DS(P) nº 46/4 del 7/5/1997

GARCÍA ÁLVAREZ

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Excelentísimo señor Presidente de las Cortes, Excelentísimos señores y señoras Consejeros, Señorías.

Uniéndome a las palabras del Presidente, un año más tengo que, desgraciadamente, comenzar mi intervención con lo que algunos pueden pensar ya que se está convirtiendo en una rutina que no refleja sino nuestra impotencia a la hora de defender un derecho fundamentalmente sagrado, como es el derecho a la libertad, manifestando mi solidaridad con don José Antonio Ortega Lara, con su familia y compañeros de trabajo.

En el año objeto de este Informe ha habido no pocas novedades en comparación con el Informe presentado el pasado año. Ha aumentado considerablemente el número de quejas, así como el de actuaciones de oficio; y ha sido puesto en marcha el Departamento de Tutela del Ordenamiento Jurídico y de Defensa del Estatuto de Autonomía.

Ha crecido el número de quejas presentadas por colectivos de ciudadanos, con la consecuencia, entre otras cosas, del aumento de reuniones celebradas por el Procurador del Común con dichos colectivos, algunas de ellas -como saben- tuvieron lugar, precisamente, en la sede de estas Cortes.

No solamente hemos continuado con nuestras visitas regulares a las provincias, sino que hemos aumentado el número de localidades visitadas, al añadir la comarca administrativa del Bierzo y el área de Miranda de Ebro. Con ello, no solamente facilitamos el acceso de los ciudadanos a la Institución, sino que contribuimos a la vertebración e integración de esta Comunidad Autónoma.

Por cierto, quiero manifestar mi agradecimiento a las Administraciones que en cada localidad nos facilitan el correspondiente local y el personal necesario. También a los medios de comunicación por su contribución a la difusión de esta Institución.

Del total de más de dos mil quinientas quejas recibidas, Señorías, el 41% van dirigidas contra alguna de las Administraciones Locales, sobre todo las Municipales, en tanto que el 39% lo están contra la Administración Autonómica. El porcentaje de quejas que afectan a la Administración Local aumenta en el caso de las quejas admitidas a trámite, donde llega hasta un 59%, nada menos, que contrasta con el 36% que afecta a la Administración Autonómica.

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El índice de colaboración es, por lo que se refiere al envío de la información requerida, alto, puesto que, aproximadamente, alcanza el 85%. Es preciso reconocerlo, tanto más cuanto que la Ley 2/94 -como saben- continúa sin fijar un plazo para que las Administraciones den una respuesta a mis solicitudes de información.

Conviene también poner de relieve el alto índice de respuestas a mis peticiones de información por parte de la Administración Estatal -que, como es sabido, no está obligada a responder a dichas peticiones-. Algo similar tengo que decir a propósito de la fluidez de nuestras relaciones con la Administración de Justicia a través de la Fiscalía del Tribunal Superior.

Bien entendido que no es posible atribuir esa falta de colaboración que refleja el 15% restante -que va del 85 al 100- a unos organismos determinados y no a otros, pues, en general, se trata de Administraciones que han recibido diversos requerimientos, contestan en la mayoría de ellos y guardan silencio en algunos supuestos. Y son, precisamente, estos últimos, sumando todos los que se dan en el conjunto de la Comunidad Autónoma, los que alcanzan ese 15%.

Es importante también reseñar que los ciudadanos, al presentar sus quejas, rara vez invocan expresamente un derecho fundamental, por más que, claro está, no es difícil vincularlos, ponerlas en relación a cada una de las quejas con alguno de los numerosos derechos fundamentales que contempla el texto constitucional. De tal modo, que da la impresión que el ciudadano de Castilla y León -como del resto de las Comunidades Autónomas, por lo demás- ve más al Procurador del Común como ordenado... -por utilizar las palabras que emplea la Exposición de Motivos de la Ley 2/94-, como ordenado al funcionamiento de la Administración Pública, como protección frente a la llamada "mala administración", y no sólo como defensor de los derechos humanos propiamente dichos; no tiene nada de sorprendente, eso está en la línea del Ombudsman de corte europeo.

Hemos comparecido a petición propia en dos ocasiones ante la Comisión para las Relaciones con el Procurador del Común: una, para dar cuenta de nuestras actuaciones de oficio; y, la otra, para defender nuestra actuación en defensa de los derechos de los enfermos mentales (aunque, ciertamente, esta comparecencia tuvo lugar ya en este año, aunque la petición de comparecer fue hecha al presentar el Informe en octubre del pasado año).

En espera, en su caso, de la reforma del Estatuto y de la pertinente reforma de la Ley 2/94, no hemos procedido, como es lógico, a la elaboración del Reglamento interno. La plantilla de la Institución ha alcanzando, desde septiembre del pasado año, niveles suficientes, tanto en lo que se refiere a los funcionarios, como ese otro elemento indispensable en el funcionamiento de cualquier Comisionado Parlamentario, que es el personal eventual de confianza, que aquél nombra y cesa libremente, y sin el cual sería imposible el funcionamiento de la Institución.

Por cierto, que aprovecho la ocasión para agradecer a unos y otros su colaboración, y muy en especial al Consejo de Coordinación -compuesto por la Adjunta, el Asesor Jefe y el Secretario General, además del Procurador del Común- que, reuniéndose a diario, presta una inestimable ayuda al titular en sus funciones.

En febrero del pasado año firmamos un convenio con el Defensor del Pueblo, con el objeto de precisar nuestra colaboración y coordinación con dicha Institución estatal. Y en octubre organizamos las XI Jornadas de Coordinación entre Defensores del Pueblo, cuyos resultados serán enviados a Sus Señorías oportunamente.

Y procedo, a continuación, a hacer un resumen de nuestras actuaciones.

Por lo que se refiere al primer Departamento -el de Protección y Defensa de los Derechos Fundamentales y Control de la Administración-, en el Área de Función Pública y Presidencia, debo decir que un porcentaje considerable de las quejas han sido presentadas por empleados públicos, sobre todo, en relación con concursos; otros lo han sido por aspirantes al ingreso en el grupo de los empleados públicos, a través de las pruebas selectivas correspondientes.

Los empleados públicos padecen, en igual medida que los restantes ciudadanos, las lentitudes que tan frecuentemente se producen en las Administraciones. Como quiera que sea, las recomendaciones efectuadas desde esta Institución -como se puede comprobar leyendo el Informe- durante el año noventa y seis, en relación con la materia de Función Pública, han sido aceptadas en su mayoría.

No obstante, se matiza... en las respuestas de la Administración se matiza que en algunos supuestos existe una gran complejidad en la tramitación de los concursos de méritos, debido al elevado número de concursantes que participan.

Otras quejas han sido presentadas -decía- por quienes aspiran a la condición de empleados públicos mediante las correspondientes pruebas selectivas. Si quienes tenemos la suerte de tener puesto de trabajo fijo en el sector público somos cada vez más envidiados por muchos de los que trabajan en el sector privado, y no digamos ya por quienes no tienen ningún trabajo, comprenderán y compartirán, Señorías, la preocupación que debe tener este Comisionado Parlamentario, porque se respeten escrupulosamente los principios que proclama la Constitución Española, en relación con el acceso a la Función Pública. Por ello, no será ésta la última vez que hablemos de tal problemática.

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Me limitaré a decir, por el momento, que uno de los problemas que ha sido objeto de queja se relaciona con el acceso al expediente y a los ejercicios por parte de los opositores. Las Administraciones se muestran contrarias, en general, a permitir el acceso al expediente en el que se refleja todo el proceso selectivo. Para esta prohibición de acceso se usan diversos argumentos. Uno, y sobre todo, que se rompería el derecho a la intimidad de los otros opositores; lo cual, a mi juicio, no es aceptable porque la transparencia y la propia publicidad con que se efectúan los ejercicios contradicen esa supuesta intimidad, la cual sólo podrá referirse a los datos identificativos de cada aspirante.

Impedir el examen del expediente al interesado en la fase administrativa, coloca a éste en una grave indefensión. En muchos casos sería el propio interesado, por lo demás, el que desistiría de acudir a los Tribunales de Justicia, si pudiera constatar que no se ha cometido ninguna de las irregularidades sospechadas.

Debo destacar la buena disposición de la Dirección General de la Función Pública a la hora de colaborar, en todo momento y con celeridad, con la Institución del Procurador del Común, a pesar del elevado número de informaciones requeridas.

Quiero detenerme en el tema que estoy abordando a nivel de las Corporaciones Locales, porque hay aspectos sobremanera preocupantes en relación con lo que acabo de decir. Siendo evidente que las razones de necesidad y urgencia que justifican la contratación de personal laboral temporal pueden estar reñidas con la articulación de un procedimiento de selección, deben ser las propias Corporaciones Locales las que establezcan los criterios que han de seguirse en estos casos.

En este sentido, se ha considerado conveniente la formulación de los correspondientes recordatorios de deberes legales, en los que se ponía de manifiesto la necesidad de proceder a confeccionar bolsas o listas de espera, cuya formación se anunciará por los medios de costumbre, a fin de dar cumplimiento a los requisitos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben presidir la selección de todo el personal. Dichos recordatorios han sido aceptados, en su mayoría, por las Corporaciones afectadas.

Me referiré, a continuación, a ciertas vulneraciones de la normativa aplicable al personal, en las cuales, sin ánimo de ser exhaustivos, podrían concretarse en las siguientes -y dicho sea de manera breve-:

a) La laboralización ha sido excesiva y en muchos casos al margen de la legalidad, según la cual sólo es posible laboralizar al personal de oficios.

b) La equiparación del personal funcionario y laboral en lo que respecta al contenido de las retribuciones, así como el régimen de permisos, cuando lo cierto es que las Corporaciones en cuestión carecen de competencia para ello.

c) La aprobación de baremos de méritos específicos -da la impresión- a fin de seleccionar a un candidato determinado.

d) La apelación a la contratación civil de arrendamiento de servicios, obviando el requisito de la autonomía del arrendador -y consiguiente alta en Hacienda y Seguridad Social-, así como el de la presentación de facturas con inclusión del IVA por parte del mismo.

e) La contratación temporal de trabajadores para actividades no temporales por naturaleza -auxiliar, bibliotecario, socorrista, etcétera-, la cual solamente resulta factible en el caso de obras o servicios subvencionados. Las referidas irregularidades formales, transforman la relación laboral en indefinida, en detrimento de los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.

f) La aplicación de los contratos de consultoría, trabajos específicos o servicios a aquellas prestaciones que por su contenido, continuidad o permanencia pueden ser objeto de una relación estatutaria o laboral, incluso a tiempo parcial, como sucede en el caso de los arquitectos, ingenieros y aparejadores municipales.

g) La tendencia a primar al personal contratado en las pruebas de acceso a la función pública local, a través de diferentes mecanismos: se elude el sistema de oposición y se aplica con frecuencia el concurso; los ejercicios de las correspondientes pruebas selectivas suelen consistir en test de conocimientos en lugar de temas extraídos al azar, lo cual despierta las suspicacias entre el resto de los opositores ante la posibilidad de su conocimiento previo por parte de algunos aspirantes; las bases de los concursos y concursos-oposiciones "copian" los méritos del candidato preseleccionado en ocasiones.

h) Dependencia de los funcionarios locales respecto de los políticos, algunos de los cuales, por otro lado, tienden a preocuparse, a veces, más de la eficacia... de la idea de eficacia que de la legalidad, da la impresión. Téngase en cuenta que, además, el sistema retributivo en buena medida a estos niveles depende más de decisiones políticas que de causas objetivas y externas.

Área B. Urbanismo y Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Vivienda.

Urbanismo en primer lugar.

Como ya dijimos en su momento, resulta necesaria la elaboración de una ley -es un tema pacífico- reguladora del urbanismo y de la ordenación del territorio, dirigida a adecuar la normativa estatal a la realidad social.

Y se nos ocurre que la Ley podría dar entrada a unos instrumentos de planeamiento de la ordenación territorial, los cuales habrán de ser tenidos en cuenta en la redacción de los planes generales de ordenación urbana o normas complementarias y subsidiarias del planeamiento, estableciendo su objetivo y función, efectos y procedimientos de formación y aprobación.

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Por ejemplo, en cuanto a las sanciones: en el convencimiento de que es la falta de inmediatez y de firmeza en la reacción lo que propicia la consumación de las infracciones urbanísticas, se debe asegurar su rápida y efectiva imposición, al considerar que lo que realmente intimida al eventual infractor es la absoluta certeza de que la sanción prevista será estrictamente aplicada.

También la futura ley podría potenciar, a la par que exigir inflexiblemente, el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los urbanizadores, arbitrando importantes medidas disuasorias, todo ello con el común denominador de evitar las situaciones, de todo punto rechazables, de urbanizaciones inacabadas.

Finalmente, el derecho sancionador urbanístico quedaría incompleto si no se arbitrasen las adecuadas medidas de inspección urbanística, cuya finalidad es la de comprobar que la actividad constructiva y, en general, toda la transformación física de la realidad se ajustan a las previsiones del ordenamiento, pudiendo preverse, por ejemplo, que tanto las Corporaciones Municipales como la propia Comunidad Autónoma posean un cuerpo de inspección urbanístico propio.

Bienes. En la mayoría de los municipios y Entidades Locales Menores la obligación de formar inventario de bienes no ha sido efectivamente cumplida. Quizá la solución al problema planteado debiera pasar por la vía de la asistencia y de la cooperación con las Entidades Locales de menor capacidad económica y de gestión. Son frecuentes las reclamaciones que han tenido entrada en esta Institución, relativas a la problemática relacionada con la existencia de caminos rurales. Sería conveniente que, independientemente de su inclusión en el inventario al que me he referido, a través de la normativa urbanística o instrumento de planeamiento de que se disponga, o, simplemente, con una ordenanza específica reguladora de los caminos, se proceda a determinar su anchura y características.

Servicios Públicos. La inexistencia de habilitación presupuestaria no dispensa a los Ayuntamientos de la obligación de cumplir y prestar los servicios mínimos de todo Ayuntamiento. Es cierto que el carácter obligatorio de los servicios mínimos municipales choca con la escasez de recursos económicos, sobre todo de los pequeños municipios, y con la insuficiencia de los planes de obras de las Diputaciones Provinciales y las Comunidades Autónomas. Lo que pasa, Señorías, es que dichos escasos recursos deben ser siempre asignados atendiendo a unas prioridades. Lo que me temo que no siempre, ni mucho menos, se hace.

Expropiaciones. En el ámbito local, se reproducen las denuncias de los ciudadanos realizadas en el año noventa y seis, relativas a la ocupación de hecho de sus tierras por Ayuntamientos, falta de abono en los plazos estipulados de los justiprecios establecidos, existencia de irregularidades procedimentales, impago de intereses de demora, falta de reversión de propiedades expropiadas, etcétera, etcétera, dirigiéndose también nuestras recomendaciones a las Administraciones Públicas intervinientes para que cumplan los plazos y prescripciones contenidos en el régimen jurídico de aplicación.

Vivienda. Un gran número de quejas denunciaban irregularidades en los procesos de adjudicación de ayudas para la adquisición o alquiler de viviendas. Sin embargo, durante el pasado año, y en la tramitación de dichos procedimientos de adjudicación, no se detectó por esta Institución ninguna irregularidad por parte de la Administración, ya que la misma aplicó rigurosamente las Órdenes de la Consejería de Fomento sobre estas ayudas.

No obstante, procedí a comunicar a los interesados nuestra recomendación formal, aceptada por la Consejería, según la cual sólo se tendrían en cuenta las circunstancias de naturaleza económica, familiar, territorial o análoga en las convocatorias de dichas ayudas.

En relación con los defectos de construcción, igualmente se registraron numerosas quejas, en las que se ponía de manifiesto que habían denunciado ante los Servicios Territoriales de Fomento deficiencias de construcción en las viviendas de protección oficial.

De muchos de los expedientes tramitados en esta Institución puede concluirse que el principal problema que se plantea es una cierta lentitud con que la Administración tramita los procedimientos sancionadores por incumplimiento de la normativa. En otros casos, la irregularidad se traduce en una inactividad de la Administración que ni siquiera llega a iniciar el correspondiente procedimiento sancionador contra la empresa constructora.

Área C. Actividades Clasificadas y Medio Ambiente.

Se observa por parte de la Administración una cierta dejación de funciones a la hora de hacer cumplir la normativa legalmente establecida en la materia, sobre todo por lo que respecta a la vigilancia e inspección de las distintas actividades clasificadas por parte de la Administración Local.

La Consejería de Medio Ambiente, a través de los distintos Servicios Territoriales, debería asumir con rigor y celeridad la adopción de medidas sancionadoras en caso de pasividad o dejación municipal.

Por lo que respecta a la gestión de los residuos, cabe destacar que nuestra Comunidad se encuentra aún bastante lejos de los objetivos propios de una política dirigida a la protección del medio ambiente y a la mejora de la calidad de vida, a pesar de los buenos propósitos del Plan Director.

La inadecuación de los planes de restauración en las explotaciones a cielo abierto es otro de los temas que preocupa especialmente a no pocos ciudadanos de nuestra Comunidad.

Por otro lado, en muchos supuestos, el abandono de este tipo de explotaciones es aprovechado por los vecinos de las localidades colindantes como vertederos clandestinos, con el que el problema medioambiental se agrava aún más.

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Se detecta una fuerte oposición a la instalación, tanto de nuevos vertederos controlados como de plantas de tratamientos de residuos por parte de los vecinos colindantes con la nueva instalación, lo que ha generado la formulación de un número significativo de quejas. Esta situación, por otro lado, lleva consigo graves problemas de ubicación para este tipo de instalaciones -como es sabido-, con el consiguiente riesgo de incremento de vertederos clandestinos. Considerando lo dicho, hemos propuesto, sugiriendo unos contenidos mínimos que constan en el Informe, la elaboración de una ley de residuos sólidos urbanos.

Claro que tan importante como la norma sería que los partidos presentes en las Corporaciones Locales respectivas no cayesen, en su caso, en tentaciones demagógicas, despertando o aprovechando alarmas infundadas en los vecindarios afectados.

Área D. Educación, Cultura y Deportes.

A lo largo del ejercicio de mil novecientos noventa y seis se ha observado un considerable incremento de reclamaciones procedentes de asociaciones de padres de alumnos; sin duda la implantación del primer curso de la Educación Secundaria Obligatoria ha contribuido a que las quejas hayan proliferado en este sentido, reivindicando una especie de discriminación positiva para el mundo rural.

Asimismo, se ha transmitido a esta Institución la preocupación de un elevado número de padres ante la supresión del segundo ciclo de Educación Infantil en los Centros de Atención a la Primera Infancia -guarderías infantiles- dependientes de la Comunidad Autónoma; sin duda la ausencia de gratuidad en la impartición de este ciclo constituye el problema de fondo.

En términos generales, la colaboración de la Administración Autonómica, así como de las Universidades y Entidades Locales, en esta área afectadas por las quejas ha sido satisfactoria. Sin embargo, lamentamos la no aceptación de algunas recomendaciones, como por ejemplo el problema suscitado con ocasión de la interpretación incorrecta por algunos centros que no aplican los beneficios previstos en las tasas universitarias cuando concurre la condición de familia numerosa, de conformidad con la modificación normativa introducida en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Industria, Comercio, Turismo y Consumo.

Corresponde a esta área el menor número de quejas presentadas en esta Institución. No obstante, algunas de ellas afecta a colectivos e incluso a varios municipios.

El grado de colaboración por parte de las Administraciones ha sido aceptable, si bien en algunos casos concretos fue preciso reiterar las solicitudes de información debido a la falta de respuesta durante un largo periodo de tiempo.

En lo que se refiere a la materia de comercio, se ha de significar la crisis bien conocida por la que actualmente atraviesa el pequeño comercio, que se ve incrementada por la instalación de grandes superficies comerciales. En cualquier caso, el Plan General de Equipamiento Comercial deberá ser factor decisivo en la instalación de los citados establecimientos comerciales.

Por lo que se refiere a los cortes en el suministro de energía eléctrica y otras deficiencias -todas las quejas, por cierto, creo que todas se refieren a la provincia de León-, sería conveniente que, ante la gravedad de las consecuencias derivadas de estos hechos, la Administración controlara de manera más rigurosa las actuaciones de las empresas suministradoras, imponiendo la mejora del estado de la infraestructura como medio necesario, a fin de mejorar la calidad del servicio.

Agricultura, Ganadería, Montes y Pesca. Después de la tramitación de los expedientes de queja relativos a procedimientos de concentración parcelaria, podemos extraer las conclusiones siguientes.

La falta de conocimiento o de atención en el momento del establecimiento de las bases de la concentración supone que con posterioridad los interesados pretendan hacer valer en las reclamaciones presentadas ante esta Institución su desacuerdo con la clasificación de las tierras y la fijación de los coeficientes de compensación. La mayoría no había presentado los recursos procedentes en tiempo y forma, acudiendo a esta Institución como una especie de última instancia.

Por otro lado, se ha podido observar que buena parte de las quejas recibidas se formulan por afectados que no tienen su residencia habitual en la zona de concentración, con lo cual alegan una indefensión que en la práctica creo que no existe. Las normas que rigen la publicidad de los actos administrativos en los procedimientos de concentración son las derivadas de la aplicación de la teoría de los actos en masa, dirigidos a una pluralidad de sujetos y cuya publicación no se efectúa de un modo directo, sino a través de avisos insertados en los tablones de anuncios de las Entidades Locales respectivas.

En cuanto a los expedientes tramitados con relación a la pérdida de subvenciones concedidas en el ámbito de la agricultura y de la ganadería, los interesados formulan su reclamación para evitar la interposición de un recurso contencioso-administrativo, y la mayor parte de las veces convencidos de que los argumentos no podrían prosperar en la vía judicial.

En materia de bienes comunales de las Entidades Locales, los reclamantes se ven excluidos de los aprovechamientos de este tipo de bienes por no residir, efectivamente, en la Entidad Local, requisito que en la mayoría de los casos se exige de acuerdo con la costumbre.

Trabajo, Seguridad Social y Servicios Sociales.

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Trabajo y Seguridad Social. La mayor parte de estas quejas afectan a relaciones laborales entre la empresa privada y el trabajador, y en consecuencia, al tener esta relación un carácter jurídico privado, impide la actuación de esta Institución.

Son varios los expediente que en materia de desempleo, por desinformación de los afectados, han dado lugar a reclamaciones derivadas de la devolución de prestaciones indebidamente percibidas.

En lo que se refiere a quejas en materia de la Seguridad Social, en la mayor parte de ellas los ciudadanos muestran su disconformidad con la cuantía de las pensiones que se les reconocen. Sin embargo, salvo en determinadas ocasiones, ello no se ha debido a una defectuosa aplicación de la norma o actuación irregular de la Administración.

Servicios Sociales. Las principales quejas referentes a Asistencia Social proceden de los colectivos de minusválidos y de la tercera edad. Tienen su objeto en la discrepancia referida a los criterios a aplicar a la hora de valorar las distintas situaciones de necesidad y determinación de los beneficiarios.

El reconocimiento de la condición de familia numerosa a aquellas que están compuestas por los padres y dos hijos, siendo uno de ellos minusválido, también ha dado lugar a quejas.

La atención residencial de los discapacitados ha provocado una cantidad considerable de quejas debido a la escasez de centros públicos en las distintas provincias, de modo que las familias se ven obligadas a acudir a residencias privadas. Son numerosas las quejas presentadas en relación con el empleo por discapacitados físicos.

Menores. No se ha apreciado irregularidad alguna en la tramitación de los expedientes administrativos de adopción. El retraso que se alega por los reclamantes suele obedecer a que la mayor parte de las familias solicitan un recién nacido, un niño de corta de edad, sano y sin problemas. En cambio, el tipo de población susceptible de adopción más rápida, dadas las carencias que han sufrido los niños, presenta problemas de mayor o menor grado; son niños mayores de siete años, grupos de hermanos, portadores de anticuerpos del sida, minusválidos, etcétera. Esto hace que se carezca en muchos casos de familia para algunos menores, mientras se acumula una larga lista de espera de familias para adoptar niños pequeños sin ningún tipo de problema.

En materia de salud mental, me remito al Informe que presenté ante Sus Señorías como consecuencia de la actuación de oficio.

Área H. Sanidad. La mayor parte de las quejas recibidas en este área... esta área se remite al Defensor del Pueblo, por ser de su competencia las cuestiones que nos son planteadas. Sin embargo, en aquellos supuestos relacionados con algún órgano de la Administración Regional Sanitaria, las respuestas dadas por la Consejería han sido positivas, habiéndose aceptado no pocas de las recomendaciones efectuadas. Cuando nos hemos dirigido también directamente al Insalud la respuesta ha sido, por lo general, rápida y satisfactoria, como consta en el Informe que tienen a su disposición.

Justicia. En muchos casos la Administración Pública no procede con la celeridad deseable a adoptar las medidas pertinentes para cumplir las resoluciones de Jueces y Tribunales, convirtiendo en una pesada -además de costosa- carga para el ciudadano el interponer recurso judicial contra los actos o resoluciones de la Administración.

La sobrecarga que sufren actualmente las Salas de los Contencioso-Administrativo se manifiesta en la lentitud a la hora de resolver los recursos interpuestos. Por esta razón es urgente la puesta en funcionamiento de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Con ello se dotaría a esta jurisdicción de una instancia más, equiparándola así al resto de las jurisdicciones, y descargaría las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia del excesivo número de procedimientos de que hoy conocen.

La gran variedad de procedimientos existentes y las continuas reformas que se han ido materializando en los últimos años, sin tener en cuenta en muchos casos el resto del ordenamiento, crean una gran inseguridad a la hora de iniciar un procedimiento, elegir el cauce procesal oportuno, determinar si la intervención de abogado y procurador es preceptiva, competencia territorial del órgano judicial, e incluso la jurisdicción a la que acudir; cuestiones todas ellas que más de una vez nos han sido planteadas por ciudadanos a los que damos las correspondientes explicaciones.

Economía y Hacienda. Las quejas relativas a tributos que han sido admitidas a trámite hacen referencia a las siguientes cuestiones: notificaciones de valores, errores en la determinación de elementos que configuran el hecho imponible en cuestión, devolución de ingresos indebidos y comprobación de valores.

Como reflexión al respecto, resaltamos que, al objeto de evitar una posible indefensión al contribuyente, las valoraciones deben estar suficientemente razonadas y fundadas -cosa que no ocurre siempre-, toda vez que esa motivación permitirá conocer con certeza y exactitud los criterios técnicos utilizados.

Se ha comprobado que el mayor número de quejas relativas a materia tributaria tiene por objeto la Hacienda Local, siendo menores en número las dirigidas a la Hacienda Autonómica.

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Ante todo, es preciso insistir en la necesidad de que las Administraciones adopten sus resoluciones motivadamente, las notifiquen o publiquen, contesten a los escritos o resoluciones de los interesados y, sobre todo, respeten los plazos establecidos para ello. Por lo general, los ciudadanos exigen una mejora de los servicios administrativos, de forma que sean más accesibles, ágiles y humanos. Debe mejorarse la práctica de las notificaciones individuales de las liquidaciones tributarias, en tanto que se trata de un acto de conocimiento por el administrado de su obligación de contribuir, y debe facilitarse la posibilidad de defensa ante las mismas.

Sorprende a esta Institución la frecuencia con que la Administración deja sin resolver expresamente las reclamaciones que en materia tributaria se le plantean, dejando abierta la vía jurisdiccional, sabiendo que en la mayoría de las ocasiones, al ser la cuantía reclamada una suma pequeña, no compensa su reclamación en vía jurisdiccional por lo arduo, costoso y largo de los procesos. Esperamos además que, de acuerdo con nuestra recomendación del pasado año, se haya paliado por la Consejería la situación de retraso en materia de liquidación de tributos cedidos y, reducida la demora, se logre una mayor eficacia en la gestión de los mismos.

Hasta aquí, las actuaciones a instancia de parte. Paso a resumir las actuaciones de oficio.

La Institución ha realizado varias actuaciones de oficio durante el pasado año, algunas de las cuales se reflejan en el apartado correspondiente a la exposición de las áreas respectivas. Cabe destacar dos grupos diferenciados:

Por un lado, aquellas que obedecen a un compromiso adquirido por el Procurador del Común en su discurso de toma de posesión o con posterioridad, y que requieren un tratamiento continuado durante su mandato.

Por otro lado, aquellas en las que la Institución ha actuado de manera inmediata ante el conocimiento de un problema surgido.

Patrimonio Histórico Artístico en Castilla y León. A raíz de las actuaciones en esta materia -algunas culminadas y otras en tramitación, como consta en el Informe-, ha podido observarse que son muchos los bienes integrantes en nuestro Patrimonio, y es cosa sabida -por cierto- que se encuentran en grave estado de deterioro sin que sus propietarios, ya sean particulares u organismos públicos, procedan a cumplir la obligación de conservación legalmente impuesta, en muchos de los casos -es preciso reconocer- como consecuencia de la falta de recursos económicos para hacer frente a recuperaciones de gran envergadura.

En relación, concretamente, con el Camino de Santiago, sin embargo, es necesario destacar que -al parecer- el funcionamiento de la Comisión de Castilla y León para la recuperación y revitalización del Camino no ha sido lo suficientemente operativo, toda vez que -según la documentación que obra en nuestro poder- tan sólo celebró una reunión desde su creación en mil novecientos ochenta y siete.

Ante la necesidad de coordinar las actuaciones de las Administraciones con competencia en la materia, se considera necesario un mayor funcionamiento y operatividad por parte de la citada Comisión, a fin de conseguir la plena conservación, recuperación y revitalización del Camino de Santiago. En este sentido, la Consejería de Educación y Cultura nos ha comunicado su decisión de reunirse, en relación con nuestro escrito sobre la elaboración del Plan Especial de Protección de las Zonas Afectadas.

Adaptación de las construcciones al entorno. Ante la constatación de que las características arquitectónicas de las construcciones no responden en muchos casos a la edificación propia de la zona en que se hallan enclavadas, se ha considerado por parte de esta Institución la conveniencia de alertar a las Administraciones sobre la necesidad de proteger ciertos elementos arquitectónicos, en cumplimiento de la normativa vigente. También se celebró una reunión con los Presidentes del Instituto de la Construcción y de la Asociación de Promoción Rural Integral, a fin de reflexionar sobre las formas, medios y procedimientos que permitan compaginar la adecuación a la adecuada protección del medio y sus valores tradicionales con el fomento de la edificación.

Seguridad en vías urbanas y travesías. La actuación tiene como fin principal la protección del derecho a la vida e integridad física, proclamada por el Artículo 15 de la Constitución, y en ningún caso -claro está- se trata de abordar los problemas de orden técnico que plantea la circulación vial.

Se trata de una materia en la que, como sucede tan frecuentemente, están imbricadas diversas Administraciones Públicas. Nos hemos dirigido a unas y a otras utilizando los diversos cauces que la Ley 2/94 pone a mi disposición. Principalmente, la actuación se ha circunscrito a un ámbito especial concreto: el compuesto por las vías urbanas y travesías, donde los problemas suscitados por el tráfico son inseparables de la condición de habitante de una localidad.

En el desarrollo de esta actuación de oficio, se ha mantenido un contacto fluido y directo con la Comisión de Tráfico y Seguridad de Circulación Vial en Castilla y León. Del estudio, Señorías, de los informes se infiere, entre otras cosas, que se cometen muy graves infracciones que no son sancionadas y que pueden implicar -a mi juicio- una grave dejación de competencias por parte de la Policía Local.

Residencias de la Tercera Edad. En primer lugar, se ha procedido a un riguroso estudio de la normativa vigente, como consecuencia del cual se ha podido constatar la existencia de lagunas legales. Según se nos ha manifestado, previsiblemente serán subsanadas con la promulgación de la normativa que actualmente está en preparación por parte de la Gerencia de Servicios Sociales.

Igualmente, en esta primera fase, y a fin de conocer los Centros de Atención destinados a la Tercera Edad, se remitió escrito a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, de la que ya hemos recibido respuesta, en solicitud de información sobre determinados aspectos de los Centros existentes en nuestra Comunidad Autónoma.

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Al cierre del Informe, esa actuación de oficio se encuentra pendiente de la elaboración de la nueva normativa de que hablaba, del estudio de la documentación remitida y de las visitas a diversos Centros.

Máquinas con premio. Ante la inexistencia en nuestra Comunidad Autónoma de una legislación reguladora del juego, y con arreglo a la competencia exclusiva en materia de juegos, casinos y apuestas, se remitió a la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común un documento en el que se proponía la regulación de una normativa legal en esta materia. Pero una normativa que tenga por objeto, entre otras cosas, evitar la proliferación indiscriminada en cualquier establecimiento público de este tipo de máquinas, circunstancia que no contribuye a la formación de nuestros menores y de nuestra juventud, y que puede fomentar tendencias ludópatas que en nada favorecen el libre desarrollo de la personalidad, ni a la institución familiar, tal y como es concebida por nuestra Constitución, cuyos principios y valores -a mi juicio- deben pesar más que los aspectos estrictamente económicos de tales actividades de ocio.

Minusválidos. Me remito al Informe especial que está siendo elaborado y que será puesto a su disposición oportunamente, limitándome ahora a desear una rápida aprobación... deliberación y aprobación del texto legislativo sobre eliminación de barreras.

Ha habido también... Ha continuado y continúa la actuación de oficio en materia de enfermos mentales. En ese sentido, seguimos trabajando en la línea de colaboración institucional que debe caracterizar a las relaciones de esta Institución con las Administraciones. Haremos llegar a la Consejería, dentro de poco, nuevas consideraciones tendentes a poner claridad en la oscura distribución competencial -a mi juicio-, tanto en lo relativo a los recursos sanitarios, como a los sociales. Dicho sea con todos los respetos, y aun reconociendo que no es un tema pacífico, seguimos pensando que aunque no han sido transferidas las competencias de Sanidad, la atención a los enfermos mentales debe ser hecha también a través de los Servicios Sociales, lo que significa que no sólo la Administración Autonómica, sino también las Administraciones Locales tienen atribuidas competencias en la materia. Cuestión distinta es la de los recursos, pero, a mi juicio, tienen atribuidas, una y otras, competencias en la materia.

A lo largo de la elaboración del Informe especial sobre la situación de los enfermos mentales en Castilla y León y del estudio de las quejas presentadas durante el noventa y seis, se ha puesto de manifiesto la falta de unos Servicios Sociales especializados en la atención de los enfermos mentales crónicos.

Tanto en la Ley General de Sanidad, como en la normativa autonómica sobre asistencia psiquiátrica, se afirma que la atención de los enfermos mentales debe llevarse a cabo desde los recursos sanitarios y sociales. Recientemente, fuera ya del Informe del pasado año, de recibo... he recibido -perdón- documentación de la Consejería aceptando parte de nuestras sugerencias al respecto, lo que aumenta mi optimismo como Procurador del Común de esta Comunidad Autónoma.

Inserción social de la comunidad gitana castellano leonesa. El criterio que ha inspirado esta actuación de oficio ha sido el de analizar la situación de un sector que, aunque resulta muy minoritario dentro del conjunto de la población castellano-leonesa, se encuentra necesitado de una especial protección por las peculiares condiciones de marginación que presenta.

Por otra parte, es preciso que esa intervención sea respetuosa con los valores y tradiciones de la cultura gitana, y, sobre todo, proporcionar a la población gitana una formación adecuada sobre el uso correcto de los servicios de carácter institucional que permita una adecuada utilización de los mismos.

Deberá sensibilizarse a la población general con objeto de que conozca y comprenda la situación de los gitanos, y, desde luego, concienciar a éstos de que están sujetos a las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos, tarea que no siempre me está resultando fácil.

Resulta un tópico decir que el proceso de integración de la población gitana es costoso, largo y difícil. No soy tan iluso, pues, como para ignorar que se trata de una problemática complejísima, espinosa, por más de una razón. Determinadas lacras de los tiempos en que vivimos golpean al mundo gitano, al igual que al resto de la sociedad, o quizá -¿por qué no decirlo?- con más fuerza aún. Pero esa toma de conciencia supongo que ya será un primer paso para intervenir en un problema que requiere la continuidad y la colaboración de todos, incluido el propio colectivo gitano, algunos de cuyos usos y tradiciones -en relación, quizá, con la mujer gitana, por ejemplo- parecería que encuentran difícil acomodo en el marco constitucional.

Agresiones acústicas. Dado que el problema sigue ahí, acuciante y gravísimo para quienes lo sufren, y habiendo transcurrido el segundo año desde que se inició la actuación de oficio relativa al estudio de las agresiones acústicas, podíamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿cuáles son los logros de la Institución a este respecto?

Como punto de partida, debe señalarse que, en un primer momento, nos sorprendió el absoluto desconocimiento por parte de algunas Administraciones de la normativa vigente en la materia. Así, en numerosas ocasiones, los informes remitidos hacían referencia a las ya desaparecidas Comisiones Provinciales de Saneamiento, se omitía cualquier referencia a las licencias de actividad, se hablaba de la competencia ya obsoleta de los Gobernadores Civiles en materia de horarios de cierre, etcétera.

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Actualmente, son escasos los municipios que desconocen la existencia de la Ley de Actividades Clasificadas -aunque alguno hay-, la competencia de las Delegaciones Territoriales en materia de horarios de cierre, aunque la estricta aplicación de la normativa vigente aún es escasa en nuestra Comunidad Autónoma.

Hemos observado, por otro lado, un incremento de la vigilancia en el cumplimiento de la normativa por parte de algunos Ayuntamientos, siendo destacable la actuación, a este respecto, de algunas Corporaciones Locales.

Se ha incrementado, así mismo, la apertura de expedientes sancionadores por incumplimiento del horario de cierre de los establecimientos en prácticamente todas las provincias de la Comunidad, a excepción de Salamanca y Palencia.

Por otra parte, es preciso reconocer que la Administración Autonómica ha adoptado medidas importantes en esta dirección. Se ha designado, a través de una Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el personal encargado de realizar las funciones de inspección de las actividades clasificadas, lo que, a todas luces, coadyuvará al incremento de la vigilancia sobre el cumplimiento de la Ley 5/93, así como sus normas de desarrollo.

En numerosas ocasiones, por otro lado, hemos tenido constancia, a través de la información facilitada por los presentadores de las quejas, de que su problema ha quedado resuelto en el momento en que nosotros hemos solicitado información al Ayuntamiento. Nuestra intervención en estos supuestos, por más que difícilmente demostrable, ha contado, sin embargo, con el agradecimiento de los ciudadanos.

En los propios medios de comunicación social se constata el interés que este tema despierta desde hace algún tiempo en la opinión pública. Cuando iniciamos nuestra actuación, las noticias sobre el problema de los ruidos eran mucho menos frecuentes; en el momento actual, prácticamente a diario nos encontramos con alguna noticia relacionada con esta problemática.

El incremento de la concienciación social sobre el problema de las agresiones acústicas nos ha sido transmitido, así mismo, a través de los numerosos ciudadanos que han acudido a nosotros en demanda de ayuda, habiéndose federado los afectados a nivel de Comunidad Autónoma, en defensa de sus intereses, no hace demasiado tiempo. No hemos hecho, como quiera que sea, más que empezar a abordar el problema en una actuación -como dije desde el primer momento- a largo plazo.

En íntima relación con esta problemática, y tras haber comprobado que en la mayor parte de los casos examinados, Señorías, en la mayor parte de los casos examinados -y la cuestión me parece grave- los Ayuntamientos no entran a valorar estas prescripciones, envié a finales del pasado año a estas Cortes escrito sugiriendo la elaboración de una ley que regule el cumplimiento por los establecimientos y locales públicos, entre otras, de las siguientes medidas: aforo máximo, contra incendios, salidas, número de puertas, ancho de escaleras, alturas mínimas, etcétera. La no valoración de estas prescripciones -no se les escapará- entraña riesgos evidentes para la seguridad posterior del establecimiento.

Medio ambiente. De esta actuación, en estos momentos en fase de investigación, espero darles cuenta en un informe ad hoc, quizá, o, en todo caso, en el informe del próximo año.

Y paso a resumirles lo realizado en el marco del Departamento II, Defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León.

No es casual que el primero de los epígrafes destinados a dar cuenta de la actividad de defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del Ordenamiento Jurídico contemple, precisamente, las sugerencias que -a nuestro entender- pueden contribuir a corregir las carencias observadas en la Ley del Procurador del Común a la hora de su aplicación cotidiana.

En el documento que se hizo llegar en su día a estas Cortes, como un primer avance para la reforma de la Ley, se plantearon varias propuestas susceptibles, sin duda, de ampliación y mejora en el curso de la correspondiente tramitación parlamentaria, y aún antes. Así, nos ha parecido conveniente incluir en el Informe otros argumentos que profundizan en la ampliación de las facultades de supervisión de los Entes Locales.

En relación con lo dicho, es inevitable remitirse a la Ley Orgánica de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, refiriéndose a las actividades de las Administraciones Públicas, allí donde antes hablaba sólo de la Administración de la Comunidad Autónoma. También en dicha Ley, y haciéndose eco de las experiencias acumuladas, se configura el Diputado del Común como supervisor de dichas Administraciones y no sólo como defensor de los derechos humanos.

El análisis del grado de cumplimiento y observancia de nuestro Ordenamiento Jurídico Autonómico, realizado sin ánimo de exhaustividad, nos ha llevado a dedicarnos especialmente al seguimiento de las normas legislativas y reglamentarias del Estado, sin que en esta ocasión hayan aparecido motivos para actuar, según lo previsto en el Artículo 24 de la Ley del Procurador del Común.

En cuanto a nuestras iniciativas en relación con la falta de desarrollo normativo del Estatuto, en ocasiones se han debido a la reiterada demanda de los propios ciudadanos; en otros casos aparecen en el curso de actuaciones de oficio, o bien por la propia relevancia o complejidad de materias que, aun reguladas formalmente, no han alcanzado el grado de aplicación efectiva que cabría esperar, como es el supuesto del desarrollo del Artículo 20.2 del Estatuto de Autonomía, y siempre como una contribución más orientada a completar y mejorar nuestro Ordenamiento Jurídico allí donde sea necesario, para una eficaz culminación del Estado de las Autonomías.

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La frontera ante la defensa del derecho objetivo y la protección de los derechos subjetivos aparece a veces sumamente imprecisa, y ambas tareas entrañan con frecuencia una notable complejidad al planificar nuestro trabajo. Por ello resulta difícil responder al por qué se han abordado unas actuaciones y no otras.

Sí hemos considerado relevante, en este sentido, la relación que puede existir entre las actuaciones concretas, seguidas por las distintas áreas en que se estructura la Institución, y los proyectos o proposiciones de ley. Uno de nuestros objetivos es velar porque la producción normativa de la Comunidad Autónoma no contravenga ningún precepto estatutario, pero también... también hemos de estar atentos allí donde sea necesario corregir la oscuridad o indefinición que aparece al aplicar la norma al caso concreto.

En consecuencia, nuestra labor se proyecta tanto sobre las normas que nacen en la vida jurídica como hacia el pasado, más o menos lejano, en relación con las ya vigentes, en el ánimo de profundizar sobre todas aquellas cuestiones que permitan lograr un ordenamiento jurídico autonómico depurado y en que el margen de inseguridad, que en ocasiones amenaza al ciudadano, se vea reducido -si no eliminado- en lo posible.

En el apartado de actuaciones diversas, no ha resultado posible -hay que reconocer- una elemental sistematización: se trata de expedientes concretos, de quejas individuales, que han dado lugar a propuestas de modificación de normas de rango inferior a la Ley, así como otros que guardan relación con la defectuosa aplicación de normas de procedimiento, y, especialmente, con el retraso en el dictado de la oportuna resolución, o con la falta de resolución expresa.

A propósito de esto último, hemos de decir que nos encontramos ante un problema recurrente: el retraso de las Administraciones en resolver -cuando no el mero silencio- continúa planteándose, bien como cuestión principal, bien de manera conexa al específico problema de fondo, en un elevado número de expedientes tramitados. Las circunstancias de cada caso, que afectan tanto a la Administración de la Comunidad Autónoma como de la Administración Local, aparecen reseñadas en las áreas correspondientes, y se puede comprobar al leerlas que no exagero en mis valoraciones.

Se partía en el Informe anterior de las carencias de la Ley 30/92, que, en cumplimiento de lo previsto por el legislador constitucional, debería de garantizar a los administrados un tratamiento común ante las Administraciones, estableciendo a tal fin las bases del régimen jurídico de éstas, así como el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas.

Superada la etapa transitoria hacia su completa entrada en vigor, la plena aplicación de dicha Ley no hace más que demostrar con reiteración los efectos perjudiciales que produce el sistema de actos presuntos diseñado por aquélla. En efecto, esta Ley no ha acabado con la técnica del silencio administrativo.

Por otro lado, aunque es una Ley estatal, lo que no podemos admitir en modo alguno es que las Administraciones Autonómicas o Locales se escuden en los defectos de técnica legislativa en que haya incurrido el legislador estatal para perpetuar tales resultados.

La Administración de la Comunidad Autónoma tiene competencia normativa para corregir esos defectos en su ámbito territorial. Así lo indicamos en su momento y lo repito ahora: el Decreto 183/94, de veinticinco de agosto, se puede y creo que se debe modificar. La Administración ha de asumir el riesgo de su inactividad de modo más decidido. No se nos ocurre otro mecanismo para combatir la carga que para los ciudadanos representa la respuesta tardía o inexistente que no sea convertir el déficit de actividad de la propia Administración en unos efectos positivos, que, en cuanto no convenientes ni deseados por la propia naturaleza de las cosas, obliguen a los gestores públicos a adoptar expresamente las decisiones que en derecho correspondan.

Insisto de nuevo en la necesidad de establecer sistemas alternativos a la vía del recurso ordinario en el marco de lo previsto en el Artículo 26 del Estatuto, en relación con la Ley 30/92. Por las razones que sean, aún no han sido tomadas medidas por la Junta de Castilla y León. Por eso sólo me resta hacer votos para que en el próximo Informe podamos decir que la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, actuando de acuerdo con los principios proclamados en la Constitución, progresa hacia una objetiva y real satisfacción de los intereses generales que tiene encomendados.

Liquidación del Presupuesto. Como anexo al Informe, se presenta a Sus Señorías la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio de mil novecientos noventa y seis. De la misma, y de los documentos contables que la soportan, se da traslado a la Intervención de estas Cortes, como medio de control y transparencia en la gestión de dicha dotación presupuestaria.

Con el obligado ajuste al límite de los créditos disponibles, se hizo frente, principalmente, a los gastos ocasionados por el aumento de plantilla, acondicionamiento de la sede y amueblamiento, que continúan en la actualidad, dentro de las líneas de austeridad, ahorro y rigor en el gasto público marcadas por Sus Señorías desde el principio.

A este respecto, quiero poner de relieve que el presupuesto del Procurador del Común de Castilla y León para mil novecientos noventa y siete sigue siendo el más bajo de los aprobados para figuras análogas en otras Comunidades Autónomas. Y lo digo, como Sus Señorías saben muy bien, no como queja -en absoluto como queja-, sino para demostrar el estricto cumplimiento de las líneas que Sus Señorías me marcaron.

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Y me acerco al final de mi intervención haciendo algunas consideraciones, tanto sobre el alcance de mis resoluciones como sobre algunas reacciones ante mis escritos.

Hay que preguntarse, una vez comunicado el resultado de una investigación a la Administración correspondiente, cómo reacciona ésta. Debo decir -ya lo adelantaba el pasado año- que no resulta fácil saberlo; la Ley 2/94 no obliga a las Administraciones a observar lo resuelto por el Procurador del Común, lo cual está en la línea de la Institución del Ombudsman, y no debe ciertamente sorprender.

Lo grave es que la Ley, a estas alturas, sigue sin imponer, simplemente, el que se responda a mis resoluciones, ni pone plazo, en consecuencia, para contestar a las mismas. De ahí que no deba sorprender el que en no pocos supuestos la Administración no conteste documentalmente de manera explícita a mis resoluciones, sobre todo en el caso de la Administración Local, por razones que a Sus Señorías no se le escaparán, entre ellas la carencia de medios en no pocos de nuestro municipios y Entidades Locales Menores.

Y no sólo en esos supuestos, pues en ocasiones nos hemos encontrado con la concurrencia de varias Administraciones con competencia sobre una materia -entre ellas la Administración Autonómica-, con lo que se da pie a una especie de conflicto negativo competencial, como consecuencia del cual ningún organismo acepta ser responsable de la situación que se pretende corregir.

Decía que sólo una parte de las resoluciones encuentra expresa, expresa respuesta de la Administración, lo cual no significa que de todas las maneras no actúen, total o parcialmente, en el sentido que se les indica -en ocasiones lo comprobamos personalmente, mediante una verificación in situ-, o bien nos comunica el reclamante, al darnos las gracias por nuestra actuación, que la Administración ha procedido conforme a lo solicitado en la queja. En algunos casos hemos comprobado que la Administración actúa ya al recibir nuestro primer escrito, desde que llega a su conocimiento el contenido de la queja y se le requiere información.

No menos difícil resulta comprobar, sobre todo a corto plazo, los resultados de nuestras actuaciones en los expedientes de oficio, en la medida en que, además de respuestas concretas de las Administraciones, se busca también fomentar una conciencia social que coadyuve a la solución de los problemas, sobre todo cuando se trata de defender los derechos de los colectivos más débiles o de sectores marginados.

A pesar de lo cual, nos parece indiscutible que también en el campo de las actuaciones de oficio es posible ofrecer resultados tangibles, como Sus Señorías habrán comprobado leyendo el Informe.

Por ejemplo, pese a la dimensión del problema y del corto tiempo transcurrido desde que fue presentado el Informe sobre la situación de los enfermos mentales, podemos afirmar que varias de nuestras recomendaciones han sido aceptadas, tanto por la Administración Local como por la Administración Autonómica, y que, desde luego, la presencia del problema en la opinión pública -estoy seguro de ello- no es la misma hoy que lo era antes de que sacáramos a la luz nuestras conclusiones. Lo mismo se podía decir de nuestras actuaciones -que continúan- en defensa de los minusválidos, o por lo que se refiere a la lucha contra el ruido, tal y como les exponía hace unos instantes.

Por lo demás, me da la impresión de que existe una cierta resistencia, más o menos consciente, a reconocer documentalmente que ha habido una actuación incorrecta, y que dicha falta de corrección es rectificada como consecuencia de una intervención del Procurador del Común.

Es cierto que con la redacción actual de la Ley, esto no me parece particularmente grave, pues, como decía en mi intervención de hace un año, lo importante es que, efectivamente, las Administraciones actúen y corrijan de hecho malas o incorrectas actuaciones anteriores.

Es importante también aclarar lo siguiente. Como resultado de nuestras investigaciones, no siempre -ni mucho menos- se produce una resolución a favor del reclamante; de manera total o parcial, eso ocurre tan sólo, aproximadamente -aunque no me atrevería a dar datos exactos-, en un 49% de las quejas admitidas a trámite. El 51% restante de las resoluciones lo son a favor de la Administración, lo cual no debería sorprender. Sería absurdo pensar que el Procurador del Común tiene que dar la razón siempre al administrado, aunque sea al margen del derecho. Lo mismo ocurre, y en mayor medida aun -en bastante mayor medida-, con los Tribunales de Justicia.

Precisamente, y por analogía, salvadas las distancias con el derecho a la tutela judicial, quien acude al Procurador del Común tiene derecho a obtener una resolución de fondo, una vez admitida a trámite su queja. Pero esa resolución de fondo no tiene por qué ser necesariamente una resolución que acoja las pretensiones del reclamante.

En ese sentido, se puede decir que lo que podríamos llamar el "derecho de queja" ante el Procurador del Común quedará satisfecho al emanar éste una resolución que estime o desestime la queja; eso sí, de forma razonada y ajustada a derecho, es decir, motivada, no infundada ni arbitraria.

A propósito, de un lado, de las críticas que manifiestan algunos ciudadanos cuando se les rechaza una queja y, de otros, de algunos comentarios procedentes de las Administraciones, en el sentido de que no se depuran las quejas al llegar al Procurador del Común, algo así como si hubiera un afán por acaparar reclamaciones ciudadanas, diré lo siguiente.

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El Procurador del Común no puede inventar arbitrariamente causas de inadmisión, como tampoco puede vulnerar el contenido del derecho a acudir ante él sólo porque alguien afirme que está sobrecargado de trabajo, o porque estime que es más importante hacer otras cosas que dar explicaciones a una Institución controladora.

La no admisión a trámite sólo podrá hacerse cuando concurran las circunstancias que estas mismas Cortes decidieron establecer en la Ley 2/94. Es más, incluso cuando se den tales circunstancias, a mi juicio, deberíamos hacer una interpretación restrictiva de las mismas. Lo dicho a este respecto por el Tribunal Constitucional en relación con los Tribunales de Justicia será tanto más de aplicar para un comisionado parlamentario, cuyas relaciones con los ciudadanos deben estar presididas por la flexibilidad y la ausencia de formalismos.

A pesar de lo cual, Señorías, efectivamente, he rechazado más de la quinta parte de las quejas presentadas, es decir, más que en el resto de las Comunidades Autónomas.

Por lo demás, la no admisión a trámite de una queja debe ser motivada. Y, por cierto, que esa motivación puede ser ciertamente similar en no pocos supuestos, pero con cierta frecuencia -se lo aseguro- exige un esfuerzo aclarador por parte del Procurador del Común, que, particularizando la respuesta, debe intentar conseguir que por lo menos el ciudadano reclamante no tenga la impresión de que se le cierra sin más, de nuevo, una puerta en su contacto con las Instituciones Públicas.

Alguna Administración parece en ocasiones no entender, por más que nuestros escritos -pueden ustedes comprobarlo- lo hagan constar literalmente, que la admisión a trámite y la consiguiente petición de información a una Administración no hace más que intentar comprobar lo vertido en las quejas, sin prejuzgar su actuación regular o irregular. Quiero decir, con otras palabras, que para rechazar la admisión a trámite por inexistencia de irregularidad en la actuación administrativa, ésta debería ser evidente; tan sólo en ese supuesto.

Y desde luego, lo que no cabe es rechazar una queja porque al Procurador del Común se le antoje o a una Administración le parezca que el contenido de esa queja es nimio o de poca importancia. Pues la pretensión, para quien la presenta, puede revestir y reviste en muchas ocasiones la mayor de las trascendencias, por más que a quien no la vive de cerca le parece insuficiente para privarle de parte de su precioso tiempo, como titular de un cargo o como empleado público.

Ya que hablamos de la tramitación de las quejas, quisiera añadir unas palabras a propósito de lo que podría parecer una utilización de la Institución con fines partidistas -comentario que he oído también en alguna ocasión-. Y me doy cuenta, Señorías, de que la cuestión es delicada, dada la actual relación de fuerzas políticas en la Comunidad Autónoma, pero quiero abordarla. A mi entender, el que los partidos políticos hagan uso de las resoluciones del Procurador del Común, no solamente es inevitable, sino que también es deseable, en la medida, claro está, en que las propuestas de éste sean oportunas y razonables. Y, en esa medida -decía-, no solamente es deseable que "utilicen" -por utilizar ese vocablo- nuestras decisiones los partidos de la Oposición, sino -y quizás sobre todo- los que tengan en ésta o en aquella Administración la mayoría, como de hecho ocurre, además, no pocas veces.

Cosa distinta es la utilización que se hace en ocasiones de una queja cuando es admitida a trámite. Hecho del que a veces se procede a dar publicidad, presentándolo casi como una resolución del Procurador del Común a favor del que reclama, ya sea persona física, jurídica, o un partido político; siendo así que el alcance de esta fase no es otro que el bastante menos trascendente, que comentaba hace unos momentos. Pero ello es algo casi inevitable, al igual que ocurre con el uso que se hace en la prensa de las admisiones a trámite por los Tribunales de Justicia. Quizás la única manera de combatirlo sea esforzándonos unos y otros por explicar a la opinión pública el efecto real de ese trámite.

Somos conscientes de la novedad de la Institución y de que la maquinaria administrativa necesita un tiempo para adaptarse a la existencia de un nuevo control.

Hay organismos que reciben nuestras solicitudes en mayor medida que otros, sobre todo a nivel de Consejerías y algunos Ayuntamientos. A otros niveles, y a modo de ejemplo, quisiera aclararles a Sus Señorías lo siguiente: que, por ejemplo, una de las Delegaciones Territoriales, a la que nos dirigimos con mayor frecuencia, ha recibido en mil novecientos noventa y seis un total de sesenta expedientes. Sesenta expedientes, divididos entre ocho -es decir, los siete Servicios Territoriales más la propia Delegación-, suponen un total de entre siete y ocho expedientes. Lo cual, Señorías, por abrumados de trabajo que se encontraran estos organismos antes de que comenzara a actuar el Procurador del Común, nos parece una cifra fácilmente asimilable sin necesidad de esfuerzos notables.

Es obvio que la petición de informes acarrea la subsiguiente preparación de la documentación a remitir; pero no es menos cierto que en la mayoría de los supuestos esa documentación ya existe en los correspondientes expedientes.

De todos modos, reitero, siendo conscientes de esa necesidad de adaptación, el plazo que -ante el silencio de la Ley- hemos establecido de hecho para que la Administración envíe la información requerida es de un mes, y no de quince días, plazo establecido en las restantes Comunidades Autónomas; es decir, el doble que en las demás Comunidades Autónomas.

El Procurador del Común no debe ser una Institución cómoda, ni para su titular ni para las Administraciones. Si no fuera así -lo saben muy bien Sus Señorías- más valdría suprimirla.

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Por limitados que hayan sido nuestros logros -no nos corresponde hacer la evaluación final- debemos reconocer que algo se ha avanzado allí donde la Administración, además, ha manifestado la aceptación de nuestras resoluciones. Esta respuesta, a no dudar, es uno de nuestros mayores incentivos; como lo son también nuestra contribución a fortalecer la solidaridad y la concienciación social en relación con los derechos de los más débiles y nuestros esfuerzos -y espero que logros- a la hora de vertebrar e integrar esta Comunidad Autónoma.

Y acabo definitivamente expresando mis disculpas por los defectos que, en su funcionamiento, se hayan podido revelar en esta Institución y en este mismo Informe. Pero si la imperfección es propia de cualquier obra humana, aún más lo será cuando se trata de una Institución que está comenzando a vivir.

Y también -permítanme, y ya acabo-, mi reconocimiento por el respeto a la independencia y autonomía organizativa que han venido observando las demás Instituciones hacia ésta de la que soy titular. Por el bien de la misma y, a la postre, de la Autonomía de Castilla y León -la comodidad o incomodidad personal sería lo de menos-, estoy seguro de que seguirá siendo así.

Para hacer honor a ese respeto, por mi parte les aseguro que seguiré esforzándome para acercarme al ideal de la independencia y de la objetividad. Gracias por su atención.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Procurador del Común. Y, presentado su Informe, se abre un turno para que los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios puedan fijar sus posiciones sobre el mismo. Por el Grupo Mixto lo van a compartir. Tiene la palabra, en primer lugar, señora Farto.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Señor Procurador del Común. Con mucha brevedad, puesto que soy consciente de que debemos de compartir el turno. En primer lugar, quiero felicitarle a usted como titular de la Institución, y, por tanto, también a la Institución que preside. Y felicitarnos a todos porque este segundo año del camino de esta Institución no es más que el camino en la democracia de esta Comunidad Autónoma. Porque es un camino en la defensa de los derechos de los ciudadanos de Castilla y León; y su Informe -extenso, amplio, exhaustivo-, una vez más nos da a conocer la indefensión que en muchos casos sufren los ciudadanos.

Desde luego, no voy a entrar a analizar el Informe. He intentado leerlo en parte, no lo he conseguido del todo. Pero nos sigue confirmando -como ya le hemos dicho más veces- que los medios que estas Cortes invierten -y hablo en concreto de los medios económicos- en la Institución son bien utilizados. Y también nos damos cuenta que es necesario invertir más, porque lo estamos invirtiendo en la libertad de los ciudadanos de Castilla y León.

En su Informe nos habla de algo que nos congratula, y es que las Administraciones responden cada vez mejor a sus peticiones. Ha dicho ya algo, pero me gustaría que, en concreto, nos hablase de cuál es el respaldo de este Parlamento y del Ejecutivo Autonómico a su Institución. Y, en concreto ¿qué medidas concretas pediría usted, pediría su Institución a estas Cortes, para intentar paliar en la medida de los posible las necesidades y carencias de nuestros ciudadanos?

Quiero hablarle un poco del tema de las entidades locales. Se repiten a lo largo del Informe las quejas del año pasado; se repite la queja de la falta de medios de estas entidades a nivel, no sólo económico, sino a nivel técnico. El abandono que sufren unas entidades locales por parte de aquellas otras inmediatamente superiores a ellas. Y, sobre todo, hay una queja que es importante, y que creo que entre todos deberíamos de intentar paliar: las infracciones de los Ayuntamientos.

Nos dice este Informe sobre las entidades locales que la base de esta Comunidad Autónoma está fallando; que la base sobre la que se debe de estructurar la Autonomía le falta algo. Y tal vez por eso, por esa falta, esta Comunidad Autónoma tiene una carencia todavía demasiado grande de identidad.

Me gustaría, señor Procurador, que nos hablase de las cuestiones concretas que usted ve en su largo conocimiento y en su largo análisis, que podríamos entre todos intentar satisfacer.

También -y esto es una reflexión que quiero hacer a todas Sus Señorías-, creo que deberíamos de comparar la Institución del Procurador del Común con el resto de las Instituciones de esta Comunidad Autónoma. Y tengo que decirle -y tal ver por eso es la mayor felicitación que yo le debo de hacer- que la Institución de la que usted es titular es la Institución que más se está incardinando en la vida social de esta Comunidad. Y eso tiene que ser debido a algo.

Pero me gustaría analizar, en segundo término, esa segunda parte de su informe, el papel del Procurador del Común, de la Institución del Procurador del Común, como defensor del Estatuto y del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León.

Desde la responsabilidad política y desde el respeto constitucional, estamos obligados a caminar en una misma dirección, todos. Entiendo, señor Procurador del Común -y aquí no estoy de acuerdo en todo lo que usted ha dicho, puede ser que yo esté equivocada-, que su obligación no debe de ser sólo la de mejorar o censurar ese Ordenamiento Jurídico de Castilla y León, sino que debe ser también la de vigilar.

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Y lo mismo deberíamos de aplicar al Estatuto. Comenzó diciendo al principio de su intervención que, a la espera de la reforma del Estatuto, intentaríamos después, o rogaría que después se acometiera con la mayor prontitud y la mayor celeridad posible la reforma de la Ley del Procurador del Común. Teniendo en cuenta esto, y estando de acuerdo con ello, pienso que usted, su Institución, no deben de esperar a la reforma del Estatuto. Creo que ustedes, que esa Institución del Procurador del Común, como defensora de los derechos de los ciudadanos, tiene mucho que decir sobre la reforma del Estatuto de Castilla y León, sobre todo porque hay algo muy claro: quien mejor sabe y quien mejor conoce, globalmente, desde ningún interés partidista, ni de la institución y la de los ciudadanos que a usted acuden -o al menos así debería de ser-, digo, quien mejor conoce las necesidades de nuestros ciudadanos es su Institución. Por tanto, quien más puede decir también a este Parlamento y a aquellos que estamos intentando esa reforma del Estatuto, quien más puede decir sobre cómo llevarla a cabo, es usted.

Yo sé que es un papel difícil. Yo sé que es algo en lo que políticamente puede no ser comprendido; pero yo le digo, señor Procurador del Común, es algo en lo que es necesario que usted y su Institución digan algo. Y digan lo que todos los ciudadanos de esta Autonomía necesitan oír, y necesitan que se lleve a cabo, para que estos ciudadanos de esta Autonomía sean de primera dentro del panorama español.

Lo mismo podría decir de otras leyes, de leyes que se están gestando actualmente en la Comunidad Autónoma, como es por ejemplo la Ley de Régimen Local. Y, si es posible, y dentro de su trabajo a ustedes les ha dado tiempo el analizar esa Ley, quisiera saber su opinión; y si verdaderamente esa Ley, tal y como está llegando a este Parlamento, puede dar respuesta a las necesidades de los castellano y de los leoneses; en concreto, a esas necesidades y a esas quejas que le llegan a usted desde las entidades locales.

Por último, y para terminar, solamente decirle que, estando de acuerdo -y felicitándole también por muchas de las actuaciones de oficio que han llevado a cabo-, nos parece importante el tema del patrimonio, la cuestión del Camino de Santiago.

Hay un tema que sensibiliza especialmente a esta Procuradora, y es el tema de la raza gitana. No soy yo la más indicada para dar consejos a nadie, pero sí creo que siempre nosotros hemos atacado -y cuando digo nosotros, hablo de la cultura paya-, hemos intentado, o hemos atacado mal el diálogo con la cultura gitana. Señor Procurador del Común, yo creo que usted lo tiene claro porque es un hombre de una amplia capacidad cultural, pero son dos culturas que debemos de respetar. Por tanto, creo que desde ahí es desde la única forma donde se debe de afrontar este tema. Muchas gracias, y nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Otero Pereira tiene ahora la palabra.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. En primer lugar, quiero iniciar mis palabras sumándome -como no podía ser de otra manera- a lo manifestado por el Presidente de las Cortes al inicio de esta sesión, con referencia a la persona que está privada de libertad, el señor Ortega Lara, y los demás también que se ven privados de este derecho fundamental.

Señor Procurador del Común de Castilla y León, a nuestro juicio, a juicio de mi partido, lo sigue haciendo usted bien, usted y su equipo, Ya el año pasado se lo dijimos, quizá el año pasado era la primera vez que usted comparecía: sigue usted haciéndolo bien. Me alegro que hayan aumentado las quejas, buena señal; me alegro que hayan aumentado las actuaciones de oficio; también me alegro que se hayan intensificado o incrementado las reuniones con colectivos y también las localidades visitadas. Todo ello es una buena señal.

Pero con esa valoración conjunta, de bien por su actuación, voy a entrar en algunas cuestiones o en algunos detalles que me interesan, de lo que usted ha manifestado y que, en unos casos... comparto con usted la mayoría, y en otras, sin dejar de compartirlos, sí quisiera que, o me explicase lo que se está haciendo o sugerirle que iniciase actuaciones.

Mire, comparto con usted plenamente la necesidad de que se traiga a estas Cámaras una Ley de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Y me preocupa que la Sentencia reciente del Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales varios preceptos de la Ley del Suelo, pueda suponer un retraso o una demora porque, desde luego, es algo realmente imprescindible que se legisle en esta Cámara sobre el suelo y la ordenación del territorio. Por tanto, comparto su preocupación.

Me gustaría conocer... porque conocemos en León, en concreto, los numerosísimos problemas que está habiendo con las viviendas de protección oficial en las que están apareciendo defectos o irregularidades, es decir, dicho técnicamente, vicios en la construcción; y además tenemos la impresión de que no se están reparando, que no se están solucionando y que los problemas se están eternizando. E, insisto, son muchas las quejas que también a nosotros, lógicamente desde otro punto de vista, nos llegan en relación con esta materia.

No podemos pasar por alto el tema de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Como usted se puede imaginar, éste es un tema de plena actualidad en este momento, desde luego, en la provincia de León. Usted ha reconocido que hay quejas de los afectados, fundamentalmente de los pueblos afectados -el pueblo y los limítrofes-, por la posible ubicación de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

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Me ha parecido oír en sus palabras una especie de reproche a quienes, sintiéndose afectados, realizan algaradas infundadas en relación con esta materia. A lo mejor no lo he entendido bien, a mí me parece que ninguna algarada es infundada cuando se pretende ubicar en un determinado territorio el tan imprescindible y necesario vertedero, o centro de tratamiento de residuos; me parece que cualquier queja es fundada, máxime cuando la Administración o las Administraciones competentes -entre otras esta Autonómica- no están cumpliendo con su obligación de poner antes los bueyes y después el carro -o, dicho de otra manera, no están cumpliendo de su obligación de hacer primero los estudios técnicos de viabilidad y luego decidir si ése es el lugar idóneo o no; se está haciendo al revés-.

Por tanto, señor Procurador del Común, a mí me preocupa ese tema, y considero fundadas cualquier tipo de algarada en relación con esta materia, mientras no se inviertan los términos y se empiece a estudiar técnicamente los lugares antes de decidir si son aptos o no son aptos.

Y a mí me gustaría conocer, en esta materia, esas numerosas quejas de las que usted ha hablado, qué suerte han tenido, qué resultado han tenido; porque es verdad que ahora se han iniciado actuaciones judiciales... -y, a lo mejor, ahí el Procurador debe de inhibirse, no lo sé-, pero sí que me gustaría conocer qué ha hecho el Procurador del Común con relación a estas quejas, en esta materia de absoluta actualidad y de absoluta importancia, de absoluta trascendencia y de absoluta competencia, por razón de la materia de la institución que usted preside y a la que usted representa en este Pleno.

Me da la impresión de que poco se ha avanzado en relación con los minusválidos físicos; me da la impresión de que seguimos esperando la ley de eliminación o supresión de barreras arquitectónicas (he oído en los medios de comunicación que va a ser inminente, pero eso mismo ya se lo oí al Presidente de la Junta en su discurso de Investidura y van de hecho casi dos años sin que se haya avanzado nada). Tengo mucho interés en que eso llegue cuanto antes; y en eso comparto absolutamente con usted la preocupación de que esa ley de supresión de barreras arquitectónicas no haya llegado.

En materia de salud mental, tengo la impresión de que no hemos avanzado nada desde el paso año hasta este año, ni desde su comparecencia en la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común. Me parece que todo sigue igual; me parece que, una Administración por otra, la casa sin barrer; y me parece que los familiares de los enfermos mentales -los enfermos mentales desgraciadamente no- siguen preocupándose por una situación que no entienden (un enfermo mental, en muchos casos peligroso para la sociedad, está en la calle, y sus familiares no entienden cómo es culpa de competencia de las Administraciones). A ese familiar le da exactamente igual quien tenga las competencias; quiere que sea tratado debidamente ese enfermo mental -ciudadano, por cierto, de Castilla y León, como ahora se denominan, como cualquier otro-.

Una brevísima referencia a la Justicia. Mire, me preocupa mucho un tema -y además es un tema que vamos a abordar en breve con relación a la reforma del Estatuto-, sobre la organización de la Administración de Justicia en esta Comunidad, en la cual la Comunidad sí tiene algo que ver. Ha hablado usted del colapso de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia, especialmente en cuanto a las dos Salas de lo Contencioso-Administrativo, y pedía usted que se pusiera en marcha los Juzgados de lo Contencioso.

Mire, mis informaciones son que no hay la más mínima voluntad política de ponerlos en marcha, porque cuesta mucho y el Ministerio no tiene dinero. Pero eso hay que conjugarlo con el hecho de que en León, los ciudadanos leoneses están sometidos a una absoluta indefensión, y se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando acuden a la vía administrativa para resolver una cuestión se les desestima, y no pueden recurrir al Tribunal Superior de Justicia, a la Sala de lo Contencioso que está en Valladolid, porque no le interesa económicamente, salvo que la cuantía de la reclamación supere las 150.000 pesetas. Es decir, para cualquier reclamación de cuantía inferior a las 150.000 pesetas hay indefensión absoluta para un ciudadano, porque le va a costar más la tramitación del procedimiento en otra ciudad distinta, con abogado y procurador distinto, que el pagar esa cantidad que, sin duda, insisto, le va a salir más barata.

Es un tema que, de verdad, nos preocupa mucho, tremendamente, porque sabe usted que son numerosísimas las quejas de los ciudadanos que por multas de tráfico, o por sanciones de cualquier tipo, de cuantía pequeña, se ven absolutamente indefensos, salvo que quieran gastar más en la reclamación de lo que les vale pagar la multa. Es un tema realmente importante y que a nosotros nos preocupa.

Voy terminando, es que no hay tiempo para seguir abordando cuestiones puntuales, yo lo comprendo, pero, mire, alguna cuestión de carácter general. La reforma de la Ley que regula la Institución, de la Ley 2/94, no debe de esperar. No veo yo que tenga relación con la terminación de la reforma del Estatuto de Autonomía, el Estatuto va a reconocer su Institución, pero en nada va a modificar la Ley que regula la Institución; esa reforma puede hacerse coetáneamente y al mismo tiempo que la reforma del Estatuto. Y yo en este sentido quiero hacer un llamamiento a los distintos Grupos Políticos para que se ponga en marcha ya esa iniciativa. Desde luego, que si pasan los meses y esa iniciativa no se pone en marcha, no nos gustaría, nos parece insolidario, pero a lo mejor tendríamos que ser nosotros desde nuestro Grupo los que tomásemos esa iniciativa. En todo caso, confiamos en que, o en este periodo de sesiones, o en cuanto comience el siguiente periodo de sesiones, ese tema se solucione.

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Y un dato más, mire... -y también es un llamamiento que hago a los distintos Grupos Parlamentarios, fundamentalmente a través de sus Portavoces-, y no lo he dicho antes que ahora porque tampoco se me había ocurrido, debo de reconocerlo, pero al ver la Ley que regula su institución, y al ver como funciones básicas suyas la defensa del Estatuto de Autonomía y la tutela del ordenamiento jurídico de Castilla y León, se me ha ocurrido pensar -y así se lo traslado a los Portavoces-, que, a lo mejor -no sé de qué manera-, debería de estar su Institución presente en la Ponencia que está estudiando y reformando o analizando las reformas del Estatuto de Autonomía; no sé si con su presencia o la persona en la que usted delegue, no sé si simplemente con voz -realmente en esta ponencia tampoco se está votando nada-, no sé si informándole a usted debidamente cada vez que se realiza o según van avanzando las negociaciones... No lo sé, pero, a lo mejor, debemos de reflexionar y valorar si sería conveniente que usted estuviera presente en esa reforma de un Estatuto de Autonomía al que luego usted, lógicamente, va a tener que defender, fundamentalmente en cuanto a su cumplimiento.

Ciertamente el tiempo se nos va, y, a la espera de algunas cuestiones que le he planteado... me gustaría que fueran más, pero quizá en Comisión -que debería reunirse, entiendo yo, también se lo digo, en más ocasiones, la de Relaciones con el Procurador del Común- podríamos abordar cuestiones de forma más profunda, no tan superficial como en este Pleno por razones de tiempo.

En todo caso, espero a la espera de sus palabras para un posterior o ulterior, mejor dicho, turno final. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Antonio Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías, la cortesía parlamentaria, pero sobre todo el reconocimiento de la incuestionable labor que hasta el momento presente entendemos está realizando el Alto Comisionado de las Cortes -e, insisto: de las Cortes, no de la Junta de Castilla y León- nos lleva, a nuestro Grupo Parlamentario, a hacer un reconocimiento expreso de la función del Departamento del Alto Comisionado y de la labor realizada hasta el momento presente. Es una tarea... y queremos agradecer la comparecencia, que es anual, pero que, posiblemente, debería de repetirse con más frecuencia; y no es reproche a Sus Señorías, sino, precisamente, una demanda que nosotros mismos nos hacemos.

Al mismo tiempo querríamos sugerir que, tanto el proseguir esta función que se está multiplicando, a nuestro juicio, en efectividad y que está sirviendo de orientación social, en muchos casos, en algunos de los temas, por una parte, nos está reclamando a los distintos ámbitos a que actuemos en consecuencia y apliquemos los síntomas de descontento que, lógicamente, significan las quejas y reclamaciones populares, tanto individuales como colectivas, que llegan al Procurador del Común. Pero, por otra parte, el análisis de cuestiones de oficio como se han venido realizando hasta el momento presente, nos llevan también a sugerir... y a lo mejor es un atrevimiento, pero precisamente en virtud de esa consideración -de la efectividad que, a nuestro juicio, han venido teniendo esos aspectos de cuestiones de oficio-, nos lleva a sugerir que tenga en consideración tres temas.

Uno de ellos: la igualdad de derechos hombre-mujer; que, por mucho que sea un problema eterno, vamos a tener que seguir multiplicando los efectivos y sensibilizando a la sociedad, porque entendemos que después de tanto tiempo aún no se ha llegado a cubrir unos mínimos deseables. Y podemos perpetuar la legislación hasta el infinito, pero si no conseguimos operativos prácticos, será realmente poco efectivo.

En otro de los casos es el relativo a los derechos del niño -digamos del niño y de la niña para ser consecuentes con el planteamiento anterior-. Si aquí todavía no han llegado problemas que nos puedan preocupar extraordinariamente, lo que no cabe la menor duda, es que en muchos ámbitos de la sociedad, de las sociedades más próximas, este problema puede y está suscitando una gran preocupación.

Y, en último extremo, lo que es la pobreza y los elementos... o a los elementos sociales o individuos a quien más afecta. Empieza a ser extraordinariamente llamativo uno de los efectos-consecuencias del paro, del paro en la juventud, que alcanza niveles del 45%; y esa pobreza relacionada con la juventud nos parece que debería de ser también un tema tratado de oficio.

Desde luego, nosotros tenemos que decir que nos parece realmente extraordinaria la labor; no nos recatamos en absoluto en decirlo. Fíjese, hoy mismo un medio de comunicación dice que los españoles carecemos, en general, de una verdadera cultura de la reclamación. Y dice textualmente que "la incorporación de algunas instituciones de nuevo cuño, particularmente el Defensor del Pueblo, no parecen haber respondido, precisamente, a las expectativas creadas entre la población". Y continúa diciendo que "seguramente por ello, el número de asuntos remitidos en mil novecientos noventa y cinco bajó a trece mil..." -está hablando del Defensor del Pueblo a nivel nacional- "...desde los veintiún mil presentados en mil novecientos ochenta y nueve".

Y aunque es muy probable que no haya tenido en cuenta que desde esa época se ha venido multiplicando la presencia de Defensores del Pueblo, o Procurador del Común en distintas Comunidades Autónomas, lo que no cabe la menor duda es que, después del balance que hoy se nos presenta, realmente, no podemos estar de acuerdo con ese planteamiento, pero sí tenemos que tener en consideración lo que en algunos de los supuestos se plantea.

A nuestro juicio, es elocuente la labor realizada por el número, cuando se pasa de una actividad de expedientes de mil setecientos setenta y dos a dos mil quinientos ochenta y siete; y entendemos que son los expedientes escritos, porque, leyendo detenidamente toda la referencia estadística que hace al final del Informe, pues observamos que hay mil setecientos cuarenta y cinco consultas directas y cuatro mil ochocientas y pico telefónicas; lo cual abunda... y a lo mejor también era necesario hacer algún tipo de referencia, en síntesis; aunque me imagino que mantendrá una paralelismo con las que se hacen por escrito.

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Y todo ello en una práctica itinerante, y no sólo en los planteamientos de estudio, sino de resolución. Es llamativo que en estos momentos, a treinta y uno de enero del noventa y siete, se plantee que hay 55% de casos resueltos -que quiere decir lo que quiere decir- relativos a mil novecientos noventa y seis. Y aunque es verdad que la existencia de esta nuestra sociedad cada vez es más compleja y va generando cada vez más problemas... pero nosotros no somos muy propensos, posiblemente, a la queja. Por eso todos esos elementos nos parecen altamente elocuentes de una tarea, de una función del Alto Comisionado de las Cortes como Procurador del Común. Y, por otra parte, que aumenta la confianza de la población.

No sé si en el conjunto de la actividad o funcionamiento político, al menos, lo que sí es evidente es que, en referencia expresa a la función del Procurador del Común sí se ha elevado, y de forma importante, posiblemente, esta eficacia, esta autonomía, la objetividad -que a nuestro juicio nos parece importante-, y, en definitiva, una confianza en un trabajo que está ahí, que es claro y que es interesante.

Desde el punto de vista de la temática, desde este observatorio tan importante que es el tener una vía permeable para poder llegar, se observa que hay un 71% de cuestiones vinculadas a Administraciones en términos generales. Nos parece absolutamente lógico. Sí es verdad, y coincidimos que en alguna ocasión da la impresión como que se quisiera o se intentara entender que la función es exclusivamente meterse con las Administraciones; yo creo que es confundirnos y, acaso, levantar susceptibilidades extrañas. Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo -a nuestro juicio-, desde estas Cortes también, de afinar legislativamente y aplicarnos a un control mucho más efectivo y permanente, porque eso posiblemente vaya en detrimento de la propia actividad, pero irá en beneficio de la sociedad, en definitiva.

Datos de interés -o por lo menos a nosotros nos parecen de interés-: que haya en estos momentos una participación o una presentación del 41% procedentes del medio rural no deja de ser importante. Y no deja de ser importante porque da la impresión como que estuviesen al margen, como que no estuvieran directamente vinculados. Sí hay problemática; pero el que haya ya iniciativas desde el punto de vista de ponerse en contacto, y con estos expedientes sean del 41%, yo creo que es muy interesante. No hay una gran diferencia con otras sociedades -las urbanas-, que, con un 59%, y con una complicación mayor posiblemente... Sí sería, en síntesis, de necesidad una repercusión mayor por parte de esa sociedad.

Y otro dato significativo, que tiene unas connotaciones muy particulares para nosotros, es que hay quejas o reclamaciones: un 19% en relación con la Administración Central, un 31% en relación con la Administración Autonómica, y un 41% en relación a las Administraciones Locales. Podíamos decir que aquí también ya existe un neto predominio de lo nuestro; y es un dato que, al menos, le queremos poner encima porque lo hemos detectado, nos parece interesante, e invita a la reflexión.

Es verdad que se habla de la Función Pública, que continuamos de nuevo con los procesos de selección, de acceso a las plazas públicas; y esto va a ser, posiblemente, una tónica general. Me parece que sí es conveniente seguir trabajando sobre esa temática. No dejan de ser derechos, y como tal deben de ser atendidos. Y, posiblemente, nos está indicando la conveniencia de incluir dentro de las bases y de las condiciones de acceso una mayor claridad, una mayor preocupación legislativa por parte nuestra, por parte nuestra -que también nosotros tenemos que plantearnos algunas cuestiones derivadas de este Informe-.

Pero, al mismo tiempo, quisiéramos decir que debemos de fomentar una sensibilidad mayor. Decía en casi frase textual que con los medios habituales de información... bueno, pues nosotros decimos que hay que superar los medios de costumbre en la información, porque yo tengo -y lo he dicho en más de una ocasión- la duda, la sospecha de que no hay muchos ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ni de ningún lugar, que se levanten pensando en el Boletín Oficial de las Cortes, o de la Comunidad, o del Estado; e incluso hemos de decir las dificultades de acceso a otros medios de comunicación. Por consiguiente, ahí, posiblemente, estemos, entre todos también, vulnerando los principios de igualdad de oportunidad de expedientes e información.

Y, por supuesto, las quejas que aquí se han planteado también es bastante frecuentes escucharlas en nuestro propio ámbito, en relación a obtener la información oportuna y pertinente que nos permita realizar la función que la sociedad pretende que hagamos.

En cuanto a las carencias municipales. Es complejo, es difícil; pero no cabe la menor duda de que uno de los elementos subsanables, también, desde la propia Administración, y desde estas Cortes a la hora de legislar -y estamos en la oportunidad idónea, ante el Proyecto de Ley de Régimen Local-, es que la carencia de medios -y digo que es un elemento subsanable-, posiblemente, sean los impedimentos mayores a la hora de poder realizar las funciones de la forma más idónea. Que quiere decir esto, en definitiva, que esas carencias se pueden traducir en una dificultad objetiva para materializar no sólo las recomendaciones, sino el simple cumplimiento de la legislación; pero, por otra parte, también es una excusa perfecta o una justificación para que, en última instancia, se puedan hacer interpretaciones subjetivas e intentar solucionar las cuestiones de formas "paralegales", por dejarlo así. Lo cual, en síntesis, está planteando el reconocimiento de unas dosis de reciclaje constitucional en todos los ámbitos.

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Hay, después, un relato importante en los diversos ámbitos. No vamos a entrar, porque sería exhaustivo; pero sí nos parece que es importante concluir con lo siguiente:

Primero. Hemos leído en medios de comunicación que Su Señoría, de forma generosa, planteaba que inmediatamente después de llevar a cabo la reforma del Estatuto de Autonomía, entrásemos a trabajar algunas de las sugerencias que se nos habían planteado a estas Cortes por parte del Procurador del Común. Nosotros creemos que no debemos de esperar a esa situación. Y hemos de reconocer que no hemos sido ágiles, diligentes en el planteamiento. Y, no sé si haciendo nuestra o poniendo en común algunas de las sugerencias que ya se han planteado desde esta tribuna, creemos que es necesario abordarlo, y abordarlo cuanto antes. No es una urgencia inminente; de lo que no cabe la menor duda es que sí había sido un compromiso que ya habíamos formulado en una ocasión anterior, después de su sugerencia, y no la hemos llevado a cabo; y pensamos que es perfectamente compatible con el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía, en esa adecuación de la legislación vigente en la materia que nos ocupa.

Y concluimos diciendo: "En el inmediato futuro, será necesario seguir perfeccionando la organización humana y material de una institución tan joven, profundizar la reflexión teórica sobre las potencialidades que la misma encierra, en aras de maximizar su utilidad social; y, sobre todo, no decaer en el esfuerzo de extender el conocimiento entre nuestros conciudadanos, facilitándoles hasta donde sea posible el acceso a la misma".

Esta cita, que es textual del Presidente de las Cortes de Castilla y León, nosotros simplemente queremos traducirla al presente, pero traducirla al presenta, que significa, en definitiva, hacerla práctica y efectiva, y cuanto antes. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Concedemos ahora la palabra el señor don Jesús Quijano, como Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Señor Procurador del Común, vaya por delante mi saludo personal y en nombre del Grupo Parlamentario, y nuestro agradecimiento por el desarrollo, por el enfoque que acaba de dar a esta su segunda comparecencia ante el Pleno del Parlamento Regional.

Este agradecimiento implica -así lo quiero reconocer expresamente- una valoración netamente positiva de su actuación, no solamente por el nivel y la calidad que el Informe tiene -que ciertamente la tiene, y me ha parecido un Informe exhaustivo, completo; y luego haré alguna referencia concreta a él-, sino también por lo que percibimos que es el tono del desarrollo de su actividad, que probablemente eso el Informe no lo puede recoger; ésta es otra cuestión distinta, mucho más de percepciones que de reflejo escrito. Pero, en fin, quede constancia de que nuestra percepción sobre el desarrollo de su actividad es, igualmente, claramente positiva, porque creemos que desarrolla usted y su equipo una actividad intensa en cantidad y en calidad, que seguramente esto segundo sea tan importante o más como lo primero.

Déjeme también que le diga -y esto se lo digo en tono menor y, probablemente, soy consciente de que quizá ni siquiera usted es el destinatario de esta observación-, que a mí no me ha parecido la decisión más afortunada de todas, el que haya mantenido una reunión con el Presidente de la Junta pocos días antes de esta comparecencia ante el Pleno; déjeme que se lo diga con absoluta sinceridad. Usted es Comisionado del Parlamento Regional, y esta sensación -que ya sé que no es su intención, pero las carga el diablo, como usted también sabe- de que aquí hay algún peaje previo antes de venir al Parlamento Regional, pues déjeme que le diga -en tono menor- que no me pareció la iniciativa más afortunada; que probablemente ni siquiera es iniciativa suya, quizá usted acudió cuando le dieron la audiencia, pero las carga el diablo, y por eso creo que estaba en la obligación de decirlo. ¿En cualquier otro momento? Cuando usted quiera, o cuando le den la audiencia. ¿Tres días antes de venir al Parlamento Regional? A mi juicio, es equívoco; y como tal se lo tenía que decir.

Quiero inmediatamente destacar -como lo hice ya también con ocasión de su anterior comparecencia- lo que me parece una de las partes más valiosas de su actuación; lo dije entonces -hace aproximadamente un año- y lo vuelvo a reiterar ahora, que es el despliegue de actuaciones de oficio que realiza. Yo eso lo quiero, una vez más, reconocer de manera especial, porque implica un grado de dedicación, un grado de compromiso con el significado de la figura y, a mi juicio, incluso, un grado de sensibilidad muy especial, sobre todo cuando compruebo, un año más, que esta actuación de oficio va dirigida, precisamente, hacia sectores sociales que en muchas ocasiones son los menos atendidos, desde el punto de vista de la acción pública. Yo esto se lo quiero reconocer, porque me parece que efectivamente es así. Y por eso le agradezco que, en contra de lo que podía haber sido perfectamente legítimo -y perdóneme la metáfora-, "usted no se haya quedado en la tienda esperando al cliente, haya salido por ahí a vender", no lo tome esto en un sentido excesivamente directo -porque, evidentemente, seguramente la venta ambulante algún día deberá de ser objeto de sus preocupaciones también-, tómelo, simplemente, en un sentido metafórico.

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Y una consideración más antes de entrar en algún aspecto del Informe. A medida que escuché su intervención, percibí, sobre todo en la parte final de su intervención, un cierto tono de autojustificación, del que yo quisiera relevarle desde el principio. Mire: no se tiene que justificar ante nadie. Este intento que hizo de justificar por qué hay quejas que se rechazan y quejas que se admiten, está en el Informe; y punto. No tiene que pedir perdón a nadie. Yo sé que su figura lleva implícitos algunos riesgos que no le queda más remedio que asumir -y yo soy perfectamente consciente de ello-. El primer riesgo es que se trata de una figura naturalmente incómoda; pues ése es un riesgo que tiene que asumir, punto; y no le demos más vueltas.

Y soy consciente de que tiene que asumir algunas limitaciones también, porque, en muchas ocasiones, estoy seguro de que usted tendrá la sensación de que se convierte en una especie de instancia de satisfacción moral: usted no es un juez que dicte sentencias; usted no es una instancia administrativa que pueda anular actos administrativos de otra Administración; usted no es, o no debe de ser, una segunda instancia política. Y soy consciente de que todo eso planteará algunas limitaciones en su funcionamiento. Piense que ésas son las limitaciones connaturales de la Institución, y no le demos más vueltas.

Y mire, si alguna vez ocurre -y ocurrirá-, pues que coincide con un Grupo Parlamentario en la valoración de un asunto, o con un Grupo Municipal, Gobernante o en la Oposición; pues ha coincidido. Y si alguna vez un Grupo Parlamentario, o un Grupo Municipal, plantea en el Parlamento Regional o en el Ayuntamiento correspondiente, una iniciativa coincidente con una apreciación que usted haya hecho tras el desarrollo de su actividad, no pasa nada; es igual de legítimo una cosa que la otra. Y, por tanto, si ha creído, en función de algún comentario, o de alguna reacción de alguien ante un informe suyo, que tenía una especie de necesidad especial de justificación de algo aquí, yo le quiero decir de antemano que, por mi parte, está absolutamente relevado de tener que hacer esa tarea: usted tiene toda la autonomía que este Parlamento Regional, por unanimidad, le dio; tiene toda la legitimidad que deriva de su función como Comisionado de estas Cortes, y toda la prudencia que me consta que le ha caracterizado en el desarrollo de su actividad.

Por tanto, en el desarrollo de sus funciones, con esas características, sepa -lo dije el año pasado, y lo reitero ahora- que tiene todo el apoyo del Grupo Parlamentario al que represento, en el sentido más noble y más sincero del término. Por tanto, se lo quería reiterar por si de ése -que yo he estimado- tono de autojustificación, pues fueran necesarias estas aclaraciones.

Y entro en alguna consideración sobre el Informe, en algunos aspectos concretos, porque estoy de acuerdo con los Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, y que no procedería y no habría tiempo además, en un repaso puntual de todas las cuestiones que el Informe recoge, ni siquiera en el capítulo de las conclusiones -que le agradezco especialmente, porque creo recordar que el año pasado le sugerí que hiciera un Informe con conclusiones y valoraciones finales, y me parece que es muy correcto el tono en que ha ido ese Informe-.

Es verdad que su Informe -mire- constituye un diagnóstico regional de primera magnitud en asuntos que, a veces, nos pasan desapercibidos a los representantes políticos, bueno, pues que podemos estar mentalmente más ocupados en esto del debate político y, a veces, hay problemas del día a día, del funcionamiento de los servicios públicos, de las aspiraciones de los ciudadanos, de las insatisfacciones de los ciudadanos en el desarrollo de su calidad de vida, que un Informe de estas características recoge espléndidamente. Yo aconsejaría la lectura de ese Informe con cautela y con tranquilidad, porque, ciertamente, constituye un diagnóstico regional de primera magnitud.

Asuntos que me han llamado la atención de una forma especial, siguiendo... -no hay aquí un orden de prioridades-, siguiendo el orden en que han sido expuestos o están recogidos en las conclusiones. Pues primero, curiosamente, ese área es el que más quejas ha recibido -el Área A-, quinientas veintidós exactamente; el siguiente son cuatrocientas noventa y cinco -el de Medio Ambiente-. El primero, quinientas veintidós. Pues me ha llamado enormemente la atención esto que se puede considerar una proliferación de quejas de funcionarios públicos, o de personas al servicio de las Administraciones Públicas, con distinto grado de vinculación jurídica, porque eso está revelando algo, y algo importante. Yo creo que hay un problema, así lo quiero reconocer, y me parece que esta sistemática coincidencia en un número elevado de quejas en esa materia así lo confirman también, hay un problema de transparencia en el acceso a la Función Pública y en los recorridos internos, promoción interna, etcétera, de la Administración Pública -Regional y Local-. No sé si más Regional que Local, o más Local que Regional; el número de quejas me parece que era superior en el ámbito local al regional, pero hay un problema grave en esto, y creo que la sensibilidad ciudadana lo tiene percibido.

Yo sé que usted en esto tiene una obligación de prudencia, que yo no debo tener -al menos en la misma medida, en otras sí-, y, por tanto, lo digo como lo pienso: hay una sensación muy generalizada de que los grados de politización de la Administración Pública han ido bajando escalones. Y primero fueron los grados directivos, pero con el paso del tiempo se ha pasado a los intermedios y hasta los últimos en el escalafón. Esta sensación existe, está muy generalizada, se ha discutido en muchas ocasiones en el Parlamento Regional, y, sin duda, habrá que volver a discutirla; y, probablemente, con nombres y apellidos. Pero ésa no es su tarea, ésa es la mía, y la emplazo porque creo que, efectivamente, ese tema es un problema importante en el funcionamiento de la Administración.

De otros asuntos destacaría algunas cosas en las que usted ha hecho énfasis y que, efectivamente, son cosas que afectan mucho y muy directamente, aunque puedan parecer cuantitativamente menos importantes, a lo que es la vida inmediata, cotidiana de los ciudadanos en la Región.

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Estas cuestiones que usted plantea, por ejemplo, en relación con los procedimientos de expropiación, o con el acceso y costo de las guarderías, o con el suministro de energía eléctrica en pequeñas localidades, con la cantidad de eslóganes que se han consumido aquí sobre cómo vamos a echar el pulso a las eléctricas, y la cantidad de titulares que se han consumido con ocasión de debates parlamentarios... Y resulta que hay un problema en provincias productoras de energía eléctrica, de mala prestación de ese servicio, sin que se ejerzan controles, porque esto es lo que he leído en el Informe y lo que le he escuchado aquí. O problemas relacionados con los procesos de concentración parcelaria, que afectan tanto, a veces incluso a la convivencia en pequeñas localidades. O problemas de notificación de impuestos... En fin, este tipo de cosas que pudieran parecer pequeños asuntos procedimentales, a mí me parecen de la mayor importancia. Por supuesto que, dentro de esa relación, hay algunas cuestiones a las que usted ha dado más magnitud; y yo coincido: los temas de disciplina urbanística, el asunto del ruido -al que luego me referiré-, el asunto de la salud mental, o problemas relacionados con la Administración de Justicia; que ya sé que en ésos no tiene competencia, pero sí me permito hacer una consideración. Antes, el Portavoz que intervino por parte del Grupo Mixto, hacía una consideración sobre lo conveniente que sería que... abrir o poner en marcha nuevas Salas de lo Contencioso Administrativo en alguna capital de provincia de la Región, concretamente lo refería a León; sería útil. Y en Salamanca seguramente también sería muy útil, y en otros sitios.

Yo tengo mis dudas de que ésa sea la solución. Hay un diseño legal, no sé si abrir una Sala de lo Contencioso Administrativo en una capital fuera más barato que poner Juzgados de lo Contencioso unipersonales -como los prevé la Ley- en la mitad de las capitales de la Región. No sé el costo cómo andaría; allá, allá. Pues creo que sería mucho más lógico, y aunque en esto no tenga competencia, pues quizá podemos compartir este objetivo de que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Planta y Demarcación se desarrollen en esa dirección; a mí me parece la adecuada, porque eso sería un acercamiento concreto de la Justicia, en este caso, a los administrados, en el ámbito del contencioso -que, probablemente, es donde se están produciendo las mayores paralizaciones-.

Por lo que se refiere a las actuaciones de oficio, pues yo, sin entrar en un repaso de todo lo que ha hecho, me parece de especial valor -se lo quiero reconocer- la actividad desplegada en cuanto al problema de la integración de la población gitana. Se lo quiero reconocer, porque me parece que ésa es una de esas cuestiones que al final constituyen un timbre de honor para una institución, y lo quiero reconocer expresamente.

Pero le diría que vuelque actividad -en algunos casos siga con ella, porque ya la viene realizando- en el asunto de las agresiones acústicas, en el asunto de los minusválidos, en el asunto de las residencias de la tercera edad, y en el asunto del Patrimonio Histórico-Artístico.

Me ha sorprendido enormemente, porque ésta es una estadística fiable; quizá si esto lo dice un Grupo Parlamentario: "cosas de la Oposición", pero, claro, diciéndolo su Informe quizá tenga más credibilidad, que un tema como el Camino de Santiago, del que se nos llena la boca noche y día en torno a su significado como una cuestión clave del Patrimonio Histórico de la Región, la Comisión Coordinadora se reuniera una vez. Realmente, no tenía el dato, no lo conocía, y, realmente, me ha parecido una cuestión especialmente significativa.

Le pediría una opinión, porque sé que el tema fue polémico -hay opiniones para todos los gustos, y quizá fuera bueno que si lo tiene in mente nos lo clarificara-, de cómo vio la cuestión del derribo de un trozo de la muralla en la capital de Soria. Es un asunto puntual del que yo y miembros de mi Grupo tenemos alguna curiosidad por saber, efectivamente, cómo vio aquel asunto que para nosotros -como digo- resultó polémico.

En relación con el capítulo de defensa del Estatuto y del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León, pues le haría las siguientes consideraciones.

Ha vuelto a insistir -y con razón, y entono, en la parte que me corresponda, el mea culpa- en las carencia que la Ley Reguladora de la Institución tiene, concretamente en dos temas que están ahí: el plazo de contestación y el asunto de la definición de las competencias de supervisión sobre los Entes Locales.

Mire, yo sobre ambos tengo alguna duda; creo que lo comentamos el año pasado, y por eso le pediría, para su respuesta posterior, alguna precisión. Quizá, primero, debiéramos determinar la reforma del Estatuto, donde sabe que estamos comprometidos a recoger una definición de la Institución, y quizá para ese punto concreto su colaboración nos vendría muy bien. El Portavoz anterior lo generalizaba. Yo no estoy de acuerdo con tanto; la reforma la tiene que hacer el Parlamento. Pero en lo que afecta a la definición de la figura, me parecería enormemente positivo que nos haga sugerencias sobre cómo cree que debiera de quedar recogida, y, por tanto, hasta qué nivel debe estar en el Estatuto de Autonomía, aprovechando el trance, el tema de la definición de sus competencias sobre los Entes Locales. Porque sé que es el aspecto más problemático y más polémico, y si contribuyéramos a aclararlo con ocasión de la reforma, eso habríamos andado.

En el tema del plazo, pues le hago una pregunta también: ¿cómo lo ve usted? Se lo digo por lo siguiente: usted sabe que en el Código Penal vigente la no colaboración con el Defensor del Pueblo o equivalente autonómico es un tipo delictivo. Por tanto, el establecimiento de un plazo rígido quizá planteara el problema de que usted tiene que pasarse buena parte de su tiempo remitiendo al Fiscal la falta de colaboración. No sé si ése es el mejor de los mundos; creo que no.

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¿Hay alguna fórmula que permita contemplar con alguna flexibilidad el plazo, rigorizando la obligación de colaboración? Dígamelo también, porque estoy dispuesto en esto a atender sugerencias. Lo que no me gustaría es que una fijación estricta del plazo de contestación colocara al final ante los Tribunales los problemas de relación con su Institución, porque creo que no sería bueno, y mucho más en una época que todavía es de consolidación y de asentamiento de la figura. Si alguna vez hay que hacerlo, pues hay que hacerlo. Sobre eso también le pediría criterio. Me parece que no lo ha hecho nunca todavía, o al menos yo no conozco que lo haya hecho, entre otras cosas porque falta una definición jurídica previa de los términos de cumplimiento de la obligación de colaborar. Pero, en fin, si hay algún tipo de falta de colaboración ostensible y lo tienen que hacer, hágalo. Pero no como salida general, que quizá es a lo que llevaría un tratamiento excesivamente rígido de ese asunto.

Me llama la atención -voy terminando, señor Presidente-, me llama la atención, porque en estas cosas coincido y han sido objeto de tratamiento en esta Cámara con relativa frecuencia, pues algunas cosas que denuncia de falta de desarrollo del Estatuto de Autonomía: el asunto de la ordenación farmacéutica, por ejemplo; o el asunto del acceso a la Función Pública Sanitaria; o cuestiones de medio ambiente; o cuestiones de régimen jurídico de los espectáculos, cuya organización depende de la Comunidad Autónoma.

¡Hombre!, una tranquilidad le doy: el tema del desarrollo del Artículo 20, pues terminará próximamente. Los Grupos Parlamentarios hemos convenido que la redacción actual del Artículo 20 no tiene sentido dada la estructura territorial y el desarrollo territorial de la Administración Periférica de la Comunidad Autónoma, y por tanto, pues esa preocupación probablemente ya no la tendrá en el futuro.

Hago mucho énfasis en el asunto del silencio administrativo y las vías de recurso. Me parece que eso clama al cielo. Lo dije el año anterior y no se ha avanzado nada. Mire, si tiene justificación, entre otras cosas, la descentralización de competencias del Estado a las Comunidades y más allá es porque el acercamiento a los ciudadanos de la capacidad de decisión garantiza una mayor capacidad de definición de los asuntos por parte de la Administración. Si al final hay que resolverlos por silencio administrativo, pues mire, una de las bases de legitimación de las nuevas Administraciones está fallando.

Por tanto, en eso, ya sé que la insistencia la podrá hacer, la podré hacer yo, y la podremos hacer todos conjuntamente. Pero es que éste es un asunto sin costo. Aquí no hay un problema de inversión por medio; si es un Decreto, el del año noventa y cuatro, que -estoy totalmente de acuerdo- fue mucho más lejos de lo que la Ley General de Procedimiento Administrativo Común contempla, y eso me parece intolerable; que la ordenación administrativa de una Administración más cercana cierre más vías de contestación o abra más vías de silencio administrativo que la legislación general del Procedimiento Administrativo Común estatal, me parece impresentable. Y por tanto, en eso, aprovechando que está el Consejero de Presidencia -el dirá que donde hay patrón no manda marinero, y que hay un ausente que es el que tiene la última responsabilidad aquí-, a quién sea, transmítaselo. No es tolerable que el volumen de silencio administrativo sea el que el Informe detecta. Y eso tienen que entenderlo así. Y uno de los principales esfuerzos, sin costo de inversión... éste es un problema de voluntad política, como una ordenación adecuada de los recursos contra los actos administrativos, se pueda hacer facilitando -no saben cuánto- las cosas a los administrados, cuando se resuelven directamente los asuntos. Sobre todo porque también la orientación del silencio positivo/negativo -como bien sabe el señor Consejero- está desequilibrada en ese Decreto del año noventa y cuatro.

Termino con un breve comentario sobre las estadísticas que ofrece en su Informe y sobre el que me gustaría alguna precisión. Es cierto, el número de quejas pues ha aumentado de una forma significativa. Eso yo creo que en principio es bueno, dice algo sobre el grado de asentamiento, de conocimiento, de funcionalidad, etcétera, de la Institución. Quizá hubiera sido bueno que en todas las estadísticas hubiera ofrecido -no creo que sea muy costoso; esto debe de ser cosa de los ordenadores; yo no entiendo mucho de eso, pero me parece que los ordenadores lo hacen con facilidad- el dato comparativo del año pasado, para saber cada medida, cada criterio, cada porcentaje, cómo ha evolucionado del año pasado a éste.

Y en ese sentido, pues tres preguntas concretas -y con esto termino-. Me parece que la proporción quejas individuales-quejas procedentes de colectivos es muy desequilibrada: 82%-18%. Eso quiere decir algo. Dice algo de que hay alguna falta de estructuración asociativa en la Región. Porque muchos de los asuntos objeto de queja parecería más lógico que vengan de colectivos que de ciudadanos individuales. ¿Qué valoración eso le merece?

Me parece bastante desequilibrada -menos que lo anterior- la proporción de quejas de hombres y mujeres: 65%-35%. Creo que eso nos debe de llamar la atención en el significado que tiene.

Y me parece desequilibrada la procedencia territorial de las quejas. Sobre esto me gustaría una valoración respecto de lo que piensa. ¿Piensa usted que el asentamiento de la Institución en la provincia, en la capital de León influye en eso, o que el problema es de otro tipo? Porque hay una desproporción más allá de la que correspondería a la población de quejas procedentes de León que, en conjunto, del resto de la Comunidad. Ya sé que eso tendría una solución, que es, pues, una actividad permanente descentralizada. Pues opine sobre eso también.

(-p.2823-)

¿Debemos de llegar algún día a pensar en una Delegación Provincial de la Institución del Procurador del Común en cada provincia? Por supuesto. ¿Con el costo mínimo? Pues, qué se yo. Un funcionario cedido por cada Diputación Provincial que atienda permanentemente el negociado, simplemente para recoger las quejas. Digo para empezar; quizá luego podemos ir más adelante. ¿Qué costo tendría eso, etcétera? Porque usted ha terminado diciendo también que el Presupuesto pues no es muy allá todavía, etcétera. Y lo reconozco.

Plantee necesidades, y si son razonables, yo creo que serán atendidas. Lo digo porque no hay que olvidar que estamos ante una Institución que está en periodo de crecimiento. Y el crecimiento, si queremos asentarla, exige algún costo. Por tanto, en esto no tenga inconveniente en plantear; y si las necesidades fueran éstas, de una estructuración provincial más estable, que no debe de impedir su presencia personal -como lo está haciendo- periódicamente en cada provincia, pues mejor que mejor.

Ésas son las tres últimas cuestiones que le quería plantear, agradeciendo en conjunto su Informe, su trabajo y su intervención. Y a la espera quedo de esas cuestiones planteadas. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular, y tiene la palabra su Portavoz, don Juan Vicente Herrera.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Señor Presidente. Quisiera comenzar, señor Procurador del Común, agradeciéndole muy sinceramente, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su comparecencia aquí esta tarde, aun cuando la misma venga dada o sea, de alguna manera, una necesidad derivada de las obligaciones que la Ley reguladora de la Institución que usted dirige establece entre esa Institución y las Cortes de Castilla y León.

Un agradecimiento, señor Procurador del Común, que no es, ni quiere ser, ni pretende ser simplemente una fórmula de cortesía, sino el sincero reconocimiento que mi Grupo Parlamentario hace al trabajo de su Institución, y especialmente al trabajo de su Institución, lógicamente, durante el año mil novecientos noventa y seis. Un trabajo mucho más intenso, al haber sido su Institución dotada de unos medios personales y materiales necesarios para esa mayoría de edad que todos reclamábamos en una comparecencia similar el año pasado. Y, desde luego, mucho más allá de las posibles discrepancias, que son de todo punto lógicas, acerca de cuáles han sido los resultados de ese trabajo.

Permítame, señor Procurador del Común, hacer una primera -y muy breve- valoración de su intervención aquí esta tarde. Me ha parecido una intervención, como característica de la tarea de la Institución durante este tiempo y muy especialmente de la persona que la dirige, una intervención equilibrada, una intervención prudente y ponderada, pero quizá, en la última fase de la misma, de alguna manera, dentro de una línea de pedir demasiado disculpas, pedir demasiado perdón, intentar justificar lo que usted no tiene que justificar.

Nosotros mantenemos que la actuación del Procurador del Común, entendido como Institución -en este caso, como Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León-, debe producirse en una línea de objetividad, en una línea de falta absoluta de complejos, entre los cuales -quiero yo decirle- no debe usted tener ningún complejo en reunirse con otra Institución, básica también, de nuestra Comunidad Autónoma, el Presidente de la Junta de Castilla y León, aunque sea la víspera de comparecer ante esta Cámara, para evacuar el Informe al que viene usted obligado de acuerdo con la Ley reguladora de la misma.

Una primera conclusión quisiera yo subrayar del contenido del Informe y del contenido de su intervención, y esa conclusión sería -desde nuestro punto de vista- la de la normalización. Pienso que asistimos, sin duda alguna -y el año pasado lo decíamos, que esta comparecencia se convertirá a lo largo de los años en un clásico de la actividad parlamentaria-, asistimos a la mayoría de edad, en definitiva, a la concreción, a la normalización de una situación que permite al Procurador del Común, entendido como Institución, a actuar dentro de esa normalidad. Una normalidad que indudablemente nunca estará exenta de riesgos, nunca estará exenta de tensiones, nunca estará exenta de intentos incluso de rentabilización inmediata de algunas de sus recomendaciones, de algunos de sus dictámenes, pero que, en definitiva, debe ser una... en definitiva debe ser una actuación dentro de la normalidad. Y eso es lo primero que nos congratula.

Sí queríamos poner de manifiesto, como una pequeña objeción desde un punto de vista puramente formal -que ya hicimos el año pasado-, que el voluminoso... la voluminosa documentación en que consiste -en este año todavía más- el Informe que ha presentado usted a las Cortes de Castilla y León, compuesto de mil sesenta y siete folios, da, en principio, como un poco de temor entrar a profundizar en el examen de los mismos. Hay alguna dificultad, y yo le pediría -si podemos comparar esa realidad con la existente en los informes de Instituciones similares en otras Comunidades Autónomas- la posibilidad de encontrar algún otro instrumento. Bien es cierto que para ello la Ley reguladora de la Institución prevé que el Procurador presentará ante las Cortes, en esta comparecencia oral, un resumen del Informe; bien es cierto también que ese resumen del Informe se ha ceñido en su estructura a lo que son las consideraciones generales del documento presentado; pero, evidentemente, los mil sesenta y siete párrafos... folios, aun coincidiendo con otros Portavoces en que constituyen un trabajo de primera magnitud para conocer realidades concretas de nuestra Comunidad Autónoma, no son, indudablemente, ni prácticos, ni operativos, ni manejables. Quizá también por ese exceso de información, quizá también por esa voluminosidad en el Informe presentado se han deslizado en el mismo -y tengo que decirlo dentro del clima de lealtad, de lealtad crítica, de recíproca crítica- algunos excesos literarios que en nuestra humilde opinión resulta aconsejable corregir.

(-p.2824-)

En ese sentido, y en el folio... en la página ochocientos noventa y cinco del Informe, quiero que usted considere la procedencia o no procedencia -que por otra parte, ha sido ya matizada en su intervención- de aquella afirmación que, en relación a la problemática de los funcionarios de las Administraciones Locales, subraya la dependencia de éstos respecto de los políticos a quienes -textualmente leo- "por otro lado, preocupa más la idea de eficacia que la de legalidad". Me parece que ésa es una afirmación por lo menos grave y por lo menos excesiva. He de reconocer -reitero- que en su intervención la ha matizado.

De la misma manera nos ha parecido excesiva la afirmación que se contiene en el capítulo de Cultura, en el folio novecientos cuatro del Informe, cuando textualmente se dice que "es de destacar que el número de quejas presentadas en esta Institución en materia de cultura ha sido significativamente reducido en relación con el número de quejas correspondientes a otras áreas, de lo que se desprende la escasa preocupación de parte de los ciudadanos por las cuestiones culturales". Pero, en definitiva, éstas, desde nuestro punto de vista, no son más que manifestaciones absolutamente casi necesarias de un volumen de folios que constituyen el Informe al que usted ha hecho referencia.

Si pudiéramos, de alguna manera, subrayar cuáles son la valoración, o cuáles son -aparte de ese primer criterio o esa primera conclusión que yo quisiera subrayar de normalización de la Institución, por la cual nos felicitamos, le felicitamos y felicitamos a su equipo-, cuáles serían las notas que caracterizan el Informe presentado en el año mil novecientos noventa y seis por el Defensor del Pueblo de Castilla y León, por el Procurador del Común, ésas serían:

En primer lugar, un incremento en el número de las quejas, lo que denota una mayor implantación de la Institución, que también responde a un esfuerzo personal de los miembros de la Institución por estar presentes territorialmente en todas las capitales de provincia, en todas las provincias y -como se ha puesto aquí de manifiesto también- en determinadas áreas especialmente sensibles y alejadas de las capitalidades, no solamente de la Comunidad Autónoma, sino de sus respectivas provincias.

Una mejora en la aceptación por las distintas Administraciones de las recomendaciones de la Institución. Eso se subraya en determinados capítulos reiteradamente, lo cual también nos alegra en el sentido que debemos velar, en la medida en que usted es Alto Comisionado de esta Cámara, en que sus recomendaciones sean verdaderamente escuchadas en aquella parte, en aquella enorme parte que tiene, desde luego, fundamento por las Administraciones a quienes van dirigidas.

Y finalmente, una mejora también en el grado de colaboración de las propias Administraciones. A este respecto, yo también quería decirle que, bueno, no se compadece quizá, con independencia de que sea necesario regular en la reforma de la normativa de su Institución, el plazo de contestación con esa estadística, según el cual se establece una colaboración positiva del 85%. Me parece que eso, sea dentro de un plazo mayor o menor, denota que indudablemente las Administraciones están contestando a los requerimientos, a la petición de documentación, a la petición de informes que realiza su Institución.

De la misma manera nos ha interesado -como siempre- de forma especial -y en eso no me cuesta, en absoluto, reconocer mi total coincidencia con las apreciaciones que ha realizado el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- las actuaciones de oficio realizadas por el Procurador del Común durante el año mil novecientos noventa y seis. Porque, sobre todas las razones que el Portavoz Socialista ha puesto en esta tribuna, a mí me quedaría, o yo me quedaría con una fundamentalmente: denota la sensibilidad de la Institución, y sobre todo la sensibilidad de las personas que en este momento encarnan y trabajan en la Institución, por problemas sociales, por problemas que afectan, ciertamente, a núcleos, a capas de la sociedad, a comunidades -como la comunidad gitana de Castilla y León- que, desde luego, necesitan una especial atención y son, ciertamente, núcleos de la población especialmente desfavorecidos, como problemas específicos que son plenamente sentidos en nuestra realidad social y en nuestra realidad urbana, como son la seguridad vial en las vías urbanas, en las travesías, o la defensa de nuestro Patrimonio Artístico.

En algunas de estas cuestiones, sí me gustaría que se hubiera confrontado quizá un poco más. Y la verdad es que su preocupación por el Patrimonio Artístico ciertamente denota el comienzo de unas determinadas actuaciones, y pone de manifiesto un déficit -que nosotros desde luego compartimos- en la base del dato estadístico de la existencia de un enorme patrimonio y una no suficiente atención al mismo por algunos de sus responsables. Sí nos hubiera gustado, sin embargo, que eso se hubiera compensado con el reconocimiento del esfuerzo que la Administración Regional viene realizando en la defensa de ese patrimonio artístico. Sí nos hubiera gustado que ése hubiera sido un elemento que, de alguna manera, hubiera venido a contrarrestar, hubiera venido a compensar un diagnóstico, por otra parte, certero en cuanto a la problemática del Patrimonio Artístico de Castilla y León.

Coincidencia al 100%, por cuanto es también una preocupación muy concreta del Grupo Parlamentario y de este Portavoz que tiene el honor de dirigirse a usted, acerca de lo que es el Camino de Santiago para esta Comunidad Autónoma, y acerca de las exigencias que una política relativa al Camino de Santiago vamos a tener en esta Comunidad, a la vista de la celebración inminente, en el año noventa y nueve, del Año Jacobeo, que va a poner fin al siglo XX.

(-p.2825-)

Algunas otras cuestiones sobre agresiones acústicas y minusválidos son continuación de esas actuaciones de oficio emprendidas en ejercicios anteriores, en el anterior ejercicio, por su Institución y respecto de las cuales, desde luego, le animamos a proseguir, en la medida en que denota esa capacidad de creación, esa posibilidad que la Institución tiene no solamente de esperar las quejas y los expedientes de queja, sino de tomar iniciativas. En esa línea, nosotros, desde luego, le animamos para que continúe.

Nos ha interesado sobremanera, aunque me ha sorprendido también que no haya hecho usted especial hincapié a ello en su intervención ante esta Cámara, y ya dentro de las cuestiones relativas a la defensa del Estatuto de Autonomía y tutela del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León, con un mayor detenimiento se haya tratado la cuestión de la reforma de la Ley 2/94, reguladora de la Institución del Procurador del Común de Castilla y León. Es cierto que el Informe incorpora el escrito de sugerencias que la Institución remitió al efecto con fecha cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, y que incorpora, así mismo, un escrito complementario que en relación al Artículo 1.2 se ha remitido en el mes de marzo de mil novecientos noventa y siete. Pues bien, yo quisiera poner de manifiesto, para que usted lo considere, que la ampliación competencial que va a derivarse de la reforma estatutaria puesta en marcha a través de los trabajos que se llevan en esta Cámara, va a determinar o va a implicar, lógicamente, una ampliación natural del ámbito de actuación del Procurador del Común de Castilla y León; en la medida en que las competencias de la Comunidad Autónoma se amplíen, se amplía también al ámbito de actuación natural de la Institución.

Como usted conoce perfectamente, el Artículo 1 de la Ley 2/94 establece en su apartado primero lo que -desde nuestro punto de vista- constituye la esencia de la Institución: la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la tutela del Ordenamiento Jurídico de Castilla y León. El criterio de nuestro Grupo es que el apartado segundo establece los instrumentos en base a los cuales puede producirse esa defensa y esa tutela, y, por lo tanto, nosotros entendemos que la supervisión administrativa a la que hace referencia el apartado segundo tiene un carácter meramente instrumental, aunque también con la importancia que esa actuación tiene. En ese sentido, sí quisiéramos ya fijar nuestra posición acerca de cuál sería -porque sí que establece usted criterios suficientes para saber cuál es su posición respecto de lo que debe ser la reforma del Estatuto en relación a la Institución del Procurador del Común-... sí me interesaría fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.

Desde luego, desde nuestro punto de vista -y en eso creo que coincidimos con todos los Grupos Parlamentarios-, es indispensable que dentro del capítulo correspondiente a las Cortes de Castilla y León en el Estatuto de Autonomía de nuestra Comunidad Autónoma figure, en un artículo singular dedicado a la Institución, la definición del Procurador del Común de Castilla y León como Alto Comisionado, con esos objetivos de defensa y de tutela. Nosotros entendemos que eso debería ir acompañado con una remisión, en cuanto a la regulación de la figura lógicamente, a la ley ordinaria, a la ley aprobada por las Cortes.

Por lo que se refiere a la solución de los problemas que usted plantea y que viene planteando acerca de su intervención en asuntos del ámbito propio de las Corporaciones Locales, usted plantea dos posibilidades a lo largo de esas sugerencias que ha realizado y que incluye en el Informe: una primera sería la que incorporó en aquel primer Informe, en el Informe de cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis, en el que, de alguna manera, sugería que la supervisión por parte del Procurador del Común se extendiera, dentro del ámbito de actuación de las Corporaciones Locales, a todas aquellas materias que éstas ejercieran; no como dice ahora la Ley en el 1.2: "a todas aquellas materias delegadas o transferidas por la Comunidad Autónoma", sino, por el contrario y de una forma más general, a todas aquellas cuestiones que sean competencia de la propia Comunidad Autónoma.

Por el contrario, en el Informe recientemente remitido usted hace referencia a la reforma introducida en el Estatuto de Canarias -y usted lo ha dicho-, en el que se extiende toda la actuación del Procurador del Común, de la figura análoga en Canarias, a todas las actuaciones de las Administraciones Públicas canarias.

Nosotros entendemos que, en virtud de la aplicación del principio constitucional de autonomía de las Entidades Locales: Ayuntamientos y Diputaciones, o -por mejor decir- municipios y provincias, por coherencia con lo establecido en el Artículo 20.3 de nuestro Estatuto de Autonomía, en cuanto a la coordinación que se establece obligatoria para la Comunidad Autónoma de las actuaciones de las Corporaciones Locales en todo aquello que tenga un interés comunitario, y también en línea de lo que usted mismo convino con el Defensor del Pueblo en el Convenio de Cooperación y Coordinación de uno de febrero de mil novecientos noventa y seis, cuyo Artículo 4 se dedica, precisamente, a establecer los mecanismos que permitan salvar, de alguna manera, esas deficiencias en el funcionamiento de la Institución, nosotros entendemos que sería y que resultaría mucho más favorable que, desde luego, en una reforma de la Ley reguladora de la Institución, extendiéramos la actuación de ésta a todas aquellas actividades o actuaciones de las Corporaciones Locales relativas a materias que sean competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; esto es, que hayan sido incorporadas como competencias propias al Estatuto de Autonomía en la reforma que hemos emprendido.

(-p.2826-)

Me han interesado también algunas otras cuestiones, en las cuales -y por el limitado tiempo- no voy a hacer un detenido examen. El desarrollo del Artículo 20.2 del Estatuto de Autonomía, ya se ha indicado aquí -y, desde luego, a mí me consta también- que ese apartado, en la medida en que establecía una previsión que ha sido incumplida en los hechos, y que incluso la propia Administración autonómica ha ido desarrollando su Administración periférica, puesto que aquel apartado establece que la gestión ordinaria de los Servicios Periféricos de la Administración Regional se realizaría a través de una especie de encomienda de gestión a las Diputaciones Provinciales, creo que es una cuestión que va a quedar absolutamente superada por los hechos.

Y me ha interesado también, y serían las dos últimas cuestiones que yo quiero poner encima de la mesa, encima de la tribuna, puesto que, de alguna manera, también tienen una trascendencia que yo quiero subrayar, tanto la referencia -que me ha parecido muy acertada- por el Presidente de las Cortes, algunos otros Portavoces y usted mismo en su Informe, a la situación por la que atraviesa uno de nuestros ciudadanos y que, desde luego, denota la sensibilidad en la defensa de ese derecho fundamental cual es el de la libertad; una referencia expresa que se hace en el Informe a la posición y a la presencia en algunas de las manifestaciones que se han celebrarlo para reivindicar la inmediata libertad de José Antonio Ortega Lara. Yo lo quiero subrayar como un detalle de sensibilidad, que desde luego nuestro Grupo también acoge.

Y finalmente, una referencia, ciertamente escueta, y que en su momento originó una cierta controversia acerca de la actuación del Procurador del Común respecto del problema del enclave de Treviño. Y yo pienso que ahí usted, desde luego, tiene -de acuerdo con lo que se deduce de su Informe- absolutamente centrada que debe realizarse una... la mayor compatibilidad posible en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Treviño, en la defensa de los derechos de los ciudadanos de Treviño, y desde luego también en la defensa inquebrantable del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y concretamente de la Disposición Adicional Séptima... Disposición Transitoria -que nosotros postulamos que en la reforma del Estatuto se convierta, lógicamente, en Disposición Adicional, porque no tiene por qué ser Disposición Transitoria-, Disposición Transitoria Séptima del Estatuto de Autonomía, que establece taxativamente -habiendo sido también sancionado por el propio Tribunal Constitucional- cuál es el mecanismo, el posible mecanismo de segregación.

En ese sentido, desde luego, nosotros le animamos a que sea exigente en que las Instituciones o Administraciones competentes encuentren el máximo acuerdo posible en convenios concretos para el servicio de los intereses inmediatos de los ciudadanos de Treviño, pero que al mismo tiempo, con todos nosotros y -de alguna manera- respondiendo al carácter que usted tiene de Alto Comisionado de estas Cortes de Castilla y León, sea taxativo y sea -de alguna manera- inequívoco en la defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que en algunas intervenciones un tanto ligeras de responsables de alguna otra Institución, de alguna otra Administración, de alguna otra Comunidad Autónoma, se ha puesto en tela de juicio.

Ése es el resumen de algunas de las cuestiones que, lógicamente... sobre las cuales podemos seguir debatiendo, podemos seguir hablando, dentro de lo que ha sido -desde nuestro punto de vista- una comparecencia y un Informe que supone la normalización de la Institución, y respecto de la cual hemos querido manifestar, en el frontispicio y también en el cierre de nuestra intervención, el reconocimiento al trabajo, que ha contribuido a que esta Institución de la Comunidad Autónoma alcance hoy, a través de la presentación del segundo Informe del Procurador del Común, su mayoría de edad. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para contestar a los Portavoces intervinientes, tiene de nuevo la palabra el Procurador del Común, señor García Álvarez.

GARCÍA ÁLVAREZ

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): Con la venia, señor Presidente. Quiero agradecer las observaciones que han sido hechas por los Portavoces, porque, en general, han sido precisamente eso: tienen naturaleza de observaciones, que les aseguro tendré en cuenta, porque todos los días se aprende algo, ¿no? Y que las tengo en cuenta, prueba de ello es -como alguno de ustedes ha dicho- que algunas... o no pocas de las observaciones hechas el pasado año han sido recogidas en el Informe que acabo de presentar.

Como quiera que sea, ha habido preguntas, ¿no?, preguntas muy directas. En concreto, la señora Farto me preguntaba sobre mi postura acerca del Estatuto de Autonomía. Yo no creo que deba manifestar yo mi opinión respecto del Estatuto y de la reforma estatutaria, sobre todo en estas circunstancias de tiempo y lugar; sobre todo en la medida de que es una decisión política la reforma del Estatuto, y, como tal decisión política, yo no puedo vigilarla. Mi vigilancia se ciñe, debe ceñirse, sobre todo, a las actuaciones administrativas.

Lo otro que apuntaba usted -como apuntaba el señor Otero y apuntaban otros Portavoces-, en el sentido de que pudiese dar mi opinión sobre determinadas partes del Estatuto, si se me pide, la daré; pero tan sólo en ese caso, ¿no? Y además creo que sobre, sobre todo, aquellas partes que afecten directamente a la figura... a la Institución de la que soy titular.

Tampoco pienso yo que el Procurador del Común como tal... No he pensado en ello, francamente; pero no veo yo que la figura del Procurador del Común deba de figurar como tal en las tareas de elaboración de la Ley de Reforma del Estatuto, el Proyecto de Ley de Reforma. Al menos eso es lo que se me ocurre decirle ahora, ¿no?

(-p.2827-)

Y desde luego, lo que sí pienso -y enlazo también con lo que apuntaban otros intervinientes- es que la reforma estatutaria debería ser previa a la reforma de la Ley 2/94. Yo agradezco el apoyo que me ha prestado la señora Farto, el señor Otero y otros Portavoces para reformar la Ley que regula la Institución del Procurador del Común; pero precisamente por lo que apuntaba el Portavoz del Grupo Popular en los últimos momentos: el tema de la ampliación competencial, en qué medida puede vulnerar o no el principio de autonomía local, etcétera, etcétera, mi intervención como vigilante; creo que sería preferible aclarar primero en el Estatuto de Autonomía, por una Ley Orgánica -en consecuencia- cuál es la configuración de la figura del Procurador del Común, antes de proceder a la reforma de la Ley propiamente dicha.

Me hacía una pregunta muy directa, también, que me hizo el año pasado. Y como me la esperaba, debo de confesar que... Lo que pasa que me puede llevar cierto tiempo, y no quisiera... no quisiera cansar a Sus Señorías. Es lo relativo a las Entidades Locales Menores. Señora Farto, me lo preguntó el año pasado y ha vuelto a insistir. Debo decirle que, recogiendo un poco aquella pregunta, yo incluí este tema en las XI Jornadas de Coordinación entre los Defensores del Pueblo que se celebraron, organizadas por el Procurador del Común, en León en el pasado mes de septiembre. Hombre, si me permite, preferiría hacerle llegar -aunque todavía no están publicadas- aquellas páginas que hacen referencia precisamente a las Entidades Locales Menores, cuáles son los problemas que detectamos nosotros en el funcionamiento de la Entidad Local Menor. Que quiero recordarle, de todos modos, no es un fenómeno exclusivo de la provincia de León, tal y como se podría inferir de algunos escritos que -numerosos- estoy recibiendo últimamente. La Entidad Local Menor, muy numerosa en León, es también -como saben- muy numerosa también en la provincia de Burgos, son numerosas también en Palencia, etcétera, etcétera.

Si me permite, entonces, se lo enviaré, se lo haré llegar, cuáles son nuestras consideraciones respecto a la Entidad Local Menor, que sí tienen problemas y problemas serios, por supuesto, ¿no? Y en donde, además, encontramos una resistencia por parte de los ciudadanos a que desaparezcan esas Entidades Locales Menores.

El señor Otero me preguntaba sobre los casos en que ha intervenido la Institución del Procurador del Común. Hemos tenido numerosísimas quejas sobre un mismo supuesto: el del vertedero situado en Campo Sagrado, ¿no? Nosotros solicitamos información a las Administraciones afectadas por la cuestión, y cuando estábamos recibiendo esa contestación, esa respuesta por parte de las Administraciones -con cierta demora, pero nos respondieron todas-, la cuestión tuvo una solución por otros derroteros. En este momento no recuerdo, sinceramente, más detalles, o no me atrevo a manifestarme, porque podría correr el peligro de decir inexactitudes. Lo mismo le digo... lo que le he dicho tantas veces a usted y a cualquier Procurador miembro de estas Cortes: cuando quieran solicitar información, pueden hacerlo a lo largo del año, sin esperar la celebración de esta sesión plenaria, ¿no? Y, desde luego, me comprometo a facilitarle cuanta información me requiera en cuanto a esa actuación del Procurador del Común en relación con ese vertedero concreto.

Ha habido otros problemas, que están en la mente, seguramente, suya y mía, en la provincia de León, en relación también con esta cuestión, que no han llegado al Procurador del Común, en los últimos tiempos sobre todo; no ha llegado como queja al Procurador del Común.

Tengo plena consciencia -y no tenga miedo por eso, señor Herreros- de ser Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León. A veces debo confesarle que el miedo que tengo yo es que ustedes -como estoy un poco lejos- se olviden precisamente de esa circunstancia, ¿no? Pero soy Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, no se preocupe.

En cuanto a los tres temas que me sugería, ¡qué casualidad!, son temas que abordamos en las Jornadas... XI Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo de Castilla y León, celebradas en León en el mes de septiembre; y -como les decía- les haré llegar oportunamente, creo que en breve, toda la documentación al respecto, que preocupa -esos tres temas, precisamente- a todos los Defensores del Pueblo. Alguno de ellos, incluso, fue abordado recientemente en las Jornadas Hispanoamericanas que tuvimos en la ciudad de Toledo.

Debo confesarle de todos modos, de paso, ¿no?, puesto que tampoco tengo datos ni... que es que me preocupa un poco la manera de abordar la cuestión de los derechos del niño, en la medida en que el niño es una persona que no recurre al Procurador del Común, no toma la iniciativa, me planteo y nos planteábamos los Defensores cómo tomar la iniciativa para llegar a conocimiento de situaciones concretas en que estén siendo objeto de vulneración los derechos de los niños. Es una preocupación constante y grande, pero tengo esa preocupación... esa dificultad, digamos, también metodológica: que no sé todavía cómo abordarlo.

Señor Quijano, me advertía usted, entre otras cosas, prudencia sobre el plazo a incluir en la Ley... cuando se imponga por fin ese plazo para responder a mis peticiones de información y cuando yo envíe una Propuesta de Resolución. Por supuesto que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y, de acuerdo con esa prudencia, creo que estamos actuando; un mes me parece un plazo más que razonable. Hace poco, hablando con un Delegado Territorial, me manifestaba que, hombre, que un mes era de sobra, y se manifestaba incluso con una expresión que prefiero no reproducir, ¿no?, que el que pasara de ese mes ya estaba obrando...

Y con esa prudencia seguiremos actuando. Y, desde luego, cuando tengamos el plazo en la Ley, no es mi intención el estar acudiendo al Ministerio Fiscal cada dos por tres; en absoluto. Hasta ahora sí le debo decir que he acudido una vez, y con éxito; no en base a ese artículo del Código Penal, pero sí a un base que me permite... en base a otro artículo de la Ley 2/94, que me permite... incluso que me impone el dirigirlo al Ministerio Fiscal, cuando advierta que puede haber un delito en determinada actuación. Pero prudencia y carácter excepcional, por supuesto.

(-p.2828-)

Tres preguntas concretas: ¿por qué hay muchas más quejas individuales que colectivas? Pues, probablemente, porque la conciencia asociacionista no está lo suficientemente desarrollada todavía; yo no diría en Castilla y León, incluso en la mayoría de las Comunidades Autónomas del país.

Como quiera que sea, algunos colectivos han sido colectivos muy numerosos y han sido colectivos que han presentado quejas sobre todo en unas materias muy concretas: en medio ambiente; relacionado con medio ambiente predominan, si mal no recuerdo, las quejas de colectivos sobre las individuales.

¿Hombres muchas más que de mujeres? Sí. En todos los casos en que se trataba de un matrimonio, la queja viene presentada por el hombre, aunque con frecuencia la mujer venía acompañando a la persona que venía -su marido- cuando venía a presentar la queja, quien realmente ponía la firma era el hombre.

Y con eso enlazamos con un tema que no me dio tiempo a abordar en mi intervención, y es el temor todavía que no pocos ciudadanos siguen teniendo a firmar las quejas. Aunque vienen a la oficina, plantean la cuestión, sobre todo cuando se trata de personas de la tercera edad -mujeres y personas de la tercera edad-, cuando llega el momento de poner la firma debajo del documento, ese paso no lo dan. Y esa circunstancias se da más en la mujer que en el hombre.

La procedencia territorial. Mostraba su preocupación por el hecho de que, efectivamente, destaca que hay muchas más quejas procedentes de la provincia de León que de otras provincias. Eso lo hemos comentado a los Defensores de las Comunidades Autónomas -de las ocho Comunidades Autónomas que cuentan con esta figura- y en todas se da esa circunstancia. Hace poco lo hablaba con el Ararteko, con el País Vasco, hay más quejas procedentes de Álava que de las otras dos provincias de la Comunidad Autónoma. Yo creo que la presencia es un poco como un acicate para venir a presentar la queja. No olvidemos que, además, en la provincia de León yo visito regularmente también la única comarca administrativa de la Comunidad Autónoma, que es El Bierzo. Eso incrementa también el número de quejas.

Como quiera que sea, acepto su sugerencia de incrementar mi presencia en el resto de las provincias.

Lo de crear subdelegaciones, yo no creo que hoy por hoy sea necesario. Y, desde luego, en ese caso, además, correríamos el peligro de quebrantar esos consejos que me dieron ustedes -y no consignas- en cuanto a la austeridad en el presupuesto, etcétera, etcétera. No creo que hoy por hoy ese paso sea preciso darlo; quizá sí incrementar nuestra presencia y, sobre todo, incrementar la mía personal. Con eso puede ser suficiente.

Me da la impresión de que he sido mal interpretado cuando alguno de ustedes, queriendo hacerme un favor, decía que... con timidez, pero yo venía a pedirles a ustedes más dinero. No. En estos momentos, creo que el presupuesto aprobado por estas Cortes -dirán que qué candidez, ¿no?, pero es así- es suficiente en estos momentos. No sé en el futuro lo que puede ocurrir, pero en estos momentos les decía y subrayaba que era el presupuesto más bajo de las Comunidades Autónomas españolas; pero lo decía casi con orgullo y para demostrarles que sus palabras no caen en el vacío y de que se está operando con austeridad. Y, además, creo que es importante.

Bien. Finalizo repitiendo mi compromiso al tener en cuenta... No, perdón. Finalizo de responder al señor Quijano.

El Portavoz del Partido Popular, del Grupo Popular, hizo una serie de observaciones que le agradezco; todos los días aprendemos algo, señor Herrera. Y, efectivamente, el Informe tiene errores y algunos errores yo diría que graves, que, en la medida en que he podido, he corregido en mi intervención verbal, se me había pasado -debo confesarle- desapercibido, y pido disculpas por eso. Pero también les decía que, como obra humana, tiene que ser imperfecta, ¿no?

Realmente, la intervención del Portavoz del Grupo Popular se basó fundamentalmente en observaciones. No tengo... no tengo anotadas preguntas. Estoy de acuerdo en la observación que me hacía en cuanto al carácter que tiene que tener la vigilancia del Procurador del Común sobre las actuaciones de la Administración Local, aunque, si me dan la oportunidad en ese punto concreto, me gustaría poder manifestar mi opinión con mayor detalle y preparación ad hoc en el momento correspondiente. Si tienen a bien invitarme a la Ponencia que está elaborando el proyecto de reforma estatutaria, pues lo haría con mucho gusto.

Es un tema espinoso, porque claro, hay que compaginar... yo creo que es perfectamente compatible, pero hay que compaginar el principio de la autonomía local con el control por parte de esta Institución. Y, en tanto en cuanto el Artículo 54 de la Constitución esté redactado como está, efectivamente, es una limitación que hay que tener en cuenta, o un condicionamiento que conviene tener en cuenta.

Y nada más, sino agradecerles su atención.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Procurador del Común. Para réplica, por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Concepción Farto tiene la palabra.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Con mucha brevedad, solamente para hacer alguna aclaración.

(-p.2829-)

En primer lugar, yo creo que ha habido un lapsus de... de entendimiento entre el señor Procurador del Común y esta Procuradora, porque yo para nada he dicho que las Entidades Locales existan sólo en León; soy consciente de que existen no solamente en toda Castilla y León, sino también en toda España. De cualquier manera, le agradezco su... el ofrecimiento de documentación y la espero, porque además sé que cuando usted promete algo, lo hace.

En segundo lugar, hay otra cosa que yo no tengo claro y sí que me gustaría que aclarase. A mí, afectados por el problema del vertedero de Villamartín sí que me han dicho que le han hecho llegar a usted su queja, y usted acaba de decir que no.

Y, en tercer lugar, algo en lo que sigo sin estar de acuerdo. Es posible que la cuestión sea que usted no puede directamente entrar en la reforma del Estatuto, y yo eso no se lo pido. Pero sí que creo que su voz se tiene que dejar oír en la reforma del Estatuto. Sé que eso va a hacer mucho más molesta de lo que ya es su labor, pero no siempre lo bueno es fácil.

Y, por otra parte, yo hice una pregunta o dejé una reflexión en el aire a todos los Procuradores de esta Cámara en cuanto a la confianza y en cuanto a la identificación que los ciudadanos de Castilla y León tienen con la Institución del Procurador del Común. Y otros Portavoces que luego hablaron del tema han dicho o han dado la pauta.

La pauta, desde mi humilde punto de vista, señor Procurador, es la descentralización y el esfuerzo de descentralización que su Institución ha hecho y que usted ha hecho. Y creo que la moraleja es fácil de seguir: hay que patearse la Comunidad, independientemente de dónde estén las Instituciones. La Comunidad es muy grande, pero hay que llevar a todos los ciudadanos lo que reside solamente aquí, en Valladolid.

Creo que ha habido un hecho lamentable, que yo tengo que decir también desde mi independencia, y es que... a lo mejor es el juego político, pero hemos terminado haciendo político... política -perdón- a partir de su intervención.

De cualquier manera -y para terminar-, decirle que, independientemente de las entrevistas que usted haya tenido antes, vaya a tener después, o tenga que tener por motivos de su cargo, o porque quiera tenerlas, yo sigo confiando -porque así lo ha demostrado- en su independencia, en su autonomía, en definitiva, en su libertad, en la libertad de su Institución, por la lucha también de las libertades de los ciudadanos de Castilla y León. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Siguiendo la tónica de las segundas intervenciones, pues, brevísimamente.

En cuanto a las sugerencias que yo le hacía de no esperar a la reforma de la Ley que regula la Institución, sigo insistiendo en que a mí me parece innecesario, que no depende una cosa de la otra, que las competencias no guardan relación directa con la Institución del Procurador del Común. Pero, en fin, como quiera que yo lo hacía a modo de sugerencia, y el propio responsable de la Institución -el Procurador del Común- ha dicho que su opinión es mejor esperar a que se finalicen los trabajos de la reforma del Estatuto, yo, por supuesto, lo admito, lo acepto. Y, en este sentido, como no podía ser de otra manera, hágase su voluntad.

Lo mismo le digo con respecto al tema de la participación en los trabajos del Estatuto.

Hombre, es verdad que no es habitual, es verdad que el Defensor del Pueblo no ha participado nunca en ninguna tarea legislativa, ni ninguno de los equivalentes en las Comunidades Autónomas lo ha hecho. Ahora bien, la reunión de la Ponencia, yo diría que no es actividad legislativa propiamente dicha; es una actividad más de trabajo, de puesta en común de opiniones; y que luego sí, la actividad legislativa le corresponde a los legisladores, por supuesto, y, en ese sentido, solamente los Procuradores de estas Cortes pueden estar presentes.

Pero, en un principio, no lo veía con malos ojos. De todas formas, era otra sugerencia; es más, ésta incluso se me ocurrió sobre la marcha al preparar mi intervención y ver que entre sus funciones estaban la defensa del Estatuto y la tutela del Ordenamiento Jurídico. Pero si a usted le parece más propio o más oportuno, o más correcto, el estar al margen y dejar exclusivamente esos trabajos -incluso en la Ponencia- a los legisladores, pues -insisto también-, a mí me parece bien, lo acepto. Y también en esta materia, hágase su voluntad.

Mire, y una impresión final. La impresión que tengo es que desde el año pasado, cuando usted compareció por estas fechas -creo que el treinta de marzo-, hasta este año, todo sigue igual: las quejas van por los mismos caminos, las quejas van por los mismos derroteros; las Administraciones no han solucionado los problemas. Seguimos hablando de salud mental, seguimos hablando de desigualdad racial, de empleo público, de urbanismo, de defectos en las viviendas, de barreras arquitectónicas. Creo que en ese sentido la Administración Autonómica responsable -en una buena medida- de eso merece un rapapolvo. No usted por decir que todo sigue igual, que es lo que me parece que en el fondo se traduce de toda su intervención.

(-p.2830-)

Y termino. Mire, me gusta su actuación, la apruebo, la apoyo; y, al decirlo en primera persona, me refiero a mi Partido Político. Creo que la Institución suya ha calado en la sociedad -al menos, desde luego, lo que conozco en la sociedad leonesa-. Ha conseguido usted en poco tiempo algo que no han conseguido Instituciones como estas propias Cortes o el Ejecutivo: un ciudadano -al menos de León, insisto-, cuando tiene una queja de la Administración, ya asocia directamente, ya asocia mentalmente queja/enfado/cabreo -permítaseme la expresión- con la Administración: recurrir al Procurador del Común. Hasta ahora, o los Tribunales o el pataleo. Ahora asocian inmediatamente la figura del Procurador del Común. Eso me gusta.

Lo que no me gusta es, lógicamente -se puede usted imaginar, me saldrá una sonrisa al decirlo, pero no por ello no es importante-, es el ámbito de actuación. ¿Qué quiere que le diga? A mí me gustaría que usted fuera Procurador del Común de la Comunidad de León; y a lo mejor lo es alguna vez, o alguna vez a lo mejor lo tenemos. Pero, fíjese, por si acaso, para que vean Sus Señorías que no lo vemos tan lejano, ni tan imposible, ni tan utópico, por si acaso, sea usted o sea quien sea, ya le tenemos nombre, y además es mucho más bonito: será el "Defensor del Reino", que suena mucho mejor y es mucho más bonito, el "Defensor del Reino". No es una utopía. Eso me gustaría.

De momento estamos satisfechos con que sea usted y su equipo los que defiendan a los ciudadanos -como se dice ahora- de Castilla y León, y de que sea también quien defienda o tutele el ordenamiento jurídico de esta Comunidad, que, hoy por hoy, hay mucho que tutelar, créame, hay mucho que tutelar. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente, Señorías. La verdad es que es tal el fervor que suscitan, que ya les quieren hacer implicarse en absolutamente todos los oficios -dudo que en los beneficios- que tiene la política. Yo creo que lo conveniente y lo necesario es que cada cual cumpla con su cometido, con su función, y eso ya sería suficiente. Y hemos dicho, desde el primer momento, que a nuestro juicio se está haciendo.

Da un poco la impresión, por otra parte, o a mí me ha dado la impresión -que la he contrastado con el resto de los compañeros del Grupo Parlamentario-, como que se estuviese reproyectando nuevamente las responsabilidades sobre el Procurador del Común de aquellas cuestiones de quejas y reclamaciones que aquí se han planteado.

Y yo sí quisiera, al menos, hacer explícito lo siguiente: sí el reconocimiento de la función, pero sí, Señorías, la autocrítica en lo que nos concierne. Porque también es muy interesante hablar de las Administraciones, que, por supuesto, tienen que hacer su reflexión una vez concluido este Informe. Pero aquí nosotros decíamos y seguimos insistiendo en la necesidad y en la conveniencia de afinar mucho más todo lo que es la función de control parlamentario, y todo lo que es la función legislativa.

De esta manera colaboraremos, realmente, a que esto vaya agilizándose, vaya siendo cada vez más efectiva la función, y decía que incluso es posible que a eliminar muchas de las quejas o reclamaciones que se puedan estar suscitando en estos momentos. Claridad absoluta, información pertinente, rebasando incluso los límites, que en estos momentos son muy restrictivos, de esa información. Y esto yo creo que, bueno, pues no lo he notado en el resto de los Grupos Parlamentarios.

Y decíamos también, como sugerencias -que yo no sé si se ha interpretado correctamente-, no que no se hayan tratado en conferencias, en coloquios, en congresos; sí en la necesidad de fomentar de oficio... lo mismo que ha sido, a nuestro juicio, muy interesante el resto de las cuestiones que se han planteado de oficio -y han coincidido prácticamente todos los Grupos Parlamentarios-, que se puedan suscitar los tres temas que anteriormente planteábamos.

Pero además, también sería conveniente, no en la misma temática, que quedase muy claro cuáles son las delimitaciones de las competencias entre las distintas Administraciones, porque da la impresión -que era una de las cuestiones que también se ponían o se hacían patentes- de una cierta justificación o pretexto, a la hora de utilizar las fórmulas de prescindir de la propia responsabilidad, mediante el mecanismo de "ésta no es mi competencia".

Y sería interesante -a nuestro juicio- que después de las declaraciones que aquí se han formulado por parte de todos los Grupos Parlamentarios, en los que yo creo que se ha llegado a un alto nivel de coincidencia en muchas cuestiones, bueno, pues que mirásemos con objetividad esto que aquí estamos diciendo desde la Tribuna, para que, al menos en lo que concierne a nuestra responsabilidad, no lo tengamos que estar repitiendo constantemente.

Es decir, si todos estamos satisfechos, pues a la práctica. Y la práctica se llama respuesta efectiva. Y respuesta efectiva desde el punto de vista de los recursos, tanto técnicos como humanos, y en la ejecución de aquellas cuestiones que son sugerencias planteadas en informes anteriores, y en éste se nos hacen más. Y, desde luego, nosotros vamos a intentar que todavía se hagan más claramente efectivas.

Y miren, a mí me ha dado la impresión que, bueno, pues que con ese criterio de austeridad mantienen, en los términos en que en estos momentos está formulado, el presupuesto para su Departamento. Pues, a nosotros nos da la impresión que es, no austero, exiguo, precario, escaso.

(-p.2831-)

Y como entendemos que ha sido eficaz el trabajo; y como entendemos sobre todo la función, que es importante; y porque entendemos que existen necesidades que todavía pueden potenciarse más, además de ampliar la asistencia a otros lugares; y porque esta Comunidad Autónoma es muy extensa, a nosotros nos parece, nos da la impresión que es absolutamente imprescindible que no tengamos que estar -como en el último presupuesto- regateando, cuando somos todos capaces de reconocer capacidad, mérito y eficacia en la función que vienen desarrollando, y que, por supuesto, nuestro interés, como ciudadanos y como Grupo Parlamentario, es que se siga produciendo de esta misma manera. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra el Portavoz Socialista, señor Quijano.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Señor Procurador del Común, con toda brevedad y sin ánimo de reabrir ninguno de los asuntos que se han planteado a lo largo del debate. Yo creo que la función de este debate está de sobra cumplida. Usted además, como es lógico, y así debe de ser, habla por su Informe, ¿no? Y el que quiera más datos, ahí, efectivamente, los tiene, porque yo creo que están prácticamente todos. Y, pues, me sumo a esta... a este deseo de buena esperanza que hacía el Portavoz de Izquierda Unida.

Claro, no habríamos cumplido nuestra función con venir aquí, cada uno desde su responsabilidad, y hacer la loa -en este caso merecida; por eso no cuesta ningún trabajo- pues prácticamente en los mismos términos desde la mayoría, desde la minoría, o desde los distintos Grupos. Y si tuviera intervención el Gobierno Regional, le aseguro que la loa más grande hubiera sido ésa, sin ninguna duda.

Claro, ahora viene el compromiso que tenemos que asumir desigualmente, porque las responsabilidades de cada uno son desiguales, para hacer efectivas algunas cosas de las que usted plantea. Claro, podemos clamar año tras año con ocasión de su Informe, presentar iniciativas parlamentarias en torno al asunto del silencio administrativo -por citar un caso de los que antes indiqué-, del ruido, de los minusválidos o de las residencias de tercera edad. Podemos tomar su Informe, hacerle libro de cabecera, y despedazarle enmienda... en el sentido únicamente físico del término lo digo, y traducirle a enmiendas parlamentarias a diario.

No habríamos adelantado nada si no hay una voluntad efectiva, en aquellas cuestiones, al menos, en las que todos hemos coincidido, de hacer práctico muchas... o prácticas muchas de esas recomendaciones. Por tanto, me sumo a ese deseo.

Le agradezco de nuevo su Informe, su actividad y su intervención hoy aquí. Y le reitero el apoyo para continuar en esa línea, dentro de esas características que dije al principio de mi intervención. Tres cuestiones concretas de las que yo le planteé, y luego en su intervención ha recogido, pues merecerían un brevísimo comentario.

Primero, comparto -por tanto, en ese asunto me parece que hay un acuerdo bastante generalizado-, comparto la idea de que siendo necesaria una revisión de algunos aspectos -que usted reiteradamente ha remarcado- de la Ley reguladora de la Institución, estando en el trance en que estamos -lo dije en mi primera intervención-, lo lógico -y me parece que además lo adecuado, desde el punto de vista de la técnica jurídica-, pues, sería esperar a que la reforma del Estatuto de Autonomía haya establecido los perfiles básicos -más lejos no podrá ir- de la Institución, y... de manera que luego podamos traducir eso y desarrollar eso en una reforma de la Ley reguladora de la Institución. Comparto plenamente esa filosofía. Y por tanto, pues esto sí será nuestra culpa colectiva -supongo que algo más de la mayoría que de los demás-, pero será nuestra culpa colectiva, si para el Informe del año siguiente siguiéramos haciendo este tipo de planteamiento de buenos deseos para el futuro.

Por tanto, hago el autoemplazamiento en la medida en que sea necesario. Y ahí, pues, hablando de emplazamientos, pues estará el asunto de los plazos de contestación. Hablaba usted de quince días, ¿no? Somos generosos, un mes. Nos han dicho los Jefes de Servicio, algún Jefe de Servicio -me parece que le he oído-, un mes, de sobra. Yo pensaba para mí: "¡qué suerte tiene usted!". A nosotros cuando pedimos un expediente para ejercer tareas de la Oposición -igual de legítimas que las que hace el señor Procurador del Común con otra finalidad-, pues dos meses, tres, y al final nos dicen: "vaya a verle a la Consejería". Por tanto, si están así las cosas, pues ése será un buen criterio para nosotros, a efectos también de poder jugar con un elemento objetivo, ¿no?, a efectos de realizar nuestra tarea de Oposición.

Mire, el asunto de la estructura funcional de la Institución. No sé si se trataría de ampliar -digamos- el tiempo de desplazamiento de Su Señoría por el conjunto de la Región, quizá, en detrimento de las necesidades del trabajo y del estudio de los asuntos. No. Yo no le planteé nada que costara más. Yo creo que es mucho más fácil. ¿Usted cree que un ordenador y un funcionario cedido -estoy seguro de que lo harían con toda generosidad- por cada Diputación Provincial, o por la Delegación Territorial de la Junta en la provincia correspondiente, conectado con ustedes -que me parece que eso es sencillísimo-, cumpliría esa función? Digamos, que haya un lugar de recepción permanente y directa, de información directa a estos efectos. No creo que eso fuera contra los deseos de austeridad que todos le hemos recomendado; dentro de un orden, dentro de lo que sea atender sus legítimas necesidades ¿no?, las de la Institución y la puesta en marcha de la figura. No creo que eso añadiera los costos -quizá es un problema, simplemente, de voluntad-, y, por otro lado, revertiría, probablemente, en una mayor eficacia en el conjunto de la Institución.

(-p.2832-)

Mire, por mucho que en una Región en la que el tiempo a invertir en el desplazamiento de un sitio a otro es ciertamente importante, pues por mucho que se lo propusiera, siempre habría ahí una carencia de presencia directa -si se plantea así el tema-. Por tanto, serán otro tipo de mecanismos los que haya que buscar, de manera que no sufriera, pues, el tiempo que seguramente le tiene que dedicar al estudio, a las reuniones de trabajo con sus colaboradores, etcétera, de los asuntos en su Sede Central, en la capital de León.

En ese sentido lo planteé, y, por tanto, creo que desde esa perspectiva no plantearía otro tipo de problemas de gasto o, en fin, de merma de la austeridad.

Y una última cuestión: no sé si sería útil para el siguiente Informe, puesto que ha introducido ese dato en la segunda intervención, poder disponer al menos, respecto de algunas grandes cifras, de estadísticas comparadas con otras Comunidades. Es una sugerencia; si es muy costoso, pues mire, olvídelo. Atienda a las funciones que tiene aquí y nada más. Pero si no fuera costoso -y creo que no lo es-, pues con Instituciones donde el tiempo de funcionamiento de la Institución es equivalente, pues para ver cómo se han producido allí las cosas, incluso la procedencia de hombres, mujeres, individuos, colectivos; puesto que ha citado datos de otras Comunidades, que pudiéramos disponer de algo de eso. Hombre, ya sé que dirían: vayan ustedes a las memorias de los... o a los Informes anuales de los Procuradores o equivalentes de las otras Comunidades Autónomas, mírenlo, y todos tan amigos; cierto, cierto que esa sería parte de nuestra actividad. Pero, en fin, si se puede ofrecer al menos en las grandes cifras, un poco en las que definen el perfil de la aceptación, de la percepción ciudadana respecto de la figura, etcétera, pudiéramos tener estos datos comparativos, pues quizá fuera enormemente interesante. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Herrera, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Sí, muchas gracias, señor Presidente. Brevísimamente y por cortesía con el Procurador del Común, para agradecerle, desde luego, sus ampliaciones y sus explicaciones, y para hacer tres brevísimos comentarios.

Desde luego, y aun cuando nosotros no nos hemos manifestado anteriormente, sí que entendemos que sería bueno que abordáramos, considerando lo que han sido sus sugerencias al respecto, la reforma de la Ley 2/94, una vez que hayamos culminado el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y en él hayamos configurado el nuevo marco competencial de nuestra Comunidad Autónoma, y también hayamos establecido la definición estatutaria de la Institución del Defensor del Pueblo de Castilla y León, del Procurador del Común.

En relación a los plazos, bueno, es adelantar un poco la cuestión, pero tampoco me parece que debamos obsesionarnos, al menos con la estadística o con los datos que usted nos facilita. Porque si, efectivamente, esa estadística manifiesta un 85% de colaboración positiva de las Administraciones, que significa -si yo no lo he entendido mal- que en el 85% de los casos esa documentación, esos dictámenes, esos informes son recibidos por la Institución, bien sea en un plazo o en otro plazo, me parece que no nos debemos obsesionar tampoco, porque el grado de colaboración positiva es bastante satisfactorio.

Y respecto de otra cuestión que se ha planteado aquí, el posible ejercicio descentralizado de alguna de las funciones de su Institución por funcionarios de las Diputaciones, hombre, yo simplemente quiero poner de manifiesto que sería curioso que estuviéramos a punto de dejar sin efecto la previsión actual del Artículo 20.2 del Estatuto, que establece que la gestión ordinaria de los Servicios Periféricos de la Administración Regional se realiza por las Diputaciones Provinciales, y que eso lo fuéramos a sustituir hipotéticamente porque los Servicios Periféricos de la Administración, en concreto, del Procurador del Común de Castilla y León se ejerciera también a través de las Diputaciones Provinciales. No nos parece, sinceramente, una idea muy afortunada.

Ha pedido usted disculpas por algunas de las observaciones que yo le he realizado. Mire, yo tenía la responsabilidad de realizar esas observaciones, pero no tiene usted que tener ningún tipo de complejo ni tiene usted que pedir ningún tipo de disculpas. Por el contrario, quiero concluir con el criterio de este Grupo Parlamentario: entiendo, entendemos que usted y sus colaboradores pueden estar muy satisfechos del trabajo que vienen realizando. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Procurador del Común, para la dúplica, si lo desea, y concluye así el debate.

GARCÍA ÁLVAREZ

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): Muy brevemente para agradecer de nuevo sus intervenciones. Reiterar que tendré en cuenta las observaciones.

Y, efectivamente, señora Farto, en relación con el tema de la queja de... no el de Campo Sagrado, sino el de Villamartín de Don Sancho, no está en el Informe, porque el Informe es un Informe del noventa y seis. Pero muy recientemente ha entrado; yo no he tenido tiempo todavía de reunirme con los presentadores de la queja; pero, efectivamente, acaba de entrar la queja en la Institución. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se levanta la sesión.