DS(P) nº 51/4 del 26/6/1997

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Señor Presidente. Señores Procuradores. Corresponde la presentación de esta Proposición, aplazada del último Pleno por las causas de todos conocidas. Yo quiero agradecer la comprensión de todos los Grupos Parlamentarios, tanto por mi Grupo como por mí mismo, de la decisión que adoptaron el otro día.

Esta Proposición trata de adecuar tres componentes fundamentales del proceso de Función Pública, cual son las ofertas de empleo público, las pruebas selectivas y los concursos de traslados entre funcionarios.

Como ustedes conocen, todas las Comunidades Autónomas establecen en sus Leyes Autonómicas de Función Pública y la Ley Nacional de Función Pública todo el proceso... regulan todo el proceso que corresponde a las... tanto a las ofertas de empleo público como a los concursos de traslado, entre otros muchos asuntos.

(-p.3123-)

La norma de la Comunidad Autónoma -sin entrar en determinados aspectos concretos- regula el orden secuencial de este proceso de ofertas de empleo público y de concurso de traslado de una manera -desde mi punto de vista- lógica. En primer lugar, establecidas las estructuras orgánicas de las Consejerías y, por lo tanto... y las Leyes de Presupuestos, por programas, que adecua el personal de la Administración en cada uno de los presupuestos, anualmente se establecen las Relaciones de Puestos de Trabajo, que no es otra cuestión que la plantilla que está dotada presupuestariamente... plantilla orgánica dotada presupuestariamente.

Concluidas y aprobadas las Relaciones de Puestos de Trabajo, se establece el sistema de provisión de puestos una vez al año, previa a la Oferta de Empleo Público.

Una vez establecido el sistema de concurso de traslado -por decirlo en un lenguaje conocido-, anualmente se establece la Oferta de Empleo Público, que es las plazas pertenecientes a las Relaciones de Puestos de Trabajo dotadas presupuestariamente.

Y por último, se establece el sistema por el cual estas vacantes deben proveerse en convocatoria pública para acceso a los empleados públicos dentro de las distintas convocatorias.

Como ustedes comprenden, este proceso secuencialmente lógico que sería: estructura, presupuestos, relaciones de puestos de trabajo, concursos de traslados, oferta de empleo público y convocatoria de pruebas selectivas, es el orden secuencialmente previsto en la normativa, y que puede ser -según los plazos que se establecen, y por no ser reiterativo en los plazos que pone la reglamentación y la normativa vigente-, puede ser justo y difícil de cumplir; pero, en cualquier caso, es el objetivo a establecer en cualquier proceso de selección y de convocatoria pública.

Frente a esta situación -digamos- que establece la normativa, deberíamos pensar cuál es la situación actual que se da en este orden secuencial en la Administración de Castilla y León.

En primer lugar, los cambios estructurales y las Leyes de Presupuestos -sobre todo los cambios de estructuras- no siempre se ajustan en el tiempo, y quedan, sobre todo, muy dilatadas de las correspondientes aprobaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo. Las Relaciones de Puestos de Trabajo, que establece la normativa que deben ser aprobadas anualmente, no se cumple este precepto; las dos últimas Relaciones de Puestos de Trabajo, con carácter general, se hicieron el año noventa y tres y el año noventa y seis.

Hay veintiún decretos de modificaciones puntuales de estas Relaciones de Puestos de Trabajo, lo cual no es lo más deseable para tener un conocimiento exhaustivo de la plantilla orgánica aprobada y presupuestada.

En tercer lugar, los concursos de traslado entre funcionarios, que se establece que sean anualmente y que establece unos plazos para cumplir esta... estos concursos, no se establecen con carácter general anualmente. El concurso último general fue el año mil novecientos noventa y uno, si mal no recuerdo.

Y, por último, las ofertas de empleo público no son anuales, salen no en el primer trimestre -las dos últimas... o por lo menos la última fue en el mes de agosto; la actual no ha salido aún-, y además no cumple con los objetivos que se establecen en la normativa vigente respecto a la convocatoria, frente a otras posibilidades de convocatoria de funcionarios interinos o de comisiones de servicio.

Concretamente, la oferta pública del año noventa y cinco, que comprendía una oferta de doscientas vacantes, tiene en la actualidad más del 50% pendiente de cubrirse y más de... aproximadamente otro 50% pendiente de convocatoria. La oferta pública del año noventa y seis, con ciento cuarenta y tres efectivos convocados, a estas alturas tiene ciento cuarenta y uno pendientes de cubrirse -prácticamente la totalidad-. Y la oferta de empleo público del año noventa y siete aún no ha salido.

Toda esta situación ha merecido la atención también del Procurador del Común -no sólo de este Grupo Parlamentario-, suponiendo más de quinientas quejas todo lo referente a Función Pública, y sobre todo estableciendo una queja con carácter bastante general relativa al concurso de traslado previo entre funcionarios para cubrir las ofertas de empleo público. Lo que el Procurador del Común establece en una queja... por ejemplo, la queja mil cuatrocientos cincuenta y ocho, establece casos realmente llamativos, como es el caso del Cuerpo Auxiliar de la Administración de Castilla y León, que, convocadas las pruebas selectivas el cinco de agosto del noventa y cuatro, el veinte de diciembre del noventa y cinco se realiza la puntuación del último ejercicio, el trece de noviembre del noventa y seis -y estamos hablando dos años y medio después- no ha sido publicada la lista definitiva de aprobados; y en el momento de redactar el Informe el Procurador del Común, es decir, en el año noventa y siete, aún no se había producido ninguna reacción de la Dirección General de la Función Pública para subsanar esta situación.

Por consiguiente, nos parece urgente aprobar una Proposición que establece un orden secuencial lógico, contemplado en la normativa vigente, y que, además, proporcione a todos los opositores y todos los que han sacado las oposiciones en la Administración de Castilla y León no tener que esperar a los concursos de traslados últimos, posteriores a ofertas públicas últimas, frente a las plazas que teóricamente debían haber salido en su momento, y que son, realmente, las que nutren con un número generalizado de plazas, frente a lo que sería el código particular de las plazas ofertadas a distintas convocatorias. Muchas gracias.

(-p.3124-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Para fijación de posiciones, en ausencia del Grupo Mixto -que entendemos renuncia a ello-, tiene la palabra doña Elena Pérez Martínez, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. La Proposición No de Ley que nos trae en el día de hoy a esta Cámara se refiere a un Informe que ha realizado -como ustedes sabrán, Señorías- el señor Procurador del Común, que desde la página cuarenta y cuatro a la cincuenta y cinco del citado Informe hace un estudio exhaustivo de cómo este Gobierno Autónomo, la Junta de Castilla y León, en materia de Función Pública, no se cumple con los plazos establecidos en nuestra propia normativa.

Ya se plantea en ese informe -y lo planteaba el Grupo proponente- cómo es necesario cumplir con esa normativa, y de cara al traslado que hizo el señor Procurador del Común a este... al Gobierno Autónomo y a esta Cámara, ya recoge esa recomendación, y planteando ya la Dirección General de Función Pública que intentaría hacer caso a esta problemática.

Lo que no viene a recoger esta Proposición No de Ley es lo que nos parece que hubiera sido más correcto, en el sentido de plantear cuál es la verdadera problemática de la Función Pública en la oferta pública de empleo y concursos de traslados en nuestra Comunidad Autónoma.

Ya en una comparecencia que solicitó mi Grupo Parlamentario al señor Consejero de Presidencia le planteábamos que, aparte de que están obligados por ley a cumplir los plazos establecidos en concurso de traslados y oferta pública de empleo, su tardanza en resolver estos concursos de acceso y de traslado... porque recordar -como se ha dicho aquí- que todavía tenemos sin resolver la oferta pública de mil novecientos noventa y tres. El verdadero problema que está planteándose aquí en la oferta pública de empleo -y tenemos un ejemplo este año con las plazas ofertadas, alrededor de cincuenta plazas exclusivamente- es que no se sacan de verdad las vacantes en Función Pública por este Gobierno Autónomo. Y no las sacan de verdad porque habría que mover interinidades, personas que acceden, en muchos casos, por otro tipo de métodos que no son los méritos y la capacidad en la Administración Pública. El concurso de traslado, por lo tanto, tampoco lo hacen anual, porque necesitan plantear previamente esas cuestiones.

Simplemente plantear, para acabar, que tienen... -el Gobierno Autónomo está obligado, y ya así se ha planteado este año- que, de acuerdo con la Ley de Función Pública, se van a convocar esas plazas -la oferta de empleo-, se va a convocar el concurso de traslado, y que va a intentar que se resuelva de una vez un lastre que tenemos en esta Comunidad Autónoma, y es en la tardanza que tenemos; ya sea por los métodos que sea, utilizando más tribunales, etcétera, etcétera.

Plantear que vamos a apoyar esta Proposición No de Ley, porque no podría ser de otra forma; es algo recogido en la normativa y, por lo tanto, no podemos en absoluto oponernos. Simplemente instar al Gobierno Autónomo que, de verdad, este año ya se empiece a cumplir.

Simplemente nos hubiera gustado que, en vez de ser una copia... una copia del Informe del señor Procurador del Común -que, como ya sabemos, introduce muchísimos términos legales para explicar su posición-, hubiese sido más correcto, seguramente, plantear los puntos por separado, intentando aclarar a esta Cámara cuáles son las intenciones. Porque, una vez leída la Proposición No de Ley, hay veces que uno acaba planteándose que qué es lo que quiere decir. Aun sabiendo que el fondo... se tiene razón, sabemos cuál es la problemática, plantearlo de esta forma parece, por lo menos, un tanto farragoso. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nieto Noya, tiene la palabra.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señor Presidente. Señorías. Empezaré diciendo que vamos a aceptar de forma matizada -para que así conste en el Diario de Sesiones- la Propuesta de Resolución que nos ocupa, por entender que se ajusta al tenor literal de nuestra Ley de la Función Pública.

Debo significar seguidamente que éste es un voto a favor que no le da a nuestra Ley más fuerza que la que tiene por sí misma, y que por ello votar a favor, para nosotros equivale a reiterar el principio de que las leyes hay que cumplirlas y a confirmar que nuestro Grupo Parlamentario asume plenamente este principio.

Como ya hemos oído aquí, es manifiesto que no estamos ante un texto escrito por el proponente. Los antecedentes y la Propuesta de Resolución reproducen sendos textos del reciente informe del Procurador del Común a esta Cámara. Son copia literal de lo que escribió el Procurador del Común. Y a nosotros nos parece que este proceder, objetivamente, es instrumentalizar la figura y la institución del Procurador del Común; equivale a convertirlo en un Procurador de estas Cortes que no debate aquí sino por boca de otro. Es, para nosotros, devaluar al Procurador del Común y reconocer, de hecho, que sus actuaciones tienen tan poco valor por sí mismas que necesitan ser reforzadas mediante acuerdos parlamentarios.

No estoy diciendo que no pueda haber debate político, por supuesto, sobre las opiniones o las actuaciones del Procurador del Común. Estoy hablando de una instrumentalización que no nos parece adecuada, y estamos convencidos de que en vez de contribuir al prestigio de la Institución, más bien produce el efecto contrario. Estoy hablando de rebajar al Procurador del Común al papel de escribidor de textos para iniciativas parlamentarias.

(-p.3125-)

La Propuesta de Resolución, para su autor, se fundamenta en que la legislación básica del Estado comporta una regulación de mínimos y, por tanto, sus preceptos son susceptibles de especificación o ampliación por las Administraciones Públicas territoriales, en que este tipo de actuaciones se dan en nuestra Ley de la Función Pública, y en que la Comunidad Autónoma no puede obviar el cumplimiento de los mandatos que comportan estos añadidos de nuestra legislación.

Pues bien, compartimos que nuestra Ley tiene, al día de hoy, contenidos que van más allá de las normas básicas, y que estos llamados "pluses" obligan claramente, si fueron introducidos como tales, sólo por la voluntad del legislador autonómico. Pero cuando estos pluses de nuestra Ley resultan de la modificación o de la supresión posterior de preceptos de la legislación básica, que se incorporaron a la Ley autonómica precisamente por su carácter de norma básica, nosotros ya entendemos que en estos casos no son pluses que obligan necesariamente a la Administración, y que sólo deben ser tenidos en cuenta para ser cumplidos si verdaderamente se pueden cumplir. Y ello, únicamente, hasta que nuestra Ley se vaya acompasando a la legislación básica del Estado, que en los últimos años ha sufrido variadas y sustanciales modificaciones que convirtieron los en su día preceptos básicos en actuales pluses de nuestra Ley. Y así creemos que lo entiende el propio Procurador del Común cuando escribe en su Informe lo siguiente: "Se desprende de cuanto se viene diciendo la necesidad de dictar normas que vengan a paliar de forma más realista las disfunciones que han motivado los presentes expedientes de queja". Palabras que yo traduzco de la siguiente manera: en nuestra Ley hay disfunciones normativas y hay que resolverlas. Lo mismo piensa el Gobierno, que según nos informaba en estas Cortes el pasado diez de abril el Consejero de Presidencia, estaba ya trabajando en una necesaria reforma de la Ley de la Función Pública.

El Procurador del Común no ha estimado, en cambio, oportuno valorar la adecuación de los plazos que establece nuestra Ley, porque -dice literalmente- "no es función de la Institución". En cambio, en relación con el alcance de nuestro voto afirmativo, yo debo referirme expresa y singularmente a uno de estos plazos: el de un mes como norma, y excepcionalmente dos, que nuestra Ley señala para la resolución de los concursos. Éste es un plus inducido por los mínimos básicos, aunque no estaba incluido explícitamente en ellos. Pues bien, Señorías, este plazo es de imposible cumplimiento; lo impiden otras leyes básicas que garantizan derechos de los concursantes, y lo impide la secuencia de trámites ordenados y sucesivos a que están sometidos los concursos. Como todos ellos son públicos, cualquiera los puede analizar, y comprobar que tengo razón en lo que estoy diciendo. De acuerdo con el dicho castizo de que "lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible", ni nuestro voto afirmativo ni la literalidad de la Ley pueden obligar a la Junta a cumplir un imposible.

Otros plazos, como la oferta anual de empleo -de la que se ha hablado- y la posterior publicación de las convocatorias de acceso dentro del primer trimestre de cada año, derivados de preceptos básicos ya derogados, están dentro de los pluses sobrevenidos y son cumplibles en las condiciones que acabo de señalar. "Lo que sí es posible..." -que es uno de los contenidos esenciales de la Propuesta de Resolución- "...es anticipar la convocatoria de un concurso a la de las correspondientes pruebas selectivas y que, concluidos los procesos selectivos, los aspirantes no tengan que esperar a la resolución de otros concursos posteriores", términos también literales de la Propuesta de Resolución.

De algunas otras cuestiones que han suscitado aquí los que me han precedido en el uso de la palabra, me limitaré a decir -porque no puedo entrar en el debate- que la falta de contestación en este momento no supone asentimiento, y que tiempo habrá en otras ocasiones para debatir sobre ello.

En resumen, Señorías, decimos sí a la Propuesta de Resolución con las matizaciones que quedan expresadas, y decimos también sí a la necesaria reforma de la Ley de la Función Pública. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El Proponente, señor Benito, tiene la palabra para concluir el debate.

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente. Muy brevemente para contestar a los distintos Grupos y fijar la posición de la Proposición.

En primer lugar, es un viejo debate éste de la instrumentalización del Procurador del Común. Yo simplemente quiero decir que como figura, nuestro Grupo entiende que no se debe hacer ninguna instrumentalización. Evidentemente, estamos hablando de que más de quinientas quejas son en el ámbito de la Función Pública, y yo creo que en casi ningún otro ámbito de las Comisiones se ha presentado una sola Proposición dentro del Informe del Procurador del Común; eso no se puede decir que sea una generalización de la instrumentalización del Informe del Procurador del Común. Simplemente, es dar importancia a lo que lo tiene.

Desde nuestro punto de vista, el Procurador es un representante de este Parlamento que está para... se puede y se debe acoger a los criterios que él utilice de cara a clarificar el funcionamiento de la Administración, en este caso. Por consiguiente, una posición que en otros momentos ha sido calificada de muy prolífica en sus Proposiciones, no se puede argumentar y no se sostiene que sea necesario recurrir al Informe del Procurador del Común para hacer oposición en ningún caso. Por lo tanto, yo creo que ese argumento no deja de ser una vieja polémica que hemos mantenido y que desde nuestro punto de vista no tiene ningún sustento.

(-p.3126-)

En segundo lugar, le diré que sobre este tema, sobre este tema -y también a la representante de Izquierda Unida-, sobre este tema hemos presentado proposiciones muy parecidas que, simplemente, por no tener cierta literalidad con un apoyo exterior han sido rechazadas sistemáticamente. Con lo cual, frente a la duda de copiar lo que es el fondo y de alguna manera reproducir la literalidad de una recomendación del Procurador del Común, hemos optado por adoptar una recomendación concreta, en el ámbito concreto de la Función Pública, como método de favorecer lo que podíamos definir como una posición constructiva, en algo que consideramos fundamental que se apruebe por todos los Grupos, cual es regular el sistema de oferta pública, convocatoria de oposiciones y concurso de traslado.

Por consiguiente -justificación que hemos dado multitud de veces-, queda absolutamente clara la idea de este Grupo Parlamentario respecto a la literalidad de la Proposición.

En segundo lugar, sólo decirle que el calado de la Proposición va más allá, quizá, de lo que se ha matizado en este... en este debate; simplemente yo creo que la recomendación llega a la necesidad de que la propia Administración en las ofertas de empleo público llegue a la codificación de las vacantes; yo creo que sería un método para no revolver el sistema de oferta pública de un año con convocatorias de concurso de traslado posteriores; eso clarificaría el sistema. Y, por lo tanto -desde nuestro punto de vista-, la recomendación lo que... la aprobación y la recomendación del Procurador del Común, a lo que llevaría a la Junta y al Gobierno de la Comunidad de Castilla y León es a intentar cumplir los plazos establecidos, pero, por consiguiente, a establecer un sistema que evite que los concursos de traslados se entremezclen entre ofertas públicas de distintos años. Y eso hay que recordarlo, que algunas de las proposiciones que aprobamos pues pueden parecer de difícil cumplimiento, pero evidentemente la obligación de la Junta es establecerse o adecuarse a los plazos legalmente establecidos.

Por consiguiente, es preciso -desde nuestro punto de vista- priorizar la codificación de las plazas vacantes cuanto antes; es el único método que nosotros observamos para poder cumplir la literalidad de la Proposición y evitar lo que se está dando, que es en dos años y medio no se sepa, tras una aprobación de unas oposiciones, cuál es la plaza que ha salido a concurso de traslado, cuál es a la que opta una persona, y, por consiguiente, saber de alguna manera cuál es el plazo que pueda acceder a la Función Pública.

Por lo demás, agradecer a todos los Grupos la aprobación de la Proposición. Muchas gracias. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Oído el parecer favorable de los Portavoces a la Propuesta que acaba de ser debatida, la sometemos a votación por el procedimiento de asentimiento. ¿Se aprueba la Propuesta?

Queda aprobada. Y yo ruego al señor Secretario proceda a dar lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Sexto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León requiera al Gobierno de la nación la anulación del epígrafe 4 del Artículo 3 del Real Decreto 2658/96, de veintisiete de diciembre".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Propuesta, en nombre del Grupo Socialista, Señor Benito tiene de nuevo la palabra.

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente. La Proposición que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se refiere al requerimiento al Gobierno de la nación para que derogue una normativa recientemente... que ha sacado el Gobierno de la nación, respecto al régimen de autorizaciones de plantación de viñedo y, concretamente, al régimen de transferencia de derechos de replantación entre Comunidades Autónomas. Concretamente, a la obligación que tiene de comunicarse a la Comunidad Autónoma cuando el trasvase de derechos de replantación entre Comunidades Autónomas sea superior a una superficie concreta que establece la normativa vigente.

Como ustedes conocerán, el sector vitivinícola en Castilla y León, y a nivel nacional, ha tenido especial cuidado para los distintos Gobiernos Socialistas en base a tres parámetros fundamentales. El primero, que no es en vano que somos un productor mundial importante y estamos dentro de un ámbito comunitario donde están los principales productores mundiales; por lo menos, hasta hace poco, productores mundiales del sector del vino. En segundo lugar, por la importancia que tiene para zonas y regiones determinadas y, por consiguiente, las dificultades que se plantean a veces en estas zonas determinadas para alternativas de cultivos. Y en tercer lugar, por la importancia económica que está teniendo el sector vitivinícola a nivel tanto de la Comunidad como de otras Comunidades cercanas o limítrofes con la nuestra.

(-p.3127-)

Este especial cuidado del Gobierno de la nación y del Gobierno de Castilla y León -Gobierno Socialista, hace tiempo- se traducía en tres aspectos fundamentales, cual eran, en primer lugar, impedir el abandono de viñedo en las denominaciones de origen, impedimento que rozaba con la normativa comunitaria, pero que dio sus frutos a corto plazo. En segundo lugar, en frenar la modificación de la organización común de mercado del sector vitivinícola durante los años... durante estos dos o tres últimos años. Y en tercer lugar, apoyar tanto económica como reestructuralmente los procesos de reestructuración de viñedo.

El nuevo régimen que se establece con el Real Decreto 2658 del año noventa y seis, en diciembre del noventa y seis, que es un régimen complementario de autorización de viñedo, para nosotros tiene dos... dos cuestiones que son trascendentalmente fundamentales y modificadoras del ámbito anterior, cual es, primero, que no tiene un horizonte temporal. Como ustedes conocen, la anterior reglamentación de derechos de replantación y de trasvase de derechos entre Comunidades tenía un horizonte temporal de campañas -era desde la campaña noventa y uno-noventa y dos hasta noventa y cinco-noventa y seis-, se regulaba por un número de campañas determinadas. En este caso, el horizonte temporal es sin limitación de campañas. Y en segundo lugar, apela a lo que llamaría la normativa básica del Artículo 149 de la Constitución, en lo referente a la coordinación de la planificación general de la economía como método para sustentar lo que a nosotros... desde nuestro punto de vista, invade las competencias de la Comunidad Autónoma.

Nuestro Grupo -y aquí coincidimos con muchas Comunidades Autónomas, inclusive... inclusive con el... con el Grupo Parlamentario de algunas de estas Comunidades Autónomas-, mantenemos que en base a la competencia exclusiva establecida en la Constitución Española en el Artículo 148, y también en las competencias exclusivas recogidas en el Estatuto de Autonomía -concretamente en el Artículo 20, apartado 9-, aparte de los Reales Decretos de transferencia que transfirieron ya desde el año ochenta y cuatro las competencias en ordenación de la producción, frente a todo esto, nosotros creemos que esta normativa invade competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma. Y por lo tanto, proponemos que se apruebe instar al Gobierno de la nación para establecer una retirada de esta reglamentación, en base -como digo- a que invade competencias propias.

En segundo lugar -para nosotros-, dificulta el reparto y el régimen de comercio de derechos de replantación de viñedo, en absoluto evita el mercado de derechos de replantación de viñedos, y -desde nuestro punto de vista- distorsiona un sector que tiene una reglamentación completa y exhaustiva.

Por lo tanto, defendemos que debe de aprobarse esta Proposición en la línea de derogar y de requerir la derogación del epígrafe 4 del Apartado 3 de la reglamentación establecida en diciembre. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? ¿Para fijación de posiciones? ¡Ah!, turno en contra. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez Dávila, tiene la palabra.

JIMÉNEZ DÁVILA

EL SEÑOR JIMÉNEZ DÁVILA: Muchas gracias, señor Presidente. Nos sorprende a nuestro Grupo la interpretación que hacen ustedes de la Constitución Española, así como del Estatuto de Autonomía de nuestra región.

Mire usted, el nuevo Decreto al que usted hace referencia y usted quiere que desaparezca el Artículo 4, el epígrafe 4 del Artículo 3 no invade ninguna competencia y está el Ministerio en su pleno derecho. Pero, mire usted, el Artículo 148.1 de la Constitución Española: "Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: agricultura y ganadería de acuerdo con la ordenación general de la Economía". El Artículo 26.1 del Estatuto de Autonomía: "La Comunidad de Castilla y León tiene competencias exclusivas en las siguientes materias, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 149 de la Constitución Española".

En el Artículo 9: "agricultura y ganadería, industria agroalimentaria y zonas de montaña, de acuerdo con la ordenación general de la Economía".

La Constitución Española es la norma básica del ordenamiento jurídico español. Ninguna norma, tampoco un Estatuto de Autonomía, puede contradecir lo dispuesto en la Constitución Española.

El Artículo 149.1 establece lo siguiente: "El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: base y coordinación de la planificación general de la actividad económica".

Por otro lado, el Real Decreto 3135/1982, del veinticuatro de julio, sobre Transferencias de Competencias y Funciones y Servicios de la Administración del Estado al Consejo General de Castilla y León en materia de agricultura, mencionado en los antecedentes de la Proposición No de Ley de su Grupo, establece en su anexo C competencias y funciones que se reserva la Administración del Estado: "Permanecerán en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y seguirán siendo de su competencia para ser ejercidas por el mismo, las siguientes funciones y actividades que tienen legalmente atribuidas: a) El establecimiento de las bases de planificación general de la política de ordenación y fomento de las producciones agrícolas, y de los medios de producción constituidas por el conjunto de exposiciones legales vigentes en materia de producción vegetal, y por la normativa que al efecto pueda promulgarse dentro de la planificación general de la actividad económica".

(-p.3128-)

Por tanto, aunque el Estatuto haya determinado que Castilla y León tiene competencias exclusivas de agricultura, ello se entiende sin perjuicio de la reserva constitucional expresada en el Artículo 149.1.3. Así, el Gobierno, en uso de su facultad conferida constitucionalmente, regula por decreto este artículo concreto del régimen de autorización para la explotación de viñedos. Además, tanto el Artículo 148 como el 26.1 del Estatuto ya prevén casos como éste, digamos, de intromisión del Estado en competencias autonómicas, al establecer que tendrán competencia exclusiva, pero de acuerdo con la ordenación general de la economía.

Por si hubiera duda, en el Real Decreto que usted alude, el 2658, en la Exposición de Motivos ya establece cómo se dicta de acuerdo con la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación económica a que se refiere el Artículo 149.1.13. Así mismo, en su Disposición Adicional establece: "El presente Real Decreto tiene el carácter de normativa básica estatal".

Por lo tanto, nosotros entendemos que el aspecto jurídico, a lo que usted tanto ha hecho referencia a su intervención y, sobre todo, que es la base de su Proposición No de Ley, no la ha interpretado usted bien porque no le ha interesado interpretarlo bien, lógicamente. Porque para nosotros está muy claro que no invade competencias del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y que es lógico que el Ministerio coordine la política general de acuerdo con la ordenación general de la economía, y que está ejerciendo sus competencias; que además, a nosotros nos parece bien que ejerza.

Entendemos también, desde nuestro Grupo, que esta normativa es buena para los viticultores de nuestra Región. Indudablemente que si no invade competencias y además la consideramos positiva, vamos a rechazarla, porque nos parece que es lo mejor que se puede hacer para la mejor actividad vitivinícola en nuestra Región. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de réplica, señor Benito Muñoz tiene la palabra.

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente. Es evidente que en la anterior Proposición uno tenía la previsión de que podía salir adelante, y también la previsión de que esta Proposición no iba a salir adelante. Pero vamos, a mí no me deja de causar sorpresa la argumentación que ha dado el Grupo Popular para rechazar esta Proposición.

En primer lugar, respecto al tema legal, que seguramente ni usted ni yo somos extremadamente expertos. Le diré que hay sentencias del Tribunal Constitucional, exactamente la 196/88, la 75/89, la 145/89, en las cuales se dice exactamente, se matiza lo que es la ordenación general de la planificación económica. Y se refiere sustancialmente a que todos los aspectos deben centrarse o ceñirse en líneas y directrices para lograr fines. Aquí lo que estamos discutiendo es que si por encima del 0,5% de la superficie del viñedo de Castilla y León se solicita transferir derechos, es cuando se permite que la Comunidad Autónoma intervenga, pero cuando es inferior a ese 0,5 que no intervenga. Esto no es una directriz en absoluto; esto es la cuestión más exacta que he visto yo en un Real Decreto sobre normativa de plantaciones de cualquier sector agrario. Es decir, eso no es un carácter general, una directriz para lograr un fin.

En segundo lugar, también en el tema leguleyo, le diré que el menoscabo competencial es motivo suficiente para establecer un conflicto de competencias, y así está establecido en las sentencias del Tribunal Constitucional 11/84, 104/88 y 167/93.

Por lo tanto, el tema legal que no es la cuestión que a mí me tiene... me requiere especial importancia, le diré que expertos tiene la materia, sentencias hay del Tribunal Constitucional, y por lo tanto, desde mi punto de vista, no es una opinión o una torcided que ha establecido nuestro Grupo para lograr un fin; simplemente se ajusta a lo que se establece hoy en día en la normativa.

Y le diré más: Tan es así que hay Comunidades Autónomas que ya han establecido el conflicto competencial con el Ministerio de Agricultura. Concretamente Castilla-La Mancha ya ha establecido el conflicto competencial. Raro es que usted me pueda sostener con cierta credibilidad que el asunto legalmente no está en absoluto claro. Está admitido a trámite desde la semana pasada el conflicto competencial de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, queda absolutamente, desde mi punto de vista... la parte sustancial de su oposición, queda absolutamente desmantelada.

Pero le diré más: el problema político de este, ¿cuál es? El problema político es que si la Comunidad de Castilla y León, que vamos a calcular que tenga cien mil hectáreas de viñedo, si sucesivamente y puesto que la reglamentación no establece límite temporal a las campañas con las cuales regula esta normativa, supongamos en los diez años siguientes, sale el 0,4% de superficie de derechos o de viñedo a otra Comunidad, estamos hablando que se van a ir cinco mil hectáreas de viñedo a otras Comunidades. Y ésa es la realidad, y esa es la realidad que nosotros tratamos de atajar.

(-p.3129-)

Y, además, le diré algo más. Esto no es un capricho gratuito, es que además se está dando. La semana pasada, no contenta la señora Ministra con atentar a las competencias de todas las Comunidades con un Real Decreto, está... ha remitido un borrador de orden, un borrador de orden que desarrolla este Decreto, curiosamente, sólo en un aspecto: en la reglamentación respecto al trasvase de derechos... de transferencias de derechos de replantación entre Comunidades Autónomas. Curiosamente sólo en ese aspecto. Que es un caso inaudito en la reglamentación de normativa de viñedo a lo largo de los últimos años. Y, curiosamente, todas las Comunidades han dicho y han sostenido que carece de especial importancia, a veces, este desarrollo, porque desde la semana pasada están obteniendo derechos de replantación de la Comunidad de Castilla y León.

Mire, aquí hay un problema de fondo, un problema de fondo del Ministerio respecto a la política que lleva con el sector vitivinícola. En el verano del año noventa y seis, sorprendentemente para todos los enterados en este sector vitivinícola, las Comunidades de Rioja, especialmente, País Vasco y Navarra sacaron la capacidad... una normativa según la cual podían admitir derechos de otras Comunidades sin necesidad de que esas Comunidades supieran nada. Esa normativa duró veinte días; esa normativa fue un acuerdo del Ministerio de Agricultura y Rioja, en beneficio de Rioja. Y nosotros sostenemos que como somos cercanos, y como está ocurriendo y como va a ocurrir, o ponemos límite a estas transferencias de derecho, y, por supuesto, el único límite que se puede establecer al trasvase de derechos no es impedirlo, porque es una cuestión absolutamente indefendible legalmente, sino poner a la Administración Autonómica, como competente en la materia, que tenga que de alguna manera autorizar, autorizar ese trasvase de derechos, es por lo que nosotros sustentamos este... esta Proposición.

Pero le diré más, para que también sepa que políticamente es defendible: gobiernos del Grupo Popular en otras Comunidades Autónomas están apoyando este tipo de iniciativa, concretamente en Galicia; concretamente en otros sitios donde el sector vitivinícola tiene una importancia trascendental y está motivando la defensa de lo que es una competencia.

Y ya por decirle más políticamente, no deja de ser curioso. En el sistema de financiación, nosotros somos capaces de transferir la capacidad normativa en el impuesto de la renta a Comunidades Autónomas, y somos incapaces de reconocer que las Comunidades Autónomas, o por lo menos ésta, ustedes aquí a esta Comunidad le quitan el derecho de regular su propio sector del viñedo. Vamos, es una incoherencia que no se sostiene por ningún lado. Es una cuestión que venimos desarrollando desde hace diez años en esta Comunidad Autónoma la Administración Autonómica. Y no se puede supervisar para una Comunidad Autónoma como Rioja, darle una prioridad respecto a otras Comunidades en beneficio de ella, por un capricho unilateral del Ministerio de Agricultura, denunciado y defendido por múltiples Comunidades Autónomas -no sólo socialistas-, que ven en el sector vitivinícola y en esta normativa un atentado a sus facultades de desarrollo de este sector.

Curiosamente, paralelamente a estos hechos y concretamente a la normativa que está... el borrador, desde la semana pasada tenemos que escuchar las frases del señor Presidente de la Junta diciendo que el sector vitivinícola en esta región recibirá todo el apoyo técnico, financiero, económico, y todo el apoyo político por parte de la Junta de Castilla y León. El mejor apoyo político que pueda hacer la Junta de Castilla y León en estos momentos es aprobar una resolución que lo único que pretende es, en coordinación con todas las Comunidades Autónoma de este país, defender al sector vitivinícola de los ataques unilaterales del capricho de una negociación unilateral de la Ministra de Agricultura con el Gobierno de La Rioja. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la dúplica, señor Jiménez Dávila.

JIMÉNEZ DÁVILA

EL SEÑOR JIMÉNEZ DÁVILA: Gracias, señor Presidente. Yo creo, señor Benito, que es que usted hace una lectura en negativo de la cuestión. Mire usted, posiblemente no tengamos los mismos problemas, lógicamente, la Comunidad de Castilla y León que la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y ustedes, a lo mejor, en esa coordinación de Grupos, que se pasan la información, y se creen que lo bueno para uno es bueno para otros, y a lo mejor ustedes han traído aquí esta Proposición No de Ley pensando que era buena para Castilla-La Mancha, pero indudablemente yo pienso que no es buena esa Proposición No de Ley para Castilla y León. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una lectura siempre en negativo: "se nos va superficie de viñedo de esta región a otra".

Mire usted, usted debía de conocer que los vinos de Castilla y León son de mucha calidad, que esta región está pidiendo aumento de extensión de viñedos, y que lo que podemos hacer es traernos esas cinco mil hectáreas en diez años. Que usted niega... piensa que se pueden marchar; yo lo veo en positivo, y creo que con esta normativa lo que podemos hacer es aumentar nuestra superficie de viñedo. Y ésa es la diferencia que tenemos en el planteamiento usted y yo, que usted lo ve en que nos pueden quitar, protejámoslo -usted parece ser que no confía tanto en la libre economía de mercado-, y nosotros pensamos que podemos traer. Que Rioja se va a llevar, indudablemente. Y que quién lo va a perder; naturalmente que Castilla-La Mancha, que es la que peor calidad de vinos tiene.

Y nosotros, ¿qué tenemos?, ¿tenemos nosotros alguna quema de alcohol?, ¿tenemos alguna partida que tenemos que echarla a destinación? Ni obligatoria ni voluntaria. En Castilla y León no se destila vino para alcohol. En Castilla y León hay demanda, se vende a unos buenos precios, y es deseable que las denominaciones de origen puedan adquirir más cuota de viñedo.

(-p.3130-)

Y nosotros pensamos que con esta normativa no vamos a disminuir, sino que lo que vamos a hacer es aumentar nuestra superficie de viñedo. Y por eso le dije en mi anterior intervención que nos parecía buena la normativa para nuestra región, porque estamos haciendo una lectura positiva. De momento, no ha salido ni una sola hectárea de esta Región a ninguna otra Región, no hay ni petición de salida, no se ha movido el panorama en absoluto. Y a la larga veremos que lo que vamos hacer es traer hectáreas de viñedo de otras regiones a la nuestra; y nos parece que eso es bueno. Y que la normativa, además de sus aspectos legales, que nosotros tenemos clarísimos, lógicamente nos parece que es buena per se para el viñedo de nuestra Región. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijación de posiciones, por los Grupos que no han intervenido. No hay representantes del Grupo Mixto, que entendemos renuncia. Señor Conde, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Nosotros vamos a apoyar la Proposición No de Ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Al margen de las interpretaciones que ha hecho el Portavoz del Grupo Popular sobre la Constitución, yo creo que el objetivo fundamental que se plantea esta Proposición No de Ley es evitar la salida de derechos de viñedo a otras Comunidades -al margen de que hasta estos momentos, hasta estos momentos, de momento, no haya salido ninguna-; pero el objetivo es precisamente evitar que salgan derechos de viñedo hacia otras Comunidades.

Y enlazándolo un poco con el origen del problema, quiero recordar que en agosto, en agosto del año pasado, concretamente el día treinta y uno, finalizaba la normativa hasta entonces que regulaba los derechos de viñedo de las campañas noventa y una a noventa y dos hasta el noventa y cinco-noventa y seis, el... ya se ha dicho aquí, el Decreto 1193/91, de veintiséis de julio. Y es cierto que, curiosamente, antes que finalizara esa normativa vigente, las Comunidades de La Rioja, Navarra y el País Vasco habían elaborado una normativa en la perspectiva de captar derechos de viñedo de otras Comunidades, que es ésta... ésta es la normativa que publicó en concreto la Comunidad de Rioja; e incluso que fue rechazada por viticultores de la propia Comunidad Autónoma de Rioja, porque entendían que esa posible ampliación -que se habla de dos mil sesenta y ocho hectáreas- iba a beneficiar fundamentalmente a los grandes agricultores y grandes bodegueros y en absoluto a los agricultores a título principal, y decían... eran sus propias manifestaciones -están aquí las declaraciones de todos los interesados, en caso concreto de la... de la Comunidad Autónoma de Rioja-, diciendo que, efectivamente, esas dos mil sesenta y ocho hectáreas que se preveían que podían venir de otras Comunidades, en este caso concreto Castilla y León, porque no había otra posibilidad... -esto lo dice la Comunidad Autónoma de Rioja no lo dice Izquierda Unida-, pues decían que en cierta medida esa ampliación de viñedos, de derechos de viñedos, que podían venir de Castilla y León, a los únicos a los que podía beneficiar -lo dice textualmente-: a los grandes empresarios o a los grandes agricultores, y, en este caso concreto, no a los agricultores a título a principal. Y, por tanto, era una manera también de encubrir ilegalmente mil quinientas hectáreas de agricultores en la propia Comunidad de Rioja. Pero, bueno, en fin.

Por hacer un poco de cronología, es cierto que una vez que finalizó esa normativa el treinta y uno de agosto, concretamente el día ocho de agosto, las Comunidades Autónomas de Navarra, País Vasco y Rioja sacaron esas respectivas Órdenes con la finalidad -vuelvo a repetir- de captar esa transferencia de derechos de viñedo. Y como consecuencia de ello -no en este Pleno, pero sí en una Comisión de Agricultura-, el Grupo Parlamentario Popular reconoció que podíamos perder derechos de viñedo -que se podían marchar hacia otras Comunidades-, y asumió el compromiso de que se estaba elaborando una comisión de trabajo, una ponencia técnica de trabajo, que más tarde sus conclusiones las elevaría al Ministerio de Agricultura, para que al final saliera un decreto nuevo que contemplase esta situación; es decir, salir un nuevo decreto que evitase la posible pérdida de derechos de viñedo hacia otras Comunidades. Ése fue el compromiso del Grupo Parlamentario Popular en estas Cortes.

La realidad es que se discutió esto en el mes de septiembre, el Decreto -ya se ha dicho aquí- salió en el mes de... en el mes de diciembre, y el Decreto que ha salido lo que dice, que es la Propuesta Resolución de la Proposición No de Ley, que se retire el punto cuarto del Artículo 3, que dice lo siguiente: "Las Comunidades Autónomas podrán exigir autorización previa para la transferencia fuera de su ámbito territorial de derechos de replantación cuando la superficie a transferir en cada campaña supere el 0,5% de la superficie de viñedo". Ésta es la madre del cordero, éste es el centro del problema. Y nosotros decimos que mientras no se modifique este punto cuatro del Artículo 3, evidentemente, el riesgo de que los derechos de viñedo puedan salir de la Comunidad existe. Otra cosa es que no haya pasado. Pero, en base a cómo está la nueva normativa, en base a cómo está... a cómo ha salido redactado el nuevo Decreto, es cierto que esa transferencia de derechos puede salir de la Comunidad. Y lo que se pretende en esta Proposición No de Ley es instar al Ministerio de Agricultura para modificar ese artículo y garantizar que todas las transferencias que se hagan, se hagan con el control estricto de la Junta de Castilla y León, porque ésa es la única garantía para evitar que las transferencias de viñedo puedan ir a otras Comunidades.

Y esta Proposición No de Ley no tiene otra cosa. Lo que se pide es esa modificación del Artículo 3, el punto cuatro, donde se dice taxativamente que no tiene que ser el 0,5. ¿Por qué tiene que ser el 0,5? Lo lógico será que todas las transferencias de derechos que se planteen lleven un control riguroso de la Junta de Castilla y León, sería lo lógico. ¿Para evitar qué? Pues para evitar que los derechos de viñedo vayan a ciertas Comunidades, en este caso a La Rioja. Ésa es la cuestión. No hay más punto de debate.

(-p.3131-)

Por lo tanto, yo creo que es una Proposición de pura lógica y de puro sentido común. Y yo creo que si el Partido Popular -como ya ha dicho- va a votar en contra, yo creo ha hecho una falta de compromiso que ha asumido aquí. Porque -vuelvo a repetir- cuando surgió este problema en el verano pasado, el Grupo Parlamentario Popular dijo aquello: "nosotros no vamos a consentir bajo ningún concepto que haya una transferencia de viñedo a otras Comunidades". Bueno, pues ahora está aquí el Decreto que ustedes dijeron que iban hacer un decreto con plenas garantías para evitar esa situación. Y ahora resulta que el Decreto que ha salido lo que dice es que hasta el 0,5%; con lo cual, no como decía el Portavoz del Grupo Socialista con el 0,4, sino con el 0,2 todos los años, al cabo de diez años nos quedamos sin viñedo. Por tanto, al margen de que hasta la fecha no hayamos pedido ninguna transferencia de viñedo, lo lógico es instar al Ministerio de Agricultura para corregir esta situación. Y yo no creo que sea ninguna cuestión de tema de profundidad política, sino de sentido común. Si nosotros queremos defender el viñedo de la Comunidad, tendremos que tomar todas las medidas -que serán pocas- para garantizar que las transferencias de viñedo no vayan a otras Comunidades Autónomas.

Por lo tanto, ésa es la razón por la cual el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida va a votar favorablemente a la Proposición del Partido Socialista. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Benito, para cerrar el debate, tiene la palabra.

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente. Bueno, agradecer al Grupo de Izquierda Unida, en primer lugar, que vaya a aprobar la Proposición; y no renunciar a un último esfuerzo para convencer al Grupo Popular de que pueda votar a favor de esta Proposición. Y le voy a intentar argumentar por qué. Yo es que creo que es tan lógico que es que me gustaría que reconsiderara su votación. Y se lo voy a decir claramente.

Mire, la argumentación suya se basa en dos cuestiones: argumentación legal, argumentación política.

La legal la olvidamos. Yo creo que ha quedado claramente sentado que se puede hacer, de hecho se ha hecho; consiguientemente, si hay un conflicto de competencias presentado por Comunidades Autónomas, incluso por las suyas, evidentemente se sostiene que legalmente se puede hacer y que hay una invasión competencial. Eso es evidente.

Y la política. La política usted dice, viene a decir en román paladino -como se dice-: "bueno, usted hace una lectura pesimista y yo hago una lectura optimista". ¡Hombre, es que eso es una frivolidad! Es que usted no puede prever que la normativa sólo vaya a tener una versión optimista. Yo creo que el responsable político, el que gobierna, tiene que ponerse en la situación de que se le perjudique al sector. Usted no puede argumentar que va a haber una lectura positiva. Y hay abundantes datos para pensar que eso puede ocurrir. Yo le estoy diciendo -como dice el Portavoz de Izquierda Unida- que este verano los Gobiernos del País Vasco, Rioja y Navarra intentaron succionar tres mil y pico, cuatro mil hectáreas de viñedo de las Comunidades más cercanas, concretamente de aquí. Pero es que la semana pasada, en las reuniones de coordinación del Ministerio de Agricultura, el País Vasco reconocía que estaban transfiriéndose derechos de la Comunidad de Castilla y León al País Vasco. Eso está reconocido la semana pasada. Y de hecho, el Grupo Popular en algunas Comunidades, seguramente por campañas electorales como Galicia, está apoyando que invade competencias y que, por consiguiente, este artículo se derogue.

Pero es que yo le voy a decir más: si es que no se modifica en nada. Yo creo que la argumentación del representante de Izquierda Unida es muy clara en ese sentido. Si nosotros pedimos que, cuando se pase el 0,5%, no sea la única posibilidad de que intervenga la Comunidad Autónoma; que también intervenga para el 0,4, para el 0,3, para el 0,2, para el 0,1, también intervenga la Comunidad Autónoma.

¿Qué peligro tiene entonces ver versión optimista o versión pesimista que usted dice? Si tienen que venir derechos, y la Comunidad Autónoma de donde salen los aprueban, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Si el problema está en que por debajo del 0,5 no se entere la Comunidad Autónoma. Vamos a ver si lo entendemos el problema. El problema no es que los derechos puedan ir de un sitio a otro con permiso de la Comunidad Autónoma, por supuesto. Ya le he dicho yo que nadie discute que los derechos de replantación de viñedo es algo que no se puede prohibir, hipotecar, o ceder, o... Simplemente lo que se trata es de que la Comunidad Autónoma se entere. Pero ¿usted sabe lo que tiene que ser para el representante, para el Consejero de Agricultura, que el 0,4 todos los años de derecho de replantación o de superficie de viñedo se le vaya y no se entere? Pero ¿cómo puede controlar el sector vitivinícola si se le van cinco mil hectáreas en ocho o diez años?

Y le recuerdo que hay otros métodos para conseguir que se plante más viñedo. Y yo claro que sé que el viñedo de calidad... no todo, pero muchas zonas de la Comunidad de Castilla y León es un viñedo de calidad, y lo que queremos es plantar más. ¡Claro que lo sé! Pero hay otras vías: la primera vía es pedir cupo de nuevas plantaciones. Ayer mismo se han sacado quinientas hectáreas. Pues lo que se tiene que intentar es sacar mil hectáreas. De acuerdo. Es decir, que hay otras vías, no se colapsa en absoluto la posibilidad de replantar. Pero es que, además, vamos a decirlo claramente: los derechos de replantación de esta Comunidad fue una vía que abrió el Gobierno Socialista de entonces y que permitió plantar tres mil hectáreas de cupo de nuevas... de derechos de replantación en esta Comunidad Autónoma, gracias a la medida que se tomó en el año ochenta y cinco-ochenta y seis, y que reconocen todos los representantes del sector vitivinícola.

(-p.3132-)

En consecuencia, ni legalmente ni políticamente hay ninguna justificación, salvo un apoyo unilateral a la Ministra en sus relaciones con el Gobierno de La Rioja, que está denunciado por su Grupo en todas las Comunidades Autónomas. Si es que esto es absolutamente lógico, ¿cómo vamos a defender que nosotros por debajo del 0,5, es decir, que todos los años haya mil hectáreas de viñedo que se vayan, y la Administración no sepa que van?

Es que es más: la semana pasada se está llegando a decir que como la normativa permite que no se sepa, se le va a comunicar de oficio por el Ministerio de Agricultura a la Junta que ha perdido tantas hectáreas este año. Pero ¿cómo se puede sostener eso? ¿Y cómo se puede sostener eso, frente a las manifestaciones del Presidente la semana pasada apoyando al sector vitivinícola económica y técnicamente? Pero si hay... si este apoyo es absolutamente lógico. Se trata sencillamente de que ustedes controlen lo que sale y lo que entra, y que no lo haga, pues el Ministerio o nadie.

En consecuencia, ni legalmente ni políticamente tiene ninguna consistencia el que ustedes no apoyen una Proposición que de lo que se trata es defender sus propias competencias y defender al sector vitivinícola -que todos estamos alabando desde hace muchos años- y que, al final, lo que parece es que son palabras huecas en un discurso siempre vacío. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se somete a votación la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y nueve. Votos a favor: cuarenta y... perdón, votos a favor: diecisiete... veintiuno. Votos en contra: cuarenta y ocho. Queda, por lo tanto, rechazada.

Y ruego al señor Secretario dé lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Séptimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, instando a la Junta de Castilla y León requiera al Gobierno de la Nación el cumplimiento del Acuerdo de Financiación Municipal de mil novecientos noventa y cinco y otros extremos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Crespo, tiene la palabra para la presentación de la Propuesta.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Me decía un compañero al bajar que después de cómo ha sido el debate del punto anterior, en el cual, pues, simple y llanamente por el ejercicio de la mayoría, se han rechazado argumentos razonables, quizá para darme ánimos me decía un compañero que en este asunto que vamos a defender ahora teníamos "más razón que un santo", aunque la santidad no esté precisamente en nuestra parte. Bueno.

La Proposición No de Ley que trae el Grupo Parlamentario Socialista a este Pleno de las Cortes guarda relación con el efectivo, evidente y lamentable recorte que ha experimentado el presupuesto... los Presupuestos Generales del Estado de mil novecientos noventa y siete para con las aportaciones que el Estado hace a los pequeños municipios a través de las Diputaciones Provinciales.

En esta Cámara venimos debatiendo reiteradamente, desde luego que con poco éxito, desde luego que con muchas dificultades para hacer comprender a la mayoría del Grupo Popular, y para hacer comprender sobre todo a la Junta de Castilla y León, la necesidad de mejorar sus relaciones económicas con las Corporaciones Locales de Castilla y León, la necesidad de comprometerles más y mejor en la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales de nuestra Comunidad Autónoma, de comprometerles y asegurar más y mejor una mayor autonomía, una efectiva autonomía del poder local en la Comunidad Autónoma

Y les decía que esos debates que traemos reiteradamente -porque los avances son nulos, y más que avances, a medida que uno analiza la realidad cotidiana, lo que se experimentan son retrocesos-, siempre habían hecho referencia a lo que es la actitud de la Junta de Castilla y León para con nuestros Ayuntamientos y nuestras Diputaciones. Una actitud, ciertamente, cicatera, una actitud, ciertamente, desconfiada, una actitud que -insisto- limita muy mucho, y condiciona la voluntad y la autonomía de esas Corporaciones Locales.

Eso, que pensábamos que era una forma de entender las relaciones institucionales de la Junta de Castilla y León, del Partido Popular en Castilla y León, nos hemos visto desagradablemente sorprendidos al comprobar que en cuanto ustedes han tenido la oportunidad de gobernar la nación, de hacerse cargo del Gobierno de la Nación, han aplicado esas mismas prácticas, esas mismas teorías a la hora de desempeñar esa acción de gobierno.

Y se da la circunstancia de que el primer presupuesto que ustedes hacen en Madrid, el primer presupuesto que ustedes administran implica un recorte extraordinario a nuestra Comunidad Autónoma, a las Diputaciones de nuestra Comunidad Autónoma, para hacer frente a los planes provinciales, para hacer frente a los planes de cooperación, a las pequeñas inversiones de los Municipios de Castilla y León.

(-p.3133-)

Y todo ello adornado con esa grandilocuencia en los discursos que a ustedes les caracteriza en los últimos tiempos, haciéndolo coincidir con el debate estatutario en nuestra Comunidad Autónoma, haciéndolo coincidir con falsos debates, o artificiales debates, que se han tratado de plantear, en relación con el futuro de las Diputaciones, sin que se haya oído la más mínima voz, la más mínima queja, la más mínima reivindicación para corregir lo que es algo tremendamente perjudicial para los intereses de nuestra Comunidad Autónoma, que nos instala una vez más en el agravio comparativo. Porque los recursos que se detraen a Castilla y León van a otras Comunidades; y tiempo tendremos de discutirlo al hilo del debate.

Y, por lo tanto, lo que nosotros les planteamos con esta iniciativa es que se comprometan un poquito, que se comprometan en la defensa de las consignaciones presupuestarias suficientes para nuestra Comunidad Autónoma y para los Municipios de nuestra Comunidad Autónoma. Que den la cara, pero que den la cara de verdad con el Gobierno de la Nación, cuando el Gobierno de la Nación perjudique ostensiblemente los intereses económicos de Castilla y León.

Es de todos sabido, y sistemáticamente esgrimido, que nuestra Comunidad Autónoma se caracteriza por la dispersión territorial, por la existencia de un número ingente de municipios (dos mil doscientos cuarenta y siete), y por la escasez de población de la inmensa mayoría de ellos -bien lo saben-; mil cincuenta y un municipios no superan los doscientos cincuenta habitantes, y sus graves dificultades económicas que les imposibilitan para hacer frente a la financiación de los servicios mínimos, a los que por ley están obligados.

Que la Junta de Castilla y León -reitero- no está comprometida en garantizar la suficiencia financiera a las Corporaciones Locales lo acredita año tras año, con la escasez y carácter condicionado de los recursos que vía presupuestaria destina a los Entes Locales de Castilla y León.

Y ahora el Gobierno de la Nación, del Partido Popular, da una vuelta de tuerca más a nuestros Ayuntamientos, y en el Presupuesto del Estado de mil novecientos noventa y siete se consignan 1.178 millones de pesetas menos que en mil novecientos noventa y seis, pasando de los 3.927 del año noventa y seis, a 2.793 millones de pesetas menos en mil novecientos noventa y siete. Un recorte del 29,67% de las consignaciones presupuestarias destinadas a los pequeños municipios en nuestra Comunidad Autónoma.

Y si esto es grave con carácter general, para nuestra Comunidad Autónoma resulta todavía más sangrante el hecho de que la media nacional se sitúa en el 26,9% del recorte, y a Castilla y León, ustedes, el Gobierno de la Nación nos recorta el 29,6% del Presupuesto. Y eso sí, a pesar de que el Presidente de la Junta dice que hace constar, siempre que negocia algo, la característica que supone la dispersión territorial de nuestra Comunidad Autónoma en sus negociaciones con el Gobierno. Pues vaya forma de negociar o de hacer valer el peso, o ese hecho diferencial nuestro que es la dispersión territorial.

Este recorte del programa de subvenciones para la cooperación local pone seriamente en entredicho el discurso de respeto y potenciación de las Diputaciones Provinciales que el Partido Popular ha esgrimido, a propósito de la reforma del Estatuto de Autonomía.

Conviene recordar -y voy terminando- que los fondos recortados se canalizan a través de las Diputaciones Provinciales, y tienen como destinatario los municipios de menos de cinco mil habitantes. Hay que recordar también -y de eso podremos hablar- que la financiación municipal fue pactada en mil novecientos noventa y cuatro. Y esta decisión del Gobierno supone, desde nuestro punto de vista, una ruptura unilateral de aquellos pactos.

Por todo ello, se someten a la consideración del Pleno tres Propuestas de Resolución: la primera, que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León para que requiera al Gobierno de la Nación el cumplimiento, en sus propios términos, del Acuerdo de Financiación Municipal de mil novecientos noventa y cuatro. Tengo que decir que aquí hay un error de transcripción, porque aparece mil novecientos noventa y cinco, cuando el Acuerdo al que hacemos referencia es el de mil novecientos noventa y cuatro.

En segundo lugar, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que reclame al Gobierno de la Nación al menos los 1.107 millones de pesetas que han perdido las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma, como consecuencia del recorte del Programa de Subvenciones para Cooperación Local.

Y en tercer lugar, las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a que, con carácter subsidiario, cree una partida presupuestaria extraordinaria por importe equivalente al recorte efectuado por el Gobierno de la Nación. Espero que en esta ocasión sean capaces de prestar su apoyo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para consumir un turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Cid, tiene la palabra.

CID FONTÁN

EL SEÑOR CID FONTÁN: Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. Vamos a consumir un turno en contra de la Proposición No de Ley, porque, realmente, en los términos en los que está concebida resulta inaprobable, es decir, la filosofía que mantiene el Portavoz Socialista de "quiero más financiación para los Ayuntamientos y Diputaciones"... Por cierto, celebramos mucho que las Diputaciones las vea como coordinadoras y colaboradoras de los pequeños municipios, y algo necesario en entidad local obligatoria, que no siempre ha sido así. Pero no podemos admitir la forma en que se hace la Proposición No de Ley.

(-p.3134-)

Quizá el bajarme los papeles sea porque creo que con papeles voy a convencer mejor a mi buen amigo el señor Crespo.

Hablar de una consignación presupuestaria... mejor dicho, de una partida, puesto que no se trata ni de la total participación en los ingresos del Estado, ni siquiera de la total aportación a la materia local, sino que son dos los programas que se han variado; se han variado el Programa de Planes Provinciales y la Red Viaria Local, lo cual determina, efectivamente, una reducción. Y se reconoce así.

¿Por qué se ha reducido? Pues se ha reducido por pura política económica anunciada en todos los Foros, por la necesidad de llegar a unos índices de que no suba el endeudamiento, de que no exista el gasto público excesivo, y podamos reunir los requisitos para entrar en la primera fase en Europa. Y lo sabemos todos. Pero no diga usted que es el Gobierno del Partido Popular el primero que lo ha hecho. Que en el año noventa y seis se prorrogaron los Presupuestos del noventa y cinco, y durante todo el primer trimestre al Gobierno Socialista no se le ocurrió hacer ninguna revisión de esta materia, sino que la dejó prorrogada.

Mire usted, hace usted un cálculo que, claro, se le nota que es de Letras -yo también-. Y es que la diferencia entre 3.927 y 2.793, señor Crespo, no son 1.178, de ninguna manera; son 1.133. Quiere decir, ahí ya salen 45.000.000 -no sé de donde- que intervienen después. Claro, en el cálculo de los porcentajes. Y eso no es.

Habla usted de un pacto. Mire, yo me he bajado los papeles, porque claro... y me gustaría leer cómo se pone aquí: "protocolo de intenciones entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias, relativo a la participación en los ingresos del Estado en el quinquenio noventa y cuatro-noventa y ocho".

Y nos pone como las pedidas... que, por cierto, lo firma, claro, don Pedro Solbes y don Francisco Vázquez; que es lo lógico, era entonces el Ministro de Economía y Hacienda y el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.

Pues bien, llegan a una serie de conclusiones. Las conclusiones no es sólo eso, las conclusiones es de que se intente dotar y paliar los déficits de los Municipios. Estamos todos de acuerdo. Pero otra cosa es que la consignación real sea la factible, de acuerdo con los Presupuestos anuales del Estado de cada año. No cabe decir que porque haya un protocolo de intenciones, tengamos que condicionar la decisión de las Cortes Generales en cada momento y que no se pueda llegar a una solución.

Y yo quisiera decirle algo, que quizá sea mucho más significativo todavía, para lo cual, efectivamente, me traía otro papel. Y es decir... claro, decirle a la Comunidad, a la Comunidad de Castilla y León que si no lo acepta el Gobierno Central, subsidiariamente aporte y demás... Mire usted, los planes provinciales -usted lo sabe exactamente igual que yo- no solamente son fondos de... que pueden ser fondos propios de las Diputaciones, son fondos del Estado, son fondos de la Comunidad Autónoma, y son fondos de la Comunidad Europea.

Que vamos a tener la suerte de que los fondos de la Comunidad Europea suben, y con todas las Diputaciones que hemos consultado están compensando y paliando eso que fue necesario reducir. Pero es que, además, nuestra Comunidad Autónoma -y con esto termino-, fíjese usted las transferencias del año noventa y seis, y las del año noventa y siete a Entidades Locales.

Mire usted, en el año noventa y seis 14.323 y pico millones de pesetas; en el año noventa y siete, 15.546. La diferencia son 1.223 y pico. Quiere decir que esa diferencia -sólo esa diferencia- es superior a los 1.113, que es el déficit real en esa resta que yo digo equivocada -no tiene gran importancia-, que hablábamos de la reducción por la aportación estatal.

De aquí que en modo alguno podamos ni instar al Gobierno a que cumpla un protocolo, ni instar al Gobierno a que cambie toda su política económica y reduzca todos sus objetivos sin conseguirlos, simplemente para compensar una partida compensada con fondos europeos, compensada con transferencias de la propia Comunidad. Y, desde luego, decir a la Comunidad que sea ella quien lo ponga, ya lo ha puesto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Cid. Para el turno de réplica, el señor Crespo tiene la palabra.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Vamos... vayamos por partes. Primera cuestión, señor Cid Fontán, porque es que ésa es una cantinela que usted me adjudica a mí siempre, cuando en los debates presupuestarios hago lo que creo que tengo que hacer, a la hora de reclamar una mejor financiación para las Corporaciones Locales en Castilla y León.

Y yo creo que en ocasiones anteriores en esta Tribuna, yo creo haberle demostrado a usted y a su Grupo que no les he reclamado más dinero. Que les he dicho que lo distribuyan de otra manera, fundamentalmente de otra manera, es decir, sin clientelismo, es decir, sin condicionantes, es decir, sin trato de favor, es decir, respetando la autonomía de las Corporaciones Locales, es decir, evitando que cada Consejero se sienta Alcalde de cada uno de los pueblos de Castilla y León.

Ése ha sido mi criterio. ¿Las cuantías? Ustedes tienen mayoría y ustedes las aplican. Yo creo que son insuficientes, pero ésa es otra cuestión.

(-p.3135-)

Y es que en este caso, ni siquiera eso: no se me ha ocurrido a mí aquí, ni la Moción tiene... ni la Proposición No de Ley tiene esa indicación de pedir una sola peseta más, sino que les estoy diciendo a ustedes que eviten que nos quiten lo que teníamos. Le estoy diciendo que eviten ese desafuero, que significa que nos recorten a los Ayuntamientos de Castilla y León, a través del Plan de las Diputaciones 1.178 millones de pesetas.

Señor Cid Fontán, en mil novecientos noventa y siete el total a Castilla y León por este Programa era de 2.793,82 millones de pesetas. En el Programa de mil novecientos noventa y seis eran 3.971,38. La resta es muy sencilla: da 1.178,67, el 29,67% menos de lo que tenían nuestros Ayuntamientos en el Presupuesto de mil novecientos noventa y seis.

Y mire, el problema es que esa justificación que usted me da aquí de las grandes cifras macroeconómicas para conseguir el objetivo de convergencia con Maastricht, etcétera, es que es una absoluta falacia, porque el dinero que ustedes nos quitan aquí se lo dan a los Ayuntamientos de Cataluña; eso es radicalmente cierto. Y los Ayuntamientos de Cataluña, a través de la Generalitat catalana, por este mismo programa, pasan de 3.172 millones de pesetas que tenían en mil novecientos noventa y seis, a 3.596 millones de pesetas que tienen en mil novecientos noventa y siete. Son cifras del Presupuesto General del Estado, es decir, a nosotros nos recortan el 29,67 y a la Generalitat de Cataluña le incrementan el 13,38%.

Señor Cid Fontán, eso sí que me molesta profundamente. Porque si el recorte afectara a todos, nosotros los primeros. Si los criterios de convergencia exigen esfuerzos y sacrificios, nos la envainamos. Pero mire usted, que recorten a los Ayuntamientos de Castilla y León, cuando ustedes encima esgrimen que el hecho diferencial de Castilla y León, precisamente, es su dispersión territorial, el excesivo número de municipios, las distancias que hay recorrer, etcétera, etcétera, recorten ese programa para dárselo a Cataluña, por sus compromisos de mantenimiento del Gobierno de la Nación, eso -perdóneme- me parece miserable para con los Ayuntamientos de Castilla y León; y se lo digo con todo este énfasis.

Le digo más: me recuerda lo que le decía un Senador suyo ayer en el Senado, diciendo que iban a hacer autopistas para que los ricos circularan mejor, y así descongestionar las carreteras de los pobres. ¡Hombre!, pues mire usted ésa es la filosofía que trasluce lo que ustedes han hecho con los Ayuntamientos de Castilla y León, los más pobres del país, probablemente; los que más dificultades tienen para sacar adelante y cumplir con sus obligaciones legales, y para prestar servicios en condiciones de igualdad y en condiciones de calidad a sus ciudadanos. A esos Ayuntamientos es a los que ustedes les recortan para satisfacer a los grandes Ayuntamientos catalanes, que, afortunadamente para ellos -y ojalá en nuestra Comunidad Autónoma nuestros municipios tuvieran esas características-, usted sabe que tienen cumplidos los principales objetivos y cubiertas las principales necesidades. Y mientras que allí están debatiendo de calidad de vida y de prestar mejores servicios, aquí estamos tratando de cubrir los servicios mínimos obligatorios para que los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan iguales oportunidades.

Y no me cruce el debate de las Diputaciones, señor Cid Fontán. Yo tengo mi opinión y mi visión sobre las Diputaciones. Nosotros hemos trasladado nuestra opinión y nuestra visión sobre las Diputaciones al debate del Estatuto de Autonomía; pero yo no soy un hombre que se salga de la ley. Y las Diputaciones existen, tienen unas funciones atribuidas, y, en la medida en la que existen y tienen esas funciones atribuidas, yo defenderé que tengan financiación suficiente para prestar los servicios, y la cobertura, y la garantía a los pequeños municipios; lo defenderé y lo mantendré. Otra cosa es que mi visión del asunto vaya en otra orientación. Pero mientras tengan atribuida esa función, yo, que no soy un ferviente defensor de ellas, procuro y defiendo que tengan financiación. Ustedes, que hacen discursos contra todo y contra todos en relación con ese asunto, sin embargo, ni un solo Presidente de Diputación, ni un solo Procurador del Partido Popular, ni el Presidente de la Junta, ni ninguno, ha dicho una sola palabra, esperando a ver si estos de la Oposición no se enteran de que nos han quitado mil ciento y pico millones de pesetas a las Diputaciones para distribuirlo a los Ayuntamientos. Y hemos tenido que ser nosotros los que se lo digamos aquí. O sea, discursos huecos, discursos falaces; pero luego, a la hora de reclamar, a la hora de poner las pesetas, ni un solo duro.

Y termino con una última cuestión, señor Cid Fontán. Los protocolos de intenciones, cuando se firman, son protocolos de intenciones buenas -se supone-. Y ese protocolo de intenciones lo firmó quien tenía atribuciones para firmarlo: el Ministro de Economía del momento, el Presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias del momento. Y en ese protocolo de intenciones buenas, se establecían criterios para garantizar o contribuir a la suficiencia financiera de las Corporaciones Locales. Y hablaba de hacer evolucionar esa participación en los recursos en función del IPC; hablaban... aparte de establecerlo para cinco años, hablaban de unos elementos correctores; hablaban de los fondos procedentes de Europa. Se establecía un marco, ¿eh?, un marco para, si no garantizar -que será difícil siempre-, sí contribuir a sanear las economías locales sobre la vía del pacto, sobre el acuerdo, estableciendo criterios progresivos de una mayor participación en los recursos de una forma consensuada, incorporando a esa posible financiación, a esa financiación que se acordaba, los recursos comunitarios, y estableciendo una vigencia durante cinco años.

(-p.3136-)

El problema es que ustedes esto se lo han cargado... (Termino, señor Presidente.) ...se lo han cargado porque les ha dado la gana, porque les ha dado la gana, de un plumazo. Y un protocolo de intenciones que firman los representantes de los municipios con quien tiene la competencia en materia económica en aquel momento, ustedes lo tiran a la papelera, no lo respetan, lo rompen unilateralmente, y no sólo no lo mejoran, sino que encima lo recortan. Ésa es la realidad, señor Cid Fontán.

Y aquí, los Ayuntamientos de Castilla y León han perdido 1.178 millones de pesetas para entregárselos a Convèrgencia y Unió para mantenerse ustedes allí en Madrid, sin que hayan dicho "esta boca es mía", y esperando que los demás no nos enteráramos. Nada más y gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Turno de dúplica. Señor Cid Fontán, tiene la palabra.

CID FONTÁN

EL SEÑOR CID FONTÁN: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Muy vehemente le veo, señor Crespo. Mire usted, cuando se quieren justificar números que son números, pues realmente no se pueden justificar. Si yo leo su Proposición No de Ley, yo no leo otra cosa; y la resta de 3.927 menos 2.793 son 1.133 y pico, le dé usted las vueltas que le dé la gana; porque las matemáticas son así. Decir: "son 1.178", pues será porque usted quiere decirlo; pero la resta de las dos cantidades son 1.133; hágalo.

Con lo cual, yo no intento utilizar una cifra para decirle que usted no sabe restar, sino simplemente que usted y yo somos de letras, que necesitamos calculadora. Eso es lo que he querido decirle.

El problema es que usted desfasa los porcentajes, y saca el porcentaje que quiere; y que dice: "Castilla y León, la más perjudicada". Mire usted, en la Federación Regional de Municipios y Provincias están representados Ayuntamientos y Diputaciones de todos los signos. Pues la Federación Regional, el diez de febrero, llega a la conclusión de que la cifra que se ha producido de pérdida es el 18,21. Claro, usted está sacando el 29,6. Pues bueno, pues muy bien. Si usted quiere sacar el 29,6, sáquelo, porque, desde luego, tiene legítimo derecho, como oposición, a utilizar las cifras y lo demás como bien le convenga.

Yo le aseguro que no tiene nada que ver el tema catalán con la reducción general; y así se lo he expuesto en la primera cuestión. He dicho que cualquier plan... y en este caso la aportación del Estado comprende el Plan General de Obras e Infraestructuras, los planes especiales y los planes sectoriales. Mire usted, si Cataluña, Andalucía o Extremadura -que me da igual- tienen un plan sectorial o un plan especial, y se dota de una manera especial, en ese Presupuesto figurarán las Diputaciones de Cataluña, de Andalucía, de Extremadura o de Castilla con una cantidad superior, por ejemplo, si hay un Plan Especial de Carreteras o un plan sectorial. Ahora, si de eso se deduce que se quiere beneficiar a Cataluña, usted es muy libre de hacerlo. Pero no compare cifras que no lo son.

Y por último, no me ha contestado nada a un argumento que a mí me parece el más importante. Si la pérdida que dice usted -y que realmente vemos que no es ésa, pero bueno, aproximada-, 1.133 y pico, si esa pérdida, con la consignación presupuestaria de Castilla y León del año noventa y siete, de transferencias a Entidades Locales, que le doy la diferencia con relación al noventa y seis, y que salen 1.223 millones de más, 1.223 es más que 1.133, unos 90.000.000. Quiere decir que ésa es la cuestión, ¿eh?

Y, en segundo término, consulte a las Diputaciones. Que yo las he llamado, ¿y qué me dicen? Que están ya recibiendo por la vía de esas cantidades del distinto valor del ecus y de la mejor cotización, cantidades. Esto todo ¿qué quiere decir, que nosotros no somos municipalistas? Pues mire usted, somos tan municipalistas como ustedes; no voy a decir que más, ¿eh? ¿Que no nos interesa atender a los municipios? Pues sí nos interesa atender a los municipios. Y, sencillamente, no queremos hacer nada de demagogia; queremos simplemente estar en la realidad.

Yo espero tener la oportunidad de colaborar con usted en la futura Ley de Régimen Local, y que tengamos todos la oportunidad de hacer una Ley del Fondo de Cooperación Local de esta Comunidad que nos evite seguir discutiendo en el futuro porque todo esté perfectamente regulado. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para fijación de posiciones, en ausencia del Grupo Mixto, corresponde el turno al Grupo de Izquierda Unida. Señor Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Para empezar, se me ocurre decir aquello de "¡Maastricht, Maastricht, cuántas felonías se están cometiendo en tu nombre!". Porque para nosotros no deja de ser realmente una traición, en muchos aspectos, el estar justificando hoy la reducción presupuestaria para atender los mínimos esenciales y fundamentales de las Corporaciones Municipales o de los Ayuntamientos, como ayer o hace quince días también hacíamos referencia a la reducción de gastos sociales en materia educativa, en materia sanitaria, y así sucesivamente. Para conseguir, curiosamente, un objetivo que sea: el uno de enero de mil novecientos noventa y nueve, o cualquier otro día de cualquier otro año, a continuación, todos los países van a tener las mismas opciones, las mismas oportunidades. Y aquí nos estamos desfondando para intentar conseguir un objetivo, como si esto fuese una carrera a fondo.

(-p.3137-)

Mire, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros, sin mucha ilusión, vamos a apoyar esta Proposición No de Ley. Y le voy a explicar por qué. Entre otras razones, porque nos da igual que sea el 26% lo que se reduce, el 28% o el 16 ó 18 que dice el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular; el hecho en sí es que se reduce.

Y el hecho en sí todavía es que la ruindad política de los Presidentes de las Diputaciones les lleva en estos momentos a conformarse, porque en vez de perder tanto van a perder un poco menos, en función de la actividad cambiaría de la moneda, que ahora, pues, resulta que el ecu, pues, va a salvar absolutamente todas las cuestiones, por esa actividad cambiaría.

No comprendemos cómo se puede ser absolutamente tan mezquino como para justificar políticas de esa naturaleza, si no es por una fórmula, que nosotros venimos denunciando desde hace bastante tiempo, y es por lo que nosotros decimos que las Diputaciones son fenómenos absolutamente superables y a superar; de lo contrario, van a acabar con esta Comunidad Autónoma. Y es que hay una política de intento de estrangulamiento permanente de los municipios que están siempre, por su precariedad económica, dependientes de otras instituciones de más alto nivel.

Con lo cual, la autonomía municipal -con todos los respetos- es algo que se han echado a la albarda ya hace mucho tiempo los políticos que rigen los destinos de esta Comunidad Autónoma. Y por supuesto que ni quieren hablar de ella los propios Presidentes de las Diputaciones.

Es más, ahora se erigen en un órgano paralelo los Presidentes de las Diputaciones, ante no sé qué fantasmas que han aparecido en la reforma del Estatuto de Autonomía, pretendiendo -eso sí- defender el valor inexpugnable de algo que no han sabido, no han podido, no han querido defender durante mucho tiempo, si no es con criterios de esta naturaleza: seguir manteniendo dependientes a esas Corporaciones Municipales, y de esa manera se pueda estar o mantener pendientes a las Corporaciones Municipales.

Y miren, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al margen del dato de si en estos momentos se puede comprobar que la mayor parte de las Comunidades Autónomas obtienen o no un beneficio, hay una cuestión absolutamente incontestable: el hecho de la población queremos que no se esgrima cada vez que hay una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque, desafortunadamente, no está tan bien esta economía boyante -no de ahora, sino ya de tiempos anteriores también- como para que se pueda producir una proliferación de la ciudadanía en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; pero sí podemos esgrimir precisamente el argumento de nuestra atomización municipal, e incluso de la dispersión. Y esta atomización municipal significa que si hay unos mínimos para la atención de servicios fundamentales en las Corporaciones Municipales, y eso se multiplica por el número de municipios, sí es un argumento que se puede esgrimir, y que hasta el momento presente no se está esgrimiendo. Cuestión muy significativa y muy curiosa, porque habría que decirles a los ciudadanos que habitan esos pequeños municipios, e incluso a las propias Corporaciones Municipales, que nos gustaría tremendamente que esta injusticia se reparara al menos de la siguiente manera -que no hay nadie que la aplique- que ya que no gozan de los mismos privilegios, ya que no gozan de los mismos servicios, al menos se les exima de la responsabilidad de la tributación, de los pagos a Hacienda. Pero eso, por supuesto, tampoco van a poder disfrutarlo.

Por consiguiente, entendiendo que hay algunas modificaciones importantes, y en relación con la primera, van a seguir manteniendo esa .....

Pero, en relación con la segunda, mientras sigan defendiendo los criterios de la vía de las Diputaciones, van a seguir ocurriendo estas "menudencias" -según la expresión del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular- y, desde luego, no van a encontrar de ninguna de las maneras, si no es con una corrección en ese punto tercero -pero en ese punto tercero, con un requerimiento a la Administración Central-, no es la fórmula como se van a paliar todos esos problemas. Aquí hubo un plan un día, un plan de carreteras. Y aquí ese mismo plan feneció en el intento. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Crespo, para cerrar el debate de la Propuesta.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Gracias, señor Presidente. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer con todas las matizaciones razonables que ha introducido don Antonio Herreros, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pero que al final expresa su apoyo a lo que es una realidad. Y nos ha ayudado a huir de un debate ciertamente miserable, que yo no esperaba que desde la mayoría del Grupo Popular se hubiera planteado en esos términos. Porque, sin emular a don Federico Trillo, manda eso que aquí la discusión sea que no nos han recortado tanto como nosotros decimos.

(-p.3138-)

Los hechos son incuestionables. Había una consignación presupuestaria en el Presupuesto de mil novecientos noventa y siete para contribuir a financiar las necesidades de los pequeños municipios, canalizada a través de las Diputaciones Provinciales; esa consignación ascendía a una cuantía; hay una consignación en el Presupuesto de mil novecientos noventa y siete -ése es otro hecho-, eso supone un recorte real y efectivo de 1.178 millones de pesetas. Otro hecho real y efectivo es que, en el mismo ejercicio económico, simultáneamente a ese recorte, los Ayuntamientos de Cataluña, a través de la Generalitat Catalana, experimentan un crecimiento; mientras aquí se recorta el 29,67%, en Cataluña se experimenta un crecimiento del 13,38%. Otro hecho objetivo es que, mientras aquí había un protocolo de intenciones -como se dice- para regular la participación de las Corporaciones Locales en los recursos del Estado, el Partido Popular elimina ese protocolo de intenciones.

Y, por lo tanto, estamos asistiendo a una sucesión de hechos encadenados, perfectamente encajados, que evidencian que el Partido Popular y el Gobierno sustentado por el mismo están cometiendo una seria tropelía contra los intereses de los pequeños municipios de Castilla y León. Y todo ello simultaneándolo con el peso de Castilla y León a la hora de tomar decisiones en Madrid; todo ello adornándolo con la inflexibilidad en las negociaciones que mantendremos con el Gobierno de Madrid; todo ello adornándolo con la defensa a ultranza y sin fisuras y sin matices de la defensa de los intereses de Castilla y León en Madrid.

Señor Cid Fontán, en este debate ha quedado demostrado que eso es absolutamente mentira. Ustedes, en esto, se han callado. Y el señor Lucas, la defensa de ese hecho diferencial que tanto ha esgrimido de la dispersión territorial en esta ocasión -perdóneme, señor Presidente-, se la ha tragado; porque la dispersión territorial en Castilla y León ha quedado como un hecho diferencial, pero a peor todavía, a peor. Porque una Comunidad que tiene concentración de municipios, que tiene grandes áreas de población, que tiene grandes municipios, es receptora de más recursos que nuestra Comunidad Autónoma, precisamente cuando la nuestra debiera ser primada y debiera ser beneficiaria como consecuencia de que la partida que se recorta precisamente iba destinada para esos pequeños municipios.

Esto, en lo que se refiere a ese recorte. Pero que es que, además, cuando se utiliza como argumento que ya se compensa desde nuestra Comunidad Autónoma ese recorte, señor Cid Fontán, estamos haciendo ejercicios de cinismo, si no de desfachatez. Desde mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y siete, la participación del poder local, de las Corporaciones Locales en los recursos de la Comunidad Autónoma, ha perdido dos puntos reales: ha pasado del 6,84% que suponía en mil novecientos noventa y uno, a un 4,83% que supone en mil novecientos noventa y siete.

Y decir aquí que ya se ha comenzado a corregir ese recorte efectivo y real que nosotros hemos aquí denunciado con un incremento de la aportación en el Presupuestos de la Comunidad de mil novecientos noventa y siete para las Corporaciones Locales respecto del año anterior, decirlo aquí y no caérsele la cara de vergüenza, señor Cid Fontán, me parece que es un ejercicio de desfachatez. Porque ese pequeño incremento que se produce son 600.000.000 de pesetas de un Plan Provincial de Carreteras, que tuvo en ejercicio anteriores 1.000 millones de pesetas, y que en el ejercicio de mil novecientos noventa y seis y en el ejercicio de mil novecientos noventa y cinco ustedes se cepillaron.

Termino como empecé: así no se defienden los intereses de la Comunidad. Los discursos huecos y los discursos banales ante los medios de comunicación expresándonos como los únicos que defendemos, reivindicamos y reclamamos, no se mantienen cuando la realidad nos dice, nos dice que por su silencio, si acaso por su sumisión a los intereses de su Gobierno en Madrid y sus acuerdos con los nacionalistas catalanes, han perjudicado seriamente a los municipios de Castilla y León. Y ustedes comienzan a ser protagonistas de esa película de gran éxito que se llamó "El silencio de los corderos". Nada más y gracias.

(Leves aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se vota la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Votos en contra? Gracias. ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y nueve. Votos a favor: veintiuno. Votos en contra: cuarenta y ocho. No hay abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada.

Y el señor Secretario dará lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Octavo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por la Procuradora doña Elena Pérez Martínez, relativa a introducción en el II Plan de Igualdad de Oportunidades, de actuaciones dirigidas a la incorporación real y efectiva de la mujer en el ámbito económico, político y social, con especial incidencia en el problema del empleo".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para la presentación de la Proposición No de Ley, tiene la palabra doña Elena Pérez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Bueno. Señor Presidente, vamos a ver si podemos empezar a debatir, por primera vez en este Hemiciclo, y por fin, una Proposición No de Ley que venga a traer a esta Cámara un debate sobre las situaciones en la que nos encontramos el cincuenta por ciento de la población de esta Comunidad Autónoma. A plantear la situación de desigualdad que tienen y tenemos las mujeres en el acceso al empleo, la contratación, la estabilidad, la promoción, la protección social, en el salario, en el desigual reparto de las tareas y responsabilidades familiares.

(-p.3139-)

Y sabiendo -como todas Sus Señorías tienen que saber- que el empleo es uno de los sectores claves de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ante esta situación de desigualdad, constatada por los datos estadísticos que ustedes puedan manejar igual que esta Procuradora, nos da que seguimos estando muy por debajo de la media nacional; seguimos teniendo la mitad del empleo que los hombres. La subida mínima que ha podido haber en la tasa de actividad es similar para hombres y mujeres y no ha servido para acabar con el desequilibrio, y, además, está de acuerdo con la subida general a nivel estatal que se ha producido.

Las mujeres seguimos siendo, su tasa de paro, mucho mayor en esta Comunidad Autónoma que la media estatal. Entonces, nos preguntamos ¿qué influencia ha tenido el I Plan de Igualdad de Oportunidades que se instauró por el Gobierno Autónomo, consensuado con los agentes sociales en esta Comunidad Autónoma? Nos parece que no ha tenido una incidencia relevante para remover de verdad situaciones.

Por lo anterior, creemos que es preciso medidas activas que afecten a la situación económica, política y social de las mujeres, no sólo incluidas -como nos hemos visto hasta este momento- en el área de acción social, no sólo presupuestariamente, sino administrativamente, jerárquicamente, etcétera, etcétera.

Introducir la variable género -en este caso, variable mujer, porque es el sector de población que está en desigualdad- en todas las políticas de esta Comunidad Autónoma, que suponga de verdad la transversalidad en las políticas sectoriales y globales de la Junta de Castilla y León en ese momento. Eso fue aprobado y firmado por este Gobierno Autónomo en la declaración final de Conferencia Internacional de Mujeres en Pekín.

Los instrumentos institucionales, hasta ahora, no han servido en la corrección de los problemas que más afectan a las mujeres de esta Comunidad.

Medidas activas, como medidas de acción positiva, es lo que venimos a plantear en esta Proposición No de Ley. Recordarles que medidas de acción positiva no sólo están definidas por la Unión Europea como estrategias temporales destinadas a remover situaciones, prejuicios, comportamientos y prácticas culturales y sociales que impidan a un grupo social, o a un sector minusvalorado o discriminado, en función de raza, sexo, situación de discapacidad, etcétera, para alcanzar una situación real de igualdad. Por lo tanto, la acción positiva, como se está planteando a nivel internacional y a nivel europeo, se dirige a modificar tanto una situación como las acciones concretas por las que sufre la persona individual por pertenecer a un grupo.

Estas medidas van, por lo tanto, más allá del control de la aplicación de las leyes que desarrollan el principio de igualdad; y son, y tienen que ser, acciones colectivas tendentes a proporcionar ventajas concretas al colectivo -en este caso mujeres- marginado en situación de desigualdad.

Por todo ello, traemos a esta Cámara la Proposición No de Ley que plantea ese tipo de acciones y transversalidad en el sector que más implica a la situación de las mujeres en nuestra Comunidad Autónoma, como es el empleo.

Como ustedes han podido leer las tres Proposiciones... los tres apartados de la Proposición No de Ley: propondrá acciones al II Plan de Igualdad, para velar por la introducción de la variable género en los planes de formación y empleo de la Junta; contemplará alguna acción para mejorar la situación de empleo de las mujeres jóvenes en el Plan que a tal efecto lleva a cabo la Junta de Castilla y León; y, sobre todo, contemplará medidas de acción positiva que mejoren las tasas de actividad, índice de paro, segregación, etcétera (medidas éstas que hagan posible la apertura de líneas de subvención a las empresas que contraten mujeres de determinados segmentos y la mejora, en situación de igualdad, de las condiciones de trabajo de éstas). Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Habiéndose presentado una Enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, para su defensa, doña Pilar Ferrero.

FERRERO TORRES

LA SEÑORA FERRERO TORRES: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Parece evidente que, una vez más, podemos poner de manifiesto que cuando en este Hemiciclo se habla de iniciativas que pueden favorecer a las mujeres, nos queda bastante corto el número de oyentes que parecen tener interés en estas circunstancias... -y mujeres, evidentemente, evidentemente-. Ha sido un lapsus, diría de personas.

Venimos a... se ha venido a plantear hoy por parte de Izquierda Unida un punto que, evidentemente, afecta a más del 50% de la población y que en todo su contenido no puede ser por menos que tener una consideración de los miembros de esta Cámara.

La evolución de los respectivos papeles del hombre y la mujer es uno de los rasgos principales en la evolución de las sociedades, por tanto, la participación cada vez mayor de las mujeres en el mercado de trabajo, así como en todos los ámbitos tradicionalmente ocupados por los hombres, han contribuido y han constituido fenómenos importantes e irreversibles. La actividad creciente de las mujeres es una baza decisiva para la economía, en base a la utilización óptima de los recursos humanos y, de manera significativa en una Región como Castilla y León, donde el índice de envejecimiento de la población requiere de medidas que con decisión contundente faciliten el acceso al mundo laboral a las mujeres, y con un acento especial a las mujeres más jóvenes.

(-p.3140-)

Los datos del paro a treinta y uno del doce del noventa y siete... -que entiendo que Sus Señorías conocerán perfectamente, pero que por ser significativo voy a enumerar-, en la población total de Castilla y León existen o existían a esa fecha, ciento veinticuatro mil cuatrocientos diecisiete parados; de los cuales, hombres, eran cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y dos, un porcentaje del 43,8%. De mujeres, el... sesenta y nueve mil ochocientas cuarenta y cinco, que el porcentaje es del 56,1%. Pero en menores de treinta años, los datos aún se nos disparan: hombres, existían veinte mil ochocientos setenta y nueve parados, que significan el 41,5%; pero mujeres, veintinueve mil cuatrocientas veintiocho, que significan el 58,5% de la población.

Yo creo que estos datos ratifican clarísimamente lo que acabamos de exponer. No es normal que cuarenta años después del Tratado de Roma sigan subsistiendo diferencias importantes de retribuciones entre los hombres y las mujeres. Resulta difícil no preocuparse por la alta tasa de desempleo femenino, y el hecho de que la pobreza afecte cada vez más a las mujeres y que se hace alarmante en provincias de Castilla y León. Hace imprescindible esta situación medidas de acción positiva para corregir estas desigualdades. Los planes de igualdad de oportunidades para las mujeres tienen una finalidad; pero también dependen sobremanera de la voluntad política de los Gobiernos que lo redacten, ya sean nacionales, regionales o locales.

Estamos asistiendo en estos momentos a la redacción del II Plan de Igualdad para las mujeres de Castilla y de León. Y he de decir que estas Cortes no conocen aún la evaluación del I Plan, que finalizó su vigencia el día treinta del mes de diciembre del noventa y seis. Parece evidente que hubiese sido necesario el conocer todo el nivel de ejecución, y hubiese sido necesario conocer esa evaluación para -si los ha habido- no seguir cometiendo determinados errores.

Por esto entendemos que, apoyando la Proposición No de Ley presentada por Izquierda Unida -pues no podía ser de otra manera-, en el punto dos de su Propuesta de Resolución, a mi Grupo Parlamentario nos parecía que quedaba bastante inconcreto, sobre todo en ese porcentaje elevado de población de mujeres jóvenes que requerirían un tratado, o un tratamiento algo más especializado.

Por eso planteábamos una Enmienda de Sustitución en la redacción del párrafo dos, en los siguientes términos: "Para potenciar el empleo de las mujeres jóvenes se establecerán medidas concretas conveniando con empresas que contraten a mujeres menores de treinta años, así como desde la Administración Pública se incrementen las subvenciones para el autoempleo en este sector de población". Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para réplica, doña Elena Pérez tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Brevemente. Nos parece que la Procuradora del Grupo Socialista ha planteado más una fijación de posiciones a la Proposición No de Ley -que además apoya, y lo cual se lo agradezco-; y plantearle además que los datos estadísticos que ha planteado aquí, los podemos completar en el último debate, fijando la posición de este Grupo Parlamentario para cerrar el debate. Y plantearle que la Enmienda a la que se refiere usted como sustitución, reconociendo que plantear sólo en la Propuesta de Resolución acciones concretas que favorezcan el empleo a las mujeres jóvenes sin plantear ninguna acción concreta, puede haberse quedado en este momento, quizá, un poco corto (reconozca que esto era para introducirlo en el II Plan de Igualdad). Pero, sobre todo, aunque estemos hablando aquí de subvenciones para el autoempleo de este sector de la población, que nos parece importante, puesto que se han ido reduciendo... nada más es leer la subvención planteada que tenía este Gobierno Autónomo para el empleo de este sector en mil novecientos noventa y cinco, con 600.000 pesetas para cada persona, lo han ido rebajando en mil novecientas noventa y seis a 200.000, etcétera, etcétera, reconocerá usted conmigo que estas medidas, desde luego estas subvenciones exclusivas de fondos europeos, no remueven en... sólo en un porcentaje muy pequeño las situaciones en las que se encuentra este sector poblacional.

Por lo tanto, nos parece que otras medidas más activas y más concretas como podían ser incentivar a empresas para que contraten a mujeres jóvenes, podría haberse introducido de una forma más global en este planteamiento, y, por lo tanto, hubiera removido, quizá mayor, el desequilibrio actual. Por lo tanto, estando de acuerdo con lo que está planteando, lo que no podemos plantear es simplemente una Enmienda de Sustitución en este sentido porque, seguramente, nos quedaríamos muchas más acciones que habría que desarrollar en este sector poblacional de mujeres jóvenes. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, doña Pilar Ferrero.

FERRERO TORRES

LA SEÑORA FERRERO TORRES: Sí, señor Presidente. Desde aquí mismo... Evidentemente, cuando tenemos que plantearnos determinadas medidas de acción positiva, el abanico es tan amplio y serían necesarias tantas cosas que en una Proposición No de Ley posiblemente no tuviesen casi cabida. Estando totalmente de acuerdo con lo que acaba de exponer la Portavoz de Izquierda Unida, podríamos -si en el fondo de la cuestión parece que las inquietudes van por el mismo camino-, podríamos hacer una redacción transversal de ese punto, en el cual quedasen reflejadas con más contundencia el planteamiento que ella termina de decir y lo que era el espíritu cuando mi Grupo Parlamentario presentó, no una Enmienda de Sustitución, sino una Enmienda de redacción del punto dos de su Propuesta de Resolución.

Por lo tanto, si la Portavoz de Izquierda Unida considera que podemos hacer una redacción conjunta en este sentido, desde mi Grupo Parlamentario no habría ningún inconveniente en llevarlo a cabo. Gracias.

(-p.3141-)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Antes de dar el paso a la fijación de posiciones sobre lo que doña Pilar Ferrero ha indicado, sí que les diría yo a ambas, y a la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida que se pusieran de acuerdo para que, al fijar el texto definitivo, pudiera leerlo de forma clara y manifiesta. Entonces, damos paso... Sí.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Disculpe un momento, señor Presidente. En mi anterior intervención se me ha olvidado plantear que, admitiendo esa Enmienda como adición, porque de cara a que... a hacer en estos momentos en esta Cámara un texto alternativo, seguramente no sería posiblemente. Pero sí que es admitida esa Enmienda como una adición. Lo que pasa es que a esta Procuradora se le ha olvidado decirlo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señora Procuradora. Para fijar posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular, al no estar del Grupo Mixto representante alguno, tiene la palabra doña Isabel Jiménez.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señora Ferrero, pues, efectivamente, cuando hablamos de políticas de mujer, pues parece ser que no llamamos la atención o no sabemos captar la atención; pero lo que sobre todo me sorprende es que de diecisiete mujeres Parlamentarias que estamos en esta Cámara, pues, yo creo que estamos menos de la mitad. Pero bueno.

Señora Pérez, tocamos hoy un tema muy importante para nosotras las mujeres, como es el tema de empleo. Ayer hablábamos también del reparto de trabajo, de empleo, pero hoy nos toca a las mujeres. Y yo le agradezco la exposición que ha hecho, porque es un tema -como ya le digo- importante y que preocupa no solamente a su Grupo, sino también al mío. No le voy a decir que más que al suyo, pero desde luego por lo menos igual que al suyo -el tema del empleo-.

Pero sí que quiero decirles, Señorías, que lo que se necesita en este país urgentemente es la creación de empleo, crear puestos de trabajo, reducir el paro, sin etiquetas. Y sin etiquetas porque está claro que si no creamos puestos de trabajo no habrá empleo ni para mujeres, ni para hombres, ni para jóvenes, ni para nadie.

Pero dentro de este planteamiento, también tengo que decir -y eso las mujeres lo sabemos muy bien- que hay dos colectivos, que son los jóvenes y las mujeres, que sí que se necesitan... y necesitan por parte de la Administración una atención preferente, por el alto índice de paro que afecta a estos dos colectivos. No olvidemos que la tasa de paro de la mujer duplica a la del hombre; y la tasa de actividad, aunque crece, es insuficiente. Pero lo que es más grave, Señorías, es que incluso creciendo la tasa de actividad, aún se mantienen discriminaciones salariales.

Y hablando sobre todo de discriminaciones salariales, es muy llamativo que el día trece de mayo de mil novecientos noventa y siete -quiere decir que hace un mes aproximadamente-, en unas jornadas que se celebraron en Barcelona dentro del Programa de Igualdad de Oportunidades de la Unión Europea, se hablaba de esta discriminación salarial. A mí me llama la atención que muy pocos convenios colectivos incluyen medidas activas para eliminar la discriminación salarial. Y pese a la mejora en la ocupación salarial de la mujer -como les había dicho antes- esta discriminación por razón de género existe.

Según los datos, en el año mil novecientos noventa y uno, ya entonces la Ministra Matilde Fernández, en su I Plan de Empleo Nacional, hablaba de que la mujer cobraba, a igual trabajo, hasta un 20% menos. Lo más grave es que en el año noventa y tres doña Cristina Alberdi reconocía que había una diferencia salarial de hasta un 30%. O sea, que estábamos peor que hace... -noventa y uno al noventa y siete-, desde hace seis años.

Y dicho esto, Señorías, a mí me preocupa... -y aquí sí que me quisiera dirigir a las mujeres de esta Cámara- que es decisiva la participación de las mujeres que tienen responsabilidades en organizaciones sindicales. Porque mi impresión es que son muy pocas las mujeres que participan en las mesas de negociación; porque hay muchísimos convenios colectivos que se están firmando en este país, y, desde luego, muchos de ellos deliberadamente y muchos de ellos con mucha sutileza, están conteniendo medidas discriminatorias para las mujeres. Y yo sospecho que esto es porque no hay mujeres en las firmas o en las mesas de negociación.

Por eso, una de las medidas que aporta el II Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer que se aprobó recientemente en el Consejo Regional de la Mujer fue colaborar con la Inspección de Trabajo y los agentes sociales para la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y la detección de discriminaciones indirectas. Y, Señorías, sobre todo a las mujeres de esta Cámara sí que puedo decir que en este apartado esta Procuradora tuvo algo que ver, a través de las alegaciones que se hicieron dentro de la asociación de mujeres a la que esta Procuradora pertenece.

Pero, señora Pérez, estamos hablando sobre todo de su Proposición No de Ley muy concreta, que es que se incluyan en el II Plan de Igualdad de Oportunidades unos apartados referidos al empleo. Puedo decirle, Señoría, que usted misma, a través de su Grupo Parlamentario, realizó una serie de sugerencias al primer borrador del II Plan de Empleo, que están recogidas en el segundo borrador, que es al que esta Procuradora ha tenido acceso.

Se recoge en el Plan la incorporación real y efectiva de la mujer en plenitud de derechos y deberes a todos los ámbitos de actuación económica, política y social.

(-p.3142-)

En lo que se refiere al problema del empleo, el tercer objetivo prioritario del Plan se centra en este tema; concretamente en la inserción laboral de la mujer, pero matizando -porque es muy importante en esta Comunidad Autónoma- una especial atención a la mujer del ámbito rural.

También se incluyen acciones para velar por la introducción de la variable género. La transversalidad de la perspectiva de género -esa cosa que tanto nos gusta a nosotras- en los planes de formación y empleo de la Junta.

Respecto a la situación de empleo de las mujeres jóvenes -y aquí me refiero un poco también a la Enmienda de doña Pilar Ferrero-, decirle que ya incluye la variable género en el Plan de Empleo Joven. Ha sido agradable poder comprobar que en la Orden de la Consejería de Industria del pasado quince mayo ya se recogía, dentro de las solicitudes de aquellos colectivos, o sea de jóvenes de entre veinticinco y veintinueve años, se recoge la palabra ya "mujer". O sea, que algo que se está moviendo en esta Comunidad Autónoma, en algo ya están los planes de igualdad, en algo ya está, también, incidiendo la Consejería de Sanidad y Bienestar Social a través de la Secretaría Regional de la Mujer, porque estamos ya introduciendo la palabra "mujer" en políticas de empleo dentro de la Consejería de Industria.

Recordarles también a Sus Señorías, porque es muy importante, que el empleo de la mujer no solamente puede venir por las políticas que va a hacer el Gobierno Regional o de ese II Plan Regional, sino que también pueden venir -y yo espero que así sea- a través de la reciente reforma laboral, que con el consenso de sindicatos y empresarios se aprobó recientemente en el Congreso, en las Cortes Generales.

Pero no hay que olvidar que, independientemente de esa reforma laboral, el Gobierno de la Nación ya ha puesto lo que vulgarmente se dice "dinero sobre la mesa" para ayudar a la contratación laboral de las mujeres; mujeres con cargas familiares, mujeres mayores de cuarenta y cinco años y mujeres que acceden al primer empleo.

Nos va a venir también a través de ese empleo joven. Y para mí es una grata noticia haber recibido el otro día en la prensa que en el Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Fundación Universidad-Empresa de Valladolid, tiene en marcha un proyecto, el Proyecto ....., donde se está hablando ya de 50.000.000 de pesetas para promover la integración y el trabajo, el empleo para la mujer.

Por lo tanto, Señorías -como les decía-, algo ya se está moviendo en esta Comunidad, y, señores Procuradores, mal que les pese a los varones.

Todas estas medidas que yo he dicho -reforma laboral y empleo joven- son ya una realidad, y, desde luego, van a favorecer a la inserción laboral de la mujer. Éstas y otras actuaciones son las que se han recogido en el II Plan. II Plan que ha sido debatido, que ha sido, desde luego... ha tenido dos borradores, han participado en él asociaciones de mujeres, organizaciones empresariales, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, colegios profesionales, Consejo de la Juventud. Quiero decirles que tengan la completa seguridad de que no va a ser un Plan de papel mojado, sino que es un Plan sobre el que se ha debatido, consensuado; y esperemos que eso favorezca a las mujeres de esta Comunidad.

En consecuencia, señora Pérez, la Proposición No de Ley, pues, no vamos apoyarla, puesto que esos tres conceptos y, sobre todo, todo lo que usted pedía sobre empleo está recogido en el II Plan de Igualdad de Oportunidades para la Mujer. Única y exclusivamente éste es el motivo por el cual mi Grupo Parlamentario no va a apoyar la Proposición No de Ley. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Doña Elena Pérez tiene la palabra para fijar el texto definitivo.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Vamos a ver... No empiece usted a tocar el timbre porque de verdad que me pongo nerviosa, y entonces ya no sé lo que vamos a...

(Risas.)

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Es que... Por favor, déjeme los cinco minutos, que yo pueda explicar lo que vengo a plantear aquí.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Quiero preguntar primero qué significa que tenemos que crear empleos sin etiquetas. O lo creamos para las mujeres o no lo creamos; o pensamos que creando empleo en general, por sí solo, se va a crear para este sector de población, que ya sabemos que no ha sido así a lo largo de estos años. O lo creamos o no lo creamos. Luego se nos viene aquí a contar que la culpa la tienen los agentes sociales -las agentes sociales en este caso-, centrales sindicales, que debe ser que negocian poco con las empresas.

Mire usted, la variable... el objetivo o la acción que se ha planteado en el borrador lo han introducido precisamente las centrales sindicales, las mujeres que trabajan en los sindicatos, para que...

(Murmullos.)

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: (Es que es imposible.) Dice: mis sugerencias que planteo en esta Proposición No de Ley están recogidas en el Plan. Mire usted, vamos a empezar aclarando.

(-p.3143-)

Primero, esta Procuradora y mi Grupo Parlamentario saluda la iniciativa de la Comisión Interconsejerías; lo trajimos aquí una vez a esta Cámara y ustedes lo votaron en contra. Saludamos que ahora estén dispuestos a plantear esto. Saludamos que se cree un objetivo de crear un observatorio de empleo para la mujer. Y saludamos la colaboración del Ministerio de Trabajo, los agentes sociales, para alcanzar un principio de igualdad.

Pero mire usted, otra vez más, otra vez más, este Plan, el primer borrador -que fue el que llegó a esta Procuradora-, no contiene medidas decididas y concretas que remuevan de verdad los obstáculos. Acciones positivas en empleo -y ahora las leemos-: transversalidad en las política sectoriales. ¿Qué hace a este respecto la Secretaría de la Mujer? ¿Qué está incidiendo la Secretaría de la Mujer en el acuerdo global del empleo que están planteándose en este momento la Junta de Castilla y León y las centrales sindicales? ¿Qué está haciendo la Secretaría de la Mujer para que la política o los informes que haga el Consejo Económico y Social lleve esta variable "mujer"? Nada. ¿Qué está haciendo la Secretaría de la Mujer en las Universidades? ¿Qué está haciendo el Gobierno Autónomo en todas las políticas, en todos los organismos sociales a este respecto? Nada.

Ustedes plantean: planes de formación y empleo. Pero ustedes lo que no hacen en el Plan es asegurar la introducción de esta variable de "mujer" con la obligatoriedad de plantear un porcentaje. Tampoco hacen una revisión de las tasas de personas que acuden a este Plan de Empleo, para, de verdad, incluir medidas discriminatorias -aunque nos duela esta palabra- hacia las mujeres. No estamos solicitando un plan exclusivo de mujeres, sino que se revise eso, y ustedes no lo hacen.

Pero es que además nos están planteando que este Plan ya recoge. Yo, exclusivamente, me lo dieron anoche porque lo he solicitado por activo y por pasivo. Primero, han negado a este Grupo Parlamentario, le han negado por dos veces la evaluación del I Plan de Igualdad, la evaluación que ha realizado una auditoría externa con fondos públicos. A esta Procuradora no se le ha remitido, a pesar de que lo ha solicitado. Pero claro, no necesitamos esa evaluación para plantear aquí y ahora que la feminización de la pobreza sigue siendo un hecho cada vez mayor en esta Comunidad Autónoma. Y tenemos las tasas de actividad, de paro y de ocupación. Y ¿qué es lo que estamos viendo? Que otra vez las tasas de actividad, en los años de vigencia de este Plan, no se han removido en absoluto. Que la tasa de actividad de mujeres es la mitad que la de los hombres. Y no es que no queramos que los hombres trabajen; queremos trabajar a nivel de igualdad, queremos tener las mismas oportunidades en el empleo entre hombres y mujeres. La tasa de ocupación -que todavía es más grave-, estamos bastante menos de la mitad de la tasa, en los años de vigencia del Plan.

Es decir, no nos vengan ustedes a decir aquí -como dice el Consejero de Bienestar Social en la prensa- que la implantación del I Plan de Igualdad ha servido para crear empleo. Mentira y falso. Ni nos venga a contar aquí, porque esto ya, ya puede ser, de verdad, unas expresiones que significan no entender nada de lo que se está planteando a esta Cámara, decir "habrá que luchar contra la hipocresía y conseguir para las mujeres horarios flexibles en las empresas que las hagan compatibles con las tareas del hogar".

Mire usted, señor Consejero -y se lo pase usted a la Secretaría de la Mujer-, la distribución del tiempo en las ciudades, que entran los horarios comerciales, es para plantear una igualdad en el reparto de tareas entre hombres y mujeres. No venga usted aquí, para que la doble jornada sea un poco menos penosa para las mujeres, nos abran los comercios a no sé qué hora. Lo que se está planteando es el reparto de responsabilidades y tareas. No vengan a decir ustedes eso a la prensa.

Pero es que las únicas medidas que dicen ustedes que son activas y concretas... -y que me lo pasaron anoche después de solicitarlo, porque no había pasado, que sólo tenía los recortes de prensa-, dicen ustedes: "Elaborar en mil novecientos noventa y ocho un protocolo a suscribir por aquellas empresas que voluntariamente quieran realizar un seguimiento"; medida concreta y activa, dicen ustedes.

Segundo: "Desarrollar, en los años de vigencia de este Plan, experiencias pilotos que integren procesos de formación y de promoción de empleo femenino". Miren ustedes, que no queremos pruebas, que no queremos experiencias pilotos; que las mujeres de las ciudades y del medio rural lo que quieren es trabajar, y ustedes tienen que incentivar para que esas empresas, si contratan de verdad a mujeres en sectores y profesiones que están infrarrepresentadas, ustedes les subvenciones. Eso es lo que de verdad crea empleo. Declaraciones de intenciones, que es lo único que hacen ustedes aquí, desde luego, no sirven para nada. Lo único que nos queda, la gran duda, es que, de verdad, a pesar de las declaraciones que se hacen en esta Cámara cuando se empieza a plantear el tema, de verdad sepan, sepan lo que significan medidas concretas y activas; suponemos que sí, pero no quieren llevarlas a cabo. Se quedan ustedes en declaración de intenciones, pensando, una vez más, que otros cuatro años, ya veremos a ver si se crea algún empleo; desde luego, sin etiquetas, que no ponga la etiqueta "mujer". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se somete entonces a votación la Proposición No de Ley de la Procuradora doña Elena Pérez, de Izquierda Unida, con la Enmienda del Grupo Socialista, que ha sido aceptada como de Adición. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstenciones, ninguna.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y tres. Votos a favor: veinticuatro. Y en contra: cuarenta y nueve. En consecuencia, queda rechazada.

(-p.3144-)

Y pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que enunciará el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Noveno punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a modificación de la Ley 4/96, de doce de julio, reguladora de la Caza en Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene la palabra, para hacer su presentación, por el Grupo Socialista, como proponente, don Jaime González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías. Casi me daban ganas, más que de hablar de la Propuesta de Resolución que hoy nos trae aquí, hablar de un artículo que el responsable directo de la conservación de nuestro medio natural publica hoy en El Norte de Castilla. Y la verdad es que no sé si no haré alguna referencia al mismo, porque pone claro en manos de quién y con qué criterios tenemos la conservación del medio natural en nuestra Comunidad Autónoma. Sin embargo, vamos a intentar centrarnos con carácter prioritario en lo que dice nuestra Propuesta de Resolución.

Y nuestra Propuesta de Resolución sólo tiene un interés armonizador, vamos a decirlo así. Hablamos del aprovechamiento de determinados recursos naturales; hablamos de caza y pesca; hablamos de espacios naturales protegidos y, en concreto, del espacio natural protegido posiblemente más emblemático de la Comunidad Autónoma, yo diría que de España y, posiblemente, uno de los más emblemáticos de Europa, que es Picos de Europa. Y en torno a ello y a él se ha creado una especie de confusión, que realmente convendría desentrañar.

Picos de Europa, el Parque Nacional, los dos Ayuntamientos de Posada de Valdeón y Oseja de Sajambre en esta Comunidad Autónoma están en estos momentos sometidos al imperio de tres Disposiciones diferentes: están en un parque nacional, están en un parque regional -porque la Junta no ha querido modificar los límites de ese parque regional y adaptarlos a los límites del parque nacional- y están en una reserva nacional de caza, ahora reserva regional de caza.

Por lo tanto, recientes denuncias de la guardería del parque nacional... -que está gobernado del Gobierno de la Nación; es del mismo color que el Gobierno que nos ocupa aquí-. Recientes denuncias de la guardería del parque nacional contra personas destacadísimas en el mundo del periodismo, en el mundo de la política, etcétera, han llevado a destapar una situación absolutamente irrepetible.

Primero, que la Junta ha expedido permisos de caza, amparándose en la normativa de la reserva nacional, para cazar en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Primera cuestión que conviene aclarar.

Por lo tanto, cuando se habla de prohibir la caza en los espacios naturales, en el Parque Nacional, no estamos hablando de prohibir la caza en toda la reserva de Picos de Europa, sino, simplemente, en los dos Ayuntamientos de la reserva que están introducidos en el Parque Nacional. Conviene aclarar eso, para seguir con la tradición de que en los parques nacionales... la actividad cinegética es una actividad proscrita en los parques nacionales.

Segundo, que los permisos que expide la Administración Regional en las reservas nacionales de caza no son nominales e intransferibles, sino que se puede negociar con ellos. Consecuencia: el seis de junio yo pedía a la Junta -no me los ha mandado, supongo que no me los mandará ya; como ya acabó el período de sesiones, pues no me los mandará- la relación de cazadores reales y titulares de los permisos que existían en esas reservas. Tiempo ha tenido de mandármelos si hubiera querido; no me los mandará, porque posiblemente se produzca la paradoja de que existan pocas coincidencias entre los titulares de los sorteos de piezas para los cotos... para las piezas nacionales autonómicas y los que realmente han cazado allí.

Y bueno, la verdad es que no lo entendemos. ¿Por qué no se va a producir en la actividad cinegética una actividad similar o una forma de conceder esas autorizaciones, similar a la que se da para otro recurso natural como es la pesca? La Ley de Pesca obliga a que los titulares de esos permisos son personales e intransferibles. El titular de un permiso de pesca -que participa en un sorteo exactamente igual- es el único titular de ese permiso y no puede cederlo ni endosarlo.

¿Qué situación se está produciendo en estos momentos con los permisos de caza mayor en las reservas regionales -y es un hecho generalmente admitido que es así-? Bueno, recientemente, en otra reserva de otra Comunidad Autónoma, pero aplicable a ésta -porque ese mismo político estuvo cazando recientemente en Las Batuecas, en Salamanca-, pues resulta que reconocen que en una reserva de otra Comunidad Autónoma, pero que sigue la misma normativa, no se presenta al sorteo de los permisos, no se presenta al sorteo de los permisos. Exactamente igual que ese político en Las Batuecas, señor Portavoz, o sea, que no ponga esos gestos; exactamente igual. O exactamente igual que el periodista al que se le denunció -a mi juicio, de manera legal, la denuncia, y él ha pagado el pato de la cuestión-, ese señor tenía un permiso que no era suyo, estaba adquirido de otro cazador -que le digo el nombre si quiere, no hay ningún problema-.

(-p.3145-)

Por lo tanto, curiosamente, se crea en torno a los permisos de caza un mercado negro; no digo persa, ¿eh?, digo negro. Y los permisos que se subastan por los Ayuntamientos, por la Junta, etcétera, a un valor, se revenden a otro valor a personas que... es lo mismo de las autovías, es lo mismo que lo de las autovías, lo mismo, la misma filosofía.

Y, ¿qué pasa?, ¿quiénes son los grandes perjudicados? Primero: la transparencia. Nadie sabe, hasta el mismo momento, quién va a cazar un rebeco, un corzo, un ciervo -o como se llame- en una reserva; lo cual, a nuestro juicio, es absolutamente impresentable. En un coto de pesca, el guarda sabe con carácter previo, porque tiene un listado, qué pescadores van a ir a ejercer su actividad piscícola en ese momento, en ese coto y en ..... Punto. Y sabe y controla que son los mismos y que no ha habido ningún tráfico con esos permisos.

Por lo tanto, ¿quiénes son los perjudicados? Si un Ayuntamiento que subasta un permiso y obtiene por Ley una rentabilidad del cupo de propietarios, pues resulta que ese permiso, que a él le ha valido una cantidad, se va, se va... y, de hecho, se puede revender por otra cantidad diferente superior a .....

Pero, ¿cómo se puede entender que en el único lugar de esta Comunidad Autónoma donde la Junta administra el recurso se produzcan esas situaciones? La verdad es que es absolutamente inadmisible.

Tengamos en cuenta una cuestión. La Ley de Caza dice, entre otras muchas cosas, que la titularidad de los derechos cinegéticos -y contaba, me acuerdo perfectamente, con el apoyo encendido del Portavoz del Grupo Popular en aquel caso- será de los propietarios o de los titulares de derecho reales que lleven aparejado el aprovechamiento cinegético; eso en el Artículo 4, principios básicos de la Ley. Y resulta que en el Artículo 20 se pasa por el arco de triunfo esos derechos básicos que la propia Ley esgrime y dice lo siguiente, que ahí, en las Reservas, "la titularidad cinegética de las Reservas Regionales de Caza corresponderá a la Junta". Ni siquiera dice a la Comunidad, ni siquiera dice a usted y a mí; dice al Gobierno, o sea, dice al Consejero, al señor Jambrina, en una palabra. Es que es una cosa "demasiao", "demasiao", yo creo que no hay quien lo entienda, ¿no? Porque si todavía dijera "de la Comunidad Autónoma", lo podríamos entender; pero es que dice de la propia Junta.

Bueno, pues ahí, que la Junta tendría la obligación ineludible de hacer una gestión del recurso transparente, de que no hubiera problemas, de que se supiera en cada caso quién va a utilizar el derecho cinegético, cómo se gestiona... es precisamente donde no pasa esa cuestión; donde los permisos no son personales, donde son transferibles, donde se puede negociar con ello, donde hay empresas turísticas que acuden a las subastas y adquieren permisos, donde hay empresas de hoteles que van a las subastas y adquieren permisos y después los transfieren a otras personas, sin saber ni a quién, ni cómo, ni... Y resulta que el nuevo cazador llega un día concreto, se presenta al guarda y dice: yo tengo este permiso y vengo aquí. ¿Y dónde queda... y dónde queda el requisito de la Ley 4 del Registro de Infractores? ¿Y dónde quedan personas que pueden estar denunciadas y suspendidas del derecho a cazar, que pueden ir a cazar sin... porque el guarda y el agente no saben que ese cazador va a ir y va a personarse?

Yo creo que es absolutamente elemental que, en aquellos territorios en que gestiona la Junta los recursos naturales, obligue a que los requisitos de la gestión sean estrictamente iguales en unos y otros. Y si en el recurso fauna acuícola -pesca- se obliga a que todos los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, y todos los nacionales y todos los extranjeros que quieran presentarse y pescar en nuestra Comunidad Autónoma, se presenten en un sorteo, obtengan sus permisos; esos permisos sean personales e intransferibles, no haya negocio con ellos, no haya mercado negro con ellos -y había gente que pagaría mucho dinero por pescar un coto, en determinado lugar, en determinado sitio y en determinado momento-, no entendemos por qué en la caza no puede ser exactamente igual. No lo podemos entender. ¿Por qué los permisos de caza no son personales e intransferibles? ¿Por qué al sorteo concurre un cazador, le toca, y ese permiso, o lo utiliza ese cazador o no lo utiliza nadie? O, en todo caso, saldría nuevamente a sorteo, nuevamente un cazador afortunado participaría del sorteo, adquiriría la pieza y ése sería el cazador que ejerciera el derecho cinegético.

Y eso es lo que propone: una armonización de las dos leyes fundamentales de esta Comunidad Autónoma que regulan la gestión de dos recursos naturales, la caza y la pesca; que siguen criterios iguales y que, por lo tanto, no entendemos esas diferencias.

Y repito: estamos hablando de las reservas nacionales de caza -hoy reservas regionales-, porque también la Ley de Caza regionaliza las reservas nacionales, y me parece muy bien. Estamos hablando de las reservas; lo que pasa es que en algunos lugares concretos, en Picos de Europa, el Parque Nacional tiene la desgracia de estar sometido al imperio de una Ley del Parque Regional y además, de otra, y estar en una reserva. Con lo cual, los ciudadanos del Parque, que han protestado al Procurador del Común, que han tomado acuerdos con los Ayuntamientos diciendo: "oiga, que nos digan a qué estamos sometidos, si a la reserva, si al Parque Nacional o al Parque Regional; que qué nos pasa, si el Plan de Ordenación de los Recursos de uno es el que vale, o el de otro es el que no vale". Y están sometidos a una situación clara de indefensión manifiesta... Pues repito, estamos hablando de las reservas regionales de caza, que es donde la Junta tiene la obligación; porque expolia a los Ayuntamientos del derecho a la caza en las reservas, y les expolia, y después... Ya que el señor Jambrina se ríe tanto, le enseñaré acuerdos de municipios del Partido Popular que aprueban por unanimidad, por unanimidad...

(-p.3146-)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señor González, vaya acabando, por favor.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: ...el que se les pague un canon a los Ayuntamientos por la caza en las reservas de caza; y repito: Ayuntamientos del Partido Popular en Soria, en Burgos, en León, en muchos sitios, repito. De eso se trata: de que los criterios de gestión de los recursos naturales sean iguales para todos, en las reservas y en los ríos que están acotados, que en realidad son exactamente igual reservas regionales de pesca y no de caza.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señoría. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, don Narciso Coloma tiene la palabra.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, Presidente. Señor Portavoz del Grupo Proponente, como ve, me atrevo a subir a esta tribuna. No es tan grave; tengo un Grupo Parlamentario que me apoya, numeroso por el buen sentido de los castellano-leoneses. Y, sobre todo, tengo argumentos; unos argumentos serios, rigurosos, basados en la verdad y en la lógica, que me hacen creer, por lo menos, que estoy del lado de la razón.

Y dicho esto, y centrándonos en la Proposición No de Ley, pues tengo que decir que es -una vez más- el Grupo Parlamentario Socialista contumaz en sus argumentos, pues presenta una Proposición No de Ley a la que el Grupo Parlamentario Popular no tiene más remedio que salir a oponerse porque es, en este caso, además de irracional, oportunista. No creo que tenga que explicar el por qué es oportunista, dada -como él mismo ha dicho- la resonancia que este tema ha tenido en los medios de comunicación. Pero nosotros creemos que es irracional -y lo vamos a intentar demostrar- por doble motivo: lo es en la propia Propuesta de Resolución; y lo es, además, porque se basa... -bueno, decir "se basa" es mucho decir- tiene unos antecedentes que yo creo que no tienen mucho que ver con la Propuesta de Resolución, ¿eh?, pero tiene unos antecedentes que realmente son absolutamente faltos de realismo y, por tanto, irracionales.

Y así, por ejemplo, dicen los antecedentes: "las noticias de los últimos días sobre cacerías ilegales en el Parque Regional de Picos de Europa...". Pero bueno, de cacerías ilegales, nada. Mienten ustedes; y además, lo saben. Y lo sabe sobre todo el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido Ponente de la Ley de Caza, que sabe lo que dice el Título II de nuestro Estatuto: competencias de la Comunidad; el Artículo 26: competencias exclusivas de la Comunidad; el punto diez: caza, pesca fluvial y lacustre, acuicultura y caza. ¿Dónde está, por lo tanto, la cacería ilegal? Y lo sabe, además, porque quiso que, dado que teníamos las competencias, la titularidad de todos los cotos la tuviese la Junta; como usted ha dicho, no es así.

Más adelante dice: "la utilización por parte de la Junta de nuestro marco competencial para buscar la confrontación por el Estado". Esto es una interpretación absolutamente tendenciosa -por no decir cosas peores- que de la defensa de sus derechos y obligaciones hace del Gobierno de esta Comunidad. Sobre este tema, dos cuestiones: mire, es que el ataque furibundo y alocado suele traer como consecuencia que se queda desguarnecida la defensa, y, entonces, a uno le suelen meter un gol. Porque, claro, usted, cuando dice "nuestro marco competencial" está reconociendo que somos competentes; o sea, ya lleva la contraria a lo que dijo en el párrafo anterior. Está reconociendo ya que somos competentes.

Por otro lado, ustedes nos exigen pedir más competencias y luego nos impiden desarrollar las que tenemos. Pues no se empeñen; el Gobierno Regional no va a hacer nunca dejación de funciones ni de defender los intereses de los ciudadanos de esta Comunidad.

Y otro argumento más, otra matización más, porque es que claro, usted dice que hemos hecho un parque regional en un parque nacional. No, no, mire, Señoría: el Parque Regional es anterior al Parque Nacional. El Parque Regional de Picos de Europa es anterior al Parque Nacional. Entonces, la confrontación la habrá buscado el anterior Gobierno de la Nación creando... haciendo un Programa de Ordenación de los Recursos en el que se han pasado -como usted dice y le gusta mucho decir- "por el arco del triunfo" las competencias de esta Comunidad en un tema en el que las tiene exclusivas, como es la caza. Luego es absolutamente lo contrario de lo que usted ha dicho.

Luego, siguen diciendo: "mientras no medie sentencia que diga lo contrario, es un delito". Otra falacia más, porque usted dicta sentencia y la declara firme antes de que aparezca el delito y el culpable; algo realmente increíble. Pero en fin, está en esa línea, pues ¿qué le vamos a hacer? Y además, es muy difícil que esa sentencia de que prohíban la caza se dé; más ahora que el Secretario de Estado ya ha dicho que el Programa de Ordenación de los Recursos le van a dictar las Comunidades Autónomas, que es lógico.

(-p.3147-)

Pero hay más, hay más; hay más, Señoría. No sólo mienten ustedes en los antecedentes, es que lo hacen también en la prensa. Porque nosotros también hemos leído los periódicos, y dicen -en palabras del Portavoz Proponente-: "la Junta ha tomado por bandera el rechazo de la declaración como Parque Nacional de Picos de Europa contra los deseos de la sociedad y de los propios habitantes". Pues hombre, tomar nosotros por bandera eso, cuando ha sido creado nuestro parque con anterioridad a lo otro... Una vez más, se lo repetiremos -aunque somos conscientes de que no hay mayor sordo que el que no quiere oír, somos conscientes de ello-: la Junta no se ha opuesto nunca a la declaración del Parque de Europa; se ha opuesto a un programa de ordenación de los recursos naturales que se pasa por el arco del triunfo las competencias de esta Comunidad; eso es a lo que se ha opuesto la Junta.

Y desde luego, usted sabe perfectamente, y los resultados electorales así lo demuestran, que los habitantes de la zona no están en contra de que se cace; de ninguna manera. Naturalmente, usted dice: "le voy a traer escritos diciendo que los Ayuntamientos quieren que les den dinero". Claro, pero hay unas Juntas Consultivas abiertas a la sociedad... porque los Ayuntamientos son propietarios temporales, Señoría. Y usted el otro día hablaba de la Comisión -creo que era- de Impacto Ambiental, y decía que había que abrirla a la sociedad. Si nosotros diésemos dinero a los Ayuntamientos, les dicen ustedes: "no, tienen que crear una Junta en la que estén los ecologistas, los propietarios, los no sé qué, porque eso de dárselo a los Ayuntamientos...". Como se lo hacemos así, usted dice que se lo demos a los Ayuntamientos. A ellos les gustaría, claro, que se lo diésemos; ya lo sé, no cabe duda.

Pero mire, además hay otro tema, hombre. Los que saben algo no ya de caza, sino de fauna, saben que el no cazar trae el riesgo de pasar lo que ha pasado en algún parque natural: la abundancia de animales mayores trae consigo la aparición de enfermedades y el riesgo de que desaparezca la fauna. Y para que no pase eso tiene que recurrir la Junta a contratar tiradores y pagar dinero -con dinero público, con dinero de los contribuyentes, en vez de sacar dinero-, de pagar dinero para conservar el equilibrio de la zona. O sea, hay que pagar a los tiradores para que abatan las piezas sobrantes; un contrasentido. Eso es lo que parece ser que quiere el Grupo Parlamentario Socialista: pagar con dinero público en vez de obtener dinero al que tienen derecho los propietarios -que además se merecen, porque son los que han contribuido a dejar la zona y que siga siendo un parque nacional-.

Y ahora vamos con la Propuesta de Resolución... Sí, porque eso eran los antecedentes, Señoría; eso eran los antecedentes. Tiene muy poco que ver la Propuesta de Resolución con los antecedentes, pero es que es ridículo. La voy a leer, la voy a leer la Propuesta de Resolución. Fíjense, porque tiene una empanada mental, señor Proponente, que no se aclara. Fíjese lo que dice: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta a presentar a la Cámara, en el plazo más breve posible, una modificación de la Ley 4/96, del doce de julio, Reguladora de la Caza en Castilla y León, para que los permisos otorgados por la Administración Regional a los cazadores tengan carácter nominal, individual e intransferible, por analogía con lo establecido en la Ley de Pesca".

Pues mire usted, los permisos que otorga el Gobierno Regional a los cazadores son nominales, individuales e intransferibles...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Coloma, vaya terminando.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: ...son así. O sea, que es que desconoce usted lo que es eso. Son los permisos que se otorgan por sorteo a los propietarios los que en su derecho -y en lógica- subastan para sacar de ello un beneficio, al que tienen todo el derecho, como ya hemos dicho.

Luego los permisos que se dan a los cazadores -como pide su Propuesta de Resolución, Señoría- son nominales, intransferibles; individuales e intransferibles. No hace falta, en absoluto, modificar la Ley de Caza. Entonces, lo que ocurre es que si un cazador tiene un... un propietario tiene un permiso y no es cazador, o no le interesa ejercer ese derecho, pues lo que hace es subastarlo, naturalmente. Y eso lo hace esta Comunidad y todas las demás de España desde... no desde ahora, desde hace más de veinte años, Señoría, desde hace más de veinte. Desconoce usted... Es falso, es falso que sea el único parque nacional en el que se subastan los... En Cabañeros se hace; en Doñana se hace; en el Teide se hace; por nombrarles algunos que no son precisamente de la Comunidad de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, Señoría. Se ruega... se ruega silencio, por favor. Para réplica, señor González, tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. No pensaba yo dedicarle tanto tiempo al Preámbulo, pero puesto que el Portavoz del Grupo Popular me ha dado pie para ello -fíjese que yo no lo había ni citado-, vamos a matizar alguna cuestión.

Hombre, pretender decir que antes que Picos de Europa no existía el Parque Nacional de Covadonga -que se creo en el año mil novecientos dieciocho, cuando usted posiblemente no era ni lactante-, y que en el límite... y que dentro del límite del Parque Regional que ustedes han hecho en esta Cámara, dentro de ese límite está el Parque Nacional de Covadonga del año dieciocho indica su nivel de rigor. Es usted un mentiroso. Punto. Señor Portavoz... Él ha dicho cuatro veces que yo mentía... Por lo tanto, no le he visto gritar cuando me lo ha dicho, le ha parecido muy bien.

(Voces. Aplausos.)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Portavoz, ya sabe que yo no me crispo. No. El que se crispa es usted en las Comisiones cuando se quiere comer el micrófono, por lo de la "España una, grande y libre".

(-p.3148-)

Pero le vuelvo a decir lo mismo: el Parque Nacional de Covadonga, del año dieciocho, está incluido en los límites del Parque Regional de Picos de Europa. Y por lo tanto, cuando ustedes declararon el Parque Regional de Picos de Europa, incluyeron en sus límites el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que así se llamaba. Y únicamente, únicamente, también reconozco que ustedes se dieron muchísima prisa en hacer el Parque Regional para impedir o para evitar que el Parque Nacional fuera anterior al Parque Regional. Pero, desde luego, ustedes incluyeron en sus límites el Parque Nacional del la Montaña de Covadonga, que existía cuando ustedes hicieron la Ley del Parque Regional.

Segunda cuestión: usted vuelve a plantear el tema de las elecciones y de que ganan. Mire, en este... -usted lo ha dicho-, en esta Comunidad Autónoma hay dos Ayuntamientos incluidos en el Parque Nacional: Oseja y Posada. Se lo dije a usted ya una vez. Es que usted es reincidente... ¿cómo ha dicho usted? Contumaz. Mire, nosotros teníamos Alcalde en Oseja y lo perdimos por tres o cuatro votos -estará usted de acuerdo-, y no teníamos Alcalde en Posada, que es el cogollo del Parque, posiblemente el núcleo de población más emblemático del Parque, y lo ganamos. Y ahora tenemos Alcalde, ahora tenemos Alcalde en Posada de Valdeón, don Manuel Ordax, Alcalde de Posada de Valdeón. Por lo tanto, no diga usted esas bobadas, no se meta usted en esos jardines. Porque, bueno, ¡qué le vamos hacer!, si es que le falta a usted una cierta cultura en esta materia.

Tercera cuestión, tercera cuestión. Yo estoy de acuerdo en que la Comunidad recurra el PORN del Parque Nacional, yo estoy de acuerdo -y lo he dicho además públicamente- en que si ustedes creen, el Gobierno cree que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Nacional invade competencias de la Comunidad lo recurran. De acuerdo, totalmente. Pero mientras no exista resolución, está en vigor el PORN. ¿O usted defiende que la simple presentación de un recurso invalida el PORN legalmente aprobado, y que a partir de ese momento podemos hacer lo que queramos? No. Hay un Parque Nacional, hay un Plan de Ordenación de los Recursos de ese Parque Nacional, recurrido por la Comunidad Autónoma -me parece bien-, pero en vigor el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Nacional, en vigor. Y prohibe cazar. Y todo permiso que expida la Junta contra un Plan de Ordenación de Recursos en vigor que afecta a dos Ayuntamientos sólo de la Reserva son permisos ilegales. Y además le voy a decir más: si es que los guardas del Parque Nacional, los guardas del Parque Nacional que han denunciado a los cazadores son de su Gobierno. ¡Pero por qué nos dicen esas cosas!, si son los guardas de Tocino quienes han denunciado... los que han denunciado a los cazadores con sus permisos. ¡Por favor! Es que es así.

Y además le voy a decir más: el día veintitrés -o sea, hace cuatro días- la Juez de Cistierna ha llamado a declarar y a que se ratifiquen en la denuncia los guardas del Parque Nacional de Tocino. Bueno, pues se han ratificado en las denuncias. Han dicho que tienen razón, por instrucciones de su nuevo Director Conservador, que es don Jesús ..... Ha dicho: "no, ir allí y ratificar". Y se han ratificado. Curiosamente, los dos únicos guardas que no fueron citados fueron los que habían denunciado al célebre personaje que ha puesto de manifiesto toda esta cuestión.

Por lo tanto, los guardas de Tocino denuncian a los cazadores que autoriza los guardas de Jambrina; con lo cual estamos en el absoluto despiporre, en el absoluto caos, que es lo que ha trascendido. Si es que eso es lo que ha... usted se puede... usted puede salir aquí a esta tribuna a decir lo que quiera, pero si usted hace una encuesta entre los ciudadanos de cómo se está gestionando Picos de Europa, la masiva respuesta es que aquello es un caos. Eso es lo que hay, si es que no es más que eso. Bueno.

¿Y aquel célebre personaje tenía permiso? No. Era un permiso cedido. Y yo lo que le digo es que no puede haber tres permisos cedidos en una Reserva. ..... estoy de acuerdo que ustedes piensen lo contrario; así les va. Y seguirán las cuestiones apareciendo, porque es que el uso indebido de esa prerrogativa nos lleva a situaciones de esta naturaleza.

De todas maneras yo, de la intervención del Portavoz del Grupo Popular, saco una cuestión positiva: por lo menos habla de fauna y no de caza. No así como el Director General de la cuestión que hoy -repito-, en ese artículo, dice cosas maravillosas, como por ejemplo: "La caza que ha pasado de ser productora de alimentos a motivo de deporte". Pero bueno, ¿cómo se puede considerar un deporte la caza? El deporte es competición. Pero, señor Jambrina, ¿usted cree que se puede competir a matar corzos o rebecos? ¿Usted cree que se puede competir a ver quién mata más? Eso es lo que es un deporte, lo otro es un entretenimiento, un afán lúdico, pasárselo bien, cazar. Pero deporte es competir, ganar medallas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que es un deporte.

Y claro, dice el señor Llorente: "La caza no es hoy un bien escaso". Se referirá a la fauna, no a la caza. Si la caza no es nada, la caza es el acto de cazar. Se referirá a la fauna. Eso indica ya el talante del Director General que tiene como función primordial conservar los recursos naturales de esta Comunidad Autónoma. "Que tiene más demanda que la de la naturaleza". No, no. Yo creo que tiene bastante más demanda la naturaleza que la caza; la caza en las Reservas Nacionales de Caza o Regionales de Caza está para unos privilegiados, que son aproximadamente los mismos que utilizarán las autovías de peaje, que -según ese célebre parlamentario del Grupo Popular- están hechas para que circulen los ricos. Pues en las Reservas Regionales de Caza circulan cazando los ricos, los ricos, nada más que los ricos; los que tienen cincuenta mil duros para pagar un corzo en el sorteo o un corzo en el mercado negro. Y así está el asunto; si es que es así de triste.

(-p.3149-)

Mire, le voy, además... ya le dije al señor Jambrina el otro día que había inventado una cosa que se llama la "eutanasia cinegética". Los controles de población... usted empleó el otro día una palabra horrorosa -que además le define- que es el "desvieje". Pero, por favor, cómo se puede hablar de "desvieje", como si los viejos -aunque sean animales- hubiera que asesinarlos. Bueno, pues los controles de especie, los controles de población, hay que hacerlos por cazadores profesionales, pagados, porque es una actividad -como otra cualquiera- de conservación. ¡Si es que eso es así! Y así se ha hecho siempre además.

Le voy a decir contra qué tiran los cazadores deportivos que usted... y le hablo exactamente de lo que dice la Memoria de Caza de la temporada en la que estamos, ¿contra qué se dispara? Machos con un solo cuerno o un cuerno partido, siempre que la edad sea superior a doce años -o sea, que no puedan correr, vamos, en una palabra-; machos de más de seis años y longitud de la cuerna igual o inferior a la longitud de la oreja; o hembras, o hembras, o hembras que tengan más de doce años...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Vaya finalizando, Señoría. Señor González, vaya finalizando.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: (Sí, señor Presidente, voy acabando.) ...que estén delgadas o con aspecto enfermizo, o que presenten pelaje de coloración distinta al del resto de los ejemplares de su edad. Contra eso es lo que disparan los cazadores deportivos que ustedes defienden tanto, contra eso.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Señor Presidente. Sí, por favor, señor Presidente. Si va a intervenir la Junta, ¿en virtud de qué artículo del Reglamento, por favor?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): ¿Qué?

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ¿En virtud de qué precepto del Reglamento va a intervenir?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Perdón, señor, señor Crespo, le ruego que hable cuando le dé la palabra, pero es que hasta ahora no ha dicho nadie nada. Se ha adelantado usted.

(Murmullos. Voces.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para consumir el turno de dúplica, señor Coloma tiene la palabra.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, Presidente. Si antes salí contando con el apoyo siempre, y temiendo a un Portavoz tan cualificado como el del Grupo Parlamentario Socialista, en estos momentos salgo con satisfacción. Porque hay Portavoces que cuando no tienen argumentos, entonces entran en otros temas, y hablan de lo divino, de lo humano, intentan descalificar. Y entonces ha mezclado un artículo del Director General, al Consejero, a la Ministra, y ha hablado de cuarenta mil cosas, porque a los argumentos que ha expuesto este Portavoz no ha podido contradecirles, y ha cogido con pinzas -y mal cogidos- dos temas realmente muy de refilón.

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Entonces... mire usted, y lo del tono, yo en buen tono, en buen tono, sin raspar y sin nada de eso.

Mire, ustedes entran en contradicciones, entran en contradicciones. Antes le he explicado lo de que quiere que lo demos a los Ayuntamientos y antes de ayer pedía que creásemos juntas abiertas. Ahora nos dicen que dejamos cazar y tal, y su Portavoz en el Valle de Iruelas decía que no hacemos más que prohibir y proteger. Entonces, yo creo que deben ustedes guardar un hilo conductor; deben guardar un hilo conductor y ser congruentes.

Yo creo que lo que está clarísimo aquí es que usted dice: "caza no, pesca sí", porque, claro, usted es pescador; entonces, no se puede cazar, pero se puede pescar.

(Murmullos.)

COLOMA BARUQUE: Y

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Y luego dicen, y luego dicen: "Antonio Herreros no, pues Polanco sí"... vamos, no sé si Polanco; a lo mejor se dedica, se dedica a otros deportes, se dedica a otros deportes más lucrativos.

(Voces.)

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: ¿Cómo califican ustedes los encuentros -por decirlo con sus propias palabras-, Señoría, cómo los califican ustedes los encuentros de las balas que envía don Felipe González en Quintós de la Mora con los animales silvestres?

Y mire, yo de verdad... vuelve a decir que si estaba hecho el Plan de Covadonga. ¡Pero hombre, por favor! ¡Por favor! Mire, el Parque Nacional de Caballeros... de Cabañeros existía como Parque Regional cuando se hizo el Parque Nacional Cabañeros, exactamente igual que el Parque Regional de Picos de Europa existía cuando se hizo el Parque Nacional de Picos de Europa. Con una pequeña diferencia, que como el Parque Regional de Cabañeros era de un Gobierno Socialista, pues el programa de ordenación de los recursos nacionales fue dado por bueno por el Gobierno de la Nación socialista; en cambio, el Parque Regional de Picos de Europa, como era del Partido Popular, no era socialista, pues no le pareció bien al Partido Nacional Socialista en aquellos momentos.

(Voces.)

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Al Gobierno Socialista. Señorías...

(-p.3150-)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías, Señorías, por favor. Señorías, por favor. Se ruega silencio. Por favor, Señorías, se ruega silencio.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Con todo el respeto, con todo el respeto del mundo, Señorías, con todo el respeto del mundo y todo el buen tono del mundo.

(Voces.)

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: ¿Por qué... por qué el acuerdo con el Gobierno de Castilla-La Mancha y por qué el desacuerdo con el Gobierno de Castilla y León? ¿Si en los dos se cazaba? ¿Si en los dos se cazaba, Señoría? ¿Si en los dos se cazaba? ¿Por qué en uno sí y en otro no?

Miren, hoy, hoy, hoy, a la fecha de hoy, en el Parque Nacional de Cabañeros se celebran por propietarios, por propietarios, no por cazadores, subastas para cazar, siguiendo exactamente el mismo procedimiento que en los Picos de Europa, admitiendo las subastas.

Y, desde luego, yo sí admito una cosa de la que usted ha dicho: hay un caos en esos pueblos. Por cierto, que ese señor es Alcalde, pero no ha ganado las elecciones -las elecciones las ha ganado el Partido Popular-; gobierna el Partido Socialista por coalición. Vamos a dejar esto claro, que yo estoy enterado. O sea... y ustedes, y ustedes piden una cosa, piden una cosa, hablando aquí, hablando aquí, pero vuelvo a insistirle que lo que pide, Señoría, ese caos que hay, no está generado por el Gobierno Regional; está generado -como ha quedado demostrado con el ejemplo de Cabañeros- por el Gobierno de la Nación, que a esta Comunidad la trata... la ha tratado como la ha tratado durante los años que ha podido. Eso es así. Y lo único... ese caos existe, pero es así.

Pero lo que pide la Propuesta de Resolución, que eso es lo que... lo que pide la Propuesta de Resolución son los permisos a los cazadores. Y eso que pide la Propuesta de Resolución se hace, porque los permisos -rigurosamente cierto, Señoría-, porque los permisos a los cazadores que sortea la Administración Regional son nominales, individuales e intransferibles; los permisos que se subastan... que se sortean a los propietarios, sean individuales o Entidades Locales, ésos son los que pueden... los que ellos sacan a subasta, en todo el derecho y con toda la razón del mundo, porque como además el... casi el cien por cien de los propietarios son Entidades Locales, ese dinero repercute en bien de todos los habitantes de la zona. Luego, mejor es muy difícil hacerlo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para fijación de posiciones, Grupo Parlamentario Mixto, no. ¿Por el Grupo de Izquierda Unida? Don Antonio Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. La verdad es que vamos a tener debates de esta naturaleza durante mucho tiempo, mientras no seamos capaces de ordenar con racionalidad lo que pretendemos. Porque, en definitiva, lo que se entiende -o por lo menos entendemos nosotros- es que en un Parque Nacional hoy la legislación no permite que se haga utilización de la caza si no es con algunas circunstancias especiales y particulares.

Y además entendemos que lo que debe hacerse precisamente es conservar; y además entendemos que se debe conservar desde el órgano de dirección, que es el Gobierno, y desde la Consejería de Medio Ambiente; y además entendemos que a todas esas circunstancias, hoy hay perfectas posibilidades de regularlo. Y sigue existiendo un conflicto, y un conflicto, directamente, que en la actualidad no se salvan ni siquiera entre los mismos Grupos Políticos, porque el conflicto que tienen en estos momentos es la Consejería de Medio Ambiente, es decir, la Junta de Castilla y León del PP, con el Ministerio de Medio Ambiente, que es también en estos momentos regido por el Partido Popular.

Entonces, ¿cuál es la fórmula o cuál es la solución? Señores, yo creo que hay suficientes posibilidades de aprovechamientos cinegéticos en el conjunto de la Comunidad Autónoma, para que en los parques nacionales no se entienda de una vez por todas... que no debe de cazarse: debe de preservarse la fauna y debe de preservarse la flora; o, de lo contrario, no tiene en absoluto sentido el que haya declaraciones de esa naturaleza, y que además se intente o se disponga, y se debería de disponer de muchos más recursos económicos para ser compensadas las poblaciones existentes en ese ámbito, de tal manera que no tengan que estar supeditadas a utilizaciones absolutamente innecesarias e, incluso, indeseables.

Citaba -y citaba el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero no muy bien-, decía, precisamente en relación con el Director General de Medio Ambiente, dice: "la caza es hoy un bien escaso que tiene más demanda que la que la naturaleza puede ofrecer, y, consecuentemente, hay que pagar cada vez más por abatir una pieza". Están directamente planteando el que haya, incluso, concepciones clasistas en una actividad determinada, como puede ser la existente -que no debería de existir- de esta caza, que no si es para descaste o es simplemente para capricho y para uso.

(-p.3151-)

Pero, claro, hace remisiones a la historia de los primitivos, en los que todo el mundo cazaba de día y de noche durante todo el año. Yo no sé si es que era tan primitivo el señor Director General de Medio Ambiente como para acordarse de aquellas andanzas, o es el arquicerebelo que todavía se le remueve de vez en cuando, cuando ve estas cuestiones, pero ha pasado de tener que erigir y de tener que plantear una conservación de la naturaleza, por ser responsables de esa materia, a intentar ver cómo se puede obtener el máximo de recursos para no conseguir o pretender eliminar, precisamente, su compromiso y su responsabilidad.

Pero si hay muchas más fórmulas para conseguir recursos. Y en algunos casos, a lo mejor, teníamos que imitar a algunas Comunidades Autónomas, que han establecido incluso escuelas de taller para promoción de actividades medio ambientales. Y entonces estaríamos haciendo, precisamente, una conservación en un ámbito que es el que realmente se pretende cuando se hace una catalogación de esta naturaleza.

Pero aquí hemos entrado en una pelea absolutamente absurda, y yo lo dije en su momento. Porque es verdad que las competencias las tiene la Comunidad Autónoma, por expreso deseo del Estatuto de Autonomía, para la concesión y autorización de permisos de caza. Pero eso no le da atribuciones a la Junta, ni al Consejero, ni a nadie, para que en la cocina de mi casa autorice cazar, o en el parque de los jardinillos, o en la Plaza de Salamanca, o no sé donde. Será allí donde se pueda permitir, donde esté permitido que se autoricen y se den licencias. No; precisamente en los Parques Nacionales, no.

Y, por consiguiente, lo que no tiene, en absoluto, sentido es que en estos momentos se esté prácticamente en el límite de la delincuencia, permitiendo, permitiendo que se estén utilizando recursos públicos en contra de las propias expresiones legales que existen en la actualidad.

Ya sé que no se comparten esas cuestiones, ya sé que no se comparten esas cuestiones. Pero me parece que lo que no se comparte en estos momentos es... tampoco con opiniones no exclusivamente del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ni en este caso con nosotros tampoco, sino que el conflicto viene a más altos niveles -insisto-, incluso entre los propios miembros del Partido Popular.

Yo... no obstante, termino con una cuestión: nosotros vamos a apoyar esta Proposición No de Ley. Pero quisiera advertir una cosa: una Proposición No de Ley, que lleva en los antecedentes, un tanto, la intención de ver cómo se hace una conservación faunística en un lugar determinado, como es Picos de Europa, e incluso se va en contra de la utilización indebida de permisos de caza, que están en contra de la propia pretensión conservacionista, no se soluciona con una Proposición... una Propuesta de Resolución de esta naturaleza.

Porque a mí me da exactamente igual que el carácter nominal, individual e intransferible de esa licencia tenga permiso para disparar y para cargarse los rebecos, los corzos, y lo que haga falta, en Picos de Europa -con ese cáracter individual e intransferible-, que sea con un carácter transferible. En definitiva, lo que estamos haciendo es llevándonos por delante algo que pretendemos precisamente conservar, cuando lo declaramos Parque Nacional o Parque Regional.

Claro, la lucha es curiosísima, y viene de aquellas épocas en las que incluso se pretendía tachar de escasamente sensible con la Autonomía a Izquierda Unida; pero aquí están los problemas. Lo que se pretendió en su momento era trasladar la concepción de Parque Nacional a Parque Regional, para poder hacer autorizaciones que el Parque Nacional no permite. Si da exactamente igual -se decía en aquel momento-. No, Señorías. No da exactamente igual ser Parque Europeo -que incluso está reclamado por el Parlamento Europeo que pueda ser declarado los Picos de Europa, por su categoría-, no da exactamente igual eso, que ser Parque Nacional, que ser Parque Regional o cualquiera otro de los elementos. Porque hay catalogaciones, hay criterios y hay, lógicamente, restricciones, mayores en unos casos que en otros, desde el punto de vista de la propia conservación.

Pero no, ni por la circunstancia de dejar pasar las cosas, ni porque sea el permiso transferible o intransferible, vamos a solucionar el problema si seguimos permitiendo la caza, y además, como se está demostrando en estos momentos, absolutamente de forma indiscriminada.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el... don Jaime González, para fijar el texto.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. En primer lugar, agradecer al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida el voto favorable, aunque reconozco yo también que el alcance de la Propuesta es limitado; pero a pequeños pasos, a lo mejor conseguimos... porque está claro que a grandes pasos no conseguimos nada, y teníamos la esperanza de que con pequeños pasos pudiéramos ir haciendo más transparente la gestión del recurso de caza.

Tres cuestiones de naturaleza personal, puesto que además el Procurador del Grupo Parlamentario Popular, que cuyo único argumento ha sido esgrimir el argumentario del señor Cascos, pues, ha tenido a bien introducirme.

Primero: introduce un factor personal cuando habla de que yo soy pescador y cazador. Eso no es lo que se debate, señor Procurador. Yo no sé si es usted mandarín o no, por ejemplo, y no se lo digo. Se lo repito en Comisión sistemáticamente cuando usted provoca conflictos como Presidente de la Comisión. Por lo tanto, yo le voy a decir una cuestión: estamos hablando de la caza en dos Ayuntamientos concretos y en un Parque Nacional; no estamos hablando de la caza con carácter general.

(-p.3152-)

Segundo: yo soy pescador, pero admito que el destino de la pesca -y puede ser mañana-, si quien tiene el Gobierno quiere, es la pesca sin muerte, que cabe en la pesca y no cabe en la caza. Por lo tanto, el Gobierno puede hacerlo mañana mismo, y contaría con nuestro apoyo si lo propusiera, podría poner que la pesca fuera sin muerte en toda la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, una cosa es ser pescador, cuyo objetivo al ir al río es divertirse, pasarlo bien, entretenerse, que otra es la pesca considerada como una actividad deportiva, de competición, en la cual yo estoy en desacuerdo. Aunque las competiciones en pesca se hacen sin muerte; y en cambio las competiciones en caza se hacen matando. Por eso no puedo entender cómo se puede competir en caza, a ver quién mata más corzos, quién mata más rebecos, quién mata más perdices, quién mata más liebres, me parece una auténtica aberración. Ésa es la cuestión. Por lo tanto, no introduzca usted factores de naturaleza personal en el debate.

Segundo: vuelve usted a mentir. Y le tengo que volver a llamar mentiroso. El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga es del año mil novecientos dieciocho. No se podía cazar en él. Y ustedes lo introdujeron en el Parque Regional. Por lo tanto, no se parece en nada al asunto.

Hemos asistido además a un debate sobre Cabañeros. Pues que lo hagan en Castilla-La Mancha; allí seguro que su Portavoz no se atreve tampoco -y no procede con el debate-, pero que lo hagan allí, que hagan allí el debate que quieran sobre Cabañeros.

Hay una cosa que tampoco le puedo consentir. Mire, usted nos ha acusado de ser el Partido Nacional Socialista. Que eso me lo diga un heredero del único Partido Nacional que ha existido aquí durante muchos años, me repatea. Un Portavoz de este Grupo les acusó a algunos de que no se movían las chaquetas, porque se les veían los correajes. Aplíquese el cuento.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, Señorías, les ruego eviten...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señores Procuradores del Grupo Popular...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego evite utilizar esas expresiones.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, el Portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos ha acusado de ser Partido Nacional Socialista, y no se lo consiento, diga usted lo que diga. Y él ha tenido oportunidad a lo largo de su debate de retirarlo, y no ha querido, y no ha querido. Luego que se aplique la misma medicina, sólo que en su caso, posiblemente, con bastante más fundamento que en nuestro caso.

(Voces.)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Por lo tanto, volvemos al debate que nos ocupa, volvemos al debate que nos ocupa. Mire, si las opiniones están claras. Dice el Director General del Medio Natural -hoy nuevamente en la prensa, en ese artículo que hemos invocado y que define la política medioambiental-: "están moderados -dice- los valores medioambientales por las citadas actividades tradicionales -dice-; ellas son quienes han producido un espacio de esta categoría. ¿Qué pasaría si se prohibieran? Y está hablando específicamente de la caza.

¿Pero usted se cree que realmente la caza, tal como se concibe hoy, a cuatrocientos metros de distancia, con un rifle con mira telescópica, a ser posible por la noche, es... se puede considerar una actividad tradicional del espacio? ¿Se puede decir que esa caza, ese tipo de actividad, así como se hace, es la que ha configurado ese espacio como es ahora, y ha transformado Picos de Europa en una maravilla? No, no es así. Yo creo que han variado bastante. La actividad cinegética clásica sería, posiblemente, con arco, con flechas, y en principio, a lo mejor, con otras cuestiones. Desde luego, no la caza tal y como se concibe ahora mismo.

Por lo tanto, yo lo que sí tengo claro es una cosa. Hemos estado, esta Comunidad Autónoma, por este conflicto en toda la prensa nacional en la picota. Ha quedado bien claro que la gestión de ese Espacio Natural y de la Reserva es un caos. Y, realmente, nosotros queremos contribuir a que eso no suceda así.

Y repito una vez más lo siguiente: una cosa es caza y otra cosa son controles de población. Los controles de población de esas hembras mayores, enfermas, con aspecto desmejorado, tienen que ser una actividad más de conservación del Parque, tienen que estar dirigidas por la Guardería, tiene que estar realizada por cazadores profesionales. Y, por tanto, todo lo demás es lo que yo le dije el otro día: el señor Jambrina ha inventado el concepto de "eutanasia deportiva".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se procede a someter a votación la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Señor Presidente, señor Presidente, a tenor del Artículo 75.3 -si me da usted su permiso-, le decía que, yo no sé si por un lapsus, por nostalgias, por devaneos, o por añoranzas, el señor Coloma Baruque en la Tribuna ha aludido al Gobierno de la Nación sustentado por el Partido Nacional Socialista. Entonces, aquí no ha habido ningún Partido Nacional Socialista en la época democrática gobernando. Si acaso queda algún resto, pues seguramente estará camuflado en el Partido Popular. Y, por lo tanto, le rogaría al señor Coloma Baruque que lo retirara.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor. Supongo que ha sido un error. De todas maneras, señor... don Narciso Coloma tiene la palabra.

COLOMA BARUQUE

(-p.3153-)

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Sí, Señoría. Por el mismo artículo, efectivamente, ha sido un error, efectivamente ha sido un error. Y si no lo he corregido en mi intervención es porque no me he dado cuenta de que había dicho eso. Había querido decir Partido Socialista Nacional; nunca en mí otra intención.

Y simplemente no reclamo que quiten nada, porque yo no me doy por ofendido con ninguna otra frase.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Es suficiente.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta que acaba de ser debatida? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y dos. A favor: veintidós. En contra: cuarenta y nueve. Y una abstención. Queda rechazada.

Décimo punto del Orden del Día. Señor Secretario, proceda a dar lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Décimo punto: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don Luis García Sanz, relativa a elaboración de un registro de todas las promociones residenciales con el régimen de protección oficial vigente".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Si han de ausentarse, háganlo en silencio para poder continuar, por favor, Señorías. Tiene la palabra, para presentar la Proposición el Procurador García Sainz... Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Jambrina, por favor, silencio. Señor González.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: La propuesta que presentamos desde Izquierda Unida, dentro de lo que es nuestra preocupación sobre la política de vivienda, con carácter general, casi inexistente, de la Junta de Castilla y León, y dentro de unas cuantas propuestas que este Grupo Parlamentario ha venido realizando -todas ellas rechazadas sistemáticamente por el Partido Popular-, que han ido desde lo más variopinto de... prácticamente abordando todas las políticas que en materia de vivienda -desde nuestro punto de vista- se tendrían que llevar a cabo, actuaciones sobre viviendas vacías, sobre suelo en manos públicas, sobre inversiones tanto por parte de las Corporaciones Locales en suelo como por parte de la Junta de Castilla y León; sobre la promoción de viviendas en alquiler y de dedicar un porcentaje, al menos, de las viviendas de promoción pública a estas características; y sobre todo, y más fundamental, y porque es una competencia exclusiva y mucho más directa de la Junta de Castilla y León, el promocionar o el proponer el que por parte de la Junta de Castilla y León haya una promoción mucho más amplia de vivienda de promoción pública.

Todo ello ha sido rechazado por el Partido Popular, incluso con algunos compromisos parlamentarios que habría que recordar, de algunas propuestas que fueron rechazadas por el Grupo Popular, con el compromiso de volver a plantear aquí... creo recordar que era sobre las propuestas sobre viviendas vacías y sobre censos de suelo público, cosa que estamos esperando todavía a que lo presenten.

Pues dentro de esta filosofía y de esta preocupación sobre lo que es un problema de gran envergadura, de cómo la inmensa mayoría de los ciudadanos en esta Comunidad...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Guarden silencio, Señorías, por favor.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: ...se ven hartamente impedidos para poder acceder a ese derecho constitucional de la vivienda, pues planteamos hoy una propuesta que tiene un carácter fundamentalmente de control administrativo sobre las ingentes cantidades que hoy en día supone la financiación, la subvención, la ayuda a la compra de la vivienda, etcétera.

En ese sentido, lo que planteamos es que, teniendo en cuenta que la política con carácter general que se viene aplicando por los diferentes Planes Cuatrienales de Vivienda y por las diferentes subvenciones que se dan, fundamentalmente se adopta una posición de fomento de acceso a la propiedad de la vivienda que desde nuestro punto de vista es erróneo, dado que se fomenta fundamentalmente el valor de cambio de la vivienda más que su valor de uso, que -desde nuestro punto de vista- coincide mucho más con el propio precepto constitucional y sobre todo con el propio ejercicio del derecho al que tienen todos los ciudadanos.

(-p.3154-)

En este sentido, son ingentes las cantidades de dinero público que van, pues, a subvencionar los accesos a la propiedad de la vivienda a través de ayuda directa o subvenciones, subsidio de intereses, beneficios fiscales a la compra, a la inversión, etcétera, y que, sin embargo -desde nuestro punto de vista-, no tiene ni con mucho el control, a partir de ahí, de las obligaciones que los ciudadanos tienen una vez que reciben todas estas ayudas de dinero público, fundamentalmente de cara al uso que de esas viviendas se hace.

Incluso, también, más allá de las propias viviendas de protección oficial, aquellas que son directamente de promoción pública, en este caso por parte de la Junta de Castilla y León -desde nuestro punto de vista-, no hay todo el control que se debiera.

En este caso también, pues, una vez más hay que recordar, hablando de promoción pública de vivienda de la Junta de Castilla y León, los reiterados incumplimientos y, hombre, la satisfacción -por decirlo una vez más- que nos producen las noticias periodísticas, aunque luego no tienen que ver nada con la realidad, ¿no? Pero sí que nos satisface, por ejemplo, que el otro día, a finales de mayo, el Director General de la Vivienda dice: "Por otro lado, la Junta comenzará la construcción de tres mil viviendas a lo largo del año en curso por mandato expreso del Presidente Lucas". Si es por mandato expreso del Presidente Lucas, esperemos que realmente se lleven a cabo esas tres mil viviendas de promoción pública que va a iniciar la Junta de Castilla y León en el año noventa y siete.

Teniendo en cuenta los precedentes, que en el año noventa y seis escasamente se iniciaron trescientas, que en el noventa y cinco fueron ciento ochenta y cuatro, que en el noventa y cuatro fueron doscientas sesenta y cuatro, hombre, que en el año noventa y siete se comprometan así públicamente a iniciar más de tres mil, o tres mil viviendas... Pues esperemos que se cumpla y que vaya a la realidad, cosa que dudamos mucho. Pero si se utilizan los medios de comunicación para hacer esta propaganda, esperamos que tenga algún viso de realidad.

Pues bueno, pues todos estos dineros, que -desde nuestro punto de vista- no hay un control por parte de la Junta, porque por parte de la Junta, además de esa escasa promoción pública -que es competencia directa suya-, pues hay una nula actuación en lo que es suelo público, un desconocimiento de las necesidades de viviendas... Ya de paso, también utilizamos esta oportunidad para requerir a la Consejería de Fomento qué pasa de ese anunciado y prometido estudio de necesidades de vivienda en nuestra Comunidad Autónoma, que se iba a presentar -si no recuerdo mal- en noviembre del año pasado, y estamos en junio; creo que han pasado bastantes meses, además de los diez años que llevan gobernando y que ya han tenido tiempo de llevar a cabo ese estudio.

Pues bueno, todas esas cosas las llevamos esperando. Y, por supuesto, pues el ejercicio de esas responsabilidades políticas de ..... urbanística, y en este caso de lo que hablamos: del control de los dineros públicos que van a la vivienda.

Y en este caso concreto, con la propuesta lo que pretendemos es que, por un lado, se plantee y se constituya un registro de promociones de vivienda de protección oficial, situando o indicando la situación de todas ellas, la calificación, los titulares, la cuantificación de los beneficios que se han recibido y los precios de venta y de alquiler.

Por otro lado, la identificación de nuevas promociones de vivienda pública, en donde tenga que haber placas que no deje lugar a dudas a los ciudadanos de las características de esas viviendas, para que no haya ningún tipo de desconocimiento a la hora de las posibles compras o alquileres.

Igualmente, la propuesta plantea una campaña de información a los ciudadanos, de cara a que se exprese y quede claro cuáles son las obligaciones que conlleva el recibir determinadas ayudas públicas para el acceso o alquiler a la vivienda. Y a la vez, también, el dejar claro cuáles serían las consecuencias de incurrir en el fraude.

Y como cuarto punto, pues el control efectivo de esa normativa, a través de ese registro de la vivienda de protección oficial, llevando una cooperación interinstitucional que la haga efectiva, consiguiendo esa organización de la inspección del parque inmobiliario, a través -lógicamente- de la Consejería de Fomento, que es el departamento de la vivienda al que aquí se hace referencia, en base a esa cooperación interinstitucional en las diferentes ciudades, localidades, provincias; y en base también, pues, a ese censo -que esperemos algún día exista- de viviendas vacías, para que en todo ello, con el cruce de todos esos datos de las diferentes Administraciones, podamos tener una información puntual, y actualizada, y constante de cuál es la situación que las diferentes ayudas y dineros públicos que se utilizan para facilitar el acceso de los ciudadanos a la vivienda, tengan un adecuado y eficaz uso, y no esos dineros públicos se utilicen para unos fines ajenos a lo que dice la normativa. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se ha presentado una Enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, don Mario Galán tiene la palabra.

GALÁN SÁEZ

EL SEÑOR GALÁN SÁEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Señor García Sanz, yo creo que no hay un rechazo sistemático a las iniciativas legislativas o parlamentarias ni de Izquierda Unida ni de ningún Grupo Parlamentario. Y en ese sentido yo le invitaría a que lea el Diario de Sesiones, y vería que no está usted en lo cierto.

Por otra parte, yo entiendo que usted no comparta -como no podía ser de otra forma- la política de la Junta; pero no solamente en materia de vivienda, en todo tipo de política. Ése es el motivo por el que usted y nosotros estamos en distintos Grupos políticos. Sin embargo, yo le puedo asegurar que el Grupo Parlamentario Popular está muy satisfecho de la política llevada a cabo por la Junta de Castilla y León.

(-p.3155-)

Pero mire, es cierto que en esta iniciativa, en esta Proposición No de Ley, nuestro Grupo comparte plenamente la preocupación social que subyace en esta iniciativa, en esta Proposición No de Ley; y casi me atrevería a asegurar que es compartido por el resto de los Grupos de la Cámara.

Y por eso precisamente el Grupo Parlamentario Popular ha hecho una Enmienda de Sustitución, en la que acepta íntegramente los tres primeros puntos del texto de la Propuesta de Resolución, con un pequeño matiz en cuanto a "inmediatez" o "en el más breve tiempo posible", no pudiendo -aun no estando en pleno desacuerdo-, en cuanto al punto cuatro, aceptarlo por las razones que más adelante expondremos, y que yo estoy seguro de que va a estar de acuerdo con nosotros.

Es una propuesta razonable la creación y la elaboración de un registro o inventario de viviendas de protección oficial de promoción privada en nuestra Región, y que además consten en ella los datos específicos, los datos necesarios para que las identifiquen -como usted... y como se señala en la Enmienda y en la Propuesta de Resolución-, que se haga constar la situación, las características, calificación definitiva de las viviendas de protección oficial de promoción privada, beneficios fiscales, beneficios financieros, precio máximo y precio... precio máximo de venta y precio máximo de renta.

Y mire, Señoría, la Junta de Castilla y León, a iniciativa de la Consejería de Fomento, sí ha iniciado ya, sí ha encargado ya ese estudio de necesidades de vivienda en Castilla y León, en la que, indudablemente, ha de tomar todos los datos necesarios -bastante amplios, por cierto- para llevar a cabo este trabajo; porque no podemos olvidar que se trata de un trabajo exhaustivo, de un trabajo riguroso, que supone la recopilación de un gran número de datos.

Por eso, ahí está la Enmienda de Sustitución que nosotros formulamos en el apartado primero, donde tratamos -y precisamente por la dificultad de la materia y por lo complicado del trabajo- de sustituir el término "inmediata" por la expresión "en el más breve plazo posible". Planteamiento que es más realista y que estamos perfectamente convencidos de que se va a poder llevar a cabo.

En cuanto al punto segundo, que nosotros asumimos, no podemos olvidar, Señoría, que la realización de una placa modificativa de viviendas de protección oficial de promoción privada o, en su caso, su modificación no es competencia de la Junta de Castilla y León, es competencia de la Administración estatal. Y ello fundamentalmente por dos razones: de una parte, porque las ayudas en que se concreta esta protección van con cargo a los Presupuestos estatales; y además porque es la Administración estatal quien está fijando esta normativa. Sin embargo, con la aceptación, las Cortes de Castilla y León instarían a la Junta de Castilla y León para que se dirija al Ministerio de Fomento, dando traslado del contenido de este punto segundo.

Y en cuanto a la campaña publicitaria, lógicamente, también la compartimos. Es aceptable. Y precisamente -y al hilo de esta campaña publicitaria- la Junta de Castilla y León la llevó ya a cabo ampliamente por todos los puntos de nuestra geografía regional con motivo de la puesta en marcha del Plan Cuatrienal de Vivienda mil novecientos noventa y dos-noventa y cinco. Fue una campaña de la que yo soy testigo, que se llevó prácticamente a todos los municipios de nuestra Comunidad.

Pero al mismo tiempo, y en este tema de publicitar y de informar, sí conviene recordar a Su Señoría que en los Servicios Territoriales de Fomento existe un número de personas dedicadas fundamentalmente a esta materia: a la atención, a la consulta y a la información de todo el tema relacionado con la materia. Por eso -repito- estas personas están integradas en cada uno de los Servicios Territoriales de Fomento de nuestra Comunidad.

En cuanto al punto cuatro, que es en el que, no estando en total desacuerdo, no podemos admitir, pues por una serie de razones: en estos momentos... quizá más adelante pudiera ser, pero en estos momentos la dotación personal de la Consejería no lo permite; y además yo... vamos a dar una serie de razones por lo que lo consideramos casi casi innecesario. En primer lugar, tenemos... y al amparo del Real Decreto 3148/1978, de diez de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto Ley 31/1978, de treinta y uno de octubre, sobre política de vivienda. En el Artículo 3, apartado 1, dice: "Las viviendas de protección oficial habrán de dedicarse a domicilio habitual y permanente, sin que en ningún concepto puedan destinarse a segunda residencia o a cualquier otro uso". Y, por otra parte, en el mismo artículo, en el apartado 3, dice que "Asimismo se entenderá que existe habitualidad en la ocupación de la vivienda cuando no permanezca desocupada más de tres meses seguidos al año, salvo que medie justa causa".

Entonces, Señoría, en virtud de este concepto legal de habitualidad que nos da este Decreto de mil novecientos setenta y ocho, para poder realizar una inspección sobre una vivienda concreta, sería necesario que un inspector estuviera veinticuatro horas en una vivienda y durante los tres meses consecutivos. Sería la única forma de demostrarlo. Pero, por otra parte, establece la Ley "salvo que medie justa causa". Si después de los tres meses de veinticuatro horas de inspección, el beneficiario presenta o un contrato de trabajo en que le imponen deber de residencia fuera de ese domicilio por tiempo superior a tres meses, o una hospitalización, igualmente, fuera de su domicilio por un tiempo superior a ese plazo, habría causa justa, con lo cual esa inspección no tendría validez.

(-p.3156-)

Y en cuanto a la otra causa, que sería la segunda residencia, y yo diría: Señoría, ¿cómo se demuestra que es la segunda residencia? ¿Solicitando un certificado de bienes inmuebles de naturaleza urbana a todos y cada uno de los centros de gestión catastral de España de todos y cada uno de los beneficiarios de vivienda de protección oficial de promoción privada? Obviamente, la respuesta es clara: se deduce claramente la imposibilidad material de este tipo de inspección.

Por otra parte, en cuanto al control, seguimiento, exigencia o reintegro, en su caso, de los beneficios fiscales y financieros, son controlados y exigidos directamente por las respectivas haciendas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo la intervención.

GALÁN SÁEZ

EL SEÑOR GALÁN SÁEZ: (Gracias, señor Presidente, voy terminando.) Y finalmente, en cuanto al precio máximo de venta y de renta fijado para las transmisiones intervivos de las viviendas de protección oficial de promoción privada, está determinado por el Real Decreto 727/1993, de catorce de mayo, sobre precio de las viviendas de protección oficial de promoción privada, que establece en su Artículo 2: "El precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil en segunda y posteriores transmisiones de las viviendas de protección oficial de promoción privada acogidas al Real Decreto 31/1978, de treinta y uno de octubre, será el máximo que corresponda a las viviendas de protección oficial que se califiquen provisionalmente en el año que tenga lugar el contrato de compraventa en el correspondiente área geográfica". Pues bien, en virtud de este Real Decreto, las notarías, los notarios, y en un segundo momento los registradores de la propiedad, vienen, están obligados a velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. Entonces, exigen, en el momento que haya una transmisión intervivos de las viviendas de protección oficial de promoción privada, el certificado de precio máximo expedido, en todo caso, por los Servicios Territoriales de Fomento de la Junta de Castilla y León.

Por eso entendemos, Señorías, que tras estos, fundamentalmente, razonamientos, que no son políticos, sino que tienen base jurídica, consideramos que no vamos a poder aceptar el punto cuatro, y sí solicitamos que se nos acepten los tres puntos de nuestra Enmienda de Sustitución. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para pronunciarse sobre la Enmienda o replicar, señor García Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Sobre lo que ha dicho el Portavoz del Grupo Popular, y vamos, teniendo en cuenta la Enmienda de Sustitución que se ha presentado a la Propuesta de Resolución, en primer lugar, es evidente que con las consideraciones generales que yo he hecho de las consecuencias que está teniendo la política del Partido Popular en nuestra Comunidad Autónoma en materia de vivienda, pues, es evidente que es una política claramente diferente la que defendemos Izquierda Unida que la que está aplicando el Partido Popular. El problema es que las consecuencias están ahí; no se trata solamente que haya políticas diferenciadas, pero si su política, que es diferenciada de la que defendemos Izquierda Unida, estuviera dando buenos resultados, hubiera grandes promociones públicas de vivienda, hubiera una intervención en suelo, etcétera, y eso, al final, supondría que el acceso de los ciudadanos a una vivienda de calidad y digna -como dice la Constitución- sería factible, no habría tantas dificultades, y no habría que empeñarse toda la vida para poder acceder a una vivienda por parte de la mayoría de los ciudadanos, pues entonces no estaríamos planteando aquí toda una serie de enmiendas, una serie de propuestas sistemáticamente.

Nos planteamos... porque hay una dificultad social importante, grave, y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista habría que dar un giro de ciento ochenta grados a la política que viene aplicando el Partido Popular en esta materia. En los elementos fundamentales que hemos dicho como son las competencias de la Junta, lógicamente, en una promoción mucho más sustancial, e incrementarlo de manera sustancial lo que es la promoción pública de viviendas con carácter general. Y ya sí que me gustaría a mí si realmente el Partido Popular, pues, coincide con esas declaraciones del Director General de la Vivienda, que en este año se van a iniciar tres mil viviendas de carácter público en Castilla y León, o es, una vez más, una mera declaración propagandística de la campaña electoral en que parece ser que está instalado el Partido Popular constantemente.

Y sobre la otra cuestión que hemos planteado también y que sigue pendiente por parte de la Consejería, de la Junta, del Grupo Popular, es el estudio y necesidades de vivienda. Pues hombre, a estas alturas se decía, cuando el señor Consejero, creo que fue, pues, por allá por marzo, más o menos, en una comparecencia que hizo en la Comisión de Arquitectura y Vivienda que para... tenía que estar, por lo menos, medio año haciendo este estudio porque era muy complejo, hombre, venir a estas alturas que... después de que ha transcurrido más de medio año de cuando se decía que era el momento en que se iban a presentar las conclusiones del estudio, que es que se sigue haciendo, que se ha encargado ya, y que como es muy complejo hay que esperar más, pues hombre, la verdad es que resulta como poco aceptable eso, que suena a meras disculpas, a algo que tenían que haber hecho ustedes hace mucho tiempo, porque llevan nada más y nada menos que diez años ocupando el gobierno de esta Comunidad Autónoma. Y un elemento fundamental, que es para los ciudadanos, que es facilitar el acceso a una vivienda digna, pues ustedes lo tienen metido ahí en el cajón, olvidado absolutamente, y para ustedes pues, no supone ningún tipo de prioridad política.

(-p.3157-)

Y entrando en lo que es lo concreto de su Enmienda de Sustitución, pues, los tres puntos que plantean son los tres puntos literales, menos una cuestión que plantean ahí, de la Propuesta de Resolución que nosotros hemos hecho. Y en el primer punto, pues, la modificación que hacen es que nosotros planteamos que la elaboración de ese registro de promociones tiene que ser de "carácter inmediato", y ustedes plantean que la elaboración sea "en el plazo más breve posible". Aquí estamos, una vez siempre, en cuál es la voluntad que pueda tener la Junta en hacer las cosas: Proposiciones No de Ley que están aprobadas o compromisos asumidos por la Junta en estas Cortes, en este Parlamento, pues, ahí duermen en el cajón del olvido. Quiere decirse que el poner... de hacerlo de manera inmediata y en el más breve plazo posible, pues, nosotros sí que quisiéramos que, si hubiera voluntad política, pues que tendrían que hacerse estas cosas, que se supone que tendrían que estar haciéndose desde hace tiempo ya, pues que no habría ningún tipo de disculpa para ponerse a hacerlo ya. Esto no es más dinero, esto no supone ningún tipo de cambio estratégico en la política -se supone-, y que, por tanto, es algo que se tendría que poner en marcha.

No obstante, si al final eso va a ser un impedimento para que se pueda aprobar la Proposición, pues, hombre, entendiendo que la voluntad está "en el plazo más breve posible", no habría más impedimento en aceptar esa modificación.

Sobre el tema de la identificación, de que si es competencia del Ministerio o no, pues, ahí sería, en tal caso, si eso es así, aunque desde nuestro punto de vista hay una responsabilidad de la Junta, que es quien al final hace los trámites y gestiona todos esos dineros, pero que al final, pues si hay que añadir ahí que se inste al Ministerio para que eso se identifique, pues no habría ningún problema, aunque también habría que plantearlo en las propias promociones directas de la Junta de Castilla y León, que creo que sí que son competencias directas y la obligación es de la propia Junta.

Y el cuarto punto, que dicen que no pueden aceptarle, pues siempre estamos un poco con las mismas, ¿no? Es decir, que desde nuestro punto de vista, el cuarto punto es un poco la consecuencia de los otros tres, es decir, los tres puntos, lo que se dice: lo que hay que hacer porque es algo que no se viene haciendo.

Y el cuarto punto es, para poder tener actualizado eso que hay que hacer, de lo que no se venía haciendo desde siempre, pues hay que poner en marcha pues unos mecanismos de inspección del parque inmobiliario de vivienda de protección oficial de lo que se plantea ahí, lógicamente, a cargo de la Consejería de Fomento, en base a todos esos mecanismos que se plantean ahí de colaboración con diferentes instituciones, sobre todo, locales, etcétera, para que eso esté actualizado y no haya desajustes en lo que puede hacer un muestreo, en un momento dado, y al final esto se desfasa constantemente. Lo que se plantea es de que haya una actualización permanente y haya una voluntad y una preocupación política por parte de la Junta de Castilla y León de manera permanente. Y eso es lo que se plantea ahí, que haya esa inspección de manera constante, y de lo que se trata es que eso se ponga en marcha.

Por lo tanto, el negarse a ello, en base a una serie de disculpas -suena-, como ha expuesto el representante del Partido Popular, que pueda haber una serie de elementos en que sea muy difícil identificar si realmente se está haciendo un uso debido o indebido de la vivienda, pues ahí, de lo que se trata es... y lo que se está demostrando es que la propia Junta, el propio Partido Popular, después de diez años que lleva gobernando, pues, tiene como muy poca experiencia o muy poco recorrido avanzado en qué control se tiene que llevar a cabo en la política de vivienda, o qué control de los dineros públicos para poder acceder los ciudadanos a una vivienda digna. Se demuestra que después de diez años gobernando en esta Comunidad Autónoma se tiene muy poco avanzado, o absolutamente nada, en cuestiones de materia y de funcionamiento en esta cuestión.

Entonces, yo creo que no se trata de poner impedimentos de las dificultades que podría haber en cómo investigar, en cómo deducir los posibles fraudes, etcétera, sino, simplemente, ponerse a caminar, vayan dotándose de los medios y de los instrumentos y articulación de medidas que en cada momento se requiera, y, a partir de ahí, se supone que la propia lógica, y el funcionamiento administrativo, y la experiencia, irá dando, irá demostrando, pues, los mecanismos que haya de corregir y demás. Pero de lo que se trata es de poner en marcha eso, porque, si no, vaciaríamos un poco de contenido el conjunto, sobre todo del objetivo político que Izquierda Unida pretendemos con esta propuesta. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Galán, para el turno de dúplica.

GALÁN SÁEZ

EL SEÑOR GALÁN SÁEZ: Gracias, señor Presidente. Brevísimamente para agradecer a Su Señoría la aceptación de la Enmienda de Sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Y en cuanto a la matización de "inmediata", por "breve término posible", yo le aseguro Señoría que hay voluntad política. En otro caso, teníamos la oportunidad de haberla rechazado. Por lo tanto, hay voluntad política que de esto sea y se cumpla en sus propios términos la Proposición No de Ley.

Por otra parte, yo sí que lamento que, a pesar de que hayan sido -como le decía anteriormente- argumentaciones puramente jurídicas, que no políticas, de por qué se hace prácticamente inviable la inspección, no le hayan convencido. Yo lamento, pero repito: son puramente base jurídica y no política. Y, por otra parte, yo quería, al proponente, si en la votación sería posible votar punto por punto. Muchas gracias.

(-p.3158-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para el turno de fijación de posiciones. El Grupo Mixto renuncia. Grupo Socialista, señor De Meer, tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Brevemente para manifestar la postura de nuestro Grupo para esta Proposición que yo creo que tiene, pues, un objetivo claro, que es movilizar el parque de viviendas de protección oficial, bien sea de protección pública o de protección privada, que estén vacías o estén mal ocupadas. Por eso es bueno hacer un registro, que es por donde empieza la Proposición, para saber qué viviendas tienen o no esas características. Ese registro tiene que ser un registro permanente, porque una vivienda de Protección Oficial pierde facilísimamente esa característica: si es de promoción privada, por el simple procedimiento de descalificarla, lo cual simplemente es solicitar esa autorización a la Junta y de, alguna manera, pagar... cual es los beneficios que la persona ha obtenido, que pasado un cierto tiempo suelen ser unas cifras económicas bastante pequeñas, hasta llegar al ridículo.

Pero, bueno, es bueno hacer ese registro y tenerle actualizado, lógicamente. Sería bueno cambiar las placas, que las placas realmente no son muy indicativas, porque en un mismo edificio, la mitad de las viviendas pueden seguir siendo de protección oficial y la otra mitad estar descalificada por los propios propietarios. La mano derecha puede ser de protección oficial y la izquierda ya no serlo, en el séptimo, en fin. Pero bueno, serían cosas que orientarían y darían pistas a la gente sobre esas viviendas.

Es bueno hacer campañas publicitarias para que la gente sepa que existe un tipo de viviendas, que tiene unos precios limitados, bien sean en venta, bien sean en alquiler. Pero, fundamentalmente, esto debe hacerse para poner estas viviendas en el mercado, para que no haya viviendas de estas que estén cerradas, que estén mal ocupadas, que estén alquiladas por precios por encima de los autorizados, o todo... o estén dedicadas a oficinas o a cualquier otro tipo de actividad comercial que no sea la de vivienda.

Por eso, realmente no sería muy aceptable, en los términos que se lo ha planteado el Grupo Popular, hacer todas las primeras partes de la Proposición y no llevar adelante la última parte, que es, de alguna manera, inspeccionar esta situación para obligar que las personas que infringen la situación serán obligados a... tendrían la posibilidad o descalificar la vivienda, renunciar a sus beneficios, o ponerla en el mercado.

Yo creo que no hay que descalificar estas medidas de control... estas posibilidades de control por situaciones anecdóticas, o por situaciones más o menos pintorescas, que se puedan dar, de una persona que se vea obligada a vivir fuera, que se ponga enfermo, o cualquier cosa de ese tipo. Hay un número muy importante de viviendas en las que no se dan estas circunstancias y que, objetivamente, se sabe que están siendo mal empleadas. Todas aquellas viviendas que están siendo empleadas como oficinas -y hay muchísimas-, no tienen ninguna excusa de ningún tipo para que no se adopten medidas sobre éstas; u otras que están en propiedad no de un... digamos el propietario individual de una vivienda, sino inversores que mantienen o pueden mantener grupos, paquetes importantes de viviendas fuera del mercado. Es decir, yo creo que no se puede es... por un grupo más o menos numeroso de anécdotas no poner en marcha unos procedimientos de inspección de los de ese tipo.

Yo creo que lo que más bien es que no hay ninguna voluntad de hacer esto que se pretende decir que se aprueba algo para en el fondo no aprobar nada. Que lo mismo nos da decir que sea inmediatamente o en el menor tiempo posible, si lo más probable es que no se haga, que no se haga, aunque lo voten ustedes a favor, como ese estudio sobre las necesidades de vivienda permanentemente prometido, siempre recién adjudicado, siempre a punto de entregarse, pero que nosotros nunca vemos que llegue a este Parlamento. Y ha pasado ya la mitad de esta Legislatura.

Nosotros creemos, más bien, que lo que se pretende con una Enmienda como ésta es que parezca que la Junta, o que el Grupo Popular tiene interés en actividades de este tipo, cuando, en realidad, la práctica diaria demuestra exactamente lo contrario. Nosotros pues apoyaríamos la Proposición en los términos que la ha presentado y globalmente la mantiene el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijar el texto definitivo, señor García Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. De manera muy breve, porque creemos que hay algunas cuestiones que no se han contestado por parte del Portavoz del Grupo Popular, que sí que sería no objeto directo de esta Proposición No de Ley, pero sí de la preocupación de este Grupo, de cara a clarificar algunos elementos en política de vivienda, de cuál es realmente el compromiso del Partido Popular, de la Junta de Castilla y León -mejor dicho- para la promoción pública de vivienda en este año noventa y siete, más allá de lo que viene en los Presupuestos; que ya sabemos que al final tiene una ejecución pues que, a veces, tiene muy poco que ver con lo que realmente se aprueba en estas Cortes, pero de que sea realmente... si al final las declaraciones periodísticas tienen que ver algo con el compromiso político o no.

(-p.3159-)

Y en definitiva, pues en lo que al final parece ser que queda como cuestión discrepante, el cuarto punto de la Proposición No de Ley, pues, desde nuestro punto de vista, -bueno, lo hemos mencionado anteriormente-, creemos que no se puede desestimar la aprobación de este cuarto punto en razones jurídicas, porque no es ésa la razón -creo- de fondo, sino que hay que ver ahí la voluntad política de que... lo que... las medidas que se puedan llevar a cabo con la puesta en marcha de los tres puntos de la Propuesta de Resolución, pues que, lógicamente, lo otro suponga en definitiva una actualización constante. Y, sobre todo, el que se demuestre por parte de la Junta de Castilla y León una voluntad política de que los dineros públicos realmente sirvan para el objetivo que se han planteado, y que los ciudadanos también perciban, en definitiva, que hay un control y una voluntad política, por parte de la Junta de Castilla y León, de hacer valer que esos dineros públicos sirven para ese objetivo fundamental que es el acceso a la vivienda, o para facilitar el acceso a la vivienda de los ciudadanos.

Así pues, por lo tanto, creemos que eso es lamentable, o sería lamentable por parte del Grupo Popular, pues no votaran este cuarto punto, que, en definitiva, es lo que daría continuidad y daría razón de actualización constante a las medidas que se plantean en los tres primeros puntos.

En lo que se ha planteado, yo creo que es la posibilidad de la votación separada, teniendo en cuenta que... y valorando globalmente de Izquierda Unida que lo fundamental sería la votación de los tres... de los cuatro puntos conjuntamente, porque creemos que hay una relación directa, pues intentando y... la posibilidad de que algunos de los puntos sean aprobados, no habría ningún inconveniente en que se hiciera una votación de los tres primeros puntos, por un lado, o si se quiere punto a punto -tampoco habría problema-, y el cuarto punto por otro lado.

No obstante, teniendo en cuenta que la posición de Izquierda Unida es que tiene que haber y tendría que haber una voluntad política inequívoca, por parte de la Junta de Castilla y León, en esa actualización constante a través de esa organización de la inspección del parque inmobiliario, que es, en definitiva, lo que se plantea en el cuarto punto, con esa colaboración con las diferentes instituciones. Y también incidiendo desde éstas en las bases de datos de estas viviendas vacías que en lo... que la información que tiene este Grupo Parlamentario, en su día fue rechazada también otra Propuesta en este sentido; seguimos esperando esa iniciativa del Grupo Parlamentario del Partido Popular, que en su momento rechazó la de Izquierda Unida, en base a determinadas cuestiones de núcleos poblacionales, pero que luego no se ha visto ninguna iniciativa por su parte, y, a la vez, creemos que ese cuarto punto daría mucho más sentido a la Propuesta.

No obstante, en aras de poder avanzar algo en lo que tiene que ser el control de los dineros públicos, de lo que sirve para financiar el acceso a la vivienda, aceptamos esa votación separada, bien los tres puntos primeros por un lado y el cuarto por otro, o bien punto por punto, que sería indiferente. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Entonces, se somete a votación punto por punto el contenido de la Proposición. ¿Votos a favor del primer punto? Se aprueba por asentimiento. ¿Votos a favor...? Vamos a someter a votación el segundo punto. ¿Votos a favor? También se aprueba por asentimiento. El tercer punto. ¿Votos a favor? (Se podrían haber votado los tres juntos.) Cuarto punto. Se somete a votación el cuarto punto. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta. Votos a favor: veintitrés. En contra: cuarenta y siete. No hay abstenciones. Queda rechazado este cuarto punto y aprobados los tres anteriores.

Undécimo punto del Orden del Día. Señor Secretario, le ruego dé lectura al mismo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Undécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don José Luis Conde Valdés, relativa a demanda de recursos al Ministerio de Industria y Energía para la reactivación de las cuencas mineras".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Conde Valdés, para presentar su Propuesta, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, en principio, la Proposición No de Ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, con relación a la reactivación de las comarcas mineras, con independencia de que ayer haya habido la última reunión para tratar de llegar a un acuerdo, quiero aclarar a Sus Señorías que la reunión de ayer fue relacionada exclusivamente con acuerdos laborales, y, por tanto, este Grupo ha mantenido esta Proposición No de Ley, porque consideramos que el problema... o los planes de reactivación de las comarcas mineras todavía no está resuelto.

Y en los antecedentes viene claramente expuesto que, efectivamente, el Ministerio de Industria y Energía... la pretensión era realizar la mayoría de las inversiones en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y bajo el punto de vista de nuestro Grupo Parlamentario, lo decimos claramente y con rotundidad que es absolutamente impresentable y además inadmisible.

(-p.3160-)

Y lo decimos porque, con independencia de que Asturias, la Comunidad del Principado Asturiano pueda ser una de las Comunidades más perjudicadas por el nuevo Plan de Reactivación de las Comarcas Mineras, no es menos cierto que Castilla y León va a ser la gran sacrificada, por cuanto carece de menos tejido industrial, inclusive de menos infraestructura. Y por tanto, lo que estamos planteando con esta Proposición No de Ley es un cambio de actitud en el... en la Junta de Castilla y León, para que adopte las medidas políticas oportunas, a los efectos de presionar a la Administración Central para exigir más fondos en la reactivación de las comarcas mineras de nuestra Comunidad.

Y además, estamos planteando una cuestión que parece ser que la Junta da de lado: no es una cuestión de pedir más porcentaje en el reparto, sino de pedir proyectos concretos. Porque nosotros partimos de la idea de que los dineros... o el dinero público que se está manteniendo para la reactivación de las comarcas mineras es absolutamente insuficiente; por no decir que irrisorio. Porque se está hablando de 525.000 millones, o a lo sumo de 600.000 millones, pero además con el agravante de que ese dinero va a proceder, o al menos así consta, del proyecto del Plan de Privatizaciones; cosa que este año no se ha hecho ninguna, no se sabe el año pasado... para el año que viene qué tipo de privatizaciones se van a hacer, aunque intuimos ya por donde van los tiros. Pero, en todo caso, no se puede plantear un Plan de Reactivación de las Comarcas Mineras en base a buscar unos fondos de las privatizaciones que nadie sabe de dónde van a salir y cuánto dinero se va a obtener por el tema de las privatizaciones. Por eso decimos que no se trata de exigir más porcentaje en el reparto, sino fundamentalmente de aumentar los recursos para la inversión en las comarcas mineras.

Y además, hacemos hincapié en otro aspecto fundamental, y es que una cosa es la financiación para la reactivación de las comarcas mineras en el nuevo Plan, y otra cosa es los... -digamos- los dineros públicos comprometidos con el anterior Decreto -el 2203/95, de 28 de diciembre-, que yo creo que son cosas totalmente diferentes.

Por tanto, partiendo ya del hecho de que los fondos que se han destinado son -bajo nuestro punto de vista, evidentemente- insuficientes, no se pueden mezclar las dos cosas: una cosa serán los proyectos que haya... que vayan por la vía del Decreto 2230/95, de 28 de diciembre, y otra cosa es la financiación pública que se busque para la reactivación en base al nuevo Plan de... al nuevo Programa de Reactivación de las Comarcas. Esas dos cosas yo creo que son importantes tenerlas en cuenta, y además diferenciarlas.

Y por eso, en la Propuesta de Resolución que planteamos es, primero: "Que las Cortes insten a la Junta de Castilla y León a demandar del Ministerio de Industria y Energía mayores recursos económicos para la reactivación de las cuencas", porque vuelvo a repetir que esa financiación que está prevista inicialmente es, a todas luces, insuficiente.

En segundo lugar: "Que las Cortes insten a la Junta de Castilla y León para que tome las medidas oportunas, a los efectos de elaborar y concretar de manera consensuada con los Ayuntamiento mineros y con los agentes sociales los planes concretos de reactivación...". Que ya sabemos que la Junta hizo un proyecto, salió eso de que la Junta ya tiene un Plan, pero, en todo caso, es establecer un plan de inversiones consensuado. Hasta ahora el peso específico de la negociación lo han llevado los sindicatos, los agentes sociales, pero nosotros entendemos que en este tema el protagonismo lo tienen que encabezar los Ayuntamientos mineros. Los sindicatos tienen una responsabilidad específica, que es la que tiene, pero los Ayuntamientos, a la hora de hablar de la reactivación de las comarcas mineras, lógicamente, tiene que tener su protagonismo. Y, por tanto, a la hora de hablar de proyectos, lo lógico es que esos proyectos que se defiendan ante el Miner, estén plenamente consensuados y, además, con un condicionamiento previo, que estén priorizando... -perdón- que estén priorizados; no se puede plantear allí, pues, como una especie de Plan Marshall, donde todos los Alcaldes mandan una carta a la Directora General de Minas diciendo: quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. No. Habrá que hacer un plan de priorizaciones, y ese tema habrá que consensuarlo entre la Junta y los... fundamentalmente los Ayuntamientos mineros, evidentemente con la participación de los agentes sociales.

Y una vez que está constituida esa -digamos-, esa plataforma, o esa reivindicación concreta de los proyectos que las comarcas de esta Comunidad necesitan, automáticamente entablar el proyecto de negociación. Pero, evidentemente, teniendo en cuenta que en esos planes de negociación no solamente está nuestra Comunidad Autónoma, sino que hay otras Comunidades afectadas, como puede ser fundamentalmente Asturias, Aragón, Andalucía, e inclusive Cataluña, incluso Castilla-La Mancha y Galicia, lo lógico es que también haya un principio de consenso y constituir una mesa a nivel nacional, para que, al final, los criterios de negociación sean también consensuados. Porque, al final, lo que se traduce, o lo que se ha traducido hasta la fecha, es que se puentean absolutamente todos los acuerdos, de tal manera que el Presidente de la Comunidad de Asturias llama a Madrid y asume un compromiso con el Miner, automáticamente lo hace la Junta, automáticamente lo hacen todas las Comunidades, y al final el primero que llega es el que se lleva todo.

Por tanto, planteamos también la constitución de esa mesa a nivel nacional, donde estén representadas todas las Comunidades Autónomas, con la participación también de los agentes sociales. Pero que al final haya un mínimo de consenso y un mínimo de sentido común, partiendo del hecho de que, aunque los recursos son insuficientes, aunque nos den más, al menos que haya ese consenso en el reparto en el conjunto de las Comunidades afectadas.

(-p.3161-)

Y por último, evidentemente -como no podía ser de otra manera-, y teniendo en cuenta la experiencia que hemos tenido en otros procesos de reconversión, lo lógico es la constitución de una comisión de seguimiento para evaluar si esos acuerdos al final se llevan o no se llevan a la práctica, teniendo en cuenta que estamos hablando de aquí al dos mil cinco. Que nosotros estamos a favor, de que ese período se amplíe, porque es un periodo excesivamente corto; si hablamos de reactivación, habría que hablar, por lo menos, de diez años mínimo. Pero, en todo caso, si hay un acuerdo entre todas las Comunidades afectadas, con un consenso previo de todos los Ayuntamientos -léase Acom o Almi-, lo lógico es que todo el mundo se someta o se sujete a esos planes que previamente están consensuados. Y ésa es la motivación de esta Proposición No de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Rojo, tiene la palabra.

ROJO MARTÍNEZ

EL SEÑOR ROJO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Nos hemos planteado otra vez, ante una Proposición de Izquierda Unida, la posibilidad de enmendarla. Pero va a comprender pronto por qué ha sido imposible hacerlo y hemos tenido que optar por este posicionamiento en contra de sus planteamientos.

En primer lugar, podría estar a su favor la duda sobre ese documento que usted tiene tan claro y que nosotros ni tenemos tan claro ni tan definido; y en lo que sí tenemos definido, desde luego las valoraciones son absolutamente diferentes a las de ustedes.

Por otra parte, sabemos que no están cerrados ninguno de esos documentos y que se siguen manteniendo contactos -la última vez fue ayer- entre el Ministerio y los diferentes afectados interesados en esta cuestión. Como digo, ayer había una reunión; parece ser que se ha ceñido exclusivamente a aspectos que afectan al sector más que a la reactivación, dejando esta segunda parte para otro momento más oportuno.

Lo cierto es que lo que hasta ahora se conoce oficialmente es un documento fechado el catorce de mayo en Madrid, que tiene un índice de temas, con un Anexo II, en el que se cifran una serie de proyectos enumerados, pero no cifrados en presupuestos. Digo que esto es lo que se conoce oficialmente en la mesa de negociación.

Y de ese documento no sale solamente, señor Conde Valdés, algo que podría ser -si usted quiere- picajoso para la Junta -desde el punto de vista de la Oposición- en este Parlamento, como sería volver a recurrir al agravio que parece la nueva mina, la mina política. En esta ocasión no es Cataluña quien nos agravia, sino Asturias. Y yo creo que ese paso político, con el respeto que a mí Grupo le merece el Gobierno Regional, en absoluto es asumible de partida.

Las Entidades Locales podría ser otro contexto de agravio, puesto que si hablamos de reactivación, podemos trocear la Comunidad en cuantas partes nos parezca oportuno a la hora de establecer conexiones para el agravio.

De lo que sí me he preocupado es de ver los bloques de actuación previstos en ese documento, y se ven los fundamentales: infraestructuras, con un bagaje y un plan muy importante y, por cierto, muy consensuado, señor Conde Valdés, con los Ayuntamientos, absolutamente consensuado -podríamos decir- con Almi; medio ambiente; urbanismo; formación. Y cabría pensar que faltan, por ejemplo, equipamientos sociales, pero no faltan; no faltan porque no podemos olvidar que estamos a medio camino -estamos en junio todavía- para que se consuman esos 10.000 millones previstos para el año mil novecientos noventa y siete en los llamados proyectos dotacionales. Es de suponer que en el segundo semestre de este año el Ministerio, con mayor celeridad que lo ha hecho en el primero -en el cual paró tres meses para retomar los criterios de esos proyectos dotacionales-, vaya dictando resoluciones con rapidez.

Por lo tanto, cabe pensar que no podemos recurrir a ese proyecto mil novecientos noventa y ocho-dos mil para fijar los criterios de agravio sólo.

Y, por otra parte, no podemos olvidar algo que es importantísimo de cara a la eficacia de los planteamientos, y es que hay 5.000 millones anuales, que van a acumular 40.000 millones, que -podríamos hablar en términos regionales- no están territorializados. Por lo tanto, hay 40.000 millones que en modo alguno usted ha podido ver en alguna relación. Y hay otros 80.000 millones de pesetas, 10.000 para iniciativas empresariales. Y la iniciativa empresarial aquí no es un plan o un proyecto cualquiera; lo sustancial, al final, es que haya iniciativas empresariales; todo lo demás deben ser medios para ese fin.

Por lo tanto, conocida esa postura, conocido ese camino por andar a lo largo de este año, conocida la definición de los documentos que hasta este momento se están manejando en las negociaciones, yo creo que -como dice el documento- deben tenerse en la parte de inversiones de manera indicativa, y en la parte de criterios de reactivación con toda la firmeza que tiene ese documento, que es la mayor; así como en el tema de infraestructuras y en el tema de medio ambiente.

Dicho esto, que no se interprete que ni mi Grupo ni la Junta renuncia en ningún momento a reivindicar lo que puede ser necesario, pero sí conviene que coincidamos en lo que quieren los afectados, en la dinámica que se ha marcado hasta ahora por todos los que han intervenido, incluida la Junta de Castilla y León: Comisiones Obreras, UGT, Carbunión, Ayuntamientos y Ministerio de Industria -nada menos-; prácticamente todo el mundo ha estado ahí desde que comenzó la negociación. De modo que lo que quieran todos ellos coincida exactamente con lo que queramos en estas Cortes y lo que queramos en Castilla y León por bueno.

(-p.3162-)

En cuanto a plataformas, mesas, comisiones de evaluación, etcétera, bueno, no estamos hablando de un papel para andar por casa, colgado en una punta... en la punta de un ténder; estamos hablando, señor Portavoz, de un documento que tiene que ser remitido para su información al Congreso y al Senado, que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros, y, por lo tanto, del máximo nivel.

Está previsto que se cree una Agencia Estatal del Carbón, en la que van a participar las Comunidades Autónomas, aquellas que realmente tienen una cierta relevancia en la industria del carbón; es decir, deberán tener más del 10% de la producción nacional. Y a partir de ahí participan absolutamente todos de nuevo. No podremos introducir la confusión de nuevas comisiones regionales, de nuevo nacionales, de Ayuntamientos; porque también los Ayuntamientos estarán representados ahí. Y sí quiero decir, para terminar, que se nos olvida que la Junta de Castilla y León... no sé lo que ha hecho el Gobierno asturiano hasta este momento, pero para nuestro Grupo todo lo que ha hecho la Junta de Castilla y León hasta ahora se suscribe, sin olvidar que ha dedicado importantes esfuerzos -y pedimos que siga dedicándose a ellos- (Acabo, señor Presidente.) a defender el sector del carbón, a defender el sector del carbón; no pensemos sólo en la reactivación, puesto que para que sea efectiva en el futuro debe cumplir dos condiciones, que tengamos tiempo para aplicarla, como usted ha dicho -diez años o más-, y para eso hace falta que no se nos caiga todo el esquema productivo de las zonas mineras. Y yo creo que, en ese sentido, todo es coherente hasta ahora en el comportamiento de nuestro Gobierno Regional. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para réplica, señor Conde Valdés.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Bien. Gracias, señor Presidente. Mire, señor Rojo, cuando no se quiere decir nada es muy difícil contestar. Yo voy a tratar de leer entre líneas, o haber entendido lo que usted me ha querido contestar.

En primer lugar, decirle que la reunión de ayer, efectivamente, no era para hablar de la reactivación de las comarcas mineras, pero este documento se entregó ayer, para que se vaya pensando... vamos, se vaya pensando... para que se vayan posicionando las Comunidades Autónomas sobre lo que está dispuesto el Miner a dar. Es decir, lo que yo llamaba una especie de Plan Marshall; y lo he denunciado varias veces aquí. Nosotros estamos en contra de este proceso; lo que no podemos hacer ahora es paralizarlo, porque eso ya está en marcha. Pero, en todo caso, evitar que al menos -que va a haber un proceso de desmantelamiento del sector minero-, al menos haya compromisos financieros para la reactivación de las comarcas.

Este documento se entregó ayer, para que se proceda... a evaluarlo las distintas Comunidades Autónomas. De este proyecto que se entregó ayer -y está aquí fechado-, Asturias se lleva ciento setenta y nueve proyectos -tome nota, señor Rojo, que yo ya los he contado-, ciento setenta y nueve proyectos; Castilla y León se lleva ciento seis. Y no quiere decir por eso que haya... hay que hablar de dinero, bien. Pero es que simplemente ya con ese porcentaje de ciento setenta y nueve frente a ciento seis, ya de entrada, de entrada, la Comunidad que más ventajas va a tener va a ser la asturiana. Y no quiero entrar en el litigio chovinista de decir: "Queremos más que los asturianos". No. Pero quiero decir una realidad. Y Asturias se ha movido más que nosotros en ese tema.

Y éstos son los proyectos que se han aprobado, de entrada, los que está previsto negociar: ciento setenta y nueve proyectos para Asturias, ciento seis para Castilla y León, cincuenta y cuatro para Aragón, quince para Galicia, ocho para Cataluña, cuatro para Castilla-La Mancha y siete para Andalucía. Pero la diferencia ya entre lo que es la Comunidad asturiana, el Principado de Asturias, y Castilla y León, la diferencia es simplemente sumar y restar; y ésa es la diferencia.

Y no hablemos ya de financiación, donde hay proyectos de Asturias -uno sólo- que son, a lo mejor, catorce o quince de esta Comunidad. Pero bueno, yo no quiero entrar en las distintas prebendas o en las distintas diferencias que pueda haber entre una Comunidad y otra, pero en realidad los datos son esos.

Pero además, yo lo que estoy pidiendo en la Propuesta de Resolución es el compromiso de la Junta de exigir más fondos. Y ahí es donde el Partido Popular no quiere entrar. Porque yo he preguntado antes: ¿quinientos veinticinco mil millones, 600.000 millones de pesetas es dinero suficiente para hacer un planteamiento general de reactivación de las comarcas mineras? Yo le he dicho que no. Y había un compromiso de la Junta de Castilla y León de presionar al Gobierno -que ahora ustedes gobiernan en Madrid- para decir: no vamos a consentir que, aparte del proceso de desmantelamiento de un sector económico, que es el único que tienen las comarcas mineras, encima nos ofrezcan un dinero -¡ojo!-, que son proyectos, que son responsabilidades también de la Administración Central; porque la mayoría de los proyectos que se han presentado son carreteras, y me imagino, me imagino que esos compromisos serían del Ministerio de Fomento y también de la Consejería de Fomento de la propia Castilla y León.

Por lo tanto, no es que nos den gran cosa, sino nos están dando una financiación, que además son compromisos concretos del Gobierno Central y de la Junta de Castilla y León.

(-p.3163-)

Y yo por eso decía: en el primer punto lo que pedimos es que hay que exigir más medios económicos para garantizar la reactivación de las comarcas mineras. Porque además, en ese... usted que está en Almi sabe perfectamente que la propia organización de Almi ha solicitado más fondos, porque entiende que las comarcas mineras tienen grandes deficiencias de todo tipo. Y reconocía -y ahí está el documento de muchas páginas que ha hecho Almi-... en el tema de que eran insuficientes los fondos que se daban desde el Ministerio.

Otra de las cuestiones que se pedía en esta Proposición era diferenciar los proyectos en base al nuevo Plan de Ordenación de la Minería del antiguo 2203, del Decreto del veintiocho de diciembre. Que, por cierto, le voy a decir que esos proyectos, que están prácticamente paralizados, pues le voy a decir los que se han aprobado y los que quedan pendientes. En inversiones -que usted hablaba de inversiones de proyectos empresariales-, pues se han aprobado setenta; quedan pendientes ciento sesenta y cinco. No estamos hablando de este Plan de Ordenación, estamos hablando del anterior, del anterior, del anterior...

EL SEÑOR .....: (Intervención sin micrófono).

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Ya, ya, ya sé que es cuestión de dinero, pero ahora hablamos del dinero. Pero, en todo caso, proyectos aprobados, setenta; pendientes, ciento sesenta y cinco. En proyectos de infraestructura, proyectos aprobados, veinticinco; proyectos que todavía no están aprobados, sesenta y tres. Y estamos hablando de los proyectos que se han hecho en base al Decreto 2203 de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que no tiene nada que ver con el nuevo Plan de Ordenación. Estamos diciendo: eso, ¿qué pasa con esos proyectos?, ¿se van a aprobar o no se van a aprobar? Decía el señor Consejero que es cuestión de dinero. Claro que es cuestión de dinero. Por eso decimos nosotros que queremos más fondo. Y la pregunta del millón es: ¿de dónde van a salir esos fondos? Y los fondos, que yo sepa, van a salir del Plan de Privatizaciones; y el Plan de Privatizaciones, fundamentalmente de Endesa. Pero no hay nada más que eso. Para este año no hay ningún plan previsto, para el año que viene tampoco. Y decimos que eso se haga en base a los Presupuestos Generales del Estado, que ustedes mismo también admitieron esa pretensión, que en lugar... que los fondos para la reactivación de las comarcas mineras no saliera de los planes de privatización, sino de los Presupuestos Generales del Estado. Porque, ¿qué pasa?, ¿si no hay privatizaciones no hay reactivación de las comarcas mineras? Si hay proyectos concretos, eso tiene que estar previsto. O sea, por tanto, esos son los datos.

¿Consenso? Bueno, yo he dicho antes que esto es una especie de Plan Marshall. Ustedes hicieron -me parece muy bien-, como Junta, hicieron un proyecto en torno a 106.000 millones de pesetas, dividido entre las distintas Consejerías -que yo ni entro ni salgo-, pero, en todo caso, no se corresponde eso con lo que los Ayuntamientos mineros han presentado. Y si uno coge y coge la calculadora y hace números, se da cuenta de que lo que ha proyectado la Junta en los proyectos no tiene nada que ver con lo que han pedido los Ayuntamientos mineros.

Y vuelvo a repetir: no quiero decir que esto sea una especie de Plan Marshall, y que todo el mundo se pone a la ventanilla y cobra, sino que habrá que hacer un plan de prioridades. Y para hacer un plan de prioridades, lo lógico es llegar a un acuerdo consensuado con los Ayuntamientos, que es lo que venimos a pedir en esta Propuesta de Resolución.

Pero, además, como en el reparto de esos fondos no participamos -desgraciadamente- solamente nosotros, sino que tiene que entrar Asturias, Aragón y todas las Comunidades que tienen minería, habrá que llegar a un acuerdo, a un consenso mínimo, para que al final no exista lo que está existiendo: puenteando. Si el Presidente del Principado de Asturias llama al Miner diciendo "yo quiero este proyecto por encima de cualquier otra cosa". Y entonces, al final, vuelvo a repetir: el dinero se lo lleva el que primero llega. Y yo creo que aquí hay que sentar unas mínimas bases de racionalidad: primero, consensuar los proyectos con los Ayuntamientos a nivel de Comunidad Autónoma, priorizando los proyectos que realmente fomenten el desarrollo de las comarcas mineras; habrá proyectos que habrá que desechar, porque no contribuyen a ello. Pero después, a nivel nacional, Castilla y León también tiene cosas que decir con respecto a proyectos que presenten otras Comunidades; exactamente igual, porque los criterios tienen que ser los mismos para todas las Comunidades Autónomas. ¿Por qué vamos a admitir proyectos de Asturias que no van a incidir en absoluto en el desarrollo de la comarca afectada? Pues tendremos que decir que no estamos de acuerdo tampoco con determinados proyectos que han presentado en otras Comunidades Autónomas. Por eso yo digo la constitución de esa mesa, para al final poder priorizar todos los proyectos.

Y una Comisión de Seguimiento para hacer la evaluación y seguimiento de los proyectos. Porque, vuelvo a repetir: de aquí al dos mil cinco no da tiempo, no da tiempo a hacer un plan realmente serio de reactivación de las comarcas. Y por tanto, a lo mejor, ese proyecto hay que alargarlo hasta el año dos mil diez. Y fijando una vez los criterios y fijando los proyectos, automáticamente estamos en condiciones de no encorsetar el proyecto de reactivación de las comarcas mineras de aquí al dos mil cinco. Porque de aquí al dos mil cinco nadie puede prever cuántos proyectos se pueden, desde el punto de vista, por ejemplo, empresarial, nadie puede prever cuántos proyectos industriales de carácter empresarial se van a presentar en el año dos mil cuatro. Eso es de sentido común.

Por lo tanto, hay que alargar el proceso de reactivación y no encorsetarlo en el año dos mil cinco. Y esto no lo dice Izquierda Unida, esto lo dice Almi, y usted pertenece a Almi y lo sabe perfectamente, ¿no?

(-p.3164-)

Por tanto, yo no entiendo la postura del PP de rechazar... bueno, sí lo entiendo, porque...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, vaya concluyendo, por favor.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: (Sí, concluyo ya.) ...porque antes, cuando la Comunidad de Asturias estaba gobernada por el Partido Socialista, ustedes se quejaban permanentemente de la minería pública, que todo el dinero iba para Asturias. Y ahora, como gobiernan ustedes también allí, pues ahora no dicen absolutamente nada.

Pero la realidad es ésa, que todavía no hay un programa consensuado. Y el dinero público que se va a emplear para la reactivación de las comarcas mineras todavía no se sabe de dónde va a salir, porque se habla de manera ambigua de que va a salir de las privatizaciones; pero, de momento, no hay nada de nada.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Rojo, tiene la palabra.

ROJO MARTÍNEZ

EL SEÑOR ROJO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Bien, el dinero de las privatizaciones, evidentemente, no... no sabemos de dónde va a salir; pero algo habrán hablado el señor Ministro y los señores interlocutores que en este momento están en la mesa. Y a buen seguro que, aunque no lo sepamos todo, yo creo que debemos entender que, siendo una cuestión fundamental para que el Plan sea viable, tiene que haber una solvencia en la propuesta y, por lo tanto, en el Plan de Privatizaciones.

Pero sí debo decirle, en lo que afecta a los Ayuntamientos mineros de Castilla y León, que han sido decenas las reuniones que se han mantenido; que no se han escatimado en ningún momento, por parte de los responsables de Industria de la Junta de Castilla y León -ni al Consejero, ni al Director General de Minas-, reuniones, esfuerzos, horas, tiempo y... por todas las vías posibles: por escrito, en reuniones en persona, telefónicamente. Es decir, yo creo que, si en este momento se puede decir algo, es que las ambiciones de los Ayuntamientos, que es muy difícil, son muy difíciles de satisfacer, no van a verse satisfechas hasta que no haya empleos alternativos en las zonas mineras. Pero eso no quiere decir que lo que se ha hecho hasta ahora, y precisamente en un documento voluminoso -como ha dicho-, que se elaboró en la asamblea de Almi en Guardo, lo cierto es que me consta que el plan de carreteras propuesto por Almi coincide, básicamente, básicamente -como ya coincidía entonces, excepto en algunos tramos, pizarra o no-, con lo que la Junta ha defendido, que para algo se nos pidió opinión.

Por otra parte, no entiendo la aritmética planteada como... me parece simplista el análisis; tengo el documento a la vista, en el que se relacionan las obras, y es el documento que he citado antes, de catorce de mayo. Hay actuaciones en Castilla y León que ocupan una sola línea, y son: saneamiento y actuaciones en ríos de esta Comunidad. Si acudimos a las obras de las mismas características en Asturias, veremos que la Federación Asturiana de Concejos, quizá con un criterio localista y menos regional, como decía ya en la intervención anterior... lo cual es opinable, pero, a mi juicio, quien sale fortalecido es el proyecto local, respaldándolo la Junta, y no debilitado.

Por lo tanto, no nos ofende en absoluto a los Ayuntamientos que la Junta asuma como proyecto regional aquello que hemos propuesto los Ayuntamientos.

Pero digo que estaciones depuradoras, por ejemplo, en Aragón, siguen la misma estrategia que en Castilla y León; pero veo que en Asturias se van relacionando obras municipio a municipio. Con lo cual, ciento setenta y cinco contra ciento nueve, a mí no me dice nada. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, que, como todos sabemos, un proyecto de 500.000.000 puede dar para mucho en... en pueblecitos de... para sanear aguas en pueblecitos de cien habitantes.

Por lo tanto, a mí me parece simplista y poco serio que hagamos una evaluación por ahí.

Pero también debo decir otra cosa, y es que la Junta de Castilla y León, yo estoy convencido de que en este momento tiene... tiene ya los proyectos para los dos próximos años; estoy absolutamente convencido. Y que, además, vamos a ir viendo, a medida que nos llegue el noventa y ocho, cómo esos proyectos van a salir adelante y van a tener financiación. Y, además, estoy convencido de que no se van a separar de las prioridades y las preferencias de las que ha tenido conocimiento a través de los documentos que le hemos hecho llegar los Ayuntamientos.

Pero digo más: ha pasado desapercibido que estamos hablando de que existen 80.000 millones de pesetas para ese período, que tienen un carácter de fondos que necesitan otros adicionales de los inversores privados. Es decir, estamos hablando de 200.000 millones de pesetas. Si esos 80.000 vinieran a Castilla y León en ocho años, supondría una inversión empresarial de 200.000 millones de pesetas; y eso está por repartir, no está territorializado en ningún documento que yo conozca.

Por otra parte, en los temas de formación -tan importantes y a los que se da tanto valor- digo lo mismo: no están territorializados.

(-p.3165-)

Y añado otro dato más, para reincidir en lo anterior: y es que, hasta este momento, el Ministerio no se ha pronunciado sobre un importante paquete de proyectos llamados dotacionales, que son aquellos que los Ayuntamientos han tenido opción de solicitar directamente, puesto que la ventanilla sigue abierta y ha estado abierta, tanto la regional como la municipal, y también la sindical. Por cierto, los interlocutores sindicales miran con mucha atención y con mucho celo el proyecto final de inversiones, porque lo consideran un todo compacto. Por eso decía antes que al final, lo que resulte, va a ser a satisfacción de todos los interlocutores, espero que incluidos los Ayuntamientos. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Octavio Granado tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Con suma brevedad, para anunciar nuestro apoyo a la Proposición presentada por el Procurador de Izquierda Unida, don José Luis Conde.

Nosotros no estamos tan disconformes con la cuantía global del proyecto de reactivación minera, como con lo que nosotros juzgamos posibilidad seria de que este proyecto, en la práctica, nunca llegue a realizarse en las cuantías previstas.

Nosotros hemos venido denunciando cómo este año se han puesto en marcha medidas de reajuste presupuestario encubiertas, se han dilatado inversiones previstas, el grado de ejecución de algunas partidas presupuestarias es muy bajo. Y nos parece que, además, la financiación comprometida para este Plan de Reactivación Minera, al provenir de privatizaciones de empresas públicas, no deja de ser un diseño dibujado más bien en el aire, con -además- el agravante de que parte de esas privatizaciones, parte de esos ingresos van a venir de privatizaciones como de Endesa, que van a generar más problemas en las propias comarcas mineras.

Y en este sentido vamos a apoyar la Proposición, tanto para reclamar que realmente las cuantías presupuestadas y las cuantías que el Gobierno ha negociado, o los agentes sociales y económicos, se cumplan, como para reclamar que se cumplan los plazos y para reclamar que se siga manteniendo un clima de negociación. Porque lamentaríamos mucho tener que empezar a señalar, a mediados del año que viene -como ya podemos señalar a mediados de este mismo año-, que se han incumplido compromisos firmados. Y solamente por esa razón -aunque estamos de acuerdo globalmente con la exposición del señor Conde-, vamos a apoyar esta Proposición.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para cerrar... perdón, perdón. Perdone, señor...

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): ¿Podría intervenir un momentito?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Sí. Únicamente por aclarar que aunque en un principio, en la negociación del Plan de Reactivación -simplemente por una aclaración-, del Plan de Reactivación de las Cuencas Mineras hubo una previsión inicial de hacerlo a través de los fondos de privatizaciones, despejar la duda de que el Plan de Reactivación se va a financiar a través de presupuestos, y que es una decisión que ya está... está adoptada, ¿eh?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Señor Conde, para fijar ya el texto definitivo.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien, yo voy a empezar por lo último. Y le agradezco que el Consejero haya hecho esa intervención. Yo ya he dicho antes que el acuerdo fue ése, es decir, que eso saliera de los Presupuestos Generales del Estado, pero eso no quiere decir que efectivamente se vaya a proceder de esa manera.

Porque, vuelvo a repetir, es la pregunta del millón: al margen de los compromisos de inversión para la nueva fase de reactivación, están pendientes todavía los proyectos que se acordaron conforme al Decreto 2203 del año... de diciembre del noventa y cinco -que se los he dicho antes-, que hay en total trescientos veintiocho proyectos en esta Comunidad en torno al Decreto 2203, que nadie sabe qué va a ser de ellos; al margen de los nuevos proyectos que están contemplados en la nueva fase.

Entonces, que hay falta de recursos económicos, lo sabemos todos. Pero, en todo caso, yo podía haber hecho una Proposición No de Ley incluso mucho más... en la Propuesta de Resolución más especificada. Pero se sobreentiende que, cuando estamos diciendo que hay que solicitar más fondos, significa que la Junta si está de acuerdo o no está de acuerdo que con los fondos que actualmente tiene previsto el Miner se van a poder abordar, de aquí al dos mil cinco, todos los proyectos de reactivación de las comarcas mineras. Izquierda Unida lo pone en duda y lo cuestiona, entre otras razones porque ni siquiera hemos sido capaces de hacer frente a los otros proyectos, a los otros compromisos adquiridos en torno al 2203, que acabo de decir que hay trescientos veintiocho proyectos sin ejecutar, y que no hay garantías a corto plazo de que eso se pueda hacer. Eso es lo que yo quería decir.

(-p.3166-)

Por tanto, habrá que reconocer que los fondos que sean destinados del Miner son insuficientes; bien sea a través de los Presupuestos Generales del Estado, o bien sea a partir de las nuevas privatizaciones que se planteen hacer. Y esa es una realidad que incluso... señor Rojo, usted lo ha dicho, pero desde Almi -y usted es un dirigente de Almi-, Almi reconoce que, efectivamente, los fondos son escasos, y se basa en la realidad de esos trescientos veintiocho proyectos que todavía no se han culminado.

Pero, además, nos basamos en la realidad de los anteriores incumplimientos del anterior Gobierno, que también se prometieron reactivaciones y miles de millones de inversiones, y ¿alguien las ha visto? Pues nadie. Entonces, es lógico y normal que no es hablar tanto de seiscientos mil o de setecientos mil, sino decir: "con eso es poca cantidad". Y se dice, además, desde los propios Ayuntamientos mineros que en lugar de encorsetar ese plan de inversiones de aquí al dos mil cinco, que se amplíe el plazo, precisamente para no perder esa financiación. Y habrá años que habrá más dinero y otros años habrá menos, pero al menos tiene que haber un compromiso por escrito de que todos los años habrá un proceso de inversiones estable, para abordar todos los proyectos que se aprueben.

Por lo tanto, el primer punto yo creo que es absolutamente razonable reconocer que los fondos previstos son insuficientes. Lo de consensuar los proyectos, usted ha dicho que se han consensuado. La Junta de Castilla y León, con su criterio respetable -yo lo he dicho antes-, la Junta ha hecho, con su criterio, un Plan de Reactivación basado inicialmente en 106.000 o ciento y pico mil millones de pesetas, según sus propias valoraciones, repartidos entre las distintas Consejerías, que no entro ni salgo a decir si es poco o es mucho, pero, en definitiva, tampoco se corresponde con las solicitudes hechas desde los propios Ayuntamientos mineros. No se corresponde. Y por eso he dicho yo antes que se coja una la calculadora y que sume. Y ya está. Y vuelvo a repetir: no se trata de admitir un nuevo Plan Marshall diciendo: "admitimos todas las solicitudes que presenten todos los Ayuntamientos".

Por eso, en el segundo punto, decimos que es necesario consensuar esos proyectos, para desechar los que realmente no sirvan para la reactivación. Y, además, no solamente para eso, sino para que cada Administración -tanto la Autonómica como la Central- asuma su propia responsabilidad con las comarcas mineras. Porque a ver si ahora resulta que, aparte de cerrar las minas, nos dan como recompensa el arreglo de carreteras, que es responsabilidad de la Consejería de Fomento, de la Junta y del Ministerio de Fomento. Porque entonces cambiaríamos el collar por el galgo.

Pues, entonces, está claro que ese proceso de consensuar los proyectos es necesario y hay que hacerlo. Y no está hecho. Porque si estuviera hecho... usted dice que ya hay un principio de consenso. Bueno, yo estoy convencido de que si estuviera hecho, automáticamente eso se hubiera hecho público. Se ha llegado a un acuerdo para que en tres años se vayan a invertir 45.000 millones. Eso se recoge muy bien en los medios de comunicación y se pone en titulares: "se van a invertir en tres años 45.000 millones". Pero, sin embargo, no están concretados esos 45.000 millones en qué proyectos concretos.

Los podrá tener la Junta, pero en todo caso, de entrada, no están consensuados con los Ayuntamientos mineros, entre otras razones porque el señor Rojo sabe perfectamente que este sábado a las once y media, para ser exactos, hay una reunión para discutir este tema. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo firmado entre los Ayuntamientos mineros y la Junta y los agentes sociales, para decir, efectivamente, de entrada, inicialmente hay estos proyectos aprobados y vamos a aplicarlo.

Y, por tanto -vuelvo a insistir-, lo de crear una mesa... si no se trata de crear burocracia, se trata de que nosotros tenemos el mismo derecho que tiene la Comunidad Asturiana, o la de Aragón, o la de Galicia, o la de Andalucía, o la de Castilla-La Mancha, para influir nosotros también sobre el Gobierno Central para hacer primar nuestros proyectos por encima de otros. Porque ¿quién nos dice a nosotros que los proyectos que se han presentado en Galicia, en Aragón, en Castilla-La Mancha, no son proyectos realmente que se ajustan a lo que legalmente tendría que ser reactivación, creación de puestos?

A lo mejor estamos invirtiendo dinero en otras Comunidades para proyectos que no conllevan en absoluto ningún tipo de reactivación, y eso va en detrimento de la filosofía. Y estamos hablando de dineros públicos. Por tanto, yo creo que en ese debate, a la hora de repartir los fondos, Castilla y León tiene que participar con pleno derecho, con pleno derecho en el reparto de esos fondos. Y yo no digo que cada uno vaya y el primero que llegue se lleve el dinero, sino que sea un plan consensuado; y a la cabeza está la Administración Central y el Miner, y se establecerán unos criterios para repartir esos fondos.

Por eso digo que hay que crear esa mesa y una comisión de seguimiento, para hacer el seguimiento de la aplicación puntual de las inversiones que se hacen; es decir, para que no vuelva a pasar lo que ha pasado hasta la fecha, que se ha prometido el oro y el moro en las comarcas mineras, pero nadie ha visto ese dinero por ningún sitio.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se vota la Proposición que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Ninguna.

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor: veintiséis. En contra: cuarenta y ocho. Queda, por lo tanto, rechazada. Y suspendemos la sesión para reanudarla a las cuatro y cuarto.

(Se suspende la sesión a las catorce horas treinta y cinco minutos, reanudándose a las dieciséis horas veinticinco minutos.)

(-p.3167-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se reanuda la sesión. Buenas tardes, señoras y señores Procuradores. Señor Secretario, le ruego dé lectura al duodécimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Duodécimo punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la defensa, se mantiene... el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Tiene la palabra la Procuradora doña Elena Pérez Martínez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Brevemente, porque a mi Grupo Parlamentario le parece que después de haber debatido ya en este Hemiciclo la Enmienda a la Totalidad, después de haber tenido varias sesiones en Ponencia, y después de haber pasado por una Comisión en la que no se nos han aceptado ninguna enmienda de las planteadas por mi Grupo Parlamentario, nos parece que volver a debatir aquí, en el intento del consenso que debe tener cualquier Proyecto de Ley para toda una Comunidad Autónoma, alargarnos y nos parece que quizá, seguramente, no tenga mucho sentido.

Primero, señalar, al hilo de la intervención de esta mañana... -de lo del II Plan de Igualdad de Oportunidades, es una pena que no esté el señor Consejero de Bienestar Social-, señalar aquí, en un principio, el lenguaje sexista que tiene todo el Proyecto de Ley. Y aquí también es donde tiene que incidir la Secretaría de la Mujer, el Consejero de Sanidad y Bienestar Social -de quien depende- y, en definitiva, todo el Gobierno Autónomo, si quiere hacer de verdad realidad otro tipo de lenguaje en igualdad. Decir "ciudadano" y no "ciudadanía", etcétera, etcétera.

Pasando ya a las cuestiones que han centrado nuestras enmiendas, plantear que han sido tres cuestiones en concreto en las que hemos centrado nuestras enmiendas -que, insisto, no se ha admitido ninguna-. ¿Por qué no se ha admitido ninguna? Porque nuestro esfuerzo ha ido derivado a intentar cambiar cuestiones que nos parecían fundamentales, independientemente de la redacción, de la forma o del contenido que se haya querido dar a esa Ley.

Primera cuestión: nos parecía que el carácter territorial que tiene Castilla y León, al constituirse en una Comunidad de gran extensión, con una población poco homogénea, homogénea... poco homogénea en población y servicios, por lo tanto, plantear como criterio general el límite territorial de los Colegios Profesionales en una o varias provincias; pero, dada esa peculiaridad que tiene nuestra Comunidad Autónoma, nos parecía que era necesario intentar establecer un criterio especial basado en la existencia presente y futura de entes territoriales inferiores a la provincia. Ya saben ustedes que tenemos una... ya en ese sentido, en esta Comunidad Autónoma, una comarca que es la de El Bierzo.

Segunda cuestión importante que hemos intentado cambiar, sin éxito, en este Proyecto de Ley: la obligatoriedad -que nos parecía necesaria- a constituir Consejos de Colegios Profesionales de Castilla y León; porque nos parecía que era una forma de entender esta Comunidad como un todo en conjunto, y era la única forma de que... tener un interlocutor único por parte de la Administración Autonómica. Según ha quedado en el Proyecto de Ley -y que mucho nos tememos que tampoco en este Pleno nos van a admitir esas enmiendas-, las interlocutoras válidas ahora son nueve provincias, cada una distinta, y un solo Gobierno Autonómico. Además, nos parece que con la redacción que se ha planteado en estos temas se está coartando a este Parlamento, pues sólo podrá legislar si se lo pide un Colegio Profesional determinado, mermando la capacidad del Gobierno Autónomo para gobernar y legislar, independientemente del Grupo Político que en el momento sustente el poder.

Tercera cuestión que hemos intentado plantear: introducir enmiendas que signifiquen velar por los deberes que tiene la Administración Autónoma. De velar... deberes de velar por los intereses y derechos de la ciudadanía.

En resumen, Señorías -y nos lo planteamos ya en la Enmienda a la Totalidad-, no nos parece que este Proyecto de Ley sea específico de esta Comunidad Autónoma; nos parece que sólo se dedica a copiar a la ley a nivel estatal, porque no dice nada nuevo ni nada específico de esta Comunidad Autónoma. No prevén los entes territoriales que existen y puedan existir, como pueden ser las comarcas. Claro... Claro, mucho nos tememos que no lo presentan aquí ni lo legislan porque no piensan desarrollar, ni impulsar este tipo de entes. ¿Para qué quieren la norma, claro?

Lo que han traído, en resumen, nos parece que ya estaba legislado, y que para ese viaje -como dice alguna persona- no necesitábamos estas alforjas.

(-p.3168-)

Nos han recalcado hasta la saciedad, y han legislado, el gran contenido social que tienen los Colegios Profesionales. Preguntábamos en la Enmienda a la Totalidad, preguntábamos en Ponencia, preguntábamos en Comisión: ¿es para convencer a los profesionales y a las profesionales, para convencer del gran contenido social que tienen los citados Colegios? No creemos que haya sido ese el motivo, sino que no se fiaban, ni se fían, y por eso obligan a colegiarse a todo tipo de profesionales, ejerzan exclusivamente una profesión liberal o no. ¿Por qué? Porque la mayoría de los y las profesionales no se quieren colegiar; porque los profesionales y las profesionales saben que sólo defienden intereses corporativos de algunos profesionales -desde luego, no de todos-. Y ustedes creen que esos intereses son los que hay que salvaguardar; no los de la ciudadanía, no de la totalidad de los profesionales, sino esos, exclusivamente, los de una elite. Porque, si no, por encima de los intereses de esa ciudadanía que ustedes dicen defender y, además representan, tendrían que haber legislado de otra forma.

Mire usted -y ya lo dijimos en la Enmienda a la Totalidad-, el mercado de profesionales sólo debe estar sometido a los órganos representativos de la sociedad en general, que son los elegidos mayoritariamente por ella, y exclusivamente sometidos a estos órganos; el resto nos parece que es otra cuestión que no interesa ni a los profesionales y, desde luego, mucho menos a la ciudadanía.

Pero aún nos parece menos congruente plantear que por encima de la obligación que tiene cualquier Administración Pública de controlar el servicio que se presta -que es su obligación-, por encima de esto -dicen ustedes- están los Colegios Profesionales. Porque dicen que aunque los profesionales y las profesionales trabajen en la Administración Pública, ustedes necesitan una administración paralela. Ya veremos luego cómo vela esa administración paralela por los intereses de profesionales y de la ciudadanía.

Resumiendo: ustedes lo único que han hecho con este Proyecto de Ley es regular algo que ya teníamos, que estaba legislándose a nivel estatal; y además, sobre todo, han intentado incidir en lo malo que tenía la legislación estatal. Con eso que teníamos ya nos bastaba. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno en contra, en nombre del Grupo Popular, don Francisco Vázquez tiene la palabra.

VÁZQUEZ REQUERO

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO: Gracias, señor Presidente. Voy a empezar por donde ha acabado la representante de Izquierda Unida. En principio, y como... en primer lugar, lo que tengo que decir es que no voy a tratar acerca da nada de lo que ya ampliamente se discutió en la Enmienda a la Totalidad. Nosotros... yo creo que el debate se debe centrar en este momento en las enmiendas... en las enmiendas que planteó su Grupo Parlamentario. (Que, por cierto, tengo que decir que le admitimos cuatro de ellas.) Presentó doce, vienen ocho a Pleno... Por lo tanto, cuatro, en Ponencia o en Comisión -bien es cierto que en Ponencia- fueron pactadas y fueron admitidas. O sea que, en principio, me voy a ceñir exclusivamente a las ocho enmiendas que traemos aquí, al Pleno.

Y voy a empezar por la primera y por la sexta; la primera y la sexta porque están íntimamente relacionadas, al hacer referencia ambas a las comarcas. Yo creo que todos los Colegios, en la actualidad, son provinciales, y tenemos que partir de esa realidad que tenemos. No es deseo, ni lo han manifestado los Colegios, la organización en comarcas. Y bien es cierto que si quieren algún tipo de organización inferior a la provincia, pueden hacerlo a través... como existen delegaciones de los comercios... de los... de los Colegios en dichas comarcas. Por lo tanto, yo creo que esto es una ficción política que ha sido traspasada a la acción colegial -en este caso, organización de los Colegios Comarcales-, pero que... o por ellos mismos carece de interés, ya que creo que no han mostrado ninguno. Por lo tanto, creo que es un traslado del debate de la organización política en esta materia, que en el tema de las comarcas y en el tema de los Colegios carece -a mi juicio- de sentido.

Una segunda cuestión que se plantea en las Enmiendas 8 y 9 es el tema de la colegiación. El tema de la colegiación hay que decir que lógicamente no podíamos estar de acuerdo en muchas cuestiones porque partíamos de principios totalmente distintos, como quedó de manifiesto en la Enmienda a la Totalidad. Pero lo que sí que podemos decir es que mi Grupo Parlamentario ha mantenido en este sentido una línea correcta y una línea coherente de actuación en este tema de la colegiación; que ha mantenido que la colegiación sean iguales para todos los casos en todo el Estado, y que lo que se ha pretendido es mantener el status quo en el tema de la colegiación. Bien es cierto que en algunas cuestiones de estas Enmiendas que le acabo de decir -de la 8 y la 9- el Grupo Popular ha mantenido una posición de equilibrio entre unas Enmiendas y otras, ya que había algún Grupo Parlamentario que incluso pretendía una cuestión más maximalista, es decir, la total colegiación en todos los casos, y había -bien es cierto- otros Grupos Parlamentarios -como Izquierda Unida- que querían una cuestión minimalista o que desapareciera la colegiación obligatoria.

Por lo tanto, en este sentido, ésa ha sido la cuestión y el equilibrio que ha mantenido el Grupo a la hora de rechazar las dos enmiendas que hablaban sobre la cuestión de la colegiación.

Lo que sí que le tengo que decir en este sentido -y en la cuestión de principios que ha dicho- que después del Debate a la Totalidad hemos mantenido diversas, bastantes reuniones de la Ponencia; que han sido admitidas muchas transacciones en ellas, incluso de enmiendas que no se habían planteado formalmente pero que así se acordó en la propia Ponencia al hacerlo; que se ha discutido en la Comisión; y, lógicamente, todas las enmiendas no le han sido aceptadas. Y por supuesto que no ha habido consenso -como usted ha dicho- en esta Ley, porque partíamos ya de un disenso radical a la hora del planteamiento de posiciones totalmente diferenciadas, como fue el Debate a la Totalidad.

(-p.3169-)

Y que, por mi parte, yo lo que creo... y que sí que creo que es así, que no es verdad que haya un lenguaje sexista en esta Ley; lo que pasa es que es un lenguaje legal. Yo no he visto la Enmienda, y me hubiera sido... pues, a lo mejor, gustoso por mi parte aceptársela, el tema ese que usted trata de... en vez de hablar de "ciudadanos", "ciudadanía"; usted no planteó en ese momento la Enmienda, no está recogida entre las doce enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida cambiar esa expresión; y nosotros se lo hubiéramos aceptado sin ningún problema. Lo que pasa es que usted se acuerda igual que yo que, a la hora de debatir este artículo en la Ponencia, al final se dejó para una segunda lectura, y no hubo ocasión de debatirlo en segunda lectura; pero si usted lo llega a plantear antes de llegar a la Comisión, gustosamente hubiéramos aceptado la Enmienda esa, lo que pasa es que no hubo tal enmienda formal presentada.

En cuanto al tema de los Consejos de Colegios, bien es cierto que nosotros mantenemos en el texto legal la posición de que no es obligatoria la constitución de los Consejos, porque creemos que se debe dejar a una cuestión más de posibilidad que de obligatoriedad a la hora de la constitución de los Consejos. Porque si también es cierto que hay diversos Colegios que tienen una representación territorial -como ahora existen- regulados por leyes y que son de ámbito estatal y que, por lo tanto, no nos parecía que fuera posible incluso, en algunos casos, de obligarles a constituir un Consejo de Colegios Territorial a algunos colegios que son de ámbito nacional en la actualidad. Por eso se ha mantenido en la Ley, no la obligatoriedad de la existencia de los Consejos Territoriales, sino la posibilidad de que los Colegios provinciales se unieran en Consejos. Por lo tanto... y también por otra razón: porque los Consejos son agrupaciones de Colegios, y éstos -los Colegios- tienen personalidad jurídica propia y capacidad de obrar; y, por lo tanto, lesionaríamos parte de sus derechos si -ya digo- se estableciera la obligatoriedad del Consejo Territorial.

Lógicamente no me voy a referir a la siguiente Enmienda suya, la número 11, puesto que es una Enmienda de Supresión que como lo que hace... -basada en las dos anteriores de los Consejos, la dos y la diez, es la obligatoriedad de la constitución de Consejos-, pues la Enmienda número 11 se la tenemos que rechazar por lógica, ya que lo que está previsto en el texto es la forma de la constitución de estos Consejos.

Y, por último, en cuanto a la última Enmienda suya planteada, la número 12, relativa a la representación es los Consejos de Colegios, lo que tenemos que decir es que no se la hemos aceptado, lógicamente, porque teníamos nosotros una Enmienda del Grupo Popular -la número 44- que incidía también en cambiar la fórmula que se establecía en el Proyecto de Ley y, por supuesto, lo que hemos hecho ha sido apoyar la Enmienda nuestra antes que aceptar o llegar a un tipo de transacción con la suya; pero yo creo que no ofrece muchas diferencias, no ofrece muchas diferencias la redacción que hemos dado nosotros al texto con la Enmienda número 44 a la redacción que planteaba usted.

Y nada más, ya que las ocho enmiendas que prevalecen a este texto ya han sido comentadas y he razonado por qué se las rechazamos también en Pleno.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señora Pérez, para la réplica tiene el palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Empezar por el planteamiento del lenguaje. Usted sabe igual que yo que en Ponencia planteamos ese tema; es decir, no vengan ustedes aquí a decir... Podíamos haber corregido, pero eso es su labor y la de sus redactores el lenguaje que fuera no sexista; simplemente lo planteamos en la Ponencia para que se corrigiera y ustedes no lo han hecho. De todas formas, están a tiempo, esto es un Proyecto de Ley. Y si están tan gustosos como usted nos está planteando... -y, además, supongo que se quedará grabado en el Diario de Sesiones que están completamente gustosos en redactar en términos de genérico o masculinos y femeninos, porque no es el lenguaje de la Real Academia lo que usted nos está planteando-, si están tan gustosos, perfectamente cuando publiquen la Ley pueden retirar todo el lenguaje sexista que pueda tener en su contenido. Y si no saben hacerlo, no se preocupen, ustedes llaman a mi Grupo Parlamentario y gustosamente, en colaboración con otras instancias, corregiremos todos los términos que tenga ese Proyecto de Ley.

En segundo punto... Las enmiendas que ustedes han aceptado es lo de "Castilla y León", "Castilla-León"; es decir, términos exclusivamente de forma y gramaticales las enmiendas aceptadas. Las enmiendas -como usted dice, porque era una cuestión de principios- que podían tener un calado en ese Proyecto de Ley, desde luego ya desde un principio no han estado dispuestos casi ni a discutirlas. Digo casi porque no es verdad que haya habido unanimidad en el Grupo del Partido Popular en esa Ponencia. No ha habido unanimidad en esa discusión; y todavía puedo recordar que cuando debatimos la colegiación obligatoria a poco más convencemos a la mitad del Grupo. Y eso es una pena que no se quede recogido en un Diario de Sesiones. Por la congruencia de los planteamientos, porque estábamos hablando de Administraciones Públicas, y porque, además, ustedes nos llegaron a reconocer en esa Ponencia que sólo querían plantear la colegiación obligatoria para que los médicos y médicas de esta Comunidad Autónoma tuvieran obligación de colegiarse. Es decir, ni había unanimidad ni los criterios estaban tan claros.

(-p.3170-)

Pero, mire usted -y se lo hemos dicho en Comisión respecto a este tema-, cuando hay Sentencias de Tribunales por negligencias ¿dónde se colocan -con todo el contenido social- las Corporaciones de Derecho Público que ustedes están obligando a todos los profesionales y las profesionales a colegiarse?, ¿dónde se colocan? ¿En el interés social?, ¿en el interés de la ciudadanía? No, señor Portavoz del Grupo Popular, usted lo sabe igual que yo dónde se están colocando de antemano. Y para velar por esos intereses, para velar por esos intereses, tienen que ser las Administraciones Públicas y los Tribunales quienes lo estén haciendo.

Y le voy a poner dos ejemplos -y usted lo sabe igual que yo, lo que pasa es que no lo saca aquí-. Es decir, obligan a todo tipo de profesionales a colegiarse para que los médicos y médicas se colegien; y resulta que la cúpula de la organización médica colegial está en entredicho por los Tribunales, y está en entredicho por malversación de fondos, las Corporaciones de Derecho Público que ustedes obligan a colegiarse. Y usted lo sabe. Porque esas cúpulas, ni son tan democráticas, ni tienen una gestión tan transparente; y ahí ha habido que introducir enmiendas para que, de verdad, ya que obligan, tengan una gestión transparente. Pero estamos hablando de una elite, de una elite de poder que a ustedes les interesa porque les está manteniendo en el poder, en esta Comunidad Autónoma y en otras. Y como les interesa y ésa es la cúpula de los Colegios Profesionales, ustedes a todo el mundo le plantean que tiene obligación de colegiarse. Y no le voy a sacar más cartas aquí del gran contenido social, pero las sigo recibiendo mes a mes con el mismo contenido social. Esta vez ya no tengo torneos de golf, los tengo de tenis; ése es el contenido social que tienen que luego velar los Tribunales y las Administraciones Públicas, porque la atención a la salud no son los Colegios Profesionales, son las administraciones públicas las que tienen que hacer los deberes y, al final son las administraciones públicas las que lo hacen, no, desde luego, las paralelas a las que ustedes dan mucho poder.

Pero es que, además, con este Proyecto de Ley que nos han traído aquí, se puede plantear... y de hecho se va a plantear, porque, desde luego hay muchas personas ya, que colegiándose por obligación van a recurrir esa norma. ¿Por qué? Porque ya en el Código Penal que tenemos actualmente ya no se castiga, y ya no se castiga no estar colegiado ni colegiada, ¿sabe usted por qué? Porque dicen claramente que defienden un tipo de intereses corporativos que, en algún caso, trabajando dentro de una Administración Pública, tienen que ser las propias Administraciones las que velen por esos intereses; y que para eso no se necesitan Colegios Profesionales. Por eso cuando se recurra, cuando dejen de tener la colegiación obligatoria, no tendrán ustedes ninguna norma, los colegios no tendrán ninguna norma penal que penalice esa práctica o, si no, al tiempo; a no ser que cambien ustedes el Código Penal -que todo es posible, claro-. No sólo por este tema sino por otros.

Y acabando, acabando, es imposible que ustedes planteen, ustedes prohíban la posibilidad de desarrollar en esta Comunidad Autónoma entes territoriales; algo que se ha planteado ya en la reforma de nuestro Estatuto y ustedes no están posibilitando, que en un futuro se puedan crear Colegios Profesionales de una o de varias comarcas, por un tipo de población, porque tengan un tipo de servicios o porque de verdad en esta Comunidad Autónoma se empiece a potenciar núcleos comarcales que nos hagan salir de verdad de la falta de desarrollo que hay en el medio rural. Como ustedes no piensan plantear ese tipo de desarrollo, no necesitan comarcas; y, desde luego, para qué quieren Colegios Profesionales para defender el interés de la ciudadanía en esos entes territoriales. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de dúplica, señor Vázquez tiene de nuevo la palabra.

VÁZQUEZ REQUERO

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO: Sí, gracias, señor Presidente. La verdad es que prácticamente yo he hecho una exposición enmienda por enmienda, pero tengo que decir poco de las ocho enmiendas, porque usted prácticamente no las ha defendido, solamente se ha referido a dos de ellas. Entonces, únicamente lo que sí que le tengo que decir es que todo el lenguaje sexista que dice usted que hay en la Ley se ha ceñido... -y yo no tengo más ejemplos, porque usted tampoco los ha dado-, solamente en Ponencia se habló de un solo término en toda la Ley, y era cambiar una palabra, que era "ciudadanos" por "ciudadanía". Pero es que eso usted no presentó la enmienda correspondiente para poderlo cambiar, o sea, que no se ha podido hacer. Entonces, ése es el único, el único enganche de términos sexista que hay en toda la Ley, porque en el resto de la Ley no ha planteado usted ningún otro término que fuera sexista. Bien. Me ha parecido bien, ha hecho usted la defensa de la Ley en ese sentido, pero es el único término de toda la Ley que... por la que usted la califica de sexista. Bueno, pues ya está. Pero que no ha presentado la enmienda correspondiente.

En cuanto a la cuestión de la colegiación obligatoria, tengo que decir que, bueno, hay un punto que ahora corresponde al actual Artículo 16, que era el 17.2 -que no enmendó tampoco-, para la colegiación obligatoria. Y es que "para el ejercicio en Castilla y León de cualquier profesión colegiada será necesario pertenecer al Colegio correspondiente": colegiación obligatoria; no lo ha enmendado. Enmendó el punto siguiente, que se refería a la colegiación de funcionarios; pero no el punto dos, que era donde se refería concretamente a la colegiación obligatoria.

(-p.3171-)

Y, prácticamente, no tengo nada más que decir, porque ya le digo... bueno, el tema de las comarcas, que es el otro punto que ha defendido, ya le he dicho anteriormente, y no quiero repetir ni entrar en un debate a la totalidad -que ya se produjo, como ya he dicho, que no iba a responder, que sólo iba a responder a las enmiendas presentadas por usted-. Es que el debate que estamos trayendo en el tema de los Colegios Profesionales es la realidad. Plantear el tema del Colegio Comarcal es una ficción, traspasada -como se le he dicho- de otro debate político que se está produciendo al tema colegial, y que a nosotros nos parece que no tiene lugar ni cabida en esta Ley. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Pasamos al debate de las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista. Para cuya defensa, tiene la palabra el señor González y González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías. Una cuestión de naturaleza previa: veo que se esgrime el argumento del número de enmiendas que se aprueban como talante, como talante del trámite de la Ley. Señores Procuradores del Grupo Popular, si siguen esgrimiendo ese argumento van a obligar a la Oposición a hacer menos enmiendas para mejorar siquiera la redacción de los... -bueno, iba a decir casi una barbaridad- de los impresentables proyectos que nos remite la Junta, y vamos a tener que centrarnos en pocas enmiendas, muy bárbaras o muy de fondo para que ustedes no nos aprueben ninguna.

Y no es ése nuestro talante, siempre hacemos la misma consideración: rechazada la Enmienda de Totalidad -que es la que define la postura de los Grupos-, nosotros estamos dispuestos a tratar de mejorar el texto de la Ley. Pero, desde luego, no a que ustedes permanentemente -en éste y en otros Proyectos- esgriman el número de enmiendas que aprueban como postura de talante ante la Ley. Porque tengo que añadir que de las enmiendas de fondo, de las enmiendas de calado, no han aceptado ni una; prácticamente sólo han aceptado enmiendas que mejoraban aspectos formales de la Ley. Y tengo que añadir que la Ley era formalmente mejorable, muy mejorable. No le voy a decir la cuestión que se dice siempre. Era una Ley que adolecía de defectos de redacción, que tenía problemas de puntuación, que le faltaban puntos y le sobraban comas, que le sobraban párrafos enteros; era una Ley absolutamente mala en ese aspecto. Muchas de nuestras enmiendas, la mayoría de las enmiendas que han sido aprobadas van en ese sentido; incluso, no habiendo enmiendas, hemos tenido que llegar a acuerdos entre los Grupos para mejorar el texto de la Ley. Y yo creo que así ha sido.

Por lo tanto, no se esgrima ese argumento como elemento de debate en esta Tribuna, porque realmente es ofensivo para los Grupos de la Oposición. Y centrémonos en las enmiendas de calado que quedan, que son todas, porque prácticamente todas han sido rechazadas por el Grupo mayoritario en este caso.

Decíamos entonces, cuando se hizo la Enmienda a la Totalidad, que el Proyecto era innecesario -y seguimos manteniéndolo-; que era reglamentista; que era inoportuno -coincidía en su tramitación con una ley que modificaba la Ley de Colegios Profesionales a nivel estatal-; fundamentalmente que era... que defendía los intereses y los privilegios de profesionales y de corporaciones concretas -que, por lo tanto, postergaba el interés general y el interés de los usuarios-; que imponía la colegiación obligatoria y que habría la posibilidad de que se creara una Administración paralela, que los Colegios Profesionales ejercieran funciones administrativas por delegación de la Junta.

Todo eso lo decíamos entonces. Y la verdad es que después del debate en Ponencia y después del debate en Comisión tenemos que decir que prácticamente ninguno de esos problemas se han resuelto. Y la Ley mantiene, a nuestro juicio, los fundamentales defectos que tenía el Proyecto que se presentó en esta Cámara y que, si nadie lo remedia, pasará a ser la nueva Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León para aplicar en esta Comunidad Autónoma.

Tenemos además que decir que a medida que avanzaba la tramitación el Grupo Popular ha manifestado cada vez más prisa en que la Ley se aprobara, y se aprobara en este período de sesiones -lo cual ha redundado en perjuicio de que pudiéramos seguir trabajando en la mejora formal y de fondo de la Ley-, hasta llegar un momento en que, prácticamente, el Grupo Popular ha, prácticamente, cortado lo que era una posible negociación de mejora formal y de enmiendas. Porque el señor Nieto -y yo lo entiendo- tenía, o supongo que tendría, instrucciones concretas de que en este Pleno final la Ley saliera aprobada fuese como fuese y -como dice un célebre tal- caiga quien caiga.

Además, de la tramitación de la Ley, ha surgido alguna nueva pega, que posiblemente no fuimos capaces de avisar en el estudio detenido de la misma antes de su presentación -fundamentalmente ya ha sido apuntado por la Portavoz de Izquierda Unida, pero conviene incidir en ello-, en lo que se refiere al ámbito territorial de los Colegios Profesionales, una pega que a nosotros nos parece fundamental, y es que esta Ley subordina la autonomía legislativa de esta Cámara a los intereses corporativos de los profesionales que integran los Colegios y de los propios Colegios. Y eso a nosotros nos parece absolutamente inasumible.

Y vamos a empezar casi por estas dos últimas cuestiones, que -repito- han salido a lo largo del debate de la Ley. Y, por supuesto, yo no voy a hablar de enmiendas concretas. Podría decir que, empezando por el ámbito territorial de los Colegios, me referiría a nuestras Enmiendas números 5, 7 y 24. No merece la pena, porque después las vamos a votar individualmente. Hagamos un análisis de fondo de la cuestión, que yo creo que tiene mayor interés.

(-p.3172-)

En estos momentos se está debatiendo la Reforma del Estatuto de Autonomía. Y los Grupos Parlamentarios, todos, hemos llegado al acuerdo de que el nuevo Estatuto de Autonomía tiene que abrir la posibilidad a la existencia no sólo de una comarca, sino de las comarcas que sean precisas, en función de lo que opine cada Gobierno en cada momento. Por lo tanto, el nuevo Estatuto -como es obvio- no crea las comarcas -aparte de la que ya está creada-; pero posibilita que, en función de las mayorías que gobiernen en cada momento, se puedan o no se puedan crear comarcas.

Y yo creo que esa filosofía nueva del Estatuto tiene que derramarse en toda la legislación sectorial que exista; de manera que si alguien alguna vez -y no con la contundencia que el Portavoz, hasta ahora, del Grupo Popular ha dicho- alguien opina, alguien que no sean ustedes, otros, opinan que puede haber Colegios Comarcales, la Ley se lo permita. Porque la Ley no crea los Colegios Comarcales, posibilita la existencia de Colegios Comarcales; exactamente igual que dice el Estatuto, exactamente igual: no crea las comarcas, pero posibilita que, en función de las mayorías y en función de las ideologías de la gente que esté en cada momento en el Gobierno, puedan existir comarcas y, por lo tanto, puedan existir también Colegios Profesionales Comarcales.

Por tanto, repito que eso es una muestra de apertura, y además es una muestra de concordancia entre el espíritu nuevo del Estatuto y lo que esta Ley pueda decir. Porque, tal y como está redactada, impide -salvo modificación expresa de la Ley en esos apartados- que existan Colegios Profesionales Comarcales. Y no tiene sentido impedirlo por la Ley. Y lo impedirá el ejercicio razonable de la política de cada Gobierno en cada momento, pero no por la Ley. Porque la Ley permitiría -y debería permitir a mi juicio- que el ámbito de los Colegios Territoriales fuera el que fuera, o fuera el que fuese, en cada momento aprobado por las mayorías parlamentarias que existiesen.

Por lo tanto, a mi juicio, existe una contradicción evidente entre el espíritu en este caso concreto de la Ley y el espíritu que rige... y además el Ponente va a ser el mismo, por lo tanto, podemos perfectamente entender o no podemos entender demasiado cómo puede existir esa especie de dicotomía en la actuación del mismo Ponente en la misma materia en dos Leyes diferentes.

Y tengo aquí la redacción que se le va a dar al Estatuto, y en concreto: "es, asimismo, el ámbito territorial ordinario para el cumplimiento de..." -y se refiere a la provincia- "...sin perjuicio de que ésta pueda establecer otros que resulten adecuados". Y más adelante: "Mediante Ley de las Cortes podrán regularse con carácter general la organización y funcionamiento de las comarcas". No crea comarcas. Bueno, pues por esta Ley, deberíamos -a mi juicio- pensar que si alguna Ley crea comarcas, y si alguna vez los gobernantes o este Parlamento por ley también o por decreto crea Colegios Profesionales, debiera poder existir esos Colegios Profesionales.

El segundo... la segunda cuestión que nos ha preocupado de la lectura de esta Ley es la pérdida de autonomía legislativa de este Parlamento. ¿Y por qué decimos esto? Podría decirle también que son las Enmiendas 22, 23 y 33, porque es evidente que a este Pleno vamos a traer el debate de las enmiendas de sustancia y no las enmiendas que, a pesar de seguir persiguiendo la perfección formal de la Ley, han sido... no han sido aceptadas por Sus Señorías.

Dice: "La creación de Colegios Profesionales en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se realizará mediante petición mayoritaria y fehacientemente expresada de los profesionales interesados por ley de las Cortes de Castilla y León". Bueno. O sea, que estamos obligando a este Parlamento a que legisle en función de la petición previa de unos colegiados. Yo creo que eso no tiene sentido. Este Parlamento legislará si lo estima oportuno, si los Grupos Parlamentarios lo deciden; pero no, desde luego, a instancias de un grupo de personas que tienen y defienden sus propios intereses y que condicionan de manera clara la... las leyes que se pueden hacer aquí.

La iniciativa legislativa nunca ha correspondido a los profesionales; la iniciativa legislativa corresponde a los Grupos Parlamentarios y, por lo tanto, somos los Grupos Parlamentarios los que tenemos que traer aquí proyectos de ley. Otra cosa es que los hayamos debatido, los hayamos consultado, los hayamos dialogado, hayamos reunido a los Colegios, a los profesionales, y hayamos llegado a los acuerdos pertinentes. Pero si este Parlamento decide que hay que crear un Colegio Profesional de una profesión y lo deciden todos los Grupos Parlamentarios, o la mayoría suficiente, sería exactamente igual que los profesionales dijeran que no o que sí, porque no tienen la capacidad legislativa y porque nadie se la reconoce. Y, por lo tanto, en este sentido no tiene, desde luego, de ninguna de las maneras.

Artículo 9: "La fusión de Colegios pertenecientes a distinta profesión mediante la constitución de uno nuevo se realizará por ley de las Cortes de Castilla y León, a propuesta de los Colegios afectados". O sea, que si esta... si estas Cortes, en defensa del interés general, deciden que hay que fusionar dos profesiones y la creación de un nuevo Colegio, y los profesionales se niegan, no hay forma de hacerlo. Una vez más, el interés general, que sería ése: adecuar la realidad jurídica a la realidad social, queda impedido porque ustedes añaden aquí la coletilla de que "a propuesta de los Colegios afectados". Una vez más, la iniciativa legislativa de este Parlamento queda supeditada a las iniciativas y a los intereses profesionales de corporaciones que, por mucho que se diga en el Título de la Ley que son de Derecho Público, en la realidad funcionan por el interés privado. Y los Colegios Profesionales -diga quien lo diga- funcionan en el 99% de los casos en defensa del interés privadísimo de algunos profesionales, de algunos profesionales.

(-p.3173-)

Desde luego, dudo -y ya enlazo con ello- de dos frases que se contienen en su Exposición de Motivos. Una de ellas que dice que "los Colegios tienen transcendencia social". Bueno, pues será porque lo dice la Ley; pero, desde luego, ningún Colegio tiene transcendencia social. Podrá tener presencia social, podrá decir cosas, podrá opinar... En algunos Colegios, como en el mío, o como el que era el mío, nos tenían... existía... -y ese debate fue interesante-, se llegó a la conclusión de que el Colegio como tal no se podía manifestar sobre razones... sobre cuestiones públicas o políticas, que sólo sobre las profesionales. ¡Vaya Corporaciones de Derecho Público en las que estamos!

Por lo tanto, desde luego, transcendencia social, ninguna. Y, por lo tanto, debería suprimirse cualquier referencia -y este caso es en la Exposición de Motivos- a la trascendencia social de los Colegios Profesionales. Porque, además, en ningún otro sitio de la Ley se recoge esa trascendencia social; solamente en la Exposición de Motivos.

Y después, el interés público. Bueno, pues, una cosa es que sean Corporaciones de Derecho Público nominalmente, y otra cosa es que sean de interés público. Desde luego, yo considero que los Colegios Profesionales, que -repito- defienden los intereses profesionales de profesiones y de conjuntos de personas, no tienen por qué ser de interés público. Serán Corporaciones de Derecho Público, porque así lo dice la Ley, no porque funcionen como tales; pero decir en el Preámbulo y en la Exposición de Motivos que son además de interés público, nos parece absolutamente excesivo y yo creo que sigo insistiendo en que deberían cambiarse.

Pero la mejor demostración de que los Colegios Profesionales defienden intereses privados, privadísimos, y que la Junta y esta Cámara va a votar que sea así, es la siguiente. Enmienda número 15: "Los Colegios... los Consejos de Colegios o, en su defecto, los Colegios serán oídos en la aprobación de disposiciones administrativas de carácter general que elabore la Administración Autonómica y afecten a derechos e intereses de los colegiados". Pero bueno, ¿es que... es que la Administración escucha a los trabajadores de la construcción o a otros muchos, específicamente, para elaborar las normas que les afectan? No. Escucha a sus sindicatos, escucha a sus representantes sindicales; ellos están representados en el CES. El Consejo Económico y Social dictamina preceptivamente las normas de carácter general y las Leyes que se tramitan en esta Cámara, y ahí están representados los intereses profesionales, ahí están representados los sindicatos y representantes de los trabajadores, que son a los que hay que oír. Pero hacer un trámite paralelo, para que los Colegios Profesionales, o sea, para las elites, para los de las autovías -que decía esta mañana- emitan una opinión sobre normas de carácter general que afecten a sus derechos e intereses. ¡Pero bueno, pero bueno, por favor, en qué cabeza cabe la habilitación de un trámite especial para que determinadas profesiones manifiesten sus derechos o intereses ante determinadas normas de carácter general!

Y desde luego, eso se ratifica en el Artículo 25, cuando corresponde... dice que, "corresponde a los Consejos Profesionales... a los Colegios y a sus Consejos informar todas las normas que prepare la Junta sobre las condiciones del ejercicio profesional, ámbitos de actuación, régimen de incompatibilidades, etcétera". ¿Pero desde cuándo a los trabajadores de esta Comunidad Autónoma, a los trabajadores de la construcción y otros muchos sitios, se les permite informar de... específicamente y por trámite paralelo sobre todas esas cuestiones?

Es una muestra más de que esta Ley está al servicio puro y duro de determinadas corporaciones profesionales. Y no tiene sentido. Intégrenles ustedes a los Colegios en el Consejo Económico y Social si quieren. Que opinen allí como los demás. Pero crear procedimientos paralelos para que las profesiones de elite opinen sobre normas de carácter general me parece impropio de la aprobación de esta Cámara. Y serán ustedes responsables además de que se apruebe una cuestión de tamaña naturaleza.

Desde luego... en cambio, la Ley es timorata en otras cosas, dice: "se podrán crear los Consejos de Colegios Profesionales de Castilla y León". No. Si queremos que esta Comunidad tenga ese ámbito y esa condición en todos los aspectos de la vida, será necesario que esta Ley cree los Consejos de Profesionales de Castilla y León; cree los Consejos. Y, por lo tanto, no que "se podrán crear", sino que se creen por esta Ley; y los Colegios Profesionales de Castilla y León se integren necesariamente en los Consejos de Colegios que se creen precisamente en esta Ley.

Desde luego, nos parece que la posibilidad que se abre en esta Ley a que los Colegios ejecuten y realicen tareas administrativas paralelas o delegadas por la Administración, nos parece grave y, por lo tanto, pedimos que se suprima expresamente el Artículo 26 de la Ley, y además, crear en un adicional que existe, añadir que cuando... que los Colegios Profesionales no podrán realizar tareas administrativas encargadas por la propia Junta de Castilla y León. Sería la forma de cerrar que los Colegios Profesionales pudieran ejercer funciones administrativas por delegación de la propia Junta.

Y por último, llegamos a un tema candente, que es la colegiación obligatoria. En ese tema hemos debatido tanto en Ponencia, como en Comisión, muchísimo. No hemos sido capaces de lograr acuerdos. ¿Por qué? Porque ustedes defienden de manera absolutamente numantina la colegiación obligatoria para el ejercicio de la profesión, amparándose en dos cuestiones: que hay una Sentencia del Tribunal Constitucional que dice que la colegiación obligatoria no es inconstitucional; y, en otra, que es que lo dice la legislación básica del Estado.

(-p.3174-)

Pongo en cuestión ambas cosas. El que haya una Sentencia que diga que la colegiación obligatoria no es inconstitucional, no quiere decir que... porque no existe, que no... que la colegiación no obligatoria no sea también constitucional. Por lo tanto, a mi juicio, deberíamos elegir la postura más conveniente a la Comunidad Autónoma en esta cuestión, y no la más conveniente a los Colegios; porque yo estoy absolutamente convencido de que si los colegios no tuvieran colegiación obligatoria para el ejercicio libre de la profesión, los Colegios se morirían solos. En muchos casos de asco, porque no sería... no habría nadie que se colegiara en los Colegios. Muchos colegiados... estoy absolutamente convencido que así sería, y los intereses de los ciudadanos estarían perfectamente legitimados y defendidos porque los profesionales serían exactamente los mismos. Por lo tanto, no parece razonable el asunto.

Y la segunda cuestión, la segunda cuestión que llegábamos, nosotros proponíamos dos Enmiendas: una la supresión simple y dura de la colegiación obligatoria; y segundo, que sólo fuera obligatorio colegiarse cuando las normas que regulan un trabajo sea obligatorio. Por ejemplo, un Ayuntamiento exige la colegiación de un colegiado... de un técnico y, si no, no admite el trabajo; y entonces ese colegiado, o hace el trabajo y se colegia, o no lo hace. Punto. Pero solamente como cuestión indirecta, no como obligación primaria.

Y segunda cuestión, la colegiación de los funcionarios. Y ahí, desde luego, tuvimos... pues de todo. Y al final, ya lo ha lanzado la Portavoz de Izquierda Unida, es que ustedes dicen que los... o sea, una especie de disquisición extraña, que no es obligatoria la colegiación de los funcionarios que trabajen para la Administración, salvo cuando el destinatario de la Administración... de los trabajos no sea... el destinatario inmediato no sea la Administración. O sea que va por los señores doctores (reconocido expresamente en la Ponencia y en la Comisión). Y yo les decía, pongan ustedes los médicos... pongan ustedes los médicos. Ustedes quieren que estén colegiados obligatoriamente los médicos, pónganlo; pero no abran un melón como éste, porque al final resulta que los veterinarios, por ejemplo, tampoco tienen como destino inmediato el trabajo de la Administración, sino la vaca. Y resulta que como es la vaca, que es en este caso el enfermo -o el cochino, o el pollo, o la gallina-, y no es el enfermo humano, pues también a ésos, como el destinatario inmediato no es la Administración, les obligamos a colegiarse. O sea, que por... porque ustedes no quieren, porque no será políticamente rentable, porque no les da la gana, por lo que sea, no quieren escribir explícitamente los médicos, van a liar en el mismo saco a una serie de profesiones que no tienen mucho interés.

Por tanto, yo creo que hay que tomar una alternativa razonablemente clara en esas cosas. Y es que los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones como tales, no tienen la obligación de estar colegiados.

Y desde luego, hay que suprimir que los Colegios sean los defensores de la profesión. Es que yo... yo es que eso de la profesión no lo puedo entender, es un concepto jurídico indeterminado, que nadie ha dicho nada y, desde luego, yo que no estoy colegiado, y creo que soy un profesional puesto que tengo la titulación necesaria para ejercer, no quiero que me defiendan los Colegios. Y esta Ley conculca mis derechos. Si no quiero que me defiendan los Colegios; si no, estaría colegiado. Y sin embargo, eso no va a quitarle la capacidad profesional que otros, el Ministerio de Educación y Ciencia en su momento, me ha reconocido. Por tanto, de una vez por todas, eliminemos esas palabras que tienen una simbología, que son ideología pura... Y no pongamos que los Colegios, al final, son los defensores de una cosa que se llama profesión, porque es que se me abren bastante las carnes ante cuestiones como ésas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para consumir un turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nieto Noya tiene la palabra.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señor Presidente. Señorías. A medida que he ido escuchando la disertación del señor González -don Jaime-, iba casi cayendo en la tentación de limitarme a replicar a las consideraciones que él ha hecho aquí, desde esta tribuna; pero, me voy a resistir a esa tentación, porque, si así hiciera, estaría cayendo en la trampa de creer que el contenido de la Ley que estamos debatiendo, y de las sesenta enmiendas que ha presentado y mantenido para este Pleno el Grupo Parlamentario Socialista eran toda la Ley.

Aquí, tanto en una intervención anterior, como en esta última, hemos oído juicios, criterios de diversa naturaleza, sobre lo que debe ser o lo que no debe ser.

Yo quiero recordar en el frontispicio de esta intervención que los Colegios Profesionales no son un invento de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que los Colegios Profesionales están sometidos a una legislación de carácter estatal. Legislación de carácter estatal, por cierto, bastante escasa, pero que yo voy a centrar concretamente en la Ley del setenta y cuatro, con sus reformas del setenta y siete, del setenta y ocho, del ochenta y seis, del noventa y seis y del noventa y siete, con un largo lapso de años en los que gobernó el Partido Socialista en España y no ha escrito ni una sola línea sobre la regulación de los Colegios Profesionales.

(-p.3175-)

Pues bien, de estas Leyes que he citado, hay algunos apartados, algunos párrafos, algunos artículos que están expresa y declaradamente establecidos como normas básicas de obligatorio cumplimiento en todo el territorio español, también por las Autonomías, también por los Gobiernos Autónomos y por los Parlamentos Autónomos. Pero hay un conjunto normativo que es anterior a la Constitución, y que si no ha sido declarado expresamente norma básica es porque no se ha tratado en conjunto en el problema... el problema, pero que hay la obligación expresa -también establecida por la Ley del Proceso Autonómico- de que las legislaciones de las Comunidades Autónomas sobre Colegios han de respetar la normativa del Estado.

Por tanto, hay un marco sustantivo en lo que a los Colegios se refiere que no es de nuestra libre competencia, que tenemos que someternos a esa legislación que está establecida con carácter general, buena o mala, nos guste o no nos guste -y, desde luego, al señor González está claro que no le gusta en absoluto-.

Dicho esto, se mantienen para este Pleno sesenta enmiendas, y voy a hacer un muy breve repaso por las enmiendas que se han mantenido para este Pleno: sesenta enmiendas. De ellas, cuarenta y cinco enmiendas son de supresión; lo que se propone es suprimir términos, o frases, o artículos, o párrafos de artículos, o párrafos completos de artículos. De las cuarenta y cinco, treinta y cuatro suprimen párrafos completos; once suprimen términos especiales que aparecen en la redacción de algún artículo.

Pues bien, Señoría, yo para que tenga una idea panorámica de cómo están las cosas. De éstas cuarenta y cinco enmiendas de supresión, todas se refieren a contenidos que están recogidos en normativa del Estado -que para nosotros es normativa básica, para nosotros es normativa básica-. Treinta y ocho... treinta y ocho de los contenidos de la Ley que se quieren suprimir con estas enmiendas están incluidas en las leyes del Estado; y, de ellas, algunas... de estos treinta y ocho, unos cuantos están expresamente declarados normativa básica en la reciente Ley del mes de abril que ha retocado algunos aspectos parciales de la normativa sobre Colegios. Y las siete enmiendas restantes de supresión, suprimen... intentan suprimir preceptos o declaraciones que completan o precisan el régimen jurídico o el régimen de funcionamiento de los Colegios, o que son recordatorios, para nosotros convenientes siempre, útiles siempre para los destinatarios de la Ley. No sé si estos siete... -mi análisis de la legislación no ha llegado hasta este punto, porque me ha costado bastante repasar todas las normas-, no sé si alguno de estos siete que yo pongo separados están contenidos en alguna otra norma, pero me da lo mismo. Desde nuestro punto de vista, son preceptos útiles, convenientes y aclaratorios en el contexto de la Ley. Si nosotros suprimiéramos de las leyes lo que pretende el Grupo Socialista con sus planteamientos, entonces la mitad... vamos, el 80% de nuestra legislación autonómica habría que borrarla del Boletín Oficial. Y esto no es posible.

Yo acabo de mencionar el aval que para el contenido de nuestra Ley se deriva de la contemplación de las leyes del Estado y de las leyes de otras comunidades autónomas; porque hay otras Comunidades Autónomas que han legislado ya la materia. No lo digo como norma suprema, porque tanto una ley del Estado como una ley de una Comunidad Autónoma se pueden equivocar, y también nosotros nos podemos equivocar en la redacción de esta Ley; no lo digo como...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: (Intervención sin micrófono).

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Sí, señor González, claro que nos podemos equivocar; y yo le pondría... yo le pondría a usted unos cuantos ejemplos de iniciativas suyas que hemos acogido en Ponencia y que luego hemos tenido que rectificar en la propia Ponencia porque nos había llevado a un mal camino y a un callejón sin salida. Todos podemos equivocarnos, todos. Pero el hecho de que haya tanta coincidencia en mantener en la normativa sobre Colegios todo este conjunto de preceptos que ustedes quieren suprimir, algo significa para quien no esté poseído por la soberbia de tener contacto con la sabiduría divina y de no equivocarse nunca. Y para nosotros, para nosotros, ésta es la actitud básica con la que nos hemos acercado a este Proyecto de Ley.

En definitiva, respecto a este conjunto de enmiendas, que son cuarenta y cinco; y si usted quiere, se las detallo una a una, vamos -cuarenta y cinco-, pero iba a perder el tiempo. Y no tendría inconveniente en debatir una a una. Pero miren, Señorías, debatiríamos una a una y, al final, llegaríamos siempre a la misma conclusión: que hay dos opiniones diferentes; el señor González pretende que se aplique la poda y nosotros creemos que está bien como está. Y no podríamos pasar de ahí, no podríamos llegar a otro punto de confluencia. Por lo tanto, voy a renunciar a hacerlo, aunque usted se ría, señor González. Ya le he dicho en Comisión que se ría, que eso es bueno, que es saludable, que eso dicen que produce salud.

(Murmullos. Voces.)

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: También, también.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor. Silencio.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Señorías, quedan, por tanto, de este largo bloque de sesenta enmiendas, quedan quince más. Que muy por encima, no con los matices y las agrupaciones que ha hecho el señor González, pero que voy a intentar, esquemáticamente y muy precisamente, comentar una a una con toda la brevedad, ordenadas con estos grupos: una enmienda de refundición de párrafos, nueve enmiendas que presentan alguna alternativa y cinco enmiendas que presentan alguna adición. Y en éstas saldrán los temas que ha planteado el señor González, todos. Aunque no le voy a dedicar tanto refuerzo, tanta intensidad en la defensa de nuestra postura a favor de la Ley como la que él ha puesto en decir lo contrario. Es un problema de opinión.

(-p.3176-)

La Enmienda número 8 pretende refundir los dos párrafos que contiene el Artículo 1 de la Ley. Es, una vez más, una cuestión de opinión. A nosotros nos parece que en el frontispicio de la Ley está muy bien como está; y nos parece muy bien separar un párrafo para Colegios y otro párrafo para Consejos; porque los Consejos son uno de los elementos novedosos, importantes, que se crean en esta Ley. Refundirnos en uno no nos parece lo más adecuado.

Y segundo: una referencia a la legislación básica del Estado, que el señor González intenta siempre barrer en toda la Ley, y desde luego... Decir que la Ley básica del Estado no tiene por qué obligarnos, porque nosotros podemos legislar de otra manera; y si el Estado no está de acuerdo o los órganos del Estado no están de acuerdo con nuestra legislación, que la recurran ante el Tribunal Constitucional. Actitud que nosotros no hemos admitido en ningún momento a lo largo del debate, en ningún momento, señor González.

Las Enmiendas 66 y 68 -hablo por el orden en que fueron presentadas, de las que presentan alguna alternativa- son o se refieren al Artículo 16; la primera, al primer párrafo, y la segunda, al segundo párrafo. La primera establece dos alternativas -que ha recordado el señor González hace un momento- para la colegiación; dos situaciones en las que la colegiación debería ser obligatoria. Pues bien, como tantas veces a lo largo de nuestros debates en Ponencia y en Comisión, nos encontramos frontalmente con la regulación expresa de la normativa básica, recientemente recordada y aprobada en el Congreso de los Diputados, después de haber pasado por el Congreso y por el Senado previamente, con el asentimiento del Grupo Parlamentario Socialista, tanto en el Congreso como en el Senado. Aquí los socialistas piensan de otra manera; pero hay que señalar estos contrastes también. Porque allí se dice expresamente que la colegiación será obligatoria para el ejercicio de las profesiones colegiadas en todo el territorio nacional; y no hay excepciones.

Y el segundo punto se refiere a la colegiación de los funcionarios. Y en esta Enmienda se trata de suprimir absolutamente la obligación de colegiarse a los funcionarios. Este tema fue ampliamente expuesto por el señor González. Nuestro Proyecto tiene una formulación, que puede no resultar plenamente satisfactoria -eso es muy subjetivo-, que puede dejar algún resquicio de duda para la aplicación en algún caso concreto -también lo asumimos-; hasta ahí llegaron nuestras vacilaciones, pero no más allá. Pero una cosa son las actividades administrativas de los funcionarios, sus funciones administrativas, y otra cosa es el ejercicio... o el desarrollo de actividades propias de una profesión desde la condición de funcionario público. Y esto son cosas que tienen que tener un tratamiento diferenciado. La Ley intenta un tratamiento para decir que los funcionarios no estarán obligados a colegiarse para el ejercicio de sus funciones administrativas; y que, en el supuesto de ejerzan actividades propias de una profesión, deban colegiarse solamente en aquellos casos en que el destinatario inmediato de la actividad profesional no sea la propia Administración. Porque ahí están comprometidos intereses de un ejercicio profesional que va mucho más allá de la función puramente administrativa. Y, como yo le decía en Ponencia, entre el bisturí de un ciudadano y la vida de una persona no hay Administración que valga; ahí hay una responsabilidad profesional directa del profesional, del profesional, que no está realizando ningún acto administrativo.

Que mencionemos expresamente los médicos o no, es el mismo problema que se ha planteado en el Senado y en el Congreso con el caso de los Procuradores; y que don Jaime González me dijo en el último debate, en el Debate de Totalidad, dice que no ha tenido éxito el planteamiento de su Enmienda porque no ha sido declarado básico; pues sí señor, ha sido declarado básico, ha sido declarado básico el tema de los Procuradores, pero sin mencionar a los Procuradores, sino describiendo una situación, por si es aplicable a otro tipo de funcionarios. Esto es exactamente lo que hace nuestra Ley, y con lo que estamos -desde luego- totalmente de acuerdo; y no estamos dispuestos a modificar una situación profesional que, hoy por hoy -y aunque lo dijera nuestra Ley-, es la misma en toda España, en virtud de los estatutos generales de la profesión médica, que tienen validez, que tienen valor de ley para toda España. No queremos poner personas, funcionarios o profesionales de nuestra Comunidad en condiciones distintas de las que tenga el resto del conjunto del país.

La Enmienda 71, bueno, reduce a uno los tres apartados del Artículo 18, y dice: "Se crean los Consejos de Colegios". Pero don Jaime, si yo le he dicho hasta la saciedad que la Ley del Proceso Autonómico dice literalmente: "Podrán crearse...", "podrán crearse, de acuerdo con los Colegios afectados y a iniciativa de los Colegios afectados", y nosotros adoptamos esta postura de respeto a lo que digan los colegiados, en cumplimiento de unas leyes de carácter general, que echamos en falta, señor González. A mí me gustaría que la Administración del Estado abordase de una vez por todas un tratamiento global y no parcial del problema de los Colegios Profesionales.

(Como... ¡Ah!, ya no parpadea. Creí que estaba parpadeando.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Sí, sí, sí.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: No, no, se ha parado. No, no. No, no, no, no es posible, no he gastado media hora. Eso no es cierto, no. No es posible.

Bien. Tenemos diferentes alternativas.

(-p.3177-)

Otra en la Enmienda número 72, que es del mismo tipo. Aquí, en vez de decir "se crean", dice: "se constituirán...", "los Colegios Profesionales se constituirán en Consejos". Estamos en la misma. Es un atentado directo contra lo que dice la Ley del Proceso Autonómico, que nosotros respetamos, nos guste más o nos guste menos; a unos más y a otros menos.

Y luego hay otras que son de menos calado. Por ejemplo, la Enmienda número 76 pretende decir... donde dice que "los Consejos coordinarán la actuación de los Colegios que los integran", pretende que se diga "la actuación de sus miembros". Y nosotros le hemos dicho que ésta es una expresión más ambigua, porque los miembros de los Colegios pueden ser las personas que... de los Consejos, pueden ser las personas que constituyen el Consejo, y no los Colegios, que son los que coordinan los Consejos de Colegios.

Lo mismo en la representación. Atribuyen a los Consejos, en otra, la representación de los colegiados. Pues no es verdad, porque la representación de los colegiados la tienen los Colegios; y los Consejos representan al conjunto de los Colegios, y -le guste o no le guste a don Jaime González- a la profesión, le guste o no le guste.

Bien. La 78, la 78 trata de imponer el arbitraje a cargo de los Consejos en determinados conflictos entre colegiados de diferentes Colegios. La Ley contempla el arbitraje, y con una fórmula aportada por una Enmienda del Grupo Popular, creo que nos hemos situado mucho más ajustados a términos de Derecho y es una solución satisfactoria. Pero nuestra Enmienda y, por tanto, el futuro texto de la Ley no dice, no dice que sean los Consejos los que arbitren, sino que los Consejos pueda promover la solución de conflictos por procedimientos de arbitraje -que es mucho más ajustada al concepto de arbitraje en términos jurídicos, en términos legales-.

Hay otras, como por ejemplo dos Enmiendas que se dedican a sustituir el concepto de "actos de los Colegios sujetos al Derecho Administrativo" por "actos administrativos". Señor González, no son la misma cosa. Exactamente. No son la misma cosa. Los actos administrativos no son actos sujetos a Derecho Administrativo. Es decir, todos los actos administrativos pueden estar sujetos a Derecho Administrativo; pero hay aspectos de actos administrativos que están sujetos a otro tipo de derechos: al Derecho Civil, al Derecho Penal, al Derecho Laboral; y son actos administrativos. No son, por tanto, lo mismo. Y usted modifica la naturaleza del precepto que aparece en la norma, que distingue claramente entre Derecho Administrativo, Derecho Civil y Penal, y Derecho Laboral.

Y así podíamos seguir diciendo.

Un par de comentarios sobre las adiciones. Hay cinco enmiendas de adición. Una, la número 4, a la Exposición de Motivos, en que deja el ámbito, la facultad de colegiación, a elección de los profesionales; porque donde dicen que los Colegios... que en los Colegios se agrupan los profesionales... dice, las personas que ejercen una determinada profesión, pretenden añadir: "los profesionales que lo deseen o que lo precisen". Claro, pero estamos contradiciendo un artículo básico de la última Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, después de revisión en el Congreso, revisión en el Senado, y vuelta al Congreso; y está firmemente consolidada.

Hay tres enmiendas que se refieren a la comarca. Señor González, no me confunda usted... vamos, bueno, iba a decir una expresión que no es oportuna. Bien. No, no confunda usted: "estamos en una Ponencia debatiendo la reforma del Estatuto". Pero, ¿qué tiene que ver la reforma del Estatuto y de la organización administrativa, o la Administración Territorial de la Comunidad con los Colegios Profesionales? En absoluto. No tiene, en absoluto, nada.

(Murmullos.)

NIETO NOYA: Y

EL SEÑOR NIETO NOYA: Y, mire usted, nosotros, nosotros entendemos que el ámbito provincial es el más adecuado, entre otras razones porque es el que hoy existe. Es decir, es el ámbito territorial mínimo que existe en toda la legislación sobre Colegios Profesionales, el mínimo. Y hay un ámbito máximo, que es toda la nación, todo el territorio nacional, como hay algún Colegio. Y entre eso, tiene usted toda clase de gamas.

Pues la tendencia actual entre la legislación autonómica es que el ámbito territorial sea el de Comunidad Autónoma. Para no incidir de una forma determinante en los... en la situación actual de los Colegios, decimos que, como mínimo provincia, o varias provincias, o toda la Comunidad. Pero la tendencia actual -repito- en toda la legislación autonómica... Y todos los Colegios que se han creado en Cataluña y todos los Colegios que se han creado en Canarias -y no digo los de Asturias, porque no puede ser de otra manera-, son Colegios de ámbito de Comunidad Autónoma.

Y, luego, pretenden decir... el tema de la delegación o no delegación. Mire, en el Proyecto no hay ni una sola línea, ni una sola expresión que hable de la delegación de actividades o de funciones administrativas. Habla de convenios, pero no de delegación. Se pueden convenir la realización de determinadas actividades de interés común, pero no de delegación administrativa.

Por tanto, primera premisa: el Proyecto no dice que tiene que haber delegación o que pueda haber delegación, pero, segundo: el pretender expresamente prohibir la delegación, nos parece ir más allá de donde debe ir esta Ley. Entre otras razones, porque esa delegación está concebida y autorizada, una vez más, por la legislación del Estado que nosotros consideramos básica -y vuelvo a decirle-, Ley del Proceso Autonómico.

(-p.3178-)

Contemplando el conjunto de cosas que hemos visto desfilar por este Pleno en lo que va de tarde, ¿eh? -y yo me he animado un poco, porque estaba muy cansado después de comer; pero, vamos, en el debate me he animado un poco, como suele ocurrirme, como suele ocurrirme-. Pues, yo tengo que decirle, señor González que, lamentándolo mucho, y lamentando que no hubiéramos podido llegar a algún acuerdo más... -que estuvimos a punto, pero que dependiendo de estados de ánimo, en fin, pues se han frustrado-. Pues digo que, lamentándolo mucho -o luego, a lo mejor tengo oportunidad de decir algo de esto-, lamentándolo mucho, no podemos aprobar ninguna de las sesenta enmiendas que mantienen para este Pleno.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor González, para la réplica, cuando lo desee.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. En primer lugar, yo tengo que declarar -y lo hago con gusto, públicamente- que el trabajo realizado en la Ponencia y en la Comisión ha sido un trabajo yo creo que intenso, y en ello ha tenido buena parte en los esfuerzos -ya que el me llama don Jaime, yo le llamaré don José; no me gusta un pelo, pero bueno-, pues, que don José ha realizado. Y yo le tengo además que reconocer, expresamente, que ha trabajado intensamente, que ha estudiado mucho -como todos, pero a lo mejor más que ninguno-, y el agradecimiento al talante de la Ponencia y al debate está reconocido.

Por lo tanto, lo quiero manifestar expresamente así, porque yo creo que así ha sido, con independencia de lo que aquí en este momento y en el calor del debate podamos decir cada uno.

Por lo tanto, yo creo que, acertemos o no, buena parte de mérito, o demérito, que tenga la Ley es fruto del trabajo de la Ponencia, y, especialmente, la del Ponente del Grupo Popular. Porque hay que reconocer que la Ley había que coserla, había que reformarla, y había que matizarla mucho, porque el texto que nos llegó desde la Junta admitía ese tipo de trabajos; exactamente igual que los han admitido otros Proyectos de Ley, que han llegado a esta Cámara y que han sido vueltos del revés, más que éste, más que éste en el trámite parlamentario-. Y recuerdo -porque siempre lo hago- la Ley de Defensa de los Ecosistemas Acuáticos y de Regulación de la Pesca en Castilla y León, que desde el título hasta el último artículo fueron retocados, modificados por un trabajo intenso de Ponencia. Por lo tanto, así son las cosas.

Pero, dicho eso, yo creo que usted en su intervención ha reconocido algunas cuestiones. No las ha reconocido directamente, pero de sus frases se deducen. En primer lugar me dice: "le guste o no le guste a don Jaime los Colegios representarán a la profesión". Bueno, pues yo le voy a decir una cosa: yo soy un profesional -aparte de que en estos momentos y coyunturalmente mi ejercicio sea la política- y a mí no me representan los Colegios. Me niego en redondo, aunque usted lo diga. ¿Qué le vamos a hacer, don José?

(Risas.)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Don José, debiera usted dejarle la discusión a su compañero de escaño, que parece que tiene mucho ánimo y muchas ganas; y a lo mejor podíamos debatir intensamente, que parece que viene con la boca caliente. Habrá hecho un viaje de León aquí un poco accidentado. Bien.

Segundo: usted reconocía, usted reconocía en su intervención que todos los estatutos generales de la profesión médica decían que los médicos funcionarios tenían que estar colegiados. Luego ha rebajado usted el nivel de esta Ley. Usted hablaba de que esta Ley se regía por la Constitución, por las leyes básicas, etcétera; y ahora está usted reconociendo expresamente que estamos regulando la colegiación obligatoria de los funcionarios estrictamente en función de los intereses de la profesión, de los estatutos generales de la profesión médica. No de normas generales, no de la Constitución, no del interés general, no del interés de los usuarios; sino de lo que dicen los estatutos generales de los Colegios de Médicos. Y eso me parece excesivo, porque ya no sólo tenemos las... no sólo tenemos las limitaciones que imponen determinadas cuestiones, sino que además tenemos ya la imposición directa, indirecta de lo que dicen los estatutos de los Colegios de Médicos.

Y yo creo que ese reconocimiento expreso de que los intereses de una profesión han condicionado el desarrollo de la Ley, pone de manifiesto que esta Ley es imperfecta, porque, realmente, eso es inadmisible.

Por lo tanto, que toda la colegiación de todos los funcionarios públicos de esta Comunidad Autónoma dependa y se haya redactado en función de que una profesión, que sus estatutos dicen que tienen que estar colegiados, sea incardinada y metida a puñetazos en la Ley, para que esa profesión sea así, es demasiado.

Y -repito- la redacción es absolutamente imperfecta. Si ustedes quieren decir que los médicos estén colegiados, díganlo: "excepto los médicos funcionarios, que tendrán que estar colegiados". Pero si ustedes añaden esa coletilla de que "cuando el destinatario inmediato no sea la Administración tendrán que estar colegiados", están ustedes introduciendo un factor de inseguridad jurídica que va a permitir a los Colegios que exijan la colegiación de prácticamente todos los funcionarios. ¿Por qué? Porque un ingeniero de caminos que sea funcionario, y que haga un proyecto de un puente, su destinatario no es la Administración, son los usuarios del puente; y va a tener que estar colegiado. Y un ingeniero agrónomo que haga un proyecto de concentración parcelaria, su destinatario no es la Administración, son los usuarios de la concentración parcelaria; y va a tener que estar colegiado. Y así sucesivamente. Y vamos a tener problemas con esa redacción de la Ley.

(-p.3179-)

Si ustedes quieren decir médicos, díganlo. Y yo creo que quedamos todos tan contentos. Queda claramente determinado que son los médicos los que tienen que estar colegiados obligatoriamente.

Y es curioso, usted habla de la comarca, y usted habla del ámbito... Bueno, la postura de la Junta con la Comarca del Bierzo, por ejemplo, ya es notoria y pública. Y yo creo que eso se va forjando poco a poco en la reforma del Estatuto, y vamos abriendo la posibilidad a que existan comarcas. Y con las leyes que hacemos vamos impidiendo que esas comarcas tengan determinadas serie de competencias. En estos momentos con esta Ley impedimos que las comarcas tengan, puedan tener, Colegios Profesionales de ámbito comarcal.

Bien, yo creo que eso está en desacuerdo absoluto con la modificación que vamos a introducir en el Estatuto de Autonomía -diga usted lo que diga-. Parece bastante razonable que si en el Estatuto abrimos la posibilidad de que existan comarcas, aquí abramos la posibilidad de que existan Colegios de ámbito comarcal. No que se creen los Colegios de ámbito comarcal, sino que exista la posibilidad de Colegios de ámbito comarcal. (Don José, le aplicaré a usted cuando intervenga el mismo tratamiento incorrecto y grosero que, desde su escaño y paralelo al suyo, están aplicándome a mí, no se preocupe; y lo lamento tener que hacerlo con usted.)

Bien, seguimos adelante... -ya que al Presidente parece que le encanta esa texitura; se extrañará después de que haya tensiones-, vamos a seguir adelante. Discrepo absolutamente de usted en el concepto de que sea unilateralmente una norma de rango estatal la que determine su calidad de básica.

Y le pongo otro ejemplo, la Ley de Pesca. Nosotros decidimos que era competencia de esta Comunidad Autónoma la determinación de los caudales de mantenimiento; y en la Ley hicimos esa cuestión. Y provocó un recurso de la Administración Central del Estado; y resolverá el Tribunal Constitucional; y dirá quién tiene razón. Pero, desde luego, si hubiéramos aceptado su planteamiento de mano, no hubiéramos hecho ese artículo, nos hubiéramos quedado sin poder explorar la posibilidad de que ese área -que el Estado se había, o la Administración Central se había arrogado unilateralmente- pueda ser compartida en función de que una cosa es el medio ambiente, y otra cosa es la política de aguas en esa materia.

Y lo hicimos así. Está recurrida; y -repito- cuando exista una Sentencia del Tribunal Constitucional sabremos quién, realmente, si tenemos o no tenemos capacidad para determinar eso.

Desde luego, si hubiéramos aceptado su postura de aceptación sumisa de que una ley, o una norma, o un decreto, o una circular puede determinar su carácter de básico, nos hubiéramos quedado sin saber si esa posibilidad existe o no existe.

Desde luego, alguna cuestión más -por ir acabando, porque yo creo que lo fundamental está dicho de manera normal-, ni una sola palabra ha dicho usted de los textos que en el Proyecto de Ley condicionan la autonomía legislativa de esta Cámara; ni una palabra ha dicho usted de que tengamos que legislar en función, a propuesta de los Colegios y no a propuesta de los ciudadanos, a través de sus Grupos Parlamentarios; ni una palabra ha dicho usted de que no podamos hacerlo, o sea que esta Cámara no pueda legislar si los Colegios y los colegiados no quieren que lo hagamos. Y a mí eso me parece, francamente, penoso. Porque yo creo que esta Cámara, a iniciativa de los Grupos Parlamentarios, tiene las posibilidades que sean de legislar en cualquier materia, lo digan o no lo digan los Colegios. Porque el interés general es evidente que está por encima de los intereses de los colegiados y de los Colegios Profesionales.

Por lo tanto, me parece mal que un texto como éste diga que la fusión de Colegios, por ejemplo, pertenecientes a distinta profesión, mediante la constitución de uno nuevo, se realizará por ley de las Cortes, a propuesta de los Colegios afectados. O sea, que si no existe la propuesta, no podemos hacerla, esta Cámara no puede legislar. No tiene sentido. Lo haremos si el interés general exige que se haga, y si los Grupos Parlamentarios y las mayorías suficientes también aportan aquí los votos necesarios para ello. Pero limitar esa capacidad en función de los intereses de los Colegios me parece demasiado.

Yo estoy de acuerdo que en ningún sitio se dice que los Colegios puedan hacer y delegar tareas administrativas; pero, desde luego, se abre la posibilidad de ello en esta Ley -aunque no lo diga-. Y nosotros estamos en desacuerdo y, por lo tanto, proponemos una norma que diga que no se podrán delegar esas tareas administrativas. No se extrañen, porque yo creo que lo podremos hacer perfectamente.

(-p.3180-)

Desde luego, llegando al tema... a algún otro tema, que yo creo que tiene cierto interés, ni una palabra ha dicho usted... (Voy acabando, señor Presidente.) Ni una palabra ha dicho usted de la defensa de los .... Pero, ¿por qué se tienen que crear canales informativos, o canales de opinión paralelos a los canales institucionales que están abiertos? Pero ¿por qué el resto de las profesiones, el resto de los trabajadores de esta Comunidad Autónoma tienen su representación en el Consejo Económico y Social, y la defensa de sus intereses legítimos allí? Por tanto, cuando se emite el informe del Consejo Económico y Social, se emite el informe de esos trabajadores. ¿Por qué tenemos que abrir aquí para los ingenieros, para los médicos, para los arquitectos, para los podólogos, etcétera, vías de información paralela, cuando se dicten normas de carácter general que pueden afectar a los intereses -pero además sin definir lo que es interés, interés puede ser todo-? Por lo tanto, podrían reclamar la... el informe previo y preceptivo en cualquier cosa, porque al final el interés de ello puede estar representado en cualquier minúscula norma de esta Comunidad Autónoma.

No se puede entender. Integren ustedes a los Colegios... a los Consejos de Colegios, que para eso sería interesante que existieran, en el Consejo Económico y Social, intégrenlos. Y una vez integrados, que allí expresen su opinión, que se transmita a través del informe del Consejo Económico y Social, y funcione de esa forma. Pero no creen ustedes canales de información paralelos para los Colegios Profesionales exclusivamente, porque son cuerpos de elite. Yo creo que es bastante razonable eso que digo. ¿Por qué los albañiles no y los ingenieros sí? ¿O por qué los trabajadores de la madera no y los ingenieros sí? Yo creo que eso se puede entender bastante bien. Si ellos están en el Consejo Económico y Social, luego los otros también, y ambos por la misma vía. Si no, volvemos a lo de las autopistas: pagamos autopistas de peaje para que circulen los ricos y descongestionen las carreteras de los pobres, que yo creo que eso no tiene mucho sentido. Y eso no lo he expresado yo, lo ha expresado un digno Diputado del Partido Popular en un debate reciente en el Congreso de los Diputados. Bien.

Yo estoy de acuerdo en lo que decía usted que al final llegaremos a una confrontación de opiniones. Como su opinión es exactamente 1,85 veces más pesada que la mía, que es el resultado del cociente entre cincuenta y veintisiete, yo sé que al final usted va a tener mayor peso que yo y, al final, sus enmiendas serán aprobadas. Pero, desde luego, creo sinceramente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego concluya.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: (Sí, voy acabando.) ...creo sinceramente que algunas de las cuestiones que he planteado se caen por su propio peso de pura lógica. Y si no son aceptadas, son porque detrás de ello existe una sensibilidad ideológica que, a mi juicio y en esta Ley, me preocupa especialmente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Nieto, para la dúplica.

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Señor Presidente, pido la palabra por alusiones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No ha habido ninguna alusión personal al señor Arvizu, ni a don Fernando.

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: ¿Debo de entender que no me ha aludido el señor interviniente del Partido Socialista?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): .....

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Muchas gracias. Bien. Entonces veo que no había motivo de incomodo en sus expresiones.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Cuando quiera, señor Nieto Noya.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señor Presidente.

(Murmullos. Voces.)

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Señorías, la caballerosidad me obliga a agradecer a don Jaime González las palabras de reconocimiento a mi actitud de trabajo honesto, sincero -no sumiso, ¿eh?-, en toda la tramitación del Proyecto de Ley, el esfuerzo puesto, desde luego, por mi persona con absoluta lealtad, creo, que a la función de legislador que en este caso, o de co-legislador, o de responsable especial, en un proceso legislativo que a mí me ha correspondido.

Pero quiero devolverle el cumplido y quiero decirle que, lamentablemente, el señor González se ha movido en medio de un cierto cúmulo de contradicciones que le impidieron aplicar este mismo espíritu a lo largo de todo el proceso.

Quiero subrayar, quiero subrayar que hemos trabajado intensamente durante largas sesiones de Ponencia; se han aprobado ochenta seis de las enmiendas presentadas al Proyecto; se han incorporado del orden de cuarenta modificaciones nuevas que no tenían enmiendas previas; que ha habido un esfuerzo por parte de todos los Grupos participantes en la Ponencia, incluso aquellos que no habían presentado enmiendas y otros que habían presentado enmiendas en los textos sobre los que no habían presentado enmiendas; y que hemos, abiertamente y honestamente, intentado mejorar el Proyecto de Ley. Y creo que lo hemos logrado en buena medida. Por tanto, mi reconocimiento también a la actitud adoptada habitualmente por todos los Grupos que han participado en los debates anteriores.

Bueno, le diré un par de cosas sobre los comentarios que hizo. Mire, yo he hecho una introducción en mi intervención anterior para situar el marco en el que tenía que moverse ese debate... este debate desde nuestro punto de vista. Me dice usted que no he hecho ninguna capacidad... ninguna alusión a la capacidad legislativa de legislar de esta comarca sin contar... estas Cortes sin contar con los Colegios. Vaya usted a las normas del Estado, que he dicho desde el principio que nosotros, en cumplimiento de otras normas del Estado, entendemos que nos obligan, y ahí están. Se dice expresamente que los Colegios se crearán por ley a iniciativa de los profesionales. Y no hay más. Será una barbaridad, pues vaya usted, vaya usted a modificar, a modificar esa legislación básica, y yo en algún momento de nuestros debates...

(-p.3181-)

(Voces. Murmullos.)

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Sí lo es, porque obliga. Lo es... es básica, aunque no esté dicho, en tanto en cuanto obliga, porque eso sí que lo dice una ley básica. Y esto es el problema. Por eso tenemos que ponerlo. Ahí está ese tema, está ahí claramente circunscrito.

Señor González, nosotros no hemos defendido... no hemos trabajado en absoluto para la defensa de privilegios, en absoluto. Pero estamos en la misma: la Ley del Estado le reconoce expresamente a los Colegios y a los Consejos de Colegios la información en todos los Proyectos de Ley de carácter general que emanen del Estado; lo cual trasladamos a la Comunidad Autónoma y estamos en el mismo nivel. Es una cuestión de respeto o no respeto al Estado de Derecho; de reconocimiento o no reconocimiento de este Estado y, por tanto, de su acatamiento. No se trata de apoyo o de favorecer ningún tipo de privilegios.

Sobre la comarca, sobre la comarca. Le vuelvo a reiterar, le vuelvo a reiterar que la reforma del Estatuto no tiene nada que ver con la Ley de Colegios, no tiene nada que ver. Bien.

(Murmullos.)

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Segundo. Que la reforma del Estatuto... Bueno, si no le interesa a don Jaime González, yo voy a terminar. Nada, mire, mire, mire, nada...

Mire, don Jaime, la intención de su Grupo ha quedado claramente expresada en el sistema de votación que han utilizado en Ponencia, por encima de todo -ésos son hechos, son votos- ustedes solamente han votado un artículo del Proyecto que tenemos ahora entre manos afirmativamente. Uno. ¿Sabe usted qué dice ese artículo? Que los Colegios Profesionales, ¿eh?... En uno han votado afirmativamente y ha usted explicado el voto -aténgase... lea el Diario de Sesiones-, en un artículo usted ha votado afirmativamente y ha explicado el voto; y, en razón de las palabras que usted ha utilizado antes, no le voy a recordar lo que usted... el comentario que usted ha hecho en Comisión. Ese artículo reproduce, reproduce la mitad de un artículo de la Constitución literalmente sobre el carácter democrático de los Colegios. ¡Si está en la Constitución, don Jaime, para qué lo mete usted en esta Ley! ¿O es que los ciudadanos, o es que los ciudadanos tienen menos obligación de conocer la Constitución que de conocer el mundo complejo de normas que hay dispersas por ahí sobre Colegios Profesionales?

(Voces. Murmullos.)

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: ¡Hombre! Es decir, pues bien, luego votaron en contra, votaron en contra de todos aquellos artículos en los que ustedes mantenían enmiendas, que son exactamente -menos dos- las que han mantenido para el Pleno, y en los demás se abstuvieron, incluido el Título; de tal forma, señor González, que, si hubiéramos aprobado una Ley de acuerdo con sus votos en Ponencia, diría: "Ley "equis" mil novecientos noventa y siete. Los Colegios Profesionales y su funcionamiento serán democráticos". Punto. Y se acabó. Porque esto es lo único que ustedes han aprobado. No han querido asumir el... ningún tipo de compromiso con esta Ley, porque ustedes no creen en el fondo... -y lo ha reiterado usted en este debate de muchas maneras-, "no tienen por qué tener carácter corporativo", "para la defensa de los intereses profesionales basta una asociación", "por qué se tiene que meter en la Administración esto", "tienen que ser libres, colegiarse o no colegiarse, según deseen"... En definitiva, a ustedes le ha fallado la asunción profunda de los contenidos que tiene que tener una Ley de Colegios Profesionales. Y ahí es donde yo le decía que a usted le traicionado esta concepción, porque en el esfuerzo por perfeccionar la Ley en lo concreto -le reconozco el suyo notable, notable-, aunque a veces la hipercorrección lingüística lleva a confusión donde hay claridad; y nosotros en la Ley preferimos claridad y no confusión. Nada más, muchas gracias.

(Murmullos. Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor. Vamos a proceder a las votaciones de las enmiendas y de los artículos.

Al Artículo 1 se mantiene la Enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor de esta enmienda? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Votos emitidos: sesenta y seis. Votos a favor: diecinueve. Y en contra: cuarenta y siete. Queda, por lo tanto, rechazada esta enmienda.

Se mantiene también la Enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Se vota el Artículo 1. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado.

Artículo 2. No mantiene enmiendas. ¿Se aprueba? ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? Dieciocho. Queda aprobado el Artículo 2.

Artículo 3. Se votan agrupadas las Enmiendas 12, 13, 14 y 15 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. Quedan, por lo tanto, rechazadas.

Se vota el Artículo 3. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Diecinueve. Aprobado el Artículo 3.

(-p.3182-)

El Artículo 4 mantiene la Enmienda número 16 socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada la enmienda.

También se mantiene la Enmienda número 18 del Grupo Socialista a este mismo artículo. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Votamos el Artículo 4. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 4.

Al Artículo 5 se mantienen las Enmiendas 20 y 21 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Quedan rechazadas.

Se vota al Artículo 5. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 5.

Artículo 6. Se votan las Enmiendas 22, 23, 24 y 26 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. Quedan rechazadas.

También existe a este artículo la Enmienda número 6 de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Diecinueve ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Se vota al Artículo 6. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 6.

Los Artículos 7 y 8 no mantienen enmiendas. ¿Se pueden votar agrupadamente? ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Diecinueve. Quedan aprobados los Artículos 7 y 8.

Artículo 9. Se mantiene la Enmienda número 32 del Grupo Socialista, incompatible con la 33 y 34, que luego votaremos.

A la Enmienda 32, ¿votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Las Enmiendas 33 y 34 del Grupo Socialista, ¿votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Quedan, igualmente, rechazadas.

Se vota, entonces, el Artículo 9. ¿Votos Artículo 9? Cuarenta y siete a favor. ¿Y en contra? Diecinueve. Queda aprobado.

Artículo 10. Subsiste la Enmienda número 35 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Queda, por lo tanto, rechazada esta Enmienda.

Pasamos a la votación del Artículo 10. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Y votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado.

Artículo 11. Mantiene la Enmienda número 37 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de esta Enmienda? Diecinueve. ¿En contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Se vota el Artículo 11. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Y en contra? Diecinueve. Queda aprobado.

Artículo 12. Subsiste la Enmienda número 36 del Grupo Socialista, incompatible con las restantes. Se vota, por tanto, por separado esta Enmienda número 38. ¿A favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Ahora se votan las restantes Enmiendas del Grupo Socialista a este Artículo, que son 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51 y 52. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Quedan, por lo tanto, rechazadas.

Y pasamos a la votación del Artículo 12. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 12.

Artículo 13. Se votan las Enmiendas Socialistas números 56, 57, 58 y 59. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Quedan rechazadas.

Y se vota el Artículo 13. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Y en contra? Diecinueve. Aprobado el Artículo 13.

Pasamos a los Artículos 14 y 15, que no mantienen enmiendas y se someten a votación de forma agrupada. ¿Votos a favor de estos Artículos? Cuarenta y siete. ¿Y en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Diecinueve. Quedan, por lo tanto, aprobados.

Al Artículo 16 se mantiene la Enmienda número 65 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Igualmente, se mantiene, siendo incompatible con las restantes y se vota, por ello, por separado, la número 66 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Por último, la Enmienda 68 del mismo Grupo, Socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

A este Artículo se mantienen las Enmiendas números 8 y 9 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿En contra? Cuarenta y siete. Quedan, igualmente, rechazadas.

(-p.3183-)

Y se somete a votación el Artículo 16 del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. ¿Abstenciones? Ninguna. Queda aprobado el Artículo 16.

Artículo 17. Mantiene la Enmienda número 70 Socialista. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿En contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada la Enmienda.

Y votamos el Artículo 17. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Diecinueve. ¿Abstenciones? Ninguna. Queda aprobado el Artículo 17.

Artículo 18. Se mantiene la Enmienda número 71 Socialista. ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿Votos en contra? Cuarenta y ocho. Queda rechazada la Enmienda del Grupo Socialista.

También subsiste la Enmienda número 10 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor de la Enmienda? Dieciocho. ¿Votos en contra? Cuarenta y ocho. Queda rechazada la Enmienda.

Enmienda número 72 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿Votos en contra? Cuarenta y ocho. Queda rechazada.

También subsiste la Enmienda número 73 del Grupo Socialista y la Enmienda número 11 del Grupo de Izquierda Unida que, siendo coincidentes, se someten agrupadas a votación. ¿Votos a favor de estas Enmiendas? Dieciocho. ¿Y en contra? Cuarenta y ocho. Por lo tanto, quedan rechazadas.

Y se vota el Artículo 18. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 18.

Artículo 19. No tiene Enmiendas. Se somete a votación directamente. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Uno. ¿Abstenciones? Dieciocho. Queda aprobado.

Al Artículo 20 se mantienen las Enmiendas números 76, 77, 78 y 82 del Grupo Parlamentario Socialista, que se someten a votación. ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿En contra? Cuarenta y ocho. Quedan rechazadas.

Y se vota el Artículo 20. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 20.

Artículo 21. No tiene enmiendas. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Uno. ¿Abstenciones? Dieciocho. Queda aprobado el Artículo 21.

Artículo 22. Se mantiene la Enmienda número 12 del Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Diecisiete. ¿Votos en contra?... Dieciocho votos a favor. ¿Votos en contra? Cuarenta y ocho. Queda rechazada la Enmienda 12 del Grupo de Izquierda Unida.

Y votamos el Artículo 22. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Aprobado el Artículo 22.

Se someten a votación las Enmiendas 86 y 87 -que subsisten- del Grupo Socialista al Artículo 23. ¿Votos a favor de estas Enmiendas? Dieciocho. ¿Votos en contra? Cuarenta y ocho. Quedan rechazadas las Enmiendas.

Y votamos el Artículo 23. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 23.

Artículo 24. Se mantienen las Enmiendas 88, 89 y 90 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿Votos en contra? Cuarenta y ocho. Quedan rechazadas.

Se somete a votación el Artículo 24. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 24.

Artículo 25. Mantiene la Enmienda 91 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿Votos en contra? Cuarenta y ocho. Queda rechazada.

Se somete a votación el Artículo 25. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 25.

Artículo 26. Se mantiene la Enmienda número 92 del Grupo Socialista, que se somete a votación. ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete... cuarenta y ocho. Queda rechazada la Enmienda del Grupo Socialista.

Y se somete a votación el Artículo 26. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Diecinueve. Queda aprobado.

Artículo 28. Tiene la Enmienda número 94, Socialista. ¿Votos a favor?...

Perdón, me he saltado el Artículo 27. No tiene enmiendas. Se somete a votación el Artículo 27. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Uno. ¿Abstenciones? Dieciocho. Queda aprobado.

Al Artículo 28 está la Enmienda 94 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? Dieciocho. ¿Votos en contra? Cuarenta y ocho. Queda rechazada la Enmienda.

Y votamos el Artículo 28. ¿A favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Diecinueve. Queda aprobado el Artículo 28.

Artículos 29 y 30. No tienen enmiendas. Se someten a votación de forma agrupada. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿Votos en contra? Uno. ¿Abstenciones? Dieciocho. Quedan aprobados.

(-p.3184-)

Pasamos a las Disposiciones Adicionales. La primera tiene la Enmienda número 100, que propone la supresión de esta Adicional, del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de la enmienda? Diecinueve. ¿En contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Y por lo tanto, sometemos a votación la Adicional Primera. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Diecinueve. Queda aprobada.

Las Adicionales Segunda y Tercera se someten de forma agrupada puesto que no mantienen enmiendas. ¿Votos a favor a éstas? Cuarenta y siete. ¿En contra? Ninguna. ¿Abstenciones? Diecinueve. Quedan aprobadas.

Se somete a votación la Enmienda número 103 del Grupo Socialista que propone la incorporación de una nueva Adicional. ¿A favor de esta Enmienda? Diecinueve. ¿Votos en contra? Cuarenta y siete. Queda, por lo tanto, rechazada.

Las Disposiciones Transitorias... La Disposición Transitoria y la Final, que no tienen enmiendas, se someten agrupadas a votación. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Diecinueve. Quedan aprobadas.

Exposición de Motivos. Subsisten las Enmiendas 1, 2 y 4 del Grupo Socialista. ¿Votos a favor de las Enmiendas? Diecinueve. ¿En contra? Cuarenta y siete. Quedan rechazadas.

Y se somete a votación la Enmienda número 1 del Grupo de Izquierda Unida, también a esta Exposición de Motivos. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿En contra? Cuarenta y siete. Queda rechazada.

Subsisten también las Enmiendas 5 y 7 del Grupo Socialista. Se someten a votación. ¿Votos a favor? Diecinueve. ¿Y en contra? Cuarenta y siete. Quedan rechazadas.

Y pasamos a la Exposición de Motivos. Se vota. ¿A favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Diecinueve. Queda, por lo tanto, aprobada la Exposición de Motivos.

Y por último, nos resta votar el Título del Proyecto de Ley. ¿Votos a favor? Cuarenta y siete. ¿En contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Diecinueve.

Concluidas las votaciones, queda aprobada la Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León.

El Grupo Mixto, que no ha intervenido en los debates, ¿desea consumir un turno para explicación de voto? Tiene la palabra, señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. Brevísimamente. En principio, pensamos explicar el voto; después, lo habíamos desechado. Pero volvimos, dada la incertidumbre que se creó con las votaciones, a la hora de cambiar en distintas ocasiones el sentido del voto. Que no fue en ningún caso arbitrario -ya se lo puedo anunciar-, sino que estaba plenamente justificado.

Miren ustedes, nosotros, de esta Ley que se acaba de aprobar en estas Cortes, hay un título que no nos gusta, y que eso ya invalida -a nuestro juicio- el resto del contenido de la Ley; si no fuera por ese título, quizá hubiéramos apoyado muchos de los artículos. Pero el Título III, en concreto, invalida -a nuestro juicio- el resto del contenido de la Ley. Y si ustedes se han fijado, a las enmiendas a las que he votado en contra han sido todas las que se referían a los Consejos de Colegios Profesionales de Castilla y León: el Título III, por una parte, y el Título IV, puesto que son disposiciones comunes a Colegios y a Consejos Profesionales.

Y brevísimamente, ¿por qué? Pues porque entendemos que la creación de un estamento intermedio en los Colegios Profesionales, como son los Consejos, no tiene sentido. Hasta ahora, los Colegios Profesionales han funcionado siempre sin ningún tipo de problema desde el ámbito territorial de la provincia, incluso podríamos plantearnos el de la comarca -no nos importaría-, pero, en todo caso, hasta ahora han funcionado desde el ámbito territorial de la provincia. Y luego han estado los Consejos Generales, a nivel estatal, que han sido todos los que han cumplido, mejor o peor, las funciones que ahora se pretende que cumplan los Consejos de Colegios Profesionales de Castilla y León. Precisamente, cuando se crea un órgano cuyas funciones ya son asumidas, y las está asumiendo bien otro órgano superior estatal, ¿para qué queremos un órgano intermedio? -me pregunto yo-.

El Artículo 20 se refiere a las funciones de los Consejos de Colegios Profesionales, y, en primer lugar, habla de "velar para que la actividad de los Colegios y de sus miembros esté al servicio de los intereses generales". Hombre, eso... ya vela el Consejo General de cada uno de los Colegios. Desde luego, no hace falta otro intermedio porque esos intereses generales están perfectamente velados, o no perfectamente, pero vela por ellos el Consejo General.

"b): coordinar la actuación de los Colegios que lo integran." Hasta ahora no ha hecho falta, y si ha habido algún problema... También fue el Consejo General de cada Colegio el que ha solventado el tema. "Representar a la profesión en el ámbito de la Comunidad Autónoma. ¿Qué pasa, que -a modo de ejemplo- el Colegio de Abogados de León no puede representarse frente a la Administración Autonómica? ¿Es que la Administración Autonómica no va a reconocer a partir de ahora legitimidad a un Colegio Profesional si no se ha constituido en Consejo de Colegio Profesional? Es perfectamente suprimible también este apartado.

(-p.3185-)

"Promover la solución por el procedimiento de arbitraje de los conflictos"... Mire, eso suponiendo que las partes quieran someterse. Pero además también lo puede hacer el Consejo General de cada Colegio. "Regular el procedimiento para la resolución de conflictos", exactamente lo mismo. Y así sucesivamente y no me quiero alargar.

Es, insisto, un órgano que no hace falta, y que lo único que va a suponer es un desembolso más de dinero por parte de los colegiados, no se sabe para qué y no sé sabe para quienes. En definitiva, suprimiendo los Consejos de Colegios, suprimiendo este Título, nos evitaríamos que estuvieran que aprobar y modificar sus estatutos, porque no existirían. Que elaborasen y aprobasen sus presupuestos porque no tendrían presupuesto; eso que se ahorrarían los Colegios Profesionales. Fijar proporcionalmente la aportación económica de los Colegios al presupuesto de ingresos del Consejo; eso con cargo a todos los colegiados, porque yo, como colegiado en un colegio profesional, tendría que aportar la cuota en mi colegio y además a un Consejo de Colegios, que no sé para qué sirve ni qué utilidad... me puede servir a mí como colegiado. Sacar más dinero a los colegiados de los que ya de por sí sacan lo Colegios Profesionales.

"Y realizar cuantas actividades se consideren de interés para los profesionales." O sea, ninguna. En definitiva, todas las funciones que se le encomiendan a los Consejos de Colegios Profesionales se están asumiendo por los Consejos Generales, por los Consejos de ámbito estatal. Y como ya hay un órgano que está cumpliendo con esas funciones, ¿para qué vamos a crear otro órgano que cumpla las mismas funciones? Duplicidad de funciones, gasto absurdo. Y, por tanto, precisamente pedimos o no hemos aprobado... hemos votado en contra de esta Ley por este Título, el que regula el Consejo de Colegios Profesionales. Lo cual no tiene nada que ver con la posibilidad de que haya Colegios que quieran serlo a nivel autonómico; eso, desde luego, nos parecería bien si los colegios quieren. Eso es una cosa, sería un colegio. Pero un órgano intermedio sin funciones o con funciones que pueda asumir otro que ya existe, nos parece que no tiene ningún sentido. De ahí que hayamos votado a todos los artículos y a todas las enmiendas que se referían al Título III y al Título IV. Por tanto, insisto, no fue una votación arbitraria, sino que fue una votación plenamente acorde con nuestra opinión sobre los Consejos de Colegios Profesionales. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Pasamos al último punto del Orden de... Perdón, pide la palabra el señor Consejero de Presidencia.

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Gracias. Señor Presidente, Señorías. Yo quiero agradecer a todos los miembros de esta Cámara que hayan participado en el trámite parlamentario, cada uno -lógicamente- en su postura ideológica, de tratar de mejorar la Ley que hoy se ha aprobado. Muchas gracias a todos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Pasamos, decía, al último punto del Orden del Día que enunciará el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimotercer punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Turismo de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto, tiene la palabra el señor Consejero de Industria, Comercio y Turismo.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señoras y señores Procuradores. Con brevedad, pero con interés, voy a proceder a presentar el Proyecto de Ley de Turismo de Castilla y León. Y, a estos efectos, he de manifestar que, desde la asunción de competencias de ordenación y promoción de turismo en el territorio, nuestra Comunidad Autónoma ha dictado un número considerable de normas reguladoras de distintos aspectos de la actividad turística, en su inmensa mayoría de carácter reglamentario. Esta Cámara ha aprobado concretamente dos Disposiciones, la Ley 2/87, de seis de marzo, sobre Inspección y Régimen Sancionador en materia de Turismo, así como la Ley 2/91, de catorce de marzo, por la que se autoriza la Creación de la Empresa Pública Sotur.

Aparte de estas dos Leyes, se han dictado cerca de treinta normas de carácter reglamentario, bien con rango de Decreto de la Junta de Castilla y León, bien de orden de la Consejería competente en cada momento en materia de turismo, reguladora de empresas y profesiones turísticas, de determinados aspectos comunes a distintas actividades, o de organismos o entidades turísticas.

A pesar de esa multiplicidad de disposiciones, algunas actividades turísticas no han sido objeto de regulación por la Comunidad Autónoma, por lo que sigue siendo de aplicación la normativa estatal anterior, dado el carácter supletorio que en el artículo 149.3 reconoce aquélla.

En definitiva, la Comunidad Autónoma no se había dotado de una ley sectorial que estableciera el marco de ordenación general de la actividad turística y que sustentara y diera causa a la normativa turística menor. Es preciso, por tanto, Señorías, por razones de claridad, seguridad jurídica, y con el fin de atender más rigurosamente los principios de eficacia y coordinación, disponer de una Ley General de Turismo. No son sólo razones de tipo jurídico las que aconsejan la promulgación de una Ley de Turismo de Castilla y León, sino también, y de manera muy importante, razones de tipo económico.

(-p.3186-)

El peso del sector turístico de Castilla y León, tanto si se le relaciona con el resto de sectores productivos regionales, como si la comparación se efectúa con el conjunto de la actividad turística española, es ciertamente relevante. Además, en los últimos años se ha constatado su evolución muy favorable que no hay que perder de vista.

Algunos datos servirán para apoyar esta afirmación:

Durante el año noventa y seis se recibieron en Castilla y León un total de ocho mil cuatrocientos visitantes. Por otra parte, los resultados de la encuesta del movimiento turístico del Instituto Nacional de Estadística ha situado a Castilla y León durante el año noventa y seis entre las seis primeras Comunidades Autónomas. Y desde otra perspectiva, teniendo en cuenta las tendencias de la demanda y su creciente valoración del turismo cultural, turismo rural y turismo activo, es previsible, dadas las propias características de la región y la tipología de recursos de que dispone, una mejora sustancial en el posicionamiento de nuestra Comunidad en los mercados.

En este sentido, según un estudio reciente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nuestra Comunidad Autónoma es la primera en turismo rural, considerado este desde el punto de vista integral, que abarcaría el total de personas que hacen este tipo de turismo, se alojen o no en casas rurales, posadas o centros de turismo rural.

El total de plazas que compone la oferta de alojamientos turísticos de Castilla y León es actualmente de ochenta y una mil. Esto supone un incremento de más del 25% respecto a años anteriores.

Por otra parte, hay que señalar que, según datos proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social, en diciembre de mil novecientos sesenta y seis, los empleados de hostelería y restauración eran en conjunto de cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y uno.

En cuanto al PIB, a la participación del sector turístico en el PIB de Castilla y León ha pasado del 2,48 al 3,4% en el noventa y seis.

Del mismo modo que ha sucedido en Castilla y León, otras Comunidades Autónomas han tenido la necesidad de someter la actividad turística a una norma de rango legal. Así el País Vasco, Canarias, Madrid o Extremadura, ya tienen sus leyes de turismo en vigor, mientras que otras Comunidades como Galicia se encuentra en proceso de elaboración. El contenido de los distintos textos difiere a veces sustancialmente, puesto que el enfoque de cada uno de ellos ha partido de la específica situación e idiosincrasia de la sociedad sobre la que ha de proyectarse.

Caben, pues, distintas posibilidades, si bien podemos hablar básicamente de dos modelos en la legislación del sector turístico: un modelo en el que el objeto prioritario sea englobar en un único texto legal, y -por ende- de rango superior, los preceptos fundamentales de reglamentos en vigor. Y otro, el de una Ley de Turismo integral que no responda únicamente a la finalidad mencionada, sino que sea más completa y profunda, que garantice al sector unas coordenadas estables donde puedan desarrollar su actividad con seguridad sin el riesgo de continuas modificaciones que podrían producirse por la vía reglamentaria.

La Ley de Turismo de Castilla y León trata de responder a esta segunda visión. Es una Ley de Ordenación del sector completa, pero flexible, y es una Ley de Fomento, que trata de favorecer el crecimiento y competitividad de nuestro sector turístico y de aunar esfuerzos de las distintas Administraciones Públicas de la región con competencias en materia de turismo.

La elaboración del Proyecto de Ley, que se inició hace años, y a lo largo de este extenso y fructífero proceso se ha ido recogiendo el parecer de cuantos organismos y entidades de carácter público-privado de nuestra región tienen por objeto el turismo, o incluso de aquellos cuya finalidad incide de un modo u otro en este campo. Las aportaciones del sector, y sobre todo de los miembros del Consejo de Turismo, del Consejo Económico y Social y de otros órganos consultivos y de coordinación, han permitido enriquecer y depurar de manera notable los primeros textos.

El Proyecto resultante, que se estructura en siete Títulos, consta de sesenta y cinco Artículos, dos Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una Derogación y una Final. La extensión del Proyecto se justifica sobradamente en la amplitud de sus contenidos y en lo ambicioso de sus propósitos.

El texto no se ha cargado en modo alguno con preceptos propios de normativa menor, sino que, por el contrario, se han incluido únicamente aquellas disposiciones que, por su importancia o naturaleza, deben ser objeto de aprobación por el órgano legislativo, tal es como la fijación de los contornos de lo turístico desde el punto de vista jurídico-administrativo, la distribución de competencias entre entes públicos territoriales, el régimen sancionador, etcétera.

Los objetivos que persigue la Ley de Turismo son básicamente los siguientes:

En primer lugar, recoger de manera unitaria y sistemática aspectos esenciales de la actividad turística y dotarles de la permanencia y estabilidad que garantiza una disposición emanada del órgano legislativo.

En segundo lugar, efectuar una distribución competencial entre la Administración Regional y las Entidades Locales, y disponer los principios y mecanismos de coordinación entre ellos.

En tercer lugar, proteger a los usuarios turísticos mediante el establecimiento de un listado de derechos que les ampare.

(-p.3187-)

Asimismo, determinar los derechos y obligaciones de los titulares de actividades turísticas. También establecer las bases de una ordenación de las actividades turísticas a que deberán ajustarse las disposiciones reglamentarias que las desarrollen.

Por otro lado, fundamentar la planificación turística regional, disponiendo los principios que la inspiren, los objetivos que tendrán que tener, y las líneas maestras de actuación que deben contener. También facilitar el marco general para la ordenación turística territorial, a través de la creación de zonas de interés turístico preferente y de la declaración de espacio turístico saturado.

Y, por último, regular las potestades inspectora y sancionadora en materia de turismo.

Se trata, en definitiva, Señorías, de dotar al sector turístico de una mayor claridad y seguridad jurídica y de fomentar el desarrollo económico y social de la región a través del turismo. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Habiéndose presentado tres Enmiendas a la Totalidad, pasa a defender, por el Grupo Parlamentario Mixto, don Joaquín Otero la correspondiente a él.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Hemos presentado una Enmienda a la Totalidad y un número... sesenta y pico -creo recordar- Enmiendas al Articulado. Teniendo en cuenta que estamos frente al debate de la totalidad, vamos a intentar generalizar el por qué no es de nuestro agrado esta Ley o este Proyecto de Ley de Turismo de Castilla y León que nos remite la Junta de Castilla y León.

La verdad es que nosotros, señor Consejero, esperábamos con ganas este Proyecto de Ley. Yo recuerdo el debate de Investidura del Presidente de la Junta -aquí presente-, y recuerdo un momento en que se refería a la descentralización, al principio de subsidiariedad, y ponía varios ejemplos. Y uno de los ejemplos en los que hacía hincapié, como objetivos dentro de esa descentralización hacia las Entidades Locales, recuerdo que uno de los ejemplos, junto con la cultura y alguno más, y creo recordar que además el primero expresamente, era el turismo. Ya, en ese momento, el Presidente de la Junta anunciaba un talante por parte de la Junta de Castilla y León descentralizadora en materia de turismo. Descentralización, obviamente, en favor de las Diputaciones Provinciales y de las Entidades locales.

Por eso digo, señor Consejero, que esperaba yo con ansiedad este Proyecto de Ley, para ver si se hacía efectivo ese compromiso adquirido por el Presidente de la Junta.

Todo lo contrario: frente al anuncio de descentralización, más centralismo, que es lo que recoge esta Ley que han elaborado ustedes. Y lo vamos a ver de forma breve, y además en un análisis somero, algunos de los artículos más importantes de esta Ley.

Mire, en el Título I, habla el Proyecto de Ley de las competencias en materia de turismo, las otorgan ustedes esas competencias a la Administración de la Comunidad Autónoma, a las Diputaciones Provinciales, y a los Ayuntamientos de Castilla y León. Y aquí surge la primera pregunta: las comarcas... mejor dicho, la comarca que ahora mismo está legalmente reconocida, que es la Comarca de El Bierzo, ¿no va a tener nunca competencias en materia de turismo? ¿Esta Ley va a impedir que la Comarca de El Bierzo tenga alguna vez algún tipo de competencia en materia de turismo? Porque si no es sujeto pasivo para recibir competencias, ustedes no le pueden dar competencias. Y la Comarca de El Bierzo, en otro agravio más -de los muchos que les están haciendo ustedes últimamente-, se va a quedar sin poder ser receptora de competencias en materia de turismo.

Y créame que El Bierzo es un lugar muy apropiado para el fomento del turismo, pero por la Administración que está más próxima a El Bierzo y a los ciudadanos de El Bierzo, y ésa es el Consejo Comarcal de El Bierzo.

Hemos incorporado, por supuesto, una Enmienda de Adición para intentar que ustedes, en este Artículo 3, incluyan a las comarcas legalmente establecidas como posibilidad de ser receptoras de competencias. ¡Hombre!, luego ya veremos a ver si se la dan ustedes o no se la dan ustedes; pero, desde luego, que al menos puedan ser receptoras en un determinado momento.

El Artículo 6 detalla las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de turismo, y son todas. Ahí han metido ustedes absolutamente todas las competencias. Y ahí es donde la Junta podía haber demostrado ese talante descentralizador a la hora de delegar o transferir competencias a las Diputaciones Provinciales, por ejemplo. ¿Por qué las...? Hay en el Artículo 6, en el apartado primero, a), b), c), d), e), f), g), h) e i). Pues miren ustedes, el b), el c), el g) y el h) son competencias que nosotros pedimos -y así lo hemos hecho en nuestras enmiendas- que se transfieran, si ello es posible -y luego me explicaré- a la Diputación Provincial, a las Diputaciones Provinciales. En concreto, la acción que ustedes denominan "regional" y yo denomino "autonómica", de fomento del sector turístico, la planificación turística, la regulación de la ordenación turística del territorio, y la protección y promoción de la imagen de Castilla y León, que se debe hacer a través de cada una de las Diputaciones Provinciales. Desde luego, de esas competencias, de esa enumeración, algunas deberían de ser ejercidas por las Diputaciones Provinciales.

(-p.3188-)

Pero fíjense ustedes qué juego legislativo hay por parte de la Junta. La Ley de Régimen Local -que todavía es proyecto de ley-, cuando habla de transferencias, se refiere a que solamente podrán transferirse determinadas competencias en favor de las Diputaciones Provinciales cuando lo soliciten todas ellas, de tal manera que nos encontramos aquí en que para que una determinada competencia en materia de turismo pueda transferirse a una Diputación Provincial, o lo piden todas, o no lo hay para ninguna. Eso lo dice el Proyecto de Ley de Régimen Local, que espero que se modifique en esta materia, porque, si no, van a estar... ustedes a dejar sin ninguna competencia a las Diputaciones Provinciales.

Pero juntamente con ello, hay que poner en relación el Artículo 7, donde se refiere a las competencias de las Diputaciones Provinciales, y el apartado f), donde dice: "y las demás competencias que le sean delegadas". Y yo pregunto -no lo entiendo esto, señor Consejero-: ¿es que no va a permitir esta Ley la posibilidad de transferir competencias -no delegar-, transferir competencias a las Diputaciones Provinciales? Fíjese usted qué trabas legislativas están poniendo para poner en marcha ese proceso de descentralización que anunciaba el Presidente de la Junta a bombo y platillo:

Primero. Para que una Diputación pueda tener una competencia en materia de turismo, o la piden todas las de la Comunidad o no la hay para ninguna.

Y segundo. Ni siquiera la transferencia, solamente la delegación; delegación que se puede retirar, o competencia que se puede retirar cuando la Junta lo estime oportuno y cuando la Junta quiere.

Por tanto, centralismo total y absoluto frente a descentralización. Con esta Ley, las Diputaciones Provinciales no van a ver ni una sola competencia en materia de turismo mientras esta Ley esté en vigor.

Y lo mismo digo de las Entidades Locales, de los municipios; porque reproducen ustedes el mismo apartado. Al hablar de las competencias de los municipios: "las demás competencias que les sean delegadas o transferidas" -digo yo-, porque ustedes sólo dicen "delegadas". Espero que en la fase de Ponencia se corrija y se permita la transferencia de competencias a Diputaciones y Ayuntamientos. Porque -insisto- con la Ley en la mano, solamente es posible delegar, no es posible transferir. Y eso, pues, es como nada, porque quedan ustedes con el control y con la posibilidad de retirar esa competencia cuando les parezca oportuno.

Hemos presentado también un número importante de enmiendas sobre el Artículo 9 y el Consejo Regional de Turismo. Lógicamente, si pretendemos que el fomento, la divulgación del turismo se realice y se ejercite a través de las Administraciones que están más cercanas y que conocen mejor cómo fomentar el turismo, como son las Diputaciones, poco sentido tiene crear un Consejo Regional de Turismo. Lo que pasa que eso lo hacen ustedes ya por sistema: en cada una de las leyes crean algún consejo que sea regional, y lo vimos en lo de los Colegios Profesionales también, con los Consejos de los Colegios Profesionales. Siempre tiene que haber el estamento regional que ustedes dicen, autonómico que digo yo.

Avanzando en el texto, porque -insisto- no nos vamos a detener -no es el objeto- en cada una de las enmiendas al Articulado, que se defenderán en su momento, hay otras cuestiones no menos importantes. Por ejemplo el Título V: "La promoción y el fomento del turismo". Hombre, ahí hay numerosas enmiendas, puesto que nosotros insistimos: la promoción y el fomento del turismo la deben de realizar las Diputaciones Provinciales, cada una en su ámbito territorial; y seguro que lo hacían, pues, mucho mejor de lo que lo ha hecho la Junta hasta este momento.

Otros artículos también importantes, y que son la base de esta Ley, el Artículo 42, el Artículo 45, donde la Junta se reserva todas las decisiones sobre la información turística y sobre la declaración, por ejemplo, de Zonas de Interés Turístico Preferente, o sobre declaración de Espacio Turístico Saturado, cuando no le dan ustedes ni siquiera audiencia a Ayuntamientos o a Diputaciones, que imagino que algo tendrán que decir si en su territorio pudiera darse la circunstancia de que una zona tuviera un interés preferente o estuviera de una forma extraordinariamente saturada. Quizá el darles audiencia tampoco sería nada malo.

Lo cierto es que -resumiendo nuestra intervención- hay dos cuestiones fundamentales que invalidan la Ley y que están ligadas: es una Ley absolutamente -ya lo he dicho- centralista, y que además impide la descentralización. Porque una cosa es que fuera centralista y dijera: quedan las puertas abiertas para descentralizar. Centralista e impide la descentralización. Solamente en supuestos extraordinarios van a delegar ustedes alguna competencia; insisto, cuando lo pidan todas las Diputaciones, o todos los Ayuntamientos; o solamente delegar y nunca transferir, si se da el requisito anterior.

Por tanto, que se olviden Diputaciones y Ayuntamientos de tener ningún tipo de decisión que tomar en materia de turismo, salvo en sus competencias propias -como es evidente-. Lógicamente, no podía ser de otra manera. Y que, mientras tanto, vayan pensando en que va a ser la Junta la que va a seguir, pues, causando esos desastres turísticos, porque, la verdad, no se puede denominar de otra manera: ha suspendido siempre la Junta en su promoción turística. Los datos que nos daba hace un momento, pues, efectivamente demuestran que aquí, de turistas, más que de paso, absolutamente nada más.

(-p.3189-)

Fíjese -y a modo de ejemplo-, hace unos días, en un periódico del Principado de Asturias venía un reportaje sobre los Picos de Europa, y ese reportaje concluía en que de cada seis turistas que van a visitar los Picos de Europa, de cada seis, tres lo hacían por el Principado de Asturias, dos por Cantabria, y solamente uno por la provincia de León, o -si lo prefiere- por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Motivo fundamental: la escasa infraestructura hostelera, hotelera, etcétera, y fundamentalmente la nula infraestructura de comunicaciones: el desastre de las vías de comunicación que ahora mismo hay en los Picos de Europa. De cada seis turistas que reciben los Picos de Europa -ya le digo-, solamente uno los visita por esta provincia, por la provincia de León, o por esta Comunidad, por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Eso sí, mientras tanto, ustedes se gastan -me parece que he visto en la prensa últimamente-... 400.000.000 creo recordar que se gastan ustedes en publicidad con esos lemas de "Cada fin de semana unas vacaciones..." y demás.

Por cierto, que yo le he hecho y le he formulado, para que las responda en Comisión -no sé cuándo-, algunas preguntas en esa campaña. Porque ahí aparecen unas imágenes que no sabemos de dónde son. Una tras otra, pero ni identifica las imágenes, ni dice en qué provincia está, ni nada. Ahí van imágenes, y cada fin de semana unas vacaciones. Y de ahí no salimos.

Mire usted, hay algunas cuestiones que también habría que aclarar. Porque si con 400.000.000 para la promoción lo único que se consigue es eso -insisto-, estoy seguro que las Diputaciones Provinciales con menos dinero lo harían bastante mejor, sobre todo porque conocen mejor que nadie los encantos turísticos de cada una de las provincias de Castilla y León. Y créame, señor Consejero, no es malo descentralizar; todo lo contrario.

Hay que modificar mucho esta Ley, porque centralismo, absoluto. Y sobre todo -lo más preocupante- imposibilidad, si se aprueba, de que se pueda ejecutar en algún momento ese proceso descentralizador, que yo pido para Diputaciones y Ayuntamientos; fundamentalmente para Diputaciones; sin olvidarnos de la única comarca que está legalmente reconocida, y a la cual ustedes tampoco le permiten ser sujeto pasivo -ni ahora ni en el futuro- de ninguna competencia. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor Conde, tiene la palabra para defender su Enmienda.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Nuestro Grupo ha presentado una Enmienda a la Totalidad del Proyecto de Ley que se presenta aquí. Y voy a tratar de ser lo más claro posible, porque para nosotros hay dos cuestiones fundamentales por las cuales nosotros hemos presentado esa Enmienda a la Totalidad.

Nosotros compartimos la idea que ha expresado el señor Consejero al inicio de su intervención, y lo recogemos prácticamente en los antecedentes de la justificación de por qué presentamos esta Enmienda a la Totalidad. Que nuestra Comunidad cuenta con importantes recursos históricos y monumentales, importantes recursos culturales y, sobre todo, importantes recursos paisajísticos; lo que llamamos patrimonio natural. Y que, efectivamente, toda esa riqueza enorme que tenemos de patrimonio ha sido absolutamente desaprovechada. Yo creo que eso todos los Grupos en esta Cámara lo hemos compartido cuando hemos debatido, tanto en Comisión como en Pleno... cuando hemos hablado del tema de la necesidad de una Ley de Turismo que regule y ordene todo el tema o toda la problemática del turismo.

Y es cierto que se ha desaprovechado por una causa fundamental: porque tampoco disponíamos de una ley que tratase de regular y ordenar los recursos turísticos de nuestra Comunidad. Eso era un hecho que todos los Grupos lo hemos compartido y todos hemos estado de acuerdo en que, además, el sector turístico puede ser... de hecho, ahora no es, con independencia de que el señor Consejero haya dicho que tenemos muchos turistas; son turistas de paso, precisamente, fundamentalmente por la ubicación geográfica que tiene nuestra Comunidad. Pero sí es cierto que tenemos importantes recursos, que si los sabemos aprovechar, el turismo puede ser un sector estratégico que puede generar muchos puestos de trabajo y, por tanto, puede contribuir de manera decisiva al desarrollo económico de esta Comunidad. Yo creo que esos planteamientos los compartimos todos los Grupos.

Se ha prometido por activa y por pasiva una Ley, una Ley de Turismo; yo no sé si es la quinta o la sexta vez; pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y en ese tema yo tampoco quiero hacer ninguna crítica; simplemente decir que eso es una promesa que el Partido Popular ha hecho ya desde hace bastantes años, al final se ha decidido, ha presentado esa Ley, y nosotros desde nuestro Grupo Parlamentario nos alegramos de que por fin podamos tener una ley, y eliminar, bueno, pues esa serie de órdenes que teníamos como sustitutivo... como sustituto a esa Ley. Y que, efectivamente, el tener una serie de órdenes publicadas pero no tener una verdadera Ley que regulase el sector turístico, lo que hacía era, un poco, poner obstáculos a la potenciación, precisamente, del sector turístico.

Bien. Y dicho esto, nosotros entendemos que el actual Proyecto de Ley -y voy a entrar al grano, al grano de la cuestión, para no enrollarme mucho-... ¿Por qué presentamos una Enmienda a la Totalidad? Nosotros decimos que, al margen de delimitar competencias de las distintas Administraciones Públicas, la ordenación de las actividades privadas, la regulación de la función inspectora, que eso viene en el Proyecto de Ley y viene en todos los proyectos de ley de todas las Comunidades Autónomas que tienen ya en estos momentos una Ley de Turismo... Hemos presentado enmiendas a esos diferentes artículos, pero no tiene mayor importancia, porque, en todo caso, son enmiendas de adición, de corrección, que puede haber su debate -y de hecho lo habrá-, y es nuestra voluntad mejorar la redacción y el contenido de cada uno de los articulados en esos aspectos.

(-p.3190-)

Pero las dos cuestiones básicas por las cuales Izquierda Unida ha presentado esa Enmienda a la Totalidad han sido fundamentalmente dos. En el Artículo 34, cuando se habla de la promoción y fomento de la actividad turística... Nosotros estamos apostando por una empresa pública, en este caso Sotur. Se puede decir que Sotur, prácticamente, es una empresa pública declarada en "quiebra" -entre comillas-, porque no funciona y porque ni tiene... ni material humano, ni material técnico, ni material económico suficiente para hacer una proyección o una promoción adecuada del turismo. Pero nosotros pensamos que puede ser un instrumento válido y que hay que apostar por Sotur.

De hecho, todas las Comunidades Autónomas -léase Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña-, todos tienen un instrumento, una empresa de derecho público, que es la encargada de promocionar y difundir el turismo; tiene plenas competencias; son empresas o instituciones perfectamente especializadas en el desarrollo y el fomento del turismo; tienen competencias concretas. Y yo creo que ésa es la fórmula que hay que aplicar.

No quiere decirse con esto que, aunque mañana fomentásemos más Sotur, le diéramos todos los medios necesarios para que al final se pudiera convertir en un instrumento de fomento y de desarrollo del turismo, de la noche a la mañana nos íbamos a convertir la segunda o la tercera del dentro ranking nacional. Evidentemente, eso no sería así. Pero, en todo caso, tendríamos ya el instrumento válido para hacer esa labor de promoción y difusión del turismo, teniendo en cuenta, si nos creemos de verdad, que el turismo es un sector estratégico que tiene gran importancia o puede tener gran importancia para el desarrollo económico de esta Comunidad y que de verdad puede generar muchos miles de puestos de trabajo. Yo creo que ésa es la idea básica.

Y yo lo que echo en falta en este Proyecto de Ley es la falta de apuesta de la Junta por Sotur -en otras Comunidades se llaman institutos, en otras Comunidades se pueden llamar agencias-, pero, realmente, se ve la voluntad... y son Comunidades gobernadas también por el Partido Popular, pero, en todo caso, se ve la voluntad expresa de esas Comunidades de utilizar los recursos turísticos que tienen, porque son una fuente de ingresos económica y de creación de puestos de trabajo muy importantes. Y aquí es donde nosotros echamos en falta precisamente esa falta de voluntad de la Junta de potenciar Sotur. Que nosotros tampoco tenemos mayor problema que se llame instituto, que se llame agencia, pero, en todo caso, si ahora mismo tenemos una empresa pública que se llame Sotur, ¿por qué no podemos seguir apostando por Sotur? Evidentemente, eso, a la hora... siempre que hemos debatido los Presupuestos en la Comisión, pues hemos hablado necesariamente de Sotur, de cuál era la visión que tenía la Junta de Sotur, y al final Sotur simplemente se ha convertido, pues, en una especie de empresa pública -con once funcionarios creo que tiene- pues que hace algunos folletos, que hace algún programa de difusión de la imagen de lo que es Castilla y León, pero eso es insuficiente. Yo creo que eso no se sujeta por ningún sitio y eso no conduce a nada. Gestiona lo de La Casona famosa, y yo creo que no hace absolutamente nada más.

Y entonces estamos desaprovechando... bueno, pues lo que yo decía antes: los recursos importantes que tenemos para la atracción de turismo y que al final esta Comunidad no sea una Comunidad de paso, sino que sea una Comunidad atractiva y que al final la gente decida quedarse. Yo creo que hay que apostar por Sotur. De hecho, cuando salió Sotur, todos los Grupos dimos el apoyo a esa creación de esa empresa pública, dejando claro que es un instrumento para el fomento y el desarrollo del turismo. Si nosotros cogiéramos ahora y leyésemos -y yo personalmente no quiero torturar a nadie, a ninguno de Sus Señorías-, pero si cogiéramos el... la Orden, cuando... las competencias que tiene Sotur, y leyésemos, por ejemplo, las competencias que tienen otras empresas públicas de otras Comunidades, veríamos que hay un abismo. Y yo creo que en esta diferencia es fundamental. Nosotros en las enmiendas, evidentemente, no hemos podido hacer una copia literal, porque tampoco se trata de hacer una copia literal de cuáles son las competencias que debería o no debería tener. Pero la idea ya está hecha; yo creo que aquí está todo inventado. Aquí se trata también de voluntad política. Por lo tanto, nosotros hacemos hincapié en esa importancia de apostar por una empresa pública como puede ser Sotur, pero dándoles plenas competencias, mayores recursos humanos y económicos, y que sea el instrumento de planificación y promoción del turismo en esta Comunidad.

(-p.3191-)

Otra de las cuestiones por las cuales nosotros hemos presentado una Enmienda a la Totalidad -que yo creo que es importante- es el tema del Plan Regional de Turismo. Bueno, aquí en el Informe del CES se decía... es su valoración, ¿no?, pero, bueno, en todo caso el CES es libre de hacer el informe que tenga que hacer. Y parece que decía que era innecesario el recoger lo del Plan Regional del Turismo. Bueno, eso se aprobó en el año noventa y cuatro, esa Orden está publicada el año noventa y cuatro. Nosotros no entramos si es positivo... o sea, si es necesario o no incluirlo en el Proyecto de Ley. Pero si el Plan Regional de Turismo se incluye en el Proyecto de Ley, al menos -al margen de que podemos estar de acuerdo con los objetivos... todos los objetivos que se plantean aquí, pues, evidentemente, son objetivos loables; no creo que nadie esté en contra de decir, dentro de un Plan Regional de Turismo: "hay que fomentar esto, esto y esto"-, yo creo que ahí nosotros consideramos que es necesario también hacer una comisión de seguimiento; es decir, si esto se va a incluir en el Proyecto de Ley, lógicamente hay que crear un mecanismo de control. Porque, al final, podemos hacer un Plan Regional de Turismo maravilloso, incluso recogiendo todo tipo de iniciativas, pero, al final, tiene que haber un control de esta Cámara para que, al final, eso se lleve a buen puerto. Todavía no he empezado a hablar de la financiación, pero, en todo caso, si se incluye ese Plan Regional de Turismo, nosotros hemos planteado pues la creación de una Comisión de Seguimiento donde estén representados no solamente el Consejo Regional del Turismo, sino que incluso se dé informes periódicos en esta Cámara para ver en qué grado de cumplimiento se está abordando o se está desarrollando ese Plan Regional de Turismo, por lo menos para marcarnos metas. Y si lo incluimos dentro de este decreto... dentro de este Proyecto de Ley, nosotros entendemos que es fundamental la constitución de esa Comisión de Seguimiento, para garantizar que al final ese Programa Regional de Turismo se lleve a efecto.

Y hay otra cuestión que también nos preocupa -que es otra de las razones por las cuales hemos presentado esa Enmienda a la Totalidad-, me estoy refiriendo, al margen de otras enmiendas que hemos presentado en otros artículos, pero fundamentalmente en la organización turística territorial. Yo creo que esto es una cosa fundamental, al margen de los contenidos de ese Plan Regional de Turismo. Aquí se habla de zonas de Interés de Turismo Preferente. Nosotros aquí, evidentemente, consideramos que es importante, pero hay que definirlo de una manera mucho más concreta, y nosotros aquí estamos hablando de planes estratégicos, que no entra en contradicción con lo que aquí se plantea: planes territoriales. Pero darle el matiz de plan estratégico para que, al final, esa matización... que puede ser una cuestión de semántica, pero nosotros entendemos que no es lo mismo decir... bueno, hacer planes territoriales sectoriales, en base a ese Plan Regional de Turismo. Nosotros decimos que hay que hacer planes estratégicos territoriales de carácter sectorial para garantizar que haya financiación.

Por ejemplo, ha habido... ha habido acuerdos... eso está recogido y contemplado en el Plan Regional de Turismo, que estamos todos de acuerdo se pueden incorporar. Cuando hablamos, por ejemplo, "zonas a desarrollar como zonas prioritarias para el turismo rural", por poner un ejemplo: Sierra de Gredos, Merindades, Ancares-Bierzo, Montaña Palentina, Sierra de Francia, Hoces Duratón, etcétera, etcétera. Eso está definido, eso entraría dentro de ese artículo, pero manteniendo ese criterio que nosotros pensamos. Es decir, si hay que territorializar a la hora de priorizar los proyectos de desarrollo turístico, rural o no rural, evidentemente es necesario establecer o entablar planes estratégicos, que quiere decirse que tienen nombres y apellidos, y eso tiene acompañado -entre paréntesis- financiación. Porque, si no, podemos estar escribiendo aquí el lucero del alba, pero después eso no se lleva nunca a la práctica.

Como me estoy refiriendo también... pues esto está también en el Plan Regional de Turismo, que nadie está en contra, incluso se puede ampliar: promoción de turismo cultural, ciudades Patrimonio de la Humanidad, románico palentino, mercados de artesanía, fiestas populares; rutas: Camino Santiago, Ruta La Plata, Corredor del Duero, Eje subcantábrico, Cañada de la Mesa, ruta del románico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso que entraría aquí dentro de los planes sectoriales de carácter territorial, priorizando proyectos de desarrollo turístico específico con un cierto atractivo, evidentemente nosotros pensamos que, al margen de esa denominación genérica, decimos: "no, plan estratégico para esas zonas". ¿Por qué? Porque eso viene acompañado fundamentalmente de la financiación.

Ésas son -a modo de resumen y para no resultar pesado-, ésas son las razones fundamentales por las cuales hemos presentado esta Enmienda a la Totalidad. Pero dejando claro también que aunque se asumiera el hecho de potenciar una empresa pública, aunque se asumiera el hecho de priorizar territorialmente aquellas zonas que puedan resultar atractivas desde el punto de vista del desarrollo turístico, evidentemente, lo más importante es la financiación. Aquí, evidentemente, no entraría eso, pero sería un aspecto importante, ¿no? Quizá en la segunda parte de la intervención desarrollaré más este tema. Pero ésas -vuelvo a repetir, no sé si ha quedado un poco claro- las dos razones específicas o las tres por las cuales nosotros hemos presentado la Enmienda a la Totalidad a este Proyecto de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Señor García Cantalejo, por el Grupo Parlamentario Socialista.

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Consejero. Vamos a tratar aquí de explicar cuál es nuestra... los argumentos que el Grupo Parlamentario Socialista ha encontrado para presentar una Enmienda a la Totalidad a este Proyecto de Ley de Turismo que presenta la Junta de Castilla y León.

Si algo hay que agradecerle al Consejero es que haya presentado la Ley. Desde luego, los antecedentes y los años que llevaban esperando que esta Ley viniera a estas Cortes, hacen ya esto como un... prácticamente un recurso retórico. Y se ha presentado la Ley de Turismo, y ahora vamos a ver si vale para algo o no vale para nada, señor Consejero.

(-p.3192-)

Desde luego, usted sólo es culpable en parte de ese retraso en presentar esta Ley de Turismo, porque esto lleva prácticamente desde hace seis o siete años... cada vez que un Consejero y, sobre todo, cada vez que un nuevo Director General -que ha habido prácticamente uno por año- tomaba posesión, lo primero que decía era la gran importancia que tenía la Ley de Turismo para ordenar un sector como es el sector turístico en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y la verdad es que solamente se quedaba en eso: en decirlo. Incluso el propio... el Presidente en cada discurso de Investidura, ya en el del noventa y uno y en el del noventa y cinco, también hacía una mención especial a que el turismo podía ser uno de los motores de desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, y, por lo tanto, uno de los aspectos principales que tenía sería desarrollar una ley de turismo.

En eso todos estábamos de acuerdo. Como estuvimos todos de acuerdo en que Sotur podía ser una punta de lanza importante -y debería de haber sido una punta de lanza importante- en el desarrollo del sector turístico en nuestra Comunidad Autónoma.

Pero es que, señor Consejero, el turismo no va tan bien como usted decía. Va bien, mejora, y va bien pese a ustedes. Porque la verdad es que los pasos que van dando, desde luego, menos mal que... en fin, no son tomados al pie de la letra por nuestros visitantes, porque, si no, la verdad, es que no harían excesivo... bueno, número, el aumento que tuviera el sector turístico en nuestra Comunidad Autónoma. Porque, lógicamente, ustedes presentan aquí ahora una Ley de Turismo, pero, lógicamente, han estado también gobernando y han estado, bueno, pues desarrollando una serie de Órdenes, una serie de Decretos, por los cuales, bueno, se reglamentaba todo lo que es el sector turístico en nuestra Comunidad Autónoma.

Sotursa, que podía haber sido -repito- una de las puntas de lanza de importante, al final ustedes lo han convertido una mera máquina de contratar campañas publicitarias. Campañas publicitarias, curiosamente, casi se gastan más dentro de nuestra propia Comunidad Autónoma que fuera, cosa que yo no he entendido nunca, ni creo que el sector lo entienda razonablemente así. Sé que se lo han dicho a ustedes y se lo han dicho a los anteriores Directores Generales y Consejeros, que, lógicamente, donde hay que tirar más es hacia los campos exteriores para captar esos turistas.

Usted ha mencionado aquí una serie de datos, que es verdad, pero no estamos aquí para debatir sobre todo sobre el... lo que es el sector turístico en este momento, pero, en fin -como usted ha hecho alguna mención-, le diré que lo que sí hacemos cada vez es que el crecimiento que experimenta, tanto los turistas como los ingresos que se derivan y lo que es la repercusión en el Producto Interior Bruto, cada vez nos alejamos más de la media nacional, que -es cierto- ha dicho que ha crecido prácticamente un 3%, un 3,2 -me parece que ha dicho-. Pero es que, claro, a nivel nacional crece el 6, el 7, el 8. Entonces, cada vez, lógicamente, nos vamos separando más. Y nos vamos separando más porque no sabemos aprovechar todos los inmensos recursos, tanto patrimoniales, histórico-artísticos, gastronómicos, naturales, medioambientales, etcétera, etcétera, que tenemos en esta Comunidad Autónoma. Si esta mañana hablábamos de los problemas que se tenían a la hora de... pues, de alguna manera, ver lo que era el desarrollo de esta Región en cuanto a los municipios, que están dispersos, que son pequeños, eso es una ventaja que tenemos para el aprovechamiento turístico. Y eso ustedes lo deberían de haber desarrollado antes y recogido en esta Ley. Y es que no hacen ni lo uno ni lo otro.

Después de haber esperado tanto tiempo, pues esperábamos que esta Ley hubiera tenido en cuenta todas las novedades y hubiera tratado de innovar, no se hubiera quedado anclada en muchos de los puntos que, prácticamente, son el pasado ya del sector turístico. Porque ustedes, además, es curioso, después de... tardar tanto tiempo, después de hacer tantos borradores, después de gastarse tantísimo dinero en reuniones, en estudios, para que se sacaran estos borradores de los decretos... perdón, de los decretos, de la Ley, pues resulta que al final presentan una Ley en la que se refieren y se remiten al desarrollo reglamentario... pues prácticamente lo citan unas treinta veces en sesenta o setenta artículos que tiene la Ley. Al final resulta que, bueno, como decía aquél: "hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos". Cosa que está bien. Pero, claro, teniendo la experiencia que tenemos ya con ustedes, pues no nos podemos fiar excesivamente de que eso vaya a significar nada.

Porque, fíjese usted, señor Consejero, si hacen las cosas tan bien, que en el trámite desde que han presentado ustedes la Ley al momento en el que estamos ahora, ustedes tenían un apartado dentro del Título I, el Capítulo IV, hablaba del Consejo Regional de Turismo, y se refería -se referían ustedes- al... bueno, pues el desarrollo, cómo iban a desarrollarlo, etcétera, etcétera, en el futuro la Ley; y entre medias sacan ustedes una Orden, que publican en el Boletín el día dos de junio, por la que se aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Turismo de Castilla y León. Algo que parece que ustedes iban a desarrollar reglamentariamente en todo lo que es la Ley de Turismo, pues es que se les queda hasta obsoleta en el paso del tiempo. Desde que la presentan, ustedes mismos regulan y desarrollan lo que es el propio Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Turismo. Claro, ya se han cargado de golpe y plumazo tres, cuatro, cinco artículos. Porque no tiene ningún sentido que lo tengan en la Ley, cuando ustedes van, entre medias, después de publicar la Ley, y entre medias sacan ustedes ya esta Orden y la publican en el Boletín Oficial. Eso es solamente un ejemplo de cómo tratan ustedes este asunto de la Ley de Turismo. Que, desde luego, no va a ser la panacea para reordenar el propio sector turístico. Es que ustedes, si hubieran hecho -desde nuestro punto de vista- las cosas como deberían, a lo mejor sí hubiera valido la Ley de Turismo para algo.

(-p.3193-)

Esta Ley de Turismo, señor Consejero, no compromete actuaciones. Si es que cuando hablan incluso de subvenciones, no son capaces ni de poner el compromiso de la propia Junta de Castilla y León. Ustedes se remiten, se remiten a que las Administraciones competentes en materia de turismo podrán, podrán incluir... no es el texto exactamente ese así, pero se lo puedo leer ahora mismo. "La Administración competente en materia de turismo podrá establecer líneas de ayuda y otorgar subvenciones." Es que no mencionan ustedes su propio nombre de la Junta de Castilla y León. Es que la Junta de Castilla y León tenía que comprometer, como en algunas leyes sectoriales de esta Comunidad Autónoma se ha hecho. Ya sé que luego no las cumplen; con lo cual, pues poco más o menos casi da igual el que lo pongan como que no lo pongan, pero, hombre, por lo menos parece que tendría algo de sentido el que ustedes hubieran puesto pues "la Junta de Castilla y León comprometerá en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma el 1, el 0,8, el 2, el 3% de sus Presupuestos para el desarrollo del sector turístico". Si es verdad que ustedes creen tanto que ese sector turístico puede ser una punta de lanza para el desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma. Nosotros sí lo creemos, pero ustedes no lo hacen.

Y ya digo que ni siquiera se mencionan ustedes mismos. Es decir: "la Junta de Castilla y León incluirá en sus Presupuestos líneas de ayuda...". No, no. Hablan "las Administraciones competentes en materia de turismo", pues no sé quién será; las Diputaciones, ustedes también... Pero hombre, es que podían fijarse ustedes. Además, es que dicen "podrán establecer"; ni siquiera dicen "establecerán".

Nosotros lo hemos intentado corregir a través de enmiendas parciales. Lógicamente, pensando en que estas Enmiendas a la Totalidad van a tener poco éxito, hemos intentado corregir esos vacíos que vemos a través de enmiendas parciales. Pocas, pero creo -desde nuestro punto de vista como Grupo Parlamentario- que bastante consistentes.

Una de ellas es ésta: creemos que ustedes... queremos que ustedes comprometan cada año. Además, hablamos de "la Junta de Castilla y León comprometerá cada año unas inversiones". Porque es que ustedes se tienen que comprometer. Porque si no, ¿de qué vale hacer una ley si luego, al final, no hacen inversión económica?, ¿de qué vale? Es papel, y el papel, al final, se moja y se estropea. El dinero, con las inversiones correspondientes, es el que puede hacer que de verdad esta Ley de Turismo valga para algo más que simplemente reordenar algo que ya tenían ustedes regulado desde los años anteriores -como aquí se ha dicho-, en los primeros decretos y órdenes que se sacaron hace prácticamente diez años.

Luego, podían ustedes, por lo menos, también, haber innovado algo más. Es decir, si Sotursa... claro, si ustedes están contentos con Sotursa, pues lógicamente nosotros no podemos decir nada; ustedes están contentos, nosotros creemos que no. Y hemos intentado dar un paso más allá: hemos intentado dar un paso planteando la creación del Instituto de Turismo de Castilla y León. Puede parecer algo, puede no ser nada; eso, al final, depende de quien va a tener que llevarlo a cabo. Y además, damos pasos concretos diciendo que ésa debe ser una de las obligaciones a la hora de desarrollar un sector como el sector turístico.

Pero es que además, señor Consejero, ustedes hacen algunas cosas tan curiosas como que hacen, pues, cada año una serie de encuestas para ver qué opinan los turistas cuando nos visitan. Bueno, eso lo hacen, lo estudian, y después me imagino que deberían de sacar ustedes algunas conclusiones de ello para luego aplicarlas. Bueno, pues una de las medidas que piden prioritariamente los turistas en esas encuestas que ustedes hacen es que el apartado más dificultoso para los propios turistas es el sector de la señalización turística. Pues no incluyen ustedes nada en la Ley, nada; absolutamente nada. Nosotros hemos presentado una serie de enmiendas para que eso sea uno de los capítulos importantes. Porque si es verdad que se hacen unas encuestas para ver qué es lo que opinan los turistas de lo que es el problema de nuestra situación turística en la Comunidad Autónoma, pues hombre, si dicen eso, por lo menos hagámosles caso; y si no, no se gasten esos "milloncejos" que cuesta ese estudio, para luego, al final, no hacerle caso a un aspecto más importante, porque eso no tiene mucho sentido. Hagámoslo como es debido. Pues eso tampoco lo hacen, tampoco lo hacen ustedes.

Y luego, cuando podrían innovar alguna cuestión más... porque repito que estamos hablando de una Ley que está presentada en el año noventa y siete, señor Consejero, no está -como otras- presentada hace varios años.

Otro de los aspectos importantes, otro de los aspectos importantes sería... bueno, pues incluir algo tan lógico como es la Comarca de El Bierzo; aquí se ha mencionado ya anteriormente. Pero si es que ustedes van... cuando van a Fitur, hay un stand que es de la Comarca de El Bierzo, y ahora no la mencionan ni en la Ley. Yo no sé si será un lapsus... o un lapsus simple, o un lapsus de verdad, porque ustedes piensan que las comarcas no hay que desarrollarlas. Nosotros, como creemos que sí, y parece además que algo por ahí va orientado cuando se habla de la reforma del Estatuto, pues hombre, hemos presentado alguna enmienda para incluirlo. Parece razonable que algo tan importante como es el hecho comarcal se recoja ya en esta Ley.

Pero es que ni siquiera la única que está recogida en este momento y a la que ustedes llevan a Fitur con un stand, y hacen unas declaraciones muy bonitas de que la Comarca de El Bierzo, o sea, "nueve provincias más una van a Fitur", pues luego no la recogen ni siquiera en la Ley. Que será un lapsus... Bueno, bueno, pues nada, tomen vitaminas para el cerebro, que viene bien para que los redactores, que no sabemos cuál será ya, de tantos... como ha habido tantos borradores, alguno de ellos, a lo mejor, se le ha ido del disquete del ordenador -porque esto ya ahora se hace todo así- y ha pasado a perderse en ese momento.

(-p.3194-)

Y luego, otro de los apartados importantes, por recoger algo de lo importante que puede tener una ley cuando se hace -repito- en este momento para innovar algo, porque para recoger lo que ustedes -les repito- han dicho treinta veces a lo largo del texto de la propia Ley, se refieren "reglamentariamente", "reglamentariamente", como se... "desarrollar reglamentariamente". Hombre, eso está bien cuando se estaba empezando. Pero cuando se hace la Ley, pues ya se puede decir algo, sobre todo porque eso ya está reglamentado por ustedes. Si lo quieren cambiar, díganlo para ver si nos puede parecer bien; y si no lo quieren cambiar, pues entonces digan: se mantendrá, se mantendrá lo que hay en este momento regulado en las disposiciones varias que ha habido por parte de la Comunidad Autónoma.

Y otra parte importante son las sanciones, porque estamos en un momento en el que el desarrollo del sector turístico, lo que a ustedes les piden los propios miembros del sector turístico -es decir, lo que es el sector, por entendernos-, pues cuando han llegado a aplicar las sanciones, el régimen de sanciones, ustedes se van al lado más corto que han podido acoger. Es decir, de todos... de toda la legislación comparada que hay, y de otras Comunidades Autónomas, ustedes han cogido el apartado más benigno. Es decir, la multa mayor que ustedes pretenden aplicar es de 5.000.000 de pesetas. Que eso tienen algunas Comunidades, pero claro, tienen algunas Comunidades que lo han hecho en el ochenta y seis. Lógicamente, hace once años, 5.000.000 de pesetas era una cantidad; hoy en día, por desgracia, ya... es como las cláusulas de rescisión de los de los clubs de fútbol: ya se queda pequeño todo, todo. Pero esto, cuando son estas cantidades (voy terminando ya, señor Presidente), estas cantidades que ustedes plantean se han quedado pequeñas.

Pero es que a nosotros nos parece muy importante que la reglamentación de esta Ley incluyera sanciones ejemplares. No vamos a llegar, como hacen algunas Comunidades como la de Canarias, a poner 50.000.000; es lo más exagerado. Usted ha planteado que cada ley ha recogido lo que es la idiosincrasia de cada Comunidad Autónoma. Es que ustedes no han recogido ni eso. Han hecho ahí una suma, un mare mágnum de una serie de disposiciones, puestas artículo por artículo, pero no han llegado a más. Y las sanciones son importantes, porque al sector turístico, el que más puede acabar con él es la competencia desleal y el que está trabajando mal.

Es decir, el que engaña a un turista, ese turista no vuelve a ir allí. Y no sólo no vuelve, sino que hace propaganda de fe para que no vuelvan los amigos. Y eso es importantísimo, que la gente tenga respeto al problema que puede tener si incumple la legislación. Claro, si le van poniendo algunas multas de unas cantidades tan pequeñas que le compense más arriesgarse a que ustedes les multen, que la multa de verdad, pues ahí no vamos a llegar a ninguna parte.

Voy a terminar, porque ya he excedido convenientemente el tiempo... Y repito que estos apartados son los que nos hacen plantear un no y una petición de retirada de este Proyecto de Ley por parte de la Junta de Castilla y León. Porque -repito- después de tanto tiempo, después de tantos procesos de borradores de proyectos de ley, que lleguen ustedes y nos presenten esta Ley de Turismo, de verdad que nos ha causado una gran decepción. Pensábamos que iban a presentar algo más grueso. Nosotros lo hemos intentado arreglar, porque somos conscientes de lo que es el voto y de lo que es la democracia, y estamos casi seguros de que nos vamos a ir con estas Enmiendas a la Totalidad rechazadas, y las hemos intentado corregir en enmiendas parciales. Pero después, como ése es un trámite que seguirá a continuación -todavía- si podemos hacerles recapacitar, las retiran ustedes.

Porque ahora tenemos una cosa también: la vamos a debatir ahora, es el último punto del último Pleno antes del próximo Periodo de Sesiones. Si es que les da igual, la retiran, presentan una nueva, y cuando vienen, recogen lo que nosotros creemos -y los demás Grupos- que es lo positivo, y cuando vengamos en septiembre nos examinamos todos de nuevo y esperamos aprobar entre todos juntos, con una mejor nota que en este momento. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, para consumir un turno en contra, señor Cot, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Intervengo en nombre del Grupo Popular para argumentar la oposición de nuestro Grupo a las tres Enmiendas a la Totalidad presentadas por los distintos Grupos de Oposición.

Estoy convencido en que todos coincidimos -y así lo han manifestado los distintos Portavoces que me han precedido en el uso de la palabra- con algunas de las manifestaciones -muy importantes- del señor Consejero, especialmente en la de la necesidad de la Ley de Turismo por razones -como él ha argumentado- de claridad y seguridad jurídica, así como por su utilidad para ayudar a que se sigan criterios de eficacia y coordinación entre las distintas Administraciones en materia turística, cuya importancia -la del sector- es cada vez mayor, como se pone de manifiesto por los datos expuestos aquí por el señor Consejero y por otros muchos que son de su conocimiento. Y el futuro del turismo, todos coincidimos en que es una de las industrias de mayor proyección en los próximos años.

(-p.3195-)

El Grupo Popular coincide con el Gobierno Regional en la orientación dada al Proyecto de Ley, dentro de las distintas alternativas que se presentaban y que se han ido barajando a lo largo de los años en los distintos borradores que ha habido del mismo. Y entiende que este Proyecto, con una menor carga reglamentista en sus artículos, es el más adecuado en estos momentos para que el marco jurídico en el que se desarrolla el sector tenga la suficiente flexibilidad para conseguir los objetivos que se persiguen.

El propio Proyecto de Ley reconoce -y será necesario que así sea- que se debe hacer un esfuerzo complementario en la normativa posterior que desarrolle, por una parte, lo que preceptúa el texto legal; y, por otra, que se vayan recogiendo y se vayan adecuando a este texto legal los distintos decretos y preceptos que en estos momentos regulan en nuestra Comunidad la actividad turística.

El texto que hoy se nos presenta para la aprobación de estas Cortes es técnicamente irreprochable en su forma. Y respecto a su contenido -en opinión de este Portavoz-, recoge, en la medida de lo posible, las opiniones y sugerencias del sector y de los distintos organismos consultados. Sirva a modo de ejemplo la opinión del Consejo Económico y Social que, en su último informe respecto al Proyecto de Ley, reconoce la mejoría producida en su estructura y en su contenido.

El Articulado, por tanto, cumple los objetivos básicos que se recogen en la Exposición de Motivos: por una parte, sienta las bases de la ordenación del sector de una manera unitaria, delimita las competencias entre las distintas Administraciones, y contiene -como es preceptivo- el régimen de inspección y sanciones en materia turística.

El Grupo Popular de estas Cortes apoya al Gobierno Regional en una visión del turismo que, lejos de la demagogia o el fácil distanciamiento de la realidad, avanza con pasos firmes desde el convencimiento de la importancia que hoy tiene la Industria turística -Industria con mayúsculas-, y desde la certeza que su peso, dentro del Producto Interior Bruto de la Comunidad, será cada vez más importante.

El Grupo Popular entiende que el Proyecto es un buen instrumento para conseguir estos objetivos y para que Castilla y León sea cada vez más competitiva turísticamente. Para que nuestra Comunidad, de nuestros muchos y variados recursos turísticos que tantas veces traemos a colación en los distintos debates -histórico-artísticos, culturales, gastronómicos, etcétera-, que cada vez -digo de estos recursos- se conviertan más en verdaderos productos turísticos que atraigan, por una parte, a un turismo de calidad de fuera de nuestra Comunidad y, por otro, que permitan y fomenten el turismo interior, el turismo interno, como elemento fundamental de unión e integración de los ciudadanos de nuestra Comunidad. Y todo ello -como también se ha puesto de manifiesto en las distintas intervenciones- sin perder de vista el objetivo último, que es contribuir, una industria tan importante como ésta, al desarrollo económico de nuestra tierra, a generar riqueza y a luchar -cómo no- contra el desempleo, al mismo tiempo que se pone en valor, y se realzan, y se cuidan con más mimo, si cabe, todas nuestras tradiciones, nuestros monumentos y nuestro medio natural.

El Proyecto de Ley es un paso más dentro de los muchos dados por la Junta. Hay críticas en las Enmiendas a la Totalidad que hablan de que la Junta no ha hecho nada, etcétera, etcétera. Y, en definitiva, yo he visto excesivamente derrotistas las intervenciones anteriores.

Por una parte, desde el Grupo Mixto, el señor Otero, pues, prácticamente ha centrado su intervención, en su Enmienda a la Totalidad, en analizar las enmiendas parciales que, con independencia de ésta a la Totalidad, ha presentado en nombre de su Grupo, tanto él como su compañera de Grupo. Y se centra fundamentalmente en aumentar las competencias de la Comarca de El Bierzo y de las Diputaciones Provinciales -es el eje básico de su argumentación-, así como de recalcar gramaticalmente la visión de su Grupo en materia autonómica.

Lo que para usted es centralismo, para el Grupo Popular... se ve desde el Grupo Popular como coordinación entre la Junta de Castilla y León y las Entidades Locales como tantas veces repite el texto. Y desde luego -sirva también para otras manifestaciones hechas por otros Grupos-, rechazamos lo que han llamado, que ha denominado usted concretamente "desastres turísticos de la Junta". Desastres, nada. La Junta viene colaborando de manera coordinada, no sólo la Consejería de Comercio e Industria -competente en la materia-, sino -como es lógico, y no podría ser de otra forma- las Consejerías directamente implicadas en que el medio turístico y la industria turística funcionen adecuadamente, como son la Consejería de Cultura, la Consejería de Fomento, la Consejería de Medio Ambiente, etcétera, vienen actuando y de manera -y a los datos me remito- bastante eficaz.

Respecto a las manifestaciones efectuadas por el Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, pues, se ha sumado usted, se ha sumado su Grupo al ataque, que inicialmente partía sólo del Grupo Socialista, a la empresa Sotur. La empresa Sotur -en opinión de este Grupo Parlamentario- está desarrollando adecuadamente su labor, está cumpliendo la función para la que en su día se creó. Y yo creo que no es objeto de este debate. Ha sido objeto de comparecencia el Director de Sotur en Comisión, y yo no sé, no me explico ese ataque furibundo dentro de lo que es un Debate a la Totalidad del Proyecto de Ley.

Y sirva también mi opinión respecto a lo manifestado por el señor Conde, también para otros Portavoces, en el sentido de los ataques al Plan Regional de Turismo, del seguimiento, que en mi opinión sí recoge el Artículo 36, en el que en el punto 3 creo que dice "se revisará"; se revisará, indudablemente, en función de un seguimiento. Hay cosas que se dan por entendidas dentro de la Ley. Yo creo que debían hacer un estudio más profundo de lo que dice el Articulado.

(-p.3196-)

Y, desde luego, los argumentos esgrimidos respecto a la falta de financiación, que también, también han sido esgrimidos por el señor García Cantalejo en representación del Grupo Socialista, en mi opinión, no tienen consistencia, en el sentido de que parece que se quiere que la Ley presupueste, el Proyecto de Ley presupueste exactamente -incluso ha hablado de cifras- lo que la Junta de Castilla y León va a dedicar al turismo. Y eso debe ser objeto de debate en unos Presupuestos del Estado... perdón, en unos Presupuestos de la Comunidad, y, desde luego, no en la regulación de una ley.

En el mismo sentido, y coincidiendo... creo que todos coincidimos con la importancia de la Ley, con la importancia de la Ley. Y buena prueba de ello, que a todos nos preocupa y todos tenemos en la cabeza el futuro, y el futuro prometedor del sector, y que a todos nos preocupa su adecuada regulación, es el elevado número de enmiendas que los distintos Grupos han presentado, y a los que se han referido reiteradamente en esto que debía ser un debate de enmiendas a la totalidad.

Yo estoy seguro que todos lo han hecho -y así lo han manifestado- con el ánimo de mejorar el Proyecto. Y en ese ánimo, el Grupo Popular está dispuesto al diálogo desde hoy mismo. Pero deben entender los Grupos de Oposición que el Grupo Popular vote en contra de las tres Enmiendas, por inconsistentes y -permítame decirlo- en algunos casos por poco serias.

Insisto y acabo. Entre el interés por el turismo que demuestran las referidas enmiendas parciales y la labor de oposición por oposición que ponen de manifiesto las presentadas a la Totalidad, el Grupo Popular se queda sólo con lo primero, y ofrece toda su capacidad de diálogo para mejorar en lo posible el texto que hoy nos presenta el Gobierno Regional, y para procurar que la Ley que en su día aprueben estas Cortes cuente con el apoyo, si es posible, de todos sus miembros. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, por el Grupo Mixto, señor Otero, tiene la palabra.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, señor Presidente. Como me indicaba Su Señoría, José María Crespo, con espíritu de síntesis; ya lo creo que sí.

Bien. Si la verdad es que no hay mucho que añadir a lo que hemos expuesto. Si es que tenemos que insistir en que estamos, una vez más, ante una Ley extraordinariamente centralista; efectivamente, así es, es una Ley extraordinariamente centralista. Que entienda el Portavoz del Grupo Popular que ni siquiera permite la transferencia de competencias a otras Administraciones; es que no lo recoge, como si no existiera la figura. Ahí lo tiene usted: "Diputaciones Provinciales, y Entidades Locales y municipios pueden tener las competencias que les sean delegadas"; pero no dice nada de transferidas. Yo no sé si es un error o es que, de verdad, han querido ustedes atarlo todo y que no exista la posibilidad de que se transfieran competencias a las Entidades Locales.

Y claro, y es una Ley que está en contradicción con lo que pregonaba el Presidente de la Junta en su discurso de Investidura, de descentralizar fundamentalmente en materia de turismo. Por eso en cuanto lo recordé se fue; tardó un segundo; en cuanto lo oyó, desapareció del hemiciclo. Claro, por qué... Es que se lo queda todo, absolutamente todo, la Junta de Castilla y León. Ése es el fundamental argumento por el cual nosotros vamos a votar en contra, y hemos presentado la Enmienda a la Totalidad, y pedimos la devolución del Proyecto de Ley: por el centralismo extraordinario; centralismo que, además, cierra puertas a la posibilidad de descentralizar en el futuro.

Y luego, claro, vemos... El capítulo de competencias, que es lo fundamental para nosotros; y luego en las enmiendas parciales podremos hablar de la potestad sancionadora, o inspectora, o del Plan Regional de Turismo -lo que quieran ustedes-, pero lo fundamental es el centralismo de esta Ley.

"Competencias..." -dice- "...de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León", Artículo 6: todas, todas. Claro, que luego surgen las contradicciones; no me extraña que algunos propugnen la administración única, porque surgen las contradicciones. Dice: "Competencias de la Administración de la Comunidad Autónoma". Por ejemplo: "La protección y promoción de la imagen de Castilla y León". Y luego: "Competencias de las Diputaciones: la promoción turística de la provincia". ¿Pero no es lo mismo? Pero entonces, ¿quién tiene que tener la promoción? ¿O todas al mismo tiempo? No, por una razón muy simple: porque la Junta es la que tiene el dinero y la Diputación no tiene dinero; bastante tiene la Diputación con arreglar los baches de sus carreteras, con los 18.000 millones de presupuestos que tiene, por ejemplo, la Diputación Provincial de León.

De tal manera que competencia de la Junta, todas, de la Comunidad Autónoma; y a las demás, nada. Sí, sí, se les señalan ahí unas competencias, pero como se sabe que no tienen dinero, pues nada van a poder hacer.

(-p.3197-)

Y la verdad, ahí está fundamentalmente -insisto-, con ánimo de síntesis y para terminar, el problema que se plantea fundamentalmente en esta Ley: todas las competencias para la Comunidad, imposibilidad, imposibilidad de transferir competencias. Y como unas leyes hay que relacionarlas con otras, yo vuelvo a insistir en que esta Ley tiene que estar relacionada con la Ley de Régimen Local, que o mucho cambia, o exige... para que la Junta de Castilla y León, para que la Comunidad Autónoma transfiera una competencia a una Entidad Local, exige que la pidan todas las Entidades Locales; en concreto, las Diputaciones, o lo piden las nueve, o no hay competencia.

De tal manera que con esta Ley y con la Ley de Régimen Local jamás una Diputación Provincial tendrá ninguna competencia en materia de turismo. O mucho cambia, o la cosa es así. Pero vamos, no lo digo yo, lo pone la Ley esta y la Ley de Régimen Local. Por tanto, nada, a esperar mejores tiempo; o, por lo menos, a esperar a tener la confianza de que algo se cambie en las enmiendas al Articulado.

Desde luego... ¡hombre!, esa enmienda es muy importante, de verdad; yo hago hincapié en ello. Cuando hablan ustedes de las competencias de las Diputaciones y de los municipios, añadan: "las que se le puedan delegar o las que se le puedan transferir". Es un punto realmente importante. La Ley seguirá siendo centralista, pero abrirá la puerta a la descentralización. Ahora la Ley es centralista y además ha cerrado la puerta a la posibilidad de descentralizar en un futuro. Nada más. Gracias, Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Señor Conde, para la réplica.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, señor Cot, yo he creído que he hablado en mi intervención suficientemente claro lo que yo quería decir.

Yo le admito que el Grupo Popular, pues, coincide con el Gobierno Regional. Pues eso... ¡faltaría más!, es de cajón. Ahora, que diga que las críticas son inconsistentes y poco serias... Yo no he tratado... No quiero decir con esto que haya interpretado su intervención como de descalificadora, ni mucho menos; simplemente que voy a puntualizar. Dice: "Son críticas inconsistentes y poco serias, o poco rigurosas", he anotado o he querido entender que ha dicho usted.

Bueno, pues al margen de que, efectivamente, el Grupo Popular coincide con el Gobierno Regional -como no podía ser de otra manera-, le voy a contestar a las tres o cuatro cuestiones que usted ha dicho a mi intervención; y no sé si a la mía o a la del Portavoz del Grupo Socialista.

Yo no he hecho un ataque furibundo contra Sotur; todo lo contrario, todo lo contrario. Yo lo que he dicho es que una de las razones fundamentales por las cuales nosotros hemos presentado una Enmienda a la Totalidad a este Proyecto de Ley es precisamente porque apostamos por una empresa pública de derecho público que se encargue de fomentar y promocionar el turismo. Y hemos puesto como ejemplo otras Comunidades que tienen en el turismo una fuente importante de recursos económicos: País Valenciano, Baleares, Cataluña; y que en esas Comunidades... no en Cataluña, pero en otras Comunidades como ésas gobiernan ustedes. Y han puesto al frente del desarrollo para el fomento del turismo a una empresa de derecho público para fomentar eso.

Y yo le he dicho: aquí tenemos una empresa que es Sotur, que todos los Grupos, cuando se constituyó, apoyamos la constitución de Sotur. Y yo he dicho: Sotur no funciona. Pero eso no es por un ánimo de crítica para decir "ustedes son unos inútiles y son incapaces de que Sotur funcione". Es que Sotur, con los medios económicos que tiene y con el personal que tiene, es imposible que funcione: solamente hay once funcionarios trabajando, el presupuesto es muy pequeño.

Por tanto, nosotros decimos... y vuelvo a repetir: a nosotros nos da igual que esa empresa pública se llame instituto, se llame agencia... Pero ya que tenemos a Sotursa, al menos potenciemos Sotursa como instrumento de fomento y desarrollo del turismo. ¿Porque quién es el que va a hacer la campaña de fomento y promoción del turismo en esta Comunidad? ¿Quién? ¿La Dirección General de Turismo? Pues entonces estaríamos como estamos ahora: no tenemos nada y nada tenemos... y nada tendremos. Y nosotros apostamos por potenciar una empresa pública especializada para el desarrollo del turismo. Pero, evidentemente, eso cuesta dinero, eso cuesta dinero, al margen ya de las campañas de marketing, de imagen, de las campañas de televisión que hablaba el Portavoz... el señor Otero, al margen de eso. Nosotros, con esa empresa, con esa estructura que tenemos, que es Sotursa, no podemos hacer absolutamente nada; necesitamos realmente un instrumento más fuerte para que realmente pueda hacer esa campaña de promoción y desarrollo turístico.

Y yo he puesto como ejemplo lo que han hecho otras Comunidades que tienen en el turismo una fuente importante de recursos de ingresos. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí nosotros? ¿Por qué no podemos convertir Sotursa en un instrumento eficaz para la promoción y el desarrollo del turismo? Y yo decía antes: no se trata de que de la noche a la mañana... aunque destinemos muchos recursos económicos y humanos, de la noche a la mañana nos vamos a convertir en la segunda Comunidad, desde el punto de vista turístico, más importante del país, porque, efectivamente, tenemos competidores -y duros- como para ocupar el segundo lugar en el escalafón, en el ranking nacional. Pero al menos estaríamos en condiciones de subir muchos más puestos, porque estamos en condiciones de hacerlo, porque tenemos unos recursos importantes desde el punto de vista turístico. Es a lo que yo me refería de Sotursa. Yo no estaba haciendo ningún ataque furibundo; simplemente decir: si reconocemos que Sotursa puede ser un instrumento válido, apostemos por él.

(-p.3198-)

Ataque al Plan Regional de Turismo; todo lo contrario. Yo lo que he dicho es que hay un Plan Regional de Turismo que el propio informe del CES decía que no llegaba a entender bien por qué en el Proyecto de Ley se incluía el Plan Regional de Turismo. Y yo he dicho: a nosotros nos da igual, pero si, de entrada, se contempla en el Proyecto de Ley el Plan Regional de Turismo, que hay unos objetivos que se marcan que son loables, que yo he dicho que todos los Grupos estamos de acuerdo con esos objetivos.

¿Dónde está el problema? Pues el problema radica que para que ese Plan Regional de Turismo no sea simplemente un canto al sol, un brindis al sol, llámese como quiera, lo lógico es que al menos, para que tenga un cierto grado de credibilidad y que ya que está contemplado en la Ley podamos llevar un control riguroso, no desde la Oposición, sino desde esta Cámara, al menos, constituir una Comisión de Seguimiento -que está puesta y recogida en una de las Enmiendas que hemos presentado-, donde hay una coordinación de todas las Consejerías de la Comunidad.

Porque el Proyecto, el Proyecto de Desarrollo Turístico afecta al conjunto de todas las Consejerías, y estamos diciendo que dentro de ese Plan Regional de Turismo -que nos parece muy bien-, que si está recogido en el Proyecto de Ley, al menos introduzcamos un mecanismo no de control por desconfianza, sino de control para garantizar que los objetivos que se marca el Plan Regional de Turismo se lleven a efecto. Y ahí decimos: una Comisión de Seguimiento y Evaluación de ese Plan Regional de Turismo donde estén todas las Consejerías, donde esté el Consejo Regional de Turismo, todos los agentes sociales y económicos implicados en el Desarrollo Turístico de esta Comunidad; y que el Consejero anualmente presente un informe a esta Cámara de cómo se está aplicando ese Plan Regional de Turismo; y que los Grupos Parlamentarios tengamos información semestral o anual -me da igual- de cómo va la aplicación de ese Plan Regional de Turismo. Por tanto, yo no estaba haciendo ningún ataque furibundo a ese Plan Regional. Lo único que estoy diciendo es que si no hay mecanismos para garantizar que eso vaya hacia delante, nosotros entendemos que eso es un brindis al sol y, por tanto, pedimos esa comisión de control, de seguimiento o evaluación, que se llame como quiera; ésa es otra de las razones.

Lo de la financiación. Pues, evidentemente, por eso, en el Artículo 46, el hacer planes territoriales, que nosotros decimos que sí, hacer planes territoriales en aquellas zonas que tienen una cierta potencialidad en el desarrollo turístico, pero que nosotros, para garantizar que haya financiación para esos proyectos, decimos que se elaboren proyectos estratégicos, que significa que haya dinero. Que sabemos que no hay dinero para todos los planes que recoge el Plan Regional, pero el mérito de que se contemple el hecho de que sea un plan estratégico implica necesariamente financiación; eso es lo que estamos pidiendo.

Por eso, es otra de las razones por la que presentamos esa Enmienda a la Totalidad. No hemos presentado ochenta enmiendas por hacer perder el tiempo y decir "donde digo digo, digo Diego". No. Porque entre otras razones, ustedes han cogido el Proyecto de Ley de Canarias que es igual... yo tampoco lo he dicho, si a mí me da igual, si aquí está todo inventado; tampoco tenemos por qué inventarnos artículos nuevos, porque todas las Comunidades tiene hechas una Ley de Turismo. Por tanto, yo no he hecho ese ataque furibundo.

La financiación sí es importante, porque fíjese, si decíamos -y con esto acabo-, si decíamos que esto es un sector estratégico que puede generar muchos puestos de trabajo, y, es más, declaraciones de la propia Junta estimaban que el sector turístico podría crear del orden del veinte mil empleos de aquí al año dos mil. Eso no lo ha dicho Izquierda Unida, se ha dicho en una Comisión -creo recordar el día que se presentaron los Presupuestos, y se dijo: "veinte mil empleos se pueden crear en el sector turístico hasta el año dos mil. Y la inversión" -y son palabras textuales del Presidente de la Junta- "150.000 millones de inversión privada y 100.000 millones de inversión pública hasta el año dos mil".

Éstos eran los objetivos que se plantearon. Pero ¿cuál era la presupuestación de la Junta? Pues, en el año noventa y cinco, 1.100 millones, en el año noventa y seis, 1.200, en el año noventa y siete 1.600. A este paso, ni para el siglo XXIII. Pero, claro, yo tampoco puedo decir: "y que en la Ley se contemple...", lo puedo poner, de hecho ha habido un Proyecto de Ley como el de Minería donde se dijo "19.000 millones". Bueno, pues también se puede poner aquí. Pero yo creo que cuando estamos hablando de la Comisión de Seguimiento e introducir mecanismos de control, pues, con eso, nosotros nos conformamos. Pero, en todo caso, cuando hablamos de financiación, cuando discutamos los Presupuestos, si previamente estamos de acuerdo en potenciar Sotursa, en potenciar ese Plan Regional de Turismo, está claro que todos los años, cuando discutamos los presupuestos, se tiene que ver la voluntad política de qué es lo que queremos hacer con Sotursa y cómo queremos potenciar el turismo.

Y yo he tratado de contestar puntualmente, usted, a lo que ha dicho usted, pero no diga que esto es una crítica inconsistente. Es que a cualquiera que se le pregunte si Sotur ha funcionado, pues, todo el mundo dirá que no funciona, porque nadie lo conoce. Eso no es una crítica destructiva; es un reconocimiento de una realidad. Y nosotros estamos apostando por Sotursa porque entendemos que es una empresa pública.

Ahora, que se quiere llamar Instituto, nosotros, como dice el Grupo Parlamentario Socialista, no tenemos ningún problema; que se llame Agencia, que se llame Instituto que se llame como quiera, pero que sea una cosa que funcione y que sirva para promocionar el turismo. Y cuando se realicen los presupuestos todos los años, pues, ahí es cuando hay que poner el dinero.

(-p.3199-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor García Cantalejo, para la réplica.

GARCÍA CANTALEJO

EL SEÑOR GARCÍA CANTALEJO: Gracias, señor Presidente, Señorías. Señor Portavoz del Grupo Popular, dice usted algunas cosas que entran en completa contradicción las unas con las otras, pero, en todo caso, fíjese, como nosotros ya estábamos... y así hemos hablado a lo largo del debate, y usted nos lo reprocha un poco que hayamos entrado en algunas de las enmiendas parciales. Es que nosotros teníamos en nuestro foro interno la completa convicción de que iban a rechazar las Enmiendas a la Totalidad. Por lo tanto, pues, hombre, hemos ido avanzando un poquito del debate de lo que va a ser luego continuamente. Pero no sólo por un capricho, es que algo tiene que ver lo uno con lo otro, señor Procurador. Es que... usted cuando... habla de que todos coincidimos con la importancia de la Ley. Sí, claro que coincidimos, como coincidimos en que todos teníamos que ser buenos, en que todos teníamos que ser personas donde estuviéramos en un mundo feliz. Pero eso es la Arcadia, y esto es Castilla y León y la gobiernan ustedes, y la verdad es que queda bastante lejos de esa situación idílica.

Estamos de acuerdo en la importancia de la Ley, pero no de esta Ley, no de esta Ley. Si es que... vamos, que usted nos diga que las Enmiendas -como no ha dicho cual, pues, nos vamos a dar todos por aludidos- son inconsistentes y poco serias. Pero, hombre, como puede decir esto, señor Portavoz, si después de seis años, seis borradores, vueltas y vueltas para presentar este Proyecto de Ley, que le repito, y yo le he dicho, que se refiere no menos de treinta veces a la palabra reglamentariamente. Es decir, lo van a desarrollar todo a futuro. No dicen nada ustedes, no hacen un compromiso.

Que de acuerdo, ¿que se va a comprometer todo en los Presupuestos? Pues no, mire, si de verdad creemos todos tanto en que éste es un sector estratégico, como parece, que todos estamos convencidos en que lo debe de ser, empecemos a comprometer algo. Pero si es que se lo he dicho: en este Proyecto de Ley, si no pone ni el nombre de la Junta de Castilla y León para comprometerse como Administración a invertir cada año; "podrán", hablan ustedes siempre en condicional. Pero. ¿cómo que podrán? Tendrán que incluir cada año en los presupuestos.

Y es que esto además, señor Portavoz del Grupo Popular, no es algo que nos encontremos con una Ley de Turismo, como si de repente no hubiera pasado nada en estos años; es que ha habido una actuación en la cual aquí ya ha habido pasos concretos. Y estamos hablando y se ha hablado del Plan de Turismo. Y yo no he quiero entrar, porque es que ya hay aquí un Plan Regional de Desarrollo Turístico, que está publicado hace tres años -creo calcular-, más o menos. Un Plan Regional en el que decían lo mismo que ahora. Pero un plan regional, fíjese usted, tan curioso que es el Plan Regional de Turismo de Castilla y León, y no viene incluida, dentro de las muchas rutas, una Ruta de los Castillos. O sea, se les olvidan, en esta Comunidad Autónoma que es Castilla y León se les olvida poner una Ruta de los Castillos. Ese plan ya existe, lleva tres años y no se ha desarrollado. Entonces, le presenta aquí nuevamente, pues, bueno, lo han incorporado y han dicho: ¡hala, venga, otra vez! Es que ya hay antecedentes sobre lo que es la política del Grupo Popular y de la Junta de Castilla y León, soportada -como no podía ser menos- por ustedes como Grupo, a la hora de hacer política turística, y, claro, estos antecedentes existen.

Usted ha hablado de que es técnicamente irreprochable. Pues no sé como hacen ustedes las enmienda que han hecho, porque se cargan de un plumazo varios de los articulados importantes, desde nuestro punto de vista, que ya hablaremos luego después, porque yo estoy convencido que tienen más fondo que la forma que parece que tienen. Pero, desde luego, si fueran irreprochables técnicamente, ustedes no hubieran presentado tantas enmiendas como han presentado para corregir aspectos muy concretos, muy concretos, que no tiene nada que ver lo que ponía en el texto a lo que ustedes presentan.

Por lo tanto, señor Procurador, señor Portavoz del Grupo Popular, eso de técnicamente irreprochable no lo puede decir usted con mucho fundamento, cuando ustedes, como Grupo Popular, enmiendan la plana a esta Ley en aspectos concretos, en aspectos muy concretos. Y como es un debate, y la que es, no vamos a empezar a leerlo -lo tengo aquí-... los aspectos que ustedes presentan como enmiendas, pero de fondo, ¿eh?, desde nuestro punto de vista, de calado, de fondo. O sea por lo tanto, irreprochablemente... mire.

Y en cuanto a las sugerencias del sector. Pero si la más importante que les hacen es el tema de las sanciones y es el tema de la competencia desleal, y ustedes no la corrigen aquí; ponen -ya se lo he dicho antes- el aspecto más benigno de todas las Comunidades Autónomas, si ponen las mismas multas que ponían la mayoría de las Comunidades Autónomas hace varios años. ¿Cómo puede decir usted que recoge la sugerencia del sector? El sector, lo más importante que tiene es que les den ayudas y subvenciones, y ustedes no se comprometen a ello dentro de esta Ley, con nombre y apellidos, la Junta de Castilla y León, ni siquiera yo he hablado aquí que otras leyes recogen poner unas cantidades, un tanto por ciento... Hombre, yo creía que ese compromiso se podía incluir aquí. Ahora no se incluye, se incluye en presupuestos.

Pero es que ustedes no se ponen con nombres y apellidos y dicen en condicional que "podrán dar subvenciones". Pero cómo pueden decir ustedes que se comprometen. Eso es lo que quiere el sector: ayudas.

(-p.3200-)

Y luego lo que quiere es acabar con la competencia desleal. Resumiendo, más o menos de lo que el sector quiere es lo que ahí está. Hombre, a lo largo de todos estos borradores faltaría más que no hubieran recogido ustedes las sugerencias de estos años, ¡pues sólo faltaría eso! Que encima, después de tantos años, no hubieran hecho caso a recomendaciones tan sensatas como las que ha hecho el Consejo Económico y Social. Se nos olvidó una -nosotros lo hemos incluido también-, que es el tema medioambiental.

Y cuando nosotros planteamos que esta Ley no tiene coordinación entre Consejerías, lo decimos también con conocimiento de causa. Porque es que tiene que haber una coordinación correcta. Porque estamos promoviendo el turismo en Castilla y León. Y hay una Consejería, que es la Consejería de Fomento -aquí está el señor Consejero-, y la de Cultura -que no está en este momento-, que invierte, o se supone que debe invertir varios miles de millones según los presupuestos al año en restauración de iglesias. Y luego, esas iglesias sólo se pueden visitar un martes de dos a cuatro de la tarde. Pero eso, así. Quejas de los ciudadanos de que van a visitar un monumento restaurado con dinero de la Junta, y lo tienen que ir a ver, porque, según la Ley de Patrimonio, solamente es obligatorio esos dos años. Eso, así. Y no lo han corregido todavía, pese a una Proposición No de Ley que hizo el Grupo Socialista hace muchos años pidiéndoles que hicieran algo tan sensato como para que aquellas... digamos iglesias, o conventos, o palacios que se restauran con dinero público, se abran, como mínimo, los fines de semana, que es cuando se mueven los turistas, hombre; si es que parece lo más razonable. Pues, ni eso siquiera ustedes lo han tenido en cuenta. Pasan por la coordinación como por encima de las ascuas, como se pasan en San Pedro Manrique después... el paso de las ascuas que hace la gente en este pueblo soriano.

Y mire, no entraré en mucho más, porque la hora que es no merece muchísimo más entrar, pero, de verdad, que hablen ustedes de... y nos digan que son inconsistentes y poco serias, pues, mire, no. Poco serio es todo lo suyo; poco serio, desde nuestro punto de vista, repito, desde nuestro punto de vista. Nosotros tenemos la razón que tenemos, el peso que tenemos cada uno, unos más y unos menos, el físico y político el que tenemos, pero le tenemos. Y, desde luego, lo que está claro es que con estos antecedentes que le he dicho, nos parece que esta Ley, y teniendo en cuenta que ese periodo de sesiones se vuelve a paralizar, pues no estaría de más que se lo pensaran, retiraran el Proyecto de Ley la Junta de Castilla y León, y le volviera a incorporar con todas aquellas iniciativas, que estoy seguro que, al final, luego va a recoger, porque cuando hablamos de lo de reglamentariamente, pues me gustaría a mí, artículo por artículo... lógicamente no vamos a estar aquí, porque entonces algunos nos iban a echar a los perros, lo que está clarísimo, lo que está clarísimo es que eso que se habla de reglamentariamente, que no se sabe, porque sólo se dice esa palabra, es lo que ya existe, pues haberlo incorporado. Es que, al final, dice: voy a desarrollar... ¿qué pasa, que lo van a dejar ustedes en suspenso?, porque la Ley lo dice al final en una de las disposiciones. No, van a mantener lo que hay, porque, si no, dejarían vacío legalmente... un vacío legal que no se puede dejar. Y van a aplicar lo que tienen hasta ahora, y entonces, pues en fin, para este viaje no hacen falta esas alforjas que ustedes están utilizando.

Y mire, yo me quedo con lo que dijo el anterior Director General de Turismo, una de las muchas veces que se le preguntaba que por qué esta Ley no venía aquí. Y dice: "es que tuve que convencer a toda la Junta de que hacía falta una Ley de Turismo". Y eso es verdad, y yo eso es lo que he ido viendo durante estos últimos años, que en este tema ha habido que convencer a toda la Junta de que era necesaria la Ley. Pero al final, cuando ha venido la Ley -yo lo he dicho antes-, hay que agradecérselo al señor Consejero porque ha llegado, y hay que lamentar que haya llegado en las condiciones que ha llegado a este Pleno de las Cortes para el debate a las Enmiendas de la Totalidad.

Como parece que no hemos convencido, esperando lo que diga el señor Portavoz del Grupo Popular, pues estaremos al debate de esas otras Enmiendas parciales, a ver si conseguimos, entre todos, sacar de un atolladero una Ley que, repito, no nos parece... yo no voy a calificar, de verdad, ni de inconsistente, ni de poco seria; me parece floja. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la dúplica, señor Cot, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Procurando hacer una labor de síntesis lo más exhaustiva posible, para no retrasar las vacaciones parlamentarias de Sus Señorías, sí decir al señor Otero que me parece de mal gusto aprovechar la ausencia del Presidente para hacer el ataque, en un debate que creo que no necesitaba ninguna salida de tono, hacer un ataque de ese tipo, de cobardía por su ausencia; y creo, en fin, que no procede ese tipo de ataque.

Respecto al contenido de su intervención, léase el Capítulo III. Le insisto: para el Grupo Popular, centralismo no, competencias sí. Todas las Diputaciones de hecho -o dígame usted alguna que no lo tenga- dedican un esfuerzo muy importante de sus presupuestos en materia de turismo; todas sostienen patronatos o instituciones similares de fomento del turismo en sus senos. Y, desde luego, léase el Artículo 10.2, respecto a sus quejas sobre la discriminación de El Bierzo, puesto que el Proyecto de Ley habla de comarcas legalmente reconocidas.

(-p.3201-)

Respecto a la intervención del señor Conde, pues -y dejando para el final las críticas... la acusación que se me ha hecho de decir que sus críticas eran poco serias-, pues yo dije que si usted se sumaba al argumento de Sotur que esgrimía el Partido Socialista. A lo mejor he mezclado -discúlpeme si así ha sido- las argumentaciones de los dos Portavoces. Efectivamente, usted ha dicho que se debe potenciar Sotur, y en ese camino estamos y estaremos, y estará la Junta, en la medida de lo que es el ejercicio de sus funciones. Lo que sí he dicho es que no es el momento, en un debate a la totalidad de una ley, de hablar de las funciones de Sotur.

Insisto en decirle que el Plan Regional de Turismo -tal y como pone el Proyecto de Ley- se revisará, porque la propia Ley así lo determina, y que esta revisión se determinará reglamentariamente.

Respecto a la financiación, ha debido tener usted un lapsus, porque creo que ha citado el Artículo 46, que se refiere a la declaración de Espacio Turístico Saturado, en el último punto de su intervención. Y me imagino que habrá sido un lapsus al citar el Artículo; y en ese sentido, pues lo siento no poderle contestar.

Y al señor García Cantalejo, en representación del Grupo Socialista, pues yo le diría que deje de mirar al pasado, porque nos ha dicho usted -yo creo que en exceso, excesivas veces-, ha reiterado mucho los lamentos por el retraso de turismo y los seis años de la Ley de Turismo, y los seis años. Yo creo que mire hacia adelante y alégrese, como hemos coincidido todos en la necesidad de la Ley, y en que la Ley -póngase a trabajar y vamos a ponernos todos-... en que la Ley sea lo mejor posible.

De las carencias del Plan Regional de Turismo de las que usted habla. Pues el Plan Regional también tendrá que ser objeto de revisión, de adecuación a las necesidades de las rutas y de los objetivos que pueda tener en cada momento, y será objeto de dotación presupuestaria adecuadamente dentro de la Consejería, para que se desarrolle respecto a las necesidades. Tampoco creo yo que es el momento en este debate de hacer ese tipo de consideraciones.

Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, pues mire, el Grupo Popular y quienes somos Ponentes en esta Ley -porque así el Grupo lo ha determinado- sí creemos en la labor de esta Cámara, y sí creemos en que la Ley se puede mejorar, ¡como no!; y por eso las hemos presentado. Pero eso es totalmente compatible y coordinado con lo que yo he dicho, de que en la estructura de la Ley, su estructura es irreprochable. ¿Que el contenido es mejorable? Por supuesto, si no no hubiésemos presentado esas enmiendas. Pero insisto que nosotros sí tenemos respeto a los trabajos de esta Cámara, no actuamos con una teledirección desde la Consejería, y en colaboración con el Gobierno Regional pretendemos -como creo que pretendemos todos- que la Ley sea lo mejor posible.

¿Por qué he dicho y mantengo que las Enmiendas a la Totalidad en algún caso son inconsistentes y, en algún caso, poco serias? Pues usted mismo lo ha dicho. Y creo que, textualmente, ha dicho que el Grupo Socialista estaba convencido de que se iban a rechazar las Enmiendas. Y si leemos el texto de la Enmienda a la Totalidad, en la que hay aseveraciones ciertas, cuestiones opinables, como la que ustedes hacen de Sotur, y cuestiones que no son ciertas, como que no es una mala copia de la Ley... perdón, de otra Ley de Comunidades Autónomas -sólo hay en Baleares, el País Vasco, Canarias y Madrid-, y esto no es una mala copia de ninguno. Hay coincidencias necesarias, puesto que estamos hablando de la misma materia, y especialidades que sí recoge la Ley y que afectan a nuestra Comunidad.

No es cierto tampoco que el Proyecto esté vacío. Léase usted detenidamente la Ley, y hay muchas cuestiones de las que usted ha planteado que sí están recogidas. Pero, desde luego, y en relación a lo que usted ha dicho de que estaba convencido de que se iban a rechazar las Enmiendas, le digo que es totalmente falso lo que dicen al principio de su Enmienda a la Totalidad, que "el Proyecto de Ley de Turismo de Castilla y León presentado por la Junta de Castilla y León no merece la confianza de las Cortes Regionales". Y creo que estoy en disposición de demostrárselo en breves segundos. Muchas gracias.

(Voces. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se procede a someter a votación de forma agrupada las tres Enmiendas a la Totalidad al Proyecto de Ley de Turismo de Castilla y León que acaban de ser debatidas. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: cincuenta y nueve. Votos a favor: catorce. Votos en contra: cuarenta y ocho... perdón, cuarenta y cinco, cuarenta y cinco. Abstenciones: ninguna. En consecuencia, quedan rechazadas dichas Enmiendas, y el Proyecto de Ley de Turismo de Castilla y León será remitido a la Comisión correspondiente para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Que Sus Señorías descansen, pasen unas felices vacaciones estivales. Se levanta la sesión.