DS(P) nº 54/4 del 23/10/1997

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. En los últimos días, y con distintos motivos, el señor Presidente de la Junta ha propuesto diversas modificaciones de la legislación electoral de enorme alcance, que afectarían tanto al sistema electoral municipal -especialmente al sistema de elección de Alcaldes- como al acceso de partidos nacionalistas al Parlamento de la Nación. Tales propuestas han suscitado reacciones en todos los sentidos, y se hace por ello necesario y conveniente que el señor Presidente de la Junta clarifique y precise su posición ante el Parlamento Regional.

Por esa razón, y entendiendo que de esa manera le damos la oportunidad de clarificar su posición, le pregunto: ¿cuál es exactamente la modificación o modificaciones que propone el señor Presidente en el sistema electoral vigente?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. El señor Presidente de la Junta le va a contestar.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Gracias, gracias, Presidente. La verdad que el Presidente no propone ninguna modificación electoral. Yo entiendo... son dos reflexiones distintas. Por un lado está la relativa a la... a la política local, a las elecciones municipales, que creo que sería bueno dar estabilidad mayor a los Ayuntamientos, independiente del juicio que pueda merecer también por la oportunidad de alguna moción de censura; pero que es una reflexión de carácter global, no nueva, por parte de este Presidente, porque se ha hecho incluso en campaña electoral.

Y la segunda es el tema de las elecciones gallegas. En las que, efectivamente, hice una reflexión -ninguna propuesta; desde luego, ningún ataque a las minorías, menos a los nacionalistas-, sino una reflexión hacia dónde se dirige la política nacional. Incluso, a juicio de este Presidente, no sería bueno que dentro de ocho años el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, pues, porque la sociología política es así, tuviera treinta miembros, porque creo que no representa eso un elemento de fortaleza del Gobierno, esté quien esté en el Gobierno.

Por consiguiente, no es una propuesta política; es una reflexión de carácter doctrinal, de carácter teórico, si quiere -el Preguntante- de carácter académico. Y, por consiguiente, sin ninguna pretensión ni de partido, ni de propuesta concreta, como tuve la oportunidad de decirlo a los medios de comunicación, hace muy pocos días, de Castilla y León.

Y ése es el juicio que a este Presidente le merece el futuro de la política autonómica, que obliga a que los partidos por consenso, teniendo en cuenta la voz de los nacionalistas, pues analicen hacia dónde se dirige el voto, cara al futuro de las Autonomías y de los... de las fuerzas regionalistas y nacionalistas, con lo de... con lo que de positivo y de negativo pueda tener para la sociedad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Presidente. Para la réplica, señor Quijano.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Gracias, por su respuesta. Mire, a mí me parece espléndido que el señor Presidente de la Junta haga reflexiones intelectuales, ¡faltaría más! Ahora, lo que no entiendo entonces es por qué se ha sentido en la necesidad de pedir disculpas por sus reflexiones intelectuales. Eso es lo que no entiendo. Porque ha sido público y notorio que, visto el barullo levantado, vistas las desautorizaciones que ha experimentado de responsables nacionales de su partido -del máximo responsable nacional de manera concreta-, y probablemente sabiendo usted cómo se las gastan allí -yo no deseo que usted sea nuestro particular señor Vidal Cuadras-, se haya sentido usted en la necesidad inmediata de pedir disculpas a todo el mundo, llamando a Barcelona y a Bilbao. No sé si ha llamado a algún sitio más; pero, que se sepa, a Barcelona y a Bilbao.

Mire, no pida disculpas por sus reflexiones intelectuales. Tiene el derecho a hacerlas. Si las defiende, como yo creo que las puede defender, como lo hace el señor Rodríguez Ibarra, del que no sé -y lo he preguntado- si luego ha llamado a Barcelona o a Bilbao explicando a alguien sus reflexiones intelectuales.

Y una última cuestión. A mí me parece bien que haga reflexiones intelectuales; pero hágalas con sentido de oportunidad y con sentido de prudencia, no aprovechando un acontecimiento concreto, en función del cual cree que le viene bien hacer la reflexión intelectual, porque esa distinción entre la reflexión intelectual y la propuesta política no está tan clara en algunos casos como usted cree. Y si hace reflexiones intelectuales, haga alguna también sobre el sistema electoral regional, que es en el que somos competentes. Las ha hecho sobre el municipal y sobre el nacional; me gustaría saber qué piensa del sistema electoral regional y de algunos desvíos que la aplicación de la Ley D'Hont puede también plantear en las elecciones autonómicas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Quijano.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Sobre eso sí que podría hacer una propuesta política, porque somos competentes.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de dúplica, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Gracias, señor Presidente. Mire usted, señor Quijano, si el Presidente de la Junta tiene que pedir disculpas, las pide, y no se le caen los anillos. Pero no ha pedido disculpas; sólo ha pedido que se lean las declaraciones completas.

Pues mire usted, las declaraciones de aquel día fueron declaraciones -voy a calificarla con modales- malinterpretadas. ¿Y sabe usted por qué fueron malinterpretadas? Porque en el fondo ése era un tema -que es un motivo por lo que yo lamento tal vez haberlas hecho- que ha oscurecido un poco el enorme "éxito electoral" del Partido Socialista en Galicia. Lo ha oscurecido, lo ha oscurecido, desgraciadamente, el enorme éxito electoral de los conversos de Izquierda Unida que se marcharon con los Verdes y con no sé cuántos al resultado... las elecciones del resultado de Galicia, lo cierto es que eso se ha tratado de perturbar. Pero ha sido perfectamente diseñado así, perfectamente diseñado así. Pero no pasa nada, y lo voy a seguir haciendo -se lo digo porque tendremos oportunidad de formular preguntas y respuestas-, de que el Presidente, que pertenece a un partido nacional, pues haga también periódicamente reflexiones o sugerencias sobre temas de política nacional. También sobre temas de política autonómica, ¿por qué no? Desde luego, nosotros estamos ya adelantando el programa electoral y también se pueden tratar el tema de las consecuencias electorales en el seno de la Comunidad de Castilla y León.

Pero, mire usted, a mí me gustaría algunas veces... y ojalá lo hubiera hecho sus Congresos -el reciente Congreso que han tenido de tantísimo éxito, que ha sacado el cien por cien de los votos-, bueno, pues ese Congreso, pues tal vez también podíamos haber aprendido todos de alguna sugerencia en el tema electoral para Castilla y León. Porque, aparte de las descalificaciones personales a este Presidente y a este Grupo, me gustaría saber que el Partido Socialista de Castilla y León también tiene sugerencias para esta tierra. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene ahora la palabra don Luis García Sanz para formular su Pregunta.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, y con el permiso del señor Presidente, manifestar la protesta de este Procurador por la no aceptación de una Pregunta de Actualidad, cuando precisamente se acepta a otro Procurador de otro Grupo, que da la casualidad que sí que está en la Mesa; así pues, una vez más discriminación a este Grupo -y a este Procurador en lo concreto-.

En la Pregunta concreta que se plantea es que en los pasados días el Ministerio de Fomento ha sacado a concurso el contrato de consultoría y asistencia para la redacción del estudio informativo del desvío de las líneas férreas a su paso por la ciudad de Burgos. ¿Qué conocimiento tiene la Junta de Castilla y León de tal convocatoria y su relación con las propuestas que en este sentido estaban realizando tanto la propia Junta como el Ayuntamiento de Burgos? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le va a responder en nombre de la Junta, el señor Vicepresidente y Consejero de Fomento.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Efectivamente, como usted dice, esa propuesta o esa... el salir a concurso ese estudio informativo responde, efectivamente, a la línea a seguir tanto por el Ministerio como por el Ayuntamiento de Burgos, Renfe y la Comunidad de Castilla y León respecto al problema del ferrocarril en Burgos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para el turno de réplica, señor García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias. Pues es absolutamente contradictorio, no lo que dice usted ahora, sino lo de las reiteradas declaraciones... supongo que, dentro de lo que es el estilo parlamentario del señor Consejero, supongo que en la siguiente contestación, pues se empleará un poco más a fondo de lo que ha dicho ahora.

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Pero, claro, es absolutamente contradictorio, porque lo que ha sacado el Ministerio ahora deprisa y corriendo, y que a todas luces lo que aparenta es que, dado que en los Presupuestos del Estado no había ni una peseta para el prometido o la prometida solución del desvío del ferrocarril a su paso por Burgos, que tampoco había ninguna peseta en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León y que a última hora se metieron 50.000.000 para realizar un estudio que no se sabe muy bien qué, porque el otro día el señor Consejero nos decía que esos 50.000.000 eran precisamente para hacer este estudio, y ahora da la casualidad que ese estudio le contrata el Ministerio de Fomento... Pues todo lo que aparenta y todo lo que parece es que estamos ante una nueva escenificación del despiste a los ciudadanos, de una nueva maniobra dilatoria, de una obra que ahora se dice de que va a ser para el dos mil tres -su conclusión-, y que, sin embargo, pues nos encontramos con que se inician, supuestamente, una serie de actuaciones cuando ni tan siquiera está firmado el convenio de colaboración entre las tres Administraciones implicadas; cuando precisamente las partidas presupuestarias de las que estamos hablando, pues estaban destinadas única y exclusivamente al Convenio firmado por estas Administraciones, pero no para el desvío del ferrocarril, sino para el traslado de la estación de mercancías, que tiene alguna relación, pero que no necesariamente lo uno es consecuencia de lo otro; y que igualmente es contradictorio el que hace muy... muy poquitos días el propio señor Consejero de Fomento decía que ese estudio informativo le iba a realizar la Junta de Castilla y León. Y, sin embargo, ahora, deprisa y corriendo, ante la no presupuestación, claro, por parte de la Junta para realización de ese estudio, resulta que quien lo convoca es el propio Ministerio.

E inclusive -termino ya, señor Presidente- da la casualidad que en declaraciones también en el Ayuntamiento de Burgos se decía: "ese estudio no será necesario realizar, dado que la inclusión del nuevo trazado del desvío en el nuevo Plan de... General de Ordenación Urbana estará incluido ya las estipulaciones técnicas y no será necesario realizar este estudio".

Por lo tanto, toda esta serie de contradicciones y esta precipitación, única y exclusivamente en contemplar ahora 50.000.000 de actuación en este estudio, lo único que demuestran es una falta de... o una improvisación absoluta; y, en definitiva, se está mareando una vez más la perdiz, y no hay compromisos escritos concretos de cuándo se va a iniciar esa obra y, en definitiva, cuándo se va a dar solución a este problema. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Consejero.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Mire usted, no se preocupe, señor Procurador, que los pasos que haya que dar se están dando y se van a seguir dando. Y usted va a tener ocasión de, pese a que esos pasos se van a seguir dando, de seguir criticándonos duramente diciendo que no los damos.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Don José Luis Santamaría tiene la palabra para formular su Pregunta de Actualidad.

SANTAMARÍA GARCÍA

EL SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Los medios de comunicación regionales informan estos días que el Ministerio de Fomento ha convocado ya el concurso para el contrato de consultoría y asistencia para la redacción del estudio informativo del proyecto del desvío del ferrocarril a su paso por la ciudad de Burgos.

Teniendo en cuenta estas informaciones, así como los recientes ofrecimientos de la Junta de Castilla y León para acelerar los pasos jurídicos y administrativos de dicho proyecto, este Procurador hace la siguiente pregunta: ¿cuál ha sido el resultado de las últimas conversaciones mantenidas por la Consejería de Fomento con el Ministerio de Fomento en relación al proyecto del desvío del ferrocarril a su paso por la ciudad de Burgos?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. El señor Consejero de Fomento para contestar.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Pues, haciendo un poco de historia en este tema, cabe decir que desde hace ya dos años la Consejería de Fomento, el Ayuntamiento de Burgos, Renfe y el Ministerio vienen discutiendo sobre las distintas alternativas para resolver el problema del ferrocarril en Burgos. En la primera de las fases de aquella negociación se llegó al acuerdo de que se desviase la estación de mercancías, para lo cual se firmó un convenio entre todas las partes, un convenio de financiación que está ya en la fase de redacción de los proyectos y, por tanto, pronto será una realidad la ejecución de las obras. Mientras tanto, se ha seguido discutiendo sobre la situación de soterramiento o desvío. Cuando el ayuntamiento de Burgos ha decidido que lo más conveniente para la ciudad era el desvío, el resto de Administraciones hemos optado por ir negociando los pasos previos a dar para ese desvío. Y le puedo decir que la Junta de Castilla y León, en las últimas reuniones mantenidas antes del verano, ofreció al Ministerio la posibilidad de adelantar la fase de encargo de estudios informativos si el Ministerio no podía hacerlo, económicamente hablando. Al final, el Ministerio, en una fase de contratación normal -y que para ello tiene los fondos adecuados-, ha dicho que prefieren hacerlo ellos, para lo cual ha sacado a concurso el estudio informativo que va a contemplar el desvío del ferrocarril en Burgos.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica.

SANTAMARÍA GARCÍA

EL SEÑOR SANTAMARÍA GARCÍA: Muchas gracias, señor Consejero. Y este Procurador entiende, por tanto, que las obras, prácticamente para ese concurso del Proyecto están en marcha y así se lo podremos notificar a la opinión pública. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Dúplica.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Sí, gracias, Presidente. Solamente ratificar que el estudio informativo es previo al proyecto de ejecución de las obras y que, por tanto, esperamos que en los próximos meses, ese estudio informativo esté finalizado para que en mil novecientos noventa y ocho se hable ya de proyectos concretos de ejecución de obra.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Don José Luis Conde tiene la palabra para formular su Pregunta de Actualidad. Don José Luis Conde tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

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EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí, gracias, señor Presidente. De los 65.000 millones que estaban previstos, según el Plan de Ordenación del Carbón para inversión en las comarcas mineras, parece ser que a última hora el Miner ha retirado de los Presupuestos Generales del Estado una partida en torno a los 22.000 millones, que parece que de ahora en adelante van a estar consignados como créditos ampliables. Y la pregunta en concreto es: ¿qué opinión le merece a la Junta de Castilla y León este tratamiento que el Ministerio de Industria establece, con esta reducción de la partida, para esta Comunidad de Castilla y León? Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Le contestará el Consejero de Industria por la Junta.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Mire, a este Consejero le parece correcta. Y el tratamiento que está dando es la primera vez que el Ministerio de Industria afronta una reactivación de las cuencas de forma decidida y con presupuesto.

Pero como se está... aparecen informaciones, y de su propia pregunta se deduce cierta confusión o que no tiene un conocimiento correcto, le tengo que decir que en los Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos noventa y ocho, están contempladas las siguientes dotaciones: 10.000 millones para financiar todo tipo de proyectos empresariales, tal y como estaba convenido: 3.000 millones destinados a Corporaciones Locales; y 25.000 millones de pesetas para Comunidades Autónomas. Esto aparece expresamente.

Además, en el Proyecto, en el Anexo II se recoge textualmente que el crédito 20.101.741a.751 está destinado a Comunidades Autónomas para reactivación económica de las comarcas mineras del carbón, hasta el límite máximo de 47.000 millones. Esta cantidad, junto con las que le acabo de indicar, cumplen los compromisos adquiridos en el Plan del Carbón y en el Plan de Reactivación Económica. Por lo tanto, a este Consejero le parece correcto ese tratamiento.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica, señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí, gracias, señor Presidente. Bueno, pues, mire, señor Consejero, los datos no cuadran, porque esto es muy difícil, esto es lo que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, la partida.

Entonces, vamos a ser absolutamente claros, la pregunta es la siguiente: de los 47.000 millones que había para dotación e infraestructura de cuencas mineras... para todas las Comunidades Autónomas eran 47.000, 3.000 millones más para Corporaciones Locales, 5.000 millones para formación y 10.000 millones para financiación de iniciativas empresariales; y la propuesta de modificación, en función del acuerdo que hace el Miner, es esto. (Esto es una fotocopia de los Presupuestos Generales del Estado.) Y aquí lo único que aparece son 38.000 millones de pesetas. Con lo cual significa que desaparecen 22.000 millones de los 47.000 previstos para infraestructuras y dotación de comarcas mineras; y desaparecen también los 5.000 millones para formación, que eso los tendría que gestionar en concreto, pues, una fundación que aún está sin constituir.

Pero, al margen de esos 5.000 millones, lo preocupante es que si el compromiso es invertir 65.000 millones de pesetas, de ellos 47.000 para infraestructuras y dotaciones en las comarcas mineras, ¡hombre!, no parece muy de recibo que se diga que, de esos 47.000, 22.000 son de créditos ampliables en la perspectiva de que si no se pueden gastar se van acumulando año tras año.

Y, claro, aquí hay... la pregunta viene relacionada directamente porque ustedes han prometido el oro y el moro, me parece justo y normal que en base a las inversiones que el Miner pretende hacer en dotaciones e infraestructuras en las comarcas... pues, me parece que no encajan los números. Ustedes han dicho que ya tienen presupuestado más o menos -ahí está el Consejero de Fomento- todas las inversiones en carreteras, en infraestructuras, en comarcas mineras, en base a la dotación presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado... significa dos cosas. Una, si reducen los 22.000 millones de pesetas, significa que ustedes no van a poder acometer las obras de infraestructura que tenían ustedes previsto. Porque me parece que no es muy de recibo que diga el Director General... el Secretario General de la Energía que diga que esos 22.000 millones son de créditos ampliables (es decir, que si gastan se gastan; y, si no se gastan, pasa para el año que viene). Con todas las inversiones que la Junta tiene previsto hacer en las comarcas mineras en base a esa partida, o una de dos, o ustedes no van a acometer las obras o el Miner no va a tener fondos para hacer frente a esas inversiones. Ésa es la duda que a este Procurador y a este Grupo le merece la reducción de la partida presupuestaria del Miner en 22.000 millones.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

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EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Mire, se lo digo con máximo respeto: no tiene usted ni idea de lo que está diciendo, no tiene usted ni idea. No me saque esta hoja, que yo le facilito dos fotocopias de los Presupuestos Generales del Estado; las tiene usted aquí a su disposición. Dos fotocopias de los Presupuestos Generales del Estado dónde están. ¿Qué falta aquí? Los 5.000 millones de SEPI, de SEPI, que están en los presupuestos de SEPI, los de la formación, que están en los presupuestos del SEPI. Mire usted, yo he estado negociando con el Ministerio este asunto y lo conozco perfectamente.

Por lo tanto, el compromiso adquirido por el Ministerio de Industria con los sindicatos UGT y Comisiones está plasmado; técnicamente es irreprochable; en la técnica presupuestaria esto es irreprochable. Está correctamente. Por lo tanto, no hay ningún problema.

Mire, es el primer año, el primer año de reactivación en el año noventa y ocho, y puede ser que no se generen los gastos de inversión por toda la cantidad; pero eso no quiere decir que los proyectos no estén, es que las carreteras, a lo mejor, no se terminan de hacer en el año.

Por lo tanto, no tenga usted ninguna preocupación, que el compromiso está recogido en los Presupuestos; técnicamente, en la técnica presupuestaria esto es irreprochable, es correcto. Y despejemos, de una vez por todas, esta confusión que alguno, en interés político, está pregonando por todos los foros en los que participa.

Por lo tanto, no le quepa ninguna duda que la financiación para la reactivación minera está plasmada en los Presupuestos. No hay ningún problema. Si tiene alguna... le queda alguna duda, yo le ofrezco estas copias para que lo vea, lo examine detenidamente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Don Fernando Benito tiene la palabra para formular su Pregunta.

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Gracias, señor Presidente. El pasado domingo, día diecinueve, aparecieron miles de peces muertos en el río Ebro a su paso por la localidad de Miranda de Ebro. Por eso, este Procurador quiere saber: ¿qué iniciativas ha tomado la Junta de Castilla y León ante este nuevo atentado? Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias. El Consejero de Medio Ambiente le contesta.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Gracias, señor Presidente.

Señoría: varias. En primer lugar, enterarme. en contacto con el Alcalde. de qué había pasado realmente. En segundo lugar, demandar los análisis, el resultado de los análisis de las muestras que se habían tomado por parte del centro tecnológico. En tercer lugar, ponerme en contacto con la Confederación Hidrográfica del Ebro para ver qué sabían ellos al respecto. En cuarto lugar, escribirle al Consejero de Medio Ambiente del País Vasco, porque todos los indicios indican o dicen o llegan a la conclusión de que viene del Polígono del pueblo del Lantarón. Y, en quinto lugar, dar la orden de que nos personáramos como acusación de ese posible atentado.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica, señor Benito.

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Gracias. Bueno, pues ya han trabajado ustedes desde ayer hasta hoy. Porque en la prensa de ayer dice exactamente que la Delegación Territorial de Burgos no ha hecho nada "porque no se ha dirigido nadie a nosotros y porque nadie nos ha remitido ninguna información".

Como usted y yo sabemos -y usted relata ahora-, la Junta de Castilla y León -y concretamente su Consejería- tiene mucho que decir, tanto en lo que es la inspección como en la apertura de expediente informativo, como el expediente sancionador correspondiente, como -como usted ha dicho- en personarse en la persecución de lo que podía considerarse un delito ecológico. Esto yo lo diría para cualquier zona que hubiera ocurrido algo como este tipo, ¿no?

Pero yo quiero recalcarle también algunas otras acciones que podría hacer, porque estamos hablando de Miranda de Ebro, una zona periférica que está especialmente dañada por algunas cuestiones de tipo impositivo y demás, y yo creo que merece la pena que ustedes tengan en consideración un problema enquistado en esa ciudad, cual es el considerar que es el vertedero de la zona industrial aguas arriba. Yo creo que si han llegado a acuerdos con los Grupos Vascos, Grupos Nacionalistas Vascos, no deberían de tener miedo a establecer algunas conversaciones con los... con el Consejo General Vasco y, concretamente, las responsabilidades, los responsables medioambientales de ese Gobierno para resolver este asunto que, desde luego, no se hace disminuyendo los presupuestos para la ciudad de Burgos, la provincia de Burgos, de su Consejería en un 17%; y, desde luego, sin conocimiento y sin saber dónde van los residuos que hoy aparecen en la prensa, están recogiendo los bomberos de la localidad (un residuo, por cierto, un residuo tóxico).

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Para dúplica, señor Consejero.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Señoría, le he dicho las cinco; y las cinco son verdad: cinco actuaciones. Y podemos actuar de dos maneras también: como acusadores y como damnificados, y de las dos maneras se va a actuar.

El querer mezclar ahora las churras con las merinas con el tema del presupuesto o no presupuesto... Le pasó a usted la oportunidad, pero seguiremos hablando del presupuesto. Que Burgos siempre estará bien tratado, como casi todas las provincias, como todas las provincias.

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Mire, hemos entrado en contacto... quien nos tiene que dar el origen de la contaminación es el órgano de cuenca, y el órgano de cuenca es la Confederación. Todos los indicios dicen que son de Lantarón, de donde se ha producido un escape de una gran industria química, y eso ha hecho que inmediatamente me ponga en contacto con mi compañero de allá mandándolo un fax (porque no lo conseguí, no he conseguido hablar por teléfono todavía con él).

Pero es verdad, yo le acepto ese tema que usted dice: hay que plantear un tema conjunto; pero con la Confederación en medio también, para que el control de los vertidos no sólo se produzca en esta Comunidad, sino también en otras por las que pasan los ríos que atraviesan nuestra tierra. En eso estamos absolutamente de acuerdo y ésa es una iniciación que ya hemos... un hecho que ya hemos empezado, pero que hay que profundizar muchísimo más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Consejero. Don Laurentino Fernández Merino tiene la palabra para formular su pregunta de actualidad.

FERNÁNDEZ MERINO

EL SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO: Sí, gracias, señor Presidente. Bien, tal como se preveía, una vez pasadas las elecciones gallegas se empiezan a conocer los datos del exceso de producción de leche de la campaña noventa y seis-noventa y siete.

De los datos que se empiezan a conocer se... parece que hay un exceso en torno a sesenta y cuatro mil... -parece sesenta y dos mil cuatrocientas noventa y seis, exactamente, toneladas de exceso-, y una posible multa por este exceso en torno a los 3.690 millones.

Si la Junta confirma estos datos -y creo que usted ayer tuvo la oportunidad de haberlos confirmado, si estuvo en las jornadas del sector que se celebraban en Santander-, ¿en qué proporción va a afectar esta multa o este exceso a nuestra región?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por la Junta, el Consejero de Agricultura le contesta.

VALÍN ALONSO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SEÑOR VALÍN ALONSO): Sí, gracias, señor Presidente. Efectivamente, tuve oportunidad ayer en la jornada de Santander de confirmar estos datos; los sesenta y dos mil cuatrocientas noventa y seis toneladas de sobrepasamiento; y, en principio, los datos estimativos de que disponemos es que las industrias radicadas en Castilla y León rondan aproximadamente el 20% de ese sobrepasamiento.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica, señor Merino, Fernández Merino.

FERNÁNDEZ MERINO

EL SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO: Sí, la verdad es que me admira como pudo conseguir la confirmación de esos datos, señor Consejero. Porque el único representante del Ministerio que intervino a este respecto allí -que era el Director General de Producciones y Mercados del Ministerio, señor Pérez Bonilla- aseguraba, textualmente, que el Ministerio sigue sin datos del cierre de la campaña del noventa y seis-noventa y siete de la leche, porque ochocientos cincuenta primeros compradores todavía no los han pasado.

Entonces, usted conocerá lo mismo que conozco yo: la sanción que ha decidido la Unión Europea poner al Gobierno español por sobrepasamiento de la leche sin tener los datos del Gobierno español, y la multa correspondiente por no haberlos enviado en fecha y forma.

Repito: ayer el propio representante del Ministerio, en las mismas jornadas que usted estaba, aseguraba que el Ministerio seguía sin disponer de los datos definitivos del cierre de la campaña de leche del noventa y seis, noventa y siete.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): La réplica, señor Consejero.

VALÍN ALONSO

EL SEÑOR CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SEÑOR VALÍN ALONSO): Bien, evidentemente, usted conocerá que el responsable de los datos del sobrepasamiento, no es el Director General de Producción y Medios Ganaderos, sino que es el responsable y Director General del FEGA. Yo he tenido conocimiento de estos datos, naturalmente conocimiento oficioso. Y en lo que se refiere a la producción en Castilla y León y al sobrepasamiento, tengo que aclararle que son estimaciones personales, todavía no fidedignas, porque, como usted conoce, quien tiene la responsabilidad y la atribución en la evaluación definitiva de esos datos es precisamente el FEGA, de acuerdo con el Reglamento... el Decreto, perdón, 324 del año noventa y cuatro.

Los datos... la aproximación que le he dado no quiere decir que los ganaderos de Castilla y León vayan a tener esa participación en la penalización, porque, como usted conoce, hay una serie de industrias de Castilla y León que compran fuera, lo mismo que hay ganaderos de Castilla y León que venden fuera. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Don Antonio de Meer tiene la palabra para formular su Pregunta de Actualidad.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Por recientes informaciones en los medios de comunicación, pues hemos tenido conocimiento de que la Comunidad de Madrid ha desbloqueado el trazado del tren de alta velocidad entre Valladolid y Madrid a su paso por esa Comunidad Autónoma.

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En esa... con esa información clave para poner en marcha este proyecto llegaba otra información según la cual en ése... en el trazado definitivo, pues, no se proyectaba la conexión de esta nueva línea con Medina del Campo. Por eso, mi Grupo pregunta que cómo valora la Junta de Castilla y León el abandono de la conexión del tren de alta velocidad con la localidad de Medina del Campo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Señor Consejero de Fomento, para contestar.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Después de esa información hemos visto a responsables de Renfe, en otras informaciones posteriores, decir que no era en absoluto así, que parece que el tren de alta velocidad pasará por Medina del Campo. Por tanto, a una información anterior parece que hay otra información posterior de responsables de Renfe que dicen eso. Con lo cual, yo me quedo con lo segundo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica, señor De Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Hombre, nos hubiera gustado más que esos desmentidos procedieran del Ministerio de Obras Públicas, que es quien hace las obras, y no de Renfe. Nosotros llegamos, la verdad, a temer que la no conexión con Medina del Campo se debiera a la presentación de la Moción de Censura que pretende devolver la gobernabilidad a este Ayuntamiento.

No sólo es necesario modificar la Ley Electoral porque se presenta una Moción de Censura en Medina del Campo, sino que además parece que es necesario castigarles con la no llegada del tren de alta velocidad. Nos tranquilizamos que esto no sea así.

Este debate me recuerda a un debate muy parecido que mantuvimos el año anterior, cuando desde nuestro Grupo denunciamos los escasísimos recursos presupuestarios que el Estado iba a dedicar a la nueva línea en el Presupuesto del noventa y siete. El señor Merino recuerdo en aquel momento que nos acusó de no decir la verdad. Luego tuvo que reconocer que nuestros datos eran ciertos. Y ese debate se reproduce ahora, porque también en el Presupuesto del noventa y ocho los recursos destinados a la nueva conexión por tren de alta velocidad entre Valladolid y Madrid siguen siendo absolutamente insuficientes, no sirven ni para hacer el proyecto.

El Consejero ha dicho, sin duda, que el tren de alta velocidad llegará a Medina del Campo. Eso nos ha satisfecho. La pregunta que se siguen haciendo yo creo que todos los ciudadanos de la Comunidad de Castilla y León ahora es ¿cuándo?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): El señor Consejero tiene la palabra.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. También es mala suerte que ahora que están diseñándose las paradas que va a tener el AVE, llegue el PSOE a Medina del Campo para que no se la pongan. Eso, desde luego, es malísima suerte. ¡Hay que ver!

Lo que pasa es que en estas cuestiones, claro, como ustedes hacen las cosas por unas vías paralelas, en lugar de ganar las elecciones en Medina, pues, las tienen que ganar las Alcaldías a base de mociones de censura, pues eso es lo que ocurre en este caso.

Pero, desde luego, claro, tendrían ustedes que aprender del que va a dejar de ser Alcalde hoy en Medina del Campo, porque en Candeleda tienen ustedes una moción de censura parada desde hace un montón de meses, y no hay forma de que el Alcalde se marche, no hay forma de que el Alcalde se marche. Le van a tener que llevar con la pareja de la Guardia Civil y el Juzgado, porque es que no hay forma de que se marche.

Bueno, pues, nosotros -como usted verá- los hábitos democráticos nos han enseñado, desde hace veinte años que lleva la democracia, a que cuando hay una moción de censura se tramite. Y si hay un grupo mayoritario de Concejales que eligen a otro Alcalde, pues se respete la democracia y se cambie de Alcalde, y no pasa nada. Ustedes ya lo hicieron también en la Diputación de Salamanca -acuérdense-, con mucho éxito, por cierto.

Entonces, yo lo que creo es que aquí, si podemos utilizar la demagogia, pues lo podemos utilizar -como habrá visto usted en mi intervención-, pues todos, ¿no? Pero yo creo que hay que ser suficientemente serios como para no crear nuevas cuestiones de confrontación en una cosa tan seria, en la que estamos luchando tanto, y en la que ustedes nos están ayudando tan poco, como es el tren de alta velocidad. Porque si nos ayudaran un poco, pues ya desde hace diez años, ya nos podíamos haber hecho el tren de alta velocidad varias veces.

Pero como no ha sido así, ahora le toca a este Gobierno hacerlo, y, claro, en un año y medio ustedes quieren que se desbloquee el trazado, que se aprueben las obras, que se aprueben los proyectos, que haya presupuesto y que se hagan las obras. Y, claro, eso es imposible.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Don Antonio Almarza tiene la palabra para formular su Pregunta.

ALMARZA GONZÁLEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Sí, si me permite, señor Presidente, haría las dos preguntas en una. Esto no va ni de moción de censura, ni de estaciones del ferrocarril. Esto es una cuestión de supervivencia de una comarca importante para la economía leonesa y castellano-leonesa.

(-p.3332-)

En los medios de comunicación de la provincia de León están apareciendo en los últimos días diversas informaciones sobre la situación que está atravesando la Empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, para plasmar un Plan de Viabilidad que suponga la consolidación de la empresa en el marco del Plan de Reordenación del Sector Minero mil novecientos noventa y ocho-dos mil cinco.

Desde el Ministerio de Industria y Energía se manifiesta que no va a haber apoyos extraordinarios para la consecución de dicho Plan de Viabilidad. Por parte de la Junta de Castilla y León se manifiesta su voluntad de apoyo a dicho Plan de Viabilidad, y a realizar las gestiones necesarias ante la Administración Central para que ésta dé su apoyo.

Y se pregunta en concreto ¿qué gestión está... ha realizado la Junta de Castilla y León ante la Administración Central, y qué cantidades va a aportar la Junta de Castilla y León para la consecución de los objetivos marcados en el Plan de Viabilidad de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por la Junta, don Tomás Villanueva le contesta.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Muchas gracias, Presidente. Como usted conoce bien, venimos en los últimos meses manteniendo muchas reuniones y negociaciones con el Ministerio de Industria, con el comité de empresa de esta empresa MSP y con los propios... la dirección de la empresa, con los accionistas de la empresa, en orden a conseguir un ajuste necesario en el Plan de Viabilidad.

De todos los planes de viabilidad que ha presentado, la verdad es que el último que ha presentado, donde... en el que disminuye en menor cuantía la producción, nos parece que es... el que se está acercando, se está acercando más a dar una solución a este problema.

En cuanto a la aportación de la Junta de Castilla y León, le tengo que decir que calculamos que entre dos mil y dos mil quinientos aportaríamos al Plan de Viabilidad de MSP para el periodo mil novecientos noventa y ocho-dos mil uno.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Para réplica, tiene la palabra el señor Almarza.

ALMARZA GONZÁLEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Sí, muchas gracias señor Consejero. Satisfacción por el apoyo de la Junta de Castilla y León. Pero las informaciones que nos siguen llegando de Madrid yo creo que... ustedes están presionando poco en Madrid para que el Gobierno Central, a través del Ministerio de Industria, formalice las aportaciones necesarias para sacar a esta empresa, de una vez por todas, de esa crisis, pues los esfuerzos han sido importantes. Y, como usted decía, el Plan de Viabilidad presentado últimamente yo creo que es un Plan de Viabilidad que contempla objetivamente los datos de la empresa, y que puede dar... es el futuro que necesitan las comarcas mineras para la reindustrialización o la reactivación económica de las mismas.

Yo creo que tienen que seguir presionando. Agradecer que la Junta de Castilla y León esté concienciada en esta situación, y que no sea así... manifestar el pesar de que no sea así por parte del Ministerio de Industria y Energía, que tanto ayer, en la prensa de León, dice que están presionando de todas las posturas para que Victorino Alonso dé marcha atrás de sus pretensiones, y, además, hoy vuelve a manifestar, después de la reunión con los sindicatos, que no va a haber apoyos extraordinarios para la MSP.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señoría. Para dúplica, el señor Consejero.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Muchas gracias. Mire, no comparto... estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, pero no comparto el que, como usted califica, que no presionemos en Madrid. Nosotros estamos negociando con Madrid y con la empresa. Y además no le quepa ninguna duda que lo seguiremos haciendo. Pero no solamente... no solamente con el Ministerio; también le corresponde aportar a la empresa, que ha recibido muchos, muchos recursos públicos, el dar solución a este problema, y el tratar en esa negociación de que, efectivamente, salga adelante un ajuste para... que es necesario en el Plan de Viabilidad.

Por lo tanto, no le quepa ninguna duda que, aparte de los recursos públicos -que va a poner muchos miles de millones el Ministerio de Industria-, la Junta tiene un compromiso -que ya lo expresó el Presidente- de ayudar en ese Plan de Viabilidad. Pero la negociación -que todavía tardará, pero estoy convencido de que se llegará a un acuerdo- obliga también a la empresa a aportar sus recursos. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Doña María Luisa Puente Canosa tiene la palabra para formular su primera Pregunta de Actualidad.

PUENTE CANOSA

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LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Publicado el Decreto 199/1997, de nueve de octubre, por el que se establece la Planificación Farmacéutica, el régimen jurídico y el procedimiento para la autorización de la apertura de oficinas de farmacia en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y ante la reacciones tan diversas, publicadas en los medios de comunicación, sobre el número de autorizaciones de aperturas de farmacia que la Junta va a conceder al amparo de dicho Decreto, se pregunta: ¿cuál es el número real de aperturas de farmacia que la Junta tiene previsto conceder en la Comunidad Autónoma al amparo del mencionado Decreto?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Señor Consejero de Sanidad y Bienestar Social, tiene la palabra.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Gracias, señor Presidente. Efectivamente, ya está la regulación que tantas veces habíamos traído efectuada, ya tenemos el Decreto 199/97, que va a regular, pues, la planificación farmacéutica, el régimen jurídico y el procedimiento para la apertura de varias... muchas nuevas farmacias. Ya hemos avocado las competencias de los Colegios mediante el Decreto 139/97, algo que también había que hacer, pero ya está hecho. Y estamos desarrollando la Ley que ordenará definitivamente las farmacias.

En ese contexto, el Decreto aprobado con... -como digo-, oído el Consejo de Estado, que nos ha facilitado mucho la tarea, establece unos módulos poblacionales -criterio este que conoce Su Señoría-, y al mismo tiempo esos módulos poblacionales tienen que aplicarse en las Zonas Básicas de Salud, ya no en los municipios.

La aplicación de esto da un resultado u otro, a juzgar por la población que tenga esa Zona Básica de Salud, que es cambiante, es dinámica; y también por las zonas básicas que... cuya ordenación -como sabe Su Señoría- se puede modificar año tras año.

Por lo tanto, es variable, y lo he dicho en toda ocasión. Éste es el sistema en el que nosotros estamos inmersos, y de él se deduce, en primer lugar, una cantidad inicial que estará por encima de las ochenta, ochenta y dos farmacias, además las farmacias que puedan declararse, en virtud de este Decreto, como zonas especiales, y todas aquellas -que también tiene que tenerlo en cuenta- que se deriven de las transitorias de este Decreto, es decir, muchas de las que a nosotros nos toca esperar resoluciones judiciales, que ampliarán mucho este número de farmacias a abrir en Castilla y León, porque son muchos los expedientes que están sub júdice en este momento en los Tribunales Superior de Justicia y Supremo de este país. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, su contestación es evasiva y no es concreta. Yo no sé como a su Consejería no le ha dado bochorno publicar este Decreto. Porque, mire usted, para mil ciento dieciséis solicitudes, usted ha lanzado nada menos que ochenta y cinco posibles aperturas de farmacia en toda la Comunidad Autónoma, de tal forma que cuarenta y tres van para las zonas urbanas con más de dos mil ochocientos habitantes; treinta y una para la semiurbanas, con más de dos mil habitantes; y once, y once para el medio rural, para los pequeños municipios.

Y fíjese usted, señor Consejero, que nuestra Comunidad Autónoma -si usted estuviera en la realidad de sus necesidades-, pues, tiene dos mil doscientos cuarenta y siete municipios, de los cuales dos mil ciento dieciséis tienen una población inferior a mil ochocientos habitantes. Con lo cual, quiere decir que usted está condenando a estos municipios a no tener y a no poder disponer de la atención farmacéutica.

Es bochornoso, por lo tanto, que usted saque este Decreto, que más que nada es una mascarada, para un tanto disfrazar la falta de la publicación de la Ley. Porque el legislar por Decreto, señor Consejero, no es más que una forma y una muestra de actuaciones autoritarias y prepotentes, sin debatir en este Parlamento Autonómico y también sin consensuar, ni siquiera consultar, con todo lo que es la población, con todo lo que es los interesados, los parados, los sindicatos, los partidos políticos, los Ayuntamientos. Usted solamente ha consultado con los de siempre: con los Colegios Farmacéuticos y con los Farmacéuticos establecidos. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Para dúplica, señor Consejero.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Señoría, obras son amores, y no descalificaciones, como las que Su Señoría hace.

Mire usted, Señoría, usted me viene aquí a decir que hay dos mil y pico municipios, e ignora que hay mil cuatrocientas ochenta y seis farmacias abiertas ya.

Califica de "bochornoso" el que abramos farmacias y el que avoquemos la competencia que durante toda la época socialista anterior la tenían los Colegios. Y empezamos a abrir farmacias, y a usted, que no se lo creía, le cabe el calificativo de "bochornoso".

Pues mire usted, Señoría, los criterios que hemos implicado aquí han sido bien vistos por el Consejo de Estado; están coordinados con el de todo el resto de España; van a suponer la apertura de más de cien farmacias en esta Comunidad, que no se hizo antes, por mucho que usted diga. Y usted puede venir aquí a decir lo que quiera; ¡qué le vamos a hacer! Pero "obras son amores, y no buenas razones".

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Ahora, con este Gobierno, y en coordinación con la Administración Central, se abren farmacias en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y es bueno que se abran. Y tenemos que ir a abrir todas aquellas que sean necesarias. Y a mí no me duelen prendas por eso. Pero no le voy a admitir a Su Señoría, después de tantos años, que venga a decir que es bochornoso hacer lo que ustedes durante tanto tiempo no fueron capaces de hacer en este país. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Doña María Luisa Puente Canosa tiene la palabra para formular su siguiente Pregunta.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Yo le pediría al señor Consejero que no se acalore, que se temple.

El pasado diecisiete de octubre, en la clausura del 6º Congreso "Derecho y Salud", organizado por la Asociación "Juristas de la salud", el Consejero de Sanidad y Bienestar Social manifestó que en las transferencias de Sanidad a Castilla y León debe primar el envejecimiento.

Con esta misma fecha, el Gobierno de la Nación, después del Consejo de Ministros, declaró que el censo no afecta a la financiación de la sanidad.

¿La Junta de Castilla y León ha manifestado su disconformidad o desacuerdo, oficialmente, ante el Gobierno por estas declaraciones que perjudican a Castilla y León? Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): El señor Consejero de Sanidad tiene la palabra.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Gracias, Presidente. Señoría, no se preocupe; usted no sabe cómo estoy yo cuando me acaloro, ¿eh? Yo hoy no estoy nada acalorado, sino sobrado de razones; y, cuando uno está sobrado de razones, habla como hablo yo. Se me salen las razones, ¿entiende? Igual que las farmacias. Y en este caso también. Le voy a explicar con toda tranquilidad, para que usted, si quiere, lo acepte, y, si no, no.

Éste es un momento extraordinariamente importante, y la oportunidad de la pregunta la voy a aceptar.

Mañana nosotros vamos a asistir, en nombre de la Junta de Castilla y León, a la primera reunión del grupo de trabajo de evaluación... grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para la evaluación de la... nuevo marco de financiación de la sanidad.

El representante nombrado por este Gobierno -sin perjuicio de que la Consejera, como saben, de Economía está en el Consejo con su condición de Vicepresidenta- es José Antonio de Santiago Juárez, Secretario de la Consejería de Sanidad.

Y nosotros, brevísimamente le diré, sin perjuicio de la dificultad de entendimiento de su pregunta, que hemos mantenido una postura clara en ese foro que usted cita y en todas las ocasiones.

Deberíamos acercar la financiación de la sanidad, finalmente, a los criterios LOFCA, porque yo no veo más que ventajas. Pero mientras eso sucede, hay un período transitorio, que es el que va ahora a ser enmarcado entre el año noventa y ocho y el dos mil, donde yo considero que los criterios que deberán y se van a llevar a la defensa son, desde luego, la financiación a partir del criterio ya aceptado de población protegida, pero con el corrector del envejecimiento.

No le voy a decir, porque en la réplica podré ampliarle más, y está a su disposición cuáles son otros criterios, pero sí le diré: en esa jornada lo más importante fue que el profesor Barea -aquí presente- reconoció que el envejecimiento de la población es uno de los índices correctores que en toda España más importancia tiene. Que el gasto sanitario de personas envejecidas puede ser entre 3,5 y 4,2 veces mayor. Y ese criterio, como entre todos los demás, se ha aceptado en el documento que la Subcomisión del Congreso de los Diputados para la sanidad ha llevado a la Comisión.

Es decir, es muy importante que se sepa que antes la Ley de Sanidad establecía el criterio capitativo puro y exclusivo, y ahora se empieza a aceptar como una apertura el que también el envejecimiento se valore como modificador o corrector de ese criterio. Yo he introducido también la dispersión, otros la insularidad; creo que todo deberá evaluarse. Pero el envejecimiento está en primer lugar de reconocimiento del Gobierno para modificar el criterio de la población capitativo puro. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica, doña María Luisa.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, muchas gracias, así me gusta: con esa templanza, pero después no se me revuelque, cuando venga la segunda, porque ya entonces ya no es bueno.

Bueno, para decirle también un recordatorio, que diez años... que en diez años estuvieron o están ustedes gobernando; no nosotros tenemos la culpa de la no apertura de farmacias, son ustedes.

(-p.3335-)

Pero, en fin, centrándome en esta Pregunta, yo le diré que no hay dos sin tres, no hay dos sin tres. La primera fue en mil novecientos noventa y seis, el cinco de mayo, que usted se fue a Madrid con todas sus ilusiones y sus propuestas, porque había ya una actitud más receptiva, porque el Ministro ya le iba a atender debidamente, que los anteriores no le habían escuchado. Entonces, usted llevaba una petición concreta, que era conseguir la transferencia consolidada en esta Legislatura del Insalud; aquí lo dice públicamente, usted lo declaró públicamente el trece de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Pero fíjese por dónde, le viene la primera coz, que el Secretario de Estado para las Administraciones Públicas -Jorge Fernández Díaz- vuelve luego aquí mismo, a Valladolid, y dice que el Gobierno descarta transferir el Insalud a la Región en esta Legislatura. Por lo tanto, primera patada para Castilla y León.

Va usted luego y propone al Ministro que la... la Junta de Castilla y León propone que los impuestos de tabaco y el alcohol financien la sanidad. Y mire por dónde la segunda coz: viene luego que el señor Romay descarta financiar la sanidad con la subida del alcohol y del tabaco.

Y ahora viene la tercera. Usted dice, señor Fernández de Santiago, pide un reparto más equitativo con la incorporación del envejecimiento y la dispersión de población. Y mire por dónde, ahora viene el señor amadísimo de Castilla y León, Miguel Ángel Rodríguez, Portavoz del Gobierno, y después del Consejo de Ministros dice que la población no influye absolutamente en la financiación sanitaria.

Dígame usted, señor Consejero, qué peso específico tiene nuestra Comunidad Autónoma ante el Gobierno de la Nación. Y ya no quiero preguntarle qué es lo que pincha o corta usted, porque aquí no hacen más que darnos patada tras patada y contradecir lo que usted propone. A mí me encantaría que le tuvieran un poquito en caso. Bueno.

Pero aquí lo que sí... y es una cosa muy seria: es que no hay ni siquiera criterios unificados... el Partido Popular en el Gobierno no tiene ni siquiera criterios ni modelo para la financiación. Porque mire, usted dice "el envejecimiento y la dispersión", Murcia dice "los niños", y Baleares dice...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señoría, vaya acabando, por favor.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: ..."el turismo". Por favor, pónganse de acuerdo, al menos las Comunidades Autónomas del Partido Popular -sí, señor Presidente, termino-, y no nos tomen el pelo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señoría. Para dúplica, señor Consejero.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Señoría, es... es verdad que éste es un asunto complejo. ¿No le negará usted a este Consejero tenacidad en la defensa de los intereses de esta Comunidad? Al menos eso... Y créame, no es un asunto ni sencillo, ni me va a molestar que usted diga que una y otra vez vuelvo a Madrid a pedir la defensa, como yo entiendo que es mejor, para los intereses de Castilla y León.

Lo que no le voy a admitir a usted es que usted diga que en esto estamos no consiguiendo resultados.

Pero fíjese, todo el problema -y en eso estamos todos de acuerdo- es que el criterio de financiación de la sanidad es el criterio capitativo: lo establecido en la Ley General de Sanidad Socialista del ochenta y seis, sin más ambages. Mal hecho, porque igual que beneficiaba a unos, perjudicaba a Extremadura, que estaba gobernada por ustedes.

Ese criterio todos dijimos que no podía ser. Pero se mantiene como criterio principal. No entiendo qué quiere usted decir con su pregunta, porque la población -los que seamos-, en un sistema nacional de salud que es de cobertura universal, va a influir siempre. Eso no lo puede usted confundir; no se líe. Los que seamos, somos la población protegida; y la financiación vendrá en función de los que seamos, corregida -es lo que yo le digo-, tal como se ha establecido y se ha incorporado en el documento de la Subcomisión de Sanidad, por otros indicadores, entre los cuales yo pongo en primer lugar -y otras muchas Comunidades, y es criterio de ésta- el envejecimiento de la población. Sobre esto hay pocas dudas. Se ha incorporado textualmente a ese texto de la Subcomisión que hoy tiene el Congreso de los Diputados.

Y es verdad que otras Comunidades, en defensa de sus intereses legítimos, Señoría, hablan de insularidad, dispersión y también del nacimiento de menores. Bien, eso no es ninguna contradicción; defendemos los intereses de forma coordinada.

Lo que fue un error fue la Ley de Sanidad que en su día aprobara el Partido Socialista, que sólo establecía el criterio capitativo. Ustedes no estuvieron ágiles ahí...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señor Consejero, vaya finalizando, por favor.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): ...para defender otro criterio a la hora de elaborar esa Ley, que tanto nos hubiera perjudicado si no la corrigiéramos ahora en su Artículo 46. Muchas gracias, Señoría.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Don Antonio Herreros tiene la palabra para formular su Pregunta.

HERREROS HERREROS

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EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. El pasado mes de junio se firmó un convenio tripartito entre la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Palencia y la Organización No Gubernamental denominada "Mensajeros de la Paz", por el que, mediante el procedimiento -al parecer- de adjudicación directa, se concedía a ésta la tutela de menores, hasta entonces prestada por la Diputación.

Se han hecho públicas, recientemente, diversas denuncias sobre el deficiente funcionamiento de este servicio de atención, incluida la queja de algunos trabajadores ante el Procurador del Común, así como otras irregularidades que recientemente aparecen en un informe al Diputado de Servicios Sociales, que ponen en cuestión la capacidad de "Mensajeros de la Paz", situación avalada por su insuficiente acreditación registral para prestar esta clase de asistencia que ahora, o hasta ahora, estaba en manos de la Diputación.

La pregunta es: ¿qué razones y método han existido para la adjudicación directa a "Mensajeros de la Paz", organización que, según consta formalmente en el Registro correspondiente, no reúne los requisitos mínimos exigidos por la Junta de Castilla y León para la realización, en la provincia de Palencia y en otras de la Comunidad Autónoma, de las tareas de atención y tutela de niños en situación de desprotección de hogares de acogida, hasta ahora llevada a cabo por esa Institución pública?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por la Junta, le contesta el Consejero de Sanidad.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Gracias, señor Presidente. Señor Herreros, en la comparecencia que tuve... tuvimos con motivo de los Presupuestos, ya salió este tema; y yo, con mucho gusto, le voy a intentar tranquilizar -porque es la palabra- sobre lo que a este respecto existe.

La política inequívoca de la Junta de Castilla y León desde hace unos años en materia de menores es la desinstitucionalización: queremos sacarles de esos centros -y en eso ya no hay nadie en toda Europa que esté en contra-; con todas las garantías, pero fuera de los establecimientos donde masivamente se mantiene a estos menores.

Eso es lo que se ha hecho en estos momentos, no en Palencia, sino prácticamente en toda nuestra Comunidad Autónoma. Y se ha ido a un sistema quizá más costoso, pero en el que, de alguna forma, los menores -que es el principal bien a proteger- están en mejores condiciones.

En ese contexto se ha trabajado en Palencia con un acuerdo tripartito y con una Organización No Gubernamental, que, como otras, sí cumple todos los requisitos y está trabajando en este sector, con reconocimiento nacional -Premio a la Concordia-, desde hace más de treinta años.

Hay ahora -y lo digo, Señoría- unas denuncias puntuales de los trabajadores que antes mantenían a esos pequeños, a esos menores.

Bueno, en todo esto habrá que arrojar luz; no podemos ponernos de parte de nadie sin haber probado. Pero, créame, si me tengo que poner de parte de alguien, me pondré de parte de los menores. La defensa de los menores me importa más que algunas denuncias laborales que se pueden estar estableciendo por algunos criterios. Yo estoy viendo lo que se ha denunciado de requisitos, y no parece que coincida con los informes que yo tengo: la existencia de dos impedimentos de barrera arquitectónica en ese edificio de menores, según los expertos, no justifica la descalificación global que para atender a menores se ha hecho de esta ONG.

Por tanto, yo creo, Señoría, que, para su tranquilidad, vamos a subsanar esos defectos arquitectónicos, esas barreras menores, pero no vamos a descalificar como cuidadores de menores a una organización que tiene reconocimiento nacional e internacional en su trabajo con los menores. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Don Antonio Herreros, para réplica.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Consejero, nosotros podemos coincidir en aquello de la desinstitucionalización de los menores. Lo que nos es muy difícil ya admitir es que... por supuesto no tenemos nada en contra de la Organización esa No Gubernamental "Mensajeros de la Paz", pero es... precisamente, el reproche que hacemos es a la Junta y a la Diputación Provincial por varias razones.

Primero, las formas en las que se han materializado: por adjudicación directa.

Segundo, porque resulta que a otras organizaciones que están haciendo la misma labor, les están pagando 2.004 pesetas niño/día y, sin embargo, esta organización está percibiendo 6.333 pesetas niño/día.

Tercero, porque hay una diferencia entre esas partidas, pero además hay una inferior calidad del servicio. Hay documentación acreditativa de que en estos momentos Mensajeros de la Paz y Nuevo Futuro no tienen la documentación registral que concuerde con las órdenes y los decretos de la Consejería, que exige unos mínimos.

(-p.3337-)

Y la limitación a la desviación presupuestaria está produciendo que en estos momentos, por ejemplo, en población de Palencia, en Guardo, que tenía 600.000 pesetas al trimestre para ayudas a familias, resulta que ahora se ha quedado reducido, por esa misma función, a 300.000 pesetas. Por lo cual, hay algunos niños vagando de un sitio para otro hasta que encuentren una plaza, pero a más de cien kilómetros de su lugar de origen. Y claro, es muy lamentable que en estos momentos nos encontremos con que haya, en esa misma política, setenta familias acogedoras que estén percibiendo 1.200 pesetas niño/día. Si a eso sumamos, precisamente, la información que recientemente ha aparecido, en la que la desorganización a la infraestructura y el equipamiento, en que el traslado fue muy precipitado, en que había tres educadoras que se vieron desbordadas desde el primer momento, en que tienen que hacerse autocuidados los mismos niños, y que incluso esta organización ha facturado los meses de julio, agosto y parte de septiembre sin haber tenido a su cautela, a su cuidado niños, y que además ha percibido del orden de 870.000... 75.000 pesetas por parte de una institución como es la Diputación, lo siento, pero no es sólo corregir una cuestión menor de barreras arquitectónicas -que ya es importante-, es cuestión de corregir mucho, por muchos... muchas madrinas y muy importantes que tenga esta organización no gubernamental, o por muchos premios que reciba. No es, en absoluto, la fórmula equitativa o democrática de actuar.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, el señor Consejero.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Señoría, sinceramente, ¿no se le ocurre que quizá sea último que ha dicho lo que justifica estas denuncias, que luego no se pueden probar? ¿No se da cuenta que al final, lo pongamos como lo pongamos, lo que me importa es no dar un paso atrás en la política de desinstitucionalización y sacar a esos menores de los colegios donde estaban, de alguna forma -dependiendo de quien fuera-, yo creo que demasiado masificadamente atendidos?

Y le diré más: quítese de la cabeza la idea, en este tema, del dinero peseta a peseta; es más caro este método. Va a salir más caro a esta Comunidad atender a los menores en régimen de hogar que tenerles de trescientos en trescientos en hogares... en edificios dependientes de instituciones. Ya le digo que sale más caro. Estamos haciendo lo que podemos para financiar esta nueva forma de atender a los menores; y si usted va a ir a la peseta, nosotros no vamos a poder estar de acuerdo.

Otra cosa es que, si hay una irregularidad, aparte de las que pueden haber denunciado algunos que se han quedado con dos palmos de narices, y que, evidentemente, no están demasiado contentos, y que piensan más en ellos que en los niños, si hay alguna de esas irregularidades, Señoría, denúnciela, y yo soy el primero en ir por ella. Pero no se deje llevar por aquellos que, habiendo perdido una situación que venía de hace muchos años, no son capaces de evolucionar hacia la nueva forma -que es mejor- de atender a los menores, aquí y en toda Europa. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. El señor Secretario dará lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Segundo punto del Orden del Día: "Preguntas con respuesta Oral ante el Pleno".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Don Santiago Sánchez Vicente tiene la palabra para formular su pregunta.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Buenos días. Señor Presidente. Esta Pregunta, pues por el tiempo que hace que se formuló, debería de haberla dejado decaer, pero ustedes se empecinan en que siga siendo no sólo una pregunta oral, sino de actualidad.

La pregunta es en relación con la construcción de autovías de las carreteras Nacionales 620 y 501, los diferentes tramos, y sobre todo me refiero a los que pasan por la provincia de Salamanca. Y la pregunta es: ¿qué acciones políticas, y jurídicas, y financieras, va a poner en marcha la Junta de Castilla y León a fin de que se cumpla el programa electoral del Partido Popular, superando las contradicciones entre las declaraciones de Diputados de este Partido y el Ministro de Fomento, y que por tanto las autovías no sean de peaje?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Por la Junta, le contesta el señor Merino.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Efectivamente, desde entonces, el Ministro ya tuvo ocasión de manifestar públicamente que ni la 501 ni la 620 iban a tener peaje.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica, señor Vicente.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Sí. El Ministro, es cierto que hizo aquellas declaraciones. Pero con la peculiar forma que tienen ustedes de hacer política (pues a través de emitir globos sonda, utilizar los medios de comunicación, etcétera), un Parlamentario del Partido Popular, recientemente, ha vuelto a insistir, además, pues, con una idea que se podía calificar "genial" -entre comillas, ¿no?-, y ha dicho -concretamente se lo recuerdo al señor Consejero- que una buena medida sería el establecer peajes en las autovías, para así facilitar el tráfico y hacerlo más fluido, porque las personas con más capacidad adquisitiva serían las que podrían utilizar las autovías.

Por tanto, la pregunta, señor Consejero... a pesar de que el señor Ministro de Fomento haya desmentido, parece ser que ustedes siguen sin tener clara la decisión que van a tomar, en última instancia, sobre esta cuestión. Y lo que quiero es que me diga si la Junta tiene de verdad -si eso se lleva a cabo-, va a tomar algún tipo de acción para que cumplan ustedes simplemente con su programa y las autovías no sean de peaje.

(-p.3338-)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para dúplica.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Yo le agradecería que me diera las declaraciones o el nombre del Procurador o del Diputado que haya dicho eso, porque la verdad es que yo no lo he oído, no lo he oído. Pero vamos, en todo caso, sí le puedo decir que nuestro programa se cumplirá a rajatabla, y que lo que vale son las firmas de los órganos gestores, que suelen ser en estos casos el Ministerio de Fomento o la Consejería correspondiente. Las opiniones que pueda traslucir un Parlamentario sobre un criterio sobre el que no tiene firma para decidir, pues yo creo que eso nos vale menos. Lo que vale es lo que haya dicho el responsable en cada caso del asunto. Y el Ministro ya tuvo ocasión de decir que esa autovía no tendría peaje, y, por tanto, con eso es con lo que yo me tengo que quedar.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Don Santiago Sánchez tiene la palabra para formular la siguiente Pregunta.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Sí. Con esta Pregunta, pues, pasa lo que en la anterior. Si tenemos en cuenta la fecha en que se formuló -el veintitrés de septiembre del año noventa y seis-, pues también debería de haberse dejado decaer. Espero, simplemente... como vamos a tener la ocasión de discutir bastante a lo largo de este Pleno en materia de Universidades, espero -si la Consejera lo estima oportuno- que entienda la pregunta referida a los criterios que ha seguido la Consejería para este nuevo curso escolar, a la hora de fijar las tasas universitarias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): La Consejera de Educación y Cultura le contesta por la Junta.

FERNÁNDEZ ARUFE

LA SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEÑORA FERNÁNDEZ ARUFE): Sí, señor Presidente. La Consejería ha seguido el criterio que fija el Consejo de Universidades, es decir, la banda en la cual se pueden subir las tasas académicas -repito-, que fija el Consejo de Universidades. Y dentro de esa banda, ha seguido el criterio de elevación mínima.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señora Consejera. Para réplica.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Sí. Únicamente saber si siguiendo ese criterio de elevación mínima, porque este año yo he comprobado que también las tasas en nuestra Comunidad son superiores, en concreto, a las que yo le he mencionado aquí del año pasado: la de Canarias, Euskadi y Galicia. ¿Por qué? ¿Qué razones hay que...? ¿Qué peculiaridades tiene esta Universidad para que las tasas universitarias sean superiores a estas otras Comunidades?

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para dúplica, señora Consejera.

FERNÁNDEZ ARUFE

LA SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEÑORA FERNÁNDEZ ARUFE): Sí. Bueno, los dos cursos académicos en que lo hemos subido, he dicho que se ha subido el incremento mínimo, que ha sido el IPC de mayo a mayo.

Y a lo que usted se refiere, le he de decir que no se puede hacer la comparación en términos absolutos; hay que ver la situación de las Comunidades. Porque, evidentemente, las Comunidades siguen criterios diferentes; criterios, por ejemplo, en virtud de los grados de experimentalidad. Y hay Comunidades que tienen las mismas tasas para las enseñanzas científicas y las de humanidades. También las tasas dependen, en los nuevos planes de estudio, de los créditos que se implanten.

Y le he de decir que, de las diez Comunidades que tuvieron recientemente las transferencias, hace dos años, Castilla y León es de las más bajas que tiene esas tasas.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señora Consejera. Tiene la palabra, para formular su Pregunta.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Si tiene a bien, voy a formular las dos preguntas que vienen seguidas, para dar una mayor coherencia y, por otra parte, pues por ahorrar tiempo.

Estas Preguntas tienen fecha de veinticuatro de octubre. Sin embargo, las hemos querido mantener hasta ahora, prácticamente, en el marco en el que ya se ha cerrado, de hecho, la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía. Y, lógicamente, queríamos conocer cuáles, en virtud de aquel criterio reiterado por el Presidente del Gobierno Autónomo... las razones que pueden motivar el que no se apure todo el marco constitucional para dotar al Estatuto de Autonomía de toda la potencialidad, de toda la capacidad que, lógicamente, se derivaba, tanto de la Constitución, como de esa interpretación que hacía el Presidente del Gobierno.

Decíamos: cuando la Constitución se refiere a la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios fundamentales, está estableciendo los principios de igualdad y solidaridad entre las distintas Comunidades Autónomas.

Y la Pregunta es: ¿no cree el Presidente de la Junta que nuestra Comunidad debe aspirar al máximo techo de competencias e instrumentos para que, desde la igualdad y la solidaridad, se impulse el desarrollo pleno de Castilla y León?

(-p.3339-)

Lo uníamos, precisamente, a una segunda parte, en la que la disertación de don Juan José Lucas, Presidente de la Junta de Castilla y León, afirmaba que no se puede deducir de una interesada interpretación de la Constitución que se pueda llegar a exigir que todas las Comunidades Autónomas tengan el mismo derecho a obtener idénticos ámbitos de autonomía.

Y entre alguna de las razones que se argumentaban es que hay hechos diferenciales; y hay otro que se puede denominar el "hecho español". "Castilla y León..." -decía el Presidente de la Junta- "...no cuenta con ningún rasgo que le diferencie del hecho español".

Y la pregunta es: a juicio del Presidente de la Junta, ¿cuál es el hecho español? Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Por la Junta le contesta el Consejero de Presidencia.

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Gracias, señor Presidente. Señoría. Como bien decía en su introducción, ya va a hacer próximamente un año de esta conferencia que ha dado lugar a esta batería de preguntas.

Esta conferencia, que veo que sigue teniendo problemas interpretativos, y sobre todo en el área de Izquierda Unida, y ello pese a que el Presidente ya ha reiterado y ha aclarado estos temas, incluso en esta misma Cámara.

Tengo que recordar una vez más que el modelo de organización territorial del Estado viene diseñado en la propia Constitución, y el texto de mil novecientos setenta y ocho se abstiene de imponer un bloque competencial concreto a ninguna Comunidad Autónoma. Creo que esto es importante, porque, en principio, es la decisión de los propios interesados -en este caso de las Comunidades Autónomas- la que indica por dónde se debe ir.

En este sentido, todas las actuaciones del Presidente de la Junta de Castilla y León -digo todas- se traducen en una lucha constante porque nuestra Comunidad Autónoma alcance el máximo techo competencial. De esa forma, haríamos realidad todas nuestras aspiraciones legítimas y constitucionalmente previstas, de acuerdo con nuestra identidad.

Porque -y pasando al siguiente tema-, porque el "hecho español" aparece perfectamente diseñado en la Constitución. La Constitución habla de una... de un hecho de unidad, que es el hecho español en su sentido, y también la autonomía, que es la razón de ser de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, a eso nos estamos refiriendo y a eso se está refiriendo -creo que ya aclarado suficientemente- el propio Presidente.

Como es sabido, nuestra Comunidad Autónoma... gente de Castilla y León, constituyeron los cimientos del núcleo aglutinador de ese hecho español, y así ha sido reconocido por todos los tratadistas -por referirnos a los más recientes-, desde Ramón Menéndez Pidal hasta Manuel Azaña -digo recientemente... de este siglo, quiero decir-, pasando por Ortega y Gasset y otros.

Por lo tanto, Castilla y León no argumenta las peculiaridades que aparecen reflejadas en nuestro país. Es decir, hay peculiaridades insulares, hay peculiaridades de régimen de derecho -por ejemplo, de derecho foral-, hay peculiaridades de régimen fiscal, hay peculiaridades de lengua. En definitiva, nuestra Comunidad tiene un medio propio, tiene una población concreta, y de ahí que el Presidente se haya referido en algunos casos al autonomismo asimétrico.

De todas las formas, significarle que, de acuerdo con la Constitución, son Sus Señorías, son esta Cámara la que, a través del propio Estatuto, pueden fijar los hechos, las competencias y el techo. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Para réplica, señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Hay una cuestión absolutamente clara, y es que es de interpretación. Pero ahora ya estamos en un marco en el que puede quedar absolutamente clara cuál es la interpretación de Izquierda Unida, pero también cuál es la interpretación de cada uno de los Grupos Parlamentarios presentes en estas Cortes. Porque ahora ya hay un borrador, que posiblemente se presente no tardando mucho tiempo a esta Cámara para que pueda realizar la reforma del Estatuto de Autonomía, en cuyo borrador se establecen unas limitaciones -a nuestro juicio- muy importantes. Y de esas limitaciones, yo, al final, a través de sus palabras, tengo que responsabilizar, prácticamente de hecho, al Presidente de la Junta de Castilla y León, al Partido Popular, lógicamente, que ha sido el que ha llegado a un acuerdo... un acuerdo que se establece con el Grupo mayoritario de la Oposición.

(-p.3340-)

Y es verdad que es una opción de cada Comunidad Autónoma, pero esa opción de cada Comunidad Autónoma puede tener unas limitaciones. Y lo que yo entiendo en estos momentos es que se han introducido ya unas limitaciones. Pero están en abierta contradicción con el compromiso que en su día estableció, también aquí, en esta Cámara, el Presidente del Gobierno Autónomo. Porque apurar al máximo el marco de la Constitución española... me gustaría que al menos hubiese algún tipo de posibilidad de saber si la Constitución española limita a Castilla y León el que pueda acceder a la catalogación de nacionalidad, con las evidentes ventajas que esto está deparando a algunos que las esgrimen como un hecho diferencial. Pero ya no tan notorio como esas insularidades y esas argumentaciones que se refieren, porque, hasta ahora, la Comunidad Autónoma de Aragón nos da la impresión que no está planteando una cuestión de fronteras para, al final, terminar constituyéndose en una isla, o que tenga unas peculiaridades diferentes de las que pueda tener nuestra Comunidad. Es decir, hay razones o factores objetivos, hay factores subjetivos, y en estos momentos están primando mucho más los factores subjetivos para una limitación evidente de lo que significa la posibilidad para Castilla y León.

Pero diríamos lo mismo en el marco de las elecciones. Mire, Señoría, estos días están muy en boga todos los problemas que hacen alusión a esta historia, pero yo he tenido la oportunidad de repasar un poco qué es lo que dice la Constitución sobre esta materia. Y lo que sí es posiblemente una arbitrariedad es la interpretada o la introducida a través de la modificación del "señor don". Porque la Constitución Española habla en el Artículo 68 de que "la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional". Aquí, en un momento determinado, se introdujo una historia mediante la cual el Partido Popular, por ejemplo, en esta Comunidad quintuplica en votos a Izquierda Unida, pero decuplica en escaños a Izquierda Unida; en el Partido Socialista, triplica en votos a Izquierda Unida, y quintuplica en escaños a Izquierda Unida. Eso sí que es un sistema de representación no proporcional, que es el que precisamente plantea la propia Constitución.

Y nosotros sí hemos planteado que podía haber algún tipo de interpretación respecto de ese tema de las elecciones; como hemos planteado una organización territorial totalmente nueva que pueda respetar y rescatar lo que es la rica pluralidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en sus cabeceras de Comarca, y de esta manera, incluso, favorecer otro tipo de políticas. No hay, no ha habido voluntad en ese asunto. No ha habido voluntad en que se cree una academia o un instituto de la lengua castellana, que es uno de los patrimonios más importantes que tiene nuestra Comunidad, y que otros lo están esgrimiendo; incluso desde Extremadura. No ha habido... Cuestiones tan importantes como es la deuda histórica famosa, que en muchas ocasiones se ha esgrimido como argumento, y la realidad es que ni eso, ni la autonomía financiera que pueda permitir el que haya una compensación importante para la Comunidad Autónoma de Castilla y León, se puede o se está poniendo en marcha.

Yo concluiría con un ejemplo que, además, es llamativo, y se ha citado aquí esta mañana. Precisamente, en el 6º Congreso de "Derecho y Salud" celebrado en Valladolid, decía el Director del Servicio catalán de Salud que sí, que hay que hacer el traspaso de la Sanidad a las Autonomías que aún no tienen competencias, pero añadía: "debe hacerse, pero no ahora, ya que con el actual sistema de financiación se produciría la quiebra de todos los sistemas de salud de las Comunidades contempladas en el Artículo 143 de la Constitución". Fíjense que, incluso, llega a decir este señor: "considerado necesario paliar, primero, la insuficiencia financiera, antes de realizar las nuevas transferencias". Ésta es la diferencia existente entre tener capacidad en virtud de esa nacionalidad, o estar siempre supeditados y dependientes. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de dúplica, señor Consejero de la Presidencia.

LÓPEZ ANDUEZA

EL SEÑOR CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL (SEÑOR LÓPEZ ANDUEZA): Sí. Gracias, señor Presidente. Señor Herreros, su Pregunta... sus dos Preguntas eran sobre una conferencia del Presidente el día veintidós hará un año. Eso me trae una reflexión: yo, hace poco, leía en un medio de Burgos las declaraciones que hacía el señor Anguita cuando fue... creo que hace unos quince días; fue con motivo de la escisión que se produjo dentro de Izquierda Unida. Entonces le preguntaron, le preguntaron... se acababa de producir, y le preguntaron varios periodistas. Y, ¿sabe lo que contestó? Mire usted, hábleme... pregúnteme sobre el futuro. Hombre, esto hace un año -esta conferencia-. Yo creo que... también podría decirle lo mismo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene ahora la palabra don Luis García Sanz para formular otra de sus Preguntas.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Se la hago al escaño vacío del Excelentísimo señor Consejero de Fomento, Vicepresidente de la Junta, Secretario General del Partido Popular, que como tiene muchas ocupaciones... no sé quién me contestará. ¿Qué información posee la Junta acerca de las causas que están frenando la entrega de las viviendas en Burgos? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No le he escuchado el final. ¿Qué...? ¿Ha dejado planteada la Pregunta? No sé si el señor Consejero de Fomento y Vicepresidente está en disposición de contestar a la Pregunta que le acaba de ser formulada por don Luis García Sanz, sobre las causas de demora de la entrega de viviendas en Burgos.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Pido disculpas al señor Procurador de Burgos. El proceso de viviendas de Burgos está en este momento en un momento de resolución de los recursos. Antes de Navidad, la Consejería de Fomento está en disposición de poder entregar esas viviendas. Por tanto, aunque el proceso ha sido largo, teniendo en cuenta que se han presentado más de doscientos recursos y que en este momento están en la Asesoría Jurídica de la Consejería, yo creo que en el mes... a lo largo de... a finales de noviembre-primeros de diciembre, posiblemente, hacia la primera quincena de diciembre estaremos en condiciones de entregar las viviendas.

(-p.3341-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. En turno de réplica, señor García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Esperemos que la cantidad de trabajo que tiene el señor Consejero, pues parece ser que se demuestra tanto en su actitud aquí como... yo no sé si eso también influirá en la falta de agilidad en resolver este problema de entregar las doscientas sesenta viviendas en Burgos. Que para que Sus Señorías tenga conocimiento, pues es una promoción que se inició nada más y nada menos que hace seis años. Y desde entonces, pues ni una promoción más de viviendas de la Junta en Burgos.

Hombre, nos daríamos por satisfechos, Izquierda Unida, si esto fuera pues una excepción y que en el resto de la Comunidad se estuvieran promocionando viviendas, pues, a cientos. Pero por desgracia, pues no es así, y ahí tenemos las escasísimas promociones de viviendas sociales que la Junta, a pesar de tener competencias exclusivas en la materia, pues tiene esa escasísima actividad en un elemento tan fundamental como es poner las viviendas al servicio de los ciudadanos, sobre todo facilitar ese acceso a una vivienda digna.

Por lo tanto, se hacen esas promociones escasísimas de viviendas, y cuando se hacen, pues se entregan con una demora de seis años; ya veremos a ver si se cumple esta última promesa del señor Consejero de entregarlas antes de que finalice este año. Y, a la vez, cuando se entregan definitivamente, pues en muchas ocasiones pues se entregan en unas condiciones no adecuadas, y luego vienen los problemas de las reparaciones.

Hombre, el otro día, el señor Consejero -pues también para que tenga conocimiento todo el Pleno- ponía como disculpa de que igual la escasez de medios informáticos, a la Junta le impedía tener una mayor agilidad y eficacia a la hora de resolver todos los trámites para resolver todas las reclamaciones. Son cuestiones que desde hace tantos años que lleva el Partido Popular en el Gobierno, parece mentira que a estas alturas se den este tipo de explicaciones. Pero ésas son las razones; ésas son las razones, ésas son las actitudes con las que el Partido Popular y el señor Consejero de Fomento, pues, nos ilustra todos los días.

Pero la realidad es que estos miles de ciudadanos, unos con recursos, otros incluidos en listas provisionales, pues siguen esperando esa "agilidad" (termino, señor Presidente) -entre comillas- de la Junta para tener la capacidad de intentar resolver uno de los problemas sociales más importantes que tiene este país... perdón, esta Comunidad; también este país, ¿por qué no? Y esperemos que, una vez por todas, el señor Consejero se tome en serio, de una vez por todas, se tome en serio el problema de la vivienda.

¿Igual es más eficaz -como parece ser- que traslade todas las competencias a Gicalsa en materia de vivienda? Pues háganlo, pero no peloteen constantemente competencias, y realmente ejecuten sus competencias, señor Consejero. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para turno de dúplica.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Muchas gracias, señor Presidente. Yo siento que el señor Procurador utilice cada una de sus intervenciones para lanzarnos un mitin, como si estuviéramos en la campaña electoral de Burgos, cuando, realmente, lo que tiene que hacer es ser más serio, analizar el problema, y después dar soluciones concretas. En lugar de tanta demagogia, darnos alguna solución concreta que él vea para arreglar las viviendas, y no estarse quejando permanentemente y, sobre todo, tergiversar los datos.

Porque ésa no es una promoción de viviendas; son varias promociones de viviendas acumuladas y construidas a lo largo de los últimos seis años. Por tanto, usted sabe que, concretamente, una de ellas, de más de cien viviendas, procede de una promoción que quedó, porque la empresa quebró en su día, quedó sin terminar y hemos tenido que terminarla nosotros. Y usted sabe de sobra que los procedimientos de contratación administrativa han sido agilizados, precisamente, para poder entregarse cuanto antes, debido a que esas cien viviendas estaban paradas las obras. Y usted lo sabe, porque ha debido pasar por allí muchas veces y lo conoce; pero eso no lo dice ni lo reconoce.

Por tanto, yo lo único que le digo es que si estamos haciendo una política de viviendas seria... en la que, por supuesto, habrá errores, y usted, además, va a tener ocasión... Ya verá usted cuando entreguemos las doscientas viviendas, cómo usted va a poder ir allí y seguro que algún problema en el portal, o alguna bombilla que falte, nos la va a traer aquí, sin ninguna duda, y todos vamos a tener ocasión de conocerlo, porque es lo que a usted le gusta: cuando falta una bombilla, decir que están mal hechas las viviendas. Entonces, a partir de ahí, yo lo que le digo es que sea usted más riguroso, y que sea usted más serio, y no utilice la demagogia, que la podemos utilizar todos. Y desde luego, en este problema de las viviendas sociales, a mí me gusta dar satisfacción a los señores adjudicatarios, a los señores peticionarios, a los señores recurrentes, y no a Izquierda Unida, que no la tengo que dar satisfacción en el tema de las viviendas; tengo que dar las viviendas a los cuatrocientos señores que lo han pedido, no a usted, que está utilizando a esos cuatrocientos señores, ¿eh?, como bomba de relojería contra la Junta. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Octavio Granado para formular su primera Pregunta.

GRANADO MARTÍNEZ

(-p.3342-)

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores, señora Consejera. A principios del mes de octubre, los medios de comunicación se hicieron eco, con la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, de que las previsiones de recaudación por el Impuesto de la Renta en el año mil novecientos noventa y siete se habían minorado en la cifra de 261.400 millones de pesetas sobre las previsiones contenidas en el Proyecto de Presupuestos del noventa y siete.

En función de esto, y en la parte que le toque, en proporción al 85% del impuesto sobre el que se calculan las cesiones del 15 y 30%, la Comunidad de Castilla y León va a tener un perjuicio claro en los ingresos de la Comunidad Autónoma por esta merma de recaudación sobre lo previsto inicialmente por el Impuesto de la Renta. ¿Sigue apoyando la Junta de Castilla y León este sistema de financiación que perjudica a la Región?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le va a responder, en nombre de la Junta, la señora Consejera de Economía.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Gracias, Presidente. Efectivamente, la Junta de Castilla y León mantiene su postura favorable al modelo de financiación autonómica que se ha aprobado para el noventa y siete-dos mil uno, porque creemos que es el que sustancialmente ha incrementado la capacidad de autogobierno de la Comunidad, como se pone de manifiesto en que el primer año de funcionamiento hemos ya hecho uso de la capacidad normativa, con deducciones específicas en el IRPF. De todas las maneras, como ya indiqué en la anterior comparecencia, continuamos pensando la Junta de Castilla y León que el actual modelo es el adecuado para el desarrollo de nuestra Comunidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para turno de réplica, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Usted, señora Consejera, sigue apoyando este modelo de financiación porque antepone el interés de su partido al interés de la Comunidad Autónoma, porque este modelo sólo interesa para mantener al señor Aznar en la Moncloa con sus socios nacionalistas.

Usted, señora Consejera, no prevarica, ¿verdad que no? Si no prevarica, me quiere explicar por qué ha incluido en los Presupuestos de la Comunidad la cifra de 45.808 millones de pesetas por ingresos territoriales en el Impuesto de la Renta, cuando lo que viene en los Presupuestos del Estado son únicamente 43.369 millones? Pues como usted no prevarica, señora Consejera, por lo menos en este tema, hay que suponer que la primera cifra parte de una previsión, de una previsión de la intervención General del Estado. ¿Cómo es posible que en una semana, en una semana, los ingresos por renta que va a recibir Castilla y León bajen en 2.500 millones de pesetas? ¿Dónde están los 20.000 millones de pesetas que usted... de las que usted se llena la boca constantemente, sin decir nunca cómo ha calculado esa cantidad que va a mejorar nuestra Comunidad Autónoma? ¿Sabe usted lo que supone el incremento que... lo que viene en los Presupuestos Generales del Estado sobre el año anterior? El 0,36%.

Mire usted, señora Consejera, este modelo de financiación no lo defiende en estos momentos ni el que lo ideó, que es el señor Pujol, y que ya ha renunciado a él. Porque en estos momentos, gracias a su brillante política fiscal, el Impuesto de la Renta pierde progresividad a espuertas, y el Impuesto de la Renta calcula mal, funciona mal.

Además, éste no es un problema contingente, éste es un problema histórico en todos los países de Europa y en todos los países de nuestro entorno. La imposición sobre la renta está muy agotada.

Y el que ustedes sigan diciendo que la Comunidad Autónoma de Castilla y León va a ganar dinero vinculando sus ingresos al Impuesto sobre la Renta es engañar a los ciudadanos. Hemos perdido en una semana 2.500 millones, y además resulta que ahora tenemos unos Presupuestos de la Comunidad que por mor de esa pequeña diferencia de previsión, no cumplen el Estatuto de Autonomía, porque no se han presentado correctamente equilibrados. Porque usted dice que vamos a recibir 2.500 millones más de lo que vamos a recibir de verdad. Porque usted nos ha engañado a toda la Cámara presentando unos Presupuestos falsos, de la misma manera que ha engañado o ha intentado engañar a toda la sociedad castellano-leonesa vendiendo lo que no es, vendiendo un sistema que perjudica por un sistema que beneficia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de dúplica, señora Consejera.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Gracias, Presidente. No le puedo aceptar, desde luego, ni siquiera la más mínima insinuación de prevaricación ni, desde luego, de falsedad en los documentos ni en los presupuestos de la Comunidad para mil novecientos noventa y siete. Ustedes aprovechan esto, porque saben que está limitado el tiempo de decirlo. Pero yo he tenido una comparecencia en Presupuestos la semana pasada, donde quedó evidentemente en ridículo el compañero que está usted al lado con este sistema de financiación.

(-p.3343-)

Le voy a decir una cosa: primero, los datos de los periódicos, para que se entere, son datos de la media nacional de evolución de la renta, que decían que era el 5,1`... perdón, la recaudación de IRPF en Castilla y León a julio del noventa y siete iba a un ritmo de crecimiento del 7%. Y además usted no me puede comparar... sí, señor, sí, sí... Perdone, pero estoy hablando. No me puede usted estar haciendo la comparación con el TAE. Me la tiene que hacer con el PIB, que era el sistema anterior que funcionaba. Y el PIB este año está creciendo al 5,7%.

Por otra parte, cuando usted quiera hacer una comparación con los Presupuestos del Estado, procure coger tres partidas, porque si no lo sabe, se lo explico, y este año la financiación está distribuida en tres partidas... Perdone, los Presupuestos del Estado calculan la media de crecimiento española, y lo mismo que pasa con la PIE, cuando pasa el ejercicio se liquidan a más o menos, porque usted sabe perfectamente -y no intente engañar- que los presupuestos son una previsión. Y hay de las tres -sí señor, sí, señor-, de las tres... Sí, señor (por favor, déjeme usted...)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor, no interfieran la...

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): ...Perdone. Hay tres partidas (perdone), la PIE, el IRPF territorializado y el 15% del IRPF; las tres partidas. Una son más que las nuestras y otras son menos que las nuestras. ¿Sabe usted por qué? Porque es una cosa aparte de previsión para mil novecientos noventa y ocho, que se ha liquidado desde que ha empezado a funcionar la participación en los ingresos del Estado de la misma manera. Por lo tanto... no, no, no. No diga usted eso, porque queda aquí, efectivamente, en evidencia ¿me comprende? Y la PIE y los Presupuestos del Estado tienen muchas más partidas de las que usted me está señalando. Hay tres...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora Consejera, por favor.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): ...y hay una partida de Presupuestos del Estado que habla de 49.000 millones, otra habla de 45.000 y hay una subida del 12, otra media del 6, y otra del 0,33. Por lo tanto, le digo yo a usted que no le admito bajo ningún concepto... y ustedes lo que quieren es seguir haciendo demagogia con una partida específica...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Es suficiente, señora Consejera, por favor.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): ...Hay que estudiar y saber de qué se componen los Presupuestos del Estado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora Consejera.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Por una alusión evidente y directa, solicito el uso de la palabra para contestar puntualmente al tema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías, por favor. Yo no sé si la señora Consejera se ha referido a usted o al señor De Meer, que son los dos compañeros que están al lado de...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, se lo aclaro yo por si tiene alguna duda. Ya que usted parece... se refirió al Portavoz en la...

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): No, no.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: ...Por lo tanto es evidente que no puede ser otro Portavoz.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, Presidente. Dos consideraciones a la intervención de la señora Consejera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No, a la intervención no, por favor, al turno de alusiones.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ: A

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: A las alusiones.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Alusiones.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, no se preocupe que va a ser a las alusiones. Y si la señora Consejera no quiere que le respondan, yo le recomendaría que no las hiciera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, la Presidencia entiende que al hacer referencia al ridículo del compañero que estaba sentado al lado de... es un juicio de valor y tiene el turno por alusiones, y no hay más problemas.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Dos cuestiones. Yo creo, señor Presidente, que el Presidente de la Junta, cuando se refiere a las descalificaciones personales que hacemos los demás, debería referirse expresamente a las que hace la Consejera. Hoy ha quedado una cosa clara aquí: yo no sé si hice el ridículo el otro día; lo que ha quedado perfectamente claro es que ella ha hecho el ridículo hoy.

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Señor Presidente, por una cuestión de orden. Yo no sé, puesto que sobre los turnos de alusiones no cabe debate alguno, si se conceden o no se conceden, aunque, efectivamente, se utilizan de una manera o de otra. Lo que sí está claro es que no se puede admitir, y el Grupo Popular, desde luego, lo repudia, que cuando un miembro de la Junta esté interviniendo, se produzcan los exclamaciones que se están produciendo, tratando de disturbar los debates y faltando a la más elemental cortesía parlamentaria.

(-p.3344-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): De acuerdo, señor... De acuerdo, Señoría.

Vamos a continuar, y tiene de nuevo la palabra don Octavio Granado para otra Pregunta.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Este Procurador procura cuando hace una intervención en las Cortes sustentarla en papeles. Este Procurador tiene fama de ser un Procurador riguroso. El Ministro de Economía, la última vez que debatió con este Procurador en el Senado, le dijo que era la persona de la Cámara que mejor conocía los presupuestos. Desde luego, los conozco mejor que algunas personas que... "dime de lo que presumes y te diré de lo que careces".

Pero, en cualquier caso, estamos ahora ante un tema que simplemente tiene una justificación que no es documental.

Los burgaleses hemos visto evidentemente... lo que es la definición jurídica de evidencia, hemos comprobado con los sentidos durante los dos últimos años que había unos andamios que se habían colocado en la fachada de la Catedral de Burgos, y que costaban una cantidad de dinero muy importante a las arcas de esta Comunidad Autónoma: decenas de millones de pesetas por el alquiler. Estos andamios se colocaron para proteger a los ornamentos, las esculturas, etcétera, de la fachada que habían sufrido algunos desprendimientos.

Al cabo de esos años en los que los andamios parece que no han cumplido a plena satisfacción la función que debían cumplir, nos enteramos de que la Junta de Castilla y León adjudica nuevas obras a la Catedral y, en función de estas nuevas adjudicaciones, hay que sustituir todos los andamios colocados con anterioridad porque no sirven, y hay que colocar otros nuevos que, además de proteger, van a servir para que se realicen las obras adjudicadas. ¿Qué razones han motivado esta situación?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): La señora Consejera de Cultura le contesta.

FERNÁNDEZ ARUFE

LA SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEÑORA FERNÁNDEZ ARUFE): Sí, la sustitución de los andamios de la Catedral de Burgos a lo que se refiere la Pregunta, he de decir que se han sustituido por haber cambiado la empresa adjudicataria de las obras.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para réplica, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, señora Consejera. ¿De qué obras estamos hablando con los andamios anteriores? Si no había obras, si eran andamios de protección. Se colocaron porque se cayó una estatua; si quiere le digo la estatua, el día que se cayó, y el día que colocó usted los andamios.

Lo que pasa es que usted encargó unos andamios a una empresa a la que -por cierto- le encarga usted demasiadas cosas, y se lo digo y hablaremos de ello con detenimiento el año que viene, cuando se pasen los debates presupuestarios; una empresa que coloca unos andamios que no sirven para nada, y que, lógicamente, cuando se adjudican de verdad obras en la Catedral de Burgos -por cierto, a una empresa burgalesa que funciona muy bien, que hace las cosas muy bien, que tenía andamios que no hubo que traer de Segovia, ni de Soria, ni de ninguna otra parte, el mismo día que usted encarga a esa empresa que no es de Burgos a colocar los andamios en la fachada de la catedral-, pues descubre que esos andamios no sirven para trabajar. Los trabajadores no pueden trabajar en ellos, y la Inspección de Trabajo, además le recomienda que no se trabaje en esos andamios. Y entonces hay que cambiarlos. Y usted me dice: ha cambiado la empresa. Digo: evidentemente que ha cambiado la empresa. ¿Por qué no se le ocurrió a ustedes -a usted, o a su antecesor, o a quien fuera-, por qué no se les ocurrió a ustedes la brillante idea de cuando colocaron andamios para proteger las esculturas de la Catedral de Burgos, de pensar en algún momento que fueran compatibles con obras de restauración, y, al mismo tiempo, intentar acelerar los trámites para que empezaran las restauraciones de la fachada y de los elementos de la techumbre, que se han adjudicado ahora, a la vez que se colocaban los andamios? Hemos tenido dos años ahí unos andamios que sólo han beneficiado -yo me temo- a unas personas: los dueños de la empresa a los que ustedes han pagado esas decenas de millones de pesetas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Turno de dúplica, señora Consejera.

FERNÁNDEZ ARUFE

LA SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEÑORA FERNÁNDEZ ARUFE): Sí. He de decir, lo primero, que los andamios que se han sustituido y que dan lugar a esta pregunta fueron colocados en la fachada de Santa María de la Catedral de Burgos según acuerdo de la Comisión de Seguimiento, como sabrá Su Señoría, y que estaba integrada y está integrada por el Ministerio de Cultura, entonces, la Consejería y el Cabildo Catedralicio. Y creo que en el Ministerio, algo, ustedes al menos, o podrían hablar de otra forma.

Igualmente la citada Comisión acordó mantenerlos en la fecha cinco de octubre del noventa y cinco. Y voy a recalcar que a esa reunión asistieron, como miembros de la Comisión, el Director General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura entonces, don Jesús Viñueles, el Director General de Patrimonio de la Junta, don Pedro de la Casa y, por parte de Cabildo, don Ramón del Hoyo.

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Le he de decir además que se han sustituido, porque los andamios que fueron puestos, para protección y para estudios que se realizaron, no tienen la anchura suficiente para la continuación de las obras, porque son de sesenta centímetros.

Y finalmente, Señoría, usted -y creo que lo hace-, que dice que da datos, que presume... no digo presume, de la seriedad en la exposición, le diré que no caiga en la tentación de los juicios de valor, que nunca conducen a buen puerto, y que más bien si tiene datos o acciones que realizar, las lleve a cabo. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señora Consejera. Tiene ahora la palabra doña Eloísa Álvarez Oteo para formular su Pregunta.

ÁLVAREZ OTEO

LA SEÑORA ÁLVAREZ OTEO: Gracias, señor Presidente. Últimamente se ha suscitado de nuevo la polémica del Centro de Acogida de Menores de la Junta de Castilla y León en Soria, así como la situación en la que se encuentran los niños tras el cierre, en su día, de la Residencia de la Merced, y su actual... de la Milagrosa -perdón-, y su actual ubicación en una sexta planta del centro concertado Sagrado Corazón. ¿Qué medidas piensa tomar la Junta de Castilla y León para solucionar esta situación? Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): El señor Consejero de Bienestar y Sanidad tiene la palabra.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Gracias, señor Presidente. Señoría, como sabe, yo estuve ayer en Soria, y usted, que había anunciado esta pregunta a todos los medios de comunicación, me dio la oportunidad, porque no me quedó más remedio que contestarle ya allí, y, al mismo tiempo, interesarme aún más por eso que usted estaba calificando como situación irregular.

Lo primero que le diré es, con una absoluta tranquilidad, que tiene usted que estar del lado de la desinstitucionalización, que tenemos que sacar los menores -como le he dicho antes a un compañero de esta Cámara-; pero eso, en su caso, podía contar con el argumento de que a donde habían ido, tenía algún tipo de irregularidad.

Yo comprobé ayer, en el sitio exacto, a la hora exacta, que no hay ninguna irregularidad, Señoría. Que lo que pasaba es que usted, desconociendo la normativa que esta Cámara había aprobado respecto a los centros sociales, por Ley de consenso de las fuerzas políticas -entre otras su Grupo-, en lugar de ir al registro de Centros de Acción Social (donde está registrado con el número correspondiente este centro que usted hoy viene aquí a preguntar, con el número 420075, sin ningún... sin ningún problema; le decía antes que sí había problemas en Palencia -aunque fuera arquitectónico-, aquí ninguno) usted se fue al Ministerio de Educación. Y, claro, si desconoce la legislación de estas Cortes, usted, en lugar de estar aquí, se ha ido a la Administración Central a preguntar si esto se estaba registrando como centro educacional. No: como centro social de acogimiento a menores, con absoluta y total legalidad.

Nada que hacer, por tanto, Señoría. Y ningún problema, no lo crea, que le deba inquietar respecto a la normalidad en el funcionamiento, según el informe técnico de este Centro, San Salvador -le conocen ustedes allí-, o Marillac, como viene formalmente denominado aquí.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para el turno de réplica, señora Álvarez Oteo.

ÁLVAREZ OTEO

LA SEÑORA ÁLVAREZ OTEO: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero, en los meses de junio y julio de mil novecientos noventa y seis se procedió al desalojo de la Residencia de La Milagrosa, que era propiedad de la Diputación Provincial y que prestaba los servicios de acogida -que era competencia de la Junta de Castilla y León, y que es competencia de la Junta de Castilla y León-. Esta medida no pasó desapercibida para la población soriana, que reaccionó en su contra con la recogida de once mil firmas.

Ante ello la Junta, con la precisión que le caracteriza, pues optó por el reparto de la herencia entre el Sagrado Corazón de Soria, que es un centro concertado, y la ONG Mensajeros de la Paz. El Sagrado Corazón que, como digo, es centro concertado del MEC, ubicó a los menores de cero a doce años -entre los que hay de cero a tres años- en una sexta planta.

Usted dice que no me conozco la legislación, usted dice que no conozco la nueva normativa, y usted dice que por qué preguntamos al MEC.

Mire, señor Consejero, la Junta de Castilla y León, saltándose las normas -como yo lo entiendo- de Disposición Adicional Sexta de la Ley Orgánica de mil novecientos noventa, en la que dice claramente que "por razones de protección a la infancia, los centros que acogen de modo regular niños de edades correspondientes a la educación infantil quedarán sometidos al principio de la autorización administrativa".

Esto quiere decir que tendrán que cumplir los requisitos mínimos, incluso en infraestructura. Claro, usted me dirá que no estamos, como decía en su momento el Ministerio, hablando de guarderías. Pues si niños de cero a tres años acogidos, y porque se les llame centros de acogida, no guarderías, tienen que tener un trato diferente a porque se le llama un nombre, guarderías, que sí exigen una infraestructura, que es obligatorio y es de sentido común -independientemente de la Ley, porque la Ley se puede estirar todo lo que quiera, señor Consejero-, del sentido común que un centro de acogida de niños de cero a doce años se ubique a tanta altura, cuando lo que sigue la normativa -como le he dicho- es que los locales sean independientes o en... o sea, en la planta primera cuando son independientes, o en plantas bajas con accesos independientes.

Y recuérdese... y recuerde la tragedia que ocurrió en su momento en La Coruña.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo.

ÁLVAREZ OTEO

LA SEÑORA ÁLVAREZ OTEO: Pero, claro, había un problema, señor Consejero, y el problema ha sido resuelto. Pero, ¡de qué manera! Con unas instalaciones que, a mi juicio -y ojalá me equivoque-, tienen un enorme riesgo potencial. Y claro, hay a quien le gusta decir que todos somos hijos del mismo Dios; pero, desde luego, señor Consejero, de forma como ustedes tratan a los menores desde nuestro punto de vista, yo diría que son "Hijos de un dios menor". Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señora Oteo. Señor...

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Inadmisible, Señoría, la demagogia con la que actúa. No viven en ningún piso en el que no puedan vivir mis hijos, o los suyos. ¿No viven los niños en pisos sextos, quintos, cuartos y terceros? ¿Le estoy dando peor trato a estos menores que a mis propios hijos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir diciendo ese tipo de cosas para la galería? Los menores de este país, los hijos de los que estamos aquí viven en cuartos y quintos pisos, ¿están en peligro por eso?, ¿están en peligro por ello?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por favor.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): No se puede actuar de esa manera en esta Cámara. No hay ningún peligro...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora Álvarez Oteo, por favor.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): ...en que estén en un sexto piso, no hay ningún peligro, porque mis hijos viven en un cuarto, y yo nací y viví en un quinto. Estamos en las mismas condiciones, y no quiero para ellos más que lo que para mí.

Y verán ustedes, Señorías, lo que sucede además de esto -que ya lo ha utilizado usted con demagogia en fechas anteriores- es que no me voy a escudar en eso, me voy a escudar en el Informe. Que los expertos de esta Comunidad, legalmente adaptados para ello por nuestra propia Ley, y que tienen todo mi respeto -y el de Su Señoría a la fuerza, porque es la Ley que nosotros aprobamos aquí-, y que tienen sus dictámenes el mismo valor que cualquier otro, han dicho que no tiene ningún problema de legalidad y que le registran, a todos los efectos, conforme al órgano competente, con el número 420075.

Usted no quiere admitir que esos técnicos han actuado conforme a Derecho. Usted quiere poner en duda la experiencia de estos técnicos y decir que acaso, todavía, no esté del todo bien; yo no puedo hacerlo. Son funcionarios, son profesionales, están haciendo su trabajo y han registrado para bien esta Residencia. Si alguna prueba hay, hágala; pero no descalificaciones de un sexto piso, el peligro que encierra y, en definitiva, actitudes demagógicas.

Yo le digo: había una denuncia en este Pleno en el que había todavía una irregularidad arquitectónica en uno de los Centros, y lo he reconocido y se va a mejorar; aquí no hay ninguna y, por tanto, ninguna medida hemos de adoptar, salvo que usted apueste inequívocamente por la desinstitucionalización, sacar a los niños de esos centros masificados que pertenecían a las antiguas Diputaciones y llevarles a hogares. Y ésa es una política que vamos a hacer de cualquier forma. Nosotros necesitamos contar con el apoyo de todos, pero esto va a costar -ya lo sé-. Ahora bien, no utilicemos argumentos que no son.

Tienen legalmente autorización de los funcionarios competentes conforme a la Ley que nosotros aprobamos aquí; y a usted tiene que valerle, porque es nuestra Ley, nuestras competencias y nuestra capacidad de autoorganización en Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Consejero. Tiene ahora la palabra don Félix Alonso Díez para formular su primera Pregunta.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Buenos días, muchas gracias, señor Presidente. En fechas recientes se han cerrado tres centros para personas mayores en Valladolid, de los cuales el señor Consejero tiene conocimiento. Y la pregunta es sencillamente que quería saber qué centros son los que han sido cerrados y dónde están ubicados. Es necesario que se conozca esto para que nadie sea sorprendido en su buena fe y utilice estos centros que no están en condiciones. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En nombre de la Junta, el señor Consejero de...

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Gracias, Señoría. Y con mucho gusto y, además, poniendo a su disposición por escrito los centros, para si quiere hacerlos públicos, porque nos interesa a los dos que quien esté fuera de la normativa se conozca.

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Son tres, efectivamente, es la Residencia Velasco y Ruiz, que se encuentra ubicada en la Bajada de la Libertad, número seis, de aquí de Valladolid; la Residencia del Rocío, que está en El Pinar de Antequera; y la Residencia Santa Cristina, que está en la Avenida de Santander, en el kilómetro número cinco. Esas tres, por los motivos que, además, le puedo facilitar a Su Señoría -si quiere en este turno o en la réplica, por eso de tener más contenido-, y que, además, por escrito con mucho gusto le facilito a Su Señoría. No tengo ningún problema en ello. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Réplica, señor Alonso Díaz, Díez.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí, muchas gracias, señor Consejero. Bien, me parece muy precisa su contestación. Yo creo que siempre debería ser así, porque no siempre a las preguntas que planteo contesta con esta precisión.

Yo, sí me hubiera gustado que un tema que debatiremos con posterioridad, pues hubiera estado más claro para evitar que alguno de estos Centros, que coincide que uno de ellos ya fue registrado por la Consejería y ahora nos encontramos en la situación que hay que cerrarle, yo creo que eso tenemos que evitar que eso se produzca. Y, en consecuencia, creo que en este tema, señor Consejero, hay que seguir actuando con diligencia, ¿eh?, y con precisión, y en esa línea con todo nuestro apoyo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la dúplica, señor Consejero, si lo desea.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Estar de acuerdo con Su Señoría. Y decirle que también el celo que muestra permanentemente excita a este equipo de Gobierno; y que es bueno porque estamos consiguiendo entre todos siempre que se conozca que, efectivamente, hay un control, que cada vez yo creo que está dando unos resultados más ciertos, y que yo pongo a disposición de Su Señoría cuantas veces quiera. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Turno ahora de doña María Luisa Puente Canosa para formular su Pregunta.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Me encanta este buen ambiente, y vamos a seguir con ello.

Por Orden de nueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el quince de septiembre, se efectuó la convocatoria pública para cubrir diversas vacantes mediante nombramiento de personal interino. "Los candidatos para cubrir dichas plazas deberán dirigir sus instancias en el término de cinco días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León."

¿Considera el señor Consejero de Sanidad y Bienestar Social suficiente y razonable el plazo de cinco días para la debida divulgación de la convocatoria? Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Le va a contestar el señor Consejero de Bienestar.

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Sí, Señoría. Bueno, usted sabe sin duda que la regulación del nombramiento de personal interino responde a -de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica de Función Pública-, a una razón de necesidad o de urgencia. En cualquier caso, eso llevó a que en la regulación general para toda la Junta, -no para la Consejería de Sanidad- se estableciera, mediante el Decreto 28/92 en su Artículo 4.3, letra C, una frase, que es la que no... es decir, "no podrá ser el plazo inferior a cinco días ni superior a diez". Sobre esto es sobre lo que ha trabajado la Consejería de Sanidad.

Y yo le digo, es posible que entre cinco y diez, Señoría, pudiera decir que mejor diez. Yo no tengo tampoco demasiado inconveniente. Lo que sí le digo es que con este plazo el número de... bueno, de personas que se presentan para cada plaza supera a veces las cien, ¿no? Es decir, que quizá luego la resolución se dilataría tanto que sería muy difícil ajustar el nombramiento a ese criterio de necesidad o urgencia. Pero entre cinco y diez, que está aprobado para toda la Junta, es verdad que no hay tampoco mucho inconveniente en que fueran ocho o siete, porque tampoco lo veo mal, ¿no? Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para el turno de réplica, señora Puente.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Señor Consejero yo aquí sí que no le voy a felicitar, ni voy a ponerme a su servicio en este tema, porque me parece que, teniendo en cuenta que en nuestra Comunidad Autónoma con su extensión y con su dispersión, y con las dificultades que plantea también de las comunicaciones y de los transportes, cinco días para hacer divulgación e información de una convocatoria de personal, que la están esperando muchísima gente para poder acudir a ella, me parece injusta y discriminatoria. Si me dice que el máximo son diez, pues diez no es igual a cinco. O sea, cinco días no da lugar a ningún plazo intermedio ni siquiera para presentar las solicitudes.

Yo sí por eso... además me entra en el fondo una sospecha cuando veo... -y perdóneme usted que desconfíe-, cuando veo que andan los farmacéuticos y los médicos por medio. Y entonces... porque, fíjese usted, yo preguntaría ¿cuál es la causa de esta urgencia tan extrema que no se puede agotar el máximo plazo?, ¿qué intereses ocultos movía o hay en esta convocatoria? Y, de alguna forma, ¿quién estaban ya predestinados a ocupar estas plazas?, porque de eso se trata.

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Yo, perdóneme, pero me huele a chamusquina; y me parece que se está preparando una nueva fechoría. Y no se me rasguen las vestiduras los señores conservadores. Fechoría en el sentido de mala acción, según el diccionario de la lengua, mala acción. Porque precisamente estamos en el aniversario... si el señor Consejero recuerda que hace un año en Castilla y León se hizo una auténtica fechoría en su Consejería, cuando contrataron a dedo y por la vía rápida a la hija del Consejero de la Junta de Galicia y a los hijos de los representantes más conocidos del Partido Popular de Salamanca.

Por eso ahora, señor Consejero, yo me quedaría muchísimo más tranquila si esta convocatoria tuviera el máximo plazo de los diez días y no el mínimo de cinco, que me parece que es discriminatoria para los castellanos y leoneses. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para el turno de dúplica, señor Consejero,

FERNÁNDEZ SANTIAGO

EL SEÑOR CONSEJERO DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (SEÑOR FERNÁNDEZ SANTIAGO): Qué tendrá Su Señoría que le obliga el subconsciente a citar Galicia. Galicia... ustedes, ya entiendo que le duela, pero deje Galicia en paz, porque, si no, se la voy a recordar yo, ¿verdad? Y ahí no les ha ido muy bien la verdad, pero bueno.

Yo le diré, mire Señoría, es que es muy sencillo: entre cinco y diez tiene usted la posibilidad de adoptar, conforme a una norma que no es de la Consejería de Sanidad, y que, por tanto, no oculta nada, que se aprobó en su día, que es el Artículo 4.3.C, que los sindicatos en su día estuvieron de acuerdo y que regula el mecanismo de interinidad.

Y lo que le voy a decir: si tiene usted en cuenta, coherentemente, que se trata de, justificadamente, ir a una necesidad urgente de proveer un puesto de trabajo... el resultado de cinco días en esta Comunidad fue que para los cinco puestos de trabajo que usted ha sacado a colación para su pregunta, se presentaron trescientas veinticuatro personas, sesenta y cuatro por cada puesto; si abrimos diez, a lo mejor eran seiscientos. ¿Problema? Que luego la resolución, tal como todos queremos, con la transparencia necesaria y con los sindicatos dentro, en todas las plazas, incluso las que usted ha dicho aquí, que también tuvieron los sindicatos dentro, ¿eh? Eso del dedo, aquí no funciona, ¿eh? Eso usted lo dijo y luego no lo ha podido probar y ahí ha quedado. Pero, en cualquier caso, mire usted, los sindicatos, de acuerdo con la Administración, establecieron este plazo. A mí no me importaría que fueran diez. Pero el número de instancias que pueden llegar nos abruman; y llega un momento que luego se tarda meses en resolverlas y no se puede ir a una provisión de interinidad. Porque insisto: sesenta y cuatro puestos por cada una de las plazas que salieron. Si se abre más el plazo, podrían llegar a cientos por plaza, y tardaríamos luego en evaluar esos exámenes... pues meses; y entonces la interinidad había perdido su condición natural de ser: de urgencia y necesidad. Ésa es toda la razón y no hay otra.

E, insisto, yo no seré el Consejero que me oponga a que el plazo se abra a diez días, porque estoy completamente de acuerdo. No tengo... la única dificultad que veo es ésa que le digo: el que al final serían muchos más y aparecerían, ¿eh?, sin duda, muchos más puestos.

Y yo también -puesto que me deja tiempo el Presidente- le diré: yo creo que cuando haga esas cuestiones tiene usted que pensar que son muchos los interinos que hay que en mi Consejería y que todos han entrado por el mismo método legal, ¿eh?; algunos están muy cerca de usted, Señoría.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene de nuevo la palabra el señor Alonso Díez para formular otra de sus preguntas.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. En el último Pleno tratábamos una pregunta en relación con el futuro de la empresa de Nicas, en la cual... de esa fecha al día de hoy ha habido diversas conversaciones que, como consecuencia, pueden haber cambiado la situación; pues yo quería mantener esta pregunta para que al día de hoy el señor Consejero nos informara realmente de cuál es su opinión respecto al futuro de Nicas, y si piensa que realizándose las inversiones necesarias se garantizaría el futuro de la empresa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene la palabra el señor Consejero de Industria para contestarle a la Pregunta.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Bien. En principio no tengo una opinión en estos momentos formada, porque estoy pendiente de distintos trabajos que se están realizando a efectos de poder... pues tomar una decisión sobre este proyecto.

Solamente con las inversiones, pues no se puede garantizar la viabilidad de Nicas. Quiero decir, además de... en cualquier plan de viabilidad hay que valorar otro tipo de parámetros, a efectos de determinar si va a ser viable o no. En estos momentos lo que estamos... lo que se está haciendo es trabajando: yo he designado dos expertos con el fin de que nos aclaren exactamente qué habría que hacer para poner en actividad esta... esta empresa. Con lo que digan que hay que hacer, habrá que ver si eso viabiliza el proyecto. Y, por otro lado, pues si hay... se podrá en actividad si tenemos algún líder empresarial que quiera... que quiera... -solvente-, que quiera poner en actividad este proyecto.

Por lo tanto, falta todavía en este camino bastantes cuestiones que aclarar antes de poder estar en condiciones de dar unas... tomar una decisión.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para réplica, señor Alonso Díez.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Señor Consejero, yo, al hilo de sus palabras -y además así quiero... quiero creerlas-, creo que hay un planteamiento de sacar adelante la empresa. He mantenido conversaciones con el Comité de Empresa y ellos también lo creen así. Yo creo que es importante que eso... esa sensación que tiene el Comité de Empresa de que se les va a apoyar se siga manteniendo.

Pero luego, yo entiendo que hay dos cosas: primero, la viabilidad de la empresa depende de si las inversiones se realizan o no; quiero decir, si hay un compromiso por inyectar el dinero necesario, la empresa desde luego es viable. Yo entiendo que es viable en la medida de que en Castilla y León tiene un mercado importante como consecuencia de las características de la Región; y, en consecuencia, si hay inversiones y hay mercado, entiendo que la viabilidad es más factible. Indudablemente, los técnicos tendrán que manifestar su última opinión, pero yo creo que hace falta que no tengamos la sensación de que las cosas que se demoran en el tiempo. Yo ahí es donde me gustaría tener su compromiso claro de que no hay un planteamiento de demora en el tiempo, sino al contrario, que vamos a agilizar al máximo las gestiones y que, a partir de esos informes, va a haber un compromiso por parte de la Junta; de que el problema no sea al final de dinero para invertir, sino que, si en un momento determinado hay que pensar en otro tipo de soluciones, no sea por falta del compromiso en la Junta. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para dúplica, Consejero, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Yo quiero que no solamente el Comité de Empresa tenga la sensación de que se está trabajando, que es lo que se está haciendo. Es decir, no nos hemos pronunciado si tenemos voluntad o no; para tener voluntad o no de poner en actividad esta empresa hay que conocer, ver si es posible o no desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la viabilidad de la empresa para el futuro.

Por lo tanto, lo que sí que quiero es que tengan ustedes la misma sensación que pueda tener el Comité de Empresa: estamos trabajando. Hay dos personas de la confianza de todas las partes, incluso hasta de Fertiberia, como personas muy conocedoras del sector y muy conocedoras de la empresa, que están trabajando en ese... haciendo ese trabajo.

Bien. De ahí podemos sacar una conclusión, y es ver qué tipo de inversiones hay que hacer. Porque si hay que hacer inversiones de miles de millones de pesetas, a lo mejor no es viable ponerla en actividad. Quiero decir que no se trata solamente que saber... 8.000 millones ponerles; podemos estar poniendo 8.000 millones de pesetas, pero a lo mejor estaremos tirando a un cesto.

Por lo tanto, yo creo que hay que ir dando los pasos. Lo que... tenga la absoluta seguridad es que yo en este asunto no le voy a entretener ni un minuto: en el momento que tenga claro la decisión, la voy a anunciar y se acabó. Pero para tomar esa decisión tiene que haber un grupo empresarial que quiera desarrollar ese proyecto, que ése será la segunda parte de este asunto. Primero ver las posibilidades que tiene hoy de ser viable esa industria y, otra, ver quién va a hacer, quién la va a poner en actividad. Trataremos de hacer todo tipo de negociaciones -ya hemos tenido contactos-, pero ésas son las dos cosas que hay que resolver. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Consejero. Las restantes preguntas que figuraban en el Orden del Día han sido retiradas. Y con ello podemos pasar al tercer punto, que enunciará el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Tercer punto del Orden del Día: "Interpelación formulada a la Junta de Castilla y León por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a política general en materia de servicios públicos de empleo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para exponer la Interpelación... Tiene entonces la palabra para exponer la Interpelación, en nombre de su Grupo, el señor Luis García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Y pido disculpas por este impasse, pero como había muchas preguntas pendientes...

Bueno, la Interpelación que presentamos desde Izquierda Unida tiene una absoluta actualidad y, desde nuestro punto de vista, una importante transcendencia, porque vamos a hablar de lo que son los instrumentos de intermediación en el mercado de trabajo, desde nuestro punto de vista, o lo que debiera ser los servicios públicos de empleo. El problema de que hoy en día, teniendo en cuenta las modificaciones legales que de manera sucesiva se han ido aplicando, pues ya no solamente hay instrumentos públicos de intermediación en el mercado de trabajo, sino que éstos, pues tienen una seria competencia -y cada vez más- de diversos instrumentos de carácter privado, bien sean las oficinas privadas de colocación, las empresas de trabajo temporal u otro tipo de instrumentos.

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Desde nuestro punto de vista, el actual sistema que tenemos en este momento en nuestro país de, a nivel nacional, la existencia del Instituto Nacional de Empleo que, como viene reflejado en los Antecedentes -yo creo que profusamente ilustrado-, en donde se indica cuál es la reflexión que Izquierda Unida hacemos sobre la evolución de los servicios públicos de empleo en nuestro país, y a la situación actual, vemos que desde la constitución del Instituto Nacional de Empleo, como consecuencia de los Pactos de la Moncloa del año setenta y ocho -lo digo para tener un poco de perspectiva histórica de donde venimos-, pues se constituye con esa vocación política de auténtico servicio público de empleo, de intermediación en el mercado de trabajo, para garantizar esa igualdad de oportunidades, y esa gratuidad, y esa no discriminación de las relaciones laborales, sobre todo en el acceso a ese derecho constitucional que es el de trabajo. Quiere decirse, de que si dificultades hay de encontrar un empleo hoy también -¿cómo no?-, peor es cuando ni tan siquiera se garantizan esos derechos que menciono de igualdad de oportunidades, de gratuidad y no discriminación; que el único instrumento, desde nuestro punto de vista, que tiene la capacidad de garantizarlos es un instrumento público de intermediación en el mercado de trabajo.

Desde aquel entonces, ese servicio público de empleo, pues lógicamente, la Constitución o el proceso de fortalecimiento teórico que tenía que haber tenido, desde nuestro punto de vista no fue así, siempre tuvo unas ciertas dosis de provisionalidad y se le fueron dando algunas competencias; y, sin embargo, en ningún momento adquirió el protagonismo y la eficacia de intermediación en el mercado de trabajo que a nosotros nos hubiera gustado. E inclusive el deterioro que con el transcurrir de los años en el mercado de trabajo se ha producido de incremento del paro, generalización de la eventualidad y, por último, ya en los últimos tiempos, intermediación de agentes privados en el mercado de trabajo, pues nos encontramos con que el desprestigio del Inem ha sido galopante; y no tanto por el propio sentido, la propia filosofía y la propia función que en muchas ocasiones realizaba el propio Instituto Nacional de Empleo, sino por el propio papel de chivo expiatorio que de las políticas neoliberales que se aplicaban, pues hacían jugar a este servicio público de empleo.

Así pues, en muchas ocasiones se ha hecho jugar al Instituto Nacional de Empleo, pues el papel... como de responsable de la situación sociolaboral que había en nuestro país, cuando ni tan siquiera se le adjudicaban competencias o medios para realizar una eficaz intermediación en el mercado de trabajo. Y así pues, pues los trabajadores fundamentalmente veían que la responsabilidad del paro era del Inem, que la responsabilidad de la precariedad era del Inem, que la responsabilidad de una formación ocupacional no eficaz era del Inem, que la responsabilidad de las prestaciones económicas y desempleo eran del Inem... cuando realmente no era así, sino que eso era consecuencia de las políticas que se aplicaban y, sin embargo, el Inem, pues era, en definitiva, sin más, un instrumento de intermediación.

Pero parece ser que eso interesaba y la consecuencia de todo ello, por desgracia, pues ha sido ese desprestigio del servicio público de empleo como tal. Y claro, ante eso, pues lógicamente, los que siempre están pendientes de intentar deteriorar lo público con carácter general, pues no se han quedado quietos y se ha planteado, pues como alternativa, de decir: pues ante la "ineficacia de lo público" -entre comillas-, planteemos la privatización.

El problema de que la privatización de la intermediación en el mercado de trabajo, pues como siempre, no puede... con carácter general, cuando se plantea la privatización de algo siempre es para buscar un beneficio económico, pero cuando se ha... cuando en este caso la privatización es para intentar garantizar unos derechos constitucionales de no discriminación, etcétera -lo que he mencionado antes-, pues estamos justo en las antípodas de poder garantizar ese derecho constitucional. Porque ni las oficinas privadas de colocación, por su mucho que se diga sin ánimo de lucro, tienen ese fin, ni mucho menos las empresas de trabajo temporal, que, lógicamente, lo que buscan directamente es el afán lucrativo. Y, por lo tanto, el resultado de la privatización de esa intermediación en el mercado de trabajo en absoluto consigue, ni mucho menos, esa mayor eficacia; eso que se decía que no conseguía el Inem, que era confluir la oferta con la demanda del empleo, ese mejorar la formación... Ya de paso el decir, por ejemplo, de que eso es uno de los objetivos de las empresas de trabajo temporal... es ofrecer de manera sistemática formación profesional a los trabajadores que están en sus bases de datos; pues que me diga alguien realmente qué formación ocupacional o qué formación profesional están realizando las empresas de trabajo temporal y, realmente, se podrá ver el papel real que están realizando.

En definitiva, esa privatización de la intermediación en el mercado de trabajo en la que nos encontramos lo único para lo que está sirviendo es para deteriorar las condiciones de los trabajadores y en absoluto para cubrir los déficits que tenía el Instituto Nacional de Empleo y sí para deteriorar esas condiciones.

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En este sentido, y en este proceso en el que a la vez nos encontramos -y yo creo que ése es el meollo de la cuestión y la razón, entre otras, además de la anterior, que Izquierda Unida planteamos esta Interpelación hoy aquí-, es el proceso de descentralización -por así decirlo- o de transferencia del Inem a las diferentes Comunidades Autónomas que, ¿cómo no?, en el Estado de las Autonomías en el que estamos, y en donde no estamos en un desarrollo equilibrado de las diferentes Autonomías, y ni tan siquiera un elemento fundamental como éste, que es de garantizar en todas las Comunidades Autónomas, con independencia en la que se esté, esa igualdad en el derecho... en el acceso al trabajo, pues nos encontramos en que ya el Instituto Nacional de Empleo, pues alguna de sus competencias -como es la formación ocupacional- hace tiempo que se ha transferido a algunas Comunidades; en otras se está transfiriendo o se ha transferido ya lo que se llama "las políticas activas de empleo" -que desde nuestro punto de vista no es una terminología excesivamente correcta, pero bueno, por entendernos de lo que estamos hablando-, y en otros se está hablando, inclusive, de la transferencia de las propias prestaciones, pero no solamente de la ejecución de las prestaciones, sino inclusive de las propias competencias de legislación, con lo cual, lógicamente, no podemos coincidir. Y mucho menos en la transferencia de competencias, que está siendo de forma desigual, en donde hay Comunidades que llevan ya tiempo con la formación ocupacional y, por lo tanto, globalizando la oferta global de formación que se está haciendo en esas Comunidades, y, por lo tanto, cada vez con mayores desigualdades de cómo se interviene en el mercado de trabajo de unas Comunidades a otras desde los instrumentos públicos, o cómo se está ejecutando.

¿Qué es lo que está sucediendo en Castilla y León? Pues, como siempre, en la cola. Aquí, la situación que tenemos en este momento es: el Inem sigue funcionando con lo que... las competencias que sigue manteniendo, que son, a grandes rasgos, la formación ocupacional que mantiene, la orientación de la colocación, la promoción del empleo, las prestaciones.

Por otro lado, en nuestra Comunidad, tenemos la aparición de las oficinas privadas de colocación ya en algunas capitales de provincia. Por otro lado, la proliferación absolutamente injustificada -injustificada porque no lo necesita el mercado de trabajo, pero claro, justificada por el lucro de las empresas de trabajo temporal-... y por otro lado, pues, tenemos lo que son las competencias de la Junta de Castilla y León que, hoy por hoy... con plenas competencias a nivel de lo que se define como autoridad laboral y con ejecución de lo que se llama la formación ocupacional, y lo que se nos avecina o lo que se anuncia del próximo... constitución del Servicio Regional de Colocaciones.

Todo esto en nuestra Comunidad, hoy en día, supone una amalgama de intervención y de intermediación en el mercado de trabajo que -¿cómo no?- a cualquiera con un mínimo de sensibilidad social, como puede ser el propio Consejo Económico y Social, o el Procurador del Común, etcétera, pues lógicamente llegan a conclusiones de que hay que globalizar la intervención en el mercado de trabajo; que precisamente se está perjudicando mucho más lo que se decía que había que ser mucho más eficaces en conseguir hacer confluir lo que son las ofertas de empleo con lo que son las demandas; de ser mucho más eficaces en conseguir que la formación de los trabajadores esté mucho más relacionada con lo que se demanda en el mercado de trabajo. Ahí, precisamente, está ese estudio e incluso... inclusive, encargado por la Junta -que viene hoy en los medios de comunicación-, en donde claramente se hace referencia a que la formación ocupacional que se está enfocando, muchas veces tiene muy poco o nada que ver con lo que se demanda en el mercado de trabajo, y habrá que ver entonces, realmente, a qué se enfoca esa formación ocupacional.

Pero, globalmente, lo que planteamos es que toda esa diversidad, disparidad y, por lo tanto, falta de enfoque global en la intermediación del mercado de trabajo que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma -que es lo que aquí nos interesa- está produciendo un desequilibrio y una fragmentación en el mercado de trabajo. Y, en definitiva, una vez más, los sufridores de manera fundamental de esta situación son los trabajadores, que cada vez tienen una mayor desorientación. Simplemente pongo como ejemplo: para buscar un empleo hoy en día, ¿dónde hay que ir? Pues, teóricamente, al Inem; teóricamente, a empresas de trabajo temporal; teóricamente a oficinas privadas de colocación; y, por supuesto, a las empresas; además de, lógicamente, pues la exigua oferta pública de empleo que se plantea. Pero claro, todo eso está absolutamente disperso. No hay ni un solo organismo, ni del Inem ni de la Administración Central, ni de la propia Junta, que globalice toda esa información.

A efectos de formación profesional, ¿dónde va un trabajador? Pues puede ir a la Junta, puede ir al Inem, puede ir a centros colaboradores, puede ir a ETT, puede ir a empresas particulares, a academias, que también son centros colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco hay ningún centro que globalice toda la información de decir: ¿cuál es la información o cuál es la oferta formativa de formación profesional que hay en nuestra Comunidad? Pues no hay ningún centro, no hay ningún instrumento, ningún organismo que globalice toda esa información.

Así pues, desde la perspectiva de Izquierda Unida, creemos que estamos en un momento en donde hay que tomar claras opciones políticas. Y creemos que el atentismo o el anuncio de la constitución del Servicio Regional de Colocación ahora mismo por parte de la Junta de Castilla y León, y con los contenidos que a nivel de los medios de comunicación -como siempre- nos hemos enterado que parece ser que pretende dar la Junta de Castilla y León, pues a nosotros no nos tranquiliza, ni mucho menos. Nos preocupa mucho más. Y esto porque en vez de ir precisamente a conseguir ese objetivo de globalizar lo que es la intervención o la intermediación del mercado de trabajo desde una perspectiva de servicio público, da la casualidad que la Junta de Castilla y León, lo que pretende es introducir (termino, señor Presidente), introducir un elemento más de intervención en el mercado... o de intermediación en el mercado de trabajo no con carácter público, sino de trasladar a los llamados Centros Colaboradores esa intervención en el mercado de trabajo, y que, por lo tanto, no va a servir ni de globalización ni tan siquiera, por supuesto, de ese carácter público.

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La alternativa de Izquierda Unida, pues, lógicamente, está en que creemos que hay que llegar a un acuerdo a nivel nacional en el Consejo General del Instituto Nacional de Empleo con competencias de las Comunidades Autónomas y con competencias de los agentes sociales que allí están representados para diseñar cuál es el servicio público de empleo que necesita nuestro país a nivel general, que eso luego tenga las transferencias de manera simultánea al conjunto de las Comunidades Autónomas para que no se produzca la desigualdad que en este momento se está planteando. Y, a partir de ahí, lógicamente, de esas competencias y esa transferencia, conseguir que en todas las Comunidades Autónomas se garantice la existencia de un servicio público de empleo con competencias de las Comunidades Autónomas que garantice esa igualdad, ese carácter gratuito, esa no discriminación, y la igualdad de trato y de servicio en todo el Estado. De entrada, nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para contestarle, por la Junta, el Consejero de Industria tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. Ustedes saben que ante el problema del desempleo, todos los Gobiernos venimos realizando un gran esfuerzo en la búsqueda de nuevas fórmulas para resolver o mitigar sus efectos. Para ello, cada vez se aplican más fondos públicos destinados a mitigar las tasas de desempleo que nos acompañan en este final de siglo.

Con independencia del resto de competencias y funciones encomendadas, y en lo que se refiere a la forma de intermediación en el mercado de trabajo, el Instituto Nacional de Empleo, a través de las Oficinas de Empleo, ha venido prestando un servicio público y gratuito de intermediación entre la oferta y la demanda de empleo, poniendo en contacto a los demandantes del empleo con los empresarios a través de la preselección, o incluso procediendo a la selección definitiva de los candidatos, si ése es el deseo de quien plantea la oferta, ya sea realizada tal selección directamente por el Inem, o mediante la colaboración prestada por empresas dedicadas a ello.

El Inem, además de funciones generales de información sobre la situación del mercado de trabajo, las modalidades de contratación, o las medidas de fomento de empleo que existen, por sí mismo o a través de entidades asociadas, tiene encomendados los servicios de orientación personalizada dirigidos a facilitar la colocación de los demandantes de empleo, dentro de lo que se denominan Servicios Integrados para el Empleo.

En los últimos años han surgido nuevas ideas y nuevos servicios encaminados a conseguir que las políticas de empleo sean más eficaces y lleguen al mayor número de usuarios posible. Los últimos cambios en materia de políticas de empleo en España han sido los siguientes: la creación de una entidad, Forcem, que gestiona la formación continua para trabajadores ocupados. La creación de nuevos servicios llamados SIPE (Servicios Integrados para Empleo), en el mes de mayo del noventa y cinco. La ruptura del monopolio sobre la intermediación laboral que tenía el Inem mediante Ley 10/94, de diecinueve de mayo, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, que por vez primera autoriza la existencia de agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro; una de las causas de esta autorización deriva del hecho de las cada vez más complejas y diversificadas ofertas de empleo, cuya respuesta adecuada requiere la máxima especialización y proximidad a la fuente de empleo. Y, por último, la transferencia de la gestión de la Formación Profesional Ocupacional a algunas Comunidades Autónomas.

El interés en mejorar el empleo en nuestra Comunidad, la futura transferencia de la Formación Profesional Ocupacional de todas las políticas activas de empleo y de la intermediación laboral, han determinado la decisión de la Junta de Castilla y León de aplicar nuevas medidas para dinamizar el mercado laboral. Y así, junto a las ya existentes de orientación profesional, ayudas al autoempleo o a la contratación y a la formación, se pondrá en funcionamiento un Servicio Regional de Colocación con la decisión de intervenir en la gestión de la intermediación laboral.

A fin de garantizar una homogeneidad del servicio con el Inem y con el de otras Comunidades Autónomas, se ha adoptado un modelo contrastado ya prácticamente en todas ellas; me refiero a Cataluña, Galicia, País Vasco y Andalucía, en concreto.

La implantación del Servicio va a ser una inmejorable oportunidad para montar una infraestructura adecuada para poder asumir las transferencias pendientes del Inem, apoyado en un esquema básico ya operativo en el que se integrarán estas nuevas funciones transferidas. Éste es un ejercicio que está afrontando la Junta de Castilla y León para tener éxito en la gestión de las nuevas responsabilidades a transferir.

Una vez recibidas las competencias del Inem, el fin será disponer de un único servicio que realice toda la actividad de intermediación. Para ello, las oficinas del Inem funcionarán como un centro colaborador más, teniendo el Inem el resto de sus funciones. Pero para evitar que el demandante de empleo tenga que ir a dos sitios, se está implementando una aplicación informática que traspasará automáticamente los datos del Servicio Regional de Colocación al Inem y viceversa.

El objetivo principal del Servicio de Colocación es interrelacionar la oferta y demanda de empleo con eficacia, eficiencia y equidad. Para ello, pondremos en marcha una serie de actuaciones que van encaminadas a lo siguiente:

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En primer lugar, difundir y promover el nuevo sistema con la finalidad de alcanzar todos los niveles de la sociedad, captando el mayor número posible de demandantes y ofertantes de empleo de la Comunidad de Castilla y León.

En segundo lugar, integrar en una bolsa única de trabajo todas las existentes.

En tercer lugar, integrar el mayor número posible de entidades, tanto públicas como privadas, dedicadas al fomento del empleo, con el fin de aunar esfuerzos y optimizar los recursos.

También relacionar ofertas y demandas mediante un proceso transparente y equitativo que asegure la igualdad de oportunidades a todos los demandantes de empleo.

Presentar al oferente de empleo los candidatos más adecuados para el puesto de trabajo ofertado, mediante un proceso rápido y sencillo.

También ofrecer un servicio capaz de adaptarse rápidamente a las necesidades de un mercado laboral en constante evolución.

Y, por último, impulsar una acción común que evite la duplicidad de esfuerzos en el ámbito de la formación ocupacional.

Para cubrir estos objetivos, es necesario un consenso entre la Administración, agentes sociales y empresas o instituciones que tengan algún tipo de intervención en la intermediación laboral. En este sentido, dentro del diálogo social para el desarrollo socioeconómico de nuestra Región mantenido entre el Gobierno Autonómico y los agentes sociales, y suscrito el pasado diecisiete de junio, se ha llegado al acuerdo de crear este Servicio Público Regional de Colocación, así como al compromiso de mantener un único sistema público regional de intermediación que aglutine -como decía- las acciones formativas y las políticas de empleo.

La implantación del Servicio de Colocación nos va a permitir conocer la situación real del mercado laboral y, por tanto, mejorar la formación ocupacional, adaptando los programas formativas a las nuevas exigencias del mercado; suministrar una información fiable y actualizada del mercado del trabajo; contribuir a mejorar la competitividad de las empresas de la Comunidad; facilitar al ciudadano el acceso al mercado laboral; y mejorar el seguimiento de la inserción alcanzado por los centros de formación.

Las características más relevantes del Servicio de Colocación que se pondrán en marcha son las siguientes:

En primer lugar, su voluntariedad. Podrán acceder a él, de forma voluntaria, todas aquellas personas que busquen empleo, estando o no en situación de paro.

En segundo lugar, su atención personalizada. Se accederá al Servicio a través de cita previa para obtener una entrevista personalizada, evitando así las colas de espera.

En tercer lugar, gratuidad del servicio. Tanto demandantes como oferentes de empleo pueden acceder al Servicio sin ningún coste.

En cuarto lugar, especialización. Tanto los demandantes como los oferentes reciben atención personalizada. De esta forma, se podrán satisfacer sus necesidades reales.

En quinto lugar, globalización del mercado laboral. Se aprovechan todas las iniciativas ya existentes, tanto públicas como privadas, apoyándose el servicio en una red de centros asociados ubicados estratégicamente, de forma que quede cubierto todo el territorio de la Región. Con esta aglutinación de diferentes intermediarios del mercado laboral, la Administración Autonómica se situaría en una posición privilegiada en un momento de proliferación de agencias de colocación.

Las funciones principales que deben realizar los centros asociados al Servicio de Colocación, con objeto de cumplir los objetivos del mismo serán la información y promoción del mismo, la calificación profesional de los demandantes de empleo, el seguimiento de la inserción laboral, la captación de ofertas y demandas, y la intermediación. El funcionamiento del Servicio se basa en entornos y procesos informativos que aseguran el rigor y la imparcialidad en la intermediación.

Por último, indicar que con la puesta en marcha de este Servicio se abren nuevas vías de colaboración con los agentes sociales, cuya participación va a ser fundamental para el éxito del mismo, siendo ellos los transmisores de la bondad y de la calidad del sistema propuesto. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para consumir un turno de réplica, señor Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Pues, de lo dicho anteriormente, parece ser que todas nuestras sospechas se confirman, de cara a cuál es lo que pretende hacer la Junta de Castilla y León.

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En primer lugar, pues parece ser que lo que tendría que ser lo inmediato, se está negociando -parece ser- con otras Comunidades Autónomas el traspaso del Inem, algunas competencias del Inem. Aquí no sabemos si se está en negociaciones o cuáles son los plazos de transferencia del Inem a esta Comunidad Autónoma. Eso por un lado. Es decir, nosotros lo planteamos como prioritario el que las transferencia del Inem a las diferentes Comunidades Autónomas sea de manera simultánea. Parece ser que eso no se plantea como cuestión prioritaria. Y que esta transferencias se haga en igualdad de condiciones. Es decir, aquí se habla en condicional en todo momento: "cuando tengamos las competencias del Inem, haremos esto". Y, por lo tanto, lógicamente, estaremos en diferentes condiciones que otras Comunidades.

Y a la vez, un elemento fundamental que nosotros planteábamos antes, que es pues donde parece ser que va a estar, una vez más, una discrepancia con lo que hace la Junta de Castilla y León, es el modelo en este caso de Servicio Público de Empleo, donde parece ser que la Junta ni tan siquiera se plantea lo de público; se plantea servicio de empleo. Y lógicamente, pues considerando... -y dicho literalmente por parte del señor Consejero-, entre la filosofía... dentro de esa filosofía del Servicio Regional de Empleo, en donde el Instituto Nacional de Empleo pasaría a ser un centro colaborador más. Se supone que el Instituto Nacional de Empleo sería el único instrumento que tendría la característica de servicio público o de... en tal caso, de... como tal carácter público, y el resto de los centros colaboradores, pues lógicamente, tendrían la característica privada. Y podemos hablar que sean privados sin ánimo de lucro o privados con otro tipo de características, porque, inclusive, en algunos... en algunas informaciones se ha planteado que esa red de centros colaboradores que se diseñaría para ejecutar esas competencias de colocación o de intermediación en el mercado de trabajo, pues se haría a partir de la Red de Centros Colaboradores de Formación Ocupacional que en este momento tiene la Junta de Castilla y León. Y ahí centros de todo tipo: hay asociaciones o instrumentos con afán de lucro, sin afán de lucro, etcétera. Y, por lo tanto, parece ser que la voluntad política de la Junta de Castilla y León es no discriminar o no diferenciar en cuáles serían las características de cada uno de estos centros, sino simplemente que, reuniendo unas determinadas características o determinados requisitos, pues se les daría las competencias pues de esa intermediación en el mercado de trabajo.

A nosotros esta filosofía nos parece gravísima porque no se garantiza, en primer lugar, el carácter público de esa intermediación en el mercado de trabajo. Y no es el empecinarse... o el empeñarse con el carácter público de la intermediación en el mercado de trabajo, sino de lo que se trata es de garantizar esas condiciones de igualdad, gratuidad, no discriminación e igualdad trato. Y desde el momento en que no se tiene esa característica de servicio público, y difícilmente cuando eso a veces se transfiere a instancias privados... privadas, eso no se va a garantizar.

Y, por lo tanto, el hecho de la eficacia -que estaría a continuación- que tendría este Servicio Regional de Colocación, pues, desde nuestro punto de vista, sería una eficacia absolutamente limitada. Porque -como siempre- le hemos mencionado anteriormente cuáles eran las dificultades o las disfunciones que en el funcionamiento del Inem ha habido durante estos años, y una de ellas, por ejemplo, ha sido la falta de... bueno, por así decirlo, de afán del Instituto Nacional de Empleo de conseguir cuotas de intermediación en el mercado de trabajo. Y así, por ejemplo, pues los últimos datos daban que la inmensa mayoría de los contratos se realizaban al margen del Inem, que luego se registraban, y el Inem se convertía única y exclusivamente en un mero registro del contrato, de los contratos, pero no, realmente, como un instrumento de intermediación.

Pues aquí va a aparecer... va a suponer algo parecido: la inmensa mayoría de estos centros colaboradores no van a ser ellos realmente los que busquen la intermediación o la confluencia entre la oferta y la demanda, sino que van a ser única y exclusivamente receptores de demanda de trabajo, por un lado, de demanda de empleo de los trabajadores, y, por otro lado, pues bueno, pues los empresarios que tengan una oferta de empleo y demás se buscarán la vida a la hora de contratar los trabajadores. Pero difícilmente podrá haber esa globalización por mucho que se diga que haya esa comunicación informática entre los diferentes centros colaboradores.

Esto teóricamente, esta globalización informática, teóricamente, hoy en día está en el Inem. Hoy en día el Inem inclusive tiene pues red informática no solamente en los ámbitos provinciales, sino en los ámbitos nacionales. Sin embargo, ese trasvase de información de ofertas de empleo, pues en la práctica se convierte en inviable; e inclusive en ciudades de una cierta entidad, las diferentes oficinas de empleo del Instituto Nacional de Empleo, pues hoy en día tienen grandes dificultades para hacer una intercomunicación entre las diferentes oficinas de empleo. Eso, siendo del mismo organismo, teniendo la misma filosofía de funcionamiento, y teniendo -se supone- las mismas pautas de funcionamiento. Si eso lo trasladamos a toda una serie de red de centros colaboradores, que cada uno va a tener una filosofía de funcionamiento diferente, cada uno va a tener, lógicamente, una perspectiva de servicio público, del Inem -en la medida que se mantenga- o de centros privados -en otros-, eso al final va a ser una amalgama que va a ser... que va a hacer absolutamente ineficaz la intermediación en el mercado de trabajo, sobre todo para conseguir esa mayor eficacia de búsqueda de empleo y de confluencia entre la oferta y la demanda, y sobre todo de garantizar esos derechos.

En definitiva, lo que nos parece es -termino, señor Presidente- que por parte de la Junta de Castilla y León se apuesta para prepararse para cuando vengan las competencias del Inem... que ya de paso parece ser que no se dan ningún tipo de paso ni iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León de intentar tener las competencias en igualdad de condiciones y el mismo momento que la primera Comunidad que las consiga. Y no pedimos ser la primera, pedimos que todas al mismo tiempo, para evitar que el trabajador de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, Andalucía tengan mayores ventajas, o que los de esas Comunidades tengan desventajas en relación con los de Castilla y León.

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Pero nos gustaría que la Junta de Castilla y León manifestara algún tipo de preocupación para que los trabajadores de Castilla y León no tengan ningún tipo de discriminación o desventaja de cara al servicio que reciben los trabajadores en esas Comunidades. Y en la medida en que aquí las competencias del Inem se retrasen, pues no cabe la menor duda de que habrá esa distinción en el mercado de trabajo. Y la alternativa que se nos plantea por parte de la Junta de Castilla y León para cuando las competencias se asuman, mucho peor, se agravan las dificultades que tiene hoy en día el propio Instituto Nacional de Empleo para funcionar, y, por supuesto, no se garantizan esos derechos -que para nosotros son fundamentales- de la intermediación pública en el mercado de trabajo. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, por la Junta, el Consejero Tomás Villanueva tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Bien, Señoría. Yo creo que hay dos cuestiones en su intervención que hay que tratar de forma distinta. Por un lado, afirma usted que se confirma lo dicho... lo que había dicho usted en su primera intervención. Yo creo que se confirma lo bueno, lo positivo que ha dicho usted y que creo que he dicho yo también en mi intervención. Y quizás en donde se puede producir el debate, o podemos tener distintas opiniones, es sobre lo que entiende usted por lo público y lo privado, por lo público especialmente.

Pero -como decía- trata usted en su intervención dos temas: por un lado, nos habla de las transferencias del Inem, y nos dice que, a la vista de mi intervención, pues que estamos en una situación de desigualdad en las competencias con distintas Comunidades Autónomas, que aquí se sigue con la discriminación y estamos en desventaja, y que se agravan -dice usted-, que se agravan las dificultades.

Mire usted, respecto a las transferencias del Inem, le digo para su tranquilidad que se están negociando, que desde el punto de vista formal ya están solicitadas, que se van a resolver de forma conjunta para un grupo de cinco -creo que son- Comunidades Autónomas, y que no hay ningún problema. Hay el problema de que nosotros queremos que nos transfieran lo que beneficia a nuestra Comunidad Autónoma; igual que otras Comunidades Autónomas -que todavía no han cerrado las transferencias- no quieren que se le transfieran ciertas cosas que no creen que sean ventajas para sus Comunidades Autónomas. Y estamos en ese proceso.

Pero en tanto en cuanto se resuelve ese proceso, sepa Su Señoría que también estamos avanzando y que, con el Director General del Inem -y creo que ha sido de dominio público, porque he estado en los medios públicos-, tenemos ya prácticamente elaborado un documento, un convenio, entre el Inem y la Junta de Castilla y León, en concreto la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, para ir realizando una gestión compartida ya... ya, desde este momento, una gestión compartida de aquellas cosas, de aquellas materias que se nos van a transferir.

Por lo tanto, transferencia, desde el punto de vista formal, ya interesada; desde el punto de vista... se está negociando, ha habido distintas reuniones técnicas, estamos en esa fase. Y además, en tanto en cuanto se suscita, se resuelve esa transferencia del Inem, de la parte del Inem que se va a transferir, pues tenga la tranquilidad Su Señoría porque se está... se suscribirá próximamente un documento en donde vamos a realizar una gestión compartida, sobre todo en formación... en Formación Profesional Ocupacional y en esta materia que estamos tratando en la mañana de hoy.

Pero mire, aunque yo pensé que por su primera intervención estábamos de acuerdo en muchos cosas, pues realmente a lo mejor no estamos en ninguna. Y se lo digo porque, mire, el modelo que nosotros vamos a aplicar -que se lo anuncio que lo vamos a llevar adelante porque estamos ya trabajando desde hace tiempo en él, y no es tiempo perdido, y porque, además, está muy inminente su entrada en vigor, que es el día uno de enero del noventa y ocho- es un modelo que tienen en este país las regiones más avanzadas, que lo han experimentado, y que además tenemos la oportunidad de aplicar un modelo incluso el que está más modernizado, después de la experiencia que han sufrido otras Comunidades Autónomas.

Y además, le garantizo que es un modelo que comparten y que apoyan, y que vamos a trabajar de forma conjunta, los agentes económicos y sociales de esta Región. Que para que tenga éxito este Servicio Público de Colocación es fundamental, básico, básico, el que empresarios y trabajadores crean... tengan confianza y crean en este modelo. Si no tienen ningún tipo de confianza en este modelo, por mucho interés que pongamos desde las Administraciones Públicas, le aseguro... que a lo mejor ha sido parte del "fracaso" -entre comillas-, digo, del Inem, a lo mejor ha sido, y el propio Inem lo reconoce las dificultades que han tenido, a lo mejor ha sido su estricto carácter público.

Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un instrumento que como usted decía muy bien -por eso yo lo comparto plenamente, y creo que de hacer algo en esta materia, hay que hacerlo en esa dirección-, es tener... globalizar la información, globalizar la formación y el empleo. Hay que globalizarlo.

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Entonces, nosotros... -si me permite, al margen de las cuestiones que se han planteado-, yo le garantizo que este... este Servicio de Colocación que pondremos a partir del día uno de enero va a estar en actividad, lógicamente en un proceso de ir integrándose datos... que, por cierto, es un modelo compatible con el Inem; es un modelo que las aplicaciones informáticas están estudiadas y es absolutamente compatible con el Inem -como no podía ser de otra forma-, y en el que se van a integrar -como he dicho en mi anterior intervención- todas las... todos los servicios de colocación que hay en la Región. Vamos a disponer, por tanto, de un instrumento único para hacer la intermediación. Pero lo hemos... y creemos, y además está experimentado -es decir, que no es ninguna novedad-, que hay que hacerlo con la iniciativa privada, porque es la única manera de que se tenga éxito. Mire, nosotros... y de que sea eficaz, lógicamente.

Nosotros hemos... en materia de Formación Profesional Ocupacional, hace meses que creamos un registro de entidades colaboradoras en materia profesional... profesional ocupacional. Esto no era fruto del azar solamente, de querer mejorar la gestión de la Formación Profesional Ocupacional, sino que obedecía también a una estrategia mucho más amplia que termina, culmina en lo que es... en lo que será el Servicio de Colocación.

Y ese registro de entidades colaboradoras ha impuesto la definición y el control de las entidades que proporcionan esta formación entre parados y trabajadores. A través de ello hemos exigido que dispongan, que posean, de medios materiales y humanos adecuados a los fines de la formación. Y ello se ha traducido sin ningún género de dudas -y en la mañana de ayer me refería en la intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda al presentar los presupuestos de la Consejería- en el resultado, en el nivel de inserción, en el nivel de inserción de los formados en el mercado de trabajo en esta Región, que a través del informe independiente que elaboró la Universidad de Valladolid, lo valora y lo cifra en un 40% en el año noventa y seis el nivel de inserción, cuando sabemos todos que el porcentaje de inserción del Inem está aproximadamente en un 12%.

Por lo tanto, aquello que hicimos obedecía a una estrategia, como le digo. ¿Qué hemos querido hacer? Hemos querido ir mucho más allá: hemos querido implicar a los centros colaboradores de la formación profesional, no solamente en la formación profesional ocupacional, sino también implicándoles en esta labor de colaboración en la intermediación en el mercado de trabajo.

Por ello, vamos a poner en marcha este instrumento voluntario, especializado, global, gratuito, compatible con todos los de todas las Comunidades Autónomas y, además, preparado para recibir también esa información del Inem.

¿En qué fases nos encontramos? Pues mire, estamos en las fases ya de captación de los centros colaboradores asociados de la red. En un principio, el conjunto serán doscientos cincuenta centros en toda la Región. Hemos elegido en esta primera fase -para ir, lógicamente, consolidando el servicio- cincuenta centros; estos centros ya están seleccionados a lo largo de todo el territorio de la Región y serán los centros pilotos con los que va a empezar a expandirse la red de centros.

Ya de forma inmediata, se va a proceder a introducir los currículum de los demandantes de empleo y de formación profesional ocupacional, que comenzará el día uno de enero del noventa y ocho. Paralelamente, se va a extender la red de centros -vamos a seguir ampliándola- y entrarán en funcionamiento una línea 900, para facilitar a los demandantes de empleo el acceso... facilitar sus datos, la incorporación de sus datos al sistema.

Esta fase es muy importante, y así nos lo han transmitido desde las Comunidades Autónomas del País Vasco, de Galicia y de Cataluña; con quien, por cierto, en Cataluña, que fue la primera Comunidad Autónoma, voy a suscribir el día once de noviembre el convenio de colaboración para poder desarrollar todo este sistema. Es la fase más importante de sensibilización a trabajadores, a demandantes de empleo, y de sensibilización a empresas, a los empresarios de la Región.

Entonces, el paso siguiente es introducir también al tiempo las ofertas empresariales; calculamos que hacia el mes de febrero o marzo comenzaremos ese trabajo. Y, a continuación, lo que se hace ya es emparejar las ofertas y las demandas por parte del servicio.

¿Qué ventajas tiene este modelo nuestro? Pues mire, tiene la ventaja de que va a vincular la formación profesional ocupacional con el empleo, y que, por tanto, los centros de colaboradores de formación profesional les va a unir y les va a vincular a los demandantes de la formación. Aquellos centros que no tengan este sistema no impartirán formación profesional ocupacional. Y desde los Servicios Centrales, que estarán en la Dirección General donde se va a adscribir este servicio -los Servicios Centrales estarán en la Dirección General de Trabajo-, se va a hacer un seguimiento, un control; se da el visto bueno a cualquier operación de intermediación para garantizar esa imparcialidad y esa transparencia en la intermediación.

Va a ser global, como yo le decía, porque cada oferta de trabajo se casa con toda la base de datos que tendremos formada.

Se va a remitir... va a tener un grado de especialización los centros asociados, es decir, suscribimos convenios con ellos para que tengan ese nivel. Nosotros haremos un seguimiento muy riguroso para que tenga la calidad que corresponde. Y, además, como le decía antes, es voluntario y gratuito. Su éxito va a depender únicamente del grado de satisfacción de las empresas, de los trabajadores y de los desempleados. Se van a controlar, lógicamente, los cursos de formación profesional ocupacional en función del grado, de la inserción de los formados. Y daremos, como decía, un trato personalizado a los... a las distintas operaciones.

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Tenemos todavía trabajo por delante que hacer en estos dos meses, como son trabajos en la materia informática y trabajos no informáticos. He solicitado ya al Inem el ser una agencia de colocación. Firmaré -como he dicho- el día once de noviembre, con el Consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña un acuerdo, que tienen suscrito todas las Comunidades Autónomas. Firmaremos de inmediato los convenios con los centros asociados. Vamos a empezar a definir esa imagen que va a tener este Servicio. Editaremos la documentación de soporte a los entrevistadores; estamos trabajando en la edición ya del modelo de currículum y en la oferta que se dará a los centros. Incorporaremos y formaremos al personal en la Dirección General de Trabajo; informaremos a los centros asociados y se harán, aproximadamente a mediados del mes de diciembre, las pruebas del Servicio.

Por lo tanto, desde la confianza que da poner en funcionamiento un Servicio de estas características, que comparten los agentes económicos y sociales de nuestra Región, que están en actividad en otras Regiones, dando -a juicio de lo que nos dicen- un buen resultado, yo creo que, por lo menos, arrancamos con la confianza de que el modelo que hemos diseñado es el adecuado para nuestra Región. Y que esperamos que con la colaboración de todos tenga mucho éxito. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para fijación de posiciones, ¿Grupo Mixto? Renuncia. ¿Grupo Socialista? Señor Alonso Díez, tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí, muchas gracias, señor Presidente. Ante esta Interpelación, el Grupo Socialista lo primero que nos preguntamos es que qué esperamos o qué esperan los ciudadanos de los servicios públicos de empleo; qué es lo que tienen que... de alguna forma resolver los servicios públicos de empleo, para que realmente estén prestando un servicio a los ciudadanos.

Desde luego, entendemos que los servicios públicos de empleo tienen que, primero, servir para contribuir a que se cree empleo en Castilla y León; que se dé con ello respuesta al problema del paro. Yo creo que hemos traído y llevado en muchas ocasiones las cifras de cómo ha evolucionado el desempleo en nuestra Comunidad y cómo sigue sin crearse el empleo necesario; cómo, incluso, esté año se ha retrocedido nuevamente en los puestos de trabajo existentes en la Comunidad. Y, sobre todo, ya no sólo a nivel general, sino lo más preocupante es que, dentro de los jóvenes, es donde más ha sufrido un retroceso el empleo en la Comunidad.

En consecuencia, entendemos que los servicios públicos de empleo deben dar respuesta a esta situación, tienen que crear las condiciones para que, tanto los trabajadores como los empresarios tengan confianza en esos... en esas oficinas de empleo. Es decir, en este momento hay una cierta sensación -y una sensación contrastada por los hechos-, por parte de los trabajadores, de que apuntarse al desempleo sólo es un requisito para estar registrado, pero que no garantiza... vamos, y no da ninguna expectativa de que pueda crearse... se pueda hacer un empleo a través de estar apuntado en los registros públicos de empleo. Y lo mismo ocurre con los empresarios. Los empresarios recurren en escasas ocasiones a las oficinas de empleo a demandar trabajadores, porque consideran que no van a obtener lo que buscan y, en consecuencia, no va a tener ninguna utilidad.

Éste es el primer reto que tienen que resolver los servicios públicos de empleo; y lo tienen que hacer a través de los dos mecanismos fundamentales para superar esta situación, que por un lado es la formación y, por otro lado, las políticas de intermediación.

Entendemos que en Castilla y León la intermediación no está funcionando, porque se sigue realizando "café con leche para todos". Y entendemos que, dada la configuración de la Región y la extensión, hay que crear mecanismos que en cada caso den la respuesta que se demanda por cada una de las zonas o cada uno de los territorios que configura la Región.

Nos parece que las iniciativas locales de empleo o los programas de desarrollo a través de las IPES, o iniciativas de este tipo, son las que, en función de cada uno de los territorios que configuran la Comunidad, tiene que dar o tiene que adaptar esa respuesta a esa realidad. Esto, unido, además, a que las dos posibilidades de creación de empleo del futuro o... en torno a lo cual nos estamos moviendo -que son las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, y los nuevos yacimientos de empleo-, indudablemente, en cada uno de esos territorios es donde puede crearse estas dos formas, porque responderán, esas pequeñas y medianas empresas que se creen y esas... esos nuevos yacimientos de empleo, a la necesidad y a las características de cada uno de los territorios. Y, en consecuencia, nos parece que la apuesta de la intermediación tiene que ir a que los servicios públicos de empleo favorezcan el desarrollo y la creación de estas iniciativas.

La realidad es que... la dinámica que actualmente existe no favorece esa situación. Es decir, los nuevos yacimientos de empleo, nosotros pensamos que podían estar creando más empleo del que se crea. De hecho, ayer hablaba con un grupo de personas que quieren poner en marcha una residencia de personas mayores y se encuentran con muchas dificultades para cerrar ese proyecto; personas que han creado su propio puesto de trabajo a través de sus ahorros, quiero decir que son personas que necesitan que esa... esa iniciativa empresarial salga adelante, y se encuentran con dificultades para que eso se materialice.

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Yo entiendo que deben ser esas... esos puntos de apoyo a nivel local los que tienen que materializar para que no haya ninguna demora en esa ilusión por poner en marcha una empresa de las características que sea; y hoy, eso no se está resolviendo. Entonces, entendemos que los servicios públicos de empleo deben dar respuesta a esas... a esas situaciones.

Y por otro lado está la formación. La formación, ocurre lo mismo: hay una cierta inercia a que aquellas entidades que han desarrollado formación continúen desarrollando la formación, porque incluso en muchos casos han realizado una serie de inversiones para dar esa formación; y aunque esa formación ya no responda a la demanda que existe, lo cierto es que se sigue desarrollando la formación. Y, en consecuencia, nos parece que la formación hay que adaptarla al mercado en cada momento. Quiero decir, igual que hoy los fabricantes saben que el producto que ofrecen, si no se adapta al mercado, deja de tener penetración en el mercado, en la formación ocupacional, la formación de inserción tiene que tener esas características, tiene que adaptarse la formación a las demandas que en cada momento originan las empresas. Quiero decir: no puede ser que la duda de la instalación de cualquier empresa, bien de las pequeñas y medianas empresas, o bien de cualquier empresa que venga a implantarse a la Comunidad, la duda sea la formación. La formación no puede ser algo rutinario; la formación, como medio de intermediación en el mercado laboral, tiene que ser algo dinámico y que se adapte perfectamente a la demanda que surja, incluso de mutuo acuerdo con las empresas, para que le facilite el que los trabajadores que pueden incorporarse se incorporen con esa formación facilitada por la Administración, y que en ningún caso sea una duda la que tenga ese empresario a la hora de instalar su empresa. O sea, yo creo que es una facilidad que hay que... hay que acometerla.

Hay una última preocupación que quería manifestar, y es, ante el desarrollo de los servicios de intermediación que nos explicaba el señor Consejero, sí que hay algo que nos preocupa al Grupo Socialista, y es el que pueda perderse la responsabilidad que debe tener en cada momento la Junta de Castilla y León -en este caso, la Administración Regional-, porque el que se articule toda una red para intermediar el mercado laboral, no puede ser en ningún caso motivo de que la responsabilidad última sigue siendo de la Administración Regional. Y, en consecuencia, la Junta tiene que garantizar los resultados de todo ese desarrollo. Es algo nuevo, que todavía está por ver cuáles van a ser los resultados del planteamiento que se nos hacía; pero, en última instancia, nuestra preocupación es que no pueda en algún momento determinado, como ya ha ocurrido en otros temas, pues...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Procurador, concluya, por favor.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: (Sí, muchas gracias. Voy terminando, señor Presidente)... como ya ha ocurrido en otros temas: el de alguna forma diluirse la responsabilidad de la Administración Regional. Y, en ese caso, queremos que eso quede claro.

En definitiva, nosotros queremos que las políticas públicas de empleo garanticen que no se pierda ningún puesto de trabajo como consecuencia de que éstas no funcionen. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Rojo, ¿no fija posiciones? El Interpelante, entonces, tiene la palabra. Señor García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que, para el que tenga vista, está clarísimo, ¿no?, el panorama. Ni tan siquiera el Grupo Popular, el Partido Popular tiene posición alguna sobre qué se debe hacer en la intermediación en el mercado de trabajo en esta Comunidad Autónoma, cómo se debe intervenir de una manera más eficaz, si tienen algún tipo de alternativa... Conclusión -tomen nota-: el Partido Popular no tiene ninguna política para intervenir en el mercado de trabajo; o no tiene la valentía política para bajar a explicarla aquí.

En definitiva, lo que queda evidenciado es que estamos ante una muestra de gravísima irresponsabilidad política. Porque si luego las declaraciones públicas del Partido Popular y de sus máximos dirigentes fuera que el Partido... perdón, que el desempleo les importa un pimiento -que eso es lo que en realidad sucede-, pues diríamos: son coherentes con la política que practican y con el papel que juegan aquí. Pero luego resulta que las declaraciones públicas, inclusive, pues eso, tomando nota, por ejemplo, de lo que dijo aquí el señor Lucas cuando se presentó al Debate de Investidura, que era, posiblemente, el problema más grave que tenía esta Comunidad. Claro, ante el "posiblemente", ya sabemos que están toda una serie de condiciones o condicionantes, porque nos lleva a esta situación, en donde el Partido Popular, pues una vez instalado ahí, en el Gobierno, pues una cosa es gobernar y otra cosa es ocupar el Gobierno.

En definitiva, yo creo que ha quedado claro la preocupación real que el Partido Popular tiene a la hora de buscar soluciones para cómo mejorar, en este caso, la intermediación en el mercado de trabajo; en definitiva, de intentar resolver el mayor problema social que tiene esta Comunidad. Preocupación del Partido Popular: ninguna; que se tome nota de una vez por todas.

Y yendo a lo que, en definitiva, se ha planteado aquí, yo supongo que el señor Consejero, pues, estará absolutamente desasistido del apoyo que ha tenido de, supuestamente, el Grupo que le apoya. Porque tome nota que en esta ocasión no le apoya nadie, señor Consejero; lo que quiere decir que son apreciaciones suyas a nivel personal, mientras no se demuestre lo contrario.

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Y en lo concreto que se ha planteado -por dejar algunas cosas claras, que parece ser que es que cuando hay cualquier debate se nos van las palabras-, la intermediación en el mercado de trabajo y la propia legislación del mercado de trabajo ni crea ni destruye empleo. A ver si ahora va a resultar que vamos a inventar la pólvora aquí. La intermediación en el mercado de trabajo ni crea ni destruye empleo. Aquí de lo que estamos hablando es que en esa intermediación en el mercado de trabajo, cómo se garantizan esos derechos de igualdad, no discriminación, gratuidad y carácter público en la prestación de esos servicios -punto-; que no es poco, es muchísimo. Pero no estamos hablando de que la intermediación se crea.

Hay algunos, hay algunos que se han planteado, en toda esta vorágine que tenemos encima de deterioro de lo público, o de desprestigio de lo público, que se decía: "La intermediación del Instituto Nacional de Empleo es tan eficaz que hay ofertas de empleo que se dejan de cubrir por la falta de eficacia del Inem". Falso absolutamente, falso absolutamente. Cualquiera que se coja las referencias y los datos del Inem ve que no hay ninguna oferta de empleo que quede registrada en el Inem que quede sin cubrir; porque ante cualquier oferta del empleo, hay cientos de demandas de empleo para poder cubrir esa oferta de trabajo. No es ése el problema. El problema es que, a pesar de que lo decía el señor Consejero a nivel individual -no como política del Partido Popular-, es que el desprestigio del Inem venía de su carácter público. Pues todo lo contrario: es precisamente donde se ha mantenido una cierta eficacia en la intermediación del mercado de trabajo, en la medida de que se ha mantenido ese carácter público del Instituto Nacional de Empleo. Y es, precisamente, en el momento que se han introducido métodos privados con cara voluntad de beneficio económico -como son las empresas de trabajo temporal- en el mercado de trabajo, en el momento que se han introducido esos métodos de intermediación, donde se ha producido mayor ineficacia, mayor dispersión en la oferta y la demanda del trabajo, mayor dificultad para que ellas confluyan y, en definitiva -la consecuencia final-, mayor deterioro de las condiciones de trabajo. No voy a volver aquí a repetir sobre las argumentaciones que ya hemos expuesto en las proposiciones que presentamos para ilegalizar o derogar la normativa que regula las empresas de trabajo temporal.

Quiere decirse que no es el carácter público del Instituto Nacional de Empleo lo que dificulta esa intermediación, sino que es, precisamente, lo que yo decía antes, que es el no haber dado competencias, el no haber dado una mayor capacidad de actuación y, en definitiva, haber dado más protagonismo político al Inem en esa intermediación del mercado de trabajo, lo que ha dificultado esa eficacia, en definitiva.

Y sobre el modelo que se nos plantea a nivel individual por parte del señor Consejero. Pues es imposible y es absolutamente contradictorio que se pretenda una globalización de intermediación en el mercado de trabajo, cuando precisamente esa globalización de la intermediación en el mercado de trabajo se quiere trasladar nada más y nada menos, pues, que a todos los centros colaboradores existentes y por existir -nada más que doscientos cincuenta-, por mucho que estén comunicados por Internet, por Infovía, por donde sea. Eso ya lo tiene el Inem dentro de determinados servicios. Y yo lo he dicho antes: dentro, inclusive, de una misma ciudad, las comunicaciones entre diferentes Oficinas de Empleo del Instituto Nacional de Empleo -valga la redundancia-, pues, tienen todas las dificultades. Si eso lo trasladamos -insisto en lo que decía antes- a centros colaboradores con unas características claramente diferentes y con unas normas de funcionamiento distintas, eso va a ser imposible de coordinar.

Pero claro, parece ser... es decir, bueno, pues será voluntarismo de la Junta de Castilla y León. No, señores. Es una calculada y definida política al respecto, aunque en este momento se presente a nivel individual, que es la opción del Partido Popular, que en este caso es: dado que la actuación del Inem ha reportado, pues, perjuicios -por así decirlo- para la imagen de los sucesivos gobiernos, dado que se identificaba claramente el perjuicio que tenían los trabajadores de no encontrar empleo, de precariedad en el empleo y escasas prestaciones, pues difuminemos esa imagen de la intermediación en el trabajo para que no se puedan exigir responsabilidades al Gobierno de turno. Y ésa es, en definitiva, la jugada. Difuminando toda la intermediación en doscientos cincuenta centros colaboradores, al final los trabajadores van a decir: "Bueno, la responsabilidad no es de la Junta, aunque tenga las competencias, o las tenga algún día; la responsabilidad será de este centro colaborador que no me busca empleo, o que hay una falta de eficacia en la intermediación del mercado de trabajo". No es eso.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo la intervención.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: (Termino, señor Presidente.) No es eso. Y, en definitiva, aquí, lo que debe quedar claro es que lo que la Junta de Castilla y León va buscando es, única y exclusivamente, eludir una vez más su responsabilidad en lo que tiene que ser garantizar una intermediación pública, garantizando la igualdad, la gratuidad, la no discriminación y, en definitiva, el garantizar el acceso a un empleo en condiciones dignas de todos los trabajadores. Eso es lo que la Junta de Castilla y León arroja la toalla de antemano, no quiere ninguna responsabilidad. Como ve venir malos tiempos, quiere trasladar a otros la responsabilidad y, por lo tanto, no asumir ningún tipo de esta... en este sentido.

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Por lo tanto, Izquierda Unida, pues, difícilmente puede coincidir con este modelo, que precisamente el que planteamos... Y, ¡hombre!, usted nos quiere vender el asunto con que tiene... con que está consensuado o lo van a consensuar. Pues fíjese, nosotros lo que le planteamos es la alternativa elaborada por Comisiones de cara a los servicios públicos de empleo y las transferencias que están realizando a las diferentes Comunidades Autónomas; y coincidimos totalmente con lo que se plantea en la alternativa de Comisiones, de cómo se tiene que llegar a un acuerdo a nivel nacional, cómo no se tiene que producir esa fragmentación en el mercado de trabajo, cómo no se tiene que producir esa fragmentación de caja única, cómo se tiene que garantizar esa intermediación pública, además de que puedan existir otras intermediaciones, pero sobre todo de carácter público, para garantizar esos derechos. Ésta es la alternativa que se plantea. Ahí coincidimos absolutamente, y en ese sentido...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, concluya, por favor.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: (Termino, señor Presidente.) ...irá la Moción que presenta Izquierda Unida. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Muchas gracias. En nombre de la Junta, señor Villanueva, Consejero de Industria, tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. En la medida que Su Señoría se ha extendido en el comienzo de su intervención, desconociendo el por qué la persona que no se encuentra en la sala se encuentra ausente... Le tengo que decir que la cortesía parlamentaria muchas veces le hace a uno, pues, respetar o, por lo menos, antes de hablar o pronunciarse en los términos que usted se ha pronunciado desde este foro o desde esta tribuna, hacerlo en el sentido que lo ha hecho.

Como miembro de este Grupo Parlamentario y miembro del Gobierno, que le sustenta el Grupo, le garantizo que el Partido Popular es tanto o más sensible que usted sobre estas materias, ¿eh? Y conviene respetar, a veces, que algún Parlamentario se encuentre ausente, porque usted -como yo- desconoce el motivo de por qué está ausente. Y la cortesía -le insisto- obliga, obliga a ser prudente, a veces, en estos momentos, ¿no?

Pero entrando en el tema de fondo, por el que nos encontramos aquí debatiendo, le tengo que decir que ni arrojamos la toalla, que asumimos la responsabilidad que tenemos, y que de malos tiempos, nada; está usted muy equivocado. No estuvo usted ayer en la Comisión y no escuchó los datos. Y en eso discrepo también de lo que dice el Portavoz del Grupo Socialista. Mire usted, en esta Región -me gustaría decirlo por última vez-, mientras no cambie la tendencia, se está creando empleo, aunque a usted parece que no le gusta; aquí se crea empleo, y neto; y las cosas van bastante bien. Hay que mejorar mucho más, pero van bastante bien.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la tasa de actividad, teniendo en cuenta la tasa de ocupación, teniendo en cuenta el paro registrado, teniendo en cuenta la EPA, todas, en los dos últimos años, indican que en Castilla y León se evoluciona bien, se está creciendo económicamente, y además en Castilla y León se está creando empleo neto, neto.

Por lo tanto, ya sabemos su discurso, ya sabemos. En las épocas de crisis, le tenía usted justificado; pero hoy -a pesar de que yo creo que es bueno que se enteren los ciudadanos de esta Región-, alguien parece que tiene interés en que las cosas vayan mal. Y las elecciones no se ganan porque las cosas vayan mal, las elecciones se ganan creando... generando estabilidad en el país o en la región, y se ganan... eso tienen algunos muchas cosas que decir. Muy bien.

Pero mire, yo he venido aquí a hablar del Servicio Regional de Colocación. Y le tengo que decir que comparto ahora con el Portavoz del Grupo Socialista lo que nos ha dicho; si estoy totalmente de acuerdo. Mire, ¿qué esperan los ciudadanos? Esa inquietud, cuando nos hemos puesto, hace ya muchos meses, a trabajar sobre este asunto, la teníamos; y es la primera reflexión que hicimos. Y, efectivamente, esto debe de servir para contribuir a crear empleo, para facilitarlo, sin ninguna duda. Y, por lo tanto, tenemos que crear un instrumento que facilite las cosas, que genere empleo, que una lo que es la formación y que una lo que es el empleo. Que, conjuntamente, formación y empleo tengan un resultado final que es el de crear empleo. Porque la formación que nosotros gestionamos es para insertar. Y, por lo tanto, nos parece que el modelo más adecuado para tener éxito en este Servicio es, precisamente, con la competencia privada, que es la que, por lo menos, tiene más posibilidades de alcanzar una buena gestión. Con la competencia hay que colaborar. Y, por lo tanto, nosotros no abandonamos ni tenemos ningún interés en abandonar nuestras responsabilidades. Por eso yo le decía "¿qué entiende usted por público?". Si usted entiende por público hacer lo que es el Inem en la Región, no se va a hacer, mientras nosotros gobernemos; no le quepa ninguna duda, no se va a hacer.

Pero además es que no sé qué documento tiene usted, que dice que Comisiones Obreras tiene las mismas ideas que usted, porque Comisiones Obreras, en esta Región, comparte este modelo. Por lo tanto, yo no sé lo que... el libro ese lo que quiere decir... lo que ahí pone. Pero yo le aseguro... Pues entonces estará de acuerdo con nosotros.

Y nosotros creemos que se tienen que dar, efectivamente -como decía el Procurador del Partido Socialista-, las condiciones para que trabajadores y empresarios confíen; eso es decisivo para que esto funcione bien. Si no generamos confianza entre los empresarios, no irán a los centros a demandar puestos los trabajadores, no irán; por lo tanto, hay que generar... Vamos, es una condición para que esto funcione bien. Y también en el demandante de empleo; que no lo haga no solamente porque haya expectativas de encontrar trabajo, sino porque confíe en la transparencia y en el rigor del procedimiento.

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Y comparto también que es un mecanismo fundamental -y lo decía yo al comienzo de esta intervención- unir formación y empleo. Y para eso tenemos que tener la colaboración de quien está impartiendo la... está gestionando... -que son también los sindicatos y las organizaciones empresariales-, quienes están gestionando la formación. Porque un centro colaborador en formación profesional ocupacional de esta Región que tenga un grado, un nivel de inserción alto, tendrá éxito, tendrá éxito y tendrá prestigio como tal centro, e irá, me imagino, que mucha más gente a que se le dé, se imparta esa formación, irá mucha más gente a demandar el puesto de trabajo a ese centro. Y eso es fundamental.

Y yo creo... Lo único que no comparto es que... aquí hablar de que hay café para todos. Mire, no hay café para todos. Yo creo que esto es un proyecto bien diseñado, experimentado; le digo que es novedoso en alguna parte, en la medida que hemos podido recibir la experiencia de otros, y no vamos a incurrir en los mismos errores. Pero lo que sí que le digo es que esto no es un café para todos.

Y luego se ha hablado de las iniciativas locales y de los nuevos yacimientos de empleo. En la parte de los nuevos yacimientos de empleo estamos trabajando ya desde hace meses también, de cara a articular medidas que motiven ese tipo de empleos. Y las iniciativas locales, pues, están muy bien, pero tienen que gestionar bien los fondos que reciben y tienen que ser eficaces. Y, por lo tanto, en esa tarea pueden hacer un trabajo, pero yo creo que hace falta todavía introducir bastante rigor, por lo menos en todas las iniciativas que yo he tenido la oportunidad de conocer.

Para terminar -gracias, Presidente-, para terminar, yo quiero decir en estas Cortes que tenemos diseñado un buen servicio de colocación, un buen Servicio Público de Colocación Regional, que estará en actividad a partir del día uno de enero del noventa y ocho, y que de hoy a ese día, todavía nos queda mucha tarea por hacer, que no vamos a regatear ningún esfuerzo en hacer este trabajo, porque creemos que será un buen instrumento para favorecer el empleo de la Región. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Señor Secretario, le ruego proceda a dar lectura al cuarto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Cuarto punto del Orden del Día: "Moción presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a política general en materia de seguridad minera, consecuencia de la Interpelación formulada por dicho Grupo Parlamentario".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Conde Valdés, tiene la palabra para la presentación de su Moción.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, en el debate que tuvimos en el último Pleno, con relación a la Interpelación que había presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida acerca de la alta siniestralidad laboral del sector minero, habíamos hecho una exposición diciendo que no estábamos por parte de nuestro Grupo Parlamentario, no estábamos dispuestos a que ante el alto número de accidentes mortales, accidentes con baja y accidentes sin baja, por parte de la Junta de Castilla y León no hubiera algún tipo de respuesta justificativa. Es más, lo que planteábamos era que si no había un cambio de rumbo en la política de salud laboral en el sector minero, evidentemente, estábamos en condiciones de empezar a exigir dimisiones, porque estamos convencidos de que no basta con lamentarse del alto número de accidentes, sino que hay que aplicar medidas políticas para erradicar esos accidentes.

Y en las perspectiva de que se viera que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida llevamos ya dos años consecutivos planteando propuestas concretas para mejorar la salud laboral en este sector, venimos hoy con la intención de poder explicar a Sus Señorías cuáles son las propuestas concretas que desde nuestro Grupo hacemos para erradicar -vuelvo a repetir- el alto grado de siniestralidad laboral que existe en el sector. Un poco para poder demostrar que, efectivamente, sí hay propuestas, sí hay alternativas, y que no basta con la política actual de la Junta, de -lo mismo que en la política de empleo- ligar la salud laboral en torno a la política de subvenciones, subvenciones, subvenciones a la iniciativa privada, sino que desde la propia institución pública se pueden llevar a cabo otro tipo de medidas que, desde nuestro punto de vista, son más eficaces que las que se han llevado hasta la fecha.

Y en ese sentido, en el primer punto de la Moción lo que planteamos es la necesidad imperiosa de elaborar de verdad un Plan Integral de Seguridad Minera, que no son campañas publicitarias, que no son campañas publicitarias como está haciendo en estos momentos la Junta y alguna empresa privada a título personal, sino un plan integral que significa hacer un estudio exhaustivo de cuál es la situación concreta de cada uno de los yacimientos que tenemos en la Comunidad, y, en función de las características de esos yacimientos, hacer un plan concreto de seguridad laboral en el conjunto de todas las explotaciones que tenemos en esta Comunidad, que, por cierto, en atención a que ahora mismo hay un proceso de ordenación en marcha, no van a quedar muchas y, por tanto, tampoco son tantas.

En ese sentido, incluso, hay algunas empresas con un cierto peso y una cierta capacidad económica que tienen ya sus propios planes elaborados, pero hace falta una coordinación de todos esos planes. Y además, desde el punto de vista de la normativa, está claro que hay que hacer unas nuevas ..... acopladas a la realidad concreta de las explotaciones que tenemos aquí. Eso es un plan integral de seguridad; después otra cosa sería el nivel de seguimiento, inspección y demás.

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Pero en estos momentos no hay ningún Plan Integral de Seguridad Minera. Hay planes parciales elaborados a criterio particular y propio de algunas empresas que tienen capacidad financiera o poder económico para llevarlo a efecto, pero a nivel regional, desde el punto de vista de lo que es un plan integrado, coordinado, no existe. Existen campañas, y ya explicaré más tarde cuál es la actividad que está haciendo concretamente la Junta, pero yo creo que eso es malgastar el dinero, malgastar los fondos, yo creo que había de ir dirigido a la elaboración de un plan integral, que yo soy consciente de que vale bastante dinero; y en concreto, hay una de las empresas ahora que ha puesto en marcha uno y vale mucho dinero. Pero no se trata de hacerlo ni en dos meses ni en tres meses, sino el... con partidas presupuestarias adecuadas, plantearse elaborar un plan integral de verdad que realmente diseñe las medidas de explotación, las medidas de seguridad laboral que hay que aplicar en cada uno de los centros de explotación, porque son diferentes todos en función de los yacimientos.

La segunda medida que planteamos es una cuestión que aunque no se tenga que abordar de manera inmediata, sí es una necesidad que se tiene que empezar a plantear desde la propia Junta de Castilla y León. Y es la investigación tecnológica. En estos momentos, la mecanización es necesaria para aumentar los grados de competitividad, y necesariamente ahí nosotros estamos a cero. Tenemos los parques tecnológicos y concretamente tenemos, dentro del parque tecnológico, una de las empresas especializadas en este tema, que no... que se está desaprovechando. Nosotros, desde el punto de vista de la Comunidad y teniendo en cuenta que es uno de los sectores estratégicos, no tenemos ningún tipo de investigación tecnológica para acoplar nuevas tecnologías a las explotaciones que tenemos, y yo creo que es una pérdida, absolutamente, de tiempo. Yo creo que es necesario el poder aplicar... desarrollar esa nueva tecnología que hoy hay que aplicar. De la misma manera que estamos planteando, desde la Agencia de Desarrollo Económico, modernizar nuestras empresas para que tengan tecnología punta y puedan competir. Pues bien, en el sector minero es necesario avanzar en ese camino, que hasta la fecha -vuelvo a repetir- estamos a cero.

La tercera cuestión que planteamos, que nos parece una cuestión fundamental, es lo de la Comisión Regional de Seguridad Minera. Efectivamente, nosotros, a través de varias iniciativas, hemos planteado la medida de constituir una Comisión Regional de Seguridad Minera; al cabo de seis meses la Junta la constituye, pero con una diferencia sustancial, es que la Comisión Regional Minera que, en estos momentos, está funcionando no tiene ningún carácter ejecutivo. Es decir, simplemente tiene carácter consultivo. Y, de hecho, en el propio Reglamento de su constitución, en el Artículo 3 se dice que "todo informe que haga esta Comisión simplemente tiene carácter consultivo" -no tiene carácter ejecutivo-, y, por tanto, se podrá aplicar o no se podrá aplicar en función del criterio que pueda establecer la Junta o los propios empresarios. Por tanto, nosotros consideramos que es necesario hacer un Proyecto de Ley donde se contemple la constitución de una Comisión Regional de Seguridad Minera por ley, los componentes que la tienen que formar, sus funciones, y una presupuestación propia para que sea realmente efectiva y sea capaz de hacer un seguimiento de ese Plan Integral de Seguridad Minera que se debía de elaborar.

La cuarta cuestión que planteamos, efectivamente, es hacer un Programa de Formación Profesional. La Junta, en estos momentos, está haciendo un Programa de Formación Profesional en el sector, pero ligado exclusivamente a dos o tres categorías, y esto hay que ampliarlo al conjunto de las categorías, que son las que están llevando el peso fundamental de la producción del sector.

En quinto lugar, planteamos que es necesario modernizar y potenciar el Servicio de Minas. Tenemos un Servicio de Minas que -vuelvo a repetir- ni siquiera tiene unos servicios propios de topografía, y es absolutamente lamentable que un Servicio de Minas tenga un servicio de topografía para verificar aquellos proyectos que hacen los empresarios, si se ajustan o no al sistema de explotación que tienen, para verificar después el grado de ejecución. Yo creo que eso es fundamental, incluso hay pues del orden de nueve inspectores de minas para más de doscientos cincuenta centros de trabajo, y por mucha voluntad, por mucha capacidad que tengan, es imposible redoblar los esfuerzos para hacer una buena campaña de inspección y de seguridad en los centros de trabajo.

Y en sexto lugar, lo que planteamos es una cuestión también fundamental que va ligada a la accidentalidad del sector. Es, efectivamente, eliminar el sistema de contratas y subcontratas que está habiendo en el sector minero. Por una cuestión esencial: no nos oponemos a aquellas contratas cuya finalidad es hacer algún tipo de obra o servicio para una empresa minera. Nos estamos oponiendo y nos estamos refiriendo a aquellas subcontratas que están ligadas al arranque del carbón. Nosotros, el carbón es un producto que está subvencionado en base a unos costes que tiene estimados. Lo que no podemos hacer es estar subvencionando el carbón a unas empresas con unos costes laborales por debajo de los normales. Y, de hecho, hay más de mil trabajadores en contratas que en estos momentos están funcionando en el sector, y están haciendo un fraude tanto a la Hacienda Pública como a la Seguridad Social. Por tanto, nosotros lo que planteamos es eliminar todas las contratas y subcontratas que se dediquen a la extracción del mineral.

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Y, por otra parte, para aquellas... y acabo ya, señor Presidente. Por otra parte, para todas aquellas contratas o subcontratas que puedan existir en el sector para hacer una obra o servicio, lo que estamos planteando también es que estén inscritas en el régimen especial de la minería. Lo que no puede ser es que a trescientos metros bajo tierra haya dos trabajadores, uno que se guíe por un sistema y otro que se guíe por otro, y además que están catalogados como trabajadores de la construcción. Y a cualquier persona que tiene un mínimo de sentido común, no se puede decir que dos trabajadores a trescientos metros de profundidad, uno se le catalogue como minero, y a otro como a peón de la construcción o trabajador de la construcción. No tiene absolutamente ningún sentido.

Y en último lugar, lo que planteamos es que hay que limitar la contratación temporal en el sector, porque es otro de los focos de la accidentalidad. En estos momentos, sería necesario... y no decimos que esto se imponga desde la Junta, pero sí a través del proceso de negociación entre sindicatos y empresarios, para garantizar que la contratación en el sector minero tiene que ser de carácter estable. Porque además, hemos aprobado un Programa de Actuación Minera en el cual hemos dicho que los incentivos al sector privado tienen que ir necesariamente ligados a la creación de empleo estable. Lo que no es de recibo es que haya empresarios que estén engrosando su cuenta de resultados a costa de abaratar los costes laborales, teniendo trabajadores trabajando por la mitad de precio. Se supone que en base a que ellos reciben una prima en la producción de carbón; porque -vuelvo a repetir- es un sector que está subvencionado, lo lógico es que se respeten los costes laborales. Y, en ese sentido, es totalmente impresentable e inadmisible que en el sector de la minería tengamos que aguantar y soportar contratos temporales y contratos en precario que, conjuntamente con las contrataciones de las subcontratas, son el foco del 75% de todo el nivel de accidentalidad del sector. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra de la Moción? Por el Grupo Popular, señor Rojo tiene la palabra.

ROJO MARTÍNEZ

EL SEÑOR ROJO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Ya tuvimos la oportunidad, en la interpelación reciente, de exponer nuestra opinión sobre la política de la Junta de Castilla y León en materia de seguridad minera. Y lo verdaderamente relevante de aquella sesión fue precisamente la explicación que dio el Consejero de Industria de la política de la Junta de Castilla y León, concretada en acciones que vienen desarrollándose en los últimos años, y las que están proyectadas para este momento y los venideros.

Mi Grupo entonces reconocía que compartíamos, por una parte, una inquietud por algunas incidencias inusuales en la accidentalidad de este año; y, por otra parte, también la serenidad y la tranquilidad del Gobierno Regional en el trabajo diario, en la prevención de los accidentes, alejándose de eso que no resulta fácil siempre, es decir: las situaciones emocionales propiciadas por los momentos críticos de los accidentes más graves.

Las propuestas que hoy nos trae aquí Izquierda Unida no representan ninguna novedad. He podido distinguir algunas clasificaciones que son las habituales, y yo creo que viene repitiéndolas la pasada Legislatura, sigue haciendo lo propio en ésta. Y me refiero, pues, a los aspectos de planificación, aspectos laborales y de regulación de la actividad de las empresas mineras, o de las explotaciones mineras, la regulación de los órganos de seguimiento, y después las consabidas de inspección y formación.

Por lo tanto, me parece que encaja todo lo que hoy se propone en aquellas tres líneas que el Consejero de Industria nos exponía aquí, grandes líneas de trabajo en la seguridad, que eran la formación, la inspección y el desarrollo normativo.

En fin, señor Procurador, que sus propuestas vienen a ignorar hoy, vienen a ignorar hoy todo lo dicho por el señor Consejero, y, por lo tanto, su Moción considero que es fruto únicamente de su opción parlamentaria de, mecánicamente, repetir el debate.

Por otra parte, podrá decirme que pretende no innovar, perfeccionar, podrá decirme lo que quiera. Pero recuerdo, como usted bien ha dicho, que en aquella ocasión hablaba de una política absolutamente radical por parte de la Junta, y le decía este mismo Portavoz que no había lugar ni posibilidades de éxito con una política radicalmente distinta de la que venía practicando la Junta. Ahora, al ver exactamente cuáles son esas propuestas de política radical, en las que parece que amparaba su posible petición de dimisiones de los responsables de la Junta de Castilla y León, sencillamente me ratifico en todo lo dicho en aquella oportunidad, sorprendiéndome especialmente algunas de las propuestas. Porque se puede estar de acuerdo o no con las competencias de la Comisión Regional de Seguridad, pero, desde luego, no se puede ignorar que vienen precisamente especificadas, regulada en su periodo de reuniones, sus competencias. Y aunque hay que reconocer que, efectivamente, no son ejecutivas, lo cierto es que es una Comisión que nace para funcionar en el seno de la Comisión Regional de Minería no de forma autónoma, sino incardinada en las cuestiones que tiene encomendada la propia Comisión también.

En cuanto al capítulo de planificación, en el que -por cierto- tanto confía, bien hablemos de una... del apartado de investigación tecnológica o bien hablemos de la problemática de cada una de las explotaciones de esta Comunidad, yo le aconsejaría que leyera la intervención del Consejero, y verá que, en sí misma, constituye un Plan Integral de Seguridad Minera -a nuestro juicio-.

El propio Plan de Actuación Minera vigente contempla iniciativas en investigación tecnológica, tanto por iniciativa de la Junta como por las iniciativas nada desdeñables de las propias empresas que tienen competencias concretas y claras en la legislación sobre esta materia.

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Hasta este momento se han consumido del orden de ciento setenta y tantos millones de pesetas. Y digo consumidos porque, efectivamente, las subvenciones, señor Procurador, tienen por objeto incentivar, pero en ningún caso generan la responsabilidad; lo que hacen es incentivar o aportar recursos para que las empresas asuman las que tienen.

En lo que se refiere a la materia de formación profesional, hay poco que decir. Se sabe que la Mina Escuela existente, más la que se pretende crear, tiene unos cometidos, junto con los convenios con el Inem, encomendados en esta materia. Y las propias empresas, y las propias empresas tienen los suyos. No sé por qué se desdeña tanto la responsabilidad privada en materia de seguridad y se hace cargar tanto en la capacidad inspectora de la Junta de Castilla y León, que debe tutelar la seguridad, el cumplimiento de las normas; pero, desde luego, la responsabilidad directa de los órganos y la pirámide de cargos destinados a la seguridad -y acabo, señor Presidente- de cada empresa nadie los puede sustituir.

En fin, pienso, señor Procurador, que, convirtiendo las respuestas en preguntas, por parte de mi Grupo no va a tener otra cosa que las respuestas que ya se le han dado en otras ocasiones. Gracias, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para la réplica, señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Bien. Gracias, señor Presidente. Yo lamento, señor Rojo, que ustedes no quieran debatir este problema, que a mí me parece crucial y fundamental. Y además es que esta situación me enerva. Porque no es una cuestión de ser repetitivos. Evidentemente, yo llevo dos años consecutivos reiterando este tema, de que ustedes no están variando la situación en cuanto al tema de tomar medidas en la seguridad laboral del sector.

Por tanto, claro, es imposible debatir, cuando usted no me ha contestado absolutamente nada. Me ha dicho que la intervención del señor Consejero en la Interpelación que aquí debatimos... pues ya está todo dicho.

Pues mire, señor Rojo, dígame usted dónde está el Programa Integral de Seguridad Minera, porque falta a la verdad: no existe Plan Integral de Seguridad Minera. Le vuelvo a repetir, ustedes hacen campañas publicitarias -que, por cierto, siempre les toca a las mismas empresas-, y no hacen otra cosa. Y ustedes no pueden descansar el tema de salud laboral en el tema de la iniciativa privada, de la empresa privada, porque entonces, ¿qué pinta el Servicio de Minas aquí?, ¿qué es lo que pinta el Servicio de Minas?, ¿qué pinta una Comisión Regional de Seguridad Minera que simplemente tiene unos efectos consultivos, que no tiene ejecución práctica? ¿Para qué queremos esos chiringuitos -y no rectifico la palabra, absolutos chiringuitos-, si no somos capaces de detener el nivel de accidentalidad en el sector? ¿O qué pasa, que es que la gente se mata por voluntad propia? ¿Los accidentes se producen por voluntad propia? Habrá que analizar las causas. ¿O es que acaso los empresarios no están incumpliendo reiteradas veces las normas de seguridad? Y para eso están las instituciones públicas, para proteger las normas de seguridad.

Y si ustedes, pues, lo que hacen es deshacerse de esa responsabilidad, pues efectivamente, con venir aquí y decir: "Hemos hecho una campaña de Promoción de Seguridad Laboral Minera en el sector, hemos dado a una empresa 50.000.000 de pesetas para que nos diga cómo está la situación". Eso no es hacer un Plan Integral de Seguridad Minera.

Y estamos diciendo que queremos un Plan Integral de Seguridad Minera donde se haga un estudio detallado de todas las explotaciones que tenemos en esta Comunidad, entre otras razones, para determinar las causas, los niveles de explotación. Usted sabe perfectamente que hay sistemas de explotación que son contraproducentes. En estos momentos, una de las principales empresas de esta Región ha tenido que modificar las condiciones de trabajo, porque este año se mataron siete trabajadores en esa empresa; y ustedes estuvieron durante todo el año con la boca callada.

Pues lo que le estoy pidiendo, ¿eh?, es que dentro de ese Plan Integral de Seguridad Minera, si ustedes hubieran hecho un estudio, a lo mejor hubiéramos evitado esas muertes. O sea, que no me diga usted que la responsabilidad es de los empresarios; la responsabilidad es del Gobierno y es de ustedes, que son los que tienen que corregir y tomar medidas. Y entonces no me diga que hay un Plan Integral de Seguridad Minera, porque no existe.

Usted me dice que se han gastado 178.000.000. Mire, señor Rojo, ¿sabe usted lo que presupuestaron en el año noventa y siete para Seguridad Minera? Mil novecientos millones de pesetas. Si se han gastado ustedes 178.000.000 de pesetas, ahí está la prueba de su eficacia. De 1.900 millones de pesetas para Seguridad Minera en el año noventa y siete, ustedes se han gastado 178; y además es que quedan tan campantes, y le echan la culpa al enemigo. Dice: "Bueno, la responsabilidad de los accidentes, los empresarios; nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad". ¿Pero cómo se puede venir a decir aquí estas cosas?

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Lo de la Comisión Regional de Seguridad Minera, eso no sirve absolutamente para nada. Porque -vuelvo a repetirlo- mientras no tenga un carácter ejecutivo y no tenga una responsabilidad concreta para hacer una inspección a fondo en todas las empresas, esa institución o ese organismo no vale absolutamente para nada. Y yo lo que le estoy pidiendo es que esa Comisión Regional de Seguridad sirva... sea un instrumento eficaz, porque además ahí están representados sindicatos, trabajadores y empresarios, y la propia Junta; y es un elemento sustancial para hacer un seguimiento de todas las explotaciones y para saber si los empresarios cumplen o no cumplen con las normas. Entre otras razones, porque hay Comités de Seguridad y Delegados Mineros de Seguridad que, aunque tengan competencias en ley, después están sometidos a la autoridad de su empresa, que es la que le dice cuándo tiene que denunciar o cuándo no tiene que denunciar.

Y yo, en el anterior Pleno, le traje aquí, porque además dio la causalidad que yo hice una denuncia contra una empresa concreta diciendo que por el tema de grisú, que este año se mató un trabajador, y Minas lo que hizo fue hacer una prescripción para tuviera autorrescatadores; pasaron dos años, se volvió a matar otro trabajador, y al final los autorrescatadores no se pusieron.

Por lo tanto, es una prueba concreta de que no hace falta solamente una Inspección de Minas adecuada, sino además esa Comisión Integral de Seguridad Minera, donde estén representados empresarios, sindicatos y la propia Junta. Pero para hacer una labor efectiva de investigación y de control de los planes de seguridad. ¿Ustedes renuncian a eso? Pues renunciarán; pero no diga que esto está hecho ya en el programa del Partido Popular o en las manifestaciones que hizo en su día el Consejero, porque el Consejero no dijo absolutamente nada de lo que estoy diciendo yo aquí.

Y en cuanto al tema de la Inspección de Minas, es absolutamente de juzgado de guardia que se diga que está completa, el Servicio de Minas es completo, cuando -vuelvo a repetir; y mientras no me den ustedes datos, y mientras no se demuestre lo contrario es así- hay nueve Inspectores de Minas para más de doscientos cincuenta centros de trabajo. A ver, dígame usted cómo va a llevar la Inspección de Minas una labor adecuada de control, si no tienen coche propio. Y si tienen coche propio -como me dijo el Consejero en el anterior debate-, será porque algún ingeniero lo está utilizando, pero no porque esté al servicio de la Inspección de Minas. Y ni siquiera tienen servicio de topografía; que tienen a veces más servicio algún Consejero de esta Comunidad que... tiene más servicio que la Inspección de Minas, más medios. A ver si ahora resulta que con un Inspector de Minas vamos a ser nosotros capaces de redoblar los esfuerzos de control y de inspección en los centros de trabajo, para más de doscientos cincuenta centros de trabajo.

Y lo que estamos pidiendo es pedir más medios técnicos y humanos. Y no tienen... y -vuelvo a repetir- no tienen ni siquiera un servicio de topografía, mínimamente, para hacer un control. Si eso está bien, pues estará bien para ustedes.

En cuanto al tema de las contratas -le vuelvo a repetir-, hay más de mil doscientos trabajadores en este sector trabajando en contratas y en subcontratas; y esas empresas están subvencionadas... están cobrando la subvención del carbón, y sin embargo están aplicando otros contratos laborales distintos a los que realmente tenían que realizar. Y ése es el centro fundamental de accidentes: las contratas y las subcontratas, y los contratos en precario. Y que digan ustedes que somos repetitivos... Pues seremos repetitivos, pero ustedes no aplican ningún tipo de medidas para cambiar la actual situación. Ahora, ¿que ustedes no quieran admitir esa realidad? Pues no la admitan. Pero no digan que tienen una política concreta de accidentes, cuando estos días se están convocando manifestaciones de los propios trabajadores, de los propios sindicatos, exigiendo mejores condiciones en la salud laboral.

Ustedes vienen aquí como el que... el que gana las elecciones, gana las votaciones; pues votarán ustedes en contra, pero ustedes no tienen absolutamente razón ninguna para oponerse a estas medidas.

Y por último, otra cuestión que se me olvidaba... (Y termino ya, señor Presidente, es que es una cuestión que no puedo dejar que contestar.) Decía el señor Rojo que estaban aplicando todas las medidas. ¿Me quiere usted decir, señor Rojo, cuáles son las medidas concretas que tiene la Junta de Castilla y León en la investigación tecnológica? Alguna, dígame una sola, una, una. A ver si hay alguna medida que en estos momentos la Junta esté poniendo en marcha un Plan de Desarrollo e Investigación Tecnológica para mejorar el grado de producción y de competitividad de las empresas mineras. Dígame una, una medida que estén aplicando. No me cuente películas de las campañas de publicidad que está haciendo la Junta para el sector minero, porque -vuelvo a repetir- se ha gastado 178.000.000, de los 1.900 que presupuestaron, y después han dado a una empresa -que siempre le toca, como la lotería; siempre lo toca a esa empresa hacer los estudios- 50.000.000 de pesetas para determinar cuatro sistemas de producción o de trabajo en tres empresas de esta Comunidad. En concreto, se llama... es una empresa que se llama APA, y le han dado una subvención de 50.000.000 de pesetas, y todos los años le cae el gordo, 50.000.000 de pesetas para hacer cuatro estudios y cuatro chuminadas que no sirven absolutamente para nada, y además que no sirven ni siquiera para aplicar las propias medidas en las propias empresas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para dúplica, señor Rojo, tiene la palabra.

ROJO MARTÍNEZ

EL SEÑOR ROJO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Lo que no voy a hacer es de lector del Diario de Sesiones para usted, señor Procurador. Pero empezaré por el final.

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Usted me decía que algunas medidas. El señor Consejero le dijo que se estaba haciendo un inventario de zonas de potencial riesgo. Y, desde luego, posiblemente estuviera un cuarto de hora leyéndole la intervención del señor Consejero de nuevo; yo creo que es absolutamente innecesario. Pero le habló también de la implantación de un sistema informático -que posiblemente usted no recuerde- de ventilación en las minas de carbón de Castilla y León. Seguramente lo recuerde ahora. Le habló de un estudio sobre la seguridad minera en las explotaciones de cielo abierto. Le habló de una campaña de seguridad minera en empresas de carbón de tamaño medio. Pero además, con temas muy concretos: diagnóstico de las instalaciones de exterior e interior; sostenimiento, arranque, electrificación, etcétera, etcétera; atmósfera; estaciones de salvamento; servicios de prevención; y demás.

Lo que me parece en este momento innecesario, porque no va por ahí lo que usted ha planteado en su Moción; es entrar de nuevo en el debate sobre la causalidad de los accidentes. Posiblemente olvide algo que también se dijo, y es el avance que se ha producido en el conocimiento individualizado y exhaustivo de cada una de las explotaciones mineras. ¿Se ha preguntado la importancia que tienen los hábitos, los hábitos de los trabajadores? Porque es que de eso gusta hablar menos; pero de cara a un balance final en los accidentes, es conveniente decirlo también.

Y no se trata de culpar a nadie, sino que los estamentos de la empresa, de la propia empresa, tienen, por ley, que asumir unas responsabilidades en el ámbito que les corresponda. La inspección permanente es imposible; y, desde luego, la regulación en ese sentido es absolutamente clara. Y hay hábitos que son de confianza; otros hábitos, bueno, pues sencillamente por inexperiencia. Y, en ese sentido, hay que reconocer que la formación profesional tiene un gran valor -el mismo que le da la Junta- en el tema de los accidentes.

Por cierto, en las cuestiones que se refieren al tipo de contrato, es muy sencillo remitirse a las previsiones del Pacto para el Futuro del Sector entre el Ministerio y los sindicatos. Como bien sabe, en esa proporción de recolocación de cuatro de once, los contratos -según dice ese Pacto- deben ser de carácter fijo, para que sean computados por el Ministerio dentro del Acuerdo.

Y debo recordarle también, en materia de contratas y subcontratas, que hay una circular y acuerdos por parte de la Comisión Regional que obligan a que la empresa que presta esos servicios subcontratados tenga sus trabajadores dentro del Régimen Especial de la Minería del Carbón. Y, por otra parte, que asuma los planes de seguridad de la empresa matriz.

Todo esto, señor Procurador, creo que no puede llevarnos, pues, a un entusiasmo con los resultados. Pero si nosotros tenemos el convencimiento de que las cosas se hacen así y se hacen lo mejor posible, podría usted preguntarme: "Bueno, ¿y cómo es posible que ocurra lo que ocurre, si eso es así?". Pues yo le voy a dar la vuelta a la pregunta, y le digo: ¿no será que la causa de los accidentes que lamentamos no es precisamente lo que usted dice, sino otra cualquiera, como puede ser la condición cambiante del lugar donde se hace el trabajo. Ése es un factor que usted parece ignorar. A mí me gustaría, en la materia de planificación de la que usted habla, la cuestión del planteamiento tecnológico. Hay que saber -y sí que nos podía decir alguien más de lo que este Procurador o usted mismo quizá pueda decir- cuáles son las limitaciones de nuestros yacimientos en Castilla y León.

Estamos comparando índices de accidentes en considerar que el medio y la mecanización posible en cada uno de ellos es muy diferente de nuestro país y de nuestros yacimientos a los de otros países; igual que lo es la productividad.

Por otra parte, sería bueno que alguien nos explicara largo y tendido, no en cinco minutos, cuál es el papel de la empresa -porque no se trata de echar la culpa a las empresas-, cuál es el papel que tiene confiada la empresa como marco de la seguridad y como responsabilidad real de todo orden en los accidentes laborales. Porque aquí parece que se viene a volcar unos contenidos políticos de unas situaciones absolutamente indeseables, y que para corregirles tienen, por parte de la Junta de Castilla y León, un tratamiento como no tiene ningún otro sector.

Cuando en estos momentos lamentamos los accidentes en cualquier sector en este país, posiblemente también convenga decir que uno de los sectores que más a fondo se ha planteado la seguridad para sí mismo ha sido el sector minero. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para fijar posiciones, ¿por el Grupo Parlamentario Mixto? Renuncia. ¿Por el Grupo Socialista? Señor Almarza tiene la palabra.

ALMARZA GONZÁLEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Sí, gracias, señor Presidente. Yo creo que cualquier profano, o cualquiera que no estuviera en esta Cámara que leyera la Propuesta de Resolución que nos presenta hoy Izquierda Unida, después de la Interpelación que se ha realizado en el anterior Pleno, diría que, o estamos todos locos, o que no pensamos con la cabeza. Son tan sumamente razonables las Propuestas de Resolución que se hacen en esta Moción, que yo me planteaba siquiera el no subir aquí.

De todas maneras, señor Rojo, yo creo que es difícil estar en desacuerdo con estas Propuestas. Y es difícil estar porque la siniestralidad ha aumentado considerablemente en cuestiones tan importantes como la renovación tecnológica, y en empresas donde se han cambiado las modalidades de trabajo en los últimos tiempos. Cuestión que han rectificado. Y han rectificado a partir de la Interpelación que se presentó en esta Cámara, con lo cual ya va a servir seguramente para algo, y posiblemente nos evitaremos alguna muerte más.

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De todas maneras -como digo- nosotros vamos a apoyar todas estas Propuestas de Resolución que enmarcan -yo creo que debería ser- ese Plan de Seguridad que estamos pretendiendo hacer en Castilla y León para el sector minero, en una época, en una nueva etapa que -como decía el señor de Rojo- vamos a entrar de nuevo con menos experiencia en los trabajadores, bastante menos experiencia; puesto que se van a rejuvenecer las plantillas, van a haber nuevas incorporaciones de trabajadores, que seguramente algunos no habrán trabajado nunca en el sector minero y, por lo tanto, vamos a necesitar de esa formación que ustedes... se ha hecho tan sumamente bien con la Mina Escuela, la hemos aplaudido todos, pero en este Presupuesto se rebaja con una ampliación más a la Mina Escuela de Laciana, de 150.000.000 a 95. Con lo cual estamos apostando por la formación en el sector minero con menos presupuesto.

Por lo tanto, mi felicitación al Grupo de Izquierda Unida por las Propuestas de Resolución que ha plasmado, y mi crítica total y absoluta al Grupo Popular por la falta de sensibilidad que está teniendo en los temas que afectan a la siniestralidad, no sólo en este sector, en todos los sectores. Ayer mismo ha habido manifestaciones por el sector de la construcción; y en los datos que se daban en la provincia de León la siniestralidad era el doce... doce veces más que en cualquier provincia de Castilla y León.

Y los datos eran referidos exclusivamente al sector minero, con lo cual sí son... hace falta hacer estas Propuestas, sí hace falta que la Comunidad cree las normas necesarias para que las empresas estén obligadas a realizar esas medidas de seguridad, y sí hace falta una inspección importante para que esas medidas se cumplan. Y con el agravante que vamos a tener de la falta de formación en los nuevos trabajadores que se van a incorporar, a partir del año mil novecientos noventa y ocho-dos mil cinco, en las explotaciones mineras.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El Proponente, señor Conde Valdés, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Mire, señor Rojo. Yo vuelvo a repetir lo mismo, es... me hubiera gustado que hubiera votado en contra de la Moción, aunque ustedes hubieran hecho el compromiso de tomar algún tipo de medidas, o al menos modificar el comportamiento que ustedes tienen en cuanto a las normas de seguridad. Yo le he dicho muchas veces que algunas iniciativas que presentamos desde nuestro Grupo -con independencia de que nos agradaría que las votasen a favor-, a veces las planteamos desde la perspectiva... sabiendo que ustedes no admiten el que una minoría pueda plantear alternativas frente a lo que ustedes representan aquí, la mayoría. Pero, en todo caso, al menos que admitiera un mínimo grado de autocrítica. Es que ustedes ni siquiera... un mínimo grado de autocrítica ante la situación grave que está atravesando la accidentalidad en el sector. Es que es lo más penoso. Claro, que usted me diga otra vez que hay un Plan Integral. Yo le vuelvo a repetir: ustedes no tienen ningún Plan Integral de Seguridad Minera, ustedes lo que tienen son campañas de seguridad, que son subvenciones directas a determinadas empresas -que se llevan muy bien con ustedes-; pero esa es la campaña de seguridad que ustedes tienen.

Y, le vuelvo a repetir, e incluso ni siquiera se gastan el dinero que tienen presupuestado para las campañas de seguridad. De los 1.900 -le recuerdo-, 178.000.000 es lo que ustedes se han gastado en el año mil novecientos noventa y siete. Que ya llevamos muchos accidentes mortales, muchos accidentes con baja, más accidentes que en el año noventa y seis; y se han gastado... y que nada más la poca habilidad de decir que se han gastado sólo 178.000.000 de pesetas, cuando han presupuestado 198.000.000.

Y le voy a decir más: usted que dice que tiene... son las empresas privadas las que tienen una responsabilidad en la seguridad, pues bien, esa financiación es a empresas privadas. Luego, se está haciendo un mal uso; luego, esa política de subvenciones, que ustedes están haciendo para mejorar la calidad de la salud laboral en este sector, no está siendo efectiva. ¿Para qué damos la subvención a las empresas? Para que al final no cumplan. Usted mismo ha dicho 178.000.000 -mírese los Presupuestos-, 1.900 se han presupuestado para el noventa y siete; 1.900, ahí está, mire usted la página y ya está. Ésa es toda su preocupación en el que ustedes llaman "Plan Integral de Seguridad Minera".

¿Cómo dice usted que un Plan Integral de Seguridad Minera, si muchas empresas tienen que contratar a otras empresas privadas, especializadas en temas de seguridad, porque aquí no tenemos ningún tipo de investigación tecnológica? O usted ¿qué cree? Que algunas empresas han contratado a empresas especializadas, ¿por qué la han contratado? Porque la Junta no tienen medios, no tiene ningún tipo de investigación tecnológica, no se sabe qué aplicar... qué tipo de maquinaria hay que aplicar en determinadas explotaciones. Pero si esto es de dominio público. Si es que es vergonzoso plantear y discutir estas cosas en unas Cortes de Castilla y León.

Ustedes no tienen ningún tipo de Plan de Desarrollo Tecnológico en el sector. Tienen un Instituto, el Ermitec, que lo tienen paralizado, y podía estar haciendo una gran labor de investigación y de aplicación en el desarrollo de industria minera; y, sin embargo, ahí está paralizado. O sea, que no me puede usted decir que tienen un Plan de Desarrollo Tecnológico en el sector porque es mentira, porque no es cierto.

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Y en cuanto al tema de la inspección, si ustedes creen que con nueve inspectores -se lo vuelvo a repetir- es suficiente. Pues bien, que venga usted y diga: "pues estamos de acuerdo, nosotros consideramos, el Grupo Parlamentario Popular, y la Junta de Castilla y León considera que con nueve Inspectores de Minas se puede cubrir perfectamente la inspección en doscientos cincuenta centros de trabajo". Dígalo, por lo menos para que quede registrado en el Diario de Sesiones. Porque esto es una cuestión alucinante, es decir, que con nueve inspectores se pueden cubrir doscientos cincuenta centros de trabajo.

Con respecto al tema de la contratación temporal y las subcontratas. No se ha firmado ni un solo acuerdo para eliminar contratas y subcontratas, y menos que éstas estén inscritas en el régimen especial de la minería. Porque no es cierto. Y le doy un listado completo, todas las contratas y subcontratas que hay en estos momentos en el sector que no están en el régimen especial de la minería. Y están haciendo un fraude. Y ustedes están cruzados aquí de brazos. Y están cometiendo un fraude, porque hay empresarios que están cobrando la subvención del carbón y la subvención de la Junta justificando equis número de plantilla de trabajadores, si en realidad tienen la mitad y el resto lo tienen contratado por esa vía. Y eso es una ilegalidad para la Seguridad Social, para la Junta y para el Erario Público. Y ustedes no hacen absolutamente nada para evitarlo.

Y en cuanto al tema de los contratos temporales, yo he dicho antes que ése es un proceso de negociación; y he dicho que, efectivamente, en el Programa de Actuación Minera todos los incentivos al sector privado tendrían que ir condicionados a la creación de empleo estable. Le estoy diciendo que habrá que poner coto a esa situación, eso es un proceso de negociación. Pero, lógicamente, la Junta tendrá que asumir una responsabilidad política concreta para garantizar ese objetivo, porque, además, es una Ley que hemos aprobado entre todos los Grupos, y hemos dicho: "los incentivos al sector minero tienen que ir ligados necesariamente a la creación de empleo estable y no a la contratación temporal en precario, o a la contratación de contratas y subcontratas".

¿Queda claro, señor Rojo? Pero lo que no le puedo admitir es que ustedes digan que tenemos un Plan Integral de Seguridad Minera, que tenemos una Comisión Regional de Seguridad Minera que está haciendo cosas, porque ¿qué cosas va a hacer una Comisión Regional de Seguridad Minera que no... que es consultiva, que no tiene presupuesto? Que es más: cualquier asesor que una central sindical quiera poner en esa Comisión tiene que pedirle permiso al Presidente, y el Presidente le dará o no le dará la autorización para que ese técnico pueda participar en la elaboración de los informes técnicos de esa Comisión. Por lo tanto, con esa Comisión pocas cosas se pueden hacer.

Y nosotros lo que estamos planteando es dar competencias a esa Comisión, entre otras razones, para que sea un elemento de equilibrio con la Inspección de Minas, que desde la Institución se tiene que aplicar.

Ahora, que ustedes no lo quieren hacer, que ustedes están encantados como está desarrollándose la situación de accidentalidad en el sector, ustedes siguen achacando a que los accidentes se dan de manera fortuita -porque decía el señor Rojo textualmente que es que, claro, había que mirar las condiciones del ambiente-. Pues, entonces, habrá que decir a los trabajadores que pidan todos la cuenta, porque, claro, como es un sector penoso y peligroso, están en peligro absolutamente todos. Como las condiciones del ambiente son las que están determinando, fundamentalmente, el 90% de los accidentes, pues yo creo que no podemos permitir por más tiempo que las minas sigan abiertas. Habrá que cerrarlas, porque es la única manera de evitar al 100% que se produzcan más accidentes. Si usted con esas... es la contestación que ustedes dan, y ésa es toda su política de seguridad, pues, muy bien.

Pero -y termino ya- yo creo que es absolutamente lamentable la oposición del Partido Popular; y máxime cuando se producen accidentes en cascada, accidentes gravísimos y, después -eso sí-, sale todo el mundo llorando en la primera plana de los periódicos diciendo que lamentan la situación que se está dando en el sector, y que, efectivamente, ¿qué vamos a hacer?, otra vez será.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Vamos a someter a votación la Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que acaba de ser debatida. Quienes estén a favor, levanten la mano ¿En contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y cuatro. A favor: veinticuatro. Y, en contra: cuarenta. No hay abstenciones. Y queda, entonces, rechazada la Moción.

Suspendemos la sesión hasta las cuatro y media de la tarde. Gracias.

(Se suspende la sesión a las catorce horas cincuenta y cinco minutos, reanudándose a las dieciséis horas treinta minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se reanuda la sesión. Buenas tardes. El Secretario dará lectura al quinto punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Quinto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Luis García Sanz, relativa a suscripción de convenios de compra diferida de viviendas con reserva de usufructo a personas de la tercera edad".

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor García Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. De la propia lectura de los Antecedentes de la Propuesta se puede deducir claramente cuál es la voluntad política que desde Izquierda Unida, a la hora de plantear esta Propuesta de Resolución, que, en definitiva, pretende, bueno, pues favorecer a aquellas personas mayores que disponiendo de... sobre todo en unas dificultades económicas, sobre todo... bueno, los propios datos y los propios estudios que se realizan sitúan en torno a un 70%, un 60-70%, a aquellas personas mayores que, dependiendo de una pensión, tienen unos ingresos en torno al Salario Mínimo Interprofesional, y difícilmente, pues con ello se puede tener, pues una convivencia saneada económicamente.

En este sentido, el objeto que se plantea es que la disponibilidad que se tenga de una vivienda en propiedad por estas personas tenga una posibilidad de obtener un beneficio, una rentabilidad económica, a través de su traspaso o de su compra diferida por parte de las Administraciones, en un proyecto de que se plantea o en un programa de colaboración entre las Administraciones Locales y, en este caso, pues desde la voluntad política que se tenga que manifestar desde la Junta de Castilla y León a la hora de promover estas iniciativas, llegando a acuerdos, convenios, con las Corporaciones Locales.

Los datos que se pueden de alguna manera deducir de esta situación es que estaríamos hablando de un volumen importante de ciudadanos -lógicamente, aquí lo planteamos, por supuesto, con un criterio de voluntariedad-; pero que, sin embargo, pues de los propios estudios que existen se plantea, de que al menos una tercera parte de las personas mayores de sesenta y cinco años necesitan o requieren toda una serie de ayudas económicas y que, a la vez, pues tendrían la posibilidad de utilizar o rentabilizar la vivienda que vienen utilizando. Inclusive nuestra Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta esas tasas de envejecimiento que tenemos, pues en relación a lo que estamos comentando, vemos que tenemos unos altos índices de personas que... mayores de sesenta y cinco años que viven en vivienda en propiedad, se calcula que es en torno a un 75%, y que son porcentajes superiores a la media nacional. Y que, por lo tanto, el ámbito de actuación o de incidencia de esta Propuesta, en caso de llevarse a efecto, pues podría tener una amplia incidencia.

Igualmente las posibilidades... tanto que se plantea de la necesidad de recuperación o de reformas de las viviendas que ocupan estas personas, pues lo dicen también los estudios que al respecto están hechos, en donde se plantea de que, al menos la tercera parte de las viviendas que ocupan personas de más de sesenta y cinco años, necesitarían importantes reparaciones, y en torno a una cuarta parte, del 25%, necesitarían serias mejoras para poder seguir manteniendo, pues una convivencia digna.

En ese sentido, parece evidente la necesidad de una ayuda; y que, teniendo en cuenta la disponibilidad económica que tendrían en la utilización como capital diferido -por así decirlo- de esa vivienda que tienen en propiedad, es lo que se plantea esta Propuesta. Que -como digo-, lógicamente, en definitiva, pues tendría ese carácter voluntario, que habría que llegar a acuerdos con los Ayuntamientos; que entiendo de que no habría dificultades para ponerla en marcha, manifestando esta voluntad política por parte de la Junta de Castilla y León; que las condiciones a grandes rasgos están planteadas en la Propuesta de Resolución de la cuantificación de la... del valor de la vivienda, de la estimación de la vida de la persona que en concreto se estaría planteando y de la rentabilidad o de la asignación de una cantidad, bien de manera mensual o anual, en función de la distribución de ese precio de la vivienda que se estime durante el periodo de la vida que se estima de esa persona. Y a continuación, pues lógicamente, eso sería a partir del convenio que se firmara entre las Administraciones que formaran parte de este convenio -que yo entiendo que debiera ser la Comunidad Autónoma, la Junta de Castilla y León y la Corporación Local correspondiente-, para que, al final, una vez que falleciera la persona propiedad de la vivienda, esa vivienda pasara a propiedad del Ayuntamiento correspondiente en... con el objetivo de pasar a contribuir, a incrementar el patrimonio municipal de vivienda y ofertarla como vivienda en alquiler a continuación. Y esto, lógicamente, pues lo planteamos para evitar cualquier tipo de intención de afán especulativo, inclusive, por cualquier Corporación Local.

Creemos que de ponerse en marcha esta Propuesta, que creemos que es de absoluto sentido común, que no tiene grandes -por así decirlo- connotaciones ideológicas, pero que sí un gran objetivo de... social, de favorecer a estas personas que en su inmensa mayoría -como digo- tienen unas dificultades económicas importantes, pues sin duda se conseguiría ese... mejorar el nivel de estas personas. Que hay que tener en cuenta que se calcula -como decía antes- que más de un 30% de estas personas de más de sesenta y cinco años tienen importantes dificultades económicas para llegar a final de mes, a pesar de tener en propiedad una vivienda; que, en definitiva, se consigue capitalizar, pues el bien del que se está haciendo uso de la vivienda; se... inclusive teniendo en cuenta de que la inmensa mayoría, o una parte importante de estas personas, viven en centros o cascos históricos de ciudades y que, en cierta medida, tienen un cierto abandono por aquello de la dificultad económica para hacer reformas, también se conseguiría -como digo- mantener la población dentro de estos cascos históricos y en buenas condiciones.

Y, en definitiva, creemos que se conseguiría esa labor social, con un acuerdo con las Corporaciones Locales interesadas; y, en definitiva, conseguir un objeto social altamente interesante. Así consideramos desde Izquierda Unida. Nada más y muchas gracias.

(-p.3370-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Algún turno en contra? Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Galán.

GALÁN SÁEZ

EL SEÑOR GALÁN SÁEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, nos encontramos ante una Proposición No de Ley que, desde nuestro punto de vista, del Grupo Popular, no ha sido estudiada con rigor, que es un tanto abstracta y confusa, en la que se formulan unos planteamientos que son meras hipótesis; en la que, por otra parte, no se cuantifica, sino con carácter general.

Y yo le pregunto al señor Proponente: me gustaría que en el segundo turno, cuando habla de estos porcentajes del setenta, del veinticinco, de la tercera parte, nos aclarara quién ha realizado estos estudios para si realmente son de tener en cuenta o son rigurosos o no.

Y, por otra parte, otro interrogante que se nos plantea: ¿a qué poblaciones se refiere Su Señoría? ¿A capitales de provincia? ¿A ciudad... pueblos con más de veinte mil habitantes? ¿A todos los pueblos de nuestra Comunidad?

Por otra parte, este tema plantea una dificultad añadida en cuanto hay que aunar dos voluntades un tanto difíciles: por una parte la de los propietarios mayores de sesenta y cinco años -es decir, de la tercera edad- y, por otra parte, la voluntad que tiene que conformar las Corporaciones Locales, con las dificultades que ello supone.

Indudablemente, el sistema de compraventa diferida de viviendas con reserva de usufructo para la tercera edad, reserva de usufructo vitalicio, con la percepción de rentas actualizables anualmente se viene utilizando en el sector privado, especialmente por empresas del sector inmobiliario. Y bien es cierto que en principio -no al final, como ya veremos- podríamos, trasladándolo este posicionamiento al campo público, admitirlo; pero solamente en principio, porque son dos objetivos lo que plantea esta Propuesta de Resolución: en primer lugar, contribuir a la creación de un patrimonio, de un parque municipal de viviendas; y, en segundo lugar, una posible mejora de las prestaciones sociales de las personas de la tercera edad.

En cuanto al primer objetivo, consideramos que este mecanismo no es el más adecuado para llegar a la formación de un parque, de un patrimonio municipal de viviendas. Y digo que no es porque hay dos que actualmente está la Junta de Castilla y León ejecutando, que, indudablemente, ofrecen mayores ventajas y mayores garantías. Y por eso, aparte de las mayores dificultades, los mayores problemas que supondría la gestión de esta forma de adquirir viviendas -repito-, la Junta lo está haciendo a través de convenios que ya ha suscrito con Ayuntamientos de esta Comunidad -por ejemplo Valladolid, por ejemplo Valencia- para realojamiento de poblaciones marginales. Y además, como Su Señoría conoce, porque ya lo hemos debatido en numerosas ocasiones, la normativa que regula la adjudicación de viviendas de promoción... de protección oficial de promoción pública plantea en su reforma la posibilidad de que los Ayuntamientos sean adjudicatarios de esas viviendas que se construyan en su término municipal, con la única condición, con la única condición, de que se destinen a alquiler.

Por eso decimos que este primer objetivo que plantea en su Propuesta de Resolución, de incrementar el parque municipal de viviendas, la Junta tiene dos mecanismos más razonables, más fáciles, más asequibles y que ya tiene puesto en práctica. Porque decíamos también que en este último sistema de adquisición de viviendas por los Ayuntamientos de promoción pública las está... tenemos ya el ejemplo, por ejemplo -y valga la redundancia- que se ha realizado ya en Segovia. Por eso consideramos que éste... éstos son los dos mecanismos más adecuados, los que ya viene utilizando la Junta de Castilla y León.

Y por otra parte, en cuanto al segundo punto, lo que en su Propuesta se considera que supone una mejora, una mejora de las prestaciones de atención social a la tercera edad, Su Señoría conoce perfectamente que esta atención se realiza fundamentalmente a través de dos sistemas: la ayuda a domicilio y la teleasistencia.

La ayuda a domicilio es: las personas que, a través y que en función de las necesidades económicas, sociales, de los beneficiarios de esa tercera edad, prestan un número de horas en su domicilio; y, por otra parte, que está financiado por la Consejería de Bienestar Social, a través de la Gerencia de Servicios Sociales, y en virtud de convenios con Diputaciones y con Ayuntamientos.

Y el otro sistema es el de la teleasistencia, mediante una conexión de los beneficiarios con el centro de salud, normalmente a través de un intermediario, que les garantiza la asistencia médica de urgencia.

Pues bien, y en cuanto a este segundo aspecto, queremos resaltar que las prestaciones sociales que se prestan -y valga la redundancia- a la tercera edad se realizan con independencia de que los beneficiarios sean propietarios, arrendatarios, usufructuarios o estén en precario en estas viviendas que están ocupando.

Por lo tanto, esta asistencia... este sistema... este mecanismo que usted ha apuntado en su Propuesta de Resolución no supone una mejora en la atención social de estos beneficiarios. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de réplica, señor García Sanz.

GARCÍA SANZ

(-p.3371-)

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Pues hombre, uno tenía la duda de que podía ser aceptada esta Propuesta teniendo en cuenta eso que mencionaba antes de las no connotaciones excesivamente ideológicas. Y bueno, pues... que por una vez el Partido Popular podría interpretar, de decir: bueno, como no es su programa y demás, pues se puede aceptar. Pero ni aun así.

Pero, vamos, parece ser que tampoco. Es decir, porque alguna de las cosas que ha mencionado el Portavoz del Grupo Popular, dice que ya son cosas que ya se están haciendo y que... Pues bueno, pero si es que no entran en contradicción en absoluto, y hay cosas que no tienen nada que ver con la Propuesta que se está realizando.

En primer lugar, para aclararle las cosas, que parece ser que no se cree los porcentajes o los datos que damos Izquierda Unida. Pues mire, algunos de los datos los hemos sacado de este estudio, de la Junta, de la Consejería de Economía; o sea, que supongo que ahí está. Algunos de los datos están sacados de aquí. Otros de otros estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas, etcétera; y alguno, pues por ejemplo, de los estudios del Consejo Económico y Social referido a las necesidades... el estudio... el informe que hizo sobre viviendas en Castilla y León; es decir, que algunas cosas escritas a él. Esperemos de que algún día esté el informe de la Junta de Castilla y León. Pero, de momento, hay algunos otros estudios que relacionados con la vivienda, y en el caso concreto relacionados con las personas mayores, pues aportan alguna serie de datos. Quiere decirse que si no se cree los datos que nosotros dábamos, pues ya le digo que nuestras fuentes son, en este caso, pues las propias de la Junta de Castilla-León.

¿A qué localidades va dirigido? Pues sin ningún tipo de discriminación, es decir, a todas las que estimen la conveniencia de participar en este convenio que, desde nuestro punto de vista, tendría que abrir la posibilidad de la Junta de Castilla y León. Es decir, creemos que es evidente que donde más necesidad puede haber es en las grandes localidades, pero sin ningún tipo de limitación: también a las pequeñas. ¡Hombre!, si usted me quiere plantear aquí la cuestión, en otras enmiendas o otras propuestas, de decir: "hagámoslo en aquellas localidades de más de veinte mil habitantes", o por lo menos como cuestión de ensayo, y tal. ¡Hombre!, pues igual lo podríamos admitir, ¿por qué no? Pero parece ser que hoy están en el que no, y ni tan siquiera admiten en ese sentido. Es decir... pero si quiere la concreción, pues le digo que a priori, no limitamos ningún tipo de localidad, sino que iría dirigida a todas que quieran aceptar ese convenio de colaboración con la Junta de Castilla y León.

"Que lo están haciendo empresas privadas." Pues sí, es verdad que lo están haciendo empresas privadas o, como se decía antes, empresas aseguradoras, en definitiva; pero claro, con un objeto de beneficio, con un objeto en donde se va a buscar pues esa rentabilidad de la operación financiera, inmobiliaria, en definitiva. Y aquí lo que se está planteando es que se facilite sin que tenga necesariamente ese objetivo final, sino que única y exclusivamente favorecer, por un lado, lo que es mejorar las rentas económicas, los ingresos de estas personas, y a la vez, también, contribuir, sin ningún tipo de afán de lo que puede ser de intromisión o de expropiación por parte de las Administraciones Públicas, de lo que es, a medio plazo, nutrirse de un patrimonio municipal que ya, de por sí, habrá pagado durante lo que es la vida de esas personas.

Y, por lo tanto, pues si se dice a continuación que es que los municipios ya tienen otras vías, como es la posibilidad de acceder empresas de alquiler de las que son promocionadas por parte de la Junta de Castilla y León, pues también; pero no entra en contradicción. Aunque ya, de paso, pues cabe decir que raro es el municipio que adquiere viviendas para ponerlas luego en régimen de alquiler, de las llamadas viviendas sociales. Y también algún tipo de responsabilidad el Partido Popular tendrá ahí, porque, sobre todo, la inmensa mayoría de los municipios importantes de esta Comunidad están gobernados por ustedes. Pero eso no se hace. Pero aunque se hiciera, pues no entra en contradicción, porque la demanda de vivienda, en este caso de alquiler, pues creemos que en absoluto se está cubriendo con la escasa oferta que hay en este sentido.

Y el planteamiento del objetivo... No se plantea, en absoluto, que vaya a las llamadas poblaciones marginales o demás, que es donde lo quiere mezclar -parece ser- el Portavoz del Grupo Popular con que hay programas de realojamiento de grupos... colectivos marginales. Si es que no va por ahí. Es decir, si es que, inclusive, estamos hablando de personas que tienen en propiedad una vivienda, que no la están pudiendo sacar -por desconocimiento, posiblemente- una mayor rentabilidad económica, etcétera. Y se trata de que las Administraciones Públicas, sin ningún tipo de afán de beneficio económico y ningún tipo de afán especulativo, favorezcan el que estas empresas... perdón, el que esas personas tengan unos ingresos en la medida de que se consiga capitalizar esa vivienda que tienen hoy en día.

Así pues, es decir, y sobre el tema de lo que luego se ha referido el señor Portavoz, a las asistencias de las personas mayores, no tiene nada que ver. Hombre, lo que sí que está claro es que, sin duda, que esas personas que me he referido, que tienen esas dificultades económicas, teniendo unos mayores ingresos, pues no cabe la menor duda que a nivel general mejorarían su nivel de vida. Pero no estamos hablando aquí de las necesidades de asistencia social que puede prestar la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que, lógicamente, supone que sobre todo va dirigido a esa población. Pero no estamos hablando de eso en este caso, ni lo estamos condicionando a que pueda tener asistencia social de la que puede prestar la Consejería, sino que estamos hablando de lo que es utilizar ese bien, como es la vivienda, llegando a acuerdos con los Ayuntamientos, y promocionando desde la Junta de Castilla y León, para poder favorecer esa venta diferida de la vivienda que tiene hoy día en propiedad. Nada más y muchas gracias.

(-p.3372-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la dúplica, señor Galán.

GALÁN SÁEZ

EL SEÑOR GALÁN SÁEZ: Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, Señoría, yo quiero dejar muy claro que no son connotaciones ideológicas lo que en estos momentos nos hace oponernos a su Propuesta de Resolución. Hemos dado una argumentación, desde nuestro punto de vista de Grupo Parlamentario, por la que consideramos que la Junta está realizando, utilizando esos dos mecanismos de viviendas realojadas con convenios con Ayuntamientos, y de la posibilidad de adquisición de viviendas en alquiler por los Ayuntamientos, de conformidad con la normativa que regula la adjudicación de viviendas de protección oficial, para crear lo que usted proponía en su Propuesta de Resolución, que es incrementar el parque municipal de viviendas. Solamente en ese sentido, repito, no por cuestiones ideológicas, sino únicamente porque estamos convencidos que la Junta ya lo está realizando.

Su Señoría hablaba de mejoras en la prestación social de estos destinatarios de la Tercera Edad. Yo no he dicho sino más recoger y tratar de rebatir en lo que usted decía, que las prestaciones a las beneficiarios de la Tercera Edad se prestan con independencia del título de ocupación que tengan de una vivienda, tanto si son propietarios, arrendamientos, usufructuarios o están en precario. Pero el hecho de la adquisición de compraventa diferida de vivienda no supone un incremento, una mejora en la prestación... en la prestación social de estas personas.

Por otra parte, yo, de verdad, cuando estaba escuchando con atención, sobre todo en su segunda intervención, tratando de que me clarificara -a este Grupo- algunas dudas, de que se nos argumentara algo nuevo, o de que se puntualizara sobre algunos extremos que figuran en la Proposición No de Ley. Indudablemente, no ha sido así, y, por tanto, ya le adelanto que vamos a votar en contra de esta Propuesta de Resolución.

Pero conviene recordar un poco la formación de voluntades entre las dos partes para la adquisición de la vivienda.

En primer lugar, el Ayuntamiento o las Corporaciones Locales tenían mayor dificultad para formar esa voluntad, que tiene que ser, en todo caso, con plena libertad, y que de los Antecedentes y del texto de su Propuesta de Resolución, parece ser que se está hablando de una imposición -entre líneas-, con lo cual iríamos a quebrar el principio de autonomía... de autonomía municipal.

Por otra parte, nosotros consideramos que quizá esta fórmula, esta iniciativa, sería más idóneo presentarla en el foro más adecuado, que sería como moción en los propios Ayuntamientos.

Por otra parte, ocurre igual... las mismas dificultades que con el Ayuntamiento, nos sucede con los propios particulares. Es muy difícil forzar a que quieran vender y, por supuesto, no estamos ante... no podemos llegar a una expropiación forzosa, porque faltarían los dos elementos sociales, que es la causa de utilidad pública o el interés social. Pero además, y siguiendo en este camino de información y de unión de voluntades, dando por supuesto que las Corporaciones Locales, dando por supuesto que los propietarios de estas viviendas han llegado a un acuerdo, creo, Señoría, que tenemos una dificultad aún más añadida. Yo preguntaría: ¿con qué criterios se va a fijar el precio de esta compraventa?, ¿de acuerdo con el valor del precio del mercado?, ¿de acuerdo con la valoración catastral?, ¿de acuerdo con el precio fijado por los titulares de estas viviendas?, ¿de acuerdo -y ahí entraría la gran dificultad-... cómo puede transaccionar o cómo puede negociar una Corporación para fijar el precio de estas viviendas?

Y por otra parte, Señoría, en los Antecedentes de su Proposición No de Ley se afirma, con carácter general, que estas viviendas están situadas en cascos antiguos, normalmente son de gran tamaño, de bastante superficie, y muchas veces -y esto es cierto- se encuentran en mal estado. Y de ahí viene la siguiente pregunta que nos formulamos: si el Ayuntamiento realiza las obras de rehabilitación para que por sus propietarios o anteriores propietarios puedan ser utilizadas con una habitabilidad digna, ¿qué hay que hacer, cómo hay que realojar a estos antiguos propietarios durante la realización de estas obras, Señoría? Por lo tanto, no se estaría cumpliendo la finalidad perseguida.

Y por otra parte, si estas obras de mejora, de adecuación no las realiza las Corporaciones Locales, estamos condenando a unas personas que anteriormente eran propietarios a vivir en unas condiciones que, indudablemente, no son adecuadas, y que ven cómo no pueden acondicionar la vivienda, teniendo en cuenta que ya no es de su propiedad.

Por eso, Señoría, y en resumen, y teniendo en cuenta que las interrogantes que planteamos, cuya respuesta o falta de respuesta, en su caso, nos lleva a dudar de su eficacia, y teniendo en cuenta que la Propuesta de Resolución nada añade a los mecanismos existentes para conseguir la finalidad que se persigue, el Grupo Popular va a votar en contra de su Propuesta de Resolución. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijación de posiciones, los Grupos que no han intervenido. Por el Grupo Mixto... renuncia. El Grupo Socialista, señor Solares, tiene la palabra.

SOLARES ADÁN

(-p.3373-)

EL SEÑOR SOLARES ADÁN: Muchas gracias, señor Presidente. Con brevedad y concreción. El Grupo Socialista ha estudiado detenidamente la Proposición No de Ley, esta Proposición No de Ley, analizando con el máximo interés la consecuencia de su aprobación por el Pleno de esta Cámara. Estamos ante una Propuesta que, efectivamente, puede conseguir mejoras sustanciales en las condiciones de vida de todos aquellos ciudadanos de Castilla y León que puedan, que puedan y deseen acogerse a sus beneficios. Y, además, podría dar lugar a la creación de patrimonio municipal, cuyo destino resolvería en el futuro casos de falta de vivienda en los sectores de población más desfavorecidos.

En el Grupo Socialista somos sensibles a los problemas que sus consecuencias resolverían y, por tanto, vamos a apoyar esta Proposición No de Ley en sus mismos términos, en los mismos términos de la Propuesta presentada por el Procurador don Luis García. Decimos que en sus mismos términos, pues aunque es necesario más... definir más detalladamente su desarrollo, en buena lógica ése será el trabajo, señor Galán, el trabajo que ha de realizarse con posterioridad, cuando la Junta prepare los convenios oportunos. Ahí se les pueden despejar todas las dudas; son cuestiones, simplemente, de futuro.

Pero al mismo tiempo que manifestamos nuestro apoyo a esta Propuesta, queremos hacer un llamamiento al Grupo Popular para que se una al apoyo en esta posible aprobación. De vez en cuando es bueno tener gestos o comportamientos que coincidan con promesas o palabras sueltas que los miembros del Gobierno de la Junta tienen muy a menudo. Sirvan como ejemplo las palabras de un destacado miembro del Gobierno de la Junta, en manifestaciones recientes hechas a un diario de León, calificando a la Oposición de esta Cámara -y más concretamente a mi Grupo- como de "no ver más allá del pasado, anclándonos en temas muy sobados ya, como son Biomédicas, como son autovías de Ponferrada a Villablino, Crystaloid, etcétera, etcétera, etcétera, y de esa forma no mirar positivamente al futuro".

Pues miren, señores del Grupo Popular, señores del Gobierno de la Junta, el Grupo Socialista mira fundamentalmente al futuro, pero nunca olvida el pasado, para que todo aquel... para que todo aquel que nos pueda ayudar para hacer futuro. Repito: cuando nos recuerdan que estamos anclados en "las Biomédicas", en "los Cerratos", en las autovías a Villablino, y etcétera, etcétera, etcétera, y que no vemos más allá del pasado, miren por dónde pueden ustedes empezar a demostrar, alguna vez, que piensan en el futuro, que piensan en el futuro de quienes tienen más dificultad para cubrir sus necesidades básicas, como en este caso, situaciones problemáticas de nuestros mayores, y dificultades de acceso a una vivienda digna.

Esta Proposición No de Ley sirve para todo eso; si no para todo, para, en parte, aliviar las pesadas cargas de algún sector de la sociedad. Apóyenla. Se lo solicitamos con el mismo entusiasmo, como si de una propuesta propia se tratara. Háganla también suya y apruébenla. Eso es hacer oposición también, la que siempre reclaman, la que dicen no les molestaría, ya que alguna otra les molesta bastante.

De todas formas, tengan seguro que les seguiremos recordando cuantos incumplimientos sigan cometiendo, y seguiremos denunciando cuantos absurdos sigan ejecutando.

Señor García -repito-, nuestro Grupo va a apoyar íntegramente la Proposición No de Ley. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, Señoría. Para cerrar el debate, el Proponente, García Sanz... señor García Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que por clarificar, porque el Portavoz del Grupo Popular parece ser que no se han enterado muy bien de la Propuesta, pero bueno, por lo menos, para que algunos de los que están entrando que no se han enterado del debate, les digo lo que vayan a votar.

Se trata de "Articular una campaña de compra diferida de viviendas a las personas de la Tercera Edad que prefieren seguir residiendo en sus barrios tradicionales, ofreciéndoles..." -no imponiéndoles, ofreciéndoles- "...una renta que complemente sus pensiones y/o la prestación de servicios de asistencia domiciliaria a cambio de vender su vivienda, pero conservando el derecho de usufructo".

Y paso a otro párrafo: "Las Administraciones comprarían viviendas propiedad de personas mayores de sesenta y cinco años, a cambio de una renta mensual por la compra de la vivienda en la que el vendedor mantendría el usufructo". Quiere decirse: nada de imposición, nada de cosas que se pretende poco menos que expropiaciones a los... a las personas de la tercera edad, como más o menos ha dado a entender el Portavoz del Grupo Popular. Y por lo tanto, que no se desvirtúe la propuesta clarísima, que, como ha explicado el Portavoz del Grupo Socialista -al que agradecemos, lógicamente, su apoyo-, pues que ha quedado de manifiesto claramente cuál es el objeto, en concreto, de la propuesta que se hace.

Y yo creo que no se trata de insistir tanto en que el objetivo final, pues, lógicamente, también es el incremento o la dotación de los parques municipales de vivienda. Pero eso es una consecuencia final. Tampoco es el objetivo fundamental de esta Propuesta, que el objetivo fundamental pues va en favorecer a esas personas mayores con dificultades de... Yo, la verdad, cuando estaba en el escaño intentando entender al Portavoz del Grupo Popular, tenía auténticas dificultades; con el murmullo que hay, supongo que el que quiera entender algo tendrá las mismas dificultades. Rogaría un poco de silencio, ya que no lo pide el señor Presidente.

(-p.3374-)

Y referido a la falta de argumentos que explicaba o exponía el señor Portavoz del Grupo Popular. Yo creo que están perfectamente expuestos. Lo que pasa que de la interpretación que él ha hecho, pues una interpretación un tanto torticera, difícilmente se puede deducir que haya argumentos para avalar lo que él ha interpretado.

Si no era eso, no se pretende imponer absolutamente nada, y no es el objetivo la asistencia social con carácter fundamental lo que se pretende con esta propuesta. No es eso. Ahora, si usted busca argumentos para avalar esa argumentación, pues entonces no lo encuentra.

No intente deducir que hay ningún tipo de voluntad de imposición de arrebatar la propiedad de la vivienda, porque en absoluto va por ahí la propuesta. En todo momento, el carácter voluntario de la operación... y le digo literalmente: "se trataría de articular una campaña de compra diferida...", etcétera. Porque es cierto que hay empresas privadas, seguros, etcétera, agencias inmobiliarias que plantean estas cosas, pero -insisto una vez más- con claros afanes especulativos, con clara voluntad de obtener un beneficio, y al final, lógicamente, pues posiblemente con escaso beneficio para la persona en concreto.

Y, como siempre, poniendo pegas antes de encontrar las soluciones. ¿Qué precio pondríamos a las viviendas? Pues hombre, vamos a poner en marcha los mecanismos. Si eso, al final, ése sería el final del proceso. ¿Qué precio pondríamos? Pues en cada momento el que surgiera del acuerdo entre las partes. Es decir, si a una persona se le ofrece un precio, que puede ser el que en cada momento se estipule, y no lo acepta, pues no lo acepta; punto.

Es decir, estamos hablando en todo momento de voluntariedad. Y las personas que tienen unas dificultades económicas para compensar la exigua pensión que tienen, pues alguna voluntad tendrán de llegar a un acuerdo. Y si no quiere, pues no se llega a un acuerdo.

¿Cuál será el criterio del precio? Pues yo entiendo que lo que en cada momento se estipule por el precio medio que existe en el mercado. Si tampoco hay ninguna voluntad de arrebatar ni de expropiar, ni mucho menos de perjudicar económicamente a esas personas, sino todo lo contrario. Pero que, en última instancia, si esa persona se considera perjudicada porque se le hace una valoración escasa de su propiedad de la vivienda, pues con no llegar a un acuerdo, se acabó.

Quiere decirse que ahí simplemente se trata de poner los mecanismos para llegar a ese proceso final. Y el proceso final es llegar al acuerdo del precio de la vivienda, de la cuantificación. Pero no se trata de poner las pegas antes de encontrar ni tan siquiera el camino de la solución. Eso podría haber sido, por ejemplo, una Enmienda que ustedes hubieran presentado de cómo articular o qué criterios utilizar para cuantificar el precio de la vivienda en un caso concreto. Pero eso sería en el caso de que ustedes hubieran entrado con un mínimo de voluntad política a acordar algo de cara a aprobar esta Propuesta.

Y el problema global de todo esto... porque es que, claro, de sucesivas o de numerosas propuestas que traemos los Grupos de la Oposición y de Izquierda Unida en materia de vivienda, es que... que yo sepa, no han aprobado ni una; y las que han aprobado no se cumplen. Porque todavía estoy pendiente -y si no recuerdo mal, ahora, de memoria- que algún Portavoz del Grupo Popular dice: no se preocupe usted, ésta no se la aprobamos -referido al tema de los censos de viviendas desocupadas, de censos de suelos y demás-, no se preocupe usted, porque nosotros vamos a presentar inmediatamente otra con el texto que nosotros queremos. Y esto fue hace año y pico. Y todavía estamos esperando esas propuestas. Eso son, pues... de lo que ustedes aquí mismo prometen, no en los periódicos, aquí, y son cosas concretas de éstas.

Y claro, el problema de todo esto es que una materia en donde -insisto otra vez- la Junta tiene competencias exclusivas, pues resulta que se promueven escasísimas viviendas de promoción pública, de las llamadas viviendas sociales; de alquiler, prácticamente ninguna, y así sucesivamente, pues, lógicamente... iniciativas que traemos desde Izquierda Unida no se aceptan, pues, consecuencia de todo ello... Y no hablemos, por supuesto, de lo que es la intervención que debiera hacerse desde intervención, o algún tipo de actuación en política de suelo, etcétera, etcétera. Porque claro, el ridículo -con perdón, y perdón porque no están ellos presentes, pero...- que hicieron, pues, los representantes -por así decirlo- de empresas públicas el otro día de Gesturcal, Gical, etcétera, de cuáles son las actuaciones que va a hacer la Junta de Castilla y León en suelo industrial y, sobre todo, en suelo residencial, que es lo que aquí ahora nos ocupa, es ninguna, es ninguna; porque no saben exactamente cuál es el instrumento que en este momento tiene la Junta de Castilla y León para llevar a cabo actuaciones en suelo residencial. Porque aquí parece ser que quedó claro que, cuando las fusiones de las Gestures en Gesturcal, iba a ser Fomento o una empresa de Fomento la que iba a hacerse cargo de las actuaciones en suelo residencial. Ahora parece ser que va a ser otro tipo de actuaciones, inclusive, pues, no se sabe muy bien, porque si es Gesturcal, es Gical, si inclusive puede ser otro tipo de instrumentos; pero no se sabe muy bien.

Así pues, actuaciones en materia de viviendas: ninguna. Y la consecuencia es que cada vez el acceso a una vivienda digna en esta Comunidad Autónoma para personas con menor capacidad adquisitiva, pues cada vez es un derecho que se vuelve más ilusorio. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Vamos a proceder a someter a votación la Propuesta de Resolución que acaba de debatirse. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

(-p.3375-)

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. A favor: veinticuatro. En contra: cuarenta y siete. Abstenciones: ninguna. Queda rechazada.

Señor Secretario, le ruego dé lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Sexto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don José María Crespo Lorenzo, instando del Gobierno de la Nación el cumplimiento del acuerdo del Congreso de los Diputados sobre elaboración de una Ley de prohibición de minas antipersonales".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En ausencia del Procurador proponente, la Propuesta se entiende decaída. Pasamos al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Séptimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don Santiago Sánchez Vicente, relativa a presentación de un Plan de Financiación de las Universidades de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se ruega silencio, Señorías. Señorías, silencio, por favor. Hemos de continuar el Pleno. Tiene la palabra el señor Proponente, señor Sánchez Vicente, en nombre de su Grupo.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, señoras y señores Procuradores. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida formula esta Proposición No de Ley, porque la considera oportuna por diferentes razones.

En primer lugar, porque el Proyecto de Ley que vamos a discutir en este Pleno de... el Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria que presenta el Gobierno en esta Cámara y que se va a discutir -digo- en este Pleno, no contiene ni una sola línea en cuanto a la financiación de Universidades de nuestra Comunidad.

En segundo lugar, la consideramos también oportuna, porque ha sido la propia Consejera quien recientemente, en Salamanca, en la inauguración del curso... del nuevo curso universitario, se comprometió públicamente a que en el plazo de tres meses se presentaría en esta Cámara un Plan de Financiación de las Universidades de Castilla y León.

Pues bien, teniendo en cuenta esa promesa de la señora Consejera, teniendo en cuenta que vamos a discutir hoy el Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria, nosotros, incluso, vamos a ser más generosos, y somos más generosos a la hora de formular esta Propuesta... la Propuesta de Resolución de la PNL. Y digo que somos más generosos porque, a esos tres meses que se ha dado de plazo la señora Consejera, nosotros vamos a apostar por seis; vamos a apostar por seis, porque entendemos y conocemos las dificultades que tiene la Propuesta que formulamos, y porque sabemos también el alcance que muchas veces tienen las promesas de la señora Consejera.

Dicho esto, es necesario decir que la Proposición No de Ley que presenta el Grupo de Izquierda Unida pretende que estas Cortes insten a la Junta de Castilla y León para que, en un plazo de seis meses, presente en esta Cámara un Plan de Financiación de las Universidades de Castilla y León para su aprobación con carácter de ley, a fin de garantizar la suficiencia financiera de las mismas y con las siguientes características.

Este Plan será vinculante para los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y contendrá, como mínimo, los siguientes aspectos: las transferencias corrientes a las Universidades; inversiones reales previstas para la construcción de nuevos centros, institutos de investigación, bibliotecas, residencias y otras instalaciones y servicios; gastos correspondientes a la dotación y formación del profesorado; transferencia de capital para gastos de investigación, en función de lo que disponga una futura ley de Investigación de Castilla y León; gastos de becas para estudiantes; incentivos para la celebración de contratos-programa de investigación entre las Universidades y las Administraciones y empresas privadas de la Comunidad; establecimiento de sistemas de evaluación y fiscalización del desarrollo de la programación universitaria, pudiendo fijar niveles de vinculación entre su cumplimiento y el grado de financiación mediante subvenciones.

El Plan de Financiación -dice también la Propuesta de Resolución- tendrá una duración de cinco años, debiendo recogerse sus previsiones en los Presupuestos Generales de la Comunidad durante el indicado período. A su término, deberá ser revisado y se procederá a la elaboración de un nuevo Plan.

En ningún caso -y como ya hemos puesto de manifiesto en diferentes ocasiones desde esta Tribuna-, en ningún caso podrán establecerse fórmulas directas ni indirectas de financiación de las Universidades privadas, que sólo podrán contar con sus recursos.

Y al mismo tiempo -y como último punto de la Proposición-, se autorizará a la Junta de Castilla y León para asumir los créditos o la emisión de Deuda Pública precisos para garantizar el cumplimiento del Plan.

En definitiva, se trata de dar una respuesta a una insuficiencia -que entendemos notoria- del Proyecto de Ley, y se trata de dar esa respuesta acogiéndonos -como he dicho al comienzo de mi intervención- a la promesa que la señora Consejera, al comienzo de este nuevo curso, ha hecho.

(-p.3376-)

Y significar que este Plan de Financiación que se propone en nuestra Propuesta de Resolución, en definitiva, es un compendio de lo que se contiene, de los planes... de lo que se contiene en otros planes de financiación en aquellas Comunidades en las que, efectivamente, se ha aprobado ya el correspondiente Plan de Financiación para que la Universidad tenga y garantice... pueda garantizar, con la suficiencia financiera necesaria, para que pueda dar respuesta a los fines que ha de tener la Universidad del presente y del futuro.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Fernando Arvizu tiene la palabra, para consumir un turno.

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Señor Presidente. Señorías. Yo, como ha ocurrido otras veces, y respetando, desde luego, las iniciativas que defiende en nombre de su Grupo el señor Sánchez Vicente, pues tengo que manifestar, en nombre de mi Grupo, nuestra discrepancia, por razones que voy a ir explicando a lo largo de estas dos intervenciones.

En primer lugar, yo tengo que decir que me ha causado extrañeza esta Proposición No de Ley, cuando dentro de un momento -parlamentariamente hablando- va a defender su Grupo -no sé si por su misma boca- una Enmienda a la Totalidad al Proyecto de Coordinación Universitaria. Nos reservamos decir entonces lo que al caso convenga, pero ahora yo tengo que decirle algunas cosas que van a ilustrar, sin duda, para Su Señoría la posición de nuestro Grupo.

En primer lugar, aunque los antecedentes, hay antecedentes son antecedentes que no podemos compartir, porque los ejemplos hay que ponerlos bien.

Dice Su Señoría que el Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria no responde a los grandes principios de la LRU. Primera pregunta: ¿por qué? ¿De dónde se saca usted tal cosa? ¿Cómo no va a responder este proyecto a los grandes principios de la LRU, que justamente responde a los principios de la Constitución? Sería una norma inconstitucional. Tiene obligatoriamente que responder.

No entiende la Universidad como servicio público. ¿De dónde saca Su Señoría tal cosa? Si está definido como tal la Universidad como un servicio público, aunque pueda ser prestado por instituciones privadas? ¿De dónde saca Su Señoría tal cosa? Es que sería una norma inconstitucional.

Seamos rigurosos. A mí me da la impresión de que Su Señoría que es abogado, no ha leído bien lo que nos está diciendo aquí.

Y después, algunas cosas que me han sorprendido, que sería conveniente facilitar la actividad investigadora de la Universidad. La libertad de investigación, señor Sánchez Vicente, como la libertad de cátedra, está reconocida en la Constitución, y ni siquiera la LRU orienta hacia dónde tiene que ir.

Claro, son frases que uno las entiende dentro de la generalidad con que se pronuncian, pero las generalidades tienen el peligro de que por ser demasiado generales contengan inexactitudes de grueso calibre.

Es más, le voy a decir que nosotros nos hemos comprometido a presentar en esta legislatura una ley de investigación pura y de investigación aplicada. Allí será el momento de discutir.

Pero entrando en el meollo, yendo a la cuestión del asunto que nos ocupa en estos pocos minutos que me quedan para concluir mi primera intervención, entiendo que su proposición disturba, causa una disfunción al propio Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria, elijamos una cosa o elijamos otra. En este momento, yo puedo decirle que la Junta, mediante el oportuno concurso, tiene convocado un estudio sobre financiación de las Universidades de la Comunidad, que fue adjudicado al Instituto Valenciano de Investigación Económica, entre los muchos que participaron en aquel concurso. Ya se, puesto que no es la primera vez que usted y yo hemos tenido -por mi parte, desde luego- el honor de debatir cuestiones de éstas, que usted me dirá: bueno, es que siempre están ustedes con estudios, es que ustedes no se comprometen. Una cosa no obsta para la otra. Lo que sí es cierto es que ese estudio está en curso, yo debo decirlo aquí, y que será finalizado o será materializada su entrega para el día treinta de noviembre.

Pero es que la discrepancia es más de principios, señor Sánchez Vicente.

A usted le gusta mucho la planificación, además la planificación quinquenal. Hombre, no le voy a decir que esto huele a soviético, porque esto sería... no sé, sería un recurso retórico muy fácil. Pero sí que le voy a decir algo: esto ya, con toda seriedad y sin pizca de ironía, no es un instrumento adecuado para la financiación de una universidad el establecer un plan que revista forma de ley. No lo es. Usted puede pensar que sí lo es, pero no lo es, y le voy a dar un ejemplo: no se hacía a nivel estatal cuando todas las Universidades dependían del Ministerio. Y sabe usted por qué. Porque no convenía. Los señores que están debajo de su Grupo gobernaban entonces, y no lo hicieron porque no convenía, porque no es un buen método. Y nosotros, en esto, tenemos que estar tan de acuerdo con los miembros del Partido Socialista, como se está de acuerdo en el axioma de que dos triángulos son iguales cuando superpuestos coinciden; ante la evidencia, no cabe la discrepancia.

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Por lo tanto, dado que no consideramos que el elaborar con forma de ley y duración quinquenal un Plan de Financiación de las Universidades sea un instrumento apropiado, pues tenemos que oponernos a su iniciativa. Y, de momento, a la espera, que yo confío que usted retire la Proposición No de Ley y deje la cuestión de fondo, porque una cuestión de fondo se discute para lo que luego vamos a discutir, pues, concluyo este turno, anunciando en nombre de mi Grupo la oposición a la iniciativa por usted presentada. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, señor Sánchez Vicente, tiene la palabra.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente. Señor Arvizu, pues claro, lógicamente que hay discrepancias entre usted y yo; tiene que haberlas. Usted por eso se sienta allí y yo allí, y usted defiende unas posiciones conservadoras, de derechas, y yo defiendo unas posiciones progresistas de izquierdas. Es evidente.

Mire usted, mire usted, si Izquierda Unida, si Izquierda Unida, yo creo que respondiendo a los principios democráticos, estuviera en la Mesa de las Cortes, sin duda de ningún tipo esta Proposición No de Ley no se hubiera discutido hoy; eso seguro. Porque es verdad, y en eso tiene usted razón, si vamos a discutir el Proyecto de Ley dentro de unos momentos, esta Proposición No de Ley, que, por otra parte, está formulada también una Enmienda parcial al texto, pues no sería objeto de discusión. En eso coincido con usted.

Dice usted que los principios del texto, y usted quiere entrar, y yo no voy a hacerlo porque no es el momento; pero simplemente me va a permitir que le responsa porque usted lo ha hecho.

Ha querido usted entrar en la discusión ya del Proyecto de Ley. No, ahora estamos en el momento de discutir la Proposición No de Ley. Pero sí decirle, porque además lo digo yo en la Enmienda a la Totalidad, lo dice mi Grupo en la Enmienda de la Totalidad, por mucho que usted se empeñe -y luego se lo demostraré, se lo demostraré a su Grupo cuando discutamos el texto-, efectivamente, mire usted, no es verdad que los principios que contienen la LRU en el título preliminar se acojan y respondan. Y eso no quiere decir que este texto sea anticonstitucional, señor Arvizu. No juegue conmigo, porque no es de recibo.

En segunda cuestión, en segundo lugar, me habla usted -otra vez refiriéndose al texto y no a la Proposición No de Ley- que si la Universidad no se concibiera como servicio público, que también sería anticonstitucional. Y yo lo que digo en mi enmienda... que el que no se lo ha leído es usted, yo sí me he leído -seguro, seguro-, porque léalo usted: lo que yo digo es absolutamente y rigurosamente cierto. Yo digo que en el texto de Ley, en el Proyecto de Ley no se dice ni una sola vez que la Universidad sea un servicio público, ni una sola vez. Léaselo usted, ni en una sola ocasión. Bien.

Y en este mismo orden quiero también recordarle que siempre ustedes, y es verdad, ustedes, cuando no consideran, que desgraciadamente no consideran nunca favorable cualquier iniciativa de la Oposición, pues dicen: "otro... vendrá otro momento que será mejor, ya llegará el momento, ya responderemos...". Ya no hay... ni siquiera avala usted las palabras de la Consejera, que en el plazo de tres meses se iba a presentar este Plan de Financiación. No lo avala usted. Usted dice que ya se hará a lo largo de esta Legislatura, creo haberle entendido.

Pero, mire usted, en que los rectores, los rectores, señor Arvizu, los rectores le han dado a la señora Consejera, que ha ido padeciendo y sufriendo las inauguraciones de cada curso, le han ido tirando de las orejas a la señora Consejera, y en definitiva al Gobierno de esta Comunidad, por la política -más bien la falta de política- universitaria que se desarrolla desde la propia Consejería. Y no es Izquierda Unida; son todos, han sido prácticamente todos los rectores de esta Comunidad.

Pero entrando en el fondo del asunto. Usted no me ha respondido ni me ha dicho qué razones hay... Porque mire, además curiosamente y se lo comentaba ahora mismo a los compañeros de mi Grupo, es que yo no sé, usted se ha leído, por ejemplo -no me responda ahora, me responda luego-, usted ha leído en concreto la Ley, la Ley de Coordinación Universitaria de Galicia, ¿la conoce? Pues, mire, prácticamente, prácticamente -y allí gobiernan ustedes-, prácticamente lo que se recoge en esta Proposición No de Ley, prácticamente coincide en lo sustancial con la Ley de Financiación... no la Ley de Financiación, un artículo en concreto de la propia Ley que se refiere a la financiación de las Universidades gallegas. En Baleares gobiernan ustedes también, ¿verdad?, y en Canarias también gobiernan ustedes. Pues, miren ustedes, tienen todos el mismo modelo de financiación, y lo tienen desarrollado. Y, en parte, en lo sustancial, coinciden también con esta propuesta de... con esta Proposición No de Ley que se hace desde Izquierda Unida.

Yo lo que creo, y lo hago constar en la Enmienda a la Totalidad, es que ustedes se han visto obligados como consecuencia de la transferencia de la... las transferencias sobre la materia de las Universidades, se han visto obligados de una manera -yo entiendo- nada precipitado, porque nosotros venimos reivindicando aquí, desde el comienzo de esta Legislatura, y entendíamos que la Ley básica de la... sobre Universidades sería la Ley de Coordinación Universitaria, sobre la que habría que vertebrar el futuro de nuestras universidades.

Y ustedes en este Proyecto de Ley... por eso es tan difícil, claro, y es imposible que presenten un plan de financiación. Es que ni siquiera en la exposición de motivos hacen ustedes un análisis de qué partimos. Si no sabemos de qué partimos, si no sabemos a dónde vamos, cómo vamos a proponer ni siquiera un modelo de financiación para garantizar el mínimo, garantizar el funcionamiento mínimo de las Universidades.

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Y ésa es la realidad. Y se pasarán los tres meses, y se pasará esta Legislatura, y dudo muy mucho que ustedes cumplan, ni la promesa del Proyecto de Investigación, ni la promesa de la Ley de Financiación, ni desarrollen, y continúen con la política de percibir con estas manos lo que se transfiere del Estado Central, y entregarlo y distribuirlo, con los criterios de siempre, a las Universidades con esta otra. Y hasta ahí llega su esfuerzo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Arvizu, tiene la palabra.

DE ARVIZU Y GALARRAGA

EL SEÑOR DE ARVIZU Y GALARRAGA: Bien, señor Sánchez Vicente, reitero lo que tantas veces he dicho, y permítame la licencia: siempre es un placer debatir con usted, porque usted da argumentos; no adopta actitudes maximalistas, aunque sea fiel a sus principios; no me habla de condenas de muerte ni de correajes. Y presumiblemente... en fin, son tales esas cosas que se oyen aquí -no por su boca, desde luego-, que cabe presumir que las oigamos quizás hoy en un momento u otro de este debate.

Asómbrame, por cierto -y no referente a usted- que quien en la prensa se ha atrevido a decir -y no lo menciono para que no me pidan turnos por alusiones o no pidan turnos por alusiones en la sesión siguiente-, que el rector de cierta Universidad de la Comunidad estaba aplastado y coaccionado por la Junta y manipulado, no se haya presentado ni siquiera a fijar su posición en esta Proposición No de Ley.

Bien. Mire, déjeme de etiquetas progres y etiquetas conservadoras. Eso está más visto que "El último tango". Por favor, yo no le califico a usted de progresista; no me califique usted a mí de conservador, por favor. Yo no lo he hecho, lo ha hecho usted. Por lo tanto, vamos a dejarnos de etiquetas, porque entonces nos enzarzaríamos en una discusión filosófica que, desde luego, le prometo que no iba a llegar a ninguna parte.

A ninguna parte va a llegar también el que yo me pronuncie aquí sobre otra cosa que usted ha dicho, sobre estar o no estar en la Mesa de las Cortes. No es cuestión de esta Proposición.

Lo que sí me reitero, en lo que sí me reitero es en lo que yo he dicho sobre los antecedentes de su propia Proposición No de Ley. Porque los antecedentes los dice usted, y en la primera línea nos explicita perfectamente que "es perfectamente conocido que el Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria de Castilla y León no responde en lo esencial a los grandes principios..." etcétera, etcétera.

Mire usted, señor Sánchez Vicente, se puede, al hacer una Ley de Coordinación Universitaria o al hacer cualquier otra ley que tiene que respetar la ley del Estado o la... o la propia Ley constitucional, se pueden hacer dos cosas -es pura técnica legislativa; usted es jurista como yo y me va a seguir perfectamente-: repetir uno por uno los artículos de obligado cumplimiento o, no repetirlos, porque lo que ya está dicho en una Ley Orgánica no tiene ninguna necesidad de ser dicho en una Ley de la Comunidad. Es más, no me diga usted: ustedes no reconocen como servicio público la Universidad, porque ya está dicho en la Ley Orgánica; no necesitamos introducir esa denominación, porque ya está dicho y nosotros no podemos tener otra visión de las cosas que vulnere la Ley Orgánica y la Constitución. Y punto.

Lo que sí le digo... y en eso me reitero, porque sí me he leído con mucha atención -como me merecen todas sus iniciativas- la Proposición No de Ley que presenta, es lo que usted pide. Y yo, en nombre de mi Grupo, repudio, rechazo, que ese plan de financiación revista forma de ley, que es lo que usted pretende. Aquí el desacuerdo es de principios y el desacuerdo es absoluto. Porque una ley comporta una rigidez en el procedimiento tanto de elaboración, como de modificación, como de revisión, que no se presta a lo que es la autonomía universitaria. Porque yo creo que usted no sabe todavía lo que es la autonomía universitaria, o no quiere enterarse, o no puede enterarse por su propia deformación.

Mire usted, en una Universidad hoy, en virtud de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho, a la que se adecúa la LRU y los respectivos Estatutos de cada Universidad, la política de inversiones, la política de dotación de plazas de profesorado no la deciden estas Cortes, la decide el Rector, para bien o para mal, ayudado por cada Junta de Gobierno en la medida en que esa... ese deber de consejo o de aprobación se lo impongan sus Estatutos. Eso es la autonomía y no otra cosa. ¿O es que usted quizá entiende por autonomía otra cosa completamente distinta?

Pero usted no puede en un plan decir a la Universidad "A" o "B" le voy a dar ciento cincuenta plazas de ayudante, porque eso vulnera la autonomía. El Rector le diría: "no quiero ciento cincuenta plazas de ayudante; con ese dinero puedo poner seiscientas plazas de asociados, o diecisiete de catedráticos; y no quiero construir una biblioteca, porque voy a comprar... o voy a hacer un pabellón de deportes, o comprar un millón de libros". Ésa es la autonomía.

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¿Qué diría cualquier Rector si se encontrase con su Proposición No de Ley? Pues diría esto: ¿dónde queda la autonomía que la ley concede a la Universidad, y que yo tengo que llevar a la práctica? Ustedes no me permiten prácticamente ningún margen de maniobra. ¿Eso le gusta a usted? Pero yo creo que eso es malo para la propia Universidad, ¿eh? Y llevo en ella, pues, toda mi vida. No es que esto pueda ser un argumento convincente, pero, en fin, por lo menos a mí me sirve. Si le sirven veintisiete años de estar dentro de la Universidad, pues... a mí, desde luego, he acabado aprendiendo bastantes cosas.

La planificación, por tanto, y mucho menos con forma de ley, una ley de planificación universitaria es un instrumento que choca contra la autonomía. Pero es más, usted me puede decir: eso son las posiciones conservadoras de la derecha, de no sé qué, de no sé cuántos. Dígalo usted, si quiere. Pero yo a eso le voy a contestar leyéndole un considerando, que no son más de ocho líneas -y estoy seguro contar con la benevolencia del Presidente para podérselas leer-. La cuestión viene al cuento siguiente: la Universidad de León fue la primera en suprimir la exención de tasas académicas para los funcionarios o hijos de funcionarios del Ministerio de Educación, porque entendía que tal cosa vulneraba la igualdad de oportunidades. Hubo un recurso, que ahora se ha fallado en contra de los recurrentes y a favor de la Universidad, en el Tribunal de... Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es quien en último caso, si hay problemas sobre tales cuestiones, acabará por pronunciarse. Pues fíjese usted qué jurisprudencia sienta:

Considerando cuarto. Sumario 24/601/95.

"Las Universidades son, a la vista de la normativa vigente, fundamentalmente los ya citados Artículos 27.10 de la Constitución y los Artículos 3 y 6 de la Ley Orgánica 11/83, de Reforma Universitaria, entidades dotadas de un nivel de autonomía tal que impide considerarlas como integradas en la Administración del Estado o de las respectivas Comunidades Autónomas, o como sometidos a la tutela de la alguna de dicha Administraciones. Lo que significa que, según lo expuesto, los órganos económicos-administrativos carecen de competencia para conocer las reclamaciones que se deduzcan contra los actos de gestión, inspección y recaudación de sus tasas."

Esto último, a partir de "los órganos económicos-administrativos carecen de competencia" se adecua explícitamente o estrictamente a la cuestión de la exención de tasas. Pero lo otro es un principio general. Ésta es la autonomía universitaria.

Como decían antes los latinos -y seguro que hay aquí un Procurador que le gusta especialmente que yo cite en latín-, Roma locuta est, causa finita est, ¿no?, la jurisprudencia está sentada. Si no me cree usted a mí, por lo menos crea a los Tribunales.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. ¿Algún Grupo desea consumir... para fijar su posición? Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Jesús Cuadrado tiene la palabra.

CUADRADO BAUSELA

EL SEÑOR CUADRADO BAUSELA: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Para fijar la posición de mi Grupo con respecto a esta Proposición No de Ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida.

Bueno, en primer lugar, quiero manifestar, en nombre de mi Grupo, un acuerdo de fondo sobre los argumentos que subyacen en la Proposición No de Ley presentada. Efectivamente, la Comunidad está en este momento a falta no sólo de una Ley de Coordinación Universitaria desde hace tiempo, y se comprometió la presentación en tiempos anteriores, se ha ido incumpliendo. Es verdad que, vamos, en este Pleno vamos a discutir un Proyecto de Ley -y ya hablaremos de él-; no conviene -creo yo- mezclar los dos debates: el debate de esta Proposición No de Ley con el debate posterior que tendremos sobre la presentación de algunas Enmiendas a la Totalidad. Pero acuerdo de fondo con respecto a los argumentos que se emplean.

Efectivamente, hay una necesidad de programación de la política universitaria de la Comunidad Autónoma. Por supuesto, hay algo previo: esta Comunidad Autónoma tiene que tener su propia política universitaria, no sólo por lo que dice la LRU, sino por el sentido común de la existencia de cuatro Universidades públicas que actúan sobre el mismo territorio y que, por lo tanto, hacen más necesaria que en otras Comunidades Autónomas la coordinación. Eso parece bastante evidente. La necesidad de una programación que incluya, por supuesto, los compromisos de financiación.

Yo creo que hacer cantos a la autonomía universitaria no son a estas alturas necesarios. Yo creo que ya una Sentencia del Tribunal Constitucional, a propósito de una decisión de un Gobierno gallego, dejó las cosas suficientemente claras. Fue el único Gobierno que se atrevió a tomar una decisión en relación con un Estatuto de una Universidad, que, según Sentencia del Tribunal Constitucional, pues no respetaba la autonomía universitaria. Yo creo que desde entonces -y han pasado unos cuantos años-, pues a ningún Gobierno Autónomo, a ninguna Comunidad Autónoma, a ningún Parlamento Regional se le va a ocurrir intervenir en el ámbito perfectamente definido en nuestro ámbito... en nuestro marco jurídico de la autonomía universitaria, sin necesidad de recurrir a más argumentos.

(-p.3380-)

Pero es necesaria una programación, y es urgente en nuestra Comunidad Autónoma una programación universitaria. Ninguna programación universitaria puede dejar de ir acompañada de un compromiso presupuestario, de un compromiso de financiación. Indudablemente, no se le puede hacer el juego a los rectores de decir que respetamos su autonomía universitaria, pero no le ponemos el dinero, que sólo puede salir de las arcas públicas, para que puedan hacer frente al aumento de estudiantes, al aumento de divulgaciones, a la necesidad de mayor calidad de la enseñanza, etcétera. Me parece que ese tipo de falacia es conveniente que desde un ámbito como el parlamentario, que tiene mucho que ver con las necesidades y la necesidad de dar respuesta a las necesidades de las Universidades públicas de Castilla y León, eso yo creo que no es... no ayuda en absoluto al desarrollo de la calidad universitaria, del servicio público que representan las Universidades públicas de Castilla y León.

Yo creo que también hay necesidad no solamente de dar respuesta a un marco jurídico, sino de dar respuesta a una necesidad real de financiación de las Universidades.

Diré que nosotros nos vamos a abstener en esta Proposición No de Ley, porque pensamos que no es una ley, efectivamente, de financiación quien responde a esta necesidad. Nosotros entraremos pronto en el debate del Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria. Echamos en falta muchas cosas en el Proyecto de Ley. No voy a argumentar ahora, porque luego vamos a hablar de ello. Es decir, no se puede dejar en un... dos artículos absolutamente insulsos el compromiso de financiación de la Comunidad Autónoma con las Universidades públicas. Eso no da respuesta, indudablemente. Pero el hecho de que la Ley... el Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria no dé respuesta, creo que no debe ser sustituido por la creación o por echar en marcha un proceso legislativo como la elaboración de una ley de financiación. Me parece que no es en absoluto es necesario... no es en absoluto necesario. Entre otras cosas, porque la propia ley -lo hace copiando otros textos legales- establece una -como es de pura lógica-... una programación plurianual. Es decir, establece cuatro años; parece que los cuatro años sí son correctos, los cinco años no. En cualquier caso, es necesario una programación plurianual; es decir, es imposible hacer una programación de política universitaria en la Comunidad Autónoma que no contemple esta... que no contemple esta cuestión.

Y, por supuesto, hay cuestiones, como la relación entre la Comunidad Autónoma y las Universidades privadas que conviene aclarar.

Pero a mí me parece que fundamentalmente el malestar que seguro que hay detrás de la presentación de esta Proposición No de Ley es absolutamente razonable.

Diré dos... dos cosas para terminar en esta argumentación: las Universidades públicas de Castilla y León por razones obvias, entre otras porque ha crecido espectacularmente el número de estudiantes universitarios en los últimos doce años, por citar alguna... alguna cifra, sobre todo espectacularmente en esos años, pues a medida que crece espectacularmente el número de estudiantes, a medida que hay una demanda mayor de calidad del sistema universitario, ha tenido que ir aumentando la financiación pública, ¿eh? El propio Consejo de Rectores, la Comisión Académica del Consejo de Universidades establece unos datos, para no citar algunos que puedan considerarse de parte, absolutamente contundentes: mil novecientos ochenta y cuatro-mil novecientos noventa y uno, ha habido que multiplicar por dos los recursos públicos para las Universidades.

¿Dónde está el malestar, dónde está la preocupación? En que desde que se decide esto en esta Comunidad Autónoma por parte del Grupo mayoritario, pues aumenta por debajo del Índice de Precios al Consumo la aportación pública de recursos a las Universidades. Se está produciendo un bloqueo en la financiación pública que, indudablemente, necesita una respuesta. El Parlamento tiene que darla, tiene que dar esa respuesta a través de la obligación de una programación que nosotros nos planteamos como una programación necesaria para un Gobierno de Castilla y León, que no necesariamente tiene que ser el del Partido Popular.

Y en segundo lugar -y termino, señor Presidente-, en segundo lugar, no es verdad que no se pueda hacer un plan de financiación -un plan, no una ley de financiación- sin que se hayan producido otros desarrollos legislativos. Yo tengo aquí el Plan de Consolidación de Ampliación de la Universidad de Castilla-La Mancha mil novecientos noventa y siete-dos mil cinco, aprobado por unanimidad por el Consejo Social el día doce de marzo de mil novecientos noventa y siete, previo informe favorable de la Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, que a su vez aprueba el Consejo de Gobierno, y que ha sido aprobado por el Parlamento Regional de Castilla-La Mancha.

Esto que contrasta con la realidad universitaria de Castilla y León es lo que también a mi Grupo le preocupa. Y esperemos que en el debate parlamentario que tiene que ver con el Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria podamos resolverlo. Esta Comunidad Autónoma en dos años ha bloqueado los recursos, la aportación de recursos públicos a las cuatro Universidades públicas de Castilla y León. Y estos señores son los responsables. Indudablemente, de esa preocupación tiene que nacer una respuesta. Nos abstendremos porque pensamos que ésta no es la respuesta correcta para el problema al que nos referimos. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para cerrar el debate, el Procurador proponente tiene la palabra.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: El Portavoz del Grupo Popular, después de, con fina ironía, pues utilizar conceptos... "plan quinquenal" como si fuera algo demoníaco, etcétera, después de hacer diferentes circunloquios en su intervención, ha ido al fondo de la cuestión y nos ha dicho de verdad por qué no le gusta esta Proposición No de Ley. Y ha basado su oposición con dos cosas:

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No le gusta -dice- porque se pretende que sea... el instrumento que se utilice sea una ley. Ésa es la primera cuestión que el señor Arvizu nos ha apuntado. Y yo le digo que, efectivamente, que nosotros queremos que sea una ley. Y le digo, además, por qué queremos que sea una ley: porque nosotros entendemos que el Legislativo tiene que controlar al Ejecutivo, y que es preferible que algo que se discuta en el Parlamento Regional -que, en definitiva, es la institución que representa a todos los castellano-leoneses- responderá democráticamente mejor que si la respuesta la da el Ejecutivo; y además siguiendo los criterios que ha venido siguiendo en tantas cuantas leyes se han elaborado, o disposiciones sobre materia de Universidades, o sobre educación en general, es decir: de espaldas a la comunidad universitaria, sin contar con su participación. Nosotros queremos que la financiación de las universidades sea haga mediante ley, para que el Legislativo -repito- controle al Ejecutivo, que es el papel fundamental que tiene esta Cámara.

En segundo lugar, nos dice que no apoya la Proposición No de Ley porque con ello, si se apoyara el contenido, se estaría violando la autonomía universitaria. Y ha tenido a bien leernos una sentencia, un considerando de una sentencia que sirve para todo, sirve absolutamente para todo. ¿Quién va a negar a estas alturas la autonomía universitaria? Nadie, y yo mucho menos. Usted ha sido profesor en la Universidad, y sigue siéndolo, y yo lo he sido algún que otro año, ¿comprende? También he compartido la experiencia de la Universidad, tanto como profesor como alumno. Luego conozco exactamente igual que usted el funcionamiento de la Universidad. Pero, en cualquier caso, ni mi Grupo, y yo mucho menos, vamos a negar en absoluto el principio de autonomía universitaria.

Pero es más, es más, es que si la Proposición, el contenido de la Proposición No de Ley violara en alguno de sus puntos la autonomía universitaria, le diría a usted que estarían violando este mismo principio las leyes de... sobre esta materia de Canarias, de Galicia y de Cataluña. Que ya le repetí en la primera intervención que, en su contenido sustancial, la propuesta de Izquierda Unida es un compendio de la propuesta que contienen diferentes leyes ya en vigor en otras Comunidades que tienen transferida la materia de Universidades.

Miren ustedes, la verdad es que lo cierto es que el Proyecto de Ley, como no intenta definir los objetivos ni los planteamientos de política universitaria para Castilla y León, quizá sea ésa la razón por la que no se disponen ni las más mínimas garantías de la financiación necesaria para la actividad universitaria.

Mire, garantizar -y lo ha dicho anteriormente el Portavoz del Grupo Socialista, pero es absolutamente cierto-... garantizar la suficiencia financiera de la Universidad estableciendo unos mínimos, que deben ser respetados en cada ejercicio presupuestario... es más, y yo diría, además, vinculando, vinculando la financiación, la suficiencia financiera al cumplimiento por parte de las Universidades de los objetivos que se fijen en la programación universitaria, y al mantenimiento de los requisitos de calidad cuantificables objetivamente. Esto se puede hacer, señor Arvizu, esto se puede hacer, señores del Grupo Popular.

Y, en definitiva, en definitiva, la Proposición No de Ley que presenta Izquierda Unida -repito- no les gusta a ustedes porque no es la suya. No es cierto que se viole el principio de autonomía universitaria, no es cierto que se esté violando la Constitución -como usted dice-, y mucho menos, nos parece todavía menos de recibo que a usted le moleste que algo tan importante como la financiación de las Universidades se haga desde el Ejecutivo, de espaldas a la Cámara.

Nosotros, por eso, creemos oportuna, por todas estas razones... y ya discutiremos posteriormente en el Proyecto de Ley, cuando discutamos el Proyecto de Ley a fondo, lo que ustedes pretenden. Porque una cosa es lo que ustedes pretenden y otra cosa es lo que el tiempo hará y quitará razones. Yo les aseguro que con el Proyecto de Ley no podrán absolutamente desarrollar ningún principio de los que se contienen en la LRU. Y, si no, al tiempo, señor Arvizu.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Procedemos a someter a votación la propuesta sobre un Plan de Financiación de las Universidades de Castilla y León, que el señor Sánchez Vicente acaba de defender. ¿Votos a su favor? Tres. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, sesenta y cuatro; a favor, tres; en contra, cuarenta y dos; y abstenciones, diecinueve. En consecuencia, queda rechazada.

Señor Secretario, le ruego dé lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Octavo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por los Procuradores doña Leonisa Ull Laita, don Octavio Granado Martínez, don Fernando Benito Muñoz, instando del Gobierno de la Nación el desdoblamiento de la carretera Nacional 122, en los tramos Soria-Valladolid y Zamora-Portugal".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En nombre de los Procuradores proponentes, la señora Ull Laita tiene la palabra.

ULL LAITA

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LA SEÑORA ULL LAITA: Gracias, Presidente. Señorías. La necesidad del desdoblamiento de la carretera Nacional 122 en su totalidad ha sido puesta de relieve desde múltiples instancias. Y, sin duda alguna, recogiendo esta inquietud general y a fin de sacar provecho electoral de la misma, durante la última campaña, en diversos actos públicos, y en particular en un acto en Aranda de Duero -al que asistió el señor Rato-, don Juan José Lucas prometió a los electores el desdoblamiento de la citada carretera.

Con posterioridad, el Presidente de la Junta de Castilla y León anunció que en una entrevista que habría de mantener con el Presidente del Gobierno, señor Aznar, plantearía la necesidad de proceder al desdoblamiento de la carretera Nacional 122, Soria-Portugal.

Tras la citada entrevista, el Presidente de la Junta anunció que se comenzaría el desdoblamiento de la citada carretera, pero entre Tordesillas y Zamora. No se acordó, al parecer, ni de su promesa de que si el Partido Popular ganaba las elecciones el Gobierno procedería al desdoblamiento de la totalidad de la carretera, ni de que el desdoblamiento del tramo Zamora-Tordesillas ya había sido aprobado con anterioridad a las elecciones generales, a iniciativa del Partido Socialista Obrero Español. Así, en contra de las promesas manifestadas por el partido Popular en su campaña electoral, el tramo que discurre desde Soria por la Ribera del Duero y el tramo Zamora-Portugal quedarían marginados.

Mientras tanto, el Consejero de Fomento llegó a afirmar que si el proyecto no se contemplaba para este año, se contemplaría para el siguiente. No había ido en ese paquete; parece ser que en el próximo paquete quedaría incluido.

El viernes diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León presentó el denominado Plan de Actuaciones Prioritarias e Infraestructuras del Transporte. En este Plan, que tendría una vigencia hasta el año dos mil -según afirmó el Consejero-, se afrontarían, junto a diversas actuaciones en la Red Regional Primaria y Secundaria tres grandes proyectos: el desdoblamiento de la carretera Tordesillas-Zamora, la autovía León-Burgos y la Ronda Interior Sur de Valladolid. Quedaba, pues, una vez más, condenado al olvido el desdoblamiento de la 122 en sus tramos que discurren por la Ribera del Duero y el tramo Zamora-Portugal.

El desdoblamiento de esta vía de comunicación en tramos como el que afecta a la Ribera del Duero es de capital importancia para una zona de la Comunidad donde el turismo y la actividad industrial, y en particular la vitivinícola, tienen una especial trascendencia como motores de desarrollo. Y se trata, además, de una zona -La Ribera- donde las comunicaciones han de realizarse necesariamente por carretera.

Para que ustedes, señores del Partido Popular, sigan hablando del "Corredor del Duero" y su desarrollo turístico, industrial y social, el Partido Popular tiene que acometer sin demora el desdoblamiento de dicha carretera. Estamos en el ecuador de la Legislatura; es más que el momento de empezar a cumplir alguna de sus promesas electorales. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se ha presentado, por el Grupo Parlamentario Popular, una Enmienda a esta Proposición No de Ley. Para su defensa, el señor Zamácola tiene la palabra.

ZAMÁCOLA GARRIDO

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente. Como hemos acabado de oír, Su Señoría ha hecho historia sobre las diversas peticiones de desdoblamiento de la Nacional 122, y también ha hecho mención de las promesas que el Presidente de la Junta hizo al respecto, y de las gestiones que el Presidente hizo ante el Gobierno de la Nación para obtener que esto se produjera.

A mi modo de ver, a partir de ese momento -y de forma yo entiendo que tendenciosa-, Su Señoría manifiesta unos juicios de valor erróneos. Su Señoría dice que no se acuerda el Presidente y el Grupo Parlamentario Popular, o el Partido Popular, de desdoblar la totalidad de la 122. Habla también de que el desdoblamiento se empezó a hacer a instancias del PSOE. Y también comenta que en el PAPIT se olvida del desdoblamiento de los dos tramos que ella propone. Yo creo que Su Señoría está equivocada, y voy a intentar explicarle o rebatirle, tanto aquí como luego en el núcleo de su resolución.

Mi Grupo ha presentado una Enmienda que, en términos generales -ya la conocen Sus Señorías-, dice que se desdobla la 122, pero en toda su totalidad, al paso por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Y se ratifica así, siendo así la razón de esta presentación.

Mire usted, Señoría, para el Gobierno de Castilla y León actual, y me imagino que para los futuros y los anteriores, constituye un objetivo irrenunciable la totalidad del desdoblamiento de la Nacional 122. Y yo entiendo que por esta razón, exclusivamente, su Proposición es obsoleta. Y tome nota: en septiembre del noventa y cinco, el Consejo General de Asociaciones de Municipios Ribereños del Duero, reunido en Zamora, el entonces Alcalde de Aranda ya dijo que el Presidente Lucas venía pidiendo la totalidad del desdoblamiento de dicha carretera. En Bruselas, el Presidente, en contacto con el Presidente Sampaio, se lo vuelve a pedir en enero del noventa y siete. En Alcañices, se lo vuelve a pedir ante su Majestad el Rey, en junio del noventa y siete. Y por fina, y gracias al Gobierno Aznar -no lo olvide, y luego le daré fechas-, se firma y se vuelve a pedir la totalidad del desdoblamiento. Luego de olvido, nada, Señoría.

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También en sus Antecedentes, y contrariamente a lo manifestado de que el desdoblamiento se inició a instancias del Partido Socialista, le tengo a usted que decir que no, porque la mejor... o el mejor ejemplo de que es falso es que en el PDI (Plan Director de Infraestructuras) del Gobierno Socialista no se incluía; e hizo una firma de convenio previo a las elecciones generales del noventa y seis, y luego "adiós, que no me acuerdo". Pero eso empezó en el año noventa y dos, y le voy a explicar por qué empezó.

La Junta de Castilla y León, ante el actual Gobierno y, en su día, ante el señor González -como ya le he indicado-, pidió el desdoblamiento total de la 122. Y ante la tomadura de pelo del señor González para esta Región en esos temas, no tuvo más remedio que convenir, ofertando el 50% de su gasto, para intentar empezar a construir ese desdoblamiento. Y ¿en dónde? Pues, lógicamente, donde más interesaba -y luego también le daré la razón de por qué-: en unir una capital de provincia, la única que nos quedaba sin autovía, con el núcleo más importante de autovías. El también Gobierno Socialista -como le digo- firmó un convenio, y además, para autovía... para vía de gran capacidad, no para autovía, antes de las elecciones generales.

Luego, por tanto, Señoría, de iniciativa socialista, otra vez, nada de nada. El que lo está haciendo y lo ha firmado ya -lo sabe usted muy bien- es el Gobierno de Aznar, bien que le pese a mucha gente.

Y la tercera razón que da usted en sus antecedentes, en el PAPIT, yo tengo que decirle que en el PAPIT se ejecutan, se estudian y se preparan actuaciones sobre carreteras de titularidad regional, no nacional; luego difícilmente puede estar ahí. Únicamente se considera en el PAPIT el tramo convenido, que usted conoce, Su Señoría, y que va a gestionar Gicalsa por el tema suyo de financiación diferida, pero nada más. El resto, como es nacional, no puede estar considerado en el PAPIT. Luego no se puede olvidar, porque no se puede ni mencionar esa carretera.

Pero ahora me voy al núcleo de su Resolución. Desde luego, no estamos de acuerdo en el desdoblamiento de ciertos tramos. Y le voy a preguntar: mire usted, usted intenta razonar -para mi modo de ver, más bien mal que bien- el por qué es importante para la Ribera del Duero, pero yo mucho le agradecería que en su siguiente intervención me dijera por qué el tramo de Portugal a Zamora, porque es que no dice usted ni pío en su Resolución; no razona nada, no basa nada. A lo mejor es que nos lo va a decir ahora. Se lo pido.

Pero también voy a decir una cosa que quiero decirle: mire usted, usted es Procuradora de toda una Región, ¿eh? La Nacional 122 la atraviesa entera. No sea usted localista, no se vaya a un trocito. Coja usted... Sea generosa y coja toda la Nacional 122. Desde luego, ignorar tramos de esa carretera, como Valladolid-Quintanilla de Onésimo, zona en que empieza la zona la denominación; o por ejemplo, San Esteban de Gormaz, límite de provincia de Aragón... Pues díganos usted, Señoría, qué le han hecho esos ciudadanos para que usted los tenga olvidados. ¿Por qué razón Zamora-Portugal sí y esas dos zonas no? Cuéntenoslo porque, desde luego, este Procurador desconoce la razón.

Y en el último tema ya, en cuanto al convenio de financiar, hay muchas razones. Primero, la financiación se hizo por esa razón, que era objetivo prioritario del Gobierno unir la única capital de provincia que no tenía autovía con la red principal de autovías. En segunda razón: no tenemos presupuesto económico para abordar ese tema en toda la Nacional 122. Y en tercer lugar ( y ya acabo, porque me he pasado un pelín), decirle únicamente, ¿eh?, decirle únicamente que es una carretera de titularidad estatal y, por tanto, el Estado debe de correr con ese tema, y no ser convenida. Que tuvimos que forzarnos a convenir ese trozo para unir Zamora con la carretera.

Por tanto, Señoría, yo le presento la siguiente Propuesta de Resolución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta para que solicite al Gobierno de la Nación el desdoblamiento total de la carretera Nacional 122 a su paso por la Comunidad Autónoma de Castilla y León". Muchas gracias, Señoría. Y gracias por su benevolencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para la réplica, señora Ull Laita.

ULL LAITA

LA SEÑORA ULL LAITA: Gracias, señor Presidente. Pues, señor Procurador, yo, en la Proposición No de Ley, digo "Soria, Valladolid y Zamora-Portugal" porque hay tramos que, a mi juicio -y disculpe si es así-, están ya desdoblados, aunque no se llame 122. Pero Valladolid-Tordesillas... hay un desdoblamiento, hay una autovía. Es por ésa... la razón. Pero si en el proyecto que ustedes tienen es que piensan seguir desdoblando, y que de Valladolid a Tordesillas van a cuadriblar en lugar de desdoblar, yo, mire, como todo ciudadano de Castilla y León, le digo que estupendo.

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Yo he comprendido perfectamente lo que usted acaba de decir: que la competencia la tiene Madrid, no Valladolid, que es una carretera nacional... Pero oiga, ¿eso es ahora y en la campaña no, o en la campaña y ahora? Porque claro, si en la campaña electoral -y eso lo he oído yo, y lo he leído yo, y lo he oído en la radio en Aranda de Duero-, si en la campaña electoral, el que ustedes ganasen las elecciones en Madrid era motivo suficiente para desdoblar la 122, con eso estaba todo arreglado, bueno, yo no sé por qué ahora argumenta usted que ése es un tema nacional. "Que lo sepa usted", me dice. Si yo ya lo sé. Los que se conoce que no lo sabían eran ustedes en campaña electoral. Pero si... ¿no le digo que hasta yo me ponía contenta? Pues, fíjate por dónde, va a ganar el Partido Popular y el desdoblamiento de la 122, al día siguiente, empieza. Así lo manifestaban ustedes, más o menos, en campaña.

De manera que yo le digo que cumplan la promesa electoral. Nada más. ¿Que usted me hace ahora recomendaciones? Todas las que quiera me puede hacer, pero yo siempre le diré que esas recomendaciones previamente las debían de haber hecho, en la campaña electoral, en la Ribera del Duero.

Y mire, no soy localista. Lo que pasa es que yo vivo en una Comarca que considero está un poco -y voy a ser muy moderada-, un poco abandonada. Y que en una Comarca donde todas las carencias que padece las iban a arreglar ustedes -incluido el paro, incluido el paro- en cuanto ganasen las elecciones; en el ecuador -como he dicho antes- de la Legislatura, entendemos algunos que era momento de haber iniciado algo, de haber empezado a hacer algo.

Mire, la evidencia de la Nacional 122 no la pueden negar. Ayer mismo, ayer, volvía yo de un viaje que hicimos la Comisión de Cultura al Burgo de Osma y presencié un accidente espeluznante, terrorífico. Si usted añade a la circulación de la 122 los tractores con la remolacha, con las uvas, los camiones que van a Portugal, etcétera, etcétera, y frecuentase usted esa 122, entendería conmigo que es de vital importancia. Y si, además, usted quisiese potenciar el desarrollo de esa Comarca, de la Comarca de la Ribera del Duero, hermosa también para ustedes... "Importantísimo ese Corredor del Duero" -¡qué palabras tan bonitas sabemos decir todos en campaña!-, pero que después uno dice: bueno, pues, ¿cuándo van a empezar las gestiones?, ¿cuándo van a empezar a gestionar la compra de terrenos para empezar ese Corredor del Duero?, ese desdoblamiento a través del Corredor del Duero, desde donde nace el Duero, porque el Corredor empieza desde donde nace, y acaba donde desemboca.

Y yo no olvido Zamora-Portugal; no señor. No he dicho nada porque la considero el Corredor del Duero, y afecta a la 122 -repito- en algún tramo. No es que lo he olvidado; es que he considerado que estaba desdoblada. Pero repito, si ustedes quieren cuadriblar, háganlo; los ciudadanos de Castilla y León, encantados, ¿eh? O sea, que no les vamos a poner ninguna pega.

Mire, yo, hace muy poco, pregunté al Consejero de Medio Ambiente qué iban a hacer con el vertedero de Peñafiel. Pues mire usted: entre la niebla, la lluvia, el vertedero echando humo y lumbre muchísimas veces, los camiones, la remolacha -que entre la remolacha y la uva, pues fíjese usted la época del año que coge; tal vez la de lluvias, la peor-, es intransitable. Mire, el otro día, al volver -y después de haber hecho la pregunta al Consejero, me hubiese gustado mucho que él hubiese viajado por esa carretera-, el panorama era dantesco; dantesco; de pena. Me parece, señor Zamácola, que ustedes se irritan excesivamente cuando se les recuerda algún tema de su programa, de sus promesas. Y... bueno, lo hacemos con todo el derecho del mundo; no hay motivo para que ustedes se violenten.

Entonces, hablan de mala información, de superficialidad, de que una está equivocada. No señor. Lo que pasa es que a ustedes les duele que se les administre una pequeñísima dosis de la medicina que ustedes han aplicado y han utilizado durante trece años de Oposición. No les gusta. Les salen habones. Pues comprendan que la Democracia es así, y que vamos a exigirles el desdoblamiento de la 122, la Residencia de Tercera Edad en Aranda, promesa incumplida... la pública, la pública, que les vamos a demandar desde diversas comarcas y lugares.

Porque yo sí que soy Procuradora de Castilla y León; lo sé porque estoy muy orgullosa, y me gusta mucho, y me parece algo hermosísimo. Pero mire, yo no conoceré tan bien como conocen los compañeros los temas de El Bierzo, como los conocen ellos; justo es, y no me niegue el derecho de que yo aquí defienda los temas de la Comarca de la Ribera del Duero; porque con mi voto defiendo el resto; levantando mi mano, defiendo el resto. Pero no me va a negar usted a mí el derecho de venir aquí y levantar la bandera por la Ribera del Duero, porque es que me da igual; o sea, a usted le puede parecer mal o bien, me puede llamar localista también. Y también en campaña, cuando vayan allí, pueden decir que Leonisa Ull defiende los temas de la Ribera del Duero, que es una localista. ¿Por qué no lo hacen? Hay que decirlo todo, entonces y ahora.

Y yo creo que como es su propio Partido el que gobierna en Madrid, pues supongo que todos los días, cuando hablan por teléfono, o un día sí y otro no, pues le dirán: oye, mira, Aznar, que es que las promesas que hicimos aquí nos las están urgiendo; oye, que es que la 122 es un tema muy importante, porque realmente va a suponer el desarrollo de esta Comarca, de esta Región, porque va de allá a allá.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por favor, ha consumido el tiempo.

ULL LAITA: Y

LA SEÑORA ULL LAITA: Y yo creo que eso es una cosa, y otra es que manden ustedes, que envíen a Madrid, al Ministerio correspondiente -yo ya ni pido que se lo manden al señor Aznar-, donde se exija, donde se exija el comienzo de este desdoblamiento.

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Y yo voy a reservarme para el próximo turno la Propuesta de Resolución, si no le parece mal. Y yo le pido que me responda lo que quiera, pero que a mí, los tonos envalentonados, mire usted, no me dicen nada. Muchísimas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para dúplica, señor Zamácola, tiene usted la palabra.

ZAMÁCOLA GARRIDO

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Gracias, señor Presidente. Mire usted, Señoría, de tono envalentonado, nada, y si así ha sido, le pido disculpas; yo no he querido tono envalentonado. Otra cosa que también quiero decir es que no me irrito; simplemente que yo -creo que usted me conoce y me conocen todos los Procuradores- soy una persona vehemente en mi forma de hablar, pero no estoy irritado. Y, desde luego, no me violento, ni me preocupa, ni me duele lo que me dice usted. Eso quede claro, por encima de todo. Y también quede claro, por encima de todo, que me parece muy bien que ustedes nos controlen, que ustedes hagan una labor de opositor seria y fuerte, y que les dure muchos años. O sea que, por lo tanto, no se preocupe.

Yo... Cuando ha empezado usted a hablar, me ha empezado a hablar de Valladolid-Tordesillas. Yo no he hablado de ese tramo en la Nacional 122, en absoluto. Ésa está... es la 630 que ahí empalma con ésa, pero yo no he comentado. Yo lo que sí le he dicho, y usted no me diga que eso lo ha oído, y, desde luego, no me lo diga que me lo va a enviar, porque le tendré que recordar lo que pasó en una Comisión que estuvimos usted y yo, en que me prometió que me iba a enviar unas cosas que salieron en el Ayuntamiento de Aranda sobre la circunvalación, y todavía las estoy esperando; no me las ha enviado, ¿eh?

A esto yo le tengo a usted que preguntar una cosa. Primero: en trece años de Gobierno Socialista, ¿por qué no han pedido esa... este tema? Y usted, cuando fue Alcaldesa durante cuatro años, ¿por qué no lo pidió nunca? Porque en el Pleno de su... de su Ayuntamiento, y a instancias del Grupo Popular, se pidió, pero a instancia del Grupo Popular. Pero usted no abrió la boca. Entonces, es una duda que yo quiero que quede... que quede aquí, o usted, si puede, me la conteste. Porque, desde luego... y repito, no me prometa que me va a enviar, porque luego pasa mucho tiempo y yo sigo sin recibir nada.

Yo creo que a usted la he rebatido lo que decían los antecedentes y en el núcleo. Y mire usted, yo no he querido hablar de promesas, porque ¿para qué voy a hablar de la primera piedra del señor Borrell? ¿Para qué voy a hablar del 20% de la León-Burgos? ¿Para qué voy a hablar del 50%? Mire usted, nos han tomado el pelo durante trece años en infraestructura; no hemos sido Andalucía, y Andalucía no ha convenido. Mire usted, que es que hemos estado de... de patito feo. Yo le comprendo que usted, teniendo ese Gobierno, pues les era muy difícil el tema. Pero las cosas, como usted bien dice, hay que ponerlas encima de la mesa, y voy a tratar de hacerlo fríamente, sin vehemencia, perdóneme.

Usted ha dicho de alguna forma que como es arandina, lógicamente, debe defender la Ribera del Duero. Y yo creo que tenía toda la razón; si yo ahí no le discuto nada. Lo que creo es que, cuando hablamos siempre de temas localistas, hablamos siempre -como dice la palabra- de esa zona, de esa comarca, de esa región. Pero estamos hablamos de un tema mucho más amplio, que es la Nacional 122, que es un eje vertebrador nuestro, como alguna que otra carretera. Y claro, que usted me intente arropar el tema de la Ribera del Duero, bien, me parece fenomenal; ya digo que no muy bien, que no... no me convence, pero lo entiendo.

Pero que usted me deje Zamora-Portugal -porque tampoco me ha contestado de ella-, pues oiga, es que en su Proposición No de Ley no dice, repito, no... no es que diga ni pío; no dice ni mu de la razón de por qué.

Luego usted ha salido diciendo que se va a cuadruplicar los otros tramos. Yo no sé nada de que de Valladolid a Quintanilla de Onésimo -pueblo donde empieza la denominación- haya nada de duplicación. Me los ha abandonado usted a todos esos ciudadanos.

Pero es que me vuelve a abandonar a todos los ciudadanos desde San Esteban de Gormaz -que acaba la Ribera del Duero- hasta más allá de Ágreda.

Y le vuelvo a decir a usted: ¿qué le han hecho esos ciudadanos a su Grupo Parlamentario, o a su Partido, o a usted? Trátemelos igual que los de Zamora o Portugal, porque, que yo sepa, no hay nada duplicado ni en proyecto, como usted dice.

Y usted ha dicho que empezáramos; si ya hemos empezado. Gracias al Gobierno de Aznar, ya se ha firmado, ya se ha empezado; el día dos de julio se firmó, Señoría, ya estamos en marcha. No ha tenido que pasar casi casi ni un año; no trece, como ustedes.

Y claro, usted no nos fía que en un año compremos, expropiemos, hagamos el estudio, estudio de impacto ambiental, proyecto y la construcción, ¡hombre! Yo comprendo que, mal que le pese y aunque le duela un poquitín -que no mucho-, pues, mire usted, el Gobierno del PP a nivel nacional está empezando a hacer las cosas. Y yo comprendo que en el fondo usted se está alegrando, porque está mejorando su Región. Y poco a poco iremos y llegaremos a esa zona, como se llegará a toda la Nacional.

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Yo creo que es una cosa importante para usted y para todos los presentes y ciudadanos de Castilla y León que la Nacional 122, pidamos al Gobierno que siga haciendo gestiones ante quien corresponde en Madrid, para que se desdoble. Que ya han empezado, que continúen, y que cuanto antes venga, mejor. Pero no me pida trocitos, porque, ante eso, mi Grupo Parlamentario se va a oponer. Muchas gracias, Señoría.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijación de posiciones, ¿el Grupo Mixto? Ninguno de sus representantes se halla presente. Se entiende que renuncia. Por el Grupo de Izquierda Unida, señor García Sanz.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Izquierda Unida vamos a apoyar la Propuesta presentada por el Grupo Socialista, porque, en definitiva, lo que viene a exigir es el cumplimiento de una de las reiteradas promesas realizadas por el Partido Popular de manera reiterada, y que esperemos que tenga alguna vez cumplimiento, y que no sea, pues, al ritmo de los 40.000.000 que este año se reflejan en los Presupuestos Generales del Estado. Esperemos que el cumplimiento a ese ritmo, pues, me parece que ninguno de los que estamos aquí llegaríamos a ver el cumplimento de esta infraestructura.

Y el problema, pues claro, viene dado que cuando se ven partidas presupuestarias -como en este caso, en el del Estado- con esa cuantificación, y cuando el Partido Popular se ha desgañitado haciendo promesas de esta naturaleza, pues no le queda más remedio que salir al... en este caso al Consejero de Fomento, al Vicepresidente, para decir que es que el Gobierno sí que va a aportar, en vez de 40, 500.000.000, aunque luego tenga que desdecirse y demás.

Ése es el problema de que primero se hacen promesas, luego no se sabe cómo cumplirlas. Y como lo que casi siempre lo único que se busca es el reflejo periodístico, cuando se ve la realidad de las promesas, que ves en los Presupuestos del Estado, pues vemos esos 40.000.000 exclusivamente para esa infraestructura; que en un principio es Tordesillas-Zamora, pero, claro, el Partido Popular, de manera reiterada, pues ha prometido el desdoblamiento del conjunto de la Nacional 122. Y así, por ejemplo, pues se dice "el Ministro de Fomento, Arias Salgado, y el Presidente Lucas firman el convenio de desdoblamiento de la Nacional 122, globalmente". Sin embargo, luego, cuando vemos los Presupuestos, no se habla de la Nación 122, se habla de la Tordesillas-Zamora. Arias Salgado: "la intención del Ministerio es desdoblar toda la Nacional 122". Entonces, ¿solamente por qué se presupuesta para la Tordesillas-Zamora? Habrá que hablar del conjunto de la infraestructura, porque eso, en definitiva, era el compromiso del Partido Popular.

Y claro, sobre todo porque estamos hablando de un corredor de transporte, del Corredor del Duero que se llama -en este caso de Portugal-Soria-, en donde, claro, cuando hace tiempo, pues, ya se cerraron líneas férreas y ahora no se acometen las promesas reiteradas, y nos encontramos con una infraestructura de carretera absolutamente saturada, pues la exigencia no se trata de que ya se cumplirá esta promesa, sino que hay que exigir que se cumpla y de manera urgente.

El problema que tiene encima de la mesa el Partido Popular es que ha prometido tanto, que tiene que ir intentando reflejar en los Presupuestos pues algo de cada una de las promesas.

Pero claro, a nivel de infraestructuras -no ya de ferrocarril, pero en este caso de carreteras-, ha prometido tanto el Partido Popular de la León-Burgos, de la Ruta de la Plata -que ahí estamos esperando-, de la Nacional 122 -40.000.000-, también la León-Palencia, la León-Valladolid que le exigen los alcaldes del Partido Popular, la Burgos-Logroño -que se ha prometido también-, el Eje Subcantábrico, los accesos a Cantabria. Todo ello está prometido, todo ello autovías; pero partidas presupuestarias, a razón de 40.000.000 y poco más.

En definitiva, de lo que se trata es que son necesarias infraestructuras de esta naturaleza, pero, sobre todo, lo que es más necesario es racionalizar estas necesidades y plantearse el cumplimiento de las promesas.

Y en este caso, no pretendemos desde Izquierda Unida echar ningún capote a nadie, pero lo que sí que llamamos es que no se puede ir por cada localidad de esta Comunidad Autónoma prometiendo una Autovía, prometiendo una infraestructura, para luego no tener la capacidad presupuestaria para llevarlas a cabo; en definitiva, no tener la voluntad política de cumplir esas promesas.

Y como es imposible el ir a cada localidad a prometer una autovía, el Partido Popular, yo creo que ha llegado el momento de que empiece a plantearse seriamente cuáles son las infraestructuras a medio plazo que necesita esta Comunidad y, sobre todo, que es posible presupuestariamente hacerlas. Y ahí, desde Izquierda Unida estamos dispuestos a plantear una posibilidad de acuerdo, pero con el compromiso de llevarlas a efecto.

Con todo esto... estas promesas, y en la medida que el Partido Popular pretenda llevarlas a efecto, pero sin ningún tipo de compromiso presupuestario, estaremos mareando la perdiz, pero no cumpliendo estas infraestructuras necesarias.

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Y algunas inconcreciones que se han planteado, referido a los reflejos presupuestarios, el reflejo en el PAPIT famoso, etcétera, porque el otro día, pues, en las comparecencias del señor Consejero hablábamos de estas cosas, y de las contradicciones entre lo que dicen aquí y lo que dice en otras comparecencias. Si no está reflejado en el PAPIT, no es porque sea una infraestructura de ámbito nacional, porque en el PAPIT, por ejemplo, debiera estar reflejado, al menos, lo que es la aportación de la Junta de Castilla y León que se plantea para esta infraestructura, al igual que se supone que está reflejado, por ejemplo, ahora, en los Presupuestos lo que se supone el coste financiero, que ya la Junta de Castilla y León está haciendo frente a los costes que supone la gestión de Gicalsa de la Autovía León-Burgos. Eso tiene ya ahora mismo un reflejo en los Presupuestos.

Así pues, se supone que si la Junta de Castilla y León tiene intención de llevar a cabo su partida presupuestaria correspondiente a la Nacional 122, lo lógico es que figurara en el PAPIT, que -hablando de planes quinquenales- se supone que es un plan quinquenal de infraestructuras de carreteras por parte de la Junta de Castilla y León. No sé si es que tiene el señor Consejero últimamente algún tipo de tentación soviética a la hora de elaborar planes quinquenales de infraestructuras de transportes, pero pónganse de acuerdo a la hora de descalificar planes quinquenales y, por otro lado, a la hora de presentarlos, que, por supuesto, cuando los presentan -planes quinquenales, no sé si con tentaciones soviéticas o no-, bien de propaganda que lo dan al respecto.

Así pues, el problema no es de que venga o no venga en el PAPIT -que debe venir-, sino el problema es que las contradicciones entre la propaganda y la voluntad política es flagrante. Y, una vez más, lo que exigimos al Partido Popular es coherencia; y coherencia sería, en definitiva, votar la Propuesta que se presenta por el Grupo Socialista. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. La Proponente, señora Ull, tiene la última palabra.

ULL LAITA

LA SEÑORA ULL LAITA: Gracias, señor Presidente. Pues mire, señor Procurador, yo se lo digo de muy buena manera, de verdad, porque yo creo que si su interés es Castilla y León, y si el nuestro también, y si es el de todos, cuando se pide algo para la Región, yo no veo por qué hay que enfadarse o... o creer que es que es en contra "de".

Déjeme que le diga que yo, como ciudadana de la Comarca de Aranda, siento ahora mismo el fraude electoral del Partido Popular; con algunos más, con bastantes más sentimos el fraude electoral. Y ustedes han pasado de pedírselo todo a Madrid, la culpa de todos nuestros males la tenía Madrid... todo lo que no se hacían en Castilla y León, de todo tenía la culpa Madrid; que la Región castellano-leonesa estuviese a la cola en puestos de trabajo, en alfabetización, en... todo, de todo tenía la culpa Madrid. Bueno, pues ahora no tiene la culpa Madrid: ahora tenemos la culpa la Oposición, que pedimos, que demandamos y que reivindicamos avance, progreso, para la Región castellano-leonesa.

Pero me alegraría muchísimo que el año próximo... Mire, el Duero nace en Duruelo, provincia de Soria. Y yo he dicho desde Soria hasta Zamora... perdón, hasta Valladolid, porque ha considerado esta Procuradora que hay una Autovía desde Valladolid a Tordesillas, y he hablado del desdoblamiento de Zamora a la frontera con Portugal.

Pero usted sabe las cosas a medias. De verdad, que no está enterado de lo que es la Asociación de los Pueblos de la Ribera del Duero, que nació de Aranda de Duero, de un gobierno municipal socialista, y que la entonces Alcaldesa presidió; y que en su discurso, en el Ayuntamiento de Valladolid, donde se firmó el protocolo, lo primero que demandó esa Asociación fue el desdoblamiento de la 122.

Alguien se montó al carro y después lo ha seguido repitiendo. Pero aquí, aquí hay algunos Procuradores -entonces Alcaldes de algún pueblo de la Ribera del Duero- que estaban presentes, y ellos saben muy bien con el espíritu que nació aquella asociación, que, por cierto, también ha desmerecido, pues porque ahora el tono reivindicativo ya no sirve. Ahora es una Asociación... que se juntan, meriendan o comen, y, bueno, pues hablan, supongo que de cosas preciosas, porque en la Ribera del Duero hay cosas maravillosas de las que hablar.

Pero que aquel tono reivindicativo del día que firmamos el protocolo, yo no lo he vuelto a observar, y me gustaría que así siguiese siendo. Sigan demandando a Madrid todo aquello que demandaban y que no nos concedían. Sigan pidiendo, por favor, a Madrid todo el dinero que pedían y que, a juicio de ustedes, no nos daban; y a juicio nuestro, siguen sin darnos. ¿Por qué vamos a negar la evidencia hoy? A mí me parece que eso no debe ser así. Si reivindicaron ustedes antes, reivindiquen ahora.

Nosotros, los socialistas, a juicio de ustedes, lo estábamos haciendo todo mal. ¡Ah!, pero iban a llegar ustedes y todo iba a cambiar, todo lo iban a solucionar. Y, mire, yo, humildemente, esta Procuradora les está pidiendo que vayan empezando a solucionar los problemas de la Región, y los problemas que afectan a la Ribera del Duero. Mire usted, mi tajo de trabajo está en Aranda y su Comarca, en la Ribera del Duero, ése es mi tajo, ¿comprende? Yo soy trabajadora de aquello y, por lo tanto, así me muestro aquí y en Madrid. Siempre. Y cuando he sido Alcaldesa de Aranda de Duero, ha sido lo mismo, lo mismo.

Y en aquel Pleno, hace años, donde ya se votó el desdoblamiento de la 122, esta Procuradora -que entonces no lo era, por cierto- votó a favor, dio su explicación, y pidió que se hiciese. Pero usted no estaba allí. No sé lo que le han contado. Mire, yo lo que oigo lo oigo yo, no me lo cuentan. Yo he oído por la radio, en Aranda, la campaña de ustedes, y en el Diario de Burgos, del cual soy asidua lectora, y Diario 16, porque son periódicos de la provincia donde vienen reflejado todos los acontecimientos de la Región y de la Ribera del Duero, de Aranda, y me interesa, naturalmente.

(-p.3388-)

Y, para terminar, yo le voy a decir que la Enmienda que ustedes han presentado, pues yo... nosotros creemos que, tal cual está escrita, no la aceptamos, por un motivo: porque yo le he dicho anteriormente que ustedes por teléfono supongo que todos los días piden al Gobierno de su Partido en Madrid, pues, que arreglen los problemas, el desdoblamiento de la 122, y muchas más cosas.

Entonces, el texto quedaría de la siguiente forma: "Las Cortes de Castilla y León instan a exigir del Gobierno de la Nación el desdoblamiento de la carretera Nacional 122 en los tramos no desdoblados...". Todos, toda la 122, en los tramos no desdoblados -y esto lo digo por ustedes, ¿eh?, no por nosotros-. Porque como, además, en su campaña también hablaron de la austeridad, pues yo entiendo que lo que está desdoblado... se ahorran ustedes el dinero y sólo desdoblan lo que no está desdoblado. Por eso nada más. Sigo: "...los tramos no desdoblados actualmente, ofertando, en su caso, la suscripción de un convenio en términos similares al suscrito con respecto al tramo Tordesillas-Zamora".

Y, para terminar, les voy a decir -y yo quiero que interprete mis palabras... en absoluto de forma personal. Éste es un debate político, y a mí... para mí usted tiene todos los respetos personalmente. Pero le voy a decir algo: mire, ése echar la culpa a los anteriores constantemente, ¿sabe qué revela? Revela una inseguridad -en unos más que en otros, en unos más que en otros-, una inseguridad incompatible con la responsabilidad de pilotar un proyecto de gobierno. Muchas gracias.

(Aplausos. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Sometemos a votación, sometemos a votación la Proposición No de Ley en la redacción dada por la Procuradora Proponente. No en su formulación inicial, sino en la formulación que se refiere al desdoblamiento de todos los tramos no desdoblados.

¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Silencio, estamos en votación. ¿Abstenciones si hubiere?

EL SEÑOR .....: Señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Resultado de la votación.

EL SEÑOR .....: Señor Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): .....Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor: veintiséis. Votos en contra: cuarenta y ocho. En consecuencia, queda rechazada.

Es verdad que, al haber habido variaciones en el texto final, cualquier Grupo podía haber pedido la palabra. Pero no lo habéis hecho, no lo han hecho ustedes.

ZAMÁCOLA GARRIDO

EL SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO: Señor Presidente, señor Presidente, si me permite. Sí, únicamente el Partido... el Grupo Parlamentario se ratifica en votar en contra. Lo que pasa es que Su Señoría no ha indicado la totalidad de lo que ha expresado la Procuradora. Nada más.

De todas formas, la votación vale porque es la filosofía, pero usted no ha explicado totalmente a la Cámara cómo queda la Proposición No de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Yo... Señoría, yo he hecho un resumen...

(Voces. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, yo he hecho un resumen del texto que la Procuradora Proponente ha leído en su integridad, y que me figuro que habrán escuchado.

Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Señor Secretario proceda a dar lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Noveno punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa...

(Murmullos.)

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Reinicio la lectura. Noveno punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a elaboración de un Reglamento para personas mayores en centro residencial".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Proposición No de Ley, por el Grupo Socialista, don Jorge Félix Alonso Díez, tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

(-p.3389-)

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias, señor Presidente. La Proposición No de Ley que presenta el Grupo Socialista está perfectamente justificada, primero, en función de la población a la que afecta -afecta a casi veintisiete mil ciudadanos de nuestra Comunidad-, a la dispersión que existe, en relación con la atención en centros residenciales a las personas mayores... Las residencias que funcionan en Castilla y León tienen muy diversas situaciones: las hay públicas, privadas, privadas con ánimo de lucro, privadas sin ánimo de lucro; atienden a asistidos, atienden a personas válidas. Ha aparecido un nuevo servicio que se viene prestando también de un tiempo a esta parte, que son los centros de día, denominados de estancias diurnas. En definitiva, hay un conjunto de atenciones residenciales variadas que no están suficientemente regulados por la normativa existente en este momento a nivel de la Comunidad Autónoma.

La normativa es tan escasa que se reduce a cuatro artículos de una Orden de la Junta; una Orden que tiene sólo seis artículos, y de los seis artículos, en cuatro hace referencia a la atención residencial, que no están dedicados exclusivamente porque se comparten con otro tipo de regulaciones.

Yo puedo decir que hay algunas Comunidades que tienen hasta una ley dedicada exclusivamente para la atención residencial. Lo cierto es que en Castilla y León este tema no está regulado; está escasamente regulado; y esto está dando diversos problemas, de los cuales tenemos noticias de forma periódica a través de los medios de comunicación.

La Propuesta que realizamos tiene cinco apartados. Los dos primeros pretenden garantizar la calidad en la atención. La calidad en la atención pasa, fundamentalmente, porque haya el personal suficiente para atender a las personas que se encuentran ingresadas en un centro residencial. Nosotros hemos fijado un ratio, para las residencias de más de doce plazas, que supone que haya 0,20 trabajadores de atención directa por cada interno, o sea, por cada interno... por cada cinco internos haya un trabajador. Y en las residencias en las que atienden a personas asistidas, a personas que no se valen, que haya por cada tres internos un trabajador. El ratio pasa de 0,20 a 0,35.

En las residencias de menos de doce plazas se solicita que, en la reglamentación que pedimos que se elabore, se incluya que si las residencias tienen... esas residencias, esos centros de menos de doce plazas -que no son residencias, son en realidad, más bien, casas- que si tienen personas que no se valen, asistidas, también deberán tener personal durante las veinticuatro horas del día, porque, indudablemente, si las personas no se valen, deben estar durante las veinticuatro horas del día atendidas.

En el punto tercero planteamos que los Ayuntamientos antes de conceder las licencias de construcción... haya sido el proyecto previamente visado por la Junta de Castilla y León. Es decir, es una contradicción que en este momento se pueda poner en marcha una residencia sin que, previamente, la Junta de Castilla y León, entidad responsable de la atención residencial, no haya tenido que, previamente, visar los proyectos. Lo cual luego da lugar a múltiples problemas, y el primero para los propios Ayuntamientos, que muchas veces conceden la licencia sin conocer en profundidad cuál es la situación que deben de tener esos centros residenciales.

(Murmullos.)

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: El cuarto punto de nuestra Proposición No de Ley... (Y yo pediría al señor Presidente que haya un poquito de silencio, porque es muy difícil el explicar así nada, tiene uno la sensación de que lo explica para nadie.)

En el cuarto punto lo que planteamos es que en las propias residencias, dada la situación que hay de aislamiento de las personas que en ellas se encuentran, puedan, a través de un buzón que se instale por la propia Junta en las residencias, puedan transmitir sus quejas para que el personal al servicio de la Junta de Castilla y León pueda conocer cuál es la situación en que se encuentran allí las personas.

Y, por último, en el quinto punto, planteamos que, dentro del régimen sancionador en materia de acción social de la Junta de Castilla y León, a todas aquellas residencias que hayan sido... que se hayan puesto en marcha sin que previamente les haya avisado la Junta de Castilla y León, se incluya esa sanción de forma específica, incluso se estudien los mecanismos para que aquellas personas que ponen en marcha residencias de forma ilegal y de forma clandestina -porque, en definitiva, están al margen de toda legalidad- se las pueda llegar... inhabilitar para que no pongan en marcha otro tipo de residencias en otros lugares de la Región, como así ha sucedido.

Esto es en síntesis lo que plantea nuestra Proposición No de Ley. Y, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se han presentado dos Enmiendas a esta Propuesta, una del Grupo Popular. Y para su defensa, tiene la palabra el señor Calvo Casasola.

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, señor Presidente. Antes de empezar mi intervención, yo debo advertir que hay un error mecanográfico en la Propuesta de Resolución que nosotros presentamos, en la Enmienda que presentamos, en el punto primero, que dice: "Que contemple las plantillas de personal adecuadas para las diferentes clases de centros que aún cuenten con ellos". Debe decir: "...que aún no cuenten con ellos". Si no, desde luego, ese párrafo no tendría sentido.

El Grupo Socialista presenta una Proposición No de Ley, a través de su Portavoz, don Jorge Félix Alonso, que yo me atrevo a dividir, y realmente lo está dividido... está dividido también en los apartados, en dos partes bien diferenciadas. Una parte positiva, es decir, la propiamente dicha, y una justificación, antecedentes.

Vamos a considerar, en primer lugar, esta parte primera, que yo considero que es errónea, errónea por lo que voy a argumentar, y, por tanto, si la base es incompleta, naturalmente las consecuencias que se derivan, como se derivan, tampoco pueden ser aceptadas.

(-p.3390-)

Señor Procurador, no es cierto, como usted afirma, que sólo cuatro artículos de la Orden de veintiuno de enero... perdón, de julio del noventa y tres, reúnen los requisitos mínimos que han de cumplir las Residencias de los mayores. No es cierto. En primer lugar, conviene recordar que hay una normativa estatal, una normativa general, aplicable también -¡como no!- a estos centros, de protección contra incendios, de condiciones térmicas, acústicas, y otras muchas disposiciones que garantizan, por supuesto, las condiciones técnicas, sanitarias e higiénicas, o de seguridad.

Pero además, además, referente a la normativa de la Comunidad Autónoma, conviene citar, cumpliendo el mandato del Artículo 11 de la Ley de Acción Social y Servicio Sociales a la que Su Señoría alude, que es el Decreto de veinte de mayo de mil novecientos noventa y tres, por el que se regula autorización, acreditación, registro de entidades, servicios, centros de carácter social, procedimiento a seguir por las entidades, documentos para escribir tales centros, registro de inscripción; todos ellos, naturalmente, en aras de una garantía de buen funcionamiento de esta residencia.

Hubo, a continuación, un Decreto de veintinueve de diciembre del noventa y cuatro que modificaba las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera, ampliando el plazo para que determinadas entidades que no se habían inscrito pudieran cumplir con estos requisitos; plazo que acaba el día treinta y uno de diciembre próximo.

Y por fin, por fin, la aludida Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social de veintiuno de julio del noventa y tres, que completa los Decretos citados. Esta Orden, debo recordarles que consta de ocho largos artículos -no de cuatro, como ustedes dicen-, en los que pormenorizan requisitos mínimos y específicos de autorización para la apertura, para el funcionamiento de Centros de Tercera Edad. Orden que a la vez sirvió para que los centros inferiores a sesenta plazas se puedan encontrar hoy autorizados, garantizando un mínimo de bienestar, de bienestar a los usuarios, por lo que debemos decir, sin esa ligereza que ustedes atribuyen a la Junta de Castilla y León, de que no existen centros ilegales, ni se han tenido que cerrar centros residenciales que hayan sido autorizados.

No obstante, también debo reconocer que la Gerencia de Servicios Sociales es consciente de que esas son unas condiciones mínimas exigidas, pero por supuesto mejorables, lo que está propiciando en la actualidad, también -y ya desde tiempo-, un permanente estudio por los técnicos de la Gerencia en este sentido. Luego no es tan escasa la normativa, y además hay unas preocupaciones por mejorarla y por garantizar la calidad de vida de los residentes, ¡Cómo no! No se pueden emitir esos fáciles juicios de valor.

Y en la parte que podemos llamar positiva, integrada por cinco puntos, yo debo decir que dos son asumibles con retoques, uno es aceptable en el contenido pero, desde luego, no en la forma, y dos, desde luego, inadmisibles. Aclaro.

De los dos primeros, relativos al personal asistencial, digo que se está investigando sobre la relación adecuada que pueden ser, incluso, las que ustedes dicen, las que ustedes proponen, o incluso mejor, sobre el personal y los distintos tipos de centros para que exista una plantilla de personal suficiente. Lo que ya está implantado, por supuesto, es esta ratio a la que ustedes aluden en los centros que pertenecen a la Gerencia y en los contratados.

En el punto cuarto proponen instalar un buzón de cajas en cada residencia. Yo digo: las entidades autorizadas han de tener un libro foliado y sellado a disposición de los usuarios donde se manifiesten libremente sus peticiones y sus quejas; artículo 8 de la citada Orden del noventa y tres en su letra c, que además dicho libro se utiliza en los centros autorizados. Ampliaré en mi segunda intervención, si fuera necesario, este punto.

Los puntos tres y cinco, que condiciona la licencia municipal al visado de la Junta para la realización de las obras, son, debo decirlo con toda claridad, inadmisibles. No se puede olvidar, no se puede olvidar que las Corporaciones Locales tienen competencias en lo que se refiere no solamente a la concesión de licencias de obras, sino a la apertura de centros, la Administración Autonómica ni puede atribuirse esas competencias ni, por supuesto, puede condicionarlas. Se cercenaría, como creo que debemos saber todos, la autonomía municipal. Eso, señores Socialistas, lo sabe el Alcalde del más humilde pueblo.

Y por último, señalar que su pretensión de inhabilitación para los que no cumplan con su propuesta de visado previo a la concesión de licencia municipal, tampoco nos parece viable. La Ley de Acción Social y de Servicios Sociales y el Decreto, concretamente más el Decreto 97, de mil novecientos noventa y uno, sobre inspección y régimen sancionador en materia de Acción Social, impone una serie de sanciones administrativas, pero, desde luego, no permite la inhabilitación.

Por todo lo expuesto se formula la siguiente Enmienda de Sustitución:

"Las Cortes de Castilla y León, con vistas a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los usuarios de la residencia de las personas mayores, instan a la Junta de Castilla y León a que revisen las condiciones actualmente existentes para la utilización, inscripción y registro de esta clase de centros, mediante la elaboración de una normativa que contemple las plantillas de personal adecuadas para las diferentes clases de centros que aún no cuenten con ellas.

(-p.3391-)

Segundo, que incluya la obligatoriedad y el traslado inmediatamente a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales que corresponda todas las peticiones y quejas que los usuarios de los centros residenciales manifiesten en el libro habilitado al efecto para la oportuna investigación de las mismas". Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Procurador. Las otras dos Enmiendas de Adición corresponden al Grupo de Izquierda Unida, y para su defensa tiene la palabra el señor Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente, Señorías. Bien, nosotros hemos leído y estudiado con detenimiento esa cuestión, y la verdad es que reúne las condiciones mismas que han sido objeto de análisis y de reflexión, precisamente, ya en varias Comisiones referidas a la Gerencia de Servicios Sociales, que lógicamente se encuentra con que tiene que, aceleradamente, desarrollar toda una temática para regular lo que puede ser la atención a todos los sectores de población que tiene como objetivo y como misión, precisamente, la Gerencia de Servicios Sociales. Nos da la impresión que alguien, con mucha más, y con mucho más interés, y con una voluntad mayor, se va adelantando constantemente y va abriendo residencias, unidades, viviendas, casas, pisos que, al albur de lo que en estos momentos existe va proliferando en un régimen de clandestinidad, que tiene por lo menos una situación o una virtualidad incómoda, y es generar una gran confusión, una gran duda que da escasas garantías a los usuarios.

Por esa razón, a nosotros nos parece que sí es importante que se intente hacer una regulación, sólo que en la regulación que se plantea en la Proposición No de Ley, a nosotros se nos antoja un tanto escasa. Y sabiendo que uno de los problemas o los defectos fundamentales es que haya esa claridad para que se pueda deducir de ella garantías, es por lo que hemos planteado que en concreto una Enmienda de Adición, para que no quede en el punto primero, en el que hace referencia de una fijación en régimen de jornada completa de 0,20 por usuario para válidos y 0,35 para asistidos, que nos parece muy bien, pero que eso tenga vinculación al turno o a horarios. Porque yo tengo ya una larga experiencia que esto puede tratar de interpretarse como "es válido para las veinticuatro horas", con lo cual se reduce el personal de atención a una jornada continuada de veinticuatro horas. Y una jornada continuada de veinticuatro horas trae como inconveniente el que, lógicamente, lo hace muy difícil, muy complejo para que no exaspere la voluntad o las mentes de los cuidadores, y traiga como consecuencia que, en vez de garantizar un servicio de calidad, sea peor el remedio que la enfermedad.

Y con ese mismo criterio pretendíamos que se hiciese una Enmienda de Adición al punto segundo, para que, manteniendo el mismo criterio, pero entendiendo que estamos en residencias inferiores a doce usuarios, que vienen a denominarse viviendas o casas, pues que al menos se haga una relación de proporcionalidad de personal de atención directa equivalente a la del punto precedente. Es decir, no modificamos el criterio de 0,2 ó 0,20 por usuario válido y 0,35 por asistido, sino que con ese mismo criterio nos parece que debería de ajustarse la proporcionalidad con... en turnos también de jornada de ocho horas.

Y claro, nos gustaría, entre otras razones, porque es verdad que la Orden de veintiuno de junio del noventa y tres, pues, ha ido perfilando, ha ido regulando, ha ido dando normas, y, al menos, al menos, nos parece que debería de ser tan clara, tan clara como la que se plantea para el personal minusválido. De tal modo que ahí se hace una especificación concreta, que no entendemos por qué no se traslada exactamente también a la atención a las personas mayores. Yo creo que sería de gran utilidad para la garantía y seguridad de los usuarios, pero sobre todo, también, para garantía y seguridad de los que se metan en negocios de esta naturaleza, que puede ser una fórmula muy interesante, puede ser una fórmula idónea, más que la de masificación de los grandes asilos tradicionales, pero, lo que no cabe la menor duda, también puede correr el riesgo... y, de hecho, estamos asistiendo con relativa frecuencia a episodios bastante lamentables en el conjunto del país, me atrevo a decir, para que no quede exclusivamente ceñido a lo que puede ser la Comunidad Autónoma; cuestión que es perfectamente soslayable mediante una regulación como la que se plantea, o similar, pero, desde luego, teniendo a nuestro juicio interés el que sea en los turnos y jornadas. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, señor Calvo Casasola tiene la palabra.

Perdón, perdón, perdón, señor Herreros, por favor...

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Perdone, Señoría. A mí me ha dicho el Presidente una cosa, probablemente estaré equivocado, pero dígame usted, por favor.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: (Intervención sin micrófono).

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Sí, perdone usted, tiene razón. Para réplica, tiene usted la... ¿Sí? Perdón, señor Casasola.

ALONSO DÍEZ

(-p.3392-)

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Bueno. Pues muchas gracias. Primero, empezando por la Proposición de Izquierda Unida, la Enmienda que Izquierda Unida nos presenta, en principio, no hay ningún problema en admitir la primera. Y la segunda también se podía admitir, pero yo le pediría que hiciera un cálculo, hiciera un cálculo. La ratio que hemos planteado sobre doce plazas... es decir, estamos hablando de residencias de dos niveles: de más de doce plazas y menos de doce plazas. Las de menos de doce plazas, no se ha fijado personal; pero si hablamos de una ratio de cinco trabajadores... digo, de un trabajador por cada cinco personas, en doce internos estaríamos hablando de dos trabajadores. O sea, quiere decir que la ratio, al final, estaría entiendo que atendido.

Pero, en cualquier caso, si no queda suficientemente claro con la ratio planteada en el punto uno, que afecta al punto dos, porque el punto uno... digo las residencias de menos de doce plazas, se entiende que son residencias de un ámbito familiar; y, en consecuencia, sólo si tienen personas asistidas, considero que sería necesario atender durante veinticuatro horas a esas personas.

Pero insisto que si hay alguna duda sobre la ratio que yo planteo, asumo su... también su segunda Enmienda, ¿eh? Quiero decir que no hay ningún problema, porque el objetivo es que se mejore la atención. Y, en consecuencia, todo lo que sea aportar para mejorar la atención, por mi parte está asumido.

En relación con la propuesta que realiza el Grupo Popular, yo le diría, señor Calvo Casasola, que hay algo positivo en su Proposición, y es que asume en su presentación que, por lo menos, hay que reelaborar la normativa. No lo tengo tan claro después de que le he oído su intervención, pero sí le voy a decir que durante dos años han estado de forma sistemática negando que hubiera que revisar la normativa de los centros residenciales. Eso nos lleva a la situación que hoy tenemos.

O sea, hoy mismo usted me volvía a negar que haya centros que se hayan cerrado y previamente han sido autorizados. Pues mire, yo le puedo decir que en Castilla y León tengo contabilizados treinta y un centros, treinta y un centros -no uno ni dos, sino treinta y un centros-, los cuales han sido motivo de escándalo y conocimiento público a través de los medios de comunicación; y no porque el Grupo Socialista lo haya sacado, sino porque realmente han sido los propios medios de comunicación, en la mayoría de los casos, los que han detectado, bien por denuncias de familiares, bien por denuncias de organizaciones sindicales, o por denuncias de este Grupo político, los que han llegado a tener conocimiento de esta situación. O sea, treinta y un casos en Castilla y León.

Y de esos treinta y un casos, yo le puedo decir que ha habido residencias que han sido autorizadas y que posteriormente han tenido que ser sancionadas. Y, desde luego, si no han sido autorizadas, por lo menos, en una de las informaciones que se me ha facilitado por parte de la Consejería, venía un número de registro de esos centros. Claro, yo ya no sé si, al final, ese número de registro, luego se me dice que es provisional o es definitivo, Pero lo cierto es que, como consecuencia de este mare mágnum que tienen creado en torno a los centros residenciales, al final lo que han optado ha sido por negarme la información y, de forma sistemática, ponerme obstáculos para saber cómo está realmente la situación.

Yo, desde luego, les digo que es necesario revisar la normativa, revisarla en profundidad. La normativa que actualmente existe es escasa. O sea, la realidad va por encima de la normativa. Cuando ustedes sacaron la normativa, ya existían residencias. Cuando ustedes dijeron que había que regular y que había que registrar los centros, ya existían residencias.

Indudablemente, hay ese Decreto que habla de la autorización de los centros, pero ese Decreto no habla de requisitos mínimos, no habla de exigencias mínimas que deben tener los centros residenciales. El único reglamento que existe a este respecto es la Orden que mencionamos en nuestra Proposición No de Ley; y esa Orden, yo me reitero que tiene... de ocho artículos, sólo tiene cuatro dedicados a hablar de los requisitos mínimos de los centros residenciales.

Desde luego, no me sirve que me digan que ya en los centros que conciertan, ustedes exigen unas ratios de personal. Desde luego, las ratios de personal que exigen para los centros que conciertan son escasos, están por debajo de lo que pide la Proposición No de Ley. Y, en cualquier caso, al margen de los centros que conciertan, tienen que exigir para todos los centros. Es decir, porque ¡ya quisiéramos que todos los centros pudieran ser concertados!, porque eso sería un síntoma de que realmente se está metiendo dinero en atención a plazas residenciales, y, en consecuencia, se podría garantizar la atención suficiente; y se estaría garantizando que todas las personas que tienen necesidad de una plaza en esta Comunidad tienen acceso a esa plaza. Pero lo cierto es que los centros que conciertan son una minoría de las plazas, y, en consecuencia, no puede servir como justificación decir que ya los centros que concierta la Junta de Castilla y León tienen definidas unas ratios de personal.

Desde luego, su Proposición... o la Enmienda que presentan a nuestra Proposición es una Enmienda totalmente descafeinada, quiero decir, no contribuye nada a dar solución a la situación del sector. Desde luego, el Grupo Socialista no la puede admitir. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, el señor Calvo Casasola tiene la palabra.

CALVO CASASOLA

(-p.3393-)

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, señor Presidente. Señor Procurador, yo... yo ya he reconocido que lo que hay respecto a la normativa es... son unas exigencias de mínimos que se están aplicando. Y he reconocido también, he reconocido que se está estudiando por parte de los técnicos, y a lo mejor no tardando nos encontramos con la sorpresa de darnos mutuamente la razón de que aparezca, que aparezca -porque he dicho que se está estudiando- una normativa más exhaustiva. Luego, en parte, estamos también de acuerdo.

Está avanzado el estudio -he dicho-, pero ese estudio debe adaptarse a la realidad. Había una normativa, la procedente del Imserso, naturalmente, aplicable a toda la Nación. Y claro, cada Región tiene sus características. En la misma Región castellano-leonesa hay una serie de demandas sociales no por igual en las distintas provincias, y, por tanto, no podemos, para elaborar esa normativa de una manera definitiva, dar la espalda a la realidad. Hay que seguir las demandas sociales, porque una norma que aparezca de espaldas a la realidad está, desde luego, siempre condicionado al fracaso.

Se está actuando siempre, no con las prisas que ustedes casi siempre están imponiendo -con urgencia, inmediatamente-; se está actuando sin precipitaciones, se está actuando, se está actuando para que lo que aparezca sea definitivo y no dar tropiezos. Porque he dicho alguna vez que luego ustedes nos criticarían que algo de aquello que había aparecido no debiera de haber sido así. Para que no tengan que criticarlo, se va... he dicho en alguna ocasión desde estos micrófonos que hay que ir poco a poco, poco a poco. Y a mí me gusta la moderación; no tanto como a otros, pero en fin. Modificaciones, por tanto, que se pretenden hacer en la línea de la Enmienda que presentamos. Lo necesario -repito- varía según las comarcas y según las zonas a las que se vaya a aplicar.

Es normal, es normal que en la Oposición -y yo también he estado en ella- se busquen, a veces, argumentos forzados, a veces argumentos traídos por los pelos. Pero yo creo que los argumentos deben tener una mínima, una mínima base. Se debe perseguir lo concreto -como usted ha dicho-, se debe perseguir y se debe denunciar. Y en este sentido, en este sentido, yo le debo decir que en estos momentos hay unas continuas inspecciones, unas de oficio, otras por denuncias... aunque en las denuncias hay que andar con mucho cuidado. Perdónenme que les refiera que hace unos días me ha referido la Gerente Territorial de aquí, de Valladolid, que había recibido una denuncia de una vecina de un piso en... porque entendía que ahí había un centro de acogida -no sé si un hogar de esos vivienda para personas mayores-, y resulta que va la Inspección, va la Inspección, y lo que encontró es a varias personas mayores jugando al mus. Es decir, que también hay de todo. Y la Inspección está funcionando continuamente.

Yo debo decirle...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Calvo, vaya usted acabando, por favor.

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Yo debo decirle que en la actualidad hay diecinueve expedientes sancionadores en marcha; no conozco -según la información oficial que se me ha dado- que sean treinta y uno. Y dentro de esos expedientes, hay nada menos que cuatro cierres de residencias; las ha habido, incluso con intervención judicial también, con intervención del Fiscal, Guardia Civil, etcétera.

Yo quiero acabar, yo quiero acabar reafirmando mi Enmienda de Sustitución, pero no sin antes, no sin antes hacer una llamada de atención, refiriéndome a unas declaraciones vertidas en El Norte de Castilla, al menos, el veintiuno -es decir, hace dos o tres días- por la Procuradora señora Larrauri, referidas, referidas a este mismo tema. En la cual, como rótulo principal -lo hemos visto todos-, se decía: "La Junta no pide requisitos para abrir residencias de ancianos". Mire usted, yo creo que esa afirmación, en un medio de comunicación, es bastante grave. Que no se pidan los que ustedes, a lo mejor, creen, creen -equivocadamente-, no quiere decir que no se pidan. Como usted dice, no se puede generalizar, y menos con falsedades tan rotundas, porque se hace mucho daño a la Junta, y también se hace mucho daño a los centros. Seamos responsables y no engañemos a la sociedad.

Señora Larrauri, usted tiene un nombre muy bonito: Inmaculada. Yo creo que usted debe hacer honor a ese bonito nombre, y no mancharlo, y no mancharlo con declaraciones...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señor Calvo. Señor Calvo, ha consumido el tiempo.

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: ...de este tipo. Nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señor Herreros, para el turno de dúplica, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Y desde el escaño mismo, para decir que nos parece muy bien que se acepte la sugerencia que les proponíamos.

(-p.3394-)

Somos conscientes de la advertencia que se plantea cuando se dice: "Se puede disparar el número de empleados o de trabajadores que estén adscritos en esas circunstancias". Pero yo creo que incluso en una primera época, además de ser absolutamente necesario, será una garantía de que el resto de las unidades de las residencias van a mantener esos criterios de proporcionalidad. Yo, al menos, me gustaría -y lo digo tal como lo pienso- que tuviese un criterio similar al que se está planteando en la misma Orden mencionada anteriormente con los minusválidos, tanto autónomos como no autónomos, en los cuales, bueno, pues yo... nosotros no estamos en desacuerdo con las proporcionalidades que allí se plantean. Pero al menos, lo que creo que honra en la Proposición No de Ley es que haya una regulación y que no quede al albur, por defecto de que una persona, o dos personas, en un régimen o en otro régimen de residencia de más o de menos de doce usuarios, puedan servir para la mañana, tarde y noche, con las consecuencias que eso también puede acarrear. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Al no solicitar ningún Grupo un turno para fijación de posiciones...

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Señor Presidente...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): ¿Sí?

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: ...le pido, por favor, que me permita intervenir en el turno de alusiones.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Tiene la palabra durante .....

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Bien. Agradezco que me dé la oportunidad para explicarme. Y, además, aunque algún Consejero no le guste, tengo la costumbre de escribir todas mis intervenciones, y, fíjese usted por dónde, me viene estupendamente.

Resulta que yo, en esa rueda de prensa que di, no dije las palabras que figuran en El Norte de Castilla. Dije que se siguen abriendo residencias sin autorización; dije que pedíamos medidas preventivas; y dije que se registran las residencias sin más requisitos, porque la Junta para registrarlos no los pide. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. La alusión no da lugar a debate. Don Jorge Félix Alonso tiene turno para fijar el texto definitivo.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Muchas gracias. Ustedes siempre plantean que los temas se van a estudiar y se van a tratar. Desde luego, les digo que eso es en lo único que entiendo, que valoro su resolución realizada a nuestra Proposición No de Ley, porque de alguna forma han admitido algo que de forma sistemática han venido negando, y es que hiciera falta mejorar la reglamentación residencial.

Desde luego, lo lógico es que primero se reglamente, después sé dé un plazo para adaptar, y, por último, se controle el cumplimiento. Como no hay una reglamentación adecuada, pues está actuando la inspección, está actuando la inspección a instancias de nuestro Grupo, pero lo cierto es que hay un desconcierto total en el sector.

(Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías, ruego entren en silencio y ocupen sus escaños, por favor.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Mire, el... yo es por recordar que en un debate anterior que hubo en esta Cámara, se me decía por parte del señor Consejero que no podíamos hablar más que de una residencia -que es la de Requejo de la Vega-, que sólo en esa residencia se habían detectado irregularidades. Fundamentalmente, nos daba este razonamiento para rechazar nuestra preocupación por la situación en que se encontraba el sector. Yo le decía antes que treinta y un centros. Si la Junta tiene abiertos sólo diecinueve expedientes, quiere decir que hay centros que se han puesto en marcha de forma ilegal y que todavía no tiene un expediente puesto en marcha; lo cual es todavía más preocupante. Y le puedo mencionar los treinta y un centros que o bien se ha detectado que funcionaban ilegalmente, o que bien han tenido que ser sancionados por la Junta de Castilla y León.

Yo les puedo decir que la normativa que hay es escasa y no es una situación específica... no es una situación de Castilla y León por problemas de descentralización. En Galicia -Comunidad que ustedes gobiernan- hay un Decreto, que firma el señor Beccaría cuando era Consejero, en el cual ya fija la ratio de plaza residencial que nosotros proponemos en nuestra Proposición No de Ley. Quiero decir que lo que estamos proponiendo no es nada extraño y nada que... como decía el señor Calvo Casasola: "es que desde la Oposición se plantean cosas, pues prácticamente imposibles de conseguir". Yo le puedo decir que eso ya existe en la Comunidad de Galicia y cuando... aprobado por un Decreto del señor Beccaría, que entonces era Consejero de Sanidad y Servicios Sociales. Lo mismo tiene la Comunidad de Madrid: esa misma ratio. Es decir, la ratio que estamos planteando.

Y cuando decimos que es insuficiente la ratio que fija la Junta para concertar... O sea, la Junta para concertar plazas, está pidiendo menos que lo que exige la Comunidad de Galicia o la Comunidad de Madrid para cualquier residencia que funcione en el ámbito de su territorio, lo cual demuestra la escasez de exigencias que hay a nivel de Castilla y León. Eso, desde luego, está dando lugar a que aquí proliferen residencias que incluso no se instalan en Madrid y se instalan en la periferia, en Ávila o en Segovia, quiero decir, para atender personas que son de Madrid y no son de la Comunidad, lo cual demuestra la permisividad con que se funciona en Castilla y León.

(-p.3395-)

Mire, cuando planteamos que es necesario que se profundice en las sanciones a las personas que ponen en marcha residencias de forma ilegal es porque tengo una contestación de la propia Junta, en la que me dice que una residencia no es procedente el expediente sancionador por cierre al no tener autorizada la apertura; o sea, quiere decir que una residencia se pone en marcha y, como no tiene autorizada la apertura, no se la puede sancionar. Bueno, pues sigan ustedes con la normativa actual y seguiremos asistiendo a este tipo de situaciones.

Claro, ya sé que la solución que ustedes han aplicado es la de obstaculizar el acceso a la información; lo que han optado es en vez de dar transparencia para garantizar a todos los castellano-leoneses un buen servicio en materia de tercera edad, lo que optan es por negar la información, y cada día es más difícil saber ni siquiera las residencias que existen. O sea, la última pregunta que le he planteado al señor Consejero, le pido las residencias que hay en Castilla y León, y no se me contesta ya ni a las residencias que funcionan en Castilla y León. Se me da una cifra, cuando lo que se pide es una relación de centros, que creo que es lo mínimo que puede facilitar la Administración, no sólo a este Procurador, sino a cualquier ciudadano de esta Comunidad.

Yo creo que cuanto más tarden en modificar la normativa existente -y, desde luego, en otras Comunidades hay hasta leyes dedicadas exclusivamente al tema de atención residencial-, cuanto más tarden en modificar la normativa existente, el caos que existe... que hay hasta contradicciones. El señor Calvo Casasola me decía de que... "es que la normativa de residencias no sólo es la de la Consejería de Bienestar Social". Efectivamente, y ése es el problema; ése es el problema de que... he tenido hasta conocimiento de que la Consejería de Industria... autorizada por Industria la residencia, y luego llegaban los inspectores de Sanidad y decían que eso no estaban en buenas condiciones. Al final, no existe ni coordinación entre las Consejerías a la hora de emitir los informes para autorizar los centros. O sea, es necesario que se profundice la regulación de los centros residenciales.

Yo entiendo que tienen un problema, y es que han hecho mucha publicidad con este tema, han hecho demasiada publicidad con el tema de la atención a las personas mayores, y es muy difícil que asuman que en este asunto han venido haciéndolo mal, y que han venido prestando un mal servicio a los ciudadanos, y que en este momento, cuanto más tarden en modificar la normativa existente, seguirán prestando un mal servicio a los ciudadanos.

Desde luego, el Grupo Socialista asume las dos Enmiendas de Izquierda Unida, y por descontado que manifestamos nuestra oposición más absoluta a la Enmienda del Partido Popular. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se somete, entonces, a votación la Propuesta del Grupo Socialista con las dos Enmiendas de Adición presentadas por el Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y seis. Votos a favor: veintiséis. Y en contra: cincuenta. Queda, en consecuencia, rechazada.

Y podemos entrar en el décimo punto del Orden del Día, que enunciará el señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Décimo punto del Orden del día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto de Ley por la Junta de Castilla y León, tiene la palabra su Consejera de Educación y Cultura.

FERNÁNDEZ ARUFE

LA SEÑORA CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SEÑORA FERNÁNDEZ ARUFE): Señor Presidente. Señorías. Tengo el honor de presentar ante esta Cámara el Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria de Castilla y León, que fue aprobado por la Junta de Castilla y León el día ocho de mayo de mil novecientos noventa y siete, ordenando su remisión a estas Cortes.

Previamente a la aprobación por el Gobierno Regional, el Proyecto de Ley objeto de esta presentación ha sido sometido a la consideración de diferentes ámbitos de la Comunidad, como son las Universidades, sus Consejos Sociales, el Consejo Interuniversitario, el Consejo Asesor de la Agencia de Desarrollo, y el Consejo Económico y Social.

Hemos procurado, Señorías, recoger todas las aportaciones de aquellos sectores que, en una u otra medida, se ven implicados en el sistema universitario de Castilla y León. Quiero, antes de nada, significar lo que este Proyecto de Ley representa dentro del sistema de distribución de competencias que la Constitución y el Estatuto de Autonomía realizan en materia de enseñanza universitaria.

La Constitución española ha venido a revisar el tradicional régimen jurídico administrativo centralista de la Universidad al reconocer, en su Artículo 27.10, la autonomía universitaria. En virtud de las competencias que el Artículo 149 del texto constitucional reserva al Estado, ha sido el legislador estatal el encargado de delimitar la autonomía de las Universidades, y así se promulgó la Ley Orgánica 11/1983, de veinticinco de agosto, de Reforma Universitaria, que delimita el ámbito competencial de las tres instancias que participan en el sistema universitario superior; esto es: el Estado, Comunidades Autónomas y Universidades.

(-p.3396-)

Por lo que respecta a nuestra Comunidad, el Estatuto de Autonomía, reformado por Ley Orgánica 11/1994, de veinticuatro de marzo, en su Artículo 27 bis atribuye a la Comunidad la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27 de la Constitución y sin perjuicio de las facultades que atribuye la Constitución al Estado.

En materia de enseñanza universitaria, la traducción administrativa de las competencias asumidas por vía estatutaria se realizó mediante Real Decreto 907/1995, de dos de junio, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Castilla y León en materia de Universidades.

Toda esta referencia normativa nos permite señalar la legítima posibilidad que tiene esta Comunidad Autónoma para desarrollar esta materia, teniendo en cuenta que específicamente el Artículo 3.3 de la Ley de Reforma Universitaria atribuye a las Comunidades Autónomas las tareas de coordinación de las Universidades de su competencia, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Consejo de Universidades.

En el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, la coordinación del sistema educativo superior cobra especial importancia dada la existencia de varias Universidades en el extenso territorio castellano y leonés, en el que coexiste las Universidades más antiguas de España y otras -como la de Burgos- de reciente creación.

Todas estas circunstancias exigen racionalizar la enseñanza superior y establecer mecanismos que encaucen el proceso educativo como un proceso de especial relevancia para el desarrollo regional.

La atención a los diferentes campus provinciales que deben ayudar a la especialización de nuestras Universidades públicas y a crear simultáneamente focos de desarrollo sectorizado, la planificación de nuevas titulaciones que demanda la sociedad, y la armonización de todo el sistema universitario de Castilla y León, son, entre otras, cuestiones que se verán reforzadas con esta disposición normativa con rango de ley.

Es, por tanto, necesaria la regulación de los mecanismos de coordinación del sistema universitario de Castilla y León que permitan aunar los esfuerzos de todas las Universidades, de forma que beneficien a la sociedad y al desarrollo social, cultural y económico de nuestra Comunidad Autónoma.

Un primer paso de tipo operativo, en este sentido, lo constituye la implantación del Distrito Único en el presente curso académico noventa y siete-noventa y ocho, así como la reciente aprobación del mapa de titulaciones con un horizonte de diez a quince años.

El Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria de Castilla y León se estructura en cuatro títulos con treinta y siete artículos, una disposición adicional, una transitoria, dos disposiciones derogatorias y dos finales. Fundamentalmente, pues, tiene cuatro títulos y treinta y siete artículos.

El Título I presta especial atención al Consejo Social como órgano colegiado de gobierno de la Universidad, al que se le encomiendan importantes funciones, que garantiza la directa intervención de las fuerzas sociales en la administración y gobierno de las Universidades.

Siguiendo las directrices básicas marcadas por el Artículo 14 de la Ley de Reforma Universitaria, el Consejo Social se concibe como el cauce esencial de participación social en la Universidad, de forma que la sociedad castellano y leonesa sea consciente de las necesidades de sus Universidades y de su importante misión docente e investigadora.

Las funciones atribuidas al Consejo Social se articulan básicamente en dos aspectos: de un lado, la supervisión de la actividad de carácter económico de la Universidad y, de otro, la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad.

En cuanto a su composición, se opta por un número de veinticinco miembros, diez representando a la Junta de Gobierno de la Universidad y quince en representación de los intereses sociales.

Quiero destacar la amplia participación que se da a los interlocutores sociales en el Consejo Social, con cuatro representantes sindicales y cuatro de las asociaciones empresariales, lo que supone el mayor grado de representación del territorio nacional en comparación con el resto de las Comunidades Autónomas.

Queda igualmente garantizada la entrada de amplios sectores representativos de la sociedad, por cuanto que, junto a miembros de sindicatos y asociaciones empresariales, estarán presentes en el Consejo Social personas de especial relevancia para la comunidad universitaria vinculadas a fundaciones, entidades científicas, culturales o financieras, colegios profesionales y otras corporaciones de derecho público de la Comunidad de Castilla y León.

Dentro también del ámbito social de la Universidad, y como aspecto novedoso, el Proyecto de Ley crea la Comisión Regional de Consejos Sociales, integrada por los Presidentes de los Consejos Sociales de las Universidades públicas y representantes de la Consejería de Educación y Cultura.

Este nuevo Órgano de colaboración, de igual rango que el Consejo Interuniversitario en los temas académicos, sin duda será un importante medio para la elaboración de programas de actuación conjunta, que dinamice las relaciones entre las Universidades de Castilla y León y la sociedad a la que se debe.

(-p.3397-)

Las facultades que en materia de coordinación de las Universidades tiene atribuida la Administración Regional, y cuyo ejercicio es ineludible, no puede desconocer la necesaria colaboración con las propias Universidades. De aquí que el Proyecto de Ley consolide el Consejo Interuniversitario como órgano consultivo de coordinación, que, con su funcionamiento en la Comunidad Autónoma desde mil novecientos noventa y cuatro, ha demostrado ser un instrumento ágil y eficaz para canalizar las relaciones entre la Administración y las Universidades.

Con respecto a su composición, además de representantes de la Consejería competente en materia de Universidades, se integran en el Consejo Interuniversitario de Castilla y León los Rectores de las Universidades públicas, y, en su caso, podrán ser convocados los Rectores de las Universidades privadas en cuanto que éstas se vean afectadas.

Otro de los aspectos destacables del Proyecto que se presenta hoy ante esta Cámara son las directrices básicas, que servirán en la Comunidad Autónoma para la creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, teniendo en cuenta que en esa materia las competencias autonómicas están en gran medida limitadas.

Si bien la creación de Universidades Públicas y el reconocimiento de Universidades Privadas ha de realizarse por una ley de estas Cortes, la Ley de Reforma Universitaria atribuye al Gobierno Nacional la determinación con carácter general del número de centros universitarios, y las exigencias materiales y de personal que deben tener las nuevas Universidades o la ampliación de centros universitarios ya existentes. Estas exigencias mínimas fueron establecidas por el Real Decreto 557/1991, de doce de octubre, que tiene carácter de legislación básica y, por tanto, es de aplicación directa en el ámbito de la Comunidad.

El Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria, con respeto absoluto a la legislación básica del Estado, establece una serie de criterios generales para la creación de Universidades y centros universitarios que permitirán garantizar la calidad de la docencia e investigación en las Universidades de Castilla y León.

La creación y reconocimiento, modificación y supresión de centros, se vincula a la programación universitaria de Castilla y León, con el fin de que el sistema universitario se estructure con criterios de eficacia.

Por último, el Proyecto de Ley delimita el elemento formal de la coordinación consistente en la programación universitaria. Dicha programación se analizará, se realizará anualmente por la Consejería de Educación y Cultura, a partir de los proyectos de cada una de las Universidades. La programación tendrá carácter plurianual y se concretará anualmente, y podrá ser revisada en función de las previsiones realizadas y de los cambios de las circunstancias externas.

Con este Proyecto de Ley el Gobierno Regional cumple otro de sus compromisos del programa de Legislatura para el desarrollo del sistema universitario de la Región; sistema que se verá igualmente reforzado por el Proyecto de Ley de Ciencia y Tecnología que se presentará en su día para su consideración por estas Cortes.

Señorías, entiendo que es imprescindible esta regulación, y deseo que la misma reciba el apoyo de esta Cámara, manifestándoles mi satisfacción de haber tenido la oportunidad de exponer sus principios básicos. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señora Consejera. Vamos a entrar en el debate y posterior votación de las dos Enmiendas a la Totalidad que han sido presentadas, respectivamente, por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto, proponiendo en ambas la devolución del Proyecto de Ley a la Junta.

Para la defensa de la Enmienda del Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra, en primer lugar, don Santiago Sánchez Vicente.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Presidente. La necesidad de regular por ley el papel que debe jugar la Universidad como servicio público, y de vertebrar el tipo de Universidad que queremos para Castilla y León, la consideramos urgente, como hemos puesto de manifiesto reiteradamente, una vez producidas las transferencias en materia universitaria.

La Ley de Reforma Universitaria, de veinticinco de agosto del ochenta y tres, en su Exposición de Motivos significaba que esta Ley... vertebrada por la idea de que la Universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad universitaria, sino que constituye un auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda la comunidad nacional y de sus respectivas Comunidades Autónomas. A ello responde la creación de un Consejo Social que, inserto en la estructura universitaria, garantice una participación en su gobierno de las diversas fuerzas sociales, así como la función de ordenación, coordinación y planificación que se atribuyen al Consejo de Universidades.

A ello responde también la flexibilidad que se otorga a las Universidades para ser útiles a la comunidad en la que se insertan, poniendo así al servicio de las mismas toda su capacidad creativa investigadora. A ello responde finalmente el que el control del rendimiento y la responsabilidad sean, en definitiva, la contrapartida de la Autonomía, y del privilegio y beneficio que implica el acceso a la Universidad y la adquisición de un título académico.

(-p.3398-)

Así mismo, la mencionada Ley dice en el Título Preliminar: "se determina que las funciones de la Universidad como servicio público de la educación superior y al servicio de la sociedad son la creación, desarrollo, transmisión, crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura; la preparación para el ejercicio de las actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos y métodos científicos, o para la creación artística; el apoyo científico-técnico al desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional como de las Comunidades Autónomas, y la extensión de la cultura universitaria".

Estos grandes principios consagrados en la LRU siguen conservando su plena vigencia, por lo que la obligación de las Comunidades Autónomas que han asumido sus competencias en materia universitaria es desarrollar el carácter de servicio público de sus Universidades, y dotar a las mismas de la capacidad para ser un instrumento de desarrollo cultural y científico y técnico de la propia Comunidad y de sus ciudadanos, siempre desde el respeto a la autonomía universitaria.

Pero no basta con la elaboración de cualquier norma, sino que ésta solamente es válida en la medida en que sea capaz de dar respuesta eficaz a los problemas planteados, y de servir de instrumento para la configuración de los fines y funciones mencionados.

A nosotros nos da la impresión -y así lo decimos en nuestra Enmienda a la Totalidad- que esta Ley se ha llevado a cabo, se ha presentado en esta Cámara, de verdad, con escasa ilusión y escasa confianza. Yo creo que, más que otra cosa, se ha pretendido dar o cumplir un trámite. Se está desaprovechando con ello -como ya hemos dicho- una gran oportunidad para establecer el papel que debe jugar la Universidad como servicio público en el desarrollo de nuestra Comunidad, y de vertebrar el tipo de Universidad que queremos para Castilla y León.

Ni siquiera se hace el esfuerzo de analizar en la Exposición de Motivos la realidad de la que partimos, las potencialidades y estructuras con las que contamos, y el objetivo que se persigue con la Ley, que es desafortunada hasta su propia denominación.

Tampoco el texto articulado intenta definir los objetivos y planteamientos de la política universitaria de Castilla y León, ni crea los instrumentos de participación precisos para hacer realidad el carácter de servicio público de la Universidad -carácter que ni tan siquiera se menciona-, ni se disponen las mínimas garantías de financiación necesarias para la actividad universitaria.

De la lectura del texto se pone de manifiesto la permanente desconfianza del Ejecutivo Regional respecto a la sociedad castellano leonesa y al Parlamento Regional, como órgano de expresión de ésta. Desconfianza que se evidencia ya en la propia gestación del Proyecto, que aunque la Consejera nos acaba de decir que ha sido sometido a consideración, pero con escaso éxito porque, salvo el obligado y el preceptivo informe del Consejo Económico y Social, las demás consideraciones, que me consta se han hecho desde las Universidades -que yo tenga conocimiento-, no se ha recogido ninguna.

No obstante, lo que sí es cierto es que los órganos de gobierno y participación de las Universidades, los Consejos Sociales de éstas, se configuran con el mínimo de participación social a la que obliga la LRU, y con el máximo de control directo desde el Ejecutivo Regional. Se cierra la entrada a sectores sociales, instituciones directamente implicados en la actividad universitaria, y se dota al Gobierno Regional de la potestad de nombrar a más representantes, incluso, que a las propias Cortes Regionales, alejándose de los criterios seguidos en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas que han legislado sobre esta materia: Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco, Rioja, Valencia.

Así mismo, la participación social es restrictiva y se limita a los mínimos exigidos por la Ley de Reforma Universitaria, sindicatos, asociaciones... y asociaciones empresariales. Muy al contrario de lo legislado en otras Comunidades, en las que se ha dado cabida en los Consejos Sociales a municipios u otras instituciones, como es el caso de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia.

Por otra parte, estamos ante el único texto normativo que crea dos órganos diferentes de coordinación interuniversitaria, frente al unánime proceder del resto de las Comunidades, como resalta en su observación cuarta el Consejo Económico y Social, en el preceptivo Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Coordinación Universitaria. Este hecho, a nuestro juicio, tiene más importancia de la que en un principio pudiera parecer, ya que no es más que una forma de cercenar la participación social y limitar el principio de autonomía universitaria. La propia composición de ambos órganos y sus funciones revela el desmedido afán del control del Ejecutivo. En ambos -el Consejo Universitario y en el Consejo Regional de Consejos Sociales- la composición es paritaria, lo que en la práctica supone que siempre atenderán a los planteamientos del Gobierno Regional, que se reserva su presidencia, y, en consecuencia, carecerán de toda eficacia.

(-p.3399-)

Las competencias dadas a cada uno de ellos supone un claro desprecio hacia los Consejos Sociales y su carácter de órgano de participación social en el gobierno universitario, puesto que la Comisión Regional, en la que participan los Presidentes de los Consejos Sociales, apenas tiene competencias ni funciones de ningún tipo, reservándose todas al Consejo Interuniversitario, que, en realidad, no es más que una reunión periódica de los Rectores con la Administración, en la que se podrá decidir sobre cuestiones que correspondan en cada Universidad exclusivamente a los Consejos Sociales, vaciando... vaciándolos, de esta manera, de esta forma, del contenido para cumplir sus fines.

Este despropósito llega al paroxismo con la posibilidad de que participen en el Consejo Interuniversitario los Rectores de las Universidades Privadas, tergiversando así lo dispuesto en el Artículo 24.5 de la Ley de Reforma Universitaria. Conforme a lo establecido en este Proyecto de Ley, podrán participar en cualquier asunto, bastando para ello con que lo considere conveniente el propio Consejo o, lo que es lo mismo, representantes de la Administración en el mismo, que representan su mayoría.

Su participación no se limitará a ser oídos en el asunto que les afecte, sino que podrán intervenir en toda la sesión con voz y sin voto. Y de esta forma, las grandes decisiones de la política universitaria pública de Castilla y León y de coordinación de sus Universidades Públicas se adoptarán en un sanedrín formado por el propio Gobierno Regional y los Rectores de las Universidades Públicas y Privadas.

Esta circunstancia se denuncia en las conclusiones y recomendaciones séptima del reiterado perceptivo Informe elaborado por el Consejo Económico y Social de Castilla y León.

Respecto a lo que formulaba mi Grupo en cuanto al Titulo III de la Ley, la señora Consejera en su intervención me ha permitido pues, cuando menos, cambiar en cierta medida el texto, porque me dice que si bien es cierto que el propio Informe del Consejo Económico y Social lo que hace es... lo que yo recojo... decir lo que yo recojo en el texto: decir que no se menciona ni siquiera el Real-Decreto 557/91. La señora Consejera -o así lo he entendido yo, y si no, debería de corregirme- lo que ha venido a decirme es que, en concreto, al ser una norma de carácter básico, aunque no se mencione, va a ser el criterio legal que se va a seguir para la creación y modificación de las Universidades. No obstante, no obstante, yo creo que en este Proyecto de Ley debería, cuando menos, hacerse referencia a este Decreto-Ley. Así se recoge en el preceptivo Informe.

Además del establecimiento de requisitos para la creación de las Universidades, centros de estudios, a nuestro juicio es preciso establecer mecanismos de control parlamentario que garanticen su mantenimiento a lo largo del tiempo, así como la participación social tanto en las Universidades Públicas como en las Privadas, todo ello dentro del respeto a la autonomía universitaria.

No se dedica ni una sola línea a señalar criterios y objetivos para facilitar la actividad investigadora de la Universidad en nuestra Comunidad. De nada sirve realizar permanentes referencias a la capacidad investigadora de la Universidad y su valor para impulsar el desarrollo de nuestra sociedad, si no se crean los mecanismos que faciliten dicha labor y su relación con la demanda social y empresarial.

Nuestra Comunidad carece de normativa -ya se ha expuesto aquí esta tarde-, de normativa que regule la actividad investigadora; carece de instrumentos de coordinación e impulso de esta actividad; y carece de vías de financiación que la estimulen. En estas condiciones, supone, a nuestro juicio, una frivolidad una Ley de Coordinación Universitaria en la que ni tan siquiera se fije el compromiso de redactar en un plazo determinado una norma o un Plan Regional de Investigación.

Con el fin de fomentar la relación entre Universidad y el entramado empresarial, nuestra Comunidad debe crear un instrumento normativo que, mediante el incremento de incentivos fiscales a la investigación, impulse la necesaria relación entre la Universidad y las empresas, como ya se hace en otras Comunidades que encauzan todo el potencial investigador en su desarrollo social y económico, y, al mismo tiempo, ofrecen una importante fuente de financiación a la Universidad mediante el impulso de los contratos programa.

El carácter de servicio público de la Universidad, y el necesario nivel de calidad que debe ofrecer a los ciudadanos en sus prestaciones, exige contar con una financiación estable, suficiente y vinculada a unos criterios objetivos y rigurosos que no pueden quedar al arbitrio del Ejecutivo y al vaivén de la política presupuestaria anual. La Ley debe garantizar la suficiencia financiera de la Universidad estableciendo unos mínimos que deben ser respetados en cada ejercicio presupuestario, vinculando dicha suficiencia financiera al cumplimiento, por parte de las Universidades, de los objetivos que se fijen en la programación universitaria y al mantenimiento de requisitos de calidad cuantificables objetivamente. Debe quedar igualmente explicitado el carácter de servicio público que corresponde a la Universidad Pública, por lo que no podrán financiarse, de modo alguno, actividades y Universidades Privadas con cargo al Presupuesto de esta Comunidad.

Por último, y por lo que respecta al Título IV del Proyecto de Ley, queremos significar que en la realización de la programación deberá intervenir al sociedad, a través de sus legítimos representantes, para definir el modelo de universidad, la identificación de objetivos, la determinación de prioridades y la asignación de recursos, debiendo quedar abierto un amplio campo para definir el modelo de relación entre universidad y sociedad, a través de una programación coordinada y concertada.

Por ello, la programación no puede dejarse en manos de la Consejería correspondiente, sino que debe ser objeto de debate y aprobación en las Cortes, correspondiendo su elaboración a los órganos de participación social -Consejos Sociales y Órganos de Coordinación- que finalmente se establezcan en la Ley.

(-p.3400-)

Frente a todo ello -lo indicado-, el texto del Proyecto no establece compromiso de financiación de ningún tipo, ni garantiza la suficiencia de recursos de las Universidades, minimizando, además, el valor de la programación hasta convertirlo casi en un mero acto administrativo, con lo cual, pues se introducen elementos que... no se introducen elementos de participación y de control del cumplimiento de los objetivos... de los objetivos citados.

Por todo ello, solicitamos la devolución del texto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra, para defender la Enmienda del Grupo Mixto, la señora Farto.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Pero es que hay un pequeño problema: aunque aparentemente esta Enmienda a la Totalidad va firmada por mí, Sus Señorías observarán que el papel es del señor Otero, hoy Portavoz de este Grupo Parlamentario por decisión de esa Mesa. Está desaparecido. Y yo no puedo defender algo que no tiene argumentos, puesto que él habla que no está de acuerdo con los principios y el espíritu del Proyecto, y creo que los principios del señor Otero y lo que él entiende por espíritu dista mucho de lo que yo entiendo por principios y espíritu.

Por tanto, lo siento. Yo esto no lo puedo defender. Es más, estoy de acuerdo en el espíritu de la Ley, porque sé que ha sido un consenso fuerte desde la Consejería de Cultura con todo el tema universitario, y, por tanto, yo, de entrada, voy a aprobar esa Ley. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muy bien. Para el turno de... para el turno en contra del Grupo Popular, el señor Garabito tiene la palabra.

GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Sí. Gracias, señor Presidente. Señorías, pues miren, agradezco a la Portavoz del Grupo Mixto que diga que está de acuerdo con el espíritu, pues, dado el poco esfuerzo que había hecho el componente del Grupo Mixto, el señor Otero, yo, los únicos argumentos que le pensaba decir, que -desde el Grupo Parlamentario Popular- a él no le gustan los principios ni el espíritu de la Ley, a nosotros sí. En este caso, además, coincidimos con la persona que lo ha interpretado.

Entrando con la Enmienda a la Totalidad de Izquierda Unida, yo quiero agradecer -¿cómo no?- el esfuerzo tremendo del Portavoz, señor Sánchez Vicente, en todo esto que ha sido su exposición de motivos y nos ha leído aquí en esta Tribuna. Pero poco más, porque a partir de ahí puedo decirle que creo que hace afirmaciones gratuitas, algunas erróneas, como tendré ocasión... creo que de demostrar, y sobre todo juicios de valor, algunos también.

Comenzaremos diciendo que una afirmación gratuita es la que establece en la página 1, párrafo 3, cuando da un tono que, sin decirlo claro, parece que los Consejos Sociales es un órgano de gobierno de la Universidad. Pues mire usted, claramente, el Consejo Social no es un órgano de gobierno de la Universidad. El Consejo Social, el Artículo 14 dice que es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad, no el de gobierno. Le podría decir -y creo que esto lo sabrá también- las funciones que cumple de aprobar presupuestos, etcétera etcétera, pero nunca de gobierno. Sin embargo, es el Artículo 16 el que establece la Junta de Gobierno, que ésa sí es el órgano ordinario de gobierno de la Universidad. Luego, primera afirmación errónea es hablar, en varias ocasiones, del Consejo Social como órgano de gobierno.

En esa página 2 habla usted de que este Proyecto de Ley ha sido rutinario y sin participación. Bueno, si dice usted rutinario porque se tiene que atener a la normativa básica -Ley de Reforma Universitaria del 83-, a toda la normativa que desarrollan los Consejos Sociales, o al Real-Decreto de creación de las Universidades 557, etcétera, etcétera, evidentemente. Nos deja tan poco cauce la propia normativa superior, que es, sencillamente, desarrollarlo y adecuarlo a nuestra comunidad universitaria. Es que no mucho más se puede hacer. Si a eso se refiere que es rutinario, pues, evidentemente, es totalmente respetuoso con lo que la normativa superior establece. Y poca más imaginación podíamos echar.

Dice usted "sin participación". Pues no sé quién quería usted que participara, porque a mí me consta que han participado las Universidades de Castilla y León, sus Consejos Sociales; han tenido conocimiento -entre otros- la Agencia de Desarrollo Regional, donde está Cecale, sindicatos como Comisiones Obreras, UGT y demás; lo han conocido los Portavoces, y hay un Informe del Consejo Económico y Social, entre otros. Dígame quién alguien más, que tenga intereses en la Universidad y pueda aportar algo, podía haber intervenido.

Se dice -otra afirmación también, a mi juicio, errónea, con todos los respetos- que es... dice usted que la participación es mínima, la participación social. Cuatro representantes del mundo empresarial y cuatro representantes del mundo sindical la convierten a esta Ley en la que da más participación a los sectores sociales de toda España. Ahora, puede ser que todavía sea poco, pero, no obstante, es la que más participación da.

(-p.3401-)

Y dice, por otro lado, que no sigue la pauta... otra afirmación errónea, que no sigue la pauta del resto de otras Comunidades Autónomas que tienen el gobierno... que han hecho ya esta Ley. Pues, mire usted, es que da la casualidad que la pauta, quien la marca es la Ley 5/1985, Ley de Consejos Sociales, en los cuales ya establece que el Gobierno Regional nombra tres representantes y que las Cortes nombran a dos. Dice: es que aquí son cuatro y tres. Tiene usted razón, pero es porque el Consejo Social, la normativa dice veinte componentes, y aquí ponemos veinticinco; en consecuencia, mantenemos la propia normativa básica que nos indica en qué proporción tienen que estar unos y otros.

Se dice que "la participación social es restrictiva", y ya le he dicho que es la mayor de las Leyes que se hayan hecho en España. Lo que sí le puede pasar, que entienda usted por restrictiva el que no se da participación a los municipios, por ejemplo, por decir otras instituciones. Y usted cita la Ley de Coordinación Universitaria andaluza, y tiene usted razón; ya lo sé que participa un representante de los municipios. Pero, ¡oh casualidad!, se le olvida a usted decir que sólo hay dos representantes de sindicatos y sólo dos de empresas. Es decir, evidentemente que como somos un país plural, pues cada Comunidad se dota según cree, dentro de los márgenes que la Ley le marca; y bueno, pues a ellos les ha parecido conveniente tener un representante municipal, lo ponen; a cambio, dan mucha menos participación social que lo que tiene esta propia Ley.

Por lo tanto, si decimos la verdad, la digamos completa. Y claro, en un conjunto de tantas leyes como hay de coordinación, o parecidas, evidentemente, hay gustos para todos los colores, pero hay que cogerlo completo, no coger de cada Ley con lo que convenga.

Dice que hay dos órganos diferentes de coordinación. No es cierto, no hay dos órganos en esta Ley diferentes de coordinación. Hay uno sólo. Hay dos órganos diferentes, pero no de coordinación. El Consejo Social no coordina; da la participación social en la Universidad. Quien coordina es el Consejo Interuniversitario, que ésa es su función. Luego sólo hay un órgano coordinador de la Universidad. Y eso sí, se aprovecha y en la misma Ley se da la función a los dos órganos, pero coordinadores sólo uno.

Por otro lado, es positivo, a nosotros nos parece positivo que se les eleve al mismo rango a la Comisión Regional de los Consejos Sociales que al propio Consejo Interuniversitario, cada uno con la representación y la función que le corresponda.

Habla de un afán desmedido de control de la Junta de Castilla y León para tener todos sus órganos bajo el poder. Mire usted, si es que la Ley lo dice así, si es que los Consejos y el Consejo de Universidades lo preside la Ministra porque lo dice la Ley. Y el Consejo Interuniversitario, que es su equivalente, lo presidirá la señora Consejera de Educación y Cultura porque así lo establece. Luego afán de controlar, nada. Porque, por otro lado, no se olvide, señor Sánchez Vicente, son dos órganos consultivos, con lo cual no se vota, o casi nunca se vota, porque, en definitiva, lo que hacen es asesorar, en unos ..... u otros. Por lo tanto, eso que le preocupa a usted tanto de actuación paritaria, tampoco, porque, en definitiva, lo que están es asesorando, que es la función que le corresponde.

Y dice usted que llega al paroxismo... Pues, mire usted, paroxismo me ha producido a mí que un -por lo menos yo le tengo por tal- eminente jurista se haya dejado meter un gol por el Consejo Económico y Social; gol que seguramente se lo han metido sin querer. Porque el Consejo Económico y Social, entre alguna de las aclaraciones, en concreto la recomendación tercera, dice: "no hay consejos de administración en las universidades públicas, y, por lo tanto, aquí no se puede, hay que retirarlas". No es cierto. Yo estoy, vivo y trabajo en la Universidad de Burgos bajo un Consejo de Administración, porque es la figura que normalmente se adopta cuando una Universidad está en... naciendo, hasta tanto tiene los órganos definitivos. Y está muy claro en la Ley de Ordenación... Coordinación Universitaria que eso es el apartado 2 del Artículo. En el 1 se establece claramente quién interviene, que es cuando habla de las Universidades Públicas. Y luego habla del resto, que son justamente las privadas, las de... católica y tal. Y ahí se le da voz y no voto, que es, por otro lado, lo que está marcando la propia Ley de Reforma Universitaria y todas las demás leyes que lo desarrollan.

Otra afirmación, a mi juicio, errónea, en este caso yo pienso que inducida por no haber estudiado suficientemente la lección -aunque creo que ha hecho un gran esfuerzo-, y deducir que el Consejo Económico y Social también se confunde, y no ha leído con toda precisión lo que verdaderamente se dice, y que el Consejo de Administración es la figura que las Universidades Públicas, cuando nacen, se dotan de ellas. Que ahora mismo en Castilla y León tenemos un caso concreto.

Pasa usted ha hacer una mención al Real Decreto 557/91, que, mire usted, es verdad, si se puede poner, se lo ha debido decir la Consejera, yo también se lo digo, puede ser objeto de una Enmienda parcial, no hay problema. Pero es que sabe que es una normativa básica, que, por fuerza, póngalo o no lo ponga, tiene que todo acomodarse a ello. Por lo tanto, podíamos poner también la Constitución, los artículos que desarrolla, podíamos poner la Ley Orgánica de Reforma Universitaria, podemos poner todo lo que queramos, pero las leyes de rango superior -y, sin duda, usted sabe más que yo de eso-, lógicamente hay que cumplirlas.

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Habla en su Exposición de Motivos que no se dedica ni una sola línea a la investigación. Tiene razón, tiene razón, porque ya le ha dicho la Consejera -y además usted debiera saberlo- que la Ley de Ciencia y Tecnología o Investigación más Desarrollo se está haciendo, se está haciendo, y hay un proyecto ya elaborado, un anteproyecto. Que además ha sido el propio Consejo Interuniversitario, a través de sus Rectores, los que han dicho la conveniencia de que se hiciera primero la Ley de Coordinación Universitaria, y posteriormente la Ley de Ciencia y Tecnología. Inclusive que no se debatieran a la vez, para poder ya acoplar la una a la otra.

Por lo tanto, ahí, en esa Ley de Ciencia y Tecnología será donde se recoja ampliamente todo lo que usted menciona, muchas de las cosas que coincidimos, y algunas otras que aportaremos entre todos, y se saldrá... Pero será en esa Ley, no en la Ley de Coordinación Universitaria.

Por último, habla usted de que se está celebrando... perdón, de la cuestión de financiación, y en esa sí que me voy a detener muy poco, porque acaba de tener usted un debate con el compañero señor Arvizu, con lo cual ya la posición del Grupo Popular ya se ha manifestado al respecto.

Por lo tanto, señor Sánchez Vicente, yo quiero decirle que, en general, no vemos ningún motivo para que a esa Enmienda... motivo suficiente para esa Enmienda a la Totalidad por ustedes presentada, salvo uno importante, importantísimo. Hay un motivo esencial para que ustedes presenten una Enmienda a la Totalidad, que no les gusta nuestro Proyecto de Ley, lo cual es totalmente lícito. Por eso estamos, ustedes en Izquierda Unida y nosotros en el Grupo Popular. Pero para justificar algo que no les gusta, quizá en ese afán de querer demostrar que tienen razón, como le he dicho -y espero haberle, por lo menos, creado la duda-, hay algunos juicios de valor sobre el control que queremos establecer, o afirmaciones gratuitas, o afirmaciones de tipo erróneas, que no merecía la pena. Simplemente a ustedes no les gusta, y eso es totalmente respetable; tienen otra forma de ver la Universidad y otros conceptos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Guarden silencio, Señorías, por favor.

GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Pero se le ha olvidado, usted que ha llevado el hilo conductor en toda su exposición o en mucho ....., del propio Informe del Consejo Económico y Social, haber dicho cómo en la página veintiséis empieza: "Primera conclusión: el Consejo Económico y Social piensa que esta Ley de Coordinación Universitaria es favorable". Y ya está. Y luego hacer unas consideraciones. Eso se le ha olvidado. Pero está usted en su derecho de que se le olvide. Comprendo que haga usted la Enmienda a la Totalidad porque no le gusta, pero para eso no invoque cosas que, en mi opinión, son erróneas.

Mire, en definitiva, señor Sánchez Vicente, quiero terminar agradeciéndole el esfuerzo, como le he dicho al principio, aunque como usted bien sabe, a veces el esfuerzo no va acompañado del acierto. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para el turno de réplica, señor Sánchez Vicente tiene la palabra.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente. Pues, efectivamente, señor Garabito, es verdad que he hecho un gran esfuerzo, es verdad que he estudiado con rigor -o al menos lo he pretendido-, con todo el rigor del mundo esta materia.

El que no coincidamos -vuelvo a repetir- es lógico, ¿no?, es evidente. Lo que no es cierto, ni mucho menos, es que se contenga ninguna afirmación gratuita. Los juicios de valor, usted sabe perfectamente que se hacen desde la posición ideológica que uno tiene, y usted no convendrá con los juicios de valor que yo sostengo, ni yo con los suyos, seguramente. Pero eso no es motivo, ni mucho menos, para criticar una Enmienda a la Totalidad. Afirmaciones erróneas, sinceramente no hay, salvo esa que dice usted, que es cierto, que es un párrafo exclusivamente; se habla de órganos de gobierno, incluyendo el Consejo Social. Pero, en cualquier caso, en cualquier caso, aunque ése fuera uno de los errores, que yo no tengo por qué negarle que en la transcripción de mis notas pues así ha sido, se ha llevado a cabo, pero, en cualquier caso, eso no es el motivo fundamental, entiendo yo, de evolución, de solicitar la devolución.

Mire usted, el que a mí me diga que en los Consejos o en cualquiera de los órganos que se crea en esta Ley hay una mayor participación de las asociaciones, de los sindicatos en cuanto al número, pues, realmente, de verdad, que me es indiferente. Usted puede poner veinticinco, treinta y cinco, dentro de los márgenes de la Ley, o los que usted quiera. Lo que yo critico y he criticado en la Enmienda a la Totalidad es que ustedes siempre se reservan la posibilidad de controlar, a través de cualquiera de sus órganos, siempre con uno más; siempre con una persona más en cualquiera de estos órganos. Y ésa es la crítica que yo hago al Proyecto de Ley. Crítica que, por otra parte, como usted bien ha dicho, también, al final de su intervención, la Enmienda a la Totalidad que yo presento tiene su apoyo y su fundamento en el preceptivo Informe del Consejo Económico y Social. Todas las advertencias y toda la argumentación de la Enmienda a la Totalidad que formula mi Grupo tiene su origen y su base en las advertencias que hace el propio Consejo Económico y Social. Todas, una tras otra.

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Por tanto, el que haya más o menos... que haya muchos representantes de los sindicatos y muchos de los empresarios, ése no es el conflicto. El conflicto está en que si queremos de verdad -y lo dije en la intervención anterior- que la Universidad deje de estar de espaldas a la sociedad, si queremos de verdad que la Universidad... que la sociedad se integre en la Universidad, pues hemos de buscar que ese tipo de Universidad, en esos órganos haya la mayor participación social, la mayor participación posible; de ahí que otras Comunidades que ya han regulado esta materia... antes le leí diferentes Comunidades que han regulado en esta materia, en donde en los diferentes órganos se da participación y entrada a los Ayuntamientos, se da participación y entrada a las Cámaras de Comercio, se da participación y entrada a otros, a otros instrumentos, a otros colectivos, a otras asociaciones, que deben de tener, a nuestro juicio, deben de tener voz en estos órganos, fundamentalmente porque lo que es necesario es que exista una norma que produzca el necesario entrelazamiento entre la sociedad y la Universidad, para que la Universidad responda a las demandas de la sociedad.

Y en cualquier caso, el principio de la pluralidad responde precisamente a mayor participación, pero no en el número; no es una cuestión de números, señor Garabito. Y no me negará, en cuanto a la asistencia de los dos órganos, el Consejo Interuniversitario y el Consejo Regional, que es la única Ley que establece estos dos órganos. Es la única. No hay ninguna otra en todo el Estado, en cualquier Comunidad que haya legislado sobre esta materia, que haya introducido la existencia de este órgano, que además, si como usted lo define, órganos, meramente consultivos, si son meramente consultivos, parece que de su expresión se desprende que, en definitiva, no tienen capacidad, pues bueno, si no tienen capacidad y prácticamente están minusvalorando ustedes ese trabajo ¿para qué crear un órgano más que, en definitiva, lo que va a hacer es dificultar más cualquier proceso en el que se quiera consultar? No lo entiendo. Pero lo que sí es verdad es que es la única Ley, la única Ley y el único texto que establece esos dos órganos.

Y mire usted, la afirmación de los Rectores de la Universidad Privada, pues tampoco la hago yo, la hace el propio... el Informe preceptivo del Consejo Económico y Social, que es así de claro.

Ya claro, ¿por qué, en realidad, se presenta la Enmienda a la Totalidad, señor Garabito? Pues por lo que venimos diciendo a lo largo de la tarde desde esta tribuna mi Grupo: fundamentalmente, además de las consideraciones que he hecho, porque es una Ley absolutamente incompleta, porque no responde a las necesidades que ahora mismo tiene la Universidad. Y usted mismo me reconoce que en su día se regulará la Ley de Ciencia y Tecnología, que parece ser que se va a llamar así, y que en su día se regulará sobre la materia de financiación. Pues en tanto en cuanto no se regule esto, dígame usted qué utilidad puede tener esta Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la dúplica, señor Garabito.

GARABITO GREGORIO

EL SEÑOR GARABITO GREGORIO: Gracias, señor Presidente. Pues tendrá la utilidad de coordinar las Universidades, que es el objeto que se propone. La Ley de Coordinación, las Universidades de Castilla y León.

Cuando hagamos la Ley de Ciencia y Tecnología, pues se meterán esos temas, y cuando hagamos otro, pues será otro. Pero ésta es la Ley de Coordinación, y, por lo tanto, la función que va a tener es ésa.

Mire usted, le había dicho que había algunas afirmaciones erróneas, pero no me merece mucho la pena. Pero es que le he dicho que los Consejos de Administración -y, desde luego, no me ha podido decir nada- es una figura que existe en las Universidades Privadas. Luego hay otra afirmación errónea, que le digo que se la ha metido el gol por la escuadra el CES que es el que se ha confundido, y usted ha seguido la pauta en esa dirección.

Se empeña usted otra vez que es que queremos tener el control. Pero es que si, por un casual, el Consejo Interuniversitario, la señora Consejera de Educación, en este caso, no lo presidiera, ¿no la acusaríamos todos de hacer dejación de sus responsabilidades? Diríamos: "no, mire... es que no quiero saber nada". Pero no, es que lo establece así la propia Ley de Reforma Universitaria: en el caso del Consejo de Universidades a la Ministra, y en el caso de la Ley de Coordinación Universitaria de Castilla y León la Consejera.

Y no es que lo diga yo que son órganos consultivos. Oiga, que yo no hago las leyes, menos la Ley de Reforma Universitaria de digna memoria, hecha por el Grupo Socialista en el año ochenta y tres. No, no lo digo yo. Ahí lo establece cómo son los órganos estos. Y mientras no la cambiemos, cosa que, a lo mejor, desde el Grupo Popular nos gustaría cambiar, por lo menos algunas cosas, pero mientras sea la Ley, es la Ley, y por lo tanto son órganos consultivos no porque lo dice el señor Garabito, sino quien lo dice es la Ley de Reforma Universitaria y con la normativa básica que lo desarrolla.

Y usted quiere dar más participación a los municipios, a las cámaras de comercio. Perfecto. Cuénteselo a los señores de Comisiones Obreras y a UGT, porque le voy a explicar, si es que no lo sabe. La Ley de Consejos Universitarios dice "veinte", y dicen que hay proporción; en este caso hemos hecho veinticinco, manteniendo la misma proporción: diez de la Junta de Gobierno, es decir, del área docente de la Universidad; y los otros quince de la otra área. Y ahí también establece en qué proporciones.

Por lo tanto, si -como ha hecho Andalucía- quiere dar participación de un representante al municipio, se lo ha quitado a los sindicatos. ¿Quiere usted que lo hagamos? Dígalo. Pues puede ser. Pero hay que saber que lo que nos queda es esto, y si damos una representación a las cámaras de comercio, pues tendremos que quitársela a alguien, porque quedan los que quedan.

Eso, mire usted, señor Sánchez Vicente, es tan opinable que hasta en mi propio Grupo a lo mejor algunos prefieren eso. Pero bueno, eso son opiniones. Pero lo que no podemos hacer es, con un número limitado, decir "y cinco de los municipios, siete de la cámara de comercio, y demos más representación". No, es que hay un límite donde está establecido y en qué proporción van. Y para dárselos a alguien hay que quitárselos a otros.

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En fin. Tiene usted razón en que, efectivamente, tenemos dos órganos que se crean en esta Ley; no los tenemos todavía, se crearán. Eso es un lujo, y es el primero... desde el Grupo Popular creemos que es un avance que hace la Universidad en positivo, el proponer los dos órganos, cada uno con su función; y de un golpe recoge los dos: las funciones que tienen que cumplir los Consejos Sociales y, por lo tanto, la Comisión Regional de Consejos Sociales y las funciones que tiene que cumplir el Consejo Interuniversitario. Claro que son dos, pero cada uno con sus funciones: uno se ocupa de la parte social -lo que la Ley le concede- y el otro de la coordinación en la cuestión académica en la parte que le corresponde. Y eso a nosotros nos parece un avance, que estén los dos. Pero no están -de alguna manera- entorpeciéndose uno a otro, sencillamente están coordinándose entre unos y otros. Y ése es el objeto de la Ley.

Por lo tanto, si usted quiere, podíamos haber hecho una Ley de Coordinación Universitaria sólo docente, y luego hacíamos otra segunda Ley sólo de los temas sociales. Podría haber sido. Pero al Gobierno y al Grupo Popular, que le apoya, le pareció más conveniente ya en una Ley de Coordinación Universitaria meter los dos órganos, que es la primera que hay en España. Oiga, ¿y por qué en algo no tenemos que ser los primeros, aunque sólo sea en generar una cosa que a nosotros, al menos, nos parece de sentido común? ¿En algo es malo, si hay que regular las dos cosas, hacerlo al mismo tiempo? A nosotros no nos lo parece.

Y por lo tanto, en definitiva, comprendo que usted ponga la Enmienda a la Totalidad, pero le sigo diciendo, señor Sánchez Vicente... porque usted tiene... ustedes tienen un modelo de Universidad que no coincide con el nuestro; y eso es saludable. Pero lo que yo le he querido decir, y le sigo diciendo, que para justificar esa Enmienda a la totalidad lo que no se puede es dejar uno meter goles por la escuadra o emitir afirmaciones erróneas, como usted mismo alguna de ellas ha reconocido. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para fijar posiciones, el Grupo Parlamentario Socialista, que no ha intervenido en el debate. Señor Cuadrado Bausela, tiene la palabra.

CUADRADO BAUSELA

EL SEÑOR CUADRADO BAUSELA: Sí, señor Presidente. Muchas gracias. Salgo para fijar, efectivamente, posición en nombre del Grupo Socialista. Y, básicamente, eso significa, en nuestro caso, explicar por qué no hemos presentado una Enmienda a la Totalidad y, por lo tanto, en qué términos nos pronunciamos sobre el Proyecto de Ley que hoy la señora Consejera de Educación y Cultura ha presentado a la Cámara.

Nosotros entendemos que estamos con retraso -lo hemos dicho reiteradamente, incluso ha habido algún incumplimiento de algún compromiso hecho en el verano del noventa y seis, por ejemplo-, pero entendemos que estamos ante el establecimiento de un marco jurídico de la Universidad, de la política universitaria de Castilla y León. Y, sinceramente -se lo decimos especialmente al Grupo mayoritario de la Cámara-, entendemos que sería bueno se diera un proceso de consenso en el desarrollo de la... del trámite parlamentario de este Proyecto de Ley.

No voy a insistir mucho en la necesidad del consenso, pero yo creo que no sería bueno que cuando se legisla para las Universidades Públicas y Privadas, cuando se legisla para los intereses sociales representados en las Universidades Públicas de Castilla y León, se impusiera un criterio cerrado. Y además, creemos que el consenso... digamos que la estrategia del consenso en la elaboración de esta Ley debería ser fácil, porque, efectivamente -se ha dicho en el desarrollo del debate-, hay una legislación básica que marca la lectura del propio Proyecto de Ley: en el noventa y mucho por ciento de este Proyecto de Ley la legislación básica está presente; hasta el punto de que uno se pregunta -y no entiendan que es ningún tipo de maldad-, uno se pregunta cómo es posible que este texto legal haya sido encargado y pagado -su redacción pagada, su redacción-, y el resultado final sea el que es. No creo que fuera necesario hacer ese encargo -como ahora se ha hecho- para una Ley de Investigación.

Pero, en cualquier caso, la legislación básica impera, domina sobre el Proyecto de Ley que se presenta. Párrafos enteros repiten legislación básica o legislación comparada, legislación que ya existe en otras Comunidades Autónomas. Y cuando, en algún caso, se reduce o se establece alguna laguna en esos textos, yo creo que se comete un grave error, que espero que la tramitación pueda evitar o pueda corregir. Además, efectivamente, la LRU establece un marco, que yo creo que es un marco adecuado tanto para la participación social como para los mecanismos de coordinación.

Por lo tanto, éste es el planteamiento que hace nuestro Grupo en relación con la Enmienda o las Enmiendas a la Totalidad que se han presentado.

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He de decir que estamos en un momento de desarrollo de la LRU que necesita modificaciones. Parece que los Rectores, todos los Rectores españoles se quejan de que las modificaciones que ya estaban consensuadas no se desarrollen. Pero permítanme Sus Señorías que les diga lo que piensan todos los Rectores, a través de la Comisión Académica, lo que piensan del desarrollo, a fecha de hoy, de la LRU. "En conjunto..." -se dice en el Informe de mil novecientos noventa y cinco- "...el marco institucional ha funcionado adecuadamente durante estos años. Las Universidades han consolidado su régimen específico de autonomía, y las Administraciones con competencias han desarrollado una política capaz de responder al formidable reto que ha supuesto la expansión del sistema durante la última década". Por lo tanto, la LRU ha funcionado correctamente. Hay dos ámbitos -como saben Sus Señorías- en los que en este momento se exige una modificación de la Ley, puesto que ha agotado -digamos- su proceso en estos años; y eso es el ámbito, el momento en el que nos movemos.

Ahora bien, les diré, en nombre del Grupo Socialista, a Sus Señorías en qué términos nosotros entendemos que no sólo es necesario el consenso, sino que es posible el consenso para el desarrollo parlamentario de este trámite legislativo. Nosotros entendemos que el Proyecto de Ley tiene gravísimas lagunas; algunas -desde luego- son francamente peligrosas para la propia comunidad universitaria, para el desarrollo de las Universidades de Castilla y León.

La Ley establece alguna novedad, pero, desgraciadamente, las novedades -luego hablaré de las carencias-, las novedades me parece que han podido tener buena intención, pero, desde luego, proponen un resultado que nos parece peligroso. Una de las novedades es, por ejemplo, la creación de un Consejo Regional de Consejos Sociales. Primero, lo consideramos absolutamente innecesario. En segundo lugar, si se crea un Consejo con los Presidentes de los Consejos Sociales, con los cuatro Presidentes, indudablemente, sólo puede ser para una cosa: para entrar en ámbitos de coordinación universitaria. Existe -y es lógico que se cree- un organismo propio, específico de coordinación universitaria, que será el Consejo Interuniversitario de Castilla y León; no tiene ningún sentido.

Pero es que, además, el hecho de que sean los Presidentes de los Consejos Sociales establece una carencia en los propios Consejos que todos los sindicatos han manifestado ya pública y abiertamente: no tiene sentido, no cumple ninguna función que no pueda cumplir el Consejo Interuniversitario, y además crea problemas graves de representación.

Por lo tanto, nosotros, a través de las enmiendas, hemos propuesto la... no la sustitución, sino la supresión de los Artículos 11, 12 y 13. Entendemos que no añade nada.

Sí que hay una innovación en la composición del Consejo Interuniversitario. Digo una innovación en relación con todas las Leyes de Coordinación Universitaria que ya están en marcha, las de otras Comunidades Autónomas, y es que sólo recoge la representación de los Rectores de las Universidades Públicas, y de una manera distinta los de las Privadas. Bueno, esto es una novedad, y pensamos que es una mala novedad. Ningún Consejo de Universidades Regional -se llame Interuniversitario, se llame como se llame- tiene esta representación y tiene esta carencia. Nosotros entendemos que la definición de las necesidades de las Universidades de Castilla y León, desde el punto de vista de la coordinación y la necesidad de coordinación, sobre todo teniendo en cuenta que en Castilla y León hay varias Universidades, deben estar presentes los sindicatos; deben estar presentes las organizaciones empresariales; deben estar presentes las juntas de gobierno, a través de una representación que recoja todo el ámbito de la Universidad, todos los sectores de la Universidad (estudiantes, profesores, etcétera); deben estar presentes, por lo tanto, los intereses sociales de Castilla y León.

Se dirá -porque se ha dicho con respecto a las bondades de ese órgano- que no es un órgano... no sería un órgano operativo. Nosotros creemos que la experiencia del Consejo de Universidades del Estado es suficiente para seguir esa dinámica. Y por eso hemos presentado una propuesta, a través de una transitoria, que establezca un Plenario del Consejo Interuniversitario y unas Comisiones específicas, que puede que -lógicamente-, en algún caso -en el caso de la Comisión Académica-, tendrá la presencia profesional y la presencia especializada de los Rectores. Pero nos parece vital que se rectifique esa novedad que el Proyecto de Ley introduce, porque pensamos que se corta la participación vital -repito- de los órganos de representación social, que son fundamentales, desde nuestro punto de vista.

Hay otras carencias, desde el punto de vista de la coordinación -importante, vital-, que tienen que ver con las funciones del Consejo Interuniversitario. El Proyecto de Ley que el Gobierno trae a la Cámara repite, reitera términos que definen el tipo de funciones que se quieren para un órgano de esta naturaleza, como "estudiará", "analizará", ¿eh?, etcétera, pero en ningún caso aparecen elementos tan importantes para definir unas funciones que tengan un contenido, que sirvan para algo, como "será preceptivo el informe del Consejo Interuniversitario", algo vital.

Pondré un ejemplo. Una de las cuestiones vitales para la política universitaria de Castilla y León es la programación universitaria; es el instrumento vital de la coordinación universitaria en Castilla y León. Pues bien, la participación del Consejo Interuniversitario no existe. Y en otros... en otras legislaciones de otras Comunidades Autónomas, no sólo existe, sino que es un instrumento fundamental. La programación -indudablemente- es una necesidad del Gobierno de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, pero si quiere que la coordinación responda a las necesidades sociales, sobre todo de desarrollo universitario, parece vital que haya un informe preceptivo de esa programación, para que pueda recibir tal nombre, desde el punto de vista de la coordinación y la participación.

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Exactamente igual nos parece vital -será, desde luego, un elemento clave, y espero que lleguemos a acuerdos en este sentido, para una Ley consensuada- establecer específicamente las garantías en la creación o autorización, en su caso, de universidades, centros y ampliación de estudios. La legislación básica, efectivamente, lo contempla, pero es necesario la precisión y la adaptación, desde el punto de vista de las características propias, de la comunidad de las Universidades Públicas de Castilla y León. Ésta es, para nosotros, una cuestión vital, central, para, efectivamente, llegar a un consenso en esta materia.

Miren, no podemos asistir al espectáculo que estamos asistiendo en este momento, de un informe... perdón, de un Dictamen ya del Consejo de Estado que dice cosas que ponen colorado a cualquiera sobre la puesta en marcha de una llamada "Universidad" en Castilla y León, en Ávila en concreto. Establecemos el Distrito Único, pero en la propia Ley. No es ninguna novedad; existen ya en otras Leyes de Coordinación en el Estado español, en otras Comunidades Autónomas. Por lo tanto, nos parece importante.

Termino, señor Presidente. No hemos presentado una Enmienda a la Totalidad. Lo hemos hecho porque creemos vital que este Parlamento haga el ejercicio en una ley de esta naturaleza, en una ley que le dirigimos a la comunidad universitaria, al conjunto de la sociedad, para la coordinación de una... y programación de una buena política universitaria en Castilla y León. Que nos pongamos de acuerdo, que hagamos un esfuerzo parlamentario para ponernos de acuerdo, y que lo hagamos por el desarrollo, el aumento de la calidad, la mejor respuesta a las necesidades de Castilla y León por parte de sus Universidades.

Entendemos que necesitamos una ley, y con esa voluntad vamos a participar en el trámite parlamentario para cualquier Gobierno del signo que sea. Ahora es un signo conservador, en el futuro podrá ser -y yo estoy seguro que será- un signo bien diferente. Cualquier Gobierno podrá utilizar un instrumento legal como éste, que haya sido previamente consensuado y que no pueda ser la Ley de un Gobierno para un momento concreto y para unas necesidades concretas.

La participación -y termino, señor Presidente-, la participación en la elaboración de este Proyecto de Ley ha debido ser muy escasa, porque entre el borrador que ustedes presentaron en su día a esos colectivos y el texto final hay muy pocas diferencias. Nosotros entendemos que este Proyecto de Ley necesita modificaciones radicales en la línea que he apuntado. Y en ese sentido, Señorías, tendrán la participación activa y la participación con la intención que he declarado del Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Procedemos a someter a votación la Enmienda a la Totalidad, solicitando la devolución a la Junta del Proyecto de Ley de Coordinación Universitaria de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. No así la del Grupo Mixto, que no ha sido defendida. Quienes estén a favor de la Enmienda a la Totalidad, levanten la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y dos; votos a favor, cuatro; en contra, cuarenta y nueve; abstenciones, diecinueve. En consecuencia, queda rechazada dicha Enmienda de Totalidad del Grupo de Izquierda Unida. Y el Proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Educación y Cultura, para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Y suspendemos la sesión hasta mañana viernes, que se reanudará a las diez treinta.