DS(P) nº 64/4 del 13/2/1998

GARCÍA SANZ

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EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señores Procuradores, Procuradoras. Esta Proposición No de Ley que presentamos desde el Grupo de Izquierda Unida, que a alguno le ha podido sorprender, fue la razón de ser de presentar una Propuesta para hablar de los alimentos o productos transgénicos. Pues que nadie se llame a engaño, porque, por ejemplo, el Parlamento Europeo hace años que ya ha tratado sobre estos temas. El problema es que cuando se empezó a discutir en el año noventa y cinco, aproximadamente, en el Parlamento Europeo, con posiciones claramente contrarias a la libre comercialización de estos productos, con modificaciones en sus genes, pues, sin embargo, en los últimos días nos hemos encontrado con que el Parlamento Europeo en algunos aspectos ha modificado su actitud, su criterio, y ha permitido, en algunos aspectos, pues, que estos productos tengan una cierta libertad de comercialización.

Sin embargo, pues ha habido diversos países de la propia Unión Europea que ya han manifestado su rechazo y, en algunos de ellos, pues, se ha planteado la necesidad de realizar referéndum entre los ciudadanos. Pero, sin duda, en primer lugar, es la preocupación de estos Gobiernos en que haya una información a todos los ciudadanos de cuáles son los productos que llevan una modificación en sus genes, los productos alimenticios..., alimentarios, y, en definitiva para que esta información que exista permita una libertad de consumo consciente.

A partir de ahí, en nuestro país, sin embargo, es un elemento... unas circunstancias que, prácticamente, están con una cortina de humo, con una total falta de información a los ciudadanos, a pesar de que ya son diversos productos los que se están comercializando en nuestro país con estas modificaciones transgénicas.

La preocupación, sobre todo, que proviene de esta manipulación de productos fundamentalmente vegetales, pero también animales... -está la experiencia, por ejemplo, de la manipulación de los genes de salmones canadienses que se produce en este momento en Escocia-, pues viene sobre el desconocimiento y la falta de información que en este momento existe sobre las consecuencias que estos productos pueden tener a corto o medio plazo en los seres humanos. E inclusive, ya hay algunas experiencias en donde, bueno, pues el consumo y la puesta en circulación, en circuitos comerciales de determinados productos en Estados Unidos en el año noventa y cinco, determinado producto produjo, pues, una intoxicación importante en casi dos mil afectados, provocando la muerte de veinticinco ciudadanos e importantes lesiones en estos casi dos mil afectados.

Son circunstancias que, prácticamente, no llegan a la información de los ciudadanos, pues porque hay esa cultura -por así decirlo- del silencio en torno a estas circunstancias. Y es lo que, desde Izquierda Unida, queremos contribuir a que esta cultura del oscurantismo sobre estas circunstancias se rompa y se abra paso una cultura sobre este aspecto de una plena transparencia de cuáles son, en primer lugar, los productos que se plantean, que se comercializan, y, sobre todo, lo que planteamos, en lo concreto, en la Propuesta de Resolución es que se plantee una moratoria -al igual que están haciendo otros países-, una moratoria sine die hasta que haya un acuerdo internacional vinculante con carácter legal para todos los países. Y que, a la vez, mientras ese acuerdo se consigue haya, por parte de las Administraciones, una información, una campaña informativa a los ciudadanos sobre los productos que llevan estas modificaciones transgénicas, que hoy por hoy no se hace; hoy por hoy no hay ninguna información de los productos que llevan estas modificaciones, y así pues, los ciudadanos hoy por hoy no sabemos, en los productos que estamos consumiendo, cuáles llevan modificaciones transgénicas y cuáles no.

Es evidente que la preocupación que se ha manifestado por diferentes organismos internacionales y foros de científicos... quiere decirse que no es una preocupación que nos saquemos Izquierda Unida de la manga. Por supuesto que los colectivos con una mayor sensibilidad ambiental, como son grupos ecologistas y demás... Porque hay que tener en cuenta que son dos aspectos fundamentales en donde están las repercusiones negativas de estos productos transgénicos: uno, en la salud de los seres humanos, y otro en las repercusiones ambientales. A nivel de la salud, los efectos concausas de aparición de efectos alergénicos, de provocación en algunos aspectos de cánceres, de contaminación de trabajadores que manipulan directamente estos productos, de transformación de las características de los alimentos habituales, y de la imprevisión y el desconocimiento que en este momento existe sobre las consecuencias que el consumo de este producto podría tener para las personas.

Igualmente, se puede considerar no menos grave, pero sí muy graves las consecuencias medioambientales que ya se están detectando que tienen la producción de estos elementos, sobre todo, con una extensión masiva. Y lo que se dice es que... leo literalmente: "que los peligros para el medio ambiente son incluso más preocupantes: la extensión de cultivos transgénicos pone en peligro la biodiversidad, estimula la erosión y la contaminación genética". Quiere decirse de que, inclusive, Informes de la OCDE, de la Organización Mundial de la Salud, han alertado reiteradamente sobre las consecuencias negativas y, sobre todo, sobre la falta en este momento de un conocimiento exacto de cuáles son las consecuencias que a corto o medio plazo puede tener el consumo de estos productos, y, sin tener ningún tipo de conocimientos exactos, sin embargo, se está permitiendo su comercialización.

Como siempre, para poner... para justificar la comercialización de estos productos se pretende justificar a través de las hambruna que existe en nuestro planeta -además de ochocientos millones de personas que pasan hambre cotidianamente-, y supuestamente se plantea este tipo de transformaciones genéticas en los alimentos para, supuestamente, contribuir a erradicar ese hambre. Sin embargo, precisamente, estos alimentos hoy en día donde menos se están comercializando son en esos países que en este momento tienen estas carencias de satisfacer sus necesidades más perentóreas, y son en los países desarrollados, incluido nuestro país, donde se están introduciendo.

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El objetivo, por lo tanto, no es satisfacer el estómago -por así decirlo- de aquellos que lo necesitan, sino fundamentalmente satisfacer el estómago de las multinacionales que, en estos momentos, son los que están preconizando fundamentalmente este tipo de investigaciones científicas. Multinacionales que propugnan este tipo de investigaciones, precisamente, en algunos aspectos, como puede ser, por ejemplo, en elementos más conocidos que tienen... que llevan modificaciones genéticas, como es el maíz, como es la soja, etcétera, pues que les hacen resistentes a determinados herbicidas. Que luego, precisamente, esas propias multinacionales son los que comercializan esos herbicidas que, por lo tanto, están de alguna manera condicionando a los propios agricultores, de cara a un futuro inmediato, inclusive en algunas ocasiones obligarles a consumir determinados productos herbicidas que esas propias multinacionales realizan.

En este sentido, por ejemplo, en lo concreto que se plantea en la Propuesta de Resolución hay dos medidas muy concretas; pero hay otra serie que, como consecuencia de esa moratoria que se plantea de comercialización de los productos, hasta que no exista ese acuerdo internacional vinculante y clarificación de cuáles serían las consecuencias que tendrían, tanto medioambientales como para la salud... la elaboración de ese reglamento internacional; la aplicación de principios de precaución aprobada por todos los países en la Declaración de Río de mil novecientos noventa y dos; la asignación de más amplios recursos científicos para la evaluación clara de cuáles serían las consecuencias que tendría el consumo de estos productos; la adaptación de la cultura de la seguridad frente a la cultura del silencio que yo mencionaba antes... primero debe ser la seguridad y la conclusión clara de cuáles son las consecuencias frente a lo que en este momento existe, con claro interés de las multinacionales de que no se conozca por parte de los ciudadanos cuáles son esos elementos transgénicos (por eso, lo que se plantea también es que vayan perfectamente etiquetados aquellos productos que llevan una modificación transgénica); y también la elaboración de inventarios globales y lo que se llama...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por favor, le ruego que concluya su intervención.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: (Termino, señor Presidente.) ...los organismos con modificaciones genéticas, e igualmente las iniciativas que deben... fundamentalmente, institucionales de cara a que haya una información veraz y constante de los ciudadanos sobre los organismos que vayan... que tengan esta modificación. Pero, fundamentalmente, lo que se plantea en el primer punto es esa moratoria en la libre comercialización de esos productos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Por el Grupo Parlamentario Popular, don José Sancho tiene la palabra.

MARTÍN SANCHO

EL SEÑOR MARTÍN SANCHO: Señoría, voy a tratar de demostrarles, sin entrar en otro tipo de averiguaciones, que los productos transgénicos están perfectamente regulados en cuanto a su comercialización y en cuanto a su etiquetado. En este momento se encuentran autorizados para la comercialización en la Unión Europea dos productos transgénicos: la soja y el maíz.

La soja lo fue mediante la decisión de la Comisión 281 de treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, relativa a comercialización de semillas de soja modificada genéticamente con una mayor resistencia al herbicida Difosato, de conformidad con la Directiva 2/20 del Consejo.

El maíz lo ha sido mediante decisión de la Comisión 98 de veintitrés de enero de mil novecientos noventa y siete, relativa a su comercialización en cuanto a un maíz modificado genéticamente con una alteración de propiedades insecticidas mediante un gen que se le aporta, concretamente la endotoxima, combinada con una mayor resistencia al herbicida glucosinato. Esto fue aprobado por Reglamento 2/20 del Consejo.

En ambos casos, la Comisión contó con el Informe favorable del Comité Científico de Nutrición Animal, del Comité Científico de Plaguicidas, y del Comité Científico de Alimentación Humana, procediéndose de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2/20, de veintitrés de abril de mil novecientos noventa, que trataba sobre la liberalización internacional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente; es decir, evalúa los riesgos que para la salud de las personas pueden derivarse de la comercialización de este tipo de productos.

Por otra parte, se ha aprobado el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 2/58, de veintisiete de enero del noventa y siete, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, en el que su Artículo 8 establece perfectamente y fija las características del etiquetado de los nuevos productos alimentarios que están sometidos a una categoría especial, es decir, que tienen una modificación genéticamente de estos alimentos.

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En este Reglamento, donde se establecen los requisitos específicos suplementarios en materia de etiquetado han de cumplirse... que han de cumplir los productos nuevos, se establece perfectamente... y se habla aquí, en este apartado, del etiquetado -una cosa que parece que a usted le preocupa-, ahí se han de indicar la composición, el valor nutricional, los efectos nutritivos y el uso al que el alimento está destinado, siempre que el nuevo, el nuevo alimento, deje de ser equivalente al existente. Eso es entre otras cosas, porque hay otros muchos factores que están establecidos en el etiquetado, como son: procedencia, fabricante, etcétera. Ha de saberse, Señorías, que a los efectos anteriores, se considera que un nuevo alimento deja de ser equivalente si una evaluación científica, basada en un análisis adecuado de los datos existentes, puede demostrar fehacientemente que las características estudiadas son distintas de lo que representa un alimento convencional, teniendo en cuenta los límites aceptados de las variaciones nutricionales de estas características.

En definitiva, Señoría, los productos transgénicos cuya comercialización ha sido autorizada por la Comisión de la Unión Europea cumplen los requisitos establecidos en la presente legislación. De otra parte, Su Señoría sabe que una autoridad regional no puede impedir la libre circulación de productos que cuentan con la autorización y comercialización por la Comisión de la Unión Europea. Es, pues, importante no utilizar el campo de la biotecnología para sembrar la duda y la intranquilidad entre los ciudadanos, siguiendo la estela de organizaciones de ámbito europeo que defienden teóricos enfoques ambientales, ante el avance de la investigación aplicada en el campo agrícola y forestal.

Por otra parte, hay una reglamentación perfectamente establecida en España, recogida en dos Directivas, la 2/19, de veintitrés de abril y la 2/20, de veintitrés de abril del año mil novecientos noventa, que está sustentada en una Ley, la 15/1994, de tres de junio, y que, por otra parte, está perfectamente regulada en el Real Decreto 951/1997, más reciente -como usted puede ver-, del veinte de junio.

En esta Ley se ha creado la Comisión Nacional de Bioseguridad, es decir, para que haya un mayor control de los productos transgénicos que pueden aprobarse o investigarse en la Unión Europea y que puedan venir concretamente a nuestro país.

En ella se ha creado -como decía- la Comisión. Ella ha de informar de los proyectos de utilización confinada y voluntaria. En los dos casos que nos ocupan -el de la soja y en el maíz-, el de la combinación de semillas multiplicadas genéticamente, esta circunstancia se ha respetado en toda su integridad.

En consecuencia, Señoría, nuestro Grupo cree que, al haberse seguido todos los trámites reglamentarios en la autorización de la combinación de semillas de soja y de maíz, y al respetarse íntegramente el mandato sobre el etiquetado de productos nuevos, no podemos aceptar esta Proposición.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Tiene la palabra el señor García Sanz, para el turno de réplica.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Ustedes ya, por no aceptar, pues no aceptan ni lo más elemental, como es el que tenga que haber una información concreta y fidedigna a los ciudadanos de qué es lo que está consumiendo; lo que usted mismo ha mencionado de que en ese etiquetado que va en los productos se dice cuál es la composición. Pero ya me contará usted la composición genética que puede ponerse de los diferentes alimentos que se ponga en el etiquetado, y quién lo va a comprender. De lo que se trata es de que vaya el anagrama que se ha elaborado a nivel internacional -ése u otro, en definitiva, pero el que se elabore a nivel internacional- para identificar claramente qué alimentos tienen una modificación genética y cuáles no, y, a partir de ahí, que el ciudadano, en definitiva, elija aquellos productos que tengan una modificación genética o no. Incluso cuestiones tan elementales como ésa, pues, ustedes las rechazan.

Y usted habla del maíz y la soja, como han sido -pues es cierto- de los productos que más... o que en primer lugar se pusieron en el... se comercializaron en el mercado, y que, precisamente, son ésos los que, en primer lugar, han rechazado o han supuesto, pues, el rechazo masivo, por ejemplo, de más de quinientas organizaciones de todo el mundo; se han sumado a una campaña para bloquear la venta en el mercado mundial de la soja manipulada genéticamente, por los graves riesgos para la salud del consumidor, para el medio ambiente y para el propio agricultor, que comporta la comercialización a gran escala de este producto.

Dentro de esa actitud que mantienen ustedes, pues ni tan siquiera, pues, son capaces de ver cuál es la repercusión que para la agricultura castellano-leonesa puede tener -de hecho está teniendo- la dependencia que en la práctica... qué es lo que se está buscando con este tipo de imposición en el mercado de productos con modificaciones genéticas.

Es una auténtica falacia -de eso no cabe la menor duda-, como yo decía antes, que se pretenda justificar la introducción en el mercado de productos con estas modificaciones genéticas, con el objetivo de contribuir a la erradicación de la hambruna, cuando lo que se pretende en la práctica es, por parte de las multinacionales, tener un control absoluto de los mercados alimentarios a nivel internacional. Eso es lo que constantemente se está denunciando, además de las repercusiones sanitarias y medioambientales que conlleva, con esos ejemplos que ya he puesto; que no solamente lo digo yo, lo dice la declaración de científicos preocupados por las tendencias actuales de la biotecnología, referidos fundamentalmente al tema de los alimentos transgénicos, en donde toda una serie de científicos internacionales manifiestan su preocupación, su grave preocupación sobre los riesgos ambientales y sanitarios que conlleva el consumo de los alimentos transgénicos.

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Y a la vez, también -por lo que ya desde una perspectiva socioeconómica tiene-, la dependencia que la... desde las prácticas agrícolas se van a tener de las multinacionales en la imposición de estos productos, que -como yo decía antes- hay una relación absoluta entre lo que son los productos manipulados genéticamente con, luego, la dependencia de la utilización de determinados herbicidas que "casualmente" -entre comillas-, pues son producidos por las mismas multinacionales.

Y sobre la disculpa constante de que desde el ámbito regional... pues yo no sé si es que ni tan siquiera se ha molestado usted en leer lo que en la propuesta de resolución se dice: "Que desde la Junta de Castilla y León se inste a las Administraciones correspondientes competentes para que se adopten las iniciativas correspondientes". Yo creo que debería molestarse usted por lo menos un poco más a la hora de venir aquí a hacer un discurso sin más del no por el no, y leerse un poco la resolución.

Intentamos darle el cariz técnico para que ustedes no puedan disculpar que no se puede desde la Junta de Castilla y León adoptar medidas directamente que vayan en contra de directrices de ámbitos internacionales. Y también de ese papanatismo que se hace, pues ustedes podrían copiar, por ejemplo -como yo he dicho antes-, de otros países, que a pesar de esas directivas de la Unión Europea... dentro de esas directivas hay toda una serie de excepciones, a las cuales determinados países se acogen, como Reino Unido, Dinamarca, Holanda, donde han planteado ya la moratoria. En otros países, donde se está planteando la realización de referéndum, para que sean, en última instancia, los ciudadanos, después, lógicamente, de campañas de explicación de las consecuencias que pueden tener; que eso a ustedes en absoluto les gusta, lo que sea una información; a ustedes les gusta el titular, que para eso lo hacen muy bien. O incluso como países como Austria, que ya han manifestado su claro rechazo a la libre comercialización de estos productos en su país.

Pero ustedes, pues, determinadas cosas las aceptan a pies juntillas. Hay otras que por supuesto que no, como por ejemplo ayer veíamos recomendaciones sobre el empleo, etcétera. Pero ésta sí: intereses de multinacionales -no de los ciudadanos, pero sí de multinacionales-, ésos son los que a ustedes les preocupan, y, por lo tanto, ustedes ni tan siquiera se plantean cuestionar en absoluto lo que son esos intereses, que es, en definitiva, lo que está en el trasfondo de esta libre comercialización de estos productos, a pesar de las gravísimas consecuencias que ya está demostrado que tienen, con esos hechos que se han producido en Estados Unidos, con incluso muertos. Y, además, las propias consecuencias que va a tener de carácter medioambiental, y también, por supuesto, de dependencia de las labores agrícolas, en la medida de la imposición del consumo de determinados productos a través de los productos que van a comercializar estas multinacionales. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para dúplica, señor Sancho.

MARTÍN SANCHO

EL SEÑOR MARTÍN SANCHO: Gracias, señor Presidente. La verdad, Señoría, es que se pone usted de una manera que... bueno, no creo que el tema sea como para llegar a extremos ilimitados.

Yo creo que en mi intervención ha quedado extremadamente claro que la comercialización -que es lo que nos preocupa a todos- de organismos modificados, de organismos modificados genéticamente, está perfectamente regulado, tanto nacionalmente como por la normativa europea.

El etiquetado, otro tema que a usted le preocupa, y también a nosotros -¿por qué no?- nos tiene que preocupar. En el etiquetado, la normativa europea dice... y la normativa española en la Ley 15/1994, que debe de ir reflejado perfectamente en la etiqueta -no sé si esto usted lo tiene- el nombre del producto y el nombre de los organismos modificados genéticamente que contenga; nombre del fabricante o distribuidor y su dirección en la Comunidad Europea; medidas que deban adoptarse en caso de ..... no intencionada o de uso indebido; instrucciones de recomendaciones específicas de almacenamiento y manipulación. Creo que... y alguna cosa más de lo que tiene que llevar obligatoriamente el etiquetado de otros productos. En consecuencia, en ese aspecto creo que tiene que haber tranquilidad, sobre todo a los ciudadanos.

Y referente a que la Junta debe de hacer algún tipo de información, pues yo creo que será en su momento, en el momento oportuno, cuando la Junta deba de adoptar una serie de acciones encaminadas a informar a los ciudadanos. Pero es cuando tengamos algún producto más que comercializar. En este momento, creo que los dos que existen no tienen una repercusión importante como para que haya una campaña informativa.

Y yo le pregunto, Señoría: ¿en quién van a depositar la confianza los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma?, ¿en qué leyes tiene que basarse esta Comunidad Autónoma para transmitir esa confianza en los ciudadanos? En las que existen. Y si no existiesen, habría que preocuparse en reglamentarlo; pero si existen, creo que no hay ningún inconveniente en que transmitamos ningún tipo de intranquilidad. Las leyes y las normativas les amparan. Y yo creo que, en este asunto, todo lo demás sería, Señoría, tratar de liar y distraer al personal, cosa que en este foro no tenemos por qué ocasionar ese tipo de actuaciones. Gracias, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. En turno de fijación de posiciones, ¿el Grupo Mixto? Renuncia a ello. Por el Grupo Socialista, señor Fernández Merino, tiene la palabra.

FERNÁNDEZ MERINO

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EL SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO: Sí. Gracias, señor Presidente. Hombre, yo empiezo por reconocer al Procurador proponente de la Proposición que algo se ha conseguido principalmente: algunos que teníamos ligeras nociones de lo que era esto, nos hemos tenido que preocupar de estudiarlo a fondo, todo lo que hemos podido. Y le reconozco que en eso, desde unos días para acá sé bastante más que lo que sabía.

No sé si el resto de la Cámara -con el debate que ha habido- ha podido captar de qué estamos hablando. Tengo alguna duda, ¿eh?, tengo alguna duda. Digo porque... No, no, no, no estoy llamando tonto a nadie; creo que el tema es suficientemente complejo como... y no me refiero a la capacidad de entendimiento, sino a la capacidad de los que hemos intervenido, o van a intervenir, para transmitir la complejidad del asunto. Señor Arvizu, perdóneme, no me refería a la incapacidad de ustedes.

Digo que tengo la impresión, señor Sanz, que en su Proposición hay dos partes diferenciadas claramente. Bien es verdad que usted no las ha separado en dos puntos, que hubiera permitido, incluso, la votación por separado y el posicionamiento de otra manera.

Uno, en el que usted pretende demostrar o pretende afirmar que no hay legislación suficiente, o no buena -para usted- sobre el tema, y por tanto pide una moratoria hasta tanto en cuanto haya acuerdos internacionales.

Y una segunda, que se refiere a una campaña de información al consumidor, o a los ciudadanos, importante respecto a lo que pueden ser o son estos productos transgénicos.

Digo, si esto hubiera sido separado en la Proposición No de Ley, para nosotros hubiera sido bastante fácil posicionarnos. Tal como está, nos obliga a abstenernos en toda la Proposición.

Pero, dicho esto, primero porque legislación hay. Como bien se ha dicho antes, legislación hay, suficiente legislación; otra cosa es que nos guste más o nos guste menos y sea perceptible o no, como toda legislación en el momento actual.

Y es verdad que la información al consumidor es escasa. Y no solamente es escasa, sino que no ha trascendido incluso cuando ha habido conflictos importantes con motivos de desembarcos de partidas de soja o asuntos semejantes, incluso en este país. Es verdad que la información periodística que se ha dado ha intentado aclarar algunas cosas, pero -sin duda- la mayor parte de los ciudadanos siguen sin saber de qué estamos hablando.

Pero también sería bueno decir con claridad qué es lo que está en el fondo de este asunto. Y en el fondo de este asunto está la investigación genética, la carrera por patentar, en muchos casos, los avances en investigación biotecnológica; carrera en la cual, pues, probablemente no podemos quedarnos atrás; no podemos quedarnos atrás porque los demás no se paran. Porque Estados Unidos, Japón y otros países van por delante en algunos casos; incluso, de seguir por delante, patentarían productos básicos para nosotros en el futuro.

Y dicho esto -como antes ha intentado demostrar-, el Parlamento Europeo lleva años debatiendo este tema. Primero con muchas precauciones, después con mayor conocimiento técnico, autorizando -mucho más restrictivamente que lo tienen otros países- determinados productos. Y estamos en un proceso en el que, poco a poco -como usted apuntaba-, no solamente será la soja, el trigo o el maíz, sino tomates, judías, etcétera, etcétera, lo que podrá ser modificado genéticamente, en el intento, en el intento de conseguir mejoras cualitativas del producto y de evitar, sobre todo, las enfermedades que se producen en su cultivo.

Dicho esto, yo no me atrevería a decir o a asegurar -como usted ha hecho- que eso tenga hoy demostrado consecuencias para el consumo de los ciudadanos. Como eso no está demostrado, y sí hay comités científicos siguiendo el tema diariamente, no parece que nosotros, desde este Parlamento, podamos enmendar la plana al Parlamento Europeo, donde recientemente... o continuamente se han votado directivas al respecto, y donde, por cierto, la mayor parte de las veces eran aprobadas con mayorías muy abultadas, si bien es verdad que en muchos casos con la abstención de los Grupos Verdes y de Izquierda Unida en ese Parlamento.

Por tanto, señor Sanz, nos gustaría aprobar la segunda parte de su Proposición No de Ley, que significa informar cuanto más y mejor a los ciudadanos de qué son estos productos, lo que significan y lo que pueden implicar, en su caso. Pero tal como usted lo ha presentado, es imposible por nuestra parte votarla, y nos abstendremos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Cierra el debate el Procurador Proponente, señor García Sanz, que tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Pues parece ser que mal empezamos esta mañana, a la hora de la posibilidad de aprobar cosas. Porque... contestando un poco a lo del Portavoz del Grupo Socialista, si tienen voluntad de aprobar alguno de los puntos, no tienen más que pedir votación separada, que no tenemos ningún inconveniente. Como parece ser que no lo solicita, pues, lógicamente, mantenemos la votación tal como está, porque, además, me parece que tampoco es una cuestión fundamental esa.

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Porque creemos que inclusive en el primer punto no se está cuestionando el que haya o no haya una legislación; ya he reconocido desde la primera intervención que hay una Resolución del Parlamento Europeo al respecto, unas directivas de la Comisión Europea. Pero que inclusive esa propia Directiva de la Comisión Europea marca toda una serie de excepciones para la libre comercialización de los productos -lo repito-, a la cual se están acogiendo determinados países, que yo ya les he dicho antes que no repito para no cansar a Sus Señorías. Y ahí lo que se plantea es que, al igual que han hecho esos países que han manifestado su preocupación, que también tienen sus normativas, les obliga las directivas de la Comisión Europea, etcétera, etcétera, pues que aquí también haya esa sensibilidad y que, por tanto, se plantee igualmente la moratoria.

No se cuestiona el que no exista legislación, sino que esa legislación es absolutamente insuficiente; en absoluto de esa legislación se deduce, ni en la propia legislación se contempla que ahí se hayan calificado cuáles son las consecuencias, tanto sanitarias como medioambientales, que puede tener el consumo de estos productos. Y que mientras no haya una mayor certeza... no una certeza absoluta, porque va a ser muy difícil, pero por lo menos una mayor aproximación a las consecuencias que puedan tener el consumo de estos productos, pues que haya una moratoria al respecto, porque si no, pues, es un pequeño -por lo menos- atrevimiento el empezar a consumir o a comercializar libremente toda una serie de productos que no se sabe cuáles... las consecuencias que va a tener.

Y lo que sí se sabe es cuáles son las consecuencias que ya en determinadas ocasiones ha tenido: la muerte de varias decenas de personas y la mutilación de cientos de personas en América del Norte, en mil novecientos ochenta y nueve -éste es otro caso, yo antes decía otro de mil novecientos noventa y cinco-, tras haber ingerido determinados productos elaborados por bacterias manipuladas genéticamente, es un ejemplo de los imprevisibles problemas para la salud derivados del consumo de alimentos producidos... Resoluciones y conclusiones del Congreso de Científicos a nivel internacional, que yo comentaba anteriormente.

A partir de ahí lo que se plantea, el tema de la moratoria y de lo que... de las consecuencias que en este momento son imprevisibles de lo que puede tener el consumo y la comercialización de este tipo de productos.

Y luego, pues, lo que parece ser que los Portavoces y el resto de los Grupos no quieren entrar, pero que no cabe la menor duda de que es lo que está en el trasfondo. Y el trasfondo a esto, al margen -que también, lógicamente, es preocupante, como decía antes- las consecuencias sanitarias y medioambientales, es la monopolización de los mercados agrícolas y también, en algunos casos, ganaderos, en el sentido, por ejemplo, se está experimentando ya o comercializando -yo decía con un caso concreto que ya existe, como es el tema de los salmones escoceses, etcétera, pero también se va a imponer en otros productos-, que es el monopolio de todos estos mercados a través de los intereses de determinadas multinacionales, en donde se va a obligar, por la vía de la imposición de determinados productos a los agricultores, a los ganaderos a la utilización de determinados productos, que ni tan siquiera son necesarios para el propio... correcto desarrollo de la agricultura, pero que se van a ver obligados por la propia, pues, competitividad que se va a introducir en los propios mercados.

Y eso, yo creo que, desde una perspectiva de un mínimo interés de defender los intereses de la agricultura y ganadería de Castilla y León, pues yo creo que debiera preocupar. Y lógicamente, lo que se plantea es que, con esta preocupación, trasladar a las instancias correspondientes del ámbito nacional para que se tomaran las medidas en ese sentido.

Quiere decirse, en un lugar... en un primer lugar esa moratoria, hasta conocer... porque inclusive, pues algunos compañeros decíamos -como están reivindicando algunas asociaciones de ecologistas- "nada de moratoria", es decir, se conocen ya claramente elementos y consecuencias perniciosas del consumo de estos productos, prohibición es lo que hay que plantear; y es lo que plantean algunas organizaciones.

Y nosotros hemos dicho: vamos a ver exactamente cuáles son las consecuencias y vamos a plantear, de momento, una moratoria; cuando haya un conocimiento más exacto, plantearemos entonces si es prohibición o es el consumo libre. Quiere decirse que será una propuesta deliberadamente planteada en tono y contenido moderado. Pero ni aun así parece ser que hay voluntad de introducir elementos como éste, que pueden ser más o menos de complejidad, de comprensión, pero que me parece que es de absoluto sentido común a la hora de que tiene que haber, por un lado, un conocimiento exacto de las consecuencias que pueda tener el consumo de determinados productos; y, por otro lado, algo mucho más elemental, que es la información puntual, fidedigna, a los ciudadanos. En este momento, quizá a excepción de manifestaciones que se han hecho por grupos ecologistas e Izquierda Unida, etcétera, en este país prácticamente no se ha hablado en absoluto de los elementos manipulados genéticamente.

¿Qué información tienen los ciudadanos de qué productos...? Si es que ni tan siquiera conocen que en el mercado pueda haber productos manipulados genéticamente. Y no se trata solamente de que la soja, el maíz, y la gente lo ve con lejanía. Hombre, todo el mundo sabe que la soja, por ejemplo, al margen del consumo en sí mismo, es un producto de composición -se dice- del 60% de los productos alimentarios que tenemos en este momento. Y que, por lo tanto, la comercialización... la libre comercialización de este producto modificado genéticamente supondría que estaríamos consumiendo, hoy por hoy ya, el 60% de los productos manipulados genéticamente.

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Y por lo tanto, esa información es imprescindible, no se está haciendo. Y me parece que es de sentido común... Y no se trata, única y exclusivamente, de poner en el etiquetado unas aseveraciones con contenido científico, que no las va a entender el ciudadano que va a consumir determinado producto, sino hacer una identificación clara de decir "producto manipulado genéticamente" o "producto no manipulado genéticamente". Y que en esa información previa, el ciudadano sepa cuáles son las consecuencias que puede tener -porque no se sabe todavía- que un producto esté manipulado genéticamente o no. Eso es lo que se plantea con una cuestión tan elemental.

Y luego, el otro elemento tampoco que se ha mencionado por los Portavoces. Parece ser que todo el mundo está preocupado por las consecuencias del deterioro medioambiental, pero aquí hay claramente ya constatado las claras erosiones y la clara pérdida de biodiversidad que va a conllevar la introducción de estos productos en la agricultura de nuestra Comunidad, de nuestro país; y sin embargo no se plantea ninguna preocupación.

Yo creo que es el momento también de tomar buena nota de las manifestaciones que han hecho aquí los diferentes Grupos a la hora de manifestar su sensibilidad en estos aspectos.

Por lo tanto, lógicamente, la propuesta se pasa a votación tal como está. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se procede a la votación de la Proposición No de Ley del Grupo de Izquierda Unida, que acaba de ser defendida y debatida. ¿Votos a favor? Por favor, ¿votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. A favor: cuatro. En contra: cuarenta y cuatro. Y abstenciones: veinte. Queda, pues, rechazada.

Y al señor Secretario le ruego proceda a dar lectura al décimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Décimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por la Procuradora doña Elena Pérez Martínez, relativa a gratuidad de las prestaciones básicas en materia de acción social, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el dos de febrero del noventa y ocho".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora Pérez Martínez, tiene usted la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Señorías. La Proposición No de Ley que traemos en el día de hoy a esta Cámara se basa en la aplicación de la Ley de Acción Social de Castilla y León, aprobada en mil novecientos ochenta y ocho.

Ya dice esta Ley que el sistema de Acción Social en nuestra Comunidad Autónoma se divide en dos tipos de servicios o prestaciones: servicios básicos y servicios específicos.

El Artículo 6 de esta Ley ya plantea cuáles son los servicios básicos que tienen derecho las personas -ciudadanos y ciudadanas- que residen en Castilla y León. Y dice, entre ellos -aparte de otros-, que la ayuda a domicilio para personas que lo precisen son servicios básicos. Y, además, dice que esos servicios básicos serán gratuitos en la prestación y en la gestión para las personas que así lo reciben.

Asimismo, en otro apartado de esa Ley plantea cuál tiene que ser la financiación por parte de las Administraciones.

Como de todos es sabido, estos servicios básicos gratuitos se están desarrollando con desigualdad en las provincias de nuestra Comunidad Autónoma, y en la mayoría de ellas se les está exigiendo un cobro a las personas que lo reciben, cuando son servicios sociales básicos gratuitos.

Por eso traigo hoy a esta Cámara esta Propuesta de Resolución, que dice que "las Cortes instan a la Junta a que, mientras no se realice por el organismo competente -es decir, la Junta de Castilla y León- un cambio en nuestra legislación de acción social, se asegure el cumplimiento de la misma en todos sus términos, para que las prestaciones básicas que recibe la ciudadanía en esta materia sean realmente gratuitas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. ¿Algún Grupo...? Bueno, perdón. El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una Enmienda y va a defenderla la señora doña Isabel Jiménez.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Buenos días, Señorías. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular, presentando una Enmienda de Sustitución a la Propuesta de Resolución de la PNL que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, doña Elena Pérez.

La señora Proponente conoce -efectivamente, y muy bien- la Ley de Acción Social, Ley 18/1988, de Castilla y León. Y como la conoce muy bien, para traer esta Proposición No de Ley, está haciendo hincapié solamente en unos de los artículos de esta Ley, que es el Artículo 6.4. Solamente recuerda el Artículo 6.4, que dice que los servicios sociales básicos serán gratuitos. Y parece ser que se le han olvidado otros artículos que van en relación con éste, como es el Artículo 47, apartado c), y Artículo 49.4, que se refieren los dos a la financiación del sistema de acción social.

Y Señoría, cuando se hace una Ley, hay que leerla en todo su conjunto.

Nosotros entendemos y mi Grupo Parlamentario entiende que la... la aseveración del Artículo 6.4, cuando habla de ese "serán gratuitos", no puede entenderse de otra manera sino haciendo una interpretación de todos los preceptos o artículos de la Ley y que están referidos a la financiación, y que se lo dije anteriormente: Artículo 47 y Artículo 49.

(-p.4004-)

El Artículo 47, Señorías, dice que "el Sistema de Acción Social se financiará...", apartado a), apartado b), y en el apartado c) dice: "con las contribuciones económicas de los usuarios de los centros y servicios de Acción Social, cuando haya lugar a su abono. En este caso, el importe de la tasa no será superior al coste real del servicio".

Primera cosa, Señoría: no se les está exigiendo -como usted ha dicho en su intervención- a los usuarios.

"En el caso que proceda", porque ahí, desde luego, hay algunos servicios que, desde luego, los usuarios -y a mí me parece bien- no están pagando ni una peseta -y me parece bien, Señoría-, pero no se le está exigiendo, como usted decía, sino que se está aplicando, en ese sentido, lo que dice el Artículo 47, que se financiarán -repito- con las contribuciones económicas de los usuarios.

Por otro lado, el Artículo 49 -también importante para tener en cuenta esta Propuesta de Resolución- dice que "los fondos aportados por otras fuentes de financiación... -y aquí, desde luego, entrarían esas fuentes que yo le he dicho antes, las contribuciones económicas de los usuarios- "...se deducirán del cálculo de las aportaciones de mutuo acuerdo entre las Administraciones afectadas".

Señoría, haciendo una lectura de estos artículos -Artículo 6, Artículo 47 y Artículo 49-, nos lleva a pensar, salvo, desde luego, que la señora Proponente tenga otro criterio, que los más elementales principios de la interpretación de las normas determinan que no pueden mantenerse soluciones diferentes de la siempre... simple lectura de un precepto. Y, en este caso, no puede mantenerse que la Ley de Acción Social propugna que los servicios básicos serán gratuitos y, a continuación, que éstos puedan financiarse con contribuciones económicas de los usuarios.

Esta contradicción que puede resultar aparente, pero que, a nuestro modo de ver, sólo es aparente, aparece resuelta si se lee literalmente el Artículo 6, cuando introduce ese modo verbal, esa forma del verbo, que es ese futuro, el "serán gratuitos". Y, además, lo entrelazamos también -porque todo tiene que ver en esta Proposición No de Ley- con la Disposición Transitoria Primera, que está relacionada con el Artículo 49.1 y 2 de la financiación.

Por lo tanto, Señoría, los servicios sociales básicos serán gratuitos, se financiarán del modo previsto en el Artículo 49 -financiación regional, financiación de las Corporaciones Autónomas- y a la vez tendrán... podrán tener participación con las contribuciones de los usuarios.

Pero, Señoría, la Disposición Transitoria Primera lo dice, que mientras las normas presupuestarias de las Administraciones Públicas no lo determinen de otra manera.

En consecuencia, esta Disposición no determina plazo ni conjuga... y conjuga perfectamente el tiempo futuro del verbo "serán" del Artículo 6.4 y la posibilidad de aportaciones de los usuarios de los Artículos 47 c) y 49.4.

(Termino, Señorías.) Usted lo dice en su Proposición No de Ley: "mientras no se realice por el organismo competente un cambio en la legislación, que se asegure el cumplimiento de la misma en todos su términos". Claro, Señoría, efectivamente, eso es lo que está haciendo la Comunidad... la Junta de Castilla y León, el Gobierno Regional. Como no se ha producido una modificación, está cumpliendo la Ley en sus justos términos. Pero no en los términos que a usted en este momento le interesan, que es en los términos que fija el Artículo 6.4, sino en todos los términos que interesan a este tema. Y le repito que serían Artículo 6, Artículo 47 y Artículo 49.

Por todo lo expuesto -deseo haber dejado mi exposición por lo menos razonablemente clara- mi Grupo Parlamentario no va a aceptar la Proposición No de Ley. Hemos presentado una Enmienda de Sustitución para que, dentro, desde luego, de la legislación vigente, el presupuesto de la Gerencia de los Servicios Sociales -como se ha venido haciendo año tras año- se vaya incrementando, para que estas prestaciones básicas, que van dirigidas a todos los ciudadanos y colectivos -como así lo dice también el Artículo 6.1-, pues puedan cubrir mejor todas las necesidades de los ciudadanos de Castilla y León, puedan tener mayor cobertura y mayor calidad.

Y la Enmienda que hemos presentado paso a... a continuación a leerla:

"Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a seguir ampliando progresivamente las aportaciones presupuestarias destinadas a la financiación de las prestaciones básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales, para que las necesidades sociales de los ciudadanos, a las que estas prestaciones dan respuesta, se cubran más eficazmente en el marco del principio de solidaridad que consagra la Ley 18/1988, de veintiocho de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales". Por el momento, nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. En turno de réplica, y para pronunciarse sobre la Enmienda presentada, señora Pérez Martínez, tiene de nuevo de la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Señora Jiménez, siento que le haya tocado a usted el papel de asesora jurídica, y además con una interpretación que le han pasado a usted seguramente errónea.

(-p.4005-)

Porque, claro, con los artículos que usted nos ha leído, lo único que plantea es que la ciudadanía o los usuarios podrán costear cuando esos servicios puedan ser susceptibles de abono. Pero, claro, es que esos servicios, que son prestaciones básicas, define la Ley que son gratuitos y no son susceptibles de abono por parte del usuario. Y usted lo sabe igual que yo. Pero bueno, no quiero entrar ahí, porque usted lo sabe; a usted le ha tocado este papel y seguramente está usted de acuerdo conmigo en la Proposición No de Ley.

No disfracen la Ley, es progresista. No queremos que la cambien, simplemente que la apliquen. Porque ustedes aquí nos podrían haber traído una enmienda de adición, no de sustitución, que dijera que se ampliara progresivamente la financiación. Porque es que la financiación, ya lo pone la Ley -y además no se cumple-, pone que el 90% -del otro artículo que decía usted- será financiado por la Administración Autonómica, por el Gobierno, y el 10% por las Corporaciones Locales.

Pues claro, si usted pregunta a las Diputaciones, usted sabe igual que yo que ni mucho menos financia la Junta de Castilla y León lo que tiene planteado la Ley, ¡ni mucho menos! Y las Corporaciones Locales, con esa prestación de servicios, se las ven y se las desean para poder prestarlos. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que está pasando, porque, precisamente, la Junta de Castilla y León no cumple su propia Ley, nuestra Ley, qué hacen? Que cada Diputación Provincial o cada Ayuntamiento está cobrando una cosa u otra, según sea la provincia en la que residen. Y aquí nos está pasando que tenemos ciudadanos o ciudadanas de primera, de segunda y de tercera, según en la provincia que residan, según la Diputación que esté prestando ese servicio.

Mire usted, Señoría, Procuradores y Procuradoras del Partido Popular, aquí está subyaciendo otro tema. No es la interpretación jurídica, que está clarísima, que ustedes lo saben igual que yo; no es eso por lo que no apoyan ustedes esta Proposición No de Ley. No la apoyan porque no están dispuestos a poner presupuestos encima de la mesa para atender a las personas mayores o que lo necesiten en nuestra Comunidad Autónoma.

¿Qué tenemos? Y usted lo sabe igual que yo, porque, además, lo ha editado el Gobierno Autónomo ahora. Dice: "tenemos personas necesitadas en Castilla y León que necesitan algún tipo de ayuda para realizar sus actividades cotidianas, trescientas cincuenta mil". ¿A qué está llegando la Junta de Castilla y León con este servicio? A nueve mil. Y el famoso, y maravilloso, y novedoso Plan Sociosanitario dice que cuando se ponga en marcha, llegaremos a tener a novecientas personas más. ¡Vaya logro! Cuando él mismo dice que tenemos cincuenta mil personas mayores de sesenta y cinco años con incapacidad moderada, que no pueden realizar sus labores cotidianas. Y les estamos cobrando por tres cuartos de hora -que no estamos dándoles una prestación de veinticuatro horas-, les estamos cobrando por tres cuartos de hora de ayuda a domicilio.

Señoría, eso es lo que subyace. Yo no quiero que se cambie la Ley. Sólo quiero que se regule; que se financie por parte de la Junta de Castilla y León, que ésa es su obligación y así lo pone la Ley, que se financie, para que las Corporaciones Locales no tengan necesidad de estar... y claro, ésa es otra Proposición No de Ley del Orden del Día. Las Corporaciones Locales, al no tener recursos, se están planteando y tienen que estar cobrando servicios básicos gratuitos a nuestra población que está necesitada.

Por lo tanto, Señoría, le admito esa Enmienda como una enmienda de adición, para que, de verdad, la Junta de Castilla y León haga un esfuerzo para seguir dando prestaciones a las personas necesitadas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para turno de dúplica, señora Jiménez.

JIMÉNEZ GARCÍA

LA SEÑORA JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor Presidente. Señora Pérez, no me ha tocado el papel de asesora jurídica. Dios me libre de aceptar yo... o de asumir yo funciones, desde luego, que no me corresponden, ¿no? Pero sí que me toca el papel de defender la opinión de un Grupo Parlamentario, que es el mío, y desde luego que lo hago encantada.

Dice usted -y claro, de ahí ya empezamos el no entendimiento- dice usted que la Ley define que son gratuitas. Y yo le digo: "no, Señoría". La Ley dice: "serán gratuitas", no "son", sino que "serán", y complementándose, incardinándose el Artículo 6 con el 47 y en el 49. Y de eso, desde luego, a mi Grupo y a esta Procuradora no nos va a sacar.

Dice usted también que la Junta no cumple. Y yo le digo que sí que está cumpliendo. Y está cumpliendo la Ley -y se lo he dicho en primera intervención- en sus justos términos: en los términos que fija Artículo 6, Artículo 47 y Artículo 49.

Y dice usted también que no dice que se cambie la Ley. Y yo le digo que sí dice usted que se cambie la Ley, porque en su Propuesta lo dice perfectamente, que "mientras no se modifique la legislación...". Por lo tanto, está usted diciendo que se cambie; y mientras no se haga, que se aplique el Artículo 6.4, única y exclusivamente, en esta Comunidad Autónoma.

Mire, Señoría, yo creo que, vamos, que no nos ponemos de acuerdo. Usted no me ha entendido. Yo creo que me he explicado perfectamente. Y a usted, pues solamente le preocupa un artículo, y a nosotros nos preocupa toda la Ley en su conjunto.

Y hay que tener en cuenta también otra cosa, señora... Señoría, señora Pérez, que yo creo que usted, bueno, pues ya venía un poco predispuesta a lo que yo digo que... a lo que es el gratis... gratis total.

(-p.4006-)

No ha entrado usted a rebatir los argumentos que yo le he dado en mi exposición; tal vez porque no tiene o porque, desde luego, no le interesa... Para traer usted aquí esa Proposición No de Ley, quiero presumir que a usted no le interesaba entrar en ellos, ¿no? Usted al gratis total.

Mire, Señoría, hay -y voy a ir terminado-, dentro de todas las prestaciones básicas que marca el Artículo 6, hay una, por ejemplo -y le voy a poner un ejemplo muy claro-, que es el de la ayuda a domicilio. La ayuda a domicilio va o se extiende a todos los mayores de esta Comunidad, a todos los mayores "sin distinción". Y cuando decimos "sin distinción", porque así dice la Ley en el Artículo 6.1 -a usted le gusta el 6.4 y a mí el punto uno-: "los servicios sociales van dirigidos a todos los ciudadanos y colectivos sin distinción". Y entonces, yo entiendo que cuando dice "sin distinción", van para eso que a usted le gusta, y que hoy no lo ha repetido, y ha repetido otra palabra, lo de ricos y pobres, y usted ha dicho hoy "ciudadanos de primera, segunda y tercera".

La ayuda a domicilio, entonces, tendría que ser para todos: para el que tenga medios y para el que no tenga medios, Señoría. Y nos podemos encontrar con personas que están recibiendo -y nos encontramos con ellas, sobre todo las que nos movemos, a lo mejor, en comarcas o en pueblos-... personas que tienen derecho -porque lo tienen-, por esta Ley, a cobrar... a tener el servicio de ayuda a domicilio, y, sin embargo, con ingresos, con rentas de capital, con ..... de tierra -como decimos en mi zona-, o con pisos alquilados, tienen la ayuda a domicilio. Y yo a veces me pregunto, Señoría, si no estaremos financiando a los hijos más que a los padres.

¿Usted me diría, Señoría, en este punto: "gratis total", para estos casos también? ¿No dice la Ley, en el Artículo 47, de Financiación, en el apartado... en el punto c), que se financiará con las contribuciones económicas de los usuarios cuando haya lugar a su abono? Hay situaciones en que no ha lugar y no pagan, Señoría. O sea, que la Ley ya le está marcando que pagarán los usuarios cuando haya lugar a su abono. Y en este caso sí que le puedo asegurar que, desde luego, la tasa no es superior al coste del servicio y está muy por debajo del coste del servicio.

Nos mantenemos, Señoría, en nuestra Enmienda. No aceptamos ese cambio que nos ofrece usted de adición, sino que nos seguimos manifestando en la Enmienda de Sustitución. Y, desde luego, instar a la Junta para que los presupuestos vayan aumentando.

Y solamente, Señoría -porque es mi última intervención y quiero que quede constancia-: la Comunidad Autónoma de Castilla y León, período mil novecientos ochenta y ocho, mil novecientos ochenta y ocho -y nunca me conforman las cantidades que damos aquí, nunca; y sobre todo cuando hablamos de servicios sociales-... año ochenta y ocho, prestaciones básicas, con aportación conjunta Administración Central y Comunidad Autónoma, 243.000.000. Año mil novecientos ochenta y ocho -y usted habla mucho y juega mucho de... siempre de presupuestos, año mil novecientos ochenta y ocho: 2.130.161.000; más de 2.100 millones de pesetas. ¿Suficientes? Nunca, Señoría -lo he dicho muchas veces-, nunca. Pero, desde luego, hay que tener en cuenta el esfuerzo que está haciendo la Comunidad Autónoma para poder traer, por lo menos, un poquito más de calidad de vida a nuestros ciudadanos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Antonio Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Nos parece correcto la demanda del cumplimiento de la ley. Y como es una reivindicación también planteada desde Izquierda Unida, vamos a considerarla y votar a favor. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Puente.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Vamos a apoyar esta Proposición No de Ley porque ¿cómo mi Grupo Parlamentario no va a apoyarla, cuando lo único que pide es que la Junta de Castilla y León garantice el cumplimiento de la Ley de Acción Social y Servicios Sociales de Castilla y León? Vamos a apoyarla, claro está. Porque no sería necesaria si la Junta de Castilla y León cumpliera y observara las leyes que aprobamos en este Parlamento, pero como para la Junta de Castilla y León las leyes que aprobamos en este Parlamento se convierten en papel mojado, es necesario la Proposición No de Ley que hoy viene a esta Cámara.

Una Proposición No de Ley que no sería necesaria si -como digo- la Junta lo cumpliera. Porque el cumplimiento de una ley para el Poder Ejecutivo está implícita en la misma ley. Pero, aparte de eso, la Ley de Acción Social y Servicios Sociales lo mandata expresamente cuando dice: "Por tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los tribunales y autoridades a que corresponda que la hagan cumplir. Valladolid, veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. Firmado: José María Aznar, Presidente de la Junta de Castilla y León". Aquí está. Pero como no se cumple, por eso es necesario que ahora venga una Proposición No de Ley a mandatar y obligar a la Junta, o a recordar su obligación.

(-p.4007-)

De todas maneras, precisamente para que se dé este cumplimiento, mi Grupo Parlamentario, al considerar que esta Proposición No de Ley es general y afecta -a nuestro juicio- a todas las prestaciones básicas en general, y considerando mi Grupo que, en este caso concreto, lo que más afectaba en ese sentido de gratuidad era la ayuda a domicilio, el ocho de octubre de mil novecientos noventa y siete presentó una Proposición No de Ley ante esta Cámara para ser debatida en el Pleno, que no le fue aceptada y le fue remitida a la Comisión de Sanidad y Bienestar Social, en donde, en concreto y específicamente, pide que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a que el servicio de ayuda a domicilio sea totalmente gratuito para sus beneficiarios con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional -porque lo que no podemos pretender es que sea gratuito para todos los ciudadanos con posibilidades económicas-, y que la Junta de Castilla y León asuma el 90% de su coste -tal como mandata la Ley de Acción Social y Servicios Sociales-, y las Corporaciones Locales el 10% restante en el cumplimiento de la misma.

Creo que con estas matizaciones quedamos en el tema de que mi Grupo Parlamentario va a apoyar y a votar a favor de la Proposición No de Ley presentada en esa Cámara por el Grupo Mixto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijar el texto definitivo, señora Pérez Martínez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. ¿Serán o son gratuitos?, ésa debe ser la disquisición jurídica. Pues serán gratuitos cuando se publique la Ley de Acción Social; y se ha publicado en mil novecientos ochenta y ocho. Es decir, desde ese momento son gratuitos; ni serán, ni son, desde ese momento. Es decir, vamos a dejar ya las disquisiciones jurídicas en las que se ha liado el Grupo Enmendante, porque sabe que no tiene razón.

Mire usted, vamos a ver lo que cumple la Junta de Castilla y León. Porque resulta que se ha planteado y se está diciendo en esta Cámara que la ayuda a domicilio se está dispensando a todas las personas que lo necesitan en Castilla y León. Eso es mentira, eso es mentira; lo sabe la señora Procuradora que ha venido a esta tribuna, lo sabe todo el Partido Popular y, por supuesto, lo sabe el señor Consejero y el Gerente de Servicios Sociales. Saben que es mentira.

Y no estoy planteando aquí que todas las personas, todas, de Castilla y León reciban gratuitamente, quizá, un tipo de servicios si no los precisan. Simplemente, y porque lo sabe el Grupo Popular el caos que tienen en esta materia... Ya la Gerencia de Servicios Sociales está elaborando... (Señor Presidente, mándeles callar, que a mí sí que me manda de vez en cuando.)

Insisto, se está elaborando por parte de la Junta un Decreto regulador en esta materia, precisamente para acabar con el caos que existe de la ayuda a domicilio.

Pero vamos más allá. "Llegamos a todos", dice. Falso. Ya lo hemos dicho: nueve mil personas; y en el dos mil, nueve mil novecientos; un logro terrible. Vamos más allá: el Plan Gerontológico, que -desde luego- no pusieron ustedes en marcha, porque, si no, no sé si le tendríamos, plantea que este recurso tiene que llegar al 8% de personas. ¿Qué tenemos en Castilla y León? El 3%. ¿Y qué tenemos en Valladolid? El uno coma y pico. Encima, sólo tres cuartos de hora.

¿En Europa qué se está planteando con todo lo novedoso? Porque es que a mí el liberalismo que se plantea aquí, que se defiende, el mercado laboral de Europa, la Unión Europea... Pues la Unión Europea está planteando que este recurso llegue alrededor del 18 ó 20% de personas. Aquí, desde luego, muy alejados, y encima no quieren reconocer lo que pone en la misma Ley, que insisto que es progresista.

Y no me hablen de millones; por favor, no me hablen de millones en el día de hoy, cuando antes de ayer han subido el 30% de sueldo a los Secretarios de Estado. No me hablen de millones, con una población envejecida como tenemos en Castilla y León.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: No me hablen de millones, cuando ayer ha salido a la luz pública el famoso "medicamentazo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: No me hablen de millones. No me hablen de millones, si nuestras personas mayores con hemorroides, con varices y con catarros se tienen que pagar ellos solos sus medicamentos, porque ustedes dicen que tienen que tener hábitos de vida saludables; por supuesto. Pero más del 20% de las viviendas de Castilla y León no tienen calefacción, ni siquiera una gloria. Los catarros me dirán ustedes con qué se los van a curar. Con su bolso. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se somete a votación la Proposición.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor. Se somete a votación la Propuesta de Resolución que acaba de ser defendida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta. A favor: veinticinco. Y en contra: cuarenta y cinco. Queda, pues, rechazada.

Señor Secretario, le ruego dé lectura al undécimo punto del Orden del Día.

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EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Undécimo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a realización de un programa específico de seguimiento y control de las gasolineras de la Región, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes el dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Para la presentación de la Proposición No de Ley, don Jesús Málaga... don Octavio Granado tiene la palabra. Señorías, se ruega abandonen en silencio el Hemiciclo.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. A principios del mes de enero, la Organización de Consumidores y Usuarios de España, presidida por una persona de la que creo que todas las personas que estamos en esta Cámara... por lo menos que estuvimos en esta Cámara en otras Legislaturas guardamos una magnífica referencia: por don Carlos Sánchez-Reyes, hizo público un estudio realizado en la Comunidad de Madrid sobre el presunto fraude cometido contra los derechos de los consumidores y usuarios por algunas gasolineras de esta Comunidad.

Este fraude es posible porque, a lo que eran los antiguos sistemas de control metrológico instalados en las gasolineras, en los surtidores de gasolina de las gasolineras de nuestro país, pues se han ido complicando con el tiempo y han aparecido formas de picaresca hasta ahora absolutamente ignoradas.

Por resumir muy brevemente a Sus Señorías lo que es el contenido del fraude, les diré que los surtidores de gasolina que existen en España... existen dos tipos de medidores: uno colocado al pie del surtidor, de carácter mecánico, que mide la cantidad de combustible que emana el surtidor; y otro, basado en impulsos -en la inmensa mayor parte de los casos impulsos electrónicos- que relaciona la cantidad de combustible con el precio que el contador visual, colocado arriba del surtidor, pues, indica al usuario qué debe pagar por la gasolina.

Tradicionalmente existía un sistema de fraude a base de alterar los controles situados en el pie del surtidor -los controles mecánicos-. Desde hace mucho tiempo el Instituto de Control Metrológico, que asumió las competencias en materia de normativa de medición, con la desaparición de la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, de la Campsa, pues había perfeccionado sistemas de medición que hacían prácticamente imposible el fraude mecánico. No obstante, el hecho de la incorporación de mecanismos electrónicos a los surtidores ha facilitado que incluso, según el propio Instituto de Control Metrológico, según reconocen las compañías que fabrican los surtidores, y según reconocen las Administraciones Públicas, existan en estos momentos formas absolutamente elaboradas, formas absolutamente sofisticadas de alteración de lo que suponen los impulsos eléctricos que las salidas de combustible provocan en los contadores visuales de la parte de arriba del surtidor. En estos momentos, reconocido por el propio Instituto de Control Metrológico y reconocido por los fabricantes de surtidores, es posible manipular un surtidor de gasolina, incluso con mandos a distancia.

Frente a esta situación, ¿qué ha venido realizando la Administración? Pues, en primer lugar, existe una cierta falta de adecuación de la normativa, porque existen Directivas Comunitarias que ya incorporan nuevas fórmulas de medición -perdón- que no se han traspuesto al Derecho interno español. En segundo lugar, el Instituto de Control Metrológico no ha perfeccionado fórmulas de control y sistemas protocolizados de inspección que solucionen el problema. Y, en tercer lugar, la propia Administración sigue desarrollando pautas de inspección normalmente basadas en la antigua normativa y que no tienen en cuenta las formas más sofisticadas de picaresca.

En Castilla y León, la Junta de Castilla y León ha venido realizando periódicamente inspecciones de gasolineras. ¿Cuál es el resultado de estas inspecciones? Pues, simplemente, les voy a dar un dato a Sus Señorías: en primer lugar, de las inspecciones realizadas, en aproximadamente la mitad de los casos -y según cifras de la Consejería-, de setecientas noventa y dos inspecciones realizadas, en trescientos noventa casos se ha detectado algún tipo de irregularidad en las gasolineras de la Región; en segundo lugar, las irregularidades detectadas se refieren, o bien a inadecuación -pero por negligencia, no por voluntad de fraude- en las mediciones de combustible y en la relación con los precios cobrados a los usuarios, o bien en efectos menores, en indicación de precios, no actualización de precios en el caso de bajadas, etcétera, etcétera.

¿Existe un seguimiento -digámoslo así- permanente de posibles nuevas formas de fraude? Hasta ahora no existe.

No es un problema tampoco exclusivamente de falta de voluntad de la Administración; yo siempre doy por buena la buena fe de la Administración, la buena fe de los funcionarios que trabajan en esta cuestión y en la mayor diligencia posible en el funcionamiento de los servicios públicos. Pero, en este caso, es evidente que la actuación de una Organización No Gubernamental ha puesto de manifiesto en otras Comunidades Autónomas -y bien puede ser el caso de la nuestra- que existen fórmulas de fraude que no han sido capaces de ser atajadas eficientemente por la Administración.

¿Y qué es lo que le planteamos el Grupo Socialista en esta Proposición? Bueno, pues en primer lugar, que se haga permanente lo que hasta ahora se realiza de manera... puede ser que exhaustiva, pero más bien intermitente; es decir, el control y el seguimiento de las gasolineras de la Región para evitar el fraude. Un fraude que existe en la Región, que no es significativo pero que existe. Ha habido diez gasolineras multadas por fraude en... -creo recordar según las cifras, o siete-, el año pasado, por la propia Junta de Castilla y León.

(-p.4009-)

En segundo lugar, que se haga con la colaboración de las Organizaciones No Gubernamentales, porque las Organizaciones No Gubernamentales en este problema se han revelado como muy eficazmente complementarias de la Administración. Nosotros no queremos convertir a las asociaciones de consumidores en inspectores de la Administración; no es ésa su función, ni podría serla. Pero, evidentemente, su colaboración sí es necesaria: para detectar el problema, para realizar denuncias y para advertir de nuevas fórmulas de picaresca... de nuevas formas de picaresca -perdón- que puedan existir, frente a la cual la Administración, pues esté más ignorante, o esté simplemente más anticuada.

Y en tercer lugar, que de este problema pues se dé información a los ciudadanos a través de este Parlamento, de estas Cortes de Castilla y León, que representan la voluntad de la ciudadanía regional. Porque... -y con esto quiero terminar- señoras y señores Procuradores, lo que no es muy razonable es que estemos esperando que surja como una avalancha alguna información en un medio de comunicación -en esta ocasión fundamentalmente en el diario El País- para dar a conocer unos datos que ya tenía la propia Administración.

La Junta de Castilla y León, desde que ha salido la información, y desde que han salido las denuncias en la Comunidad de Madrid que afectan a grupos de gasolineras que tienen también alguna gasolinera en Castilla y León, ha hecho público el número de las inspecciones, ha hecho públicas las multas que había hecho, ha hecho público la existencia de un pequeño, de un limitado pero, a fin de cuentas, de una casuística de fraude en las gasolineras de Castilla y León... ¡Hombre!, desde el punto de vista de la Oposición, creo que entenderán, sobre todo Sus Señorías del Grupo Popular, que es razonable que les pidamos que este tipo de cuestiones sean conocidas por los ciudadanos, con independencia de que se hagan denuncias en otras Comunidades Autónomas.

Desde nuestro punto de vista, la Junta debía haber sido en ese sentido más abierta, más transparente y haber dado a conocer estos datos a los ciudadanos; lo cual, sin duda, hubiera servido para contextualizar la situación. Porque en estos momentos están, según mis noticias... -y he tenido la ocasión de hablar con algunas asociaciones de consumidores en el día de ayer referidos a éste y a otros problemas que afectan al consumo en la Comunidad Autónoma-, que están aflorando muchas denuncias de ciudadanos sobre gasolineras en las asociaciones de consumidores de Castilla y León. Probablemente las denuncias tengan por causa la proliferación de noticias; pero también tienen por causa una actuación de la Administración que no ha sido muy transparente en... -digámoslo así- en la información a los ciudadanos de esta problemática. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Entonces, para fijación de posiciones, por Izquierda Unida, don José Luis Conde tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien. Como bien decía el Proponente de la Proposición No de Ley, a raíz del estudio que hizo la Organización de Consumidores y Usuarios en Madrid, pues puso en evidencia la existencia de fraudes en la venta de combustible en algunas gasolineras; y que correspondían a una misma empresa, fundamentalmente, los fraudes que se habían detectado, y que esa misma empresa también tiene estaciones de servicio en esta Comunidad.

Y esa situación, evidentemente, tal como dice muy bien los Antecedentes de la Proposición No de Ley, pues ha creado una especie de alarma social entre los ciudadanos, porque a raíz de la denuncia que se detectó en la Comunidad de Madrid, y a raíz de esas irregularidades, pues los ciudadanos de Castilla y León querían conocer de primera mano cuál era la situación de las empresas gasolineras de la Comunidad.

Y salvo algunas declaraciones aisladas del Director General de Consumo, de la Consejería de Industria, que dijo taxativamente que se habían hecho controles -en concreto fueron declaraciones a los medios... a determinados medios de comunicación-, pues la Junta como tal no sacó ningún informe oficial de comunicación al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, diciendo claramente cuál era la situación de las gasolineras en el conjunto de la Comunidad. Simplemente -vuelvo a repetir- fueron unas declaraciones del Director General de Comercio, en alusión al número de inspecciones que se habían realizado durante el año noventa y siete en las estaciones de servicio que existían en nuestra Comunidad, y se hablaba de que se habían hecho durante los once primeros meses del año en torno a setecientas noventa y dos inspecciones -estoy diciendo literalmente lo que habían aparecido en estos días en los medios de comunicación, con respecto a las inspecciones que había realizado la Junta-, y tan sólo se habían detectado infracciones en el 2,4% de las estaciones de servicio. Y, por tanto, en base a esa situación, se podía determinar que el nivel de inspecciones en el conjunto de la Comunidad en las estaciones de servicio era, más o menos, correcto. Y ésas fueron las... prácticamente las únicas valoraciones que de manera oficial u oficiosamente salieron en los medios de comunicación.

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Y, desde nuestro punto de vista, evidentemente -al margen de estas declaraciones que hizo el Director de Comercio-, nos parece que los ciudadanos de Castilla y León merecerían, al menos, un informe más contundente y más completo de cuáles son las inspecciones que realmente ha hecho la Junta, o las que piensa realizar durante el año mil novecientos noventa y ocho. Porque, al margen de esas inspecciones... -que según el propio Director de Comercio, decía que eran de manera intermitente y que se podía garantizar que de media, la Junta, durante el año noventa y siete, ha hecho una media de una inspección por cada una de las estaciones de servicio que existen en la Comunidad de Castilla y León-, al margen de esto -vuelvo a repetir-, a nosotros nos parecía interesante, efectivamente, de que la Junta elaborara ese informe, un informe completo y detallado de cuáles son, no solamente las inspecciones que ha hecho durante el año noventa y siete, sino las que piensa realizar durante el año mil novecientos noventa y ocho: un plan de inspecciones; pero no de carácter intermitente, sino con una base, con una cierta lógica, y con una cierta estrategia, ¿no?

Decir, bueno, vamos a iniciar ese proceso de revisión, pero además con la clara intención de informar de manera puntual, no solamente a esta Cámara, sino al conjunto de los ciudadanos, con la... en la perspectiva de eliminar esa especie de alarma social. Porque los ciudadanos de Castilla y León, cuando se han dado cuenta de que en Madrid se ha desatado el escándalo y se han dado cuenta también de que, efectivamente, existían fraudes y fraudes importantes, la pregunta es: ¿por qué en Madrid sí, y aquí no?

Por tanto, yo creo que es una demanda de toda la ciudadanía de Castilla y León de que, efectivamente, la Junta debe elaborar ese informe; y, al mismo tiempo, pues nosotros también estamos de acuerdo con el segundo punto de elaborar ese... bueno de firmar un convenio con las organización de usuarios y consumidores, para dar mayor garantía a que, efectivamente, la Junta va a asumir ese compromiso y que, al menos, quede claro de que los usuarios de Castilla y León pueden estar perfectamente tranquilos de que la Junta va a establecer ese control riguroso para evitar posibles fraudes que se puedan dar, no durante el año mil novecientos noventa y ocho, sino de cara al futuro.

Por tanto, nosotros, en esa línea y en esa perspectiva, vamos a votar favorablemente la Proposición No de Ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Gregorio Rodríguez de la Fuente tiene la palabra.

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: Gracias, señor Presidente. Señorías, respecto a la propuesta de realización de un programa específico de seguimiento y control de las gasolineras de la Región, significar que la Consejería de Industria, a través de la Dirección General de Comercio, Consumo y Energía y Minas, practica periódicamente controles sistemáticos de mercado, programados anualmente en los establecimientos indicados, en los que se verifica el cumplimiento de la totalidad de las prescripciones promovidas en el Decreto 78/1995, por el que se regulan los derechos de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro de gasolinas y gasóleos de automoción en instalaciones de venta al público. Controles sistemáticos, en razón a la complejidad del fraude detectado, se han reforzado y adelantado en cuanto al plazo para su realización, mediante una campaña ya iniciada, dirigida al control e inspección de la totalidad de las estaciones de servicio y unidades de suministro existentes en Castilla y León; actuaciones que tienen como objeto detectar posibles fraudes en la medición de combustibles y adoptar, en tal caso, las medidas cautelares oportunas, sin perjuicio de las exigencias, si procediera, de la responsabilidades administrativas a los titulares de aquéllas.

A tal fin, se ha encomendado a la Inspección de Consumo de los distintos Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Turismo, en colaboración con los servicios competentes de la Dirección General de Industria, la realización de tales tareas, de acuerdo con la planificación e instrucciones impartidas a tal sentido en la previsión de concluir la campaña en un plazo máximo de dos meses.

Realizadas las anteriores consideraciones, no se observa inconveniente alguno en establecer mecanismos de colaboración entre la Comisión de la Junta... la Comisión de Industria de estas Cortes, dirigidas a facilitar, con la periodicidad que se establezca, datos e informaciones relativos a esta cuestión, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente; así como en fijar formas específicas de refuerzo en la planificación de actuaciones de control e inspección de los establecimientos objetos de la propuesta.

Respecto a la segunda, por entender que es precisamente el citado Órgano el que tiene atribuidas facultades representativas de los intereses de consumidores y usuarios en el ámbito de esta Comunidad Autónoma, la Consejería de Industria, Comercio y Turismo asume el compromiso de facilitar, con la periodicidad que las circunstancias determinen, suficiente información al referido Consejo Castellano y Leonés de Consumidores y Usuarios sobre la realización de campañas y su resultado. Igualmente, siendo también una de las funciones del citado Órgano la de fomentar el diálogo entre las organizaciones de consumidores y usuarios y las de carácter empresarial en todos aquellos temas relacionados en la defensa de los consumidores, la Consejería de Industria, Comercio y Turismo proporcionará, a través del mismo, encuentros con las asociaciones empresariales del sector de gasolineras, con el ánimo de alcanzar acuerdos que favorezcan una mejora de la calidad de servicio.

Por último, conferir un tratamiento de urgencia a la tramitación de aquellas denuncias formuladas a través de organizaciones de consumidores y usuarios, informando de todo ello, al propio Consejo Castellano-Leonés de Consumidores y Usuarios, completa así el mecanismo de la actuación en este área.

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Es decir, que en lo primero, la Junta ya está realizando todo ese plan; y en la segunda, estaríamos de acuerdo en... no el convenio en sí, porque convenio ya tiene la Junta de Castilla y León firmado con todas las asociaciones de consumidores, sino conferir un tratamiento de urgencia a la tramitación de aquellas denuncias formuladas a través de organizaciones de consumidores y usuarios, informando de todo ello, al propio Consejo Castellano-Leonés de Consumidores y Usuarios. Con esto estaríamos de acuerdo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Simplemente para agradecer a los señores Conde y Gómez el apoyo de sus Grupos a esta Proposición, y para hacer un breve comentario y, al final, fijar el texto definitivo de la misma, en el sentido de lo ya indicado por el señor Gómez para facilitar el acuerdo sobre esta cuestión.

El comentario es que la situación del fraude en estos momentos es de tal sofisticación que, incluso, no sería descartable que por ejemplo, al lado de los planes de inspección que realizaran los servicios de la Dirección General de Comercio y Consumo, que la Consejería de Industria de la Comunidad Autónoma -nosotros, incluso, planteamos esto como una sugerencia positiva para la propia Junta, para el propio Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León- que colaboraran en la detección de este fraude funcionarios de la Consejería de Economía y Hacienda; porque en estos momentos, yo, que no entiendo prácticamente nada de gasolineras -se lo puedo jurar a ustedes, y que para presentar esta Moción he tenido que hablar con muchos especialistas en torno a esta cuestión-, he llegado a una conclusión -igual es una conclusión aventurada por mi ignorancia pero es una conclusión-, y es la de que probablemente la única manera de detectar si ha existido fraude o no en una instalación sea la comprobación de los datos de ingresos con los datos de combustible. Porque, en estos momentos, existen fórmulas de fraude tales que son prácticamente imposibles de detectar por parte de los servicios de inspección de las Administraciones Públicas. Y, en este sentido, a lo mejor hay que empezar a cotejar los datos de ingresos con datos de... con los datos que revelan los surtidores.

Para fijar el texto definitivo ya de la Proposición, señor Presidente, señalar que hay que corregir un error en la misma, que es la de referirme... en vez de al Pleno de estas Cortes, en el punto primero; y quedaría, como punto segundo -lo paso por escrito a la mesa después de leerlo aquí-: "El Pleno de las Cortes de Castilla y León insta a la Consejería de Industria a conferir un tratamiento de urgencia en la tramitación de aquellas denuncias formuladas a través de organizaciones de consumidores y usuarios, informando de todo ello al propio Consejo Castellano-Leonés de Consumidores y Usuarios, lo que completa el mecanismo de actuación en este área".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Con este texto y corregido su inicio, oído el parecer de los Portavoces, ¿se puede aprobar por asentimiento la propuesta de resolución? Queda aprobada.

Y pasamos, señor Secretario, le ruego dé lectura al siguiente punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a presentación de un informe a la Comisión de Administración Territorial de las Cortes sobre el impacto negativo de la participación de las Corporaciones Locales en los ingresos tributarios de la Administración del Estado y adopción de medidas compensatorias, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León el día dos de febrero de mil novecientos noventa y ocho".

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías. Don Jesús Málaga para defender la Proposición tiene la palabra.

MÁLAGA GUERRERO

EL SEÑOR MÁLAGA GUERRERO: Muchas gracias, señor Presidente. La Proposición No de Ley que hoy traemos a esta Cámara, el Grupo Socialista, está referida a un problema surgido a partir del día nueve de enero, cuando la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Territoriales manda a los distintos Ayuntamientos y Diputaciones de España la liquidación definitiva de la participación de los Ayuntamientos correspondiente a mil novecientos noventa y seis.

En esta liquidación se ha cambiado la fórmula aplicada, y de aplicarse con anterioridad el Producto Interior Bruto a precios de mercado, se ha pasado a aplicar el Producto Interior Bruto a nivel nominal; con lo que implica un diferencial con la formulación anterior, que supone un perjuicio importante para los distintos municipios y provincias de toda España, pero especialmente para los pequeños y los de Castilla y León.

De continuar con esta nueva fórmula de liquidación, si malo ha sido el año mil novecientos noventa y seis, el año mil novecientos noventa y siete puede llegar a ser todavía peor (calculamos en seis mil o siete mil millones, o quizá nos quedemos cortos con esta cifra).

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El crecimiento de los municipios y el crecimiento en la participación de los rendimientos del Estado de los municipios y de las provincias quedó siempre configurado, en el sentido de que iría paralelo con el crecimiento del Estado. Sin embargo la realidad ha sido muy, muy distinta. Pero más todavía si se aplica esta nueva fórmula, donde hay dos ciudades que se benefician -Madrid y Barcelona-, y el resto de las provincias y el resto de los municipios quedan muy afectados. Sobre todo -como he dicho anteriormente- las provincias y municipios de Castilla y León. De nuestra Comunidad, las provincias más afectadas son Burgos, León, Salamanca y Soria; y los más perjudicados son los pequeños municipios.

Para que tengan Sus Señorías una idea del volumen de pérdida que ha supuesto para los distintos Ayuntamientos, he recogido de todo el listado unos cuantos que pueden ser significativos.

El caso de Béjar, un municipio podíamos decir medio, de una participación de 216.000.000 va a tener que reintegrar a las arcas del Estado 44.700.000 pesetas, es decir, un 20% del dinero recibido.

Si cogemos municipios ya más pequeños, y les pongo dos ejemplos, la Fuente de San Esteban o Martiago. La Fuente de San Esteban, con una participación de 21.700.000 pesetas, tiene que devolver 4.300.000 pesetas; es decir, el 20%. O Martiago, que de una participación de 5.500.000 tiene que devolver 1.851.000. Es decir, según vamos disminuyendo en población, el problema se complica.

Si cogemos el caso ya de un pueblo más pequeño, como Morasverdes, con una participación de 5.799.605 pesetas, tiene que devolver el 40%. Han oído ustedes bien: el 40%; prácticamente, 2.016.677.

En las ciudades un poco más grandes de Castilla y León, les pongo el caso de Salamanca, que tendrá que devolver prácticamente 55.000.000 de pesetas, 54.000... perdón 55.000.000 de pesetas, tiene... le supone sobre su participación un 2%; son, por lo tanto, dentro de lo que cabe, asumible. Pero en los casos de los pueblos pequeños que tienen insuficiencia, incluso, para pagar el personal de asistencia, como pueden ser los secretarios de administración, que tienen a veces que compartir con otros pueblos, el que tengan que devolver el 20, el 30 o el 40% les va a suponer realmente la ruina.

Por eso nuestra Proposición No de Ley va en el sentido de solicitar al Gobierno de la Nación el que se vuelva a fórmulas anteriores y que se reconsidere claramente por parte de estas Cortes el estudio de fórmulas que puedan beneficiar a los municipios de nuestra Comunidad.

Por último, en el caso de que no se consiguiese esta solución para los municipios de nuestra Comunidad, pedir a la Junta de Castilla y León que se haga cargo de estos gastos que han tenido estas Comunidades, y que han gastado un dinero que creían que era compatible con una cierta... con un cierto equilibrio a la hora de la liquidación.

Por último, quiero decirles que esta Proposición No de Ley está avalada en esos momentos por la aprobación unánime de todos los municipios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias; que está avalada también por la Federación de la Comunidad Autónoma de Municipios y Provincias, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León; y de lo que me cabe un cierto orgullo, también por parte, unánimemente, de los... todos los Grupos participantes en el Ayuntamiento de Salamanca y de todos los Grupos de la Diputación Provincial de Salamanca. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Por el Grupo Popular, don Félix Calvo Casasola tiene la palabra.

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, Presidente. Señorías, voy a hacer, en primer lugar, una breve referencia a lo que es la Ley que regula la participación de los municipios a los tributos del Estado. Es la Ley 39/88, cuya regulación para el quinquenio 94-98 se contiene en los artículos 112 y siguientes de esa Ley, a la vez combinado, naturalmente, esta regulación legislativa del año ochenta y ocho, con la Ley de Presupuestos del Estado. Se trata, por tanto, de un derecho constitucional de los municipios, constituido por un porcentaje sobre la recaudación líquida del Estado que, partiendo de una financiación inicial definitiva, se va incrementando, como mínimo en el IPC, y de cuya manera, o por esta forma, y como dice la propia Exposición de Motivos de la citada Ley del ochenta y ocho, la participación de los Entes Locales en los tributos del Estado deja de ser, al menos anualmente, un continuo forcejeo entre las Entidades Locales y la organización estatal.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado, las Leyes, fijan la cuantía del crédito presupuestario para hacer frente al pago de esta participación, partiendo de una financiación inicial del quinquenio 94-98 de 665.887,7 millones de pesetas, el porcentaje de los ingresos del Estado por los Capítulos I y II, excepto los susceptibles de adhesión a las Comunidades Autónomas, más la recaudación líquida por las cotizaciones de la Seguridad Social.

Esta participación -como sabemos en todos los Ayuntamientos- se va haciendo de manera rigurosa y bien ordenada siempre, adelantando a los Ayuntamientos con pagos mensuales hasta el 95% de entregas a cuenta -y subrayo a cuenta-.

Una vez liquidados los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio se procede a fijar la cantidad definitiva para los correspondientes municipios y para las Diputaciones. El importe de la participación se distribuye entre los municipios con arreglo -como también debemos recordar- a la población al esfuerzo fiscal y también a las unidades escolares por ellos costeadas. Realizada esta distribución se procede a hacer la liquidación y resulta una cantidad... unas veces a favor y otras veces en contra de los Ayuntamientos, es decir, procede... hay que proceder a la devolución, puesto que -repito- todas las cantidades entregadas anteriormente han sido a cuenta.

(-p.4013-)

Al liquidar los Presupuestos Generales de mil novecientos noventa y seis, y fijar la participación definitiva de los Ayuntamientos en los tributos del Estado, se ha apreciado, por parte del Estado, conforme a la aplicación de estas reglas, que ha habido un incremento superior al que ha sufrido el PIB, es decir, el tope máximo (por un lado, por bajo el IPC, por arriba, el Producto Interior Bruto). Con lo cual, con arreglo a esa mayor recaudación, es por lo que las cantidades entregadas a cuenta han sido superiores a las que corresponden con arreglo a esa liquidación definitiva.

En mil novecientos noventa y cinco, mil quinientos Ayuntamientos tuvieron que devolver; en mil novecientos noventa y seis, más de cuatro mil tienen que proceder a esa liquidación.

Hasta aquí... y perdonen ustedes por lo referido por la ley, porque, desde luego, nosotros no olvidamos ni muchísimo menos la ley, ni entiendo que ustedes debieran de olvidarla tampoco; pero debemos considerar que al lado de la aplicación estricta de la ley está también la generosidad, la generosidad del que la ejecuta. Cuántas veces el recuerdo del aforismo del Derecho Romano: summum ius, summa iniuria -perdone usted, don Fernando, que haga incursiones en lo que es su parcela favorita-.

También para los municipios en este caso el rigor puede resultar injurioso. Los problemas municipales, y por qué no también los problemas jurídicos, no son unas abstracciones de laboratorio, sino el destinado normal, en muchas ocasiones de la vida social y, por supuesto, también de la vida institucional. El Gobierno actual ha dado muestras de esa generosidad, recientemente con los pensionistas, al condonarlos el plus del IPC. Estamos pues, de acuerdo, por lo menos, a solicitar y que no sea menos generoso con los Ayuntamientos; estamos de acuerdo en instar al Gobierno del Estado la compensación de los ingresos y la no aplicación de la regla de la prorrata a los Ayuntamientos y Diputaciones de nuestra Comunidad afectados.

Pero hay un tercer punto de su Proposición No de Ley en el que no estamos de acuerdo; no podemos estar de acuerdo, no podemos cargar esa pretendida compensación sobre las espaldas del Presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma para el ejercicio presente ha incrementado la cooperación económica a través del Fondo de Cooperación Local en un 5.524%, es decir, ostensiblemente superior al IPC. De la misma manera -y si es necesario, luego lo recordaré-, el Plan de Cooperación Local se ha aumentado de una manera muy considerable. Con ello quiero decir que yo creo que no es bueno -al menos nosotros no podemos defenderlo- que desnudemos a un santo para vestir a otro. Sabiendo, pues, ésta nuestra postura, yo ofrezco al Proponente de la Proposición No de Ley una Transaccional: aprobando conjuntamente los dos primeros puntos, si ustedes retiran el tercer punto de su Proposición No de Ley. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, señor Málaga tiene la palabra.

MÁLAGA GUERRERO

EL SEÑOR MÁLAGA GUERRERO: Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Empezando por el final, yo aceptaría, señor Portavoz del Partido Popular, el que se votase independientemente cada uno de los tres puntos que tiene la Moción, pero no la Transaccional. Porque -y le doy las razones-, para... si se tratase de pedir para una serie de municipios grandes, que pierden un 1 o un 2% con respecto a lo aportado en un principio por el Tesoro a sus arcas, yo le diría que no tendría ningún problema en apostar por esa Transaccional; pero, estamos hablando de municipios muy pequeños, estamos hablando de municipios que tienen 5.000.000 ó 5.500.000 de presupuesto, y a los cuales ahora tienen que devolver a lo mejor 2.000.000 de pesetas. Entonces, estamos hablando de problemas muy serios; problemas que se plantean en la supervivencia de esos municipios para este año y para el año que viene, y que pueden arrastrar déficits muy importantes.

Porque, mire usted, yo he sido Alcalde de una ciudad, y más o menos había siempre un equilibrio entre aquello que recibíamos y después la liquidación final. ¿Qué podía haber?, unas pequeñas diferencias, pero no unas cantidades tan importantes. Y, ya le digo, una ciudad como Salamanca, como Valladolid y como León, el que tengan un desfase de 40, 50.000.000 de pesetas es un problema, pero es un problema que más o menos pueden defenderlo, porque tienen unas arcas suficientes para poderlo defender. Pero, dígame usted, un municipio como les acabo yo de nombrar aquí, en los que tengan un desfase de un 40%, es un problema realmente serio, y es un problema, por lo tanto, que no podemos jugar con esa financiación de esos municipios.

Por eso, el Partido Socialista lo que plantea es: alguien tendrá que venir en auxilio de esos municipios. ¿Y quién decimos? En primer lugar, el Gobierno del Estado, que corrija la formulación, y en el caso de que no lo haga tendrá que ser quien más cercano está. ¿Quiénes son los que más cercanos están? El Gobierno al que representan estas Cortes.

Por lo tanto, nosotros volvemos a pedir, de una manera clara y contundente, el que... lo más que podemos acceder es a que se vote por separado los tres puntos en el que incluye la Proposición No de Ley.

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Pero también les decimos algo que es importante de cara al futuro, y es que en estos momentos han empezado por una formulación que favorece a los municipios grandes. Y acabo de decirle que en este tema se cambian las pesetas; se cambian las pesetas para que vayan a favorecer a Madrid y a Barcelona, y, sin embargo, quienes salen perjudicados son los municipios de nuestra Comunidad Autónoma y, sobre todo, los municipios pequeños, los municipios pequeños, todos, ¿eh?, todas las capitales de provincia de Castilla y León. Y ya le he dicho, por ejemplo, la de Burgos, León, Salamanca, etcétera, salen también perjudicadas, pero especialmente los municipios pequeños y algunos municipios que no son tan pequeños; si contamos el caso, por ejemplo, de Béjar, que tiene que hacerse cargo de una importante evolución.

¿Y cuál es el problema también que planteamos de una manera contundente? Es que si el Gobierno aplica el Producto Interior Bruto a precios de mercado para las cosas que le conviene, y el Producto Interior Bruto a nivel nominal para las cosas de los municipios, lo que pedimos -y no lo pido yo, lo pide la Federación Española de Municipios y Provincias y lo pide la Federación Regional Castellano-Leonesa de Municipios y Provincias; estamos, por lo tanto, pidiéndolo todos los municipios-, que se cambie la formulación que se ha empleado, porque esa formulación, efectivamente, puede favorecer a Madrid y a Barcelona, pero a nosotros, en concreto, nos desfavorece.

Por lo tanto, señor Portavoz, nosotros no aceptamos esa Transaccional; sí aceptaríamos el que se votase independientemente cada uno de los puntos que trae la Proposición No de Ley. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, don Félix Calvo tiene la palabra.

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Gracias, Presidente. Señorías, hay intereses que, desde luego, deben primar sobre los partidos, porque son intereses que yo creo que afectan a todos los partidos por igual, y éste, de los municipios, es uno de ellos. Una Corporación Municipal que haga honor a las responsabilidades contraídas con sus vecinos no tiene límites, o no debe tenerlos al desarrollar sus competencias, porque el municipio es el eje vertebrador de la vida ciudadana, sin medios, naturalmente; al contrario, todo son límites. Por eso me parece bien que en esa primera parte en la que estamos de acuerdo -ya se lo he anunciado-, recordar aquella frase de Fernando VII "marchemos todos juntos por la senda municipal". Por eso, estamos limando roces, estamos suavizando asperezas, olvidamos fricciones en aras de esa palabreja que tanto bien ha traído a nuestra Democracia; me refiero al consenso, el máximo consenso al que estamos llegando en la Ponencia de la Ley de Régimen Local. Porque debo advertirles a todos ustedes, que no son ustedes más municipalistas que los populares y, por supuesto, señor Málaga, yo puedo presumir de que, al menos en el tiempo, soy más municipalista que usted.

(Murmullos.)

CALVO CASASOLA

EL SEÑOR CALVO CASASOLA: Hay que reconocer evidencias. Pero ser municipalista, defender a los municipios, trabajar por ellos no supone dejar de ser autonomista. Es más, si recordamos el Artículo 143.2 de la Constitución, la iniciativa autonómica partió de las Diputaciones Provinciales y al menos de los 2/3 de los municipios, siempre que la población de estos municipios superase la mayoría del censo electoral. Pero, por eso digo que no hay por qué desgastar a unos entes, en este caso a la Comunidad Autónoma, como ustedes proponen, a costa de otros... para ayudarle, porque nacieron para ayudarse, y nacieron también para convivir.

Además, Ayuntamientos y Comunidad Autónoma están implicados también mediante relaciones y mediante una coordinación determinadas en los Artículos 20 y 41 de nuestro Estatuto de Autonomía. Ya le estoy diciendo que nosotros aceptamos las dos primeras en aras de esa defensa municipal. Los dos primeros puntos de su Propuesta no nos duelen prendas, ni muchísimo menos, con tal de ayudar al mismo fin; pero entendemos que nuestra oferta, la de dejar a un lado el que la Autonomía tenga que entrar a pagar los posibles vidrios rotos, es decir, la posible no compensación que solicitamos en los dos primeros puntos conjuntamente, porque no llegue esa compensación, y tenga la Autonomía que sufragar esos gastos.

Digo más: de la misma manera que en el Plan de Cooperación Local, formado por las transferencias del Presupuesto de la Comunidad a las Entidades Locales, se incrementó en el pasado mil novecientos noventa y siete cerca de 2.000 millones, llegando para este año noventa y ocho a los 17.000 millones. Es posible -¿por qué no podemos tener esperanzas?, y a ello también contribuiríamos, ¿cómo no?, el Grupo Popular y la Junta, por supuesto, que está sostenida por este Grupo Popular-, es posible que a lo largo del año también se siga aumentando esa ayuda a los municipios, mediante transferencias de créditos de los distintos Programas, de forma que incluso se puede llegar a incrementos, a través de transferencias, de hasta el 10% en relación con el ejercicio anterior.

Por tanto, yo digo que debemos tener esperanzas y no atosigar, no atosigar de antemano a nuestra Comunidad Autónoma.

Termino diciendo que de no aceptar -como parece ser- nuestra transaccional, pido a la Presidencia la votación por separado de los puntos de su Proposición No de Ley.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para fijar posiciones, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Antonio Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Nosotros, en principio, con absoluta claridad, vamos a apoyar la Proposición No de Ley. Y basamos el apoyo en argumentaciones que creemos razonables.

(-p.4015-)

No hace mucho tiempo hubo en este país, precisamente, una amnistía de las Corporaciones o de las Haciendas Locales, por cuestiones sobrevenidas por diversas circunstancias y, en muchos casos, no inducidas desde la propia Administración Central. Y en este caso concreto, nos encontramos, en la práctica, con un fenómeno inducido desde la Administración Central, no con la pretensión de menoscabar las Haciendas Locales, pero, lógicamente, en una Comunidad Autónoma como la nuestra, en la que hay una multiplicidad enorme de municipios que cuentan con un escaso, con un exiguo patrimonio y, lógicamente, con una capacidad crediticia también muy exigua, pues ha sobrevenido directamente por estos planteamientos una situación, a nuestro juicio, anómala, que se plantea en la propia Propuesta de Resolución, en la Exposición de Motivos, pero que sin hacernos nosotros eco de la Federación Regional de Municipios y Provincias, sí al menos conocemos cuál ha sido la última de las Resoluciones planteadas por su Ejecutiva en relación a esa historia.

Y esa historia está demandando, precisamente por la propia Federación Regional de Municipios y Provincias, que en relación con la situación concreta de los municipios de la Comunidad Autónoma, en relación con quién ha sido el inductor de la situación en la que en estos momentos se encuentran, al margen de la propia voluntariedad y de las circunstancias en que puedan verse sometidos cada uno de los Consistorios, lo que no cabe la menor duda es que esto es así.

Y, de entrada, la mayoría de las Corporaciones Locales es verdad que prefieren y pretenden que haya un anticipo a cuenta, porque cuando ya se está navegando sobre dificultades absolutamente objetivas, desde el punto de vista presupuestario, pues es o prefieren que eso sea así.

A la postre, los balances, definitivamente, dan como resultado que se encuentren o se puedan encontrar en circunstancias de esta naturaleza. Se hacía público, incluso, una cuantía que no es excesivamente grande por la dispersión municipal, por la gran cantidad de municipios a los que afecta, pero en cuantías menores, con lo que sí nos parece un tanto contradictorio en el planteamiento que aquí se maneja por el Partido Popular, en cuanto que podemos trasladar, en virtud de la Proposición No de Ley, la responsabilidad o el problema a quien en cierto modo lo ha inducido, y eximamos a la Comunidad Autónoma -es decir, a la Administración Autonómica-, la eximamos de esa responsabilidad. Yo creo que incluso sería un gesto absolutamente necesario, generoso, e incluso de una fórmula para hacer comprender a la propia Administración Central las peculiaridades del problema en la Comunidad Autónoma.

Es dinero, pero no es una gran cuantía de dinero. Y sí llevaría incluso a conseguir el que hubiese una corresponsabilización mayor por parte de las Corporaciones Locales.

Nosotros nos hemos quejado con relativa frecuencia, precisamente, de esa amnistía que antaño se hizo, porque había Consistorios, había Corporaciones que habían logrado unos niveles de endeudamiento extraordinarios, que, lógicamente, no se compadecían en absoluto con los planteamientos de rigor, austeridad presupuestaria, que había en otras Corporaciones Locales.

Pero lo que sí entendemos que podíamos añadir, aunque no lo hacemos con ánimo de modificar en absoluto la Propuesta de Resolución, pero podíamos añadir, al tercer punto que se plantea aquí, el establecimiento de esa amnistía fiscal, proporcional, proporcional, para que en ningún caso pudieran las circunstancias de cada uno de los Consistorios ser aprovechadas con ánimo de mejorar su propia Hacienda. Y dado que lo que se pretende en este caso es corregir -e insistimos- ese problema de... inducido por la necesidad, por el descenso de población, que en más de una ocasión ha sido otro de los motivos que ha llevado a algunas Corporaciones a encontrarse que en este período de tiempo, desde que se pone en marcha las entregas a cuenta hasta el momento actual, han ido perdiendo y han ido, lógicamente, también, disminuyendo su participación en los ingresos del Estado.

Por tanto, nosotros veríamos con buenos ojos el que se animara todavía con mayor insistencia a que hubiera un reconocimiento de estas peculiaridades específicas de la Comunidad Autónoma, y que, por consiguiente, pudiese llegar a un planteamiento de esta naturaleza. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. El Proponente, señor Málaga, tiene la palabra.

MÁLAGA GUERRERO

EL SEÑOR MÁLAGA GUERRERO: Empezando por el final, agradecemos la postura de Izquierda Unida de aceptar las tres... los tres puntos de esta Proposición No de Ley. Y considerar también estos añadidos, que nosotros también consideramos que enriquecen la Proposición No de Ley.

Yo, como Alcalde que he sido de Salamanca durante doce años -y aquí veo a Alcaldes que están ahora en ejercicio-, estamos muy acostumbrados a que la mayoría de los políticos nos den una palmadita en la espalda y nos digan "es el puesto político más bonito". Pero, sin embargo, después es el puesto donde normalmente te dejan solo, ¿no?; te animan mucho, pero te dejan solo.

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Mire, señor Portavoz, para creer en los municipios y para hablar bien de los municipios, hay que hacerlo también con leyes y hay que ser municipalista llevando las cosas al Boletín Oficial del Estado o al Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, y no solamente decir buenas palabras y bonitas palabras; sobre todo cuando me recuerdan algunas palabras que se han dicho aquí hoy, que es aquello del municipio, aquellas tres cosas del municipio, la familia, etcétera.

El problema que se va a plantear, si no se soluciona la diferencia entre lo aportado por las arcas del Estado a los municipios y el dinero que tienen que devolver porque ha habido un desfase en cuanto a la liquidación final, para un grupo muy numeroso de municipios en Castilla y León va a ser gravísimo; se lo indico ya. Porque el Partido Popular tiene muchos cientos de Alcaldes que van a llamar a su puerta dentro de cuatro días si esto no lo solucionan. Y lo que ustedes van a negar ahora aquí, que es la tercera parte, de intentar solucionar, a través del Gobierno Autónomo, algo que se les va a plantear y que son cuatro perras -porque en el fondo son cuatro perras, teniendo en cuenta que a los que más va a afectar es a los pequeños municipios-, esos Alcaldes van a estar llamando a la puerta de la Junta, van a estar llamando a la puerta del Partido Popular -porque son Alcaldes de ustedes-, van a estar llamando, reclamando esto que van ustedes a negar. Y, si no, lo van a tener ustedes... la prueba la vamos a tener dentro de muy poco tiempo. Todo sea que el Gobierno Central no solucione esta formulación, que a nuestro modo de ver es errónea, y que va a llevar a muchos municipios de Castilla y León, a todos los que han bajado en población, a todos los municipios de escasa población, a un problema de difícil solución en los próximos años.

Aceptamos, como no podía ser de otro modo, el que se vote por separado los tres puntos, porque al menos queremos conseguir que estas Cortes pidan al Gobierno de la Nación -y lo pidan con una voz unánime- el que los municipios no pueden ser una serie de entes menores, que se les considera mucho para hablar de ellos, pero que se les considera poco a la hora de explicarse. Y la forma de explicarse siempre ha sido a través de los presupuestos en las distintas Administraciones. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Si no hemos entendido mal, se ha aceptado la votación separada del primer y segundo párrafos que se contienen en la Propuesta de Resolución. ¿Votos a favor de estos dos primeros párrafos? ¿Se aprueban por asentimiento? Se aprueban.

Se somete ahora a votación el tercer punto contenido en la Propuesta. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. A favor: veintiséis. En contra: cuarenta y cinco. No hay abstenciones. Quedando, por lo tanto, este tercer punto rechazado.

Ruego al Secretario enuncie el último punto del Orden del Día, el decimotercero.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "Designación por el Pleno de la Cámara de la Propuesta del Grupo Parlamentario Popular de sustituir a un miembro de la Comisión Mixta de Transferencias".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): A continuación, el señor Secretario dará lectura a dicho escrito relativo a la sustitución.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "Excelentísimo señor: Comunico a V.E. que con motivo del fallecimiento del miembro de la Comisión Mixta de Transferencias don Ángel Díaz Ripa, nombrado a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, a tenor de lo dispuesto por acuerdo de la Mesa en su reunión de siete de julio de mil novecientos noventa y cinco, ruego a V.E. proceda a la inclusión, en el Orden del Día del próximo Pleno de esta Cámara, la sustitución del referido miembro de la Comisión Mixta de Transferencias por don Eladio Sastre Zarzuela. Fuensaldaña, nueve de febrero del noventa y ocho. El Portavoz: Juan Vicente Herrera Campo".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Se ratifica la Propuesta? Queda aprobada por asentimiento y, en consecuencia, designado como miembro de la Comisión Mixta de Transferencias don Eladio Sastre Zarzuela.

Se levanta la sesión. Muchas gracias.