos votar por separado las Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Bueno, vamos a votar...

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Perdón, perdón, señor Presidente. El Grupo Parlamentario Popular pide votar separadamente la 9 y 10.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Sí, sí es que yo me iba a anticipar a lo que me iban a pedir. Es que vamos a someter a votación las Enmiendas, artículo por artículo y, por lo tanto, van a estar separadas, salvo las dos transaccionales que se han presentado.

Entonces, Artículo 1 del Proyecto de Ley, no se mantienen enmiendas. ¿Se aprueba el Artículo 1? ¿Por asentimiento? Se aprueba. Gracias.

Al Artículo 2. Se mantiene la Enmienda número 5 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor de la Enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro.

A favor: veintiséis. En contra: cuarenta y siete. Abstenciones: una. Queda rechazada.

Se vota ahora el Artículo 2, entonces. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Veintiséis. ¿Abstenciones? Una. Queda aprobado el Artículo 2.

Al Artículo 3 se mantiene la Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Veintiséis.

¿Votos en contra? Cuarenta y siete. ¿Abstenciones? Una. Queda rechazada.

Se mantienen también a este mismo artículo las Enmiendas números 6, 7 y 8 que, de forma agrupada... del Grupo Socialista, que de forma agrupada se someten a votación. ¿Votos a favor? Veintiséis. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. ¿Abstenciones? Una. Quedan rechazadas.

Se somete ahora a votación el Artículo 3 del Proyecto.

¿Votos a favor? Cuarenta y ocho. ¿Votos en contra? Veintiséis.

¿Abstenciones? Ninguna. Queda aprobado el Artículo 3.

Artículo 4. Se someten a votación de forma agrupada las Enmiendas números 2 y 3 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Cuatro... perdón, cinco. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. ¿Abstenciones? Veintidós. Quedan rechazadas.

A este mismo Artículo 4 se mantienen vivas y se someten a votación de forma agrupada las Enmiendas 9, 10 y 11 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? pág. 2799 EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Perdón, señor Presidente. Pedí separadas 9 y 10, que el Grupo Parlamentario Popular se propone votar afirmativamente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): La 9 y 10 del Grupo Socialista ¿Votos a favor? O sea, ¿se aprueban por asentimiento? Gracias.

Se vota entonces la Enmienda número 11 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Veintiséis. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. ¿Abstenciones? Una. Queda rechazada también esta Enmienda.

Y se somete a votación el Artículo 4. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Veintiséis. ¿Abstenciones? Repito el resultado. Votos a favor de este Artículo 4: cuarenta y ocho. Votos en contra: veintiséis. Y abstenciones: ninguna. Queda aprobado el Artículo 4.

Artículo 5. Enmienda número 5 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que se somete a votación. ¿Votos a favor de esta Enmienda? Cinco. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete.

¿Abstenciones? Veintidós. Queda rechazada la Enmienda.

Se vota el Artículo 5. ¿Votos a favor? Sesenta y nueve.

¿Votos en contra? Cinco. ¿Abstenciones? Ninguna. Queda aprobado el Artículo 5.

Artículo 6. Se mantenían las Enmiendas número 6 del Grupo de Izquierda Unida y número 14 del Grupo Socialista...

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Perdón, señor Presidente.

Dos cosas, Me parece que estamos cuarenta y nueve Procuradores del Grupo Popular, no cuarenta y siete. Ésa es la cuenta que tenemos hecha aquí.

La segunda cuestión es que en el Artículo 6 pediríamos la votación separada en la Enmienda 6 de Izquierda Unida, la que ha sido sustituida por la transacción, del resto, claro.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Bueno, vamos a ver, sin perjuicio de aceptar la rectificación, que pueda haber habido un error en el cómputo y que sean, en lugar de cuarenta y siete, cuarenta y nueve, puesto que no influye en el resultado de las votaciones habidas, para no tener que repetirlas desde un principio, vamos a darlas por buenas, y, a partir de ahora se computarán los cuarenta y nueve presentes, si todos los Grupos aceptan. No influye en la... De acuerdo.

En cuanto a la votación que nos ocupa, insisto en que la Enmienda 6 del Grupo de Izquierda Unida y la número 14 del Grupo Parlamentario Socialista quedarían retiradas si se admite una Enmienda que por escrito se ha presentado como transaccional a las mismas y está firmada por los cuatro Grupos. De manera que no sé por qué ahora el Grupo Parlamentario Popular me solicita la votación separada, si ha puesto una Enmienda transaccional.

Entonces, yo dando por buena, puesto que no se me ha retirado, dando por buena la Enmienda Transaccional, quedarían retiradas las Enmiendas 6 del Grupo de Izquierda Unida y la 14 del Grupo Socialista, que sustituiría por la siguiente Enmienda que los cuatro Grupos con representación en la Cámara y firmadas por sus Portavoces se ha presentado ante la Mesa.

"La Universidad comunicará en todo momento a la Consejería y al Consejo Universitario de Castilla y León cuantas variaciones puedan producirse en sus normas de organización y funcionamiento, en su situación patrimonial, y en su regulación específica de concesión de becas y ayudas al estudio. Dichas variaciones no podrán entrar en vigor hasta ser aprobadas por los órganos pertinentes." Se da por aprobada como Enmienda Transaccional por asentimiento de todos los Grupos.

Y votamos entonces el Artículo 6, que igualmente entendemos se aprueba por asentimiento.

Artículo 7. Votación agrupada de las Enmiendas 7 y 9 de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Cinco.

EL SEÑOR MONTES JORT: Señor Presidente, cuestión de orden de nuevo. Las Enmiendas de Izquierda Unida que usted ha citado, pedimos que se voten por separado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entonces, se somete a votación primero la Enmienda número 7 de Izquierda Unida.

¿Votos a favor? Veintiséis. ¿Votos en contra? Cuarenta y nueve.

¿Abstenciones? Una. Queda rechazada.

Ahora se vota la Enmienda número 9 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Cinco. ¿Votos en contra? Cuarenta y nueve.

¿Abstenciones? Veintidós. Queda igualmente rechazada.

A este Artículo 6 se mantiene también la número 15, la Enmienda 15 del Grupo Socialista que se somete a votación. ¿Votos a favor? Veintiséis. ¿Votos en contra? Cuarenta y nueve.

¿Abstenciones? Una. Queda rechazada.

Se somete a votación el Artículo 7 del Proyecto de Ley.

¿Votos a favor? Cincuenta. ¿Votos en contra? Veintiséis.

¿Abstenciones? Ninguna. Queda aprobado el Artículo 6.

Artículo 7. Se mantiene a él mismo la Enmienda número 8 del Grupo de Izquierda Unida... Perdón, Artículo 7. Es que esta Enmienda lo que pretende es la creación de un nuevo Artículo, que sería el Artículo número 8. Entonces, votación. Aprobado que fue el Artículo 7, ahora se vota la Enmienda número 8 del Grupo de Izquierda Unida que significaría la creación de un nuevo artículo.

pág. 2800 ¿Votos a favor de la Enmienda? Veintiséis. ¿Votos en contra? Cuarenta y nueve. ¿Abstenciones? Una. Queda rechazada.

Y pasamos a la votación de las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda que no mantienen Enmiendas, ¿se pueden aprobar por asentimiento? Se aprueban, gracias.

Votación ahora de las Enmiendas número 16 y 17 del Grupo Parlamentario Socialista que proponen la creación de dos nuevas Adicionales, que serían en su caso la Tercera y la Cuarta. ¿Votos a favor? Veintiséis. ¿Votos en contra? Cuarenta y nueve.

¿Abstenciones? Una. Quedan rechazadas.

Se someten ahora de forma agrupada a votación las Disposiciones Finales Primera y Segunda que no mantienen enmiendas. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? Gracias, quedan aprobadas.

Nos queda la Exposición de Motivos, que tiene la Enmienda número 1 y 2 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de dichas Enmiendas? Veintiséis. ¿Votos en contra? Cuarenta y nueve.

¿Abstenciones? Una. Queda rechazadas.

Se vota la Exposición de Motivos. ¿Votos a favor? Cincuenta. ¿Votos en contra? Veintiséis. ¿Abstenciones? Ninguna.

Queda aprobada la Exposición de Motivos.

El Título del Proyecto de Ley que no mantiene Enmiendas.

¿Se vota por asentimiento? Se aprueba por asentimiento.

Concluidas las votaciones, queda aprobada la Ley por la que se reconoce como Universidad Privada a la Universidad SEK con sede en Segovia, y ruego al Secretario dé lectura al último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "Designación de Consejero General de la Caja de Ahorro de Salamanca y Soria".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): El Grupo Parlamentario Popular ha comunicado a esta Presidencia la sustitución de uno de sus Consejeros para la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, y, de acuerdo con las normas que rigen la designación de los mismos, se propone y se somete a votación la sustitución de don Virgilio Velasco Bueno, que cesaría como Consejero de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, a favor de don Martín Casado Miranda. ¿Se aprueba por asentimiento esta Propuesta? En consecuencia, queda designado como Consejero General de la Caja de Ahorros de Salamanca y Soria don Martín Casado Miranda, en representación de estas Cortes. Enhorabuena.

Se levanta la sesión.

(Se levanta la sesión a las quince horas cuarenta minutos.) 900- Sr. Abad Raposo (Grupo Popular).

- Sr. Calvo Casasola (Grupo Popular).

- Sr. Casado Miranda (Grupo Popular).

- Sr. Cid Fontán (Grupo Popular).

- Sr. Conde Valdés (Grupo de Izquierda Unida).

- Sr. Crespo Lorenzo (Grupo Socialista).

- Sr. De Arvizu y Galarraga (Grupo Popular).

- Sr. Francés Conde (Grupo Popular).

- Sr. Garabito Gregorio (Grupo Popular).

- Sr. García Sanz (Grupo de Izquierda Unida).

- Sr. González González (Grupo Socialista).

- Sr. Granado Martínez (Grupo Socialista).

- Sr. Herreros Herreros (Grupo de Izquierda Unida).

- Sr. López Andueza, Consejero de Presidencia y Administración Territorial.

- Sr. Montes Jort (Grupo Socialista).

- Sr. Otero Pereira (Grupo Mixto).

- Sr. Sánchez Vicente (Grupo de Izquierda Unida).

- Sr. Valín Alonso, Consejero de Agricultura y Ganadería.

- Sr. Zamácola Garrido (Grupo Popular).

- Sra. Farto Martínez (Grupo Mixto).

- Sra. Larrauri Rueda (Grupo Socialista).

- Sra. Luis Heras (Grupo Popular).

- Sra. Núñez Díez (Grupo Socialista).

Sra. Pérez Martínez (Grupo de Izquierda Unida).