DS(P) nº 72/4 del 6/5/1998

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Buenos días. Vaya por delante la repulsa de este Grupo Político al atentado sufrido por un representante democrático de los ciudadanos y ciudadanos de Navarra.

Paso a presentar brevemente la Proposición No de Ley que he traído al día de hoy a la Cámara.

Ante la importancia del desempleo... que el desempleo está tomando en todos los foros políticos e institucionales, y la importancia que el problema del desempleo tiene en nuestra Comunidad Autónoma, en Castilla y León -que hemos debatido ya en más de una ocasión-, con unas cifras de paro que llegan en estos momentos, según la Encuesta de Población Activa, a ciento noventa mil personas, considerando mi Grupo Político que es el principal problema que tiene Castilla y León para desarrollar su futuro con garantías de calidad, traemos esta Proposición No de Ley.

Porque, además que el desempleo -a nuestro modo de ver- es el principal problema, tenemos próximas las transferencias del Inem -se anunció que en julio se iba a transferir la formación ocupacional, y el resto de las funciones del Inem para el año mil novecientos noventa y nueve-; porque ya se crea el Servicio Regional de Colocación; porque tenemos competencias en formación; porque estas competencias de creación de empleo y de formación están dispersas entre las distintas Consejerías y Administraciones de esta Comunidad Autónoma; porque el Gobierno Regional, sin llegar a hacer una valoración en el día de hoy, ha presentado a los agentes sociales, a los interlocutores, un Plan de Empleo Regional; por todo ello, y por más motivos -pero, dada la brevedad...-, proponemos que se cree una Consejería de Trabajo que abordaría, entre otros aspectos que le fuesen propios, los referentes al desempleo, a las políticas activas de empleo y aquellos otros en el día de hoy dispersos entre las distintas Consejerías.

Quiero señalar que no se ponen plazos para la Creación de esta Consejería de Trabajo. El futuro de esta creación lo tendrá que definir el Gobierno Regional, que es el que tiene el poder en este momento.

Y señalar, por último, también, que nuestra reforma del Estatuto de Autonomía nos permite, una vez que haya pasado los trámites parlamentarios oportunos, nos permite crear tantas estructuras o Consejerías que el Gobierno y las personas y los Grupos Parlamentarios de Castilla y León consideremos oportuno. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra? Señor Abad, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.

ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Sí, señor Presidente. Efectivamente, en la Proposición No de Ley se alude -en los Antecedentes- a la importancia que el desempleo tiene; en eso estamos todos de acuerdo. Que las cifras que se registran en el Inem andan del orden de las ciento veintidós mil personas y, según la Encuesta de Población Activa, cerca de las ciento noventa mil. Pero también hay que decir que en los años precedentes, el noventa y seis-noventa y siete, ha habido una disminución del paro; no en la cuantía que hubiéramos querido, y algo inferior a la media nacional, pero, en consecuencia, ha habido una disminución de empleo. Se habla también de las transferencias del Inem, que se van a hacer realidad dentro de poco, a la Comunidad, en breve tiempo. Y, por ello, se pretende justificar la creación de la Consejería de Trabajo.

No obstante, nosotros nos vamos a oponer a esta Proposición no de Ley, y vamos a demostrar que no es conveniente ni necesaria en este momento, por cuanto hay una estructura que cumple perfectamente su cometido.

Haciendo un breve repaso de la situación actual, en el Decreto de la Presidencia del año mil novecientos noventa y cinco, se reestructuran las Consejerías y se establecen las ocho que hay actualmente, entre ellas, la de Industria, Comercio y Turismo.

Posteriormente, por un Decreto de la Consejería de Industria, se establece la estructura orgánica de la Consejería y se establecen, entre otras, las funciones siguientes, que son: promover, proyectar, dirigir, coordinar y ejecutar el fomento del empleo -estoy hablando esto del año noventa y cinco-; se establece también el ejercicio de las competencias en materias de cooperativas, calificación de registro administrativo de sociedades anónimas laborales; la ejecución de la legislación laboral -que es competencia exclusiva del Estado, de la Administración Central- y la seguridad e higiene en el trabajo. Todas ellas, se establece a través de este Decreto que serán gestionadas por la Dirección General de Trabajo como centro directivo central, y que estará auxiliado por las Oficinas Territoriales de Trabajo que están ubicadas en cada una de las provincias, con competencias para ello.

Posteriormente, en el año mil novecientos noventa y seis, se estructura orgánicamente, mediante otra Orden de la Consejería. Se establece toda la estructura orgánica de las Direcciones Generales y, concretamente, a la Dirección General de Trabajo -que tiene competencias para ello-, para el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas -que he citado anteriormente-, se consolidan y se establecen los Servicios de Relaciones Laborales, el Servicio de Seguridad y Salud Laboral, el Servicio de Fomento del Empleo y el Servicio de Formación; todo ello, acompañado de los correspondientes Servicios.

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Por tanto, tenemos ya una estructura, una situación actual que asume perfectamente las competencias y ejerce las funciones para ello.

Por otra parte, en nuestro Estatuto de Autonomía, en el Artículo 28 anterior y 37 del reformado, se establece que la Comunidad tiene competencias ejecutivas -ejecutivas, quiero recalcarlo-, en el aspecto laboral, pero no legislativas, que corresponden a la Administración Central. Estas actuaciones las viene ya desempeñando, las funciones ejecutivas, puesto que... efectivamente, a través -como digo- de la Dirección General de Trabajo y las Oficinas Territoriales.

Posteriormente ha habido otra serie de actuaciones. Ya, concretamente la Comisión Mixta de Transferencias, en la Sección de Industria, establece contactos con el Ministerio de Administraciones Públicas y precisa que es necesario agotar todas las competencias que nos fuesen transferidas, entre ellas, las políticas del Inem. Por eso, posteriormente, se han alcanzado varios acuerdos con el Ministerio de Trabajo en este sentido. Anteriormente, puesto que las competencias... las políticas activas del Inem todavía no se han transferido a esta Comunidad, no así en otras Comunidades, donde hay un verdadero puzzle o mosaico en todas las Comunidades de Estado, puesto que hay una parte, después de la reforma del Inem, que no se transfiere, pero otra parte sí se transfiere, y son las políticas activas del Inem.

No obstante, esta Consejería, esta... la Junta de Castilla y León, y concretamente a través de la Consejería de Industria, ha establecido ya ciertas pautas y ciertos convenios, en virtud del cual, por ejemplo, hay una transferencia de la gestión de Formación Profesional para que el Plan Nacional de Empleo... de Formación, perdón, sea ya efectuado en nuestra Comunidad. Y se establece también un Protocolo -se ha establecido- de Colaboración para la gestión del Plan Nacional de Formación -como digo-; otro Convenio de Colaboración con la Dirección General del Inem, de cara al servicio... puesto que se ha ubicado el Servicio Regional de Colocación como una especie de agencia... vamos, como una especie no; como una agencia pública de empleo que, de alguna manera, es una transferencia adelantada. Y, por otra parte, se ha creado también la Comisión Regional para el Empleo y para la Formación, que agrupa a varias entidades, entre ellos, empresas y sindicatos.

En resumen, de alguna manera, la Comunidad viene desarrollando ya las competencias -como digo- ejecutivas, puesto que la legislación laboral corresponde al Gobierno Central. Que, por una parte, se está ya en conversaciones para el traspaso del Inem, sobre todo en las políticas activas; se empezará por el problema de la formación para empleados, para jóvenes y para parados y, también, otra de las políticas activas es el fomento del empleo, la intermediación laboral, que también se está ejecutando parte.

Por todo ello... Y, además, precisamente, dando un poco... haciendo un poco de memoria, en los acuerdos recientes de Luxemburgo, en las Directrices que se marcaron, cada uno de los Gobiernos ha elaborado un Plan de Empleo, y las Comunidades Autónomas también, y la de Castilla y León así ha sido, relativa -como digo- a estas Directrices que se marcaron en Luxemburgo.

Por tanto, entendemos que en este momento se están realizando las funciones correctamente; que hay una estructura orgánica administrativa capaz de asumirlo; y que está preparada la Consejería y, concretamente, la Dirección General de Trabajo, para asumir en lo que se prevé este año las políticas activas del Inem.

No obstante, nosotros nos vamos a oponer a esta Proposición No de Ley en este sentido; pero no se descarta que, en un futuro, la complejidad del sistema, pues pudiera que sea posible crear la Consejería de Trabajo, pero no en este momento. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la réplica, señora Pérez, tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Portavoz. Usted me ha contestado pero, desde luego, no me ha dado razones. Lo único que ha hecho ha sido describir lo que se está haciendo al día de hoy, de una forma dispersa, por las distintas Administraciones o las distintas Consejerías.

Mire usted, el planteamiento por el que traemos al día de hoy una Consejería de Trabajo es por dos cuestiones esenciales; no es exclusivamente por la complejidad del futuro, que, si no, ya le avisé en los Antecedentes, en la Propuesta de Resolución, que no estábamos poniendo plazo a la creación de esta Consejería. Pero se plantea por dos cuestiones principales e importantes, a nuestro modo de ver: primero, que el Gobierno de Castilla y León tiene que ser el motor en la creación de empleo para esta Comunidad Autónoma, para Castilla y León, y, por lo tanto, se precisan unas directrices y una transparencia para todas las Consejería; y, segundo, necesario de una estructura transversal, transversal. No me diga usted aquí que tenemos una Dirección General de Trabajo que ya coordina, porque no es cierto. Usted sabe que no es cierto; en Sanidad y Servicios Sociales se tiene una política de formación o de fomento del empleo, en Cultura se tiene otra, etcétera. En Medio Ambiente no sé si se tiene, como en la mayoría. Y lo que está claro, que el problema de desempleo en Castilla y León no es exclusivamente un problema de la Consejería de Industria.

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Mire usted, señor Portavoz, ustedes han reducido al día de hoy la política de empleo, a no ser que nos sorprendan con otra cuestión, los han reducido en la mayoría de los casos a la concesión de subvenciones. Y permítame que le haga una ligera crítica: se gestionan mal, se gestionan mal; se tardan en pagar; no van unidas imprescindiblemente a la creación de empleo, que es lo que tiene que preocupar al Gobierno de Castilla y León, a la Junta de Castilla y León. No vale plegarse, como se ha hecho en estos últimos tiempos, en estos últimos días, plegarse a intereses empresariales -léase CECALE- en esta Comunidad Autónoma, de que las subvenciones no vayan ligadas, imprescindiblemente, a la creación de empleo.

Esto, ¿qué significa? Que cuando hay subvenciones, y hay fomento y hay formación en distintas Consejerías, sin una estructura transversal que coordine y dirija exactamente esas políticas, lo que nos está suponiendo, primero, es la falta de transparencia total, la falta de información que tienen las personas susceptibles, primero, de recibir formación y, segundo, de intentar buscar un puesto de trabajo, eso nos está suponiendo esta falta de estructura organizativa. Y nos está planteando que sus planes de formación, que son muchos millones lo que se está dedicando en esta Comunidad Autónoma -ya sean por fondos propios, ya sean a nivel estatal o del FORCEM-, nos está planteando que se hagan planes de formación genéricos y generales, que no sirvan de verdad de una forma específica y generalizada a la creación de empleo.

Se precisa, por tanto, una directriz, un motor y una estructura organizativa transversal. No me diga usted que la Dirección General de Trabajo es una estructura organizativa que va a dirigir al Consejero de turno -ya sea de Medio Ambiente o sea de otra Consejería-, a decir cuáles van a ser sus políticas de empleo; porque no es cierto: la Dirección General de Trabajo está en Industria, y es ahí donde continúa.

Se precisa, por lo tanto, algo que ustedes no están dispuestos a crear: ser los motores de la creación de empleo en esta Comunidad. No están dispuestos a perfilar los fondos necesarios; y digo perfilar, porque en el último Plan de Empleo Regional que han planteado a los interlocutores sociales, se habla de un incremento de 5.000 millones de pesetas, que no sabemos si es la suma de lo que existe, si es a mayores... y, desde luego, no se dice dónde se va... dónde se va a invertir ese dinero, a quién, cómo y cuándo.

No están, por lo tanto, dispuestos a ser los motores, ya no sólo incentivando... incentivando con subvenciones a empresarios o empresarias privadas, pymes, etcétera, para la creación de empleo, sino que no están dispuestos ustedes, como Administración Pública, desde luego, a ser motores de creación de empleo dentro de su propia Administración, en sectores tan importantes que hemos debatido ya aquí, en más de una ocasión, no sólo dentro de la Administración Pública, sino sectores importantes como servicios sociales, medioambientales, etcétera, que pudieran generar empleo y que precisan directrices únicas y claras de la Junta de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para el turno de dúplica, el señor Abad Raposo.

ABAD RAPOSO

EL SEÑOR ABAD RAPOSO: Sí, señor Presidente. Yo sí le he dado razones y motivos para la no creación, en este momento, de la Consejería de Trabajo. Le he dicho que actualmente hay una estructura que está operando, que está funcionando en la Dirección General de Trabajo, ubicada en la Consejería de Industria; le he explicado los servicios de que consta y las funciones que desarrolla y cómo lo está realizando. Le he dicho que hay un servicio de relaciones laborales, que hay un servicio de seguridad y salud laboral, que hay un servicio de fomento del empleo y que hay un servicio de formación. Esto, en el organismo central. Pero es que también están las organizaciones territoriales en cada capital de provincia, que desempeñan las funciones que -como digo-, todas ellas son competencias ejecutivas que se reconocen en nuestro Estatuto de Autonomía, puesto que, según la Constitución, como digo, la Legislación laboral es exclusiva del Estado Central.

Desde luego, la creación de una Consejería de Trabajo no es para ser motor de empleo. La Junta de Castilla y León lo que tiene es que procurar crear la condiciones para que se cree empleo por los agentes encargados de ello, pero no crearlo como tal.

Precisamente, uno de los motivos, uno de los esfuerzos para la creación de empleo es a través de la Agencia de Desarrollo, con las subvenciones a diversos campos, pero fundamentalmente destinadas a la creación de empleo.

Y yo le digo que en este momento no es necesaria la creación de la Consejería de Trabajo, puesto que precisamente se están asumiendo ya funciones con la transferencias del Inem -que, como saben, se reformó el año pasado a nivel nacional-, y está prevista la transferencia de política activas. En un principio, como está en varias Comunidades, serán las de formación ocupacional, de cuyo Plan Nacional ya se está colaborando desde esta Junta; y luego vendrán, como digo, las de fomento del empleo -que también se están desarrollando- y las de intermediación en el terreno laboral, a través del Servicio Regional de Colocación.

Pero le voy a decir más. Precisamente, ¿antecedentes en otras Comunidades? Pues, exceptuando Cataluña, que tiene un Departamento de Trabajo, el resto de las Comunidades Autónomas ninguna tiene una Consejería de Trabajo como tal. Y le cito: en el País Vasco está el Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad Social; en Galicia, donde van a asumir precisamente este año todas las transferencias, todas las políticas activas del Inem, está la Consejería de Familia y Promoción de Empleo, Mujer y Juventud, Consejería de Justicia e Interior y Relaciones Laborales.

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En ninguna Comunidad, excepto -como digo- en Cataluña, donde tiene un Departamento de Trabajo, existe una Consejería de Trabajo como tal.

Entonces, yo le vuelvo a repetir -y creo que son los argumentos válidos- que con la estructura actual de las funciones que se están desarrollando no es conveniente, en este momento y en estas circunstancias, crear la Consejería de Trabajo, sin descartar que en un futuro sea posible variar la estructura de la misma. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijar posiciones, los Grupos que no hayan intervenido en el debate. Por el Grupo Mixto... Perdón, el Grupo Mixto ya ha intervenido. Grupo de Izquierda Unida, señor García.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Para anunciar nuestro voto favorable a la Propuesta de Resolución que se presenta, a pesar de identificar una serie de deficiencias, tanto... de escasa justificación, tanto en los Antecedentes como también deficiencias en la propia Propuesta de Resolución.

No obstante, votaremos a favor, porque desde Izquierda Unida consideramos que al tema del empleo, al tema del trabajo hay que darle el rango político que le corresponde. Y, en ese sentido, creemos que el tema del empleo no debe estar supeditado a otro tipo de políticas. Y por eso consideramos que ese tipo de políticas relacionadas con el fomento del empleo, y ejercer como tal de autoridad laboral, debe estar residenciada a una Consejería, que es por lo que votamos a favor. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Socialista, señor Alonso Díez, tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Nuestro Grupo también va a votar a favor de la Proposición de la Procuradora de Nueva Izquierda, fundamentalmente porque consideramos que lo que esa Consejería tendría como cometido es cambiar lo que hoy está ocurriendo. Quiero decir, hoy, fundamentalmente, las políticas de empleo son unas políticas basadas en la gestión de subvenciones. Indudablemente, si sigue pensando que ésa debe ser la política fundamental de empleo, pues, indudablemente, es lógico que no se considere que sea necesaria Consejería de Trabajo. Pero si queremos que sea una política en la cual la Administración se implique en conseguir los resultados que se pretenden en política de empleo, quiero decir que, en aquellos sectores en los que haya que, directamente desde la Administración, intervenir para conseguir mejorar los resultados del empleo en la Comunidad, pues indudablemente es necesario que haya una Consejería que ejerza la acción política; no un ente administrativo, como en muchos casos está ocurriendo con la... la actual Dirección General de Trabajo -que, además, no está incluida ni en la propia denominación de la Consejería Industria, Comercio y Turismo-, que lleva múltiples actuaciones, y entendemos que lo de "trabajo" es algo que no se le está dando el tratamiento adecuado.

En cualquier caso, no nos sirve como justificación el decir que en otras Comunidades no existe esta Consejería más que en Cataluña. Al final, si en Cataluña se ha dado el paso, si aquí hay necesidad, debe darse el mismo paso, debe asumirse la misma responsabilidad. Y la situación de Castilla y León entendemos que requiere una acción pública; que, desde luego, no requiere el que estemos permanentemente autovalorando lo que se hace, que luego da escasos resultados y nos lleva a lo que decíamos en otra ocasión, a tener un optimismo suicida de lo que es la política de empleo en la Comunidad.

Y, en consecuencia, nos parece que el decir que "quizá en el futuro", si ese futuro es cuando políticamente se crea oportuno para buscar la rentabilidad al crear la Consejería, lógicamente, ese futuro no nos convence; queremos que la Consejería de Trabajo se cree en función de la necesidad.

Y en este momento, con las llegadas -como se ha anunciado- en el presente año de las competencias de formación ocupacional, con las competencias que ya se tienen, nos parece que hay contenido suficiente para crear una Consejería que políticamente se implique en las políticas de empleo y consigamos invertir la tendencia que existe en la Comunidad. Y porque, además, actualmente hay muchas o varias Consejerías que intervienen en materia de empleo, y es necesario -como se decía anteriormente- que haya una autoridad -y eso es rango de Consejería-, una autoridad que de alguna manera sea capaz de coordinar y poner orden en todas las actuaciones que están desarrollando desde otras Consejerías, no sólo desde la de Industria, sino también en Bienestar Social, o inclusive en Medio Ambiente; en otras Consejerías que están actuando en materia de empleo.

Por esta razón nos parece que la... la Moción... vamos, la Proposición que se realiza tiene pleno sentido. Y el Grupo Socialista va a apoyar que se cree la Consejería de Trabajo en Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por último, la Procuradora proponente, señora Pérez Martínez, tiene la palabra. Señoría, yo les ruego guarden silencio.

PÉREZ MARTÍNEZ

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LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Está claro que el Gobierno Autónomo, la Junta de Castilla y León está contenta con lo que tenemos: está contenta con la situación de desempleo, porque está convencida que los instrumentos que ha puesto en marcha están sirviendo para la creación de empleo en esta Comunidad Autónoma; está convencida que nuestra situación no necesita ningún cambio. Se lo podía decir a los miles... ciento noventa mil personas en situación de desempleo; se lo podía decir a los agentes sociales, a los grupos políticos y a las personas de Castilla y León, que este año, en el último mes, han considerado su reivindicación primera, la situación que se encuentran, la creación de empleo en esta Comunidad Autónoma.

Nos dice el Portavoz del Partido Popular que con lo que tenemos se está demostrando que nos sirve, no necesitamos más. Pues lo que tenemos, señor Portavoz del Partido Popular, lo único que está demostrando es que en Castilla y León no se está creando empleo. Y no vamos aquí a debatir otra vez las cifras, están muy manidas. Y lo sabe no sólo ese Grupo Político, que por las circunstancias políticas -de derecha que es- tiene que defender un tipo de situación económica determinada; por su situación política tiene que defender que los empresarios, como denuncian los Sindicatos -y no quisiera convertir esto en un mitin, pero se está denunciando por los agentes sociales-, no ven reducidos sus beneficios. Y los trabajadores y trabajadoras, y la situación de desempleo en Castilla y León no está mejorando. Cómo estamos viendo que sólo la Consejería de Industria el año pasado destinó 23.000 millones, teóricamente, a políticas activas de empleo; y año tras año, no sólo se está dejando de destruir empleo -que se sigue destruyendo-, sino que no se está creando empleo estable en esta Comunidad Autónoma.

Por eso decimos que sí que es función del Gobierno de Castilla y León ser la directriz única y el motor para la creación de empleo en esta Comunidad. No puede dejar en manos simplemente de la iniciativa privada, dejarle en manos, con muchísimos millones en juego de dinero público, muchísimos millones, dejar en manos exclusivamente de la iniciativa privada la creación de empleo, porque nos está demostrando que en Castilla y León esto no está sirviendo. Y por eso decimos que la Junta de Castilla y León tiene que ser la responsable. Y no desde una estructura organizativa, que ahora nos ha venido aquí a contar que la Dirección General de Trabajo. Pero ¿qué pasa, la Dirección General de Trabajo le cuenta al resto de las Consejerías? ¿Todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León, sus políticas de formación y de fomento del empleo van dirigidas al mismo fin? Pues no, pues no. Cada una actúa de una forma, cada una recibe unos fondos de una forma y los dirige de una forma determinada. Y ustedes, sin una estructura que pueda coordinar y decir lo que hay que hacer en Castilla y León.

Pues lo que está claro -y termino-, señor Portavoz, es que, con la situación que estamos, no estamos contentos; ustedes parece que sí. Nosotros queremos cambiarla; y precisamente para eso planteábamos un instrumento en manos de la Junta de Castilla y León que fuera capaz de hacerlo.

Y no nos hable de la Agencia de Desarrollo Regional. Lo hemos debatido aquí muchas veces, cómo su falta de transparencia de fondos, cómo sus fondos no van ligados imprescindiblemente a la creación de empleo y cómo, además, en la Ley de Presupuestos de este año se ha escapado al control que tiene que tener el Gobierno y que tiene que tener este Parlamento de sus fondos y de su política de subvenciones. Transparencias y motor, que sí se lo cree la Junta de Castilla y León, para cambiar el futuro de esta Comunidad Autónoma. Ustedes, desde luego, no lo quieren cambiar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Sometemos a votación la Proposición No de Ley que acaba de debatirse. Quienes estén a favor, les ruego levanten la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. A favor: veinticinco. Y, en contra: cuarenta y seis. No hay abstenciones. Queda, pues, rechazada.

Señor Secretario, le ruego proceda a dar lectura al segundo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Segundo punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a ordenación de una red pública de servicios sociales específicos para enfermos mentales crónicos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para presentar la Proposición, la señora doña Elisa Álvarez tiene la palabra.

FERNÁNDEZ MARASSA

LA SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA: No, Fernández Marassa.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Fernández Marassa.

FERNÁNDEZ MARASSA

LA SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA: Gracias, señor Presidente. Según la Ley 18/1998, de veintiocho de diciembre, de Acción Social y Servicios Sociales, el Sistema de Acción Social se articula en dos niveles: servicios básicos y servicios específicos.

Los servicios específicos se dirigen a sectores y grupos concretos, en función de sus problemas y necesidades, que requieran un tratamiento especializado, y siguiendo el Artículo 9 de esta Ley dice: "La Junta de Castilla y León potenciará el desarrollo de estos servicios con programas y planes de prestaciones sociales que coadyuven a la superación de las carencias mediante actividades de asistencia a afectados y de inserción social".

El equipamiento de estos servicios sociales, en base al Artículo 17, estará constituido, incluido personal, por: "a) centros de acogida para atención directa y temporal; b) residencia permanente; c) centros de día para el desarrollo del ocio y las capacidades de los usuarios; d) centros ocupacionales para la terapia ocupacional y para la inserción y adaptación socioprofesional; e) cualesquiera otro especializado en el tratamiento de situaciones concretas y específicas".

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Por otra parte, nos encontramos en Castilla y León con la problemática situación planteada por el colectivo de enfermos mentales crónicos y de sus familiares, al carecer éstos de servicios específicos de carácter especializado en su modalidad psicosocial, como apoyatura para su inserción sociolaboral, que faciliten su desinstitucionalización y eviten su internamiento, encajando perfectamente los centros contemplados por la Ley de Acción Social y Servicios Sociales.

Creemos, mi Grupo cree, que los enfermos mentales crónicos plantean unas características especiales, para los cuales es necesario crear una red específica de servicios sociales. Y por eso presentamos la siguiente Propuesta de Resolución:

"Que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León a la creación de una red pública de servicios sociales específicos para enfermos mentales crónicos, integrada por: centros de acogida, residencia permanente, centros de día, centros ocupacionales y centros especializados en el tratamiento de situaciones concretas y específicas para psicóticos".

Por el momento, nada más. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se ha presentado por el Grupo Parlamentario Popular una Enmienda. Señor Terrón, tiene la palabra para su defensa.

TERRÓN LÓPEZ

EL SEÑOR TERRÓN LÓPEZ: Gracias, Presidente. Señoría, hemos presentado una Enmienda de Sustitución a la Propuesta de Resolución de su Proposición No de Ley por considerar que dicha Propuesta se basa en unas consideraciones erróneas; y le diré por qué.

Mire, la atención a los problemas psiquiátricos se integra, en lo fundamental, en el Sistema Sanitario General, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley General de Sanidad, que en su Artículo 20 -cuando habla de la salud mental- proclama la total equiparación del enfermo mental a las demás personas que requieran servicios sanitarios y sociales; Ley en la que se insta a las administraciones sanitarias competentes a adecuar sus actuaciones a diversos principios, como atención en el ámbito comunitario, potenciando los recursos asistenciales ambulatorios y los sistemas de hospitalización parcial y atención a domicilio, las unidades psquiátricas de los hospitales generales y los servicios de rehabilitación y reinserción social necesarios.

Es decir, el mandato contenido en esta Ley se dirige a las administraciones sanitarias competentes. Naturalmente que, en algunos casos, es necesaria la coordinación de los servicios sanitarios y sociales, cuando concurran necesidades de ambos tipos. Pero lo que sí quiero dejarle claro es que, en lo fundamental, la atención a los enfermos mentales ha de realizarse dentro del Sistema Sanitario y con recursos sanitarios.

Y respecto a este último, permítame que le recuerde que en el Pleno del pasado día treinta, y en el transcurso del debate de la Moción de su Grupo sobre el Plan Sociosanitario de Castilla y León, el entonces Portavoz de mi Grupo, el señor León de la Riva, ya lo manifestó.

Con su Proposición No de Ley, Señoría, pretende trasladar al ámbito de los servicios sociales buena parte de la asistencia psiquiátrica, y ello lo plantea desde una posición -para nosotros- radicalmente equivocada. Argumenta en los Antecedentes de su Proposición No de Ley que la Ley de Acción Social y Servicios Sociales incluye, entre los sectores de atención, el de los minusválidos, para, a continuación, referirse a los enfermos mentales como integrantes del sector de los minusválidos. Argumentación que parece, por tanto, hacer equivalente el concepto de enfermo mental y el de minusválido o discapacitado.

Este concepto de la enfermedad mental, que la equipara a minusvalía, es anticuado y choca frontalmente con las corrientes renovadoras de la Psiquiatría, con los postulados de la reforma psiquiátrica y con las opiniones de diversas asociaciones científicas y de los profesionales. La tendencia actual es la de mantener todas las capacidades de los pacientes psiquiátricos. Y en la práctica sólo se procede tramitar las solicitudes de minusvalía por motivos psiquiátricos en aquellos casos en los que, como consecuencia de los trastornos -y habitualmente esto se da en el campo de la esquizofrenia-, existe un importante deterioro.

Mire, de los veintiún mil ochocientos nuevos casos atendidos en Castilla y León en el pasado año, sólo mil ciento sesenta y cinco fueron diagnosticados de trastornos... de trastornos -perdón- psicóticos y esquizofrénicos; es decir, aproximadamente, un 5,3% de los casos. Y sólo una pequeña parte de éstos tienen declaración de minusvalía.

En resumen, no se puede extender al conjunto de pacientes psiquiátricos, ni siquiera a los pacientes psiquiátricos crónicos, su consideración como minusvalía. Y le repito una vez más: la atención a los enfermos mentales ha de realizarse en el sistema sanitario, y el sistema de servicios sociales ha de colaborar en la integración social de aquellos pacientes con reconocimiento de minusvalía; pero no constituye el sistema de acción social y servicios sanitarios un sector específico que tenga como uno de sus objetivos la atención de los enfermos mentales.

Y finalmente, para colaborar en esta integración, el Plan de Atención Sociosanitaria de Castilla y León incluye un programa específico para pacientes psiquiátricos de larga evolución y mal pronóstico, en el que se adoptan algunas medidas especiales, como es la creación de una unidad de larga estancia, incremento de las medidas de rehabilitación laboral y ocupacional, y colaboración con asociaciones de familiares y enfermos mentales.

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Bien. Pues por todo esto, Señoría, es por lo que proponemos la siguiente Enmienda de Sustitución: "Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a: primero, desarrollar el contenido del Programa de Patología Psiquiátrica de Larga Evolución y Mal Pronóstico, incluido en el Plan de Atención Sociosanitaria de Castilla y León; segundo, garantizar que los pacientes psiquiátricos crónicos con declaración de minusvalía accedan a las prestaciones y servicios sociales básicos y específicos en condiciones de igualdad al resto de los sectores objeto de atención por el Sistema de Acción Social y Servicios Sanitarios". Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señora Fernández Marassa, para pronunciarse a favor o en contra de esta Enmienda, tiene la palabra.

FERNÁNDEZ MARASSA

LA SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA: Gracias, señor Presidente. Bien. Señor Procurador, nosotros hemos venido aquí a hablar de servicios sociales; en ningún caso hemos venido a hablar de la asistencia psiquiátrica que precisan estos pacientes, puesto que es otra problemática, y que entra dentro de la red sanitaria y no dentro de la red de servicios sociales. Luego, o bien... yo creo que nuestra Proposición es clara su planteamiento, o bien no lo han entendido, o no la quieren entender -que eso es otro problema-.

Entonces, con respecto a su Enmienda, debo decirle que me es prácticamente imposible admitírsela, porque, mire, ustedes llevan gobernando esta Comunidad diez años. Durante estos diez años, han hecho varios decretos, como por ejemplo el Decreto de organización y funcionamiento de los servicios de salud mental y asistencia psiquiátrica, en el que contemplan ya, en la parte de la creación de estructuras intermedias, la creación de una serie de servicios sociales básicos y específicos para este tipo de pacientes. Por supuesto que yo estoy hablando de pacientes enfermos mentales con reconocimiento de minusvalía; si no, no tendría objeto.

Entonces, a lo largo de estos diez años que ustedes han... que ustedes gobiernan en esta Comunidad Autónoma, han hecho varios decretos, en los que contemplan la creación de una serie de estructuras y de servicios sociales... Como ya le digo, las estructuras intermedias. En él se contempla la creación de los centros de día, de los centros de acogida y de los hogares poscura, para estos enfermos específicamente. Y la realidad es que diez años después, prácticamente, de la publicación de ese Decreto, no existe... no se ha llegado a cumplir lo que en ese Decreto se dice.

En el I Plan de Salud de Castilla y León también se plantea... se plantea la creación de los centros de día, diciendo, además, el número de plazas por cada cien mil habitantes que debe de tener, y la creación de los hospitales de día. Al día de hoy, estas estructuras siguen sin estar en todas las provincias de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, nosotros lo que aquí venimos a pedir es lo que ustedes prometieron hace diez años y todavía no han cumplido. No venimos a que nos solucionen el problema de la asistencia psiquiátrica, que eso creemos que es... no es lugar éste para debatirse.

Y, por último, yo también quisiera decirle que le agradecería que me explicara el segundo punto de su Enmienda de Sustitución, porque yo no llego a entender esto que dice: "garantizar que los pacientes psiquiátricos crónicos con declaración de minusvalía accedan a las prestaciones". Pero, vamos a ver, en Castilla y León todo minusválido tiene derecho a unas prestaciones, que yo sepa; dice: "y servicios sociales básicos". Por Ley también accede, toda persona que tiene reconocimiento de minusvalía tiene derecho a unas prestaciones y al acceder a unos servicios sociales básicos y específicos. Si me dice que específicos con la creación de una red de servicios específicos para este tipo de enfermos, entonces, yo se lo admitiría; si no, no.

Y, por último, tampoco se la puedo admitir porque, mire, el Plan Sociosanitario... es sorprendente que el Plan Sociosanitario, que se publica el día tres de febrero, dos meses después ustedes -miembros del Grupo que apoya al Gobierno- presenten una enmienda en la que dice: "instar a desarrollar el contenido del programa de patologías psiquiátricas de larga evolución y mal pronóstico". Yo ya no sé si es que no creen ni tan siquiera aquello que publican y que ustedes mismos hacen; porque si, a los dos meses, se tienen que instar a sí mismos para cumplir el programa, pues... yo sigo sin casi comprenderlo ¿no?

Y, por último, mire, el Plan Sociosanitario rebaja realmente las expectativas que para estos enfermos existían en el Decreto de organización y funcionamiento de los servicios de salud mental de esta Comunidad Autónoma, y rebaja sustancialmente también el I Plan Estratégico de Salud de Castilla y León publicado en mil novecientos noventa y uno. Creemos que es mejor el I Plan de Salud de Castilla y León, con respecto a los enfermos mentales, que lo que se contempla en el Plan Sociosanitario. Porque en el Plan Sociosanitario de lo único que se habla específicamente es de que a lo largo de mil novecientos noventa y ocho se creará una unidad de larga estancia que tendrá carácter regional, y que antes del dos mil se habrá creado una red de unidades de protección comunitaria. Eso son vaguedades e inconcreciones. Y nosotros aquí lo único que pedimos es una red específica para estos enfermos mentales. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para dúplica, señor Terrón.

TERRÓN LÓPEZ

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EL SEÑOR TERRÓN LÓPEZ: Gracias, Presidente. Mire, Señoría, me dice usted que quizá no hemos sabido interpretar su Proposición No de Ley porque usted ha venido aquí a hablar de Servicios Sociales; y yo a eso le tengo que responder que yo lo que no puedo es adivinar su pensamiento, yo lo que tengo que hacer es interpretar la Proposición No de Ley que usted presenta y pronunciarme sobre ello. Usted para nada habla del reconocimiento de minusvalía que tienen que tener estos pacientes mentales para acogerse al servicio de acción social y servicios sociales; usted me habla en general de enfermos mentales. Y yo lo que le digo, y en esto la Ley es nítidamente clara: la competencia de la atención a los enfermos mentales, incluso a los enfermos mentales crónicos, es de los servicios sanitarios y con recursos sanitarios. Y no nos plantee usted que viene a hablar aquí de servicios sociales cuando no hace para nada alusión a que tengan que tener una minusvalía. Que usted no lo dice en su Proposición No de Ley. ¿Que usted lo piensa? Mire usted, yo no tengo por qué adivinar su pensamiento. Yo lo que tengo que interpretar es lo que está escrito. Y, lo escrito, escrito está, Señoría. Y no me venga usted ahora a decir: "es que pensaba usted..." No. Mire, usted, no sé lo que usted pensaba; yo sé lo que ha escrito y es lo que tengo... Eso de obviedades, vamos a dejarlo, porque obvias hay muchas cosas, y podemos hablar de ellas.

Sigue usted diciendo, en fin, que no hemos hecho nada en el campo de los servicios sociales. Mire usted, quizá, quizá no hemos hecho todo lo que nosotros, incluso, hubiéramos deseado. ¿Por qué? Pues, a veces, por recursos muy limitados, no podemos avanzar quizá a esa velocidad que todos hubiéramos deseado. ¿Que faltan, desde luego, en el campo de salud mental la creación de algunas estructuras intermedias? Evidente. Pero, mire usted, mire usted, para no trasladar el debate a ningún otro plano y seguir centrado en lo que hoy aquí estamos planteando, que es la atención a los enfermos mentales crónicos, pues, hombre, mire usted, en el Plan Sociosanitario que ustedes tanto critican, ese Plan de mil novecientos noventa y ocho a dos mil, ya contempla una serie de cosas destinadas a solucionar estos problemas, como es la creación de esa unidad de larga estancia. Así que no nos impute usted cosas que no han hecho.

Es más, mire usted, mire usted, se lo voy a recordar, no quería decirlo, pero se lo voy a recordar. El Imserso, efectivamente, en Castilla y León, no disponía de ningún centro específico para el tratamiento de estos enfermos. Durante los años de gobierno de su partido no se ha creado en ninguno... en Castilla y León ninguno de los centros que ustedes exigen. Hasta que no se ha producido la transferencia del Imserso, desde su Grupo tampoco se ha planteado ninguna de estas exigencias; y, una vez transferido el Imserso, es cuando ustedes vienen repitiendo una y otra vez las exigencias. Así que vamos todos a tener paciencia, déjenos hacer, y las cosas yo creo que van por buen camino.

Y termino diciéndole que, por supuesto, mantenemos nuestra Enmienda de Sustitución en los mismos términos en que ha sido planteada y, de no ser aceptada, votaremos en contra de su Proposición No de Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijación de posiciones, los Grupos que no han intervenido. ¿Grupo Mixto? ¿Grupo de Izquierda Unida? Señor Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente, Señorías. La persona humana tiene la debilidad de enfermar y, en esa debilidad, pues puede ser que sea una reacción aguda, puede ser que esa reacción aguda pueda cronificarse, pero lo que en ningún caso pierde por enfermar es su condición de persona. Como tal, se viene interpretando a través de la historia fórmulas mediante las cuales se puedan solucionar problemas de esta naturaleza. Y sociedades en las que la competitividad, sociedades en las que se pone por encima de todo la utilidad de los recursos económicos, hace que los sujetos que enferman -y que enferman, sobre todo, con esa larga duración que es la cronificación y que tiene en ocasiones dificultades para la recuperación- son difícilmente reincorporables a la sociedad y, entonces, la sociedad les margina, les desecha y no encuentra ningún tipo de salida o de solución; pero siguen siendo personas. Como tal, efectivamente, la Ley de Sanidad dice que deben de ser tratadas como cualquier otra persona. Pero como la verdad es que esta sociedad es absolutamente competitiva y está constantemente observando la productividad de cada uno de los sujetos, no hace en absoluto caso de aplicación de esa Ley y, en estos momentos, nos encontramos con que los enfermos mentales crónicos tienen que ser subsidiarios de atenciones que no son el objetivo -precisamente porque no se entiende que un enfermo mental agudo o crónico sea un sujeto social, sino que es un enfermo mental y, como tal enfermo mental debe de ser tratado-; y, curiosa y significativamente, hasta el presente, acaso por la historia tan escabrosa que han tenido los manicomios o las formas clásicas y tradicionales de solucionar o intentar solucionar problemas de esta naturaleza, pues todo el mundo está intentando encontrar pasos intermedios. Y esos pasos intermedios son, en muchas ocasiones, difíciles de cotejar con lo que puede ser el beneficio para la sociedad.

Nosotros entendemos lo que quiere decir, precisamente, esta Proposición No de Ley. Y entendemos que es absolutamente necesario, además del tratamiento sanitario puro, el que haya elementos compensadores; pero por la carencia de la propia práctica de la Ley de Sanidad. Y lo que sí es cierto es que los profesionales que nos dedicamos a estas tareas, de vez en cuando nos vemos en la obligación de prescribir algunos tratamientos específicos que no existen en la red sanitaria pública. En estos momentos, en la mayor parte de los hospitales, pues, hay un número ínfimo de camas para procesos agudos, y en ningún caso se contempla el problema de los enfermos mentales crónicos. Y, entonces, recurrimos a centros de día, centros ocupacionales...

(-p.4437-)

Pero, en esa parte que podíamos estar de acuerdo, se nos presentan dudas manifiestas cuando se habla de centros de acogida, ¿qué es un centro de acogida? Se nos presentan dudas sobre qué es una residencia permanente, qué son centros especializados en el tratamiento de situaciones concretas y específicas para psicóticos -entendemos para psicóticos crónicos y minusválidos-. Pues, miren ustedes, a nosotros al menos nos da la impresión que esas tres formulaciones están recordándonos centros hospitalarios de triste memoria, en la cual ya nadie cree, y que, de alguna manera, se intentan reverdecer para ver cómo somos capaces de paliar un problema, que es un problema muy grave en la sociedad pero que no lo vamos a solucionar a través de estos sistemas y, posiblemente, eso es lo que nos lleva a una conclusión difícil de entender.

Nosotros rogaríamos que, a estos efectos, y dado que todos entendemos la buena voluntad y la mejor intención en solucionar problemas de esta naturaleza, a lo mejor teníamos que hacer el esfuerzo, primero, de las leyes existentes, exigir su cumplimiento. Y en eso, lógicamente, no es "déjennos trabajar", porque nadie está impidiendo, con su análisis y con su crítica y con sus aportaciones reflexivas, nadie está impidiendo que ustedes trabajen; pero lo que no se puede es perpetuar eternamente esta marginación ostensible que se hace a los enfermos mentales crónicos.

Y, segundo, no precisamente retraer o traer de nuevo algunas fórmulas que ya están, a nuestro juicio, finiquitadas, periclitadas, según la Organización Mundial de la Salud y según los expertos en estas materias.

Por lo tanto, sería interesante que nos viésemos, que intentásemos trabajarlo entre todos y buscar una solución adecuada. No vamos a votar en contra; no vamos a apoyar la Resolución tal como está tampoco. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, para cerrar el debate, la Proponente, señora Fernández Marassa tiene la palabra.

FERNÁNDEZ MARASSA

LA SEÑORA FERNÁNDEZ MARASSA: Gracias, señor Presidente. Bien. Al señor Herreros yo quisiera decirle que cuando nosotros aquí en la Proposición No de Ley planteamos lo de centros de acogida, residencias permanentes y centros especiales para psicóticos, planteamos centros que sean... o sea, cuya característica sea que sean abiertos a la Comunidad, en ningún caso que se institucionalice a esos pacientes en otro tipo de centro, para no llamarles manicomio pero sí llamarle minirresidencia -qué es lo que me ha querido decir más o menos, ¿no?-. Pues no. Nosotros creemos que se puede... que puede haber una serie de estructuras intermedias, abiertas a la Comunidad, en el cual, sobre todo para pacientes crónicos que tengan ya un grave deterioro y largo deterioro psicosocial y no tengan apoyo fundamentalmente del entorno familiar, pues puedan estar acogidos en estos centros, en sus diversas modalidades.

Con respecto al Grupo Popular, siento decirle que no puedo admitir su Enmienda porque nosotros aquí venimos... hemos traído esta Proposición No de Ley con la intención de que se cumpla, de que se cumpla, no pedimos nada más, que cumplan aquellos Decretos que ustedes mismos han hecho hace diez años ya.

La Ley General de Sanidad plantea la reforma de la asistencia psiquiátrica, y no se ha... en esta Comunidad Autónoma ha sido un autentico fracaso, sobre todo en el aspecto de la dotación de los servicios sociales específicos.

Mire, las estructuras intermedias que el Decreto de mil novecientos ochenta y nueve crea no se han dotado. No existe más que un hospital de día en nuestra Comunidad Autónoma, que está ubicado en Salamanca. No existen más que seis centros de día, cuando tendría que haber un centro de día por área, o sea que tendría que haber once centros de día. No existe ningún centro de acogida ni de hogares postcura. Y los centros ocupacionales que existen no son específicos para este tipo de enfermos, sino que son para minusválidos de otras características.

Por lo tanto, yo no puedo admitirles, ni mi Grupo le puede admitir esta Proposición No de Ley. Nosotros lo único que queremos es que cumplan aquellos Decretos que ustedes mismos han creado. Porque, si no, todo esto, aparte de ser un fracaso, no es más que marear la perdiz de los doce mil enfermos mentales que existen en nuestra Comunidad; y decirles que lo que no estaba en el Decreto que organizaba los servicios de salud mental lo van a encontrar en el I Plan de Salud, y cuando en el I Plan de Salud acaba -porque muchas de las cosas contenidas en el I Plan de Salud terminan en mil novecientos noventa y cinco-, cuando en el I Plan de Salud acaba, se dice que el Plan Sociosanitario va a ser la panacea que resuelva todos sus problemas. Y, mire, ya no se puede seguir por más tiempo manteniendo a estos enfermos en la duda y en la continua inconcreción.

Por lo tanto, nosotros mantenemos que se cree una red específica para los enfermos mentales en Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, Señoría. Se va a someter a votación entonces la Proposición No de Ley en su formulación inicial. Quienes estén a favor, levanten la mano. Muchas gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cuatro. Votos a favor: veintisiete. En contra: cuarenta y cinco. Y abstenciones: dos. Queda rechazada.

(-p.4438-)

Y, pasamos al tercer punto del Orden del Día. Antes quiero hacer una advertencia para general conocimiento. Por acuerdo de Portavoces, después de que se debata el punto número cuatro, la Proposición No de Ley sobre el Parque Nacional de Covadonga o Picos de Europa, se debatirá la Ley de Ordenación Territorial, la Ley de Ordenación del Territorio. Gracias.

Tercer punto, señor Secretario proceda a dar lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Tercer punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adopción de medidas para impedir la discriminación de Castilla y León en la financiación de la sanidad pública en los Presupuestos Generales del Estado para mil novecientos noventa y ocho".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la propuesta, por el Grupo Socialista, su Portavoz, señor González, tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. Nadie duda que la sanidad pública, la sanidad de los ciudadanos, la salud de los ciudadanos es un tema que les apasiona y les moviliza. Todavía me acuerdo en esta Cámara cuando vecinos del Ayuntamiento de Gradefes, cuando la Junta de Castilla y León intentó moverles su centro de salud, vinieron aquí de la más diversa condición y edad a protestar por aquel intento injustificado de expolio de su centro de salud. Por lo tanto, la salud, su garantía, moviliza a las personas.

Bien. Estamos en septiembre del noventa y siete, septiembre del noventa y siete, concretamente el veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y siete, y el Gobierno del Partido Popular presenta los Presupuestos del Estado en el Congreso de los Diputados. En ese Proyecto de Presupuestos figuraban algunas cifras, por ejemplo, cuánto representaba la sanidad pública en el conjunto de España, y separada, además, por territorios que gestionaban su propia sanidad o aquellos -como Castilla y León- que estamos imbuidos en lo que se llama "Insalud, gestión directa". Dos billones doscientos noventa mil millones de pesetas le tocaban a las Comunidades que tenían transferido el Insalud, y un billón cuatrocientos cuarenta y tres mil millones de pesetas lo que le tocaba al territorio Insalud; el 61,32%, el 38,66%.

Una vez presentado ese Proyecto de Presupuestos en el Parlamento, evidentemente, el Partido Popular tenía que iniciar los trámites para lograr su aprobación. Y ¿de quién dependía nuevamente esa aprobación? Pues dependía, una vez más, de los nacionalistas catalanes, del Grupo de Convergéncia i Uniò. Y estaremos de acuerdo, y estoy seguro que el Portavoz en esta ocasión del Partido Popular -que no dudo que será don Javier León de la Riva, casi seguro-, pues estará de acuerdo conmigo en que los nacionalistas catalanes tenían un déficit sanitario declarado y habían hecho cuestión del apoyo al Gobierno del señor Aznar de que éste -o sea, el Gobierno Popular, el Gobierno del señor Aznar- resolviera, en parte o en todo, su problema de déficit crónico de su sanidad pública. Cuidado, ese déficit crónico de su sanidad pública no es una entelequia, había servido para que Cataluña tuviera una sanidad diferente y, posiblemente, mejor (si por mejor se entiende una sanidad que tiene más inversiones unitarias por persona atendida que en el resto de España). Por lo tanto, no era un déficit generado para nada, sino para la mejora de la sanidad de Cataluña.

Bien. Empiezan las negociaciones, y la verdad es que el acuerdo final se podría resumir en los siguientes aparados. Y venimos a hablar de financiación, del nuevo marco de financiación. Uno, el acuerdo se consigue fuera del Parlamento, primera cuestión. Se consigue en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, fuera del Parlamento. Yo creo que se pacta una enmienda presupuestaria al Presupuesto que se estaba debatiendo en las Cortes Generales, y se pacta fuera del ámbito parlamentario.

El resultado final fue que, del Presupuesto presentado por el Gobierno de España al Presupuesto final aprobado había una diferencia -y me refiero concretamente en materia sanitaria, no en otras materias- de más de 100.000 millones de pesetas, exactamente 103.690 millones de pesetas. Que, como el acuerdo es por cuatro años, condiciona la friolera de 414.000 millones de pesetas para cuatro años. Por lo tanto, no estamos hablando de un asunto de escasa importancia, estamos hablando de un asunto de tremenda importancia. De esos 103.000 millones año, el territorio gestionado por las Comunidades Autónomas se lleva la friolera de 97.000 y el territorio Insalud -en el cual está incluida Castilla y León- se lleva la pequeñez de 6.364 millones de pesetas.

Y ¿cómo se consigue semejante cuestión? Pues, en primer lugar, el Presupuesto, el Gobierno lo presenta con arreglo al censo del noventa y uno. Tiene que acomodarlo al censo del noventa y seis. Y además tiene que repartir entre las Comunidades Autónomas lo que se llama el ahorro en la incapacidad laboral transitoria, cifrado en 40.000 millones de pesetas, que este año, primero, se reparte con arreglo a la población asistida. Bueno, pues, de todo ese conjunto sale una cuestión, que se llama "fondo general", que reasigna recursos entre las Comunidades Autónomas del fondo general para la sanidad pública en España.

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Curiosamente, de la reasignación por población, a Cataluña le sobran 7.366 millones, de lo presupuestado, del presupuesto inicial, porque Cataluña pierde peso poblacional en el conjunto del país. En cambio, por poner otro ejemplo, a Andalucía le faltan 14.000 millones porque gana población asistida en el conjunto, y, por lo tanto, peso en el conjunto de la población nacional. Al territorio Insalud tengo que decir que le faltan... o le sobran, mejor dicho, 19.909 millones de pesetas, porque perdemos peso específico -que no población- en el conjunto de la sanidad nacional. Veremos cómo sigue el asunto. Bueno, de este reajuste en el fondo general: Andalucía, más 22.000 millones; Cataluña, menos 1.000 millones; Castilla y León, y el territorio Insalud, menos 4.500 millones (de los cuales, a nosotros nos toca, es evidente, una parte, la parte que nos corresponda).

A continuación, el Gobierno se inventa a una cosa que se llama "fondo de asistencia hospitalaria", que se cifra en 47.918 millones de pesetas, no se sabe muy bien por qué, que se justifica también sin saber muy por qué en dos apartados -que son docencia y desplazados-, de los cuales no se da ni una sola cifra; y, que curiosamente, Andalucía, de esos 47.000, se lleva 12.000 millones, pero Cataluña se lleva nada más y nada menos que 23.373 millones de pesetas -que es el 48%, más del 48% de ese fondo-. Sin saber ni cuáles, ni cómo ni por qué. Nosotros, nuevamente, territorio Insalud, 5.554 millones; el 11,59%. Y, si los criterios son realmente docencia y desplazamientos, no cabe duda que, de esa parte, Madrid tendrá una parte, a su vez, sustancial. Por lo tanto, nuevamente Castilla y León, territorio Insalud, queda marginada o perjudicada en ese acuerdo.

Y se inventa otra cosa, que es el "fondo de modulación financiera". Y ¿qué es eso? Bueno, pues eso ya es una cosa que no entiende casi nadie, pero que sirve para dar a las Comunidades Autónomas que habían perdido financiación por pérdida de población lo mismo que habían perdido por población, excepto a nosotros. Entonces, recuerden ustedes...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Vaya finalizando.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: (Voy acabando, sí, señor Presidente.) Recuerden ustedes que a Cataluña, había perdido 7.366 millones por población, le sobraban, y ahora se le adjudican 7.954 (un poco más, como premio de afección). Que, por ejemplo, a Navarra tiene... es curioso que Navarra participe en este asunto, 823.000.000 le sobraban, y se le dan ahora 830. Al País Vasco 2.969, y se le compensa con 2.998. Y al Insalud, que dije antes que le sobraban 19.909, lo normal es que hubiéramos recibido 19.909 millones; pues no, recibimos 5.464, que es menos de la tercera parte de lo que nos correspondería para compensar la pérdida de población por esa vía.

¿Por qué a Cataluña, a Galicia, a Navarra, al País Vasco se le compensa por la pérdida de población mediante la asignación de recursos en este fondo? ¿Por qué al territorio Insalud y, en concreto, a Castilla y León no se le compensa por ello?

En conjunto de todo este proceso nos lleva a que Andalucía finaliza todo este proceso con una financiación que es el 18,07%, que es exactamente igual que la población asistida, 18,07%. Cataluña finaliza el proceso con una financiación del 16,27%, cuando su población asistida es sólo del 15,75%. Y el Insalud, sensu contrario, pues es el que pierde, el que pone, finaliza con una financiación del 37,79%, cuando su población asistida es del 38,18.

Y yo quiero hacer una advertencia, cada punto aquí, no es un punto fino, no es un punto poco importante, cada punto aquí vale la friolera de 38.377 millones de pesetas; luego punto arriba, punto abajo, nos jugamos 40.000 millones de pesetas.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Finalice ya.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: (Sí, señor Presidente.) Por lo tanto, yo creo que la Propuesta de Resolución -que vemos con seis meses de retraso, como casi siempre-, pues, trataba de conseguir que eso no cristalizara en el Presupuesto. Y ha cristalizado. Porque las partidas 45.010, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Presupuesto de España garantizan la transferencia extraordinaria a determinadas Comunidades Autónomas, durante cuatro años, de 27.000 millones a Andalucía, 23.000 a Cataluña, etcétera. Y, desde luego, no garantizan, en cambio, financiación en la misma cuantía a la Comunidad de Castilla y León y, por tanto, a sus ciudadanos, que es lo importante.

Queda, por lo tanto, claro, que ese acuerdo logrado fuera del Parlamento, fuera del Parlamento, ha sido gravemente perjudicial para la financiación futura de la sanidad en Castilla y León. Y sus ciudadanas y sus ciudadanos lo sentirán en el futuro, sin duda.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Javier León tiene la palabra.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Gracias, señor Presidente. Señorías. En los últimos meses hemos tenido ocasión de debatir en esta Cámara, en reiteradas ocasiones, distintos aspectos sobre la financiación de la sanidad pública. Y hoy el Grupo Socialista nos defiende una Proposición No de Ley que, como bien ha dicho su Portavoz ocasional en materia sanitaria, el señor González, se presentó a finales del pasado año, con objeto de que se tratara de incluir en los Presupuestos del Estado, y que estamos debatiéndola a seis de mayo -si no me equivoco más-, en el que vivimos.

Y el Grupo Popular, señor González, se va a oponer a la Proposición No de Ley por razones de forma y por razones de fondo. Y cuando la razón es de forma, no me refiero exclusivamente al tema de fechas -sería absolutamente imposible hoy aprobar lo que usted trae en esa Proposición No de Ley, porque sería de imposible cumplimiento-, sino porque es que discrepamos, además, en la forma como ustedes entienden que debe negociarse la financiación sanitaria.

(-p.4440-)

Mire, tradicionalmente, la financiación sanitaria en este país, en España, se han hecho los acuerdos en conversaciones bilaterales. Y así se hicieron las transferencias entre el Gobierno Socialista y los catalanes, entre el Gobierno Socialista de España y los vascos, entre el Gobierno Socialista de España y los andaluces, con los navarros, con los canarios o con los valencianos. Y el resto de las Comunidades Autónomas, las que estábamos y seguimos gestionados por el Insalud, no teníamos el más mínimo acceso a conocer qué era lo que se negociaba bilateralmente entre el Gobierno de España y esas Comunidades Autónomas. Y no se negociaba en el Parlamento, señor González, se negociaba fuera del Parlamento: en el Ministerio de Sanidad, en el Insalud o en los despachos de los respectivos Gobiernos Autónomos.

Y justamente ahora es cuando se habla, dando opción a escuchar y a intervenir a todas las Comunidades Autónomas, por primera vez, Castilla y León... (ría, ría usted, Señoría); por primera vez esta Comunidad Autónoma ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la financiación, cosa que nunca tuvo oportunidad de hacer, desde luego, en los cuatro en los que este Portavoz era Consejero de Sanidad y en los siete años que lleva mi sucesor. No ha habido nunca posibilidad de que esta Comunidad Autónoma se enterara de qué se negociaba, en cuanto a la financiación se refiere, entre el Gobierno de España y las Comunidades de Autónomas. Ésa es la pura y cruda realidad, les guste o no les guste, les haga gracia o deje de hacérsela. Nunca Castilla y León fue escuchada a ese respecto, y ahora sí ha tenido oportunidad de pronunciarse.

Cualquiera que sepa algo... cualquiera que sepa algo de la financiación del sistema de salud... de la sanidad pública, admitirá, si es objetivo, que estaba en un sistema, en una situación de penuria económica, de insuficiencia permanente. Y, de hecho, no hay más que revisar cuál era la ejecución de los Presupuestos del Estado, para ver cómo todos los años había que inyectar cientos de miles de millones de pesetas para enjugar un déficit encubierto que el propio Tribunal de Cuentas ha denunciado reiteradas veces que se hurtaba al control parlamentario, porque el Parlamento de España no se enteraba de los gastos de sanidad que había que ir parcheando reiteradas veces.

Ésa es la pura realidad, les guste o no les guste. Yo lo siento que cuando se dicen verdades incuestionables, algunos se pongan nerviosos, pero son datos que están en los informes del Tribunal de Cuentas.

Me imagino que los miembros del Grupo Socialista de esta Cámara conocerán un documento del Ministerio de Economía y Hacienda de mil novecientos noventa y cuatro -a la sazón, el señor Solbes, Ministro de Economía, creo... sí, sí-, en el que ese documento decía que la financiación del sistema de la salud pública estaba en un punto crítico de difícil solución. Y eso es lo que motiva que entonces el Gobierno de España plantee un sistema de financiación para el cuatrienio noventa y cuatro-noventa y siete, en el que por primera vez se introduce el criterio del PIB nominal -es decir, el PIB real más el IPC-, para tratar de evitar ese fraude al control parlamentario que se venía haciendo sistemáticamente. Y ese criterio, que se aprueba para cuatro años, es respetado y mantenido por el actual Gobierno de España en el año noventa y siete, porque se entiende que esos datos son absolutamente positivos.

Mire... sí, he sacado para darles algunos datos, para darles algunos datos, pero, si quieren, les guardo. Mire, con el sistema anterior, con el sistema anterior se incrementan los presupuestos en 275.000 millones de pesetas; con el sistema actual, se han incrementado en 386.000 millones de pesetas. Y la distribución de los fondos sanitarios, me imagino que el actual Portavoz en materia de salud habrá leído la Ley General de Sanidad socialista -que no apoyó nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados-, que es la que establece los criterios de distribución y es la que se está respetando. El 98,5% de esos fondos, con arreglo al criterio de cobertura poblacional, y el 1,5% con los otros fondos a los que el señor González ha hecho referencia; y luego ha hecho alguna referencia expresa al fondo hospitalario o a algún otro fondo, que a lo mejor es preciso aclararle también desde aquí.

Y, señor González, con esos criterios -que, insisto, son los que marcan la Ley, la Ley General socialista, la Ley General de Sanidad-, al territorio Insalud le corresponde el 38,2%, que es lo que se le adjudica, le guste a Su Señoría o no le guste. Además de eso, es cuando se crea un fondo para compensar los desplazados; y si quiere hacemos un análisis en profundidad de por qué se producen los desplazados: pues, mire usted, porque en los últimos diez años se produce una desinversión brutal en la sanidad de Castilla y León, y eso hace que haya muy buenos hospitales en Cataluña, en Madrid o en el País Vasco, y haya que sacar los pacientes de esta Comunidad Autónoma para enviarles fuera, porque aquí no se pueden tratar. Y esa desinversión no la hemos producido nosotros.

Y se crea un fondo adicional de 105.000 millones para mejoras en la gestión, no en el ahorro puro y duro que ustedes pretendían, sino para mejoras en la gestión, en la prestación farmacéutica y en la incapacidad laboral, para estimular un mejor gestión en la sanidad.

En resumen, señor González, el 98,5% a la población protegida, que es lo que dice la Ley -le guste o no le guste a Su Señoría- y el 1,5% a los otros fondos a los que hemos hecho referencia, garantizando el tema de la pérdida de población.

(-p.4441-)

Pero es que, cuando se hacen referencias globales a qué toca cada uno, mire usted, la Comunidad más beneficiada -yo creo que es en lo único que voy a coincidir con usted en este debate- es Navarra. La financiación por cápita en Navarra es, exactamente, de 103.927.000 pesetas por habitante; ésa es la financiación per cápita en la Comunidad Autónoma de Navarra. En el territorio Insalud y, concretamente, en Castilla y León, por lo tanto, es de 102.659 pesetas. Y en las Comunidades más bajas -que, curiosamente, una gobierna el PP y otra el PSOE, para que no haya discusión-, Valencia y Andalucía, 102.279 pesetas; y, por cierto, Andalucía no perdió tiempo en firmar el acuerdo, que le parecía absolutamente razonable.

En definitiva, señor González, con este sistema, frente a los 270.000 millones que le hubieran correspondido, o a los 200 a Castilla y León -por concretar aquí- en el noventa y seis -es lo que creció en el año noventa y seis-, en el noventa y ocho -termino enseguida, señor Presidente, entre otras cosas, si me dejan los de los bancos de la izquierda, que tienen la habilidad de ponerse nerviosos cada vez que este Portavoz sube a la Tribuna-...

(Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías...

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: ...Pues mire, frente a los 200.000 millones del año noventa y seis, que es lo que nos correspondían con el anterior sistema, con el actual, 238.000 millones.

Mire, señor González, ha hecho una referencia -y concluyo con esto esta primera intervención- a que no entiende eso de los desplazamientos o los gastos de docencia en determinados hospitales de determinadas comunicaciones. Evidentemente, no lo entiende porque está claro que la sanidad no es su fuerte.

Mire, las inversiones en los hospitales y en la tecnología en Castilla y León ha sido escandalosamente recortada en los quince últimos años. Por ponerle un ejemplo, en el año noventa y cuatro, que es en el momento en el que el Ministro de Economía da un toque sobre la situación de la financiación de la sanidad pública -que, evidentemente, nos preocupa a todos-, el recorte socialista de inversión en esta Comunidad Autónoma es del 40% sobre la inversión del año anterior. Son datos que tengo en la mesa y que son absolutamente incuestionables.

Para concluir...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Vaya finalizando su intervención.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: (Termino, señor Presidente.) Para concluir. Las inversiones reales que el Gobierno Socialista hace en la sanidad de Castilla y León entre el noventa y dos y el noventa y seis ascienden, exactamente, a 9.450 millones de pesetas. Las inversiones reales comprometidas por el Gobierno actual entre el noventa y siete y el dos mil uno ascienden a 38.738 millones de pesetas, precisamente para tratar de enjugar ese déficit arrastrado por la falta de inversión socialista en los últimos años en nuestra Comunidad. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Don Jaime González, para réplica, tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías. Yo le agradezco al Portavoz del Grupo Popular el tono de su intervención. No le agradezco, en absoluto, que niegue el derecho a las personas que no son médicos o que no son expertos su posibilidad de hablar de una determinada política, sobre temas políticos, como es la financiación sanitaria. Usted tiene un cierto tic elitista, que debería usted despojarse de él, porque en esta Cámara estamos hablando de política; y a los ciudadanos, a mí, como ciudadano, me interesa la sanidad de mis conciudadanos y la mía propia.

Le puedo explicar, además, que yo sé lo que es un desplazado, porque yo he ido desplazado a recibir atención sanitaria a otra Comunidad Autónoma. Por lo tanto, entiendo perfectamente, con la cortedad evidente que yo tengo y que no tiene usted, pero es evidente que entiendo lo que es el concepto de desplazado.

Y entiendo también que el 50% de los desplazados de España no van a Cataluña, y que, sin embargo, Cataluña se lleva el 50% de ese fondo; lo entiendo perfectamente. Y ya puede usted intentar explicarme lo contrario, que no lo va a conseguir.

Por lo tanto, yo le recomendaría a usted que bajara el pistón de sus desdenes; reconociera que no sólo usted, sino otros podemos hablar de esta materia. Y yo le agradecería mucho que perdiera ese toque que usted tiene cuando sale aquí.

Y no vuelva a sacar un papel en esta tribuna, porque usted se ha pasado la vida presumiendo de que sale sin papeles, hasta para los datos. Porque, si vuelve a sacar un papel, yo le recordaré algo que le dije una vez. Y se lo voy a recordar, porque sacará usted otro papel, seguro.

Por lo tanto, yo le recomiendo todas esas cuestiones; fíjese si podemos estar de acuerdo o en desacuerdo.

Andalucía firmó el acuerdo; siempre dicen lo mismo. Pero, ¿cómo no van a firmar el acuerdo, si a Andalucía le tocan 27.000 millones de pesetas cada año durante cuatro, 115.000 millones de pesetas, y recupera un derecho inalienable de los andaluces, que es que su financiación coincida exactamente con la población asistida? ¿Cómo no va a firmar el acuerdo Andalucía? Por las mismas razones que lo firmó Andalucía, no lo podía haber firmado Castilla y León, por las mismas; porque Andalucía actúa en defensa de sus ciudadanos, y Castilla y León no ha actuado en este caso, como en otros muchos, en defensa de sus ciudadanos.

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Pero si es que es evidente, si es que se cae por su propio peso, si es que se... Además, siempre que hablamos de este tema, ustedes nos vienen con los cuentos de la inversión. En mi última intervención, yo le voy a preguntar a su Grupo Político y al Gobierno por algunas inversiones, para no entrar en ese debate, que me parece absurdo. Le recuerdo, de todas maneras, que algunas de las transferencias sanitarias -porque usted presume de ser riguroso, preciso y exacto- se hicieron en una época anterior a los socialistas, y usted nos ha achacado todas las transferencias sanitarias. Por tanto, error, o mala intención, o deseo de globalizar. Por tanto, yo le recomiendo a usted que...

Bueno -repito-, reconduzcamos el debate a lo que nos interesa. Y lo que nos interesa no es otra cosa que la financiación, el nuevo modelo de financiación. Otra inexactitud que usted dicho, porque la verdad es que ponerle de manifiesto a usted -que dice tan pocas- alguna, cuando las comete, casi es un placer parlamentario.

Acuerdo noventa y cuatro-noventa y siete. Está hecho por los socialistas y promovido por los socialistas; aceptado por todos y debatido por todos, incluso Castilla y León. Por lo tanto, Castilla y León tuvo, antes que esta vez, ocasión de hablar de la financiación sanitaria. O sea que, por favor, sea usted preciso cuando hablemos de estas cosas; no salga usted aquí a contarnos una milonga y a contarnos unos datos de doscientos no sé cuántos mil millones de qué, trescientos mil... que no se entera nadie. Hablemos de la financiación, y dígame usted, si quiere -que no va a querer-, si es cierto que en los Presupuestos del Estado que se presentaron el veintinueve de septiembre del noventa y siete, el territorio Insalud tenía el 38,66% de los Presupuestos. Rigurosamente cierto. Y acabó el proceso con el 37,79. Por lo tanto, el territorio Insalud, donde está Castilla y León, donde estamos nosotros, perdió en el proceso casi un punto; y ese punto, señor León de la Riva -como decía antes-, no son calderilla, son decenas de miles de millones de pesetas.

¿Es o no es cierto que Andalucía recupera su nivel de financiación acorde con su nivel de población asistida? Y que lo mismo pasa con todas las Comunidades Autónomas, menos con Cataluña, que sube su financiación sustancialmente.

¿Es o no es cierto que el Partido Popular necesitaba los votos de CiU para aprobar el Presupuesto? ¿Es o no es cierto que CiU le puso como condición un sistema ventajoso para financiar su déficit sanitario, el déficit sanitario que había ocasionado el Gobierno de Convèrgencia i Unió en Cataluña? Todo eso son hechos ciertos.

Hablar de otras cosas -yo se lo vuelvo a repetir- es no venir a hablar aquí de lo que hay que hablar, que es el nuevo sistema de financiación.

Es más, usted empezó su intervención con otra imprecisión. Decía: "hemos venido aquí muchas veces a hablar del nuevo sistema de financiación". No. No. Porque ustedes derivan el debate hacia otras cosas. No. Del nuevo sistema de financiación concreto, preciso y exacto, nunca. Habremos hablado... pues del recetazo -¿cómo no vamos a hablar del recetazo?- o de otras cosas, pero del resto -y fíjese que yo no he dicho ni una sola palabra para no introducir ningún concepto que nos desvíe la atención del recetazo-, ni una sola palabra.

Y he leído la Ley General a la que usted se ha referido, y le puedo leer el Artículo 81, que lo tengo reflejado aquí. Y sea usted preciso, porque es que cuando se quiere ser impreciso, conociendo el tema como usted lo conoce además, ¿con qué... -no sé, no sé la palabra exacta- se es impreciso? Usted es impreciso de manera muy sibilina. El Artículo 81 -creo que es- de la Ley General de Sanidad habla de que el criterio poblacional es el fundamental, de población asistida, pero no desdeña otros criterios. ¿Se lo leo textualmente? Por lo tanto, sea usted preciso. Diga que la Ley General de Sanidad habla del criterio poblacional pero también establece otros criterios. O sea que, por favor, usted viene aquí a decir la verdad, no a ganar el debate. Y usted no va a ganar hoy el debate y, además, ha faltado a la verdad.

(Aplausos. Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Don Javier León, para dúplica.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Señor González, voy a ganar el debate, la votación y las elecciones.

(Murmullos.)

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Mire, mire, señor González, yo no le he negado ni a usted ni a nadie la capacidad de subir a esta Tribuna a hablar de lo que quiera. Otra cosa es que usted no entiende de lo que habla, pero el debate a hablar... el derecho a hablar le tiene cualquiera, y nunca, ni a Su Señoría ni a ningún miembro de la Cámara, le negaré el derecho a hablar. Otra cosa es... otra cosa es el conocimiento de la materia sobre la que se habla, y ése ya es otro tema distinto.

De la misma forma, espero... de la misma forma, espero que Su Señoría me acepte que yo suba a esta Tribuna con papeles o sin papeles, como me venga en gana, porque yo nunca presumo de traer o no traer papeles. Ustedes corean, y muchas veces, y no sé qué dicen, que si los papeles o no los papeles. Repase el Diario de Sesiones y busque una sola... un solo alarde de este Portavoz de que ha subido sin papeles o con papeles. Que no, señor González, que aquí, las milongas no soy yo el que las viene a contar. Mire...

(Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señorías...

LEÓN DE LA RIVA

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EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: ...yo comprendo...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Perdón, perdón, señor León. Señorías, yo rogaría que hubiera el mismo silencio que ha habido cuando ha intervenido el señor González.

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Es difícil. Es difícil.

(Murmullos.)

LEÓN DE LA RIVA

EL SEÑOR LEÓN DE LA RIVA: Mire, señor González, es cierto que la primera transferencia a Cataluña no la hizo un Gobierno Socialista. He hablado -y lo veremos en el Diario de Sesiones; procuro precisar mis palabras- de las transferencias bilaterales del Gobierno de España a las Comunidades Autónomas, de las que no nos enterábamos el resto de las Comunidades Autónomas. Eso es lo que he dicho, y lo mantengo. Y tiene Su Señoría razón cuando dice que a los catalanes no les transfirieron ustedes; y es verdad. Pero es que yo no he dicho tal. Yo he dicho: "el Gobierno de España, en conversaciones bilaterales con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, pactaban fuera del Parlamento -en el Ministerio, en el Insalud o en los despachos de las Comunidades Autónomas- los términos en los que se hacían las transferencias".

Mire, no me diga cuál es la actitud de CiU con el actual Grupo Parlamentario Popular -no es la primera vez que ese tema sale también en esta Tribuna-. Y le recuerdo lo que tuvo que decir el Portavoz de CiU al señor González -al otro González, a González Márquez- en ocasión, que le dijo: "si quiere usted..." -cuando hacía una acusación al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso similar a la que usted ha hecho aquí- "...si quiere usted, le cuento las veces que les hice a ustedes pasar por el aro". Porque, mire, señor González, cuando las matemáticas parlamentarias son las que son, lo son para este Gobierno o para este Grupo Parlamentario en Madrid, y lo eran para el de ustedes en las Legislaturas anteriores. Y es un juego muy peligroso. Si quiere, entramos en profundidad en él; pero, desde luego, los acuerdos entre el PP nacional y CiU están publicados, los que hacía el PSOE con CiU están todavía por ser vislumbrados, aunque sea en penumbra. Sí, sí, con hechos, ¡y tanto que con hechos!

En definitiva, señor González, no ha podido rebatir absolutamente nada. Trae usted un modelo que está absolutamente superado. Trae un modelo que para esta Comunidad Autónoma supondría una pérdida, en estos momentos, de 38.000 millones de pesetas, como le he dejado constancia.

No me ha contestado ni una palabra, porque tiene difícil justificación el que me diga usted por qué en un quinquenio socialista se invirtieron 9.000 millones en esta Comunidad Autónoma, y en un quinquenio Popular hay una previsión de 38.000 millones en inversiones reales, en inversiones reales, en el territorio Insalud.

Y mire, yo no sé si el total de desplazados que va a Cataluña o va a Madrid -que es fundamentalmente donde van- es el 30 ó el 40%; tengo que reconocerle a Su Señoría que esos datos no les tengo. Bien es verdad que hay muchos hospitales y muchos servicios en Cataluña con una dotación tecnológica muy superior... Y hay que reconocerlo humildemente; pero con rabia -y algunos con derecho a protestar de que eso haya ocurrido-.

Porque a mí me hubiera parecido razonable -y con esto concluyo- que esa Proposición No de Ley que hoy trae Su Señoría a esta Cámara, para pedir al Gobierno de España que discrimine a esta Comunidad Autónoma, me imagino que no será en el mismo sentido de discriminación que el Gobierno Socialista la sometió en los últimos cinco años. Hay veces que tengo que dar un salto en el túnel del tiempo y pensar que esta Proposición que traen ustedes aquí la trajeron hace diez años, y el Gobierno Socialista de España les hizo caso, y bien nos discriminó. Muchas gracias.

(Aplausos. Murmullos.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para fijación de posiciones, ¿por el Grupo Mixto? Por Izquierda Unida, don Antonio Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. La verdad es que uno a veces no sale de su asombro, cómo cuestiones que son tan absolutamente ineficaces, dada la cronología de los hechos, pueden llegar a despertar unas pasiones políticas y, además, curiosa y significativamente, con algo que ya es irreversible. Bocados al Estado, ¿recuerdan, Señorías? Éstos son los bocados al Estado. Éstos son. Y lo que queda absolutamente claro en todo este debate es que la duda de la desigualdad, que estaba constantemente aleteando no hace mucho tiempo por aquí y diciendo que se iba a solucionar de una vez por todas, aquí esta.

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Pero, lo curioso y significativo del caso es que ni ustedes... ni ustedes tienen ningún tipo de razón para esgrimir argumentos que les sean válidos, ¿no? Síndrome de Estocolmo. Este Portavoz lo ha dicho en más de una ocasión, que éste no es ni más ni menos que el síndrome de Estocolmo, de un secuestro absolutamente agradecido que tienen Sus Señorías en virtud de la aritmética parlamentaria. Y, por lo tanto... y, por tanto, la aritmética parlamentaria, en un momento determinado, manda. Entonces, no tiene por qué extrañar a nadie, en absoluto, que se produzcan fenómenos de esta naturaleza. Porque, expresión clara o expresión menos clara, lo que es una realidad es que esta Comunidad Autónoma viene sufriendo constante y progresivamente la discriminación, la desigualdad, en aras de esa aritmética parlamentaria, Señorías. La teñiremos de lo que queramos, pero es una realidad; ésa sí que es absolutamente incuestionable.

Y, al final, nosotros nos vemos en dificultades objetivas para poder conseguir... ni un nuevo modelo de financiación. Porque, cada vez que viene uno nuevo, nosotros nos echamos a temblar porque, habitualmente, entre la aritmética parlamentaria y el gran poder que esgrimen algunas Comunidades Autónomas y la gran sumisión a la que habitualmente nos vemos abocados por nuestra mala conciencia y nuestros complejos de inferioridad, otro bocado que meten al Estado y que, lógicamente, pagan casi siempre aquellas Comunidades Autónomas que tienen menos posibilidades de defenderse.

Señorías, yo creo que no se puede decir a estas alturas que, sin saber ni cómo ni por qué, quedamos marginados. Y lo que sí yo creo que se puede decir es que, de nuevo, la mayor parte de las Comunidades Autónomas que rezan con títulos de "Nacionalidad Histórica" o de alguna otra naturaleza similar -Cataluña, Euskadi, Galicia y demás- son las que se llevan el santo y la limosna. Y, por la contra, los que estamos absolutamente convencidos de que hacemos un gran servicio a la patria, lo único que hacemos es, cuando alguien se nos pone malo, ir a Barcelona, a Pamplona, e incluso a Madrid -que es menos frecuente, y que todavía tiene aquellos aires de la metrópoli, aunque sea una Comunidad Autónoma del 143-; hasta incluso nos vemos en la necesidad, no sólo de ir allí a sanarnos, sino pagando nuestros propios viajes. He ahí la discriminación, he ahí la fórmula para salir; no en cruces dialécticos que son absolutamente inútiles a estas alturas.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Don Jaime González, para cerrar el debate.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías. Voy a empezar por decirle una cosa al Portavoz del Grupo de Izquierda Unida... dos cosas. Y con eso voy a dar por respondida su intervención.

En primer lugar, yo no creo que este debate sea inútil, porque si usted cambia la fecha noventa y nueve... noventa y ocho por la del noventa y nueve, estaremos en la misma situación el año que viene. Por lo tanto, hablemos de lo del año que viene.

Y segundo. Usted ha invocado a la matemática parlamentaria como causa de muchos males. Si son ciertos los males, alguna responsabilidad tienen que el Gobierno Socialista tuviera que inclinar la matemática parlamentaria hacia un lado por la célebre teoría de las dos orillas; porque, a lo mejor, con otra matemática parlamentaria hubiéramos podido hacer otras cosas.

Segunda cuestión, y me voy a contestar -siempre brevemente- al Portavoz del Grupo Popular. Su talante es su primera intervención: "voy a ganar", "voy", "voy" dijo -y lo miraremos también en el Diario-; "voy a ganar la votación, las elecciones..." y no sé cuántas cosas más. Mire, en una cosa como ésta, a lo mejor, si dejara usted libertad a su Grupo, y su Grupo se estudiara realmente el problema, a lo mejor no ganaba ni la votación. Pero vamos a suponer que su disciplina, acendrada sobre todo en su última Legislatura, le lleva a que garantiza la ganancia de la votación. Pero usted no va a ganar las elecciones; en todo caso, las ganará su Grupo Político -si es que las gana-, y, desde luego, con su aportación personal, que posiblemente también lo sea. Pero simplemente ese talante, cuando usted dice esas cosas, refleja, unido a lo anterior, unido a lo anterior -a que sólo los médicos y los grandes intelectuales pueden debatir de estas cosas-, cuál es su forma de pensar. Eso, tradicionalmente, tiene nombres, que yo no voy a dar aquí por no molestar.

Pero le voy a lanzar una cuestión. Usted ha dicho: "Yo no le voy a quitar la palabra... el derecho a hablar". Porque no puede.

(Risas.)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Y

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Y sobran las palabras. Yo le dije una vez que... usted ha presumido toda la vida de subir sin papeles, usted, aquí; buscamos en el Diario de Sesiones, lo buscaré. Buscaré: don Javier León de la Riva, ¿dónde ha dicho y cuántas veces ha dicho que sube sin papeles? Y yo le dije una vez: sólo sube con papeles -porque una vez le tocó debatir conmigo- cuando, como no cree en lo que dice, tiene que falsear la verdad. Y hoy le ha vuelto a pasar lo mismo: saca los papeles para decirnos los datos que usted trae preparados, y que no se ajustan a la realidad del debate. Y es así. Y siempre que salga con papeles y debata conmigo se lo voy a decir.

Claro, matemática... matemática parlamentaria. Mire, la verdad es que el debate parlamentario con un Grupo que tiene que dar su apoyo a algo -y yo cuando estuve en el Gobierno de esta Comunidad Autónoma, como no teníamos mayoría absoluta, tuve que hacer eso alguna vez-, se afronta desde varias formas de pensar. Una, la que mantuvimos el Grupo Socialista durante mucho tiempo, que es aceptar el debate, aceptar la transacción, pero restringiendo, en la medida de lo posible, y acercando desde posiciones ideológicas cuál era el resultado final de la negociación a nuestras posiciones ideológicas. Y eso llevó a algunas conclusiones.

(-p.4445-)

Ustedes, en el Gobierno Central, en dos años, han cedido más que nosotros en toda la historia: financiación, obras. Pujol va a cenar con el Presidente del Gobierno de España, a hablar de la segunda pista de no sé qué, de la autovía de no sé cuál, y nadie se rasga las vestiduras. Y un día que fue el pobre Solbes -que usted se acordará de él, porque lo ha citado- a Cataluña, no le quiero repetir a usted las cosas que ustedes dijeron del Ministro de Economía y Hacienda, posiblemente uno de los grandes Ministros de Economía y Hacienda que ha tenido este país en los últimos años.

Por lo tanto, yo creo que usted debe ser más prudente en sus declaraciones, si es que puede.

Bueno, a mí, de todas maneras, este debate... Nosotros hicimos alguna cosa cuando esto sucedió. Hicimos tres cosas: primero, presentamos una Proposición No de Ley, que es la que estamos debatiendo hoy -fíjese, con siete meses de retraso-; otra, que se ha debatido ya, a pesar de ser posterior, porque engranaba más en el "recetazo" -que era lo que estaba de actualidad-, y que -a mi juicio- tiene menos trascendencia cara al futuro y cara a las negociaciones de la transferencia que esto que estamos hablando ahora; y tercero, una comparecencia del Presidente Lucas. Porque el Presidente Lucas, si no habla de sanidad, no habla de nada, salvo que lleve su debate -como siempre- a los medios de comunicación. Pero esto es un debate para un Presidente de una Comunidad Autónoma, sea quien sea. Y negó -como siempre también- la posibilidad de que este Parlamento debatiera de esto aquí en aquel momento. Por lo tanto, una vez más, muy mal. ¡Qué le vamos a hacer!

Por lo pronto, le voy a preguntar por alguna inversión. Oiga, el plan funcional del Hospital de León que ustedes iban a hacer nada más ganar, ¿qué ha pasado de él? Oiga, la unidad de hemodinámica de León, que lo iban a hacer nada más ganar las elecciones, ¿qué ha sido de ello? Oiga, en Valladolid, el Centro de Salud de las Delicias, que afecta a sesenta mil ciudadanos -que les puede preguntar qué les parece-, ¿qué ha sido de ello, después de dos años? Oiga, en Salamanca, la periurbana norte ¿dónde está?, la periurbana sur ¿dónde está?, la unidad de cirugía cardiaca ¿dónde está en Salamanca? Le voy a decir más, hombre: en Palencia, el Hospital Comarcal de Cervera de Pisuerga, ¿dónde está? Y llevan ustedes dos años de Gobierno.

Yo les recuerdo que, de esos 9.000 millones de inversión que usted ha dicho, faltando a la verdad, 6.000... más de 6.000 fueron en un solo hospital en El Bierzo. Luego no nos haga usted comulgar con ruedas de molino.

Lo cierto es que ese sistema de financiación que usted ha... que ustedes han pactado con CiU, con CiU, y con el PNV, y con Navarra, es un sistema insolidario, que va a condicionar el futuro de la transferencia de la Sanidad a Castilla y León, y que, desde luego, va a hacer más grandes las diferencias entre los ciudadanos de España.

Y le voy a decir una cosa: usted no ha ganado el debate. Por lo tanto, ¡qué le va a hacer!, consuélese.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se somete a votación la Propuesta que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. A favor: veinte. En contra: cuarenta y siete. Y abstenciones: cuatro. Queda, por lo tanto, rechazada.

Y pasamos al cuarto punto del Orden del Día. Señor Secretario, dé lectura al mismo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Cuarto punto del Orden del Día: "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don Jaime González, instando al Gobierno de la Nación las acciones necesarias para la sustitución del nombre "Parque Nacional de Montaña de Covadonga" por el de "Picos de Europa" en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Modificación de la Ley 4/89, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para su presentación, por el Grupo Socialista, señor González y González tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, Señorías, por favor.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Hay un debate antiguo sobre la conservación del medio natural, o los criterios de conservación en el territorio, y en España, y en el mundo. Y un debate sobre si la declaración de espacios naturales y, por lo tanto, el concentrar los esfuerzos conservacionistas sobre determinadas partes del territorio, es positivo o no es positivo; si no significa eso... -y algunos teóricos y técnicos lo han defendido así-, si no es negativo fraccionar el territorio y decir: todo aquello que sea espacio natural exige un esfuerzo enorme de conservación y todo lo que no sea espacio natural, las Administraciones Públicas permiten hacer manga por hombro.

Bien. Es un debate antiguo, que se ha decantado a lo largo de los años -yo creo- por la profundización en la distinción entre los niveles de protección entre el conjunto del territorio y determinados espacios naturales que tienen por sí valores específicos; sin que eso signifique el abandono de la protección en el común del territorio. Bien.

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Viene esta introducción a que ya en el año dieciocho, pues, esa teoría se puso en marcha, y se crea un parque nacional, que es Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Que era un Parque Nacional que recogía una parte de los Picos de Europa, pero que estaba prácticamente focalizado, centralizado y... en Covadonga, en su entorno; y, por lo tanto, era un parque asturiano -de la provincia de Asturias entonces, de la Comunidad de Asturias ahora-, y que era un parque de carácter casi provincial o local.

Bueno, en el año cincuenta... en el año ochenta y nueve se promulga la Ley de Conservación de los Espacios y de las Especies, que es recurrida por muchas Comunidades Autónomas y Parlamentos al Tribunal Constitucional. En concreto, pues la recurren el Gobierno Vasco, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Cataluña, el Gobierno de Galicia y el Parlamento Catalán. Y leo los recurrentes para dejar patente que la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla y León, no recurrió aquella Ley. Por lo tanto, en principio, sus planteamientos eran concordantes con ella.

En el año noventa y cinco hay una ley nacional, y en el año noventa y cuatro una regional, que inciden sobre el mismo territorio, sobre Picos de Europa. En el año noventa y cuatro hay una Ley de Declaración del Parque Regional de Picos de Europa, y en el año noventa y cinco hay una Ley que declara Parque Nacional de Picos de Europa. Y en ese medio tiempo, en ese medio tiempo, se produce la Sentencia del Tribunal Constitucional. Y la Sentencia del Tribunal Constitucional declara, efectivamente, la inconstitucionalidad de la Ley en dos apartados concretos, nada más; porque había Parlamentos y Gobiernos que habían recurrido prácticamente toda la Ley. Declara inconstitucional el que la gestión de los parques nacionales corresponda solamente al Gobierno Central y declara inconstitucional -a mi juicio- una cosa que tiene más calado, y es que no basta el simple hecho de que un espacio natural esté en más de una Comunidad Autónoma para que su promulgación lo sea por ley de las Cortes Generales, que yo creo que tiene más calado, todavía, esta segunda apreciación que la primera. Porque, al final, en los temas de gestión siempre iba a haber acuerdo y siempre podía haber acuerdo... Y yo, si no lo hay -y por lo que veo, parece ser que hay algún problema-, pues no me puedo explicar cómo entre Gobiernos del mismo color, y que tienen los mismos criterios, puede haber problemas en resolver este asunto. Bien.

Como consecuencia de esa Sentencia del Tribunal Constitucional, se tiene que modificar la Ley 4/89. Y como consecuencia de esa modificación, se modifican algunos artículos; incluso se va más allá de lo que la propia Sentencia esgrime o dice, y se aprovecha para modificar algunas otras cosas con las que el actual Gobierno no estaba de acuerdo. Y me parece bien, porque la Ley está... cuando no se está de acuerdo con ello, se puede modificar por la vía del trámite que le corresponda.

Pero en lo que a nosotros nos afecta, se modifica la Transitoria... la Adicional Primera, que es donde, precisamente, se crea o se relacionan los parques nacionales que forman parte o integran lo que se llama la Red de Parques Nacionales de España. Cambia la redacción. No sólo cambia la redacción ahí, sino que también cambia la redacción en el Artículo 22.2, haciendo imperativo, más imperativo todavía, la existencia de ese asunto. Bueno.

Entonces, en esa modificación se mantiene el calificativo del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga como integrante de la Red de Parques Nacionales. A nuestro juicio, no nos parece razonable ese asunto. ¿Por qué? Porque, con independencia de que lo que se modifique la Ley del noventa y siete sea la Ley 89... la Ley 4/89, lo que es una realidad es que el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga no existe, no existe; y ha sido sustituido, o subsumido, o ampliado, en un Parque Nacional que se llama de los Picos de Europa. Y parecería bastante razonable que el Parque Nacional de los Picos de Europa formara parte de la Red, no por lo que dice la Transitoria de la Red, sino porque viniera explicitado en la propia Transitoria, en la Ley del noventa y siete que modifica la Ley del ochenta y nueve.

Por lo tanto, ése es el objetivo: que se modifique la Transitoria... perdón, la Adicional, y que aparezca en la Adicional perfectamente reflejado el Parque Nacional de los Picos de Europa.

Esta misma Proposición se ha debatido en otra Comunidad Autónoma que está afectada por el mismo proceso -que es la que no es Asturias-, que es Cantabria, donde gobierna el Partido Popular. ¿Por qué Asturias no ha actuado? Pues, a lo mejor, porque no le parece mal que siga figurando los Picos de Europa como Parque Nacional, vinculados en una Ley con el nombre de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Porque, a lo mejor, a Asturias le interesa. Yo creo que a nosotros no nos interesa; yo creo que nos interesa, como Comunidad, que en la Ley, que en el texto de la Ley figure que el Parque Nacional se llama de los Picos de Europa. Porque los Picos de Europa, casi todo el mundo, aunque no sea experto en medio ambiente -aunque sea médico, incluso-, pues puede saber que los Picos de Europa -y debatir sobre ello- están en tres Comunidades Autónomas, tienen tres macizos separados por ríos, etcétera; todas esas cosas se saben.

Por lo tanto, yo creo que no hay ningún problema en que -y espero, además, que sea así- esta Proposición, lo mismo que fue aprobada con unanimidad en Cantabria, en que el Grupo Popular aceptó la Propuesta de Resolución, lo mismo que ahí, sea aprobada aquí también por unanimidad, porque no crea más problema que restituir...

(-p.4447-)

Y yo voy a adelantar, aunque a lo mejor es vender la piel del oso antes de... Si se va a votar a favor, estupendo. Yo me alegro muchísimo, además yo creo que mejoraremos los contenidos de la Ley y la ajustaremos a la realidad física y social de este país. Si no se va a votar, que no se esgriman argumentos jurídicos; que se esgriman argumentos políticos. Porque a mí me rechazan preguntas y disposiciones o proposiciones no de ley por decir que tienen carácter jurídico. Luego, aquí, que hacemos la juridicidad, porque aquí hacemos las leyes, no se me esgrima un informe jurídico de cualquier letrado, en cualquier sitio, para decir que aquí, en este Parlamento, no podemos votar lo que políticamente sea conveniente para esta Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Si algún Grupo desea consumir un turno en contra, es el momento; de lo contrario, pasamos a la fijación de posiciones. El Grupo Mixto renuncia. Grupo de Izquierda Unida, señor Conde Valdés tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Brevísimamente. Nosotros vamos a votar a favor, con independencia de que, efectivamente, el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga ya no exista, por la aprobación de la Ley del Parque Nacional de Picos de Europa, pues, para nosotros es correcto el planteamiento de la Propuesta de Resolución, aunque no tiene mayor trascendencia.

Para nosotros el problema fundamental radica en que en la existencia de dos espacios naturales que afectan a territorios comunes, en concreto a Posada de Valdeón y a Oseja de Sajambre, que están incluidos en ambos y, por tanto, están sometidos al mandato de dos Leyes que son completamente contradictorias, para nosotros sería el problema fundamental. Pero, bueno, el debate en este momento va por otros derroteros y es, precisamente, el exigir esa modificación. Que en concreto sería quitar los carteles que en estos momentos figuran allí, que figuran todavía; hay carteles de señalización con el Parque Nacional de Covadonga y que, efectivamente, no tiene absolutamente ningún sentido en cuanto a la aprobación de la Ley 16/95, donde se crea el Parque Nacional de Picos de Europa. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Popular, señor Coloma.

COLOMA BARUQUE

EL SEÑOR COLOMA BARUQUE: Gracias, Presidente. Señorías. El Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta Proposición No de Ley, y lo va a hacer por una razón obvia y elemental: nosotros no podemos instar a estas Cortes, no podemos instar a esta Cámara para que inste al Gobierno de esta Comunidad, para que solicite la urgente corrección de un error que la Administración Central no ha cometido. Y ése también es el motivo por el cual salimos en este turno de fijación de posiciones en única... única intervención. No hay ningún error que corregir y, por lo tanto, como no hay ningún error que corregir, no hay ningún tema que debatir

Mire usted, la Ley 41 de mil novecientos noventa y siete, modifica, efectivamente, la Disposición Adicional Primera de la Ley 4 de mil novecientos ochenta y nueve, exclusivamente para corregir un error, para subsanar un error que cometió... que se cometió en la Ley mil novecientos ochenta y nueve, al omitir la existencia en aquellos momentos de un Parque Nacional en Cataluña, el Parque de Aigües Tortes, exclusivamente para eso. Y eso queda absolutamente claro porque en esa Disposición Adicional Primera que figura el Parque de Covadonga que era el que existía entonces en el año ochenta y nueve, porque ahora -como ha dicho el Portavoz de Izquierda Unida- no existe el Parque de Covadonga, en esa Disposición Adicional Primera, modificada por la Ley del noventa y siete, tampoco figuran ni el Parque Nacional de Cabrera, ni el Parque Nacional de Cabañeros, porque no existían, ni el Parque Nacional de Picos de Europa.

Pero eso no quiere decir -porque es una Ley... es una modificación con carácter retroactivo- que ahora se ponga al Parque Nacional... se le llame por parte del Gobierno al Parque Nacional Picos de Europa, se le llame Parque de Covadonga. En el catálogo de la Red de Parques Nacionales, Señorías, en el catálogo de la Red de Parques Nacionales figura el Parque Nacional Picos de Europa, con los límites geográficos y con el nombre aprobado en la Declaración del Parque. Por lo tanto, realmente, es que creemos que no hay ningún asunto que debatir. Y creemos que lo lógico y lo justo sería retirar esta Proposición No de Ley, porque nosotros no estamos en contra de que se llame Parque Nacional de Picos de Europa, pero es que ese error del que habla en la Propuesta de Resolución no se ha cometido, Señoría.

Y como realmente se ha remitido bastante a lo que era el tema de la Propuesta de Resolución, pues me voy a limitar únicamente a contestarle. Nosotros creemos -insistimos- que lo correcto sería retirar la Proposición No de Ley, porque queda demostrado -como ya le he dicho-, al no constar en la misma Disposición Adicional Primera la existencia del Parque de Cabrera y de Cabañeros, que eso era una modificación puntual de una omisión, el Parque de Aigües Tortes en Cataluña. Y que, por lo tanto, no hay ninguna intención por parte de la Administración Central; y no es verdad que ahora se llame al Parque de Picos de Europa por parte de la Administración Central Parque de Covadonga, cosa con la que nosotros estaríamos de acuerdo con usted en que no es correcto. Pero es que no existe ese error, no existe ese error, Señoría. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): El Proponente, para cerrar el debate, si lo desea, tiene la palabra. Señor González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. Bueno, señor Conde, yo estoy de acuerdo en que lo importante es que hay un espacio sometido a dos jurisdicciones, que hay ciudadanos que están... no saben cuando se levantan por la mañana, no saben si pueden pescar, si pueden cazar, no saben lo que tienen que hacer, porque están sometidos a dos normas diferentes; lo cual crea un problema de inseguridad jurídica gravísima. Pero eso yo, por lo menos, como Procurador, lo he puesto en conocimiento del Procurador del Común y está trabajando en ello.

(-p.4448-)

Aquí estamos hablando de otra cosa, que es si nos conviene o si es correcto si una cosa que no existe -porque el Parque Nacional de Covadonga no existe, señor Coloma Baruque-, figure en la Ley donde se crea la Red. Luego eso no es... En cambio, estaremos usted y yo de acuerdo también... y eso lo va a entender la gente mejor, porque es que la gente que no sea experta no entiende eso que usted ha dicho, si se lo he advertido: no me haga usted argumentos jurídicos; hágame usted argumentos políticos. ¿Existe o no el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga? No existe. ¿Existe o no en su lugar el Parque Nacional de los Picos de Europa? Sí. Hay una Ley que crea la Red Nacional de Parques Nacionales; en esa Ley figura, curiosamente, el que no existe, que es el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y no figura el que existe, que es el Parque Nacional de Picos de Europa. ¿A usted le parece normal eso? ¿Le parece normal eso, señor Baruque? No.

Por lo tanto, yo lo que propongo es que se cambie, que se diga lo que existe, no lo que no existe. Estoy seguro que esto que yo digo lo entiende la gente. Y en cambio, lo que usted ha dicho, eso del informe, informe jurídico y patatín... no lo entiende nadie. Porque si, además, yo lo he esgrimido: Asturias no lo recurre, ¿por qué? Porque le interesa políticamente que en la Ley donde se crea la Red Nacional de Parques Nacionales figure la Montaña de Covadonga, porque vincula todo el Espacio Natural de los Picos de Europa a una Comunidad Autónoma en concreto. ¿A Castilla y León le interesa eso? Pues no. Yo creo que le interesa que en la Ley figure el real nombre del Parque Nacional de los Picos de Europa, porque es el que existe en la realidad y es el que nos afecta a nosotros y es el que nos viene como Dios. Eso es así.

Pero, vamos a ver, una cuestión: ¿Por qué en Cantabria el Grupo Popular, habiendo los mismo informes jurídicos, los mismos razonamientos jurídicos, vota a favor de la Propuesta de Resolución? ¿Por qué Cantabria y su Gobierno y su Grupo Parlamentario Popular tiene la sensibilidad suficiente para entender que a Cantabria no le conviene que en la Ley figure el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, porque no existe, porque es una entelequia, porque es una ficción, porque ya existe el Parque Nacional de los Picos de Europa. Y ustedes no son capaces de entenderlo. La verdad es que, como yo sí les considero que son incapaces de entenderlo, lo que sí considero es que no son capaces de defender los intereses de la Comunidad Autónoma. Que sí, que en este caso concreto, con la importancia que tenga, es que en la Ley 4/89, modificada en el noventa y siete, figure en la Red de Espacios Naturales, de Espacios Nacionales de España el Parque Nacional de los Picos de Europa; escrito y dibujado en la Ley. Todo lo demás, yo comprendo, señor Coloma, que es difícil de entender.

Y además le dije que no hiciera argumentos jurídicos, que es aquí donde hacemos las leyes, que es aquí donde hacemos las leyes. Y si nosotros instamos a ello, pues quien tenga que hacerlo, lo hace.

De todas maneras, señor Baruque, a mí me parece mal, me parece mal, me parece mal que usted diga cosas que yo no digo. Porque aquí, un Procurador del Grupo Popular, en un turno anterior, dijo que lo que estaba escrito estaba escrito y que eso, vamos, era una cosa intangible. Bueno. Yo en ningún sitio hago alusión a ningún error. Y no quiero que se cambien el nombre porque sea un error, porque no lo fue entonces, lo es ahora. Cuando se hizo la Ley 4/89 no hubo error, no había Parque Nacional de Picos de Europa; no había Parque Nacional de Picos de Europa. Cuando se modifica en el noventa y siete, existe el Parque Nacional de los Picos de Europa y es cuando se comete...

De todas maneras, le voy a leer la Propuesta de Resolución para que vea usted, para que vea usted, no muy de memoria, no, no muy de memoria, señor Baruque; se la voy a leer de todas maneras: "Las Cortes instan a la Junta a que se dirija urgentemente al Gobierno de la Nación para que realice cuantas acciones sean necesarias para que en la Disposición Adicional Primera de la Ley de Modificación de la Ley 4/89, de diecisiete de marzo, de Conservación... etcétera, etcétera, se proceda a la sustitución del nombre Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, por el de Picos de Europa". No por error. Aquí no figura la palabra error en ningún sitio. Usted ha construido una milonga sobre una cosa que yo no digo: que es un error. Por lo tanto, yo le recomiendo que cuando debate usted conmigo sobre Proposiciones No de Ley hechas por mí, por lo menos se ajuste a lo que dice el texto de la Propuesta de Resolución.

Pero yo quiero poner de manifiesto que realmente es inexplicable que el Partido Popular en Cantabria lo entienda, lo acepta, lo vote a favor, y el Partido Popular en Castilla y León, una vez más, se muestre reacio a defender los intereses de esta Comunidad Autónoma, aun en cosas de esta enjundia.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se somete a votación la Propuesta que acaba de ser defendida y debatida. ¿Votos a favor? Levanten la mano. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y siete. A favor: veintiuno y en contra cuarenta y seis. No hay abstenciones. Queda, pues, rechazada.

Y pasamos al siguiente punto del Orden del Día que, como ya anuncié previamente, es el que figuraba como noveno. Señor Secretario, en este caso, señor Vicepresidente, le ruego dé lectura al mismo.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Noveno punto del Orden del Día: "Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León".

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto de Ley, en nombre de la Junta, señor Jambrina, Consejero de Medio Ambiente, tiene la palabra... y Ordenación del Territorio.

JAMBRINA SASTRE

EL SEÑOR CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO (SEÑOR JAMBRINA SASTRE): Señor Presidente, Señorías. Tengo el honor, esta mañana, de presentar ante esta Cámara el Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que fue aprobado por la Junta el once de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en aquella aprobación, ordenando su remisión a estas Cortes.

Antes de referirme al Proyecto en sí, quisiera resaltar el esfuerzo realizado por las Consejerías del Gobierno Regional para colaborar activamente en su elaboración. Esto resulta especialmente importante por razón de la materia, ya que la coordinación administrativa es, precisamente, uno de los objetivos fundamentales de este proyecto.

Es más, para redondear este esfuerzo, se han incorporado de forma general las sugerencias del Consejo Económico y Social y de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Porque ¿qué es para nosotros la ordenación del territorio? Pues bien, precisamente a petición del Consejo Económico y Social, el proyecto incluye la definición que nos da la Carta Europea de Ordenación del Territorio: la expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda sociedad orientada a propiciar el desarrollo equilibrado y sostenible, la mejora de la calidad de vida, y la gestión responsable de los recursos de forma compatible con las peculiaridades locales.

Ya, desde un punto de vista administrativo, la ordenación del territorio es una competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma; así lo recoge el Estatuto de Autonomía de Castilla y León en el desarrollo de lo previsto en el Artículo 148 de la Constitución española. En uso de esta atribución, la Junta de Castilla y León presenta este Proyecto de Ley, cuyo objeto básico, concretado en el Título I, es definir los principios y los objetivos de la ordenación del territorio en nuestra Comunidad, es decir, los principios que han de regir esa importante actividad pública y los objetivos que han de perseguirse con ella.

En desarrollo de estas cuestiones esenciales, el Proyecto aborda en su Título II un cometido más específico, que es definir y regular los instrumentos técnicos mediante los cuales ha de ejercerse esta competencia.

Pero antes de abordar la explicación del Articulado, quisiera aportar algunas reflexiones que ayuden a comprender sus fundamentos.

Saben Sus Señorías que el territorio de Castilla y León se ha configurado, a lo largo de la historia, mediante complejos procesos sociales, en los que la intervención administrativa no ha jugado un papel especialmente relevante. Incluso hoy, hoy en día, lo normal es la acumulación de iniciativas sectoriales y locales que, aun siendo coherentes en sí mismas, carecen de un marco de referencia global. Pues bien, este Proyecto de Ley no busca más que ser un medio para conseguir dicho marco de referencia. De hecho, está ya muy extendida la práctica de la planificación en los diferentes sectores de la Administración, incluso a nivel local. Se trata, por tanto, simplemente, de avanzar un poco más, buscando la coordinación de toda esta iniciativa planificadora.

También es importante la creciente confluencia... o influencia -perdón- de la dimensión europea de la ordenación del territorio. En efecto, cada vez con más frecuencia, las políticas europeas, de indudable relevancia para nuestra Comunidad, tienen a plasmarse con una referencia territorial. Ámbitos como el Arco Atlántico, la Diagonal Continental, constituyen realidades en las que nuestra Comunidad se encuentra integrada, y por ello es necesario que las Administraciones competentes -las Comunidades Autónomas en el caso de España- dispongan de un modelo territorial plasmado en documentos técnicos rigurosos.

Hemos hablado de la ordenación del territorio y hemos hablado de Europa. Habría que hablar también de la propia Castilla y León y de sus particularidades. Sin embargo, no vamos a extendernos aquí sobre ellas, ya que son sobradamente conocidas por Sus Señorías.

Conjuntando estos tres elementos, llegamos a determinar cuáles han de ser los objetivos de la ordenación del territorio en nuestra Comunidad.

En primer lugar, la definición de un modelo territorial que favorezca el desarrollo equilibrado y sostenible, la articulación del territorio y su conexión con el exterior de la Comunidad.

En segundo, hacer compatibles, por un lado, el desarrollo económico y urbano y, por otro, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural.

Y por último, establecer los procedimientos necesarios para asegurar la coordinación de todas las actuaciones que tengan incidencia territorial.

(-p.4450-)

Estos objetivos son los que justifican todo el resto del Proyecto de Ley, en cuyo Articulado se establece un conjunto de instrumentos de ordenación del territorio. Estos nuevos instrumentos no pretenden sustituir a los planes sectoriales y locales ya existentes, sino complementarlos en sus puntos más débiles, que son el tratamiento de los problemas del ámbito supralocal y la coordinación de las actuaciones que inciden en el territorio.

¿Cómo se relacionarán estos instrumentos con los planes, programas, políticas, etcétera, ya existentes?

Pues bien, téngase en cuenta que el Proyecto de Ley asume como principios básicos la coordinación administrativa y la participación social. Por ello, la vinculación de los instrumentos de ordenación del territorio sobre los planes y programas con incidencia territorial presenta dos cautelas: la primera, que los instrumentos de ordenación del territorio deberán precisar, en cada caso, qué aspectos de los planes o programas vigentes han de modificarse; y la segunda, que los propios instrumentos de ordenación del territorio deberán asignar a cada una de sus determinaciones el nivel de vinculación más adecuado al caso.

Así, el contenido de estos instrumentos podrá tener una parte vinculante de aplicación plena: serán aquellas cuestiones de reconocida importancia que se acepten por consenso o por una amplia mayoría de los agentes afectados; otra parte podrá tener un carácter de directriz de aplicación básica; aquí la vinculación lo será sólo en cuanto a los fines, siendo posible para las Administraciones competentes desplegar una variedad de soluciones.

Y, por último, tendremos otra parte orientativa; tan sólo recomendaciones -pero útiles- para que las Administraciones dispongan de un marco de referencia para conocer el alcance de sus decisiones.

Veamos ahora, uno por uno, estos instrumentos.

En el nivel superior se establecen las directrices de ordenación del territorio de Castilla y León, cuyo ámbito será toda la Comunidad Autónoma. Estas directrices habrán de plantear los objetivos y las estrategias de la política territorial de la Comunidad, y partir de ahí establecerán criterios para la implantación de las actividades humanas que tengan incidencia o influencia sobre el territorio.

Estas directrices regionales tienen dos características que nos gustaría resaltar aquí. La primera, que su papel, su misión más clara, será la de servir de orientación a los planes y programas que elaboren las Administraciones en el ámbito de la Comunidad, a nivel -evidentemente- más estratégico que de detalle. Y la segunda -lógica consecuencia de la anterior-, que deberán revisarse periódicamente. Para ello, lo ideal es usar el marco temporal de las legislaturas autonómicas. Ello permitirá plantear las directrices como expresión de la voluntad democrática en forma de proyecto territorial.

En un segundo escalón, y como instrumento de trabajo ordinario, el Proyecto de Ley establece la figura de las directrices de ordenación de ámbito subregional, para aquellos ámbitos territoriales que precisen de una consideración integrada de sus recursos, infraestructuras o equipamientos.

¿Cuáles ámbitos serían éstos? El Proyecto de Ley deja abierta su delimitación, con lo que se pretende que puedan entenderse, o atenderse -mejor dicho-, los problemas y oportunidades del territorio según emerjan en cada momento.

Ciertamente que la comarca y la provincia son ámbitos idóneos, incluso naturales, para la ordenación del territorio; pero no se quiere prejuzgar las necesidades futuras, ya que los problemas territoriales difícilmente se adaptan a los límites administrativos.

También pueden estas directrices incluir una ordenación subsidiaria de la municipal donde ésta no exista, situación -como saben Sus Señorías- especialmente gravosa en el medio periurbano. Se trata con ello de dar fuerza a las viejas normas provinciales, asumiendo la Comunidad la ordenación en los municipios que no hagan uso de su propia competencia.

Otra cuestión de interés es la de la iniciativa. Si para las directrices regionales ésta habrá de ser claramente de la propia Junta de Castilla y León, para los ámbitos subregionales entendemos que debe estar abierta a todas las Administraciones con intereses y competencias sobre tales ámbitos, tanto las Diputaciones como los entes comarcales que existan y, asimismo, los propios municipios cuando reúnan una mayoría cualificada.

Como tercer y último escalón de la ordenación del territorio, se plantean los llamados planes y proyectos regionales. Se trata de figuras ya experimentadas con diversas denominaciones en varias leyes autonómicas, y que pueden definirse como los instrumentos de intervención directa en la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma.

Entre los planes regionales, se distinguen los destinados a la planificación de actividades sectoriales sobre el conjunto o partes de la Región ya existentes en cierto número, con variada nomenclatura, pero sin cobertura legal, que garantice una efectividad mayor que la mera programación administrativa, salvo algún caso en concreto que tiene legislación ad hoc.

Otros planes regionales son los de ámbito territorial que se ciñen a la ordenación de un ámbito concreto, planificando actuaciones industriales, residenciales, dotacionales, etcétera, siempre que se consideren de interés o alcance regional.

(-p.4451-)

Y, por último, los proyectos regionales tienen por objeto proyectar las infraestructuras, servicios, dotaciones, instalaciones o equipamientos de utilidad pública o interés social que sean, asimismo, considerados de interés o de alcance regional.

Para todos ellos, el proyecto simplemente plantea una regulación mínima de contenidos y procedimiento. La iniciativa será siempre pública para los planes regionales, y podrá ser también privada para los proyectos.

En todo caso, corresponde su aprobación a la Junta de Castilla y León, lo que se justificará por su incidencia claramente supramunicipal.

La aprobación producirá diversos efectos, como la vinculación sobre otros planes y programas y la simplificación de trámites administrativos.

A la última figura recogida en el Proyecto de Ley -los planes de ordenación de los recursos naturales-, simplemente se le reconoce tanto su carácter de instrumento de ordenación del territorio como su prevalencia en los aspectos... en los espacios protegidos, pero se mantiene su regulación vigente.

El último Título del Proyecto aborda los mecanismos de coordinación administrativa y la participación social, con independencia de los estrictamente vinculados a los propios instrumentos de ordenación del territorio.

Se regula así, Señorías, el Consejo Regional de Ordenación del Territorio como órgano donde las Administraciones Públicas y las instituciones sociales relevantes participarán en la política territorial de la Comunidad.

Asimismo, se prevé un centro de información territorial como organismo que centralice la información sobre el territorio de la Comunidad.

En conclusión, Señorías, con este Proyecto de Ley la Junta de Castilla y León cumple uno de sus compromisos de programa de la Legislatura, y lo hace, además, en un momento especialmente oportuno, cuando desde la Administración del Estado se reclama de las Comunidades Autónomas la formulación expresa de sus políticas territoriales, a fin de integrarlas en la preceptiva... en la perspectiva europea de ordenación del territorio.

Entiendo, Señorías, que es ésta una norma necesaria para nuestra Comunidad Autónoma. Y deseo -como no podía ser de otra manera- que reciba la aprobación de esta Cámara, con todos los añadidos o mejoras que el debate de la misma traiga consigo.

Por todo ello, les agradezco la oportunidad que se me brinda, al menos, de expresar los principios básicos y lo más esencial de sus contenidos. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor Consejero. Habiéndose presentado tres Enmiendas a la Totalidad, pasamos a debatir la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para lo cual don Antonio de Meer tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Para defender la Enmienda a la Totalidad que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado a este Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

Nuestro Grupo cree que la Junta de Castilla y León, el Consejero de Medio Ambiente, trae aquí hoy este texto con una absoluta falta de convicción. Eso se ha visto -yo creo-, en parte, por la manera en la que ha leído, además, el documento de presentación.

Esta Ley llega aquí, nosotros creemos que sólo por mala conciencia, por mala conciencia; esa sensación de tener un compromiso político incumplido sistemáticamente a lo largo del tiempo y que alguna vez hay que ejecutar; con un retraso tremendo sobre las múltiples promesas efectuadas, un retraso que ya pone en evidencia el propio informe al texto del Proyecto de Ley del Consejo Económico y Social.

Ésta es una Ley que debería de tener algún objetivo, debería de tener algún objetivo claro, concreto; no generalidades, no vaguedades. Y ese objetivo, nosotros creemos que carece de él, y eso se ve en el propio texto. Cuando la Junta de Castilla y León, cuando el Consejero de Medio Ambiente repite el desarrollo equilibrado y sostenible del territorio, y lo repite varias veces a lo largo del texto, en el Artículo 1 y en el Artículo 2, está indicando algo extraño. Cuando habla de los recursos naturales y de la protección del patrimonio cultural, y cuando lo dice en el Artículo 2 y en el Artículo 3.b está demostrando algo. Cuando están repitiendo sistemáticamente frases hechas, frases de las que se ha oído hablar hasta la extenuación, se está demostrando que hay un enorme vacío de ideas a la hora de aportar soluciones concretas a los problemas de la Comunidad.

Y, claro, no creyendo en ello, ¿para qué va la Junta de Castilla y León a definir un modelo de desarrollo territorial para la Comunidad Autónoma? El texto lo demuestra completamente: de las comarcas sólo se habla en la exposición de motivos. A partir de ahí ya nunca se vuelve a hablar del hecho comarcal a lo largo del texto. Pero, claro, ¿cómo va a hablar del hecho comarcal el Consejero de Medio Ambiente, un Consejero en el que una Dirección General suya divide en su política sectorial de incendios la comarca del Bierzo en tres comarcas? Pero si no cree ni en la propia comarca que existe legalmente, ¿cómo se va a creer en el hecho comarcal de otros muchos territorios de la Comunidad?

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De las áreas urbanas, de las que a veces llamamos -con una cierta pedanterías-, áreas metropolitanas de la Comunidad, ni se habla de ellas en el texto, ni se habla de ellas en el texto; tampoco le preocupan al Consejero de Medio Ambiente. Aquí sólo se habla de unas indeterminadas subregiones, no como un ámbito de estudio -que sería algo en lo que podríamos creer-, sino incomprensiblemente como un ámbito de actuación. Unas subregiones de las que nadie sabe nada; lo cual viene a decir que el Partido Popular, la Junta de Castilla y León no sabe todavía nada sobre el territorio de la Comunidad Autónoma después de tantos años de Gobierno.

Ésta es una Ley además inoportuna, yo creo que choca con otras Leyes que se debaten en este Parlamento: choca claramente con la Ley de Régimen Local, que crea un modelo de amplia autonomía local que en nada se habla en este texto -y luego me referiré a él-; o con la propia Ley de Urbanismo, que es una Ley que queda bloqueada hasta que no se apruebe ésta, porque esta Ley es llave de la otra.

Yo creo que este texto demuestra una absoluta falta de entendimiento para una política compartida, para una política compartida con otras Administraciones: con la Administración del Estado, con las Corporaciones Locales; incluso una falta de implicación absoluta con otras Consejerías de la Junta. Yo creo que éste es un texto que eso lo ha hecho la Consejería de Medio Ambiente, que no ha hablado con las otras Consejerías para nada, y por eso el Consejero tiene que empezar justificando algo que seguro que no se ha hecho, que es que otras Consejerías compartan en esto.

Esta Ley es sólo un marco urbanístico para la distribución de actividades, es sólo un marco de ordenación física del territorio. Para nada, el texto que viene aquí es un marco... habla de la organización administrativa, ni mucho menos de las políticas económicas.

En esta Ley, la Consejería de Economía no tiene ninguna vinculación presupuestaria. La Consejería de Economía pasa absolutamente del texto que aquí debatimos. La Consejería de Industria, Energía y Trabajo pasa totalmente del texto que aquí debatimos. Aquí no hay ninguna vinculación para políticas territoriales de incentivos económicos, ni para políticas territoriales de empleo, ni para políticas territoriales de turismo. Igual pasa con la política social, igual pasa con la política cultural, e igual pasa con las políticas derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea.

La Unión Europea sí que tiene una política territorial, la Unión Europea sí que define, dentro de su territorio, aquellas regiones, aquellas partes del territorio que deben tener unas ayudas, y aquellas que no las deben tener, o aquellas que deben tener otro tipo de ayudas. Para esto debería servir esta Ley. Pero esta Ley no entra en absoluto en ese sistema. La Junta de Castilla y León está perfectamente cómoda en utilizar los recursos que llegan a la Comunidad Autónoma por ser objetivo uno, no en aquellos territorios que hacen que la Comunidad sea objetivo uno, sino en los territorios que le viene en gana.

En fin, ya hemos hablado de la falta absoluta de un modelo, un modelo territorial, un modelo operativo; por discutible que sea -eso sería lo que tendríamos que discutir-, pero, al fin y al cabo, de un modelo. La Ley simplemente habla de instrumentos, de actuación, de sus relaciones entre ellos, sin profundizar en sus características, ni ámbitos, ni contenidos, que es aplicable, por lo tanto, a cualquier territorio indiferenciado. Esta Ley se podría aplicar igual en Namibia que en Finlandia, porque esta Ley sólo es el refrito de textos de otras Comunidades Autónomas que para nada tienen en consideración la realidad de Castilla y León. El Consejero se ve obligado hablar en su intervención del Arco Atlántico y de cosas por el estilo. De eso es de lo que tenía que hablar la Ley, no la intervención del Consejero; de la realidad del territorio en el que está implicado Castilla y León. ¿Cómo es posible que la Ley del Territorio de Castilla y León no hable para nada de los enclaves? ¿No vamos a hablar mañana, una sesión monográfica sobre el Condado de Treviño, y esta Ley, un tema tan importante territorial en nuestra Comunidad, pasa por ella como si no existiera? ¿Cómo es posible que no hable para nada de los bordes, de los problemas que causan en algunos territorios la Raya portuguesa, los regímenes fiscales distintos de las Comunidades forales, la influencia de Madrid en el sur de la Comunidad, en Ávila, en Segovia? ¿Es posible que la Ley pase absolutamente de todas estas realidades, de que obligue a hacer políticas distintas en los territorios distintos? ¿Cómo es posible que la Ley esta ignore por completo la riqueza del mundo rural, del espacio rural?

Porque ésta es una Ley absolutamente urbanística. Deja el mundo rural exclusivamente como aquello que está fuera de lo urbano o fuera de lo natural. Esta Ley considera que tiene prestigio social urbano, que tiene prestigio social el Medio Ambiente. Lo rural es un molesto territorio intermedio. Sin embargo, ese espacio, que es la mayor parte del espacio de la Comunidad Autónoma, está sometido cada vez a mayores demandas que no están reguladas antes y que van a estar... y que van a seguir sin estar reguladas después.

Por lo tanto, ésta es una Ley con una visión excesivamente urbanística y centrada en los problemas de las ciudades, ignorando absolutamente la realidad del territorio agrario.

¿Cómo es posible que en esta Ley, cuando se habla de los contenidos de las directrices, para nada se hable de los problemas hidráulicos, para nada se hable de los planes hidrológicos, ni de los planes de concentración parcelaria, ni de los planes de regadíos?

¡Pero si ésa es la mayor parte del territorio de nuestra Comunidad! Y, sin embargo, se habla de otras cosas, de otras realidades importantes, sí, pero con mucha menor incidencia territorial.

(-p.4453-)

Y luego yo quiero centrarme en el desprecio absoluto hacia las Corporaciones Locales que rezuma este texto. Las Corporaciones Locales no participan en los procesos de elaboración de la Ley. En todo caso, la Junta podrá recabar informes, nada más; nada le obliga a ello. No participan en los procesos de participación; simplemente deben asistir a las informaciones públicas, como los demás, para presentar alegaciones, informes o sugerencias. Para nada participan en los procesos de aprobación; como insuficiente todo el proceso de participación define el informe de la Federación Regional de Municipios y Provincias.

Esta Ley, yo creo que continúa ese proceso de centralización y uniformización de la Comunidad que tantos problemas en algunos territorios concretos está causando.

La verdad es que las Corporaciones Locales participan poco en los procesos definidos por esta Ley, pero, la verdad, tampoco tiene demasiada transcendencia. Porque esta Ley, para poco va a valer en realidad, porque casi nada es vinculante. Aquí sólo son vinculantes las generalidades; las directrices esenciales, lo demás será de aplicación plena, básica, orientativa. ¿Para qué van a ser vinculantes actuaciones de ordenación del territorio, si nosotros creemos que para nada les interesan? Incluso podría parecer -y los municipios protestan en la Federación Regional de Municipios y Provincias-, que es que van a ser vinculantes las directrices de ámbito subregional, que sustituirían a las normas subsidiarias provinciales, y eso parecería que eliminaba en parte la autonomía municipal. Pero si no hay que hacerlas hasta dentro de diez años, si la Disposición Adicional Tercera dice que hasta dentro de diez años no hay que hacer esas subdirectrices. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? Si esta Ley, en realidad, se hace para decir que la Consejería de Medio Ambiente tiene una gran actividad legislativa, pero con la sana intención... o con la insana intención de que no sirva absolutamente para nada. Todos tranquilos: esas directrices de ámbito subregional no se van a hacer nunca.

Pero hay una excepción muy grave y eso quiero resaltarlo, que es lo que se refiere a los proyectos de iniciativa particular. La Ley prevé planes y proyectos regionales de iniciativa pública y de iniciativa privada. Pues bien, estos planes de iniciativa privada, estos sí que son vinculantes; como los de pública, pero también los de privada. También son vinculantes las grandes subdirectrices, las grandes ideas. Aquí sí; aquí cuando hay una persona concreta, una sociedad concreta, aquí sí que resulta que son vinculantes, para todas las Administraciones y todos los particulares. Y además estos los aprueba la Junta sin ninguna participación... sin ninguna participación en la elaboración de las Corporaciones Locales; la información pública a un mes, y a enterarse por el Boletín. (Sí, acabo, señor Presidente.) Y, además, a estos beneficiarios de estos proyectos se les da incluso los derechos de ocupación de bienes y derechos, e incluso la prevalencia sobre las actuaciones municipales.

Nosotros creemos que detrás de estas actuaciones se oculta algo, que estos proyectos regionales de iniciativa privada ocultan algo, que hay detrás beneficiarios; eso nos preocupa ampliamente, y nosotros creemos que eso debe desaparecer de los textos legales de nuestra Comunidad.

Todavía podíamos hablar de algunas otras cosas, como eliminar las licencias de obras para los planes y programas regionales. ¿Por qué eliminar las intervenciones municipales hasta estos extremos? ¿Por qué no articular mecanismos serios de coordinación entre las Administraciones y con la Administración Central, de la que sólo se dice que se hablarán para ponernos de acuerdo, pero no se dice nada más al asunto? En fin, muchos temas. Tanto tiempo se ha tardado en traer esta Ley, tanto tiempo se dijo que era fundamental, y ahora cuando se trae, nosotros creemos que es una oportunidad absolutamente perdida, en un texto que es difícilmente arreglable incluso con enmiendas parciales. Nada más, gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Antonio Herreros tiene la palabra... o don José Luis Conde, para defender su Enmienda.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Vamos a discutir una Ley que quizá sea una de las más importantes para esta Comunidad, y quizá una de las leyes que aún están pendientes de aprobarse y ponerse en marcha. Y siempre se dice que somos los primeros en todo, pero en esta Ley, que yo creo que es fundamental e importante para todos los ciudadanos de Castilla y León, pues, exceptuando Extremadura y esta Comunidad, el resto de todas las Comunidades Autónomas ya tienen en marcha una Ley de Ordenación del Territorio, salvo Rioja que tiene dos Decretos, pero, bueno, en todo caso, somos la penúltima de las Comunidades Autónomas que no tiene todavía una Ley de Ordenación Territorial.

Y la ordenación del territorio, ya se ha dicho aquí... incluso me hace gracia, porque en el propio Proyecto de Ley, en los antecedentes se hace mención a ello, de que, efectivamente, la ordenación del territorio constituye una de las áreas de actuación de los poderes públicos más importantes, a los efectos... o en aras de utilizar los recursos... los recursos y el uso del suelo en beneficio de los intereses de los ciudadanos; y por eso se dice que la Ley de Ordenación del Territorio, una Ley de Ordenación del Territorio acorde con la realidad, pues, permitirá mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, tanto individual como colectivamente.

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Yo quiero empezar diciendo que, seguramente, a título general, en los objetivos generales que persigue la Ley, presumiblemente todos los Grupos Parlamentarios podemos estar de acuerdo en que la Ley de Ordenación Territorial o la ordenación del territorio, pues debe perseguir la articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad; la distribución geográfica adecuada de las actividades y los usos del suelo, compaginándolo todo ello con el desarrollo económico; el desarrollar las potencialidades de nuestra Comunidad, armonizando esas potencialidades con la preservación del medio ambiente, el patrimonio histórico; la utilización racional de los recursos; y, en definitiva -¿por qué no decirlo?-, el reparto de la riqueza entre el conjunto de los ciudadanos de esta Comunidad.

Yo creo que ésos son los objetivos loables; unos objetivos genéricos en los cuales estamos todos absolutamente de acuerdo. Y que dentro de esos objetivos genéricos que se contemplan en el... en la Exposición de Motivos y en algunos artículos concretos del Proyecto de Ley, no significa por ello que nosotros, bueno, pues vayamos a dar el voto favorable a ese Proyecto de Ley, por cuanto hemos presentado una Enmienda a la Totalidad.

Se nos ha presentado un Proyecto de Ley -vuelvo a repetir- que aunque se recoja en esa Exposición de Motivos y en algunos artículos, en concreto, la consecución de esas premisas, nosotros hemos presentado una Enmienda a la Totalidad porque no nos convence la redacción del texto, por un lado, y, por otro lado, porque hay importante lagunas o ausencias -y no por nada-; ausencias que en otras legislaciones de otras Comunidades Autónomas vienen perfectamente definidas y clarificadas, y que para nosotros son fundamentales para dar, realmente, contenido a esa futura Ley de Ordenación del Territorio... si realmente queremos que sirva para algo, para... por lo menos, como objetivo general y básico, mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos.

Por tanto, voy a pasar a razonar -dentro de las limitaciones del tiempo que tengo, evidentemente, para tratar de defender las razones por las cuales hemos presentado esta Enmienda a la Totalidad-, pero voy a pasar a definir o a razonar cuál es la razón que nos ha motivado a presentar esta Enmienda a la Totalidad.

En primer lugar, decimos que en el texto, aparte de sus buenas intenciones, nosotros pensamos que está redactado con una excesiva parquedad y escaso contenido; yo no sé si por aquello de hacer una redacción de la Ley suficientemente escueta. Yo siempre digo aquello que las leyes hay que hacerlas para que las lean todos los ciudadanos y las entiendan todos los ciudadanos, y no solamente una minoría. A nosotros nos parece que a la hora de hacer la redacción, pues hay una excesiva parquedad, con lo cual se elimina, en cierta medida, una explicación de los objetivos, que yo creo que merece la pena, por lo menos, detallar en la Ley los objetivos concretos y específicos que debe contener la Ley de Ordenación del Territorio.

Y en cuanto a esa limitación del texto, pues los ejemplos los podemos encontrar -y siguiendo un poco el desarrollo del texto que se nos ha presentado-, pues, por ejemplo, en el Título I, cuando se habla de... en lo concerniente a la ordenación del territorio, cuando se habla de los principios y objetivos de la ordenación del territorio, se pasa a definir escuetamente los objetivos generales, pero después se pasa a definir -todavía más escuetamente- los objetivos concretos. Yo creo que cuando tenemos que definir una Ley, cuando estamos hablando de la ordenación del territorio, podemos decir en un artículo... contemplar cuáles son los objetivos genéricos, los generales, pero después tendremos que planificar o... perdón, tenemos que plasmar en la propia Ley que, de esos objetivos generales, se tienen que plantear en concreto estos objetivos; porque eso es lo que asume, ése es el compromiso que tiene que tener la redacción de un texto de Ley. Y sin embargo, si cogemos el Proyecto de Ley, en lo que es el artículo... concretamente el Artículo 2.3, cuando dice: "Estos objetivos generales se concretan en los siguientes", pues hace tres apartados exclusivamente, pero son objetivos genéricos que no dicen absolutamente nada.

Y, por ejemplo, se podía haber planteado el fomentar el crecimiento económico en las zonas deprimidas o subdesarrolladas como un elemento... como un objetivo concreto, que la Ley... Vamos a hacer una Ley precisamente para eso: para evitar los desequilibrios, para garantizar la cohesión interna, para repartir la riqueza, dentro de lo que son los recursos naturales y el uso del suelo en esta Comunidad. Yo creo que cuando tenemos que hablar de objetivos concretos, hay que plasmarlos; porque, si no, estamos hablando simplemente de objetivos genéricos, objetivos genéricos y objetivos genéricos.

Y yo digo: el artículo, por ejemplo -vuelvo a repetir-, el Artículo 2, del Título I, el 2.3 se dice: "Estos objetivos generales se concretarán en...", y no se habla para nada pues de eso: de fomentar el crecimiento económico, el aumento del nivel de vida, la calidad en las zonas deprimidas o empobrecidas. No se habla, por ejemplo -por poner ejemplos-: potenciar los núcleos de población que son cabeceras de comarca y que, a partir de ahí, pueden ser motores de desarrollo en todas las zonas, en toda su periferia o en toda su zona de influencia. Es decir, objetivos concretos: de las redes de electrificación, de cosas concretas que tenemos en esta Comunidad. Que no se trata tampoco de poner sesenta o setenta apartados en la Ley, sino recoger aquellas cuestiones concretas que son el pan de cada día, la problemática concreta que tenemos en nuestro territorio, en nuestra Comunidad. Yo creo que eso es uno de los aspectos que la Ley, pues, el Proyecto de Ley no contempla.

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Por ejemplo, otra de las cuestiones que... en esta misma línea de escasa redacción, o parquedad en la redacción, o poco definición de los objetivos concretos, pues lo tenemos en el Título II, dentro de lo que son instrumentos de ordenación del territorio, las directrices, directrices de ordenación territorial. Bueno, pues cuando planteamos las determinaciones específicas de las directrices generales de ordenación del territorio, tampoco tratamos, en cierta medida, de concretar los objetivos específicos, los importantes, que yo creo que la Ley los debe de contemplar. No podemos hacer definiciones genéricas y repetirnos a lo largo del texto de la Ley en los tres apartados de los instrumentos que se consideran como ordenación territorial. Yo creo que hay que definir objetivos concretos.

Y dentro de lo que es la ordenación del territorio, hay una laguna importante de cómo debe ordenarse el territorio. Por ejemplo, otras Comunidades Autónomas, aparte de diseñar o definir cuáles son las directrices generales de ordenación del territorio, plantean la zonificación concreta de la Comunidad: zonas deprimidas, zonas congestionadas, zonas en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque una vez que se perfila cuáles son las zonas concretas de actuación inmediata, a partir de ahí se concretan aún más los objetivos a conseguir.

Claro, esto es muy importante. Posiblemente no sea un lapsus de quien haya redactado esta Ley. El lapsus es que después hay que acompañar medidas financieras para desarrollar el territorio y es lo que tampoco contempla la Ley. Por eso nosotros decimos que no se concretan los objetivos.

Y he puesto estos dos ejemplos concretos, porque me parecen los más significativos: si tenemos que ordenar el territorio, habrá que zonificar el territorio por zonas o comarcas, especificando cuál es la realidad concreta de cada zona o comarca, para, en base a eso, hacer las determinaciones específicas; tal como dice la Ley, que habla de determinaciones específicas en las directrices generales de ordenación del territorio.

Otro ejemplo concreto, pues es en el tema del ámbito subregional -se podía haber puesto ámbito comarcal-. Bueno, yo reconozco... bueno, es un ámbito inferior al de la Comunidad, puede ser municipal, supramunicipal, comarcal, etcétera. Bien. Yo admito la posibilidad de que la ordenación del territorio, ustedes siguen planteando por provincias, yo digo que hay que apostar más por la ordenación natural del territorio: por las comarcas. Se deja la puerta abierta. Yo no digo que se cierre la puerta a la posibilidad de ordenar el territorio por comarcas, pero, en todo caso, sí que es cierto que no hay ni una sola mención... bueno, perdón, hay dos menciones a lo que es el ente comarcal -una en la Exposición de Motivos y otra en un artículo-, pero en lo que es en el apartado de directrices de ordenación territorial en el ámbito subregional, solamente... no se menciona ni una sola vez al ente comarcal, o a la posibilidad de organizar el territorio por comarcas. Y a nosotros nos parece, pues, un error muy grave.

Es decir, considero que, al margen de que en estos momentos no se diga que se eliminan las delimitaciones geográficas de las provincias, se puede admitir, por una cuestión de pura lógica, que hoy la mejor manera de ordenar el territorio es en base a comarcas -estamos hablando del ámbito subregional-, sin negar, en absoluto, la posibilidad de que se pueda organizar, ordenar el territorio en base a los propios municipios u organizaciones supranacionales, que son los propios consejos comarcales, que en estos momentos solamente tenemos uno, que es el de El Bierzo.

En cuanto a las determinaciones específicas de las directrices de ordenación del territorio en ámbito subregional, son igual, igual de genérica; no se mencionan objetivos concretos. Es decir, ¿qué objetivos concretos tiene que definir esta Ley para que, efectivamente, cuando nos planteemos la ordenación del territorio en el ámbito subregional, qué objetivos concretos contempla esta Ley? Son objetivos genéricos; los mismos que en el apartado anterior de las directrices generales de ordenación del territorio. Los mismos.

Y yo considero que, ya que hacemos una Ley, hagamos el esfuerzo de concretar más las cosas, porque -como vuelvo a repetir- lo más interesante es que la Ley no se hace para los que la elaboran, sino, fundamentalmente, para que los ciudadanos sean capaces de leerla y entenderla.

Otra de las cuestiones que se plantean, y dentro de los instrumentos de ordenación del territorio, son los planes y proyectos regionales. Y también -para no cansar a Sus Señorías- cae en el mismo tipo de redacción: son objetivos genéricos, sin concretar absolutamente nada. Y, vuelvo a repetir, no se trata de poner setenta u ochenta apartados específicos, sino aquellos que son más importantes.

En el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, como otro de los instrumentos de ordenación del territorio, bueno, pues aquí se hace referencia a la Ley de Espacios Naturales, pero yo creo que hubiera merecido la pena, al menos, haber desarrollado en el propio texto de la Ley lo que nosotros entendemos por planes de ordenación de los recursos naturales, con independencia de que tengamos una Ley de Espacios Naturales y tengamos otro tipo de legislación. Pero, al menos, por cuestión de forma, de presentación y de todo, yo creo que hubiera merecido la pena el haber presentado, en lo que es el texto de la Ley, al menos una redacción completa y detallada de lo que entendemos por recursos naturales. No creo que eso hubiera costado un gran esfuerzo, aunque hubiera sido copiado de otras Comunidades Autónomas o en la misma línea de los apartados anteriores.

Éstas son un poco las carencias que nosotros hemos notado en cuanto a la redacción. Pero que no es una cuestión simplemente de redacción, sino de contenido. Y yo creo que merece la pena plasmar esos contenidos, que no son otra cosa que objetivos concretos, que son importantes.

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Pero, quizá, los más importantes que no contiene esta Ley son otros cuatro, que es una de las razones fundamentales por las cuales nosotros hemos presentado una Enmienda a la Totalidad, y a nosotros nos parecen sustanciales.

Por ejemplo, la primera cuestión, hablando de la participación en la concertación social, nosotros creemos o pensamos que no se ha hecho ningún esfuerzo en la Ley en definir cómo se entiende la participación en la concertación social. En el propio texto de la Ley se hace referencia a la constitución de un consejo de urbanismo, pero nosotros pensamos que la participación social es mucho más que la constitución de un consejo, que ni siquiera determina cuál es su composición, cuál es su funcionamiento, qué funciones tiene ese consejo. Y yo creo que eso es una de las lagunas importantes de ese Proyecto de Ley que se nos han presentado. Porque yo entiendo que es necesario que se cree un consejo de urbanismo y ordenación del territorio, pero diciendo claramente que en ese consejo tiene que tener participación directa, abierta, municipios, Ayuntamientos, Entes Comarcales, sindicatos, empresarios, asociaciones de vecinos, ecologistas, Grupos Parlamentarios. Porque estamos hablando de la concertación social y de la ordenación del territorio, que es muy importante, y, por tanto, si hablamos de concertación, de participación social, tenemos que dar cabida a todos los sectores sociales, que es el conjunto de la sociedad, evidentemente.

Yo creo que ahí es otra de las lagunas del Proyecto de Ley, porque hubiera merecido la pena, al menos, haber diseñado, al hablar de la concertación social, definir la concertación social, por qué tiene que participar la sociedad en la ordenación del territorio, qué instrumentos vamos a crear para canalizar esa participación social, cuáles son las funciones, ¿eh? Yo creo que eso... al menos haberlo definido más extensamente, con independencia de que después haya un desarrollo reglamentario. Yo creo que ésa es otra de las cuestiones que a nosotros nos parece importante.

Voy terminando, señor Presidente. Y después, en el segundo turno de intervención, diré otras cuestiones más.

Hay otra cuestión que nosotros planteamos, y es que, en todas las normas de aplicación de los instrumentos de la ordenación del territorio, se habla del impacto ambiental, pero no se habla del impacto territorial o impacto estructural, que en otras legislaciones de otras Comunidades Autónomas lo tienen. Porque, evidentemente, son dos cosas diferentes. Y nosotros pensamos que para que una Ley esté perfectamente plasmada, por lo menos había que haber hecho un esfuerzo en recoger impacto ambiental, impacto territorial; no dejarlo tampoco a un desarrollo reglamentario, sino determinar que, cuando haya que presentar documentación a efectos de hacer estudios de ordenación territorial en los distintos ámbitos -en el que sea-, al menos que, cuando hablemos de impacto ambiental o impacto territorial, sepamos qué es cada una de las cuestiones, cómo se presenta esa documentación, y al menos regularlo mínimamente en la Ley -vuelvo a repetir-, aunque después hubiera que hacer un desarrollo posterior reglamentario.

Hay otra cuestión que también nos preocupa -quizá la más importante-, que es la de... la de "don Dinero", evidentemente. Porque estamos diciendo: "vamos a hacer una Ley de Ordenación del Territorio en la perspectiva de buscar la cohesión interna, el desarrollo económico armónico entre el conjunto de la Comunidad, la eliminación de los desequilibrios territoriales, el uso racional de los recursos". Eso está muy bien. El papel aguanta todo, y las leyes mucho más. El problema es que la voluntad política de un Gobierno, cuando hace una ley, es que, al margen de los principios genéricos y loables, tiene que aportar medidas de financiación concretas como compromiso de que, realmente, no solamente se va a aprobar una ley para mejorar la ordenación y repartir la riqueza entre todos sus ciudadanos, sino poner mecanismos de financiación para que esos objetivos se puedan cumplir y se puedan llegar a ellos, con independencia de las limitaciones presupuestarias que tenga en cada momento el Gobierno Regional que gobierna esta Comunidad.

Pero yo creo que aquí hacía falta la elaboración de un nuevo título que contemplara ese apartado específico: el desarrollo socioeconómico, a los efectos de que todos los objetivos de desarrollo de ordenación territorial que contemple esta Ley se vean acompañados de una voluntad política de financiación. Porque cuando hablemos de reforestación, cuando hablemos de construcción de viviendas en zonas rurales o deprimidas, cuando hablemos de inversiones públicas en zonas deprimidas, o cuando hablemos de comunicaciones, o cuando hablemos de infraestructuras, de polígonos industriales o de otras cuestiones similares, no vale con decir que el objetivo es llegar a esos objetivos, sino que, además, es fundamental la voluntad política, expresada en el propio texto de la Ley, para decir que eso está financiado, que está subvencionado y que hay una voluntad expresa en esta Ley de ayudar económicamente a que la ordenación del territorio se lleve por buen cauce, en función de las directrices y los criterios de la propia Ley. Por eso digo: la financiación es sustancial, y no se contempla aquí.

Y después, la otra laguna importante que no tiene la Ley, que tampoco tienen algunas leyes en otras Comunidades Autónomas...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Vaya finalizando, Señoría.

CONDE VALDÉS

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EL SEÑOR CONDE VALDÉS: (Sí, acabo ya, señor Presidente.) ...es la de las sanciones. No entiendo por qué, si se aplica una Ley o se va aprobar una Ley, no se contempla un régimen sancionador, disciplinario, en el sentido de que aprobamos una Ley y habrá que establecer unas normas legislativas para su cumplimiento. Y, por tanto, habrá que establecer, pues, un régimen disciplinario o un régimen sancionador, que es otra de las cuestiones que nosotros hemos visto que esta Ley no contiene.

Y ésas son un poco las razones, por la premura de tiempo y por el escaso tiempo que uno dispone. Pero, entre otras cuestiones, ésas son las razones por las cuales hemos presentado esa Enmienda a la Totalidad. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Concepción Farto tiene la palabra para defender su Enmienda a la Totalidad.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Señorías. En primer lugar, decir que me llama la atención que un Proyecto de Ley tan importante, como creo que es éste, uno de los más importantes que se va a debatir en la presente Legislatura, no haya suscitado el suficiente interés parlamentario como para que el Grupo Parlamentario Mixto presente una Enmienda como tal a la Totalidad, ya que ésta la he presentado, pues, a título personal.

De cualquier manera, entiendo que nos estamos jugando mucho con la aprobación de esta Ley. Y en eso sí que tengo que darle la razón, señor Consejero, de que habría que felicitarlos, si es que la Ley contemplase verdaderamente aquello que debería de contemplar para una auténtica ordenación del territorio de Castilla y León.

Esta Ley es todo para esta Comunidad Autónoma, y sus objetivos -ésos de los que usted hablaba- son retos para nosotros. Y son retos, porque como vamos a ver en un debate muy importante que va a haber mañana en esta Cámara, si esta Ley se hubiera traído antes a este Parlamento, y si esta Ley se hubiera puesto en práctica, no en las condiciones que se presenta -creo yo-, pero si se hubiera tenido un verdadero modelo de ordenación territorial, muchos problemas que están sucediendo en la... en la actualidad en esta Comunidad Autónoma no existirían.

El primer reto que nos encontramos es la definición de un modelo territorial. Y yo me pregunto, y yo le pregunto, señor Consejero, si verdaderamente la Consejería de Medio Ambiente y el Gobierno Autónomo tiene claro qué es lo que quiere como modelo de territorio de Castilla y León.

El otro reto es afrontar el futuro, salvaguardando el pasado y el presente de nuestra riqueza actual. Y esto es lo que ha llevado a esta Procuradora a presentar una Enmienda a la Totalidad a este Proyecto, porque, tal y como viene redactado el Proyecto, no pensamos que estos dos retos se vayan a poder afrontar. Y creemos que no es posible, porque partimos ya de unos errores de base.

En primer lugar, errores que ya vienen heredados de otras situaciones. En primer lugar, hay una falta de coordinación administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla y León; hay una falta de efectividad de las Administraciones. Y esto viene -sobre todo- dado por el descontento de los funcionarios, no solamente de la Junta de Castilla y León, sino de las Administraciones. Voy a explicarme, o voy a intentar explicarme un poco más ampliamente, para que luego no caigan en la tentación de decirme que esto no tiene nada que ver con lo que aquí se debate.

Existe, señor Consejero -y usted lo sabe bien, y esto es un mal que tienen absolutamente todas las Consejerías-, una descoordinación entre la Administración Central de la Junta de Castilla y León y la periférica. Existe una descoordinación entre Consejerías. Y esta Ley debería ser fruto de un trabajo coordinado entre absolutamente todas las Consejerías de este Gobierno Autonómico.

Eso está provocando ese desánimo en los funcionarios, que no saben a qué atenerse a la hora de trabajar. Y eso está provocando también la inoperancia de las Administraciones, no solamente de aquellas que son directamente dependientes de la Junta de Castilla y León, sino de otras Administraciones que tienen que ver íntimamente en la vida de los ciudadanos de Castilla y León.

¿Por qué? Porque se les vacía de competencias y porque se les convierte en políticamente inútiles. Por ejemplo, estoy hablando de las Diputaciones Provinciales. No se tiene para nada en cuenta en esta Ley, ni se ha tenido hasta ahora, ni se les va a tener a raíz de esta Ley, a ningún tipo de Administración Local.

Tampoco creemos que este Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio sea el idóneo para Castilla y León, porque no ofrece una estrategia global: ¿en base a qué se va a hacer la ordenación del territorio? Y a mí me gustaría saber -aunque usted ya ha dado una pequeña pista- dónde queremos llegar con la ordenación del territorio de Castilla y León.

Parte esta Ley... o al menos es el material con el que esta Procuradora cuenta -muy escaso, por la falta de medios para la información que tiene-, parte esta Ley de las directrices de ordenación del territorio de mil novecientos noventa y seis, y aunque este documento cuenta con elementos positivos, sin embargo, es un documento peligroso, sobre todo para determinadas zonas de esta Comunidad Autónoma, porque es un documento que sigue potenciando el eje Burgos-Palencia-Valladolid, en detrimento del resto de las Provincias. Desde León a Soria, y desde Salamanca a Segovia, todas las demás provincias que no están en ese eje, van a quedar abandonadas económica y socialmente.

No tiene para nada en cuenta las peculiaridades de los diferentes territorios que componen Castilla y León. Y esas directrices y este Proyecto de Ley, de nuevo, se va a dar desde la uniformidad, o se está trabajando desde la uniformidad; y Castilla y León no se puede trabajar desde la uniformidad.

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Otra... otro argumento que tenemos para la petición de la devolución de este Proyecto de Ley al Gobierno Autonómico es que cuenta con planes económicos cerrados: no es una Ley para el futuro. Castilla y León, ahora mismo, tiene un futuro económico... perdón, un presente económico que se está transformando, y que en poco tiempo va a sufrir una transformación tal, que o estamos preparados para afrontarlo, o vamos a perder el tren de la historia.

Yo me pregunto, señor Consejero, cómo va a afrontar, desde esta Ley, la aplicación de la Agenda 2000 en esta Comunidad Autónoma, la falta de subvenciones de la PAC, o la crisis, por ejemplo, de la energía. Esta Ley debería de tener los mecanismos y las estrategias debidas para poder afrontarlo.

Si entramos en el tema del urbanismo -una parte dentro de la Ley... del Proyecto de Ley-, entre el Proyecto de Ley que debatimos en la actualidad y el Anteproyecto de Ley de la Actividad Urbanística, que ya anda circulando por ahí -gracias a Dios-, hay una disfunción tremenda.

Hay una actuación medioambiental peligrosa. Usted hablaba al principio que uno de los tres objetivos que contempla la Ley es, precisamente, compatibilizar el desarrollo económico con la actuación medioambiental, o con la salvaguarda del medio ambiente, y hay un intervencionismo exacerbado de la Administración Autonómica en contra de la Administración Local. No se garantizan, en absoluto, los instrumentos para la participación de las Administraciones Locales; no se respeta -y creo que ya se ha dicho aquí por algún Portavoz-, no se respetan, en absoluto, las decisiones de la Federación de Municipios y Provincias. Y se crea un Consejo Regional de Urbanismo carente de funciones; es decir, como si no se creara.

Los periodos de información a las Entidades Locales son, o bien inexistentes, o escasos. Yo haría una pregunta sobre la que tengo una duda y me gustaría que se me aclarase: ¿qué quiere decir la Consejería de Medio Ambiente cuando dice que con el fomento de las actuaciones... "se pretende fomentar -perdón- las actuaciones que mejor persigan el fortalecimiento del espíritu comunitario".

Estamos de acuerdo, señor Consejero, en que se legisle, en que se lleve adelante esta Ley, que es necesaria, pero no de forma abusiva, no pasando por encima de la iniciativa privada también, no pasando por encima de las Administraciones Locales. Y por eso es por lo que pedimos la reconsideración de este Proyecto de Ley y su devolución a la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, don César Huidobro tiene la palabra.

HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Gracias, señor Presidente. Y para consumir un turno en contra de las Enmiendas de Totalidad, pidiendo la devolución de este Proyecto de Ley al Gobierno Regional.

Señoras y señores Procuradores, en la vieja Europa, durante todo el siglo XX y en especial a partir de la primera Guerra Mundial, se ha producido una profunda transformación en el asentamiento de la población, en los núcleos de población: una parte importante de la población se traslada del campo a las ciudades. Y España sufre un proceso semejante.

Este fenómeno crea un problema importantísimo, que es el aprovechamiento del suelo urbano dentro del ámbito local, dentro del ámbito de las ciudades. Y ello da lugar a que la definición del problema del urbanismo, y la amplia experiencia que se adquiere en resolver estos problemas dentro del ámbito local, esté perfectamente delimitado.

Pero conforme va avanzando el tiempo, cuando la población necesita de más recursos y de utilizar el territorio para satisfacer sus necesidades, se van planteando problemas que son completamente distintos de los del aprovechamiento y uso de ese ámbito local, de todo el territorio.

Pero cuando hablamos de territorio a esos efectos, estamos hablando de un territorio que no es solamente el suelo; es el subsuelo, es el vuelo. Y no estamos hablando solamente de la tierra; estamos hablando del... a pesar de que se decía que no, estamos hablando de los recursos hídricos, estamos hablando de los recursos del aire.

Esto es lo que plantea el problema al que hay que dar solución con la ordenación del territorio, a todos estos problemas: a la utilización del territorio concebido como ese conjunto al que acabo de hacer referencia, la utilización de ese territorio -del agua, del suelo, de la tierra y del aire- de una manera racional, para impedir que en el futuro nos quedemos sin esos elementos, para que nuestros sucesores puedan hacer o puedan vivir dignamente.

Por eso -como digo-, la solución al problema en Europa se da antes que aquí; antes queda definido cuál es la materia urbanística, cómo se define y cómo se resuelven los problemas; y antes se hacen referencia también, antes se preocupan por problemas que son propios de todo el ámbito territorial, no solamente del ámbito local.

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En España, con la Constitución de mil novecientos setenta y ocho, por primera vez se hace una distribución competencial de estas materias sobre el territorio. Y, recientemente, la Sentencia que ha dictado el Tribunal Constitucional, todavía hace una mayor distribución de competencias: hay un ámbito local plenamente determinado; hay un ámbito comunitario de las Comunidades Autónomas plenamente determinado; y hay un ámbito de la Administración Local. Por eso la ordenación del territorio es fundamentalmente un problema de coordinación de instituciones; es un problema de definir entre todos qué es lo que se quiere hacer cada uno dentro de su competencia. Y en España, este problema se empieza a resolver en la década de los ochenta y de los noventa.

Aparecen durante todo ese tiempo leyes de ordenación del territorio -con este nombre u otro muy parecido- en todas las Comunidades Autónomas hasta llegar al día de hoy, menos en tres: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Es más, algunas Comunidades Autónomas ya han tenido de nuevo, han tenido de nuevo una segunda redacción de sus leyes de ordenación del territorio.

Y así nos encontramos cuando llegamos a nuestro Proyecto de Ley. Y se nos dice por los Grupos de la Oposición que devolvamos el Proyecto de Ley, fundamentalmente, porque es inoportuno, que es por lo que dicen los Reglamentos que se debe devolver un Proyecto de Ley. Dice el Partido Socialista que es totalmente inoportuno, porque no viene a resolver ningún problema, porque está en confrontación con la Ley de Régimen Local que se está planteando en estos momentos, y que, por lo tanto, no da respuesta ninguna a estos problemas a los que yo he hecho referencia.

Pero yo le digo: si este Proyecto de Ley coincide en cuanto a estructura, contenido y regulación de las materias... Como usted lo ha dicho: un refrito; utilice la palabra refrito, se la admito a los solos efectos de dialogar con usted para estos efectos. Si es un refrito, y resulta que en algunas Comunidades Autónomas desde el año ochenta y tres están funcionando con esta... con un Proyecto de Ley muy parecido al que nosotros presentamos, y, precisamente, alguna de esas Comunidades Autónomas, como es la Catalana o la Vasca, resulta que son las únicas que tienen aprobadas unas directrices de ordenación del territorio, pues yo creo que este Proyecto de Ley sí que sirve para resolver el problema del que estábamos hablando; a pesar de que sea un refrito.

Díganos que lo hemos copiado. No se lo admitiría en su totalidad, porque, efectivamente, aprovechamos lo que otros han hecho para nosotros mejorarlo. Pero, realmente, si existen en todos los sitios unas leyes de ordenación del territorio, no puede ser inoportuna si esa ley de ordenación del territorio ha servido para que en Cataluña haya unas directrices aprobadas, y para que en el País Vasco haya unas directrices aprobadas, y para que en algunas otras Comunidades Autónomas estén trabajando en la concepción de unas directrices de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma. No puede ser inoportuna. Nos pueden servir para el Proyecto que seguimos ahora.

No cabe duda que Castilla y León tiene problemas graves de asentamiento, problemas graves de ordenación entre todos los pueblos; tenemos dos mil y pico municipios, más de seis mil núcleos de población. No tenemos unos núcleos de población que sirvan de áreas de actuación para muchas de las zonas donde estos municipios tendrían que recibir la prestación de servicios fundamentales. Éste es el trabajo a realizar.

Y ustedes dicen: bueno, pero con lo que ustedes presentan ahora no hacemos nada. Y yo les digo: pero ustedes son conscientes, porque la Consejería, el Gobierno Regional, la Consejería de Medio Ambiente ha hecho pública y ha entregado a todos los señores Procuradores y señoras Procuradores de esta Cámara un texto amplio, bien presentado que dice: "Hipótesis de un modelo de ordenación territorial de Castilla y León".

¿Qué significa esa hipótesis? Significa que el Gobierno Regional no quiere imponer ese modelo. Quiere que ese modelo se discuta, quiere que ese modelo sea participado por todas las instituciones de esta Comunidad Autónoma, por todas las fuerzas sociales, y que se pueda llevar a cabo. Y ése es el problema.

Dice: ustedes no han hecho nada hasta ahora. Miren ustedes, se ha criticado que esta Ley venga de haber trabajado en esas hipótesis de modelo territorial y que no haya el modelo territorial dentro de la Ley de Ordenación del Territorio. Precisamente ése es el gran valor de una Ley de Ordenación del Territorio, que nos permita de aquí en el futuro trabajar sobre unos elementos de los que ya disponemos. Hemos avanzado mucho, se ha avanzado mucho en esta Comunidad Autónoma, porque tenemos ya unos datos respecto a cuáles son los elementos, los factores que podemos utilizar para el desarrollo de nuestra Región; cuáles son los problemas que plantean esos factores, que algunos son gravísimos, como la inexistencia de áreas de atracción suficientes para que algunos núcleos puedan recibir los servicios desde un sitio cercano a donde ellos han asentado su hábitat. Eso lo tenemos definido; se han hecho algunas propuestas incluso para resolver esa materia. Y eso está en ese modelo de hipótesis, y eso... sobre eso se puede avanzar.

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No se puede avanzar más hasta que no se aprueba esta Ley. ¿Por qué? Porque lo que en esta Ley viene a hacerse, es decir, lo que se dice en el concreto... objeto: "declarar qué principios deben de inspirar la confección o la definición de ese modelo". ¿O hubieran preferido ustedes que hubiera definido el modelo la Junta de Castilla y León, la Consejería de Presidencia, traerlo aquí definido, y haberles admitido algunas enmiendas parciales en cuanto al modelo y no en cuanto al procedimiento a seguir? ¿No será mucho más lógico que todos participemos en algo tan importante como es la definición del modelo territorial? Eso es lo que se está haciendo: traer aquí una Ley que permita la participación de todos los Grupos Políticos, y todas las instituciones, y todos los factores sociales, todos los elementos sociales de esta Comunidad, en la definición de ese modelo. Vamos a discutirlo.

Hasta tal punto es así, que las directrices de ordenación del territorio de Castilla y León, en lo que son normas fundamentales, en lo que es la esencia de esas directrices, han de venir a esta Cámara a discutirse; no las puede aprobar la Junta por sí sola, tienen que venir aquí a debatirse. Las complementarias sí las aprobará la Junta, pero las esenciales no.

Luego, por lo tanto, que digan que en este momento este Proyecto de Ley es inoportuno, cuando catorce... trece Comunidades Autónomas tienen un proyecto de ley parecido, con la misma estructura, y que en algunas ha servido para tener unas directrices aprobadas ya, y en otras para tener directrices en marcha, me parece que no es un razonamiento suficiente.

Esta Ley es necesaria y es oportuna. Y el hecho de que se esté debatiendo en estos momentos la Ley de Bases de Régimen Local no impide para nada que siga haciendo, puesto que esta Ley es una Ley de coordinación, de fijación de objetivos, y de establecimiento de unos instrumentos de un procedimiento, para aprobar ese modelo de ordenación del territorio. Eso es, por eso es por lo que en principio nosotros pensamos que no podemos devolver este Proyecto de Ley.

A continuación, y como carácter concreto, se nos dicen cosas distintas por cada uno de los Grupos Políticos. Se nos dice por parte del Grupo Socialista: hombre, no se habla de la comarca ni de las áreas urbanas o metropolitanas, hay una falta total de coordinación, hay... Es un refrito de las demás Comunidades Autónomas, no tenemos modelo territorial. Pues claro, porque de lo que se trata es de establecer los instrumentos y el procedimiento para establecer ese modelo territorial. No puede ser. ¿Es un refrito? Bueno, no es un refrito. Es la sabia experiencia de utilizar lo que otros han hecho para no equivocarnos donde los demás se equivocaron, y aprovechar aquello en lo que acertaron. Si a eso lo llama usted un refrito, pues encantados de admitir que esto es un refrito. Pero a mí parece que eso es de una gran prudencia el utilizar lo que otros hicieron y ha sido bueno.

Dice usted que no ha habido... que ha habido una total descoordinación -y existe- con el resto de las Consejerías. Yo no sé si a usted le han llegado todos los estudios que se hicieron sobre la materia, pero Consejería por Consejería han emitido su informe sobre este Proyecto de Ley, y algunas de las sugerencias o peticiones de estas Consejerías han sido incorporadas al primitivo borrador del Proyecto de Ley. Concretamente, la Consejería de Presidencia, a quien le parece perfectamente este modelo -y ésa es la Consejería a la que más podía afectar-, dice que el Proyecto de Ley es apreciable, que es loable. Lo único que le gustaría es que se dejaran mucho mejor matizadas las competencias de cada una de las Administraciones Públicas en esta materia de ordenación del territorio; y así se hace, recogiendo la enmienda -vamos a llamar- que la Consejería presentaba. Así se recoge en el texto que aquí se ha presentado y no en el que había antes.

De la misma manera hacen sugerencias las demás Consejerías, fundamentalmente Fomento, fundamentalmente Hacienda, Consejería de Economía y Hacienda, que también ha sido recogidas en parte.

Y no digamos lo que ha sucedido con el resto de las Administraciones Públicas, que también han tenido acceso a este Proyecto de Ley. La Federación de Municipios y Provincias ha emitido su informe. Un informe que, lógicamente, intenta definir o defender su postura y sus competencias, y al que yo le digo: si la Constitución, los Estatutos y las sentencias del Constitucional atribuyen unas competencias muy claras en materia de ordenación del territorio, en materia de urbanismo, cada una de las Administraciones que deben participar en ello, yo le digo que en este Proyecto de Ley no hay ninguna violación ni vinculación para la autonomía local -que es fundamentalmente a la que se hace referencia- que se vea constreñida por este Proyecto de Ley. Todo lo contrario; lo que ustedes están diciendo es contradictorio: es tan flexible que no sirve para nada y, sin embargo, resulta que, siendo tan flexible, lo que estamos haciendo es constriñendo a la autonomía local para que haga cosas que no puede hacer. Si es flexible, no puede constreñir a nadie; y si no es flexible, entonces sí constreñiría. Definámonos de una vez: se ha optado por una Ley flexible que permita en el futuro que todas las Administraciones y todos los elementos sociales puedan participar en la definición del modelo. Ha habido una coordinación, no solamente entre las Consejerías, sino también con las demás Administraciones Públicas, a la hora de hacerlo.

Yo creo que lo que pasa es que se confunde entre lo que es la Ley de Ordenación del Territorio y el modelo territorial. Y, efectivamente, en esta Ley de Ordenación del Territorio no hay un modelo territorial; se lo admito. Pero conscientemente: en la Ley no se pretende establecer un modelo de ordenación del territorio de Castilla y León; se procede a establecer, como dice en el objetivo, se procede establecer cuáles son los principios que han de regir esta definición del modelo, cuáles son los objetivos que ha de perseguir la definición, cuál es el procedimiento, y cuáles son las determinaciones de cada uno de los instrumentos. Esto es lo que se permite.

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Y se dice desde alguno de los Grupos Políticos: "no hay participación social en esta definición de los objetivos". Hay varias participaciones sociales; incluso el Consejo no está cerrado, se puede cambiar. Incluso muchas de las enmiendas que los Grupos han presentado -algunas de las enmiendas por lo menos-, yo pienso que pueden enriquecer el modelo, el proyecto que se ha presentado. Y estas enmiendas podrían ser completar en algunas partes -no en tantas como se ha dicho- el modelo. Pero fíjese: para los que dicen que no hay participación social, ¿dónde hay una Ley de Ordenación del Territorio que se diga: "Se reconoce la acción pública para acudir a los tribunales contenciosos administrativos en el caso de que no se cumpla lo que dice esta Ley o de que el contenido de los instrumentos no se adecuen a lo que dice esta Ley? ¿Mayor participación quieren los que están diciendo que no hay participación social, que se está reconociendo la acción pública expresamente para acudir a los tribunales? Pues yo creo que esto es más que suficiente para reconocer que, además de la participación que hay en otros aspectos, hay una participación límite y máximo, que es la de acudir a los tribunales.

Por el Grupo Mixto se dice en alguna ocasión... y hago referencia expresa a ella porque yo creo que en la Enmienda que se ha presentado, enmienda que se presenta con la finalidad -como casi todas- de enriquecer el proyecto, se hace referencia, en la Enmienda que se escribió, yo creo que únicamente se hacía referencia a la Ley de Gestión Urbanística, que dice que "gracias a Dios ya conocemos". Señora Farto, no gracias a Dios; gracias a la Consejería de Medio Ambiente que la ha hecho pública y la ha pasado a todos los Ayuntamientos, Diputaciones y a todas las demás Administraciones para que puedan hacer sugerencias; no ha llegado ahí por... caída del cielo. Ha llegado porque se la han mandado para que emitan sugerencias y a ver en qué se puede modificar.

Pero usted ha hecho una oposición a la Ley de Gestión Urbanística, y cuando comparece en esta Tribuna hace una oposición a las hipótesis del modelo de ordenación del territorio que la Consejería publicó en el año mil novecientos sesenta y seis. Tengo que admitirle que eso es discutible cuando llegue el modelo y cuando llegue la Ley de Gestión Urbanística. Pero lo que sí le quiero decir, porque insiste mucho en ello, es que... insisten todos los Grupos, que hay una limitación de la autonomía municipal. Y se dice: "las normas subsidiarias, las normas provinciales de ordenación desaparecen".

Miren ustedes, con eso no se quita ninguna competencia a las Diputaciones Provinciales. Las Diputaciones Provinciales no tienen ninguna competencia para aprobar las normas provinciales. La competencia está en la Comunidad Autónoma, en el Gobierno Regional. Lo que pasa es que las Diputaciones Provinciales sí tenían una iniciativa para que esas normas se pusieran en marcha. Pero es que ahora se reconoce en las Directrices de Ordenación Territorial subregionales -término al que no voy a hacer referencia, porque me estoy alargando demasiado-, pero ahí se admite que puedan existir en ellas algo equivalente a las normas provinciales. ¿Y quién tiene la iniciativa para que estas normas subregionales se pongan en marcha? Las Diputaciones Provinciales entre otros Por lo tanto, no veo yo qué se les está quitando a las Diputaciones Provinciales, que no se les esté concediendo en esta Ley de Ordenación del Territorio.

Por todos estos razonamientos que acabo de decir, es decir, por no ser inoportuna; porque su contenido coincide casi prácticamente con la mayor parte de las leyes que hasta ahora están funcionando; porque ha llegado el momento de que esto se ponga en marcha; porque es un compromiso del Partido Popular de aprobar en esta Legislatura; y porque va a servir, y fundamentalmente, porque yo creo que con las Enmiendas que se han presentado y lo que trabajemos en Ponencia y en Comisión, puede servir para que con el avance que se tiene ya de las directrices de ordenación del territorio en un breve plazo -no los dos años que dice la Ley-, podamos tener elaborados en esta Comunidad Autónoma un modelo de Ordenación del Territorio en el que todos ustedes hayan podido participar; y además de todos ustedes, todas las Administraciones Públicas de esta Comunidad Autónoma, y todos los agentes sociales que en ella existen.

Yo creo que eso es lo que necesitamos. Devolverlo sería retrasar algo que yo creo que no hace falta. En Ponencia y en Comisión, yo creo que podemos mejorar aquello que se pueda mejorar. Y eso sería suficiente para que ustedes retirasen su enmienda de devolución y aprobasen y votasen favorablemente este Proyecto de Ley para seguir adelante con él. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Antonio de Meer tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Yo creo que ha quedado suficientemente claro, se ha reconocido de manera evidente que este texto de Ley se ha copiado, se ha construido utilizando textos de otras Comunidades Autónomas. Yo creo que lo grave no es tanto que se haya hecho eso, sino que eso se ha hecho tarde, bastante tarde, y que no se ha avanzado nada en hacerlo. Por eso, los objetivos de la Ley sólo son generalidades, son cosas absolutamente generales y repetidas, porque se confunden los objetivos generales con los objetivos concretos.

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Todos los Grupos sabemos que existen unas hipótesis de ordenación del territorio que han circulado por ahí, ha habido exposiciones organizadas por la Consejería de Fomento y tal. Eso no es el problema. Lógicamente tenía... tienen que existir esos estudios. Es que ahí está la solución. ¿Cómo es posible que después de hacer todo eso, después de pensar que se conoce más la Comunidad Autónoma, los problemas territoriales de la Comunidad Autónoma, que lo que se conocían antes de hacer eso. eso no haya servido para hacer la Ley? Porque la Ley es igual que si no se hiciera eso. Para llegar a este refrito, ¿para qué se ha hecho todo eso? Si la Ley tenía que tener algo de distinto, algo de Castilla y León, algo de nuestro territorio. Otros Portavoces han hablado de ello. Es que aquí no habría que decir sí, pero con más incidencia en los bordes, en los enclaves, en las montañas, no sé qué; con especial incidencia para el problema hidráulico, o para el problema del transporte de energía. Algo. Pero es que no dice nada. Si es que daría igual para cualquier sitio. ¿Y para eso se han hecho esas hipótesis de ordenación del territorio? Es que no han servido para nada a la Consejería de Medio Ambiente no le han servido absolutamente para nada.

La falta de coordinación no es pedir unos informes a las Consejerías, unos informes formales que se remiten en un procedimiento. Es que la ordenación del territorio no se puede entender si no es la suma de tres procesos: la ordenación física, la organización administrativa, y las políticas autonómicas. Y si no se sabe, si la Ley no habla en absoluto de la organización territorial, desde el punto de vista administrativo, de la Comunidad Autónoma, sólo está haciendo ordenación física; si la Consejería de Economía no tiene... o la de Industria no tienen ninguna vinculación en la ordenación física, tampoco esta Ley es una Ley de Ordenación del Territorio. Es una ley urbanística ampliada, que yo creo que es lo que al final le ha salido a la Junta de Castilla y León.

Se ha menospreciado... la Ley menosprecia absolutamente los procesos de participación pública hacia los ciudadanos, hacia las organizaciones -luego hablaré de las Corporaciones Locales-. Pero ¿qué mayor menos menosprecio es que sólo se les contempla para decirles que vayan a los Tribunales, para ponerles en el caso límite? Aquí no se dice qué tiene que hacer la gente antes de que se redacten... cómo pueden participar durante la tramitación, que no es ir sólo a información pública, etcétera. Aquí la cosa es ir directamente a los Tribunales. Y luego dicen que se judicializa la vida política. Es que ustedes, ya, la única solución que dan a la gente para participar es irse a los Tribunales.

El menosprecio a la autonomía municipal, eso es algo absoluto, es algo absoluto. Pero yo creo que no tiene demasiada importancia, en tanto en cuanto la Ley no se va a aplicar. Si la Ley prácticamente no es vinculante en nada; si la Ley va a ser vinculante en cuatro... en cuatro generalidades. Pero, sobre todo, y ahí sí... y ahí no hay ninguna contradicción en decir que, por un lado, no se va a aplicar, pero que tiene una parte concreta -la que se refiere a los planes y proyectos regionales- que ahí la Ley crea unos instrumentos que pasan por encima de las competencias de todas las Corporaciones Locales, que simplemente con un medio de información pública y con una comunicación al Ayuntamiento la Ley va a aprobar planes y proyectos que están por encima del planeamiento urbanístico, que están por encima de cualquier legislación sectorial, y que se van a imponer sin posibilidades de que los Ayuntamientos tengan nada que decir. ¿Y dicen que en ese tema concreto no se menosprecia la Administración... la Administración Local?

Y eso es más grave cuando los proyectos -en el caso de los proyectos regionales- pueden ser de promoción privada. Un proyecto regional ¿de qué? No sé si de construcción de campos de golf, de transporte de energía eléctrica, de transporte de gas, o de promoción de viviendas. Si ese proyecto regional lo aprueba la Junta, se construye donde sea sin que los Ayuntamientos tengan ninguna capacidad de intervenir. Y dicen que no hay menoscabo de las competencias municipales. Yo creo que las hay, y gravísimas. Yo creo que aquí se establecen unos atajos sobre las otras legislaciones, unos atajos sobre la legislación urbanística, que si no fuera por todas las otras cosas que hemos dicho, si no fuera porque decimos que con esta Ley la Junta pierde una oportunidad de hacer un texto ajustado a la realidad de la Comunidad Autónoma, y no una componenda con otra... con la legislación comparada, aunque sólo sea por la prevalencia que el texto da a ciertos proyectos concretos que nosotros creemos de una manera absolutamente injustificada, es por lo que nosotros manifestamos aquí nuestro rechazo radical a este Proyecto de Ley y mantenemos nuestra petición de su devolución a la Junta de Castilla y León.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Conde, tiene la palabra para la dúplica también.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien. Decía el Portavoz del Grupo Popular que, textualmente -no sé si textual, pero una cosa parecida-, que la Ley pretende implantar un modelo de desarrollo del territorio determinado. En eso estamos de acuerdo. Si todas las Comunidades Autónomas, cuando han hecho un proyecto de ley, han hecho un proyecto de ley que es un marco jurídico para ordenar el tema de la ordenación del territorio, y va modificándose con los años en función de la propia situación.

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Pero yo lo que he venido a decir de las razones de la Enmienda a la Totalidad, al menos por parte de Izquierda Unida, que en una primera parte era decir que yo no creo que cueste tanto esfuerzo, a la hora de redactar un proyecto, al margen de que sea pues un marco jurídico genérico, general, al menos sí concretar aquellas cuestiones que sí merecen la pena concretar. Estamos diciendo: cuando diseñamos o planteamos las directrices generales de ordenación del territorio en los objetivos concretos, yo no creo que sea tan complicado el plantear cuáles son los objetivos concretos de las directrices generales de ordenación del territorio, haciendo especial mención a aquellas cuestiones que son importantes: la potenciación de los núcleos de cabecera de comarca, el establecer medidas concretas para la recuperación ambiental de zonas que están afectadas por explotaciones mineras u otro tipo de explotaciones agresivas al medio ambiente, el establecer medidas concretas para el transporte de energía eléctrica... bueno, infraestructura en general. Es decir, que son cuestiones que se pueden plantear en el propio texto de la Ley. Que otra cosa es que se cumpla o no se cumpla, que seamos capaces de hacerlo o no hacerlo, pero al menos plantear, en tanto... en las directrices generales de lo que se entiende por ordenación del territorio y cuáles son los objetivos concretos, como las directrices, en los instrumentos, en la ordenación territorial en el ámbito de la Comunidad, en el ámbito subregional, en los planes sectoriales, o en el tema medioambiental.

Yo creo que es un poco... digo, desde el punto de vista de la redacción del texto. O sea, cuando uno lo lee y se da cuenta de que hay una parquedad excesiva en la propia redacción, en el contenido de los objetivos, es por lo cual nosotros decimos que hubiera merecido la pena haber presentado un proyecto que al menos mejorara... no estoy hablando solamente de la redacción, sino definir mejor los criterios y los objetivos concretos. Porque si uno coge la legislación de otras Comunidades Autónomas, al menos son mucho más claros que los que están planteados en el propio Proyecto de Ley que presenta el Partido Popular. Es lo que yo me refería en la primera parte de mi intervención.

Porque después, otra cosa es que, aunque en una Ley se contemplen los objetivos concretos, después el Gobierno lo haga o no lo haga. Eso es otro cantar. Pero, en principio, el que eso esté contemplado de una manera clara y concisa, a mí me parece importante.

Yo vuelvo a repetir: si en la primera intervención he dicho hace... en la Exposición de Motivos el Proyecto de Ley hace referencia a la Carta Europea, a los objetivos que se plantean con este plan de ordenación. En los objetivos generales estamos todos de acuerdo; yo dije en la primera parte de mi intervención que todo el mundo estamos de acuerdo para qué queremos una Ley de Ordenación del Territorio. Podemos pasar aquí a lamentarnos de que a lo mejor esta Comunidad Autónoma lo tenía que haber hecho antes; pero se ha hecho cuando se ha hecho, y, al final, pues somos los penúltimos por la cola, o los terceros por la cola -no lo sé-. Eso ya es lo de menos. La cuestión es que ahora que tenemos que abordar y elaborar... y aprobar un Proyecto... una Ley de Ordenación Territorial, al menos nos esforcemos para que en su redacción concretemos los objetivos específicos que debe contener esa Ley. Ésa es la primera parte.

Y en la segunda parte... sin más; otra cosa es que después en el trámite de la Ley, pues a lo mejor habrá enmiendas transaccionales, se mejorará la redacción del texto y a lo mejor somos capaces de concretar esos objetivos; o al menos expresarlos de una manera mucho más clara.

Pero después había otra serie de cuestiones que a nosotros nos parecen importantes, como es lo de la participación en la concertación social. Yo, nuestra postura sería mejor, o es mejor -pensamos- hacer un título aparte, específicamente para definir lo que es la participación en la concertación social, cómo entendemos o cómo formulamos la participación social, qué agentes o qué sectores implicados tienen que participar en la ordenación del territorio. Y de eso... y bueno, y concretar, en principio, qué es eso del Consejo Regional, quiénes lo forman, cómo funciona, qué funciones tiene. En fin, absolutamente todo. Al margen -vuelvo a repetir- que después haya que hacer un reglamento para desarrollarlo más ampliamente; pero, al menos, en la propia Ley tendremos que contemplar que decimos que uno de los principios básicos de esta Ley es la participación social; al menos contemplar en ese apartado específico o en ese título -si se considera que hay que hacer un nuevo título, denominándolo "participación y concertación social"-, al menos regular de una manera muy clara cuáles son los instrumentos de participación social que va a contemplar esta Ley, para garantizar que todos los agentes o el conjunto de la sociedad de Castilla y León va a participar plenamente en la elaboración o en el diseño de las políticas de ordenación territorial, cada uno en el ámbito de competencias que le sea oportuno: a los Ayuntamientos, Entes Comarcales o, en definitiva, en función de la serie de competencias que cada uno tenga.

Pero yo creo que esto... merecería la pena esforzarse en presentar un Proyecto de Ley, o en este caso una Ley, que esto lo tuviera perfectamente regulado y planificado. Yo creo que ésa es una de las cuestiones que nosotros hemos echado en falta en esta Ley.

La otra cuestión, pues era lo de... Esto puede ser entendido como una cuestión de forma, pero yo creo que es importante. Yo vuelvo a repetir que habría que hacer también un título aparte, en cuanto al tema de las evaluaciones de impacto, por la importancia que tienen a la ahora de hacer la ordenación del territorio. Se está... dentro del propio desarrollo del texto de la Ley que ustedes han presentado, o el Proyecto de Ley, pues hablan de los estudios de evaluación de impacto ambiental. Pero -vuelvo a repetir- no se menciona lo del impacto territorial, que es tan importante o más que el impacto ambiental; y, sin embargo, no se menciona. Y es una cuestión que en todos los proyectos... en todas las leyes de ordenación del territorio de otras Comunidades Autónomas se contempla, y tiene una importancia muy esencial.

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Y después, otra que no me ha contestado, y yo quisiera que sí -bueno, si tiene a bien, porque es una de las razones por las cuales hemos presentado la Enmienda a la Totalidad-, y es la de la financiación. Y no quiere decir que la Ley tenga que contemplar un título aparte que diga "financiación", pero, al menos, si el objetivo de la Ley de Ordenación del Territorio es la cohesión interna, el desarrollo económico equilibrado, la utilización racional de los recursos, y, en definitiva, el repartir los recursos naturales de que disponemos entre el conjunto de la población -es decir, es un poco el disfrutar de los usos del suelo y de los recursos naturales-, bueno, pues lo lógico es que, cuando se plantean una serie de directrices de ordenación del territorio, al final la propia Ley contemple posibilidades económicas de ayudas y subvenciones, o de financiación en concreto, para que esas propuestas de ordenación del territorio se puedan llevar a efecto. Porque, si no, el papel aguanta todo y en la Ley podemos poner lo que queramos, pero, al final, si no hay... si no se recoge o no se contempla en la Ley la financiación... que yo dije antes que era la expresión de la voluntad política de un Gobierno que hace ese Proyecto o esa Ley, para demostrar que el interés que se tiene por la ordenación del territorio no es una cuestión simplemente de forma o de imagen, sino que es una realidad y una necesidad para el desarrollo de esta Comunidad.

Por tanto, yo creo que había que contemplar necesariamente el tema de la financiación, porque, si no, no se van a poder cumplir ninguno de los objetivos que contiene la propia Ley.

Y después, el otro apartado que tampoco me ha contestado, y yo quisiera -si lo tiene a bien, evidentemente- saber por qué en esta Ley no se contempla tampoco un apartado o un título nuevo con respecto al tema de la política de sanciones o incumplimiento de la propia Ley, que a mí me parece que es fundamental. Al margen de que sea un texto aproximativo para después desarrollarlo reglamentariamente, pero, en todo caso, como cualquier ley, lo lógico es que contemple también, pues, un apartado específico en cuanto al tema sancionador.

Y por último ya -y con esto acabo-, también hay importantes lagunas en el tema de la coordinación administrativa. Con esto no estoy queriendo decir que se esté anulando la participación de los Ayuntamientos, pero está claro que, tal como viene en el texto, parece ser que al final hay que remitirlo a un desarrollo reglamentario posterior. Y yo me niego a eso. Yo considero que la Ley debe de contemplar cómo se va a establecer la coordinación administrativa, y establecer las bases mínimas que digan, que perfilen cómo es esa coordinación administrativa y cómo se va a llegar a efecto; con independencia de que después se haga un decreto con el reglamento que lo desarrolle. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señora Farto, para réplica también.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, Presidente. Parece ser que aquí seguimos cada uno aferrándonos a nuestra idea y que no cambiamos o no abrimos... o no nos abrimos a conceptos nuevos.

Señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sí he hecho hincapié en el urbanismo, porque entiendo que es una de las cuestiones que al final -y no sé si esto es positivo o no; creo que no- va a determinar la ordenación del territorio de Castilla y León; creo que equivocadamente y, sobre todo, por la inhibición de otras Consejerías en la ordenación del territorio. Y creo que esto sí que es importante; creo que esto sí es serio. Y aunque estas enmiendas no van a ser aceptadas, pero sí que... las enmiendas parciales que se hagan en este sentido deberían de tener, al menos, un respeto y un planteamiento por parte del Gobierno o del Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno Autónomo.

Nos quieren seguir haciendo creer que hay coordinación entre instituciones, y yo le digo que no. Me atrevería a decir -a seguro- que las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma no tienen este Proyecto de Ley. Y por si acaso me contestara que la Federación de Municipios y Provincias lo tienen y que ellos darían traslado a las Corporaciones Locales, pues le digo: la Federación de Municipios y Provincias no lo hace.

Por tanto, las Corporaciones Locales, en las que va a incidir verdaderamente esta Ley, no saben, no saben lo que se está haciendo en estas Cortes, sobre algo que va a decidir el futuro de esas Corporaciones y de los ciudadanos que administran.

No me ha convencido, señor Huidobro, de que haya alguna atención y solución especial para el mundo rural en Castilla y León. ¿Qué soluciones -se lo vuelvo a preguntar-, qué soluciones arbitran desde este Proyecto de Ley a las características poblaciones de Castilla y León? ¿Cómo se va a actuar desde las diferentes Consejerías en este tema?

Y hablo del modelo de hipótesis, porque es necesario hacerlo, porque ustedes ahora mismo lo están utilizando, y porque es necesario saber -y que los ciudadanos sepan- de dónde se ha partido para hacer este Proyecto de Ley.

Y ésa es la auténtica filosofía: el modelo de hipótesis territorial. Y le vuelvo a repetir: en ese modelo de hipótesis territorial, se está metiendo un gol, y un grave gol, a ciertos ciudadanos de Castilla y León. Primero, digo a ciertos ciudadanos, porque no se da el mismo trato a los ciudadanos de ese eje que le decía antes, Burgos-Valladolid, que se puede dar a los ciudadanos de Zamora o de Soria. Porque desde esa hipótesis -y luego se traslada al Proyecto de Ley- se sigue tratando con uniformidad a todo Castilla y León. Y se habla de unas áreas funcionales con una igualdad de trato, que no se puede... no se pueden acometer así. Y porque, entre otras muchas cosas, hay una atención especial a las zonas urbanas, porque ahí está el mayor número de población. Y no quiero hacer ninguna lectura más; háganla ustedes mismos.

No creo tampoco que desde este modelo... perdón, desde este Proyecto de Ley se traduzca claramente la intención del Partido que gobierna esta Comunidad Autónoma. Yo no sé -creo que los ciudadanos lo saben- si aquí apostamos por una comarcalización o por una provincialización. Y ése es el gran debate que se debería de abrir de una vez por todas, y ése es el gran debate al que se debería de dar respuesta de una vez por todas.

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Y le vuelvo a repetir: desde la Junta de Castilla y León, desde la Administración Autonómica, mediante ese modelo de hipótesis territorial y mediante este Proyecto de Ley, se sigue vaciando de competencias a Instituciones, en un intento -creo, y, si no es así, dígame lo contrario- de hacerlas inútiles a los ojos de los ciudadanos. Y eso está pasando con el Consejo Comarcal, con el único Consejo Comarcal existente. La pregunta que se hacen los ciudadanos es: ¿para qué vale esto? Si no se le da competencias, absolutamente para nada? Y eso es lo que está pasando con las Diputaciones Provinciales. Y, desde luego, en materia de urbanismo, en concreto, a las Diputaciones Provinciales se las vacía de competencias.

Por último, para terminar, no se respeta en absoluto la autonomía local. Y claro que eso va en contra de la Constitución, porque hay un intervencionismo -se lo dije antes y se lo repito- exagerado por parte de la Junta de Castilla y León. Y, en concreto, le repito: en materia urbanística, las Diputaciones Provinciales quedan absolutamente en el vacío.

Por tanto, mantengo la petición de la devolución de este Proyecto de Ley. Y, de cualquier manera, espero que, como esto no va a prosperar, en las enmiendas parciales logremos llegar a algo que sea positivo para todos. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para el turno de dúplica, por el Grupo Popular, señor Huidobro, tiene la palabra.

HUIDOBRO DÍEZ

EL SEÑOR HUIDOBRO DÍEZ: Gracias, señor Presidente. Para contestar brevemente, porque yo creo que no se ha... no se ha dicho nada nuevo que no se hubiera dicho en la primera intervención por los Grupos políticos. Pero yo sí me había dejado algunas cuestiones de contestar.

Yo creo que, por parte del Grupo Socialista, sigue existiendo la confusión entre lo que es la Ley de Ordenación del Territorio y lo que son las directrices generales de ordenación del territorio de Castilla y León. En la Ley de Ordenación del Territorio no pueden fijarse cuáles son, cómo está, cuál es el modelo territorial, porque no es ésa la finalidad -por lo menos no es la finalidad para el Grupo Popular-, y sí lo es y sí lo tendrá que ser cuando se aprueben las directrices de ordenación del territorio de Castilla y León, que están en sistema... en período muy avanzado y que... -y con esto contesto a la señora Farto- y que no son más que hipótesis, precisamente para permitir la posibilidad de que, tanto los Grupos políticos como los agentes sociales, como las demás Administraciones, puedan participar; por lo menos, ser oídos en la definición de cuál debe ser el modelo territorial.

Se decía que... se nos decía por el Grupo Socialista que, digamos lo que digamos, lo que sí que es cierto es que la autonomía local queda constreñida. Y seguía insistiendo: queda constreñida... Y en una contradicción, que no entendía, decía: "no sirven para nada, porque no son vinculantes, pero quedan constreñidas". O son vinculantes y quedan constreñidas, o, si no son vinculantes, no quedan constreñidas. Y yo le digo: sólo serán vinculantes en aquella parte las directrices que, siendo de aplicación plena -siendo de aplicación plena-, hayan venido a debate a esta Cámara; y entonces sí serán vinculantes, porque así se dice, cuando se aprueben. El resto serán orientativas.

Y yo le digo más: algunas Administraciones Locales están pidiendo que se les diga cuáles son las orientaciones para organizar el territorio, su territorio y su conurbanización, porque no saben qué hacer.

Aparte de las hipótesis de avance en la ordenación del territorio de Castilla y León, hay también un avance de directrices de ordenación del territorio subregional para Valladolid y su entorno. Y no me diga que no tiene problemas Valladolid y su entorno, que no tiene problemas Burgos y su entorno, que yo conozco más de cerca los dos sitios. Tienen problemas de ordenación de esos territorios, para que los servicios que se prestan desde ese entorno -alfoces de Burgos o entorno de Valladolid- pueda darse una solución adecuada. Y están pidiendo las Administraciones que se les diga -desde esta Cámara en las directrices esenciales, desde la Junta en las complementarias- qué es lo que pueden hacer para resolver de forma adecuada su problema.

No hay, por tanto, ninguna constricción... constreñimiento de la autonomía local, porque, como usted decía muy bien, es flexible; y, si es flexible y no es vinculante, no puede ser. Será vinculante en aquello que la Junta tenga competencia constitucional, estatutaria y del Tribunal Constitucional en la Sentencia, para imponer sus criterios; que sí que los tiene que poner. El Gobierno Regional tiene que definir qué es lo que puede hacer en el territorio que afecta a todo el territorio, y no se inmiscuirá en aquello que es únicamente ordenación del territorio local.

El señor Conde tiene razón: dejé de contestar, con el carácter general, algunos de los problemas que planteaba. Dice: "hay que concretar más los objetivos y hay que concretar más los criterios". Bueno, son dos criterios distintos a seguir, podemos discutirlo en la Ponencia. ¿Se pueden concretar algo más? Yo creo que no tanto como en sus enmiendas particulares dicen. Algunos de los criterios, acuden ustedes a enumerar hasta veinticuatro o veinticinco criterios objetivos.

Yo creo que podremos llegar a un sistema intermedio, en fijar un poco... concretar un poco más objetivos, o quitar alguno más criterios; podemos discutirlo. Nuestro criterio es que es mejor criterios abstractos u objetivos abstractos, que permitirá a las directrices concretar mucho más y debatir mucho más.

La participación, dice: "es que debía de fijarse cuál es el instrumento: el Consejo". El Consejo es un instrumento para participar. La audiencia que se da a las Administraciones Locales y la obligada intervención de las Consejerías es algo también que influye en la coordinación.

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Decía usted: "la evaluación del impacto debería de constar en los planes de ordenación de recursos naturales". Hay dos sistemas: leyes que lo incluyen y leyes que no lo incluyen. ¿Cuáles son las leyes que lo han incluido? Aquellas leyes que se aprobaron antes de que se dictaran las normas básicas sobre evaluación de impacto. Nosotros tenemos una Ley ya de espacios naturales y tenemos espacios naturales aprobados. Por eso hemos pensado que es mucho mejor hacer referencia a lo que ya tenemos aprobado. ¿Incorporar eso al Proyecto le enriquecería? Nosotros pensamos que no, porque se hace... se le incluyen y se le integran quitándolo y diciéndolo: eso forma parte de este Proyecto de Ley; la Ley de Espacios Naturales forma parte de esta Ley. ¿Se puede copiar íntegra? No creemos que beneficie o que mejore en mucho el Proyecto.

Dice: "tendría que hacerse referencia a la financiación y a la sanción". La Ley de Ordenación del Territorio no son las directrices, no son los planes sectoriales que debe de desarrollar el territorio. Los planes sectoriales sí deben de tener financiación. Pero unas directrices, donde lo único que se trata es de coordinar, de dar orientaciones para ver cómo se pueden romper los desequilibrios existentes en las diversas comarcas, no pueden tener financiación. Porque lo que se está diciendo es qué buscamos para romper esos desequilibrios socioeconómicos que existen entre distintas comarcas, qué buscamos para que esas áreas de influencia, que hoy no tienen influencia verdadera, puedan tener área de influencia. Los proyectos que desarrollen esas directrices, ahí sí debe haber financiación.

Y, lógicamente, la sanción. ¿Cómo va a sancionar la falta de coordinación? Pues yo le decía -y con esto contesto también al Partido Socialista-: hombre, yo no decía que la única participación de los agentes sociales sea la acción pública; yo decía que algo que se está pidiendo por su Grupo, precisamente, que se recoja en muchas leyes, aquí se recoge de manera expresa, pero porque la intención es que la participación de los agentes sociales sea mucho más que eso.

Y por último, algo a lo que no ha hecho referencia usted, pero se lo quiero hacer referencia yo, porque luego también se ha hecho referencia: la comarca.

Ustedes saben que el Grupo Popular tiene una posición clara respecto a la comarca. La comarca como espacio físico para resolver problemas de infraestructuras o para resolver problemas de otro tipo: sí. La comarca como organización, como Administración que deba de incluirse dentro de la Comunidad Autónoma, la Diputación Provincial y el municipio: no.

Nosotros pensamos que en este momento no aportaría nada crear una nueva institución comarcal para dar respuesta. El Bierzo. No hay ninguna Comarca que tenga ciento treinta mil habitantes, la superficie que tiene y las características especiales que tiene El Bierzo; nosotros pensamos que no hay ninguna. Tendríamos dificultades incluso para cerrar los límites de muchas Comarcas si adoptáramos un sistema de comarcalización, como lo han tenido en otras muchas Comunidades Autónomas donde este sistema se ha querido seguir. Al final, el puzzle no se puede cerrar, porque hay municipios que prefieren pertenecer a una comarca para unos efectos y a otra comarca para otros... para otros servicios.

Nosotros optamos -es una posición política, no es fija, es la que tenemos en este momento, que no queremos-: sí espacios comarcales para resolver problemas de servicios; no organización institucional comarcal para resolver los problemas de Gobierno de ese territorio.

Por eso le decía que, aun cuando no hemos hecho referencia a ello, sí quiero dejar claro que es nuestra postura, no en esta Ley, en todas las demás, y ha quedado clara.

La señora Farto decía: bueno, no hay solución para el mundo rural. Es que no hay modelo definido; y como no hay modelo territorial de Castilla y León, no puede haber solución en esta Ley para el mundo rural.

Dice: el Proyecto de Ley no fija el modelo territorial. Lo que fija es el procedimiento; y el procedimiento y los criterios que tiene que mantener. Y ahí sí que se habla del mundo rural, sí que se puede hablar. Porque usted ha hecho referencia a las hipótesis, que yo no pensaba haber hecho referencia a ellas. En esas hipótesis, efectivamente, se ha hecho referencia a algo especial: a las especiales circunstancias demográficas, de constitución; se hace referencia a lo que es el centro, a la Región del Duero y a lo que son los bordes, para dar respuesta. Pero lo que no quiere el Gobierno es eso: haberlo traído aquí en esta Ley, haberlo debatido de una sola vez, haberlo cerrado y haber dejado cerrado, un modelo territorial en el que sólo los Grupos políticos hubieran tenido algo que decir; y no otros agentes sociales, y no otras Administraciones. Precisamente se trata de eso.

Por último, usted decía: es que la materia de urbanismo es la única que se va a tratar. Yo le he hecho una breve -y quizá ni siquiera venía a cuento- evolución histórica: el urbanismo está ya perfectamente definido y sobre el urbanismo hay mucha experiencia; sobre ordenación del territorio, no. No lo está en España, no lo está en Europa; se está trabajando ahora en el mismo. Incluso la Conferencia de Río habló de ordenación del territorio, porque ahí es donde empezamos a jugar. Porque la utilización de los recursos naturales del suelo, del subsuelo, del aire, del agua, ésa es la ordenación del territorio, y ahí es dónde tenemos que jugar. Nosotros nos incorporamos a este proceso tarde, pero con una experiencia.

(-p.4467-)

Dice: "ustedes han venido tarde". Como Castilla-La Mancha, como Extremadura, también llegan tarde. ¿Por qué llegan tarde y por qué llegamos tarde, según su teoría, no según la mía? Mire usted, porque la configuración territorial y demográfica de Castilla-La Mancha, Castilla-León y Extremadura, no tiene que ver nada con la configuración poblacional y la configuración territorial de Andalucía o Cataluña, por ejemplo.

Nosotros, nos ha llegado el momento ahora, y ahora es el momento de hacerlo; y no mucho antes, cuando todavía estos problemas no los teníamos planteados. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Concluido el debate, se someten a votación, de forma conjunta, las tres Enmiendas a la Totalidad que han sido presentadas y defendidas por los Grupos Parlamentarios Socialista, de Izquierda Unida y Mixto. Quienes estén a favor, levanten la mano. Muchas gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones, si hubiera?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y tres. A favor: veintisiete. Y en contra: cuarenta y seis. No hay abstenciones.

En consecuencia, quedan rechazadas las Enmiendas que pedían la devolución del Proyecto de Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad; Proyecto que será remitido a la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de esta Cámara, para que prosiga su tramitación reglamentaria.

Se suspende la sesión hasta las cinco en punto de la tarde.

(Se suspende la sesión a las quince horas, reanudándose a las diecisiete horas quince minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoras, señores Procuradores. Se reanuda la sesión. Y vamos a debatir la Proposición No de Ley que figuraba en el Orden del Día como número sexto, y que ruego al señor Secretario proceda a su enunciación.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a rechazo de la posible transferencia del 0,52 del IRPF a las Comunidades Autónomas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación de la Propuesta, señora doña María Luisa Puente, tiene la palabra en nombre de su Grupo Socialista.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Señor Presidente, la doy por defendida en sus justos términos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra?

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente, voy a bajar al estrado. Muchas gracias, señor Presidente. Desde luego, no me extraña la postura del Grupo Parlamentario Socialista en eludir el bulto y escurrirlo, en torno a una Proposición No de Ley que es absolutamente indefendible. Absolutamente indefendible, por varias razones; en definitiva, porque quien la suscribe o quien la haya propuesto, lógicamente, lo único que hace es no creer en esta Comunidad Autónoma. Y lo único que se trasluce claramente de la Proposición No de Ley es que no hay fe en absoluto en esta Comunidad Autónoma, ni en lo que representa.

Y un parlamentario castellanoleonés, como soy yo, no puede permitir ni debe permitir que expresiones como las que figuran en la Exposición de Motivos, para justificar lo que es injustificable, en el sentido de que nuestra Comunidad Autónoma es una de las Comunidades con más exclusión social, una de las Comunidades con más marginación, una de las Comunidades con más pobreza, realmente, no deja... realmente, no deja de ser absolutamente impresentable por parte de quien quiera defender esta Proposición No de Ley.

Ustedes lo que han hecho, en definitiva, ante estos hechos es, pura y simplemente, renunciar aquí a defenderla, darla por defendida en los propios términos que figuran. Y creo que es la primera vez en la Legislatura que se produce el hecho de que nadie que presenta una Proposición No de Ley o una actuación parlamentaria, después se marcha sin defenderla, se marcha sin subir a esta Tribuna, se marcha sin decir lo que realmente quería decir.

Pero vamos... pero vamos a ir un poquito más allá, porque ésta es la primera parte o la primera cuestión de introducción de esta Proposición No de Ley.

Por ejemplo, Señorías, en relación a que aquí es una de las Comunidades Autónomas donde más desempleo hay, tenemos que señalar que la tasa de paro tiene un punto menos que la media nacional; o que la renta familiar disponible tiene tres puntos más que la media nacional; o que, por ejemplo, el nivel de estudios y alfabetización de nuestros ciudadanos es superior al de la media nacional. En definitiva, Señorías, no me extraña que ustedes se hayan equivocado de palo, no hayan querido defender esta Proposición No de Ley, y no hayan subido, por supuesto, a esta Tribuna.

(-p.4468-)

Pero, ¿qué es lo que piden ustedes en su Propuesta de Resolución? Pues algo que yo les recomiendo a ustedes que se pongan de acuerdo... que se pongan ustedes de acuerdo con su Consejero en la Comunidad Autónoma andaluza, o en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, o en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Porque resulta, Señorías, que ustedes están pidiendo que estas Cortes, concretamente, manifiesten expresamente ante el Gobierno de la Nación su total rechazo a la posible transferencia del 0,52 del IRPF a las Comunidades Autónomas.

Y yo les quiero significar algo muy claro. Primero: en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, que ustedes invocan en su propia Propuesta de Resolución, por el Consejero andaluz se dice, concretamente, que muestra su preocupación, muestra su preocupación por la posibilidad difundida por la prensa de que el IRPF pueda ser objeto de transferencia a alguna Comunidad Autónoma. Y a eso, en definitiva -que lo que trata el Consejero andaluz no es ni más ni menos que recoger unas manifestaciones hechas por el Presidente Pujol, en el sentido de que podrían ser transferidos-, se les replica, concretamente, por el Ministro correspondiente -por supuesto, del Partido Popular-, en el sentido de que, mientras no se lleve a cabo la reforma del IRPF, el compromiso del Ministerio es mejorar la coordinación y la colaboración con las Comunidades Autónomas en esta materia.

Y en eso se decanta la reunión correspondiente, y por ahí va el discurso: porque se produzca un mayor diálogo con las Comunidades Autónomas, porque exista una mayor colaboración con las Comunidades Autónomas, porque los informes de las Comunidades Autónomas tengan más techo específico, aunque no sea vinculante, Señorías. Y, por lo tanto, entendemos que es absurdo, completamente absurdo lo que ustedes solicitan, de que estas Cortes se decanten en el sentido de que se solicite del Gobierno de la Nación el rechazo a una posible transferencia.

Pero por si estaban ustedes tal vez preocupados por el hecho de que fuese Cataluña quien pidiese esa transferencia del 0,52 del IRPF, les quiero tranquilizar a ustedes, porque en el Acta de la Conferencia -que tengo aquí- se señala por el Ministro lo siguiente: "en cuanto a las transferencias del IRPF, no están en el Orden del Día -se dice-, ni tampoco está encima de la mesa; es una cuestión que hay que tratar, hay que elaborar, hay que discutir con las Comunidades Autónomas". Y ustedes mismos, a través de sus propios Consejeros, llegan a decir que lo lógico sería establecer una Conferencia Monográfica Sectorial sobre este sentido.

Por lo tanto, Señorías, ni ustedes mismos tienen una coordinación en torno a lo que piden aquí con lo que los Consejeros de Sanidad de la Junta de Andalucía, concretamente de Castilla-La Mancha, y también -por qué no decirlo, por supuesto- de Extremadura, han sido en la última Conferencia.

Por lo tanto, Señorías, aparte de la poca credibilidad que merece a este Portavoz del Grupo Popular lo que ustedes consignan en su Exposición de Motivos, no es menos cierto que no es el momento, porque se está tratando, entre las propias Comunidades Autónomas y la Conferencia Sectorial, de llevar a cabo actuaciones que puedan tender a una mejor distribución de esos dineros públicos, a un mejor control de esos dineros públicos. Y, en definitiva, no va a haber traspasos de ese 0,52 del IRPF a ninguna Comunidad Autónoma.

Les voy a señalar a ustedes, para tranquilizarles -por si les sirve a ustedes de tranquilidad-, que el propio Consejero catalán en esta reunión dice textualmente lo siguiente, Señorías: "yo ahora aquí digo que no es el momento de hablar de transferencias del IRPF; no toca, como dice el Presidente Pujol..." -y le leo a usted textualmente- "...y, cuando toque, lo estudiaremos con todas las Comunidades Autónomas".

Pónganse ustedes de acuerdo. No sean ustedes tan cobardes de no haber querido defender esta Proposición No de Ley, y su cobardía... y su cobardía no les viene ni más ni menos que de los disparates que recoge la Proposición y la Exposición de Motivos.

Nosotros creemos en esta Región...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio. Guarden silencio.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...nosotros estamos trabajando por esta Región. Ustedes están haciendo una política equivocada completamente respecto a esta Región. Y ustedes lo único que están haciendo es una labor de desgaste, que no van a conseguir. Y les recomiendo a ustedes que cambien el rumbo, porque los castellanos y leoneses les van a ustedes a dar respuesta cumplida en las próximas elecciones respecto a lo que...

(Voces.)

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...respecto a lo que ustedes están diciendo de esta Comunidad Autónoma, que no es, ni más ni menos, que un cúmulo de falsedades. Y aprovechar, pura y simplemente, una Proposición No de Ley que han presentado ustedes en cascada, en cascada, que no han defendido o que no saben defenderlo. Muchas gracias.

(Voces. Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, guarden silencio, por favor. Para el turno de réplica, señora Puente, tiene la palabra.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Señor Aguilar, estos soponcios después...

(-p.4469-)

(Risas.)

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: ...estos soponcios después de la comida, le pueden ser muy perjudiciales. Además, además, le pueden ser perjudiciales cuando no hay respeto a esta Cámara, porque...

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, guarden silencio, por favor. Haya orden.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: No hay respeto a esta Cámara, porque se prefiere tomar el café con calma, aunque pase media hora después de haber sido anunciado por el Presidente el comienzo de este Pleno.

(Aplausos.)

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: También es cierto, también es cierto que en todas las familias, en todas las familias políticas hay un comodín; un comodín que sirve para todo, y que viene, y se rasga las vestiduras, y se escandaliza, y nos hace aquí prácticamente una comedia. Pero es que aquí lo que hay que hacer es razonar y debatir los hechos.

Cuando los españoles y españolas hacemos nuestra Declaración de la Renta -si me permiten-, cuando los españoles y españolas hacemos anualmente nuestra Declaración de la Renta y ponemos... aquellos que ponemos la crucecita en el impreso de la declaración, no para la Iglesia Católica, sino para Otros Fines de Interés Social, lo recaudado por esa vía, el 20% de esa recaudación va destinado, Señorías -como bien ustedes saben-, a la cooperación internacional a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y el 80% de lo recaudado va dirigido hacia el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para programas sociales de interés social.

Con esta recaudación, que ha venido creciendo año tras año, hemos conseguido, entre todos los españoles y españolas, un mayor bienestar social, un incremento de la participación social, un fortalecimiento del movimiento asociativo, un avance en los niveles de consenso y coordinación entre las diversas Administraciones, una mayor corresponsabilidad de las ONG en el desarrollo de la sociedad de bienestar. Y también con ello se ha beneficiado a las Comunidades con más exclusión, con más pobreza y con más marginación; como es Castilla y León, mal que le pese al señor Aguilar, porque, o lo ignora, o miente, pero los hechos están ahí. Y no hace tanto tiempo que hemos debatido la pobreza de Castilla y León y la pobreza de Salamanca, en concreto; y no basándonos en inventos del Grupo Parlamentario Socialista, sino en datos objetivos y concretos de muchas Instituciones y de muchos organismos de gran solvencia, que ya nadie se atreve a discutir, más los que tienen mala intención.

Y con este reparto del IRPF del 0,52% para otros fines de interés social, se ha conseguido una mejor redistribución para aquellas Comunidades más pobres. Porque, entre ellas, Castilla y León aporta menos de lo que recibe: de los 20.000 millones que se han recaudado para otros fines de interés social en mil novecientos noventa y siete, 1.600 millones han venido a Castilla y León. Y, sin embargo, no se ha recaudado esa cantidad en Castilla y León; se ha recaudado, por lo menos, un 25 menos. Y entonces, esa compensación solidaria viene de otras Autonomías.

Pero estos razonamientos al señor Aguilar le pasan por encima, porque él venía aquí solamente a alterarse, y a demostrarnos, y a devorarnos, y a agitarse, y a ponerse en una desesperación...

(Aplausos.)

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: ...En consecuencia, en consecuencia, cuando en el mes de febrero, en la Conferencia Sectorial, donde están representadas todas las Autonomías y donde están representados también el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, cuando el diez de febrero se reunió, días escasos... anteriores el señor Pujol manifestó su deseo de que esta... de que el 0,52 del IRPF fuera transferido a Cataluña. Y, en consecuencia, las Comunidades Autónomas del País Vasco, las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Andalucía, manifestaron en la Conferencia Sectorial del Ministerio de Asuntos Sociales su reproche y su rechazo ante el peligro que esto se avecinaba, porque una transferencia del 0,52% del IRPF llevaría un grave peligro precisamente para las Autonomías de mayor marginación y de mayor pobreza, y dualizaría la población más marcadamente en Comunidades pobres y ricas; y entre las pobres estaría Castilla y León.

Mire usted, la misma Secretaria del Ministerio de Asuntos Sociales dijo... reconoció, Gómez reconoció que existe mayor interés de Cataluña por el 0,52%, pero aclaró que no se había efectuado una petición formal todavía.

¿Qué sucedió en aquella Conferencia Sectorial? Pues que nuestro Consejero, que siempre está relinchando, o que antes estaba siempre atacando al Gobierno Socialista, y exigiéndolo, y denunciándole, se quedó... se quedó mudito, se quedó mudito; no dijo ni palabra, no dijo ni palabra. Y aquí han quedado claros dos comportamientos, señor Aguilar, dos comportamientos: Comunidades Autónomas que velan por los intereses y las necesidades sociales de sus ciudadanos y ciudadanas; y Comunidades Autónomas que sólo miran sus intereses personales y partidistas y dicen "bwana, bwana, bwana, amén"; y eso es lo que está pasando en Castilla y León, en Castilla y León; sí señor, sí señor.

(-p.4470-)

(Voces. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego concluya su intervención.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Termino, termino. Esta Proposición No de Ley tiene simplemente un carácter preventivo, un carácter de seria advertencia, de llamada de atención, porque todos conocemos las prebendas y las dádivas continuas del Gobierno de la Nación, por mantenerse en el poder, a los nacionalistas catalanes.

En consecuencia, nosotros pedimos -porque es obligación responsable de los que gobiernan- que tengan en cuenta el riesgo que conllevaría la transferencia del 0,52% del IRPF.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para el turno de dúplica, señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Mire, Señoría...

(Voces. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Mire, Señoría, usted de respeto no debe de hablar nunca más aquí, porque ustedes, ustedes, ustedes, han protagonizado un bochornoso espectáculo esta tarde, que es, que es...

(Voces. Murmullos.)

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...que es cambiar... pedir el cambio del Orden del Día, para luego después no defender la Proposición No de Ley. Se ha pedido el cambio.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, Señorías. Señorías, guarden silencio. Señor Crespo, por favor. Señorías, les ruego guarden silencio. Mantengan el orden y la cortesía necesarias.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Cuando se calmen ustedes, se sosieguen y recobren el aliento, podré seguir.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Guarden silencio, Señorías, por favor.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Ignoro, señor Presidente, a qué Portavoz de todos los Procuradores va a ser al que tengo que responder, si al señor Crespo, si a doña... o a usted.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Al grano. Señor Aguilar, aténgase a la cuestión.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Mire usted, Señoría, cuando usted quiera, cuando usted quiera, se lea usted una Sentencia del Tribunal Constitucional, 13/92 -debe tener unos cincuenta folios, los tengo encima de la mesa-, donde se prohíbe, se prohíbe de forma clara y expresa, se prohíbe de forma clara y expresa el que... el que se transfiera, entre otras cosas, el 0,52, por ser inconstitucional, por ser inconstitucional.

No venga usted aquí a contarnos el cuento "La pera Murcia", que no nos lo vamos a creer. Y usted sube a esta Tribuna con esa voz de velatorio que le caracteriza a usted, ¿eh?, y que, en definitiva, Señoría, a mí no me... a mí no me impresiona nada, en absoluto.

Y, mire usted, le digo más: a esta Tribuna, cualquiera de los cincuenta Procuradores del Grupo Parlamentario está capacitado para responder en cualquier momento cualquier Proposición No de Ley; cualquiera.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por favor.

AGUILAR CAÑEDO: Y

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Y le digo más, Señoría: no sólo yo. No tengan ustedes fijación conmigo; si yo sé que les preocupo mucho, pero tranquilícense, tranquilícense.

Mire, Señoría, yo creo que usted ha dicho aquí algo muy importante, y es que el Gobierno actual ha mandado más dinero a esta Comunidad Autónoma. Pues yo creo que hay que agradecer que mande más dinero a esta Comunidad Autónoma, sea por la vía que sea, incluida la del 0,52; y usted lo ha dicho, y usted lo ha dicho.

Pero, Señoría, mire usted, ustedes lo que han hecho es una Proposición No de Ley -como muchas- con datos falsos, y -como muchas- para la galería, y -como muchas- para buscar el titular de prensa, cuando usted sabe, conoce y le consta que hay, solamente en los tres conceptos: paro, renta familiar disponible, concretamente con respecto a las Comunidades de Extremadura, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, once puntos de diferencia con esta Comunidad. Y si no, pregúnteselo usted a su Presidente correspondiente, que se lo van a confirmar; porque aquí hay menos paro, hay mayor capacidad de renta familiar disponible y, en definitiva, Señoría, hay menos exclusión social, hay menos...

(Voces. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...exclusión social.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, Señorías de ambos bandos, les ruego guarden silencio o suspendo la sesión.

(-p.4471-)

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías. Señora Ull Laita, por favor.

(Voces.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, guarden silencio o suspendo la sesión. Señor Arvizu. A ver, señor Arvizu... Silencio, por favor.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señoría, significarle a usted, concretamente, que no ha habido ningún cambio de postura por parte del Grupo Parlamentario Popular en la defensa de los intereses de esta Comunidad en torno a la posible transferencia, en su día, del 0,52% del Impuesto de Rendimiento de las Personas Físicas. Otra cosa es que usted conozca o no conozca los acuerdos que ha habido en la Conferencia Sectorial correspondiente, donde, donde se conviene por todos los Consejeros presentes, se conviene...

(Voces.)

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...se conviene por todos los Consejeros presentes, Señoría, el que se establezca, incluso, una conferencia monográfica sobre este asunto. Incluso se llega a pedir, por el representante de ustedes, de Castilla-La Mancha, que haya una conferencia bilateral Comunidades-Ministerio.

En definitiva, ¿qué se está haciendo? Se está tratando el problema con todo respeto. ¿Y qué ha dicho el Ministro? "No es éste el momento." ¿Qué tenemos, además, pendiente? Una reforma del IRPF, Señoría.

¿Por qué ustedes hacen este tipo de propuestas de resolución, cuando saben ustedes, les consta, o les debiera constar -como primer Partido de la Oposición que son-, que, en definitiva, Señorías, se está tratando el tema con todo celo, con todo cariño y con todo entusiasmo. Que se está, incluso, hablando de poner los correspondientes controles a las ONG, sus correspondientes auditorías. Que hay mucho camino que recorrer. Aquí no se puede subir a hacer pura y llana demagogia. Aquí se viene a defender los problemas con la razón, con el raciocinio y con el convencimiento, Señoría. Y en ese camino nos va usted a encontrar siempre, desde.. por supuesto, en otro, nunca. Y, por supuesto, ustedes lo que hacen, pura y simplemente, es la labor de descalificación de cualquier Procurador de nuestro Grupo Parlamentario que suba a esta Tribuna. Y eso, Señorías, se tienen ustedes que ir olvidando; tienen ustedes que irlo dejando, porque no les va a dar a ustedes -les repito- ningún resultado.

Pero en relación a la Proposición No de Ley, mal estructurada. Este Procurador le repite a usted que no consiente que se diga que nuestra Comunidad es una de las de mayor desempleo, de las de mayor tasa de pobreza; no se lo consiente por una razón: porque es mentira, pura y simplemente porque es mentira. Porque estamos por encima, en muchos de esos aspectos, de la media nacional, y muy por debajo -un punto concretamente- en el desempleo. Y porque se está creando empleo permanentemente. ¿Qué pasa, que ustedes no pueden asumirlo o les viene grande el asumir esta cuestión? Es problema de ustedes.

Pero, en definitiva, Señorías, esa Exposición de Motivos está mal hecha; es una Exposición de Motivos denigrante para esta Comunidad Autónoma, y, como tal, solamente por ella nos tendríamos que oponer. Cuanto más por la propuesta de resolución que ustedes piden y que ustedes formulan, que es inconstitucional, que ha sido declarada inconstitucional, cuando además se está tratando en la Conferencia correspondiente de llegar a acuerdos... incluso se ha hablado vinculantes de las Comunidades Autónomas con respecto al Ministerio.

Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia.

Y, en definitiva, Señoría, ésta es la postura de nuestro Grupo, y vamos a votar "no" por esas razones, dejándole a usted muy claro que es una propuesta... una Proposición No de Ley que no hay por dónde cogerla y, en definitiva, es desgarradora para esta Comunidad. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para fijación de posiciones, el Grupo Mixto renuncia. ¿El Grupo de Izquierda Unida? Señor Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. La posición de Izquierda Unida en esta materia, además de ser absolutamente sencilla, es concordante y congruente con lo que ha venido manteniendo de forma constante sobre la materia del IRPF y su distribución.

Primero, no nos extrañaría en absoluto las pretensiones del señor Pujol en reclamar el 0,52, en este caso, o cualquier otra cifra sobre ese impuesto. Si no lo ha hecho, lo hará.

En segundo lugar, lo lamentable del caso es que, si no lo consigue o no lo ha conseguido, lo conseguirá.

Y, desde luego, nosotros creemos que no está de más que se haga política de prevención ante las incursiones o las pretensiones inagotables de acotar todos estos instrumentos que tiene habitualmente el señor Pujol y algunos otros gobiernos autónomos.

(-p.4472-)

Pero, miren, esto no es ni más ni menos que el 0,52 del IRPF, una parte minúscula respecto del 15% de reparto que se pretendía del IRPF en el año mil novecientos noventa y tres, que, por supuesto, Izquierda Unida también se opuso. Y, por supuesto, también eso es, a su vez, la mitad del 30% del IRPF que posteriormente, en el noventa y seis-noventa y siete, se ha venido proponiendo.

Con lo cual, para nosotros queda claro que sobre esta materia, en concreto, ni el 0,52, ni el 15%, ni el 30%. Porque es prácticamente el único impuesto sobre el que puede actuar la Administración Central para hacer una redistribución de las cargas o, sobre todo, de los beneficios y ejercer, no la teoría política en cada caso conveniente al partido gobernante de turno, sino de llevar a la práctica la exigencia constitucional de mantener garantías de autosuficiencia para los Gobiernos Autónomos o las Comunidades Autónomas de garantía, de solidaridad y de reequilibrio en el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Y la verdad es que si es la única fórmula, nosotros entenderíamos que difícilmente puede jugar o jugarse con esta historia, a no ser que estemos invocando nuevamente una fórmula mediante la cual se sigan metiendo bocados al Estado. Como no es eso lo que pretendemos, como no es eso lo que queremos; como pretendemos un modelo armónico de igualdad y solidaridad; y como no está de más prevenir; nos parece que, si ésa es la intención y, aun conociendo efectivamente que no es un planteamiento constitucional, nosotros vamos a aconsejar el que se eviten proclamas de naturaleza como la que se nos sugiere en estos momentos, por no inducir todavía a mayores confusiones y a mayores intentos de ventaja por parte de Gobiernos, como en el caso del Gobierno del señor Pujol. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por el Grupo Proponente, señora Puente, tiene de nuevo la palabra.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Gracias, señor Presidente. Señor Aguilar, usted ha dicho, burlescamente, que yo utilizo voz de velatorio; pero es que yo tengo la plena conciencia de que estoy en una funeraria de muertos políticos a los que no les interesa para nada, para nada, los temas que se tratan aquí, los temas que se tratan aquí, cuando son temas que afectan a la pobreza, a la desigualdad y a la marginación de Castilla y León.

Porque negarlo, porque negarlo, señor... señor Procurador, es hasta vergonzoso para usted, porque es mal intencionado, porque no puedo concebir que sea por ignorancia, porque usted no es ignorante. Y usted lo sabe: usted no es un ignorante; pero, malicioso, mucho. Y entonces, el decir que Castilla y León no está... no está en la pobreza y en la marginación por encima de las restantes Comunidades Autónomas... yo le digo que está mintiendo y engañando. Porque aquí nos encontramos... y, si no, perdóneme usted, engañan y mienten todos los que emiten datos objetivos, y después de elaborar los informes correspondientes, como Cáritas, Cáritas Diocesana, Cáritas Diocesana, como es el Anuario de La Caixa... el Anuario de La Caixa -son organismos y entidades serias-, el BBV, el BBV, etcétera, etcétera.

¿Es que usted quiere negar la realidad porque no les va bien, porque llevan más de diez años manteniendo a Castilla y León en un retraso y en una paralización total? ¿Es que eso es lo que no le gusta a usted oír? ¿Es que usted tiene que negarme a mí que la tasa de... la tasa de ocupación no es inferior a la media nacional en mucho, y más cuando nos referimos a las mujeres? ¿Es que me quiere usted presumir que porque tengamos un índice de paro más o menos igual al nacional, pero teniendo en cuenta... pero no me dice usted, pero no me juega usted con el factor de la tasa de ocupación? Entonces, a mayor tasa de ocupación, señor, señor... a menor tasa de ocupación y mayor... igual índice de paro, el índice de paro castellano y leonés es mucho superior al índice nacional.

Le voy a decir otro dato, otro dato: el 20% de las familias de Castilla y León viven en el umbral de la pobreza; le guste o no le guste. Lo malo es para ellas que lo tienen que soportar. Y seiscientos cuarenta y siete mil castellanos y leoneses viven con un sueldo inferior al Salario Mínimo Interprofesional en esta Comunidad Autónoma. Y usted, ¡claro!, como vive bien, los demás le importan un bledo. Eso es lo que pasa aquí.

(Murmullos. Aplausos.)

PUENTE CANOSA: Y

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Y me pasa, y cree que todo se arregla... Primero, viene aquí avasallando con voces, con voces altisonantes; y después piensa que todo lo arregla porque pasa a voces de Fofito, a voces de Fofito y de Milikito, y piensa que ya con eso está todo arreglado. Pues no. Ni lo uno, ni lo otro; aquí el sosiego, aquí la razón, aquí la solidaridad. Y eso es lo que no tiene usted, eso es lo que no tiene usted.

Sigo diciendo -si me dejan, porque siempre hay el payaso de turno-, pues, sigo diciendo... sigo diciendo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, por favor...

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: ...sigo diciendo, señor Aguilar, que aquí se han dado... que aquí se han dado dos tipos de comportamiento: uno, antes de que subiera el Partido Popular de la Oposición al Gobierno -que antes aquí había siempre denuncias y chirridos de lo que pasaba-; y ahora hay sumisión, hay sometimiento. Eso es lo que hay. ¿Y en qué se demuestra? Pues se lo voy a decir, fíjese usted. Si miramos un poquito para atrás -pero muy reciente-, tenemos datos que así nos lo demuestran. Hoy se discutió la financiación sanitaria. Ahí está nuestra Comunidad Autónoma marginada, ahí está. Y diciendo amén; y diciendo la Junta de Castilla y León: amén, amén, así sea. Ahí está el recetazo, ahí está, ahí está el recetazo... (Sí, la mucha que tiene usted.) ...ahí está el recetazo, ahí está el recetazo, que va a suponer un 10% menos...

(-p.4473-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría...

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: ...en las pensiones (Termino.) ...en las pensiones más bajas. Y ustedes diciendo amén, ni una propuesta. El Consejero, el Presidente, muditos, muditos. Y ahí está un hecho más reciente todavía: siete mil, siete mil pensionistas castellanos y leoneses con menos de 46.000 pesetas de pensión, que les descuentan -por error de la Administración- 6.000 pesetas mensuales durante los próximos cinco años. Y aquí todos diciendo: amén, amén, bwana, bwana, bwana, bwana. Así han pasado, para terminar de redentores, alarmistas y exigentes y desafiantes, han pasado a ser discípulos sometidos, sumisos y subalternos del Gobierno Central, del Gobierno Central.

Y eso ha traído para Castilla y León la consecuencia de estar más desprotegida, más empobrecida, más abandonada. Ahí está la consecuencia, ahí está la consecuencia. Y ustedes, ¿saben lo que pasa en esta Comunidad Autónoma? Que está defendida por calzonazos políticos...

(Aplausos. Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Guarden silencio, Señorías. Ruego a Su Señoría retire la última expresión de su intervención. La última expresión, le ruego que la retire. Silencio, Señorías.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Por favor... Señor Presidente...

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señora García Rosado nadie le ha dado la palabra. Señora Puente.

PUENTE CANOSA

LA SEÑORA PUENTE CANOSA: Señor Presidente, con todo el respeto, yo le pido que consulte el Diccionario de la Real Lengua Española. Y, en él, la palabra calzonazo se refiere a persona endeble y poco fuerte.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente, como Portavoz del Grupo Parlamentario en estos momentos pido la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Por qué motivo?

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Para... para solicitar... ¿Puedo hacer uso de la palabra?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Pero, ¿por qué motivo se solicita la palabra?

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Señor Presidente, usted ha solicitado de la Procuradora el que retire el término "calzonazos políticos"... perdón, señor Presidente, si usted me lo permite, y acudo a su benevolencia. Creemos... creemos, creemos que es... creemos, creemos, para que quede constancia en el Diario de Sesiones, que, lógicamente, ese término...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Aguilar, señor Aguilar, un momento...

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: ...debiera de retirarse, con Diccionario de la Real Academia...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Aguilar... No tiene megafonía, yo no puedo matarle. Señor Aguilar, señor Aguilar, su intervención no ha sido recogida por megafonía porque se la he retirado, porque nadie le había concedido la palabra. Le he dicho que por qué motivo solicitaba el uso de la palabra. Pero ya es suficiente. Se acabó.

Vamos a entrar en votación y, a continuación, suspendo la sesión durante cinco minutos y llamo a los Portavoces a que suban a la Mesa.

Se somete a votación la Propuesta que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. Votos a favor: veintiuno. En contra: cuarenta y seis. Y abstenciones: cuatro. Queda, por lo tanto, rechazada.

Y suspendo la sesión durante cinco minutos, y ruego a los Portavoces que se acerquen a la Mesa.

(Se suspende la sesión a las diecisiete horas cincuenta y cinco minutos, reanudándose a las dieciocho horas cinco minutos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, se reanuda la sesión. El señor Secretario procederá a dar lectura al quinto punto del Orden del día que figuraba... Silencio, Señorías, que ya ha acabado el recreo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): "Proposición No de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a cobros indebidos a los consumidores de suministro de gas natural de la Región".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para presentar la Propuesta en nombre de su Grupo, señor Granado tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

(-p.4474-)

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Desde el año mil novecientos noventa y tres, diferentes asociaciones de consumidores y de vecinos de Castilla y León, fundamentalmente en la provincia de Burgos, han venido realizando reclamaciones sobre actuaciones de la Compañía Gas de Burgos, posteriormente integrada en Gas Castilla y León, sobre el cobro de una serie de conceptos cuando estos vecinos formalizaban el alta en sus derechos como usuarios del gas natural en sus usos domésticos.

Los conceptos que reclamaban los vecinos son, en todos los casos reclamados hasta la fecha, conceptos diferentes que la Compañía, de manera un tanto curiosa, ha ido utilizando alternativamente. Y todos tienen en común algo, sin duda, pintoresco, y es que no tienen ninguna base legal. Es decir, en estos momentos, ninguna de la prolija normativa existente sobre la regulación de instalaciones domésticas y de derechos de cobro que existe y que regula las condiciones de gas natural en España permite el cobro de estos conceptos o da base al cobro de estos conceptos.

Así, se han cobrado, en algunos casos, cantidades que oscilan entre las 8 y las 15.000 pesetas por gastos de instalación y verificación oficial de contadores. En otros casos, se cobraban cantidades de 12 a 13.000 pesetas por gastos administrativos derivados de la contratación y la revisión de las instalaciones interiores previas a la conexión del servicio. Y en otros casos se utilizaban conceptos parecidos a los anteriores, pero en algunos casos separados, como dos conceptos diferentes, o englobados en una única tarifa.

En realidad, estos derechos suponen la extensión al servicio de gas natural de un derecho que sí existe, recogido en la normativa, que son los derechos de acometida, pero para el caso de las instalaciones eléctricas. No existe nada parecido a los derechos de acometida en lo que es la reglamentación sobre el gas natural.

Los vecinos han planteado estas reclamaciones con el apoyo, en muchos casos, de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor. Las Oficinas Municipales de Información de Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Burgos han tramitado muchas reclamaciones. También, en otros casos, otras Oficinas Municipales, como la del Ayuntamiento de Palencia, o incluso la de Valladolid, han planteado alguna reclamación aislada en los casos concretos en los que se han planteado esos cobros.

En todos estos casos ha habido ya sentencias, en muchos casos firmes, de los diferentes tribunales de justicia de la Región: de las Audiencias Provinciales, de los Juzgados, etcétera. Y si bien es cierto que, en un primer momento, las primeras sentencias -fundamentalmente las de los años noventa y cuatro y noventa y cinco-, alternativamente daban la razón a los consumidores y daban la razón a la Compañía, en el sentido de que eran contratos libremente firmados entre las partes, y que, por lo tanto, sus obligaciones obligaban a las partes, y que no existía, por lo tanto, ninguna imposición de la Compañía al usuario, las últimas sentencias, de manera prácticamente unánime, y todas las sentencias de la Audiencia Provincial de Burgos, por ejemplo, que en este caso han casado sentencias contradictorias de Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, han acabado confirmando el principio de que la Compañía sí impone el cobro de unos derechos no legales a los usuarios; y sí lo impone porque, en caso contrario, ha denegado la inscripción de los usuarios como receptores del servicio de gas natural.

Las sentencias hacen hincapié en que, en primer lugar, no existe base para el cobro de estos conceptos. En segundo lugar, a que los conceptos vulneran principios generales del Código Civil, del Código de Comercio, de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios Nacional, e incluso que sería deseable -y tengo aquí alguna de las sentencias a las que estoy haciendo referencia-... que hubiera sido deseable una mayor vigilancia de las Administraciones Públicas para intentar evitar que hechos como los sucedidos sigan produciéndose.

En estos momentos, puedo decirles que sólo en la provincia por la que este Procurador que les habla ocupa la representación en la Cámara existen ya más de tres mil personas que han obtenido, de Gas Burgos antes, ahora Gas Castilla y León, la devolución de las cantidades indebidamente cobradas. Hasta tal punto que, en el último año, basta con que los usuarios planteen reclamaciones directas a la Compañía para que, en algunos casos, la Compañía abone las cantidades indebidamente pagadas, sin necesidad, siquiera, de ir a juicio, porque los tribunales, evidentemente, condenan en costas a la Compañía.

Este Grupo Parlamentario se había hecho eco de esta situación. Planteó una comparecencia del Consejero de Industria, ante la Comisión de Industria de estas Cortes, para discutir de éste y otros problemas relacionados con el gas natural, y cuál no sería nuestra sorpresa cuando vimos que el mismo día de la comparecencia en las Cortes la Compañía publicó una nota, una nota oficial -que fue recogida por diferentes medios de comunicación, entre ellos por el Diario de Burgos-, en la que se decía que renunciaba al cobro de estas cantidades.

Con posterioridad, hemos podido comprobar, con el asesoramiento de las asociaciones y de los vecinos, que la Compañía lo que está haciendo es un uso todavía más -digámoslo así- innoble de esta no facultad que tiene para el cobro de estas cantidades; porque lo que está haciendo es no cobrarlas a aquellos usuarios que le plantean que no las quieren pagar y las cobra a aquellos usuarios que no hacen ningún tipo de manifestación a la hora de firmar la póliza de abono, y la sigue cobrando.

(-p.4475-)

En este sentido -a nuestro juicio-, es fundamental que la Junta de Castilla y León remedie lo que ha sido una enorme falta de diligencia. Porque la Junta de Castilla y León sí es muy diligente para recordar sus obligaciones a los ciudadanos cuando Gas Castilla y León le pide por escrito que recuerde estas obligaciones a los ciudadanos. Cuando es Gas Castilla y León la que pleitea contra los usuarios, la Dirección General de Industria emite resoluciones, le da la razón a la empresa, y los funcionarios de la Junta se personan en los domicilios de los ciudadanos para exigir el cumplimiento de la legislación. Pero cuando son los ciudadanos los que pleitean, aunque sea por millares, contra la Junta de Castilla y León para defender sus derechos, lo que sucede es que la Junta de Castilla y León da la callada por respuesta.

Y, en este sentido, nuestra Proposición consta de tres partes: en primer lugar, que la Junta de Castilla y León realice las actuaciones oportunas para impedir que este cobro ilegal se siga produciendo; en segundo lugar, que la Junta de Castilla y León haga lo posible porque se devuelvan las cantidades indebidamente cobradas a todos los consumidores de la Región que no han planteado la reclamación en vía judicial, porque los que las han planteado han obtenido ya la satisfacción de sus demandas por la vía jurisdiccional; y que, en todo caso, se garanticen mejor en esta Comunidad Autónoma los derechos de los consumidores.

Señor Presidente, acabo con esto. Gracias por su benevolencia. Los derechos de los consumidores en una sociedad compleja y moderna, como es la nuestra, son derechos, evidentemente, que hay que tutelar, porque son derechos que se ejercen -como en este caso- en una manifiesta inequidad entre las partes. Hay una gran Compañía, que factura miles de millones de pesetas al año, que tiene buenos gabinetes de asesoramiento jurídico, que defiende sus derechos -y los que no lo son- con notables fuerzas y con notables argumentos. Y luego hay personas; personas que en algunos casos no tienen formación y en otros casos sí, en algunos casos no tienen tiempo y en otros casos sí, en algunos casos no tienen dinero para pleitear y en otros casos sí. Y, al final, si dejamos la defensa de los derechos de estas personas sin ningún apoyo por parte de la Administración, podrá defenderse aquel que pueda, pero habrá quien no pueda defenderse. Y quienes no puedan defenderse, precisamente, van a ser los más desvalidos y los más desprotegidos.

Y, en este sentido, es necesario que restablezcamos la equidad, que hagamos real el principio de igualdad de oportunidades, defendiendo a los que menos tienen en contra de los que tienen más, que es exactamente lo contrario que lo que ha hecho la Junta de Castilla y León hasta este momento. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Algún Grupo desea consumir turno en contra? Grupo Popular. Señor Rodríguez de la Fuente, tiene la palabra.

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. En primer lugar, podemos afirmar que el contencioso que hoy nos plantea Su Señoría afecta, en mayor o menor grado, no sólo a la empresa de Gas Natural Castilla y León, sino a todas las empresas que distribuyen gas canalizado en Castilla y León, y que son, al día de la fecha: Gas Natural de Castilla y León; Enagás; Distribuidora Regional de Gas; Cepsa y Repsol.

No estamos hablando, por tanto, de un supuesto problema de una empresa con sus usuarios, ya que afecta a todo un sector, aunque la empresa Gas Natural de Castilla y León sea la que mayor implantación posee en nuestra Región y, como consecuencia, haya registrado más reclamaciones.

Por otra parte, ante la Consejería de Industria, Comercio y Turismo se ha presentado exclusivamente una única reclamación por las materias que son motivo de esta Proposición No de Ley, lo que da una idea exacta de la problemática planteada ante la Administración Regional.

El Reglamento vigente del Servicio Público de Gases Combustibles entró en vigor en el año mil novecientos setenta y tres; y, pese a los esfuerzos de amplios sectores, no ha sido posible aprobar un nuevo reglamento tanto... en tanto tiempo esperado. Así, los conceptos que deberían tener un tratamiento reglamentado relacionado con la facturación de gas y servicios complementarios sería: fianza, gastos derivados de inspección previa conexión de servicios, costes administrativos derivados de la formalización del contrato, costes derivados de la reanudación del suministro después de un corte del mismo, acometidas, inspecciones periódicas de instalaciones y contenedores... contadores -perdón- y verificación y montaje de contadores. Por ello, el problema es más amplio que el que plantea usted en su Proposición No de Ley, y alguno de los conceptos expuestos -como el de las acometidas- tiene una transcendencia económica muy superior a todos los restantes, y podía ser motivo de un contencioso de mayor interés particular y general.

Lo que sí puedo afirmar es que tanto el Ministerio de Industria y Energía como la Junta de Castilla y León son conscientes plenamente de la problemática existente, ya que el ámbito de dicha problemática se detecta en otras Comunidades Autónomas que están tratando, al igual que la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de coordinar actuaciones. La Dirección General de Energía del citado Ministerio, ya que la competencia básica para desarrollar la normativa que regula todas estas lagunas legales, corresponde a la Administración Central.

Prueba de actuaciones concretas en la problemática planteada es la elaboración de un proyecto de Real Decreto por el que se regulan las contraprestaciones económicas a percibir por las empresas distribuidores de gases combustibles por canalización, por determinados servicios relacionados con el suministro de gas. En este Real Decreto se regulan los derechos de alta derivados de la contratación de servicios de gas por canalización, tanto para el usuario doméstico como industriales.

(-p.4476-)

La Ley 10 de mil novecientos ochenta y siete, de quince junio, de Gas, donde se expone que el Ministerio de Industria y Energía es competente para fijar las tarifas y precios de los combustibles gaseosos, dice así: "Las tarifas expuestas incluyen exclusivamente los costes necesarios para la distribución y el suministro de los combustibles gaseosos por canalización para uso doméstico y comerciales. Los costes correspondientes al resto de los servicios que las empresas concesionarias prestan a sus usuarios no están incluidas en las tarifas... en las presentes tarifas". Este texto legal tarifica de forma rotunda el alcance concreto de la tarifa y, por lo tanto, reconoce que las empresas concesionarias pueden liquidar otros conceptos cuyo coste no esté reconocido en las tarifas.

Dentro del marco constitucional establecido en el Artículo 51.1 y 2 de la Constitución española, la Ley 26 de mil novecientos ochenta y cuatro, de diecinueve de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establece los mecanismos necesarios para la defensa y protección de los derechos de los consumidores y usuarios. Entre ellos, como sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios, destaca el sistema arbitral del consumo, que en el desarrollo de la citada Ley ha ido progresivamente instalándose a través de una creación de diferentes juntas arbitrales de consumo.

Desde la creación de la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, de carácter regional, en el año mil novecientos noventa y cinco, ninguna reclamación, ni interpuesta por consumidores individualmente considerados, ni a través de asociación u organización de consumidores legalmente constituida, se ha presentado contra la empresa Gas Castilla y León sobre posibles cobros indebidos, por lo que ha resultado imposible abordar la citada problemática por dicho medio.

Es importante destacar, al mismo tiempo, la propia naturaleza del sistema arbitral en general, y del consumo en particular, caracterizado, entre otras cuestiones, por su voluntariedad, que alcanza tanto al consumidor afectado como a las empresas objeto de sanción.

En el texto de su Proposición No de Ley se manifiesta que la Junta de Castilla y León ha dedicado su atención a resolver a las empresas distribuidoras sus problemas con grupos de consumidores. Nada más lejos de la realidad. Ha quedado bien claro cuál es el marco competencial de la Junta de Castilla y León. Como se ha expuesto, no es un problema de una empresa distribuidora, sino que afecta a todo el sector de Castilla y León y de España.

Desde la Consejería de Industria, Comercio y Turismo se ha informado del proyecto de regulación preparado por el Ministerio de Industria y Energía. Como ha quedado dicho, ante la Administración Autonómica sólo se ha presentado una reclamación por esta materia.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León, en contra de lo que también se expone en el texto de su Proposición No de Ley, viene defendiendo a los consumidores con normas concretas -liquidación de acometidas-, respaldando con su asesoramiento a los que reclaman ante la Administración, y respetando a todos aquellos que han buscado en la jurisdicción civil ordinaria la vía para solucionar sus reclamaciones.

En el primer punto se solicita que, a través de resoluciones administrativas o de acuerdo con la empresas afectadas, se evite el cobro de cantidades sin base legal.

Con lo expuesto anteriormente, existe base legal para poder cobrar determinados servicios no incluidos en la tarifa. Otra cuestión es que el desarrollo reglamentario no sea total y existan algunas lagunas a la hora de liquidar determinados conceptos.

En estos momentos se está tramitando en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, que engloba, como una de sus partes, lo relativo a gases combustibles. Por ello, no procede desarrollar la Ley de Gas de mil novecientos ochenta y ocho, que debió hacerse hace años, y parece razonable esperar la aprobación de la nueva Ley para ..... la misma y dejar claros los temas que aquí nos ocupan.

En consecuencia, no podemos admitir su Propuesta en el primer punto.

En el segundo apartado: "Se insta a la Junta de Castilla y León consiga las devoluciones de las cantidades indebidamente cobradas a todos los consumidores que no hayan formalizado reclamación judicial". El ejercicio de funciones de control, verificación y, eventualmente, sanción ante presuntos comportamientos irregulares por parte del órgano administrativo competente es independiente del derecho del usuario a obtener el resarcimiento de las cantidades presuntamente cobradas de forma indebida, que sólo es posible por vía judicial mediante el ejercicio de acciones judiciales contra la empresa suministradora o a través de arbitraje.

Y en el apartado tercero de la Propuesta de Resolución pide que haya ayuda para las asociaciones de consumidores. El mejor servicio que puede prestar -y que va a realizar- la Junta de Castilla y León es promover que la Administración competente dicte las normas reglamentarias para regular estas materias y completarlas, en el ámbito de sus competencias, con las disposiciones pertinentes, siempre en aras de beneficiar a los ciudadanos de Castilla y León que sean usuarios de gas canalizado.

Además, las asociaciones de consumidores, en aplicación del Artículo 20 de la Ley 26 del ochenta y cuatro...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señoría, le ruego vaya concluyendo.

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

(-p.4477-)

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: (Un minuto, por favor, Presidente.) ...del diecinueve de julio, General para la Defensa del Consumidor y Usuario, pueden ejercer la correspondientes acciones en defensa de los intereses generales de los consumidores y usuarios, y disfrutará del beneficio de la justicia gratuita en los casos a que se refiere el Artículo 2.2, en el que se establece que los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente cuando guarden relación directa con productos o servicios de uso y consumo común, ordinario y generalizado.

Por tanto, resulta innecesario instar a mayores actuaciones en el terreno de asesoramiento técnico y apoyo económico a las asociaciones de consumidores, toda vez que ambas gestiones son realizadas de forma continua por la Administración Regional, la Junta de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para la réplica, señor Granado, tiene la palabra.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Señor Presidente. Señoras y Señores Procuradores. Debería usted... le doy un consejo como veterano en esta casa: cuando el Consejero de turno se marche de un debate, no haga usted mucho hincapié en las cosas que tenga que decir y que le han preparado los Servicios de la Consejería.

Porque mire, usted ha venido aquí con una documentación, que habrá sido confeccionada por los Servicios de la Junta, con mucha más probabilidad por los servicios de la empresa, que son los que mandan a la Junta los papeles que luego la Junta reproduce en sus... con el sello oficial de Castilla y León -y tengo pruebas de lo que estoy diciendo, ¿eh?-, porque hay resoluciones de la Dirección General de Industria que copian escritos de Gas Castilla y León y de otras compañías -tiene usted razón-.

Y su argumentación se compone de tres partes, ¿no? -digámoslo así-.

Una primera cuestión. Las normas en vigor autorizan a una empresa a que cobre derechos diferentes, conceptos diferentes que la tarifa por instalación. El problema no es éste, el problema no es éste; el problema no es que esta empresa esté cobrando derechos por instalación; o sea, cobra lo que vale el contador, etcétera, etcétera. Claro, eso la normativa lo autoriza. Y mire, si quiere le leo a usted la normativa que lo autoriza. Lo tengo aquí y hasta... como usted podrá comprender, pues como yo tengo así, alguna... algún vicio de estudiarme las cosas que tengo que defender en esta Tribuna, hasta le podría a usted explicar en qué aspectos y... en qué aspectos lo autoriza y en qué aspectos no.

Lo fundamental es que esta compañía está cobrando -como dicen reiteradamente las Sentencias de los Tribunales de Justicia-, en primer lugar, está utilizando conceptos inexistentes, conceptos inexistentes. No es que Gas Castilla y León, o Repsol, o quien sea no pueda cobrar otra cosa que no sean tarifas -lo cual sería absurdo-, es que simplemente está cobrando por algo que no existe. En segundo lugar, que lo hace con confusión. Y en tercer lugar, que lo hace sin que lo conozca la Administración. Y eso lo dicen reiteradamente las Sentencias.

Le voy a leer a usted algún párrafo de alguna de estas Sentencias: "La cláusula en cuestión vulnera el deber de separar los conceptos reclamados". Porque existe la obligación de que cuando se cobra un dinero a alguien, se le explique para qué se le cobra. Y las pólizas de abono de Gas Castilla y León no explican por qué cobran esos conceptos: "derechos administrativos tal". ¿Qué derechos administrativos? ¿Qué derechos administrativos? ¿Por las pólizas, y por el papel, o por no sé qué? ¿Los derechos de tramitación que tiene el usuario cuando realiza el usuario... da de alta la instalación? No se explica. Y la compañía cobra por esto.

Además de cobrar por esto con confusión, la compañía cobra por conceptos que no se ajustan al vigente Código Civil. Y dice, por ejemplo, que en estos momentos está duplicando lo que son gastos de explotación del negocio, que ya están incluidos en la prestación del servicio y, por lo tanto, a la tarifa, y cobra por ellos una cantidad. Y las Sentencias dicen que esto no se puede hacer.

Y las Sentencias dicen que la Compañía está cobrando a los usuarios hasta por revisar las propias instalaciones de la Compañía. Porque la reglamentación vigente en materia de gas obliga a los usuarios a revisar las instalaciones, y somos los usuarios los que tenemos que pagar una vez al año a un señor, que se llama el instalador, a que vaya a hacer una revisión. Y por eso... como no les puede cobrar por eso, lo que hace es cobrarles por la revisión de las instalaciones que no son de los usuarios, por la revisión de las instalaciones exteriores que, según la normativa, son propiedad de la Compañía.

Y en función de todas estas circunstancias -y de muchas más-, porque las Sentencias lo explican todo bastante claramente, explican qué artículo de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios se ha vulnerado, que es el artículo que obliga a las Administraciones Públicas a vigilar que no se cobren cláusulas abusivas, etcétera, etcétera, pues hay tres mil personas que ya han obtenido la devolución de esas cantidades.

(-p.4478-)

Claro, entonces usted viene con la segunda parte de la argumentación. Me dice: "no obstante, que vayan a juicio, porque no existen reclamaciones ante la Junta de Castilla y León". ¿Su Señoría se ha leído los convenios que firma la Junta de Castilla y León con los Ayuntamientos de la Región, o con las Diputaciones de la Región, para financiar las Oficinas de Información al Consumidor? ¿Conoce Su Señoría qué obligaciones asume la Junta de Castilla y León respecto de las Oficinas de Información al Consumidor? ¿Sabe Su Señoría que la Junta de Castilla y León se compromete a dar trámite a las reclamaciones que se realizan en las Oficinas de Información al Consumidor? Le voy a dar los datos del año pasado y de Burgos, porque son los que más fácilmente me ha... he podido obtener.

En el año mil novecientos noventa y siete, en la Oficina Municipal de Información al Consumidor, subvencionada por la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Burgos se tramitaron mil cuarenta y ocho denuncias sobre cobros indebidos en materia de gas. La propia Oficina, con el respaldo del Ayuntamiento de Burgos, pero también de la Junta, ha realizado ciento treinta y seis reclamaciones a la empresa.

¿A usted no le parece de verdad extraño que después de que servicios subvencionados por la Comunidad Autónoma, con los que la Comunidad Autónoma se compromete a desarrollar funciones de colaboración, a usted no le parece de verdad extraño una Dirección General que tiene en su nombre la palabra Consumo no tome cartas en el asunto? ¿Pero cuántas... cuántos centenares de reclamaciones son los que van a tener que presentar los ciudadanos de esta Región para que la Junta de Castilla y León defienda sus intereses?

Y usted me dice: "no, es que no lo han llevado las juntas arbitrales". ¿Sabe usted si las compañías aceptan la mediación de la juntas arbitrales? ¿Lo sabe usted? Porque no lo sabe nadie. Porque lo que hacen cuando las juntas arbitrales es... solicitan a las compañías -porque, como usted bien ha indicado en su exposición, esa jurisdicción es una jurisdicción voluntaria-, si aceptan la mediación o no, es no contestar. Lo que hacen las compañías, cuando las juntas arbitrales les preguntan si aceptan la mediación, no es decir ni sí, ni no; no contestan. Si interpretamos que el silencio administrativo -también en el caso de compañías privadas- es positivo, es que aceptan la mediación. Pero yo más bien me temo que lo que quieren decir es que no aceptan ninguna mediación. No la aceptan aquí, como no la aceptan en otras partes.

¿Y por qué la Junta de Castilla y León, a pesar de que hay centenares de reclamaciones de Oficinas Municipales subvencionadas por la Junta indicando que se proceda contra esta Compañía, a pesar de que esta Compañía no acepta la mediación arbitral, no toma cartas en el asunto, cuando sí toma cartas en el asunto en otros problemas? Yo tengo delante de mí una resolución de la Junta de Castilla y León en la que, pura y simplemente, ante una... ante un recurso interpuesto por Gas Castilla y León contra una resolución de la Junta que daba la razón a un usuario, la Dirección General resuelve y le quita la razón al usuario y le da la razón a la empresa. O sea, la Junta de Castilla y León no se crea usted que no adopta resoluciones cuando los ciudadanos le piden que lo haga y tal. Bueno, cuando los ciudadanos piden que lo haga, no adopta las resoluciones; cuando lo pide la empresa, sí las adopta.

Pues mire usted, porque la Junta de Castilla y León, desde que la gobiernan ustedes, está al servicio de los intereses de la gran empresa y, en particular, de algunas grandes empresas. Y porque los Servicios de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León en este tema, en este tema -yo no voy a hablar aquí de otras cosas, porque prefiero hablar de la Proposición de hoy-, en este tema, le da la razón sistemáticamente a la empresa. Y porque le han hecho a usted hacer aquí el papelón de enmendarle la plana a todos los jueces de Castilla y León que están dictando, unánimemente, desde hace dos años resoluciones en contra de la empresa. Porque no me podrá usted encontrar en los dos últimos años ni una sola Sentencia que le dé la razón -ni a esta empresa, ni a ninguna otra de gas- en el cobro de estas cantidades.

Y usted viene aquí y me dice que tienen derecho a cobrarlas y que, si no tienen derecho, que vayan a juicio, y que vayan a la vía arbitral, sabiendo de antemano que la vía arbitral no va a funcionar porque la empresa no va a darse a razones; y que, aunque sean centenares o miles los ciudadanos de Castilla y León que estén siendo fruto u objeto de un cobro indebido, la Junta de Castilla y León no puede hacer nada. Lo han hecho otras Comunidades Autónomas y nadie ha planteado conflicto de competencias aclarando la cuestión; como la Dirección General de Industria aclara las cuestiones que le interesan a la empresa. Lo que pasa es que a ustedes no les interesa aclarar aquello que va en contra de los intereses de los accionistas de esa empresa.

(-p.4479-)

Y ustedes con esta Proposición se están retratando, se están retratando. Y lo siento por los ciudadanos que se van a ver perjudicados, pero me alegro por los ciudadanos de Castilla y León. Porque ustedes ponen a la Administración Regional al servicio de los intereses de los accionistas de esta empresa en contra de los jueces, del sentido común, de las normas, de los intereses públicos. Y, además, porque cuando salga el reglamento -si sale- que definitivamente aclarará estas cuestiones -que no las aclarará, que no las aclarará, porque sus intereses en Madrid son los mismos que los de Valladolid-, ustedes buscarán otra excusa, ustedes buscarán otra excusa. Porque usted para discutir aquí una Proposición No de Ley de un Procurador no tiene que venir aquí a hablarme de si las Oficinas Municipales de Información al Consumidor han tramitado o no han tramitado una denuncia. Ahora la tramito yo, ahora la tramito yo, que tengo derecho. Soy un representante de los ciudadanos de esta Región. Y yo le pido a la Junta que haga algo. Y usted me contesta que la Junta no puede hacer que se cumpla la ley; o que no quiere hacerlo; o que aunque los Tribunales digan que no se deben cobrar unas cantidades, a usted le parece que la empresa sí las puede cobrar; o que aunque los ciudadanos recurran en las oficinas municipales que subvenciona Junta, eso para la Junta no tiene ningún valor e incumplen los convenios de colaboración que prevé la creación de esas oficinas, porque tienen que actuar las juntas arbitrales sabiendo que no se va a someter la empresa a arbitraje.

¡Pues qué quiere usted que le diga! Me parece que están ustedes equivocados, y me parece que es lo peor. Me parece, señor Procurador, que a usted le han hecho jugar un triste papel: el triste papel de defender algo en lo que el máximo responsable de la Consejería -y mucha otra gente- sabe que ustedes no tienen razón. Porque le van a explicar ustedes a los ciudadanos de Castilla y León que no van a ver satisfecho su derecho a la devolución de estas cantidades, ¿por qué razón el que lo ha llevado a juicio va a cobrar y el que no lo ha llevado a juicio no va a cobrar? ¿Por qué razón la Junta de Castilla y León no ha defendido sus intereses? ¿Por qué razón en esta Comunidad Autónoma, al contrario que lo que pasa en otras, es necesario llevar a juicio algo simplemente para que te devuelvan un dinero que nunca debieron cobrarte? ¿Cómo se lo van a explicar ustedes? ¿Cómo se lo van a explicar? ¿Tráigame usted una Sentencia que le dé a usted la razón? Yo puedo citarle algunas. ¿Tráigame usted alguna? ¿Dígame en qué artículo de la normativa -para explicárselo yo a los Jueces que han dictado estas Sentencias- la empresa puede cobrar? ¿Dígame usted por qué las Oficinas Municipales de Información al Consumidor no tienen que ver cumplidos sus convenios de colaboración, los convenios de creación, que regulan que la Junta les tutelará y que hará caso de sus reclamaciones? ¿Explíqueme usted todo esto? ¡Si no tiene explicación, señor Procurador!

Ustedes van a votar que no a esta Proposición porque a Gas Castilla y León, a Repsol y a no sé quién no les interesa. ¡Pues ya está! Ésa es su función en este Parlamento, y la nuestra es la defender los intereses de los ciudadanos. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para usted turno de dúplica, señor Rodríguez de la Fuente.

RODRÍGUEZ DE LA FUENTE

EL SEÑOR RODRÍGUEZ DE LA FUENTE: Gracias, Presidente. Señor Granado, a mí el informe no me lo ha hecho ninguna empresa, ¿eh?, eso que le conste; el informe me lo ha dado la Consejería y yo lo he hecho, o sea... ¿eh? Ninguna empresa yo creo que ha intervenido en esto.

Y la Junta de Castilla y León lo único que hace es defender el interés de todos los ciudadanos de esta Comunidad; le conste o no le conste, o le guste o no le guste. Lo que hace la Junta es defender los intereses de todos los ciudadanos de esta Comunidad. Y que lo que se ha cobrado indebidamente, si tienen derecho a su devolución, los apoye la Junta o no los apoye, tendrán derecho a su devolución. La Junta siempre estará al lado de todo aquel ciudadano que pida su amparo; y de eso no le quepa la menor duda. No diga usted que estamos aquí para favorecer a las empresas; estamos para favorecer a todos los ciudadanos de esta Comunidad, a todos; y ésa es la labor que tiene que hacer la Junta.

Y yo no tengo nada más que decirle que nosotros estamos... vamos a votar que no por las tres razones que le he dado al principio de mi exposición. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para fijación de posiciones, los Grupos Parlamentarios no intervinientes. Grupo Mixto renuncia. Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Conde.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Yo realmente estoy asustado de las argumentaciones que ha dado el Partido Popular. Yo pensé que... sinceramente, yo pensé que, sin que el Grupo Popular, a lo mejor, pudiera haber asumido la totalidad de la propuesta de resolución que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, al menos sí haber planteado alguna información concreta respecto a esta situación, ¿no? Y, efectivamente, esto ya se debatió en la Comisión de Industria, precisamente a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Y yo creo que al menos los ciudadanos, los ciudadanos afectados, estarían un poco expectantes de lo que podría salir en la resolución de hoy en un debate en las Cortes, para saber a ciencia cierta a qué atenerse. Porque, efectivamente, se han presentado denuncias por parte de los consumidores, a título individual, y, concretamente, de organizaciones de consumidores y usuarios, de manera colectiva, Porque la Compañía de Gas ha venido cobrando a los usuarios unos derechos aparentemente legales, pero que no aparecen en ninguna norma legal. y no me estoy refiriendo a lo que el Portavoz del Partido Popular ha dicho antes, pero... revisión de instalaciones que son competencia de la empresa, altas de abono, derechos de comprobación, verificación oficial de contadores, pues son competencias exclusivas de la empresa que no tienen por qué pagar los usuarios; o, al menos, salvo que se demuestre lo contrario, y que con la ley en la mano se diga o se demuestre que, efectivamente, esas facturas o esos gastos los tienen que pagar los usuarios, no la empresa.

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Pero en este caso concreto, la prueba de la regla del nueve es que todos aquellos usuarios que han presentado las denuncias correspondientes ante los juzgados han ganado las sentencias. Y no es un caso, ni dos, ni tres, ni cuatro; decía el señor Granado que eran en torno a tres mil o tres mil doscientos, creí entenderle. Ayer, si no me recuerda mal la memoria, un periódico de Burgos traía... o daba la noticia que eran alrededor de ocho mil usuarios que habían ganado una Sentencia, en la cual se decía claramente que la empresa no tenía razón, ninguna razón, en cobrar esos derechos, porque eran obligaciones de la propia empresa. Y esto es importante porque, si es cierto que las cantidades abonadas oscilan entre 11.500 ó 13.000, ó 12.500, son muchos cientos de millones de pesetas que una empresa, encima en régimen de monopolio, se está engrosando sus propios recursos. Yo creo que es una absoluta vergüenza y una indefensión total la que tienen los ciudadanos de esta Comunidad, si la propia Junta de Castilla y León no se pone a su lado a defender sus intereses; al margen de las legalidades. Porque, vuelvo a repetir, habrá una norma a nivel nacional, pero, en todo caso, ¿por qué los juzgados están dando la razón a los ciudadanos que han presentado las denuncias y las demandas?

Yo creo que lo que plantea esta propuesta de resolución es que, como es verdad que esos derechos que en estos momentos está cobrando esa empresa son ilegales, porque así lo dicen las sentencias, lo lógico es que la Junta de Castilla y León, que -como bien se ha dicho por parte del Portavoz del Grupo Socialista-, hay una Dirección General de Consumo y de Comercio, lo lógico es que se ponga a la cabeza de este problema y trate de subsanarlo; por lo menos en la perspectiva de ponerse al lado de los derechos de los ciudadanos de esta Comunidad, que para eso está la Junta. Porque yo no entiendo por qué la Junta no actúa en este tema, al margen de las competencias que pueda tener en este caso el Ministerio de Industria.

Yo creo que aquí hay una serie de ciudadanos que, a título individual, se están viendo perjudicados por una gran empresa en régimen de monopolio, que les ha cobrado unas cantidades que son indebidas, que se las tienen que devolver; y, por tanto, ahí se está cumpliendo una ilegalidad; y la Junta tiene que cortar esa situación.

Por tanto, yo no entiendo absolutamente nada el por qué el Partido Popular rechaza esta propuesta de resolución, porque -vuelvo a repetir- se están cometiendo ilegalidades; y la prueba real y concreta es que las sentencias así lo dicen; lo están diciendo los propios Magistrados. Con lo cual, es una asignatura pendiente que tiene la Junta, salvo que sea cierto que, efectivamente, la Junta no se quiera enfrentar a esta empresa; a ésta o a las otras, a las otras compañías de gas que existen en estos momentos en la Comunidad. Porque -vuelvo a repetir- aquí estamos hablando de muchos cientos de millones de pesetas; no estamos hablando de dos o tres casos. Si es cierto que son ocho mil ciudadanos los que han ganado en sentencia las reclamaciones indebidas que les cobró en su día esta Compañía de gas, imaginémonos cuántos ciudadanos están pagando indebidamente estos cobros en otras compañías de gas de la Comunidad; no solamente en Burgos, sino en el conjunto de la Comunidad. Yo creo que es un grave problema que la Junta tiene que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelve? Pues poniéndose al lado de los ciudadanos... al lado de los afectados. Es, más o menos, lo que pide la propuesta de resolución.

Por esa razón, nosotros vamos a votar a favor. Y, vuelvo a repetir, no entiendo en absoluto la posición que mantiene, en este caso, el Partido Popular rechazando esta iniciativa. Yo creo que los ciudadanos... prácticamente, los ciudadanos que están afectados por este problema, estarían esperando la reacción de la Junta frente a esa situación; porque la Junta, en estos momentos, si la respuesta que ha dado el Grupo Popular es ésa, es decir, "sigan ustedes denunciando, sigan ustedes yendo a los juzgados y reclamen las cantidades que indebidamente les ha podido cobrar esa empresa", yo creo que es una actitud absolutamente impresentable, absolutamente impresentable. Porque, al final, la actitud de la Junta, a la hora de respetar los derechos de los usuarios, de los consumidores, de los ciudadanos en general, ¿dónde está? En ningún sitio. Yo creo que es absolutamente impresentable la actitud del Grupo Parlamentario Popular al rechazar una iniciativa de estas características. Porque si bien es cierto que a lo mejor ustedes no quisieran aceptar en su totalidad las tres propuestas de resolución, podían haber presentado alguna enmienda, o al menos haber demostrado alguna voluntad de solucionar el problema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por último, y para cerrar el debate, tiene la palabra el proponente, señor Granado.

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Por cerrar el debate, agradeciendo, en primer lugar, la intervención del Procurador señor Conde, en nombre del Grupo de Izquierda Unida, para apoyar la propuesta.

¡Hombre!, a mí... yo, después de este debate, no me quedan demasiadas dudas -nunca las he tenido- sobre cuáles... cuáles son los intereses sociales que representa cada Grupo Parlamentario en esta Cámara; pero sí que me queda alguna duda razonable sobre cuál es el papel que atribuyen los señores y señoras Procuradoras del Grupo Popular a la Dirección General de Comercio y Consumo de esta Comunidad Autónoma.

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Porque, vamos a ver, si un problema que afecta a miles de familias de esta Región, que está tan claro que en los últimos años ha obtenido pronunciamientos unánimes de los tribunales de justicia cuando se han producido, que supone, pura y simplemente, una situación de absoluta inequidad en el que un usuario, para darse de alta en un servicio, tiene que pagar el cobro de unas cantidades que no tienen fundamento legal ninguno, no merece que la Dirección General de Comercio y Consumo de esta Comunidad Autónoma haga honor a la segunda parte de su nombre; entonces yo le hago una propuesta al Presidente de la Junta -aprovechando que pasa por aquí para votar-, y es la de que suprima la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Autónoma. Si cada consumidor de esta Comunidad Autónoma, para defender sus derechos más elementales, va a tener que ir a juicio, ¿para qué está la Dirección General de Consumo?, ¿para llenarnos la Comunidad de vallas de Norma Duval? ¡Pues que se vaya con Norma Duval el Director General de Consumo y nos deje a los demás en paz!

EL SEÑOR .....: ¡Ya quisiera!

GRANADO MARTÍNEZ

EL SEÑOR GRANADO MARTÍNEZ: ¡Ya quisiera!, eso. Que se vaya, porque, realmente, una Dirección General que tiene un presupuesto de miles de millones de pesetas, que no defiende a los consumidores llamándose "de Consumo"...

Pero, además, es que se puede argumentar todo, ¿no?, y decir: bueno, decimos que vamos a votar que no por las tres razones expuestas antes, que sería -resumiendo muy brevemente-: que no, que no y que no. Bueno, ésas son las tres razones. ¿Pero a ustedes no se les ha ocurrido pensar el que, hombre, esta gente también les vota a ustedes, de verdad? Es que yo ya entiendo que ustedes, pues, tienen algún tipo de relaciones con los accionistas de las grandes empresas de este país. ¿Pero ustedes, de verdad, se creen que todas estas personas son votantes del Partido Socialista? ¡Qué más quisiéramos nosotros! ¿Pero ustedes qué van a hacer para defenderles, aparte de llevarme a mí la contraria en las Cortes con los argumentos que usted ha expuesto, y que yo le he agradecido que sean breves, porque no puedo agradecerle otra cosa? ¿Me puede usted decir que la Junta de Castilla y León va a hacer algo por solucionar este problema? ¿Cuántas sentencias van a hacer falta? ¿Pero no se dan ustedes cuenta que no tienen ninguna razón, aunque ganen las votaciones, que no tienen ninguna razón; que van a vencer en la votación, pero no van a convencer a nadie? Pues tómense ustedes esto con alguna molestia, y convénzanle al Consejero, al Presidente de la Junta y a quien sea de que haga algo, que ya está bien.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se somete a votación la Proposición No de Ley que acaba de ser debatida. ¿Votos a favor? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y siete. Votos a favor: veintidós. En contra: cuarenta y dos. Y abstenciones: una. Queda, por lo tanto, rechazada.

Y pasamos al siguiente punto del Orden del Día, que el señor Secretario dará lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "Proposición No de Ley, presentada por el Procurador don Luis García Sanz, relativa a solicitud al Gobierno de la Nación de adopción de modificaciones legales para garantizar cobertura económica a los desempleados de Castilla y León, equiparando el subsidio de desempleo al Salario Mínimo Interprofesional".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor García Sanz, tiene la palabra para presentar la Proposición.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Le agradezco la deferencia y pido disculpas por el retraso.

La propuesta que presentamos Izquierda Unida, una vez más -porque, como Sus Señorías conocerán, ya fue... ya ha sido planteada en alguna otra ocasión-, nos referimos a lo que -desde nuestro punto de vista- es la galopante desprotección de los desempleados con carácter general, y en lo concreto en nuestra Comunidad Autónoma.

Sin ir más lejos, los datos -por empezar por lo más concreto y por situarnos en las dimensiones del problema-... nos encontramos en que actualmente, con la situación de desempleo que tenemos en nuestra Comunidad, incluso con una situación -desde nuestro punto de vista- sensiblemente peor que la que tenemos a nivel nacional; con una tasa de actividad tres puntos y medio por debajo de la media nacional y una tasa de paro -a pesar de esa tasa de actividad-, que en estos mismos momentos -que ha salido la Encuesta de Población Activa de los dos primeros meses- estamos en una tasa de paro de cinco décimas por debajo; pero teniendo en cuenta que esa tasa de actividad de tres puntos y medio nos situaría en una tasa de paro real de cuatro puntos por encima de la media nacional. Eso es la realidad de la situación de paro que tenemos en nuestra Comunidad; quien afirme lo contrario está faltando a la verdad, o desconoce los datos de la realidad de desempleo en nuestra Comunidad.

Otro dato que enquista y dificulta la situación de desempleo en nuestra Comunidad es la mayor tasa de paro de larga duración, tanto de aquellos que llevan más de un año en paro -que es lo que estima la Unión Europea- como los que llevan más de dos años, que supera en cuatro puntos la media nacional.

Igualmente, otro elemento que agudiza la situación de desprotección económica en los desempleados es la ínfima duración de la inmensa mayoría de los contratos que se realizan en nuestra Comunidad. Nada más y nada menos que durante el año noventa y siete se realizaron en Castilla y León, aproximadamente, cuatrocientos cuarenta mil contratos de trabajo, que -como ustedes pueden deducir- no son puestos de trabajo, sino, la inmensa mayoría, contratos que a veces se realizan con la misma persona, y que se va rotando, y, lógicamente, con una ínfima duración que no da... no devenga... no da derecho a prestación de desempleo.

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Todo ello, y -¿cómo no?-, pues, con la normativa que tenemos en este momento de protección de desempleo, nos lleva a la situación que en este momento tenemos: una tasa de cobertura de, aproximadamente, el 40% de los desempleados, sobre el paro registrado en nuestra Comunidad Autónoma. Que teniendo en cuenta esta situación de agravamiento en la situación de desempleo en nuestra Comunidad, supone una tasa de cobertura de, aproximadamente, nueve o diez puntos por debajo de la media nacional y que, lógicamente, esto supone de que hay un nivel de desprotección de nuestros desempleados sensiblemente superior, la desprotección, a la que se produce a nivel nacional.

La reivindicación que hacemos aquí desde Izquierda Unida, además de lógicamente tener esa sensibilidad social, a cualquiera que se lea la Constitución, puede ver en el Artículo 41, en donde es un mandato directo a los poderes públicos, en donde se obliga a que se garantice la asistencia y prestaciones suficientes y, sobre todo, en situaciones de desempleo, "especialmente en caso de desempleo" se dice literalmente. Es evidente que esta situación que aquí se está planteando, y que son los datos objetivos tanto del Instituto Nacional de Empleo como del Instituto Nacional de Estadística, nos lleva a la conclusión que, actualmente, desde los poderes públicos no se está respetando la Constitución, porque es evidente que en nuestra Comunidad Autónoma hay ciento treinta y siete mil desempleados que no perciben ningún tipo de prestación económica.

Además, hay que tener en cuenta que, como Sus Señorías -supongo- conocen, la prestación de desempleo se divide en dos categorías, por así decirlo, por un lado, la prestación contributiva -que es un porcentaje en función de lo que se haya cotizado en los periodos de ocupación- y, por otro lado, la prestación asistencial, cuya cuantía aproximadamente está en el 75% del salario mínimo interprofesional, lo que viene a ser escasamente cincuenta y tantas mil pesetas mensuales.

Estos dos tipos de prestación económica supone que, aproximadamente, de esas cincuenta y dos mil seiscientas personas que perciben algún tipo de prestación económica en nuestra Comunidad, la mitad tienen prestación contributiva y la otra mitad prestación asistencial; por lo tanto, cuando se habla de prestación económica de los empleados hay que tener en cuenta también la cantidad que perciben estos desempleados, en donde la mitad, aproximadamente perciben el subsidio de desempleo que, como digo es el 75% del salario mínimo interprofesional.

Ante esta situación, es evidente que la normativa es de ámbito nacional la que regula la cobertura económica a los desempleados; pero, al igual que existe en otras Comunidades Autónomas, creemos que se pueden adoptar iniciativas. Y, en concreto, la iniciativa que se propone en la Propuesta de Resolución es que, por un lado, la Junta de Castilla y León adopte iniciativas ante el Gobierno de España para que se modifique esa normativa que, lógicamente, nunca ha sido como está en estos momentos.

Hay que tener en cuenta que en el año noventa y dos teníamos en nuestro país una tasa de cobertura de los desempleados sobre el paro registrado en torno al 70%; que todo el mundo supongo que se acuerda que en aquel momento se aplicó el famoso decretazo, que tuvo como respuesta una huelga general de media jornada convocada por los sindicatos pero que, a pesar, se aplicó; y que desde el año noventa y dos ha venido cayendo en picado la protección de los desempleados, llegando desde casi el 70% en el año noventa y dos al 50% a nivel nacional en este momento, y que, en nuestra Comunidad, debido a esas causas de mayor desestructuración del mercado de trabajo, apenas llega al 40%.

Por lo tanto, son dos puntos los que planteamos en la Propuesta de Resolución:

Una, que se inste desde la Junta de Castilla y León al Gobierno Central a que se modifique esa normativa nacional para alcanzar, por lo menos, esa tasa de cobertura del 70% sobre el paro registrado.

Y dos, al igual que se han adoptado iniciativas en otras Comunidades Autónomas o que, por lo menos, lo que aquí se llama el Ingreso Mínimo de Inserción, salario social, a través de ellos se consiga una mayor cobertura para todas aquellas personas que, por circunstancias de no tener una cobertura económica se encuentran en la práctica exclusión social e indigencia, se faciliten o se articulen medidas políticas de la Junta de Castilla y León para conseguir una mayor cobertura.

Y también dentro de esas propuestas consideramos que la prestación asistencial, considerado subsidio de desempleo, es de una cantidad, desde nuestro punto de vista, absolutamente insignificante, que no permite una supervivencia digna para los desempleados que lo perciben, y por eso consideramos que se debiera equiparar, dentro de esas modificaciones legales, el subsidio de desempleo, cuando menos, al salario mínimo interprofesional.

En definitiva, éstas son las propuestas que planteamos. Creemos que, inclusive, en las reivindicaciones que actualmente están haciendo los sindicatos, tanto a nivel nacional como aquí en la negociación del plan del empleo, es un elemento fundamental que se está planteando, y no cabe la menor duda que el aceptar esta propuesta contribuiría a la posibilidad también de un acuerdo con los interlocutores sociales. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para iniciar un turno en contra, señor Cot, Grupo Parlamentario Popular.

COT VIEJO

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EL SEÑOR COT VIEJO: Gracias, señor Presidente. Aunque sabido por todos, no está de más recordar en el comienzo de mi intervención que todo lo relacionado con la cobertura de desempleo es clara competencia de la Administración del Estado, y que se regula normativamente en el Real Decreto 625 de mil novecientos noventa y ocho, de dos de abril de mil novecientos noventa y ocho. Y en consecuencia con tal Disposición, la Administración de la Comunidad Autónoma, no tiene competencias en tales materias.

Esta clara asignación competencial no impide que, como no podría ser de otra manera, la Junta de Castilla y León considere un objetivo prioritario la lucha contra el desempleo. Y la demostración palpable de este empeño son las directrices políticas y presupuestarias que priman en la gran mayor parte, en un número importantísimo de todo lo que son acciones que promueve el Gobierno Regional. Y no sólo en las Consejerías que podrían ser, en principio, generadoras de empleo -la de Industria o de la de Agricultura-, sino a través del resto de las Consejerías que, en sus presupuestos, hacen un especial hincapié en la generación de empleo; y así fomentan el empleo las Consejerías de Sanidad, Medio Ambiente, Cultura, en definitiva, todo lo que es el esfuerzo del Gobierno Regional.

Estos compromisos para luchar contra el desempleo se realizan, indudablemente, con la colaboración de todos, pero muy especialmente a través del diálogo social con empresarios y trabajadores. El acuerdo para el desarrollo socioeconómico entre tales representaciones y la Junta de Castilla y León, del pasado diecisiete de junio, declara la voluntad de que en la Comunidad se produzca un crecimiento económico sostenido, y que éste influya directamente en la generación de empleo mediante determinadas medidas, como son: en materia de empleo, la creación de la Comisión Regional de Empleo -que ya se ha formado-; la reducción de temporalidad y mejora de la situación del mercado de trabajo, que se ha traducido en seis líneas de ayuda en el Programa de Fomento de Empleo, en pactos territoriales por el empleo en las cuencas mineras y en el Plan de Empleo Joven. Se refuerzan también las acciones de formación y profesional... y ocupacional. Se crea el Servicio Regional de Colocación que, como Su Señoría sabe, se pondrá en funcionamiento en breve plazo y que tiene como objetivo principal relacionar las ofertas y las demandas mediante un proceso transparente y equitativo que asegure la igualdad de oportunidades.

Y, con independencia de estas acciones -importantísimas acciones del Gobierno Regional-, la Junta hace propias las conclusiones de la Cumbre de Luxemburgo del pasado mes de noviembre, cuyas diecinueve directrices se resumen -como usted conocerá- en cuatro pilares básicos relativos a la mejora de la capacidad de la inserción profesional, el desarrollo del espíritu de empresa, el favorecimiento de la capacidad de dotación de los trabajadores y de las empresas, y el reforzamiento de la política de igualdad de oportunidades. De estas directrices europeas dimana directamente el Plan Nacional de Acción para el Empleo del pasado mes de marzo y, en su introducción, se da un panorama exacto de la situación del mercado de trabajo y se recogen todos los datos básicos para un análisis en cifras de tal situación. Se contemplan así las causas del desempleo, como son: el descenso de empleo en los sectores primarios, la crisis industrial, el cambio del signo migratorio que se ha producido en el conjunto de la nación, la incorporación de la mujer al mundo laboral y otra serie de factores.

Y se pone de manifiesto la actual situación económica en la que se consolida una fase de expansión, dentro de un modelo económico estable -que se demuestra acertado-, y que cuenta con una gran capacidad, una altísima capacidad de generación de empleo, como no conocían, por lo menos, yo creo que quienes aquí estamos en este foro.

A esa evolución favorable del Producto Interior Bruto desde mil novecientos noventa y tres, le sigue de la mano la del empleo. Lo que demuestra que el buen resultado del momento de la actividad económica está logrando su último objetivo, que no es sino un objetivo social.

Son necesarias, por tanto, las reformas que consoliden y mejoren el actual panorama, mediante una reforma fiscal como el Gobierno está iniciando; mediante una garantía real de la competencia sectorial; mediante una política de liberalización de los mercados; mediante el reforzamiento y la colaboración entre los sectores públicos y privados, tal y como se está consiguiendo; y, por fin, llevando a sus últimas consecuencias los acuerdos del Pacto de Toledo en materia social.

La política de empleo de los Gobiernos del Partido Popular, de esta manera, se basa en un mantenimiento efectivo del diálogo social, en un incremento de las políticas activas de empleo, en un nuevo programa nacional de formación profesional, en la mejora de los servicios públicos de empleo, en la reorganización del tiempo de trabajo y en la reducción de costes no salariales para ciertos colectivos, al mismo tiempo que se mantiene el camino iniciado para lograr una mayor estabilidad.

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Estas directrices europeas y las acciones que se recogen en el Plan se han trasladado y se están trasladado a lo que serán las directrices del Gobierno Regional en su Plan de Empleo, que tiene como base esos mismos cuatro pilares y que se basa en programas novedosos, por ejemplo: en los relativos a la capacidad de inserción, sobre todo de jóvenes y desempleados de larga duración; en lo que es el incentivo, programas tan novedosos como el que supone el incentivar en poblaciones de menos de dos mil habitantes el autoempleo o en lo que es el desarrollo del espíritu empresarial, del cual tanto déficit ha habido históricamente en nuestra Comunidad, pues medidas que hagan superar esta deficiencia; o en lo que es en la adaptación de trabajadores y empresa, fomentando acuerdos para modernizar la organización del trabajo y sus diferentes modalidades; o en lo que son igualdad de oportunidades, eliminando la discriminación, sobre todo la existente entre hombres y mujeres, o favoreciendo la integración laboral de los minusválidos.

Y si éstas son las directrices, refiriéndome a los datos, de manera breve y concisa, pues está claro que en mil novecientos noventa y siete en Castilla y León, diga usted lo que diga, aumentó el número de trabajadores ocupados y en alta en la Seguridad Social; se han incrementado las contrataciones, y especialmente las indefinidas, como ha ocurrido a nivel nacional: ha disminuido el paro. Y con estos datos, ni falto a la verdad, ni desconozco los datos; es más, le ofrezco los que poseo.

Si tomamos las cifras que nos avanza el presente año, pues estos avances se aceleran. Hoy mismo... si como ha sido, por desgracia, primera noticia, el lamentable atentado, una noticia tan penosa como ésa, si no hubiese sido por esa noticia, la primera noticia del día sería la disminución del paro en ciento veinte mil en el primer trimestre de este año. Y si nos referimos, según la encuesta de la EPA que se ha hecho pública hoy, a Castilla y León, no sólo ha disminuido el paro, sino que, además, tantas veces cacareado en este foro, ha aumentado la población activa en la Comunidad.

(Perdón, señor Presidente, le agradecería benevolencia para contestar a un Portavoz que normalmente utiliza más tiempo del que se le asigna; y ya termino.)

Por otra parte, también, también en la fecha de hoy conocemos que a nivel nacional el índice de producción industrial crece en más del 8% en el primer trimestre.

Por lo tanto, todos los indicadores a nuestro alcance: la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, la del desempleo registrado en el Instituto Nacional de Empleo y la de afiliación a la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social refrendan la tendencia alcista del empleo. En mil novecientos noventa y ocho, la tasa de desempleo calculada en relación a la población activa se sitúa en Castilla y León en un 12,28 y la... a nivel nacional es un 12,58. Y respecto a la tasa de cobertura -y termino-, del año noventa y tres al noventa y cuatro, disminuye en el 10% a nivel nacional. Del noventa y cuatro al noventa y cinco disminuye en el 7%; y ahí le admito que la tasa -como usted ha dicho- es galopante en cuanto a la disminución. Pero resulta que en los años noventa y cinco, noventa y seis y noventa y siete permanece prácticamente estable, con unas disminuciones muy pequeñas, y resulta que la evolución en Castilla y León de esa tasa sigue de la mano lo que es la tasa de cobertura nacional.

Por lo tanto, señor García Sanz, éste es el marco comunitario, nacional y regional en el que se mueve en estos momentos la política de empleo. Éstas son las prioridades, y no las que usted plantea. Y sin abandonar, por supuesto, las políticas de solidaridad, estos datos avalan que se está por el buen camino de conseguir el pleno empleo que todos deseamos. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para réplica, señor García Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. El problema es que el Portavoz del Grupo Popular, pues, no ha entrado en la cuestión de fondo que se plantea en la Propuesta de Resolución. ¿Le parece a usted o le parece al Grupo Popular aceptable que tengamos una tasa de cobertura sobre el paro registrado del 40% en Castilla y León? Parece ser que sí, porque se van a oponer a esta Propuesta de Resolución. ¿Le parece a usted adecuado que, de ese 40% del paro registrado en Castilla y León, la mitad de ese 40% perciba 50.000 pesetas al mes? ¿Usted se considera que en sí mismo podría vivir con 50.000 pesetas al mes? Ésa es la reflexión que hay que hacerse. ¿Usted considera que, en aplicación del Artículo 41 de la Constitución Española, que no hace ningún canto de sirena, que no hace ningún tipo de declaración, que obliga a los poderes públicos a garantizar una prestación suficiente, especialmente en situación de desempleo -y ustedes, como poder público que ocupan la Junta de Castilla y León, tienen obligación de cumplir la Constitución-...?

Y eso es lo que aquí hay que debatir: si ustedes consideran que están cumpliendo la Constitución. Pues, evidentemente no. Y ante la situación de que una norma es manifiestamente injusta ante la cobertura económica de los desempleados, que se agudiza en esta Comunidad Autónoma, hay que tomar medidas políticas para hacer cumplir la Constitución y garantizar una suficiencia económica a los desempleados.

Yo lo que he pretendido es argumentar todo eso con datos. Datos, lógicamente, no de Izquierda Unida, sino del Instituto Nacional de Empleo e Instituto Nacional de Estadística, que usted tampoco les ha rebatido, porque ésa es la evidencia.

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Y la cuestión de fondo es: ¿ustedes están satisfechos con esa situación? Porque, claro, el colmo hubiera sido de que usted me hubiera venido, pues, con la justificación que, por lo menos en otros foros, no sé si ahora en su réplica lo dirá, aquello de que es conveniente que los desempleados, pues no tengan una excesiva tasa de cobertura económica, porque, si no, se instalan y no buscan empleo; eso son justificaciones, son argumentos que a veces utilizan, y demás. ¡Hombre!, es absolutamente... por lo menos, demagógico sería utilizar esa argumentación, pero absolutamente es falsa. No hay más que coger, por ejemplo, los datos que yo daba antes: en el año noventa y dos, tasa de cobertura del 70%, y teníamos aproximadamente medio millón de desempleados menos a nivel nacional que en este momento; por lo tanto, había más tasa de cobertura y había menos desempleo. Ahora, hay menos tasa de cobertura, y hay más desempleo. Lo que quiere decir que esa relación directa que a veces se quiere hacer entre mayor tasa de cobertura, menor preocupación en encontrar un empleo... Espero que no caiga en ese error argumental.

Lo que sí que cae es en el error argumental de que la Junta no tiene competencias. ¡Hombre!, acabamos de debatir el otro día propuestas para que la Junta tuviera competencias o posibilidades de asumir más competencias. Nosotros, por supuesto, desde Izquierda Unida, que nadie entienda que estemos por romper la caja única de la Seguridad Social; en absoluto. Pero lo que sí que estamos planteando es que desde la suma... desde la Junta -perdón- se asuman iniciativas políticas ante el Gobierno de España para que se modifique esa normativa. Y me parece que en ese aspecto estamos aprobando... no demasiadas -porque ustedes no aprueban demasiadas cosas-, pero por lo menos se están proponiendo y no se está cuestionando la... por lo menos la posibilidad política que, desde la Junta se inste al Gobierno Central a que se modifiquen normas de ámbito nacional.

Y es de absoluta competencia de la Junta de Castilla y León el mejorar la cobertura a aquellos que en este momento perciben el Ingreso Mínimo de Inserción, mejor dicho: a aquellos que no le perciben. ¿Cómo se puede considerar de que hay una suficiente cobertura para todos aquellos que tienen derecho al salario social, cuando estamos aproximadamente en tres mil personas en toda Castilla y León -los que perciben el salario social-, cuando el Informe de Cáritas, de todos aquellos que a nivel económico podrían tener derecho a recibir el Ingreso Mínimo de Inserción, estaríamos hablando de en torno a sesenta mil u ochenta mil personas?

Por lo tanto, ahí tiene plenas competencias la Junta de Castilla y León, y que bien sería de una forma, o bien de otra, se podría favorecer una mayor cobertura económica a todos aquellos que están con riesgo de exclusión social.

Y, como siempre, pues, el objetivo como frontispicio de que aquí todo el mundo tiene el máximo objetivo de la lucha contra el desempleo; el problema es de que eso no se compadece con la realidad. Y usted se hacía referencia a los datos que hoy se han hecho públicos de la Encuesta de Población Activa, pues entramos a esos datos. Y usted se olvida, por ejemplo, de que Castilla y León seguimos 3,5 puntos por debajo de la media de la tasa de actividad a nivel nacional; que somos la tercera Comunidad Autónoma -por la cola, claro está- en menor tasa de actividad; que tenemos varias de las provincias -entre ellas, la que más, Zamora- con una de las tasas de actividad más bajas de España por supuesto -y, a nivel europeo, de lejos-. Y que ahí no se adopta ningún tipo de iniciativa por parte de la Junta de Castilla y León para corregir esas desigualdades.

Usted no me habla, por ejemplo, si es casualidad o es una maldición divina, el hecho de que en Castilla y León haya cuatro puntos por encima de tasa de paro de larga duración que la media nacional. Si eso es una maldición divina o se produce porque aquí realmente se utilizan de una manera más fraudulenta todavía la contratación eventual. ¿Cómo es posible que aquí la autoridad laboral -que brilla por su ausencia-, pues, considere que es legal el que se utilicen durante el año noventa y siete, cuatrocientos cuarenta mil contratos de trabajo? ¿Eso se considera de que es una aplicación correcta de la normativa de contratación en el mercado de trabajo de Castilla y León? Eso, a cualquiera que tenga dos dedos de frente, le supone una clara evidencia de que se está utilizando de una manera fraudulenta la contratación temporal en nuestra Comunidad Autónoma; de una manera fraudulenta lo que es el uso de las Empresas de Trabajo Temporal. Y que, a partir de ahí, lógicamente, todos esos contratos de ínfima duración, además del paro de larga duración, supone el que la tasa de cobertura de desempleados en nuestra Comunidad, pues, está entre nueve o diez puntos por debajo de la media nacional.

Y dado que usted ha mencionado unos datos referidos a que la tasa de cobertura en nuestra Comunidad Autónoma se había estabilizado, pues por desgracia no es así. Le digo, mire: en el año noventa y dos -lo que le decía- aproximadamente el 70%; ya en el año noventa y cuatro, en Castilla y León, había descendido al 51,3%; en el año noventa y cinco, al 43; en el año noventa y seis, al 41; y en el año noventa y siete, al 40%. Y seguimos bajando. De estabilización nada. Porque, además, los datos dicen, cada día, que la utilización constante, la generalización de la eventualidad y la duración ínfima de los contratos, lógicamente, mientras no se modifique la normativa -que hay que tener un mínimo de doce años cotizados para tener derecho a prestación... perdón, doce meses para tener derecho a prestación-, pues, lógicamente, si no se modifica la normativa, esta situación se agravará.

Ante esto, usted lo único que plantea es decir: diálogo social. (Termino ya, señor Presidente.) ¡Haga caso del diálogo social!, porque los sindicatos le están planteando al Gobierno Central -que ya ahí no ha habido posibilidad de acuerdo- modificación de la normativa en cobertura de desempleo. Junta de Castilla y León: se ha planteado desde los sindicatos aumento de la cobertura y también aumento de la cobertura en Ingreso Mínimo de Inserción. Por lo tanto, utilice ese dialogo social realmente para atenderle, no única y exclusivamente para hacerse fotos.

Y no me hable usted del resto de los elementos del Plan de Empleo de la Junta de Castilla y León, porque son única y exclusivamente cuatro elementos más de repartir subvenciones; simple y llanamente de novedad, el Plan de Empleo de la Junta, sobre lo que ya existía, supone cuatro elementos más de repartir subvenciones. Y el repartir subvenciones en esta Comunidad Autónoma ya sabemos cuál es el resultado.

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Y sobre el tema de la ocupación, que también me decía usted el dato de hoy que se ha conocido, pues, tome nota, por ejemplo, que los ocupados en Castilla y León, ha crecido en el último año un 2,3%. Si eso yo no lo niego nunca; lo que sí que me gustaría es que ustedes siempre utilizaron los mismos datos: Encuesta de Población Activa para saber la ocupación. Ha crecido el 2,3. Pero a nivel nacional ha crecido el 3,3%. ¡Qué casualidad!, siempre vamos por detrás: en los datos positivos, por detrás de las medias nacionales; en los datos negativos -tasa de cobertura, paro de larga duración, etcétera-, por delante. Ésa es la realidad que tenemos en Castilla y León. Y el que usted me ponga como disculpa siempre que la Junta no tiene competencias, me parece que es bastante insostenible. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Cot, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Dice el señor García Sanz que el Partido Popular está satisfecho de la cobertura, de la política de empleo, etcétera, etcétera. Pues mire, no. Porque, si fuese así, no se iniciarían los Planes que yo en mi intervención le he expuesto. Usted, además, curiosamente, en la réplica ha utilizado los argumentos que pensaba que yo iba a utilizar para hacer un... para rebatir los mismos... y, en fin, argumentar en contra de algo que usted esperaba que yo iba a utilizar, pero que resulta que no he utilizado.

Habla usted del caso de Zamora, concretamente y porque me afecta personalmente, cuando, precisamente, usted sabe -luego cuando habla aquí, posiblemente, falte a la verdad- que en Zamora, precisamente, se está haciendo un plan especial de choque, dadas las circunstancias especiales de los índices relativos a la provincia.

En definitiva, yo creo que es que usted, pues bueno, tiene un problema para cada solución. Y, por supuesto, tendrá varios para las nueve directrices del Plan Nacional, para el Plan Regional, para los datos de la EPA, o de cualquier tipo de datos que desde aquí podamos esgrimir.

En definitiva, señor García Sanz, yo creo que nuestras diferencias son filosóficas. No entiende, o no quiere entender, todo lo que le he dicho, que yo creo que, en resumen, se podría decir en dos puntos: una, la sustitución de políticas pasivas, por políticas activas en materia de empleo -y ha acabado usted diciendo que ya está bien de subvenciones, que ya está bien de subvenciones; de acuerdo-; y segundo, lo que es el traslado de la disminución del empleo... a la disminución del empleo -perdón- de lo que es una situación de crecimiento económico que, por primera vez, se demuestra que puede ser sostenido y que parece consolidarse, además, y todos los datos así lo reflejan.

En definitiva, ayer, el Presidente del Gobierno decía que la tendencia -y lo que se pretende, y lo que parece posible por primera vez en muchos años se puede conseguir- es acabar con el desempleo en tres o cuatro años. Y si se logra, dejaremos de hablar de la tasa de cobertura. Y ¡ojalá sea así!; y ése es el objetivo.

Yo creo, señor García Sanz, que a usted, pues, le invade una cierta... en lo político le invade una cierta frustración existencial, que le producen, pues unos planteamientos que desde el Grupo Popular, desde luego, se consideran trasnochados. Y que nos repite, y ya lo ha dicho al principio de su intervención "que otra vez tengo que repetir"... ¡Claro!, es que nos lo repite Pleno tras Pleno. Y mantiene un discurso... pues que está caduco, y con el cual pretende sostener lo insostenible.

El Partido Popular, en cambio, mediante el diálogo social -y prueba de ello es la reunión que esta mañana la Comisión Regional de Empleo ha vuelto a mantener sobre el Plan de Empleo-, pues permite, permite y mantiene posiciones que nos quieren igualar a todos, pero repartiendo la riqueza que se genere (no repartiendo ni subvenciones, ni la miseria que pueda producir un sistema económico fracasado).

Y, desde luego, no admitimos lecciones de quien utiliza permanentemente la demagogia, desde una irresponsabilidad que le da esa seguridad -que usted tiene como cierta- de que sus propuestas no van a ser refrendadas por los votos y, en definitiva, no va a poder llegar a tener una responsabilidad de Gobierno.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto... Por el Grupo Socialista, don Felipe Lubián tiene la palabra.

LUBIÁN LUBIÁN

EL SEÑOR LUBIÁN LUBIÁN: Muchas gracias, señor Presidente. Permítanme que comience por la anécdota, para pasar después a una exposición general de cuál va a ser nuestra posición en este punto.

En Zamora, un plan de choque. Yo, permítame que le llame un "plan chocante". Porque yo no lo veo y así lo venimos... lo venimos, atentos desde el principio, desde que esto ha surgido, analizando en qué consiste. Y creemos que no es más que la mera yuxtaposición de todas las partidas presupuestarias que hacen mención a Zamora, sacadas y ordenadas simplemente en un documento aparte.

Miren, Señorías, son muy grandes los desequilibrios territoriales en la cobertura del desempleo. Hay alguna Comunidad Autónoma incluso, en la que todos los desempleados están cubiertos por el sistema: la mitad aproximadamente por la protección contributiva y la otra mitad por la asistencial; pero no es nuestra Comunidad, no es la nuestra, no.

A nivel nacional, sin embargo, la cobertura sólo llega a la mitad de los parados. Y a mí me parece un dato aterrador, ¿de qué vive la otra mitad de los parados?

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A nosotros nos debe de preocupar -creo yo- mucho más conocer que en Castilla y León la cobertura del desempleo -como se acaba de decir aquí- sólo llega a cuatro de cada diez parados; de cada diez parados, dos perciben la prestación contributiva y otros dos sólo la prestación asistencial. Y los otros seis, de cada diez parados, están a verlas venir; y algunos de ellos, con toda seguridad, con cargas familiares, muchos de ellos en edad madura y sin lugar para la esperanza. Es una situación que debemos intentar corregir aquí y ahora, desde este Parlamento, porque es nuestra responsabilidad; la de todos. Porque yo creo que para eso nos han enviado aquí, Señorías: para procurar el bienestar de todos los ciudadanos de esta tierra, también la de los parados.

Estamos hablando de más de cien mil castellanos y leoneses que viven en esa penuria; de miles de familias esparcidas por todas y cada una de las provincias de esta Comunidad que necesitan una renta -aunque sea mínima- para poder subsistir. Los escalofriantes datos que manejamos hoy ponen a Castilla y León a la cola en la cobertura por desempleo, junto con Asturias, Ceuta y Melilla.

Algo tendremos que hacer en este Parlamento, algo tendrá que hacer el Gobierno de esta Región para tratar de invertir la situación, para corregir tan grande desequilibrio.

En ese movimiento ondulatorio que sigue la economía de todos los países de nuestro entorno, parece ser que nos encontramos -a la vista está- en la cresta de la ola. Es tal la bonanza económica en la que estamos flotando, que nuestros gobernantes han decidido regalarnos, próximamente, unos puntos de nuestro Impuesto sobre la Renta; bien es verdad que a unos más que a otros. A la mayoría de los trabajadores, dos puntitos; quizá un regalo de 20.000 ó 30.000 pesetas, para que se den una alegría y estén contentos. A los ricos, once puntazos; sólo unos milloncitos; quizá, a lo mejor, hasta para invertir en bolsa y que se multipliquen. ¿Y qué regalo les hacemos a los ciento treinta mil castellanos y leoneses que no tienen renta alguna a la que aplicar el impuesto y, obviamente, tampoco su reducción? Quizá algunos de los cientos de miles de millones que el Gobierno renuncia a ingresar podrían ser ingresados y destinados a mitigar la carencia de recursos del 60% de nuestros desempleados, para que Castilla y León vaya bien, para que España vaya tan bien como les va a los más acaudalados del país, mientras estamos en la cresta de la ola y dilapidamos gran parte del patrimonio.

Señorías, porque estamos convencidos de que la renta debe ser distribuida y ha de llegar también a nuestros desempleados que no tienen tipo alguno de cobertura, el Grupo Socialista va a apoyar esta iniciativa que estamos debatiendo. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para fijación y remate del debate, señor Proponente, García Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Muchas gracias, señor Presidente. Poco más que se ha añadido por parte del Portavoz del Grupo Popular. Simplemente manifestar -parece ser- la insatisfacción del Grupo Popular sobre la situación de cobertura de desempleo; pero esa insatisfacción parece ser que no les causa excesivo malestar, porque no toman ninguna medida para remediarla. Lo cual, pues demuestra bastante incoherencia, ¿no? Si no están ustedes satisfechos, tienen en este momento, tanto a nivel de Castilla y León como del conjunto del Estado, la posibilidad de tomar las decisiones políticas pertinentes para que esta insatisfacción, pues, se pueda corregir. Eso, si realmente hay sinceridad en esa insatisfacción, cosa que dudo.

Y sobre las alternativas que se nos plantean para aquellos sitios donde, en este momento, más agudizada tenemos la situación, como es el famoso plan de choque de Zamora, que, por supuesto, por fotos periodísticas -como siempre-, que es la mejor... el mejor deporte que practica la Junta de Castilla y León, pues no quedará. Pero cualquiera que se haya molestado un poquito en ver el contenido del plan de choque de Zamora podrá comprobar que es un refrito de las diferentes iniciativas que por parte de la Junta de Castilla y León están contempladas en los Presupuestos del Estado, y punto... perdón, en los Presupuestos de la Junta de Castilla y León, y punto.

Así pues, difícilmente se puede considerar de que ahí hay nuevas iniciativas para corregir la desigualdad de la provincia de Zamora, en este caso del desempleo y de la situación socioeconómica. Única y exclusivamente se hacen documentos recopilando la documentación de las diferentes iniciativas que ya están contempladas en los Presupuestos de años anteriores, a veces, o promesas que se vienen incumpliendo reiteradamente; y al final se presenta a la ciudadanía como especie de invento, que, en definitiva, es más de lo mismo.

Así pues, con esas... con estos inventos del Partido Popular difícilmente se puede mejorar la situación.

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Es curioso que se intente tomar la palabra cuando se habla... o cuando desde Izquierda Unida decimos que el desarrollo socioeconómico en esta Comunidad Autónoma, y con carácter general -pero sobre todo en ésta-, está manifiestamente demostrado que el reparto de subvenciones que tan bien practica la Junta de Castilla y León no sirve para dinamizar la economía, lo utilice para decir que: "muy bien, utilicemos o restrinjamos esas subvenciones también para los desempleados". Da la casualidad que, si ustedes están de acuerdo -parece ser- en recortar esas subvenciones a los desempleados, lo lógico sería que estuvieran de acuerdo también en recortar esas subvenciones a las empresas, cosa que, sin embargo, no lo hacen; o, por lo menos, manifestar algún tipo de preocupación política por parte de la Junta de Castilla y León en que esas subvenciones que generosamente reparten, sobre todo a algunas empresas -no precisamente a las más pequeñas, no precisamente a las que más las necesitan-, realmente se preocuparan en ver si tienen algún tipo de virtualidad positiva en la creación de empleo o están sirviendo para otro tipo de cosas, e inclusive, en ocasiones, para amortizar puestos de trabajo. Eso realmente sería, si ustedes hicieran eso, pues demostrar en la práctica que esa preocupación supuesta por el desempleo la demuestran andando.

Y, una vez más, ustedes, pues, hacen un discurso absolutamente preocupante para cualquiera que, como Izquierda Unida, por lo menos, creemos en la parte positiva que tiene la Constitución en lo que supone de protección social.

Intentando descalificar la Propuesta de Izquierda Unida, dice que este discurso está caduco. Pues le leo literalmente, una vez más, el Artículo 41 de la Constitución... Ríase usted, señor Procurador, porque parece ser de que para usted está caduca la Constitución, y entonces son ustedes los que están manifestando que la Constitución les viene grande y que se están planteando, pues claro, incumplir no planteando, están incumpliendo esta Constitución porque para ustedes les viene excesivamente grande.

Y el Artículo 41 de esa Constitución que ustedes consideran caduca dice que "los poderes públicos..." -es decir, la Junta de Castilla y León entre otros- "...mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo". Si ustedes consideran que ésta es una situación caduca, pues es evidente que ustedes consideran que la Constitución Española está caduca. Pero eso díganlo a los ciudadanos, atrévanse a decirlo así de claro: consideran ustedes que el régimen de protección social público que garantiza la Constitución Española está caduca. Porque eso es lo que pedimos desde la Propuesta de Izquierda: cúmplase la Constitución.

Porque es evidente que en otros aspectos que vienen recogidos en la Constitución, bien que se molestan ustedes en hacer cumplirla; y especial énfasis ponen en ello. Es evidente de que, para hacer cumplir la Constitución integralmente, hay que tener el poder moral de cumplirla en su integridad. Y, si no, lógicamente, están ustedes perdiendo poder moral para pedir a los ciudadanos que se cumpla en otros aspectos.

E intentar también descalificar esta Propuesta de Izquierda Unida, pues, una vez más, con el latiguillo de demagogia... Demagogia ¿en qué?, ¿en los datos, que a usted no le ha quedado más remedio que reconocer?, ¿en la evidencia de la situación social que tenemos en nuestra Comunidad? ¿Ésa es la demagogia? Pero vengan ustedes algún día a reconocer la realidad; y, a partir de ahí, reconozcan ustedes que están satisfechos con esta situación y que, por lo tanto, no tienen ningún tipo de voluntad política de modificarla. Pero no califiquen de demagogia la realidad de la situación social que tenemos, porque ésa es la realidad: datos del Instituto Nacional de Empleo, datos del Instituto Nacional de Estadística, datos que han salido hoy publicados, y que ésos son incontestables, y que ustedes, con rigor, no pueden negarlos. No pueden negar que Castilla y León está tres puntos y medio en tasa de actividad por debajo de la media nacional, no pueden negar que tenemos las provincias con menor tasa de actividad del conjunto del país, no pueden negar que tenemos diez puntos de tasa de cobertura de los empleados por debajo de la media nacional, no pueden negar que tenemos cuatro puntos por encima de los paros de larga duración; y ésa es la realidad social que tenemos en nuestra Comunidad Autónoma, y que es evidente que ésa es su responsabilidad política.

Ante eso, ustedes podrán decir que se consideran satisfechos... que no se consideran satisfechos; pero si no toman ningún tipo de medida política, pues, estarán demostrando que son bastante poco sinceros haciendo esa afirmación. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Procedemos a someter a votación esta Propuesta que acaba de defenderse y debatirse. Quienes estén a favor, levanten la mano. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. A favor: veinticinco. Y en contra: cuarenta y seis. Y ninguna abstención. Queda rechazada.

Y pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Señor Secretario.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "Proposición No de Ley presentada por el Procurador don José Luis Conde Valdés, instando el cumplimiento del Plan del Carbón y Desarrollo de las Comarcas Mineras mil novecientos noventa y ocho-dos mil cinco, y la apertura de un proceso de negociación, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): El Proponente, señor Conde Valdés, tiene la palabra para presentar su Propuesta.

CONDE VALDÉS

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EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Muchas gracias, señor Presidente. Bien, esta iniciativa la presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, para tratar de buscar una solución al incumplimiento que en estos momentos... para tratar de buscar una solución al incumplimiento que en estos momentos están realizando las compañías eléctricas, que están incumpliendo el Plan del Carbón que se firmó el año pasado en el mes de julio; estamos ya en el mes de mayo y no somos capaces de sacar adelante el cumplimiento del mencionado Plan del Carbón.

El Real Decreto 2020, de veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, establece como una cuestión prioritaria el que todas las compañías mineras tengan suscritos, con fecha treinta y uno de marzo, los contratos de entrega de carbón, porque es una condición sine qua non para que después esas empresas puedan recibir las ayudas al funcionamiento y a la reducción de actividad. Por tanto, es claro que ese Decreto daba un margen de tiempo de tres meses para que las compañías mineras pudieran suscribir los contratos de entrega de carbón a las compañías eléctricas.

Bien. Estamos en el mes de mayo y todavía no se ha concretado ningún contrato de suministro. Ha pasado ya, creo, suficientemente el tiempo para que esos contratos se hubieran realizado. En estos momentos no hay ni una sola compañía minera que tenga suscritos los contratos con las térmicas, tampoco.. tan sólo la Hullera Vasco-Leonesa, en unas condiciones que... ¡ojalá me equivoque!, pero que, presumiblemente, va a traer problemas. Y, salvo aquellas empresas que están ligadas con el Estado o con las propias compañías eléctricas, ninguna compañía, en estos momentos, al día de hoy, ha suscrito ningún contrato con las compañías eléctricas; y la razón es muy sencilla: y es porque los empresarios mineros, al margen de los intereses de algunos -que los podemos reconocer-, pero en líneas generales, el objetivo o las causas por las cuales no ha firmado los contratos ha sido porque las empresas mineras no están dispuestas a acatar las condiciones leoninas que les tratan de imponer las compañías eléctricas.

Las compañías eléctricas, en estos momentos, lo que están planteando es una reducción no solamente del precio del carbón pactado en el Plan del Carbón, sino, además, se están planteando una reducción de los cupos de entrega. Eso es lo que están planteando en estos momentos las compañías eléctricas. ¿Con alguna justificación? Con ninguna, porque se supone que cuando se firma un Plan del Carbón es de obligado cumplimiento para todos los agentes sociales y económicos que firman ese Plan. Claro, evidentemente, las eléctricas se escudan en que, como ellas no han firmado ese Plan del Carbón, pues, en cierta medida, tienen un poco las manos libres para tomar decisiones por su cuenta. Pero, en principio, la realidad es ésa.

Y esto es un nuevo problema añadido al tan ansiado cumplimiento del Plan del Carbón. Porque recordarán Sus Señorías que cuando se firmó el Plan, en julio, se dijo: "Se va a poner en marcha inmediatamente". Llegó el mes de diciembre y el Plan del Carbón fue recurrido por la Unión Europea. Al final se solucionó el problema del recurso; se tenía que haber puesto en marcha el Instituto para la Reactivación de las Comarcas Mineras en enero; estamos en mayo; se aprobó la creación del Instituto en el Decreto, hace escasamente mes y medio, y ahora tropezamos con otro nuevo inconveniente, que es el posicionamiento que en estos momentos están manteniendo las compañías eléctricas.

Y la solución es muy sencilla. Nosotros decimos que las eléctricas tienen que cumplir lo que existía a fecha treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, con las condiciones del acuerdo del Plan del Carbón, que no son otras que reducir anualmente el componente del precio del carbón en un 4% y reducir el componente del suministro en un 3,5%. Ésas serán las condiciones y eso es lo que se tiene que cumplir. Si está todo inventado; no hay ninguna razón para que las compañías eléctricas pues no cumplan íntegramente el Plan del Carbón.

Éste no va a ser un problema aislado, sino que nos vamos a encontrar con que permanentemente, cada equis tiempo, si desde el Gobierno Central o desde la Junta de Castilla y León no se le ponen las peras al cuarto -hablando en castellano claro- a las eléctricas, este problema lo vamos a tener permanentemente sobre... encima la mesa. Porque -vuelvo a repetir-, ¿qué argumentación tienen las eléctricas para incumplir el Plan de Carbón? Ninguno. Vuelvo a repetir que ellos se escudan en que ellas no han firmado el Convenio y, por tanto, están haciendo planteamientos de contratos leoninos; es decir: reducir las entregas en torno a un 8% y... Vamos, y reducir el precio del carbón en torno al 8, 9, y hasta el 12%, eso puede condenar a muchas empresas al cierre, agilizar o acelerar el proceso de cierre de muchas empresas; y en otras, puede agilizar el proceso de cierre pues a corto plazo; pues estoy hablando de un año o año y medio, ¿no?

Con lo cual, esto requiere una intervención urgente del Ministerio de Industria. Por eso, la Propuesta de Resolución que planteamos aquí es que la Junta debe dirigirse, de manera urgente e inmediata, al Ministerio de Industria; no a través de los medios de comunicación como se ha hecho en algunas ocasiones y hace escasamente unas semanas, sino dirigirse seria y fehacientemente al Ministerio de Industria, para que éste exija a las eléctricas el cumplimiento del Plan. Y, desde la perspectiva de la Comunidad Autónoma, lo lógico, lo normal, lo serio, lo... sería que la Junta de Castilla y León iniciase un proceso de negociaciones con las compañías eléctricas, con los empresarios y con los sindicatos, a los efectos estrictos de que se garantice el cumplimiento del Plan del Carbón. Porque, ¡ya está bien!, desde que se firmó, en julio del año pasado, todavía no hemos sido capaces de ponerlo en marcha; quedan dos meses escasos para que se cumpla el año de la firma del Plan y, sin embargo, no hemos sido capaces de ponerlo en marcha. Por tanto, de ahí la urgencia de esta Iniciativa y en la confianza que, al menos, el Partido Popular tenga algo que decir respecto a la misma. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Algún Grupo desea pronunciarse en contra de la Propuesta? El Grupo Popular, y en su nombre don Carlos Rojo, tiene la palabra.

ROJO MARTÍNEZ

EL SEÑOR ROJO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Debo reconocerle, señor Conde, el seguimiento y el marcaje estrecho que hace usted a esta cuestión de la minería, pero va a ..... usted, seguramente, conmigo, los inconvenientes, los muchos que tiene el reaccionar con esta rapidez ante retrasos de ocho días; desde que se cerró ese plazo para la firma de contratos el día treinta de marzo hasta el día del registro de su Propuesta, o de sus Propuestas, han pasado ocho días nada más. Y, desde luego, eso nos puede llevar a tener más de un debate con una conflictividad, más que real, virtual. Y, por otra parte, en esos márgenes de tiempo tan escasos, a que eso que usted llama actualidad pues deje de serlo tan sólo una semana, como ha ocurrido en este caso. O que algunas premisas para llegar a la conclusión que usted pretende, pues ya no se den, como es el caso de que ninguna empresa ha firmado; y si no son inexactas las informaciones que tengo, las empresas palentinas, excepto una, sí lo han firmado, aparte de la Hullera.

Por lo demás, también es cierto que podemos estar satisfechos, usted y yo sin duda, porque una buena parte de lo que usted propone ya se ha cumplido, casi sin despeinarnos en este debate, como es la circunstancia de que la Junta de Castilla y León se ponga en contacto con el Ministerio para abordar esta cuestión.

Por lo tanto, son inconvenientes y ventajas de actuar con esta diligencia, esta rapidez que usted, desde luego, demuestra, pero que -como digo- tiene ventajas e inconvenientes.

Por otra parte, hay un dato fundamental que yo no sé si desconoce, y es que el día trece de abril se celebró una importante reunión en Madrid, en la sede del Ministerio, la que presidió el Secretario de Estado, y formaba parte de esa reunión pues prácticamente todos los intereses: las eléctricas, los empresarios de APEMA, y también -¿cómo no?- el Consejero de Industria de esta Comunidad.

En esa reunión se produjo una serie de... se produjeron una serie de conclusiones que dieron lugar a la carta que el día catorce de abril remitió el Secretario de Estado al Director General de UNESA, don Pedro Rivero, en el que se hacía eco de las preocupaciones que en el sector de la minería privada de Castilla y León se estaba produciendo -¿cómo no?- por esa distorsión grave, sobre todo debido a los tiempos y a los planes de las empresas mineras, que son especialmente delicados el hacerles. Digo que esa distorsión producía una gravedad que nadie ha negado, como lo demuestra el hecho de que la Junta le está dedicando el tiempo y el interés, como se corresponde a ese alcance de esas circunstancias. Por lo tanto, creo que -como digo- podemos estar satisfechos de que la Junta ya ha asumido ese papel que usted quiere que asuma.

Por otra parte, en esa carta -que, repito, no sé si conoce-, el Ministerio, el Secretario de Estado en su representación, asume la tutela que le encomienda el Plan del Carbón al Ministerio, no a la Junta. Y espero que usted también quiera que esa parte del Plan se cumpla, que la tutela efectiva del cumplimiento de ese Plan corresponda al Ministerio y no al Gobierno Regional. Que sí, por cierto, ha estado, y está, y estará en esa Mesa.

Por otra parte, el Secretario de Estado, que es realista, en esa carta dice a las eléctricas que no sólo tienen que perder las empresas mineras con la demora, sino que también pueden perder las propias empresas eléctricas en esos ingresos que están condicionados, llamados "ingresos por costes de transición a la competencia por parte de las empresas eléctricas". Por lo tanto, creo que más claridad y más contundencia por parte del Secretario de Estado no se puede dar.

El día treinta de abril, demostrando también no menos reflejos que Su Señoría, el Consejero de Industria de esta Comunidad se dirige al Secretario de Estado diciéndole que, a pesar de esa carta que se ha enviado a UNESA, aún no se han producido efectos prácticos en la reacción de estas empresas eléctricas, instando de nuevo al Secretario de Estado a que haga un esfuerzo más -repito-, sólo quince días después de la reunión y de la carta enviada a UNESA para que se consigan los objetivos que se pretenden.

Por lo tanto, señor Conde, señor Conde Valdés, yo creo que, por competencia -como digo-, por competencia, por oportunidad -estamos en un mes después y en una actividad muy significativa por parte de la Junta-, y por coherencia con todo el Plan, no es éste el momento de asumir su Propuesta en el punto segundo, en el que viene a concluir que sea la Junta la que en este momento asuma la tutela, y no el Ministerio; dicho de otra manera, pero, efectivamente, parece que eso se cumple.

Y, por otra parte, yo creo que por consecuencia, después de decirle las gestiones que se han realizado este mes, tampoco tiene ninguna lógica el que en este momento se exija a la Junta que se ponga en contacto con el Ministerio, sabiendo por evidente, después de los datos que le he aportado, que ya lo ha hecho y sigue haciéndolo. Por consiguiente -digo-, está plenamente justificado nuestro voto, sin perjudicar, en absoluto, sino todo lo contrario, respaldando las gestiones que viene haciendo la Consejería de Industria.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Conde Valdés, para la réplica.

CONDE VALDÉS

(-p.4491-)

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien, señor Rojo, yo comprendo que usted tiene que defender la postura que tiene que defender. Pero claro, decirme "no es el momento ahora mismo de que la Junta tutele el Plan del Carbón"... Yo no pido que la Junta tutele el Plan del Carbón; yo lo que pido es que la Junta asuma las competencias que tiene, entre otras razones, porque estamos hablando de un sector estratégico, estamos hablando de un papel de las eléctricas que tienen en esta Comunidad -que después hablaré de él-.

No me cuente historias de que el Consejero ha participado allí, el Director General de Minas, porque a ver si pasa con esto igual que pasa con las azucareras. ¿Se acuerda hace tres días que yo interpelé al Consejero de Agricultura hablando de las azucareras? No se cierra ninguna, nos hemos reunido, yo me he visto con la Ministra. Pero, al final, se cierran las azucareras, y tiene que volver a ver a la Ministra para que le dé explicaciones de por qué se cierran las azucareras.

Si el hecho de ir de visita a Madrid no significa nada. Si yo lo que trato con esta Propuesta de Resolución es recuperar la autoridad de la Junta de Castilla y León, como Ejecutivo Regional, en la defensa de los intereses de esta Comunidad; nada más. Después, ya veremos el resultado que tienen las negociaciones con el Ministerio, si son buenas o son malas, pero no es cuestión de que vaya en peregrinación el Consejero de Industria o el Director General de Minas, que a mí me consta que ha participado en reuniones del Ministerio.

El decir que el marcaje que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hacemos al cumplimiento del Plan del Carbón es de agradecer, pero que en estos momentos, más que una realidad, es una realidad virtual porque la Junta ya está al tanto...

Yo le quiero recordar, señor Rojo, que yo hice una pregunta oral a Pleno en el mes de febrero, porque el día cinco de febrero fue cuando las eléctricas dejaron de pagar el precio que tenían que pagar por el carbón y las cantidades del cupo; el día cinco de febrero de este año. La contestación del Consejero fue decir: "no se preocupe Su Señoría, que se va a cumplir a rajatabla el Plan del Carbón; yo se lo garantizo". Eso fue en febrero. Estamos en mayo. Y estuvo a punto de convocarse una huelga general en todo el sector, precisamente, porque el Miner no era capaz de sentar a las eléctricas y obligarlas a cumplir el Plan. Eso ha pasado. Pero no me diga usted esas cosas. Pero es que... el cinco de febrero, estamos en mayo. Y le vuelvo a repetir que este problema se ha suscitado durante dos meses consecutivos. Y al día de hoy, a pesar de que usted diga con muchas garantías que al cabo de una semana se va a solucionar... ¡ojalá se solucione!, pero yo lo dudo mucho. Mañana hay una reunión de una empresa que posiblemente firme; y si firma esa empresa, a lo mejor firman las demás. Pero eso está por ver, porque también no se iban a cerrar las azucareras y ahí estamos.

Por tanto, el hecho de que ahora mismo la Junta asuma su competencia no creo que esté fuera de lugar. Porque después sale el Presidente de la Junta, después de los acontecimientos, diciendo que defendemos aquí el oro y el moro. Si el problema es adelantarnos a los acontecimientos. Y, ya ve usted, yo no le pido que la Junta garantice una serie de cuestiones, porque las podrá garantizar o no en función de la actitud que tengan las eléctricas, pero, al menos, demostrar que en esta Comunidad tenemos un Ejecutivo que se pone a la cabeza en la solución de los problemas; no pido más que eso.

Usted dice que ha habido una reunión el trece de abril y que si conozco la carta del Secretario de Estado para la Energía. Claro que la conozco, si está publicada; además, salió publicada, incluso, en algunos medios de comunicación. Y las eléctricas han dicho: "bueno, pues trataremos de cumplir el Plan"; pero han dicho: "trataremos de cumplir el Plan". ¿Y qué?, pero del Plan, de momento, no han cumplido eso; no han cumplido nada porque, si no, los contratos se hubieran llevado a cabo. Yo le he dicho antes que, o marcamos estrechamente a las compañías eléctricas, o este problema lo vamos a tener permanentemente.

Cuando se discutió el Plan Ordenación de la Minería, dijimos desde este Grupo que uno de los problemas fundamentales del futuro del Plan, para que tuviera unas ciertas garantías, era el famoso Protocolo Eléctrico. Y ya sabemos que las eléctricas van a aprovechar la ocasión para comprar carbón de importación y no consumir carbón nacional, entre otras razones, porque les es más caro. ¿Que ahí se les ha dado una peseta por kilovatio, que son cerca de 300.000 millones de pesetas? Pues, mire usted, ni siquiera dándoles 300.000 millones de pesetas se conforman. Y esa peseta por kilovatio era, precisamente, para garantizar que las compañías eléctricas compraran el carbón nacional, porque, si no, lo van a comprar de fuera, que les es más barato.

Por tanto, yo creo que el tema del Plan del Carbón hay que tomárselo más en serio. Y, en ese sentido, nosotros, en la Propuesta de Resolución, lo que pedimos es eso: exigir al Miner garantías de que las Eléctricas cumplan el Plan. Y después -¿por qué no?-, ¿quién nos quita a nosotros como Comunidad Autónoma de llegar a acuerdos concretos con las compañías eléctricas? ¿O empezamos a relatar aquí los compromisos que las eléctricas deberían asumir con esta como... con esta Comunidad? Porque ésa es otra: estamos hablando permanentemente de que hay que... hay que comprometer a las eléctricas en el desarrollo de esta Comunidad, y después no somos capaces de obligar a las eléctricas a que cumplan con sus obligaciones, una de ellas la del Plan del Carbón, porque nos afecta muy directamente y nos puede causar graves prejuicios. Yo creo que es un tema lo suficientemente serio para que el Ejecutivo Regional se ponga a la cabeza en la solución de estos problemas.

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Y... (Está moviendo la cabeza el señor Consejero.) ...y yo no quito que el señor Consejero vaya y se reúna con el Ministerio, pero yo lo digo de manera oficial y real. Porque los ciudadanos se preguntan ¿para qué queremos a la Junta de Castilla y León si, al final, tienen que ir los sindicatos y los empresarios en peregrinación al Ministerio para reunirse con la Directora General de Minas y que les solucione los problemas? Y damos una imagen absolutamente penosa. Es decir, yo no he visto, de todos problemas que ha habido en la minería en esta Comunidad, ninguna reunión oficial entre la Junta de Castilla y León, el Ministerio o las compañías eléctricas para decir: ésta es la posición que defiende el Ejecutivo -¿eh?- y vamos a empezar a negociar sobre ella. Yo nunca la he visto; siempre ha habido reuniones de los empresarios, de los sindicatos, de la Directora General de Minas, o del Director General de Minas de la Comunidad, que va allí a reunirse con el Ministerio. Si yo lo que pido es ganar la autoridad del Ejecutivo Regional frente a un problema que se nos avecina, que lo tenemos ahí, y que, además, no va a tener una solución a corto plazo; porque este problema -vuelvo a repetir- se va a plantear permanentemente por parte de las compañías eléctricas.

Aquí hemos estado hablando -y termino ya-, hemos estado hablando de las obligaciones de las compañías eléctricas no solamente en cuanto a las obligaciones del Plan; en la electrificación rural, en los compromisos de la preservación y la conservación del medio ambiente en minicentrales, embalses; hemos estado hablando de la electrificación de los polígonos industriales y las zonas urbanas. ¡Es que no cumplen absolutamente nada! Y después decimos que vamos a obligar a las eléctricas al compromiso del desarrollo de esta Comunidad, y no somos capaces de que cumplan lo más mínimo. Y en este tema del Plan del Carbón es absolutamente fundamental.

Y usted dice: "ya nos hemos adelantado en el tiempo. La Junta ya está actuando". Y yo digo: bueno, la Junta podrá actuar a ese nivel de reuniones, pero, en la práctica, el problema está sin solucionar, sin solucionar. Y yo digo: lo que planteamos en esta Propuesta de Resolución es la exigencia pública de estas Cortes de que el Miner tiene la obligación de obligar a las eléctricas a cumplir el Plan. Y la segunda parte de la Propuesta de Resolución es que el Ejecutivo Regional, como Gobierno de esta Comunidad, tiene que ponerse al frente de la solución de estos problemas y sentar en una mesa a las eléctricas, a los empresarios y a los sindicatos, y darle una solución inmediata.

Vuelvo a repetir: quedan dos meses, desde que se aprobó el Plan del Carbón, para que se cumpla un año, y no hemos sido capaces de ponerlo en marcha. Y esto es una cuestión vergonzosa. Y no digo que la responsabilidad sea solamente del Ejecutivo Regional -son las eléctricas uno de los principales culpables-, pero, al menos, empecemos a funcionar y a presionar debidamente a las compañías eléctricas, para que no entorpezcan el proceso del cumplimiento del Plan del Carbón.

Por tanto, yo no veo por qué se rechaza la Proposición, salvo que ustedes quieran que las eléctricas nos sigan toreando. Ésa es la otra visión del problema.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para dúplica, señor Rojo, de nuevo la palabra.

ROJO MARTÍNEZ

EL SEÑOR ROJO MARTÍNEZ: Pues no, señor Procurador, no. Las eléctricas en este momento tienen torero en esta Comunidad; no torean.

Yo lo que sí digo es que si fuera empresario el señor... celebro, además, esa alineación con los intereses; se está alineando claramente con los intereses de las empresas mineras de esta Comunidad. Usted no es el primero, ni es el único, ni va a ser el último. Y es algo que celebro mucho, porque supone una madurez importantísima, dado que se está desvelando la tremenda importancia que tiene la fortaleza de la empresa para el futuro del empleo en esta Comunidad. Es algo que todos sabíamos, pero que no siempre se ha dicho públicamente.

Pero está muy claro que lo que no va a hacer -a mi juicio, al juicio de mi Grupo- la Junta es convertirse en salvoconducto permanente en una tarea larguísima que va a ser ésta del desarrollo del Plan del Carbón. No se puede convertir -y estimo que no debe de convertirse- en salvoconducto de los intereses de una parte. En este momento, la parte más importante de los intereses es la que corresponde, señor Procurador, a los intereses globales de esta Comunidad.

Si algo se puede decir de la Consejería de Industria -y lo puedo decir más alto, pero no más claro- es que no hay otra Consejería de Industria de ninguna Comunidad con minería en este país que haya hecho, hasta la mañana de hoy, señor Conde Valdés, hasta la misma mañana de hoy, tantas y tan importantes gestiones desde que la crisis del carbón, en la etapa reciente, ha puesto de manifiesto la peor cara, ni desde que la puso allá por el año ochenta y ocho en esta Comunidad. Los Presidentes de esta Comunidad le han dedicado siempre un apartado en sus discursos de Investidura. La Consejería de Industria, en este momento, no hace más que desarrollar un programa de gobierno que -debo recordar- ha producido en estas Cortes un Plan de Actuación Minera consensuado con todos los Grupos.

Decíamos, entonces, que esta crisis iba a agotar ese Plan que acaba en el noventa y nueve. Ha nacido otro en un contexto nacional, en el que ya no le hacemos ascos a esos recursos que tienen que venir desde allí. Pero son tantos los agentes y son tantos los intereses, que -¿cómo no?- se van a reproducir aquí debates un mes y otro mes a lo largo de ese larguísimo periodo de ocho años, y más años, sin duda, que se va a hablar del carbón en esta Comunidad. Ojalá sea por muchos años más.

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Lo que creo, señor Conde Valdés, es que hay que ser realistas y convencer también a los empresarios que deben confiar más en ese encuentro de intereses que en la presencia permanente, porque usted decía... de la Junta en esos conflictos. Usted decía que "¿para qué sirve la Junta si los ciudadanos tienen que ir a Madrid?". Evidentemente, los ciudadanos deben resolver cantidad de cosas con la Administración Central, igual que el Consejero de Industria tiene que resolver las que son competencia de esta Comunidad. Probablemente, si algún abuso ha cometido la Junta de Castilla y León, este Gobierno, ha sido, precisamente, estar encima, continuamente, encima del problema. Y eso lo sabe usted -yo no debía decirlo-, porque lo sabe usted perfectamente, encabezando esa cuestión el propio Consejero.

Por lo tanto, no es a través de los medios de comunicación como defiende la Junta de Castilla y León la minería; no es a través de los medios de comunicación como plantea las cuestiones al Ministerio la Junta de Castilla y León. Es en presencia de aquellos que incluso han agradecido públicamente el que la Junta de Castilla y León haya hecho la función que ha hecho en este mes de abril. Ya no estoy hablando de un periodo de ocho años atrás, ni de dos, ni de uno. Estoy hablando que ha habido manifestaciones expresas de agradecimiento al papel del Consejero a lo largo del mes de abril en este problema; que, evidentemente -como digo-, es un problema. Y que en la misma mañana de hoy -es un dato más que le añado-, en la misma mañana de hoy el Secretario de Estado ha vuelto a contestar... mejor dicho, a remitir al Consejero respuesta a la carta que el Consejero le enviaba hace sólo unos días -el día treinta-, enviándole el requerimiento de nuevo a las eléctricas para que asuman ese Plan. Cuestión irrenunciable para el Plan, para el Gobierno Central, y también para la Junta de Castilla y León. Gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Fijación de posiciones. El Grupo Parlamentario Mixto renuncia. ¿Grupo Socialista? Señor Almarza, tiene la palabra.

ALMARZA GONZÁLEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Le recordaba antes el Procurador del Grupo de Izquierda Unida si se acordaban del Protocolo Eléctrico, pues el Protocolo Eléctrico que debatimos en estas Cortes, de aquellos polvos vienen estos lodos que ahora mismo se presentan en esta Cámara.

Y cuando los sindicatos firmaron el Plan General de la Minería 1998-2005, que es un Plan complicado y difícil en su cumplimiento y en su desarrollo, se explicaba, tanto a los trabajadores como las propias negociaciones en el Ministerio, que era un Plan de confianza. Y con ese Plan de confianza, pues asumimos todos el Plan del Carbón, que se está cumpliendo solamente en un apartado: en el apartado de reducción de plantillas en las empresas mineras. Y -como decía- como era un Plan de confianza, pues se esperaba que se fueran desarrollando en el tiempo todos los aspectos que figuraban en ese Plan, y basado fundamentalmente en la voluntad o en la exigencia del Ministerio de Industria y Energía y en la voluntad de las empresas, que son un apartado importante de esto.

Pero los incumplimientos de este acuerdo, de este Plan, y de las normas que desarrollan después el Plan, han sido claramente flagrantes desde el primer día. El día dos de enero del año noventa y ocho se empieza a cumplir el Plan que había entrado en vigor ese mismo día. Por lo tanto, hay que denunciar los incumplimientos. Yo creo que la Junta de Castilla y León... y no estamos recriminando al Consejero que no haya ido veces a Madrid; sabemos que ha ido muchas veces, que ha exigido que se cumpla el Plan del Carbón. Pero tendremos que recordárselo cada cinco minutos, porque aún no hay ninguno de los aspectos contemplados en el carbón... en el Plan del Carbón que se está cumpliendo.

Los contratos de suministro que se han firmado se han firmado en unas condiciones leoninas, forzados por la premura de tiempo, que tenían que estar firmados al treinta y uno de marzo, y si no, en este primer año, ya perdían las empresas el 10% de las subvenciones. Con lo cual, esos planes que se han firmado, esos acuerdos que se han firmado con las eléctricas, suponen una reducción de entre 700 y 1.000 pesetas en tonelada con respecto a los precios del año noventa y siete, lo que supone exactamente el doble de lo que figuraba en el Plan del Carbón. Por lo tanto, hay un incumplimiento total por parte de las empresas eléctricas de lo que es el Plan que tienen que asumir.

Y sí estamos de acuerdo que el Secretario de Industria, el Secretario de la Energía ha mandado una carta a las empresas eléctricas, pero ya ve el caso que le han hecho. Ninguno. Yo creo que igual que el Ministerio de Industria, le ha hecho caso al Consejero de Industria de esta Comunidad y al Gobierno de esta Comunidad.

Pero los incumplimientos son mayores todavía: se incumple totalmente el Plan de Recolocaciones. Como sabrán todos ustedes, a cada once prejubilados había que recolocar a cuatro. Pues nada, las empresas tampoco cumplen eso, porque están en el tris de ver desaparecer las empresas por la situación que se está generando con los acuerdos con las eléctricas.

El Instituto se ha creado, pero no funciona; no está en funcionamiento el Instituto del Carbón, que es, además, el que tiene que repartir las ayudas; el gestor de las ayudas es el Instituto del Carbón. Y, por lo tanto, ni los prejubilados están cobrando... Los prejubilados que se han quedado en casa el día dos de enero no han cobrado la parte proporcional que tiene que pagar el Ministerio de Industria o el Instituto del Carbón, y están cobrando exclusivamente lo del Inem. Otro incumplimiento flagrante de cuál es la situación.

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Cuestión que no pasa en la minería pública. En la minería pública quedaron el día dos, o el día tres, o el día dieciocho, y al día siguiente cobran. Por lo tanto, hay una discriminación total y absoluta hacia esta Comunidad.

Y el retraso de la puesta en marcha de este Instituto del Carbón, pues también supone que el desarrollo de las comarcas o el desarrollo alternativo de las comarcas mineras está paralizado totalmente.

Pero también se incumplen más aspectos: la participación sindical en el Instituto del Carbón, pues tampoco, nada de nada. El retraso de la reactivación económica de las comarcas mineras -como decía antes-, pues no se ha hecho nada prácticamente, o están los proyectos en los cajones.

Hay otro aspecto importante -que ya lo hemos tratado yo creo que en el Pleno también y en la Comisión de Industria alguna vez-, que es la adicionalidad de los fondos. Otro incumplimiento flagrante del Plan del Carbón. Esta Comunidad... y eso no tiene que... no hay que achacárselo a nadie; es exclusivamente el Gobierno de la Junta de Castilla y León el que está incumpliendo en ese aspecto, pues los fondos que se generan no son adicionales para la reactivación de las comarcas mineras.

Y después hay otro aspecto fundamental, que a todos se nos llena la boca de agua al hablar de formación. Pues los fondos de formación tampoco, y es previsible que en este año se pierdan las becas que había destinadas para formación.

Por lo tanto, yo creo que la Propuesta que hace Izquierda Unida en estos momentos es necesario que la asumiéramos todos los Grupos Parlamentarios, para de una vez por todas se ponga en marcha y... efectiva de lo que es el Plan del Carbón, con todos sus complementos. Sabiendo que es difícil la realización de un Plan de este tipo, es complicado, pero yo creo que cuando se hace una norma es para cumplirla, y no para estar incumpliéndola desde el primer día.

Nosotros vamos a apoyar esta Proposición No de Ley que presenta Izquierda Unida. Y recordarles que hoy no hace falta ponerse a la cabeza -como se pusieron el día de las manifestaciones cuando el Protocolo Eléctrico-. Hoy hay que ponerse a trabajar para que las comarcas mineras no sigan la recesión que hay en estos momentos.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Por último, el Proponente de nuevo, señor Conde, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. De manera muy breve, agradecer al Partido Socialista el apoyo a esta iniciativa. Y decirle al señor Portavoz del Grupo Popular, el señor Rojo, que quiero resaltar tres cuestiones para que no haya malos entendidos.

Vuelvo a repetir que yo no estoy exigiendo que la Junta asuma el papel de tutela del Plan del Carbón, porque éste es el compromiso que tiene que asumir el Gobierno Central, que es el responsable de que se haya firmado ese Plan del Carbón. Por tanto, eso que quede absolutamente claro.

La segunda cuestión es que, al margen de las gestiones que desde el Ejecutivo Regional se hayan hecho con el Ministerio -léase o entiéndase reuniones entre el Consejero y representantes del Miner, o el Director General... Regional de Minas con representantes del Ministerio de Industria y Energía-, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros, como Ejecutivo Regional, o ustedes, como Ejecutivo Regional, tienen que exigir al Gobierno Central el cumplimiento del Plan. Y a las eléctricas también. Ése es un requisito fundamental.

Si usted me dice que en el mes de abril el Consejero ha conseguido no sé qué cosas. Hombre, usted tenía que haber explicado que en estos momentos la situación estaba arreglada -cosa que no está-, porque yo este tema lo he planteado ya en el mes de febrero, y estamos ya en el mes de mayo.

Por tanto, lo lógico es que si ustedes rechazan esta Propuesta de Resolución por entender que la Junta ya está actuando, y por entender, fundamentalmente, que el problema se puede solucionar, ustedes ya tendrían que haber adelantado cuándo se van a desbloquear las firmas de los contratos y cuándo se va a desbloquear el problema. Porque usted, decir alegremente: "bueno, yo confío que dentro de ocho días se va a solucionar el tema", nos podemos encontrar... sí, mañana, posiblemente, alguna empresa firme y detrás de ésa firmen todas. Pero, visto lo visto, yo hasta que no lo vea no lo creo. Porque le puse antes el ejemplo de las fábricas de azúcar: "que no, que no, que no", y al final "que sí, que sí, que sí", y van todas unas detrás de otra. Y ojalá esto no ocurra.

Pero al margen de esta situación, al margen de esta situación, yo considero, mientras mañana se solucione el problema -si es posible que mañana se solucione-, yo considero que la Junta en este tema, al margen -vuelvo a repetir- de las reuniones que haya mantenido el Consejero de Industria y el Director Regional de Minas, yo considero que este problema va a seguir existiendo, si no hay un acuerdo concreto en el marco de esta Comunidad, al margen del Plan del Carbón a nivel nacional. Porque el problema lo tiene esta Comunidad. El carbón nacional, que es el carbón asturiano, no tiene ningún problema. El problema lo vamos a tener nosotros.

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Por tanto, ustedes han rechazado esta Proposición No de Ley, ustedes han dicho que el tema está ya prácticamente solucionado, y confiemos que la semana que viene esté resuelto. Porque la pregunta sería: si la semana que viene no está resuelto, ¿qué hacemos? ¿Volvemos otra vez a decir "se va a reunir otra vez el Consejero y el Director Regional de Minas", y volvemos a aplazar otros seis meses hasta solucionar un problema que ya dura en exceso? Bueno, pues tendremos que volver otra vez a presentar otra iniciativa para exigir responsabilidades.

Y confío en que no vuelva usted a decir otra vez que ya se está reuniendo el Consejero y ya se está otra vez reuniendo el Director Regional de Minas con el Ministerio; porque si a usted le parece procedente que dentro de dos meses se vaya a cumplir un año desde que se firmó el Plan del Carbón y todavía -vuelvo a repetir- no hayamos sido capaces de empezar a cumplirlo, yo creo que es un poco para empezar a plantear a lo mejor hasta dimisiones; no digo de aquí, a lo mejor alguna otra persona, ¿eh?

Y, por último, decirle... -porque es un tema que me preocupa- dice que hay que ser realistas y convencer a los empresarios de que hay que conjugar intereses. Yo... ése no es el papel nuestro. No sé si lo ha querido usted decir en otro sentido. Yo he tomado literalmente eso de que "hay que ser realistas y convencer a los empresarios de que hay que conjugar otros intereses". Yo, en concreto, no represento los intereses de los empresarios.

Y usted sabe perfectamente que nosotros, en este tema, no caemos en la trampa de algún empresario que aprovecha la coyuntura para sacar contrapartidas, ¿no? Yo lo que estoy planteando aquí es que, precisamente, los empresarios cumplan con su obligación, el Gobierno Regional con la suya, con la aplicación del Plan de Actuación Minera, y el Gobierno Central con el cumplimiento del Plan del Carbón. Y después, cada palo que aguante su vela. Pero usted no me negará que yo tengo la obligación, el deber de pedir y exigir responsabilidades al Ejecutivo Regional en el cumplimiento de este Plan; no porque tengan ustedes que tutelar el Plan del Carbón, sino porque ustedes tienen la obligación de exigir al Gobierno Central el cumplimiento del Plan del Carbón.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se vota la Proposición del señor Conde Valdés. Quienes estén a favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y seis; veintidós a favor; y cuarenta y cuatro en contra; sin abstenciones. Queda, por lo tanto, rechazada.

Suspendemos la reunión hasta mañana a las once horas.