DS(P) nº 80/4 del 15/9/1998

GARCÍA ÁLVAREZ

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): Con la venia, señor Presidente. Excelentísimo señor Presidente de la Junta de Castilla y León, Excelentísimo señor Presidente de las Cortes de Castilla y León, Señorías.

Un año más, he presentado el Informe de mis actuaciones, el correspondiente a mil novecientos noventa y siete, que hoy vengo a defender con cierto retraso; retraso que quisiera disculpar por la elaboración de otros informes específicos, lo que ha motivado una cierta dilación en la finalización del que hoy es objeto de la atención de esta Cámara.

Como es preceptivo, en él constan el número y clase de quejas recibidas hasta el treinta y uno de diciembre -del dos mil... hasta el treinta y uno de diciembre, dos mil trescientas diecinueve- y el número de expedientes iniciados de oficio -cuarenta y tres-. Unos y otras deben ser utilizados no sólo en el contexto de los casos concretos, sino que deben también servir de base para una visión más amplia, en la medida en que puedan ser manifestaciones concretas de defectos de carácter general en el funcionamiento de nuestras Administraciones. De ahí que, siguiendo las recomendaciones de los Portavoces, estén recogidos en el Informe unas a modo de consideraciones generales, como pueden ustedes comprobar.

Asimismo, en el Informe deben figurar también las quejas rechazadas. A saber, las siguientes: las que hacen referencia a conflictos entre particulares, en un total de ciento sesenta y nueve; las quejas cuyo objeto se encuentre pendiente de una resolución judicial, ciento cincuenta y nueve. Aunque, de todos modos, por lo que se refiere a estas últimas, y dado que la Ley me faculta para ello, para abordar en concreto la problemática general sobre la base de las quejas recibidas, añadiré muy brevemente que las dilaciones judiciales y la lentitud de los tribunales son los defectos más esgrimidos para calificar negativamente a la Justicia, sobre todo en los órdenes civil y contencioso administrativo. Y es que -como saben, Señorías- los retrasos redundan en desventaja, al menos de una de las partes: aquella que ve prolongada hasta la decisión judicial una situación antijurídica, de la cual, sin embargo, obtiene siempre ventaja el incumplidor; pues para este último el retraso estimula a no transigir demandas y a recurrir decisiones desfavorables para mantener durante largo tiempo la apariencia de una posición que parece estar apoyada en el Derecho.

(-p.4959-)

Se ha procedido también a rechazar las quejas cuando del estudio de la documentación enviada por el particular se infiere ya que no hay una actuación irregular de la Administración: son doscientas veintidós. Se trata de rechazos que no siempre entiende el ciudadano y que, en cualquier caso, requieren explicaciones con frecuencia adaptadas a cada situación. Véase, por ejemplo, en la página catorce mil seiscientas setenta y ocho, la motivación del rechazo de una queja presentada por familiares de enfermos mentales (y no creo ser sospechoso de no estar especialmente preocupado por la situación de dicho colectivo).

La Ley habla también de otras causas de rechazo, pues dice que se rechazarán las quejas anónimas y que podrán ser rechazadas aquellas en las que se advierta mala fe, falta de fundamento o inexistencia de pretensión; o aquellas en las que su tramitación pueda irrogar perjuicio al legítimo derecho de tercero. Totalizan todas ellas alrededor de un centenar.

Las quejas aún en tramitación en el momento del cierre del Informe eran cuatrocientas noventa y nueve; unas pendientes de recibir información y otras de emitir resolución. La mayoría son quejas presentadas, lógicamente, en los últimos meses del año noventa y siete. Las resueltas son, pues, mil ochocientas sesenta y siete.

La Ley exige también que se informe... me exige también que informe del resultado obtenido, lo que interpreto en el sentido de a quién se da la razón en las resoluciones del Procurador del Común, dado que la Ley 2/94 no impone que se me responda y, en consecuencia, tampoco impone un plazo de respuesta a mis resoluciones.

Pues bien, se da la razón a la Administración en un 54% de las quejas admitidas a trámite. Si a ello añadimos las quejas rechazadas a trámite por evidente no irregularidad en la actuación de la Administración -doscientas veintidós-, se acaba por dar la razón a las Administraciones en un porcentaje sensiblemente superior.

Ya el pasado año decía que tener derecho a acudir al Procurador del Común no significa tener derecho a que se dé necesariamente la razón a quien presenta la queja. Lo mismo ocurre con otras instituciones también defensoras de los derechos de los ciudadanos -los tribunales-, en los que el número de asuntos estimados, en comparación con el de resueltos, es incluso mucho más bajo.

En cuanto a las causas que dieron lugar a las quejas son, entre otras, las siguientes, expuestas por áreas y, para redondear, con porcentajes aproximados.

En Función Pública y Presidencia, el 20%. Y hacen referencia a: selección de personal, concursos, traslados, relaciones de puestos de trabajo, transferencias de funcionarios de la Administración Central a la Autonómica, retribuciones, complementos, tráfico, expedientes sancionadores.

En Urbanismo, Ordenación Territorial y Viviendas, 18%: ordenación urbana, disciplina urbanística, licencias, patrimonio municipal, servicios municipales, agua, alcantarillado, alumbrado, infraestructuras, expropiación; vivienda: adjudicación de viviendas de Protección Oficial, ayuda a subvenciones, deficiencias.

Actividades Clasificadas y Medio Ambiente, 9%: ruidos, explotaciones ganaderas, vertederos, derecho a la información medioambiental, minicentrales hidroeléctricas, explotaciones a cielo abierto, restauración medioambiental.

Educación, Cultura y Deportes, el 5% -poco más del 5%-: supresión y ubicación de centros, transporte escolar, enseñanzas no regladas, bibliotecas, acceso a la Universidad, convalidaciones de asignaturas, patrimonio histórico y artístico.

Industria, Comercio, Turismo y Consumo, el 3% -poco más del 3%-: asociaciones de consumidores, Cámaras de Comercio, cuotas de los comerciantes, energía eléctrica y gas.

Agricultura, Ganadería, Montes y Pesca, el 5%: concentración parcelaria; subvenciones cuota láctea; montes; caza, cotos, sanciones y permisos; pesca.

Trabajo, Seguridad Social y Servicios Sociales, el 13%: Inem, pensiones -revalorizaciones, reintegros, complementos de mínimos-, invalidez -valoraciones y retrasos en expedientes de invalidez-, Tesorería de la Seguridad Social -cotizaciones-, Servicios Sociales -menores, minusválidos, tercera edad, enfermos mentales-.

Sanidad, poco más del 3%: listas de espera, deficiencias de servicios especializados, derechos del paciente, inspección médica, farmacias.

Justicia, en la medida en que podemos entrar en esta materia: asistencia jurídica gratuita; inejecución de sentencias; abogados, procuradores; extranjería.

Economía y Hacienda, el 4%: tributos autonómicos, comprobación de valores -retrasos en la tramitación de expedientes-, tributos municipales -impuestos, Impuestos de Actividades Económicas; tasas; contribuciones especiales-, precios públicos.

Es cierto que hay actuaciones que afectan a más de una Administración, al ser más de uno los organismos con competencias en una cuestión determinada. Pero con esta reserva, se puede decir que la mayor parte de las quejas, la mayor parte de las quejas -a saber, el 41%, o sea, novecientas cincuenta y cuatro- van dirigidas contra la Administración Local; lo que nada tiene de sorprendente, entre otras cosas, si tenemos en cuenta el elevadísimo número de Administraciones Locales existentes en esta Comunidad Autónoma.

(-p.4960-)

De ahí -vuelvo a insistir en ello, Señorías- la necesidad de, al igual que han hecho recientemente otras Comunidades Autónomas, la necesidad, a mi juicio, de reformar la Ley 2/94, cuya redacción es tan restrictiva en este punto, para no tener que acudir, como estamos haciendo hasta ahora, a interpretaciones analógicas, utilizando argumentos empleados por el Tribunal Constitucional a la hora de enjuiciar cuestiones similares, o al convenio concluido con el Defensor del Pueblo estatal, que, por lo demás, sin renunciar a su competencia, ve como algo lógico el que sean los Comisionados Autonómicos los que entendamos de las quejas que afectan a nuestros Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales.

Seiscientas cincuenta quejas -es decir, del 28%- van dirigidas contra la Administración de la Comunidad Autónoma.

Es difícil realizar, Señorías, una estadística fiable y rigurosa, desde el punto de vista jurídico, de los expedientes que corresponden a las distintas Consejerías afectadas por las quejas, ya que dentro de la Administración Autonómica dirigimos nuestros escritos a las Delegaciones Territoriales o las Consejerías, atendiendo al principio jurídico-administrativo de competencia. Es decir, nos dirigimos al órgano administrativo con competencia de la instrucción y resolución del expediente que ha dado lugar a la queja que se tramita. Principio de competencia, requisito esencial de validez de los actos administrativos y de carácter irrenunciable, que exige que los diferentes expedientes se instruyan y resuelvan por el órgano que tenga a aquella atribuida como propia; competencia, pues, que en ocasiones corresponde a la Delegación Territorial y, en otras ocasiones, desde ese punto de vista, a la Consejería correspondiente.

Hemos iniciado una experiencia de visitas, por parte de los Jefes de Servicio de la Delegaciones Territoriales -en concreto, comenzando por la Delegación Territorial de León-, con el fin de facilitar a la Administración Autonómica el conocimiento del funcionamiento de la Institución de la que soy titular. Desearía que la misma continuase con el resto de las Delegaciones Territoriales, porque creo que facilitará el trabajo en el futuro.

El número de quejas dirigidas contra la Administración Estatal es de cuatrocientas cincuenta y seis; o sea, el 20% del total de quejas recibidas, que, si incluimos el 6% que afecta a la Administración de Justicia, suma el 26%.

De ordinario, procedemos a su remisión al Defensor del Pueblo, aunque a veces, e incluso frecuentemente, por razones de urgencia y de eficacia solicitamos información -que solemos obtener en la inmensa mayoría de los casos-, y participamos en su tramitación, en el marco de la colaboración con el Defensor del Pueblo estatal. Tal ha ocurrido, por ejemplo, en cuestiones de extranjería -algunas resueltas felizmente- y en otras relativas a la inejecución de sentencias.

En este sentido, desearía manifestar públicamente mi satisfacción por las excelentes relaciones con la Institución estatal.

Como señalaba en Informes anteriores, las quejas no suelen hacer referencia a derechos concretos -casi nunca los ciudadanos invocan derechos concretos-, lo que no es óbice para que puedan, sin mayor dificultar, ser puestas en relación con algunos de los recogidos en la Constitución Española y, en consecuencia, se pueda proceder a la supervisión de la Administración, como establece la Ley 2/94.

No hace falta recordarles, sin embargo, que el Ordenamiento contempla, por lo que se refiere a la defensa de determinados derechos -los incluidos en la Sección Primera del Capítulo II-, otros medios de protección, y que el propio Defensor del Pueblo Estatal dispone de la posibilidad de acudir ante el Tribunal Constitucional. De ahí que se mantenga -como es bien sabido- por la doctrina que los Comisionados Parlamentarios Autonómicos seamos la instancia más adecuada para defender otros derechos, sobre todo los previstos en el Capítulo III del Título II y en otras partes de la Constitución (como recoge, por cierto, la Exposición de Motivos de Ley Reguladora de esta Institución).

El grado de colaboración de las Administraciones es en su conjunto alto -aproximadamente el 85%-, referido, claro está, a la fase de investigación, a la primera fase -a la fase de solicitud de documentación, que es la única que contempla la Ley, al menos hoy por hoy-, por más que tampoco fije plazo para su respuesta, por lo que a veces esta respuesta se hace esperar más de lo deseado.

Alta colaboración, pues, a pesar de las dificultades que experimentan los pequeños municipios, tan numerosos, a la hora de responder a nuestros requerimientos y, en su caso, a nuestras resoluciones, en el segundo momento de la tramitación.

Permítanme, a título de ejemplo anecdótico, exponer la situación que se planteó en un pequeño municipio situado en el Camino de Santiago. Tras dirigirme al Alcalde, en relación con un montón de chatarra colocado en el mismo trazado del Camino, respondía el Alcalde diciendo que por supuesto había que proceder a retirarla de aquel emplazamiento, pero que el vecino culpable se negaba y él carecía de medios para obligarle, por lo que acababa solicitando, paradójicamente, a su vez, el amparo del Procurador del Común.

Por lo demás, Señorías, no cabe olvidar la confusión competencial que, como consecuencia de la pluralidad de Administraciones y de normativas, puede incidir en la tramitación de los expedientes, en la medida en que no es infrecuente, no es infrecuente que las Administraciones rechacen -y lo hagan razonadamente-, en una especie -permítame la expresión- de "conflicto negativo de competencias", su responsabilidad en un supuesto concreto (recuerden, por ejemplo, el reciente caso del espacio natural de Las Médulas), lo cual constituye un elemento más que dificulta la determinación del grado de colaboración.

(-p.4961-)

En varias ocasiones me he referido a la laguna que existe en la Ley a la hora de obligar a las Administraciones a responder a mis resoluciones. Es cierto que, a pesar de ello, las Administraciones, en la fase final del procedimiento, suelen responder en líneas generales, quizá con la excepción de las resoluciones en materia de ruidos, donde la falta de respuesta es cada vez más alarmante, a nuestras recomendaciones o sugerencias.

A este respecto, desearía añadir que la discrepancia, en su caso, con nuestras resoluciones por parte de la Administración, no sólo es legítima, sino que incluso puede ser enriquecedora, siempre y cuando se produzca de manera motivada. Lo que no parece de recibo es que a veces no se conteste, a veces no se conteste o que se responda con un rechazo sin motivación, sin fundamentación. De ahí, Señorías, la necesidad de que ya les hablé de reformar la Ley 2/94, obligando a responder motivadamente a las resoluciones del Procurador del Común. Con ello, además, no se haría más ciertamente, no se haría más que poner a nuestra normativa, la normativa de Castilla y León, en la línea de otras Comunidades Autónomas.

Y, a continuación, expondré la actuación de los dos departamentos en que está estructurada la Institución.

Por lo que se refiere al Departamento I, Protección y Defensa de los Ciudadanos, en primer lugar, las quejas relativas a Función Pública y Presidencia, que se refieren, sobre todo, a traslados, comisiones de servicios, situación de interinos, no convocatoria de plazas, contenido y aplicación de baremos en procesos selectivos, acceso a la Administración Pública, etcétera.

También este año se han recibido otras nuevas, como la de varios grupos de funcionarios transferidos reclamando en algunos casos retroactividad de las relaciones de puestos de trabajo y, en otros, manifestando que con las transferencias sus nóminas se veían mermadas.

Frecuentemente las quejas tienen un denominador común, la falta de contestación de los escritos presentados ante los órganos administrativos correspondientes. Un uso excesivo del silencio administrativo tiene una consecuencia claramente negativa para el administrado, que afecta a la defensa jurisdiccional de sus derechos o intereses legítimos, pues en muchas ocasiones el silencio o falta de contestación expresa por la Administración supone para el particular un notable déficit en el conocimiento de la fundamentación, de la postura de la Administración Pública, lo que obviamente redunda en una mayor dificultad para preparar la defensa jurisdiccional de sus derechos e intereses legítimos.

Administración Local. Por lo que se refiere al régimen jurídico, organización y funcionamiento, suelen ser relativamente frecuentes que las Administraciones Públicas remitan a los ciudadanos que demandan determinada información administrativa a otras Administraciones distintas, alegando la falta de competencias y olvidando las que le son propias.

Las Administraciones Locales, especialmente las de menor capacidad económica y de gestión, pretenden evitar, a través del mecanismo de la ausencia de resolución expresa de los escritos presentados, verse involucradas en lo que parecen estimar un contencioso innecesario, olvidando que, solicitada la certificación de acto presunto, los plazos para interponer recurso se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la certificación.

A veces, si bien es cierto que la solicitudes que dirigen los ciudadanos a las Corporaciones Locales no reúnen los requisitos que establece la Ley -es cierto-, también lo es que las Administraciones afectadas no proceden a cumplimentar lo dispuesto en la Ley 30/92, de conformidad con lo cual se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.

En ocasiones los ciudadanos olvidan que constituye requisito imprescindible, para que sea operativo el silencio, que la Administración pueda pronunciarse sobre el fondo; es decir, que a la vista de la documentación que obra en su poder, pueda, efectivamente, dictar una resolución expresa (no operando, por ejemplo, el silencio si solicita una licencia para construcción de edificio y no se acompaña el proyecto).

Muchos Ayuntamientos sólo permanecen abiertos algunos días a la semana como es sabido (y, a veces, incluso, tan sólo en horario de tarde), y a nadie se le escapa que en estas circunstancias resulta difícil, si no imposible, tener a disposición de los interesados un proyecto de obras o un pliego de condiciones, o la de los corporativos, los expedientes a tratar en la correspondiente sesión convocada.

Por lo que se refiere a la Función Pública Local, se ha constatado que continúa a veces la contratación de personal laboral temporal sin previa publicidad ni convocatoria.

Frecuentemente los Ayuntamientos confeccionan bases de selección determinando, entre otros, méritos tales como las circunstancias familiares y económicas, la edad o la residencia en la localidad. No son fijados por el Pleno los criterios técnicos de valoración de los factores a tener en cuenta en la distribución individualizada del complemento de productividad, con el consiguiente riesgo de apreciaciones personales (personales de los funcionarios, claro está y del Alcalde).

Urbanismo, Ordenación del Territorio, Obras Públicas y Vivienda.

Por lo que se refiere al Urbanismo, la falta de asesoramiento técnico en materia de urbanismo, constituye uno de los mayores obstáculos para llevar a cabo políticas de vivienda y de mejora del entorno.

Se observa cierta reticencia de no pocos Ayuntamientos a incoar los correspondientes expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionadores, incluyendo, en este último caso, los correspondientes a la infracción consistente a habitar el edificio sin licencia de primera ocupación.

(-p.4962-)

En los expedientes incoados para restablecer las condiciones de seguridad, salubridad y ornato público, es relativamente frecuente que los Ayuntamientos, antes de proceder a la notificación del trámite de audiencia como tal, ordenen la ejecución de obras mediante resolución que pone fin a la vía administrativa, así como que el acuerdo administrativo que impone la ejecución de tales obras no contenga ni una especificación detallada de las deficiencias ni de las medidas necesarias para conservar las condiciones de seguridad, ni el plazo para implantarlas, ni el valor estimativo de las obras.

Hay Corporaciones Locales reticentes a la hora de establecer determinaciones -en la normativa urbanística o en cualquier otra- dirigidas a garantizar la seguridad en las obras de nueva edificación y derribo -vallas de cierre, andamios de protección, etcétera-.

Se otorgan licencias para la realización de obras que requieren autorización de los órganos encargados de la protección del patrimonio antes de que ésta haya sido concedida.

Existe una confusión entre los ciudadanos, también hay que decirlo, respecto a la distinción entre cédula de habitabilidad -acreditativa de que la vivienda cumple los requisitos de habitabilidad y tiene aptitud para ser destinada a residencia- y licencia de primera ocupación, que justifica -como saben- que la vivienda cumple las condiciones impuestas en la licencia de obras.

Por lo que se refiere al Patrimonio y los Bienes Municipales, son frecuentes las reclamaciones relativas a caminos rurales.

A la vista de las mismas, debe concluirse la conveniencia de que por parte de las Administraciones se proceda a determinar la anchura de los caminos, para posteriormente aprobar los correspondientes proyectos y proceder a la expropiación de los terrenos precisos, para lograr las anchuras que se pretenden si ello fuera necesario.

En materia de responsabilidad patrimonial podríamos decir que nuevamente este año la generalidad de los casos se refería a daños y perjuicios sufridos en los bienes de los reclamantes como consecuencia de la ejecución de obras municipales.

En todos estos casos, el núcleo de la cuestión radicaba en determinar en qué grado la Administración es responsable de indemnizar las lesiones que los particulares sufrían en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos de acuerdo con las valoraciones predominantes en el mercado. En definitiva, acreditar la relación de causalidad entre la lesión y el funcionamiento normal o anormal del servicio público.

Al respecto puedo añadir que donde se apreciaron casos de responsabilidad patrimonial estaban implicadas, sobre todo, pequeñas localidades, las cuales acometían las obras con una dotación presupuestaria en ocasiones deficiente, lo que redunda, inevitablemente, después en una ejecución defectuosa de la obra.

En cuanto a Servicios Públicos, en numerosas ocasiones los Ayuntamientos no exigen a quienes pretenden edificar sobre suelo urbano no calificado como solar las garantías de urbanización simultánea a que se refiere la legislación urbanística, lo cual impide a las Corporaciones actuar sustitutoriamente.

Si bien es cierto que son muy numerosas las reclamaciones relativas al establecimiento o prestación de los servicios obligatorios, también lo es que los particulares afectados no suelen hacer uso de la posibilidad que les brinda la Ley de Haciendas Locales de formular reclamaciones contra la aprobación inicial de los presupuestos -ante el Ayuntamiento, claro está-, cuando éstos no consignen los créditos necesarios para dicho establecimiento o prestación.

Es necesario también que los Ayuntamientos extremen su eficacia en la programación, proyección y ejecución de cementerios o su ampliación, a fin de evitar el funcionamiento anormal de dicho servicio. Nos hemos encontrado con varias quejas colectivas a este respecto. Y no me refiero tan sólo... no me refiero tan sólo a los pequeños municipios.

Expropiación. Existe una negativa por parte de la Administración a indemnizar por el valor real de lo existente en el momento de la expropiación, alegando la existencia de determinadas irregularidades administrativas, como la falta de licencia para la construcción.

Se constata la existencia de acuerdos de las Corporaciones Locales que se extralimitan en su cometido, extendiendo el objeto de la expropiación a mayor superficie de la comprendida en el acuerdo de necesidad de ocupación.

Se constata también que se llevan a cabo acuerdos de las Corporaciones en virtud de los cuales, si bien se aprueban los correspondientes proyectos, ni se declara la utilidad pública ni la necesidad de la ocupación.

En cuanto a la Vivienda, a tenor de las quejas presentadas, nuestra actividad estuvo encaminada a supervisar que las Administraciones Públicas ejerzan adecuadamente las competencias que les otorga la normativa de viviendas de protección oficial, para garantizar su cumplimiento.

En la categoría jurídica de viviendas de protección oficial se incluyeron tanto las de promoción privada como las de promoción pública. El principal problema que se plantea en las viviendas de protección oficial de promoción privada se concreta en la lentitud con que se tramitan los expedientes sancionadores incoados por Administración Pública por el incumplimiento, por parte de los promotores de la normativa específica.

(-p.4963-)

Durante los años transcurridos desde el inicio de nuestra actuación, estamos comprobando que una vez dictada resolución administrativa firme por la que se obliga al infractor a hacer las obras de reparación necesarias para subsanar los defectos de las viviendas, con independencia de las sanciones económicas, una vez agotados los plazos concedidos para la ejecución voluntaria, la Administración no actúa con la diligencia que sería deseable para llevar a cabo la ejecución forzosa como medida de ejecución subsidiaria a costa del obligado.

En cuando a las quejas relacionadas con las viviendas de protección oficial de promoción pública, las denuncias recaen sobre presuntas irregularidades en los procesos de selección de adjudicatarios. En los escritos recibidos en la Institución, los promoventes de las quejas muestran su desacuerdo con la valoración de su solicitud por parte de las Comisiones Provinciales de Vivienda. En estos casos, iniciamos las actuaciones oportunas para comprobar si la valoración efectuada se ajusta a los baremos establecidos en la orden citada.

Actividades Clasificadas y Medio Ambiente.

Explotaciones Ganaderas. La Administración es, a nuestro juicio, reticente a la hora de hacer cumplir la normativa vigente para este tipo de actividades, principalmente en aquellos municipios dedicados a la ganadería, como consecuencia de los graves perjuicios económicos que una aplicación estricta de la Ley -se dice- podría suponer para muchas familias. En este sentido, deben habilitarse ayudas económicas, a fin de que este tipo de actividades sean trasladadas fuera de los cascos urbanos de las localidades, así como para la instalación de las medidas correctoras necesarias.

Residuos. Durante los últimos años se han ido acumulando indiscriminadamente gran cantidad de residuos en nuestra Comunidad Autónoma, proliferando de este modo numerosos vertederos que, careciendo de un adecuado tratamiento, se han ido ubicando en lugares inapropiados -arroyos, laderas, suelos no aptos geológicamente, etcétera-, con el consiguiente deterioro ambiental que esta situación ha supuesto: contaminación de suelos y aguas, incendios, riesgos para la salud pública, impacto visual, etcétera.

Las quejas de particulares se centran principalmente en el desacuerdo de los ciudadanos en relación con la ubicación de este tipo de actividades. La falta de predisposición de muchos municipios a aceptar en su término municipal las instalaciones necesarias está originando, como es sabido, entre otros factores, demoras excesivas en la puesta en marcha de las plantas de tratamiento, con el consiguiente funcionamiento de vertederos clandestinos y los evidentes perjuicios medioambientales que esta situación provoca.

Es preciso, creemos, una intervención directa de la Administración Autonómica en esta materia. Hasta el momento, el control y vigilancia de este tipo de instalaciones se está llevando a cabo únicamente por parte de las Administraciones Locales, que frecuentemente, casi nunca, casi nunca cuentan con los medios técnicos necesarios para tal fin.

Educación, Cultura y Deportes.

Las quejas y peticiones tratadas en esta área presentan un triple contenido, referido a la enseñanza no universitaria, enseñanza universitaria y función pública docente.

En el ámbito de la enseñanza no universitaria, el contenido sustancial de las quejas se refiere a los problemas suscitados por el acceso al propio nivel de enseñanzas, becas y ayudas al estudio, calidad de la enseñanza, expedición de títulos y mantenimiento y equipamiento de centros públicos de enseñanza.

Las quejas formuladas en relación a la enseñanza universitaria se refieren, fundamentalmente, al acceso y permanencia de los centros de enseñanza superior, traslados de expedientes académicos, convalidaciones de títulos, sistemas de becas, exámenes y precios públicos universitarios.

La función pública docente ha motivado quejas cuyo objeto hace referencia a las pruebas selectivas por ingreso en los cuerpos docentes de nivel universitario, situaciones administrativas, régimen disciplinario, reconocimiento de servicios prestados a la Administración con carácter previo a la adquisición de la condición de funcionario, retribuciones y desplazamiento de profesores a causa de supresión del centro público en el que prestaban sus servicios.

Patrimonio Histórico-Artístico.

Es reducido el número de quejas presentadas ante esta Institución en relación con los problemas relativos al Patrimonio Histórico de Castilla y León. Y ello a pesar de que esta Comunidad Autónoma cuenta con una enorme riqueza de bienes que integran su patrimonio.

Se ha podido comprobar que la efectividad de la obligación de las Administraciones competentes en esta materia, en relación con la conservación y protección del Patrimonio Histórico, se ve necesariamente condicionada y limitada por el gran número y variedad de bienes que lo constituyen; a lo que hay que unir la insuficiencia de bienes económicos que alcancen a todos ellos.

Las responsabilidades, en relación a la conservación y protección de los bienes del Patrimonio, no pueden hacerse recaer exclusivamente -a mi juicio- sobre la Administración Autonómica, sino que es preciso que las Administraciones Locales tomen plena conciencia de las obligaciones que al respecto les corresponden según la ley.

Industria, Comercio, Turismo y Consumo.

(-p.4964-)

Una parte importante de esta área esta constituida por aquellas quejas relacionadas con la energía eléctrica. Ello se debe fundamentalmente a que la trascendencia social y económica del suministro eléctrico hace que la intervención administrativa sea frecuente con la finalidad de garantizar las mejores condiciones de calidad y seguridad, a lo que debe unirse la configuración del suministro de energía eléctrica como un servicio público del que, en algunas ocasiones, los usuarios se están viendo arbitrariamente privados.

Y ha sido esencialmente la actividad de la Administración Autonómica la que ha sido objeto de supervisión por parte del Procurador del Común, debido a las competencias que tiene en las materias referidas anteriormente. Y ello sin perjuicio del control que, a su vez, se ha llevado a cabo sobre la Administración Local, fundamentalmente en relación con la defensa de los consumidores y usuarios.

Las quejas relativas a la energía eléctrica versan principalmente sobre los siguientes temas: los continuos y reiterados cortes de suministro de energía eléctrica, producidos sin previo aviso, a los usuarios del servicio por parte de las compañías suministradoras -lo que afecta sobre todo a numerosos municipios de la provincia de León-; la falta de las licencias preceptivas en instalaciones eléctricas; la suspensión del suministro eléctrico como consecuencia de los defectos en las instalaciones de enlace de los edificios; el peligro que supone para la seguridad de las personas y cosas determinadas líneas de alta o media tensión.

Hay que destacar que, en relación con las quejas relativas a los continuos cortes del suministro de energía eléctrica en diversos municipios, se ha producido este año un mayor control de la actividad de las empresas suministradoras, al objeto de garantizar la mejora de la calidad del servicio en las zonas afectadas.

En otro orden de cosas, se ha planteado la problemática existe en relación con las cuotas liquidadas por las Cámaras Oficiales de Comercio e Industria. Y ello debido fundamentalmente al hecho de que la normativa reguladora se ha visto afectada -como es sabido- por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El ejercicio de la venta ambulante sin la correspondiente licencia en varias localidades ha sido objeto también de quejas.

En materia de turismo, se efectuó una sugerencia, a fin de que, dentro del marco de actuaciones del Plan Regional para el Desarrollo Turístico de esta Comunidad, se incrementaran las labores de inspección.

Agricultura, Ganadería, Montes y Pesca.

Un número elevado de las quejas presentadas en materia de agricultura se refieren a problemas de concentración parcelaria. Uno de los motivos de queja más frecuentes es el desacuerdo de los afectados con los lotes de reemplazo, aunque ha podido comprobarse que en muchos casos los interesados no habían presentado los recursos administrativos procedentes contra los acuerdos adoptados.

Este hecho se encuentra relacionado con otro dato importante, cual es la complejidad del procedimiento de concentración parcelaria y las dificultades de comprensión del mismo por los afectados.

Todo ello desemboca en la falta de distinción de los propietarios entre actos definitivos y actos de trámite, con las consecuencias que de ello se derivan para la presentación de los recursos. En la práctica se produce una confusión entre las alegaciones que pueden presentar en la fase de encuesta y los recursos que proceden contra el acto administrativo definitivo. Por eso esta Institución ha intentado informar a los reclamantes de los mecanismos de que disponen para la defensa de sus derechos frente a la Administración.

Por otro lado, se ha podido comprobar el incumplimiento de los plazos de resolución de los recursos. Por lo que estimamos que, en materia de concentración parcelaria, la Administración debe realizar un esfuerzo para mejorar la eficacia de su gestión, evitando retrasos en la resolución de los recursos contra las bases y el acuerdo de concentración.

Pesca.

Ante el deterioro progresivo que presentan los ríos en nuestra Comunidad Autónoma urge la instalación de depuradoras que eviten el vertido directo a aquéllos de residuos industriales y urbanos principalmente. Asimismo, deberían revisarse las ya existentes, procurando su normal funcionamiento.

Se hace preciso establecer una intensa vigilancia y control en todas las piscifactorías, en todas las piscifactorías, sobre todo en las que dependen directamente de la Administración y que guardan relación directa con las repoblaciones.

Es muy importante, Señorías -entiéndanme bien-, que con todos los medios posibles se persiga coordinadamente el furtivismo. Y es conveniente -a mi juicio- hacer público los logros en este campo.

La utilización de medios químicos o eléctricos está provocando la desaparición -y tómenmelo al pie de la letra- de la fauna en tramos enteros de río, con la consecuencia no sólo ecológica, sino también económica, que se deriva de ello. Tampoco aquí el interés general puede estar subordinado al interés económico de unos pocos, que, además, infringen gravemente la ley. Y de ello se hacen eco varios colectivos de ciudadanos, sobre todo en la provincia de León, al dirigir otras tantas quejas a esta Institución.

Trabajo.

(-p.4965-)

Varias quejas se refieren al retraso en la tramitación y resolución de las ayudas y subvenciones de los distintos programas de promoción del empleo y de la formación profesional ocupacional que convoca la Administración Autonómica. Dicho retraso se arrastra desde mil novecientos noventa y cinco, año en el que se produce la transferencia de funciones. Y, transcurrido el primer periodo de puesta en marcha de la nuestra estructura, y subsanado los defectos de ésta con las modificaciones normativas precisas, no parece que debieran perdurar dichas demoras.

De los diversos informes que obran en la Institución se puede concluir que la causa principal de estos retrasos se explica por la falta de dotación económica suficiente para cada uno de los programas. Por ello, sería necesario que se confeccionaran unos presupuestos más realistas, con dotaciones económicas suficientes; de un lado, para que los programas fueran efectivos y ayudaran a la efectiva creación de empleo y, de otro, para que no crearan falsas expectativas en los ciudadanos, pues éstos, confiados en las medidas publicadas y anunciadas, se embarcan a veces en proyectos empresariales contando con unas ayudas que, finalmente, no llegan por insuficiencia presupuestaria, debiendo incluso en algunos casos efectuar traspasos de fondos de unos a otros programas previamente agotados y que se consideran, por diversas razones, prioritarios.

En cuanto a servicios sociales me remito a las actuaciones de oficio correspondientes.

Menores.

Se ha incrementado notablemente el número de solicitudes de adopción internacional como consecuencia del descenso de la natalidad en España, del largo periodo de tiempo de espera para poder adoptar a un niño de nacionalidad española y de la expectativa de que con la adopción internacional será menor la edad del adoptado. Aun en estos casos, la tramitación del expediente creo que se dilata notablemente.

Han sido varias las quejas de quienes tienen un menor en acogimiento. En muchos casos reclaman de la Administración Autonómica información sobre el historial médico, carencias afectivas del menor, un seguimiento estrecho de su evolución y un control del régimen de visitas establecido.

Esperemos que la adaptación de la mecánica administrativa a las modificaciones introducidas por la Ley de Protección del Menor acaben con estas deficiencias.

Sanidad.

El reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria, el alcance y la extensión de la prestación y el acceso a centros especializados son los aspectos sobre los que versan parte de las quejas recibidas o buena parte de las quejas recibidas en esta materia.

En materia de enfermos mentales me remito a lo que diré después en el contexto de la actuación de oficio correspondiente.

Economía y Hacienda.

Ocupan el análisis de esta área cuestiones objeto de reclamaciones relativas a los mismos conceptos de años anteriores, es decir: gestión, liquidación y, sobre todo, recaudación de tributos.

Las quejas que se reciben en este campo suelen responder a motivos muy individualizados y se centran sobre todo en la Administración Local y en la Administración del Estado.

En el ámbito de la Hacienda Local podemos indicar, a la vista de los expedientes tramitados, la dificultad para determinar la naturaleza, tasa o precio público de determinadas contraprestaciones dinerarias con las consecuencias que de ello derivan; posibilidad de que los rendimientos obtenidos puedan superar o no el coste del mantenimiento del servicio; distinto procedimiento de aprobación de las ordenanzas; necesidad o no de autorización de la Comisión de Precios.

Dentro de la comisión... perdón, dentro de los tributos locales cobran especial relieve las quejas derivadas de la gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, tanto en cuanto a su falta de notificación personal como tributo de cobro periódico, como la valoración de los inmuebles gravados, cuyos propietarios consideran excesiva, atendiendo a sus características estructurales y de ubicación.

En el ámbito de la Hacienda Autonómica las quejas recibidas tienen por objeto comprobaciones de valores, a efectos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Las reclamaciones referidas a esta problemática responden a la disconformidad de los contribuyentes con el importe de la base imponible comprobada; es decir, la no aceptación de la valoración efectuada por los técnicos de la Administración, al objeto de determinar el valor real del bien o derecho transmitido.

En los supuestos investigados se ha observado que la motivación consignada en las hojas de valoración no es suficiente en la mayoría de los casos, ya que contienen expresiones estereotipadas en el impreso ad hoc, que son a veces imprecisas y ambiguas.

La ley exige, asimismo, Señorías, se dé cuenta de las actuaciones de oficio. Éstas pueden ser -como es sabido- actuaciones concretas sobre cuestiones puntuales, o bien revestir una duración más amplia que se prolonga en el tiempo. Alguna de estas últimas he dedicado informes específicos, que serán defendidos próximamente en Comisión, como saben. En concreto la relativa a residencias de la tercera de edad y integración social de los minusválidos.

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Pero permítaseme hacer referencia a otras que siguen preocupándome en especial: agresiones acústicas, sigue preocupándome en especial. Como es sabido, la incidencia de ruido que se produce dentro de los establecimientos públicos proviene fundamentalmente de aparatos musicales y del público. Y la solución pasa necesariamente por la insonorización de los locales y por el cierre de las ventanas y puertas de los mismos, o la utilización preceptiva, en su caso, de la doble puerta. Pues bien, en muchas casos la Administración no ha exigido la presentación del correspondiente proyecto técnico de insonorización del local, y en otros supuestos se ha producido un incumplimiento de las medidas correctoras de aislamiento acústico recogidas como condición -es bien sabido- en la licencia de actividad.

Los ciudadanos que se ven afectados por las molestias ocasionadas por este tipo de establecimientos con frecuencia desconocen ciertamente qué autoridad debe ser la que lleve a cabo el control de los mismos.

Esto sucede principalmente con relación a los horarios de cierre, cuyo régimen sancionador corresponde a las Delegaciones Territoriales.

Debe ponerse de manifiesto, no obstante, que el control del régimen de horarios está siendo efectuado tanto por la Policía Nacional como por la Policía Local; y de ahí, quizás, el confusionismo de los ciudadanos y la necesaria coordinación que debe producirse entre las distintas Administraciones Públicas.

Se aprecia falta de control riguroso y de sanciones eficaces para disuadir de los incumplimientos de las prescripciones legales para este tipo de actividades. Se observa falta de contundencia por parte de la Administración a la hora de sancionar a los establecimientos públicos que comienzan a funcionar antes de solicitar la correspondiente licencia o mientras se encuentra en tramitación. Falta por parte de la Administración un control permanente de los locales después de su apertura, pues si bien en un principio las medidas correctoras pudieron ser suficientes, con el transcurso del tiempo éstas pueden deteriorarse o se hacen insuficientes. Existe una alta concentración de este tipo de establecimientos en determinadas zonas de nuestras ciudades. En estos supuestos, debería extremarse el control periódico de las actividades, con el objeto de comprobar que el funcionamiento de las mismas se adecua a las prescripciones de la licencia concedida, en especial en cuanto al cumplimiento de los límites previstos para los ruidos, así como el estricto cumplimiento de normativa de horarios de cierre.

Se constata un incremento del consumo de bebidas alcohólicas en las vías públicas, jardines y otros espacios públicos, incluso por menores de edad, efectuándose un consumo a veces junto a vehículos particulares, utilizando equipos de música.

En numerosas ocasiones los titulares de este tipo de establecimientos públicos tienen, ciertamente, licencia para funcionar sin elementos electroacústicos, a pesar de lo cual introducen éstos en los locales sin efectuar obras de insonorización alguna y sin que se produzca una reacción por parte de la Administración.

Cabe hablar de inoperancia de la instalación de limitadores de potencia en los equipos de música. Según nos han manifestado los propios hosteleros, son fácilmente manipulables. Por otro lado, en numerosas ocasiones, los titulares de las actividades en las que se ha precintado el equipo de música con este tipo de limitadores han procedido sin más a cambiar el equipo musical, sin que se conozca tampoco la reacción por parte de la Administración correspondiente.

Existen deficiencias en las mediciones efectuadas por la Policía Local, que después imposibilitan la sanción.

La Administración Autonómica no ha asumido con rigor y celeridad la adopción de medidas sancionadoras en caso de pasividad o dejación municipal. Hemos comprobado, en este sentido, la reticencia de las Delegaciones Territoriales para iniciar expedientes sancionadores como consecuencia de la comisión de infracciones muy graves, a pesar de que es ésta Administración, y no otra, la que tiene la competencia legalmente a tales efectos.

Señorías, hace ya tiempo que me dirigí a la Administración sugiriendo la unificación de un horario de cierre de los establecimientos públicos. Parece que, por fin, se va a adoptar tal medida; aunque permítanme que me solidarice con aquellos ciudadanos que -me temo- van a seguir sin poder dormir.

Castilla y León carece de una red de servicios especializados en la atención de los enfermos mentales crónicos. Entendemos que los cuidados que precisa un paciente de estas características, una vez superada la fase aguda de su enfermedad, dirigidos a su rehabilitación y resocialización, no deben llevarse sólo a cabo desde los recursos sanitarios propiamente dichos, sino también a través de recursos sociales o sociosanitarios.

Esta falta de recursos configura a los enfermos mentales, especialmente los crónicos de larga evolución, como un sector discriminado; como un sector discriminado que vive, junto con sus familias, en situaciones dramáticas, dramáticas, de emergencia o extrema necesidad. Con frecuencia me hablan de tortura, y yo creo que es la palabra justa a emplear para no pocas de estas situaciones.

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Y cuando las familias faltan -situación que irá produciéndose cada vez con mayor frecuencia, es ley de vida-, ¿alguien, Señorías, me puede decir adónde va este tipo de enfermos crónicos de larga evolución? Porque, que yo sepa, en esta Comunidad Autónoma -es cierto que tampoco en otras Comunidades Autónomas, pero a mí me toca defender los derechos de los castellanos y de los leoneses-, en esta Comunidad Autónoma -que yo sepa- seguimos sin contar con ninguna residencia de carácter permanente.

Es cierto que la aprobación del Plan de Atención Sociosanitaria supone un paso adelante, pero tememos que su puesta en práctica se retrase por el hecho de que la asistencia psiquiátrica se presta a nuestra Comunidad Autónoma de forma plurinstitucional: Insalud, Junta, Diputaciones, consorcios hospitalarios.

Es imprescindible y urgente, para su implantación y desarrollo, un importante esfuerzo de colaboración entre todas las Administraciones. ¡Ojalá, por eso, pronto podamos hablar de resultados más que de objetivos!

Por mi parte, yo sólo puedo hacer... continuar mi actuación de oficio con todos mis esfuerzos en este campo, como muy bien saben.

El bienestar de los grupos sociales menos favorecidos ha sido siempre objeto de una atención especial por mi parte y, entre ellos, el constituido por las personas -tema delicadísimo- de raza gitana, que ha seguido siendo objeto de interés en el marco de la actuación de oficio ya iniciada en el ejercicio anterior.

No creo que nuestra Comunidad pueda ser calificada como racista, pero es cierto que los gitanos -como en otras partes- suscitan recelos en nuestro entorno social. Un buen número de ellos arrastra siglos de retraso y de prejuicios; y, por otro lado, siguen siendo percibidos por muchos como personas problemáticas y relacionadas con la delincuencia.

La aceptación del gitano se condiciona muchas veces a un juicio previo por parte de la sociedad. La efectividad de los derechos constitucionales, de los cuales son titulares todas las personas, adquiere en el caso del colectivo gitano una especial relevancia, porque -como es evidente- su nivel de desarrollo es precario; y no siempre por culpa de la Administración o de la población no gitana. El Procurador del Común no es ningún iluso; a veces, uno tiene la impresión de una cierta exclusión, además de una especie de tendencia en no pocos gitanos, a convertir los derechos -por ejemplo el derecho a la educación- en cargas, a cambio de los cuales, además, esperan obtener una contraprestación.

Me consta que las medidas normativas y el grado de implicación de las diferentes Administraciones y de las fuerzas políticas y sociales ha experimentado un avance importante en los últimos años. Y, sin embargo, la vida de los gitanos no cambiará, a menos que pasemos de las palabras a los hechos, con actitudes ciertamente serenas, pero firmes, ante todos, y también ante los mismos gitanos, por supuesto.

En el desarrollo de esta actuación, estoy tratando de conocer las circunstancias, visitando in situ los diversos asentamientos. Las circunstancias que rodean a las familias gitanas estoy tratando de conocerlas. Me he desplazado para conocer su... y me estoy desplazando para conocer sus condiciones de vida, en la medida en que es posible conocerlas. He mantenido entrevistas con ellos, con autoridades, con los patriarcas gitanos, y también con personas no gitanas. He escuchado sus puntos de vista, sus temores. Y he trasladado a las instituciones algunas cuestiones que me iban planteando. Y otras que me han planteado, les he dicho, desde un primer momento, que no era posible su admisión. También he escuchado opiniones de no gitanos acerca de estos últimos.

Quisiera pensar, Señorías, que mi intervención está sirviendo en algunos puntos, y ha servido en algún punto en concreto, para, al menos, tranquilizar los ánimos de unas personas, gitanas y no gitanas, que quieren llamar la atención contra algunas conductas que -según ellos- no encuentran una respuesta adecuada en las instituciones -quizá tampoco en la Institución del Procurador del Común-.

Me preocupa también sensibilizar a la opinión pública para que supere los recelos indiscriminados contra los gitanos; y, desde luego, convencer a los gitanos de que están sujetos a las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos. No les oculto, al hablar de esa preocupación por sensibilizar a la opinión pública, que se me han hecho llegar quejas contra mi propia Institución precisamente por la actuación en materia de integración de la población gitana. Yo creo que es el único caso en que he recibido quejas -y más de una- contra mi propia actuación.

Pero por lo que se refiere a la labor de convencer a los propios gitanos de que están sujetos a las mismas obligaciones que el resto de los ciudadanos, créanme que siempre me he esforzado en explicarles que no es posible hacer excepciones al margen de la ley, y que deben cumplir con sus obligaciones como cualquier ciudadano.

Confío, en cualquier caso, que, si no para ahora, las generaciones futuras disfruten de una convivencia basada en el respeto y la tolerancia, y que los poderes públicos sean capaces de elevar el bienestar... el nivel de bienestar de todos los miembros de la sociedad. Porque hay situaciones -créanme- que una sociedad que se proclama democrática y moderna, a pesar de todo -a pesar de todos los condicionamientos y de la complejidad-, no puede admitir, que son impresentables; y que, por desgracia, sin embargo, todavía hoy perviven y no tienen trazas de desaparecer.

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Bien. En otro orden de cosas, quiero poner de manifiesto, una vez más, la necesidad de que se proceda a la elaboración, Señorías, de una ley autonómica... -va a ser muy breve lo que voy a decir, pero quisiera decirlo con gran contundencia-, una ley autonómica que venga a clarificar las competencias de las distintas Administraciones en materia de seguridad de los establecimientos públicos de nuestra Comunidad, acabando con la peligrosa -sí, peligrosa- confusión existente. Estoy hablando de seguridad en establecimientos públicos.

Permítanme, para finalizar con este capítulo de las actuaciones de oficio, y en atención a la oportunidad -dada la inminencia del Año Jacobeo-, decir que el Camino de Santiago ha sido también en el año noventa y siete objeto de una actuación de oficio, que viene desarrollándose -como saben- desde años anteriores.

En el pasado ejercicio, nos dirigimos a la Comisión de Castilla y León para la Recuperación y Rehabilitación del Camino de Santiago, a fin de determinar el efectivo cumplimiento por parte de los municipios por los que discurre la Ruta Jacobea de la obligación de redactar un Plan Especial de Protección u otro instrumento de planeamiento de la zona. A este respecto, se nos informó del incumplimiento generalizado de dicha obligación y de que, siendo una cuestión de sustancial importancia, sería abordado por la citada Comisión. Sin embargo, he podido comprobar, a raíz de las gestiones llevadas a cabo, que durante el año noventa y siete no se celebró ninguna reunión de la Comisión; sé que este año ya se ha celebrado una reunión, por lo menos una, pero en el año anterior que me corresponde... sobre el que me corresponde informar en el presente Informe, no se había celebrado ninguna reunión.

Por otra parte, y como consecuencia de las numerosas pintadas propagandísticas de partidos políticos, de fuerzas sociales, existentes en diversos puntos del Camino de Santiago, se sugirió a todos los Ayuntamientos de nuestra Comunidad por los que discurre el Camino que procedieran a su limpieza. La aceptación de la recomendación fue generalizada.

Bien. Desde la perspectiva del otro departamento, el tan discutido Departamento II, de Defensa del Estatuto de Autonomía y Tutela del Ordenamiento Jurídico -y me estoy acercando ya al final de mi intervención-, la elaboración de este Informe da lugar a un tiempo de reflexión, en el que se toma como punto de partida la evolución de los objetivos propuestos y su grado de cumplimiento.

También a lo largo de los ejercicios precedentes, si no del actual -es imprescindible acudir a ellos-, ya sea porque un trienio no ha dado de sí lo suficiente para su consolidación, ya por las dificultades que plantea la comprensión y aplicación de nuestra ley reguladora, a la hora de extraer las conclusiones que, como síntesis, se traen a este apartado, se hace patente que los asuntos abordados por el Departamento son heterogéneos en su contenido y desiguales en su resultado, y que no mueven, precisamente, al optimismo del Procurador del Común.

En esta ocasión, se vislumbra, además, una nueva etapa, marcada por la reforma del Estatuto. Su defensa, así como la tutela del ordenamiento jurídico autonómico -salvo que otra cosa se decida por las Cortes Generales- vendrá atribuida al Procurador del Común en el propio Estatuto de Autonomía, acentuando ello, si cabe, mi inquietud en la búsqueda de los cauces adecuados por los que haya de discurrir la adecuada realización de cometidos.

Como quiera que sea, y para no cansarles, me permito citar, entre otras actuaciones -muchas de ellas muy difíciles, complejas y que han requerido muchísimo tiempo para su elaboración-, las siguientes: seguimiento de la legislación estatal en cuanto pueda afectar a nuestra Comunidad Autónoma, en concreto ocho leyes y doce reales decretos; seguimiento de la propia legislación de la Comunidad Autónoma, en concreto dieciocho proyectos de ley, veintiún decretos y siete órdenes; estudio del Espacio Natural de Picos de Europa, incluyendo la legislación sobre medio ambiente y la Ley de Caza; ordenación del sector farmacéutico; función pública sanitaria; acceso de los licenciados en Biología a la función pública sanitaria; régimen jurídico de las entidades locales menores de Castilla y León; Enclave de Treviño.

Tal y como establece nuestra ley reguladora, el informe presenta un anexo en el que se hace constar la liquidación del Presupuesto aprobado por estas Cortes correspondiente al ejercicio del noventa y siete. Como ven, en sus capítulos se reflejan con detalle los créditos inicialmente aprobados, las modificaciones realizadas, las obligaciones contraidas y los pagos satisfechos. El grado de ejecución en un 95% quiere significar la continuación de la línea de rigor en el gasto público marcada por ustedes, marcada por Sus Señorías desde el comienzo de la Institución. La cuenta de liquidación recientemente aprobada por el órgano competente de estas Cortes recoge todos los asientos contables del ejercicio económico.

El número de personas que presta sus servicios en la Institución, como funcionarios o como personal de confianza, es el mismo del año anterior; y aprovecho para agradecerles su dedicación, sin la cual no sería posible el funcionamiento de la Institución de la que soy titular.

Y para finalizar, permítanme, Señorías, añadir lo siguiente. En mi intervención intervención... en mi anterior intervención -perdón- ante el Pleno de esta Cámara me referí a la espinosa cuestión del uso que puede hacerse, por parte de las fuerzas políticas y sociales, de los escritos del Procurador del Común. No voy a repetir lo ya dicho por los Portavoces en su día; a saber, en principio, "la normalidad" -cito palabras textuales- o incluso "la legitimidad" -decía otro Portavoz- de dicha utilización, tanto por los partidos de la Oposición como por los que se encuentren en el Gobierno Autonómico o Local. Y ello a pesar de las circunstancias peculiares relativas al reparto de fuerzas políticas en las diversas instancias que funcionan en esta Comunidad Autónoma.

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Por lo demás -como decía en su momento-, el uso sesgado que se haga, en su caso, de las meras admisiones a trámite es algo inevitable y también sucede en la Administración de Justicia. Aquí no cabe más que remitirse a todo lo ya expuesto sobre el carácter meramente procedimental de esa etapa.

Pero es que este año pronto comenzará la recta final hacia las elecciones autonómicas y locales, circunstancia por la que aún no ha atravesado la Institución de la que soy titular. No me cabe la menor duda de que, por parte de todos los Grupos Políticos, se seguirá haciendo gala -como hasta ahora, como hasta ahora- del más escrupuloso respeto a la autonomía de quien ahora les dirige la palabra.

Y, por mi parte, quiero asegurarles a todos, quiero asegurarles a todos que seguiré esforzándome, con la ayuda de Sus Señorías y con la ayuda de estas Cortes, por acercarme al ideal, puesto que, ciertamente, en último término, no es más que un ideal, de la objetividad y de la independencia en mis actuaciones. Estoy convencido de que me harán el honor... de que me harán el honor de tomar mis palabras en su más estricto sentido.

También quisiera transmitir, a través de ustedes, sus representantes, a los ciudadanos de Castilla y León, la certeza de que no disminuirán mis esfuerzos en la defensa de sus derechos, cumpliendo así la promesa que hice cuando tomé posesión de este cargo.

Agradezco a Sus Señorías, una vez más, la confianza depositada en mi persona. Nada más.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Procurador del Común. Para fijación de posiciones, se abre un turno de Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Empezando por el Grupo Mixto, van a compartir el turno los tres miembros del mismo. Señora Farto tiene la palabra, en primer lugar.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Señor Procurador del Común, Señorías. Parece ser que mi Grupo ha decidido que yo abra el fuego de esta primera comparecencia en el nuevo curso, y último curso para algunos en estas Cortes de Castilla y León. Por tanto, permítaseme que mis primeras palabras sean de saludo a todas Sus Señorías.

En segundo lugar, señor Procurador del Común, agradecer esta comparecencia a la que por Ley estamos obligados, tanto la Institución que usted preside como estas Cortes. Y agradecerle a usted y, como vengo haciendo siempre en estas comparecencias, también a todo su equipo de trabajo, sin el que supongo no sería suficiente ni sería posible llevar a cabo su labor.

Con mucha brevedad, puesto que el tiempo es corto para el Grupo Parlamentario Mixto, al tener que dividir los turnos, y como representante del pueblo en estas Cortes de Castilla y León, tengo que decirle que estoy de acuerdo con la mayor parte de su exposición y que si no voy a hablar de lo que usted ha dicho es por esa cuestión de tiempo; pero sí me gustaría hablar de algo que, tal vez, tenga dentro por defecto profesional, y es: vamos a intentar evaluar, de alguna manera, desde la mayor humildad que como Procuradora me asiste, la labor de la Institución del Procurador del Común.

Y la pregunta, de cara a una posible evaluación sería: ¿cumple verdaderamente su Institución, esa Institución, con el objetivo esencial para el cual nació, es decir, para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Castilla y León?

Y, señor Procurador del Común, yo entiendo que si verdaderamente cumple con esta función, debe de intentar restablecer esos derechos que, a veces, que a veces son sustraídos a los ciudadanos. Por tanto, le voy a hacer dos o tres consideraciones muy concretas.

En primer lugar, cuáles son los casos o cuántos son los casos verdaderamente solucionados; no vaya a ser... no vaya a ser que el ciudadano de nuevo se vea abocado a la indefensión, porque su Institución tampoco es capaz de restablecer esos derechos que, a veces -vuelvo a repetir-, se les han quitado.

Otra pregunta concreta es la que hace alusión al Artículo 18.1 de la Ley del Procurador del Común, ¿qué obstáculos concretos ha encontrado a sus funciones por parte de las autoridades, funcionarios y de los organismo públicos?

Y, en tercer lugar, señor Procurador del Común, y por si hubiera alguna duda entre los ciudadanos que no tienen muchos de los documentos con los que nosotros contamos, quiero hacer una alusión al tema del presupuesto de la Institución del Procurador del Común. Es cierto que usted nos ha entregado en la memoria ese presupuesto, cómo se está cumpliendo, etcétera, etcétera; pero hay algo que creo que aquí se debe de aclarar. El Capítulo I de su Presupuesto asciende a 154.000.000 de pesetas, y ese Capítulo I está dedicado al personal. Yo tengo una duda que creo que no es una duda mía, que es una duda de muchos ciudadanos y de muchos políticos también, y es ¿por qué hay esa diferencia entre el personal eventual y entre los funcionarios? El personal eventual creo que tiene un Presupuesto de 84.000.000 de pesetas, mientras que los funcionarios de 25.000.000 y los altos cargos de 16. Por tanto, me gustaría saber si verdaderamente ese personal eventual es necesario, si eso puede a la larga crear una crisis en la Institución o si verdaderamente eso tiene una continuidad y tiene un estudio de futuro en el tiempo. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

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EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente, Señorías. Señor Procurador del Común, muchas gracias por su intervención. La verdad es que la intervención ha sido correcta, ha sido exhaustiva. Yo me alegro, y ¡ojalá sirva como precedente!, el hecho de que sea un Pleno monográfico el que sirva para que exponga usted ante esta Cámara su Informe. La importancia del Informe, la importancia de la Institución merece un Pleno monográfico, como en esta ocasión, y ¡ojalá se repita en lo sucesivo!; pese a que en los bancos de la derecha parece que no ha despertado mucho interés, a juzgar por las personas que ahora mismo se encuentran en los citados bancos.

En fin, para nosotros sí tiene mucho interés, para nosotros sí es importante su intervención. La cortedad del tiempo que tenemos, al compartir el turno en el Grupo Mixto, sirve para que vayamos al grano.

Primero decirle que, a nuestro juicio, su Institución sigue funcionando bien, sigue calando en los ciudadanos. Los ciudadanos conocen cada vez más y se amparan cada vez más en el Procurador del Común; y eso se ve en la calle, no hace falta análisis, es la calle el mejor sitio donde se puede analizar.

He observado como ha habido trescientas quejas rechazadas entre los asuntos entre particulares y entre los asuntos judiciales. Y me da la impresión de que, a lo mejor, hay algunos ciudadanos todavía desinformados, que no conocen bien cuándo deben de acudir al Procurador del Común -que es casi siempre, pero hay casos en los que no-. Y me parecen muchas las quejas rechazadas por la desinformación de los ciudadanos al plantear estos dos tipos de cuestiones. A lo mejor -se lo comento por si sirve de algo- sería conveniente, pues, algún tipo de campaña divulgativa o informativa, ya se hizo alguna, cada vez se va conociendo -insisto- más la Institución; pero intensificar o hacer otra campaña explicando, no ya la existencia de la Institución -yo creo que eso ya es de dominio público, eso ya ha sido un éxito-, sino en qué casos los ciudadanos pueden acudir a la Institución y en qué forma. Porque todavía los hay que, de verdad, no saben que pueden hacer su queja de palabra o en un simple papel manuscrito, porque no tienen acceso, a lo mejor, a hacerlo de otra manera. Todavía está ese desconocimiento y, a lo mejor, una campaña divulgativa sobre estos extremos serviría para que no se presentaran quejas que no se van a admitir a trámite, o que se presentaran quejas que los ciudadanos entienden como más asumibles, pues, por eso mismo, por ejemplo, porque lo pueden hacer de forma manuscrita y ellos no saben que pueden acceder así, y piensan que es más difícil el acceder. La verdad es que son los menos, pero los hay; a lo mejor era bueno.

Me gustaría que nos diese el dato de las quejas por provincias, no lo he escuchado; supongo que León seguirá siendo la provincia con más quejas, es la tónica, quizá por ser la sede. Pero me gustaría conocer el dato de las quejas por provincias y a qué atribuye usted, además de ser la sede, el motivo por el cual León sigue siendo la que más quejas plantea a la Institución.

Me gustaría que me diera otro dato. Nos dio el dato sobre cuántas quejas dan la razón... cuántas de las quejas, en cuántas se da la razón a la Administración -creo recordar que el 54%-. Me gustaría, si lo tiene, el dato inverso, es decir, cuántas quejas que plantean los ciudadanos les da la razón a los propios ciudadanos, porque no es la diferencia. Había por ahí una serie de quejas que no estaban en el otro lado; la cifra, la estadística, si la tiene, me gustaría conocerla.

Es verdad, y compartimos, que la gran problemática o gran número de quejas está en las Entidades Locales: hay muchas Entidades Locales, algunas no tienen medios, y otras, sus representantes no tienen interés en resolver esos problemas. Yo espero que con la puesta en funcionamiento -y ojalá que sea como se ha prometido, a finales de este año- de los Juzgados de lo Contencioso, su actividad en este... en muchas quejas decaiga, afortunadamente.

¿Sabe usted cuál es el problema que tienen los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma y, fundamental... y entre ellos los ciudadanos de León? No hay Juzgado de lo Contencioso, cualquier reclamación a la Administración no compensa económicamente si la cuantía es inferior a las 500.000 pesetas, porque el pleito en la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia ya lo vale. Por tanto, ahí se crea una importante indefensión, y acuden a su Institución, pues como única vía que les puede servir.

Ojalá que con la puesta en funcionamiento -yo tengo la confianza de que sí- de los Juzgados de lo Contencioso, muchas de las quejas cambien de destino, porque por su naturaleza tienen que tener el destino judicial y, por tanto, le descarguen a usted de esa actividad (algunas de ellas, digo, las que por su naturaleza, tienen carácter judicial; otras, por su naturaleza tienen el suyo como destino).

Comparto con usted el gran problema de los residuos sólidos urbanos, fundamentalmente; y comparto con usted la abstención de la Administración Autonómica en esta materia, la incomprensible abstención. Ahí está el problema de León, donde la Junta no quiere saber absolutamente nada: que lo solucionen los leoneses, que la ubicación la busquen los leoneses. La Junta es la competente.

Los problemas de suministro eléctrico nos preocupan de verdad, hay una absoluta negligencia en muchas ocasiones, es una tomadura de pelo lo de las compañías eléctricas en la provincia de León. Y, desde luego, nos gustaría saber qué le han respondido las compañías eléctricas cuando se han planteado quejas, que nos consta que se han planteado y que han sido muchas. ¿Están dispuestas a indemnizar a los ciudadanos por la responsabilidad que tienen en ese tipo de cortes de suministro? Hay jurisprudencia abundante que les obliga a indemnizar.

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Y voy terminando. La depuración de aguas me consta que es otra de las quejas importantes que le plantean, también nos lo plantean a nosotros. Prácticamente, los ríos de toda la Comunidad y los de León, en particular, bajan sin depurar, y no se están poniendo soluciones, y preocupa a los habitantes de esos núcleos de población.

Comparto con usted que en enfermos mentales todo sigue igual, año tras año, todo sigue igual.

Y termino. Pide usted una reforma de su Ley. No lo pide ahora, lo lleva pidiendo desde hace varios años; y todavía no se ha hecho absolutamente nada. Creemos que ya es el momento. Nos gustaría que fuera una actuación conjunta la iniciativa para traer a estas Cortes esa reforma, una iniciativa conjunta de todos los Grupos Parlamentarios, porque es un tema despolitizado, es un tema que podíamos traer conjuntamente. Lo hemos dicho y lo hemos planteado en la reunión que tuvimos con usted, cuando la Junta de Portavoces se celebró en su sede. Hasta el momento no sabemos nada. Y sí puedo decir, en nombre del Grupo Mixto, que, si no hay una iniciativa conjunta en el transcurso del próximo mes de octubre, que nosotros, como Grupo Mixto, presentaremos nuestra propia iniciativa, nuestra propia Proposición de Ley, para modificar su Ley. Esperemos que se pueda hacer conjuntamente y que lo hagamos entre todos los Grupos Parlamentarios.

Nada más. Muchas gracias -insisto- por su intervención, su Institución está funcionando bien.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Le corresponde el turno ahora a doña Elena Pérez. Tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, buenos días. Presidente, Señorías. Señor Procurador del Común, enhorabuena y agradecimiento por su extenso Informe.

Usted nos habla de retraso; yo le tengo que decir que el retraso no es del todo imputable a Su Señoría. Se está viendo la necesidad de una información más periódica y, sobre todo, la necesidad de regular y asegurar la periodicidad y el cumplimiento, dar prioridad a este Informe del señor Procurador del Común, y que no esté sometido a los vaivenes de esta Cámara, como ha sido en este momento.

Nos plantea, como en años anteriores, un Informe que se asemeja a una radiografía de esta Comunidad Autónoma, con una particularidad: la problemática y las quejas son similares a los de los años anteriores y demuestran que el Poder Ejecutivo, y no sólo los Entes Locales -es decir, la Junta de Castilla y León-, en gran parte no asume las recomendaciones que el Procurador del Común plantea. Y eso nos parece grave.

También nos demuestra que, igual que nos ocurre a los Grupos de Oposición -a Nueva Izquierda, en este momento- y a la ciudadanía, a las informaciones que reclama el señor Procurador del Común le remiten contestaciones incompletas, cuando no el silencio. En eso se equipara usted en rango al resto de los Grupos y a parte de la ciudadanía.

Recoge áreas tan importantes como Función Pública, Vivienda; y plantea el derecho constitucional a una vivienda digna, planteado en esta Cámara, y con vaivenes y corruptelas en la adjudicación de viviendas de protección oficial públicas que han dado origen a ciertas dimisiones o a ciertos vaivenes políticos dentro del Poder Ejecutivo.

En medio ambiente, con sus agresiones acústicas, ya nos dice usted "sin resolver, sigue sin resolver", pues ni siquiera se tienen los medios técnicos para su medición.

Nos plantea la necesidad de una ley sobre gestión de residuos -como hemos planteado en esta Cámara, como han hecho otras Comunidades Autónomas-, cobrando más sentido en este momento con la actual reforma del Estatuto de Autonomía, que nos permite legislar en protección de medio ambiente; pues se ha demostrado que el Plan de Gestión de Residuos no ha dado... no ha conseguido los objetivos perseguidos.

Nos hace un extenso informe sobre el contencioso de Picos de Europa: sin resolver. Y establece -y le damos la razón- que existe una contradicción entre el Plan Autonómico de Ordenación de los Recursos y aprovechamiento cinegético (es decir, la caza que se permite en Picos de Europa), y no se preserva el espacio natural que son los Picos de Europa.

Contiene, asimismo, críticas -y nos parece importante- a los programas de empleo de la Junta de Castilla y León, apuntando su Informe a políticas más activas y planteando que sólo con subvenciones no se ataja el problema del desempleo en Castilla y León. Plantea -y nos lo ha vuelto a recordar hoy aquí- presupuestos más realistas para el principal problema que tiene Castilla y León; lo siguen recogiendo hoy en día las cifras de desempleo.

Nos hace un estudio, un informe sobre la ordenación farmacéutica en Castilla y León, que, como bien dice -y conocen la mayoría de los interesados e interesadas-, problemática que está en los Juzgados y problemática sin resolver. El Decreto que a tal fin publicó la Junta deja sin resolver por falta de claridad el conflicto planteado. Sigue existiendo la corruptela y la rueda: al mismo farmacéutico o farmacéutica se le sigue concediendo oficinas de farmacia. Y, a pesar del tiempo transcurrido, ni siquiera se ha publicado la Orden que establezca la valoración de los criterios de selección de las personas interesadas.

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Educación. En el día de hoy es noticia, se está planteando la problemática que tiene la implantación de la LOGSE en nuestra Comunidad Autónoma y, sobre todo, en el medio rural. Pero parece que en el día de hoy, por las publicaciones de los medios de comunicación -y que nosotros nos temíamos-, se ha desistido de reclamar la transferencia para el curso que viene.

Nos plantea, además, algo que nos ha hecho ya en sus informes sobre la tercera edad y sobre las residencias de la tercera edad, que llevamos diciéndolo y reclamándolo en toda la Legislatura: más plazas públicas en residencias de personas mayores.

En resumen, plantea análisis y recomendaciones que Nueva Izquierda y otros Grupos de Oposición ya ha traído a esta Cámara, y han sido negadas y rechazadas.

Por último, quiero señalar que su función ahora no es sólo un Comisionado Parlamentario. Nueva Izquierda intentó elevar su rango en la reforma del Estatuto de Autonomía; pretendía que fuera una Institución de esta Comunidad Autónoma, como son las Cortes o la Junta de Castilla y León, con igualdad de rango, para no tener la problemática de traer año tras año informes repetidos, recomendaciones sin recoger. No lo consiguió. Pero sí que consiguió con una enmienda sumar a sus funciones la de defender el ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma y la del Estatuto de Autonomía; ordenamiento jurídico que, como usted también dice, por qué no tiene que ser el Reglamento también de esta Cámara.

Reconocemos... reconozco la necesidad de reformar la Ley del Procurador del Común, por estas nuevas funciones que presumiblemente se le atribuirán y para hacer más eficaz su gestión.

Desde aquí mi apoyo, nuestro apoyo, de Nueva Izquierda a su labor, a su gestión y a esa reforma de Ley del Procurador del Común. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene ahora la palabra don Antonio Herreros.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Señorías. Señor Procurador del Común. Hasta el presente, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha venido reconociendo la labor, la gestión, vinculada directamente a la función atribuida en la propia Legislación. Y hoy también lo vamos a hacer, indudablemente.

Sin embargo, después de reconocer su intervención, retrasada de forma voluntaria por las propias Cortes de Castilla y León, esa intervención complementaria del Informe -Informe mucho más claro que el inmediatamente anterior, ponderado- y, además, recordando o haciendo un esfuerzo a mayores en el recordatorio de los derechos humanos, precisamente en este año que se celebra o se conmemora el cincuenta aniversario de los mismos.

Hay un reconocimiento a esa función y a esa tarea. Y nosotros, sin embargo, queremos entrar en algunos otros asuntos, que requiere, en la actualidad, un análisis más a fondo.

Aparecen algunos datos significativos, y es el ligero descenso de expedientes sobre el año precedente; lo cual no quiere decir en absoluto que tenga que ser esto un reto para conseguir superar año a año la cifra, y, además, reconociendo que en la actualidad se presentan cuarenta y tres informes de oficio, que eso requiere también una actividad, y una actividad acaso más en profundidad que lo otro.

Comprobamos que existe -y así lo plantea en su propio Informe- desigualdad en el número de reclamaciones, por territorios, por materias, por materias, por personas -e incluso entre sexos- y por el origen, bien sean de forma individual o colectiva la presentación de las quejas, las reclamaciones y la tramitación, lógicamente, de los mismos expedientes.

Y, en tercer lugar, seguimos comprobando que existe un número importante, a la altura del tiempo en que estamos, de Administraciones que no responden, no responden; no es que poco o mucho: no responden. Y, además, algunas... algunas importantes, algunas importantes. No vamos a citar nombres, pero yo creo que sí, que estos datos están anunciando algo. ¿Anuncian una estabilidad, un estancamiento? Es probable. Pero no quisiéramos que estuviera subyaciendo un escepticismo; y, si subyace un escepticismo, nos quisiéramos preguntar por qué.

¿Existe un escepticismo, porque hay limitaciones en la información, limitaciones en la comprensión de la función del Procurador del Común, porque existe resistencia en Administraciones, porque hay en bastantes ocasiones caso omiso a planteamientos y silenciamiento manifiesto por parte de algunas Administraciones cuando no les satisfacen las respuestas?

¿Existe también una limitación porque hay una parálisis competencial que nos corresponde a nosotros mismos dentro de nuestras competencias estatutarias? ¿Existen limitaciones porque hay dificultades, desde el punto de vista de la ubicación, de la dispersión de las sedes? Estamos cansados de decir que nuestra Comunidad Autónoma es la más extensa de Europa; pero, además, la dispersión, la atomización que hace todavía más complejo esta cuestión. No cabe la menor duda que, por ejemplo, en Valladolid se sigue produciendo el efecto de hacer aquí la consulta, lo cual produce un claro descenso en cuanto a las quejas o los expedientes -ciento cuarenta y nueve, creo que eran en Valladolid- y, sin embargo, pues están triplicándose en otras provincias. No es un dato para analizar con criterios de alarma, pero sí para reconocer que aquí hay alguna otra cuestión.

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Existe, a nuestro juicio, algún dato también que pueda restar potencialidad a la función, porque hay limitación en cuanto a los desplazamientos, a las personas destinadas a esa función. Yo sé que hay que estar haciendo constantemente equilibrios en cuanto al déficit presupuestario o los gastos, pero no cabe la menor duda que si, realmente, como aquí aseveramos absolutamente todos los Grupos Parlamentarios, que es función importante, que se está haciendo muy bien, que se va consolidando, debe de ser absolutamente consecuentemente con esta tarea este Legislativo. Y, por supuesto, no sólo este Legislativo: alguien más.

Nosotros creemos que, por otra parte, hay una limitación expresa para que se pongan en marcha reclamaciones, expedientes o quejas de aquellas personas que tienen un mayor número de necesidades, porque no les llega habitualmente la información -no la suya, sino la del conjunto de la sociedad-, incluso ya hay un cierto como rechazo, hay una cierta resistencia.

Y, desde luego, hay una cuestión que sí me parece importante dejar hoy aquí patente por parte de Izquierda Unida: este ejercicio es el tercero que hacemos, donde la reflexión en común la solemos hacer los Grupos Parlamentarios; pero los silencios clamorosos precisamente son los de las Administraciones a quien van destinados esos expedientes. Silencios clamorosos del Gobierno Autónomo, que, por otra parte, satisface que ya sea cada vez más el número de requerimientos que se hace a la Administración Autonómica, no porque tengamos que cargar las tintas precisamente sobre la Comunidad Autonómica, sino por la importancia que va adquiriendo el conjunto de la Comunidad Autónoma en el entramado político y social.

Nos da preocupación que ese escepticismo pudiera estar en una ineficacia ejecutiva. Reclamamos, planteamos, dudamos, requerimos; pero pasa el tiempo y sí hay respuesta, pero no hay una respuesta operativa, no digo del Procurador del Común -que estamos observando que están tramitados prácticamente todos, e incluso los que están coleando de años precedentes-, sino de las Administraciones. Encontraremos una respuesta inequívoca a la función de estas Cortes, a la función del Alto Comisionado de estas Cortes -que es, precisamente, el Procurador del Común- si hay, lógicamente, una respuesta, no una ineficacia; porque es evidente que se están reiterando en la mayor parte de las circunstancias los problemas, los planteamientos, como veremos un poco a continuación.

De todo este conjunto de cuestiones surgen una serie de dudas que nos hacen pensar en que es necesaria una nueva fase, pensando, entre otras cosas, en sedes estables; pensando en delegaciones territoriales, no ya de desplazamiento desde un lugar, sino delegaciones territoriales; pensando, incluso, en que hay que ir recuperando el efecto comarcal de esas delegaciones; y pensando en complementar la plantilla, para una mayor eficiencia.

Ya no conformarnos con los informes de parte o los requerimientos de informes a las Administraciones, sino dotar a este Alto Comisionado de personal suficiente para que pueda hacer su propia comprobación, además de requerir los informes de parte. Porque, lógicamente, sí va a ser más importante el que puedan hacerse esas comprobaciones directas. Y, de ese modo, también se llegará a una facilitación a las personas más necesitadas, que son, posiblemente, las que también necesitan una mayor atención. Y, lógicamente, también se podrá hacer una publicitación en los medios de menor accesibilidad de esas cuestiones.

Soluciones que -a nuestro juicio- están en nuestras manos y que no tienen por qué ofrecer ningún tipo de resistencia, dado el clamor que en esta ocasión, incluso, se ha producido con una demostración -no frecuente en esta Cámara- de aplauso tras el discurso que nos ha planteado.

¿Por qué, además, esto? Porque hay una serie de razones. Constitucional y estatutariamente, existe un imperativo, y es la obligación de remover todos los obstáculos para garantizar los derechos; al menos aquellos derechos que se entienden básicos: de educación, trabajo, salud, etcétera.

Y repito que aquí hoy el Legislativo hace este esfuerzo, pero no hacen este esfuerzo los Ejecutivos, y concretamente el Ejecutivo que sí está hoy con nosotros (está en precario, pero está).

Bien. Entrando en algunas de las materias que se han planteando, sorprende que haya una reiteración de los silencios administrativos, de la falta de respuesta de las Administraciones, que, indudablemente, yo me atrevo a decirlo todavía con más claridad: es una injusticia flagrante que se comete con aquellos ciudadanos prudentes, que, lógicamente, van a ver menoscabadas sus posibilidades de defensa en todos los órdenes; porque no van a tener, tampoco, un fácil acceso a otras fórmulas que reclamen, que recaben, a través de ordenamiento jurídico, a través de abogados y demás, la asunción de sus cuestiones. Y es curioso que es uno de los hechos más significativos de la mayor parte de los cuatrocientos sesenta y cuatro expedientes vinculados directamente a la función pública.

Y se está observando que hay mil subterfugios, unas prácticas realmente lamentables para mantener por vía de urgencia, por vía de necesidad, por vía de, siempre, apremio, las dedicaciones, o los destinos, o los contratos a dedo, que, lógicamente, después se van manteniendo indefinidamente.

Observamos cómo, desde el punto de vista urbanístico, una de las cuestiones que a nosotros, desde luego, más nos preocupa, precisamente, es el de la vivienda. Y es verdad que, de los cuatrocientos veintiséis expedientes, muchos de ellos están directamente vinculados a esta cuestión.

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Nosotros sugeriríamos en este capítulo ya no quedarnos en esta fase, sino actuar de oficio. No es de recibo seguir planteando este asunto y que no seamos capaces, entre todos, de presionar a las Administraciones lo suficiente para que puedan servir a la ciudadanía en una de las demandas más importantes que tiene, concretamente en las viviendas de protección oficial pública.

Hay una cuestión que nos preocupa. De los doscientos diecisiete expedientes de medio ambiente, se siguen produciendo dejación de funciones de vigilancia, de inspección. Pero es que no hay respuesta, no hay contestación: siguen manteniéndose los cielos abiertos sin un requerimiento por parte de la Administración; siguen planteándose los mismos problemas en los vertederos, en las escombreras, en las obras sin terminar. Y se dice y se insiste en la práctica inutilidad del Plan de Residuos Sólidos Urbanos en la Comunidad, pero seguimos sin tener una respuesta.

Y tenemos un problema, que -a nuestro juicio- es muy importante, y también nos gustaría que aquí se actuara de oficio. Es concretamente el problema del trabajo, del empleo. Mire, anuncia o denuncia Su Señoría en el Informe que se están tramitando en estos momentos algunos expedientes del año mil novecientos noventa y cinco; y hoy mismo asistimos, a través de una comunicación de un medio, que dice: "Diecisiete mil parados demandan un empleo en el Servicio de Colocación de la Junta". Pero todavía es más sorprendente la respuesta en la que se expresa de forma manifiesta, a finales de este mes en el que estamos -septiembre-: "La Junta lanzará una campaña de difusión del Servicio Regional de Colocación, con el objetivo de iniciar en octubre la captación de ofertas de empleo y comenzar las labores de intermediación en el mercado laboral".

Bueno, pues es llamativo que, después de las reclamaciones, de los planteamientos que se vienen haciendo, todavía tengamos que estar apelando a esta historia. Como tengamos que estar apelando a la dispersión de información sociolaboral que entre los diversos lugares de información del Inem, de las Empresas de Trabajo Temporal, de este Servicio Regional de Colocación -que hablábamos anteriormente-, bueno, pues hay una confusión, hay una dispersión, que en la mayor parte de los casos se están utilizando las cifras simplemente para justificar lo injustificable; pero creemos que, siendo uno de los mayores problemas que tiene la Comunidad y estando, precisamente, vinculado a nuestro problema básico, que es la generación de una acumulación importante de pobreza en nuestra Comunidad, nos parece que sería necesario, de oficio, tratar y abordar esta cuestión del paro y, precisamente, de la pobreza en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Nos parece que sí es importante, también, tener en consideración lo que en estos momentos se está relatando desde el punto de vista de los discapacitados, de la situación laboral, que también se reitera constantemente, y que hay silencio, tras silencio, tras silencio.

Y nos gustaría que, precisamente en los servicios sociales, se pudiera tener en consideración un elemento más para actuar de oficio. Viene siendo ya un clamor el que se traten asuntos de igualdad entre el hombre y la mujer, viene siendo un clamor, incluso, en cuanto a protección, y fundamentalmente en relación con la mujer. Y nos parece que es importante que se actúe ahí; pero no quisiéramos dejar, en absoluto, que pudiera hacerse un abordaje de esta misma temática en relación con los menores; no sólo en las atenciones oficiales, sino en reclamar la indefensión que existe en los menores, que habitualmente no ofrecen... ofrecen mayor vulnerabilidad porque no tienen una capacidad tan directa de acceder a reclamar sus derechos y a reclamar el respeto en todos los órdenes.

Señorías, recorreríamos así, como se ha venido planteando desde Educación, sobre todo en la educación universitaria, que es de nuestra competencia, porque en la no universitaria lo que es más que evidente es que seguimos esperando; y aunque hay reclamaciones y hay problemas, hay una práctica inoperancia por escudarnos en que no existen competencias para nuestra Comunidad. Y es absolutamente evidente que eso es un obstáculo importante.

Otro tanto ocurre en Sanidad, que, en algunos casos, algunas de las quejas -las hemos ido recorriendo- ponen en cuestión el propio sistema sanitario. Ya no es sólo listas de espera, sino la necesidad que, por las carencias que tiene, dotacionales, nuestra propia Comunidad, se está viendo la ciudadanía de tener que trasladarse a otros lugares para poder solventar su problema.

Hablaríamos de la reiteración que se hace en las ciento diez quejas en relación con Agricultura, Ganadería y Montes, de cuestiones de concentración. Y hablaríamos en los indicadores de Industria, Comercio, Turismo, con las setenta y siete quejas, de los cortes de energía eléctrica. Pero no sólo por aquellas carencias desde el punto de vista de impagos -que también aparecen-, sino, fundamentalmente, por una absoluta actitud monopolista por parte de los servicios que en estos momentos se están planteando.

Y, desde luego, yo concluiría con una cuestión: es muy interesante la reflexión que se hace respecto de Economía o de la política de la Consejería de Economía. Nos tipifica bastante: es la perfecta "ley del embudo". Cuando hay que reclamar de la ciudadanía el pago, de inmediato, y además con medidas contundentes; cuando hay que efectuar las subvenciones, los pagos, ahí se dilatan, rebasando, incluso, los trescientos sesenta y cinco días.

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Concluyo con una cuestión. Ya es el segundo año que oímos una cuestión que Su Señoría nos viene planteando en relación con el Departamento II, que se denomina así. Parece que hay una duda, e incluso hay un deseo de supresión de las misiones de tutela del ordenamiento jurídico y de la defensa del Estatuto de Autonomía; y ahí no coincidimos, y no vamos a coincidir. Es un gran descanso el que se nos ofrece en el propio Informe el que alguien se esté ocupando de manera constante, por indicación de este Legislativo, de revisar supuestos de toda la legislación que, producida en las Cortes Generales, afecta a la Comunidad Autónoma. Ya es una garantía.

Segundo. Hay una cuestión importante, también: el pensar que hay alguien que se ocupa, de oficio también, de contrastar nuestro propio bagaje legislativo a medida que se va produciendo.

Y, desde luego, hay una cuestión absolutamente clara. No vamos a entrar políticamente aquí en este asunto, pero, mire, no cabe la menor duda que si hubiésemos prestado atención, posiblemente, a las sugerencias que se hacían en relación con la reforma del Estatuto de Autonomía, ahora que ya está en un trámite superior -y aunque algunos dicen que nosotros pretendemos hacer un planteamiento restrictivo-, si hubiésemos dado, precisamente, oídos a lo que se planteaba, posiblemente, hubiésemos rebasado el nivel, sí restrictivo, con el que está en estos momentos en las Cortes Generales.

En síntesis, nosotros pensamos, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que el trabajo es elocuente, que las necesidades lo son mucho más, que las reflexiones no son exclusivamente para el Legislativo y que el Gobierno, los Gobiernos, las Administraciones, han de recabar información, no sólo para dar respuesta, sino para cumplir las recomendaciones; y no sólo porque sean indicaciones del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, sino porque se atienen estrictamente a lo que son los mandamientos legislativos que están vigentes en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor González, tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías. Señor Procurador del Común. Buenos días. Congratularnos de su presencia en esta Cámara, una vez más.

Y, en primer lugar, yo quisiera agradecerle, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista -en nombre del cual intervengo-, dos cuestiones fundamentalmente. En primer lugar, el Informe que nos ha remitido. Nosotros consideramos que es un informe bueno, porque, en conexión con los ciudadanos y las ciudadanas, con sus problemas, con sus relaciones con las Administraciones, pone de manifiesto cuál es el estado social de esas relaciones.

Por lo tanto, a nosotros nos parece un Informe bueno desde ese punto de vista. Y nos parece, además, y le agradecemos especialmente su intervención, porque consideramos que su intervención está plenamente ajustada al contenido del Informe. Y, realmente, nos parece muy importante que usted por tercera vez comparece en esta Cámara para explicar, primero, el Informe del noventa y cinco, después el Informe del noventa y seis, después el Informe del noventa y siete. Lo cual nos permite además tener una cierta perspectiva histórica ya de cuál es la evolución del trabajo de su Institución, de la Institución que usted preside y de... bueno, de la importancia y de la utilidad que esa Institución tiene para los ciudadanos y las ciudadanas de esta Comunidad Autónoma.

Además, nosotros agradecemos igualmente -y estamos seguros de que así ha sido- la independencia, la objetividad mantenidas constantemente por la Institución y por usted mismo, a veces con evidentes dificultades, y que son las características que precisamente prestigian a la Institución, que permiten su pervivencia, y que garantizan que esa utilidad va a ser para los ciudadanos y ciudadanas de esta Comunidad Autónoma, que así -a nuestro juicio- está planteada esa Institución.

Además, a nuestro juicio también, la existencia de instituciones paralelas a lo que sería el entramado político de la Comunidad, que es el Ejecutivo y el Legislativo, lo que algunos han llamado "oasis" donde los ciudadanos pueden ir a contar qué es lo que les pasa, qué problemas tienen, cómo se relacionan con las Administraciones, y que desde esos "oasis" se les pueda a esos ciudadanos resolver esos problemas, contribuir a su conocimiento, a su puesta de manifiesto, nos parece a nosotros que es vital.

Por lo tanto, ese agradecimiento también a que desde esa Institución se perfeccione el sistema, se valore especialmente la situación de las ciudadanas y los ciudadanos y, realmente, se trabaje en su beneficio.

Y todo ello, además -lo cual, a nuestro juicio, da más valor a su trabajo-, dentro de una evidente escasez de medios, en una Comunidad con noventa y cuatro mil kilómetros cuadrados, con una población extremadamente dispersa, con infinidad de núcleos de población, con problemas absolutamente diferentes, que ocasionan -como no podía ser de otra manera- una dificultad añadida a ese trabajo.

Por lo tanto, eso, a su vez, refuerza todavía más, en nuestra opinión, la calidad del trabajo de la Institución.

A mí me gustaría decir una cuestión previa, que está relacionada además con una parte... la parte última de su intervención. Usted ha vuelto a tocar un tema que es importante para nosotros, y es la utilización que los partidos políticos hacemos de sus intervenciones y de sus informes. Y usted ya dijo el año pasado -y lo voy a repetir textualmente-: "que los partidos políticos hagan uso de las recomendaciones del Procurador del Común no solamente es inevitable, sino también deseable". Lo dijo textualmente. Nosotros vamos a seguir haciendo uso político razonable de su trabajo.

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Usted ha añadido una cosa nueva que no dijo el año pasado, y es su prevención o precaución ante el futuro electoral en la próximas elecciones del trece de junio de mil novecientos noventa y nueve. Y nosotros nos comprometemos desde aquí a que ese uso político no pueda ser interpretado como una actuación sesgada, utilizando sus intervenciones de otra manera. Pero, desde luego, nosotros, ante -y además yo creo que es evidente- la escasez de posibilidades que en esta Cámara tenemos de hacer debates de totalidad, debates en los cuales abordemos la globalidad de los problemas de la Comunidad Autónoma, una ocasión como la que nos brinda su Informe, en la cual abundan referencias a prácticamente todas las actividades de la Comunidad, a todos los sectores de la Comunidad, es una ocasión impagable para hacer referencia a los problemas de esta Comunidad Autónoma en relación con lo que dice un órgano independiente, que depende del Parlamento, y que, por lo tanto, tiene una visión con una credibilidad infinitamente superior a la que podría tener cualquier otro órgano.

Por lo tanto, es inevitable que desde el punto de vista de la utilización razonable y política de sus informes, nosotros hagamos también nuestras valoraciones sobre cómo funcionan las Administraciones y, especialmente, la que desde aquí nos ocupamos, que es la Junta de Castilla y León. Además, repito, eso entra en conexión directa con la ausencia de debates globales que permitan un conocimiento y un debate en esta Cámara de lo que es el estado social de los ciudadanos y de las ciudadanas de Castilla y León, que es lo que nos importaría a nosotros más. Si hubiera otro... ese tipo de debate, posiblemente este debate podría ser de otra manera.

Además, repito e insisto en lo de antes, yo creo que al ser ésta su última comparecencia en los tres años de la Legislatura, permite globalizar mínimamente y establecer ya series comparativas, ver cómo evolucionan los problemas y trabajar más en profundidad sobre algunos aspectos de su Informe, pues confrontar, pues, este Informe con los precedentes, analizar las inquietudes y las quejas de los ciudadanos año tras año, así como el grado de eficacia de sus recomendaciones, o simplemente de sus consideraciones, o simplemente de sus consejos, que yo creo que a veces tienen esa forma -no sólo el de recomendaciones formales, sino otras formas también-, yo creo que es un buen ejercicio para clarificar tanto la propia Institución en relación con la sociedad, aunque el debate de hoy tiene limitaciones de tiempo y limitaciones formales.

En este sentido, además, nos sorprende una primera cuestión. Yo creo que usted ha hecho durante estos últimos años multitud de recomendaciones sobre multitud de materias. Y parecería razonable que esas recomendaciones sirvieran para que esas quejas fueran desapareciendo de informes sucesivos, que sus recomendaciones surtieran efecto y que desaparecieran en buena medida, o disminuyeran, o tuvieran disminuciones significativas determinadas quejas que siguen, sin embargo, a pesar de sus reiteradas recomendaciones, manifestándose sucesivamente -y de manera, además, permanente, incluso alguna de ellas incrementándose- en lo sucesivos informes.

Así, los problemas de función pública, vivienda, medio ambiente, educación, sanidad, agricultura, trabajo, seguridad social, servicios sociales, comunidad gitana, ruidos, etcétera, no sólo no han desaparecido -en muchos casos debido a sus recomendaciones-, sino que incluso mantienen su peso específico dentro del conjunto de las quejas, incluso se producen nuevas apariciones en esta materia. Si a eso unimos dos cuestiones que están latentes, a mi juicio, en su Informe y que han aparecido públicamente, que es las relaciones entre la Institución y las Administraciones, fundamentalmente con la Junta de Castilla y León, el grado de cumplimiento de sus recomendaciones, estaríamos entonces ante el volumen global de su Informe: problemas, quejas, relaciones suyas, de la Institución con las Administraciones, grado de cumplimiento que las Administraciones hacen de sus recomendaciones. Y, por lo tanto, eso redundaría y nos aclararía la eficacia final de la... del trabajo que hace la Institución, que a nosotros nos parece muy importante.

Además -insisto mucho en ello- el que la óptica del trabajo sea desde una Institución independiente añade credibilidad, añade firmeza y añade fundamentalidad a las declaraciones que usted desarrolla.

Si hacemos un análisis pormenorizado del Informe, en primer lugar, el Departamento I se ocupa de la protección y la defensa de los derechos fundamentales. Y dentro de ellas existe una área, el de la Función Pública, que consolida -estamos en un caso de antes, las sucesivas recomendaciones no parecen que haya producido efectos en esta materia-, que consolidan, repito, el número y diversidad, además, de las quejas, demostrando claramente que, a nuestro juicio, tenemos una Administración Regional con graves deficiencias que continúa generalizando, por ejemplo, el servicio... el silencio administrativo como respuesta -usted lo repite hasta la saciedad en su Informe-, en confrontación evidente con el objetivo legislativo de obtener, en todo caso, respuesta expresa por parte de las Administraciones.

Igualmente, las quejas originadas por la conculcación sistemática de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad -en definitiva, la falta de rigor- se repiten en los procesos de selección y provisión de personal año tras año. Y como usted reseña textualmente en el último párrafo de su Informe, nuestro Grupo asumía, además, en esa materia concreta discutir -y así lo anunció el Portavoz en la anterior Legislatura y en la anterior comparecencia- ante el Parlamento, incluso con nombres y apellidos. Así se hizo y así se volverá hacer, dada la situación en ese área concreto.

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También resalta el Informe el tratamiento discriminatorio a algunos colectivos de trabajadores transferidos desde la Administración Central a la Comunidad Autónoma, sin que el Gobierno Regional sea sensible a algunas de sus fundamentadas razones.

Y asimismo, son una constante en sus diferentes Informes las quejas sobre la lentitud de las adjudicaciones y las irregularidades presuntas en los procesos de selección de los adjudicatarios -hoy ha hecho usted referencia a ello- en las viviendas de promoción pública, así como la falta de asesoramiento técnico y las reticencias de los Ayuntamientos en la incoación de expedientes sancionadores en materia urbanística; todo ello ante la pasividad de la Junta.

El colmo de ello, el récord de lentitud -y lo digo a título anecdótico, pero también para fijar la idea de que eso es así- se establece en un proceso de expropiación de la Consejería de Fomento en Candeleda (Ávila) para la construcción de una carretera. Ocupada la finca en cuestión el veintiocho de junio de mil novecientos noventa y uno -hace ya más de siete años-, la Junta no ha vuelto a mover el expediente y el propietario no ha recibido ninguna comunicación. Yo creo que no es de recibo actuaciones de esa naturaleza. Ése es un ejemplo paradigmático, pero como ése, y en menor cuantía, existen multitud de ellos en las áreas que aquí tocamos.

En el área medioambiental, la obligación de los poderes públicos de compaginar la utilización racional de los recursos con su defensa y su restauración ha significado el mantenimiento de un nivel importante de quejas en temas... en estos temas, como el tratamiento de residuos, restauración de espacios afectados por explotaciones mineras, ubicación de explotaciones ganaderas y agresiones acústicas. Agresiones acústicas que, además, ha sido una de las actuaciones fundamentales -después hablaremos de ello- en sus actuaciones de oficio, y que -como hoy ha reconocido- sigue preocupándole. Y que si usted -y yo creo que es así- viera cuál es la... grado de sufrimiento que muchos ciudadanos de esta Comunidad Autónoma tienen ante esas agresiones, sobre todo en los cascos urbanos, etcétera, estaría usted y seguiría usted -y además le recomendamos que así sea- insistiendo en esa materia.

En los dos últimos casos en concreto, explotaciones ganaderas y agresiones acústicas, la incapacidad de la mayoría de las Corporaciones Locales para resolver ellos solos esos problemas, por falta de infraestructura, por falta de capacidad técnica, se pone de manifiesto. Y, desde luego, eso pone de manifiesto también, a nuestro juicio, la pasividad de la Junta ante temas tan importantes como ése.

Si hablábamos de las áreas de Educación y de Sanidad, donde usted constata año tras año la creciente sensación de discriminación de los castellanos y leoneses en temas tan importantes como los derivados de la implantación de la ESO, especialmente falta de dotación y medios; las deficiencias en la implantación del modelo de integración social de los minusválidos; las quejas relacionadas con los desplazamientos que deben realizar los ciudadanos para paliar la falta de recursos sanitarios en Castilla y León; o la necesidad de una correcta y rápida atención primaria en situaciones de necesidad asistencial. Por no hablar de los horarios de guarderías infantiles, que están en total... o no sintonizan claramente con los horarios de los trabajadores que forman una familia y que tienen dificultades, precisamente por ello y por esos horarios.

Continúan igualmente año tras año las quejas por los trabajos derivados de la concentración parcelaria. Y yo ahí le quería hacer una matización. Usted habla de la dificultad del proceso, de la dificultad del conocimiento. Ese proceso afecta a mucha gente, y afecta a mucha gente en su medio de vida. Estamos en un proceso de privatización de los trabajos de concentración parcelaria. La concentración parcelaria ya no la hacen los funcionarios, la hacen empresas privadas cuyo sistema de funcionamiento no es el hacer didáctica entre los usuarios de la concentración, sino trabajar a su ritmo, utilizando la máxima rapidez posible para optimizar el beneficio. Y eso está produciendo, a pasos agigantados, pérdida de calidad, indefensión de los ciudadanos, imposibilidad de poner los recursos en los plazos referidos; y eso está afectando sistemática a mucha gente del campo, que está teniendo graves problemas en esta materia. Porque las empresas privadas que hacen concentración parcelaria la hacen con menos calidad que los funcionarios, pensando menos en el administrado y más en su lucro como empresas. Y, desde luego, los errores, además, en concentración parcelaria no se pueden rectificar. Podremos rectificar una obra, pero una adjudicación mal hecha, un conjunto de disgustos en un conjunto de ciudadanos que son usuarios ..... provocan en esa zona una verdadera situación social muy complicada, de complicada a resolver y muy complicada...

Por lo tanto, nosotros le pediríamos que profundice no en lo que... en las causas a las que usted hace referencia. Y yo creo que en esa causa precisamente, en esa privatización de los trabajos de concentración parcelaria, está buena parte de las razones por las cuales usted recibe muchas quejas, diciendo que no pueden poner los recursos, que no se les informa, que no saben, y se pasan plazos. Y eso provoca situaciones muy complicadas.

Y no hablar de la destrucción y usurpación de vías pecuarias, talas y aprovechamientos forestales. Todo eso, usted lo pone y estamos de acuerdo con ello.

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Bueno, no hablar de las deficiencias en el suministro de energía eléctrica. Usted se ha referido a la provincia de León, pero eso tiene su origen concreto. Y es que yo creo que hay una falta de exigencia a las empresas eléctricas de que actualicen e inviertan en su infraestructura tipo medio. Aquí todos invierten mucho, posiblemente en grandes infraestructuras, pero no se invierte en infraestructuras de conducción de energía eléctrica a los pueblos y a otros sitios. Y eso, viendo los postes de conducción de esa energía, que existen en muchos pueblos, podrá usted entender perfectamente que al más mínimo golpe de viento o a la más mínima inclemencia climatológica salten, se caigan, y desaparezcan y haya problemas de esa naturaleza. Provocando gravísimos problemas a muchos ciudadanos. No quiero hablar de un ganadero que tenga una cuadra con sesenta u ochenta vacas y se encuentra seis días, o cinco días, o tres días sin suministro de energía eléctrica, porque, posiblemente, deberíamos hacer un esfuerzo todos nosotros para ir a echarle una mano en sus trabajos agrarios.

En trabajo, Seguridad Social, usted hace una recomendación además clarísima. Dice: "parece necesaria la confección..." -y se refiere usted a la dilación en las subvenciones, etcétera-, parece necesaria -dice usted- la confección de unos Presupuestos más realistas, con una dotación económica adecuada para romper esa inercia en la que nos vamos encontrando año tras año". Bueno, estamos confeccionando los Presupuestos, parece un momento bastante razonable para hacerle caso a su recomendación y transformar los Presupuestos más realistas en esa materia.

Exactamente igual sobre la resolución del ..... en las que se solicita el reintegro de cobro indebido -tiene usted muchas quejas en eso-, o contra las insuficiencias en plazas de residencias para la Tercera Edad. Y doloroso es constatar la existencia de deficiencias materiales y trato vejatorio en algunas residencias de esas de la Tercera Edad, y la Junta en este caso tiene -y así lo hemos manifestado públicamente- todo nuestro apoyo para resolver esos problemas que han surgido.

Yo creo que es, asimismo, preocupante -y usted ha hecho una referencia a ello- la desconfianza cada vez mayor de los castellanos y leoneses frente a la justicia: Lentitud de los tribunales, dilación judicial, inejecución de sentencias, etcétera. Yo creo que eso pone de manifiesto una situación que usted resalta en su informe. Y aunque no sea de su competencia o de competencia de la Junta y, por tanto, no de la suya, sí debería ser del interés de la Junta, como todo lo que suceda en esta Comunidad Autónoma. Y por tanto, nosotros traemos aquí ese asunto porque usted lo trata especialmente en su informe.

Ya lo hemos dicho, sus actuaciones de oficio nos parecen positivas; deberían ampliarse. E incluso al final de mi intervención le recomendaré y le pediremos una especialmente desde nuestro Grupo Parlamentario. La inserción de la comunidad gitana, la seguridad vial, la situación de Las Médulas, de Picos de Europa, las meningitis, las minicentrales, el Camino de Santiago; multitud de problemas muy importantes para nuestra Comunidad Autónoma.

Ejemplo de cómo funciona, por ejemplo, la defensa de nuestro patrimonio, que usted hace referencia a ello también: declaración de conjunto histórico en Oña, Burgos. Incoado el expediente en el ochenta y dos. Usted hace un requerimiento para su agilización en el año noventa y siete. Y la Junta le contesta que no entra dentro de sus prioridades. Sorprendentemente, poco después de ello, aparece publicado en el Boletín Oficial la declaración del casco histórico de Oña como BIC en esa categoría. Bueno, yo creo que hubiera sido más razonable contestarle a usted que se estaba trabajando en ello, que se iba a hacer, que era inminente, pero no decir que no entra en sus prioridades y a continuación producir la declaración. Porque eso parece que ni siquiera a usted le quieren agradecer la instancia o el impulso de un procedimiento de esta naturaleza. A mí, eso nos parece realmente preocupante en lo que se refiere a las relaciones entre usted, la Institución y la Junta de Castilla y León.

Dos referencias a dos asuntos muy importantes que se suscitaron el año pasado en el debate: plazos. Es importante y yo lo veo a lo largo del Informe que de alguna manera se fije una relación en esa materia. Yo voy a poner un ejemplo concreto: el tema de la caza en Picos de Europa, porque además es un tema que a mí me pareció muy importante en su momento y que provocó, además, ríos de tinta en muchos lugares.

El trece de junio del noventa y siete, el Procurador del Común hace la primera petición de documentación a la Junta de Castilla y León; el trece de junio del noventa y siete. Se reitera el ocho de septiembre, y se vuelve a reiterar el nueve de octubre. El veintiuno de octubre, la Junta remite una documentación al Procurador que no se corresponde con lo que el Procurador había pedido. Nueva reiteración el veintiuno de noviembre, se reitera el dieciocho de marzo, ya del año noventa y ocho, y el resultado es una remisión de información el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho; prácticamente un año de retraso.

No sabemos si el resultado es poner un plazo imperativo, sobre todo a la vista de los contenidos del nuevo Código Penal, pero que hay que impedir que esos retrasos sean sistemáticos y sobre todo, y a mí no se me puede... no puedo dejar de pensar que en algunos casos son retrasos voluntarios ante la escabrosidad de un tema o la dificultad de un tema, nos parece que es imprescindible porque la garantía de la eficiencia de su institución, señor Procurador, establece que usted tenga los elementos de juicio que le permitan en tiempo razonable dictar las resoluciones pertinentes y mejorar esa eficacia.

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E igualmente convendría... y yo quiero plantearlo aquí una cuestión que a nosotros nos preocupa, y es las relaciones entre la Institución y las Administraciones. Nos parece, desde luego, que cuando usted dicta una resolución la Junta tiene, por ejemplo, en el caso concreto de la Junta dos opciones: o hacerles caso, o no hacerles caso, porque es evidente que las resoluciones del Procurador del Común no son vinculables. A mi juicio debe hace hacerse caso. Pero lo que no cabe duda, en ningún caso, es que la descalificación de sus resoluciones mediante la apelación a supuestos informes jurídicos de la Administración, o la petición de comparecencia del Procurador del Común ante la Comisión correspondiente de esta Cámara, como si diéramos por supuesto que el Procurador está sometido al control parlamentario, exactamente, como un miembro del Ejecutivo, y por lo tanto... por supuesto algunos de ellos, además, son muy reacios a ese control parlamentario, nos parece que no es la mejor solución para establecer un nivel de relaciones adecuado entre la Administración, la Junta y el Procurador del Común. Yo creo que todo es negociable.

Usted produce resoluciones, la Junta puede o no aceptarlas, pero, desde luego, lo que no puede -a mi juicio- es descalificarlas o hacer ese tipo de actuaciones. E incluso su ejecución, la ejecución de esas resoluciones, podría ser hasta negociada o consensuada. Pero, desde luego, yo creo que establecer parámetros normales de relación de esa forma nos parece absolutamente vital.

Nos parece que no hemos encontrado, por lo menos en el Informe, un seguimiento de la ejecución de las Proposiciones No de Ley que se aprueban en esta Cámara, que existía en otros informes, y, por lo tanto, eso nos parece una laguna que a nosotros nos gustaría que se subsanara.

Y algunos datos estadísticos como final de mi intervención, que yo creo que son importantes.

La eficacia de la Instrucción ha mejorado, del 35% al 81% de expedientes rematados significa un avance importantísimo. Por lo tanto, nosotros le felicitamos por ello y, desde luego, nos gustaría además que esa cuestión todavía mejorara más.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señoría, vaya finalizando, por favor.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Voy acabando, señor Presidente.

Se incrementan las quejas en materias muy importantes: sanidad, medio ambiente, economía y hacienda; en cambio, se mantienen estabilizadas otras, como industria, comercio y turismo, agricultura. Nos parece que eso tiene lecturas que a nosotros nos gustaría que usted nos explicara.

Hay un dato que se mantiene a lo largo de los años: 19, 20, 19, 20%, quejas hechas por colectivos, 80% hechos por particulares. El no incremento de las quejas hechas por colectivos nos parece que tiene vinculación con las políticas hechas por las Administraciones. Las políticas hechas por las Administraciones no tienden a agrupar a la gente, a buscar su asociación, a hacer que trabajen juntos, que resuelvan sus problemas juntos, a que se cooperativicen. Yo creo que esa falta de políticas tendentes a articular civilmente la sociedad se refleja en esa estabilidad en la forma de las solicitudes. Hombres y mujeres 66, 34; en algunas materias se invierte esa relación, nos gustaría una consideración al respecto. Y nos gustaría saber el grado de cumplimiento que sus resoluciones tienen en las Administraciones, principalmente en el Gobierno Regional que nos interesa de manera especial.

Agradecerle su visita a Treviño. Treviño es un problema antiguo. Llevamos muchos años en que los Gobiernos de esta Comunidad Autónoma no trabajan, a nuestro juicio, en la solución de ese problema. Su visita nos pareció oportuna; incluso en ese trabajo de mediación, nosotros le pedimos que siga por esa línea. Nos parece que cualquier aportación a esa solución es razonable y suple carencias de trabajo en esa dirección durante años.

Y, por último, una petición. Estos días ha habido un gravísimo incendio forestal en la provincia de León; el más importante del año, sin duda. El Consejero de Medio Ambiente ausente de aquí, está presente allí reuniéndose con los afectados; podía haber ido ayer o antes de ayer, pero ha ido hoy, ha ido hoy, cuando el incendio está prácticamente controlado. Muchas hectáreas de monte muy importante en una comarca emergente que va a tener serias dificultades para resurgir de ese incendio.

Conflicto de Administraciones: la Administración Central, Ministerio de Defensa, la que provoca el incendio. La Junta de Castilla y León, responsable de su extinción, responsable fallido -hay que decirlo-, no logró atajar el incendio: seis mil hectáreas unos dicen, ocho mil llegan incluso otros, cuatro mil otros, de monte arbolado. Un incendio muy grave.

Pueblos pequeños, Ayuntamientos con pocas posibilidades, gente que se puede defender mal. Nuestro Grupo le pide que se desplace allí, que medie, que intente resolver ese problema, el problema social que se está planteando allí; que no haya conflictos entre las Administraciones. Y le pedimos que lo haga además con urgencia, porque urgente es el problema, la alarma allí es evidente.

Yo estuve allí el domingo por la tarde y daba mucho coraje ver a ciudadanos y ciudadanas de ochenta años llorando, viendo lo que estaba pasando allí.

Y por lo tanto, nosotros le pedimos -y yo creo que es una petición razonable- que haga usted ese esfuerzo. Con eso acabamos.

Señor Procurador, yo creo que su Institución, la Institución que usted representa cada vez está más consolidada. Nosotros le agradecemos su trabajo. Los ciudadanos, estoy convencido de que se lo agradecen también. Y, desde luego, por lo menos, por nuestra parte y por nuestro Grupo, tiene usted abierta las posibilidades a cuentas consultas, peticiones, cuantos contactos quiera usted tener, sin temor a que esos contactos sean utilizados de ninguna manera por este Grupo Parlamentario. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, don Juan Vicente Herrera tiene la palabra.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Muchas gracias, señor Presidente. Quiero que mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, sean de saludo al titular de la Institución del Procurador del Común, y de saludo también a todos sus colaboradores que hoy nos honran con su presencia. Y quiero también que esas palabras sean al mismo tiempo de agradecimiento por el esfuerzo, por el trabajo de la Institución, que ha dado su fruto en este Informe que hoy se ha presentado, y también por el esfuerzo de síntesis en la propia presentación, que, evidentemente, tiene que resumir en unos pocos minutos lo que es un contenido denso, un contenido prolijo al que en sus aspectos fundamentales se ha referido el señor Procurador del Común. Es, en efecto, el tercer Informe anual que presenta ante esa Cámara, y yo lo calificaría, sin duda alguna, en la línea de la propia introducción del Informe, como el Informe de la consolidación de la Institución. "Superadas -se dice en el propio Informe- las etapas constitutiva y organizativa, la Institución tiende a consolidarse", y yo creo que la mejor prueba de ello es el resumen, un resumen, un balance, un resumen exhaustivo de cuál ha sido su actividad en el año mil novecientos noventa y siete.

Podemos hacer... y aquí ha habido algún Portavoz que ha significado que precisamente en la circunstancia de haber transcurrido ya tres ejercicios puede hacernos ver una perspectiva de cuál es un balance global de la actuación del Procurador del Común, una valoración global de estos tres años, que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular es una valoración eminentemente positiva en la que apreciamos tanto la intensidad del trabajo fundamentalmente dirigido al control de la actividad de las Administraciones Públicas, como, al mismo tiempo, una repercusión cada vez mayor en los ámbitos sociales y también, lógicamente, puesto que, al final, el interés es mejorar la actuación de las Administraciones, en los ámbitos administrativos.

En ese sentido, la presentación de este tercer Informe, para nuestro Grupo Parlamentario, se desenvuelve en un marco de normalidad institucional y de cumplimiento satisfactorio de los fines y objetivos para los cuales fue creada la institución.

Desde luego, no vamos a permitir, desde nuestro Grupo Parlamentario, que nadie se arrogue una patrimonialización de la Institución. Nosotros entendemos que fuimos todos los Grupos Parlamentarios, respondiendo, por otra parte, al sentir común de los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma, quienes apoyamos en su momento la creación de la Institución, quienes apoyamos también al unísono la dotación de su primer titular, quienes hemos venido apoyando progresivamente la mayor dotación de recursos humanos y de recursos materiales, y quienes también hemos apoyado en este ejercicio, coincidiendo con ello -y sobre ello yo también tendré que hacer alguna referencia-, al definitivo reconocimiento estatutario institucional de la figura del Procurador del Común.

Nos enfrentamos en este punto al contenido del Informe del Procurador del Común para el año mil novecientos noventa y siete, que yo, después de un estudio exhaustivo, tengo que calificar, en nombre de mi Grupo, como un Informe ciertamente riguroso, un Informe exhaustivo, un Informe equilibrado y, desde luego, un Informe que no es complaciente con las Administraciones, pero que tampoco es complaciente con nadie, y no lo es tampoco con lo que podemos entender el común, tampoco lo es con los ciudadanos. Es un Informe ciertamente exigente en lo que tienen que ser responsabilidades también que competen a la sociedad y a cada uno de los ciudadanos. Y podríamos detenernos en algunos datos, en algunos comentarios, y en algunas declaraciones de ese propio Informe, acerca de lo que puede ser una falta de predisposición social para una resolución efectiva entre todos, y fuera de luchas partidistas del tema de los vertidos, en el tema de los vertederos incontrolados; o la necesidad de concienciarnos de que la conservación del patrimonio histórico no es una responsabilidad exclusiva de las Administraciones, sino también de los propios titulares y, desde luego, de todos los ciudadanos; o, finalmente, la necesidad de que cambie la mentalidad social en relación al problema de la inserción social definitiva de la comunidad gitana.

Quisiera detenerme, en primer lugar, en algunos datos -yo creo que son unos datos elocuentes, sobre los cuales ya se ha insistido, pero también le voy a pedir al señor Procurador del Común alguna ampliación- relativos a las estadísticas. Creo que los datos estadísticos son muy reveladores.

El primer dato sería que ha disminuido el número de quejas; de las dos mil quinientas ochenta y siete del año noventa y seis, se ha pasado a las dos mil trescientas diecinueve del año noventa y siete. ¿En opinión del Procurador del Común es significativa esa disminución? ¿Cuáles pueden ser las causas que lo explican? Y, en todo caso, ¿se mantiene esa misma tendencia en el presente ejercicio?

Me consta y, desde luego, en una fase de su propio Informe, concretamente en el Área G, dedicada al Trabajo, se hace referencia a una de las causas que puede determinar la disminución de alguna de esas quejas, cuando se habla de las quejas que los trabajadores de la función pública autonómica presentan frente a la Administración Autonómica, significando el señor Procurador del Común que esas quejas han disminuido; lo que puede ser consecuencia de una mejoría de las relaciones y de los cauces de información entre las partes implicadas y, asimismo, de que éstas vienen mejor enfocadas y fundamentadas.

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Pues bien, de esas dos mil trescientas diecinueve quejas, interesa significar cómo mil doscientas cuatro -esto es el 51%- fueron admitidas a trámite, y el 29% -seiscientas sesenta y siete- fueron rechazadas; mientras que el resto fueron remitidas a otros defensores, o bien no tramitadas o en fase de estudio.

Es importante, desde nuestro punto de vista, relacionar estos datos de admisión y rechazo con los de resolución de las quejas en favor del interesado y en favor de la Administración, que establecen también en este caso prácticamente una nivelación -aunque ligeramente en favor de la Administración, 54% frente al 46%-, para plantear, desde luego, esa situación de normalidad en la que viene desenvolviéndose la Institución.

Y también -y esto sí me gustaría comentárselo, simplemente como un apunte-, en la necesidad de, teniendo en cuenta la repercusión social que a través también de los medios de comunicación vienen teniendo las actuaciones del Procurador del Común, esmerar la prudencia y, desde luego, ese principio de reserva que yo creo que consagra claramente el Artículo 17 de la Ley 2/94, para evitar que, teniendo en cuenta la cantidad de quejas que finalmente son rechazadas o que, en definitiva, no dan la razón a aquellas personas que las presentan, pueda causarse un daño a algunas instituciones, o a algunas personas responsables de la Administración, o a algunos intereses de clases de funcionarios que pueden verse perjudicadas por una demasía en la publicidad de tales quejas que, finalmente, van a ser rechazadas.

Por razón de la Administración afectada, hay que significar que el 28% de las quejas presentadas afectan a la Administración Autonómica y que el 41 lo hacen a la Administración Local, lo que tiene claramente unas repercusiones acerca de la cobertura legal sobre la que el Procurador del Común nos insiste en todos los ejercicios, en relación a la actuación de supervisión y de control de esas Administraciones Locales.

De esas quejas fueron admitidas, en el caso de la Administración Autonómica, cuatrocientas once; esto es, el 61% de las quejas presentadas.

Me interesa significar o reiterar que, en cuanto al resultado de las resoluciones dictadas por el Procurador del Común, el 54% son favorables a la Administración y el 46 son favorables al interesado.

Y me interesa finalmente, dentro de este marco estadístico, resaltar -porque creo que es enriquecedor, y que además viene a dar cuenta también de que están mejorando, lógicamente, la observancia y la relación de colaboración entre las distintas Administraciones y la Institución del Procurador del Común- que el índice de colaboración positiva de las distintas Administraciones Públicas con el Procurador del Común durante el año mil novecientos noventa y siete, se ha situado en el 85%.

No digo yo desde esta tribuna que debamos conformarnos con que haya ese colchón del 15%; pero reconozcamos, en positivo, que el grado de colaboración entre las Administraciones con la Institución que está llamada a controlar o a supervisar su actividad, es ampliamente satisfactorio en ese porcentaje del 85%.

Ha realizado usted dentro de lo que son, lógicamente, los límites del tiempo de la presentación del Informe, un -desde mi punto de vista- exhaustivo análisis del contenido del Departamento I, de Protección y Defensa de los Derechos Fundamentales de los Ciudadanos.

Le agradecemos muy sinceramente también el esfuerzo de síntesis que el propio documento contiene, en lo que han dado en llamarse las "consideraciones generales", que era lo que de alguna manera le solicitábamos, y que viene a resumir... y yo pienso que sería enriquecedor para todos los miembros de esta Cámara el poder repasar esas consideraciones, porque pienso que de las mismas se deduce exactamente cuál es el resultado final del trabajo de la Institución.

Yo quisiera puntualizar, siquiera sea brevemente, incluso completar y, si me permite también, matizar algunas de las cuestiones que me han resultado más interesantes de esas consideraciones generales.

Por lo que se refiere, en primer lugar, al Área A, relativo a la Función Pública y Presidencia, el Informe significa cómo en las quejas de función pública, en muchos casos son más bien reivindicaciones que denuncias por irregularidades de las Administraciones. Esto es importante también tenerlo en cuenta, aunque también es legítimo trasladar a la Institución aquello que son reivindicaciones.

El denominador común de muchas quejas, como en ejercicios anteriores y objeto también de una especial... de un especial interés por la Institución, que nosotros compartimos, es la problemática relativa al silencio administrativo y, por lo tanto, a la inobservancia de lo que es una clara declaración de la Ley 30/92 acerca de la obligación que las Administraciones Públicas... que todas las Administraciones Públicas tienen de dictar resoluciones expresas.

Se hace una referencia específica a la problemática de las Administraciones Locales que, en el caso concreto de Castilla y León, viene también, de alguna manera, cimentada por la peculiaridad de nuestro mapa municipal, por el tamaño y por las carencias de medios materiales y recursos económicos de las propias Administraciones que redundan, por tanto, en unas carencias también de gestión.

Y, finalmente, se mantiene... se manifiesta, en relación al tráfico, una amplia satisfacción por la nueva regulación relativa a las zonas azules que también había causado algunas alteraciones.

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Por lo que se refiere... fundamentalmente, voy a hacer referencia a algunas cuestiones que me han hecho especial... o que me gustaría hacer especial hincapié en el Área C... en el Área C, relativa a cuestiones medioambientales, en materia de residuos y hace... ha significado, por nuestra parte, cómo el Procurador del Común hace referencia a la poca predisposición que algunas Administraciones Locales tienen para resolver estos problemas, así como también -y esto me interesa subrayarlo- a la utilización o a la necesidad de evitar la utilización partidista en estas cuestiones y en estos problemas.

Respecto al patrimonio histórico -dentro del área de Educación, Cultura y Deportes-, se hace hincapié en el escaso número de quejas presentadas, a pesar -y eso se significa- del gran volumen de recursos de este carácter con el que cuenta nuestra Comunidad Autónoma.

Por lo que se refiere a la industria, se establece, en cuanto a las quejas relativas a transporte y distribución de energía eléctrica, y se destaca el mayor control de la actividad de las empresas suministradoras por parte de la Administración Autonómica, al objeto de garantizar la mejora de la calidad del servicio en las zonas afectadas.

Y, finalmente, por lo que se refiere también a la agricultura y a la ganadería, se subraya una evidente mejoría en la gestión por parte de la Administración Autonómica de las ayudas y subvenciones a la actividad agrícola y ganadera; lo cual, dice el propio Informe, se ha podido apreciar por la Institución.

En relación al trabajo, se ha hecho un especial hincapié respecto de lo que el Informe concluye como son unos presupuestos escasamente realistas respecto de determinados programas de fomento al empleo. Yo ahí simplemente quisiera poner de manifiesto a Su Señoría que entrar a calificar los presupuestos como poco realistas es, de alguna manera, no realizar una tacha a la Administración Autonómica, sino a la labor del Legislativo Regional, que es quien al final tiene que aprobar y tiene que decidir cuáles son los criterios realistas o no de distribución de las distintas partidas presupuestarias.

Evidentemente, el Procurador del Común ha hecho también un especial hincapié, siguiendo en la línea de otros años, a los problemas de la tercera edad y los problemas de la salud mental y también a los problemas de la sanidad, aun reconociendo el alto grado de colaboración de las distintas Administraciones y centros sanitarios.

Y, finalmente, en relación a la economía y hacienda, aun reconociendo que la mayor parte de las quejas presentadas no afectan a la Hacienda Autonómica, sí se subraya la presentación de algunas quejas relativas a disconformidad en las valoraciones de los técnicos que tienen que valorar los bienes y los derechos en relación al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Si bien, sobre éstos se han introducido, ciertamente, en los últimos tiempos mejoras sustanciales que establecen, por una parte, unas valoraciones mucho más objetivas y mucho más reales que vinculan a esos técnicos, así como también las posibilidades del acceso a las tasaciones periciales contradictorias, frente a las tasaciones de la Administración.

Destacar también como muy válidas y como muy significativas en lo que es la sensibilidad de la Institución, las actuaciones llevadas a cabo de... con carácter de oficio; esas cuarenta y tres actuaciones a las cuales el Procurador del Común se ha referido con carácter enunciativo, destacando los conflictos derivados de los problemas de inserción social de la comunidad gitana, o la seguridad vial en vías urbanas y travesías, el Patrimonio Histórico, el Camino de Santiago, con una referencia específica a un municipio de la provincia de Burgos, Hontanas -que, desde luego, nosotros conocemos personalmente y que, ciertamente es lacerante, pero que se explica o se puede explicar también por la carencia de medios del propio Ayuntamiento para sustraer o evitar lo que es ese... esos... ese depósito de residuos-.

En definitiva, el tema de las agresiones acústicas, la necesidad de que las Administraciones esmeren la colaboración; si bien, respecto de eso es necesario subrayar ya cómo la propia Administración Autonómica viene a establecer y va a establecer un cuadro de horarios, respecto de la apertura y cierre de establecimientos públicos, que pienso que va a ser mucho más restrictivo que el de otras Comunidades Autónomas; la seguridad en edificios públicos, los problemas de residuos... En definitiva, todas esas cuestiones que -vuelvo a significar- marcan la sensibilidad social de la Institución.

Por lo que se refiere a la problemática del Departamento II, y además de otras cuestiones que sí me gustaría comentar con mayor detenimiento, con carácter general y por el contenido legislativo y político que encierra, me gustaría detenerme específicamente en lo que es el contenido de la introducción a ese Departamento, y que hace referencia a lo que son antiguas o viejas ya reivindicaciones de la propia Institución en relación también con lo que ha sido la tramitación de la Propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León que hemos elevado al Congreso de los Diputados.

Desde luego, hay una primera noticia que, desde mi punto de vista, es una noticia satisfactoria, y que también es una noticia común al impulso de todos los Grupos Parlamentarios, cual es el definitivo reconocimiento institucional, estatutario y con carácter singular en un artículo específico, dentro del marco de las Cortes de Castilla y León -en la medida en que la Institución es un Alto Comisionado de las mismas-, en el próximo Artículo 14 del Estatuto que resulte de esa reforma.

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Desde luego, hace usted referencia en su Informe a que en una primera redacción de ese artículo se contenía exclusivamente aquella función que viene a definir lo que usted mismo llama el modelo clásico del Defensor del Pueblo o del Procurador del Común; esto es, las tareas de protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si bien en la... en el texto definitivo hemos entendido que merecía la pena hacer el esfuerzo de incorporar lo que es la definición completa que a la Institución le presta el Artículo 1 de la Ley 2/94 que es -como usted sabe- referencia no solamente a ese contenido clásico, sino también a lo que plantea unos pocos más problemas respecto de la defensa del Estatuto de Autonomía y la tutela, también, del ordenamiento jurídico global de la Comunidad Autónoma.

Pues bien, hemos entendido que esto era conveniente desde el punto de vista de darle cobertura estatutaria a esa importante función, que es, evidentemente, una importante función de seguimiento de normas y, por lo tanto, de su correspondencia con nuestro Estatuto de Autonomía.

Pero sí me gustaría hacerle dos... dos comentarios. En primer lugar, usted sigue significando que sería preciso que, en una modificación de la Ley, pudiéramos darle a la Institución una cobertura más perfecta, una cobertura más amplia en lo que es la actividad de control a la actuación de los entes locales en Castilla y León, toda vez que en el texto actual de la Ley únicamente existe una cobertura para aquellas cuestiones, para aquellas competencias que hubieren sido objeto de delegación o transferencia por parte de la Comunidad Autónoma.

Evidentemente, estamos dispuestos a abrir ese período de reflexión, si bien queremos significarle dos cuestiones:

En primer lugar, el Artículo 20 del Estatuto de Autonomía establece los mecanismos de delegación y transferencia, y atribuye a la propia Comunidad -y yo creo que la Comunidad lo hace también, en parte, a través de la Institución del Procurador del Común- el control del ejercicio de esas competencias delegadas o transferidas. Por lo tanto, podemos tener ahí un marco que nos impida, a lo mejor, avanzar un poquito más o, por lo menos, que nos obligue a limitar esa actuación, en principio, a esas competencias transferidas o delegadas.

Y, en segundo lugar, tendremos que considerar también si la ampliación de esa cobertura legal a través de la Ley 2/94 no puede, en algún caso, rozar con el principio de autonomía municipal que la propia Constitución reconoce a los entes locales. Ahí hay dos problemas que, sin embargo, no obstan nuestra voluntad y disposición a realizar una reflexión, por si puede ampliarse esa cobertura.

Y en segundo lugar -y algo que le preocupa también a la Institución, al Procurador del Común en su Informe-, cuál es el exacto sentido o el exacto contenido del Departamento II, de esa protección, de esa tutela, de esa defensa del Estatuto y del ordenamiento jurídico. Y es cierto que algunos de los trabajos que el Procurador del Común ha elaborado al amparo de ese Departamento -y me estaría refiriendo, fundamentalmente, a aquellos que se refieren al estudio del conflicto existente respecto del Espacio Natural de Picos de Europa, o también al régimen jurídico de las entidades locales menores en la Comunidad Autónoma-, más bien semejan dictámenes que, con carácter previo, deberían haber sido elaborados por algún otro órgano -caso de existir en nuestra Comunidad- de carácter consultivo. Sobre eso también hace hincapié el Informe del Procurador, acerca de la posibilidad... e incluso se atreve a sugerir la conveniencia de la existencia de ese órgano. Y como ese órgano va a ser creado en el propio... en la propia reforma del Estatuto de Autonomía, yo pienso que otra de las cuestiones que tendremos que plantear, y que se plantean respecto del futuro de la actuación del Procurador del Común, será deslindar exactamente cuáles van a ser las líneas de roce o cuáles van a ser las fronteras entre las funciones que va a tener el Consejo Consultivo de Castilla y León, el futuro Consejo Consultivo de Castilla y León, y las funciones que, en virtud del Departamento II, realiza en este momento y viene realizando el Procurador del Común, que -vuelvo a significarle- tienen más bien un contenido de dictámenes, que, quizá, con carácter previo a la resolución de determinados conflictos o a la puesta en marcha de determinadas normas legales, debería tener en cuenta la propia Comunidad.

Por cuestiones de tiempo, no voy a hacer referencia a otras actuaciones dentro de este Departamento II. Yo entiendo que todas ellas son muy interesantes. Algunas de ellas yo creo que revelan, también, el equilibrio que el propio Procurador del Común y la Institución viene manteniendo.

Y, en resumen de mi intervención, quisiera volver un poco al inicio, marcando el que nosotros valoramos muy positivamente el Informe del año mil novecientos noventa y siete. Entendemos que de él se desprenden datos muy positivos respecto de la presencia, respecto del respeto, respecto del cumplimiento de los fines de la Institución, respecto de la observancia y la colaboración por parte de las Administraciones Públicas; y ello en un marco de normalidad institucional que determina que las instituciones de Castilla y León, gracias al esfuerzo de sus titulares, y también -lógicamente- de las personas que con ellos colaboran, van... -y dentro de un período muy limitado de tiempo, como son tres, los últimos tres ejercicios- van consolidándose, van creando una normalidad institucional. Y eso, desde el punto de vista de un Grupo Parlamentario que se siente también corresponsable en la normalización institucional definitiva de nuestra Comunidad Autónoma, no es más que una buena noticia, que nos llena de satisfacción y que nos obliga a reiterar la felicitación que nuestro Grupo hace a la Institución, y a su titular, y a sus colaboradores.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. El señor Procurador del Común, si desea contestar a los Portavoces, tiene la palabra de nuevo.

GARCÍA ÁLVAREZ

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EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): Bien. Ante todo, gracias a todos los que han intervenido, y no sólo por las consideraciones positivas respecto de la actuación de la Institución, sino también por las críticas -que también ha habido- en relación con la misma, ¿no?

Ha habido, realmente, muy pocas preguntas. En realidad, la Ley tan sólo habla de fijación de posiciones de los Grupos, y las intervenciones de los Portavoces han respondido al texto del artículo correspondiente de la Ley 2/94, ¿no? Han fijado sus posiciones. Tomo buena nota de lo que han dicho. La mayoría de ellas requieren una reflexión sosegada y calmada por parte de... del titular de esta Institución con mis colaboradores. Y, en cualquier caso, tendremos ocasión de volver a cambiar impresiones sobre ellas, ¿no? Incluso alguno de ustedes recibirá alguna consideración por escrito respecto de lo aquí manifestado.

Ha habido, sin embargo, alguna pregunta concreta, muy concreta. Por parte del Grupo Mixto, la señora Farto ha formulado una pregunta sobre la diferencia que ve que existe entre el personal de confianza y el personal funcionario. La existencia de personal de confianza, numéricamente importante y cualitativamente importante en esta Institución, es una característica admitida por la doctrina de cualquier Ombudsman, de cualquier Defensor del Pueblo; personal que nombra libremente el Defensor y que cesa en sus funciones cuando cesa el propio Defensor o cuando éste toma la iniciativa de cesarle antes de tiempo. En ese sentido, en todas las oficinas de los Comisionados Parlamentarios existe un personal funcionario -normalmente de las Cortes-, con un horario distinto... con un horario distinto, con unas vacaciones distintas, con una remuneración -en consecuencia- también distinta; y un personal de confianza del Procurador del Común que tiene un horario distinto -normalmente más prolongado que el anterior-, con una cualificación académica, en principio, también distinta, y que, en consecuencia, recibe una remuneración distinta, ¿no?

Por lo que se refiere a ese capítulo del presupuesto, yo creo que es un capítulo que están en la línea del de otros Comisionados Parlamentarios, como puede ser fácilmente comprobado leyendo las memorias anuales publicadas por mis compañeros en otras Comunidades Autónomas.

Son varios los que han intervenido que han sacado a relucir el tema del caso que se haga o se deje de hacer de las recomendaciones del Procurador del Común. Yo mismo abordaba la cuestión -recordarán- al defender el Informe e insistir sobre la necesidad de modificar la Ley, obligando a las Administraciones a contestarme. Porque es que, si las Administraciones me responden es porque quieren, Señorías. Ustedes, o sus predecesores en esta Cámara aprobaron una Ley que guarda silencio respecto a la obligación que tienen las Administraciones de responderme. Es cierto que, a pesar de eso, suelen contestar a las recomendaciones, salvo en materia de ruidos; en materia de ruidos, últimamente, se está produciendo ese fenómeno de que me responden las Administraciones Locales a la petición de información que formulo, pero cuando realizo la recomendación de que procédase a actuar en tal o cual manera, ahí suele reinar el silencio o -lo que es peor- alguno responde con una manifestación inadmisible, ¿no?; aunque es excepción, excepcional este último supuesto.

De ahí la necesidad de... -les decía- de modificar la Ley -yo creo que urgente, incluso-, poniendo nuestra norma, nuestra Ley 2/94, en la línea de la legislación de otras Comunidades Autónomas que obligan a contestar al Comisionado Parlamentario correspondiente.

Seamos prudentes en el plazo, efectivamente, ¿no?, sobre todo teniendo en cuenta que hay un Código Penal que prevé determinados castigos para quienes no colaboran con los Comisionados Parlamentarios. Seamos prudentes al establecer el plazo, y que el titular correspondiente del momento de esta Institución sea también prudente en la utilización de esa posibilidad del Código Penal. Pero yo creo que es necesaria y, hasta cierto punto, urgente la modificación, incluyendo esa obligación en la Ley que regula esta Institución, ¿no?

Si tenemos en cuenta que tan sólo un treinta y... me parece que es un 34% de las resoluciones del Procurador del Común dan la razón a los Comisionados Parlamentarios, yo creo que, de ese 34%, en aproximadamente la mitad... la mitad de las recomendaciones se hace caso por parte de la Administración correspondiente a la resolución del Procurador del Común. Lo que ocurre es que ¿cómo comprobar que se hace caso a esa resolución que se envía, si no se obliga -insisto- a contestar? Uno se entera, a veces, porque recibe el agradecimiento del ciudadano, o porque se entera de que, a pesar del silencio, o de la respuesta... -hace poco, uno de los que intervinieron hacía referencia a un supuesto similar-, a pesar del silencio o de la respuesta evasiva, uno acaba enterándose de que, efectivamente, la Administración Local o Autonómica correspondiente actúa en el sentido señalado por el Procurador del Común.

Y yo creo que es humano, ¿no?, que no siempre los titulares de las Administraciones, o los responsables políticos, quieran dar la impresión de que rectifican un modelo... una conducta determinada y de que lo rectifican como consecuencia de un escrito del Procurador del Común. Es humano, ¿no? Y, al fin y a la postre, lo que importa es que se rectifique y que se cambien esa conducta.

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Por eso, tampoco, yo no le daría más importancia, si no fuera por la duda que pudiera caber en ustedes de en qué medida es eficaz la Institución de la que soy titular. Yo creo que sí, con todas estas reservas que acabo de decirles, ¿no? Pero apenas si puedo manifestarles nada más, al menos en tanto en cuanto -insisto- no se modifique la normativa vigente.

Creo que acabo de contestar, al pasar la pregunta que me formulaba concreta también el señor Otero, al decirme que cuántas eran las quejas favorables a los ciudadanos. Efectivamente, no se puede tan sólo tener en cuenta la diferencia que hay entre el 54% de las quejas que recogen las estadísticas favorables a las Administraciones; no sería ese 46%, puesto que a ellas hay que añadir esas otras doscientas veintidós quejas que rechazo ya en un primer momento, cuando de un análisis -a veces profundo, sin embargo- de las mismas se infiere que... ya en ese primer momento se infiere claramente que no hay una actuación irregular de la Administración, y, por lo tanto, no procedo a solicitar información a la misma, ¿no?

En ese sentido, a la postre, yo creo que, aproximadamente, se acaba por dar la razón a... la razón a los ciudadanos a un 33/34% de las quejas, aproximadamente, ¿no? Y decía en mi intervención que es esto algo que no comprende siempre el común, mis defendidos, los ciudadanos, el ciudadano medio, ¿no?, que a veces da la impresión de que parece estar convencido de que acude a mí con el derecho a que yo le dé la razón en todo caso. Y créame que no es fácil razonarles -y lo hacemos con frecuencia personalmente, verbalmente- por qué no tienen razón, ¿no? Pero es -digamos- una carga más que tiene la Institución de la que soy titular: el -permítame la expresión-, cara a cara, explicar a un ciudadano por qué la Administración ha actuado correctamente, o al menos de acuerdo con la normativa vigente en el momento, sin perjuicio de que, en ocasiones, también estimemos que esa normativa -y lo hemos hecho en alguna ocasión, en algún momento- conviene proceder a modificarla.

Ha habido algunas observaciones, del señor Otero también, en relación con los cortes de... de energía... suministro de energía eléctrica, que no dispongo aquí de los datos, pero tenga la seguridad de que se los proporcionaré por escrito muy en breve, ¿no? Por lo demás, yo no me suelo dirigir a las compañías eléctricas, sino directamente a las Administraciones, en relación con la resolución de las quejas correspondientes, por más que a veces sí me he dirigido -aunque es excepcional- a alguna entidad privada para solicitar algún tipo de información; pero está claro que las resoluciones no pueden ser enviadas por mí a las entidades privadas, sino directamente a las Administraciones.

Pero es importante lo que acabo de decir, que cuando me he dirigido a alguna entidad privada, por regla general, se me ha respondido, y con rapidez; lo cual agradezco, ¿no?

La disminución de expedientes ha sido también comentada por alguno de los Portavoces. Yo no le daría mayor importancia. Efectivamente, el factor a que aludía el señor Herrera puede explicar esa disminución. Este año, a mediados de septiembre, llevamos un número de quejas ligeramente superior al del año pasado. No sé, yo creo que hay que esperar el transcurso de este mandato para hacer una evaluación final y ver dónde puede situarse finalmente el número de quejas que va a recibir o que puede recibir el Procurador del Común, que, en términos comparativos, es superior al de otras Comunidades Autónomas... al que se recibe por parte del Comisionado Parlamentario en otras Comunidades Autónomas. Y yo quiero entender que, en buena medida, se debe al hecho de que nos desplazamos regularmente -como saben- por el conjunto de las provincias, además de determinadas comarcas de la Comunidad Autónoma. Yo creo que eso tiene... tiene... es un factor decisivo, ¿no?, a la hora de explicar el por qué aquí los ciudadanos se dirigen más frecuentemente al Procurador del Común que lo hacen los ciudadanos españoles en otras Comunidades Autónomas al Comisionado correspondiente, ¿no? Y es una experiencia que tengo intención de continuar y, en la medida de lo posible y de nuestras fuerzas, aumentar en el futuro.

El ciudadano, aunque tiene la posibilidad de dirigirse por correo al Procurador del Común, quiere plantearnos la queja verbalmente; incluso, a veces, que le ayudemos a formularla por escrito. Y, es más, puedo decirles que algunos ciudadanos -sobre todo la gente mayor-, después de exponerme la queja, cuando llega el momento de firmar, no se decide a dar ese paso, ¿no? Todavía sigue habiendo no sé qué miedos, sobre todo por parte del común que vive en los pequeños municipios. Yo diría que con frecuencia me ha sucedido eso, que después de exponerme problemas, llega el momento de decir: "Bueno, tiene usted que poner la dirección, los datos de identificación y la firma", y llega ese momento y no se deciden a dar ese paso, ¿no?

Se ha aludido por parte de alguno de los Portavoces a la necesidad de incrementar -creo interpretar bien sus palabras- nuestra actuación en defensa del menor. Aquí quisiera ser muy claro. Yo creo que estamos trabajando, como cualquier otro Comisionado Parlamentario, defendiendo los derechos de los menores. No tiene nada que ver el que no se haya creado una figura dentro de la Institución ad hoc, una adjuntía ad hoc en defensa del menor; creo que no es necesario, e incluso, metodológicamente, podría ser contraproducente. Se trata de defender a los menores, o a los mayores, en el conjunto de las distintas áreas en que está organizada la Institución. Y pueden ustedes comprobar, leyendo el Informe, que es una de nuestras principales preocupaciones, la defensa del menor.

Por lo que se refiere a la defensa de los mayores -que también ha sacado a relucir-, de la tercera edad, han sacado a relucir alguno de ustedes, me remitía -y permítanme volver a hacerlo- a la... a la actuación que tendré en sede de Comisión en breve, cuando defienda la actuación de oficio -que todavía continúa, que todavía continúa y continuará, mientras sea Procurador del Común- de... en materia de residencias de la tercera edad.

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Ha salido también a colación -yo mismo empecé haciéndolo en mi intervención al final- el tema de la posible utilización que se pueda hacer de los escritos del Procurador del Común. Vuelvo a insistir que ustedes mismos, los Portavoces, defendían todos esa posibilidad en el debate del pasado año. El que se pueda utilizar la circunstancia del debate para criticar la actuación o ausencia de la misma por parte de una u otra fuerza política es algo -permítame- en lo que yo no puedo entrar. Tomaré buena nota de lo que escuche. Pero dejaría de ser una persona prudente si hiciera lo contrario. Tomo -eso sí- buena nota de todo... de todo lo que escucho, ¿no?

Se decía por parte del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular que había que hacer un esfuerzo por evitar la publicidad, porque, evidentemente, hay quejas que después finalizan con una resolución en favor de la Administración, y que incluso pueden ser rechazadas en un primer momento a trámite; y respecto de las cuales -sin embargo-, si se da una publicidad, se puede causar un perjuicio a funcionarios o a Administraciones; por supuesto que sí. Y nos esforzamos por que eso no suceda. Lo que pasa es que, a veces, el ciudadano -al igual que hace cuando acude ante el Poder Judicial- desde un primer momento da publicidad a la queja que presenta. Si alguna vez nosotros cometemos ese error, procuramos enmendarlo de inmediato; aunque son errores que tienen difícil enmienda, por eso deberemos estar... cuando se cometen, tienen difícil enmienda; por eso debemos estar especialmente atentos a no cometerlos. De todos modos, como somos humanos, no les doy la seguridad de que en alguna ocasión no podamos incurrir en ellos, ¿no?

Y nada más, sino volver a darles las gracias. Y saben que me tienen a su disposición en la sede de la Institución. No solamente, pues, durante mis intervenciones, con ocasión de los debates, sino en cualquier momento. No vacilen ustedes en plantearme las dudas que tengan en cuanto a la actuación que estemos desarrollando en una u otra materia, ¿no? No deseamos más que... incluso que acudieran con mayor frecuencia con que lo han hecho hasta ahora. Al fin y al cabo, no soy más que una modesta prolongación de esta Cámara como Alto Comisionado que ha tenido el honor de ser elegido por ustedes. Muchísimas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Procurador del Común. ¿Algún Grupo desea réplica? Doña Elena Pérez, del Mixto, tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Brevemente. Muchas gracias, señor Procurador del Común, por su contestación global a los planteamientos hechos por los distintos Portavoces.

En este sentido, recalcar lo que ya decía usted: la necesidad de reforma de la Ley, como una forma de regular mejor su trabajo y su gestión, para que ese silencio administrativo, o ese retraso, o informaciones incompletas, no se produzca.

Y también señalar algo que ha hecho ya otro Portavoz, pero que, por la premura del tiempo, no hemos tenido en este Grupo posibilidad de hacerlo, que es que se actúe de oficio en el incendio provocado en la provincia de León, para que -como podemos presumir- se pueda llegar a una recomendación, que este Grupo Político le plantea en este momento, pero que usted es muy libre -después de su investigación-, que es plantear la supresión del campo de tiro de Teleno. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Procurador del Común. Dos precisiones nada más.

En primer lugar, parece que la cifra que nos dio sobre el número de quejas en las cuales se da la razón al ciudadano no es muy grande, con un 34%. Parece que la interpretación yo creo que sí es muy importante: que el 34% de las quejas tengan razón los ciudadanos. Sabe usted que las Administraciones gozan de una presunción de legalidad en sus... en sus actuaciones. Yo creo que esa presunción quiebra bastante cuando una de cada tres decisiones no se ajusta a la legalidad, o en una de cada tres decisiones que toma la Administración, pues, está obrando de modo incorrecto. Creo que es una llamada de atención a las Administraciones, a la hora de ser más exhaustivos en sus relaciones con los ciudadanos, porque, a fin de cuentas, éstas están al servicio de los ciudadanos.

Y, en segundo lugar, me sumo a la petición formulada por el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y ahora a la Portavoz del Grupo Mixto, en relación con el incendio que se ha producido hace dos días. Me da la impresión de que su intervención es necesaria; pero me da la impresión de que va a tener usted que terminar absteniéndose, puesto que quizá termine en los tribunales, que probablemente es el sitio donde tenga que terminar una cuestión de esta trascendencia. Porque responsabilidad penal o responsabilidad civil, en su caso, seguro que hay por parte de quien ha causado el daño, y tiene la obligación de resarcirlo. También tiene competencia la Junta de Castilla y León, sin duda alguna.

En todo caso, nos sumamos. Le pedimos -del mismo modo que se lo hicieron anteriormente el Portavoz, entre otros, del Grupo Parlamentario Socialista- que se interese por el tema, que acuda, que investigue el tema, sin perjuicio -insisto- de que, probablemente, al final sea... sean los tribunales de justicia los que tengan que intervenir.

Solamente estas dos peticiones, estas dos intervenciones. Nada más y muchas gracias.

GARCÍA ÁLVAREZ

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EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): Muy brevemente. Pues fue un lamentable olvido. Efectivamente... que no es que vaya a intervenir, ya he comenzado a intervenir, en coordinación con el Defensor del Pueblo; además, tendré que hacerlo, cuando parte del personal de la Institución se personó en el lugar del incendio. Y, además, he procedido ya ayer a solicitar información a la Delegación Territorial.

No es la primera vez, señor Otero -creo que usted lo sabe-, que participo incluso directamente en la extinción de incendios, materialmente. Muchísimas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Herreros, por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. De forma muy breve. La verdad es que nosotros habíamos sugerido una serie de cuestiones que nos parecían al menos interesantes de cara a seguir potenciando la actividad del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León. Yo no sé si guardan silencio respecto de esta cuestión; lo tenemos que tratar en cualquier otro momento -por nuestra parte, no hay ningún tipo de inconveniente-, en la propia Comisión.

Pero no sería ni fiel ni leal a mí mismo y al propio Grupo Parlamentario de Izquierda Unida si no le reclamara lo que en estos momentos nosotros planteábamos como una nueva fase. Y una nueva fase en la que creemos que debe de darse un avance cualitativo importante en esa función y actividad, pensando -como decía en la anterior intervención- en sedes estables en cada una de las provincias, e incluso en las comarcas; delegaciones territoriales estables, que no quiere decir que se modifique o se cambie la sede de lugar. Que, lógicamente, en Valladolid se habilite ya una sede que esté en una conexión mayor. Yo creo que, año tras año, se ha venido observando de manera evidente y clara que existe una diferencia desproporcionada en cuanto al número de habitantes, el número de expedientes, el número de quejas entre una circunscripción como la de Valladolid y otras circunscripciones provinciales de naturaleza homóloga, al menos desde el punto de vista demográfico.

El dar el avance, que nosotros entendemos cualitativo e importante, de no estar esperando a los informes. Que, por otra parte, yo he de decir que no tenemos ningún tipo de inconveniente en Izquierda Unidad de modificar. Pero, Señorías, es la tercera vez que lo decimos: o hacemos las cosas, o guardemos silencio. Porque lo que no cabe la menor duda es que venir aquí año tras año a decir: "Vamos a modificar la Ley...". Bueno, pues modifiquémosla de una vez por todas.

No obstante, no obstante, a mí me da la impresión que, salvo los plazos, la propia legislación en estos momentos tiene consistencia suficiente, precisamente, para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no de las Administraciones. No vaya a creer que es un elogio el que se puede inducir a pensar que cuando se hace una defensa también de las Administraciones se está cumpliendo su papel. El papel fundamental del Procurador del Común, del Defensor del Pueblo, lo dice de forma expresa el articulado, que es para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos -entendiendo de los ciudadanos-, y la tutela del ordenamiento castellano-leonés y la defensa del Estatuto de Autonomía. Y hay una obligación, hay una obligación expresa por parte de las Administraciones a auxiliar la función y la actividad del Procurador del Común. Y hay un mecanismo, incluso, de presión mayor; porque, acaso, a lo mejor tenemos que utilizarlo en alguna ocasión, cuando se cita en el Artículo 3: "Todos los órganos y entes sujetos a la supervisión del Procurador del Común están obligados a auxiliarle". Yo entiendo por "auxiliarle" que tiene que dar respuesta. Y he podido comprobar cómo algún Ayuntamiento importante de la capital de provincia donde está ubicada la sede del Procurador del Común no contesta nunca. Y esto consta en el Informe, entre otras cosas, porque el propio... la propia Ley exige que conste en los informes. Y lo que habrá que hacer, entonces, es apurar ese propio planteamiento, y hay posibilidades expresas.

Y las posibilidades expresas... Yo no digo que sea la mejor fórmula la de tener que estar apelando constantemente al Ministerio Fiscal; pero a lo mejor una ocasión es suficiente para que el resto del personal pueda entender que sí tiene obligación de dar una respuesta, de dar una... un auxilio expreso al Procurador del Común.

No obstante -digo e insisto-, Izquierda Unida no tiene ningún tipo de inconveniente en modificar la Ley, para todo que sea aquello de conseguir una mayor eficacia, en una labor que a nosotros nos parece realmente muy importante, encomiable; para incluso vencer los temores que Su Señoría nos estaba planteando aquí, de aquellas gentes que, una vez agotado toda la ayuda, toda la colaboración, todo el auxilio, se les pide simplemente que estampen su firma en su propia queja, y se resisten. Y estos temores, al margen de los que puedan tener una interpretación sicopatológica, estos temores a veces están directamente vinculados a los temores que induce la Administración.

Yo creo que una ayuda de esa naturaleza sí es importante. Por eso nosotros planteábamos que hay que completar la plantilla, para no estar esperando los informes que lleguen, sino para contrastar ya en los lugares determinados, con personal propio, los extremos de la investigación que tiene que realizarse para completar. Y, de esa manera, facilitar a segmentos sociales, con mayores o máximas necesidades, el que puedan realizar esa función. Entonces, se estará investigando y resolviendo los expedientes iniciados de oficio y las quejas formuladas, que es lo que reza el Artículo 1 de la propia Ley del Procurador del Común 2/94. Muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Si desea contestar individualmente o, si no, luego después, al final de la intervención del resto de Portavoces; como quiera. El señor Procurador tiene la palabra.

GARCÍA ÁLVAREZ

EL SEÑOR PROCURADOR DEL COMÚN (SEÑOR GARCÍA ÁLVAREZ): El Portavoz del Grupo de Izquierda Unida me ha recordado sus consideraciones sobre la conveniencia de "crear..." -me parece que son palabras textuales- "sedes en otras provincias". No estoy seguro de que... no estoy seguro de que ésa sea la vía adecuada, lo que quiere decir que sigo pensando... no es que esté seguro de que no haya que crearlas, pero tampoco lo estoy de su conveniencia. Yo creo que, tal y como se está trabajando hasta ahora se están consiguiendo los objetivos que nos hemos propuesto; y, por otra parte, estamos cumpliendo los consejos de rigor y de austeridad que me dieron Sus Señorías cuando me eligieron como Alto Comisionado, ¿no? Seguiremos pensando sobre ello, reflexionando y cambiando impresiones con ustedes -y en concreto que usted, señor Herreros, si lo tiene a bien-. Es una cuestión que está abierta, es una cuestión que está abierta.

Y por lo que se refiere a la sede de Valladolid, es algo muy concreto. Yo creo que, efectivamente, el bajísimo número de quejas que recibimos del común vallisoletano tiene la explicación de la lejanía, ¿no?, del lugar de comunicación con los ciudadanos. ¿Que se puede resolver por el correo? Efectivamente, pero esa posibilidad la tienen el resto de los habitantes de la Comunidad Autónoma y deberían también tenerla los vallisoletanos.

La cuestión está puesta en manos de la Mesa, y espero una solución, aunque me doy cuenta de que tiene... de que tiene dificultades. Y nada más, Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Procurador. Señor González, por el Grupo Socialista.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. Medio segundo nada más, para agradecer al señor Procurador su contestación; nosotros nos damos por satisfechas con todas ellas.

Constatar, una vez más, que esa consolidación de una Institución se manifiesta incluso en las intervenciones de los Grupos Parlamentarios que hoy ha habido aquí. Y desear que... y reiterar que nuestro deseo, cuando hemos pedido su presencia en una zona afectada en León, no es de que abra un expediente, sino que su presencia física como Procurador del Común yo creo que sería necesaria, dada la estructura social de la comarca.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Popular, señor Herrera.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Sí, señor Presidente. Brevísimamente también, para agradecer al Procurador del Común sus contestaciones. Y simplemente un comentario a algo que algún otro Portavoz ha significado.

Evidentemente, entendemos que la Institución debe velar por la protección y la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no de las Administraciones. Pero nosotros le animamos al señor Procurador del Común a que cuando observe... cuando, en definitiva, verifique una mejora en el funcionamiento de las Administraciones, lo subraye también, como ha hecho de forma equilibrada en el presente Informe. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿El señor Procurador desea contestarles? Pues nada más, señores. Se levanta la sesión. Muchas gracias.