DS(P) nº 9/4 del 17/11/1995

VILLANUEVA RODRÍGUEZ

EL SEÑOR CONSEJERO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (SEÑOR VILLANUEVA RODRÍGUEZ): Gracias, Presidente. Señorías. Me cabe la satisfacción de acceder a esta tribuna para presentar el Proyecto de Ley de Equipamientos Comerciales, dando cumplimiento así a la promesa del Presidente de la Junta de Castilla y León y satisfaciendo al mismo tiempo una anhelada pretensión del sector comercial de nuestra Comunidad.

El Proyecto puede definirse con tres calificativos: oportuno, necesario y suficiente. Es oportuno, porque es en este momento cuando se requiere un tratamiento normativo para las cuestiones contempladas, con especial mención a la implantación de las grandes superficies en Castilla y León. Necesario, ya que desde la óptica espacial debe regularse el ejercicio de la actividad comercial en todos los elementos que integran los equipamientos comerciales. Y suficiente, porque el tratamiento participativo que el proyecto otorga tanto a los particulares como a las Corporaciones Locales, en todos los procedimientos establecidos, garantiza la colaboración de todos los estamentos implicados.

Con anterioridad al actual proyecto, la Consejería competente elaboró un texto relativo a la actividad comercial en Castilla y León que adoptó la forma completa de anteproyecto de Ley Comercial, contemplando la regulación de aspectos tales como los requisitos para el ejercicio del comercio, horarios, rebajas, nuevas modalidades de venta, etcétera, y que fue dado a conocer a los sectores implicados para su debate.

En el verano del noventa y tres, las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional acerca de las leyes homónimas de Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana, así como el alcance definitivo de la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, obligaron a un replanteamiento del citado texto. Se optó así por contemplar el aspecto comercial desde una óptica distinta: el emplazamiento físico de la actividad comercial. En otras palabras: regular los espacios físicos donde la actividad se desarrolla con una perspectiva urbanística, ámbito competencial que sí nos otorga el ordenamiento jurídico.

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León en su artículo 26, apartados 2 y 21, atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, respectivamente, las competencias exclusivas en materia de urbanismo y fomento del desarrollo económico. La situación actual del sector comercial pone de manifiesto la necesidad de una reforma en el mismo que contribuya a la mejora y racionalización de las estructuras comerciales en nuestra Comunidad, facilitando el ordenamiento adecuado de los equipamientos comerciales, potenciando de esa manera la libertad de elección de los consumidores.

Así, la Ley plantea una ordenación espacial del comercio que, mediante la adecuada planificación urbanística, permita garantizar y proteger el ejercicio de la libertad de empresa y la mejora de la productividad en el ámbito de la distribución.

La efectiva contribución de la actividad comercial al desarrollo de la vida urbana determina su importancia en el seno de un urbanismo que, integrado en todos aquellos aspectos de aquélla, debe de plasmar en los mecanismos legalmente establecidos sus necesidades.

La nueva ordenación debe contemplar localizaciones idóneas que satisfagan las necesidades de emplazamiento y accesibilidad adecuada a la dimensión de los establecimientos y nuevas técnicas de venta.

El desarrollo de la actividad comercial determina necesidades espaciales condicionadas por múltiples variables que la presente ley pretende regular, procurando el necesario equilibrio entre los distintos intereses en juego, sometiendo la implantación a una normativa urbanística con una intervención municipal más acusada, respetando su autonomía y otorgando a los posibles afectados un procedimiento administrativo con un mayor grado de participación.

Y quiero recalcar el mantenimiento del máximo respeto a la autonomía de las Corporaciones Locales intervinientes.

Por lo que se refiere a su tenor, por vez primera se define en una norma jurídica en nuestra Comunidad el contenido de los equipamientos comerciales, entendiéndose por tales la dotación integrada básicamente por establecimientos comerciales mayoristas y minoristas, grandes superficies y mercadillos.

Mediante esta norma de rango legal, las ventas directas realizadas por el propio fabricante al consumidor final en instalaciones industriales y productivas sólo son autorizadas cuando se realicen en local anexo habilitado al efecto y debidamente autorizado para el ejercicio de la actividad comercial, ya que tales instalaciones no tienen la consideración de equipamientos comerciales.

(-p.331-)

Ésta es una demanda generalizada en el comercio minorista para evitar situaciones que pueden implicar competencia desleal, sin regular de esta manera directa, ya que es una competencia exclusiva del Estado.

Respecto a las ventas llevadas a cabo en domicilios, el Proyecto contempla una intervención administrativa sobre dos consideraciones básicas: por un lado, limitando las ventas en domicilios -que tienen su pujanza a partir de la entrada en vigor del denominado "Decreto Boyer"- y que suponen una actividad que en un considerable número de casos roza la clandestinidad, sin que los respectivos ayuntamientos puedan controlarlos, o, en caso de hacerlo, de manera total no puedan comprobar la adecuación de los correspondientes epígrafes tributarios con la actividad real ejercida.

No se puede olvidar tampoco que los requisitos urbanísticos de los municipios implican determinadas exigencias -ubicación en plantas concretas, acceso independiente a partir de determinadas superficies, etcétera- que no se pueden materialmente cumplir, por lo que es, en muchos de los supuestos, inviable jurídicamente el otorgamiento de la preceptivas licencias municipales, así como la comprobación de los materiales que en su caso se puedan almacenar, dando lugar a potenciales amenazas para la seguridad y salubridad de los ciudadanos.

Por otro lado, este tipo de venta, por su propia naturaleza, tan sólo debe contemplarse como un complemento en el caso de insuficiencia de dotación equipacional.

Éste no es el supuesto de Castilla y León donde existen establecimientos comerciales suficientes como para atender la demanda. En este sentido, baste recordar que en nuestra Comunidad se encuentran inactivos o vacíos cerca del 22% de los locales existentes.

Otro de los puntos que aborda la norma es el de los mercadillos municipales. En el Proyecto se establece que los Ayuntamientos deberán autorizar expresamente las ventas que se lleven a cabo en mercadillos, determinando el número de puestos de cada uno y el tipo de productos que pueden ser objeto de la misma, de conformidad con la normativa vigente en materia de ventas fuera del establecimiento comercial permanente.

La participación de los comerciales en este apartado está garantizada a través de sus representantes, ya que se precisa informe previo del Consejo Castellano Leonés de Comercio que versará sobre su necesidad, conveniencia y posible número de puestos.

Con carácter ilustrativo, puedo señalar a Sus Señorías que en Castilla y León existen cincuenta y nueve mercadillos censados en municipios con una población superior a cinco mil habitantes, que agrupan un total de cinco mil novecientos sesenta y cinco puestos, de los cuales el 63,8% de los puestos son destinados a actividad textil, de confección y de calzado. El empleo medio por puesto es de 1,59 personas, 1,56 a cargo de propietarios familiares, y 0,03 por asalariados. Y la facturación regional en mil novecientos noventa y tres fue de 9.000 millones de pesetas.

Por lo que respecta a las grandes superficies, su emplazamiento tiene dos puntos de referencia muy claros: tráfico circundante y condiciones de acceso. Casi todas las ubicaciones responden a tales premisas y se resumen en emplazamientos de periferia, en el entorno de carreteras de acceso al núcleo urbano o con un gran tráfico, y emplazamiento en el propio núcleo urbano con fácil acceso para los consumidores del área.

Tal implicación urbanística conlleva la voluntad de conseguir la ordenación de los elementos físicos en los que se llevan a cabo las actividades comerciales y de distribución, para lo que se ha creado la figura del plan de equipamientos con la finalidad de conseguir los siguientes objetivos:

En primer lugar, un nivel adecuado de equipamiento comercial y una correcta distribución territorial de los establecimientos comerciales.

En segundo lugar, la protección de la actividad comercial en las poblaciones con especial referencia a los centros urbanos de sus cascos históricos.

En tercer lugar, la realización de la actividad comercial en establecimientos comerciales permanentes, admitiéndose la venta en viviendas de carácter complementario en los supuestos de carencia en los equipamientos colectivos de cada población, potenciándose el equipamiento consistente en recintos específicos para tal comercio permanente o, en su caso, ambulante.

Así mismo, la introducción de forma progresiva y armónica de nuevos sistemas de venta, manteniendo el necesario equilibrio de la estructura comercial dentro de una perspectiva que potencia las pequeñas y medianas empresas. La satisfacción de las necesidades de los consumidores protegiendo sus intereses legítimos, la garantía de la seguridad, salubridad y demás condiciones de los establecimientos comerciales, y la creación de nuevos empleos alternativos en el sector del comercio y el mantenimiento de los existentes adaptándolos a las nuevas estructuras de distribución comercial, así como a las exigencias sociales, manteniendo un equilibrio adecuado en la estructura comercial.

La Junta de Castilla y León, tal y como señala el Proyecto, aprobará un Plan de Equipamiento Comercial de Castilla y León.

Tanto en este apartado como en los restantes, objeto de tratamiento legal, la participación del sector comercial queda plenamente garantizada ya directamente o a través de sus asociaciones representadas en el Consejo Castellano Leonés de Comercio, institución que tiene un alto grado de contribución.

(-p.332-)

Hasta tanto sea aprobado el Plan y en su aplicación sean, en su caso, modificados los instrumentos de planeamiento, el cumplimiento de la norma se garantizará mediante el sometimiento de la instalación de grandes superficies a un plan especial que tendrá como finalidad la ordenación de las infraestructuras básicas relativas al sistema de acceso, comunicaciones, equipamiento comunitario, abastecimiento de agua y saneamiento, instalaciones y redes necesarias para el suministro de energía, y otras de análoga naturaleza derivadas de la instalación de la gran superficie.

No existe una regulación transitoria, siendo de directa aplicación la obligatoriedad de elaborar el plan especial con la entrada en vigor de la Ley.

Para finalizar, me gustaría hacer hincapié en la perspectiva espacial de la ley, la cual no ha entrado a regular cuestiones que siempre han sido de competencia exclusiva del Estado, o aquellas otras sobre las que existiendo dudas sobre el margen de actuación de las Comunidades Autónomas, el Tribunal Constitucional ha despejado la duda en sentido restrictivo.

En definitiva, el texto que hoy someto a su consideración tiene una estructura lógica, pretende una regulación de los espacios físicos donde se desarrolla el comercio, que, sin atentar contra ningún principio constitucional, pretende coadyuvar en la implantación de unas medidas que hagan posible la sana competencia y el necesario equilibrio entre distintas dimensiones empresariales del sector comercial. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Consejero.

Vamos a entrar en el debate y votación de la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que propone la devolución del Proyecto de Ley a la Junta.

A favor de esta Enmienda, el señor Procurador don Antonio de Meer, como Portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Intervengo para defender la Enmienda a la Totalidad presentada por nuestro Grupo, pidiendo la devolución a la Junta de este Proyecto de Ley.

Y ¿por qué presentamos y defendemos esta Enmienda? Porque nosotros consideramos que esta Ley es una propuesta ineficaz. Es simplemente una cortina de humo, porque su objetivo final, su objetivo final -inconfesado e inconfesable- es mantener el actual desorden en la implantación territorial de las actividades comerciales en nuestra Comunidad Autónoma, intentando -eso sí- contentar a todo el mundo, diciendo a los pequeños comerciantes que se les va a proteger, que se está con ellos, y al mismo tiempo diciendo -eso sí, al oído- a los grandes comerciantes que se les garantiza que van a seguir como hasta ahora. Y para eso se inventa... lo que hace la Ley es establecer procedimientos burocráticos, prácticas dilatorias, para que todo siga igual, aplicando la vieja táctica de que todo cambie para que todo siga igual.

Porque la situación actual, ¿cuál es? Que la Junta ha apostado decididamente por mantener el desorden en las implantaciones comerciales en la Comunidad Autónoma, por tolerar la implantación desordenada de grandes superficies en todos los municipios grandes de la Comunidad Autónoma. Porque todas las que existen ahora, todas las que se implantan y las que se van a implantar están previstas bien en los planes generales urbanísticos aprobados por la Junta de Castilla y León, o bien en las modificaciones expresas que día a día aprueba la Junta de Castilla y León para su emplazamiento. Porque, ¿de qué otra manera se explican las grandes superficies recién instaladas en Burgos, por ejemplo, que han necesitado modificaciones expresas aprobadas por el Consejero de Medio Ambiente para su implantación? ¿De qué estamos hablando? Si la Junta no quiere, las grandes superficies no se pueden instalar.

Y para que esa situación se mantenga, había... hay que retrasar cualquier norma que tenga otro planteamiento, y por eso, hasta ahora, hasta finales de mil novecientos noventa y cinco la Junta de Castilla y León no ha traído a este Parlamento ninguna norma que tratara el asunto, aunque la ha prometido constantemente. ¿Por qué no trajo esta norma, esta ley, el actual Vicepresidente de la Junta, en la anterior Legislatura? ¿Y por qué aparece ahora precipitadamente? Porque ahora no queda más remedio. Ahora, la Junta no se puede quedar fuera de juego. Ahora va a aparecer una ley, una ley de las Cortes Generales, que enfoca de manera más seria, más decidida, asumiendo con mayores responsabilidades en la materia del control de las instalaciones comerciales, de los equipamientos comerciales.

(-p.333-)

Y será esta ley una ley ineficaz -decía antes-, siendo además una ley inoportuna, porque, precisamente, lo único que pretende es solaparse a una ley de las Cortes Generales -la Ley de Ordenación del Comercio-, que va a entrar en vigor antes que ésta y que afronta el problema de una manera que nosotros consideramos más adecuada, menos burocrática, incidiendo más, además, en las responsabilidades que deben asumir en la materia las Comunidades Autónomas, de la manera que tienen que intervenir: decidiendo, mojándose, no trasladando el problema -como hace esta Ley- a órganos... a órganos como el Consejo Regional de Comercio, que es un órgano, además, creado por simple Decreto, de composición ahora realmente extraña, presidido por el Consejero de Fomento, que además es discutible en su composición, porque en él están insuficientemente representadas las fuerzas sociales de la Comunidad. Y que, además, es una opción centralizadora y centralista, porque, señores Procuradores, en esta Ley ese Consejo único a reunir -suponemos en un lugar de la Comunidad Autónoma, supongamos que en Valladolid- tendrá que emitir cientos de informes, cientos de informes, para que las costureras del Bierzo, de Gredos, de Mena, o de las Vicarías, puedan vender en su casa abrigos para niños.

Así, esta Ley no sólo es ineficaz -decía antes-, inoportuna, técnicamente incorrecta, sino además centralizadora y centralista. Centralista, porque modifica, además, a la baja las competencias en materia urbanística de los Ayuntamientos, no sólo porque introduzca informes generalistas de órganos intermedios -como el Consejo al que antes me refiero, que sería lo de menos-, sino porque generaliza la implantación de grandes superficies en cualquier lugar del territorio. ¿Y cómo se hace? Pues... porque la Ley, en sus artículos octavo y noveno legitima las grandes superficies por la simple tramitación de un plan especial en cualquier sitio, de cualquier manera, con plan urbanístico o sin plan urbanístico, de acuerdo con el plan urbanístico o en contra del plan urbanístico; lo recoge expresamente la ley: en cualquier municipio -decía- del tamaño que sea y en cualquier sitio, aunque sea en un espacio natural.

Los planes urbanísticos especiales que la ley presenta como instrumento de control no son tal; son instrumentos de tolerancia y de permisividad. Legalizarán todo en cualquier sitio y de cualquier manera.

Esta ley ineficaz, inoportuna, técnicamente incorrecta, centralizadora, centralista, antimunicipalista, es, además, burocratizadora, pues eso es la creación de un Plan General de Equipamiento Comercial único para toda la Comunidad Autónoma; un plan único que no contempla ninguna diferencia territorial de nuestra Comunidad, las características de las comarcas, los problemas de las grandes ciudades y de sus áreas de influencia, los territorios con problemas específicos. Es que todo es igual, es que esto es un territorio homogéneo y a ese plan que es unitario, ese plan monolítico, tendrán que ajustarse además todos los planeamientos urbanísticos de todos los municipios de la Comunidad... Los planes generales, que -curiosamente- no los planes especiales, que permitirán la instalación de grandes superficies. Y se deberán ajustar, además, los planes sólo en lo que se refiera a la venta en pisos, que es, con los planes urbanísticos, lo único que tiene incidencia real el plan general comercial; para nada más vale.

Porque la Ley, además, es una Ley únicamente coercitiva, no es una Ley que tenga nada en positivo, nada de apoyo real a los subsectores comerciales en crisis o con dificultades: ningún compromiso real, ningún compromiso económico; ninguna línea de apoyo se crea ni a los centros urbanos, ni a los cascos históricos, ni a los ejes dinámicos de nuestras ciudades, ni a los centros turísticos, ni a las áreas de frontera; ni contemplan las especificidades del comercio rural, ni habla de áreas comerciales protegidas, ni de mercados municipales. De nada de eso habla... se habla en el Proyecto de Ley que debatimos aquí ahora. No tiene nada positivo, ningún compromiso real de la Junta se encuentra en ella.

Por ello, esta Ley, en nuestra opinión, no debe seguir adelante, porque es una Ley que, además, pone en peligro a los sectores en crisis del comercio de nuestra Comunidad. Y para defenderlos, es necesario replantear la Ley tan pésimamente heredada de la anterior Legislatura y que hoy nos ha traído aquí el Consejero de Industria. Hacer un texto nuevo, un texto que no sea simplemente una cortina de humo, un texto que no sea simplemente para salir del paso, un texto que intente dar, en lo que se pueda, soluciones eficaces a los problemas reales del sector del comercio en Castilla y León.

Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias. ¿Algún Grupo desea consumir un turno en contra a la Enmienda? Don Juan Cot, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Gracias, Presidente. Señorías.

Intervengo en nombre del Grupo Popular de estas Cortes para argumentar, breve y esquemáticamente, las razones para rechazar la Enmienda a la Totalidad del Proyecto de Ley de Equipamientos Comerciales promovida por el Grupo Parlamentario Socialista. Y quiero hacerlo ciñéndome, en la medida de lo posible, al literal de la referida Enmienda a la Totalidad.

El Grupo Socialista fundamenta su Enmienda con argumentos que verdaderamente no se corresponden ni con el contenido ni con el espíritu del Proyecto de Ley, y, en todo caso, no se ajustan a la realidad de lo que el texto regula.

Y, de esta forma, se afirma que el Proyecto que el Gobierno Regional remite a estas Cortes renuncia a convertirse en un instrumento eficaz de ordenación del comercio en la Región, al no tratar temas tan importantes como la regulación de los horarios comerciales, la venta ambulante, la prevención de la competencia desleal y la participación de consumidores y comerciantes. Se renuncia -también según la Enmienda- a establecer una planificación territorial adecuada. Y también se aduce que el Proyecto de Ley interfiere en las competencias de las Corporaciones Locales, mezclando los procedimientos urbanísticos con la planificación comercial, al mismo tiempo que atenta contra el principio de libertad de empresa.

Ante esta serie de argumentos, yo creo que vamos a ir por partes. Con el Proyecto de Ley de Equipamientos Comerciales, nuestro Gobierno -como viene siendo norma de funcionamiento- no renuncia a nada que esté dentro del ámbito competencial de nuestra Comunidad Autónoma. Pero, dentro del desarrollo pleno de competencias, se debe actuar con respeto y rigor a la hora de legislar, para no caer en una extralimitación que, por otra parte, no conduciría a nada positivo.

(-p.334-)

Por tanto, lo que no se puede hacer -y, por supuesto, no se hace- es obviar las disposiciones legales de rango superior en materia de comercio. Y lo que sí se tiene muy en cuenta son las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la Ley de Ordenación del Comercio Interior de Galicia, a la Ley de la Generalidad Valenciana de Ordenación de Comercio y Superficies Comerciales, y a la Ley del Parlamento catalán, de Cataluña, de Equipamientos Comerciales.

En las dos primeras, se declaran inconstitucionales los artículos que regulan los horarios comerciales, por ser contrarios al Real Decreto Ley 2, del ochenta y cinco, sobre medidas de política económica, así como al Artículo 149.1, entre otros, de nuestra Constitución.

En esta materia, y en la mayor parte de las que siguen o se argumentan en la Enmienda del Grupo Socialista, parece olvidarse que se trata de una competencia exclusiva del Estado, y es el Estado quien debe establecer un marco general a partir del cual las Comunidades Autónomas pueden regular sustantivamente con rango inferior a esta Ley y siempre que exista norma estatal habilitante, como ya se ha producido con la aprobación de distintos Decretos de la Junta, como es el caso del Decreto sobre horarios comerciales.

La venta ambulante -cuya regulación ustedes en el texto de la Enmienda parecen querer establecer o que se establezca- está también regulada por Real Decreto de cinco de junio de mil novecientos ochenta y cinco. La regulación de la competencia desleal es competencia exclusiva del Estado, tal y como queda definido por la Sentencia del Tribunal Constitucional de nueve de julio, sobre la ya citada Ley de la Comunidad Autónoma gallega, mediante la que se declaran inconstitucionales los artículos que regulaban dicha materia, por entender que afectaban al régimen de defensa de la competencia.

La participación de los consumidores y comerciantes en materia de consumo, en materia de comercio, está en nuestra Comunidad Autónoma debidamente garantizada y protegida -perdone que discrepe, señor de Meer-, desde hace años, desde mil novecientos noventa y tres, mediante el Consejo Leonés de Comercio, que, en contra de su opinión, yo pienso que es el único en España en materia... en cuanto a la pluralidad de su composición, y discrepo totalmente en cuanto a la crítica que ha efectuado sobre el mismo.

Por fin, el argumento mediante el cual se afirma que el Proyecto de Ley renuncia a una planificación territorial y sectorial adecuada y que se enlaza con la acusación de que en el mismo se mezclan arbitrariamente procedimientos urbanísticos y de planificación comercial, siendo esto incompatible con el principio de libre empresa, carece de todo rigor a la vista del texto que se presenta.

El Proyecto de Ley, lejos de mezclar arbitrariamente procedimientos urbanísticos y de planificación comercial, hace una consideración global del comercio y, desde la perspectiva de la ubicación física de los establecimientos comerciales, las grandes superficies y los mercadillos, establece los elementos necesarios para que nuestros municipios tengan los equipamientos comerciales adecuados, integrándose armónicamente comercio y urbanismo.

Y esta tan necesaria y tan deseada integración se realiza en el Proyecto, también, desde el mayor de los respetos hacia las competencias de las corporaciones locales.

Ya en el Preámbulo del Proyecto de Ley se manifiesta el exquisito respeto para la autonomía local y para las competencias que las leyes sectoriales atribuyen a los municipios. La Comunidad Autónoma interviene en lo que puede y debe, interviene en la gestión de intereses concurrentes de ámbito supralocal.

Y en este aspecto de las competencias municipales debe tenerse muy en cuenta, una vez más, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Constitucional en su sentencia del nueve de julio del noventa y tres, por la que se desestima el recurso presentado en relación a la Ley del Parlamento de Cataluña de Equipamientos Comerciales. En la misma se declara constitucional el condicionamiento de los requisitos municipales para el otorgamiento de licencias a los establecimientos comerciales dentro de esa Comunidad Autónoma. De esta forma, el otorgamiento de licencias y el planeamiento urbano son competencias de las corporaciones locales, sin que esto impida que la Comunidad Autónoma establezca los principios básicos para la implantación de establecimientos comerciales.

Y resumiendo -en aras a la brevedad-, el Proyecto de Ley que el Gobierno regional presenta a la consideración de esta Cámara permite -o permitirá mientras... mediante su desarrollo adecuado que continuará en breve, tal y como marca el mismo Proyecto, con el Plan de Equipamientos Comerciales- que la Comunidad Autónoma llegue en esta materia a su techo competencial sin atentar contra las normas de superior rango, mediante la regulación de los instrumentos de planeamiento urbanístico.

El Proyecto de Ley, al mismo tiempo que protege la libertad de empresa y los derechos del consumidor, equilibra los intereses en juego dentro de la actividad comercial, respetando la autonomía de las corporaciones locales, insisto.

Convengo plenamente con el señor Consejero que el Proyecto de Ley es oportuno, necesario y suficiente. Y, por todo ello, en nombre del Grupo Popular, rechazando los argumentos utilizados también, no en el literal de la Enmienda, sino en su defensa, los argumentos de ineficaz, inoportuna, de que tiene como único objeto mantener el desorden, que es antimunicipalista, centralizadora, coercitiva y que pone en peligro un sector tan sensible en estos momentos como es el sector del comercio, mantengo -insisto- mi más radical oposición al contenido de la Enmienda promovida por el Grupo Parlamentario Socialista.

(-p.335-)

Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias, señor Cot. Para la réplica de este turno, señor de Meer, tiene la palabra.

DE MEER LECHA-MARZO

EL SEÑOR DE MEER LECHA-MARZO: Gracias, señor Presidente. Difícilmente yo creo que puede dar mucho de sí un debate en el que la réplica viene escrita con anticipación a que se haga el discurso. Y, por lo tanto, nada de lo que ha dicho el señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular tiene relación con mi intervención anterior, sino que es un planteamiento teórico para otro sitio y en otro momento. Y, claro, como no ha contradicho nada, como no ha contradicho nada de lo que yo he afirmado, difícil es establecer ese debate, pero intentaremos hacerlo.

Ha utilizado, realmente, argumentos extrañísimos, por ejemplo, en el tema de los horarios comerciales. El señor Portavoz del Grupo Popular dice que la Junta... que la Junta, no, perdón, que las Cortes no pueden hablar de horarios comerciales en una Ley, ¿y, sin embargo, puede hacerlo la Junta por Decreto? Si los horarios comerciales en estos momentos se establecen por un Decreto de la Junta, con más razón podrá la..., que desarrolla la ley básica del Estado, con más razón podrán las Cortes de Castilla y León entrar en ello.

Por ejemplo, en el tema de los horarios en el mundo rural, que es un asunto que está mal planteado en nuestra Comunidad Autónoma, porque el tema de los horarios es homogéneo para toda la Comunidad Autónoma, y probablemente requiere tratamientos específicos en el mundo rural, fuera de las grandes ciudades y de sus áreas de influencia. ¿Cómo es posible que se utilice ese tipo de argumentos?

O en el tema de los mercadillos. Es que la Ley renuncia a tratar el tema de los mercadillos, porque lo único que dice, la única conclusión que se saca es que no se pueden instalar en calles peatonales. ¿Para eso hace falta hacer una Ley? ¿No tendríamos que hablar de más cosas en relación con los mercadillos?

Y en cuanto a la participación y el Consejo Regional de Comercio, no es el único que hay. En otras Comunidades Autónomas hay órganos similares de participación. Lo que es único aquí es que haya uno para toda la Comunidad Autónoma, que ese uno tenga que informar las cosas más pintorescas, que ese uno, además, esté hoy día desfasado en su composición, por supuesto -lo cual me reconocerá-, pero que además en él están insuficientemente representados los consumidores, los sindicatos, las corporaciones locales y otras muchas instituciones de la sociedad civil de Castilla y León.

Y desde el punto de vista urbanístico, señor Procurador, la Ley es un desastre. La Ley va a permitir que a través de un plan especial se instalen grandes superficies en cualquier sitio, hasta en contra de los planes generales. Si ya no va a hacer falta ni modificar los planes generales como tenía que hacer hasta ahora el Consejero de Medio Ambiente.

Y nada ha dicho de la falta de compromiso económico, de compromiso real de la Junta con el Plan General de Comercio que la Ley prevé. Si no hay ningún compromiso, si no va a haber ninguna aportación, si es sólo una pura operación de lavar la cara.

Y esta situación en la que nos encontramos, este retraso en el que la Comunidad Autónoma pone en marcha esta Ley, es sólo achacable al Partido Popular, señor Portavoz, porque ha habido un cambio de postura política importantísimo en esta materia. Porque usted habla mucho de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación a la Ley del Parlamento catalán. Lo que no dice es quién presentó ese recurso de inconstitucionalidad. Ese recurso de inconstitucionalidad lo presentó el Grupo Popular de las Cortes Generales, que a una Ley similar a ésta en Cataluña la tildó de anticonstitucional: contra la libre empresa, caótica y no sé cuántas cosas más. Y eso, que hace poco tiempo ustedes se enfrentaban radicalmente, es lo que -lo que pasa es que mucho peor redactado- nos traen aquí ahora. Es curioso. Tanto hablar de las competencias de la Comunidad Autónoma en esta materia, la posibilidad de introducir el informe, que eso no altera las competencias de las corporaciones locales, la posibilidad de la segunda licencia, que es lo que prevé la Ley del Estado; tanto defenderlo ahora, cuando don Federico Trillo dedicó horas a presentar un recurso descalificándolo absolutamente hace pocos años.

Yo creo que deben reflexionar. No es esta Ley, en absoluto, en este momento necesaria, ni es eficaz ni es suficiente. Nosotros creemos, más bien, que es inoportuna. Es tan inoportuna que no va a entrar en vigor hasta dentro... en algunos casos hasta dentro de dos años, porque tiene una Disposición Transitoria que dice que el Plan General la Junta tardará nueve meses en aprobarlo. ¿Estamos discutiendo aquí ahora urgencias para algo que hasta dentro de nueve meses la Junta no va a tener que poner en marcha? Los ayuntamientos, otro año para adaptar los planes urbanísticos. O sea que hasta dentro de dos años la Ley no va a estar en vigor. Y ésta es la urgencia, ésta es la necesidad con la que la Junta de Castilla y León trae ahora aquí esta Ley, que, insisto, es simplemente una operación de compromiso para lavarse la cara después de tantas promesas incumplidas.

Nada más. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para turno de dúplica, señor Cot.

COT VIEJO

EL SEÑOR COT VIEJO: Gracias, Presidente. Yo lamento mucho que al señor de Meer le moleste que yo traiga notas escritas, pero eso creo que entra dentro de la costumbre de cada uno, ni notas ni texto.

(-p.336-)

Por otra parte, pues -como dije en mi primera intervención y creo que cumplí- me iba a ceñir, en la medida de lo posible, al texto de la Enmienda que ustedes han presentado, sin entrar en el fondo del Proyecto por considerar que éste será objeto del próximos debates.

Lo que pasa es que, a la vista de sus manifestaciones -y uno, pues la verdad, tiene poca experiencia parlamentaria, yo creo que eso es evidente-, yo creo que no se pueden hacer las críticas que usted hace. Y no se pueden hacer promoviendo una Enmienda a la Totalidad en los términos que lo han hecho, cuando, a la vista de las Enmiendas parciales que ya han presentado, pues uno... parece que sí creen en la bondad de la Ley. Por tal motivo -pienso yo- entran en su fondo y, no dudo que con la mejor intención, se pretende a través de esas Enmiendas mejorar el texto que hoy se presenta.

Los argumentos, desde mi punto de vista, tanto los que figuran en la Enmienda como los manifestados... como los manifestados en sus dos intervenciones, en mi opinión, no pueden ser más etéreos, más faltos de contenido, de precisión y de rigor.

En nuestra Comunidad todo el sector comercial reclama normas que regulen la implantación de equipamientos comerciales, y por algún sitio hay que empezar y cuanto antes mejor. Y ustedes en primavera criticaban el retraso de esta Ley y ahora parece que quieren que se retrase más. Por un sitio hay que empezar.

Respecto al compromiso que la Ley contiene del desarrollo de un Plan de Equipamientos Comerciales, pues el plazo establecido por la Ley es de nueve meses, pero no hay que ponerse la venda antes de que se produzca la herida; vamos a dar el margen de maniobra suficiente, y yo estoy seguro que el Gobierno regional cumplirá también con ese compromiso. De la misma manera que este Proyecto cumple con el compromiso que el Partido Popular adquirió en su programa electoral, en el que se recogía, dentro del capítulo de comercio, el compromiso de elaboración de las directrices generales de equipamiento comercial de Castilla y León dentro del marco de planeamiento urbanístico. Y, de la misma forma, también cumple el Grupo Popular con el compromiso de nuestro Presidente regional que en el debate de Investidura del pasado día tres de julio manifestó, entre otras medidas, la voluntad de poner en marcha en el primer año de Legislatura el Proyecto de Ley de Equipamientos Comerciales.

El pleno desarrollo del Proyecto, en contra de sus opiniones, y volviéndole a insistir respecto... contestando a su segunda intervención, que respecto a los horarios... léase usted la sentencia del Tribunal Constitucional respecto a horarios, y el Real Decreto vigente de dos del ochenta y cinco... de los mercadillos. Hay que volver a repasar las competencias municipales que establece el Real Decreto de junio, de cinco de junio del ochenta y cinco, que regula esta materia.

En la materia urbanística, perdone que discrepe, usted en materia urbanística, indudablemente, estará muchísimo mejor preparado que yo, pero, en mi modesta opinión, la Ley armoniza perfectamente con la vigente Ley del Suelo.

Insisto, el pleno desarrollo de la Ley permitirá armonizar los intereses, muchas veces encontrados, de los pequeños comerciantes, los mercadillos, las grandes superficies, sin dar la espalda a nuevas técnicas de distribución comercial. Porque la Ley también establecerá la protección adecuada de los centros históricos que, si no se dotan de una actividad comercial adecuada, desde luego, morirán por inanición.

Y en el debate constructivo de las Enmiendas, en la mejora del Proyecto, sin perder de vista su filosofía última y sus objetivos, ahí sí estará el Grupo Popular con una mentalidad abierta y dialogante. Pero no puede entenderse la Enmienda a la Totalidad presentada, por su falta -insisto- de argumentos y -en mi modesta opinión- la incongruencia de los mismos con las Enmiendas parciales presentadas con posterioridad, a no ser que se trata justo de lo que ustedes acusan: de utilizar los mecanismos parlamentarios para retrasar la aprobación de este Proyecto, retraso que -como dije- en su día ustedes criticaban y ahora ponen trabas a que esto se agilice por vía de urgencia, como quiere el Gobierno Regional.

Y como queda dicho, el Proyecto de Ley es una demanda unánime y urgente de todo el sector, y muy especialmente de las pequeñas y medianas empresas comerciales que atraviesan una crisis casi imparable, y que también están esperando la Ley del Comercio, que armonizará y será un marco integrador, también, del Proyecto de Ley que estamos debatiendo, esta Ley de Comercio de ámbito estatal. Lo mismo que el sector y sobre todo las pequeñas y medianas empresas comerciales siguen confiando en que la puesta en práctica del Plan de Modernización de Comercio sea o hubiese sido -porque no lo va a ser nunca- un verdadero plan de reconversión del sector, con jubilaciones anticipadas incluidas -tal y como recoge-, para aliviar la crisis de un sector tan sensible en estos momentos. Lo que pasa es que, la verdad, los 2.000 millones destinados en principio a tal efecto y la poca voluntad de agilización de la firma de los convenios con las Comunidades Autónomas para que tenga su adecuado desarrollo, pues, yo creo que hace pensar a los comerciantes e industriales, por lo menos de nuestra Región, que deben tener más confianza en normas de administraciones más cercanas, en este caso en normas de Administración Regional, que en esas normas del Estado, que al final se quedan en una entelequia, porque -insisto- 2.000 millones, que es lo que el Gobierno Central ofrece para una reconversión del comercio, va a dar para muy poco. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para que los Grupos no intervinientes en el debate fijen posiciones, tiene en primer lugar la palabra, en nombre del Grupo Mixto, su Portavoz, señora Farto.

FARTO MARTÍNEZ

(-p.337-)

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Señores Procuradores, el Grupo Parlamentario Mixto es consciente y está de acuerdo en algunos de los argumentos dados por el Partido Socialista. Estamos de acuerdo en que es una ley que llega con un gran retraso y cuando la ausencia de cualquier tipo de regulación legal en un sector tan importante para la economía de esta Comunidad -ya que ocupa el setenta por ciento de la plantilla y supone el 15% del Producto Interior Bruto- ha creado todo tipo de abusos, de posición dominante por parte de los oligopolios, donde muy pocos se reparten el mercado, en detrimento de la inmensa mayoría.

Desde el año ochenta y cinco, con la entrada en vigor del "Decreto Boyer", este sector entró en crisis, y a ello contribuyó la puesta en marcha de medidas liberalizadoras, como por ejemplo la libertad de horarios. Es a partir de este momento cuando las grandes superficies comienzan a experimentar una gran expansión, en perjuicio del pequeño comercio. Desde esta Junta de Castilla y León se permitió la apertura de cualquier tipo de gran superficie y ahora, cuando ya es demasiado tarde, se intenta desfacer el entuerto.

También es cierto, y así lo queremos decir, que es una ley marcada por la ambigüedad y que deja en último término la concreción de una regulación más estricta y concreta a los distintos planes especiales, sin marcar pautas ni límites, por ejemplo, en cuanto a la regulación de las rebajas, la publicidad y otro tipo de ventas fuera de toda competencia legal, como las ventas por teléfono, por televisión o a través de entidades bancarias.

A nadie se nos escapa, tampoco, que esta ley va a entrar en confrontación con la que se promulgue desde el Gobierno de la nación.

De cualquier manera, y a pesar de lo expuesto, y siguiendo en el camino que esta Procuradora se marcó cuando emprendió la tarea política, que es estar al habla con las organizaciones implicadas en cada problema, es... desde las distintas asociaciones y organizaciones empresariales y comerciales, voy a intentar transmitir, a través de mis palabras y de mi voto, su sentir y sus deseos.

Todos coinciden en acordar que es urgente ya un reglamento que intente normalizar y asistir a los pequeños y medianos comerciantes. Éste ha sido desde siempre un colectivo abandonado por las administraciones, que además ha contado con el "handicap", en muchos casos tremendo y sangrante, de ser considerados como empresarios y contar con una falta de asistencia social total, pues ni tan siquiera tienen derecho al subsidio de desempleo o a una renta digna por baja de enfermedad.

Sabemos que es difícil mantener el equilibrio entre la regulación de un sector, cualquiera que éste fuese, y los valores constitucionales, pero entendemos que con esta ley se intenta mantener una mayor independencia frente al monopolio de intereses creados desde otras entidades.

Por todo lo expuesto, y entendiendo que, aunque ni es la solución deseada ni la más óptima y que sobre todo es una solución que llega cuando gran parte del sector está abocado a una grave situación económica y, por tanto, social, el Grupo Parlamentario Mixto va a votar en contra de la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con el objetivo, no único pero sí prioritario, de dar la mayor celeridad posible a la puesta en vigor de la ley aquí tratada. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. En nombre del Grupo de Izquierda Unida, señor... señor Conde, perdón.

CONDE VALDÉS

EL SEÑOR CONDE VALDÉS: Gracias, señor Presidente. Señorías. El comercio en nuestra Comunidad ha estado caracterizado fundamentalmente por la fragmentación, fundamentalmente porque tiene pequeñas dimensiones y por su escasa especialización. Sin embargo, ya se ha dicho aquí que el pequeño comercio en nuestra Comunidad ocupa o crea el setenta por ciento de los puestos de trabajo del sector y genera el 15% del Producto Interior Bruto.

Ante la amenaza que representaba para el pequeño comercio -porque lo que se trataba de defender fundamentalmente era al pequeño comercio-, ante la amenaza que representaba para el pequeño comercio y el comercio tradicional la llegada de las grandes superficies, se empezó a exigir la puesta en marcha de una Ley de Equipamientos que regulase, de alguna manera, la coexistencia comercial pacífica entre las grandes superficies y los pequeños comercios.

Todos éramos conscientes de que la llegada de las grandes superficies tenía que producirse; es más, hace bastante tiempo que había ya ubicadas en nuestra Comunidad grandes superficies. El problema estaba en sacar una ley que armonizase perfectamente los intereses de uno y otro.

Decía que el objeto era buscar una armonización de todas las formas de comercio que respetase y beneficiase no solamente al consumidor, sino, fundamentalmente, que permitiese el mantenimiento del pequeño comercio, en base a que era el que más puestos de trabajo creaba. Y además se trataba de marcar unas reglas de juego para facilitar a este pequeño comercio la posibilidad de reciclaje, en la perspectiva de que pudiera competir en su día con las nuevas formas comerciales. Es decir, evitar una especie de "ley de jungla comercial".

(-p.338-)

Pues bien, Señoría, ahora nos presenta usted, después de dos años, para aprobar por vía de urgencia, una Ley de Equipamientos Comerciales que entendemos que no va a corregir absolutamente nada, porque si entendíamos que esa ley tendría que estar o se tendría que haber aplicado fundamentalmente para defender al pequeño comercio -cuestión que desde la Junta no ha hecho absolutamente nada por potenciarlo-, ahora resulta que con ese proyecto de ley no tenemos nada ya que regular, porque ustedes han abierto las puertas, sin ningún tipo de limitación, a la ubicación de las grandes superficies; las grandes superficies han saturado absolutamente toda la Comunidad, con lo cual ya no hay nada que regular, ni siquiera para poder defender al pequeño comercio. Si estamos diciendo que ustedes están aplicando una política en la creación de empleo, ustedes son conscientes de que el pequeño comercio está creando el setenta por ciento de los puestos de trabajo del sector, y ustedes mismos han abierto las puertas para crear las grandes superficies y machacar el sector, yo no sé para qué queremos una Ley de Comercio; a no ser que quieran ustedes defender a las multinacionales. Porque, después de todo, señor Consejero, los dueños de las grandes superficies son las multinacionales, que, por cierto, aquí no quedan absolutamente ninguna peseta de beneficio.

Y es más, los efectos no se han hecho esperar. Durante el año noventa y cuatro, el nivel de ventas de las grandes superficies han aumentado en un 30%, pero claro, evidentemente, en detrimento del pequeño comercio. Y según datos del propio comercio, el cincuenta y ocho por ciento de todos los comerciantes están diciendo que están bajo mínimos en el nivel de ventas. Ésa es la influencia que ha tenido la ubicación ya de las grandes superficies, y usted lo sabe; en León tenemos seis, con las tres que se van a poner; en Burgos, otras tres. O sea, que al final hay más grandes superficies que comercios.

Bueno, entonces se nos presenta aquí un Proyecto de Ley que es prácticamente una aplicación fraccionada de lo que nos mandan de la Administración Central. Y ustedes se quejan... decía el Portavoz del Partido Popular que, bueno, que hay que ajustarse a ley. Ustedes están reclamando permanentemente que no tienen competencias, se están quejando de que, efectivamente, eso les viene dado por la Administración Central, pero después ustedes tampoco quieren asumir ningún tipo de competencias.

Para nosotros, el referido Proyecto de Ley, pues, no regula de manera eficaz -ya lo ha dicho el Portavoz del Partido Socialista y estamos totalmente de acuerdo con su exposición-, pues no regula los horarios comerciales, ni la venta ambulante, ni los mercadillos, a pesar de lo que usted haya dicho; y ésta era una de las exigencias fundamentales que las PyMEs comerciales pedían: el regular los mercadillos, el regular los horarios.

Y además -también lo ha dicho el Portavoz del Partido Socialista- introduce grandes dificultades para la ubicación en zonas rurales de tiendas y comercios, porque, como usted no dice nada en ese Proyecto de Ley cómo se va a regular, se supone que en una zona rural, para abrir una tienda, se le aplicarán los mismos criterios que para un centro comercial en las zonas urbanas; se supone, porque ustedes ahí no regulan nada. Con lo cual, estamos poniendo dificultades hasta que se abran tiendas en los centros urbanos.

Pero además, lo más importante para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de por qué rechazamos ese Proyecto de Ley es que se tenía que contemplar en dicho proyecto, pues, la necesidad de haber hecho un estudio previo de impacto ambiental; es decir, para cuando se tenga que construir una gran superficie o ubicar una gran superficie, aparte de determinar en qué zonas concretas se tienen que ubicar, el referido proyecto tendría que contemplar el impacto comercial, fundamental si es que queremos defender al pequeño comercio. Y es una de las cuestiones fundamentales que nosotros echamos de menos en ese proyecto.

Y en este sentido, quiero recordarle, cuando usted habla de los puestos de trabajo -porque aquí todo el mundo dice que las grandes superficies crean muchos miles de puestos de trabajo-, pues quiero recordarle, señor Consejero, que los puestos de trabajo son en precario. Y le voy a dar un dato -y esto es de dominio público-: por cada puesto en precario que se crea en las grandes superficies, se destruyen ocho empleos en el pequeño comercio. No creo que eso sea una política rentable.

Por todas estas razones, vamos a votar favorablemente a la Enmienda presentada por el Partido Socialista pidiendo la devolución de este Proyecto de Ley. Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señor Conde. Se procede a someter a votación la Enmienda a la Totalidad presentada por el Grupo Socialista en relación con el Proyecto de Ley de Equipamientos Comerciales. ¿Los que estén a favor de la Enmienda? Gracias, bajen la mano. ¿En contra? ¿Abstenciones, si hubiere?

Resultado de la votación: votos emitidos, setenta y seis; votos a favor de la Enmienda, treinta; en contra, cuarenta y seis; ninguna abstención. Queda, por lo tanto, rechazada la Enmienda a la Totalidad del Proyecto de Ley de Equipamientos Comerciales, Proyecto que será remitido a la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de estas Cortes para que prosiga su tramitación en forma reglamentaria.

El señor Secretario dará lectura, a continuación, al décimo punto del Orden del Día.

(-p.339-)

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Décimo punto del Orden del Día: "Escrito presentado por el Grupo Parlamentario Popular por el que se manifiesta su oposición a la solicitud de creación de una Comisión de Investigación sobre las circunstancias y hechos relacionados con el protocolo suscrito el doce noviembre de mil novecientos noventa y dos entre Biomédica, el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León para la instalación de las empresas Integrated Motors y Absorbent Technologies, así como el proceso de concesión de ayudas por parte de la Junta de Castilla y León a las mencionadas empresas, el cumplimiento de las condiciones establecidas en el citado Protocolo o con posterioridad a éste, así como el resultado final de todo el proceso iniciado para la instalación de las mismas, a fin de continuar con los trabajos iniciados por la Comisión de Investigación creada para el mismo fin en la III Legislatura, y que quedaron truncados por la finalización de la misma".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Habiéndose presentado por el Grupo Parlamentario Popular un escrito de oposición a la solicitud de creación de esta Comisión de Investigación, generalmente conocida como Biomédica, se va a proceder al debate y votación de la misma. Y para consumir un turno a favor del veto, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra su Portavoz, señor Aguilar.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías.

Sin duda, como ustedes conocen, uno de los temas más tratados y también peor tratados de la anterior Legislatura fue el tema relacionado con la posible ubicación en León de dos empresas, Integrated y Absorbent, que denominaremos, para que nos entendamos mejor, como Biomédica. Y digo peor tratado, porque, si de algún asunto se ha hablado en Comisión, si de algún asunto se ha hablado en Pleno, si de algún asunto se ha tratado en la prensa, precisamente, ese asunto es el de Biomédica.

Surge ahora, por parte de los Grupos Parlamentarios presentes en esta Cámara y en la Oposición, la petición de que continuemos una Comisión que terminó, concretamente, como consecuencia de la convocatoria y posterior celebración de las elecciones del mes de mayo.

Pero tengo que señalar aquí que, realmente, los trabajos estaban prácticamente finalizados, que habían comparecido numerosas personas ante la Comisión, que ante la Comisión se encontraba la totalidad de documentación que componían los dos expedientes, que tanto los altos cargos de la Junta que fueron convocados asistieron a la llamada de la Comisión de Investigación, que los funcionarios asistieron a la llamada de la Comisión de Investigación, que la propia empresa estuvo presente en la Comisión de Investigación, y, en definitiva, Señorías, podríamos hoy aquí establecer las conclusiones de esa Comisión de Investigación. Por lo menos, ello sería posible a este Portavoz y al Grupo que represento en estos momentos.

Se trata, pura y simplemente, por parte de quienes pretenden que se reinicien los trabajos de la Comisión, se trata, pura y simplemente, de constituir Biomédica en caja de resonancia política, no de otras cuestiones. Porque saben -y les consta de sobra-, conocen y han podido adverar fehacientemente que ni una sola peseta, ni una sola peseta se pagó por la Junta de Castilla y León en subvenciones, y que ni una sola peseta ha costado a la Junta de Castilla y León estos proyectos, que, por cierto, han fracasado no porque no fuesen viables técnicamente -que lo eran, y también quedó constatado en la Comisión de Investigación-, sino, pura y simplemente, por una falta de financiación. Dos proyectos que se tramitaron -como he dicho al comienzo de mi intervención- con toda la rigurosidad, con toda la legalidad y con toda la tramitación reglada que existe en esta Comunidad cuando se trata de solicitar subvenciones o cuando se trata de conceder dineros públicos.

Y, en definitiva, Señorías, tengo la tranquilidad de poder decir a todos ustedes que la Junta de Castilla y León obró bien y correctamente, que no hubo ningún trato especial con respecto a Biomédica, y que Biomédica no ha sido ni más ni menos -efectivamente- que esa caja de resonancia política en la que se ha querido pretender desgastar a la Administración Regional y provocar, con resultados -por cierto- contrarios a los intereses de los que lo han pretendido, y provocar ni más ni menos que el descrédito de la Junta de Castilla y León. Éste es el planteamiento.

He subido sin un sólo papel a la tribuna, de tal suerte que no me podrán acusar, en estos momentos, ni de leer, ni de tomar notas, ni de leer notas; porque ni un solo papel hace falta, ni uno solo hace falta, pura y simplemente, para decir que se operó con legalidad estricta, para señalar que los expedientes son irreprochables, que existen los estudios económicos que determinaban la viabilidad de las empresas, y que la empresa, por supuesto, fracasó en su intento de ubicarse en Valladolid... perdón, en León, tal vez -o sin duda, o fue una de las causas- porque desde el principio también hubo una operación de acoso y derribo a estos proyectos.

Señorías, sí les voy a mostrar a ustedes, al final de mi intervención, los dos únicos papeles con los que he subido a este estrado, y esos papeles son, simplemente, las dos resoluciones por las cuales se ordena por el Consejero competente el archivo de los expedientes. Hoy están archivados, esos expedientes han fracasado, no han podido llevarse adelante, pero no porque la Junta de Castilla y León haya tenido ni nada que ocultar ni nada que enmascarar; simplemente, porque la empresa no pudo cumplir con sus planteamientos financieros.

Dentro de la Comisión de Investigación se han hecho toda clase de piruetas para tratar... para tratar de producir el alarmismo. Tales han sido comunicaciones de la Interpol; tales han sido comunicaciones de los registros de los paraísos fiscales, donde se nos decía, por lo menos -por lo menos, y así comenzó el tema-, que Biomédica existía, con mayor o con menor capacidad económica, pero existía y que era posible, realmente, que se ubicasen o que produjesen algún proyecto en León.

(-p.340-)

Paralelamente a la Comisión de Investigación que se crea en este Parlamento y que funciona en este Parlamento, existe otra Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de León. Las conclusiones a las que ha llegado la Administración Local, concretamente en León, entiendo que son las mismas, o posiblemente sean las mismas que las que hay que concluir de una vez por todas en este asunto y reiterar de una vez por todas en este asunto: ni una sola peseta.

¿Cuál fue el gran pecado que cometió la Junta de Castilla y León? ¿Cuál fue la gran situación que se puede reprochar a la Junta de Castilla y León? Intentar traer dos empresas a la Comunidad Autónoma; intentar producir unas inversiones importantes; poner los medios precisos para que aquello fuese; velar por que no costase ni un solo duro, ni una sola peseta del erario público. Y, en definitiva, acceder como accedimos aquí, en este Parlamento, a la creación de la Comisión de Investigación, de la cual formé parte, y formé parte por dos razones: la primera, porque, como miembro del Grupo Popular y miembro del Partido Popular, me sentía obligado a defender lo que creía que era legítimo defender, que era la honradez de los miembros de la Junta de Castilla y León y la legalidad de los expedientes. Si yo no hubiese tenido ese convencimiento, yo no hubiese estado en esa Comisión de Investigación. Igual me sucedió en otra Comisión de Investigación, en Hispano Textil. Estuve por las mismas circunstancias y se llegó a las conclusiones que hubo que llegar: que la Junta operó, realmente, con la diligencia precisa y necesaria.

Pero claro, el tiempo da y quita, y el tiempo da y pone. Y resulta que aquella maniobra que se produce simplemente para desgastar, me van a permitir Sus Señorías que analicemos muy someramente cuáles son los resultados para quien tal pretensión tuvo. Así, por ejemplo, somos y tenemos el Ayuntamiento de Béjar; la Comisión de Hispano Textil se produce en la ciudad de Béjar. La Comisión de León da por resultado que el pueblo leonés nos dé el Ayuntamiento de León. Y Crystaloid, también tenemos el Ayuntamiento de Boecillo. Ésas son las comisiones de investigación. Quien ha investigado es el ciudadano, quien ha hablado es el ciudadano, quien ha dictaminado es el ciudadano, y nos dicen que, ciertamente, lo habíamos hecho, por lo menos, aceptablemente bien. Y las respuestas fueron los votos y las respuestas fueron las alcaldías de estas tres localidades que he citado. Pero esto no quiere decir que si algo hay, si cualquier miembro de esta Cámara o cualquier Grupo de la Oposición tiene conciencia de que se obró mal, de que se cometió alguna irregularidad, vía judicial abierta, Señorías, que ya lo han experimentado ustedes en sus propias carnes y ya han perdido ustedes.

Por lo tanto, quien quiera, adelante. A este Portavoz le cabe la satisfacción de poder subir hoy aquí a la tribuna a decir, simplemente, que no hubo ninguna irregularidad por parte de la Junta de Castilla y León; que se salvaguardaron los dineros públicos; que se operó con rectitud exquisita; que comparecieron altos cargos de la Administración Regional, funcionarios, miembros del Ayuntamiento de León y, en definitiva, todas aquellas personas a las que dio tiempo en el transcurso de la Comisión de Investigación, a llamar a la misma.

Por lo tanto, Señorías, ningún miedo a esa Comisión, anda que ocultar con respecto a la misma. Y oponernos, por las razones que hemos dicho, a que se reabra, porque, realmente, ni tiene sentido, ni los ciudadanos lo aceptan.

Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Aguilar. Para consumir un turno en contra, recuerdo a los Grupos Parlamentarios que puedan intervenir que constan de diez minutos, a repartirse entre los tres Grupos Parlamentarios, en caso de que actúen.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Jaime González, tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías.

Como yo soy menos capaz, sin duda, que el Portavoz del Grupo Popular, pues sí traigo algún papel, para recordar, sobre todo, hechos pretéritos y alguna matización solamente a la intervención del señor Aguilar.

Me preocupa enormemente que utilice usted el mismo argumento en este caso que el señor Cañellas en la Comunidad Balear con el asunto. Él creyó que las elecciones borraban sus actuaciones, porque había ganado. Y hoy, el señor Cañellas no está en la Presidencia de Baleares. No utilice usted esos argumentos, señor Aguilar. Las elecciones no borran esas cosas, ni siquiera, ni siquiera, además -y se lo voy a decir así de claro-, ni siquiera la teoría de Cascos de que la voz popular sustituye a los jueces. Por lo tanto, no utilice usted ese argumento.

En segundo lugar, hay vías judiciales abiertas que se ganan. Yo creo que en todas las resoluciones judiciales, el que gana es el ciudadano, sean en un sentido o en otro. Usted ha esgrimido la que nosotros dice que perdimos. Yo le podría recordar otras, producto, precisamente, de los resultados de Comisiones de Investigación, que, trasladados al fiscal correspondiente y al juzgado correspondiente, produjeron la condena por prevaricación continuada en el ejercicio de sus funciones del Vicepresidente de esta... de la Junta de Castilla y León en la época del señor Aznar.

Por lo tanto, las resoluciones judiciales, unas veces dan la razón a uno, otras veces se la quitan. Y yo creo que si todos aceptamos sus resoluciones, el que realmente gana al final es el ciudadano.

(-p.341-)

Pero recordamos Biomédica. Yo estaría dispuesto a aceptar su planteamiento si yo hubiera observado -como ponente que también fui de aquella Comisión- un comportamiento leal por parte del Grupo Popular. Pero es que ese comportamiento no se dio. El uno de noviembre, el Grupo Parlamentario Socialista... el dos de noviembre, para ser exacto, ve aprobada en la Mesa de las Cámaras la Comisión de Investigación. A continuación, un mes más tarde, el Grupo Popular presenta la solicitud de una Comisión de Investigación sobre otro asunto que se llamaba -y se sigue llamando- Imaging, sobre el que, curiosamente, el Grupo Popular, que fue el que pidió la Comisión de Investigación, no sólo no ha pedido ni un solo papel, no sólo no ha pedido ninguna comparecencia, sino, además, se ha negado a ello sistemáticamente.

La primera reunión de la Comisión se celebra el uno de febrero de este año; la segunda, el nueve; la tercera, el veintiuno; la cuarta, el dieciséis de marzo. Y tengamos en cuenta... y así sucesivamente. Y tengamos en cuenta que la única persona capacitada para convocar aquella Comisión era el Presidente, y el Presidente era de su Grupo, Señoría, como usted bien sabe.

Ustedes jamás aportaron a la Comisión ni un solo plan de trabajo, ni un solo plan de solicitud de comparecencias. Por su gusto, por su gusto, aquella Comisión no hubiera funcionado nunca.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señor González, ha consumido el tiempo. Vaya terminando, porque hay dos Grupos Parlamentarios más.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. Voy acabando mi tiempo.

Por lo tanto, es evidente que su comportamiento con la Comisión fue absolutamente desleal.

Tengo que decir, además, que ese planteamiento suyo de que usted estaría en condiciones de hacer su dictamen es fácilmente subsumible en el trabajo ordinario de la Comisión. Continuemos con la Comisión, usted aporta su dictamen a la Comisión, comparecen aquellas personas que faltan todavía por comparecer -que algunas son, evidentemente-, y el dictamen de la Comisión será el que usted diga, porque es evidente que en la Comisión funciona el voto ponderado y, por lo tanto, no habría ningún problema.

Pero, desde luego, el decir usted aquí que usted está en disposición de hacer un dictamen, será el suyo, y sería el de la Comisión si usted acepta y su Grupo que la Comisión siga, que siga investigando y que al final llegue al acto. Porque aquí lo que no investigó la Comisión, nadie lo ha dicho nunca, es un tema de pesetas. Y le puedo buscar cuál es el texto de la creación que sirvió de base a la creación de la Comisión. Esa Comisión investigó incompletamente responsabilidades políticas, precisamente porque cuando se iba a producir la investigación realmente política, ustedes... bueno, hicieron lo que nunca habían hecho, que es paralizar el Parlamento desde la fecha de la convocatoria de las elecciones hasta las mismas elecciones. Siempre habíamos admitido los Grupos que durante la convocatoria, durante la campaña electoral no hubiera actividad parlamentaria, y ustedes, para yugular esta Comisión, hicieron que el Parlamento estuviera paralizado no sólo durante la campaña electoral, sino desde la fecha de la convocatoria de elecciones. Por eso...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor González, le ruego vaya concluyendo.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Sí, señor Presidente. Lamento decirle... voy a acabar ya, pero es que el Portavoz del Grupo Popular se le encendió la luz, consumió un poco más de tiempo y usted no le ha llamado la atención ninguna vez.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor González. Por el Grupo de Izquierda Unida, don Antonio Herreros tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente, y bajo con urgencia para aprovechar el tiempo.

Yo sí tengo que decir, señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, si hoy aquí se rechaza y no se admite el que haya una Comisión de Investigación sobre el particular, habrá un fraude político que responde a un fraude social y a una inducción de fraude económico para el Ayuntamiento de León.

Y ¿por qué digo eso? Primero, porque hemos sacralizado -no sé por qué- aquello de las Comisiones de Investigación, como si fueran una cuestión extraordinariamente extraña. Y está recogido en la Constitución Española, y está recogido en nuestro Reglamento, que dice que todos aquellos elementos de interés general deben de ser planteados. Mi experiencia me dice que ha sido cuando con mayor capacidad, incidencia, profundidad y pluralidad hemos podido llegar a conocer asuntos de interés que pueden serlo, en general, casi todos.

Pero yo diría más, nuestro propio Reglamento de las Cortes, se diga lo que se diga de que no había un plan de trabajo, sí había un plan de trabajo, porque viene incluso explícito en el propio Reglamento de las Cortes en el artículo 50.

(-p.342-)

En el mismo momento en que se constituye, en virtud de un asunto de interés general, tiene obligación la Comisión de elaborar un plan de trabajo. Pero, acto seguido, a continuación, en el punto 50.6 dice que tiene que terminar en un dictamen que se discutirá en el Parlamento, en el Pleno de las Cortes, que se remitirá a la Junta de Castilla y León, que se publicará en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. ¿Alguno de estos extremos se han cumplido? Es verdad que se puede aludir que puede haber sido el hecho de apurar, en virtud de los plazos electorales, pero lo que no puede escudarse nadie es en que todavía no hay razones y motivos más que suficientes.

Porque yo sí he traído papeles, y espero que todavía se puedan plantear alguno más. Yo comenzaba siempre mis reuniones o las reuniones de la Comisión de Investigación "¿ha venido "mister" Ackemann? ¿tienen noticia de "mister" Ackemann? Porque en un momento determinado se planteó el que iba a darnos respuesta cumplida del compromiso formal de venir, instalarse y cumplir con todos los objetivos y planteamientos que en su momento explicitaron aquí, vendieron, en cierto modo, al Ayuntamiento de León, invirtieron más de 500.000.000 con un objetivo específico, y, lógicamente, mantuvieron en colas de espera a un montón de ciudadanos con la pretensión o con el señuelo de: iba a haber una gran activación económica industrial en la Comunidad...

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Señor Herreros, le ruego vaya concluyendo, por favor.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Sí. Y yo sí traía papeles, porque para mí sí había problemas y problemas serios. Señor Lucas: "se equivocan los pájaros negros que auguran un mal futuro para Biomédica". Son declaraciones de titulares. "Lucas llama aves de mal agüero a los que critican la falta de garantías de Biomédica". "Becker compromete apoyo de la Junta para la instalación de Imaging en León". Y así sucesivamente un montón de titulares, que son perfectamente conocidos por Su Señoría, que, en definitiva, por no ahondar con una cierta delicadeza en todos los elementos de investigación, estuvimos siendo constantemente reprobados por hacer entender que aquellas empresas eran absolutamente fantasmas, e incluso me atrevería a decir más, a riesgo y con la protección acaso que da el ser Procurador de estas Cortes, eran auténticos profesionales del engaño, la estafa, la malversación, e iría mucho más lejos, como se pudo constatar en algunas otras Comunidades Autónomas -caso de la de Asturias-, que costó, que costó la titularidad del Presidente de la Comunidad Autónoma.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Herreros. Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Concepción Farto tiene la palabra.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Solamente voy a intervenir para hacer una pequeña matización a la intervención del señor Aguilar.

Este Grupo Parlamentario está a favor de la creación de la Comisión de Biomédica, no tanto por la creación de la Comisión en sí, que entendemos ya inútil, sino porque estamos a favor de los criterios de honestidad, honradez, transparencia y claridad de los que tantas veces ha hablado el Partido Popular.

Entendemos que es necesario investigar y evitar de nuevo que vuelva a suceder lo que sucedió en León, que no fue más que una "alcaldada" -y se me va a perdonar que lo diga así-, ya que el Alcalde de León, en contra del informe de los técnicos que decían que no era viable Biomédica desde el primer momento, intentó llevar adelante este proyecto, cuando él sabía que era un fracaso. Lo que ocurre es que como dijo un insigne periodista leonés: al final los técnicos del Ayuntamiento de León tuvieron que besar las manos de su amo y "donde dije digo, digo diego".

No nos diga que no dio facilidades el pueblo de León, porque incluso, aparte de que lo apoyamos absolutamente todos los partidos aquí representados, y a lo mejor ahí también tenemos que entonar el mea culpa, incluso el Obispo bendijo Biomédica.

Es cierto, y aquí pedimos, Biomédica se utilizó electoralmente por ustedes; tal vez ellos también están utilizando Biomédica electoralmente. Pero lo que es cierto es que lo que se prometió es una deuda y el pueblo de León necesita saber absolutamente la verdad.

Y, señor Aguilar, para terminar, el pueblo de León no les ha dado el Ayuntamiento de León, sino que se lo ha prestado, y tal vez, no por lo bien que lo han hecho ustedes, sino por lo mal que lo hemos hecho otros.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, señora Farto. Para turno de réplica, si lo desea, señor Aguilar, del Grupo Popular.

AGUILAR CAÑEDO

EL SEÑOR AGUILAR CAÑEDO: Muchas gracias, señor Presidente. Muy brevemente, Señorías. El mejor exponente de que poco hay que decir es cuando se repiten los argumentos. Ése es el mejor exponente.

Recuerdo a Sus Señorías lo siguiente. Iniciada esta Legislatura, por el Procurador del Partido Socialista don Jaime González se convocó una rueda de prensa en la que se decía que había nuevos datos y nuevos indicios sobre Biomédica que, por lo tanto, aconsejaban la reapertura de la Comisión de Investigación. He estado pacientemente esperando cuáles son esos nuevos datos. ¡Si es que no hay ninguno! ¡Ninguno! Fue simplemente jugar de farol. Exclusivamente eso. Intentar producir la nueva situación de desgaste que, por cierto, y reitero ante esta Cámara, muy malos resultados le ha dado.

Y esto es lo que realmente sorprende cuando de una persona absolutamente seria y trabajadora, como es don Jaime, se producen acontecimientos como éste.

(-p.343-)

Mire usted, Señoría. Yo, me hubiese gustado el que usted hubiese podido aportar algo, y mira que trabaja usted y qué poco aporta en este tema de Biomédica, porque realmente nada tiene que aportar. Únicamente nos ha hecho un reproche: que el calendario no fue a su gusto. Quiero que sepan, Señorías, que el calendario de las sesiones de la Comisión de Investigación fue un calendario consensuado, igual que admitimos por parte del Grupo Popular, del Partido Popular, del Grupo Popular que compareciesen tantas cuantas personas quisieran los miembros de los diferentes Grupos, y fue el Partido Socialista quien presenta la lista y nos limitamos a decir amén, donde ustedes quieran, como quieran, cuando quieran. Nada hay que ocultar. Donde nada hay que esconder, no vale hacer otro ejercicio más que el de dar facilidades, y las facilidades se dieron todas. Claro, aquí hay que decir también una cosa: el expediente está ahí desde el primer día completo. Se ha podido examinar de arriba a abajo, analizar, ver los estudios económicos, ver las resoluciones administrativas que existen, las resoluciones individualizadas, ver cómo corresponde a la normativa de esta Comunidad Autónoma, ver cómo no hay un solo paso que se ha saltado. Pero eso sí, he aquí que el Obispo de León acude al acto inaugural, pero he aquí que el Gobernador Civil también. Porque es que todo hay que decirlo; no debemos... no debemos solamente, no debemos solamente bendecir, sino ratificar.

Y, claro, yo reconozco que don Jaime es hombre proclive a los temas eclesiásticos, como ayer mismo me señalaba en un acto de investirme de monaguillo de no sé quién. Pues, mire usted, don Jaime, le digo a usted: en este asunto ha sido usted el monaguillo perpetuo de algo que no tenía sentido, y usted tiraba de la levita en algo que no tenía sentido, y usted trataba de producir actuaciones en algo que no tenía sentido. Y eso lo saben los ciudadanos y ya le han contestado a usted.

Me dice usted: hombre, pero mire usted, señor Aguilar, las resoluciones judiciales unas veces nos han salido bien y otras veces nos han salido mal. Mire usted, le respondo a eso que sí, pero también le digo que qué diferencia hay de unas a otras, o al obstruccionismo que se pueda hacer a la Justicia. Y me dice usted, es que ustedes obstruyeron esta Comisión. Mire usted, yo no quiero pensar que ustedes estén obstruyendo la Comisión "GAL", no quiero pensarlo, pero casi es seguro. Lo afirman los medios y también los ciudadanos.

Pero bueno, ciertamente, aquí la moral es una, allí la moral es otra. Así son las cosas. Pero, don Jaime, sí que le digo que los dos únicos papeles con los que hoy he subido a esta tribuna no es por razón de que conozca mejor o peor el asunto, porque, sin duda usted lo conoce perfectamente bien, pero los dos únicos papeles son las dos resoluciones, que ni tan siquiera usted ha hecho alusión a ellas, de la Junta de Castilla y León del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, del Consejero don Tomás Villanueva Rodríguez, señalando razonadamente, con la exposición que corresponde a una resolución administrativa, los motivos y las causas por qué se declaraban decaídos los derechos de las dos empresas que iban a venir a esta Comunidad.

Y le digo a usted, Señoría, que ése es el final, porque el principio ustedes lo provocaron simplemente, se lo reitero, como caja de resonancia y desgaste de la Junta de Castilla y León. Ése fue el objetivo. La respuesta: las elecciones de mayo. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para dúplica, señor González.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, Señorías. Desde luego, después de ver al señor Aguilar yo lamento haberle llamado ayer monaguillo del señor Mayor Oreja, porque reconozco que ha dormido mal y se ha pasado toda la noche buscando cómo podía hoy retrucarme el asunto del monaguillo. No se preocupe que acabaré mi intervención llamándole otra cosa. No se preocupe, y además tan real y tan cierta como la de ayer, que ustedes van a ser incapaces de lograr que su Grupo Parlamentario en el País Vasco vote en contra de una cuestión que afecta gravemente a esta Comunidad Autónoma, exactamente igual que.........

Señor Presidente, guarde usted la compostura.... Una pregunta: ¿por qué el señor Presidente en septiembre del noventa y dos dice: "quiero ese proyecto para mí" avala ese proyecto sin un papel, sin un informe, después de una única reunión con el hoy ex Alcalde de León, don Juan Morano, y con dos caza recompensas o caza subvenciones, mentirosos como Wilbourne y Ackemann. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el señor Presidente de la Comunidad mantiene durante dos años el fuego sagrado de ese proyecto haciendo declaraciones continuas que avalan ese proyecto cuando ya se sabía -por aquellas cuestiones del Interpol etcétera- que la empresa era una empresa de papel, que no existía, etcétera?

¿Por qué interrumpen ustedes el funcionamiento de la Comisión, asaltando el Parlamento, cuando tiene usted que comparecer -que entonces era Secretario General de la Consejería de Economía y Hacienda-, cuando falta por comparecer el Consejero en cuestión, y cuando falta por comparecer el Presidente, y cuando falta por comparecer el responsable de aquella reunión que sirvió para que el Presidente hiciera aquellas declaraciones, un tal Lorenzo Olarte, que estaba en Sevilla, trabajaba en Sevilla y ustedes no querían que compareciera? ¿Por qué no nos han dejado investigar la conexión andorrana de ese asunto? Y así sucesivamente, y así sucesivamente.

Efectivamente, asistió a aquella inauguración el Gobernador Civil y el Obispo -se lo he dicho muchas veces-, engañados todos por ustedes, engañados todos por ustedes. Allí está una encina seca y un polígono que le ha costado 700.000.000 al Ayuntamiento de León y que no sabe qué hacer con él en estos momentos.

Por lo tanto, realmente, yo creo que las consecuencias de Biomédica no son aquéllas ni son más porque ustedes, una vez más, yugulan el funcionamiento de este Parlamento.

(-p.344-)

Ayer le dije que usted era un monaguillo de Mayor Oreja, y hoy se ha comportado como un sacristán de Wilbourne.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Silencio, por favor. Tiene la palabra el señor Presidente de la Junta.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): Gracias, señor Presidente. Simplemente para decir que el Gobierno de Castilla y León seguirá apoyando todos los proyectos que vengan a esta Comunidad, todos; todos los proyectos que consideremos que son viables, frente a una opción...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor.

EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN (SEÑOR LUCAS JIMÉNEZ): ........ ...frente a una opción de espantar empresas, toda empresa que venga a esta Comunidad -téngalo en cuenta-, incluso aunque tenga un coste político; y toda empresa que venga a León, más, con posibilidades de generar empleo y puestos de trabajo. Toda empresa que tenga posibilidades de generar un puesto de trabajo va a contar con el apoyo del Gobierno Regional; y el Presidente, si tiene que deteriorarse políticamente acudiendo y apoyando, aunque el cincuenta por ciento de esas empresas no se establezcan, lo va a hacer, lo va a seguir haciendo, lo va a seguir haciendo.

Y me dice usted: "¡Hombre!, ése es un tema que puede darse el caso que algunas de las empresas no se instalen". Pues puede darse el caso. Aquí ha habido empresas hace... muy recientemente, este mismo mes, en el Consejo de Gobierno, que el Gobierno Regional ha comprometido dinero tan importante como son los miles de millones que hemos dado a Campofrío, o a Leche Pascual, y vamos a seguir así; y algunos de esos proyectos saldrán, y algunos no saldrán.

Lo que no hará nunca este Gobierno, lo que no hará nunca es dar cinco céntimos mientras no se ejecute la inversión y mientras el proyecto no salga adelante. En tanto no se produzca eso, señor González, tenga la plena seguridad que este Gobierno, cualquier empresario que venga a las puertas del despacho del Presidente va a tener las puertas de ese despacho abiertas de par en par. Y si el Presidente se deteriora por ese apoyo empresarial, asumirá ese deterioro. Nada más. Muchas gracias.

(Aplausos.)

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, entiendo que me corresponde, aunque sólo sea para hacer una matización, un turno de un minuto.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No ha lugar.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No ha habido una alusión.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, es la tercera vez...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No ha habido debate. El señor Presidente...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, entiendo que el Presidente...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No ha habido debate alguno que le dé lugar...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: ...entiendo que el Presidente ha reabierto el debate. Y yo lo único que le pediría es que, cuando avale una empresa...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor González, señor González...

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: ...compruebe y verifique su solvencia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...no me obligue usted, no me obligue usted.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Señor Presidente, el Reglamento contempla que las intervenciones de la Junta, que se pueden pedir en cualquier momento, si contribuyen a desequilibrar el debate, deben dar lugar a una intervención nueva. Eso lo sabe usted tan bien como todos los demás.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tiene usted toda la razón, pero la Presidencia entiende que la intervención del Presidente de la Junta no ha...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: La Presidencia...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ...abierto debate alguno, sino... No ha contribuido a deshacer ningún debate. Ha hecho unas matizaciones, unas aclaraciones, y no ha lugar, por lo tanto, a ningún turno de réplica.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Pues déjeme que le diga que la Presidencia...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No le dejo que le diga, señor Quijano, por favor.

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ...viene entendiendo lo que le conviene...

(-p.345-)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No me obligue usted...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: ...a su Grupo desde hace bastante tiempo. ...más cara que espalda.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor. De acuerdo con el apartado 3 del Artículo 50 del Reglamento de la Cámara, no se creará la Comisión de Investigación si no obtiene la mayoría absoluta de los votos.

Antes de proceder a la votación, falta la dúplica de los otros Grupos Parlamentarios. ¿Señora Farto? Renuncia a ello. Señor Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente. Brevemente. Primero para decirle, señor Presidente de la Junta, que lo que acaba de decir y lo que acaba de hacer es un gesto de demagogia pura y simple, pura y simple, lo siento. Es prevalerse, es prevalerse de una circunstancia para decir algo que todos estamos deseando. Pero mire, señor Presidente, la alta tecnología de Biomédica se basa en patentes caducadas, y se lo advirtieron desde el primer momento: noviembre de mil novecientos noventa y tres.

Y lo que sí es absolutamente claro y necesario es facilitar toda esa labor. Pero un clima o una actitud de mínima prudencia significa que si descendientes de Al Capone pasan por la puerta de su despacho, hay que, al menos, tener la perspicacia de evitar inducir a los demás. Porque es verdad que no han puesto un duro, pero inducir a los demás a que sí hagan inversiones, a que se genere una expectativa y a que se creen problemas... Sí, señor Presidente, eso se ha hecho, y eso es un riesgo realmente preocupante. No le estamos diciendo que no vengan industrias a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, ¡encantadísimos! Pero, hombre, hay cuestiones que venimos debatiendo en esta Cámara desde hace algún tiempo para esa cuestión, y yo creo que sí es importante.

Decía el señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular: "Podíamos presentar las conclusiones". Preséntenlas, preséntenlas. Pero para eso hay que abrir la Comisión de Investigación.

"Ni una peseta se pagó". Yo ya he explicado que no es cuestión directamente de pagar, sino, si se induce, estamos en las mismas circunstancias y peor, porque son administraciones que están en peores condiciones para sostener aquella cuestión.

"No hubo trato especial". Pues hubo un clima de turiferarios en aquella escénica representación de la inauguración de no se sabe qué que sería interesante saberlo. Y es verdad que es posible que sean expedientes irreprochables, pero ¿por qué se jactan en estos momentos de decir que han decaído los derechos? ¿Qué derechos? Porque es que entonces se está intentando o se está planteando que, efectivamente, había unos derechos sin haber una investigación a fondo, cuando al final se concluye que -es verdad- llevaban corbata blanca, sombrero de ala y zapatos de charol.

Entonces, a mí me parece que es importante que eso se tenga en cuenta, porque si se ha anulado algo, ¿qué es lo que se ha anulado? ¿Por qué en los prolegómenos se despilfarran o se induce a ese despilfarro? Y si habría algún criterio de resarcimiento, porque, por el mismo criterio que aquí anteriormente se ha dicho, podemos encontrarnos constantemente con este juego: voy a ver si tengo la oportunidad de llevarme unos duros, haciéndome pasar por empresario. No hay ningún tipo de control o de previsión, y, en definitiva, se degrada esta Cámara, se degrada el Ejecutivo, se degrada la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y eso es muy difícil después levantarlo, Señorías, eso es muy difícil levantarlo. Y ése es un oprobio, un oprobio directamente causado a la Comunidad Autónoma. No podemos permitir eso, y nosotros no queremos, no queremos que eso lo sufra nuestro Gobierno, nuestro Presidente, nuestra Comunidad, nuestra Cámara.

Por consiguiente, si es tan fácil ganar elecciones mediante el sistema de comisiones de investigación en Boecillo, en León y en no sé cuántos, accedan a abrir una nueva, que a lo mejor ya son los dos mil cuatrocientos veintiocho municipios. Gracias.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Decía que, de acuerdo con el apartado 3 del Artículo 50 del Reglamento de la Cámara, la Comisión de Investigación no se creará si se opone a ello la mayoría absoluta de sus miembros: cuarenta y tres o más votos. Se va a someter a votación si se crea o no esta Comisión de Investigación.

¿Los que estén a favor de que se cree la Comisión? Gracias. ¿Los que estén en contra de esa creación de la Comisión? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación: votos emitidos, ochenta; a favor, treinta; en contra, cincuenta; abstenciones, ninguna. Queda, en consecuencia, rechazada la creación de la Comisión de Investigación sobre Biomédica que se había solicitado.

(Aplausos.)

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, por favor. Señor Secretario, le ruego dé lectura al undécimo punto del Orden del Día.

(-p.346-)

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR FERNÁNDEZ MERINO): Undécimo punto del Orden del Día: "Propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, abandonen con orden y en silencio el hemiciclo, si han de hacerlo, pero vamos a continuar la sesión.

Para consumir un turno a favor de esta propuesta sobre el Reglamento de la Cámara, señor Crespo, tiene la palabra.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: Buenos días, señor Presidente. Gracias. Aprovecharemos el receso que parece que se ha tomado la Cámara para defender este asunto. Y con el permiso del Presidente, sin que me compute el tiempo, aguardaré a que se tranquilicen Sus Señorías.

Bien. La propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León que propone el Grupo Parlamentario Socialista tiene como objetivo lograr que la declaración a la que estamos obligados los Parlamentarios castellano-leoneses, en virtud del Artículo 15.3 de nuestro Reglamento, sea publicada en el Boletín Oficial de las Cortes.

Realmente, nosotros no estamos satisfechos de haber tenido que tomar esta iniciativa unilateralmente. Siempre hemos defendido, y lo seguiremos haciendo en el futuro, que las reformas del Reglamento que tanto demandamos todos periódicamente, que con tanto énfasis defendemos al inicio de las Legislaturas, y que tan necesaria es para que esta Cámara sea ágil, sea eficaz, sea útil, sea creíble para los ciudadanos, desgraciadamente, esas voluntades que todos expresamos demasiados años llevan sin materializarse. Y hubiésemos querido que esta reforma que hoy proponemos no fuera para este asunto exclusivamente, sino que lo fuera para algunos más, y seguramente tan importante o más que este que proponemos, y al mismo tiempo que la propuesta de esa reforma amplia del Reglamento hubiera sido debidamente consensuada con todos los Grupos que proponemos esta Cámara.

Y con ello quiero hacerles la primera aproximación en relación con este asunto. Vaya por delante nuestra oferta de consenso para la reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, como vaya por delante nuestra oferta de consenso para regular todas las materias en lo que se refieren a los registros de intereses... al registro de intereses de los altos cargos, como en lo que se refiere a la publicidad del... perdón, a la publicidad de la declaración de bienes patrimoniales de los Procuradores. Y esto lo hacemos desde una plena convicción democrática, entendiendo que el espectáculo al que estamos asistiendo, dedicando demasiado tiempo a hablar de nosotros mismos, a hablar de nuestras cosas, a hablar de nuestras diferencias en relación con estos asuntos, es un espectáculo que no contribuye a mejorar la credibilidad de los políticos ante los ciudadanos, que no contribuye a dotar, desde luego, de transparencia a la acción política, que no contribuye a sosegar un clima político ciertamente violentado, y que no contribuye a prestigiar la tarea de la acción política entendida como servicio a los ciudadanos.

Fíjense, con la cantidad de cosas que suceden en nuestra tierra, con la cantidad de problemas que tenemos que, entre todos, resolver, con las responsabilidades del Gobierno regional para iniciar procesos que contribuyan a resolver dificultades, yo les voy a hacer una leve referencia de declaraciones periódicas, prolijas, relacionadas con este asunto. Y esto arranca con cierta rotundidad en el año noventa y cuatro, cuando el Gobierno regional de Castilla-La Mancha adopta una decisión valiente, una decisión importante y una decisión, sin duda, que supone convertir en una urna de cristal las actividades de los políticos castellano-manchegos. Todos los líderes políticos se muestran partidarios, en aquellas fechas, de adoptar en nuestra Comunidad Autónoma medidas similares a las que allí se habían adoptado.

El señor Lucas declara que los bienes serán... que la declaración de bienes los de altos cargos de la Junta será pública. Es bueno que estas declaraciones sean abiertas y públicas. El señor León de la Riva se manifiesta también partidario a esta medida, aunque dude de su efectividad. En los prolegómenos de la campaña electoral, el señor Lucas vuelve a insistir y manifiesta estar de acuerdo en la publicación de sus bienes. Ya advertimos en aquel momento nosotros que veíamos serias dificultades para que esa publicidad de la que se hablaba fuera una publicidad efectiva, y veíamos muchas dificultades para que esto se homologara con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y ello se publicara en el Boletín Oficial de Castilla y León.

El señor Vicepresidente de la Junta afirma que Procuradores y altos cargos harán pública su declaración de bienes y lo incluye... incluyen en su programa electoral la promoción de una iniciativa legislativa en relación con este sentido. Y la norma que ustedes promulgan es una norma que restringe todavía más las dificultades de acceso al Registro de Intereses de los Altos Cargos.

El señor Lucas manifiesta, en mayo de mil novecientos noventa y cinco, que su primera acción de gobierno será la declaración de bienes de altos cargos, justo en el mismo momento en que tomen posesión. El señor Consejero de Presidencia afirma que hará un nuevo Decreto para que las declaraciones patrimoniales de los Consejeros sean públicas. Y ahí nos encontramos de nuevo con la letra pequeña de esa reforma, que, introduciendo el concepto de interesado, ustedes saben que dificulta, si no imposibilita, de hecho, que los ciudadanos puedan acceder a ese Registro.

(-p.347-)

El Grupo Parlamentario Socialista, viendo cómo iban evolucionando estas cuestiones, adopta, toma una iniciativa legislativa tendente a instar a la Junta de Castilla y León, por una parte, a regular de una forma amplia y de una forma flexible la posibilidad de acceso al Registro de los Intereses de los Altos Cargos, al tiempo, al tiempo que ya introducimos la necesidad de reformar el Reglamento en lo que se refiere a la declaración patrimonial de los Procuradores.

Y a partir de ese momento, señoras y señores Procuradores, comienza el espectáculo, comienza el "striptease" individual del señor Presidente, como le ha parecido, cuando le ha parecido, tratando de capitalizar una decisión personal; posteriormente, con mucho esfuerzo, los señores Consejeros, posteriormente algunos Secretarios Generales, posteriormente algún Director General.

En definitiva, señoras y señores, creo que una necesidad que todos tenemos, como es presentarnos ante los ciudadanos como gentes que vivimos honestamente de nuestro trabajo, que no tenemos nada que ocultar, y que por lo tanto no es legítimo sembrar dudas sobre la honorabilidad de quienes se dedican a la acción política, ustedes lo convierten en un espectáculo personal a la contra -yo creo y lamentándolo mucho-, tratando de desviar la atención con aportaciones personales de las características del señor Presidente de la Junta de Castilla y León, evitando que esto se regule de una forma definitiva, evitando que nos dotemos de un instrumento legal que nos obligue a todos, que sirva para siempre, que contribuya a que esto se aleje del debate político cotidiano. De tal forma que ustedes no facilitan el que al inicio de cada Legislatura, al inicio de cada mandato, para siempre y para todos, tengamos una norma que nos obligue a declarar con qué entramos, a que esa declaración se publique, y a declarar, posteriormente, con qué salimos y que esa declaración se publique también.

Y eso, señor don Vicente Herrera, sabe que en este momento no es posible. Ustedes hacen la declaración a la que están obligados. ¡Faltaría más! Pero es que ni siquiera a este Procurador se le ha facilitado -ni siquiera- la relación de altos cargos que han hecho la declaración a la que están obligados por Ley. Si no hicieran esa declaración siquiera, estarían fuera de la norma, estarían fuera de la Ley. Y ya no hablo de que se haya facilitado la certificación de ese Registro, no hablo de eso; ni siquiera se ha comunicado quiénes han cumplido con su obligación de presentar esa declaración.

Y en cuanto a los Procuradores, en cuanto a los Procuradores, yo creo que ustedes están pasando un mal rato sin necesidad, y en su Grupo están teniendo serias dificultades, y yo le he escuchado al señor Portavoz del Grupo Parlamentario Popular haciendo ese alarde de generosidad individual -que yo desde luego no le pido y que no me sirve-, diciendo que él está dispuesto a hacer su declaración, pero que no quiere que esto condicione a su Grupo. Yo no me permito pedir aquí a nadie esfuerzos personales que no corresponden. Lo que pido es que nos dotemos de una norma que nos condicione y nos obligue a todos, y con esto demos por zanjada la cuestión y nos dediquemos a discutir, a debatir y a atacarnos, con la contundencia que seamos capaces, por otras cosas, por las cosas que de verdad preocupan a la Comunidad Autónoma, y no por estas cosas que nos preocupan a nosotros mismos en exclusiva.

Y ustedes están hechos un lío en relación con este asunto, porque a raíz del ofrecimiento formal y la propuesta formal del Grupo Parlamentario Socialista de buscar, de promover esta reforma del Reglamento, y a raíz de la constatación pública de que ustedes han puesto trabas a la publicidad del Registro de Altos Cargos, primero, recibimos un reto sorprendente por parte de la Junta de Castilla y León: la réplica que nos da la Junta de Castilla y León, a través de su Portavoz, es que los altos cargos ya ha cumplido, que ahora cumplan los Procuradores del PSOE. Yo creo que fue un lapsus del señor Procurador... del señor Portavoz, perdón, que en ese momento estaba pensando en el conjunto de la Cámara y estaba pensando en todos los Procuradores. Yo creo que el señor Portavoz de la Junta -para eso lo es- ajusta mucho sus intervenciones, y en ese caso tuvo un leve lapsus. No creo que el Portavoz de la Junta se atreviera a retar en exclusiva a los Procuradores del PSOE, sino que estaba retando a esta Cámara a que hiciera pública la declaración de bienes de todos los Procuradores de las Cortes de Castilla y León; estoy seguro que ésa era la pretensión del señor Portavoz de la Junta de Castilla y León.

Entonces, ustedes que sustentan, con mucha rotundidad y con mucha convicción, la acción de gobierno -que es su obligación, para eso están-, háganle caso en esta ocasión. Tienen ustedes la ocasión de cumplir un reto que la Junta de Castilla y León ha lanzado a esta Cámara, tienen además -yo creo- la obligación política de apoyar las indicaciones que les hace la Junta de Consejeros, que les hace su Gobierno, y, por lo tanto, asuman el reto de la Junta de Castilla y León cuando dice que las Cortes deben reformar su Reglamento para que todos los ciudadanos conozcan las declaraciones de bienes a las que por Ley estamos obligados.

Y por cierto, señor Vicente Herrera, en su confusión en relación con este asunto y en las dificultades por las que está atravesando, fruto de la iniciativa que nosotros adoptamos con este asunto, ustedes se vieron sorprendidos y digamos que contraatacaron con una fórmula sorprendente, también en la línea esa de poco menos que, de no haberlo hecho, haber quedado en evidencia casi de estar fuera de la norma, y se lo explicaré. Inmediatamente que esto se sustancia ante la opinión pública, ustedes reaccionan diciendo: señor Presidente de las Cortes de Castilla y León, sepa que todos los Procuradores del Grupo Parlamentario Popular, del uno al cincuenta -me lo temía, ¿eh?, que eran cincuenta-, han hecho su declaración notarial ante este notario, con este número de protocolo y tal. ¡Sólo faltaba!, señor Vicente Herrera...

(-p.348-)

(Intervención sin micrófono de un Procurador.)

¿Está usted seguro? ¿Está usted seguro? Si hoy vamos a quedar cada uno en nuestro sitio en relación con este asunto, no se preocupe, no se preocupe.

(Intervención sin micrófono de un Procurador.)

Y pido también el amparo del señor Presidente cuando soy interrumpido.

De todas formas, de todas formas...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Haya orden, por favor.

CRESPO LORENZO

EL SEÑOR CRESPO LORENZO: ¿Puedo continuar?

Yo, de todas formas, también, para como nos vamos a ver a lo largo de cuatro años, yo le pido el amparo al señor Presidente, pero al mismo tiempo le digo que a mí no me importa que me silben, que me abucheen y tal en las Cortes. Por eso pido disculpas por anticipado. Es decir, a mí no me importa, yo creo que esto tiene que ser algo más vivo, esto tiene que ser un poco más entretenido, esto tiene que ser un poco más dinámico, no tenemos que estar todos tan serios y, por lo tanto, aunque agradecería que de entrada el Presidente me amparara, no tengo ningún inconveniente en que ustedes manifiesten y exterioricen -además lo van a hacer- su conformidad o disconformidad con las cosas que nosotros aquí hagamos o digamos. Cuenten con ello, y será bien recibido y convenientemente replicado.

Entonces, señor Vicente Herrera, ustedes no saben qué hacer con este asunto y lo que proponen, o lo que manifiestan, o lo que trasladan a la opinión pública es que han cumplido con la norma y han hecho sus declaraciones notariales. ¡Pues sólo faltaba que no lo hubieran hecho!

Y mire, para terminar, nosotros hemos hecho todos -y no alardeamos de ello, porque eso sí está reglado- nuestra declaración notarial. Y como está hecha, y como queremos predicar con el ejemplo, y como queremos tener autoridad moral a la hora de reclamar algunas cosas, independientemente, independientemente de lo que ustedes hagan aquí con esta Proposición de Reforma del Reglamento que nosotros planteamos, hoy mismo los ciudadanos de Castilla y León, a través de los medios de comunicación... Y fíjese, lamento que sea a través de los medios de comunicación, porque les estamos dando un papel que quizá no sea el que les corresponde, pero, al final, todos hemos pretendido, todos llegamos a la conclusión de que es el único instrumento para que esto sea público, porque ustedes se oponen a que el Boletín de las Cortes de Castilla y León y el Boletín de la Junta, que ése sí que es el periódico de todos los castallano-leoneses, lo publique, pues a través de los medios de comunicación. Primero, le tranquilizaremos a usted, porque observará que nosotros sólo veintisiete, pero las veintisiete están hechas, estarán a disposición de los medios de comunicación y tendrán la relación individualizada de todos y cada uno de nosotros con la declaración que se ha formulado ante el notario correspondiente.

Y termino diciéndole que, a pesar de todo ello, a pesar de todo ello, esto no lo hacemos, no lo hacemos -como ustedes lo han planteado- con el alarde personal, exhibicionista para, en lo posible, evitar que los demás lo hagan y con ello distraer la atención; no. Nosotros, como estamos convencidos de que esto hay que hacerlo, como hemos promovido esta reforma del Reglamento y como creemos que en esto debiéramos ponernos de acuerdo, debiéramos prestarnos un servicio a las instituciones, a nosotros mismos y a los ciudadanos, y debiéramos entre todos dejar y conseguir... conseguir que esto formara parte del debate cotidiano, vamos a predicar con el ejemplo y esto se hará público.

Espero que ustedes reflexionen, espero que resuelvan las dificultades internas que tienen en relación con este asunto y zanjémoslo, zanjémoslo, señor Vicente Herrera. No podemos seguir perdiendo tiempo -la Comunidad no se lo merece- hablando demasiado de estas cosas. Resuélvanlo, echen una mano, ustedes tienen la mayoría, ustedes tienen la responsabilidad, ustedes son los que tienen la dificultad en este caso, háganlo.

Y para terminar como empecé, no queremos seguir por esta línea en lo que se refiere al Reglamento. Pero si ustedes no hacen uso de la responsabilidad que tienen con su mayoría, el Grupo Parlamentario Socialista promoverá reformas del Reglamento que creemos son necesarias, inaplazables e imprescindibles. Queremos hacerlas por consenso, pero no estamos dispuestos a perder más tiempo con este asunto. Nada más y gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Para consumir un turno en contra, ¿algún Grupo Parlamentario? ¿Para fijación de posiciones, entonces? Por el Grupo Mixto, señora Farto, tiene usted la palabra.

FARTO MARTÍNEZ

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Simplemente para decir que estamos a favor de esta reforma, sobre todo, teniendo en cuenta que esta Procuradora ya lo ha hecho obligada por las circunstancias. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Grupo de Izquierda Unida, señor Herreros, tiene la palabra.

HERREROS HERREROS

(-p.349-)

EL SEÑOR HERREROS HERREROS: Gracias, señor Presidente, Señorías. A mí me da la impresión de que vamos a estar todos absolutamente de acuerdo, si lo cual es bueno, interesante, necesario, conveniente; es más, respondería en cierto modo al criterio que en su día avanzamos todos los Grupos de común acuerdo, en abordar una temática que es la del Reglamento, la modificación del Reglamento de las Cortes de Castilla y León y que se ha venido aplazando por unas u otras circunstancias. Y yo quiero -en esta ocasión y valiendo de esta oportunidad- decir que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ya tiene una propuesta alternativa, global, completa, no con otra finalidad sino la de poder transmitirla, poder comunicarla, poder discutirla, poder analizarla y, lógicamente, llegar a acuerdos, porque era uno de nuestros compromisos en aquello que llamábamos la revitalización de la actividad parlamentaria: el discrepar, el discutir, el debatir; interesantísimo. Y, en todo caso, siempre es muy conveniente de cara a lo que puede ser una orientación a la ciudadanía; de qué es lo que piensa la propia ciudadanía, somos transmisores, en definitiva de lo que en unos u otros casos las personas opinan.

Y, desde luego, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de reproche a nadie que haga, primero, el cumplimiento estricto de la Ley; segundo, incluso -aunque no estuviera recogido así-, que pudiera hacer formulación expresa de esa declaración, tanto pública como privada, como registrada en esta Cámara, como también había venido siendo tradicional, puesta a disposición de la Comisión correspondiente, para que en cualquier caso fuese revisado. Por tanto, nosotros en virtud de esa transparencia, en virtud de esas razones, votaremos favorablemente a la modificación de esta naturaleza. Pero sí decir: nos parecería un mal criterio el que tuviésemos que ir uno a uno, artículo a artículo, para conseguir introducir modificaciones que están en muchos casos en la sensibilidad de la mayoría -podíamos decir- de la Cámara, y sí una acotación que podía ser una enmienda de adición que no la hemos formulado, precisamente, en base o en razón de permitirnos esa reflexión común y conjunta de todo el reglamento. Pues, Señorías, las declaraciones que hacemos de bienes ante notario, en definitiva, no son mi más ni menos que recoger y dar fe de la declaración expresa que hace cada uno de forma individualizada. Tiene valor, pero tiene escaso valor, porque me imagino que, aunque otros elementos también puedan ser objeto de falseamiento, lo que no cabe la menor duda es que eso sólo no va a ayudar a poder seguir o hacer un control de los bienes, de las fuentes, de las actividades de cada uno de los Procuradoras y Procuradores de esta Cámara.

En esta propuesta que nosotros planteamos de forma global, yo quiero hacer público, al menos, que en nuestro artículo 15 añadimos algo que puede afianzar ese tipo de declaraciones, y decimos: estarán obligados los Procuradores y Procuradoras a formular, para adquirir la plena condición de Procurador, declaración de bienes e intereses así como de sus actividades, y presentar copia de su declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre el patrimonio. Porque no cabe la menor duda que esto es un instrumento que tiene unos alcances diferentes, que incluso tiene otras fuentes de investigación y contrastación y que, lógicamente, al final terminaría, quien incurriera en alguna de esas veleidades, en tener que hacer una cascada de falsificaciones o de actos fraudulentos, que a la postre terminaría con la posibilidad de ser sorprendido en su mala fe, en este caso absolutamente, y con lo cual nosotros creemos que se afianza ese planteamiento.

Es más, decimos en uno de los apartados que las declaraciones de bienes, intereses y actividades, deberán actualizarse siempre que existan circunstancias modificativas de las mismas, y antes del uno de agosto de cada año natural deberán incorporarse al registro de intereses las autoliquidaciones tributarias del último ejercicio económico declarado. Con lo cual, nosotros creemos que eso, en cierto modo, tiene unas garantías bastante más amplias, más saludables, para que, en ningún caso se produzcan fenómenos que pongan o puedan poner en tela de juicio o en duda la honorabilidad de la mayoría de las personas que se dedican o nos dedicamos a esta actividad de la función política, amén de las cuestiones que cada cual tenga a bien. Gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias, tiene la palabra el Portavoz del Grupo Popular, señor Herrera.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Muchas gracias, señor Presidente. Señorías, quisiera comenzar pidiendo formalmente disculpas al Procurador Crespo, si a lo largo de su intervención se ha sentido agredido por mis reacciones.

Señoras y Señores Procuradores, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes de Castilla y León limitada a determinados aspectos de la obligación impuesta por el artículo 15 de dicho Reglamento a los Procuradores regionales de efectuar declaración notarial de sus bienes patrimoniales y de sus actividades retribuidas. Es importante hacer este primer recordatorio, porque en la intervención del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, desde mi punto de vista, se han mezclado cuestiones que no son objeto de esta Propuesta de Reforma. El Reglamento, como no podía ser de otra manera, no es el instrumento para regular la posible declaración similar que tengan que hacer los altos cargos de la Administración Autonómica. Por tanto, voy a intentar ceñirme en esta intervención al criterio del Grupo Parlamentario Popular en relación justamente a esa propuesta de reforma de nuestro instrumento normativo fundamental, de nuestro Reglamento. En ese sentido, sí quiero anunciar que el Grupo Parlamentario Popular, va a votar a favor de la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento de las Cortes, dicho lo cual, me interesa significar dos cosas.

(-p.350-)

Nosotros, como otros Portavoces anteriormente han significado, somos desde luego partidarios -y así lo hemos manifestado también incluso este mismo Portavoz- de examinar de una forma global la posible reforma de aquellos aspectos del Reglamento que se entiendan que han quedado obsoletos. Por lo tanto, a pesar de que vamos a votar a favor, queremos significar que esto es una excepción -que posteriormente justificaré- acerca de ese criterio general que parece ser que comparten otros Grupos, incluso el Grupo Proponente, pero que no ha puesto en práctica.

Y, en segundo lugar, y yo se lo indicaba también a don Jesús Quijano, nosotros hubiéramos visto con unos ojos magníficos, en aras de ese consenso que en este momento se solicita, que esta propuesta concreta de reforma, con las matizaciones a las cuales voy a hacer referencia, se nos hubieran planteado antes de presentarla oficialmente dentro de esta Legislatura y a este Portavoz.

Desde luego, nosotros no desconocemos la sensibilidad en la opinión pública, la sensibilidad social y la obligación que también nosotros tenemos de dignificar nuestra actividad -en este caso nuestra actividad parlamentaria-, que determina que tenemos que dar un paso más allá y que, desde luego, tenemos que poner nuestro Reglamento a la altura de otros reglamentos similares en otros parlamentos autonómicos y -por qué no significarlo también- en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Dicho lo cual, también me interesa significar lo siguiente.

Desde un punto de vista puramente jurídico, la propuesta o aspectos de la propuesta que plantea el Grupo Parlamentario Socialista nos producen dudas en cuanto a su legalidad, y he de significar a este respecto que -al menos para el criterio humilde de este Procurador- la obligación de publicar las declaraciones de bienes y actividades retribuidas de los Procuradores vulnera el derecho constitucional a la intimidad personal que reconoce la Constitución a todos los ciudadanos, incluyendo, lógicamente, a los Procuradores en las Cortes de Castilla y León. Eso desde el punto de vista jurídico.

Pero es que, desde el punto de vista técnico, su propuesta es incompleta, es mala y -por qué no decirlo- es chapucera, porque incluso impide lo que usted desde esta tribuna ha significado: impide realizar en los términos concretos de su propuesta, un seguimiento de las situaciones de actividad y de las situaciones patrimoniales, en la medida en que no prevé, en que no establece ningún instrumento que vaya complementando esa declaración inicial hasta una declaración final. Su propuesta en ese sentido es incompleta y estaríamos mucho más de acuerdo en la línea de la propuesta realizada por el Portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

Entendemos, por lo tanto, que es el momento oportuno -y por eso vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta Propuesta- de actualizar nuestro Reglamento en este punto concreto para acercarlo, y ya lo adelanto y así lo vamos a realizar a través de las correspondientes enmiendas o a través... enmiendas de carácter parcial, o a través de las correspondientes iniciativas, para adaptarlo a lo que constituye el modelo o el modelo más normal en este momento en los Parlamentos Autonómicos, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y -por qué no apuntarlo también- en la Administración Central del Estado, después de la regulación realizada a través de la Ley de Incompatibilidades de mayo del noventa y cinco y del Real Decreto 1410/1995, de cuatro de agosto.

Y eso, desde nuestro punto de vista, exige habilitar los siguientes instrumentos complementarios de parte de su propuesta. Desde luego, la declaración inicial de bienes y actividades retribuidas, a la que deberá acompañarse, lógicamente, las declaraciones tributarias, no autoliquidaciones, porque pueden ser autoliquidaciones o pueden ser declaraciones, tanto de renta como de patrimonio. Toda esa documentación deberá actualizarse en el caso de que concurran circunstancias modificativas que así lo aconsejen o así lo exijan. Y, desde luego, deberá completarse, para realizar un examen de todo el ítem de la Legislatura, con una declaración final en el momento en el que el Procurador deje de ostentar tal condición. Y todo ello también a través de la constitución -en ningún caso prevista en su propuesta- de un registro de intereses de los Procuradores de Castilla y León, un registro que, de acuerdo con esa normativa común -y ya lo adelanto-, tanto en la mayoría de los Parlamentos, incluso en aquellos Parlamentos en los cuales la regulación ha sido realizada por el propio Partido Socialista, en la medida en que tiene esa mayoría en el Congreso de los Diputados, en el Senado, y también en el modelo adoptado por la Administración Central, un registro de intereses que tendrá carácter público en relación a las actividades retribuidas de los Procuradores, y que tendrá carácter no público, o como dice esa únicamente norma que regula el instrumento, el registro en la Administración Central, carácter reservado respecto de los datos patrimoniales y respecto de las declaraciones tributarias.

Y quiero finalizar, con la benevolencia del Presidente de la Cámara, haciendo mención a lo que me parece, ha sido en los últimos días una de las aportaciones más lúcidas a la cuestión que estamos debatiendo y en la que entiendo que existe una base suficiente de consenso para comenzar a caminar, que hubiera sido conveniente tenerla en cuenta antes de presentar la propuesta, y es la que se deduce -y simplemente voy a citar la parte final de dicho artículo- de un luminoso artículo de un prestigioso periodista de esta región, publicado hace tan sólo unos días en un conocido medio de comunicación regional, y que como expresa mucho mejor que mis palabras lo que nosotros queremos transmitir a la Cámara, voy a leer a Sus Señorías:

(-p.351-)

"Por estos motivos, quizá sería bueno implantar una fórmula a la vez más exigente y efectiva que la actual, en la que la información estuviese en todo momento a disposición de las Cortes, pero sin que necesariamente tuviera que ser objeto de chascarrillos de tienda de ultramarinos.

Se trataría de crear un registro de intereses en el que los políticos que desempeñen cargos en la esfera regional, incluidos todos los Procuradores, consignen en el momento del nombramiento y del cese todos sus bienes de valor y propiedades, sus intereses y participaciones y sus declaraciones anuales de los impuestos de la renta de las personas físicas y del patrimonio.

A la política, que tendría que ser la más noble de las actividades, se llega para servir a los demás, no para servirse de ella, y, por eso, no sólo hay que ser honrado, sino parecerlo. De ahí que sería importante la existencia de esos procedimientos de control, pero dando un margen de confianza a nuestros servidores públicos, exigiéndoles la máxima transparencia, pero evitándoles pasar el bochorno de que detalles de su vida privada que deben constar en el registro de intereses sean objeto de comentario en la panadería, dicho todo, lógicamente en los términos propios literarios y con pleno respeto a los gremios y a las profesiones citadas".

Y, termino, Señor Crespo, señoras y señores Procuradores, nosotros vamos a votar en esa dirección porque nos parece que éste es un momento oportuno para introducir la correspondiente reforma en el Reglamento. Estas afirmaciones las hago desde la autoridad también moral que me da el poner en este momento a disposición de todas Sus Señorías, de todos los Grupos Parlamentarios y -en el momento en que ellos lo dispongan y así lo requieran- de los medios de comunicación mi declaración personal de bienes y de actividades retribuidas, así como la de la mayor parte de los Procuradores de esta Cámara. Porque nosotros, con independencia de que nos oponemos al establecimiento de una obligación legal que con carácter imperioso determine la publicación de esos datos, sí que admitimos y sí que reconocemos la posibilidad de que haya un gesto voluntario de las personas que así estimen deben realizarlo, de poner a disposición del público, de poner a disposición de los ciudadanos esos datos. Nada más.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Señoras y Señores Procuradores, la...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Señor Presidente, ha habido una alusión en la primera parte de la intervención del Portavoz del Grupo Popular que desearía aclarar.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Alusiones que no he oído, pero si...

QUIJANO GONZÁLEZ

EL SEÑOR QUIJANO GONZÁLEZ: Sí, le recordaré que en ese momento hablaba usted con el señor Vicepresidente y quizá por eso no la advirtió. Ha venido a decir el Portavoz del Grupo Popular -quizá con una crítica velada- que esta iniciativa podía haber sido compartida citando expresamente mi nombre y apellidos. Le quiero recordar que una propuesta más global de reforma del Reglamento duerme el sueño de los justos en la Cámara -lleva mi firma, por cierto- desde principios de la Legislatura anterior. Y le quiero recordar también que en la Comisión de Presidencia, donde se debatió una Proposición No de Ley previa a esta iniciativa, se anunció que esta iniciativa sería elaborada y ha pasado desde entonces más de un mes, no ha habido por su parte ninguna intención -anunciada esa iniciativa- de querer compartirla; otra cosa es que, lógicamente, en el periodo de enmiendas podamos hablar del asunto. Pero las cosas hasta ahora han sido así, y en honor a la verdad, convenía aclarárselo.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias.

HERRERA CAMPO

EL SEÑOR HERRERA CAMPO: Señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): No, en turno de alusiones no ha lugar a debate, señor Herrera.

La pregunta, señoras y señores Procuradores es si las Cortes toman o no en consideración la Propuesta de Reforma de Reglamento, pero oídos los Portavoces, esta Presidencia considera que se puede votar por asentimiento. ¿Se aprueba la toma en consideración por asentimiento? Queda aprobada. Y, en consecuencia, será remitida la Propuesta de Reforma del Reglamento a la Comisión correspondiente, abriéndose el oportuno plazo para la presentación de las correspondientes Enmiendas.

(-p.352-)

Señor Secretario, le ruego dé lectura al duodécimo punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Duodécimo punto del orden del Día: "Propuesta de tramitación, por el procedimiento de lectura única, del Proyecto de Ley de Modificación del Decreto Legislativo 1/1988, de veintiuno de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego, asimismo, al señor Secretario dé lectura al acuerdo de Mesa proponiendo el procedimiento de lectura única.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "La Mesa, en su reunión de fecha dos de noviembre actual, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces, propone al Pleno de las Cortes la tramitación en lectura única del Proyecto de Ley por el que se modifica el Decreto Legislativo 1/1988, de veintiuno de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): ¿Se aprueba por asentimiento esta propuesta? Gracias. Queda aprobada.

Señor Secretario, dé lectura al decimotercer punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimotercer punto del Orden del Día: "Debate y votación en lectura única del Proyecto de Ley de modificación del Decreto Legislativo 1/1988, de veintiuno de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Gobierno y de la Administración de Castilla y León".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Para la presentación del Proyecto de Ley, en nombre de la Junta de Castilla y León, tiene la palabra el señor Consejero de Fomento y Vicepresidente de la Junta.

MERINO DELGADO

EL SEÑOR CONSEJERO DE FOMENTO (SEÑOR MERINO DELGADO): Gracias, señor Presidente. Señoras y señores Procuradores. Constituye para este Vicepresidente un honor y una satisfacción presentarme ante esta Cámara para someter a la aprobación de Sus Señorías el Proyecto de Ley que tiene por objeto la modificación parcial de la Ley de Gobierno y de la Administración de Castilla y León.

Como recordarán, el Artículo 148.1 1ª de la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas competencias en la organización de sus instituciones de autogobierno, razón por la cual, y en cumplimiento también de su Artículo 147.2 c) de nuestro Estatuto de Autonomía, se consagra como competencia exclusiva de la Comunidad de Castilla y León en el Artículo 26.1.1 la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno; previsión que se complementa de manera específica para la Administración Autonómica en el Artículo 31 del Estatuto, al significarse que corresponde a la Comunidad la creación y estructuración de los órganos y servicios de la Administración Regional que tengan por objeto servir al ejercicio de las competencias atribuidas a aquélla.

En este marco determinado por el bloque de la constitucionalidad, es decir, Constitución y Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma, desde sus orígenes, apreció la necesidad de dotarse de una norma que regulase los aspectos institucionales y jurídicos en los que había de moverse el Gobierno y la Administración de nuestra Comunidad, y que se plasmó en la Ley 1/1983, de veintinueve de julio, modificada posteriormente por las Leyes 2/1985 y 15/1988, y que fueron objeto de refundición mediante el Decreto Legislativo 1/1988, de veintiuno de julio, para dotarla de una mayor facilidad en su manejo y aplicación. En la última reforma mencionada, el entonces señor Consejero de Presidencia y Vicepresidente de la Junta de Castilla y León -hoy presidente de esta Comunidad Autónoma-, presentó públicamente desde esta misma tribuna el Proyecto de Ley de Reforma que, en sus propias palabras, trataba de modificar y mejorar el marco jurídico institucional en el que había de moverse el Gobierno y Administración de nuestra Comunidad, dotando a la Administración Autonómica de los cauces y previsiones jurídicos necesarios para llevar a pleno y cumplido efecto las exigencias constitucionales y científicas de una buena organización administrativa.

Hoy, siete años después, podemos volver tranquilos la vista atrás y observar con satisfacción como aquella Ley, a pesar de sus detractores, ha venido a ser un cauce e instrumento ágil y eficaz, y sobre todo adecuado para lograr aquellos fines.

Todas estas normas legales, dado su carácter institucional y la regulación de instrumentos jurídicos esenciales con los que se ha dotado a la Administración Regional, han nacido -como sus Señorías recordarán- con una vocación de permanencia y definitividad. No obstante, el Estado Autonómico que se consagra en el texto constitucional precisamente aparece caracterizado por ser vivo, en continua evolución, sobre todo en sus primeras fases, hasta la consolidación competencial y jurídica definitiva de las Comunidades Autónomas, e incluso más allá, por la reserva de competencias al Estado en materias básicas o en regulaciones de gran trascendencia e importancia que siempre tendrán incidencia en la normativa propia, lo que nos obliga a estar siempre abiertos a determinadas modificaciones institucionales y jurídicas que sirvan para ir definiendo nuestras peculiaridades, así como para coordinarnos con el resto de Administraciones Públicas, evitando una petrificación en absoluto deseable.

(-p.353-)

En el plano puramente normativo, la novedad más importante desde la aprobación del Texto Refundido viene constituida por la aprobación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en un intento loable de crear un sustrato común para todas las Administraciones que garantice a los administrados un trato uniforme ante ellas. La necesaria adecuación de la normativa autonómica a la estatal básica de general aplicación se ha encontrado, en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, con un obstáculo fundamental: las peculiaridades de la normativa propia y su discordancia con unas pretendidas bases que quizá sobrepasan tal calificación jurídica por exceso de definición y que, dada su importancia y trascendencia en nuestra organización administrativa y principios jurídicos, han motivado el recurso de inconstitucionalidad de esta Comunidad Autónoma que se interpuso contra aquella norma. Por ello, en tanto no se resuelva por el Tribunal Constitucional el recurso planteado, no podrá acometerse de una manera seria y coherente aquella labor de adecuación, momento en el que también será posible el estudio de la incidencia que ha tenido en nuestra Administración la asunción de nuevas competencias, la gestión de estas nuevas funciones y de los recursos materiales y personales que conllevan, su repercusión en la Administración periférica, así como todas aquellas cuestiones institucionales y jurídicas que en el estado actual de desarrollo autonómico alcanzado sean susceptibles de mejora, ya sea a instancias de este Gobierno o de los Grupos Parlamentarios presentes en esta Cámara, compromiso de modificación que desde esta misma tribuna asumo.

El Proyecto de Ley que ahora vengo a presentar ante Sus Señorías aborda de forma urgente y perentoria la necesidad de reforma de aquellos aspectos referentes a la organización administrativa que son demandados como garantía de un funcionamiento ágil y eficaz de la Administración, y que no pueden estar por más tiempo pendientes de la resolución de los problemas antes planteados, a saber: la determinación de la presidencia de la Comisión de Secretarios y la concreción de la Jefatura de Personal de cada Consejería.

Respecto al primer punto señalado, el actual párrafo segundo del Artículo 7 del Texto Refundido atribuye taxativamente la presidencia de la Comisión de Secretarios al Consejero de Presidencia; tal previsión -qué duda cabe- supone dejar cerrada la posibilidad de que en cada momento el Gobierno Regional determine la autoridad más conveniente para realizar las funciones atribuidas al presidente de dicha Comisión, por lo que políticamente es más deseable la flexibilización de su designación, creando así un margen para que, gobierne quien gobierne, aprecie qué figura puede desarrollar de forma más eficaz las funciones de preparación de las reuniones de la Junta de Castilla y León. Al haberse hecho efectiva en esta Legislatura la vicepresidencia, una de cuyas principales funciones es la de coordinación de las Consejerías -tal y como señaló el Presidente de la Junta de Castilla y León en su discurso de Investidura-, parece oportuno en estos momentos la modificación propuesta, en la medida en que la Comisión de Secretarios puede ser un instrumento esencial de coordinación.

Respecto a la Jefatura de Personal de las Consejerías, este Proyecto de Ley atribuye tal competencia a los respectivos Secretarios Generales, detrayéndola de las funciones que para los Consejeros establece el artículo 21 del actual texto refundido. Esta reforma se fundamenta en múltiples razones. En la actualidad, los Secretarios desarrollan ya tales funciones de forma ágil y eficaz, ejerciéndolas a través de diversos instrumentos jurídicos, definidos reglamentariamente, tales como los Decretos de estructura orgánica de cada Consejería, o el decreto 275/1993, de dieciocho de noviembre, por el que se articula la distribución de competencias en materia de personal, que han demostrado la conveniencia de asumir dicha práctica administrativa. Por otro lado, razones de coordinación interadministrativa aconsejan establecer tales funciones en una autoridad equivalente a la que se establece en otras Administraciones: el Subsecretario en el Estado o los Viceconsejeros o Secretarios Generales Técnicos en otras Comunidades Autónomas.

A mayor abundamiento, en el momento actual, la asunción de nuevas competencias ha traído consigo -y previsiblemente se incrementará- un notable aumento en los medios personales al servicio de esta Administración que generan un volumen ciertamente importante en la gestión de personal, lo que evidentemente exige atribuir dichas competencias en un órgano específico más técnico que el Consejero, máxime cuando se trata de una materia perfectamente reglamentada y no regida por criterios de oportunidad.

Por último, Señorías, tanto la naturaleza del Proyecto de Ley presentado como su simplicidad permiten, a nuestro entender, la tramitación del mismo por el procedimiento de lectura única, de acuerdo con el Artículo 128 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León.

A estos efectos, presento ante estas Cortes este Proyecto de Ley, sometiéndolo a la consideración de Sus Señorías y solicitando su aprobación.

Señoría, nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor Consejero. Para consumir un turno en contra... perdón, a favor, don José Nieto tiene la palabra.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Popular no tiene la intención de consumir un turno a favor, siempre y cuando esto no limite su capacidad de participación en el debate que vaya a seguir a partir de este momento.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Presidente, había un acuerdo verbal entre los Grupos, que le habían manifestado al Presidente Estella, de que los Grupos fijaríamos, por abreviar el debate, posiciones, con independencia de que el voto que anunciáramos fuera en contra, a favor o abstención; pero para evitar. Por tanto, procedería, a nuestro juicio, en virtud de ese acuerdo, simplemente un turno de fijación de posiciones, en el cual cada Grupo expresaría su opinión.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señor González. Pues entonces, para fijar posiciones, empezando por los Grupos de mayor a menor, por el Grupo Parlamentario Popular, ¿desea fijar posiciones? No. ¿Por el Grupo Parlamentario...?

EL SEÑOR...: (Intervención sin micrófono.)

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): No, estoy haciéndolo de mayor a menor. Acabo de indicar de mayor a menor, señor Nieto. Perdón, perdón. Por el Grupo Parlamentario Mixto, doña Concepción Farto tiene la palabra.

FARTO MARTÍNEZ

(-p.354-)

LA SEÑORA FARTO MARTÍNEZ: Gracias, señor Presidente. Solamente para decir que vamos a votar a favor. Gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Gracias, señora Farto. Por Izquierda Unida, doña Elena tiene la palabra.

PÉREZ MARTÍNEZ

LA SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor Presidente, o Vicepresidente. Señorías. Antes de pronunciarnos sobre la modificación que nos ha traído aquí el Gobierno sobre su Ley, el Decreto Legislativo de la Ley de Gobierno, plantear unas cuestiones previas que quiere comentar mi Grupo Parlamentario.

Primero, la extrañeza de la fórmula elegida. Así como ustedes dicen que es la tramitación en lectura única -como dice el Artículo del Reglamento, el Artículo 128-... se hace porque es muy sencilla la fórmula, porque la modificación es escasa, a este Grupo Parlamentario nos extraña que ustedes modifiquen este Decreto, pero, en cambio, no regulen cómo se va a regir esta Comisión de Secretarios, no regulen quién lo va a presidir y qué funciones va a tener.

Pero ustedes nos lo han traído aquí con un trámite que podríamos denominar de urgencia. Ustedes, en esta Legislatura, nos han traído aquí dos proyectos de Ley por mecanismos más o menos de urgencia. Este Grupo Parlamentario simplemente les quiere recordar que tenemos cuatro años y que podemos legislar con tranquilidad.

Entonces, no entendemos esa urgencia, no entendemos la urgencia de modificar un Decreto que luego ustedes no lo regulan. Mucho nos tememos que en vez de regular -como nos ha comentado aquí el señor Vicepresidente-, regular transparencia y agilidad en la gestión, mucho nos tememos que luego se regulará exclusivamente la discrecionalidad -como nos ha comentado aquí-: en cada momento se dirá, se decretará quién puede presidir esa Comisión de Secretarios. Pedimos que nos lo explique.

Y ya refiriéndonos a las otras modificaciones propuestas en este Decreto, constatar por este Grupo Parlamentario nuestro apoyo a otra forma, a otra forma de regir la política de personal de esta Comunidad Autónoma. Porque queremos creer -y por eso anunciamos desde aquí que no nos vamos a oponer a esta modificación-, queremos creer que si la Jefatura de Personal en cada Consejería va a corresponder -como así tiene que ser- a su Secretario o Secretaria General, queremos creer que esto lo cambian ustedes, Señorías, para mejorar la coordinación entre las distintas Consejerías bajo las directrices -como no tendría que ser de otra forma- de la Dirección de la Función Pública, y no seguir como hasta ahora, que esta última Dirección de la Función Pública va a remolque de las decisiones, a veces contradictorias, que en política de personal llevan a cabo las distintas Consejerías. Y me refiero, Señorías -porque todos ustedes lo saben-, a las distintas formas de acceso a la función pública, según de la Consejería que se trate -Consejerías todas del mismo Gobierno-, teniendo sólo una Ley de la Función Pública para Castilla y León.

Tenemos datos, y ustedes también, Señorías, tenemos datos de su Administración. Oferta de Empleo Público anual, en alguna Consejería -y constatar simplemente este dato, y ustedes lo saben, Señorías-, llevamos más de trece años con la paralización de la Oferta de Empleo Público anual. Y no nos comenten a este Grupo Parlamentario que esto es debido a paralizaciones en los tribunales, porque este Grupo le quiere recordar que los tribunales (el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Constitucional) son iguales para todo Castilla y León; no sólo para todo Castilla y León, sino también para las distintas Consejerías que tiene su Gobierno Autónomo, y se practican distintas políticas según qué Consejería.

Otro tanto tenemos en el porcentaje de personal interino que tienen ustedes... ya no vamos a hablar en servicios periféricos, sino en centrales, lo que ustedes tienen más cerca y lo que más manejan. Así, constatar -y nos lo dijo el Consejero de Presidencia en su comparecencia en septiembre- que en Presidencia, así como tenemos alrededor del tres por ciento de personal interino, tenemos en la Consejería de Sanidad y Bienestar Social... y me refiero a servicios centrales, Señoría; no me estoy refiriendo a lo que nos han dicho muchas veces en Comisión o en los medios de comunicación a los sanitarios o sanitarias locales, que siempre se refieren; me refiero a servicios centrales, en esta Consejería tenemos más o menos el cuarenta por ciento de personal interino.

Por no hablar de los distintos baremos -que ustedes también lo saben- para el acceso de ese tipo de personal, según qué Consejerías, y se da el caso que -ustedes si no lo saben, Izquierda se lo va a comentar-, aun siendo para la misma profesión, según en qué Consejerías, el acceso a la función pública es un baremo o es otro. Y por eso nunca se ponen ustedes de acuerdo.

Señorías, acabando, porque breve nos parece a nosotros que es el texto que modifican, aunque puede ser amplio y con transcendencia el contenido que ustedes quieran decretar a posteriori, un contenido que puede suponer, más que transparencia, un reparto, una discrecionalidad o un acúmulo de poder. Señorías, simplemente decirles que Izquierda Unida, con la transparencia en la gestión, con la normalidad administrativa, con el cumplimiento de sus propias leyes -Ley de la Función Pública en este caso-, siempre nos encontrarán; si no, Señorías, siempre nos tendrán enfrente. Muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, Señoría. Para consumir un turno, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Jaime González tiene la palabra.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

(-p.355-)

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. Señorías. Voy a empezar, si me lo permite el Presidente, poniendo, a nuestro juicio, las cosas en su sitio en lo que respecta al señor Vicepresidente. Porque se le cita a palo seco como señor Vicepresidente, y yo no le quiero quitar a él -porque le respeto mucho- ninguno de sus títulos. Y por lo tanto, y sin meterme en otros de otra naturaleza que afectan al Partido Político en el que milita, etcétera, sin entrar en ésos, yo siempre me referiré a él como Vicepresidente y Consejero de Fomento, porque, realmente, une indisolublemente en su persona ambas cuestiones, y eso condiciona -a mi juicio- la reforma del Reglamento... perdón, de la Ley de Gobierno que se quiere articular, y además la condiciona gravemente.

Por lo tanto, señor Vicepresidente y Consejero de Fomento, espero que su intervención hoy aquí haya sido, simplemente, porque el Consejero de Presidencia está en otros lugares, porque, si no, estaríamos en un... ante un caso de "juanpalomismo" excesivo: una reforma de la Ley de Gobierno planteada para usted, que presenta usted -eso sí-, tratando de esconder su condición simultánea de Consejero de Fomento. Por lo tanto, en ese aspecto... a ese aspecto me refería cuando hablaba de poner las cosas en su sitio.

Segunda cuestión. Examinemos lo que nos trae aquí, que es la proposición... la modificación de la Ley de Gobierno que nos ocupa. La cuestión tiene dos aspectos claramente diferenciados.

Una, lo que se refiere a la atribución de la Jefatura Superior de Personal de la Consejería al órgano que ellos estimen oportuno. Y ahí comparto buena parte de las tesis y de las afirmaciones que ha hecho la Portavoz del Grupo de Izquierda Unida, en el sentido de que la situación del personal en estos momentos no es o no está adecuada a lo que debería ser; hay multitud de plazas cubiertas por interinidades, esas interinidades se cubren de manera, posiblemente, demasiado arbitraria y demasiado centrada en los deseos de cada Consejería.

Y hay un ejemplo... otro ejemplo palmario, y es la situación en que se encuentran los servicios territoriales. Ayer, el Consejero... yo creo que era de Sanidad y Bienestar Social, en la contestación a una pregunta por escrito, hablaba de que la única Comunidad Autónoma o prácticamente la única que cubría las plazas de jefe de servicio territoriales por concurso era él. Pero ésos fueron los primeros, los primeros; todas las bajas que ha habido desde entonces, ya sea por jubilación -como él decía- o por otra razón, ya no han sido cubiertas por concurso; han sido cubiertas por adscripción provisional, han sido cubiertas a dedo, y esa situación se mantiene de manera notable. Y podemos hablar del caso concreto de León, que es el caso que yo, en concreto, conozco de manera más notable.

Por lo tanto, de concurso nada. De concurso se cubrieron las primeras, después de haber valorado en el concurso los miles de meses que muchos de ellos habían estado en la propia Jefatura de Servicio en adscripción provisional, nombrados igualmente a dedo por la propia Consejería.

Por lo tanto, ese intento -a nuestro juicio- de quitarle la responsabilidad al Consejero y trasladársela al Secretario General en lo que se refiere a temas de personal no nos parece oportuna. Por lo tanto, no estamos de acuerdo, en principio, con esa modificación.

Y en lo que se refiere al segundo, a mí me gustaría hacer algunas consideraciones. En primer lugar, ¿cómo ha funcionado hasta ahora esta Comunidad Autónoma? Porque en esta Comunidad Autónoma ha habido más Vicepresidentes y más Comisiones de Secretarios Generales, y las Comisiones de Secretarios Generales se han reunido y han funcionado, y sólo han estado presididas en un solo caso -y ahora lo explicaré- por el Vicepresidente de la Junta.

El primer Vicepresidente de esta Comunidad Autónoma no fue Presidente de la Comisión de Secretarios Generales porque se lo impedía, precisamente, la Ley. Y la Comisión de Secretarios Generales fue presidida en la I Legislatura permanentemente por el Consejero de Presidencia, con independencia de que hubiera un Vicepresidente. Y eso no empece para que la coordinación, a su vez, entre el Consejero de Presidencia y los demás Consejeros y la Vicepresidencia de la Junta fuera todo lo razonable que quisiera. Pero, desde luego, no existía esa cuestión.

En segundo lugar, el segundo Vicepresidente de esta Comunidad Autónoma fue a su vez Consejero de Presidencia y, como reunía en su persona ambas condiciones, presidía la Comisión de Secretarios Generales y a su vez era Vicepresidente de la Junta. Pero no presidía la Comisión de Secretarios Generales por el hecho de ser Vicepresidente, sino porque, a su vez, era Consejero de Presidencia.

Tercer Vicepresidente, otro Consejero en la III Legislatura, finales de II, que fue el Consejero de Economía y Hacienda. No era Vicepresidente de la Junta y, por lo tanto, no presidía la Comisión de Secretarios Generales. ¡Y de buena nos libramos!, porque hubiera sido dramático que el Consejero de Economía y Hacienda susodicho, además, hubiera podido presidir la Comisión de Secretarios Generales y haber organizado desde la misma algunas otras cuestiones.

Por lo tanto, hasta ahora, hasta ahora nunca nunca, habiendo habido tres Vicepresidentes, la Comisión de Secretarios Generales ha estado presidida por los mismos; ha estado presidida, precisamente, por el Consejero de Presidencia.

(-p.356-)

Esa situación a la Junta actual no le gusta. Tiene un Vicepresidente y Consejero de Fomento, y plantea una reforma de la Ley de Gobierno para que el Vicepresidente y Consejero de Fomento presida la Comisión de Secretarios Generales.

Y parafraseando al Portavoz del Grupo Popular en el anterior punto del Orden del Día -que lamento que no esté-, pues la verdad es que la reforma es una chapuza. Y digo por qué.

¿Qué es la reforma en lo que a la Vicepresidencia y la Comisión de Secretarios Generales se refiere? Es una deslegalización de la determinación de quién preside la Comisión de Secretarios Generales, y una legalización, a su vez, del Reglamento de funcionamiento.

En ambas cosas estamos en desacuerdo. En lo primero por las siguientes razones. Porque es que no precisa nada. Una cosa es deslegalizar y decir: no presidirá la Comisión de Secretarios Generales el Consejero de Presidencia, pero sí lo hará un Consejero, o un Secretario General, o el Presidente, o el Vicepresidente. Eso sería deslegalizar lo actual, ampliar el campo de acción, pero fijando unas condiciones mínimas para ser Presidente de la Comisión de Secretarios Generales. Y otra cosa es que pueda ser Consejero... perdón, Presidente de la Comisión de Secretarios Generales quien la Junta desee, sin ningún tipo de vinculación con esta Comunidad Autónoma. O sea que podemos ver... podía ser yo si la Junta lo deseara; yo sé que no lo voy a ser, es evidente, pero podía serlo Luis Ramallo, Álvarez Cascos, Rato...; bueno, podía ser cualquiera con esta regulación que aquí se pone. No se pone ninguna condición previa -y yo me acuerdo de que ya hubo un emperador romano que nombró cónsul a su caballo-, y yo creo que la libertad de la Junta no puede llegar hasta esos extremos.

Yo creo que bien está, si ustedes quieren, deslegalizar la cuestión, pero no deslegalizarla hasta el extremo que la arbitrariedad quepa dentro de la deslegalización. Digan ustedes que no es el Consejero de no sé qué... de Presidencia, que no es el Vicepresidente o que lo es, o que es un Consejero, o que lo es otro Secretario General, pero, desde luego, otra cosa no puede ser. Es una cosa excesiva a todas luces.

Pero podemos ir un poco más lejos. ¿Qué va a pasar cuando el Vicepresidente y Consejero de Fomento presida la Comisión de Secretarios Generales y se vean en esa Comisión asuntos que le afectan como Consejero de Fomento? ¿Cómo va a poder dividirse en dos? ¿Cómo va a partir su personalidad? No le queremos pedir ese esfuerzo al señor Vicepresidente y Consejero de Fomento. ¿Cómo es posible que vaya a decidir con ecuanimidad lo que allí se tiene que decidir?

Lo normal, lo razonable -y por eso lo pone aquí, lo pone prácticamente en casi todas las regulaciones- es que el Presidente de la Comisión de Secretarios Generales sea un Consejero horizontal, sin funciones concretas de ejecución o de gestión en el Gobierno. Y cabría que fuera, pues, el Consejero de Presidencia; o hubiéramos entendido que lo hubiera sido el de Economía y Hacienda. A lo mejor, los Secretarios Generales le hubieran avisado y hubiera dicho: cuidado, porque, al no emitir la deuda pública, nos vas a crear un agujero, y entonces no vamos a poder pagar, y no vamos a poder incorporar los remanentes, y entonces no vamos a poder pagar a los contratistas, y, claro, es un desastre, es un desastre; y a lo mejor hubiera sido bueno que hubiera sido el Consejero de Economía y Hacienda. Pero, desde luego, en ningún caso será bueno que el Consejero de Fomento presida la Comisión de Secretarios Generales, porque quien la va a presidir es el Consejero de Fomento, que lleva anexo a su cargo el de Vicepresidente, pero que lo era antes, Consejero de Fomento, antes que Vicepresidente, y que, inevitablemente, porque nadie es perfecto, no va a poder separar esas cuestiones.

Por lo tanto, por todas esas razones, a nosotros nos parece precipitada esa regulación o nueva regulación de la Ley de Gobierno.

Nos parece, además, que tras un contenido sencillo se esconden malévolas -en sentido figurado- intenciones, que se deslegaliza excesivamente... Y vuelvo a poner el ejemplo de que no hay ninguna condición previa a la Junta de quién tiene que presidir la Comisión de Secretarios Generales, que es muy duro, ¿eh? Es que, repito, puede ser cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid, del Douro, de cualquiera, nacional o extranjero, racional o no, etcétera; es que puede ser cualquiera. Y a nosotros nos parece -a nuestro juicio- excesivo. Si se quiere que la presida el Vicepresidente, dígase, deslegalícese, trapichee la legalidad y diga: "presidirá la Comisión de Secretarios Generales el Vicepresidente". Pero entonces estaríamos ante un debate real, no ante un debate ficticio. Pero como yo estoy convencido de que la intención es ésa, por tanto, haremos el debate como si el texto que nos propone propusiera esa cuestión.

Y, por último -y ya quedó perfectamente claro en mi primera intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda-, ¿por qué todo este tinglado? Para que, sin decirlo, la Junta pueda nombrar al Vicepresidente y Consejero de Fomento Presidente de la Comisión de Secretarios Generales. Pues ahí es donde entra la parte que no se puede decir ni siquiera en un texto que fuera mejor que éste. Yo comprendo que eso ni aquí, porque aquí no va a poner -no, no- que presida la Comisión de Secretarios Generales el Secretario General del Partido Popular. Eso no se puede decir ni siquiera en un texto legal de esta naturaleza. Pero ésa es, desde luego -y a nuestro juicio y a juicio del Grupo Parlamentario Socialista-, la última razón por la cual la Junta nos trae aquí este Proyecto de Ley para su tramitación por lectura única. Es que presida la Junta... la Comisión de Secretarios Generales, perdón, el Secretario General del Partido Popular, que además es Consejero de Fomento, que además es Vicepresidente, y para eso lo que se hace es posibilitar -como decía antes- que lo presidiera hasta un ser irracional... y, desde luego, no quiero decir, en absoluto, que... establecer ningún tipo de comparación.

(-p.357-)

Nada más y muchas gracias.

EL SEÑOR VICEPRESIDENTE (SEÑOR ZAMÁCOLA GARRIDO): Muchas gracias, señor González. Por el Partido... por el Grupo Parlamentario Popular, señor Nieto Noya, tiene la palabra.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Gracias, señor Presidente. Señorías. Consumo el turno de fijación de posiciones en representación del Grupo Parlamentario Popular en este debate sobre el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley de Gobierno, y, naturalmente, empiezo por anunciar el voto favorable de nuestro Grupo Parlamentario.

Voto favorable porque este Proyecto plantea una mejora técnica de la Ley vigente, que en los dos puntos concretos que se modifican, aunque están incluidos en el Decreto Legislativo que unifica todas las normas sobre la Ley de Gobierno, en los dos puntos que ahora se modifican mantiene el texto original aprobado en julio de mil novecientos ochenta y tres.

Se trata, en un caso, en el apartado 1 de su Artículo Único, de flexibilizar la norma para que permita su adaptación a posibles circunstancias cambiantes o a criterios de oportunidad, de forma que no impida optar por la solución todavía vigente y, a la vez, posibilite otras soluciones igualmente válidas y ortodoxas desde el punto de vista político y desde el punto de vista administrativo.

En esta Comunidad, Señorías, lo mismo que tal vez en otras Comunidad Autónomas, corremos siempre el peligro de darle excesiva rigidez a las leyes incorporando a ellas preceptos que corresponde más bien al nivel reglamentario. En esta misma dirección se produjo la primera reforma de la Ley 1/83, la reforma establecida por la Ley 2/85; en aquella ocasión, para hacer posible que, dentro de los límites que establece el Estatuto, la creación, supresión, modificación o fusión de las Consejerías se realizase mediante Decreto de la Junta. Esta deslegalización no es obra del Partido Popular, es obra del Partido Socialista entonces gobernante.

Otras deslegalizaciones se han producido también en la Ley 15/88, pero en este caso se trata de remitir a un Decreto de la Junta -como se ha dicho ya en esta Cámara- la presidencia de la Comisión de Secretarios Generales, presidencia que la Ley 1/83 atribuía al Consejero de Presidencia, que ya, por cierto -y éste es uno de los riesgos de las rigideces de las leyes en materias reglamentarias-.... Consejería de Presidencia que ya ahora no es, ni ahora ni desde el año ochenta y cinco, Consejería de Presidencia, sino de Presidencia y Administración Territorial.

Además de corregir, pues, esta pequeña disfunción nominal, la redacción del Proyecto que se presenta y modifica el párrafo 2º del Artículo 7º está más acorde con lo que dice el párrafo 1º de ese Artículo. A mí, al menos, no me parece lógico que la creación de la Comisión de Secretarios Generales sea una facultad potestativa...

Yo agradecería a los señores Procuradores que hablaran más bajo para que no interfieran en mi intervención.

Digo que la Ley atribuye la creación de la Comisión de Secretarios Generales a la Junta como una facultad potestativa -en el párrafo 1º-, o, lo que es lo mismo, la Junta podía no haber creado en ningún caso la Comisión de Secretarios. Y, sin embargo, en el párrafo 2º fija y condiciona y hurta a la Junta la capacidad de determinar quién ha de ser su Presidente.

La coherencia interna del Artículo 7º de la Ley vigente resulta recuperada mediante la redacción del Proyecto de Ley que hoy debatimos. Y, a mayor abundamiento, la nueva redacción también es más acorde con lo que establece la misma Ley en el Artículo 6º, que, sobre otras comisiones internas que puede crear la Junta, señala que el Decreto de creación deberá contener al menos la composición, Presidencia y competencias asignadas. Y así, la nueva redacción del Artículo 7º, párrafo 2º, reserva al Decreto de la Junta no la composición y competencias, que éstas ya vienen definidas en el párrafo 1º, pero sí su Presidencia y sus normas de funcionamiento. Porque ocurre que el contenido de... este último, de las normas de funcionamiento que no está en la Ley, tampoco está recogido en el vigente Decreto 6/83 -por tanto del Gobierno socialista-, que se limita a crear la Comisión y a repetir sin más lo que establece la Ley sobre la composición y la Presidencia.

En cuanto a esa preocupación que le asalta a algún Grupo Parlamentario sobre la posibilidad de que la Junta nombre Presidente de la Comisión de Secretarios a cualquier persona que sea absolutamente ajena a la Junta, es la misma posibilidad, Señorías, que en el artículo 6 se contempla respecto de comisiones internas dentro de los miembros de la propia Junta. El texto actual de la Ley no dice que la presidencia de las comisiones internas que pueda crear la Junta haya de estar atribuido necesariamente a un miembro de la Junta; por tanto, también a la Junta podría habérsele ocurrido nombrar presidente de una comisión interna a cualquier persona extraña a la Junta.

Esas reservas y esos escrúpulos que parece que algún grupo tiene muy metidos en su interioridad, no tienen ningún fundamento, porque a nadie se le ocurre que pueda traerse una persona extraña al Gobierno a presidir una comisión interna del Gobierno.

Éstas son las razones por las que a nosotros nos parece que el proyecto que debatimos representa una notable mejora técnica sobre la situación actual, señor ex Vicepresidente de la Junta y Consejero de Agricultura, ex Vicepresidente y Consejero de Agricultura... -bueno, ahora llegamos-, bueno, es una auténtica mejora técnica.

(-p.358-)

Que esta mejora técnica, que esta mejora técnica obedece también a un criterio político y de oportunidad, no lo discutimos; ni yo lo discuto, ni nadie lo ha ocultado, ni yo ahora lo voy a ignorar. Se ha nombrado un Vicepresidente con la función de coordinar las Consejerías, en palabras del Presidente en su discurso de Investidura, y es voluntad del Presidente que este Vicepresidente presida la Comisión de Secretarios Generales como órgano que también... en el que también..., dentro del que también se puede realizar esa coordinación interna de las Consejerías, particularmente en los ámbitos administrativos y de gestión. Y créanme Señorías que nuestro Grupo no entiende de ninguna manera que esta voluntad del Presidente y este objetivo de coordinación pueda suscitar la oposición de algún Grupo Parlamentario que parece ignorar que su partido, allá donde gobierna plantea el mismo mecanismo de coordinación y le atribuye la presidencia a un Vicepresidente. Así ocurre, así ha ocurrido con un Vicepresidente que se declaraba oyente en las relaciones de Gobierno y presidía las comisiones de subsecretarios. Y así ocurre, o se pretende que ocurra en un Proyecto de Ley que se ha... de reforma de la Ley de Gobierno que se ha presentado el día... se ha publicado el día seis en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, en el que se pretende crear la Comisión, en este caso, no de subsecretarios, pero sí de Secretarios de Estado con las mismas funciones... perdón, con la misma función básica que nuestra Comisión de Secretarios Generales, que es la de preparar las reuniones del Gobierno, en Madrid las reuniones del Gobierno, aquí, las reuniones de la Junta. Pues, con esta misma función básica se crea la Comisión de Secretarios de Estado y se le atribuye la Presidencia de esa Comisión al Vicepresidente o a uno de los Vicepresidentes, si los hubiera.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, guarden silencio desde sus escaños, no interrumpan al orador, por favor.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: Entonces, entonces, Señorías, a mí me da la impresión de que algunos padecen, señor Vicepresidente, de "merinofobia" y hacen girar, girar, intentan hacer girar este debate, intentan hacerlo girar en torno a una dolencia de su espíritu, en lugar de centrarlo en la modificación que se propone la Ley de Gobierno. Tengo la impresión -hablo siempre de impresiones- de que deberíamos hacer algo para mantener debates un poco más comprensibles desde el exterior, debates más congruentes con la materia sobre la que versan, para no salirnos por los cerros de Úbeda. Pero no sé si el camino sería preparar algún curso intensivo sobre diálogo y técnicas de comunicación para los Procuradores, o simplemente pasar por una consulta de un psiquiatra para curarlos de las fobias y de los fantasmas...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Orden, Señorías, guarden silencio, por favor; están esta mañana muy alterados.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: ...de las fobias y de los fantasmas a cuantos puedan estar afectados de esta dolencia.

No voy a volver a más temas en relación con esta materia, ni siquiera al tema del control político de los secretarios generales a través o mediante el Secretario General del Partido Popular; lo voy a dejar a un lado.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Vaya concluyendo, su intervención.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: En cuanto al apartado 2, Señorías...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Vaya concluyendo.

NIETO NOYA

EL SEÑOR NIETO NOYA: ...del artículo único del Proyecto -concluyo, señor Presidente-, viene a recoger en la Ley lo que la realidad ha demostrado como necesario y ya se viene haciendo por delegación a través de los decretos orgánicos de las diferentes Consejerías. Se trata de atribuir a los Secretarios Generales la Jefatura Superior de Personal de la Consejería que en la Ley vigente corresponde al Consejero. Es esta una función técnico administrativa perfectamente reglada, que está mejor ubicada entre las del Secretario General y que también es concordante con la regulación que yo desde siempre he conocido en la Administración General del Estado como propia de los subsecretarios, y que otras Comunidades Autónomas atribuyen a los Viceconsejeros, allí donde los hay, o a los Secretarios Generales. Naturalmente, la disposición derogatoria es consecuencia de esta apartado 2.

Y ya termino mi intervención, Señorías, aclarando, porque creo que lo ha pedido expresamente la Portavoz de Izquierda Unida, alguna aclaración sobre la razón de la urgencia de este Proyecto de Ley. No hay... no es un Proyecto de Ley que se esté tramitando por vía de urgencia, sino por el procedimiento de lectura única, que está... lectura única que está prevista en nuestro Reglamento en su artículo 128, siempre que la naturaleza del Proyecto de Ley o la simplicidad de su formulación lo permitan. Son dos condiciones, dos requisitos que cumple el actual Proyecto de Ley y por eso se está tramitando por el procedimiento de lectura única.

(-p.359-)

Señoras y señores Procuradores, anuncio -repito- nuestro voto favorable a este Proyecto de Ley, porque responde a un criterio de oportunidad establecido por quien tiene la facultad de autoorganizarse y de gobernar la Comunidad Autónoma durante cuatro años; y, segundo, porque creemos que mejora técnicamente de una forma sustancial la Ley de Gobierno que tenemos vigente en estos apartados desde el principio de la primera legislatura de estas Cortes. Muchas gracias.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Muchas gracias.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente. He sido aludido directamente como Vicepresidente de la Junta, lo cual no sólo...

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Silencio, por favor.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: ...y pido que se me permita aclarar esta circunstancia.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señor González, esta Presidencia ha estado ausente durante buena parte del debate. No sé si realmente ha sido una citación o una alusión en el sentido reglamentario, es decir, alguna inexactitud o algún juicio de valor contra su persona o decoro, ¿lo ha habido? ¿Por parte de quién?

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Señor Presidente, ha habido una inexactitud y yo creo que además malintencionada.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Aclárela inmediatamente.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Con carácter inmediato, señor Presidente, y además me alegro mucho de que por una vez me dé la palabra.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Tenía que habérsela quitado en varias ocasiones.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: No, pero no me la suele dar últimamente. Bien, pues, digo que yo fui Vicepresidente de la Junta, no soy Vicepresidente de la Junta, y él se ha dirigido a mí como Vicepresidente actual, lo cual es obvio que no es así.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Señorías, silencio, por favor.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ

EL SEÑOR GONZÁLEZ GONZÁLEZ: Segundo, como Vicepresidente de la Junta jamás presidí la Comisión de Secretarios Generales, ni siquiera como oyente, lo cual no nos parecería mal que hiciera el señor Merino. Y en tercer lugar, ni "merinofobias", ni "churrofilias", nada parecido, señor Presidente.

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Gracias. Se somete a votación el Proyecto de Ley modificativo del Decreto Legislativo 1/88. ¿Los que estén a favor, levanten la mano? ¿Los que estén en contra? ¿Abstenciones?

Resultado de la votación. Votos emitidos, ochenta. Votos a favor, cincuenta. En contra, veintiséis. Y cuatro abstenciones. En consecuencia, queda aprobada la Ley modificativa del Texto Refundido de la Ley de Gobierno y Administración de esta Comunidad.

Señor Secretario, proceda a dar lectura al decimocuarto y último punto del Orden del Día.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Decimocuarto y último punto del Orden del Día: "Propuesta de la Mesa de las Cortes de Castilla y León de creación de una Comisión Permanente de Asuntos Hidráulicos".

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Le ruego dé lectura también al acuerdo de Mesa. Silencio, por favor.

EL SEÑOR SECRETARIO (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): "La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión del día dos noviembre de mil novecientos noventa y cinco, ha acordado, de conformidad con el criterio expresado en la Junta de Portavoces, proponer al pleno de la Cámara la creación de una Comisión de carácter permanente de Asuntos Hidráulicos, con idéntica composición que las demás Comisiones Permanentes de la Cámara."

EL SEÑOR PRESIDENTE (SEÑOR ESTELLA HOYOS): Perdón, Señorías. Había un...

¿Se aprueba por asentimiento la creación de esta Comisión? ¿Se aprueba por asentimiento? Queda aprobada, entonces, la propuesta de creación de la Comisión de carácter permanente de Asuntos Hidráulicos.

Se levanta la sesión. Gracias.