DS(P) nº 86/4 del 1/12/1998

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien, Señorías, buenos días. La moción que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, como consecuencia de la Interpelación que tuvo lugar en el Pleno pasado, consta de ocho puntos, y prácticamente viene a resumir, un poco, el debate, vuelvo a insistir, de la Interpelación que tuvimos el Pleno pasado.

En primer lugar, en el primer punto de la Moción, lo que planteamos es tratar de que la Junta de Castilla y León inste al Gobierno de la Nación para una cosa que nosotros creemos que es fundamental, que es que se solucione de una vez por todas el tema del cobro de las prejubilaciones. Porque entendemos que al margen de que se ya se ha tomado alguna medida, como es el que la entidad bancaria responsabilizada del pago de las pensiones de los trabajadores adelante una cantidad a cuenta, nosotros entendemos que esto simplemente es un parche y que no es una solución definitiva. Por tanto, lo que nosotros venimos a plantear aquí es que la Junta de Castilla y León tiene la responsabilidad concreta, la responsabilidad política de instar al Gobierno para que, efectivamente, tome las medidas políticas oportunas, al objeto de que se subsane, de una vez por todas, esta deficiencia; deficiencia que se tenía que haber previsto pues a primeros de año, y, sin embargo, ya desde enero del noventa y ocho han transcurrido prácticamente diez meses y el problema sigue, evidentemente, sin solución, a pesar -vuelvo a repetir- que se ha tomado una medida de carácter provisional, como es el adelanto a cuenta por parte de la entidad bancaria que corresponde el pago de las pensiones de los trabajadores.

En el segundo punto que planteamos en la Moción, yo creo que es un punto esencial, dado que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida volvemos a insistir en la necesidad de que, en función del empleo que ha perdido esta Comunidad por el proceso de reactivación, en estos momentos la Comunidad de Castilla y León está percibiendo en torno a un 30% de los fondos globales del Miner para la reactivación de las comarcas mineras, y nosotros entendemos que, en función del empleo perdido, Castilla y León debería de estar en torno al 35 ó 37% dentro del cómputo general de reparto. Con independencia de las dificultades que en ese proceso de petición por parte de la Junta de Castilla y León al Gobierno Central pudieran existir, lo cierto es que, al menos, hay que plantear con firmeza ante el Gobierno de la nación que no es posible que Castilla y León siga manteniendo el 70% de porcentaje en el reparto de los Fondos Miner, -vuelvo a insistir-, porque hemos sido una de las Comunidades más sacrificadas dentro de ese plan de reestructuración del carbón, a pesar de haber contado, seguir contando con las empresas más competitivas dentro del sector.

En el tercer punto de la Moción venimos a plantear que se subsane, de una vez por todas, el tema del acuerdo del vale de carbón. Ya sabemos que recientemente, hace escasamente cuatro días, ha salido una sentencia del Tribunal Supremo dando la razón a los trabajadores, pero, no obstante, con independencia de que haya una rectificación por parte de las empresas a la hora de dar el vale de carbón a los trabajadores, no es menos cierto que si se ha firmado un acuerdo ya entre Gobierno y sindicatos, al menos, que haya la completa garantía de que ese acuerdo se va a llevar a la práctica y, en todo caso, que se habiliten las partidas económicas suficientes para que, efectivamente, ese acuerdo se pueda llevar a la práctica. Porque si no, evidentemente, sería un acuerdo de carácter formal, pero si no se aplica, no sirve absolutamente para nada. Por tanto, una vez que ese acuerdo se ha llegado a él, lo lógico es que el Gobierno lo ponga en práctica y habilite las partidas económicas para tal efecto.

En el cuarto punto lo que planteamos es otra cuestión esencial, porque al margen de haber firmado el Plan del Carbón, si después en el Plan del Carbón no se cumple el requisito fundamental y esencial que es el garantizar que el carbón nacional se queme en los porcentajes previstos en el acuerdo, al final podemos volver a llegar a las situaciones vividas a primeros de este año, donde la contratación del carbón térmico por parte de las empresas puede haber algún problema. Y, de hecho, decir a Sus Señorías que en estos seis últimos meses, pues, el carbón nacional se ha aumentado la importación en un 337%, el carbón nacional ha disminuido en un 33% la generación de producción eléctrica, y, por tanto, hay una situación ya de grave incumplimiento del Plan del Carbón. Lo lógico y lo sensato será que la Junta de Castilla y León exija al Gobierno de la nación que dentro del Plan del Carbón se cumpla precisamente lo acordado, y es que los porcentajes de uso del carbón nacional se tienen que respetar en todas sus condiciones.

Otro de los puntos que planteamos en la Moción que también es importante, evidentemente, y forma parte de los acuerdos del Plan del Carbón es que, efectivamente, hay que dar cumplimiento a las contrataciones, prejubilaciones y recolocaciones, cosa que está habiendo graves problemas y no entendemos por qué, porque, lógicamente, una vez que se firma el acuerdo y ha habido ya seis o siete meses de rodaje, lo lógico es que ya se sabe qué empresas tienen que recolocar, qué empresas tienen que prejubilar y, por tanto, nosotros entendemos que eso se tiene que hacer de manera urgente. Y, vuelvo a repetir, es un problema que todavía, desgraciadamente, hoy no está resuelto.

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En el sexto punto de la Moción planteamos otra cuestión esencial, que son los proyectos de reactivación de las comarcas mineras. Teníamos en el debate de la Interpelación... decía el señor Consejero que, efectivamente, se habían cubierto ya los objetivos en la primera fase, mil novecientos noventa y ocho-mil novecientos noventa y nueve, en cuanto a los proyectos de reactivación. Nosotros, ya no entro a discutir en este punto la veracidad o no de los compromisos asumidos pero la Junta, pero, en todo caso, lo que venimos a reivindicar en este punto concreto de la moción es que la Junta tiene que... la Junta de Castilla y León tiene que estar permanentemente alerta y exigir al Gobierno Central el cumplimiento estricto de esos proyectos; fundamentalmente para no perder un tiempo, que nosotros consideramos que es fundamental, para que al final los proyectos se lleven a cabo en los justos términos en que se firman. Teniendo en cuenta que ya ha habido un retraso considerable de nueve meses en la puesta en marcha del Instituto para la reactivación minera, lo lógico es que, a partir de ese hecho, se tenga en cuenta y no se permita, bajo ningún concepto, cualquier tipo de retraso para la puesta en práctica de los proyectos de reactivación.

Y los dos últimos puntos de la Moción ya no se trata de demandar al Gobierno de la nación, sino de demandar propiamente a la Junta de Castilla y León para dos cuestiones fundamentales: una es el tema de los proyectos empresariales; teniendo en cuenta que la orden que regula las inversiones dentro del sector empresarial, el Plan del Carbón contempla 10.000 millones de pesetas de inversión, pero sabemos que son absolutamente insuficientes, no obstante, como el Plan del Carbón está firmado en esas condiciones, nosotros lo que venimos a pedir es que todos los proyectos empresariales que puedan generar empleo, al margen de los proyectos que no entren dentro de la orden a nivel nacional, la Junta de Castilla y León habilite unas partidas presupuestarias suficientes dentro de los presupuestos de la Junta, para hacer frente a las ayudas y subvenciones de todos aquellos proyectos empresariales que se puedan dar en las cuencas mineras al margen de la orden ministerial.

Cuando hablo de partidas económicas suficientes, me estoy refiriendo a que, como no hay dinero ni para todos ni para todo, la Junta, evidentemente, en función de los proyectos empresariales que vaya recibiendo, tendrá necesariamente que priorizarlos en función de la creación de empleo que puedan generar esos proyectos que se presenten.

Y, por último, y en último lugar, lo que sí planteamos, y yo creo que esto es una cosa que, lógicamente... o al menos de manera teórica el Partido Popular ha asumido ya, es la constitución o la creación de una empresa de coordinación entre lo que es el Instituto para la Reactivación de las Comarcas Mineras, es una oficina de gestión de los proyectos del Miner, precisamente, para que coordine toda la actividad de las Consejerías que están implicadas en los procesos de reactivación, porque ésa es una garantía fundamental para que los procesos no sufran ningún tipo de retraso. Y, por tanto, el crear una oficina de gestión y de coordinación de los proyectos del Miner que, a su vez, haga una labor de coordinación de todas las Consejerías de la Junta nos parece esencial.

Decía el Presidente de la Junta, don Juan José Lucas, de que, efectivamente, era una cuestión importante el constituir una oficina de gestión de los Fondos Miner, que eso se iba a poner en marcha, pero de momento no se ha puesto absolutamente nada de nada. Por lo tanto, nosotros reivindicamos y exigimos que se constituya esa oficina de gestión de los Fondos Miner y de coordinación de las distintas Consejerías de la Junta. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. A esta Moción se ha presentado una Enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista que va a defender el señor Almarza, a quien concedemos la palabra.

ALMARZA GONZÁLEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Gracias, señor Presidente. Buenos días. La Enmienda que nosotros planteamos no es por un desacuerdo en la Moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sino que nos parece que no contempla todos los aspectos que refleja el Plan del Carbón mil novecientos noventa y ocho-dos mil cinco.

Por lo tanto, lo que nosotros consideramos y... como pueden ver, la enmienda es sencilla, y creo que así se implicarían todos los Grupos. Yo creo que en esta enmienda estarían de acuerdo todos los Grupos, porque lo que exigimos es el cumplimiento en su totalidad del Plan del Carbón.

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La Moción que presentan los compañeros de Izquierda Unida, nosotros estamos de acuerdo con todos los puntos que plantea, pero creemos que se queda corta en el cumplimiento del Plan del Carbón. Con lo cual -y el otro día ya lo denunciábamos cuando se hizo la Interpelación- las empresas cada vez se van deteriorando más, que, además, nosotros consideramos que ése es el objetivo que se está persiguiendo... hay un deterioro sustancial de las empresas con el incumplimiento del Plan del Carbón, y, por lo tanto, tenía que reflejar todo lo que contempla el documento firmado por los sindicatos y el Gobierno; que, además, habíamos dicho ya muchas veces que era un plan de confianza entre sindicatos y gobierno. Yo creo que el Gobierno está faltando a esa confianza que habían depositado los agentes sociales en él y, por lo tanto, lo que exigimos con esta Enmienda es el cumplimiento de todos los aspectos que se contemplan en el Plan del Carbón: financiación de los stocks, financiación del transporte entre cuencas, que están pagando las empresas, ayudas al funcionamiento, seguridad minera... cuestión importantísima, que hace pocos días teníamos varios accidentes en la minería leonesa y todos nos acordábamos de la seguridad minera, pero yo creo que dentro del Plan del Carbón hay un apartado importantísimo de seguridad minera que tendrán que cumplir también, y no viene reflejado en la Moción que presenta Izquierda Unida; ayudas a la reestructuración y racionalidad; ayudas a la reestructuración laboral, que hasta ahora sólo está haciendo el esfuerzo el Ministerio de Trabajo con el pago de las percepciones que corresponden al Inem y que tiene que completar el Ministerio de Industria y Energía, a través de los bancos con los que se ha concertado, hasta el 78% de los salarios de los trabajadores de los seis últimos meses.

Por lo tanto, y siguiendo con los aspectos del Plan, el vale de carbón, como muy bien decía el Proponente, y el Plan de Desarrollo Alternativo de las comarcas mineras. Y otra cuestión fundamental, que ya hemos perdido un año completo, que son las becas, la formación profesional en la que todos estamos poniendo el máximo énfasis y que en la Moción no está contemplada, y nosotros creemos que exigiendo el cumplimiento total del Plan sí está bien.

También los proyectos empresariales generadores de empleo y no sólo los concesionarios de coches... y no sólo los concesionarios de coches en Oviedo sino en Ponferrada, en Villablino, en Cistierna o en Boñar. Queremos que el trato del Ministerio, o las condiciones del Ministerio sean para todos y que no sólo los que, de alguna manera, el Gobierno le debe favores, pague su silencio con subvenciones importantes a proyectos que me parece a mí que van a generar poco empleo. Por lo tanto, nosotros exigimos ese cumplimiento del Plan del Carbón en todos sus aspectos, también en la regulación de contratas y subcontratas, que era otro de los aspectos principales. Por lo tanto, estamos de acuerdo con todas las propuestas que se hacen desde el Grupo de Izquierda Unida, pero creemos que, en estos momentos, después de un año de funcionamiento del Plan del Carbón se queda corta la Moción en algunos aspectos, y por eso la exigencia que hacemos desde nuestro Grupo es el cumplimiento del Plan del Carbón en toda su totalidad; que creo que todos los Grupos que estamos aquí estemos de acuerdo, porque la mayoría hemos manifestado durante varias intervenciones en estas Cortes el acuerdo total y absoluto con el Plan del Carbón noventa y ocho-dos mil cinco y desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

Por lo tanto, de acuerdo con todos los puntos que contempla Izquierda Unida en su Moción, pero se han dejado olvidados en el tintero varios puntos que son fundamentales para que el deterioro de las empresas no llegue a los límites de que nos haga cerrar el sector a la vuelta de dos, tres años, o como mucho que queden tres o cuatro empresas en el sector que no den la cobertura suficiente para lo que se ha pretendido hacer de racionalización de la minería del carbón.

Y, sobre todo, hacer un apunte final que consideramos imprescindible, y es que ahora mismo en estos momentos -y yo creo que por bastante tiempo-, el único, la única alternativa que hay al carbón son las empresas mineras de extracción de carbón.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para pronunciarse sobre esta Enmienda, a favor o en contra, señor Conde, tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien, señor Almarza, yo no entiendo la propuesta suya, porque usted me plantea una Enmienda de Sustitución a los ocho puntos. Si yo aceptara su propuesta, el Partido Popular aprobaría por mayoría su Propuesta de Resolución, porque, en teoría, nadie va a decir que está en contra de la aplicación del Plan del Carbón; no sé si me entiende. Es decir, si usted me plantea la enmienda de adición, yo se la puedo asumir, pero si usted me plantea la enmienda de sustitución a los ocho puntos que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hemos planteado, no se la puedo aceptar. No porque la vaya a aprobar el Partido Popular, sino porque, en cierta medida, es un brindis al sol, por decir: ¿estamos todos de acuerdo en que se cumpla el Plan del Carbón? Pues, evidentemente, todos, aunque sea en el aspecto formal, íbamos a estar de acuerdo. No sé si me entiende. Entonces, si me dice usted que plantea su Propuesta como sustitución a los ocho puntos, no se la puedo aceptar.

Vuelvo a repetir que la aceptaría el Partido Popular sin ningún problema, porque el Partido Popular no puede decir aquello que está en contra de que se aplique el Plan del Carbón. Por lo tanto, si me la plantea como adición, yo la asumo; si no me la plantea como adición, no la puedo asumir. Porque a mí lo que me interesa, realmente, es que la Junta de Castilla y León asuma un compromiso concreto de aquellos problemas que en estos momentos están surgiendo en la aplicación del Plan del Carbón, que es de lo que se trata.

La filosofía de que estamos todos a favor, pues está clara. El problema es que en estos momentos los incumplimientos concretos en la aplicación del Plan del Carbón se resumen, o bien en contenidos... a mi forma de ver, en esos ocho puntos que hemos planteado en la Moción: en las prejubilaciones, que nadie sabe y nadie entiende por qué no se cumplen; en el tema del reparto de los fondos Miner, que no están dentro del Plan del Carbón, sino que simplemente nosotros decimos que, en base a la situación que tenemos, Castilla y León debe de exigir un mayor... una mayor cantidad financiera en los repartos del programa del Ministerio; en los estocajes o en la dieta energética, lo que supone la producción del carbón nacional. Son en estas cuestiones.

Yo le vuelvo a decir: si yo asumiera... yo retirara mi... los ocho puntos de la Moción y yo asumiera la Propuesta suya, el Partido Popular la aprueba ahora mismo, sin ningún problema, porque no obligamos al Gobierno ni a la Junta de Castilla y León absolutamente a nada.

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Nosotros lo que sí queremos es que la Junta de Castilla y León exija al Gobierno Central el cumplimiento de estos problemas que en estos momentos se están dando; y en base a eso, es la Moción. Si usted me la presenta como adición, yo se la asumo porque, evidentemente, yo también estoy interesado en que se cumpla el Plan del Carbón. Y no por pedir todo se consigue antes las cosas. Yo lo que estoy diciendo es: exijamos en estos momentos aquellas cuestiones que son más problemáticas, como son las prejubilaciones, como son los estocajes, como es, precisamente, los proyectos empresariales, y una cuestión fundamental, que es la oficina de gestión de los proyectos del Miner, que es una de las cuestiones claras para que no sufra el... para que no sufra ningún proceso de retraso los proyectos de reactivación. Yo creo que está absolutamente claro cuál es la posición de Izquierda Unida.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para la dúplica, señor Almarza.

ALMARZA GONZÁLEZ

EL SEÑOR ALMARZA GONZÁLEZ: Sí. Gracias, señor Presidente. Ya le decía que estábamos de acuerdo en los ocho puntos que plantea Izquierda Unida; lo que pasa es que nos parece que hay... olvidos importantes, como es la seguridad, como son las becas, la formación profesional, que ya hemos perdido el año noventa y ocho. Y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyar los puntos que usted plantea en la Moción, y si hay posibilidad de que esta Enmienda, que nosotros hemos realizado, se pueda realizar de adición, estaríamos de acuerdo completamente, porque entonces sí reflejaría todo lo que está plasmado en el Plan del Carbón. Por lo tanto, de todas las maneras, nosotros vamos a apoyar los puntos que usted plantea en la Moción; y creo que se ha olvidado de aspectos importantes, como es la formación profesional o la seguridad minera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Fijación de posiciones, Grupo Mixto. Grupo Popular, señor Rojo, tiene la palabra.

ROJO MARTÍNEZ

EL SEÑOR ROJO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Yo voy a hacer el papel de optimista -como siempre-, y en este caso creo que con mucha justificación. Porque como decía el otro día un Parlamentario experimentado: no hay que tener miedo de... en estas Cortes de que pasemos a la Historia como las personas que hemos visto fracasar un Plan de la Minería, sino, más bien, la Legislatura que ha visto nacer un Plan de la Minería sin precedente alguno y con gran futuro ya desde sus albores. Por lo tanto, permítame que ese papel con toda legitimidad le haga, porque creo, además, que es así.

Lo que ocurre es que el Grupo de Izquierda Unida, que agota con esta Moción todas las opciones parlamentarias de volver a traer un tema que quedó claramente expuesto por el Consejero, será consciente también de que no podemos admitir los ocho puntos de la Proposición, y diré por qué razones.

En primer lugar, en cuanto al punto primero, sobre las medidas políticas oportunas que dice en su Moción: "para cobro de pensión de prejubilados", sabe de sobra que esto es algo que se ha producido, no ahora, sino que se ha producido desde el principio; y que el Presidente, por activa y por pasiva, en público y en privado, ha dicho y ha mantenido que esas conversaciones -llámese presiones o llámese como se quiera- se estaban produciendo. Y como bien dice, compete al ámbito de las medidas políticas; pero no sólo a ese ámbito de las medidas políticas, en una fase sí y en otras no. En este momento, el tiempo yo creo que da razones para que no nos impacientemos, aunque también es verdad que hace muy poco las daba para la Moción de usted.

En segundo lugar, sobre el vale de carbón, no hay nada que discutir; estamos plenamente de acuerdo.

En tercer lugar, sobre el consumo de carbón autóctono, hay que hacer dos puntualizaciones: la primera, que se está cumpliendo una parte del Plan, que es la producción; la producción de carbón va en la línea prevista en el Plan del Carbón. Y hay una segunda cuestión que matizar en esto: el almacenamiento de carbón autóctono en los parques de las centrales térmicas afecta al propio desarrollo del Plan; por lo tanto hay que armonizar que se cumplan las dos cosas, porque el consumo este año -como todos sabemos- en las centrales, por las horas de funcionamiento, ha sido desigual.

En cuanto al punto relativo a la creación de dos oficinas, pues ¿qué se puede decir? Usted dice una, el Presidente de la Junta de Castilla y León a los Alcaldes de ALMMI y a los representantes sindicales les prometió que era necesario instrumentar desde la Administración algún órgano especializado en la gestión del Plan descentralizado. Y se harán dos oficinas en lugar de una, como se dijo; lo que ocurre es que la Administración, pues, tiene que decidir cuál es el método, la fórmula que más conviene a ese fin.

Después hay dos aspectos en los que hay alguna discrepancia como son el punto quinto, que se refiere a las colocaciones y prejubilaciones. Usted es consciente de que se está cumpliendo el Plan en cuanto a las prejubilaciones; pero en cuanto a las recolocaciones, hay una moratoria hasta el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, para el cumplimiento de una de las partes que se contempla en el Plan del Carbón. Por lo tanto, en este sentido, nosotros no estaríamos de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo, porque, al fin y al cabo, es algo que está pactado, acordado y consensuado por quienes tienen que llevar a efecto este tipo de resoluciones.

Y por otra parte decir que nos movemos de nuevo en el terreno de las voluntades, de las decisiones políticas, y nada habría que oponer si se refiere a una posición de cumplimiento, puesto que, ¿qué vamos a decir, que no se cumpla? No es posible. Somos bastante razonables en ese sentido.

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En cuanto a la pérdida de empleo, ya dentro de lo que son discrepancias, igual que en lo que se refiere al porcentaje de participación en los fondos del Estado y sobre todo en los proyectos de reactivación y en lo que se refiere también a los proyectos empresariales, ahí habría mucho que hablar; pero a falta de catorce segundos para acabar la intervención -el tiempo que tengo-, no es posible.

Decirle una cosa: nuestra capacidad de autocrítica es tan importante que sabemos, precisamente, que en este momento hay algunas debilidades en el desarrollo del Plan y algunas amenazas. Pero me parece que no son amenazas como para temer, en absoluto, por el Plan y que, en cambio, tampoco deslegitiman su buena intención al hacer este tipo de propuestas y mociones en estas Cortes.

Por lo tanto, yo diría que votando por separado, cuando aún... -le recuerdo-, cuando aún, cuando aún -y esto es imposible de salvar con la voluntad- el Ministerio de Industria no se ha pronunciado sobre los proyectos empresariales, cuando no sabemos ni qué porcentajes se les va a dar, ni cuántos de los 90.000 millones de pesetas que se han solicitado hoy y preseleccionado en el Miner, van a corresponder a esta Comunidad Autónoma, es imposible pedir a la Junta que presupueste cantidades complementarias para que esos proyectos salgan adelante.

Y después, advertirle otra cosa: en este momento, el Ministerio está solventando un problema de presupuestación que se refiere a los proyectos de infraestructuras. En breve tendrá la posibilidad, en el momento que acabe el año, de incorporar otros 25.000 millones de pesetas a esos 25.000 millones de pesetas de los que ya ha dispuesto para adjudicar los proyectos de la primera y la segunda fase. Por lo tanto, yo creo que nos estamos moviendo, por su parte, en una impaciencia que a mi entender se justifica políticamente, pero, desde el punto de vista administrativo, se entiende perfectamente el que las cosas discurran de la forma que lo están haciendo.

Por lo tanto -repito-, solamente apoyaríamos los puntos primero, tercero, cuarto y octavo. Y haciendo -yo creo- una muestra... y dando una muestra de sensatez, vamos a dejarlo en vez de en el 37%, en el 35. No creemos que lo mejor sea defender los intereses de Castilla y León en porcentajes, porque... y en ese sentido -como lo dejó bien claro el Consejero- no estamos siendo perjudicados en el cómputo total del Plan.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para fijar el texto definitivo, el señor Conde tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien, señor Rojo, al final parece que ha aprobado usted toda la Moción, porque dice, apruebo... estoy de acuerdo en el uno, en el tres, en el cuatro, en el ocho y... bueno, en lugar del 37, pues el 35; prácticamente es la Moción entera.

Yo lo que sí le quería recordar es que si, a fin de cuentas, esta Moción es recordar el compromiso de la Junta de Castilla y León de que, efectivamente, dentro del cumplimiento del Plan del Carbón, éstas son las cuestiones concretas e importantes. Las jubilaciones o prejubilaciones -vuelvo a repetir- no se han resuelto, porque ha habido una fórmula intermedia de la famosa partida de adelanto, que se está haciendo, pero que no ha solucionado el problema de las prejubilaciones. Por tanto, habrá que solucionar, de una vez por todas, este problema.

En el tema del 35 o el 37, el discutir dos puntos arriba o dos puntos abajo, a nosotros nos da exactamente igual, pero, al menos, recalcar que el porcentaje de reparto que tiene esta Comunidad está muy por debajo de su realidad concreta. Y por tanto, nosotros seguimos diciendo que es necesario demandar al Gobierno de la Nación un mayor porcentaje en el reparto de los fondos del Miner. Usted ha dicho que está de acuerdo, pues bien.

En el punto siete, sí le quiero decir una cosa, señor Rojo, que parece que es donde está prácticamente su negativa a aceptar este punto. Yo le quiero explicar una cuestión: la Orden es del cinco de marzo, y usted sabe perfectamente que esa orden establece unas limitaciones para los proyectos empresariales que limitan o pone como una cuestión imprescindible una inversión mínima de 50.000.000 de pesetas. Yo me estoy refiriendo para los proyectos empresariales que están fuera de esa orden y, por tanto, me tengo que remitir necesariamente a la propia Junta de Castilla y León.

Y yo le expliqué antes... expliqué antes que no se trata de dar salida a todos los proyectos, sino de aquellos proyectos que incidan en la creación de empleo. Y como solamente hay 10.000 millones de pesetas, a nivel nacional, y lo que se ha solicitado son 100.000.000, de la misma manera que el Miner tiene que priorizar esos proyectos, todos los proyectos que queden fuera de esa orden y que son proyectos de nuestra Comunidad, lo lógico es que paralelamente la Junta también arrime el hombro y plantee financiación para esos proyectos; no para todos, sino para aquellos que generaran empleo.

Y yo creo que ése es un compromiso que tiene que asumir la Junta, porque en el proceso de ordenación y en el proceso de reindustrialización, no solamente está el Plan del Carbón; está el compromiso de la Junta de Castilla y León para, de sus propios presupuestos, aportar financiación para el desarrollo industrial.

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Por tanto, yo estoy pidiendo que dentro de los Presupuestos de la Junta, ponga encima de la mesa dinero para todos aquellos proyectos que se soliciten. Que después haya financiación o no, eso dependerá de los Presupuestos que ustedes hagan. Pero ustedes, necesariamente, tendrán que precisar los proyectos, porque, si no, ¿para qué hemos hecho una Ley de Actuación Minera, donde hemos presupuestado 19.000 millones para cuatro años? Pues precisamente, al margen de los presupuestos de todos los años, para reactivar esos proyectos en las comarcas mineras. ¿Que son 1.000 millones? Son 1.000 millones. ¿Que son 2.000? Son 2.000. ¿Que son 500? Son 500. Pero, en todo caso, la Junta tendrá que demostrar esa voluntad política de que, paralelamente a la financiación del Miner para proyectos empresariales en las comarcas mineras, de sus propios fondos pondrá la cantidad que pueda dentro de los Presupuestos. Es lo que estoy pidiendo. Y por eso matizaba yo antes, que decía: partidas presupuestarias suficientes; eso la Junta, evidentemente, lo tendrá que precisar en función de la naturaleza de los proyectos.

Y como, lógicamente, tiene que tener los mismos criterios que el Miner, pues, por lógica, por pura lógica, está claro que las ayudas y subvenciones a proyectos empresariales en las comarcas mineras irán determinadas, como en otras... en otras facetas de la economía, a proyectos que creen empleo.

Y yo creo que eso es sustancial. Usted dice: "el Miner todavía no ha determinado la cantidad que va a recibir Castilla y León". ¡Hombre!, el Instituto se ha creado hace escasamente tres semanas, a pesar de que sus estatutos se constituyeron en el mes de marzo o dentro del primer trimestre de este año. Pero, en todo caso, hay un principio en el cual todas las fuerzas políticas, todos los sindicatos y todos los Ayuntamientos mineros están de acuerdo: es que, a la hora del reparto de los dineros del Miner para todas las Comunidades Autónomas que tienen minería del carbón, estará en función de los proyectos que presenten, y esos proyectos estarán en función del empleo que genere.

Y no vamos a hablar de Pérez Villar aquí, pero, en todo caso, está claro el criterio: solamente se financiarán aquellos proyectos que creen empleo -y yo creo que es un argumento absolutamente válido- y en función de ese criterio se hará el reparto del dinero. Si Castilla y León es más hábil y presenta proyectos que generan empleo, está claro que, dentro de ese reparto global, Castilla y León no tendrá que tener ningún tipo de miedo a que ese dinero no venga.

Por tanto, ahora el gran reto, una vez que hemos aprobado el Plan del Carbón, no es decir que vamos a reindustrializar, sino fundamentalmente es presentar proyectos para ser capaces de traer ese dinero para la Comunidad. Y de ahí que planteemos lo de la oficina de gestión; que yo no digo que tengan que ser dos, porque pueden ser cuatro o pueden ser cinco. Cuando hablo de una oficina, me refiero de un organismo de la Comunidad que es el encargado de coordinar los proyectos del Miner con las distintas Consejerías de la Comunidad; pero que después, por efectos de operatividad, se abran dos locales de esa oficina de gestión, una Palencia y otra en León -evidentemente, porque es donde hay minería-, pues me parece bien. Pero yo no me refiero que... en el argot este de abrir oficinas por ahí en plan electoral, sino, simplemente, una oficina de gestión como organismo; que después tenga dos sucursales, me da exactamente igual; dos o tres, las que hagan falta. Pero, en todo caso, es una oficina de gestión de la Junta de Castilla y León en la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, yo admito la votación punto por punto. Pero le vuelvo a repetir: el punto siete, que es para nosotros fundamental, es que la Junta de Castilla y León tiene que asumir responsabilidades de inversión también en las comarcas mineras, paralelamente al compromiso de inversión del Ministerio de Industrial y Energía, con la financiación que pueda y priorizando los proyectos en función de la creación de empleo que genere. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Sometemos entonces a votación la Moción punto por punto?

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Presidente... sí. Sí, el Grupo Popular está en disposición de votar cinco... favorablemente a cinco de las ocho Propuestas de Resolución. Y propondríamos, entonces, la votación agrupada de las cuatro primeras, incluida también la octava, que son las que vamos a votar a favor.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Estamos de acuerdo en ello? Señor Conde, ¿le parece prudente que...? Entonces, dos votaciones. La primera, de los puntos uno, dos, tres, cuatro y octavo. ¿Votos a favor? ¿Se pueden aprobar por asentimiento estos cinco puntos? Quedan aprobados por asentimiento.

Y se someten a votación los otros tres: el quinto, sexto y séptimo punto de la Moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno; veinticinco a favor; cuarenta y seis en contra; ninguna abstención. Quedan rechazados estos tres puntos de la Moción.

Y pasamos ahora al décimo punto del Orden del Día, que ruego al señor Secretario proceda a enunciarlo.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Décimo punto del Orden del Día: "Toma en consideración de la Proposición de Ley de Creación del Instituto de Administración Pública de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Don Fernando Benito, en nombre de su Grupo, tiene la palabra para el turno a favor de esta Propuesta... de Ley, Proposición de Ley.

BENITO MUÑOZ

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EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Presidente... señor Presidente. Señorías. Me corresponde defender, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la toma en consideración del Proyecto de Ley de Creación del Instituto de Administración Pública, con sede en la ciudad de León.

Para este Grupo Socialista, en reiteradas ocasiones, el funcionamiento eficaz de la Administración Pública es un pilar básico para la política de solidaridad en el estado del bienestar y, por lo tanto, una parte sustancial de sus actividades políticas.

Independientemente del voto que vayan a emitir, yo les voy a dar argumentos y razones que deberían de tener en su consideración, para esta toma en consideración de este Proyecto de Ley. Sencillamente, por tres razones: consideramos que es un Proyecto necesario, razonable, constructivo y oportuno en el tiempo.

Para el conocimiento general, el Instituto de Administración Pública de Castilla y León es un organismo autónomo que persigue, fundamentalmente, la formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos... y haré más alusiones al Proyecto de Ley en su parte final.

Me va a permitir una licencia, una pequeña licencia histórica. Este Instituto no representa una novedad normativa en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En el año ochenta y seis, la Ley 2/86, gobernada entonces por el Grupo Socialista y por el... Partido Socialista la Comunidad de Castilla y León, se creó el Instituto entonces de Administración Pública, que sólo por una falsa política de austeridad, en beneficio de la imagen, fue suprimido posteriormente por el señor Aznar. Seguramente algunas de las consecuencias de la Función Pública en sus características actuales tienen que ver con parte de esa decisión.

Aquí y ahora yo les quería dar algunas razones para crear este Instituto de Administración Pública.

En primer lugar, la configuración territorial de nuestra Comunidad. Se ha dicho reiteradamente que dos millones y medio de habitantes en dos mil doscientos municipios, en más de cuatro mil núcleos de población, representa un problema de distribución y despoblación que no se puede ocultar. A esta dificultad de despoblación... se trasmite a las entidades locales en las dificultades que pueden tener en su dotación de servicios, en la capacidad de gestión y organización. Un dato último que avala esta posición es el último Informe del Procurador del Común, en el cual alertaba de los problemas de Función Pública que existen en las entidades locales, con numerosas quejas que se han incrementado -como se ha dicho reiteradamente- durante este último año. Pruebas que fundamentalmente se dirigen a las pruebas selectivas... a los problemas en las pruebas selectivas, en los sistemas de contratación y en las bases de los procesos, en general, de promoción y selección de funcionarios en las entidades locales.

El segundo argumento sería la coexistencia en nuestra Comunidad y en otras Comunidades de dos procesos absolutamente contrapuestos y que dificultan aún más, si cabe, la razón anterior: es el proceso de descentralización administrativa que la construcción del Estado de las Autonomías conlleva; y, en segundo lugar, la integración supranacional en la Unión Europea, que complica aún más esta formación permanente de los empleados públicos.

Si antes hablábamos de las dificultades de la configuración territorial, estas dos características, estos dos procesos contrapuestos coadyuvan aún más a los problemas que pueden tener la formación de las entidades locales y su propia necesidad de asistencia técnica.

En tercer lugar, la existencia contrastada en otras Comunidades Autónomas, incluso gobernadas por el Partido Popular -caso de Galicia, que desde el año ochenta y siete tiene un Instituto de Administración Pública; y desde el año ochenta y siete la Junta de Andalucía-, así como otras Comunidades Autónomas, cuyos trabajos son de mucho interés; incluso las dotaciones de edificios y demás tienen un indudable interés a nivel nacional.

Y en último lugar... o en cuarto lugar, yo diría la aprobación generalizada de los empleados públicos y de sus representantes. Yo he tenido la deferencia de dirigirme a los representantes sindicales en la Función Pública, y todos manifiestan el interés que puede tener la creación de este Instituto y, por lo tanto, apoyan esta Proposición de Ley.

En último lugar, yo quisiera hacer una referencia a la situación intrínseca de la Función Pública de Castilla y León, que avala la necesidad de esta creación de este Instituto. Hemos hablado reiteradamente de cuál es la situación; yo quisiera dar algunos breves... breves datos de cómo está, en relación con la formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos.

En primer lugar, no ha existido ni existe una valoración de los puestos de trabajo en la Comunidad de Castilla y León, no ha existido ni existe; y es una necesidad que se tiene y que se ha intentado parchear con diversos contratos a empresas privadas.

En segundo lugar, la transparencia en las tareas de selección de perfeccionamiento. Es necesario dar a la preparación de los empleados públicos la necesidad de transparencia en los procesos de selección y asistencia a estos cursos.

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En tercer lugar, la separación de las decisiones políticas de las propias definiciones de preparación. Estamos asistiendo a que la preparación de los empleados públicos está vinculada con la acción política que gobierna, en el sentido de dar o no prioridad a esa preparación.

Y en último lugar, la necesidad de concentración y unificación de las bases de perfeccionamiento en un único organismo, que venimos reiterando en diversas enmiendas a los Presupuestos durante todas las Legislaturas.

Respecto al contenido exacto de la Ley, yo creo que no hace falta profundizar. Sería, fundamentalmente, un desarrollo reglamentario posterior. Es una entidad de derecho público adscrita a la Consejería de Presidencia como organismo autónomo. Los fines, como he dicho, fundamentalmente son la formación y el perfeccionamiento de los empleados públicos. Pero también hay otros tres aspectos fundamentales que queremos destacar: en primer lugar, la investigación, divulgación y difusión de trabajos en función pública; en segundo lugar, el asesoramiento y asistencia técnica a entidades locales de Castilla y León -pilar para nosotros fundamental-; y, en tercer lugar -y absolutamente... y directamente relacionado con los procesos de descentralización y de integración-, la colaboración y cooperación con las Administraciones Públicas, tanto entidades locales, tanto supranacionales.

La estructura es simple: como un organismo autónomo y el desarrollo reglamentario, por Decreto de la propia Junta de Castilla y León, puede ordenar el funcionamiento de dicho Instituto.

Es, pues, el Instituto de Administración Pública, con sede en la ciudad de León, necesario para unificar los esfuerzos de perfeccionamiento de los empleados públicos; es necesario, para abordar con criterios profesionales la modernización de la Administración Pública; es necesario para mejorar la Función Pública en las entidades locales de Castilla y León, que no es un problema baladí. En definitiva, es una Institución necesaria para programar y desarrollar todos los aspectos profesionales de la Administración Pública en nuestra Comunidad.

Éste es el Instituto de Administraciones Públicas que ustedes deberían de apoyar. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, para consumir un turno en contra, don José Nieto Noya tiene la palabra.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señor Presidente. Señorías. Creo no equivocarme si digo que, desde mil novecientos ochenta y cinco, todos los años se ha debatido en este Pleno, más o menos, sobre un Instituto de Administración Pública en Castilla y León.

Hoy suscita el debate la presentación de la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, cuyo... cuya toma en consideración acaba de ser defendida por su Portavoz.

Para mí está claro que el Grupo proponente no tenía ninguna esperanza de que prosperase su iniciativa en este trámite parlamentario, porque un mes después de haberla traído a la Cámara presentó otra iniciativa, como enmienda de adición al Articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos, en la que pide que "durante el Ejercicio de mil novecientos noventa y nueve, la Junta remite a las Cortes el Proyecto de Ley de Creación del Instituto Regional de la Función Pública, con sede en la ciudad de León". Proposición de Ley en un caso, Proyecto de Ley en otro; Instituto de Administración Pública en el primero, Instituto Regional de la Función Pública en el segundo.

No creo que estas diferencias terminológicas expresen intenciones diferentes; más bien parece que se deben a que manos diferentes tuvieron a su cargo la preparación de los correspondientes textos, aunque en un tan corto espacio de tiempo, tal vez deberían haber puesto mayor cuidado para evitar discrepancias entre las dos iniciativas.

En lo que ambas coinciden es en el propósito de fijar por Ley la sede de este deseado organismo en la ciudad de León. Y en esta coincidencia, tal vez, esté la razón de una y otra iniciativa, olvidando que sólo las instituciones de autogobierno de la Comunidad tienen fijada la sede por Ley, en virtud de mandato estatutario, que se extendió al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo Económico y Social.

Nosotros siempre hemos entendido que la sede de los organismos de la Administración no debe ser fijada por Ley, siendo -como creemos que es- competencia de la Junta.

A diferencia de otros años, la enmienda de adición al Articulado del Proyecto de Ley de Presupuestos no tiene la o las correlativas a la incorporación de créditos, a tal fin, en el Estado de Gastos; nueva razón que avala la teoría de la desconfianza en el éxito de la iniciativa.

Y añado que no tenía el Grupo proponente ninguna esperanza de éxito, porque, además de lo ya dicho, el que es Presidente del Partido Popular de este Grupo Parlamentario y de la Junta de Castilla y León, a la pregunta de un cualificado Procurador Socialista sobre si la Junta pensaba crear el Instituto de que hablamos, respondía el pasado once de marzo en estos términos: "La Junta no tiene prevista la constitución del Instituto de Administración Pública". Tan escueta y clara respuesta no podía dar lugar a la esperanza.

El porqué, pues, de estas iniciativas ahora debería ser explicado de una forma más convincente. No nos corresponde a nosotros hacerlo, pero mucho nos tememos que ese porqué no se encuentra realmente en la preocupación por la formación de los servidores públicos. Pero volvamos un poco atrás, como ha hecho el Portavoz Socialista.

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Por Ley de dos de abril de mil novecientos ochenta y seis, se crea el Instituto de Administración Pública de Castilla y León como organismo autónomo y con tres Secciones con nivel orgánico de servicios: la Escuela de Administración Autonómica, la Escuela de Administración Local y la Academia Regional de Policías Locales; y con domicilio provisional en la sede de la Juntas "hasta -se decía, y lo dice la Ley- que se determine definitivamente por ésta, previa audiencia del Consejo Rector". Por lo tanto, sin sede establecida por la Ley y respetando la facultad de autoorganización de la Junta. Durante el resto de la primera Legislatura este Instituto no se puso en marcha.

El veinte de julio de mil novecientos ochenta y siete, en su discurso de Investidura, el candidato a la Presidencia anunciaba que, si obtenía la confianza, se proponía remitir a la Cámara un Proyecto de Ley por el que las funciones que debería desarrollar el Instituto de Administración Pública se realicen -decía- por la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, en cooperación con el Instituto de Estudios de la Administración Local, el Instituto Nacional de Administración Pública y las Universidades de nuestra Comunidad.

Cumplidos la condición y el propósito, la Ley 10/87, de nueve de noviembre, suprime el Instituto, así como una extraña referencia a este organismo en la Ley de Ordenación de la Función Pública, tres meses anterior a la creación del organismo autónomo.

Creo que será útil recordar la presentación del Proyecto de Ley de Supresión que unos días antes hacía antes de Pleno el entonces Vicepresidente y Consejero de Presidencia -hoy Presidente de la Junta-, don Juan José Lucas. Las razones entonces alegadas en relación con el sometimiento de las Administraciones Públicas a los principios constitucionales de eficacia, de eficiencia y de economía siguen teniendo plena vigencia actualmente.

Otro tanto cabe decir de las reflexiones sobre la formación y el perfeccionamiento de los servidores públicos como medio para la profesionalización más completa del personal, como mejora y a la vez garantía de la calidad en la prestación de los servicios públicos, como inversión de efectos positivos y duraderos, como un camino más para la promoción, y como un derecho y a la vez como una obligación de los servidores públicos.

En aquel discurso se diseñaban, igualmente, las diferentes formas de atender desde los recursos ordinarios de la Administración las obligaciones que corresponden a la Junta -obligaciones absolutamente inexcusables en materia de formación de su propio personal- y en la cooperación con las Administraciones Locales para que éstas puedan, a su vez, cumplir mejor las suyas propias en esta materia de formación.

Y decía que esta mirada atrás sería útil, entre otras razones, porque me permite remitirme y remitir a Sus Señorías al correspondiente Diario de Sesiones, simplificando y abreviando mi intervención, y obviando la referencia a las distintas normas del Estado y de la Comunidad con preceptos relativos a la formación de los empleados públicos.

Nosotros estamos en el mismo programa de mil novecientos ochenta y siete, y la Junta ha cumplido satisfactoriamente con el diseño de entonces para articular la formación. Para demostrarlo, baste recordar que en estos últimos cuatro años -mil novecientos noventa y cinco/mil novecientos noventa y ocho-, a través del Plan General de Formación de la Dirección General de la Función Pública, se han celebrado doscientos cincuenta y tres cursos, por los que han pasado cuatro mil seiscientos setenta y seis alumnos. A través de los cursos específicos de las Consejerías -trescientos treinta y uno en total-, se han reciclado seis mil quinientos setenta y un funcionarios y empleados públicos. Y a través del Plan de Formación Continua, con fondos procedentes del Presupuesto del Estado, los cursos organizados fueron cuatrocientos cincuenta y tres y los alumnos diez mil ciento noventa.

Estos tres programas suman mil cuarenta y siete cursos y veintiún mil cuatrocientos treinta y siete alumnos. Y a ellos hay que añadir trece cursos más de formación para la promoción profesional y siete cursos de adaptación para la funcionarización.

Y no debemos olvidar los créditos previstos en el Concepto 180 de los Presupuestos para formación y perfeccionamiento del personal -que ya existían en mil novecientos ochenta y seis-, para cursos o seminarios y otro tipos de reuniones para la formación, adiestramiento, instrucción y perfeccionamiento del personal, organizados fuera del ámbito territorial de la Comunidad o de sus competencias; créditos que superan los 250.000.000 de pesetas.

E indamais -como se dice en mi tierra de origen-, hay que añadir los cursos y becas organizados o financiados por la Dirección General de Administración Territorial para diversos grupos de funcionarios de Administración Local o Policías Locales, que naturalmente funcionan en régimen de cooperación, pero que suman en el haber de la Junta de Castilla y León en materia de formación.

No se trata, pues, de debatir si formación sí o formación no. Clara y rotundamente formación sí. Tampoco de si colaborar con otras instituciones para la formación, o de cooperar a la formación del personal de las Administraciones Locales, porque colaboración sí y cooperación también. Se trata de decidir si se mantiene el esquema vigente, o si volvemos a la creación de un Instituto -o como quiera llamársele- semejante al suprimido en mil novecientos ochenta y siete, como se ha pedido reiteradamente -y recordaba el señor Benito- a lo largo de todos los debates presupuestarios.

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Y en este sentido, por los mismos principios constitucionales invocados en mil novecientos ochenta y siete de eficacia, de eficiencia y economía, y para evitar un aumento de la burocracia creando organismos que la realidad ha demostrado que son innecesarios, y con la voluntad de obtener el máximo rendimiento de los recursos existentes, nuestro Grupo Parlamentario no estima conveniente la creación ahora de un Instituto de Administración Pública en nuestra Comunidad.

Bien es cierto que la Junta no se ha mantenido inmóvil desde mil novecientos ochenta y siete, porque la realidad también ha ido cambiado. Y como anunciaba el Consejero de Presidencia al presentar su programa para esta Legislatura en mil novecientos noventa y cinco, en ocasión... perdón, en sesión extraordinaria el día cinco de septiembre, la Junta consideró conveniente modificar la estructura administrativa y potenciar los recursos humanos y económicos destinados a las actividades de formación y perfeccionamiento del personal a su servicio. Y así, por Orden de veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis, sustituyendo a la Sección de Formación que estaba integrada en el Servicio de Recursos Humanos, se creó un Servicio de Formación con dos secciones y tres negociados, duplicando el número de personas dedicadas a estas tareas. Sus funciones son las mismas que las previstas en la Proposición de Ley, salvo en lo referente a las Entidades Locales -que aquí no tiene cabida-, y continúa con la misma organización anterior.

Así pues, mutatis mutandis, todo lo que se pretende conseguir con la Proposición de Ley, en cuanto a objetivos de formación, está convenientemente atendido con la organización actual de la Junta entre el Servicio de Formación, la Dirección General de Administración Territorial y las Secretarías Generales de todas las Consejerías.

Yo no sé lo que habrá de ocurrir en un próximo futuro, a medida que se vaya haciendo efectivo el nuevo techo competencial del nuevo Estatuto reformado. Pero Sus Señorías pueden tener la seguridad de que el Partido Popular no se va a mantener numantinamente aferrado a una determinada forma de organización, si los hechos demostraran la necesidad o la simple conveniencia de cambiarla. Pero esto hoy no es el caso y por ello -repito- nos vamos a oponer a esta Proposición de Ley.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para réplica, don Fernando Benito tiene la palabra.

BENITO MUÑOZ

EL SEÑOR BENITO MUÑOZ: Señor Presidente. Señor Portavoz. Bueno, su postura a mí me produce diversas sensaciones; quizá la primera sea de cierta tristeza, pero sobre todo bastante irritación. Por una razón elemental y primera que podía calificar sus excusas, que son la absoluta inconsistencia de sus argumentos. Y decirme que ahora no van a crear el Instituto, pues ya demuestra hasta qué punto tienen ustedes dudas de aprobar una Proposición de Ley.

Hombre, quedan dos posibilidades, quedan dos posibilidades que ustedes utilizan últimamente: una, incorporarla cuando ustedes quieran como una cosa suya y quedar muy bien; otra, meterla en la Ley de Presupuestos, o aprobarnos la enmienda de Presupuestos, que usted mismo ha reconocido que hemos puesto. Yo no veo ninguna incongruencia en lo que decimos aquí con la Ley de Presupuestos. De lo que se trata es de crear el Instituto de la Administración Pública, llámese Instituto de Administración Pública o Instituto Regional de Administración Pública.

Mire, los datos que nos ha dado: cuarenta y ocho mil empleados públicos; los datos que nos ha dado -y no voy a entrar más-: cuarenta y ocho mil empleados públicos. Si entre los funcionarios y empleados de la Junta y de los Administraciones Locales, sumados los dos, hablarnos a estas alturas de que en diez años han dado a cinco mil un curso de perfeccionamiento, con los procesos de integración europea y con los procesos de descentralización del Estado de las Autonomías, es un balance bastante malo. O sea, que viene dando unos datos que, bueno, a ustedes les puede satisfacer, pero no satisfacen a nadie.

Comparativamente esos datos con lo que, por ejemplo, su Grupo en Galicia -que no hay que ir más lejos, porque si decimos Andalucía, Extremadura parece que estamos arrimando el ascua de una manera sectaria a nuestros intereses-, en Galicia han multiplicado eso por tres. En edificios no tienen una adscripción a la Consejería de Economía o a la Consejería de Presidencia con un Servicio de Formación. Si hemos discutido mil veces en los debates presupuestarios que el problema de la concentración de los cursos es una necesidad palpable de la Administración Pública de Castilla y León. Cada Consejería hace lo que le da la gana y dirige los cursos, con un proceso de selección, a los funcionarios que quiere de una manera arbitraria.

Se trata de concentrar en un Instituto todos los elementos de perfeccionamiento de los empleados públicos de una manera que se haga profesional. Yo creo que está bastante clara la diferencia.

Yo creo que esto tiene que ver con la idea que tienen ustedes de la Administración Pública y la que están desarrollando, ¿no? Prefieren una Administración que la controlen cada Consejería en todos sus aspectos: desde los interinos hasta las comisiones de servicio, de manera que cada uno haga lo que quiere. Y, en este caso, la formación de los empleados públicos, que es parte sustancial del proceso de prosperidad en la carrera administrativa, pues también lo emplean de esa manera sectaria.

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Vamos a analizar en serio por qué dicen ustedes que no al Instituto ahora mismo. Hombre, yo creo que filosóficamente no. Es una necesidad: existe en otras Comunidades Autónomas, existe la oportunidad de crearlo. Ustedes mismos saben que está creado desde el año ochenta y siete en otras Administraciones. O sea, yo creo que, filosóficamente, usted no ha dado ninguna razón consistente en que no se pueda crear o no se deba crear el Instituto ahora.

La ubicación. Hombre, la ubicación ya es maravilloso; la historia explica muchas cuestiones. Pero no me venga usted diciendo que la sede es un problema ahora para crear el Instituto. Seguramente el problema es que ustedes no pueden hacer lo que hemos hecho nosotros -como hacemos en muchas otras oportunidades y ocasiones-, que es que el Partido Socialista ha tomado la decisión de que el Instituto esté ubicado en León. Yo no sé si ustedes serían capaces de hacer lo mismo; y a la historia me remito, porque seguramente nadie olvida que fueron incapaces en una primera Legislatura de presentar un candidato a la Presidencia de la Junta por problemas provinciales.

Yo creo que la razón es bastante simple: es una Proposición del Grupo Socialista. Es necesaria, es absolutamente clara, concisa, hasta en la ubicación; pero es una Propuesta del Grupo Socialista. Y, por lo tanto, como nace de aunar criterios en León, como nace de concitar voluntades en toda la... en la Administración, en el Ayuntamiento, en la Diputación, en la Universidad, como nace de todo eso, pues ustedes no pueden aprobar que esto llegue tan lejos.

Yo a esto siempre le diría una razón fundamental: yo creo sinceramente que ustedes pueden caer en errores constantemente, pero reiterarlos es bastante grave, reiterarlos es bastante grave. No hay ninguna razón, ninguna razón de las que usted me ha dado, que demuestre que no es necesario, que no es oportuno, que no es razonable crear el Instituto, ahora mismo, con ubicación en León; ni una sola razón de las que me ha dicho. Ni hay una concentración de la formación de los funcionarios. Existe en otras Comunidades, está funcionando bien en otras Comunidades, crea una divulgación, tenemos una... municipios en Castilla y León con problemas, que denuncian instituciones independientes como el Procurador del Común, en temas de función pública, precisamente por falta de asistencia, por falta de formación. Se concitan dos procesos contrapuestos que crean dificultades a los funcionarios públicos. Son razones absolutamente consistentes.

La suya, sencillamente, es la negación de una propuesta socialista, como otras muchas veces hemos asistido en esta Cámara. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para dúplica, señor Nieto Noya, tiene la palabra.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señor Presidente. Es posible que las razones que yo he aducido en mi turno... anterior turno en contra de la Proposición No de Ley, pues, no hayan calado en su mente, o que usted, habiendo profundizado en ellas, no quiera asumirlas en representación de su Grupo. Esto es posible. Llevamos... ¿cuántos años? Once años... doce años, ¿eh?, en la misma situación. O sea, que no es ninguna novedad, no es ninguna novedad.

No hay ningún empecinamiento en mantener las cosas como están. Nosotros estamos convencidos de que se ha ofertado formación a los funcionarios públicos y se ha colaborado en la formación de los empleados de las Administraciones Locales de una manera satisfactoria a lo largo de estos años, con el procedimiento que existe. ¿Que ustedes quieren crear otro organismo? Pues muy bien. Oportunidad tendrán el día en que ustedes ganen las elecciones y ustedes dirijan la Administración de la Comunidad, y ustedes tengan mayoría en este Parlamento. Y en ese momento, pues, ustedes crean la... el Instituto de Administración Pública de Castilla y León, o el Instituto de la Función Publica de Castilla y León, que me da lo mismo cualquiera que sea el nombre.

Tampoco usted ha dado ninguna razón sustantiva que demuestre la necesidad de que... de la creación de este centro. A mí, el hecho de que exista en otras Administraciones o en otras Comunidades Autónomas no me dice nada, nada sustantivo, nada. A lo mejor ellos no han optado por una formación por otro sistema, no han optado por una formación de otra naturaleza. Y el hecho de la concentración de un solo organismo de toda la formación, pues mire, en el fondo es... es una utopía, en el fondo es una utopía. Porque la formación específica de los funcionarios públicos de diversa naturaleza, de las distintas profesiones incorporadas a la Función Pública, es imposible hacerla desde un solo organismo. La colaboración con las Universidades o la utilización de organismos especiales de formación... piense usted en el próximo momento en el que dispongamos de las competencias de Educación de una manera efectiva, la cantidad de funcionarios públicos en el ámbito de la Educación que no van a poder ser formados ni reciclados en el ámbito de este Instituto de la Función Pública.

Tampoco me vale la utilización de cifras. Usted dice que el Instituto de la Función Pública... -o como se llame- en fin, o Instituto de... o a Escola de la Función Pública -como se llame-, el organismo creado en Galicia, que ha desarrollado tres veces más cursos. No lo sé, no lo he comprobado. Le corresponde también, le corresponde, porque la población a la que atienden y la Administración a la que atienden también es más amplia, ¿eh? Tiene bastante más población; casi nos dobla a Castilla y León en la población de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

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Yo ya sé que la cita escueta y simple del número de cursos, por sí misma, tampoco avala nada; ya lo sé, porque depende de la calidad. Pero eso nos llevaría a un debate que es absolutamente inviable e imposible en estas Cortes. De hecho, no hay ninguna razón para que los cursos que se organizan desde la Dirección General de la Función Pública o los cursos de reciclaje de las diferentes Consejerías sean de peor... no hay ninguna razón para que sean de peor calidad que la... los que organice ese teórico o ese futuro Instituto.

Y hay otra razón que usted ha invocado que la rechazo frontalmente, frontalmente: para usted, las decisiones de los cursos que organiza la Junta están contaminados de una... de un carácter político, están inficionados, y en cambio los que organiza ese Instituto no lo están. ¿Y en razón de qué hace usted esa afirmación? ¿Por qué los cursos que organiza la Función Pública no pueden tener la misma asepsia política porque están dirigidos a funciones puramente administrativas y públicas y no a cumplir objetivos políticos? ¿Por qué no va a tener la misma asepsia?

Mezcla los procesos de selección. Y está también contaminado de preocupación o de reservas de tipo político en cuanto se refiere a que los tribunales que seleccionan a los funcionarios públicos, en su origen, resulta que lo hacen en virtud de criterios políticos, simplemente porque la selección... la organización de los tribunales radica en manos de la Comunidad. Pues tampoco es propio de un Instituto de esta naturaleza proceder a la selección del personal; eso es una responsabilidad de la Administración. El Instituto puede ser de formación, pero no de selección. Es un principio que a mí me parece absolutamente claro.

Y nada más. Usted ha pasado por encima del problema de las sedes. El problema de las sedes tiene su importancia, para nosotros tiene su importancia. Ustedes están empeñados en plantear un problema de disociación en León entre las posturas de los... concejales del Partido Popular y... o entre algún Procurador del Partido Popular en León y las posturas de ese mismo Procurador en estas Cortes, con una intención que yo no he querido calificar de ninguna forma, pero que resulta bastante sospechoso, desde diferentes puntos de vista.

Razón por la cual, Señorías, repito nuestra postura, que he anunciado antes, de oponernos a la toma en consideración.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. ¿Para fijación de posiciones? Al no desearlo hacer el Grupo Mixto, pasamos al Grupo de Izquierda Unida. Don Santiago Sánchez Vicente tiene la palabra.

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente. Señores y señoras Procuradores. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida saluda la propuesta de creación de este Instituto por considerarlo, pues, urgente y necesario; pero no sólo por las razones tímidamente apuntadas en los Antecedentes, sino más bien por lo que acaba de decir el Portavoz desde esta Tribuna, y también porque entendemos que en el decreto... en el Texto Refundido en materia de Función Pública de Castilla y León, en el Artículo 39 en concreto, deja las puertas abiertas para la creación de ese Instituto. Por tanto, las razones que desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular... pues yo creo que es que se centran únicamente en que el señor Presidente, el señor Lucas dicit. No hay más. El señor Presidente de esta Comunidad dicit, y como él dicit, pues los demás hemos de considerar que está con la razón divina. Pues mire usted, no es así, no es así, y razones más que suficientes se han dicho ya, y yo voy a apuntar alguna más.

Ya se han apuntado aquí antecedentes de carácter político y legislativo, pero bueno. El primer antecedente, lógicamente, está en la Constitución, el Artículo 149.1.18; en la Ley 30/84, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; en la Ley 12/83, de octubre... de catorce de octubre, del Proceso Autonómico... En fin, en una serie de disposiciones, y fundamentalmente en el texto legislativo de... Ley 1 de mil novecientos noventa.

Aquí, es verdad -ya se ha dicho, ¿no?-, existió este Instituto, que se había creado por Ley de mil novecientos ochenta y seis. Se aprobó el entonces llamado Instituto de la Administración Pública de Castilla y León, de muy escasa vida; de muy escasa vida porque, por Ley 10 del ochenta y siete, y por extrañas razones... La verdad que extrañísimas, mire usted, porque decir que razones de economía y eficacia, y con eso justificar todo... Pues por razones de economía y eficacia, fíjese usted, podríamos suprimir las Cortes; es decir, por las mismas razones, de economía y eficacia. Es decir, a mí me parece que es como no decir absolutamente nada y sí tratar de justificar lo injustificable.

¿Y qué es lo que se hace, qué es lo que ha hecho aconsejable la supresión? Lo que ha hecho aconsejable la supresión es que a ustedes les parece mucho más oportuno que el control de la formación del funcionario, de la selección, etcétera, etcétera, de todos los fines que tiene este Instituto, esté en manos de la Consejería de Presidencia. Y ello, pues, simplemente nos hace pensar que la formación y el perfeccionamiento del personal que presta servicios en la Administración Autonómica, para ustedes, ha dejado de ser un objetivo permanente, a pesar del apoyo de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Asimismo, nos hace pensar que el Gobierno de Castilla y León, a pesar de lo que decía la Exposición de Motivos cuando se creó este Instituto, pues a pesar de eso -digo-, no... parece que no tiene mucha voluntad de buscar esa coordinación entre los funcionarios, esa cooperación entre los funcionarios de las distintas Administraciones.

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Sin embargo, pues sabe perfectamente el señor Portavoz del Grupo Popular que como en tantas otras cosas, ¿no? -porque esto no es una... una muestra exclusiva-, como en tantas otras cosas, pues estamos quedándonos a la cola; la respuesta de varias Comunidades Autónomas, de muchas de las Comunidades Autónomas ha sido, pues, en virtud de esa asunción de competencias, en virtud de la creación de las distintas Leyes de la Función Pública de sus Comunidades, han ido creando, han ido creando los Institutos de la Función Pública. ¿Por qué? Pues mire usted, porque creen que, a través de este Instituto, las funciones de selección para el ingreso en los cuerpos de funcionarios de la Administración Autónoma se hace mejor; porque creen -como creemos nosotros- que la formación de los funcionarios ingresados en la Comunidad a través de este Instituto se hace mejor; porque creen que la actualización y el perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración a través de este Instituto se hace mejor; y porque creen que la formación y actualización y perfeccionamiento de los funcionarios, del resto del personal de las Administraciones Públicas, desde la Comunidad se hace mejor. Y estas razones, que son razones políticas, que son razones de carácter también profesional y formativo, son las que han llevado y han conducido a que el resto de las Comunidades... un número importante -no todas-, un número importante, haya creado este Instituto.

Pero dicho esto, pues también tengo que decir que el Proyecto de Ley... la Proposición de Ley que se nos presenta, pues, yo creo que es manifiestamente mejorable, y a mí, a nuestro Grupo también nos suscita algunas dudas.

En primer lugar, en cuanto a las funciones, yo creo que se podría haber sido un poco más explícito, e incluir o buscar -si cabe- una mejor redacción en el sentido de recoger, de una manera clara, que este Instituto, en cuanto a las funciones, tendría la de selección para el ingreso en los cuerpos de funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma que le encomiende el Consejero competente en materia de personal, para lo cual podrá organizar y llevar a cabo las pruebas selectivas correspondientes.

En segundo lugar, la actualización y perfeccionamiento del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma, mediante la organización de cursos y otras actividades teóricas y prácticas.

En tercer lugar, la organización de cursos específicos para la adquisición de los grados superiores.

Y, por último, la formación y actualización del perfeccionamiento de los funcionarios y resto de personal de las Administraciones Públicas en Castilla y León, en coordinación.

Así como también, pues todos los temas de investigación y estudio que se han tocado. No sé por qué se ha dejado fuera el tema de la creación anual de un fondo de becas de investigación, que a mí me parece que se debería de haber recogido, etcétera.

Mire usted, lo de la sede es una cuestión discutible. A mí me gustaría que me explicara usted por qué León. Yo no tengo nada en contra de León, me parece perfecto León; pero pregunto que por qué no Soria, o Salamanca. Simplemente eso, ¿no? Pero vamos, me parece extraordinario, y no sería nunca motivo para no votar algo que en su... en su complejo y en su totalidad nos parece interesante. Sí me gustaría que me dijera qué razones le han movido a ello, pero... porque, si no, pues bueno, es otra vez volver a este debate, debate provinciano, que no conduce absolutamente a nada.

En cuanto a las facultades del Consejo Rector, mire usted, esto sí que me parece importante; me parece importante que la aprobación del plan anual de actividades, y la memoria anual del Instituto, de esto, cuando menos, se dé cuenta a estas Cortes de Castilla y León con carácter anual para que la Oposición podamos cumplir con nuestras funciones de control y fiscalización.

Habría que mejorar también, digo mejorar en el sentido de hacer más abierta la composición del Consejo Rector, porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es creando un Consejo Rector con su proposición que, salvo la anécdota de la representación sindical minoritaria, el resto, prácticamente, es pura Administración; por tanto, puro Ejecutivo, por tanto, puro Gobierno de la Comunidad.

Pero, dicho esto, en definitiva, lo que queremos es decir que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida le parece urgente y necesario y, bueno, por todas las razones que ha dicho, más que las apuntadas, evidentemente, por todas las razones que se han dicho en esta tribuna; y, en razón a ello, vamos a apoyar esta Proposición de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Concluido el debate, se pregunta: ¿Las Cortes toman o no en consideración la Proposición de Ley para la creación de un Instituto de Administración Pública en Castilla y León? Quienes estén a favor de ello, levanten la mano, por favor. Gracias. ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y uno. Veintiséis a favor y cuarenta y cinco en contra. En consecuencia, queda rechazada la toma en consideración de la Proposición de Ley debatida.

Y ruego, al señor Secretario proceda a dar lectura al undécimo punto del Orden del Día.

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EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Undécimo punto del Orden del Día: "Debate de totalidad del Proyecto de Ley Reguladora del depósito de importe de fianzas de contratos de arrendamientos y de suministro y servicios que afecten a fincas urbanas".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto, por la Junta tiene la palabra la señora Consejera de Economía y Hacienda.

CARRASCO LORENZO

LA SEÑORA CONSEJERA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (SEÑORA CARRASCO LORENZO): Gracias, Presidente. Señorías. Como consecuencia de las competencias exclusivas en materia de vivienda que atribuyó a la Comunidad de Castilla y León el Artículo 26 del Estatuto de Autonomía, el correspondiente traspaso de funciones y servicios realizado por el Real Decreto 972/1984, de veintiocho de marzo, supuso la transferencia a la Comunidad de las funciones relativas al depósito del importe de las fianzas de contratos de arrendamientos y de suministro y servicios que afectan a las fincas urbanas.

Tales depósitos venían siendo regulados por el Decreto de once de marzo de mil novecientos cuarenta y nueve, cuyo planteamiento ha sido afectado por diversas previsiones de la Ley 29/1994, de veinticuatro de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

En primer lugar, su Disposición Adicional Tercera prevé que las Comunidades Autónomas podrán establecer la obligación de que los arrendadores de fincas urbanas depositen el importe de las fianzas del contrato sin devengo de interés a disposición de la Administración Autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del contrato.

En segundo lugar, deroga el mencionado Decreto de once de marzo del cuarenta y nueve, pero previendo que la derogación producirá efectos en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma cuando cada una regule las obligaciones de depósito.

Partiendo de estas previsiones de la Ley de Arrendamientos Urbanos se ha estimado oportuno promover la regulación de aquellas obligaciones teniendo en cuenta, fundamentalmente, que el depósito produce una mayor garantía de que las fianzas sean devueltas cuando proceda y que los fondos generados puedan contribuir, indirectamente, a la financiación de las políticas de vivienda de la Comunidad.

El Proyecto que se somete a la consideración de las Cortes de Castilla y León contiene las normas estrictamente necesarias para configurar las obligaciones de depósito y garantizar su cumplimiento.

Se determinan, en primer lugar, los obligados, eximiendo a las Administraciones y a las entidades públicas que de ellas dependan cuando sean arrendadoras de fincas urbanas. Se prevé una gama de posibilidades para la realización del depósito que habrán de ser concretadas reglamentariamente.

Como complemento necesario o, al menos, conveniente de la obligación del depósito del importe de las fianzas correspondientes a contrato de arrendamiento de fincas urbanas, se establece la obligación de que el arrendador comunique al arrendatario la realización del depósito.

Prevé el Proyecto un régimen sancionador, tipificando las infracciones y definiendo las correspondientes sanciones, de acuerdo con los principios de la potestad sancionadora establecidos en el Título IX de la Ley 30/1992, de veintiséis de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

A fin de que la Administración de la Comunidad pueda utilizar todas sus prerrogativas para conseguir la efectiva realización de los depósitos, se da el tratamiento de ingresos de derecho público a las cantidades que deban depositarse, lo que permitirá su exacción por vía de apremio cuando sea necesario.

Por último, contiene el Proyecto las previsiones transitorias necesarias, entre las que hay que destacar las correspondientes a la posibilidad de que las empresas de suministros y servicios puedan ponerse al día respecto de los depósitos pendientes.

Por todo ello, señores Procuradores, espero que el Proyecto que ahora se va a debatir pueda obtener el apoyo mayoritario de esta Cámara. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señora Consejera. Pasamos entonces al debate y votación de las Enmiendas a la Totalidad que han presentado a este Proyecto de Ley los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y Socialista y que propone, en ambas, la devolución del Proyecto de Ley a la Junta de Castilla y León.

Para defender o consumir un turno a favor de la Enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor García Sanz, tiene la palabra.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Gracias, señor Presidente. La Enmienda a la Totalidad que presentamos desde Izquierda Unida, planteando la devolución del texto a la Junta, tiene la justificación fundamental, por un lado, en lo que desde nuestro punto de vista... que se menciona en los propios antecedentes o en la Exposición de Motivos de la Ley pero que, luego, en la propia Ley no se especifica, cuál es el destino fundamental o el destino claro que deben tener las fianzas de arrendamientos urbanos y del suministro de servicios, como es la política de vivienda de la Comunidad Autónoma.

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Incluso a nosotros nos ha resultado absolutamente sorprendente, porque teniendo en cuenta, en primer lugar, el retraso, a pesar de que la Consejera haya dicho de que desde el momento en que se tienen competencias exclusivas en esta materia, pues, hace bastante tiempo y, sin embargo, hasta ahora se ha venido funcionando de manera fundamental con un Decreto del año cuarenta y nueve para regular estas cuestiones, además de otro tipo de desarrollo normativo que ha habido en la Comunidad, pero la norma fundamental del año cuarenta y nueve, lógicamente, es absolutamente preconstitucional y, sin embargo, hasta ahora no se trae un Proyecto de Ley, que desde incluso la propia Ley de Arrendamientos Urbanos del año noventa y cuatro ya mandataba claramente a la Comunidades Autónomas para que lo regularan en este sentido. Sin embargo, una vez más esta Comunidad Autónoma es de las últimas en regular claramente en este ámbito concreto el carácter de las fianzas de arrendamientos urbanos y de suministro de servicios.

En segundo lugar, una vez manifestado el tema del retraso -que, al fin y al cabo, bueno, pues ya está presentado-, sería el elemento fundamental de discrepancia que planteamos, que es el no concretar en el texto de la Ley cuál es el destino de las finanzas.

Como digo, nos causa mucha sorpresa porque, incluso, ya en la Ley del año treinta y nueve, fíjese, de carácter franquista, es decir, en la dictadura, se planteaba claramente en aquel momento a través del Instituto, dentro de las competencias del Instituto Nacional de la Vivienda, donde ya se consideraba o se contemplaba la figura de las fianzas de arrendamientos urbanos que, claramente, las fianzas y la cuantía, el depósito de estas fianzas tenía que estar enfocado a la política de vivienda que tenía que desarrollar el propio Instituto Nacional de la Vivienda. Es decir, en la propia dictadura franquista se toman medidas de carácter más social o, mejor dicho, ahora mismo el Proyecto de Ley que nos presenta aquí el Partido Popular es más regresivo que la política que presentaba la dictadura franquista en el año treinta y nueve. Porque esto, en definitiva, hay que calificarlo así: más regresivo que lo que en el año treinta y nueve se presentaba por la dictadura franquista. En aquel momento se derivaba claramente los depósitos de fianzas de arrendamientos urbanos a la política de vivienda; y aquí, eso, ni tan siquiera queda claro, es decir, porque no se dice en el Proyecto de Ley, en el texto de Ley, que el depósito de fianza, la cuantía de las fianzas, vaya a ir a esa determinada política de vivienda. Que luego, además, luego además, y curiosamente, pues, al Consejero de Fomento estas cosas no le interesan; siempre, desde la Consejería de Fomento se está diciendo de que aquí no se aborda una política de vivienda de mayor entidad porque no hay partida presupuestaria suficiente y, sin embargo, aquí se tiene un instrumento importante -cercano se dice, aproximadamente, a los 1.000 millones de pesetas- y, sin embargo, no se utiliza o no se deja claro en el Proyecto de Ley que esa partida, en definitiva, económica, se vaya a destinar a la política de vivienda tan necesitada en esta Comunidad.

Ayer quedaba claro unos datos en el tema de la situación de la pobreza, y quedaba claro -esperemos algún día lo conozcamos también- en las conclusiones del estudio de necesidades de la vivienda. Sin embargo, para el año noventa y nueve, la Consejería de Fomento, la Junta, nos presenta para política de vivienda un presupuesto congelado porque se dice que no hay partida presupuestaria para incrementar la política de vivienda. Y, sin embargo, aquí se tienen posibilidades económicas de incrementar claramente las políticas presupuestarias en vivienda y, sin embargo, se hace dejación de esas posibilidades de política.

Y, claro, se hace dejación sin ningún tipo de explicación. A pesar de que el propio Consejo Económico y Social en el informe que se hace sobre el Proyecto de Ley se dice claramente la recomendación que se hace en ese sentido. A pesar de que la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas que ya tienen regulado sobre esta materia ya lo dicen, en ese sentido. A pesar de que la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, que recomienda el tema de la regulación sobre esta materia en las Comunidades Autónomas, se dice que debiera ir... no lo dice de manera imperativa, pero se recomienda que tenga que ir a las políticas de vivienda, pues aquí en absoluto se considera que eso sea ningún tipo de prioridad.

Así pues, es evidente que no planteando esa cuestión de manera clara y taxativa en el Proyecto de Ley, a qué se tiene que dedicar los ingresos que se obtengan por el depósito de las fianzas de arrendamientos urbanos y suministros de servicios, que, desde nuestro punto de vista, tiene que ir, claramente, a la política de vivienda; incluso, en algunas Comunidades se dice "política de vivienda", "política pública de vivienda", "promoción pública de vivienda", e incluso se matiza en algunos sitios priorizando en el tema del alquiler, que es, no cabe la menor duda, lo que a Izquierda Unida nos gustaría que desde la Junta, desde el Partido Popular, se dieran cuenta de la necesidad de priorizar la promoción de vivienda también de carácter en el alquiler.

Otro de los elementos también de profunda discrepancia que tenemos desde Izquierda Unida con este Proyecto de Ley es quién gestiona las fianzas, quién gestiona el depósito de las fianzas.

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Ahora mismo hay un convenio en la Comunidad Autónoma con las Cámaras de la Propiedad Urbana en donde... -firmado en el año noventa y seis-, en donde se hace dejación por parte de la Comunidad Autónoma de lo que en este momento es el depósito de las fianzas y que se traslada a las Cámaras de la Propiedad Urbana. (Un organismo, unas entidades que ya no tienen, en absoluto, el carácter de derecho público, y que, por lo tanto, son unas meras instituciones privadas con unos intereses privados.) Y que, por lo tanto, su gestión de los dineros que hacen, pues, bueno, ahí viene en ese convenio, lógicamente, que de un plazo... de un trimestre, que lo tendrá que poner a disposición del Tesoro, por así decirlo, de la Junta de la Comunidad Autónoma; pero que, en definitiva, durante ese trimestre... y en el propio convenio se plantean una serie de requisitos y de contraprestaciones económicas que se hacen a las Cámaras de la Propiedad Urbana para la gestión de estas importantes partidas económicas. Pues esto, que ya de por sí, en el convenio firmado en el año noventa y seis, es una absoluta dejación de funciones de lo que es la gestión de dineros públicos por parte de la Comunidad Autónoma, en el propio Proyecto de Ley se plantea como posibilidad que esto siga siendo así. Es decir, no se dice de manera taxativa quién va a gestionar estos dineros públicos; pero que a Izquierda Unida nos resulta absolutamente escandaloso es que la Junta de Castilla y León se plantee la posibilidad de que se mantenga la dejación de responsabilidades, que los dineros públicos los siga haciendo entidades de carácter privado como son las Cámaras de Propiedad Urbana.

Y, en ese sentido, lógicamente, Izquierda Unida decimos: los depósitos de fianzas de ordenamientos urbanos tiene que ser, tiene el carácter, como se dice en la propia Ley, ingresos de derecho público, por lo tanto, deben ser gestionados por la Administración Pública que es la Junta de Castilla y León y, sin duda, deben tener ese destino que es la política pública de vivienda.

Así pues, por lo tanto, nuestra discrepancia también es en este sentido, de que se mantenga las Cámaras de la Propiedad Urbana. Que, precisamente también, la inmensa mayoría de las Comunidades Autónomas que han regulado sobre este tema mantienen ya, ya claramente sitúan que donde se tiene que depositar y quien tiene que gestionar estos dineros es la Comunidad Autónoma directamente, para que no haya ningún tipo de utilización privada de estos fondos públicos; para que no haya ningún tipo de utilización, ni además coste añadido, porque, lógicamente, en el propio Convenio firmado en el noventa y seis, y en lo que se prevé que en desarrollo de esta Ley -en el caso que salga aprobada tal como se plantea-, pues lógicamente habría unos costes añadidos en la gestión de la Cámara de Propiedad Urbana más allá de lo que sería la propia gestión de la Comunidad Autónoma; y, por lo tanto, estaríamos haciendo, pues, un flaco favor -por ser moderado en el término- a lo que son la gestión pública de los dineros de este... de esta característica.

Y después, como se plantea en los propios... incluso en el propio Informe de la Asesoría Jurídica, en el propio Informe del Consejo Económico y Social, y lo que se plantea en otros informes, pues hay toda una serie, desde nuestro punto de vista, de deficiencias. Algunas que se pueden considerar técnicas y otras, pues, de "olvidos" -entre comillas- que nos parece, pues, absolutamente imperdonables y que también, lógicamente, avalan lo que nosotros planteamos en la Enmienda a la Totalidad, como es el no fijar la prescripción de las infracciones, cuando es una obligación de la norma básica al respecto; en la no identificación claramente el sujeto responsable del depósito de la fianza en los organismos correspondientes; en no contemplar la actualización de las fianzas... en función de la actualización de las fianzas que puede haber por la variación de los arrendamientos que se puedan plantear (que esto también está contemplado en la propia Ley de Arrendamientos Urbanos; sin embargo, en el Proyecto de Ley no se contempla en absoluto). No se indican los plazos de comunicación al arrendamiento del depósito de la fianza; por lo tanto, hay una absoluta indefensión, según el Proyecto de la Ley, o se deja para el desarrollo reglamentario. Pero, una vez más, estamos en que en la propia Ley, o en las leyes que se nos trae aquí por parte del Partido Popular, se hacen tan escuetas algunas de ellas que al final se hurta a esta Cámara Legislativa la capacidad de legislar, en definitiva, y el Ejecutivo... se traslada al Ejecutivo la capacidad legislativa que debiera tener este órgano legislativo.

Es decir, se están aquí asumiendo por parte del Ejecutivo competencias claras del Legislativo; con lo cual, parece ser que el Ejecutivo -en definitiva, el Partido Popular- quiere convertirse en esta Comunidad Autónoma en una especie de... monopolizar todo lo que se hace y se deshace, o es lo que se pretende desde la Comunidad Autónoma, tanto del ámbito Ejecutivo, Legislativo, incluso con su incidencia en otros ámbitos de poderes.

Y en lo que se plantea... ya mencionado de manera somera lo que son recomendaciones del propio Consejo Económico y Social, pues, una vez más, de manera clamorosa, la Junta de Castilla y León no atiende las recomendaciones que se hacen desde los organismos consultivos. Y así el propio Consejo Económico y Social recomienda que claramente el depósito de las fianzas se haga en organismos públicos. Ellos dicen que esos organismos públicos se haga a través incluso de las cuentas abiertas en las Cajas de Ahorro, por la que ellas... papel de carácter social que debería -no es el que hagan, sino el debería- hacer las Cajas de Ahorro. Que claramente se debería identificar en el Proyecto de Ley el destino que debe tener las fianzas. Esto son recomendaciones que se hacen por parte del Consejo Económico y Social; y la Junta de Castilla y León, pues una vez más, en la posesión de la verdad absoluta del Partido Popular que manifiesta entender, pues aquí ni se enmiendan absolutamente a nadie y consideran de que lo que ellos presentan tienen la razón absoluta, no hacen caso de consejos asesores, incluso en las deficiencias técnicas que desde la propia Asesoría Jurídica se manifiesta.

Por todo ello, y en las contradicciones que supone de las regulaciones que existen en otras Comunidades Autónomas en base a los elementos que he manifestado, sobre todo quién tiene que gestionar los depósitos de las fianzas y cuál es el destino del depósito de las fianzas, es por lo que Izquierda Unida manifestamos en la Enmienda de la Totalidad y pedimos que ese texto sea devuelto a la Junta para su reelaboración. Nada más y muchas gracias.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para defender la Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De Meer.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Para defender la Enmienda que el Grupo Parlamentario Socialista presenta al Proyecto de Ley de depósitos de fianzas de alquileres de viviendas y suministros.

La justificación de que exista este depósito -este depósito de fianzas a favor de las Administraciones Públicas-, pues se ha basado históricamente en la posibilidad de usar una parte de esos recursos en hacer política de vivienda, en construir viviendas de promoción pública -viviendas construidas desde la Administración para grupos sociales menos favorecidos- o para reparar viviendas de titularidad de las Administraciones Públicas.

Ésos son unos recursos importantes. En el Presupuesto de este año figuran una cifra de 800.000.000 de pesetas que la Junta incorpora a su Presupuesto como consecuencia de los depósitos de fianza. Y eso es, a nuestro entender, lo único que justifica la intervención de las Administraciones Públicas en esta materia. Si no fuera así, ¿por qué se depositan estas fianzas y no se depositan otras? ¿Por qué no se depositan las fianzas de alquileres de coches, de alquileres de cualquier tipo de producto económico?

Estos depósitos, por eso, no pueden constituir un simple recurso económico incondicionado del que dispongan libremente las Administraciones Públicas, la Junta de Castilla y León, sino que deben estar adscritos a algún objetivo concreto, como es la política de vivienda.

Así ha sido en España desde el lejano origen de este tipo de depósitos. En el año mil novecientos treinta y nueve -lo ha dicho antes el Portavoz de Izquierda Unida- cuando las tropas de Franco ocuparon Madrid, desarrollado después en el año cuarenta y nueve, asumido por las Comunidades Autónomas en el proceso de transferencias de vivienda, y que la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos del año noventa y cuatro mantuvo... mantuvo la posibilidad de la existencia de esos depósitos -no lo hizo obligatorio- y dijo que las Comunidades Autónomas lo podían regular.

Claro, la Ley de Arrendamientos Urbanos del año noventa y cuatro no podía hacer otra cosa, porque no podía decir que desaparecían, con lo que las Comunidades Autónomas perdían una parte de su financiación; ni podía definir a qué se debía dedicar, puesto que eso era competencia de las Comunidades Autónomas. A partir de ese momento todas las Comunidades Autónomas empezaron a actuar, empezaron a legislar o empezaron a regular a partir del año noventa y cuatro.

Y, ante esto, ¿qué hace el Gobierno conservador, el Gobierno de derechas de Castilla y León? ¿Qué texto nos presentan? Pues un texto -el texto que ha defendido la Consejera de Medio... de Economía y Hacienda-, pues, aparentemente intranscendente, que se limita exclusivamente a regular ciertos detalles, a hacer algunas precisiones, a hablar de procedimiento; pero que, por debajo de eso, lo que hace en la realidad es hacer desaparecer cualquier vinculación entre los recursos generados por los depósitos de fianzas y... de alquileres... de depósitos de fianzas de alquileres y suministros y la política de vivienda; romper absolutamente esa relación; convertir los recursos así obtenidos en recursos genéricos que la Junta gastará como quiera, en lo que quiera, como le dé la gana. Ha convertido esa política de vivienda en una política recaudatoria, única y exclusivamente.

Y para eso no tiene ningún sentido que las Administraciones Públicas intervengan en este tipo de fianzas. Si eso es así, que sea entre particulares; como es entre particulares en otras muchas fianzas que existen en contratos entre personas.

Por eso nosotros presentamos esta Enmienda. Creemos que esta Ley debe modificarse absolutamente; que no puede aprobarse de la manera que la Junta lo ha presentado; porque queremos... -y así hay una enmienda nuestra posterior, y si el Grupo Popular se comprometiera a aprobarla, nosotros no tendríamos ningún inconveniente en retirar esta Enmienda-, queremos que se vinculen estos depósitos a la política de vivienda.

¿Y por qué? ¿Por qué es cada vez más importante esto? Porque la política de viviendas sociales en Castilla y León, pues es una política absolutamente paralizada, un presupuesto congelado año tras año: un presupuesto que pretende iniciar en el año mil novecientos noventa y nueve cien viviendas menos de promoción pública que en el año noventa y ocho. Y ésa es una política -nosotros creemos, todo el mundo cree- de elevado contenido social, a la que Junta está llevando a la extinción con medidas como pretende aportar con este Proyecto de Ley.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Para consumir un turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, van a compartirlo don Francisco Vázquez, en primer lugar, y don Luis Cid a continuación.

VÁZQUEZ REQUERO

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EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO: Sí. Muchas gracias, señor Presidente. Yo consumo un turno en contra de la Enmienda a la Totalidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al Proyecto de Ley Reguladora del depósito de importe de fianzas de contratos de arrendamientos y de suministros y servicios que afectan a fincas urbanas. Y lo leo en su totalidad porque el Proyecto de Ley trata única y exclusivamente de este tema. Se han mezclado aquí diversos términos en relación con la política de viviendas, en relación con que parece ser que todo... absolutamente toda la política de viviendas depende de estos depósitos, que -como algunos intervinientes anteriores- han cifrado en 800.000.000, pues casi esto es un insulto no sólo a la inteligencia, sino al actual Proyecto de Presupuestos que estamos debatiendo en esta Cámara, en el que al parecer, si se aprueba esto, la Junta deja de hacer política de viviendas; cuando todas Sus Señorías saben los programas que están contenidos en esta Ley de Presupuestos y que hacen referencia específicamente a esta política de viviendas; no sólo de viviendas de protección oficial, de promoción pública, sino a las diversas líneas de construcción de viviendas, y de ayuda a las viviendas, y rehabilitación de viviendas y alquileres que tiene la Junta en los Presupuestos.

Por lo tanto, centrando el tema, yo creo que no se puede extrapolar de esta presentación o de... que han querido hacer con su Enmienda a la Totalidad el Grupo anteriormente interviniente -y concretamente me estoy refiriendo, como ya digo, a Izquierda Unida- de que se acabaría la política de viviendas si no se hace una vinculación expresa y específica a tal depósito... a tales depósitos a la política de viviendas de la Junta. Cuando precisamente el propio texto en su Exposición de Motivos -el propio texto que hoy se pretende rechazar por parte de la Oposición- dice que "se facilitará la financiación de la política de las viviendas". Es decir, se contiene expresamente un compromiso del texto legal a facilitar la política de viviendas. Pero, por supuesto, esto es ni mucho menos la política de viviendas de la Junta, puesto que -como también dice el propio texto en su frontispicio- se dedica a tener una mayor garantía de devolución de las fianzas y, por supuesto, también a facilitar la financiación de la política de viviendas.

Pero lo que sí que está claro es que lo que se quiere hacer con este Proyecto de Ley, es que se establezcan las obligaciones que se incluyen... y que incluyen prestaciones patrimoniales de carácter público -como son estos ingresos-, y, por supuesto, también la regulación a través de un régimen sancionador.

Estamos hablando aquí de que la Junta de Castilla y León ha tardado bastante tiempo en regular estas cuestiones. Yo tengo que negar la mayor en este sentido, puesto que desde que tiene competencias, por parte de la Junta de Castilla y León, siempre se han estado haciendo disposiciones de tipo reglamentario: un Decreto del cinco de junio del ochenta y seis; una Orden del diecisiete de octubre del ochenta y seis; la propia Ley de Hacienda de la Comunidad del año mil... del año ochenta y seis, en su Artículo 48, también trata temas relativos a la prescripción en esta materia; una Orden de seis de febrero del ochenta y siete sobre modalidades y formas de gestión de las fianzas, y en el que se tratan también los conciertos y con otras entidades colaboradoras en esta materia; un Decreto del treinta y uno... una Orden, perdón, del treinta y uno de mayo del ochenta y ocho sobre procedimiento de ingreso y devolución.

Y desde el año ochenta y ocho -dirán ustedes- ¿qué? Pues desde el año ochenta y ocho que se llevaba gestando la propia Ley de Arrendamientos Urbanos estatal, lógicamente se produce un parón en esta cuestión legislativa... mejor dicho, reglamentaria. Y es después de que se aprueba esta Ley en el año noventa y cuatro cuando la Junta de Castilla y León sigue tomando acuerdos en este sentido y en esta misma materia, como son: un Decreto del noventa y cuatro sobre las Cámaras de la Propiedad Urbana; otro del noventa y cinco sobre el Consejo General de Cámaras de la Propiedad Urbana; o, en fin, el Convenio de colaboración -que se ha citado aquí anteriormente- de mayo de mil novecientos noventa y seis.

Y no es cierto tampoco que seamos la última Comunidad en este sentido y en regular de esta forma esta materia, puesto que sólo hay tres Comunidades Autónomas en España que regulan estas cuestiones por ley; el resto, por decreto como... o por orden como estaba haciendo hasta ahora la Junta. Y las Comunidades Autónomas que lo regulan por ley, precisamente en el año noventa y siete Andalucía, en el noventa y seis Cataluña, y en el noventa y seis Madrid. Por lo tanto, quedan muchas Comunidades Autónomas de regular todavía estas cuestiones de ingresos públicos -como bien se ha dicho- o estas cuestiones de régimen sancionador -que, por supuesto, tienen que ser reguladas por ley-, en hacerlo así. Y no es, ni mucho menos, la Comunidad de Castilla y León la última en... en regular esta materia.

Sí que me quería referir someramente a algunas otras cuestiones que aquí se han planteado, puesto que el articulado de la Ley a mí me parece bastante claro en todos los sentidos. Regula, básicamente, el depósito de estas fianzas, de los contratos de arrendamiento, de las empresas suministradoras, de la realización de los depósitos. Lo que pasa es que, lógicamente, establece un sistema totalmente abierto en esta materia, y sin ningún timo... y sin ningún tipo de encauzamiento previo, puesto que en el propio Artículo 3 se dicen los modos en que se ha de regular reglamentariamente esta materia, y se hacen directamente -como quieren algunas opciones políticas- por parte de la Administración; también se puede hacer, en este sentido, a través de las Cámaras de la Propiedad Urbana, con un convenio; o como se hace en otras cuestiones, y en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, a través de conciertos con las empresas suministradoras.

Por lo tanto, los modos para realizar estas cuestiones quedan en la Ley absolutamente abiertos a todas las posibilidades de quién sea en el momento el partido que gobierne.

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Por lo tanto, no se puede achacar, en este sentido, de arrimar el ascua a la sardina de un gobierno, cuando se establece en el propio... en el propio centro del debate entre lo público y lo privado el sistema reglamentario de dejar abierto este sistema para que se pueda hacer de la forma que más convenga en el futuro. Unos gobiernos lo aplicarán de una forma y otros gobiernos lo pueden aplicar de otra. Y para los dos valdría esta Ley, para los dos sistemas, porque lo dice el propio Artículo 3, y usted lo sabe.

En cuanto a la comunicación al arrendatario, lógicamente, se establece una entrega del... una copia del documento y fundamentalmente también -como no puede ser de otra manera, puesto que es una de las cuestiones fundamentales a tratar en esta Ley- las infracciones y las sanciones que se contienen por el incumplimiento de estas obligaciones.

Aparte de esto, se regula, y de una manera acertada... y de una manera acertada, como ha dicho el propio Consejo Económico y Social, que aquí parece que sólo a los particularismos que hace contrarios a la Ley, que no son muy sustanciales, el propio Consejo Económico y Social se les pone más énfasis. Pues bueno, yo quiero poner énfasis en lo acertado que ha estado el Proyecto, según el Consejo Económico y Social, al regular en esta materia no sólo las infracciones y las sanciones, sino la cuestión inspectora, y el dotar de agentes de la autoridad a los inspectores encargados de estas materias.

Por lo tanto, en principio no me quiero alargar más, puesto que comparto el turno con mi compañero Luis Cid. Y luego tendremos ocasión, en la réplica, de... de matizar más cuestiones. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Tiene ahora la palabra el señor Cid para consumir el turno en contra de la Enmienda del Grupo Socialista.

CID FONTÁN

EL SEÑOR CID FONTÁN: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías. Con brevedad. Se está planteando una Enmienda de Totalidad, una Enmienda de Totalidad a un Proyecto de Ley tan sencillo, tan claro, que realmente no entendemos que se le haga una Enmienda de Totalidad. Si se hace una Enmienda de Totalidad, consideramos que debiera... sería más lógico que se hubiese hecho conforme al inciso último del 109.3 de nuestro Reglamento y que se hubiese mandado un texto alternativo. Lo contrario sería, pues, hacer enmiendas parciales, lo que nos parece correctísimo y muy bien. Pero Enmienda de Totalidad, sin texto alternativo, a una Ley que tiene ocho artículos, ¡hombre!, no parece muy lógico.

Y esa Enmienda de Totalidad -yo me voy a referir fundamentalmente a la Enmienda del Grupo Socialista-, pues, se encuentra con un triple fundamento -a mi manera de pensar-: un primer fundamento, que es decir: "mire usted, ustedes establecen esto y no fijan... es una Ley administrativista, es una Ley que no es verdaderamente muy técnica". Pues mire usted, yo creo que sí, que es una Ley muy técnica y muy simple. Es decir, me parece una Ley adecuada a lo que está tratando de regular. Claro, si usted parte de la base de que porque lo diga la Exposición de Motivos aquí, no vincula nada, pues hombre, yo le diría: "Don Antonio, mire usted dónde vincula la Ley de Arrendamientos Urbanos del noventa y cuatro". Busque usted esa Ley de noviembre del noventa y cuatro y vea que sólo lo dice en el Preámbulo, en el punto cuarto del Preámbulo es donde habla de que esta... de que esta manera de... estos depósitos de fianzas han sido muy útiles para la política de vivienda. Pero luego se va usted a la Adicional Tercera, única que podía vincular, y no vincula nada; dice que las Comunidades Autónomas con competencias en estas materias pueden establecer el depósito obligatorio sin fijar destino. Luego si usted critica el Proyecto de la Junta, critique la Ley de Arrendamientos Urbanos, que no vincula más. Lo dice igualmente en el Preámbulo. Justo. Así que no tratemos de buscar lo que no es.

Usted da una solución al final que a mí verdaderamente... claro, la entiendo en persona que no está metida en el mundo del Derecho; esto es un tema puramente privado, un depósito privado para disponer de él. Y usted, de ninguna manera... Cualquier letrado le puede decir que no dispone; si se autorizase a disponer, estaríamos en un préstamo, estaríamos en un comodato, no estaríamos en un depósito, ¿eh? Y tenga usted en cuenta que únicamente como depósito... el 1781.1 del Código Civil, "como depósito establecido por ley con carácter necesario", cabría estar a lo que la ley dispusiese para disponer. Pero hablar de un depósito privado en ese sentido, pues mire usted, no; sinceramente, no podría ser de ninguna manera.

Entonces, todos sus argumentos, don Antonio, pues... bien. Me parece muy bien que ustedes hagan enmiendas, que las enmiendas las discutamos. Usted incluso ofrecía: "¡Hombre!, si me ofreciesen vincular, pues yo ya lo demás lo daría por retirado, porque verdaderamente...". Mire usted, lo de vincular es también muy relativo, ¿eh?, porque la posibilidad de vincular, efectivamente, está en la Ley de Hacienda; pero si usted se ve el Estatuto de Autonomía, ese Artículo 40 -creo que futuro 50, poco más o menos-, pues te dice que todos los ingresos de la Comunidad están destinados a los gastos, y se determinará en la Ley de Presupuestos. ¿Quién va a determinar la inversión en cada caso? La Ley de Presupuestos. ¿Es que con vincular un ingreso ya quiere decir que se ha solucionado el problema de vivienda? No. Y lo sabe usted tan bien como yo. Y, además, no podría vincular el propio depósito. Pero, claro, si usted vincula el propio depósito, ¿qué garantía le queda al que lo ha depositado que la finalidad fundamental es la devolución, eh? Usted si dice: "No, vinculo todo para gastármelo". Mire, no; no podría de ninguna manera. La principal garantía es de que va a devolver el importe del depósito; con lo cual no lo puede usted considerar un ingreso como los demás, como un precio público o como cualquier otro. No puede ser así.

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En resumen, entendemos que la Ley es buena, que no hay ningún motivo de enmienda de totalidad, y que a lo largo del debate en las enmiendas parciales tiempo tenemos de perfeccionarla. Muchas gracias, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, Señoría. Tiene ahora la palabra, para el turno de réplica, el señor García Sanz, del Grupo de Izquierda Unida.

GARCÍA SANZ

EL SEÑOR GARCÍA SANZ: Gracias, señor Presidente. Pues poco se ha aclarado desde la intervención del representante del Partido Popular, tanto en uno como en otro, que yo creo que se puede contestar a los dos sin ningún problema, porque algunas cosas ha dicho el señor Cid interesantes, también, que yo creo que se tienen que contestar.

En primer lugar, son cosas que yo no he manifestado anteriormente. Es decir, el hecho de que... el hecho de que los depósitos de fianzas de arrendamientos no se destinen a política de viviendas, ¿con eso se va a acabar la política de viviendas? Espero que no, espero que no. ¿Pero que con eso se deja de utilizar una fuente muy importante para financiar la política de vivienda? Pues ahí lo tienen ustedes: entre 800 y 1.000 millones de pesetas anuales. Pues parece que es una cantidad interesante, cuando ustedes, por ejemplo, para el año noventa y nueve congelan la partida presupuestaria, que viene ya con unos incrementos raquíticos de los años anteriores: 7.252 millones de pesetas. Si utilizamos esos 800.000.000, pues es un incremento de más del 10%; parece ser que no es una bicoca. Y al precio de la vivienda, más o menos, que se supone en construcción, pues supone, más o menos, unas cien viviendas más anuales. Pues parece que no es ninguna bicoca, que eso es lo que se está demandando en cantidad de localidades de esta Comunidad.

Yo no he dicho -y espero que no fuese así- que si eso no se destina, no se vincula claramente, los dineros de los depósitos de fianzas a la política de vivienda, la política de vivienda va a desaparecer. No va a hacer falta. La política de vivienda social en esta Comunidad va a desaparecer en la medida que ustedes sigan gobernando; eso está clarísimo, eso está clarísimo; porque ya la están vaciando de contenido de una manera absoluta; eso está clarísimo.

Y el tema de vincular el depósito de las fianzas a la política de vivienda, parece mentira, señor Cid, que diga usted eso, que no se puede hacer. En primer lugar, la propia Exposición de Motivos lo dice, aunque la Exposición de Motivos no vincula; lo que vincula es el texto articulado de la Ley. Pero ¿por qué...? En primer lugar, fíjense, la norma franquista del año treinta y nueve, que ustedes hacen una política ahora más regresiva todavía que la que hacía Franco en el año treinta y nueve, lo hacía; e incluso ahora todas las Comunidades Autónomas, o la inmensa mayoría de ellas -y se lo digo, ¿eh?, y se lo digo-, las que vinculan el depósito de fianzas directamente a la política de vivienda: Andalucía, el 70%; Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Canarias; todas ellas vinculan de manera directa, en el texto concreto -bien sea de la Ley o del Decreto, que al fin y al cabo es como ellos han decidido regularlo esta cuestión-, vinculan a la política de vivienda los dineros del depósito de la fianza. Por lo tanto, no me diga usted: "¡Qué barbaridad! Entonces, ¿cómo se va a garantizar la devolución?". Pues muy fácil; es decir, situando un porcentaje de que esos dineros van a derivarse a política de vivienda y el otro se deja para margen de maniobra, que es lo que se está haciendo. Si es lo que se está haciendo ahora, señor Cid, con el tema de las Cámaras de la Propiedad Urbana, que, curiosamente, ustedes no han contestado para nada al tema de la gestión de dineros públicos, que son, en definitiva -porque así lo dice la propia Ley también, como no podía ser de otra manera-, ingresos de derecho público, y que ustedes parece ser que van a seguir permitiendo que los gestionen entidades privadas, con intereses privados -lógicamente-, como son las Cámaras de la Propiedad Urbana. Eso sí que es una auténtica barbaridad, eso sí que es poner dinero público al servicio de intereses privados, y no ya al servicio de la política social de vivienda; vaya usted a saber al servicio de qué intereses: los que tengan esas Cámaras de la Propiedad Urbana, que ya no son entidades de derecho público.

Sin embargo, ustedes, en la Ley, con el convenio firmado en el año noventa y seis, lo mantienen así; permiten que durante tres meses esos dineros estén en manos de las Cámaras de la Propiedad Urbana para que puedan hacer y deshacer a su antojo con esos dineros, que -sin duda- les reportan unos réditos suculentos, y que a partir de ahí, lógicamente, no se da ningún tipo de utilidad social a esos dineros. Y eso ustedes lo quieren mantener en la Ley, porque dejan ahí esa situación absolutamente abierta, que se puede hacer una cosa u otra.

(-p.5450-)

¡Hombre!, es una auténtica barbaridad también decir que se hace una Ley abierta para que se pueda hacer... el Ejecutivo, que pueda hacer lo que le dé la gana luego. Eso no es legislar, eso no es legislar; eso es, simplemente, dejar un papel en blanco para que luego el Ejecutivo lo vaya rellenando a su conveniencia. Se supone de que si ustedes tienen la voluntad política de que eso se tiene que regular por ley, aquí deben traer un texto de ley, como hay en otras Comunidades (que incluso no son leyes en algunos casos, que son decretos, pero que viene mucho más especificado). Aquí, siete... siete artículos nada más. Hay Comunidades Autónomas en que tiene treinta y tantos artículos la misma norma que regula este aspecto. Si ustedes se han limitado a una concreción en solamente siete artículos es porque no quieren entrar a regular con pelos y señales -por así decirlo- todo lo que conlleva regular el aspecto del depósito de las fianzas de arrendamientos y de suministro de servicios. Y es, de alguna manera, lo que yo decía antes, es decir, no utilizar lo que es la capacidad legislativa de estas... de este Parlamento Autonómico y trasladar, en definitiva, la capacidad legislativa al Ejecutivo; y eso sí que es una barbaridad dentro de la división de poderes.

Y la Enmienda a la Totalidad... mire, si quiere, porque está elaborado por nuestros compañeros de otras Comunidades, pues, a nivel nacional, hay un texto alternativo -y lo tienen ustedes en el dossier de esto-, el texto alternativo de Enmienda a la Totalidad presentada por Izquierda Unida. No lo hemos presentado porque ustedes nos van a venir con la cantinela: "Aquí quien legisla y quien presenta los proyectos de ley y el texto es el partido mayoritario; ustedes lo que tienen que presentar es Enmienda a la Totalidad pidiendo devolución de proyecto de ley, o, en tal caso, presentar enmiendas parciales". Eso es lo que hemos hecho. Pero, no obstante, ya les hemos presentado suficientes enmiendas parciales, que además de ser ya la propia Enmienda a la Totalidad que le pedimos la devolución del texto, a continuación es enmienda por enmienda de cada uno de los artículos de la Ley y de las disposiciones que lo contemplan.

Y sí que me gustaría que se explicara en lo que no se ha querido entrar en la anterior intervención, no sé si para que no hubiera posibilidad de réplica, cuál es el interés que tiene el Partido Popular en que estos dineros sean gestionados por entes con intereses privados, como son las Cámaras de Propiedad Urbana; cuál es el interés que tiene el Partido Popular para que estos dineros no se vinculen directamente, contradictoriamente en la Ley, con lo que dice la propia Exposición de Motivos. En la propia Exposición de Motivos se dice que tiene que estar vinculada a la política de vivienda, y luego, sin embargo, en la Ley no se quiere concretar; no se quiere comprometer al Ejecutivo para que haya un destino de estos dineros a la política de vivienda. Son contradicciones flagrantes y -como digo, y termino con esto- un texto de ley que, en definitiva, tiene un carácter social más regresivo que lo que hacía Franco en el año treinta y nueve. Nada más y Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor De Meer, del Grupo Parlamentario Socialista, para turno de réplica, tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Difícil entender esta duplicación en las respuestas a unas enmiendas que prácticamente son las mismas, que en el fondo, en la esencia, son lo mismo.

Y más difícil de entender esta duplicación en las respuestas para no decir nada los dos intervinientes. Para eso, con uno, había sido suficiente; o en todo caso para decir: "esta suma de generalidades no hace falta sumar dos cerebros de su categoría". Y menos para poner en duda nuestra capacidad de presentar enmiendas a la totalidad a los Proyectos de Ley. Las presentamos, en primer lugar, porque podemos hacerlo; y, en segundo lugar, porque esta Ley se lo merece, porque esta Ley nosotros estamos radicalmente en contra de lo que pretende.

Porque, ¿cómo es posible que lo que se dice en la Exposición de Motivos de la Ley no se regule en el articulado? ¿Cómo es posible eso? Sencillamente, porque esta Ley es un engaño; porque esta Ley lo que pretende es quitar recursos de política de vivienda social para dedicarlo a la libre disposición de la Consejera de Economía y Hacienda. Y eso es así de claro.

¿Que la Ley de Arrendamientos Urbanos -me dice en la Exposición de Motivos- decía algo también que no decía en la Disposición Adicional? Lógico, normal. Porque en la Disposición Adicional, siendo competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas qué hacer con esos recursos, no lo podía hacer; si lo hubiera hecho, ustedes hubiera recurrido de inconstitucionalidad. Es usted de los que... lo tenían que hacer, como lo han hecho las otras Comunidades Autónomas. Pero, ¿qué han hecho las otras Comunidades Autónomas? Pues se lo voy a recordar: Andalucía, el 70% para viviendas sociales; Aragón: ingreso público afectado al Instituto de Suelo y Vivienda de Aragón; Asturias: afecto a la política de viviendas; Baleares: fianza ante el Instituto Balear de la Vivienda; Canarias: afecto a la rehabilitación o reparación del parque público de viviendas; Cataluña: construcción pública de viviendas, en especial para alquiler; Extremadura: el 70% para política de vivienda; Galicia: puede generar créditos para la Dirección General de la Vivienda; Madrid: adscritas al Instituto de la Vivienda... de la Vivienda de Madrid.

Si los demás lo han hecho, ¿por qué no lo pueden hacer ustedes? Lo que pasa es que ustedes, sencillamente, no han querido hacerlo. Y eso es lo que tienen que decir aquí, y no ampararse en la Exposición de Motivos.

Y para entender lo que representa esto no hace falta entender nada de leyes, sólo hay que mirar el Presupuesto de la Junta, ver en la partida de ingresos 800.000.000 de pesetas no vinculados a nada sino como un gasto corriente; simplemente, una política recaudatoria, una política recaudatoria.

¿Cómo se puede hacer eso con los depósitos? Me hace unas extrañas preguntas de que cómo con los depósitos se puede disponer. Pues pregúnteselo a la Consejera de Economía y Hacienda, no a mí, porque lo hace en una Ley que usted va a aprobar y yo no.

¿Y qué me pregunta a mí de las vinculaciones y de problemas de leguleyo, que de eso entiende realmente bien? ¿Cómo se puede hacer eso? Pues muy sencillo: pregúnteselo a sus compañeros de Galicia o de Baleares; pregúnteselo al señor Fraga Iribarne cómo él puede hacerlo y Castilla y León no lo puede hacer. Porque en la regulación gallega estos recursos van a política de vivienda; y en la regulación balear estos recursos van a la política de vivienda. Ellos lo han resuelto, no tendrán tantas dificultades; cópienlo ustedes, no se refugien en su ignorancia.

(-p.5451-)

No es que no puedan, no es que aquí tengamos que hacer planteamientos de ese tipo. Es, sencillamente, que no quieren; que quieren tener las manos libres; que quieren hacer de todo menos viviendas sociales. Eso se ve año tras año, presupuesto tras presupuesto. Este año quieren hacer -el noventa y nueve- cien viviendas menos que en el noventa y ocho; pues claro, lógicamente. Y dentro de poco, si no lo remediamos, ninguna.

Nosotros no estamos de acuerdo con esa política, no estamos de acuerdo con lo que ustedes pretenden hacer con este Proyecto de Ley, y por eso mantenemos nuestra Enmienda a la Totalidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Turno de dúplica, señor Vázquez, tiene de nuevo la palabra.

VÁZQUEZ REQUERO

EL SEÑOR VÁZQUEZ REQUERO: Muchas gracias, señor Presidente. No es mi intención abrir el debate presupuestario aquí, porque, como bien sabe Su Señoría, el debate presupuestario en Comisión empieza mañana y tendrá ocasión de discutir la política de vivienda de la Junta para mil novecientos noventa y nueve. Esto es una Ley distinta, son cuestiones de fianzas, de arrendamientos urbanos. Y no intente, por lo tanto, reproducir el debate presupuestario... -que, como digo, empezará a partir de mañana y tendrá ocasión, en la Sección 04 del Presupuesto, de hacerlo- de reproducirle, como digo, aquí, en esta Tribuna, y tratando del Proyecto de Ley que nos trata.

Lo que sí que es curioso -y a mí me ha parecido demasiado el tema este- y, además, paradójico, que cuando la Junta hace por primera vez, desde que tiene competencias, una Ley para desarrollar un tema, usted lo acuse de reglamentista. Y hasta ahora, ¿qué ha existido? Si es que hasta ahora eran todos reglamentos, decretos y órdenes; se las he citado en mi primera intervención. Y cuando la Junta lo que hace es dar desarrollo legislativo a una materia, usted acusa a la Junta de reglamentista. Si es, precisamente, lo contrario.

¿Y por qué la acusa de reglamentista? Bueno, pues, como he dicho anteriormente, porque en el Artículo 3 del propio texto legal se establecen una serie de posibilidades, se abre un campo a diversas posibilidades, a diversas posibilidades que usted pretende negarlas. Y es lo que en este sentido yo no estoy de acuerdo y tengo que leer, para que todas las personas aquí presentes vean hasta qué punto la posición de la Junta en este sentido está justo en el centro, entre lo derecho y lo privado, y es una posición totalmente abierta.

Y dice que "en régimen general, bien directamente, a través de las oficinas de la Administración, o bien a través de las Cámaras de la Propiedad Urbana, o, en su defecto, de otras corporaciones de derecho público, se podrá firmar el correspondiente convenio". Ahí existen ya dos posibilidades: directamente; a través de convenio.

Y en la letra b) de ese mismo artículo se establece el régimen de concierto. Es decir, que existen tres posibilidades de hacer estas cuestiones. Y usted dice que es una cuestión que se deja todo al... a base reglamentista. Pues, precisamente, estamos tratando de un texto legal; un texto legal que contiene -como digo- una posición absolutamente abierta sobre esta materia, por parte de la Junta.

En cuanto a la gestión de dineros públicos, que usted ha puesto énfasis, yo, básicamente, lo único que le quiero decir es que hay diversas posibilidades, como hay otros órganos colaboradores en la gestión de la Administración que, igualmente, lo que hacen es ayudar a esa gestión en lo que se refiere a estas materias y en lo que se refiere a otras materias diversas y completamente distintas.

Y lo que me resulta más curioso de toda su exposición es que usted se base... se base en normas franquistas que nosotros estamos cambiando.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señor Cid, tiene ahora la palabra.

CID FONTÁN

EL SEÑOR CID FONTÁN: Muchas gracias, señor Presidente. Con suma brevedad. Don Antonio, usted es que no quiere entenderlo; y, cuando no quiere entenderlo, pues tiene mucha habilidad. Yo se lo reconozco. Es decir, siempre he dicho que usted es una persona sensata y que, cuando plantea las cosas, lo hace... pues de una manera muy correcta. Y, claro, no quiere entender que un depósito con facultad de disposición no es un depósito. Pregúnteselo al señor Quijano, verá qué pronto le dice que no, que el Código Civil le llama préstamos (comodato; verá usted cómo se lo dice). Pero, claro, como usted no quiere entenderlo, pues dice "no, yo eso no lo entiendo".

Mire usted, el que se vincule o no se vincule un ingreso no significa que luego, en la Ley de Presupuestos, cuando tiene que ajustarlo... La Ley de Presupuestos será la que verdaderamente disponga los ingresos que se van a dedicar a cada gasto. Y sabe perfectamente que el vincular una pequeña partida, que serían los ingresos derivados de los depósitos -no el importe del propio depósito-, que tiene como finalidad el reintegro al término del contrato, con lo que el fijar un porcentaje resulta aventuradísimo. Mire usted, si hay que devolver un 60, y usted ha dicho que retiene el resto, ¿de dónde lo saca? No ese... Galicia no fija ningún porcentaje, está usted equivocado; lo hace de una manera mucho más prudente. Desde luego, la Ley, muchísimo mejor que esa Orden de la Consejería del año ochenta y siete, que firmaba el señor Paniagua; muchísimo mejor la Ley que la Orden. Yo le aseguro que es mucho mejor esa Ley.

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Y, desde luego, lo que a ustedes les molesta son las Cámaras de la Propiedad Urbana. Pero fíjese qué gracioso es el tema: se las cargan en una Disposición Final de la Ley de Presupuestos del noventa, y tiene que venir una sentencia del Tribunal Constitucional -la 178 del noventa y cuatro-, donde ya en el mes de junio les dice a ustedes: nula. Y no tienen ustedes razón para cargárselas como corporaciones de derecho público. Pero entonces, el señor Borrell, que tiene muchas ganas de volver a cargárselas, propone un Real Decreto-ley, de cinco de agosto -en una época estupenda, para que se entere todo el mundo-, y vuelve a lo mismo. ¿A usted no le gusta? Pues dígalo, y ya está. Nosotros decimos "cualquier corporación de derecho público".

Y, en definitiva, lo que pretendemos es que se regule en lo regulable. Y, en lo no regulable o que no convenga, no hay por qué regularlo. Nada más, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Se procede a someter a votación las dos Enmiendas de Totalidad presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y de Izquierda Unida, y solicitando la devolución de este Proyecto sobre depósito de fianzas en materia de contratos de arrendamientos de fincas urbanas. Quienes estén a favor, levanten la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos: sesenta y ocho. Veinticuatro a favor. Cuarenta y tres en contra. Y una abstención. En consecuencia, quedan rechazadas ambas enmiendas. Y el Proyecto de Ley será remitido a la Comisión de Economía y Hacienda de estas Cortes, para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

Pasamos al decimotercer punto del Orden del Día, que ruego al señor Secretario dé lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimotercer punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en el Proyecto de Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se pasa al debate de las enmiendas. Hay un primer bloque de enmiendas que mantenía la señora Farto. En su ausencia, se tienen por decaídas y, en consecuencia, no se someterán a votación.

Un segundo grupo de enmiendas presenta la Procuradora doña Elena Pérez Martínez, que tiene la palabra para su defensa.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí. Buenos días. Gracias, señor Presidente. No se preocupe porque voy a ser breve, desde esta Tribuna, en el día de hoy.

Nos tiene acostumbrados el Partido Popular -y ojalá no sea así- que todas las enmiendas que se mantienen para este Pleno nunca son aceptadas por la mayoría. Entonces, no se preocupe en este momento, que vamos a ser breves.

Desde Nueva Izquierda traemos a este Pleno, se han mantenido dieciocho enmiendas parciales cuyo objetivo -a nuestro modo de ver- es mejorar, en unos puntos en concreto, esta Ley que nos ha... este Anteproyecto de Ley que nos trae la Junta de Castilla y León.

Un primer bloque de enmiendas plantea la necesidad de que la Administración Pública también tenga que ser sujeta a esta Ley, y no como plantea el Anteproyecto, que sólo sean sujetos de esta Ley empresarios o empresarias, o profesionales, como que los servicios públicos que pueda prestar la Administración Pública no tengan que estar sujetos en deberes hacia consumidores y usuarios.

Hay otro bloque de enmiendas, las más numerosas, que intentan aumentar, adicionar derechos que -a nuestro modo de ver- deben tener los usuarios y usuarias, y consumidores en general. Porque están padeciendo, o pueden plantearse en el ejercicio de sus derechos un riesgo debido a la acción de profesionales, personas empresarias, Administración Pública. Pero no sólo por la acción, sino también por la omisión; es decir, cuando una persona tiene derecho a un servicio determinado y no se le da, por omisión, ése es un derecho que tiene que recoger también nuestro Anteproyecto de Ley.

Está recogido que las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a una información. ¡Faltaría más! Pero no dice hasta qué punto tienen derecho a esa información, y qué tipo de información. A nuestro modo de ver, tienen derecho a una información de calidad y suficiente; no vale con una mera información que en la mayoría de los casos no resuelve el derecho que tiene toda persona al consumir, de tener una información veraz, objetiva, racional y suficiente.

Y tienen derecho -a nuestro modo de ver-, y hay que añadirlo, las asociaciones de consumidores y usuarios a la participación, representación y consulta; pero sólo a través de ellas, a través... es decir, una apuesta de verdad por las asociaciones en nuestra Comunidad Autónoma.

Y como no podía ser menos, para poder exigir un derecho hay que tener formación, para tener conocimiento de cuáles son los derechos que tenemos como personas susceptibles de ser consumidoras. El derecho a la formación es algo que no se tiene que obviar en este Proyecto de Ley.

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Luego nos metemos en un capítulo de garantías de venta y posventa, que, si ya la norma general nos parece pobre... la norma general que se nos trae al día de hoy a esta Cámara plantea que la garantía será como mínimo seis meses; a nuestro modo de ver es una garantía demasiado mínima, ya todas las asociaciones de consumidores y usuarios plantean que esa garantía se tiene que ampliar a un año. Pero si esto nos parece poco y pobre, peor nos parece que si esa norma general regula seis meses, además, se dé en este Anteproyecto de Ley la capacidad de disminuirlo; es decir, cualquier servicio de venta puede disminuir la garantía de seis meses. Es decir, que, a la postre, una persona usuaria o consumidora no sabe de verdad, porque nuestra Ley no le garantiza con una norma general que de verdad, por lo menos, tiene seis meses de garantía; de venta y de posventa, que se nos olvida en esta Ley. Es decir, nosotros tenemos derecho como consumidoras y usuarias a tener una garantía de servicios por venta, que no está recogida en este Proyecto de Ley.

Luego planteamos una enmienda de adición, que espero sea admitida, aunque no haya sido admitida en fase de Ponencia y de Comisión. Porque la información -a nuestro modo de ver- tiene que ser completamente respetuosa con los derechos humanos; y, cuando hacemos declaraciones, tenemos que recogerlo en nuestras leyes. Entonces, es preciso que para ello nuestra Ley plantee que la información debida a la persona consumidora y usuaria no tiene que atentar contra la dignidad de la mujer -estamos, y ustedes lo saben, muy expuestas las mujeres a una propaganda sexista sobre el tema-; ni tiene que atentar contra la dignidad de los grupos étnicos, culturales o sociales. Espero que con esa declaración "Aniversario de la Declaración de Derechos Humanos" -que, además, vamos a leer aquí un comunicado de respeto y de aniversario a la Constitución-, tengan ustedes, la mayoría Popular, la sensibilidad suficiente para acogerla en esta Ley.

Y, por último, plantear unas enmiendas que precisan una mayor implicación de la Junta de Castilla y León en todo el proceso de información: de ayudas económicas a las asociaciones de consumidores y usuarios. Pero sólo a esas; porque en nuestra Ley, según está el Anteproyecto que se trae a esta Cámara, se está permitiendo subvenciones a cualquier persona, tenga o no tenga ánimo de lucro. Nos parece que un Anteproyecto de Ley no puede recoger ese tipo de ayudas o subvenciones. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, para un turno en contra, don Juan Cot tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. No es ánimo de este Portavoz repetir argumentos, no sólo en gran medida de los que ya se han repetido y se han puesto de manifiesto sobre todo en la Comisión -tanto en cuanto queda reflejo en un Diario de Sesiones-, sino repetir e insistir argumentos que por... que se van a tener que repetir a lo largo de este debate, porque son comunes a las enmiendas de otros Grupos Políticos. Y, en ese sentido, señora Pérez, voy a procurar resumir lo más posible la posición del Grupo Popular, que no puede ser otra más que el rechazo a todas y cada una de sus enmiendas.

Le voy a aclarar... -y lo voy a dejar para el final, porque es una enmienda que comparte usted con el Partido Socialista-, aclarar el concepto de lo que es empresario y de cómo la Ley está defendiendo unos derechos concretos, los del consumidor, y no otros. Y habla usted de las Administraciones. Las Administraciones están sujetas a la Ley 30/92, a la Ley 13/95 de Contratos del Estado, están sujetas a todo lo que es Derecho Público. Pero mantiene usted -y en eso comparte la postura con el Grupo Socialista- un concepto equivocado del consumidor, que -insisto-, cuando llegue el momento, voy a intentar de aclarar para dejar cerrado el debate.

Nos habla usted de la información a la que se tiene derecho, nos habla usted del derecho a la participación. El Partido Popular y el Proyecto de Ley protegen, defienden y amparan y crean el marco adecuado para que esos derechos se desarrollen adecuadamente. Lo que no podemos estar de acuerdo, por ejemplo, cuando habla usted de "los derechos...", o "el derecho a la participación, que sea en exclusiva a través de las asociaciones de consumidores y usuarios". ¿Por qué? Todos pensamos que preferentemente se canalizaran por ahí; pero los derechos individuales... está usted obviando, que tanto dice defender, los derechos individuales. La propia Constitución dice que se pueden ejercer a título individual o colectivo; y usted, de un plumazo, se lo quiere cargar. Nosotros ya sabemos que eso se canalizará generalmente así; pero no deje usted los derechos individuales de lado, porque no tiene porqué. Y por eso, esas enmiendas tienen que rechazarse.

De las garantías de venta y posventa, pues también hubo un debate complejo y de una enjundia jurídica bastante profunda entre el señor Otero y el señor Aguilar, y yo creo que quedó suficientemente claro el por qué sí puede haber casos en los que la garantía mínima se pueda rebajar y hasta qué punto está bien recogido el tema de garantías en el Proyecto.

Y luego, ya, cuando habla usted de los derechos humanos -me imagino que se está refiriendo a su Enmienda número 15-, pues es que confunde usted nuevamente lo que son los derechos humanos -y cita usted determinados colectivos- con los que son derechos del consumidor. Los derechos humanos son del Artículo 14 de la Constitución, y el Proyecto de Ley del que estamos hablando deriva directamente del Artículo 15 de la misma. Usted, no sé si lo que pretende es hacer un compendio de todo lo que son derechos humanos y que entre en esta Ley, con lo cual, estaríamos hablando de un Proyecto distinto.

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En definitiva, creemos que el mantenimiento de todas sus enmiendas -prácticamente, porque las que ha retirado pues son exclusivamente porque se han aceptado en su integridad por los trabajos de Ponencia-, pues pensamos que no están justificadas... (Sí, las tres que se han aceptado plenamente en Ponencia.) ...no están justificadas bajo nuestro punto de vista -insisto-, y que no tienen cabida en este Proyecto. Y, por tanto, el Grupo Popular va a votar negativamente.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, doña Elena Pérez.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, Señorías. Señor Cot, se les ve mucho el plumero a ustedes. Dice: "lo vamos a rechazar porque no podía ser de otra forma". Pero bueno, ¿cómo se puede bajar a esta tribuna a decir "no puede ser de otra forma"? ¡Si esto es una Cámara legislativa, y legislamos entre todos! ¿Cómo que no puede ser de otra forma? ¿Para qué nos traen ustedes aquí el Anteproyecto de Ley? ¿Para qué nos traen anteproyectos de leyes, si no puede ser de otra forma a como diga el Partido Popular? De verdad que se les ve mucho el plumero. Es decir, ustedes no creen para nada en la función de esta Cámara. Discúlpeme por el tono, porque no quería utilizarle así.

Mire usted, yo no estoy hablando aquí de los derechos humanos exclusivamente; pero yo, como consumidora y usuaria, también tengo derecho, también tengo derecho a que no se me dé una información sexista, ni racista, o que atente contra la dignidad de grupos culturales, étnicos o sociales. Y tengo derecho como consumidora, no sólo como persona. Es que ustedes pueden celebrar todos los aniversarios que quieran, pero no saben en qué consisten los derechos humanos; y, por lo visto, se les niegan a un grupo importante, como puede ser los consumidores y consumidoras y los usuarios.

Ustedes no apuestan, porque no creen en ello, por el desarrollo de las asociaciones, porque les molesta; les molestan las asociaciones de consumidores y usuarios, y es el mejor instrumento que tenemos en Castilla y León para la defensa de verdad de los intereses de consumidores y usuarios.

Es una Ley raquítica y la hemos intentado mejorar, humildemente; seguramente lo podíamos haber hecho mejor desde Nueva Izquierda, seguramente. Pero no me diga usted que "no puede ser de otro modo" lo de rechazar las enmiendas. No apuestan ustedes por casi nada: no apuestan por nuevos derechos que otros... otras leyes sí que recogen, no apuestan por la dignidad de las personas.

Y, en definitiva... que no quiero ser... Porque, claro, como está todo visto y oído -por lo visto- desde Ponencia, el Partido Popular tiene muy claro que, independientemente de cambiar puntos y comas -es decir mejor, redacción gramatical-, no cree en más derechos ni quiere legislarles... Por supuesto, lo que ustedes podían haber hecho en Ponencia, el Partido Popular, es haber cambiado el título de la Ley, y en vez de llamar "Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios", haberla llamado "Ley de Defensa de Vendedores y Vendedoras". Cambien ustedes el título, y entonces... -como no puede ser de otra forma-, o admitan por lo menos... Porque es que han pasado ustedes por las enmiendas ni siquiera sin profundizar, como es lo de respetar a grupos sociales, como he venido a plantear yo aquí, en la información. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Juan Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Gracias, Presidente. Con mucha brevedad. Insistir en que rechazamos todas sus enmiendas porque no puede ser de otra forma. Pero no es que no pueda ser por el funcionamiento de la Cámara, ni -como usted dice- cogiendo el rábano por las hojas -que en mi opinión eso es lo que usted hace-, pues dice... acabando, en fin, en unos términos en los que yo creo que a ningún Procurador le puede sorprender, porque ya estamos habituados a lo que es una línea de continuidad en su discurso, pues acabar diciendo que el Partido Popular no cree en los derechos humanos, ni en las asociaciones. ¿Qué se cree usted que se hace desde la Consejería? Defender, promocionar, informar, entre otras cosas, las asociaciones de vecinos.

Y acaba usted incluso diciendo, hablando eso, que la poca fe que tiene el Partido Popular en los derechos humanos y en la dignidad de las personas. Doña Elena -con todo el respeto-, yo creo que no ha entendido usted nada. Y hace un reproche que ya hizo en Comisión, que, por cierto, en Comisión tenía ocasión para haber debatido enmienda por enmienda si hubiese sido un deseo, y dijo que no, que como no había estado en la Ponencia y como se remitía a los debates... Mire, yo no soy responsable del funcionamiento de las Cortes. El funcionamiento es el que es, y tenga usted más votos en una próxima convocatoria electoral para tener mayor representación. De momento es el que es.

Pero no haga responsable a, por lo menos, al Grupo Popular y a las personas que hemos estado en la Ponencia de la falta de interés por sus enmiendas. A lo mejor yo sí la puedo decir la falta de interés suyo, puesto que, por ejemplo, la Enmienda número 8, que coincide exactamente con el texto que al final ha recogido el Artículo 5.1.f), pues no está retirada y sigue apareciendo, cuando es exactamente igual al texto.

Entonces, desde luego, desde este Grupo sí nos hemos preocupado en leer todo el Proyecto de Ley y por supuesto sus enmiendas. Y las rechazamos -y no puede ser de otra manera, y lo vuelvo a decir-, pero por argumentos sólidos y válidos enmienda por enmienda, porque mantiene usted un criterio totalmente equivocado de lo que tiene que ser una ley de consumidores. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Pasamos a debatir las enmiendas que subsisten por el Grupo Parlamentario Mixto, don Joaquín Otero Pereira. Para su defensa, tiene la palabra don Joaquín Otero.

OTERO PEREIRA

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EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Muchas gracias, señor Presidente. Quedan cuatro enmiendas vivas para este Pleno, de las cuales, pues, hay tres en las que no vale ni la pena entrar en debate, puesto que las posturas estaban ya muy claras desde la Ponencia y desde la Comisión y no vamos a perder el tiempo dándole vueltas a lo mismo.

Pero, hombre, hay una -que además es cuantitativamente la más importante cuando estamos hablando de la defensa de los consumidores y usuarios- que es la que se refiere el Artículo 8, apartado tercero, al plazo mínimo de garantía. Ha sido también otra de las discusiones que hemos tenido en Ponencia y en Comisión. Y ahí había dos argumentos en los cuales insistimos, porque -insisto- la garantía mínima nos parece tan importante para los consumidores y usuarios que quizá sea uno de los aspectos más importantes que contiene esta Ley.

Se faculta por parte de la Ley a la Junta de Castilla y León para que a través de un decreto pueda reducir el plazo mínimo de garantía para dejarlo en menos de seis meses. Y ahí había una colisión parcial con el Código Civil, con la responsabilidad por saneamiento de vicios ocultos que establece los seis meses. Y lo que sí estaba claro es que el 90 ó 95% de los casos coinciden con la responsabilidad que establece el Código Civil. Alguno se puede escapar a esa responsabilidad. Luego tendría poca virtualidad -y la va a seguir teniendo-, puesto que en el 95% de los casos, insisto, habrá que acudir al Código Civil y no a esta Ley; lo cual es algo triste, porque esta Ley es la que tiene que defender a los consumidores y a los usuarios.

Pero razones jurídicas aparte, hay otra cuestión de fondo: no se puede crear la inseguridad entre los consumidores y usuarios de no saber cuál es la garantía mínima de un producto. Se tiene que saber que como mínimo son seis meses y que pueden ser más, pero como mínimo seis. Pero obligarle a los consumidores y usuarios, obligar a las amas de casa a leer el Boletín Oficial de Castilla y León todos los días para ver si hay algún decreto de la Junta de Castilla y León que dice que determinados productos van a tener un plazo mínimo de garantía inferior de seis meses, eso a nosotros la verdad es que nos parece un atentado -no una defensa ni protección de los derechos de los consumidores y usuarios-, un atentado contra los legítimos intereses de los consumidores y usuarios. La inseguridad jurídica que eso produce, que -insisto- obliga a tener que leer el Boletín Oficial de Castilla y León a todos los ciudadanos todos los días para saber qué garantía tiene un determinado producto, nos parece una absoluta barbaridad.

Y por eso pedimos al Partido Popular que rectifique -que todavía está a tiempo-, puesto que entendemos que aquí sí hay razones. Las otras son... las otras tres enmiendas son discrepancias ya ideológicas, en las cuales -insisto-, pues cada uno tiene su postura, no vamos a debatir. Pero yo creo que vale la pena modificar este artículo, eliminando ese párrafo donde se permite suprimir o minorar el plazo mínimo de garantía de seis meses. Nada más por el momento. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Para contestarle, señor Cot, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, señor Presidente. Señor Otero, yo quiero que quede constancia en el Diario de Sesiones -como así lo dije en Comisión-, pues la satisfacción y el buen trabajo de la Ponencia, y sobre todo en lo referido a sus aportaciones en términos jurídicos, que yo creo que han sido muy positivos y que han puesto, pues, matices que en su conjunto, pues, son importantes a lo que es texto de Ley.

No quiero reproducir -entre otras cosas porque jurídicamente no estoy capacitado- el debate que se produjo en la Comisión con el señor Aguilar respecto al saneamiento por ....., del que se planteó toda una teoría en la que está claro -y se puso en evidencia- que usted discrepa de lo que es el Proyecto de Ley y de lo que es la postura del Grupo Popular. Y como no estoy, insisto, en estos momentos... -y creo que sería un poco ocioso-, me remito al texto que recogerá el Boletín de la Comisión.

Pensamos que está bien como está. Desde luego, creemos que hace usted mal, si eso ha sido su intención, por lo menos de sus palabras se puede desprender, la creación de una especie de alarma social a las amas de casa por la aprobación de esta Ley. No. El plazo mínimo de seis meses es cuestiones meramente excepcionales. El ama de casa no va a tener que estar preocupada del Boletín Oficial para saber que las garantías, pero puede haber casos -e insisto que se ha debatido ya de una manera muy amplia- en que sí es necesario aportar... rebajar ese mínimo y las remisiones al Código Civil, y la protección que él establece están claras.

Por lo tanto, señor Otero, mantenemos la discrepancia respecto a su Enmienda número 2 y agradecemos -yo creo que en nombre... por lo menos del Grupo Popular, de los Ponentes que allí nos hemos sentado- su trabajos en Ponencia. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Para dúplica, señor Otero.

OTERO PEREIRA

EL SEÑOR OTERO PEREIRA: Gracias, Presidente. No, el tema de las amas de casa era un ejemplo; no es la alarma que vamos a crear. Yo me refería a los consumidores y usuarios y ponía un ejemplo gráfico, en el cual insisto además.

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Porque imagínese usted cuando vaya a comprar un producto y le diga: "¿qué garantía tiene esto?", dice: "la que quiera la Junta de Castilla y León, porque hoy tiene tanta, pero a través de un decreto, pues cambia el plazo mínimo de garantía y nos quedamos con otro plazo de garantía". Es decir, la arbitrariedad que queda ahora para la Junta de Castilla y León sobre el plazo de garantía nos parece inadmisible en una Ley que se llama "de protección de los derechos".

Por tanto, en este artículo en concreto es una Ley de atentado contra los derechos de los consumidores y usuarios. Estoy completamente convencido. Fíjese que sólo quedaban cuatro enmiendas, que retiré numerosas a lo largo de la tramitación, y fíjese que yo, si hubieran rectificado en este tema, hubiera apoyado la Ley. Es decir, hubiera... las tres restantes las hubiera quitado, hubiera pasado incluso por el Consejo Consultivo de Consumidores y Usuarios, hubiera tragado por ahí, y hubiera votado a favor de esta Ley. Lógicamente, con esta redacción, donde los consumidores... a los consumidores se les priva de un plazo de garantía, no puedo apoyar la Ley.

Por tanto, por esta simple frase -que me parece fundamental en este texto-, pues me veré obligado a votar en contra de una Ley. Y la verdad es que lo lamentamos, porque me gusta cuando es posible apoyar una ley, y máxime cuando la discrepancia es tan pequeña cuantitativamente, pero es excesivamente grande cualitativamente. Y eso motivará nuestro voto en contra de la Ley, solamente por ese párrafo. Que es triste, pero es así. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Para dúplica, señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Gracias, señor Presidente. Simplemente poner de manifiesto que como la discrepancia subsiste a pesar del debate -y usted sabe que no nos vamos a poner de acuerdo-, manifestar nuestro lamento por no poder contar con su voto favorable en la aprobación de la Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Pasamos a debatir las enmiendas que subsisten por el Grupo de Izquierda Unida. Para lo cual, don José Luis Conde tiene la palabra para su defensa.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Bien. Después del trabajo de la Ponencia y en Comisión, pues prácticamente pocas cosas que decir. Simplemente aquello de que prácticamente está todo el pescado vendido, y como -no podía ser de otra manera- el Partido Popular no va a asumir ninguna de las enmiendas que hemos mantenido y seguimos manteniendo a la Ley de Consumidores y Usuarios, pues voy a tratar de defenderlas en bloque.

Quiero decir que, efectivamente, yo no voy a entrar en el debate si, efectivamente, el texto de la Ley se podía haber mejorado en cuanto a matices y concreción de objetivos de la propia Ley, porque se puede interpretar que es una Ley simplemente de carácter técnico, pero teniendo en cuenta que es una Ley que afecta a una actividad humana importante como es el consumo, efectivamente es una Ley que afecta a la propia calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, sí es una Ley que tiene importancia.

Y a la hora de hacer una valoración política de la Ley -y, por tanto, no voy a ser reiterativo cuando hicimos el debate de la Enmienda a la Totalidad cuando ustedes presentaron el Proyecto de Ley-, no voy a hablar si la derecha tiene menos sensibilidad con respecto a las asociaciones de consumidores, con respeto a los derechos de los ciudadanos, me parece... yo no quiero hacer ningún de demagogia, simplemente lo que quiero, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, es que al menos, cuando aprobemos una ley, sirva realmente para algo; sirva para modificar la situación actual que tenemos en esta Comunidad, que carecíamos de una Ley que prácticamente ordenase o regulase la actividad del consumo.

Para nosotros ¿qué era lo importante?, al margen de que la propia Ley contemplase los derechos de los consumidores y usuarios en el sentido mucho más amplio, y, por tanto, en esa línea iban muchas enmiendas de Izquierda Unida, que desde el Grupo Popular se decía aquello de que no hacía falta el plantear en el articulado la totalidad de los supuestos derechos consumidores porque en última instancia había un reglamento, un desarrollo posterior reglamentario. A nosotros... siempre hemos defendido que las leyes tienen que ser absolutamente claras precisamente para eso, para que cuando los ciudadanos y ciudadanas las lean, las entiendan; y al final no quede siempre al desarrollo reglamentario de la propia ley, y al final tengan que acudir a un letrado para que les diga cuáles son los derechos una vez que tienen en su poder el Boletín con la ley publicada.

Pero, bueno, al margen de esto -que podía ser casi anecdótico y podía ser un elemento de redacción de cómo se hacen las leyes-, para nosotros lo esencial era el instrumento que la Junta va a poner en marcha para garantizar que esta Ley se va a poner... o sea, se va a llevar a la práctica.

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Hay una enmienda, sin embargo, que no me voy a resistir en plantearla, que es la de las oficinas de información al consumidor. Yo sé que el Grupo Popular ha llegado a una transaccional con el Grupo Socialista (yo, a mí, me sigue sin gustar esa transaccional, porque, si no, la hubiera retirado, mi enmienda). Pero yo sigo insistiendo que si el consumo tiene la importancia que debe de tener -y la tiene-, lo lógico es que la propia Ley debería de contemplar que tiene que haber necesariamente oficinas de información al consumidor no solamente en las capitales de provincia, sino en todos los Ayuntamientos de más de diez mil habitantes, en las cabeceras de comarca y, fundamentalmente, en aquellos Ayuntamientos que, aun no llegando a diez mil habitantes, por la población flotante que en determinadas épocas del año tienen, merece la pena tener esa oficina de información al consumidor, si entendemos que esto también es un servicio a los ciudadanos.

Por tanto, insistimos en que para nosotros ésa es una enmienda que debería el Partido Popular asumirla. Ya sé que no lo va a hacer, porque ha llegado -vuelvo a repetir- a una transaccional con el Partido Socialista; pero yo creo que para nosotros es mucho más clara la propuesta que nosotros hacemos de que necesariamente en esos Ayuntamientos con esas características, necesariamente -reitero- debería de contar con una oficina de información al consumidor.

Y en el otro orden de cosas -que yo creo que es el 70% de las enmiendas que hemos mantenido en este Proyecto de Ley-, pues van relacionadas con el Instituto Regional de Consumo que planteamos. Y lo planteamos como un instrumento de carácter público, administrativo, dependiente de la Consejería de Industria y Comercio, precisamente como el instrumento responsable de llevar a cabo toda la política de planificación de turismo. Porque, al final, podemos aprobar una ley por aquello de que esta Comunidad Autónoma no tenía una Ley de Consumo y, por tanto, decimos: vamos a aprobar una ley; ya tenemos una Ley de Consumo y, por tanto, ya estamos cubriendo y respetando los derechos de los consumidores y ya hemos cumplido.

El problema es: ¿cómo ponemos en marcha la aplicación de esta Ley? Decimos: bien, está la Secretaría de la Consejería de Comercio y Turismo que será, la Secretaría de Consumo, la Secretaría General, la encargada de llevar a cabo toda la labor de la política de consumo. Pero yo pregunto: ¿hay capacidad en estos momentos para coordinar las Oficinas de Información y Turismo? ¿Hay capacidad en estos momentos para poner en marcha toda la política de consumo? Bueno, pues, en otras Comunidades Autónomas -que era el ejemplo que nosotros poníamos-, necesariamente, dando la importancia al consumo que tiene, han creado agencias o institutos como instrumentos específicos para poder llevar a cabo la planificación de la política del consumo.

Porque, ante problemas de las asociaciones de consumidores y usuarios, ante problemas de consumo que se pueden plantear en cualquier Ayuntamiento o localidad, tendrán que recurrir a un organismo determinado de la Junta de Castilla y León para que les resuelva el problema. ¿Qué pasa? Que al final se está haciendo lo mismo que se está haciendo ahora: desde la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, desde la Secretaría General de Consumo, se trata de subsanar estos temas; pero es absolutamente imposible.

Por tanto, nosotros seguimos planteando que es necesario la creación de ese Instituto; precisamente, para poner en marcha toda la filosofía y todos los contenidos que el propio texto de la Ley va a contemplar. Y, en eso, evidentemente, el Partido Popular no me va a convencer.

Y ésa es la única razón, la razón fundamental por las cuales mantenemos las enmiendas, que están relacionadas todas directamente con la necesidad de constituir ese instrumento de carácter público, de planificación y ordenación de la política del consumo.

Yo creo que es una propuesta eficaz en el funcionamiento. Después podrá funcionar mejor o peor. Pero, en todo caso, hacemos una Ley contemplando los derechos de los consumidores, contemplando los derechos de las asociaciones, contemplando toda la política relacionada con el consumo; pero, paralelamente a eso, necesitamos un instrumento que lleve a cabo, y en la práctica, todas esas series de medidas relacionadas con la política del consumo.

Y ésa es la base y el eje central de nuestras enmiendas; y, por tanto, evidentemente, las vamos a mantener, sabiendo de antemano que el Partido Popular, como no podía ser de otra manera, ejerciendo su mayoría, pues van a rechazarlas. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Señor Cot, para contestar a estas preguntas... a estas enmiendas, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Gracias, Presidente. Señor Conde, vuelvo a insistir que lo de no ser de otra manera es cuestión de razonamientos, no de votos. Los votos ahí están, ahí están y, efectivamente, pues... pues, los Grupos, hasta el día de hoy, por lo menos en esta Legislatura votan por Grupos. Y el Grupo Popular, desde luego, es compacto y yo espero que apoyen las propuestas que vamos a hacer en nombre del Grupo... del Partido Popular, los que hemos trabajado este Proyecto de Ley.

Las enmiendas que quedan vivas al debate del Pleno por parte de su Grupo -y ha citado usted algunas hablando de bloques-, unas afectan a lo que ustedes pretenden que sean reforzamiento de los derechos... de los derechos de los consumidores, en la mayor parte de los casos por enumeración exhaustiva. Por ejemplo, me parece que es la Enmienda número 14, en la que hablan, pues, de distintos colectivos, incluso de los turistas. Nosotros volvemos a exponer la teoría que creemos que es la acertada, la moderna, y la que puede propiciar una mejor defensa del derecho de los consumidores. Las enumeraciones que ustedes pretenden, al final, pues, dejarían caer innumerables colectivos, innumerables grupos sociales como el agua de una cesta. Creemos que como está la Ley, con muy pocas precisiones, y después determinadas generalidades, es como mejor sirve al último objetivo y al primordial interés de la Ley.

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En otro grupo de sus enmiendas incluyen -pasaba igual con algún otro Grupo- imperativos; imperativos que desde el Partido Popular no se han aceptado. Ni se han aceptado y creemos que no se deben aceptar. Entre otras cosas, porque muchos de ellos son imperativos que afectan a los derechos individuales -ya se dijo en ésta... en la primera intervención- y, en otros casos, atentan realmente como... lo que tienen que ser competencias exclusivas y autonomía... perdón, autonomía, competencias municipales y autonómicas... autónomas de los municipios; o, otro grupo de enmiendas importante recoge, o pretende recoger, derechos o principios que ya están recogidos en otras leyes estatales.

Habla, y vuelve a insistir de lo importante que es tener las oficinas de consumidores... -me imagino que se estaba refiriendo usted a la Enmienda número 68, al Artículo 20, que, efectivamente, hemos transaccionado un texto con el Grupo Socialista y que creemos que está bien recogido-, pero, ha vuelto a insistir usted en esa enmienda que, según mis notas, está retirada en Comisión, que es la Enmienda suya número 68, si es que no me equivoco.

No obstante, el argumento se lo vuelvo a repetir. Desde nuestro punto de vista, con la transacción a la que se ha llegado está perfectamente recogido. Y lo importante, y en eso no hay ninguna duda, es que todo ciudadano de Castilla y León tenga derecho a acudir a una oficina del consumo, tenga derecho a ejercer los derechos que tiene como consumidor; eso es lo más importante y no imposiciones a los Ayuntamientos que, como decía antes, puede ser entrar en lo que es su autonomía municipal.

Y deja usted como mayor argumento o mayor peso en el conjunto de sus enmiendas, diciendo que incluso hubiese retirado las demás si se hubiese aceptado la creación del Instituto Regional de Consumidores y Usuarios de Castilla y León que usted propone. Y, de hecho, de las veinti y pocas enmiendas que ustedes mantienen, diez están directamente relacionadas con la propuesta de la creación de este Instituto.

Los argumentos ya están debatidos en Comisión, e insisto, en resumen cuáles son para que quede bien claro también en el debate de este Pleno.

Entendemos que no es bueno separar las acciones de formación, información e inspección que en estos momentos están dependiendo y está ejerciendo la Dirección General de Consumo desde su correspondiente Consejería. La experiencia, además, no como argumento fundamental para la no creación, porque usted decía: "vamos a crearlo y luego veremos si funciona o no funciona". El argumento fundamental es el que es: la no separación de esas tres funciones, que consideramos que para una mejor defensa de los derechos de los consumidores tienen que estar donde están.

Pero es que, además, esto que es la teoría fundamental para rechazar sus enmiendas, está avalado por el funcionamiento del Instituto, o Agencia en el caso de Asturias, en las Comunidades donde se ha creado. Funcionamiento que también tiene que servir de experiencia a esta Comunidad; han ido por delante -por un problema competencial- en la creación de lo que usted ahora propone, y se ha demostrado claramente que su labor no está siendo todo lo eficaz que debía... que debía desearse y con las... con el espíritu que se crearon.

Por tal motivo, insisto, que no vamos a aceptar, como usted bien sabe, esa creación del Instituto.

Y, por otro lado, pues, felicitarle como... en nombre... a todo su Grupo, porque pensamos que esa reducción drástica de enmiendas, esa aceptación de muchos de los criterios en el debate de Ponencia, pues, ha sido... pues bueno para el Proyecto de Ley, al que me alegro mucho que sólo lleguemos con esa diferencia fundamental. Diferencia que vuelve a ser insalvable, pero -insisto- es una satisfacción saber que en el conjunto, que en la filosofía del resto de la Ley, con pequeñas diferencias de matiz, estamos de acuerdo. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Señoría, para réplica, señor Conde tiene la palabra.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, Presidente. Bien, señor Cot, yo le tengo que decir una cosa. Yo no he retirado ninguna enmienda, salvo que haya sido un error de la Comisión, porque, además... bien, no figurará, pero, en todo caso, figurará en el Diario de Sesiones de la Comisión, en la intervención; en mi intervención con respecto a las enmiendas que defendía, mantuve la cuestión de las oficinas de información al turismo en Ayuntamientos superiores a diez mil habitantes.

Pero, en todo caso, en todo caso, no me vale, señor Cot, que usted me diga que, bueno, que en todas las enmiendas que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, pues, eran abundar aún más en el tema -por ejemplo- de los derechos de los consumidores o de las asociaciones y que, por tanto, eran propuestas... propuestas que eran redundar en los principios generales que ya contemplaba el Proyecto de Ley.

Porque le he dicho en mi primera... en mi primera parte de la intervención que nuestro objetivo era hacer una Ley lo más clara posible, no por la extensión, sino, fundamentalmente, recogiendo todos los aspectos en el ámbito de los derechos de los consumidores, en el ámbito de las asociaciones, en el ámbito de las oficinas de información al consumidor, en el ámbito de la coordinación administrativa.

Bien, ustedes decían: "no es necesario hacer una Ley tan extensa, porque se supone que el espíritu, tal como está redactado el Proyecto de Ley, se entiende perfectamente. Después habrá el posterior desarrollo reglamentario y no hay ningún problema".

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Y ésa fue una de las razones por las cuales yo retiré alguna enmienda, precisamente, por demostrar esa buena voluntad; es decir, que yo no hacía un caballo de batalla específicamente en la extensión farragosa de algunas enmiendas por añadir más capítulos a los derechos de los consumidores o a los derechos de las asociaciones. Sin embargo, el elemento sustancial era, y seguimos manteniéndolo, que usted dice que la Dirección General de Consumo será la encargada de llevar a la práctica toda la política del consumo; y yo me resisto a creerla. Y a mí no me vale con que en otras Comunidades Autónomas las agencias o los institutos de consumo no funcionen, porque, en todo caso, será responsabilidad política del Gobierno de turno.

Pero, yo digo: ¿cómo vamos a conseguir orientar, formar e informar a los consumidores y usuarios sobre sus derechos y forma de ejercerlos? ¿Lo hará la Dirección General de Consumo? ¿Ésa es su obligación? Bueno. ¿Potenciar el establecimiento y desarrollo de las asociaciones? ¿También lo va a hacer la Dirección general de Consumo porque esté en la Ley? Se va a encargar de todo: de la coordinación, de las oficinas de información al consumidor, de hacer el estudio y planificación de las políticas de consumo en Castilla y León. Es que esto es una faceta tan importante y tan amplia que no vale con decir que lo va a hacer la Dirección General de Consumo, porque es que no se lo puede creer absolutamente nadie.

Es igual que cuando estábamos discutiendo la Ley de Turismo, estábamos todos por la potenciación del turismo, pero después ¿quién lleva a cabo la aplicación de la política del turismo, la Dirección General de Turismo?, ¿lo va a hacer todo ella? ¿No es más sensato y más razonable que, teniendo en cuenta la importancia que tiene la política del consumo, creemos un instituto que es, como nosotros decimos, Instituto de Consumo, especializado específicamente para toda la política del consumo, para la planificación de toda la política del consumo? A mí me parece que es mucho más específico y más concreto eso, que no decir que será la Dirección General. Porque, al final, estamos como estamos. Como cuando discutíamos ayer la Ley de Ordenación del Territorio: no teníamos una Ley, ya la tenemos, la vamos a aprobar y con esto hemos cumplido. La ponemos en un marco, la colgamos de la pared y decimos: la Junta de Castilla y León ha aprobado una Ley para ordenar la política del consumo en la Comunidad. Y todos contentos.

Si lo importante no es hacer la ley; lo importante es hacer la ley y crear los instrumentos para después poderla aplicar. Y yo digo: ¿cuáles son los instrumentos que contempla la Ley para garantizar una verdadera planificación y ordenación del consumo en la Comunidad de Castilla y León? ¿Cuál es el instrumento? ¿Qué instrumento va a aplicar la Junta de Castilla y León, según esta Ley, para poder llevar a cabo esos objetivos?

Porque podemos, a lo mejor, estar en contra de algunas cuestiones que ustedes han reflejado en los derechos de los consumidores; podíamos decir que en lugar de contemplar dieciocho derechos, incorporar seis o siete más. Bueno. Me da igual. Porque en los criterios generales estamos todos de acuerdo que los consumidores tienen un derecho y tienen que ejercerlo. Pero, al margen de eso, yo digo: ¿cuál es el instrumento? En esta Ley, ¿qué instrumentos tenemos para garantizar su aplicación a partir de que se haya publicado en el Boletín y esté aprobada? Al final, los mismos problemas que hemos tenido hasta la fecha. Por tanto, nosotros seguimos insistiendo que lo que le falta a esta Ley es, precisamente, el instrumento para poderla aplicar.

Y a nosotros -y lo decimos con todo el convencimiento- no nos vale que se diga que todo se va a hacer a través de la Dirección General; porque, a través de la Dirección General es como un saco donde coge absolutamente todo. Y nosotros queremos concretar compromisos en esta Ley. Al margen después del reglamento que se haga. Pero, necesariamente, nosotros decimos: si hay Comunidades Autónomas donde la política del consumo está ligada a una ciudad turística importante, como son todas las Comunidades del Mediterráneo, y han constituido un instituto, una agencia, dando importancia al tema del consumo, ¿por qué nosotros vamos a negar esta posibilidad aquí en esta Comunidad?

Y yo no sé si Asturias funcionará bien o funcionará mal; pero, en todo caso, eso es un problema del Gobierno de turno, no es un problema de que en la ley que hayan aprobado allí tengan un instrumento para poderla llevar a la práctica.

Por tanto, a mí me parece que es un craso error y nosotros seguimos insistiendo que a esta Ley lo que le falta es eso: el instrumento para poderlo aplicar en la práctica. Y una Ley que después no se puede aplicar en la práctica, pues no sirve absolutamente para nada. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para dúplica, señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, señor Presidente. Con mucha brevedad, porque, indudablemente, no nos vamos a poner de acuerdo. Y no nos vamos a poner de acuerdo porque yo le vuelvo a insistir en los argumentos del Partido Popular; argumentos del Gobierno de la Región cuando hace la propuesta de este Proyecto de Ley, en que las labores de formación, información e inspección están bien donde están, en la Dirección General y que, además, es bueno que sigan estando para una mejor defensa de los consumidores.

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Insiste usted en sus argumentos. Pero, claro, cuando dice que si puede la Dirección General hacer todas las labores de coordinación, planificación, etcétera, etcétera, etcétera, pues ya entramos en un problema de fe. Y nosotros sí la tenemos en la Dirección General; sí vemos que está haciendo esa labor, con independencia de que se apruebe esta ley o no, o de su existencia; y sí que vemos que con la aprobación de esta Ley se va a establecer un marco jurídico autonómico que va a desarrollar, en gran medida, los derechos de los consumidores. ¿Cómo? Pues con su desarrollo reglamentario y con el reforzamiento de lo que es ese sentimiento de defensa de los consumidores que tiene que imperar -y así lo dice la Ley- en todas las Administraciones Públicas.

Por lo tanto, y vuelvo a insistir en que la experiencia no es el argumento fundamental, la experiencia de otras Comunidades Autónomas, pero sí es en alguna medida un punto de referencia, pues, mantenemos nuestra posición de que por razones de eficacia, de agilidad, de no burocratización de los derechos del consumidor, la Ley, el Proyecto de Ley, como está, está adecuadamente. Y nosotros sí confiamos con que la labor del Gobierno Regional, el de hoy y el que pueda haber mañana, y de la Dirección General de Comercio y Consumo es adecuada para el desarrollo de las funciones y la defensa de los consumidores. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias. Pasamos a debatir las enmiendas que permanecen vivas en el Grupo Parlamentario Socialista, señor Alonso Díez, tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí, muchas gracias, señor Presidente. El Proyecto de Ley que se nos presentó por parte del Gobierno Regional del Partido Popular, nuestro Grupo le calificaba como un proyecto neutro, en la cual la Administración aparecía como el árbitro entre los consumidores y los comerciantes; y nosotros entendimos que la Ley de Defensa de los Consumidores debía ser, fundamentalmente eso; para la defensa de los consumidores; y, en consecuencia, la Administración tiene que tomar parte, manifiestamente, con claridad a favor de los consumidores.

En ese sentido, las enmiendas que presentamos tenían el objetivo de mejorar el texto, inclinándole a favor de que la Ley fuera... pues un instrumento al servicio de la defensa de los consumidores; y, por lo cual, aquellas enmiendas que hacían referencia a la necesidad de que los servicios de las oficinas de información al consumidor o las Juntas arbitrales fueran potenciados y garantizados a todos los castellanos y leoneses son de las enmiendas que durante el proceso de debate se ha llegado a acuerdo en torno a ellas y, con lo cual, entendemos que sí que se ha dado un paso en ese sentido.

Había otros instrumentos que nosotros consideramos que son también fundamentales para que los consumidores pueda ejercer esos derechos, esa defensa de sus derechos, que es la potenciación de las asociaciones; y hubo un conjunto de enmiendas que hacían referencia a cómo potenciar el tejido asociativo como instrumento complementario, pero también fundamental, de la defensa de los consumidores, que no han tenido ese éxito durante el debate de la Ponencia y de la Comisión por la oposición que ha desarrollado a las mismas el Grupo Popular.

Otras enmiendas que han sido tímidamente contempladas, pero que sí que se han incorporado, era la necesidad de potenciar la lengua castellana dentro de toda la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios; y el que se contemplaran los derechos de los colectivos más desfavorecidos. Nos parece que se ha sido cicatero en la incursión de la defensa de los derechos de los colectivos más desfavorecidos, por lo cual considerábamos que aquellas personas que están en centros residenciales o que por su situación de colectivo, como pueden ser emigrantes o personas sin la suficiente instrucción cultural, deberían estar especialmente protegidos por la Ley, algo así que no ha sido valorado por el Equipo de Gobierno.

Ha habido otro conjunto de enmiendas, que son las que fundamentalmente se mantienen para el debate en este Pleno, que nos parece que daban ese contexto de conjunto de defensa de los consumidores que debe contemplar esta Ley, como era el mejorar la coordinación entre las Corporaciones Locales y la Administración Regional. Una parte importante de las competencias que tienen las Corporaciones Locales también son citadas a nivel autonómico; lo cual crea una cierta descoordinación y, en consecuencia, crea una duplicidad e incide negativamente en la defensa de los derechos de los consumidores, con lo cual nos parecía que era fundamental el que quedaran claramente cuáles son las competencias de las Corporaciones Locales y que se reforzara el papel de los Alcaldes en materia de poder aplicarlas en la materia de instrucción de sanciones.

En ese mismo sentido, nos parece que los órganos de participación, que eso complementa el papel de las asociaciones, debería de ser otro de los contenidos que deberían de mejorarse. Y, en el sentido de la participación, nos parece fundamental que la coordinación entre Corporaciones Locales y Administración Local quedara recogida en las Comisiones de Cooperación Provincial. Por parte del Grupo Popular se ha admitido una referencia al tema, nos parece que modesta, pero también eso lo valoramos de forma positiva, el que se haya, de alguna forma, incluido esa referencia; no en un sentido ejecutivo como pretendíamos nosotros, pero, de alguna forma, se ha contemplado lo que nosotros demandamos.

En el sentido de que la Ley queda en algunos aspectos corta, es en relación con que las empresas públicas sean las primeras que hagan uso, o sea, las que se comprometan a hacer uso de las Juntas Arbitrales de Consumo, ha sido otra de las cosas que no ha sido admitida en este proceso de Ponencia y Comisión; y nos parece que, si queremos realmente que las Juntas Arbitrales de Consumo ganen credibilidad frente a los ciudadanos, es fundamental que las empresas que dependan de la Administración y la propia Administración sean las primeras en, y dando ejemplo, de hacer uso de este órgano de mediación.

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También ha habido una negativa a ampliar los derechos que se incluyen en la Ley a los consumidores.

Y, por último, nos parece que uno de los aspectos que no se ha querido contemplar, y que nos parecía fundamental para que la Ley realmente fuera operativa y eficaz, es la necesidad de organizar la inspección. La competencia fundamental que tiene la Comunidad Autónoma en materia de consumo es la de inspeccionar; y en la inspección de las materias de consumo inciden otras inspecciones, como son las inspecciones de sanidad, las inspecciones de disciplina urbanística, la disciplina... las inspecciones de trabajo, inspecciones que no sólo están centradas en la Junta de Castilla y León, que está en otras Administraciones, pero, precisamente por eso, nos parecía que era fundamental que para hacerla eficaz, el contenido de esta Ley, era necesario el que la inspección saliera clarificada y reforzada en esta Ley. Todas estas cuestiones no han sido admitidas en el debate de las enmiendas.

Como decía al principio, algunos aspectos en lo relativo a extensión de la protección de los consumidores a través de las oficinas de información al consumidor, de las Juntas Arbitrales, entendemos que sí que ha habido avances; pero, en conjunto, desde luego, el texto que ha salido de la Ponencia, de la Comisión, no nos satisface, con lo cual, el Grupo Socialista no va a apoyar la Ley.

Y yo sí que, para terminar, haría referencia a una enmienda que se ha debatido anteriormente, que aunque no haya sido una enmienda que nosotros hubiéramos... nos hayamos, quiero decir, mantenido en ella, pero sí que nos parecía que era importante la enmienda que ha mantenido los dos miembros del Grupo Mixto, lo digo por si hubiera tiempo a que todavía eso se tomara en consideración por el Grupo Popular, la del Artículo 8.3, la posibilidad de reducir el periodo de garantía, y, en cualquier caso, es un tema que queda ahí en sus manos.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Don Jorge Félix, ha empezado usted diciendo que el Proyecto de Ley quería su Grupo que fuese un instrumento para la defensa de los consumidores: esté usted tranquilo que lo es, y lo va a ser, si así la Cámara lo aprueba, cuando entre en vigor el Proyecto.

De sus enmiendas, yo separaría... un poco siguiendo en el orden que usted ha expuesto, porque consideramos algunas totalmente innecesarias, yo creo que ya está suficientemente debatido; otras que se constituyen en imperativos que, realmente, pueden atentar contra la autonomía municipal, y pongo como ejemplo, yo creo que implícitamente usted ha hecho referencia, a su Enmienda número 80, al Artículo 9, que, realmente, tal y como está redactada, se constituye... más parece una transferencia de competencias, de unas competencias a los Ayuntamientos -que ya tienen por la Ley de Bases de Régimen Local-, pero que, desde luego, ese espíritu... es criterio de este Grupo y espíritu del Proyecto de Ley, recogido en la Exposición de Motivos, ser muy respetuoso, totalmente respetuoso con esa autonomía municipal, como ya he puesto de manifiesto en anteriores intervenciones.

La... Respecto a las Comisiones Provinciales que ustedes pretendían crear y que, desde luego, queda la puerta abierta para que, si es necesario, se creen; pero mantenemos el criterio de la no burocratización de la Administración en ninguna materia, pero tampoco en ésta de la defensa de los consumidores. Y que, lo importante, respecto a las Administraciones Públicas, y eso sí se puede desarrollar de una manera clara a través de la Ley, es la coordinación entre las distintas Administraciones.

Entre los imperativos y esas imposiciones que usted pone de manifiesto en sus enmiendas, pues, están algunas que suponen el desconocimiento de lo que es el espíritu de las Juntas Arbitrales, y la voluntariedad, la voluntariedad que es la base de su pertenencia, y es la base para que después los laudos de las Juntas Arbitrales sean aceptadas por las partes que, vuelvo a insistir, voluntariamente acudan a ellas.

Quieren ustedes poner, en definitiva, unos imperativos que atentan, respecto a las Administraciones Públicas, a las empresas públicas o respecto a las asociaciones de consumidores, que, realmente, atentan contra sus propios derechos. Yo le decía a lo largo de la Comisión: "¿y si no quieren?". Pues están en su derecho de no querer. Y nosotros seguimos manteniendo ese criterio, con independencia que desde la Junta se seguirá, como se está haciendo hasta ahora, promocionando la creación y el funcionamiento de las Juntas Arbitrales, y que cada vez más empresas y más particulares acudan a resolver sus diferencias en materias de consumo en esas Juntas Arbitrales.

Después hay una serie de enmiendas de las cuales usted insiste, incluso yo he oído alguna declaración pública suya en la que insiste en el reforzamiento de las labores de inspección, con la enmienda que hacen al Artículo -creo- 33, su número 74, en la que lo que quieren es una estructura unificada de la inspección, que usted bien sabe que es de imposible cumplimiento. No hay ninguna Autonomía, ningún organismo estatal que lo pueda tener; ni existe ese "superman" inspector que llegue mañana a un supermercado, a una tienda, que pueda hacer una inspección... -a una industria- y pueda hacer una inspección global de todas las instalaciones productos, etcétera, etcétera. Lo que es importante, como pasaba con las Administraciones Públicas, es la coordinación. Y el Artículo 33 sí recoge esa necesaria coordinación que es fundamental, y en eso estamos de acuerdo y por eso lo recoge el Proyecto de Ley, y que se va a cumplir de manera adecuada.

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Y termino, pues, un poco, como usted ha terminado, porque yo creo que hay algo fundamental -y yo se lo prometí a la señora Pérez cuando hablábamos del concepto del consumidor- y que es, pues, algo muy fundamental que ustedes recogen en su Enmienda número 1 al Artículo 2. Y esa enmienda, pues, demuestra claramente que ustedes confunden al consumidor y al ciudadano. Que está claro que quien adquiere un producto para una profesión o para incorporarla a un proceso productivo no tiene ni debe tener la consideración de consumidor. Está claro que la Ley recoge lo que es el criterio más moderno, y aceptado por la Unión Europea... y en esto, como poníamos de manifiesto en el debate a la totalidad, pues, ha sido bueno que hayan pasado trece años desde la entrada en vigor de la Ley general para que la Comunidad, en asunción de sus competencias, vaya a tener esta Ley autonómica de consumo y no he encontrado nada mejor que lo escrito por Alberto Bercovitz, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en la revista de Estudios de Consumo del Ministerio, en la que en muy pocas palabras dice: "No parece, sin embargo, admisible que se proteja como consumidor o usuario a un particular frente a otro particular que no ejercita una actividad empresarial o profesional. Este planteamiento contradiría totalmente la propia idea que justifica la necesaria protección de consumidores y usuarios; esa idea es -no se olvide- la desigualdad en que se encuentran los particulares frente a las empresas, a los profesionales y a la Administración Pública, cuando contratan con ellos o cuando consumen o utilizan bienes o servicios producidos en el ámbito empresarial, profesional o de la Administración".

Esa idea básica, esa idea moderna y clara de concepto de consumidor que esta Ley, el Proyecto de Ley aporta, y, en ese sentido, incluso supera en la definición, respecto a la Ley nacional, que no sólo es consumidor al que... es consumidor también a quien se le ofrecen bienes o servicios, yo creo que es muy importante de matizar en el debate de este Proyecto de Ley.

Por todas estas razones expuestas a lo largo de mi intervención y en los debates de... de Ponencia y de Comisión, pues no vamos a aceptar ninguna enmienda, habida cuenta que han sido muchas y muy importantes -en mi opinión- las ya transaccionadas con el Grupo Socialista a lo largo de todo el proceso de debate de la Ley. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Para réplica, señor Alonso Díez, tiene la palabra.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Muy brevemente. Nosotros, desde luego, hemos concebido desde el principio que la Ley de Defensa de los Consumidores, como todas las leyes que se hacen a nivel de la Comunidad Autónoma, deberían de contribuir a algo de lo que ya existe; y esto es algo que nosotros en el Proyecto de Ley inicial no... no entendíamos que ocurría. Es decir, ustedes permanentemente se han negado a incorporar referencias, o aclaraciones, o contribuciones a normas que ya existen; lo cual nos parece lógico, porque, quiero decir, no tiene ningún sentido hacer una ley que no mejore lo que ya existe. Y en algún caso -como la última enmienda a la que usted hacía referencia en su explicación-, en algún caso incluso entendemos que empeora lo que existe en la Ley general. Por eso pedíamos que, en el peor de los casos, el texto de nuestra Ley quede exactamente igual que como está en la Ley general. Ustedes no lo ven así, desde luego. Entiendo que éstos son los aspectos en los cuales tenemos nuestras diferencias.

Desde luego, el Grupo Socialista ha hecho un esfuerzo por que buscáramos ese acuerdo. De hecho, de las ochenta y cuatro enmiendas iniciales, sólo han venido treinta y nueve a este Pleno; una parte importante retirada simplemente por la voluntad de que... de que se viera ese esfuerzo de retirar esas enmiendas. Algunas se han consensuado, lo cual nos parece positivo. De hecho, bueno, he dicho anteriormente que nosotros vamos a apoyar esta Ley; vamos a apoyar esta Ley, pero vamos a abstenernos en la votación; quiero decir, no vamos a votar en contra de... de la Ley, porque sí entendemos que el texto final, en el trabajo que hemos realizado, ha mejorado en este... en este proceso. Pero entendemos que se ha perdido la oportunidad de sentar las bases que en un posterior desarrollo hubiera permitido, realmente, sentar las bases de defensa de los consumidores, cosa que no se ha hecho.

O sea, nosotros pensamos que el Grupo Popular ha actuado con un excesivo... cautela, una excesiva cautela en la elaboración de esta Ley, que la deja coja; lo cual no nos satisface plenamente como nos hubiera gustado, el que hubiera salido una ley que realmente hubiera añadido un plus a lo que ya existía.

No comparto su... su reiterada insistencia en que introducimos términos imperativos. Nosotros -como le decía al principio- hemos apostado porque esta Ley fuera de defensa de los consumidores, y eso implica que tenga algunos imperativos. Desde luego, nosotros hemos retirado algunos términos imperativos en las enmiendas que hemos retirado; pero entendemos que si la Ley no es neutra, si la Ley no se pretende que sea neutra -y no queremos, desde luego, que esta Ley sea neutra, sino que apueste claramente por la defensa de los consumidores-, tiene que tener, necesariamente, términos imperativos. Y, en consecuencia, entiendo que ahí están nuestras discrepancias con ustedes, y eso es lo que motiva nuestra posición final en esta Ley.

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Yo no sé si aprovechar este turno para decir exactamente cuál va a ser nuestra posición con respecto a las enmiendas de los otros Grupos. Desde luego, vamos a apoyar con carácter global las enmiendas del resto de los Grupos. Nos abstendríamos en tres de las enmiendas del señor Otero y en las enmiendas que hacen referencia al Instituto Regional de Consumo, de Izquierda Unida, porque entendemos que la competencia fundamental de la Comunidad en materia de consumo es la inspección, y la inspección no puede gestionarla un Instituto. Con lo cual, entendemos que es un tema que habría que madurar más, porque nos parece que sería crear un órgano -por lo menos en este momento- que no conoceríamos muy bien cuál sería la eficacia del órgano. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. Señor Cot, para dúplica.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Muchas gracias, Presidente. Bueno, pues en este último turno, lo que yo quiero que no quede en la mente de... que no quede ninguna duda, señores Parlamentarios, de que la Ley cumple los objetivos para los que se ha creado.

Que el no aceptar... el que no hayamos llegado a un consenso, que fue propiciado en un principio por el Grupo Socialista, y al que... y que aceptó de muy buena gana el Grupo Popular, pues al final, a lo largo de la Ponencia y la enmienda, lo mismo que ha sido mayor confluencia con otros Grupos con los que no se había hablado, pues con el Grupo Socialista ha sido un poco... un poco la dirección contraria; y, de hecho, se han aceptado un gran número de enmiendas, que yo pienso que eran de matiz, como lo son la mayor parte de las que quedan vivas.

Pero yo vuelvo a insistir que esa sensación... -que, de las doscientas treinta y nueve enmiendas, todavía sigan vivas y vayamos a votar, pues, aproximadamente un 40%- no es reflejo de la realidad de una Ley eminentemente técnica; de una Ley en que nadie es más que nadie en lo que es materia de defensa de los consumidores; de una Ley que viene de la mano del Artículo 51 del texto constitucional, tan celebrado en estos días, y de las normas de la Unión Europea, y de las propias competencias transferidas a nuestra Autonomía; y una Ley que tiene como único y primordial objetivo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León. Una Ley que sí supone un compromiso de los poderes públicos en la defensa de los derechos de los consumidores, que aporta -como bien decía- una nueva definición del consumidor que es realmente novedosa y acorde con la moderna concepción del concepto. Una Ley que fija las conductas que van en contra de los derechos, que establece unas sanciones que consideramos adecuada. Que regula una labor de inspección y la coordinación de las distintas inspecciones que atañen a materia de consumo. Que hace la previsión de unos laboratorios o centros de análisis, que van a ser un instrumento fundamental para analizar los bienes y los productos que son objeto del consumo.

Y, en definitiva, con esta Ley consideramos que las acciones necesariamente coordinadas y desarrolladas a través del marco que la Ley establece, y a través del desarrollo reglamentario, en el que confiamos y del que el Grupo Popular estará pendiente y reclamará de la Dirección General que siga ese camino obligatorio del desarrollo reglamentario, se consigue lo que decía en un principio, que es lo primordial: mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y por eso creemos, y en nombre del Grupo Popular así lo manifiesto, que hoy todos los consumidores de Castilla y León deben felicitarse por la aprobación de esta Ley en los términos en que se recoge en el Proyecto. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, Señoría. A continuación se va a proceder a la votación de estas enmiendas.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Decaídas las enmiendas que había presentado la señora Farto, se someten a votación las que ha defendido doña Elena Pérez. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y cinco. Votos a favor: veinticuatro. En contra: cincuenta. Y abstenciones: una. Quedan rechazadas.

Se someten a votación las cuatro enmiendas del Procurador Otero Pereira. ¿Votos a favor?

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Señor Presidente, nuestro Grupo quería pedir que las Enmiendas 8, 6 y 9 se votaran separadas de la 2.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): O sea, la 2 por un lado y luego... Se vota la Enmienda número 2 del Procurador Otero Pereira. ¿Votos a favor de esta Enmienda? ¿En contra? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. A favor: veintiocho. Y en contra: cincuenta. Queda igualmente rechazada esta Enmienda número 2.

Se someten ahora a votación las Enmiendas 6, 8 y 9 del señor Otero. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. Uno a favor, cincuenta en contra y veintisiete abstenciones. Quedan también rechazadas.

Se someten ahora a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Presidente, también pedíamos que hubiera voto separado de las enmiendas que hacen referencia al Instituto Regional de Consumo, que son la 72, 80, 91, 83, 84, 85 y 88.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Me puede repetir, por favor?

ALONSO DÍEZ

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Setenta y dos, 80, 91, noventa y... 83 -perdón-, 84, 85 y 88.

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EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Se someten a votación este bloque de siete enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Perdonen. Tengo que repetir esta votación. Se votan las siete enmiendas que, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ha pedido votación separada. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y nueve. Cuatro a favor, cuarenta y nueve en contra y veintiséis abstenciones. Quedan rechazadas.

Y se votan ahora el resto de las enmiendas defendidas por el Grupo de Izquierda Unida. ¿Votos a favor? Por favor, es que no... no responden al... ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y nueve. Veintiocho a favor, cuarenta y nueve en contra y dos abstenciones. Quedan, también, rechazadas.

Las del Grupo Parlamentario Socialista, ¿se pueden votar todas en su conjunto? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y ocho. A favor: veintiocho. En contra: cincuenta. Y abstenciones: una. Quedan también rechazadas estas enmiendas.

Y se somete a votación, en primer lugar, la enmienda técnica, de corrección técnica, a la Disposición Adicional Tercera, presentada por los cuatro Grupos Parlamentarios con representación en la Cámara. ¿Se aprueba por asentimiento esta enmienda? Queda aprobada.

Y, ahora, se vota el Proyecto de Ley en su conjunto, esto es, los Artículos 1 a 41, sus Adicionales Primera a Sexta, la Transitoria, la Derogatoria y las Disposiciones Finales Primera y Segunda. Así como la Exposición de Motivos y el Título de la Ley. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación. Votos emitidos: setenta y nueve. Cincuenta a favor. Seis en contra. Y veintitrés abstenciones. En consecuencia, y concluidas las votaciones, queda aprobada la Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León.

Pasamos al decimocuarto punto del Orden del Día...

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Presidente, Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...que el señor...

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): ...¿me permite un momentito?

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...Perdón. El señor Consejero de Industria tiene la palabra.

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Simplemente tomo la palabra para agradecer a todos los Grupos Parlamentarios el interés, el trabajo y el esfuerzo que han realizado por intentar alcanzar un consenso. Soy consciente de que no es unánime el consenso, pero creo que disponemos de un buen texto de Ley para los consumidores de Castilla y León. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Pasamos entonces, como decía, al decimocuarto punto del Orden del Día, que el señor Secretario dará lectura.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimocuarto punto del Orden del Día: "Debate y votación del Dictamen de la Comisión de Presidencia en el Proyecto de Ley de Creación del Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados de Enfermería en Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Va a presentar el Proyecto de Ley la Junta? Pues bien, no habiéndose presentado enmiendas ni votos particulares a este Proyecto de Ley sobre la Creación de Colegios Profesionales de Diplomados en Enfermería en Castilla y León esta Presidencia, y de acuerdo con el parecer expresado por la Junta de Portavoces, somete directamente a votación el Proyecto por el procedimiento de asentimiento. ¿Se aprueba por asentimiento? Gracias. Queda aprobado. ¿Algún Grupo desea consumir explicación de voto?

SÁNCHEZ VICENTE

EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Que no se aprueba por asentimiento porque el Grupo de Izquierda Unida va a abstenerse.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Entonces, sometemos el Proyecto a votación, previamente, antes de la explicación de voto. Vamos entonces a proceder a su votación. ¿Votos a favor de este Proyecto de Ley? Gracias. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Setenta y nueve votos emitidos. Setenta y cinco a favor. Ninguno en contra. Y cuatro abstenciones. Quedando, por lo tanto, como decía, aprobado este Proyecto de Ley.

Para explicación de voto, por Izquierda Unida, señor don Santiago Sánchez Vicente tiene la palabra.

SÁNCHEZ VICENTE

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EL SEÑOR SÁNCHEZ VICENTE: Señor Presidente, muy brevemente. Las razones por las que nos hemos abstenido. Ya pusimos de manifiesto, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ya puso de manifiesto cuando se discutió la Ley de Colegios Profesionales que no nos parecía acertado el instrumento que se seguía para defender los intereses de estos profesionales; a nosotros nos parece que este papel ya viene perfectamente desempeñado por los sindicatos y, por tanto, la creación de estos Colegios, en definitiva, lo entendemos como un fomento del corporativismo.

En segundo lugar, porque en el propio... en la Exposición de Motivos, nos parece absolutamente fuera de lugar, nos parece absolutamente fuera de lugar lo que se dice en la Exposición de Motivos, que con la creación de este Colegio... se dice: "procede a la creación de este Colegio porque redundará en beneficio de la salud, la sanidad, la vida y la integridad de los castellanos y leoneses". A nosotros nos parece que como la salud, la sanidad y la vida y la integridad de los castellanos y leoneses dependa del funcionamiento de este colegio, apañados van los castellanos y leoneses en esta materia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Por el Grupo Socialista, doña Inmaculada Larrauri tiene la palabra.

LARRAURI RUEDA

LA SEÑORA LARRAURI RUEDA: Sí, gracias, señor Presidente. Nosotros, desde el Partido Socialista, desde el Grupo Socialista, queremos hacer una observación y una llamada de atención en esta Cámara ante esta Ley que más bien nos parece... o queremos demostrar la cabezonería del Partido Popular, por no decirle necedad, me voy a explicar y me van a entender ustedes perfectamente. Esta cabezonería, esta cabezonería que ha llevado a dilatar en el tiempo y en la forma la creación del Consejo de Colegios Profesionales de Diplomados de Enfermería de Castilla y León. Y digo esto porque cuando en su día se debatió la Ley de Colegios Profesionales, y que es la base de la que hoy hemos aprobado, el Grupo Parlamentario Socialista presentó varias enmiendas al Artículo 19 que planteaban la creación, que la creación de los Colegios Profesionales se regulara en la misma Ley y no en otra aparte.

También planteábamos que no era necesario legislar la creación de cada consejo profesional, uno a uno, sino que con la agrupación de Colegios Profesionales era suficiente, ya que se retrasa mucho el proceso. Y, miren ustedes por donde, el tiempo ha venido a darnos la razón: el retraso es evidente y, de aquellos polvos, vienen estos lodos. La Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León data de julio del noventa y siete; en marzo del noventa y ocho la Junta aprueba este Proyecto de Ley mediante el cual se pretendía crear el Consejo, y han pasado ocho meses hasta su aprobación en estas Cortes. Ocho meses en una Ley que tiene dos artículos, una Disposición Adicional y una Disposición Final, y para la que nadie hemos presentado enmiendas, salvo que ha habido algún defecto de forma.

Yo ya sé que el señor Portavoz, probablemente, me vaya... -del Partido Popular-, me vaya a decir que es remitirnos muy atrás. Pero para no volver a cometer errores, Señorías, llamo la atención, ya que esta creación del Consejo ha sido demandada por los representantes de los Colegios... Y se ha dilatado una situación irregular que se venía padeciendo desde hace más de seis años que venía funcionando los representantes de estos colegios, a nivel de Consejo venían funcionando como gestora -y así lo expliqué en su día en la Comisión-, y, además, estaban recibiendo subvenciones de la Junta para actividades de docencia y formación.

En ese sentido, explicamos nuestro voto: la apoyamos y la hemos apoyado en el sentido de dar cobertura legal a una situación que se venía sucediendo anómala.

Por lo tanto, y ahí va la reflexión, sirva a modo de reflexión -valga la redundancia- este ejemplo, ya que la tozudez es mala Consejera, y nos va a llevar ahora a elaborar una Ley para cada colectivo de profesionales que reúnan los requisitos y lo demanden; lo que implica, a nuestro juicio, una pérdida de tiempo y de dinero de todos los contribuyentes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nieto.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señor Presidente. Nuestro Grupo Parlamentario, como es obvio, tiene que estar de acuerdo con el Proyecto de Ley que acabamos de aprobar, porque nuestro Grupo Parlamentario apoyó íntegramente la Ley de Colegios Profesionales en su día.

Replantear una vez más, y cada vez que surja la creación de un Consejo de Colegios, los contenidos de la Ley, intentar modificar desde una explicación de voto la legislación básica del Estado, es reiterar continuamente argumentos que quedan absolutamente caducos.

Por tanto, no entendemos cómo se puede votar a favor, pero criticar en el origen una cosa que está resuelta en la Ley; y nosotros vamos a apoyar la creación de todos los Consejos que, como en este caso, cumplan los requisitos que la propia Ley establece.

Y añadimos, además, que el tiempo que se tarde en la creación de los Consejos desde que los propios Colegios ejerzan la iniciativa dependerá, única y exclusivamente, de que los Colegios presenten la documentación en forma; y, una vez presentada esa documentación, la tramitación del Proyecto será inmediata. Nada más, muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. Pasamos al decimoquinto y último punto del Orden del Día.

HERREROS HERREROS

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EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Señor Presidente. En relación con este punto el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se va a retirar, porque ya hemos sido retirados previamente por los acuerdos establecidos entre los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Secretario, procederá a dar lectura a dicho punto.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Décimo quinto punto del Orden del Día: "Designación de los miembros de los Consejos Sociales de las Universidades de Castilla y León a los que se refiere el Artículo 8.1.a) de la Ley 2/88, de cuatro de junio".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): De acuerdo con lo dispuesto en la norma segunda de la Resolución que esta Presidencia dictó con fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la Mesa de la Cámara, en su reunión del siguiente día veintisiete de noviembre actual, aceptó las propuestas de candidatos a los Consejos Sociales para tres de las Universidades de Castilla y León -concretamente, Valladolid, León y Salamanca-, y que han sido formuladas por los distintos Grupos Parlamentarios. El señor Secretario dará lectura a dichas propuestas de candidatos presentadas para el Consejo Social de la Universidad de Valladolid.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): En el Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León pone... propone como candidatos para Vocales del Consejo Social de la Universidad de Valladolid a don Lucio Gabriel de la Cruz y a don Francisco Fernández-Prida Migoya. Y el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León propone como candidato para Vocal del Consejo Social de la Universidad de Valladolid a don Javier Corral Suárez.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Del mismo modo, el señor Secretario dará lectura a las candidaturas presentadas para el Consejo Social de la Universidad de León.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): El Grupo Parlamentario Popular propone como candidatos para Vocales del Consejo Social de la Universidad de León a don Urbano González-Santos y Díaz-Caneja y don José Manuel Álvarez Fernández. Y el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de las Cortes de Castilla y León propone como candidato para Vocal del Consejo Social de la Universidad de León a don Secundino Prieto Tercero. Y el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León propone como candidato para Vocal del Consejo Social de la Universidad de León a don Justo Lombraña Martín.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor Secretario dé lectura también a la propuesta de candidatos presentadas para el Consejo Social de la Universidad de Salamanca.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Por el Grupo Parlamentario Popular propone como candidatos para Vocales del Consejo Social de la Universidad de Salamanca a don Pablo Beltrán de Heredia Onís y don Benito Blanco Prieto. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida propone como candidato para Vocal del Consejo Social de la Universidad de Salamanca a don Abel Sánchez Martín. Y por el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León propone como candidato para Vocal del Consejo Social de la Universidad de Salamanca a don Agustín Muñoz Cidad.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): En cumplimiento de lo establecido en la norma cuarta de la Resolución de Presidencia antes citada, los señores Procuradores podrán escribir en cada papeleta hasta tres nombres que se depositarán en las correspondientes urnas: la de Valladolid, con la papeleta y urna blanca; la de León, papeleta y urna verde; y la de Salamanca, con la papeleta y urna color rosa.

Resultarán elegidos los candidatos que obtengan el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. En caso de que no fuese así, se repetirían las votaciones.

En consecuencia, el señor Secretario irá nombrado por orden alfabético a los señores Procuradores, a fin de que se acerquen a depositar sus votos en sus papeletas, cada una de ellas en la urna correspondiente. Si necesitan que demos algún plazo para escribir las mismas y, si no, comenzamos el llamamiento.

(El Secretario, señor Fernández Merino, procede al llamamiento, por orden alfabético, de los señores Procuradores para que depositen su papeleta.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Procedemos al escrutinio, comenzando por las papeletas de la Universidad de Valladolid.

(El Vicepresidente de la Mesa, señor Zamácola Garrido, procede al escrutinio de los votos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Resultado de las votaciones. Votos emitidos en todas las urnas: setenta y dos.

Para la Universidad de Valladolid han obtenido setenta y un votos don Lucio Gabriel de la Cruz y don Javier Corral Suárez, y setenta votos don Francisco Fernández-Prida Migoya; quedando los tres designados Vocales del Consejo Social para dicha Universidad de Valladolid.

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Para la Universidad de León, los tres candidatos, con setenta y un votos. Quedan designados como Consejo... como Vocales del Consejo Social don Urbano González Santos y Díaz Caneja, don José Manuel Álvarez Fernández y don Justo Lombraña Martín.

Y para la Universidad de Salamanca, ha obtenido setenta y dos votos don Agustín Muñoz Cidad, y setenta y uno don Pablo Beltrán de Heredia Onís y don Benito Blanco Prieto; quedando los tres igualmente designados como Vocales del Consejo Social de esta Universidad.

Por último, y antes de levantar la Sesión, esta Presidencia va a dar lectura a una declaración institucional que las Cortes de Castilla y León hacen con ocasión del vigésimo aniversario de la Constitución Española.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Señor Presidente. Discúlpeme. Es un poco por un rigor de votación. Le ruego que hagan un recuento de votos, porque creo que no están bien contados.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Me quiere decir dónde puede estar el error, para facilitarnos la labor?

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Sí, señor Presidente. Debido al voto distinto del Grupo Mixto, es imposible que haya unanimidad en las dos últimas Universidades, León y Salamanca.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Pues no. Se lo voy a explicar. En una papeleta hay un solo voto para Agustín Muñoz Cidad, y en otra papeleta hay un solo voto para los otros dos candidatos. En consecuencia, quedan los tres con los mismos votos.

(Murmullos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señores, guarden silencio, por favor. Ésta será y sería... o será la declaración institucional que las Cortes de Castilla y León, en el vigésimo aniversario de la Constitución Española.

"El próximo seis de diciembre van a cumplirse veinte años desde la aprobación en referéndum de la Constitución de mil novecientos setenta y ocho. Se trata de una fecha relevante, pues no han sido frecuentes en la historia española períodos de vigencia tan significativos.

La Constitución de mil novecientos setenta y ocho simboliza especialmente el tránsito pacífico hacia la democracia, poniendo fin a un largo período autoritario. Su elaboración por consenso de las fuerzas políticas y su ratificación amplísima mayoritaria por los ciudadanos fueron, sin duda, y lo siguen siendo, los máximos avales de un texto que expresaba las aspiraciones de los españoles y su deseo de superar el pasado a través de los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.

A lo largo de estos veinte años, nuestra Carta Magna ha garantizado la convivencia pacífica entre los españoles, ha posibilitado la alternancia política, ha servido de cauce para el progreso de nuestro país y para su integración en los ámbitos internacionales, y ha constituido un cuerpo legal que posibilita el acceso a derechos sociales de interés general para los ciudadanos.

De forma especial, la Constitución de mil novecientos setenta y ocho, a través de un singular modelo de organización territorial, ha permitido iniciar la andadura autonómica de los pueblos que integran España.

Por encima de las legítimas valoraciones que al respecto puedan hacerse, es un hecho cierto que el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, contemplado en el Artículo 2 y desarrollado en el Título VIII, ha contribuido decisivamente a la expresión de las diversas identidades y al logro de importantes niveles de autogobierno. En nuestro caso concreto, la configuración de Castilla y León como Comunidad Autónoma y su propio desarrollo institucional no se podrían entender correctamente sino desde el citado modelo constitucional de organización del Estado, que, por su carácter abierto y progresivo, ha permitido, mediante sucesivas reformas del Estatuto de Autonomía -como la que se está produciendo en coincidencia con esta efemérides- avanzar en la capacidad de autogobierno.

Las Cortes de Castilla y León, a la vez que expresan su reconocimiento al Texto Constitucional con ocasión de su veinte aniversario, afirman la validez de un modelo de organización institucional y territorial concebido, tanto para el reconocimiento de lo propio y para el ejercicio efectivo de la cohesión, como para el logro de la solidaridad entre todos.

Reiteramos nuestra convicción de que sólo la voluntad mayoritaria de los españoles en su conjunto es titular de la soberanía para llevar a cabo cualquier propuesta de reforma de la Constitución, a través de los mecanismos establecidos en la misma, y con el mismo nivel de consenso que se logró en su redacción.

Desde Castilla y León, en fin, queremos seguir contribuyendo a aumentar el progreso y la cohesión de España y su protagonismo en el contexto europeo. Es el mejor homenaje que podemos hacer a la Constitución Española en la celebración de los veinte años de su vigencia."

¿Se aprueba por asentimiento este comunicado o declaración institucional? ¿Se queda aprobado? Muchas gracias. Y se levanta la sesión.